Minuto de silencio por el fallecimiento de exrector Guillermo Soberón Acevedo
Minuto de silencio por el fallecimiento del líder social César Núñez Ramos
Pronunciamiento con motivo del Día Internacional de la Niña
Comunicaciones
Dictámenes a discusión
Posicionamientos
Marco Antonio Gómez Alcantar, PVEM
Verónica Beatriz Juárez Piña, PRD
Héctor René Cruz Aparicio, PES
Juan Carlos Villarreal Salazar, PMC
Luis Enrique Martínez Ventura, PT
Mariana Rodríguez Mier y Terán, PRI
Ma. del Pilar Ortega Martínez, PAN
Claudia Pérez Rodríguez, Morena
Posicionamientos
Leticia Mariana Gómez Ordaz, PVEM
Nancy Claudia Reséndiz Hernández, PES
Juan Martín Espinoza Cárdenas, PMC
Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, Morena
Votación en lo general y lo particular
Posicionamientos
Norma Azucena Rodríguez Zamora, PRD
Martha Angélica Tagle Martínez, PMC
Jesús Fernando García Hernández, PT
Ana Lilia Herrera Anzaldo, PRI
Votación en lo general y en lo particular
Por el que se reforman los artículos 107 Bis y 205 Bis del Código Penal Federal, fundamentación
Posicionamientos
Jorge Casarrubias Vázquez, PRD
Lourdes Celenia Contreras González, PMC
Votación en lo general y lo particular
Posicionamientos
De la Conferencia, con modificación del calendario legislativo
De la Junta, relativo al análisis del Segundo Informe de Gobierno
De la Junta, con cambios en comisiones
De la Junta, relativo a la comparecencia de los servidores públicos en el ramo de salud
De la Junta, relativo a la civilidad en el marco de las comparecencias
Intervención de diputadas y de diputados sobre diversos temas
Turno a comisiones de las iniciativas y de las proposiciones
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados. Reitero la solicitud a la Secretaría: que haga del conocimiento el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.
La secretaria diputada Karen Michel González Márquez: Con gusto, presidenta. Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 287 diputadas y diputados... 288 diputadas y diputados. Por lo tanto, hay quórum.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho (11:39 horas): Se abre la sesión del día martes 13 de octubre de 2020.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: La Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados lamentan profundamente el fallecimiento del doctor Guillermo Soberón Acevedo, médico, investigador. Fue miembro de la Academia Mexicana de Ciencia, de El Colegio de México, de la Academia Nacional de Medicina de México, de la Real Academia Nacional de Medicina. Y recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes en 1980. Su legado inspira a jóvenes y profesionales de la salud. Se solicita a la asamblea ponerse de pie para guardar un minuto de silencio.
(Minuto de silencio)
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra el diputado Rubén Cayetano García desde su curul.
El diputado Rubén Cayetano García (desde la curul): Voy a parafrasear en una parte lo escrito por Pedro Núñez Bárcenas, joven hijo de César Núñez Ramos, acaecido este domingo 11 de octubre de 2020: “Dejando a un lado las purezas ideológicas, las discusiones teóricas, los desacuerdos y discrepancias que uno pueda tener con el camino que eligió mi padre, nadie que lo haya conocido puede negar su carácter de hombre honesto, austero, humilde, íntegro, tenaz e incorruptible, que nunca pretendió ser más que nadie ni estar por encima de nadie.
Desde su formación en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgos, su paso como maestro rural en municipios tan poco conocidos como Xochihuehuetlán, la fundación del Partido Comunista en Guerrero, su viaje a la Unión Soviética, su apoyo al Partido de los Pobres y a Lucio Cabañas, el legado del Movimiento Revolucionario del Magisterio y la conformación de la CNTE, la coalición del Frente Democrático Nacional, hasta la fundación del Movimiento Regeneración Nacional en Guerrero, César Núñez es más que un siervo de la nación, es un ejemplo de lucha y trabajo por la justicia y dignidad de los pobres y oprimidos.
Habrá oportunistas ambiciosos y ventajistas que usarán su nombre y su historia de lucha social para sus fines políticos personales, así como adversarios que en vida lo calumniaron y atacaron. Mi padre está más allá de eso. Me da tanta impotencia no saberme bien toda su historia para poder escribirla o siquiera contarles un poco más aquí y ahora, pues poco tiempo hemos tenido para convivir porque siempre le estorbó la vida familiar y nuestra relación padre e hijo, la transformación de la vida pública y política del país.
No obstante, comprendo que de estorbos así no tiene uno más que alegrarse, ya que como dijo Lenin, al dejar inconcluso el último capítulo de El Estado y la revolución –guardando muy debidamente sus respectivas proporciones y condiciones históricas– es más agradable y más provechoso vivir la experiencia de la revolución que escribir acerca de ella. Hasta siempre, César Núñez Ramos, querido viejo”. Fin de la cita.
Ruego a la Mesa Directiva un minuto de silencio a la memoria del docente guerrerense, César Núñez. Muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado. César Núñez Ramos fue maestro rural, líder social guerrerense e incansable luchador por la democratización de nuestro país. A nombre de la Mesa Directiva, le expresamos nuestra condolencia y nuestra solidaridad a familiares y amigos del maestro Núñez. Esta Mesa Directiva concede el minuto de silencio e invita respetuosamente a la asamblea a ponernos de pie.
(Minuto de silencio)
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Desde hace ocho años se celebra el Día Internacional de la Niña, que a través de la resolución 66/170 de la Organización de las Naciones Unidas se estableció su conmemoración a partir de 2012, el 11 de octubre de cada año.
Este día tiene por objeto visibilizar los derechos de las niñas y los múltiples problemas que enfrentan cotidianamente en cada uno de sus espacios de acción, como la violencia o la discriminación.
Como cada año, la Unicef ha lanzado una campaña cuyo lema para 2020 es: Mi voz, nuestro futuro en común, cuyo objeto es garantizar que las niñas y adolescentes formen parte del proceso de toma de decisiones que afectan su futuro, pero principalmente su presente, con la finalidad de coadyuvar en la erradicación de todas las formas de discriminación en la educación, el desarrollo de habilidades y la formación, la salud y la nutrición, la desaparición de la explotación económica y el trabajo infantil, para promover y proteger los derechos de las niñas y reforzar la conciencia sobre sus necesidades y su potencial. Para alentar la participación de las niñas en la vida política, social y económica, y erradicar la violencia en su contra.
Por todo lo anterior, la honorable Cámara de Diputados y Diputadas considera imperioso que México reafirme su compromiso con los derechos de las niñas e intensifique las acciones legislativas institucionales, programáticas, presupuestales, culturales y educativas para garantizar su integridad y una relación donde se asegure la igualdad de género.
Asimismo, hace un llamado a las instituciones del Estado mexicano para realizar todos los esfuerzos necesarios para garantizar la vigencia plena de los derechos de las niñas y las adolescentes que habitan en nuestro país y empeñan los suyos propios en la construcción de un presente promisorio que establezca las condiciones para una convivencia en paz y para la edificación de una nueva realidad en la que niñas y niños, mujeres y hombres puedan acceder a una vida mejor.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Su atención por favor, diputadas y diputados, pido a la Secretaría dar lectura a las medidas de prevención.
La secretaria diputada Karen Michel González Márquez: Con gusto presidenta, doy lectura a las medidas de prevención en caso de contingencia:
Que identifique las salidas y acceso a las rutas de evacuación. Que, en caso de contingencia, sigan las indicaciones del personal brigadista, quienes les indicarán las zonas de menos riesgo y puntos de reunión externos.
Como medida de control y prevención ante el contagio de Covid-19 se recomienda que al toser o estornudar utilizar el estornudo de etiqueta, que consiste en cubrirse la nariz y boca con un pañuelo desechable o con el ángulo interno del brazo.
Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón. Utilizar los contenedores de base de alcohol en gel. No tocarse la cara con las manos sucias, sobre todo nariz, boca y ojos. No saludar de mano o beso en cara. En caso de síntomas de fiebre mayor a 38 grados deberá presentarse al servicio médico. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se informa a la asamblea que el orden del día se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria y disponible en el monitor de sus curules y contiene los asuntos a tratar en esta sesión. Diputado Hidalgo, ¿con qué objeto?
El diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce (desde la curul): Comentarle sobre el orden del día presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Adelante, diputado Hidalgo.
El diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce (desde la curul): Muchas gracias, presidenta. Solo para comentar sobre la lamentable cancelación de la comparecencia del secretario de salud, luego del circo de ayer por parte de la oposición en el Senado. Pero, sobre todo, del circo que han hecho desde febrero y durante toda la emergencia sanitaria.
De verdad, hay que ser caradura, caradura mientras todo el país nos preparamos para enfrentar esta pandemia, ellos hacían circo generando pánico en la población. Mientras todo el país buscaba hospitales y médicos, ellos hacían circo pidiendo pruebas indiscriminadas.
Y, así hoy, mientras nos preparamos para hacernos de las vacunas, para enfrentar esta pandemia, ellos hacen circo en el Senado. De veras que se necesita ser caradura. Gracias, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado. El diputado Marco Antonio Adame. ¿Con qué objeto, diputado Adame?
El diputado Marco Antonio Adame Castillo (desde la curul): Presidenta, en el mismo sentido, para expresar a este pleno y a usted la preocupación por esta decisión, a todas luces grave, de haber cancelado una comparecencia en el tema de salud, precisamente en medio de la pandemia.
No es por lo que ha acontecido en el Senado. Es lamentable que, por pánico, por cálculo político, por perjuicios se cancele una comparecencia estando ya en este recinto los funcionarios de salud.
No es aceptable, bajo ninguna circunstancia, el argumento prejuicioso de lo acontecido en el Senado. Nosotros tenemos una responsabilidad constitucional y los funcionarios también.
Por tanto, le expreso a usted mi preocupación por esta situación y conmino a todos los compañeros de los distintos grupos parlamentarios a que pongamos la salud en el centro de nuestras preocupaciones. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado Adame. ¿Con qué objeto solicita la palabra el diputado Éctor Ramírez Barba?
El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (desde la curul): Presidenta, muchas gracias. En el tenor de que la salud denegada es salud demorada. Una comparecencia retardada es una comparecencia denegada.
Por enésima ocasión consecutiva, Morena está impidiendo que podamos interactuar, como ellos dicen, con civilidad, con urbanidad. Como el diputado Hidalgo se comportó con la maestra Robles cuando estuvo aquí, con esa civilidad.
Quiero decirle, presidenta, que me parece muy preocupante que hoy millones de mexicanos, por ejemplo, derechohabientes del Seguro Social, no tengan pruebas de laboratorios, porque una licitación amañada, con sobreprecio y con gente incompetente ha hecho que 18 estados de la República, hospitales de alta especialidad, no tengan exámenes de laboratorios. Es una pena, presidenta, que sea diferido.
Por último, presidenta, estamos en un semáforo diferente. Lamento que la Junta de Coordinación Política esté haciendo tres días consecutivos de sesión presencial, cuando es obvio que no se guardan las medidas básicas que este mismo Congreso señaló.
Yo le quisiera pedir, de favor, que, si se va a hacer la asamblea para estar haciendo votación, que se respete lo acordado de a de veras, porque si no, vamos a hacer inmunidad de rebaños.
Y un último tema, de llamar la atención a la Comisión de Salud y de Seguridad Social de este Congreso, presidenta, donde está el diputado Hidalgo, por cierto. No ha habido desde marzo una sola sesión de la Comisión de Salud que trate con la pandemia. Que no sean payasos y que se pongan a trabajar a favor de México. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado Ramírez Barba. Tiene la palabra el diputado Mario Delgado Carrillo. ¿Con qué objeto, diputado Delgado?
El diputado Mario Delgado Carrillo (desde la curul): Muchas gracias, presidenta. Nada más para invitar a los compañeros de Acción Nacional, para que platiquen con su coordinador, porque fue un acuerdo de la Junta de Coordinación Política el reagendar para el próximo jueves 22 la comparecencia de los funcionarios del sector salud.
Y lo hacemos con el objetivo de tener un acuerdo de civilidad. Justamente para evitar comportamientos como el que ahora estamos viendo, que reclaman que no hay respeto a las medidas de sana distancia y son los primeros en tomar la tribuna y violarlas...
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Permítame un momento, diputado Delgado, permítame un momento.
Diputado Ramírez Barba, le solicito, atentamente, que sus expresiones vayan acorde con la civilidad parlamentaria. Adelante, diputado Delgado.
El diputado Mario Delgado Carrillo (desde la curul): Le va a hacer daño enojarse tan temprano. Si usted se preocupa por la salud, preocúpese por la suya. Con todo respeto. Pero, mire, esto fue un acuerdo de la Junta y tendremos una sesión el próximo jueves y esperemos que se haga con toda civilidad y con todo respeto. Muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado. La diputada Martha Romo, ¿con qué objeto?
La diputada Martha Estela Romo Cuéllar (desde la curul): Diputada presidenta, también en el mismo tenor. De hacer un llamado a todos y cada uno de los que estamos el día de hoy aquí, a que una comparecencia de este tipo no puede suspenderse por acuerdo solamente de la Jucopo. Creo que un funcionario de Salud, como el secretario, le debe respuesta, no solamente a quienes estamos aquí el día de hoy en el pleno, le debe respuesta y explicaciones a los mexicanos, sobre todo a los mexicanos que hoy lloran a uno de sus familiares y que, sin duda alguna, merecen respuesta, merecen cifras reales, merecen respeto y, sobre todo, merecen gente civilizada, no lo que tenemos allá en el Grupo Parlamentario de Morena.
Yo creo que el acuerdo debe de ser, no solamente para una comparecencia, debe de ser en todas y cada una de las comisiones y de los acuerdos, pero sobre todo, el respeto a la gente que está allá afuera exigiendo su derecho a la salud, no solamente en discurso, como se lo prometió el presidente López Obrador. Estamos muy lejos de los parámetros que en campaña se prometieron. Estamos muy lejos de estar en la Suiza que prometieron en campaña.
Exigimos resultados y exigimos, conforme a derecho, que el secretario venga a dar respuestas y que deje de tenernos miedo a nosotros los legisladores, pero sobre todo, miedo a la ciudadanía que les está avisando que ya se van.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputada Romo. Solicitó la palabra el diputado Jorge Espadas, ¿con qué objeto, diputado Espadas?
El diputado Jorge Arturo Espadas Galván (desde la curul): Muchas gracias, presidenta. Para referirme al orden del día.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Adelante, por favor.
El diputado Jorge Arturo Espadas Galván (desde la curul): Muchas gracias, presidenta. Pues lamentar el cambio en el orden del día. Decir de manera muy clara que es obligación de los funcionarios del gobierno federal dar la cara a las mexicanas y a los mexicanos. Nosotros, las 500 legisladoras y legisladores representamos a las y los mexicanos, y tienen que dar la cara a México.
No es dable la excusa de tener miedo porque les vayamos a decir algo. Y, decirle a la mayoría que vamos a señalar los errores que están señalando nuestros representados. Vamos a cuestionar los pésimos resultados que han dado en materia de salud que tienen a miles y miles de muertes de mexicanas y mexicanos, y se los vamos a reprochar, así tengan la piel sensible. E invitar al diálogo, lo vamos a hacer, con respeto, pero con señalamientos. Y no puede hablar de diálogo quien no puede dialogar al interior de su partido y lo tienen hecho pedazos. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado Espadas. Tiene la palabra el diputado Enrique Ochoa Reza, ¿con qué objeto, diputado Ochoa?
El diputado Enrique Ochoa Reza (desde la curul): Muchas gracias, presidenta, muy buenos días a usted y a todas y a todos. Si la Junta de Coordinación Política tomó esta determinación, tendrá sus razones y será muy importante escucharlas. Sin embargo, presidenta, sí hay que hacer notar lo siguiente:
Un fortalecimiento parlamentario es que cuando las comisiones o el pleno citan a comparecencia de las funcionarias y los funcionarios federales, dichas comparecencias se deben de llevar a cabo conforme al calendario establecido. Ha sido común en esta legislatura que las y los funcionarios federales no acuden a las comparecencias o reuniones de trabajo citadas en las comisiones o las cancelan de último momento.
Es penoso que si este es el último momento donde se van a revisar el informe de labores del presidente actual en esta legislatura, que esta sea la segunda comparecencia que se posponga cuando ya los funcionarios están en el recinto legislativo.
Hacemos votos porque esto no suceda más. Estamos iniciando el procedimiento de comparecencias y estamos empezando con el pie izquierdo. Lo sensato es que se establezca un calendario, se preparen los grupos parlamentarios. Escuchemos con atención y con respeto a los funcionarios federales y se desarrollen las comparecencias como debe de ser. Hasta ahora ese no ha sido el caso.
Hacemos un exhorto para que retomemos el paso y, efectivamente, se lleven a cabo las comparecencias con los funcionarios federales de manera puntual. Mañana en la Comisión de Energía y de Infraestructura estaremos recibiendo al director de Petróleos Mexicanos, lo haremos con respeto, pero estamos muy interesados en escuchar los puntos de vista sobre un posicionamiento tan importante como es la producción petrolera. Esperamos lo mismo de los funcionarios de salud pública, ante una pandemia que tiene un impacto de más de 87 mil muertes en nuestro país. Muchas gracias, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Ana Paola López. ¿Con qué objeto, diputada?
La diputada Ana Paola López Birlain (desde la curul): Con el objeto del orden del día, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Adelante, por favor.
La diputada Ana Paola López Birlain (desde la curul): Gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Es lamentable lo que estamos viviendo. Es lamentable que no entendamos la función de una comparecencia. Venir a rendir cuentas al Legislativo es una forma de construir y de avanzar.
Mis hijos están viendo la sesión. Estaban interesados en saber qué podía contestar el gabinete de Salud con respecto a las múltiples quejas, demandas y llantos de las familias, y no entienden por qué en este tema no nos podemos poner de acuerdo. No entienden la insensibilidad de este presidente, de no atender lo verdaderamente importante.
Es indignante que en el salón de pleno, que es donde se construye el futuro de nuestro país, solapemos esta aberración. No podemos permitir una muerte más. Somos madres y padres de familia, con mucho dolor de ver lo que están pasando mamás y papás que llevan 712 días sin recibir sus quimioterapias. Si no están dispuestos a construir en lo que verdaderamente importa, que se vayan, porque no vamos a solapar que sigan con su negligencia, matando a más mexicanos. Es cuanto, diputada.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputada López. Tiene la palabra el diputado Marco Antonio Adame.
El diputado Marco Antonio Adame Castillo (desde la curul): Muchas gracias, presidenta. Para seguir refiriéndome al cambio en el orden del día. Habla el coordinador de la mayoría que negó la comparecencia, que es por civilidad. Habrá que recordarle, y recordar a todos, que no hay mayor civilidad que velar y cuidar por la salud y la vida de los mexicanos. Y que descuide, que en esta bancada nosotros sí dialogamos con nuestro coordinador y entre nosotros, sobre lo que es importante para México: la salud de los mexicanos. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado Adame.
La diputada Sonia Rocha Acosta (desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Diputada Sonia Rocha, ¿con qué objeto?
La diputada Sonia Rocha Acosta (desde la curul): Muchas gracias, presidenta. Con el tema del orden del día. Igualmente, me da mucha pena y mucha tristeza que el diputado Hidalgo tache a la salud de los mexicanos como circo.
Por supuesto que la salud de los mexicanos no es un circo, como tampoco es una concesión graciosa el que hoy los representantes del tema de salud vengan a rendir cuentas a este pleno. Porque no nos vienen a rendir cuentas a nosotros, presidenta, nos vienen a rendir cuentas a los que representamos, que son hoy, de entrada, más de 84 mil familias que han perdido un ser querido en su familia. Y que lo han perdido en las peores condiciones, porque no han podido ni siquiera volver a verlo de cuando entró a un hospital, si es que entró, porque un gran porcentaje se murieron en sus casas.
Qué lamentable que hoy no puedan venir a dar la cara. Qué lamentable que tengan la piel tan delgada, porque se les olvida que estar ahí es precisamente para rendir cuentas. Y que si no, mejor se vayan y se dediquen a otra cosa, porque, definitivamente, el tema de salud a lo mejor no es lo suyo. Muchas gracias, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputada Rocha. Para alusiones, tiene la palabra el diputado Javier Hidalgo.
El diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce (desde la curul): Gracias, presidenta, para responder. La mezquindad que se necesita y la caradura que se necesita para tener las actitudes que ha tomado la oposición desde que empezó esta pandemia, de generar pánico, de generar desinformación, a pesar de lo responsable que son ellos de haber dejado un sistema de salud en el desastre: 300 hospitales abandonados. Se necesita, de verdad, caradura, porque lo que están haciendo es ponerse en contra de la población que nos preparamos para enfrentar esta pandemia, para resistir esto, que ahora lo seguimos haciendo, y que lo que están teniendo ellos como respuesta es un circo. Es un circo.
La salud no tiene afiliación política. La salud no tiene una cuestión económica, nos ataca a todos. Es realmente mezquino que le quieran sacar ventaja con un aspecto electoral, pero, por eso, por eso están tan mal ya en las encuestas. Por eso el PAN cayó al fondo, porque lo está viendo la gente, que son caraduras y son mezquinos. Gracias, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Víctor Mojica y con esto queda cerrada la lista de oradoras y oradores en relación al tema del orden del día. Adelante, diputado Mojica.
El diputado Víctor Adolfo Mojica Wences (desde la curul): Sí, gracias, presidenta. Comparecencia va a haber. Vamos a tener todos los mexicanos la oportunidad de escuchar las preguntas, el posicionamiento de los partidos políticos que hace algunos años inyectaba agua bidestilada a los niños con cáncer. O a los partidos políticos que se robaron más de 95 mil millones de pesos de aquel llamado Seguro Popular.
Vamos a tener la posibilidad de saber realmente qué está pasando en este país con motivo de salud. Nosotros vamos a estar prestos también para informar, como todos los días se hace desde las conferencias por la tarde del sector salud.
Es grave la desfachatez de los compañeros de Acción Nacional y del PRI al estar exigiendo hoy una comparecencia, que fue un acuerdo de la Jucopo que se dirimiera la próxima semana. Muchas gracias, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado Mojica Wences.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Consulte la Secretaría a la asamblea, con fundamento en el artículo 96 del Reglamento, si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, toda vez que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
La secretaria diputada Karen Michel González Márquez: En votación económica, se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se dispensa la lectura. La diputada Adriana Dávila ha solicitado hacer comentarios sobre el acta de la sesión anterior. Adelante, diputada Dávila.
La diputada Adriana Dávila Fernández (desde la curul): Gracias, diputada. Escucho con mucha atención los comentarios de mis compañeros diputados y diputadas de Morena, y quiero decirles que ser caradura significa no ver, significa no entender, significa no sentir el dolor de 85 mil familias, casi 90 mil familias que están de luto. Ser caradura significa permitir el robo de más de 35 mil piezas, dosis de medicamento para niñas y niños con cáncer.
Ser caradura significa estar pensando en su elección interna y no reconocer que México está pasando la peor crisis de salud de los últimos tiempos. Ser caradura significa poner pretextos durante 2 años y no entender para qué llegaron a ser gobierno. Ser caradura significa esconderse tras la figura presidencial y dejar de atender lo más importante para las mexicanas y los mexicanos.
Que no se equivoque la bancada de Morena. Un asunto es que tengan popularidad y otro asunto es que tengan prestigio. El prestigio lo han perdido siempre, porque no son capaces de reconocer para qué quieren ser gobierno. Irresponsables, caraduras y nefastos son aquellos que llegaron a no saber cómo se hace gobierno.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: A ver. La diputada Simey Olvera. Reitero que estamos en el momento de recibir observaciones respecto al acta de la sesión anterior. Adelante, por favor, diputada Simey Olvera.
La diputada Sandra Simey Olvera Bautista (desde la curul): Gracias, presidenta. Efectivamente, si ellos están en esta posición, aclararle a la ciudadanía que se están rindiendo cuentas, que se está haciendo aquí, en la anterior, y en el Senado las cuentas precisas. Pero lo que no se está haciendo es caer en la provocación.
Ayer, con una cultura, un nivel enorme, el doctor López-Gatell explicó, tal vez en términos que la oposición no alcanza a entender. Pero ha sido el hombre más responsable, todos los días ha estado dando la cara hacia México. Y queremos que esto lo sepan. Que ellos no vean los programas, que ellos no vean el reporte todos los días a las 7:00 de la noche es otra cosa. Pero México está al tanto de lo que se está haciendo.
Por eso no queremos que aquí, con estas cuestiones nada más de actuación, como lo hizo la senadora, se vengan a vanagloriar con cosas que ellos no hicieron durante tantos años. Así que hoy se está demostrando que día a día se está respetando y reconociendo la salud de las y los mexicanos. Muchas gracias, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputada. Para hacer observaciones sobre el acta de la sesión anterior, tiene la palabra la diputada María de los Ángeles Huerta.
La diputada María de los Ángeles Huerta del Río (desde la curul): Usted ya había dicho, presidenta, que íbamos a pasar al tema del acta y le volvió a dar la palabra a una persona que habló de la caradura. La caradura que tiene la oposición de hablar como lo hace, de reclamar lo que reclama, cuando ellos son los responsables principales del enorme problema de salud que el gobierno de Morena está resolviendo.
Que no se les olvide que somos nosotros los que estamos limpiando el basurero en materia de salud que dejo el PRI y el PAN en este país. No sean hipócritas, ni caraduras ni mezquinos, como lo fue ayer la senadora que trató de impugnar a nuestro subsecretario, quien ha hecho un papel absolutamente perfecto para tratar de paliar el problema de salud que tenemos.
Ustedes no tienen caradura, no tienen cara, no tienen nada, son unos mezquinos de primera. Y usted, señora presidenta, dijo que ya se iba a cerrar este debate y no cumplen ni ellos con los acuerdos en la Junta de Coordinación Política ni usted con la palabra que dice que ya no se va a poder discutir este asunto.
Le pido, por favor, que pasemos al acta y no le dé más la palabra a nadie. Eso es lo que yo le pido.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Habiendo tres intervenciones que no están relacionadas con observaciones al acta de la sesión anterior, esas tres intervenciones quedarán registradas en el Diario de los Debates del día de hoy. Consulte la Secretaría si es de aprobarse el acta.
La secretaria diputada Karen Michel González Márquez: No habiendo quien más haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba el acta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Aprobada el acta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Continúe la Secretaría.
La secretaria diputada Martha Hortencia Garay Cadena: Se informa que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria, comunicación de la Mesa Directiva relativa a modificación de turno de iniciativas.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: De conformidad con lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se modifica el trámite de las iniciativas. Actualícense los registros parlamentarios.
La secretaria diputada Martha Hortencia Garay Cadena: Se recibieron solicitudes de diputadas y de diputados para retirar iniciativas que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se tienen por retiradas. Actualícense los registros parlamentarios.
La secretaria diputada Martha Hortencia Garay Cadena: Se recibió de la Universidad Autónoma de Nayarit y del Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca, los informes de la auditoría externa realizados a sus matrículas, correspondientes al primer semestre del año 2020.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Túrnese a las Comisiones de Educación, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.
La secretaria diputada Martha Hortencia Garay Cadena: El Instituto Federal de Telecomunicaciones remite el informe de resultados del Comité Especializado de Estudios e Investigaciones, del periodo de julio de 2019 a junio de 2020.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Túrnese a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para su conocimiento.
La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: Se recibieron de la Cámara de Senadores, 11 proposiciones con puntos de acuerdo por las que solicita a la Cámara de Diputados para que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2021, considere y destine recursos para varios rubros, suscritas por senadores de diversos grupos parlamentarios. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Túrnense a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.
La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: La Consejería Jurídica del gobierno del estado de Oaxaca remite contestación a punto de acuerdo para garantizar la seguridad de las niñas, niños y jóvenes de todos los planteles educativos de la República. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Túrnense a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, para su conocimiento.
La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: Se recibió de la Cámara de Senadores minuta con proyecto de decreto, por el que se resuelve sobre la procedencia y trascendencia de la petición de consulta popular, presentada por el presidente de la República y se expide la convocatoria de consulta popular. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Túrnense a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.
La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: La Cámara de Senadores remitió las siguientes iniciativas:
Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, presentada por las senadoras Mayuli Latifa Martínez Simón, María Guadalupe Saldaña Cisneros y Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.
La secretaria diputada María Guadalupe Díaz Avilez: Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada por la senadora Mayuli Latifa Martínez Simón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.
La secretaria diputada María Guadalupe Díaz Avilez: Con proyecto de decreto por el que se adicionan dos fracciones al artículo 2 del Código Fiscal de la Federación, presentada por el senador Ovidio Salvador Peralta Suárez, del Grupo Parlamentario de Morena.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.
La secretaria diputada María Guadalupe Díaz Avilez: Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, presentada por la senadora Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, del Grupo Parlamentario de Morena.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Pido a la Secretaría dar cuenta con la declaratoria de publicidad de dictámenes.
La secretaria diputada María Guadalupe Díaz Avilez: Se informa a la asamblea que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria y disponibles en los monitores de las curules los siguientes dictámenes de la Comisión de Puntos Constitucionales:
Uno. Con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 4o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de juventud.
Dos. Con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de movilidad y seguridad vial.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados se cumple con la declaratoria de publicidad.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: El siguiente punto en el orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, del Código Penal Federal, de la Ley General de Salud, de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y de la Ley de Vías Generales de Comunicación.
Tiene la palabra el diputado Rubén Cayetano García, para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento, hasta por cinco minutos.
El diputado Rubén Cayetano García: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, en lo que va de esta legislatura, la Comisión de Justicia de esta honorable Cámara de Diputados se ha caracterizado por su excepcional estudio y dictaminación de iniciativas trascendentales.
El día de hoy tengo el honor de presentar, ante esta soberanía, un dictamen que da cumplimiento a un mandato derivado de una reforma al artículo 19 constitucional de 2019, que reafirma nuestras responsabilidades como ente configurador de normatividad.
En el artículo segundo transitorio de dicha reforma se encomendó a este Poder el armonizar las leyes secundarias conforme a las disposiciones constitucionales, en materia de prisión preventiva oficiosa. Derivado de lo anterior es que el dictamen sometido a consideración de este honorable pleno viene a dar cumplimiento a este deber.
Este proyecto reforma nueve leyes y más de 15 artículos. Las modificaciones son realizadas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley General en Materia de Delitos Electorales, la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, el Código Penal Federal, la Ley General de Salud, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y la Ley de Vías Generales de Comunicación.
De manera detallada el dictamen incorpora, en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, referente a la procedencia de prisión preventiva oficiosa, los delitos de: abuso o violencia sexual contra menores, feminicidio, robo de casa-habitación, uso de programas sociales con fines electorales, delitos de corrupción, robo al transporte de carga, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, y delitos en materia de desaparición forzada de personas.
Podemos constatar que los delitos antes citados son de carácter grave y lesionan significativamente el tejido social, impidiendo la correcta administración de justicia en favor de la sociedad mexicana. Aunado a lo anterior, el dictamen permite la posibilidad de que, aun implementada la prisión preventiva oficiosa, las partes pueden acceder a un acuerdo reparatorio y, por efecto, la sustitución de la medida cautelar y de prisión preventiva.
Se puntualiza entonces, que la armonización que propone el dictamen, a todas luces viene a reforzar el sistema jurídico mexicano, poniendo en sintonía la Ley Fundamental y los compendios legales secundarios.
También es de resaltarse que el dictamen propone la agravación de penas para los delitos de portación de armas de fuego, actividad que ha comenzado a ser más recurrente en el territorio mexicano y que pone en peligro a miles de mexicanas y mexicanos. Aunado a esto, se mejora la descripción para ciertos delitos en materia de importación, venta y acopio de instrumentos que puedan ser utilizados para atacar.
El dictamen es trascendental y necesario, pues no solo se trata de dar cumplimiento a una obligación emanada de una reforma constitucional, sino que se trata de una armonización legislativa que otorgue mayor certeza jurídica a la población mexicana y mejore el actuar de los órganos jurisdiccionales.
Consecuentemente, es por eso que los invito, compañeras y compañeros, a aprobar este dictamen. Demos cumplimiento al mandato constitucional de 2019. Sumemos esfuerzos en la consolidación de cuerpos normativos, que permitan establecer mecanismos que contribuyan al combate de la delincuencia y la corrupción.
Hagamos nuestro trabajo legislativo, exhortando a las instituciones de procuración e impartición a elevar los más altos principios de la justicia para bien de los justiciables. Que se cumpla el ideal de Morelos: Que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo ampare y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Cayetano García.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: En términos del artículo 104, numeral 1, fracción IV, del Reglamento, se otorgará a los grupos parlamentarios el uso de la palabra para fijar su postura hasta por cinco minutos. Tiene la palabra el diputado Marco Antonio Gómez Alcantar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Marco Antonio Gómez Alcantar: Gracias, presidenta. Muy buen día tengan todos ustedes. El dictamen que hoy nos ocupa no solo tiene como fin dar cumplimiento al Segundo transitorio de la reforma constitucional del artículo 19, en materia de prisión preventiva oficiosa, sino que representa la construcción de un marco jurídico efectivo para forjar un verdadero Estado de derecho, donde la justicia sea una realidad y que exista más allá de la letra de las leyes.
Con la reforma que hoy nos ocupa, esta Cámara de Diputados contribuye a la procuración de justicia y la persecución de los delitos en beneficio de los ciudadanos de este país. Muy pocas veces esta Cámara puede contribuir con algo tan tangible y directo que genere beneficios a miles de ciudadanos.
Con la reforma que hoy nos ocupa, feminicidas, ladrones de casa-habitación, ladrones de transporte, portadores de armas de uso exclusivo del Ejército, entre otros, no podrán salir de la cárcel en caso de ser detenidos en flagrancia como viene sucediendo hasta el día de hoy. Todos los días salen noticias en la que delincuentes entraron y salieron de las cárceles a pesar de ser detenidos en flagrancia, para seguir delinquiendo.
Lo anterior, de razón de que nuestro sistema legal permite que estos delincuentes puedan llevar su proceso en libertad, lo que resulta inexplicable para las víctimas, minando con ello la confianza en nuestro sistema de procuración e impartición de justicia.
Con la reforma que hoy nos ocupa, el ladrón de casa-habitación, el feminicida, el ladrón a transportistas y quien porte armas de uso exclusivo del Ejército, entre otros, llevarán su proceso en la cárcel.
Sobre esta reforma, hoy vamos a escuchar diversos argumentos en contra de la misma, argumentos que fueron planteados por diversos grupos parlamentarios en la Comisión de Justicia, los cuales resumo de forma genérica de la siguiente forma:
La prisión preventiva es violatoria de tratados internacionales, pues esto atenta contra la presunción de inocencia. Otro argumento es que la participación del Ministerio Público es discrecional y no puede quedar en sus manos el ejercicio de la prisión preventiva oficiosa, en virtud de que se presta a corrupción.
Como respuesta a estos argumentos, les comparto las siguientes reflexiones. La situación delincuencial en México no es la misma a la que sucede en Suiza, Suecia, Noruega, entre muchos otros países. En México el número de delitos que afectan a los ciudadanos mexicanos son enormes, infinitivamente superiores a los países que mencioné.
Por ello, al legislar debemos reconocer donde vivimos, nuestra realidad y los problemas que debemos enfrentar como sociedad. Es un error, para mí, compararnos con países con realidades distintas o pretender importar soluciones de otros países por modas que se alejan a la realidad que viven millones de mexicanos.
La reforma que hoy nos ocupa tiende a una realidad delincuencial en México que debe ser atendida de forma particular y con acciones concretas del Estado mexicano, acciones como las que hoy se ponen a consideración de este pleno.
Si el día de mañana logramos controlar las tasas delincuenciales tan altas que tenemos, entonces sí procuraremos ser más garantistas conforme a los estándares internacionales. Hacerlo antes es simplemente darnos un tiro en el pie.
Por último, el Ministerio Público es quien ejercerá en primera instancia la prisión preventiva oficiosa, pues es él quien tiene la inmediatez y el conocimiento de los hechos en el campo. El juez valorará con posterioridad si se perfecciona o no la prisión preventiva oficiosa, teniendo el imputado todas las garantías procesales para defenderse.
Por tanto, argumentar la existencia de una violación a la presunción de inocencia es un argumento falaz, por decir lo menos. Por las razones anteriores, el Partido Verde votará a favor del presente dictamen. Muchísimas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Gómez Alcantar.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: Con su permiso, presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, en México el sistema de justicia penal acusatorio privilegia el derecho de las personas que cometen un delito a seguir su proceso en libertad, en tanto no se compruebe su responsabilidad penal.
Sin embargo, la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recientemente reformada, contiene disposiciones que violan lo previsto en las convenciones internacionales, previendo medidas cautelares, como la prisión preventiva oficiosa para determinados delitos, con el pretexto de garantizar que la persona imputada esté presente en el desarrollo del proceso y se proteja a las víctimas.
Debemos ser conscientes de que las carencias de nuestro sistema de justicia penal son muchas y debido a ello la justicia en nuestro país ni es pronta ni es expedita. Este fue uno de los principales problemas que se buscó resolver con la reforma en materia de seguridad y justicia en 2008.
La sobrepoblación de personas procesadas no sentenciadas en las cárceles, que en ocasiones esperan años para que pueda determinarse su culpabilidad fue otra de las razones. Sin embargo, estamos convencidas y convencidos de que las modificaciones contenidas en este dictamen únicamente incidirán en agravar el problema, incrementando la sobrepoblación y en hacinamiento en las cárceles, en su mayoría con personas de escasos recursos, cuyas posibilidades de defenderse son exiguas.
La prisión preventiva constituye una restricción temporal e instrumental de la libertad a un sujeto involucrado en hechos que tipifican como delito, que tiene como fin garantizar su presencia en el juicio oral y evitar que obstruya con su actual desarrollo de la investigación en el proceso.
Como intervención en la esfera privada de un individuo, la aplicación de la prisión preventiva oficiosa por la austeridad vulnera el derecho a la libertad, a la igualdad, la presunción de inocencia, así como la correcta implementación de los principios de legalidad, imparcialidad, contradicción y proporcionalidad del proceso, causando con ello daños psicológicos y materiales irreparables.
El grupo parlamentario de la mayoría se justifica en el raquítico argumento de que con la aprobación de este dictamen se estaría atendiendo el mandato contenido en el artículo segundo transitorio del decreto de fecha 12 de abril de 2019, que ellos mismos aprobaron.
Sin embargo, con la minuta en discusión estamos haciendo caso omiso del llamado que nos hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos a inicios de 2019, para derogar toda disposición que ordene la aplicación obligatoria de la prisión preventiva por el tipo de delito, exhortando en su momento a los órganos legislativos, al no aprobar una reforma contraria a los estándares interamericanos en materia de libertad, que atenta contra la presunción de inocencia, lo que constituye una de las garantías judiciales más elementales dentro del ámbito penal. Es decir, lo que hoy aprueban puede ser constitucional, pero, definitivamente, es inconvencional y violatorio de los derechos humanos.
Debemos avanzar en la extinción del segundo párrafo del artículo 19 constitucional y no en la ampliación de los delitos a los cuales se aplica. Debemos avanzar en el respeto a los derechos humanos y no en propuestas electoreras que no abonan para garantizar el debido proceso.
Es de recordarse que en el año 2002 el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, en su visita a México, recomendó al Estado mexicano modificar la legislación interna, de modo de que esta adopte las normas internacionales, en especial sobre la presunción de inocencia, la flagrancia, la proporcionalidad de las penas en delitos denominados graves, así como los beneficios de preliberación e iniciar un debate en profundidad sobre la necesidad de reformar el sistema penal y procesal penal.
Ante el justificado reclamo social que exige reducir la impunidad, las y los legisladores del grupo parlamentario de la mayoría se han inclinado por el populismo penal, dejando de exigir a nuestras instituciones los estándares de actuación que corresponde al nuevo sistema penal y que garantizan los derechos humanos.
No debería sorprender la popularidad de la propuesta en un contexto caracterizado por altos índices delictivos y una cifra negra superior al 90 por ciento. Por ello, en un debate que gira mayormente en torno a suposiciones, miedos y prejuicios, el análisis de la evidencia nos indica, efectivamente, que tener más personas acusadas dentro de las cárceles no implica tener un menor número de víctimas afuera.
Por lo anterior, el Grupo Parlamentario del PRD votará en contra de este dictamen que ignora la normatividad internacional, desconoce los derechos humanos y condena a aquellos que menos tienen a sufrir por la ineficiencia de las instituciones de procuración de justicia.
El Grupo Parlamentario del PRD, como lo hemos hecho históricamente, seguirá impulsando la derogación de figuras como el arraigo, la prisión preventiva oficiosa, que transgrede, sin lugar a duda, los derechos humanos. Es cuanto, presidente.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Juárez Piña.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra el diputado Héctor René Cruz Aparicio, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.
El diputado Héctor René Cruz Aparicio: Con su venia, presidenta. Compañeras y compañeros diputados, en el PES, durante esta LXIV Legislatura nos hemos comprometido en establecer mecanismos y acciones, a fin de disminuir acabar con los lastres de la inseguridad y la corrupción que seguimos cargando desde varios sexenios.
Por ello, nuestro grupo parlamentario fue partícipe activo y votó a favor de la reforma constitucional del artículo 19, a fin de establecer nuevos tipos penales en el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Destacando entre ellos el feminicidio, el abuso sexual contra menores, el uso de programas sociales con fines electorales, la corrupción, el robo de hidrocarburos y la portación de armas de fuego de uso exclusivo. En dicha reforma nos comprometimos a que dentro de un plazo de 90 días se realizaría su precisión en la legislación secundaria, para dar cumplimiento al principio de exacta aplicación de la ley.
Por ello, en el PES creemos que lo correcto es afianzar, mediante las reformas a las leyes secundarias, lo establecido en el precepto constitucional, a fin de cerrar caminos que eviten que los que dañan a la sociedad y a las familias y a los recursos de todas y todos los mexicanos se sustraigan de la acción de la justicia, siempre bajo el principio de que esta medida cautelar es excepcional. Por lo que estamos limitando su aplicación solo a determinadas conductas, a fin de que los imputados enfrenten un juicio justo por los posibles actos delictivos que hubiesen cometido.
En Encuentro Social estamos convencidos de que la reforma planteada consolidará la estrategia que se ha emprendido para el fortalecimiento del tejido social y el orden institucional, a fin de que todas las familias mexicanas se puedan desarrollar en un ambiente de bienestar.
A las y los ciudadanos que nos ven y nos escuchan les decimos: seguimos trabajando por su seguridad y por proteger el bienestar de todas y todos, dotando de ordenamientos confiables y claros que permitan a la autoridad judicial realizar su trabajo de manera eficaz. Con esta reforma reafirmamos que el PES siempre actuó conforme a lo socialmente correcto, cumpliendo los compromisos que hizo con el pueblo de México: acabar con la corrupción y mejorar la seguridad de las familias mexicanas.
Basta de personas que con dinero público y con recursos de la nación se enriquezcan. Basta de abusos contra las mujeres. Basta de abuso sexual contra menores. Basta de impunidad de los criminales que dañan a nuestra población. En el PES buscaremos acabar con el cáncer que ha afectado por muchos años a nuestro país, logrando con ello un país de crecimiento con seguridad para mujeres y menores de edad, todo en un ambiente de bienestar que permita el desarrollo adecuado de las familias mexicanas.
En Encuentro Social, sabemos que la libertad de las personas es un derecho fundamental, por eso, reconocemos que la aplicación de esta medida cautelar respectiva será de carácter excepcional y que solo se aplicará al imputado para garantizar el orden social, y siempre con el pleno respeto al debido proceso.
Finalmente, debemos reconocer que la prisión preventiva oficiosa no es determinante para disminuir la delincuencia en el país, por lo que esta reforma debe acompañarse de una urgente capacitación y profesionalización de los operadores del Sistema de Justicia Penal en nuestro país, cuya labor es fundamental para lograr el éxito en una imputación.
Un tema pendiente en el que Encuentro Social ha trabajado y seguirá impulsando por el bien y el bienestar de todas las familias de México. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Cruz Aparicio.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra el diputado Juan Carlos Villarreal Salazar, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
El diputado Juan Carlos Villareal Salazar: Con su permiso, presidenta. Todos conocemos que en 2018 se llevó acabo una gran reforma en materia de justicia penal, en la que se privilegiaron los principios para garantizar la seguridad y la justicia para los mexicanos.
En aquel esfuerzo propuesto por el Ejecutivo y diversas iniciativas de ambas Cámaras, se modificaron más de 10 artículos de nuestra Constitución Política. El principal objetivo de gran giro a la procuración y administración de justicia fue el responder a la exigencia ciudadana de transformar y dar un sentido más humano a la justicia penal, preponderando el principio de la presunción de inocencia, la cercanía, confiabilidad y el oportuno y transparente actuar de las instituciones.
En dicha reforma, la prisión preventiva se limitaba como caso de excepción para cuando otras medidas cautelares no fueran suficientes para garantizar que el imputado compareciera a juicio y garantizar los derechos de la víctima, los testigos y la comunidad en general cuando se tratara de casos de reincidencia en delitos dolosos y un catálogo muy concreto y específico de delitos.
Sin embargo, en el ánimo de darle instrumentos al gobierno federal para enfrentar la delincuencia organizada y por los delitos que más afectan a la sociedad, como argumento, el 19 de febrero de 2019 se aprobó por esta soberanía la reforma constitucional al artículo 19 en materia de prisión preventiva oficiosa, de donde, mediante el artículo transitorio segundo se mandató la adecuación de las correspondientes legislaciones secundarias con la finalidad de armonizar y dar vigencia a esa reforma constitucional.
Pero, lo digo con toda claridad, la minuta que hoy se debate, que dicho de paso, no se le permitió, como diario, ninguna modificación en su proceso legislativo aquí en la Cámara de Diputados, en lugar de transitar hacia un régimen garantista en el que el Ministerio Público deba de probar alguna de las circunstancias a favor de la justicia y las presuntas víctimas del delito, más bien fortalece a un sistema punitivista que busca utilizar la prisión preventiva oficiosa como una medida de castigo y persecución social de la seguridad. Nada más alejado de la realidad que vive nuestro país.
En la presente propuesta se incorporan reformas que no corresponden al fin específico de la armonización en materia preventiva oficiosa. Se trata de reformas de corte sustantivo en materia penal que no guardan relación con las hipótesis delictivas contenidas en la Constitución, por lo que se extralimita en sus alcances afectando e incluyendo un desdoble de más de 150 conductas delictivas diferentes a las que aprobamos en la reforma constitucional.
La reforma del Poder Judicial es fundamental para atender de manera integral los alarmantes porcentajes de personas privadas de la libertad que no cuentan con una sentencia condenatoria, quienes en estricto sentido ya están purgando una condena sin sentencia.
Esta minuta por mucho no resuelve el tema de la impunidad y no atiende la necesidad urgente de restablecer la paz y la seguridad en el país. Lo que como legisladores tenemos que hacer es revisar a fondo la figura y el actuar del Ministerio Público que, dicho de paso, ahí también tenemos mucho que profesionalizar y fue una promesa cuando se hizo la reforma constitucional.
Ante el justificado reclamo de la exigencia social de reducir la impunidad, los legisladores de la hoy mayoría han declinado a mejor llevar al populismo penal. No debería sorprender la popularidad de la propuesta en un contexto caracterizado por los altos índices delictivos y la cifra negra de impunidad.
Por ello, en un gran debate que gira mayormente en torno a las medidas inquisitorias, sin tomar en cuenta la presunción de inocencia, buscamos analizar con evidencia si efectivamente tener a más personas acusadas dentro de las cárceles implica un menor número de víctimas afuera.
Los diputados ciudadanos votaremos en contra de esta minuta, ya que defrauda la confianza que le dimos al gobierno federal, aprobando temas como la Guardia Nacional, la Fiscalía General y este que fue el artículo 19. Al contrario de fortalecer a las policías municipales, las policías estatales, la profesionalización de los Ministerios Públicos hemos visto recortes a los recursos en materia de seguridad.
Por eso hoy ya no existe ese voto de confianza, por eso hoy ya no confiamos en la estrategia fallida del gobierno federal, por eso hoy los diputados de Movimiento Ciudadano votaremos en contra de esta reforma que es insuficiente y no cumple con las expectativas de combatir la impunidad de nuestro país. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Villarreal Salazar.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra el diputado Luis Enrique Martínez Ventura, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
El diputado Luis Enrique Martínez Ventura: Con el permiso del pueblo de México. Compañeras y compañeros legisladores, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo acudo a esta tribuna para hablar a favor del dictamen que nos presenta la Comisión de Justicia, por el que se reforman y adicionan diversas leyes penales para ponerlas en concordancia con las reformas a la Constitución General de la República en su artículo 19, en materia de prisión preventiva oficiosa.
En la reforma constitucional incluimos diversos tipos penales por cuya comisión el juez de la causa podría dictar de manera oficiosa la prisión preventiva, con el propósito de que el presunto delincuente no se sustraiga de la acción de la justicia.
Hoy, modificamos a partir de la minuta enviada por el Senado de la República, nueve ordenamientos de leyes secundarias. El primero de ellos se refiere al Código Nacional de Procedimientos Penales, para incluir en el artículo 167 las causas de procedencia de la prisión preventiva oficiosa. Esto es, se replican las hipótesis delictivas del artículo 19 constitucional.
Es necesario recordar que el robo a casa-habitación agravia a los mexicanos que son víctimas de la delincuencia. Por primera vez se sanciona penalmente el uso de programas sociales con fines electorales, que era una práctica común en anteriores gobiernos.
Con la aprobación de la presente reforma, el gobierno del presidente de la República da la cara a la sociedad, mandando un mensaje claro de que ningún servidor público del gobierno federal podrá distraer los programas sociales con fines político-electorales, quien lo haga se irá a la cárcel.
También se introducen a la legislación penal los delitos de corrupción y ejercicio abusivo de funciones. Indudablemente, la sociedad mexicana se manifestó en 2018, harta por la gran corrupción de los gobiernos de 1988 a 2018. El erario público fue visto como caja sin fondo, donde podían robarse de manera impune el esfuerzo de los mexicanos en el pago de sus contribuciones fiscales, sin que hubiera sanción para los responsables.
Para quienes afirman que este gobierno no se ocupa de los feminicidios, hoy les decimos que quienes cometan estos delitos estarán restringidos de su libertad a lo largo del proceso penal. Como sociedad, tenemos la obligación de velar porque cualquier agresión a las mujeres, sea física o de orden sexual, no quede sin castigo. De igual manera, el secuestro, que agravia a las familias, generando una gran preocupación por la suerte del familiar privado de su libertad, no quedará impune.
Compañeras y compañeros legisladores, la sociedad mexicana reclama que el Estado mexicano garantice su seguridad personal, familiar y patrimonial. Y que todas aquellas personas que delinquen sean sancionadas. Al Estado mexicano corresponde el monopolio legítimo de la fuerza. Y esta debe ser usada para que las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia funcionen adecuadamente.
Debemos fortalecer a las instituciones de prevención del delito y, una vez que esto se llega a materializar, que los ministerios públicos y las policías a su cargo tengan la capacidad de investigar adecuadamente. Es imperativo del Estado mexicano y de la sociedad restañar el tejido social para inhibir las conductas delictivas. Pero, que estas cuando se cometan, no queden impunes.
Para el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo aun hay temas pendientes en esta gran agenda. Para la seguridad de los mexicanos estamos considerando en esta reforma el robo al transporte de carga. Pero no hemos todavía considerado el robo al transporte público de pasajeros, que cada día se incrementa y flagela a la clase más desprotegida de este país.
Por las consideraciones antes expuestas, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo apoyará el dictamen en sus términos, con la convicción de que estamos dotando a las instituciones de los instrumentos legales que les permitirán realizar mejor tarea en beneficio de la sociedad mexicana. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Martínez Ventura.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra la diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán: Con su venia, diputada presidenta. Locura, compañeras y compañeros, es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. Y, ¿por qué viene al caso esta frase atribuida a Albert Einstein, en este momento? Porque aquí lo único que estamos haciendo, a través de esta reforma que se propone el día de hoy, es incrementar aun más el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.
Permítanme recordarles, compañeras y compañeros, que existe un catálogo desde el 2008, en el que por ejemplo, el homicidio está incluido y este delito no solo no ha disminuido, sino se ha incrementado conforme lo dicen cifras oficiales, no me lo crean a mí, y está desde 2008.
Cuando dimos aquí la discusión de la reforma al artículo 19 constitucional, nosotros, el Grupo Parlamentario del PRI y varios otros grupos parlamentarios, hicimos nuestra una propuesta que cambiaría esto que les mencioné, que no sería seguir haciendo lo mismo, sino sería obligar al Ministerio Público o a los fiscales, a solicitar ante un juez la prisión preventiva justificada.
Y voy a tratar de explicar esta diferencia, compañeras y compañeros, porque yo aquí he escuchado, aparte de varios discursos que únicamente están dando argumentos políticos, en ningún momento, técnicos, cosas que son inexactas.
Todos y cada uno de los delitos que ameritan prisión, puede solicitar el Ministerio Público esta medida cautelar de manera justificada. Y, nosotros fue lo que dijimos, para no violentar los tratados internacionales de los cuales México es parte; para no violentar las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; para hacer caso a las recomendaciones que en reiteradas ocasiones le han hecho a nuestro país, de abandonar la figura de la prisión preventiva oficiosa, nosotros pretendíamos fortalecer la de la prisión preventiva justificada, al quitarle al Ministerio Público la posibilidad de decidir si lleva o no ante un juez, a las personas que vengan acusadas de haber cometido este catálogo de delitos.
Aquí lo que estamos haciendo es únicamente poner más delitos. No tenemos un solo indicio que diga que por haber estado ahí desde el 2008 se ha reducido su comisión. Pero sí, por el contrario, tenemos muchos indicios que nos dicen que esté aprestado a una serie de injusticias y a una serie de violaciones a los principios constitucionales, por ejemplo, que aquí ya se ha mencionado, el de presunción de inocencia.
Y por ejemplo, por supuesto, el de derecho que tenemos todas y todos a un debido proceso. El querer aquí justificar violaciones a derechos humanos fundamentales como lo es de la libertad, porque la prisión preventiva oficiosa, compañeras y compañeros, es privar a alguien de su libertad sin que haya sido juzgado previamente. Estamos hablando de uno de los derechos más preciados para cualquier ser humano, el de la libertad.
Y aquí, con el pretexto de encubrir las deficiencias de los operadores del sistema, particularmente de los Ministerios Públicos y de las Fiscalías, les queremos hacer su trabajo, como si el hecho de estar ya en la ley por una varita mágica y por el discurso que ustedes aquí están diciendo, y que también dice este gobierno, se fueran a mejorar las cosas.
Les recuerdo que estamos en el año más violento del que se tiene registro y que esta reforma que ustedes están haciendo es cosmética y están engañando a las y los mexicanos diciéndoles que, por el simple hecho de que el feminicidio ahora esté en ese catálogo, va a dejar de ocurrir.
Dejará de ocurrir cuando exista una estrategia en seguridad que sea correcta, que otorgue presupuesto a los operadores de justicia para que se puedan capacitar y para que puedan también tener una policía mejor de proximidad, para que pudiéramos llevar a cabo un programa de prevención del delito.
Esto, compañeras y compañeros que ustedes plantean, no es una estrategia de seguridad y tampoco será el resultado que estamos buscando. La historia nos juzgará a todos y cada uno de nosotros y la realidad se seguirá imponiendo, compañeras y compañeros. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Rodríguez Mier y Terán.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra la diputada María del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
La diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Gracias, presidenta. Compañeras y compañeros legisladores. Hace aproximadamente dos siglos, en el debate académico de los teóricos del derecho penal, se señalaba que el encarcelamiento era la base y el edificio casi entero del sistema penal. Se señalaba que este sistema de encarcelamiento era producto del avance de ideas modernas.
A casi dos siglos de distancia de que estas ideas se convirtieron en el pilar central de la tradición penalista en el mundo, esto ha cambiado, esto se ha transformado y estas tesis han quedado rebasadas porque demostraron su ineficacia. Pero en México es evidente que hay quienes insisten en hacer de este modelo punitivista e inquisitorio el centro de la política criminal.
En contraparte a esta visión que permeó prácticamente durante todo el siglo XX con el sistema inquisitivo y después el sistema mixto que reproducía el mismo sistema, se impulsó la construcción de un nuevo sistema de justicia penal, que nació a raíz de la reforma constitucional de 2008 y entró en pleno vigor en 2016, con la expedición del Código Nacional y con la obligación de las entidades federativas de adoptar ese sistema, basado en principios como el de la legalidad, el debido proceso, la presunción de inocencia y el respeto irrestricto a los derechos humanos.
El nuevo sistema de justicia se concibió con el objeto del esclarecimiento de los hechos, la protección del inocente, procurar que el culpable no quede impune y la garantía de la reparación del daño.
Por primera vez, se puso a la víctima como parte y centro de este proceso. Sin embargo, en su diseño se conservaron resabios de una política punitivista. El mayor ejemplo de ello lo es justamente este catálogo de delitos en el artículo 19 constitucional.
Este catálogo de delitos que establecía excepciones a la prisión preventiva justificada, aplicada como medida cautelar a petición del Ministerio Público, cuando pudiera correr peligro la víctima o cuando el imputado pudiera extraerse de la acción de la justicia o en otros casos excepcionales. Sin embargo, se estableció un catálogo para que en una serie de delitos el juez debiera otorgar la prisión preventiva oficiosa.
Sin embargo, desde que es posible aplicar dicha medida de manera oficiosa, se han advertido dos efectos negativos graves. Uno, que se incumple con el principio de excepcionalidad que establece que esta medida se debería aplicar solo cuando otras medidas no sean suficientes. Y dos, que la medida se ha aplicado en exceso.
De acuerdo con el Inegi, al menos el 44.4 por ciento, casi la mitad de los imputados procesados han recibido prisión preventiva, con lo cual queda en evidencia que no se trata de una medida excepcional, sino de la regla en los procesos penales.
Es un asunto grave si recordamos que la sola privación de la libertad podemos estar hablando de una pena anticipada que es violatoria de derechos humanos. En términos institucionales, abrir la puerta a la prisión preventiva oficiosa es grave, pues implica que no se desarrollen capacidades para la persecución efectiva de los delitos.
Lejos de ser una solución, perpetúa los grandes vicios de nuestro sistema penal. Solo se procesa a quienes son detenidos en flagrancia, no genera incentivos para que los ministerios públicos realicen una investigación integral del fenómeno criminal. Y promueve la saturación de nuestro rebasado sistema penitenciario. En pocas palabras, la prisión preventiva termina por promover impunidad.
Durante la discusión a la reforma del 19 constitucional, publicada el año pasado, donde se abre la puerta todavía más a la prisión preventiva oficiosa, sumando nueve conductas más, hubo posicionamientos encontrados al interior de distintos grupos parlamentarios. Y finalmente se introdujeron estas nuevas hipótesis delictivas al Catálogo de la Prisión Preventiva Oficiosa.
Una vez que la reforma constitucional fue publicada correspondía armonizar al Poder Legislativo y, de hecho, la Comisión de Justicia el año pasado emitió un dictamen. Sin embargo, ahora vemos que en un caso lamentable de falta de técnica legislativa el Senado de la República nos envía una minuta que excede con mucho el propósito de armonizar la prisión preventiva en la legislación secundaria.
De manera indebida se pretende engrosar la lista aprobada por este mismo Congreso, creando todavía nuevos equipos panales, modificando otros e incrementando penas en una suerte mal lograda de miscelánea penal. Esta modificación unilateral del Senado representa un fraude a la ley...
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañera diputada, su tiempo se ha agotado.
La diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Termino, presidenta, gracias. Pues es evidente que este Congreso aprobó la prisión preventiva para los delitos que en ese momento estaban vigentes. Desde Acción Nacional no consentiremos ningún acto que rompa el principio de legalidad, por ello votaremos en contra de este dictamen que claramente va más allá de la sencilla obligación que tenía este Congreso de armonizar la reforma al 19 constitucional. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Ortega Martínez.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra la diputada Claudia Pérez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.
La diputada Claudia Pérez Rodríguez: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, hoy avanzamos en la lucha contra la impunidad, respecto de los aspectos técnicos de la reforma al artículo 19 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con relación en la integración del catálogo de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Ello desde el 12 de abril de 2019, en que se reformó el aludido numeral.
Lo anterior es así porque el nuevo texto constitucional incorporó los delitos de feminicidio; robo en casa habitación; uso de programas sociales con fines electorales; corrupción, tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones; robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades; delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos; delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares; y delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.
Sin embargo, quiero resaltar que el presente dictamen de la Comisión de Justicia no constituye una pena adelantada, ya que es solo una medida cautelar provisional para garantizar que el imputado acuda al desarrollo del juicio y al procedimiento penal. Misma que obliga tanto al fiscal como a los operadores del sistema a realizar su función sin corrupción, con profesionalismo y honestidad.
Y con ello, lograr que el juez de control necesariamente decrete de oficio la prisión preventiva respecto de los delitos establecidos en la Constitución, como lo mandató el artículo segundo transitorio del referido decreto, en el que existe la obligación para el Congreso de la Unión, en un lapso de 90 días, que se realicen las adecuaciones necesarias respeto al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y demás ordenamientos relativos, así como las hipótesis delictivas contenidas en el artículo aludido 19 constitucional.
Por ello, en la Comisión de Justicia –en la cual soy secretaria– actuamos con responsabilidad y este dictamen que estamos discutiendo en este momento se incorporan las conductas delictivas referentes al artículo 167 del Código Nacional, y con ello, damos cumplimiento a un mandato constitucional, ya que como lo ha dicho la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estábamos incurriendo en una omisión legislativa y, por ello, los jueces de control no podían decretar de oficio la prisión preventiva oficiosa respecto de los especificados delitos.
Por lo que es de relevancia la incorporación de las hipótesis delictivas en mención para la aplicación de la prisión preventiva oficiosa. Y ello, encuentra justificación en razones tales como la incidencia delictiva, la grave afectación al orden social, los bienes jurídicos tutelados de alto impacto, cuya probable comisión traen consigo la imperiosa necesidad de suspender el derecho de la libertad del imputado para que no se fugue, compañeros, y por las consecuencias de estas conductas jurídicas y sociales que traen consigo para que el inculpado cumpla el procedimiento.
Por todo lo anteriormente dicho, es que la prisión preventiva de oficio debe aplicarse en aras de la preservación del proceso judicial, considerando que los delitos que afectan a bienes jurídicos sensibles de las personas y de toda la sociedad, deben estar detenidos los imputados, logrando con ello un real equilibrio entre la víctima y el imputado. Es cuanto, compañeros.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Pérez Rodríguez. Se informa a la asamblea que con esta intervención ha terminado el plazo para la presentación de reservas al dictamen a discusión. Está a discusión en lo general.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción V del Reglamento, se otorgará el uso de la palabra a las y los diputados para hablar en contra y a favor, hasta por cinco minutos. Para hablar en contra, tiene la palabra el diputado Enrique Ochoa Reza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Enrique Ochoa Reza: Compañeras y compañeros diputados, muy buenas tardes. Aquí se ha dado un falso debate sobre la prisión preventiva oficiosa, la prisión preventiva oficiosa ha sido señalada por distintas organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, como una salida falsa, como una puerta falsa para resolver los problemas de inseguridad.
Lo tuvimos en el parlamento abierto que se llevó a cabo, organizado por integrantes de la Comisión de Justicia de esta misma Cámara de Diputados hace unos días, y lo tuvimos también hace un año cuando se discutió la reforma constitucional. Y, es un falso debate porque aquí se ha establecido equivocadamente que la prisión preventiva oficiosa la resuelve el juez.
De ninguna manera es así. De hecho, la crítica principal que se tiene sobre la prisión preventiva oficiosa es que descansa en el eslabón más débil del sistema de justicia penal, el Ministerio Público, la fuerza de enviar a la cárcel a una persona durante el proceso penal.
El juez de control, contrario a lo que se ha dicho aquí, no tiene opción de negar la prisión preventiva, dado que es oficiosa está obligado a determinarla. Aquí se ha dicho que eso es para aquellos casos en flagrancia. Bien, pero, no solo para esos casos, el Ministerio Público no está limitado para pedir la prisión preventiva oficiosa para casos de flagrancia, también aplica para aquellos casos que el Ministerio Público encuentra en no flagrancia.
Y, más allá de eso, el problema es que ahí pagarán justos por pecadores, donde el Ministerio Público pueda llevar a cabo una acusación equivocada y el juez de control no tenga la facultad constitucional para revisar las pruebas y, en consecuencia, llevar a cabo lo que con derecho corresponde.
Lo lamentable de esta propuesta es que van a pagar justos por pecadores, se van a castigar a inocentes a que lleven a cabo su proceso judicial en la cárcel, estableciendo una pena anticipada.
Aquí se ha dicho, equivocadamente, que ese castigo es de carácter provisional, no es cierto. De acuerdo a la legislación que está establecida en la minuta que se votará el día de hoy, no es provisional el carácter de la prisión preventiva oficiosa. De hecho, su carácter es a lo largo de todo el proceso de justicia penal y solo se resuelve cuando el juez determina la absolución de la pena y eso es hasta el final de un proceso que puede durar más de dos años.
En consecuencia, un inocente puede estar adentro de la cárcel por una medida que ustedes van a votar en este momento. Eso no va a generar de ninguna manera justicia, lo que va a generar es impunidad, porque un inocente va a estar en la cárcel durante el proceso penal y el verdadero responsable va a estar afuera delinquiendo.
La prisión preventiva oficiosa es una falsa salida, compañeras diputadas y diputados, por que le están dando al eslabón más débil del sistema de justicia penal la facultad de meter a la gente a la cárcel, que es el Ministerio Público.
Hay que dársela a los jueces, que sean los jueces quienes valorando las pruebas que presente el Ministerio Público puedan dictar o no la prisión preventiva y la prisión preventiva para los delitos que están en el artículo 19, pero, esa se llama prisión preventiva justificada. Que, es decir, sea el juez, sea el juez el que tenga el poder, una vez valoradas las pruebas para determinar quién vive el proceso penal al interior de un reclusorio y quién lo hace en libertad.
Pero, esa facultad ustedes se la están dando al Ministerio Público que es el eslabón más débil del sistema de justicia. Es equivocada esta reforma y así lo han señalado especialistas en materia de derechos humanos del país e internacionales.
Es una puerta falsa porque lo que va a generar es impunidad. Es una puerta falsa porque inocentes van a terminar teniendo su proceso penal en la cárcel, mientras los verdaderos responsables de una conducta delictiva van a estar libres. Es una puerta falsa porque le da al Ministerio Público la posibilidad de corromperse, porque tiene un poder absoluto que no tiene control por parte de los jueces. Es una puerta falsa porque en lugar de apoyar a los jueces locales o federales para que puedan establecer los castigos que consideren consecuentes con la peligrosidad del hecho o del individuo, ustedes están dándoselo al Ministerio Público.
Es una puerta falsa la que están promoviendo, porque en contra de todas las opiniones de especialistas en la materia, ustedes se empeñan en tratar de confundir una cosa que no lo es. Lo que están haciendo con esta reforma es darle poder al Ministerio Público para determinar quién vive en prisión su proceso penal.
Mentira que se lo están dando al juez. El juez tiene la obligación, al ser prisión preventiva oficiosa, de enviar a la persona que determina el Ministerio Público, durante todo su proceso penal a la cárcel.
Mentira que sea provisional. No lo es, es de manera permanente a lo largo del juicio. Y mentira que están pensando en resolver el problema de impunidad, por el contrario, inocentes van a terminar en la cárcel por culpa de esta legislación mal hecha.
Son más de 150 conductas delictivas que van a tener como consecuencia la prisión preventiva oficiosa y eso caerá en sus conciencias. Muchas gracias, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado Ochoa. Tiene la palabra, para hablar en pro, la diputada María de los Ángeles Huerta del Río, del Grupo Parlamentario de Morena.
La diputada María de los Ángeles Huerta del Río: Con su permiso, presidenta. Las reformas que hoy se ponen a consideración de esta soberanía son para proteger a la sociedad, para garantizar la vida, para garantizar la libertad, son producto, justamente, de la transformación de la sociedad.
Esta armonización y legislación secundaria es la consecuencia, justamente, de la reforma constitucional al artículo 19 sobre prisión preventiva oficiosa, como ya se ha dicho aquí repetidamente.
Lo que estamos haciendo aquí es continuar el compromiso con millones de mexicanos que se habían sentido tan agraviados con la impunidad que imperaba en nuestro país. No olvidamos la impotencia sentida por tantas víctimas de feminicidios, el huachicoleo, los corruptos y narcotraficantes.
Cuanta gente vio salir casi de manera inmediata bajo fianza a todos estos delincuentes. Muchos de ellos aprovecharon la laxitud de las leyes para escapar y para seguir delinquiendo, para seguir dañando a los mexicanos y a los bienes nacionales, que son de todos nosotros.
Nunca más vamos a permitir la impunidad de los delincuentes. Nunca más que se escapen. Ya no más Lozoyas, ni Duartes y tantos más personajes que huyeron fácilmente gracias al apoyo de la normatividad que había antes. En este sexenio los estamos deteniendo y ahora sí, ahora sí verán el castigo. Y entendemos claro por qué esta oposición, que aquí se ha subido antes que yo, votará en contra. Pero, no se preocupen, que también la sociedad los está observando.
Esta es una reforma que refleja la congruencia de nuestro gobierno y la congruencia de nuestro grupo parlamentario en la transformación real de la vida pública. Vamos a pasar de la corrupción galopante a un manejo ético de los recursos.
Hoy el sello de este gobierno es el castigo a la impunidad y a la corrupción. Va a haber total respeto a los imputados. Se mantiene la posibilidad de apelar o de recurrir al amparo. Lo que hace esta regulación en realidad es poner por encima los derechos de todo el colectivo. Además, los derechos de las víctimas en este país son los que estarán más resguardados.
Estas reformas son producto de una muy necesaria adecuación de la norma a la realidad que hoy estamos viviendo. Ahora sí habrá justicia.
Antes los ciudadanos no entendían cómo era posible que la delincuencia organizada fuera detenida con cientos de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y que pudieran salir libres casi al mismo momento de ser aprehendidos. Teníamos una legislación que protegía a los delincuentes. Ya no más simulación ni impunidad. Vamos por un Estado de derecho que de verdad sirva a los millones de mexicanos honrados y trabajadores.
Que quede claro, esta reforma es benéfica para los ciudadanos honrados y, por supuesto, protege a la sociedad. ¿Quiénes se oponen? Pues buscan, evidentemente, que siga imperando el Estado de impunidad que daba puerta libre y abierta a los delincuentes, incluidos a los de cuello blanco.
Pero nosotros, los legisladores de Morena les decimos con firmeza, con mucha firmeza como lo sabemos hacer: nunca más. Nunca más seguirá eso ocurriendo, porque ahora es el momento en el que estamos dando un marco jurídico adecuado al Ministerio Público, a los jueces, etcétera, para combatir de forma muy firme a quienes tienen que ser castigados adecuadamente.
Por eso la prisión preventiva oficiosa en los delitos que ya se han mencionado queda ahora en la ley. Mienten y mienten quienes pretenden ahora justificar su oposición argumentando derechos humanos. Si, mienten, porque sus derechos serán respetados, los de las víctimas y, por supuesto, los de los delincuentes, pero los juicios se van a llevar a cabo en prisión para quien sea un delincuente.
Finalmente, quiero mencionar que en este dictamen se garantiza que todos los que tienen que ser castigados ahora sí lo serán, y lo serán en prisión. Los derechos de todos también van a ser protegidos. Aquí es para lo que estamos los diputados de Morena, defendiendo y legislando en favor de todos los mexicanos. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Huerta del Río. Para hablar en contra, tiene la palabra la diputada María del Rosario Guzmán Avilés, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
La diputada María del Rosario Guzmán Avilés: Con su permiso, diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados, en esta Cámara tuvo lugar la discusión de la reforma constitucional en materia de prisión preventiva oficiosa, con independencia de que hubo una expresión dividida respecto de la procedencia de dicha reforma, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional dejó muy clara su preocupación por el descuido y desinterés de diversas autoridades, especialmente las del orden federal en la consolidación y fortalecimiento del sistema penal acusatorio.
En las últimas mediciones las cifras del Inegi arrojan que en nuestro país se están cometiendo 33 millones de delitos en el año. Ante dicho fenómeno observamos la inexistente estrategia y el nulo liderazgo del gobierno federal en la materia. Muestra evidente de lo anterior es la capitulación de las labores de investigación y seguridad de parte de las autoridades civiles en favor de las Fuerzas Armadas.
En términos de rendición de cuentas, el Informe de gobierno es carente de información sustantiva, ya que no se puede informar sobre lo que no se ha hecho. En adición a lo anterior, no hemos recibido el informe de la Fiscalía General de la República, lo cual agrava el estado de incertidumbre sobre el momento en el que estamos como país. Prácticamente estamos a ciegas en materia de seguridad y de justicia.
En este entorno se produce el dictamen de la Comisión de Justicia sobre la minuta en materia de prisión preventiva oficiosa, y siendo una de las principales preocupaciones del Grupo Parlamentario del PAN, la impunidad rampante es que de buena fe se aportaron votos a favor de la reforma constitucional al artículo 19. Pero es un hecho que en la representación de la mayoría en ambas Cámaras ha habido una actuación poco aseada, por decirlo de alguna manera, en la dictaminación de la reforma de la ley secundaria.
Adicionalmente a lo anterior, se han incluido temas que exceden el mandato de la reforma constitucional, se ha utilizado el ejercicio de reforma de manera alevosa para alterar temas diversos a la discusión central.
Recibimos una minuta que se excede, una minuta que no cumple los compromisos básicos. Esta conducta se ha hecho costumbre en esta legislatura, pues aprovechando el bicameralismo, la discusión de las dos Cámaras, se ha utilizado como un pretexto para manipular al procedimiento legislativo.
Enfatizando, recalcando y subrayando nuestro compromiso para garantizar el correcto funcionamiento del sistema penal acusatorio, el del Grupo Parlamentario del PAN votará en contra de este dictamen y exhortamos a los demás grupos a actuar con seriedad en esta delicada materia. No permitamos más ocurrencias y abusos. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Guzmán Avilés. Para hablar en pro, tiene el uso de la palabra la diputada María del Carmen Bautista Peláez, del Grupo Parlamentario de Morena.
La diputada Maria del Carmen Bautista Peláez: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, “la justicia es la reina de las virtudes republicanas y con ella se sostiene la igualdad y la libertad”. Simón Bolívar.
Con la entrada en vigor de la reforma constitucional en materia de prisión preventiva oficiosa México dio un paso firme, contundente y sin titubeos para cerrar las puertas de la impunidad por la que por décadas los delincuentes entraban y salían para eludir a la justicia.
Esta reforma ha sido una pieza fundamental para el fortalecimiento del sistema de impartición de justicia penal, de ahí que la armonización de las leyes secundarias es una herramienta indispensable para asegurar el desarrollo del debido proceso.
La prisión preventiva oficiosa permite garantizar la comparecencia de la persona imputada al procedimiento penal, impide la obstaculización de las investigaciones y contribuye a salvaguardar la integridad, tanto de las víctimas como de los testigos.
Cabe señalar que esta medida cautelar debe ser dictada por el juez en aquellos delitos de alto impacto y, por ende, considerados como graves. Ahora, los ilícitos que por años han dañado a la sociedad mexicana serán castigados con toda la fuerza de la ley, porque se evitará que los delincuentes escapen de la justicia. Lo anterior, mediante un proceso apegado a derecho y siempre con pleno respeto al principio de presunción de inocencia.
Por ello, el Grupo Parlamentario de Morena votará a favor de este dictamen. Nuestro compromiso es acabar con la impunidad y hacer valer la ley. Nuestro compromiso es que la justicia sea oportuna y efectiva. Nuestro compromiso es que las víctimas nunca más vuelvan a estar solas. Muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Bautista Peláez. Para hablar en contra, tiene el uso de la palabra el diputado Eduardo Zarzosa Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Eduardo Zarzosa Sánchez: Con su permiso, presidenta. Diputadas y diputados, pueblo de México, soy egresado de la Facultad de Derecho de mi gloriosa Universidad Autónoma del Estado de México. Ahí aprendí que quienes ejercen la noble labor de la abogacía cuidan uno de los derechos humanos más importantes que como seres humanos poseemos: la libertad. Y hoy, justamente con esta reforma, estamos degollando este derecho humano consagrado en el artículo 7o. de nuestra máxima norma constitucional.
Pero el partido oficial del gobierno en turno, léase Morena, está intentando disfrazarlo, diciéndonos que con esta reforma ahora se acabará con la comisión de todos los delitos enmarcados en este artículo. Nada más alejado de la realidad. Esto que hoy estamos aquí discutiendo es una intentona para tratar de disfrazar, de maquillar la fallida estrategia de seguridad de este fallido gobierno.
Hoy nuevamente yo les pregunto, amigas diputadas y diputados, para qué estar haciendo los parlamentos abiertos, para qué si no los vamos a escuchar, para qué si vamos a hacer oídos sordos. Porque no nos importó lo que nos dijo el representante de la ONU, no nos importó lo que dijo el presidente del Tribunal de Justicia de Chihuahua, tampoco lo que dijeron representantes de asociaciones tan importantes como Justicia para Todos e Intersecta. No nos importó. Lo echamos en saco roto.
Pero miren, esta reforma no tiene nada de cierto de lo que ustedes están planteando, porque es mentira que sea para proteger a los ciudadanos, porque no se están atacando las causas de este delito, se están atacando las consecuencias. Y es ahí donde estriba el más grave error. Si no atacamos las causas jamás podremos combatir los delitos que le hacen tanto daño a la sociedad.
Pero miren, me llama la atención. Una diputada hace rato se subió aquí a decir y a hablar de las víctimas. De verdad, con qué cara vienen a esta tribuna a hablar de las víctimas. Con qué cara. No tienen vergüenza. Si la semana pasada eliminaron el fondo para proteger a los familiares de víctimas del delito. Cómo es posible que vengan a hablar aquí de las víctimas. Cómo se atreven a hablar de ellas si no tienen el menor remordimiento...
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Permítame un momento, diputado Zarzosa. Con qué objeto, diputado Cayetano García.
El diputado Rubén Cayetano García (desde la curul): Para solicitarle, presidenta, si por su conducto puede preguntarle al diputado Zarzosa si me acepta una pregunta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Diputado Zarzosa, acepta usted una pregunta del diputado.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Diputado Zarzosa, ¿acepta usted una pregunta del diputado Cayetano García?
El diputado Eduardo Zarzosa Sánchez: No, diputada.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: No la acepta, diputado. Adelante, siga, diputado Zarzosa.
El diputado Eduardo Zarzosa Sánchez: Aquí vinieron a decir que el sello de este gobierno es acabar con la corrupción. De veras, da risa, dan risa, con tantas cosas, con tantas cosas que hemos visto de la corrupción en su actual administración, vienen aquí a hablarnos y a decirnos que están actuando en contra de la corrupción, ¿es en serio? ¿Es en serio que nos lo están diciendo? Cómo se atreven ustedes a hablar si este gobierno, el único sello que lo caracteriza es el populismo, la mitomanía y la falta de resultados. Ese es el verdadero sello que los caracteriza a ustedes como gobierno.
Y miren, lo que están intentando hacer ustedes es crear un estado de terror, para que la política de actuación de las instituciones de procuración e impartición de justicia no sea una democracia, pero sí una orden directa de quienes no estén a favor de sus procedimientos y de sus políticas.
Nos queda claro que lo que están buscando con esta reforma no es ayudar a las víctimas, no es proteger a los ciudadanos, no, es tener un arma letal para aquellas personas que no están a favor de ustedes, para que aquellos ciudadanos que no tengan la posibilidad de poder defenderse se queden ahí por años, en lo que juntan las pruebas, porque como esto es, no es una prisión preventiva que tenga las características de tener los mínimos requerimientos para que una persona sea juzgada, ustedes lo van a hacer así, con la simple razón de decir: es un delito que merece prisión preventiva oficiosa y por eso vamos a encarcelar a todos los ciudadanos que estén en contra de nosotros.
Yo los llamo, diputadas y diputados, a que entren en la razón, sé que les estoy pidiendo mucho, sé que no es lo suyo pues un poco razonar y decir que lo que estamos haciendo hoy aquí es una grave falta a los derechos humanos, más allá de todo lo que está pasando, pero seguramente habrá instancias internacionales que pidan y que nos escuchen, que escuchen este llamado de auxilio, porque es evidente que las consecuencias negativas de la prisión preventiva oficiosa no daña solamente lo más valioso de un ciudadano, es que es su estado y su libertad, además produce consecuencias cautelares nefastas, pues como el hacinamiento, la violencia, la incapacidad de proporcionada para cubrir fianzas, el elevado costo de la gestión penitenciaria y muy tristemente, genera sentencias condenatorias a efecto de justificar todo el tiempo previo que pasó la persona en la cárcel.
El Grupo Parlamentario del PRI, rechazamos contundentemente este dictamen que rebasa el mandato constitucional, que atropella sin freno los derechos humanos y que se convertirá en una potencial arma de acoso en contra de quien piense diferente al tlatoani en turno. Decimos sí a la urbanización del artículo 167, pero, no a este lobo disfrazado de cordero que nos presentan en este pleno. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Zarzosa Sánchez. Para hablar en pro tiene la palabra la diputada Beatriz Silvia Robles Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Morena.
La diputada Beatriz Silvia Robles Gutiérrez: Con la venia de la Presidencia. En abril del año pasado, adicionamos al artículo 19 constitucional una serie de conductas delictivas que lesionan y ponen en peligro el bienestar social, por lo que justifican prisión preventiva oficiosa.
Ello, porque se coincidió en que el abuso o violencia sexual contra menores, el feminicidio, la desaparición forzada de personas, el robo de hidrocarburos, de transporte de carga y la corrupción necesitan medidas que garanticen la seguridad de la sociedad y de las víctimas.
Además, porque la medida cautelar para estas conductas de alta peligrosidad asegura que el inculpado no se evada de la justicia, entorpezca las investigaciones o ponga en peligro la integridad física de las víctimas, testigos o cualquiera otra persona.
Es de señalar que la referida figura ha contribuido a que el Estado proporcione un efectivo acceso a la justicia, sin embargo, no debemos olvidar que la Constitución federal solo establece las bases generales que han de regir el procedimiento penal y que se necesitan ajustes específicos para su mejor implementación, por lo que en la reforma en alusión adquirimos el compromiso de que, en un lapso de 90 días, realizaríamos las adecuaciones normativas para el correcto funcionamiento de las instituciones.
Por lo anterior, debe precisarse que hoy acudimos a armonizar las leyes penales con lo que aquí ya se había aprobado, no como dicen algunos grupos parlamentarios al legislar sobre la prisión preventiva.
Compañeras y compañeros, los exhorto a rectificar su dicho porque lo que estamos discutiendo no es un asunto de constitucionalidad o de legalidad sino de mera formalidad. Es un mandato que nos dimos para hacer que las disposiciones jurídicas relacionadas estuvieran en sintonía con las cuestiones de fondo, ya las cuestiones de fondo fueron discutidas ampliamente en la reforma constitucional. Por eso, les pido con todo respeto no esgrimir argumentos mentirosos y centrarse en la discusión principal.
Este gobierno federal está buscando terminar con las prácticas de corrupción que se llevaron a cabo por muchos años y de las cuales, como legisladores, somos responsables, responsables de armonizar esas leyes, de escuchar a los ciudadanos que nos han dado un mandato a todos los que estamos aquí y que nos han pedido terminar con esa corrupción.
Les pido, por eso, que sean congruentes y que aprobemos esta armonización a las leyes. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. La corrupción ya no se tolera en México. La corrupción no es bien vista, el que la practique será juzgado por el pueblo. Es cuanto, diputada.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Robles Gutiérrez. Tiene la palabra la diputada Mónica Bautista Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para hablar en contra.
La diputada Mónica Bautista Rodríguez: Con su venia, diputada presidenta. Honorable asamblea, el dictamen que hoy se pone a consideración de esta asamblea, relativo a la minuta enviada por el Senado de la República en materia de prisión preventiva oficiosa, tiene por objeto dar cumplimiento al mandato contenido en el artículo segundo transitorio del decreto de fecha 12 de abril de 2019, que conlleva la materialización de las reformas legales en las que se establezcan, específicamente, cada una de las conductas delictivas que deben ser incorporadas al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como las leyes secundarias especiales que contemplan los delitos que ameritan la medida de prisión preventiva oficiosa, a fin de homologarlos como lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Es importante mencionar que el Grupo Parlamentario del PRD votó en contra de la ampliación de este catálogo, por considerarlo una regresión a lo establecido en la reforma constitucional de 2008, en materia de seguridad y procuración de justicia, ya que el principio fundamental de esta reforma fue garantizar el respeto a la presunción de inocencia y de acceso a la justicia para todas y todos los imputados, generando un proceso acelerado de modernización del sistema de justicia en nuestro país, que a partir de ese momento transitaría hacia la oralidad, priorizando los derechos de quienes se encuentran involucrados en el proceso penal.
Al implementar la figura de la prisión preventiva oficiosa, el Estado mexicano ha sido observado por diversas instancias internacionales en materia de derechos humanos, ya que se considera que esta medida es de carácter punitivo, que transgrede a los tratados internacionales de los cuales formamos parte y que violenta los principios del debido proceso y la presunción de inocencia, bajo el falso argumento de la protección a la sociedad.
Es por ello relevante, mencionar que el alto grado de impunidad en nuestro país se debe a las facultades arbitrarias concedidas al Ministerio Público, para decidir sobre la liberación del imputado y no por la aplicación intransigente de la prisión preventiva.
La ampliación del catálogo de delitos del artículo 19 constitucional no constituye una respuesta para la correcta impartición de justicia y es por ello que consideramos indispensable que esta medida cautelar sea examinada en cada caso, sustituyendo la prisión oficiosa por la obligación del Ministerio Público para solicitar esta medida cautelar y dejando al juez en libertad de otorgarla cuando existan circunstancias que actualicen los supuestos establecidos en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, siendo indispensable la realización de las actuaciones que provean su suficiencia y su solicitud ante el órgano jurisdiccional.
Lo anterior implica, igualmente, la eficaz concurrencia de los cuerpos de policía de investigación que intervengan, así como de los peritos que aporten los datos de prueba suficientes y pertinentes para la satisfacción de los requisitos señalados por la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales.
En el Grupo Parlamentario del PRD consideramos que la prisión preventiva es una medida extrema, excepcional, del último recurso, por lo que es necesario que los jueces realicen en cada caso una motivación individualizada de las razones que justifiquen su aplicación, tomando en cuenta los datos concretos que demuestren su necesidad. De lo contrario, se estará violentando los derechos humanos del imputado, como el derecho de acceso a la justicia, al debido proceso, a la igualdad ante la ley, a la presunción de inocencia y a la libertad personal, así como al buen funcionamiento de las instituciones de procuración e impartición de justicia y el diseño de las políticas públicas de seguridad. La prisión preventiva debe de ser la excepción, no la regla.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario del PRD votará en contra del presente dictamen, ya que nos encontramos convencidas y convencidos de que, en un verdadero Estado de derecho, no se adelantan las penas, no se sanciona antes de condenar. En una democracia por regla general, los juicios se enfrentan en libertad.
No podemos dar marcha hacia una realidad en que la prisión preventiva sea utilizada como una forma de justicia sumaria, tal como lo pretende el presente dictamen y como lo señaló el maestro Arturo Zaldívar, presidente de la Corte y entusiasta promotor de las consultas de la cuarta transformación.
Y se comentaba en esta tribuna que anteriormente se encontraban personas con grandes cantidades de armamento y no pasaba nada. Ahora, simplemente, ya no pasa nada, porque ya no se persigue a esos delincuentes, ahora se les permite irse.
No olvidemos lo sucedido con el hijo del Chapo Guzmán en este actual gobierno. Ahí la incongruencia de lo que se dice en esta tribuna. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Bautista. Tiene la palabra el diputado Vicente Alberto Onofre Vázquez, del Grupo Parlamentario de Morena, para hablar en pro.
El diputado Vicente Alberto Onofre Vázquez: Buenas tardes, compañeras y compañeros, con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, y a los mexicanos que nos ven por los medios de comunicación les pregunto:
¿Quién está a favor de que un violador de menores escape de la justicia? ¿Quién de ustedes está de acuerdo que en México, conserve un sistema penal acusatorio débil en el que el delincuente, luego de haber irrumpido una casa-habitación y saquear el patrimonio de una familia, quede impune? ¿Quién de aquí está en contra de garantizar que un feminicida pague por sus actos atroces? ¿Quién de ustedes considera que los corruptos no deben pisar la cárcel? Compañeras y compañeros, el pueblo está harto, harto de la impunidad y de las injusticias.
El presente dictamen busca establecer en la legislación secundaria que los infractores de los delitos previstos en el artículo 19 constitucional, enfrenten el proceso penal mediante la aplicación de la prisión preventiva oficiosa.
La aplicación de esta medida cautelar tiene como objetivo principal garantizar el esclarecimiento de los hechos, asegurar la presencia del imputado durante el desahogo del juicio, robustecer las medidas de protección a las víctimas, impidiendo que estas sean sujetas a represalias y facilitar las condiciones para la reparación del daño que se lleve a cabo.
Las y los diputados del Grupo Parlamentario de Morena estamos convencidos de que este compendio de modificaciones al marco jurídico mexicano impedirá, impedirá que los delincuentes evadan la justicia y enfrente de inicio a fin y debido proceso, respetando en todo momento, el principio de presunción de inocencia.
Terminaremos con las lagunas jurídicas que han impedido la correcta aplicación de la ley, favoreciendo así la seguridad de las víctimas y de la sociedad en general, con sanciones ejemplares para contribuir en la reducción de su incidencia.
Por ello, quienes voten a favor del presente dictamen, estarán votando a favor de proteger la integridad de las niñas, niños, mujeres y muchos ciudadanos en México. Estará favor de castigar con severidad el saqueo al erario público para fines electorales.
Estará a favor de terminar con las desapariciones forzadas, con los robos a casa-habitación, con el robo de hidrocarburos y en contra, por supuesto, de la portación de armas de uso exclusivo del Ejército. Estarán votando a favor de un México más seguro.
Y termino diciendo lo siguiente: en esta tribuna se ha dicho que hay que respetar los derechos de todos los ciudadanos, de aquellos ciudadanos que se les están imputando un delito porque así lo han cometido. Hay que respetarlos, por supuesto, y se va a llevar un debido proceso. Pero también les pregunto ¿y quién protege los derechos de aquellas víctimas que han sido violentadas en sus domicilios, en sus recorridos a su trabajo, en sus hijas, en sus hijos, a los estudiantes? ¿Quién nos protege? ¿Quién habla de sus derechos?
Hoy en día, hoy nos espantamos diciendo que todo aquel imputado tiene derechos y garantías. Efectivamente, y se les van a respetar. Pero, insisto, ¿quién ha garantizado los derechos de aquellas víctimas que no tienen un centavo siquiera para poder presentarse a los juzgados y así poder llevar a cabo la justicia que merecen? Yo creo que debemos pensar en ellos, y por eso insisto al Grupo Parlamentario de Morena, estamos de acuerdo, a favor de estas leyes secundarias. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Onofre Vázquez. Tiene la palabra la diputada Carmen Julia Prudencio González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para hablar en contra.
La diputada Carmen Julia Prudencio González: Con su venia, presidenta. Hace un momento el diputado se refirió acerca del apoyo a las víctimas. Yo también comento, pues sí, ahora menos van a tener atención con la desaparición del Fondo de Atención y Reparación del Daño Integral de las Víctimas, y con ese tipo de reformas agravamos más la situación.
Miren, después de haber sido secuestrado, torturado y recluido en prisión por un 1 año y 2 meses, Roberto, de 52 años, fue liberado por un delito que nunca cometió. Después de que un juez invalidó las pruebas en su contra, porque violentaron sus derechos fundamentales en su obtención.
En Movimiento Ciudadano siempre estaremos del lado de la justicia y de la aplicación de la ley. Estamos de acuerdo en castigar a quienes cometen un delito, pero apegados a nuestra Constitución y siguiendo, por supuesto, el debido proceso.
No podemos exponer los derechos de los mexicanos para que sean violentados y castigar a quien presuntamente cometió un delito, sin antes haber probado y justificado su culpabilidad. Si bien algunos legisladores dimos el voto de confianza al gobierno federal en las reformas del artículo 19, ni la impunidad ni la corrupción han disminuido, así como tampoco la incidencia delictiva, independientemente del delito que se cometa.
Lo cierto es que no se han dado los resultados en procuración de justicia a los que se comprometieron. Al contrario, se disminuyó el presupuesto a la Fiscalía y a las instituciones de seguridad pública. Es evidente que así no podemos avanzar.
El procesamiento de estas conductas delictivas, como se propone, provocará que no sea excepcional, proporcional, innecesaria esta figura, sino que se convierta en regla. Es decir, se utilizará de manera irresponsable, ya que como se propone en la minuta que nos ocupa, la armonización de las leyes secundarias en la materia no establece un proceso claro para que el juez determine que este instrumento jurídico deba implementarse.
Recuperar la confianza ciudadana en relación a la impartición de justicia no va a lograrse a través de esa reforma, la cual solo ingresa a personas inocentes a la cárcel, pero no mejora las capacidades del Ministerio Público. Es decir, se justifica la ineficiencia por medio de la secesión arbitraria e injustificada.
Las reformas que se proponen únicamente avalarán la incapacidad del Ministerio Público para investigar, ya que las pruebas para encarcelar a una persona no serán necesarias cuando una persona, por error o por desconocimiento de la ley, presuntamente cometa un delito y, por lo tanto, pierda la libertad sin mediar juicio alguno.
Votaremos en contra porque el dictamen que hoy discutimos no proporciona justicia, ya que en el fondo no resuelve lo que se busca, combatir la incidencia delictiva, y fomenta la corrupción y el abuso de poder de los encargados de impartir justicia, impidiendo con ello el acceso a la verdad.
Un cambio de esta magnitud implica saber qué cambio queremos y para qué lo queremos. En este caso, que es el de disminuir la delincuencia, esto no va a lograrse a través de la reforma. Las personas privadas de su libertad por esta medida tardan aproximadamente dos años en salir de la cárcel, cuando todo el tiempo fueron inocentes y sí se les condena de antemano al hacinamiento, a la insalubridad, a la violencia, impactando profundamente esto de manera directa y negativa a sus familias.
Este dictamen es la prueba más palpable de que no hay interés por mejorar, interés del gobierno para crear y mejorar el sistema, un sistema de procuración de justicia eficaz, ya que prefieren tomar el camino más fácil, el cual en la mayoría de los casos no siempre es el correcto, sin importar las consecuencias negativas que traerán consigo. De aprobarse esta reforma, el Congreso mexicano estaría enviando el mensaje negativo a la sociedad de que, a falta de justicia, nos ofrecen el castigo.
Por todo lo anteriormente expuesto, Movimiento Ciudadano votará en contra de este dictamen, ya que estamos convencidos de que se deben garantizar los derechos, pero sin vulnerar garantías, teniendo la certeza de que el tiempo nos dará la razón. Muchas gracias, señora presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputada Prudencio González. Tiene la palabra la diputada María Roselia Jiménez Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para hablar en pro.
La diputada María Roselia Jiménez Pérez: Con el permiso del pueblo de México. (Habla en lengua originaria.) Gracias hombres y mujeres, legisladores compañeros. A nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo acudo a esta tribuna para hablar a favor del dictamen que nos presenta la Comisión de Justicia, por el que se reforman diversos ordenamientos panales en matera de prisión preventiva oficiosa.
Es necesario destacar que la prisión preventiva es una medida cautelar que no prejuzga sobre la culpabilidad del presunto autor del delito, y cuyo efecto es restringir su libertad a efecto de que al enfrentar su proceso penal en la cárcel se evite el riesgo de que se sustraiga de la acción de la justicia.
En particular, me interesa destacar la reforma que se nos presenta a la Ley General en Materia de Delitos Electorales para sancionar las conductas consistentes en el uso de programas sociales, con fines electorales.
Por fin, ya era hora, basta, como se dice en tojolabal (habla en lengua originaria). Basta ya de que se lucre, abuse con la necesidad de la gente, utilizando programas públicos para forzar a la población de que vote a favor o en contra de determinado candidato de algún partido. Lo que se hace es lucrar con el hambre de los mexicanos, y eso no se puede permitir más. Sinvergüenzas, cínicos, ladrones ya no más.
En los gobiernos neoliberales la utilización de programas sociales con fines electorales fue práctica común, en donde Pronasol y los subsecuentes fueron utilizados para el mismo fin. Láminas, tinacos, despensas, dinero, garrafones de licor, abrazos, besos y tantas burlas. Basta ya. Para no ir muy lejos, en la elección que se realizará el próximo domingo 18 de octubre, el PRI sigue con su vieja práctica de entregar tarjetas a cambio de votos. Dejen ya de engañar a la gente.
Destaca también el robo de hidrocarburos como delito de prisión preventiva oficiosa, puesto que quienes cometen este delito se roban los combustibles, que son de la nación, y también afectan las finanzas públicas, que hoy requieren ser fortalecidas para destinar esos recursos a atender la grave situación que el país enfrenta. No obstante que el gobierno federal ha desmantelado organizaciones delictivas, como el Cartel de Santa Rosa, que operaba en Guanajuato, aún siguen otras organizaciones delictivas afectándonos a todos los mexicanos.
Como mecanismo de combate frontal a la corrupción, que es una lucha en la que quienes integran la cuarta transformación estamos impulsando que se incorporen las figuras de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones. Los servidores de esta cuarta transformación que consideren que pueden violentar la ley, deben tener mucho cuidado de dejarse seducir por el poder económico para realizar actos de corrupción. Esta conducta, que fue práctica común en los gobiernos priistas y panistas, como el caso de la compra de toallas y las corruptelas de los hijos de Martha, o los perpetrados en el gobierno de Felipe Calderón, así como la casa de Malinalco de Luis Videgaray o la tristemente célebre casa blanca de la exesposa de Enrique Peña Nieto, no se permitirán más.
Debemos honrar el compromiso del presidente de la República de erradicar la corrupción. En esta lucha, las y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, PT, somos tus firmes y decididos aliados. Pero también debemos ser vigilantes de que se combatan los actos de corrupción que se producen en las entidades federativas.
Que quede bien claro, nadie quedará impune si traiciona la confianza de los mexicanos. Se está limpiando, se está barriendo. No más mugre ni lacras. No más burlas, traiciones, hediondez, mugre que lastima no solo el cuerpo, sino el alma.
Con la aprobación del dictamen que recae en la minuta en cuestión, estamos otorgando el medio previsto en el artículo 19 constitucional para que las autoridades combatan de manera frontal a la delincuencia.
Compañeras y compañeros legisladores, por estas consideraciones y porque sabemos que es un beneficio de nuestro pueblo, quienes orgullosamente conformamos el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, PT, votaremos a favor.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Jiménez Pérez. Tiene la palabra la diputada Claudia Pastor Badilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para hablar en contra.
La diputada Claudia Pastor Badilla: Gracias. Buenas tardes, presidenta. Buenas tardes, diputados y diputadas. Combatir a los gobiernos populistas es un deber y requiere convicción y valor, porque sus propuestas son, en mucho, propaganda, trampas de siempre envueltas en novedad, es decir, solo vienen a promocionarse, pero esconden golpes brutales a los cimientos del Estado de derecho y los sistemas de justicia que son debidos y necesarios porque centran las decisiones de justicia en los derechos humanos.
Su visión de buenos contra malos, son tan obsoletas, jurídica y filosóficamente, que pese a eso vienen a vender bajo esas frases, que van a combatir la impunidad. Se los reitero, nosotros rechazamos categóricamente cualquier forma de conducta que se encuentre tipificada.
Sin embargo, para poner en claridad cuáles son estas mentiras que ustedes insisten en repetirnos una y una y otra vez, les voy a decir que, por ejemplo, si el debate es la impunidad, entonces, vienen a vendernos que van contra ella en un, prácticamente, todos se van a la cárcel. Primero mato y después averiguo. Pero claro...
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Permítame un momento, diputada Pastor. ¿Con qué objeto, diputado Eduardo Zarzosa? Sonido, por favor, a la curul del diputado Eduardo Zarzosa.
El diputado Eduardo Zarzosa Sánchez (desde la curul): Gracias, presidenta. Si por su conducto podría preguntarle a la diputada Pastor si me acepta una pregunta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Diputada Pastor, ¿acepta usted una pregunta del diputado Zarzosa? Adelante, diputado Zarzosa.
La diputada Claudia Pastor Badilla: Sí.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Adelante, diputado Zarzosa.
El diputado Eduardo Zarzosa Sánchez (desde la curul): Gracias. Diputada Claudia Pastor, tengo una duda. ¿Me podría usted explicar si el Ministerio Público, con la presente reforma tiene la obligación de mandar a la cárcel a todos los individuos que cometan los delitos que estamos discutiendo? Gracias por su respuesta.
La diputada Claudia Pastor Badilla: Muchas gracias por su pregunta, diputado, y además me da la enorme oportunidad de explicar algo que hemos venido diciendo desde que inició esta discusión. El problema de la llamada puerta giratoria radica en la discrecionalidad de los Ministerios Públicos para solicitar, o no, la prisión preventiva oficiosa. Ustedes no tocan ese punto, sigue existiendo.
¿Qué pasa con esta reforma, diputado? Con esta reforma a quien le quitan la posibilidad de justificar si procede o no esta medida, es al juez. Así de grave. No resuelven el problema y, por el contrario, sacan a uno de los poderes más importantes en la impartición de justicia de la decisión de la prisión preventiva oficiosa.
De ahí que desde origen estamos en contra, en el Grupo Parlamentario del PRI, de esta propuesta. Con eso daría respuesta, presidenta, y continúo.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Adelante, por favor.
La diputada Claudia Pastor Badilla: Gracias. Les decía yo hace un momento que si el debate es la impunidad, vienen con su propuesta de que se vaya todo mundo a la cárcel, en un primero mato y después averiguo. Pero, claro, si el debate es que las cárceles no tienen diagnóstico, que se encuentran sobrepobladas, que es indispensable entrarle a la política penitenciaria, ah, claro, entonces ustedes vienen con la propuesta de la amnistía con una posibilidad y una lista enorme de ambigüedades para que la Segob sea quien decida quién sale.
Es decir, ¿nos ponemos de acuerdo o no? Por un lado, se van todos a la cárcel, pero, por el otro, pueden salir. ¿En dónde está la prevención, en dónde está la inversión en desarrollar estructuras policiales municipales y estatales? No existe, no la tienen.
Le quitan al Poder Judicial su labor fundamental, pero, no obligan ni resuelven la discrecionalidad del Ministerio Público para solicitar, o no, la medida cautelar. Y, si todo esto fuera poco, en este esquizofrénico e irresponsable modo de gobernar tienen aprobada también la extinción de dominio, con lo cual abren un catálogo de arbitrariedades de que todos se vayan a la cárcel, salgan a gusto de Segob quienes decidan y las personas no tengan su patrimonio para defenderse.
Así está la suma de contradicciones fundadas en una finalidad única de ser populares. Tienen a la deriva al país, en jaque a la cosa pública y en extrema preocupación a la comunidad internacional.
Están instalados en la máquina de fango, hay que hacerlo mal todo para demostrar que todo está mal. Se deben, como gobierno, tomar decisiones responsables y técnicas, aunque no les gusten, dejen atrás la campaña y pónganse a gobernar, por favor. Muchísimas gracias, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Pastor Badilla. Tiene la palabra el diputado Francisco Javier Borrego Adame, del Grupo Parlamentario de Morena, para hablar en pro.
El diputado Francisco Javier Borrego Adame: Muy buenas tardes compañeras y compañeros legisladores, creo que todo lo que se ha dicho de este dictamen, todo es muy importante porque para eso estamos aquí, para debatir y para sacar lo mejor que beneficie a todo el sector y a todo el pueblo de México.
No me voy a extender mucho, porque tengo poco tiempo por mi oxígeno, pero, sin embargo, era importante que yo participara con una pequeña exposición en este tema.
En esta ocasión yo vengo a sumarme al dictamen en discusión, que refuerza la aplicación de la prisión preventiva oficiosa. Sobre todo, reforzando el tema del huachicoleo, realizado siempre, por muchos años a Pemex y afectando con más de 60 mil millones de pesos al erario público.
En este tema, es un tema que ha venido de muchos años atrás y no se había tomado en cuenta y no se había hecho nada. Al contrario, se habían sumado muchos políticos, muchos gobernadores y mucha gente que se beneficiaba en el tema del huachicoleo. Hoy se pone orden y no les gusta, hoy se pone orden y las cosas están de otra manera. Sin embargo, es respetable todo lo que aquí vengan y podamos exponer.
Pero, mi intervención es más relacionada al robo de transporte de carga federal. Para conocimiento de todos ustedes, diariamente se roban de 30 a más camiones diarios en el país. ¿Y qué es lo que está sucediendo en el tema de la justicia? Los delincuentes que se roban nuestros vehículos en todo el país y, sobre todo, en los estados que más nos pegan como San Luis Potosí, Querétaro, el estado de México, Tlaxcala, Veracruz y, por decir uno de muchos, no pasa nada. Y, aparentemente ese no es un delito. Pero los que nos roban los trailers salen inmediatamente, en el mismo día. ¿Por qué? Porque la corrupción que existe en los juzgados, desde el Ministerio Público hacia arriba no se ha detenido. ¿Por qué? Porque son más los arreglos económicos que enfrentar la justicia como debe de hacerse.
Es por eso que los transportistas, a nivel nacional, exigen que verdaderamente se aplique la justicia como debe de ser. Es muy importante que la prisión preventiva oficiosa se aplique de manera concreta y contundente para disminuir este delito de robo al transporte.
Aparte de este tema de robo del transporte, tenemos un tema que está relacionado también con el tema de seguridad nacional. ¿Y por qué lo relacionamos? Porque los operadores del transporte de servicio público federal venden el combustible a los huachicoleros que están en las carreteras de todo el país y los cambian por algunas sustancias ilícitas. Eso es lo que está provocando, que tengamos más accidentes en el país, que tengamos más muertes en el país.
Y, en ese sentido, tenemos que ser y más concretos y reforzar las leyes de este país. Tenemos que frenar los accidentes y las muertes por un tema de seguridad nacional. Por eso es de suma importancia la implementación de las leyes secundarias en materia de prisión preventiva oficiosa del artículo 19.
Compañeros diputados y diputadas, hagamos verdaderamente las cosas como se tienen que hacer. Si ustedes les preguntan a transporte nacional si esto es impunidad, para que vean qué les van a contestar. Impunidad es que les roben los vehículos y no se haga justicia. Eso sí es impunidad. Y, ¿por qué? Porque siempre ha habido y se ha permitido que toda la ley se pisotee y que prevalezca la corrupción. Eso se tiene que terminar.
Yo los exhorto a que nos sumemos y verdaderamente hagamos justicia para el transporte nacional. No más robo a transporte nacional. No más robo al huachicoleo nacional. No más accidentes en las carreteras federales de México. Acompáñennos en esta iniciativa. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Borrego Adame. Consulte la Secretaría, en votación económica, si este dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.
La secretaria diputada María Guadalupe Díaz Avilez: En votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Señora presidenta, mayoría por la negativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: En consecuencia, tiene el uso de la palabra la diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para hablar en contra.
La diputada Adriana Gabriela Medina Ortíz: Con su venia, señora presidenta. Compañeras y compañeros diputados, en los últimos dos años, hemos visto a varias diputadas y diputados que antes eran de izquierda, defendían derechos humanos y pugnaban por la presunción de inocencia. Pero hoy, niegan sus posiciones históricas y se plantan dóciles ante el gobierno.
En campaña prometieron fortalecer derechos humanos, cambiar la manera en la que se persiguen los delitos y pulir el sistema de impartición de justicia para combatir la impunidad. Sin embargo, hoy, dócilmente promueven reformas y políticas que directamente contradicen lo que ustedes ofrecieron al electorado.
Nadie puede estar a favor de quienes lesionan nuestra democracia. Nadie puede estar a favor de quienes violentan a las mujeres, niñas y niños, y nadie en, su sano juicio, estaría a favor de promover el robo de hidrocarburos. Pero en la definición de los medios y modos para combatir esos y otros terribles delitos, una redacción descuidada puede profundizar la impunidad y la injusticia.
Quienes sí trabajamos como representantes en esta soberanía, tenemos elementos de sobra para reconocer que en estas reformas se enmiendan algunos errores advertidos en la reforma constitucional. Desafortunadamente, aún hay cosas por modificar en el dictamen, cosas que nos permiten deducir que lo que estamos a punto de aprobar, puede generar más injusticias, y potencialmente está sentando las bases de instrumentos útiles para un sistema que envidiarían las mentes más autoritarias.
Les pongo un par de ejemplos: se escucha muy bien castigar a quienes violan las leyes electorales, pero bajo el texto que estamos por votar, correspondiente a la Ley General en Materia de Delitos Electorales, quién creen que caiga en prisión primero, ¿las personas que trabajan entusiasmadamente e ilusamente como servidoras y servidores, o algún operador del gobierno en turno?
Otro ejemplo está en la Ley de Vías Generales de Comunicación. Hoy nuestro marco jurídico permite que la autoridad haga su función y evita que elementos antisociales tomen carreteras, casetas y bloqueen vías del tren, pero la autoridad no ejecuta el mandato de la ley.
Masificar un mecanismo como la prisión preventiva puede hacer que la autoridad haga el trabajo que hoy se puede y debe hacer. Innegablemente es el esfuerzo para atender los reclamos de las organizaciones de la sociedad civil y el mundo de la academia, en virtud de las generalidades que quedaron abiertas desde la reforma constitucional.
Sin embargo, aún es necesario que reconsideremos todo el proyecto y lo regresemos a comisiones para pulirlo. O bien, darnos la oportunidad de discutir y cambiar en las reservas aquellas generalidades que peligrosamente se mantienen en el dictamen, mismas que constituyen riesgos reales a los derechos humanos y a los pocos o muchos avances que han hecho para revertir la impunidad en nuestro país. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Medina Ortiz. Tiene la palabra la diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala, del Grupo Parlamentario de Morena, para hablar en pro.
La diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala: Gracias, diputada presidenta. Primero quiero aclarar que mi participación no es a favor, sino es una posición en abstención. Y esto porque me parece que tenemos que cautelar un valor fundamental como diputados y diputadas, que es la congruencia.
Algunos de nosotros, como diputados de Morena, no fui la única, votamos en la discusión del artículo 19 constitucional en abstención, justamente porque nos parece que este es un tema muy importante, porque estamos ampliando en los hechos la facultad punitiva del Estado, en contra de los derechos humanos y de los derechos procesales.
Pero también me parece muy importante comentar, para evitar los maniqueísmos y hablar con toda seriedad, que en este tema estamos implicados todos. Recordemos que la discusión del artículo 19 de la Constitución, donde se amplió el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa, viene del Senado de la República, donde los distintos grupos parlamentarios –hablo de todos–, presentaron sus propuestas para ampliar ese catálogo indebidamente.
Porque, efectivamente, como aquí se ha dicho, la prisión preventiva de oficio no resuelve el problema de la inseguridad ni de la impunidad ni baja los índices de delincuencia. Eso lo estamos viendo en este momento donde, a pesar de estar endureciendo los delitos, se siguen cometiendo todos los días y van a la alza.
Sabemos que es una forma de aparentar frente a la sociedad el supuesto funcionamiento del sistema de justicia, un mensaje de mano dura que no tendrá como consecuencias más sentencias condenatorias contra los delincuentes. Y les adelanto que se ampliarán las injusticias en el país para después otorgarles amnistía.
Sé que es una forma de visibilizar los delitos, pero no una vía para derrotarlos ni sancionarlos. La prisión preventiva de oficio se planteó como una alternativa entre el sistema inquisitorio y el sistema penal acusatorio.
Fue concebida como una medida temporal que afecta el propósito del nuevo sistema penal para humanizar la justicia, hacerla transparente y lograr un debido proceso para la víctima y el acusado, donde las partes que intervienen en el proceso, policías, ministerios públicos, lo hacen frente al juez, el cual anteriormente se refugiaba en la intimidad del papel, delegando su función en otros y ahora está obligado a emitir su sentencia en un juicio oral con la máxima publicidad.
Pero la columna vertebral de este sistema de justicia es el principio de presunción de inocencia, donde nadie es culpable mientras no se declare su responsabilidad, mediante sentencia emitida por el juez, la cual es vulnerada por la prisión preventiva de oficio. Con esta reforma regresaremos a la criminalización de la pobreza para luego otorgarles amnistía.
La prisión preventiva existe porque es una medida cautelar que se aplica para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o la comunidad, o en el caso de haber sido sentenciado previamente por la comisión de un delito.
Y es importante señalar que en la mayoría de los casos que los ministerios públicos –esto es muy importante– que solicitan la prisión preventiva, el juez se las otorga. Ahora con la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva de oficio, lo que ya dije, que se vulnera la presunción de inocencia, el debido proceso, la independencia judicial y la individualización del proceso y diversas convenciones internacionales.
Y lo más grave es que se encerrarán a quienes siempre se encierran en este país: a los más pobres. Aquellos que no tienen derecho a un abogado que los defienda ni dinero para extorsionar a la policía y al Ministerio Público. Poblaremos las cárceles al último eslabón de las cadenas de la delincuencia organizada, la mayoría mujeres y jóvenes.
Termino diciendo dos cosas. ¿No es mejor incentivar a quienes participan en el proceso penal, donde las policías hagan bien su trabajo, para preservar pruebas y realizar las indagatorias y sus funciones? ¿No es mejor que las unidades de medidas cautelares y el Ministerio Público valoren adecuadamente las pruebas e integren adecuadamente las carpetas de investigación?
Con esta medida seguiremos posponiendo la posibilidad de tener un verdadero sistema de justicia. Por eso les convoco que en la discusión del Presupuesto, si realmente queremos fortalecer la justicia en este país, que se vea claramente consignado, que se vea claramente definido en el próximo presupuesto del 15 de octubre.
Este país necesita un verdadero sistema de justicia. No necesita que se subsidien las responsabilidades de ninguna de las partes, de ninguno de los operadores del sistema de justicia penal acusatorio de este país. Es cuanto. Muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Villavicencio Ayala. Tiene la palabra la diputada Anilú Ingram Vallines, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar en contra.
La diputada Anilú Ingram Vallines: Con su venia, señora presidenta. Esto que pretenden aprobar y que nos están vendiendo como la panacea que arreglará milagrosamente la situación de seguridad es una vil mentira, un discurso hueco y populista, con el que pretenden engañar nuevamente al pueblo de México.
Vayan a ver a mi estado, Veracruz, si se han reducido los homicidios, delito que está en este catálogo desde el 2008, y no solo no se ha reducido, se ha incrementado de manera dramática. De la misma forma los feminicidios, que hoy pretenden incluir en este catálogo, como si con esto fueran a dejarse de cometer. No es así, compañeras y compañeros. Si realmente pretenden disminuir delitos y que los culpables enfrenten la justicia, asignemos presupuesto para la prevención, para la atención y la restructuración del tejido social.
Y quisiera yo citar algunas reflexiones de la maestra Estefanía Vela Barba que se llevaron a cabo en el parlamento abierto. Ella es especialista en derecho a la no discriminación, y políticas públicas para la igualdad de género. Cito: “La prisión preventiva oficiosa no solo viola los derechos de las personas acusadas, también afecta a sus familias que, en muchos casos, son mujeres”.
En el dictamen se dice que la prisión preventiva oficiosa no es un castigo. Pero de facto, en la realidad, y más con el Covid, vimos que la prisión preventiva oficiosa es una condena de muerte. Es una medida que afecta desproporcionalmente a las mujeres. Hay un mayor porcentaje de mujeres sin sentencia que los hombres. La brecha se fue ampliando a partir del 2008. A partir de la prisión preventiva oficiosa también hay mayor tasa de encarcelamiento de mujeres sin sentencia.
Compañeras y compañeros, dejen de engañar al pueblo de México. Esta solución es cosmética y no resolverá la alarmante situación de zozobra e inseguridad que vivimos todos los mexicanos, en especial las mujeres. Y lo digo una vez más en esta tribuna: tanto poder para no poder. Gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputada Ingram Vallines. Tiene la palabra la diputada Abelina López Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena, para hablar en pro.
La diputada Abelina López Rodríguez: (Habla en lengua originaria) O populismo, a como le quieran llamar. Cómo podemos llamarle a eso del ayer. Soy de Guerrero y hablo por ese dolor, ese dolor que no se olvida, justamente fue en el año de 1998 el caso de El Charco, 11 personas resultaron asesinadas.
El 28 de junio de 1995 el caso de la Organización de la Sierra del Sur, ¿quién gobernaba en ese entonces? ¿Gobernábamos nosotros o gobernaba el PRI en contubernio con el PAN? Quién gobernaba, pregunto yo. Preferible ser populista que un violador de derechos humanos. ¿Acaso se nos ha olvidado el caso de Ayotzinapa? Quién gobernaba, pregunto yo, ¿nosotros o ustedes? ¿Quién violó los derechos?
El estado de Guerrero fue el centro de la corrupción del Estado mexicano. Gobernaba, gobernaba el PRI...
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Permítame un momento, permítame un momento compañera López. Compañeras y compañeros, reitero lo indispensable del respeto a la exposición de las oradoras y oradores desde la tribuna. Adelante, diputada López.
La diputada Abelina López Rodríguez: Ahí, Guerrero fue el claro centro de la viva corrupción del Estado mexicano. Hoy lo que estamos haciendo, ¿por qué me adhiero? Porque lo único que estamos haciendo es armonizar las leyes. La reforma del 19 constitucional que fue en abril, lo único que estamos haciendo es meterla a la ley secundaria, que es el artículo 167, precisamente para que de manera oficiosa sea el juez quien dicte prisión preventiva oficiosa.
¿Dónde está el verdadero, la verdadera corrupción del sistema? Yo litigo, cuando te vas a los juicios abreviados para que tú, agraviado o tú, presunto delito o presunta violación, tiene que solicitarlo el Ministerio Público, si no, al juez de control para que te conceda el juicio abreviado.
Tuve que dar la módica cantidad de 20 mil pesos para que la corrupción del sistema permitiera solicitar al juez el juicio abreviado. Son ignorantes, porque no saben del procedimiento. Por eso digo que los verdaderos violadores de derechos son ustedes, y cínicos, vienen a hablar aquí de honestidad, de justicia.
¿De qué honestidad? Más bien vinieron a hablar pura barbaridad. Es cuanto. Hoy sí estamos haciendo justica, porque a través de los programas sociales se está beneficiando a la población. Hoy sí estamos haciendo justicia. Te pregunto a ti, mi querido pueblo, que tú sabes que te llega ahora un apoyo, antes le llegaba el apoyo al político, al corrupto, al violador de derechos humanos. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Abelina López. ¿Con qué objeto, diputado Lixa?
El diputado José Elías Lixa Abimerhi (desde la curul): Presidenta, solicito que sea turnada de inmediato la participación de la diputada al Comité de Ética, toda vez que se trató de un acto de corrupción confeso en la tribuna, que se investigue cuándo sucedió ese acto de soborno al que hizo referencia la diputada, porque además si fue después de la entrada en vigor de las reformas al artículo 19, es un delito que amerita prisión preventiva oficiosa, según las reglas.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañera diputada López, si es usted tan amable de pasar a ocupar su lugar y desde allá solicitarme la palabra. Antes, en relación al trámite solicitado por el diputado Lixa, será turnado al Comité de Ética para su atención. Diputada Abelina López, por alusiones tiene usted el uso de la palabra.
La diputada Abelina López Rodríguez (desde la curul): ... copias certificadas, fue en el periodo de Peña Nieto, el Ministerio Público federal de Acapulco. En el periodo de Peña Nieto tuve que dar los 20 mil pesos para que solicitaran, para que solicitaran el juicio abreviado. Fue en el periodo de Peña Nieto, los corruptos son ellos. Habré de entregárselo certificadamente.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputada Abelina López. Tiene la palabra el diputado Lenin Nelson Campos Córdova, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar en contra.
El diputado Lenin Nelson Campos Córdova: Compañeros y compañeras diputadas, en materia de valoración de la prueba todavía prevalece el principio justo de que la confesión solo opera en lo que perjudica al que la hace. Y, en este caso yo creo que sin agarrar partidarismos de ningún tipo esta regla de valoración de la prueba, además, ante la fe de todos los diputados, es una regla que se tiene que aplicar. ¿Por qué razón? Porque aquí hubo una confesión.
Por lo demás, yo creo que como se sabe desde 1605, la libertad, mexicanos y mexicanas, es el don más precioso que a los hombres dieron los cielos. Con ella no se pueden comparar los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Por la libertad, como por la honra, se puede y se debe arriesgar la vida. Esto lo dijo don Miguel de Cervantes Saavedra, en su inmortal Quijote de la Mancha.
Por eso, creo yo que este debate es uno de los debates en los que se está jugando la libertad de muchos inocentes. Porque la prisión preventiva oficiosa contradice la letra de la Constitución, en el sentido de que no se puede, sin ningún motivo, sin ley anterior que aplique un juez competente, no se puede aplicar penas trascendentales a nadie.
Y, ahora es claro para todo aquel abogado principiante, que las penas trascendentales están de regreso en la vida democrática y en la vida pública del país.
Ahí está una pena trascendental, exhibir como delincuentes a los enemigos políticos del régimen en cada una y en todas las mañaneras, que se han convertido realmente en el método de persecución y de represión política.
Esta circunstancia, mexicanos, diputados amantes de la libertad, ahora ha cobrado carta de naturaleza con el tribunal, que también aplica penas trascendentales, en que se ha convertido la Unidad de Inteligencia Financiera.
¿Para qué ha servido la Unidad de Inteligencia Financiera? ¿Dónde está el alboroto aquel que se hizo por el huachicoleo y otras cosas? ¿Dónde están las acciones de la justicia mexicana en la materia? Es imposible, es imposible que se hagan esas acciones y lo único que se ha hecho es atropellar a inocentes, a gente pacífica. Y nosotros creemos que eso no debe continuar.
¿Dónde están los huachicoleros? Las reformas al 19 constitucional que pusieron al huachicoleo como delito no distingue, fueron reformas ciegas, que no distinguen entre lo que es robarse una cubeta de combustible y robarse una pipa. No distingue esa ley.
Y, entonces, ¿cómo podemos nosotros combatir ese tipo de delitos, si realmente desconocemos lo que es el derecho? Estamos llenos de penas trascendentales y ahora, compañeros diputados y diputadas, ahora tenemos que el señor Santiago Nieto, aparece en las mañaneras y congela cuentas.
Y después, ¿qué pasa? Pues ahí tienen los particulares su dinero, hasta que el señor se digne en poner el procedimiento respectivo ante las autoridades jurisdiccionales y hasta que las autoridades jurisdiccionales, que con aquello de las tres instancias puede empobrecer a un ciudadano próspero y dejarlo en la miseria los próximos 10 años.
No tiene facultades para eso la Unidad de Inteligencia Financiera. La honra de los mexicanos requiere de respeto al ciudadano mexicano. Pero esto ahora son tortas y pan pintado, ahora es la época de la cuatro T.
Por eso, compañeros, yo quiero llamar a la consciencia nacional a que se terminen las penas trascendentales, a que se gradúen con técnica legislativa las cosas que haya que graduar. Porque de otra manera, no se puede hacer ninguna justicia.
Y que no se olvide, la prisión preventiva oficiosa es el nuevo garrote que está empleando el gobierno de la cuatro T para perseguir a sus enemigos políticos. Y ahí está, ahí está la propuesta...
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañero Lenin Campos, su tiempo se ha agotado.
El diputado Lenin Nelson Campos Córdova: ... ahora prisión preventiva oficiosa para que todos los enemigos que participen electoralmente puedan ser reprimidos con la prisión preventiva oficiosa. Muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado Campos Córdova. Tiene la palabra el diputado Rubén Cayetano García, del Grupo Parlamentario de Morena, para hablar en pro.
El diputado Rubén Cayetano García: Con su venia, presidenta. Consta en este pleno que subí de manera institucional a nombre de la Comisión de Justicia, este asunto. Y tengo que reasumir, sorprendido por los comentarios en contra.
Me veo obligado, como secretario de la Comisión de Justicia y también como abogado, a reasumir la tribuna y, aclaro, que un servidor tiene licencia como litigante. No estamos en los tiempos de antes, en que los juristas eran hasta diputados federales y se les antojaba poner hasta procuradores, eran jueces y parte, metían y sacaban delincuentes de la cárcel.
Nosotros no simulamos. En este debate ha quedado claro que la derecha, el PRIAN ya no tiene argumento, y entiendo, porque muchos de los que suben aquí, traen escritos que les dan, pero que son ausentes de contenido jurídico.
He preguntado aquí y se niegan a permitir preguntar, y por eso he reasumido. Se refieren a este dictamen como si en este país nunca se hubieran cometido sistemáticas violaciones a los derechos humanos. No hablan de la tortura, los chivos expiatorios, testigos falsos, sobornos, encarcelamientos de inocentes, parece que nunca hubiese ocurrido eso en México.
¿Cuántas violaciones se han cometido en México bajo el discurso simulador del Estado de derecho y el imperio de la ley? ¿Cuántas veces no han sustituido todo esto por la presunción de inocencia? Si el problema no son las leyes, el problema es un sistema de justicia corrupto, una procuración e impartición de justicia que se echó a perder desde el poder central del país.
En México, la presunción de inocencia fue sustituida por las matanzas durante Calderón, las masacres, los montajes de televisión. ¿Dónde están, por ejemplo, nadie menciona aquí las ejecuciones extrajudiciales, Aguas Blancas, El Charco, Atenco, Tlatlaya, Nochixtlán? ¿Qué presunción de inocencia hubo ahí? ¿Cuántas violaciones más quieren que les nombre a los derechos humanos? ¿Qué dijeron entonces que hallaron como momias? La gente está agraviada, porque el infractor de la ley sale con una facilidad extrema de la cárcel y libra una detención y la víctima, incluso, se revictimiza.
Llaman error y una mancha a esta reforma. Y nosotros les decimos: que no se desinforme y que no se tergiverse. Vamos a armonizar y a cumplir el mandato constitucional.
¿Por qué culpar al gobierno federal de cuestiones que corresponden a la Fiscalía y a los tribunales? Aquí todo el discurso que ha venido a decir la derecha es como si fuera un asunto del Poder Ejecutivo federal.
Aquí hay división de Poderes. Ha quedado plenamente demostrado. Ha quedado plenamente demostrado que hay división de Poderes. Eso corresponde a los peritos, a los Ministerios Públicos, a los secretarios de acuerdo, a los jueces, a los secretarios de estudio y cuenta, tribunales, magistrados y ministros.
Estamos hablando de procuración e impartición de justicia, no de un tema que corresponda al gobierno de la República. Solo son razones políticas las que esgrime la oposición que, por cierto, ni eso saben ser, ni saben ser, por lo menos una oposición. No manchen, no tiznen, ahora hay división de Poderes.
Amigas y amigos, todos. En lo que corresponde a las tareas del gobierno de la República, eso sí se está atendiendo, las causas que generan la violencia. Y vamos a serenar nuestro país, a terminar con la corrupción, la impunidad, y por eso Morena va a favor. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Cayetano García. Agotada la lista de oradoras y de oradores. Consulte la Secretaría, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido este dictamen en lo general.
La secretaria diputada María Guadalupe Díaz Avilez: En votación económica, se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Suficientemente discutido en lo general. En términos del artículo 109 del Reglamento, se han reservado para su discusión en lo particular los siguientes artículos. Del Código Nacional de Procedimientos Penales, el artículo 167. De la Ley General en Materia de Delitos Electorales, los artículos 6, 7 Bis y 11 Bis. De la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares, del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, el artículo 14. De la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Hidrocarburos, el artículo 4. De la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, los artículos 81, 83 Ter, 83 Quáter y 92. Del Código Penal Federal, el artículo 420. Y se presentó una propuesta de adición de un artículo transitorio.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: A continuación se realizará la votación en lo general y sobre los artículos no reservados, que son los siguientes: de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, el artículo 83 Quintus. Del Código Penal Federal, los artículos 160 y 162. De la Ley General de Salud, el artículo 480. De la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, el artículo 2o. De la Ley de Vías Generales de Comunicación, los artículos 533 y 534. Y los artículos primero, segundo, tercero y quinto transitorios.
Esta Presidencia instruirá a la apertura del sistema electrónico de votación hasta por 15 minutos. En primer lugar, se harán los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento, para que las y los diputados que se encuentren presentes emitan su voto. Después se llamará a las y a los diputados en bloques por grupo parlamentario, de menor a mayor, para que de igual manera registren su voto. El tablero electrónico de votación permanecerá abierto hasta los 15 minutos señalados, inmediatamente la Secretaría dará cuenta del resultado de la votación. Informo a la asamblea que, una vez agotado el tiempo para recabar la votación, la Secretaría no recibirá votos de viva voz.
Pido a la Secretaría que abra el sistema electrónico, hasta por 15 minutos, para que las y los diputados presentes procedan a la votación del proyecto de decreto en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.
La secretaria diputada María Guadalupe Díaz Avilez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico para proceder a la votación del proyecto de decreto en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.
(Votación)
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: A las diputadas y los diputados que hayan registrado su voto les solicitamos que abandonen el salón de sesiones, para dar paso al primer bloque. Se pide a la Secretaría que llame al primer bloque, integrado por diputadas y diputados, para que procedan a votar en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.
La secretaria diputada María Guadalupe Díaz Avilez: Se pide a las y los diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Verde Ecologista de México, de la Revolución Democrática, Encuentro Social, Movimiento Ciudadano, del Trabajo, Revolucionarios Institucional y Acción Nacional, y diputadas y diputados sin partido procedan a emitir su voto.
(Votación)
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: A las diputadas y diputados que hayan registrado su voto les solicitamos que abandonen el salón de sesiones para dar paso al segundo bloque. Se pide a la Secretaría que llame al segundo bloque integrado por diputadas y diputados para que procedan a votar en lo general y en lo particular los artículos no reservados y pida, también, por favor, le solicito a la Secretaría, también, requiera a las y los diputados de los otros grupos parlamentarios para que vengan a emitir su voto. Nos restan 4 minutos con 25 segundos. Adelante, diputada secretaria.
La secretaria diputada María Guadalupe Díaz Avilez: Se pide a las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena procedan a emitir su voto. A todas las diputadas y los diputados que faltan de hacerlo, procedan a emitir su voto.
(Votación)
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Reitero a la Secretaría realice el llamado para que las y los diputados que aún no han votado lo puedan hacer antes del cierre del tablero electrónico de votación.
La secretaria diputada María Guadalupe Díaz Avilez: Se pide a las y los diputados que falten de emitir su voto, pasen al pleno a hacerlo.
(Votación)
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Pido a la Secretaría ordene el cierre del sistema electrónico de votación para dar cuenta con el resultado de la misma.
La secretaria diputada María Guadalupe Díaz Avilez: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señora presienta, el resultado es el siguiente: 266 en pro, 2 abstenciones y 127 votos en contra.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Aprobados, en lo general y en lo particular, los artículos no reservados, por 266 votos.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: De conformidad con el artículo 110 del Reglamento se concederá a las y los diputados el uso de la palabra para presentar su propuesta de modificación, hasta por cinco minutos. Comenzamos con el artículo 1o., relativo al Código Nacional de Procedimientos Penales. Tiene la palabra la diputada Martha Patricia Ramírez Lucero, del Grupo Parlamentario de Morena para presentar reserva al artículo 167.
La diputada Martha Patricia Ramírez Lucero: Con su venia, señora presidenta. El objetivo de esta reforma es dar cumplimiento al artículo segundo transitorio del decreto que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 12 de abril de 2019. Que ordena al Congreso de la Unión realizar las adecuaciones normativas necesarias para incluir en las leyes secundarias las hipótesis delictivas establecidas en el 19 constitucional.
Sin embargo, con relación a la adición del párrafo quinto del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que se plantea en la minuta en cuestión, supuestamente se intenta precisar que cuando se utilicen objetos que tengan la apariencia, forma o configuración de un arma de fuego o explosivos funcionales o no, o sea, pistolitas de juguete o de utilería, y que sirvan para amagar o intimidar a la víctima como medio para cometer una conducta delictiva, deben considerarse esos actos como delitos cometidos con medios violentos. No obstante, salvo su mejor opinión compañeros, estimo que dicho párrafo resulta excesivo y desproporcional, ya que impondría prisión preventiva oficiosa a un delito que no involucra ni siquiera una puesta en peligro de la vida o la integridad física de la víctima.
Por si esto fuera poco, dicho párrafo se extralimitaría al legislar más allá de lo ordenado por el decreto previamente mencionado.
Aunado a lo anterior, la precisión que intenta hacer el presente dictamen o minuta es en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que es un conjunto de leyes de carácter procesal. Sin embargo, dada a la redacción del párrafo quinto en comento, sin duda describe una hipótesis delictiva equiparada, lo cual es una precisión de naturaleza sustantiva. Y, por ende, no es adecuado que se manifieste en una ley adjetiva, sino que en última instancia procedería a hacerla en el Código Penal Federal o en algún otro cuerpo de leyes.
Lo anterior es así, porque esta parte de la minuta define un acto, una conducta antijurídica cuya perpetración se pretende sea sancionada por la ley. Luego entonces, de ninguna manera esta hipótesis debe aparecer en el Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que traería aparejada una evidente falta de técnica legislativa que redundaría en perjuicio del justiciable, desatendiendo el hecho de que corresponde al legislador crear normas claras y concisas. Esta es nuestra principal labor, compañeros diputados y, por ello les pido apoyar esta reserva. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Ramírez Lucero. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva presentada por la diputada Martha Patricia Ramírez Lucero.
La secretaria diputada María Guadalupe Díaz Avilez: En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se admite a discusión. No habiendo oradoras ni oradores registrados, consulte la Secretaría, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutida la propuesta de modificación.
La secretaria diputada María Guadalupe Díaz Avilez: En votación económica se pregunta si se encuentra suficientemente discutida la propuesta de modificación. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Suficientemente discutida. Consulte la Secretaría si se acepta la modificación propuesta por la diputada Martha Patricia Ramírez Lucero.
La secretaria diputada María Guadalupe Díaz Avilez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se acepta la modificación propuesta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se acepta y se reserva para su votación nominal en conjunto. Tiene la palabra la diputada Martha Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar reserva al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
La diputada Martha Tagle Martínez: Gracias, presidenta. En virtud de que voy a presentar nueve reservas en un solo turno, le pido, por favor, me considere tiempo para poderlas presentar en conjunto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Adelante, diputada.
La diputada Martha Tagle Martínez: En primer lugar, quiero decir que algo que me sorprende y ojalá y eso nos lleve a la reflexión seria en este momento en la Cámara de Diputados, es que al aceptar la reserva que presentó la diputada Ramírez Lucero, el tema necesariamente se va a devolver al Senado, porque es una minuta que viene del Senado.
Y, por lo tanto, ojalá nos diéramos el tiempo entonces, de discutir seriamente estas reservas, porque hay un dictamen de la Comisión de Justicia que supera, por mucho, la minuta que llegó del Senado, y le dieron prisa a la minuta del Senado para que quedara aprobada. Pero al aprobar la reserva que presentó la diputada Ramírez Lucero, el tema nuevamente queda sin aprobarse, algo que es de celebrarse porque hace falta mucho por hacer a este dictamen.
Ojalá, diputados de la mayoría, reconsideren la aprobación de este dictamen, y nos demos el tiempo de discutir el que preparó la Comisión de Justicia, porque insisto, en ese hay muchos mayores elementos para poder realmente regular la prisión preventiva oficiosa.
Otra cosa que me parece importante decirles es, que si se tuviera que definir en una sola palabra cuál es el método de legislar de las mayorías en esta LXIV Legislatura, la mejor palabra para definirlo es chimoltrufio, así como legislan una cosa, legislan otra.
Apenas el 22 de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación las reformas en materia de la Ley de Amnistía, que buscan o que tienen como objetivo sacar de la cárcel, particularmente a aquellas personas que han llegado de manera injustificada a la cárcel.
Y hoy estamos en la discusión de exactamente lo contrario. Reformas a diferentes ordenamientos legales que tienen como objetivo llevar a la cárcel, precisamente, a aquellas personas que al no tener un medio de defensa idóneo –es decir, que carezcan de los recursos para proveerse de una defensa legal adecuada–, justamente llegarán a la cárcel.
Así que, simple y sencillamente habría que apelar a su congruencia porque, o sacan a las personas de la cárcel o las meten, pero simple y sencillamente las dos cosas no se pueden hacer, sobre todo porque estamos hablando de las personas de más escasos recursos y de una violación a los derechos humanos.
Quiero, en este momento presentar algunas reservas que me hicieron llegar a través del colectivo Justicia sin Pretextos, que ahora soy la voz de ellos, simple y sencillamente para presentar y poner a consideración de ustedes estas reservas que me parecen fundamentales.
En materia de defensa y protección de los derechos humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha solicitado a todos los países miembros de la Organización de Estados Americanos, eliminar la prisión preventiva oficiosa por considerarla contraria a estos.
Particularmente en el caso del Estado mexicano, la Corte Interamericana ha expresado su preocupación por las diversas reformas legislativas que buscan ensanchar el catálogo de delitos para la aplicación de la prevención preventiva automática u oficiosa. Dado que estas iniciativas son contrarias a los principios que rigen la utilización del uso de la prisión preventiva, lo que convierten a esta medida en una pena anticipada.
Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas se ha pronunciado en diversas ocasiones desde 2010, invitando a nuestro país a eliminar la prisión preventiva oficiosa. Si bien, reconoce que la prisión preventiva es una figura permitida por el derecho internacional, siempre y cuando se determine su pertinencia por la autoridad judicial de manera individualizada, caso por caso.
Es la prisión preventiva oficiosa la que resulta irreconciliable con los derechos humanos, pues automatiza el encarcelamiento de todas las personas acusadas por un determinado delito, sin permitir que el juez en cada caso, según las circunstancias, haga las consideraciones necesarias.
En tanto, la Comisión Nacional de Derechos en nuestro país ha manifestado en muchas oportunidades que la prisión preventiva oficiosa es contraria a los derechos humanos, en particular cuando esta trasgrede diversos derechos humanos como la libertad personal, de tránsito, el debido proceso, la seguridad jurídica a la presunción de inocencia y contraviene el derecho internacional de los derechos humanos.
Además de que la prisión preventiva oficiosa viola la presunción de inocencia, promueve la ineficiencia de fiscales y jueces al ahorrarles la valoración de la procedencia de la prisión preventiva, caso por caso.
Es muy importante decirles que, de acuerdo al Inegi, en sus estadísticas sobre el sistema penitenciario estatal en 2017, el uso excesivo de la prisión preventiva ha contribuido –y escúchenlo bien– a llenar las cárceles del mundo. La evidencia mexicana es que más del 40 por ciento de los presos se encuentran sin sentencia.
De acuerdo con la proporción de personas sin sentencia, 21 entidades se encuentran por encima del nivel nacional y 14 estados están arriba del promedio de la región. Por si esto no fuera necesario, para el caso femenino, para el caso de las mujeres, se agudiza el problema, 30 estados superan el promedio nacional y 25 el estándar latinoamericano.
En Michoacán se reportó que todas las mujeres que están privadas de la libertad carecen de condena. Todas las mujeres que están en Michoacán en cárcel carecen de condena. En Aguascalientes, Baja California Sur y Durango, 78 por ciento de las mujeres reclusas se encontraban sin sentencia, salvo en Michoacán de Ocampo, ninguna entidad alcanza la cifra anterior para el caso de los hombres.
En la minuta que el Senado remite a la Cámara de Diputados se establecen nuevas causales para implantar la prisión preventiva oficiosa, una categoría a la que aplicaría la prisión preventiva oficiosa que ni siquiera remite a una figura típica como la zona de los delitos cometidos por medios violentos, como son el uso de los objetos que tengan la apariencia, forma o configuración de una arma de fuego.
Esta ampliación es abiertamente inconstitucional, ya que establece un supuesto demasiado amplio en el que afectaría la libertad de las personas que utilicen juguetes como armas de fuego, y que no está autorizada en la Constitución.
Otro caso en el mismo sentido sería la redacción y propuesta de la fracción XI, que pretende introducir el Senado al artículo 167, donde se establece la prisión preventiva oficiosa a delitos que representan un alto número de los catalogados como delitos contra la salud.
Antes de tomar una decisión sobre el encarcelamiento automático de personas detenidas por delitos contra la salud, es necesario revisar el impacto que tendría una disposición de esta naturaleza.
Hasta mayo de este año había 209 mil personas privadas de la libertad en México, tanto del fuero común como del fuero libertad por delitos contra la salud. De acuerdo con esta información, 40 por ciento de ellas privadas de su libertad no cuentan con una sentencia.
La política penal contra delitos por la salud ha implicado que un importante número de personas, especialmente jóvenes, sean criminalizados y encarcelados. Ello ha significado que sectores completos de la sociedad vean vulnerado su derecho a la vida. Además, ha implicado importantes gastos del Estado.
Por otra parte, en materia de robo a casa-habitación nos parece importante que el dictamen que se elaboró en la Comisión de Justicia por la Cámara de Diputados acota de manera objetiva los supuestos que aplicaría la prisión automática en estos casos, al establecer con un mínimo del valor de lo robado y además se realice con medios violentos.
Esta redacción podría permitir a personas que tienen acceso consentido a un homicidio, escúchenme bien, como son los parientes cercanos y personas trabajadoras del hogar, que son imputadas por el delito de robo llevar un proceso en libertad. No hagamos que las personas trabajadoras del hogar sean acusadas por robo en domicilio y lleguen a la cárcel por este supuesto.
Con respecto a la fracción XV, sobre el uso de programas sociales con fines electorales –para quienes han presumido aquí que por fin se va a acabar la corrupción– el Senado es omiso tratándose del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo cual es erróneo, ya que las facultades legislativas en materia procesal penal, como es la prisión preventiva, solo pueden regularse en una ley de carácter nacional y no simplemente en la legislación federal o local. Los supuestos en materia electoral están más acotados en el dictamen de la Cámara de Diputados.
En el caso de la categoría enunciada en la constitución de delitos de corrupción, específicamente en los tipos penales que refiere, tratándose de delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, en el Senado no se acotan los supuestos en los que aplicaría la prisión preventiva oficiosa, solo los menciona en el segundo párrafo del artículo 167.
Sobre el robo de transporte de carga, de la reforma constitucional del artículo 219 se declaró el robo de autos, transporte, como un delito del fuero federal. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tenemos que de enero a junio de 2019 se han cometido 6 mil 16 atracos, es decir, el casi el 2 por ciento más que el año pasado.
También existen algunas omisiones graves en la minuta del Senado, solo se contemplan los supuestos específicos en la ley federal correspondiente, lo cual es un error por tratarse de normas de delitos cometidos en materia de hidrocarburos y no materia procesal, que debían estar en una legislación de carácter nacional, como el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Por otra parte, en el supuesto se introducen, deja en mano de particulares su aplicación. Establecer que si existe voluntad de celebrar un acuerdo reparatorio puede no aplicarse la prisión preventiva.
Finalmente, consideramos que para el trabajo de la elaboración del dictamen de la minuta deberían tomarse en cuenta los trabajos que sobre la materia se desarrollaron en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, y que consideran que no es necesaria la repetición de este catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa. En ese sentido, la minuta del Senado incurre en errores sobre la materia.
Finalmente, en Movimiento Ciudadano no estamos a favor de la prisión preventiva oficiosa, desde un principio hemos señalado que la reforma no cumple con los propósitos para los cuales fue creada: disuadir el delito. No garantiza el acceso a la justicia de las víctimas. Además, así fue planteada la prisión preventiva oficiosa, debilita aún más a nuestras instituciones.
Quiero señalar que la impunidad en México coincide con alta presencia de personas inocentes que esperan su liberación de las cárceles y no pueden aguardar su sentencia en libertad, porque el delito que se les imputa, en muchas ocasiones de manera indebida, está en la lista de prisión preventiva oficiosa.
Compañeras y compañeros legisladores, de verdad, espero que se tomen con seriedad la reforma que hoy se está discutiendo, en virtud, además, que han tomado la decisión de aceptar una de las modificaciones y ello nos da el tiempo, de verdad, a que tomemos esta reforma con mucha seriedad, por los impactos que puede tener en la vida de las personas. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Tagle Martínez. La diputada Tagle Martínez ha presentado reservas a nueve artículos de cuatro leyes de las que están en este momento a consideración, pero en este momento solo voy a solicitarle a la secretaria que ponga a consideración de la asamblea si se discute la reserva relativa al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se admite a discusión la reserva de la diputada Tagle Martínez, con relación al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
La secretaria diputada María Guadalupe Díaz Avilez: En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Señora presidenta, mayoría por la negativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: No se admite a discusión la reserva presentada por la diputada Martha Tagle. Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto, en los términos del dictamen. Tiene la palabra el diputado Jorge Arturo Espadas Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar reservas al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales en su primero y segundo párrafos.
El diputado Jorge Arturo Espadas Galván: Presidenta, si me lo permitiera usted, quisiera presentar la reserva de este artículo que acaba usted de mencionar, y dos más que tengo listados en las reservas, rogándole que me concediera un poquito de espacio en el tiempo.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Adelante, diputado.
El diputado Jorge Arturo Espadas Galván: Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, compañeras diputadas y compañeros diputados. Hoy estamos en una reforma importante que permitirá operar la reforma que hicimos, y que algunos la votamos a favor y otros en contra, al artículo 19 constitucional, que busca que la prisión preventiva oficiosa se dé en diversos tipos penales.
Y voy a permitirme parafrasear a lo que señalaba en principio la diputada Martha Tagle. Porque sí es importante que nos demos la oportunidad de reflexionar qué estamos legislando. Más allá del debate de si la prisión preventiva es debida o no es debida, es correcta o no es correcta, como lo hicimos o como lo reformamos en la Constitución, que es un debate para efectos prácticos ya superado porque ya es texto constitucional, tenemos que ver cómo se va a aplicar.
Esta Cámara de Diputados, este Congreso de la Unión, lamentablemente se ha distinguido por legislar cosas, textos normativos que no son aplicables y que nos vienen a enmendar la plana. Yo quisiera llamar su atención, con mucho respeto, para decirles que establezcamos redacciones que no se vayan a caer, porque pareciera y sé que no todas las diputadas ni todos los diputados lo hacen con intención, pero pareciera que estamos legislando para que la ley no se aplique porque está mal hecha.
El artículo 14 de nuestra Constitución, de nuestra Carta Magna, establece que en los juicios del orden penal queda prohibido imponer, por simple analogía o mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley que sea exactamente aplicable al caso concreto del que se trate.
Si no tenemos un tipo penal aplicable exactamente al caso concreto del que se trate, aún cuando varios digamos: no pues esto si es o esto no es, no se podrá aplicar. Y tenemos textos que dicen, por ejemplo, hablan de la utilización de fondos, servicios, bienes relacionados con programas, ¿cuáles son estos relacionados? La ambigüedad del tipo penal vulnera el principio de taxatividad en materia penal.
Aquí se ha hablado de principios, aquí se ha hablado de máximas del derecho penal, máximas del derecho en general y se ha hablado de justicia. Una máxima dice que, a confesión de parte, relevo de prueba, y eso relacionado a las manifestaciones de actos de corrupción cometidos por una legisladora.
Hablar de principios, hablemos del principio de taxatividad. Es un tema que el diputado que está gritando allá no le entiende, no lo ha entendido...
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Permítame un momento, diputado Espadas.
El diputado Jorge Arturo Espadas Galván: Sí, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: ¿Con qué objeto, diputado Riggs? Sonido a la curul del diputado Riggs, por favor.
El diputado Miguel Alonso Riggs Baeza (desde la curul): Gracias, presidenta. A ver si por su conducto me permite formularle una pregunta al compañero diputado Jorge Espadas.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Permítame un momento. Diputado Espadas, ¿acepta?
El diputado Jorge Arturo Espadas Galván: Con mucho gusto, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Sí, a ver, aquí me están haciendo una observación en cuanto a procedimiento, diputado Riggs. Le ruego, por favor, que espere. Si esta reserva se admite a discusión, con mucho gusto le doy la palabra al diputado para responder a la pregunta, bueno, primero a usted para hacer la pregunta y luego al diputado Espada para contestarla. Permítame, por favor, que termine su exposición. Adelante, diputado.
El diputado Jorge Arturo Espadas Galván: Muchas gracias, presidenta. Continúo. Entonces les decía que es un principio que no aspiro a que todos lo entendamos, porque no todos somos técnicos en derecho ni esta Cámara ha demostrado que nuestros productos legislativos son tan deficientes que hay una ley capricho que hemos votado aquí tres veces, y la vamos a volver a votar por el capricho de gente que no tiene el menor entendimiento de nuestro sistema jurídico y de lo que es un Estado de derecho.
Pero, no todos somos así ni todas somos así, yo a lo que apelo es que busquemos redactar una norma que se aplique, porque nosotros como legisladores estamos obligados a respetar el principio de legalidad en materia penal en su vertiente de taxatividad.
Ya es de explorado derecho, la Corte se ha pronunciado porque los textos legales en materia penal sean aplicables al caso concreto de que se trate y eviten ambigüedades. Hoy, estamos redactando tipos penales muy defectuosos, muy defectuosos que no van a ser aplicables, y entonces aquellas diputadas y aquellos diputados que están impulsando esta reforma, están pretendiendo engañar a las mexicanas y a los mexicanos diciéndoles que están aprobando un texto que va a permitir sancionar a quien cometa ilícitos en estas materias, y eso es una mentira.
Con este texto no va a suceder, como les mintieron con la Ley de Remuneraciones del diputado caprichos. Tenemos que legislar de manera técnica y de manera correcta. Hoy, como está redactado, no se va a aplicar, diputadas y diputados.
Por ello, es importante corregir los tipos que se están contemplando en esta reserva, en este dictamen, perdón, y establecer supuestos que permitan una descripción típica correcta, y no supuestos tan ambiguos que van a requerir de interpretaciones por mayoría de razón, lo que prohíbe nuestra Constitución.
La invitación es a no engañar, no engañar al pueblo de México. Hagamos leyes que sean aplicables. Esto, otra vez, diputadas y diputados, no va a ser aplicable. Yo con mucho respeto me permito llamar su atención y sugerirles que demos el debate, que lo platiquemos aquí, que lo debatamos y que construyamos la mejor redacción para que esto se aplique.
Hoy, como está, no se va a aplicar. Hoy, tenemos la oportunidad de regresarlo al Senado. Admitamos a discusión las reservas y construyamos las mejores redacciones. No seamos levanta manos, razonemos, discutamos y construyamos algo que sirva para aplicarse y no letras muertas que no van a permitir una administración correcta de justicia.
Aquí se dijo que no es un tema del gobierno federal que es de la Fiscalía, sí, ineficaz, sí, comparto lo que se dijo. No funciona esta Fiscalía General de la República, hay que fortalecerla, pero si les damos estas herramientas jamás la estaremos fortaleciendo. La estamos condenando a que continúen sus ya tan grandes fracasos.
Es por ello que llamo su atención, apliquemos justicia cumpliendo nosotros con nuestro deber, legislar de manera adecuada, formular tipos penales de manera adecuada, respetar el principio de taxatividad y permitir que la ley se aplique, y no que nazca muerta como han nacido ya en varias ocasiones otras leyes por capricho de un solo legislador.
Dense la oportunidad ustedes de leerlo. Dense la oportunidad ustedes de analizarlo. No piensen a través de la cabeza de quien no piensa. Ustedes, por favor, lo pueden hacer y yo creo que lo deben de hacer y, más de alguno les entiende bien a estos temas. En conciencia creo que deben revisarlo.
Finalmente, se habló aquí de justicia, yo los invitaría a aplicar a que nos sumemos a una consulta más, hay que preguntarle al pueblo sabio, hay que consultarle si se debe llevar a juicio a Pío López Obrador. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado Espadas Galván. El diputado. Permítame un momento, ¿con qué objeto diputado Riggs?
El diputado Miguel Alonso Riggs Baeza (desde la curul): Es formular la pregunta, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: No diputado. Primero hay que poner a consideración de la asamblea si se acepta a discusión, porque durante la presentación de las reservas no se puede aceptar ni por parte del orador ni por parte de la Presidencia que se formulen preguntas. Pero, insisto diputado, y sin ánimo que sea un diálogo entre usted y yo. Nada más recordar que en este momento acaba de presentar el diputado Espadas Galván sus reservas.
A continuación, la Secretaría va a consultar a la asamblea si se admiten a discusión. Si se admite a discusión, entonces, en ese momento se abre el registro de oradores para la discusión. Y, en caso de que a algún orador u oradora, haciendo uso de la tribuna, usted quisiera hacerle alguna pregunta, entonces, en ese momento sí podría usted hacérsela. Pero no en este ni en el anterior.
Quiero solamente puntualizar que el diputado Jorge Arturo Espadas Galván presentó reservas a dos leyes. En este momento se pondrá a consideración de la asamblea si se admiten a discusión las reservas al artículo 167, primer y segundo párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión.
La secretaria diputada María Guadalupe Díaz Avilez: En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Señora presidenta, mayoría por la negativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: No se admite a discusión la reserva presentada por el diputado Jorge Arturo Espadas Galván, en relación al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto, en los términos del dictamen.
Tiene la palabra la diputada Ximena Puente de la Mora, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar reserva al artículo 167, tercer y cuarto párrafos del Código Nacional de Procedimientos Penales.
La diputada Ximena Puente de la Mora: Con su venia, señora presidenta. Es necesario hablar las cosas con claridad. La reforma al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales para aumentar el catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa no logrará lo que promete.
Estas modificaciones no garantizan la disminución de los delitos y sí el aumento de personas recluidas en prisión, sin un juicio de por medio.
Quienes han impulsado esta modificación aseguran que amentar el catálogo de delitos es crucial para combatir la inseguridad del país. Pero la realidad es que carecen de evidencia para respaldar sus argumentos.
Esta iniciativa no aporta los datos que demuestran una relación significativa entre encarcelar imputados y disminuir la incidencia delictiva. La prisión preventiva oficiosa lesiona el derecho a la libertad personal, violenta la presunción de inocencia, vulnera el derecho a la defensa adecuada y trastoca la independencia judicial.
No olvidemos que uno de los propósitos de la reforma penal del 2008 fue garantizar el respeto a la presunción de inocencia. Específicamente observamos las modificaciones al artículo 167, causas de procedencia, donde se establece: para los efectos de este artículo también se considerarán cometidos con medios violentos, los delitos que utilicen objetos que tengan la apariencia, forma o configuración de un arma de fuego, o explosivos funcionales o no y que sirvan para amagar o intimidar a la víctima.
Este párrafo es inconstitucional, puesto que es contrario a lo establecido por el artículo 19 de nuestra Ley fundamental, el cual debe interpretarse en estricto sentido. Es el mismo artículo 19, en su segundo párrafo, que establece delitos cometidos con medios violentos, con armas de fuego y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Este artículo no da pie a la ambigüedad que pueden generar las apariencias.
De la misma forma, estas modificaciones estarían invadiendo una facultad que es propia de los Congresos estatales, en lo referente al derecho penal sustancial. Por ello, celebramos la iniciativa de la diputada Martha Patricia Ramírez Lucero, en torno a las modificaciones al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
En el Grupo Parlamentario del PRI entendemos perfectamente la demanda de reducir los índices de inseguridad en el país. Pero, no es a partir de trasgredir derechos humanos y los derechos consagrados en la Constitución como lograremos un verdadero Estado de derecho.
Compañeras legisladoras y legisladores, esta es una gran oportunidad para atender las voces de las organizaciones de la sociedad civil, la academia, especialistas en derecho penal y de seguridad, organismos de derechos humanos, para favorecer la instrumentación de medidas alternativas a la prisión preventiva, robustecer la defensoría pública, combatir el retraso en procesos judiciales. Pero, sobre todo, fortalecer la independencia del Poder Judicial, que permitan resolver los niveles de criminalidad, pero solo de impunidad que tenemos en nuestro país. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Puente de la Mora. Consulte la Secretaría, a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva presentada por la diputada Ximena Puente de la Mora.
La secretaria diputada María Guadalupe Díaz Avilez: En votación económica, se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Señora presidenta, mayoría por la negativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: No se admite a discusión la reserva presentada por la diputada Puente de la Mora. Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto, en los términos del dictamen.
Tiene la palabra el diputado Enrique Ochoa Reza, para presentar reserva al artículo 167 con la adición de dos párrafos. Enrique Ochoa Reza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Enrique Ochoa Reza: Buenas tardes, compañeras y compañeros. Ante una serie de afirmaciones falsas que se han hecho aquí en la tribuna, vale la pena poner los hechos sobre la mesa.
Primero hecho. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha solicitado a todos los países miembros de la Organización de Estados Americanos, la OEA, de la cual México forma parte, que se elimine la prisión preventiva oficiosa por considerarla contraria a los derechos humanos.
Segundo hecho. En el parlamento abierto que se organizó aquí en la Cámara de Diputados, sobre este tema, Octavio Amezcua, oficial representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, expresó que este dictamen era contrario a la presunción de inocencia y era violatorio a los derechos humanos. Y dijo: la prisión preventiva oficiosa debe ser de excepción y con una interpretación estricta. La minuta, no debe ser un permiso para meter un catálogo de delitos o hacer una interpretación extensiva. Hay que limitar que se exceda el mandato constitucional.
Su propuesta era muy clara, introducir salvaguardas a la prisión preventiva oficiosa, revisiones periódicas de su necesidad, estricta temporalidad y uso racional y excepcional de esta medida con miras a su eventual eliminación del marco constitucional.
Este aspecto, el de establecer estricta temporalidad es lo que propongo en la reserva que someto a su consideración. Y la reserva sostiene lo siguiente: que la prisión preventiva oficiosa no podrá exceder de 90 días naturales, a fin de que sea un juez quien analice las pruebas presentadas por el Ministerio Público y determine si se extiende la prisión preventiva, o si bien, se establecen otras medidas cautelares para llevar a cabo el proceso penal, en consecuencia.
Es decir, que después de 90 días descanse en un juez valorar precisamente si continúa la prisión preventiva, una vez que conozca los elementos aportados por el Ministerio Público, o que se establezca por el razonamiento del juez la medida cautelar correspondiente para salvaguardar a las víctimas, pero también para proteger los derechos humanos.
De hecho, la minuta que hoy se conoce tiene graves problemas de inconstitucionalidad. Problemas de inconstitucionalidad que deberá de conocer la Suprema Corte para determinar si este trabajo parlamentario, que hoy parece que llegará a su fin, estuvo bien hecho o no.
Y aquí hay que subrayar algo, y lo conocen las compañeras y compañeros de la Comisión de Justicia de esta Cámara de Diputados, la propia comisión había identificado que estos elementos que vienen del Senado son inconstitucionales y había establecido un propio dictamen para poder cumplir con el mandato de 90 días que nos establecimos en un transitorio constitucional en aquella reforma del artículo 19. Y el trabajo que había hecho la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados era mejor al trabajo que se está votando el día de hoy, que proviene del Senado.
Tan era mejor, que ustedes a pesar de no haberlo aceptado en las comisiones, ya corrigieron el bodrio jurídico que se había establecido de mandar a prisión preventiva oficiosa a quienes cometieran un posible ilícito con un arma de juguete. Lo acaban de corregir en una reserva hace unos minutos. Eso lo discutimos en la Comisión de Justicia, pero ahí traían la instrucción las diputadas y los diputados de la mayoría de no moverle una coma al dictamen que venía del Senado de la República.
Se equivocaron en la Comisión de Justicia en dos sentidos. Debieron haber corregido ese error que venía del Senado, como vienen muchos más del Código Federal de Procedimientos Penales, que seguramente serán declarados inconstitucionales en la Suprema Corte, que también vienen en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, que también será declarada en su momento inconstitucional por la Corte. O en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Derechos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, donde también vienen excesos inconstitucionales que tendrá que revisar la Suprema Corte.
Pero todo esto lo saben los integrantes de la Comisión de Justicia, porque lo habíamos identificado en un dictamen que habíamos hecho correcto de aquella reforma constitucional, pero que se decidió dejar a un lado para darle paso a este que viene del Senado de la República, que trae estos errores. Y sí, son errores de inconstitucionalidad.
Por eso, compañeras y compañeros, propongo que acepten esta reserva, que le den oportunidad, 90 días después de iniciada la prisión preventiva oficiosa, a que el juez valore las pruebas y determine cuáles son las medidas cautelares hacia adelante.
De no hacerlo, será una causa más de una acción de inconstitucionalidad que deberá conocer y resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Ochoa. Consulte la Secretaría, en votación económica, si se admiten a discusión las reservas presentadas por el diputado Enrique Ochoa.
La secretaria diputada María Guadalupe Díaz Avilez: En votación económica, se pregunta si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Señora presidenta, mayoría por la negativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: No se admiten a discusión las reservas presentadas por el diputado Enrique Ochoa Reza. Se desechan y se reservan para su votación nominal en conjunto en los términos del dictamen.
Pasamos a la Ley General en Materia de Delitos Electorales. La diputada Lorena Villavicencio Ayala, del Grupo Parlamentario de Morena, presentó reserva al artículo 6 de esta ley, ha solicitado su inserción íntegra en el Diario de los Debates. Así será.
La diputada Martha Tagle Martínez presentó, en su primera intervención, reservas a los artículos 7 Bis y 11 Bis, proceda la Secretaría a consultar a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión estas reservas.
La secretaria diputada María Guadalupe Díaz Avilez: En votación económica, se pregunta si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Señora presidenta, mayoría por la negativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: No se admiten a discusión las reservas presentadas por la diputada Martha Tagle Martínez. Se desechan y se reservan para su votación nominal en conjunto en los términos del dictamen.
Tiene la palabra la diputada Sara Rocha Medina, para presentar reservas al artículo 7 Bis de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
La diputada: Ma. Sara Rocha Medina: Gracias, presidenta. El dictamen que hoy discutimos falta a la verdad que en este momento todos los delitos, si así lo considera el Ministerio Público, pueden ser sujetos de prisión preventiva oficiosa. Por lo tanto, es mentira que en esta reforma se resolverán delitos, como los de homicidio, el robo a hidrocarburos y los feminicidios, que tanto aquejan a las mujeres y a esta sociedad.
Esto es una reforma tendenciosa, porque no contempla en las modificaciones a la Ley General en materia de Delitos Electorales, a la ley que debieron haber incluido, que Morena y sus aliados han utilizado a los llamados siervos de la nación para ejercer presión al electorado y obligarlos a votar o su abstención.
Para terminar de una vez con todas estas malas prácticas presento una reserva al artículo 7o. Bis, para que se sancione a toda persona que, ostentándose como voluntario, simpatizante, militante de un partido o coalición, utilice recursos públicos para beneficiar a un partido o candidato, visitando casa por casa.
Ya basta de quien quiera darle vuelta a la ley para beneficiarse y actuar en total impunidad. En los estados, en los municipios, en donde no tienen la posibilidad de ganar hacen el trabajo que no requiere este país. El uso de estas medidas... y los usan, porque así es... violentan y llegan al terrorismo electoral.
De aprobarse mi reserva, se garantizarán mayores condiciones de competitividad electoral y se dejará que el ciudadano, con libertad, elija a sus autoridades, sin la presencia de personas que a cambio de un voto prometan programas, dinero público y apoyos a sectores vulnerables, como son los adultos mayores o los jóvenes.
La prisión preventiva oficiosa no resolverá de raíz la inseguridad en el país. Dejen de engañar a los mexicanos, quienes les dieron su confianza y que hoy la ven traicionada. No hagan del Estado de derecho una falsa bandera electoral, ya que con ello están vulnerando las bases de nuestro régimen democrático, nuestras instituciones y, en general, nuestro sistema de procuración e impartición de justicia.
Desde mi grupo parlamentario, el PRI, les pedimos hacer un voto de conciencia y garantizarles a los mexicanos un marco jurídico acorde con nuestra realidad, que asegure mecanismos de acceso a la justicia sin vulnerar derechos humanos y las libertades más elementales. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Sara Rocha Medina. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se admite a discusión la reserva presentada por la diputada Sara Rocha Medina.
La secretaria diputada María Guadalupe Díaz Avilez: En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Señora presidenta, mayoría por la negativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: No se admite a discusión la reserva presentada por la diputada Sara Rocha Medina. Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto, en los términos del dictamen.
El diputado Jorge Arturo Espadas Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó reserva a los artículos 7 Bis y 11 Bis de la Ley General en Materia de Delitos Electorales. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión ambas reservas.
La secretaria diputada María Guadalupe Díaz Avilez: En votación económica, se pregunta si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Señora presidenta, mayoría por la negativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: No se admiten a discusión las reservas presentadas por el diputado Jorge Arturo Espadas Galván. Se desechan y se reservan para su votación nominal en conjunto, en los términos del dictamen.
La diputada Claudia Pastor Badilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó reservas a los artículos 7 Bis y 11 Bis de la Ley General en Materia de Delitos Electorales. Ha solicitado su inserción íntegra en el Diario de los Debates. Así será.
Pasamos a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. La diputada Martha Tagle Martínez, presentó reserva al artículo 14 de esta ley en su primera intervención, por tanto, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión esta reserva.
La secretaria diputada María Guadalupe Díaz Avilez: En votación económica, se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Señora presidenta, mayoría por la negativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: No se admite a discusión la reserva presentada por la diputada Martha Tagle Martínez. Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto, en los términos del dictamen.
La diputada Martha Tagle Martínez, presentó en su primera y única intervención, reservas al artículo 4 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión esta reserva.
La secretaria diputada María Guadalupe Díaz Avilez: En votación económica, se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Señora presidenta, mayoría por la negativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: No se admiten a discusión las reservas presentadas por la diputada Martha Tagle Martínez. Se desechan y se reservan para su votación nominal en conjunto, en los términos del dictamen.
La diputada Martha Tagle Martínez, de Movimiento Ciudadano, presentó reservas al artículo 81, 83 Ter y 83 Quater, así como el artículo 92 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en su primera intervención. Por tanto, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión.
La secretaria diputada María Guadalupe Díaz Avilez: En votación económica, se pregunta si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Señora presidenta, mayoría por la negativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: No se admiten a discusión las reservas presentadas por la diputada Martha Tagle Martínez. Se desechan y se reservan para su votación nominal en conjunto, en los términos del dictamen.
La diputada Norma Guel Saldívar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, ha presentado reserva para el artículo 420, tercer párrafo, del Código Penal Federal. Tiene el uso de la palabra.
La diputada Norma Guel Saldívar: Con su venia, presidenta. Compañeras y compañeros diputados, la totoaba es una especie de pez endémica del norte del Golfo de California, que actualmente se encuentra en peligro de extinción, por lo que se encuentra protegida por la legislación mexicana y la Convención Sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres.
Sin embargo, su pesca y tráfico ilegal continúan debido a la alta demanda del buche de la totoaba, esto en el mercado asiático, donde se le atribuyen diversas propiedades afrodisiacas. El precio del kilo del buche de totoaba oscila entre los 572 y los 8 mil dólares. La pesca es tan masiva que incluso se ha puesto en peligro de extinción a la vaquita marina, especie que en ocasiones queda atrapada en las redes de los pescadores furtivos.
En el Partido Revolucionario Institucional siempre hemos estado a favor de la defensa de las especies en peligro de extinción. Durante la administración pasada se llevaron a cabo esfuerzos extraordinarios para detener la pescar de la totoaba y evitar así la desaparición de ambas especies. Pero, la totoaba no es el único animal en peligro, México es un país megadiverso y alberga cerca del 10 por ciento de las especies registradas en todo el mundo. Muchas de ellas endémicas y gran parte se encuentran en peligro de extinción.
Existe a nivel mundial una importante demanda para comprar animales que habitan en México por lo que su caza, captura y comercio representan un negocio muy lucrativo para la delincuencia organizada ambiental en nuestro país.
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente estima que este mercado negro obtiene ganancias de hasta 100 mil millones de dólares al año y se encuentra solo después del contrabando de drogas y el de armas.
El tráfico de especies constituye uno de los principales problemas medioambientales en México, por lo que estamos de acuerdo en fortalecer nuestra legislación para combatir este delito.
Sin embargo, creemos que en lo que respecta a las cuestiones de técnica legislativa, la adición de un párrafo al artículo 420 del Código Penal Federal, que especifique una pena por la pesca de la totoaba contraviene al principio que señala que toda ley o toda norma deben de ser generales, abstractas e impersonales.
Una modificación a la legislación en esta materia debe de ser más general, con el objetivo de que no solo la totoaba si no todas las especies que sean objeto del tráfico ilegal se encuentren protegidas. No podemos cambiar el Código Penal Federal cada vez que una especie se encuentre en peligro de extinción y amenazada.
Por lo anteriormente expuesto, acudo a esta tribuna para presentar una reserva al artículo sexto del presente dictamen, por el que adiciona un párrafo tercero al artículo 420 del Código Penal Federal, de modo que la redacción quede de la siguiente manera: en los casos previstos de la fracción IV del presente artículo y la fracción X del artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada se impondrá la pena de 5 a 15 años de prisión y el equivalente de 3 mil a 6 mil días multa cuando se trata de algún ejemplar, partes, derivados, productos o subproductos de especies de fauna protegida.
Con este cambio no solo combatimos el tráfico ilegal de la totoaba si no de todas las especies que están protegidas. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Guel Saldívar. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva presentada por la diputada Norma Guel Saldívar.
La secretaria diputada María Guadalupe Díaz Avilez: En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Señora presidenta, mayoría por la negativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: No se admite a discusión la reserva presentada por la diputada Norma Guel Saldívar. Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.
La diputada Claudia Pastor Badilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó propuesta de adición de un artículo transitorio. Ha solicitado que su propuesta íntegra sea insertada en el Diario de los Debates. Así será.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Agotada la lista de oradoras y oradores se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, hasta por quince minutos, para que las y los diputados presentes procedan a la votación de los artículos reservados en términos del dictamen, que corresponden a: artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Artículos 6, 7 Bis y 11 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales. Artículo 14 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Artículo 4o. de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos. Los artículos 81, 83 Ter, 83 Quáter y 92 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. El artículo 420 del Código Penal Federal y con la eliminación del cuarto párrafo del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, aceptado por la asamblea.
La secretaria diputada María Guadalupe Díaz Avilez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, hasta por quince minutos, para proceder a la votación de los artículos en términos del dictamen y la modificación aceptada por la asamblea.
(Votación)
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: ¿Con qué objeto, diputado Espadas? Adelante, diputado Espadas.
El diputado Jorge Arturo Espadas Galván (desde la curul): Muchas gracias, presidenta. Solo para rogarle que nos permita la votación separada, porque estamos coincidiendo con la reserva que se aprobó, pero con el resto no. Entonces, para permitir las dos votaciones y poder expresar el voto en contra de los artículos reservados que se quedan en los términos del dictamen y el voto a favor de la reserva que se aprobó.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Diputado Espadas, aquí sí lamento mucho que no hubiera recibido este comentario de su parte antes de anunciar la votación. Lamentablemente ya lo hice y no puedo echar atrás el trámite.
Por favor, remítanos un documento para que quede constancia en el Diario de los Debates la posición de usted y, asumo, de su grupo parlamentario, en relación a esta reserva. Así como también a otros grupos parlamentarios que así lo deseen, para que sus documentos queden insertos en el Diario de los Debates.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: A las diputadas y diputados que hayan registrado su voto, les solicitamos que abandonen el salón de sesiones para dar paso al primer bloque. Se pide a la Secretaría que llame al primer bloque de diputadas y diputados para que procedan a la votación de los artículos reservados en términos del dictamen y la modificación aceptada por la asamblea.
La secretaria diputada María Guadalupe Díaz Avilez: Se pide a las y los diputados integrantes del primer bloque pertenecientes a los grupos parlamentarios de los Partidos: Verde Ecologista de México, de la Revolución Democrática, Encuentro Social, Movimiento Ciudadano, del Trabajo, Revolucionario Institucional, Acción Nacional y diputadas y diputados sin partido, procedan a emitir su voto de los artículos reservados en términos del dictamen y la modificación aceptada por la asamblea.
(Votación)
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Solicito atentamente a la Secretaría, que llame al segundo bloque de diputadas y diputados, para que procedan a la votación de los artículos reservados, en términos del dictamen, y la modificación aceptada por la asamblea. Así como a diputadas y diputados de otros bloques que no aún no hayan emitido su voto.
La secretaria diputada María Guadalupe Díaz Avilez: Se pide a las y los diputados integrantes del segundo bloque, pertenecientes al Grupo Parlamentario de Morena y las y los diputados que falten, que procedan a emitir su voto de los artículos reservados en términos del dictamen y la modificación aceptada por la asamblea.
(Votación)
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Solicito a la Secretaría que reitere el llamado a diputadas y diputados que aún no hayan emitido su voto, para que lo emitan.
La secretaria diputada María Guadalupe Díaz Avilez: Se pide a las y a los diputados que falten de emitir su voto que pasen a este pleno a hacerlo.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Pido a la Secretaría ordene el cierre del sistema electrónico de votación, para dar cuenta con el resultado de la misma.
La secretaria diputada María Guadalupe Díaz Avilez: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señora presidenta, el resultado es el siguiente: 258 votos en pro, 2 abstenciones y 118 votos en contra.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Aprobados en lo general y en lo particular los artículos reservados en términos del dictamen y la modificación aceptada por la asamblea al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General en materia de Delitos Electorales, de la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, de la Ley Federal para prevenir y sancionar los Delitos Cometidos en materia de Hidrocarburos, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, del Código Penal Federal, de la Ley General de Salud, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, y de la Ley de Vías Generales de Comunicación. Se devuelve al Senado de la República para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Justicia con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley General de Salud y de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Tiene la palabra la diputada María del Pilar Ortega Martínez para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento, hasta por cinco minutos.
La diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Con su permiso, presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, la pandemia provocada por el virus SARS, Covid-19, es la tragedia más grave que le ha ocurrido a la humanidad desde la Segunda Guerra Mundial. En poco menos de un año el virus ha contagiado a más de 38 millones de personas y ha cobrado más de un millón de vidas humanas. Tan solo en México la desgracia ha enlutado los hogares de casi 84 mil mexicanas y mexicanos, y actualmente somos el noveno país con mayor incidencia de casos en el mundo.
Por otra parte, las medidas tendentes al combate de la pandemia han sido catalizadores de procesos que habían iniciado desde hace mucho tiempo, como la transición de los espacios laborales y de convivencia social hacia los entornos digitales. Los efectos del cambio del cual somos testigos se resentirán dentro de muchas generaciones.
No es necesario abundar en la incertidumbre, la tristeza y la impotencia que esta pandemia ha traído a cada una de nuestras vidas. Lo cierto es que mientras nos encontramos a la expectativa de una solución que ponga fin a la pandemia, como la aplicación de una nueva vacuna o el hallazgo de algún tratamiento efectivo, estamos en manos de quienes tienen las capacidades y aptitudes para paliar este padecimiento: el personal médico.
La labor del personal del Sistema Nacional de Salud en esta pandemia, que incluye a los sectores público y privado, ha sido verdaderamente heroica. Con recursos limitados, con espacios saturados, con el riesgo permanente del peligro del contagio y la posibilidad de perder la vida, realizando guardias dobles y hasta triples doctoras y doctores, enfermeras y enfermeros, camilleros, conductores de ambulancias y personal de intendencia han sido la reserva en la primera línea que ha logrado la contención de esta tragedia sanitaria. Desgraciadamente también han sido las primeras víctimas.
De acuerdo con un informe de Amnistía Internacional, México es el país con mayor índice de mortalidad para el personal médico, con mil 320 decesos confirmados a septiembre de 2020. Dada la relevancia que ha tenido la contención de la contingencia, desde el comienzo de la pandemia resultaron verdaderamente estremecedores e indignantes los numerosos casos en los cuales se reportaron ataques, actos de discriminación, vejaciones y humillaciones en contra del personal del sistema nacional de salud.
Hubo casos muy graves en los cuales las agresiones no quedaron en las lesiones, como en el caso de Coahuila, en el caso de enfermeras y una secretaria del Instituto Mexicano del Seguro Social. Por ello, en la Comisión de Justicia hemos hecho eco de la necesidad de proteger de alguna manera al personal del sistema nacional de salud. Recibimos 15 iniciativas de casi todas las fuerzas políticas que, mediante una serie de propuestas de reformas a distintos ordenamientos y el establecimiento de distintas penas, sanciones más severas para quien lleve a cabo esta agresión en contra de quienes más han hecho para contener la pandemia.
En el proceso de dictaminación fueron puestas en análisis todas estas propuestas. Por supuesto que no somos ajenos al hecho de que los casos de agresiones configuran delitos ya establecidos en nuestro sistema jurídico, pero nos parece, francamente, indignante que en los casos en los cuales hubo incluso persecución de delitos por lesiones, estas personas nunca pisaron la prisión.
Por ello, recurrimos a una norma ya existente en nuestro sistema jurídico, las calificativas que agravan las penas en casos específicos. En esta semántica penal está inscrita, por ejemplo, la agravante establecida en el artículo 189 del Código Penal Federal que establece penas de prisión adicionales para quien cometa cualquier delito en contra de servidores públicos en el acto de ejercer lícitamente sus funciones o con motivo de ellas.
También, en esta calificativa vigente no se protege a diversas personas involucradas en la titánica tarea de sostener el sistema de salud. Las personas que por el régimen contractual con el cual están vinculadas a las instituciones de salud como camilleros, personal de intendencia, choferes, estudiantes que también están presentes en los nosocomios, pasantes, residentes, médicos internos, no queden fuera de la protección de dicha calificativa.
Por ello, era necesario realizar algunas adecuaciones normativas para establecer sanciones más severas, agravantes a los tipos ya existentes y, en general, una reforma integral, en donde también se incorpora en el delito de discriminación previsto por el artículo 149 Ter del Código Penal Federal las conductas realizadas por motivos de desempeño de actividades relacionadas con la mitigación de la emergencia sanitaria o desastre natural.
Con la aprobación de este dictamen, la Comisión de Justicia pretende también hacer un reconocimiento y rendir un homenaje a todas las personas que intervienen e históricamente han intervenido para mitigar las tragedias que han fustigado a nuestra nación, muchas de las cuales permanecen aún frescas en nuestra memoria.
Por estas razones, las y los invito a votar a favor de este dictamen que pretende brindar protección integral al personal que ha estado presente en la primera línea para contener esta pandemia, con lo cual esta Cámara de Diputados demostrará un gesto de gratitud, que ojalá pueda ser replicado por la colegisladora, pues como afirmó Marco Tulio Cicerón, la gratitud no es la mayor de las virtudes, sino la madre de todas las demás. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Ortega Martínez.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: En términos del artículo 104, numeral 1, fracción IV del Reglamento, se otorgará a los grupos parlamentarios el uso de la palabra para fijar su postura hasta por cinco minutos. Tiene la palabra la diputada Leticia Mariana Gómez Ordaz, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
La diputada Leticia Mariana Gómez Ordaz: Con la venia de la Presidencia. La noticia dada por el gobierno federal en el mes de febrero del presente año, sobre la inminente llegada del coronavirus a nuestro país, sin duda alguna causó preocupación en todos y cada uno de nosotros. Enfrentarnos a una enfermedad desconocida y potencialmente mortal hizo que se mostraran rápidamente en la población los peligros que la desinformación causa.
En estos tiempos difíciles, la ignorancia ha hecho tanto daño como el propio virus. La mayoría de los mexicanos jamás podremos olvidar la incertidumbre y el sentimiento de angustia vividos durante el periodo de la cuarentena nacional, y a pesar del miedo hubo miles de personas que, anteponiendo su propia seguridad y salud, no lo pensaron dos veces para salir a dar lo mejor de sí mismos enfrentándose a un enemigo desconocido, compensando la falta de recursos con vocación y el gran compromiso con su país y su gente para salvar al mayor número de vidas posibles.
Me refiero por supuesto a todo el personal médico, a quien nuevamente quiero reconocer y agradecer lo que a la fecha siguen haciendo por la salud de los mexicanos. A 8 meses de la peor crisis de salud en este país, en los últimos tiempos, siguen trabajando como el primer día, a pesar del riesgo latente de contagio siempre motivados por la vocación de servicio y ayuda al prójimo que los caracteriza. Son, en definitiva, los verdaderos héroes.
Por esta razón, en meses pasados recibimos con indignación y profunda desaprobación las noticias de los diversos casos que se han presentado en toda la República Mexicana, en los cuales el personal del sector salud es agredido física y psicológicamente por parte de usuarios del servicio. Asimismo, de la incitación a la violencia, la negación a distintos servicios y otras conductas discriminatorias de las cuales han sido objeto.
Bajo este contexto y ante intolerables conductas es obligación de las autoridades que componen el Estado mexicano desdoblar todas las capacidades, esfuerzos y recursos para proteger a quienes han entregado su vida y han hecho múltiples sacrificios para anteponer a los demás.
Son tiempos difíciles, pero no debemos permitir que la ignorancia agrave esta situación. Dar la espalda a quien nos ayuda es un acto ruin, pero, afortunadamente, con la aprobación de este dictamen dañar al personal de salud que nos protege también será un delito.
Estoy convencida de que solo en unidad venceremos a la pandemia, atendiendo las medidas preventivas de higiene que siguen vigentes, como es el lavado de manos y la sana distancia. Desde el ámbito legislativo, en la bancada del Partido Verde, seguiremos enfocando nuestros trabajos parlamentarios para aminorar los impactos de la pandemia, teniendo siempre como prioridad la salud de los mexicanos. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Gómez Ordaz.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra el diputado Antonio Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Antonio Ortega Martínez: Vamos a apoyar el dictamen que hoy se presenta a discusión en esta asamblea y que busca garantizar el derecho y protección de los derechos humanos del personal sanitario conformado por médicos, enfermeras y personal de limpieza, particularmente el derecho a la seguridad y a la integridad personal.
El temor y la ansiedad que ha generado una enfermedad desconocida han dado lugar al estigma social, a lamentables actos de discriminación y agresiones físicas por el desconocimiento, el miedo y el prejuicio. Si bien resulta cierto que este fenómeno no es exclusivo de nuestro país, sí es necesario reconocer que en México se ha presentado con mayor frecuencia y más intensidad, particularmente en contra de las mujeres que forman el 77 por ciento del personal sanitario.
Desde el 28 de febrero, cuando se conoció el primer caso de Covid, más de 200 médicos, enfermeras, enfermeros, directores de hospitales y personal de limpieza fueron golpeados, insultados, bañados con cloro y amenazados de muerte. Además, han sido impedidos de usar el transporte público, de ingresar a comercios o de usar los elevadores en los edificios que habitan y, hasta han sido extorsionados. Según datos estimados por Salud, el IMSS y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.
Únicamente en el mes de abril Conapred registró al menos 140 quejas por discriminación, relacionadas con la pandemia, de las cuales 45 fueron interpuestas por personal del sector salud. Es importante reconocer la importancia del trabajo del personal médico y enfermería, así como de quienes se dedican a la limpieza de hospitales y centros de salud.
Sin embargo, hay muchas muestras de apoyo por parte de los mexicanos. Taxistas organizados para ofrecer viajes gratis a médicos y enfermeras. Hoteles que han puesto a disposición habitaciones para que puedan descansar.
Las agresiones no son generalizadas. Lo que sí está generalizado es la indolencia de la administración pública y el desmantelamiento en la práctica de los sistemas de salud. Aprovecho para establecer un reclamo al gobierno por la forma en que desde la administración pública han tratado a los médicos, a las enfermeras, al personal sanitario y administrativo de los distintos esquemas de salud pública.
Me refiero a que durante meses y aun ahora, no se les han proporcionado materiales adecuados para el desempeño de su actividad con seguridad. La prueba es que mil 320 trabajadores, repito, mil 320 trabajadores de la salud han fallecido de marzo a la fecha, contagiados de Covid, más un número indeterminado de familiares.
A la inconformidad y las protestas las autoridades no han respondido, porque no aceptan reunirse con los inconformes. Luego, practican la represión selectiva mediante despidos injustificados, aislamiento de médicos inconformes y otras formas de represión.
Los insumos médicos son escasos, de mala calidad y se les obliga a reutilizarlos después de que han perdido su vigencia. Hay graves problemas de basificación, ya que se mantiene al personal con contratos periódicos, eventuales, en contra de los principios de estabilidad laboral. El gobierno quiere lavarse la cara para seguir evadiendo su responsabilidad, o va a atender en serio la problemática de miles de trabajadores.
En este sentido, consideramos contradictoria la presente iniciativa, pareciera que se intenta culpar a la población de atacar a los médicos que, si bien ha sucedido, parecen hechos aislados, o por lo menos no generalizados frente al comportamiento de las autoridades frente a los médicos.
Hacemos un llamado a atender la problemática de los médicos y trabajadores de la salud. En serio, atendiendo sus condiciones de trabajo y su estabilidad laboral. Nos hacemos eco del llamado de la Organización de las Naciones Unidas a respetar el trabajo de los profesionales de la salud y condenamos cualquier expresión de odio, intolerancia, estigmatización y discriminación, en contra de quienes hoy están en la primera línea de respuesta a la pandemia. El PRD votará a favor de la presente reforma. Gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Ortega Martínez.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra la diputada Nancy Claudia Reséndiz Hernández, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.
La diputada Nancy Claudia Reséndiz Hernández: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, a más de 10 meses de que se identificó la transmisión del virus SARS Covid 2 en territorio nacional y de que se decretara la pandemia a nivel mundial en nuestro país, hemos tenido lamentablemente la pérdida de 83 mil 945 mexicanos a causa del Covid 19.
Estas lamentables pérdidas de mexicanas y mexicanos nos duelen profundamente, pero reconocemos lo enigmático que resulta este virus. Quienes están en la primera línea de la defensa contra el Covid han hecho un enorme esfuerzo por poner al servicio de la patria sus conocimientos, su profesionalismo y también han ofrecido horas extras de trabajo. Su labor ha permitido salvar la vida a miles de personas.
En México, al inicio de la pandemia teníamos un déficit de médicos y médicas, de enfermeras y enfermeros y con acciones coordinadas hemos tratado a cerca de 50 mil trabajadores de la salud que han ayudado al país.
En Encuentro Social rechazamos las agresiones y maltratos que han padecido el personal médico durante estos meses. Contrario a las acciones que perjudican la integridad y vulneran la dignidad de las y los trabajadores, la sociedad mexicana debe de reconocer y agradecer su dedicada labor; lastimarlos en riesgo, sus capacidades e incluso en su vida.
Nunca serán justificadas las agresiones, las lesiones ni la violencia. No es justificada la discriminación, las conductas irracionales, producto del miedo y de la incomprensión.
Compañeras y compañeros, el personal médico es parte de la sociedad. Por eso, desde esta tribuna, y con este dictamen, mandamos un mensaje contundente al pueblo mexicano, para que cesen las agresiones contra el personal médico, que cese la violencia verbal y física, que cese la prohibición para usar el transporte público, que cesen las discriminaciones por el trabajo que se realiza.
Ante este escenario y con el propósito de proteger a quienes participan en las emergencias sanitarias, todos los grupos parlamentarios representados en esta Cámara, presentamos diversas iniciativas para sancionar las agresiones del personal al Sistema Nacional de Salud, de los cuerpos que prestan servicios de emergencia o de las Fuerzas Armadas en funciones de auxilio, en el acto de ejercer sus funciones o con motivo de ellas, durante el tiempo que corresponda a una contingencia sanitaria, emergencia o desastre.
Compañeras y compañeros legisladores, el dictamen que vamos a votar es muy amplio, pues no solo sanciona las agresiones al persona del Sistema Nacional de Salud, de los cuerpos que prestan servicios de emergencia o de las Fuerzas Armadas en funciones de auxilio, sino también, se amplían los casos de discriminación específica cometidos en contra de quienes realicen labores relacionadas con el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud y se sanciona con el arresto hasta por 36 horas a quien realice o incite a realizar actos de violencia contra el personal del sector salud.
Las reformas que vamos a aprobar son fundamentales, pues no estamos exentos de nuevas contingencias sanitarias. Somos un mundo en constate evolución, donde la aparición de nuevas enfermedades no es la excepción y, además, somos un país que por su clima favorece al desarrollo de fenómenos naturales severos.
Por ello, en el presente dictamen, vamos a dar protección a quienes participen durante el tiempo que corresponda, a una contingencia sanitaria, emergencia o algún desastre.
En Encuentro Social no podemos permitir conductas que tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de cualquier persona, pero en particular de quienes ponen en riesgo su vida para salvar la de los demás. Por lo anterior, votaremos a favor el presente dictamen. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Reséndiz Hernández.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra el diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
El diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas: Con su permiso, diputada presidenta. Buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores. A nuestros héroes vestidos de blanco y con estetoscopio que desempeñan una gran labor al servicio de la salud.
El derecho a la salud está consagrado en nuestra Constitución y, asimismo, representa un bien público que debe ser protegido según la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los recursos humanos en materia de salud son un pilar fundamental para lograr la cobertura universal al acceso y los servicios de salud en el mundo, y con ello contar con el personal médico y auxiliar necesario y capacitado para atender a las poblaciones más vulnerables en zonas subatendidas.
Reducir las inequidades y responder a las necesidades de salud de las personas y comunidades, ese es un eje estratégico esencial para lograr el acceso efectivo a los servicios de salud y de calidad.
A lo largo de la historia, médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería y otros trabajadores de la salud han estado en primera línea de lucha contra las epidemias, pandemias y catástrofes que han amenazado la salud a nivel mundial en otros tiempos, igual como sucede hoy en todos los lugares del mundo, han demostrado siempre su compasión, valentía y coraje en la respuesta a la pandemia. Reconocemos la loable y honrosa labor que han realizado.
Derivado del famoso coronavirus con el que se ha enfrentado el mundo entero y nuestro querido México, se ha ocasionado un gran número de muertes de familiares, amigos, conocidos y allegados con síntomas graves, y el gremio fundamental para responder a las necesidades de la población en una emergencia sanitaria son los profesionales de la salud: médicos, enfermeras y personal de servicio.
Sin embargo, este virus ha tenido impacto particularmente en la integridad, seguridad y salud de los trabajadores encargados de brindar servicios de salud a los contagiados. Debido al temor de la población por sufrir algún contagio en diversos estados de la República, se han presenciado múltiples ataques, agresiones físicas y verbales contra el personal médico que atiende a los pacientes contagiados por el virus y estas acciones claro que han discriminado al personal de salud.
Ante este hecho, algunos hospitales, instituciones y autoridades han implementado medidas para garantizar la integridad de sus trabajadores, tales como transporte privado, operativos policiacos y resguardo por parte de la Guardia Nacional.
Compañeras y compañeros diputados y diputadas, los invito a votar a favor de esta iniciativa, que reforma el artículo 149 Ter del Código Penal Federal, a fin de incluir al personal del sector Salud como sujetos pasivos de la discriminación.
Asimismo, pretendo adicionar el artículo 293 Bis, con objeto de sancionar a todo aquel que infiera lesiones que pongan en peligro la vida o la integridad física del personal del sector salud.
Es nuestro deber, como legisladores, salvaguardar a nuestros héroes y heroínas y no podemos ser empáticos ante la situación a la que se enfrentan, cuando ellos han sacrificado tiempo, esfuerzo, salud y a su propia familia por salvar nuestras vidas.
Gracias, héroes, que desempeñan una gran labor al servicio de la salud. Gracias por arriesgar sus vidas, gracias por el sacrificio que hacen, gracias por dejar a sus familias y preferir ayudar al enfermo. Enorme es mi agradecimiento como ciudadano y como paciente.
La atención y dedicación ha dado resultado. Los animo a continuar con su labor y fuerzas para seguir salvando vidas. De verdad, mil gracias, héroes, de verdad. Aprovecho para mandar un cordial y afectuoso saludo y un fraternal abrazo a todas las familias víctimas del coronavirus, y desde luego nuestro reconocimiento, gratitud y homenaje a todo el personal de salud. Muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Espinoza Cárdenas.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra la diputada Elba Lorena Torres Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
La diputada Elba Lorena Torres Díaz: Con el permiso del pueblo de México. Compañeras y compañeros legisladores, acudo a esta tribuna para fijar posición a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, a favor del dictamen que nos presenta la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley General de Salud y Federal para Erradicar la Discriminación en Materia de Protección de Personal del Sistema Nacional de Salud.
En diciembre de 2019, en la Ciudad de Wuhan, China, se observa un brote de neumonía atípica en varios ciudadanos, no se tenía ningún antecedente o reporte médico sobre este virus, lo que originó que se le denominara SARS-CoV-2 o Covid-19.
El Covid-19 es una enfermedad infecciosa que se puede contagiar de una persona a otra al toser, estornudar, tener contacto con la persona infectada o en el ambiente que rodea a esta persona, objetos, superficies, aire, etcétera. Lo más preocupante de esta enfermedad es que muchas personas son portadores y ni siquiera lo saben, ya que son asintomáticos y no presentan ningún síntoma, como dolor de garganta, falta de respiración, diarrea, dolor de cabeza, por decir algunos.
Por ello, conforme transcurrió el tiempo y debido a la facilidad de propagación de este virus se fue expandiendo rápidamente por todo el mundo, siendo hasta finales de febrero de 2020 que llegaba por primera vez a México esta enfermedad.
A principios de marzo de 2020 la Organización Mundial de Salud declara que el Covid-19 era una pandemia y exhortaba a las naciones a emitir o seguir las recomendaciones para contener esta nueva pandemia.
El gobierno de México, el 30 de marzo de 2020, publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria, por causas de fuerza mayor, la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2 o Covid-19.
En dicho acuerdo se imponía la Jornada Nacional de Sana Distancia, distanciamiento social, así como facultad de la Secretaría de Salud para determinar todas las acciones que resultaran necesarias para atender dicha emergencia, de dicha pandemia.
El personal de salud, en los últimos meses, ha sacrificado el poder convivir, abrazar, besar a sus seres queridos. Han trabajado largas jornadas, e inclusive, han sacrificado hasta su vida con tal de auxiliar y salvar vidas de las y los mexicanos.
Lastimosamente alguno de los y las ciudadanos no hemos sabido corresponder todo este esfuerzo hecho por el personal de salud, ya que se ha conocido públicamente que muchas y muchos doctores, médicos, enfermeras han sufrido discriminación y agresión al ir en el transporte público, restaurantes, hoteles o parques.
Por ello, la presente reforma tiene como objeto el adicionar en el artículo 149 del Código Penal Federal a la condición laboral o desempeño de actividad relacionada con la mitigación de una emergencia sanitaria o desastre natural, y otorgar una sanción de uno a tres años de prisión o de 150 días de multa para aquellos que nieguen a una persona un servicio o una prestación a la que tenga derecho, niegue o restrinja derechos laborales principalmente por razón de género o embarazo, o limite un servicio de salud principalmente a la mujer en relación con el embarazo, y niegue o restrinja derechos educativos por las consideraciones antes citadas.
También se reforma la Ley General de Salud, adicionando la fracción III del artículo 427, en el capítulo de Sanciones Administrativas, con el objeto de sancionar hasta por 36 horas a la persona que realice o inste a realizar actos de violencia, en cualquiera de sus modalidades, contra el personal del Sistema Nacional de Salud.
En este mismo sentido, se reforman y adicionan diversas disposiciones del artículo 9o. de la Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación, con el fin de considerar como conductas discriminatorias al prohibir, incitar o realizar violencia física o psicológica, estigmatizar o negar o impedir el acceso a cualquier servicio al personal del Sistema Nacional de Salud, durante el tiempo que corresponda a una emergencia sanitaria.
Recordemos que todos y todas somos seres humanos. Sin importar a lo que nos dediquemos o la profesión que ejerzamos, nuestro único fin es ayudar y servir a nuestro país. Es importante mencionar que el primer agresor al personal de salud es su jefe inmediato, obligándolo a trabajar sin material de protección adecuado y sobrecargas de trabajo. También ellos deberían de ser sancionados. El personal de salud merece todo nuestro respeto. Por ello apoyamos y avalamos esta reforma.
Que le den gracias a Dios que el personal médico no está politizado como el personal de educación. No por eso quiero decir que estén mal. Pelean sus derechos. En esta pandemia el personal de salud ha dado muestra de su entrega, aun a costa de sus propias vidas. Reconocimiento de corazón a todo el personal de salud. Todo el poder al pueblo. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Torres Díaz.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra la diputada Frinné Azuara Yarzábal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada Frinné Azuara Yarzábal: Con su venia, presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, desde el surgimiento de la pandemia por Covid-19 se han presentado en diversos países del mundo agresiones físicas y verbales en contra del personal de salud.
En este contexto, resulta del todo pertinente el informe: El costo de curar, Los derechos de las personas trabajadoras de la salud en la Américas durante el Covid-19 y más allá; publicado recientemente por Amnistía Internacional.
Este informe da cuenta de la grave situación de los derechos del personal de salud al mostrar que quienes están en la primera línea de la pandemia no solo trabajan en condiciones inseguras, con insuficiente equipo de protección, sino que también se arriesgan a sufrir agresiones.
México no es la excepción. En diversas entidades se han registrado agresiones contra el personal médico y personal de salud. De acuerdo con el documento: Observaciones sobre violaciones a derechos humanos cometidas durante la contingencia sanitaria por Covi-19, tan solo entre los meses de abril y mayo se registraron 103 agresiones a personal de salud en 29 estados. Del total, 51 agresiones fueron dirigidas a mujeres, 26 a hombres y el resto no se especificó el género.
Por su parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social registró 55 agresiones al personal de enfermería en 14 entidades durante el mes de mayo. Increíble, pero las agresiones no solo han sido en contra de la integridad física del personal de salud, sino también contra su patrimonio. En algunos casos, estas amenazas se han traducido en daños a la infraestructura pública de salud, como destrozos en hospitales y quema de ambulancias.
Las agresiones y actos de discriminación fueron aumentando conforme se incrementaban los infectados y las defunciones, siendo marzo y mayo los meses que más situaciones presentaron, pero es importante mencionar que estos actos aún continúan cometiéndose.
Ante este panorama, el Sistema de las Naciones Unidas en México lamentó y condenó el mes de abril pasado, el aumento de agresiones contra el personal sanitario que combate la pandemia del Covid-19 e hizo un llamado a la población para respetar el trabajo de todos los profesionales de la salud.
Este organismo advirtió que es necesario garantizar la seguridad y las condiciones del personal sanitario para que puedan desarrollar su trabajo, por lo que pidió al gobierno tomar las medidas necesarias para ello.
Hemos llamado héroes al personal de salud que se encuentra trabajando en el contexto de la pandemia por Covid-19, incluso en el marco del desfile militar del 16 de septiembre se condecoró a médicos, médicas, enfermeras y enfermeros cuya labor ha sido destacada durante la pandemia.
Sin embargo, es momento de que dejemos los discursos atrás y se tomen las acciones necesarias para combatir la discriminación y las agresiones contra el personal de salud. No podemos permitir que se siga atentando contra la integridad física, emocional y patrimonial de quienes han arriesgado su vida por salvar las nuestras.
Compañeras y compañeros, el reconocimiento al personal médico es necesario y bienvenido, pero no basta, es necesario tomar cuanto antes medidas de prevención que garanticen su seguridad, sobre todo porque estamos aún muy lejos de ver el final de esta pandemia y pueden llegar a presentarse nuevos casos de agresión a nuestro personal.
En este sentido, las y los diputados del Grupo Parlamentario del PRI nos pronunciamos a favor del presente dictamen, ya que estamos convencidos de que con su aprobación coadyuvamos a salvaguardar los derechos humanos del personal médico que se encuentra combatiendo el Covid.
Asimismo, estamos seguros de que esta reforma sentará las bases para prevenir situaciones de agresión en las futuras emergencias sanitarias en el mundo y en nuestro país. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Azuara Yarzábal.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra el diputado José Elías Lixa Abimerhi, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado José Elías Lixa Abimerhi: Este dictamen no se trata de la pandemia por el Covid–19, sino de qué tipo de sociedad queremos ser y qué tipo de actitudes permitimos entre nuestra comunidad. Se necesita ser muy tonto, es darnos un balazo en el pie permitir agresiones, discriminación o ataques de cualquier tipo contra las personas que nos cuidan.
La pandemia dejó en evidencia, mucha de la solidaridad y mucha de la capacidad fraterna que tiene nuestro pueblo, pero, también, lastimosamente, evidenció lo peor de muchas expresiones de ello.
Personas que por ignorancia han atacado y han agredido a nuestro personal médico han dejado ver muchas otras situaciones, porque esto no solo se trata de nuestro personal médico sino se trata de todas las personas que en un momento pueden brindar asistencia humanitaria a nuestra población, pueden ser las Fuerzas Armadas o los bomberos, pueden ser rescatistas, pueden ser brigadas, pueden ser personas que exclusivamente transporten alimentos y medicinas cuando ocurre un desastre natural o cuando se altere de manera grave el orden común.
Tuve el honor de ser iniciante y en esta propuesta pedí que se comprendan a todas las personas que brindan asistencia humanitaria, porque lamentablemente los desastres naturales son cosas que suceden en nuestras comunidades de manera seguida, lo mismo que situaciones que pueden requerir de la ayuda de unos a otros, proteger a la solidaridad y proteger a la humanidad, y es protegernos unos a otros.
Este dictamen sirva, sí, como reconocimiento a nuestro personal médico, a todas las personas que durante estos meses han dado la vida literalmente para salvar a la población, en un mensaje claro del Congreso de la Unión que de ninguna manera vamos a permitir ni a tolerar ninguna agresión, pero también sirva para todas las personas que emprenden todos los días la noble causa de asistir a la población.
México, más allá de las diferencias que pueden acusar nuestros debates, no puede desde ningún rincón tolerar nunca una agresión a la muestra máxima del rostro social del amor, que es la solidaridad.
Somos nosotros hoy los responsables de hacer este reconocimiento y serán los gobiernos los responsables de sancionar y perseguir a quienes infrinjan en este tipo de actitudes. De poco va a servir llamar héroes sin capa a los médicos, si las capas son mancilladas con insultos, con agresiones. De poco va a servir reconocer a la Cruz Roja, a los brigadistas y a los topos si no blindamos su labor, a través de un marco jurídico que nunca más tolere a quien rescata a nuestra sociedad, una agresión.
Todo nuestro reconocimiento a nuestros rescatistas, a nuestros cuerpos de bomberos, a nuestras Fuerzas Armadas, a nuestro personal médico y a todas las mexicanas y mexicanos que se juegan la vida por otras mexicanas y mexicanos.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Lixa Abimerhi.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra la diputada Adriana Espinosa de los Monteros, del Grupo Parlamentario de Morena.
La diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros, a lo largo de esta pandemia de Covid 19, causado por el virus SAR CoV 2, hemos sido testigos de los enormes esfuerzos que han realizado las naciones por contener la enfermedad y evitar más muertes.
Estos esfuerzos son encabezados por el personal de salud, ya sean médicos, enfermeras, camilleros, paramédicos, laboratoristas y más.
En estos meses hemos visto en las redes sociales noticieros diversos, videos grabados por el personal de salud, muchos de ellos con marcas visibles de la batalla que han librado estos héroes y estas heroínas de la salud.
Por eso es que en Europa se había iniciado una tendencia que consistía en agradecer al personal de salud mediante algunos minutos de aplausos diariamente. No solo eso, en diversos países los médicos y enfermeras recibieron distintos beneficios, como descuentos en comidas, bebidas, alojamientos, transporte, etcétera, entre otros.
Es que no es para menos, nos están salvando las vidas y arriesgando las suyas en el proceso, sometiéndose a jornadas sin descanso durante días. Lamentablemente cuando la pandemia llegó a nuestro país, el miedo y la desinformación se apoderaron de la población. Desinformación que en buena medida y de forma mezquina e irresponsable, divulgaron los detractores de la cuarta transformación.
La contingencia sanitaria en México dio cabida al reprochable comportamiento de algunas personas que descartaban la existencia del virus o discriminaban violentamente al personal de salud. En muchas otras ocasiones culpaban a los trabajadores de la salud por la muerte de sus familiares, cuando los médicos luchaban desesperadamente por salvar las vidas de las personas que acudían tardíamente al hospital.
La violencia verbal y la discriminación fueron tornándose más hostiles hasta llegar a la violencia física, poniendo en riesgo la integridad del personal de salud. Dicha violencia ha sido ampliamente documentada por la Secretaría de Gobernación en el informe Observaciones sobre violaciones a derechos humanos durante la contingencia sanitaria por Covid 19. En dicho informe se deja constancia de los diversos tipos de violencia que van desde rociar con cloro al personal de salud, hasta amenazas de muerte con armas de fuego.
Por eso es que el gobierno de México emprendió una lucha para erradicar la violencia, la discriminación y las agresiones contra el personal de salud. A través de la Guardia Nacional se desplegaron más de 4 mil 700 elementos para el resguardo de hospitales públicos e instalaciones del sector salud.
Por su parte, la Secretaría de Salud, el IMSS y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación implementaron campañas para prevenir la violencia y discriminación al personal. No obstante, es necesario evitar que esto vuelva a ocurrir.
Por ello, en el Grupo Parlamentario de Morena estamos a favor de este dictamen, cuyo fin es sancionar de manera contundente las agresiones al personal de salud, incluidas las Fuerzas Armadas en funciones de auxilio y los cuerpos que presenten servicios de emergencia.
Compañeras y compañeros, debemos agradecer a estos héroes y heroínas, que al arriesgar su vida están salvando la nuestra. Es momento de proteger a quienes nos protegen. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Espinosa de los Monteros. Se informa a la asamblea que, con esta intervención, ha terminado el plazo para la presentación de reservas al dictamen a discusión.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Está a discusión en lo general. De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción V, del Reglamento, se otorgará el uso de la palabra a las y los diputados para hablar en contra y a favor, hasta por tres minutos. Tiene la palabra, la diputada María Guillermina Alvarado Moreno, del Grupo Parlamentario de Morena, para hablar en pro.
La diputada María Guillermina Alvarado Moreno: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, la medicina no solo se practica con el cerebro, sino también con el corazón.
Quiero iniciar mi posicionamiento agradeciendo a las y los diputados de la comisión dictaminadora, porque la iniciativa que presenté ya hace unos meses, fue considerada como parte de esta gran reforma.
La emergencia sanitaria ha sido nuestra maestra en varias cosas. Ha sido precisa en mostrarnos la vulnerabilidad humana en todas sus facetas. Ha evidenciado las diferencias sociales y carencias, y ha mostrado con claridad el inmenso compromiso del personal sanitario mexicano.
Mujeres y hombres valientes que han demostrado su férrea vocación por salvar vidas, incluso, aunque signifique poner en riesgo la suya. Los riesgos por ejercer su profesión han ido más allá del contagio y la enfermedad. Se han visto expuestos a altos niveles de estrés, cansancio extremo, estigma, discriminación e incluso violencia.
Así es, a pesar de los esfuerzos del Sistema Nacional de Salud, más de 271 personas, profesionales del sector sanitario, han sido víctimas de los ataques de la población desinformada. Sin embargo, a pesar de estas amenazas, agredidas, golpeadas e, incluso, rociadas con cloro, no han disminuido su labor, por el contrario, su trabajo ha sido crucial para ser frente a la contingencia sanitaria.
El presente dictamen busca garantizar su salud, seguridad y bienestar. Para ello, se robustece el delito de discriminación, se incorpora la prohibición expresa de incitar o realizar actos de violencia física y psicológica contra el personal del Sistema Nacional de Salud, de los cuerpos que prestan servicios de emergencia, de los servidores públicos y de las Fuerzas Armadas en funciones de auxilio durante el tiempo que corresponda a una contingencia sanitaria, emergencia o desastre natural.
Y se agrava la penalidad, para quienes cometen estos delitos, hasta por diez años de prisión, además de la sanción correspondiente. Con estas reformas buscamos corresponder la entereza y fortaleza de nuestros héroes y heroínas del sector sanitario, que desde distintas trincheras trabajan para que veamos otro amanecer, que con su dedicación y esfuerzo han demostrado el corazón y el cerebro son cruciales para salvar vidas. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Alvarado Moreno. Tiene la palabra la diputada Dulce Alejandra García Morlan, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar en pro.
La diputada Dulce Alejandra García Morlan: Gracias, presidenta. Quiero tomar medio minuto de mi tiempo para agradecer y rendir homenaje a todas aquellas personas del sector salud que están al frente de la batalla contra el Covid-19. Pero en especial, para rendir un homenaje a todos aquellos médicos que han perdido esta batalla durante la lucha contra esta terrible pandemia. Quienes gusten acompañarme, pueden ponerse de pie y aplaudir conmigo 30 segundos. Muchas gracias.
El dictamen que hoy estamos por aprobar tiene su origen en los distintos actos de agresión que hemos visto a lo largo del país en contra de enfermeras y enfermeros, camilleros, doctoras y doctores, que precisamente están al frente de la batalla atendiendo a casos de personas contagiadas de Covid-19.
A nombre del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, reconozco su gran labor, porque a pesar del abandono del gobierno y de su inexperiencia reflejada en la escasez de insumos para su protección, los doctores no han cejado ni un solo minuto en esta lucha.
Mi reconocimiento también a todos los que han o hemos participado en la dotación de caretas, guantes, gel antibacterial, sanitizante, para que ellos puedan seguir haciendo su trabajo. Porque el primer acto de discriminación en contra del personal de salud lo ha cometido precisamente el Estado, dejándolos sin insumos de protección de calidad y lavándose las manos, como si no fuera su responsabilidad.
Porque frente a un gobierno cobarde, que se esconde en las faldas y pantalones de sus diputados, siempre va a haber una ciudadanía valiente, que saca la casta en los momentos más difíciles.
Ese abandono hoy se traduce en que México es el país con el mayor número de muertes del personal médico en todo el mundo. Dichas cifras son tristes e indignantes y no es justo que México les pague así a sus héroes sin capa.
El dictamen de hoy a discusión prevé precisamente dar protección al personal médico contra cualquier acto de discriminación. Sabemos que eso no va a resolver la crisis sanitaria, pero sin duda abona a que quienes están dando la batalla en los hospitales y centros de salud lo hagan con un trato digno y de respeto por parte de la ciudadanía.
Por un lado, tipifica y sanciona la discriminación contra el personal de salud en tiempos de una emergencia sanitaria, y se incorporan sanciones administrativas a las personas que cometan actos de violencia contra el personal de salud.
Así pues, diputados y diputadas, los invito a que votemos a favor el presente dictamen. Si queremos que las cosas cambien en el país, empecemos por reconocer el valor de la dignidad de las personas. Votemos a favor como un tributo a todo el personal médico de México. Es cuanto, muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada García Morlan. Tiene la palabra el diputado Francisco Favela Peñuñuri, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
El diputado Francisco Favela Peñuñuri: Con el permiso del pueblo de México. Con su venia, señora presidenta, diputada Sauri. Compañeras y compañeros diputados, acudo a esta tribuna para hablar a favor del dictamen que nos presenta la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforman y se adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal y de las Leyes Generales de Salud; para prevenir y erradicar la Discriminación, en materia de Protección de Personal del Sistema Nacional de Salud.
La Organización Mundial de la Salud, el pasado 11 de marzo del año en curso, declaró el Covid-19 como una pandemia por la fuerte propagación que tenía a nivel mundial y con el fin de exhortar a las naciones a tomar medidas necesarias para contener y proteger a sus gobernados de este virus.
El gobierno federal emitió, en el Diario Oficial de la Federación, el 30 de marzo de 2020, el acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria, por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el Covid-19, atribuyendo a la Secretaría de Salud a realizar todas las acciones que resulten necesarias para atender dicha epidemia.
Desde entonces hasta hoy 13 de octubre de 2020 el personal de salud, nuestros compañeros médicos, nuestros colegas y todo el equipo multidisciplinario que están trabajando dentro de los hospitales y clínicas han dado su vida por todos y cada uno de los mexicanos y las mexicanas.
En su labor han dejado a un lado a sus familiares y seres queridos, muchos hasta siguen sin poder verlos ni abrazarlos y mucho menos besarlos. Mientras nosotros hemos estado durmiendo, el personal de salud no descansa. Mientras nosotros comemos, el personal de salud se malpasa.
Duele ver que en otros países a su personal médico, que ha luchado al igual que el nuestro contra esta pandemia, le aplaudan, reconozcan y los premien, mientras que aquí algunas personas han ofendido y discriminado a este personal médico que día con día se la juega en los hospitales.
La salud no sabe de partidos políticos. La salud no se politiza. Pido a todos mis compañeros diputados y diputadas, nos agarremos de las manos para enfrentar esta pandemia y darle lo mejor de nosotros a las y los mexicanos.
La salud es un tema muy sensible, aquí no nos importan si eres rico o si eres pobre, no diferencia edad ni sexo, si eres diputado, senador o gobernador, nadie está exento de que nos contagiemos y esto no es culpa del gobierno federal ni mucho menos nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador.
Por eso apoyamos y avalamos la reforma hoy presentada, que se castigue a aquel que lastime y ofenda y discrimine al personal de salud, que ha dado todo por el cuidado de los pacientes. Muchas gracias, compañeros diputados y diputadas. Con el permiso.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado Favela Peñuñuri. En términos del artículo 104, numeral 1, fracción VIII, de nuestro Reglamento, consulte la Secretaría en votación económica si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.
La secretaria diputada Karen Michel González Márquez: Con gusto, presidenta. En votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Señoras presidenta, mayoría por la negativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: No se encuentra suficientemente discutido. En consecuencia, tiene el uso de la palabra la diputada Claudia Pérez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena, para hablar a favor.
La diputada Claudia Pérez Rodríguez: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, este dictamen está dedicado de manera especial a los cirujanos, a los médicos, al personal de enfermería, técnicos, laboratoristas, personal de limpieza y a todas aquellas personas que laboran en el sector salud.
Y digo que está particularmente destinado al personal de salud porque las tres leyes que se reforman, y a saber son el Código Penal Federal, la Ley General de Salud y la Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación, tienen la finalidad de protegerlos a ustedes ante cualquier acto discriminatorio, agresiones físicas, amenazas o puedan sufrir alguna agresión en época de emergencia sanitaria o de pandemia.
Desde el inicio de la pandemia del Covid-19, la Organización Mundial de la Salud pidió a México, tanto al gobierno como a la población, cero tolerancia para la violencia a los trabajadores de la salud que están en hospitales, en centros de salud, en ambulancias y que luchan minuto a minuto para salvar las vidas en los momentos en que la sociedad más los necesita.
Los avances médicos y la técnica dan una imagen de omnipotencia a la sanidad, sin embargo, a veces las secuelas y la muerte no son entendidas como un proceso evolutivo de la enfermedad, sino más bien de algún fallo en la atención sanitaria.
Desde la más alta tribuna del país les decimos: nunca más una sola agresión contra el personal de salud, nunca más un acto de discriminación contra los médicos o las enfermeras, nunca más a la incitación a la violencia contra los trabajadores de salud.
Desde el Grupo Parlamentario de Morena queremos brindar un alto reconocimiento a quienes en México son la primera línea de batalla para enfrentar la pandemia. El pueblo de México tiene una enorme deuda con ustedes y con nada podremos devolver los servicios que ustedes han prestado a los mexicanos. Su labor no solo es encomiable, sino admirable. Ustedes son los héroes modernos que salvan vidas. Ya no son las armas, sino las batas blancas y los overoles contra el Covid lo que nos hace sentirnos seguros.
Por ello, el Grupo Parlamentario de Morena presentó, en su momento, la iniciativa para protegerlos. Así, hacemos un llamado a toda la población para que en todo momento respete y defienda a todas las personas del sector salud y que son quienes defienden lo más preciado que tenemos que es la vida. Salud para nosotros, salud para nuestros padres, para nuestros hijos, para nuestros amigos, salud para todos. Esa es la demanda. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Pérez Rodríguez. Tiene la palabra la diputada Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano para hablar en pro.
La diputada Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado: Gracias, con su permiso, presidenta. Según Amnistía Internacional, durante lo que va de la pandemia en México han perdido la vida más de mil 300 trabajadores de la salud, así que es nuestro deber obligado no permitir que el personal del sector salud sea discriminado, pero también debemos de garantizar su protección en el ejercicio de su profesión.
La vocación de los médicos, de las enfermeras, de todos los trabajadores de la salud en general, conlleva un enorme esfuerzo, conlleva servir a la gente y apoyarles en lo más importante que tienen, que es su salud.
Sé que todos ellos diariamente saben que se convierten en la esperanza para salvar a los demás, la profesión de la salud, de la medicina, siempre ha demandado esa vocación de servicio y ahora en tiempos de Covid esa vocación aún es más exigida y todo el personal de salud ha cumplido con cabalidad.
Por ello, es incomprensible que a varios se les agreda en las calles, en los hogares, en el transporte público. Es irónico porque debería de ser todo lo contrario, jamás alcanzará la palabra gracias para demostrarles la admiración por todo lo que han hecho.
Es por ello que en Movimiento Ciudadano no nos quedamos con los brazos cruzados, tomamos acciones contundentes para generar soluciones y por esa razón, porque no puede haber cabida en México para la discriminación y las agresiones, es que secundamos esta iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 149 Ter y 293 Bis del Código Penal, donde incluye, por cierto, la presentada por mi compañero el diputado Juan Martín Espinoza.
En México no hay espacio para atentar contra la dignidad humana, no hay espacio para atentar contra los derechos y las libertades. Mi solidaridad con todo el personal de salud y a nombre de todo México, gracias, mil gracias porque todos los días salen a luchar contra el Covid.
Sepan que en Movimiento Ciudadano siempre tendrán un aliado, siempre seremos aliados y traeremos su voz aquí, a la máxima tribuna del país. Sepan que Movimiento Ciudadano se ha caracterizado por defender los derechos de las y los mexicanos, y hoy, en forma muy especial los derechos de los trabajadores de la salud. Gracias, gracias a todo el personal.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Gómez Maldonado. Tiene la palabra la diputada Abril Alcalá Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en pro.
La diputada Abril Alcalá Padilla: Con su venia, diputada presidenta. El día de hoy me dirijo a ustedes, diputados y diputadas, con particular convicción de que los médicos y los trabajadores de la salud se merecen todo nuestro apoyo. Han sido más de 200 los que han sufrido agresiones por una gravísima, gravísima enfermedad que es la ignorancia.
Esa ignorancia que muy a menudo permea esta tribuna y estas curules, pero que ha estado en las calles porque, desgraciadamente, desde las mañaneras se ha estado atacando con singular alegría a los científicos, a los académicos, a los médicos, de pronto resultó que era una profesión para la que la gente estudiaba para hacerse rica, no para salvar vidas.
Entonces, no les voy a repetir las cifras que ya comentaron mis compañeros y compañeras, porque yo creo que nos queda muy claro. México, es el país número uno en contagios y muertes por Covid, porque el Estado mexicano los mandó a la guerra sin fusil, porque los mandó a la primera línea de batalla sin siquiera estar protegidos, muchos de ellos sin siquiera tener un seguro social por si enfermaban, muchos de ellos con salarios raquíticos.
Yo, vengo de una ciudad en donde nos enorgullecemos muchísimo, en Guadalajara, de nuestros hospitales civiles y no saben la cantidad, la cantidad de enfermos que tuvieron que ser dirigidos allá porque resulta que en el sistema del IMSS, del ISSSTE en muchísimas ocasiones los habían abandonado. Los tenían literal poniendo de su propia bolsa para comprarse sus mascarillas, los camilleros andaban con un solo guante y se agarraban la camisa con el otro para tratar de no infectarse cuando además estaban moviendo cuerpos de enfermos de Covid.
Entonces, no les quiero hablar de cifras, les quiero hablar de la necesidad urgentísima de proteger a estos guerreros, a estos verdaderos héroes de la pandemia, porque los héroes no están ni en Palacio Nacional ni en la Secretaría de Salud y olvídense de que están aquí.
Están en los hospitales, están en las ambulancias, son los primeros respondientes, son quienes se han partido el lomo de verdad, que han puesto en riesgo a su familia. Y, con este dictamen, pues bueno, les hacemos un poquito de justicia, un poquito, porque aquí no necesitamos gastar dinero en traer médicos del extranjero, no se equivoquen. No necesitamos gastar dinero en publicidad para que parezca que el gobierno está haciendo lo propio.
Necesitamos darles condiciones decentes, dignas para trabajar y para poder seguir salvando vidas. Por favor, ayudémosle a toda esa comunidad médica, científica a que siga ayudando al pueblo de México. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Abril Alcalá Padilla. En términos del artículo 104, numeral 1, fracción VIII, de nuestro Reglamento, consulte la Secretaría, en votación económica, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.
La secretaria diputada Karen Michel González Márquez: Con gusto, presidenta. En votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Suficientemente discutido en lo general. El diputado Mario Delgado ha solicitado hacer uso de la palabra, ¿con qué objeto, diputado Delgado?
El diputado Mario Delgado Carrillo (desde la curul): Presidenta, con el objeto de solicitarle a nombre de los coordinadores de los grupos parlamentarios, dado que es un dictamen de consenso, el tiempo para la votación pudiera ajustarse a cinco minutos.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Con mucho gusto, diputado Delgado. Tomamos en consideración esta propuesta de la y los coordinadores de los grupos parlamentarios y reducimos el tiempo a cinco minutos.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Toda vez que de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados no se ha reservado artículo alguno para su discusión en lo particular, esta Presidencia instruirá la apertura del sistema electrónico de votación, hasta por cinco minutos, para proceder a la votación del proyecto de decreto en lo general y en lo particular, en un solo acto.
Se harán los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento, para que las y los diputados que se encuentren presentes emitan su voto. Y, a continuación, se harán los avisos para que los demás diputadas y diputados del primero y segundo bloque acudan al salón de sesiones para depositar su voto, con la atenta súplica de que, una vez depositado el voto, procedan a retirarse a sus oficinas para continuar la sesión. Adelante, secretaria.
La secretaria diputada Karen Michel González Márquez: Gracias, presidenta. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, hasta por cinco minutos, para proceder a la votación del proyecto de decreto en lo general y en lo particular, en un solo acto.
(Votación)
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Solicito a la Secretaría haga el recordatorio a las y los diputados que faltan por emitir su voto, para que lo realicen. Resta un minuto.
La secretaria diputada Karen Michel González Márquez: Se pide a las y los diputados, integrantes de los distintos grupos parlamentarios que no hayan acudido a votar, procedan a hacerlo.
(Votación)
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Pido a la Secretaría que ordene el cierre del sistema electrónico de votación para dar cuenta con el resultado de la misma. Y atentamente solicito a la Secretaría observe si hay alguna diputada o diputado que reste para emitir su voto, para esperarlo. No más de veinte segundos.
La secretaria diputada Karen Michel González Márquez: ¿Falta algún diputado de emitir su voto?
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Quiero informar a la asamblea que por ser la primera de las votaciones con lapso de cinco minutos de apertura del tablero, hemos dado el margen de prácticamente tres minutos antes de cerrar el tablero. Pero reiterarles que las próximas votaciones el tablero estará abierto también por cinco minutos, para que tomen sus precauciones y puedan llegar con tiempo para emitir su voto.
Ahora sí, pido a la Secretaría que ordene el cierre del sistema electrónico de votación, para dar cuenta con el resultado de la misma.
La secretaria diputada Karen Michel González Márquez: Con gusto, presidenta. Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señora presidenta, el resultado es el siguiente: 367 votos a favor, 0 abstenciones y 1 voto en contra.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Aprobado en lo general y en lo particular por 367 votos el proyecto de decreto por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley General de Salud y de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Pasa al Senado de la República, para sus efectos constitucionales.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 137, 141 y 144 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Tiene la palabra la diputada Pilar Ortega Martínez, para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento, hasta por tres minutos.
Esta Presidencia ha recibido el aviso de que la Comisión decidió que la diputada Esmeralda Moreno Medina fundamentara el dictamen. Diputada Moreno Medina, tiene usted tres minutos para hacerlo. Adelante.
La diputada Esmeralda de los Angeles Moreno Medina: Gracias, presidenta. Compañeras y compañeros diputados, a nombre de la Comisión de Justicia, vengo a fundamentar el dictamen de diversas iniciativas con proyecto de decreto que reforman la Ley Nacional de Ejecución Penal.
Quiero destacar que, en octubre de 2019, la diputada María Marcela Torres Peimbert y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN, así como la diputada María Esther Mejía Cruz del Grupo Parlamentario de Morena, y la de la voz, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, presentamos tres iniciativas que coinciden, en términos generales, en que no se otorgue la libertad condicionada ni anticipada a los sentenciados en delitos de materia como el feminicidio y la violación.
La comisión dictaminadora llegó a la convicción de que es pertinente aumentar las condiciones de limitación del goce de la libertad condicionada y anticipada en los delitos que he referido, por considerar que la violencia de género es uno de los principales problemas que ha aquejado a nuestro país, en todos sus niveles, durante las últimas décadas.
Estos hechos acontecieron en Ciudad Juárez. Desde 1993 a 2018 se han registrado 779 feminicidios, un promedio de 6 víctimas por mes. La violación es un delito que se ha incrementado notoriamente, según datos oficiales de 2015 a 2019 se registraron 65 mil 603 denuncias por violación simple o equiparada. En los últimos 4 años esta cifra se ha incrementado en más del 20 por ciento.
La Ley Nacional de Ejecución Penal prevé diversos beneficios preliberacionales, tales como la libertad condicionada, libertad anticipada, sustitución y suspensión temporal de las penas. No obstante, estas disposiciones, con estos beneficios, advierten limitaciones para no gozarlos, tales como que la persona privada de la libertad no haya sido sentenciada por delitos como delincuencia organizada, secuestro y trata de personas, de modo que en el caso de los delitos no comprendidos sí es procedente el beneficio preliberacional.
Esta comisión ha considerado incongruente en que las personas sentenciadas por delitos graves o de gran impacto social, como el feminicidio y violación puedan acceder a los beneficios preliberacionales, establecidos en la Ley Nacional de Ejecución Penal.
Asimismo, sometemos a su consideración que en caso de que no cuenten con la solvencia económica, las y los sentenciados puedan llegar a un convenio judicial de pago con la autoridad penitenciaria, para el caso del monitoreo electrónico.
La Comisión de Justicia somete a consideración de esta soberanía las reformas que he expuesto a la Ley Nacional de Ejecución Penal. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Moreno Medina.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: En términos del artículo 104, numeral 1, fracción IV, del Reglamento se otorgará a los grupos parlamentarios el uso de la palabra para fijar su postura hasta por tres minutos. Tiene la palabra la diputada Zulma Espinoza Mata, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
La diputada Zulma Espinoza Mata: Con la venia de la Presidencia. Para el Partido Verde Ecologista de México, el derecho al acceso a la justicia, a la seguridad y certeza jurídica, a tener políticas públicas adecuadas en el ámbito del derecho penal es bandera y principio fundamental en el desarrollo de nuestras actividades legislativas. De ahí que desde legislaturas pasadas hasta la fecha sigamos impulsando reformas legales para regular la situación de las víctimas antes, durante y después de los procedimientos para garantizarles justicia.
El decreto que hoy votaremos a favor deja en evidencia el interés de las distintas visiones sociales para fijar casos de excepción adicionales a los previstos en las normas, que permitan cuidar por encima de todo una reparación integral del daño, sin contradicciones ni beneficios que pudieran ir en contra del interés social a que están obligados aquellos que están en una ejecución de una sanción derivada de un juicio penal. Estas modificaciones contribuyen a la consolidación de normas del sistema de justicia penal que aporten a la reconstrucción del tejido social.
La primera de las reformas, referente a los requisitos para la obtención de la libertad condicionada, como medida de libertad, se encuentra sujeta a que el juez observe que la persona sentenciada cumpla con diversos mandatos tendientes a satisfacer el interés público. Tal medida, ya vigente, consiste en la adquisición, mantenimiento y seguimiento de los sistema de monitoreo electrónico, y que excepcionalmente, cuando las condiciones económicas y familiares del beneficiario lo permitan, este cubrirá a la autoridad penitenciaria el costo del dispositivo. Con la nueva propuesta se añade la hipótesis normativa para prever qué hacer para el caso de que no se cuente con la solvencia económica para cubrir tal dispositivo electrónico. Permitiendo ahora la norma a las partes llegar a un convenio judicial de pago a la autoridad penitenciaria.
Gracias a esta reforma será posible gozar de los beneficios de la libertad condicionada en los mejores términos de seguridad y justicia para la sociedad, para la autoridad penitenciaria, para víctimas y victimarios.
La segunda de las propuestas de las reformas consiste en la regulación de la solicitud de la libertad anticipada, replica el mismo fin para armonizar de forma integral la ley al vetar o vedar la procedencia de la libertad anticipada para delitos en materia de delincuencia organizada, secuestro, trata de personas, ahora también el de feminicidio y violación, por las razones anteriormente expuestas.
Finalmente, el tercero y último consiste en añadir a los delitos de feminicidio y violación a que las conductas impedía, perdón, por la ley para ser materia de la sustitución de pena prevista en el artículo 144 de la norma que hoy votamos en este decreto.
En resumen, con la reforma a la Ley Nacional de Ejecución Penal, primordialmente se busca ampliar la redacción existente y robustecer el interés de las víctimas. Por su atención, muchas gracias, es cuanto.
La presidenta diputada Ma. Sara Rocha Medina: Gracias, diputada Zulma.
La presidenta diputada Ma. Sara Rocha Medina: Tiene la palabra la diputada Norma Azucena Rodríguez Zamora, del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Norma Azucena Rodríguez Zamora: Con su venia, presidenta. El dictamen que hoy se pone a discusión tiene como finalidad conceder el beneficio de libertad anticipada a las personas sentenciadas adultas mayores, que son portadoras de una enfermedad crónico-degenerativa o terminal, a excepción de las personas que hayan sido sentenciadas por los delitos de feminicidio y violación, así como el mantenimiento y seguimiento de los sistemas de monitoreo electrónico por parte de las autoridades penitenciarias.
En México, la readaptación social de las personas que delinquen es un derecho humano establecido en el artículo 18 de la Constitución, el cual tiene como medio para su consecución el trabajo, la capacitación para el mismo y la educación. No obstante que en esta Cámara y en 13 Congresos estatales hemos realizado reformas para agravar las penas de feminicidio en un intento por inhibir el crecimiento de este delito.
Debemos recordar que, en los hechos, solo 3 de cada 100 asesinatos, sí, solo 3 de cada 100 asesinatos de mujeres son esclarecidos y llegan a una condena.
De acuerdo a las cifras del Censo Nacional del Sistema Penitenciario Federal 2019, del Inegi, hay casi 18 mil personas privadas de la libertad, de las cuales 10 mil ya recibieron sentencia y 8 mil están privadas de su libertad sin sentencia alguna.
No puedo dejar de mencionar que esta cifra aumentará después de implementarse la prisión preventiva oficiosa que ustedes acaban de aprobar, lo que traerá consigo un alto costo económico tanto para los estados como para la Federación, sin tomar en consideración el costo humano que todo ello significa.
Es importante señalar que en la reforma que se dictamina se establecen exclusiones para el otorgamiento de alguno o de todos los beneficios de libertad anticipada, principalmente cuando se trata de personas reincidentes, habituales o para los que han cometido delitos graves, tales como el feminicidio, el homicidio calificado, violación, privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro, robo calificado o delincuencia organizada, entre otros.
Por lo anterior, el Grupo Parlamentario del PRD votará a favor del presente dictamen, toda vez que considera que los beneficios de libertad anticipada reducirán los índices de sobrepoblación penitenciaria, disminuyendo los lamentables efectos que la prisión preventiva oficiosa tendrán sobre los derechos humanos en el sistema penitenciario de nuestro país. Por su atención, gracias.
La presidenta diputada Ma. Sara Rocha Medina: Gracias, diputada Norma Azucena.
La presidenta diputada Ma. Sara Rocha Medina: Tiene la palabra la diputada Carolina García Aguilar, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.
La diputada Carolina García Aguilar: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, de nada servirán todas las acciones que emprendan las autoridades que luchan contra la delincuencia en México, si las personas que han sido sentenciadas por la comisión de algún delito, e incluso de los considerados como graves o de alto impacto, pueden acceder a su libertad sin purgar la totalidad de la pena que les ha sido impuesta mediante diversos procedimientos que se encuentran considerados en la Ley Nacional de Ejecución Penal, como los beneficios preliberacionales, entre los cuales se encuentra la libertad condicionada, libertad anticipada y sustitución y suspensión temporal de las penas.
En la regulación de los tres beneficios preliberacionales se advierte de un candado para no gozar de esos beneficios. El cual se hace consistir en que la persona privada de la libertad no haya sido sentenciada por los delitos de delincuencia organizada, secuestro y trata de personas. Lo cual, interpretado a contrario sensu podría inferirse para todos los demás delitos que no sean los considerados en este candado si es procedente dichos beneficios preliberacionales.
Lo que en Encuentro Social consideramos incongruente, pues, las personas que han sido sentenciadas por los hechos delictivos considerados como graves en la ley penal o bien de gran alarma o impacto social, como es el caso de feminicidio y violación, delitos que en los últimos años en el país se han cometido de forma reiterada, repetitiva y en forma por demás violenta. No es posible que quienes los comentan puedan acceder a los beneficios preliberacionales que establece la Ley Nacional de Ejecución Penal, esto, al no encontrarse previstos en el catálogo de aquellos que no gozarán de esos beneficios.
Razón por la cual, con el dictamen a discusión estamos incluyendo en este listado los delitos de feminicidio y violación. En virtud de que cumplen la característica de constituir actos que lesionan bienes jurídicos del más alto valor como es la vida de las mujeres, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, el respeto a la dignidad de las mujeres y el derecho a todas las personas a la integridad y libertad sexuales.
Creemos que esta reforma permitirá inhibir la comisión de estos deleznables delitos, al quedarle claro al delincuente que no podrá acceder a ningún beneficio preliberacional.
Para Encuentro Social, las mujeres tienen un lugar fundamental pues pese a la lucha que ha presentado la sociedad, el género femenino sigue siendo objeto de abusos, maltratos y atentados contra su integridad física e incluso contra su vida por razones de género.
Si bien el feminicidio es la forma más extrema de violencia contra la mujer, una de las manifestaciones más graves de la discriminación hacia ella no es la única, las violaciones también ocupan un lugar preponderante.
Las mujeres deben de ser protegidas a través de acciones legislativas, con la finalidad de salvaguardar su derecho humano al acceso a una vida libre de violencia y de contar con sanciones severas para quienes las lastimen y en el país, para que no salgan de la cárcel por los delitos de feminicidio y violación.
Por lo expuesto, Encuentro Social votará a favor del dictamen a discusión, pues no queremos que queden impunes...
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Diputada se ha agotado su tiempo.
La diputada Carolina García Aguilar: ...actos que afectan gravemente a las mujeres y niñas del país. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada García Aguilar.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra la diputada Martha Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
La diputada Martha Angélica Tagle Martínez: Gracias, presidenta. La impunidad es el principal elemento que cruza todos los tipos de violencia contra las mujeres. Por eso, hoy, desde Movimiento Ciudadano apoyamos este dictamen de la Comisión de Justicia, que presenta reformas a la Ley Nacional de Ejecución Penal, que nos parece que va en el sentido correcto.
Va en el sentido correcto porque a diferencia de aquellas otras iniciativas que han buscado amentar las penas y eso no sirve para nada, el que hoy estemos incorporando a la Ley de Ejecución Penal, que quienes han cometido y están ya con una sentencia firme en materia de violación o feminicidio no tengan libertad condicionada ni libertad anticipada ni puedan sustituir la pena.
Y eso nos parece un elemento fundamental, ¿por qué? Nos parece fundamental porque del 99 por ciento de los casos de violación en México no se denuncian. En nuestro país, el año pasado hubo más de 6 millones de denuncias por violación. Este año, desafortunadamente, esa cifra ha aumentado en 17 por ciento, a pesar de la emergencia sanitaria.
Lo dramático de esta situación es que, de todas esas denuncias, solamente una de ellas, 1 por ciento termina en un caso de sentencia firme.
Y, por eso es que es bien importante que quienes ya se encuentran en la cárcel, con una sentencia firme por violación, cumplan con la pena. Por una parte, para mandar una señal firme de que el delito de violación es un delito grave y, por lo tanto, quien lo cometa va a ser sentenciado y no podrá salir de la cárcel. Y, por otra parte, porque justamente se trata de configurar un sistema de justicia que sea eso, justo para las partes.
Las víctimas de violencia acuden, generalmente, al sistema de justicia en situación de desigualdad. Las mujeres no cuentan con las mismas posibilidades de enfrentarse al sistema de justicia para llevar a sus agresores a la cárcel. Es por eso que esta reforma es tan importante.
Y ni se diga en materia de feminicidios, existe una total impunidad en materia de feminicidios, muy pocos casos de feminicidas se encuentran hoy purgando una condena en la cárcel, por eso es importante que a esas personas que hoy están purgando una pena en la cárcel no se les pueda conceder la libertad condicionada ni anticipada ni sustituirles la pena, porque tenemos que acabar con la impunidad en México y, sobre todo, mandar una señal clara de que la violencia contra las mujeres se sanciona y se sanciona de manera correcta, para que nadie más se sienta en la libertad de abusar de una mujer o de matarla, solo por el simple hecho de ser mujer. Es cuanto, presidenta, muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Tagle Martínez.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra el diputado Jesús Fernando García Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
El diputado Jesús Fernando García Hernández: Con su permiso, presidenta. Con el permiso del pueblo de México, desde Navolato vengo. Ánimo. Compañeras diputadas y diputados, el día de hoy es importante, porque discutimos una serie de reformas que van a permitir un combate a la impunidad de la violencia contra las mujeres. “La violencia crea más problemas sociales que los que resuelve”. Martin Luther King.
La reforma que hoy plantea el presente dictamen busca determinar, entre otros conceptos, que para los efectos de la solicitud de libertad anticipada no podrán gozar de este beneficio los sentenciados por delitos de feminicidio y violación, y tampoco gozarán del beneficio de la sustitución de la pena los condenados por estos ilícitos.
Es por eso que en el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo vemos con buenos ojos y votaremos por apoyar este dictamen que, como lo mencioné, busca beneficiar a todas las mujeres, sin importar ideologías políticas, poniendo siempre por delante la certidumbre de la justicia.
Es evidente que debemos parar las estadísticas que supone la comisión de estos delitos, por el bien de nuestras madres y de nuestras hijas y, en general, de todas las mujeres. Nuestra obligación como diputados y diputadas es legislar para lograr que las mujeres obtengan justicia y que reciban la certeza de que quien las ataque va a pagar las consecuencias, y tiene que pagarlas. Que la persona que se atreva a atacar a una mujer, sepa que se enfrentará a las consecuencias y que se le aplicará la ley con todo el rigor y sin margen a que logre burlar la justicia.
Las y los diputados del Partido del Trabajo tenemos, como parte de nuestra agenda legislativa, el compromiso de apoyar a las mujeres, a todas las mujeres. Solo la aplicación de la ley nos devolverá la paz y la tranquilidad que se requieren para el Congreso de nuestro país.
En razón de esto, las y los diputados del Partido del Trabajo apoyamos las iniciativas que busquen hacer más efectiva la protección hacia las mujeres, y donde la exacta aplicación de la ley sea la constante y no la excepción. Nunca más. “Nunca se entra, por la violencia, dentro de un corazón”. Winston Churchill.
Gracias por su apoyo al presente dictamen, y vamos todos juntos por ellos. Ánimo. Todo el apoyo a las mujeres. Vamos, pues, a votar juntos esta iniciativa y es a conciencia de todos y cada uno de unos de nosotros. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado García Hernández.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo: Gracias, presidenta. Los feminicidios se han convertido en la otra pandemia que ataca a nuestro país sin que las autoridades hagan algo para detenerlo. Cifras oficiales revelaron que 2 mil 240 mujeres fueron asesinadas durante los primeros siete meses del año, en México, un aumento de 3.1 por ciento en comparación con el mismo período de 2019.
El delito de violación, quizá la forma de violencia más degradante muestra también datos alarmantes en nuestro país. De 2015 a 2019 se presentaron 65 mil 603 denuncias por violación simple o equiparada y, en los últimos cuatro años, la cifra se ha incrementado en más de 20 por ciento con una clara tendencia a la alza.
A estos datos hay que agregar las llamadas cifras negras. Miles de casos jamás denunciados ni procesados en el sistema de justicia calculada en 84 por ciento de los delitos que no se reportan a la autoridad. Por eso es necesario seguir construyendo un andamiaje jurídico que realmente proteja a las mujeres de la violencia y que acabe con la impunidad.
Con esta reforma no gozarán de libertad condicionada ni de libertad anticipada los sentenciados por feminicidio o por violación. Además, tampoco procederá la sustitución de pena por estos mismos delitos. Sin embargo, es importante advertir que ninguna medida tendrá pleno éxito, si no se acompaña de los recursos presupuestarios que le den viabilidad.
En el Grupo Parlamentario del PRI hemos impulsado diversas reformas y proposiciones con punto de acuerdo para otorgar una verdadera seguridad jurídica a las mujeres. Queremos erradicar la zozobra y el miedo al que miles de mexicanas estamos expuestas cotidianamente.
Consideramos que esta reforma tiene una gran importancia, pero sabemos que no basta. Requerimos efectividad en las acciones de justicia. Lograr seguridad para que aumenten las denuncias: que se investigue, se resuelva, se juzgue y se condene con apego al debido proceso.
Mientras estas condiciones no cambien, se pueden aumentar las penas en el papel, pero no tendrán ningún efecto en nuestras vidas. Votaremos a favor con la esperanza de que las autoridades jurisdiccionales tengan mejores herramientas, pero reiteramos nuestra exigencia para que el Estado mexicano implemente una estrategia integral, sin regateos, sin retrocesos, a favor de las mujeres.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Herrera Anzaldo.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra el diputado Absalón García Ochoa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado Absalón García Ochoa: Con su permiso, presidenta. Compañeras y compañeros. La propuesta que estamos discutiendo en esta ocasión es una muestra del compromiso que tenemos por legislar para proteger los derechos humanos de las y los mexicanos, así como para propiciar la debida sanción de aquellas personas que se atreven a transgredir su vida e integridad.
Durante el transcurso de esta legislatura, no ha pasado desapercibido el aumento alarmante que se ha dado en los últimos años de la violencia contra las mujeres, de la cual en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional hemos presentado diversas iniciativas para erradicar y sancionar el feminicidio, y nos hemos pronunciado sobre la necesidad de fortalecer las políticas públicas y las instituciones encargadas de su atención, a efecto de erradicar el feminicidio y avanzar en la prevención, atención, debida sanción y reparación del daño de todas aquellas personas que son víctimas de un ilícito, y en este momento no es la excepción.
Por ello, estimamos oportuno con la presente reforma que aquellos que hayan cometido algún delito de feminicidio o violación no pidan clemencia. Que quede claro, no tendrán el beneficio de solicitar la libertad anticipada, libertad condicional ni la sustitución de la pena.
Ante ello, manifestamos nuestro voto a favor del presente dictamen, puesto que con este se permitirá una debida sanción a todos aquellos que cometan la atrocidad de privar de la vida a alguna mujer con violencia o por cuestión de género, así como a aquellos que violenten su libertad sexual.
Ambas conductas deben ser desterradas de toda sociedad, por lo que la debida sanción contribuirá a alcanzar este cometido. Además, se podría fortalecer, al encontrar voluntad política del gobierno federal en las acciones señaladas anteriormente.
Por eso reiteramos la necesidad de destinar el presupuesto necesario para alcanzar la igualdad, erradicar la violencia y lograr una protección efectiva de las mujeres que sufren violencia en cualquiera de sus manifestaciones. Es cuanto, compañeras y compañeros, y solicitamos su voto a favor. Muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado García Ochoa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra el diputado David Bautista Rivera, del Grupo Parlamentario de Morena.
El diputado David Bautista Rivera: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, el dictamen a discusión es una reforma que favorece a los grupos más desprotegidos de nuestro país al plantear dos modificaciones fundamentales a la Ley Nacional de Ejecución Penal.
Se está legislando a favor de los grupos económicamente vulnerables que se enfrentan a la justicia, y también a favor de las mujeres y de las víctimas.
Las mujeres mexicanas están cansadas de tener miedo a ser asesinadas y violadas, sabiendo que no están seguras ni en su propia casa. Sin saber si el hombre con el que se cruzan en la calle o con el que mantienen una relación será su asesino. En México hay 10 mujeres asesinadas por día, esto se debe en parte a la impunidad que existe en nuestro sistema de justicia. La violencia de género es sumamente grave y como país la debemos enfrentar.
En los últimos años gracias a los movimientos feministas y a las miles de mujeres que han alzado su voz, hoy la violencia de género es visible más que nunca, generando con esto políticas públicas y una legislación sensible para eliminar este delito en todas sus formas. En el Grupo Parlamentario de Morena priorizamos los temas de género y estamos conscientes de que son fundamentales en la agenda nacional. La violencia de género nos preocupa y nos ocupa.
Hoy discutimos un dictamen que busca contribuir a solucionar dos de los más grandes problemas: los feminicidios y las violaciones. Este dictamen propone adicionar el feminicidio y la violación a la lista de los delitos en los que no procederá la libertad condicionada, la libertad anticipada y la situación de la pena.
Se trata de una medida que busca garantizar los derechos de las víctimas, así como los derechos de las mujeres a vivir libres de violencia, el respeto a su dignidad y el derecho de todas las personas de integridad y a las libertades sexuales.
Asimismo, el dictamen en cuestión busca proteger e igualar la balanza de justicia para aquellas personas en situaciones económicas vulnerables, de ahí que se modifica el artículo 137 de la legislación en cuestión, para que las y los sentenciados que no cuenten con la solvencia económica para adquirir un dispositivo de monitoreo electrónico, puedan hacerlo mediante un convenio judicial de pago con la autoridad penitenciaria.
De esta manera habrá la posibilidad de que más personas mantengan su libertad hasta que se emita una sentencia, y esto hará limitado por su posición socioeconómica, eliminando así los tratos diferenciados en el sistema de justicia de nuestro país.
El Grupo Parlamentario de Morena votará a favor del dictamen, a favor de construir un sistema de justicia que no distinga por nivel socioeconómico y que no desfavorezca a los más desprotegidos y desprotegidas del país. Un sistema de justicia que proteja a las mujeres y niñas de México. Un sistema de justicia donde los derechos de las víctimas sean respetados.
Hoy aplaudimos...
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañero diputado, su tiempo se ha agotado.
El diputado David Bautista Rivera: Concluyo, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Adelante.
El diputado David Bautista Rivera: Hoy aplaudimos que, con esta reforma, producto del trabajo conjunto de varios grupos parlamentarios, estamos a un paso más cerca de la construcción de ese sistema judicial. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado Bautista Rivera. Se informa a la asamblea que con esta intervención ha terminado el plazo para la presentación de reservas al dictamen a discusión. Pasamos a la discusión del dictamen en lo general.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra la diputada María Luisa Veloz Silva, del Grupo Parlamentario de Morena, para hablar a favor.
La diputada María Luisa Veloz Silva: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, “los que niegan la libertad a otros no la merecen para ellos mismos”, Abraham Lincoln.
La libertad condicionada es el mecanismo de liberación previa a la extinción de una pena corporal, cuando la conducta de los sentenciados, su condición jurídica o algún otro requisito establecido en el artículo 137 de la Ley Nacional de Ejecución Penal así lo permite. Se trata de la norma que tiene por objeto establecer las disposiciones que deben observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial, entre otros objetivos.
El citado artículo 137 prevé que, cuando las condiciones económicas del beneficiario lo permitan, deberá cubrir el costo del dispositivo de monitoreo electrónico. Esto supone una injusticia, ya que deja fuera de su beneficio a quienes carezcan de los recursos económicos necesarios. No solo eso, sino que la norma existente no ofrece una alternativa a la falta de solvencia económica del sentenciado en cuestión o de su familia.
A pesar de que reconocemos la injusticia que entraña esta disposición, no podemos dejar de lado que para obtener el beneficio de liberación señalado, el dispositivo de rastreo electrónico representa un costo para el erario público. Por tal motivo, el dictamen que nos presenta la Comisión de Justicia propone que cuando el interesado carezca de los medios económicos necesarios, los sentenciados pueden llegar a un convenio para su pago.
Asimismo, propone incluir el feminicidio y la violación entre los delitos que no sean sujetos del beneficio de la libertad condicionada. Tampoco procederá la libertad anticipada ni la sustitución de la pena.
Con estas reformas enviamos un mensaje fuerte y claro: debe permanecer en la cárcel aquel individuo que haya cometido delitos aberrantes hacia las mujeres por el hecho mismo de ser mujeres, para ello, todo el peso de la ley.
Esas son las razones que el Grupo Parlamentario de Morena votará a favor del dictamen. Es todo, gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Veloz Silva. Tiene la palabra la diputada Madeleine Bonnafoux Alcaraz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar a favor.
La diputada Madeleine Bonnafoux Alcaraz: Con su venia, diputada presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, el día de hoy estamos por aprobar un dictamen de la mayor relevancia para la defensa y protección de las mujeres, justo en estos tiempos en que la protección a su integridad física y psicológica requiere que tengamos instituciones fuertes y el compromiso incondicional y responsable de todos los servidores públicos para propiciar todas las acciones necesarias que les permitan vivir una vida plena y en libertad.
Desde esta Cámara de Diputados, las y los legisladores de nuestro grupo parlamentario nos hemos comprometido a presentar aquellas propuestas que le permitan a las mujeres vivir con tranquilidad y con protección, por lo que presentamos una de las iniciativas que se dictaminan en este proyecto para establecer que no gozarán de libertad condicionada ni procederá la sustitución de la pena a aquellas personas que sean sentenciadas por delitos en materia de feminicidio y violación.
Consideramos por demás pertinente la presentación y aprobación de este tipo de propuestas, toda vez que como se sabe, la violencia a la que se enfrentan se llega a desarrollar principalmente en el hogar, al ser sus parejas los principales agresores, lo cual las vuelve presas de conductas reiteradas y permanentes, y que aunado al nivel de convivencia y al conocimiento de las actividades diarias de la mujer o de sus familias, se convierten en presas fácil de venganzas.
Aunado a ello, debe considerarse que un agresor sexual debe ser sometido a un estricto proceso de readaptación social, a efecto de evitar la reiteración de estas conductas que tanto lastiman a las mujeres, a sus familias y a la sociedad en general. De ahí, que se considere oportuno generar mecanismos para darles la mayor protección posible.
Por ello, celebramos el consenso que se ha alcanzado en esta Cámara, por cuanto se hace a la presentación y aprobación de las iniciativas presentadas por diversos grupos parlamentarios, lo cual refrenda nuestro compromiso y disposición de apoyo a todas aquellas propuestas que vayan en beneficio de los sectores que más atención y protección necesitan, por lo que ahora los responsables de haber cometido feminicidio o haber violentado alguna mujer no podrán gozar de beneficios legales, como son la libertad condicionada, la libertad anticipada ni la sustitución de la pena.
Sin embargo, no dejamos de reconocer la necesidad de que en el gobierno federal se fortalezcan las políticas públicas y se destinen los recursos económicos suficientes que permitan evitar la comisión de dichas conductas ilícitas, por lo que también aprovechamos esta ocasión para exigirle al gobierno federal la pronta atención de estos rubros, que son los temas que debe privilegiar ya que comprometen directamente la vida y la dignidad de las mujeres en nuestro país.
Por todo lo anterior nuestro grupo parlamentario votará a favor del presente dictamen. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Bonnafoux Alcaraz. Tiene la palabra la diputada María Teresa Marú Mejía, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para hablar en pro del dictamen.
La diputada María Teresa Marú Mejía: Con el permiso del pueblo de México. Compañeras y compañeros diputados, sin duda alguna hoy puede ser un día importante en la lucha por conseguir la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Hoy, se puede dar un paso más en el camino de hacer justicia y acabar con la violencia que viven nuestras mujeres.
La importancia que reviste que estemos discutiendo la reforma a la Ley Nacional de Ejecución Penal es de suma importancia para las legisladoras y los legisladores del Partido del Trabajo. Este proyecto de decreto es de suma importancia para los mexicanos y las mexicanas, ya que maneja nuevos supuestos para que las personas privadas de la libertad puedan obtener su libertad condicionada.
Otro supuesto, que consideramos muy importante, es para los que hayan sido sentenciados por los delitos de feminicidio y violación, a ellos, no se les otorgará el beneficio de la libertad condicionada. Lo anterior, es obvio y debió ser siempre así, ya que no podemos permitir que aquel que viola y mata alcance los beneficios de obtener una libertad condicionada, se debe castigar y evitar la impunidad.
Lo anterior, es pertinente y más ante el clima de violencia y de un sistema que cosifica a las mujeres, de un sistema que está corrompido y que no les ha hecho justicia a las mismas.
Sabemos que es importante modernizar las leyes y, por tanto, esta reforma que se propone buscar evitar que los sentenciados por feminicidio o violación logren o alcancen la libertad anticipada o sustitución y suspensión temporal de las penas.
Lo que pretendía esta reforma de ley era la inclusión de las figuras de los beneficios y de las preliberaciones como lo es la libertad condicional, y la reducción al número de población en las cárceles a lo que se ha buscado también con el cambio del sistema inquisitorial y por el sistema adversarial.
Sin embargo, existen delitos que al atentar en contra del bien jurídico de más alto valor, como lo es la vida y la integridad personal, no debe de ser susceptible de los beneficios de la preliberación, ya que no es posible que personas que hayan matado o violado puedan estar en las calles sin haber cumplido toda su condena.
Por lo anterior, les pido que apoyen el dictamen, ya que es en favor de las mujeres de México. Unidad nacional, todo el poder al pueblo. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Marú Mejía. De acuerdo al artículo 104, numeral 1, fracción VIII de nuestro Reglamento, consulte la Secretaría a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.
La secretaria diputada Martha Hortencia Garay Cadena: En votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Suficientemente discutido en lo general.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Toda vez que de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados no se ha reservado artículo alguno para su discusión en lo particular, esta Presidencia instruirá la apertura del sistema electrónico de votación, hasta por cinco minutos, para proceder a la votación del proyecto de decreto, en lo general y en lo particular, en un solo acto. Se harán los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento, para que las y los diputados emitan su voto.
El tablero electrónico de votación permanecerá abierto hasta los cinco minutos señalados. Inmediatamente, la Secretaría dará cuenta del resultado de la votación. Informo a la asamblea que, una vez agotado el tiempo para recabar la votación, la Secretaría no recibirá votos de viva voz. Pido a la Secretaría abra el sistema electrónico, hasta por cinco minutos, para que las y los diputados procedan a la votación del proyecto de decreto, en lo general y en lo particular, en un solo acto.
La secretaria diputada Martha Hortencia Garay Cadena: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, hasta por cinco minutos, para proceder a la votación del proyecto de decreto en lo general y en lo particular, en un solo acto.
(Votación)...
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Solicito a la Secretaría haga los llamados para aquellas y aquellos diputados que falten de emitir su voto. Resta un poco más de un minuto para que se cierre el sistema.
La secretaria diputada Martha Hortencia Garay Cadena: Se invita a los diputados y diputadas que no hayan efectuado su voto, proceder a realizarlo. Queda un minuto.
(Votación)
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Pido a la Secretaría, que si no observa diputada o diputado alguno yendo hacia su curul para emitir su voto, ordene el cierre de sistema electrónico de votación, una vez que quienes están en tránsito haya llegado a su curul para poder votar. Ahora sí, señora secretaria, le solicito atentamente que ordene el cierre del sistema electrónico de votación para dar cuenta con el resultado de la misma.
La secretaria diputada Martha Hortencia Garay Cadena: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señora presidenta, el resultado es el siguiente: 375 votos en pro, 0 abstenciones y 1 voto en contra.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Aprobado en lo general y en lo particular por 375 votos el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 137, 141 y 144 de la Ley Nacional de la Ejecución Penal. Pasa al Senado de la República, para sus efectos constitucionales.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: El siguiente punto en el orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 107 Bis y 205 Bis del Código Penal Federal. Tiene la palabra la diputada Pilar Ortega Martínez para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento, hasta por tres minutos.
La diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Con su permiso, presidenta. Compañeros y compañeras legisladoras, de acuerdo con un estudio habitual, Violencia en la vida de los niños y adolescentes, realizado por la UNICEF en 38 países de ingresos bajos y medianos, cerca de 17 millones de mujeres adultas afirman haber tenido relaciones sexuales por la fuerza en la niñez. Mientras que en 28 países de Europa alrededor de 2.5 millones de mujeres jóvenes afirmaron haber sido víctimas de formas de violencia sexual, con o sin contacto, antes de los 15 años.
Estas cifras, que sin duda no reflejan la totalidad de los casos acontecidos en todo el mundo, nos permiten dimensionar el alcance de uno de los fenómenos delictivos más graves, aberrantes e irreparables que existen: los delitos sexuales cometidos en contra de menores de edad.
El problema en nuestro país es de grandes dimensiones. De acuerdo con el Inegi, el delito de violación alcanza a mil 764 niñas, niños y adolescentes por cada 100 mil menores y adolescentes entre 12 y 17 años, mientras los tocamientos ofensivos y manoseos llegan a 5 mil 89 casos por cada 100 menores y adolescentes.
Conocidos y aberrantes han sido los casos que han cimbrado a la opinión pública nacional sobre las denuncias realizadas por víctimas que ya en su edad adulta se atrevieron a señalar estas violaciones, que lamentablemente a esa edad ya no pudieron ser reparadas por la prescripción.
Por ello, en la Comisión de Justicia coincidimos en que las reglas de prescripción establecidas para estos delitos no son suficientes para permitir que la víctima esté en condiciones de denunciar estos hechos.
En el peor de los casos, solo se pueden denunciar hasta cumplir los 21 años, el cual no es tiempo suficiente para que la víctima pueda superar los traumas que le impiden tener la confianza de revelar este delito.
Un estudio realizado por el King’s College London muestra evidencia disponible que permite afirmar que la mayoría de las víctimas de abuso sexual infantil denuncian este delito entre los 30 y los 40 años.
Con base en esta evidencia, la Comisión de Justicia coincidió con la idoneidad de establecer los 30 años de edad como el momento en que comience a correr el plazo de prescripción de los delitos de referencia, ya que la postura de ir por la imprescriptibilidad pudiera ser la puerta abierta para que los agresores aleguen inconstitucionalidad, toda vez que, conforme con las reglas generales de prescripción, dependiendo del delito que se trate, pueda existir un mínimo de tres años y un máximo de 15, es decir, que la víctima tenga de entre 33 hasta 45 años cumplidos, para que la autoridad lleve a cabo las actuaciones necesarias para el comienzo del proceso penal respectivo.
Por estas razones, las y los invito a votar a favor de esta reforma que pretende poner a nuestras niñas y niños y adolescentes en el centro de la toma de decisiones, y con la cual se pretende fortalecer la posición desde la cual la víctima pueda recurrir oportunamente a las instituciones de procuración de justicia sin hacer detrimento de los principios de seguridad y certeza jurídica, que también deben observarse durante el proceso penal. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Ortega Martínez.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: En términos del artículo 104, numeral 1, fracción IV, del Reglamento, se otorgará a los grupos parlamentarios el uso de la palabra, para fijar su postura, hasta por tres minutos. Tiene la palabra la diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz.
La diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Con la venia de la Presidencia. Diputadas y diputados, los delitos sexuales contra menores de edad provocan repercusiones profundas en la salud emocional de las personas, generando secuelas que obstaculizan el libre desarrollo de su personalidad, los cuales pueden manifestarse de forma inmediata, pero también pueden ocurrir muchos años después de la agresión.
No podemos soslayar que alguien que sufre una violación o algún tipo de abuso sexual pierde una parte importante de sí mismo y su vida se ve afectada para siempre. Si en un adulto este proceso es muy difícil de superar, imaginemos lo que sucede con una niña o un niño o un adolescente víctima de estos delitos, se trata de personas que no han terminado de desarrollar su personalidad y que no cuentan con la resiliencia para enfrentar un acto tan deleznable como este.
Lo que una víctima de violación o abuso requiere es tener certeza de que en algún momento podrá acceder, aunque sea mínimamente, a la justicia. Reparar el daño en estos casos es francamente imposible, por ello debemos asegurarles a las víctimas la posibilidad de que sus agresores sean juzgados y castigados por sus delitos. Aunque ello no cambie el hecho del daño permanente que les ocasiona. En este sentido, la modificación del momento en el cual comenzará a contarse el plazo para la prescripción de los delitos sexuales contra menores de edad permite saldar al menos una parte de la deuda que, como Estado, tenemos con las víctimas por no protegerlos.
Dicho lo anterior, votaremos a favor del presente dictamen, porque coincidimos tanto en la homologación de nuestro ordenamiento jurídico como el fortalecer la posición desde la cual la víctima puede recurrir oportunamente a la justicia. Es cuanto. Muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Fernández Cruz.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra el diputado Jorge Casarrubias Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Jorge Casarrubias Vázquez: Con la venia de la Presidencia. Diputadas y diputados, muy buena tarde. A nombre del Grupo Parlamentario del PRD, saludamos el dictamen que presenta la Comisión de Justicia en materia de prescripción de delitos sexuales en contra de personas menores de edad.
El abuso sexual infantil es un problema que necesita medidas continuas de prevención y protección efectiva por parte del Poder Legislativo, ya que sus víctimas usualmente no logran reponerse del sufrimiento durante muchos años o durante toda su vida. De ahí que el delito no se denuncie. Hoy en día el Código Penal señala que el delito sexual prescribe cuando la víctima alcanza la mayoría de edad. Con la presente reforma la prescripción será cuando la víctima cumpla 30 años.
A pesar de que en el PRD pensamos que la prescripción es un impedimento para garantizar justicia ante este tipo de transgresiones, reconocemos el presente dictamen como un buen avance.
El abuso sexual infantil es un delito que se presenta en espacios educativos, albergues, hospitales, orfanatos, seminarios, lugares de culto religioso y centros de tratamiento contra adicciones y en el convergen no solo la acción perniciosa del adulto y la vulnerabilidad del menor de edad, sino que además se presenta el poder intrínseco que posee el adulto sobre este, envolviéndole por medio de diversas argucias, con el único propósito de someterlo, a fin de satisfacer un deseo personal por encima del interés superior del infante.
Sin duda, estos delitos contra las niñas, los niños y adolescentes no solo constituyen un brutal ataque a la libertad, a la salud y al derecho del sano esparcimiento, sino también a la dignidad de los seres humanos.
En 2011, México decretó la elevación de rango constitucional del interés superior de la niñez, indicando que este principio debería guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Hoy es notorio que los delitos cometidos en agravio de las y los menores de edad se han incrementado alarmantemente.
Los abusos sexuales, la prostitución, la pornografía y la trata infantil conforman altos niveles delictivos que en su mayoría quedan impunes y, por lo tanto, las víctimas de estos actos viven una permanente demanda de justicia.
En México, los abusos sexuales cometidos por los docentes de menores de edad que estudian en los centros escolares sigue en aumento, por lo cual, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la recomendación general 21, dirigida a la Secretaría de Educación Pública, gobiernos de los estados de la República y jefe de Gobierno del Distrito Federal sobre la prevención, atención, sanción de casos de violencia sexual en contra de niños y niñas en centros educativos públicos y privados.
El día de hoy, las víctimas optaron por hacer unas denuncias ante los medios de comunicación, lo cual ha servido para que la opinión pública conozca su historia, esto como alternativa al esquema de protección de las autoridades federales y locales, y el encubrimiento institucional.
El mismo Fondo de la Naciones Unidad para la Infancia, Unicef, apoya a la no prescripción de delitos sexuales contra las personas menores de edad, al catalogarlas como una medida necesaria...
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Diputado, su tiempo se ha agotado.
El diputado Jorge Casarrubias Vázquez: -Termino, presidenta-. Resulta imperativo prevenir y atender y erradicar los problemas asociados con el delito de pederastia, ya que vulnera gravemente la esfera de protección para un pleno desarrollo. Estos actos ocasionan daños físicos y psicológicos para que las víctimas y es nuestro deber que puedan denunciar en cualquier momento de su vida. Por lo anterior, reiteramos que el Grupo Parlamentario del PRD votará a favor del presente dictamen. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Casarrubias Vázquez.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra el diputado Edgar Guzmán Valdéz, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.
El diputado Edgar Guzmán Valdéz: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, los menores de edad pertenecen a los grupos sociales más vulnerables de nuestra sociedad y son víctimas de distintas formas de violencia, como dan testimonio informes nacionales como internacionales.
Aunque es difícil estimar la dimensión de la violencia sexual hacia las niñas, niños y adolescentes, dada la magra situación de las estadísticas de denuncia y aunque todavía hay trecho por delante para disuadir las agresiones contra las y los menores, la violencia que padecen o han padecido obstaculiza su libre desarrollo humano.
La violencia contra menores de edad se ha incrementado en el país, no solo se comete en el hogar, también abarca otros entornos como la escuela, el trabajo, la comunidad y el entorno digital. La corrupción de menores, pornografía infantil, turismo sexual, lenocinio, trata de personas y pederastia son solamente algunos de los peligros a los que se enfrentan los niños, niñas y adolescentes en el país.
La propuesta tiene como objetivo general convertir a la infancia en un bien colectivo que merece especial protección. De esta forma, el Poder Legislativo da respuesta al problema de la violencia contra la infancia y apuesta de forma decida por un modelo que sitúa a niñas, niños y adolescentes en el centro de las políticas de los poderes públicos como titulares de derechos subjetivos.
Asimismo, y dado el grave daño que se causa a un menor de edad, con esta reforma vamos a establecer que en los casos de pornografía infantil, turismo sexual, los delitos serán imprescriptibles. La violencia tiene consecuencias graves en el futuro de nuestros menores, y es resultado de la descomposición social. Por ello, en Encuentro Social vemos de manera favorable la ampliación del plazo de prescripción para los delitos que se cometen contra menores de edad y en casos específicos su imprescriptibilidad.
Es necesario que protejamos a nuestras niñas, niños y adolescentes, no podemos cerrar los ojos ante la cruel realidad en la que viven miles de menores de edad en México. Miles crecen en un contexto de violencia cotidiana que deja secuelas profundas e incluso termina cada año con la vida de centenares de ellos.
Gran parte de esta violencia, que incluye la violencia física, sexual, psicológica, discriminación y abandono permanece oculta y en ocasiones es probada socialmente. Por ello, resulta conveniente y necesario ampliar el plazo de inicio de prescripción de los delitos sexuales.
Para Encuentro Social, los menores de edad son seres humanos y titulares de sus propios derechos y lo socialmente correcto es que adoptemos todas las medidas que sean necesarias para que las niñas, niños y adolescentes puedan desarrollar todo su potencial. Por ello, votaremos a favor de este dictamen. Es cuanto diputada presidente. muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Guzmán Valdéz.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra la diputada Lourdes Celenia Contreras González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
La diputada Lourdes Celenia Contreras González: Con permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, en el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano estamos a favor del dictamen porque contribuye a combatir la impunidad de uno de los actos más condenables que puede realizar el ser humano, como son los delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes.
Me permito mencionar algunas cifras que ilustran el contexto de los crímenes sexuales, la tasa de violación de niñas y niños en México es de mil 764 por cada 100 mil, de acuerdo con el Inegi. Pero, además, hay otro dato alarmante, 5 mil de cada 100 mil sufren tocamientos o algún tipo de abuso.
En cuanto al acceso pleno de niñas, niños y adolescentes a la justicia y a la reparación del daño, los indicadores también son desoladores, pues de cada mil casos de abuso solo se denuncian ante la justicia 100. Y de esos 100, solo 10 van a juicio. Y de ahí, solo uno llega a condena. Esto quiere decir que la impunidad es del 99 por ciento.
Pero es importante tener en cuenta que esta reforma debe acompañarse de acciones legislativas y políticas de seguridad para que sean más efectivas, porque si seguimos actuando sin un proyecto de justicia integral, se seguirán reproduciendo los fenómenos de degradación de la sociedad y de la convivencia. Como lo muestra el hecho de que el 40 por ciento de los agresores fueron a su vez víctimas durante su infancia.
La reforma a los artículos 107 Bis y 205 Bis del Código Penal Federal, para ampliar los términos de la prescripción de los delitos sexuales contra personas menores de edad, permitirá la prescripción de la acción penal contra estos crímenes inaceptables, y comenzará a correr a partir de que la víctima cumpla 30 años de edad.
Promover acciones para facilitar la detección y la denuncia de los delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes, también es necesario que los ministerios públicos, las fiscalías y los juzgados cuenten con personal y protocolos que se apeguen al principio del interés superior de la niñez y la protección integral de sus derechos humanos.
En conclusión, acabemos con la impunidad de los agresores sexuales, esos delitos no deberían prescribir nunca. También debemos garantizar todo el respaldo, todos los recursos, presupuesto, profesionalización de los servidores públicos y los organismos que atienden a las víctimas para lograr la reparación del daño.
Es por nuestras niñas, niños y adolescentes, a favor del dictamen y de un compromiso incondicional para la protección integral de los derechos de las niñas y niños de nuestro país. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Contreras González.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
La diputada Margarita García García: Con el permiso del pueblo de México. “El futuro de los niños es siempre hoy, mañana será tarde”. Gabriela Mistral.
Compañeras y compañeros legisladores, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo acudo a esta tribuna para hablar a favor del dictamen que nos presenta la Comisión de Justicia, por el que se reforman los artículos 107 Bis y 207 Bis del Código Penal Federal. El dictamen tiene el propósito de modificar los términos a partir de los cuales opera la prescripción en los supuestos de la comisión de delitos sexuales en contra de menores de edad.
En principio, hay que señalar que en el Capítulo VI del Código Penal Federal, en el artículo 100, se establece que por la prescripción se extinguen la acción penal y las sanciones. Esto es, una persona que comete un delito, aunque haya sido denunciado, por el transcurso del tiempo ya no podrá ser perseguido penalmente.
En el caso particular de este dictamen, es muy sensible, en virtud de que trataremos de preservar el bienestar de nuestras niñas y niños, para que en el supuesto de que se les agreda sexualmente, estas conductas no queden impunes por el simple transcurso del tiempo.
El artículo 200 Bis del Código Penal Federal fue objeto de una reforma previa para ampliar los 30 años cumplidos por parte de la persona que haya sido agredida, siendo menor de edad y a partir de la cual podría iniciar el plazo de prescripción. Pero, hay que tener en cuenta un elemento muy importante, generalmente los adultos somos insensibles a los comentarios que los niños nos formulan respecto de las agresiones que enfrentan y los consideramos muy imaginativos o mentirosos, cuando los estudios que se han elaborado sobre este tema acreditan que las agresiones se originan en el núcleo cercano y de confianza de la familia del menor.
Los niños agredidos crecen con graves problemas de autoestima, se vuelven retraídos y no son capaces de enfrentar toda la carga emocional de una agresión de este tipo, mientras que los sujetos activos en la comisión del delito continúan en total impunidad dañando a otros menores.
El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo tenemos la firme convicción que la sociedad debe procurar a nuestros menores las condiciones óptimas de desarrollo en todos los aspectos de vida, pero esto no excluye que haya agente que sin escrúpulos los dañe.
Entonces, cuanto esto ocurra, la prescripción del delito no debe ser una causal que genere impunidad. Es cierto que adicionar 12 años a la norma para que inicie el plazo de prescripción, puede ayudar a que se formulen las denuncias correspondientes y se sancione a los responsables.
Pero esto solo podrá ocurrir cuando, quien de niño enfrentó una agresión sexual, pueda tener vía, las terapias correspondientes, la madurez y confianza suficiente para enfrentar a sus agresores. Es cuanto, diputada Sauri.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada García García.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra la diputada Laura Barrera Fortoul, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada Laura Barrera Fortoul: Con su permiso, presidenta. Compañeras y compañeros diputados, las niñas y los niños están viviendo una grave crisis de inseguridad en el país, todos los días conocemos casos de violencia inconcebible.
Por ello, el dictamen que discutimos es de enorme trascendencia, al abordar los delitos sexuales contra los menores de edad, un tema sumamente delicado para nuestro sistema judicial y especialmente para las familias mexicanas.
Como aquí se ha dicho, se calcula que una de cada cuatro niñas y uno de cada seis niños, sufren abuso sexual antes de cumplir la mayoría de edad. Asimismo, se estima que de cada mil casos de abuso, solo se denuncian 100, pero de este universo, como ya lo decía Lulú, solo 10 llegan a juicio y uno a sentencia.
De acuerdo con especialistas, a un menor de edad le toma en promedio veinte años, veinte años hablar de un ataque sexual que ha sufrido en el pasado. Sin embargo, la ley prescribe con la mayoría de la edad de la víctima. No podemos permitir que nuestras niñas y niños estén en manos de individuos o grupos criminales que atentan física y mentalmente contra su persona.
Estos actos, como se ha dicho, deben ser perseguidos y castigados, no importando la temporalidad. Hablar de delitos de índole sexual no es nada fácil para las víctimas, especialmente para las niñas y niños, pues del 60 por ciento los responsables de ocasionar los actos delictivos se encuentran dentro de su mismo círculo familiar o social; el 60 por ciento ha sido atacado en el entorno donde debería sentirse más seguro.
México ocupa el primer lugar en el ámbito mundial en abuso sexual infantil con 5.4 millones de casos al año. Desafortunadamente las víctimas quedan con graves afectaciones emocionales, desarrollando traumas que los dejan marcados de por vida y, de no ser atendidos, pueden transformarse en enfermedades mentales muy serias.
Estos delitos son ocultados por el temor a hablar o la vergüenza que sienten ellos mismos o sus familias para denunciarlos, dejando a los delincuentes en absoluta impunidad.
Muy estimadas, compañeras y compañeros legisladores, la propuesta que hoy se presenta constituye un muy valioso primer paso, pero faltan recursos, actualizar protocolos y programas específicos para su efectiva atención, como una política pública que atiende a las víctimas o la capacitación a los Ministerios Públicos para atender de manera eficaz las denuncias para una mejor integración del tipo penal.
En el Grupo Parlamentario del PRI estamos convencidos de la necesidad de fortalecer el marco normativo en favor de las niñas y niños de este país, por lo que resulta necesario y urgente aumentar los plazos de prescripción con la finalidad de terminar con la impunidad. En tal virtud, estamos a favor del presente dictamen que hará justicia a los cientos de víctimas de delitos sexuales.
Hay una frase que me parece que el día de hoy hace un gran sentido en el contexto: “Si el hombre fracasa en conciliar la justicia y la libertad, fracasa en todo”. Muchísimas gracias por su atención.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Barrera Fortoul.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra la diputada Josefina Salazar Báez, del Grupo Parlamentario del Partido del Partido Acción Nacional.
La diputada Josefina Salazar Báez: Con su venia, diputada presidenta. Uno de los más grandes libros de la literatura universal es El Principito. Su autor escribe en sus primeras páginas que se lo dedica a un ser humano excepcional, a León Werth, pero cuando era niño. Hoy me alegra saber que esta trascendente reforma que vamos a discutir está pensada para proteger a los niños mexicanos de ayer, de hoy y de mañana.
En primer lugar, agradezco y reconozco el extraordinario trabajo de la comisión dictaminadora, al resolver la iniciativa de mérito que busca dar una respuesta clara, efectiva, asertiva y proactiva a todas las personas víctimas de violencia sexual, para que sus derechos no conculquen con el tiempo y que la impunidad deje de reinar en este país cuando se trata de delitos cometidos contra menores.
La violencia sexual a menores se refiere a toda actividad sexual que atente contra la integridad física, emocional y psicológica de un menor. Es una forma de violencia aguda e inexplicable que vulnera a seres indefensos y afecta sus posibilidades de lograr un desarrollo humano óptimo y funcional.
Señoras y señores legisladores, la madurez no está relacionada con la edad. Tener madurez es ir más allá de lo esperado, es analizar y decidir qué actitud se debe tomar en determinada circunstancia, contraria a un plan de vida ya establecido.
Enfrentarse a una situación personal como un daño sexual puede tardar años en ser comprendido, reconocido y aceptado. Acudir a instancias judiciales y actuar penalmente en contra de la persona que ha sido el violador de la víctima es una decisión que puede tardar mucho tiempo en tomarse y, lamentablemente, en nuestro país este delito tiene una prescripción convencional.
En el plano federal los delitos de violencia sexual son prescriptibles, y cuando son cometidos hacia personas menores de edad los términos del cómputo para prescribir el delito comienzan cuando la víctima cumple la mayoría de edad, es decir 18 años, y tomará efecto la prescripción en un tiempo no mayor de 3 años y no menor a 1.
La finalidad de esta reforma es que a las víctimas de estos abominables delitos se les brinde la protección y el acompañamiento en todo el proceso en el que está inmerso a seguir, evitando la revictimización y la ofensa a sus derechos y a su persona.
Lo que buscamos es que los delitos contra violencia sexual contra menores sean considerados en tal código, para que el inicio del cómputo de los plazos se expanda de la mayoría actualmente vigente, hasta que la víctima cumpla los 30 años de edad.
Es decir, para asegurar que se complete el proceso de maduración y cuando goce de una edad en la que se le sea accesible tomar la decisión de afrontar haber sido víctima, cuando menor, de alguno de estos delitos, y como consecuencia expresarse, actuar en libertad y ejercer un juicio propio en torno a lo que ocurre a su alrededor.
Compañeras y compañeros legisladores, esta es la batalla de las víctimas en contra de la impunidad, les pido su apoyo a favor del decreto que pretende saldar esta dolorosa deuda con la justicia. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias a todos.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Salazar Báez.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra el diputado David Bautista Rivera, del Grupo Parlamentario de Morena.
El diputado David Bautista Rivera: Con el permiso de la Presidencia. Compañeros y compañeras legisladoras, en esta legislatura ha quedado demostrado nuestro compromiso con la defensa y protección de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes de nuestro país.
El dictamen que hoy discutimos es prueba de ello, toda vez que contiene diversas modificaciones al Código Penal Federal, en materia de prescripción de delitos en contra del libre desarrollo de la personalidad, como lo son la corrupción, la pornografía, el turismo sexual, el lenocinio, la trata de personas y la pederastia, cometidos en contra de personas menores de edad.
En primer lugar, se busca establecer que para la prescripción de estos delitos el cómputo de los plazos comenzará a partir del día siguiente al que la víctima cumpla 30 años. Lo anterior encuentra sustento en diversos estudios internacionales, en los cuales se señala que la mayoría de las víctimas de abuso sexual infantil denuncian el delito entre los 30 y los 40 años. De ahí que al ampliar el tiempo para que las víctimas denuncien el delito del que fueron objeto durante su infancia o adolescencia, permita que puedan exigir justicia con la fortaleza psicoemocional y los recursos inherentes a la adultez para hacer valer sus derechos.
Con estas reformas se fortalece la cultura de la denuncia, a efecto de que caiga todo el peso de la ley contra los delincuentes, evitando que se sustraiga la acción de la justicia con el transcurso del tiempo, y se asegura el acceso de las víctimas a la justicia.
No está demás señalar que el dictamen se alinea a criterios establecidos por nuestros máximos tribunales, ya que estos concuerdan en que la denuncia tardía de estos delitos se debe a razones que incluyen la vergüenza, miedo, culpa o falta de comprensión y conocimiento.
En segundo lugar, el dictamen fortalece el marco normativo, al incorporar conductas lascivas cometidas en contra de menores de edad al catálogo de delitos, los cuales no prescriben su sucesión. La pornografía, el turismo sexual y los actos sexuales reales o simulados con personas menores de edad, así como la pederastia, no volverán a quedar impunes en este país.
Por consiguiente, las reformas que se someten a consideración en este pleno dan un poco más al acceso a la justicia y reparación del daño a las niñas, niños y adolecentes que hayan sido víctimas de delitos sexuales.
Dictámenes como este son los que permiten sumar acciones para combatir la comisión de esta clase de delitos y por efecto, la creación de mejores escenarios de convivencia para las niñas, niños y adolescentes de nuestro país.
Por último, es de resaltar que este dictamen va de la misma tesitura que diversos tratados internacionales en materia de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes de los cuales México forma parte. Tratados en los que el Estado mexicano asume el compromiso para realizar acciones tendientes a mejorar la calidad de vida de las mexicanas y los mexicanos menores de edad. Es por lo anterior...
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Diputado, su tiempo se ha agotado.
El diputado David Bautista Rivera: -Termino, presidenta-. Es por lo anterior, que las y los legisladores del Grupo Parlamentario de Morena votaremos a favor de este dictamen para continuar uniendo esfuerzos que permitan mitigar la comisión de delitos en contra de la niñez mexicana. Las niñas, niños y adolescentes son el verdadero futuro de nuestro México. Gracias, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Bautista Rivera.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se informa a la asamblea que con esta intervención ha terminado el plazo para la presentación de reservas al dictamen a discusión. Está a discusión el dictamen en lo general. De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción V del Reglamento, se otorgará el uso de la palabra a las y los diputados para hablar en contra y a favor, hasta por tres minutos. Tiene la palabra la diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala, del Grupo Parlamentario de Morena para hablar a favor.
La diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala: Gracias, diputada presidenta. Quiero, en primer lugar, reconocer el esfuerzo hecho por la Comisión de Justicia en un tema tan importante como este y decirles que yo soy una de las promoventes de esta iniciativa en la que también concurrieron diputadas y diputados de otros partidos políticos. Y bueno, agradecer siempre a la presidenta por esa actitud receptiva, porque hemos trabajado muy bien y porque en la Comisión de Justicia discutimos permanentemente, independientemente de nuestras diferencias, con argumentos.
En primer lugar, decirles que la iniciativa tiene como objeto hacer imprescriptibles los delitos sexuales de pornografía infantil, turismo sexual infantil y pederastia, cometidos en contra de menores de 18 años que no tienen capacidad para comprender el significado de un hecho, en algunos de los casos o que no tienen la capacidad para resistirlo.
La prescripción comenzará a partir, evidentemente, de que aprobemos esta iniciativa. A partir del día siguiente al que cumpla 30 años. Se trata de acabar con la impunidad de los autores materiales que actualmente se ven beneficiados por el simple paso del tiempo, escudándose en que los menores no tienen capacidad para solicitar protección y seguridad ante las instituciones para defender su integridad.
La iniciativa hace efectivo el principio rector del interés superior de la niñez sobre el derecho a una vida libre de violencia. La iniciativa reconoce a la niñez como titular del derecho de acceso a la justicia para hacerlo efectivo en el momento en que se encuentra en capacidad exigirlo.
El Poder Legislativo da, con esta iniciativa, una respuesta de Estado a través de acciones especiales y políticas criminales direccionadas y específicas. Reconociendo la importancia de que las niñas y niños deben vivir en un ambiente libre de violencia y en armonía, dependiendo de la etapa de desarrollo en la que se encuentren.
La iniciativa parte de reconocer que la violencia contra las niñas y niños incluye el abuso, maltrato físico, mental, abandono, trato negligente, explotación, abuso sexual, pornografía y turismo sexual, captación en el crimen organizado y homicidio.
México no solo tiene una gran cantidad de personas que cometen delitos sexuales, sino también en productores de pornografía infantil de primera. Hay un informe que señala, del Senado de la República, que en México se están generando 34 mil millones de pesos anuales en material pornográfico infantil.
No podemos continuar siendo el primer lugar en este país de abuso sexual o pornografía contra los niños y las niñas. Por eso, nos parece muy importante esta iniciativa, porque además con esto confirmamos una serie de principios que son fundamentales, como que los niños y niñas no mienten.
Los niños y las niñas son seres autónomos y completos, no son propiedad de nadie. Los niños y niñas tienen derecho a una vida libre de violencia y por el interés superior de la niñez, que consigna el artículo 4 de la Constitución, Morena siempre votará a favor de los niños y niñas en este país. Muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputada Villavicencio Ayala. Tiene la palabra la diputada María de los Angeles Gutiérrez Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar a favor.
La diputada María de los Angeles Gutiérrez Valdez: Con su venia, señora presidenta. Muy buenas noches, compañeros legisladores. Priorizar el interés superior de la niñez es una exigencia para garantizar que todas las niñas, niños y adolescentes gocen plenamente del derecho de seguridad jurídica y el debido proceso.
Desafortunadamente, este sector de la sociedad tan vulnerable no puede acceder a estos derechos que conceden las leyes en materia penal. Un ejemplo de esta realidad es la que vive la infancia de México cuando se ven involucrados en actos de pornografía, pederastia, turismo y abuso sexual que atentan contra el libre desarrollo de su personalidad.
La UNICEF ha establecido que 15 millones de niñas entre 15 y 19 años han sido víctimas de relaciones forzadas y 9 de cada 10 fueron víctimas de abuso de algún cercano o conocido de ellas.
En México, entre 2015 y 2019 crecieron un 38 por ciento las denuncias que corresponden a los delitos de violación equiparada, quedando las denuncias sin concluir y, por tanto, sin castigar al culpable por falta de elementos.
Hoy, con este dictamen protegeremos la seguridad y el debido proceso legal de las víctimas, con su aprobación establecemos las políticas públicas que salvaguardan su derecho al abrir el margen de la temporalidad a 30 años a quienes hayan sido objeto de algún tipo de violencia sexual y puedan proceder a denunciar, ya que con el paso del tiempo la madurez intelectual permite comprender con mayor amplitud el significado de la conducta sufrida. Y, con ello, exigir de las autoridades su debida sanción.
He de destacar que esta reforma era urgente. Con ella se garantizan los plazos que llevan a evitar la prescripción de los delitos que atentan contra el libre desarrollo de la personalidad del afectado. Como legisladores, al favorecer la modificación al Código Penal Federal en este tema, establecemos las bases para el desarrollo de políticas públicas en beneficio de las niñas, niños y adolescentes.
Me complazco en manifestar que, ante este dictamen, también hoy se suma el logro del Onceavo Parlamento Virtual de Niñas, Niños de México 2020, que se lleva a cabo a partir de hoy y hasta el 16 de octubre, donde diversas instancias a nivel federal, junto con la Comisión del Derecho de la Niñez y Adolescencia, de la cual formo parte como secretaria, unimos esfuerzos para emprender este gran evento como un logro de esta LXIV Legislatura.
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional votará a favor del presente dictamen, reiterando nuestro compromiso con la sociedad. No obstante, continuaremos exigiendo en el ámbito de nuestras atribuciones, la debida atención de los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, así como de todos los órdenes de gobierno, a efecto de garantizar el interés superior de la niñez en toda la extensión del territorio nacional.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Diputada, su tiempo se ha agotado.
La diputada María de los Angeles Gutiérrez Valdez: -Termino-. Por los niños y las niñas de México, vamos por más. Seguiremos trabajando por ellos. Muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Gutiérrez Valdez. Tiene la palabra el diputado José Mario Osuna Medina, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para hablar a favor.
El diputado José Mario Osuna Medina: Con el permiso del pueblo de México. Compañeras y compañeros legisladores, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo acudo a esta tribuna para hablar a favor del dictamen que nos presenta la Comisión de Justicia, por el que se adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal, en materia de prescripción de delitos sexuales en contra de personas menores de edad.
Sin lugar a dudas, el abuso sexual en contra de las niñas y niños les genera graves trastornos tipo emocionales y están condenados a padecer a lo largo de su vida graves traumas por los abusos cometidos en su persona. Los menores que enfrentan esta situación padecen de sentimiento de destrucción, impotencia, inseguridad y de ser considerados objeto sexual.
Lo más grave es que los adultos tienen respecto de ellos el deber de cuidar. En muchas ocasiones, cuando los menores les comentan las agresiones de que son objeto, no les creen y, por tanto, los depredadores sexuales quedan en total impunidad, puesto que las niñas y niños tienen un miedo permanente de hacer públicos los hechos ocurridos.
Hoy tenemos la oportunidad de legislar en favor de las niñas y niños, porque estaremos combatiendo la impunidad a partir del aumento de mayoría de edad, a 30 años cumplidos, para que empiecen a operar los plazos de prescripción del delito.
El Código Penal Federal, en su artículo 105, establece que la acción penal prescribirá en un plazo igual al término medio aritmético de la pena privativa de la libertad que señala la ley para el delito de que se trate. Pero, en ningún caso será menor de tres años.
Ahora bien, a partir de que se cumplan los 30 años más la media aritmética que corresponda a la pena del delito de que se trate, el sujeto pasivo de la comisión del delito tiene la oportunidad de formular las denuncias penales que correspondan, para que el sujeto activo no quede impune y enfrente la responsabilidad penal derivada de las conductas cometidas.
En el Partido del Trabajo y su grupo parlamentario en esta soberanía, tenemos el compromiso permanente de proveer a niñas y niños de las mejores condiciones materiales para que desarrollen su potencial creativo y que vivan su niñez con alegría y no con la zozobra, miedo y tristeza, que derivan de haber abusado, por quienes en muchos casos, tenían el deber de protegerlos y de salvaguardar su integridad.
No obstante que nuestro grupo parlamentario votaremos a favor, me permito anunciar una reserva al párrafo tercero del artículo 107 Bis, por ser en dicho párrafo se menciona una ley que fue abrogada y que, por lo tanto, jurídicamente es inexistente y no puede producir ninguna consecuencia de derechos la ley de personas, misma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de noviembre de 2007, y fue abrogada el 15 de junio de 2012, por la vigente Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.
Por último, quiero comentar que, muy seguramente por un error no aparece en el dictamen publicado en Gaceta Parlamentaria la página 28 del dictamen, donde seguramente se encuentran los artículos transitorios del dictamen, en particular el que corresponde al inicio de vigencia de las normas aquí aprobadas.
Pregunto a la Comisión de Justicia, a su presidenta, en particular, si esto es así o plantearlo de otra forma, ¿dónde están los artículos transitorios del dictamen? Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Osuna Medina. En términos del artículo 104, numeral 1, fracción VIII de nuestro Reglamento, solicito a la Secretaría, consulte a la asamblea, en votación económica, si este dictamen se encuentra suficiente discutido en lo general.
La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: En votación económica se consulta a la asamblea, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo, por favor (votación). Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Suficientemente discutido en lo general.
El diputado Rubén Cayetano García (desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Diputado Cayetano García, ¿desea usted hacer de la palabra? ¿Con qué objeto? Sonido, por favor, a la curul del diputado Cayetano García.
El diputado Rubén Cayetano García (desde la curul): Gracias, presidenta. Solo para hacer la precisión del compañero legislador que hizo uso de la tribuna. En el último momento refirió que una página del dictamen no estaba, y haciendo un reproche a la presidenta de la Comisión de Justicia, que en este momento no está. Solo para que se haga la precisión o la rectificación de ese trámite. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Me informa la Secretaría de Servicios Parlamentarios, que el original del dictamen está completo, con sus correspondientes transitorios, y que en este momento están terminando de escanear la parte faltante, pero que el dictamen que la Comisión de Justicia hizo llegar es un dictamen que está, que incluye sus transitorios. Es, por cierto, un único transitorio, como usted bien conoce, diputado Cayetano, como secretario de la Comisión de Justicia.
La diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez (desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: La diputada Pilar Ortega, desea hacer uso de la palabra. ¿Con qué objeto, diputada Ortega?
La diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez (desde la curul): Sí, presidenta. Solo para precisar que, en efecto, el dictamen se remitió a Mesa Directiva de la forma acostumbrada y de hecho ya tiene mucho tiempo. Generalmente hay una revisión de forma que hace el equipo de Servicios Parlamentarios, por lo cual tenemos la plena convicción de que no hay ninguna omisión. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputada Ortega.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Toda vez que, de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados no se ha reservado artículo alguno para su discusión en lo particular, esta Presidencia instruirá la apertura del sistema electrónico de votación, hasta por cinco minutos, para proceder a la votación del proyecto de decreto en lo general y en lo particular, en un solo acto.
Se harán los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento, para que las y los diputados emitan su voto, en un solo acto. El tablero electrónico de votación permanecerá abierto hasta los cinco minutos señalados. Inmediatamente, la Secretaría dará cuenta del resultado de la votación.
Informo a la asamblea que, una vez agotado el tiempo para recabar la votación, la Secretaría no recibirá votos de viva voz. Pido a la Secretaría que abra el sistema electrónico, hasta por cinco minutos, para que las y los diputados procedan a la votación del proyecto de decreto en lo general y en lo particular, en un solo acto.
La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, hasta por cinco minutos, para proceder a la votación del proyecto de decreto en lo general y en lo particular, en un solo acto.
(Votación)
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañera secretaria, sirva hacer el llamado para que las y los diputados que aún no han emitido su voto así lo hagan.
La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: Se invita a las y los diputados que falten de emitir su voto que acudan al salón de pleno a realizarlo, de todos los grupos parlamentarios.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Ordene el cierre del sistema electrónico de votación, para dar cuenta con el resultado de la misma.
La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Diputada presidenta, informo que se emitieron 353 votos en pro, 0 abstenciones y 0 votos en contra.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Aprobado en lo general y en lo particular por 353 votos el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 107 Bis y 205 Bis del Código Penal Federal. Pasa el Senado de la República, para sus efectos constitucionales.
Honorable asamblea, en consulta y acuerdo con los coordinadores de los grupos parlamentarios, los 2 dictámenes de la Comisión de Justicia que faltan por discutirse y votarse se agendarán para su desahogo en el orden del día de la sesión de mañana 14 de octubre.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Honorable asamblea, se encuentra disponible en el monitor de las curules, acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, por el que se modifica el acuerdo que establece el calendario legislativo correspondiente al primer periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio de la LXIV Legislatura. Consulte la Secretaría si es de aprobarse.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: En votación económica, se consulta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Aprobado. Y comuníquese.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Pido a la Secretaría dar cuenta con el acuerdo de la Junta de Coordinación Política.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: Acuerdo
Primero. Con el propósito de continuar con el análisis del Segundo Informe de Gobierno del presidente de la República y enriquecer el diálogo entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo, la Cámara de Diputados aprueba citar a comparecer a la titular de la administración pública federal que a continuación se detalla.
Dependencia, Secretaría de Gobernación. Funcionaria, doctora Olga Sánchez Cordero. Fecha, 15 de octubre de 2020. Lugar, Comisiones Unidas de Gobernación y Población, y de Asuntos Migratorios.
Segundo. La comparecencia de la secretaria de Gobernación se realizará de manera presencial a las 11:00 horas.
Tercero. Comuníquese y publíquese en la Gaceta Parlamentaria.
Firman los integrantes de la Junta de Coordinación Política.
Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, secretaria. Consulte la Secretaría, en votación económica, si es de aprobarse el acuerdo de la Junta de Coordinación Política al que ha dado lectura.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: En votación económica, se consulta a la asamblea si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señora presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Aprobado. Y comuníquese.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Dé cuenta la Secretaría con la comunicación de la Junta de Coordinación Política.
La secretaria diputada María Guadalupe Díaz Avilez: Se recibieron comunicaciones de la Junta de Coordinación Política en relación con cambios de integrantes y de Juntas Directivas de comisiones y de grupos de amistad, que se encuentran disponibles en las pantallas de sus curules. En votación...
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Continúe la Secretaría, por favor.
La secretaria diputada María Guadalupe Díaz Avilez: En votación económica, se pregunta si son de aprobarse. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Aprobados. Y comuníquense.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Pido a la secretaría dar cuenta con el acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo a la comparecencia de los servidores públicos en el ramo de salud.
La secretaria diputada María Guadalupe Díaz Avilez: Acuerdo:
Primero. Con el propósito de continuar con el análisis del Segundo Informe de Gobierno del presidente de la República y enriquecer el diálogo entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo, la Cámara de Diputados aprueba citar a comparecer a los titulares de la administración pública federal que a continuación se detallan: al secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer Varela; del Instituto Nacional para el Bienestar, el maestro Juan Antonio Ferrer Aguilar; del Instituto Mexicano del Seguro Social, el maestro Zoé Robledo Aburto; del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el licenciado Luis Antonio Ramírez Pineda. Todos ellos el 22 de octubre en el pleno de esta Cámara de Diputados.
Segundo. Comuníquese y publíquese en la Gaceta Parlamentaria.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Continúe la Secretaría.
La secretaria diputada María Guadalupe Díaz Avilez: En votación económica, se consulta a la asamblea si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Aprobado. Y comuníquese.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Honorable asamblea, se encuentra disponible en el monitor de las curules, acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se propone al pleno un acuerdo de civilidad en el marco de las comparecencias, en la Cámara de Diputados, de funcionarios públicos, con motivo del Segundo Informe de Gobierno. Consulte la Secretaría en votación económica si es de aprobarse.
La secretaria diputada María Guadalupe Díaz Avilez: En votación económica se consulta a la asamblea si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Aprobado. Y comuníquese.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Diversos compañeros y compañeras diputadas han solicitado hacer uso de la palabra desde sus curules y por un minuto. Tiene, en consecuencia, la palabra la diputada Esmeralda Moreno Medina, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.
La diputada Esmeralda de los Angeles Moreno Medina (desde la curul): Gracias, presidenta. La campaña de vacunación contra la influenza inició el pasado primero de octubre.
En el estado de México existen mil 200 Centros de Salud, donde la población puede vacunarse. Sin embargo, la cobertura es insuficiente para los más de 20 millones de mexiquenses que la necesitan y por diversas razones no pueden acudir, entre ellas, la económica.
En Toluca y los 124 municipios del estado de México, la población demanda que haya brigadas médicas que acudan casa por casa a aplicar la vacuna contra la influenza estacional, cumpliendo con todas las medidas de seguridad necesarias.
Hago un llamado respetuoso al gobernador del estado de México para que impulse las brigadas médicas para proteger a adultos mayores de 60 años, niños menores de 5 años y, sobre todo, las mujeres embarazadas. Fortalezcamos la prevención y el control de las infecciones respiratorias agudas. Muchas gracias, presidenta. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputada Moreno Medina. Tiene la palabra la diputada Olga Patricia Sosa Ruiz, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.
La diputada Olga Patricia Sosa Ruiz (desde la curul): Gracias, presidenta. Mi estado Tamaulipas, además de ser una de las cinco principales entidades federativas con mayor número de casos de dengue, también es el cuarto en casos de varicela, solo después del estado de México, Ciudad de México y Nuevo León.
Según el Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud más reciente, la varicela es una enfermedad muy contagiosa que se trasmite al toser o por estornudar. En Tamaulipas de los más recientes, 2 mil 243 nuevos casos, una cuarta parte están en mi municipio, Tampico y Madero que es parte de mi distrito, por lo cual, desde este reciento hago un exhorto de manera respetuosa a las autoridades estatales y sobre todo municipales, de salud obviamente, para que redoblen esfuerzos y garanticen la vacunación a los menores de edad a través de las campañas. A la ciudadanía le solicito no bajar la guardia. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputada Sosa Ruiz. Tiene la palabra la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
La diputada Margarita García García (desde la curul): Gracias, diputada Sauri. Hago una denuncia hacia grupos de interés que quieren violentar la dignidad y autonomía universitaria en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, UABJO, al querer imponer irresponsablemente a Gilberto Gamboa Medina, notario público, como rector de esta casa de estudios.
Esto sin seguir la normatividad establecida en la ley orgánica y demás reglamentos que rigen a la universidad para poder desempeñar este importante cargo, además de violentar nuestra Constitución en su artículo 3o., en donde se estipula que las universidades tienen la autonomía para gobernarse.
Existen facultades dentro de la universidad que están en contra de esta decisión de imponer a un rector, por lo que imponer a una persona que no tiene el consenso ni ha pasado por el trámite debido, se muestra el poco respeto y cariño que se tiene a nuestra universidad.
Por eso, exhorto a estos grupos de interés que se abstengan de estas prácticas antidemocráticas dentro de la UABJO y busquen el consenso del personal académico y estudiantil, cumpliendo con los lineamientos correspondientes para la elección del rector. Basta de oportunistas. Es cuanto, diputada Sauri.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputada García García. Tiene la palabra el diputado Diego del Bosque Villarreal, del Grupo Parlamentario de Morena.
El diputado Diego Eduardo del Bosque Villarreal (desde la curul): Gracias, presidenta. Para hablar del proceso electoral en curso en mi estado, en Coahuila.
Lamentablemente, el proceso electoral en Coahuila ha presentado las prácticas de siempre por parte del PRI, que sigue entregando tapas de huevo, despensas, frijol con gorgojo, cemento, chivas, borregos, marranos, puercos, cochinos a cambio del voto.
En el colmo de la desvergüenza, no conformes con lucrar con la pobreza de la gente y condicionar los apoyos sociales a cambio del voto, desde las cuentas oficiales de redes sociales del municipio priista de Saltillo se hizo propaganda descarada para los candidatos del PRI.
Por error, tal vez, pero, dejó de manifiesto que desde la oficina de Comunicación Social del municipio se están orquestando las campañas, con dinero público se están financiando actividades partidistas.
Desde aquí, le pedimos a la autoridad electoral de Coahuila que no permita que se coaccione el voto de la ciudadanía a cambio de dádivas, autoridad electoral que, por cierto, tiene el lema: votar seguro. El lema del PRI es: seguir seguro. Tal vez es coincidencia, no lo sabemos. Gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado del Bosque. Tiene la palabra la diputada Mildred Concepción Avila Vera, del Grupo Parlamentario de Morena. Por favor, sonido a la curul de la diputada Avila Vera.
La diputada Mildred Concepción Avila Vera (desde la curul): Con su permiso, diputada presidenta. Expongo una lamentable situación que va en detrimento de los niños, niñas y adolescentes en Quintana Roo.
Por un lado, Quintana Roo se posiciona en los primeros lugares de violencia sexual contra niñas y adolescentes. Por otro lado, se pretende imponer el fin parental en la reforma educativa estatal para que padres o tutores determinen si su hijo o hija pueden recibir educación sexual, exponiéndolos a la ignorancia frente a una violenta realidad que muchas veces viven las niñas y los niños en sus hogares y que ha rebasado la capacidad del estado para hacerle frente.
Quien preside la propia Comisión de Educación en el Congreso del estado de Quintana Roo, el diputado por el PAN, Eduardo Martínez Arcila, ingresó una iniciativa en la que los padres de familia determinarán su consentimiento con la asistencia de los educandos a los rubros de moralidad, sexualidad y valores, de conformidad con todas sus convicciones.
Tenemos que ser congruentes en el discurso que exige que cese la pedofilia y la violencia sexual contra niñas y adolescentes, incluido el embarazo no planeado. No debemos restringir el acceso a la información científica que permite prevenir dichas violencias.
Por lo anterior, exhorto desde esta tribuna al Congreso del estado de Quintana Roo, a fin de que se deseche esta iniciativa que vulnera a las y los adolescentes indefensos en nuestro estado, nuestras niñas, niños y adolescentes. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputada Avila Vera. Tiene la palabra el diputado Rubén Cayetano García, del Grupo Parlamentario de Morena.
El diputado Rubén Cayetano García (desde la curul): Muy respetuosamente, presidenta. Para reprochar su comedimiento y actuar oficioso al calor del debate. Usted, durante la discusión del dictamen en materia de prisión preventiva oficiosa suplió la deficiencia de la queja al turnar la intervención de la diputada Abelina López, al Comité de Ética.
Yo presenté una queja en el Comité de Ética y para ello hice un escrito, presenté pruebas y toda la formalidad que impone el artículo 15 del Código de Ética de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, no nada más porque sí.
Usted, debe garantizar la voz de cada legislador en términos del artículo 61 constitucional, que establece la inviolabilidad de sus opiniones en el desempeño de sus cargos. Usted debió, en todo caso, remitir a los solicitantes a proceder correctamente, dejando expedito su derecho a hacerlo sin prejuzgar, porque, aunque solo respondo por mis actos y no pretendo justificar a nadie, en un Estado de derecho como el que todos debemos procurar, lo correcto es ir por la vía en forma idónea. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado García. Permítame un momento, diputado. Si usted desea hacer uso de la palabra, por favor, si fuera tan amable, Ricardo García, yo lo anoto con mucho gusto. Procedo a hacerlo.
Y en cuanto a lo expresado por el diputado Cayetano García, solicito atentamente a la Secretaría de Servicios Parlamentarios, me apoye en lo conducente a una solicitud de un diputado del grupo parlamentario, que le di cauce a la comisión de Ética, lo cual de manera alguna significa que no vaya a reunir, si el diputado finalmente procede a confirmar su demanda, todos los elementos que usted acaba de señalar, diputado Cayetano García.
Esta Presidencia, precisamente, en relación a la libertad de expresión de las y los diputados, trata de darle cauce a las distintas expresiones. Y, desde luego, todas ellas van a ser procesadas conforme a nuestra Ley Orgánica, conforme a nuestro Reglamento. Tiene el uso de la palabra la diputada Araceli Ocampo Manzanares, del Grupo Parlamentario de Morena.
La diputada Araceli Ocampo Manzanares (desde la curul): Gracias, con su venia, diputada presidenta. Desde este Poder Legislativo exhorto al titular del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, el Insabi, al doctor Juan Ferrer. Y lo exhortamos de manera respetuosa y de manera urgente también, para solicitar que me dé respuesta a la audiencia que llevo solicitando desde hace meses y que considero que hay falta de seriedad por parte del doctor hacia mi petición.
Lo anterior, para poder esclarecer las inquietudes de cientos de trabajadores del sector salud, de toda la República Mexicana, quienes desconocen si serán recontratados o no por este nuevo Instituto de Salud para el Bienestar.
Considero que es de suma importancia que se esclarezcan las condiciones de incertidumbre en las que se encuentran cientos de médicos, enfermeras, de administrativos. También de los que antes se denominaban Prospera, del sector de vacunación, que hasta este momento se encuentran despedidos. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Ocampo Manzanares. Tiene la palabra el diputado Ricardo García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado Ricardo García Escalante (desde la curul): Gracias, presidenta. Nada más en mi calidad de secretario del Comité de Ética, felicitarla por la labor que está haciendo. Creo que lo está haciendo usted de manera imparcial, muy bien, con mucho honor está llevando los trabajos de esta Cámara de Diputados. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado García. Hemos agotado la lista de solicitudes para esta parte de la sesión.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Y, en términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho (20:39 horas): Se levanta la sesión y cito para la que tendrá lugar mañana miércoles, 14 de octubre de 2020, a las 11 horas, en su modalidad presencial. El registro de asistencia estará disponible a partir de las 9 horas.
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