Comunicaciones
Iniciativas
Ernesto Javier Nemer Alvarez, PRI
Ángel Benjamín Robles Montoya, PT
Martha Angélica Tagle Martínez, PMC
Jesús Sergio Alcántara Núñez, PVEM-Morena
Verónica Beatriz Juárez Piña, PRD
Heriberto Marcelo Aguilar Castillo, Morena
José Martín López Cisneros, PAN
Reyna Celeste Ascencio Ortega, Morena
Laura Angélica Rojas Hernández, PAN
Carlos Iván Ayala Bobadilla, Morena
Flora Tania Cruz Santos, Morena
María Isabel Alfaro Morales, Morena
Acuerdos de la conferencia para la Dirección y programación de los Trabajos Legislativos
Por el que se establece el calendario legislativo para el primer periodo de sesiones del tercer año
Acuerdo de la Junta, referente al análisis del Segundo Informe de Gobierno
Turno a comisiones de las iniciativas y de las proposiciones
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Pido a la Secretaría, haga del conocimiento el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: Se informa a la Presidencia que existen registrados, previamente, 255 diputadas y diputados, por lo tanto, hay quórum.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho (11:25 horas): Se abre la sesión del día martes 8 de septiembre de 2020.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Su atención, por favor, diputadas y diputados. Pido a la Secretaría dar lectura a las medidas de prevención.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: Doy lectura a las medidas de prevención, en caso de contingencia. Se identifican las salidas y acceso a las rutas de evacuación, que en caso de contingencia sigan las indicaciones del personal brigadista, quien les indicará las zonas de menor riesgo y puntos de reunión externos.
Como medidas de control y prevención ante el contagio de Covid-19, se recomienda que al toser o estornudar utilizar el estornudo de etiqueta, que consiste en cubrirse la nariz y boca con un pañuelo desechable o con el ángulo interno del brazo.
Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, utilizar los contenedores de base de alcohol de gel. No tocarse la cara con las manos sucias, sobre todo nariz, boca y ojos.
No saludar de mano o beso en cara. En caso de síntomas de fiebre mayor a 38 grados centígrados, deberá presentarse al Servicio Médico. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se informa a la asamblea que el orden del día se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria y disponible en el monitor de sus curules. Contiene los asuntos a tratar en esta sesión.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, en virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Permítame, compañera secretaria.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: ¿Con qué objeto, diputado Fernández Noroña?
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Quiero intervenir sobre el acta, diputada.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Adelante, diputado.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Muchas gracias. La sesión pasada, de manera muy comedida, el diputado Mario Delgado me aludió. Por las medidas de sana distancia yo estaba en mi oficina, así es que hago la aclaración para que se incluya en el acta.
Sin la intervención de la secretaria de Gobernación, usted no estaría en la Presidencia, de la Mesa Directiva. Sostengo que fue una operación de Estado y su cargo es totalmente espurio...
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañero diputado Fernández Noroña...
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): No he terminado.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Permítame, señalarle que...
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): No he terminado. No he terminado.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: ...si usted tiene observación sobre el acta...
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): No he terminado.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: ... proceda a realizarla.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Sí, la estoy haciendo, diputada Sauri. La estoy haciendo y le pido que no me interrumpa, va a terminar ya mi minuto.
Nosotros no la reconocemos, ni el cargo. La trataremos, no tendremos consideración ni respeto. No habrá ninguna descortesía, no habrá ninguna majadería, pero quiero manifestar a nombre del Partido del Trabajo esta posición. Muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Solicito atentamente que las expresiones del diputado Fernández Noroña queden integradas en el acta de la sesión anterior. Consulte la Secretaría si se dispensa el acta de la sesión anterior, habiendo integrado las observaciones presentadas por el diputado Fernández Noroña.
La secretaria diputada María Guadalupe Díaz Avilez: En votación económica, se consulta si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se dispensa la lectura. Consulte la Secretaría si es de aprobarse el acta.
La secretaria diputada María Guadalupe Díaz Avilez: No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba el acta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Aprobada el acta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Continúe la Secretaría.
La secretaria diputada María Guadalupe Díaz Avilez: Se recibieron de diversas universidades y tecnológicos de estudios superiores, los informes de las auditorías externas realizadas a sus matrículas, correspondientes al primer semestre del año 2020.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Túrnese a las Comisiones de Educación y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento. Continúe la Secretaría.
La secretaria diputada María Guadalupe Díaz Avilez: Se recibieron oficios de las diputadas María Guadalupe Almaguer Pardo, Abril Alcalá Padilla y del diputado Antonio Ortega Martínez, por lo que comunican que dejan de pertenecer al Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, así como de los diputados Oscar Bautista Villegas y Jesús Sergio Alcántara Núñez, quienes comunican que dejan de pertenecer al Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: De enterada. Actualícense los registros parlamentarios. Continúe la Secretaría.
La secretaria diputada María Guadalupe Díaz Avilez: Se recibieron oficios de la diputada Beatriz Juárez Piña, coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD, por los que comunica la incorporación a ese grupo parlamentario de las diputadas María Guadalupe Almaguer Pardo, Abril Alcalá Padilla y del diputado Antonio Ortega Martínez.
Oficio del diputado René Juárez Cisneros, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, por el que comunica la incorporación a ese grupo parlamentario de los diputados Oscar Bautista Villegas y Jesús Sergio Alcántara Núñez.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: De enterado. Actualícense los registros parlamentarios. Continúe la Secretaría.
La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: La Cámara de Senadores comunica que, se declaró legalmente constituida, y se eligió a su Mesa Directiva con el acuerdo de nombrar cuatro secretarías más para el Tercer Año de Ejercicio de la Sexagésima Cuarta Legislatura.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: De enterado.
La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: Se recibieron de la Cámara de Senadores dos acuerdos por los que se establece el calendario de sesiones para el primer periodo ordinario del tercer año de ejercicio de la LXIV Legislatura y el acuerdo por el que modifica la integración de la Junta de Coordinación Política para el tercer año de ejercicio de la LXIV Legislatura. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: De enterado y continúe la Secretaría.
La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: Se recibieron de la Cámara de Senadores dos proposiciones con puntos de acuerdo por las que se solicita a la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2021 considere y destine recursos para varios rubros, suscritas por senadores de diversos grupos parlamentarios. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para su atención.
La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: Se recibieron de diversas dependencias tres contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados y por la Comisión Permanente, que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria con su trámite. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Túrnese a las comisiones correspondientes y al promovente para su conocimiento.
La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: Se recibieron de la Cámara de Senadores las siguientes iniciativas:
1. Con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, en materia de adecuación constitucional, presentada por el senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.
2. Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 151 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, presentada por la senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen. Continúe la Secretaría.
La secretaria diputada Martha Hortencia Garay Cadena: Con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XLI al artículo 4; una fracción VI al artículo 35, recorriendo las fracciones subsecuentes; una fracción VI al artículo 80 y un articulo 96 Bis a la Ley de Hidrocarburos. Y adiciona un artículo 61 G a la Ley Federal de Derechos, presentada por el senador Ovidio Salvador Peralta Suárez, del Grupo Parlamentario de Morena.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Túrnese a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Energía para dictamen.
La secretaria diputada Martha Hortencia Garay Cadena: Con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 271 y 275 de la Ley Federal de Derechos, presentada por el senador Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.
La secretaria diputada Martha Hortencia Garay Cadena: Con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IX al artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada por el senador Gustavo Madero Muñoz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.
La secretaria diputada Martha Hortencia Garay Cadena: Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 61 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, presentada por el senador Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Es cuanto, diputada.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para dictamen.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Saraí Núñez Cerón, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
La diputada Sarai Núñez Cerón: Con su venia, presidenta. Aprovecho estos minutos en tribuna para felicitar a la nueva Mesa Directiva de esta H Cámara de Diputados. Mis mejores deseos en este tercer año legislativo.
Manuel Gómez Morín, fundador del PAN, estaba convencido de que había dos clases de dolor: uno inevitable, el de las enfermedades, la muerte, los desastres naturales; y otro que llamaba evitable, ese que por voluntad o por la ineficacia de hacer una mejor organización de las cosas nos causamos unos a otros. Ese dolor evitable es el que no debió suceder, es el que, por falta de planeación, un mal gobierno, la falta de técnica, causa.
Todos queremos que no haya hambre, que todos aprendan, que todos tengan trabajo, pero nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador se equivoca. No es fácil: se requiere técnica, estudio, preparación, escuchar a los expertos, no evitar el dolor de alguien que, por ignorancia o por incapacidad, es igual de grave que los que lo hacen por corruptos.
En los pasados meses, se perdieron millones de empleos. Familias que vivían al día perdieron la capacidad de conseguir alimentos para sustento ante la falta de una política de protección a los empleos de las personas. En unos meses se duplicó la población con hambre en México.
Ante esta realidad, la respuesta que hemos visto es la indolencia. Ha sido la sociedad civil que tanto desprecia este gobierno la que ha enfrentado y tratado de mitigar el hambre. Han sido los gobiernos locales con cada vez menos recursos los que intentan evitar el dolor que causa la inacción y la ineficiencia de la mal llamada Secretaría del Bienestar que, más bien, hoy es la Secretaría del Malestar.
La combinación es mortal: la peor política de desarrollo de la historia, el desastre de país que entregó Peña Nieto, una pandemia de proporciones globales y la necedad de terminar proyectos inútiles y que devastarán nuestros recursos naturales como el tren que destruirá la selva en Yucatán, mal llamado Tren Maya porque los mayas no lo quieren.
Ante esta realidad, ante la crisis alimentaria que se está formando, ante la indolencia del rey que habita en su palacio, es necesario actuar en México, que ningún mexicano se quede con hambre.
Un informe del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM, publicado el día 11 de julio de 2020, señala que el mal manejo de la pandemia de Covid-19 en México dejará a 16 millones de personas en situación de pobreza extrema con una contracción económica para asegurar la adquisición de la cesta de alimentos básicos, por lo que el gobierno de México debe llevar a cabo estrategias para poder contrarrestar este problema.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), organismo que mide la pobreza en México, calculó que la crisis causada por Covid y la 4t, en México dejará unos 12 millones más de mexicanos en pobreza externa.
No es una estadística más, tiene nombre y apellido. Para dimensionarlo, esta cantidad es mayor a la población de la Ciudad de México, con hambre. La crisis alimentaria en México se controlará solo si el gobierno en turno acata las recomendaciones que emiten los altos órganos internacionales, como la ONU, con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y el Informe Covid-19 Cepal-FAO.
El espíritu de esta iniciativa es retomar esta recomendación y plasmarla en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que el Estado garantice la entrega de un bono contra el hambre.
Para recibir esta prestación tendrán prioridad las y los menores de 18 años, las y los indígenas, las y los afro-mexicanos, las personas mayores de 68 años, las personas que tengan discapacidad permanente en los términos que fije la ley, y las personas y las familias que se encuentren en condición de pobreza extrema.
Por las consideraciones expuestas y fundadas, en nuestro carácter de integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional sometemos a la consideración de esta soberanía esta iniciativa con proyecto de decreto. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Núñez Cerón.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra hasta por cinco minutos, el diputado Ernesto Javier Nemer Alvarez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2, 4, 7 y 14 de la Ley General de Bibliotecas.
El diputado Ernesto Javier Nemer Alvarez: Con la venia de la señora presidenta. Compañeras y compañeros diputados, hoy vengo a presentar una iniciativa de gran importancia para impulsar la educación inclusiva en México, y por lo tanto para garantizar el derecho a la misma sin importar los impedimentos físicos que puedan tener los ciudadanos.
Por su condición, quienes tienen discapacidad realizan un esfuerzo adicional para ejercer plenamente sus derechos y realizar sus actividades, en comparación con las personas que no lo padecen y que hacen cotidianamente con el mínimo esfuerzo, como utilizar el medio de transporte o acceder a lugares públicos.
El ámbito educativo no es la excepción. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, las personas con discapacidad tienen más probabilidad de no asistir a la escuela o abandonar esta antes de terminar la educación primaria o la secundaria.
Según el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en México quienes padecen esta situación se enfrentan a barreras estructurales que frenan el desarrollo de su educación.
Cabe señalar, que el 3.7 de los hombres y el 5.1 de las mujeres no saben leer ni escribir. Esta carencia es mayor en personas con discapacidad, donde el 20 por ciento son hombres y el 24 son mujeres, lo que representa dos de cada diez personas cuentan con analfabetismo.
En cuanto al nivel educativo, de cada 100 personas con discapacidad, 45 tienen terminada la primaria, 23 no tienen escolaridad y solo 7 cuentan con nivel superior. Sin duda, la discriminación y la exclusión hacia las personas con discapacidad constituye uno de los impedimentos más importantes para que estas puedan ejercer plenamente su derecho a la educación, pero no el único.
La falta de infraestructura y materiales didácticos especializados son, también, elementos que impiden el acceso a la cultura y a la educación. En este sentido, nuestras bibliotecas públicas son recintos fundamentales para acercar el conocimiento a la población en general, puedan funcionar también como una herramienta clave para combatir las brechas de desigualdad que afectan a las personas que sufren alguna discapacidad.
Ese es precisamente el espíritu de la iniciativa que he venido a presentar, ya que busca realizar cambios a la Ley General de Bibliotecas, a fin de que la Red Nacional de Bibliotecas Públicas cuente con un amplio acervo digital y físico, tanto para personas con discapacidad y grupos vulnerables como para la sociedad en general.
Asimismo, prevé fortalecer las actividades lúdicas, puesto que son una herramienta pedagógica mediante la cual los individuos adquieren conocimientos, hábitos y desarrollo de actividades, fungiendo así como estrategias para el aprendizaje y generando un ambiente de armonía en donde los lectores estén inmersos en el proceso de enseñanza.
Con esta reforma se podrá garantizar la igualdad de oportunidades y en el acceso a la educación y la cultura, logrando la inclusión de las personas con discapacidad, reduciendo la desigualdad social, la discriminación y la pobreza.
Compañeras y compañeros, el acceso a la cultura y la educación es un derecho humano que se debe asegurar a todas las personas. En tal virtud, la educación inclusiva constituye un mecanismo para igualar oportunidades y evitar la discriminación de las personas con discapacidad. Debemos continuar trabajando para derribar toda barrera que imponga límites a los grupos más vulnerables de la sociedad, solo así podremos construir una sociedad más justa y equitativa para todos.
Los invito, compañeras y compañeros, a sumarse a esta iniciativa que tiene como principal objetivo la implementación de una educación incluyente. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Nemer Alvarez. Túrnese a la Comisión de Cultura y Cinematografía para dictamen y a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para opinión.
En cuanto a la iniciativa presentada por la diputada Sarai Núñez Cerón, con proyecto de decreto que reforma el artículo IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Juanita Guerra Mena, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y de la Ley de Puertos.
La diputada Guerra Mena Juanita: Con su anuencia, presidenta. Honorable asamblea, la transformación y el fortalecimiento de las discusiones democráticas transitan de manera forzosa por los mecanismos y reingeniería legal y administrativa que nos permita la realización de los objetivos en el menor tiempo posible y bajo los criterios de eficacia, eficiencia y austeridad en el ejercicio de los recursos públicos.
La arquitectura bajo la que opera la administración pública es dinámica, y ese dinamismo es consecuencia de la necesidad de responder cada vez más las mayores exigencias sociales.
La gente quiere resultados pronto, quiere resultados ya. Y quiere resultados que impacten directamente en su calidad de vida.
Precisamente, una de las atribuciones de este Congreso, como un eficaz contrapeso y equilibrio, es el dotar al Poder Ejecutivo de normatividad que le permita el ejercicio de las atribuciones que constitucionalmente le son conferidas.
Con los cambios realizados a diversas estructuras organizacionales de administración pública federal, ha quedado manifiesta la necesidad de actualizar el catálogo de atribuciones, el establecimiento de mecanismos, instrumentos, políticas públicas y procedimientos eficaces, debiendo respetar los derechos y las obligaciones en el caso administrativo.
Para esta, en nuestro país que evolucione y es una forma positiva, es necesario constituir un sistema administrativo que armonice las exigencias individuales y colectivas de los particulares y mejore su gestión pública.
Esto se adecue a una realidad concreta, orientando objetivos y metas funcionales en aras del óptimo funcionamiento, organización y desempeño.
El objetivo de esta iniciativa que se presenta, consiste en trasladar facultades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la Secretaría de Marina, con la intención de reforzar las medidas para combatir la inseguridad y que actualmente son llevadas a cabo en las instituciones de las zonas marítimas del país. Pero que bajo este sistema actual de distribución de competencias es insuficiente con la exigencia que nos impone una realidad, como consecuencia de un aumento de delitos.
Se debe ponderar si el marco regulatorio se encuentra acorde a las necesidades actuales, por lo que se propone dotar de elementos formales, materiales y una de las dependencias federales que son pieza clave del sector.
Ello reanudará un sano desenvolvimiento en todos aquellos que participen en el ámbito competencial, bajo un mandato único que no permita que la dispersión de lo que se ha hecho mención perjudica a la administración y en las zonas marítimas y portuarias del país. Esto en un desempeño de la actividad económica asociada.
Por lo tanto, se propone reasignar lo que es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la Secretaría de Marina, bajo los parámetros siguientes: Ejercer la autoridad marítima nacional en las zonas marítimas mexicanas y aguas nacionales; prevención de la contaminación marina; regular las comunicaciones y transportes de agua, así como formular y conducir las políticas y programas para su desarrollo de acuerdo a las necesidades del país; dirigir la educación náutica mercante; regular, promover y organizar a la marina mercante; construir y reconstruir y conservar las obras portuarias que requiera la Secretaría de Marina; otorgar permisos para el establecimiento y explotación de servicios relacionados con Comunicaciones y Transportes, por agua, con embarcaciones o artefactos navales; adjudicar y otorgar contratos, concesiones y permisos para el establecimiento y explotación de servicios relacionados con las comunicaciones por agua.
La modificación de los cuerpos normativos en materia marítima y portuaria deberán ser acordes a la nueva autoridad que ejerza su potestad.
Es así, que también se propone reformar la Ley de Navegación y la Ley de Comercio Marítimo y la Ley de Puertos, para que sean acordes a las atribuciones concebidas. Ese traslado de facultades obedece a propósitos de que esta última dependencia ejerza plena transparencia y responsablemente la autoridad marítima nacional, debido a que cuenta con los elementos intrínsecos y materiales para atender las necesidades y objetivos en materia, para que lo que bien, en el mecanismo a lo largo de la presente iniciativa.
En este caso, se atiende la naturaleza administrativa que revisten ambas dependencias federales.
En este caso, no implican transgresión alguna en al artículo 129 constitucional, pues se reitera únicamente se trató de una nueva distribución de competencias, sin vulnerar los derechos y garantías consagradas en nuestra Carta Magna.
Al permitir el cambio en el mecanismo que rige la administración pública federal, para lograr una mejor adecuación en las facultades que rigen a cada Secretaría de Estado, este Congreso cumple con la importante responsabilidad que se traduce en el fortalecimiento de las instituciones, así como una transformación positiva en los cuerpos normativos que sean aplicables en los casos en concreto, en beneficio de cada uno de nuestros gobernados. Es cuanto, ciudadana presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Guerra Mena. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y Población y de Marina, para dictamen, y a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para opinión.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Benjamín Robles Montoya, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para eliminar el concepto de seguridad interior, suscrita por la diputada Maribel Martínez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
El diputado Ángel Benjamín Robles Montoya: Muchas gracias, compañeras, compañeros diputados. Efectivamente para un servidor, para la diputada Maribel Martínez Ruiz, y probablemente para muchos de los presentes, el concepto de seguridad interior, como sabemos, ha existido a lo largo de la historia del constitucionalismo mexicano.
Efectivamente, las Constituciones de 1824, de 1836 y de 1857 ya lo preveían, pero jamás fue definido ni tampoco se clarificaron sus alcances.
Nuestra Constitución vigente también previó este concepto desde su redacción original. Sí, en el artículo 89, fracción VI, y permaneció ahí por décadas, sin ser definido y sin aplicación alguna.
Al inicio de su administración, tras haber usurpado la presidencia, Felipe Calderón ordenó el despliegue de las Fuerzas Armadas para realizar labores de seguridad pública sin un marco legal para ello, y en el 2017 Peña Nieto impulsó la aprobación en el Congreso de la Unión de la Ley de Seguridad Interior, lo que logró con la complicidad de las bancadas del PRI y del PAN en ambas Cámaras.
Dicha ley, compañeras y compañeros, contenía una definición vaga, poco clara, rimbombante –dirían algunos– pero yo diría, hasta embaucadora del concepto de seguridad interior. Era una definición que mezclaba este asunto con la seguridad nacional.
En el fondo, para un servidor, la intención era precisamente esa, entremezclarlas con el fin de legalizar la participación de los militares en tareas de seguridad pública. Y como todas y todos sabemos, la Ley de Seguridad Interior generó un amplio rechazo de la sociedad y de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.
Atinadamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó la invalidez total de la Ley de Seguridad Interior y como resultado de ello el concepto también de seguridad interior previsto en el artículo 89, fracción VI de la Constitución, volvió a ser nuevamente una figura sin ningún alcance jurídico, ni aplicación real.
Es un concepto, compañeras, compañeros, indeterminado e inaplicable, cuya permanencia en el texto constitucional es innecesaria. A ello, se suma que en la actual legislatura, aprobamos la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo del 2019, con un amplísimo consenso, incluido el voto a favor de esta legislación, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, que después se desdijo promoviendo controversias constitucionales.
Por eso, compañeras y compañeros, hoy venimos a presentar una iniciativa para eliminar el concepto de seguridad interior de nuestra legislación. En esta legislatura se han presentado muchas iniciativas para abrogar la Ley de Seguridad Interior, pero lo que yo propongo es eliminar ese concepto desde la Constitución.
Con la creación de la Guardia Nacional, en la cuarta transformación impulsamos la ruta de la desmilitarización paulatina de la seguridad pública. Pusimos un plazo para que los militares regresen a sus cuarteles y les dimos a las Fuerzas Armadas un marco legal para que su actuación temporal tenga un sustento jurídico, en tanto se consolidan las capacidades institucionales operativas de la Guardia Nacional. Y es que, en la 4T, en la cuarta transformación, no somos como Felipe Calderón, que desplegó a las Fuerzas Armadas violando la Constitución.
Sabemos, finalmente, que Alfonso Durazo, Durazo y sus colaboradores, tienen aún mucho que hacer en el tema de seguridad. Según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, la incidencia delictiva, a julio de este año, es de un millón 42 mil delitos, sin contar la cifra negra.
Y nuestro propio presidente, el licenciado López Obrador, ha reconocido que los homicidios dolosos y la extorsión siguen siendo una deuda, pero no tengan duda que el gobierno de la 4T está trabajando en ello y se reducirá la incidencia de estos delitos. Es cuanto, diputada Sauri.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Robles Montoya. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Martha Tagle Martínez, para presentar iniciativa de proyecto de decreto que reforma el artículo 2o. A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, suscrita por diputadas y diputados de los Grupos Parlamentarios de Movimiento Ciudadano, de Acción Nacional, de la Revolución Democrática, de Encuentro Social, de Morena y del Partido del Trabajo.
La diputada Martha Angélica Tagle Martínez: Muchas gracias, presidenta. Presento a nombre propio y de las diputadas Laura Rojas Hernández, Verónica Sobrado, Verónica Juárez Piña, Guadalupe Almaguer, Patricia Sosa Ruiz, Nayeli Fernández Cruz, Lorena Villavicencio, Wendy Briceño y Ana Karina Rojo, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2o. A, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado en materia de productos de gestión menstrual.
Agradezco y también reconozco que esta iniciativa se suma a las presentadas con anterioridad por las diputadas Maiella Gómez y Verónica Juárez. Esta propuesta legislativa forma parte de una estrategia más amplia, impulsada por el Colectivo Menstruación Digna México.
Tiene el propósito de posicionar la gestión menstrual como un tema público, que debe ser incorporado a las políticas públicas para crear condiciones estructurales que permitan a todas las mujeres, niñas, adolescentes y otras personas menstruantes en México vivirla con dignidad.
Esta estrategia se divide en tres ejes de acción. El primero, la gratuidad de los productos de gestión menstrual; segundo, la eliminación del IVA a dichos productos; y tercero, generar investigación y datos sobre la gestión menstrual en México.
Las organizaciones que integran este colectivo de menstruación digna en México son: Colectivo Esmeralda, Colectiva Mapas, Aquelarre, Consejo para Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, Elefante Rosa, El Caracol, la Fundación Friedich Ebert México, la Fundación Femex, Fundar, Gatitos por la Dignidad, Grupo de Integración de Reproducción Elegida, Guía de la diosa, Intersecta, Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, Matriarca, Mujer Pachulí, Mujeres Unidas por la Libertad, Oxfam México, Romper la regla, Red Azaleas, Vulva Sapiens, Aranxa Sánchez, Ekatherina Sicardo Reyes, Melisa Guerra, Pamela Ballesteros y Sofía Sánchez, a quienes les agradezco el invaluable trabajo que han hecho para esta iniciativa.
La menstruación es un proceso fisiológico que vivimos las mujeres, niñas, adolescentes, por cerca de 40 años de nuestra vida. Es decir, más del 50 por ciento de la población requiere productos para gestionar la menstruación en promedio entre 3 a 5 días cada mes.
La capacidad de acceder a productos para la gestión menstrual, así como el acceso a servicios de agua potable y a espacios adecuados para gestionar la menstruación de forma segura, afecta la libertad para estudiar, trabajar y mantenerse saludable.
No tener al alcance productos para gestionar la menstruación, educación menstrual y reproductiva, así como enfrentar obstáculos para acceder al agua y saneamiento y una atención médica especializada, aunado al estigma social alrededor de la menstruación, coloca a millones de mujeres en condición de pobreza menstrual.
Lo anterior aumenta las posibilidades de ausentismo y deserción escolar y laboral, infecciones y precarización económica, por lo que esto debe ser un asunto que se atienda desde la política pública. Esto afecta particularmente más a las mujeres más pobres.
En promedio una mujer gasta 720 pesos al año en toallas sanitarias, el equivalente al 5 por ciento del gasto de los hogares del decil más pobre del país. La situación de pobreza en la que viven 4 de cada 10 mujeres en México dificulta su acceso a una gestión menstrual digna.
Las mujeres que viven en pobreza gastan 2.5 veces más en productos de gestión menstrual que el 10 por ciento más rico de la población. La tasa de participación económica de mujeres y hombres es de 77 por ciento, mientras que entre mujeres es de casi 45 por ciento.
La política tributaria no es neutral al género, mientras que hombres y mujeres enfrentan realidades socioeconómicas diferentes, los sistemas tributarios afectarán a estas últimas de manera diferenciada.
La tasa del 16 por ciento a productos de gestión menstrual, transgreden los derechos humanos de las mujeres a la no discriminación, el mínimo vital a la salud, al trabajo, la educación, la vida digna e igualdad. Y, por lo tanto, su tratamiento fiscal debería equiparase a otro tipo de vienes que sean reconocidos como productos de primera necesidad como ya lo han hecho diversos países y ciudades que han eliminado e implementado reducciones de tasas a los productos de gestión menstrual.
Al menos 21 países han reconocido el impacto negativo de gravar los productos de gestión menstrual, mientras que en Argentina, España y Suiza existen diversas iniciativas que han planteado eliminar o reducir el IVA.
Así, menstruar no es un lujo. El IVA a los productos de gestión menstrual afecta a quienes menos tienen, dado que estos productos son de uso exclusivo de mujeres, niñas y adolescentes y otras personas menstruantes, resulta evidente que el IVA a los productos de gestión menstrual constituye un impuesto aplicado a un grupo de contribuyentes y por eso proponemos poner una tasa cero en este tipo de bienes que las mujeres debemos de usar. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Tagle. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Carolina García Aguilar, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Economía Social y Solidaria, reglamentaria del párrafo octavo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía.
La diputada Carolina García Aguilar: Con la venia de la Presidencia. Honorable asamblea, a raíz de la pandemia de Covid-19, se ha evidenciado la desigualdad social, la pobreza y la inequidad que han aquejado a nuestro país desde los últimos cinco gobiernos que basaron sus planes económicos en el modelo neoliberal.
Mismo que, además de agravar esta brecha de pobreza y desigualdad, no ha generado avances económicos, al concentrar la riqueza en pocas manos. Es por ello que la iniciativa que presento el día de hoy busca generar las condiciones necesarias para fortalecer la economía social y así cumplir con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, además de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Sumado a esto, podrá actualizar y fortalecer el marco normativo de nuestro país en materia de economía social y solidaria, con tal de propiciar las condiciones necesarias que ayuden a reducir la brecha de desigualdad y la pobreza, las cuales se perciben principalmente en las zonas rurales, en las poblaciones indígenas y en las poblaciones urbanas con pobreza. Al mismo tiempo contribuye a reducir la marginación y la violencia, al apoyar la igualdad entre hombres y mujeres.
Esta economía social de la que hablo es una alternativa que permitirá el desarrollo de nuestro país y acabar con la pobreza, la cual se basa fundamentalmente en la cooperación, el mutualismo y el asociacionismo democrático. Es sabido que algunos países de Europa y Latinoamérica han adoptado este modelo, y en el caso de nuestro país se ha adoptado desde la época prehispánica.
Con esta iniciativa buscamos unir a los pueblos, a los ejidos, a las comunidades. Y las cooperativas son parte primordial de la vida social y económica de nuestro país. Sobre todo, esta economía social es de la gente que trabaja con mucho empeño para generar más y mejores oportunidades. No... es por ello que en nuestro marco jurídico se han establecido mecanismos para poder fortalecer la economía del sector social, ya que es una parte del desarrollo económico de nuestro país, así como lo menciona la reforma al artículo 25 constitucional de 1983.
Compañeras y compañeros legisladores, debemos convencernos de que esta nueva normalidad es un indicio de que debemos cambiar la forma en que hacemos las cosas. No podemos seguir ignorando la desigualdad, la pobreza, el deterioro de nuestro medio ambiente. No podemos seguir sumergidos en una economía carente de valores, que se interesa por la producción masiva y destruye nuestro medio ambiente, que es tan importante para futuras generaciones.
Es momento de crear una economía social que vele por un medio ambiente sustentable y al mismo tiempo fomente el consumo responsable y construya una economía circular. Una economía que incluya valores, como la reciprocidad, la fraternidad y la cooperación. Por ello, es muy importante que comencemos a pensar en reconsiderar la concepción de la riqueza, del crecimiento económico, y a integrar conceptos como equidad, igualdad de oportunidades y consumo responsable.
Como legisladores y legisladoras estamos obligados a crear leyes que fortalezcan el marco jurídico, para así cumplir con los compromisos internacionales. Es por ello que en el PES estamos convencidos de que reorientar nuestra economía podrá revertir la desigualdad y la pobreza. Porque creemos que las alternativas para transformar y para impulsar el desarrollo de nuestro país es el día de hoy. Por su atención, es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada García Aguilar. Túrnese a la Comisión de Economía Social y Fomento del Cooperativismo para dictamen y a la Comisión de Igualdad de Género para opinión.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 146 y 170 de la Ley General de Educación, suscrita por el diputado Arturo Escobar y Vega y diputados integrantes de los grupos parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México y de Morena.
El diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez: Muchas gracias. Con la venia de la Presidencia. Estimadas compañeras y compañeros diputados, me da gusto tener la oportunidad de saludarles y saber que estamos continuando en el trabajo, en esta nueva etapa que nos demanda de sensibilidad y de responsabilidad para enfrentar los retos que tenemos como país frente a la pandemia ocasionada por el Covid.
Las diputadas y los diputados tenemos la responsabilidad no solo de proponer y actualizar el marco jurídico de nuestro país. Tenemos la gran responsabilidad de hacerlo fortaleciendo los derechos esenciales de todos los mexicanos; con una visión de futuro, pero sensibles a las circunstancias a las que nos enfrentamos en el día a día.
En nuestro país, de acuerdo a lo reportado por la Secretaría de Educación Pública, para el ciclo escolar 2019-2020, el 14.5 por ciento de los alumnos de educación preescolar que estaban escritos en escuelas privadas, al igual que el 9.9 por ciento de los alumnos de primaria y el 9 por ciento de los alumnos de educación secundaria, migraron a la educación pública.
Es momento de reconocer a las maestras, a las profesoras, a los profesores de la educación en México de la educación privada, pero también de la educación pública.
Las escuelas privadas ofrecen una opción a la búsqueda por parte de los padres de familia, de un modelo educativo que se ajuste a sus ideas y/o a sus valores, que garantice atención personalizada, que incluya formación en idiomas y tecnologías de información, así como otras actividades extraescolares, con lo cual se pretende dotar a los hijos de elementos, de herramientas que aseguren un mejor porvenir, que aseguren un mejor futuro a cada una y a cada uno de los alumnos.
Estos servicios educativos particulares son prestados a los alumnos a cambo de una contraprestación económica que debe ser proporcional a la calidad y naturaleza de la enseñanza recibida, a la diversidad de los servicios y a las instalaciones y recursos académicos que utilizan aquellas instituciones educativas privadas.
No obstante lo anterior, consideramos que el cobro de una cuota de reinscripción en cualquier grado, más allá de facilitar la continuidad de estudios de los educandos y cumplir con el mandato constitucional del artículo 3o, representa un obstáculo y obedece a incrementar el beneficio económico de los particulares que ofrecen este servicio educativo, lo cual debe de replantearse, especialmente ante una situación que atravesamos a consecuencia de esta pandemia. Estamos hablando de un grave problema, que es la crisis de salud y la crisis económica.
Desde aquí hacemos votos para que hagan una reflexión los propietarios de las instituciones privadas para que, precisamente apoyen en el sector que es la educación, con mejores resultados en los alumnos y una oportunidad de estar en una situación mejor.
Frente a este panorama, consideramos oportuno buscar alternativas para apoyar a los padres de familia que tienen a sus hijos en escuelas privadas y que se han visto afectados por pérdida de empleo o bien por una disminución en sus ingresos.
Es por lo que el propósito de esta presente iniciativa es prevenir la desviación del objetivo del derecho humano a la educación, así como a la naturaleza propia de las instituciones particulares que imparten educación, reformando los artículos 146 y 170 de la Ley General de Educación para establecer la prohibición del cobro de cualquier tarifa por concepto de reinscripción en aquellas escuelas particulares que prestan este servicio de educación.
Amigas, amigos diputados, estamos convencidos que su acompañamiento a favor de la presente iniciativa contribuirá en favor de la economía de familias que tienen hijos en escuelas privadas y, además, contribuye en la accesibilidad a esos servicios y, por tanto, en mantener la plantilla laboral de quienes trabajan en estos centros educativos.
Por eso, compañeras, compañeros, reitero el poder acompañar esta iniciativa con su voto a favor. Muchas gracias. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Alcántara Núñez. Túrnese a la Comisión de Educación para dictamen.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 2-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: Con su permiso, presidenta. Esta iniciativa que hoy presento a nombre del Grupo Parlamentario del PRD viene a sumarse a las múltiples propuestas y esfuerzos que se han realizado desde hace años, entre ellas la que ha presentado la diputada Martha Tagle que suscribimos otras diputadas, y es que el tema de la menstruación no es un tema solo de las mujeres.
La menstruación en nuestra cultura ha sido tradicionalmente símbolo de fecundidad. Ha significado el tránsito de la niña a la mujer fértil que podrá concebir y dar paso a una nueva vida.
Sin embargo, en la actualidad se ha estigmatizado, segregando a las mujeres y a las niñas que durante su periodo son calificadas como emocionalmente inestables, poco productivas e incluso como una carga para la sociedad.
Más allá de la definición científica, la menstruación se vincula con la debilidad sexual de las mujeres y en este sentido hemos podido observar que, sobre todo, durante la segunda mitad del siglo pasado en países europeos y asiáticos se daba a las empleadas la posibilidad de solicitar permisos laborales debido al dolor menstrual, quedando a discreción de las empresas el pago correspondiente. Sin embargo, debido a la competitividad laboral la mayor parte de las mujeres han optado por no usar ese beneficio debido a que podría ser asimilado a un bajo rendimiento laboral.
Como parte de la lucha feminista, en muchos países se han impulsado medidas que normalicen la presencia de la menstruación dentro de las actividades sociales que desarrollan las mujeres, entre ellas, la más común se ha centrado en la relación de las condiciones económicas, la desigualdad económica en relación con los salarios percibidos por los hombres y lo que se ha llamado impuesto rosa recaudado por los productos de higiene femenina que no son considerados como productos de primera necesidad si no de lujo en casi todos los países del mundo.
En nuestro país muchas niñas y adolescentes en situación de pobreza extrema sufren debido a la segregación de la que son objeto durante su periodo menstrual, porque al no poder comprar toallas sanitarias, ante la falta de recursos optan por no asistir a la escuela, disminuyendo en consecuencia su rendimiento escolar. Esta situación se presenta principalmente en los estados de Chiapas, Oaxaca y la huasteca potosina.
Es por ello que, en consonancia con la defensa y protección de los derechos humanos, específicamente de las mujeres y niñas en situación de pobreza, así como los principios de progresividad y equidad en la imposición de las contribuciones federales, proponemos que los productos de higiene femenina sean considerados como de tasa cero en relación al impuesto al valor agregado.
Adicionalmente, en las disposiciones transitorias establecemos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá establecer las condiciones recaudatorias para favorecer el uso de productos amigables con el medio ambiente que sean biodegradables, no desechables o reutilizables.
La circunstancia en que hoy nos encontramos nos impone la toma de medidas urgentes, la pandemia por Covid–19 ha puesto en evidencia las ya, las de por sí lamentables circunstancias de desigualdad que en nuestro país provocarán la existencia de 52 millones de personas en situación de pobreza y más de 16 millones en situación de pobreza extrema.
De todas ellas, las que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad son precisamente las niñas, adolescentes y mujeres que deberán enfrentar no solo el consumo cotidiano de los productos de higiene menstrual, sino que, además, la reducción de los ingresos familiares, cuya principal finalidad no será, sin duda alguna, la satisfacción de las necesidades higiénicas y de salud de las mujeres, adolescentes y niñas, las que pasarán a segundo o tercer plano.
Adicionalmente, debido a las medidas sanitarias, el desabasto y el encarecimiento de productos añadirán elementos de tensión y angustia para poder conseguirlos, sacrificando en ello la higiene y salud sexual de muchas niñas y adolescentes.
Debemos ser claros, diputadas y diputados. El impuesto a los productos de higiene menstrual es un impuesto que pagamos las mujeres, únicamente por ser mujeres. Y responde a una lógica impuesta desde el paternalismo patriarcal de un sistema que nos desdeña y nos discrimina.
Y en ese sentido, los argumentos presupuestarios no son suficientes. La dignidad de las mujeres y las niñas y las adolescentes de este país vale más de 3 mil millones, costo calculado para esta iniciativa.
Es el momento de demostrar que, en México, todas y todos en igualdad, podemos caminar juntos y juntas hacia una nación más justa y equitativa. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Juárez Piña. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen. ¿Con qué objeto, diputado Lixa?
El diputado José Elías Lixa Abimerhi (desde la curul): Si me lo permite, presidenta, toda vez que la promovente ha hecho un llamado, que no solo sea un tema de reflexión y un asunto para las mujeres. Me gustaría sumarme a esta iniciativa y que todos en esta Cámara nos hagamos parte de una iniciativa tan profunda. Muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Lixa. Les comento, compañeras y compañeros diputados, que en esta caso suscribir la iniciativa presentada por la diputada Juárez Piña, o en cualquier otro subsecuente, donde haya interés en suscribir las iniciativas, atentamente les solicito que por las medidas de sana distancia que nos impiden hacer nuestras tradicionales filas en la Secretaría, para suscribirlas, que sea a través de los enlaces de sus grupos parlamentarios donde manifiesten su voluntad para suscribir esta y cualquier otra iniciativa que consideren. Muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Heriberto Marcelo Aguilar Castillo, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 45, 49 y 51 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.
El diputado Heriberto Marcelo Aguilar Castillo: Con su venia, diputada presidenta. Compañeras diputadas, compañeros diputados, frente al panorama de pobreza, que tanto lacera a distintas regiones de nuestro país, encontramos una serie de características geográficas y de recursos naturales, que con el ingenio creativo de nuestro pueblo logran paliar la desigualdad y la falta de oportunidades. No obstante, estos esfuerzos no son suficientes y se considera que el Estado debe buscar garantizar mejores condiciones de vida para el pleno desarrollo de las personas.
México con sus 11 mil kilómetros, es uno de los países con más kilómetros de costa en el mundo. Conforme a lo anterior, entendemos que en nuestro país la pesca es una de las actividades más importantes en cuanto a la generación de empleos y desarrollo para las comunidades costeras.
En datos sabemos que más de 300 mil familias dependen directamente de la actividad en cuestión. Asimismo, más de 2 millones de nacionales lo hacen directamente. Con una producción anual de aproximadamente un millón 753 mil toneladas, México es uno de los principales productores de pescados y mariscos en el mundo.
Aunado a lo anterior, las aguas interiores son aprovechadas para el cultivo de distintas especies a través de la acuacultura.
Lo anterior descrito supone un reto institucional en términos de la capacidad de regular y ordenar la actividad. Nuestro marco legal otorga dicha facultad a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, y en esta competencia de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca el ordenamiento de actividades, a efecto de lograr sanos equilibrios en la distribución de los beneficios obtenidos por la pesca y la acuacultura.
Considerando lo expuesto anterior, el estudio de impacto social de la pesca ribereña en México se tiene que una gran mayoría de los pescadores y sus familias no pueden acceder a un piso mínimo de derechos humanos derivados de su condición laboral y lugar de residencia. De tal suerte que numerosas comunidades costeras enfrentan carencias importantes en servicios básicos de educación y salud.
En este sentido, podemos decir que una de las problemáticas que enfrentan los pescadores ribereños son los tiempos y procesos para obtener un permiso de pesca.
En síntesis, es posible decir que para estos pescadores resultan poco beneficiosos los sistemas para el ordenamiento pesquero por parte de las instituciones federales. Son bastante conocidos, por los menos para quienes avistan en zonas costeras y que se dedican a la noble actividad pesquera. Que los pequeños pescadores al momento de iniciar un trámite para un permiso o bien para renovarlo, se enfrentan a una serie de días, que aunque están definidos en el artículo 45 de la Ley General de Pesca, estos no necesariamente se respetan, generando un clima de frustración y en última instancia minan en la credibilidad de las instituciones.
La ley en su trámite señala un periodo de 60 días para que la Secretaría responda a la solicitud de concesiones o permisos de pesca, dejando un espacio también de 15 días para poder reponer documentación en caso de que hubiera observación alguna.
No obstante, y derivado de múltiples expresiones escuchadas en foros de pesca realizados por la Comisión de Pesca, así como peticiones hechas por pescadores en distintos puntos de la geografía nacional, nos hace saber y fundamentar que en realidad estos plazos, en su mayoría se extienden más allá de la temporalidad que establece la ley, y quienes esperan tener permisos a más tardar en el plazo, más la prórroga, en algunos casos no obtienen nada.
A lo anterior debemos sumar, considerar que la problemática se ahonda y tienen más efectos cuando concluye el período de veda, y los pescadores de las comunidades ribereñas no cuentan con los permisos para poder realizar la actividad pesquera, lo que afecta a su economía, y en el peor de los escenarios, dicha situación los orilla a realizar pesca sin el permiso necesario. Es decir, que derivado de una falta de capacidad institucional, los ciudadanos se ven en el dilema de quebrantar el mandato legal o la subsistencia.
Por lo anterior, se requiere integrar cambios en los artículo 45, 49 y 51 de la ley, con lo que se obliga a las instituciones encargadas de la emisión de permisos, sus prórrogas y así como de las concesiones y, a su vez, los servidores públicos de estas para que encuentren la forma de agilizar los procesos y trámites.
El fin de la propuesta es que los pescadores no se vean en el escenario en donde no tienen más que violentar la ley con tal de subsistir.
La cuarta transformación y el proyecto de nación impulsado por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, nos lleva a buscar todas las formas posibles para mitigar las condiciones de desigualdad de ingresos, material y de oportunidades para todos los mexicanos.
En este sentido, la propuesta que presento tiene como fin atender una añeja necesidad del gremio pesquero. Es decir, los tiempos de resolución en cuanto a los permisos y las concesiones.
Hoy podemos afirmar que para Morena, por el bien de todos, primero los pobres. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Aguilar Castillo. Túrnese a la Comisión de Pesca, para dictamen.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado José Martín López Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 56 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.
El diputado José Martín López Cisneros: Con su venia, presidenta. Honorable asamblea, los símbolos patrios son aquellos distintivos o representaciones visuales o verbales que representan a nuestro país y nos dan identidad y pertenencia a todos los mexicanos, sin importar religión, raza, nivel socioeconómico, preferencia política, lugar de nacimiento o ideología.
Nuestro Escudo Nacional, la Bandera y el Himno Nacional nos unen e identifican como mexicanos. Por tal razón, cualquier cambio, alteración, transformación o menoscabo de nuestros símbolos patrios representan una afrenta a todos los mexicanos.
Prueba de lo anterior fue la alteración hecha durante la administración del presidente Vicente Fox, para modernizar el Escudo Nacional, la medida fue duramente cuestionada y criticada por la ciudadanía que rechazó el cambio propuesto y presionó para que se diera marcha atrás a tan desatinada propuesta.
En este orden de ideas, hoy el titular del Ejecutivo federal, junto con su partido y algunos gobiernos locales, se han dado a la tarea de promover el águila juarista por encima del Escudo Nacional, sobran ejemplos de los anteriores.
Ya desde el 2006, cuando el actual titular del Ejecutivo federal se autoproclamó presidente legítimo, el águila juarista estuvo presente en el fondo del templete usado para su evento y en la Banda Presidencial que usó para su autonombramiento.
Igualmente, en su campaña del 2018, fue común ver en los templetes el uso de dicho símbolo. De igual manera, el símbolo del águila juarista forma parte de las insignias con las que se identifica al partido en el gobierno.
Es evidente la intención que persigue el gobierno federal y sus partidarios, de pretender darle trato simbólico patrio al águila juarista, en menoscabo de nuestro Escudo Nacional. Prueba de lo anterior es la incorporación del águila juarista al Escudo de la Guardia Nacional.
En este mismo sentido, en días pasados ciudadanos denunciaron y criticaron severamente el hecho de que en el Zócalo de la capital del país se instalara el águila juarista, que nada tiene que ver con el hecho histórico que se festeja.
Al respecto, se quiso justificar inclusión de dicha insignia señalando que el águila juarista es un símbolo histórico, sin embargo, debemos precisar que lo que festejamos en el mes patrio es la Independencia de nuestro país y no la república restaurada.
La presente iniciativa busca proteger a nuestros símbolos patrios del mal uso que pudieran darles los gobiernos en turno y, sobre todo, impedir que se usen con fines propagandísticos los símbolos históricos en menoscabo de los símbolos patrios que los mexicanos nos hemos dado.
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, que adiciona una fracción XII al artículo 56 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera e Himno Nacionales.
Único. Se adiciona una fracción XII al artículo 56 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional, para quedar de la siguiente manera.
Artículo 56. Constituyen infracción a la ley las conductas siguientes:
XII. Hacer uso de los símbolos históricos con fines propagandísticos, en detrimento de los símbolos patrios.
Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado López Cisneros. Túrnese a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de inelegibilidad de las personas para ocupar cargos públicos.
La diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega: Con el permiso de la Presidencia. Buenos días, compañeras, compañeros. Esta iniciativa tiene por finalidad que las personas que pretendan acceder a los cargos de diputados federales, senadores, ministros, jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación, presidentes municipales e integrantes de ayuntamientos y gobernadores no hayan sido condenados por violencia familiar ni que tengan obligaciones alimentarias pendientes de cumplir.
Buscamos que al gobierno lleguen personas íntegras y que respeten a la familia, que es la base de la sociedad. El ejercicio de un cargo público debe ser ejercido por personas que no atenten o haya atentado contra la familia. Es por ello que aquellos que hayan ejercido violencia familiar y/o que no cumplen con el pago de la pensión alimentaria a su cargo, debiesen estar inhabilitados para ejercer un cargo público que tiene como presupuesto la vocación de servicio y respeto por el derecho de las personas.
En la actuación pública debemos aspirar a raseros éticos y debe haber congruencia entre la vida personal y pública de las personas que pretenden regir sobre la vida de otros. Es de señalarse que exigir cumplir con las obligaciones familiares y no ejercer violencia en contra de la familia, subyace un profundo significado social.
Con esta propuesta de reforma buscamos que lleguen al gobierno personas cuyo comportamiento de base sea en principios de ética y de cumplimiento de obligaciones a su cargo. En suma, no queremos machistas ni abusadores ni desobligados en sus cargos públicos.
En este tenor valdría la pena preguntarse: ¿qué esperaría la sociedad de una persona que ha lastimado y dañado a la familia? ¿Qué actuación se podría esperar respecto de una persona que no satisface las necesidades mínimas de menores o incapaces que requieren alimentos para su subsistencia?
En consecuencia, con esta reforma constitucional queremos exigir a los hombres y mujeres que tienen una responsabilidad pública, que tengan una vida acorde a la institución de la familia. No es una cuestión menor y lo que buscamos es que sean los mejores con mayor vocación y sentido social, lo que se constituye desde el seno del hogar.
Por otra parte, no hay que dejar de señalar que en México existen lamentablemente condiciones de violencia contra la mujer y la subcultura del machismo, que precisamente genera una falsa y distorsionada visión favorable hacia el macho que trata e incumple a su familia, estereotipos que lamentablemente se repiten y perduran.
De ahí que la ley tenga que aspirar a cambiar tales patrones. Para quien pretende desempeñar un cargo público se debe medir tanto el comportamiento en lo social como en lo privado. Y en donde se debe conciliar no solo la apariencia, sino la actuación honesta, no por nada se habla de un modo honesto de vivir como exigencia para la ciudadanía.
Como habíamos señalado, existe en México un grave problema de violencia contra la mujer y la familia, así como de incumplimiento de obligaciones alimentarias. Por ejemplo, de acuerdo a los datos oficiales, en 2020 había poco más de 120 mil casos de violencia familiar y en 2019 cerca de 25 mil investigaciones por incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar.
Tenemos que disminuir la violencia social y familiar en México, esto sigue causado daños en la vida emocional y social de los integrantes de la familia y de la sociedad en general y nos impide avanzar en el desarrollo del país.
Antes que cualquier otra cosa debemos de entender que la familia fue, es y seguirá siendo el núcleo de la sociedad. Así mismo, es importante mencionar que en el seno familiar es donde se reciben los valores humanos, sociales, morales, culturales. Y, con base en ellos, las personas aprenden a relacionarse socialmente.
Queremos que en las posiciones de mando y dirección social haya personas honestas que cumplan con sus obligaciones como madres y padres de familia. Al menos ello daría mayores garantías de que el comportamiento público será adecuado y con mejores posibilidades... y muy nulas posibilidades de desviarse.
Un buen gobernante, si bien se forja a lo largo de una carrera de servicio público, su inicio es y será un hogar donde los padres que lo conformaron estuvieron al tanto de su educación, cumplieron con sus obligaciones y le enseñaron el respeto por los demás. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Ascencio Ortega. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 50, 52 y 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, presidenta. Ha sido un largo camino el que hemos andado las mujeres desde 1953, cuando se nos reconoció el derecho a votar, hasta el día de hoy, en el que por primera vez en la historia estamos representadas de forma paritaria en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República. Pero lo que no se nombra no existe y lo que se nombra construye realidades.
También se dice que el lenguaje no es excluyente sino la forma en que se utiliza. Particularmente nuestra lengua, el español, a diferencia de otros idiomas diferencia entre los géneros, lo que nos da la posibilidad de nombrar a las cosas por su nombre. Y en este caso lo que hay que nombrar es que esta Cámara no es solamente una Cámara de Diputados, sino una Cámara de Diputadas y Diputados. En efecto, lo que no se nombra no existe, pero lo que existe hay que nombrarlo.
La conformación de nuestro Parlamento ha evolucionado a la par de las demandas de las mujeres de que el ejercicio de sus derechos políticos sea plenamente ejercido. Y ese logro no es solo de las mujeres políticas sino de las mujeres y las niñas en general. Y es un logro que debe verse traducido en una vida mejor para todas y en una sociedad realmente igualitaria y libre de violencia. La nueva realidad paritaria del Congreso mexicano, que no es más que un reflejo de la sociedad, merece ser expresada y visibilizada en los nombres de sus Cámaras.
En ese sentido, varios países han impulsado reformas y políticas públicas para visibilizar la paridad de género. Destacan de entre ellos España, Chile y Argentina, quienes en un ejemplo de avance cultural, jurídico y político han promovido la incorporación del lenguaje inclusivo en sus respectivos Congresos.
En España, a través de una propuesta de Anna Caballé, Premio Nacional de Historia, ella ha propuesto que la Cámara Baja se llame solo Congreso y se supriman las palabras “de los diputados”, ya que 153 diputadas constituyen el 43.7 por ciento de la Cámara.
Por su parte, Chile desde el año pasado aprobó modificar la nomenclatura que utilizaba el Congreso de su Cámara de Diputados. Este cambio de denominación se contempla en logo, señalética y la redacción de la comunicación interna. Con estas modificaciones, ahora se denomina Cámara de Diputadas y Diputados de Chile. En este mismo tenor, en Argentina, que ha seguido el ejemplo de Chile, la legisladora María Jimena López, presentó una iniciativa de reforma para modificar la denominación de la Cámara de Diputados a Honorable Cámara de Diputadas y Diputados de la Nación.
En ese sentido es que presento esta iniciativa de reforma constitucional que busca estimular y reconocer al mismo tiempo la participación de las mujeres de México en la vida política de nuestro país, concretamente en los espacios legislativos.
Por eso, esta propuesta modifica el nombre de las Cámaras que integran el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos a que hacen referencia los artículos 50, 52 y 56 de la Constitución para quedar como Cámara de Diputadas y Diputados y Cámara de Senadoras y Senadores.
Es justamente un momento histórico el que vivimos el día de hoy en materia de paridad de género y, como ya he repetido varias veces, lo que no se nombra no existe y es momento de nombrar lo que ya existe y lo que tanto trabajo ha costado construir en nuestro país. Muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Rojas Hernández. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Carlos Iván Ayala Bobadilla, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 13 de la Ley Federal de Consulta Popular.
El diputado Carlos Iván Ayala Bobadilla: Con su venia, señora presidenta. Someto a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 13 de la Ley Federal de Consulta Popular al tenor de lo siguiente:
Uno de los rasgos característicos de la administración de la 4T ha sido la toma de decisiones basadas en los resultados de consultas públicas.
Hoy en día, la consulta popular es el mecanismo de participación ciudadana que sirve para ejercer el derecho constitucional e impulsar la democracia participativa para votar en torno a temas de trascendencia nacional que puedan incidir en el debate y las decisiones que adoptan los órganos representativos del Estado mexicano.
La iniciativa tiene como objeto dar celeridad procesal a los temas de trascendencia nacional en el corto tiempo, sin esperar a ser consultados para la siguiente elección. La presente iniciativa responde al planteamiento de nuestro presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de permitir que las consultas populares se puedan realizar cuando se requieran y no cada tres años, razón por la cual es relevante modificar el artículo 13 de la Ley Federal de Consulta Popular, para quitar el candado de que cada tres años pueda realizarse la consulta, y hoy, con esta reforma pueda realizarse cada año.
Por lo anterior, la consulta popular es un mecanismo propio de la democracia participativa que propicia e incentiva al elector para generar una mayor cercanía de la autoridad política en la toma de decisiones.
Bajo esta lógica, se propone modificar el artículo 13 de la Ley Federal de Consulta Popular con el propósito de que las consultas populares que deriven de temas legislativos que tengan impacto trascendental, puedan realizarse desde el primer año de cada legislatura, así como cada año subsecuente.
Con este cambio la consulta será un recurso efectivo de voz y voto de apelación o impugnación sobre decisiones que emanen del Poder Ejecutivo o Legislativo. Es decir, será democrático y en estricto apego el derecho.
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 13 de la Ley Federal de Consulta Popular.
Artículo único. Se reforma el artículo 13 de la Ley Federal de Consulta Popular, para quedar como sigue:
Artículo 13. La petición de consulta popular podrá presentarse ante las Cámaras del Congreso según corresponda, en términos de esta ley, a partir del primero de septiembre del primer año de ejercicio de cada legislatura, así como cada año subsecuente, y hasta el 15 de septiembre del año previo al que se realice la jornada electoral federal.
Artículos transitorios.
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Las autoridades competentes deberán adecuar su marco jurídico regulatorio en términos de lo establecido en el presente decreto, dentro de un plazo máximo de 180 días a partir de su entrada en vigor.
Solicito se inserte integro el texto de la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Agradezco la generosidad de su atención. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Ayala Bobadilla. Túrnese a la Comisión de Gobernación y Población para dictamen e insértese integra la iniciativa en el Diario de los Debates, tal como lo solicitó el diputado Ayala Bobadilla.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Flora Tania Cruz Santos, del Grupo Parlamentario de Morena para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, relativa a la educación de calidad y de excelencia.
La diputada Flora Tania Cruz Santos: Con su venia, presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, la educación es el proceso cultural y de aprendizaje a través del cual desarrollamos nuestras capacidades cognitivas, habilidades físicas y fundamentamos los valores y creencias que nos permiten actuar como buenos ciudadanos.
El objetivo general de la educación es el desarrollo integral de los individuos a fin de que puedan desenvolverse en la sociedad, ser críticos, propositivos en función del bienestar de la comunidad y de crear sociedades más justas.
Por el papel fundamental que tiene en la sociedad, la educación se encuentra inscrita en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
El derecho a la educación es tan relevante que se utiliza como indicador del desarrollo de los países y actualmente es uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que deben alcanzarse para el año 2030.
Aunado a la obligación convencional que tiene el Estado mexicano también tiene la obligación constitucional de garantizar que la educación sea de excelencia, como lo señala el artículo 3o. constitucional que a la letra dice: “el criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios.” Además, en el inciso i): “será de excelencia, entendida como el mejoramiento integral constante que promueve el máximo logro de aprendizaje de los educandos, para el desarrollo de su pensamiento crítico y el fortalecimiento de los lazos entre escuela y comunidad”.
Comprender el papel fundamental de la educación requiere entender el papel protagónico con el que cuentan los docentes como agentes de transformación social, algo que en la reforma educativa que se promovió desde este cuerpo legislativo, en 2019 y las leyes secundarias se estableció la Ley General del Sistema de la Carrera de las Maestras y los Maestros.
En el derecho internacional se establece que no solo se debe garantizar el acceso a la educación también que sea de calidad y en la reforma antes mencionada fuimos más allá y promovimos la excelencia como palabra para definir el esquema que debe perseguir el Estado para promover la justicia social en nuestro país.
Sin embargo, los artículos 35, 39 y 40 de la Ley General de las Maestras y los Maestros ha generado una mala interpretación que se vio plasmada en los criterios excepcionales para el proceso de admisión al sistema 2020–2021 que estableció dos listados: el A, para normales públicas, egresados de la Universidad Pedagógica Nacional y los Centros de Actualización del Magisterio y la lista B, para el resto de los aspirantes.
Esto promueve la discriminación de los docentes por ser egresados de instituciones privadas o universidades, ignorando su buena valoración en el proceso multifactorial inscrito en la misma ley y alejando a los mejores maestros de las aulas.
En el caso de mi entidad, en el estado de Veracruz, el último puntaje de la lista A, con una valoración de 15 puntos, se encuentra por arriba de un docente que con mucho esfuerzo obtuvo una valoración de 90 de la lista B y, sin embargo, en la lista de prelación se encuentra en el lugar 594, para acceder a una plaza en el sistema.
Lo anterior se hizo justificando la prioridad para el fortalecimiento de las escuelas normales, misma que se puede dar de otra manera, sin comprometer la excelencia educativa.
Se debe fortalecer a las normales con presupuesto, mejores prácticas administrativas y pedagógicas.
El problema no es con las escuelas normales, pero la implementación de esta ley mal comprendida ha generado un serio problema social y se debe de ajustar para prevenir esta mala práctica.
Los mejores docentes deben estar frente a las aulas, sin discriminación, y es responsabilidad del Estado fortalecer a las escuelas normales, sin afectar los derechos del resto de los maestros.
Es por lo anterior expuesto y fundamentado, que presento esta iniciativa. Muchas gracias. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Cruz Santos. Túrnese a la Comisión de Educación, para dictamen.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada María Isabel Alfaro Morales, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, y de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia.
La diputada María Isabel Alfaro Morales: Buenas tardes a todos, con su permiso, presidenta. Compañeras y compañeros diputados, durante el desarrollo de esta pandemia, los servicios financieros a través de medios electrónicos se han incrementado, principalmente por depósitos, transferencias y pagos, así también a través de portales de comercios.
Pero en todo esto, ¿en dónde queda la protección de los datos personales que debe existir para salvaguardar la seguridad, no solo de los usuarios de los servicios financieros, sino también de los datos que poseen sobre ellos las sociedades de información crediticia, comúnmente conocidas como buró de crédito?
La vulnerabilidad de datos personales está sujeta, muchas veces por los jaqueos que se realizan a las bases de información crediticia, a través del uso ilegal de medios electrónicos, así también a la filtración o mal uso que pueda hacerse por terceras personas.
Estas sociedades tienen como marco la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, cuya función consiste en minimizar el riesgo crediticio proporcionando información que ayude a conocer el grado de cumplimiento de pago o de endeudamiento de quienes solicitan un crédito.
Además, manejan datos personales de los clientes o usuarios de los servicios financieros, los cuales se comparten entre sí, o bien con entidades financieras, empresas comerciales y sociedades financieras de objeto múltiple.
A pesar de esto, las sociedades de información crediticia no están sujetas a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, al ser este el marco legal que tiene como finalidad regular el tratamiento legítimo controlado e informado de los datos personales, a efecto de garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas.
Es por ello que la iniciativa que hoy someto a la consideración de este pleno de la Cámara de Diputados tiene como propósito fortalecer el marco legal que protege los datos personales de los clientes o usuarios de los servicios financieros que estén en posesión de las sociedades de información crediticia.
Por ello se propone derogar la fracción I del artículo 2 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Asimismo, reformar el segundo párrafo del artículo 5o.; el primer párrafo del artículo 27 Bis y el primer párrafo del artículo 28, así como adicionar una fracción IV al artículo 18 de la Ley para Regular la Sociedad de Información Crediticia.
Primero. Establecer que las sociedades de información crediticia serán sujetos regulados por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
Segundo. Precisar que no se considera que existe violación al secreto financiero cuando las entidades financieras o las empresas comerciales proporcionen información sobre operaciones crediticias u otras de naturaleza análoga a dichas sociedades, siempre y cuando exista previa autorización de los clientes.
Tercero. Establecer que cuando las entidades financieras, las empresas comerciales y las sociedades financieras de objeto múltiple vendan o cedan cartera de crédito a las empresas especializadas en adquisición de deuda o a otros adquirentes o cesionarios, se deberá informar a la Condusef, a efecto de que esta última instancia tenga conocimiento de que se está compartiendo información de un cliente.
Cuarto. Prohibir a las sociedades de información crediticia que estas compartan entre sí información de los clientes, misma que está contenida en sus bases de datos.
Finalmente, establecer que en la solicitud para constituirse y operar como sociedades de información crediticia, estas deberán señalar por escrito el compromiso de apegarse a los términos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posición de los particulares.
Con esta reforma, desde esta Cámara de Diputados debemos fortalecer los derechos y la seguridad de los usuarios de los servicios financieros que día a día realizan cientos de operaciones financieras en el país. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Alfaro Morales. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y Población y de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se informa que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria y disponible en el monitor de las curules, acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos por el que se establece el calendario legislativo correspondiente al primer período de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio de la LXIV Legislatura. Consulte la Secretaría si es de aprobarse.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Aprobado y comuníquese.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se informa a la asamblea que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria y disponible en el monitor de las curules, el acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos por el que se establecen las medidas que se aplicarán en las sesiones ordinarias presenciales que se celebren en el tercer año de ejercicio de la LXIV Legislatura durante la contingencia sanitaria. Consulte la Secretaría, en votación económica, si son de aprobarse.
La secretaria diputada María Guadalupe Díaz Avilez: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Aprobado.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Pido a la Secretaría dar lectura al Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, referente al Análisis del Segundo Informe de Gobierno del presidente de la República, conforme a lo dispuesto en el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La secretaria diputada Martha Hortencia Garay Cadena: Acuerdo.
Primero. El presente acuerdo tiene por objeto establecer el formato, conforme el cual se desarrollará el Análisis del Segundo Informe de Gobierno del presidente de la República, que refiere el segundo párrafo del artículo 69 constitucional.
Segundo. Atendiendo a lo establecido en el artículo 7, numeral 4 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, este análisis se desarrollará en diversas sesiones, conforme a los siguientes temas y fechas:
Política interior. El miércoles 9 de septiembre de 2020.
Política económica. El lunes 14 de septiembre del 2020.
Política social. El martes 22 de septiembre de 2020.
Y, política exterior. El miércoles 23 de septiembre de 2020.
Tercero. Por cada uno de los temas analizados habrá intervenciones de los grupos parlamentarios que se darán de acuerdo a su representatividad en la Cámara, con el siguiente formato:
1. Por cada tema se realizarán dos rondas de posicionamiento, cada intervención será hasta por cinco minutos.
2. En la primera ronda el orden de participación será el siguiente:
Grupo Parlamentario de Morena. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, Grupo Parlamentario de Encuentro Social, Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La segunda ronda en orden de participación será el siguiente: diputada o diputado sin partido, Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, Grupo Parlamentario de Encuentro Social, Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, Grupo Parlamentario de Morena.
Cuarto. Corresponderá a la Mesa Directiva el estricto cumplimiento del presente acuerdo.
Comuníquese a la Mesa Directiva para los efectos legales a que haya lugar.
Quinto. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.
Transitorio
Único. El presente acuerdo entrará en vigor el día en que sea aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados.
Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 8 de septiembre de 2020. Rúbricas del diputado Mario Delgado Carrillo, del diputado Juan Carlos Romero Hicks, del diputado Rene Juárez Cisneros, del diputado Reginaldo Sandoval Flores, del diputado Tonatiuh Bravo Padilla, del diputado Jorge Arturo Argüelles Victorero, del diputado Arturo Escobar y Vega, y de la diputada Verónica Juárez Piña.
Es cuanto, diputada presidenta.
En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Aprobado y comuníquese.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho (13:18 horas): Se levanta la sesión y cito para la que tendrá lugar mañana, 9 de septiembre de 2020, a las 11 horas, en modalidad presencial. El registro de asistencia estará disponible a partir de las 9 horas. Reitero, la hora de la cita es a las 11 horas, en modalidad presencial.
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