Bienvenida de la diputada Aleida Alavez Ruiz
Intervenciones
Del ciudadano Javier Oliva Posada
Del ciudadano Javier Hurtado González
De la ciudadana Patricia Olamendi Torres
Del ciudadano Raúl Sapien Santos
De la ciudadana Mayra Hernández Maciel
Del ciudadano Fernando Ríos Martínez
El ciudadano Miguel Concha Malo
Del ciudadano Bernardo María León Olea
Del ciudadano Conrado López Hernández
Del ciudadano Julio Sabines Chesterking
Del ciudadano David Peña Rodríguez
De la ciudadana Luz Marcela Villalobos Andrade
De la diputada María Guadalupe Almaguer Pardo
De la diputada María de los Ángeles Huerta del Rio
Del diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz
Del diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce
Del senador Omar Obed Maceda Luna
De la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña
Del diputado Alejandro Viedma Velázquez
La senadora Patricia Mercado Castro
Del diputado Silvano Garay Ulloa
Del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez
Del diputado Héctor Guillermo de Jesús Jiménez y Meneses
De la diputada Carmen Julieta Macías Rábago
De la diputada Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez
Del diputado Felipe Fernando Macías Olvera
Del ciudadano Javier Hurtado González
De la ciudadana Patricia Olamendi Torres
Del ciudadano Fernando Ríos Martínez
Del ciudadano Javier Oliva Posada
Del ciudadano Conrado López Hernández
De la ciudadana Tania Reneaum Panszi
Del diputado Juan Carlos Romero Hicks
Del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez
Del diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz
De la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña
Del diputado Mario Delgado Carrillo
Clausura de los trabajos de las audiencias
El maestro de ceremonias Alfonso Ruelas Hernández: Muy buenos días. Les pedimos por favor ocupar sus lugares, para dar inicio a la Mesa 10, Seguridad Humana y Guardia Nacional, si son tan gentiles de ocupar sus lugares, por favor.
Buenos días. La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, les da la más cordial bienvenida a la Mesa 10, que lleva por título Seguridad Humana y Guardia Nacional, de las Audiencias Públicas para la Guardia Nacional.
El propósito de estas audiencias es enriquecer la discusión e intercambiar puntos de vista con los sectores involucrados y con el objetivo de que la ciudadanía conozca las diversas opiniones respecto a esta importante reforma a la Constitución.
En el presídium de esta mesa de trabajo nos distinguen con su presencia, Javier Oliva Posada, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias, don Javier.
Patricia Olamendi, de la Red de Seguridad de Justicia y Paz para las Mujeres. Muchas gracias.
Raúl Sapien Santos, presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada. Muchas gracias, don Raúl.
Agradecemos también la presencia de Mayra Hernández Maciel, de la Mesa Metrópoli Monterrey. Muchas gracias por su presencia este día.
Del abogado José Alfonso Rodríguez Sánchez. Muchas gracias, señor abogado.
De Fernando Ríos Martínez, secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos. Muchas gracias, don Fernando.
Agradecemos particularmente la presencia el día de hoy del padre Concha. Muchas gracias, padre, por estar con nosotros.
De Bernardo León, especialista en policías y justicia cívica. Muchas gracias por su presencia.
De Conrado López Hernández, abogado. Muchas gracias, abogado.
Y del señor Julio Sabines Chesterking, quien está aquí el día de hoy con nosotros. Muchas gracias, don Julio Sabines.
Asimismo, agradecemos la presencia y participación de diputadas, senadoras, diputados y senadores de esta LXIV Legislatura, servidores públicos de los gobiernos estatales, del gobierno federal, representantes de la sociedad civil y en general el público invitado a estas audiencias.
Para moderar la Mesa 10, Seguridad Humana y Guardia Nacional, dejamos en el uso de la palabra a la diputada Aleida Alavez, por favor, diputada.
La moderadora diputada Aleida Alavez Ruiz: Muchas gracias. Muy buen día tengan todas y todos ustedes. Bienvenidos, bienvenidas a la Cámara de Diputados, a estas audiencias ciudadanas que se han realizado con el fin de escuchar diferentes voces, como ya lo comentaron en la presentación, sobre la Guardia Nacional.
Para mí es un gusto y un honor tenerlos hoy aquí y seguir en esta dinámica de escuchar opiniones, de recabarlas y de hacerlas parte de nuestra discusión en pleno, de un dictamen que tenemos próximo la semana entrante de Guardia Nacional.
Me acompaña también para moderar el diputado Felipe Fernando Macías y, bueno, vamos a estar en una dinámica como en las anteriores mesas, en donde los ponentes nos hacen una presentación de 10 minutos y al final damos la palabra también a la intervención de diputadas y diputados, senadores, senadoras que nos acompañen, para entonces cerrar la mesa con el intercambio de estas opiniones. Sean todos y todas nuevamente bienvenidos.
La moderadora diputada Aleida Alavez Ruiz: Vamos a empezar con nuestro primer ponente, las intervenciones serán de diez minutos y, bueno, pues ahora contamos con el académico de la UNAM, que lo presentará la diputada Almaguer, Javier Oliva Posada. Por favor, diputada.
La diputada Ma. Guadalupe Almaguer Pardo: Gracias, diputada presidenta. Javier Oliva Posada es licenciado en ciencias políticas por la UNAM, con maestría en estudios latinoamericanos y a los realizados también en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es doctor en ciencia política por la UNAM. Ha sido docente en la maestría en seguridad nacional, en el Centro de Estudios Superiores Navales, de la Secretaría de Marina Armada de México. Y ha sido asesor del secretario de Defensa Nacional y Marina. Es profesor investigador de la UNAM, en donde se desempeña como coordinador del diplomado de defensa y seguridad nacionales, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
Además, fue observador en Ginebra, por parte de la UNAM. Es columnista de diversos medios nacionales. Tiene la palabra Javier Oliva Posada.
El ciudadano Javier Oliva Posada: Gracias. También quiero comenzar por agradecer esta posibilidad de dirigirme en un foro tan importante. A las senadoras, senadores, diputadas y diputados, muchas gracias por la invitación.
Es muy interesante esta Mesa, no porque yo participe, desde luego, sino porque después de la decisión que asumió el presidente de la República de en la iniciativa conferirle el mando civil a la Guardia Nacional, idea con la que por supuesto simpatizo.
Entonces, en virtud de ese nuevo enfoque hube de modificar mis planteamientos, porque eventualmente esta sería una decisión que se habría de tomar en el pleno.
Entonces, hacia donde dirigí ahora mi intervención es al asunto de la doctrina militar. Es decir, qué características, en términos de la formación, van a requerir los soldados de la Guardia Nacional.
En esos términos, de acuerdo a lo que escuchamos ayer, tanto del almirante secretario Ojeda como del general secretario Sandoval, tendría un enfoque básicamente en el adiestramiento y en la axiología, es decir, de los valores, tendría la responsabilidad de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Y posteriormente, en lo que se refiere a su despliegue táctico operativo, sería responsabilidad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Es muy importante entender el tema de la doctrina militar, porque en función de la doctrina va el equipamiento del soldado. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, de un soldado de ocupación, como es el Ejército estadounidense, respecto de un soldado mexicano, por ejemplo? Es decir, ¿qué tipo de armamento traen?
Y esto es fundamental, porque la relación que se establece, de la doctrina militar, a través del elemento, es decir, del soldado o del marino con la sociedad, tiene mucho qué ver, precisamente, con las características con las cuáles están adoctrinados.
Y aprovechando que está aquí mi querido colega de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Miguel Concha, es decir, la doctrina no es un asunto que esté sujeto a deliberación. No es potestativo del elemento.
Entonces, la doctrina militar en ese sentido, no solo en México sino en varias partes del mundo, y traigo algunos casos muy interesantes. En febrero del año pasado la Junta Interamericana de Defensa, junto con la Organización de Estados Americanos organizó un foro en Washington, en donde el tema era, y es muy interesante, el tema era ¿cuáles han sido los efectos de las implicaciones de las Fuerzas Armadas en labores no necesariamente asignadas a sus misiones?
¿Qué quiere decir esto? Que México ni es el único ni es el primero en donde se asumen roles de policiacos por parte de las Fuerzas Armadas.
Varios ejemplos. Poco antes de dejar la presidencia, el presidente Santos emitió un decreto en donde permitía a la Fuerza Aérea colombiana bombardear las zonas de influencia de los GAO. Los GAO es el acrónimo de grupos armados organizados.
Es decir, la Fuerza Aérea colombiana atacando instalaciones, en este caso, de delincuentes enfocados a la producción de cocaína, pero la posibilidad de que una fuerza armada, como es la Fuerza Aérea, bombardee estrictamente a civiles armados.
Pero no es el único caso, recientemente vimos el despliegue de soldados, si se quiere desarmados, de los soldados del Ejército de tierra de Estados Unidos en la frontera con México. Es decir, en labores estrictamente parapoliciales.
También tenemos el caso reciente, no tiene más de 15 días, donde la Real Fuerza Naval del Reino Unido desplegó una embarcación artillada en la parte más angosta del Canal de la Mancha, donde está Pas de Calais, porque se tratan de contener con una embarcación artillada, embarcaciones francamente precarias en donde los migrantes irregulares, porque no hay ser humano ilegal, sino son migrantes irregulares, para impedir o controlar el paso.
Y en este sentido, la Armada británica pues no está preparada ni siquiera para los protocolos interrogatorios a los propios migrantes.
Entonces, lo que estamos observando es, desde mi perspectiva y mi conclusión, le adelanto siempre para que, ojalá haya debate.
No hay vuelta para atrás. A mí me parece que la agenda de actividades de las Fuerzas Armadas no tiene retorno. Los soldados, por ejemplo, durante la guerra de Irak y de Afganistán –me refiero a los soldados estadounidenses y de la OTAN– en cuanto tomaban una ciudad, ese mismo soldado inmediatamente se convertía en policía militar. El mismo elemento con el mismo armamento en la misma operación. Y esto cambia, evidentemente, las funciones.
El entonces general Matiss, que recientemente renunció al Departamento de Estado, de Defensa, perdón, en Estados Unidos, tomó una decisión muy importante con los batallones estadounidenses desplegados en los escenarios bélicos de Irak y de Afganistán. Era tener un antropólogo en cada batallón, que les diera insumos o introducción al Islam, que les diera rudimentos para comunicarse verbalmente con la población, y tercero, el estudio del funcionamiento de los sistemas sociales. Es decir, ya no solamente era la fotografía del soldado estadounidense dando un dulce al niño afgano, sino que se trataba de conocer.
Entonces, estos enfoques han, en ese sentido, modificado la naturaleza de la profesión militar. Lo que nosotros estamos observando y lo que está ocurriendo en México, independientemente de lo que se decía de si la Guardia Nacional funciona o no y se disuelve, lo cual me parece muy peligroso disolverla en cinco años o en tres, no hay vuelta para atrás. Es decir, los procesos de complejización de las agendas militares en varias partes del mundo están en ese sentido.
Otro caso muy interesante reciente. El ejército húngaro fue desplegado en la frontera con Croacia para controlar la migración irregular. La condición que le puso el Parlamento al ejército húngaro fue que estuviera desplegado sin armas letales. Es decir, como guardias de frontera.
Y todavía más recientemente se llevó a cabo en México la Decimotercera Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, en noviembre del año pasado. Y es muy interesante observar que se nombraron cinco grupos ad hoc, así les denominaron, para que informaran de la temática que les interesa a las Fuerzas Armadas del Continente Americano. Esto es muy importante subrayarlo.
Y fueron cinco grupos ad hoc: uno, las políticas de género al interior de las Fuerzas Armadas. Segundo, búsqueda y rescate. Tercero, apoyo a la población en situaciones de desastre. Cuarto, actualización y adiestramiento. Y quinto, escúchenlo bien, nuevos roles de las Fuerzas Armadas.
Como ustedes se dan cuenta pueden escuchar solo por la denominación de los grupos ad hoc que presentaron sus resultados después de los dos años, ninguno de los cinco temas tiene que ver estrictamente con temas militares convencionales.
Entonces, esto me parece que es muy importante que lo tengamos en consideración, porque la ampliación de las misiones está trayendo consigo una modificación, insisto, de la doctrina militar. De tal manera que ojalá en el debate en las comisiones por supuesto en el pleno los diputados y diputadas pudieran tomar en consideración esa modificación de la relación, de la naturaleza del oficio militar. De la profesión de las armas, porque se ha modificado.
Y en ese sentido México y sus Fuerzas Armadas tienen una larga y bien ganada experiencia. Por ejemplo, en programas como el Plan DN-III o el Plan Marina. Ustedes recordarán que cuando se dio la tragedia del volcán catrín y devastó la ciudad de Nueva Orleans, el entonces presidente de los Estados Unidos le pidió al gobernador de Texas que enviara a la Guardia Nacional de Texas. El gobernador de Texas le dijo: “Oiga, presidente, lo que pasa es que están en Afganistán, no tenemos soldados”.
Entonces, fueron soldados del Ejército mexicano. Se acordarán que fue un acontecimiento... A mí me pareció vibrante ver soldados mexicanos entrar a territorio estadounidense para llevar estas cocinas. Servían 10 mil raciones calientes al día en Nueva Orleans.
Entonces, de hecho, el personal militar mexicano se tuvo que quedar para que mostraran cómo se hacía esta posibilidad de atender a personas en situaciones de desastre de manera eficiente.
Entonces, es muy importante que observemos cómo se está cambiando, insisto, esta relación entre la sociedad y sus Fuerzas Armadas. Y, en particular, el tema de la Guardia Nacional me parece que es una muy buena oportunidad para poder poner al día las actividades de nuestras Fuerzas Armadas. Y cierro con una reflexión, me quedan –según mi cronómetro– 30 segundos, porque me quiero ajustar al tiempo.
Solamente quiero que consideren un aspecto cuando se habla de militarización, México es el país que peor trata en términos presupuestales a sus Fuerzas Armadas, solo nos supera Guatemala en Latinoamérica. México le dedica el 0.5 por ciento del producto interno bruto y Guatemala el 0.4 por ciento. Nada más para que se den una idea, Colombia le dedica 7 veces más a sus Fuerzas Armadas, es el 3.8 por ciento del PIB.
Los estándares internacionales para que unas Fuerzas Armadas sean operativas requieren el 2 por ciento, ese es el estándar. No estoy diciendo que vayamos hacia allá, pero también cuando se habla de militarización, pues empecemos por el presupuesto para que veamos que eso no tiene ningún soporte más allá de lo que se pueda discutir en el contenido del propio concepto. Les agradezco mucho su atención. Gracias.
El moderador diputado Felipe Fernando Macías Olvera: Muchas gracias al doctor Javier Oliva.
El moderador diputado Felipe Fernando Macías Olvera: Ahora cedemos el uso de la voz al doctor Javier Hurtado González. Él es doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Ciencia Política en la Universidad de Guadalajara. Profesor investigador titular de la Universidad de Guadalajara. Actualmente es presidente del Colegio de Jalisco AC. Después de julio de 2001, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, actualmente tiene la distinción Nivel II. Coordinador del Apartado del Sistema Político y del Estudio Perspectivo del Proyecto Jalisco a Futuro, Construyendo el Porvenir 1999-2025. Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo 2000-2001 de la Universidad de Guadalajara. Es coordinador del Programa de Estudios sobre la Universidad de Guadalajara. Autor de 10 libros, coautor de 9 más y compilador de 3 más. Coordinador académico de la maestría en Sociología de la Universidad de Guadalajara y es director general del Instituto de Estudios del Federalismo. Cedemos el uso de la voz al doctor Javier Hurtado.
El ciudadano Javier Hurtado González: Muchas gracias. Muy buenos días. Primeramente, quisiera agradecer a las señoras y señores legisladores que están aquí presentes, la inmerecida distinción que se me hace, al permitírseme participar en esta importante audiencia sobre un tema tan relevante como es el que nos ocupa.
En mi intervención habré de plantear una primera reflexión introductoria. Luego mencionaré, lo que a mi juicio son cinco puntos que deben ser atendidos y que me parece que son puntos críticos en la iniciativa. Posteriormente enunciaré dos falsos supuestos, y si el tiempo me alcanza, presentaré algunas propuestas de lo que se debería de hacer.
Empiezo, entonces, por la primera introducción reflexiva. Felicito a ustedes y nos felicitamos todos, de que un tema que ha estado olvidado en el debate público nacional por más de 150 años, hoy esté siendo tratado en esta soberanía.
La Guardia Nacional es una institución que surgió en el siglo XIX, va a cumplir 170 años de que se expidió su primera Ley Orgánica, se vuelve a repetir en 1917, y no se ha expedido desde 1917 a la fecha, más de 100 años, su Ley Orgánica o su Ley General que establezca las bases del funcionamiento de esta Guardia Nacional.
La Guardia Nacional, permítanme decirlo, no es militar, ojo. La Guardia Nacional, la característica de la Guardia Nacional original y de los Estados Unidos de donde es tomada esta, es que es de carácter temporal, no permanente, está conformada por ciudadanos, no por militares y es comandada por el gobernador del estado, no por el presidente de la República.
A eso se debe que en la Constitución en el artículo 76, fracción V, me parece, es donde se dice que el presidente debe de pedir permiso al Senado para que pueda disponer de la Guardia Nacional, porque la Guardia Nacional es de las entidades federativas, señores, no es de la federación. Bien.
Paso a lo que serían, a mí modo de ver, puntos que deben ser atendidos en este dictamen.
Por medio del artículo quinto transitorio se declara un estado de emergencia en el país por cinco años, apartándose del procedimiento establecido en el artículo 29 constitucional y por ese mismo transitorio se exceptúa de manera permanente la prohibición contenida en el 129, sin necesidad de reformar el 129. A mí eso me parece que legislativamente es indebido y no quiero decir el concepto que eso merece.
Dos. En la propuesta se adiciona y reforma la fracción XV del 73 que dice que el Congreso de la Unión podrá disolver por mayoría de las dos terceras partes o miembros presentes, a la Guardia Nacional. Cómo está eso que para disolverla se requieren las dos terceras partes del
... dos terceras partes del Congreso de la Unión, y para crearla se requiere la intervención del órgano revisor de la Constitución. ¿Qué no debería ser también facultad del órgano revisor de la Constitución verla? Si así lo fuera.
Tercero. Se deroga la fracción III del artículo 31 constitucional que establece las obligaciones de los mexicanos sin que se precise ahora a quién le corresponde la obligación de. Se le está quitando la obligación a los mexicanos de asegurar y defender la independencia y el territorio, el honor, los derechos e intereses de la patria, así como la tranquilidad y el orden interior. Se les quita además a los ciudadanos la facultad de nombrar a los jefes y oficiales de la Guardia Nacional y a las entidades federativas la facultad de instruirla.
Permítanme recordar algo que creo que es importante señalarlo y que lo omití en el primer comentario. En los tiempos de la invasión norteamericana, que es cuando se crea por primera vez la Guardia Nacional en la intervención francesa, lo que permitió las fuerzas liberales y enfrentar a los invasores y a los reaccionarios fue precisamente la Guardia Nacional.
En quien se apoyó Juárez fue en la Guardia Nacional. Juárez no se apoyó en el Ejército realista de Maximiliano ni en un Ejército federal. Y de esa Guardia Nacional surgió el general Ignacio Zaragoza, el general Mariano Escobedo, el general Jesús Gonzáles Ortega el General Ramón Corona –distinguido jalisciense–. De ahí surgió precisamente de la Guardia Nacional.
Creo yo que debe de pensarse dos veces la intención de desaparecer esta entidad que, si bien no ha existido, pero me parece que no por eso se tiene que tirar el niño con todo y la tina del agua sucia.
En consecuencia, se está modificando drásticamente el esquema competencial previsto en el artículo 124 constitucional al desarmarse a las entidades federativas por dos razones. En primer lugar, porque se les está quitando la Guardia Nacional, y en segundo lugar porque se está dejando de tener competencia y atribución para regular las policías estatales, auxiliares y privadas.
La Guardia Nacional, por ejemplo, en Estados Unidos es para defenderse de las agresiones del interior, pero también es la capacidad de defensa que tienen las entidades federativas o los estados en los Estados Unidos para defenderse de un gobierno tiránico, opresor del interior. Es para la defensa exterior, de las agresiones del exterior, pero también para salvaguardar las libertades de las instituciones, la democracia y el Estado de derecho hacia el interior cuando algún opresor, o algún tirano quiera hacer eso.
¿Entonces cómo quieren tirar ustedes al cesto de la basura la Guardia Nacional? La verdad me sorprende.
Quiero pasar al falso supuesto. Aquí se ha partido de un principio que me parece que es falso. Se dice que las policías –así lo dice el dictamen– estatales y municipales Per saecula saeculorum y por razón intrínseca a ellas mismas, son ineficaces e ineficientes y nunca jamás podrán ser efectivas. A mí me parece que eso es falso.
En la encuesta nacional de seguridad pública en zonas urbanas, por ejemplo, esto es de septiembre de 2018. Se dice: En la percepción de efectividad de la policía municipal de San Pedro Garza García es de 81.7 contra 72 por ciento de la estatal, 72.6 por ciento de la federal, 82.2 de la gendarmería –casi está empatada–, 88 del Ejército, 89 de La Marina que únicamente la superan, pero cabe destacar lo siguiente. Que son 24 zonas metropolitanas de 68, en las que el Ejército tiene una percepción de efectividad menor que la policía municipal de San Pedro Garza García. Eso no lo digo yo, lo dice la encuesta nacional de seguridad pública urbana.
Por otro lado, en esta misma encuesta sólo en cuatro zonas metropolitanas de 68 la percepción de la Policía Federal está por encima de la policía estatal de Nuevo León, que tiene un 78 por ciento.
¿Entonces cómo piensa resolverse un problema a través de algo que ya es considerado como un problema? Aquí hay que reconocer esto. En primer lugar, con todo respeto a las Fuerzas Armadas lo que estoy diciendo, y en segundo término, que si en algo ha descendido la percepción que se tiene sobre las Fuerzas Armadas, es debido precisamente porque se han metido las Fuerzas Armadas a cumplir tareas de seguridad pública. Es que no le corresponden.
Hay que cuidar las Fuerzas Armadas que es una de las instituciones fundamentales que tenemos, sobre todo el Ejército Nacional.
Con base en este dicho, yo lo que sugiero más que nada sería que se enfrente el problema de la inseguridad por parte del Ejecutivo federal, disponiendo de los instrumentos que tiene. No hay necesidad ni de desaparecer la Guardia Nacional ni hay necesidad de crear una Nueva Guardia Nacional mucho menos.
Creen una policía de élite federal intermedia entre Policía de Seguridad Pública y Policía Militar que sea capaz de dar una respuesta contundente al crimen organizado y a la delincuencia organizada. Pero, ojo –digo y sostengo–, las Fuerzas Armadas, la Marina, el Ejército, sí deben seguir combatiendo a la delincuencia organizada, concretamente al narcotráfico, porque ese atenta contra el Estado, con los objetivos y fines del Estado mexicano y de cualquier Estado.
En consecuencia, es perfectamente justificable y no se necesita reformar la Constitución para que el Ejército y la Marina sigan combatiendo al crimen organizado que es el narcotráfico.
Ahí está la Ley de Seguridad Nacional en donde dice ya expresamente que el presidente de la República puede combatir la delincuencia organizada con base por estar atentando contra la seguridad nacional. Y el narcotráfico atenta contra el Estado nacional, porque va contra los fines del Estado y porque va contra la esencia misma del Estado.
Creo que no me alcanzaría mucho el tiempo de lo que pienso decirles como propuestas, pero les comentaría lo siguiente: una situación que me parece muy importante para mí, es que una omisión muy importante de la iniciativa es que no se está reformando el 115.
Y permítanme decirles una cosa: yo no vengo aquí a reivindicar las potestades y competencias del 115 en materia de seguridad pública, todo lo contrario. Yo lo que pienso es que se le deben de quitar a los municipios, la atribución de brindar servicio de seguridad pública. ¿Por qué? Porque la seguridad pública tiene una triple acepción en la legislación y en la Constitución mexicana.
El 21 define como obstrucción de Estado, el 115 dice que es un servicio público, así como el rastro, los mercados o el alumbrado público, los cementerios.
Y la Ley de Ordenamiento Territorial y Urbano dice que es un asunto de interés metropolitano. ¿Con cuál nos quedamos? ¿Qué es? ¿Asunto de interés público, servicio público o función de Estado?
Yo pienso que gran parte de los problemas que aquejan actualmente a la seguridad es que precisamente no están definidas en la Constitución las diferentes acepciones y concepciones de seguridad, seguridad preventiva, seguridad humana, seguridad ciudadana, seguridad pública, seguridad interior y seguridad nacional.
A mí me parece que deben de estar definidas todas esas acepciones de seguridad. Y se debe de precisar a qué orden de gobierno le corresponde a cada cual concluirlas.
Permítanme nada más concluir diciendo lo siguiente: mi propuesta es de que, esa iniciativa que se presentó debe de ser sobreseída porque ya dejó de tener materia, al quitarse el principal objetivo a discusión y debate que era que la Guardia Nacional tuviera un comendo militar, no hay ninguna necesidad de reformar la Constitución, ni se requiere reformar la Constitución y mucho menos, señores legisladores, piensen dos veces en desaparecer la Guardia Nacional. No hay razón para que la desaparezcan.
El que no haya funcionado no quiere decir que la tendremos que tirar al basurero ni mucho menos al basurero de la historia, porque gloriosas etapas y hazañas escenificó en el siglo XIX.
Entonces creo que se deben de definir y referenciar las diferentes acepciones de seguridad, y sobre todo conferirle los diferentes aspectos de la seguridad a los distintos órdenes de gobierno.
En concreto, por ejemplo, mi propuesta es que, la seguridad pública sea competencia de las zonas metropolitanas a través de policías metropolitanas que vaya más allá de las divisiones políticas o administrativas y de la autonomía municipal sin que signifique abolir el municipio y los ayuntamientos, y esto implicaría, la megalópolis y las 12 zonas metropolitanas de 1 millón de habitantes y las 23 de más de 500 mil o 1 millón de habitantes.
En los demás municipios que no son metropolitanos, la seguridad pública, en mi opinión, debe de estar a cargo de los gobiernos de los estados, y la seguridad nacional y la seguridad interior, debe estar a cargo del Ejército, la seguridad nacional a cargo de la Policía Federal.
Yo creo que no se puede meter al Ejército a cumplir funciones de seguridad pública, porque es como poner a un león a jugar a las canicas, por favor, o como querer matar a una mosca de un cañonazo.
De la misma manera que el Ejército no se le puede rebajar a eso, porque luego ya también pierde credibilidad, tampoco se puede pedir a una policía municipal que entre a defender la seguridad nacional. Cada quien a lo suyo. Como dice el dicho “zapatero a tus zapatos”.
Señoras y señores, disculpen porque me excedí, y les agradezco muchísimo su atención. Es cuanto.
El moderador diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez: Gracias.
El moderador diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez: Patricia Olamendi Torres, es doctora en derecho, especialista en temas de género y derechos humanos, militante por la igualdad y la no discriminación, experta en prevención a la violencia de género, principal impulsora de la armonización legislativa para la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de Todas Formas de Discriminación contra la Mujer, y la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
Patricia ha sido reconocida por su activismo y promotora de los derechos humanos en México e Iberoamérica; entre ellos el Mérito Civil por los Reyes de España, Premio Nacional de Jurisprudencia, declarada Ángel de la Ciudad de México por su aporte a la creación de la legislación en derechos humanos de las mujeres.
Subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, subprocuradora de Justicia de la Ciudad de México, coordinadora del Mecanismo de Seguimiento contra la Violencia hacia las Mujeres en la OEA. Ha publicado diversos documentos en materia de feminicidio y acceso a la justicia para las mujeres.
Mujer mexicana electa para el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, como experta para los temas de discriminación. Primera mujer en presidir la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas. Como consultora internacional elaboró el protocolo para la investigación del feminicidio, una guía de investigación judicial que ha sido propuesta por toda, para toda Latinoamérica. Es directora ejecutiva del Instituto de Formación de Justicia y Derechos Humanos. Bienvenida doctora, muchas gracias por estar aquí.
La ciudadana Patricia Olamendi Torres: Muchas gracias, muy amables. En principio, agradezco a las diputadas y diputados la invitación para participar en esta ocasión como Red Nacional de Justicia, Seguridad y Paz para las Mujeres.
No haré uso de la palabra con algunas cosas que se ha referido el anterior ponente, pero si quisiera iniciar celebrando que el tema se relacione con la seguridad humana. ¿Por qué creo que es el momento que México haga reconocimiento de lo que significa la seguridad humana? ¿Y cómo en este contexto generalizado de violencia que vivimos podemos hacer uso de otros instrumentos?
La seguridad humana pone en el centro de la política y de las preocupaciones a las personas, reconoce actores no tradicionales que pueden contribuir a la violación a los derechos humanos, como lo hemos vivido en México. Pero también posibilita al Estado la toma de decisiones y de reubicación de sus políticas públicas. Por lo tanto, viendo desde esa perspectiva la reforma propuesta a trece artículos de la Constitución, considero que en realidad la reforma propuesta no tiene ningún sentido para hacer lo que se pretende hacer.
Sin embargo, me gustaría hablar de los temas que ha despertado esta reforma y de las preocupaciones que sigue teniendo de mantenerse vigente la idea de reformar la Constitución.
Primero. Creo que el hablar de la reforma y al hablar de militarización ha creado un clima político, por decirlo de alguna manera conservadora, de preocupación. Una preocupación que se expresa, sobre todo, en que pueda con ello crearse un régimen especial en donde pareciera no estarse obligados a cumplir con las normas de derechos humanos.
Por tanto, también puede limitar el avance y consolidación de instituciones de justicia y seguridad ciudadanas; y me parece que borra prácticamente del mapa la posibilidad de policías civiles.
Comparto plenamente, no termino de entender, y creo que eso es nuestra preocupación, cómo es que teniendo el artículo primero constitucional no fue la idea para la modificación de estas reformas. También me preocupa que el propio artículo primero constitucional parece ser, de alguna manera, eliminado al momento de trabajar estas reformas.
Y también hay que señalarlo, México ha reconocido como leyes supremas de la Unión diversos tratados, sobre todo el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que al parecer entraría en contradicción también con diversos contenidos de la reforma.
Quisiera también de manera especial hablar que a partir de este proceso llamado de guerra –el cual creo que muchos ponentes se han referido, en donde el Ejército y la Marina fueron utilizados para participar en labores de prevención en temas de justicia; podemos decir que tenemos un saldo negativo. Yo creo que esto es muy importante, los datos son muy duros al respecto; poblaciones enteras con estados críticos, graves violaciones a derechos humanos a lo largo de la República, impunidad generalizada, desplazamiento interno, fenómenos nuevos finalmente en nuestra realidad nacional, un crecimiento terrible de la tortura utilizada como un método para poder lograr nuevamente regresar al pasado.
Me preocupa mucho la situación que México enfrenta en este sentido. Por supuesto ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas que siguen siendo una constante.
No veo de ninguna manera que estas cosas pueden corregirse pensando en la seguridad, no veo sinceramente que la Guardia Nacional pueda contribuir de alguna manera, la creación de la Guardia Nacional, a modificar estas situaciones. Yo solo señalo algo que me parece importante, que el país enfrenta y sigue enfrentando denuncias muy graves de violaciones a los derechos humanos desde el pasado.
Estamos hablando que en México seguimos arrastrando denuncias a violaciones a derechos humanos por la presencia militar, incluso desde Chiapas. Es decir, no ha habido un saldo positivo de esta presencia y a pesar de que México ha firmado prácticamente todos los tratados en materia de derechos humanos, la realidad es que, con una reforma de esta naturaleza, si bien estamos muy lejos de cumplirlos, más bien será imposible su cumplimiento.
Por lo cual, a mí me parece que debemos de evaluar con toda seriedad la militarización que se ha tenido en el país como cualquier otra política pública, y creo que ahí veremos que no solo es costosa, sino también ha sido ineficiente, por lo que resulta necesario explorar otras opciones. La reforma claramente no va en ese camino.
Para entender las consecuencias de la violencia y de esta estrategia en la vida de las mujeres, debemos dejar claro algo que me parece importante. El sistema militar está basado en el uso organizado de la violencia y de la fuerza para controlar y estabilizar a la sociedad. Es decir, es una manera extrema de legitimar y ejercer el poder del Estado, no solo el aparato militar en las calles, sino en convertir la violencia en algo natural, subordinando a la población en general, y en particular a las mujeres.
¿Podemos creer que con ello, con la presencia de la Guardia Nacional, se puede desarrollar una cultura de paz? ¿Es posible pensar en la prevención del delito? ¿Tendrá la Guardia Nacional bajo su cargo la Ley de Prevención Social de la Delincuencia? Son cuestiones que creo que aún no queda claro en la exposición de motivos.
Para las mujeres las consecuencias sociales de esta estrategia de militarización han sido negativas. Se han tenido consecuencias graves. La prostitución forzada es un fenómeno que se presenta en las zonas y en las regiones del país que han tenido ocupación militar, por cierto, no legislada.
La desaparición de niñas y jóvenes que se convierte en parte de lo llamado de la guerra contra el crimen organizado, pero que al mismo tiempo ha llegado a las poblaciones ocupadas también por las fuerzas militares, nos ha dejado también al final de cuentas, un panorama de indefensión generalizada para las mujeres.
Qué decir también de la situación de niñas y niños víctimas de esta violencia. Por cierto, no hay hasta la fecha un censo que señale la preocupación de dónde y qué ha sido de la vida de esos niños y esas niñas víctimas de esta violencia.
Ciudad Juárez nos dio un ejemplo muy claro. Pone en evidencia la necesidad de que las estrategias de seguridad deben incluir forzosamente una perspectiva de género y de protección a grupos de situación de vulnerabilidad. Sin embargo, durante todos estos años no ha habido esa visión en ninguno de los programas propuestos como salida a la inseguridad.
No perdamos tampoco de vista que la militarización y sus consecuencias son agravadas en contextos como el que vive México, de corrupción e impunidad. Detrás de cada desaparición de una niña o una jovencita, detrás de cada mujer víctima de trata regularmente hay corporaciones militares involucradas en ello.
Lo anterior resulta preocupante para las mujeres, toda vez que en México 7 de cada 10 sufren violencia, situación que no se coloca en los temas a discusión. Es decir, somos uno de los países más violentos del mundo contra las mujeres y nada de esto está tomado en cuenta. Ya no son dos de los feminicidios, son regularmente 14 cometidos diariamente, reconocidos por las cifras oficiales y nada de eso queda pendiente en estas estrategias.
Por otro lado, también hay que decirlo, que la militarización está ligada a las agresiones sexuales hacia las mujeres, México no es la excepción, prueba de ello son los casos resueltos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana, particularmente los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, quien estará próximamente el martes rindiendo su testimonio aquí, en esta Cámara, al igual que las mujeres de Ciudad Juárez, de Michoacán y de Guerrero, donde el Ejército ha estado principalmente destacado.
En estos casos tampoco se ha considerado como tortura a la violencia sexual ejercida contra las mujeres. Si bien la militarización en nuestro país no es nueva, sí ha sido un fenómeno gradual que ha tenido consecuencias y sigue teniendo para la población.
El país está pintado de verde olivo. Decir que el Ejército no esté en las calles es una mentira, ha estado y las consecuencias no son favorables, la prueba de ello es la encuesta nacional de victimización.
Somos un país mayoritariamente compuesto por víctimas que siguen esperando el acceso a la justicia. ¿De alguna manera las reformas consideran este estado de emergencia para dar respuesta en los temas de seguridad y acceso a la justicia para las víctimas?
Por otro lado, en estas encuestas de victimización también tendríamos que empezar por las mujeres, niñas y niños. El uso de estrategias como las que se han comentado tienen un impacto destructivo en las poblaciones, incluso debilitando aún más la seguridad en las regiones y dejando a los ciudadanos y a las mujeres en medio del conflicto entre militares y crimen organizado.
Sí hemos sido las mujeres un botín de guerra en este momento. Sentimientos de abandono por parte del Estado es lo que priva en la vida de muchas mujeres en las regiones ocupadas actualmente.
Me queda muy poco tiempo. Quisiera señalar que la iniciativa en la exposición de motivos plantea efectivamente la situación de emergencia que se presenta en el país. Quizá sería necesario también recurrir a otros instrumentos internacionales que no están planteados en la exposición de motivos. Me refiero sobre todo a las recomendaciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, para situaciones de emergencia como las que vivimos, particularmente la recomendación 1325 sobre Mujer, Paz y Seguridad; la 1820 sobre la Violencia Sexual a las Mujeres en los Marcos de Conflicto. Y, de manera particular, a la recomendación 30 de la CEDAW, que hace referencia a las mujeres y la seguridad humana para ellas.
También las recomendaciones recientes del Comité CEDAW, de julio de este año, sobre la presencia y la situación de las mujeres en el contexto de inseguridad en el país.
Nuevamente las mujeres nos negamos a aceptar otro sexenio sin una visión de género en los temas de seguridad y justicia. Exigimos por lo tanto a este Congreso, que tome en cuenta estas situaciones. Pedimos que al regresar este dictamen a comisiones evalúen realmente la necesidad de la reforma constitucional. Sinceramente creo que los saldos y de aprobarse serían más negativos que positivos.
Por último, una recomendación. Hacen énfasis a la Corte Penal Internacional, pero no hay una reforma que deje plenamente claro que no hay obstáculo para la entrada total en vigor de la misma Corte. Así que, si vamos a hacer uso de eso, mejor cambiémoslo por la reforma de la Corte Penal Internacional. Les agradecemos que nos hayan brindado este espacio, muchas gracias.
El moderador diputado Felipe Fernando Macías Olvera: Muchas gracias a la señora Patricia Olamendi, de la Red de Seguridad, Justicia y Paz para las Mujeres.
El moderador diputado Felipe Fernando Macías Olvera: Ahora la diputada Ángeles Huerta nos hará el favor de dar la reseña de Raúl Sapien Santos, presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada.
La diputada María de los Ángeles Huerta del Río: Sí. Raúl Sapien, además de actualmente presidir el Consejo de Seguridad Privada, es licenciado en Derecho por la Universidad La Salle, tiene un master en administración y tecnología de seguridad privada, en estudios especializados en consultas ya de negocios, en sistema penal, en auditoría legal. Ha participado en foros diversos sobre seguridad pública y reguladores estatales en la ciudad de Puebla, en el Foro Internacional de Seguridad Privada. Así que quedamos a escucharlo, licenciado Raúl Sapien Santos, gracias.
El ciudadano Raúl Sapien Santos: Gracias. Muy buen día a todas y todos los legisladores. Agradezco, la verdad, la participación que han permitido, creo que es por primera vez y debo aplaudirlo, el espacio que se le brinda hoy a la seguridad privada, que si bien es cierto y como lo hemos visto, formamos parte y así lo define en su articulado la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Me voy a permitir hacer una pequeña remembranza, porque me dijeron en la mesa que íbamos a abordar, trata sobre el tema de seguridad humana y Guardia Nacional, me permití hacer un mapeo.
En 1994 aparece este concepto, a través del programa de las Naciones Unidas, teniendo como base siete principales aristas que creo que son también las que tenemos que tener en perfecto conocimiento y, sobre todo, no debemos dejar también a un lado que la seguridad económica, la seguridad alimentaria, seguridad a la salud, seguridad ambiental, seguridad de la comunidad y nuestra seguridad política.
Luego entonces, tenemos la séptima arista que es la que nos va a ocupar y nos ha acopado, por ejemplo, estas mesas que estamos llevando a cabo, la seguridad personal, que es todo aquello que tiene que ver con el tema de la violencia física, terrorismo, delitos e incluso la propia violencia doméstica.
Todas ellas están vinculadas al ser humano y sobre todo a un tema fundamental de los derechos universales, seguridad pública, las instituciones policiales, instituciones de seguridad pública, seguridad privada y tenemos aquí y esto me permito comentarlo, porque ha habido un par de iniciativas y a lo largo de estas mesas y desde que se presentó esta reforma constitucional, sobre todo en el artículo 89 y esa fracción VII, hablaba de policías privadas. Policías privadas no existe, no hay hoy en día algo donde se pueda definir el concepto y cómo operan las policías privadas.
Lo que sí es bien cierto y existe son las policías auxiliares y complementarias, que nosotros desde el análisis que hemos venido haciendo y el estudio que hemos realizado lo hemos conceptualizado como un ente híbrido de actuación, que no cumple ni con funciones de seguridad pública ni con funciones de seguridad privada.
Hay una iniciativa en donde incluso se hace mención a las policías privadas o la propia seguridad privada como entes que se están cuidando o que tienen la misión de cuidar áreas estratégicas para la seguridad nacional.
La seguridad privada no cuida absolutamente a ninguna de estas instalaciones estratégicas, son las policías auxiliares y complementarias.
Tenemos la seguridad nacional y el tema de la Guardia Nacional. Desde la perspectiva del Consejo Nacional de Seguridad Privada, qué creemos que independientemente de llamarle una Guardia Nacional o como, efectivamente, lo han venido manifestando y lo han venido diciendo algunos exponentes, independientemente del nombre que creo que se le quiera dar, el grupo que se cree, la Guardia Nacional debe de actuar bajo los más estrictos protocolos de actuación con respeto principalmente a los derechos humanos y un control de la convencionalidad, porque si no es esa situación primordialmente, con todo el respeto me permito exponerles a ustedes, que podremos crear el grupo, la policía, llamémosle de proximidad, la policía federal, la Gendarmería, las Fuerzas del Ejército, pero si no acatamos los protocolos de actuación con respeto a los derechos humanos y control de una convencionalidad, señores, no va a haber grupo que pueda hacer frente al control delictivo, al control de seguridad que tanto aqueja a nuestro país y que nosotros, desde el punto de vista que damos seguridad al ámbito empresarial, también ha tenido una repercusión económica y negativa al país.
Nada más veamos las cifras en el tema de algunos estados de la República, que han sido abatidas por el crimen organizado en el sector turístico.
Capacitación a su conformación, y lo mismo, yo no hablo del grupo de Guardia Nacional, insisto, ni del grupo que se pretenda crear o darle mayor fuerza, como lo mencionaron hace unos momentos, que puede ser la Policía Federal.
Capacitemos, por favor, a los elementos que detenten estas funciones. Aquí generamos una arista, hemos pegado al sistema penal acusatorio, pero hemos dejado a un lado la capacitación al primer respondiente, al primer policía que tiene contacto, efectivamente, con quien comete el delito. Y cuando ese asunto llega a un juez de control se viene abajo, ¿por qué? Porque no supo actuar el policía. Porque no supo actuar el policía.
Hoy ocupamos, efectivamente, a las Fuerzas Armadas en labores de abatimiento al crimen. Pero una puesta a disposición no lo hace el Ejército, no lo hace la Secretaría de Marina, se le pasa al policía estatal o municipal, cuando él no intervino y ahí viene abajo el asunto y eso nos genera más delincuencia.
Protocolos para el desarrollo profesional y ascenso de los elementos que la integren. Hagamos un grupo que genere esa expectativa de crecimiento y de desarrollo en el servicio público de la seguridad nacional de nuestro país. Un régimen de percepciones que en realidad sean económicamente competitivas y que satisfagan las necesidades de las y de los elementos que se dediquen a salvaguardar la seguridad.
Es importante, sí, el análisis de dónde va a emanar, si la Guardia Nacional, si se va a hacer, insisto mucho, se va a seguir conservando la Policía Federal, etcétera.
Pero mientras creo nosotros, desde esta óptica no hagamos atractivo también el desempeño de esta función de seguridad nacional a gente que en realidad está dando y arriesgando la vida a diario por nuestro país y por la sociedad, no va a caminar esto.
Me permito puntualizar con el tema de lo que se ha venido debatiendo sobre si es un régimen militarizado, que creo que así debería de ser, un régimen militarizado, no militar.
Un régimen militarizado indica que este grupo de Guardia Nacional o el que se cree, debe de actuar bajo un protocolo de una visión comprometida con el país, de un orden, como efectivamente lo tienen las Fuerzas Armadas.
Eso es a lo que creo también, y una de las sugerencias que hago a todas y todos los legisladores, es que sí, efectivamente se lleven a cabo protocolos militarizados, no militares.
¿Qué quiere decir? Un protocolo militarizado obedece al desempeño de las funciones, órdenes, visión, entrega del elemento al servicio del país y no de la delincuencia.
No militar, significa que efectivamente y como lo han expuesto, que ese grupo actúe bajo protocolos de un abuso, porque no están combatiendo ni están salvaguardando una guerra o aspectos de terrorismo.
Debemos de tropicalizar también las funciones que va a hacer este grupo. La delincuencia que hay en un estado de la República puede ser muy diferente a la delincuencia a la que se va a enfrentar este grupo en algún otro estado de la República. Y hoy carecemos de una tropicalización a nivel nacional de qué es lo que está sucediendo y cómo están operando las bandas delictivas.
El grupo que se cree, insisto, sea Guardia Nacional o el que sea, yo exhorto a que se prevea que trabaje de una manera articulada, articulada con los cuerpos de seguridad estatal y municipal.
Hoy se quebranta esa situación. Es delito federal, ah, compete a la federación y no interviene en nada la policía estatal, cuando a lo mejor ellos son los que tienen toda la información respecto a grupos delictivos. O la propia policía municipal.
Creemos también un tema de una cultura cívica para las futuras generaciones que vienen desde abajo. Mientras no generemos una cultura cívica a las generaciones que hoy vienen desde atrás, no vamos a poder lograr en generar convicción de por qué el joven no debe de delinquir y no debe relacionarse con gente y crimen organizado.
Con el objeto de respetar el tiempo de todas y todos ustedes, ahora paso al tema de la seguridad pública y creo que aquí es el punto que para efectos de mi exposición también me interesa muchísimo. Que podamos diferenciar lo que es la seguridad pública de la seguridad privada.
La seguridad pública, como ya lo vimos, es un derecho humano y al mismo tiempo es una función de carácter público. La seguridad privada es una actividad de carácter meramente económica, pero si ustedes ven aquí en la exposición de en medio, vuelvo a poner que hay unos entes que se llaman policías auxiliares y complementarias. No existen las policías privadas, lo que existe son policías complementarias y auxiliares.
Aquí es donde tenemos que poner mucha atención porque estos grupos sí portan armas de uso exclusivo de Exclusivo del Ejército. Una empresa de seguridad privada, y hablo de las empresas debidamente reguladas que forman parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública, actuamos en auxilio, porque sí nos consideran auxiliares de la seguridad pública.
Y hay una acotación única y exclusivamente para situaciones de desastre, como un sismo, o situaciones muy específicas donde así lo solicita el Ejecutivo federal o el propio gobierno estatal, pero no tenemos permitido llevar a cabo funciones de la propia seguridad pública.
Sin embargo, estos grupos de policías auxiliares... Hoy yo les preguntaría si tenemos un censo de las armas que han perdido estos grupos o de las armas que han robado, y todo ese armamento llega a manos justamente de la delincuencia organizada.
Detentan servicios de seguridad privada porque ofrecen... No sé, no queda muy claramente, pero ofrecen servicios de monitoreo, recopilan datos personales, tienen datos personales. Las tenemos en todo el país. Preguntémosle a un gobernador, con todo el debido respeto, si conoce y sabe cuántos elementos de este grupo con armas de alto poder están en su estado, qué hacen y dónde se almacenan esas armas cuando ese elemento está franco.
Entonces a mí me gustaría, y como conclusión, que en tema de la reforma constitucional creo que es muy importante que se regule, porque es un híbrido ahí, que se regulen todos estos cuerpos de vigilancia auxiliar o policías comentarios, insisto.
Y lo más importante es que son un gran número de efectivos que hoy bien podrán estar alistándose y capacitándolos para que regresen a cumplir su verdadera función de seguridad pública en bien de los estados y los municipios.
Trabajan con una portación de licencia colectiva del Estado. Se compran los recursos de sus armas con recursos públicos, pero todos los servicios que brindan son para la iniciativa privada.
Con esto concluyo, esta es una cifra de lo que han generado estos principales contratos. Es una información de carácter público. Es una cifra de 844 millones de pesos, que bien se podían haber aprovechado para cuestiones de seguridad y apoyar a los cuerpos de seguridad estatal. Que también coincido en que no podemos desaparecer la seguridad estatal ni municipal, porque también sería una violación a la Constitución en su artículo 21, que versa respecto a esa competencia de carácter concurrente. Con esto finalizo y agradezco su atención. Muy amables.
La moderadora diputada Aleida Alavez Ruiz: Muchas gracias por su participación. Hemos sido un poco tolerantes con el tiempo. Les pedimos, por el tiempo de todos, sujetarnos a los diez minutos.
La moderadora diputada Aleida Alavez Ruiz: A continuación, Tania Luna, con toral sistema de justicia penal y seguridad. Hará su presentación la diputada Verónica Juárez. Por favor, diputada Verónica.
La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: Gracias. Buenos días a todas y a todos. Gracias también por su presencia. Tania Luna es licenciada por la Universidad Anáhuac del Norte. Cursó sus estudios de maestría en ciencias penales en la misma universidad y cuenta con diversos diplomados en sistema acusatorio y juicios orales en México y en el extranjero.
En el Centro de Justicia de las Américas, de la OEA, con sede en Santiago de Chile, y en la Western School of Law, de San Diego, California.
En el ámbito académico ha sido capacitadora certificada por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal. Imparte los temas de reforma constitucional en materia de justicia penal en el modelo de justicia penal acusatorio.
Ha publicado el artículo titulado “La etapa de investigación en el nuevo sistema de justica acusatorio”, en coautoría con el maestro Miguel Sarre, en la revista especializada Revista Penal del Inacipe, en febrero de 2012.
En el ámbito profesional, trabajó en el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y la Oficina Internacional del Trabajo, ambas agencias de Naciones Unidas en México. También se ha desempeñado como secretaria técnica de la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados en la LX Legislatura, donde participó activamente en la reforma constitucional del Sistema de Justicia Penal en México en 2008.
Posteriormente trabajó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la dirección de Planeación de lo Jurídico, como asesora en temas de la reforma al Sistema de Justicia Penal. Ha participado en la realización del Congreso Nacional del Sistema de Justicia Penal en México, denominado Retos y Perspectivas, así como estas, en otras actividades en este tema. Bienvenida Tania Luna, tienes el uso de la palabra.
La ciudadana Tania Luna: Muchas gracias, diputada. Bueno pues muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Agradezco enormemente la invitación a las señoras legisladoras y los señores legisladores, y a la Junta de Coordinación Política de esta Cámara de Diputados, para estar aquí el día de hoy. Ser escuchada y sumar en las reflexiones en torno al tema que nos convoca, el dictamen de la Guardia Nacional.
No podría estar más de acuerdo con quienes me han antecedido en el uso de la voz, pero bueno. Creo que ha quedado claro que este dictamen, un poco ha perdido el sentido con todo lo que se ha dicho en estas mesas, pero si bien estoy de acuerdo, no puedo quedarme sin hacer uso de mi tiempo y tener esta participación.
Entonces, comienzo por hacer hincapié en aspectos que considero relevantes. Primero, que los especialistas, académicos y activistas, varios de ellos representantes y voz de víctimas de delitos y violaciones de derechos humanos por parte de agentes del Estado, han participado con toda la disposición para ofrecer más de 20 años de estudio y conocimiento en el tema de seguridad y ofrecer alternativas que se acercan más a la solución de la crisis de inseguridad e impunidad que lo que actualmente supone esta propuesta.
Segundo. Con todo respeto, nuestras Fuerzas Armadas, y sin generalizar, pero el dictamen y el discurso, como ya se ha mencionado aquí, en torno a Guardia Nacional, descansa en la percepción de que estas son infalibles a la comisión de delitos. Esto es falso, las Fuerzas Armadas no han estado, ni están exentas de cometer delitos y violaciones de derechos humanos, así lo han documentado organismos nacionales e internacionales en la materia, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la ONU, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, entre otros.
Con recomendaciones y sentencias de casos concretos en los que México en más de una ocasión ha sido llamado a frenar estos abusos y a sancionarlos. A propósito, la propuesta de dictamen viola los criterios de la Corte Interamericana que son vinculantes para nuestro país, respecto a la intervención de las Fuerzas Armadas.
Por ejemplo, el carácter de que la intervención sea extraordinaria y temporal, no permanente, como se plantea en la propuesta, y subordinado y complementario a las tareas de las instituciones civiles sin usurpar las funciones de estas, debe ser regulada, con controles legales y protocolos de uso de la fuerza, así como de fiscalización por órganos civiles independientes y competentes técnicamente.
La propia Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado respecto a la intervención de las Fuerzas Armadas y ha fallado en contra, lo hizo recientemente con la acción de inconstitucionalidad más reciente, la 6/2018 y sus acumuladas en las que se impugnó la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior.
También en estas mesas se ha vertido información estadística sobre el diagnóstico de temas como violencia, incidencia delictiva e impunidad, que organizaciones especializadas en la medición de estos datos como el propio Inegi o México Unido contra la Delincuencia, México Evalúa, entre otros, han venido realizando por más de dos décadas.
Estas mediciones y datos documentados nos permiten identificar el comportamiento de la inseguridad antes y después de que se sacara a las Fuerzas Armadas de sus cuarteles y se pusieran en las calles a suplir la función de autoridades civiles, como lo es la seguridad pública.
Y si bien el panorama del antes –como decía la doctora Olamendi– no es del todo positivo, tenemos delitos de homicidios, desapariciones y demás, de muchas mujeres y niñas en nuestro país, tampoco el panorama del después de tener a las Fuerzas Armadas en las calles ha mejorado, esto, además de ser inconstitucional, no ha funcionado.
Lo aberrante es que lo queramos hacer constitucional, la violencia no se combate con más violencia. Ejemplo de ello, es que hoy los homicidios, incluido el feminicidio, siguen incrementándose año con año, con todo y las Fuerzas Armadas en las calles.
Algunos datos. La tasa de victimización creció por tercer año consecutivo y se ubicó en 29 mil 746 víctimas por cada 100 mil habitantes. Esto es tres de cada 10. Esa es nuestra tasa nacional.
La Ciudad de México, por ejemplo, salió alta con 43 mil 69 víctimas por cada 100 mil. Creo que los delitos que se cometen en la Ciudad de México perfectamente se pueden combatir con policías locales –por aquí se mencionaba lo de las policías metropolitanas y no con el Ejército.
Se habló también de la naturaleza militar o no de la institución que se pretende crear, ente otros temas. Hasta aquí no puedo más que coincidir con quienes me han precedido hoy en esta mesa y en las mesas 6 y 7 del jueves y la mesa 9 del día de ayer.
Pero me centro en unas preocupaciones que no se han tocado del todo, o agotado, y permítanme hacerlo en este espacio. Quiero destacar que parecen fundamentales en este contexto en torno al tema de esta iniciativa, de este dictamen de Guardia Nacional y otras que se encuentran en la agenda de este periodo extraordinario y que se relacionan directamente con el sistema de justicia penal y lo ponen altamente en peligro. Me refiero al primero.
El sistema de justicia penal acusatorio se encuentra en pleno proceso de consolidación. El tema, debiendo ser prioritario, se echa de menos en el Plan Nacional de Paz y Seguridad presentado por el presidente.
Otro aspecto ligado a esto es que aún no tenemos fiscal general, quien asumiendo el cargo tendrá un periodo para transitar de un esquema de procuraduría a fiscalía general acorde al modelo penal acusatorio quien debería –creo yo– estar participando en estos debates.
Además, una vez que haya fiscal este deberá establecer el plan nacional de persecución penal para la fiscalía, lo mismo que tendrán que hacer a su vez en sus competencias las fiscalías locales. Esto no ha ocurrido.
No hay una política criminal diferenciada entre ciudades, estados, regiones y lo federal. El problema se ha reducido a pensar en la masificación del combate desde una fuerza central sin atender adecuadamente los diferentes tipos de criminalidad empezando desde lo local y hacia arriba.
Otro punto es que se echa de menos en el Plan Nacional de Paz y Seguridad la profesionalización y fortalecimiento de las policías en sus tres órdenes de gobierno, municipal, estatal y federal –que ya también se ha agotado bastante en las mesas de estos días.
Por último, de esta reflexión, un tema preocupante es que no existe ni se ha hablado de un órgano evaluador del sistema de justicia penal y de su consolidación, un órgano que evalúe cuantitativa pero sobre todo cualitativamente cómo vamos en la implementación del sistema de justicia penal.
Pongo un ejemplo nada más. Las Umecas, unidades de medidas cautelares y seguimiento de la suspensión del proceso. Las unidades que se han creado en los estados, en las entidades federativas traen una tasa de éxito de aproximadamente 80 por ciento en promedio. Volteemos a ver qué sí está funcionando del nuevo sistema. Eso se echa de menos en todos estos debates.
Todos aspectos fundamentales, ya que sin un sistema de justicia penal sólido y un monitoreo de evaluación permanente no habrá Guardia Nacional que alcance y resuelva el problema vigente de inseguridad e impunidad. Podemos discutir si es Guardia Nacional o civil, si debe ser mando civil o militar, si es una fuerza intermedia entre policías militares, si existe o no en países, si en México existe y hay que utilizarla.
De acuerdo, pero señoras y señores legisladores, si esta institución se crea en un contexto en el que no contamos con un sistema de justicia penal sólido –que por cierto lleva escasos un poco más de dos años de haber entrado en vigor a nivel nacional– no habrá Guardia Nacional que funcione.
Me centro en un punto que es el problema que creo hay que considerar, al margen de lo de Guardia Nacional si sí o no, que ha ido desvirtuándose en estas discusiones su pertinencia, hay un cuello de botella y tiene que ver –insisto– con el tema de la fiscalía. Las fiscalías son el cuello de botella de toda la impunidad y me explico.
Atendiendo con prioridad todo el te4ma de las policías, si como dice el INEGI, más de 32 millones de delitos de los 33.6 que ocurren en el país al año –traemos una cifra negra del 93.2 por ciento–, esto significa que las autoridades no se enteran de los delitos que están ocurriendo y esto afecta directamente a mi compañera, al padre Concha, y a todos los que andamos, al ciudadano de a pie.
Las autoridades no se enteran y nosotros tenemos que afectar nuestras vidas y cambiar nuestros hábitos, Asumimos la solución de estos conflictos por propia mano, justicia por propia mano, negociamos, nos desquitamos, pagamos por protección, cambiamos nuestro lugar de residencia, etcétera, nos afecta.
O bien, simplemente esperamos a que no nos ocurra nada a sabiendas de que la autoridad no puede intervenir o de que cuando llegamos a una agencia del Ministerio Público no hay una respuesta eficaz.
Finalmente esto tiene que ver con que el 90 por ciento de los delitos, del universo delictivo, es de fuero común, entonces no todo es delincuencia organizada, no todo es fuero federal y para atender estos delitos del fuero común, lo podemos hacer de manera muy eficaz con las policías locales, policías municipales, principalmente delitos menores que al atenderlos bien se puede evitar la escala a delitos más violentos.
Ejemplos de ellos ya existen en nuestro país Aquí tenemos una muestra de lo que se hizo. Nos acompaña el día de hoy Bernardo León, de lo que se hizo en Morelia, que mostró un cambio en la estructura del modelo policial y de seguridad en una ciudad importante, con un conflicto social también importante, y que dio señales muy positivas de esto que les digo.
Es decir, sí hay modo de cambiar la situación crítica de la seguridad y la impunidad, lo que toca es reivindicar y recuperar las tareas originales de las diversas autoridades de gobierno, empezando por las policías en los tres órdenes de gobierno, pero igualmente con los servicios periciales y los fiscales. En esta trilogía está la clave.
Se requiere de una policía que realice tareas de prevención en la proximidad a la población, que brinde atención a las víctimas e investigación en caso de delitos. Francamente no veo a las Fuerzas Armadas, a los militares, por más que se les capacite en derechos humanos, brindando ese trato diferenciado y siguiendo protocolos en un caso de violación de una mujer con todo lo que ello implica o una agresión a una persona transgénero.
Es decir, insisto, no es su función, como aquí ya se ha dicho, los miembros de las Fuerzas Armadas están formados para abatir al enemigo, no para atender al ciudadano y cuidar su integridad. Por supuesto ni llevar una investigación criminal, por ejemplo, de violación, como lo pretenden hacer con este dictamen de Guardia Nacional al darle en la iniciativa facultades para investigar delitos del fuero común, esto me parece gravísimo.
Y termino. Mis conclusiones serían, no quiero comer más tiempo, no trastocar la Constitución y el federalismo, parece que esto ha ido quedando claro, que no se requiere reformar la Constitución.
Les rogamos no seguir recurriendo al argumento de que la culpa es de las policías municipales. No las sigamos debilitando. Por el contrario, se les debe de fortalecer y profesionalizar ya que también se ha dicho aquí y han quedado en evidencia las condiciones infrahumanas en las que realizan y desempeñan su trabajo.
Tampoco enarbolar, con todo respeto, que las Fuerzas Armadas son infalibles a la comisión de delitos y violaciones de derechos humanos. Tan falso lo uno como lo otro. No nos equivoquemos.
Otra cosa importante, no sometamos a más violencia a nuestros jóvenes ahora reclutándolos para que se maten entre sí en un discurso maniqueo de buenos y malos. No aniquilemos, por favor, el sistema de justicia penal acusatorio dando, por ejemplo, estas atribuciones de investigación criminal, ahora en delitos del fuero común.
Esto ha costado muchos años construir y que dé frutos. Sigamos monitoreando cómo va la consolidación del sistema de justicia penal. Existen datos de éxito, que aquí también nos acompaña gente de World Justice Project, y que otras organizaciones han dado el monitoreo y el seguimiento de estos avances.
Por cierto, les hago un respetuoso llamado a no discutir al vapor la reforma del Catálogo de Prisión Preventiva Oficiosa del artículo 19 constitucional.
México acaba de ser llamado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a comparecer sobre esta propuesta. Dialoguemos. Y también sería prudente que lo hiciéramos en parlamento abierto.
Insisto, mi llamado es no insistir en combatir impunidad con arbitrariedad ni violencia con más violencia. Existen alternativas. Muchas gracias por el espacio.
El moderador diputado Felipe Fernando Macías Olvera: Muchas gracias a Tania Luna, consultora en Sistema de Justicia Penal y Seguridad. Haciendo un llamado respetuoso a nuestros ponentes para acotar las participaciones al tiempo propuesto.
El moderador diputado Felipe Fernando Macías Olvera: Y ahora para presentan a Mayra Hernández Maciel, de Mesa Metrópoli Monterrey, cedemos el uso de la voz al senador Dante Delgado.
La diputada Julieta Macías Rábago: Hola, buenas tardes a todos. El senador Dante Delgado me pidió presentar a la maestra Mayra Hernández. Bienvenida.
Mayra Hernández Maciel, es licenciada en derecho y maestra en gestión pública por el Tecnológico de Monterrey, con especialización en seguridad nacional, delincuencia financiera, inteligencia y finanzas públicas. Con más de trece años de experiencia como funcionaria pública en puestos de mando y toma de decisiones en la administración pública federal y estatal, destacando como coordinadora de asesores del secretario de Seguridad Pública del estado de Nuevo León.
Asesora en técnica legislativa y presupuestal del secretario de finanzas y tesorero general, así como asesor en áreas de desarrollo político, programas sociales, presupuesto, cuenta pública y deuda subnacional en las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, Gobernación, Desarrollo Social y en el Congreso de la Unión.
Entre otras actividades como catedrática, contribuyó con talento y vocación de servicio a compartir experiencias para la formación de mejores funcionarios públicos y el empoderamiento de la sociedad civil en temas de rendición de cuentas. Consultora en políticas públicas para el desarrollo.
Actualmente se desempeña como secretaria técnica de la Mesa Metrópoli Monterrey, un espacio para construir a través del diálogo y la colaboración entre sociedad y gobierno estrategias de seguridad y justicia. Gracias por acompañarnos.
La ciudadana Mayra Hernández Maciel: Muchas gracias. A nombre de la Mesa Metrópoli Monterrey, aprecio la invitación que nos hacen los diputados y los senadores a dialogar ese dictamen parlamentario, y principalmente, a compartir las experiencias de lo que sucede en nuestras regiones.
Yo especialmente hablaré de lo que ha pasado en Nuevo León, y ratificaré lo que estuvieron aquí diciendo los alcaldes metropolitanos de Monterrey en esta semana.
Principalmente tengo que decirlo con todas sus palabras, nuestras Fuerzas Armadas han asumido el costo político de la irresponsabilidad de gobernantes inconscientes que no han puesto como prioridad la seguridad en sus agendas de gobierno. Y hay que decirlo así, porque no hemos invertido en la profesionalización de nuestras policías –y aquí retomo lo que decía el maestro Oliva y le complemento–, el 1.5 por ciento es lo que destinamos al gasto, digamos, en seguridad y justicia. Pero no puede ser posible que el costo de la violencia nos esté costando el 21 por ciento del PIB, según el Índice de Paz México.
También la opacidad que hay de los recursos en seguridad subnacional, no sabemos cómo se gasta y por ende no sabemos cómo profesionalizar a nuestras policías.
Platicaré así en breve lo que pasó en Nuevo León en la época más algia de la violencia. A nosotros nos tocó vivir una época muy difícil en la que todos los días estábamos entre las balas, y no eran las balas de los soldados, eran las balas de los malandros –lo tengo que decir así–. Ha habido muchas discusiones donde dicen: el Ejército mata estudiantes; quiero decirles señoras diputadas y señores diputados y senadores, que también nuestras policías no están exentas de ello, necesitamos profesionalizarlas y dotarlas, precisamente, de protocolos de uso de la fuerza.
También quiero destacar, porque ha sido una discusión permanente el tema del control del mando ¿quién tiene el control del mando? Dejemos la simulación política de decir quien controla las instituciones y empecemos a crear verdaderas instituciones de Estado, como puede ser una Guardia Nacional con las virtudes que puede tener la disciplina y la doctrina militar; no es algo que estemos reinventando en México.
Vayamos al caso más cercano que es la Policía Nacional de Colombia, donde es un cuerpo armado de naturaleza permanente, donde el mando y los comandantes son militares, y al final de cuentas no por ello podemos decir que estamos militarizando la seguridad pública. Creo que tenemos que pasar también a hablar de seguridad pública, seguridad ciudadana y la otra parte que nos corresponde a hacer nosotros.
Quiero destacar también que nosotros, para nosotros fue muy valioso el papel del Ejército Mexicano en Nuevo León, porque gracias a ellos pudimos recuperar a nuestras instituciones que estaban cooptadas por el crimen organizado –y lo tengo que decir así.
La gente que vivimos en Nuevo León, y aquí está la diputada Guillermina Alvarado, hemos reconocido lo que vivimos en Nuevo León, y entendemos que también la sociedad civil, la academia, los empresarios tenemos que hacer la otra parte que nos corresponde, pues para no dejar a las instituciones a la deriva de los gobernantes bajo una agenda política en turno.
Algo que también es importante para nosotros reconocer, es que la Guardia Nacional no implica el abandono de las policías municipales y estatales. Que aquí ninguna autoridad tanto estatal como local se escude de su responsabilidad constitucional para fortalecer, profesionalizar y tener mejores policías.
Entonces me gustaría hacerle un atento llamado respetuoso a los gobernadores y a los alcaldes que se oponen a la Guardia Nacional, a que empiecen a poner como prioridad la formación de sus policías, a dignificarlas y a profesionalizarlas como sucede en el Ejército mexicano y en la Marina Armada de México.
Finalmente, concluyo mi intervención haciendo una reflexión de lo que estamos construyendo. Los alcaldes metropolitanos se manifestaron aquí a favor del Ejército mexicano, porque para nosotros es muy importante que el Ejército tenga permanencia en Nuevo León por la dinámica delictiva que enfrentamos, pero también esto nos está obligando a profesionalizar de mejor manera a nuestras policías.
Entones basta ya de estar simulando políticamente que la Guardia Nacional es la militarización de la seguridad pública, cuando nuestros gobernantes han hecho de la agenda de seguridad un control político. Gracias.
La moderadora diputada Aleida Alavez Ruiz: Muchas gracias por su participación, y nuevamente sugiriéndoles por favor nos ayuden con el tiempo.
A continuación, el ponente José Alfonso Rodríguez Sánchez. Lo va a presentar mi compañero diputado Javier Hidalgo. Por favor, Javier.
El diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce: Gracias. Buenas tardes. José Alfonso Rodríguez Sánchez es licenciado en derecho por la Universidad Autónoma del estado de México. Cuenta con la maestría en derecho penal por la Universidad Cuauhtémoc. Es maestro en derecho corporativo por la Universidad Anáhuac. Cuenta con estudios de doctorado en derecho por la misma Universidad. Es vicepresidente de la Barra Queretana Colegio de Abogados, AC, así como catedrático universitario y abogado postulante. Muchas gracias por su participación.
El ponente José Alfonso Rodríguez Sánchez: Gracias, diputado. Gracias a todos. Después de estas brillantísimas exposiciones con las cuales coincido en prácticamente todo lo que se ha dicho, permítanme por favor hablar a nombre no solo de mi Barra Queretana de Abogados, sino a favor de un eslabón de esta cadena muy importante que es la policía
Fíjense que preparando mi tesis doctoral he tenido ocasión de platicar con agentes policiales de Chile, de Colombia, pero sobre todo con guardias municipales de Querétaro, de aquí de la Ciudad de México, del estado de México, y me encuentro con cuestiones muy interesantes.
Yo podría aquí verme muy académico tratando de citar definiciones de los derechos humanos de Ferrajoli, de Habermas, o hablar de la encíclica Redum novarum y tratar de elevar aquí el discurso para construir una pieza de oratoria emotiva y doctrinal.
Permítanme hablar por los policías, permítanme hablar un poquito por ellos. Entre los derechos humanos hay uno que es fundamental, y es el derecho a la seguridad social. La pregunta que yo, independientemente de la estructura orgánica que se le pretenda dar a los cuerpos de seguridad humana, seguridad pública o como se le llama jugando con los eufemismos semánticos, independientemente de esto yo quisiera llamar a esta soberanía a pensar un poquito en los aspectos de la dignidad especial de las personas que integran los cuerpos policiales.
¿Cómo le exijo yo que respete los derechos humanos al gendarme, al guardia o al soldado, si no soy yo, sociedad, capaz de brindarle seguridad social? ¿Cómo le exijo que cuide mi casa y mi colonia, si sus hijos no juegan en el parque en el que juegan los míos? ¿Cómo le exijo yo que haga su trabajo con alegría, sirviéndome, si yo ceno en un restaurante y él afuera cuida mi coche? Si vamos a hablar de igualdad, ¿por qué no le vamos dando acceso a servicios de seguridad social?
En Colombia hay una policía militar que depende de las Fuerzas Armadas, tienen unas prestaciones de seguridad social sensacionales. Ser policía en Colombia es un gran orgullo, como ser guardia en Chile, caravinero en Chile, wow, llega la patrulla a la escuela y los niños se arremolinan en torno a la patrulla y saludan al policía y hasta se toman una foto con él.
¿Por qué no tenemos eso para México? ¿Por qué no hacer eso para México? Y, ¿saben cuál es el principio de todo? Que todos ellos han jurado sobre un código de ética, empezando por formarlos a ellos en valores éticos, incluido el legítimo uso de la fuerza pública. Porque usar la fuerza pública no es violar derechos humanos, es un legítimo derecho que yo, ciudadano, a través de la Constitución y de las leyes secundarias ya le conferí. Vamos a dejarlo hacer su trabajo.
Una vez formado éticamente y recuperando su autoestima, vamos a darles seguridad social. Pero, no solo con un aumento salarial y con la profesionalización, que son muy necesarias y se ha venido haciendo, no señor, vamos pensando prestaciones y beneficios para su familia, accesos a becas en las universidades y en las escuelas que estudian mis hijos. Acceso a los clubes deportivos a los que muchos de nosotros tenemos acceso.
Vamos a darles prestaciones que hagan que su familia se sienta parte de esa sociedad, a la que ellos cuidan, porque hasta hoy, guardias federales, municipales, de caminos, investigadores son entes abstractos y ajenos a la sociedad a la que están sirviendo y a la que están cuidando.
Si nos gusta copiar modelos extranjeros, vamos copiando entonces esos códigos de ética que son formación doctrinal, como parte de los programas de profesionalización.
Y aquí planteo y ahora sí que lanzo el reto. Ya que nos gusta crear instituciones nuevas, bueno, les gusta, señores diputados –es lo más cerca que he estado del Congreso–. Ya que estamos creativos, ¿por qué no creamos un instituto de seguridad social solo para los cuerpos policiales, independientemente de la estructura que se le dé, guardia nacional, policía militar, las 25 mil corporaciones policiacas que tenemos dispersas? Vamos a crear un órgano de seguridad social.
Y que de dónde salen los recursos. No, pues para eso también en México nos pintamos solos. A ver, ahí hay lana, en la Iniciativa Mérida –ya me iba a confundir con otra– ahí hay dinero. Los gringuitos no quieren que haya migración. Ah, pues más lana para esto, ¿no? Vamos gestionando recursos internacionales. Está la Lotería Nacional, ahí entra mucha lana, para la asistencia pública.
No sé, señores diputados, pongo en esta mesa, con todo respeto, pero con la energía de un ciudadano, no de a pie, porque llegué en camión, pero con la energía de un ciudadano que ha sido víctima de la delincuencia, abrazar a nuestros policía como hermanos, abrazarlos como semejantes. Hay muchos que están ahí por vocación. Es cuanto, gracias.
El moderador diputado Felipe Fernando Macías Olvera: Muchas gracias al maestro José Alfonso Rodríguez Sánchez, abogado de la Barra Queretana.
El moderador diputado Felipe Fernando Macías Olvera: Ahora, para presentar a Fernando Ríos Martínez, secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, cedemos el uso de la voz a la diputada Guillermina Alvarado.
La diputada María Guillermina Alvarado Moreno: Gracias, presidente. Muy buenos días a todos. Fernando Ríos Martínez, es secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todos y Todas.
Fernando Ríos cuenta con estudios de filosofía, sociología y maestría en políticas públicas. Con más de 20 años en organizaciones sociales y de derechos humanos, representa políticamente a 87 organizaciones en 23 estados de la República.
La Red TDT es un espacio de encuentro y colaboración de organismos de derechos humanos, en el que se elaboran estrategias conjuntas para hacer más efectiva la defensa y promoción de todos los derechos humanos para todas las personas. Bienvenido, Fernando Ríos Martínez, adelante.
El ciudadano Fernando Ríos Martínez: Muchas gracias. Yo titulé esta ponencia como La Guardia Nacional: reto de la sociedad para recuperar la paz sin perder derechos, ese es el gran reto, seguir aumentando los derechos sin disminuir otros.
Históricamente la Red y sus organizaciones han denunciado y documentado la inconveniencia de la estrategia militarizada, constatada en algunas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, impulsada, por ejemplo, por el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, de Chihuahua; el Centro Tlachinollan, de Guerrero; o el Centro Pro, de aquí de la Ciudad de México. Esto, porque ha significado abusos probados por parte del Estado en contra de la población civil, especialmente aquella que tiene posiciones críticas al Estado o a los poderes fácticos.
Al mismo tiempo hemos constatado que los efectos de estas violaciones a derechos humanos, en conjunto con la acción de algunos actores privados o del crimen organizado, normalizan la violencia y vulneran en lo más fundamental el derecho a una vida digna libre de violencia de toda la sociedad y esto es lo que nos convoca el día de hoy ante una coyuntura política, que es una oportunidad, una posibilidad de construir algo distinto, una potencialidad latente apenas de un orden democrático nuevo.
La inquietud cívica de los días recientes en torno al tema de la Guardia Nacional y en estas mismas audiencias, son sin lugar a dudas la muestra más clara de que podemos escucharnos, que podemos cambiar también las propuestas iniciales.
Como ustedes saben vivimos, ya varios de los ponentes han hecho un ahínco, en la crisis de seguridad y de derechos humanos que vivimos, que ha significado una polarización violenta y riesgosa, que también se da cuenta ahora, donde ciertamente el crimen organizado con la presunta participación de instituciones gubernamentales, ha significado el deceso de miles y miles de personas, de personas desaparecidas, torturadas, así como de víctimas de otros delitos y violaciones de derechos humanos, como queda constatada apenas incipientemente en las recomendaciones de la CNDH, que son una buena muestra de lo que sucede.
Las organizaciones de derechos humanos hemos documentado este grave deterioro institucional y cómo las herramientas del Estado se han utilizado en contra de la propia ciudadanía.
Y bueno, pues nosotros hemos estado en una cercanía con las víctimas, con las organizaciones, con sus familias y es importante destacar que nosotros vemos que la raíz del problema de esta violencia y de esta inseguridad se encuentra en decisiones equivocadas, como ya también se ha dicho, en el más alto nivel y que en este sentido hay un llamado a no tomar decisiones apresuradas, la diferencia la puede hacer ahora el Poder Legislativo con estas audiencias, que nutran discusiones para poder finalmente salir de esta crisis de derechos humanos en la que vivimos.
Como saben ustedes, las personas defensoras de derechos humanos solemos invocar la justicia, la verdad y la reparación como elementos exigibles para cualquier víctima de violación a derechos humanos.
En este sentido nos preguntamos, ¿cómo asegurarán la no repetición de todas estas violaciones a derechos humanos y de todos estos delitos sistemáticos y repetidos? ¿Cómo se va a garantizar la no repetición con la Guardia Nacional?
De la misma manera, no podemos obviar que durante estas audiencias se han expresado una gran cantidad de opiniones críticas muy sustentadas en torno a la propuesta actual, como lo han hecho también hoy.
Es claro que la discusión en rigor ya no es en torno al dictamen original, la conversación sobre el tema ha evolucionado desde el mando militar pleno, incorporado en la Constitución, que refleja el dictamen, hasta un matiz que lo limitaba cinco años, y finalmente la consideración del secretario Alfonso Durazo en el sentido de abandonar la idea de este mando militar e incorporar a esta fuerza a la recién creada Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Partimos del hecho que el dictamen no ha sido modificado aun, es importe no pasar de lado el hecho de que el proceso mismo ha buscado generar una percepción de inevitabilidad, que en sí misma va en contra de los criterios internacionalmente reconocidos para la atención de la seguridad.
En ese sentido, quiero referirme a la sentencia muy reciente del caso de la familia Alvarado, en donde el testimonio de una de las víctimas, María José Alvarado, mamá de uno de los jóvenes desaparecidos dice, la noche del 29 de diciembre del 2009 el Ejército llegó por ellos, se los llevaron a la fuerza sin ninguna explicación y no los hemos vuelto a ver.
Ante esto, la sentencia señala que los Estados actúen en todo momento dentro de los límites y conforme a los procedimientos que permitan preservar tanto la seguridad pública como los derechos humanos.
Ese es el gran reto ante la violencia que vivimos y ante la urgencia de apegarnos estrictamente a los derechos humanos.
En ese sentido, múltiples organismos y procedimientos especiales de la ONU, como ya señaló Jan Jarab en una estupenda conferencia, coinciden en señalar que la participación de las Fuerzas Armadas en labores de Policía Judicial o Ministerial, puede resultar contrario a determinados principios del Estado de derecho, tales como la separación de poderes, independencia y autonomía de los tribunales judiciales y la subordinación a las autoridades civiles.
Por tanto, concuerdan en la necesidad de implementar mecanismos de rendición de cuentas a través de cuerpos independientes de todas las fuerzas de seguridad relacionadas con operativos y tareas de orden público.
Así, una de las principales preocupaciones que nos despierta el modelo de Guardia Nacional propuesto, es que precisamente entra en contradicción con otros esfuerzos del Estado mexicano para garantizar el acceso a la justicia y en tanto, terminar con la impunidad tan alta, del 99 por ciento, que vivimos en este país.
Y en ese sentido nos referimos a la nueva Fiscalía General de la República, el riesgo queda claramente ejemplificado en la propuesta de la modificación del artículo 21 constitucional, según la cual, tratándose de hechos que puedan ser constitutivos del orden federal, la Guardia Nacional actuará bajo la condición jurídica del Ministerio Público federal, también ya como ha sido señalado por el presidente de la CNDH.
Esta propuesta es grave porque involucra a personal militar en la investigación de delitos, a pesar de las graves violaciones a las que nos hemos referido varios de los participantes.
Pero aun es más preocupante porque debilita estructuralmente el nacimiento de la nueva Fiscalía General de la República al incorporar cuerpos militares en la investigación de delitos, cuando precisamente ese ha sido uno de los principales obstáculos para una impartición de justicia eficaz al generalizarse la tortura, la fabricación de culpables y el mal manejo de las evidencias.
Es importante que recordemos que el acceso a la verdad es fundamental para las víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos, pero también para la sociedad toda en su conjunto.
Esto porque solo conociendo la verdad de nuestra historia reciente estaremos en condiciones de generar alternativas que nos saquen de este círculo de la violencia y de la impunidad.
En este sentido, como ya lo han señalado también otras personas, es importante que se reconozca de manera expresa la estrategia equivocada de los dos sexenios anteriores, así como las graves violaciones a derechos humanos ocurridas en estos dos sexenios trágicos y un compromiso claro de investigar las responsabilidades.
La pretensión de borrón y cuenta nueva es agraviante, representa un riesgo de repetir los mismos errores cometidos hasta ahora. No nos queda claro si el nuevo gobierno está dispuesto a correr este riesgo, puesto que incluso ha usado expresiones que no nos parecen aceptables.
Esto no quiere decir que no nos importe la grave situación que se vive en el país. Tenemos claro que se requieren acciones decididas y contundentes como la sociedad demanda. Pero a partir de nuestra experiencia del acompañamiento a víctimas y comunidades, sabemos que la reparación de los daños solo es posible a partir de un cambio de enfoque. Por tanto, una solución es necesario que sea sensata y verificable.
Precisamente estos elementos son los que hacen que el actual dictamen de la Guardia Nacional sea integralmente inaceptables. La experiencia nos demuestra que no podemos hacer apuestas absolutas sin que impliquen la incorporación de diferentes componentes que implican la construcción de paz y el apego al artículo 1o. constitucional.
Para terminar, hoy tenemos la oportunidad de iniciar la historia de nuevo y sentarnos, como sociedad, a construir un modelo de seguridad y protección ciudadana que nos incluya a todas y a todas.
Proponemos que el diseño de esta estrategia, construida con una mayor participación de la diversidad de la sociedad se concrete en el marco del Plan Nacional de Desarrollo. Este documento, al ser una guía programática del ejercicio de gobierno, permitirá salvaguardar las facultades del Estado al no tocar la Constitución y permitirá que la ciudadanía construya una paz verdadera basada en el ejercicio de los derechos para todas y todos. Gracias.
La moderadora diputada Aleida Alavez Ruiz: Muchas gracias a nuestro ponente.
La moderadora diputada Aleida Alavez Ruiz: Vamos ahora a darle la palabra al doctor Miguel Concha. En realidad, para mí él tiene una presentación que no requiere de leer un currículum tan amplio, por la amplia trayectoria que tiene en defensa de los derechos humanos, más de 39 años. Pero, obviamente, como a todos ponentes, se le presentará. Es para mí un honor presentar al doctor Miguel Concha.
Estudió filosofía en el Centro de Estudios Filosóficos en la provincia de Santiago, de la Orden de Predicadores en teología católica, en el estudio general de la Orden de Predicadores en el Caribe, Puerto Rico.
La Universidad Pontificia de Santo Tomás de Aquino, en Roma, y en facultades pontificias de filosofía y teología de la Provincia de los Dominicos, en Francia, donde obtuvo los grados académicos de licenciatura y maestría en teología.
Hizo también estudios de sociología en el Centro de Estudios Sociales Prodeo, de Roma, y recibió doctorado honoris causa en teología del Providence College, de Road Island, de Estados Unidos.
Es profesor desde 1979 de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la División de Posgrados de la Facultad de Contaduría y Administración, ambas de la UNAM.
En la primera coordina actividades académicas en torno a temas de derechos económicos, sociales, culturales y medioambientales en América latina. Y en la segunda imparte cursos sobre ética de las organizaciones.
El 19 de abril de este año recibió la venera y el certificado que lo acreditan como miembro fundador de la Academia Universitaria de Fiscalización de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Distintas actividades sociales, culturales, académicas y periodísticas lo caracterizan por sus aportes a la creación de la cultura de respeto a los derechos en el país.
Es cofundador y presidente del Consejo Directivo del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Victoria y es miembro del Consejo Directivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
Es también socio y miembro del Consejo Directivo de la Organización Beca, Equipo Pueblo, especializada en la exigibilidad y justiciabilidad de los derechos económicos, sociales, culturales y medioambientales. Y ha sido también miembro del Consejo Ciudadano de la UNICEF en México.
Es también miembro de la Sección Mexicana de Amnistía Internacional y en dos ocasiones ha sido vicepresidente de la Academia Mexicana de Derechos Humanos. Desde sus orígenes es también miembro del Grupo Paz con Democracia, instancia de referencia para muchos movimientos sociales en el país que reúne a distinguidos intelectuales, académicos, artistas, líderes sociales y de opinión.
Fue durante dos años miembro titular del primer Consejo Técnico Consultivo de la Ley Federal de Apoyo a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, e igualmente miembro de la Junta de Gobierno Fundadora del Consejo para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el Distrito Federal.
Desde enero de este año es miembro de la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en México, y miembro suplente de su Junta de Gobierno.
Ha participado en muchos eventos académicos y actividades sociales sobre el tema de derechos humanos en México y otros países en América latina. Ha recibido varios premios y distinciones nacionales y extranjeras, entre los que se cuentan la medalla y el testimonio Roque Dalton, concedido por el Consejo de Cooperación con la Cultura y la Ciencia en El Salvador, Asociación Civil en 2002, y dos veces Premio Nacional de Periodismo, 2003 y 2006 del Club de Periodistas de México.
El año 2008 recibió también el Premio Nacional de Periodismo en Derechos Humanos, José Pagés Llergo, que por primera vez otorgó la organización que lo creó, y en 2011 recibió el Premio Ponciano Arriaga Leija, de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal por su trayectoria en la defensa de los derechos humanos de las personas y colectivos más vulnerados.
Recibió también el Premio Nacional Rostros de la Discriminación, Gilberto Rincón Gallardo, del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y una medalla y mención honorifica de la Comisión Nacional de los Derechos Humamos por su trabajo en favor del reconocimiento y vigencia de los derechos humanos.
En 2015 recibió la medalla Epigmenio González, por parte del Ayuntamiento de la Ciudad de Querétaro y el 30 de noviembre de 2015 promovió el Premio Internacional de Derechos Humanos, Emilio Millón, Edición 2015, del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina.
Ha publicado libros y colaborado en varias publicaciones colectivas sobre temas de ética y derechos humanos, editada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Facultad de Filosofía y Letras en la Facultad de Contaduría y Administración, ambas de la UNAM.
Es desde su fundación, en el año 1984, articulista semanal del diario La Jornada donde escribe principalmente sobre temas, situaciones y problemas locales, nacionales e internacionales, desde la perspectiva de los derechos humanos. Ha publicado igualmente diversos artículos en la Gaceta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y en su órgano oficial de difusión defensor. En los últimos años ha publicado también artículos de investigación periodística en la revista Contralínea.
Una muy amplia trayectoria en pro de los derechos humanos. Le damos la más cordial bienvenida al doctor Miguel Concha Malo. Por favor, doctor.
El ciudadano Miguel Concha Malo: Muchísimas gracias, diputada. Me siento muy honrado de compartir esta mesa con amigos y amigas, académicos y defensores de derechos humanos desde hace muchos años. Y desde luego con el doctor Javier Oliva y la doctora Patricia Olamendi, así como la maestra Tania Luna y el compañero Fernando, secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todos y todas. Hablo en nombre del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria del que soy director general.
Apreciadas y apreciados senadores y senadoras. Señoras diputadas y diputados. Me es muy grato poder participar en este espacio tan importante en momentos cruciales para la transformación y la construcción de paz en nuestro país.
Saludo el diálogo que se ha entablado con diversos sectores de la sociedad y que se considere la participación de organizaciones como el Centro de Derechos Humanos que dirijo, y en el que desde 1984 hemos trabajado de la mano con la gente en la defensa y promoción de sus derechos. Aprovecho la ocasión para instar también al diálogo con las víctimas, quienes cuentan con total legitimidad para pronunciarse también en la delicada materia que nos ocupa.
La experiencia de la guerra contra el narcotráfico y la guerra sucia que le antecedió, nos trajo varias lecciones acerca de la participación de las Fuerzas Armadas en temas que no le competen de seguridad pública, situación que nos lleva a plantear las siguientes preocupaciones. Hablo de algunas preocupaciones, nuestra opinión y algunas exigencias. Perdón por algunas reiteraciones.
Primero. Desde la década de los 70 y especialmente desde el año 2006, se ha observado que la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública ha ocasionado graves violaciones a los derechos humanos para las personas que habitan o transitan por México, principalmente por el uso abusivo de la fuerza por parte de militares en contra de civiles.
Segundo. La implementación del uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública contraviene, como ya se ha dicho muchas veces, múltiples observaciones, recomendaciones y sentencias emitidas por organismos internacionales y nacionales de derechos humanos. La lista es larga.
En los últimos años se le ha instado al Estado mexicano a limitar la intervención militar en tareas de este tipo por constituir un riesgo latente de violaciones a los derechos humanos. Se le ha instado a fortalecer a los cuerpos de seguridad civiles y a adoptar un cronograma preciso con miras al retiro paulatino y progresivo de las fuerzas Armadas de las tareas de seguridad pública. Un cronograma que en nuestra opinión no debe ir más allá de los tres años.
Tercero. El modelo de Guardia Nacional que se presenta en la iniciativa que se comenta es contrario a los principios de un Estado democrático de derecho. La gran atribución de facultades y el protagonismo concedido a las Fuerzas Armadas en esa iniciativa se traduce en un reconocimiento inaceptable de la incapacidad por parte de las autoridades civiles para hacerle frente a los retos de inseguridad que aquejan al país, lo cual es política y jurídicamente sumamente peligroso.
Tal situación debilitará la atención y el fortalecimiento de los cuerpos de seguridad policiacos, generando con ello una mayor dependencia e injerencia por parte de las fuerzas militares en tareas que les corresponden a institución y autoridades civiles.
Cuarto. Saludamos la información que ha trascendido en el sentido de que la Guardia Nacional ya no estaría adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional, sino a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, así como la información que reconoce que su mando operativo sea civil.
Pero nos sigue preocupando que se proponga reformar inconveniente y tan inadecuadamente el artículo 21 de nuestra Constitución para otorgarles a las Fuerzas Armadas facultades de seguridad, administración y procuración de justicia, que les competen en exclusiva a las autoridades civiles, particularmente cuando se trata de delitos cometidos por esta.
Quinto. La implementación de la Guardia Nacional, tal y como aparece en la iniciativa originalmente enviada por el Ejecutivo, a nuestro ver es contradictoria, como ha dicho Fernando, de la Red, con la garantía de no repetición en un nuevo modelo de justicia en transformación que asegure su discontinuidad con situaciones anteriores.
Teniendo en cuenta que en los últimos años las Fuerzas Armadas se han visto involucradas en múltiples casos de graves violaciones a los derechos humanos, la creación de la Guardia Nacional resulta contradictoria e incluso revictimizante, y
Sexto. Dicha iniciativa contraviene, además las obligaciones internacionales contraídas por México, como ha dicho la doctora Patricia Olamendi, con toda claridad, y es por tanto regresiva.
Nuestra opinión. Tal y como ya lo expuso el representante en México de la Oficina de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, y lo ha recordado la maestra Tania Luna, recientemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado mexicano en el caso Alvarado y otros contra México, mismo que por su relevancia y actualidad en el tema de seguridad pública, consideramos pertinente retomar, recordando que el cumplimiento de dicha sentencia es constitucionalmente obligatoria para México.
La sentencia aludida nos señala los principios que deben regir el orden público interno, y en primer lugar destaca que tanto este último como la seguridad ciudadana, deben estar primariamente reservados a los cuerpos policiales civiles.
Cuando excepcionalmente intervengan en tareas de seguridad, la participación de las Fuerzas Armadas debe ser extraordinaria, es decir, que toda intervención en tareas de seguridad debe ser justificada, excepcional, temporal y restringida a lo estrictamente necesario en las circunstancias del caso.
Subordinada y complementaria a la labor de las corporaciones civiles, sin que estas puedan extenderse a las facultades propias de las instituciones de procuración de justicia, policía judicial o ministerial. Regulada a través de mecanismos legales y protocolos claros sobre el uso de la fuerza bajo los principios de excepcionalidad, proporcionalidad, absoluta necesidad y de acuerdo con la respectiva capacitación en la materia. Fiscalizada por órganos civiles competentes, independientes y técnicamente capaces.
A pesar de que dadas las circunstancias concretas de seguridad en algunos estados y regiones del país –no en todos ni en todas– por responsabilidad ética política.
Consideramos que la Guardia Nacional debe estar integrada por corporaciones civiles y bajo su mando, aunque coadyuven en ella temporalmente fuerzas militares en tareas de seguridad pública, teniendo en cuenta las circunstancias particulares de cada caso. –como soy medio temblorín ya, ¿verdad?
Exigencias. Primero. Exigimos que en la conformación del dictamen de la iniciativa de la Guardia Nacional no se soslaye por ningún motivo la urgente necesidad de capacitar y profesionalizar a las corporaciones civiles de seguridad pública a todos los niveles y su correspondiente coordinación, con especial énfasis en la salvaguardia de los derechos humanos con perspectiva de género.
Dos. Es menester el fortalecimiento de los cuerpos policiacos, a fin de que sean capaces de prevenir, investigar, identificar y detener a presuntos culpables de actos ilícitos, bajo la dirección del Ministerio Público y con estricto apego a derecho.
Tres. Las tareas de investigación, persecución de delitos, detención y procuración de justicia deben recaer en todo momento en instituciones civiles, sin que tengan injerencia fuerzas militares como lo reserva la propia Constitución.
Por lo tanto, debe corregirse en el dictamen de la iniciativa cualquier intervención de las Fuerzas Armadas en estas materias, salvo aquellas que atañen a la disciplina militar, y sobre todo, cuando se trata de civiles.
Cuatro. En aquellos casos en los que se justifique la participación de Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, es indispensable que se fije una temporalidad que no vaya más allá de tres años; toda vez esta tarea debe ser excepcional y no permanente. Para ello, es necesario establecer un plan de retiro paulatino verificable y de sustitución de militares y marinos por fuerzas de seguridad civiles. Es muy difícil civilizar Fuerzas Armadas, es mucho más fácil militarizar fuerzas civiles.
Se debe además garantizar que los posibles delitos y violaciones a los derechos humanos cometidos por fuerzas militares o fuerzas civiles, sean siempre juzgados por la jurisdicción civil, superando a este respecto toda ambigüedad y confusión entre ambas jurisdicciones, que muchas veces se echan la pelotita la una a la otra para continuar con los altos niveles de impunidad.
Bajo ninguna circunstancia los civiles deben ser detenidos y llevados a instalaciones militares, como sucede en muchos casos, y de igual forma, se debe garantizar que estos no sean sometidos a un doble sistema de justicia.
Es indispensable que se realice una reforma al artículo 73 constitucional, a fin de que se le otorguen facultades al Congreso para emitir por fin una ley general que regule el uso de la fuerza, bajo los principios y más altos estándares de derechos humanos.
Termino. En el mismo sentido que el párrafo anterior, debe además crearse un Registro Nacional de Detenciones que abarque todo tipo de faltas y delitos.
Finalmente. Pedimos al Congreso de la República que el debate y dictaminación en comisiones de las reformas a la Constitución en materia de seguridad pública y Guardia Nacional se realice utilizando el método de parlamento abierto con el fin de favorecer la participación de expertos y de integrantes de organizaciones civiles, nacionales e internacionales, así como de organismos multilaterales de derechos humanos. Muchísimas gracias.
El moderador diputado Felipe Fernando Macías Olvera: Muchas gracias. Muchísimas gracias al padre Concha. Queremos comentar a las compañeras legisladoras y legisladores que deseen hacer uso de la voz una terminando nuestros ponentes, puedan hacerlo saber al equipo técnico de la organización para ir enlistando los turnos de participación.
El moderador diputado Felipe Fernando Macías Olvera: Ahora, para presentar a Bernardo León, especialista en policías y justicia cívica, cedemos el uso de la voz a la diputada María Guadalupe Almaguer.
La diputada Ma. Guadalupe Almaguer Pardo: Gracias, diputado Felipe. Bernardo María León Olea es licenciado en ciencias políticas por la Universidad Iberoamericana, y licenciado en derecho por la Universidad Abierta. Tiene el diploma de estudios avanzados de doctorado en derecho penal y proceso penal por la Universidad de Sevilla, España.
Fue jefe de la Oficina de Proyectos de Innovación de la Oficina de la Presidencia para la Innovación Gubernamental, encargado de la reforma del Sistema de Seguridad Pública y Justicia Penal, de 2000 a 2006.
Fue comisionado municipal de Seguridad en Morelia, de 2015 a 2018, donde desarrolló el modelo de policía de proximidad y justicia cívica, reconocido entre otros por el New York Times y otros medios internacionales.
Abogado y consultor independiente de diferentes empresas e instituciones nacionales y extranjeras en materia de seguridad pública y justicia penal. Es autor de la colección de tres volúmenes, “El nuevo sistema de justicia de seguridad pública y justicia penal”. Ha escrito diversos artículos en revistas y periódicos. Autor y coautor de libros.
Ha impartido conferencias, capacitado y asesorado a funcionarios públicos de diversas partes del país y América Latina, en materia de seguridad pública y justicia penal.
Actualmente asesora la implementación del modelo de policía de proximidad y justicia cívica en León, Guanajuato. Tiene la palabra Bernardo María León Olea.
El ciudadano Bernardo María León Olea: Muchas gracias, y gracias a las senadoras y senadores y a los diputados, por la invitación. Quisiera empezar diciendo que en el año 2000 había un instituto, que se llamaba el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, el Icesi, que hizo una de las primeras encuestas de victimización que se hicieron en México y con base en esa encuesta calculó 4 millones de delitos en el país hace 18 años.
La última encuesta de victimización del Inegi calculó casi 34 millones de delitos, entonces pasamos de 4 con la misma metodología, o casi la misma metodología, a 34 millones en 18 años.
Digo esto porque creo que no podemos ni siquiera plantearnos el tema de la Guardia Nacional o de las policías locales, o de la militarización, o incluso de los derechos humanos, si no calculamos que hemos tenido un crecimiento exponencial del problema delictivo, y pienso que desde ahí es desde donde debemos partir. Si no partimos de ahí, pienso que el enfoque que vamos a tener está equivocado.
Ahora, de esos 30 y tantos millones de delitos que se cometieron, el 96 por ciento de esos delitos son delitos del fuero común, básicamente robo a transeúnte, robo a casa habitación, robo a comercio y robo parcial de vehículo. O sea, no son delitos de delincuencia organizada, no son delitos de los grandes capos del narcotráfico, son delitos que cometen criminales solitarios o pequeñas bandas y que cuando comparecen a la justicia normalmente es porque fueron detenidos en flagrancia básicamente por las policías municipales.
El gran problema de seguridad en México, que es donde hay víctimas, son delitos del fuero común, básicamente patrimoniales.
Si nosotros pensamos que el problema de seguridad en México es donde hay delitos sin víctima, entonces nos vamos a equivocar en el análisis. Cuando las encuestas de victimización le preguntan a los ciudadanos si te sientes inseguro o no, y el 80 por ciento de la gente te responde que se siente insegura, no se siente insegura porque haya huachicoleo o porque estemos exportando droga a Estados Unidos, se siente insegura porque el día anterior le rompieron el cristal de su coche y le robaron su laptop, o porque se metieron a su casa, o asaltaron en su comercio. Creo que de ahí deberíamos partir y por eso las policías locales son tan importantes en este proceso.
Son tan importantes porque las policías locales tienen 100 años de abandono en México. Reformamos la Constitución, o se hizo una nueva Constitución, como quieran, en el 17, y luego en el 29 se emitió un decreto presidencial para quitarle a las policías la capacidad de recibir denuncias de hechos posiblemente constitutivos de delito, y para investigar los delitos.
Yo, por cierto, estoy absolutamente de acuerdo en la reforma al artículo 21 constitucional, porque es absolutamente indispensable que las policías tengan facultades plenas de investigación, porque no se puede entender la labor policial sin esas facultades.
Los policías y sobre todo y por encima de todo, los policías locales conocen lo que está pasando en las ciudades, perfectamente, saben dónde venden droga, saben quiénes son los malosos que están robando, saben cuál es el chavito que se saltó la barda de la escuela para irse de pinta. O sea, conocen lo que está pasando en la comunidad, y les quitamos la facultad de investigación y eso lo tenemos que hacer a través de un funcionario, que no se baja de un escritorio, que es el Ministerio Público y que es el cuello de botella más grande que tenemos.
Entonces, seguir bajo la conducción y mando del Ministerio Público, las investigaciones, es cancelar la posibilidad para siempre de disminuir la impunidad. El Ministerio Público es un enorme cuello de botella que tenemos en México.
Por ponerles un dato, en México hay cerca de 300 mil policías y 8 mil ministerios públicos. Entonces, para resolver 34 millones de delitos evidentemente ese es un filtro extremadamente estrecho.
En ese sentido, yo creo que la declaración que hizo ayer el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana es una buena noticia, porque se plantea que el mando de la Guardia Nacional sea civil.
Yo creo que eso solventa una parte muy importante del debate, sin embargo, no es la única. Dijeron que iban a cambiar el dictamen a través de reservas y yo creo que hay algunas reservas que valdría la pena que se consideraran.
La primera es en el artículo 16 constitucional, dice que cuando se haga una detención se deberá poner a disposición al detenido ante una instancia civil. Eso está bien, pero no es suficiente, porque el párrafo siguiente dice que cuando haces una detención lo tienes que poner a disposición del Ministerio Público.
Miren, los que hemos estado en Policía Municipal de manera operativa sabemos que casi el 95 por ciento de las detenciones que hacemos, de gente que está cometiendo delitos con víctima, a la hora que lo pones a disposición del Ministerio Público, el Ministerio Público lo deja ir y entonces, hay una puerta giratoria. La puerta giratoria sí es real, sí existe y toda esa gente se va libre, no porque el juez haya dicho que es un delito de prisión preventiva. No es un delito de prisión preventiva oficiosa, sino porque el Ministerio Público no formula imputación.
Somos el único país que le dio facultades al Ministerio Público, facultades de juez para determinar, en la soledad de su despacho, si esa persona puede ser procesada o no. Y en el 95 por ciento de los casos los deja ir, ahí están nuestros 30 millones de delitos, no están en los graves delitos de delincuencia organizada.
En ese sentido, el artículo 21 hay que conservarlo, y yo diría, hasta mejorarlo, porque finalmente quien tiene el control de la investigación es el juez. Por qué queremos que un funcionario administrativo, que es el Ministerio Público tenga funciones de juez, él otorga sentencias absolutorias cuando decide no procesar, ¿por qué le damos esa facultad?
No sirve de nada, genera mucha impunidad y nos obliga a decir: tenemos que poner mano dura o tenemos que reformar el 19 constitucional, para que haya más delitos de prisión preventiva oficiosa. Hasta que no cambiemos eso, el modelo no va a servir.
En ese sentido, yo creo que valdría la pena reformar el 73, pero en un sentido distinto. ¿En qué sentido? Necesitamos una Ley Nacional de Policía e Investigación del Delito, que regule lo que dice el 21 constitucional en materia de investigación.
Yo creo que seguir con la conducción y mando es un error, yo creo estaba bien puesto en el dictamen, conducción jurídica, porque eso es lo que es finalmente. La Policía investiga, la Policía debe recibir denuncias, porque es su facultad, está establecida en el 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El 221 le da facultades de investigación, pero donde todo se atora es cuando vas al Ministerio Público y dice: tenemos que abrir una carpeta de investigación, tiene que venir la víctima a denunciar. Entonces, como no va a ir, porque no se quiere revictimizar, pues tenemos 99.6 por ciento de impunidad.
En ese sentido, sí tenemos esa Ley de Policía e Investigación del Delito, que podría estar establecida en el 73 constitucional, también pediríamos que esta Guardia Nacional se convirtiera en una Policía municipalota o en una fuerza de ocupación.
¿Por qué una Policía municipalota? Porque básicamente lo que estamos haciendo es crear una Policía uniformada que va a patrullar las calles. Los que hemos estado en policías municipales y que tuvimos al Ejército trabajando con nosotros, en particular a Policía Militar, sabemos que la Policía Militar no hace otra actividad diferente a la Policía Municipal, igual patrulla, nada más que vestida de militar, en vehículos militares, mandando la percepción de que algo muy grave está pasando, aunque no esté pasando.
Entonces, si necesitamos una Policía que combata el fenómeno de la delincuencia organizada, no del delito común con víctimas. Entonces, tenemos que pensar de otra manera la Guardia Nacional, porque sí se necesita, sí hay lugares. Decir que no se necesita es mentira. Sí se necesita en muchas partes del país.
No hay un solo cuerpo de policía federal, estatal o municipal que tenga el estado de fuerza que requiere para mantener la seguridad en las ciudades, en las regiones o en los estados.
Sí hay que hacer un programa específico, un modelo nacional de policía para crecer a las policías, pero de nada nos va a servir crecer a las policías si no les damos facultades para hacer su trabajo policial, como debe ser, como en todo el mundo.
Las policías reciben denuncias, las policías investigan los delitos y solo cuando las investigaciones están maduras se las llevan al fiscal para que las procesen en un tribunal. No antes. No tenemos garantías antes.
Finalmente, para cerrar, yo creo que valdría la pena añadir en el sexto transitorio una parte en donde diga que en este periodo de 6 meses necesitamos, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública debe tener un modelo nacional de policía municipal y estatal que permita ir haciendo esa sustitución de las fuerzas militares por fuerzas civiles.
Y en todos esos lugares donde eso es mucho más complicado porque es poca población, porque son municipios pobres, porque hay una gran dispersión poblacional, por lo que sea, pues sí, ahí pueden estar de manera subsidiaria estas fuerzas. No veo por qué no.
Finalmente, yo digo que no hagamos de nuestro país un lugar que esté ocupado por el Ejército sino que esté asistido por el Ejército, y eso ya lo hemos hecho muchísimas veces.
Pero en el mediano plazo podemos construir fuerzas policiales que tengan facultades, que tengan no una coordinación con el Ministerio Público, una articulación. ¿Es un poco diferente? Sí. No empalman sus mismas facultades. Son facultades distintas.
Mientras el Ministerio Público siga siendo policía, juez, mediador y fiscal, nunca va a funcionar y ahí es donde siempre el sistema de seguridad se va a atorar. Muchas gracias.
El moderador diputado Felipe Fernando Macías Olvera: Muchas gracias a Bernardo León, especialista en policías y justicia cívica. Hacemos un llamado a nuestras ponentes, nuestras y nuestros ponentes a acotarse al tiempo acordado una vez más.
El moderador diputado Felipe Fernando Macías Olvera: Y ahora presentamos al doctor Conrado López Hernández. Es doctor en ciencias jurídicas por la Universidad Hispanoamericana Justo Sierra. Maestro en Ciencias Penales y Criminalística por la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados. Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Tecnológica de México. Doce años de servicios militares profesionales a la nación como oficial de Infantería y de Fuerzas Especiales en el ejercicio de mando.
Adiestramiento en conducción de las pequeñas unidades de combate de Infantería y de Fuerzas Especiales. Comisionado de las Fuerzas Especiales del Ejército por acuerdo presidencial como comandante de la Policía Judicial Federal en la delegación Coahuila de la Procuraduría General de la República en 1997.
Ha sido profesor de la materia de Derecho Administrativo en la Universidad Vicente Guerrero en Ciudad Altamirano, Guerrero. Asesor jurídico militar externo y coordinador del Cuerpo Jurídico Consultivo del diputado federal Carlos Sarabia Camacho, secretario de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados en la LXIII Legislatura.
Es egresado de la Academia de Policía del Distrito Federal como oficial de policía preventiva. Actualmente es abogado postulante, preponderantemente en asuntos en materia administrativa y penal. Director jurídico de Soletis Consultores, así como capacitador e instructor interno y externo. Presidente del Grupo Consultor Hispanoamericano y es miembro de la Academia Mundial de Amparo de la Organización Mundial de Abogados. Tenemos en el uso de la voz al doctor Conrado López Hernández.
El ciudadano Conrado López Hernández: Muchas gracias. Buenas tardes, señoras y señores. Debo reconocer, aunque no exactamente agradecer, la oportunidad que, al pueblo de México, porque su servidor es parte del pueblo. En su momento fui parte del pueblo uniformado, como bien lo dice nuestro señor presidente Andrés Manuel.
Durante 12 años, desde mi ingreso al Heroico Colegio Militar como cadete y mis 8 años de servicio encuadrado en las filas del Ejército, de las unidades de Infantería y de Fuerzas Especiales.
He tenido la oportunidad de conocer el tema que aquí nos ocupa. Desde temprana edad, a los 17 años de mi paso por la Policía Preventiva, al haber hecho el curso básico de seis meses de formación policial en la Academia de Policía Preventiva, llamada en aquel entonces Policía Sectorial. Ahora le han denominado Policía de Proximidad.
Y después, mi paso por el Heroico Colegio Militar, en formación militar como militar profesional de la clase arma o de guerra conozco la cuestión militar, la cuestión policial y como estudioso de la ciencia del derecho en los tres niveles académicos de licenciatura, maestría y doctorado, 17 años en la práctica forense ante los tribunales militares defendiendo a los compañeros, a los propios hermanos de armas, principalmente al personal de tropa, que es el más desprotegido y que generalmente el hilo se rompe por lo más delgado y cuando hay que sancionar a alguien, pues ya se imaginan a quien.
Agradezco a todos los participantes, a mis compatriotas mexicanos que, sin ser militares de carrera se han preocupado y ocupado en el estudio de la cuestión militar. Los militares nos hemos dolido de abandono de parte de esta soberanía, a través de sus dos Cámaras, dado que hemos sentido que no se ha cumplido correctamente la misión legislativa militar que les asigna el artículo 73, fracción XIV constitucional, cuando les establece a los señores legisladores de nuestra nación el deber de levantar y sostener a las Fuerzas Armadas de la Unión, a saber: Ejército, Fuerza Aérea y Marina de Guerra, así como para reglamentar su organización y servicio.
Creemos que, por falta de interés, por desconocimiento del tema nuestros legisladores anteriores no se han ocupado o preocupado de cumplir con esta función legislativa militar. Porque se cree que con el solo hecho de desayunar o a comer con el general secretario nuestros legisladores ya conocieron o investigaron cuáles son las necesidades del Ejército.
El Ejército no son los generales, el Ejército, cualquier ejército del mundo su principal fuerza es la tropa, porque es quien materializa el trabajo. Son los que ponen el pecho en estos momentos ante la delincuencia organizada.
Nuestros líderes, claro, en su momento fueron subalternos y al igual que yo anduvieron en la sierra hasta por cinco meses combatiendo el narcotráfico, destruyendo mariguana y amapola, y agarrándome a balazos con los mariguaneros o amapoleros.
Es justo que con 40 años se servicio el señor general se encuentre en su oficina despachando, pero no con una diferencia salarial tan enorme de 190 mil pesos en favor del señor general de división, mientras el que está poniendo el pecho, el joven soldado, con salario de 12 mil pesos.
Es correcto que el líder, con tantos años de servicio, tenga un salario justo y digno, pero no con esa distancia abismal.
Son cuestiones que aprovecho este momento para hacer uso de la palabra en favor de mis hermanos de armas. Que, si bien no me encuentro en el activo desde hace ya 19 años, sigo siendo militar de guerra por todo el tiempo, hasta que Dios me permita estar en esta Tierra. Inclusive por disposición legal, dado que el artículo 134 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea dispone –el cual está vigente– que somos militares de armas los que técnicamente nos educamos para el mando, adiestramiento y conducción de las unidades de combate, y que nuestra carrera es permanente, cuya situación solamente se pierde mediante sentencia tribunal que nos haya destituido del cargo. Cosa que en mi caso no ha ocurrido.
También tuve la oportunidad desde las filas del Ejército y después la necesidad de dejar las filas del Ejército, porque tenemos ciertas costumbres que inclusive contravienen a la propia doctrina militar o a la propia legislación militar y que parece que quienes intentamos superarnos dentro del Ejército, si no somos hijos de generales o de políticos de este país, tenemos todos los obstáculos en contra.
Tuvo que llegar el momento que decidí entre seguir dentro del Ejército o darle preferencia a la carrera profesional como abogado.
Otro de los motivos también de dejar las filas fue que parece que el derecho y la milicia estuviesen divorciados, cosa con la que yo no estoy de acuerdo. Nunca he estado de acuerdo con ello.
Nuestros generales que se fueron en ese sexenio, afortunadamente, desgraciadamente con pura secundaria egresados del Colegio Militar de Popotla. Ellos hicieron solamente tres años y no les dieron bachillerato. El bachillerato lo implementaron ya cuando al colegio lo pasaron para Tlalpan, de Popotla a Tlalpan, hace 42 años, en 1976. Y cuando empezaron a salir los primeros oficiales con bachillerato del Colegio se incrementó en la Escuela Superior de Guerra, la licenciatura en Administración Militar, una licenciatura muy limitada, pero al fin y al cabo licenciatura.
Luego entonces, los actuales generales, los jóvenes generales como el señor secretario, ya tienen bachillerato, ya tienen estudios de licenciatura y algunos otros de postgrado que se han dado la oportunidad, inclusive de hacer fuera de las instituciones militares.
Es importante precisar que la Guardia Nacional al servicio de la federación que se está orientando por parte del gobierno federal, no va a ser la solución a nuestro problema de inseguridad que tenemos. La descomposición del tejido social la tenemos que solucionar los ciudadanos desde el propio tejido social. Es una medida emergente del gobierno de la República, la institución de la Guardia Nacional al servicio de la federación.
Aquí no debemos de perder de vista la naturaleza real, constitucional de una Guardia Nacional. La Guardia Nacional es aquella que establece el artículo 73, fracción XV de la Constitución. Una Guardia Nacional en cualquier parte del mundo está constituida por los ciudadanos, no por los militares. Inclusive una Guardia Nacional debe ser superior a sus propias Fuerzas Armadas, inclusive debe ser el contrapeso, para servir de contrapeso a una amenaza, inclusive de golpe de Estado, porque la Guardia Nacional debe estar integrada por los ciudadanos. Generalmente es la Guardia Nacional al servicio de cada entidad federativa, como lo establece la Constitución, la cual no puede ni desconfigurarse, ni desaparecerse, como bien lo decía un respetable ponente.
Debe de fortalecerse quizá en nuestra Constitución la institución de la Guardia Nacional al servicio de la federación, que hoy por hoy se encuentra solamente contemplada en la fracción IV del artículo 29 constitucional. El artículo 29 constitucional es el que establece cuáles son las facultades de la Secretaría de la Defensa Nacional, y si ustedes lo leen se darán cuenta que en la fracción IV le establece a la Secretaría de la Defensa Nacional la facultad de, dice de manejar el efectivo del Ejército, Fuerza Aérea y a la Guardia Nacional.
Sin embargo, no exactamente dicha facultad significa la facultad de organizarla, de adiestrarla, porque si fuese así entonces no hubiese razón para las fracciones I, II y III, que nos hablan precisamente de las facultades de la Secretaría para organizar, adiestrar al Ejército y la Fuerza Aérea, al Servicio Militar Nacional, a las reservas del Ejército y la Fuerza Aérea.
Aquí debe modificarse el artículo 29, fracción IV y quizá cambiar el nombre, el término de manejar, para que se quede como llevar el control estadístico de la totalidad de los efectivos del Ejército, Fuerza Aérea y la propia Guardia Nacional a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Porque, efectivamente, como lo han planteado mis compañeros ponentes, la Guardia Nacional, como bien lo ha decidido el señor presidente de la República, debe ser, no nada más bajo un mando civil, bajo un esquema de organización y funcionamiento también civil, no militar.
Recordemos que el adoctrinamiento, si bien lo planteó el señor secretario, el día de ayer, de Seguridad y Protección Ciudadana, que el adoctrinamiento, entre otras cosas, así como la disciplina, los ascensos y estos aspectos van a ser similares o semejantes a los de la Fuerzas Armadas, no tienen por qué ser exactamente iguales, además sería riesgoso.
Recordemos que un adoctrinamiento militar es totalmente diverso a un adiestramiento, a un adoctrinamiento policial, dado que el soldado de cualquier Ejército del mundo está y debe estar preparado de manera primordial para ir a la guerra o para sostener la defensa de su nación con la finalidad principal de eliminar o abatir a su enemigo y de manera secundaria tomarlo prisionero.
Porque tampoco es correcto que en la guerra está autorizado violar derechos humanos, las leyes internacionales de la guerra establecen cuáles son los crímenes de guerra. El soldado en combate tiene el deber de respetar la vida de su enemigo si este levanta su fusil con ambas manos en señal de rendimiento y si lo asesina en ese momento es un crimen de guerra, así como cuando el soldado enemigo ya está inerme en el piso, herido, el soldado tiene la obligación de proporcionarle atención médica, salvaguardarle la vida y tomarlo prisionero, igual que cuando se rinde.
Entonces el soldado, el adoctrinamiento militar, está orientado para que el soldado esté capacitado o adiestrado a ir a la guerra de manera primordial a eliminar a su enemigo y de manera secundaria a tomarlo prisionero. Y la doctrina policial, como la que debe instituirse en la Guardia Nacional, como un cuerpo de seguridad interna y seguridad pública nacional debe estar orientado a la función policial.
El policía debe estar capacitado para de manera primordial ir a detener al delincuente, aunque lo tenga inclusive que someter con el uso de la fuerza o con el uso de las armas. Es decir, aunque lo tenga que lesionar en manos, en brazos o en piernas, pero con el objeto de detenerlo vivo, aunque lo tenga que llevar primero al hospital y después ante un tribunal o a juicio, y como último recurso abatirlo o privarle de la vida cuando ya se encuentra en riesgo la propia vida del agente del Estado o de otras personas, de la ciudadanía inclusive.
Luego entonces el adopcionamiento policial y miliar está claramente definidos y no tenemos por qué confundirnos. Es cierto que a nuestras Fuerzas Armadas se les ha mal utilizado y como lo dijo el secretario de la Defensa pasado, los pusieron a hacer tareas que no les corresponde, a dejarlos en la calle haciendo funciones de seguridad pública.
Su servidor siempre cuestionó dicha situación. Me vieron mal muchos generales, se enojaron conmigo, me trataron de intimidar, por ahí tengo denunciado a don Salvador Cienfuegos Cepeda ante organismos nacionales e internacionales por persecución política por criticarlo, por cuestionarlo porque se hizo un uso excesivo de la fuerza militar inclusive denigrando al soldado.
Como en Puebla, cuando vimos que el soldado va a tratar de cumplir funciones de seguridad pública y los delincuentes le mandan a las señoras y a los niños enfrente a tirarles pedradas y botellas y el soldado no puede disparar sobre la población civil, ni siquiera hacer uso de la fuerza física empujando a un niño o a una señora y se tiene que replegar y ya vemos esa denigración de nuestra tropa cuando le voltean hasta el camión.
Tenemos que rescatar, tenemos que dignificar a las Fuerzas Armadas porque han sido mal utilizadas por sus líderes; inclusive debo decirlo con todas sus letras, por ambición al dinero por nuestros generales. Desafortunadamente no escaparon a los tentáculos de la corrupción que tanto nos agobia a nuestra nación.
Entre ellos, como bien lo decía la compañera de Monterrey, los gobernadores cómodamente no se han preocupado u ocupado en perfeccionar a sus policías porque –por poner un ejemplo– de los 600 millones de pesos que le llegan al año al gobernador para seguridad pública se queda con la mitad sin preocuparse de nada y les da la mitad a los generales para que se sigan haciendo cargo de la seguridad pública con los soldados. El general yo creo que se queda con todo el dinero y al soldado no le invita ni un refresco, pero el soldado anda poniendo el pecho allá en la calle haciendo las funciones del policía.
Celebro la decisión del señor presidente de que quede un mando civil, pero también la operatividad debe ser civil, debe ser policial de la Guardia Nacional. Estaremos trabajando tratando de aportar desde el Senado de la República a esta situación en las leyes secundarias.
También aprovecho la ocasión para pedirles, señores legisladores, que pongan o poniendo más atención a su tarea legislativa militar que les establece la fracción XIV del artículo 73 que les acabo de mencionar, se revise la legislación militar mexicana actual la cual está abandonada en el pasado. En muchos aspectos es muy buena, pero hay muchos aspectos que ya son inoperantes.
Es correcta la apreciación del padre Concha cuando nos dice que no se tiene por qué reformar el artículo 21 para darle facultades policiales o de investigación policiaca al Ejército, ¿eso es peligroso? ¿Un ejército no está para ello? Inclusive lo cual es congruente con el artículo 29 del Reglamento General de Deberes Militares que es parte de la doctrina vigente desde hace muchos años en el Ejército que lo voy a leer textualmente para terminar mi intervención.
Dice: Los militares de cualquier graduación no intervendrá jamás en asuntos de la incumbencia de las autoridades civiles cuyas funciones no les es permitido entorpecer. Antes bien, respetarán sus determinaciones y les prestarán el auxilio necesario cuando sean requeridos para ello.
Luego entonces hay que tener claro esto. Los militares tienen bien clara su función y no es cierto que no tengan marco legal para actuar. No han sabido utilizarlo. El artículo 89 en su fracción VI le establece claramente facultades al presidente de la República para disponer de la Fuerza Armada permanente para garantizar la seguridad interior.
Y la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea en su artículo 1o. comienza estableciendo cuáles son las misiones generales del Ejército; y en la fracción II le establece como misión general la de garantizar la seguridad interior.
Solamente tiene que expedirse el Reglamento para establecer los pormenores de actuación o los parámetros de actuación, pero en materia de garantizar la seguridad interior que es un tema diverso a la seguridad pública. Es cuanto, señores, muchas gracias.
La moderadora diputada Aleida Alavez Ruiz: Muchas gracias. Nuevamente les rogamos a los ponentes, no queremos cortarles el sonido por el exceso de tiempo, queremos ser muy respetuosos. Además, es muy importante e interesante lo que nos vienen a compartir, pero también por favor respeten el tiempo asignado porque nos faltan todavía más ponentes y las intervenciones de las y los legisladores que se han anotado.
La moderadora diputada Aleida Alavez Ruiz: A continuación, Julio Sabines Chesterking, nos lo va a presentar el diputado Rubén Moreira. Por favor, diputado.
El diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez: Gracias. Julio Sabines Chesterking comenzó su actividad profesional a los 15 años, momento en el que incursionó en la actividad política.
En la LVII Legislatura colaboró como asesor de la Comisión de Asuntos de la Juventud de esta Cámara de Diputados, y desde entonces ha tenido la oportunidad de servir a México en diversas funciones en los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Tiene dos licenciaturas concluidas, una en derecho y otra en gestión y administración pública. Maestría en administración militar para la seguridad y defensa nacionales, en la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea a donde acudió como representante de la Secretaría de Gobernación.
Actualmente es doctorado en derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, con una investigación en materia de política criminal y seguridad nacional.
Ha cursado diversos seminarios. Ha sido docente y conferencista en materias como: marco jurídico de la seguridad nacional e inteligencia, en varias instituciones educativos.
En la PGR fungió como director general adjunto al director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal, atendiendo temas de inteligencia estratégica y táctica. Gracias y bienvenido, don Julio.
El ciudadano Julio Sabines Chesterking: Muchas gracias, diputado. Primero que nada, quiero, por supuesto, agradecer a la Junta de Coordinación Política, agradecer a esta Cámara de Diputados por la organización de estos importantes foros, y agradecer a los legisladores y legisladoras que están aquí presentes de ambas Cámaras.
La verdad es que me preocupa que parece que esta discusión, y muchos de los ponentes que me han antecedido no han entendido nada sobre el cambio y la nueva estructura que se plantea. O sea, se ha discutido una y otra y otra vez lo que se hizo en el pasado. Se cuestiona lo que se hizo en el pasado y no se está pensando en el futuro. Esto se trata de construir una nueva institución para el país de ir hacia adelante, con nuevos paradigmas, con nuevos marcos legales y jurídicos.
Entonces pareciera que se está reviviendo la discusión de la Ley de Seguridad Interior. No, esta no es la Ley de Seguridad Interior, es la formulación de la Guardia Nacional, es un paradigma distinto. Les pido que lo tomen en cuenta, por favor, porque no se está haciendo lo mismo, se está planteando algo nuevo, algo distinto, con una trascendencia diferente y una incidencia distinta.
O sea, pareciera que no se avanza en estos temas porque se vive anclado al pasado. Además, lamento que muchos de los ponentes, por supuesto no generalizo, han venido grandes especialistas, pero muchos les han dicho medias verdades con respecto a lo que es Guardia Nacional y las funciones de las Fuerzas Armadas.
Es muy fácil, además, criticar y cuestionar la actuación de las Fuerzas Armadas desde su escritorio, se regresan a su departamento y a su despacho en la universidad, pero no están en el frente ellos ahí haciéndole frente al crimen organizado. Y saben qué, haciendo uso de mi libertad de expresión, les voy a decir que me parece escandaloso y hasta ingrato, el número de acusaciones que les han hecho a las Fuerzas Armadas como que atenten contra los derechos humanos.
No son violadoras sistemáticas de los derechos humanos ni son asesinas sistemáticas. Y aquí se ha repetido una y otra vez y se les ha cuestionado de esa manera y, perdónenme, pero esto no es así.
A mí me parece escandaloso, y les voy a decir, Ejército, Fuerza Aérea, Marina, ya lo dijo el doctor López, son pueblo, son pueblo uniformado. Y este es un paradigma distinto.
Por mi parte, porque sólo puedo hablar de mi pare, le doy las gracias a los soldados y a los marinos de México, porque se merecen un reconocimiento por todo el esfuerzo que han hecho. Bien vale la pena salir a defenderlos y darles las gracias. Gracias. No están solos.
Pero además les voy a decir una cosa, señoras y señores legisladores, no estamos defendiendo el privilegio de las Fuerzas Armadas, estamos defendiendo la función que dan ellas para el pueblo, esto es más trascendental. El servicio que dan ellos hacia la patria. No se defiende el privilegio de la fuerza como una institución ni de la Sedena ni de la Marina, se defiende el servicio que le dan, la utilidad que tienen para todos los mexicanos.
Ahora, el diagnóstico es contundente. Sobre los niveles de violencia e impunidad que existen en México, tenemos que hacer algo. Esto es ya insostenible, y no se puede prorrogar, es improrrogable.
¿Que plantea atender esta reforma? –y me parece transcendental, se los repito–. Transcendental es el artículo 21, las facultades de investigación que tendrá la Guardia Nacional; reformula completamente la forma en la que aborda el Estado Mexicano a la impunidad, el gran problema de México. Lo dijo ya el maestro León sobre el problema en los Ministerios Públicos y como la impunidad es uno de los grandes problemas. Bueno, eso es lo que necesitamos, las facultades de investigación policiales.
La verdad es que a mí me parece que esta iniciativa ha dado una respuesta innovadora al reclamo social de seguridad. Yo reconozco al Presidente Andrés Manuel López Obrador, porque ha tenido, a diferencias de en otros momentos otros gobiernos, romper con el status quo y con la pasividad que ha habido en el tema de materia de justicia.
Creo que ya es tiempo, esta iniciativa es un avance hacia el sistema de procuración de justicia, hacia un México más justo y más digno. Se necesita, sí, un cuerpo de seguridad intermedio¸ les comento. Debe de atender delitos específicos, no toda la inseguridad se trata de forma igual; también ya lo mencionaron los delitos del fuero común tienen un ámbito de actuación.
En efecto, de hay que fortalecer a las policías municipales, pero eso no es discurso para este foro, este foro está hablando de la responsabilidad que tiene el gobierno federal, la que le toca al gobierno federal; hagamos un foro en el que hablemos de la responsabilidad que tienen los gobiernos de los estados y los municipios para atender su parte de responsabilidad, pero no digamos que el gobierno federal no puede plantear lo que a él le corresponde desde el ámbito de sus competencias jurídicas.
Quiero además decir que la Guardia Nacional es constitucional, no es cierto que viole tratados internacionales, no es cierto que... se va a reformar. Lo haría si estuviera el Ejército haciéndolo, pero no es lo mismo que sea una Guardia Nacional, o sea, es ahí en donde he insistido, se está haciendo un nuevo cuerpo, pensemos desde una nueva institución, se está fundando algo, algo que en nuestra Constitución y en nuestros organismos internacionales tiene fundamento.
Yo vine aquí como especialista en materia de seguridad nacional, no como aspirante a titular de la Fiscalía General de la República –que también lo soy–; pero es mi deber alertar a esta soberanía sobre el colapso que puede sufrir la Fiscalía General de la República de no aprobarse la Guardia Nacional. Y se los digo, señores legisladores, ustedes son corresponsables en el futuro de la seguridad de México. Lo que se decida por esta soberanía tendrá un impacto en lo que suceda en el futuro de nuestro país en materia de justicia.
Cuando nosotros proponemos en el diagnóstico que se agregue la función policial a la Guardia Nacional, se está planteando introducir al sistema de investigación policial y de procuración de justicia 50 mil, 70 mil nuevos investigadores.
Lo dijeron, no hay Ministerios Públicos, pero tampoco hay policías de investigación, el número de delitos los rebasa, y esta facultad es imprescindible. Es federal y federalista y es respetuosa del pacto federal porque no remplaza a los cuerpos de seguridad pública locales, no cambia su obligación, o sea, es lo mismo, van a seguir teniendo sus facultades y van a seguir existiendo las secretarías de seguridad pública, las policías municipales; no invade la competencia federal, la complementa.
No se convierte en la única institución de policía federal, perdónenme, permanecerían muchas: está la Policía Federal de Investigación, que seguirá adscrita a la Fiscalía General de la República, la Policía de Caminos, el Servicio de Protección Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia.
Le da facultades de corresponsabilidad a la conducción jurídica con el Ministerio Público –esto es importante–. Los Ministerios Públicos pueden ser los conductores de una investigación, pero la materialización, de acuerdo al nuevo sistema de justicia, la deben de hacer los policías. Necesitamos cuerpos de investigación, y por qué no empezar con una piedra de base de un cuerpo que ya está fundado, como porqué empezar con las manos atadas y decir: “nos vamos a plantear capacitar policías para dentro de diez, quince años, cinco, los que nos tardemos en formar”, cuando la emergencia nacional la tenemos ahorita. Ahorita tenemos este cuerpo institucional hecho, capacitado ya.
Yo celebro que el mando civil en efecto quede bajo la autoridad, el mando de la Guardia Nacional bajo la autoridad de un civil, lo celebro, está muy bien, porque es necesario que los civiles digan qué y es necesario que la Guardia Nacional nos diga cómo. Es diferente la operación, el establecimiento de estrategias es una cosa y la operación de las mismas es otra.
Les voy a decir, rinde cuentas, es un organismo que rinde cuentas, es urgente desmontar el mito de que las Fuerzas Armadas son violadoras sistemáticas de derechos humanos. No lo son, ahí está el número de recomendaciones. La Sedena tuvo 3 en 2017, la Secretaría de Marina 4, 15 de 2012 a 2018 Sedena, 24 la Secretaría de Marina. En ese sentido el Seguro Social, el Inami, la Comisión Nacional de Seguridad, el ISSSTE son mucho más violadores de derechos humanos, tienen más recomendaciones.
El tutelaje de los organismos internacionales sigue vigente, el principio de proporcionalidad y temporalidad de las Fuerzas Armadas no aplica porque no es el Ejército ni es la Fuerza Aérea, es la Guardia Nacional, es una institución nueva. Además, tendrán formación constante en materia de derechos humanos y sus mandos serán civiles, por lo cual no se pone en peligro.
Les quiero hablar por último muy brevemente del índice de letalidad. El índice de letalidad, señores, es un planteamiento un poco tramposo y perverso, porque se mide cuántas personas han muerto a manos de militares por cada muerto civil, no lo mide en relación al número de enfrentamientos ni nos dice, como los propios estudios presentados por los ponentes que me antecedieron, que en más del 50 por ciento de las operaciones no hay muertos.
Entones ese índice de letalidad se plantea sola una medición parcial de las cosas y una visión que segrega la dimensión completa de los servicios que pueden hacer las Fuerzas Armadas, pero aun así es una nueva institución. Se está creando algo nuevo con una piedra de base que ya existe, que está en la Constitución.
Finalmente, ya lo dijo el doctor Javier Oliva, sobre los roles de las Fuerzas Armadas en el resto del mundo. Déjenme decirles que no es cierto que las Fuerzas Armadas tengan a nivel mundial cada vez menos participación en el ámbito público, participan mucho más y hay estudios. Les dejo con mucho gusto uno de los estudios que lo demuestra, un servicio de educación, cartográficos, meteorológicos, construcción de infraestructura, casos de desastres, desastres industriales mayores, ataques terroristas, crisis sanitarias, desastres naturales, vigilancia fronteriza, seguridad en eventos relevantes internacionales, competiciones deportivas, operación de servicios vitales durante huelgas, etcétera. Y ahí están.
Si fueran violatorios de los derechos interamericanos no estaría ni la Policía Militar en Brasil, ni existiría la Policía Nacional en Colombia, porque su misión es muy clara, su misión será policial, no militar. No tendrán funciones de defensa nacional, aunque están adscritas, ya sea a la Secretaría de la Defensa o, aunque estén adscritas a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Así es que les solicito de la manera más respetuosa, pensemos en que esto es una nueva institución, estamos creando nuevo y en que la Fiscalía General y la justicia y el sistema de procuración de justicia los requiere. No podemos seguir con el cuello de botella y necesitamos gente en las calles haciendo las investigaciones.
Por favor, no acusen a las Fuerzas Armadas como violadores sistemáticos de derechos humanos, no es cierto. Hay que estar agradecidos con ellos por la salvaguarda que nos dan todos los días y con sus familias por los sacrificios que hacen. Muchas gracias.
El moderador diputado Felipe Fernando Macías Olvera: Muchas gracias a Julio Sabines Chesterking.
El moderador diputado Felipe Fernando Macías Olvera: Ahora para presentar a David Peña Rodríguez cedemos el uso de la voz a la diputada Ángeles Huerta.
La diputada María de los Ángeles Huerta del Río: El maestro David Peña Rodríguez es maestro en derechos humanos por Flacso. Es abogado de la UNAM y es defensor de derechos humanos y coordinador jurídico del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social.
Desde el año 2001 ha acompañado y defendido casos de violaciones a los derechos humanos en distintos estados del país y lleva la representación legal de casos de mujeres desaparecidas y víctimas de feminicidio en Ciudad Juárez.
Litigó el caso Campo Algodonero ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ha sido asesor de la comunidad indígena de Cherán, Michoacán y de diversas comunidades indígenas que han enfrentado el crimen organizado.
Actualmente es abogado del caso Narvarte, del caso de la abogada Digna Ochoa y del asesinato de los defensores de derechos humanos Bety Cariño y Jyri Jaakkola, entre otros casos.
Ha sido asesor legislativo en materia de seguridad, justicia y derechos humanos en el Congreso de la Unión y en diversos Congresos locales. Adelante, maestro David Peña Rodríguez, por favor.
El ciudadano David Peña Rodríguez: Gracias. Desde luego, agradecer la oportunidad de estar con todas y todos ustedes. Agradecer a la diputada Dolores Padierna, que me haya hecho esta invitación.
Tomaré algunos segundos de mí tiempo, de mi participación, simplemente para hacer alusión al ponente que me antecedió. Efectivamente hay riesgos que desde sociedad civil, desde las organizaciones de defensa de derechos humanos estamos viendo en la minuta, en la iniciativa y en lo que ha sido la minuta en relación a la Guardia Nacional; la generalización de las violaciones a los derechos humanos tampoco es una aseveración genérica, abstracta, es una aseveración a partir de datos estadísticos.
Si bien efectivamente, como comentaba el ponente queme antecedió, algunos de estos datos estadísticos comparados con otras dependencias pudieran estar sobrevalorados o subvaluados, no podemos negar tampoco que el efecto que ha tenido la presencia del Ejército y la Marina en labores de seguridad ha aumentado la violencia en México. Eso no es una consideración desde una perspectiva únicamente de derechos humanos, es de una consideración desde una perspectiva estadística de violencia y de cómo se han venido incrementando en los últimos 18 años las incidencias delictivas.
El efecto que ha tenido la presencia del Ejército y la Marina ha sido el incremento en las violaciones a los derechos humanos, el incremento en la violencia, y el día de ayer justo se hacía referencia estadística en donde, por ejemplo, en caso de niñas y mujeres desaparecidas, en el año 2006 se tenían registrados 38 casos a nivel nacional. Para el 2016 eso había aumentado en 4 mil 200 por ciento.
No es atribuible a la presencia del Ejército y a la Marina, pero sí es atribuible a esta estrategia de enfrentamiento directo y de violencia. No se puede enfrentar la violencia pensando únicamente en el uso legítimo de la fuerza. Se tiene que pensar en una estrategia mucho más amplia, en donde la presencia del Ejército esté acotada, la presencia de la Marina esté acotada y fortalezca la participación de los entes civiles en materia de seguridad.
Efectivamente, hay que reconocer la labor que han hecho. Pero no podemos, por reconocer la labor que han hecho, pedir que se mantenga y que se perpetúe en el tiempo, porque eso podría generar mayores violaciones a los derechos humanos.
Ahora, en relación a lo que seguimos discutiendo, que es el dictamen, que ya no sé qué parte del dictamen vaya a quedar, porque con todas las modificaciones y propuestas que se han hecho. Pero bueno, me parece importante hacer referencia justo a partes del dictamen que nos siguen preocupando desde la perspectiva en materia de derechos humanos, desde los estándares que se han implementado a nivel internacional, y alguno de ellos tiene que ver justo con este doble discurso, esta contradicción que se tiene en el propio dictamen en materia del régimen militar, del fuero militar y del fuero civil.
Voy a hacer algunas referencias específicas. Por ejemplo, en el artículo 13 constitucional del dictamen, se propone y cito: “Los delitos cometidos por integrantes de la Guardia Nacional, en el ejercicio de las funciones establecidas en el párrafo decimoprimero del artículo 21 de esta Constitución, serán conocidos por la autoridad civil correspondiente. Las faltas contra la disciplina militar en la que incurran los integrantes de la Guardia Nacional serán conocidas por las autoridades militares correspondientes.”
De esta relación se desprende un sistema dual de sanción para las y los integrantes de la Guardia Nacional, la vía civil y la vía militar. Hasta aquí parecería no tener mayor relevancia esta separación, pero si se continúa leyendo el resto del dictamen, se encuentran expresiones que van dando mayor prevalencia al régimen militar sobre el régimen civil.
Por ejemplo, en el dictamen se dispone, en el párrafo 12 del artículo 21, y cito: “La Guardia Nacional forma parte de la Administración Pública Federal a través de la Secretaría del Ramo de Seguridad en lo que respecta a la planeación, programación y ejecución de sus funciones, y de la dependencia del Ramo de la Defensa Nacional en lo que respecta a estructura jerárquica, disciplina, régimen de servicios, ascensos, prestaciones, profesionalizaciones y capacitación.” Termina la cita.
Aquí, en contrasentido, lo que se establece en el artículo 13 constitucional, se reconoce que la disciplina, régimen de servicio y estructura estarán bajo el mando de la Sedena. Es decir, que el régimen que se privilegiará será el castrense, ponderación que se refuerza con lo dispuesto en la parte inicial del artículo 4o. transitorio que señala, cito: “los miembros de la Policía Militar y la Policía Naval que sean asignados a la Guardia Nacional conservarán su rango, así como las prestaciones conferidas a su nivel jerárquico y de mando.
Señalo, y termino la cita, señalo que estas redacciones son contradictorias y que necesitan modificarse y ser armonizadas con otras disposiciones legales ya vigentes, porque la redacción de varios artículos del dictamen privilegia la prevalencia del régimen castrense sobre el régimen civil”.
Recordemos que hay una serie de disposiciones legales vigentes que han reforzado el fuero militar y que en el supuesto de que algún integrante de las Fuerzas Armadas o de la Naval que sean parte ahora de la Guardia Nacional y cometan un delito, podrían ser invocadas.
Por ejemplo, la redacción del artículo 14 de la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Área Mexicana que señala, cito: “artículo 14. Queda estrictamente prohibido el militar dar órdenes, cuya ejecución constituya un delito, el militar que las expida y el subalterno que las cumpla serán responsables conforme al Código de Justicia Militar”. Termina la cita.
Aquí se establece claramente que la comisión de los delitos ordenados por un militar serán juzgados en el ámbito militar. Es decir, independientemente de lo que se dispone en el dictamen en el artículo 13, sobre que los delitos cometidos por un integrante de la Guardia Nacional serán conocidos por autoridades civiles.
Además, hay otro elemento contradictorio y que favorece al fuero militar sobre el fuero civil, en el artículo 13 del dictamen, ya que únicamente hace referencia a aquellos militares o integrantes de la Marina que estén asignados a la Guardia Nacional y que –comillas–“cometan un delito, no a quien ordene o tolere ese delito”. Es decir, hay dos modalidades diferentes.
Al no considerar la ordenanza o la permisividad hacia la cadena de mando, se abre un amplio margen de impunidad de nueva cuenta en la comisión de delitos y de violaciones a los derechos humanos.
Es decir, en este mismo sentido, por ejemplo, el Código Militar de Procedimientos Penales, aprobado en el año 2016, sin discusión y prácticamente en fast track y que se encuentre a un impugnado ante la Suprema Corte de Justicia, mediante diversas acciones de constitucionalidad, establece también en su artículo 14 el principio de prohibición de doble enjuiciamiento.
Y cito, del artículo 14: “los militares condenados o absueltos o cuyo proceso ya ha sido sobreseído, no podrán ser sometidos a otro proceso penal por los mismos hechos”. Termina la cita.
Esta expresión hace referencia a otro proceso penal, con lo que se entiende también que se consideran los procesos en el fuero civil, no solamente en el fuero militar. Es decir, establece lo que en derecho se denomina non bis in idem, que no es más que la imposibilidad jurídica para juzgar dos veces a una persona por los mismos hechos, con lo que se abre la puerta para que los militares y efectivos castrenses pudieran ser juzgados y sentenciados en un proceso penal militar por una conducta que constituye una violación de los derechos humanos, pero que en la jurisdicción militar pudiera ser calificada, por ejemplo, como desobediencia. Así ha ocurrido, aunque no lo crean, en algunos casos de tortura. Han sido sancionados en la vía militar por desobediencia y no en la vía civil por tortura.
Este Congreso de la Unión tiene la posibilidad de adecuar la redacción del dictamen y de acotar el margen del fuero militar y del régimen de sanciones, para evitar una interpretación flexible o incluso una interpretación que pudiera acentuar la impunidad en los casos de las violaciones a los derechos humanos.
Y termino este apartado simplemente, por ejemplo, hacer referencia a los artículos 174 de la Ley del Ejército y Fuerza Área Mexicana o el artículo 82 de la Ley Orgánica de la Armada de México, donde se establecen las licencias especiales, licencias ilimitadas, para que miembros del Ejército y la Marina puedan hacer funciones que no son del estricto cumplimiento militar, como en este caso sería integrarse a la Guardia Nacional.
Ahora bien, el segundo aspecto y con este voy a ir cerrando, que quiero compartirles es un régimen o lo que yo denominaría un régimen de transición de la Guardia Nacional, que retomo una parte de lo que estaría dispuesto en el dictamen, en los artículos transitorio quinto, segundo párrafo, sexto y séptimo, en donde se establecen las fórmulas para ir evaluando la efectividad y los resultados de la Guardia Nacional en paralelo a la evaluación de la fortaleza de las fuerzas policiales, estatales y locales, con lo que implícitamente se va reconociendo que la presencia territorial de las Fuerzas federales no se configuran de manera permanente, ni como acciones de desplazamiento de las Fuerzas ordinarias de la ley, sino más bien como auxiliar y complementaria de esta.
Sin embargo, el tema ausente en este esquema de transición es el repliegue de las Fuerzas Armadas a sus cuarteles y el retiro paulatino de sus labores en colaboración en materia de seguridad pública.
En ningún artículo se hace referencia a esta parte, que es la parte más compleja de todo el esquema de seguridad. Por ello, quiero plantear una fórmula distinta a la que contiene el dictamen, incluso en tono provocador y que podría ser reconsiderada como un régimen de transición de la propia Guardia Nacional.
Actualmente se han dispuesto en números cerrados poco más de 25 mil elementos de la Policía Militar, 15 mil de la Policía Federal y 9 mil de la Policía Naval para conformar la base de la Guardia Nacional, haciendo una proyección de que en los próximos 3 años se van a sumar 50 mil elementos más, llegando a una cifra de 100 mil integrantes en activo.
Para ello, el gobierno de la República ha propuesto que en el año 2019 se integren poco más de 20 mil nuevos elementos, después 15 mil y otros 15 mil.
La propuesta de que los 50 mil nuevos elementos ingresen vía Sedena y Semar, como está la propuesta presidencial, no tiene un razonamiento lógico ni técnico ni jurídico, pues aceptando, como lo ha dicho el presidente, que la Guardia Nacional estará bajo un mando civil y estableciendo que el régimen civil será el que impere en esta institución policial, no tiene lógica mantener la propuesta original de que todos los nuevos elementos ingresen vía los institutos castrenses.
Por ello, propongo que se considere un plan de reclutamiento de los nuevos elementos en los próximos tres años, que se hagan directamente las filas de la Guardia Nacional y que sean elementos de la Policía Militar y de la Policía Naval, en todo caso, los que ya estén adscritos a la Guardia Nacional, los que se encarguen de la capacitación de estos nuevos elementos y no hacerlo vía Sedena ni vía Semar.
Concluyo en razón del tiempo. En este sentido debería incluirse otro artículo transitorio para que paralelamente a las evaluaciones de las fuerzas policiales estatales y locales, se evalúe también la presencia territorial del Ejército y la Marina ordinaria realizando labores de seguridad pública, para que conforme se vaya ampliando el estado de fuerza de la Guardia Nacional se vayan replegando los desetacamentos de la Marina y del Ejército paulatinamente.
De considerarse lo anterior, se dejaría claro que la Guardia Nacional no representa la militarización permanente de la seguridad pública, como lo han dicho quienes lo proponen, sino un esquema de transición para regresar al Ejército y a la Marina a sus cuarteles, lo que implica una nueva forma de combatir la delincuencia, un nuevo esquema de seguridad pública a nivel nacional. Y, sobre todo, representa una posibilidad real para dar cumplimiento a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a los estándares en materia de derechos humanos que se han establecido a nivel internacional.
Ojalá que se logren los consensos y acuerdos necesarios para lograr esto y lograr establecer un régimen transicional de la Guardia Nacional a una institución nacional verdaderamente civil. Muchas gracias.
La moderadora diputada Aleida Alavez Ruiz: Muchas gracias, maestro David Peña.
La moderadora diputada Aleida Alavez Ruiz: Ahora en el uso de la palabra Luz Marcela Villalobos Andrade. Ella viene del Comité de Amnistía Internacional y su presentación la hará la diputada Verónica Juárez. Por favor, diputada.
La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: Bienvenida, Luz Marcela Villalobos Andrade. Les comento antes de su intervención que ella es maestra en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Es vocal en el Comité Directivo de Amnistía Internacional y Defensora de Derechos Humanos. Adelante.
La ciudadana Luz Marcela Villalobos Andrade: Muchas gracias. Gracias por las Audiencias, creo que es una gran iniciativa.
Bueno, me voy a permitir leer un documento que sacó hace poco Amnistía Internacional en relación a cinco realidades sobre la Guardia Nacional.
Uno de los puntos centrales de la Estrategia de Seguridad propuesta por el nuevo presidente, Andrés Manuel López Obrador, es la creación de la Guardia Nacional conformada por entre 50 a 60 mil elementos de la Policía Miliar, Policía Naval y Policía Federal, además de elementos del Estado Mayor y de elementos de tropa.
Esta propuesta cuenta con una iniciativa de reforma y bueno, no obstante, en la propuesta queda claro que se usaría una estrategia muy diferente a gobiernos anteriores y la realidad es que la Guardia Nacional es una amenaza para la seguridad y los derechos humanos de las personas en México.
Aquí explicaré cinco realidades que plantea el documento de Amnistía Internacional:
Realidad número 1. El modelo de la Guardia Nacional y Plan de Paz y Seguridad 2018-2024 es muy semejante a sexenios anteriores, solo con otro nombre.
El Plan de Paz y Seguridad 2018-2024 anuncia que es necesario abandonar el uso de la fuerza como estrategia para intentar respaldar la idea de que el nuevo gobierno no seguirá con el esquema militarizado de Calderón y Peña Nieto, la actual secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ha argumentado que la Policía Militar tiene otro chip. No son soldados, son policías.
La Policía Militar, si bien empezó sus funciones hace décadas con el cargo de proporcionar seguridad a las instalaciones militares y mantener el orden y la disciplina en su interior, ha ido cambiando sus funciones y presencia.
Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto el número de policías militares aumentó en un 400 por ciento, con el mayor incremento entre 2014 y 2018. También en esos años aumentó la tasa de homicidios hasta llegar a niveles récord, como el año pasado.
Hasta febrero de 2018 la Policía Militar contaba con unos 26 mil 366 elementos y el presidente ha anunciado que ahora cuenta con aproximadamente 30 mil. Aunque la Secretaria de la Defensa Nacional ha argumentado en algunas ocasiones que la Policía Militar estará encargada de trabajar al interior de las Fuerzas Armadas, la realidad es que durante las 2 décadas de la Policía Militar ha estado desplegada en tareas de seguridad pública en varios estados y en una variedad de operaciones militares.
Muestra de ello es el número de policías militares que han fallecido por agresiones de arma de fuego en varias partes del país, desde por lo menos 2001, lo que podría sugerir que han participado durante años en operaciones que han terminado en enfrentamientos.
La Policía Militar reporta directamente a los mismos mandos que el resto de la tropa militar. Su capacitación es la misma que del resto del Ejército. Son entrenados con otros militares conforme a su puesto de jerarquía militar. Por ejemplo, cabos, sargentos, oficiales y generales.
La misma Sedena ha reconocido que la Policía Militar está disponible para responder en temas de seguridad pública de la misma manera que hace el resto del Ejército.
Las Fuerzas Armadas tienen un régimen y entrenamiento apropiado, quizás para eliminar a un enemigo, pero no para realizar funciones policiacas, como son la protección de civiles y el uso de la fuerza como último recurso. Esto ha sido ya establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otros organismos internacionales de derechos humanos.
La Policía Naval ha estado en las calles de Veracruz por lo menos desde 2011 y un batallón de la Policía Naval fue establecido en Ciudad de México en 2016 con la misión de brindar seguridad y protección al edificio de la Secretaría de Marina.
No existe información pública sobre cuántos elementos integran la policía naval, solo hay declaraciones oficiales a la prensa que estiman que son alrededor de 10 mil elementos.
Según el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, el mando operativo de la Guardia Nacional estará a cargo de oficiales del Ejército mexicano y de la Armada de México en el caso de las zonas costeras.
La Guardia Nacional estará dotada de disciplina, la jerarquía y el escalafón propios de las Fuerzas Armadas. Estas disposiciones indican que la Guardia Nacional tendrá un carácter claramente militar.
Realidad dos. Hay amplia evidencia que el despliegue de las Fuerzas Armadas ha sido acompañado con un aumento de violaciones de derechos humanos y tasas de violencia.
Desde la perspectiva de Amnistía Internacional el despliegue del Ejército y la Marina ha sido acompañado de un aumento de quejas por graves violaciones a derechos humanos como tortura, desapariciones, ejecuciones y detenciones arbitrarias, entre otras.
Asimismo, la información recolectada por académicos ha identificado la presencia de las Fuerzas Armadas como un detonante que causa de forma directa el aumento de la violencia en los municipios donde están desplegados.
Uno de estos estudios muestra que los enfrentamientos muchas veces empiezan porque los militares se encuentran haciendo patrullajes y terminan persiguiendo a personas que consideran sospechosas, detonando así los episodios de violencia, sin contar con la orden de aprehensión o razones para disparar.
De igual manera, aparte de detener a personas de manera arbitraria, el Ejército y la Marina son más propensos a hacer uso de la fuerza letal. La letalidad de las Fuerzas Armadas afecta vidas humanas, por ejemplo, el 19 de marzo de 2010 Javier Francisco Arredondo y Jorge Antonio Mercado, dos alumnos del Instituto Tecnológico de Monterrey, fueron asesinados a manos de integrantes del Ejército dentro del campus Monterrey.
La Sedena afirmó que eran delincuentes y que habían atacado a militares. Sin embargo, más tarde se comprobó que eran estudiantes y que no habían atacado ni representaban ningún riesgo para los militares.
Realidad número tres. Son diversas las denuncias y las quejas por violaciones de derechos humanos en contra de la Policía Militar, además de haberse comprobado su responsabilidad directa en casos infames. En septiembre de 2018, la Comisión Nacional de Derechos Humanos responsabilizó a elementos de la policía militar adscritos al 17 batallón de la Policía Militar en el estado de Puebla, por los hechos que resultaron en la ejecución de dos personas en Palmarito.
Esta ejecución fue grabada en un video que se hizo público, mismo que Amnistía Internacional analizó, verificó y comentó en su momento, como muestra de la deficiente y violenta estrategia federal de seguridad.
Además, las quejas por violaciones a derechos humanos, específicamente en contra de personal de la policía militar, aumentaron cuando incrementó el número de policías militares después del 2013.
Realidad número cuatro. Aunque el Plan de López Obrador dice que la Guardia Nacional tendrá una formación distinta, no hay certeza de que el entrenamiento de la Guardia Nacional será diferente a lo que ya han tenido militares antes. Han tenido miles de capacitaciones en derechos humanos, pero esto no ha mejorado la seguridad de las personas.
El Plan de Paz y Seguridad 2018-2024, reconoce expresamente que un contingente militar tiene como propósito último enfrentar, neutralizar y aniquilar a una fuerza enemiga. No obstante culpa los errores de las Fuerzas Armadas y a su formación y promete poder cambiar esto a través de capacitación en derechos humanos para la Guardia Nacional.
La realidad es que las Fuerzas Armadas ya han tenido mucha capacitación sobre derechos humanos, de hecho en el sexenio de Enrique Peña Nieto, más de un millón de elementos de la Sedena fueron capacitados en derechos humanos, esto no ha frenado que militares cometan graves violaciones de derechos humanos, ya que lo que realmente se quiere son mecanismos apropiados de evaluación y una reformulación del enfoque de seguridad que apueste por el fortalecimiento de policías.
Esa opinión de Amnistía Internacional, que si los estados no pueden garantizar tales requisitos que sean cumplidos, las Fuerzas Armadas no deben desplegarse para realizar labores de seguridad pública. En la presentación del Plan de Seguridad 2018-2024, se informó que la formación y adiestramiento de la Guardia Nacional se realizará en planteles militares. Si bien las Secretarías de Gobernación y de Seguridad Ciudadana participaran en elaborar el plan de estudios a la par con la Sedena y la Marina, nada indica que esto cambiará el hecho de que la capacitación seguirá con un enfoque militar.
La realidad número cinco y última. Según una Encuesta Nacional, el Ejército y la Marina cometen más actos de tortura y otros malos tratos durante arrestos que la Policía Federal y, en general, las Fuerzas Armadas no son entrenadas para proteger a la población.
Según el Plan de Paz y Seguridad 2018-2024, la Policía Federal es un agrupamiento con déficit de disciplina, capacitación y profesionalismo. No obstante, como ejemplo de su capacitación, según información proporcionada por la Policía Federal a Amnistía Internacional, la Policía Federal informó de 2 mil 654 cursos impartidos en 70 academias de dicho cuerpo, entre 2012 y enero de 2016, en los que se trataron expresamente los derechos de las mujeres y una perspectiva de género.
Si bien, la Policía Federal también ha estado implicada en graves violaciones de derechos humanos, el Plan de Seguridad no dispone de medidas para fortalecer a instituciones civiles como la Policía Federal y más bien, les integra una visión militar como si esta fuera la solución.
De hecho, aunque tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Federal han recibido capacitación en derechos humanos, según análisis de datos con base en encuestas hechas a personas privadas de la libertad en prisiones por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, las personas que indicaron haber sido detenidas por las Fuerzas Armadas, indicaron que la Marina y el Ejército cometieron actos de tortura y maltrato de manera más frecuente durante el arresto que todas las corporaciones del país, incluidas policías federales, ministeriales, estatales y municipales.
La falta de control independiente sobre las acciones de las Fuerzas Armadas es realmente preocupante, tomando en cuenta el notorio carácter hermético de las Fuerzas Armadas y los obstáculos a su independencia e imparcialidad que existen al evaluar los actos cometidos por sus propios miembros.
Por último, nada más quisiera recalcar si la idea de la Guardia es un mando civil o una guardia civil, realmente no habría necesidad de hacer una reforma constitucional. Y si, sí, entonces, y si es jerárquicamente y operativamente a cargo de la Sedena, se tendría que hacer mediante análisis y evidencia comprobada. Muchas gracias.
La moderadora diputada Aleida Alavez Ruiz: Muchas gracias a la representante de Amnistía Internacional. Con ella terminamos la presentación de los ponentes y damos paso a la intervención de los y las, legisladores, que se han anotado en la lista, pidiéndoles con todo respeto y atención nos puedan ayudar con el tiempo, porque está considerada su participación en tres minutos.
Todas las intervenciones de los ponentes serán subidas a Internet a la página de la Cámara. Se están difundiendo todas las propuestas que están llegando aquí a la Cámara, y al final hay una intervención ciudadana, una ciudadana que trae una carta que quiere entregar aquí también a esta audiencia. Con mucho gusto ya le dijimos que va a poder plantearlo aquí también en esta audiencia.
Vamos a iniciar. Está inscrito el diputado Iván Pérez Negrón... Perdón. Fue la diputada Guadalupe Almaguer, la diputada María de los Ángeles Huerta, el diputado Iván Pérez Negrón, el diputado Javier Hidalgo, el senador Omar Abed, la diputada Verónica Juárez, el diputado Alejandro Viedma, la senadora Patricia Mercado, el diputado Silvano Garay, el diputado Rubén Moreira, el diputado Héctor Jiménez y Meneses. Hasta ahí estamos con la lista de diputados, y al final sería la ciudadana María Mirta Pastrana.
La moderadora diputada Aleida Alavez Ruiz: Iniciamos por favor. Son tres minutos, les pedimos nos ayuden con el tiempo a ser respetuosos. Perdón, sí, es que está aquí. Perdón, diputada Guadalupe Almaguer, por favor. Ah ¿no está? Aquí está la diputada Almaguer, por favor, y se prepara la diputada María de los Ángeles Huerta.
La diputada María Guadalupe Almaguer Pardo: Gracias, diputada presidenta. Bueno, yo agradecer a los ponentes, en su mayoría quienes nos han venido esta mañana a enriquecer aún más desde el martes que hubo, que inició la audiencia con los gobernadores y así hemos estado escuchando a cada uno de los ponentes de manera muy respetuosa, incluyendo con los que no estamos de acuerdo. Aquí no se descalifica a la divergencia, sino se aprecia, porque de eso está hecho México.
Y yo quiero decirles que agradezco, particularmente la participación de Tania Luna, por supuesto de nuestra querida Paty Olamendi, y en el tema que tomaré primero de José Alfonso Rodríguez, que creo que ya se nos fue. Bueno, de José Alfonso Rodríguez me interesó mucho su ponencia porque viene a reconocer o a recordarnos que reconozcamos a las policías porque en México pasó cuando se empezaron con las policías, cuando se empezaron a vender las paraestatales, se desprestigian y luego se vendieron, porque no servían.
Y por cierto aquí no hay ninguna sentencia, aquí no cabe ninguna sentencia cuando se dice “no hay vuelta atrás” en la militarización. Yo creo que para eso es este Congreso, para eso son estas audiencias, para estar escuchando y tomándonos en cuenta de manera muy respetuosa. Y hemos escuchado de manera muy respetuosa aun las voces de que de algunos gobiernos que no se quieren hacer cargo de sus responsabilidades principales, aun a esas voces enviadas por los gobiernos de los estados, aun así, les respetamos, aunque no convergemos con ello, porque las principales responsabilidades de la atención a la prevención, no solamente a la contención que es lo que quieren hacer con la Guardia, es del Estado, del gobierno y del gobierno municipal. Todas las voces internacionales de especialistas, en todo el mundo, en América Latina y el Caribe, eso es lo que dicen.
No hay de otra más que el presidente municipal se haga cargo de la prevención ¿verdad? Bueno.
A mí lo que me va a ocupar esta mañana, aunque esta mesa es del tema de la Seguridad Humana, quiero hacer un hincapié de que este Congreso, esta organización no contempló de manera integral el asunto de las víctimas mujeres asesinadas desde hace 12 años a la fecha.
No cabe propiamente e integralmente en este tema de Seguridad Humana, lo tomó nuestra querida Patricia Olamendi, la compañera de Amnistía, la misma Tania, algunos lo tomaron. Sin embargo, este es todo un tema.
Creo que amerita un tema aparte, porque si alguien ha sido, si una población ha sido violentada en todos los órdenes y particularmente sexual, y ha sido tomada como botín de guerra por las Fuerzas Armadas, han sido las mujeres y las niñas de las comunidades más pobres de este país y sí existe, sí existe. No lo dice Guadalupe Almaguer, lo dicen las instancias internacionales y nacionales.
Entonces yo les adelanto que el martes un grupo de organizaciones de mujeres con algunas diputadas, haremos una mesa en donde se va a tratar todo eso, porque institucionalmente el Congreso no lo trató, y me parece que no podemos dejarlo como un vacío en este sentido.
Yo quiero decirle, nada más, por último, diputado Felipe, presidenta, que quienes nos visitan no se lleven la idea falsa de que esta propuesta de dictamen –gracias– que esta propuesta de dictamen es de toda la Cámara de Diputados; aquí hay una fracción promovente, y habría que aclararlo de esa manera hasta que no se diga lo contrario.
Yo, como integrante del PRD, votaré en contra, por supuesto, de esta propuesta de dictamen. Muchas gracias.
El moderador diputado Felipe Fernando Macías Olvera: Gracias a la compañera diputada Guadalupe Almaguer.
El moderador diputado Felipe Fernando Macías Olvera: Cedemos el uso de la voz a la diputada María de los Ángeles Huerta, hasta por tres minutos.
La diputada María de los Ángeles Huerta del Rio: Gracias. Saludo a todos los presentes en este foro. Y quiero iniciar diciendo que lo que se nos ha recordado en relación a aprender las lecciones del pasado en este tema de seguridad pública es justo lo que me parece a mí se refleja en el dictamen que le da forma hoy a la Guardia Nacional, y en general está presente en el plan de paz y seguridad propuesto por nuestro presidente –y voy a explicar porque así lo creo.
También quiero exponer con toda claridad y contundencia, que la repetida acusación de que la Guardia Nacional implica la militarización del país y de que viola los criterios establecidos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, son dos acusaciones falsas –yo creo que mentirosas o al menos generalizaciones incompletas–, tal vez sin querer hechas por algunos participantes del foro que han sesgado posturas contra el Ejército o los militares para, a lo mejor, llevar agua a su molino.
Yo creo que la Guardia Nacional no es militarización del país, porque la Guardia tendrá un mando civil a cargo del presidente de la República y del secretario de seguridad, que son civiles; y la responsabilidad militar solo será en materia de disciplina militar, formación, otros aspectos del ordenamiento especifico de la organización de la Guardia, –lo que alguien decía por ahí: los que pero no los cómos–.
Dos. No es militarización porque el 10 por ciento del personal militar, o sea, 25 mil de un total de 210 mil, poquito más del 10 por ciento, será el que participe en la conformación de la Guardia. Todo los demás o muchos de los demás serán civiles o la Policía Federal, la Policía Naval; y estos 25 están o estarán o ya están formados como policías militares.
Tres. No es militarización porque todos los integrantes de la Guardia van a dar cuentas a las autoridades civiles en caso de que cualquier incumplimiento, de que haya cualquier incumplimiento o maltrato a los ciudadanos.
Cuatro. Tendrán capacitación en derechos humanos, y propondremos como alguien lo digo aquí también, que también tengan capacitación en valores éticos y cívicos.
Nuestros militares nos han demostrado, como ayer lo dijeron con claridad, que siempre siguen el mandato de los supremos civiles; y los reclamos tal vez habría que pasarlos, principalmente, a otro lado.
Y por último, en el terreno de las acusaciones que se hacen en materia de lo indicado por la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos plateó que prácticamente todos los criterios establecidos por el Ejército en nuestro país van a cumplirse con cabalidad. Respecto a que la intervención debe ser extraordinaria y temporal, les recuerdo que la Guardia Nacional es fundamentalmente un cuerpo de seguridad civil y la mínima participación militar está perfectamente justificada y restringida. Decía sobre el 10 por ciento del total de los militares.
Sobre el punto de que debe estar subordinada a civiles. Les recuerdo con claridad que la responsabilidad de esta Guardia no es responsabilidad de Sedena, sino de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, como ya lo dijeron ayer claramente aquí Durazo.
Y sobre el tema de que debe estar fiscalizada por órganos civiles. Nuestra Guardia lo estará como lo establece claramente el artículo 13 y 16 del decreto. Así que por último les digo que los integrantes de la Guardia estarán capacitados en materia de derechos humanos como también lo estable el artículo 73 de este dictamen.
Invito a los legisladores de todos los partidos a votar en favor de este dictamen y a la sociedad civil a confiar en nuestro presidente, que hasta hoy nos ha demostrado que sus estrategias y sus políticas sí van a combatir efectivamente a todos los enemigos del Estado de derecho, habrá imperio de la ley. Lo vamos a construir, lo vamos a construir con la Guardia Nacional y por supuesto con el apoyo de todos ustedes. Es cuanto, gracias.
La moderadora diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. Solicitamos atentamente por favor nos ayuden con el tiempo. Les estamos pasando una tarjetita en el momento en que se acaban sus tres minutos. Digo, para poder también llegar a todos los participantes que todavía están en la lista.
La moderadora diputada Aleida Alavez Ruiz: A continuación, el diputado Iván Pérez Negrón, y se prepara Javier Hidalgo, por favor.
El diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz: Muchas gracias, diputada. Simple y sencillamente reiterar que el ejercicio de parlamento abierto hoy demuestra que no se ha quedado en el discurso y que efectivamente puede ser una realidad en el Congreso de este país.
La premisa para la construcción de un nuevo pacto social como el que estamos impulsando, y lo digo con todas sus letras, quienes somos parte de la Coalición Juntos Haremos Historia, de la mano de Andrés Manuel López Obrador, es que la democracia, que la gobernabilidad y los derechos humanos tengan garantizada una seguridad integral para que de manera armónica puedan realmente coexistir en el territorio nacional.
En este sentido, el Estado como rector de la seguridad debe impulsar la cohesión social, pero basado en un binomio que aquí ha sido muy cuestionado y que necesariamente debe partir en cualquier estrategia, que es la legitimidad y la eficiencia.
En el caso de la seguridad, al menos en el caso de Michoacán, mi estado, esto no se ha presentado con todas las modalidades que en el pasado se han experimentado. La creación de la Guardia Nacional sí es un esfuerzo integral, que además no es la primera vez que se plantea.
Desde el general Lázaro Cárdenas en 34 ya hubo una propuesta en el Plan de Desarrollo, para que fuera complementaria de las tareas de las Fuerzas Armadas, y no pasó nada. En 77, el ex procurador Ignacio Morales Lechuga también hizo un planteamiento específico del tema del combate contra la inseguridad y la delincuencia, y tampoco pasó nada so pretexto de que desde ese momento el incremento en los recursos y el fortalecimiento de las capacidades de las instancias civiles de seguridad nos iban a resolver el problema, y hoy no solo no estamos igual, estamos peor. Dicho por muchos de los expertos y de gente como Bernardo de León, que le ha tocado estar en el frente de batalla, además en una ciudad complicada y en la que yo tengo mucha atención, que fue la mía, Morelia.
Tampoco es nuevo el tema de que no existan criterios que regulen la actuación de las Fuerzas Armadas en coadyuvancia de las instancias civiles. Lo que pasa es que, en la realidad ni los gobernadores, y lo digo con todo respeto, ni los alcaldes han querido asumir la responsabilidad.
La Corte, en 96, si mal no recuerdo, y después en 2000, en ese tema de la interpretación del artículo 129 estableció que cuando es a petición expresa de los gobiernos subnacionales, puede actuar, y por eso se ha venido dando en ese sentido.
Concluyo simple y sencillamente con un cuestionamiento que se hizo el día de ayer y que hoy se ha replicado, y a lo largo de las mesas. Se decía, ¿por qué no meternos a regular el artículo 29?, y ayer, y también lo digo con todo respeto para quien hizo el planteamiento, de que el diputado Pablo Gómez había señalado que no queríamos entrarle a la reglamentación del 29.
No. La posición, y hoy yo la reitero, de la Coalición Juntos Haremos Historia, porque no es una personal, es que el último recurso que utilizaríamos sería la nulificación de derechos o garantías de los ciudadanos para crear un Estado de excepción.
Por eso vamos a apoyar la construcción de este nuevo pacto social y reiteramos el reconocimiento al presidente López Obrador, porque a diferencia de muchos, cuando se escucha a la ciudadanía y se promueve la participación reconociendo su papel protagónico en la transformación social, se puede reconocer que hay cosas que pueden mejorar en bien de la nación.
Por ello, hago un llamado respetuoso, y ojalá que todas las fuerzas políticas después de este día le demos el peso específico que tiene el bienestar de las familias para poder darle viabilidad a esta nación. Muchas gracias.
El moderador diputado Felipe Fernando Macías Olvera: Muchas gracias, diputado Iván Pérez Negrón.
El moderador diputado Felipe Fernando Macías Olvera: Ahora cedemos el uso de la voz, hasta por tres minutos, al diputado Javier Hidalgo, y se prepara el senador Omar Obed.
El diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce: Muchas gracias, buenas tardes. Agradezco a los ponentes sus planteamientos, han sido bastante interesantes y productivos. Me llamó mucho la atención la intervención de la doctora Pati Olamendi, es algo que coincido plenamente en lo que ha sucedido en este país, la idea esta de la militarización, lo que genera este estado especial, el problema de la falta de una visión de género, aspectos como lo que habla de la prostitución forzada.
Y a esto le sumas todas las violaciones de derechos humanos que ha habido en este periodo, todos los homicidios que ha habido en este periodo, todas las desapariciones que ha habido en este periodo, y obviamente es algo que no estamos planteando, este continúa. Y en eso Marco dio la diferencia con Pati, porque Pati nos describe una situación gravísima y pareciera que no hubiera pasado nada y vamos a seguir haciendo lo mismo.
Pero este país ha cambiado, lo que sucedió en julio fue un cambio, no solo de gobierno, es un cambio de régimen, es otra propuesta, es otro planteamiento, justo en contra de lo que venimos, justo esa es la gran diferencia, ¿verdad?
Y no puede ser lo mismo, no solo porque lo ganamos, ¿verdad? Sino porque venimos de esa lucha. Me tocó en el 79 participar, sí, en el 79, en el Frente Nacional contra la Represión, con Rosario Ibarra de Piedra. Toda esta guerra sucia que se sucedió. Y fuimos oponentes a Calderón, en toda la guerra que planteó contra el narcotráfico. Claro que sí, eso ha sido nuestra materia de acción política durante todos estos años. No podríamos traer la militarización como propuesta básica.
Además, este modelo lo hemos probado ya en el país. O sea, al tiempo que se estaba dando lo que nos comentan sucedió en Nuevo León, en Monterrey, no solo los presidentes, nuestra ponente. Antier la película que vimos. Al mismo tiempo de esa situación de guerra, de esa situación tan terrible que vivieron los regios, al mismo tiempo vivíamos otra situación aquí en la Ciudad de México, y si no chéquenlo, ¿cuál era la perspectiva en el 2010-2011 de los residentes de la Ciudad de México? Era realmente de tranquilidad. Habíamos logrado en 12 años, a partir de aplicar este modelo que acompañaba el apoyo a jóvenes, que acompañaba el tema de gobiernos honestos, había logrado buenos resultados. Tan buenos resultados que ahí estaba el contraste. Que ha sido además un proyecto que no es una ocurrencia. Dante, tú lo acompañaste en el 2006. En el 2012. Es el mismo proyecto que presentó Andrés Manuel López Obrador.
Por eso es muy importante ahora, y yo sí hago este llamado, porque el otro elemento es este Parlamento abierto, que no surgió así de la nada, o sea, del propio Morena salieron las voces para marcar una clara diferencia con el primer dictamen, ¿verdad?
Entonces, creo que estas reuniones nos llaman a los diputados a plantear nuestra posición, no desde una visión partidista, electoral. Necesitamos actuar con honestidad intelectual. Que lo que estamos escuchando realmente lo planteemos para llevarlo como solución, o sea, que podamos actuar.
A mí, la verdad es que creo que quien es responsable de los números y de las situaciones que describe Paty, pues debería ser más humilde y no plantear como si no hubiera pasado nada y como si no se hubieran probado esos proyectos en el 2006 y en el 2012.
Sí tendremos que reconocer que el agravio que hoy vive México fue generado por civiles propios de una representación política. Entonces, por eso creo que vale la pena que después de este parlamento abierto, pues entremos con otra actitud y no como yo voy a votar en contra. O sea, una actitud realmente reflexiva. Y yo quisiera plantear, ya para terminar...
La moderadora diputada Aleida Alavez Ruiz: Tiempo, diputado.
El diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce: ...firmar, plantear que lo que nos expuso el padre Concha, pueda ser una carta de principios de lo que sería la reforma constitucional. Yo la firmaría, el planteamiento, como al final de esta reunión y convocaría a todos los diputados de este Congreso, y a los senadores, a firmarla, incluyendo la propuesta de parlamento abierto para la discusión del dictamen, digo, la verdad, es que ha sido muy novedoso, muy interesante, muy importante el ejercicio que estamos haciendo para que se concluya...
El moderador diputado Felipe Fernando Macías Olvera: Diputado, concluyó su tiempo por más de tres minutos.
El diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce: Sí. Para que se concluya solamente en el pleno. Entonces, mi convocatoria sería, a que además de firmar esa carta, poder estar buscando un procedimiento de cómo procesar perfectamente esta reforma constitucional. Muchas gracias.
La moderadora diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Por favor ayúdennos con el tiempo, sí se están agarrando más de lo que se acordó, son tres minutos.
La moderadora diputada Aleida Alavez Ruiz: El senador Omar Obed Maceda, por favor, y se prepara la diputada Verónica Juárez Piña.
El senador Omar Obed Maceda Luna: Gracias. Buena tarde. Pues celebrando que gracias al reclamo de la sociedad se haya podido abrir en esta ocasión una audiencia, donde toda la semana y particularmente el día de hoy agradecer a todos los especialistas, académicos que se han sumado a esta nueva dinámica que tenemos en el Congreso de la Unión.
Desde luego retomaremos gran parte de lo que aquí se expuso y ojalá las otras fuerzas políticas también podamos cambiar esa perspectiva que tenemos, que no nos polaricemos, que busquemos una solución para resolver el grave problema de la inseguridad.
Lo que estamos viviendo actualmente en el tema del hidrocarburo es una consecuencia de esta inseguridad, busquemos todos juntos, compañeros legisladores, sociedad civil, académicos, una solución.
Particularmente celebro la ponencia del representante del Consejo Nacional de Seguridad Privada, AC, y del abogado José Alfonso Rodríguez. Este tema del día de hoy era la seguridad humana y creo que en gran parte hemos dejado de lado el desarrollo de los miembros de quienes van a formar este cuerpo de seguridad, llámese como se llame, como resulte, al final buscamos todos un objetivo, la seguridad de México.
Que le vaya bien a México, que le vaya bien al país y que se resuelva próximamente, con el apoyo de todos nosotros, el problema de la inseguridad en México. Muchas gracias.
El moderador diputado Felipe Fernando Macías Olvera: Muchas gracias, senador Omar Obed.
El moderador diputado Felipe Fernando Macías Olvera: Ahora cedemos el uso de la voz a la diputada Verónica Juárez y se prepara la diputada, el diputado Alejandro Viedma, perdón.
La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: Muchas gracias, sobre todo agradecer la presencia de quienes el día de hoy en este último día de audiencias nos han compartido sus experiencias, sus comentarios y sus propuestas, lo cual ha sido en verdad enriquecedor y que ha surtido efectos, porque ayer ya escuchábamos el anuncio que hacía el secretario de Seguridad y que nos parece un avance, pero hay a quienes nos parece de manera particular insuficiente y en ese sentido me parece que también tendremos que discutir en los próximos días cuáles son los alcances que tiene esa definición.
Y aquí hemos escuchado ya cuáles son, también a partir de esa propuesta, que hay ya para poderla sumar en el dictamen, qué es lo que tendríamos que hacer. Desde el PRD nos quedan algunas dudas, ¿si el mando será civil, militar o mixto?, como textualmente comentaba ayer el secretario de Seguridad. ¿Si los integrantes, como aquí lo han exteriorizado algunos ponentes, pasarán a ser policías o seguirán siendo militares? ¿Si estarán sujetos al fuero militar o sus conductas serán juzgadas por jueces ordinarios? ¿O de cómo se enrolarán los jóvenes en la Guardia Nacional, si será a través del Ejército o mediante la Secretaría de Seguridad?
Desde el PRD, por supuesto que estamos en la mejor disposición de discutir qué es lo que será mejor. Pero también que tomemos en cuenta lo que se ha mencionado en estas audiencias de manera muy puntual.
Y por eso, y sabiendo que será mi última intervención en estas audiencias, voy a hacer algunas preguntas a quienes estuvieron participando el día de hoy, no sin antes pedirle a la Junta de Coordinación Política, también hacerle una petición y a partir de que se ha hecho referencia en torno a la reglamentación del artículo 29 que lo discutamos.
Ya existe una minuta y en mi opinión, en lo que estamos es en falta, como lo comenté el día de ayer.
Entonces, discutamos este tema, que no se trata un tema de que, si queremos o no, es un tema en el que estamos obligados.
Y en ese sentido paso a las preguntas, a Javier Olivera Posada, en donde mencionaba que el Ejército ahora tiene nuevos roles y que es otra su participación. Si cree entonces que atienda el Ejército la seguridad pública debe de ser el nuevo rol del Ejército y qué le merece la opinión o la sentencia que ha emitido la Corte Interamericana en torno a lo que tendría que hacer el Ejército cuando participe en asuntos de seguridad pública.
Javier Hurtado, si nos puede comentar un poco más sobre su propuesta. Es la primera vez que escuchamos de cuál debería de ser la responsabilidad de los gobiernos municipales en ese sentido.
Y a Paty Olamendi agradecerle su participación y a Tania y a Fernando. Paty, cuando nos decías que hay que dejar de ser las mujeres y las niñas botín de guerra en este conflicto, ¿cómo sería?
Y al contrario de lo que le preguntaba al señor Javier Olivera si nos pueden ayudar con algunos comentarios, tanto Paty, Fernando como Tania, ¿cuáles podrían ser? Y por supuesto, a la representante de Amnistía Internacional. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias si México no atendiera la sentencia de los organismos internacionales, en este caso de la Corte Interamericana? Muchas gracias.
La moderadora diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, Verónica.
La moderadora diputada Aleida Alavez Ruiz: A continuación, el diputado Alejandro Viedma y se prepara la senadora Patricia Mercado.
El diputado Alejandro Viedma Velázquez: Gracias. Primero que nada, sí me gustaría nuevamente, nunca está de más reiterar y agradecer a todas las personas que se han dado cita, ya son cinco días de Audiencias en más de 10 mesas, convocadas por la Junta de Coordinación Política.
Vale la pena recordar por qué, cuál es la idea de estas Audiencias Públicas. Las audiencias tienen que ver para que el día 16 y 17 de este mes de enero, en sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados podamos continuar con la discusión sobre este tema.
La idea de las Audiencias era enriquecer y escuchar a diversas voces. Se han dado cita aquí desde gobernadores, presidentes municipales, académicos, colectivos, sociedad civil. Se les ha escuchado y sus planteamientos seguramente se verán reflejados cuando estemos tratando el tema en sesión extraordinaria.
Si se preguntan si han servido o no las Audiencias, me parece que el día de ayer se vio un tema fundamental, que a mí me parece que simplemente con este tema las Audiencias han servido y están dando de qué hablar. Y es uno de los temas más polémicos, que fue el mando militar o el mando civil.
Los gobernadores vinieron a decirnos, también presidentes municipales y también algunos diputados y diputadas compañeras: Guardia Nacional sí, mando militar no.
Con este cambio que se pretende realizar, yo esperaría que todas aquellas voces que categóricamente dijeron que apoyaban y que daban el respaldo a la Guardia, pero si el mando era civil, pues esas mismas voces apoyen y voten en consecuencia y sean congruentes el 16 y el 17 de enero cuando estemos en la discusión y en la votación de este tema.
Además de ese tema, de manera muy breve me gustaría mencionar dos temas que también en diversas mesas y en esta mesa también han sido mencionados, que es, por ejemplo, el tema que se mencionaba en los transitorios y que se mencionaba que era una vulneración al federalismo contra los municipios. O un tema muy recurrente, que era la investigación y todo el tema de los Ministerios Públicos, que me parece ha sido reiterativos y en las reservas que se presenten estos temas tendrían que ser atendidos, entre otros, solo por mencionar algunos.
En este sentido me parece que las audiencias han servido, se ha escuchado. A veces se dice que no modificamos ni una coma del dictamen. Perdón, quiero decirlo categórica y contundentemente que eso es absolutamente falso.
Si ustedes revisan la iniciativa desde que se propuso y las modificaciones al dictamen y posteriormente lo que se va a modificar en la sesión extraordinaria, me parece que quienes dicen que no se modifica ninguna coma a las iniciativas y a los dictámenes deberían reconsiderar esas palabras, porque es absolutamente falso.
Simplemente reitero, el tema del mando civil es uno de los temas fundamentales que explican que sí estamos escuchando, que sí estamos haciendo caso a las observaciones. Y sobre todo y algo muy importante que dijo la diputada Tatiana Clouthier en una entrevista: no venimos a hacerlos perder el tiempo y mucho menos venimos a sentarnos y a perder el tiempo aquí nosotros. Es cuanto.
El moderador diputado Felipe Fernando Macías Olvera: Muchas gracias, diputado Alejandro.
El moderador diputado Felipe Fernando Macías Olvera: Ahora cedemos el uso de la voz a la senadora Patricia Mercado. Y se prepara el diputado Silvano Garay.
La senadora Patricia Mercado Castro: Sí, Muchas gracias. Primero, yo con el ponente anterior quiero decir y reconocer, y que quede muy claro entre todos nosotros que, efectivamente, este no ha sido un proceso de simulación. Y creo que el cambio ayer anunciado por el secretario de Seguridad Pública como un mensaje del presidente a este Congreso y a estas audiencias, de cambiar el mando operativo de la Guardia Nacional, nos dice que, efectivamente, hay posibilidades y están habiendo posibilidades de cambio.
De misma manera lo digo al revés, es decir, me parece que todas las posiciones, tanto de fuera del Congreso como de dentro del Congreso, que además las posiciones que se van a empezar a manifestar de manera más fuerte en esta semana, porque vienen las decisiones, también son desde una honestidad intelectual, desde el compromiso, desde la idea que cada uno, cada una y cada fracción parlamentaria tiene de cómo este mandato del primero de julio pasado, que no solamente es un mandato, una mayoría ganadora, y un presidente. Es un mandato a todos: cambien. No estamos dispuestos a seguir viviendo en el país, en este país inseguro, desigual, etcétera.
Entonces, me parece que todos estamos en ese lugar, estaremos en ese lugar y desde ahí vamos a hablar.
También quiero decir, y no me quiero tardar más de mis tres minutos, que me parece que estamos cerrando con broche de oro estas audiencias. Todo lo que se dijo el día de hoy de verdad nos pone, además, muy claramente que no es solamente sí o no a la Guardia Nacional, sino que hay distintas visiones. De sí, pero de esta manera o de esta manera o de esta manera. O no, y hagamos esto y esto. Porque, efectivamente, estamos obligados a innovar. Efectivamente, estamos obligados.
No podemos seguir haciendo lo mismo que ha traído tanto dolor, víctimas e ineficacia en lograr la seguridad en nuestro país. Y aquellos que hemos manifestado, yo sigo manifestando, porque me lleno mucho más, de verdad, de los argumentos, de por qué nos dicen que no se den estas reformas constitucionales y la Guardia Nacional formada de esta manera es el tema de ¿no estaremos haciendo lo mismo? Es decir, ¿la misma receta, pero ahora llamada Guardia Nacional?
Entonces, la conclusión, las consecuencias de eso serán más dolor, más víctimas, más violaciones a derechos humanos y tal, independientemente de quien la haga.
Realmente me parece, ese es el dilema, desde ahí estamos discutiendo. Y termino ya muy rápidamente. El presidente de la República, como candidato, me parece como candidato todavía, o como presidente electo, dijo: no voy a hacer ninguna reforma constitucional hasta dentro de tres años, no la voy a hacer.
Y partía de algo que es cierto, es decir, es cierto en el sentido de que los gobiernos también tienen que ver con las personas, su historia de vida, su honestidad. Entonces decía: no voy a hacer ninguna reforma, porque nosotros vamos a hacer las cosas diferentes. Él es el jefe de la Fuerzas Armadas, puede decir: muy bien, esto es lo que van a hacer, vámonos a Monterrey, vámonos aquí, vamos a salirnos de este lado. Vamos a hacer otra cosa a lo que se ha hecho hasta este momento.
Y nos mandó 13 artículos para ser reformados en la Constitución, cuando nos dijo que durante los primeros tres años esto no iba a pasar. Y por eso, y nos parece tan fuerte este paquete de reformas constitucionales, que además Dante Delgado lo ha dicho, no conocemos las leyes secundarias, vamos a discutirlo todo, vamos a discutirlo con parlamento abierto, precisamente para no hacer más de lo mismo, con tanto dolor como ha traído los últimos años la estrategia que no ha funcionado para la inseguridad. Muchas gracias.
La moderadora diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, senadora.
La moderadora diputada Aleida Alavez Ruiz: Ahora tiene la palabra, el diputado Silvano Garay y se prepara el diputado Rubén Moreira.
El diputado Silvano Garay Ulloa: Amigas y amigos, creo que antes que nada tenemos que agradecer a todos los ponentes, a los ausentes y hoy presentes, hemos estado aquí una jornada, que traemos una jornada desde la Comisión de Puntos hasta cuatro días, cinco días el día de hoy. Y yo creo que, para problemas urgentes, respuestas urgentes, y esta es la instancia, es la soberanía quien nos toca aprobar una herramienta urgente para un problema urgente.
He escuchado las ponencias de representantes de la Iglesia, el día de hoy, de la ONU, académicos, activistas, expolicías, alcaldes, gobernadores, a todos, y esa práctica ya es un resultado de la elección pasada, presidencial, esa práctica. Debemos de extenderla al Senado, extenderla a los Congresos estatales e inclusive a los cabildos. Esa práctica es muy importante y tenemos que impulsarla en nuestro estado, en nuestro municipio, en nuestro distrito.
Creo que esto, esta nueva práctica ha sorprendido a muchos partidos, a muchos académicos, o sea llegamos aquí con un dictamen el día martes y el día de hoy estamos terminando con otro dictamen, gracias a todas las opiniones que hemos recogido. Y el día miércoles que ya estemos en pleno, posiblemente, estoy seguro, de que mucho, mucho, mucho, este dictamen se va a modificar.
Hay dos vías, por la vía de una suspensión, que se regrese el dictamen a la Comisión o mediante una reserva que se haga en el pleno, pero ya está en la cancha nuestra, ya después vendría la cancha del Senado y de manera posterior vendría la aprobación de cada legislación estatal.
Creo que, para el Partido del Trabajo, nos vamos satisfechos y contentos, porque hemos escuchado a todos y a todas, y bueno veníamos con una posición, hoy nos vamos con más posiciones y esto ha enriquecido mucho el tema de la seguridad de este país.
¿Qué es lo que tenemos que hacer? Combatir la violencia, la inseguridad y la impunidad. He escuchado que hablan de desaparecidos, pero en Jalisco ya ahí el problema es bien grave y hay aparecidos, tráileres de cuerpos, o sea, también tenemos que darle esa respuesta y darle solución en esta instancia. Muchas gracias. Agradezco la ponencia de todos los ausentes y presentes.
El moderador diputado Felipe Fernando Macías Olvera: Muchas gracias, diputado Silvano Garay.
El moderador diputado Felipe Fernando Macías Olvera: Cedemos el uso de la voz al diputado Rubén Moreira y se prepara el diputado Héctor Jiménez.
El diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez: Muchas gracias a todos. Como dijo el señor senador, como dijo Patricia, también senadora, creo que han sido muy útiles estos foros. Nos vamos con Muchas experiencias, con muchos comentarios, con algunos compromisos, con una nueva ruta que parece que se abre a algunas declaraciones que ayer se hicieron, y obviamente si son respaldadas por la mayoría, pues será mucho más fácil concretarlas.
Tuvimos, eso sí, también cuestiones inéditas. Estuvo aquí el secretario de la Defensa Nacional, el secretario La Marina. No recuerdo de alguna otra visita acá, pero si las ha habido son muy escasas. Les quiero comentar que también ha sido muy importante el diálogo con los diputados y con los senadores que nos acompañaron acá en la Cámara.
En lo personal veo que hay interés, mucho interés de la comunidad. He recibido yo en mis cuentas cientos de mensajes. Quiere decir que mucha gente está atenta acá. Mensajes de todos tipo, pidiendo más información, quién está a favor de la guardia, quién está a favor de un mando civil, precisiones. Creo que hay un interés y que vale la pena estar aquí y seguir discutiendo esto hasta el día en que se tenga que tomar la decisión.
Tengo dos preguntas a la misma persona, a mi vecino, a Javier Oliva. Está en el tema este que se ha mencionado de la militarización. Para mí es muy importante y creo que para muchos saber el tamaño numérico de nuestro Ejército y la relación que eso tiene con otros ejércitos en el mundo, para saber qué determinancia tiene el Ejército mexicano en nuestro país y en el contexto mundial.
La otra está en una figura que al menos yo he observado, por mi experiencia, que son el cuerpo de defensa rural. ¿Cómo se integra el cuerpo de defensa rural? En mi entidad funciona y sirve para guardar la seguridad en las áreas rurales.
Como lo dije la vez anterior, mmi experiencia no es la que se ha contado acá. En mi estado tuvimos un regreso a la tranquilidad y a la paz y sí se hizo acompañado de las Fuerzas Armadas. Claro, con el contexto del fortalecimiento de la policía municipal. Para mí el fortalecimiento de la policía municipal es fundamental y creo que para las Fuerzas Armadas también es necesario que se fortalezca la policía municipal por mucha razones.
De aquí al miércoles mucho dependerá de la destreza nuestra para llegar a un acuerdo que permita tener la mayoría suficiente para pasar el dictamen, si esto es lo que la mayoría quiere. Obviamente creo que esto va a depender mucho de nuestros coordinadores y obviamente confío en ellos y en quien preside la Junta de Coordinación para llegar a estos acuerdos de ser posible. A todos ustedes, de verdad, muchísimas gracias. Estamos a sus órdenes.
La moderadora diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado.
La moderadora diputada Aleida Alavez Ruiz: Tiene ahora la palabra el diputado Héctor Jiménez y Meneses, y se prepara la diputada Julieta Rábago.
El diputado Héctor Guillermo de Jesús Jiménez y Meneses: Muchas gracias por esta oportunidad. Qué bueno que también hemos escuchado a este conjunto de ponentes –más de 12, más de una docena– por más de tres horas y creo yo que todos estos puntos de vista que ellos han señalado, inclusive el padre Concha, que en todos los puntos que señalaba creo yo que sí habrá una integración en este proyecto de dictamen, porque en realidad lo que se busca en este parlamento abierto es el escuchar y el poder definir qué puntos importantes son para enriquecerlo.
En realidad la inseguridad es amplia. Necesitamos una Guardia Nacional, como se le ha denominado, para el efecto de acabar con la violencia, para el efecto de acabar con la preocupación de los ciudadanos, de los mexicanos, de la población en general para el efecto de poder apoyar y de esta manera realizar esta actividad de la Guardia Nacional que va a ser una guardia con líder civil, dirección civil, como ya se ha quedado.
Ya lo dijo ayer el secretario de Seguridad Pública y el secretario de la Defensa Nacional junto con el secretario de Marina. Así que de esta manera tenemos la confianza de que el próximo 16 haya un periodo extraordinario de sesiones, se aprobará este proyecto porque hemos sumado voluntades y creo yo que esto es muy importante ante la preocupación que tiene el gobierno actual.
El gobierno busca, lo señaló en campaña, que no iba a haber alguna modificación. Yo no me acuerdo haberlo oído, pero en realidad es importante ya que está uno en el gobierno o cerca de la actividad gubernamental, pues hay que cambiar, hay que modificar, hay que buscar para el efecto de encontrar la tranquilidad de la población que tanto lo necesita.
En realidad esta militarización que no va a ser así, sino va a ser por una policía civil, militar, naval y Policía Federal integrada en un cuerpo para enfrentar a esta delincuencia en la cuestión de la Guardia Nacional, creo yo que va a ser importante la actividad de los militares, y me da pena escuchar que se critique a ellos cuando en realidad con un sacrificio de toda una vida están defendiendo a la patria, bueno, defendiendo las actividades también que les corresponden, y es un sacrificio porque dejan a sus familias, y desde luego que el que inicia tendrá una compensación, un salario mínimo o menor que el general que llega a general después de una vida larga de trabajo en diversas poblaciones del país, creo que es muy merecido el cargo de general y el que lleguen a una posición de beneficio económicamente.
Desde luego creo yo que aquí es muy importante lo que se ha señalado, el fortalecimiento de la policía civil tanto municipal como estatal. Sí, hay que capacitarla, que se tiene que preparar con el fin de poder presentar una mejor protección a los ciudadanos que representan en su estado o municipio y también el Ministerio Público que se ha señalado aquí y que en realidad estoy totalmente de acuerdo estas fiscalías que se necesita una mejoría, una capacitación, y desde luego el punto de vista que el gobierno actual y que don Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República quiere acabar con la corrupción, y en las fiscalías es muy importante en este punto.
Para concluir, nada más quiero señalar que aquí todos los ponentes han hablado sobre críticas a la milicia, que el militar, que la violación de los derechos humanos, pero no he escuchado una crítica a la delincuencia organizada. Muchas gracias.
El moderador diputado Felipe Fernando Macías Olvera: Gracias al diputado Héctor Jiménez.
El moderador diputado Felipe Fernando Macías Olvera: Cedemos el uso de la voz a la diputada Julieta Rábago, y se prepara la diputada Xochitl Zagal.
La diputada Carmen Julieta Macías Rábago: Muchas gracias. Es Julieta Macías Rábago. Bueno, no, este servicio de audiencias públicas no ha sido simulación, efectivamente, por ello agradecemos al Grupo Parlamentario de Morena que haya aceptado la propuesta de Movimiento Ciudadano de realizar estas audiencias públicas, y desde luego agradecemos a todos los ponentes que nos han acompañado en todo el proceso.
Sí queremos insistir en Movimiento Ciudadano en hacer las cosas bien. Tenemos la oportunidad de hacerlo así. ¿De qué manera? Varias cosas.
Uno. Conocer las leyes secundarias que le van a dar sentido a esta reforma son la Ley Orgánica de la Guardia Nacional, la Ley de Uso Legítimo de la Fuerza y la Ley General de Registro de Detenidos.
Por otro lado, poner las cosas en su justa dimensión. Como lo han señalado varios expertos, en este caso quiero citar a Fernando Ríos Martínez, no debemos de normalizar la violencia. Es decir, ya lo han dicho en diferentes ocasiones, el Ejército, las Fuerzas Armadas tienen una formación y los policías tienen otra formación. Las Fuerzas Armadas no pueden asumir funciones policiacas.
También como lo señala don Conrado, no se puede dar a esas Fuerzas Armadas las funciones que no les corresponden.
Ayer se hablaba de la alta deserción de Fuerzas Armadas, por un lado; eso no nos da, y es lo que le quiero preguntar a don Conrrado esta parte de deserción de Fuerzas Armadas ¿Qué tanto impactaría?
Por el otro lado ¿cómo se puede garantizar en la propuesta que se tiene de la minuta de Guardia Nacional, que en tres meses se va a capacitar a los adeptos? si muchos sabemos que para ser soldado raso o para hacer una carrera militar mínimo necesitas una capacitación de un año ¿no?
Luego. Pero también quiero aclarar que no se debe de confundir, todos nosotros respetamos la labor de las Fuerzas Armadas, o sea, no se trata de desprestigiarlos, no los estamos desprestigiando, simplemente entender que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, me refiero a las Fuerzas Armadas y a la policía.
Desde luego coincidimos en que los gobiernos anteriores han cometido terribles errores, pero también tenemos nosotros la oportunidad de corregir y de hacer lo correcto ¿cómo? fortalecer el tejido social y regresar como decía don Raúl Sapien, al civismo, a la formación cívica, dar el reconocimiento justo a los policías; a la policía estatal, a la policía municipal darles capacitaciones, establecer con ellos una articulación de vida.
Y desde luego, insistir en que ojalá, la mayoría en el Congreso escuche la voz de la ciudadanía, de la academia y de organizaciones internacionales.
Particularmente, quiero hacer un sincero reconocimiento al Padre Concha, que nos ha mostrado un documento de gran conocimiento, capacidad y profundidad; prácticamente ha sido una conferencia magistral. Y pido, desde luego, me sumo a la voz de quien me precedió, de que este sea eje rector del tema que nos ocupa. Gracias.
El moderador diputado Felipe Fernando Macías Olvera: Muchas gracias, diputada Julieta Macías Rábago.
El moderador diputado Felipe Fernando Macías Olvera: Cedemos el uso de la voz a la diputada Xóchitl Zagal.
La diputada Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez: Gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. En representación del grupo mayoritario –como nos nombran en estas audiencias públicas–, quiero decir que los oprimidos y los vulnerados están representados en la Cámara gracias al triunfo del primero de julio. Creo que todos los que han sufrido vejaciones en este país están representados esta vez en el Congreso de la Unión.
Y que sería muy irresponsable que la vida pública del país esté marcada por un tema de militarización y de no responsabilidad a cargo del comandante supremo de las Fuerzas Armadas.
Por ello, quiero establecer que nadie puede olvidar el caso de Ernestina Ascencio Rosario, de 73 años edad, en Zongolica, Veracruz; cuando Felipe Calderón estableció que había muerto por una gastritis crónica, en realidad fue asesinada por militares.
No podemos olvidar ninguno de los crímenes que ha cometido el Ejército y la policía en este país, por eso también como miembro de Morena, quiero decir que no estoy de acuerdo con la militarización; pero también debemos cumplir nuestra responsabilidad y fortalecer la capacidad numérica de la policía y de los elementos que cuidan la paz y la seguridad de este país, y debe de ser acompañado no solo en números, sino en formación profesional.
Esto es lo que plantea el proyecto de Guardia Nacional del licenciado Andrés Manuel López Obrador, una mayor capacidad numérica para combatir el crimen y establecer un orden en el país, pero debe ser siempre fijado el objetivo en el profesionalismo de los cuerpos policiacos.
No tenemos en este momento una capacidad numérica para combatir los grandes crímenes que efectivamente el crimen organizado está llevando a cabo en nuestra vida, y como no podemos olvidar este dolor que nos deja el abuso policial porque hasta miedo dar llegar a un retén militar y acelerar poquito, porque sientes que te disparan, nosotros estamos muy claros que no basta con la capacitación en derechos humanos, como lo sabemos, no basta con la capacitación, sino que debe haber una evaluación y debe haber planes de estudio y nosotros debemos exigir se transparenten estos planes de estudio y que el estudio sea en enfoque de género.
Pero no solo en enfoque de género distinguiendo entre mujeres y hombres, sino también en la diversidad sexual, porque si bien nosotras somos objeto de violaciones, la comunidad trans, y sobre todo los más vulnerables, los indígenas, los adultos mayores, siempre sufren más violaciones en su integridad física y moral de parte de los órganos de control y de seguridad, que las personas que no tienen esta condición de vulnerabilidad.
Entonces no solo tenemos que enfocarnos en si la Guardia Nacional está con un objetivo o con un enfoque de género, sino que debe ser un cuidado de los derechos humanos en el amplio concepto de este. No por ser trans y por haber tenido una transición de género los soldados tendrían derecho de burlarse o de cometer un abuso, o por ser gay.
Debemos estar al pendiente que toda la formación de sensibilidad y de capacitación en el reconocimiento de derechos humanos sea no solo en la policía, no solo en mandos militares, sino en toda la sociedad, porque aquí también hay acciones que atentan contra derechos humanos, porque nosotros somos responsables del marco normativo y no siempre legislamos con perspectiva de derechos humanos.
Yo también quisiera decir que no solamente es responsabilidad del Legislativo y del Ejecutivo dar una atención a la seguridad pública y al restablecimiento de la paz, sino que la impartición de justicia, como en el caso de Ernestina Asencio ha sido gravísima. No se pudo impartir justicia en el país, se tuvo que ir a instancias internacionales y no se ha resuelto. Es una vergüenza que en nuestro país no se pueda responder por la muerte de una adulta mayor indígena violada, por quien sea.
Debemos establecer mayores controles para ejercer la justicia en el país y nosotros como legisladores debemos tener el compromiso de fortalecer el marco legal y exigir que la impartición de justicia se dé, que estemos al pendiente que exijamos cuentas y que la sociedad en la cuarta transformación esté siempre sobre nosotros, porque nosotros somos los que vamos a dar la cara, pero la gente debe estar ahí porque el pueblo tiene el poder en este momento, y gracias a ese poder hoy estamos aquí discutiendo y el tema de seguridad pública es un tema que nunca en la historia del país se había tratado como en este espacio de discusión. Muchas gracias.
La moderadora diputada Aleida Alavez Ruiz: Muchas gracias.
La moderadora diputada Aleida Alavez Ruiz: Tenemos ahora al diputado Fernando Macías.
El diputado Felipe Fernando Macías Olvera: Muchas gracias, diputada. Quise enlistarme también en esta ronda de participación para también poner a consideración algunos puntos a mis compañeras y compañeros legisladores, y también a los ponentes.
Se ha hablado muchísimo respecto al mando civil. Creo que el tema se ha hablado ampliamente, pero hay un tema que también quiero poner a su consideración, y es el tema de la certificación en materia de policía de prevención de estos elementos, de lo que se pretende hacer con los militares.
Mientras en la propuesta que se está discutiendo y como viene hoy en el dictamen respecto a que servicios, ascensos, ingreso, capacitación, todo dependa de las Fuerzas Armadas y de la Secretaría de la Defensa Nacional, ahí hay un grave vacío y una laguna que estamos dejando, que es cómo los vamos a policializar.
Es decir, hoy un policía para que salga a la calle a nivel municipal, a nivel estatal, debe de cumplir en términos del artículo 88 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo cual implica que debe de tomar casi mil horas de capacitación en policía de prevención, policía de proximidad, patrullaje dirigido y una sumamente importante, que es como primer respondiente, ya que ahí inicia toda la cadena del sistema penal acusatorio.
Yo lo que veo grave en lo personal, es que no se está estableciendo en el artículo 21 esa certificación en términos de la ley general, donde todos estos militares realmente estén capacitados en materia de prevención, que a final de cuentas ese es el centro de toda la política que hoy nos atiende en materia de seguridad, que es que el ciudadano en su domicilio, en la calle, no sea víctima de un delito.
El Partido Acción Nacional ha presentado reservas en este sentido, que ojalá se puedan discutir ampliamente en el periodo extraordinario y es así como vamos a combinar la capacitación y formación castrense con la formación civil policial, para que realmente tengamos resultados en la calle y que un militar, que hoy por hoy, aunque sea policía naval, aunque sea policía militar, no tiene la formación en materia de prevención ni resguardar la integridad de los ciudadanos. Esa es una realidad indiscutible.
Entonces, si realmente el espíritu es que tenga un grupo de elite, que proteja a los ciudadanos en materia de prevención, pues vamos a policializarlo en los términos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Es una consideración que pongo a ustedes.
También mencionar de manera muy puntual que es un compromiso del PAN fortalecer el sistema penal acusatorio, porque a final de cuentas ahí es donde se va a ver el resultado de todas estas estrategias que se están implementando, para que realmente se llegue a una sanción a quien está delinquiendo, y en este sentido también quisiera poner a su consideración y para debate posterior, que también tenga control y vigilancia parlamentaria el sistema penal acusatorio, para poder exigir a los estados el fortalecimiento de Fiscalías y que desde aquí vigilemos que estén cumpliendo y no estén –como se ha mencionado mucho– también lanzando la bolita a otras partes. Esa sería la aportación, es cuanto, diputada, muchas gracias.
La moderadora diputada Aleida Alavez Ruiz: Muchas gracias, diputado Fernando.
La moderadora diputada Aleida Alavez Ruiz: Con el diputado Fernando cerramos las participaciones de las y los legisladores que nos pidieron el uso de la palabra.
La moderadora diputada Aleida Alavez Ruiz: Y decirle a la ciudadana María Mirta, ella trae un documento, le digo que lo vamos a publicar en la página y que lo explique, por favor, en dos minutos. Muchas gracias. –El micrófono. Ahorita le van a pasar el micrófono.
La ciudadana María Mirta: Gracias por concederme dos minutos.
La moderadora diputada Aleida Alavez Ruiz: ¿Se puede acercar más, por favor? Para que se vea también la transmisión que estamos haciendo de esta audiencia.
La ciudadana María Mirta: Muy amable. Agradezco los dos minutos que me conceden para exponer un punto de vista totalmente opuesto a lo que aquí se ha estado hablando por cinco días. Siento que aquí las discusiones han simplemente estado corriendo a lo largo de un círculo vicioso.
Mi propuesta, haciendo ya un resumen del resumen, es simplemente exponer que, siento que se está discutiendo sobre falacias. La disyuntiva no es un mando militar o un mando civil, lo único cierto es que la Guardia Nacional, como lo están planteando los diversos sectores, no va a resolver el tema de la inseguridad, ya que se está dejando de fuera de este espectro al actor central, sin el cual no se superará la crisis de confianza, están dejando fuera la comunidad.
Ningún programa de seguridad funcionará si no participa el pueblo, si no se incluye la participación de la ciudadanía en estas tareas de seguridad.
Para encontrar una verdadera solución debemos conocer, analizar y revalorar la contribución de las policías comunitarias y los grupos de autodefensa que se han construido en diferentes entidades, que más tarde fueron manipulados y después traicionados y castigados por los gobiernos de Calderón y Peña Nieto.
Se debe conocer así mismo, difundir y replicar las exitosas experiencias de Cherán, en Michoacán, como modelo rural y de Ciudad Nezahualcóyotl, como modelo del ámbito urbano, entre otros.
Aquí ya no me voy a detener. Simplemente señalar las principales características de estas dos experiencias. Pero conmino a todos los presentes a que hagan una investigación sobre estas experiencias.
Las pruebas son contundentes, la seguridad pública debe quedar en manos de una guardia comunitaria, reclutada en cada municipio entre los miembros de las mismas comunidades, a quienes se dará capacitación en el combate a la delincuencia bajo los más estrictos parámetros de respeto a los derechos humanos, apoyada y en coordinación con las policías estatales y federales.
Con esto se soluciona el escollo de la composición de este cuerpo, que será civil, ciudadanizando las tareas de seguridad pública y que funcionará bajo un mando civil también, en el que las decisiones las tomarán los tres niveles de seguridad: municipal, estatal y federal, pero respetando las competencias de las corporaciones locales que diseñarán su estrategia de acuerdo con las necesidades de cada localidad.
Los ciudadanos conocen mejor que nadie los problemas que padecen y tienen el derecho inalienable de defender su seguridad y su vida, que hasta el momento ninguna institución oficial responsable de ello, han sido capaces de garantizar.
La estadística prueba que la violencia lejos de disminuir, aumenta día con día. Cada día es el más violento de la historia de nuestro país, por qué entonces se empeña el nuevo gobierno en repetir este error.
El pueblo tiene el derecho inalienable de su defensa como ellos decidan, ojalá se siga la consigna de campaña Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Y que no quede en una promesa rota y vacía. Muchas gracias.
La moderadora diputada Aleida Alavez Ruiz: Muchas gracias, a la ciudadana María Mirta, con ella cerramos estas participaciones.
La moderadora diputada Aleida Alavez Ruiz: Y la dinámica sería, conforme fueron aludidos los diferentes ponentes en cuanto a preguntas, si nos pudieran hacer el favor de intervenir, por tres minutos, para dar respuestas a las mismas.
Hicimos un listado de a quienes fueron hechas estas preguntas y empezaríamos con Javier Hurtado, Patricia Olamendi, Fernando Ríos, Tania Luna, Javier Oliva y Conrado López, por tres minutos, por favor, si nos pueden ayudar a cerrar con estas intervenciones.
El ciudadano Javier Hurtado González: Con mucho gusto, diputada Aleida. Con todo gusto doy respuesta a la diputada Verónica Juárez Piña. La propuesta un poco con relación al asunto de los municipios es en el sentido que nosotros tengamos presente que el 115 constitucional da atribuciones a todos los municipios por parejos, sin tomar en cuenta cuestiones presupuestales, poblacionales o capacidades institucionales.
Nada más quiero mencionar que de los 2 mil 457 municipios que hay en México, 961 son indígenas, 417 se encuentran en las 74 zonas metropolitanas y mil 79 son no metropolitanos. Esos que están, los 417 en las zonas metropolitanas concentran las dos terceras partes de la población y el 74 por ciento del producto interno bruto y es donde se presenta la mayor incidencia criminal.
Entonces, dado que no todos los municipios son iguales, porque no es lo mismo el municipio de Santa Magdalena, en Oaxaca, con 102 habitantes, que el municipio de Ecatepec, con millón 800 mil habitantes, la propuesta es la siguiente, distinguiendo también los diferentes conceptos y excepciones de seguridad. Seguridad humana y seguridad preventiva sería competencia de todos los órdenes de gobierno, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 1o. constitucional.
La seguridad preventiva y/o seguridad ciudadana, también igualmente estaría a cargo de todos los municipios, ya fueran indígenas, metropolitanos y no metropolitanos.
La seguridad pública, que es muy diferente, sí, y no está aclarado ni diferenciado, sería una facultad exclusiva de la megalópolis, que es nada más una, y el día 18 se acaba de firmar un convenio, el mes pasado, entre el estado de México y la Ciudad de México, que a mí me parece que va a traer como consecuencia que las detenciones que se hagan van a ser nulas de pleno derecho por el asunto aquel de que no es autoridad competente aquella que lo haga.
Entonces, la seguridad pública debe ser facultad exclusiva de una Policía metropolitana, la megalópolis, de las policías metropolitanas que se crean en 12 zonas metropolitanas, de más de un millón de habitantes, y de las 23 zonas metropolitanas de más de 500 mil habitantes, siempre y cuando acrediten capacidades institucionales.
En las 38 zonas metropolitanas, entre 100 mil y 500 mil habitantes, la seguridad pública estaría a cargo de los gobiernos estatales, no pueden darla a las policías, los municipios. Hay 651 municipios que no tienen policía y hay mil 400 municipios que tienen policías con menos de 50 elementos. Esos municipios, quien les debe dar la seguridad pública son los gobiernos estatales.
Entonces, en el caso del Ejército, la Fuerza Área y la Marina deben de defender la seguridad nacional, como ya lo dije, y la seguridad interior. Y si se crea la Guardia Nacional, pues esa Guardia Nacional debería de conocer asuntos de defensa nacional y de defensa interior. Como está planteado actualmente en el dictamen no me parece que sea adecuado. Gracias.
El moderador diputado Felipe Fernando Macías Olvera: Ahora cedemos el uso de la voz a la señora Patricia Olamendi.
La ciudadana Patricia Olamendi Torres: Muchas gracias. Gracias, diputada Juárez por preguntarme, lo que me da la oportunidad también de contestar para alusiones personales al diputado Hidalgo.
¿A qué me refiero? Y creo que no escuchas toda la ponencia. Yo hablo de la importancia de utilizar precisamente el enfoque de seguridad humana porque eso le posibilita al Estado tener otras herramientas y el reconocimiento de actores no tradicionales que generan conflicto. Y por lo tanto, al posibilitarte eso, lo que sí es clave es poner en el centro de esta estrategia a las personas y su seguridad.
Entonces, me parece que eso le amplía mucho el panorama al propio Congreso cuando plantea las respuestas para los temas de seguridad y justicia.
Incluso, voy más allá y pido que se tomen en cuenta acuerdos y resoluciones internacionales del propio Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que también le da al Estado otros instrumentos como la 1325 o la 1820, específicamente para ver lo relativo de la situación de las mujeres en contextos de conflicto y la Resolución 30 de Cedaw, que también te posibilita y reconoce las afectaciones a la seguridad humana en el caso de las mujeres.
Así que no queremos el pasado, odiamos el pasado. Hemos vivido una pesadilla en México. Pero precisamente por eso necesitamos que las reformas legales y la política pública que se instrumente reconozca estas violaciones cometidas en el pasado y establezca mecanismos de garantía de no repetición.
No queremos más casos en la Corte Interamericana. No queremos más relatorías de la Comisión de Derechos Humanos. No queremos que las mujeres vivan esta impunidad.
Mi pregunta también tiene que ser, okey, ¿para hacer lo que están planteando, en realidad se requiere la reforma constitucional? Yo creo que no si utilizamos todas estas herramientas.
El otro problema es la impunidad, y aquí voy con lo que me pregunta la diputada, ¿por qué hablo de que las mujeres hemos quedado como botín de guerra? Porque lamentablemente, en los territorios donde se ha establecido el crimen organizado su control, y luego la llegada del Ejército, el número de violencias cometidas contra las mujeres ha crecido brutalmente y están, incluso, los estudios llevados a cabo por la CNDH y por otras instancias. Es decir, nuevos fenómenos de violencia contra las mujeres y se han mantenido en impunidad. Entonces, hemos quedado en los dos juegos. Esta es una realidad.
A eso se suma la impunidad. Y yo pregunté también, ¿esto nos resuelve el problema de impunidad? No. Es una partecita. Porque tenemos a los mismos agentes del Ministerio Público, a los mismos jueces, el mismo número queriendo resolver un volumen delictivo que no tenemos capacidad.
Entonces, la impunidad se tiene que ver con el Poder Judicial y tiene que ver con las respuestas de las fiscalías y los ministerios públicos.
Y ahí queremos que ustedes también se meta esta estrategia para dejar claro hasta dónde. Pongo solo un ejemplo, un ejemplo y por eso insisto en una perspectiva de género, porque nos gana, nos gana una visión en mucha medida que elimina, que nos invisibiliza a las mujeres.
En este país no hay un solo juzgado especializado para atender violencia contra las mujeres, uno solo. Cuando en América latina es una tendencia, cuando en Europa es normal.
Entonces, esta es la situación y a eso me refiero. Muchas gracias y en verdad, felicitaciones por este esfuerzo.
La diputada Aleida Alavez Ruiz: Muchas gracias, Patricia Olamendi.
La diputada Aleida Alavez Ruiz: Ahora la palabra a Fernando Ríos, por favor, por tres minutos.
El ciudadano Fernando Ríos Martínez: Sí, muchas gracias por la pregunta a la diputada Verónica Juárez.
Creo que las consecuencias las hemos visto, las consecuencias que se pueden dar. Es decir, la primera sería un gran deterioro del país, como ha venido pasando y como Paty también ha señalado.
Las instancias internacionales están basadas en evidencias y en casos. No son ocurrencias ni son improvisaciones. Sabemos que además de la opacidad que existe en la información hay evidencias que no son completas pero que sí muestran, por un lado, el grado de impunidad. Por un lado, esto que señalaba el centro Pro abatir la impunidad. Los índices tan altos que se demostraron en letalidad perfecta y otros más. Y entonces, esto nos pone en una coyuntura muy especial de hacer caso a las instancias.
Señalaban que cuáles organismos y cuáles procedimientos. El Comité de Derechos Humanos, el Comité contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas y Degradantes, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, ejecuciones extrajudiciales, etcétera. Una larga lista que Jan Jarab, representante de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU señaló aquí mismo que esto es violatorio. Así como está ahora en el dictamen es violatorio.
Entonces, es muy importante avanzar sustantivamente en contra de la desmilitarización del país. En el actual dictamen hay una ambigüedad muy fuerte, es un sistema híbrido, se ha señalado, pero el presupuesto, la capacitación y la doctrina están bajo la Secretaría de la Defensa Nacional, lo cual es una tarea ir aclarando precisamente para que no se dé pie a esta ambigüedad.
Por otro lado, se ha señalado cuales serían las consecuencias. Estas organizaciones internacionales con sus señalamientos, también el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Tendríamos que decir que es un derecho vigente y es vinculante.
En ese sentido, las propuestas aquí señaladas son inconvencionales, ya señalado por diferentes actores. Esto mismo va a estar en el corazón de la Constitución, va a estar siendo atacado y, en tanto, es necesario ir terminando con este paradigma militar. Gracias.
El moderador diputado Felipe Fernando Macías Olvera: Muchas gracias a Fernando Ríos.
El moderador diputado Felipe Fernando Macías Olvera: Ahora cedemos el uso de la voz a Tania Luna.
La ciudadana Tania Luna: Muchas gracias, diputado. Simplemente complementar lo que ya dijeron la doctora Paty Olamendi y Fernando respecto a la pregunta de la diputada Juárez.
Quiero solamente hacer un énfasis. En ningún momento creo que en todo este ejercicio se ha buscado descalificar o denigrar a ninguna institución. Pero, insisto, tan no es verdad que la crisis de seguridad e impunidad es culpa de las policías, porque también se ha dicho mucho, como que ninguna otra autoridad o fuerza del Estado está exenta de cometer faltas, y esto incluye a las Fuerzas Armadas. Entonces, esto es solo para dimensionar el tema que nos ocupa y ver cómo corregir.
Tampoco puede ser consuelo que en otras dependencias se comentan violaciones a derechos humanos y, por lo tanto, quedarnos con esa realidad. Entonces, ni lo uno ni lo otro. Vamos mejorando todo lo que tiene que ver con Fuerzas Armadas y seguridad.
Aquí el punto en el que también quisiera insistir es en no desnaturalizar instituciones. Las funciones de seguridad pública le corresponden a las policías como premisa básica y democrática, respetuosa del Estado de derecho. Y nadie dice que no pueden intervenir las Fuerzas Armadas, están claramente establecidos los criterios a nivel internacional. México es parte de estos tratados, tanto en la región de Latinoamérica como en el Sistema de Naciones Unidas.
Entonces, si se respetan esos criterios de excepcionalidad, proporcionalidad, supervisión, controles con instituciones civiles y mecanismos de fiscalización y de uso de la fuerza, perfectamente estas Fuerzas Armadas pueden intervenir, como de hecho ya se ha realizado. Simplemente hay que mejorar esos mecanismos.
Y Justo, yo lo comentaba a Fernando que sí, las consecuencias para México, como ya las hemos tenido antes en casos que se han litigado ante la Corte Interamericana ahí están. Es derecho vigente, es derecho vinculante para nuestro país.
La Comisión que hace revisiones in situ, seguimiento a las denuncias que haga un país sobre la problemática o crisis de derechos humanos que se esté viviendo, realiza sus relatorías y de ahí puede escalar a una denuncia ante la Corte Interamericana, en donde ya hemos sido sujetos de sanciones y recomendaciones.
Entonces, nos resta mucho prestigio no solo en materia de derechos humanos sino en costo de vida y de comisión de estas conductas delictivas tener y estar constantemente revisando estas situaciones.
Insisto nada más en que como vaya a diseñarse el modelo definitivamente me parece que no tendría que ser trastocando la Constitución, el sistema federal.
Es positivo escuchar el mensaje de que puede ser la Guardia Nacional, estar adscrita a una autoridad civil, con controles y demás, pero es muy importante no masificar el combate a la criminalidad.
Se tiene que hacer un análisis de política criminal diferenciado, es distinta la criminalidad que se vive en un municipio, en una comunidad rural, a la que se vive en un entorno urbano, como ya se ha mencionado acá, lo mismo que a nivel municipal, que estatal y que federal.
Entonces, hasta que tengamos también claridad en eso, me parece, lo siguiente es crear estas instituciones de guardias civiles. A todos nos importa el tema, a todos nos parece de vital urgencia, simplemente no nos vayamos a equivocar. Muchísimas gracias.
La moderadora diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias.
La moderadora diputada Aleida Alavez Ruiz: Ahora, por favor, el turno a Javier Oliva.
El ciudadano Javier Oliva Posada: Muchas gracias. Son cuatro preguntas las que tengo. Primero quiero expresarles que personalmente me siento muy distinguido haber estado en esta mesa de trabajo, que me parece fundamental para guiar nuestros criterios.
Me parece que todos los que hemos vertido nuestras ideas, nuestros planteamientos, enriquece la práctica del debate, que es lo fundamental, dejar las consignas a un lado y debatir con argumentos.
Me parece que en ese sentido la mesa ha sido verdaderamente ejemplar y yo me voy muy contento. Este tiempo espero que me lo descuenten de lo que iba a responder, verdad.
Paso primero a lo que me preguntaba la diputada Juárez, hace un momento, sobre los roles de seguridad pública. Fíjese, diputada, hace menos de seis meses el presidente Macron, reformó la Constitución francesa para permitir que las tropas especiales, las fuerzas especiales, patrullaran los lugares de mucha asistencia por turísticos, el metro.
Es decir, a mí me parece que tenemos que elevar un poco el nivel en el contexto en el que estamos analizando lo de la Guardia Nacional, ¿qué está pasando en otras partes del mundo? No quiero decir que porque sea una tendencia nosotros la tengamos que adoptar. Pero insisto, tampoco seamos insulares.
Recordemos que el nombre de México, como dice Gutierre Tibón, en su famosísimo libro Historia del nombre de México, es el ombligo de la luna. Entonces, me parece que a veces tenemos una visión insular de lo que está pasando en otras partes del mundo.
En Brasil el Ejército de tierra se encargó, de mediados de junio hasta el último día de diciembre del año pasado, de la seguridad pública en Río de Janeiro y del estado de Río de Janeiro. Entonces, lo mismo ocurrió en Argentina, que se reactivó la Ley de Seguridad Interior. En El Salvador, hasta los soldados han tenido que manejar las rutas o los camiones de transporte público ante las amenazas del crimen organizado, en este caso el pandillerismo, conocido como Las maras. Entonces, vemos que ahí hay una diversificación de la agenda militar.
Por lo que hace a las preguntas que me hizo el diputado Moreira. México tiene 5 millones de kilómetros cuadrados que tutelar, 3 de mar y 2 de tierra. En esa proporción las Fuerzas Armadas de México son verdaderamente pequeñas y si además la ecuación la contrastamos con el número de habitantes, evidentemente en los estudios internacionales estamos muy por abajo del promedio que se requiere para el resguardo, solo de la soberanía y de la seguridad exterior.
Ahora fíjense, ¿por qué estamos aquí reunidos? Porque la autoridad civil les está pidiendo a los militares que intervengan, ellos no han levantado la mano para intervenir, eh. En todos los casos han sido las autoridades civiles con sus improvisaciones, y no es cierto que comenzó con Calderón. Esto comenzó con Ernesto Zedillo, desde con Ernesto Zedillo estamos en una pendiente de improvisaciones de la autoridad civil en materia de seguridad pública.
Entonces, ¿qué es lo que nos tiene aquí también? El acoso del crimen organizado sobre el Estado, la criminalidad común, el asalto en transporte urbano, el asalto a negocio. Ya se apuntaba muy bien hace un momento en una de las intervenciones.
Entonces, ¿por qué se le llama a las Fuerzas Armadas para que intervengan en labores policiacas? Por la axiología, por sus valores. Díganme, una encuesta pública o privada donde las Fuerzas Armadas no estén en el primer lugar de aceptación de la población, no hay ninguna, sea incluso la que acaban de hacer aquí en la Cámara de Diputados, en el Centro de Estudios de Opinión, están en primer lugar.
Entonces, si me parece que es muy importante que nosotros, cuando hablamos de militarizar. Militarizar es llevar las prácticas, la definición correcta de militarizar es llevar las prácticas del cuartel a las prácticas ciudadanas comunes, y eso no pasa en México. Es más propagandístico que efectivo cuando se habla de ese término.
Entonces sí me parece que aquí es muy importante establecer las conceptualizaciones. No confundir seguridad pública con seguridad interior, con seguridad humana, porque todas tienen un bien a tutelar. Yo ya con esto cierro.
Muchísimas gracias por esta oportunidad. Gracias a la invitación de la diputada Martha Tagle que me hizo el favor de facilitar mi presencia en esta mesa. Espero que no se hayan arrepentido, por supuesto. Muchas gracias.
El moderador diputado Felipe Fernando Macías Olvera: Muchas gracias, señor Javier Oliva.
El moderador diputado Felipe Fernando Macías Olvera: Nuestro último participante de esta ronda. Le cedemos el uso de la voz al señor Conrado López.
El ciudadano Conrado López Hernández: Gracias. Para tratar de dar respuesta a la pregunta de la compañera, la diputada Julieta Macías, en el sentido de que si tres meses serán suficientes para capacitar a los nuevos elementos de la Guardia Nacional.
Aquí lo que yo entiendo es que como lo dijo el señor secretario de Seguridad Pública el día de ayer, que se van a retomar los parámetros de actuación en materia de capacitación que se tienen actualmente en las Fuerzas Armadas.
En las Fuerzas Armadas no se requiere de un año para ser soldado como la compañera lo considera. El curso básico individual es de ocho semanas. En mis tiempos, como decimos los adultos, era de cuatro meses. Ahorita lo redujeron a dos meses copiándoles a los gringos, porque el curso básico de un soldado norteamericano lo hacen en ocho semanas.
Debe ser curso básico. Esto es la capacitación general, después viene la capacitación de especialización del soldado para encuadrarse a su actividad en su unidad básica de combate que es un pelotón y ya atendiendo su función y como soldado de primera o como parte de una escuadra, ya se le imparte la capacitación de especialización que es de un mes o cuatro semanas más.
Yo creo que en esto se están basando estos parámetros de capacitación básica y la capacitación debe ser permanente. El elemento de la Guardia Nacional debe estar en capacitación permanente porque esta nueva institución, como bien lo dicen los compañeros ponentes, es de nueva creación y tenemos que prepararla y tratar de capacitarla al máximo.
No es la solución completa al problema de inseguridad que tenemos, se tienen que incrementar políticas públicas en todas las demás materias. Esta solamente va a ser parte de los mecanismos que el gobierno de la República adopte para la pacificación del país y para abatir el problema de inseguridad pública. Es cuanto.
La moderadora diputada Aleida Alavez Ruiz: Muchas gracias.
La moderadora diputada Aleida Alavez Ruiz: Aquí me comenta la diputada Verónica Juárez que también le hizo una pregunta a la representante de Amnistía Internacional, si nos hace el favor.
La ciudadana Tania Reneaum Panszi: Muchas gracias. No quiero repetir lo que ya dijeron mis colegas anteriormente. Nada más hacer énfasis en que las consecuencias son políticas para el Estado mexicano de no atacar una sentencia como el caso Alvarado, por ejemplo. Son consecuencias políticas que el Estado no termina de romper con una brecha entre la norma y la realidad.
Pero más allá de esa consecuencia, hay que pensar en que toda esta construcción del derecho en el sistema interamericano de derechos humanos se ha hecho a partir de los dolores más profundos en la región de víctimas que no han encontrado justicia en sus países, y que han tenido que acudir a una instancia internacional.
Finalmente, yo nada más les invitaría a reflexionar si ustedes creen que en este sexenio no se tendrá otro Tlatlaya, otro Ayotzinapa, otro Palmarito, porque es ahí, en esa corresponsabilidad está el costo político, de aprobar esto. Muchas gracias.
La moderadora diputada Aleida Alavez Ruiz: Muchas gracias. Con la representante de Amnistía Internacional cerramos la parte de las preguntas, por lo tanto, también el ejercicio de estas audiencias públicas en donde se recabaron todas estas opiniones con respecto a la Guardia Nacional.
En el caso de hoy el tema, de Seguridad humana, que aquí nos han enriquecido con sus comentarios con respecto a tener muy claro la diferenciación de estos conceptos, las competencias de todo lo que implica la seguridad pública, la seguridad interior, pero sobre todo creo que esto es lo que nos tienen que enmarcar en una estrategia como país, pues es la seguridad humana. De ahí que nosotros retomaremos cada una de estas participaciones.
La relatoría va a estar en disposición de todos ustedes. Están trabajando en eso todos nuestros compañeros del cuerpo legislativo de asesores y yo quiero resaltar que en estos casos si estamos conscientes de que lo que nos tiene que englobar en una estrategia es la seguridad humana, pues necesitamos tener muy en claro todo lo que ustedes aquí nos vinieron a aportar con respecto a las facultades, las funciones de las policías en los diferentes ámbitos de competencia municipal, estatal o nacional.
Esto también nos trae a colación una discusión sobre el 115 constitucional y la competencia o no de la seguridad para los municipios, por lo que implica también la población de los mismos y las diferentes formas que han tenido de enfrentar un problema de inseguridad de diferente índole.
Bueno, pues aquí se hacen muchos comentarios con respecto a si la Guardia Nacional es necesaria o no, si es necesaria o no una reforma constitucional, ya que el mando es civil, cómo la percepción del Ejército ha bajado a partir de su participación precisamente en tareas de seguridad, y que necesitamos tener muy claro que, si hay agresiones sufridas para mujeres y niñas y trata en este sentido, pues ha sido precisamente con la intervención de cuerpos militares.
Por eso el impedir una estrategia sin visión de género va a ser sustancial, además de la garantía de la no repetición, de la necesidad imperiosa de la capacitación y el manejo de la información de los policías locales y metropolitanos, el que tengamos también muy claro que el sistema de justicia penal está en su proceso de consolidación y se tiene que retomar la estrategia de la Guardia Nacional en este sentido. Tener muy claro que este proceso está en consolidación.
El universo de delitos es del fuero común, la investigación a la Guardia Nacional es algo que se ha venido tocando en todas estas mesas y tendremos que replantearlo en cuanto al dictamen, los códigos de ética, las prestaciones, los beneficios que tenga también la Guardia Nacional, tenerlo muy claro, quizás no en la reforma constitucional pero sí en las leyes secundarias.
El diálogo con las víctimas. Hemos intentado ser un parlamento abierto, que todas las voces se escuchen, que quien se acerque a hacer un comentario lo pueda hacer, y bueno, en esa dinámica seguiremos porque sí estamos dispuestos a una cuarta transformación.
Un plan de retiro paulatino de las Fuerzas Armadas en nuestras calles, en el territorio, también tendrá que considerarse en toda esta estrategia. Los controles, las evaluaciones, que el adoctrinamiento y la disciplina no sean con códigos de guerra, sino que estos tengan más bien un avistamiento para la detención.
Construir un nuevo paradigma en este país. Eso es lo que se está intentando con la Guardia Nacional. El acotamiento del fuero militar también tendrá que ser revisado en estos dictámenes. Un plan para el repliegue de las Fuerzas Armadas, y bueno, a la mejor se me escapan algunas de las ideas principales de lo que ustedes aquí nos vinieron a comentar, pero insisto, están las relatorías, las vamos a tomar en consideración, y agradezco a todos y cada uno de los participantes el haberse dado el tiempo que no es un tiempo que se va a desperdiciar, porque esto va a ser parte de nuestro análisis y dictamen en este próximo periodo extraordinario.
Y la iniciativa de todos los grupos parlamentarios a que este diálogo se abriera, a que se hiciera una revisión puntual del contenido del mismo, y bueno, creo que en todo abonamos quienes estamos hoy aquí presentes. Muchísimas gracias, y quiero darle la palabra al diputado Mario Delgado, además de coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, presidente de la Junta de Coordinación Política, para clausurar esta serie de audiencias públicas que tuvimos aquí en la Cámara de Diputados con el acompañamiento también de la Cámara de Senadores. Por favor, diputado Mario Delgado.
El presidente diputado Mario Delgado Carrillo: Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, quisiera pedirle al diputado Juan Carlos Romero Hicks también que nos diga, miembro de la Junta de Coordinación Política, que nos pudiera dirigir unas palabras antes de cerrar este evento, y senador Dante, no sé si quisiera hacer uso de la palabra, el diputado Rubén Moreira que viene en representación del diputado René Juárez. Adelante.
El diputado Juan Carlos Romero Hicks: Muchas gracias a todos y a todas por participar. México es un país herido y no podemos declinar a construir sueños de futuro. Esta convocatoria que adopta la Junta de Coordinación Política en parlamento abierto, se tiene que convertir en un método ordinario.
Ejemplo. Si se va a hacer una reforma constitucional tenemos que reivindicar el concepto del constituyente permanente, eso implica ambas Cámaras del Congreso de la Unión, los congresos locales. Necesitamos diseñar un sistema de congreso mexicano.
Lo mismo cuando ocurra la revisión de una ley general, porque la práctica ha sido que la Cámara de origen hace una primera exploración, pero no hay una forma de involucramiento activa en ocasiones de la Cámara revisora; y generalmente cuando llega a los congresos locales la discusión se considera como concluida.
Este país necesita escucharse así mismo, necesitamos que se exprese el alma y el corazón, nadie es el dueño de la verdad. Necesitamos escuchar los 360 grados de cada uno de los temas de este país que es nuestro y que es de todos. Ha sido una discusión muy rica y el reto va a ser reflejarlo en dictamen y en discusión en su momento.
Deseo reconocer la presencia de muchos compañeros del Senado de la República que estuvieron pacientemente también participando y, sobre todo, a una sociedad que está ansiosa de mejores resultados, porque todo esto pasa por conceptos que hemos escuchado: ciudadanía, comunidad, la construcción de instituciones democráticas y que al final tengamos mejores condiciones de bien ser y de bienestar.
No tenemos derecho a fallar; y cuando uno escucha y cuando logra la empatía y se mete en la piel del ciudadano, las perspectivas y las construcciones se hacen diferentes. Necesitamos construir, construir a partir de las coincidencias y el respeto de las diferencias. La pluralidad es una divisa, no un mal tolerado. México es nuestro, y ese México necesita que todos nosotros hagamos el mejor esfuerzo.
Nuestra gratitud a todos los que han sido parte activa de este proceso que no concluye, porque no puede haber conclusiones; si alguien dice que tiene conclusiones es como si hubiera detenido el pensamiento. México es maravilloso, es diverso y necesitamos fortalecerlo. Muchas gracias a todos.
El presidente diputado Mario Delgado Carrillo: El diputado Rubén Moreira.
El diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez: De nueva cuenta, buenas tardes a todos. Creo que el país vive un momento trascendental en el programa de acción del hoy presidente de la República, una parte central es la seguridad. Pero también en el de todos nosotros, en la propuesta que le hicimos a los ciudadanos los 500 diputados que hoy cuenta el Congreso y los senadores allá en la otra Cámara, todos en algún momento hablamos de seguridad, nos comprometimos con la seguridad y recibimos muchísimas propuestas en esa materia y muchísimos reclamos.
El país es muy diverso, los municipios son muy distintos unos entre otros, las entidades federativas guardan disparidades; creo que es muy importante darles una respuesta a las y los mexicanos.
Y en este momento estamos discutiendo la Guardia Nacional, pero hay muchas otras cosas que sacar adelante, muchas otras leyes reglamentarias, muchos otros temas que discutir, y espero que sea así. Normalmente la opinión pública confunde el trabajo de la Cámara en lo que sucede en el pleno y a veces hasta se mide por las asistencias o por quien sube a la tribuna, pero la Cámara es mucho más que eso y el ejercicio parlamentario es mucho más que eso, y una parte está dándose acá y entonces agradezco yo mucho en nombre de mi partido y de todos los diputados, a las decenas de ciudadanos que representan organizaciones o que por sí mismos nos acompañaron estos días desde allá, desde el martes Ha sido bien importante para nosotros. Habrá que traducir todo esto.
Confío en la destreza de quienes están allá en la Junta de Coordinación Política para buscar un mecanismo de integración de todo esto de aquí al miércoles. Agradezco al grupo mayoritario el que también la propuesta del PRI de abrir este espacio y de posponer de diciembre para acá, se haya dado y reconozco en Mario la facilidad que nos ha dado a todos nosotros para participar y la puntualidad en lo que se ha aquí avanzado.
A nuestros compañeros senadores que han estado acá todos los días, bienvenidos aquí a la Cámara, y a quienes hoy hemos estado aquí como diputados y en los días pasados, creo que vamos haciéndonos idea de lo que hay que trabajar acá. Muchas gracias a todos y buen fin de semana.
El presidente diputado Mario Delgado Carrillo: Gracias.
El presidente diputado Mario Delgado Carrillo: El diputado Iván Pérez Negrón, del Partido Encuentro Social.
El diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz: Muchas gracias, diputado presidente. Simple y sencillamente para establecer a nombre del diputado Fernando Manzanilla, coordinador del Grupo Parlamentario, que cuando decidimos conformar esta coalición que trascendió el tema electoral para constituirse en una coalición legislativa, lo hicimos con el pleno convencimiento de buscar nuevos instrumentos, nuevos métodos y acompañar de manera decidida la propuesta de construcción de ese nuevo pacto social.
Hoy es un tema importante el que se ha tocado, pero constituye solamente una parte para la construcción de un modelo de bienestar y movilidad social que verdaderamente revierta los niveles de inseguridad sobre la base de mayores empleos, oportunidades para nuestros jóvenes y recuperar y sacar del olvido a los sectores prioritarios de la sociedad, que fueron olvidados y que no encontraron finalmente una forma de elevar su calidad de vida.
Vamos a seguir trabajando de la mano del presidente Obrador, a quien sin duda acompañaremos en las iniciativas con un sentido de gran responsabilidad y privilegiando siempre la recuperación de los valores y la presencia fundamental de la familia como el núcleo más importante para garantizar la cohesión social. Muchísimas gracias y a nombre del Grupo Parlamentario de Encuentro Social agradecemos todas las oportunidades de escuchar y discutir este tema que será de gran trascendencia para la cuarta transformación, que realmente ya exige este país. Muchas gracias y muy buena tarde.
El presidente diputado Mario Delgado Carrillo: Muchas gracias.
El presidente diputado Mario Delgado Carrillo: La diputada Verónica Juárez.
La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: Gracias. En principio exteriorizar a nombre del Partido de la Revolución Democrática nuestro reconocimiento por este tipo de ejercicios, que sin lugar a dudas enriquecen el debate, y a las y los legisladores por supuesto, que nos dan muchos más elementos para poder tomar definiciones.
Desde el PRD decimos que no tenemos que trabajar si no es al lado de las organizaciones de la sociedad civil, de quienes hacen un trabajo de manera permanente, de quienes tienen experiencia y evidencia y muchas cosas que nos pueden ayudar a contribuir a tener resultados finales que beneficien a las mexicanas y a los mexicanos.
Sin lugar a dudas decían ayer que es tiempo de la política, hay que hacer mucha política y por eso reconozco nuevamente a quienes integran la Junta de Coordinación Política por este tipo de ejercicios.
Tendremos días muy intensos, los próximos días serán de mucho trabajo, de mucha concertación, de mucha construcción, de mucho diálogo y nosotros esperamos que sea de mucha inclusión y de muchos cambios en el dictamen. Muchas gracias a todas y a todos.
El presidente diputado Mario Delgado Carrillo: Muchas gracias.
El presidente diputado Mario Delgado Carrillo: Bueno, pues yo también agradecer a mis compañeros de la Junta de Coordinación Política, a todos y a todas quienes nos acompañaron, que vinieron de manera honesta a plantear su punto de vista, a aportar a este debate tan importante para nuestro país, que finalmente confiaron en la Cámara de Diputados, en un ejercicio que normalmente no tiene eco en el resultado del proceso legislativo y estamos viviendo tiempos inéditos en nuestro país, y eso implica que este proceso de audiencias públicas tenga –ahora nos deja un reto a partir de hoy– como aprovechar esta información, estas aportaciones, que se verán reflejadas en el dictamen y construyamos la mejor institución posible.
Gracias a todos los ponentes que nos visitaron. Gracias también a nuestros compañeros y compañeras senadoras y senadores que estuvieron en estos días con nosotros, a todos los diputados miembros de estas comisiones y, en general, de todas las fracciones parlamentarias.
Estas audiencias cuando se plantearon por parte de la Junta de Coordinación Política tenían como objetivo mejorar el dictamen, escuchar a todos los actores involucrados y mejorar lo que teníamos. Tenemos ahora el reto de que eso efectivamente suceda.
Déjenme darles algunos números de qué ocurrió en estos días. Las audiencias públicas se realizaron del 8 al 12 de enero, 10 en total. Abordamos los temas Seguridad Ciudadanía en los Estados; Federalismo y Guardia Nacional; Estrategias Municipales para la Seguridad; Los Municipios ante la Problemática de la Inseguridad; Derechos Humanos y Guardia Nacional; Seguridad Humana y Guardia Nacional; Seguridad, Construcción de la Paz y Guardia Nacional; La Seguridad y la Guardia Nacional; Seguridad Humana y Guardia Nacional.
Y además se proyectó el documental Hasta los Dientes, con la presencia del actor Diego Luna y también víctimas de la violencia, a iniciativa de la diputada Martha Tagle.
Participaron 13 gobernadores, 15 presidentes municipales, 3 secretarios de Estado, el encargado de la Procuraduría General de la República. Por primera vez estuvo en la Cámara de Diputados el secretario de la Defensa, y el secretario de la Marina. Estuvo también el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; el representante en México de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU; la representante en México de ONU Mujeres; la representante de Amnistía Internacional. Más de 45 académicos, especialistas, activistas, representantes de organismos empresariales y representantes de organizaciones de la sociedad civil. No pusimos límite, prácticamente quien quiso venir estuvo aquí con nosotros.
Hicieron uso de la palabra más de 150 legisladores federales y llevamos más de 37 horas de trabajo continuo. Las audiencias se transmitieron en vivo por el Canal del Congreso, vía internet y en el circuito cerrado de la Cámara de Diputados. Para ser testigos aquí adentro de las instalaciones de la Cámara de Diputados abrimos un micrositio donde se registraron más de mil 300 personas.
Tenemos el equipo que estuvo haciendo las relatorías, que van a ser puestas en internet junto con las versiones estenográficas. Preparó un documento a manera de conclusiones que quisiera dar lectura, por supuesto, preliminares y cada quien tomará lo que mejor le agrade.
1. Un consenso expresado en todas las audiencias públicas es la imperiosa necesidad de atender el grave problema de inseguridad que padece nuestro país, así como la responsabilidad de los tres niveles de gobierno, federación, estados y municipios, y de las instituciones de seguridad y de procuración de justicia de coordinarse para atender esta urgente demanda social;
2. Se coincidió en señalar que, ante esta grave situación, el retiro de las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad que realizan a lo largo del territorio nacional dejaría en indefensión a la población, pero que la participación de miembros de estas instituciones, en funciones de seguridad, no pueden seguir como hasta ahora.
3. Se expresó un reconocimiento generalizado a las Fuerzas Armadas por su trabajo, patriotismo, institucionalidad y lealtad a la República y a las instituciones del Estado mexicano.
Número 4. Después de numerosas exposiciones en las que se expresaron aciertos, dudas, riesgos o abierta oposición o rechazo a diversos aspectos contenidos en el dictamen de reforma constitucional en materia de Guardia Nacional, se concluye que dicho dictamen no debe ser aprobado en los términos que fue publicado y que de acuerdo al proceso legislativo que corresponde, debe ser modificado para que exprese con claridad los siguientes aspectos.
Que el mando de la Guardia Nacional debe ser de carácter civil.
Que se delimiten y respeten claramente las competencias del ámbito federal, estatal y municipal en materia de seguridad pública.
Que se establezca con precisión una ruta de fortalecimiento de las policías, así como de los mecanismos de coordinación entre estas y las instancias de procuración de justicia.
Que se fortalezcan los mecanismos de control jurisdiccional y legislativo de la Guardia Nacional.
5. Se expresaron diversas opiniones que manifestaron la necesidad y conveniencia de avanzar en la elaboración del paquete de leyes secundarias, que derivará de la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional, como son la Ley de Uso de la Fuerza, la Ley del Registro de Detenidos y la Ley Orgánica de la Guardia Nacional.
Esas serían unas conclusiones generales. En el sitio de la Cámara de Diputados se encuentra la información sobre la convocatoria, la mecánica de trabajo, la iniciativa Reforma Constitucional, el dictamen aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales.
También se puede acceder a una relatoría por mesa y a las versiones estenográficas de cada intervención, así como a los documentos que fueron entregados por diversos actores públicos, privados y sociales, para nutrir el dictamen de reforma la Constitución en materia de Guardia Nacional.
Además, están las notas de prensa, boletines, galería fotográfica, entre otros documentos de interés y partes de esta relatoría o como lo disponga la Comisión de Puntos Constitucionales. Tal como nos comprometimos, les vamos a solicitar que sean parte del dictamen integral de la reforma constitucional que estamos tratando.
Creo que estas audiencias han sido un éxito, sobre todo porque tuvimos un espacio adicional para la reflexión. Es un debate sin duda complejo, pero ahora el llamado es a tener una reflexión honesta, sin prejuicios, donde seamos capaces de tener un balance entre lo que vive nuestro país, las necesidades que tenemos y lo deseable, entre lo que nos impone la realidad, entre lo deseable y lo posible, entre la urgencia y la necesidad y lo que quisiéramos en un mundo ideal, porque desafortunadamente en esta materia el no aportar nada, el no presentar opciones que se puedan llevar a la práctica como política pública, de alguna manera estamos avalando el estado actual de las cosas y ese es el peor de los escenarios, porque en nuestro país todos los días aumentan las desapariciones, las extorsiones, los muertos y la violencia, según las estadísticas.
Entonces, el no proponer, el no avanzar, en pedir más tiempos y que tengamos una ruta clara de conclusión, de movernos hacia adelante, pues de alguna manera estamos avalando esto y ahí sí no podemos ser omisos.
Entonces, cómo tomamos las lecciones del pasado, que también sin duda no las podemos ignorar y las aprovechemos para darnos una oportunidad hacia el futuro. Muchas veces en estas discusiones perdimos de vista que lo que se planteó es crear una nueva institución, no extender el estado actual de las cosas.
Una institución inédita y por eso tenemos la oportunidad en esta nueva institución de crearla, para responder a lo que nuestro país necesita y asegurarnos que no se repitan los errores del pasado. Ese es el gran reto que tenemos enfrente.
Toca ahora también decir, hay causas que están muy organizadas ya en la sociedad civil. Y qué bueno, porque eso nos permite balances importantes. Pero también hay millones de voces que reclaman seguridad y que quieren vivir en paz, que no están representadas en alguna organización social y civil. Y ese balance, ese equilibrio nos corresponde a nosotros.
Los errores del pasado no deben ser un límite para que avancemos hacia el futuro. Ahí está el tamaño del reto.
Decirles que, como lo dijo aquí el diputado Rubén Moreira, ahora tenemos enfrente el reto de presentar reservas al pleno el próximo miércoles en la discusión de esta reforma constitucional, mismas que vamos a tratar de consensar con las distintas fuerzas políticas. Otra vez, con la mejor disposición, con la mejor voluntad de que hagamos la mejor institución posible.
Estoy a las órdenes de los coordinadores parlamentarios. Ya he contactado, tendremos una reunión el próximo lunes para hacer propuestas de redacción, donde podamos verter las conclusiones o las aportaciones que hemos tenido en las audiencias públicas en el dictamen. Es voluntad del Grupo Parlamentario de Morena, del PES, del PT, la coalición mayoritaria. Pero también es voluntad expresa del gobierno de la República, de darle un voto de confianza a la Cámara de Diputados en la construcción de esta institución, la Guardia Nacional, para poder terminar de una vez por todas con la estrategia de la guerra y empezamos entre todos a construir la paz en nuestro país. Muchísimas gracias.
El presidente diputado Mario Delgado Carrillo: Vamos a clausurar. Siendo las 16 horas con 25 minutos del día 12 de enero del 2019, declaro formalmente clausuradas las audiencias públicas de análisis de la reforma en materia de Guardia Nacional. Muchas gracias.
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