«Escudo Nacional. Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Gobernación. Dirección General de Gobierno.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. Presentes.

Por instrucciones del ciudadano Presidente de la República y en cumplimiento a lo dispuesto en la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito enviar a ustedes, Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1994.

Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, Distrito Federal, 15 de noviembre de 1993. El secretario, José Patrocinio González Blanco Garrido.»

I. PRESENTACIÓN

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. Presentes.

De conformidad con lo dispuesto por la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por su digno conducto, el Ejecutivo a mi cargo somete a la consideración de esa honorable Representación Nacional, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal de 1994, para su examen y, en su caso, aprobación.

Al iniciarse la presente administración, el Plan Nacional de Desarrollo 1989 - 1994 planteó la necesidad de reformar al Estado para hacerlo más eficiente, más ordenado, más justo, más solidario y menos propietario, con el propósito fundamental de incrementar su capacidad para atender sus responsabilidades prioritarias. En consecuencia, la política de gasto público también se sujetó a un proceso de reforma para reorientar sus objetivos, con énfasis en tres vertientes fundamentales: la determinación del nivel de gasto, su asignación entre diferentes sectores y programas, y la estricta disciplina y control en su ejercicio.

La determinación del nivel de gasto ha perseguido el objetivo primordial de alcanzar el equilibrio fiscal, circunscribiendo el nivel total de las erogaciones públicas a la disponibilidad de recursos, condición indispensable para la estabilidad macroeconómica. Esto significa que el Estado, al ajustarse a sus posibilidades financieras, evita el surgimiento de crecimientos económicos efímeros y presiones inflacionarias. Así, la política de gasto público al reducir las erogaciones totales ha contribuido en forma sustancial al saneamiento fiscal, y por consiguiente, al restablecimiento de bases adecuadas para impulsar un desarrollo económico gradual, sostenido y con estabilidad de precios.

A su vez, la asignación sectorial de los recursos se ha sujetado estrictamente al objetivo de privilegiar los rubros destinados a mejorar el bienestar social de los mexicanos, particularmente de quienes menos tienen. En consecuencia, se ha incrementado sustancialmente el gasto en desarrollo social, es decir, en acciones de educación, salud, desarrollo regional y urbano, agua potable, trabajo y previsión social, abasto, ecología y Solidaridad, así como en desarrollo rural e infraestructura básica.

Además, la estricta aplicación de los criterios de selectividad, eficiencia, racionalidad y disciplina

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en el ejercicio del gasto público permitieron que, no obstante el descenso registrado en el monto total de las erogaciones, se incrementara el gasto programable, particularmente en los sectores antes señalados.

Esta política de gasto, aunada al diseño y aplicación de las políticas tributaria, monetaria y financiera, la concertación de acciones entre los sectores público, social y privado, y el esfuerzo de la sociedad en su conjunto, permitieron avanzar de manera significativa en los objetivos de la estrategia de estabilización. Dicha estrategia se complementó con profundas medidas de cambio estructural dentro de las que destacan: la apertura y desregulación económica, la renegociación de la deuda externa, la reforma fiscal, la liberación financiera, la desincorporación de entidades paraestatales, y las adecuaciones al marco legal, a fin de establecer una nueva relación entre Estado, individuo y sociedad.

La firmeza en la conducción de la política económica y la reforma del Estado han permitido alcanzar notables avances, entre otros, en los siguientes aspectos:

La inflación, que llegó a convertirse en una amenaza para la viabilidad del desarrollo económico del país, ha mantenido una clara tendencia decreciente, pasando de tasas cercanas al 200 por ciento anual, a una esperada de 7.7 por ciento en 1993, que representará la tasa más baja de crecimiento en el nivel general de precios en los últimos 20 años, comportamiento desconocido para más de la mitad de la población.

El Producto Interno Bruto (PIB), ha crecido a ritmos superiores al de la población, registrando una tasa media anual de 3.0 por ciento real en el período 1989 a 1993;

El salario promedio de cotización del IMSS, en términos reales, y el empleo en el sector formal de la economía, mostraron una recuperación en el lapso referido, con crecimientos de 19 y 29 por ciento, respectivamente;

El saldo neto de la deuda pública consolidada en relación al PIB pasó de 68.3 por ciento en 1988, a un estimado de 22.0 por ciento en 1993.

El sector público continuó su redimensionamiento a través de la desincorporación de entidades paraestatales, que disminuyeron a 209 en 1993;

Las finanzas públicas pasaron de un déficit financiero equivalente al 12.5 por ciento del PIB, a un superávit del 0.5 por ciento sin los ingresos provenientes de la desincorporación de empresas paraestatales y a un superávit, en 1992, de 3.5 por ciento con dichos ingresos extraordinarios, cifra sin precedentes en la historia económica moderna de México;

Se redujo el gasto neto total del sector público en relación al PIB, de 40 por ciento en 1988 a 25.2 por ciento en 1993; en tanto que el gasto programable elevó su participación dentro de las erogaciones totales y registró una recuperación en su nivel real. Este último, en 1988 representaba 47.5 por ciento del gasto neto total. Para 1993 dicha relación será de 74.0 por ciento. En el período de referencia, su crecimiento real ascenderá a 14.0 por ciento;

El gasto social alcanzó su nivel más alto en casi tres décadas. En 1988 de cada peso que gastó el sector público, se erogaron 16 centavos en programas de desarrollo social, mientras que en 1993 se ejercieron 38 centavos. Ello implica un incremento real acumulado del 74.8 por ciento, y respecto al tamaño de la economía, significa un aumento del 6.3 al 9.5 por ciento, en igual lapso. En relación con el pago de intereses, la comparación es también muy ilustrativa: en 1988 por cada peso destinado al pago de intereses, sólo se erogaron en desarrollo social 36 centavos; sin embargo, para 1993 serán 3.1 nuevos pesos por cada uno erogado en intereses;

La infraestructura económica y social se expandió en forma notable, particularmente en las áreas de energéticos, carreteras, vivienda, agua potable, drenaje, hospitales, escuelas e infraestructura hidroagrícola, que en conjunto coadyuvaron a mejorar la calidad de vida de la población y a fortalecer las bases para un crecimiento sostenido. A ello han contribuido crecientes montos de inversión pública complementados con la de particulares.

Sobre la base de los logros alcanzados, la política de gasto para 1994, que se somete a su consideración, tiene como propósito avanzar en la estrategia de modernización nacional, incrementar el gasto programable, particularmente en desarrollo social y rural; y destinar mayores recursos a la inversión pública, con el objetivo de apoyar la reactivación económica y la generación de más y mejores empleos.

El equilibrio fiscal se alcanzará aun cuando se han adoptado medidas que implican una reducción de ingresos, disminución de precios y tarifas de bienes y servicios del sector público y de tasas impositivas, así como incrementos en los rubros prioritarios del gasto.

Al igual que desde el primer año de esta administración, en el último se mantendrá la más estricta disciplina y control en el ejercicio presupuestal.

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En años anteriores, la necesidad de estabilizar las variables macroeconómicas exigía la obtención de superávit financieros. Ahora, la tasa de inflación se encuentra próxima a la que registran nuestros principales socios comerciales; el saldo de la deuda pública ha dejado de presionar al gasto total; y, en general, los principales indicadores macroeconómicos se desenvuelven favorablemente.

Por tanto, las bases para mantener un desarrollo económico gradual y sostenido se han consolidado. Están dadas las condiciones que hacen posible que los márgenes presupuestales derivados de los esfuerzos de ajuste realizados en los últimos años, se utilicen en medidas que apoyen la reactivación económica. En consecuencia con lo anterior, el nivel del gasto que se propone igualará a los ingresos: ni superávit ni déficit presupuestal. Es decir, un presupuesto equilibrado.

La propuesta de gasto contenida en esta iniciativa de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación, que se somete a consideración de esa honorable Cámara, tiene como objetivos: contribuir a las metas macroeconómicas establecidas en los Criterios Generales de Política Económica; consolidar la recuperación del gasto programable, especialmente el de desarrollo social y rural; y, ejercer las erogaciones públicas con selectividad y eficiencia.

El logro de estos objetivos permitirá mantener el equilibrio fiscal; mejorar las condiciones de vida de la población; intensificar el combate a la pobreza extrema; consolidar la infraestructura básica necesaria para sustentar mayores ritmos de crecimiento de las actividades productivas; continuar con la modernización educativa y la del sistema de salud y servicios asistenciales; contribuir a mejorar la productividad y a una mayor equidad en el campo; incrementar los servicios básicos y de vivienda; reforzar las acciones de protección del medio ambiente y el equilibrio ecológico; mejorar el ejercicio y el alcance de la procuración e impartición de justicia; y, fortalecer la seguridad nacional.

II. RESULTADOS DE LA POLÍTICA DE GASTO PÚBLICO EN 1993

Durante el ejercicio fiscal de 1993, las finanzas del sector público se apegaron a los lineamientos de los Criterios Generales de Política Económica para el año en curso, así como al Decreto Aprobatorio del Presupuesto de Egresos de la Federación. El ejercicio del gasto público contribuyó a la consolidación de la estabilidad de las principales variables macroeconómicas.

En este año, el sector público obtendrá balances superavitarios tanto a nivel económico primario como a nivel financiero, los cuales se situarán en 4.0 y 1.0 por ciento del PIB, respectivamente.

El manejo del gasto público mantuvo una estricta disciplina en su ejercicio y se orientó hacia las actividades prioritarias de desarrollo social y de fortalecimiento de la infraestructura básica, así como a impulsar la modernización del campo mexicano. Para 1993, se estima que el sector público ejerza un gasto neto total de 286 mil 460 millones de nuevos pesos, monto 0.4 por ciento mayor en términos reales al de 1992. Como porcentaje del PIB ascenderá a 25.2 por ciento, 0.2 y 14.8 puntos porcentuales menos que en el año anterior y que en 1988, respectivamente.

El costo financiero de la deuda continuó su tendencia decreciente en términos reales, así como en relación al producto. El pago de intereses ascenderá a 34 mil 650 millones de nuevos pesos, lo que significa un decremento real de 27.1 por ciento con respecto a lo ejercido el año anterior. Como porcentaje del PIB, el costo financiero de la deuda disminuirá de 4.2 puntos porcentuales en 1992, a 3.1 en 1993 y disminuye en 14.6 puntos porcentuales en relación a 1988.

Conforme a lo previsto, el gasto programable aumentó su participación respecto al gasto neto total y al PIB, lo que ha permitido reforzar los programas prioritarios en materia de infraestructura y ampliar la cobertura social y territorial de las acciones con beneficio comunitario. Para el cierre de este año, se estima que el gasto programable ascienda a 212 mil 068 millones de nuevos pesos, lo que significa un incremento real de 7.9 por ciento con respecto al de 1992. Asimismo, como porcentaje del total de las erogaciones del sector público, representará el 74.0 por ciento. Su nivel, en relación al tamaño de la economía, será superior al de 1992, al ubicar se en 18.7 por ciento.

Con fundamento en lo establecido en el artículo 14 del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1993, y con base en los mayores ingresos fiscales, el sector público federal ejercerá un gasto programable adicional de 9 mil 692 millones de nuevos pesos. Lo anterior no afecta el cumplimiento de las metas financieras, ya que los ingresos adicionales contribuyen a cubrir dicho gasto. El mayor gasto del Gobierno Federal ascenderá a 3 mil 372 millones de nuevos pesos, mientras que el correspondiente a las entidades bajo control directo presupuestal será de 6 mil 320 millones de nuevos pesos.

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En cuanto a la clasificación económica del gasto público, las erogaciones corrientes mostraron un ligero crecimiento; y el gasto de capital recuperó relativamente su participación en el PIB.

Se estima que el gasto corriente en 1993 ascienda a 167 mil 068 millones de nuevos pesos, lo que implica un incremento real de 10.3 por ciento con respecto al del año anterior. Como porcentaje del producto aumentará de 13.5 por ciento en 1992, a 14.7 porciento en este ejercicio.

Por otra parte, el principal competente del gasto corriente lo constituye el rubro de servicios personales, en los cuales se prevé que se erogarán 85 mil 647 millones de nuevos pesos, con un crecimiento real de 8.1 por ciento. Su participación en el PIB aumentará de 7.1 por ciento en 1992, a 7.5 por ciento en 1993.

Por lo que respecta al gasto de inversión física, se prevé que en 1993, éste alcanzará un monto de 41 mil 099 millones de nuevos pesos, lo que significa un aumento real de 2.1 por ciento en relación con el año anterior. Su participación en el PIB se mantendrá en 3.6 puntos porcentuales. Paralelamente a este crecimiento, se impulsó de manera importante la participación de capital privado en proyectos de infraestructura, tales como autopistas, generación de electricidad y petroquímica secundaria.

En resumen, el ejercicio del gasto público en 1993, se realizó de acuerdo con el presupuesto aprobado y permitió avanzar significativamente en torno a los objetivos planteados.

III. CAMBIO ESTRUCTURAL EN LA POLÍTICA DE GASTO PÚBLICO 1989 - 1993

En el transcurso de la presente administración la política de gasto público ha experimentado cambios fundamentales, derivados de la disminución en el costo financiero de la deuda y del cambio estructural de la economía, que propiciaron una reducción del gasto neto total. Ello permitió una recuperación del gasto programable, y un cambio notable en la asignación del presupuesto al destinar recursos crecientes a sectores de atención prioritaria, particularmente a los de desarrollo social.

Gasto Neto Total

El gasto neto, es decir, la totalidad de las erogaciones públicas menos las amortizaciones de la deuda, disminuyó en términos reales, así como en relación al tamaño de la economía. En efecto, mientras que en 1988 dicho gasto representó el 40.0 por ciento del producto, en 1993 éste se reduce al 25.2 por ciento. Durante el período de referencia, el nivel de gasto ha disminuido 26.9 por ciento real.

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La reducción del gasto público se logró fundamentalmente por la sustancial disminución en el pago de intereses. En términos del producto, el costo financiero pasó del 17.7 por ciento en 1988 a tan sólo el 3.1 por ciento en 1993.1/ Durante este período dicho costo decreció, en términos reales, 80.0 por ciento. También la participación de este gasto en el total de erogaciones se redujo de 44.1 a 12.1 por ciento, durante el lapso de referencia.

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De manera específica, la reducción del costo financiero de la deuda pública se debió a los siguientes factores:

La exitosa renegociación de la deuda externa con la banca comercial, permitió una importante disminución del acervo de la deuda histórica; la deuda pública neta consolidada, en relación al producto, disminuyó del 68.3 por ciento en 1988, al 22.0 por ciento en 1993;

La aplicación de los recursos provenientes de la desincorporación de entidades paraestatales, y de los superávit financieros, a la amortización anticipada de pasivos internos y externos;

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La reducción en el nivel de las tasa de interés internas, derivada del avance en el programa de estabilización y de las mejores expectativas económicas; y

El descenso de los réditos sobre el crédito externo, dado el desenvolvimiento de la economía internacional.

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Gasto Programable

En el marco del seneamiento de las finanzas públicas, los mayores ingresos, la estricta disciplina en el ejercicio del gasto y la disminución en las erogaciones por concepto de intereses, permitieron ampliar los márgenes para que el gasto programable, después de un descenso, mostrara una recuperación en forma gradual y sostenida. En efecto, las erogaciones programables pasaron de 19.0 por ciento del PIB en 1988, a 17.1 en 1990, y a 18.7 por ciento en este año.

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Recomposición Sectorial del Gasto Programable

La distribución sectorial del gasto programable ha experimentado una importante reorientación, con el propósito de destinar recursos crecientes a las actividades definidas como prioritarias en el Plan Nacional de Desarrollo. Así, el gasto federal en desarrollo social se incrementó en el período de referencia 74.8 por ciento, en términos reales; 7.5 veces más que el crecimiento de la población y 4.6 veces más que el de la economía. En 1993 este gasto representa más de la mitad del gasto programable.

Dentro del sector desarrollo social, se han incrementado los recursos destinados a educación, salud, desarrollo urbano y regional, agua potable, trabajo y previsión social, abasto y ecología, en congruencia con el propósito de mejorar el bienestar de la población.

Es de señalar que el gasto presupuestal en educación para 1993, es superior en 75.7 por ciento real al de 1988; el de salud acumula, en igual período, un crecimiento real de 68.2 por ciento; mientras que el de desarrollo urbano, ecología y agua potable se ha incrementado en 39.3 por ciento real en el transcurso de los últimos cinco años. Al agregar los programas que han realizado el Departamento del Distrito Federal y las entidades bajo control indirecto presupuestal en estos sectores, los incrementos se elevan a 90, 79 y 65 por ciento respectivamente. Con ello, durante el período de referencia, el conjunto del gasto social alcanza una tasa real del orden del 85 por ciento.

Por su parte, las erogaciones correspondientes al Programa Nacional de Solidaridad muestran también un crecimiento importante, lo que ha permitido avances sustanciales sobre el mejoramiento productivo de los niveles de vida de las poblaciones y comunidades de menores recursos. En efecto, desde su puesta en marcha, el gasto en Solidaridad se ha triplicado.

En los últimos años, la importante expansión de la infraestructura en los sectores comunicaciones y transportes, energético y desarrollo rural, ha sido posible sobre la base de elevar la productividad y eficiencia de los recursos presupuestales, los cuales se han complementado con los de particulares.

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Clasificación Económica del Gasto Programable

El presupuesto de egresos por tipo de gasto observa también una recomposición importante. El gasto de capital recuperó gradualmente su participación respecto al gasto programable, en tanto que el gasto corriente diferente de servicios personales se contuvo, y el destinado a servicios personales creció.

Gasto de capital

El gasto de capital como proporción del producto interno bruto pasó de 4.3 por ciento en 1988, a 3.7 en el primer año de la administración, y es equivalente al 4.0 por ciento en 1993. Ello no obstante que el universo de entidades paraestatales no sujetas a proceso de desincorporación, disminuyó en el período de referencia a 209. Es importante destacar que el gasto de capital de las empresas desincorporadas ha pasado a contabilizarse como parte de la formación bruta de capital del sector privado, y que la inversión de estas empresas, en la mayoría de los casos, ha crecido en términos reales.

En el contexto de la reforma del Estado, y con base en las adecuaciones legales efectuadas, la inversión se vio fortalecida con la participación de los particulares. Ejemplo de ello lo constituye el gasto de capital en infraestructura básica que, al conjuntar el gasto público y privado, muestra durante el lapso de referencia un crecimiento real acumulado de 80.0 por ciento. Al respecto cabe mencionar la participación del financiamiento privado en proyectos de infraestructura eléctrica, de petroquímica secundaria, así como en obras de infraestructura en el sector comunicaciones y transportes. En este sector destaca el Programa Nacional de Autopistas, mediante el cual se ha ampliado en más de 4,000 kilómetros la red carretera, además de importantes obras en instalaciones portuarias y aeroportuarias.

Gasto corriente

Durante los primeros años de esta administración el gasto corriente mantuvo una tendencia decreciente; sin embargo, a partir de 1992 ésta se revirtió debido, principalmente, a la ampliación de la cobertura y mejoramiento de la calidad de los servicios educativos, de salud y seguridad social, de procuración de justicia y seguridad nacional. El gasto corriente representó el 14.7 por ciento del PIB en 1988, 12.9 por ciento en el tercer año de la administración y 14.7 por ciento en 1993.

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Además, en los últimos cinco años, los salarios y demás remuneraciones de los trabajadores al servicio del Estado han experimentado una importante recuperación en términos reales, consecuencia de los incrementos otorgados, particularmente los correspondientes a los servidores públicos de los sectores de salud y educación. Parte de este esfuerzo deriva de la aplicación de medidas específicas para el mejoramiento del ingreso de los trabajadores, como lo son la carrera magisterial, la creación del Sistema de ahorro para el Retiro y el Nuevo Seguro Institucional, cuya importancia consecuente explica también el mayor nivel de erogaciones presupuestales en este renglón de gasto. Como ejemplo de lo antes señalado, las remuneraciones al magisterio muestran un incremento real acumulado de más de 70 por ciento.

Por lo anterior, el gasto en servicios personales pasó de representar el 41.3 por ciento del gasto corriente en 1988, al 51.3 por ciento en 1993.

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Por otra parte, con el propósito de mantener la disciplina fiscal, se aplicaron medidas de eficiencia y eficacia que permitieron contener el crecimiento del gasto en materiales y suministros y servicios generales; ello se logró sin demeritar la calidad y suficiencia de los servicios públicos. Así, el gasto corriente distinto a servicios personales disminuyó de 8.6 a 7.2 por ciento del PIB durante el período de referencia. Las medidas de control en este rubro de gasto han permitido abrir mayores espacios para los renglones de servicios personales y gasto de inversión.

Acorde con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, se han realizado importantes acciones específicas para transferir y desconcentrar funciones públicas. Entre otras, en 1992 el Gobierno Federal transfirió a las entidades federativas la administración de los servicios de educación básica, así como los recursos presupuestales correspondientes para su atención, fincándose las bases para una mayor participación activa de la comunidad.

En suma, durante el período 19891993, la política de gasto público experimentó transformaciones de largo alcance que se caracterizan por la disminución del gasto neto total y la recuperación del gasto programable. Dentro de este último se registró por un lado, una recomposición sectorial en favor de sectores prioritarios, particularmente aquellos asociados al desarrollo social. Por el otro, se observó una modificación entre rubros de gasto, destacando la contención de las erogaciones corrientes distintas a servicios personales, frente a importantes recuperaciones del gasto de capital y de los propios servicios personales.

Tales transformaciones fueron posibles mediante la estricta disciplina presupuestal aplicada que, junto con la reducción de la deuda y el incremento en los ingresos, apoyaron el saneamiento de las finanzas públicas. Ello, aunado a una mayor eficacia en el ejercicio del gasto público ha permitido que, con un nivel inferior al de ejercicios previos a la presente administración, se otorguen más y mejores servicios a una mayor proporción de la población; se amplíe y modernice en forma sustancial la infraestructura necesaria para asegurar un desarrollo sostenible; se promueva un desarrollo regional más equilibrado; y, en consecuencia, se eleve el bienestar y la calidad de vida de los mexicanos.

IV. POLÍTICA DE GASTO PÚBLICO PARA 1994

La política de gasto público para 1994 está orientada a apoyar la consolidación de los avances

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logrados en torno a los objetivos planteados en el Plan Nacional de Desarrollo 1989 - 1994. Con tal propósito, se continuarán fortaleciendo las bases para un crecimiento económico gradual y sostenido con estabilidad de precios. Con ello, se pretende que la tasa de inflación sea similar a las registradas por los principales socios comerciales de México.

En este contexto, la política de gasto público propone los siguientes objetivos para el ejercicio fiscal de 1994:

I. Contribuir al logro de las metas macroeconómicas establecidas en los Criterios Generales de Política Económica correspondientes a 1994.

II. Consolidar la recomposición del gasto público, dando prioridad al desarrollo social, al desarrollo rural y a la infraestructura social y económica del país.

III. Ejercer las erogaciones públicas con eficiencia, selectividad y la más estricta disciplina presupuestal, para lograr un mejor aprovechamiento de los recursos y avanzar en la modernización de la economía.

Acciones Estratégicas

Los objetivos de la política de gasto contenidos en este proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1994, se apoyarán en las siguientes acciones:

1. Ajustar el nivel del gasto total para hacerlo compatible con la estabilidad macroeconómica.

Alcanzar un balance financiero igual a cero, resulta de primordial importancia para promover un crecimiento económico sostenido con estabilidad de precios.

Consecuentemente, se somete a consideración de esa honorable Cámara de Diputados, un gasto neto presupuestal para 1994 por 309 mil 040 millones de nuevos pesos que significará un aumento real de 2.6 por ciento con respecto al cierre esperado en 1993. Con ello, su participación dentro del PIB será de 25.1 por ciento, 14.9 puntos porcentuales menos que el de 1988.

Por su parte, el pago de intereses de la deuda pública ascenderá en 1994 a 31 mil 160 millones de nuevos pesos, cantidad inferior en 14.5 por ciento real a la de 1993. En relación al tamaño de la economía, este gasto representará tan sólo 2.5 por ciento, frente al 17.7 por ciento que significó en 1988.

2. Incrementar las erogaciones públicas en áreas estratégicas y prioritarias de la actividad gubernamental.

La disminución en el pago de intereses ha abierto espacios para destinar mayores recursos presupuestales al gasto programable, particularmente a sectores prioritarios dentro de la estrategia de desarrollo, sin afectar el cumplimiento de las metas fiscales. Con base en ello, el gasto programable que se propone es de 235 mil 646 millones de nuevos pesos, superior en 5.7 por ciento en términos reales al del cierre estimado en 1993. Su participación dentro del gasto total aumentará de 47.5 por ciento en 1988, a 76.3 por ciento en 1994.

La prioridad fundamental del desarrollo es elevar las condiciones de vida de la población, en especial la de los grupos menos favorecidos. En consecuencia, se plantea un gasto en desarrollo social superior en 10.5 por ciento real respecto al cierre estimado de 1993. Con esto, su crecimiento real acumulado entre 1988 y 1994 será de 93.3 por ciento. A su vez, su participación dentro del gasto programable sectorial se habrá incrementado de 33.2 por ciento en 1988, a 53.9 por ciento en 1994.

Así, mientras que el gasto programable como proporción del producto será similar al de 1988, el gasto en desarrollo social aumentará su participación respecto a ese agregado en 3.9 puntos porcentuales.

Este incremento se habrá alcanzado al reducir las erogaciones públicas en actividades no prioritarias y en sectores que se han complementado con capital privado; no obstante, para el conjunto de la economía el gasto agregado en estas actividades y sectores habrá aumentado.

En relación con el costo financiero de la deuda, por cada nuevo peso que se pagará de intereses, 4 nuevos pesos se dirigirán a educación, salud, trabajo y el resto de los componentes del desarrollo social.

Esta situación contrasta muy favorablemente con la observada al principio de esta administración.

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3. Impulsar productivamente las actividades del sector agropecuario, a fin de mejorar las condiciones de vida en el medio rural y la producción de alimentos e insumos.

En lo referente al campo mexicano, los objetivos fundamentales son: aumentar la producción y la productividad; ampliar las oportunidades de trabajo; fomentar la participación de los campesinos; y mejorar sus niveles de bienestar y su plena incorporación al progreso nacional.

El sector agropecuario requiere elevar su productividad para satisfacer la demanda de alimentos y hacer frente a la competencia internacional. Por ello, es importante destinar recursos crecientes para capitalizarlo; aumentar su financiamiento; ampliar la cobertura del seguro agrícola; ampliar la infraestructura y el desarrollo de la tecnología; mejorar los mecanismos de comercialización; alentar opciones de proyectos productivos y formas de asociación; y proteger la vida y las labores comunitarias. De manera destacada, y como respuesta del Gobierno Federal a las demandas de las organizaciones campesinas, en 1994 iniciará la operación de un esquema de apoyos directos al campo, Procampo, el cual permitirá sustituir los apoyos actuales por un programa más equitativo y directo.

Para lograr lo anterior, en 1994 se propone asignar al desarrollo rural 15 mil 206 millones de nuevos pesos. Así, el gasto en dicho sector crecerá, con respecto al de 1993, en 32.8 por ciento en términos reales. El gasto destinado al programa de apoyos directos al campo, incluyendo transferencias a Conasupo, crecerá en 82.8 por ciento. Cabe resaltar que los diversos programas sociales, como Solidaridad y otros correspondientes a educación y salud, destinarán recursos adicionales para elevar las condiciones de vida en el campo.

4. Incrementar la inversión pública para fortalecer la infraestructura básica del país.

El manejo de las finanzas públicas y la estabilidad alcanzada permiten, para 1994, que parte del margen presupuestal se canalice a la inversión pública con objeto de ampliar la infraestructura económica y social.

Consecuentemente, la propuesta de gasto en inversión física asciende a 47 mil 011 millones de nuevos pesos, cantidad superior en 10.0 por ciento, en términos reales, a la del cierre estimado para 1993. En relación al tamaño de la economía la propuesta de inversión física representará el 3.8 por ciento. Este porcentaje es el más alto alcanzado en la presente administración. El monto asignado al Gobierno Federal representa el 56.7 por ciento, en tanto que el 43.3 por ciento restante corresponde al sector paraestatal de control directo presupuestal.

Los recursos crecientes destinados a la inversión deben canalizarse de manera eficiente. Por ello, primordialmente, se destinará gasto de inversión a la conclusión de las obras en proceso y a la conservación y mantenimiento de la infraestructura. En el caso de proyectos nuevos se incluyen sólo aquellos que muestran los mayores niveles de beneficio social y rentabilidad económica. Asimismo, se fomentarán los proyectos de coinversión con los gobiernos estatales y municipales y con los particulares. La inversión en infraestructura

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básica, pública y privada, aumentará en el período 1989 - 1994 a una tasa media anual de 11.7 por ciento real; con lo que en dicho lapso, esta inversión se habrá duplicado, en términos reales.

Finalmente, se modernizarán y simplificarán los procedimientos de licitación pública para la adquisición de bienes, contratación de obras, así como de servicios relacionados con dichos conceptos, a efecto de abatir costos y mejorar el aprovechamiento de los recursos.

Durante la presente administración, el crecimiento acumulado de la inversión pública ascenderá a 25.4 por ciento en términos reales.

5. Consolidar el cambio estructural del sector educativo y avanzar en el desarrollo científico y tecnológico.

De acuerdo con los propósitos establecidos al inicio de esta administración, el desarrollo del país requiere de una educación de calidad y de cobertura amplia. Para ello se ha realizado un importante esfuerzo presupuestal, y se han promovido cambios sustanciales orientados a fortalecer la estrategia educativa. Con tal fin se estableció el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica entre los estados y la Federación, se reformaron los artículos 3o. y 31 constitucional y se expidió la Ley General de Educación.

La estrategia para fortalecer la federalización educativa continuará durante 1994; asimismo, se aumentará el número de escuelas para atender el incremento de la demanda; se continuarán renovando los programas y métodos de estudio; se avanzará en la revalorización social de los maestros y docentes y, en general, seguirá promoviéndose el desarrollo de un sistema educativo que corresponda con las necesidades del país.

En consecuencia, para consolidar las transformaciones realizadas y para avanzar en las metas establecidas, se propone que para el próximo ejercicio fiscal el presupuesto en educación sea de 54 mil 485 millones de nuevos pesos, cifra 14.4 por ciento superior en términos reales a la de 1993. Con ello, al término de este Gobierno el gasto en este sector habrá acumulado un incremento real de 101.0 por ciento.

Por otra parte, nuestro país requiere de profesionistas y técnicos adiestrados en ramas de alta especialización. En este sentido, promover el desarrollo científico y tecnológico constituye una acción estratégica para la modernización nacional.

La asignación de recursos para ciencia y tecnología en 1994, buscará equipar adecuadamente a las instituciones de educación superior; vincular los proyectos de investigación y los de desarrollo tecnológico con la industria nacional; y preservar el esquema de coparticipación de las comunidades académica, científica y tecnológica, públicas y privadas. Así, se propone que el gasto en ciencia y tecnología aumente 11.1 por ciento en términos reales respecto al del año anterior. Ello significará un crecimiento real acumulado de 90.8 por ciento entre 1988 y 1994.

6. Mejorar los servicios de salud y seguridad social.

Uno de los principales objetivos de los servicios de salud y seguridad social es ampliar y mejorar la protección a todos los mexicanos, brindando atención y prestaciones eficaces y equitativas que coadyuven a elevar sus condiciones de bienestar social.

En concordancia con los propósitos rectores del Sistema Nacional de Salud, la política de gasto propuesta para 1994 mantiene como prioridad profundizar en los avances logrados en medicina preventiva, curativa y de rehabilitación. Para ese fin se redoblarán esfuerzos dentro de los programas de Vacunación Universal, de Nutrición y Salud, de Modernización de la Regulación Sanitaria, Contra las Adicciones y de Planificación Familiar.

La seguridad social, por su parte, es el instrumento mediante el cual la población tiene acceso, además de los servicios de salud, a otros beneficios que, en su conjunto, procuran bienestar y seguridad entre los mexicanos.

Para alcanzar las metas programadas en este sector, se propone un gasto de 51 mil 831 millones de nuevos pesos, que representa un incremento, respecto a 1993, de 8.1 por ciento en términos reales. Con esto, su participación en el gasto programable aumentará de 14.7 por ciento en 1988, a 22.4 por ciento en 1994; en consecuencia, registrará un incremento acumulado de 81.7 por ciento en la presente administración.

7. Intensificar las medidas para mejorar la calidad del medio ambiente.

El desarrollo nacional exige armonizar el crecimiento económico con la conservación del medio ambiente y el aprovechamiento racional de los recursos naturales, principalmente el de los no renovables.

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En este sentido, se promoverá que Gobierno y sociedad participen más ampliamente en la prevención del deterioro ambiental. Se pretende avanzar en la mejoría de la calidad del agua potable; incrementar el número de plantas de tratamiento de aguas residuales; disminuir los índices de contaminación del aire; mejorar los métodos para disponer de los desechos sólidos; consolidar el sistema de reservas naturales; mejorar los mecanismos de protección de los ecosistemas nacionales y dentro de ellos, conservar las especies.

Para lograr estos objetivos, se propone que el presupuesto para desarrollo urbano, agua potable y ecología ascienda a 6 mil 107 millones de nuevos pesos, cifra que representa un crecimiento real de 8.1 por ciento con respecto a 1993. En consecuencia, su crecimiento acumulado en el transcurso de esta administración será de 50.6 por ciento real. El gasto destinado a la protección del medio ambiente aumentará sustancialmente con respecto a 1993; su monto ascenderá a 1 mil 819 millones de nuevos pesos.

Es importante considerar que estas erogaciones no incluyen las que realizan el Departamento del Distrito Federal, las entidades bajo control indirecto presupuestal ni el de las entidades federativas para este mismo propósito. De incluirse éstas, el crecimiento acumulado alcanzará una tasa real de 78 por ciento.

8. Avanzar en el mejoramiento del bienestar de la población de menores ingresos mediante el Programa Nacional de Solidaridad.

El Programa Nacional de Solidaridad, se ha constituido como uno de los medios más eficaces para extender e incrementar los servicios básicos a un ritmo mayor que el del crecimiento de la población. Sus acciones se han concentrado en la realización de obras y programas para que los grupos menos favorecidos de la sociedad mejoren sus condiciones de vida. El programa recoge las propuestas de los grupos interesados y promueve su participación organizada y corresponsable en las decisiones y la ejecución de las obras realizadas en provecho de la comunidad.

Niños y mujeres en Solidaridad; escuelas dignas; electricidad; agua potable y drenaje; escrituras públicas sobre propiedad; alumbrado público; pavimentación y equipamiento urbano; apoyo a la producción mediante la creación de fuentes de empleo, y financiamiento a las actividades agropecuarias, son los principales ámbitos en que se desenvuelven las acciones del Programa.

Para ello, en 1994 se propone que el presupuesto destinado al Programa Nacional de Solidaridad ascienda a 8 mil 809 millones de nuevos pesos, a los cuales se sumarán las aportaciones de los gobiernos estatales y municipales y las de los propios beneficiarios. Los recursos presupuestales federales propuestos representan un crecimiento real de 5.4 por ciento con respecto a los de 1993, y de 221.9 por ciento en relación a 1989. De esta forma, Solidaridad incrementará su participación dentro del gasto programable de 1.5 por ciento en 1989, a 3.8 por ciento en 1994.

9. Asegurar la disponibilidad de energéticos.

El sector energético constituye un elemento fundamental de soporte para el avance del aparato productivo nacional y para el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Ello ha ocurrido en la medida en que ha mantenido el abasto suficiente de energía, así como una oferta de productos refinados de mayor calidad.

Sobre estas bases, la política de gasto en este sector se orientará a mantener el apoyo hacia los proyectos prioritarios y particularmente hacia los que registren un mayor avance en su ejecución. Destacan aquellos destinados a consolidar la infraestructura existente, a modernizar la capacidad instalada y a producir con criterios ecológicos. Asimismo, proseguirán los programas de mantenimiento preventivo y correctivo de las diversas instalaciones, además del fomento al ahorro y uso eficiente de la energía. Para cumplir estos propósitos, se propone ejercer un gasto programable de 46 mil 947 millones de nuevos pesos en el sector energético.

El subsector petrolero ha experimentado una profunda transformación dirigida a elevar los niveles de eficiencia a parámetros internacionales. En 1992 se aprobó la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. La transformación de esta entidad tiene como propósito incrementar su eficiencia y su productividad, cubrir la demanda interna y mantener la plataforma de exportación de petróleo. Asimismo, se tenderá a acelerar su proceso de modernización y a ubicarlo en una perspectiva de eficiencia microeconómica, en la que la rentabilidad y la competitividad sean los criterios rectores de su operación.

Con estas metas a alcanzar, se propone para Petróleos Mexicanos, consolidado, un gasto programable por 25 mil 559 millones de nuevos pesos, que representa un crecimiento real de 1.2 por ciento con respecto al de 1993. El gasto de inversión se incrementará en 10.8 por ciento real, con lo cual su participación aumentará en el gasto

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programable de la entidad, de 38.5 por ciento, a 42.1 por ciento en el mismo lapso.

Respecto al subsector eléctrico, se propone un gasto de 22 mil 701 millones de nuevos pesos, con lo que se mantiene prácticamente constante en términos reales. Estos recursos presupuestales se orientarán a ampliar la capacidad de generación de energía para atender la demanda creciente, destacando la continuación de proyectos hidroeléctricos, así como obras de transmisión y distribución.

En apoyo a la modernización de la industria eléctrica, y en el marco de la nueva Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, se fomentarán los mecanismos de participación de particulares en la generación, bajo modalidades diversas como la cogeneración, autoabastecimiento y el productor independiente, con lo cual el subsector se allegará recursos cada vez mayores.

PROYECTO GENERAL DE GASTO

Se propone a la Honorable Cámara de Diputados de la LV Legislatura que, en 1994, el gasto programable de los poderes de la Unión y los Órganos Electorales, excluyendo transferencias y aportaciones a entidades paraestatales de control directo presupuestal, ascienda a 129 mil 183 millones de nuevos pesos, lo que significa un crecimiento de 10.7 por ciento en términos reales en relación a 1993.

Por otra parte, el gasto programable de los organismos y las empresas bajo control directo presupuestal será de 106 mil 463 millones de nuevos pesos, lo que implica un aumento real de 0.1 por ciento respecto al de 1993.

El total del gasto programable propuesto es de 235 mil 646 millones de nuevos pesos, con un incremento real de 5.7 por ciento respecto del estimado para 1993.

El gasto en participaciones a entidades federativas y estímulos asciende a 37 mil 786 millones de nuevos pesos, y el de adeudos de ejercicios fiscales anteriores a 4 mil 448 millones de nuevos pesos.

Así, el gasto primario, que resulta de sumar el gasto programable y los conceptos anteriores del gasto no programable, alcanza un monto de 277 mil 880 millones de nuevos pesos. Por otra parte, se estima que el pago de intereses de la deuda pública presupuestal sea de 31 mil 160 millones de nuevos pesos, menor en 14.5 por ciento en términos reales al de este año.

En resumen, se somete a consideración el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal de 1994, por un monto total de gasto neto de 309 mil 040 millones de nuevos pesos, que es 2.6 por ciento superior en términos reales al de 1993.

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ASIGNACIÓN SECTORIAL DEL GASTO PROGRAMABLE

El Plan Nacional de Desarrollo 1989 - 1994 establece las prioridades hacia las cuales se orienta la presente propuesta de asignación sectorial del gasto programable; por ello, la jerarquización en la distribución de este gasto, vertiente fundamental de la política de gasto público, permitirá alcanzar los propósitos concretos en el ámbito económico y social de forma compatible con el marco macroeconómico diseñado.

DESARROLLO SOCIAL

La estrategia de modernización nacional se propuso desde su inicio avanzar en la estabilización y el cambio estructural de la economía y, al mismo tiempo, en el mejoramiento productivo de las condiciones de vida de la población.

La política social seguida durante esta administración ha establecido una nueva relación entre Estado y sociedad, a partir de profundas adecuaciones al marco normativo y regulatorio de las actividades gubernamentales, mediante las cuales se promueve, a su vez, una mayor eficiencia y eficacia de las acciones en beneficio de la sociedad. En paralelo, el Gobierno Federal ha dirigido recursos presupuestales crecientes para mejorar e incrementar la prestación de servicios prioritarios de salud y educación; para impulsar un desarrollo más equilibrado de las ciudades y comunidades rurales del país con la expansión de la infraestructura básica, y el mejoramiento del entorno natural y ecológico; así como para mejorar el abasto y distribución de alimentos básicos en zonas rurales y urbanas marginadas.

Un desarrollo justo y equilibrado precisa que los que contribuyen a este esfuerzo puedan tener acceso al reparto equitativo de sus beneficios. Consecuentemente, junto con los avances en la estabilización económica, se ha procurado mejorar las condiciones de vida de la población, para lo cuál en este año se habrá canalizado a programas de bienestar social, poco más de la mitad del gasto programable, frente a un tercio que representó en 1988.

De esta manera se han incrementado los hospitales y escuelas, y una mayor población recibe estos servicios con mejor calidad; los servicios

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de agua potable y alcantarillado son proporcionados en más municipios y comunidades rurales; y los programas de abasto social enfocan sus acciones hacia la población de menores recursos de las zonas urbanas marginadas y las comunidades rurales apartadas del país.

La política social se consolida en el último año de esta administración. En efecto, el gasto propuesto en este sector es de 124 mil 904 millones de nuevos pesos, lo cual significa un crecimiento real anual de 10.5 por ciento, respecto del de 1993. Así, en esta administración este gasto se habrá incrementado en 93.3 por ciento real. Este crecimiento es superior en 4.5 veces al que muestra el gasto programable en 7.8 veces al de la población y en 4.6 veces al de la economía. Como proporción del producto interno bruto aumentará, de 6.3 por ciento en 1988, a 10.2 por ciento en 1994.

Los avances y las acciones a realizar en el próximo año en cada uno de los subsectores que comprende el sector desarrollo social, se presentan a continuación con mayor detalle.

Educación

Ha sido un compromiso fundamental de la presente administración extender la cobertura social y territorial en materia educativa, teniendo como prioridad elevar la calidad de la educación, acorde con los requerimientos del desarrollo nacional.

Una educación amplia y de alta calidad es el medio más eficaz para corregir y estrechar las diferencias entre las diversas regiones del país y entre los distintos estratos sociales de la población. Es, asimismo, el mejor instrumento para alcanzar la equidad social, el fortalecimiento de la soberanía e identidad nacional, el perfeccionamiento de nuestro sistema democrático, y la modernización del país.

En consecuencia, desde el primer año de este Gobierno, se definieron como objetivos del sector, extender y mejorar la calidad de la educación, y elevar la escolaridad de la población; contribuir al desarrollo económico y social con base en el aporte de la ciencia y la modernización tecnológica; proteger y difundir el patrimonio cultural de la nación y promover el desarrollo integral del individuo mediante la práctica del deporte y la recreación.

I. Evolución de la Política de Gasto Público 1989 - 1993

Durante los cinco primeros años de la actual administración, estos objetivos registran avances sustanciales, logrados a través de dos estrategias; la primera de ellas, mediante la asignación creciente de recursos públicos, que ha permitido impulsar los programas y actividades necesarios para ampliar la cobertura de los servicios y elevar su calidad; la segunda, a través de cambios trascendentales al marco jurídico, que establecen el propósito de una educación nacional, elevan su alcance y promueven la concurrencia de los tres niveles de Gobierno y de la sociedad en el esfuerzo educativo.

Se consideró, desde un inicio, que otorgar mayores recursos para atender el reclamo social por una mejor educación era una condición necesaria, mas no suficiente, para lograr los propósitos planteados. Por ello, en los dos últimos años se promovieron las reformas a los artículos 3o. y 31 de nuestra Carta Magna, el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y la Ley General de Educación, lo que permitió actualizar y adecuar el marco normativo al propósito de mejorar la educación en México.

Mediante las reformas a los artículos 3o. y 31 constitucionales, se reafirma la educación nacionalista, laica y democrática; se extiende la educación obligatoria a nueve años en lugar de seis (primaria y secundaria). Además de que se proporcionará educación preescolar a quien la solicite, y se mantiene el compromiso de que el Estado prestará educación de forma gratuita.

Con el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica se dio un paso decisivo para abatir el excesivo centralismo educativo, al transferir a las entidades federativas la administración de los servicios de educación básica y normal, así como los recursos correspondientes. El Gobierno Federal transfirió 749 mil plazas de maestros y personal administrativo, y casi 100 mil planteles escolares en los que se atienden 13.5 millones de estudiantes. Así, se ha conformado un sistema educativo más participativo en el esfuerzo y eficiente en sus acciones. Además, las acciones en el marco del Acuerdo Nacional permiten atacar frontalmente las desigualdades geográficas y sociales; ampliar y diversificar los servicios, complementándose con modalidades no escolarizadas; acercar la autoridad educativa a la escuela, y mantener un sistema educativo nacional.

Los propósitos de las medidas anteriores quedaron plasmados en la Ley General de Educación promulgada en julio de 1993, que abrogó la Ley Federal de Educación vigente desde 1973. Esta nueva Ley que reglamenta el artículo 3o. constitucional, guarda plena fidelidad a la letra y al

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espíritu de sus principios y mandatos, e incorpora las estrategias principales del Acuerdo Nacional; atiende las condiciones y necesidades actuales de los servicios educativos; y amplía los objetivos sociales y democráticos de la Ley abrogada. De esta manera, se garantiza al pueblo de México una educación de alta calidad, con carácter nacional y capacidad institucional para satisfacer la demanda de educación en todos los niveles.

Un actor fundamental en la tarea educativa es el maestro. Por ello, desde su inicio el actual gobierno ha mantenido una política firme y decidida de apoyo al magisterio, y ha implantado la carrera magisterial, como reconocimiento a la labor docente, estimulando su esfuerzo, con base en criterios como los de actualización de conocimientos, capacitación educativa y desempeño frente a grupo. De manera destacada, las percepciones del magisterio registran una recuperación sustancial que, a la presentación de este proyecto de presupuesto, habrán alcanzado un incremento de más del 70.0 por ciento en términos reales.

En los niveles medio y superior, de forma adicional a los incrementos salariales otorgados, se adoptaron medidas que elevan el ingreso de los docentes tomando en cuenta su desempeño académico, su nivel profesional y sus trabajos de investigación.

La ampliación de la infraestructura y la modernización y equipamiento de las instituciones educativas han recibido un apoyo sustancial. Se ha buscado atender el incremento de la demanda y dotar a los planteles de los elementos que les permitan brindar un servicio educacional de mayor calidad. Entre 1988 y 1993, la inversión en este sector registra un incremento de 114.3 por ciento real. Esto permitió que en los últimos cinco años se hayan incorporado 17,420 nuevas escuelas, de las cuales 12,901 fueron construidas por el sector público. En casi todos los niveles se registraron crecimientos en la construcción de espacios educativos, lo que permitió que entre el ciclo escolar de 1988 - 1989 y el de 1993 - 1994 las escuelas del sistema educativo escolarizado pasarán de 153,958 a 171,378; presentando un incremento de 11.3 por ciento.

En materia de educación media superior y superior, se está realizando una reforma completa a los planes y programas de estudio para adecuar la formación de profesionales a las necesidades del desarrollo nacional y del aparato productivo. Se ha impulsado la investigación científica y la incorporación de nuevas tecnologías para preparar al personal técnico altamente especializado, que genere y transmita conocimientos científicos e innovaciones tecnológicas.

En 1992 se constituyó el sistema SEP - Conacyt, conformado por 27 instituciones de investigación y desarrollo, bajo la coordinación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

En el ámbito cultural, a principios de la presente administración fue creado el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, como órgano de coordinación entre las distintas instituciones de enseñanza y difusión vinculadas a este sector. Entre las principales acciones emprendidas en este ámbito, se encuentra la constitución del Fondo Nacional Arqueológico, como un vehículo para fortalecer los lazos que unen a los mexicanos con su pasado y, así refrendar la identidad nacional.

Igualmente, se constituyó el fondo de apoyo al Sistema Nacional de Creadores de Arte, con objeto de establecer una plataforma idónea que aliente la creatividad y el desarrollo integral de los artistas. En el mismo sentido, la enseñanza artística ha merecido una especial atención, que se traduce en una revisión y redefinición de los planes y materiales de estudio de las escuelas de arte, tarea que va aparejada por el inicio de la construcción del Centro Nacional de las Artes, concebido como el espacio físico que agrupa, armónicamente, a todas las escuelas, propiciando la integración de una auténtica comunidad artística, en un clima apropiado para la creación.

En materia deportiva, al inicio de la presente administración fue creada la Comisión Nacional del Deporte, órgano rector y de coordinación que canaliza los esfuerzos desarrollados por las diversas instancias del país, tanto en deporte amateur como en profesional. Dentro de sus tareas, esta Comisión llevó a cabo la construcción de 627 unidades deportivas en zonas populares.

La alta prioridad que el Gobierno de la República le confiere a la educación de sus habitantes ha requerido de un importante esfuerzo en materia presupuestal. Durante el período 1989 - 1993, los recursos presupuestales destinados a la educación presentan un incremento acumulado de 75.7 por ciento en términos reales. Al agregar a esta cifra la derrama de recursos en programas de educación, investigación y capacitación que realizó la Administración Pública Federal, incluyendo las acciones del Departamento del Distrito Federal, ésta registra un crecimiento real de 90 por ciento durante el lapso de referencia.

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El crecimiento de las erogaciones en el sector educación son superiores en 5.4 veces al que muestra el gasto programable total, en ocho veces al de la población y en 4.6 veces al del producto interno bruto. Asimismo, su participación en el gasto programable se elevó de 13.9 por ciento en 1988, a 21.7 por ciento para 1993, y como proporción del producto interno bruto aumentó de 2.6 por ciento en 1988, a 4.0 por ciento estimado para el cierre de este año.

Cabe señalar que al considerar además los recursos que destinan a la educación los gobiernos estatales y municipales, así como los particulares, de 1988 a 1993, el gasto nacional en educación se ha elevado del 3.5 al 5.7 por ciento como proporción del PIB, respectivamente.

II. Política de Gasto Público 1994

Durante 1994 las acciones del sector educativo estarán dirigidas a consolidar, tanto las reformas realizadas en los últimos años, como los avances en la cobertura y la calidad educativas. En educación básica, la prioridad continuará siendo atender la demanda; concluir la reforma integral de contenidos educativos de la enseñanza, que entrará completamente en vigor a partir del ciclo escolar 1994 - 1995; y ampliar los programas compensatorios para abatir el rezago educativo, incorporando a nuevas comunidades urbanas y rurales marginadas que presentan bajos índices de alfabetismo y elevada deserción escolar.

En educación media superior y superior, continuará la revisión de los planes y programas de estudio, a fin de adecuarlos a las necesidades del desarrollo y fortalecer su vinculación con el sector productivo, y el impulso a los programas de investigación científicos y de desarrollo tecnológico, con el objetivo de mejorar el acervo de conocimientos y de técnicas que eleven la productividad y competitividad del país. Además, se fomentarán las acciones que preservan y fortalecen la cultura e identidad nacional; y se promoverán los programas de deporte, especialmente los dirigidos a la niñez y la juventud.

En los niveles de educación básica, el Gobierno Federal, con estricto apego a sus atribuciones, vigilará en toda la República la aplicación de la normatividad del artículo 3o. constitucional y la de la Ley General de Educación. Asimismo, ampliará y fortalecerá su función compensatoria en los estados y regiones con bajos índices de eficiencia y calidad educativas, a fin de promover un desarrollo más armónico y equilibrado.

En el marco del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, continuará robusteciéndose la federalización educativa, para suscitar la cabal concurrencia de esfuerzos de los tres niveles de Gobierno en favor de la educación; culminará la reforma integral de planes y programas de estudio; y proseguirán las tareas orientadas a revalorizar la función magisterial.

Los programas en educación inicial, permitirán ampliar la cobertura, fundamentalmente hacia grupos marginados, poblaciones rurales e indígenas y las de alta concentración de madres trabajadoras. Ello, por medio de modelos que capaciten previamente a los padres de familia y miembros de la comunidad para la atención de los infantes menores de cuatro años. En educación especial, se fortalecerá el modelo de atención de niños y jóvenes del medio rural y seguirá impulsándose la detección y atención de niños con capacidades sobresalientes.

En educación preescolar, se consolidará la reforma de los contenidos educativos iniciada en 1992, que considera tanto las necesidades nacionales como las de cada región, y posibilita una mejor articulación con la primaria. Se otorgará especial atención a la ampliación de la infraestructura, a fin de proporcionar este nivel educativo a quien lo solicite.

En educación primaria, concluirá la reforma integral de los planes, contenidos y materiales educativos, en la cual destaca la renovación de los libros de texto gratuitos, que entrarán en vigor en su totalidad durante el ciclo escolar 1994 - 1995. Mediante esta reforma, se impulsará el aprendizaje de la lectoescritura, la expresión oral y las matemáticas, así como el estudio sistemático de la historia, la geografía y el civismo.

En 1994 continuará el apoyo a los programas remediables y compensatorios que mejoren el rendimiento escolar como: Recuperación de Niños con Atraso Escolar; Arraigo del Maestro en el Medio Rural e Indígena; Primaria para Niños Migrantes, y la Propuesta para el Aprendizaje de la Lengua Escrita y las Matemáticas.

Seguirán ampliándose las acciones del Programa para Abatir el Rezago Educativo a 10 estados más, con lo que en 1994, este programa operará en 14 estados de la República; se continuarán apoyando los programas Escuela Digna y Niños en Solidaridad; se buscará que cada escuela cuente con una biblioteca, y se realizará un mayor esfuerzo para producir y distribuir mejores materiales didácticos. Lo anterior con la finalidad de elevar la eficiencia terminal en las escuelas primarias, y mejorar la infraestructura básica y los niveles de bienestar de la comunidad escolar.

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En educación secundaria, concluirá el establecimiento del programa por asignaturas en sustitución del programa por áreas, para reforzar la enseñanza de la lengua española y las matemáticas, así como el estudio de la historia, la geografía y el civismo. Asimismo, será ampliada la oferta del servicio educativo para garantizar la cobertura de este nivel de enseñanza.

El docente es sin duda la base del proceso de enseñanza - aprendizaje; además la calidad de la educación depende primordialmente de los maestros que la imparten. Por ello, continuarán los programas para revalorizar la función magisterial como eje central de la transformación educativa del país; promover permanentemente su capacitación y actualización; y continuará impulsándose la Carrera Magisterial, como parte de los reconocimientos y estímulos a la función docente.

En las instituciones de educación media superior continuará la revisión y actualización de los planes de estudio, la capacitación y la titulación de docentes en servicio; el incremento en los acervos bibliográficos, la coedición de libros técnicos y el reforzamiento de los vínculos con el sector productivo; y se apoyará la consolidación del nuevo plan de estudios del bachillerato general que opera en planteles dependientes de la SEP.

Seguirán impulsándose las opciones terminales y tecnológicas. El incremento de matrícula podrá atenderse a través de los planteles existentes, y la creación de Colegios de Bachilleres, preparatorias federales por cooperación, nuevos centros de estudios científicos y tecnológicos con participación federal y estatal, así como en sistemas abiertos.

En educación superior, se mantendrá el impulso a las instituciones de educación tecnológica para que incrementen la calidad de sus servicios y fortalezcan su vinculación con las demandas regionales y del sector productivo. Adicionalmente, se apoyarán la modalidad abierta y la consolidación de institutos descentralizados de los gobiernos de los estados. En las instituciones universitarias, serán prioritarios los programas de equipamiento y modernización de los planteles, y los de actualización de planes y programas de estudio.

Continuarán los programas tendientes a mejorar el ingreso de los docentes de este nivel educativo, con base en criterios que reconozcan el esfuerzo, el desempeño académico y nivel profesional, así como la calidad en la enseñanza y la investigación.

Asimismo, se continuarán fortaleciendo tanto la infraestructura como el equipamiento de las instituciones, con el objetivo de actualizar la impartición de conocimientos y vincularlos a las necesidades del desarrollo del país.

En educación de posgrado, continuará alentándose a los profesionistas para que realicen especialidades en sus áreas de conocimiento. Se apoyará la consolidación de los centros de excelencia, y se estimularán programas de posgrado de responsabilidad compartida entre instituciones de educación superior y centros de investigación, promoviendo nuevas opciones que atiendan áreas de interés nacional y regional.

Seguirá el impulso al desarrollo de la investigación científica y tecnológica en las instituciones de educación superior y en los centros de excelencia. Se buscará estrechar vínculos entre la docencia y la investigación y articularlos con las necesidades del aparato productivo nacional. En consecuencia, la estrategia buscará introducir cambios en los esquemas de financiamiento de los centros de investigación tecnológica del sector público, para que encaucen sus acciones hacia la prestación directa de servicios a empresas de los sectores público, social y privado. Este será un aspecto básico en la operación de las entidades SEP - Conacyt para lograr el cofinanciamiento de sus proyectos con particulares.

Continuarán los apoyos a los programas de formación de investigadores y el otorgamiento de becas en áreas prioritarias. De igual manera, se inducirá el regreso de científicos mexicanos radicados en el extranjero, y se ampliará el Sistema Nacional de Investigadores. Además, continuarán favoreciéndose los proyectos de innovación de tecnologías en campos que contribuyan a elevar la productividad de las empresas pequeña y mediana.

En educación superior pedagógica, la revaloración de la función magisterial representa una línea de política de primera importancia; incluye, entre otros aspectos: la integración de un Sistema Estatal de Formación de Maestros en cada entidad federativa; y la operación del Programa de Actualización del Magisterio, que combina la educación a distancia con cursos, sesiones colectivas y trabajo individual.

Para abatir el índice de analfabetismo que prevalece en el país, se reforzará la articulación de los programas orientados a los adultos, como los de alfabetización, postalfabetización y capacitación no formal. Con la participación de los gobiernos estatales, seguirán efectuándose campañas

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intensivas de alfabetización dirigidas a los grupos sociales y a las regiones geográficas más rezagadas. Asimismo, se acentuarán los esfuerzos para ofrecer a los mexicanos que en su oportunidad no tuvieron el acceso a la educación básica, un servicio educativo capaz de apoyar de manera sistemática aquellos elementos que permitan una pronta adquisición funcional de la lectoescritura y de las matemáticas básicas.

Mediante acciones concertadas con el sector productivo, para consolidar los servicios federales existentes de capacitación para el trabajo, serán creados nuevos centros en ramas estratégicas de la producción. Las zonas marginadas y localidades pequeñas serán atendidas con unidades móviles de capacitación formal para el trabajo, y continuará promoviéndose la modalidad abierta. Se intensificarán los servicios de capacitación acelerada, conectándolos con los sistemas de certificación de competencias ocupacionales.

Dentro del Programa de Infraestructura Educativa, continuará avanzando la construcción y equipamiento de espacios, para abatir el rezago y ampliar la cobertura. Asimismo, se dará mantenimiento preventivo y correctivo al mobiliario, equipo e instalaciones de las escuelas en los diferentes niveles, fundamentalmente en las regiones con menor grado de atención. Durante 1994 serán construidos 23,302 espacios educativos, con preferencia a los que atiendan los niveles de preescolar, secundaria y media superior, y se dará mantenimiento mayor a 1,610 espacios.

En la conducción de la política cultural, instrumento indispensable para alcanzar mayores niveles de desarrollo social, continuarán los apoyos a los creadores culturales y artísticos, con base en evaluaciones objetivas previas formuladas por cuerpos colegiados de especialistas. En tal dirección se orientan el Sistema Nacional de Creadores de Arte, el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y los Fondos Estatales constituidos con recursos de los gobiernos de las entidades federativas, con contrapartida de recursos federales.

Asimismo, se mantendrá el apoyo al programa de reordenación integral del Sistema Nacional de Educación Artística que, en el nivel profesional, contempla una reforma académica que contribuye a procurar un nivel de excelencia en la enseñanza; así como el establecimiento de infraestructura adecuada, a través, fundamentalmente, de la edificación del Centro Nacional de las Artes, el cual habrá de quedar concluido en la presente administración.

La preservación y difusión del patrimonio cultural nacional continuará recibiendo atención gubernamental, dada la magnitud de dicha tarea, y de la vital trascendencia en la configuración y consolidación de la identidad nacional. Para ello, en 1994 el Fondo Nacional Arqueológico operará, además de los 12 sitios arqueológicos previstos originalmente en 1992, dos más, ubicados en Calakmul, Campeche y Toniná, en Chiapas.

Acción de largo alcance en la difusión cultural, a través de los medios electrónicos de comunicación, lo constituye el inicio de las transmisiones del canal 22, a mediados de 1993, como atractiva y genuina alternativa televisiva en nuestro país y que continuará siendo apoyada por el Gobierno Federal durante 1994.

Se cumplirá la meta establecida para la presente administración, a efecto de que la Red Nacional de Bibliotecas llegue a 5 mil establecimientos con acervos adecuados y suficientes, con la participación comprometida de los gobiernos estatales y municipales en su operación.

En materia deportiva, se buscará incrementar la participación de la población en la práctica masiva de actividades deportivas y recreativas; el fomento al deporte organizado, con el establecimiento de centros de desarrollo deportivo municipales, la organización de eventos nacionales, juveniles y estudiantiles, buscando la participación de las instituciones educativas del país, y la promoción a la práctica del deporte entre los trabajadores. Se ofrecerá a un mayor número de jóvenes de escasos recursos, servicios recreativos, de turismo y culturales, fomentando de esta manera el uso adecuado de su tiempo libre. En el deporte de alto rendimiento continuará el apoyo y estímulo a las actividades de las preselecciones y selecciones nacionales; así como la identificación y seguimiento a la carrera de jóvenes con aptitudes para el deporte.

Para el logro de los objetivos del sector educación, se propone que el gasto en 1994 sea de 54 mil 485 millones de nuevos pesos, superior en 14.4 por ciento real al del cierre estimado de 1993. Al término de esta administración, el gasto federal en Educación habrá acumulado un incremento real de 101.0 por ciento; ello significa que el gasto por alumno habrá crecido a una tasa media real de 8.9 por ciento en cada uno de los seis años de este régimen; es decir, casi 3 veces más que el crecimiento promedio de la economía. El gasto de inversión registrará un incremento anual de 9.5 por ciento, y de 134.7 por ciento respecto de 1988, en términos reales.

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Salud y Seguridad Social

Mejorar las condiciones de salud y seguridad social de la población, constituye una de las principales vertientes de la política social del Gobierno, y es una de las tareas en la que se conjugan de manera relevante el esfuerzo de los sectores público, social y privado.

Por lo anterior, las acciones del sector se han orientado fundamentalmente a mejorar la prestación de servicios médicos, asistenciales y de seguridad social, así como a incrementar el acceso de la población a los mismos; a prevenir los daños a la salud mediante su fomento, preservación y protección; y atender las afecciones, consecuencia de los riesgos de la vida cotidiana y del medio ambiente, con especial énfasis en la atención a los menores en estado de abandono, los minusválidos y los ancianos.

1. Evolución de la Política de Gasto Público 1989 - 1993

Durante el período 1989 - 1993, las acciones del sector salud han guardado estrecha congruencia con los objetivos establecidos al inicio de esta administración, logrando avances sustanciales. Los programas y acciones emprendidos fortalecieron las áreas directamente ligadas con la prestación de servicios, y ampliaron y modernizaron la infraestructura hospitalaria. Asimismo, se descentralizaron funciones, otorgando prioridad a la medicina preventiva, curativa y de atención materno - infantil. La prestación de estos servicios contó con recursos crecientes, en un contexto en que el gasto público ha disminuido.

La infraestructura hospitalaria ha recibido especial atención. En 1989 las instituciones del sector salud atendían a cerca de 70 millones de mexicanos; hoy, casi 7 millones más se han incorporado, como resultado de la ampliación de la infraestructura y la rehabilitación de la existente. En el lapso de cinco años, la inversión del sector ha permitido construir 88 hospitales de especialidades y generales y 2,300 clínicas de primer nivel y centros de salud, entre los que destacan el Centro Médico Siglo XXI; el equipamiento y modernización de los centros de atención, como el Hospital Regional 20 de Noviembre, y la incorporación de 10,083 camas para hospitalización, urgencias y de apoyo. Como resultado, en 1993 la capacidad de hospitalización de las unidades médicas del sector salud superará en 11.5 por ciento a la existente al inicio de la actual administración; el incremento del personal médico, paramédico y asistencial permitió otorgar 380 mil consultas diarias, 17.3 por ciento más que en el sexenio anterior.

Desde octubre de 1990 no se presentan casos de poliomielitis ni de difteria, debido a la prioridad conferida al Programa de Vacunación Universal para niños menores de cinco años. Asimismo, los casos de tosferina y sarampión muestran reducciones de 75 y 80 por ciento, respectivamente, en relación a 1988.

Es un compromiso de justicia social que los trabajadores cuenten con las condiciones que les permitan, a ellos y a sus familiares dependientes, contar con elementos que les aseguren una vida decorosa al momento del retiro o muerte. Por ello, fueron reformadas la Ley del ISSSTE y la del IMSS, a fin de elevar el monto de la pensión mínima, lo que representa un esfuerzo importante de estos institutos en materia presupuestal, tomando en cuenta que el número de jubilados está creciendo aceleradamente. Además, se incrementaron las cuotas y aportaciones en los diferentes ramos de seguros y prestaciones que administran estas instituciones, con la finalidad de dotarlas de recursos suficientes para proporcionar más y mejores servicios a la población que amparan.

En términos de seguridad social, cabe resaltar el establecimiento del Sistema de Ahorro para el Retiro, SAR, como una prestación más para los trabajadores, adicional a los esquemas de pensión y jubilación existentes. A la fecha, los recursos de este sistema ascienden a poco más de 12 mil millones de nuevos pesos, correspondientes a las subcuentas del seguro de retiro y de vivienda. Además, para los empleados federales se otorgó un nuevo seguro institucional cuya suma asegurada mínima equivale a 40 meses del salario vigente a la muerte del trabajador o su incapacidad total y permanente.

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), continuó esforzándose para mejorar la calidad de vida de la población más necesitada. Durante la presente administración fueron repartidas cerca de 624 millones de raciones alimenticias escolares, y continuaron las acciones de apoyo al desarrollo familiar en las comunidades de menores ingresos.

En síntesis, los esfuerzos realizados permitirán que al finalizar este año, el 96 por ciento de la población total del país esté cubierta por las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Salud, lo que significa un incremento de cuatro puntos porcentuales en la cobertura durante el período 1989 - 1993.

La prestación de los servicios de salud y de seguridad social a cargo de las dependencias y entidades

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del sector, se reforzaron a través de una asignación importante de recursos del presupuesto federal. En efecto, se estima que al cierre de 1993 el presupuesto del sector salud registre un incremento real acumulado de 68.2 por ciento, y que su participación en el gasto programable haya aumentado de 14.7 por ciento en 1988, a 21.9 por ciento al cierre de este año. En términos del PIB, el gasto federal en salud y seguridad social se habrá elevado de 2.8 a 4.0 por ciento entre 1988 y 1993.

II. Política de Gasto Público 1994

Continuará la política de ampliar la cobertura de los servicios médicos, sobre todo en zonas rurales y urbanas marginadas; con énfasis en la modernización del Sistema Nacional de Salud y la expansión de la infraestructura hospitalaria; asimismo proseguirá la atención prioritaria a los programas de vacunación infantil y materno - infantil; y avanzará el proceso de descentralización y consolidación de los servicios.

El concurso de los tres niveles de Gobierno y la participación de los sectores social y privado será determinante para alcanzar estos objetivos. La estrategia rectora estará orientada a elevar la eficiencia de los servicios de salud y seguridad social, en beneficio de los derechohabientes y de la población abierta, en donde se concentran los grupos más necesitados. El principal componente estratégico será el fomento de la calidad de los servicios, a través de la eficacia en el trabajo y el óptimo aprovechamiento de los recursos, procurando hacer más ágil la atención a los usuarios.

Para dar cumplimiento a estas prioridades, han sido definidas como políticas rectoras para 1994 las siguientes acciones:

Fomentar la cultura de la salud. Se impulsará la educación para la salud en lo individual, familiar y comunitario. Se incrementarán las acciones dirigidas al grupo materno - infantil y a la atención primaria de la salud, especialmente en áreas rurales y urbanas arginadas, buscando tener una mayor vigilancia y orientación nutricional.

Acceso a los servicios de salud con equidad y calidad. Sobre la base de la cobertura alcanza da, continuará el apoyo a las zonas marginadas a través del programa Cirugía Extramuros, con acciones integrales de alimentación, vivienda, disponibilidad de agua potable, educación y saneamiento ambiental. Adicionalmente, se promoverá el aprovechamiento óptimo de la capacidad instalada para la atención médica, a fin de que todos los mexicanos tengan acceso a los servicios de salud.

Control y prevención de enfermedades y accidentes. Recibirá preferencia la prevención de enfermedades y accidentes, mediante el fortalecimiento de los programas existentes y el inicio de aquellos que sean necesarios para evitar las enfermedades, en especial las infecciosas, parasitarias y crónico - degenerativas, así como las derivadas de accidentes y desastres.

Concluirá el proyecto del Sistema Nacional Integral para la Atención Prehospitalaria, cumpliendo así una de las metas del Programa Nacional de Prevención de Accidentes 1992 - 1994.

En el marco del Programa de Vacunación Universal, que antes de la fecha prevista cumplió la meta de ofrecer esquemas completos de vacunación a todos los niños menores de 5 años, continuará la doble estrategia de campañas intensivas y de atención permanente. Con ello los resultados alcanzados quedarán consolidados y disminuirán las tendencias observadas de incidencia de enfermedades epidemiológicas.

En 1994 aumentará el apoyo a las acciones de medicina preventiva, para disminuir la morbilidad y la mortalidad causadas por las enfermedades diarreicas; para el control del cólera, se reforzarán campañas de orientación y fomento de prácticas higiénicas y las visitas a localidades, la construcción de letrinas y la cloración de pozos y sistemas de agua. Asimismo, seguirán impulsándose medidas de control y difusión sobre las formas y vías de contagio del SIDA, para reducir su crecimiento epidemiológico.

Protección del medio ambiente y saneamiento básico. Se fortalecerán las medidas de protección al ambiente y de saneamiento básico, al promover las prácticas higiénicas en el manejo de los desechos para evitar la contaminación del medio y de los alimentos. Con el propósito de regular y controlar las emisiones de las industrias, continuará la elaboración de reglas técnicas; la verificación de instalaciones sanitarias a las industrias de alto riesgo; y las visitas de vigilancia y certificación del agua en sistemas de abastecimiento público y privado.

Contribución a la regulación del crecimiento demográfico. El Programa de Planificación Familiar apoyará la regulación del crecimiento poblacional a través del descenso en la tasa de fecundidad y la frecuencia de embarazos no deseados, con absoluto respeto a la dignidad y la decisión

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de la pareja; asimismo, dará continuidad a las actividades de protección de la salud reproductiva y de prevención de enfermedades de transmisión sexual. Por la importancia de este programa, los recursos presupuestales aumentarán en 50 por ciento, en términos reales.

Impulso a la asistencia social. La coordinación entre instituciones que otorgan servicios de asistencia social, principalmente las de carácter privado sin fines de lucro, contribuirá a la integración social de los grupos menos favorecidos a una vida económica y social

más equilibrada; se promoverá la instalación de unidades gerontológicas con las modalidades de albergues, residencias diurnas y clubes de la tercera edad; y continuará proporcionándose consulta externa a quien lo demande.

Para prevenir, detectar y contener oportunamente la farmacodependencia, y promover el valor de la salud, las acciones de orientación preventiva a infantes y adolescentes serán prioritarias.

Las madres trabajadoras continuarán recibiendo la prestación de guarderías durante su jornada de trabajo.

El ISSSTE continuará desarrollando los procesos que permitan desconcentrar a los estados las unidades hospitalarias de segundo y tercer nivel, así como la implantación del programa de equipamiento, lo cual permitirá consolidar la infraestructura y el proceso de modernización de los servicios.

El IMSS desarrollará acciones que coadyuven a incrementar la cobertura territorial y la calidad de los servicios; a impulsar la incorporación al régimen obligatorio del seguro social; a lograr un mejor ordenamiento de los recursos humanos para reducir el ausentismo del personal; y a fortalecer las áreas de atención directa al público, y garantizar el suministro de medicamentos necesarios para la atención de los derechohabientes.

El Programa IMSS - Solidaridad extenderá las acciones de atención a la salud a un mayor número de mexicanos del medio rural en condiciones de extrema pobreza, mediante la ampliación de la capacidad instalada y la participación de personal comunitario capacitado.

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia continuará proporcionando asistencia social a los grupos constituidos por menores, ancianos en situación de desamparo, minusválidos, mujeres gestantes, indigentes, adolescentes y personas carentes de recursos económicos. El sector salud desarrollará acciones que permitan incrementar la capacitación del personal médico, paramédico, técnico y administrativo, especialmente en el marco del programa de extensión de cobertura de los servicios; y seguirá contribuyendo al desarrollo de la investigación, con el propósito fundamental de profundizar en el conocimiento de los factores que influyen en el proceso salud - enfermedad, así como en la comprensión de las variables que modifican sus manifestaciones y las técnicas terapéuticas de atención más convenientes.

En resumen, el sector salud y seguridad social reforzará sus acciones con estricto apego a las políticas de modernización, promoviendo el uso óptimo de los recursos para ampliar la cobertura de sus servicios y mejorar su calidad, cuya demanda es siempre creciente. Para lograr el cumplimiento de los objetivos planteados, se propone un presupuesto de 51 mil 831 millones de nuevos pesos, superior en 8.1 por ciento real al de 1993. Así, al término del presente régimen, el gasto en salud y seguridad social acumulará un crecimiento real de 81.7 por ciento, y su participación en el producto interno bruto pasará de 2.8 en 1988, a 4.2 por ciento en 1994. Debe resaltarse que, por su cobertura territorial y por la población que atienden de manera directa, los servicios de salud y seguridad social, al igual que los educativos, concentran una parte importante del presupuesto federal. De ser aprobado este proyecto, representará 22.4 por ciento del gasto programable, lo que significa 7.7 puntos porcentuales más que en 1988. La inversión de 2 mil 548 millones de nuevos pesos en el sector significará un crecimiento del 12.6 por ciento real. Con estos recursos se construirán, ampliarán o remodelarán 186 hospitales, clínicas y centros de salud.

En especial, continuará la modernización del Hospital Psiquiátrico Samuel Ramírez Moreno, concluirán las reconstrucciones del Hospital General de México, del Infantil de México, del Instituto Nacional de la Nutrición y del Centro Médico del Noroeste en Monterrey, N. L. Asimismo, el Hospital 20 de Noviembre se transformará en Centro

Nacional Hospitalario. También se otorgará prioridad a la modernización de los equipos médicos y laboratorios.
 
 
 
 

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Laboral

Las líneas básicas de la política laboral se han orientado fundamentalmente a promover el equilibrio entre los factores de la producción; vigilar

la observancia de las normas laborales; proveer los servicios de procuraduría y defensa del trabajador; promover el desarrollo de la capacitación, la calidad y la productividad en el trabajo; coordinar el servicio nacional de empleo y promover la seguridad e higiene en el trabajo. Asimismo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha participado en el proceso de diálogo y concertación social entre el Gobierno y los sectores productivos y coordinó la comisión encargada de la evaluación y seguimiento de dicho proceso.

I. Evolución de la Política de Gasto Público 1989 - 1993

La asignación de recursos al sector laboral ha permitido avanzar en la impartición de justicia, la capacitación de la mano de obra y el apoyo a los servicios de empleo. En el ámbito de la procuración e impartición de justicia, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje se abocó a modernizar sus procedimientos y a fortalecer los mecanismos de conciliación, con estricto apego a la legislación laboral.

En materia de apoyo a la intermediación para el trabajo, el Servicio Nacional de Empleo atendió entre 1989 y 1993 a más de un millón de solicitantes de trabajo; detectó 1.3 millones de vacantes y canalizó 1.2 millones de personas hacia puestos de trabajo, lo que representa incrementos del 79.0, 74.0 y 73.0 por ciento, respectivamente. En materia de capacitación, sobresale el Programa de Capacitación de Mano de Obra, que apoyó los esfuerzos de adiestramiento y productividad en la pequeña y mediana empresas; el Programa de Becas de Capacitación para Trabajadores Desempleados y el Programa Nacional de Capacitación y Productividad que en su conjunto beneficiaron a 4.9 millones de trabajadores.

El cambio estructural de la economía implica acciones en la renovación y modernización de la infraestructura productiva, y en la permanente capacitación, mejoramiento de la formación profesional y técnica de los trabajadores. La combinación de ambas acciones permite a las empresas elevar su productividad y su competitividad, y a los trabajadores les da acceso a oportunidades para elevar sus remuneraciones y el bienestar familiar. Por ello, trabajadores, empresarios y Gobierno, impulsaron en mayo de 1992, el Acuerdo Nacional para la Elevación de Productividad y la Calidad (ANEPC), mediante el cual se establecieron las bases para avanzar de manera conjunta hacia mayores niveles de productividad y competencia de la economía nacional.

Del cierre de 1988 a 1993, el gasto en el sector laboral mantuvo una tendencia creciente,
 
 
 
 

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contribuyendo con ello al mejoramiento productivo del nivel de vida de la población. En este período, el gasto público del sector tuvo un crecimiento acumulado de 46.6 por ciento en términos reales.

II. Política de Gasto Público 1994

En 1994, la política de gasto público estará encaminada a continuar promoviendo las acciones tendientes a proteger el empleo y el poder adquisitivo del salario de los trabajadores; fortalecer la impartición de justicia y la vigilancia de la legislación laboral; elevar los índices de bienestar y seguridad social de los trabajadores y sus familias; aumentar su nivel de productividad a través de la capacitación y el adiestramiento; y ampliar la cobertura de la seguridad e higiene en el trabajo.

Las principales líneas de acción serán: fortalecer los sistemas de orientación e inspección de las normas del trabajo; ampliar la red de los órganos de impartición de justicia laboral; alcanzar la difusión, desarrollo y vigilancia de la normatividad en seguridad e higiene en el trabajo; fortalecer los programas de capacitación de recursos humanos, y facilitar la adquisición de bienes y servicios para los trabajadores mediante el otorgamiento de créditos.

Complementariamente, se dará seguimiento a los compromisos concertados en el Pacto para la Estabilidad, la Competitividad y el Empleo (PECE), se promoverá el desarrollo de instrumentos de medición de la productividad y se apoyará la concertación de convenios y bonos de productividad por parte de los sectores productivos.

Se otorgarán 51 mil becas de capacitación a trabajadores desempleados y se apoyará con recursos financieros los programas de capacitación y productividad para 80 mil trabajadores en empresas pequeñas y medianas. Asimismo, se ampliará el registro en comisiones mixtas de capacitación y programas en la materia a 1.2 millones de trabajadores, aproximadamente.

El fomento de la productividad seguirá desempeñando un papel relevante en la política de cambio estructural del país y del mejoramiento del nivel de vida de los trabajadores. Dentro del marco del ANEPC y de los acuerdos firmados en el PECE en octubre pasado, se continuará promoviendo la elevación de la productividad y la calidad, tanto a nivel sectorial como por empresa. Por sector de actividad, se seguirán concertando acciones y compromisos concretos entre los sectores productivos y del gobierno y a nivel de centros de trabajo, y se promoverán las acciones conjuntas de las empresas y sus organizaciones laborales, con base en sus condiciones particulares para elevar la productividad y distribuir entre los factores de la producción los beneficios que ésta genere. Para 1994, se propone a esta honorable Cámara de Diputados un presupuesto para el sector de 532.7 millones de nuevos pesos, monto que presenta un incremento real de 5.4 por ciento respecto al de 1993. Con ello, se alcanzaría en estos seis años un incremento acumulado de 54.6 por ciento en términos reales.
 
 

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Desarrollo Urbano, Ecología y Agua Potable

Durante la presente administración, se ha promovido especialmente el cambio estructural en el sector desarrollo urbano, ecología y agua potable, el cual se ha caracterizado por el fomento a la participación de los sectores productivos y de los gobiernos estatales y municipales, entre otros aspectos. La evolución del sector ha sido congruente con los objetivos y las prioridades establecidas para el mejoramiento de la calidad de vida de la población, mediante acciones que contribuyen al ordenamiento de los centros de población; a la promoción de la vivienda; el acceso de la población al servicio de agua potable; y al cuidado del medio ambiente.

La estrategia para alcanzar estos propósitos se ha apoyado en la creciente participación de la sociedad en la solución de problemas comunes, el establecimiento de nuevos mecanismos de financiamiento, y gobiernos estatales y municipales más participativos. La combinación de estos elementos permiten perfilar al sector como uno de los factores detonantes del desarrollo de las comunidades: ciudades ordenadas y con vocación definida, una política ecológica sólida y congruente, y cada vez más comunidades dotadas de agua potable y servicios.

I. Evolución de la Política de Gasto Público 1989 - 1993

Durante el período 19891993, el gasto destinado a este sector creció 39.3 por ciento en términos reales y en el mismo lapso su participación en el gasto programable pasó de 2.1 a 2.6 por ciento. El gasto de inversión aumentó 353.0 por ciento en términos reales.

Desarrollo Urbano

La política de desarrollo urbano se fortaleció por la creación de la Secretaría de Desarrollo Social, lo que permite una mejor articulación de las estrategias para atender la pobreza extrema y enfrentar los problemas derivados, tanto de la dispersión como de la excesiva concentración poblacional en algunas zonas del territorio nacional.

A lo largo de los primeros cinco años de la presente administración, la política de desarrollo urbano se orientó a impulsar acciones para el logro de los siguientes objetivos: la transformación del patrón de los asentamientos humanos, en concordancia con las políticas de descentralización y desarrollo económico; el mejoramiento de la calidad de los servicios urbanos, atendiendo preferentemente a los grupos sociales más necesitados; y el fortalecimiento de la capacidad municipal para propiciar el sano desarrollo de las ciudades, mediante su ordenamiento y regulación. Con tal propósito, en este año se expidió una nueva Ley General de Asentamientos Humanos.

Se estableció el Programa de Cien Ciudades, con el propósito de apoyar a las ciudades medias en la construcción de infraestructura vial y de servicios básicos, así como para modernizar su catastro.

Asimismo, se han fortalecido las acciones estratégicas para modernizar y dar mayor dinamismo a la política de vivienda. A fin de abatir el rezago existente y fomentar la desconcentración de la población, el Estado orientó sus esfuerzos a buscar una participación más activa como promotor, en lugar de constructor y propietario. Sus instituciones se han transformado para concentrarse en el fomento y financiamiento de vivienda.

Cabe señalar que en materia de vivienda, las principales acciones emprendidas se han
 
 
 
 

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orientado a propiciar una mayor eficiencia de los programas habitacionales del sector público para ampliar su cobertura; a crear nuevas y mejores condiciones para multiplicar la participación de la sociedad en la construcción; y a desarrollar nuevos esquemas financieros de los organismos públicos de vivienda, que permitan impulsar fórmulas para atraer fondos prestables a esta actividad y promover, tanto el financiamiento para la construcción de vivienda en arrendamiento, como el financiamiento compartido. En este aspecto, los créditos para vivienda otorgados entre 1989 y 1993 beneficiaron a 2 millones 70 mil familias, lo cual supera en 65.9 por ciento lo alcanzado en los cinco años previos. Asimismo, en igual período se han construido cerca de un millón de viviendas; tan sólo en 1993 la meta asciende a 320 mil viviendas.

Ecología

En el transcurso de la presente administración, la política ecológica se fortaleció consolidando los cambios estructurales que permitieran conciliar los procesos productivos y las actividades sociales del país, con la preservación del entorno natural. En este sentido, el Gobierno Federal le ha otorgado prioridad a la atención, conservación y explotación racional de los recursos naturales, previniendo también alteraciones en la biodiversidad, como parte integral del mejoramiento de la calidad de vida de la población. La estrategia aplicada está coadyuvando a que la sociedad adquiera un compromiso y cultura ecológicos.

En el marco de la modernización de la actividad gubernamental, se crearon el Instituto Nacional de Ecología y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para prevenir y afrontar el deterioro ambiental. En estos años, la inversión pública en materia ecológica permitió fortalecer las acciones de fomento, construcción, equipamiento, operación y mantenimiento de la infraestructura ecológica, principalmente en los rubros de contaminación de agua, aire y por residuos sólidos, así como en los aspectos de promoción, normatividad, regulación, inspección y vigilancia.

Agua Potable

Desde el primer año de gobierno, se estableció como una de las prioridades la ampliación y el mejoramiento de la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, por considerarlos indispensables para elevar el nivel de vida y la salud de la población. En consecuencia con lo anterior, entre 1989 y 1993 las acciones se enfocaron al abatimiento de los rezagos existentes en los servicios de dotación de agua potable y alcantarillado, así como en las tendientes a consolidar un mayor número de empresas operadoras como organismos autónomos y eficientes.Como parte de los esfuerzos realizados, en 1992 se aprobó la nueva Ley de Aguas Nacionales, la cual busca promover la creación de empresas públicas o privadas para la administración integral de estos servicios; propiciar una mayor participación de los usuarios para consolidar los programas hidráulicos; fortalecer las funciones de la Comisión Nacional del Agua (CNA) para garantizar a la población el suministro del recurso en calidad y cantidad; y otorgar seguridad jurídica en su uso y aprovechamiento, lo cual posibilita a los particulares planear adecuadamente sus actividades a mediano y largo plazos.

En materia de infraestructura, cabe señalar que en los últimos años se terminó la presa y acueducto Calderón - Guadalajara para proporcionar dos metros cúbicos por segundo adicionales a su zona metropolitana, y el acueducto Chapala - Guadalajara para asegurar el abastecimiento de cinco metros cúbicos por segundo más. En Nuevo León la construcción de la presa El Cuchillo permitirá dotar a la zona conurbada de cinco metros cúbicos por segundo de agua proveniente del Río San Juan. En el sistema Cutzamala se impulsó la terminación de las obras de Colorines y Chileslo para proporcionar tres metros cúbicos por segundo adicionales a la zona metropolitana de la Ciudad de México.Un componente central de la estrategia en materia de agua y saneamiento lo constituye, sin duda, la participación de los particulares en el financiamiento, la construcción y la operación de plantas de tratamiento de agua. Bajo este esquema, se combate el rezago en las principales poblaciones del país, destacando a nivel de cuenca hidrológica, los avances en el saneamiento del Río Lerma. A nivel nacional, entre 1988 y 1993, el tratamiento de aguas residuales pasó de 14.0 a 32.0 metros cúbicos por segundo, es decir registró un crecimiento de 128.6 por ciento.

La cobertura del servicio de agua potable aumentó en 14.2 por ciento entre 1988 y 1993; sólo en el último año se proporcionó este servicio a tres millones de habitantes más, con nuevas tomas. Así, se avanzó notablemente, y en la actualidad el 85.0 por ciento de los mexicanos cuentan con servicio de agua potable, y el 70.0 por ciento con servicio de alcantarillado. En estos años, se ha promovido la captación de mayores
 
 
 
 

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recursos financieros internos y externos para ampliar la infraestructura hidráulica.

II. Política de Gasto Público 1994

Desarrollo Urbano

Para 1994, la política de gasto en Desarrollo Urbano se orientará a favorecer un patrón de desarrollo territorial más equilibrado y fortalecer la capacidad municipal para atender el crecimiento ordenado de las ciudades. En este sentido, se consolidará el Programa de Cien Ciudades, como eje de la reforma urbana que busca la redistribución racional de las actividades económicas y sociales.

La instrumentación de estas acciones demanda un esfuerzo coordinado de los tres niveles de gobierno, con la participación de los sectores social y privado. Por ello, se consolidará el apoyo técnico a las administraciones estatales y municipales para actualizar su legislación y sus planes de desarrollo, así como a aquellas que tiendan a modernizar su padrón catastral. También se buscará reforzar las políticas que permitan generar y fortalecer la capacidad municipal para atender el crecimiento ordenado de las ciudades.

Se promoverán acciones en materia de desarrollo de obras y proyectos para tratamiento de aguas residuales, rellenos sanitarios, saneamiento de cauces y presas, redes de alcantarillado y colectores pluviales, promoviendo la participación del sector privado en la construcción de obras y la operación de servicios públicos, con especial énfasis en las obras del Programa Integral Ambiental Fronterizo (PIAF).

Adicionalmente, se rehabilitarán edificios y espacios públicos; se continuará con la remodelación de plazas y con el rescate de la imagen urbana de los centros históricos; la realización de obras de infraestructura urbana; la conservación y restauración de sitios y monumentos del país; y la promoción para constituir Consejos Municipales de Desarrollo Urbano y Protección a Centros Históricos. Para 1994 destacan las obras que se llevarán a cabo para la restauración del Palacio Nacional y de la Catedral Metropolitana.

En materia habitacional, se buscará consolidar lo avanzado, dando acceso a la población a una vivienda digna a través de mecanismos financieros que amplíen las opciones existentes; incrementar la oferta de suelo, mejorar la producción y distribución de insumos, atender de manera equilibrada las necesidades habitacionales en las zonas urbanas y rurales, y simplificar los esquemas de comercialización. Para el cumplimiento de estos objetivos, se propone un gasto programable de 1 mil 475 millones de nuevos pesos.

Con las erogaciones propuestas para 1994, el gasto federal en desarrollo urbano durante el sexenio presentará un crecimiento real acumulado de 208.3 por ciento.

Ecología

En 1994 las principales acciones se orientarán a consolidar la política ecológica nacional, y se fortalecerá la inspección y vigilancia para la aplicación del marco normativo al que deben sujetarse las actividades productivas.

Se continuará promoviendo la adopción de medidas para prevenir y controlar las emisiones de contaminantes en las empresas paraestatales; se consolidará la capacidad de monitoreo ambiental; se ampliará el inventario de fuentes contaminantes de aire, suelo y agua, especialmente de aquellas que afectan a las cuencas hidrológicas; continuarán los estudios para producir combustibles menos contaminantes, así como la realización de proyectos de investigación para detectar los efectos de la contaminación ambiental en la salud y expedir regulaciones relacionadas con la sanidad ambiental; y se participará en la prevención y el control de la contaminación marina.

Asimismo, se buscará vincular los programas de ecología productiva con proyectos que eleven los ingresos de comunidades de escasos recursos y que cuiden el medio ambiente. Concretamente, se impulsarán las acciones de reforestación y medidas de protección contra incendios forestales, y la inspección y vigilancia forestal.

También se incorporarán los programas educativos ecológicos a los planes de estudio, y se impulsará la investigación y el desarrollo tecnológico en materia de protección ambiental.

Para la realización de lo antes señalado, se propone una asignación presupuestal por 1 mil 819 millones de nuevos pesos. Cabe señalar que este gasto se encuentra distribuido en distintas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que guardan entre sí una estrecha coordinación. En el capítulo VIII de este documento se presenta con mayor detalle la política de gasto público en 1994 en el marco del Programa de Protección Ecológica.
 
 
 
 

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Agua Potable

Para 1994 se propone ampliar la cobertura de agua potable y la operación de acueductos; continuar la desinfección y la potabilización mediante el Programa Agua Limpia; y avanzar en la construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales.

Se ampliará la cobertura del servicio, tanto en zonas urbanas como en localidades rurales, mejorando la calidad del agua y la regularidad del suministro. Asimismo, se combatirá su contaminación; se promoverán fuentes alternativas de financiamiento; y se elevará la autosuficiencia de los organismos operadores.

En este sentido, se continuarán las obras del Sistema Cutzamala, de la Presa El Cuchillo para su terminación, el Sistema La Zurda Calderón, así como las contenidas en el Plan de Acción Inmediata para atender el suministro de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. En conjunto con Banobras y Solidaridad, la CNA continuará realizando estudios y proyectos que conlleven a proporcionar agua potable a las colonias populares y a las poblaciones rurales en el marco del Programa Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.

Cabe señalar que la banca de desarrollo, a través de Banobras, continuará aportando recursos para el desarrollo de este sector, así como asistencia técnica a estados y municipios.

Para hacer frente a estas acciones, la CNA invertirá 684.9 millones de nuevos pesos en obras de construcción y ampliación de sistemas de agua potable y en su operación y suministro; en la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales; y en el fortalecimiento a nivel nacional del Programa de Potabilización Agua Limpia para el combate a las enfermedades hídricas como el cólera, en cooperación con los organismos municipales.

La propuesta de gasto para todo el sector desarrollo urbano, ecología y agua potable en 1994, asciende a 6 mil 107 millones de nuevos pesos, que representa un incremento real de 8.1 por ciento respecto a 1993 y de 50.6 en relación al cierre de 1988, sin considerar las erogaciones que por este concepto realizan el Departamento del Distrito Federal y las entidades de control indirecto. El gasto de inversión en este sector crece, en términos reales, en 10.6 por ciento con respecto a 1993 y en 401.2 durante el sexenio.
 
 

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DESARROLLO RURAL

Desde el primer año de gobierno de esta administración, la estrategia económica le ha conferido a la modernización de las actividades agropecuarias un papel primordial, dado que de éstas dependen más de una cuarta parte de los mexicanos, y por la importancia que tiene en la oferta de alimentos básicos. Las prioridades nacionales y las circunstancias externas han requerido la adopción de medidas de fondo orientadas a la modernización de las actividades del campo, con el objeto de aumentar la producción y la productividad y, en especial, promover una mayor justicia, libertad y equidad en el medio rural, en favor del bienestar de las comunidades y familias que habitan en él.

I. Evolución de la Política de Gasto 1989 - 1993

Entre 1989 y 1993 las actividades del campo fueron objeto de importantes reformas, a efecto de proveerlas de los mecanismos jurídicos, técnicos y económicos que hicieran viable su modernización.

Con este propósito, se reformó el artículo 27 constitucional, se expidió la Ley Agraria y se renovó en su totalidad la legislación en materia de bosques y aguas.

La reforma al marco jurídico agrario otorga seguridad y certidumbre en la tenencia de la tierra, fortalece la propiedad ejidal y comunal, autoriza y regula la participación de sociedades en actividades agropecuarias, y establece un régimen flexible de contratación que promueve la asociación entre los diversos productores e inversionistas.

Asimismo, promueve la capitalización del campo e impulsa los procesos productivos y la modernización de las actividades agropecuarias, para alcanzar el desarrollo sostenido del sector.

Se creó la Procuraduría Agraria como órgano de asesoría, apoyo, prevención y denuncia en
 
 
 
 

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la defensa de los derechos agrarios; y se constituyeron los Tribunales Agrarios, que cuentan con procedimientos ágiles, sencillos y transparentes para que las relaciones en el medio rural se desarrollen al amparo de un órgano especializado en la materia, y con garantía en la correcta interpretación y ejecución de la normatividad agraria. También se reestructuró el Registro Agrario Nacional, a efecto de dar transparencia y certeza en la tenencia de la tierra ejidal y comunal, y en los contratos que sobre ellas se realicen.

Asimismo, se puso en marcha el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (Procede), para instrumentar el nuevo marco jurídico agrario, a fin de que los campesinos cuenten con los documentos que acrediten sus derechos parcelarios y la propiedad de sus solares, documentos necesarios para llevar a cabo, con agilidad, los procesos de asociación y de contratación de crédito, y para garantizar el patrimonio de sus familias. Una cuarta parte de los 30 mil ejidos del país se han acercado a este programa y más de siete mil de ellos ya se han adherido, por decisión de sus asambleas, a este esfuerzo de regularización.

Durante el período 1989 - 1993, la Secretaría de la Reforma Agraria ejerció un presupuesto creciente que se orientó fundamentalmente al abatimiento del rezago agrario, la regularización de la tenencia de la tierra, la organización y capacitación de los trabajadores agrícolas, así como al impulso de los programas de desarrollo agrario.

Por su parte, la infraestructura hidroagrícola se ha expandido sobre la base de la descentralización y desconcentración de funciones de la Comisión Nacional del Agua hacia las organizaciones de usuarios de los distritos de riego. Así, durante el lapso de referencia se han transferido a los productores la administración y el manejo de la infraestructura en 2.2 millones de hectáreas en dichos distritos.

Estas medidas se han acompañado de apoyos técnicos y asesorías, y de promoción para una mayor participación del sector privado en la ampliación de la infraestructura.

Asimismo, destaca la conclusión, en el período 19891993, de 24 presas, con una capacidad conjunta de almacenamiento superior a 8,300 millones de metros cúbicos de agua, volumen mayor en casi 200 por ciento a la capacidad de las presas construidas en el período de 19831988; entre éstas, destacan las obras Trigomil, Canoas, Pico del Aguila,

La Cuadrilla, Los Carros, Cayehuacán y Chilatán. La infraestructura hidráulica con la que cuenta actualmente nuestro país, permite la irrigación de 6.1 millones de hectáreas de cultivo. La puesta en operación de los proyectos de infraestructura hidráulica ha permitido incorporar y mejorar 914 mil hectáreas la producción agrícola y elevar la productividad del sector agropecuario.

En materia de financiamiento y seguro al campo, se ha realizado una importante transformación encaminada a incrementar la cobertura de crédito y mejorar los servicios que prestan las diversas instituciones financieras y de seguros que participan en el sector. Para ello, fue necesario modificar las formas tradicionales de crédito y seguros, en mecanismos reales de apoyo a las actividades productivas del campo.

En 1989 se reestructuró el Sistema Banrural, dejando de acreditar aquellas hectáreas con siniestros recurrentes y que mermaban el patrimonio del Banco. Se impulsó la autonomía de gestión de los acreditados y se transfirió la facultad de decidir sobre los procesos productivos y comerciales a los propios productores. Asimismo, se procedió a la liquidación de la Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera, eliminando de raíz los problemas de falsos siniestros, siendo sustituida en 1990 por Agroasemex.

Lo anterior permitió especializar los servicios financieros en función de las necesidades de los productores. A través de la banca comercial y aseguradoras privadas se atiende a los productores capitalizados que operan dentro de la actividad agropecuaria comercial; por conducto de Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), Banrural y Agroasemex son atendidos los productores que requieren aún de créditos y seguro agropecuario de fomento para consolidar sus niveles de competitividad y capitalización; y Solidaridad brinda apoyo a los productores que no pueden soportar la carga del crédito ni el trámite financiero, principalmente los que se dejaron de habilitar por el Sistema Banrural.Paralelamente, el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), otorga crédito para impulsar las actividades de exportación y Nafin las agroindustriales. Asimismo, para promover la inversión y la asociación productiva, se creó en Nafin el Fondo de Inversión y Comercialización del Sector Rural (Focir).

La reestructuración del sistema financiero que atiende al campo, además de los mayores recursos canalizados por la banca de desarrollo, ha permitido un incremento real de los saldos de
 
 
 
 

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financiamiento al sector, de más de 100 por ciento en los últimos cinco años. No obstante, también se ha presentado un incremento en la cartera vencida, para lo cual el Gobierno Federal, por conducto de la banca de desarrollo, ha instrumentado diversas medidas, entre las que destacan la creación del Fideicomiso para la Recuperación de Cartera Vencida (Fircaven) en Banrural, que permitió a los ejidatarios reestructurar sus pasivos con quitas de hasta el 80 por ciento.

Asimismo, se creó el Programa de Saneamiento Financiero en Fira, para atender a los productores acreditados por la banca comercial, canalizándose recursos sin precedentes, que alcanzan tan sólo en 1993 los 2,000 millones de nuevos pesos, con plazos de hasta 15 años con tres de gracia, y garantías del 50 por ciento para reestructuración de pasivos. Todas estas medidas de carácter financiero están permitiendo a los productores transitar hacia el nuevo modelo de desarrollo del campo mexicano.

Durante los primeros cinco años de la presente administración, el presupuesto canalizado a este sector presentará un incremento real acumulado de 8.6 por ciento.

II. Política de Gasto Público 1994.

Durante 1994, la asignación de recursos públicos a este sector seguirá incrementándose. Para continuar con la modernización del campo, se apoyará la creación de nuevos esquemas de asociación productiva y comercial, y se fomentará el desarrollo de mecanismos adecuados para capitalizar al sector.

En 1994 se iniciará la operación de un programa que sustituye los apoyos actuales al campo por uno de apoyos directos. Este programa, denominado Procampo, fortalece los objetivos que animaron las reformas al artículo 27 constitucional, constituye a su vez una respuesta a las demandas de las organizaciones campesinas de todo el país y establece las condiciones para una distribución más equitativa de los subsidios que se otorgan a este sector.

Procampo permitirá incrementar la producción de los cultivos que cuentan con ventajas comparativas y mejorar la distribución del ingreso en el campo. Todo ello bajo un enfoque de conservación de los recursos naturales y del medio ambiente.

Procampo abarca los principales granos y oleaginosas. Los productores de estos cultivos recibirán un pago por hectárea. Con la puesta en marcha del programa, regirán precios de mercado en el contexto de una economía abierta, y se establecerán pagos máximos y mínimos por hectárea basada en las condiciones agroeconómicas de las regiones. La Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos coordinará el pro grama por conducto de Aserca.

Habrá una fase transitoria en la que coexistirán los pagos mencionados y los precios de garantía. De este modo, el tránsito hacia los nuevos esquemas de apoyo será gradual. En esta fase, recibirán apoyo por hectárea las superficies que en los últimos tres años agrícolas hayan sido sembradas con maíz, frijol, trigo, soya, sorgo, arroz o algodón. Los cultivos seleccionados son aquellos que reciben subsidios en el resto del mundo, por lo que es posible otorgar estos apoyos sin provocar medidas comerciales compensatorias.

Procampo contará para 1994 con un presupuesto de 11 mil 700 millones de nuevos pesos, cifra que presenta un incremento del 82.8 por ciento en relación al monto erogado en 1993 por concepto de subsidios destinados al campo. Se brindará apoyo directo a 3.3 millones de productores rurales. Es un programa con un importante impacto social, ya que de los productores que serán beneficiados, más de dos millones se encuentran hoy en día al margen de los apoyos que la sociedad transfiere al campo.

En adición a Procampo, las líneas de acción de la política de gasto en 1994 que destacan dentro del sector, son las siguientes: las de fomento, sanidad animal y vegetal, a través de las cuales se buscará incrementar la producción y productividad agropecuaria y forestal. Asimismo, sobresalen las campañas de prevención y control de plagas y enfermedades. Las acciones de investigación y desarrollo tecnológico se orientarán al fomento de nuevas especies y variedades vegetales, a través de una mayor vinculación de los centros de investigación y capacitación con los productores. La operación de los servicios de asistencia técnica y control fitosanitario continuarán descentralizándose a los gobiernos de los estados y a las organizaciones de productores. En materia pecuaria, se continuará dando atención a la producción de especies a través de los programas concertados de sanidad, mejoramiento genético e investigación aplicada. Además, se impulsará una mejor organización de los productores y el uso integral de los recursos forrajeros. La campaña contra la tuberculosis
 
 
 
 

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y la brucelosis se fortalecerá considerablemente, con lo que se dará mayor certeza a nuestras exportaciones de ganado en pie. Los gobiernos estatales y las agrupaciones de productores serán parte importante en la puesta en marcha de este programa.

En el área forestal, las acciones permitirán mejorar la producción silvícola, por medio del aprovechamiento racional de los recursos y el fortalecimiento de la infraestructura. Se intensificarán los programas de protección ecológica de los bosques, la vigilancia, el combate de incendios y la asistencia técnica.

Para el fortalecimiento de la infraestructura hidroagrícola, la Comisión Nacional del Agua continuará la descentralización y la desconcentración de funciones hacia las organizaciones de usuarios de los distritos de riego, con apoyo técnico y asesoría.

Se fomentará el uso de sistemas modernos de riego mediante programas de divulgación; seguirán realizándose campañas para el uso eficiente del agua y se ampliará la infraestructura con recursos externos, lo que permitirá incrementar la superficie de áreas de riego. También se destinarán recursos para acciones de desinfección y control de la calidad del agua, para la investigación de las cuencas hidroagrícolas y para la observación de los fenómenos atmosféricos.

Entre las obras de infraestructura hidroagrícolas para la ampliación de áreas a la producción cabe destacar los proyectos Baluarte - Presidio, Sin.; Hermenegildo Galeana, Vicente Guerrero y Andrés Figueroa, Gro.; Río Verde, Oax.; Coahuayana, Col.; Ajacuba, Hgo.; y Plan Chiapas, Chis. Entre las obras de rehabilitación de la infraestructura en los distritos de riego sobresalen: alto Río Lerma, Gto.; Río Colorado, B.C.; Delicias, Chih.; Autlán El Grullo, Jal.; Cupatitzio - Tepalcatepec, Mich.; Río Fuerte, Sin.; Región Lagunera, Coah. - Dgo., y Yaqui - Mayo, Son.

En 1994, se concluirá la construcción de la presa Huites, que permitirá incorporar 70 mil hectáreas de riego en Sinaloa y Sonora. Esta obra beneficiará a la producción agrícola y además servirá para la generación de 400 megawatts de energía eléctrica. El costo de este proyecto asciende a 2,100 millones de nuevos pesos y participan en su financiamiento tanto el sector privado como el Gobierno Federal.

Dentro de las actividades encomendadas a las entidades paraestatales del sector destacan las del Fideicomiso de Riesgo Compartido (Firco), el cual desarrollará obras para mejorar terrenos de cultivo, y para construir y rehabilitar caminos rurales.

A través de la Universidad Autónoma de Chapingo, el Colegio de Posgraduados y la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, se continuará apoyando la educación técnica y especializada en aspectos agropecuarios.

Las reformas al artículo 27 constitucional concluyen el reparto agrario. Congruente con ello, para 1994 se terminará con las acciones agrarias en trámite, para lo cual la Secretaría de la Reforma Agraria continuará con el Programa de Abatimiento del Rezago Agrario.

El objetivo central de este programa es lograr la consolidación de las formas de tenencia de la tierra mediante el desahogo definitivo de los expedientes que se encuentran en trámite en las distintas etapas procesales, con objeto de fortalecer la seguridad de los productores del campo y alentar los esquemas de asociación. Se estima que al término de 1993, este procedimiento administrativo habrá concluido en 26 estados de la República.

La Procuraduría Agraria continuará asesorando, atendiendo quejas y denuncias del sector social y presentándolas ante las autoridades correspondientes, en caso de no resolverse por la vía conciliatoria.

El Registro Agrario Nacional proseguirá expidiendo los documentos legales respectivos y actualizando el catastro rural y el registro agrario nacional, con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica de la tenencia de la tierra.

Durante 1994, la Secretaría de la Reforma Agraria, la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional y el INEGI continuarán trabajando en el Procede. Estos esfuerzos conjuntos permitirán avanzar en la certificación de parcelas y de derechos sobre tierras de uso común y en la titulación de solares urbanos en los ejidos y comunidades de todo el país.

Los Tribunales Agrarios iniciaron su operación en julio de 1992, ejerciendo durante el período 1992 - 1993 un gasto programable de 195.0 millones de nuevos pesos. Estos recursos han estado orientados principalmente a establecer 34 Tribunales Unitarios de Distrito en todo el país, además de 8 sedes alternas en capitales de entidades federativas, y el Tribunal Superior Agrario con sede en el Distrito Federal.
 
 
 
 

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Los Tribunales han enfocado sus acciones jurisdiccionales a través de dos programas sustantivos, el de Impartición de Justicia y Vigilancia de la Legislación Agraria, y el de Promoción de la Justicia Agraria.

Los Tribunales Agrarios seguirán avanzando en su proceso de penetración en el medio rural, con el propósito de ampliar la impartición de justicia agraria a un mayor número de campesinos.

Conforme a la política de gasto público federal establecida, la estrategia de asignación del gasto a los Tribunales, se orienta hacia la racionalización y descentralización del mismo, privilegiando en mayor medida a los Tribunales Unitarios de Distrito, áreas sustantivas del Organismo.

Con ello se estará en posibilidad de cumplir de manera más directa y eficaz la tarea de llevar justicia al campo mexicano.

Para lograr los objetivos señalados se propone asignar al sector desarrollo rural un gasto de 15 mil 206 millones de nuevos pesos, lo que implica un crecimiento real de 32.8 por ciento respecto a 1993, y de 44.2 por ciento en relación al primer año de este gobierno. Cabe señalar que esta cifra no incluye 5 mil 305 millones de nuevos pesos de transferencias a Conasupo que forman parte de Procampo, por estar clasificadas en el sector comercio.
 
 

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COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

La disponibilidad de una infraestructura adecuada en materia de comunicaciones y transportes constituye un elemento determinante para apoyar el proceso de desarrollo económico del país. Con la participación creciente de la sociedad, el sector ha logrado avances importantes en la construcción, modernización, rehabilitación y equipamiento de la infraestructura de comunicaciones y transportes, en apoyo a los distintos sectores económicos y regiones del país, y en beneficio de un mayor número de habitantes. Se continuó con la actualización de normas inadecuadas u obsoletas que impedían el desarrollo oportuno y eficiente de los servicios, fortaleciendo de esta manera las funciones reguladoras del Estado e impulsando la modernización de las actividades.
 
 
 
 

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I. Evolución de la Política de Gasto Público 1989 - 1993

Durante este período, los recursos presupuestales destinados al sector, que incluye la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y sus entidades coordinadas, se mantuvieron constantes en términos reales. En cuanto a su composición, el gasto de inversión del sector incrementó su participación de 34.3 por ciento en 1989, a 37.7 en 1993. Cabe señalar que se han canalizado recursos crecientes al mantenimiento y la conservación de carreteras.

En el período 1989-1993, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes erogó un monto acumulado de recursos por 7 mil 220 millones de nuevos pesos, destinados tanto a la construcción de carreteras troncales como a los trabajos de conservación, mantenimiento y reconstrucción. Al respecto, destaca la construcción de 735 km de carreteras troncales, la reconstrucción de 10,000 km de carreteras federales y el mantenimiento de 46 mil km de la red federal, incluyendo 735 puentes. Entre otros proyectos, cabe mencionar la modernización y ampliación de las carreteras Pátzcuaro - Morelia - Salamanca, Puebla - Tlaxcala - Apizaco, Querétaro - San Luis Potosí, Tapachula - Huixtla y Guadalajara - Chapala. Por su parte, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), orientó sus acciones al mantenimiento y la modernización de la infraestructura carretera de altas especificaciones a su cargo. La entidad realizó la conservación de 1,625 km. de carreteras y de 32 puentes. Asimismo, efectuó la ampliación a tres carriles de varias de las autopistas de mayor tránsito.

Los recursos federales se han visto complementados con inversiones crecientes de los sectores social y privado, al participar en una amplia gama de proyectos. A este respecto, sobresalen por su magnitud, los recursos invertidos para la construcción de carreteras y aeropuertos. Particularmente, en el conjunto del Programa Nacional de Autopistas se ha logrado poner en operación más de 4,000 km. de autopistas de altas especificaciones; con ello, se ha alcanzado la meta sexenal fijada al inicio del Programa. Al término de este año, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dentro de este programa, habrá otorgado un total de 48 concesiones (incluyendo puentes), que suman 4,876 km, de los cuales más de mil kilómetros se encuentran en etapa de construcción.

Se estima que al finalizar el presente ejercicio fiscal, la inversión acumulada global en proyectos de autopistas concesionadas supere los 26,000 millones de nuevos pesos. Entre las carreteras que ya entraron en operación destacan las siguientes: Cuernavaca - Acapulco; Mazatlán - Culiacán; Mérida - Cancún; Córdoba - Veracruz y León - Lagos - Aguascalientes.

Así, la modernización de la infraestructura carretera se ha sustentado en la conjunción de esfuerzos con el sector privado, fundamentalmente bajo la forma de concesiones, y con base en las reformas a la Ley de Vías Generales de Comunicación de junio de 1992, que dieron mayor viabilidad a estos esquemas para las actividades de construcción y explotación de carreteras, al ampliar de 20 a 30 años el plazo máximo de concesión, y reglamentar la protección a los usuarios.

El Fideicomiso para la Comisión Nacional de Caminos Alimentadores y Aeropistas (Conacal), fortaleció sus acciones de concertación con los gobiernos estatales y los sectores social y privado, para participar en el financiamiento de obras de impacto y beneficio regional, principalmente en la construcción y conservación de carreteras alimentadoras y caminos rurales.Ferrocarriles Nacionales de México (Ferronales), en los últimos años ha impulsado un Programa de Cambio Estructural, que contempla la participación de particulares en actividades ferroviarias conexas, lo cual ha propiciado una mayor eficiencia de su gasto y la atención de sus programas prioritarios.

En este proceso, Ferronales ha mantenido la participación del gasto de inversión en el gasto programable, lo que le ha permitido a la entidad dar mantenimiento a la red de 26,334 km, concentrándose en una extensión de línea férrea de 20,324 km que es la que soporta el mayor tráfico, y cuyas rutas más importantes son: México - Nuevo Laredo, México - Cd. Juárez, México - Irapuato, Guadalajara - Manzanillo y México - Mazatlán. Se atendieron, asimismo, 6,010 km de vías secundarias.

Con el propósito de elevar la calidad y la capacidad de carga en las líneas de mayor circulación, y en particular en las rutas de fronteras y puertos, se procedió a sustituir riel de mayor calibre en líneas, patios y terminales, y se reforzaron puentes. De igual manera, se impulsaron las operaciones de la red de tráfico intermodal, con participación de inversión privada.

En materia de tráfico aéreo, Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), atendió, a través de la
 
 
 
 

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red de 58 aeropuertos y 3 estaciones de servicio, una demanda creciente de pasajeros, que aumentó durante el período de análisis en 61 por ciento, en tanto que en el número de operaciones lo hizo en 42 por ciento.

Para ello, ASA erogó recursos que representan un crecimiento real acumulado de 51.9 por ciento. Los recursos de inversión asignados permitieron la construcción de dos edificios terminales y la ampliación de 27; se construyeron 22 pistas y plataformas, y se incorporó formalmente a la red de ASA, el Aeropuerto de Toluca. Aunado a lo anterior, se dio mantenimiento oportuno a pistas y calles de rodaje.

Como complemento a dichos gastos, se llevaron a cabo varios proyectos con participación privada (coinversiones), que permitieron ampliar y modernizar la capacidad instalada aeroportuaria. Cabe destacar las ampliaciones de las terminales de pasajeros en Guadalajara, Cancún, Tijuana y Puerto Vallarta; y la construcción del nuevo edificio de Tepic, así como la correspondiente al edificio terminal del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

El órgano desconcentrado Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam), impulsó la conservación y modernización de los sistemas de ayuda a la navegación aérea, a fin de proporcionar de manera eficaz el servicio de control de tráfico aéreo, generar información meteorológica y atender las telecomunicaciones aeronáuticas.

Puertos Mexicanos construyó y puso en operación los puertos de Progreso, Yuc.; Pichilingue, B.C.S. y Topolobampo, Sin., mismos que tendrán un impacto detonador a nivel regional. Se fortalecieron la infraestructura básica y el equipamiento de algunos de los principales puertos del país, particularmente en lo que se refiere a manejo de contenedores en Lázaro Cárdenas, Mich.; Manzanillo, Col. y Veracruz, Ver., que permitirán elevar sus niveles de competitividad.

Durante 1993, un paso fundamental para la modernización del sistema portuario fue la actualización de la legislación en la materia, a través de la nueva Ley Federal de Puertos aprobada por el H. Congreso de la Unión a mediados del año en curso.

Este nuevo marco jurídico proporciona seguridad a los inversionistas y establece lineamientos claros y sencillos para facilitar las relaciones entre las autoridades y los particulares. La nueva Ley protege a los usuarios de los puertos, promoviendo un clima de competencia y libre acceso de operadores y prestadores de servicios. De esta manera, se facilita la transformación estructural portuaria, sobre la base de elementos tales como la descentralización administrativa, la desregulación y la participación privada.

Con base en la nueva legislación, se estableció la primera Administración Portuaria Integral (API) para Puerto Madero, Chis.

Durante los primeros tres años de la presente administración, se puso especial énfasis en la rehabilitación y la actualización de la red de radio monitoreo del espectro radioeléctrico; posteriormente, en 1992, se inició su proyecto de modernización, lográndose instalar en 1993 una red de fibra óptica que enlaza a las principales ciudades del país.

El Servicio Postal Mexicano (Sepomex), llevó a cabo un programa de modernización que ha permitido ampliar la cobertura de 10,900 puntos de servicio en 1988, a 29,300 en 1993, con lo que se atiende al 96 por ciento de la población del país. Se iniciaron los servicios especializados, que incluyen mensajería acelerada, mensajería local, paquetería y el Buzón Expreso; este último, para agilizar el servicio tradicional con límite máximo de entrega de 24 horas para correspondencia local y 72 horas entre ciudades del país.

Durante el período 1989 - 1993, también se observan avances importantes en Telecomunicaciones de México (Telecomm), la cual continuó con el proceso para la puesta en órbita de los Satélites Solidaridad; el diseño de la Red Electrónica de Fondos y el desarrollo de la Red de Fax Público. Asimismo, Telecomm dio inicio al proceso de modernización del Centro de Control de Satélites Iztapalapa para la operación de los Satélites Solidaridad, y a la construcción del Centro de Control Alterno en Hermosillo, Son.

Ante el reto que implica el desarrollo de las telecomunicaciones, resultaba necesario abrir nuevas posibilidades para su financiamiento, mediante una mayor participación de inversiones del sector privado, sin distraer los recursos que el Estado destina para la atención de otros programas de infraestructura y desarrollo social. Por ello, se llevó a cabo la desincorporación de Teléfonos de México. Asimismo, la Red Federal de Microondas dejó de ser considerada como una actividad exclusiva del Estado, dado que mediante el sistema de comunicación vía satélite se podía asegurar la prestación de este tipo de servicios en el país, por lo que se decidió vender dicha red. Los recursos provenientes de la venta
 
 
 
 

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de la Red Federal de Microondas fueron destinados, principalmente, al mantenimiento y la conservación de carreteras.

Por lo que respecta a la telefonía celular, se estableció un plan de cobertura en nueve regiones de la República Mexicana, con dos concesionarios por región que compiten entre sí a fin de promover una mejor calidad en el servicio a los usuarios.

II. Política de Gasto Público 1994

Para el ejercicio fiscal de 1994, se continuará con la atención prioritaria a la modernización y ampliación de la infraestructura básica del país, mediante el fortalecimiento de acciones que cubren desde la conservación y la rehabilitación, hasta la construcción de nuevas obras, promoviendo la participación de inversiones privadas.

En materia de infraestructura carretera, el presupuesto asignado para 1994 alcanza un monto de 4 mil 459 millones de nuevos pesos, que representa un incremento anual de 54.2 por ciento en términos reales. Con ello, se atenderá fundamentalmente la conservación y mantenimiento de los 46 mil km. de la red carretera federal, la reconstrucción de 1,980 km. más y 109 puentes, así como el pago de indemnizaciones asociado a la construcción de 1,350 km. de carreteras; y la construcción de dos carreteras de gran impacto para el desarrollo regional: Cuacnopalan - Tehuacán - Oaxaca y Ocozocuautla - Raudales en Chiapas. Así, durante la presente administración se habrán asignado a carreteras federales, tanto en mantenimiento como en construcción, un total de 12 mil 050 millones de nuevos pesos, con lo que la tasa media anual de crecimiento real se sitúa en 5.2 por ciento.

Capufe orientará sus esfuerzos a la rehabilitación de más de 100 km. de pavimentos, y a las labores de conservación, modernización y operación de la infraestructura a su cargo. El gasto previsto para 1994 asciende a 1 mil 005 millones de nuevos pesos, que representa una disminución de 34.7 por ciento en términos reales; ello se explica por el menor número de proyectos de carreteras concesionadas, en los que participa minoritariamente el organismo.

El Programa Nacional de Autopistas continuará durante 1994, previéndose la terminación de las carreteras México - Guadalajara; La Tinaja - Cosoleacaque; Esperanza - Cd. Mendoza; y Cadereyta Reynosa, entre otras. Conacal, dirigirá sus actividades a la construcción de 262 km. y a la modernización y ampliación de otros 200 km. de carreteras alimentadoras y caminos rurales. Además, con el Programa Nacional de Solidaridad se prevé la construcción de 350 km. de caminos rurales. También realizará obras de modernización y ampliación en la aeropista de Xcalac, Q.R.

Ferronales orientará sus acciones a la ampliación de la fuerza tractiva y el equipo de arrastre, y a la conservación de la infraestructura, con el propósito de dar atención a una demanda de 51.3 millones de toneladas netas en el servicio de carga y de 13.2 millones de personas en el servicio de pasajeros. El cumplimiento de estas metas se apoyará en la consolidación del proceso de cambio estructural; por una parte, con acciones operativas y comerciales, como los convenios de transporte con usuarios, el mayor movimiento de trenes unitarios y el funcionamiento de nuevas terminales multimodales; y por la otra, con la promoción de la participación del sector privado dentro del marco constitucional, en el servicio de mantenimiento de locomotoras y equipo de arrastre.

El gasto previsto para Ferronales alcanza un monto de 4 mil 548 millones de nuevos pesos, del cual el 22 por ciento corresponde a gasto de inversión.

En materia de transporte aéreo, ASA dará atención prioritaria a la conservación y modernización de sus instalaciones, con el propósito de atender de manera más eficiente a 50.5 millones de pasajeros y casi 1.5 millones de operaciones. Asimismo, se ampliarán 4 edificios terminales y 3 plataformas de aviación comercial; en estas acciones destaca la construcción, remodelación y ampliación de los aeropuertos de Cd. del Carmen, Guanajuato, Zacatecas, Veracruz y Toluca. Para estos fines, se asignará a la entidad un presupuesto de 786 millones de nuevos pesos.

Dentro de este mismo subsector, a través de Seneam se atenderán 14.1 millones de operaciones de control de tránsito aéreo, y se realizarán informes meteorológicos para la navegación aérea.

En el ámbito portuario, en el transcurso de 1994 se avanzará en descentralizar la administración de los principales puertos del país, mediante la constitución y consolidación de las Administraciones Portuarias Integrales (APls), mismas que irán sustituyendo a las empresas de servicios portuarios. Con la constitución de las APls, también se procederá a concesionar terminales y servicios portuarios en un marco de competencia. Los aspectos de regulación y las funciones de autoridad dentro del puerto, tales como las que
 
 
 
 

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ejerce el capitán de puerto, así como las de aduanas, migración, ecología y sanidad, permanecerán bajo control directo del Gobierno Federal. Asimismo, se seguirá atendiendo la conservación y modernización del señalamiento marítimo.

Telecomm impulsará la modernización y la expansión de los sistemas de telecomunicaciones del país, a través de la obtención de tecnología de punta a nivel mundial, lo cual se concretará con la puesta en órbita del Sistema de Satélites Solidaridad, que sustituirá al actual Sistema de Satélites Morelos. Este programa culminará en el primer semestre de 1994 con el lanzamiento del segundo satélite, concluyéndose además, en este año, la infraestructura necesaria en tierra.

De igual forma, se continuará con la operación y el desarrollo de la red de monitoreo y administración del espectro de frecuencia radioeléctrica, lo que dará como resultado su uso más eficiente. Destaca el Proyecto de Asistencia Técnica en Telecomunicaciones, que fortalecerá el carácter regulatorio de los servicios para su comercialización, y acelerará la modernización de las 27 estaciones terrenas que componen actualmente la red nacional de radiomonitoreo.

Sepomex orientará sus actividades hacia el fortalecimiento de la atención a la demanda, proporcionando el servicio de correo a la población del país, con especial interés en colonias populares y comunidades rurales.

El correo mantendrá en operación 27,500 puntos de servicio establecidos con terceros y 2,146 oficinas propias, además de instalar 1,100 nuevos puntos de servicio, con lo que se cubrirá el 98.0 por ciento de la población total del país. Con esto se prevé recibir, clasificar y entregar 975 millones de piezas postales.

En materia de investigación y desarrollo tecnológico, con la participación del sector privado, el Instituto Mexicano del Transporte continuará el desarrollo de estudios y proyectos para el mejoramiento de la infraestructura carretera y de operación de los diversos medios de transporte. El Instituto Mexicano de Comunicaciones invertirá recursos principalmente para la adquisición de equipo, instrumental y herramientas que se requieren en la investigación científica y tecnológica.De esta manera, y con el propósito de avanzar en las metas señaladas, el conjunto del sector comunicaciones y transportes recibirá en 1994 una asignación de gasto programable por 14 mil 016 millones de nuevos pesos, que representa un incremento anual de 1.5 por ciento en términos reales; el renglón correspondiente a inversión suma 7 mil 267 millones de nuevos pesos con un crecimiento real de 39.5 por ciento.
 
 

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ENERGÉTICO

En el sector energético, las acciones del subsector petrolero se han orientado a mantener el nivel de reservas de hidrocarburos, modernizar la planta productiva, aumentar la calidad de los refinados y abastecer la demanda interna. En el subsector eléctrico, los esfuerzos se han dirigido a ampliar la capacidad de generación, a mejorar su productividad, y a fortalecer su situación financiera, principalmente a través de una política tarifaria realista.

Se ha garantizado que la producción y el abasto de hidrocarburos, y la generación de energía eléctrica, vayan de acuerdo con el comportamiento esperado de la demanda, y se ha conseguido una mayor eficiencia en la producción, la transformación y la comercialización de la energía.

En el ámbito externo, se siguieron ejecutando las acciones tendientes a mantener la plataforma de exportación de hidrocarburos, bajo un marco de competitividad y eficiencia a nivel internacional.

Más importante aún que el monto de recursos presupuestales asignados al sector, es el cambio registrado en su uso: hoy en día hay una mayor calidad en el gasto, incrementándose notablemente la productividad en su ejercicio y la eficiencia en su asignación. Ejemplo de ello es la nueva estructura de Pemex, que se constituye con la creación de cuatro organismos subsidiarios, así como el Programa de Rehabilitación Financiera de la Comisión Federal de Electricidad, que permitió eliminar las transferencias del Gobierno Federal y destinar los recursos que antes se utilizaban para pagar intereses al mejoramiento de la infraestructura eléctrica, así como incrementar los indicadores de productividad, ubicándolos en niveles comparables con los estándares internacionales. Este último aspecto es resultado de los acuerdos de productividad concertados durante los dos últimos años.

Por otra parte, y con objeto de complementar los recursos públicos, en el sector energético se alienta, de conformidad con las reformas a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y su Reglamento, un renovado impulso a la participación de la inversión privada en proyectos de generación eléctrica mediante las modalidades de productor independiente, cogeneración, pequeño productor y autoabastecimiento. En este contexto, con la finalidad de normar y
 
 
 
 

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resolver los distintos aspectos que se originen de la aplicación de la nueva Ley, y considerando la necesidad de que la autoridad reguladora en materia de energía eléctrica cuente con completa autonomía técnica, se creó en octubre pasado la Comisión Reguladora de Energía, la cual iniciará sus funciones operativas en 1994.

En el caso de la petroquímica, se llevó a cabo una reclasificación de productos básicos a secundarios; su objetivo fue estimular la inversión y la especialización, así como acelerar los encadenamientos productivos e incorporar un mayor desarrollo tecnológico.

Para 1994, en el sector energético se seguirán realizando las acciones que permitan consolidar su cambio estructural, mediante la modernización de la planta productiva. Se apoyará la conclusión de los proyectos prioritarios de inversión y se promoverán proyectos financiados con recursos privados, dentro de los que destacan los relativos a la infraestructura de transmisión, transformación y distribución de energía eléctrica. De igual manera se fortalecerán las actividades de la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía, que desde su creación, en septiembre de 1989, ha alcanzado importantes logros.

Es conveniente destacar que durante esta administración, las medidas de cambio estructural en este sector han elevado la productividad y eficiencia en la producción y generación de energéticos. Así, se han mejorado la calidad de los combustibles, la producción de crudo supera la de 1988, y la mayor capacidad en la generación de electricidad ha permitido satisfacer el aumento de la demanda de este servicio. Petróleo

En el período 1989 - 1993, la producción de crudo y gas natural muestran crecimientos acumulados de 7.2 y 3.9 por ciento respectivamente, lo que permitió una mayor penetración en el mercado internacional, con un crecimiento de 4.1 por ciento en las exportaciones de crudo. La venta de petrolíferos en el mercado interno creció 41.0 por ciento, la de gas natural 4.6 por ciento y la de petroquímicos en 2.3 por ciento.

La capacidad de procesamiento en las refinerías de Pemex se incrementó 1.0 por ciento, no obstante el cierre de las de Azcapotzalco, Poza Rica y Reynosa, debido a diversas obras de ampliación y modernización de capacidad en las refinerías actualmente en operación. Asimismo, se ha realizado un esfuerzo para producir mejores combustibles como la gasolina Magna - Sin, combustóleo desulfurado, gasóleo industrial y recientemente el Diesel - Sin.

Los resultados anteriores se dieron en un contexto en que el gasto programable del período decreció 25.3 por ciento en términos reales, lo que se explica por el cambio estructural que Pemex ha venido instrumentando a partir de esta administración. En este proceso, Pemex ha incrementado la participación de su gasto de inversión dentro del gasto programable; mientras que en 1988 el gasto de capital representó 32.5 por ciento del total, para 1993 esta proporción se estima en 38.5 por ciento.

La inversión en este período se destinó básicamente a dar continuidad a aquellos proyectos de mayor beneficio, destacando las plataformas de perforación en la Sonda de Campeche, el Litoral de Tabasco y la Cuenca del Papaloapan; la ampliación de las refinerías de Salina Cruz, Tula, Cadereyta y Salamanca, así como de proyectos para mejorar los combustibles, mantener el nivel de reservas de hidrocarburos y preservar la plataforma de producción petrolera. Al respecto, entre 1989 y 1993 se perforaron 607 pozos de exploración y desarrollo. El total de reservas probadas asciende a 65,050 millones de barriles.

Se ha brindado especial atención al mantenimiento preventivo y la relocalización de plantas de almacenamiento de destilados y gas licuado con tecnología avanzada, a fin de prevenir accidentes y otorgar mayor seguridad a la población. Por otra parte, destaca la puesta en marcha del Plan de Ahorro y Uso Eficiente de Energía 1993 - 1997 de Pemex. Política de Gasto Público 1994

Para 1994 se consolidará la operación de los cuatro organismos subsidiarios (Pemex Exploración y Producción, Pemex Refinación, Pemex Gas y Petroquímica Básica y Pemex Petroquímica), de acuerdo con la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, toda vez que durante 1993 se concluyó la etapa de asignación de recursos humanos, de activos, pasivos y capital, así como la delimitación general de responsabilidades entre subsidiarias.

En 1994, cada organismo contará con un presupuesto individual, lo que permitirá obtener mejores resultados al descentralizar funciones y responsabilidades que conducirán a elevar la eficiencia global del subsector petrolero.

Se continuará prestando especial atención a mejorar la calidad de la producción de combustibles y otros productos refinados para evitar daños ecológicos; se dará el mantenimiento necesario a las instalaciones productivas y se continuará con el mejoramiento financiero; todo ello en el marco de una mayor eficiencia, competitividad
 
 
 
 

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y rentabilidad de los diferentes procesos productivos.

El gasto programable de Pemex durante el período 19891994 decrece en términos reales en 24.5 por ciento; sin embargo, este comportamiento se presenta en un marco de mayor eficiencia, racionalización y cambio estructural del gasto. Así, la participación del gasto de inversión en el total pasa de 32.5 por ciento en 1988, a 42.1 por ciento en 1994. Para este último año, el presupuesto de la entidad alcanza un monto de 25 mil 559 millones de nuevos pesos, lo que representa un crecimiento real anual de 1.2 por ciento.

El gasto de inversión para 1994 correspondiente a Pemex (corporativo) y organismos subsidiarios asciende a 10 mil 772 millones de nuevos pesos, cifra que presenta un crecimiento en términos reales de 10.8 por ciento sobre 1993. Este monto de inversión se distribuye entre los organismos de la siguiente manera:

Para Pemex Exploración y Producción se asignan 5 mil 949 millones de nuevos pesos. Los principales proyectos de producción primaria apoyados son: Ek - Balam, Taratunich, Caan y Cantarell, orientados a mantener su contribución del 45.0 por ciento en la producción total de petróleo crudo y del 20.0 por ciento en gas natural. En lo que se refiere al mercado externo, el presupuesto de 1994 seguirá impulsando las exportaciones de petróleo crudo bajo criterios de rentabilidad interna, diversificación de mercados y equilibrio entre la oferta y la demanda de crudo a nivel mundial.

A Pemex Refinación se le asignan recursos por 3 mil 103 millones de nuevos pesos, atendiéndose los proyectos en ejecución, principalmente las obras del paquete ecológico (calidad de las gasolinas), de capacidad y calidad de refinación, y los recursos para concluir en 1994 la terminal de almacenamiento y distribución de destilados de la ex refinería de Azcapotzalco y la de Guadalajara. De gran importancia resulta la inclusión, para 1994, de proyectos nuevos, entre los que destacan: las plantas reformadoras de Cadereyta, Salamanca y Minatitlán; las de alquilación y de isomerización; así como una planta hidrodesulfuradora de residuales y una planta coquizadora. Estos proyectos apoyarán el objetivo de mejorar la calidad de los combustibles y hacer un uso más eficiente de los insumos primarios en la refinación.

Pemex Gas y Petroquímica Básica recibe 986 millones de nuevos pesos, los cuales servirán para acelerar el desarrollo de los proyectos estratégicos, destacando tres plantas endulzadoras y estabilizadoras de condensados, una planta fraccionadora de hidrocarburos y una planta criogénica.

A Pemex Petroquímica se canalizan 433 millones de nuevos pesos, destinados a la terminación de la planta de propileno en el complejo Morelos y a la conservación y mantenimiento de la planta productiva. Por otra parte, se continuará impulsando el uso del gas natural en la industria, en sustitución del combustóleo, debido a sus cualidades de combustión y limpieza.

A Pemex (corporativo), por su parte, se le asignan 302 millones de nuevos pesos, principalmente para desarrollar el proyecto integral de telecomunicaciones.
 
 

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Electricidad

En el período 1989 - 1993 la demanda atendida presentó un crecimiento acumulado de 23.7 por ciento y el número de usuarios se incrementó en 3.8 millones, y se adicionaron 4,152 Mw a la capacidad instalada.

Actualmente, este sector atiende a más del 90 por ciento de la población, lo que significa que en la presente administración, el suministro se ha ampliado para satisfacer una demanda adicional de 16 millones de habitantes.

A partir de 1990, la composición del gasto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) presenta un cambio importante en su estructura, ya que a consecuencia de las acciones del Convenio de Rehabilitación Financiera, firmado entre el Gobierno Federal y la CFE en agosto de 1989, el pago de los intereses como proporción del gasto total pasa de 11.3 por ciento en 1988 a 4.0 en 1993; asimismo, se eliminó la necesidad de otorgar apoyos directos del Gobierno Federal a partir de 1992.

El gasto programable ejercido por el subsector en el lapso 1989 - 1993 registra una tasa media de crecimiento en términos reales de 3.7 por ciento. La inversión ha permitido incrementar la capacidad instalada en 20 por ciento, alcanzando 29 mil 156 Mw. Los recursos aplicados a este fin, se canalizaron básicamente a la continuación de las obras iniciadas en años anteriores, si bien sobresale el inicio de las centrales hidroeléctricas de Aguamilpa y Zimapán.

Las principales generadoras que entraron en operación en el período son: las hidroeléctricas Valentín Gómez Farías (Agua Prieta), con 2 unidades de 120 Mw cada una, Profr. Raúl J. Marsal (Comedero), con 2 unidades de 55 Mw cada una; la Carboeléctrica Carbón II, con 2 unida des de 350 Mw cada una; las termoeléctricas Adolfo López Mateos (Tuxpan), con 2 unidades de 350 Mw cada una, Guadalupe Victoria (Lerdo) con 2 unidades de 160 Mw cada una, y la Central de Ciclo Combinado Felipe Carrillo Puerto, con 3 unidades por un total de 220 Mw; además, la Central Dual (carbón y combustóleo) Petacalco, con 3 unidades de 350 Mw cada una. Dichas centrales fueron construidas con financiamiento público, a excepción de la Unidad 3 de Petacalco, financiada con recursos privados y que será arrendada a CFE. Además, durante 1993 se inició la construcción de la presa San Rafael, en el estado de Nayarit.

Política de Gasto Público 1994

La política de gasto para 1994 se orienta a aumentar la generación de energía para atender un crecimiento estimado de la demanda de 4.2 por ciento; y buscar mayor eficiencia en la producción, la transformación y la comercialización de la energía, lo cual permitirá fortalecer la autosuficiencia financiera del organismo. Para alcanzar estos propósitos, la asignación propuesta de gasto programable para este sector en 1994 asciende a 22 mil 701 millones de nuevos pesos, que en términos reales resulta similar al de 1993 y superior en 19.4 por ciento al ejercido en 1988.

El presupuesto en inversión se destinará a obras prioritarias, principalmente la terminación del proyecto hidroeléctrico Aguamilpa en Nayarit y la segunda unidad de la nucleoeléctrica Laguna Verde en Veracruz, así como la continuación del de Zimapán en Hidalgo. De igual manera, se orientarán recursos al mantenimiento de plantas, subestaciones y líneas tanto de transmisión como de distribución, así como a la construcción de infraestructura ecológica.

La participación del ahorro privado seguirá formando parte importante del esfuerzo sectorial para 1994. Con este tipo de mecanismos se continuará la construcción de los proyectos termoeléctricos Topolobampo II (Unidades 1 y 2), Adolfo López Mateos (Unidades 3 y 4, 5 y 6) y Petacalco (Unidades 5 y 6), y se iniciará la aplicación de esquemas de financiamiento privado a diversos proyectos de transmisión, transformación y distribución. Igualmente, se proseguirá el Proyecto Hidroeléctrico Huites, coordinado por la Comisión Nacional del Agua, con un esquema de financiamiento que conjunta recursos públicos y privados.

Asimismo, se prevé el inicio de proyectos bajo las modalidades de cogeneración, autoabastecimiento, pequeña producción y producción independiente.

En relación con el Programa Nacional de Solidaridad se mantendrá la concertación entre CFE, gobiernos estatales y particulares para la realización de obras por 450 millones de nuevos pesos, que beneficiarán a distintos poblados rurales y colonias populares.

Dentro del programa de Ahorro y Uso Eficiente de Energía, se iniciará un proyecto para sustituir 1.7 millones de lámparas incandescentes por fluorescentes en las ciudades de Guadalajara y Monterrey (ILUMEX), con un costo total de 69 millones de nuevos pesos, además de mantener el programa de aislamiento térmico de viviendas en la zona norte del país.
 
 
 
 

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COMERCIO

El sector comercio desempeña un papel preponderante tanto en el proceso de consolidación de la estabilidad de precios como en el crecimiento sostenido de la economía. Su actividad se orienta básicamente a promover el abasto, a regular el comercio interior, a impulsar la modernización industrial y a fomentar las exportaciones.

I. Evolución de la Política de Gasto Público 1989 - 1993

En el período comprendido entre 1989 y 1993, las acciones realizadas en el sector comercio se caracterizaron por su amplia concertación con los diversos agentes económicos; por la desregulación de la actividad económica; y por la modernización, y simplificación, administrativa. Asimismo, concentró gran parte de sus esfuerzos en incrementar la competitividad del aparato productivo mediante el impulso de industrias micro, pequeña y mediana.

En materia de desregulación económica se realizaron avances muy importantes al efectuarse 62 adecuaciones, abrogaciones y derogaciones de preceptos legales que limitaban el funcionamiento y eficiencia de la actividad económica. Dentro de éstas, destacan las relacionadas con las industrias automotriz, textil, farmacéutica, metal - mecánica y de transformación de alimentos. Del mismo modo, se suprimieron 90 normas sobre envasado y contenidos netos.

Durante el período de referencia, se dio un importante apoyo al fomento de las exportaciones, para lo cual y como parte de una estrategia nacional para la productividad y el empleo, se han concretado negociaciones para abrir mercados a los productos y servicios nacionales estableciendo zonas de libre comercio. Así, el Acuerdo de Complementación Económica con Chile es ya una realidad, en tanto que las negociaciones del Tratado de Libre Comercio concertado con Estados Unidos y Canadá, concluyeron en 1992 y, el 12 de agosto del presente año, se firmaron los acuerdos paralelos en materia de ecología y aspectos laborales. Adicionalmente, de aprobarse por el Senado de la República el próximo año entrará en vigor un acuerdo con Colombia y Venezuela similar al de Chile.

Paralelamente, dentro del esquema de modernización y cambio estructural, se han creado diversos órganos y organismos coordinados por el sector, entre los que destacan: la Unidad de Desregulación Económica; el Centro Nacional de Metrología; el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; y, particularmente, la Comisión Federal de Competencia.Igualmente, se concluyeron los procesos de desincorporación de entidades como la Comisión Nacional de Precios, el Fondo para el Fomento de la Pequeña y Mediana Industria, Industrias Conasupo, el Fondo para la Industria Asociada, y 5 plantas pertenecientes a Maíz Industrializado Conasupo, S.A.

Actualmente, Impulsora del Pequeño Comercio, S.A., se encuentra en proceso de liquidación; mientras que Almacenes Nacionales de Depósito, S.A., y Laboratorios Nacionales de Fomento Industrial, se encuentran en proceso de venta.

Por su parte, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), absorbió las funciones del Instituto Nacional del Consumidor, dejando así en una sola entidad las atribuciones y recursos que antes se manejaban por separado. En el mismo sentido, se fusionaron tres distribuidoras del Sistema Diconsa.

Derivado de este proceso de desincorporación de entidades paraestatales, el sector coordina ahora, únicamente, 25 entidades públicas y un órgano desconcentrado.

En el marco de la estrategia de desregulación y de reordenamiento del abasto interior, la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo), dejó de participar en la comercialización del trigo, del arroz, del sorgo y de productos oleaginosos, concentrándose, a partir de 1992, sólo en la adquisición y distribución de maíz y frijol. Sin embargo, Conasupo reforzó sus programas de abasto, especialmente los dirigidos a poblaciones con bajos recursos económicos y continuó con la importación de leche en polvo por cuenta de terceros, a fin de proveer al sector privado y al programa atendido por Leche Industrializada Conasupo (Liconsa).

En particular, el Programa de Abasto Social de Leche que opera Liconsa, ha extendido su cobertura territorial de 18 a la totalidad de las entidades federativas, en beneficio de siete millones de niños menores de doce años, de familias con ingresos inferiores a dos salarios mínimos. Para ello se ha triplicado el número de establecimientos distribuidores al pasar de 1,558 a 6,323, en el transcurso de los últimos cinco años.

Un apoyo importante a las actividades de comercialización de productos agrícolas y de abasto de alimentos a nivel nacional lo proporciona
 
 
 
 

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Bodegas Rurales Conasupo (Boruconsa), institución que en el presente año cuenta ya con 1,371 bodegas en toda la República, lo que le permite operar 39.5 millones de toneladas anuales.

La redefinición del papel del sector público en la comercialización y el abasto de granos y alimentos básicos, la mayor selectividad y transparencia de los subsidios otorgados, y la desincorporación de entidades paraestatales, han propiciado que el gasto total asignado al sector comercio haya disminuido en 22.5 por ciento en términos reales durante el lapso de referencia.

II. Política de Gasto Público 1994.

En el ejercicio fiscal de 1994, se continuará con el esquema de organización interempresarial, con la integración de un Padrón Nacional de la Microindustria y con la consolidación del registro de empresas integradoras.

Se continuará con la promoción de las exportaciones a través de la diversificación regional de mercados procurando esquemas recíprocos de libre acceso.

En paralelo, se continuará alentando dentro del marco legal la inversión extranjera directa; se impulsarán los programas de desarrollo tecnológico y de normalización y certificación; se desarrollará el Sistema Mexicano de Defensa Contra Prácticas Desleales de Comercio Exterior; y se dará especial énfasis a las actividades de la recién creada Comisión Federal de Competencia.

Asimismo, con la intervención de Conasupo, se adquirirán 7.7 millones de toneladas de maíz y 423 mil toneladas de frijol, de las cuales se destinaran a la exportación 1.2 millones y 50 mil toneladas, respectivamente. Se continuará fortaleciendo el Programa Tortilla - Solidaridad. Con objeto de racionalizar y hacer más eficiente la distribución de subsidios, la entrada en vigor de Procampo implicará que, a partir de mayo, disminuyan las transferencias a la industria harinera.Mediante la apertura de 119 lecherías más en el territorio nacional se ampliará el abasto a más de siete millones de niños, a la vez que se promoverá la creación de empresas dedicadas a la distribución de productos Conasupo.

En el ejercicio fiscal de 1994, se propone asignar al sector un presupuesto por 8 mil 894 millones de nuevos pesos, cantidad que se mantiene prácticamente constante en términos reales.

Dentro de este monto, el presupuesto de inversión ascenderá a 114.9 millones de nuevos pesos. Entre los principales proyectos de inversión destacan la ampliación de plantas productoras de leche reconstituida para el Programa de Abasto Social de Leche y la conclusión del equipamiento de cinco laboratorios para la medición y certificación de normas en el Centro Nacional de Metrología.
 
 

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MINERO - INDUSTRIAL

En cumplimiento a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, durante el período 1989 - 1993, se promovió la reestructuración y el redimensionamiento de este sector. Este proceso permitió la desincorporación de 79 empresas, dentro de las que destacan: Altos Hornos de México, S.A., Compañía Minera de Cananea, S.A., Siderúrgica Lázaro Cárdenas, Las Truchas, S.A., Fertilizantes Mexicanos, S.A., Diesel Nacional, S.A. y sus filiales, Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril, S.A., Siderúrgica Nacional, S.A. y el Grupo Industrial NKS, S.A. de C.V. El resultado de estas acciones permitió liberar recursos presupuestales que se canalizaron a la atención de los sectores prioritarios.

En este contexto se ha logrado un doble objetivo; por una parte, el Estado fortalece su papel de promotor del desarrollo social, al tiempo que eleva la calidad del gasto; y, por la otra, estimula mayores flujos de inversión privada en aquellas ramas de actividad que no son estratégicas ni prioritarias, en el contexto de la reforma del Estado.

Minería

El propósito básico del Programa Nacional de Modernización de la Minería vigente, consiste en dar impulso al crecimiento de la actividad minera, mediante su modernización; fortaleciendo la comercialización de sus productos a través de una mayor productividad y competitividad. La estrategia de modernización minera adquiere solidez mediante la reestructuración de los organismos y empresas públicas, y a través de la promulgación de la nueva Ley Minera. Esta última ha propiciado la liberación de terrenos mineros ociosos, la participación del sector privado en la exploración y explotación de minerales

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estratégicos, la canalización de mayores apoyos crediticios y de asesoría técnica a la pequeña minería, así como normar el cumplimiento de las disposiciones técnicas en materia ecológica. I. Evolución del Gasto Público 1989 - 1993 Las reformas emprendidas trajeron como consecuencia el redimensionamiento y la reestructuración de las entidades paraestatales dedicadas a la industria y a la minería. Por ello, en el período de 1989 - 1993, el gasto ejercido en el subsector decrece en 95.7 por ciento en términos reales. La desincorporación de entidades se basó en una redefinición de prioridades en las actividades de exploración así como en el replanteamiento de los esquemas de apoyo a la pequeña y mediana minería.

En dicho período, se han liberado casi 11 millones de hectáreas aptas para la minería; la superficie concesionada pasó de 3 a 6 millones de hectáreas.

II. Política de Gasto Público 1994

Para 1994 se continuará impulsando la exploración ecológica para la localización y evaluación de áreas de interés que puedan constituirse en yacimientos explotables y económicamente viables.

Se proseguirá con la instrumentación de nuevos esquemas de financiamiento, conforme a la nueva Ley Minera, que permitan intensificar la participación de la pequeña y mediana minería, del sector social y los gobiernos estatales. Se proseguirá con las exportaciones de sal, buscando nuevos mercados y obteniendo subproductos de la misma, consolidando su modernización e infraestructura de comercialización. Para ello se destinará a este sector un gasto de 563.2 millones de nuevos pesos, menor en 47.6 por ciento real a 1993.

Con dicho presupuesto se crearán, entre otros, cuatro fondos de exploración de riesgo compartido. Además, se concluirá el proyecto de sistematización y automatización del Consejo de Recursos Minerales. Se producirán 6 millones de toneladas métricas de sal y se exportarán 5.8 millones de toneladas a Japón, Estados Unidos y Canadá principalmente.

En materia de capacitación se continuará fortaleciendo y ampliando la investigación y el desarrollo tecnológico.

En lo concerniente a los programas que se realizan con las empresas de Solidaridad, se consolidarán los convenios entre los Gobiernos Estatales, Nafin y Fondos Nacionales de Empresas Solidaridad para el otorgamiento de créditos y asistencia técnica al sector social y pequeña minería.
 
 

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TURISMO

Por las características geográficas, climatológicas, y su riqueza histórica, la República Mexicana ocupa un lugar relevante en el ámbito internacional como centro de atracción turística, así como para la realización de todo tipo de eventos o actividades a nivel mundial.

Por ello, durante los primeros cinco años de esta administración se han realizado esfuerzos, concertado acuerdos entre los sectores involucrados, y canalizado recursos, para promover acciones que amplíen la infraestructura con el propósito de poder atender mayores flujos turísticos nacionales y extranjeros.

En el transcurso de la actual administración, se ha impulsado de manera especial la modernización del sector turismo, aumentando la oferta de alojamiento en los centros integralmente planeados, en los lugares tradicionales de playa, y en los ubicados en las principales ciudades y zonas fronterizas. De esta manera, se fortalece nuestra posición como uno de los principales polos de atracción turística mundiales.

Así, el turismo se ha constituido en una de las actividades de mayor potencial en la generación de empleos y de divisas; y su fomento es de gran relevancia para el desarrollo regional.

I. Evolución de la Política de Gasto Público 1989 - 1993

El sector ha concentrado su actividad en tres grandes estrategias: descentralización, desregulación y simplificación administrativa, las cuales se han visto fortalecidas con la aplicación de la nueva Ley Federal de Turismo, que tiene como principales objetivos: elevar el nivel de vida económico, social y cultural de los habitantes de las entidades con afluencia turística; determinar los mecanismos necesarios para la promoción y aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos nacionales; fomentar la inversión nacional y extranjera; y promover el turismo social.

Para modernizar al sector, con el propósito de hacerlo más competitivo, las acciones de desregulación se orientaron a la eliminación de trámites para la operación de nuevos prestadores de servicios y a la supresión del control de precios en el mismo. Con base en el Programa Nacional

de Reclasificación se actualizó la categorización de los establecimientos conforme a parámetros internacionales de calidad. Con el mismo propósito, se realizaron 31 convenios de adhesión al Programa de Descentralización con los estados de la República.

Para enfrentar eficientemente la competencia internacional, se desarrolló una intensa campaña de promoción y comercialización de la oferta turística nacional en los principales mercados.

También se impulsó el desarrollo de nuevos destinos turísticos, destacando el circuito ecoturístico del Mar de Cortés y Barranca del Cobre, entre otros.

A través del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), se aplicaron recursos para impulsar la infraestructura turística y urbana en cinco grandes polos: Cancún, Ixtapa, Los Cabos, Loreto y Huatulco. Además, se otorgaron créditos para la construcción y remodelación de establecimientos de hospedaje, servicios complementarios y proyectos integrales denominados "megaproyectos". En este sentido, se crearon fondos estatales de garantía y fondos de desarrollo para empresarios, lo cual ha redundado en la construcción de aproximadamente 45 mil cuartos, de los que Fonatur ha financiado casi 18 mil.

Fonatur, en asociación con el sector privado, adquirió y puso en operación el Hotel Acapulco Solidaridad, como un apoyo al turismo social.

Durante el período 1989 - 1993, el sector turismo ha desempeñado una importante labor como promotor de la actividad económica y de apoyo a la balanza de servicios. En la presente administración, las actividades de promoción, regulación y vigilancia han contribuido a los resultados superavitarios con el exterior en materia turística. En este período ingresaron al país 25.3 millones de turistas extranjeros, y 17.0 millones de nacionales salieron hacia otros países; asimismo, la oferta hotelera se incrementó en 53 mil cuartos de 1989 a la fecha.

El saldo de la balanza turística en 1993 se estima que ascenderá a 2,328.0 millones de dólares, mientras que en 1988 fue de 1,439.5 millones de dólares. Durante el período, la diferencia entre ingresos derivados del turismo receptivo y los egresos de los viajeros nacionales en el extranjero permitieron mantener un superávit en la balanza turística. Cabe resaltar que el incremento de la demanda de servicios turísticos permitió la creación directa de 157 mil plazas de trabajo durante la presente administración.

En los últimos cinco años, el gasto público en este sector evolucionó favorablemente al presentar un crecimiento acumulado de 50.0 por ciento en términos reales.
 
 
 
 

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II. Política de Gasto Público 1994

Para el ejercicio fiscal de 1994, el sector turismo intensificará los programas de promoción tanto nacional como internacional; impulsará el desarrollo en infraestructura y equipamiento turístico, en las zonas de la frontera norte, ciudades coloniales y en los principales destinos del mundo maya. Asimismo, se continuará promoviendo la descentralización y desconcentración de funciones, con la activa participación de los gobiernos estatales y municipales.

En cuanto a los cinco grandes polos de desarrollo se promoverá una mayor inversión privada, particularmente en la construcción de marinas y puertos de arribo; asimismo, Fonatur apoyará la realización de otros proyectos de desarrollo para turismo social como es el de Playa Miramar, Tamaulipas.Se mantendrán las campañas de capacitación a los trabajadores del sector, para mejorar la atención al turista, y se seguirá impulsando y promoviendo el turismo social.

El proyecto de presupuesto de este sector para 1994 contempla recursos por 558.4 millones de nuevos pesos, que presentan un crecimiento real de 60.1 por ciento en relación con el de 1988. Dicho presupuesto incluye 91.7 millones de nuevos pesos que se destinarán a los cinco grandes polos de desarrollo turístico mencionados.
 
 

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PESCA

La geografía de México, en términos de sus extensas costas y amplio mar patrimonial, aunada a las numerosas presas, lagunas y ríos existentes, ofrece un gran potencial para el desarrollo pesquero y acuícola en todo el territorio nacional.

El fortalecimiento de estas actividades es fundamental para apoyar la disponibilidad de alimentos, la creación de empleos, la captación de divisas y el desarrollo regional. Para ello, al inicio de esta administración se estableció la prioridad de modernizar este sector con base en la participación organizada de los diversos agentes sociales que intervienen directa e indirectamente en la actividad pesquera; ampliar y modernizar la infraestructura, mediante una mayor inversión de los particulares; consolidar el sector social pesquero, en especial las cooperativas; y adecuar las estructuras públicas, y el marco regulatorio de estas actividades, hacia estos propósitos.

I. Evolución de la Política de Gasto Público 1989 - 1993

Durante el período 1989 - 1993, las actividades de este sector se han orientado a la atención integral del desarrollo de proyectos, buscando incrementar la oferta alimentaria, mejorar las condiciones de vida de los pescadores, captar divisas, impulsar el desarrollo regional y racionalizar la explotación del recurso. Para apoyar el cumplimiento de estos propósitos se expidió una nueva Ley de Pesca y su reglamento, que promueven la modernización del sector.

Bajo el nuevo marco se eliminó el régimen de especies reservadas a cooperativas, se abrió la posibilidad para que éstas puedan asociarse con otros agentes económicos, y se amplió el plazo de concesión en la acuacultura hasta 50 años.

Paralelamente, se ha venido desarrollando el proceso de desincorporación de entidades del sector, a fin de concentrar la labor de las autoridades en actividades de promoción y de regulación. Asimismo, se han eliminado los permisos previos para la importación y exportación de algunas especies, tales como camarón, abulón y langosta; a la vez que se han liberado los precios oficiales del pescado, la sardina en conserva y el atún enlatado.

En los últimos años, se ha promovido la integración de cadenas productivas, la rentabilidad de la captura, y el desarrollo de la acuacultura, con acciones de fomento financiero, fiscal, arancelario, y de investigación y desarrollo tecnológico. En este sentido, cabe señalar el establecimiento de un programa integral de reestructuración de pasivos de las sociedades cooperativas camaroneras, el cual permitió reestructurar la deuda de las sociedades del litoral del Pacífico, y se inició este proceso para las del Golfo de México.

Especial énfasis se ha dado a la promoción de la pesca responsable con el propósito de conciliar el desarrollo del sector, con la preservación de las especies y el consumo. Al respecto, se ha logrado casi eliminar la captura incidental del delfín en la pesca del atún, y se estableció como norma que las embarcaciones camaroneras en el Golfo de México y Mar Caribe cuenten con dispositivos excluidores de tortugas marinas; por lo que en la actualidad la totalidad de estas embarcaciones cuentan ya con dichos equipos.

En la presente administración, se ha impulsado sustancialmente el desarrollo de la acuacultura. Para ello se ha promovido el fomento en el uso de nuevas tecnologías para mejorar los sistemas de cultivo y de comercialización, así como una mayor participación de los particulares en esta actividad. Asimismo, se pusieron en marcha 10 proyectos orientados, principalmente, a la producción ostrícola, de camarón, langosta, y maricultivos. Sobresale el hecho de que la producción camaronícola de acuacultura aumentó de 551 toneladas a más de 10 mil, entre 1988 y 1993.

En lo relativo a dragados y escolleras, se iniciaron 16 proyectos con el propósito de optimizar el aprovechamiento de los sistemas lagunarios, canales interiores y de intercomunicación en las costas mexicanas y, de esta manera, incrementar la producción pesquera nacional.

Durante 1993 se inició el Programa de Seguridad de la Vida Humana en el Mar, el cual beneficia a 40 mil

pequeños pescadores en toda la República.

El cambio estructural en las actividades pesqueras a cargo del sector público han permitido elevar la eficiencia en la producción, industrialización y abasto de alimentos pesqueros. Por otro lado, la desincorporación de entidades paraestatales ha propiciado la disminución del gasto programable en 75.9 por ciento real en los últimos cinco años.

II. Política de Gasto Público 1994

Para el ejercicio fiscal de 1994, los esfuerzos del sector estarán orientados a consolidar la integración de las actividades relacionadas con la pesca
 
 
 
 

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y elevar la productividad; propiciar las condiciones que permitan mejorar el ingreso de los productores; y mejorar la infraestructura portuaria y acuícola.

Mediante acciones de fomento y apoyo, se promoverá diversificar los productos y la planta industrial; ampliar los mercados externos para los productos nacionales; incorporar en estas actividades a los sectores privado y social; continuar con el Programa de Seguridad de la Vida Humana en el Mar y complementarlo con un programa de capacitación intensiva; incrementar la oferta de productos pesqueros para satisfacer la demanda interna; y captar mayores montos de divisas a través de la exportación.

Especial atención se dará a la preservación de las especies marinas, del medio ambiente y de la pesca responsable. Para ello, el Instituto Nacional de la Pesca realizará diversas acciones encaminadas a tal propósito.

El gasto de inversión en ese año, habrá de orientarse a la reactivación y terminación de obras existentes; al incremento de la infraestructura de apoyo a puertos pesqueros; a la rehabilitación de esteros y lagunas costeras mediante 20 proyectos de dragado y escolleras; y al incremento de la producción acuícola, a través de un programa que abarca 20 proyectos en 15 estados de la República.Con la finalidad de dar suficiencia al sector para la ejecución de estos programas, se propone asignar un presupuesto de 416.7 millones de nuevos pesos, mismo que, comparado con el ejercido en 1993, muestra un incremento real de 23.0 por ciento.

En el presupuesto de 1994, se incluye un monto de 173.5 millones de nuevos pesos, superior en 42.4 por ciento real al del año anterior, para los proyectos de inversión.
 
 

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SEGURIDAD NACIONAL Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA

Un objetivo primordial del Estado mexicano es construir una sociedad más libre, democrática y justa en un ambiente de paz social. Para ello, es indispensable salvaguardar la integridad del territorio y bienes nacionales; garantizar la observancia de las normas jurídicas y el respeto a los derechos humanos; procurar una impartición expedita de la justicia; consolidar las instituciones democráticas; y promover una conciencia cívica y política en la ciudadanía.

I. Evolución de la Política de Gasto Público 1989 - 1993

Durante este período, se realizaron profundas reformas a la legislación mexicana congruentes con la modernización del país y la reforma del Estado. Con ello, se establecieron nuevas y mejores relaciones entre Estado, individuo y sociedad.

La Secretaría de Gobernación, en el ámbito de sus atribuciones, ha participado en este cambio estructural legislativo. El espíritu de las correspondientes reformas legales tiene como objetivo: fortalecer los derechos de los mexicanos para una educación digna y de mayor nivel; crear una instancia autónoma e independiente del Estado para normar los comicios federales y modernizar sus procedimientos; propiciar una nueva relación entre el Estado y las iglesias; proteger los derechos humanos; dar seguridad jurídica a la tenencia de la tierra; estimular nuevas formas de asociación entre particulares y campesinos; y propiciar la estabilidad de precios a través de un banco central autónomo.

En materia de seguridad pública, se promovió la participación ciudadana a través de la operación de los consejos consultivos, estatales y municipales; y se realizaron reuniones nacionales para intercambiar experiencias y encontrar soluciones a problemas comunes.

Respecto de los servicios migratorios, durante el período 1989 - 1993, se efectuaron alrededor de 64.1 millones de trámites. Ello, cuidando en todo momento los derechos de los nacionales que viajan al exterior y de los migrantes que ingresan a nuestro país. Igualmente, se avanzó en el proceso de desconcentración de trámites, tomando en consideración las particularidades regionales y dando prioridad a la atención de las fronteras norte y sur.

Con el Programa Nacional de Protección Civil se avanzó en el establecimiento de medidas para prevenir y mitigar los efectos de la eventual presencia de fenómenos destructivos.

En materia de readaptación social se estableció el Programa Nacional de Solidaridad Penitenciaria, el cual, mediante la despresurización del Sistema Penitenciario, atiende los problemas generados por la sobrepoblación en estos centros. Para ello se construyeron dos centros federales de readaptación social de alta seguridad en Almoloya, Estado de México, y Puente Grande, Jalisco. Actualmente se encuentra en proceso de construcción el de Matamoros, Tamaulipas. Asimismo, en 1993 se inició un importante programa para la construcción de 12 centros de readaptación social, bajo un esquema de arrendamiento financiero con la participación de ocho entidades federativas.

Por su parte, las Fuerzas Armadas han contribuido a la seguridad de la nación mediante la defensa de su soberanía, su independencia y su integridad territorial. En coordinación con las autoridades civiles, la Secretaría de la Defensa Nacional participa en tareas complementarias como el apoyo a la población en áreas afectadas por fenómenos naturales adversos; el abasto de agua potable a comunidades que no tienen este servicio; en campañas de reforestación, fitosanitarias y de alfabetización; y vigorosamente, en el combate al cultivo, tráfico y consumo de estupefacientes.

En el período 1989 - 1993, la Secretaría de la Defensa Nacional modernizó su infraestructura. Así, construyó ocho tiendas de autoservicio, 11 cuarteles generales, cuatro hospitales, cuatro enfermerías y cinco escuelas militares; asimismo, adquirió 38 aviones de transporte y adiestramiento, 2,061 vehículos Hummer, 60 camiones tácticos, 1,307 vehículos diversos, y modernizó su equipo y armamento. Finalmente, a través del Programa Especial de Vivienda, se edificaron 9,509 unidades.

En el mismo período, la Secretaría de Marina ha desempeñado labores de vigilancia de instalaciones estratégicas; la protección de recursos marinos; el combate al narcotráfico, y la instrumentación de operaciones de auxilio a la población civil en casos y zonas de desastre. Asimismo, ofreció servicios de educación, salud, vivienda y seguridad social, dentro de las campañas nacionales de alfabetización, vacunación y reforestación.
 
 
 
 

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Las instalaciones militares se han modernizado. Se concluyó el Sector Naval de Topolobampo y el de la Pesca, con lo que ha mejorado la infraestructura de la Secretaría y reforzado su presencia en todos los estados costeros.

Por su parte, la Procuraduría General de la República ha estado sujeta a una permanente transformación, orientada a lograr una mayor eficacia y oportunidad en la procuración de justicia. Las estrategias de cambio se han basado en la modernización de su estructura orgánico - funcional; en la renovación del marco jurídico; en el mejoramiento de la capacidad de respuesta a las demandas ciudadanas; y, en el pleno respeto a los derechos humanos.

Durante 1993, el presupuesto para cubrir los programas de seguridad nacional y procuración de justicia será mayor en 43.9 por ciento real al de 1988. Los presupuestos de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina registrarán un incremento real acumulado de 38.9 por ciento en este período, en tanto que el de la Secretaría de Gobernación en 1993 será superior en 46.5 por ciento real al de 1988.

II. Política de Gasto Público 1994

Para el próximo ejercicio fiscal, el gasto de la Secretaría de Gobernación contempla, dentro de sus principales proyectos de inversión, concluir 12 centros de readaptación social ubicados en ocho entidades federativas. También considera la terminación de la obra física del centro federal de readaptación social de alta seguridad de Matamoros, Tamaulipas, así como parte del equipamiento. Asimismo, se iniciará la construcción de un centro de readaptación social psiquiátrico en el Estado de Morelos. La Secretaría de Gobernación, a través del recién creado Instituto Nacional de Migración, fortalecerá sus tareas en servicios migratorios.

Dentro de su programa de inversión, la Secretaría de la Defensa Nacional considera la adquisición de refacciones y accesorios mayores para mantenimiento de las unidades aéreas y terrestres; la compra de equipo e instrumental, para los hospitales de las zonas militares, como el Hospital Militar Regional de Tuxtla Gutiérrez, Chis. y para fortalecer el combate al narcotráfico. En 1994 concluirá el Programa Especial de Vivienda que comprende 12 mil unidades, cifra sin precedente para esta dependencia.

Para 1994, la Secretaría de Marina continuará e intensificará la vigilancia de costas, mares e islas nacionales; el combate al narcotráfico; el auxilio y apoyo a la población; y, la preservación del medio ambiente marino.

En su programa de inversiones, destaca la construcción de instalaciones del Centro de Estudios Superiores Navales; la edificación de cuatro secciones de dique autocarenante en los astilleros de Tampico, Tamp. y Coatzacoalcos, Ver., la terminación de un remolcador versátil RV - 23; el mantenimiento y conservación de unidades dragadoras; la modernización de la red integral de teleproceso; y la reposición de maquinaria y equipo en astilleros y centros de reparación navales.

Para 1994, la Procuraduría General de la República continuará atendiendo las demandas de la sociedad en materia de justicia. Ello se logrará a través de mecanismos de participación ciudadana; del reforzamiento de la estrategia de prevención del delito, más que de sanción, y mediante mecanismos que fomenten la cultura jurídica de la sociedad.

En los términos del Programa Nacional para el Control de Drogas 1989 - 1994, se continuarán fortaleciendo las acciones para abatir los niveles de farmacodependencia, producción, procesamiento, tráfico y comercialización de psicotrópicos y estupefacientes. El Instituto Nacional para el Combate a las Drogas, creado recientemente, será responsable de la planeación y ejecución de las tareas en este ámbito.

Con el fin de cumplir con los objetivos establecidos, se propone asignar al sector un presupuesto de 11 mil 019 millones de nuevos pesos, cantidad que comparada con la estimación de cierre del ejercicio fiscal de 1993, presenta un incremento real de 16.6 por ciento, y respecto de 1988 muestra un crecimiento en términos reales de 67.9 puntos porcentuales.

Dentro de este presupuesto, la realización de lo diferentes proyectos de inversión del sector considera 1 mil 529 millones de nuevos pesos, monto superior en 1.7 por ciento en términos reales al de 1993. En relación a 1988, la inversión registrará un crecimiento real acumulado de 119.3 por ciento.
 
 
 
 

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VI. PROGRAMA NACIONAL DE SOLIDARIDAD

Uno de los objetivos prioritarios del Gobierno de la República durante los últimos cinco años ha sido establecer las condiciones que permitan el mejoramiento del nivel de vida de la población, especialmente de los grupos de menores recursos. Las transformaciones en el ámbito de acción del Estado han tenido como eje la justicia social; prueba de ello es que en 1993, más de la mitad del gasto programable del sector público federal se habrá canalizado al desarrollo social.

El Programa Nacional de Solidaridad forma parte importante de la política social, y basa su funcionamiento en la participación organizada de la comunidad. A través de este programa, se han logrado eliminar obstáculos que afectan el bienestar de las familias, al promover la capacidad de las instituciones y de las comunidades para atender las necesidades esenciales.

A través de Solidaridad se han fortalecido las acciones que atienden aspectos relacionados con la alimentación, salud, educación, vivienda, servicios públicos e infraestructura en las zonas rurales y urbanas marginadas. Asimismo, se ha promovido la preservación de los ecosistemas y de la biodiversidad por ser fundamentales para el desarrollo sustentable a futuro.

Las acciones de este programa se suman al esfuerzo nacional, de sociedad y Gobierno, para superar la pobreza en sus causas y consecuencias.

Los principios y métodos de trabajo establecidos en Solidaridad han dado lugar a una nueva participación de la sociedad y a una renovada gestión pública que responde a la iniciativa organizada de la comunidad. Este proceso ha permitido incrementar la eficacia y la eficiencia de las acciones para elevar el bienestar social. En este sentido, destacan la obra pública y los proyectos productivos llevados a cabo con Solidaridad, los cuales cuentan con un amplio consenso social, así como una alta racionalidad en su ejecución.

Mediante este programa se han apoyado con recursos, acciones bajo la responsabilidad directa de los gobiernos estatales, municipales y de la población. De esta manera, se ha fortalecido el federalismo, y los mecanismos de coordinación y concertación, dotándolos de flexibilidad y adecuándolos a la pluralidad de las regiones y comunidades.

I. Evolución de la Política de Gasto Público 1989 - 1993

La pobreza es un problema que demanda acciones firmes y permanentes del Gobierno y la sociedad. Las acciones y programas realizados permiten constatar en los hechos que las comunidades cuentan con una nueva base de servicios, infraestructura, impulso productivo y organización.

Ahora se tienen mejores oportunidades y medios de acción para incorporar las distintas regiones
 
 
 
 

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del país al desarrollo, en condiciones más adecuadas. Desde luego, existen carencias por resolver y se debe profundizar el esfuerzo que sostenga productivamente la estrategia para elevar los niveles de vida.

Las acciones emprendidas en los últimos cinco años presentan notables avances en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población de escasos recursos. Al respecto se puede señalar, junto con lo realizado por el sector correspondiente, la ampliación de la cobertura del servicio de agua potable para 13.5 millones de habitantes, drenaje para 11.5 millones y electricidad para 16 millones.

Los servicios de salud institucionales, en el medio rural y urbano, se han incrementado en beneficio de 8.5 millones de personas de todo el país, y se ha elevado la calidad del servicio que prestan 193 hospitales.

En apoyo a la educación, casi 111 mil escuelas de nivel básico han sido mejoradas y rehabilitadas, para la formación de más de 15 millones de alumnos. Asimismo, se han construido más de 70 mil aulas, laboratorios, talleres y anexos, en beneficio de casi 3 millones de estudiantes.

Con la finalidad de que los niños de escasos recursos puedan concluir los estudios básicos, a través del Programa Niños en Solidaridad, se han proporcionado más de 5 millones de despensas, 1.3 millones de consultas médicas y becas económicas, en beneficio de casi 750 mil niños en más de 29 mil planteles, en 30 estados de la República.

Desde 1989 a la fecha se han entregado más de 1.8 millones de escrituras para dar seguridad al patrimonio familiar. Por otra parte, para mejorar el entorno de las colonias populares se han pavimentado 31.7 millones de metros cuadrados de calles y avenidas.

Los Fondos Municipales de Solidaridad representan un instrumento importante para atender necesidades básicas de la población, por parte de los ayuntamientos. Mediante los recursos y acciones de estos Fondos, de 1990 a 1993, se han realizado más de 90 mil obras en el 97 por ciento de los municipios del país.

A través de los Fondos de Solidaridad para la Producción se han apoyado de 1990 a 1993 un promedio anual de 753 mil productores y más de 2 millones de hectáreas en todo el país. Cabe señalar que sólo en 1993, se habrá apoyado a más de un millón de agricultores, que cuentan con casi 3 millones de hectáreas de baja rentabilidad y alto índice de siniestro. Para capitalizar a los Fondos, las recuperaciones de los préstamos a la palabra campesina han permitido crear alrededor de 500 cajas locales de ahorro y financiamiento.

Asimismo, con los 133 Fondos Regionales Indígenas creados hasta 1993, se ha apoyado la realización de 3,770 proyectos productivos, en 920 municipios de 23 estados de la República.

Durante este período se ha estimulado la creación y el fortalecimiento de 9,210 Empresas de Solidaridad, lo que ha permitido generar más de 42 mil empleos permanentes.

Solidaridad contribuye a la protección ecológica con los programas Ecología Productiva y Solidaridad Forestal, entre otros.

Se ha impulsado la atención de zonas con rezago social y alto potencial económico, para lo cual se han puesto en marcha 16 programas de desarrollo regional que operan en 12 estados y casi 400 municipios, en los que habitan más de 9 millones de personas.

En los últimos cinco años, las acciones realizadas por el Programa Nacional de Solidaridad han estado respaldadas por un crecimiento sustancial de los recursos que se le destinan dentro del presupuesto federal.

En efecto, el presupuesto de este programa se ha incrementado en 205.6 por ciento real de 1989 a 1993. Los recursos federales asignados a Solidaridad han sido complementados con aportaciones, en dinero y trabajo, de los gobiernos estatales, municipales y de la población beneficiada, lo cual ha permitido alcanzar los resultados descritos.

11. Política de Gasto Público 1994

Para el ejercicio fiscal de 1994, se continuará promoviendo la organización comunitaria y se consolidará la atención a los más necesitados. Particular énfasis se dará a los programas de vivienda, de fomento productivo, y de protección y preservación ecológica.

En 1994 se dará prioridad a las obras en proceso, especialmente a las que puedan concluirse durante el ejercicio. Se seguirán jerarquizando las acciones de acuerdo a su impacto social y se promoverá la participación de los gobiernos estatales y municipales, así como de las comunidades, en el financiamiento y ejecución de las obras y proyectos.

Al igual que desde el primer año de su operación, la ejecución de las acciones de Solidaridad
 
 
 
 

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continuarán bajo un estricto control, disciplina y transparencia en el ejercicio de los recursos. En este sentido, el Convenio de Desarrollo Social seguirá siendo el instrumento básico para formalizar el compromiso de los gobiernos Federal y estatal en la ejecución de las obras, así como en la coordinación de las acciones.

Para dar cumplimiento a estos propósitos se propone una asignación presupuestal al Programa Nacional de Solidaridad de 8 mil 809 millones de nuevos pesos en 1994. Este nivel presenta un incremento real anual de 5.4 por ciento respecto a lo erogado en 1993, y es superior en 3.2 veces al ejercido en 1989, en términos reales. En relación a 1988, la propuesta de 1994 para Solidaridad es mayor en 253.8 por ciento Para dar cumplimiento a estos propósitos se propone una asignación presupuestal al Programa Nacional de Solidaridad de 8 mil 809 millones de nuevos pesos en 1994. Este nivel presenta un incremento real anual de 5.4 por ciento respecto a lo erogado en 1993, y es superior en 3.2 veces al ejercido en 1989, en términos reales. En relación a 1988, la propuesta de 1994 para Solidaridad es mayor en 253.8 por ciento real a lo que se realizó a través de la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (Coplamar), los Convenios Únicos de Desarrollo (CUD) y los Programas de Desarrollo Regional.

Estos recursos se ejercerán en las tres vertientes de ejecución del Programa: Solidaridad para el Bienestar Social, Solidaridad para la Producción y Solidaridad para el Desarrollo Regional.

Con el propósito de apoyar los programas del Gobierno Federal que permitan atender la demanda educativa, se ha previsto la construcción de 11,630 aulas, laboratorios, talleres y anexos en los niveles de educación básica, para lo cual se canalizarán 350 millones de nuevos pesos. A través del Programa Escuela Digna se llevará a cabo la rehabilitación y equipamiento de 28,800 escuelas primarias y secundarias, con una inversión federal de 260 millones de nuevos pesos.

Niños en Solidaridad continuará apoyando a escolares de escasos recursos, a fin de que concluyan su instrucción primaria. A este programa se asignarán recursos federales por 771 millones de nuevos pesos, lo que permitirá atender a un millón de niños.

Se continuará estimulando el servicio social de pasantes de educación técnica y superior en proyectos de beneficio comunitario, para lo cual se ha previsto proporcionar 231 mil becas, que representan 180 millones de nuevos pesos.

Asimismo, se construirán 250 canchas de usos múltiples y se concluirán diversas obras en 80 unidades deportivas. Se programa para estas acciones una inversión federal de 100 millones de nuevos pesos.

En acciones de salud y seguridad social, se continuarán construyendo 8 hospitales, y se concluirán los de Huixtla, Sahuayo, Pinotepa Nacional, Zitácuaro y el Hospital del Niño Quemado en Querétaro. Asimismo, se llevarán a cabo obras en los hospitales de San Martín Texmelucan, Reynosa y Jerez, y se concluirá la rehabilitación de los hospitales de Tepic y Matehuala.

IMSS - Solidaridad tiene programado construir y equipar 65 unidades médicas rurales y 66 centros de bienestar social. Paralelamente, se continuará la construcción de 11 hospitales rurales, de los que se tiene previsto concluir los de Villa Avila Camacho y Tepeji de Rodríguez en Puebla; Candelaria en Campeche; y Santiago Juxtlahuaca, San lldefonso, Villa Alta y María Lombardo de Caso en Oaxaca, y se avanzará con los trabajos de Altamirano en Chiapas, Coalcomán en Michoacán, Rosamorada en Nayarit, Misantla en Veracruz y Rodeo en Durango.

Además, en 1994 se realizarán trabajos de construcción, rehabilitación y equipamiento de 450 centros de salud y se continuará con la construcción de 8 hospitales. A través del programa Hospital Digno se efectuarán labores de rehabilitación en las áreas de urgencias y consulta externa de 150 nosocomios.

Para estas acciones de mejoramiento de la infraestructura hospitalaria, se prevé una inversión federal de 230 millones de nuevos pesos.

Con el objetivo de apoyar las acciones de los gobiernos federal y estatales en infraestructura para la prestación de servicios básicos a las comunidades, en 1994 se ampliará la cobertura y mejorará el servicio de agua potable y alcantarillado; con este propósito, se construirán, ampliarán y rehabilitarán 413 sistemas de agua potable y 370 de alcantarillado en el medio urbano. En el ámbito rural se espera realizar acciones similares en 1,489 redes de agua potable y 569 de alcantarillado. Asimismo, continuarán los trabajos en 47 plantas de tratamiento. A estas obras se destinarán 675 millones de nuevos pesos.

El servicio de energía eléctrica se proporcionará a 2,850 poblados rurales y 900 colonias populares que carecen de este servicio, para lo cual se canalizarán 315 millones de nuevos pesos.

Durante 1994 se continuarán realizando las obras de mejoramiento urbano, y se han programado recursos federales por 491 millones de nuevos pesos en este renglón. Con esta inversión se construirán 4 millones de metros cuadrados de calles y 650 mil de guarniciones y banquetas,

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90 plazas, parques y jardines, y se instalarán 40 mil luminarias. Asimismo, se pavimentarán 6 millones de metros cuadrados de calles en 550 colonias y se construirán 1.6 millones de metros cuadrados de vialidades urbanas.

Se realizarán estudios de modernización catastral y acciones de lotificación en 40 mil predios. En el programa de regularización de la tenencia de la tierra se estima una cobertura de un millón de lotes

adicionales. En materia de vivienda se llevará a cabo la construcción de 30 mil pies de casa; se ejecutarán 210 mil acciones de mejoramiento; así como la realización de trabajos de rehabilitación y mantenimiento en 76 unidades habitacionales. Para estas acciones se tiene prevista una asignación de 250 millones de nuevos pesos.

A través de los Fondos de Solidaridad para la Producción se apoyará a 2 millones de campesinos, con una inversión federal de 1,100 millones de nuevos pesos.

Por su parte, se promoverá la creación y consolidación de 5,000 empresas adicionales, para lo cual se asignarán 400 millones de nuevos pesos al Fondo Nacional para Empresas de Solidaridad.

Con 375 millones de nuevos pesos se consolidará la operación de 133 Fondos de Solidaridad para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, los cuales permitirán realizar acciones de bienestar social, procuración de justicia, fomento al patrimonio cultural, y la realización de proyectos productivos en las comunidades y pueblos indígenas.

El Programa de Mujeres en Solidaridad contará con una asignación de 50 millones de nuevos pesos, para la ejecución de 1,500 proyectos.

Los Fondos Municipales de Solidaridad apoyarán a 2,392 municipios para la realización de obras prioritarias, con una inversión federal de 750 millones de nuevos pesos.

Continuará la ampliación y modernización de las carreteras y caminos rurales, al ejecutar 201 obras de construcción y reconstrucción en 1,815 kilómetros de la red, y realizar una inversión federal de 650 millones de nuevos pesos.

Por otra parte, continuará la ejecución de los 16 programas vigentes de desarrollo regional, principalmente en las zonas ixtleras y se instrumentará el Programa de Frontera Norte.

Durante 1994 se otorgará especial atención a los programas para promover la protección y preservación del medio ambiente. Destacan para este propósito los programas de Solidaridad Forestal y Ecología Productiva.

Lo realizado en estos años para superar la pobreza ha permitido mejorar, de forma gradual y sostenida, los niveles de vida de la población de menos recursos. Las comunidades cuentan con un entorno más favorable y nuevas bases de servicios, infraestructura y capacidades productivas para enfrentar su porvenir. Con Solidaridad las comunidades tienen un medio para progresar y el Gobierno de la República continuará cumpliendo su compromiso con la justicia social.

VII. DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO

En el nuevo orden mundial, en el que se inserta el país, la productividad y la eficiencia de los sistemas industriales se perfilan como componentes críticos del desarrollo de las naciones, vinculados estrechamente con la educación, la ciencia y la tecnología.

Por ello, la inversión en investigación científica, modernización tecnológica y formación de recursos humanos de alto nivel, constituye un elemento esencial para elevar la competitividad del país en los mercados internacionales y lograr un desarrollo equilibrado que ofrezca bienestar social.

Es indispensable continuar apoyando decidida y permanentemente a la ciencia, a la modernización tecnológica y a la formación de recursos humanos de excelencia, de tal manera que el mejoramiento científico se traduzca en un mejor aprovechamiento de los recursos escasos, en una fuerza laboral más capacitada, y que promueva una más justa y equitativa distribución del ingreso en el país.

1. Evolución de la Política de Gasto 1989 - 1993

Durante los primeros cinco años de la presente Administración se ha avanzado en la consolidación de los programas sustantivos de fomento y regulación de la investigación científica y tecnológica, de los servicios de apoyo a estas actividades y de la formación de recursos humanos. A esto han contribuido, por un lado, la reorientación de la política científica y tecnológica y, por otro, la creciente canalización de recursos federales para dichos programas.

En ese sentido, Conacyt promueve la creación y el financiamiento de los programas para el desarrollo de la ciencia y la tecnología nacionales,
 
 
 
 

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con el propósito de satisfacer las necesidades del aparato productivo y las de la investigación científica y tecnológica.

Dentro de esos programas, el de Apoyo a la Ciencia en México (Pacime), ha destinado recursos crecientes para el equipamiento de los proyectos de investigación relacionados con actividades de promoción de la ciencia. De 1991 a la fecha se han impulsado más de 1,100 proyectos de investigación de excelencia y se ha renovado el equipo de los laboratorios en todo el país. La asignación de los recursos para este programa se lleva a cabo mediante procedimientos competitivos y transparentes, que concilian la eficiencia con el respeto a la libertad académica, y estimulan la obtención de fondos concurrentes que se suman al presupuesto federal en beneficio de las universidades y los centros de investigación. Para estimular la actualización de los conocimientos y satisfacer la demanda de personal altamente calificado, el Conacyt promueve la formación de recursos humanos de alto nivel. Con tal fin, al concluir 1993, el Consejo mantendrá vigentes más de 8,500 becas de posgrado de jóvenes mexicanos inscritos en las mejores universidades del país y del mundo, lo que representa un incremento, sin precedente, en aras de crear los cuadros técnicos y profesionales que requiere el desarrollo nacional.

Con igual fin, a partir de 1993 se incrementaron los apoyos que se canalizan a través del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), a los distinguidos científicos que pertenecen a alguno de los tres primeros niveles de dicho sistema.

Para mantener el avance científico y tecnológico del país, los Fondos Presidenciales de Apoyo a la Ciencia y la Tecnología han revertido la fuga de cerebros, al repatriar a más de 500 investigadores mexicanos que se encontraban en el extranjero e incorporar a más de 300 investigadores de otros países a nuestras tareas de investigación.

El Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Científica y Tecnológica se ha convertido en uno de los principales ejes para la modernización de los equipos e insumos necesarios para la investigación y desarrollo. A la fecha se han apoyado casi 200 proyectos.

Los resultados alcanzados son alentadores; en un año y medio de operación, los programas del Conacyt en apoyo a la innovación y modernización tecnológica de la industria han canalizado recursos por casi 170 millones de nuevos pesos a empresas pequeñas y medianas, principalmente.

La modernización tecnológica del país requiere de la participación concertada de los principales agentes de la actividad empresarial, financiera, académica y pública. Por ello, en 1992 se creó el Comité Nacional de Concertación para la Modernización Tecnológica (Concertec).

En materia de financiamiento, en 1992, Nacional Financiera y Conacyt iniciaron un programa conjunto creando el Fondo de Investigación y Desarrollo para la Modernización Tecnológica (Fidetec). Este fondo apoya la innovación tecnológica de las empresas, particularmente las pequeñas, en su etapa precomercial, lo que refuerza y complementa el Programa de Desarrollo Tecnológico de Nafin. En un año y medio de operación, el Fidetec ha apoyado proyectos con un valor de más de 81 millones de nuevos pesos, principalmente en los sectores de manufacturas, aplicación agropecuaria de biotecnología y protección del medio ambiente.

En el período 1989 - 1993, el gasto federal en ciencia y tecnología en relación al producto interno bruto ha aumentado de manera gradual y constante; en los últimos cinco años, ésta ha pasado de 0.27 por ciento en 1988, a 0.40 por ciento en 1993. Asimismo, los recursos destinados habrán presentado un crecimiento real acumulado de 71.7 por ciento en el mismo período.

II. Política de Gasto Público 1994.

Un factor decisivo para el desarrollo de la ciencia y tecnología en México en los próximos años es, sin duda, la capacidad para dar continuidad a los programas que han tenido resultados exitosos en el presente, así como aquellos que, por su propia naturaleza, requieren de un plazo relativamente largo de maduración para rendir los frutos esperados.

El reto de la modernización tecnológica de México es complejo y requiere de la participación decidida de todos: Gobierno, centros de investigación y empresas. Las políticas del Gobierno de la República en materia económica y de modernización industrial han sentado bases firmes para una nueva etapa de crecimiento sostenido. Ahora corresponde a los sectores privado y social dar los pasos necesarios para poner a la industria mexicana en condiciones de competitividad que le permita alcanzar niveles crecientes de productividad, y así, mejorar de manera duradera el nivel de vida de los mexicanos.
 
 
 
 

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Para 1994 se seguirá fortaleciendo la aplicación de la estrategia científica y tecnológica a través de los distintos planes y programas creados. Con este propósito, para continuar promoviendo los proyectos de investigación sobre actividades científicas, se seguirán destinando recursos a la inversión para el equipamiento de los centros donde se realizan, a través del Pacime.

De igual forma, se seguirá apoyando la formación de recursos humanos de alto nivel, mediante el otorgamiento de becas para cursar estudios de posgrado en México y en el extranjero.

A fin de impulsar la formación de capital humano para la investigación y el desarrollo científico, el Gobierno Federal destinará recursos al SNI, para mantenerlo como un efectivo instrumento de política científica y tecnológica de excelencia y alta productividad.

Asimismo, se seguirá promoviendo la repatriación de investigadores mexicanos y la incorporación de investigadores de otros países, mediante los Fondos Presidenciales de Apoyo a la Ciencia y la Tecnología.

Continuará el apoyo decidido al desarrollo tecnológico. Las empresas industriales mexicanas, se enfrentan al reto de consolidar ventajas competitivas duraderas, que les permitan ganar y conservar mercados internacionales. En consecuencia, la política del Gobierno Federal en apoyo a la innovación industrial se esforzará por garantizar los derechos de propiedad industrial y dotar de confiabilidad a las normas, medidas y especificaciones que la producción industrial moderna exige, procurando que en todos los casos los fondos públicos complementen a los de las propias empresas en el financiamiento de los proyectos.

Adicionalmente, a fin de impulsar a las empresas a acelerar la modernización de su tecnología, Nacional Financiera pondrá en marcha una nueva modalidad de Financiamiento a la Actualización Tecnológica que apoyará proyectos encaminados a la adquisición de maquinaria y equipo que incorporen tecnologías de punta, para que las empresas mexicanas puedan hacer frente a la competencia global. Conacyt complementará estas acciones en lo que se refiere a la capacitación de los recursos humanos que las empresas requerirán para operar los nuevos equipos y hacer una asimilación eficaz y cabal de las nuevas tecnologías.

Para 1994, se propone que el presupuesto para el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología ascienda a 827.2 millones de nuevos pesos, lo que significa un crecimiento de 14.7 por ciento en términos reales con respecto al ejercido en 1993. En relación con el gasto de 1988, el crecimiento acumulado real de los recursos del Consejo será de 184.7 por ciento.

Asimismo, se impulsarán el crecimiento y la consolidación de los centros SEP - Conacyt. El método para la asignación de recursos a estos centros continuará tomando en consideración indicadores de desempeño, tales como la excelencia científica y tecnológica, la formación de recursos humanos, la vinculación con el sector privado y la eficiencia administrativa. De esta forma, los recursos se canalizan a las instituciones con base en criterios de eficiencia y productividad.

El objetivo del presupuesto de egresos para el ejercicio de 1994 en ciencia y modernización tecnológica es continuar coadyuvando al incremento de la cantidad y calidad de la infraestructura física y recursos humanos que son utilizados en esas actividades, así como a motivar una mayor participación privada en su financiamiento. Con ese propósito, en 1994 el presupuesto federal asignado a estas actividades será de 5 mil 280 millones de nuevos pesos, lo que representa un incremento real del 11.1 por ciento respecto a 1993. De este modo, los recursos destinados a ciencia y tecnología presentan un incremento acumulado de 90.8 por ciento, de 1988 a 1994.

Este aumento permitirá que la relación del gasto federal en ciencia y tecnología con respecto al producto interno bruto sea de 0.43 por ciento. Con ello, el Gobierno de la República reitera su compromiso de avanzar, gradual pero decididamente, hacia niveles de inversión en ciencia y modernización tecnológica acordes con las necesidades del país, y con los retos derivados de la globalización económica.

VIII. PROGRAMA DE PROTECCIÓN

ECOLÓGICA

La gestión en materia ecológica de la Administración Pública Federal se ha orientado a armonizar el crecimiento económico con la preservación del medio ambiente, y la conservación y el aprovechamiento racional de los recursos naturales. Para ello, los programas del gobierno incorporan tareas y acciones sistemáticas dirigidas a su protección, que han permitido atenuar y revertir procesos de depredación de los recursos naturales que deterioran la calidad de vida de la población.
 
 
 
 

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Una de las principales líneas que han conducido la acción gubernamental en este campo, ha sido otorgar elevada prioridad a que las acciones que realizan las dependencias y entidades públicas cumplan estrictamente con la normatividad ecológica vigente e incluso vayan más allá.

Ello ha significado que, en las inversiones públicas para aumentar el acervo de infraestructura que demanda el proceso de modernización del país, el componente ambiental cobra una importancia significativa. Los nuevos procesos de transformación que son efectuados actualmente bajo responsabilidad del Estado se llevan a cabo con tecnologías que no impactan negativamente el entorno ambiental.

Es posible identificar este efecto de manera más notable en el sector energético. En el curso de la presente administración, un monto significativo de las inversiones realizadas directamente por Pemex y las entidades del subsector eléctrico se han canalizado a modificar sus procesos productivos para cumplir cabalmente con la legislación ambiental.

Dentro de las asignaciones presupuestales destinadas al sector, se ha otorgado especial prioridad a la producción de energéticos que contienen menores cantidades de ingredientes tóxicos, contribuyéndose de esta forma a ampliar la oferta de combustibles que garantizan una reducción significativa de la contaminación.

La política ambiental ha registrado un importante avance con el desarrollo de programas integrales de protección ecológica. Ello, alienta la inversión privada en esa materia y mantiene una creciente participación de la población en la atención de los problemas ecológicos. Asimismo, en apoyo a esta política se han consolidado las instituciones y establecido disposiciones jurídicas para proteger el entorno.

El Instituto Nacional de Ecología ha fortalecido la base normativa que permite sustentar las acciones para controlar los procesos que deterioran los recursos naturales. Por su parte, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), verifica las condiciones que guarda la calidad del agua, aire y suelo, a través de un estricto seguimiento a industrias y agentes contaminantes. Se vigila que éstas cumplan con las normas vigentes en materia ecológica.

I. Evolución de la Política de Gasto Público 1989 - 1993

En el transcurso de los cinco primeros años de esta Administración, se ha logrado conformar una base legal, técnica y operativa más eficaz para impulsar las acciones tendientes a lograr los propósitos establecidos.

Hoy en día 29 estados del país han establecido leyes en materia ecológica. Asimismo, la creación de representaciones de la Profepa en cada uno de los estados, hizo posible promover y coordinar programas, vigilar el cumplimiento de la normatividad ambiental, impulsar la participación social, y fortalecer el Sistema de Quejas y Denuncia Popular.

La Ley Federal sobre Metrología y Normalización permitió descentralizar la expedición de normas oficiales mexicanas, de la Secofi hacia todas las dependencias públicas. La creación del Comité Consultivo Nacional de Normalización para la Protección Ambiental, contribuyó a fortalecer los objetivos de la legislación correspondiente, y a incorporar el esfuerzo de los sectores social y privado, así como de la comunidad científica. A la fecha se han publicado 68 Normas Oficiales Mexicanas, y 73 más se encuentran en elaboración. Cabe señalar que conforme a lo establecido en la ley citada, todas estas normas se consultan ampliamente con la sociedad y se someten a un análisis costo - beneficio social que respalda su pertinencia.

En apoyo a la planeación y regulación de las actividades económicas y sociales, y considerando los usos del suelo, se desarrollaron actividades para la conformación de un nuevo esquema de regulación ambiental, entre las que destacan la conclusión de la primera etapa del Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio Nacional y la conformación de la base de datos del Sistema de Información de Ordenamiento Ecológico. Asimismo, se concluyeron 26 proyectos de ordenamiento ecológico regional, dos de los cuales fueron diseñados como instrumentos de apoyo a la legislación local para adecuar los planes municipales de desarrollo urbano. Además, en los últimos años se elaboraron cuatro criterios técnicos, que apoyan los estudios de ordenamiento ecológico a cargo de los gobiernos estatales, para normar en materia ambiental las actividades agrícola, pecuaria, portuaria y petrolera.

Ante la necesidad de revertir el deterioro ambiental que afecta a las ciudades medias de la frontera norte, el Gobierno Federal acordó con el gobierno de los Estados Unidos la elaboración de un plan en materia ambiental conocido como Plan Integral Ambiental Fronterizo (PIAF), que en su primera etapa abarca el período 1992 - 1994.
 
 
 
 

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Dentro de dicha etapa se integró un programa de corto plazo que comprendió principalmente obras encaminadas a mejorar la imagen urbana de 9 ciudades fronterizas. A partir del segundo semestre de 1992 y durante 1993, se han realizado obras para: proteger la calidad del agua, control y tratamiento de aguas residuales, proteger la calidad del aire, manejo de materiales y residuos peligrosos, control de plaguicidas, vialidad y transporte, alcantarillado y control de cauces, entre otros.

Por su parte, a través del Programa Ambiental de México se han efectuado acciones para fortalecer, modernizar y descentralizar la capacidad de gestión ambiental; prevenir el deterioro y restablecer la calidad del ambiente; conservar la biodiversidad; consolidar el Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas; y la creación de corredores ecológicos.

Adicionalmente a estos avances, destaca la participación de los sectores social y privado, principalmente en lo relativo a las obras de construcción, equipamiento y mantenimiento de la infraestructura para la protección ecológica y de los recursos naturales.

El desarrollo del país y la apertura comercial han generado nuevos polos industriales que estimulan la migración de la población, ante lo cual se promovieron acciones que conllevan al aprovechamiento racional y sostenible de los recursos naturales y al mejoramiento de la calidad del medio ambiente.

Con este propósito, existe ya una base de datos con los registros de los principales proyectos productivos.

Asimismo, fueron diseñados procedimientos para descentralizar la evaluación de aquéllos de atribución federal, y se ha fortalecido la capacidad técnico - operativa de los gobiernos estatales y municipales, para la atención de los que son de su competencia.

A través del Programa Nacional para la Prevención de Accidentes de Alto Riesgo Ambiental, y en coordinación con los gobiernos estatales, se integró un inventario de 732 empresas ubicadas en 76 centros urbanos, recibiéndose 518 estudios de análisis de riesgo. De ese inventario, en 1993 fueron seleccionados los 30 centros urbanos y zonas industriales del país con mayor riesgo potencial, en donde las empresas son monitoreadas de manera especifica.

Como parte del Programa Nacional de Auditorías Ambientales, se han efectuado 158 auditorías en nueve estados de la República y la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. Destacan las 16 realizadas a empresas de alto riesgo de la Zona de Coatzacoalcos - Minatitlán, que permitió establecer en estas empresas medidas necesarias para minimizar riesgos a la población y el ambiente. Para coadyuvar a la prevención y control de la contaminación ambiental, se efectuaron a nivel nacional 17,324 visitas de inspección a industrias.

La operación y mantenimiento de la Red Automática de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México, constituida por 33 estaciones en operación, fue transferida a la Comisión Metropolitana para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental. Asimismo, se han instalado 18 Redes de Monitoreo Atmosférico en igual número de ciudades del país.

En 1991 se estableció el Programa Regional de Administración de la Calidad del Aire en Zonas Críticas, con el objeto de ordenar la información de contaminación de fuentes fijas y vehículos, y llevar a cabo su seguimiento y monitoreo. Ello contempla los análisis de uso del suelo y meteorológico, el diseño de la red de monitoreo y la gestión local para su operación.

La Red Nacional de Monitoreo de la Calidad del Agua, mediante 364 estaciones distribuidas en los principales cuerpos de agua del país, ha constituido la base para definir medidas correctivas o preventivas para la conservación del agua.

En relación al manejo, tratamiento y disposición final de residuos sólidos, se ha supervisado la operación de plantas privadas de reciclado de materiales peligrosos y los confinamientos controlados y rellenos industriales que actualmente se encuentren en operación.

En los últimos cinco años, se amplió significativamente la atención de áreas naturales protegidas, al aumentar su extensión de 4.8 millones de hectáreas en 1988 a 7.8 millones en 1993. De esta forma se incrementó la cobertura de la superficie protegida al 4.0 por ciento del territorio nacional.

Asimismo, para lograr las metas que se han establecido, Pemex ha canalizado crecientes recursos a la construcción y rehabilitación de plantas para el mejoramiento del diesel y las gasolinas; en instalaciones para el tratamiento de afluentes y desechos sólidos, líquidos y gaseosos; y en la elaboración de las bases normativas para llevar a cabo las auditorías de seguridad industrial y protección ambiental en los organismos y áreas corporativas, así como verificar su cumplimiento. El compromiso del gobierno mexicano en materia ambiental ha sido reiterado firmemente al participarse en más de 26 reuniones con distintos países de América Latina, el Caribe y Europa. Asimismo se negociaron más de 200 estudios de cooperación técnica y financiera con el Banco
 
 
 
 

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Mundial, el Fondo Mundial del Ambiente, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, con los gobiernos de Canadá y Estados Unidos, y la Comisión de Comunidades Europeas, entre otros.

Hoy existen programas más eficaces que permiten controlar, revertir y reducir el impacto de las concentraciones demográficas y de las actividades económicas en la naturaleza. Este proceso busca equilibrar el estímulo a la producción y la productividad, con el aprovechamiento de los recursos naturales y la mejoría en el nivel de vida de la población.

II. Política de Gasto Público 1994.

La política ecológica del Gobierno Federal en 1994 mantendrá la estrategia de armonizar el crecimiento económico con la calidad del medio ambiente, mediante acciones que ataquen el origen de los problemas en el mismo lugar en que se generan y promuevan la participación directa de los beneficiados, distribuyendo los costos entre los agentes causantes del deterioro. Las líneas de acción comprenden:

Fortalecer las disposiciones legales y reglamentarias de carácter federal y local;

Reforzar la atención en las principales zonas urbanas e industriales;

Establecer y reforzar la inclusión de criterios de impacto ambiental en la realización de actividades productivas y el establecimiento de nuevas industrias;

Continuar promoviendo sistemas de financiamiento para el desarrollo de tecnología y la aplicación de procesos anticontaminantes; y la asignación de recursos para impulsar estudios e investigaciones que contribuyan al conocimiento y uso de la biodiversidad;

Optimizar los recursos financieros que se canalicen a los programas ecológicos;

Apoyar el fortalecimiento de la capacidad de los gobiernos municipales en la gestión ambiental; Intensificar los programas que promuevan la conciencia social de protección a los recursos naturales y de atención a los procesos de degradación del ambiente y

Fortalecer la presencia del país en materia ecológica en foros internacionales.

Para 1994, las actividades ambientales del Gobierno Federal buscarán complementar el marco jurídico ecológico; continuar realizando los cambios necesarios a las normas técnicas ambientales para actualizar y reglamentar su regulación y promover el uso racional del suelo, a través del ordenamiento ecológico del territorio.

Por otra parte, se impulsarán las acciones tendientes al mejoramiento de la calidad del aire, especialmente en las zonas de alta concentración demográfica e industrial, así como los programas que disminuyan la contaminación del agua, que mejoren su calidad y que promuevan su óptimo aprovechamiento.

Asimismo, se intensificarán las auditorías ambientales y la inspección y vigilancia de los principales centros industriales y urbanos del país, con énfasis en las ciudades de la frontera norte; continuará otorgándose prioridad a las acciones de prevención y control de la contaminación del suelo; y a las que permitan la recuperación de ecosistemas deteriorados, y aquellas encaminadas a la preservación de los que aún no lo están.

Otras acciones importantes serán las que impulsen los programas de educación ambiental, asegurando la participación y corresponsabilidad de la sociedad en los asuntos ecológicos; y las que permitan incrementar la infraestructura para la protección y preservación de los recursos naturales.

Para mejorar el medio ambiente y elevar la calidad de vida de los habitantes de la frontera norte del país, a partir de 1994 México fortalecerá sustancialmente las acciones de mejoramiento ambiental que venía realizando dentro del PIAF, a través del Proyecto Ambiental para la Frontera Norte.

En la primera etapa de este proyecto, que se desarrollará principalmente en los próximos años, se enfatizan los siguientes aspectos: fortalecimiento de los trabajos de la Profepa en la región; reforzamiento de la capacidad estatal y municipal para aplicar las leyes ambientales; protección de áreas y recursos naturales a lo largo de la frontera; mejoramiento de los procesos de tratamiento y disposición final de residuos sólidos; pavimentación de colonias populares; aumento de la eficiencia del transporte urbano para disminuir la contaminación ambiental; mejoramiento del control de las emisiones y desechos industriales; saneamiento del agua; y fortalecimiento de la capacidad de administración del medio ambiente.

Por su parte, Pemex y CFE, y otras empresas paraestatales, continuarán ajustando rápidamente sus procesos de producción a la normatividad ambiental y mantendrán una participación creciente dentro de las acciones gubernamentales para proteger el medio ambiente, a través,
 
 
 
 

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entre otras acciones, de la producción de energéticos que reducen las emisiones contaminantes.

Se propone un presupuesto para 1994 de 1 mil 819 millones de nuevos pesos para el Programa de Protección Ecológica. Por su parte, la inversión en el sector crecerá 59.3 por ciento en relación a 1993. Adicionalmente, al considerar los diversos programas con impacto ecológico que lleva a cabo la Administración Pública Federal, el Departamento del Distrito Federal, las entidades bajo control indirecto presupuestal y los gobiernos estatales, el gasto público en 1993 equivale a 1.0 por ciento del producto interno bruto. Debido a la importancia que tienen para esta administración las acciones que permiten atenuar y revertir los procesos de depredación de los recursos naturales, para 1994 el Estado destinará un gasto ligeramente superior, como proporción del PIB, al de 1993.

IX PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL COSTO DE LA DEUDA PÚBLICA

Durante 1993, el saldo de la deuda pública continuó descendiendo como resultado del saneamiento de las finanzas públicas. En efecto, la deuda total neta consolidada con el Banco de México se redujo de representar el 68.3 por ciento del PIB en 1988, a 22.0 en 1993.

El menor acervo de endeudamiento público y el comportamiento de las tasas de interés permitirán que el pago de intereses de la deuda disminuya del 17.7 por ciento del PIB en 1988, al 3.1 por ciento en 1993.

La estrategia de deuda para 1994 continuará con los lineamientos señalados en el Plan Nacional de Desarrollo. Se proseguirá con la diversificación de las fuentes de financiamiento externo, mejorando las condiciones financieras de los créditos contratados y asegurando la permanencia de la disminución en las transferencias netas de recursos al exterior para sustentar sobre bases sólidas el crecimiento de la economía. En materia de deuda interna, se buscará satisfacer las necesidades transitorias de crédito del sector público sin afectar al mercado interno de fondos prestables y sin recurrir a financiamientos que podrían ser inflacionarios.

Así, el proyecto de presupuesto para el costo de la deuda en 1994 asciende a 31 mil 160 millones de nuevos pesos, menor en 14.5 por ciento real al de 1993, y equivalente al 2.5 por ciento del PIB.

Los intereses correspondientes al Gobierno Federal son de 26 mil 409 millones de nuevos pesos, lo que significa un descenso de 14.7 por ciento en términos reales con relación a 1993. Los organismos y empresas bajo control directo presupuestal destinarán al pago de intereses 4 mil 751 millones de nuevos pesos que, comparados con os de 1993, representan un decremento del 13.00 por ciento en términos reales.

Por último, en 1994 se consideran adeudos de ejercicios fiscales anteriores por 4 mil 448 millones de nuevos pesos.
 
 

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X PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PODER LEGISLATIVO

Con el propósito de cumplir con sus funciones y alcanzar sus objetivos y metas previstas, el Poder Legislativo envió para su inclusión en este proyecto, una propuesta de gasto que, sumada a la previsión del paquete salarial, asciende a 591.3 millones de nuevos pesos. Esta propuesta para 1994 refleja una disminución respecto a 1993, ya que en este último año se ejercieron 111.4 millones de nuevos pesos para cubrir la tercera fase del programa de reconstrucción del Palacio Legislativo de San Lázaro.
 
 

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El gasto en inversión se destinará a adquirir mobiliario y equipo de administración para las áreas reconstruidas del recinto legislativo; asimismo se terminará la construcción del edificio alterno del Senado de la República que albergará a sus unidades administrativas.

PODER JUDICIAL

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación considera el nivel de gasto propuesto por el Poder Judicial en el ejercicio de su autonomía, el cual asciende a 1 mil 099 millones de nuevos pesos.
 
 

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Además de su operación normal, el presupuesto planteado incluye la instalación de 14 órganos de impartición de justicia (cinco tribunales unitarios, cinco juzgados de distrito y cuatro tribunales colegiados); la construcción y adaptación de inmuebles para sus órganos jurisdiccionales en el interior del país y la incorporación de tribunales unitarios y juzgados de distrito de diversos estados de la República al Programa de Automatización de Procesos Judiciales,, emprendido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA

El proyecto de presupuesto para la administración pública central plantea un nivel de gasto programable por 140 mil 140 millones de nuevos pesos, cifra superior en 8.4 por ciento real al cierre estimado para 1993.
 
 
 
 

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En la integración de sus componentes, el gasto corriente muestra un monto de 111 mil 042 millones de nuevos pesos, equivalente a una variación real de 10.0 por ciento frente al cierre estimado para 1993. Este gasto incluye un presupuesto para servicios personales que muestra un incremento real anual de 14.5 por ciento. Dicho aumento se explica por los recursos necesarios para cubrir el gasto regularizable, la previsión de incrementos salariales, y para la creación de nuevas plazos, principalmente en los sectores de educación, salud, procuración de justicia y seguridad nacional. Asimismo, en el rubro de servicios personales se incluyen recursos para reconocimientos por productividad.

Por su parte, el gasto de capital ascenderá a 29 mil 098 millones de nuevos pesos, dentro del que destaca la inversión física directa con un monto de 16 mil 645 millones de nuevos pesos, representando en términos reales un crecimiento de 20.8 por ciento.
 
 

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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL

La política de gasto del sector paraestatal bajo control presupuestal directo tiene como propósito consolidar los avances logrados en materia de saneamiento financiero y modernización de la empresa pública, propiciando su eficiencia, productividad y competitividad frente a un nuevo contexto macroeconómico.

El proyecto de gasto programable de los organismos y las empresas de control presupuestal directo asciende a 106 mil 463 millones de nuevos pesos. La distribución de estos recursos se especifica en los cuadros que se presentan a continuación.

Por su parte, el gasto de capital ascenderá a 22 mil 228 millones de nuevos pesos. Dentro de ésta sobresale la inversión física con un presupuesto de 20 mil 344 millones de nuevos pesos, 5.2 por ciento real superior al del año anterior.
 
 

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ÓRGANOS ELECTORALES

Para la ejecución de las acciones de los Órganos Electorales, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 1994 incorpora 2 mil 223 millones de nuevos pesos que se canalizarán, principalmente, a concluir el Programa de Fotocredencialización; atender las tareas inherentes al desarrollo del proceso electoral federal y al pago del financiamiento público a partidos políticos conforme a lo previsto por la legislación electoral para el trienio 1992 - 1994.

El gasto de inversión se destina a la terminación y equipamiento del edificio sede del Tribunal Federal Electoral y la rehabilitación de oficinas de las Juntas Federales del Instituto Federal Electoral, infraestructura necesaria para un desempeño adecuado de sus altas responsabilidades.
 
 

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TRIBUNALES AGRARIOS

Para dar cumplimiento a los objetivos establecidos de los Tribunales Agrarios, su proyecto de presupuesto asciende, para 1994, a 144.9 millones de nuevos pesos, lo que implica un crecimiento del 2.4 por ciento real respecto de 1993. Los recursos presupuestales presentan la siguiente distribución:
 
 

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RESULTADO PRESUPUESTAL

Para 1994, las finanzas públicas consideran un equilibrio entre el total de ingresos y egresos. En el resultado propuesto, la suma de los ingresos es igual al costo financiero de la deuda interna y externa más el gasto primario del sector público.

Cabe señalar que este equilibrio financiero se obtendrá no obstante la reducción de los ingresos por la disminución de precios y tarifas de bienes y servicios del sector público y de tasas impositivas, y el incremento en el gasto programable.

Como quedó expuesto, la distribución sectorial del gasto programable se orientará primordialmente a los sectores de desarrollo social y rural, y a la infraestructura básica.

A fin de alcanzar un balance presupuestal, el endeudamiento neto de 600 millones de nuevos pesos del sector público bajo control directo presupuestal se compensará con un superávit de igual cantidad del sector paraestatal bajo control indirecto. El endeudamiento neto correspondiente al Gobierno Federal será de 6 mil 788 millones de nuevos pesos. Por su parte, los organismos y empresas presentarán un superávit de 6 mil 188 millones de nuevos pesos. Por consiguiente, el sector público bajo control directo presupuestal requerirá de un endeudamiento neto de 600 millones de nuevos pesos. El equilibrio en el balance financiero se obtendrá en virtud de que el sector paraestatal bajo control indirecto obtendrá un superávit por la misma cantidad.
 
 

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INICIATIVA DE DECRETO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 1994.

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1o. El ejercicio y control del gasto público federal y de las erogaciones del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año de 1994, se sujetarán a las disposiciones de este Decreto y a las demás aplicables a la materia.

Artículo 2o. Las erogaciones previstas en el Presupuesto de Egresos para la Presidencia de la República, las dependencias, del Ejecutivo Federal y los ramos de Aportaciones a Seguridad Social y Erogaciones no Sectorizables para el año de 1994, importante la cantidad de............N$107,509,089,500 (ciento siete mil quinientos nueve millones ochenta y nueve mil quinientos nuevos pesos, moneda nacional) y se distribuyen de la siguiente manera:
 
 

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Estos recursos se ejercerán conforme a los programas respectivos.

Artículo 3. Las erogaciones previstas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para las Entidades Federativas y Municipios en el año de 1994, importan la cantidad de N$71,181,200,000 (Setenta y un mil ciento ochenta y un millones doscientos mil nuevos pesos, moneda nacional) y se distribuyen de la siguiente manera:
 
 

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El Ramo 00025 correspondiente a Aportaciones para Educación Básica en los Estados, será administrado por las Secretarías de Educación Pública y de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de sus respectivas atribuciones.

Las previsiones del Ramo 00026 correspondiente a Solidaridad y Desarrollo Regional se orientarán a obras y proyectos de inversión de vivienda, educación, agua potable, salud, electrificación, infraestructura agropecuaria y preservación de los recursos naturales, que atiendan la demanda directa de las comunidades indígenas, campesinas y grupos populares urbanos. Asimismo, se destinarán a promover proyectos productivos en el medio rural y urbano, con la debida asistencia técnica. Además, tales previsiones se orientarán a otros programas especiales de bienestar general. Los recursos por este concepto serán intransferibles, debiendo informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el manejo de los fondos solidaridad del Distrito Federal, estatales, municipales y especiales apoyados con recursos federales.

El Ramo 00026 Solidaridad y Desarrollo Regional, será administrado por la Secretaría de Desarrollo Social, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de sus respectivas atribuciones.

Las erogaciones correspondientes al Ramo 00028 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, se ejercerán en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal.

Artículo 4. El Presupuesto de Egresos del Poder Legislativo para el año de 1994, importa la cantidad de N$549,686,100 (Quinientos cuarenta y nueve millones seiscientos ochenta y seis mil cien nuevos pesos, moneda nacional).

Artículo 5. El Presupuesto de Egresos del Poder Judicial para el año de 1994, importa la cantidad de N$850,131,000 (Ochocientos cincuenta millones ciento treinta y un mil nuevos pesos, moneda nacional).

Artículo 6. Las erogaciones previstas para el año de 1994, correspondientes a las entidades paraestatales, cuyos programas están incluidos en este Presupuesto, se distribuyen de la siguiente manera:
 
 

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Las cifras expresadas para los organismos subsidiarios de Petróleos Mexicanos no incluyen operaciones realizadas entre ellos.

Del total de la suma obtenida por las cantidades desglosadas en el presente artículo, el importe financiado con recursos propios y créditos asciende a N$91,447,888,600; mientras que el de las transferencias incluidas en el gasto del Gobierno Federal es por N$15,014,794,800.

Artículo 7o. Las erogaciones previstas en el Presupuesto de Egresos para el pago del servicio de la deuda del Gobierno Federal en 1994, importa la cantidad de N$26,408,500,000 (Veintiséis mil cuatrocientos ocho millones quinientos mil nuevos pesos, moneda nacional) y se distribuyen de la siguiente manera:
 
 

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Los intereses y comisiones correspondientes a las entidades paraestatales cuyos programas están incluidos en este presupuesto ascienden a la cantidad de N$4,751,104,800 (Cuatro mil setecientos cincuenta y un millones ciento cuatro mil ochocientos nuevos pesos, moneda nacional).

Las asignaciones para el pago de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores del Gobierno Federal importan la cantidad de N$4,448,000,000 (Cuatro mil cuatrocientos cuarenta y ocho millones de nuevos pesos, moneda nacional).

El ejercicio de los recursos a que se refiere este artículo estará vinculado a la evolución de las condiciones económicas y sociales del país y, en su caso, se ajustará a los requerimientos que demande el desarrollo nacional.
 
 
 
 

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El Ejecutivo Federal estará facultado para realizar amortizaciones de deuda pública hasta por un monto equivalente al financiamiento derivado de colocaciones de deuda, en términos nominales. Adicionalmente podrá amortizar deuda pública, en su caso, hasta por el monto del superávit presupuestario. El Ejecutivo Federal informará de estos movimientos a la Cámara de Diputado, al rendir la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.

Lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicable, también a las entidades paraestatales.

Artículo 8o. Las erogaciones previstas en el Presupuesto de Egresos para el Ramo 00022 Órganos Electorales, para el año de 1994, importan la cantidad de N$1,777,800,000 (Un mil setecientos setenta y siete millones ochocientos mil nuevos pesos, moneda nacional).

Artículo 9o. Las erogaciones previstas en el Presupuesto de Egresos para el Ramo 00031 Tribunales Agrarios, para el año de 1994, importan la cantidad de N$116,500,000 (Ciento dieciséis millones quinientos mil nuevos pesos, moneda nacional).

Artículo 10. Los titulares de las dependencias así como los órganos de gobierno y los directores o sus equivalentes de las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal, en el ejercicio de sus presupuestos aprobados, serán responsables de que se ejecuten con oportunidad y eficiencia las acciones previstas en sus respectivos programas, a fin de coadyuvar a la adecuada consecución de las estrategias y objetivos fijados en el Plan Nacional de Desarrollo, en los Programas Sectoriales de Mediano Plazo, Programas Operativos Anuales y demás programas formulados con base en la Ley de Planeación.

Las Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Contraloría General de la Federación, en el ámbito de sus respectivas competencias, verificarán periódicamente los resultados de la ejecución de los programas y presupuestos de las dependencias y entidades, en relación con las estrategias, prioridades y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, de los criterios de política económica, de los programas de desarrollo, del Programa Nacional de Solidaridad y de los proyecto de modernización del aparato productivo, en el contexto de la recuperación económica y la estabilidad, a fin de que se adopten las medidas necesarias para su debida observancia. Igual obligación y para los mismos fines, tendrán las dependencias de la Administración Pública Federal, respecto de las entidades agrupadas en el sector que coordinan.

Las dependencias y entidades deberán dar debida observancia a los lineamientos expedidos por la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, respecto del Programa de Mediano Plazo par el cierre de la Administración Pública Federal.

Artículo 11. En el ejercicio de sus presupuestos, las dependencias y entidades comprendidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1994, se sujetarán estrictamente a los calendarios de gasto que les apruebe la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La aprobación de los calendarios de gasto deberá quedar concluida, a más tardar, en los primeros 20 días del ejercicio.

Las ministraciones de fondos a las dependencias serán autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de acuerdo con los programas aprobados, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, y en su caso, podrá reservarse dicha autorización y solicitar a las coordinadoras de sector la revocación de las autorizaciones que hayan otorgado a sus entidades coordinadas, en los siguientes casos:

I. Cuando no envíen la información que les sea requerida, en relación con el ejercicio de sus programas y presupuesto, con base en lo dispuesto por el artículo 38 de este Decreto;

II. Cuando del análisis del ejercicio de sus presupuestos y en el desarrollo de sus programas resulte que no cumplen con las metas de los programas aprobados o se capten desviaciones que entorpezcan su ejecución y constituyan distracciones en los recursos asignados a los mismos;

III. En el caso de subsidios, las entidades que no remitan la cuenta comprobada a más tardar el día 25 del mes siguiente al del ejercicio de dichos recursos, motivará la inmediata suspensión de las subsecuentes ministraciones de fondos que, por el mismo concepto, se hubieren autorizado, a sí como el reintegro de lo que se haya suministrado:

IV. Cuando en el manejo de sus disponibilidades financieras no cumplan con los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público:

V. Cuando en los términos del artículo 30 del presente Decreto, se hayan celebrado convenios de asunción de pasivos y no se cumpla con las
 
 
 
 

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obligaciones pactadas y los programas de saneamiento respectivos o con los compromisos de déficit o superávit; y

VI. En general, cuando no ejerzan sus presupuestos con base en las normas que al efecto se dicten.

Salvo lo previsto en los artículo 14 y 35 del presente Decreto, no se autorizarán adecuaciones a los calendarios de gasto que tengan por objeto anticipar la disponibilidad de recursos, ni tampoco ampliaciones líquidas a los presupuesto; en consecuencia, las dependencias y entidades deberán observar un cuidadoso registro y control de su ejercicio presupuestal, sujetándose a los compromisos reales de pago.

Las entidades o comprendidas en el presupuesto, se sujetarán los calendarios de gasto que aprueben sus respectivos órganos de gobierno, con base en los lineamientos generales que emita la propia Secretaría.

Artículo 12. Para que las dependencias y entidades puedan ejercer créditos externos, será necesario que la totalidad de los recursos correspondientes se encuentren incluidos en sus respectivos presupuestos autorizados y se cuente con la aprobación previa y expresa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Los recursos que se prevean ejercer por este concepto serán intransferibles y sólo podrán contratados los créditos.

En los créditos externos que contraten las entidades paraestatales, se deberá establecer la responsabilidad de éstas para que cubran el servicio de deuda que los créditos generen. Cuando la contratación de estos créditos, tratándose de fideicomisos públicos, pueda redundar en incrementos de los patrimonios fideicomitidos, se requerirá de la autorización previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Asimismo, y sin perjuicio de la observancia de las disposiciones que resulten aplicables, las dependencias y entidades dentro de sus presupuestos autorizados, deberán utilizar los recursos externos contratados, para la adquisición de los bienes y servicios de procedencia extranjera que requieran.

Las dependencias y entidades sólo podrán cubrir el costo de los bienes y servicios a que se refiere el párrafo anterior sin utilizar recursos externos, en casos excepcionales, debidamente justificados y de acuerdo con la normatividad vigente.

Artículo 13. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el ejercicio del presupuesto, vigilará que no se adquieran compromisos que rebasen el monto del gasto que se haya autorizado y no reconocerá adeudos ni pagos por cantidades reclamadas o erogaciones efectuadas en contravención a lo dispuesto en este artículo.

Será causa de responsabilidad de los titulares de las dependencias, así como los órganos de gobierno y directores o sus equivalentes de las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal , en el ámbito de sus respectivas competencias, contraer compromisos fuera de las limitaciones de los presupuestos aprobados para las mismas; acordar erogaciones que no permitan la atención de los servicios públicos y el cumplimiento de sus metas durante el ejercicio presupuestal; así como el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizar dichos compromisos, salvo lo previsto en el artículo siguiente.

Las partidas a que se refiere el párrafo tercero de la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sólo serán las comprendidas en el concepto 8100 del Ramo 00023 Erogaciones no Sectorizables.

Artículo 14. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, autorizará erogaciones adicionales para aplicarlas a proyectos de inversión de carácter social a programas y proyectos estratégicos o prioritarios del Gobierno Federal, tales como desarrollo rural, comercialización de productos agropecuarios, educación, salud, vivienda, infraestructura básica y medio ambiente, así como para amortizar deuda pública, con cargo a:

I. Excedentes que resulten de los ingresos ordinarios a que se refiere el artículo 1o. de la ley de Ingresos de la Federación, con excepción de los incisos 1, 2, 3 y 4 de su fracción II "Aportaciones y Abonos Retenidos a los Trabajadores por Patrones para el Fondo nacional de la Vivienda para los Trabajadores", "Cuotas para el Seguro Social a cargo de Patrones y trabajadores", "Cuotas para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a cargo de los citados Trabajadores" y "Cuotas para el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas a cargo de los Militares";

II. Excedentes relativos a ingresos ordinarios presupuestarios de las entidades paraestatales, y
 
 
 
 

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III. Ingresos que obtenga el Gobierno Federal como consecuencia de la desincorporación de entidades paraestatales, o del retiro de la participación estatal en aquellas que no sean estratégicas o prioritarias, o de la enajenación de otros bienes muebles o inmuebles que no le sean útiles o no cumplan con los fines para los que fueron creados o adquiridos, así como de los provenientes de la recuperación de seguros.

En el caso de excedentes relativos a ingresos ordinarios presupuestarios de las entidades paraestatales, serán canalizados para fortalecer, preferentemente y, cuando así lo amerite, su propia situación financiera.

Asimismo, se podrán autorizar erogaciones adicionales con cargo a los ingresos extraordinarios que obtenga el Gobierno Federal por concepto de empréstitos y financiamientos diversos, los que se destinarán a los programas y proyectos específicos para los que hubieren sido contratados.

El Ejecutivo Federal, al presentar a la Cámara de Diputados la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente a 1994, dará cuenta de las erogaciones que se efectúen con base en este artículo.

Artículo 15. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, efectuará las reducciones a los montos de los presupuestos aprobados a las dependencias y entidades, cuando se presenten contingencias que repercutan en una disminución de los ingresos presupuestados.

Para los efectos del párrafo anterior, deberán tomarse en cuenta las circunstancias económicas y sociales que priven en el país, los alcances de los conceptos de gasto y, en su caso, la naturaleza y características particulares de operación de las entidades de que se trate, escuchando la opinión de los órganos de Gobierno de las propias entidades.

Los ajustes y reducciones que efectúe el Ejecutivo Federal en observancia de lo anterior, deberán realizarse en forma selectiva y sin afectar las metas sustantivas del gasto social y principales proyectos de inversión, optando preferentemente, en los casos de programas de inversión, por aquéllos de menor impacto social y económico.

En el caso de que la contingencia sea de tal magnitud que signifique una reducción de los ingresos presupuestarios superior al 10 por ciento, el Ejecutivo Federal, en el contexto de los párrafos anteriores, procederá de inmediato a adoptar las medidas a que hubiere lugar e informará, también de inmediato, a la Cámara de Diputados a través de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.

Artículo 16. Todas las cantidades que se recauden por cualesquiera de las dependencias federales no podrán destinarse a fines específicos y deberán ser concentradas en la Tesorería de la Federación, salvo los casos que expresamente determinen las leyes y hasta por los montos que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en función de las necesidades de los servicios a los cuales estén destinados y conforme a sus presupuestos autorizados.

Artículo 17. Los importes no devengados podrán aplicarse a programas prioritarios de las propias dependencias y entidades que los generen, sujetándose a los lineamientos administrativos que al efecto expida la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Artículo 18. La administración, control y ejercicio de los ramos de Aportaciones a Seguridad Social; Erogaciones no Sectorizables; Participaciones a Estados y Municipios; Deuda Pública, y de Erogaciones para Saneamiento Financiero, a que se refiere el presente Decreto, se encomienda a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

CAPITULO II

Disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal.

Artículo 19. Sin perjuicio de lo que establece el presente Decreto y las demás disposiciones aplicables a la materia, los titulares de las dependencias, así como los órganos de gobierno y directores o sus equivalentes de las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal, serán responsables de la estricta observancia de las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal contenidas en el presente capítulo. Su incumplimiento motivará el fincamiento de las responsabilidades a que haya lugar conforme a la ley.

Artículo 20. Las dependencias y entidades paraestatales de la Administración Pública Federal no podrán crear nuevas plazas, debiendo promover, en su caso, el traspaso interno de las mismas, sin perjuicio de los derechos laborales de los trabajadores. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a solicitud expresa del titular de la dependencia respectiva, podrá autorizar,

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conforme a los programas y recursos en este presupuesto, la creación de las plazas que sean indispensables para los programas de educación, salud, procuración de justicia y seguridad nacional.

Los órganos de gobierno de las entidades paraestatales podrán autorizar la creación de plazas cuando ello contribuya a elevar el superávit de operación, se establezcan metas específicas a este respecto, cuenten con los recursos propios que se requieran y tales circunstancias hayan quedado previa y debidamente acreditadas para el propio órgano de Gobierno, debiendo informar de lo anterior a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Contraloría General de la Federación.

La designación y contratación de personal para ocupar las plazas a que se refieren los párrafos anteriores surtirá efectos a partir de la fecha de la autorización correspondiente, sin que en ningún caso pueda dárseles efectos retroactivos.

Las dependencias y entidades podrán llevar a cabo conversiones de plazas, puestos y categorías, siempre y cuando se realicen mediante movimientos compensados. Para tal efecto deberán sujetarse a los lineamientos que expida la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Las dependencias y entidades no podrán modificar sus estructuras orgánicas y ocupacionales aprobadas en el ejercicio de 1993, debiendo ser éstas acordes con las normas vigentes, por lo que cualquier adecuación sólo podrán hacerla las dependencias, previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y, las entidades paraestatales, por su órgano de gobierno, conforme a los lineamientos que se dicten para tal efecto, de acuerdo con la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento.

Artículo 21. Las dependencias y entidades paraestatales de la Administración Pública Federal, en el ejercicio de sus presupuestos por concepto de servicios personales, deberán:

I. En las acciones de descentralización, dar prioridad a los traspasos de plazas y de recursos asignados a sus presupuestos, entre sus unidades responsables y programas, sin que ello implique la creación de nuevas plazas;

II. En las asignaciones de las remuneraciones a los trabajadores, apegarse estrictamente a los niveles establecidos en los tabuladores de sueldos, cuotas, tarifas y demás asignaciones autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para las dependencias y, en el caso de las entidades, por el órgano de gobierno respectivo, conforme a los lineamientos que se emitan de acuerdo con la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento.

Las remuneraciones adicionales por jornadas u horas extraordinarias, los estímulos por productividad, eficiencia y calidad, así como otras prestaciones, se regularán por las disposiciones que establezcan la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el órgano de gobierno respectivo, con base en los lineamientos a que se refiere el párrafo anterior.

Tratándose de remuneraciones adicionales por jornadas y por horas extraordinarias y otras prestaciones del personal que labora en las entidades paraestatales, que se rijan por contratos colectivos de trabajo, los pagos se efectuarán de acuerdo con las estipulaciones contractuales respectivas;

III. Abstenerse de cubrir gastos por concepto de honorarios que en cualquier forma supongan el incremento del número de los contratos relativos, celebrados en el ejercicio de 1993.

Estos contratos sólo podrán celebrarse para la prestación de servicios profesionales, por lo que no podrá incorporarse por esta vía, personal para el desempeño de labores iguales o similares a las que realiza el personal que forma la planta de la dependencia o entidad de que se trate.

La celebración de contratos por honorarios sólo procederá en casos debidamente justificados y siempre que la dependencia o entidad no pueda satisfacer las necesidades de estos servicios con el personal y los recursos técnicos con que cuente. Invariablemente estos contratos deberán ser autorizados por el titular de la dependencia o por el órgano de gobierno de la entidad de que se trate.

Para la asignación de los recursos correspondientes a este concepto, las dependencias y entidades deberán presentar, a más tardar el 31 de marzo, su programa anual de contratación por honorarios ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su aprobación. Dentro de ese lapso, dichas dependencias y entidades podrán disponer, en los términos de los tres párrafos anteriores, hasta del 20 por ciento del presupuesto autorizado por este concepto, quedando el ejercicio del 80 por ciento restante, sujeto a la aprobación del referido programa anual;

IV. Observar la normatividad que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en materia
 
 
 
 

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de remuneraciones, a miembros en órganos de Gobierno o de vigilancia de entidades paraestatales;

V. Sujetarse a los lineamientos que se expidan para la autorización de los gastos de representación y de las erogaciones necesarias para el desempeño de comisiones oficiales, y

VI. Abstenerse de realizar cualquier transferencia de recursos de otros capítulos presupuestales al capítulo de Servicios Personales.

El presupuesto destinado para programas de capacitación en las dependencias y entidades, se ajustará en cuanto a su ejercicio, a los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y no podrá ser transferido a otras partidas.

Artículo 22. Los titulares de las dependencias, los órganos de Gobierno y los directores o sus equivalentes de las entidades, serán responsables de reducirse eficientemente los gastos de administración, sin detrimento de la realización oportuna y eficiente de los programas a su cargo y de la adecuada prestación de los bienes y servicios de su competencia; así como de cubrir con la debida oportunidad sus compromisos reales de pago, con estricto apego a las demás disposiciones de este Decreto y las que resulten aplicables a la materia.

Las dependencias y entidades, en el ejercicio de sus presupuestos, sólo podrán efectuar erogaciones en el exterior, para las representaciones, delegaciones u oficinas autorizadas y aportar cuotas a organismos internacionales, cuando dichas erogaciones se encuentren expresamente previstas en sus presupuestos autorizados. Asimismo, continuarán en coordinación con las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Hacienda y Crédito Público, revisando dichas cuotas en relación con los fines de los organismos y sus propias atribuciones, a fin de avanzar en su disminución o cancelación cuando, en el contexto de las prioridades nacionales, no se justifiquen.

Durante el ejercicio fiscal de 1994, el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oyendo la opinión de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la coordinadora de sector, en función de las disponibilidades de recursos, adoptará medidas de racionalización de los presupuestos, calendarios autorizados, utilización de los bienes muebles e inmuebles, estructuras y tabuladores asignados a las representaciones, delegaciones u oficinas de las dependencias y entidades en el exterior.

Artículo 23. Las dependencias y entidades paraestatales de la Administración Pública Federal, en el ejercicio de sus presupuestos para el año de 1994, no podrán efectuar adquisiciones o nuevos arrendamientos de:

I. Bienes inmuebles para oficinas públicas y mobiliario, equipo, vehículos terrestres y marítimos, con excepción de las erogaciones estrictamente indispensables para el cumplimiento de sus objetivos. En consecuencia, se deberá optimizar la utilización de los espacios físicos disponibles y el aprovechamiento de los bienes y servicios de que dispongan; y

II. Vehículos aéreos, con excepción de aquellos necesarios para salvaguardar la seguridad y la soberanía, así como la procuración de justicia.

En el caso de arrendamientos financieros de bienes muebles e inmuebles, las condiciones de pago deberán ofrecer ventajas con relación a otros medios de financiamiento. Asimismo, se deberá hacer efectiva la opción de compra, a menos que ello no resulte conveniente, lo que deberá ser acreditado debidamente ante las Secretarias de Hacienda y Crédito Público y, en materia de bienes inmuebles, de Desarrollo Social, en el ámbito de sus respectivas competencias.

Cualquier erogación que realicen las dependencias por los conceptos previstos en el presente artículo, requerirá de la autorización de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, en la forma y términos que ésta determine.

Tratándose de entidades paraestatales, se requerirá de la autorización específica y previa de su órgano de gobierno, la cual deberá sujetarse a la normatividad vigente.

Artículo 24. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal estarán obligadas a celebrar los contratos necesarios, a fin de asegurar adecuadamente los bienes patrimoniales a su cargo, conforme a los lineamientos que, para tal efecto, expidan las Secretarias de Hacienda y Crédito Público, de Desarrollo Social, y de la Contraloría General de la Federación.

Artículo 25. Las erogaciones por los conceptos que a continuación se indican deberán reducir se al mínimo indispensable; su uso se sujetará a los criterios de racionalidad y selectividad, y se efectuarán siempre y cuando se cuente con la autorización expresa del titular de la dependencia o del órgano de gobierno de la entidad correspondiente:
 
 
 
 

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I. Gastos menores, de ceremonial y de orden social; comisiones de personal al extranjero, congresos, convenciones, ferias, festivales y exposiciones; erogaciones por concepto de servicios bancarios, correos, telégrafos, teléfonos, energía eléctrica y agua potable, y donativos, en los términos del artículo 31 de este Decreto;

II. Contratación de asesorías, estudios e investigaciones, y

III. Publicidad, propaganda, publicaciones oficiales y, en general, los relacionados con actividades de comunicación social. En estos casos las dependencias y entidades deberán utilizar preferentemente los medios de difusión del sector público y el tiempo que, por ley, otorgan al Gobierno Federal las empresas de comunicación que operan mediante concesión federal.

Las erogaciones a que se refiere esta fracción, con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1994, deberán ser autorizadas, en el ámbito de sus respectivas competencias, por las Secretarías de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público; y, las que efectúen las entidades, se autorizarán por el órgano de gobierno con base en los lineamientos que establezcan dichas Secretarías.

Artículo 26. En el ejercicio del gasto de inversiones públicas para 1994:

I. Se otorgará prioridad a la terminación de los proyectos y obras vinculadas a la prestación de los servicios de educación, salud, vivienda, protección del medio ambiente, equipamiento urbano, producción y abasto de alimentos, seguridad e impartición de justicia, con especial atención de aquellos que se orienten a satisfacer las necesidades de la población de bajos ingresos; así como para la modernización de la infraestructura básica de comunicaciones y transportes, hidráulica, energía eléctrica y abasto de combustibles; a los que estén orientados a incrementar la oferta de bienes y servicios socialmente necesarios y a los que presenten un mayor grado de avance físico.

Las dependencias y entidades sólo podrán iniciar proyectos nuevos, cuando tengan garantizada la disponibilidad de recursos para la conclusión de las etapas cuya ejecución se programe dentro del ejercicio fiscal de 1994.

Las citadas dependencias y entidades, deberán observar la normatividad que, respecto de la ejecución de los proyectos señalados en el párrafo anterior, emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

II. Se deberá aprovechar al máximo la mano de obra e insumos locales y la capacidad instalada, por lo que, en igualdad de condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, se deberá dar prioridad a los contratistas y proveedores locales, en la adjudicación de contratos de obra pública y de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relacionados con bienes muebles;

III. Se considerará preferente la adquisición de productos y la utilización de tecnologías nacionales, con uso intensivo de mano de obra;

IV. Se deberán estimular los proyectos de coinversión con los sectores social y privado y con los gobiernos locales para la ejecución de obras y proyectos de infraestructura y de producción, como parte de la modernización económica y social comprendidas en el Plan Nacional de Desarrollo, en los programas de mediano plazo y en los demás programas formulados con base en la Ley de Planeación.

En el caso de proyectos y obras de beneficio social se concertará, con arreglo a la ley, la participación activa de las comunidades locales;

V. Los proyectos de inversión financiados con créditos externos, deberán estar contemplados en los presupuestos de las dependencias y entidades y sujetarse a los términos de las autorizaciones que otorgue la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; asimismo, los ejecutores de gasto y los agentes financieros del Gobierno Federal, informarán a la citada Secretaría, del ejercicio de los créditos con base en los recursos autorizados en sus respectivos presupuestos;

VI. Las inversiones financieras con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación para 1994, serán aquellas estrictamente necesarias, y se realizarán previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y se orientarán:

a) A fomentar y desarrollar selectivamente las actividades y ramas de producción consideradas como fundamentales para el desarrollo del país, y

b) Al financiamiento y capitalización de empresas públicas que promuevan la producción y comercialización de productos y servicios básicos, así como de bienes de capital.

Las inversiones financieras deberán estar vinculadas a programas de saneamiento financiero, productividad y eficiencia y responder a las
 
 
 
 

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orientaciones de los programas sectoriales de mediano plazo. Tratándose de erogaciones para saneamiento financiero, deberán sujetarse, además, a lo que dispone el artículo 30 de este Decreto, y

VII. Las entidades paraestatales deberán ajustar sus programas de expansión productiva a los programas de mediano plazo correspondientes, a las prioridades de la estrategia de modernización económica y social del Plan Nacional de Desarrollo y a las previsiones de recursos disponibles.

Artículo 27. Las erogaciones por concepto de transferencias con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación, se sujetarán a las estrategias y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, de los programas de mediano plazo y de los demás programas formulados conforme a la Ley de la materia y se apegarán a lo siguiente:

I. El otorgamiento se hará con base en criterios de selectividad, temporalidad y transparencia en su asignación, considerando su contribución efectiva a la oferta de bienes, servicios e insumos estratégicos o prioritarios;

II. Los subsidios destinados a cubrir desequilibrios financieros en la operación se deberán ajustar en función de la política de precios y tarifas de los bienes y servicios públicos;

III. Los subsidios a los precios de los bienes se mantendrán en niveles que estimulen a los productores y que, al mismo tiempo, eviten el deterioro del poder adquisitivo de los consumidores;

IV. Los subsidios para las actividades productivas serán congruentes con los fines de la estrategia económica del Plan Nacional de Desarrollo, dando prioridad a las actividades del sector social, y estarán condicionados a procurar el mayor uso de la mano de obra, a incrementar el nivel de vida de la población de escasos recursos y a promover la capacidad de exportación y la generación de divisas;

V. Los subsidios a los bienes y servicios de consumo popular se circunscribirán a los productos e insumos agropecuarios ubicados dentro del régimen de precios de garantía, de apoyo directo, y del paquete básico de consumo popular, regulándose conforme a las necesidades sociales y con el objeto de presentar el nivel de ingreso de los productores. Estos subsidios se orientarán a la protección del consumo y del poder adquisitivo de la población;

VI. Las transferencias destinadas al apoyo de entidades paraestatales, se deberán orientar selectivamente hacia actividades estratégicas y prioritarias, a efecto de incrementar la oferta real de bienes y servicios, de insumos estratégicos para la producción y a generar empleo permanente y productivo;

VII. Se considerarán preferenciales las transferencias destinadas al desarrollo de la ciencia y la tecnología, a la investigación en instituciones públicas, a la formación de capital en ramas y sectores básicos de la economía y al financiamiento de actividades definidas como estratégicas, que propicien la generación de recursos propios;

VIII. Las entidades paraestatales beneficiarias de transferencias deberán buscar fuentes alternativas de financiamiento a fin de lograr una mayor autosuficiencia y una disminución correlativa de los apoyos con cargo a recursos presupuestales, y

IX. No se deberán otorgar transferencias cuando no estén claramente especificados los objetivos, metas, beneficiarios, destino, temporalidad y condiciones de los mismos.

Artículo 28. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizará las transferencias con cargo al Presupuesto de Egresos a las dependencias coordinadoras de sector, quienes procederán a la asignación de los recursos a las entidades paraestatales bajo su coordinación, verificando previamente:

I. Que se justifique la necesidad de los recursos solicitados en función del estado de liquidez de la unidad beneficiaria, así como la aplicación de dichos recursos;

II. Que las entidades no cuenten con recursos ociosos o aplicados en operaciones que originen rendimientos de cualquier clase, y

III. El avance físico financiero de sus programas y proyectos, con el propósito de regular el ritmo de la ejecución con base en lo programado.

Las dependencias coordinadoras de sector podrán suspender las ministraciones de fondos, cuando las entidades beneficiarias no remitan la información físico financiera en los términos y plazos establecidos en las disposiciones aplicables, informando de inmediato a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Dicha información deberá ser proporcionada en los términos del artículo 38 de este Decreto.
 
 
 
 

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Artículo 29. Cuando se deban diferir ministraciones de fondos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinará el orden a que se sujetará la ministración de transferencias autorizadas por las dependencias coordinadoras de sector, a fin de asegurar la disposición oportuna de recursos para el desarrollo de los programas prioritarios.

Artículo 30. Las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Contraloría General de la Federación, en el seno de la Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento, así como la respectiva dependencia coordinadora de sector, celebrarán con las entidades paraestatales convenios para:

I. El establecimiento de metas de desempeño, de déficit o, en su caso, superávit financiero mensual y trimestral, a nivel devengado, y

II. El saneamiento financiero, mediante la asunción de pasivos de entidades paraestatales estratégicas o prioritarias, cuyas funciones estén asociadas a la prestación de servicios públicos o a la producción de bienes social y nacionalmente necesarios, de acuerdo a los fines para los que fueron creadas y siempre que la entidad de que se trate cuente con un programa de saneamiento financiero que se presente, a más tardar, el 31 de mayo de 1994 a la Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento y sea aprobado por ésta.

La Comisión evaluará periódicamente el cumplimiento de los convenios, respecto de las metas establecidas en dichos instrumentos. Si de las evaluaciones mencionadas se observan hechos que contravengan las estipulaciones concertadas, la Comisión, en los términos de las disposiciones legales aplicables, propondrá a la dependencia coordinadora de sector y a la entidad de que se trate, las medidas conducentes para corregir las desviaciones detectadas.

El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con base en las evaluaciones de la Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento, informará anualmente a la Cámara de Diputados sobre la ejecución de los convenios de saneamiento financiero, así como de las medidas adoptadas para su debido cumplimiento.

La Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento establecerá los lineamientos con base en los cuales se llevará a cabo la formulación de los convenios a que se refiere este artículo y hará la determinación de las entidades paraestatales con las que habrán de celebrarse los mismos. Los órganos de Gobierno serán responsables de vigilar que se cumpla con las metas de déficit o superávit de las entidades con las que no se celebren los correspondientes convenios.

Artículo 31. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público no podrá autorizar subsidios, ni las dependencias y entidades, otorgar donativos y ayudas, que no contribuyan a la consecución de los objetivos de los programas aprobados o que no se consideren de beneficio social. Tampoco se otorgarán a favor de beneficiarios que dependan económicamente del Presupuesto de Egresos de la Federación o cuyos principales ingresos provengan del mismo.

Para efectos de control presupuestal deberán considerarse tanto los donativos en dinero como en especie.

Artículo 32. Las dependencias y entidades proporcionarán a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la información sobre las transferencias que hubiesen otorgado durante el ejercicio presupuestal, a efecto de que dicha Secretaría la analice e integre al Registro Único de Transferencias. Dicha información deberá ser proporcionada en los términos del artículo 38 del presente Decreto.

Artículo 33. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, podrá determinar reducciones, diferimientos o cancelaciones de programas y conceptos de gasto de las dependencias y entidades que no les resulten indispensables para su operación, cuando ello represente la posibilidad de obtener ahorros, en función de la productividad y eficiencia de las propias dependencias y entidades. En todo momento, se respetará el presupuesto destinado a los programas prioritarios y en especial, los destinados al bienestar social.

Para la aplicación de los remanentes que se generen con tal motivo, el Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, resolverá lo conducente, debiendo dar prioridad a las dependencias y entidades que hubiesen generado dichos ahorros, para estimular así la productividad de las mismas.

Artículo 34. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinará los lineamientos a que deberán sujetarse las dependencias y entidades, respecto de las disponibilidades financieras con que cuenten durante el ejercicio presupuestal, las que no deberán invertirse a través de mecanismos bursátiles salvo en el caso de valores
 
 
 
 

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gubernamentales de renta fija. Para tal efecto, las dependencias y entidades proporcionarán la información financiera que requiera el Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público a que se refiere el artículo 38 de este Decreto.

A fin de identificar los niveles de liquidez, así como para operar la compensación de créditos o adeudos, las dependencias y entidades paraestatales de la Administración Pública Federal informarán de sus depósitos en dinero o valores u otro tipo de operaciones financieras y bancarias, en los términos que se establezcan con base en lo dispuesto por el artículo 38 del presente Decreto.

Las dependencias y entidades, sin exceder sus presupuestos autorizados, responderán de las cargas financieras que se causen por no cubrir oportunamente los adeudos contraídos entre sí, las que se calcularán a la tasa anual que resulte de sumar 5 puntos porcentuales al promedio de las tasas anuales de rendimiento de los Certificados de la Tesorería de la Federación a 28 días, en colocación primaria, emitidos durante el mes inmediato anterior a la fecha del corte compensatorio. La aplicación de esta tasa se efectuará sobre los adeudos reportados por el Sistema de Compensación de Adeudos del Sector Público, desde la fecha en que debieron liquidarse tales adeudos.

Artículo 35. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tomando en cuenta los flujos reales de divisas y de moneda nacional, así como las variaciones que se produzcan por las diferencias en tipos de cambio en el financiamiento de los programas, efectuará las adecuaciones necesarias a los calendarios de gasto en función de los requerimientos, las disponibilidades presupuestales y de las alternativas de financiamiento que se presenten. En estos casos se cuidará no afectar los programas de inversiones prioritarios.

Artículo 36. Para los efectos del artículo 57 de la Ley de Obras Públicas los montos máximos de contratación directa y los de adjudicación mediante convocatoria a cuando menos tres personas que reúnan los requisitos a que dicha disposición se refiere, de las obras que podrán realizar las dependencias y entidades durante el año de 1994, serán los siguientes:
 
 

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Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado.

Las dependencias y entidades se abstendrán de formalizar o modificar contratos de obras públicas y de servicios relacionados con ellas, cuando no hubiere saldo disponible en la correspondiente partida presupuestal para hacer frente a dichos contratos.

Artículo 37. Para los efectos del artículo 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles, los montos máximos de adjudicación directa y los de adjudicación habiendo convocado cuando menos a tres proveedores, según el caso, de las adquisiciones, arrendamientos o servicios que podrán realizar las dependencias y entidades, durante el año de 1994, serán los siguientes:
 
 

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Los montos establecidos deberán conciderarse sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado.

Las dependencias y entidades se abstendrán de formalizar o modificar contratos y pedidos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, cuando no hubiere saldo disponible en la correspondiente partida presupuestal para hacer frente a dichos contratos.

Artículo 38. Las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Contraloría General de la Federación, así como el Banco de México, operarán el Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Públicos, y establecerán las normas y lineamientos relativos a la organización, funcionamiento y requerimientos de dicho Sistema, los cuales deberán ser del conocimiento de las dependencias y entidades, a más tardar dentro de los primeros 30 días del ejercicio.

Las dependencias y entidades deberán cumplir con los requerimientos de información que demande el Sistema. Para tal efecto, las dependencias a que se refiere el párrafo anterior y el Banco de México, conjuntamente con la coordinadora de sector, harán compatibles los requerimientos de información que demande el Sistema, racionalizando los flujos de información, la cual deberá proporcionarse, a más tardar, el día 20 de cada mes.
 
 
 
 

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Artículo 39. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizará periódicamente la evaluación del ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Federación, en función de los objetivos y metas de los programas aprobados.

El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informará trimestralmente a la Cámara de Diputados sobre los resultados de las verificaciones a que se refiere el artículo 10 de este Decreto, así como sobre la situación económica y las finanzas públicas del ejercicio, incluyendo las de las entidades paraestatales que celebren convenios de déficit o, en su caso, superávit financiero y hará asimismo, las aclaraciones que ésta le solicite, a través de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, sobre la detección de irregularidades y el fincamiento de las responsabilidades correspondientes.

Los informes trimestrales deberán ser presentados a más tardar 45 días después de terminado el trimestre de que se trate.

Artículo 40. Para la desincorporación de entidades paraestatales creadas por Ley o Decreto del Congreso de la Unión se requerirá autorización previa del mismo.

En los términos de los artículos 15, 16 y 32 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 5o. de su Reglamento, así como los respectivos de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, el Ejecutivo podrá proceder a la desincorporación de entidades paraestatales, comprendidas en este Decreto, sujetándose a las siguientes bases:

a) Las propuestas que formule la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para disolver, liquidar, extinguir, escindir, transferir a los estados y municipios; enajenar la participación estatal y fusionar entidades paraestatales, se basarán en dictámenes que al efecto deberá emitir la Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento, los cuales deberán considerar el efecto social y productivo de estas medidas incorporando los puntos de vista de los sectores interesados, y

b) Enviar previamente informe escrito, a la Cámara de Diputados, de las razones y criterios específicos para llevar a cabo el ejercicio de estas atribuciones.

La Cámara de Diputados vía la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, analizará la información a que se refiere el inciso b) anterior y en su caso dará su opinión.

Artículo 41. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público vigilará la exacta observancia de las normas contenidas en este Decreto, así como la estricta ejecución del Presupuesto de Egresos de la Federación; para tales efectos, dictará las medidas pertinentes de acuerdo con las disposiciones que resulten aplicables, señalando los plazos y términos a que deberán ajustarse las dependencias y entidades coordinadas y no coordinadas, en el cumplimiento de las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestales y podrá requerir de las propias dependencias y entidades la información que resulte necesaria, comunicando a la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, las irregularidades y desviaciones de que tenga conocimiento con motivo del ejercicio de sus funciones para los efectos del artículo 42 de este Decreto.

Del cumplimiento a lo dispuesto en este artículo, se dará cuenta a la Cámara de Diputados en los informes trimestrales a que se refiere el artículo 39 de este Decreto y en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.

Artículo 42. La Secretaría de la Contraloría General de la Federación y los Órganos Internos de Control de las dependencias y entidades, en el ejercicio de las atribuciones que en materia de inspección, control y vigilancia les confiere la Ley, comprobarán el cumplimiento, por parte de las propias dependencias y entidades paraestatales de la Administración Pública Federal, de las obligaciones derivadas de este Decreto.

Con tal fin, dispondrán lo conducente para que se lleven a cabo las inspecciones y auditorías que se requieran, así como para que se finquen las responsabilidades y se apliquen las sanciones que procedan con motivo del incumplimiento de las mencionadas obligaciones. La Secretaría de la Contraloría General de la Federación pondrá en conocimiento de tales hechos a la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados, en los términos de la coordinación que establece la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Artículo 43. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público estará facultada para interpretar las disposiciones del presente Decreto para efectos administrativos y establecer las medidas conducentes a su correcta aplicación.
 
 
 
 

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TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor el primero de enero de 1994.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Ciudad de México, D. F., a 15 de noviembre de 1993. El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari.»

Turnada a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.