Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, LXIV Legislatura
Versión estenográfica de la comparecencia de la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez
González, ante las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción, y de Vigilancia
de la Auditoría Superior de la Federación, realizada el martes 23 de octubre de 2018

Apertura de la comparecencia

Análisis del VI Informe de Gobierno

Acuerdo de la Junta, con formato de comparecencia

Presentación de la secretaria Arely Gómez González

Primera ronda de preguntas, respuestas y réplicas

Carlos Alberto Puente Salas, PVEM, respuesta de la secretaria, réplica del diputado

Héctor Serrano Cortes, PRD, respuesta de la secretaria, réplica del diputado

Ana Priscila González García, PMC, respuesta de la secretaria, réplica de la diputada

Alfredo Porras Domínguez, PT, respuesta de la secretaria, réplica del diputado

Jorge Arturo Argüelles Victorero, PES, respuesta de la secretaria, réplica del diputado

Ximena Puente de la Mora, PRI, respuesta de la secretaria, réplica de Cruz Juvenal Roa Sánchez

Martha Elisa González Estrada, PAN, respuesta de la secretaria, réplica de la diputada

Aleida Alavez Ruiz, Morena, respuesta de la secretaria, réplica de Inés Parra Juárez

Segunda ronda de preguntas, respuestas y réplicas

Nayely Arlen Fernández Cruz, Morena, respuesta de la secretaria, réplica de la diputada

Héctor Serrano Cortés, PRD, respuesta de la secretaria, réplica de Luz Estefanía Rosas Martínez

Juan Carlos Villarreal Salazar, PMC, respuesta de la secretaria, réplica del diputado

Dionicia Vázquez García, PT, respuesta de la secretaria, réplica de la diputada

Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz, PES, respuesta de la secretaria, réplica del diputado

Fernando Donato de las Fuentes Hernández, PRI, respuesta de la secretaria, réplica de Marcela Guillermina Velasco González

Iván Arturo Rodríguez Rivera, PAN, respuesta de la secretaria, réplica del diputado

Sandra Paola González Castañeda, Morena, respuesta de la secretaria, réplica de Lidia García Anaya

Tercera ronda de preguntas, respuestas y réplicas

Jesús Carlos Vidal Peniche, PVEM, respuesta de la secretaria, réplica del diputado

Luz Estefanía Rosas Martínez, PRD, respuesta de la secretaria, réplica de la diputada

Mario Alberto Rodríguez Carrillo, PMC, respuesta de la secretaria, réplica del diputado

José Luis Montalvo Luna, PT, respuesta de la secretaria, réplica del diputado

Carolina García Aguilar, PES, respuesta de la secretaria, réplica de la diputada

María Alemán Muñoz Castillo, PRI, respuesta de la secretaria, réplica de la diputada

Éctor Jaime Ramírez Barba, PAN, respuesta de la secretaria, réplica del diputado

Beatriz Silvia Robles Gutiérrez, Morena, respuesta de la secretaria, réplica de Humberto Pedrero Moreno

Rectificación de hechos

Clausura de la comparecencia


 
 
 
 
 
 

El presidente diputado Oscar González Yáñez: Buenos días a todos. Pido al presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, dar cuenta del resultado del cómputo de asistencia de las señoras diputadas y señores diputados integrantes de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

El presidente diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo: Se informa a la presidencia que hay un registro previo ya suficiente de firmas en ambas comisiones, por lo tanto, hay quórum, diputado presidente.

El presidente diputado Oscar González Yáñez: Gracias, diputado presidente. Se abre la sesión. De conformidad con lo dispuesto con los acuerdos aprobados por el pleno del 25 de septiembre, 3, 9 y 11 de octubre del presente año relativo al calendario y formato de la comparecencia de los funcionarios de la administración pública federal con motivo del análisis del VI Informe de gobierno del presidente de la República Mexicana, hoy corresponde el desahogo de la comparecencia de la ciudadana Arely Gómez González, secretaria de la Función Pública.

Se informa a la asamblea que se encuentra en esta instalación de la Cámara de Diputados la secretaria de la Función Pública, por lo que se designa a la comisión para que esté aquí presente, cosa que agradezco ya lo ha llevado a cabo.

Señora secretaria, hago de su conocimiento que de conformidad con los artículo 69, 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comparece ante esta soberanía bajo protesta de decir verdad. Para tal efecto le solicito ponerse de pie, rogando a los demás se mantengan sentados por favor. Gracias.

Ciudadana Arely Gómez González, secretaria de la Función Pública, en términos de lo dispuesto por los artículos 69, 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿protesta usted decir verdad ante las Comisiones de Transparencia y Anticorrupción, de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados a las que comparece con la finalidad de continuar y profundizar en el análisis del VI Informe de gobierno y enriquecer el diálogo entre los Poderes Legislativos y el Ejecutivo?

La secretaria Arely Gómez González: Sí, protesto.

El presidente diputado Oscar González Yáñez: Está usted al alcance y consecuencias de ello. Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande. Muchas gracias.

El presidente diputado Oscar González Yáñez: Solicito al presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo, dar lectura a los artículos 1º, 2º, 3º, del acuerdo aprobado por el plano el pasado 11 de octubre, únicamente a la parte conducente que rige a la presente comparecencia.

El presidente diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo: Con su permiso, señor presidente. De la Junta de Coordinación Política por el que se modifica el acuerdo por el que se aprueba el calendario y el formato de las comparecencias de los funcionarios de la administración pública federal, con motivo del análisis del VI Informe de gobierno del presidente de la República Mexicana.

Considerandos

Primero. El 25 de septiembre de 2018 se aprobó el acuerdo por el que se aprueban el calendario y el formato de las comparecencias de los funcionarios de la administración pública federal con motivo del análisis del VI Informe de gobierno del presidente de la República.

La Secretaría de la Función Pública, misma que encabeza la maestra Arely Gómez González, se aprobó con fecha de martes 23 de octubre a las 11:00 horas, que tendría lugar en ambas Comisiones de Transparencia y de Vigilancia.

En acuerdo se precisaron que las comisiones ante las cuales se llevarán las comparecencias los funcionarios de la administración pública federal con motivo del análisis del VI Informe de gobierno del presidente de la República.

Segundo. Se modifica el formato de las comparecencias de los funcionarios de la administración pública federal con motivo del análisis del VI Informe de gobierno.

1. El funcionario rendirá protesta de decir verdad.

2. Presentación a cargo del funcionario compareciente hasta por 15 minutos.

3. Tres rondas sucesivas de preguntas y respuestas en orden creciente.

a). Pregunta del grupo parlamentario hasta por cinco minutos.

b). Respuesta del funcionario compareciente hasta por cinco minutos.

c). Comentarios de los grupos hasta por dos minutos.

Tercero. Comuníquese y publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de octubre de 2018. Firma con rúbrica diputado Mario Martín Delgado Carrillo, Presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del Grupo Parlamentario de Morena. Asimismo con rúbrica, diputado Juan Carlos Romero Hicks, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y el diputado René Juárez Cisneros, con rúbrica, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Es cuanto.

El presidente diputado Oscar González Yáñez: Gracias, compañero presidente. Esta presidencia compartida entre la Comisión de Vigilancia y la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, le da la más cordial bienvenida a la ciudadana Arely Gómez González.

El presidente diputado Oscar González Yáñez: En cumplimiento con el acuerdo aprobado y de conformidad con los intereses de los diputados y diputadas de las comisiones unidas presentes, se otorga el uso de la palabra a la ciudadana Arely Gómez González, secretaria de la Función Pública hasta por 15 minutos, recordándoles a todos los compañeros que esta presidencia compartida amablemente con nuestro compañero presidente de la Comisión de Vigilancia, será benévolo con el tiempo y les pedimos a ustedes sean benévolos con el tiempo de todos nosotros, a todos los compañeros, igual a la señora secretaria.

No los vamos a interrumpir en el tiempo, pero les pediríamos por favor que fueran prudentes. Esto es para todos los compañeros diputados, diputadas y para la propia secretaria. En ese sentido tiene el uso de la palabra la ciudadana Arely Gómez González, hasta por quince minutos.

La secretaria Arely Gómez González: Con su venia, diputado Oscar González Yáñez, presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, y diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Apreciables integrantes de las comisiones referidas. Es un gusto reunirme con ustedes.

Asisto a este recinto en atención a la convocatoria extendida en términos de lo que establece la Constitución y sobre todo en congruencia con mi convicción de que la rendición de cuentas sobre la situación de la cosa pública es un ejercicio indispensable para el fortalecimiento de todo estado democrático de derecho.

Esta intervención se centrará en los avances vinculados a las principales atribuciones de la Secretaría de la Función Pública sin dejar de lado por supuesto los retos que vislumbramos. Inicio entonces con los asuntos propios del control interno y auditoría.

El control interno tiene como finalidad garantizar que los recursos públicos se administren y ejerzan de una manera eficiente, eficaz y oportuna, proporcionando una seguridad razonable en el logro de los objetivos y metas institucionales, así como prevenir desvíos y actos contrarios a la integridad.

La secretaría a mi cargo es responsable de organizar, coordinar y supervisar el sistema de control interno institucional, que es un conjunto de procesos, mecanismos y elementos relacionados entre sí, aplicados por la administración pública federal para brindar certidumbre a la toma de decisiones.

En este sentido, y como lo establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas, impulsamos diversas opciones para optimizar la operación de los órganos internos de control y de las unidades de responsabilidades en las empresas productivas del Estado, entre otras.

Con el objeto de seleccionar a los mejores candidatos, la Secretaría de la Función Pública estableció un procedimiento imparcial para la designación de titulares de los órganos internos de control y de las unidades de responsabilidades.

Para  tal efecto, se diseñaron cinco perfiles de puestos correspondientes a los cinco grupos en los que se clasifican los órganos internos de control, y posteriormente se practicaron evaluaciones técnicas de conocimientos del sistema nacional anticorrupción y las leyes correspondientes, entre otras.

En línea con estos esfuerzos, se elaboró un diagnóstico del estado que guardaban las estructuras de los órganos internos de control. Ello nos ayudó a identificar que de un total de 211, había 175 órganos internos de control que no cumplían con la separación de autoridades sustanciadoras, resolutoras e investigadoras, como lo exige la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

En razón de ello, la Secretaría promovió la adecuación de estructura de los órganos internos de control y unidades de responsabilidades que no satisfacían dicho criterio, y se logró que 156 hicieran las modificaciones necesarias, lo que abonará a la legalidad de las resoluciones que emita.

Por su parte, la función de auditoría a los recursos públicos federales que realiza la Secretaría por conducto de sus áreas centrales de auditoría y de los órganos internos de control, es un instrumento para prevenir y combatir la corrupción, así como contribuir a una gestión gubernamental, transparente y eficiente.

En la presente administración se han realizado más de 15 mil 360 actos de auditorías a las dependencias y entidades de la administración pública federal. Solo en 2018 se han realizado mil 528.

Adicionalmente, en coordinación con las contralorías estatales, la Auditoría practicó mil  687 auditorías para verificar la correcta aplicación de los recursos públicos federales de los fondos y programas transferidos a las entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México.

Derivado de ello, la Secretaría promovió la recuperación de recursos para resarcir daños al patrimonio público y rescató un monto de 19 mil 549 millones de pesos.

Con respecto al trabajo que se hace al interior del Sistema Nacional de Fiscalización, se impulsó la homologación de la práctica auditora en todas las entidades federativas del país, lográndose la ratificación de las normas profesionales de auditoría de este sistema, que constituyen un marco de referencia para la actuación de los entes fiscalizadores y auditores.

Más aún, se aprobaron y publicaron 83 lineamientos de auditoría para la revisión de fondos y programas federalizados, y se emitió la política general en la materia.

En marzo de este año pusimos en operación tres laboratorios móviles de verificación de la calidad de materiales en la obra pública. De hecho, uno de los laboratorios ha estado desplegado en el Nuevo Aeropuerto Internacional de  la Ciudad de México.

Los esfuerzos en materia de vigilancia, control interno y auditoría, permean en el buen manejo de los recursos del Estado, la calidad del servicio público y el combate a la corrupción.

Prueba de ello son las diligencias llevadas a cabo por esta Secretaría en los últimos dos años, en el marco de sus atribuciones relacionadas con una vasta variedad de asuntos como los lamentables hechos ocurrido en julio de 2017, en la obra pública denominada “Ampliación del libramiento de Cuernavaca”.

Las contrataciones o subcontrataciones entre entidades de la administración pública federal y universidades, las actividades de rehabilitación o reconstrucción tras los sismos de septiembre de 2017, así como los hechos relacionados en materia administrativa, con la empresa Odebrecht y sus filiales.

En estos y en otros casos, se realizaron las investigaciones conducentes de manera exhaustiva, e insisto, conforme a las facultades de la Secretaría de la Función Pública, y se emitieron resoluciones sancionatorias de carácter económico y administrativo como suspensión, amonestación, inhabilitación y destitución de servidores públicos tal como nos lo permite la ley.

Puedo garantizarles que hemos ido al fondo de todos los asuntos, sin importar cargos en el caso de los servidores públicos o el poder económico que representan cuando se trata de empresas.

En total, durante la presente administración, el número de sanciones emitidas superan los 58 mil, mientras que la cantidad de sancionados llegó a los 44 mil, y el monto de las sanciones se elevó a 7 mil 161 millón 800 mil pesos.

Es menester recalcar que cualquier sanción debe estar respaldada por un procedimiento de responsabilidad administrativa, cuyo espíritu es garantista. De acuerdo a la Ley General en la materia vigente, dichos procedimientos deben apegarse a los principios de objetividad, congruencia, exhaustividad, verdad material, respeto a los derechos humanos y, sobre todo, al principio de presunción de inocencia

Con estas acciones, relativas al control interno, vigilancia y auditoría, la Secretaría abonó a la consolidación de una gestión pública íntegra y efectiva.

Ahora me permito dar el segundo punto que es un objetivo que se articula con la mayoría de las funciones de la institución, el combate a la corrupción. Comienzo haciendo mención del grupo de alto nivel para el seguimiento de las convenciones internacionales anticorrupción presidido por la Secretaría a mi mando y creado el 8 de febrero de 2017, y este grupo se ha ocupado de atender las recomendaciones formuladas a nuestro país, derivada de las convenciones contra la corrupción de la Organización de Estados Americanos, de la OCDE, y de las Naciones Unidas.

Así, pues de 180 recomendaciones que dichas instancias internacionales habían formulado al Estado mexicano y que se encontraba pendientes hace dos años, ya fueron atendidas el 57 por ciento de su totalidad, y las restantes están siendo atendidas por las 22 instancias que conforman el grupo de alto nivel.

También se han constituido en las instituciones de gobierno de la República, 305 comités de ética y de prevención de conflictos de interés.

Ahora bien, en relación con el Sistema Nacional Anticorrupción, puntualizaré las principales acciones de la Secretaría a mi cargo como integrante de dicho sistema. La corrupción es un fenómeno que tiene múltiples causas, incentivos, actores y contextos. Su gravedad incontestable y las exigencias plenamente válidas de la ciudadanía dieron pie a que a inicios de este sexenio, el Poder Ejecutivo entablara un debate con los legisladores, academia y representantes de la sociedad civil, respecto del modelo legal e institucional que debíamos adoptar para luchar contra este fenómeno.

Como resultado con la reforma constitucional del 27 de mayo de 2015, el Constituyente Permanente creó el Sistema Nacional Anticorrupción. No es un ente nuevo, es un sistema orgánico y autocorrectivo. Se trata de una instancia que pone en el centro de las decisiones a la participación ciudadana, y que impulsa la coordinación entre autoridades de todos estos entes de gobierno.

En este contexto, consciente del enorme desafío que tiene en sus manos el comité coordinador de dicho sistema, y aprovechando el expertise técnico de esta Secretaría, generamos y presentamos siete propuestas para la emisión y construcción, entre otros, la política nacional anticorrupción, la plataforma digital nacional y los formatos de declaraciones patrimoniales y de intereses.

Estas propuestas y las faltantes, fueron entregadas en el seno de estas comisiones en la instalación de las mismas, la semana pasada. Nuestros esfuerzos estuvieron consagrados al cumplimiento de las responsabilidades que nos corresponden. Cada uno de ellos procuró la consolidación de una gestión pública, íntegra y efectiva.

Ahora, como tercer punto quisiera enfocarme en los temas relacionados con la calidad de la gestión gubernamental, siendo el más importante, quizá de ellos, el referente al Grupo de Trabajo en Compras Públicas, iniciado durante mi gestión, durante nueve meses trabajamos de la mano sociedad civil, gobierno, cámaras empresariales, expertos y la OCDE, en elaborar un diagnóstico y acciones puntuales para la mejora de la plataforma CompraNet.

Este grupo ha emprendido varias medidas relacionadas con las recomendaciones plasmadas por la OCDE en el estudio sobre este sistema electrónico, gracias a lo cual el 100 por ciento de las recomendaciones del corto plazo, ya fueron atendidas por esta Secretaría.

Asimismo tenemos el Historial de Cumplimiento de Proveedores y Contratistas. Al día de hoy se han evaluado 57 por ciento de la totalidad de contratos...

De manera simultánea se trabajó con la Secretaría de Hacienda, Coordinación de Estrategia Nacional y tuvimos la cooperación de organismos internacionales como el Banco Mundial, para lanzar la plataforma de contrataciones abiertas.

Una plataforma más sofisticada, fundamentada, llamada EDCA MX. Esta se puede consultar en línea por cualquier persona interesada desde noviembre del año pasado. Contiene información en formato abierto relativa al círculo completo de contrataciones públicas.

En cuanto a los esfuerzos encuadradas en el rubro de gobierno y la digitalización de servicios, la Secretaría participa en la política digital de la República materializada en la ventanilla única nacional como punto de contacto ciudadano, en línea con el gobierno para acceder a información, trámites y servicio.

Sus casos más recientes de éxitos son el acta de nacimiento y la cédula profesional en línea, trámites que benefician directamente a las y los ciudadanos. También administramos sistemas electrónicos de gran relevancia como el Sidec, actualizado en noviembre pasado de acuerdo a la Ley General de Responsabilidades.

También en el Sidec, se abrió con motivo de los sismos ocurridos el 7 y el 19 de septiembre, un apartado específico para poder presentar denuncias. También tenemos, y vale la pena subrayar, el Sistema Integral de Responsabilidades, SIRA. En nuestra opinión, tanto el SIRA como el Sidec deben de formar parte indispensable de la plataforma digital nacional.

También parte del trabajo de la Secretaría es asegurar que la transición del Poder Ejecutivo federal se realice de manera transparente, homogénea y oportuna. Es así que se sentaron las bases para un proceso de entrega-recepción y rendición de cuentas metódico, organizado y sin precedentes, con un solo objetivo, dejar la casa en orden. Tengan la seguridad de que estos procesos culminarán en tiempo y forma, tal y como lo establece la normatividad correspondiente.

Finalmente, para concluir, algunos retos en materia legislativa precisamente que comparto con ustedes. En primer lugar me refiero a la Ley General de Responsabilidades Administrativas en vigor desde julio de 2017 que forma parte del conjunto de nuevas leyes expedidas con motivo de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción.

Este ordenamiento incluye cuestiones innovadoras en comparación con la ley anterior, pero también debo decirles, existen limitaciones para la implementación adecuada a estas disposiciones. Limitaciones a las cuales la Secretaría de la Función Pública se ve sometida y de alguna manera está subsanando de forma temporal.

Ahora bien. Por ejemplo, se omite determinar si las investigaciones administrativas iniciadas antes de la entrada en vigor de la ley que nos ocupa, y las que abrieron posteriormente por hechos acontecidos mientras estuvo en vigor la abrogada ley, qué trámite se les debe de dar.

Y esto nos ha traído graves problemas con la habilitada Sala Especializada del Tribunal de Justicia Administrativa que en mayoría de las veces se declara incompetente.

En razón de lo expuesto y sin prejuicio de otras inconsistencias encontradas, se requiere una reforma legislativa a fin de garantizar certidumbre jurídica en la aplicación de dicha ley. Tengo la certeza que desde esta soberanía realizarán los ajustes necesarios al marco legal en materia administrativa.

Si me lo permiten, entregaré un anteproyecto realizado en el seno de la Secretaría de la Función Pública que atiende a las inconsistencias, lagunas y áreas de oportunidad de la mencionada ley.

Ahora bien también, por último tema, el Servicio Profesional de Carrera es una inquietud, una recomendación de la Auditoría Superior de la Federación donde la Secretaría de la Función Pública ya contiene una ley de este tema, la cual ya cuenta con la opinión favorable de 16 dependencias de la administración pública federal que son representadas en el Consejo Consultivo del Servicio Profesional de Carrera.

Ahora bien. El diálogo, voy a concluir, entre Poderes, es indispensable para la rendición de cuentas. Este tipo de ejercicios nos brinda la oportunidad de analizar desde la corresponsabilidad los retos y avances que tenemos en este país. Los resultados que he enunciado son consecuencias del compromiso de las y los servidores públicos de la Secretaría de la Función Pública a quienes reconozco y agradezco su entrega y trabajo perseverante.

Nuestro objetivo ha sido en todo momento, la consolidación de una gestión pública, íntegra y efectiva. Muchas gracias por su atención.

El presidente diputado Óscar González Yáñez: Muchas gracias a la señora secretaria.

El presidente diputado Óscar González Yáñez: Daremos desahogo a la primera ronda, como fue el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política. Hasta por cinco minutos tiene el uso de la palabra, en orden creciente de los grupos parlamentarios, el diputado Carlos Alberto Puente Salas, hasta por cinco minutos. Muchas gracias.

El diputado Carlos Alberto Puente Salas: Muchas gracias. Con la venia de la Presidencia. Saludo a las Presidencias de las Comisiones Unidas. De igual forma, darle la más cordial bienvenida a la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez González. Sea usted muy bienvenida a esta Cámara de los Diputados.

Señora secretaria de la Función Pública, hasta este momento no conocemos con exactitud las causas de la corrupción, sabemos un tanto de sus efectos negativos, pero no existe un solo estudio que de forma concluyente nos indique de dónde viene. Lamentablemente la corrupción es algo con lo que actualmente vivimos y convivimos desgraciadamente de forma cotidiana.

Aparentemente nos hemos vuelto tan insensibles a la misma que no reparamos en los daños que causa a la economía familiar y al desarrollo de nuestro país. En los últimos años la ambición de poder político y económico ha provocado que el fenómeno de la corrupción vulnere diversas estructuras a nivel mundial.

Sin embargo, aun cuando este lamentable mal ha permeado en prácticamente todos los países ello no debe traducirse en una actitud pasiva o conformista de parte de nuestras autoridades. En efecto, en todo el mundo los actos corruptos han trastocado incluso a los propios gobiernos, no obstante con estas conductas no solo se ve vulnerada la gestión pública, también se paraliza la economía porque se genera desconfianza en los mercados, se inhiben las inversiones, pero sobre todo se ponen en riesgo bienes jurídicos y derechos fundamentales.

En este contexto la participación de licitantes, proveedores y contratistas con el ánimo de obtener un beneficio indebido o condiciones más favorables ha generado complicidades que dañan el ejercicio público. Sobre el particular, el 21 de diciembre del año 2016, la Security and Exchange Commission, la SEC de los Estados Unidos de Norteamérica hizo pública una investigación en la que se dio a conocer el supuesto pago de sobornos para obtener beneficios en contrataciones públicas por parte de una constructora brasileña a la cual usted ya ha hecho referencia, a funcionarios públicos en 12 países, en donde lamentablemente refieren al nuestro.

A partir de ese momento la información que ha ido saliendo a la luz pública a través de los diversos medios de comunicación implica una red muy bien diseñada de sobornos. La constructora brasileña se ha convertido en un referente actual de la vulnerabilidad de los estados ante la corrupción. ¿Y cómo no va a ser así? Si dicha empresa tenía un detallado diseño para hacerlo.

Basta, por ejemplo, traer a colación que para sus operaciones ilícitas se valía del uso de programas informáticos para encriptar comunicaciones y llevar un registro de los sobornos que se habían pagado por país, por proyecto y obra, los montos, las cuentas, las transferencias y los beneficiarios.

Con base en lo anterior y en las investigaciones desarrolladas en Brasil, Estados Unidos y Suiza, sabemos que esta empresa confesó haber pagado sobornos a servidores públicos del gobierno mexicano por 10.5 millones de dólares para la asignación de contratos en su favor.

En los medios de comunicación masiva y en diversos portales de internet se publica información a partir de la cual sabemos que en otros países ya se tienen resultados. Señora secretaria, la información que he descrito refiere el contubernio gestado entre una empresa ávida de incrementar sus ganancias, a costa de corromper funcionarios públicos en diferentes países, pero también refiere una actuación incorrecta de funcionarios públicos dispuestos a actuar de manera indebida.

En este aspecto y de la información de avance que se ha difundido se señala que la Secretaría de la Función Pública ya ha llevado a cabo diversas acciones, algunas de ellas que ha mencionado en esta primera intervención a su cargo. Sin embargo, aún esta historia no concluye, por lo que se requiere que se tomen medidas.

A mí me gustaría preguntarle y si podría compartirnos las acciones que está llevando a cabo nuestro país respecto a estos lamentables hechos. Primero. Segundo. Cuándo tendremos resultados contundentes de sanciones a la empresa y a los servidores públicos. Esas serían mis dos preguntas, señora secretaria, a lo cual estaré atento a su respuesta. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.

El presidente diputado Óscar González Yáñez: Gracias, compañero diputado. Tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez González.

La secretaria Arely Gómez González: Diputado Carlos Puentes, primero que nada, quisiera dejar sentada la base de que la Secretaría de la Función Pública es competente para conocer y resolver únicamente responsabilidades administrativas tanto de servidores públicos como de empresa o sus representantes.

La Secretaría de la Función Pública efectivamente, desde el día que la SEC en Estados Unidos dio a conocer la resolución en la que se hizo referencia a posibles actos de corrupción, inició un expediente de investigación en la Unidad de Responsabilidades de Pemex, así como la práctica de una auditoría transversal que permitiera primero identificar los contratos celebrados entre estas instituciones y la administración pública federal.

Se detectaron primero 21 filiales, después nos fuimos al tiempo. Al tiempo que se señalaba por cuando se había mencionado en esta conferencia que se dio, se había otorgado el soborno. Ahí nos centramos únicamente en contratos celebrados con Pemex durante el periodo de dicha resolución de la SEC y que fueron: refinerías de Tula, Hidalgo y Salamanca, Guanajuato.

Ahí se empezó a trabajar intensamente de una manera coordinada, integral y exhaustiva, tomando comparecencia –22– 3 servidores públicos. Como resultado de esas investigaciones al día de hoy tenemos 10 procedimientos administrativos de responsabilidades que se han resuelto a la fecha con sanciones, 8 ya con sanciones consistentes en inhabilitaciones y multas económicas, 3 de inhabilitación para la constructora Norberto Odebrecht y una multa económica por 543 mil millones de pesos, 1 inhabilitación para Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional. Se acuerdan que les comenté que eran 21 filiales, nos enfocamos únicamente en las que tuvieron en este tiempo.

Y también 1 sanción económica por 543 mil 48 millones de pesos, 2 de inhabilitación para representantes legales de Odebrecht con multa y sanción económica, y 2 contra servidor público de Pemex con destitución e inhabilitación por 10 años y multa económica.

Por lo cual, no podemos decir que la Secretaría de la Función Pública ha sido omisa en este caso. Al contrario, la Secretaría de la Función Pública es en el primer país que inhabilita a la empresa constructora sin contar con acuerdo repartorio. La sanción económica impuesta contra las empresas filiales de la constructora es una sanción histórica, es la sanción más alta que ha puesto la Secretaría de la Función Pública.

Asimismo, las acciones de cobro de multas por conducto del SAT implica dos situaciones: a partir de ese momento cualquier recurso económico que ingrese a las cuentas de la empresa será entregado al gobierno federal y cualquier adeudo que se tenga con esta será entregado directamente al SAT.

Así que podemos estar seguros, bajo protesta de decir verdad, de que la Secretaría de la Función Pública ha agotado todas sus líneas de investigación para sancionar a esta empresa en lo que es su responsabilidad. Sabemos que cada instancia de la administración pública federal tenemos un marco jurídico que debemos respetar.

Puedo responderles a ustedes en relación con una posible impunidad en el caso de la parte administrativa. Ahora bien, en contra de estas resoluciones también tengo que decir que las empresas y sus directivos han promovido medios de defensa respectivos, los cuales están en trámites.

Y, por otro lado, también hemos agotado el ejercicio de facultades de verificación patrimonial habiendo iniciado 16, de los cuales aún siguen 10 en trámite, 4 se archivaron y 2 se remitieron a la Unidad de Asuntos Jurídicos para la presentación de la denuncia penal ante la Procuraduría General de la República.

E insisto, por lo que hace al posible soborno, la Secretaría de la Función Pública no tiene facultades para investigar. Al momento de los hechos, la conducta de cohecho o soborno, no estaba prevista en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Su investigación se centró en la adjudicación y ejecución de los contratos.

No tengo reloj, pero creo que ya es el tiempo. Ahí está. Ah, pues fui muy puntual, eh. ¿Verdad?

Ahora bien, es importante hacer del conocimiento que aún la Secretaría de la Función Pública está trabajando en otros procedimientos que se están substanciando. Y, respetuosa del debido proceso, no puedo darles mayores detalles de la información. Pero tengan la seguridad de que mi compromiso es que las irregularidades detectadas serán sancionadas en el ámbito de competencia de la Secretaría de la Función Pública y no quedarán impunes. Gracias. Es cuanto.

El presidente diputado Óscar González Yáñez: Gracias, señora secretaria. Tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Alberto Puente Salas. Recordándoles que lo pueden hacer o desde su lugar o desde la tribuna, como lo deseen hacer. Hasta por dos minutos. Muchas gracias.

El diputado Carlos Alberto Puente Salas: Muchas gracias. Muy amable, presidente. Gracias, señora secretaria, por sus respuestas. Considero que es importante la aclaración de los tres ámbitos de competencia, a la cual nos hace referencia, desde los cuales el Estado mexicano debe y está atendiendo este tema.

Entendemos y nos queda claro que la parte contractual corresponde exclusivamente a Petróleos Mexicanos, que la materia penal corresponde al Ministerio Público y la Secretaría de la Función Pública en el ámbito administrativo.

Reconocemos la actuación por parte de la Secretaría de la Función Pública, que ha dado resultados en el ámbito de sus atribuciones, que son –como ya lo referí– exclusivamente las responsabilidades de carácter administrativo, siendo y haciendo referencia a lo mencionado por usted de que este es el primer país que inhabilita a esta empresa.

Entendemos que este golpe a la empresa debe ser un golpe duro en el cual se le inhabilita y se le prohíbe participar y buscar generar una nueva oportunidad de negocio en nuestro país.

También destacar las sanciones económicas que la Secretaría de la Función Pública ha impuesto, que constituyen las más altas que se han dado, pero sobre todo que estas sanciones no quedarán de adorno, a nuestra consideración ya que la federación estará en condiciones de recuperarlas a través del SAT, a partir de las acciones llevadas a cabo por la dependencia a su cargo.

Por su respuesta muchas gracias. También quisiera hacerle un reconocimiento a usted, señora secretaria, por ser una mujer de leyes, una mujer comprometida con la transparencia y el ejercicio público de nuestro país.

Puedo constatarlo con el trabajo diario que tuve la oportunidad al compartir con usted en la responsabilidad, ambos como senadores de la República, de ver a una mujer comprometida con su país, una mujer de leyes, una mujer que lucho y se esforzó para construir lo que hoy tenemos y nos hemos dotado los mexicanos, este sistema nacional de transparencia que abona mucho a combatir la corrupción, un mal que nos aqueja y que hoy nos lástima a todas y todos los mexicanos.

Felicidades, enhorabuena, y México se lo habrá de reconocer. Muchas gracias, es cuanto presidente.

El presidente diputado Oscar González Yáñez: Gracias, compañero diputado.

El presidente diputado Oscar González Yáñez: Para seguir en el desahogo del orden del día, perdón, de la lista de participantes tiene el uso de la palabra el diputado Héctor Serrano Cortes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática hasta por cinco minutos.

El secretario diputado Héctor Serrano Cortes: Con su venía, señores presidentes. Buenas tardes a todas y todos. Señora secretaria sea usted bienvenida, compañeras y compañeros diputados.

Transparencia y rendición de cuentas, entregar la información de forma oportuna para lograr el adecuado control de los recursos públicos, es una obligación que también comparte esta soberanía. Recursos que son del pueblo y para el pueblo, pueblo al que dignamente representamos.

A los servidores públicos se les confía la correcta, lega y adecuada aplicación de los mismos, por ello, se debe buscar en todo momento el perfeccionamiento de los mecanismos que permitan la obtención de información inherente a cada área que ejecuta el gasto y, en su caso, ante cualquier sospecha iniciar los procedimientos respectivos que nos lleven incluso a la aplicación de sanciones y correctivos fundamentales para evitar la impunidad.

Señora secretaria, al cumplir de forma cabal su obligación se aporta al sector público eficacia, eficiencia, con resultados que de forma tangible se traducen en bondades para los ciudadanos. La evaluación de la gestión gubernamental, responsabilidad de la secretaría a su cargo, es sin duda fundamental para el perfeccionamiento de todo el sistema técnico administrativo gubernamental.

Es importante destacar que para nuestro partido el combate a la corrupción es fundamental, que sin duda es flagelo que contribuye a la desigualdad social, sin embargo, la participación ciudadana debe acompañar con responsabilidad y compromiso a las autoridades responsables de combatirla, esto, a través de la denuncia y señalamientos de prácticas ilegales o fuera de los lineamientos establecidos.

También es importante destacar que la función pública debe actuar sin distingos y sin concesiones, aplicar con verticalidad la norma correspondiente a cada caso que se presenta y jamás constituirse como órgano represor que atiende intereses partidistas o responda a presiones de actores de la vida política mexicana que a través de su secretaría pretendan utilizar a ésta para trasladar embates personales.

Certeza en la legalidad, es el faro que orienta a toda sociedad que quiere lograr su transformación y perfeccionamiento administrativo y combatir así los flagelos de la corrupción y el abuso a la confianza que se deposita en los servidores públicos.

Señora secretaria, llama la atención del sexto informe de labores presentado por su secretaría, lo relativo al proyecto de la Ley de Profesionalización de la Administración Pública Federal, que menciona en el apartado articulaciones de estructura profesionales, eficientes y eficaces del gobierno y que señala, se está a la espera de concluir con los trámites y procedimientos con las instancias correspondientes del Ejecutivo Federal para su posterior presentación al Poder Legislativo.

Me gustaría escuchar un poco más en detalle la propuesta, porque estoy convencido, señora secretaria, que se requiere, efectivamente, de tener los perfiles adecuados en cada área que técnicamente implica profesionalizarse, pero también creo que es importante la participación de la sociedad.

Creo que es oportuno y presentarlo de una vez aprovechando este espacio para que pudiera quedar no solamente la participación de profesionales en la materia, también me parece que la sociedad civil tiene que involucrarse en los temas que busquen combatir el flagelo de la corrupción.

Rápidamente preguntarle, señora secretaria. En su propia presentación de informe hay dos secretarías que fueron altamente sancionadas la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública, quisiera preguntarle si esto responde a que fueron las más auditadas o fueron las más mal portadas, valdría la pena conocerlo y, por supuesto, en espera de su respuesta concluye de manera puntual. Gracias.

El presidente diputado Oscar González Yáñez: Gracias al diputado Héctor Serrano que si termino bastante puntual y agradecerle su comprensión. Tiene el uso de la palabra la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez González, para respuesta.

La secretaria Arely Gómez González: Muchas gracias, diputado Héctor Serrano y agradezco que me permita ahondar en esto que ya con motivo del tiempo no pude profundizar en mí escrito inicial.

Efectivamente, la Secretaría de la Función Pública, para fortalecer el servicio profesional de carrera, donde están en el Consejo Consultivo de este servicio están representadas 16 dependencias sujetas al Servicio Profesional de Carrera.

En noviembre de 2016, se decidió, ya bajo mi mandato con formar un equipo y mesas de trabajo con el objeto de preparar una nueva ley del Servicio Profesional de Carrera, considerando las mejores prácticas en materia de profesionalización en el marco también del Sistema Nacional Anticorrupción.

Esto considerando que la Ley Anterior fue emitida en 2003 y de 2003 a la fecha solamente ha tenido dos reformas, una el 1 de septiembre de 2005 y otra la del 9 de enero de 2006.

Ahora bien, estas mesas de trabajo se llevaron a cabo y se elaboró una versión final del proyecto de iniciativa de ley de la mano del grupo plural que se conformó con dicho propósito.

¿Qué buscaba?, o ¿qué busca está iniciativa? Racionalizar y hacer eficiente la instrumentación del Servicio Profesional de Carrera, sus costos, la operación de sus procesos, reforzar los principios de integridad, derechos humanos, legalidad, eficacia, eficiencia, mérito, así como que la estabilidad y la permanencia se han derechos consecuencia del desempeño.

Dicho proyecto se ha sometido a la opinión de las dependencias que se encuentran vinculadas al proyecto en razón de que les resulta aplicable el Servicio Profesional de Carrera – ustedes saben que no todos tienen el Servicio Profesional de Carrera–, y lo anterior ha permitido avanzar en obtener elementos y requisitos para solicitar ya a la consejería jurídica la revisión del proyecto en trámite ordinario.

Ya tenemos el dictamen de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, de acuerdo en a lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, respecto a la extensión del MIR y la opinión de impacto presupuestal de las dependencias en donde no opera el servicio Profesional y el dictamen formal de la Secretaría de Gobernación determinando también su opinión favorable para continuar con proceso.

Ahora bien, estamos al cierre de nuestra gestión de un mes, está un proyecto de ley, me permitiré también entregarlo por si es de provecho para estas comisiones que estamos aquí.

Ahora bien, ¿Cuáles son los desafíos que vemos en dicha ley? Ha habido un abuso excesivo de la práctica no justificada del artículo 34, de la Ley para el Ingreso de Servidores Públicos, sino se cumple con plazo de 10 meses para que si en ese momento no pasan el examen, deban de ser retirados de su cargo.

También hay que fortalecer mecanismos de evaluación y formación y mayor dinamismo en el esquema de formación de competencias. No es posible que la formación o la certificación de competencias pueda ser un curso de historia, o sea, tiene que haber, según el perfil de cada puesto que si bien a alguien le serviría ese pero a un auditor no le sirve. Entonces tenemos que tener esa congruencia.

Treinta y un mil plazas están incorporadas al servicio profesional de carrera al día de hoy, en 79 dependencias. Tenemos ahorita vacancia y la propuesta que destacaba, las instituciones tendrían dos años, un plazo no mayor de dos años para implementarlo, esto sabiendo que lo estábamos haciendo nosotros al final del sexenio para que ya el nuevo Ejecutivo federal y su equipo pudiera hacer uso, tener el margen para hacerlo, y no se viera como un abuso de la actual administración pública, así como también se flexibilizaba la movilidad pero qué mejor, en época de transición, de gobierno, seis meses previo a que termine el encargo del Ejecutivo federal, se suspenderían los procedimientos de ingreso al sistema, cosa que al día de hoy no tenemos regulada.

Entonces esta ley, esta iniciativa tiene muchos beneficios a favor de la profesionalización, tomando en cuenta que es una ley que ha sido ya muy rezagada en cuanto.

Me falta pero lo contestaré en la siguiente pregunta, lo de las sanciones a Gobernación, y lo contesto más adelante, por favor, no me olvido.

El presidente diputado Oscar González Yáñez: Gracias, señora secretaria. Tiene el uso de la palabra el diputado Héctor Serrano Cortés, para realizar sus comentarios.

El diputado Héctor Serrano Cortés: Señora secretaria, muchas gracias por su respuesta. Estoy convencido que todos los servidores públicos tienen una oportunidad de fortalecer lo que finalmente constituye un Estado, que además de probo pueda ser exitoso, y es que el fortalecimiento de las instituciones, cada servidor público puede ser cuestionado, revisado, supervisado, analizado, pasar por el escrutinio público y por supuesto, en muchos de los casos  someterse a revisiones en la técnica jurídica aplicable.

Sin embargo aportar este tipo de temas que involucra la profesionalización, no es menor, y me parece que es importante destacarlo porque hoy en esta etapa que nos corresponde dentro de esta soberanía, que además en el discurso pasado lo dije, es una obligación para nosotros el que todo aquel servidor que se conduzca en el servicio público, cuente con los perfiles necesarios para generar condiciones de certeza, y la legalidad es un instrumento fundamental.

Se pueden trasladar suspicacias y se pueden trasladar percepciones, pero la legalidad, me parece, que es la única forma de orientarnos sobre conducciones de certeza y justicia para todos.

Creo que es fundamental, desearle a usted éxito en lo que continúe en su labor porque cuando usted llegó a la secretaría todos conocíamos de su perfil, por supuesto, de trabajo profesional.

La historia habrá de juzgar su trabajo como secretaria, pero es innegable que ha tenido usted una vida profesional.

Agradezco mucho la oportunidad de su intervención a los señores presidentes, y nuevamente concluyo en tiempo. Gracias.

El presidente diputado Oscar González Yáñez: Muchas gracias al diputado Héctor Serrano, y no dejo pasar, de ser percibido su respeto al tiempo y que les pediríamos a los demás integrantes que van a participar, sigamos el ejemplo de nuestro compañero diputado Héctor. Muchas gracias.

El presidente diputado Oscar González Yáñez: Tiene el uso de la palabra la diputada Ana Priscila González García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por cinco minutos.

La diputada Ana Priscila González García: Buenos días, señora secretaria. Como ciudadana al igual que a los más de 100 millones de mexicanos, me preocupa que a menos de 60 días de cambiar la administración, el sello distintivo que deja el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, es la impunidad.

Usted no es responsable de que existan funcionarios corruptos, pero sí es responsable de sancionar a quienes no desempeñan sus funciones con apego al marco de la legalidad, y es cierto, la corrupción mata, pero la impunidad permite que a los corruptos se les premie con posiciones en el Senado de la República.

Tal es el caso del senador Eruviel Ávila, que tan sólo en el 2017, el último año de su gobierno, la Auditoría Superior de la Federación detectó que no invirtió en el Sector Salud, más de mil millones de pesos.

Las observaciones de la Auditoría son precisas, 886 millones de pesos pertenecientes al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, al Seguro Popular y a Prospera, y están pendientes de aclaración, porque las autoridades no tienen pruebas de haber utilizado dicho recurso en salud.

Tampoco se aplicaron 202 millones de pesos, montos que se tomaron como excedentes para el pago de servicios de administración e interpretación remota de imágenes médicas del grupo Medoac.

También encontró que el estado de México  realizó pagos en exceso con recursos del Seguro Popular a personal eventual y de nómina por casi 10 millones de pesos, y 6 millones de pesos más a personal que nunca fue localizado ni identificado por el responsable del centro de trabajo.

Usted bien sabe que en política no hay coincidencias y en el año 2017 cuando se dejaron de ejercer los recursos para atender la salud de los ciudadanos, era año electoral donde el primo del presidente contendía para la gubernatura.

Para ser precisos, señora secretaria y no dejar a duda las especulaciones o las presuntas coincidencias, señora secretaria le preguntamos: ¿Cuántas auditorías ha realizado  la Secretaría de la Función Pública a las dependencias del estado de México que ejercen recursos federales del componente Salud y cuáles han sido sus observaciones? ¿Cuántos procesos administrativos ha iniciado la secretaría a su cargo por las presuntas irregularidades?

Atendiendo que el Estado de México tiene una población estimada de 9 millones de personas en pobreza y según el Coneval casi 3 millones no tienen acceso a servicios de salud, usted como ciudadana qué le diría al actual senador. Es cuanto, señora presidenta, digo, señor presidente.

El presidente diputado Oscar González Yáñez: Gracias, compañera diputada. Tiene el uso de la palabra la secretaria de la Función Pública Arely Gómez González, secretaria de la Función Pública para dar respuesta, hasta por cinco minutos.

La secretaria Arely Gómez González: Diputada Ana Priscila, agradezco su pregunta, y quiero hacer algunas precisiones. La Secretaría de la Función Pública realiza de manera conjunta con los 32 órganos estatales de control, auditorías a recursos de fondos y programas federales transferidos a las entidades federativas con la finalidad de vigilar su correcta aplicación. Aquí traigo la lista de los fondos para los cuales somos competentes. Nosotros no nos salimos de la revisión o auditoria a estos fondos.

Del primero de septiembre al 4 de octubre se realizaron 322 auditorías, se revisaron 27 fondos y programas federalizados, y tiene usted razón, uno debe de evitar que los servidores públicos, es la función de la secretaría la prevención, para que no se realicen actos de corrupción, y por eso se hacen todas estas auditorías.

Ahora bien, aquí para la selección de los fondos y programas que se auditan cada año hacemos una reunión en el marco del Sistema Nacional de Fiscalización, donde la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública se coordinan para distribuirse en lo general sobre la revisión de recursos, y se hacen planes anuales de auditoría. Ahora, los resultados de las auditorías practicadas por la Auditoría Superior de la Federación se emiten directamente a los entes auditados. La Secretaría de la Función Pública no puede sancionar a ningún servidor público local.

Efectivamente, entidades federativas con mayores montos observados: estado de México, Hidalgo, Guanajuato, Oaxaca, Zacatecas. Y los fondos y programas federales con mayor monto observado: el Seguro Popular, fondos y programas de educación media superior, Fondo para el Fortalecimiento Financiero, y proyectos de desarrollo regional. Ahora bien, la Secretaría de la Función Pública lo que hace es que solicita acciones correctivas, como son el inicio de 3 mil 713 procedimientos administrativos de responsabilidades. Pero ya la integración de los expedientes y la imposición de las sanciones corresponden a los órganos estatales de control y a las contralorías municipales.

En que ayudamos nosotros como Secretaría de la Función Pública. En establecer mesas de trabajo para la solventación de estas auditorías. En este año se han hecho 392 mesas de trabajo y se han generado reintegros a la Tesorería de la Federación. Me refiero a todas las auditorías, no nada más me focalizo al estado de México, porque lo tengo, verdad... Por 2 mil 183.6 millones de pesos. Cuáles son los conceptos observados que son más recurrentes. Falta de documentación comprobatoria, recursos no devengados o no comprometidos según la norma y recursos destinados a fines distintos de los autorizados.

Ahora, qué ha hecho la Secretaría de la Función Pública para abonar a evitar estos desvíos. Pues es trabajar con los integrantes del Sistema Nacional de Fiscalización para elaborar lineamientos de auditoría que son utilizados en la revisión de fondos y programas federalizados, que a su vez se convierten en una guía para el ejercicio de este tipo.

Ahora bien, el estado de México, al que usted se refiere... en las auditorías del periodo 2008 a 2018 se determinaron 695 observaciones. Al 15 de octubre se han atendido 391 y quedan pendientes 304. Ya se han reintegrado fondos a la Tesorería de la Federación. Y reitero, los programas con mayor monto observados: programas regionales, fondos de educación media, agua potable, desarrollo regional y fortalecimiento de la oferta de los servicios de salud. Pero, reitero, la Secretaría de la Función Pública no puede sancionar a servidores públicos locales. Muchísimas gracias. Es cuanto.

El presidente diputado Oscar González Yáñez: Gracias, señora secretaria. Tiene le uso de la palabra la diputada Ana Priscila González García para realizar sus comentarios.

La diputada Ana Priscila González García: Secretaria, es claro que en materia de transparencia y rendición de cuentas la administración pública nos ha quedado a deber.

Y el ejercicio del gasto público en salud se ha convertido en un caldo de cultivo para la corrupción. Señora secretaria, para el segundo trimestre de 2018 el estado de México ha reintegrado a la federación, como resultado de las auditorías y observaciones, sólo 73 millones de pesos, menos del 1 por ciento del monto observado por la Auditoría Superior de la Federación en el rubro de salud. Matemáticas simples, las cuentas no cuadran.

La Secretaría de la Función Pública está obligada a inhibir las prácticas de corrupción que atentan contra la legalidad, honradez, transparencia, imparcialidad y eficiencia. Pero con impunidad la corrupción se normaliza y se institucionaliza.

El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano ha sido y es una oposición responsable. De cara le digo que seguiremos denunciando los actos de corrupción y de impunidad. Promoveremos las leyes para hacer de la transparencia y rendición de cuentas unos de los pilares fundamentales en que descansan el estado de derecho. Porque sin transparencia nunca tendremos democracia. Ser oposición contra la corrupción e impunidad... el derecho... y los privilegios es amar a México. Gracias.

El presidente diputado Oscar González Yáñez: Gracias a la compañera diputada Ana Priscila por sus comentarios.

El presidente diputado Oscar González Yáñez: Tiene el uso de la palabra el diputado Alfredo Porras Domínguez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo hasta por cinco minutos.

El diputado Alfredo Porras Domínguez: Con la venia de las Presidencias Unidas de Vigilancia, y de Transparencia y Anticorrupción. Secretaria, bienvenida al Congreso de la Unión.

Hace rato le preguntaban, secretaria, dónde inició la corrupción. Y “Rafael” (Roberto) Blanco Moheno en su libro La corrupción en México decía que la corrupción había iniciado cuando Hernán Cortés le preguntaba a Cuauhtémoc dónde había escondido el tesoro. Y el intérprete decía: Dónde escondiste el tesoro. Y el intérprete le decía: Está a un lado del lago de Texcoco. Dile a este loco que no me vaya a quemar, que por favor se contenga. Y Hernán Cortés le pregunta al intérprete: Qué te dijo. Que le puedes quemar los pies, el cuerpo, lo que quieras, pero que no te va a entregar el tesoro nacional. Jocosamente ahí decía Blanco Moheno: habría iniciado la corrupción en nuestro país en ese choque de las dos culturas.

Y entrando en materia quiero comentarles que en las recientes selecciones nacionales, luego de la inseguridad que prevalece en México, la corrupción de los gobiernos emanados de los partidos que conocemos fue el factor sin duda que motivó que el pueblo de México de manera mayoritaria iniciara este proceso y este fenómeno de la cuarta transformación.

De 180 países, para que se den una idea, México ocupa el lugar 135 entre los que lo califican con mayor práctica de corrupción. La corrupción en todos los niveles del gobierno (federal, estatal, municipal) favorecida por políticos y legisladores, ha sido también auspiciada por empresas privadas. Y se generó un círculo de complicidades. Sí, hay corruptos y corruptores. Y van de la mano obras y compras a precio alzado, obras no realizadas, nóminas fantasmas, compra de medicinas fantasmas, etcétera.

No podemos negar que a partir de los reclamos populares y de algunos sectores de la iniciativa privada, de investigadores, académicos, universidades, políticos y algunos legisladores honestos se han venido instrumentando medidas para evitar la corrupción en diferentes esferas de la vida pública y social. Hace tiempo en la política mexicana se decía: si no quieres que se resuelva algo forma una comisión.

El llamado Sistema Nacional Anticorrupción es una madeja muy enredosa que involucra al secretario ejecutivo nacional, a la Auditoría Superior de la Federación, la propia Secretaría de la Función Pública, la Consejería de la Judicatura, el Tribunal de Justicia Administrativa, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

La Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, que hoy por cierto está acéfala, el Comité de Ciudadanos electo por el Senado, las auditorías y contralorías y de las entidades federativas, más los llamados órganos de control interno de los organismos constitucionales autónomos que elige esta Cámara de Diputados.

Como pueden ver, está medio enredoso para efecto de que se pueda llegar a la punta de la madeja. Quizás esta sea la causa por la que no se abate la corrupción, es decir, debido a que los servidores en estos cargos encubren a los gobiernos que los promueven.

Hace rato la secretaria decía que ella no tiene injerencia y no puede sancionar a los servidores públicos estatales, pero sí puede señalarlos.

El presidente diputado Óscar González Yáñez: Le pediría, compañero, vamos a esperar diez segundos. Muchas gracias, compañero diputado. Adelante, por favor.

El diputado Alfredo Porras Domínguez: Gracias, mi presidente Óscar. El hecho de señalarlo le da a usted la calidad moral y nacional. Usted es una gente que está formada en la administración pública desde el punto de vista judicial. Conoce las leyes, conoce la forma electoral, por eso fue senadora y desde ahí la nombraron procuradora general de la República.

Por cierto, le debe al país Ayotzinapa. Nunca nos comentó con claridad en esa época, y le debe al país sin duda el hecho de que, si en la subsecuente administración pública empiezan a ser señalados, investigados, corroborados de acuerdo a todo el proceso judicial, funcionarios públicos de esta actual administración pública federal, querrá decir que Arely Gómez no cumplió por lo cometido.

Yo creo que todos tenemos una responsabilidad política-social. Quienes hemos sido gobierno en alguna instancia sabemos que solo administramos lo que el pueblo nos está dando en ese momento. No es nuestro, no es propio, no es para hacer negocio.

Si usted ha actuado en esa concesión, mis respetos, si no, la sociedad y el tiempo nos dirán cómo actuó usted como secretaria de la Función Pública. Muchas gracias, presidentes. Es cuanto.

El presidente diputado Óscar González Yáñez: Muchas gracias, diputado Alfredo Porras. Tiene el uso de la palabra la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez González, para dar respuesta, hasta por cinco minutos.

La secretaria Arely Gómez González: Diputado Alfredo Porras, primero quiero que usted tenga la certeza, que como titular de la Secretaría de la Función Pública he actuado dentro del marco jurídico que la ley me permite, pero mi actuación no solamente es así como secretaria de la Función Pública.

Así es mi vida personal, mi vida diaria y los antecedentes laborales que he tenido en los tres Poderes de la Unión. Entonces tenga la certeza de que así culminaré estos 40 días que faltan por terminar.

En cuanto a que usted señala que, si bien yo no puedo sancionar a los servidores públicos locales, pero lo que sí le puedo yo decir es que se les audita, se les señala a través de sus contralores o auditores, se establecen mesas de trabajo, se les pide su cumplimiento y se les solicita a sus contralores el inicio de responsabilidades administrativas a las Contralorías estatales.

Se está encima de las Contralorías estatales mandándoles oficios, de los cuales tengo todos los acuses de recibo pidiéndoles que los inicien y dándole seguimiento, y se la logado en estos dos últimos años un gran avance de los pendientes que traían algunos gobernadores por cumplir.

Ahora bien, en el tema de que el Sistema Nacional Anticorrupción está incompleto. Sí, efectivamente está incompleto, nos falta la designación por parte del Poder Legislativo, no es competencia de ustedes, es de la Cámara de Senadores, del fiscal nacional Anticorrupción y nos falta la designación de los 18 magistrados regionales, 15 regionales y 3 de sala superior en materia de responsabilidades administrativas.

Yo estoy segura de que en este periodo el Legislativo se irán a designar, pero sí quiero señalar que se enviaron las propuestas, se iniciaron los procedimientos para nombrar al fiscal en dos ocasiones en el Senado anterior, y también a los magistrados.

Se emitió un amparo recientemente donde decía que no se podían nombrar, que había fallado cuando se enviaron los 18 nombres por parte del Ejecutivo, en la fundamentación y motivación que exige la ley. Me imagino que ahora se irán a fundamentar y motivar, pero sí, el sistema no está totalmente completo, pero no por eso hemos dejado de actuar, y en particular la Secretaría de la Función Pública ha sido exhaustiva.

Yo no sé si usted estuvo en los inicios de las comisiones la semana pasada, donde yo entregué varios documentos que fueron entregados por parte de la Secretaría de la Función al Sistema Nacional Anticorrupción.

Ahora, para ser clara hemos iniciado, y lo que sí señalé, que lo que puedo iniciar son solicitar inicios de procedimientos de responsabilidad. Ahora, estos van desde el gobernador hasta todos los niveles. Nosotros como Secretaría no nos enfocamos en niveles, es quién cometió la falta administrativa.

Ahora, nosotros auditamos a fondos y programas federalizados y hemos, como observaciones generales, hemos determinado de manera conjunta con los órganos estatales de control, el inicio de 8 mil 919 procedimientos responsabilidades administrativas, derivado de las auditorías a recursos federales a entidades federativas, y hemos logrado que se reintegren a la Federación 8 mil 826 millones.

Aquí que tenemos todos los gobiernos federales representantes, todos los gobiernos locales, sería muy importante que ustedes también vean esto en su propia entidad federativa, para ver qué cumplimiento le están dando, pero es muy frecuente. Yo recibo gobernadores y les explico, se les entregan documentos y ellos tienen que cumplir. Hasta ahí llega mi responsabilidad y la estoy cubriendo cabalmente.

Ahora, brevemente. En cuanto sé que no me debo de pronunciar y no me pronunciaré más en esta comparecencia, en cuanto al tema Ayotzinapa le quiero decir que en aras a la transparencia que es congruente con mi vida diaria, el INAI pidió que se entregara una versión pública del expediente.

Yo no solo me conformé con entregar la versión pública, yo subí a internet todo lo que se iba haciendo día a día durante mi gestión, mientras no se fuera a presentar algún procedimiento, y se hizo un libro que con gusto se lo haré llegar, donde viene todo. Todo fue transparente y abierto.

Entonces siento que en los puestos que he estado he tratado de cumplir al máximo dentro del marco jurídico. Le agradezco sus preguntas y tiene usted razón, todos los servidores públicos todos los días podemos ser mejores y así trataré que estos últimos 40 días actuar con la mayor responsabilidad, como lo he hecho todos los días porque para mí es un gusto trabajar y ser servidor público federal. Muchas gracias.

El presidente diputado Óscar González Yáñez: Muchas gracias, secretaria, por sus comentarios. Tiene el uso de la palabra el diputado Alfredo Porras Domínguez, para realizar sus comentarios. Hasta por dos minutos.

El diputado Alfredo Porras Domínguez: Gracias, don Óscar. Solo para aclararle, secretaria. Nunca le cuestioné su vida porque no es mi función ni mi misión, soy un legislador y la respeto y respeto la vida privada de todas y todos los mexicanos. Solamente le comento que cada quien dentro de sí sabe su verdad en el actuar.

A final de cuentas, y créame que voy a leer su libro, ojalá y encuentre a los responsables y los culpables, porque al final de cuentas eso es lo que el pueblo de México no tiene, a quién señalar, a quién culpar.

Y si cumplimos con nuestra misión en los puestos que se nos encomiendan tenemos que dar cuenta y resultado de ellos. Ojalá usted encuentre en su memoria y en su actuar la tranquilidad de haber cumplido con el pueblo de México. Muchas gracias.

El presidente diputado Óscar González Yáñez: Muchas gracias al diputado Alfredo Porras por sus comentarios.

El presidente diputado Óscar González Yáñez: Siguiendo en el orden del desahogo de las intervenciones, tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Arturo Argüelles Victorero, de la fracción parlamentaria del Partido Encuentro Social, hasta por cinco minutos.

El diputado Jorge Arturo Argüelles Victorero: Buenas tardes, compañeras diputadas, compañeros diputados. Sea usted bienvenida, señora secretaria. Con su permiso, presidente González.

De acuerdo con el artículo 37, fracción XVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, corresponde a la Secretaría de la Función Pública investigar las conductas de los servidores públicos de la administración pública federal que puedan constituir responsabilidades administrativas.

En ese tenor corresponde a la secretaría a su cargo sancionar a todos aquellos servidores públicos que han realizado actos de corrupción, como lo son la malversación de recursos públicos, nepotismo, entre otros.

Por desgracia, este sexenio diversos servidores públicos se han  visto envueltos en una serie de ellos, que si bien en algunos de los casos se han sancionado, en muchos otros no se ha visto repercusión alguna.

Tal es el caso del Paso Exprés en la carretera México-Cuernavaca. Esta obra que lograría ahorrar tiempo en los traslados se ve opacada por las irregularidades en la construcción y por falta de los debidos estudios para restablecer la viabilidad práctica y económica de este proyecto.

La lamentable defunción de dos usuarios del Paso Exprés, también conocido en Morelos como el paso de la muerte, desencadenó una serie de investigaciones a varios servidores públicos de distintas dependencias, con el fin de fincar sanciones correspondientes a las autoridades que resulten responsables.

Por ello, y después de un análisis profundo sobre las pruebas presentadas, se tomó la decisión de imputar a nueve servidores públicos de las dependencias involucradas con la construcción de la obra, por negligencia y omisión administrativa, teniendo sanciones de inhabilitación de hasta por diez años.

Todo parecería que el asunto estaba casi resuelto o resuelto en la totalidad, como usted misma lo dijo en una entrevista en el Senado de la República, sin embargo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos el 8 de octubre de este año emitió la Recomendación 34/2018, con el fin de que se abran nuevas investigaciones, con el objeto de que se deslinden responsabilidades administrativas a servidores públicos de la Secretaria de Transporte, Comisión Nacional del Agua, Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, entre otras dependencias del estado de Morelos, con base en las investigaciones realizadas por la Comisión para emitir dicha recomendación.

Lo anterior, debido a que la Comisión Nacional de Derechos Humanos consideró que en este asunto hubo falta de transparencia y rendición de cuentas, incluyendo reticencia y opacidad para la Comisión, por lo que se debe hacer una investigación integral que exponga todos los hechos para llegar a un resultado general e integral de lo ocurrido en el socavón.

Por lo anteriormente expuesto, señora secretaria Arely Gómez, le pregunto: ¿qué acciones tomará esta secretaría para atender la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Por su respuesta, muchas gracias. Es cuanto, presidente González.

El diputado presidente Óscar González Yáñez: Muchas gracias al diputado Jorge Arturo, del Partido Encuentro Social. Tiene el uso de la palabra la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez González, hasta por cinco minutos, para dar respuesta.

La secretaria Arely Gómez González: Muchas gracias por su pregunta, diputado Jorge Arturo Argüelles. Efectivamente, mencionaré ahorita en primer término para su pregunta que va, más que al estudio del Paso Exprés, el lamentable acontecimiento donde fallecieron dos personas, para referirme a la recomendación que usted señala, la 34/2018, dirigida a la Secretaría de Comunicaciones, a Banobras, a Conagua, a Gobierno de Morelos y al Ayuntamiento de Cuernavaca.

Aquí me permito comentarles que la Secretaría de la Función Pública no fue objeto de la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

En cuanto salió esta recomendación yo establecí comunicación en el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, con quien, como siempre, dialogué e intercambié puntos de vista y acordamos el establecimiento de una reunión, de un grupo de trabajo donde ambas instituciones abordaremos todos los temas de la recomendación, recomendación que ya ha sido analizada puntualmente y que, reitero, no va dirigida a la Secretaría de la Función Pública.

Pero siempre en alguna recomendación hay temas que son muy enriquecedores para la institución. Ahí participarán en estas reuniones la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y la Segunda Visitaduría, que fue quien emitió la recomendación.

Yo le reiteré al presidente que vamos a analizar a fondo sus planteamientos. Reiteré los alcances de la investigación de la secretaría sobre los hechos del 12 de julio del año pasado, señalando que es una investigación integral y exhaustiva en el ámbito de nuestra competencia.

Aquí reitero que es nuestra competencia administrativa. Y señalándole que, como parte de dicha investigación, realizamos una auditoría a 4 áreas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que derivaron de 22 observaciones, y por primera vez también, como el caso que señalé anterior, la Secretaría de la Función Pública hizo pública la auditoría en su página web y fue parte de la información que nosotros le compartimos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Ahora bien, reitero, la recomendación fue dirigida a tres instituciones del gobierno federal, al gobierno de Morelos y al Ayuntamiento de Cuernavaca. Nuestra investigación es una investigación sólida, pero quiero ser clara. Si de estas mesas de trabajo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos nos aportan nuevos elementos que sean competencia de la secretaría, estaríamos tomando acciones de manera inmediata, ya que estamos abiertos a que se nos presenten nuevos elementos.

Ahora bien, es importante señalar que siempre la Secretaría de la Función Pública, bajo mi mandato, estará abierta a iniciar cualquier investigación, pero siempre se tienen que tratar de hechos novedosos y desconocidos para nosotros.

Ya que de lo contrario podría cuestionarse la restricción de facultades a la Comisión para que, como ellos tienen sus facultades para presentarnos denuncias, y estoy atenta a recibirlas.

Ahora bien, ¿qué más les podría decir? El tema donde se menciona, usted señala que hubo desacato para presentar pruebas a la Comisión de Derechos Humanos. Ahí yo requeriría que la Comisión Nacional de Derechos Humanos me aporte los elementos presentando circunstancias de tiempo, modo y lugar, y con gusto estaremos atentos a iniciar procedimientos en contra de los servidores públicos que no hayan cumplido con su obligación.

También quiero señalarle que es factible que me sigan haciendo preguntas relacionadas con este tema. Tenemos aún temas abiertos en cuanto a hechos relacionados con el Paso Exprés, como podría ser el Puente Santo Cristo, los socavoncitos, en fin.

Pero muchas gracias, sí se hizo una investigación sólida, integral y exhaustiva donde intervinieron dos áreas centrales de la Secretaría de la Función Pública, más tres órganos internos de control y la Coordinación General de Órganos de Control y Vigilancia. Es cuanto, gracias.

El presidente diputado Oscar González Yáñez: Gracias, señora secretaria. Tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Arturo Argüelles Victorero, de la fracción parlamentaria del Partido Encuentro Social, hasta por dos minutos.

El diputado Jorge Arturo Argüelles Victorero: Gracias, por su respuesta, señor secretaria. Tomo a consideración las recomendaciones que me hace y esperamos que ya no haya más hechos novedosos y desconocidos, que nos han lastimado a todos los mexicanos.

Esperamos también que las medidas que en la Secretaría que usted encabeza sean llevadas a cabo con la mayor responsabilidad y seriedad que ello involucra, pues así lo exige y demanda la sociedad.

La impunidad que actualmente impera en nuestro país debe de terminar, pues con ella situaciones como la del paso de la muerte serán nuevamente repetidas en un futuro. La transparencia y rendición de cuentas deberán ser actividades que imperen en nuestra vida política, pues de ello depende la legitimidad del gobierno, logrando con ello certidumbre a nuestros gobernados.

En Encuentro social consideramos que los actos de corrupción deben de ser castigados con severidad sin importar el servidor público que estén involucrado, sea de la jerarquía que sea.

La sociedad merece conocer la verdad del actuar de los funcionarios y del gasto de los recursos públicos que se ejercen, pues con ello la sociedad podrá estar bien informada para que tome decisiones y emita opiniones sobre el actuar de los servidores, pudiéndoles otorgar nuevamente un voto de confianza.

Es cuanto, presidente González.

El presidente diputado Óscar González Yáñez: Muchas gracias. Y también agradecerle el respeto al tiempo, que es algo que nos ayuda a los trabajos de esta comparecencia.

El presidente diputado Óscar González Yáñez: Tiene el uso de la palabra la diputada Ximena Puente de la Mora, secretaria de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La diputada Ximena Puente de la Mora: Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Bienvenida, señora secretaria Arely Gómez González y también a su equipo de trabajo, a esta comparecencia de las Comisiones Unidas de Trasparencia y Anticorrupción y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Con su venia, señores presidentes. En mayo de 2015 por primera vez se unieron esfuerzos institucionales, apoyados por la transparencia y rendición de cuentas, que buscan fortalecer la confianza de los ciudadanos en sus instituciones, ello en el marco de la promoción de la legalidad y también de las buenas prácticas, promulgando para tal efecto una reforma constitucional en materia anticorrupción, lo cual dio origen a la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, representando un avance para el Estado mexicano.

Posteriormente, en julio de 2016 fue emitida la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, a este respecto las directrices estipuladas por la propia ley se encuentra el establecimiento de bases para el combate a la corrupción, así como para la fiscalización y el control de los recursos públicos, el establecimiento de bases mínimas para la creación e implementación de sistemas electrónicos para el intercambio, sistematización y actualización de la información que generen instituciones competentes en los diferentes órdenes de gobierno.

Bajo dicho contexto resulta muy claro destacar el papel que juega la Secretaría de la Función Pública como la dependencia del Ejecutivo federal, encargada del control interno y de la evaluación de la gestión gubernamental. Juega un papel también fundamental en la vigilancia de los recursos públicos.

Con base en las disposiciones que reglamentan su actuación, la Secretaría de la Función Pública tiene entre sus objetivos diseñar herramientas para homologar los datos e información de los beneficiarios de programas, a cargo del gobierno federal, propiciando el eficiente ejercicio de los recursos públicos, con el objetivo de vigilar, pero también de transparentar la entrega, manejo, operación y control de servicios, subsidios y transferencias otorgadas.

Para la consecución de este objetivo, esta Secretaría administra y opera el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales, el cual consolida la información de los beneficiarios de programas de subsidio, a cargo del gobierno federal.

Conforme al decreto que regula su operación este sistema tiene, entre otros, el objetivo de integrar información de los distintos padrones que faciliten la evaluación integral de la política distributiva del país, identificar, analizar y monitorear la concurrencia de los recursos, verificar los beneficiarios de los programas que correspondan a la población objetivo y que definen las disposiciones legales en dichos programas.

Por tanto, a través de esta herramienta tecnológica se tiene la oportunidad de evaluar la correcta utilización de los recursos públicos, pero sobre todo que la ciudadanía pueda dar seguimiento a quiénes son estos beneficiarios, si cumplen con estos requisitos legales y también si se duplican o no los beneficiarios de los diferentes programas.

En relación con esta información reflejada en el VI Informe de labores de esta dependencia, se advierte que en el año 2017 se atendieron a más de 82 millones de beneficiarios de programas gubernamentales.

En este sentido, señora secretaria, podría compartirnos qué acciones, en el ámbito de las atribuciones que tiene conferida esa Secretaría a su digno cargo, se han realizado para evitar la entrega de apoyos y subsidios duplicados a los beneficiarios de los programas gubernamentales, así como también las acciones que tienen que ver con la absoluta transparencia de este programa de beneficiarios, en relación con el beneficio de la población de estar mejor informada. Es cuanto.

El presidente diputado Óscar González Yáñez: Gracias a la diputada Ximena Puente de la Mora. Tiene el uso de la palabra la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez González, hasta por cinco minutos, para dar respuesta.

La secretaria Arely Gómez González: Diputada Ximena Puente, agradezco su pregunta. Y la Secretaría de la Función Pública es responsable de administrar y operar el Sistema de Información de Padrones Gubernamentales, mejor conocido como SIIPP-G.

Es una herramienta que consolida en una base de datos la información de los beneficiarios de programas a cargo del gobierno federal, con el objetivo de propiciar el eficiente uso de los recursos públicos, también coadyuvar a la evolución integral de la política distributiva de los subsidios del país.

En el periodo que nos ocupa de septiembre 2017 al 15 de octubre de 2018 se integraron al sistema los padrones de 206 programas gubernamentales de diferentes sectores, como fue el desarrollo económico, social, rural, agropecuario, educativo, de protección social y salud a la población, de los cuales 119 de estos programas corresponden al ejercicio fiscal 2017 y 87 al ejercicio fiscal 2018. Esto, porque es cuando se hizo todo este trabajo de ordenamiento de los padrones.

En el 2018, los programas federales han otorgado apoyos y subsidios a 66.5 millones de beneficiarios en todo el país, con la información que nos arroja este sistema SIIPP ya actualizado, se realizaron en dicho periodo 20 confrontas, con las cuales se apoya a todas las dependencias y entidades a la administración pública, para evitar posibles duplicidades.

Por lo mismo también otra acción que se tomó en la Secretaría de la Función Pública fue que el 13 de septiembre de este año de 2018 se publicó, en el Diario Oficial, el acuerdo por el que se da a conocer el Manual de Operación y las IIPP ya modificado.

Las principales modificaciones pues fueron definir al SIIPP como un proceso integral conformado por tres subprocesos, se establecen de manera explícita los criterios para identificar los programas que anualmente deben registrarse, se le da un rol más activo a los órganos internos del control en el proceso de seguimiento y verificación, incluyendo la realización de auditorías a padrones de beneficiarios.

Se establece de forma obligatoria el uso de un prevalidador de padrones y se definen y precisan conceptos claves en políticas de padrones, como beneficiarios, lo que es concurrencia, duplicidad y datos personales.

También se desarrolló en esta fecha, un módulo en la herramienta informática que permite mejorar la administración del SIIPP-G, destacándose el proceso de altas y bajas en los padrones, así como la elaboración de confrontas entre los mismos programas, subprogramas, componentes y periodos de información.

Se ha estado trabajando en la Secretaría de la Función Pública para fortalecer este tema que era una obligación de la Secretaría, de tener un sistema que su obligación de la Secretaría es administrar y operar este sistema de padrón de beneficiarios de programas sociales.

Efectivamente, esto lo hicimos a raíz también de que la Auditoría Superior de la Federación auditó a una secretaría y donde le recomendó ocho recomendaciones, valga la redundancia, de desempeño, y donde señaló que la falta de un padrón único de beneficiarios, pues sí ratifica el riesgo de que persista una adecuada focalización de los lugares, comunidades de beneficiarios, puede ser la duplicidad, en fin.

Y es necesario tener este programa fortalecido para que, ahí es donde la Auditoría Superior de la Federación le pide a la Secretaría de la Función Pública que intervenga el Órgano Interno de Control de la Sedesol para realizar todos estos hallazgos que había encontrado y con base en eso nosotros empezamos de inmediato a trabajar y ya tenemos este sistema actualizado. Es cuanto.

El presidente diputado Óscar González Yáñez: Muchas gracias, señora secretaria. Tiene el uso de la palabra el diputado Cruz Juvenal Roa Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por dos minutos, para hacer sus comentarios.

El diputado Cruz Juvenal Roa Sánchez: Muy buenas tardes. Con su permiso, presidentes de Comisiones Unidas de Transparencia y de Vigilancia. Bienvenida a la casa del pueblo, secretaria Arely Gómez.

En el Grupo Parlamentario del PRI nos quedamos con su frase de que deja usted ordenada la casa

Y aquí aprovecho también para felicitar a los servidores públicos que han estado trabajando con usted durante este tiempo, y le queremos reconocer públicamente los esfuerzos que hicieron para que a través del Poder Ejecutivo federal se pudieran presentar las iniciativas para crear el Sistema Nacional Anticorrupción.

Escuché con gusto el esfuerzo que hizo la dependencia que dignamente dirige usted, de proponer en dos ocasiones la propuesta del fiscal Anticorrupción. Así como también el de proponer a los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Nos hace falta cerrar las pinzas para que tengamos un Sistema Nacional Anticorrupción estatal y municipal en México para poder atacar este problema tan grande como lo es la corrupción. Un tema que lacera a toda la sociedad.

Felicitarle también por los esfuerzos que ha hecho la dependencia a su digno cargo en la forma de crear ese sistema de los programas sociales para que no haya duplicidad y puedan llegar todos estos beneficios a los mexicanos.

Lo difícil de llegar a un cargo público no es entrar, es salir. Por eso le quiero decir, secretaria Arely Gómez, que en el Grupo Parlamentario del PRI nos sentimos orgullosos por el trabajo que usted ha desempeñado durante este tiempo. Y de igual manera, una felicitación cordial a todos los servidores públicos que le han acompañado. Por su atención, muchas gracias.

El presidente diputado Óscar González Yáñez: Muchas gracias a usted, compañero diputado Cruz Roa.

El presidente diputado Óscar González Yáñez: Tiene el uso de la palabra la diputada Martha Elisa González Estrada, secretaria de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos.

La secretaria diputada Martha Elisa González Estrada: Con su permiso, diputados presidentes de las Comisiones Unidas. Bienvenida, secretaria Arely Gómez.

Diputados y diputadas, estamos llegando a la parte final de uno de los gobiernos más corruptos de la historia de nuestro país, el final del último gobierno del PRI.

En Acción Nacional lamentamos que ante la evidente corrupción de este sexenio las autoridades e instituciones del Estado se hayan hecho de la vista gorda y no se hayan sancionado esos casos. La corrupción ha hecho de este el gobierno, pero evaluado. Las cifras no mienten, la opinión pública ha expresado que no confían en las autoridades gubernamentales.

Pero ese no es el mayor problema, la falta de confianza se observa de manera contundente en las instituciones del Estado. Hoy los mexicanos no creen en las instituciones. ¿Y cómo creer en las instituciones si vemos que están al servicio de la corrupción? ¿Si vemos que los espacios de la administración pública están infiltrados por intereses particulares y que los servidores públicos se han servido de su cargo para delinquir en todos los órdenes de gobierno?

Hoy México está viviendo una severa crisis en esta materia y desafortunadamente, el Sistema Nacional Anticorrupción ha quedado en proyecto y no ha logrado establecerse como el instrumento propicio para cumplir con los objetivos de honorabilidad y limpieza en el servicio público.

Y es así porque pareciera preferible transitar de manera tersa hacia el próximo gobierno, con la amnistía anunciada y con la mayor impunidad posible.

Hoy vemos que uno de los casos icónicos de corrupción de este sexenio sigue ahí, latente, esperando su indebido carpetazo.

Me refiero al caso de Odebrecht. En el PAN no estamos acusando a nadie. Lo que sí acusamos es que a diferencia de lo que ocurrió en otros países de América Latina, en México no se ha investigado a profundidad. En Brasil, Perú y en otros países de la región ha habido consecuencias al respecto, incluso han caído presidentes de dichas naciones.

De entrada, el empresario Marcelo Odebrecht ya fue condenado a 19 años de prisión en Brasil. De igual forma, el presidente de Brasil, Lula Da Silva, ya pisó la cárcel por su participación en este caso.

En Colombia hay dos exfuncionarios en prisión. En Perú condenaron a prisión al expresidente Ollanta Humala y a su esposa.

Los casos de corrupción como el de Odebrecht deben investigarse a fondo y deben castigarse con todo el rigor de la ley, y de este modo frenar la impunidad prevaleciente que fomenta la corrupción. Pero como este caso quedan impunes muchos otros.

Secretaria, estamos de acuerdo con usted con que las sanciones deben darse conforme a derecho. Es cierto, pero también hay que decir que Odebrecht no actuó en soledad, sino en complicidad con autoridades de las que no se habla.

Secretaria, ¿qué saldo deja esta administración sobre el caso Odebrecht y las respectivas sanciones a servidores públicos involucrados?

Y una pregunta más, en la página de la Secretaría de la Función Pública se da a conocer que hay más de un millón de reportes de sanciones administrativas, de inhabilitación impuestas a servidores públicos. Se trata de una cifra importante que nos deja ver el tamaño del problema. Sin embargo, esos datos no se dieron a conocer de manera eficaz ante los ciudadanos.

Secretaria, más allá de la inhabilitación impuesta como sanción a servidores públicos que no actuaron con probidad, ¿cuántos de ellos, con cargos de dirección general hacia arriba, han sido sujetos a proceso y pisado la cárcel por actos de corrupción? Agradeceré sus respuestas.

El presidente diputado Óscar González Yáñez: Muchas gracias, compañera diputada Martha Elisa González. Tiene el uso de la palabra la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez González, para dar respuesta hasta por cinco minutos.

La secretaria Arely Gómez González: Estimada Martha Elisa González, gracias diputada por tu pregunta.

Como lo señalé con anterioridad, efectivamente, el 22 de diciembre de 2016, la Secretaría de la Función Pública dio inicio a una investigación en la Unidad de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en Pemex, así como la práctica de una auditoría transversal que permitiera identificar todos los contratos de esta empresa, la cual tiene muchas filiales y va cambiando los nombres como ocurre en esto.

Los contratos en los que nos enfocamos fueron los que he señalado: Tula Hidalgo y Salamanca. Son megaproyectos para la modernización de las refinerías: Tula y Salamanca, a fin de incrementar la producción de gasolina y diésel. Las contrataciones con esta empresa conforman una parte de megaproyectos, Tula obras para reparar el terreno y Salamanca desarrollo de ingenierías, que pasaron por las autorizaciones necesarias de órganos de Pemex y sus servidores públicos.

Aquí en este caso quiero ser enfática, que no aplica de obras públicas, ya que lo aplica es el régimen especial de Pemex en contrataciones públicas, es decir, la Ley de Petróleos Mexicanos y de disposiciones administrativas para su contratación.

Se hizo un estudio exhaustivo, integral, y durante la etapa de investigación se tomó la comparecencia a 23 servidores públicos. Como resultado de esto, al día de hoy tenemos iniciado 10 procedimientos administrativos de responsabilidades, resolviéndose a la fecha 8 ya de estos 10 con sanciones consistentes en niveletaciones y multas, sanciones que ya he señalado con anterioridad y que son las más altas sanciones, multas económicas, que se han puesto en la historia de la Secretaría de la Función Pública.

¿Por qué se pusieron estas sanaciones? ¿Qué es lo importante? Primero. Por irregularidades en la ejecución de los contratos por pagos y cobros indebidos, de costos indirectos como rentas de oficinas, capacitación, en fin. Como también por duplicidad de servicios. Y tercero, por simulación del cumplimiento de garantías, de obligaciones contractuales.

Ahora bien, el Estado Mexicano ha sido el único que ha sancionado administrativamente a la empresa Odebrecht. Aquí es importante señalar las competencias. En la relación contractual la autoridad competente es Pemex, a la cual ya hizo una recisión del contrato. El tema del cohecho o soborno es el Ministerio Público de la Federación y el tema de responsabilidades administrativas es la Secretaría de la Función Pública.

Yo les reitero, reitero ante este auditorio, que no habrá impunidad por parte de la Secretaría de la Función Pública en la materia administrativa. Las resoluciones, las inhabilitaciones y las sanciones económicas, como todos saben, son combatibles a través de medios judiciales, con recursos y amparos ante el Poder Judicial, que es un poder totalmente diferente ya al Poder Ejecutivo, pero nosotros le estamos dando seguimiento para poder seguir combatiendo esto en tribunales.

Ahora, seguimos integrando –aparte de lo que les he comentado–, pero ahí si ya por reserva de la información no lo puedo hacer público; irregularidades también administrativas distintas al cohecho y al soborno, las cuales una de ellas ya se dio en el mes de agosto, el respectivo procedimiento administrativo sancionador.

Espero antes de que acabe la administración ya tener algunos resultados, pero de conformidad con las facultades de la Secretaría de la Función Pública, esta es la encargada de investigar, y en su caso, sancionar a las empresas filiales de Pemex y a los servidores públicos de Pemex por conductas irregulares exclusivamente de carácter administrativo.

Otro tipo de conductas ya corresponden al ministerio Público de la Federación. Es cuanto y gracias por la pregunta.

El presidente diputado Óscar González Yáñez: Gracias, señora secretaria. Tiene el uso de la palabra la diputada Martha Elisa González Estrada, secretaria de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por dos minutos. Gracias.

La diputada Martha Elisa González Estrada: Yo creo que lo que hoy por hoy todos los mexicanos estamos esperando es que todo este tipo de escándalos de corrupción terminen en sanciones ejemplares, porque dicen que hechos son amores y no buenas razones. Y en materia de prevención y combate a la corrupción, este gobierno saliente lo que sobresale es precisamente la falta de hechos, solamente hay omisiones.

Desafortunadamente a usted le encargaron una dependencia moribunda, sin alma, que incluso tuvo que ser reanimada por virtud del escándalo “casa blanca”. Nunca existió el propósito de combatir la corrupción por parte del titular del Ejecutivo. Su expresión queda como una ominosa huella indeleble.

Los estudiosos en el tema dicen que el corrupto tiende a racionalizar y autojustificar sus actos, y nos queda claro que su Secretaría y todo el gabinete han estado inmersos en un ejercicio de racionalización y autojustificación.

El gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, no será recordado como el gobierno transformador que los mexicanos pensaron en la elección del 2012, sino como un gobierno que eludió a toda costa la rendición de cuentas, un gobierno que se dedicó a eludir horribles verdades y a minimizar los escandalosos actos de corrupción.

Y finalmente, no coincido con la expresión o la frase que comentó a un inicio de su presentación y que después la retomó un compañero del Grupo Parlamentario del PRI, en donde dice que “la casa la deja arreglada”. Porque yo creo que hoy en día la única casa que queda arreglada es la casa blanca. Con su permiso.

El presidente diputado Óscar González Yáñez: Gracias a la diputada Martha Elisa González Estrada.

El presidente diputado Óscar González Yáñez: Para terminar con la primera ronda de intervenciones, tiene el uso de la palabra la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos.

La diputada Aleida Alavez Ruiz: Muchas gracias. Con su venia, diputados presidentes. Buenos días a todas y a todos. Bienvenida secretaría Arely Gómez.

La Constitución General de la República establece los principios rectores del servicio público: legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. Señora secretaria, le tocó concluir un sexenio en una dependencia que debe vigilar que todos estos principios se cumplen, sin embargo, hoy por hoy están muy lejos de hacerlo porque este es un gobierno marcado por la corrupción y la impunidad.

Desde antes de iniciar el sexenio dinero de la corrupción llegó a la campaña de Peña Nieto a través de su operador Emilio Lozoya y nada pasó, reinó la impunidad, y hasta el momento esa dependencia no ha sido capaz de aclarar el destino de miles de millones de pesos relacionados con el escándalo Odebrecht.

Las sanciones impuestas por México, en este caso son mínimas, apenas una inhabilitación por 10 años de un servidor público y una multa de 2.5 millones de pesos, mientras que en otros países los involucrados ya están en prisión.

En su informe señala que en 2017 también sancionaron a la empresa con inhabilitaciones y multas, como si Odebrecht hubiera actuado sola o con un solo funcionario que debió conocer a fondo todo el entramado de Pemex para actuar en solitario desde adentro ¿acaso no hubo alguien o algunos más en Pemex que participaran?

En ese gobierno, al menos así lo estamos observando en la glosa que realizamos, los titulares de cada sector parecen no entenderse de nada y tampoco ustedes. Casos de corrupción van y vienen en medio de la más absoluta impunidad.

Y aquí algunos ejemplos: la casa blanca, la de malinalco, la estafa maestra, la corrupción de los exgobernadores Duarte o de los Moreira; han permeado de principio a fin a este sexenio, por eso por el bien de todos urge que se acabe.

Nuestro país se encuentra en los peores calificados –ya lo dijeron aquí mis compañeros– en la rendición de cuentas, y no lo decimos nosotros, lo dicen organismos internacionales. En el Índice de Percepción de la Corrupción 2017, la calificación de México empeoró por un punto, al descender de 30 a 29, en una escala de cero a 100.

En este sexenio –ya lo dijeron–, también aquí se implementó el Sistema Nacional Anticorrupción, y los resultados brillan por su ausencia. La capacidad política del Ejecutivo del que usted forma parte, no ha alcanzado ni siquiera para terminar de integrarlo; no sentaron ni siquiera las bases para un sistema eficiente, por una sola razón; No les convenía.

Es inaudito leer en su informe, que 21.3 por ciento de los órganos de Control Interno no cumplen con las normas generales a que está obligados –lo dicen ustedes, no nosotros–, y eso significa que el árbitro no cumple ni con las reglas.

Pregunto, señora secretaria, ¿qué investigaciones ha realizado la secretaría a su cargo, en uno de los casos de corrupción más emblemáticos de los últimos 12 años, el Túnel Emisor Oriente? En 2008 se previó una inversión de 9 mil 500 millones de pesos, pero a la fecha han destinado más de 40 mil millones, y sigue inconcluso. Este caso es la clara muestra del proceder de dos administraciones, lo que nos hace pensar que es la “caja grande” de los prianistas.

Otra pregunta. De acuerdo con su informe, y la sanción aplicada al solitario servidor público de Pemex implicado en el caso Odebrecht, ¿a cuánto ascienden los daños y perjuicios, o cómo es que se calculó el monto de la sanción, de apenas 2.5 millones de pesos? ¿Cómo ha intervenido la Secretaría de la Función Pública, para que Pemex dé a conocer las actas de cuatro sesiones del Consejo de Administración de Pemex Gas y Petroquímica Básica, relacionados con el proyecto Etileno 21?

Otra más. Debido a que muchos exservidores públicos migran a la iniciativa privada con información privilegiada que puede ser utilizada con fines de lucro, queremos saber si se cuenta con un padrón de estos exservidores y cómo se les está dando seguimiento. Es una obligación realizar evoluciones patrimoniales.

La Secretaría de la Función Pública detectó múltiples irregularidades, entre las que destacan responsabilidades administrativas de varios funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de acuerdo con las auditorías practicadas a cuatro contratos del Paso Express de Cuernavaca.

Sin embargo, solo se ha inhabilitado y asignado sanciones económicas a los responsables, a pesar de que algunos casos la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación en la que advierte la falta de castigo penal. A partir de este planteamiento pregunto, ¿por qué solo se inhabilitó, y no se aplicó sanción penal, como lo recomendó la Comisión Nacional de Derechos Humanos?

¿Cuáles son los resultados de las auditorías realizadas por Alnaicim, al Paso Exprés de la Carretera México-Acapulco, y cuáles son las causas más importantes de los sobreprecios y retrasos en la ejecución y calidad de las obras?

Con relación al universo de las auditorías practicadas al proyecto del aeropuerto, y la construcción del Paso Exprés de la Carretera México-Acapulco, ¿podría señalar cuál fue la participación de la secretaría, en el número de auditorías practicadas a estos, ya sea de forma independiente o en coordinación con la Auditoría Superior de la Federación?

Y para concluir, podría decirnos, cuáles son los pendientes que deja esta secretaría, y quiero añadir 22 preguntas más, que le voy a entregar por escrito, señora secretaria, debido al tiempo, y le fuego nos pueda dar respuesta al Grupo Parlamentario de Morena. Muchas Gracias.

El presidente diputado Óscar González Yáñez: Muchas gracias a nuestra compañera Aleida Alavez, diputada de Morena. Tiene el uso de la palabra, para dar respuesta, la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez González, no sin antes recordarles a nuestros compañeros parlamentarios, que esta presidencia compartida ante la Comisión de Vigilancia y la de Transparencia y Anticorrupción estamos siendo bastante sensibles con el tema del tiempo, y les pediríamos de favor poderse ceñir a ella, tanto a la señora secretaria, como a nuestras compañeras y compañeros diputados.

Y también recordarles, que las preguntas que se le hacen a la señora secretaria en su comparecencia, es un elemento de respuesta que se tendrá que quedar puntualmente, una vez terminando esta comparecencia por escrito. Muy amables, gracias. Tiene el uso de la palabra la secretaria Arely Gómez González, para respuesta.

La secretaria Arely Gómez González: Diputada Aleida, recibo con gusto las 22 preguntas que me hace, y a la brevedad se las estaré enviando por escrito. Asimismo, lo que no pueda contestar en este momento de las múltiples preguntas, también se las haré llegar por escrito.

Ahora bien, aquí hay varias preguntas que se relacionan entre sí, y coinciden en el hecho de que tenemos que separar las competencias. Yo sé que quizás las personas lo que desean es escuchar cuál es la sanción penal.

La Secretaría de la Función Pública tiene su competencia dentro de su marco jurídico, claramente especificado y nosotros únicamente tenemos la competencia en cuanto a sanciones administrativas, y más aún ahora con la Ley General de Responsabilidades, de las cuales, en un minuto le estaré entregando el proyecto que se realizó en la Secretaría de la Función Pública, ahora, a partir de la nueva ley, nada más nos enfocamos a atender sanciones de hechos cometidos, responsabilidades administrativas no graves.

Las graves, ya van para el Tribunal de Justicia Administrativa, entonces, sí lamento, sí comparto la solidaridad de que ustedes quisieran ver concluidos en su globalidad estos asuntos, de una manera global terminados, pero yo únicamente aquí en este recinto puedo señalarle lo que la Secretaría de la Función, ha hecho de la Función Pública, en estos lamentables casos.

Primero, el del socavón, que es muy lamentable, por la muerte de dos personas, y ahí, y en el otro, el tema de Odebrecht, donde ahí hubo el tema del soborno y cohecho. La Secretaría de la Función Pública no puede –reitero– sancionar temas penales ni en el socavón ni en el caso de Odebrecht; todo eso deberá de ser presentado ante la autoridad del Ministerio Público.

Me he explayado en cuanto a la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos, por convicción propia, y he señalado que únicamente estábamos esperando pasar esta comparecencia, y que el Segundo Visitador pudiera reunirse, para ver qué más podemos hacer en este tema. Pero también quiero reiterarles, que la recomendación no va dirigida a la Secretaría de la Función Pública.

La Secretaría de la Función Pública le brindó toda la información a la Comisión de Derechos Humanos, y de hecho, ésta se subió a Internet. Ahora, las sanciones. Cómo se ponen las sanciones que tú me preguntas, diputada; las sanciones se ponen en función del daño patrimonial que se causa.

Ahora bien, para el tema de Odebrecht, de hecho, se hicieron dictámenes contables. Es un trabajo que yo te invito a que tú lo veas, con gusto te incluyo lo más que pueda, dentro de las preguntas, porque fue un trabajo, un estudio de investigación que duró más de un año.

Es muy minucioso, muy cuidadoso, y te quiero decir que sí, si bien es poco, pero no nada más son 2.5 millones de pesos, porque se puso una de 543 millones de pesos, otra de 543 millones de pesos; otra sí, de 1.25 millones, y otra, a un servidor público de Pemex por 2.5 y 119 millones.

Entonces, todo esto no es una simple cifra, y también, para estas sanciones nos tenemos que atener a la ley, que estaba vigente en aquel momento, y ahí te establece mínimos y máximos, y cómo evaluarles.

Ahora, el tema de que sí ha habido escándalos en este gobierno, como en muchos otros, pero nosotros tenemos que asumir, y venimos a rendir cuentas sobre este tema, es lamentable, más que lamentable, yo les doy las cifras, y el trabajo que se hizo, que ha sido un trabajo, como tú bien lo dices, a mí me tocó una secretaría que estaba a punto de desaparecer. Así estaba en modificaciones a la Ley de la Administración Pública.

En dos años se ha hecho un gran trabajo donde nos tocaron temas difíciles de atender como estos que mencionas, como la estada maestra, como muchos otros, donde se ha estado dando un seguimiento y por eso yo hacía una mención a mis colaboradores por el trabajo que han desempeñado.

Mis colaboradores y todos los colaboradores que están en la Secretaría de la Función Pública porque realmente han hecho un trabajo de excelencia por poder tener ahorita estos resultados, como el que preguntaba la diputada del padrón de los beneficiarios sociales, la Ley de Profesionalización, todas las modificaciones que proponemos para la Ley General de Responsabilidades, todos los documentos que se presentaron al sistema nacional anticorrupción donde nosotros trabajamos de una manera voluntaria por el expertiz que tenemos para apoyarlos, mientras se iba instalando.

Hay algunos hechos –otros– que salen ya de mi contexto, de mi control si no está completo el sistema nacional anticorrupción. Espero que ya esté pronto completo, pero eso ya es del Poder Ejecutivo y no ustedes, de Cámara de Senadores, y también las sanciones penales, pero ya estas son dependencias o instituciones que están fuera de mi control.

Yo te voy a dar respuesta puntualmente y lo que tú no consideres puntualmente respuesta, lo platicamos con gusto. Creo que ustedes son los representantes de los ciudadanos y tienen que tener toda la información necesaria de lo que se ha trabajado en una dependencia gubernamental donde nos pagan con recursos públicos del gobierno. Muchas gracias.

El presidente diputado Oscar González Yáñez: Gracias a la señora secretaria. Tiene el uso de la palabra la diputada Inés Parra Juárez, secretaria de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por dos minutos.

La diputada Inés Parra Juárez: Secretaria Arely, voy a ser muy concreta. Debido a su respuesta y sobre el caso de las sanciones, también es obligación dar vista y seguimiento a la PGR de estos casos como el socavón y Odebrecht, por lo tanto, le solicito que tome nota porque voy a preguntar de manera muy concreta y le solicito respuestas concretas.

En la instalación de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, usted comentó a la prensa que no llegaría la investigación ni llegaría a sancionar a la titular actual de Sedatu, Rosario Robles. Sólo se sancionó a Gustavo Rodríguez, exdirector de Comunicación Social de Rosario Robles en Sedesol. ¿Qué tipo de sanción se dio? ¿Hubo reparación del daño, en qué monto? ¿Por qué no se está sancionando a Rosario Robles?

Se sabe de la participación de universidades en la estafa maestra de Tabasco, Chiapas, estado de México, Morelos, Campeche, Hidalgo, Quintana Roo, etcétera. ¿Cuántas universidades están exactamente involucradas? Solicito lista detallada. ¿Cuántos rectores y funcionarios universitarios han sido investigados y cuántos han sido sancionados? Solicito lista detallada, y si no se ha hecho, ¿por qué? Solicito informe por escrito.

En el comunicado 166 fechado el 4 de septiembre de 2017 y expedido por la Secretaría de la Función Pública que usted encabeza, se publicó que 10 servidores públicos tenían procedimiento de responsabilidades administrativas y se estaba investigando a 40 servidores públicos federales. Solicito lista con nombre y apellido de los funcionarios públicos sancionados. Solicito lista con nombre y apellido de los funcionarios públicos absueltos, si es que hubo, y se informe por escrito por qué.

4. Arely, ¿usted está involucrada por el despido de Muna Dora Buchaín, excoordinadora de las auditorías forenses de la Auditoría Superior de la Federación? ¿Usted insinúa al auditor superior de la Federación su despido? ¿Usted ha estado involucrada en este hecho? Le recuerdo que está usted aquí bajo protesta de decir verdad.

Secretaria, solicito de manera expresa y también por escrita la información detallada por escrito para su revisión, y si se le llegara a citar otra vez, esperamos contar con su presencia. Gracias.

El presidente diputado Oscar González Yáñez: Muchas gracias, compañera diputada. Como usted sabe, el procedimiento es de una primera ronda de preguntas de cinco minutos, una respuesta de la secretaria y comentario de dos minutos.

Como usted ha hecho una cantidad importante de preguntas en el área de comentarios, la señora secretaria está obligada, así lo comento, está obligada a mandar por escrito todas las preguntas que usted amablemente nos ha formulado. Muchas gracias.

El presidente diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo: Continuamos la segunda ronda de preguntas, respuestas y comentarios y le pedimos a la diputada Nayely Arlen Fernández Cruz, que pueda pasar a formular su pregunta.

La diputada Nayely Arlen Fernández Cruz: Buenas tardes, diputada y diputados. Señora secretaria. Es de todos conocido que el 12 de julio de 2017 en la obra pública denominada Ampliación del libramiento de Cuernavaca, paso exprés, concretamente a la altura del kilómetro 93 de la autopista México-Cuernavaca que construyó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se formó un hundimiento al cual se le denominó socavón, y en el que lamentablemente fallecieron dos personas al ir transitando en su automóvil.

Por esta razón usted informó que se iniciaron diversas investigaciones para deslindar responsabilidades, e inclusive se llevó a cabo una revisión de auditoría a dicha obra pública, de la cual se obtuvieron observaciones que debieron atenderse, o de lo contrario implicaron que se llevaron a cabo algún tipo de medida disciplinaria hacia los servidores públicos que incurrieron en algún tipo de omisión o negligencia en el desempeño de sus cargos.

Sin embargo, permítame distraer su atención para referirme particularmente a la actuación que en este asunto tuvo el testigo social designado por la secretaría a su cargo, toda vez que como lo sostiene la Comisión Nacional de Derecho Humanos en su recomendación 34/2018, resulta ineludible la obligación de que el testimonio del testigo social deba entregarse antes de que concluya la licitación pública y que sea obligatorio hacer el análisis de sus observaciones y sugerencias, lo que no ocurrió en el presente caso en que el testigo social entregó su testimonio siete días después de que se dio a conocer a la empresa ganadora de la licitación pública.

En función de lo anterior y atendiendo a las atribuciones que tiene la Secretaría de la Función Pública a su cargo, es necesario que usted coadyuve a que prevalezca el estado de derecho investigando las conductas presuntamente irregulares, y en su caso se impongan las sanciones que corresponda, por lo que con base a la información con la que se cuenta me permito hacerle la siguiente pregunta. ¿Qué medidas tomó sobre la actuación del testigo social designado para la contratación de la obra Paso exprés de Cuernavaca? Gracias.

El presidente diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo: Muchas gracias, diputada. Ahora le damos el uso de la voz para la respuesta a la maestra Arely Gómez González, titular de la Secretaría de la Función Pública hasta por cinco minutos.

La secretaria diputada Arely Gómez González: Muchas gracias, diputada Nayely, por su pregunta. Seré muy contundente en esta respuesta. El testigo social en el Paso exprés, ¿qué pasó con él –que es la última pregunta–? Se inició un procedimiento y se determinó procedente la cancelación del testigo social. Es la primera vez que se sanciona a un testigo social. Nunca antes en la Secretaría de la Función Pública se había instaurado un procedimiento para estos efectos.

El 30 de julio se notificó la resolución del procedimiento administrativo al testigo social, sin embargo el 2 de octubre del presente año se comunicó la demanda de nulidad que promovió ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y le concedió, como es frecuente, como ocurre, la suspensión para que el Comité de Testigos Sociales se abstuviera de realizar anotaciones correspondientes hasta que fuera resuelto el fondo del asunto.

La Secretaría de la Función Pública atendió de inmediato el acuerdo del Comité de Testigos Sociales que sesionó de inmediato, reincorporando los datos curriculares del testigo social al micrositio.

Pero sí, se inició un procedimiento de investigación y un procedimiento de cancelación, y no es algo menor, es la primera vez que esto ocurre en la Secretaría de la Función Pública, porque precisamente usted ha señalado, hubo algunos hechos que nos llevaron a tomar esta decisión.

Ahora bien, este tema del Paso Exprés, donde también quisiera dejar claro que el tema, la investigación sobre el socavón, es una investigación sujeta al escrutinio público. Es una investigación que se realizó de una manera integral y exhaustiva.

Estos lamentables hechos no merecían otro tipo de investigación más que ser algo muy exhaustivo, muy integral y donde –reitero– se incorporaron a otros órganos internos de control y se incorporaron a dos áreas centrales de la Secretaría de la Función Pública, en particular dos subsecretarías.

Se estuvo trabajando de una manera contundente, exhaustiva, integral, y si bien la recomendación de la CNDH no es a la Secretaría de la Función Pública, pero nosotros estamos en la mejor disposición, y así se lo he señalado al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para tener una mesa de trabajo y ver algunos temas, y si ellos tienen elementos nuevos que no hayan sido ya analizados y nos lo presentan, nosotros con gusto estaremos atendiéndolos.

Siempre se ha trabajado de manera coordinada con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Entonces, puede usted tener la seguridad, diputada, que llegaremos hasta las últimas consecuencias en este lamentable hecho donde se trabajó de una manera integral porque se sancionó a un testigo social, se resolvieron tres denuncias que se presentaron contra la empresa.

Tenemos la recomendación de la CNDH donde no, no somos responsables, y tenemos 22 observaciones que no fueron acreditadas, y por las cuales llegamos a las sanciones correspondientes que fueron las inhabilitaciones de los servidores públicos.

Ahora, esto no quiere decir que la Secretaría de la Función Pública no haya abierto diversas investigaciones relacionadas con el resto de la obra, como puede ser el Puente Santa Crista, nuevas zonas de pequeños hundimientos, y pues la mencionada ya recomendación.

Entonces seguimos trabajando y seguiremos trabajando hasta el último de los días. Gracias.

El presidente diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo: Muchas gracias. Para comentarios, hasta por dos minutos, tiene el uso de la voz, la diputada Arlen Fernández Cruz.

La diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Agradezco mucho su respuesta, señora secretaria, la cual me lleva a reflexionar en algunos aspectos que son relevantes.

Si bien las opiniones que emita el testigo social no resultan vinculantes a los procedimientos de contratación en que son designados, lo cierto es que la naturaleza de esta figura deriva de la necesidad de contar con garantes de la transparencia y la legalidad en los procedimientos de contratación.

Agradezco el listado del procedimiento que me ha mencionado hasta el momento sobre la demanda de nulidad ante el Tribunal, el procedimiento de investigación y la cancelación, la incorporación de otros órganos internos de control y las tres denuncias, hasta el momento resueltas.

Y en este sentido, la incorporación tanto a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios como a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, también obedeció a una de estas demandas.

Estoy segura de que el testigo social no representa a un ente fiscalizador, ya que para ello existen figuras especializadas en dicho rubro, pero la participación de un testigo social en un contrato, garantiza la experiencia técnica y normativa que abone a la transparencia de este tipo de procedimientos.

Resulta una tarea indelegable de esta Cámara el emprender acciones tendientes a garantizar a través de instrumentos normativos la transparencia en los procedimientos de contratación pública, espacio en el que el testigo social debe de adquirir un rol completamente relevante.

Derivado a lo anterior espero que en el tiempo que todavía funja como secretaria de la Función Pública, se dé todo su empeño en que se resuelva este caso, en mejora de la, y en dar respuestas a los familiares y a la ciudadanía que así lo esperamos. Muchísimas gracias.

El presidente diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo: Muchas gracias, diputada.

El presidente diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo: Ahora, en el uso de la voz, para formular su pregunta, hasta por cinco minutos, el diputado Héctor Serrano Cortés, de la Fracción Parlamentaria del PRD.

El diputado Héctor Serrano Cortés: Muchas gracias, señores presidentes. Enfatizar, señora secretaria, me parece que en esa comparecencia lo más destacable es la cátedra que en el uso de sus facultades usted ha expresado, porque nos queda claro hoy, me parece que a todos, exactamente cuáles son sus facultades, y lo digo sin ironía.

Esta intención es porque me parece que cuando hablamos de profesionalización y cuando nos vamos en una ruta de tratar de que los instrumentos institucionales se fortalezcan, es con la participación de todos.

Y lo digo porque esta soberanía es copartícipe de la revisión y de estar al pendiente de la rendición de cuentas. Todos tenemos posibilidades de presentar sendas denuncias ante las instancias correspondientes, y me parece que lo debemos hacer.

Lo importante es cuando se profesionaliza, tendremos la certeza de quien actúa lo hará con estricto apego a la legalidad y, por otra parte, si tenemos la posibilidad de instrumentar acciones legales, que esta soberanía lo puede presentar, habremos de darle los instrumentos a las autoridades para aplicarlo.

Y no es menor, creo que es importante en este proceso de cambio de gobierno, fortalecer a las instituciones. Yo creo que la confianza es fundamental para poder iniciar una relación cordial entre los diferentes órganos, y creo que hoy es fundamental que los instrumentos con que se cuente en cada uno de los funcionarios, permitan el resultado exacto que los ciudadanos, y por supuesto los representantes populares esperamos de cada uno de los servidores públicos.

Trataré de ser mucho más breve en esta ocasión para compensar el tiempo de algunos compañeros que han usado la tribuna y lo hago con la cortesía que corresponde, la única forma de responder a la cortesía es con cortesía, y creo que es conveniente hacerlo.

Le refrendaría a usted la pregunta respecto a las dos secretarías que no se ha respondido, que tienen mayor número de procedimientos iniciados.

¿Y por qué lo hago? Para evitar la sospecha o para confirmarla, de que estas sanciones responden a una actuación incorrecta o, por otro lado, la interpretación de que fueron en todo momento más participativos en la búsqueda de transparentar su propia función. Por su respuesta, muchísimas gracias, señora secretaria.

El presidente diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo: Muchas gracias, señor diputado. Ahora, para responder a la pregunta, hasta por cinco minutos, la maestra Arely Gómez González.

La secretaria Arely Gómez González: Diputado Héctor Serrano, efectivamente tenía este pendiente de resolver y estaba buscando el momento oportuno, qué bueno que ahorita lo reitera.

Efectivamente, en las dos dependencias que usted mencionó, la Secretaría de Gobernación y la SEP, la Secretaría de Educación Pública, en el año 2017, como se señala en el informe fueron las que se sancionó, a una cantidad y significativa de servidores público.

Esto obedece a que se tratan de entes públicos que cuentan con una plantilla de personal muy numerosa dadas las atribuciones legales que tienen conferidas de acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Lo anterior implica necesariamente que el universo de servidores públicos que las integran y que se ven involucrados en la comisión de distintos tipos de regularidades administrativas que sancionaba la anterior Ley Federal de Responsabilidades, hasta el 18 de julio de 2017 y posteriormente las faltas administrativas que sancionan a partir de la vigencia de la Ley General de Responsabilidades constituye a un mayor porcentaje respecto al resto de las dependencias.

Como usted lo señala, las sanciones fueron de 9 mil 480, cantidad que le deseo reiterar, es la que está reportada en el informe de labores de esta Secretaría de la Función Pública, el cual le agradezco a usted lo haya leído para esta comparecencia. Y en cuanto a este dato es importante mencionar las cantidades de servidores públicos sancionados, son 2 mil 101 para Segob y 810 que corresponden a la SEP.

Pero también aquí hay que señalar que incluye al personal adscrito a las instancias sectorizadas con que cada una cuenta. En este sentido las conductas e irregularidades que fueron sancionadas de forma más frecuente en la Secretaría de Gobernación, me gustaría señalar cuáles son los motivos.

Primero fueron mil 65 por negligencia administrativa; 934, por incumplimiento en la presentación de la declaración patrimonial; 68 por el ejercicio indebido de sus funciones en materia migratoria; 12 por violación de procedimientos de contratación; 8 por violaciones de procedimientos de contratación; 1 por extorsión y 1 por violación a derechos humanos.

De igual forma, la Secretaría de Educación Pública, las conductas e irregularidades que se sancionaron en mayor número derivaron de las siguientes causas: 340 negligencia administrativa; 281 en cumplimiento en la presentación de declaración de situación patrimonial; 125 abuso de autoridad; 41 violación a leyes y normatividad presupuestal; 19 violación a procedimientos de contratación, 3 por extorsión y 1 por violación a derechos humanos. Espero que la respuesta sea satisfactoria.

Y también esto me permite profundizar en lo técnica que es esta Secretaría de la Función Pública y la cantidad de procedimientos que tiene a su cargo, por lo cual otro reconocimiento a los servidores públicos que en ella trabajan. Gracias. Es cuánto.

El presidente diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo: Tiene comentarios hasta por dos minutos, la diputada Estefanía Rosas Martínez, de la fracción parlamentaria del PRD.

La secretaria diputada Luz Estefanía Rosas Martínez: Gracias. Buenas tardes a todos los presentes. Presidentes de las Comisiones Unidas. Secretaria Arely Gómez. Compañeros. Buenas tardes. Estimada secretaria de la Función Pública, agradecemos sus respuestas sobre estos importantes temas relativos al combate a la corrupción.

Quiero destacar la importancia del Sistema Nacional de Fiscalización dentro del combate a la corrupción. Bajo este contexto hay que señalar que su implementación depende de todos los entes públicos, fiscalizadores y fiscalizados, para que la implementación de mejoras de los recursos federales y locales sea una realidad.

No podemos omitir que dentro del Sistema Nacional de Fiscalización existe una ausencia de la participación ciudadana, por lo que la invitamos a dejar las bases para la incorporación de dicha participación e invitamos al próximo gobierno a fortalecer la actividad fiscalizadora mediante la coordinación de trabajo efectiva.

El fortalecimiento institucional. Evitar duplicidades y omisiones en el trabajo de los órganos de fiscalización, en un ambiente de profesionalismo y transparencia. Mayor cobertura de fiscalización de los recursos públicos. Emitir información relevante de los reportes de auditoría y fiscalización con lenguaje sencillo y accesible que contribuya a la toma de decisiones públicas.

La mejora de la gestión gubernamental y a que el ciudadano común conozca cómo se gasta el dinero de sus impuestos, así como la máxima publicidad en los resultados de la fiscalización. Es cuanto.

El presidente diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo: Para formular la pregunta hasta por cinco minutos, tiene el uso de la voz el diputado Juan Carlos Villarreal Salazar, de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano.

El secretario diputado Juan Carlos Villarreal Salazar: Buenas tardes, compañeras y compañeros. Secretaria de la Función Pública, Arely Gómez. Compañero presidente Mario Rodríguez de la Comisión de Vigilancia y compañero presidente de la Comisión de Transparencia, Óscar González Yáñez.

La corrupción no constituye una característica de identidad cultural, al contrario, constituye un agravio que indigna y avergüenza a la mayoría de los mexicanos. Quienes cotidiana y directamente padecen de los nocivos efectos de la corrupción.

De acuerdo con datos de Transparencia Internacional, en 2017 México alcanzó su peor nivel en la percepción de corrupción e impunidad, ocupando el lugar 123 de 176 países, mientras que proporcionalmente en el año 2002 ocupábamos la posición número 99, por lo que en 16 años hemos retrocedido 24 posiciones, es decir, que nos hemos convertido en un país sumido en la corrupción.

Sin embargo, en 2014 se reformó la Constitución para crear la Fiscalía General de la República, autónoma e independiente, para desvincular al Ministerio Público de la subordinación del Poder Ejecutivo y evitar el uso faccioso de la procuración de justicia. Sin embargo cuatro años después la Fiscalía General y su plena autonomía, sigue en el limbo.

Por ello la sociedad civil y los diputados ciudadanos estamos planteando la necesidad de avanzar en el diseño institucional para reformar el artículo 102 y crear una fiscalía que sirva. También en 2014 la Constitución prevé la figura de un fiscal especializado en materia de combate a la corrupción, fiscalía que desde entonces tampoco ha logrado pasar de la letra de la Constitución a los hechos.

Tampoco se ha nombrado, como ya se decía, los 18 magistrados especializados en materia de responsabilidades administrativas, 3 que integrarían la sala superior y 15 que integrarían las 5 salas regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que prevé lo que estableció la norma anticorrupción en 2016.

Es decir, que desde el 19 de julio de 2017, que entró en vigor el Sistema Nacional de Anticorrupción, este se encuentra incompleto, lo que ha impedido la debida implementación del Sistema Nacional Anticorrupción dejando la evidencia de la falta de voluntad política para integrarlo.

Al respecto le pregunto, señora secretaria. Más allá de los casos de corrupción que se han puesto sobre la mesa y que ya procesa la Secretaría a su cargo y los cuestionamientos que hubiera para su desempeño. Le pregunto, ¿considera usted que la falta del fiscal anticorrupción y la falta de los magistrados especializados en materia de responsabilidades administrativas ha impedido el óptimo funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción y por ende sancionar a los responsables de los actos de corrupción?

Y asimismo le pregunto, ¿qué porcentaje de avances se tiene en la implementación de la importante plataforma digital del Sistema Nacional de Anticorrupción? Por sus respuestas, gracias.

El presidente diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo: Muchas gracias, diputado. Ahora tiene el uso de la voz para responder a la pregunta, hasta por cinco minutos, la maestra Arely Gómez González.

La secretaria Arely Gómez González: Muchas gracias, diputado Juan Carlos Villarreal. En los foros que he tenido la oportunidad de participar, siempre menciono y señalo y hago una invitación para que el Sistema Nacional Anticorrupción pueda ya estar totalmente integrado.

Ahora, ¿qué tenemos pendiente? Tenemos al fiscal anticorrupción y tenemos a los magistrados anticorrupción. Estos sí son grandes pendientes, como usted lo señala. Y yo misma lo reconozco, ya que –al tener ellos encomendadas actividades de investigación y sanción de faltas administrativas y actos de corrupción– pues son un elemento importante en el combate a la corrupción. Sin embargo, como se ha mencionado aquí, eso corresponde al Senado de la República, pero tengo la gran expectativa de que pronto deben ser nombrados antes de que termine este primer periodo de sesiones en el mes de diciembre.

Ahora, me voy a referir al caso de los nombramientos de los magistrados anticorrupción. Si bien el presidente dela República, él, tiene la obligación de presentar una serie de candidatos para su posterior selección en el Senado de la República, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, presentó ante el Senado de la República, tal como se establece en la Ley Orgánica, cinco ternas para llevar a cabo la designación. De ahí no fue, no se llevó a cabo el procedimiento.

Ahora, tengo presente ya conocimiento de que el Poder Judicial de la Federación emitió una sentencia en la que determinó la obligación del presidente de justificar pormenorizadamente la idoneidad de los candidatos. Sin embargo, esa resolución aún se encuentra pendiente de revisión por parte de una instancia superior que, en caso de que se confirme la resolución, pues el Ejecutivo federal deberá cumplir en sus términos los resolutivos de la misma.

Ahora, también quiero dejar sentado que, a pesar de la ausencia del fiscal anticorrupción y de los magistrados anticorrupción, el comité coordinador ha podido iniciar sus funciones desde el 4 de abril de 2017 y a la fecha se han celebrado 7 sanciones en las que se han presentado distintos insumos que dan cumplimiento a las atribuciones que la ley le otorgó al Sistema Nacional Anticorrupción. Y reitero que varios de sus insumos los hizo la Secretaría de la Función Pública.

Podría señalarles cómo los fuimos entregando, qué sesiones, pero creo que ya no profundizo, si no luego le mando una lista de estos. Sobre todo porque en las ceremonias de instalación, en las sesiones de instalación de ambas comisiones se entregó.

No. Nada más en la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, en Cámara de Diputados y también en Cámara de Senadores, se entregó todos estos trabajos que son muy valiosos y que se deben estar ocupando, pues tienen como objeto abonar a la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción y dar cumplimiento a las obligaciones que la ley le atribuyó al comité.

Ahora bien, sin duda los nombramientos que usted señala son de la máxima relevancia para la completa implementación, pero nosotros seguiremos impulsando desde el ámbito de mi competencia el correcto y eficaz funcionamiento.

En relación con la Plataforma Digital Nacional, hoy, el día de hoy se publicaron en el Diario Oficial las bases para su implementación, que precisamente es uno de estos trabajos que le comento que fueron elaborados por la Secretaría de la Función Pública. Y hay que pues avanzar mucho en la Plataforma Digital Nacional. Si puedo posteriormente profundizo en esto, porque es lo que le dará vida. Así como nos hacen falta los magistrados y el fiscal, también nos hace falta la Plataforma Digital Nacional. Eso hay que sumarlo a la lista de pendientes, ¿verdad? Muchas gracias por su interés.

El presidente diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo: Muchas gracias, señora secretaria. A continuación, para comentarios, el diputado Juan Carlos Villarreal Salazar, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El secretario diputado Juan Carlos Villarreal Salazar: Sí. El comentario es precisamente porque a través de la plataforma se pretende que se convierta está, en una fuente primaria y fidedigna de información que permita detectar los actos de corrupción y facilite la actuación de los órganos ejecutores del Sistema Nacional Anticorrupción, para el cumplimiento eficaz de sus tareas en la investigación y sanción de los corruptos.

Dicha plataforma no puede seguir siendo postergada, nos da gusto que ya esté en proceso. Y debemos blindar los recursos de los y las mexicanas con las herramientas óptimas para poder obtener los resultados que queremos, porque la petición de los ciudadanos que nos hacen a los diputados y a todos los que estamos en el trabajo público es cuándo van a estar sancionados, debidamente identificados, quienes tienen responsabilidad en los actos de corrupción y que haya en realidad culpables.

Por eso invito a que en este cierre de administración, secretaria, ojalá y se pueda saber el estado que guardan todas las investigaciones sin excepción y tener un diagnóstico claro de los obstáculos y los retos, como ya lo mencionaba al principio de esta dependencia, en los diferentes procesos, en aras de que el trabajo que tienen estas Comisiones Unidas en materia de anticorrupción, vigilancia y transparencia pueda consolidarse el Sistema Nacional Anticorrupción.

Y en honor a la verdad ojalá y se transparenten todas las investigaciones y casos de corrupción, los responsables y las sanciones que se han impuesto a estos. Es cuanto. Muchas gracias.

El presidente diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo: Muchas gracias, señor diputado.

El presidente diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo: Ahora, para formular su pregunta, tiene el uso de la voz hasta por cinco minutos la diputada Dionicia Vázquez García, de la Fracción Parlamentaria del Partido del Trabajo.

La diputada Dionicia Vázquez García: Muy buenas tardes. Con el permiso del señor presidente. Con el permiso de la mesa. Agradezco en este día la presencia de la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez González, por venir a este recinto a comparecer. Pero, atención, secretaria, a quien le debe rendir cuentas es a todo el pueblo de México, a quien por cierto usted todos estos años le ha fallado.

La Secretaría de la Función Pública es responsable de que los servidores públicos federales se apeguen a la legalidad durante el ejercicio de sus funciones, así como de sancionar a los que no lo hacen de esa forma. En todo el tiempo que lleva en esta Secretaría jamás se ha pronunciado en contra de algún servidor público que ha incurrido en actos de corrupción. ¿Por qué será? Incluso, hace unos días declaró que Rosario Robles, implicada en La estafa maestra, no iba a ser sancionada.

Secretaria, su trabajo es velar que los funcionarios públicos hagan correcto uso de sus funciones, pero usted no está cumpliendo con las suyas. La pregunta aquí es realmente qué está usted haciendo, de qué forma está trabajando.

Respecto al caso de Odebrecht queremos respuestas, queremos los nombres de los responsables y que se aplique todo el peso de la ley. Usted ha presumido sanción a las empresas, pero evita hablar de los responsables. Hace un año dijo que la Secretaría de la Función Pública estaba lista para emitir las sanciones correspondientes, pero el Poder Judicial por conducto de un juicio de amparo decidió proteger a los implicados.

También dio a conocer un nuevo hallazgo, el cual podría ser el inicio de nuevos procedimientos para poder girar las sanciones correspondientes. A pasado un año, ¿cuál es ese nuevo hallazgo?, y lo más importante, ¿quiénes está involucrados?, ¿quiénes son?, y ¿de qué manera resolverán el caso?

Porque en todos los países que recibieron sobornos por parte de esta empresa existen sancionados y en nuestra nación no se conocen los nombres ni se ha ejercido acción penal alguna.

México, ya está harto de servidores públicos llenos de mentiras y de asuntos sin resolver. Quienes no nos dan explicaciones suficientes de lo que realmente ha pasado, pero lo que he mencionado es solo un punto de dos muy importantes que tenemos que tratar y que usted tiene que explicar.

Fue nada más y nada menos que la procuradora general de la República del 3 de marzo de 2015 al 26 de octubre de 2016. Es decir, tomó el cargo en el momento más indicado para que pudiera dar respuesta a los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa y a todo el pueblo de México, pero usted brillo por su ausencia.

El tiempo que usted que estuvo como procuradora, únicamente, salía a lamentar la situación, pero jamás dio respuesta a todas las familias que desesperadamente siguen buscando a sus hijos. Son familias que van a quedar con ese sufrimiento y dolor toda la vida.

A pesar de que usted ya no es la procuradora vengo a hablar en nombre de todo el pueblo de México que sigue exigiendo respuesta del caso Ayotzinapa. Jesús Murillo Karam, se fue, se cansó o qué fue lo que le pasó, pero usted ¿qué ha hecho?, ¿por qué nunca llamaron a militares a que dieran su declaración de los hechos?, ¿por qué sigue sin existir una verdad que realmente este bien fundada y motivada con pruebas de lo sucedido? Secretaria.

Tuvo en sus manos la posibilidad de pasar a la historia como la procuradora que esclareció uno de los peores y vergonzosos sucesos de la historia de México. Sin embargo, opto por callar lo que todo un país sigue exigiendo.

Debió haber sido un ejemplo por seguir para todas las mujeres, ya que iba a marcar un antes y un después en la vida política, porque realmente tuvimos la confianza de que usted podría ser quien hiciera la diferencia, pero nos equivocamos, todo el gobierno que está por salir nos mintió y nos traiciono.

Como puede darse cuenta mi discurso está lleno de preguntas, pero ha sido porque todos estos años lo que usted ha dejado han sido huecos inmensos de dudas que todos los mexicanos queremos que se resuelvan, el pueblo de México no permitirá más engaños y traiciones, no permitirá argumentos soeces.

Secretaria, aún no se va, quedan todavía poco menos de 40 días para que pueda retirarse con tranquilidad, no sin antes haber rendido las cuentas que nuestro país exige. Cree que esta secretaría que usted ahora preside ¿sí sirve?, o como se comenta en las calles, es solo una dependencia tapadera institucional que cobija la corrupción de algunos.

Le pedimos, señora secretaria, que todavía tiene la oportunidad estos días de salir airosa de esta encomienda que le dio México, esperamos mucho de usted y esperamos que nos diga la verdad de quiénes son esos funcionarios que están involucrados y que no han sido tocados. Sancionan a los que menos deben de sancionar, pero los verdaderos cumplibles siempre los han protegido y ya andan fuera en la calle como... debería de estar en la cárcel como viles estafadores y los que han hundido a México en el lugar donde estamos. Exigimos que esas personas estén en la cárcel, muchas gracias.

Es cuanto.

El presidente diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo: Muchas gracias, señora diputada. Para dar respuesta hasta por cinco minutos la maestra Arely Gómez, titular de la Secretaría de la Función Pública.

La secretaria Arely Gómez González: Diputada Dionisia Vázquez, gracias por su pregunta. En relación con el tema Odebrecht, reitero lo antes señalado, la Secretaría de la Función Pública es competente para conocer y resolver únicamente responsabilidades administrativas tanto de servidores públicos como de empresas.

Resumidamente se han investigado a 21 filiales de Odebrecht, derivado de la auditoría transversal que se realizó y de una de estas se ha sancionado a dos por los contratos celebrados con Pemex, identificados como Tula I y Tula II, las filiales son constructora Norberto Odebrecht y Odebrecht Ingeniería en Construcción Internacional.

También se ha investigado y sancionado por el contrato de Tula II, a los representantes legales de las empresas filiales y también se investigó a servidores públicos de Pemex y se ha sancionado por el contrato de Tula I al residente de la obra de la empresa productiva del Estado.

Las sanciones impuestas que efectivamente hace un año se me comentó, se me preguntó en este mismo recinto estas acciones, al día de hoy que no eran las mismas que teníamos hace un año, tenemos tres inhabilitaciones por 4 años, 2 años, 2 años seis meses, así como multa de 543.48 millones de pesos a Constructora Norberto Odebrecht. También una inhabilitación por 2 años seis meses y multa de 543.8 de pesos a la empresa Odebrecht Ingeniería Construcción Internacional de México.

Dos de inhabilitación por 2 años 3 meses y 12 días y sanción económica de 1.26 millones de pesos a dos representantes legales de la empresa, dos en contra del servidor público con destitución de cargo inhabilitación por 10 años y multas por la cantidad de 2.5 y 119 millones de pesos.

Efectivamente, en contra de esas resoluciones las empresas y sus directivos han promovido los medios de defensa respectivos. Adicionalmente el pasado 16 de agosto se iniciaron otros dos nuevos procedimientos, mismos que se están substanciando, uno contra la filial de Odebrecht y otro contra un servidor público de Pemex.

También se tiene otro expediente en integración de hace un año que estuvimos en este recinto al día de hoy, no se ha dejado de trabajar un solo día en estos expedientes y para poder lograr los resultados que tenemos.

Ahora, reitero, en cuanto a denuncias penales. En el ejercicio de las facultades, la Secretaría de la Función Pública, verificó la evolución patrimonial e inicio 16 procedimientos, 10 siguen en trámite y de los concluidos 4 se archivaron y 2 se remitieron a la unidad de asuntos jurídicos para la presentación de la denuncia penal ante la Procuraduría General de la Republica.

Reitero, el posible soborno, que es lo que se ha estado mencionando en todos los países, la Secretaría de la Función Pública, no ha investigado porque al momento de los hechos, la conducta de cohecho no estaba prevista en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativa. Nosotros investigamos lo que la ley nos permitía, adjudicación y ejecución de los contratos.

Ahora bien, yo para dar los nombres de los servidores públicos y de los representantes de la empresa, hasta en tanto no se resuelvan los procedimientos que se están subsanando, debo de ser respetuosa de debido proceso y no puedo aportarles, lo siento, mayores detalles de la información, pero tengan la seguridad de que mi compromiso es que las irregularidades detectadas serán sancionadas en el ámbito de competencia de la Secretaría de la Función Pública y no quedarán impunes. Es cuanto.

El presidente diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo: Muchas gracias, señora secretaria. Para comentarios hasta por dos minutos tiene el uso de la voz la diputada Dionisia Vázquez García.

La diputada Dionisia Vázquez García: Como lo han hecho los funcionarios públicos que han comparecido ante esta soberanía, las respuestas que han vertido ante esas comisiones unidas, están encaminadas a matizar el legado del gobierno de Enrique Peña Nieto, que tiene como principales características la falta de certeza jurídica, la ineficiencia e ineficacia que deriva en ausencia de buenos resultados.

Desde la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo le decimos que el pueblo de México no olvida ni olvidará casos tan lamentables como el socavón del Paso Express, la Casa Blanca, la estafa maestra, Odebrecht y los 43 estudiantes de Ayotzinapa., por mencionar los más conocidos de la opinión pública.

No estamos de acuerdo en señalamientos previos que hacen alabanza a su desempeño como funcionaria pública. En su paso por la PGR no tuvo resultados claros que le dejaron sus antecesores: Tlatlaya, los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, Nochixtlan, entre otros casos no menos graves.

Al frente de la Secretaría de la Función Pública el panorama no fue distinto, así lo advierte la impunidad de la que gozan los altos funcionarios en la administración que está por terminar.

El combate a la corrupción ha sido una mera simulación, por eso no extraña que Enrique Peña Nieto sea el primer presidente de México que se busca amparar antes de terminar su gestión.

Insisto, la administración de Enrique Peña Nieto pasará a la historia por su incapacidad e inestabilidad en la investigación y sanción de los grandes actos de corrupción.

Por lo que respecta a su etapa al frente de la Función Pública, el gran legado que deja con las sanciones insuficientes a empresas y funcionarios implicados en verdaderos escándalos como los referidos.

Lo anterior en contravención de los principios constitucionales de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia. Por lo expresado lamento decirle que las investigaciones realizadas a funcionario públicos por parte de la secretaría a su cargo, carecen de veracidad, imparcialidad y de certeza jurídica, tal y como lo han hecho constar diversos organismos de investigación, entre ellos Evalúa y Fundar. Es cuanto, muchas gracias.

El presidente diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo: Muchas gracias, señora diputada.

El presidente diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo: Para formular su pregunta, hasta por cinco minutos, el diputado Iván Arturo Pérez Negrón, del Partido Encuentro Social. Adelante, diputado.

El diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz: Con su permiso, diputados presidentes, señora secretaria, a nombre de la coalición Juntos Haremos Historia, el grupo parlamentario de Encuentro Social agradezco su presencia, la cual representa el cumplimiento a la obligación de participar en la glosa del Sexto Informe de gobierno, el cual, por cierto, enumera en muy pocas ocasiones dentro de las 700 páginas que tienen en su conjunto el volumen.

Un tema que se anunció en el Plan Nacional de Desarrollo, como muchos de los anuncios que se han hecho con bombo y platillo, y donde lo único que se destaca, desafortunadamente fueron las asesorías prestadas a algunos de los temas escabrosos que hoy además dan cuenta de que prácticamente los resultados son nulos.

En el Índice de Percepción de la Corrupción 2017, la calificación de México empeoró por un punto, pasando de 30 a 29 en una escala que va de 0 a 100, donde 0 es el peor evaluado en corrupción y 100 es el mejor evaluado en la materia.

Esto ubica, desafortunadamente a México en la posición número 135 de 180 países evaluados en materia anticorrupción, lo cual sin duda abre una gran área de oportunidad para el gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador y que aún con los detractores, cuando se ha señalado que sí es posible lograr que haya recursos para apoyar los programas sociales, partiendo del combate a la corrupción, todavía hay voces que siguen denostando esa aspiración legítima de la gente, la cual fue manifestada durante la campaña y plenamente legitimada en las urnas.

Como podemos ver, la corrupción es un mal que aqueja gravemente a nuestro país y es la razón por la cual desde esta tribuna anunciamos que de la mano del gobierno de la cuarta transformación seremos implacables contra este nefasto mal.

De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, se desviaron y realizaron malos manejos financieros en diversas dependencias por un monto muy importante en perjuicio del erario público, y mejor dicho, en perjuicio de las y los ciudadanos que con tanto esfuerzo pagan sus impuestos esperando que se les retribuya en acciones y en obras en beneficio de su bienestar y su calidad de vida.

Asimismo la Auditoría Superior estimó que se incumplieron con los objetivos del programa que espira a mejorar las condiciones de vida de los hogares más pobres de México.

En esta comparecencia se ha hablado mucho del Sistema Nacional Anticorrupción se ha hablado mucho de que las facultades y atribuciones de la secretaría a su cargo no le permiten dar cuenta hoy de resultados verdaderamente tangibles donde los ciudadanos se sientan plenamente reconocidos en su legítima aspiración.

Pero hablemos de aquellas facultades que sí se encuadran dentro del marco normativo de la secretaría a su cargo. Qué ha pasado con los programas también anunciados mediáticamente, en materia de control interno, en materia de prevención, en materia de reencauzar a una nueva generación de servidores públicos para que actuaran conforme a lo que las disposiciones legales establecen, pero fundamentalmente a partir de principios y de valore éticos que son los que deben guiar a la actuación pública.

Por ello yo le preguntaría: en términos reales desde su secretaría qué acciones se han emprendido para combatir los riesgos de la corrupción, los abusos y los fraudes potenciales que se han presentado en prácticamente todas las dependencias del gobierno y peor aún, en entidades federativas y municipios que también ya son plenamente conocidos del dominio público. Por su puntual respuesta, muchas gracias.

El presidente diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo: Muchas gracias, señor diputado. Para dar respuesta, hasta por cinco minutos, la maestra Arely Gómez González, titular de la Secretaría de la Función Pública.

La secretaria Arely Gómez González: Muchas gracias, diputado Jorge Arturo Argüelles, ah, no, me pasaron la lista, cambiaron, disculpe, Iván Arturo Pérez Negrón, una disculpa que fue aquí ¿verdad? Ahora ¿Qué se ha hecho en la Secretaría de la Función Pública? Se ha hecho mucho, se ha hecho mucho.

Se ha hecho mucho desde las tres subsecretarías que forman parte de la misma, y desde la titularidad de los órganos internos de control.

Por ejemplo, les quiero dar un dato importante. Acciones relacionadas con esto. Difusión y divulgación en materia de ética, integridad pública y prevención de conflictos de interés. Lo que se preguntaba de prevención.

A través de la Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Interés se han elaborado 220 materiales, entre los que destacan infografías, videos, trípticos, manuales, en fin, cuyo objetivo es la promoción de principios, valores y reglas de integridad que deben regir el desempeño de quienes laboran en el servicio público.

También se cuenta con un tópico dentro de la plataforma gob.mx en la que se encuentran disponibles estos materiales que se han distribuido, pero ahí están. Y las actividades que realiza esta unidad dentro de sus atribuciones. Asimismo, les señalé los Comités de Ética que tenemos instalados en la administración pública federal y donde se tiene la posibilidad, en estos Comités de Ética, de vincular información en materia de ética, integridad pública y prevención de conflictos de interés.

Enfocándome ya bien al Comité de Ética y Prevención del Conflicto de Interés. Dentro de los 305 Comités de Ética y Prevención... están integrados por 5 mil 200 servidores públicos y servidoras públicas. De los cuales tenemos 49 por ciento de hombres y 50 por ciento de mujeres.

La Secretaría de la Función Pública, a través de la Unidad de Ética, concluyó el presente año la evolución integral de los comités, mismos que lograron una calificación promedio de 86.6 por ciento. Destacando que 200 de ellos obtuvieron una calificación superior a 91. La Secretaría de la Función Pública, a través de la Unidad de Ética y también con apoyo de los comisarios que asisten a los Cocodis, está siempre atenta a que se les dé cumplimiento a todas las recomendaciones emitidas por estos comités.

Ahora, qué hemos hecho en cuanto a control y evaluación de la gestión pública, que sería otro tema... en cuanto al tema que mencionaba, diputado, de control interno. Se realiza anualmente desde el 2013 la autoevaluación del sistema de control interno Institucional en las dependencias y entidades de la administración pública federal. En apoyo a este proceso, la Secretaría de la Función Pública brindó capacitación relacionada con control interno y administración de riesgos a los servidores públicos.

Con relación a la evaluación de la gestión gubernamental, que también lleva a cabo la Secretaría de la Función Pública, se conformó un modelo estándar integrado por diversos indicadores que permiten valorar de la misma forma a todas las dependencias y entidades de la administración pública federal... que al 2017 se valoraron 277 instituciones, y el resultado global fue de 82.3.

Y por lo que se refiere... que es otro tema también muy relacionado con esto, al control... al tema de patrones beneficiarios, ya señalé anteriormente en mi comparecencia cómo se ha logrado... debido a una recomendación también de la Auditoría Superior de la Federación... cómo se ha consolidado el sistema integral de información de padrones gubernamentales, con el propósito de ya tener un ejercicio, de propiciar el eficiente ejercicio de los recursos públicos, y coadyuvar mediante la elaboración de informes y confrontas a la evaluación integral de la política distributiva de los subsidios del país. Les puedo señalar que en el año 2017 se hicieron 16 confrontas de los padrones. Y en el año 2018 llevamos ahorita 20.

Ahora también, con relación al seguimiento de las auditorías realizadas por los órganos internos de control y todo el registro de recuperaciones y ahorros derivados de la intervención de éstos, así como lo muy importante que es la promoción de solventaciones de acciones determinadas por la Auditoría Superior de la Federación durante el periodo de 2013 a 2018, me voy a enfocar al año que me corresponde. Le hemos dado en el 2017 seguimiento de auditorías 2010.

El monto de reintegros a la Tesorería: mil 43 millones de pesos. Y número de acciones solventadas por la Auditoría: 2 mil 544. Entonces la Secretaría de la Función Pública, dentro de su marco normativo, está trabajando y dando resultados, que se irá consolidando todo este trabajo realizado al pasar de los años. Gracias. Es cuanto.

El presidente diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo: Muchas gracias, señora secretaria. Para comentarios hasta por dos minutos, el diputado Iván Arturo Pérez Negrón.

El diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz: Muchas gracias, secretaria. Para México es muy lamentable que tengamos tan altos índices de corrupción. Le agradezco sus respuestas. Y espero que en estos últimos días de ejercicio gubernamental siga coadyuvando desde la dependencia a su cargo en la consolidación del Sistema Nacional de Fiscalización y, por ende, de este espectro que es fundamental para la vida de las y los mexicanos.

La corrupción en México le cuesta el 9 por ciento del producto interno bruto al país, según datos oficiales del Banco de México. De acuerdo con el informe de Transparencia Internacional, “Las personas y la corrupción de América Latina y el Caribe mexicano”, desafortunadamente México es el país con el mayor índice de corrupción.

No podemos permitir que nuestro país siga arrastrando este lastre. No podemos permitir que las nuevas generaciones sigan estancadas por la corrupción de unos cuantos. Por ello desde el Congreso trabajaremos arduamente para que con el nuevo gobierno logremos impulsar las reformas legislativas que verdaderamente materialicen la aspiración de los ciudadanos a vivir en un país sin corrupción.

A que podamos verdaderamente estar a la altura de las expectativas que cuando inició este gobierno se tenían. Desafortunadamente hoy lo que tenemos sí son estadísticas, pero en el marco de la vida cotidiana de las familias lo que tenemos es una gran queja, porque en este país sigue privando la corrupción y la falta de ética entre los servidores públicos. Muchas gracias.

El presidente diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo: Gracias, señor diputado.

El presidente diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo: Para formular su pregunta, el diputado Fernando Donato de las Fuentes Hernández, de la Fracción Parlamentaria del PRI, hasta por cinco minutos.

El diputado Fernando Donato de las Fuentes Hernández: Antes que nada, tengan todas y todos ustedes muy buenos días. Con el permiso de la Mesa Directiva de estas dos comisiones unidas, señora secretaria Arely Gómez, bienvenida.

Como todos sabemos, el pasado 7 de septiembre de 2017 se registró un sismo de magnitud 8.2 grados que causó daños en diversas localidades de Oaxaca y Chiapas. Al siguiente día los gobiernos de los estados afectados solicitaron al Centro Nacional de Prevención de Desastres la corroboración del fenómeno natural. Dada la situación del sismo se requería una respuesta contundente para atender los efectos devastadores, con la finalidad de que las comunidades volvieran a la normalidad lo antes posible.

Razón por la cual el gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación del 12 de septiembre de 2017 el acuerdo por el que se instruye a las dependencias y entidades de la administración pública federal y a las empresas productivas del Estado a realizar diversas acciones orientadas a la atención de las zonas afectadas por el sismo ocurrido en la fecha señalada.

Fue importante la labor inmediata que asumieron las dependencias y entidades de la administración pública federal en las acciones que realizaron de manera coordinada para cuantificar los daños provocados por el sismo, siendo esto el punto de partida para las siguientes tareas de apoyo, reconstrucción y rehabilitación.

En el referido acuerdo se encomendó a la Secretaría de Desarrollo Agrario y Territorial y Urbano, elaborar el censo de viviendas dañas, que sirviera para la programación de la reconstrucción, rehabilitación y mejora de los hogares afectados, y la Secretaría de Educación Pública se le designó para identificar las escuelas dañadas en coordinación con las distintas dependencias y entidades de la administración pública federal, así como para implementar las medidas necesarias para su rehabilitación.

Desafortunadamente, el 19 de septiembre de 2017 la Ciudad de México, Puebla, Morelos, Guerrero, estado de México, Tlaxcala y Veracruz también se vieron afectados por otro sismo cuya intensidad fue de 7.1 grados, y en consecuencia las autoridades locales solicitaron a Conapred la corroboración del fenómeno natural.

En respuesta a estos sucesos, el gobierno federal dio a conocer una estrategia coordinada con los gobiernos de las entidades federativas afectadas por los sismos, para promover resguardo, registro y reconstrucción. El resguardo se refería a asegurar el albergue, la alimentación y la atención médica a la población damnificada.

El registro se relacionaba con el censo de daños y afectaciones, y a través de la reconstrucción se buscó destinar los apoyos del Fideicomiso del Fondo para Desastres Naturales, de una manera transparente y eficiente a aquellos que más lo necesitaban.

En el Diario Oficial de la Federación del 27 de septiembre de 2017 se publicó el acuerdo por el que se reforma el diverso por el cual se emiten las reglas generales del Fondo de Desastres Naturales, en el que se estableció que el gobierno federal suscribiría  un convenio de coordinación con cada una de las entidades federativas en las que se acordarían los términos generales para la ejecución de obras y acciones de reconstrucción de infraestructura estatal, a través de las dependencias y entidades federales.

Las declaratorias de desastre natural fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación en septiembre de 2017, permitiendo el acceso a los recursos del Fondo de Desastres Naturales a través de la suscripción de los convenios de coordinación que se formalizaron con cada una de las entidades federativas afectadas.

El gobierno de la República calculó que 200 mil familias aproximadamente, sufrieron afectaciones en su vivienda, lo que significó un impacto en su situación de pobreza patrimonial y por lo tanto en los estándares de vida de una población ya expuesta a condiciones vulnerables en regiones de alta marginalidad, siendo Oaxaca el estado más afectado en términos de daños estructurales de las viviendas.

Por todos es conocido que se ha destinado una cantidad importante de recursos públicos para el proceso de reconstrucción, sin embargo, aún persisten casos en los cuales ni las viviendas ni la totalidad de los planteles educativos han sido reconstruidos. Por ello es importante mencionar que la transparencia y la rendición de cuentas son los pilares de una gestión pública eficiente.

A través de la fiscalización de los recursos públicos se fortalecen dichos pilares, se contribuye al fortalecimiento de la confianza ciudadana en las instituciones gubernamentales y se limitan los espacios de discrecionalidad.

Por todo lo anterior, señora secretaria, ¿podría compartirnos qué acciones ha realizado la Secretaría a su cargo para vigilar la correcta aplicación de los recursos destinados al proceso de reconstrucción, y de esta manera asegurar que todas las personas afectadas cuenten con una vivienda y que todos los niños que asisten a la escuela que sufrieron daños, dispongan de instalaciones adecuadas? Si fuera usted tan amable. Muchas gracias.

El presidente diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo: Muchas gracias, señor diputado. Tiene respuesta a la pregunta hasta por cinco minutos, la maestra Arely Gómez González, titular de la Secretaría de la Función Pública. Adelante.

La secretaria Arely Gómez González: Diputado Fernando Donato de las Fuentes Hernández, gracias por su pregunta. Qué se ha hecho en la Secretaría de la Función Pública. Se ha hecho varias acciones hemos emprendido. La primera de ellas fue habilitar el sistema de denuncias denominado Sidec, para abrir un apartado donde todos los ciudadanos pudieran presentar cualquier denuncia o irregularidad que tuvieran relacionado con los sismos.

Por otro lado, también se inició una auditoría transversal a diversas dependencias y entidades de la administración pública federal, con el objetivo de verificar, primero el levantamiento de censos de viviendas con afectaciones. Segundo lugar, la contratación de la asistencia técnica a los afectados, y tercero, la aplicación de recursos.

Esta auditoría concluyó en julio y se encontraron algunos hallazgos, hallazgos que se hicieron saber a las dependencias para que tuvieran la posibilidad de presentar aclaraciones al respecto, y estamos ahorita en este momento donde se están presentando aclaraciones por parte de las instituciones que fueron auditadas.

Por otro lado, en relación con el Fonden, de los hechos derivados de los sismos del 7 y 19 de septiembre, la Secretaría de la Función Pública conformó un grupo multidisciplinario para darle seguimiento a la reconstrucción de las viviendas en las entidades afectadas, que son Oaxaca, Chiapas, Cuidad de México, Guerrero, estado de México, Morelos, Puebla, Veracruz.

Participaron en el grupo multidisciplinario la Secretaría de Gobernación, la Sedatu, Bansefi, Banobras, la Secretaría de Economía, Conavi, la Secretaría de Hacienda, Sedesol y la Secretaría de la Función Pública.

Quincenalmente a partir de ese momento se llevar a cabo una reunión de trabajo con las instituciones mencionadas, con el propósito de revisar los avances en la reconstrucción, además de realizar gestiones ante las mismas instancias para avanzar en los trámites burocráticos, obteniendo los siguientes resultados.

Del tema de la demolición, retiro y acarreo, al día de hoy tenemos 100 por ciento de avances, ya sí se fueron analizando recursos totales transferidos del Fideicomiso, a las secretarías. Ahí tenemos al 12 de octubre, que faltan por transferir 5 millones, 942 mil pesos.

Avance en la asignación de recursos, el 95 por ciento del total del monto depositado entre el total gastado. Y el avance de la reconstrucción en la reconstrucción de viviendas, donde tenemos porcentajes que van hasta al 100 por ciento.

Ahora bien. Al cierre se encuentra en proceso, sin embargo, aún estamos conciliando cifras entre Bansefi y Sedatu, y se estima que el mes del 25 del mes y año en curso, o sea en dos días, el Comité del Fonden sesione para ya aprobar el cierre, o en su caso aprobar cambios.

Ahora bien. Hubo algunas reclamaciones en el tema de las clonaciones. Se encuentran 504 cuyo monto fue de 3.7 millones de pesos. La investigación está a punto de cerrarse y se espera que concluya igualmente en el mes de octubre.

Ahora bien. También les quiero comentar que para la supervisión de la reconstrucción se contó con la ayuda de mujeres vigilantes, verificadoras y asistentes técnicos, también el sistema Sidec que les comentaba, y se hicieron observaciones realizadas por el OIC en la Secretaría de Cultura. Ya fueron solventadas.

El OIC en el Instituto Nacional de Antropología e Historia ha llevado a cabo la solventación de observaciones. El OIC en Sedatu se han atendido dos de cuatro observaciones, y la Unidad de Auditoría Gubernamental, que es la que inició la anterior auditoría que les comenté que fue una auditoría integral y transversal, está en espera de los resultados de auditoría.

Entonces hemos hecho esto y varias otras cosas más relacionadas con las acciones de verificación de reconstrucción.

Ahora bien. Les puedo comentar que con el propósito de verificar también el cumplimiento de la aportación estatal por parte de los gobiernos estatales, la Secretaría de la Función Pública inició también visitas de inspección correspondientes y fueron en los estados de México, Puebla y Oaxaca, que están en etapa de investigación, de integración de resultados. Ya estamos integrando los resultados y la visita de inspección en Chiapas, se acaba de cerrar el 8 de octubre.

También la Secretaría de la Función Pública impulsó la Contraloría Social para el monitoreo del ejercicio de los recursos públicos y se remitieron a los órganos estatales de control las bases de datos para ello. Es cuanto. Es mi tiempo. Gracias.

El presidente diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo: Muchas gracias, señora secretaria. Para comentarios, hasta por dos minutos, la diputada Marcela Guillermina Velasco González, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional.

La secretaria diputada Marcela Guillermina Velasco González: Buenas tardes a todos. Con su permiso, señores presidentes. Señora secretaria, muchas gracias por estar aquí, la saludo con mucho cariño y respeto. Y saludo también a los funcionarios de la Secretaría de la Función Pública, gracias por estar aquí y gracias por todo su trabajo.

Con las acciones realizadas por la Secretaría de la Función Pública para vigilar el correcto uso de los recursos públicos destinados a los trabajos de reconstrucción se fortalece las transparencia y la rendición de cuentas.

La verificación de los recursos públicos destinados a la reconstrucción resulta fundamental para identificar posibles deficiencias y proponer recomendaciones, así como fortalecer los mecanismos para la atención de las secuelas de la contingencia.

El papel de la Secretaría de la Función Pública en el proceso de reconstrucción ha sido una pieza fundamental para brindar certeza a los ciudadanos sobre el uso, destino y operación de los recursos públicos.

Seguramente habrá situaciones pendientes de resolver y daños en vivienda aún sin reconstruir, y tenemos la confianza de que los hallazgos determinados en la auditoría que practicó la Secretaría de la Función Pública retomaron estos pendientes para estar en condiciones de proponer recomendaciones que realmente contribuyan a resolver la problemática que se determinó en la auditoría que usted acaba de compartirnos.

Finalmente, en las Comisiones de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y en la de Transparencia y Anticorrupción reconocemos que la participación ciudadana es fundamental en esta tarea, dado que legitima las políticas adoptadas por el gobierno.

Gracias a las estrategias implementadas en materia de Contraloría Social por parte de la Secretaría de la Función Pública, los ciudadanos pudieron verificar con sus propios ojos que los beneficios se otorgaron a los fines para los cuales estaban destinados.

Esperamos contribuir con ambas comisiones para resolver estas situaciones. Muchas gracias, señora secretaria. Es todo, señores presidente.

El presidente diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo: Gracias, señora diputada.

El presidente diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo: Ahora, para formular su pregunta, hasta por cinco minutos, tiene el uso de la voz el diputado Iván Arturo Rodríguez Rivera, de la fracción parlamentaria de Acción Nacional.

El diputado Iván Arturo Rodríguez Rivera: Con su permiso, diputado presidente. Sea usted bienvenida, señora secretaria. Compañeras y compañeros legisladores, en Acción Nacional estamos convencidos de que una verdadera democracia debe tener como base la transparencia y la honestidad de sus instituciones, por lo que la administración pública federal y los titulares de las dependencias que la conforman deben ajustar su actuar al mandado constitucional de realizar sus funciones con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia.

Lamentablemente, son justamente esos principios a los que han faltado muchos servidores públicos durante la presente administración. Ominosos casos de corrupción por todos conocidos como el de la estafa maestra nos obligan a exigir que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes y se resuelvan y sancionen todos aquellos actos que implicaron el desvío de aproximadamente más de 6 mil millones de pesos de entre el año 2012 y el 2016, según datos de la Auditoría Superior de la Federación en el informe de la Cuenta Pública 2016.

Consideramos que la colaboración entre las dependencias es un principio fundamental de la administración pública, a fin de que esta cumpla con su función principal, que es velar por el bien común de la sociedad.

Ante ello la colaboración de la dependencia a su cargo y aquellas unidades especializadas en detectar actos, omisiones y operaciones con recursos de procedencia ilícita, como lo es la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, resultaría por demás provechosa para que mediante el intercambio de la información con la que cuentan en atención a sus atribuciones se pueda detectar la comisión de algún delito que implique el desvío de recursos públicos federales.

Varios estudiosos del tema han señalado que el combate a esta práctica debe iniciar de arriba hacia abajo, por lo tanto, es necesario que las investigaciones se realicen desde los principales puestos donde se toman las decisiones fundamentales en cada materia.

En el informe que se analiza se proporcionan diversos datos sobre los procedimientos de revisión de las declaraciones patrimoniales o análisis de evolución patrimonial, además de la realización de diversos talleres en el tema de lavado de dinero, para capacitar a los servidores públicos de la dependencia.

Sin embargo, dichas acciones deben pasar de lo teórico a lo práctico y aplicarse en aquellas investigaciones que son necesarias para resolver los principales casos de corrupción de nuestro país.

En tal sentido, le solicito nos informe si conforme a su atribución de verificar el contenido de las declaraciones patrimoniales la dependencia a su cargo ha iniciado de oficio algún procedimiento de revisión de la evolución patrimonial de los secretarios de estado que han sido inmiscuidos en actos de corrupción, entre los que sobresalen el extitular de Pemex, Emilio Lozoya Austin.

También le pregunto si se han realizado acciones de colaboración o vinculación con la Unidad de Inteligencia Financiera para detectar posibles incrementos e injustificados en el patrimonio de los servidores públicos, familiares que integran el gabinete de esta presente administración. Específicamente, en el caso relativo a la estafa maestra y el patrimonio de la secretaria Rosario Robles, y de quienes le han servido de prestanombres, y sus empresas fantasma.

Por último, le cuestiono: en el caso de la cancelación del tren Ciudad de México-Querétaro, ¿a quién se ha sancionado y quién es el responsable de la sanción resarcitoria por los 16 millones de dólares y el arbitraje por más de 600 millones de dólares que está exigiendo el gobierno chino? Muchas gracias.

El presidente diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo: Muchas gracias, señor diputado. Para dar respuesta, hasta por cinco minutos, la maestra Arely Gómez González, titular de la Secretaría de la Función Pública. Adelante.

La secretaria Arely Gómez González: Muchas gracias, diputado Iván Arturo Rodríguez Rivera. En relación con el tren México-Querétaro, el 15 de agosto de 2014 este proyecto fue suspendido de forma indefinida. Ahora bien, el día 6 de noviembre de... el día 15 de agosto de 2014... Se inició el 15 de agosto, ahí es donde se publica la convocatoria de la licitación y el 3 de noviembre se emite el fallo ganador al consorcio chino-mexicano. El 6 de noviembre de 2014 se determina la no firma.

Entonces reitero, el 15 es cuando se inicia y el 6 de noviembre de 2014 se determina la no firma del contrato y la reposición del proceso de la licitación.

El primero de diciembre de 2014 se notifica al consorcio chino-mexicano la no firma del contrato. Como consecuencia de la no suscripción del contrato mencionado, el consorcio reclamó el pago de gastos no recuperables.

Con fecha 9 de diciembre de 2014 algunos integrantes del Sindicato de Electricistas promovieron una denuncia ante el órgano interno de control, señalando que era irregular que se hubiera determinado efectuar el pago mencionado.

El 14 de enero se publicó la pre-convocatoria del segundo proceso de licitación, sin embargo el 30 de enero de ese año la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció que por reducción de la inversión del gobierno federal el proyecto quedaba suspendido de forma definitiva.

Ahora bien, el 12 de octubre de 2017 se pagó al consorcio chino gastos no recuperables por la no suscripción del contrato. Al respecto cabe señalar que, en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en el artículo 40, último párrafo, y artículo 70 y 82 de su Reglamento, prevén la posibilidad de pagar estos gastos, por lo que no se genera ninguna responsabilidad para los servidores públicos.

Ahora bien, yo no tengo, no tenemos registros de que las empresas mexicanas que conformaban el consorcio aludido se les haya efectuado algún pago de gastos no recuperables. Esta era la última pregunta.

La primera pregunta es, sí existen verificaciones patrimoniales instauradas a Rosario Robles y a Emilio Lozoya. Sin embargo, en ejercicio del derecho de audiencia que les otorga la ley, están en etapa de aclaraciones, por lo que respetando su derecho de defensa no puedo informarles más información al momento.

Por otro lado, hay una gran cantidad de servidores públicos relacionados tanto con el paso exprés como con Odebrecht, como con la estafa maestra, donde se está verificando el patrimonio de servidores públicos y van en distintas etapas dentro de este trámite.

Tenemos entonces, varios servidores públicos, ya sea de Pemex, de SCT, de Sedatu y no solo de ellos que son los temas que han llamado más la atención en los últimos dos años, sino que también tenemos casos importantes que se están relacionando de muchos otros servidores públicos.

Ahora, la pregunta, que si se le solicita a la Unidad de Inteligencia Financiera información. Al día de hoy no le hemos, no ha sido necesario solicitar la información a la Unidad de Inteligencia Financiera, ¿por qué? Porque estos asuntos, estos expedientes ya cuando los terminamos pasan, si es el caso, a ser presentados ante la Procuraduría General de la República y ellos son los que tienen esta relación y he leído, como usted bien lo señala, de que se prevé que ya se le den más atribuciones a la Unidad de Inteligencia Financiera, para poder contar.

Ahorita, le podríamos pedir nosotros información, pero la información nos la daría en vía económica, porque no hay proceso definido y no tendrían pleno valor, ¿verdad? Es cuanto, gracias.

El presidente diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo: Muchas gracias, señora secretaria. Para comentarios, hasta por dos minutos, tiene el uso de la voz el diputado Iván Arturo Rodríguez Rivera, del Partido Acción Nacional.

El diputado Iván Arturo Rodríguez Rivera: ... su obligación constitucional, de dar cuentas claras sobre las acciones que desde la dependencia a su cargo se realizan para erradicar la corrupción, vigilar la gestión pública y el correcto ejercicio de este. Sin embargo, no debemos ignorar que la dependencia a su cargo contribuyó a aumentar la falta de confianza de la sociedad en las instituciones del Estado mexicano, al sancionar de manera tardía solo a ciertos servidores públicos inmiscuidos en los casos de Odebrecht y el socavón en el paso exprés.

Lo anterior, además deja en claro que no se investiga ni se sanciona a los autores intelectuales de aquellas acciones que propician los actos de corrupción, como lo son aquellos que asignan las obras de manera directa sin realizar la debida licitación o que consienten el pago desproporcionado en relación a lo estipulado originalmente del precio de la obra pública.

Es preciso ver hacia adelante, reconocemos que devolver la confianza en las instituciones requerirá tiempo y la realización de las acciones necesarias que permitan forjar una sociedad informada, participativa y que ejerza plenamente su derecho de acceso a la información, de manera que pueda vigilar el actuar tanto de sus representantes como de los servidores públicos que tenemos como principal obligación lograr el bien común en la sociedad.

En Acción Nacional continuaremos trabajando para conseguir un México en el que sí se castigue a quien incumpla la ley. Es cuanto. Gracias, señora secretaria.

El presidente diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo: Muchas gracias, señor diputado. Para formular su pregunta, hasta por cinco minutos, tiene el uso de la voz la diputada Sandra Paola González Castañeda, del Grupo Parlamentario de Morena.

La diputada Sandra Paola González Castañeda: Muchas gracias, presidente, presidentes. Muchas gracias, señora secretaria. El día de ayer, lunes 22 de octubre de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el cual el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción da a conocer el Protocolo para prevenir, detectar, investigar, perseguir y sancionar el cohecho internacional en cualquiera de sus modalidades.

Este texto tiene cuatro... Este protocolo tiene cuatro ejes principales. Número uno, México condena todo acto de corrupción en las transacciones comerciales internacionales. El Estado mexicano cuenta con instituciones sólidas para ser referente de respeto y garantía del Estado de derecho en competencia económica.

Número tres, mediante las normas jurídicas y las instituciones administrativas especializadas en combate a la corrupción, se enfrentan a las redes criminales nacionales e internacionales.

Número cuatro, el Estado mexicano mantiene el compromiso de cumplir con la obligatoriedad convencional, de la cual es constitucionalmente vinculante.

Es inaceptable que el gobierno de Enrique Peña Nieto, el cual tiene como signo distintivo los escándalos niveles de corrupción, tráfico de influencias, así como la construcción de una red clientelar de negocios irregulares al cobijo del poder, quiera redimirse con la firma e instalación de este seudo protocolo.

Resulta paradójico que el último informe de la Organización para la Cooperación y del Desarrollo Económico, OCDE, señala que el Estado mexicano no haya procesado en las últimas dos décadas ningún caso relacionado con el cohecho internacional, máximo tratándose de sectores sensibles a la corrupción, como es el caso de la industria de extracción, manufacturera o agrícola.

El multicitado caso de Odebrecht, mencionando que usted secretaria presumió en una declaración pública, que México es el primer país en América Latina en sancionar a una empresa filial del consorcio... Odebrecht, aunque omitió mencionar que también es el único país en el que a ningún alto funcionario ha sido castigado hasta ahora por la red de corrupción que tejió el corporativo, desde que el presidente Peña Nieto estaba en campaña, como poco a poco se ha ido documentando.

Quiero decirle también, que usted ha girado este discurso de su comparecencia, señalando en reiteradas ocasiones o reiteradamente, que su responsabilidad se limita a lo administrativo. Permítame, secretaria, decirle que no coincidimos con usted, recordándole sus obligaciones de acuerdo al marco normativo orgánico del sistema jurídico mexicano, el cual establece, cito: Promover la cultura de la legalidad y el aprecio por la rendición de cuentas; ampliar la cobertura, impacto y efecto preventivo de la fiscalización a la gestión pública; inhibir y sancionar las prácticas corruptas. Lo cual pues tampoco ha sido.

Déjeme le doy un ejemplo rapidito. De los 32 gobernadores que han administrado el país a la par del sexenio del presidente Peña Nieto, entre los 22 que son priistas han desviado alrededor de 258 mil 829 millones 185 mil pesos de recursos públicos, de acuerdo a denuncias penales y resultados de la Auditoría Superior de la Federación, entre ellos, en mi estado Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, el ex gobernador, al cual increíblemente no se le pudo vincular a proceso.

Y pues bueno, usted me va a decir que usted no sanciona cuestiones estatales, sino federales, pero por lo que le acabo de comentar de sus obligaciones, creo que sí tiene que ir encaminado a esto.

La pregunta es la siguiente. A través de este nuevo protocolo, el cual cité del cohecho internacional, se podrá finalmente juzgar a Emilio Lozoya Austin, presuntamente señalado por recibir sobornos, como pagos en los tratos a favor concedidos en la empresa brasileña Odebrecht en licitaciones amañadas por parte de Petróleos Mexicanos.

Sé que me va a responder que usted no juzga ni vincula responsabilidades judiciales, pero lo estoy mencionando de acuerdo a este protocolo que está instaurado en su página web, en el portal de la Secretaría que usted representa.

Y la pregunta número dos. ¿Cuáles serán las implicaciones jurídicas y administrativas en contra de la empresa española OHL, cuyos directivos fueron señalados por incurrir en conflictos de intereses con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, cuyo titular es Gerardo Ruiz Esparza? Con mucho respeto, espero sus respuestas. Es cuanto.

El presidente diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo: Muchas gracias, señora diputada. A continuación, para dar respuesta, hasta por cinco minutos, la maestra Arely Gómez González, titular de la Secretaría de la Función Pública. Adelante.

La secretaria Arely Gómez González: Diputada Sandra Paola González Castañeda, gracias por su pregunta. En relación a la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Esta Convención Anticohecho fue ratificada en México en el año de 1999 y es el único instrumento internacional que centra sus preocupaciones en la oferta de la corrupción.

La OCDE estableció un grupo de trabajo sobre cohecho que vigila su cumplimiento. La Secretaría de la Función Pública y la Procuraduría General de la República son las dependencias encargadas en México de coordinar el seguimiento a su implementación y la atención a sus recomendaciones. Aquí se lleva a cabo con un proceso de monitoreo que se conduce a través de fases de evaluaciones.

En México se han llevado a cabo tres fases. Actualmente, México tiene pendientes 18 recomendaciones. Conforme al calendario establecido, la visita in situ a México estuvo a cargo de Brasil y Eslovenia, que fue esta visita del 16 al 18 de mayo, el cual tuvo el fin de revisar las acciones realizadas desde marzo de 2014 para cumplir con recomendaciones de fases anteriores, que eran 18.

También la visita se centró en examinar con mayor énfasis el nivel de aplicación de la ley para detectar, investigar y sancionar casos de cohecho internacional en el país. Y también para determinar los avances de México en el tema de la responsabilidad de las personas morales.

Durante esta visita in situ los evaluadores sostuvieron reuniones con actores de diversos sectores: gobierno, sector privado, cámaras empresariales, sociedad civil y revisaron las medidas que se han llevado a cabo para cumplir con las disposiciones de la Convención en sus diferentes ámbitos.

Y efectivamente, el 19 de octubre de 2018, la OCDE publicó en su página de Internet el informe de la evaluación a México, en donde se estableció el nivel de cumplimiento de México a las disposiciones evaluadas en la fase cuatro, donde, como usted bien lo señala, ahí se señala que no se ha emitido ninguna sentencia relacionada con este tema.

Ahora, la otra pregunta que es, el protocolo efectivamente puede hacer posible que todas las autoridades nos coordinemos y tengamos la capacidad de dar respuestas tangibles en el Sistema Nacional Anticorrupción, eso es algo muy importante.

Y la Secretaría de la Función Pública, como lo señalé en mi comparecencia, creó el Grupo de Alto Nivel para el Seguimiento de Convenciones Internacionales Anticorrupción, con el propósito de contar con un grupo formal de instituciones que coordine el cumplimiento de los compromisos asumidos por México en el combate anticorrupción, esto lo hicimos en febrero 2017, lo señalaría, pero no recuerdo exactamente.

Ahí se llevó también, por parte de este grupo de Alto Nivel, de esta reunión, en octubre de 2017 se aprobó una estrategia para combatir el cohecho internacional, la cual comprendió la elaboración de un protocolo anticohecho, con el fin de establecer mecanismos de coordinación interinstitucionales, así como herramientas técnico-jurídicas para la prevención, detección, investigación y persecución y sanción del cohecho internacional como delito y falta administrativa, así como la falta administrativa de soborno, que es lo que yo les señalaba con anterioridad, que nosotros no podíamos, en aquella época cuando estaba la ley federal, investigar como falta administrativa el soborno, sino que tendría que ser en materia penal.

Se designó un grupo de servidores públicos para designarla en comisión redactora, para que cada institución estuviera debidamente representada. Se llevaron seminarios especializados, organizados con la embajada del Reino Unido y... y ahí se contó con la participación de expertos internacionales, lo que usted señala de cursos de lavado de dinero, de prevención, en fin.

Ahora bien, con el fin de obtener la versión final del protocolo, del 8 de agosto al 3 de septiembre de este año se llevaron reuniones de trabajo con las instituciones encargadas de aplicarlo. Y en la tercera sesión ordinaria del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción se aprobó la difusión y dar a conocer el Protocolo Anticohecho.

Y como usted dice, el día de ayer se publicó este Protocolo Anticohecho que sí nos va a facilitar que podamos dar respuestas tangibles en el Sistema Nacional Anticorrupción.

¿Ahorita qué estamos haciendo? Tenemos una prospectiva de cumplimiento, se remitirán oficios a las instituciones involucradas en la aplicación del Protocolo Anticohecho, para que ya publicado en el Diario Oficial puedan difundir su contenido y lo apliquen.

Entonces, tenemos, este Protocolo Anticohecho, que fue un trabajo realizado entre varias instituciones y la Convención Anticohecho que tenemos de la OCDE, que también ya sacó la evaluación de México en la cuarta fase. Son dos temas importantes que hemos tenido al cierre de esta administración. Muchas gracias.

El presidente diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo: Muchas gracias, señora secretaria. Para comentarios, hasta dos minutos de parte de la diputada Lidia García Anaya, del Grupo Parlamentario de Morena.

La diputada Lidia García Anaya: Con su permiso, diputado presidente. Bienvenida la maestra Arely Gómez a esta comparecencia.

Escuchar que la Secretaría de la Función Pública solo contempla sanciones administrativas y que esta Secretaría la recibió a punto de desaparecer, pues más vale que hubiera desaparecido, porque realmente es cómplice de tanta corrupción.

Escuchar verdades a medias porque no se tiene competencia es deprimente para la sociedad. ¿Cómo quitarle a la sociedad la percepción de la corrupción de todos los funcionarios de esta administración que está por concluir?

En su informe se dice que para dar cumplimiento al Reglamento Interior vigente de la Secretaría a su cargo se realizaron 21 visitas de inspección en 12 entidades federativas, le faltaron 20, secretaria.

Y entre las entidades federativas que visitó fue a Hidalgo, al que represento. Pero en su informe no se presentan los resultados que arrojaron esas inspecciones. Quizás a Hidalgo solo fue de visita, a comer pastes, chinicuiles, gusanos de maguey o escamoles, que son un poquito caros.

De igual forma, leyendo su informe señala que en materia de recepción y rendición de cuentas, en agosto de 2017 inició el desarrollo del sistema de entrega-recepción y rendición de cuentas, para automatizar los procesos de entrega-recepción institucional al término de cada gestión del gobierno federal. ¿Podría informarnos cuál es el porcentaje de avance que tiene este tema y si el gobierno federal entregará en tiempo y forma esta información en relación a los libros blancos y memorias documentales?

Por falta de tiempo y como solamente me corresponden los comentarios, le solicitaría sus respuestas por escrito. Es cuanto.

El presidente diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo: Muchas gracias, señora diputada.

El presidente diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo: Daremos inicio a la tercera ronda de preguntas y tiene el uso de la voz, hasta por cinco minutos, el diputado Jesús Carlos Vidal Peniche, del Partido Verde Ecologista Mexicano. Adelante, señor diputado.

El diputado Jesús Carlos Vidal Peniche: Muy buenas tardes. Con su permiso, diputados presidentes. Maestra Arely Gómez, sea usted bienvenida, la recibimos con mucho gusto el día de hoy en la Cámara de Diputado. Estoy seguro que su presencia nos permitirá responder varios de los temas que reflejan las preocupaciones que la ciudadanía nos ha compartido.

En días pasados hemos tenido conocimiento del cierre formal de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, mismo que cambiará su nombre a Acuerdo de México, Estados Unidos y Canadá.

Este importante tratado que entró en vigor en 1994 y que ha sido el marco de referencia para diversos acuerdos multilaterales en el mundo, se vio seriamente amenazado en los últimos meses por la resistencia de algunos sectores por colaborar en su actualización.

Incluso, en algún momento de la negociación, que tenía por objeto modernizar el tratado se llegó a pensar que este concluiría –en el mejor de los casos– en la celebración de los tratados bilaterales entre los países involucrados, lo cual iba a representar el primer paso al desmantelamiento del bloque comercial de América del Norte. Sin embargo, a pesar de las adversidades el equipo negociador mexicano demostró talento y capacidad para encontrar un acuerdo atractivo para las partes.

Es así que el 1 de octubre pasado, los gobiernos de los tres países anunciaron la conclusión de las mesas de diálogo y el arribo a un acuerdo tripartita. Uno de los aspectos más innovadores del nuevo tratado es la incorporación de un capítulo exclusivo de medidas de anticorrupción, hecho en el que la Secretaría a su cargo tuvo una participación relevante.

La inclusión del capítulo anticorrupción en el nuevo tratado trilateral es relevante porque se da en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción, sobre el cual tenemos una agenda pendiente, particularmente, el nombramiento de los encargados de la Fiscalía General de la República y los magistrados especializados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

La opinión pública y los aspectos perciben en el capítulo anticorrupción del nuevo tratado, una oportunidad para atacar de fondo las deficiencias estructurales que afectan el comercio y las inversiones entre los tres países. Algunos especialistas señalan que es muy probable que este capítulo del tratado rinda más frutos y en menos tiempo que el propio Sistema Nacional anticorrupción.

Secretaria, con los antecedentes mencionados reitero nuestro interés en conocer los detalles del capítulo anticorrupción, así como de su contenido, con el fin de tener muy presente los compromisos que México asumirá en esta materia en el marco de la AMEC, por lo que me gustaría hacerle dos preguntas.

Uno ¿Cuál fue la participación y las principales aportaciones de la Secretaría de la Función Pública en la negociación del capítulo anticorrupción? Y dos ¿Cuál es su balance respecto a los acuerdos en materia anticorrupción alcanzados y que quedaron incorporados en el tratado? Gracias por sus respuestas.

El presidente diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo: Muchas gracias, señor diputado. Tiene respuesta hasta por cinco minutos, la maestra Arely Gómez Gonzales, titular de la Secretaría de la Función Pública. Adelante, señora secretaria.

La secretaria Arely Gómez González: Muchas gracias. Y le contesto al diputado Jesús Carlos Vidal Peniche. Desde el inicio de las mesas de diálogo de los tres, de las delegaciones de los tres Estados, coincidieron en la pertinencia de incorporar un capítulo específico que agrupara los compromisos anticorrupción de las partes.

Como ustedes saben, la Secretaría de Economía fue la dependencia líder de las negociaciones, pero se contó con un grupo intersecretarial asesor para el capítulo anticorrupción. Este grupo estuvo integrado por la Secretaría de la Función Pública y por el de Relaciones Exteriores, así como también por la Procuraduría General de la República.

La Secretaría de la Función Pública y la Procuraduría General de la República son los entes públicos con facultades para combatir la corrupción en materia administrativa y penal dentro de la administración pública federal.

Ahí por parte de la Secretaría de la Función Pública los temas prioritarios fue luchar contra el cohecho, los pagos de facilitación que tanto dañan, la protección de los denunciantes, el fomento de la responsabilidad de las personas morales y la cooperación internacional.

Y todos estos temas fueron y están alineados a los compromisos ya asumidos por México ante el concierto internacional y también están dirigidos a facilitar el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción.

La participación de la Secretaría de la Función Pública en este capítulo fue crucial para articular las obligaciones del gobierno mexicano hacia el interior y hacia el exterior, siempre velando por el cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado Mexicano, y siempre buscando promover la incorporación e innovación de las mejores prácticas anticorrupción observadas en la celebración de tratados internacionales.

¿Cuál sería el balance? Pues aquí el balance sería que este capítulo anticorrupción coadyuvará al objetivo del Sistema Nacional Anticorrupción en México, este apartado sobrepasa los estándares internacionales en la materia y reconoce la necesidad de promover el principio de integridad entre los sectores públicos y privados.

Y en el caso de las personas del servicio público, se especifican medidas como adopción de códigos y estándares de conducta, y seleccionar y capacitar a quienes por su posición podrían ser vulnerables a vincularse en actos de corrupción.

¿A qué se obligaron las partes? A tipificar las conductas internacionales que afecten el comercio internacional o la inversión como el cohecho y la malversación de fondos públicos o privados, y adoptar medidas para la protección de denunciantes –este es un tema muy relevante–. Además, el capítulo contempla medidas tendientes a ratificar y fortalecer los mecanismos de cooperación existentes entre las partes.

Ahora bien, los gobiernos deben también incentivar la adopción de programas de integridad empresarial y desalentar el ofrecimiento y aceptación de los pagos de facilitación, los cuales son los que se hacen para obtener o agilizar algún trámite o beneficio.

En la Secretaría de la Función Pública se ha estado trabajando mucho en el tema de la integridad. De hecho, la organización, la OCDE, nos estará entregando pronto un estudio, el estudio final sobre el tema de integridad.

Ahora bien, me quedan nos minutos para profundizar en que el caso de cohecho, que fue el protocolo anticohecho que me preguntó la diputada que la antecedió. Aquí este protocolo anticohecho que fue publicado el día de hoy, la OCDE lo señaló como una buena práctica y estima que dará buenos resultados.

Y respecto a estadísticas. Esta es de 2016 y en ella hay 44 países partes, pero México es el primero de ellos en tener un protocolo de combate final al cohecho. Esto permitirá atender los casos de posible cohecho que se comparten en la matriz en casos de cohecho que también ya se comporten con la OCDE.

Entonces, es un instrumento que dará buenos resultados, y esto sumado a todo el trabajo realizado en la negociación del Tratado de Libre Comercio en el capítulo anticorrupción creo que dará buenas cuentas a México. Gracias.

El presidente diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo: Muchas gracias, señora secretaria. Para comentarios, hasta por dos minutos, tiene el uso de la voz el diputado Jesús Carlos Vidal Peniche, del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Jesús Carlos Vidal Peniche: Señora secretaria, en principio, quiero reconocer a usted y a su equipo, por el profesionalismo con el que llevaron a cabo las negociaciones que dieron forma y contenido al Acuerdo de México, Estados Unidos y Canadá.

De igual forma, quiero resaltar la capacidad de la Secretaría de la Función Pública, para en conjunto con el equipo negociador mexicano, colocar nuevos temas sobre la mesa de negociaciones del tratado, como el Capítulo Anticorrupción que, en definitiva, marcará los esfuerzos de nuestro país, en el combate a la corrupción.

En los siguientes días y meses, se abrirán las discusiones para la ratificación del tratado, y una vez que entren en vigor, México deberá iniciar la adecuación del marco normativo y regulatorio, donde sea necesario para garantizar que los compromisos adquiridos sean cumplidos.

Los compromisos anticorrupción contraídos por nuestros gobiernos en el Tratado entre México, Canadá y Estados Unidos generarán certidumbre en las relaciones comerciales y de inversión, y fomentarán la adopción de medidas en el ámbito interior, que mejorarán la confianza de todos los ciudadanos. Señora secretaria, muchas gracias por su respuesta. Es cuanto.

El presidente diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo: Muchas gracias, señor diputado.

El presidente diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo: Para formular su pregunta, hasta por cinco minutos, la diputada Luz Estefanía Rosas Martínez, del Partido de la Revolución Democrática. Adelante, señora diputada.

La diputada Luz Estefanía Rosas Martínez: Gracias, diputado presidente. Secretaria, sin lugar a duda, esta comparecencia ha sido basta y plural; este ejercicio de rendición de cuentas enriquece el diálogo, nuestra democracia, y nuestro quehacer legislativo.

Al ser ésta, la última ronda de preguntas en esta comparecencia donde se han tocado temas, como auditorías realizadas, la relación de las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública versus los estados de la República, la importancia de la legalidad, los problemas en el nombramiento para el Fiscal Anticorrupción, la obra de la Carretera México-Cuernavaca, las acciones para evitar la entrega de apoyos a los programas sociales con otros fines; los 206 padrones existentes de los programas sociales, y sus auditorías, el Caso Odebrecht, la lista de los funcionarios sancionados, y la importancia de la plataforma digital del Sistema Nacional Anticorrupción.

Por lo anterior, y por respeto al tiempo de todos, concentraré mis preguntas en un solo tema. Desde el Partido del a Revolución Democrática estamos convencidos de la importancia del combate a la corrupción, y para ello debemos superar el discurso político, para avanzar con hechos y resultados.

Por lo anterior, la prevención y la planeación son fundamentales, por lo que conocer desde su función y su papel en el Sistema Nacional Anticorrupción, los siguientes datos serán relevantes. En su experiencia, ¿cuáles fueron las limitaciones reales para la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción?

Ya se describieron los múltiples faltantes de ese sistema, pero también necesitamos conocer si existen avances, ¿cuál es nuestro punto de partida? Me interesa, en especial su opinión sobre la facultad del Comité Coordinador para emitir recomendaciones, y que estas recomendaciones puedan ser vinculantes como elemento fundamental para que exista un verdadero trabajo de prevención y planeación. Agradezco sus respuestas.

El presidente diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo: Muchas gracias, señora diputada. Para dar respuesta hasta por cinco minutos, la maestra Arely Gómez González, titular de la Secretaría de la Función Pública. Adelante, secretaria.

La secretaria Arely Gómez González: Muchísimas gracias por su pregunta, diputada Luz Estefanía Rosas Martínez. El 4 de abril de 2017 es cuando se instala el Comité Coordinador, que es la instancia responsable de establecer mecanismos de coordinación entre los integrantes del Sistema Nacional Anticorrupción.

Ahí lo instalamos, como se ha señalado en reiteradas ocasiones faltando dos integrantes, no nada más uno, el fiscal Anticorrupción, porque los magistrados que faltan del Tribunal de Justicia Administrativa, son magistrados que están representados por el Presidente del Tribunal.

Entonces, había una silla vacante, y la sigue habiendo. Esto, ya vimos que se ha podido solventar, y se ha trabajado en esto, ahora bien, ¿qué pasó? El 3 de julio de 2017 es cuando tenemos la segunda sesión ordinaria en la que se aprobó la emisión de una recomendación no vinculante para el fortalecimiento de los procedimientos de designación de jueces en entidades federativas, así como la elaboración de un mecanismo para realizar una consulta pública de la política nacional anticorrupción.

Efectivamente, esta recomendación no es vinculante. El 5 de septiembre de 2017 hay una sesión extraordinaria para presentar los avances en las investigaciones del caso del Paso Exprés en Cuernavaca, es donde yo también hago una participación.

El 17 de octubre de 2017, se realiza la tercera sesión ordinaria del comité, en la cual se aprueban los lineamientos que regulan las sesiones del comité. Por lo que ven, vamos desfasados en la operación, y se presentó la herramienta para dar seguimiento a la conformación de los sistemas locales anticorrupción, que se puede consultar en la página del Sistema Nacional Anticorrupción.

¿Por qué? Porque aquí mucho se ha hablado de que faltan de designar los magistrados y los fiscales anticorrupción, pero también hay que señalar, que los sistemas locales anticorrupción también forman parte del Sistema Nacional Anticorrupción, y que aún no están integrados en su totalidad.

Y la Secretaría de la Función Pública, sin ser su responsabilidad, pero le ha dado puntual seguimiento, a ver cómo se están implementando los sistemas nacionales, y los sistemas locales anticorrupción, a través de la armonización legislativa, así como la conformación que forma parte de los sistemas locales.

Ahora bien, aquí la perspectiva es que, tanto el seguimiento a la armonización legislativa, como el de la conformación de instancias están en curso, y deberán continuarse con este monitoreo, así como con la conformación de las instancias y la vigilancia de los nuevos nombramientos.

Ya falta cada día menos, para que contemos con sistemas locales cumpliendo plenamente con sus atribuciones, pero todos ustedes, es importante que cuando vayan a sus estados, y más que pertenecen a estas comisiones, platiquen y sensibilicen al titular del Ejecutivo, que ya hay que terminar con esto.

Efectivamente, qué te puedo decir, que las recomendaciones del... ah bueno... y en 2018, porque llega 2017, y ahí señalé lo de la página que se puso para monitorear los sistemas nacionales anticorrupción. En 2018, se renueva la presidencia del Comité de Participación Ciudadana, y también, en marzo de este año hubo cambio en Cámara de Diputados, del titular de la Auditoría Superior de la Federación, y ahorita en noviembre, habrá cambios de la titular de la Secretaría de la Función Pública. Entonces, van a ir renovándose.

El Comité Coordinador este año ha tenido tres sesiones ordinarias, pero ya no me profundizo en cuáles son estas sesiones que se han visto, pero efectivamente, de las recomendaciones del Comité Coordinador, te puedo decir que no son vinculantes, porque es un mecanismo de coordinación.

Pero lo que sí se puede establecer en las políticas públicas es que atiendan las problemáticas que se detectan en cada una de las instancias que formamos parte del Sistema Nacional Anticorrupción. Muchas gracias.

El presidente diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo: Tiene el uso de la palabra la diputada Luz Estefanía Rosas, para formular sus comentarios.

La diputada Luz Estefanía Rosas Martínez: Gracias. Agradezco sus respuestas. Para esta legislatura es de vital importancia identificar el estado del arte en la implementación del sistema nacional anticorrupción, y en especial del integrante del Poder Ejecutivo.

Ratifico mi postura de dotar de mayores facultades al sistema nacional anticorrupción a través de su comité coordinador para prevenir los hechos de corrupción. No omito señalar que el combate a la corrupción es la exigencia de todos.

De acuerdo con el índice de percepción sobre corrupción 2017 elaborado por Transparencia Internacional, México obtuvo una calificación de 29 puntos de 100 en los indicadores de control de la corrupción, con lo cual se ubica en el lugar 135 de 180 países evaluados. Esta calificación es una alerta en materia de combate a la corrupción, si consideramos que en 2014 nos encontrábamos con una calificación de 31 puntos de 100 y en el lugar 103.

Aprovecho este espacio para entregarle a usted y a las presidencias de ambas comisiones la iniciativa que presentaré en los próximos días, con el objetivo de que las recomendaciones que emita el comité coordinador del sistema anticorrupción sean obligatorias y vinculantes. Es cuanto.

El presidente diputado Oscar González Yáñez: Muchas gracias.

El presidente diputado Oscar González Yáñez: Tiene el uso de la palabra el diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo, de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano y presidente de la Comisión de Vigilancia, hasta por cinco minutos.

El diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo: Muchas gracias, compañero presidente. Maestra Arely Gómez González, titular de la dependencia de la Función Pública, mi inquietud deriva en un asunto que tiene que ver con el tema de los migrantes, a propósito de los últimos acontecimientos, pero que tiene que ver con responsabilidades administrativas.

En este sexenio las necesidades de apoyo consular de millones de mexicanos en Estados Unidos crecieron de manera significativa como consecuencia de un discurso xenofóbico y una política de deportación masiva de parte del presidente norteamericano Donald Trump.

El gobierno mexicano a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, entre 2014 y 2016, destinó 900 millones de pesos a una organización privada de apoyo para mexicanos en Estados Unidos. En 2017 la Auditoría Superior de la Federación fiscalizó los recursos públicos destinados en 2015 a la organización denominada Juntos Podemos, detectando irregularidades por un monto de 39 millones de pesos que derivaron en 18 denuncias por presuntas responsabilidades administrativas.

En este contexto, no queda claro si las definiciones presupuestales de la Cancillería en el presente sexenio se dieron en función del interés de los mexicanos en el extranjero, o de intereses políticos que presuntamente pueden lucrar con la necesidad de nuestros paisanos.

Para poner en contexto el monto anterior, basta señalar que en 2017 el INE reintegró a la Tesorería de la Federación mil millones de pesos de su presupuesto, cantidad que el presidente Peña Nieto dispuso para que se destinara para fortalecer los 50 consulados mexicanos en Estados Unidos para atender la demanda de apoyo de nuestros compatriotas ante la política antiinmigrante del presidente Donald Trump.

En este sentido, señora secretaria, le pregunto ¿qué avance llevan las denuncias de la Auditoría Superior de la Federación presentadas ante la secretaría a su cargo por las irregularidades detectadas en el uso de recursos públicos destinados a la organización Juntos Podemos?

Aparte de las irregularidades identificadas por la Auditoría Superior de la Federación respecto del ejercicio 2015, ¿existen otras denuncias de los ejercicios 2014 y 2016 por presuntas irregularidades de la misma organización? Es cuanto por el momento.

El presidente diputado Oscar González Yáñez: Gracias, diputado presidente. Tiene el uso de la palabra la titular de la Secretaría de la Función Pública.

La secretaria Arely Gómez González: Diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo, el tema de los migrantes, tema muy triste y mi solidaridad con las personas que pasan por esta situación.

Y sí, en el mes de noviembre de 2017 se recibieron por parte de la Auditoría Superior de la Federación en el órgano interno de control de la Secretaría de Relaciones Exteriores dos informes específicos de auditoría, denominadas erogaciones para la atención a comunidades mexicanas en el exterior y protección y asistencias consulares.

De las 29 promociones de responsabilidades sancionatorias, Opras, ocho –que era también parte de su pregunta– corresponden al ejercicio 2014, 10 al 2015 y 11 al 2016, las cuales a la fecha le informo, guardan el siguiente estado.

Son 25 las que fueron archivadas por falta de elementos. Las cuatro restantes fueron remitidas a la autoridad competente para la substanciación del procedimiento administrativo de responsabilidad por faltas no graves sin daño patrimonial. Son dos al área de Responsabilidades del órgano interno de control en la Secretaría de Relaciones Exteriores y dos a la Subcomisión de Personal, por tratarse de miembros del servicio mexicano.

¿De aquí qué paso? En seis expedientes se detectó que se hacía mención de forma indirecta a esta organización Juntos podemos, los cuales cinco fueron concluidos con archivo por falta de elementos, y uno ser turnó al área de Responsabilidades, mismo que se encuentra en substanciación y la presunta responsabilidad está a cargo del director ejecutivo de un instituto por utilizar el recurso asignado para IME becas en actividades comunitarias.

Ahora bien, por el presunto gasto de 1.9 millones de pesos durante el ejercicio 2014 erogado por el instituto, aquí se requirió diversa información a 12 consulados de México en Estados Unidos, al titular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, a la Dirección General del Servicio Exterior y de Recursos Humanos y a la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

El 26 de febrero se emitió acuerdo de conclusión y archivo del expediente al no haberse acreditado la probable comisión de faltas administrativas atribuibles a servidores públicos con motivo de los hechos denunciados.

Cuando yo me refiero se archiva, se concluye, no me estoy refiriendo que ya se archiva y se concluye todo lo relacionado con este tema o con esta persona o con esta organización, que a veces se malentiende. A lo que me refiero es que este asunto en particular es el que se archivó, pero eso no quiere decir que existan otros expedientes relacionados con estos hechos que se encuentran en etapa de integración.

Esto mismo acontece en el caso del tema de la estafa maestra, en el caso del Odebrecht, en el caso del Paso exprés. Me refiero siempre: Se termina, se concluye un procedimiento, una investigación que se hace de manera exhaustiva integral, pero se siguen investigando otros temas relacionados con lo mismo que van surgiendo. Es cuanto.

El presidente diputado Oscar González Yáñez: Gracias, señora secretaria. Tiene el diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo, presidente de la Comisión de Vigilancia, dos minutos para formular sus comentarios.

El diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo: Gracias, presidente. De manera muy puntual, diría yo entonces, la recapitulación de esta jornada de comparecencia me da a entender que hace falta un proceso de consolidación en las instituciones.

A simple vista podemos hacer un análisis y un diagnóstico de que hemos visto los alcances y las limitaciones que estas instituciones tienen. Hace falta el fortalecimiento y, además yo diría, la vinculación en este fortalecimiento con los institutos privados.

Me parece que lo público se ha centrado en mucho del discurso en estos últimos años, pero el sector privado también debe vincularse a estos procesos. En esa parte me parece que quedaría inconcluso mucho el procedimiento de investigación y vigilancia.

Otra parte importante que me queda claro que tendrá que trabajar esta Legislatura es el marco de combate a la corrupción, pero su marco jurídico me parece que es trascendental para fortalecer el combate a la corrupción, los modelos de rendición de cuentas y de transparencia.

Además, me parece importante que uno de los pilares que tenemos que seguir trabajando es la construcción de confianza. Estamos obligadas todas las fuerzas políticas de esta Cámara y de este Congreso de la Unión, en recuperar la confianza de los ciudadanos, en esto se nos va a ir la legislatura, y tenemos que lograr hacer ese trabajo.

Lo único que me restaría, y a manera de pregunta, y la dejaría para luego tener su posible respuesta es, si nos pudiera dejar en la memoria de estas comisiones, ¿de parte de quién hizo falta voluntad política, económica, social, en todo el entramado que conforma el sistema político mexicano? Y que nos pudiera decir, en su experiencia, y que nos recomendara además, porque bueno, aquí la hemos cuestionado toda la tarde, que nos dejara sus recomendaciones en su vivencia de su conocimiento tácito y explícito que le generó su trabajo por circular por esta Secretaría. Es cuanto señora secretaria.

El presidente diputado Oscar González Yáñez: Gracias al diputado Mario Alberto Rodríguez.

El presidente diputado Oscar González Yáñez: Tiene el uso de la palabra el diputado José Luis Montalvo Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo y secretario de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, hasta por cinco minutos.

El secretario diputado José Luis Montalvo Luna: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, la detención de Marcelo Odebrecht, por parte la policía brasileña en junio de 2015, puso al descubierto uno de las más grandes redes de corrupción entre distintos países y la constructora que este personaje encabezaba.

A través de sobornos y financiamiento a campañas políticas, Odebrecht logró que la clase política favoreciera a los intereses de la empresa para la asignación de contratos o la modificación del marco legal.

México no estuvo exento de dicha red de corrupción. Odebrecht reconoció que realizó pagos por 10.5 millones de dólares en sobornos a altos funcionarios de una empresa controlada por el Estado.

Al respecto, en días recientes la Secretaría que usted tiene a su cargo, señora secretaria, informó que desde diciembre de 2016, hasta la fecha, se han impuesto sanciones por más de mil 86 millones de pesos, y que además se revisa la evolución patrimonial de 14 funcionarios de Petróleos Mexicanos relacionados con el caso Odebrecht.

La Secretaría de la Función Pública señaló que, gracias a una auditoría, se pudo identificar a 21 filiales de Odebrecht que han operado en México, de las cuales cuatro fueron inhabilitadas de la misma forma que dos de sus representantes ante Pemex.

En el mismo sentido, la Secretaría a su cargo informó que se emitieron dos sanciones en contra de un funcionario de Petróleos Mexicanos por pagos excesivos. Sin embargo, estas acciones no van al fondo de la problemática principal de la corrupción de Odebrecht en nuestro país, me refiero al presunto financiamiento que esta empresa entregó a la campaña del entonces candidato a la presidencia de la República, Enrique Peña Nieto, y a los sobornos entregados a Emilio Lozoya para otorgar contratos a dicha empresa.

Sobre el particular, hay evidencia que documenta que, durante el año 2012, el propio candidato y luego presidente electo, se reunió en tres ocasiones con representantes de Odebrecht.

En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo consideramos que las investigaciones de la Secretaría de la Función Pública no han llegado los principales responsables de esta red de corrupción. Los pobres resultados obtenidos, reflejan la falta de compromiso de este gobierno, todo por prevenir, combatir y erradicar de raíz los hechos de corrupción en nuestro país.

Secretaria Arely Gómez, la dependencia a su cargo no ha emprendido un esfuerzo contundente encaminado a retomar las investigaciones que en su momento realizó el fiscal para la Atención de Delitos Electorales, Santiago Nieto Castillo.

Recordemos que el trabajo profesional e imparcial de Santiago Nieto Castillo, acreditó que Emilio Lozoya habría recibido sobornos por más de 2 millones de dólares por parte de Odebrecht, para financiar la campaña de Enrique Peña Nieto, y otros 8 millones cuando se desempeñó como titular de Pemex.

Por ello, no es de extrañarse que fuera removido de su encargo a causa de una presunta violación al Código de Conducta de la Procuraduría General de la República. Es evidente que el motivo real de la destitución de Santiago Nieto Castillo, tiene que ver con el hecho de que estaba a punto de acreditar los sobornos que habrían recibido tanto Enrique Peña Nieto como Emilio Lozoya.

Bajo estas consideraciones, señora secretaria, mis preguntas son las siguientes:

¿Podría explicarnos por qué a pesar de los avances que en su momento logró el entonces fiscal Santiago Nieto en las investigaciones en contra de Emilio Lozoya por presuntos sobornos por parte de Odebrecht, actualmente no se han retomado dichos esfuerzos para esclarecer los hechos?

¿Podría señalarnos si la Secretaría de la cual es usted titular tiene alguna línea de investigación en contra del presidente Enrique Peña Nieto en relación con el caso Odebrecht?

¿Podría informarnos si la empresa Odebrecht sigue participando en concurso o licitaciones públicas a pesar de los hechos de corrupción que le han sido acreditados, no solo en México, sino prácticamente en todo el continente? Es cuanto, señora secretaria Arely Gómez. Por sus respuestas, muchas gracias.

El presidente diputado Oscar González Yáñez: Gracias, compañero diputado José Luis Montalvo. Tiene el uso de la palabra la titular de la Secretaría de la Función Pública, para respuesta, hasta por cinco minutos.

La secretaria Arely Gómez González: Diputado José Luis Montalvo, contesto tu pregunta, y vuelvo a manifestar que la Secretaría de la Función Pública es únicamente competente para conocer y resolver responsabilidades administrativas tanto de servidores públicos como de empresas.

La Secretaría ha hecho un gran trabajo, un trabajo donde efectivamente se investigaron a 21 filiales derivado de la auditoría transversal. Después ubicamos en el tiempo, en modo y lugar en cuáles de estas filiales habían estado en ese período, y ahí nos enfocamos únicamente a dos de ellas, que ya también lo señalé, es: Tula I y Tula II, que son Norberto Odebrecht y Odebrecht Ingeniería.

Entonces, reitero, la Secretaría de la Función Pública ha sancionado, con sanciones ejemplares a las empresas, a la empresa Odebrecht, lo cual al haberlas inhabilitado, ¿qué ocurre? Aquí la empresa Odebrecht ya no puede continuar trabajando, prestando sus servicios porque están inhabilitadas, y porque la que tenían en curso, Pemex les rescindió el contrato, cosa que otros países, si ustedes analizan y estudian, pueden ver que Odebrecht fue sancionada, se sancionó penalmente, hubo un acuerdo resarcitorio, reparatorio, un acuerdo que se tiene que llevar con las Fiscalías, la Secretaría de la Función Pública no puede realizar acuerdos reparatorios, por los cuales las empresas siguieron trabajando y siguen trabajando.

En México no pueden, ¿y por qué? Pues por la inhabilitación que pobremente, como se señala, la Secretaría de la Función Pública les hizo, pero si no también seguirían trabajando.

Entonces ahí, ellos ya no pueden, y aún más, nosotros le dimos vista, como siempre hacen en todos los casos, y el SAT tomó cartas en el asunto y ya cualquier dinero que ingrese para Odebrecht, ya es retenido por el SAT.

Entonces, ellos ya no tienen recursos que vayan a recibir, ni tienen posibilidades de seguir haciendo construcciones. ¿Por qué? Porque se inhabilitó derivado de las sanciones de la Secretaría de la Función Pública, no pueden participar en licitaciones, en otros países sí pueden participar en licitaciones porque no han sido sancionados administrativamente.

Pero como a la Secretaría de la Función Pública lo que le tocaba era sancionarlos administrativamente, pues los tuvo que sancionar de esta manera y las sanciones penales, como se ha dicho aquí por ustedes y por mí, le corresponden a la Procuraduría General de la República.

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la cual yo fui titular, pues pertenece a la Procuraduría General de la República. Ahora, sí quiero dejar claro, que la Secretaría de la Función Pública, y consta en el expediente, le pidió a la Procuraduría General de la República, en particular que nos diera información para poder quizás llegar a más, pero el Ministerio Público no nos proporcionó la información.

Entonces con esto puedo dejar dicho que la Secretaría de la Función Pública llegó hasta lo más profundo que pudo en su investigación, siempre y cuando respetando su marco normativo. Tenemos las evoluciones patrimoniales, en fin. Tenemos procedimientos en trámite.

Y pues, reitero, el ámbito de competencia de cada una de las autoridades, relación contractual y acciones que pudieran emprenderse para rescindir o dar por terminado en un contrato, Pemex, soborno que pudiera configurar el delito de cohecho el Ministerio Público de la Federación y Responsabilidades Administrativas, tanto de servidores público como de empresa, la Secretaría de la Función Pública cumplió con su papel, es cuanto.

El presidente diputado Oscar González Yáñez: Gracias, señora secretaria. Tiene el uso de la palabra el diputado José Luis Montalvo, para formular sus comentarios hasta por dos minutos.

El secretario diputado José Luis Montalvo Luna: Secretaria. Reconocemos en usted gran experiencia. Reconocemos el valor con que se ha conducido. Su paso por la Fiscalía General de la República y hoy por la Secretaría de la Función Pública es de encomiable labor.

Yo quisiera rogarle que nos comparta su experiencia y nos deje desde el cargo que hoy usted tiene, cómo le ponemos dientes a la Secretaría de la Función para que no se quede solo en el tema de observaciones, para que no se quede solo en el tema de recomendaciones, sino que se aplique desde esta entidad del gobierno público las medidas correctivas, preventivas y sancionatorias que tuviera que tener todo aquél que incurre en actos de corrupción.

Ojalá en esta vasta experiencia que usted tiene pueda dejar ese legado para la construcción de un México nuevo, para la construcción de un mejor país. Mucho le agradecería al pueblo de México que su paso por el Senado, su paso por la Fiscalía y su paso por la función pública contribuya de una vez y para siempre para acabar con las corruptelas.

Nosotros desde el Partido del Trabajo, tenemos como prioridad poner fin a los negocios privados en detrimento de los recursos públicos. Yo la conmino a que nos deje ese legado. Sabemos de su gran capacidad y creemos que usted va a contribuir a esta transformación.

Sin embargo le quiero decir, no me contestó la segunda pregunta. La pregunta era si hay línea de investigación en contra del licenciado Enrique Peña Nieto por el caso de sus presuntas implicaciones en los actos de corrupción de Odebrecht. Gracias.

El presidente diputado Oscar González Yáñez: Gracias, señor diputado.

El presidente diputado Oscar González Yáñez: Tiene el uso de la palabra la diputada Carolina García Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, hasta por cinco minutos.

La diputada Carolina García Aguilar: Muy buenas tardes. Con su venia, señores presidentes. Señora secretaria Arely Gómez González, agradezco el que usted esté aquí hoy para comparecer ante las Comisiones de Transparencia, Anticorrupción y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Compañeros diputados, muy buenas tardes.

Inicio mi intervención haciendo hincapié en que los resultados de este gobierno no los ha tenido ninguno de los predecesores, y por bueno, sino porque el tema de la corrupción se ha vuelto de lo más cotidiano, consolidándose como el principal problema en México.

La corrupción nos resta competitividad, nos impide resolver los problemas de pobreza, inseguridad y falta de crecimiento económico. La corrupción en México es un problema creciente que de hecho en los últimos años ha aumentado de forma alarmante, desgraciadamente es lo cotidiano en nuestras vidas.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas, elaborada por el Inegi, más de la mitad de los empresarios de los 32 estados se topa con actos de corrupción al momento de realizar trámites con el gobierno o para evitar sanciones o multas.

Los lugares del país más corruptos, de acuerdo con los empresarios consultados en la encuesta a lo largo del territorio nacional, yo mencionaría a todos pero.... Tabasco, Veracruz, Jalisco, Chiapas, Hidalgo y Ciudad de México, pero el estado de México se encuentra en la lista de los 10 estados más corruptos.

Bien. Como ejemplo, señora secretaria, nos encontramos en el estado de Hidalgo donde se han derivado conflictos de intereses de diversas obras y actividades en materia de infraestructura, como lo es el proyecto de la Central de Abastos Miguel Hidalgo, siendo el centro de abasto más moderno de toda América Latina, el cual se encuentra detenido.

En el último permiso, lleva 12 permisos que han sido aprobados, y el último ha sido detenido por el gobierno del estado de Hidalgo, deteniendo con esto la generación de 15 mil empleos directos e indirectos, una inversión de mil 500 millones de pesos del sector privado que no afecta la reubicación o el cierre actual de la Central de Abastos, por intereses particulares o como ya mencioné, conflicto de intereses.

Y voy a mencionar a dos personas. Al gobernador del estado, licenciado Omar Fayad Meneses y a Israel Félix Soto, secretario de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial del estado. Pues bien, con esto se están vulnerando a los y las, ciudadanos de dicho territorio, porque están estancando el desarrollo regional y estatal, y francamente esto no afecta a la cuenta pública federal, estatal o municipal y lleva dos años detenida la obra.

Bien. Este es un claro ejemplo de lo que está sucediendo en muchos estados de la República y en muchas situaciones. Señora secretaria, por esto mis preguntas son las siguientes: ¿Cómo considera estos hechos lamentables cuando se cuenta con el Comité de Ética e Integridad Pública y Prevención de Conflicto de Intereses? ¿Y por qué no se han resuelto y por el contrario se han incrementado los hechos corruptos como el mencionado, tanto a nivel federal como estatal? ¿Acaso estamos hablando de un fracaso en la implementación del Sistema Nacional de Anticorrupción? Es cuanto.

El presidente diputado Oscar González Yáñez: Gracias, a la diputada Carolina García. Tiene el uso de la palabra, la secretaria de la Función Pública, para dar respuesta hasta por cinco minutos.

La secretaría Arely Gómez González: Ahora bien. Como secretaria de la Función Pública soy responsable de las investigaciones de responsabilidades administrativas contra servidores públicos de la Federación, primer punto.

Segundo. Sí soy competente, sí somos competentes para auditar recursos públicos federales transferidos a las entidades federativas, pero siempre vamos en coordinación con las contralorías locales, toda vez que si nosotros observamos alguna conducta irregular, la única instancia que puede sancionar a los servidores públicos estatales son dichas autoridades fiscalizadoras locales, aunque sean recursos federales; o sea, nosotros vamos de la mano cuando los recursos son transferidos a las entidades federativas.

Si se identifica la probable comisión de un delito, sí se ha promovido la presentación de las denuncias penales correspondientes ante el Ministerio Público federal.

La Secretaría de la Función Pública realiza anualmente auditorías a las 32 entidades federativas. Si obtenemos observaciones, las que se obtienen de estas auditorías, son hechas del conocimiento de los entes auditados y deben de ser solventadas en un plazo de 45 días.

Si no solventan estas observaciones o si las solventan pero con esta solventación no se desvirtúa la conducta detectada como irregular, se da vista a las autoridades estatales competentes para que se inicie la etapa de investigación de probables responsabilidades administrativas.

Ahora bien, aquí traigo tarjetas de todos los estados porque llevamos un seguimiento preciso de cada estado de auditorías a fondo y programas federalizados. Hace unos momentos me preguntaron del estado de México, y aquí tengo el de Hidalgo. Los resultados y situación del, porque también únicamente audito los fondos, los federales que como se los señalé son 88, si quieres te doy ahorita una copia o luego te doy toda la información.

Ahora la secretaría como, de la auditoría, como resultado de las auditorías al estado de Hidalgo, de 2013 a 2018, determinó 529 observaciones por 3 mil 290 millones de pesos de las cuales al 15 de octubre se han atendido 334 por 2 mil 618, y quedan pendientes 195 por 672.4 millones.

Del monto atendido, ya se reintegraron a la federación 158.9 millones a la Tesorería, y del monto pendiente corresponden 74.9 millones de pesos a la administración anterior y 597 a la administración estatal.

Ahora, nosotros le damos a través de la Subsecretaría de Control y Auditoría de la Función Pública, reuniones con los gobernadores y sus secretarios de finanzas, contralores, con las personas, secretarios de gobierno, tenemos reuniones que están documentadas, para hacerles saber esto y para que ellos puedan solventar. Independientemente de esto se llevan a cabo mesas de trabajo en la Subsecretaría de Control y Auditoría para la información que nos dan ver si es la correspondiente para acreditarles o no, entonces es un trabajo muy intenso donde se le está informando cada dos meses por carta firmada dirigida a la oficina del gobernador y al titular del órgano estatal de control.

¿Cuáles fueron las principales observaciones determinadas al estado de Hidalgo? Recursos no devengados o comprometidos, según la norma, recursos destinados a fines distintos de los autorizados y conceptos pagados no ejecutados.

Los programas con mayores montos observados son el fondo de Fortalecimiento Financiero, el Fonmetro, el Fondo en Programas de Educación Media Superior, Proyectos de Desarrollo Regional y Programa para la Sustentabilidad de los Servicios de Agua y Saneamiento en Comunidades Rurales.

Ahora bien, en relación con el tema que menciona de la Central de Abastos, tengo ahí que revisar cuál es la fuente de financiamiento. ¿Es la Central de Abastos de Hidalgo o de aquí? De Hidalgo, entonces hay que revisar cuál es la fuente de financiamiento para determinar si la Secretaría de la Función Pública tiene atribuciones por algún recurso federal que reciba, pero con mucho gusto si quieres intercambiamos teléfonos y te doy esta relación ¿verdad?

El presidente diputado Óscar González Yáñez: Gracias, señora secretaria. Tiene el uso de la palabra la diputada Carolina García Aguilar, para formular sus comentarios.

La diputada Carolina García Aguilar: Agradezco mucho, secretaria, la facilidad que me está otorgando. Bien, el tema es complejo y a la vez es simple, como todo. El recurso es privado y le voy a hacer mención de cuáles son los 12 trámites que ya se han realizado y cuál fue la pregunta que no me contestó: permiso de construcción cambio de uso de suelo, permiso de Protección Civil, opinión técnica de Semarnat, manifestación de impacto ambiental, impacto vial, impacto urbano, factibilidad de agua, factibilidad de Comisión Federal de Electricidad, bahías de aceleración y desaceleración del sistema, de comunicaciones y transportes, permiso de conexión de drenaje municipal y permiso de desechos sólidos. Todos los permisos fueron aprobados y solamente se requería el visto bueno.

Reitero, es un conflicto de intereses que es el tema que le compete a la secretaria, y el cual déjeme  decirle que considero las fallas en el Sistema Nacional de Anticorrupción.

Agradezco mucho las facilidades. Se van y dejan muchas cosas pendientes. Dejar la casa en orden no es la frase con la cual vamos a cerrar el trabajo que usted ha desarrollado, pero estos pendientes ya los toma nuestro próximo presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Le agradezco mucho.

El presidente diputado Óscar González Yáñez: Gracias, compañera diputada.

El presidente diputado Óscar González Yáñez: Tiene el uso de la palabra la diputada María Alemán Muñoz Castillo, por parte del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional hasta por cinco minutos.

La diputada María Alemán Muñoz Castillo: Buenas tardes. Con su permiso a la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores, señora secretaria sea usted bienvenida a la Cámara de Diputados. No tenemos la menor duda de que la transparencia y el acceso a la información deben constituirse en herramientas medulares que permitan mejorar la rendición de cuentas, pero también combatir eficazmente la corrupción.

En la presente administración se han dado pasos importantes en esta materia. Sin embargo también somos conscientes y es necesario reconocer que hay retos por atender. Al respecto me quiero referir a un aspecto concreto como lo es el gasto ejercido por el gobierno federal en comunicación social.

Como sabemos, ese gasto que se encuentra relacionado con la función por radio y televisión principalmente, de mensajes sobre programas de actividades gubernamentales, estos recursos públicos representan una importante proporción del gasto ejercido por el gobierno de la República año con año, por lo que es fundamental que la secretaría a su cargo continúe implementando acciones de control y vigilancia en el marco de sus facultades.

La rendición de cuentas y el control de la publicidad oficial demandan como principio transversal la transparencia. En efecto, todos tenemos el derecho a saber cuánto, cómo y en qué se gastan los recursos públicos destinados a la publicidad oficial para que no sea ejercido de manera discriminatoria o discrecional.

Lo anterior con la finalidad de promover y garantizar que el gasto en comunicación social cumpla con los criterios de eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez, y se respeten los topes presupuestales.

Precisamente por ello en mayo pasado se promulgó la Ley General de Comunicación social que regula la operación y funcionamiento de los recursos públicos destinados a este rubro y establece la obligatoriedad de las dependencias y entidades del gobierno federal a registrar en el sistema público a cargo de la Secretaría de la Función Pública la información desglosada por partida presupuestal del cargo en campañas de comunicación social.

La secretaría que usted encabeza administra la información sobre el ejercicio de los recursos destinados a comunicación social desde el ejercicio fiscal de 1993, y a partir del 2012 lo hace a través del Sistema de Gastos de Comunicación Social.

Este sistema permite dar seguimiento y realizar observaciones a las erogaciones que realiza la administración pública federal en lo relacionado al concepto de comunicación social y publicidad.

En este contexto me permito preguntarle de manera respetuosa: ¿cuál ha sido el resultado del seguimiento que realiza esta dependencia al ejercicio de gasto en materia de comunicación social? Es cuanto, secretaria.

El presidente diputado Óscar González Yáñez: Gracias, compañera diputada María Alemán. Tiene el uso de la palabra la titular de la Secretaría de la Función Pública.

La secretaria Arely Gómez González: Diputada María Alemán Muñoz, muchas gracias por la pregunta. La Secretaría de la Función Pública a través del Sistema gastos de comunicación Social, lleva a cabo el seguimiento al ejercicio del gasto en esta materia. Las dependencias y entidades de la administración pública federal deben registrar mensualmente este tipo de erogaciones debidamente revisadas por el órgano interno de control correspondiente. Eso es muy importante señalar.

Para dar seguimiento se realizan informes sobre el comportamiento del presupuesto autorizado y ejercido a las partidas de comunicación social y publicidad, cuyos resultados se emiten a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y de Gobernación, así también como a la Presidencia de la República. Esta información es pública. Se encuentra disponible para su consulta en el portal electrónico de la Secretaría de la Función Pública.

Ahora bien, durante el ejercicio fiscal de 2017 el gasto en materia de comunicación social y publicidad ascendió a cerca de 10 mil 600 millones de pesos, que fue superior en 400 millones de pesos a los 10 mii 200 millones de pesos registrados en el ejercicio fiscal anterior, debido al impulso que se le dio a las campañas a cargo de la Secretaría de Salud, Desarrollo Social, Educación Pública, Consejo de Promoción Turística de México, Lotería Nacional para la Asistencia Pública. Cabe resaltar que en el periodo de enero a agosto de 2018 se han erogado 2 mil 600 millones de pesos, lo que representa un avance del 34 por ciento del presupuesto anual modificado para este año.

Ahora bien, la dependencia coordinadora de la estrategia de comunicación social del gobierno federal es la Secretaría de Gobernación. Nosotros llevamos a cabo el seguimiento al ejercicio del gasto. Y sí, efectivamente, es una buena noticia que se aprobó, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2018 la Ley General de Comunicación Social y Comportamiento de Gasto de Comunicación Social y Publicidad de la Administración Pública al 31 de agosto de 2018.

Ahora bien, hemos estado trabajando para poder estar en concordancia con los cambios que esta ley va a tener, ya que ahí se establece en el artículo transitorio que la ley entrará en vigor el primero de enero de 2019. Por lo cual nosotros seguimos con la ley anterior, pero seguimos apoyando, viendo si va a haber necesidad de hacer modificaciones al Reglamento de la Secretaría de la Función Pública, hablando con la Dirección General de Normatividad, de Comunicación de la Secretaría de Gobernación; en fin, emprendiendo varias acciones para este tema, pues porque quienes lleguen el primero de diciembre ya tendrán que estar aplicando esta ley a partir del primero de enero. Es cuanto, gracias.

El presidente diputado Óscar González Yáñez: Gracias, señora secretaria. Tiene el uso de la palabra la diputada Alemán, para formular sus comentarios hasta por dos minutos.

La diputada María Alemán Muñoz Castillo: Señora secretaria, por su puntual respuesta. Estamos convencidos de que las políticas y acciones de gobierno inciden directamente en la calidad de vida de las personas. Por lo que resulta imperativo contar con un gobierno eficiente que rinda cuentas de manera clara y oportuna todos los días a los ciudadanos. En tal virtud, coincidimos en que resulta necesario continuar fortaleciendo la estrategia orientada a optimizar el uso de los recursos públicos, pero sobre todo garantizar la absoluta transparencia y la rendición de cuentas con base en el principio básico plasmado en el artículo 134 de nuestra Ley Fundamental.

Estamos conscientes de que toda ley es perfectible. Sin embargo, también creemos que la Ley General de Comunicación Social es un primer paso para fortalecer la cultura de la transparencia y el gobierno abierto en México, generando las condiciones para que la promoción de las acciones de gobierno no sea utilizada con fines políticos electorales.

Señora secretaria, un reconocimiento amplio de parte del Grupo del Revolucionario Institucional a su labor al frente de esta secretaría. Es cuanto. Muchas gracias.

El presidente diputado Óscar González Yáñez: Muchas gracias a nuestra compañera diputada María Alemán.

El presidente diputado Óscar González Yáñez: Tiene el uso de la palabra el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, de la Fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos.

El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba: Mucho se dice que la corrupción es una enfermedad. Y todo mundo da sus tratamientos. Yo antes de iniciar mi alocución respecto al Sexto Informe de Gobierno, yo quisiera felicitar desde aquí a los más de 295 mil médicos de este país, 43 por ciento mujeres, muchos de ellos de la zona rural, y que ven por el bien de México. Una felicitación hoy por el Día del Médico. Por favor. Muchas gracias.

La estrategia contra la corrupción es como las espinacas en la alimentación: todo mundo dice que son muy buenas pero nadie se las come. Y así vemos por ejemplo con cosas que dependen de uno, ya no de la secretaria Arely, ya no del presidente Peña, ya no del presidente electo Andrés Manuel. Como por ejemplo la voluntad de la transparencia individual. Reto que cuando se analizan seis años uno tiene que ver para adelante también. Ya no lo que se hizo en los años pasados, sino qué vamos a hacer con los años que vienen.

Un solo ejemplo a manera de guisa. De los que participamos en las Comisiones de Vigilancia, y de Transparencia de esta Cámara casi ninguno, por no decir apenas tres de los que estamos aquí presentamos la declaración 3 de 3. Es bueno hablar de la transparencia en el ojo ajeno y no en el propio. Entonces tenemos una tarea muy importante que caminar para hacer de este país algo diferente. Y digo, porque parecía algo nuevo, pues yo recuerdo, desde 1982, Miguel de la Madrid Hurtado habló de la renovación moral de la sociedad. Y ahí empezaron los temas, ya había temas muy importantes en cuanto a corrupción.

Pero también en el Código de Hammurabi, y no hago referencias a columnistas que escriben algunos libros haciendo chistoretes del tema de la corrupción. Yo hablo de los temas que tienen que ver con la actitud del ser humano como tal.

Y en ese tenor, en este diseño que también los legisladores estuvimos involucrados, no solamente la decisión de si está completo o no el sistema nacional, está completo o no el sistema estatal. Cuántas instancias más tendríamos que ver para poder solucionar un tema que tiene que ver con la actitud de la persona humana.

Entonces el tema no es fácil. Y yo quisiera invitar a mis compañeras y compañeros diputados, como lo hicimos en otros temas, a tratar de pensarle bien qué vamos a hacer para este tratamiento que fuera muy fácil para la corrupción... agua del Tlacote. Pues para la corrupción un magistrado especializado en esa área, muy experto. Y para esto otro veamos que se haga con formato electrónico, aunque no haya Estado. O hagamos un sistema de un padrón único de beneficiarios.

Y como que para qué, cuando los programas que se aprueban en este mismo Congreso modifican cualquier padrón único de beneficiarios al final. Y en dónde se va a poner el dinero. No, pues mejor que el padrón lo tenga Hacienda. Pero es del Seguro Popular. Pero tenía IMSS. Pero es que la Ley de Ingresos de un instituto nacional tiene nivel 10. Bueno, pues pongámosle el más caro, porque si ya está pagando para qué ponerlo 2 veces. Pues hagamos sin deducible las cosas. Como verán, es un tema que es más complejo que lo que se pretende solucionar a través de esto que hasta ahorita parece un mazacote y que muy pocas gentes lo tienen muy claro.

Yo le quisiera comentar puntualmente a nuestra invitada, para que pueda platicarnos de este padrón único al que hacía usted referencia, si realmente ya está pero se ha encontrado en los estudios formales de investigadores para hacer política avanzada en evidencias, que se repiten mucho los nombres y hasta el 58 por ciento tienen similitudes casi todos. ¿Será la mejor instancia tenerlo en su Secretaría, o sería mejor tenerlo en Hacienda?

En los países de primer mundo este tipo de padrones se encuentran en Hacienda para que cuando haya, hablando del sistema de salud, deje de tener ISSTE porque en ese momento dejó de ser diputado y deja de tener ISSSTE, al día siguiente ya tenga el sistema de protección social en salud.

Para con todos los trámites que hay que hacer, se reduce el gasto, se reduce la corrupción y se reducen los trámites. No debería estar en la Función. Yo quisiera preguntarle de ese tema, ¿qué piensa usted?

En el segundo, me gustaría mucho que nos dijera qué acciones se han hecho para verificar en los órganos de gobierno, por ejemplo, de los estados, es la única dependencia descentralizada que es Salud, desde 1996, ¿qué auditoría se ha hecho al representante de la Federación en esos órganos de gobierno, que toman decisiones sobre el presupuesto estatal y luego pareciera ser que es el estado el que no hace las regulaciones debidas?

Dice la ley que en esos órganos de gobierno hay un representante federal de la dependencia. ¿Cómo revisa, cómo hace es mecanismo preventivo la Secretaría de la Función Pública, para verificar que lo asignado en los programas se haga de la mejor manera? Es cuanto.

El presidente diputado Óscar González Yáñez: Gracias, compañero diputado Éctor Jaime Ramírez. Sobre todo, gracias por recordarnos el Día del Médico, que tantas cosas hacen por nuestro querido México. Tiene el uso de la palabra la titular de la Secretaría de la Función Pública, para dar respuesta.

La secretaria Arely Gómez González: Diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, primero que nada coincido con usted en la felicitación a todos los médicos de este país, ya que hoy es el Día del Médico, y soy hija de padre médico, médico militar que aún vive. Tiene 94 años y me honro y gracias por la felicitación.

Por otro lado, también el tema de la famosa llamada declaración de tres de tres, que aún no está funcionando en su totalidad, pero ya tenemos la declaración patrimonial y la declaración de intereses.

Yo le quiero señalar que en lo personal yo desde el Senado de la República he sido una impulsora de que se transparente la información contenida en el sistema de Claranet, y que sea accesible a la sociedad.

Desde que me desempeñé con el cargo de procuradora general de la República publiqué la información patrimonial y de intereses, siendo que como procuradora general de la República había la facilidad de no hacerlo por el cargo, pero lo hice y ahora con mayor razón en la Secretaría de la Función Pública.

Adicionalmente, instruí que la información íntegra del sistema de Claranet fuera puesta también a disposición de la sociedad en datos abiertos, para que su utilización pudiera ser posible por parte de la ciudadanía.

De esta manera los servidores públicos de la administración pública federal rendimos cuentas y somos sujetos de escrutinio público conforme a las exigencias de la sociedad. Esto en cuanto al tema del Día del Médico, de la declaración patrimonial, y ahora bien y en cuanto al tema de programas gubernamentales.

Se hace en la Secretaría, en primer lugar otra coincidencia. Coincido totalmente y en la nueva propuesta de la Ley, de modificaciones a la Ley de la Administración Pública Federal, este tema del control y el seguimiento a los padrones se pasa a la Secretaría de Hacienda, que efectivamente es quien la debe de tener para evitar duplicidades, porque quien tiene el ISSSTE no debe recibir algún otro beneficio o programa social, para que ya toda la regulación esté en la Secretaría de Hacienda.  Esto será trasladado en cuanto entre en vigor esta nueva ley.

Ahora. Con la información que tenemos al día de hoy en el SIT, se elaboran confrontas entre diversos padrones de beneficiarios con el propósito de identificar, analizar y monitorear la concurrencia de recursos, así como para verificar que los beneficiarios de los programas correspondan realmente a la población objetivo definida en sus disposiciones legales y administrativas aplicables.

Tengo una tablita donde vamos llevando y damos seguimiento a confrontas que se han hecho y donde nos hemos percatado en la Secretaría de la Función Pública, que hay beneficiarios concurrentes.

Una confronta entre el Seguro Popular y los padrones de derechohabientes del sistema de protección social en salud, hecha en agosto de 2017, hay de beneficiarios concurrentes  6 millones, 415 mil 628.

Otra confronta entre el Seguro Popular y los padrones de derechohabientes del programa social en salud, hecha en septiembre de 2017, otros 6 millones. Confronta entre el Seguro Popular. En todas estas interviene el Seguro Popular, IMSS, ISSSTE, Pemex, ISSFAM e IMSS Prospera, también tenemos beneficiarios concurrentes.

La de noviembre de 17 también existen 8 millones, confronta entre el Seguro Popular y los padrones de derechohabientes. Diciembre 17. Vamos realizando todo esto la Secretaría de la Función Pública, que sí es una Secretaría que trabaja y trabaja mucho, que tiene muchísimos temas pequeños y muy técnicos.

Confronta del Programa Proequidad, a cargo de Inmujeres y una institución, es 61 concurrentes. Confronta de aspirantes a recibir subsidios para proyectos productivos, correspondientes a una convocatoria de 2017, mil 149.

Y así tengo documentados las confrontas que hemos hecho, que como lo señalé en alguna otra pregunta, al día de hoy tenemos 20 confrontas realizadas. Entonces es un trabajo que certeza de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el año que viene lo podrá hacer con un mayor apoyo de todos los elementos necesarios. Gracias.

El presidente diputado Óscar González Yáñez: Gracias a la titular de la Secretaría de la Función Pública. Le damos el uso de la palabra al diputado Éctor Jaime Ramírez, para formular sus comentarios.

El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba: Muchas gracias. Le agradezco mucho sus comentarios, y decirle que usted y yo somos egresados además de una universidad que tiene como lema ser liderazgo de acción positiva. La Universidad Anáhuac.

Yo quisiera comentarle, qué bueno que entienda, compañera, eso es muy bueno. Es buena la comprensión. Yo quisiera comentarle que información que no sirva para tomar decisiones, no sirve para mucho.

Le voy a dar el ejemplo con el que usted me comentó a punto de renovarle. El que la información a veces no es la que se necesita. Vamos a suponer que haya 6 millones de personas con duplicidad con el Seguro Popular. ¿En qué momento se hizo la compulsa por ejemplo en Guanajuato, que es un estado no tan complejo como Tabasco, como Oaxaca? Que se llega al 70 por ciento de la población en dos horas en carro, pero que tiene 46 municipios y que 38 de ellos no hay seguridad social aunque pagues impuestos.

Tú puedes tener Seguro Social, pero vives en Dolores Hidalgo, y es muy complejo que tengas sistema de salud. O trabajes como minero en el municipio de Xichú, y tengas Seguro Social y pagues pero ahí no hay servicios de salud. Obviamente que la gente no es tonta, esa gente trabaja y va al servicio estatal de salud, que es el Seguro Popular.

Entonces esas confrontas que se hacen en la Función Pública, obviamente el tiempo no alcanzó por lo que duró ella al frente de esta institución, pero sin duda que no dudo que trabajen mucho, pero ocupamos que esta gente que sabe y que entiende, pueda accionar el resto del Ejecutivo, porque si no estamos hablando de microfragmentaciones.

A mí sí me parece razonable el pensar que en el tema de transparencia y anticorrupción hace mucho más falta también el sentido común, además de lo que marque la ley que hay que respetar, pero si la pregunta es, ¿y el próximo año si hacen otra compulsa, va a haber 6 millones más?

Y si va el Coneval, van a encontrar 15 millones más que a lo mejor dicen no tener el Seguro Popular, y para la persona que dice que ya lo entiende, soy egresado también de puras universidades públicas, con excepción del doctorado en administración pública, que hice cuando estaba aquí en la Cámara anterior.

Entonces ser egresado de la universidad pública, de una privada, es correcto, pero tener ese gran compromiso de mejorar el país es compromiso de todos, y no se puede hacer solamente dispendiando o dilapidando la fortaleza que algunas personas o algunas instituciones han hecho el bien por México. Es cuanto. Muchas gracias.

El presidente diputado Óscar González Yáñez: Gracias a nuestro compañero diputado Éctor Jaime Ramírez.

El presidente diputado Óscar González Yáñez: Para por última intervención para la tercera ronda, y aprovechamos para informarles que ya están anotados algunos compañeros para rectificación de hechos, y les daremos el uso de la palabra en el orden que fueron registrados. Entonces, si algún compañero desea ser registrado, a lo largo de la siguiente intervención lo podrían hacer. Muy amables. Tiene el uso de la palabra la diputada Beatriz Silvia Robles Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Morena, hasta por cinco minutos.

La diputada Beatriz Silvia Robles Gutiérrez: Buenas tardes. Con su venia, señores presidentes. Buenas tardes, señora secretaria. Entre las principales tareas de la Secretaría que usted representa se encuentra la de vigilar el buen desempeño de las funciones de los servidores públicos, además de coordinar y realizar auditorías sobre la erogación de los recursos federales que se asignan a las dependencias, entre otras. Pero esta secretaría solo ha actuado como falsa promotora de una buena imagen gubernamental y se ha caracterizado en muchos de los casos por encubrir funcionarios corruptos.

Es por ello que no se han visto resultados ni consecuencias en los casos de desvíos de recursos, como los de Sedatu, Sedesol, Sagarpa, caso Chihuahua, Veracruz, OHL, Odebrecht y los fideicomisos para damnificados.

Aunque el caso más representativo de la administración de Enrique Peña Nieto fue la casa blanca, donde un secretario de Estado subordinado exoneró a su jefe, el presidente, de la adquisición de un inmueble de lujo entregado a un amigo y proveedor del gobierno de Enrique Peña Nieto en el estado de México y después en el gobierno federal.

Recientemente se ha hecho público que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes constituyó fideicomisos ilegales para manipular los recursos de los peajes carreteros. Así mismo, para el financiamiento del aeropuerto se recurrió a la creación de fideicomisos privados protegidos por el secreto bancario, ocultando a los ciudadanos el gasto público real.

Y yo me pregunto: ¿dónde se encontraba usted, secretaria? Usted debe saber que, según el índice global de corrupción de 2017, México cayó 6 lugares en el ranking mundial, ocupando el lugar 135 de los 180 países evaluados, lo que nos posiciona dentro de la cuarta parte más corrupta del mundo.

Al respecto, al final de mi participación le haré entrega de un expediente con comprobantes muy importantes de corrupción y 11 preguntas que le pediría que me haga favor de responderme, si es tan amable.

Y aunque el tema de la estafa maestra está siendo relegado a un segundo plano, yo quisiera centrarme en hacerle preguntas muy puntuales al respecto, a las que como ciudadana exijo respuestas igualmente puntuales.

Primero, ¿a cuánto ascienden los montos que se desviaron a Sedesol, Sedatu y Sagarpa? ¿Cuáles son los nombres y cuántos son los funcionarios sancionados que se encuentran involucrados en la estafa maestra?

De las universidades detectadas en el desvío de recursos a empresas fantasma, ¿a cuántos funcionarios ya se ha sancionado? ¿Cuántas carpetas de investigación llevan en el tema de la estafa maestra y cuáles son los avances en ellas, cuántas han concluido?

¿Cuántas auditorías h1 de a presentado la Auditoría Superior de la Federación sobre el caso y por qué si se sabe que la Auditoría Superior de la Federación ya ha valorado los desvíos, no se han presentado las imputaciones a los involucrados? Eso sería lo que le pido por favor que me responda, secretaria. Muchas gracias.

El presidente diputado Óscar González Yáñez: Muchas gracias, compañera diputada, la compañera diputada Beatriz Silvia. Tiene el uso de la palabra la secretaria de la Función Pública para dar respuesta, hasta por cinco minutos.

La secretaria Arely Gómez González: Muchas gracias, diputada Beatriz Silvia Robles Gutiérrez. El tema de la estafa maestra, primero que nada, quiero señalar que este tema no es un tema ajeno para la Secretaría de la Función Pública. Desde mi llegada a la Secretaría de la Función Pública en octubre de 2016 instruí a los comisarios que en las juntas de gobierno y en los comités de control y desempeño institucional realizaran recomendaciones en las instituciones.

Primero que nada, para privilegiar las licitaciones públicas por encima de la invitación restringida o la adjudicación directa. Incluso en algunos casos, y está todo también documentado en actas de instancias de gobierno, así como en opiniones y reportes que emiten los delegados y comisarios públicos, se instruyó de que no se abusara de la contratación con universidades sin apego a la normatividad. Esto está todo documentado, esto fue, estamos hablando de 2016.

Mediante oficio del 17 de marzo de 2017, instruí a todos los órganos internos de control que identificaran los contratos-convenio y actos jurídicos efectuados al amparo del artículo 1o., quinto párrafo, de la Ley de Adquisiciones, en los que existiera algún riesgo a fin de llevar a cabo la fiscalización de los mismos.

De igual forma, toda vez que el reportaje denominado la estafa maestra se basó en información de la Auditoría Superior de la Federación, instruí a los órganos internos de control dar acompañamiento a las instituciones e impulsar la atención de observaciones formuladas por los entes fiscalizadores.

También ordené que en los casos donde la Auditoría Superior de la Federación no hubiera dado vista a la administración de la universidad lo hiciera el propio interno de control correspondiente.

Como ustedes saben, nosotros, como la Secretaría de la Función Pública no podemos auditar a las universidades, pero sí podemos dar vista a la Auditoría Superior.

Ahora, ¿qué logramos con estas medidas preventivas? Porque también creo que parte del trabajo de la Secretaría de la Función Pública es actuar de manera preventiva. Se disminuyó el monto y redujo el número de contratos celebrados.

El monto de contratos celebrados, por ejemplo, en 2013, fue de 2 mil 106. En 2018 tenemos 997, donde hay una reducción de 52 por ciento. Todo esto gracias a la intervención de los comisarios y los delegados en los Cocodis y a todas instrucciones que se les giraron a los órganos internos de control.

También bajó el monto de los contratos. En 2013 el monto fue de 12 mil 869 millones de pesos, en 2014. Y en septiembre de 2018 el monto es de 2 mil 200 millones de pesos. Lo que significa una reducción del 82 por ciento. En estos contratos se ha tomado la precaución de que se cumpla con la normatividad que nos marca el artículo 1o. de la ley.

Ahora bien, hemos investigado qué se ha hecho a 87 servidores públicos de las diversas instituciones: Sedesol, Banobras, Fovissste, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Secretaría de Economía, Sagarpa, Secretaría de Educación Pública, Registro Nacional Agrario e INEA. Al momento hemos emitido 17 resoluciones sancionatorias correspondientes a 17 servidores públicos.

Ahora bien, el tema que, lo menciono porque ha sido señalado en los medios de comunicación, es el tema de que se sancionó a un servidor público de la Sedesol, luego Sedatu y se le inhabilitó por diez años, y acabamos de inhabilitar ahorita a otro servidor público también de la misma institución.

¿Esto con base en qué lo hicimos? La Auditoría Superior de la Federación, para los que están aquí de Hidalgo, notificó que se realizó una investigación al organismo público descentralizado Radio, Televisión de Hidalgo porque identificó irregularidades en la prestación de servicios contratados al amparo del convenio de prestación de servicios para la transmisión de la campaña, en este caso Cruzada Nacional contra el Hambre, versión dos años cumpliendo.

Derivado de lo anterior, el órgano interno de la Sedesol, aquí presente, inició la investigación correspondiente y después de substanciar el procedimiento administrativo determinó imponerle a Radio y Televisión de Hidalgo una inhabilitación y una multa económica, y con base en esto se ordenó la apertura de varios expedientes de investigación en contra de servidores públicos que estaban relacionados, servidores públicos ya federales que estaban relacionados con este contrato.

Después de desahogar todos estos procedimientos se emitieron dos resoluciones. A un servidor público se le impuso una inhabilitación para ocupar cargos públicos por 10 años y una sanción económica por más de 200 millones de pesos. Mientras que al otro, que se le aba de poner creo que la semana pasada, se le inhabilitó por 10 años y se le impuso también una sanción económica por más de 373 millones de pesos.

Aquí les aclaro, porque aquí protesté decir la verdad, estas resoluciones no están firmes, porque los servidores públicos y al que se le acaba de notificar, están en condiciones de interponer los medios de impugnación que estiman convenientes, pero tengo la certeza y la confianza en que todo el trabajo que se realizó por varios meses, por el órgano interno de control de la Sedesol ha sido un trabajo verdaderamente puntual y estaremos atendiendo todos los medios de defensas, como por la parte de la Secretaría de la Función Pública.

También quiero señalarles, que para determinar estas sesiones se ha trabajado con una estrecha colaboración con la Auditoría Superior de la Federación, porque ellos también tienen procedimientos abiertos. Entonces, hemos hecho un trabajo de la mano, un acompañamiento y todavía si el tiempo nos lo permite, estaremos sancionando a otros servidores públicos, si no ya dejaremos esto en el acta entrega-recepción.

Ahora bien, se pregunta si nada más se ha llegado a sancionar a estos servidores, y aclaro. Yo no puedo, yo cuando investigo no investigo a personas, con el nombre y apellido, se hace la investigación al servidor público que cometió esta falta administrativa, pero definitivamente y nos ajustamos al marco normativo que nos rige, porque ustedes saben, todas las secretarias tienen manuales –huy, ya me pasé– de organizaciones, sus reglamentos, nos tenemos que adecuar, pero esto no quiere decir que no seguimos investigando y que estos asuntos estén cerrados. Se cerraron el de estas dos personas, pero hay muchos otros. Es cuanto, y perdónenme, es el único momento que me pasé del tiempo, me disculpo.

El presidente diputado Óscar González Yáñez: Muchas gracias, señora secretaria. Tiene el uso de la palabra el diputado Humberto Pedrero Moreno, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por dos minutos, para hacer sus comentarios.

El diputado Humberto Pedrero Moreno: Muchas gracias por su respuesta, señora secretaria. Me gustaría finalmente dar algunas conclusiones y precisiones de la comparecencia del día de hoy.

En primer lugar, estoy seguro de que nos enviará las preguntas pendientes de respuesta que le han solicitado mis compañeros por escrito y es importante agradecerle de antemano.

Con las preguntas y respuestas que hemos conocido el día de hoy, es palpable que aún nos falta mucho en la construcción del Sistema Nacional Anticorrupción. Sabemos que no es una culpa exclusiva de los órganos fiscalizadores, sino que es algo más integral y orgánico, por eso es importante para nuestro grupo parlamentario conocer, de su parte y con su experiencia única realmente en los tres niveles de gobierno, como legisladores en el Senado de la República, como procuradora General de la República y como secretaria de la Función Pública Federal, cómo darle más elementos a esta Secretaría de la Función Pública para que pueda ser más eficiente en su mandato constitucional.

En tercer lugar. También es importante destacar los avances, porque es de reconocer que cuando usted y su equipo recibió la Secretaría en octubre 2016, esta Secretaría carecía de muchísima credibilidad. Sin embargo, en estos dos años, como usted nos dijo, se han recuperado una cantidad importante de recursos, sobre todo de reintegros que han hecho la federación, diversos órganos tanto federales como estatales y municipales. Eso es de reconocerse.

Y en ese sentido, también es importante contar con su apoyo y consejos en la implementación de este nuevo plan que acabamos de presentar la semana pasada, desde el Grupo Parlamentario de Morena, en donde estamos impulsando esta iniciativa que reforma y adicional diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

En esta, en la exposición de motivos, hemos, se dice muy claramente que la Secretaría de la Función Pública va a jugar un papel muy relevante en llevar a cabo esta austeridad republicana que ha establecido el presidente electo Andrés Manuel López Obrador.

En ese sentido, nosotros queremos aprovechar de toda la experiencia que usted tiene y su equipo, para que en este mes y un poco más de días que queda al cargo de la Secretaría de la Función Pública se puedan implementar todas las medidas necesarias, para que el equipo entrante y el presidente de la República, a través de la Secretaría de la Función Pública Federal tenga todos los elementos para que realmente se lleve a cabo este plan de austeridad republicana.

Por último, concluyo con un reconocimiento a usted y a su equipo por los resultados obtenidos, a pesar de las limitaciones que han sido claras a través de esta comparecencia. Y muchas felicidades. Muchas gracias.

El presidente diputado Óscar González Yáñez: Muchas gracias, compañero diputado. La señora secretaria nos pide hacer un comentario, solamente para efectos de versión estenográfica, de entregarnos una documentación.

La secretaria Arely Gómez González: Muchas gracias, diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo, diputado Óscar González Yáñez, presidentes de las comisiones ante las cuales el día de hoy comparezco. Me permito hacerles entrega de esta iniciativa, o sea, traje una para todos, ¿verdad?, de esta iniciativa para ver si consideran ustedes importante tomarla en consideración, donde se señalan reformas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Y también me permito entregarles, es lo que me faltaba, un proyecto de la Ley del Servicio Profesional, en este disco, les haré llegar a las otras comisiones, y también infografías, que ojalá se pudieran compartir con los compañeros integrantes de las comisiones, sobre el caso Odebrecht, paso exprés, el tema de las universidades. Estas son infografías que se explican de manera muy clara y precisa, el trabajo realizado por la Secretaría de la Función Pública.

Es cuanto y muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos quienes han participado con sus preguntas y su interés por el tema.

El presidente diputado Óscar González Yáñez: Gracias, señora secretaria, y tenga por seguro que se les va a hacer llegar a todos los integrantes de ambas comisiones... los ejemplares. ¿En qué sentido, diputado? Entendemos lo que la señora secretaria nos dijo, es un insumo de trabajo de algunos elementos que nos pueden servir para nuestro propio análisis.

La secretaria Arely Gómez González: Era un anteproyecto que ya no se presentó, yo como secretaria de la Función Pública no tengo facultades para presentar iniciativas, pero se los impreso como un documento de trabajo.

El presidente diputado Óscar González Yáñez: Para seguir desahogando nuestra comparecencia de los trabajos de esta reunión, se les recuerda que por acuerdo de la Junta de Coordinación Política tenemos hasta un minuto para poder hacer rectificación de hechos.

Hemos sido laxos con el tiempo, les pediríamos, como llevamos prácticamente seis horas el día de hoy, les daríamos el uso de la palabra y tenemos 15 intervenciones, ya la señora secretaria ya no haría uso de la palabra y todas sus preguntas y cuestionamientos se las llevaría y nos daría puntual respuesta de manera por escrita.

En consecuencia, iniciaremos el desahogo. Tiene el uso de la palabra el diputado Marco Antonio Andrade Zavala.

El diputado Marco Antonio Andrade Zavala: Buenas tardes, secretaria Arely Gómez González, estimados diputados. En lo que va de la administración de Enrique Peña Nieto se han recuperado 10 mil 374 millones de pesos, con un costo de recuperación de 20 mil 872 punto 4 millones de pesos, es decir, más del doble.

No hemos tenido respuesta fehaciente de los casos de Paso Exprés de Cuernavaca, caso Odebrecht, Sedatu, Sedesol. Y a la fecha hay siete dependencias del gobierno federal que no reportaron a la Tesorería de la Federación 2 mil 735 garantías por 3 mil 82 millones de pesos.

Adicionalmente, la Auditoría Superior de la Federación observó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no hizo efectivas las garantías por obras no realizadas, por un monto de 104 millones de pesos.

Además, existen temas que son de trascendental seguimiento en su fiscalización y rendición de cuentas, y que es necesario que la dependencia a su cargo rinda informe respecto a los siguientes temas: el Nuevo Aeropuerto Internacional de México, las adquisiciones y puesta en operación de agro-hidrogenados por parte de Pemex, los proceso de adjudicación de la ronda uno y dos por parte de la Secretaría de Energía, y algo de suma importancia es el desempeño de las autoridades en el proceso de reconstrucción derivado de los sismos de septiembre de 2017, en donde ya se presumen severos desfalcos, parcialidades y actos de corrupción por parte del gobierno actual.

Además, exigir una investigación por la ineficiencia de Pemex al autorizar la compra de un millón 400 mil barriles de petróleo al extranjero, y que se investigue y rinda cuentas respecto a esta compra y el posible daño al erario por medidas ineficientes de esta naturaleza. Es cuanto.

El presidente diputado Óscar González Yáñez: Gracias, compañero diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Roberto Hernández Tapia. Arturo Roberto Hernández Tapia. No está presente. Tiene el uso de la palabra la diputada María Teresa Marú Mejía. Tampoco está presente. En el uso de la palabra la diputada Miroslava Carrillo Martínez.

La diputada Miroslava Carrillo Martínez: Gracias, buenas tardes. Maestra Arely, escuché en su intervención, cuando señaló en su presentación la congruencia como característica de su gestión. Sin embargo, le quiero compartir algunas experiencias, pongo en duda esa congruencia.

Por una parte, en julio de 2017 usted firmó un nuevo Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, que establece en el artículo 58 que sería usted misma quien designaría a su propio contralor.

Yo le pregunto si considera esta una práctica de ética, nombrar al propio contralor, cuando el principio de independencia es la base para que un contralor pueda en un momento actuar de manera eficiente.

Otro punto es el tema, aquí quisiera saber, la invito a que dé a conocer cuál es el estatus del edificio donde la Semarnat tiene sus oficinas, en la colonia Anáhuac, Ejército Nacional 222, que se dijo era para concentrar las oficinas del sector y se contrató un arrendamiento por 2 millones a tasa variable, a duración 20 años.

Quisiera que antes de culminar este lapso en el que usted está por concluir esta administración, pudiera decirnos la verdad sobre estos asuntos. Muchas gracias.

El presidente diputado Óscar González Yáñez: Gracias a la compañera diputada Miroslava Carrillo. Tiene el uso de la palabra el diputado Daniel Gutiérrez Gutiérrez. Tiene el uso de la palabra la diputada Norma Adela Guel Saldívar.

La diputada Norma Adela Guel Saldívar: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros, el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es una obra de infraestructura de gran calado que permitirá fortalecer la competitividad turística y económica del país.

Dada su relevancia y el impacto que este proyecto tiene en materia presupuestal, se requiere ejercer un control y vigilancia estricta de los recursos públicos utilizados para su construcción.

La Secretaría de la Función Pública ha concluido cinco auditorías, once visitas de inspección y seis verificaciones de calidad a las obras del nuevo Aeropuerto, en las cuales se determinaron 114 observaciones, de las cuales 30 se encuentra ya atendidas.

Actualmente, la Secretaría de la Función Pública cuenta con tecnología de vanguardia, como lo son los laboratorios móviles de verificación de calidad de materiales de la obra pública, los cuales permiten revisar en tiempo real la ejecución de las obras públicas, garantizando así que los recursos que destina el Estado a la construcción de infraestructura física se administren con eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez e imparcialidad.

Adicionalmente, para fortalecer las acciones de carácter preventivo, ha impartido 20 talleres dirigidos a residentes y supervisores de obra pública, con la finalidad de que tengan un mayor conocimiento y dominen la materia para reducir las omisiones o errores en la ejecución y presupuestación de esta obra.

En el marco del Convenio celebrado con la OCDE y la SCT se integraron al programa de acompañamiento preventivo los procedimientos de contratación, se instalaron mesas de acompañamiento preventivo para la construcción. Se instalaron mesas de acompañamiento preventivo para la construcción de la pista 6 y calles de rodaje y las plataformas de la terminal.

Además, la entidad aeroportuaria solicitando mesas para el túnel de drenaje pluvial profundo del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, así como las redes exteriores de distribución de servicios del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Por su parte, la Secretaría de la Función Pública propuso de manera oficiosa el acompañamiento de la construcción del Centro Intermodal de Transporte Terrestre. De esta manera, la SFP contribuye a garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el desarrollo de este importante proyecto de infraestructura del gobierno de la República y de la sociedad mexicana.

La labor permanente de prevención que realiza esta dependencia juega un papel central para evitar irregularidades en la ejecución de los recursos públicos, que puedan significar un daño al patrimonio de la federación y de los mexicanos. Gracias.

El presidente diputado Óscar González Yáñez: Muchas gracias a nuestra compañera diputada Norma Adela Guel. Tiene el uso de la palabra la diputada Laura Imelda Pérez Segura, hasta por un minuto. ¿No está? En el uso de la palabra, la diputada Rocío del Pilar Villarauz Martínez. Tampoco está. El diputado Eulalio Juan Ríos Fararoni. Tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo Aguilar Castillo.

El diputado Ricardo Aguilar Castillo: Muchas gracias, señor presidente. Muy breve. En primer lugar, hay un tema que aquí se abordó con profundidad, que es el tema de las adquisiciones federales.

Y lo que aquí quiero llamar la atención es el trabajo que ahora tenemos como diputados, porque contribuyó demasiado en la Ley de Obras Públicas y Servicios Públicos Relacionados, tan es así que la Secretaría presentó la inicia y en el 2014 se aprobó por la Cámara de Diputados y queda la falta de aprobación en el Senado.

Y no obstante que esta ley está ahí, esta Secretaría contribuyó a modificar los reglamentos, tanto de la Ley de Adquisiciones como la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados. Entonces, ahí tenemos una tarea bien importante que realizar en trabajo legislativo.

Pero bueno, hemos avanzando. En un minuto no puedo decir todo, pero lo que sí puedo hacer es un reconocimiento a los funcionarios de la Secretaría de la Función Pública, y muy en especial a lo que ha realizado la secretaria Arely.

Con lo que tiene a su alcance ha hecho cosas importantes, pero yo invito a mis compañeros diputados, a que ahora en lo sucesivo, hagamos lo suficiente para que esta secretaría tenga mayores elementos para combatir la corrupción, y que se pueda avanzar en la materia. Señor presidente, muchas gracias.

El presidente diputado Óscar González Yáñez: Al contrario, a usted, diputado Ricardo Aguilar. En el caso particular del diputado Alejandro Ponce Cobos, que me dicen que está presente, pero que declinó su participación, ¿es correcto? ¿Sí? Muy amable, gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado José Ricardo Delsol Estrada... El diputado Manuel Gómez Ventura.

El diputado Manuel Gómez Ventura: Por el tiempo, ya no voy a saludarlos de manera particular, pero a todos... Miren cuántas películas tuvo que hacer Damián Alcázar, para que el pueblo mexicano despertara.

En el tema de la corrupción, que es amplio hablar de él, es un cáncer que los gobiernos neoliberales jamás quisieron erradicar, pues igual fueron parte de él. Sin embargo, debo de reconocer que todos los secretarios que han hecho su comparecencia en el pleno, y hoy aquí, la señora secretaria Arely Gómez, debo reconocer que antes de subir acá, yo había hecho otro planteamiento, sin embargo, fui escuchando todas sus participaciones, y creo que algo bueno hay de ella.

Y a lo mejor en ese trabajo que nos acaba de entregar, vienen algunos sentimientos encontrados, porque es cierto, un gobierno en donde se manejaron única y exclusivamente de manera directa las decisiones, no se pudieron hacer muchas cosas.

Yo creo que en ese trabajo que nos está presentando habrá muchas cosas que podremos retomar, y si nos las comparten, yo creo que le daremos el valor que debe de traer ahí. Aclaro que en este ejercicio que nosotros tenemos, también habremos de poner todo de nuestra parte, para que esa corrupción pueda erradicarse paulatinamente, y podamos llevar a nuestro México a un mejor escenario. Muchas gracias.

El presidente diputado Óscar González Yáñez: Gracias a usted, compañero diputado. Tiene el uso de la palabra, la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo.

La diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo: Gracias, presidente. Yo no quiero dejar de hacer un reconocimiento a una mujer congruente, preparada, y muy tenaz. Arely Gómez fue mi compañera senadora, y la verdad es que fue de las que mayor impulso dio, desde entonces, a la reforma constitucional en materia de Transparencia y Combate a la Corrupción.

Y secretaria, hoy quiero además, reconocer como mexicana, que en la participación de su secretaría fue crucial en la negociación del acuerdo comercial México, Estados Unidos y Canadá, para articular por un lado, las obligaciones del gobierno mexicano, con la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, y por otro, velar por el cumplimiento de los compromisos internacionales de nuestro Estado, promoviendo la incorporación e innovación de las mejores prácticas anticorrupción observadas en tratados internacionales.

Los temas prioritarios hay que señalarlos. La lucha contra el cohecho y los pagos de facilitación, la protección de los denunciantes, el fomento de la responsabilidad de las personas morales, y la cooperación internacional.

El capítulo Anticorrupción, no me cabe duda, sobrepasa los estándares internacionales en la materia, y reconocen la necesidad de promover el Principio de Integridad entre los sectores público y privado. Mi reconocimiento a una mexicana íntegra, y que ha acreditado grandes resultados.

El presidente diputado Óscar González Yáñez: Muchas gracias. Nos acompaña la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo, por sus comentarios.

Agotada la lista– tenemos un problema logístico– quisiéramos que el presidente de la Junta de Coordinación Política, no quiere hacer una intervención, pero quiere despedir a la titular de la Secretaría de la Función Pública. Entonces, por una cortesía para él, y para la titular de la Secretaría de la Función Pública, dado que es el Presidente de la Junta de Coordinación Política, darle una cortesía.

En consecuencia, le pediríamos a nuestro compañero diputado Mario Alberto, que nos haga su comentario final, para terminar esta comparecencia.

El presidente diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo: Ya sé que el tiempo ya está encima de todos, pero no quisiéramos cerrar todavía, sin mencionar que me parece que fue una jornada que muestra una cara diferente en las comparecencias.

Me parece que reinó un clima de diálogo. Si bien es cierto, hay muchas dudas respecto a las temas de transparencia, corrupción y rendición de cuentas, me parece que el tono en el que nos desarrollamos, también manda un mensaje de civilidad política al exterior, de que también la ciudadanía espera que estos temas tengan una fuerte discusión, pero dentro de lo que marca el diálogo, la comprensión y la sensibilidad, como deben de hacerse las cosas.

Creo que hoy salimos ganando todos, en el sentido de que coincidimos en que las instituciones que hoy tenemos en el país, merecen fortalecerse, merecen mejorarse las condiciones de profesionalización en el servicio público, pero, además, me parece que tenemos tareas urgentes.

Ya mencionaban aquí algunas. La vinculación entre lo público y lo privado, reforzar el marco normativo, y de alguna manera también, empezar por la casa; yo coincido con mi compañero que me antecedió, de la Fracción del PAN –que ya no está, al parecer ya se retiró–, pero coincido con que en breve estaremos también presentando nuestras declaraciones 3de3, quienes estamos obligados a estar en este micrófono pidiendo rendición de cuentas, tendremos que ser los primeros.

Hoy que venza el plazo para la Declaración Patrimonial, que creo que todavía estamos en tiempo, estaremos en tiempo, quienes así lo decidan, iniciar con estos procesos que también transparentan y le dan certezas y le dan mayores esperanzas a la población, a los ciudadanos que tanto esperan de nosotros.

Entonces, yo diría que tenemos mucho qué hacer. Hoy nos llevamos insumos que nos dejan en esta mesa tantas preguntas; me parece que hay mucho que responder, y no solamente desde la perspectiva de una sola fracción, sino en conjunto, me parece que lo que hay que atender es el flagelo de la corrupción.

Y en eso me parece que nos espera una larga tarea, para todos los que hoy estamos en esta legislatura, y de alguna manera, agradecerles a todos, su tiempo, su presencia, y sus reflexiones, a todos los compañeros diputados de ambas Comisiones.

Ahora sí, parece que ya nos acompaña aquí, adelante. El diputado Mario Delgado. Gracias por la presencia aquí del Presidente de la Junta de Coordinación Política, al diputado Mario Delgado...

El presidente diputado Óscar González Yáñez: Siempre es un honor para cualquier comisión, que el presidente de la Junta de Coordinación Política esté con nosotros.

Agotada la lista de intervenciones, esta Presidencia da por concluida la comparecencia de la secretaria de la Función Pública ante esta soberanía, en el cumplimiento de los artículos 69 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De conformidad con lo que establece el artículo 7 numeral 5 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la versión estenográfica de esta reunión será remitida a la Presidencia de la República, para su conocimiento.

El presidente diputado Óscar González Yáñez: Agradecemos, a todos, su asistencia. Se levanta la sesión, siendo las 17 horas con 14 minutos del día 23 de octubre. Gracias a todos por su asistencia.

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