El Presidente diputado Manuel Pérez Cárdenas: Compañeros y compañeras Legisladores: Iniciamos esta sesión ordinaria de la Comisión de Investigación sobre el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, IPAB. Estamos tomando la lista de asistentes, seguramente en el transcurso de esta jornada se incorporarán los diputados miembros de la Comisión.

Damos la más cordial bienvenida a esta sesión al ciudadano Secretario de Hacienda y Crédito Público, licenciado Francisco Gil Díaz y al Secretario Ejecutivo del IPAB, licenciado Mario Beauregard Alvarez, quienes participan en calidad de comparecientes para explicar todo lo relacionado con las importantes medidas acordadas por sus respectivas dependencias y entidad con los bancos subsistentes de los que fueron apoyados con motivo de la crisis financiera de 1994-1995 y que fueron anunciadas hace apenas unos días.

Toda vez que de esta sesión fue extendida respetuosa invitación a la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado de la República, tenemos el honor de contar con la presencia de diversos compañeros y compañeras senadores, entre ellos la del Presidente de la mencionada Comisión, el senador Fauzi Hamdan Amad, a quienes damos la más cordial bienvenida.

Procediendo al desahogo del orden del día, que fue publicado en la Gaceta Parlamentaria de fecha 20 de Julio en curso, me permito proponer que en lo que se refiere al acta de la pasada sesión ordinaria obviemos su discusión, toda vez que fue circulada con toda anticipación anexa a la invitación a esta sesión y la demos por aprobada.

Al no haber ninguna objeción se da por aprobada el acta de la última sesión.

A continuación y para desahogar el quinto punto del orden del día, referente al Informe del ciudadano Secretario de Hacienda y Crédito Público en relación con la sustitución de pagarés del Fondo Bancario para la protección al Ahorro Bancario, FOBAPROA por obligaciones a cargo del IPAB, cedo el uso al señor Secretario, licenciado Francisco Gil Díaz.

El Licenciado Francisco Gil Díaz, Secretario de Hacienda y Crédito Público: Señoras y Señores Legisladores:

Asisto gustoso, en compañía del Secretario Ejecutivo del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, a la segunda reunión ordinaria de trabajo de esta Comisión en respuesta a su atenta invitación para informar acerca de la culminación de una etapa crucial para el cabal cumplimiento de la ley que dio origen a este Instituto.

Confío que esta reunión sirva a las labores que realiza el Congreso de la Unión en ejercicio de su facultad consagrada en el artículo 93 constitucional.

Como se informó hace algunos días, el Instituto celebró diversos contratos con los bancos que participaron en el programa de compra de cartera y capitalización BBV de Bancomer, Banamex, Banorte y HSBC, se instrumentó así el modo programa al que se refiere el artículo 5o. Transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario y se dio fiel cumplimiento a dicho artículo.

Son tres los aspectos fundamentales de esta acción que merecen comentarse:

La reducción del monto de la obligación a cargo del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario.

La aceptación por parte de los bancos de la realización de las auditorías ordenadas por el Instituto, y

La emisión del pagaré cuando concluyan las auditorías, ajustando su monto según los resultados que deriven de las mismas.

En efecto el valor de la obligación de pago a cargo del IPAB será algo menor a la mitad del monto del pagaré Fobaproa. Esto implica que de un valor actual de 223 mil millones de pesos se recuperarán 116 mil millones. Esta última cifra incluye la recuperación de cartera, las cantidades que aportaron los bancos de acuerdo a su obligación de ser partícipe en las pérdidas, así como el abono que realizaron los bancos por concepto de créditos relacionados.

A los 116 mil millones habrá que sumar la cantidad que resulte de las auditorías que se mencionan a continuación:

En efecto, además de que esta transacción permite una recuperación para el gobierno federal, las instituciones de crédito aceptaron que se efectúen las auditorías de gestión, de identidad de objeto y de existencia y legitimidad y de legalidad ordenadas por la junta de gobierno del IPAB, así como cubrir al Instituto lo que resulte de dichas auditorías.

Por último, la emisión y entrega del pagaré a los bancos solo se podrán llevar a cabo cuando se hayan aplicado los resultados de las citadas auditorías. Estas acciones se hicieron con estricto apego al marco legal, especialmente al artículo 5o. Transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, norma discutida y aprobada por el Congreso de la Unión.

Además de las disposiciones legales que debemos acatar, se tomó en cuenta el punto de acuerdo del 11 de agosto del año pasado, adoptado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el que se exhorta al Instituto a convocar a las instituciones bancarias participantes en el programa de capitalización y compra de cartera, a cumplir con lo dispuesto en el artículo 5º transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario. Dicho artículo ordena realizar los actos necesarios para poner en marcha un nuevo programa en el IPAB, que sustituya al Programa de Capitalización y Compra de Cartera, originalmente implementado por el FOBAPROA.

El exhorto del Congreso al IPAB, al que me acabo de referir, señala justamente que el proceso deberá apegarse a las disposiciones del artículo 5º transitorio. Me permito entonces dar cuenta de lo realizado en cumplimiento de la ley y del punto de acuerdo referido, cuyo exhorto consiste esencialmente en tres directrices:

Primera.- El cumplimiento del artículo 5º transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, lo que implica poner en marcha el nuevo programa.

Segunda.- El procesamiento de los documentos de trabajo del auditor contratado en su momento por la Cámara de Diputados, Michael Mackey; y

Tercera.- La realización de las auditorías de gestión, de identidad de objeto y de existencia y legitimidad y de legalidad.

Veremos qué se ha realizado por parte del gobierno federal y del IPAB respecto de cada una de estas directrices.

Respecto de la primera, el Instituto convocó a los bancos a que se apegaran estrictamente al o preescrito por el mencionado artículo transitorio. Las autoridades que intervinieron en este proceso están convencidas de que la mecánica para la realización del canje de pagarés con que debía culminar el cumplimiento del multicitado artículo, no estaba sujeta al arbitrio del IPAB ni de alguna otra autoridad o particular. Por eso, se cuidó escrupulosamente que el procedimiento se ajustase a lo establecido por el Congreso en la Ley de Protección al Ahorro Bancario.

El artículo 5º transitorio indica claramente dos prerrequisitos, para que el canje de los pagarés o puesta en marcha del nuevo programa. Tales condiciones son: Que se hayan concluido las auditorías ordenadas por el Congreso de la Unión, es decir, las de Michael Mackey, y que los bancos en posición de los llamados "Pagarés FOBAPROA", se adhieran al nuevo programa.

Ambas condiciones se cumplieron, toda vez que las auditorías ordenadas por la Cámara de Diputados ya habían concluido y que las instituciones de crédito manifestaron su adhesión al nuevo programa, sujeta a que se firmaran los contratos relativos.

Me refiero ahora a la segunda directriz y el exhorto, el procesamiento de los documentos de trabajo del informe de Michael Mackey.

El IPAB cuenta con los bank reports o reportes en los bancos, pero no con los papeles o documentos de trabajo que obran en poder de los despachos que auxiliaron a Mackey en sus auditorías.

Parte sustancial de los acuerdos con las instituciones de crédito alcanzados en días recientes, es precisamente la garantía de que se hará entrega de esos documentos, porque son indispensables para la realización de las auditorías de legalidad.

Las auditorías de gestión, de identidad de objeto y de existencia y legitimidad y de legalidad, constituyen la tercera directriz del exhorto del Congreso.

No es ocioso recordar que esas auditorías fueron diseñadas y ordenadas por la Junta de Gobierno del IPAB a instancia de la Auditoría Superior de la Federación, como un requisito adicional, subrayo "adicional", a los que marca el artículo 5º transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, pero con fundamento en el derecho común.

Uno de los puntos más importantes de la negociación entre las autoridades financieras y las instituciones de crédito, fue el relativo a que los bancos permitieran la realización de las auditorías.

Dado que los bancos se habían amparado en contra de ellas, en los contratos por los que se formaliza el nuevo programa, se estableció que como una condición precedente para la plena vigencia de los contratos mencionados, las instituciones de crédito deberían realizar los actos necesarios para el sobreseimiento de los amparos, lo que ya se cumplió.

Aunque será el Secretario Ejecutivo del Instituto quien ofrecerá un informe detallado acerca de las auditorías que se iniciarán en breve, es pertinente comentar que en los contratos que se firmaron con los bancos se acordó que de conformidad con las facultades otorgadas a la Junta de Gobierno del Instituto, en el artículo 5º transitorio y en la legislación común, los resultados de las auditorías pueden derivar en la sustitución del crédito que se ha rechazado o una reducción de la obligación de pago por parte del IPAB.

En el mismo sentido, se convino que las instituciones de crédito se someterán a los resultados de las auditorías en concordancia con el punto de acuerdo. Así, en los contratos se determinó que los bancos, cito textualmente: "Renuncian expresamente a ejercer cualquier acción en juicio respecto de los resultados".

Por otra parte, en apego al punto de acuerdo se tomaron las medidas para que la selección de los auditores, tanto los legales como los contables, se realice con la máxima transparencia y legalidad, poniendo especial énfasis en que no tengan algún conflicto de interés, así como el que tengan capacidad probada para la realización de este tipo de trabajos.

Hay quien ha afirmado que la instrumentación del nuevo programa debió realizarse con posterioridad a la culminación de las auditorías. Esta aseveración no tiene fundamento en el artículo 5º transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario. Así se reconoce en el propio punto de acuerdo emitido por el Congreso, que a la letra dice: "Con cada banco, el Instituto Para la Protección del Ahorro Bancario instrumentará el programa antes referido, únicamente por el importe de los derechos de cobro sujeto a su monto a los ajustes correspondientes, resultado de la realización de las revisiones derivadas de las auditorías y sus consecuencias, a efecto de contraer la obligación de pago".

Esta última cita corresponde exactamente con lo que se acordó en los contratos con las instituciones de crédito y quiero ser enfático en este aspecto. El IPAB celebró el nuevo programa por el importe de los derechos de cobro de la cartera que mantenía el FOBAPROA y sujeto su monto a los ajustes que resulten de las auditorías.

El Instituto no emitirá los instrumentos a su cargo hasta en tanto no se hayan aplicado las consecuencias de tales auditorías. Con esto se da cabal cumplimiento al punto de acuerdo de la Comisión Permanente dentro del marco del artículo 5º transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario.

Otros puntos del exhorto van dirigidos a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación, y se refieren a que dentro de las esferas de sus atribuciones supervisen y vigilen el proceso de instrumentación del nuevo programa, así como su ejecución.

Si bien el exhorto no se refiere a las autoridades financieras, se ha cuidado que dichas autoridades fiscalizadoras participen dentro de sus atribuciones de una forma activa y propositiva. Se ha estado en contacto permanente con ellas y se les ha informado oportunamente del contenido del nuevo programa. Esto evidentemente sin perjuicio de que ejerzan las facultades con que cuentan ni en detrimento de su independencia e imparcialidad.

Las autoridades responsables del Ejecutivo Federal estaremos pendientes de que se dé cumplimiento al exhorto en estos puntos y prestaremos todo el apoyo para que la dependencia de la Administración Pública Federal y el Organo Superior de Fiscalización puedan ejercer sus facultades constitucionales y legales.

Al mencionarse a la Auditoría Superior de la Federación conviene recordar las observaciones que formuló a las diversas entidades y dependencias de la Administración Pública Federal, con motivo de las revisiones al Programa de Capitalización y Compra de Cartera dentro del marco de las cuentas públicas de 1999 a 2002. Al respecto, debo destacar que con el nuevo programa se atendió la problemática que deriva de sus observaciones. Así para atender lo referente a los créditos relacionados detectados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores como no declarados expresamente por el Banco ni aprobados por el Comité Técnico del FOBAPROA, se condicionó en el nuevo programa que fuesen pagados por las instituciones de crédito. Esta fue otra de las condiciones precedentes a las que estaba sujeta la vigencia de los contratos por lo que se instrumentó el nuevo programa.

Esta acción resulta de suma importancia ya que en pago de los créditos relacionados el FOBAPROA recibió dinero en efectivo de los bancos, por casi 9 mil 500 millones de pesos. Considero éste uno de los grandes logros en la instrumentación del nuevo programa, ya que permitió una mayor recuperación de recursos para el Gobierno Federal.

En cuanto a las demás observaciones, se encontraron los mecanismos adecuados para su procesamiento, los cuales más adelante serán comentados por el Secretario Ejecutivo del IPAB.

Por último, en el séptimo punto de acuerdo emitido por esta soberanía en agosto del año pasado se establece que el Instituto deberá rendir informes en los resultados de las auditorías, a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados a través de su órgano de fiscalización, la Auditoría Superior de la Federación, lo cual se hará con oportunidad y transparencia. Lo anterior, independientemente de que lo relativo a la puesta en marcha y ejecución del nuevo programa será materia de rendición de cuentas ante los órganos correspondientes y de que se proporcionará toda la documentación e información a esta Comisión de Investigación que proceda conforme a derecho.

Señoras y señores legisladores: Con la celebración de los contratos entre el Instituto y las instituciones de crédito cerramos una etapa fundamental de la instrumentación del nuevo programa. Se han establecido las bases de la futura acción del Instituto y los compromisos de los bancos. Aún quedan diversas acciones por realizar, entre las que destacan las auditorías a las que se referirá con mayor detalle el Secretario Ejecutivo del IPAB.

Gracias a la participación responsable de los integrantes y el Congreso de la Unión, así como de la Auditoría Superior de la Federación, el Ejecutivo Federal logró evitar un posible desajuste financiero de gran magnitud que hubiera provocado incertidumbre y volatilidad en los mercados financieros en perjuicio de la estabilidad económica del país.

Muchas gracias.

Muchas gracias señor Presidente.

El Presidente: A usted, señor Secretario.

Para desahogar el sexto punto de la orden del día, relacionado con el informe del Secretario Ejecutivo del IPAB sobre las auditorías que llevará a cabo el propio IPAB, cedo el uso de la palabra al Secretario Ejecutivo, licenciado Mario Buregar Álvarez.

El Secretario Ejecutivo Mario Buregar Alvarez: Con su venia, señor Presidente.

Señoras y señores diputados, miembros de la Comisión de Investigación sobre el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.

Señor Presidente y señores Secretarios de la Mesa Directiva:

Señor Presidente y señores Secretarios de la Mesa Directiva de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado de la República.

Acudo nuevamente ante esta Comisión creada por la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, en atención a la invitación que recibí de la Comisión de Investigación sobre el IPAB.

Reitero a ustedes mi disposición de participar en el marco de la colaboración entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo en el que fuimos convocados, con el objeto de informarles sobre las decisiones adoptadas en relación a las auditorías que llevará a cabo el IPAB a las instituciones de Banca Múltiple que se adhirieron al nuevo programa al que se refiere el artículo 5° transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario.

Comienzo mi intervención abordando el tema de la Auditoría ordenada por la Cámara de Diputados, a que se refieren los artículos 5° y 7° transitorios de la ley. Como ustedes saben, la Cámara de Diputados ordenó la realización de una Auditoría, misma que fue realizada por el Auditor Michael Mackey.

Mucho se ha discutido en el sentido de si ésta es o no es la Auditoría ordenada por la Cámara de Diputados, tema de trascendental importancia si consideramos que formalizar el nuevo programa se requerían dos condiciones: la realización de la Auditoría y que las instituciones de crédito optaran por adherirse a nuevo programa.

Desde el punto de vista del Ejecutivo Federal, no tenemos duda de que la Auditoría llevada a cabo por Mackey, es la ordenada por la Cámara de Diputados. Sin embargo, algunos legisladores cuestionan si esta es la Auditoría a que se refiere la ley.

Permítanme dar algunos elementos que no dejarán duda respecto a que la de Mackey, es la Auditoría ordenada por la Cámara de Diputados:

Primero.- Con fecha 9 de septiembre de 1999, esta Cámara de Diputados presentó un escrito de demanda en la controversia constitucional número 26/99 donde se plantea lo siguiente, y comienzo la cita:

"El día 19 de año en curso, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se expide la Ley de Protección al Ahorro Bancario. Se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las leyes de Banco de México, de las instituciones de crédito, del mercado de valores y para regular agrupaciones financieras, mismo que contienen los artículos transitorio 5° y 7° de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, que facultan a esta Cámara, a continuar con las auditorías al Fondo Bancario de Protección al Ahorro Bancario y concluirlas a más tardar dentro del plazo de 6 meses, por conducto de los auditores que al efecto de autoricen.

"Con el fin de deslindar responsabilidades y sanear los recursos que recibirían el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, el cual está sujeto a condiciones suspensiva y resolutoria de que se lleven a cabo dichas auditorías.

"Para tal efecto, esta Cámara de Diputados designó como Coordinador de Auditorías al Ciudadano Michael Mackey".

Termino la cita.

Segundo punto.- El 24 de agosto de 2000, en la resolución correspondiente a la controversia constitucional antes referida, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que las auditorías ordenadas por la Cámara de Diputados a que se refiere el artículo 5° transitorio de la ley, son los trabajos efectuados y coordinados por el Auditor Michael Mackey y el grupo de despachos contratados por la Cámara de Diputados a sugerencia del propio señor Mackey.

Tercer elemento. En el Punto de Acuerdo relativo a las listas de créditos elaborados por el señor Mackey y entregadas al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, adoptadas en la sesión del jueves 23 de marzo de esta Cámara de Diputados, se señaló lo siguiente, y comienzo la cita:

"Que el pasado día 19 de enero de 1999 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Protección al Ahorro Bancario que señala en sus Artículos Quinto y Séptimo Transitorios la facultad de la Cámara de Diputados para ordenar la auditoría al Fondo Bancario de Protección al Ahorro, Fobaproa, respecto de los programas de capitalización y compra de cartera y de saneamiento financiero.

Que dentro de este contexto se determinó llevar a cabo las auditorías coordinadas por el señor Michael Mackey en la ejecución del programa para la evaluación integral de las operaciones del Fobaproa, en el saneamiento de instituciones financieras de México 1995-1998.

Que el 23 de julio de 1999 el consultor Michael Mackey entregó a la Cámara de Diputados, por conducto del Comité Técnico de Seguimiento a las auditorías del Fobaproa, el informe de resultados sobre el Programa para la Evaluación Integral de las Operaciones del Fobaproa en el Saneamiento de Instituciones Financieras de México 1995-1998, mismo que en cumplimiento a lo previsto por los Artículos Quinto y Sétimo Transitorios de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, fue entregado al Instituto de Protección al Ahorro Bancario para los efectos legales conducentes". Termino la cita.

Derivado de lo anterior, queda claro que la auditoría a la que hace referencia los Artículos Quinto y Séptimo Transitorios de la ley, es la auditoría de Mackey, por lo tanto, el IPAB no encuentra fundamento para las auditorías, materias de este informe, en el citado ordenamiento legal. En este sentido, el IPAB procederá a auditar la cartera de créditos que fue designada como originadora de flujos en el Programa de Capitalización y Compra de Cartera o PCCC, con fundamento en la teoría general de los contratos, la cual es reconocida en la legislación aplicable.

Esta teoría establece que el adquiriente tiene el derecho de verificar que el enajenante haya cumplido con su obligación de transmitir y entregar la materia del contrato, asimismo el IPAB auditará que los créditos, materia del PCCC hayan sido administrados, cobrados o enajenados de conformidad con lo pactado en los instrumentos contractuales que formalizaron el programa antes mencionado, y llevará a cabo la auditoría a la legalidad, consistente en determinar si los créditos, objeto del PCCC fueron otorgados cumpliendo con la normatividad y legislaciones aplicables, con el objeto de dar cumplimiento al Artículo Quinto Transitorio de la ley.

En el marco del nuevo programa las instituciones de crédito se obligaron a proporcionar la información y facilidades necesarias, para que el IPAB lleve a cabo las auditorías ordenadas por la Junta de Gobierno, así como aceptar las consecuencias económicas que se deriven de ellas.

Para llevar a cabo las mencionadas auditorías, el Instituto contratará a terceros especializados en las áreas contable y legal. El proceso de selección de estos despachos, se llevó a cabo de manera muy cuidadosa, de conformidad con el exhorto de la H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión de agosto pasado, el Instituto acudió a la Secretaría de la Función Pública, para que de manera conjunta se llevar a cabo el proceso de selección.

En todo momento se cuidó que no existiera conflicto de interés entre los terceros especializados y las instituciones de crédito, así como que tuvieran experiencia bancaria y una adecuada infraestructura para realizar estos trabajos. Asimismo se le informó a la Auditoría Superior de la Federación, los nombres de los despachos que se pretenden contratar.

El proceso de contratación se apegará a la Ley de adquisiciones y se hará en el marco de una invitación restringida.

Procedo ahora a explicar los objetivos y alcances de las auditorias, comienzo con la de Gestión:

Esta auditoria tiene como objetivo revisar que los bancos participantes en el PCCC, que optaron por adherirse al nuevo programa, hayan efectuado la administración, recuperación y cobranza de los créditos, en los términos establecidos en los documentos contractuales que dieron origen a PCCC.

Es importante mencionar que en esta auditoria se incluyó un concepto nuevo a revisar, las quitas y condonaciones, castigos y quebrantos, efectuados por los bancos desde la fecha de inicio del PCCC hasta su extinción. Este punto es relevante, pues enlaza auditorias ordenadas por la Junta de Gobierno; en mayo de 2002 no se contemplaba revisar este concepto.

En cuanto a la auditoria de Identidad de Objeto, existencia y legitimidad, ésta tiene como objetivo verificar que los créditos que adquirirá el instituto al amparo del nuevo programa, sean los mismos que acordó el FOBAPROA en el marco del PCCC, que los créditos que fueron materia de dicho programa existan y que los bancos hayan estado legitimados para transferirlos al FOBAPROA. Asimismo se verificará que no existan créditos duplicados ni saldos al descubierto, esto es, que todo saldo esté asociado a un principal.

En esta auditoria también se verificara que no existan más créditos relacionados que no hubieran sido expresamente aprobados por el Comité Técnico del FOBAPROA.

En relación a la auditoria de Legalidad, su objetivo es determinar si existió alguna ilegalidad en el otorgamiento de los créditos designados como originadores de flujos en el PCCC.

La revisión se efectuará con base en la información contenida o revelada en los papeles de trabajo elaborados por los despachos contratados por la Cámara de Diputados cuando se realizó la auditoria de Mackey, incluyendo los elaborados por el coordinador de dichas auditorias conocidos como los Banks Reports.

En caso de encontrarse un crédito que se hubiere otorgado ilegalmente, el tercero especializado deberá, además, determinar si la ilegalidad es atribuible o no a la administración de la institución de crédito. Asimismo deberán determinar conjuntamente, el marco jurídico aplicable para el proceso de otorgamiento de los créditos.

Para que la Junta de gobierno pueda ejercer las atribuciones previstas en el artículo 5º., transitorio, a saber, optar por conservar o rechazar los créditos para que se sustituyan por otros activos por un monto equivalente o reducir la obligación de pago cuando la ilegalidad sea atribuible a la administración del banco, es necesario que el auditor determine lo siguiente. Las infracciones que hubieren dado lugar a una sanción administrativa en términos del marco legal aplicable, los incumplimientos al marco legal aplicable que podrán haber dado lugar a la declaración de nulidad absoluta del crédito, las posibles conductas delictivas y los incumplimientos al marco legal atribuibles al acreditado. En cualquier caso será indispensable que los terceros especializados proporcionen en su informe la ilegalidad detectada, el sustento legal, el soporte documental de la ilegalidad en el que basan su opinión y en su caso la imputación a persona cierta.

Bastará la determinación de los terceros especializados en su informe final, para llevar a cabo las consecuencias mencionadas.

Las auditorias antes comentadas tienen diversas implicaciones: En el caso de falta de identidad de objeto o de una ilegalidad en el otorgamiento del crédito que sea atribuible a la administración del banco, se procederá al a inmediata devolución del crédito y a la reducción de la obligación de pago del Instituto; la falta de existencia y legitimidad, implicarán que los bancos sustituyan los créditos.

Finalmente, una gestión fiduciaria que en forma grave haya afectado la recuperación implicará la posibilidad de la sustitución de la fiduciaria del fideicomiso y el reclamo de daños y perjuicios por parte del IPAB. Las instituciones aceptaron que una vez que el Instituto cuente con los informes finales de los terceros especializados se apliquen las consecuencias ya mencionadas.

Dada la actual situación financiera de los bancos ya no se justifica que la sustitución sea por otros créditos a cargo de las instituciones, lo que implicaría que el IPAB mantendría el riesgo de poder cobrar estos nuevos créditos. Por tal motivo se acordó con los campos que en caso de que procediera la sustitución ésta se llevará a cabo por créditos a cargo del IPAB y a favor del banco o bien por efectivo.

El plazo para realizar las auditorías será de 125 días hábiles contado a partir del día hábil siguiente al que el banco entregue la información inicial a los terceros especializados y solo podrá ser prorrogado por una sola ocasión, a solicitud expresa de éstos. Si este fuera el caso, los terceros especializados contarían con 25 días hábiles adicionales para entregar su informe final.

Será hasta que se conozcan los resultados de las auditorías ordenadas por la Junta de Gobierno del IPAB y que se hayan aplicado sus consecuencias, que el Instituto emitirá los instrumentos de pago o pagarés del IPAB. Es importante mencionar que tal como lo establece la séptima de las reglas generales del nuevo programa, los pagarés emitidos por el IPAB mantendrán en conjunto el mismo valor, plazo, pagos de interés, tasas de rendimiento y amortizaciones de capital que los instrumentos de pago emitidos por el FOBAPROA:

La formalización del nuevo programa no implicará solicitar recursos adicionales al Congreso de la Unión. Para hacer frente a los vencimientos de estos nuevos pagarés el IPAB continuará la estrategia de refinanciamiento de pasivos que ha aplicado desde su fundación, esto es, solicitará recursos del presupuesto federal únicamente para hacer frente al componente real de su deuda, mientras que la parte del pasivo se refinanciará a través de la colocación en el mercado de bonos de protección al ahorro bancario. De esta manera el continuar con esta estrategia de refinanciamiento nos permite no distraer recursos económicos adicionales del Presupuesto de la Federación, tan necesarios para otros fines como educación, salud y seguridad.

La Junta de Gobierno del IPAB aprobó en agosto de 2002 los términos de referencia que en términos generales los terceros especializados aplicarán en las auditorías ordenadas por dicho órgano de gobierno. Dichos términos de referencia fueron precisados en algunos puntos, en virtud de que eran generales y era necesario para aplicarlos operativamente que no quedaran lagunas o vacíos en su aplicación, lo que hubiera entorpecido los trabajos de los auditores.

Asimismo se ampliaron algunos conceptos a revisar, como es el caso de las quitas y condonaciones, castigos y reestructuras, efectuados por los bancos desde la fecha de inicio del PCC hasta su extinción.

Como ustedes saben, la Auditoría Superior de la Federación ha hecho diversas observaciones con motivo de la revisiones al PCC dentro del marco de las cuentas públicas de 1999 a 2002. Al respecto, es muy importante destacar que con la instrumentación del nuevo programa se atendió la problemática derivada de las observaciones de este órgano superior de fiscalización.

Para atender la problemática de los créditos relacionados, como ya fue mencionado por el Secretario de Hacienda, los bancos pagaron en efectivo al FOBAPROA casi 9 mil 500 millones de pesos, lo que se reflejó en un aumento inmediato de la recuperación para el gobierno federal.

Respecto a los créditos en litigio los bancos se obligaron unilateralmente a sustituir los créditos cuando éstos sufran edición y a pagar los correspondientes daños y perjuicios, de conformidad con una cláusula que se incluyó en el contrato del nuevo programa y que se apega a lo dispuesto en el propio Código Civil Federal.

En el caso de los créditos menores a 200 mil pesos, se estableció un esquema consistente en afectar a un fideicomiso de administración y ejecución, los derechos de cobro, así como los títulos de crédito a cargo del IPAB o el efectivo, en caso de su vencimiento, para salvaguardar posibles daños a la Hacienda Pública Federal, hasta que se resuelvan en definitiva las observaciones respectivas.

En este punto abro un paréntesis, Contrario a lo que erróneamente han manifestado diversos analistas, en el sentido de que las auditorías que practicará el IPAB sólo abarcarán los créditos que fueron materia del fideicomiso de administración y ejecución, aclaro que dichas auditorías se aplicarán a prácticamente toda la cartera de créditos, y en el caso de la auditoría de legalidad se utilizarán los papeles de trabajo elaborados por los despachos que auxiliaron al auditor Mackey, así como los denominados "bank reports".

Señoras y señores Legisladores: La formalización del nuevo programa no sólo cumple con el artículo 5º transitorio de la ley, sino que también atiende la problemática derivada de las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación.

El reclamo de la sociedad y de este Congreso es claro, debemos ser más transparentes y rendir cuentas claras. En tal sentido, el IPAB está preparando una versión pública de los contratos que se firmaron con los bancos y que podrán ser consultados en la página de Internet del Instituto en una fecha próxima.

La elaboración de la versión pública se hará en el marco de la legislación aplicable. Por otro lado, una copia de los contratos será entregada en breve a la Auditoría Superior de la Federación, con la finalidad de que lleve a cabo la revisión de los mismos de acuerdo a sus atribuciones.

Antes de pasar a la etapa de preguntas y respuestas, quiero dejar constancia de mi reconocimiento a la participación que han tenido los legisladores miembros de esta Comisión plural, quienes desde la posición de cada uno de sus partidos y su experiencia personal sobre los temas que son materia del IPAB, nos han expresado sus comentarios, ayudándonos a valorar la magnitud y la trascendencia de la responsabilidad que asumimos.

Ofrezco mi mayor esfuerzo para que juntos encontremos los mecanismos de colaboración en las etapas subsecuentes, que nos permitan desarrollar al IPAB como una institución cada vez más sólida en beneficio de los ahorradores.

Gracias.

El Presidente: Muchas gracias licenciado.

A continuación iniciaremos el apartado de preguntas y respuestas, que me permito sugerir se desahogue conforme al procedimiento tradicional de las sesiones de comparecencia, esto es, brindando el uso de la palabra a todos y cada uno de los grupos parlamentarios representados en la Cámara de Diputados y en la propia Comisión de Investigación sobre el IPAB, en forma proporcional.

En consecuencia, están previstas diez intervenciones en dos rondas, de la manera siguiente: Primero Convergencia, seguido del Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista Mexicano, Partido de la Revolución Democrática, Partido Acción Nacional y Partido Revolucionario Institucional.

Y en una segunda ronda participarán una vez cada uno el PRD y el PAN y dos veces el PRI.

Las intervenciones de los señores y señoras legisladores, serán de hasta diez minutos y contarán con una respuesta de los comparecientes también de hasta diez minutos y podrán los señores legisladores disponer, si así lo desean, del derecho de réplica hasta por cinco minutos.

Con el propósito de agilizar en lo posible esta sesión, ruego a ustedes que de no tener inconveniente, sean tan amables de informar anticipadamente a esta Presidencia, sobre su interés de hacer uso o no del derecho de réplica, para que en caso dado se brinde el uso de la palabra al siguiente orador.

Los grupos parlamentarios han designado para hacer uso de la palabra en su representación, a los siguientes legisladores.

En la primera ronda: el diputado Jesús Martínez Alvarez, por Convergencia; el diputado Oscar González Yáñez, por el Partido del Trabajo; el diputado Cuauhtémoc Ochoa Fernández, por el Partido Verde; la diputada María Dolores Padierna Luna, por el PRD; el senador Fauzi Hamdan Amad, por el PAN, y el diputado Víctor Ernesto González Huerta, por el PRI.

Y en la segunda ronda, serán: el señor diputado Alfonso Ramírez Cuellar, por el PRD; el diputado Quintín Vázquez García, por el PRI; el diputado Federico Doring Casar por el PAN y finalmente el diputado Adrián Víctor Hugo Islas Hernández por el PRI y nos ha solicitado también el uso de la palabra al final de esta lista de oradores, el señor senador Luis Rico Samaniego, a quien en su oportunidad le daremos con mucho gusto el uso de la palabra.

En consecuencia cedo el uso de la palabra y creo que no está la representación de Convergencia, al señor diputado Oscar González Yánez, en representación del Partido del Trabajo.

EL DIP. OSCAR GONZALEZ YÁNEZ: Gracias, señor Presidente. Buenos días, compañeras y compañeros legisladores, publico en general. Señor Secretario de Hacienda y señor Secretario Ejecutivo del IPAB:

Evidentemente lo que vamos a plantear acá es la posición de cada partido político en función de cómo vemos lo que se ha llamado Rescate Bancario, producto de una crisis de éstas mismas instituciones.

En nuestra opinión, la conversión de estos pagarés de FOBAPROA a pagarés del IPAB cierra o cerraría una etapa de lo que hasta el momento ha sido el principal fraude del país. A fin de cuentas los banqueros utilizaron mañosamente el informe de Mackey y los transformaron en una auditoría, cuando el propio auditor en su informe, en su parte introductoria –y es ahí donde no coincidimos con el señor Secretario, tanto de Hacienda como el Secretario Ejecutivo del IPAB- en que ya se realizó la auditoría y por ende se cumplió con el apartado 5º de la Ley del propio IPAB.

El contador Mackey plantea, claramente lo dice en su parte introductoria, dice que no se puede considerar una auditoría, porque los bancos se negaron a entregar la información total. Aquí vamos a entrar en un debate muy grande a fin de cuentas: sí se realizaron las auditorías o no se realizaron. El auditor dice que su informe no se puede considerar como una auditoría; se debe de considerar precisamente como eso, como un informe y los bancos, nosotros sostenemos que los bancos esto lo han usado mañosamente y hay complacencia en esto por parte de Hacienda, tendríamos que decir que hay una complicidad por parte de Hacienda para esto. Nos parece que entonces estamos obligados a hacer una reflexión sobre cuál es el papel que deben de jugar los bancos en nuestro país y hasta el momento la Banca Mexicana no ha sido una banca que permita desarrollar al propio país y que ha abandonado total y absolutamente su función social, totalmente.

Cualquiera podrá decir que los bancos no están obligados a esa función. Probablemente los bancos no, pero sí la Secretaría de Hacienda y sí el Estado Mexicano como tal. A fin de cuentas los bancos se han convertido en un gran parásito de la economía mexicana, bastante rentable. Lo dice la propia Comisión Nacional Bancaria y de Valores, donde dice que el 62% de los ingresos de la Banca provienen de los intereses que devengan de los pagarés FOBAPROA-IPAB, o sea una Banca que a fin de cuentas la mayoría de sus ingresos proviene de un rescate.

Estamos obligados, insisto, a abrir el debate sobre cuál y qué debería de ser el papel de la Banca Mexicana, no solamente ceñirnos estrictamente a que si se cumple o no la ley.

Y voy a una pregunta a ambos comparecientes: ¿Es un asunto político o es un asunto legal, es legal o es político lo que estamos tratando aquí?

Sí es conveniente que revisemos esto, pero también lo tengo que valorizar como tal; nos parece una vergüenza que si los banqueros hacen las cosas que hacen, lo hagan con la complicidad de Hacienda.

No nos es extraño que se haga, porque a fin de cuentas sabemos que los intereses del señor Secretario no están con los intereses del pueblo de México –cuando menos nosotros nos queda muy claro eso- y que sí están con los intereses de los banqueros, con estos banqueros que acabamos de hacer referencia, éstos que abandonaron su función social, éstos que su rentabilidad viene del rescate, a estos banqueros me refiero, son a los que el señor Secretario de Hacienda hoy está aquí, yo le llamaría justificando este fraude.

Después se nos habla de que va a haber auditorías y nos viene a la mente entonces otra pregunta: ¿Qué sentido tiene auditar algo que ya fue negociado? Y se nos dice que va a haber ajustes.

¿Cuál fue el parámetro, entonces, para decir que de doscientos veintitantos mil millones de pesos nos bajamos a 107? Algún criterio debió haber habido, por eso yo insisto, ¿qué sentido tiene auditar cuando ya lo negociaste?

Algunos entenderíamos que primero tendrías que haber auditado y a partir de ahí haber determinado las cantidades, porque entonces voy a otra pregunta, no lo digo con ironía simplemente, como el señor Secretario es muy evasivo con sus preguntas, a uno lo orilla a preguntarle cosas pues también de manera muy particular, ¿qué fue primero el huevo o la gallina, en su opinión?

Cuando menos a mí, la visión que el señor Secretario nos dé sobre qué fue primero si el huevo o la gallina o no, me va a hacer entender cuál su visión y cuál es uno de sus criterios para poder haber negociado esto, y entender por qué se pueden hacer auditorías después en lugar del antes. A mí me a ayudar mucho.

Y ya habíamos comentado, que se nos haga una referencia concreta de qué este asunto es, un asunto político o un asunto legal. El señor Secretario del IPAB nos dice y nos da una explicación de dónde van a salir los recursos, yo le pediría que nos diera una explicación más amplia de eso, porque está claro que los legisladores, cuando menos los que sí obedecemos a los intereses de nuestro país nos preocupa mucho ese tipo de cantidades y queremos tener mucha claridad en esto, de dónde, de dónde han salido estos recursos.

Y que la cantidad que usted dice y que también hace mención el propio Secretario, de cuánto han aportado los bancos, ¿a cuánto equivale en porcentaje? Digo, no es porque un servidor no sepa hacer las cuentas pero me llamaría la atención saber si los funcionarios que nos acompañan tienen claridad al porcentaje que equivale lo que han aportado los bancos para todo este proceso de FOBAPROA-IPAB, ¿a cuánto equivale? Entiendo que dijo usted 9 mil y tantos millones de pesos, ¿a cuánto equivale?

Nosotros haríamos nuestro uso de réplica, señor Presidente, en función de los comentarios y respuestas que dé a nuestras consideraciones los funcionarios y nos gustaría saber, como no lo hice como pregunta, ahora lo hago como pregunta: ¿Cuál es la opinión de ustedes, el nuevo papel que debe jugar la banca en nuestro país? Y lo le llamo "nuevo", le llamo "nuevo" porque está claro que ha sido un parteaguas, el FOBAPROA-IPAB, en la vida de la banca mexicana y en la vida económica de nuestro país.

Entonces, a partir de eso ¿cuál es el nuevo papel que debería de jugar la banca en nuestro país?

Por sus comentarios y respuestas, muchas gracias de antemano.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente: Señores, tienen ustedes el uso de la palabra, para contestar al señor diputado.

El Secretario Francisco Gil: Con su venia, señor Presidente.

Creo que uno de los aspectos que toca el diputado González Yánez es central, que es el de la Auditoría y todo el proceso que se ha venido llevando a cabo desde un ámbito legal o dentro de un ámbito político.

Para nosotros la obligación es respetar las leyes, movernos y actuar conforme a ellas, no tenemos ninguna posibilidad de introducir consideraciones distintas a las legales, la propia legislación, los propios mandatos constitucionales no nos lo permitirían o si lo hiciéramos incurriríamos en irregularidades.

Ya se mencionó como en su momento fue la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que resolvíó que se trata e las auditorías y no podemos nosotros ponernos en lugar de la Suprema Corte para opinar de otra manera.

El mismo Quinto Transitorio señala los meses, los seis meses que deben realizarse y concluir las auditorías, y esos fueron los meses que tomó Mackey para llevar a cabo su trabajo y entregar sus resultados.

Es interesante comentar también sobre los ingresos de la banca correspondientes a los famosos pagarés, por que efectivamente dentro de los ingresos los pagarés y el rendimiento de los mismos, representan un porcentaje importante, sin embargo, no hay que olvidar que el rendimiento de los pagarés, es en promedio de Cetes menos 1.35%, tomando el costo de fondeo de la banca la TIE, la Tasa de Interbancaria de Equilibrio a 28 días, se pueden tomar otros con resultados similares.

Los bancos, el año 2000, los que están involucrados en este canje, tuvieron una pérdida de 1,378 millones de pesos por esta tenencia. En el año 2001 una pérdida de 1,900 millones de pesos. En el año 2002 una pérdida de 3,152 millones de pesos y en el año 2004 una pérdida de 2,514 millones de pesos.

Tuvieron utilidades elevadas los primeros años, después se ajustaron los rendimientos a la baja y el resultado es el que les estoy mencionando, para un total del 200 al 2004 de 9,600 millones de pesos de pérdida, tomando en cuenta este fondeo para pagarés que no pagan ni siquiera Cetes, rendimiento de Cetes.

Me parece muy lejano de los hechos afirmar que se ha actuado del lado de los banqueros o de la banca, cuando en la negociación que se llevó a cabo se logra que los bancos se desistan de sus amparos, que acepten el resultado de las auditorías y, repito, ya lo dije y lo volvió a mencionar el Secretario Ejecutivo del IPAB, el canje se llevará a cabo únicamente cuando hayan concluido las auditorías no antes.

De manera que no se está llevando a cabo el proceso al revés sino en el orden en que se debe hacer.

El papel de la banca es intermediar entre el ahorrador y el prestatario, el acreditado, y ese papel se tiene que llevar a cabo mediante muchísimo cuidado, porque no hay que olvidar que independientemente de que siempre cuando se trata de operaciones que requieren de rescate de los ahorradores por alguna situación irregular o de una crisis, es en general el contribuyente el que paga los platos rotos.

Ahora ante una situación de seguro parcial de los depósitos de acuerdo a la nueva legislación, los bancos tienen que ser todavía más cuidadosos que antes para garantizar que se le va a poder pagar a quien les confía sus ahorros, el principal intereses de los mismos.

Tomando en cuenta esto y tomando en cuenta también que ha mejorado enormemente la supervisión y regulación de la banca, que los bancos tienen elevados índices de capitalización, yo diría, como nunca. Los bancos están llevando a cabo una activa función de crédito, ahí donde se les está demandando el crédito, que es el crédito al consumo y el crédito hipotecario, posiblemente con la reactivación de la economía, veamos también una reactivación del crédito empresarial. Muchas gracias señor presidente.

El Secretario Mario Alberto Beauregard Alvarez: Con respecto a la validez o no de las auditorias de Mackey, bueno, ya expuse en mi intervención los elementos que creemos que son actuales, declaraciones de la propia Cámara de diputados, de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Simplemente añadiría que el informe Mackey ciertamente señala que no es una auditorias de estados financieros, ya que es una auditoria que se pactó bajo procedimientos previamente acordados con esta Cámara, cuyos términos de referencia fueron inclusive aprobados por la contaduría Mayor de Hacienda en aquel entonces. Entonces dada esta información, insisto, no tenemos la menor duda de que esa es la auditoria que ordena el artículo 5º., transitorio.

¿De dónde salen los recursos para pagar estos, los intereses de la deuda del IPAB? Desde su fundación el IPAB ha seguido una estrategia de solicitarle vía el presupuesto de la federación los recursos necesarios únicamente para el pago de la parte real, del componente real de los intereses de su deuda. El resto es una deuda que se refinancia a través de emisiones de los Bonos de Protección al Ahorro Bancario, emisiones que son autorizadas también por este Congreso a través del artículo 2º., de la Ley de Ingresos. Y para poner en perspectiva el monto de las transferencias que ha recibido el Instituto desde su fundación, en 1999 dichas transferencias equivalieron al .6 % del PIB; el año pasado dichas transferencias se redujeron a la mitad, a .32 % del PIB:

Es importante mencionar que este nuevo programa no implica solicitar recursos adicionales al Congreso, lo único que va a suceder es que el IPAB va a sustituir un pasivo por otro, es decir, el IPAB va a colocar bonos en el mercado para poder hacer frente a los vencimientos de los pagarés del IPAB cuando estos se emitan. Entonces lo único que va a hacer es una sustitución de un pasivo por otro y seguirá, continuará con su misma política de refinanciamiento de su deuda.

Estas serían mis respuestas, señor Presidente.

El Presidente: diputado González Yánez ¿desea usted hacer uso de su derecho a réplica?

El diputado González Yánez: sí.

El Presidente: Adelante, por favor.

El diputado González Yánez: Con el permiso de la Presidencia. La verdad es que ya no sé cómo se le tiene que preguntar a usted, señor Secretario, ya confieso que mi imaginación está llegando a su límite, para tratar de sacarle a un Secretario, a un funcionario tan importante en nuestro país su propia visión de cómo se tiene que conducir la economía del país. O sea, es que es complejo. Yo la verdad ya no entiendo para qué viene el propio Secretario. Dice más cosas en la prensa que las que viene a decir aquí, lo cual nos parece una falta de respeto.

Yo le pediría al Presidente de nuestra Comisión que le hiciera un llamado al señor Secretario pues a que fuera más colaborador, digo, a fin de cuentas, es un asunto fundamental para nuestro país.

A mí me hubiera gustado escuchar, sinceramente se los digo, a los dos funcionarios que están aquí, decir. Probablemente es legal la auditoria, pero es amoral. Por eso insisto de qué lado están nuestros funcionarios. O sea, una auditoria cuestionada, para ellos es válida totalmente y vienen y la defienden. Por eso yo estoy convencido que aquí no está el Secretario de Hacienda, aquí está el representante de los banqueros de México y no el Secretario de Hacienda. Porque el debate sobre si es legal o no, ahí está y hay instancias que ya resolvieron en un sentido otros en otro, unos dicen esto y otros dicen lo otro.

¿Y cuál es la opinión del Secretario? Dice: "Nos movemos dentro del marco de la Ley..." Está bien, pues nada más eso faltaba. Pero la pregunta entonces.¿Por qué no nos dice cuál es su opinión sobre esas auditorías? La opinión del Secretario, del responsable de la economía de nuestro país, más allá de la definición legal.

Por eso yo he insistido muchas ocasiones que nuestro Secretario no es el Secretario de los mexicanos, es, representa los intereses de los señores del dinero. Y no lo digo con afán de despertar ningún comentario por parte de los compañeros de Acción Nacional que están en el gobierno, simplemente también a ellos les diría que el señor Secretario tampoco representa los intereses de Acción Nacional. Exonerando al Partido Acción Nacional en esto y al propio Presidente de la República y es la primera vez que lo hago, ¿eh? Exonerar a Fox de algo muy malo. Creo que aquí está el responsable.

Hay un comentario que me llama la atención, ¿cuál es el papel de la banca? Intermediario. Creo que eso lo dicen hasta el tercer grado de primaria, ¿no?, no sé en qué año. Ahora con la reestructuración no sé en qué grado quedará, cuál es el papel de la banca.

Entonces si la banca, hay algo que a muchos nos llama la atención, si la banca no está dando créditos y ya lo comentaron aquí, que ahora la forma de dar un crédito es mucho más difícil. La pregunta es: ¿Entonces de dónde obtienen sus ganancias tan cuantiosas? Y las ganancias cuantiosas, ¿si?, vienen de este rescate bancario. En consecuencia yo insistiría y por eso plantee que tenemos que abrir un debate sobre cuál es el nuevo papel de la banca, porque en nuestra opinión existe una banca parásita que obtiene sus ganancias no del papel que juega en la economía, sino obtiene sus ganancias producto de un rescate bancario. En consecuencia el Fobaproa-Ipab de ser un rescate bancario se convirtió en un gran negoció, que benefició solamente a algunos cuantos. Y tenemos un Secretario que en lugar de ponerse a defender los intereses de la economía mexicana, defiende los intereses de estos banqueros. Así está.

Por eso, me hubiera gustado escucharlo, sinceramente se lo digo, me hubiera gustado escuchar su opinión legal sobre las auditorías, pero también su opinión como economista y como responsable de conducir la economía de nuestro país. Ojalá hubiera dicho: "Es cierto son legales, pero son amorales" Algo. No, son legales hay que cumplir y tan tan. Y no te dice ni se plantea cuál es el papel de la banca, cómo nos está impactando nuestra economía.

Yo lamento sinceramente que nuestro país tenga un Secretario parcializado, un Secretario y lo vuelvo a decir, creo que es la décima vez que lo digo, y se lo vuelvo a decir señor Secretario: ¡Usted no obedece a los intereses del pueblo de México, obedece a los intereses de estos señores de los bancos! ¡No me contestó usted varias de mis preguntas! Yo insisto: usted es el principal evasor de este país. Lo he insistido muchas veces. No solamente en lo económico por su función, sino evasor porque no cumple ningún papel.

Le agradezco por la paciencia, señor Presidente.

El Presidente: Gracias, señor Diputado.

Se concede el uso de la palabra a la señora diputada María Dolores Padierna Luna, del Partido de la Revolución Democrática.

Señor Secretario de Hacienda;

Señor Ejecutivo del IPAB;

Compañeras y compañeros Legisladores:

El rescate bancario ha tenido una larga historia, existe un resentimiento social generado por un rescate inescrupuloso de la banca; una banca mantenida por el gobierno y que no contribuye al desarrollo del país. En 1998 los que aprobaron la creación del Ipab se comprometieron a que habría transparencia, rendición de cuentas, castigo a la corrupción y reducción del costo fiscal. Pero ha ocurrido exactamente lo contrario, el Ipab solo ha creado otra generación de culpables del incremento en el costo fiscal del rescate bancario y la impunidad para todos.

El contrato que ustedes firmaron con los bancos es ilegal e inconstitucional. La Ley de Protección al Ahorro Bancario, tanto en su exposición de motivos como en varios de sus artículos, dice con todas sus letras que no se autoriza como deuda pública el programa de capitalización y compra de cartera.

Sin embargo, en forma ilegal, arbitraria, ustedes lo asumieron como deuda pública un programa que no lo es. Desde un principio han incluido este programa tanto en la base de cálculo del pago de los intereses y han estado reservando recursos públicos para su pago, le dan trato de deuda a lo que no lo es y no lo será hasta que no lo apruebe el Congreso de la Unión.

Resulta absolutamente falsa su afirmación, señor Secretario, de que el programa ya fue auditado y que los banqueros aceptan una auditoría más. Michael Mackey no revisó la totalidad de la cartera pasada al FOBAPROA, sólo pudo revisar una pequeñísima parte de los créditos, por tanto no se han auditado todos los créditos y operaciones del Programa de Capitalización y Compra de Cartera. Ni los banqueros ni las autoridades permitieron que Mackey profundizara en su revisión.

La Auditoría Superior, por su parte, en el informe de resultados afirma con toda contundencia que no se le permitió revisar los fideicomisos del Programa de Capitalización y Compra de Cartera; luego entonces el programa no está auditado, no se ha cumplido con la primera condición del 5º transitorio, que es auditar y deslindar responsabilidades.

Las auditorías GEL, que anunciaron con bombo y platillo, sólo se aplicarán algunos créditos previamente seleccionados entre ustedes y los banqueros. De las leyes sólo toman lo que les convenga a los banqueros y las tuercen para lo que no les conviene.

Las auditorías que anunciaron son una mera farsa, ya que desde el contrato se establece un procedimiento extralegal que impide sanciones, que impide la reducción del costo fiscal de antemano. Ustedes acordaron los nuevos privilegios para los banqueros, sólo ellos tienen ganancias y las pérdidas se le pasan a la sociedad.

Auditar el Programa de Capitalización y Compra de Cartera para no incluir en la deuda nacional los créditos derivados de la corrupción, deslindar responsabilidades y disminuir el costo fiscal, son las condiciones que puso el Congreso para otorgar su aval a esos pasivos. Si no se cumple con esas condiciones, los pagarés IPAB son igual de chuecos y falsos que los viejos pagarés FOBAPROA.

Ustedes en forma unilateral, a espaldas del Congreso, están admitiendo todos los créditos relacionados. Los autopréstamos que se hicieron los banqueros y que suman más de 15 mil 584.6 millones de pesos, con la única excepción de los no declarados al Comité Técnico del FOBAPROA, a los que pomposamente les llaman "créditos flexibilizados", es decir, que violaron la norma.

Están aceptando todos los créditos en litigio, que son 74 mil 874.7 millones de pesos, con un procedimiento extralegal, alejado del 5º transitorio, orientado a la sustitución de créditos y no claramente a la reducción del monto de los juicios perdidos.

Aceptan impunemente los intereses moratorios como deuda, para ser pagada por los contribuyentes; estos intereses suman 14 mil 284 millones. Aceptan los créditos menores. Nada se dice de los créditos en riesgo ni de los créditos hipotecarios ni en UDIS y otros que también están en ese Programa de Capitalización y Compra de Cartera. Lo que hicieron fue cruzar los poquitos créditos que revisó Mackey, con los que desde afuera estimó el Auditor Superior de la Federación y asignaron un monto.

Sin embargo, lo principal, lo más importante de señalar, es de que estos créditos están prohibidos en las Bases de Capitalización y Compra de cartera que firmaron los banqueros y que las autoridades en lugar de revisar que ser respetaran esas condiciones, permitieron que las violaran y en su nuevo contrato ustedes cínicamente denominan "créditos flexibilizados", para referirse a aquellos créditos que aceptó el Comité Técnico del FOBAPROA, aún violando las bases de capitalización.

El IPAB acordó en ese momento que esos créditos ilegales pasen automáticamente a deuda pública, pero el IPAB no tiene facultades para autorizar deuda pública, ni siquiera el Ejecutivo Federal, esa es una facultad constitucional asignada exclusivamente al Congreso de la Unión.

Dicen que aceptaron, porque la Secretaría de la Función Pública les dio unos oficios donde afirman que el Comité Técnico sí tenía facultades para violar la norma. Pero la Secretaría de la Función Pública tampoco tiene facultades para determinar la legalidad de los actos, ni el IPAB para interpretar las leyes; esas funciones le competen exclusivamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en este punto fundamental importaría mucho la firmeza de la Auditoría para sancionar tanto al Comité Técnico como a la Secretaría de la Función Pública, por extralimitarse en sus facultades.

Todo esto ocurre porque existe un grave conflicto de intereses y porque todo ello carece de legitimidad. La Junta de Gobierno del IPAB cuenta con los mismos integrantes que a su vez formaron parte del Comité Técnico del FOBAPROA.

Caso extremo de la ilegitimidad es Jonathan Davis, que firmó los pagarés y ahora le toca a él auditarlos y sancionarlos, lo cual suena bastante ridículo y absurdo. El Comité Técnico y la Junta de Gobierno del IPAB son igualmente responsables del daño patrimonial a la nación y la única razón para no resolver este conflicto de intereses es permanecer en la impunidad.

Una gran responsabilidad también pesa sobre la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la de antes y la de ahora y no hay ningún fincamiento de responsabilidades. La discrecionalidad, la impunidad para faltar a la norma es lo que elevó el costo fiscal del rescate bancario, adicionalmente a los privilegios, el Comité Técnico del FOBAPROA autorizó privilegios adicionales, condonó reservas violando la Ley de Instituciones de Crédito. Ahora el rescate bancario a marzo del 2004, tiene un costo fiscal de un billón 251 mil 967 millones, que representa el 18.5% del PIB.

Desde el 95 a la fecha con recursos públicos se le ha dado a los banqueros 483 mil 785 millones y todavía falta por pagar el 11.4% del PIB y habría que recordar que parte de esa inmensa deuda la originaron los funcionarios públicos que durante las intervenciones se convirtieron en los nuevos dueños de los bancos.

Convalidar el más grande fraude a la nación es lo que esconde el contrato que firmaron hace unos días con los banqueros, sin embargo se les olvida que falta el veredicto social y el de la historia.

Las preguntas que quiero hacerles es: qué están esperando para fincar responsabilidades sobre los integrantes del Comité Técnico del FOBAPROA y por qué el IPAB admite pasivos ilegales con un procedimiento extralegal.

Quiero enfatizar: el contrato ya firmado entre la Secretaría de Hacienda, el IPAB y los bancos viola la Constitución, no cumple el 5º artículo transitorio de la Ley, no respeta las normas del canje de pagarés emitida en septiembre del 99; viola flagrantemente las bases de capitalización y compra de cartera. No se consideraron las conclusiones de los banksreport del Informe Mackey, que establecen que ni Bancomer ni Banamex deberían de haber ingresado a este Programa de Capitalización; no se atiende el exhorto del Congreso emitido el 13 de agosto del 2003. Ni Bancomer ni Banamex debieron haber estado, y si se restaran estos montos de los pagarés de Bancomer, serían 97 mil 729.9 millones y de Banamex serían 82 mil 461.1 millones de pesos.

Les recuerdo que ningún acuerdo sustituye la ley y que los contratos o convenios extralegales pueden deshacerse y declararse inválidos. No cumplen con la legalidad. No llevar a cabo el deslinde de responsabilidades hace del FOBAPROA un expediente permanentemente abierto, lo que urge al país es cerrar definitivamente este expediente, pero en forma transparente y respetando la ley y la Constitución.

Es cuanto.

El Presidente: Muchas gracias señora diputada.

Se cede el uso de la palabra a los señores comparecientes.

El Secretario de Hacienda Francisco Gil: Muchas gracias señor Presidente.

Le voy a pedir al Secretario Ejecutivo del Instituto, que vaya a los aspectos de mayor puntualización y detalle que él domina con su mayor capacidad, por estar el frente del Instituto, pero sí quisiera abordar algunos de los comentarios de la diputada.

Es justamente porque las auditorías de Mackey no condicionaron la entrega de los pagarés a realizar nuevas auditorías, que se llevan a cabo las de gestión, de identidad de objeto, de existencia, legitimidad y legalidad. Hacemos lo que legalmente procede y vamos más allá del mandato del artículo 5º transitorio, en el que no se indicaban esas auditorías, pero como mencioné en mi presentación y también lo hizo el Secretario Ejecutivo del Instituto, toda vez que estamos adquiriendo activos, queremos examinarlos y la legislación mercantil nos da una base para exigir que ese examen se pueda llevar a cabo.

Los Bancos se ampararon, lograron que se suspendieran las auditorías que esta Junta a la que tanto se está cuestionando exigió que se llevaran a cabo y logramos que los bancos no sólo se desistieran del amparo sino que aceptaran el resultado de las auditorías, mismas que obviamente no conocemos pero que llegaremos a conocer al término de los 6 o 7 meses a partir de su iniciación.

Hay otros aspectos que tienen que ver la flexibilización de criterios del Comité Técnico, con los criterios para considerar los intereses moratorios y algunos que le voy a pedir al Secretario Ejecutivo que lo trate con un mayor abundamiento.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente: Gracias. Señor Secretario Ejecutivo del IPAB

El licenciado Mario Alberto Beauregard Alvarez: Muchas gracias, Presidente.

Me gustaría a hacer algunas aclaraciones sobre el alcance de la Auditoría de Mackey.

La diputada Padierna comenta que fue una Auditoría a muy pocos créditos. En realidad, Mackey revisa el 50% del saldo total de la cartera y el 100% de los créditos con saldos mayores a 200 millones de pesos. Esa es la cobertura que tuvo esta auditoría.

Mackey no hace un pronunciamiento explícito de ilegalidad; sin embargo tiene dentro de las transacciones, las famosas transacciones reportables, tiene en su grupo C, una serie de operaciones en las que comenta que presumiblemente pudieran ser ilegales, o que pudiera haber violado alguna ley o reglamento.

Es importante mencionar que el monto que él observa en este grupo son 6 mil millones de pesos. De este monto, de los cuatro bancos con los que se firmó el nuevo programa, no hay ni un solo crédito, todas las observaciones se refieren a otras instituciones de crédito que pasaron al esquema de saneamiento.

Y en este sentido, el IPAB, las autoridades fincaron responsabilidades. Existen, por ejemplo, en el caso de Banco Unión, 23 asuntos de carácter penal, 21 de estos fueron consignados por el Ministerio Público y pasaron a ser procesos penales; Banca Confía, 12 asuntos de carácter penal, 9 de ellos consignados por el Ministerio Público, que pasaron a ser procesos penales; Banpaís, 7 asuntos de carácter penal, 3 de ellos consignados por el Ministerio Público, mismos que pasaron a ser procesos penales.

Esto deja claro que sí ha habido fincamiento de responsabilidades en aquellos casos en que los créditos se otorgaron de manera ilegal y también deja claro que la muestra que utilizó Mackey para sus trabajos no es pequeña y que de aquellas operaciones en que hubo presuntas ilegalidades, se actuó.

La diputada también comenta, que de los bancos, Bancomer y Banamex no debieron haber participado en el Programa de Capitalización y Compra de Cartera por que tenían índices de capitalización mayores a los mínimos requeridos en aquella época, y decía que las bases establecen expresamente esta prohibición. Tengo aquí conmigo las bases y no existe ninguna prohibición al respecto.

Pero dejemos a un lado la parte formal. Desde el punto de vista práctico, recordemos que en aquellas épocas México contaba con una reglamentación de supervisión financiera y reglas contables muy deficientes. Esto hacía que los índices de capitalización que realmente mostraban los bancos no eran los reales, tan es así, que a nivel internacional a estos bancos les comenzaron a cerrar líneas de crédito; esto implicaba un riesgo muy importante para la economía del país, sabemos que estos dos bancos representan gran parte de los ahorros que hay en este país.

El deterioro financiero de estas dos instituciones hubiera hecho no simple y sencillamente que el programa de capitalización y compra de cartera que ya había iniciado no hubiera servido de nada. Todo el sistema de pagos, todo el sistema bancario se hubiera desplomado, con las consecuencias que ello tiene.

En cuanto a la flexibilización de criterios también es importante recordar que el mismo Mackey establece dentro de sus operaciones reportables, un grupo de observaciones en las que reconoce que hubo un cambio en los criterios, pero también reconoce que el Comité Técnico del Fobaproa al haber puesto estos criterios también tenía todas las facultades para modificarlo, esto mismo también ha sido ya reconocido por la Auditoría Superior de la Federación.

En cuanto a la facultad, que no tiene el IPAB ciertamente, de definir lo que es deuda pública, el Octavio Transitorio de la ley ciertamente no aprueba la solicitud de consolidar en directa la deuda pública contingente del Fobaproa, sin embargo, es importante tomar en cuenta que el mismo Congreso reconoce la existencia y la validez de la deuda contingente, al establecer en el Quinto Transitorio un procedimiento muy preciso, que es el que cumplimos, para implementar el nuevo programa, y eso es lo que hizo el IPAB. Gracias.

La Presidenta: ¿Señora diputada desea hacer uso de su derecho de réplica? Adelante.

La diputada Dolores Padierna Luna (PRD): Decía el señor Secretario de Hacienda que el señor Mario Beauregard si conoce perfectamente la ley, pero en su respuesta me da la impresión de que no es así. Habla usted de las auditorías de gestión, ¿cómo fue la cobranza de los créditos relacionados?, eso está fuera del contrato, no se va a saber por qué sólo se va auditar algunos créditos previamente seleccionados.

En las auditorías de existencia, lo dijo con toda claridad usted, que si no existiera el expediente, si no existiera el crédito, se sustituye por otro, cuando la ley en el Quinto Transitorio dice: si no existe se reduce del costo fiscal.

Usted está hablando de que los pagarés IPAB serán idénticos a los pagarés Fobaproa, pero los pagarés Fobaproa tienen una tasa de interés Cetes menos 1.35 y como ustedes en el IPAB están refinanciando y el refinanciamiento lleva una prima adicional, entonces en los hechos se cancela este descuento de la tasa de interés y lo que van a hacer es incrementar la deuda. De hecho lo han venido haciendo desde la fundación del IPA, y ahora tiene el IPAB creada una tercera deuda de 489 mil 2 millones de pesos, que corresponde el 68.6% del total.

Las auditorías de legalidad, dice usted, se aplicarán a todos los créditos descritos en los banks reports y que Michael Mackey revisó el 100% de los saldos mayores a 200 millones de pesos, pero Michael Mackey en su documento dice que no se atreve a calificar como auditoría a su trabajo, porque no se le permitió revisar todos los créditos, y para su información Mackey sólo revisó 18 mil operaciones, de 6 millones aproximadamente que debió haber realizado. No sé si esta cifra le parezca pequeña.

Los índices de capitalización no eran reales, dice usted, pero esa ha sido la justificación a la luz de los resultados de toda una corrupción que salió y que se describe en los banks reports. Si se dieran a conocer los banks reports, ahí están nombres, montos, condiciones de la operación de créditos absolutamente en forma irregular, que fueron pasados al Fobaproa.

Y dice usted que la Secretaría de la Función Pública los declaró legales, pero nadie puede modificar las leyes que no sea el Poder Legislativo, la Secretaría de la Función Pública carece de dichas facultades, y es falso absolutamente que el Congreso haya reconocido la deuda del Programa de Capitalización y Compra de Cartera, se discutió al cansancio, meses y meses, y quedó escrito tanto en la Exposición de Motivos como en diversos artículos de la Ley. Si quiere algún día la leemos para que usted se entere de esta facultad del legislador de aprobar las leyes. Ante todo ello no tenemos otra como PRD, o asumir como deuda pública el Programa de Capitalización y compra de Cartera cuyo origen fue el abuso, la corrupción y la discrecionalidad, más que la situación financiera de los bancos; estamos pidiendo que se entregue toda la documentación a la Cámara de Diputados, producto del Informe Mackey, especialmente en los banks reports y los papeles de trabajo en su totalidad y no sólo los de los créditos seleccionados para su auditoria. Que se finquen responsabilidades administrativas, penales y económicas al Comité Técnico del FOBAPROA; que la Auditoria Superior de la Federación realice una revisión a fondo de los fideicomisos del Programa de Capitalización y Compra de Cartera para fincar responsabilidades también sobre los banqueros corruptos y reducir el costo fiscal, que se revisen los créditos de mayor valor, que son los más significativos y los que están fuera de las normas y se descuenten todos estos del costo fiscal.

Y el PRD se reserva su derecho a desarrollar varias acciones de carácter político, legal y social hasta que no se logre transparentar este gran fraude a la nación y se castigue a los responsables.

El Presidente. Gracias, diputada.

A continuación tiene la palabra, por el Partido Acción Nacional, al senador Fauzi Hamdan.

El senador. Fauzi Hamdan (PAN): Con su venia, señor Presidente. Señor Secretario de Hacienda y Crédito Público; señor secretario Ejecutivo del Instituto de Protección al Ahorro Bancario; señor Subsecretario de Hacienda y Crédito Público; compañeras y compañeros legisladores:

Asistimos, sin lugar a dudas, al cierre de un capítulo que se gestó mucho más atrás, muy enojoso, muy azaroso, que representó para el país un golpe severísimo en sus finanzas públicas; pero lo que yo quisiera destacar, es que debemos aprender de esta triste lección, para que nunca más se vuelva a repetir.

Señores, es la segunda ocasión, en veinte años, que ocurre esto.

La primera en 1982, la crisis de 82 dio como lugar la estatización de la banca, en donde se diluyó el costo y en donde confluyó el valor de la crisis de ese entonces.

Y como consecuencia de esa estatización de la banca, diez años la banca funcionó de manera improvisada, sin ninguna vocación de verdaderamente otorgar créditos, acuérdense, con una supervisión de las autoridades hacendarias y supervisoras, nula al sistema bancario estatizado, descapitalizados prácticamente todos los bancos estatizados, excepto uno y no vale la pena ni siquiera mencionarlo. Y cuando llegamos y asistimos a la reprivatización de la banca, increíble, se vende la banca tres o cuatro veces su valor contable, único en la historia del mundo y saliendo el pago de la compra, de las mismas correas, del mismo cuero porque los compradores de la banca, obtuvieron crédito de la misma banca, las famosas operaciones, créditos cruzados para pagar la compra de esos bancos.

¡Y ya reprivatizada la banca siguió descapitalizada, siguió relajada la fiscalización y los bancos ávidos de recuperar su inversión, despotricaron otorgando créditos a diestra y siniestra, sin ton ni son!

Y cuando ocurre la crisis de 94-95, pues precisamente colapsó a todo el sistema bancario y financiero del país porque la banca, sépanlo, si es que no lo saben, estaba endeudada, fondeada en moneda extranjera, en dólares a plazos cortísimos. Tanto que el entonces Banco de México cuatro meses implmentó un Ficorta, igual como lo hizo en 1982 y pasó desapercibido. Y luego se incrementaron estos programas: uno de saneamiento de 15 bancos que se colapsaron, ¡15 bancos que se colapsaron!, y que el gobierno, el Estado, tenía que acudir a su rescate para salvaguardar -eso es indiscutible- los ahorros de los depositantes y de los inversionistas del sistema bancario.

Porque si no lo hubiera hecho, señores, el efecto hubiera sido de proporciones económicas inimaginables. ¡Ahí está el caso de Argentina! La crisis y no hizo honor a los depositantes, los pobres cochinitos de los argentinos, y qué efecto les está sucediendo. ¡Hubiera sido terrible!

Y desde luego también el otro programa a los pocos bancos sobrevivientes de la resaca del naufragio, el programa este de Capitalización y Compra de Cartera. ¿Qué es, por qué ese rescate y es no entender el contenido y alcance de esta situación? Y me extraña de algunos compañeros legisladores que no lo entiendan, si estuvimos en ese año conduciendo la auditoría de Mackey y sacamos en esa legislatura la Ley del IPAB.

Compraron cartera. ¿A qué valor la compró el Fobaproa? Pues a un valor tasado de 30 centavos, 40 centavos, cada peso de cartera. Pero esa cartera se queda en la panza por cuenta del Fobaproa a la banca para cobrarla. Pero no se les olvida a ustedes o no se les olvide que sufrió una crisis de proporciones únicas también en la historia de este país, que los deudores de la banca no podían ya pagar su deuda, por un hecho sobreviniente ajeno a su voluntad: ¡En cinco meses se fueron las tasas de interés a más de 120 por ciento! ¿Qué deudor bancario puede pagar ese crédito? ¡Nadie! Por eso se implementó también el Programa de Apoyo a Deudores que, por cierto, cuesta 104 mil millones de pesos, que está dentro del debe del Ipab.

Cierto que sí hubo una negligencia en los mecanismos de compra y una gran discrecionalidad, para no decir otra cosa. Cierto que precisamente motivó la auditoría y el 5o. Transitorio por este Congreso de la Unión, de establecer "solo puedes reconocer pasivo directo del Ipab no deuda pública obviamente", esos pagarés mediante una auditoría para evaluar la compra que hiciste y ver si verdaderamente lo que le mandaste a la panza a banco fue esquilmo, chatarra, o verdaderamente de buena fe mandaste cartera en venta para cubrir dentro de las circunstancias el rescate a cargo de que también capitalices poniendo un peso por dos que están comprando?

Y de ahí derivó la auditoría del señor Mackey, una auditoría profunda, total, absoluta, la primera en la historia de este país que se hace de manera íntegra a la actividad y el desempeño del Ejecutivo.

Es más, fue tal la circunstancia, y otra vez, y perdonen que rememore esta situación, que el Congreso de la Unión cuestionó y demandó juicio político porque se contrató deuda pública, el gobierno entró al rescate, asumiendo deuda pública en violación flagrante a la Constitución. Eso quedó en su momento claramente registrado y por ello la Ley del IPAB dice: ¡No te reconozco la deuda pública que tú, Ejecutivo, me solicitaste en ese entonces, 552 mil 300 millones de pesos!

Y por cierto hasta de manera hasta despectiva, en un transitorio, así como si fuera a pasar desapercibida la solicitud de reconocimiento, aprobación y mandar a pagar una deuda pública espuria contratada a espaldas del Congreso de la Unión. Esa es la parte triste, de manera sinóptica que he mencionado.

Y por eso la lección de que hoy ya no se vuelva a repetir, de que y ano vayamos a caer otra vez, a diez años fecha, como sucedió en la crisis del ’94 y como sucedió en la crisis de ’82, y por eso las actitudes de desempeño del Ejecutivo y Legislativo en establecer mecanismos de capitalización a nivel de ley, de supervisión efectiva de la acción del sistema bancario y para que cumplan su objetivo que por ley les tiene encomendados como detonadores del desarrollo y de la actividad económica, en un contenido eminentemente social.

Esa es la lección que tenemos que aprender y no tratar y seguir tratando de enfrascarnos en socavar, en sepultar a un muerto, sino tratar de resucitar y no es lazarín para poder desempeñar y aprovechar el conocimiento de esta triste historia que tantos dolores a este país le ha causado.

Finalmente, señor Secretario Ejecutivo, para usted va la pregunta y le suplico que de manera puntual la conteste.

El pasivo, el lado del "debe" del IPAB más o menos andará en 800 y tantos mil millones de pesos. De ese pasivo total que incluye el Programa de Apoyo a los Deudores, que incluye el rescate a BANCRECER, que fueron 102 mil millones, eso ya ocurrió en el año 2000, finales del ’99, principios del 2000. Dígame o díganos, infórmenos a nosotros la parte del lado del activo, del "haber" de cartera, bienes muebles, inmuebles, que puedan compensar, incluyendo la reducción de costo fiscal estimado del resultado de auditoría, de la revisión de los papeles de trabajo de Mackey y de la llamada "auditoría de gestión, legalidad, existencia y legitimidad, y también incluyendo la pérdida compartida integralmente considerada por parte de los bancos, como vendedores de cartera, ahora en la sustitución de subrogación por parte del IPAB y su estimado de cuál va a ser realmente a final del camino –eso es lo más importante, señor Secretario Ejecutivo- por favor con toda puntualidad y con toda racionalidad, el efecto neto, el daño neto del costo fiscal del rescate bancario que empezó en 1995.

Anticipadamente por su respuesta, muchas gracias.

El Presidente: Gracias señor senador.

Señor Secretario Ejecutivo del IPAB, proceda a contestar la pregunta del senador.

El Secretario Ejecutivo del Ipab: Gracias, señor Presidente.

En el activo del IPAB tenemos por concepto de la operación del nuevo programa, básicamente una recuperación de 116 mil millones de pesos. Tenemos además bienes que se han venido rezagando en su venta, básicamente derivado por condiciones de mercado o porque simple y sencillamente son especiales como por ejemplo el caso de Cintra, cuyo mercado ha sufrido un shock muy importante que no ha sido posible salir todavía a la venta, pero que en términos generales, a valor de mercado actualmente ascienden aproximadamente a unos 11 mil millones de pesos adicionales. Entonces estamos hablando toda esta recuperación que se está haciendo vía cobranza, vía el pago de los créditos relacionados, vía las pérdidas compartidas, el esquema de incentivos, los activos más importantes que son Cintra, tenemos un activo con el Sistema Estrella Blanca: todo esto a grandes rasgos –no tengo la cifra precisa en estos momentos pero se la hago llegar- deben de ascender aproximadamente a unos 130 mil, 140 millones de pesos.

Ahora. El costo del rescate, de todo el rescate ha venido a cifras a 2004, tenemos aproximadamente un costo del 18% del PIB. Eso es a lo que ascendió todas las operaciones que llevó a cabo el FOBAPROA y su pasivo se ha venido refinanciando en el tiempo. Al día de hoy estamos hablando aproximadamente de un 18% del PIB.

El Presidente: Pregunto al señor senador Hamdan si desea hacer uso de su derecho de réplica. Entonces concedemos el uso de la palabra al señor diputado Víctor Ernesto González Huerta, Secretario de esta Comisión de Investigación y representante del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Víctor Ernesto González Huerta (PRI): Gracias, señor Presidente.

Señor Secretario de Hacienda y Crédito Público, Francisco Gil Díaz; señor Secretario Ejecutivo del IPAB; señores funcionarios que nos acompañan; señor Presidente de la Comisión de Investigación sobre el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario; compañeros integrantes de la Comisión, compañeros legisladores que se encuentran con nosotros; señoras y señores:

Resulta satisfactorio para el Poder Legislativo y en particular para los integrantes de esta Comisión, su presencia en este recinto para explicarnos de manera directa y detallada los términos en que fueron firmados los nuevos contratos con los que el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario asume la totalidad de la deuda contraída por el FOBAPROA como consecuencia del Programa de Capitalización y Compra de Cartera.

No cabe duda que tanto los actuales responsables de las finanzas públicas como los funcionarios del sexenio anterior, se mantienen con reserva para considerar la postura del Congreso acerca de las posibilidades de reducir los costos del rescate bancario que fue endosado al pueblo de México. Sabemos que ustedes cumplen con empeño sus labores, pero la realizan sustentada en errores, omisiones y tal vez complicidades que arrastra el rescate desde que se implementó. Por esto el Congreso aprobó hace más de 4 meses, la creación de esta Comisión para investigar todo lo relativo al quebranto bancario y darlo a conocer a la ciudadanía, la cual, a pesar de que lo pagará, es la que menos enterada está.

En ese sentido, manifestamos una vez más nuestro reclamo ante la negativa de los funcionarios del IPAB, así como de los legisladores del Partido Acción Nacional, integrantes de esta Comisión, para establecer las bases de coordinación para el acceso a la información necesaria y los mecanismos para preservar la confidencialidad relativa al funcionamiento del IPAB, en el entendido de que nosotros estamos conscientes que la información reservada debe mantenerse así y no atentaríamos con el estado mismo.

Su presencia aquí, no es simplemente la atención de un poder a otro, se trata ni más ni menos de lograr que los ciudadanos resulten menos afectados por el pago del servicio de una deuda provocada por la crisis de 1994 y 95, cuyos efectos aún se resienten de manera directa en la economía familiar y que desafortunadamente se prolongarán aún más por la liquidación que se tendrá que hacer a los bancos.

No queremos repetir que si el rescate bancario se hubiera manejado adecuadamente el costo no sería tan elevado, pues ahora sólo vienen a explicarnos los criterios y resultados de sus negociaciones con la banca que se encuentra en manos de extranjeros mayoritariamente.

Reconocemos que los acuerdos logrados significan un avance, que no es suficiente, porque los mexicanos tendremos la obligación de pagar el salvamento de los incipientes neobanqueros mexicanos quienes sólo esperaron a que se les auxiliara a poner en orden sus finanzas, a costa de recursos públicos, para vender sus bancos a los mejores postores que resultaron ser algunos de los representantes más reconocidos del capital trasnacional.

El costo es tan elevado que la totalidad del rescate bancario representa casi del doble de las reservas internacionales con que cuenta actualmente el Banco de México y duplicará la deuda interna, con lo cual el pago del servicio restringirá aún más el crecimiento de la economía con sus consecuencias previsibles por la reducción en los niveles de gasto y bienestar social que pueden tener repercusiones adicionales sobre el rendimiento de la planta productiva y la competitividad.

Ante esto, los representantes populares tenemos la obligación de lograr que se establezcan y operen políticas más adecuadas para impulsar un desarrollo armónico y regional que beneficie a la totalidad de la población, disminuya la pobreza extrema y no sólo garanticen las ganancias desmedidas de quienes todo lo tienen y nada hacen por contribuir para el desarrollo. Estoy hablando de la Banca Comercial, cuyo nivel y ritmo de financiamiento es francamente reducido y muy costoso.

Ante hechos consumados como los acuerdos logrados entre ustedes, autoridades y banqueros, no nos queda más que asumir una postura que permita disminuir los costos del rescate bancario.

Por ello, demandamos que se cancele el pago de los intereses generados por los bonos emitidos por el FOBAPROA ahora bajo la responsabilidad del IPAB y que sean reprogramados los pagos a fin de que los recursos que se destinen al desarrollo social en los presupuestos de egresos de los años venideros, no sean afectados de manera drástica.

En este mismo sentido solicitamos que las auditorías pactadas con los bancos y con total respeto a la autonomía del IPAB, se hagan públicos los términos de referencia para que el Congreso tenga la posibilidad de analizar la aplicación o modificación de los mismos.

En esencia, es importante manejarse en el marco de la ley pero con criterios de transparencia, rendición de cuentas y amplia información, no sólo al Congreso sino también al país.

Adicionalmente, es pertinente que los términos establecidos en los acuerdos de participación de pérdidas sean modificados, porque, cómo se ha visto en los últimos años, los recursos públicos no alcanza siquiera para cumplir con los programas destinados a disminuir la pobreza extrema que en los últimos años se ha incrementado de manera notable.

Este no es un reproche por los malos logros económicos de la Administración del Presidente Fox, quien prometió un crecimiento del 7% y la generación de un millón de empleos anuales que la realidad día con día le echa en cara.

Para ese caso, es necesario encontrar soluciones creativas, que no signifiquen una sangría tan grande para las finanzas y por consecuencia se propicie un nivel de gasto de inversión capaz de impulsar la actividad económica y estimular el empleo.

Para lograrlo no es necesario invocar a las reformas estructurales y echar la culpa al Congreso de que la economía no avanza, como lo hace el primer mandatario, porque el hecho de que muchos legisladores no compartan la visión del gobierno federal e incluso se hayan manifestado en contra e la reforma fiscal propuesta el pasado mes de diciembre, particularmente en lo que respecta a gravar con impuestos alimentos, medicinas, transporte, vivienda, implementos agrícolas, entre otros, no ha significado un fondo al desarrollo más bien si ha sido un alto pero al interés manifiesto de este gobierno, por privilegiar a los que más tienen.

Es patente la voluntad de la administración actual de seguir esquemas económicos que están produciendo, con mucho éxito, sólo más miseria extrema.

Las demandas que hacemos no son excesivas, tomando en cuenta que los bancos en México tienen márgenes de ganancia muy elevados, a pesar de casi el nulo crecimiento económico de los últimos años. Asimismo tienen las cuotas más elevados del mundo por los servicios que prestan, es más, las utilidades de los banqueros ya resarcieron las pérdidas generadas por la crisis de 94 y 95.

El bajo riesgo que asumen los bancos comerciales y el alto beneficio que obtienen con sólo adquirir papel emitido por el gobierno federal, son suficientes para que mantengan márgenes de ganancia elevados y a pesar de ello no se solidaricen con los habitantes del país que da cobijo a sus inversiones. No hay negocio más favorecido, por las disposiciones en materia de política monetaria y también fiscal.

Pero volvamos los ojos a nuestro país, a esos millones que viven en extrema pobreza, aquellas nuevas generaciones que pretenden incorporarse al mercado laboral, año tras año, sin obtener resultados satisfactorios, o a los inversionistas nacionales que se esfuerzan por mantenerse en un mercado deprimido o aquellos exportadores que no tienen capacidad para competir a los ritmos que exigen las mejoras en la productividad de los países asiáticos por ejemplo.

Es necesario que se asuman los problemas del país con mayor sensibilidad, no se trata exclusivamente de buscar el beneficio del capital transnacional, por lo anterior, tenemos la certeza de que no tomar las medidas necesarias en estos momentos, estamos sentenciando a México a vivir empeñado durante muchos años más, y dejaremos a un lado la posibilidad de crecimiento de la economía, porque los requerimientos financieros del sector público en estas condiciones, no podrán más que elevarse cada día y ser deficitarios.

Cierto es que en los últimos meses la economía ha crecido por impulso de la actividad de nuestro vecino del norte, pero las tasas de desempleo siguen siendo muy altas, de manera que se deben propiciar políticas gubernamentales más activas en el ámbito financiero que impulsen el crecimiento económico y el empleo.

La política monetaria restrictiva se ha convertido en un instrumento que eleva las utilidades de los bancos comerciales, sin que asuman riesgos y se ciñan a una política crediticia que estimule la inversión y mejore las expectativas de los inversionistas privados.

Por otra parte, la política de gasto estará cada vez más constreñida por la onerosa carga que representan los pagos que realizará el IPAB, es necesario entonces que el gobierno libere recursos para destinarlos a un gasto público, capaz de ajustarse a un uso eficiente de recursos productivos y humanos y no a un desperdicio que puede ser evitado, como es el caso que hoy vivimos, por ello, es indispensable revisar y llevar a la baja los costos de la deuda del IPAB.

En este costoso asunto la cuenta no es sólo de los banqueros, también debe ser revisada la actuación de funcionarios anteriores que permitieron que los bancos estuvieran en posibilidad de realizar transacciones ilegales sino es que fraudulentas, por lo que si las auditorías que serán realizadas determinan responsabilidades administrativas o penales, la ley debe ser aplicada con todo rigor a quienes las cometieron, sin importar condición social, política o de cualquier otra índole.

Señores, lo endeble de la economía e México y su dependencia del crecimiento de los Estados Unidos nos obliga a reflexionar sobre el riesgo que corremos al asumir estos pagos como deuda garantizada por el gobierno federal. Está en manos de los banqueros el Poder Ejecutivo y el Legislativo el remediar en lo posible los errores cometidos.

En alguna parte de sus intervenciones, señor Secretario, hacía usted referencia a que los resultados de las auditorias que se acordaron, se conocerán en seis o siete meses, después de su iniciación.

Terminaría preguntándole: Con la modificación reciente a la Constitución para la presentación del proyecto del Presupuesto de Egresos, el próximo 8 de septiembre, ¿cómo pretenden ustedes que este Poder autorice recursos para que el Instituto haga frente a estos compromisos? Es cuanto, muchas gracias.

El Presidente: Tienen la palabra los comparecientes, para comentar sobre la posición del señor diputado González Huerta.

El Secretario de Hacienda Francisco Gil Díaz. Con su venia, señor Presidente.

Creo que vale la pena para analizar el comportamiento del crédito, ver el conjunto de instituciones que se han desarrollado a lo largo de los últimos años y ver la dinámica de cada una de ellas.

Hemos visto una incipiente participación pero importante medida por su tasa de crecimiento de los bancos en créditos hipotecarios, pero el grueso de la dinámica de los créditos, particularmente a la vivienda de tipo hipotecario, se ha venido originando en las sociedades financieras de objeto limitado que cada año desde 1995 cuando empezaron a funcionar, aportan cantidades mayores de recursos al crédito a la vivienda.

Ya el ritmo de construcción de vivienda que es una combinación de actividades, de un INFONAVIT saneado, de la liberación de recursos del FOVISSSTE, de los préstamos de las sociedades financieras de objeto limitado, las SOFOLES y ahora de los bancos, están aportando niveles de construcción de demanda de materiales y de empleo, muy significativos y que son parte de la estrategia económica del Presidente Fox, que busca contrarrestar los efectos negativos que padecimos durante los años anteriores de la falta de recuperación del sector industrial manufacturero de los Estados Unidos.

Hacia delante, la Comisión Nacional Bancaria está por publicar nuevas reglas que simplifican el trámite de solicitud de créditos de parte principalmente de las empresas medianas y pequeñas que habían venido desde hace muchos años teniendo que enfrentar una cantidad de requisitos que simplemente son inalcanzables y que automáticamente cancelaban la posibilidad de que los bancos acudieran a este mercado.

Tenemos conocimiento por planteamientos directos de varios bancos, de la inminente parametrización del análisis de riesgo de las empresas medianas y pequeñas, para hacer ágil el otorgamiento del crédito a este sector, esto combinado con la simplificación de trámites a la que acabo de aludir, va a abrir las puertas para que los bancos puedan acceder a este sector del que siempre, desde hace muchos años, no recientemente, habían estado excluidas las pequeñas y medianas empresas. También hay que tomar en cuenta que gracias a las reformas que el Congreso ha venido aprobando durante los últimos tres años, y reformas que le vamos a seguir proponiendo para fortalecer la supervisión bancaria para fortalecer y exigir la transparencia en la operación de los consejos de administración de las instituciones financieras, de las inscritas en bolsa y en general, se pueda fortalecer no sólo e volumen de otorgamiento de créditos sino la solidez de su otorgamiento.

Y gracias a esas reformas en estos años se ha podido encontrar una nueva vía de financiamiento que le ha abierto las puertas fuera del crédito bancario a costos menores a los que se pueden obtener en los bancos, a quienes acuden al mercado de certificados bursátiles.

También, junto con Banco de México, se está trabajando en el aspecto de comisiones no solo para ver su comparabilidad y su nivel respecto a lo que se cobra en otros países, sino también para fomentar la competencia. El día de hoy en los cajeros automáticos los usuarios podrán ver en el momento de utilización de los mismos la comisión que se les está cobrando y las alternativas que tienen.

También la Condusef a través de sus publicaciones ha venido divulgando mediante fórmulas que permiten una estandarización de los cobros y por lo tanto su comparabilidad las comisiones de los distintos servicios que prestan los bancos para que la gente pueda escoger los más competitivos.

Esto que se ha manifestado de manera muy dramática, muy patente, en el caso de las comisiones que cobran las Afores, a través justamente de la publicación de los seguimientos y comisiones respectivas se ha traducido debido a la competencia entre ellas, repito, y a la información que se da que permite que los usuarios de los servicios de las Afores puedan comparar y acudir a las que mejor rendimiento y menos comisión les cobra un gran movimiento de las Afores más caras a las Afores más baratas y de mejor rendimiento.

O sea, que esta transparencia en la información ya está produciendo efectos en el mercado. La política monetaria, y no me corresponde a mi hablar demasiado sobre ella dado la autonomía del Banco Central, ha tenido éxito en bajar la tasa de inflación, con una combinación muy halagadora porque no solo ha logrado bajar las tasas de inflación del Banco Central, sino que lo ha hecho al mismo tiempo con un desplome en las tasas de interés. No se nos olvide las tasas de interés que privaban hace algunos meses, particularmente al principio del 2001 y como estas tasas son una fracción de las tasas que entonces se pagaban.

Recientemente han tenido un aumento que es un reflejo, como sucede en el resto del mundo, no tanto de las políticas monetarias locales sino de un aumento en la percepción riesgo-país de un aumento en las tasas de interés en el exterior y una mayor percepción de inflación y de tasas de interés en el exterior hacia delante. Todo eso se trasmina al interior de las economías y se ha reflejado en tasas de interés mayores a las que estuvimos observando apenas hace algunos meses.

No estamos asumiendo riesgos al asumir, al llevar a cabo este canje de deuda, porque la deuda que se contrajo a través de Fobaproa y que se venía financiando se sustituye por otra deuda, de manera que no se están asumiendo riesgos desde el punto de vista financiero. Al contrario, como lo comenté en mi discurso al principio, se está logrando conjurar un gran riesgo que consistía en no poder prever hacia delante de no llevar a cabo este canje, esta transacción, aunque el canje físicamente no se ha dado sino hasta en tanto concluyan las auditorías y que hubiera generado disturbios, perturbaciones y problemas en el mercado financiero.

Como se ha informado repetidamente el Ejecutivo, y en eso también ha colaborado el Congreso, ha privilegiado durante estos años el gasto social. Prueba de ello son los recursos cada vez crecientes al programa de Oportunidades y algunos otros programas sociales, así como a programas de salud y de educación que han tenido la canalización de recursos sin precedente y que han ido permitiendo que las personas más desfavorecidas hayan ido mejorando su situación a lo largo de estos años.

Eso no quiere decir que estemos satisfechos con los resultados, no quiere decir que o se reconozca que hay grandes niveles de pobreza, no quiere decir que no sea necesario pensar en políticas, buscarlas, encontrarlas y operarlas, que permitan una tasa de crecimiento más elevada, que a su vez favorezca la creación de mayores empleos y de mejora en los salarios. Yo creo que en eso coincidimos con la preocupación de quienes manifiestan su interés por encontrar estas soluciones y colaboramos con mucho gusto.

No ganaríamos mucho de no autorizar el pago del componente real de los intereses del FOBAPROA o en este caso del IPAB, porque lo único que sucedería es que al tener que refinanciar cantidades mayores, la deuda crecería más rápidamente y podríamos enfrentarnos a la situación paradójica de que al acumular deuda con mayor rapidez, enfrentásemos tasas de interés más elevadas por una mayor percepción de riesgo, allí sí habría un riesgo, y que el conjunto de la deuda del gobierno, que no es únicamente la correspondiente al IPAB, acabara pagando muchísimos más intereses y costándonos más que la cantidad que quisiéramos ahorrarnos de los intereses correspondientes.

Respecto a la autorización de recursos de parte del Congreso en el trámite presupuestario, la situación del canje no se ha dado, se va a llevar a cabo como mencioné, a partir de que se inicien las auditorías entre 6 ó 7 meses posteriores, de manera que siento que desde el punto de vista jurídico no debe haber problema para plantearle al Congreso que como en otras ocasiones se pague el componente real de los intereses, deduciendo de él, como se ha hecho en cada año, la cantidad que se espera obtener de la realización de cartera y dos terceras partes del pago que hacen los bancos al IPAB, por los pasivos correspondiente al seguro del depósito de ahorro.

Estas cantidades por cierto representan un cobro que es 3 veces en promedio mayor al que se cobra en otras partes del mundo y por eso dos terceras partes se aplican a la deducción del requerimiento del pago de intereses reales y es tan elevado porque se busca y de hecho se ha logrado, que a través de este cobro los bancos estén colaborando a lo largo de los años con la recuperación de las cantidades que se les entregaba.

Muchas gracias señor Presidente.

El Presidente: Gracias señor Secretario.

Consulto al señor diputado González Huerta, si desea hacer uso de su derecho.

Bien. Damos en consecuencia, el uso de la palabra al señor diputado Alfonso Ramírez Cuellar, del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Alfonso Ramírez Cuellar (PRD). Ciudadano Secretario de Hacienda; representante del Instituto de Protección al Ahorro Bancario; compañeras y compañeros diputados: La verdad es que estamos ante un hecho inexplicable. Nosotros hemos expresado nuestra opinión y hemos respaldado la tesis de que lo que hizo el auditor contratado por la Cámara de Diputados no era auditoría. Pero vamos a suponer que es la auditoría, vamos a darles la razón a ustedes, sin conceder, como dicen los abogados.

La fracción I del artículo 5º transitorio, es decir, la primera acción que se tiene que realizar después de concluida la auditoría, es fincar responsabilidades jurídicas y económicas, esa es la primera acción. El Instituto ni ninguna otra autoridad en el Programa de Capitalización y Compra de Cartera, no ha realizado en lo absoluto ninguna acción que finque responsabilidades jurídicas y económicas, es decir, hay una violación al primer paso establecido en este precepto legal.

Una segunda cosa que le quiero yo señalar. El artículo 7º transitorio en su segundo párrafo pone como condición para que el Instituto asuma obligaciones, que se lleven a cabo las auditorías correspondientes para el fincamiento de las responsabilidades jurídicas y económicas que en su caso procedan. Tampoco esto se ha hecho. Es decir, incluso aceptando las propias reglas aprobadas por el PRI y por el PAN en la Legislatura LVII, hoy nos damos cuenta que en los hecho se pasaron por encima de estas disposiciones legales.

En las reglas para el canje, si ustedes las leen con cuidado, en la regla 5ª dice: "Si como resultado de las auditorías ordenadas por la Cámara de Diputados se detectan créditos ilegales, una vez agotado el procedimiento aclaratorio acordado entre la institución y el auditor –estamos hablando del auditor contratado por la Cámara de Diputados-". No sabemos a la fecha actual el proceso donde se cotejaron las observaciones entre el auditor y la institución bancaria que revisaron. Por eso nosotros, ciudadanas y ciudadanos, descalificamos este hecho: no se sabe si es canje o es transacción. Se le hizo bolas el vocabulario para definir qué acción realizaron, pero lo que todos estamos ciertos es de que con este acto desaparecieron el FOBAPROA e hicieron que el Instituto de Protección al Ahorro Bancario asumiera la titularidad de este Programa de Capitalización y Compra de Cartera y por lo tanto obtuviera derecho a lo que marca el artículo 45 y 47, es decir derecho a solicitarle al Congreso la aprobación de una partida presupuestal.

La LVII Legislatura fue muy clara y señaló lo siguiente: "La deuda o los pasivos producto del Programa de Capitalización y Compra de Cartera no son reconocidos por esta Cámara y esta Cámara está impedida por lo tanto a servir con una partida presupuestal a ese programa". Ahora lo que hicieron es de que le dieron la titularidad al Instituto violando las normas más elementales de la Ley del Instituto de Protección al Ahorro Bancario y ahora sí el Instituto tiene la facultad de solicitar para este programa que estaba impedido, una partida presupuestal. Esta fue la operación que en síntesis hicieron.

Ahora ya se va a tener que pagar aquella parte que tiene que ver con el programa de Saneamiento y aquella otra que tiene que ver con el programa de Capitalización y Compra de Cartera. Entonces aquí no hay un estricto cumplimiento de la ley, incluso concediéndoles de que la auditoría que hizo Mackey fuera la auditoría que mandata el 5º transitorio, porque no solamente es auditoría; es fincar responsabilidades.

Díganme una sola persona, un solo acto donde hayan fincado responsabilidades jurídicas y económicas. No me vayan a salir aquí con el programa de los 30 o relacionado que más adelante veremos. No hay, el Instituto ni ninguna autoridad ha cumplido con esta fracción primera del 5º transitorio.

En segundo lugar. Se le ha estado mintiendo a la población. A mí a veces me extraña la vulgaridad con la que se usan los medios de comunicación. Se ha dicho: "Nos hemos ahorrado con este acto realizado el día 15 de julio, más de 100 mil millones de pesos", y esto es falso, señoras y señores: cualquier contador elemental sabe que uno tiene una deuda bruta y tiene un activo. Desde antes de este acto realizado en este mes de julio todos sabíamos a la perfección que del Gobierno eran todo lo recuperado por cartera, que del gobierno era la parte proporcional que nos tocaba como programa de pérdidas compartidos y que del gobierno era, la parte del Programa de Incentivos. Y que a la deuda bruta le teníamos que descontar esto, todos sabíamos perfectamente eso, señoras y señores, no digan que nos hemos ahorrado, no, lo que tienen que decirles es de que hemos perdido más de 100 mil millones de pesos en esta operación porque al momento de computar la deuda bruta con los activos que podemos recuperar, la pérdida resulta negativa y el contribuyente pierde más de 100 mil millones de pesos.

Esta es la operación que se tiene que esclarecer ante la opinión pública. Es decir, una pérdida importante para las finanzas nacionales, producto de esta operación.

Tercer lugar.- Los convenios modificatorios.

Pues sí, si la cartera chatarra no cabía en mi esquema, yo mismo me puse las reglas de decir que no podía comprar créditos irrecuperables, no podía comprar créditos en suspensión de pagos, no podía comprar créditos sin garantías ni tampoco créditos relacionados. Y como yo mismo hago todo el enjuague, pues la modifico y las vuelvo a modificar y todo lo que en un principio había publicado en el Diario Oficial de que no lo podía comprar, ahora sí lo vuelvo a comprar, ahora sí lo puedo comprar.

Es un error lo que se ha señalado sobre los créditos relacionado. Ustedes no están rechazando los créditos relacionados, lo único que están descontando es aquellos créditos relacionados que les metieron de bajo de cuerda, que no les avisaron. Pero la mayor parte de los créditos relacionados que suman más de 16 mil millones de pesos en este Programa de Capitalización, no están siendo descontados, ya sería un absurdo que nos descontaran aquellos créditos que nos les avisaron que les iban a meter, ya sería, la verdad, un absurdo.

Y yo le quiero decir, que yo coincido que los bancos mintieron en el nivel de capitalización, pero ¿qué no había autoridad supervisora? Los bancos podían mentir y decir que tenían más del 8% de capitalización y no había autoridad.

A Eduardo Fernández lo metieron al bote no por este crimen de no vigilar ni supervisar los estados contables del banco, lo metieron por haber dado a conocer los documentos que tienen que ver con los Amigos de Fox.

Pero qué autoridad, en cualquier crisis bancaria hay pérdidas pero los funcionarios tienen que pagar y cubrir responsabilidades, aquí no hay un solo funcionario, todo ha quedado impune, no hay en lo absoluto un solo funcionario de la pasada o de esta administración, que haya visto alguna responsabilidad de carácter administrativo penal, se mueven en el mundo de la impunidad. Esto es, un verdadero genocidio financiero y no queremos que pasen 30 años para crear una Comisión de la verdad o un nuevo fiscal que nos dé absolutamente toda la información.

Yo creo que hoy el Secretario de Hacienda y el Director Ejecutivo del IPAB, nos podrían contestar qué siguen teniendo de activos en el Programa de Capitalización. Ya se perdió todo, la deuda neta y lo que ya hay que pagar son 100 mil millones de pesos o más.

Y la otra cosa que yo le quiero pedir, es de que me pudiera leer, no que me dijera, sino que me leyera, las resoluciones de la Junta de Gobierno del 14 de mayo del 2002, en cuanto a los criterios de las nuevas auditorías y los nuevos criterios, que me lo pudiera leer o que se lo leyera aquí a la opinión pública y a los señores legisladores, 10 minutos pues es poco tiempo porque son muchas cosas pero creo que si nos pudieran responder lo que comentamos, pudiéramos tener cierto avance en el esclarecimiento de los hechos.

Muchas gracias.

El Presidente: Gracias, señor diputado.

Pedimos a los comparecientes referirse a los comentarios del señor diputado.

El Secretario de Hacienda Francisco Gil: Muchas gracias señor presidente. Varios de los aspectos que toca el diputado Ramírez Cuéllar, ya fueron tratados o por mí o por el Secretario Ejecutivo del IPAB, yo le pediría a él pues insistiera sobre algunas de las respuestas que ya se han dado, por ejemplo, el orden entre la auditoría y llevar a cabo el canje y otros aspectos que ha tocado el diputado Ramírez Cuéllar.

No se miente a la población al contrario se le informa, tiene razón el diputado en que las cantidades correspondientes a compartición de pérdidas y a recuperación de carteras, son cantidades que se han venido dando, se han venido manifestando a lo largo de los años, que ya se conocían, tan es así que en cada informe trimestral del IPAB se han venido dando a conocer esas cantidades.

Pero esas cantidades no pasan a formalizarse hasta en tanto no se concrete esta operación, hay un aspecto formal que se deriva de esta operación que es muy importante y por eso, no sólo para informar de la totalidad del costo de la transacción sino también para dar cuenta de que se está cumpliendo con una etapa jurídica se incluyeron estas cantidades.

Se pueden ver los montos de dos maneras distintas, se puede afirmar que se recupera el 52% de las cantidades correspondientes a los cuatro bancos involucrados o se puede decir que se perdió el 48% del total. Afirmamos ambos aspectos, pero enfatizamos la parte de recuperación, porque en la de recuperación está lo que corresponde a los créditos relacionado que, como bien dice el diputado, se trata de aquellos que no se habían informado y que fueron encontrarlos gracias al trabajo de investigación conjunto, que llevamos a cabo con una amplia colaboración de parte de la Comisión Nacional Bancaria y del Auditor Superior de la Federación.

Así como advertir que hay cantidades adicionales a recuperar cuando se concluyan las auditorías ya varias veces mencionadas.

Es importante también aclarar el aspecto que ya se ha mencionado varias veces relacionado con la capitalización de los bancos en época de la crisis, no tiene que ver con el presidente de la Comisión Nacional Bancaria que si acaso bajo su presidencia, se empezó a modificar un criterio que venía de años atrás, el que se tuviera un criterio de cobros vencidos en lugar de cartera vencida. Esa es la razón por la que los bancos, que fueron objeto de operaciones adicionales y que en realidad tenían capital negativo, pudieran ser susceptibles de esas operaciones adicionales.

Para dar un ejemplo, si un crédito de 100 pesos no tiene recuperación en sus pagos durante cuatro o cinco meses, de acuerdo a aquel criterio, el crédito no se calificaba como cartera vencida, lo que se calificaba como cartera vencida indebidamente, eran los cuatro o cinco pagos que no se habían recuperado y obviamente de esta manera se escondía el verdadero o no se conocía el quebranto de la cartera de la banca.

En el momento que se hace una contabilidad correcta y se reconoce que es la cartera correspondiente a esos pagos no recuperados la que debe considerarse como cartera vencida, en ese momento se advierte que la verdadera situación de la banca, era muchísimo más frágil, de hecho con capital negativo y que debían incorporarse a los programas para sacar a los ahorradores adelante y para tener un menor costo fiscal, objetivos ambos que se lograron junto con salvaguardar el funcionamiento del sistema de pagos.

No era una mentira de los bancos, era un mal criterio que se había venido aplicando desde muchos años atrás.

Le voy a pedir al Secretario Ejecutivo que comente sobre alguno de los otros aspectos incluyendo algunas de las solicitudes y puntualizaciones del diputado Ramírez Cuéllar.

Muchas gracias, señor Presidente

El licenciado Mario Alberto Beauregard Alvarez. Gracias, señor Presidente. El diputado Ramírez Cuellar menciona un punto muy importante, relativo al fincamiento de responsabilidades.

Mackey en su auditoria señala en el grupo C, las transacciones reportables, diversas transacciones que presumiblemente eran ilegales o pudieron haber violado alguna ley. Es importante comentar que de los 6 mil millones de pesos que observó Mackey en este grupo, ninguno de ellos cae dentro de los cuatro bancos con los que se firmó el nuevo programa. Son 6 mil millones de pesos que están situados en otras instituciones, que pasaron al proceso de saneamiento y como ya mencioné anteriormente, para no repetir, pero les puedo pasar la información, hay fincamiento de responsabilidades para el caso de Banca Unión, Confia y Banpaís. Entonces se cumple con esas parte de lo que el artículo 5º., transitorio de la Ley establece. Nuevamente cuestiona la validez de la auditoria de Mackey cuando es una auditoria primero cuyos términos de referencia fueron establecidos por la propia Contaduría Mayor de Hacienda, cuando esta Cámara le dio su propio finiquito; vamos, nosotros no podemos cuestionar esa validez, viene de aquí.

Las auditorias que se van a hacer son las del IPAB, son las que proceden por derecho común y una vez que se terminen esas auditorias y se apliquen las consecuencias, será que emitiremos los pagarés del IPAB.

En cuanto a los créditos relacionados, regreso al tema de Mackey, efectivamente Mackey reporta un monto de 42 mil millones de pesos de créditos relacionados. Ninguno de estos créditos cae dentro de los cuatro bancos con el que el nuevo programa fue firmado y son datos que ustedes pueden revisar, ustedes tienen estos informes. De hecho los 9 mil 500 millones de pesos que están pagando los bancos. Fueron detectados tanto por la auditoria Superior de la Federación, confirmados también por la Comisión Nacional Bancaria. Entonces sí se están aplicando consecuencias. Se les pidió a los bancos que para, que como precondición para firmar estos nuevos programas, que hicieran el pago de estos créditos.

En cuanto a los activos con los que cuenta todavía el Instituto, bueno, a pregunta expresa del senador Fauzi Hamdan, ya di alguna información; podemos hablar, a la fecha, digamos el IPAB tiene activos líquidos por 35 mil millones de pesos, tiene otros activos que como ya comenté no se han podido vender por condiciones de mercado o simplemente porque tenemos que ir vendiendo ordenadamente estos vienes, de lo contrario el precio de los bienes raíces se podría venir abajo, o sólo afectando nuestra propia recuperación, sino el mercado de bienes raíces en el país. Son procesos que dentro de los próximos meses continuarán para ir tratando de maximizar la recuperación del IPAB.

Esta sería mi respuesta.

El Presidente: Señor diputado Ramírez Cuellar.

El diputado Alfonso Ramírez Cuellar: Bueno, en primer lugar el hecho de fincar responsabilidades no se refiere solo a los bancos sujetos al Programa de Saneamiento, sino a los bancos que participaron en el Programa de Capitalización y Compra de Cartera. De ahí no han hecho absolutamente nada y están pasando por encima de la ley, porque este es el primer paso que se tiene que cumplir inmediatamente después de revisar las auditorías.

Hay otro caso, que es del PRI. En el artículo 7o. Transitorio viene un párrafo dirigido al PRI por los fideicomisos de Madrazo y decían que cuando esos préstamos hubieran provocado el quebranto de una institución bancaria el IFE se los tenía que descontar. Entonces yo por eso veo una total simbiosis, como no les descontaron, quedó impune este préstamo, realizado por Cabal para financiar campañas electorales del señor Madrazo, pues entonces yo veo una complicidad aquí absoluta. Ya se había visto desde la LVII Legislatura, pero hoy me extraña que no protesten absolutamente nada; no sé si como resultado de que en el tercer párrafo del artículo 7o. Transitorio los de más de 200 millones de pesos se los perdonaron al señor Roberto Madrazo y al Partido Revolucionario Institucional, debiéndose haber descontado por parte del IFE, tal y como manda la ley.

Como ha dicho el Secretario, el vaso se puede ver medio lleno o medio vacío. Y él vio el vaso medio lleno, es decir, hubo un ahorro del 50 por ciento de los 223 mil millones de pesos. El problema es que el contribuyente, el fisco nacional, ve el vaso totalmente vacío porque lo que se dio es una pérdida absoluta de más de 100 millones de pesos.

No me leyó las resoluciones del 14 de mayo de la junta de gobierno, pero ya las podemos conseguir, porque ahí está el trueque. O sea, la salida extrajudicial de por qué los bancos retiran el amparo y por qué se someten a las nuevas reglas es por esta modificación. Nos vienen y nos dicen que aparte de la auditoría de Mackey van a hacer otra auditoria.

Bueno pues es elemental. El comprador anterior se llamó Fobaproa, si alguien va a comprar nuevamente una mercancía, en este caso los créditos del Programa de Capitalización, lo más elemental, lo más natural, es de que tenga que revisar esa mercancía y tenga qué ver si lo que está comprando existe o no. Si lo que está comprando es chueco o no es chueco, si lo que está adquiriendo y va a pagar, tiene cuando menos la existencia.

Aquí, sin embargo, tendríamos que hacer un estudio muy concienzudo de la ley, porque la ley no prevé dos momentos: no prevé el momento de que el Ipab asuma las obligaciones y haga todos los descuentos y después haga el canje, la ley no prevé eso; la ley prevé un solo acto: el del canje de pagarés. Y el nuevo instrumento de pago que le tiene que dar el Ipab debe ser un instrumento de pago ya descontado sobre la base del cumplimiento de la fracción I del artículo 5o. Transitorio. Esto es, ustedes nos dicen "Todavía no sabemos el monto". No, pero ya extendieron un cheque de 160 mil millones de pesos, que es la deuda que el Ipab asumió y que es la que nos va a traer aquí el próximo 8 de septiembre.

No hubieran corrido prisa, no hubiera corrido prisa; la Cámara iba a portarse de manera responsable. Sabemos que la reforma constitucional aceleró los tiempos, pero lo primero que queríamos era que se cumpliera la ley. Actúan con una soberbia inusitada, una soberbia que no les da ni que se justifica porque el balance económico es negativo. Yo creo que habían de poder actuar con mayor sensibilidad.

Y una pregunta al señor Secretario. Usted hizo muy bien en excluirse de la venta de BANAMEX, porque fue trabajador de la empresa. ¿Por qué no se excusa ahora también? El banco más beneficiado no me diga que es la Secretaría de la Función Pública, el banco más beneficiado, al no descontar los intereses moratorios, es precisamente BANAMEX, con un monto de 8 mil millones de pesos. Ustedes le dan carpetazo en sus recomendaciones.

Usted como ex trabajador de BANAMEX, ¿por qué no se excusa de esta operación y por qué también ésta no se revisa? ¿La ley no prevé encapsulamiento! Han inventado una serie de terminajos: "encapsulamiento", "enclausulamiento", que lo único que es simple y sencillamente darle una patada al trasero al Auditor Superior de la Federación.

Perdonen que se los diga así, pero esto constituye sólo y únicamente una burla a las observaciones del Auditor, porque éstas debieron de haberse descontado antes de que se hiciera el canje, pero como dicen que no hicieron el canje sino que hicieron otra cosa, pero la ley lo único que dice es: "Hágase el canje", no otra cosa. Y cuando se asume por parte del Instituto la obligación del nuevo programa, es porque se ha hecho toda la operación completa y aquí, señoras y señores, lo único que se están realizando con una serie de artilugios, de chicanadas legadas que nos van a meter en serios problemas a nosotros cuando discutamos la parte del presupuesto para pagar los intereses reales de esta deuda que ya había sido rechazada por la LVII Legislatura, precisamente por la ilegalidad.

El Presidente: Muchas gracias diputado Ramírez Cuellar.

Se concede el uso de la palabra al diputado Quintín Vázquez García, por el Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Quintín Vazquez Garcia.- Señor Presidente de la Comisión de Investigación sobre el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario; señores integrantes de la Mesa Directiva; señor Presidente de la Junta de Gobierno del Instituto para el Ahorro Bancario; señor Secretario Ejecutivo del propio Instituto:

Agradecemos a ustedes la oportunidad que nos brindan de conocer de manera directa los comentarios relacionados con un tema de fundamental importancia para el país, cumpliendo cabalmente con lo señalado en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Hablar del rescate bancario es buscar la manera de encontrar justicia y de conocer a fondo los hechos sucedidos en tan lamentable crisis económica. Pero lo que mal empieza mal acaba.

Hoy nos dan a conocer la formalización del nuevo programa, que tiene por objeto atender el exhorto efectuado por el Honorable Congreso de la Unión y sobre todo atender o dispuesto por el artículo 5º transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario.

Pero ¿qué es lo que se ha venido generando en tan comentado programa? Si retrocedemos en la historia, lejos de encontrar satisfacción por propios y extraños en la resolución que hoy presentan, encontramos un sin número de interrogantes que dejan una gran estela de duda, por la discrecionalidad en el actuar y, por qué no decirlo, de complacencia y corrupción.

Las inquietudes tan marcadas y señaladas por la Legislatura anterior jamás prosperaron y hoy lo que tanto se pedía, se exigía en su cumplimiento, se presenta como una fórmula de solución inmediata para el asunto del Programa de Capitalización y Compra de Cartera.

¿Por qué, señor Presidente de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, no se efectuó de la misma manera desde hace algunos años y se hubieran obviado tantos trámites y tantas suspicacias?

Del resumen que presenta el Instituto, denominado "Formalización del nuevo programa", presenta desde su propia perspectiva un análisis muy puntual respecto de lo sucedido. Se reconoce que el modelo de supervisión bancaria era inadecuada y el marco regulatorio insuficiente y que la crisis de 1995 dificultó el pago de las obligaciones de los deudores de la Banca y generó un problema de subcapitalización en el sistema bancario.

Ante este escenario, cómo fue posible que el propio Presidente de la Comisión Nacional Bancaria actuara como parte en la revisión de la problemática de los bancos y cómo fue que se le autorizó para que discrecionalmente tomara decisiones tan impactantes para la economía del país. Me pregunto, por qué no se presionó para impedir dicha discrecionalidad. El país y los mexicanos hemos resentido esa falta de responsabilidad y de honestidad, el pago a los Bancos ha dejado a millones de mexicanos en extrema pobreza, un país sin crecimiento sostenido, un país que presenta grandes rezagos en toda la extensión de la palabra.

La falta de voluntad para realizar adecuadamente la revisión a fondo del Programa de Capitalización y Compra de Cartera vencida deja como resultado una gran inquietud respecto a que si la diferencia entre lo negociado y lo pagado ha sido lo justo para este país.

Se presenta en la formalización del nuevo programa, un esquema de participación conjunta donde se dan por terminados los procedimientos judiciales; se acuerda autorizar a los despachos contratados por la Honorable Cámara de Diputados para la realización de las auditorías a las que se refiere el artículo 5º transitorio de la Ley para la Protección al Ahorro Bancario y entregar a ésta los papeles de trabajo, materia de la revisión a la legalidad; que las instituciones bancarias se obligan a sujetarse a los resultados de dichas auditorías, de las cuales podrán sustituirse créditos y activos o disminuirse la obligación del pago a cargo del IPAB; que previo a la celebración del nuevo programa, se pagará al FOBAPROA los créditos relacionados que en su momento se incluyeron en el Programa de Capitalización y Compra de Cartera.

Estas condiciones se cumplieron –señalan- y el IPAB adquirió una obligación de pago hasta por 160 mil 183 millones de pesos, la cual con los efectos de pérdidas compartidas y esquemas de incentivos y activos por recuperar, se reduce a 107 mil 206 millones de pesos, cifra sujeta a los resultados de la revisión. ¡Con qué facilidad se resolverá éste tan entrampado asunto! A final de todo se han dado cuenta que la discrecionalidad y engaño fueron los elementos utilizados para favorecer a los bancos.

Las cuentas se convirtieron en puros cuentos y es preferible aceptar de inmediato este nuevo programa, aceptando un mal arreglo que un buen pleito. Dejan mucha incertidumbre por la propuesta de solución inmediata de reducción de más del 50% de los pagarés. Ojalá que se clarifique más este procedimiento para despejar esas dudas y esas suspicacias.

¿Por qué no revisar en su totalidad todas las obligaciones del FOBAPROA; por qué no encontrar las respuestas a todas las interrogantes; por qué no descifrar la responsabilidad de los actores que definieron los adeudos? La propia Auditoría Superior de la Federación ha marcado la pauta para tal procedimiento, ¿por qué no darle el seguimiento que le corresponde?

La propuesta del nuevo programa afortunadamente contempla la postura de nuestra fracción relacionado con las auditorías de gestión, de legalidad, de identidad, de existencia y de legitimidad. Quedan muchas dudas en el aire lamentablemente.

¿Por qué las reglas de operación de FOBAPROA nunca fueron revisadas ni publicadas? ¿Por qué el Comité Técnico del FOBAPROA actuó con tanta discrecionalidad, modificando criterios a capricho y permitir la adquisición de todo tipo de cartera?

Esperemos que con la revisión y aplicación de las auditorías se refleje verdaderamente lo sucedido, se conozcan a fondo los hechos y se determine el grado de responsabilidad de quienes participaron. Lo merecen los mexicanos, lo merecemos todos. Que la Auditoría Superior de la Federación conozca los resultados de las auditorías, que verifique la solvencia de la información y que informe a esta Cámara de su contenido. Que el Ejecutivo Federal no siga defendiendo lo indefendible y que busque la verdad para tranquilidad del país.

Señor Presidente de la Junta de Gobierno, ojalá que ese nuevo programa otorgue certidumbre y confianza. Esperemos se cumpla a cabalidad con los criterios jurídicos y respondan adecuadamente a la sociedad.

Dejo los siguientes cuestionamientos:

¿Se van a fincar las responsabilidades a los servidores públicos que aceptaron en su momento incluir créditos relacionados sin la aprobación del Comité Técnico del FOBAPROA?

Segundo: ¿El pago o el descuento que les están haciendo a los bancos por los créditos relacionados no será compensado en el pago de impuestos de los bancos, es decir, no tendrán incentivos fiscales?

¿Por qué no se encapsularon los intereses moratorios por mil 880.2 millones de pesos a valor históricos de Banamex que fueron observados por la Auditoría Superior de la Federación?

¿Qué va a pasar con lo no solventado por la Auditoría Superior de la Federación como son los intereses moratorios de Banamex?

Y última: ¿Cómo se van a pagar los 107 mil 206 millones de pesos, a cuántos años y a qué tasas de interés?

Muchas gracias.

El Presidente: Muchas gracias diputado Vázquez García. Se ruega a los comparecientes referirse a los cuestionamientos del diputado.

El Secretario Francisco Gil Díaz: Son realmente muchas las interrogantes que plantea el diputado Quintín Vázquez García, voy a tratar de hacerle justicia a un planteamiento tan amplio como el que hizo.

¿Por qué no se llevó a cabo esto hace algunos años? Qué más hubiéramos querido pero nos detuvo el amparo de los bancos.

¿Por qué el Presidente de la Comisión Nacional Bancaria participó en el rescate a los ahorradores y al mismo tiempo tenía la responsabilidad de supervisión? Aquí estoy interpretando, creo correctamente, un planteamiento muy justo del diputado y que creo tiene que ver con la falta –en aquella época- de la legislación adecuada para poder separar ambas funciones como sucede ahora con la existencia del IPAB por un lado, y de la Comisión Nacional Bancaria por el otro y que tiene que ver también con otro aspecto que él trató, que fue la discrecionalidad con la que se actuó en esa época.

No existía un marco jurídico que permitiera que las autoridades tomarán un banco que estaba reportando malos resultados y que se está hundiendo, eso obligaba a que en cada caso se llevara a cabo una negociación con el banco para impedir que siguiera acudiendo al crédito interbancario y generando pérdidas todavía mayores, fue un proceso mucho muy difícil porque el incentivo de algunos bancos y de algunos banqueros, pues era seguir medrando en el mercado y seguir aprovechando las ventajas que les daba el tener ese permiso de operación como banco.

Hay otras preguntas que preferiría que le diera respuesta el Secretario Ejecutivo del Instituto, como por ejemplo: ¿por qué no revisar todas las obligaciones de FOBAPROA? ¿O por qué las reglas de FOBA nunca fueron publicadas? Ya me referí a la modificación de los criterios del FOBAPROA, tenía que ver con esa necesidad que comenté en otras respuestas, de atender a una situación que se estaba deteriorando mucho más rápido de lo que preveíamos, de lo que se había previsto originalmente.

Lo que estamos buscando al cumplir con la ley y cumplir con el Punto de Acuerdo del Congreso, es otorgar certidumbre y confianza, eso es lo que se está buscando para quitar del panorama un escollo que podría haber, o yo diría, con toda seguridad lo habría hecho generado, todo género de suspicacias acerca de cuál iba a ser el desenlace de este problema.

Si se van a fincar responsabilidades, yo creo que deben fincarse responsabilidades en la medida en que la legislación lo permita. No veo por qué limitarnos en ese renglón en esa materia.

Se llevó a cabo un análisis por parte del Sistema de Administración Tributaria, del impacto fiscal de la operación. Es un impacto sumamente complejo porque implica la reversión de muchas operaciones y yo le sugeriría, si a ustedes les parece, señor Presidente, señor diputado, que para entrar en un estudio cuidadoso de la forma en como se maneja de acuerdo a la ley, porque no se está haciendo nada que la ley no permita y además con estricto rigor en su aplicación, al presidente del SAT y a los funcionarios responsables, para que puedan darles el detalle como se da el trato fiscal a esta operación.

Las otras preguntas de, por qué no se encapsularon moratorios de Banamex, qué pasará con lo no solventado relacionado con Banamex, y finalmente esas dos y otras le pediría al presidente del Instituto que las abordara, y respecto a cómo se pagarán los 106 mil millones de pesos, pues parte de un refinanciamiento cuyos intereses y recuperación de cartera, cobros que hace el IPAB que se van abonando en dos terceras partes al pago de la deuda del IPAB y los resultados globales de las finanzas públicas, nos lo van a decir con el paso del tiempo, en este momento es imposible hacer una previsión, porque va a depender de una serie de circunstancias que no son pronosticables con exactitud en este momento. Muchas gracias señor presidente.

El Presidente: Gracias señor Secretario.

El licenciado Mario Alberto Beauregard: Con relación a los intereses moratorios de Banamex, quisiera abundar un poco, porque de hecho no solamente existían observaciones a Banamex, también existían a Bital y a Bancomer, los montos observados por el Auditor Superior de la Federación a estos dos bancos en particular se solventaron, se le demostró que, digamos, intereses no pagados en mora.

En el caso de Banamex correspondía a la Secretaría de la Función Pública, por ser Cuenta Pública 2000, esta observación, analizar el caso, hecho la misma Auditoría Superior de la Federación envía un oficio a la Secretaría de la Función Pública para que analice el caso, y la Secretaría de la Función Pública determina que desde el punto de vista jurídico esto serán intereses que podían haber sido adquiridos por el Fobaproa, en tal sentido esta observación desde nuestro punto de vista queda ya solucionada.

Con respecto al tema de las reglas de operación y de la información, relativa a los contratos del nuevo programa, la revisión de las auditorías, nosotros en breve le entregaremos una copia íntegra al Auditor Superior de la Federación para que lleve a cabo la revisión de los contratos, posteriormente trabajará en la revisión de todo el proceso de las auditorías de dar los resultados de las mismas y esto lo haremos en los próximos días, estamos trabajando en la producción de estas copias.

Con respecto al Fobaproa, digamos, ha habido diversos requerimientos de información que nos han hecho y que el Instituto ha recurrido a los terceros que están involucrados en estas actas del Comité Técnico del Fobaproa, donde se tomaron las decisiones respecto a las operaciones del fideicomiso, para solicitarle su autorización para poder proporcionar esta información.

Las instituciones protegiendo la información que está contenida en estas actas, puesto que estamos hablando de discusiones muy amplias, que contienen detalles de operaciones bancarias en lo particular, pues se ampararon para que no diéramos esta información.

Y aquí es bien importante comentar que no es que no se quiera dar la información, vamos, hay bancos que están, como se dice, en la panza del IPAB, que también hicieron lo mismo, y no es que queramos dar la información, simple y sencillamente, es información que está protegida por el secreto bancario. ¿Y por qué se acepta el amparo de todos estos bancos? Bueno, pues si esta información se proporciona, estaríamos cometiendo una ilegalidad, que inclusive es sancionada penalmente.

Ese es el punto y por lo cual el hecho de que se haya confirmado la aceptación del amparo, ratifica el hecho de que esta información está protegida y es en beneficio de todos nosotros. Si nosotros el día de mañana vemos la información de nuestras cuentas en todos los periódicos pues ciertamente a nadie le gustaría y esto es exactamente lo mismo aplicado ciertamente a otro tipo de operaciones pero es el mismo concepto y es la misma lógica. Gracias.

El Presidente: Consulto al señor diputado Vázquez garcía si desea hacer uso.

El diputado Quintín Vázquez García: No.

El Presidente: Correcto. Entonces concedemos el uso de la palabra al diputado Federico Doring Casar, por el Partido Acción Nacional.

El diputado Federico Doring Casar: Con su permiso, señor Presidente.

Señor Secretario de Hacienda y Crédito Público; señor subsecretario de Hacienda y Crédito Público; señor Secretario Ejecutivo de la Junta de Gobierno del IPAB:

El negocio de los bancos consiste en asumir y administrar riesgos y sus actividades de intermediación los vuelven vulnerables a problemas de liquidez y solvencia. Cuando esa problemática se generaliza en el sector financiero, se corre el riesgo de un colapso del sector real de la economía.

En la última década han ocurrido en el mundo diversas crisis financieras, la mayoría en países en vías de desarrollo como el nuestro; la última y la peor en la historia de nuestro país fue la de 1995, la cual generó una caída del producto interno bruto en términos reales superior a 6 puntos del producto, que dificultó a los ahorradores del pago de sus obligaciones con la banca y generó un problema de falta de capitalización y liquidez del sistema bancario mexicano que amenazó la integridad del sistema de pagos con una crisis similar a la que recientemente se observó en Argentina, como ya lo refirió el senador Fauzi Hamdan, o la que vivieron en países desarrollados recientemente como España y Japón.

Es con el mismo ánimo de estado con el que los legisladores de Acción Nacional en la LVII Legislatura asumieron su responsabilidad ante una crisis de la cual no somos responsables y no fuimos responsables, pero a la cual sí ofrecimos una solución y una alternativa mejor a la plantead originalmente por el Ejecutivo Federal a través de la creación del IPAB, que hoy hacemos un alto en el camino para evaluar los avances en la materia, a diferencia de algunos legisladores, hoy en la oposición, que convenientemente olvidan o reniegan de su participación y aportación histórica a esa crisis de 1995 y a los resultados que el día de hoy seguimos padeciendo.

Desafortunadamente este negro pasaje de la historia financiera y política de nuestro país, ha servido de bandera política para quienes más preocupados por capitalizar políticamente la crisis del 95 que por buscar y proponer alternativas para capitalizar y blindar al sistema financiero en nuestro país, han privilegiado el descrédito del sistema que la reactivación del crédito en el sistema.

Los casos en los que efectivamente existieron abusos por parte de verdaderos pillos que abusaron del insuficiente marco regulatorio y de un modelo de supervisión inadecuado como "el Divino" y Cabal Peniche, han sido estigmatizados como si ellos fuesen los apoderados legales de todos los créditos del FOBAPROA, olvidando que el enorme universo de la cartera del FOBAPROA, es la de mexicanos honrados y trabajadores que ante la crisis referida no pudieron hacer frente a sus obligaciones, ni siquiera después de la reestructuración de los mismos. Baste decir que las transacciones reportables de la auditoria de Mackey tan sólo importaron en el orden de 6 mil millones de pesos determinados ilegales o violatorios a la legislación aplicable. Es precisamente ene este acotado universo que se encuentran estos ominosos personajes de la historia financiera de México.

El impacto de la crisis fue tal que desafortundamente la mayoría de las instituciones financieras y por ende la mayor parte del costo fiscal del rescate financiero el 76 % se originó en las instituciones que ni siquiera con el Programa de Capitalización y Compra de Cartera lograron sobrevivir la crisis referida, pues en 1994 existían 26 bancos de los cuales únicamente 12 se acogieron al Programa de Capitación y compra de Cartera, el cual representa el otro 24 % de la deuda del instituto y de estas únicamente cuatro hoy día subsisten y representan el 15 % de tal deuda.

Sobre este asunto deseamos saber qué porcentaje del costo del rescate financiero de los ahorradores corresponde a los cuatro bancos que efectuarán el canje de los pagarés FOBAPROA y qué porcentaje corresponde a los que fueron saneados e intervenidos, cómo se comparan las tasas de recuperación de cartera de los cuatro bancos que efectuaron el canje contra los saneados y liquidados; qué tan caro ha sido el rescate financiero del sistema mexicano comparado con el de otros países de la OCDE:

Sin lugar a dudas la visión panista de unificar en una misma institución la responsabilidad administrada a cartera del FOBAPROA, y la de darle servicio a la deuda del Instituto ha sido benéfica para los compromisos financieros dl rescate a los ahorradores mexicanos. A diferencia de la propuesta originalmente por el Ejecutivo ha permitido un manejo más responsable, eficiente y menos costoso del manejo de dichos pasivos. Prueba de ello es que el Seguro Depósito que establece la ley en el artículo 45 destina un 75 por ciento a cubrir la deuda del Instituto y en un 25 por ciento al gasto de administración del mismo y la constitución de un Fondo de Reserva, las mismas que permitieron a los ahorradores del sistema financiero mexicano, gracias a los ahorros que se tenían hasta el año 2002, hacer frente a los colapsos de Cuadrum, Sureste, Anáhuac e Industrial, sin generar nuevos y adicionales costos fiscales para los mexicanos, pero sobre todo sin la necesidad de pasar por el Congreso de la Unión para su aval como deuda contingente.

En este sentido deseamos saber ¿en qué medida ha contribuido la estabilidad macroeconómica para no encarecer aún más el servicio de la deuda del Ipab, en especial la inédita tasa de inflación y el nivel de riesgo país de esta administración? ¿Cómo habría afectado una crisis económica como las que sucedieron en los últimos sexenios con su consecuente devaluación dicho pago?

En este sentido le preguntamos al Secretario de Hacienda: ¿Basta con la Ley de Alertas Tempranas aprobada por esta Legislatura y la legislación previamente existente para prevenir otro colapso del sistema financiero? ¿Qué tanto más seguro es el sistema actual en cuanto la regulación y supervisión con respecto al vigente en 1995? ¿Y qué ventajas considera usted que reporta el que los bancos ahora estén en manos de banqueros y no de amigos del sistema?

De un valor de 223 mil millones de pesos se recuperarán 116 mil en esta transacción, que incluyen la recuperación de cartera, la compartición de pérdidas que aportan los bancos al ser absorbidas por sus accionistas por cerca de 39 mil millones de pesos y 9 mil 482 que los bancos ponen por concepto de créditos relacionados.

En cuanto a las observaciones del Auditor Superior de la Federación el monto es contable, en el canje incluye los créditos relacionados detectados por la dependencia a su cargo y que inicialmente no fueron reportados por Mackey.

La reducción adicional que se desprenderá de la implementación de las nuevas auditorías GEL, ante el desistimiento por parte de los bancos de los amparos interpuestos contra éstas y el encapsulamiento de 7 mil 10 millones de créditos menores en tanto se solventa la observación de dicha institución.

De ahí que a nadie sorprenda que éste haya reconocido públicamente que le satisface la expectativa de mayor reducción del costo de rescate financiero ante la decisión tomada en cumplimiento del artículo 5o. Transitorio, lo cual contrasta con algunos comentarios de quienes me han antecedido en el uso de la palabra.

Para los diputados federales del PAN también es motivo de beneplácito tanto los resultados obtenidos como la expectativa de ahorros adicionales. Cierto es que la deuda total del Instituto a marzo de este año era de 833 mil millones de pesos, pero la ventana de oportunidad para minimizar el costo del rescate radica en la aplicación del artículo 5o. Transitorio de la Ley del Ipab propuesto por Acción Nacional y después impulsado por nosotros mismos en el seno del Congreso de la Unión en la Comisión Permanente en agosto del año pasado.

Los diputados federales del PAN celebramos estos resultados pues se trata de resultados adicionales a los de la LVII Legislatura con Mackey. Es decir, si desagregamos del universo de las transacciones reportables de Mackey a valor original por 72 mil 700 millones de pesos, las específicas relativas a las contenidas en el programa que nos ocupa el PCC y derivadas de los cuatro bancos sobrevivientes observamos que solo importan 9 mil 900 millones de pesos, los cuales llevados a valor presente importan del orden de 34 mil 650 millones de pesos, con lo cual resulta evidente que la instrumentación de este canje generará tres veces la reducción en el costo fiscal de los resultados obtenidos por Mackey.

Señor Secretario Ejecutivo del IPAB:

¿Es o no cierto que la reducción derivada de esta operación del canje pagaré señalada en el artículo 5o. Transitorio con respecto a las cuatro instituciones sobrevivientes es con mucho superior a la que con ese respecto al mismo programa y a las mismas instituciones obtuvo Mackey y en qué medida?

La reducción de 115 mil 819 millones de pesos en el costo financiero del rescate a los ahorradores gracias a la estricta aplicación del artículo tiene las siguientes equivalencias para efectos de la metáfora del vaso medio vacío o medio lleno. Es superior al presupuesto asignado este año en el Ramo 12 a la Educación Pública, es equivalente a la suma del gasto anual de la Sagarpa, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Energía, la Sedesol, la Secretaría de Seguridad Pública y el Conacyt para este año.

Es el equivalente a la suma del programa Imss-Oportunidades y dos veces el presupuesto del Issste para este año. Es el equivalente a la suma de cinco veces el presupuesto de la Compañía de Luz y el equivalente al Programa Concurrente para el Desarrollo Rural para este año. Es el equivalente a la suma de las erogaciones para atender a la población indígena y la de los fondos Fasa, Fais, Fortamun y Fam del Ramo 33.

Señor Secretario:

Toda vez que los primeros vencimientos de los pagarés Fobaproa serían el siguiente año, le pregunto: ¿De no haberse optado por esta estrategia que no requiere de recursos fiscales adicionales a los que la Cámara de Diputados ha venido destinando históricamente a través del Ramo 34 para evitar el incrementar en el costo real del servicio de la deuda del Ipab, cómo habrían afectado negativamente el gasto programable de dichas obligaciones en el proyecto de Presupuesto para el 2005?

Por sus respuestas, muchas gracias.

El Presidente: Muchas gracias, diputado Döring Casar. Los comparecientes se referirán a sus cuestionamientos.

El Secretario Francisco Gil Díaz: Gracias señor Presidente. Sino tiene inconveniente el diputado Döring, vamos a tratar de responder algunas de las preguntas con posterioridad, porque hay algunas que requieren de información de la que no disponemos en este momento y que son muy pertinentes y que nos gustaría mucho poderles dar respuesta.

Haciendo algunos cálculos gruesos. ¿Cuánto corresponde a los cuatro bancos de los 850 mil millones? Pues aproximadamente la cuarta parte, los 223 mil millones de pesos. La diferencia entre el monto total y lo de los cuatro bancos, es una cantidad que se perdió, que es un pasivo en su totalidad, porque los bancos correspondientes a estos montos desaparecieron, los accionistas perdieron su capital y dejaron de operar, y por ese motivo y yo creo que tiene relación con las preguntas que hace el diputado, las posibilidades de recuperación en estos casos se extinguieron y lo que se ha logrado de recuperación es en porcentaje muchísimo mayor tratándose de los bancos que subsisten, que de aquellos bancos que sucumbieron, aunque algunos activos de aquellos sí se han podido enajenar por el IPAB, en porcentajes mucho menores, sobre todo tratándose de la cartera crediticia.

La comparación del costo con el de otros países, aquí tengo algunos datos, son parciales, hay información mucho más prolija en algunos estudios que podemos abundar y completar, entre países emergentes y países de la OCDE, está Chile, por ejemplo, cuyo costo representó la tercera parte del Producto Interno Bruto, un 33.5 por ciento; en Ecuador fue el 21.7 por ciento; en Indonesia, que todavía no concluye, pero a la fecha se lleva un 52.3 por ciento, poco más de la mitad del Producto Interno Bruto; en Tailandia un 34.8 por ciento; en Turquía un 30.5 por ciento; en Corea un 23.1 por ciento, contra un 18.2 por ciento en México.

Países que tuvieron un menor costo son Finlandia, con un 11.2 por ciento; Venezuela, con 12.4 y los Estados Unidos con 2.1, por aquel problema de las cajas de ahorro de hace algunos años.

¿En qué medida ha contribuido la estabilidad para no afectar el costo del IPAB? Pues tendríamos una verdadera bola de nieve acumulada. De haber prevalecido las tasas de interés con las que nace el gobierno del Presidente Fox y de no haberse manejado las finanzas públicas, y no me alcanzo de repetirlo, con el apoyo del Congreso, con una actitud responsable del Congreso y del Ejecutivo, para tener un manejo de finanzas públicas y un manejo financiero junto con la colaboración del Banco Central para bajar la inflación, y de esa forma las tasas que hemos podido experimentar, pues han permitido que la acumulación de deuda sea muchísimo menor de la que habría ocurrido y podríamos hacer un cálculo que con mucho gusto le entregaríamos.

No basta con la Ley de Alertas Tempranas, queremos proponerles algunas reformas adicionales para exigirle a los bancos todavía más elementos de confiabilidad, de transparencia de información. Uno de ellos consistiría en la obligación de emitir obligaciones subordinadas, que dichas obligaciones se coloquen en los mercados internacionales y de esa manera lograr que el escrutinio de las agencias calificadoras y de los tenedores de ese papel en los mercados internacionales, también opere como un elemento de vigilancia sobre la operación de los bancos.

¿Qué tanto más seguro es el nuevo esquema para prevenir crisis? Pues tiene que ver no sólo con los aspectos regulatorios, no solamente con la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria, con las nuevas disposiciones legales que se han venido adoptando a lo largo de este gobierno, sino también con el modelo económico. Durante muchos años, salvo algunas pequeñas interrupciones, en México había funcionado con tasas de interés fijas o fijadas, administradas y con tipos de cambio también o fijos o con bandas relativamente estrechas.

Es interesante ver la experiencia reciente de las crisis asiáticas, que fueron varias y casi simultáneas, de la crisis argentina, la crisis brasileña y sus semejanzas con la crisis mexicana, porque fueron desencadenadas en parte por la afluencia de grandes cantidades de capital especulativo de corto plazo combinado con tipos de cambio fijos o que se mueven dentro de bandas muy estrechas que equivalen a tipos de cambio fijo. Cuando se especula en contra de la moneda se coloca uno en la parte superior de la banda y el tipo de cambio se fija; cuando se tiene una gran confianza en la moneda se empiezan a acumular reservas y el tipo de cambio se coloca en el piso de la banda, se empiezan a acumular reservas en lugar de perder reservas, que es el comportamiento de un tipo de cambio fijo. O sea que es un tipo de cambio fijo en los dos rangos, con un movimiento de tipo de cambio flexible en los intervalos, pero que a fin de cuentas conserva los riesgos y los peligros de un tipo de cambio fijo.

Todas esas crisis se dieron con combinaciones de instrumentos como los que acabo de mencionar y es muy afortunado que desde 95 estemos ahora sí dentro de un régimen de tipo de cambio flexible, sin intervenciones de las autoridades en el mercado de cambios, para que los especuladores se pisen la cola. Cuando el especulador se lleva su dinero pierde el valor de capital del instrumento de renta fija que adquirió y pierde el valor en moneda extranjera. Al convertir pesos a moneda extranjera también el activo que adquirió, y eso ha hecho que las cantidades capitales a corto plazo en nuestro país se hayan reducido drásticamente comprado. De hecho son menos de 10% de lo que había antes de la crisis del 95 y le da muchísima más estabilidad al comportamiento de la economía y no es un elemento autogenerador de crisis.

Las demás, como decía, con mucho gusto las vamos a preparar. Tomamos nota de ellas y también le agradecería nos enviara la nota escrita para poder abundar en los números y en los cálculos que nos solicitan.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente: Gracias, señor Secretario.

Para réplica se concede el uso de la palabra al señor diputado Salvador Vega Casillas.

El diputado Salvador Vega Casillas: Con su permiso, diputado Presidente.

Sin duda que el tema del FOBAPROA y lo que hoy atestiguamos y analizamos, que es la firma o el convenio del canje de los pagarés, es un asunto que por su propia complejidad genera incluso mucho debate y mucho debate que me parece que en muchas ocasiones es debate falso. No estamos por supuesto aquí analizando la conclusión de un evento favorable para el país, sino el salvamento financiero de una de las peores crisis que ha tenido este país en los tiempos modernos. Por lo tanto, no podemos llegar aquí a hablar de una utilidad para el país; podemos hablar sí de un ahorro y eso es lo que debe de hacer este canje y me parece que sin duda lo hace de una muy buena manera, cuando se está canjeando por un valor de un 52% inferior al que se tenía.

Yo creo que muchos de los desacuerdos que se han generado con respecto al FOBAPROA han sido y tienen su origen en la auditoría de Mackey y aquí la mayoría de las intervenciones han hecho referencia de esa auditoría, se le ha solicitado incluso al Ejecutivo en la persona de Secretario de Hacienda, que la declare por lo menos inmoral o amoral, si es que no se declara ilegal.

Se ha solicitado también que se rehagan las auditorías, se ha solicitado que se abran los expedientes y mucho de esto se le ha cargado la culpa al propio Ejecutivo, de una auditoría que ha que recordar, fue contratada, ordenada, pagada y finiquitada por este Congreso.

Y me parece que ese es uno de los puntos que tenemos que tomar en cuenta cuando estamos analizando esto. Cuando reclamamos que las cosas que no se hicieron bien en las revisiones y que por lo tanto hay irregularidades, nos estamos reclamando a nosotros mismos que no se hizo bien el trabajo y debemos de poner las cosas en su justa dimensión, porque si partimos de debates falsos, pues no vamos a llegar a conclusiones correctas.

Por otra parte, este acuerdo que se está hoy analizando, no es un acuerdo que se haya hecho de manera oficiosa espontánea o por iniciativa del Ejecutivo, sino porque este Congreso lo ordenó así.

Por lo tanto, me parece que lo que hoy estamos analizando es también la propia responsabilidad de este Congreso, en la que me parece, sin duda alguna, que muchos de los diputados no se sienten satisfechos, incluso, con su propio desempeño, porque muchos de los diputados que intervinieron en la contratación del FOBAPROA, que intervinieron en el proceso del rescate, hoy vuelven a ser diputados y hoy están en contra de todo lo que, en aquél momento aceptaron, avalaron, firmaron y pagaron.

Me parece bien que sea una autocrítica la que se tiene en este Congreso, de que las cosas no salieron bien o por lo menos que no se estaba satisfecho con el trabajo que se hizo hace algunas legislaturas.

Y eso queda también clarísimo cuando analizamos el punto de acuerdo, que este mismo Congreso le hace al Ejecutivo para que prácticamente se haga lo que hoy el Ejecutivo cumplió, que es realizar el canje de estos pagarés.

Y me parece que la realización de este canje cumple o satisface la mayoría de los puntos que tenemos a debate. Primer lugar, se logra una reducción en el costo del 52%, que es por supuesto bastante importante y no es falso, lo podrán atestiguar en la firma de los pagarés, unos valen el 52% menos que los otros y eso es una cuestión de matemáticas simple y pura.

Segundo lugar, se excluyen la sustitución a los créditos relacionados de los cuales se tienen dudas. Por otro lado, también se excluye la cobranza, la participación de pérdidas y los incentivos también a los bancos y además, sobre todo, para quienes teníamos y tenían dudas de que las auditorías estuvieran bien hechas o de que no se hubieran realizado, se harán nueva auditorías.

Yo creo que con eso tenemos un acuerdo que en la mayoría de los puntos que estaban a debate, podremos tener claridad y en cuanto a las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, el hecho de dejarlas encapsuladas y garantizarlas con un fideicomiso, nos garantiza también que el mandato de este Congreso, a través de la Auditoría será respetado y se garantiza que serán cumplidas las observaciones que esta Auditoría o que este Congreso a través de la Auditoría ha hecho.

A mí me parece que terminado este proceso por fin el IPAB podrá dedicarse a lo que debe de hacer, que es garantizar un Fondo de Protección para los Ahorradores de este país y evitar que nuestro país vuelva a sufrir una crisis como las que hemos vivido en ocasiones anteriores, el dejar atrás estos debates, muchos de ellos falsos, nos permitirá, por supuesto, la tranquilidad para poder construir un sistema mucho más fuerte como se ha venido haciendo desde entonces y mucho de ello, gracias también a la participación y al mando de este Congreso que hoy se está cumpliendo.

Y ya para terminar, me gustaría saber, señor Secretario, ¿cuál será el universo de las auditorías nuevas que se harán y cuáles son las expectativas de disminución del costo fiscal?

El Presidente: Gracias señor diputado Vega Casillas. Voy a conceder el uso de la palabra al señor diputado Adrián Víctor Hugo Islas Hernández, que es el último que estaba en la lista, pero quiero también anunciar a ustedes compañeras y compañeros legisladores, que dos de los señores senadores que están presentes en esta sesión nos han solicitado hacer uso de la palabra y se los vamos a conceder hasta por cinco minutos a cada uno, me refiero al senador Luis Rico Samaniego y al señor senador Alfredo Reyes Velázquez.

El diputado Víctor Hugo Islas Hernández: Bueno, venir a esta importante reunión y observar la cátedra de oratoria que nos hiciera el señor senador Fauzi Hamdam y el informe de actividades que también nos leyó el diputado Döring, demuestra algo muy interesante. No se trata de decir si lo que fue en el pasado estuvo bien o estuvo mal sino se trata de observar que lo que haremos en el futuro, habrá de permitir que en otra Legislatura no se venga a señalar que nos equivocamos. Nadie puede negar que lo que sucedió en el Fobaproa y ahora en el IPAB, es algo que ha lastimado y afectado a todos los mexicanos, y lo ha afectado porque el decir que nos ahorramos el 50% y que esto va a permitir poder llevar servicios y beneficios a todo México, es estar mintiendo.

Cuántos programas, cuántos recursos se aprobaron en las Legislaturas, y el año pasado vivimos muchísimos recortes presupuestales, ¿y esto resultado de qué? Que a la mejor cuando aquí discutimos y analizamos el presupuesto no lo hicimos con la vehemencia que debimos haberlo hecho, pero no tan sólo eso sino de exigirlo.

Quiero precisar que los diputados reconocemos el diálogo que hemos mantenido estos meses, en torno a una situación que causa interés y del cual los mexicanos esperamos respuestas concretas en el menor tiempo posible, este fenómeno por medio del cual el gobierno financia el asunto de la cartera vencida, lleva 10 años, y en ese período se han dicho muchas cosas y se ha avanzado poco.

Es un tema de complejidad técnica, pero el pueblo mexicano percibe el enorme costo que representa para el gasto público, que en esos impuestos que hemos pagado todos y en donde muchas de esas perspectivas de crecimiento no se han podido dar. No se ha podido dar la creación de empleo, la calidad de nuestras instituciones educativas y los programas de salud y alimentación entre otros.

A ustedes, señores legisladores y funcionarios, les consta que el PRI no ha mantenido una actitud oportunista, ortodoxa o electorera, ocultando las verdaderas causas del problema del Fobaproa. Hemos sido responsables y colaboradores, por que así lo exige el interés público, consta en el cuidad del desarrollo de las auditorías del despacho Mackey, el cambio de la legislación que crea el IPAB, el seguimiento de las negociaciones con los bancos, para depurar la cartera, fincar responsabilidades y arribar a logros claros y concretos.

Nunca se ha ocultado las dificultades de quiebra en el sistema financiero y que esto se orilla por la crisis internacional que se dio y por los efectos llamados dragón, samba y tequila, entre otros, que fueron crisis regionales, que impactaron al sistema mundial, entre estas cosas, y los errores de la política económica, han dejado verdaderas secuelas que han dado como resultado el bache histórico y económico que no acabamos de superar.

Esto no se puede enfrentar realísticamente, si tomamos en cuenta que en los últimos años, nuestro crecimiento económico se ha situado en un promedio del 1% del producto interno bruto, esto es, en menos empleos, concentración del crecimiento del sector exportador a costa del mercado interno, crisis generalizada en el campo y una alza de la migración que ha llegado al extremo, señalado por el Instituto Internacional de Inmigración, de que medio millón de mexicanos se asienta cada año en Estados Unidos, descapitalizando el campo y nuestra industria.

Pero algo tenemos que hacer, ya que subsisten fallos legales y financieros, que urge aclarar ante la nación. Hay que actuar ya, por lo menos en tres niveles, en lo jurídico, penal, que pague el que abusó de la información privilegiada y de sus ventajas en el sistema financiero y público. También urge el saneamiento financiero que asegure que el programa no tocará fondo a costa de nuestro desarrollo y en tercer lugar, necesitamos que se redefinan las responsabilidades del gobierno, e la banca y del sistema fiscal que hoy aparecen confusas e injustificables.

Urge, señor Secretario, explicarle al pueblo por qué el gobierno financia estos costosos programas, mientras que el Banco Mundial informa que en México los bancos ganan tres veces más que en los países desarrollados y esto sin abrir los créditos, sin bajar los costos de sus servicios, las comisiones o los réditos; cómo explicarle al pueblo de México que mientras el gobierno se sale de las pensiones y de las jubilaciones, siga metido en el financiamiento de los banqueros.

¿Qué clase de Estado quieren ustedes? ¿Uno liberal en lo laboral y social pero proteccionista en las ganancias de los capitales financieros’

De acuerdo con ustedes, después de diez años de pago de intereses de esta deuda con cargo a todos los mexicanos, quién y hasta cuándo seguirá pagándola.

Cuándo, en qué fecha habrá resultados tanto en lo legal como en lo financiero. Nadie niega que a finales de 1994 tuvo lugar la crisis económica más grave de la historia contemporánea mexicana, entre otras consecuencias, esta crisis provocó el sobre endeudamiento de las empresa y familias ante los bancos y también el no pago de sus créditos en tiempo y forma de muchos de los deudores.

El gobierno federal aplicó varios programas: Ventanilla de Liquidez en dólares, el Programa de Capitalización Temporal; el Programa de Apoyo a Deudores, Saneamiento de Bancos; el Programa de Capitalización y Compra de Cartera, etcétera. pero también creó la Unidad Coordinadora para el Acuerdo Empresarial UCABE, para ayudar, así se dijo, a muchas empresas que se vieron imposibilitadas de pagar sus deudas, las cuales a través de esta UCABE reestructurarían sus créditos.

Dada la importancia del papel que jugó esta unidad y los montos de estructurados, según se publicó en su momento, cual fue la instancia gubernamental que medió en esta operación, cuál el monto de esas operaciones, cual el origen de esos recursos utilizados en este salvamento y sobre todo, cuál fue el costo fiscal de estas operaciones de reestructuración.

Hoy cuando estamos a punto de saber con exactitud el monto que significará para los contribuyentes el FOBAPROA, nada sabemos de la UCABE y su costo para el erario.

Podría usted, dentro de sus facultades ordenar al área correspondiente que se proporcione a esta soberanía la información completa de lo que hizo esta Unidad, de su costo.

Creemos que si estamos asistiendo al cierre de un capítulo negro de las crisis financieras de este país, es necesario, y diría más bien imperativo que conociéramos todo lo relativo al papel de esta Unidad, que esta Unidad jugó y sobre todo, como ya dije, cuanto nos van a costar estas reestructuraciones.

Por su atención gracias, y a la vez, así como se ha pedido ahora, señor Secretario a los bancos esta reducción del 50 %, si está comprobado que ganan tanto los bancos, pase usted a la historia y haga que esta deuda se reduzca todavía más.

Muchas gracias.

El Presidente: Gracias, señor diputado. Los señores comparecientes se referirán a sus planteamientos.

El Secretario de Hacienda Francisco Gil Díaz. Yo abordé en varias ocasiones y también lo hizo el Presidente del Instituto, algunos de los aspectos relacionados con las partes penales y de responsabilidades.

Por lo que se refiere a las ganancias de lo bancos, también mencioné cuánto proviene del fondeo y de los ingresos que reciben de los pagarés correspondientes, de manera que, le voy a pedir al Presidente del Instituto que abunde sobre aquellos aspectos puntuales que trató el diputado Vega, pero sí creo que es importante mencionar antes de cederle la palabra que el hecho de que los bancos estén ganando dinero y capitalizándose debe ser algo que los mueva a propiciar cada vez más mecanismos de competencia y de transparencia. Hemos visto ya tratándose de las comisiones de las Afores y también de algunos cobros que efectúan los bancos, cómo propiciar la posibilidad de comparar, sobre todo de tener elementos que rebuscan a un solo número o a una comparación sencilla aspectos que de otra manera son complejos en los contratos que prepara un banco, facilitan que los ahorradores y los acreditados puedan escoger lo que más les convenga.

Vamos a seguir trabajando en eso y vamos también junto con la Comisión de Competencia y Banco de México a seguir analizando todo lo relacionado con el cobro de comisiones.

Por lo que se refiere a Ucabe, todo lo que se hizo en materia de reestructuraciones se ha dado información a través de la Contaduría Mayor de Hacienda y también de la misma Auditoría Superior de la Federación, información que se nos ha requerido por las autoridades fiscalizadoras que se nos ha solicitado y que hemos entregado y que seguiremos entregando. Así que vamos a recopilar todo aquello que ya se ha entregado y cualquier cosa que faltara, que usted sienta que necesita complementar, todo lo relacionado con Ucabe con mucho gusto se lo hacemos llegar, señor Diputado.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente: Gracias, señor Secretario.

Licenciado Beauregard.

El licenciado Mario Alberto Beauregard, Secretario Ejecutivo del IPAB: Gracias, señor Presidente.

Con respecto a las preguntas que quedaron pendientes del diputado Vega Casillas con relación al alcance de las revisiones que se van a llevar a cabo. La revisión de gestión, digamos son muchos detalles y quizás los podría enviar después más precisados pero les voy a comentar los más importantes.

Por ejemplo, en créditos comerciales se van a revisar al cien por ciento todos aquellos créditos cuyo saldo, cuya cartera bruta sea superior a 50 millones de pesos. En el caso de aquellos cuyo saldo o cartera bruta sea inferior a 50 millones de pesos se va a establecer un muestreo que dé como resultado un nivel de confianza el 95 por ciento. Estas son técnicas, vamos, que los auditores utilizan todos los días.

En el caso de créditos hipotecarios, de consumo y de tarjeta de crédito también se va a llevar a cabo un muestreo que permita obtener un nivel de confianza en el resultado del 95 por ciento.

En el caso de quitas y condonaciones, castigos y quebrantos, que es la parte nueva que les comentaba que se añadió a esta revisión, se va a revisar el cien por ciento de todas aquellas operaciones que hayan derivado en quitas y condonaciones o en un castigo quebranto mayor a 20 millones de pesos. Si estos ajustes derivaron en un quebranto o una quita menor a 20 millones de pesos también se hará, vía una muestra aleatoria, con un 95 por ciento de confiabilidad.

En el caso de la auditoría de legalidad, bueno pues ahí se van a revisar absolutamente todos los papeles de trabajo de Mackey, así como los Bank Reports que ya tiene el Instituto. En este sentido nosotros ya hemos procedido a ponernos en contacto con el Presidente de la Comisión de Vigilancia para que si este Congreso así lo acepta soliciten los papeles de trabajo a los despachos y a su vez nos los hagan llegar para poder hacer esta revisión.

En el caso de la revisión de identidad de objeto, de existencia y legitimidad, la parte de identidad objeto es básicamente es el cien por ciento de toda la cartera. Ahí lo que se va a hacer es revisar que todos los créditos que compró el Fobaproa sean exactamente los mismos que ahora estaría adquiriendo el Ipab.

En el caso de existencia... ah, perdón, y en el caso de identidad objeto se va a volver a revisar que no haya créditos relacionados, que no hubieran sido aprobados expresamente por el Comité Técnico del FOBAPROA y esto se va a hacer al 100 por ciento sobre todo la muestra.

En caso de existencia y legitimidad, también se van a seguir técnicas digamos de muestreo, para verificar. En el caso de créditos menores a cierto monto, no traigo aquí el dato, pero de cierto monto para abajo, se va a hacer un muestreo y de cierto monto en adelante la revisión se hará absolutamente al 100 por ciento. Pero ese dato yo se los puedo proporcionar.

Gracias.

El Presidente: Voy a conceder el uso de la palabra entonces al señor senador Alfredo Reyes Velásquez y a continuación el señor senador Luis Rico Samaniego, hasta por cinco minutos. Por favor.

El senador Alfredo Reyes Velásquez: Gracias señor Presidente.

Antes que nada buenas tardes. Agradecerles a los aquí presentes la oportunidad que nos dan de subir el día de hoy aquí con ustedes a comentar y a hacer un par de preguntas.

Comentar y dar un reconocimiento a los diputados y los senadores de la LVIII Legislatura, ya que sin el trabajo y compromiso demostrado en la anterior Legislatura, no se hubiera presentado en agosto del 2003, en el pleno de la Sesión Permanente de agosto, el Punto de Acuerdo aprobado por unanimidad de los legisladores presentes de todos los grupos parlamentarios, en la cual se derivó que posterior a ese Punto de acuerdo en diciembre de 2003 en el Senado de la República, se solicita al Procurador General de la República, en uso de sus facultades constitucionales, solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atrajera el caso del amparo de los cuatro bancos sobrevivientes a la crisis del ’94. También a la solicitud de la Junta de Gobierno del IPAB, a realizar las auditorías GEL, solicitud que en abril del 2004 atiende la Suprema Corte.

Por tanto cuanto y derivado de este trabajo y de este reconocimiento del Congreso de la Unión, de la LVIII Legislatura, hago las siguientes preguntas al señor Secretario de Hacienda.

En el acuerdo obtenido entre la Junta de Gobierno del IPAB y los bancos, para que éstos se desistieran del amparo presentado por ellos desde el 2002, ¿qué pesó más, la resolución de atracción del caso por la Suprema Corte o el cambio de los términos de referencia por la Junta de Gobierno en julio del 2004? Y si se seguirá respetando el marco de ley o se canjeará por un acuerdo de voluntades.

Y también si se está de acuerdo en que en las siguientes reuniones de la Junta de Gobierno del IPAB, que le darán seguimiento y cumplimiento a las auditorías GEL, se excusen de participar los vocales que hayan formado parte de la Junta de gobierno o Comité Técnico del FOBAPROA, entrando a participar los respectivos suplentes.

Por sus comentarios y respuestas, gracias.

El Presidente: Señor Secretario, por favor.

El secretario de Hacienda Francisco Gil Díaz: Muchas gracias señor Presidente. No sabría decirle, señor senador, qué pesó más. Vale la pena meditar sobre eso, la verdad no tengo en este momento una idea sobre qué pudo haber influido. Quizás la influencia de ambos aspectos fue importante y determinante, pero tanto como en una balanza poderle dar mayor ponderación a uno u otro, no lo sé.

Se va, como se informó, a llevar a cabo la auditoría y el resultado de la auditoría en los términos en que arroje cantidades contra de los bancos, se van a efectuar los descuentos correspondientes, sin llevar a cabo negociación alguna, o sea, que no hay una negociación posterior y hay un acuerdo de los bancos firmado, un compromiso contractual, de no llevar a cabo acciones legales adicionales, además obviamente de haberse desistido del amparo.

No hay, de acuerdo ni a aspectos éticos ni jurídicos, conflicto de interés de parte de ninguno de los miembros de la Junta de Gobierno del IPAB para participar en las reuniones y resoluciones posteriores. Sin embargo, si le preocupa a usted y le preocupa a algún otro legislador que quienes hayan tenido una función de responsabilidad de decisión en el FOBAPROA, sigan participando en algunas de estas decisiones medulares, yo por mi parte no tengo ningún pero, ninguna objeción a que sea mi suplente el que participa, pero tengo que hablar por lo que respecta a mi persona por supuesto.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente: Gracias, señor Secretario.

Por último el señor senador Luis Rico Samaniego.

El senador Luis Rico Samaniego: Bienvenidos a este recinto del Congreso, señores Secretario de Hacienda y Secretario Ejecutivo del IPAB.

México parece que reedita sus problemas continuamente. No mal cerramos una caja de un problema cuando ya están abiertas dos. Me refiero específicamente a dos problemas: el rescate a los ahorradores, a los cuentahabientes que le costó al país 600 mil millones de pesos. Ese libro ya está cerrado. En una forma o en otra todos salieron beneficiados: los ahorradores y los cuentahabientes, pero se está desde hace mucho tiempo tratando de confundir el Programa de Capitalización y Compra de Cartera como si fuera parte de ese otro problema, el de rescate de los ahorradores y de los cuentahabientes. Es completamente diferente.

El problema del Programa de Capitalización y Compra de Cartera era una manera de hacer flotar un poco a los bancos que estuvieran en problemas, pero precisamente si tomamos en cuenta como buena, como yo espero que así sea, la auditoría de Mackey, sus reportes dicen que los dos principales bancos que están en e programa no deberían de estar ahí. Hubo complicidad en el que abrió la puerta para mejorar las condiciones de los bancos, porque la entreabrió para mejorar instituciones privadas. El FOBAPROA no es un fideicomiso público, es un fideicomiso privado que todavía no acaba de morir y para beneficiar a los bancos se entreabrió esa puerta, pero el que la entreabrió la abrió demasiado para que entraran bancos que no requerían de ayuda y con ellos los créditos que mis colegas anteriormente han mencionado: muchos buenos y muchos basura.

Nos encontramos, pues, ante un nuevo programa, un nuevo intento de cerrar un portafolio que brinca de problemas y que queremos cerrar empujándolo hacia abajo. Yo creo que lo peor que podría ser es que esta legislatura, que le toca aprobar el Presupuesto del año que entra, se quedara así con esos graves problemas que tiene lo que han señalado todas las fracciones parlamentarias: bancos que no deben estar ahí, créditos que no deben estar ahí; indicaciones de Auditor Superior de la Federación, del Auditor Interno del IPAB; la misma Cámara de Diputados, la Comisión Permanente del Congreso, todo mundo y cerrar a fuerza así, dejando inconforma a la opinión pública nacional sería el peor error que pueda comentar la actual legislatura.

Hay que cerrarlo, sí, no hay que reciclar problemas, pero hay que cerrarlo con transparencia, con honestidad y hacer frente a lo mal que hubo siempre y cuando pase por el castigo a los que lo causaron, no se puede cerrar dejando abierta la puerta de la impunidad.

A los que causaron el quebranto del IPAB, del FOBAPROA porque queramos o no, parte de eso será deuda pública, no puede cerrarse, repito, si no hay consignaciones, si no hay acciones legales, estaríamos abriendo una puerta a las generaciones futuras a decir que en esta Legislatura hubo impunidad.

Independientemente de eso, de los bank reports, de los papeles de trabajo que no se han visto, etcétera, una propuesta y me gustaría conocer la opinión del Secretario de Hacienda, la de los banqueros ya la conozco, la propuesta es esta:

Por qué pagar a los banqueros si el gobierno puede comprar acciones de los bancos, nuevamente, por la cantidad que resulte después de las auditorías. O sea, recomprar parte de la banca, no hay ningún impedimento legal para hacerlo, obviamente a los banqueros no les gusta, ellos preferirían recibir dinero sin dar nada a cambio, lo que estoy proponiendo es recomprar parte de la banca por el monto de las obligaciones que le resulten al IPAB.

Por su respuesta, muchas gracias.

El Presidente: Señor Secretario

El Secretario de Hacienda Francisco Gil Díaz: Muchas gracias, señor Presidente.

Toca varios aspectos medulares el senador Rico Samaniego, uno que se ha comentado ya ampliamente durante esta reunión es el relacionado con los criterios que se ampliaron para incluir a los dos bancos más grandes en el PCCC, el Programa de Capitalización y Compra de Cartera.

Como otros legisladores, su opinión es que no debían de estar ahí y que indebidamente se le dio entrada a esos bancos.

Ya comenté que de acuerdo a criterios universalmente aceptados de calificación de cartera, que desafortunadamente no eran los que desde antes de la crisis se venían aplicando a la cartera de los bancos, estos bancos en el momento de la crisis estaban igual que los otros bancos que fueron objeto de capitalización y compra de cartera, con un capital negativo y podemos, con mucho gusto, senador, hacerle llegar la información que demuestra que ese era el caso.

De hecho, no sólo tenía capital negativo sino que el valor absoluto de ese capital negativo era considerable y no haber procedido a tratar a esos bancos igual que a los demás, nos podría haber llevado a un resultado como el de los 20 bancos que sucumbieron, que nos acabaron constando la totalidad de los apoyos y no únicamente el 48%, lo cual hubiera sido gravísimo.

Claro que en la reconstrucción de la historia, todos los condicionales dan distintas trayectorias y podemos especular acerca de por qué trayectoria nos hubiéramos ido y habrá siempre todo género de teorías acerca del posible desenlace de esas trayectorias, pero la experiencia nos dice que con una probabilidad muy elevada, esto que acabo de afirmar es a lo que nos hubiéramos expuesto de no haber llevado acabo el apoyo que se dio.

Es muy interesante la última propuesta que usted hace, déjenos estudiarla, no sé qué implicaciones contables y jurídicas tenga, pero la vamos a estudiar con mucho gusto y en su momento darle una respuesta.

Le doy las gracias por la sugerencia, es muy interesante.

El Presidente: Bien, agotada la lista de oradores se da por terminada esta comparecencia del señor Secretario de Hacienda y Crédito Público y Secretario Ejecutivo del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.

Por su asistencia, muchas gracias.