El Presidente de la Comisión de Seguridad Pública Jorge Uscanga Escobar (PRI): Compañeras diputadas y compañeros diputados; señoras y señores:

En nombre de las comisiones de Justicia y Derechos Humanos, Seguridad Pública y Especial de Feminicidios de la Quincuagésima Novena Legislatura de la Cámara de Diputados, expresamos cordial bienvenida a nuestros invitados procedentes de diferentes organizaciones empresariales, civiles, sociales y organismos del Consejo Ciudadano de Justicia y Seguridad Pública del Distrito Federal.

Recibimos igualmente con beneplácito al licenciado Rafael Macedo de la Concha, Procurador General de la República, que asiste para comparecer ante esta soberanía, cumpliendo con lo señalado en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Bienvenido, señor Procurador.

Saludamos igualmente a nuestros amigos de los diferentes medios de comunicación; gracias por su presencia.

Procedemos a iniciar los trabajos de esta reunión.

Esta Presidencia informa que han registrado su asistencia ciudadanos diputados, miembros de las comisiones de Justicia y Derechos Humanos, de Seguridad Pública y Especial para Conocer y Dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Feminicidios en la República Mexicana. Se abre la reunión.

De conformidad con el artículo séptimo numeral cuatro de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, comparece el licenciado Rafael Macedo de la Concha, Procurador General de la República, invitado a esta reunión de las comisiones de Justicia y Derechos Humanos, de Seguridad Pública y Especial para Conocer y Dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Feminicidios en la República Mexicana, en la que se llevará a cabo el análisis del IV Informe de Gobierno del Presidente de la República, Vicente Fox Quesada, en el tema de su competencia.

Se dará lectura al Acuerdo Parlamentario aprobado por la Cámara de Diputados en la sesión del siete de septiembre. Ruego a la diputada Marcela Lagarde, dar lectura del Acuerdo respectivo.

La diputada María Marcela Lagarde y de los Ríos (PRD): De conformidad con el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política la mecánica de esta comparecencia se llevará a cabo de la siguiente forma:

Primero. Exposición por parte del señor Procurador hasta por 10 minutos.

Segundo. Primera ronda de preguntas por parte de cada uno de los grupos parlamentarios, con representación en la Comisión en orden decreciente hasta vpor cinco minutos. Asimismo, los grupos parlamentarios que no cuenten con integrantes en la Comisión podrán participar en esta ronda hasta por cinco minutos.

Tercero. Respuesta por parte del funcionario del Ejecutivo Federal hasta por 10 minutos.

Cuarto. Réplica por parte de los legisladores en el orden de sus intervenciones hasta por cinco minutos.

Quinta. Segunda ronda de preguntas, por parte de cada uno de los grupos parlamentarios con representación en la Comisión en orden decreciente hasta por cinco minutos.

Sexta. Respuesta por parte del Procurador hasta por 10 minutos.

Séptima. Réplica por parte de los legisladores en el orden de sus intervenciones hasta por cinco minutos. Es cuanto.

El Presidente de la Comisión de Seguridad Pública Jorge Uscanga Escobar: Muchas gracias, Diputada.

Para dar cumplimiento al punto cuarto fracción I del Acuerdo aprobado, tiene la palabra el licenciado Rafael Macedo de la Concha, hasta por 10 minutos.

El Procurador General de la República Rafael Macedo de la Concha: Muy buenas tardes.

Es muy grato y es un honor estar hoy en el Palacio Legislativo y desde luego, saludo con respeto al señor diputado Jorge Uscanga Escobar, Presidente de la Comisión de Seguridad Pública; a la diputada Marcela Lagarde y de los Ríos, Presidenta de la Comisión de Feminicidios en la República Mexicana; a la Secretaria de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, la diputada Leticia Gutiérrez Corona.

Saludo con respeto a legisladoras y legisladores que se encuentran en la Sala; señoras y señores.

Saludo también a los integrantes de la Comisión y desde luego, el Consejo de Participación Ciudadana de la Procuraduría General de la República y a los integrantes de México Unido Contra la Delincuencia, su Presidenta, a quien saludo también con respeto y aprecio.

Servidores públicos; señoras, señores, amigos de los medios de comunicación:

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comparezco ante las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos y de Seguridad Pública de la Honorable Cámara de Diputados y también, ante la Comisión de Feminicidios en la República Mexicana, para analizar, junto con esta soberanía los avances y los resultados que sobre procuración de justicia contiene el IV Informe de Gobierno presentado por el Presidente de la República.

Esta comparecencia es una oportunidad para fortalecer el diálogo respetuoso que siempre ha existido entre la Cámara de Diputados y la Procuraduría General de la República. Sin duda, compartimos la preocupación por generar condiciones de seguridad y de justicia para los mexicanos. Reconocemos que ésta es una de las principales demandas de la ciudadanía y todos, en el ámbito de nuestras atribuciones, debemos contribuir a su atención.

En el IV Informe de Gobierno se contienen las acciones y resultados de la Procuraduría General de la República y el objetivo de esta comparecencia es intercambiar impresiones sobre ello, por lo que en esta breve intervención me limitaré únicamente a hacer referencia a algunos aspectos que estimo relevantes.

Desde el inicio de esta administración concebimos la necesidad de transformar profundamente a la Procuraduría General de la República para hacer más eficiente la investigación y persecución de los delitos federales, sin menoscabo del respeto irrestricto a los derechos humanos.

Hoy, la Procuraduría de la República se ha integrado como una institución moderna, eficiente, con nuevas generaciones de mexicanas y mexicanos comprometidos con el país. El único lenguaje que reconocemos en esta institución es el de los resultados.

Sabemos que la seguridad debe lograrse con la aplicación de la ley, sin desvíos, sin abusos, sin arbitrariedad. Creemos firmemente que el Estado de Derecho es la única forma de fortalecer la democracia y de promover el desarrollo integral de la nación. Sólo (repite), sólo con el respeto de la ley se propicia la inversión, el crecimiento económico y el ejercicio de las libertades de los gobernados.

En la institución sabemos que la distribución de competencias no puede aislar a las instancias públicas, por el contrario; desde diciembre del año 2000 la principal estrategia ha sido fortalecer los vínculos de cooperación y colaboración con todos los órdenes de gobierno.

En la Conferencia Nacional de Procuradores hemos suscrito todos los convenios respectivos con todos los estados de la República y con esta convicción hemos asumido un frente común en el combate a la criminalidad.

Desde luego también con ello hemos reestructurado el trabajo de las delegaciones de la Procuraduría General de la República para consolidar este frente común con autoridades estatales y municipales.

Con respecto pleno a la soberanía de los estados y a la autonomía de los municipios, hemos celebrado que nos permiten hoy estar más unidos y realizar un trabajo coherente y ordenado para atender los fenómenos delictivos en el país, independientemente del fuero o la competencia a la que pertenezcan originalmente.

Un tema fundamental es la cooperación en el combate al narcomenudeo. En el seno de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, los procuradores hemos coincidido en la necesidad de impulsar reformas constitucionales y legales para que se confiera a las entidades federativas facultades plenas de investigación, persecución y sanción del tráfico de narcóticos al menudeo.

Sabemos que el constituyente revisor y el Congreso de la Unión en sus respectivas competencias, ya analiza la iniciativa que sobre el particular presentó el Ejecutivo Federal.

El problema no podía esperar una reforma y durante este año hemos suscrito con 12 estados de la República convenios para instalar Unidades Mixtas de Atención al Narcomenudeo, con un enfoque integral para sumar los esfuerzos de todas las instancias encargadas, tanto de la prevención del delito como de su persecución; sin embargo consideramos que de aprobarse la reforma se potenciarán los resultados para minar la expresión del narcotráfico que más daña a la sociedad mexicana.

En éste, como en todos los temas, es fundamental la participación social. Es una expresión del desarrollo democrático del país, por ello hemos ampliado a todas las delegaciones de la Procuraduría General de la República la constitución de Consejos Ciudadanos, consejos autónomos, consejos que actúan con sus propias reglas, consejos cuyos integrantes son designados por los propios ciudadanos. Hoy contamos con un Consejo Nacional y prácticamente estamos concluyendo que haya consejos en todo el país.

Sabemos que el combate a la delincuencia exige estar cerca de la sociedad. Promover una cultura de la legalidad y recuperar la confianza de las instituciones encargadas de la de prevención, la investigación y la persecución de los delitos.

Además, estos consejos ciudadanos, dan transparencia al trabajo de la Procuraduría General de la República. Para reforzar la transparencia, continuamos con los programas operativos implementados desde hace cuatro años y fortalecidos a lo largo del tiempo y hace unos días, se crearon dos fiscalías para combatir la corrupción, tanto al interior de la institución, como en todo el Gobierno Federal, ello congruente con los compromisos asumidos por el Gobierno de México en materia internacional, en materia de combate a la corrupción y desde luego, atendiendo también el reclamo social y orientación de ésta Legislatura; con esta acción, damos cumplimiento a compromisos asumidos en la materia.

La transformación integral de la institución, la lucha constante por combatir la corrupción y hacer más eficiente el trabajo de cada servidor público, se refleja en los resultados; estos se encuentran expresados con claridad y transparencia en el Informe de Gobierno.

Hoy, las cifras —si fuera el caso que mencionaré- estarán sujetas precisamente, al día de la fecha para evitar cualquier consideración sobre el particular o diferencias sobre el particular.

En dicho Informe, destacan cifras históricas en el combate a la delincuencia organizada, sin precedentes en toda su forma de manifestación. Hemos enfrentado frontalmente las actividades delictivas y narcotráfico, el secuestro, el tráfico de migrantes y armas y la violación a los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial.

Además, hemos promovido la cooperación para investigar y perseguir con mayor fortaleza, el secuestro y el robo de vehículos. En el primer tema, estamos recuperando la confianza de los ciudadanos con resultados y no descansaremos hasta que no haya una sola privación ilegal de la libertad.

Sabemos cuál es nuestra responsabilidad, sabemos que si bien es cierto es un delito común, nos hemos sumado al esfuerzo de todos y en materia federal, estamos haciendo lo propio.

Sabemos que la sociedad percibe aun la inseguridad, pero estamos utilizando todos los recursos humanos y materiales, modernizando a la institución para atender su legítima demanda. No obstante ello, la percepción de los doctrinarios del Gobierno Federal, de la sociedad mexicana y de todos los procuradores generales de justicia del país y presidentes de tribunales superiores de justicia, tal y como lo han expresado por escrito en diversas conferencias, es que el Sistema de Enjuiciamiento Penal Mexicano, debe renovarse integralmente.

Hay consenso en que para tener una mayor eficiencia en las instituciones, es indispensable reformar integralmente el Sistema de Justicia Penal, a fin de potenciar el trabajo de investigación y persecución de delitos con un equilibrio fundamental en todo Estado Democrático para aumentar y mejorar los derechos humanos, la seguridad de la certeza jurídica, además de adoptar nuevas formas alternativas y desde luego, formas alternativas a la prisión para resolver los conflictos suscitados por conductas humanas que encuadran en descripciones típicas.

Por ello, consideramos importante que se impulse el análisis y discusión de la Iniciativa Presidencial para renovar integralmente el Sistema de Justicia y Seguridad en México.

Los nuevos retos requieren que el Derecho se actualice, la seguridad de los mexicanos exige consenso.

Señoras y señores diputados:

Los servidores públicos de la Procuraduría General de la República, día con día, en todos los rincones del país, trabajamos para cumplir con la responsabilidad que México nos ha conferido.

Realizamos el mejor de los esfuerzos para responder, cada vez con mayor calidad y eficiencia a las demandas ciudadanas de Seguridad y Justicia. Los resultados hablan y deberán hablar por la institución.

Estamos convencidos que con la unidad de todos: de autoridades estatales, municipales, federales, con el apoyo de la sociedad mexicana y de sus representantes, recuperaremos la tranquilidad los mexicanos en todos los rincones del país y garantizaremos un verdadero acceso a la justicia. Muchas gracias.

El Presidente de la Comisión de Seguridad Pública Jorge Uscanga Escobar: Gracias, señor Procurador.

Para dar cumplimiento al punto cuarto Fracciones II, IV y V, se han inscrito para la primera ronda de preguntas y réplicas, las siguientes ciudadanas diputadas y diputados:

Diputado José Manuel Abdalá De la Fuente, diputada Martha Laguette Lardizábal, por parte del Partido Revolucionario Institucional.

Diputada Marisol Vargas Bárcenas, diputado Pablo Alejo López Nuñez, por parte del Partido Acción Nacional.

Diputado Gilberto Ensástiga Santiago, por parte del Partido Revolución Democrática.

Diputado Javier Alvarado Villasón, por parte del Partido Verde Ecologista de México.

Diputado Jaime Miguel Moreno Garavilla, por parte del Partido de Convergencia.

En virtud de ello, tiene la palabra hasta por 5 minutos para formular su pregunta, el diputado José Manuel Abdala del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado José Manuel Abdala de la Fuente (PRI): Buenas tardes, con la venia del distinguido presidium.

Señor Procurador: Hay numerosos asuntos en los que por deficiencias que se atribuyen a la averiguación previa, los sujetos activos de delitos federales obtienen su libertad. Diversos especialistas en esta materia, afirman que el porcentaje de lo antes establecido es superior al 70%, esto causa desaliento en la sociedad y da la impresión de que los recursos económicos pueden más que la fuerza del Estado.

Cuantos procesados por delitos federales son condenados en la justa medida de sus actos en la Procuraduría a su digno cargo, ¿cuál es el porcentaje registrado en torno a la evasión de la condena?

Los delitos en materia de propiedad intelectual y contrabando se han incrementado y los esfuerzos para combatirlos se advierten insuficientes y aislados. Ésta es la percepción generalizada de la realidad actual.

Con estos hechos delictivos se pierden empleos, más de 200 mil en la industria textil en un solo año, por citar sólo un ejemplo. Los daños causados a la economía contrastan con los pocos resultados obtenidos en la persecución y sanción de estos delitos.

¿Qué acciones se han implementado para combatir estos delitos? ¿Cuenta la dependencia a su cargo, con una estimación que le permita valorar el enorme daño económico que producen a la nación estos delitos? ¿La presencia que estamos viendo actualmente de los cuerpos policiacos en algunos puntos de la frontera norte de México seguirán siendo permanentes? ¿Está usted consciente, al igual que nosotros, de que es necesario instrumentar acciones más concretas y radicales por parte de la dependencia a su cargo?

Por sus respuestas, muchas gracias, señor Procurador.

El Presidente de la Comisión de Seguridad Pública Jorge Uscanga Escobar: Tiene la palabra el licenciado Rafael Macedo de la Concha, hasta por 10 minutos para dar respuesta.

El Procurador General de la República Rafael Macedo de la Concha: Con su venia, señor Presidente.

Sin duda que el tema de certeza jurídica es uno de los aspectos que más lastima a la sociedad. Hoy los procedimientos implican tiempos interminables para concluirlos.

Hoy, cuando se lleva a un delincuente en una tarea de mucho esfuerzo en la investigación, se tarda mucho tiempo en obtener una sentencia, pero no sólo ello, después de muchos años y de muchas instancias, en múltiples ocasiones obtienen su libertad, a pesar de que llegaron ellos procesados y les fue dictada un auto de formal prisión, fue resuelta una primera sentencia en primera instancia, una en segunda instancia, el amparo, después de contradecir tantos, tantos criterios jurídicos les es otorgado.

Independientemente de lo que sabemos, es muy común escuchar que si alguien sale libre es deficiencia en averiguación previa, y si a alguien se le sentencia es certeza del juez o del Tribunal respectivo.

Es decir, de una u otra manera, siempre el Ministerio Público de la Federación o el común, recibe precisamente en ello la sanción social correspondiente, y esto se ha convertido en una situación que no podemos seguir admitiendo. Por ello, hemos propiciado y se ha impulsado precisamente una reforma integral al Sistema de Justicia Penal.

Yo creo y estimo que esta soberanía y desde luego, en los múltiples foros que he estado, hay un gran compromiso por analizar precisamente lo que aquí se ha expresado.

Y esto se refleja en el trabajo diario de las instituciones y desde luego, el del la Procuraduría General de la República.

Con la reestructuración de la Procuraduría de la República y la finalidad de atender y de combatir con mayor eficacia los delitos, que por cierto, anteriormente se privilegiaba exclusivamente el combate al narcotráfico.

Hace cuatro años iniciamos una reestructuración en la Institución, y con ello nos ha permitido llevar ahora sí una tarea integral en el esfuerzo para el combate a los delitos federales y desde luego, los relacionados con el crimen organizado.

Esta estructura moderna, eficiente, que precisamente responde a la aprobación del Congreso de nuestra nueva Ley Orgánica y en su oportunidad de la emisión del Reglamento por parte del Ejecutivo, nos ha permitido potenciar este esfuerzo.

Por ello, en todos los temas que se refería el señor diputado Aldalá hemos creado precisamente fiscalías especializadas que hoy sabemos son fundamentales para atender la comisión de los delitos.

Llevamos hoy un muestreo y no solamente un muestreo, una estadística real de las acciones llevadas en los procedimientos penales donde consignamos ante tribunales a probables delincuentes.

Y digo probables porque no olvidemos que instituciones como en México, exigen necesariamente que la investigación que se lleva, lleva un procedimiento y al momento de la sentencia si las pruebas que han sido ofrecidas por el Ministerio Público son desvirtuadas y hay inocencia, pues es un sano, precisamente, esfuerzo de equilibrio de nuestras leyes, porque tal pareciera que todo lo que hace el Ministerio Público por consignar a alguien lo debe conducir necesariamente a una sentencia condenatoria.

Desafortunadamente, hay una circunstancia de desorientación, de confusión y desde luego, con ello tenemos críticas severas a la actividad que realiza el Ministerio Público.

Sin embargo, en todo ello hemos trabajado intensamente, hoy hay indicadores que están a su disposición, ahí se mide la eficacia de lo que ocurre en una averiguación previa desde que ésta se inicia hasta su consignación en tribunal y desde luego, hasta la resolución emitida por los tribunales.

En la eficiencia hoy marcada en los diferentes temas que han sido llevados a los tribunales, hoy marcan en sentencias condenatorias una general de 94 por ciento de eficiencia.

Están a su disposición los documentos que acreditan todos estos aspectos.

La presencia policiaca, sin duda responde a necesidades propias de la inseguridad existente.

La Procuraduría de la República tiene como responsabilidad investigar y perseguir los delitos, no las tareas preventivas, no las tareas que realizan operaciones que por ley corresponden a otras instituciones.

Sin embargo, hoy hay un trabajo coordinado, hay un trabajo debidamente cohesionado y desde luego, con esto nos está permitiendo avanzar notablemente en el esfuerzo común, en el esfuerzo de todos en el combate del crimen.

La presencia, y tal vez se refiera a usted, señor Diputado, y que con mucho respeto respondo, quizá pueda interpretar que se refiere usted a los cuerpos policiacos, al Ejército Mexicano, a la Secretaría de Seguridad Pública con la Policía Federal Preventiva y desde luego, a la Agencia Federal de Investigaciones.

La presencia de ellos obedece, sin duda, a este tipo de acciones implementadas en una estrategia integral de combate al crimen y también, con el fin de coadyuvar con las instituciones locales para evitar y para no permitir que siga habiendo impunidad y violencia en esas áreas de esfuerzo.

Esto ya es (no se entiende) a una estrategia que se ha fijado para tal efecto y de acuerdo con los recursos con que cuentan las instituciones.

Recordemos, únicamente como un número global, hay más de 450 mil policías en materia preventiva en los estados de la República, incluyendo a las policías ministeriales y solamente aproximadamente 15 mil en materia federal en todo el país.

Esto, obviamente, obliga a revisar precisamente este trabajo y por ello la Procuraduría de la República se ha preocupado por formar nuevas generaciones de agentes federales y ministerios públicos, de perito y, desde luego, con los recursos que aprueba el Congreso para llevar a cabo estas actividades, ir formando nuevas generaciones en estos temas.

Hoy, en la Agencia Federal hemos formado 4 mil nuevos agentes federales en estos cuatro años, esperamos que con los recursos que nos otorgue este Congreso, en el próximo año podamos formar más agentes federales.

Por otra parte, yo quisiera señalar que en materia de delitos contra los derechos de autor y propiedad industrial, hemos creado la Unidad Especializada en Investigación de estos delitos; de igual manera, en las delegaciones de la Procuraduría General de la República se ha incrementado esta especialización. Hoy especializamos en diversas materias a los ministerios públicos y, desde luego, nos ha permitido avanzar notablemente en este esfuerzo.

Por ejemplo daré algunas cifras, a estas fechas, en la actual administración, de diciembre 2000 a octubre de 2004, hemos cateado más de 3 mil 600 inmuebles, operativos más de 8 mil 544, laboratorios de producción ilegal que se han ubicado más de 321, fábricas aseguradas y desmanteladas 7, personas detenidas mil 218, y en un total de aproximadamente 155 millones de artículos piratas han sido decomisados en estos cuatro años.

Están desglosadas las cantidades, no quisiera abundar más en ello, sin embargo también tenemos hoy comités de cada uno de los sectores que tienen y que precisamente se ven lastimados por estos aspectos. Trabajamos con ellos y desde luego nos ha permitido avanzar notablemente, hay una evaluación del esfuerzo de la Fiscalía, de quienes llevan las investigaciones, de la consignación de éstas, de la captura de probables delincuentes, etcétera.

De tal manera que en materia textil, en materia discográfica, de videos y de todos los aspectos que sufren este problema y que sabemos lesionan y lastiman la economía mexicana, fundamentalmente en los aspectos que usted señalaba, tenemos que seguir trabajando en ello y desde luego quiero comentar que las cifras que ofrezco no tienen tampoco precedente.

Por ello, hoy los sectores empiezan a tener con nosotros un mayor acercamiento y nos están brindando su confianza en este esfuerzo nacional. Hemos sumado a esta tarea a los estados y los municipios y hemos encontrado respuesta en ellos. Creemos que con este esfuerzo seguiremos dando los resultados que en estas materias exige la ciudadanía y las áreas que se ven afectadas.

Muchas gracias señor.

El Presidente de la Comisión de Seguridad Pública Jorge Uscanga Escobar: Gracias señor Procurador.

Tiene la palabra hasta por cinco minutos para réplica, la diputada Martha Laguette Lardizábal.

La diputada María Martha Celestina Eva Laguette Lardizábal (PRI): Con el permiso de los distinguidos miembros del presidium, diputados, diputadas presentes, con su venia señor Procurador.

Algunas breves pero grandes inquietudes en materia de justicia y derechos humanos, Comisión a la cual pertenezco. El primer rubro, leemos en el informe del señor Presidente, que en materia de cooperación bilateral, Estados Unidos de América es el país con el cual se tiene la relación más importante, propiciando por ello el intercambio de información sobre organizaciones criminales dedicadas al tráfico de personas y narcotráfico, tráfico de armas entre otros.

Lo anterior suena muy bien, señor Procurador, ¿pero por qué no se indica cuántas organizaciones de esta naturaleza se tienen detectadas y qué medidas se han tomado para el desmembramiento de las mismas? ¿Bajo qué criterios de cooperación nuestro gobierno apoya a los Estados Unidos y finalmente qué logros puede usted señalar al respecto?

En segundo término y tratando el tema del narcomenudeo, señor Procurador, podría decirnos usted, por qué éste, me refiero al narcomenudeo, día a día incrementa sus redes y ganancias ante la vista ciega, los oídos sordos y la ineficiencia de las instituciones encargadas de combatirlo?

¿Por qué en estados como Chihuahua no se hace nada para combatir los llamados picaderos, que son un verdadero cáncer social, sobre todo en ciudades como Chihuahua y Ciudad Juárez?

Señor Procurador ¿por qué la PGR no ha conseguido abatir este delito y en el IV Informe de Gobierno, se leen párrafos tan optimistas acerca de los avances obtenidos? ¿No sería honesto de su parte admitir los escasos resultados al respecto?

En relación ahora al contrabando señor Procurador, y basándome en el IV Informe. ¿Le parece que haber realizado 38 operativos en donde se aseguraron casi 3 millones de diversos productos, derivando en 36 averiguaciones previas de enero a junio del 2004, es suficiente en un país como el nuestro en donde el poder de los contrabandistas es equiparable al de los narcotraficantes y que según informes de la PGR se obtenían ganancias de 30 mil millones de dólares en el 94 y hoy pueden rondar en los 90 mil millones de acuerdo a estimaciones de la DEA?

¿Cuál es el daño económico, señor Procurador, ya lo cuestionaba el Diputado que me antecedió en la palabra, cuál es el daño económico a la nación, producto de estas actividades ilícitas? Se hizo el cuestionamiento, pero quedó en el aire su respuesta.

Ahora bien, en el rubro de derechos humanos, me referiré en primer término al Plan Nacional de Derechos Humanos que usted anunció desde el año pasado, con el que se reforzarían los programas de protección en la materia en nuestro país. ¿Cuáles son –yo pregunto- los resultados concretos de esos programas? No sé nos ha informado al respecto.

Por último, en cuanto al tráfico de inmigrantes indocumentados que está controlado en la Frontera Norte de México por seis grandes organizaciones que comparativamente son similares a los carteles de la droga, bandas que operan en las principales rutas de acceso de México hacia Estados Unidos, como Piedras Negras, Coahuila; Tijuana, Baja California; Ciudad Juárez, Chihuahua; nótese que hablamos de crimen organizado, de bandas bien estructuradas que se dedican también en algunos casos, a traficar con drogas y armas, así como a la prostitución, pornografía y el llamado turismo sexual que tanto daño nos ha causado en la Frontera, sobre todo Ciudad Juárez, ahora tan mencionado.

Señor Procurador ¿cuáles son las acciones y cuáles son los resultados concretos que sobre este punto tiene la PGR? Muchas gracias por su atención.

El Presidente de la Comisión de Seguridad Pública Jorge Uscanga Escobar: Gracias Diputada, tiene la palabra hasta por cinco minutos para formular su pregunta, la diputada Marisol Vargas Barcenas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

La diputada Marisol Vargas Bárcenas (OPAN): Con su venia Presidente, señor Procurador, diputadas, diputadas y diputados que nos acompañen:

La prevención del delito es una tarea esencial y responsabilidad primordial de las instancias encargadas de la seguridad pública en nuestro país, es así que se tiene que fomentar en la ciudadanía con un marco legal, una verdadera cultura de prevención del delito y que norme con mayor sistematización las atribuciones, funciones y responsabilidades de las diversas instancias públicas en materia preventiva del delito.

Para los legisladores de Acción Nacional, la corrupción debe atacarse preventivamente a través de la educación y la responsabilidad ciudadana, los castigos a funcionarios corruptos deben ser ejemplares y al mismo tiempo deben consolidarse los mecanismos que permitan a la sociedad, denunciar prácticas deshonestas.

También los diputados federales debemos promover un marco legal, que evite los conflictos de interés entre el desempeño de la función pública y el de las actividades particulares. La corrupción en la función pública, puede entenderse como la desviación del regular ejercicio de las actividades legislativas, ejecutivas y judiciales, en los tres niveles de gobierno, frente al comportamiento de sus titulares o al de terceros destinatarios y que nos afecta a todos directa o indirectamente.

La corrupción no se limita sólo a las transacciones de dinero sino al tráfico de influencias, componendas, recomendaciones, impunidad, etcétera. Este es el precio que paga la ciudadanía cuando algunos funcionarios participan en decisiones contrarias al interés general de la sociedad. Es un compromiso de todos el combatir la corrupción con la total aplicación de la ley.

Señor Procurador, en referencia a lo anterior, ¿cuáles son los resultados que han obtenido en el rubro del combate a la corrupción? Por su respuesta a esta pregunta, gracias.

Y en otro tema, lo que conocemos como la piratería no es sólo cuestión de precio sino de conducta cultural, es más que nada una práctica arraigada en los países en desarrollo, a la que los consumidores recurren por falta de ingresos. Con el tiempo se adoptó en las principales ciudades de México y ahora se ha extendido al resto de la República.

Según la Coparmex, por concepto de piratería y contrabando México ha perdido más de 691 mil empleos y dejó de percibir por impuestos cerca de 7 mil 900 millones de pesos.

La Procuraduría General de la República tiene que emprender campañas con el objetivo de erradicar el delito de la piratería y su situación, y su actuación se puede resumir en tres áreas muy definidas:

Definir las leyes de la protección jurídica y promover y apoyar el cumplimiento de dichas leyes; incrementar la conciencia pública de los beneficios globales y comunes que pueden obtenerse derivados de la utilización de programas y productos originales, y las desventajas, peligros y sanciones de la utilización de copias ilegales.

Emprender acciones legales contra las organizaciones que produzcan o comercialicen copias ilegales de programas y productos, además de aquellas que los compran o utilizan.

Cuando existe corrupción en una sociedad, la piratería, el contrabando y la falsificación se vuelven actividades más rentables, ya que la corrupción dificulta la aplicación de la ley y facilita el delito.

En este sentido, señor procurador, Rafael Macedo de la Concha, quisiera que nos dé respuesta sobre los resultados al combate a la piratería y a la delincuencia. Por sus respuestas, muchas gracias. Es cuanto.

El Presidente de la Comisión de Seguridad Pública Jorge Uscanga Escobar: Gracias, Diputada.

Tiene la palabra el licenciado Rafael Macedo de la Concha hasta por diez minutos para dar respuesta.

El Procurador General de la República Rafael Macedo de la Concha: Muchas gracias, señor Presidente. Con su venia.

Bueno, únicamente y con el debido respeto, como en la réplica se me cuestiona nuevamente con otras cuestiones que no se me hicieron, voy a permitirme si me autorizan a dar respuesta; porque tal pareciera que no diera respuesta y no quiero parecer evadir… no voy a evadir absolutamente nada, no hay razones, somos una gente transparente y en la Procuraduría de la República actuamos de esa manera.

Es difícil, a veces complejo y ojalá dé claridad a aspectos que se me han cuestionado.

Primero, para ser más precisos, en materia de eficiencia de sentencias quiero comentar que en un comparativo hay sentencias emitidas, en lo que va de este año 17 mil 138, condenatorias 16 mil 352, absolutorias 630 y parciales, es decir, en cuanto hay responsabilidad y en algunos delitos no, lo que marca una eficiencia de 96.32%.

Todo esto está a su disposición, desde luego en la Procuraduría de la República debidamente documentado.

En el tema de prevención y desde luego con el único fin no solamente de no evadir el tema, sino asumirlo como una gran responsabilidad del Estado, como decía la diputada Marisol Vargas, yo convengo con ella, hay que fomentar una campaña de prevención del delito.

Yo he dicho que para que no haya delitos tenemos que atender sus causas, y para que estas causas se atiendan, la responsabilidad de las áreas o dependencias que le corresponde fijar las políticas en esta materia, deberán hacer su tarea.

La Procuraduría de la República no es su tarea la tarea de prevención del delito, por eso hay instituciones y hay dependencias que de acuerdo con el Marco de nuestra Administración Pública le corresponde, le toca, realizar este trabajo; sin embargo, dada las circunstancias y la problemática existente hemos asumido con convicción tareas que por ley pudieran no correspondernos, pero que por convicción y por exigencia ciudadana hemos asumido.

Por eso llevamos programas sociales muy importantes, sobre todo en el ámbito de atender las adicciones, en el combate a las adicciones y nos hemos sumado para prevenir el delito en general con las procuradurías de los estados y desde luego, también con los municipios.

Entiendo que el Secretario de Seguridad Pública informará ampliamente, o ya informará a ustedes, sobre las políticas que en materia de seguridad pública, que le corresponde a la Secretaría, han instrumentado y desde luego, nosotros venimos trabajando coordinadamente con la Secretaría de Seguridad Pública en el tema.

Sin duda y coincido, Diputada, que es un problema que tenemos que asumir en el Estado y como problema de esta naturaleza, creo que las entidades deben sumar los esfuerzos.

Estamos convocando a una y lo hemos venido haciendo a través de las unidades mixtas de combate al narcomenudeo y otras áreas específicas, hemos creado un área de prevención del delito en todas las delegaciones del país, en el área de la Subprocuraduría de Derechos Humanos y Atención a la Comunidad abrimos todos los días las puertas a los ciudadanos, para que incluyendo delitos del orden común, sean denunciados, los canalizamos, los llevamos; el Procurador y los delegados en todo el país semanalmente damos consulta ciudadana a quien desee tener o denunciar algún delito y donde el Procurador de la República los atiende personalmente, etcétera.

De tal manera, que estamos trabajando intensamente en ello y desde luego, coincido plenamente con esta percepción de usted.

En el tema de piratería mencioné algunos aspectos, pero tal vez en piratería y contrabando valiera la pena decir algo que es fundamental. Recordemos que en materia de piratería, si no existe la denuncia de quien se ve afectado por este tema, la Procuraduría de la República no tiene la posibilidad de atenderlo.

Por ello, es requisito de procedibilidad esta denuncia y desde luego, cuando a veces hemos capturado delincuentes y hemos capturado a los líderes de organizaciones, al no existir la denuncia y/o la querella respectiva, y/o en ocasiones hasta el perdón se otorga a estas personas, pues obviamente la tarea de la Procuraduría de la República pareciera que es ineficaz.

La realidad es que hoy hemos sumado el esfuerzo de todos y estamos trabajando intensamente, intensamente en todo ello y los resultados son evidentes.

Yo quiero comentar que por primera vez la Procuraduría de la República ha recibido el reconocimiento expreso, ahí están los documentos, de los textileros, de Amprofon (?), de compositores y de todas las áreas productivas que se han visto lesionadas con ello.

Yo creo que valiera la pena que nos reuniéramos, y yo los invito con mucho respeto a nuestros legisladores, que vengan con estas organizaciones, que vengan con nosotros, para que vean el trabajo tan intenso que hemos implementado en estas materias.

En materia de corrupción. Yo convengo totalmente que ha sido uno de los problemas fundamentales; yo me comprometí al inicio de mi gestión que iba a atenderla de manera frontal.

Hoy tenemos un avance sustantivo, hemos llevado a cabo más de tres mil procedimientos, donde en materia penal, destituidos, suspensiones, en materia administrativa, se ha logrado ir depurando de mal los servidores públicos a la Procuraduría de la República.

Doy cifras. Sanción de servidores públicos en 2001, mil 614; 2002, 729; 2003, 849 y de enero a septiembre de 2004, mil 343. Si las sumamos, son más de tres mil servidores públicos que han sido destituidos, suspendidos, inhabilitados, arrestados, removidos por comités de zona, etcétera.

En materia de derechos humanos hicimos una tarea desde el principio, se creó la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas, Servicios a la Comunidad. Quiero comentar y nada más por dar una cifra que es evidente en ello: en 2001 tuvimos cinco recomendaciones; en 2002, dos; en 2003, cero; en 2004, cero. Además quiero mencionar que las siete recomendaciones han sido debidamente concluidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Es decir, si calculamos y llevamos a las 164, que en algún año recibió la Procuraduría de la República, a dos años que no tenemos recomendaciones, a pesar de que muchas veces, de una manera, que yo digo, falaz, una mala manera, es decir, las cifras. Dicen que recibimos más quejas; tal vez sí, nuestra función es un riesgo permanente, diario, de contacto con la sociedad. Sí, las quejas, hay muchas quejas, es cierto, la tarea nuestra no es fácil y ese roce permanente con la sociedad la hace más compleja, pero estas quejas en dos años no han llegado a convertirse en recomendaciones.

De tal manera que esto nos permite establecer que el programa que hemos llevado a cabo durante esta administración va teniendo sus resultados, resultados óptimos y cada vez son menos los agentes federales, cada vez son menos los ministerios públicos, cada vez son menos los peritos que se ven involucrados en violaciones a los derechos fundamentales; sin embargo esto no implica que la guardia la bajemos en ese sentido.

Seguimos intensamente en la capacitación, intensamente en la formación, en la doctrina para que los servidores públicos entiendan de una buena vez que es indisoluble el tema de procurar justicia con el del respeto a los derechos fundamentales.

Actualmente, quiero mencionar que solamente hay 75 quejas que se encuentran en trámite, siendo concluidas las que hemos recibido en toda la administración.

Hemos fortalecido los órganos de control interno, creamos obviamente la inspección interna de la Agencia Federal de Investigaciones, hablé de las dos Fiscalías de Combate a la Corrupción, una para delitos cometidos por servidores públicos de la Federación, y otra, para servidores públicos que prestan sus servicios en la Procuraduría General de la República.

Y desde luego daré solamente dos números. Hemos realizado visitas de supervisión técnica y evaluación, más de 4 mil y tenemos hoy, y hemos sujeto a responsabilidad a más de 2 mil 500 servidores públicos y más de 1 mil 500 averiguaciones que están en trámite.

De tal manera que no descansaremos hasta depurar a la institución definitivamente de aquellos elementos que traicionan la confianza de la sociedad.

Y desde luego, en el Plan Nacional de Derechos Humanos, es la Secretaría de Gobernación la responsable de esta estructuración, nosotros formamos parte del grupo de instituciones. Hemos propuesto programas, hemos participado todos los días con ellos, bueno, y seguramente la Secretaría de Gobernación informará sobre los resultados.

Éstos son algunos temas, señor Presidente. Muchas gracias.

El Presidente de la Comisión de Seguridad Pública Jorge Uscanga Escobar: Muchas gracias, señor Procurador.

Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Pablo Alejo López Núñez, del Partido Acción Nacional.

El diputado Pablo Alejo López Núñez (PAN): Aunque coincidimos con la diputada Marisol Vargas, la prevención del delito es una tarea de todas las corporaciones, inclusive de la sociedad y de todas las instituciones.

Señor Procurador, no voy a hacer uso del derecho de réplica porque me parece que su respuesta ha sido puntual. Quiero aprovechar este espacio para compartir algunas inquietudes.

A últimas fechas ha tenido lugar una serie de debates en nuestro país acerca de la pertinencia y la funcionalidad de muchas de sus instituciones, entre ellas las de seguridad, de administración y procuración de justicia, llegando la mayoría de las veces a la conclusión de que se requieren reformar urgentemente.

¿Por qué la urgencia? Porque vivimos en un país en el que más de 4 de cada diez mexicanos afirman sentirse inseguros, en el que sólo son denunciados dos de cada diez delitos cometidos y el nivel de impunidad que prevalece, es del 93% en relación con los delitos que se denuncian, en el que los centros de reclusión están poblados no sólo por los delincuentes más peligrosos, sino principalmente por los más pobres, en el que sistemáticamente se violan los principios en que se sustenta el debido proceso en los ministerios públicos, en el que existen serias fallas de procedimiento en las audiencias y sentencias, que minan la credibilidad del Sistema de Justicia.

En resumen, requerimos —usted coincidirá con nosotros- urgentemente, una reforma porque el precario funcionamiento de las instituciones encargadas de procurar justicia, está minando la confianza ciudadana y socavando los sentimientos y los cimientos mismos del Estado de Derecho.

Frente a este panorama sombrío, que no se creó en esta Administración —desde luego, debemos aceptarlo y recalcarlo- debemos de reconocer que se están realizando esfuerzos serios para desarrollar y ampliar la credibilidad de la Procuraduría a su cargo.

Prueba de ello, es el empeño en modernizar y consolidar la institución del Ministerio Público de la Federación a través de su profesionalización, lo que se refleja en el incremento en las sentencias condenatorias, en el abatimiento del rezago en averiguaciones previas y mandamientos ministeriales.

Esto nos parece muy importante, ya que de la eficacia y contundencia en las acciones del Ministerio Público, depende el acceso de las víctimas del delito a la justicia.

En ese sentido, ha sido evidente que esta Administración, señor Procurador, ha desarrollado una política de atención a las víctimas del delito, que es fundamental para lograr cambios profundos en la política criminológica del Estado.

Ha sido notable el mayor nivel de cooperación, tanto en el plano nacional, como internacional en el combate de los delitos que más dañan al Estado y que son cometidos por la delincuencia organizada transnacional.

Sin duda, estos esfuerzos representan un avance firme ante el gran reto que representa la modernización y la actualización de la justicia en nuestro país.

Por ello, le reconocemos también su empeño en promover la propuesta de Reforma Integral del Sistema de Seguridad y Justicia Penal, que presentó el presidente de la República, Vicente Fox y que hoy se encuentra en el Senado de la República.

Consideramos que dicha propuesta, aunque seguramente deberá ser enriquecida con las aportaciones de los señores legisladores, tiene grandes aciertos y representan el esfuerzo más serio y sistemático que se ha hecho en el país, en muchos años.

No nos alcanza el tiempo, señor Procurador, para esbozar siquiera una idea de la magnitud del reto que todavía tenemos por enfrente en la materia, por lo que me limito a solicitarle, si el tiempo así le permite, en alguna de sus intervenciones posteriores, que nos comente qué esfuerzos se han alcanzado en materia de coordinación, en materia de cooperación y colaboración entre las diferentes instancias, entre los diferentes órdenes de gobierno y en especial, a los resultados que han arrojado la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.

¿Cuáles cree que han sido los más sobresalientes? Este esfuerzo de intercambio de información, de métodos de investigación, de cooperación, ¿en qué resultados concretos y qué necesitamos hacer, señor Procurador, para hacerlos más eficientes, de cara a esa exigencia de la sociedad?

De antemano, agradezco sus comentarios y me permito expresarle nuestra confianza en el compromiso y profesionalismo con que ha desempeñado su función. Por sus respuestas, muchas gracias, señor Procurador.

El Presidente de la Comisión de Seguridad Pública Jorge Uscanga Escobar: Muchas gracias, Diputado.

Tiene la palabra, hasta por cinco minutos para formular su pregunta, el diputado Gilberto Ensástiga Santiago, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Gilberto Ensástiga Santiago (PRD): Diputadas y diputados, Procurador General de la República:

Existen suficientes elementos para evaluar los cuatro años de su gestión en la PGR y en particular, este último, por las constantes violaciones a la Constitución General de la República, al Código Penal Federal y al Convenio de Colaboración con las procuradurías estatales.

El 5 de marzo de 2004 y el 10 de marzo del mismo año, el subprocurador Renato Sales Heredia, de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal informó por escrito dos situaciones:

La primera: El auxilio para que localizaran al ciudadano Gustavo Ponce Meléndez, a efecto de su carácter de indiciado. Y en el 10 de marzo en ese oficio, le informan de la orden de aprehensión que giró el Juez Undécimo Penal en el Distrito Federal.

También quiero comentar que a la llegada de Carlos Agustín Ahumada cursa la Ciudad de México, se evidenció la falta de institucionalidad de la PGR y una flagrante violación al artículo 16 de la Constitución de la República General, al igual que en el Convenio de Colaboración.

Usted tuvo que entregar inmediatamente a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a Carlos Ahumada, y sin contar con una orden de aprehensión lo mantuvieron durante dos horas.

En ese sentido, usted incurrió en abuso de autoridad y actúo al margen del Convenio de Colaboración con la Procuraduría General de Justicia Federal, al no tener esa orden de aprehensión y no respetar las bases de dicho convenio.

Es evidente que Carlos Ahumada cuenta con diferentes empresas y prestanombres, en ese sentido las empresas y las visitas a Las Vegas es presumible que se financiaron con recursos de procedencia ilícita.

Cómo es posible que Carlos Ahumada se le exculpe por lavado de dinero y defraudación fiscal y a Gustavo Ponce se le procese por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En razón de lo anterior, es de mencionar el siguiente criterio de nuestro órgano de control constitucional, solamente leeré una parte. Y señala que no es imprescindible que se demuestre la existencia de un tipo penal diverso, porque de conformidad con el párrafo sexto del mismo artículo, basta que no se demuestre la legal procedencia de los mismos, para colegir la ilicitud de su origen.

En la detención de Gustavo Ponce Meléndez existen acciones que nos da muestra de su incongruencia al frente de la PGR. Por ejemplo, en el apartado de la ejecución de órdenes de aprehensión, reaprehensión y comparecencia, usted no avisó a la Procuraduría General de Justicia, lo detuvieron por la mañana y fue hasta en la noche como informaron, aquí se violó, efectivamente, el Convenio de Colaboración, porque ustedes estaban obligados a informar inmediatamente a la Procuraduría General de Justicia del Distrito.

Y desde luego también habría que decir, que en el caso de Luis Echeverría Álvarez, que ha sorteado la acción de justicia, gracias a la poca efectividad con que la PGR integra el expediente en su contra, es una muestra más de las incongruencias.

Y desde luego, los temas de las mujeres en materia de justicia están siendo atendidas por decisión suya, por oficinas menos socorridas, por funcionarios menos preparados y con los apoyos menos vigorosos.

Éstas son las siguientes preguntas, son cuatro, espero que me dé respuesta y que no evada, como lo ha dicho públicamente.

¿Por qué la PGR sigue protegiendo a Carlos Ahumada, a pesar de no haber demostrado la legal procedencia de recursos y la defraudación fiscal? ¿Cuál es la razón de llevar a Ponce Meléndez al Penal de Alta Seguridad La Palma? ¿Nos podría informar por qué razón la Fiscalía Especial configuró el delito de genocidio para consignar a Luis Echeverría Álvarez, a sabiendas de que ya había prescrito? Y la última pregunta, ¿por qué razón la Fiscalía Especial para Investigar los Feminicidios quedó relegada a una oficina más de la Subprocuraduría de Derechos Humanos y Atención a las Víctimas y no tiene el rango de las demás fiscalías especiales?

Es cuanto, diputado Presidente.

El Presidente de la Comisión de Seguridad Pública Jorge Uscanga Escobar: Gracias, Diputado.

Tiene la palabra el licenciado Rafael Macedo de la Concha, hasta por 10 minutos para dar respuesta.

El Procurador de la República Rafael Macedo de la Concha: Muchas gracias. Respondo las cuatro preguntas de manera muy breve.

En la Procuraduría de la República no protegemos a nadie y en consecuencia, ahí están los expedientes, los documentos que acreditan perfectamente bien la tarea de las fiscalías.

Y lo señalo así, categóricamente, porque en todos los casos seguiremos actuando igual, ¿por qué igual? Porque no tenemos razón alguna para proteger a alguien y mucho menos inclinar la mano de la ley en favor de unos en relación con otros.

Sin duda y sé perfectamente que esto puede satisfacer o no, señor Diputado, y le digo con mucho respeto, como siempre, haremos lo que corresponde. Tenga usted la certeza que la Procuraduría de la República si encuentra elementos contra de quien se trate, procederemos. No tenemos ningún otro interés más que el de aplicar la ley.

Sin duda que estas cuestiones tienen respuesta jurídica. La primera de ellas la daría de esta manera: En materia de lavado de dinero, en materia de defraudación fiscal la ley es muy clara, se requiere la querella de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Esta querella en la Secretaría ha expresado en base a sus facultades que no está en ese momento en posibilidades de presentarla. Es un requisito de procedibilidad que la Procuraduría debe observar y debe respetar.

El delito a que usted se refería tiene diferentes aspectos de carácter técnico que exigen necesariamente una serie de diligencias y serie de periciales y desde luego, atención a todo ello.

Y tenga la certeza que si tenemos los elementos vamos a proceder jurídicamente. No vamos a proteger a nadie y eso de verdad, se lo digo de frente y siempre mirándolo como usted lo hace, por la debida aplicación de la ley que es la responsabilidad de la Institución.

¿Por qué Ponce, el señor Gustavo Ponce está en La Palma? Me ha preguntado usted.

Bien, yo le quiero comentar que la Agencia Federal de Investigaciones actuó legalmente toda vez que recibió una orden de aprehensión librada por el Juez Primero de Distrito en Materia de Procedimientos Penales en el Estado de México contra Gustavo Ponce Meléndez y una vez que lo capturó, lo puso inmediatamente a su disposición, así lo establece también la propia Constitución de la República, en ninguna ley exige que una orden de aprehensión del orden común por su prelación en tiempo tenga que ser la primeramente cumplimentada.

Independientemente de que soy respetuoso y seguiré siendo respetuoso de los convenios que tenemos con la Procuraduría del Distrito Federal.

Miren, nosotros somos muy respetuosos en esos temas como lo soy con las instituciones y con las personas. El criterio que puede establecerse en ello, desde luego, queda precisamente en manos de cada quien en su interpretación. En nosotros hay responsabilidad de haberlo llevado, tiene dos órdenes de aprehensión en materia federal, en esta por haber transportado más de 146 mil dólares a Estados Unidos y desde luego, por eso se obsequió la orden de aprehensión.

Y desde luego, también señalé en su momento, no la Procuraduría, el Juez correspondiente que giró la orden de aprehensión está en posibilidades de actuar con tal carácter, como ya lo está haciendo, una vez que fue notificado de ello.

Aquí lo que buscamos es que no haya impunidad, ahí está a su disposición, no entiendo tampoco las razones, ojalá yo pueda también tener claridad sobre ello, por qué insistir en algo que no ocurrió.

Cumplimos con la responsabilidad de llevarlo a un centro de reclusión donde lo pidió un juez. Ahí está a disposición de los demás jueces, ahí estará compareciendo públicamente, ante todos por los delitos que se le imputen.

Desde luego, nuestras leyes son muy claras en este tema.

En el caso del señor Ahumanda, cuando llegó a México, bueno, no eludo que soy el titular de la Procuraduría de la República, lo único que no puedo aceptar es que usted señale que yo violé la Constitución.

Y no lo acepto por dos razones: Primero, yo no me encontraba en México y yo no estaba en funciones de fiscal, porque la ley también me establece que en mis ausencias hay quien ocupe.

Pero también en ese sentido no se violó nada, la responsabilidad de la Procuraduría de la República tiene funciones específicas en el tema, es una extradición, no lo olvidemos. Se puso a disposición de la autoridad federal en virtud de una acción llevada por el gobierno de Cuba en una acción totalmente de acuerdo con su interpretación y desde luego con su ley, pero fue puesto a disposición de la Procuraduría de la República, fue llevado estrictamente a llevar a cabo exámenes médicos y posteriormente se puso a disposición de quien debiera de estarlo.

Cuando señalé que si hubo alguna falta de atención a las autoridades del Distrito Federal, yo mismo, desde donde me encontraba pedí una disculpa y lo digo nuevamente, sí hubo una desatención por parte de la Institución sin duda, también lo asumo, ofrecí en su oportunidad una disculpa.

Pero no se trata precisamente de eso, únicamente le quiero decir que aquí no vamos a tolerar bajo ninguna circunstancia que un acto quede impune.

Le quiero también señalar que en este tema del señor Gustavo Ponce existen todavía averiguaciones previas abiertas que sé que ha sido requerido por las autoridades del Distrito Federal y que se están llevando a cabo los procesos de acuerdo como lo marcan nuestras leyes.

A mí me llama la atención también que constantemente se está señalando que la Procuraduría de la República busca proteger a alguien. La Procuraduría de la República es la que ha hecho lo necesario para que estos señores estén en la cárcel, nada más con eso quiero comentarle, nosotros lo capturamos al señor Ponce en virtud de una investigación y fue puesto a disposición de las autoridades.

Yo creo que lo importante en todo esto, en todo caso, es evitar que haya actos impunes y yo creo que en eso podemos, finalmente, aunque no lo pueda convencer en lo anterior, que haya coincidencia.

Se ha dicho que la PGR no entregó, lo que le decía yo del señor Ahumada, voy a abundar nada más. Hubo un acuerdo ministerial 10 de marzo, cuando se logró la captura debió de haberse ingresado en el Reclusorio Preventivo Norte, para ponerlo a disposición del Juez XI. La autoridad del Distrito Federal acudieron al hangar y desde luego también procedieron a realizar su actividad.

Si tuvo una desatención por el tiempo en cuanto se tomó contacto con la autoridad, yo señalé que solicitaba una disculpa, aunque yo no me encontraba en México en ese momento. No con esto evado el hecho de dar respuesta a ello.

Genocidio, bueno, ya el Fiscal lo ha expresado en múltiples ocasiones, hay una fiscalía especializada para esos efectos. Llevó a cabo un ejercicio de la acción penal, establece las circunstancias… (ininteligible) de tiempo, modo y el delito que a juicio de la Fiscalía responde al ilícito cometido, a la comisión de la conducta. De tal manera que el Fiscal ha expresado públicamente en sus informes sus razones y ésas ya las va a respetar el Procurador porque él tiene autonomía técnica en este tema.

Por lo que respecta a feminicidios, yo no puedo pensar que se considere en ello. Hay comisiones que están haciendo un seguimiento puntual de la tarea de la Fiscalía y crea usted contiene todos los recursos materiales, humanos y necesarios para cumplir su cometido, no fue relegada a ningún aspecto secundario, se le toma y le seguiremos poniendo todos los recursos necesarios para que esa herida quede por fin cerrada.

Ya basta también de que nos prestemos a muchas cuestiones que no coinciden con la verdad. La Procuraduría de la República seguirá haciendo todo su trabajo, todo su esfuerzo para cumplir con esta responsabilidad y le agradezco, señor Diputado, sus comentarios.

Muy amable.

El Presidente de la Comisión de Seguridad Pública Jorge Uscanga Escobar: Gracias señor Procurador.

Tiene la palabra hasta por cinco minutos para réplica, el diputado Gilberto Ensástiga Santiago.

El diputado Gilberto Ensástiga Santiago (PRD): Una aclaración, si me permite, Procurador.

En el caso de Ahumada no podemos hablar de extradición porque lo deportaron. Yo creo que esto todo mundo lo sabe, lo que me preocupa es que usted lo desconozca.

Raymundo Rivapalacio, un periodista con mayor información sobre Carlos Ahumada, desde mi punto de vista y de reconocido prestigio profesional menciona, que en la propia cárcel señalan personas con acceso al empresario, Ahumada se ha quejado abiertamente que la Primera Dama no le cumplió con lo pactado.

Es evidente que la PGR está secuestrada por el Ejecutivo Federal, no hay duda, la representación social que representa está debilitada, la impunidad se mantiene como en el FOBAPROA, PEMEX Gate, los Amigos de Fox, en la ferviente protección a Martha Sahagún, Carlos Ahumada, Estrada Cajigal y sin duda están aleccionando a Ponce Meléndez para influir en el proceso de desafuero contra López Obrador.

Honestamente, en estas condiciones ¿considera usted mantenerse como titular de la PGR? ¿Qué garantías nos ofrece a todas y todos los mexicanos? ¿Cómo creerle cuando ha engañado a la opinión pública que un juez le solicitó el desafuero de López Obrador?

El informe reciente de la Fiscal Especial para el Caso de Feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua, fue falta de precisión y rigurosidad, y usted ha cancelado ya en varias ocasiones cuatro: la reunión de trabajo agendada con la Comisión respectiva, debe ser directamente desde mi punto de vista y creo que también el de muchos, que el Procurador responda sobre la persistente inseguridad, impunidad y falta de resultados; por eso, le recomiendo que ya se reúna con la Comisión, así como restituirle a la Fiscalía Especial la calidad y trascendencia que lo grave de esta merece, adscribiéndola directamente bajo la responsabilidad del Procurador sin intermediarios, fiscalizadores y obstructivos.

Quiero, si usted me lo permite, hacer dos correcciones: primero, no es con base a las atribuciones de Hacienda, es con base. Y a mí me parece que usted también debería influir, porque si no se está generando impunidad. Y lo otro, me parece que es el momento de reflexionar, de convocarnos al diálogo, pero para eso es necesario y urge reinstitucionalizar a la PGR, lo que implica una serie de reformas a su Marco Jurídico para darle una verdadera autonomía, porque urge, pero también urge que usted se vaya.

Sinceramente, General Macedo de la Concha, requerimos reorientar el rumbo de la procuración de justicia y usted desafortunadamente y se lo digo con mucho respeto, no ha podido y esto está dañando a México y pone en riesgo nuestro Estado de Derecho; es oportuno atender a las recomendaciones del comisionado, que un miembro del Ejército no esté al frente de una Procuraduría, porque no corresponde a la construcción de un estado de derecho democrático, ésas son mis aportaciones, mis puntos de vista y en medio de este mar de incertidumbres, de confrontaciones políticas, de líneas políticas que han transgredido la institucionalidad de la Procuraduría General de la República, lo he planteado de manera respetuosa. Muchas gracias.

El Presidente de la Comisión de Seguridad Pública Jorge Uscanga Escobar: Gracias Diputado.

Tiene la palabra hasta por cinco minutos para formular su pregunta, el diputado Xavier Alvarado Villazón, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Xavier Alvarado Villazón (PVEM): Buenas tardes presidentes de comisiones unidas de Justicia y Derechos Humanos y Seguridad Pública, buenas tardes señor Procurador General de la República, licenciado Rafael Macedo de la Concha, compañeras y compañeros legisladores:

El mayor reclamo de la ciudadanía es que las instituciones del Estado Mexicano proporcionen seguridad pública integral, de forma que la sociedad se sienta segura para ejercer sus libertades y derechos en un clima de tranquilidad.

Hace algunos meses la sociedad, sobre todo la del Distrito Federal, expresó un ya basta a la delincuencia y la impunidad.

Sabemos que de conformidad con la distribución de competencias, el 95% de los delitos del orden común y en principio su investigación y persecución corresponden a las autoridades del Distrito Federal, de los estados y de los municipios; de aproximadamente 350 mil policías que hay en el país sólo 18 mil son federales; sin embargo, estamos ciertos de que delitos federales como la delincuencia organizada y sus diversas manifestaciones contribuyen en gran medida a la inaceptable zozobra de la sociedad mexicana por la inseguridad.

El crimen organizado se ha diversificado y gana terreno, lo que no puede por ningún motivo permitir el Estado mexicano.

El Partido Verde Ecologista de México considera que la distribución de competencias no pueden ser pretexto para la dispersión de los esfuerzos y para justificar la inacción.

Señor Procurador, ¿qué hechos concretos ha llevado a cabo la Procuraduría de la República para mejorar y fortalecer la coordinación con las otras autoridades de los otros órdenes de gobierno? ¿Cuáles son las perspectivas que tienen para abatir el tráfico al menudeo de narcóticos, que tanto daña la salud de la juventud y que tanto afecta el desarrollo y el futuro de esta Nación?

Si bien el secuestro es un delito de orden común, ¿cómo interviene la Procuraduría General de la República a sabiendas de que estos delitos los comete la delincuencia organizada? ¿Cuáles son las políticas públicas para evitar la impunidad, para abatir el rezado de mandamientos judiciales y ministeriales, no sólo federales sino también del orden local?

La globalización ha hecho propicia operación transnacional de la delincuencia, lo vemos con el trasiego de las drogas de Centro y Sudamérica, al norte del continente con el tráfico ilegal de personas. ¿Qué ha hecho la Procuraduría de la República para fortalecer la cooperación internacional?

En la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México estamos conscientes del esfuerzo y sacrificio que representa para la Procuraduría la ofensiva contra la criminalidad, pero creemos que aún falta mucho por hacer y consideramos que todas las instituciones deben sumar esfuerzos para ello.

Hoy en día los riesgos a la seguridad nacional conciben de diversas maneras, una de ellas es lograr el desarrollo sustentable, de forma que se garantice que la satisfacción de las necesidades sociales no impliquen un deterioro irreversible a los recursos naturales, para proteger así no sólo al presente sino también a las generaciones futuras.

Señor Procurador, ¿qué ha hecho la institución a su cargo para frenar los delitos contra el medio ambiente? Agradezco de antemano sus respuestas.

El Procurador General de la República Rafael Macedo de la Concha: Muchas gracias, señor Diputado. Muchas gracias.

El Presidente de la Comisión de Seguridad Pública Jorge Uscanga Escobar: Gracias, Diputado.

Tiene la palabra el licenciado Rafael Macedo de la Concha hasta por diez minutos para dar respuesta.

El Procurador General de la República Rafael Macedo de la Concha: Muchas gracias, Presidente. Con su venia.

Bien, quiero comentar algunos aspectos que tendré que retomar por necesidades propias de la réplica antes escuchada y algunos temas que daré respuesta puntual.

Primero, y con mucho respeto, señor Diputado, soy muy orgulloso miembro de las Fuerzas Armadas, es mi origen; tengo casi 40 años de servir a México. Segundo, soy universitario egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Tercero, soy mexicano y nada me impide ser Procurador de la República.

La Constitución no discrimina a militares en ningún apartado de ella y no discrimina a mexicanos comprometidos con la Nación. Lamento que usted tenga esa percepción de su servidor, y lo lamento con todo respeto.

No voy a permitir, aunque usted tenga duda sobre ella, que en la Procuraduría de la República haya consignas, haya líneas y que hagamos a la justicia rehén de intereses de unos en relación con intereses de otros. No lo voy a permitir.

Y en cuanto a su convicción de que me debo ir, pues es su convicción, no la mía; la mía está en seguir sirviendo a los mexicanos donde ellos quieren que yo les sirva y lo seguiré haciendo, con toda mi convicción, con toda mi decisión y siempre mirando por el interés de nuestra nación de mexicanas y de mexicanos.

De tal manera que en ese tema, que yo respeto mucho su opinión, espero también reciprocidad, que usted respete la mía.

En los demás temas. También no he cancelado en los términos que usted lo expresó mis reuniones con la Mesa de Feminicidios, tenga usted la certeza que soy un hombre comprometido, y yo hablaba antes de esta reunión con la Presidenta de la Mesa de una reunión pronta, inmediata, lo más inmediato posible, para ver y revisar todo lo que estamos haciendo, pero también quiero decirle que siempre ha habido información abierta, plena, ahí están los dos informes, ahí están las tareas realizadas por la Fiscalía, ahí están los recursos empleados; hay respuesta absolutamente para todo.

Lo que sí no creo y no pudiera yo admitir, es que se pensara que no se le está dando la debida atención, no solamente se le ha dado la debida atención, estamos impulsando inclusive un mayor presupuesto para el próximo año, para darle mayor fortaleza a la Fiscalía, pero su orientación en este sentido la asumo como tal y tenga la certeza que habrá respuesta en ello.

Por lo que se refiere a restituirle a la Fiscalía Especial su lugar, ya lo expresé, no solamente lo tiene, es un trabajo prioritario para la Procuraduría de la República.

Vamos a trabajar en ese sentido con toda nuestra responsabilidad y todo nuestro esfuerzo, tenga la seguridad que así va a ser.

Necesidad de reestructurar a la Procuraduría de la República; el Ejecutivo Federal lo está proponiendo y si es útil le diré que su servidor fue coordinador de esta propuesta, ¡qué bueno! Ojalá se logre que se le dé la autonomía constitucional, para dejarnos de una vez por todas este tipo de situaciones, que únicamente confunden a la sociedad mexicana, pero ojalá no solamente la Procuraduría de la República, que todas las procuradurías del país sean autónomas, todas.

Y desde luego, decirle que en este contexto usted tocó el tema del señor Jefe de Gobierno. Vuelvo a reiterar, mi respeto a las personas y a las instituciones, este tema está en manos de este Poder Legislativo, quien en base a sus facultades determinará lo conducente, seguiré siendo respetuoso de ello y de las decisiones, desde luego, de los tribunales de nuestro país.

Usted habla de que hay que dejar enconos, que hay que dialogar; dialoguemos, dialoguemos. Gracias, señor Diputado.

En cuanto a los otros temas, que me planteaba el señor Diputado, muchas gracias, tenemos ahí muchas tareas que hemos venido haciendo; narcomenudeo, como yo había comentado hace un momento, estamos en el tema de las unidades mistas de atención al narcomenudeo.

¿Qué son las unidades mixtas? Son unidades multidisciplinarias, ¿por qué multidisciplinarias? Porque no solamente son investigadores, policías, atendiendo reactivamente el tema de una denuncia, no, es mucho más que esto, es mucho más porque hay sociólogos, psicólogos, médicos, que atienden a las víctimas del delito, pero no solamente a los adictos y a los que son víctimas de ello, estamos canalizando la atención a víctimas, es una tarea fundamental de la Procuraduría de la República.

Hace algunos meses, con el apoyo del Consejo Ciudadano, el apoyo decidido se creó, se creó la Dirección y el Instituto de Atención a Víctimas del Delito, ojalá nos puedan acompañar a visitarlo, vale la pena y a reforzar esa tarea.

Ahí es donde tenemos que poner mucha atención, el respeto a los derechos humanos es fundamental, pero también tenemos que hacer vigente este derecho de las víctimas a ser atendidas. Y aquí la sociedad exige y bien exige que este aspecto sea atendido por el Estado, igual que la cuestión en materia de reparación del daño, que es fundamental para poder entender que, por un lado, el que delinque está obligado a responder ante los tribunales y deberá ser sancionado, pero el Estado también está obligado a responder para resarcir a las víctimas del daño causado, y en esto estamos trabajando intensamente.

Hemos firmado ya en materia de la creación de Unidades Mixtas dentro del marco de la Conferencia Nacional de Procuradores. Tenemos ya firmados 17 convenios y creemos que antes de diciembre podemos completar en todo el país los convenios, y desde luego, darle operatividad a todos ellos.

En el combate al narcomenudeo hemos instrumentado una estrategia integral. Es cierto lo que usted decía, señor Diputado, coincido con usted; hoy la sociedad no quiere saber de competencias ni de jurisdicciones ni nada. Esto debe quedar atrás; debemos actuar en un frente común e integral, por eso la convocatoria que hemos hecho a todos, a todos en el país, a las instituciones responsables, a las corporaciones, a la ciudadanía, que nos unamos en un frente común. Lo estamos logrando. Creemos que en esta suma de esfuerzos tendremos resultados muy importantes y desde luego que tendrán que ser valorados en toda su dimensión por el trabajo que hoy se está realizando en ello.

Mandamientos judiciales. Quiero comentar a usted que durante la presente administración ha habido 52 mil 7 aprehensiones, 25 mil 709 reaprehensiones y comparecencias hemos logrado 7 mil 376.

De tal manera que hemos abatido el rezago histórico y estamos hoy trabajando para impedir que esto vuelva a ocurrir y tener la posibilidad, yo les quiero comentar que tenemos 61 mil 273 ordenamientos judiciales como rezago histórico.

Hoy no solamente estamos al día en el tema de lo que hemos logrado en esta administración, sino llevamos un avance sustantivo en el abatimiento de estos mandamientos judiciales.

En lo general, en investigaciones, en atenciones ministeriales, mandamientos (?) y demás, la suma nos implica hoy una eficacia de 85%. Queremos que en 2 años más la Procuraduría de la República sea una institución sana en todos estos temas y tenga la credibilidad ciudadana en estos aspectos.

En materia de delitos contra el medio ambiental, yo quiero decirle que estamos en una tarea muy importante; hemos llevado 74 operativos, hemos logrado más de 9 mil 859 artículos en materia, en el caso de especies, huevos de tortuga, pieles, otros artículos, etcétera, estamos con una intensa relación con la Secretaría del Medio Ambiente y desde luego, creamos la Fiscalía Especializada para esta tarea y cada vez avanzamos más en un tema que lastima, que lastima notablemente y que sabemos la preocupación de su partido en este sentido.

También yo quiero invitarlos, respetuosamente, que ojalá tuviera la oportunidad de visitarnos en la procuraduría de la República y usted se dé cuenta ahora del registro de datos, los elementos con que contamos en la materia, y desde luego, cómo hemos implementado el trabajo contra estos delincuentes organizados que están, obviamente, acabando con una de las riquezas fundamentales de nuestro país.

En materia de Conferencia Nacional de Procuradores, ya había mencionado que hay una intensa relación y la cooperación continuará con todo su esfuerzo y con todas nuestra capacidad. Muchas gracias.

El Presidente de la Comisión de Seguridad Pública Jorge Uscanga Escobar: Gracias, señor Procurador.

Tiene la palabra hasta por cinco minutos para réplica, el diputado Javier Alvarado Villazón.

El diputado Javier Xavier Alvarado Villazón (PVEM): Gracias por sus respuestas, señor Procurador.

La democracia es un sistema de gobierno en donde se permite la concurrencia de distintas formas de pensamiento, en donde la tolerancia se privilegia antes que la represión; donde se acata la ley antes que los intereses personales. El país se encuentra en un importante proceso democrático caracterizado por la pluralidad; hemos madurado como nación.

Por ello, la sociedad y el gobierno debemos caminar hombre con hombro, codo con codo, para lograr los fines que nos atañen, que en la especie, es abatir la criminalidad mediante la promoción y el fomento a la cultura de la denuncia a través de acciones concretas por parte de la autoridad para que la justicia sea pronta y expedita, tal y como lo establece nuestra carta política.

La implementación de una política criminal con apego a la legalidad es función del Estado que debe ir encausada no sólo a las acciones sustantivas de investigación y persecución de los delincuentes y la imposición de sanciones legales que les corresponden, sino también privilegiar la prevención para atacar las causas y los efectos.

México necesita de instituciones de Seguridad pública y Procuración de Justicia, honestas, profesionales y eficientes, que se conduzcan con apego absoluto a la Ley con respeto pleno a los derechos humanos.

El grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, comprometido con las clases sociales más vulnerables y con la ciudadanía en general, considera que las políticas públicas en materia de Seguridad y Justicia del Gobierno Federal, deben de fortalecerse día a día y además, privilegiar la participación social.

Los altos índices delictivos en cualquiera de sus expresiones, inhiben la inversión nacional extranjera, por lo cual se cierran fuentes de empleo y que al final del camino, se convierten en un círculo vicioso, porque la falta de trabajo y oportunidades, es causa generadora de delitos.

Por ello, lo exhortamos a que continúe promoviendo la cooperación con todos los órdenes de gobierno y que fomente la participación ciudadana desde el Congreso, el Partido Verde Ecologista de México apoyará las buenas políticas públicas que se implementen, pero también, demandará más y mejores acciones en beneficio de la sociedad mexicana.

El Estado Mexicano tiene que responder al flagelo del delito con todos sus recursos, sin divisiones, sin confrontaciones, porque eso es lo que demandamos la sociedad mexicana y sólo así, se recuperará la confianza en las instituciones de Procuración de Justicia y sólo así, lograremos desterrar el delito. Gracias.

El Presidente de la Comisión de Seguridad Pública Jorge Uscanga Escobar: Gracias, Diputado.

Tiene la palabra, hasta por cinco minutos para formular su pregunta, el diputado Jaime Miguel Moreno Garavilla, del grupo parlamentario del Partido de Convergencia.

El diputado Jaime Miguel Moreno Garavilla (CONVERGENCIA): Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Saludo con respeto y aprecio al señor Procurador General de la República y a todos los funcionarios que integran a esta institución y por conducto del señor Presidente de la Comisión de Seguridad pública, mi compañero diputado Jorge Uscanga Escobar, a todas mis compañeras y compañeros diputados.

Señoras y señores:

Permítanme dirigirle al señor Procurador una expresión de… tenía preparado el aludir al marco competencial que el artículo 102 constitucional establece a la institución que usted dirige, señor Procurador, pero la parte final de su respuesta anterior, "dialoguemos, dialoguemos", me hace preciso destacar su gran calidad como hombre, como alto dignatario del gobierno como académico —lo hemos repetido en diversas ocasiones- pero quiero destacar como político, porque desde Platón se concibe a la política como el arte del buen gobierno, pero es eso, precisamente: un arte.

Es el arte de saber conciliar a los más diversos y encontrados intereses sin perjudicar a ninguno y para lograr esto, por supuesto que se tiene que ser artista y un artista no se improvisa. Quizás han de pasar 40 y tantos años sirviendo con dignidad, hidalguía y honor a una institución.

Es fundamental que se exprese la voz ciudadana, la voz ciudadana ya quiere armonía, paz y evolución, ya no quiere confrontaciones, ya no quiere escuchar esas llamadas telefónicas que se reciben en una familia aterrada, presa del poder de la delincuencia organizada: "¿ya recibiste la fotografía de tu hija —en donde previa edición- aparece sin dos dedos de la mano derecha?, si no me entregas los 10 millones de pesos mañana, tu hija se muere" y la familia, mientras tanto, asesorada por la Psicología de la AFI, con el alma en un hilo, porque el padre de familia hipertenso fue exigido para llevar el rescate a un lugar apartadísimo, subiendo escaleras, cuyo primer piso no tenía más que el vacío del otro lado.

"Pero hijas, si la casa vale 2 millones de pesos, es lo único que tenemos y me piden que la venda", será señor Procurador que frente a esto no debamos poner atención por la vía de la concertación de la conciliación, en vez de estarnos distrayendo en pleitos estériles que confunden y molestan a la sociedad.

Poner todos los recursos institucionales, precisamente en la solución de este tipo de dramas, que surten todos sus efectos de la familia. Mi pregunta sobre este particular planteamiento, seguramente deshilvanado, pero producto de lo que ha sucedido en esta reunión es, señor Procurador, ¿tenemos institucionalmente los recursos para poder combatir a la delincuencia organizada?

De su respuesta dependerá saber si se privilegia a la vía de la concertación de la conciliación o de la persuasión para inhibir que los que hoy se dedican a la delincuencia organizada lo sigan haciendo, el propósito es muy claro: darles seguridad a las persona, a la familia y a su patrimonio, y usted puede hacerlo.

El Presidente de la Comisión de Seguridad Pública Jorge Uscanga Escobar: Gracias, Diputado.

Tiene la palabra el licenciado Rafael Macedo de la Concha, hasta por 10 minutos para dar respuesta.

El Procurador General de la República Rafael Macedo de la Concha: Muchas gracias, señor Presidente.

Primero: Quisiera comentar al señor Diputado del Partido Verde Ecologista que atiendo, atiendo el comentario, atiendo su exhorto y atendiendo con mucho respeto lo que usted señaló y seguiremos trabajando fortaleciendo el esfuerzo para el combate a los delitos ambientales.

Sabemos lo que se está ocasionando en nuestro país y sabemos también lo que representa para toda la economía, para la población y, desde luego, para la vida de los mexicanos. Vamos a seguir trabajando en ello y, desde luego, yo le pido que haga un seguimiento con nosotros, escrupuloso, de esta tarea.

Muchas gracias.

Agradezco, señor diputado Moreno Garavilla sus comentarios. Una práctica republicana de respeto a las instituciones y a las personas eso es algo que ha privilegiado mi vida, como mexicano y como servidor público.

Soy un hombre de convicciones, sin duda, las tengo. Mi naturaleza de ser humano y de hombre no me permite llevar un camino diferente al que aprendí, de tal manera que en esto tengo mi convicción muy clara y sé también de la gran responsabilidad que esta Institución tiene para los mexicanos.

Que abre grandes esperanzas, que atiende grandes retos, que enfrenta grandes desafíos y que desafortunadamente en un ambiente que se enrarece por otras cuestiones ajenas al esfuerzo de una institución, curiosamente esto no permite que le demos a la sociedad lo que realmente exige y que legítimamente merece.

Y este trabajo que hoy hacemos en la Institución busca precisamente eso. Queremos una Institución que sirva a las mexicanas, a los mexicanos y que no se sirva de ella.

Nuestro espíritu de mexicanos nos lleva a atender y así ha sido mi convicción de que al margen de egoísmos, de enconos, al margen de cualquier diferencia que puede existir, de la cual somos respetuosos; del disenso natural que puede existir, del cual somos respetuosos; de la actividad que cada quien entiende y comprende de acuerdo como uno fue formado ideológicamente, culturalmente, familiarmente, es respetado y respetable.

Lo que no podemos permitir ya, es que por estas cuestiones no unamos el esfuerzo que las mexicanas y mexicanos quieren de todos, de las instituciones, de sus hombres para trabajar por lo fundamental, su seguridad y desde luego, darles un verdadero acceso a la justicia. Usted en múltiples ocasiones ha externado su preocupación sobre este tema.

Sobre el tema de dejar atrás cualquier circunstancia que impida a este esfuerzo hacer lo que debe hacer por el bien de la nación, aquí no debe haber ningún otro interés superior al de la nación, al de los ciudadanos.

De tal manera que ahí está la función de la Procuraduría de la República y no cejaremos en que así siga ocurriendo.

Recursos. En los dos años anteriores señalé que la Procuraduría de la República estaba recibiendo los mismos que se recibieron hace muchos años, con la diferencia de que en la Legislatura anterior tuvimos un fuerte impulso en el tema de recursos humanos.

Pudimos lograr con un incremento al tema de la partida respectiva, lograr formar una nueva generación de agentes federales y de ministerios públicos.

Pero en los dos años anteriores y como en este, hemos pedido recursos que son un promedio de 11 mil millones de pesos para solventar las necesidades fundamentales de la Procuraduría de la República. En los dos años anteriores, obviamente por razones naturales y las entendemos claramente, no fue posible hacerlo y lejos de ello se nos redujo la cantidad de 600 millones de pesos en los temas de gastos de operación.

Yo comentaba a veces a los señores legisladores con mucho respeto, bueno, muy bien, y ahora con qué movemos los aviones, con qué movemos los vehículos, cómo adquirimos recursos propios para el trabajo que tenemos hoy en todo el país para esos temas.

Yo recuerdo que el escenario óptimo en recursos en aquellos momentos eran 11 mil 700 millones.

Obviamente, estos recursos no han sido aprobados, sabemos la problemática que tenemos en nuestro país, entonces era hacer más con menos, redujimos nuestro gasto corriente, lo redujimos de tal manera de que pudiéramos tener ahorros importantes y llevarlos a la modernización de la Institución, llevarlos a la parte sustantiva, era privilegiar la parte sustantiva de la Procuraduría de la República.

De cada peso que los mexicanos ponen en la Procuraduría de la República, aproximadamente 87 centavos va a la parte sustantiva, antes era al revés, hoy ya no lo es así.

Pero con ello qué buscamos, con nuestros recursos, incremento en todos los indicadores de combate al narcotráfico, agotar y abatir completamente el rezago histórico y de (no se entiende) modo y tiempo estar a la vanguardia en el combate a la delincuencia.

Sabemos que hoy tenemos la oportunidad por lo menos en el inicio, en el proyecto, en la ley de gasto hay un incremento importante, aproximadamente de mil millones, mil 200 millones de pesos al anterior presupuesto.

Bueno, hemos buscado que con ello logremos lo indispensable para la operación institucional y vamos a buscar generar economías para destinar el presupuesto al cumplimiento de las metas institucionales.

Sin duda que los recursos son fundamentales para la tarea de procuración de justicia y de seguridad pública y debe ser un rubro prioritario de atención para ello.

Yo únicamente me permito respetuosamente a nuestros legisladores, reflexionar sobre el tema.

Yo con mucho gusto, en la Procuraduría de la República como siempre, está abierto al tema de que, en qué hemos invertido, cómo estamos, dónde estamos, con que es público, en Internet, queremos decir por qué es necesario que estos recursos en materia de procuración de justicia en los estados, en los estados de la República y aquí abogo por las procuradurías del país, se les etiqueten los recursos a los procuradores del país.

Que no vayan en el fondo que se otorgue a los estados como un todo y después, de ahí se racione lo que les corresponde a juicio de quien lo hace. No, que vayan de una vez destinados estos recursos, debidamente etiquetados, los rubros correspondientes, etcétera.

En la Procuraduría de la República hemos hecho una planeación de este gasto, nosotros le llamamos una planeación de inversión, para nosotros no gastamos, invertimos, porque queremos que la Nación tenga una institución confiable, moderna, funcional, con recursos humanos, materiales, óptimos.

Yo quiero decirle que con estos recursos que recibiríamos, obviamente, incrementaríamos nuestro esfuerzo. Resarce en parte lo que antes no nos fue otorgado, pero sin duda, sin duda, yo sí pido en esto una reflexión, una revisión, no solamente de la Procuraduría de la República, sino del gasto en general que se va a destinar al sistema de seguridad pública y al sistema de procuración de justicia.

Seguiremos trabajando, no permitiremos, porque no convengo con eso que se dice frecuentemente que la delincuencia nos rebasa. No nos ha rebasado y no nos va a rebasar. Sin embargo, si tenemos mayores fortalezas donde debemos tenerlas, creo, estoy seguro que sabremos aplicarlas con responsabilidad y sobre todo en menor tiempo rescatar, es a rescatar a nuestro país de ese legítimo reclamo de todos los días donde la tranquilidad y la debida procuración de justicia son reclamos fundamentales de nuestra sociedad.

En eso estamos comprometidos y agradezco su confianza en su servidor, en los servidores públicos de la Procuraduría de la República, sabremos ser responsables en nuestro trabajo, como lo hemos sido y daremos, como siempre lo he dicho, en el único negocio que conocemos, resultados para poder solventar este requerimiento de la sociedad.

Muchas gracias.

El Presidente de la Comisión de Seguridad Pública Jorge Uscanga Escobar: Gracias señor Procurador.

Hasta por cinco minutos para réplica, tiene la palabra el diputado Jaime Moreno Garavilla.

El diputado Jaime Miguel Moreno Garavilla (CONVERGENCIA): Muchas gracias señor Procurador.

A mí me gustaría que la ciudadanía entera supiera del esfuerzo de modernización que ha hecho el procurador Macedo de la Concha. Yo tuve oportunidad de visitar las instalaciones de la Procuraduría General de la República y no estoy hablando como diputado federal en este momento, estoy hablando como un mexicano, como un ciudadano, y además que tuve la fortuna de trabajar alguna vez en la Procuraduría General de la República y pude tener el punto de referencia para contrastar lo que fue y lo que es hoy la Institución.

No me cabe duda que la modernización y la tecnología de punta que ha aplicado el general Macedo de la Concha, bien puede estar a la altura de cualquier país del mundo y con lo que nos acaba de contestar en este momento, de que no nos rebasará la delincuencia, me gustaría que le explicara usted pormenorizadamente a la ciudadanía en qué finca usted esa seguridad que nos la transmite.

Porque hay percepción ciudadana en el sentido de que en muchos casos, sí, la delincuencia organizada cuenta con más recursos que los órganos de gobierno del Estado encargados de combatirla, de disuadirla.

Es fundamental, al margen de posturas y de camisetas y de colores, porque todos tenemos aprecio, reconocimiento, amigas y amigos en el PAN, en el PRD, en el PRI y en el apartidismo, todas y todos. Ésta es una red política que está intercomunicada e interconectada y si a esto le agregamos que el mundo es redondo, da vueltas y de repente se hace de día y de repente de noche, advertimos la necesidad inexorable de ser concertadores a partir del respeto a las diferencias y del respeto a la calidad y condición humana, a las aspiraciones, posturas, ideales de todas y cada una de las personas.

Pero lo fundamental, señor Procurador, a nosotros nos transmite confianza y seguridad, es muy importante difundir amplia, profusamente estos elementos de convicción que hacen que nosotros tengamos confianza y seguridad.

Usted hablaba en alguna, creo que en la primera de sus intervenciones de la participación ciudadana; sin participación ciudadana no puede haber democracia y sin democracia no puede haber derecho y sin derecho no puede haber más que anarquía y por consecuencia una espiral descendente que lleva irremisiblemente a la involución, a la anarquía.

Esa participación ciudadana que ya está organizada en el marco de la Procuraduría, que sirva para darle seguimiento a los actos de la autoridad, que sirva para dar vigilancia, que coadyuve con el esfuerzo que usted está realizando, a fin de constatar permanentemente, que todo acto de autoridad se ciña al principio de juridicidad que implica que esta autoridad solamente pueda hacer lo que expresamente la letra de la ley le faculta hacer, a diferencia del principio que impera entre los gobernados, en el sentido de que podemos hacer todo aquello que no nos esté expresamente prohibido por la norma jurídica.

Aquí la participación de la ciudadanía es fundamental, si los recursos son exiguos en algunas de las áreas, que venga la participación ciudadana, existimos muchos ciudadanas y ciudadanos dispuestos a contribuir con usted, con o sin el malentendido fuero, sino simplemente con el propósito de fortalecer con respeto y con amor a estas instituciones que tanto han costado al esfuerzo de los mexicanos hace muchos años, ya no son el producto de la invención de hace poco tiempo y que debemos saber conservar como adultos sino es que queremos llorarlas algún día como niños. Muchas gracias, te saludo con aprecio y con respeto, señor Procurador y a mis compañeros y compañeros, muchas gracias por su atención.

El Procurador General de la República Rafael Macedo de la Concha: Gracias Diputado.

El Presidente de la Comisión de Seguridad Pública Jorge Uscanga Escobar: Gracias Diputado. Para dar cumplimiento al punto cuatro, fracciones sexta, séptima y octava, se han inscrito para la segunda ronda de preguntas y réplica los siguientes ciudadanas diputadas y diputados: por parte del Partido Revolucionario Institucional, diputada Mayela Quiroga Tamez y diputada Gema Isabel Martínez López; por parte del Partido Acción Nacional, diputado Ernesto Herrera Tovar y diputada Blanca Judith Díaz Delgado; por parte del Partido de la Revolución Democrática, diputado Miguel Angel García Domínguez.

Tiene la palabra hasta por cinco minutos para formular su pregunta, la diputada Mayela Quiroga Tamez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La diputada Mayela Quiroga Tamez (PRI): Gracias, muy buenas tardes, compañeros diputados. Señor Procurador, Rafael Macedo de la Concha, muy buenas tardes.

En el rubro de justicia, quisiera resaltar algunos aspectos señor Procurador, en el IV Informe se mencionan los mandatos judiciales de manera global, le pido nos aclare cuántos de estos mandatos son órdenes de aprehensión y cuántos son órdenes de reaprehensiones, ya que esto nos permitiría saber cuánto se originaron con motivo de las consignaciones del ministerio público y cuántos por haberse revocado la libertad del procesado.

En el Informe se informa, que se llevaron a cabo 782 denuncias administrativas y/o penales en contra de servidores públicos de la PGR. Por favor, nos podría informar ¿cuántos fueron administrativos y cuántos penales, pero sobre todo cuál es el resultado de esas denuncias y en qué etapa del proceso están?

General Macedo de la Concha, mucho se habla de lo positivo de los medios de comunicación y el uso de la informática en la sociedad actual, pero tenemos los delitos cometidos tales como el robo, alteraciones de información, sabotaje, fraude, clonación de señales satelitales, de tarjetas de crédito, son actividades consideradas por las autoridades tanto a nivel federal, estatal y municipal, como una muestra de estos ilícitos, los cuales día con día muestran un incremento en nuestro país, expandiéndose de manera considerablemente rápida, sin olvidar la piratería y la pornografía infantil.

En ese sentido, señor Procurador, ¿puede decirnos qué resultados concretos se han obtenido al respecto? ¿Cuántas organizaciones nacionales e internacionales operan en nuestro país y cuántas han sido desarticuladas, y qué porcentaje ha disminuido la práctica de estos ilícitos?

Señor Procurador, ¿cómo explica el incremento de la inseguridad en nuestro país en estos momentos, donde han muerto muchas personas y no se han esclarecido los hechos?

Señor Procurador, con todo respeto, tenemos un paquete de reformas pendientes por dictaminar en esta Cámara de Diputados relacionadas con la prevención, procuración y administración de justicia entre otros, donde incluso tuvimos una valiosa participación de usted y de algunos procuradores de los estados de la República, tratando el tema de las reformas al sistema penal mexicano, siendo algunas de ellas los juicios orales, situación que me extraña que siendo mi estado, Nuevo León, uno de los primeros en reformar el Código Penal y el Código de Procedimientos Penales del estado para incorporar esta figura, la Procuraduría Federal de la República interponga una controversia constitucional donde destaco:

Primero: que no se permite el acceso a la información a los expedientes a personas ajenas al juicio.

Segundo: que sólo podrán tener acceso a los expedientes cuando hayan causado ejecutoria, por consiguiente, la demanda de acción de inconstitucionalidad involucra una supuesta contradicción entre una norma general y la Constitución federal.

Pero el caso justificable de la demanda respectiva no deriva de un problema de inconstitucionalidad sino de una incorrecta interpretación, ya que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León, donde se estima necesario establecer que la autoridad podrá negar el acceso a la información por disposición expresa de la propia ley, las cuales señala como algunas situaciones especiales para negarla cuando esté el asunto en los tribunales relacionados contra delitos sexuales, delitos contra la libertad, contra la familia o cuando la víctima sea un menor de edad o incapaz, incluso en la etapa de la averiguación previa.

Mi punto de vista es que suena incongruente que, por una parte, se pretenda incorporar los juicios orales en el sistema penal mexicano con la finalidad de que la sociedad pueda vigilar a la autoridad y que las resoluciones sean conforme a derecho, donde las audiencias además serán públicas y abiertas, y cualquier persona puede tener acceso a los expedientes.

¿Por qué no estar de acuerdo con las reformas en el estado de Nuevo León cuando el objetivo es el mismo que la reforma que está presentada en esta legislatura de instancia federal, sobre todo en la materia de juicios orales?

Señor Procurador, para terminar, tenemos un problema en ciudad Juárez y nos acaban de entregar también el informe por escrito de la Fiscalía Especializada; pero, señor Procurador, no hay respuesta y siguen cometiéndose homicidios día con día.

¿Qué nos puede dar como una respuesta clara, sobre todo para los padres y los familiares de todas las mujeres? Señor Procurador, por sus respuestas, muchas gracias.

El Presidente de la Comisión de Seguridad Pública Jorge Uscanga Escobar: Gracias, Diputada.

Hasta por diez minutos tiene la palabra para dar respuesta el licenciado Rafael Macedo de la Concha.

El Procurador General de la República Rafael Macedo de la Concha: Muchas gracias, señor Presidente.

En el tema de mandatos judiciales, Diputada, y le agradezco sus preguntas, yo quiero comentarle que hoy se cuenta con un sistema único de mandamientos judiciales, que permiten la integración de información y el seguimiento de cada uno de ellos. desde su libramiento hasta su cumplimentación; inclusive, si usted desea conocerlo, con mucho gusto estamos a sus órdenes.¿Qué permite esto? El manejo transparente del mandamiento y desde luego, minimiza los niveles de corrupción en su manejo.

Actualmente la base cuenta con más de 72 mil registros, que representan un acervo importante para la investigación.

Yo quisiera precisar, en base a su pregunta, que hasta diciembre del año 2000 se contaba con un rezago de 61 mil 273 ordenamientos; sin embargo, al 31 de septiembre del 2004, quedaban pendientes 45 mil 600, claro que a este rezago hay que sumarle los cincuenta y tantos mil que se han generado en esta Administración.

Ahora, ¿qué se ha cumplido? Por rubros: aprehensiones, 52 mil siete; reaprehensiones, 25 mil 709; comparecencias, esto hablo de mandamientos ministeriales, Ministerio Público, cumplimiento de mandamientos y desde luego de jueces que ordenan presentación también, siete mil 376. Total, 85 mil 92, en total.

También esta desglosado en el sistema por años, esto lo tenemos, inclusive usted lo puede…lo puede ver la ciudadanía a través de nuestro página de Internet, pero también a través del sistema directo de ello. Y estos son los rubros que usted me comentaba.

En la parte segunda del tema de denuncias administrativas, yo voy a hablar estrictamente a lo que se refiere a la Procuraduría de la República, aquí hay otros rubros que corresponde a la Secretaría de la Función Pública y este tema no me corresponde a mí.

Quiero agregar un rubro que es importante en la parte anterior. Durante la presente Administración se han abierto 317 mil 769 averiguaciones previas y también ha habido mandatos de localización y presentación 90 mil 618; es decir, son rubros que ya se han cumplido y que prácticamente ahí quiero decirle que hemos agotado el 100% y que estamos al día en esos rubros. Igual por años, creo que no habría necesidad de ello, pero tengo los datos, con mucho gusto.

En averiguaciones, yo quiero decirle por ejemplo, en averiguaciones previas iniciadas para servidores públicos, quiero decirle que de diciembre de 2000 a la fecha, al 30 de septiembre, para ser precisos, ha habido mil 544 averiguaciones contra dos mil 505 servidores públicos de la institución, responsables de la comisión de diversos delitos: ministerios públicos federales, 848; elementos de la Antigua Policía Judicial Federal, mil 130; peritos, 34 y mandos medios y superiores personal administrativo, 493. Esto es en materia penal.

En materia administrativa se han impuesto cuatro mil 535 sanciones, destituidos 94; inhabilitados 274; destituidos e inhabilitados con ambas responsabilidades 82; amonestados 820; apercibidos 95; suspendidos 142; arrestados dos mil 959 y removidos 69.

Ahora, en el período que aquí yo me he referido, ha habido dos mil 505 servidores públicos probables responsables de los delitos de abuso de autoridad, ejercicio indebido del servicio público, contra la administración de justicia, extorsión, cohecho, privación ilegal de la libertad y evasión de preso, y también ahí da el rubro que yo señalaba anteriormente: dos mil 505 involucrados.

Procedimientos administrativos por diversas conductas, cuatro mil 535; de estos tres mil 608 son policías de la Antigua Policía Judicial; 676 ministerios públicos, etcétera, y 251 mandos superiores.

Como usted puede apreciar, seguimos trabajando en ello y desde luego es de una buena vez acabar con los malos elementos, como lo decía hace unos momentos, servidores públicos que han traicionado la confianza de la sociedad. Y no escatimaremos esfuerzo alguno para que todos aquéllos que no entiendan que eso se acabó, van a ir a donde deben de estar: en la cárcel o fuera de la institución, por alguna otra razón administrativa.

Tiene usted razón, hay delitos que son de mayor impacto a la sociedad. Usted mencionó una serie de delitos, algunos son del orden común, algunos son del orden federal, pero sin duda y aquí he señalado en otras ocasiones, y si me permiten, lo repito, que esto exige una debida coordinación, cooperación de los órganos de las diferentes entidades estatales, municipales y federales. Ésta es la convocatoria que hemos hecho en lo que refiere a la Conferencia Nacional de Procuradores. Quiero señalarle, y lo digo con mucha satisfacción, los procuradores del país estamos unidos.

Hemos unido este esfuerzo y uno de los motivos de esta unidad va a ser crear 1 mil 500 nuevos policías para todo el país, que van a ir 50 de ellos, del tipo como se han formado en la Agencia Federal, que ya están siendo reclutados, con determinados perfiles, requisitos, etcétera, y que va a permitir capacitarlos, profesionalizarlos y tenerlos cuanto antes y ahora que concluya este primer proceso, seguiremos trabajando todos juntos para formar mejores servidores públicos en materia de policía, pero también, Ministerios Públicos, peritos, etcétera.

De tal manera que todo esto nos va a permitir, como usted bien decía, atender los rubros que tanto preocupan e impactan a la sociedad.

Sin duda el incremento a la violencia en el tema de los últimos días, está relacionado con el crimen organizado. Son organizaciones criminales que buscan ocupar los espacios que han dejado otros que han sido capturados y llevados a la cárcel o que quieren apropiarse de determinadas regiones o zonas donde transita la droga o para continuar con las actividades ilícitas; esto potencia otro tipo de delitos como usted bien lo ha observado, por eso tenemos que atender y evitar que esto siga ocurriendo.

Por eso el despliegue hoy y la estrategia de hoy de fuerzas policiales del Ejército, de la Marina, de la Agencia Federal, en áreas donde se ha detectado esta problemática apoyando a la tarea de municipios y de los estados, seguiremos trabajando en ello.

Y desde luego, en estos días estaremos pronto, por ejemplo, en el caso de hoy, hubo más de 100 cateos, hubo 22 detenidos, detuvimos droga, aseguramos droga, aseguramos delincuentes, aseguramos secuestradores, en fin, el esfuerzo está teniendo sus resultados.

Pero bueno, esto no es —como usted bien decía— solamente, tenemos que actuar y también tenemos que atender las causas que han estado generando toda esta problemática.

Estado de Nuevo León. Yo quiero comentar con usted que no es una, ojalá pueda decirlo con toda claridad, no se trata de estar en contra de lo que el estado de Nuevo León ha asumido en su Ley de Transparencia, no es eso. ¿Por qué, por qué se demanda la invalidez de diversos preceptos de la Ley de Acceso a la Información, del Código de Procedimientos Penales y la Ley de Justicia Administrativa? Bueno, yo quiero comentarle aquí que, precisamente, esta acción de inconstitucionalidad lo que pretende únicamente es que la Corte de Justicia de la Nación interprete, nos diga si el texto de estas normas corresponden o no al orden constitucional, pero no tienen mayor, no tienen otra relevancia, lo he platicado con el señor Gobernador, hemos tenido reuniones muy importantes sobre el particular y hemos llevado, inclusive, a consensos muy importantes, pero sí queremos, tanto el estado de Nuevo León, de eso estoy convencido, y nosotros, de que nada más nos diga si no contraviene el texto constitucional, tenga la certeza que lo que nos preocupa es el acceso de manera indiscriminada, de manera indiscriminada a la información personal de cada una de las partes en las contiendas de un juicio; que también la propia Ley de Transparencia regula, establece, precisa, señala. ¿Sí?

Pero yo le quiero decir con esto que tenemos una magnífica relación con el estado de Nuevo León, que coincidimos en todos los aspectos, es más, usted sabe que la reforma es un espejo de la Reforma propuesta por el Ejecutivo Federal en todos estos temas.

Queremos nada más claridad, eso es todo, pero no tiene ningún otro destino o posición nuestra y por último —se me ha vencido el tiempo- yo le quiero señalar que en todos estos temas de los juicios orales y demás, lo que se busca es privilegiar básicamente, la publicidad, la inmediatez, la oralidad, pero también, en todos estos temas, los expedientes tendrán que seguir lo que marca la Ley de Transparencia y en ese sentido, convendremos en lo que se diga en las reglas correspondientes. Muchas gracias.

El Presidente de la Comisión de Seguridad Pública Jorge Uscanga Escobar: Gracias, señor Procurador.

Hasta por cinco minutos, para réplica, tiene la palabra la diputada Gema Isabel Martínez López.

La diputada Gema Isabel Martínez López (PRI): Muy buenas tardes.

Buenas tardes diputados y diputadas. Las circunstancias que actualmente vivimos los mexicanos en los ámbitos de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, el contacto directo que hemos tenido con las organizaciones ciudadanas, las procuradurías y secretarías de Seguridad Pública en los temas de prioridad nacional, es realmente preocupante y merece nuestra atención y ocupación en forma permanente.

Es necesario garantizar en los hechos, la Seguridad Pública, una procuración de justicia honesta y transparente, realmente eficaz y eficiente y desde luego, una administración e impartición de justicia imparcial, pronta y expedita.

Es necesario combatir la discrecionalidad existente en los excesos y abusos del poder; es indispensable erradicar la corrupción y la impunidad. Un asunto que merece nuestra atención, es el referente a elevar a rango constitucional, el derecho de las víctimas u ofendidos a ser notificados personalmente por el Ministerio Público respecto a sus resoluciones.

Sobre el no ejercicio de la acción penal, es necesario que se garantice realmente el Derecho de Audiencia; combatir el secuestro sin ninguna de las alternativas que la Ley permite, como es el otorgamiento de recompensas para estimular el auxilio y participación de la ciudadanía, con información útil, que sirva para liberar a las víctimas y capturar a los responsables.

Evidentemente, es necesario insistir en mejorar y eficientar las bases de coordinación y colaboración entre la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios.

Perfeccionar las reglas para la investigación, persecución, procesamiento, sanción y ejecución de las penas para todos los delitos, fortalecer los servicios de inteligencia, perfeccionar el Sistema Integral de Información sobre la Delincuencia; modernizar las estructuras existentes y su especialización de la investigación y persecución del delito; promover la unificación del tratamiento de los secuestros en los dispositivos legales federales y estatales.

Es necesario que las investigaciones se inicien de inmediato, en cuanto se tenga conocimiento de los hechos delictivos, que se actúe con reglas claras y precisas en la aplicación de justicia, sin vulnerar los derechos humanos, pero sin constituir candados que obstaculicen su eficacia.

Señor Procurador:

¿Cuántas organizaciones internacionales están en México?

El Presidente de la Comisión de Seguridad Pública Jorge Uscanga Escobar: Gracias, Diputada.

Hasta por 10 minutos, para dar respuesta, tiene la palabra el licenciado Rafael Macedo De la Concha.

El Procurador General de la República Rafael Macedo de la Concha: Yo quisiera comentarle…

El Presidente de la Comisión de Seguridad Pública Jorge Uscanga Escobar: …¿perdón es la réplica..?

El Presidente de la Comisión de Seguridad Pública Jorge Uscanga Escobar: Perdón, era réplica. Disculpe, señor Procurador.

El Procurador General de la República Rafael Macedo de la Concha: No, señor, por favor.

El Presidente de la Comisión de Seguridad Pública Jorge Uscanga Escobar: Tiene la palabra hasta por 5 minutos para formular su pregunta, el diputado Ernesto Herrera Tovar, del Partido Acción Nacional.

El diputado Ernesto Herrera Tovar (PAN): Muchas gracias, ciudadano Presidente.

Señor Procurador sea usted bienvenido a esta Cámara de Diputados, compañeras y compañeros diputados, invitados, funcionarios de la Procuraduría General de la República.

Antes de iniciar mi intervención, quisiera sólo señalar, no puedo dejar pasar el comentario, algunas preguntas de mis compañeros que me antecedieron en el uso de la palabra, me parece que se está confundiendo, estamos hablando con un funcionario del fuero federal, no del fuero local, ya estamos preparando una visita del funcionario de la ciudad para hacerle estas preguntas, de las cuales he tomado nota, inclusive, para preguntarlas, porque me parece que caben en la próxima comparecencia.

Señor Procurador, la presencia de dos delitos en el territorio nacional han provocado la inseguridad, el temor y la incertidumbre de millones de mexicanos. El secuestro y el narcotráfico se han convertido en el pan nuestro de cada día y diariamente por conducto de los medios masivos de comunicación, se pone de manifiesto la abundante comisión de dichas conductas delictivas.

En los últimos 20 años, uno de los problemas más agudos con el que se han enfrentado los gobiernos anteriores ha sido sin duda el de narcotráfico. Sabemos que han existido por parte de ellos una batalla constante para combatir las diversas células que operan a lo largo y ancho de toda la República Mexicana y en la actualidad no existe un solo estado en donde la presencia de estas organizaciones criminales no haya sido detectada.

Sabemos que en la actualidad existen más de 7 organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, que operan dentro de nuestro país, siendo las más poderosas las de los Carrillo Fuentes, Arellano Felix, Guzmán Loera, Cárdenas Guillen y Amezcua Contreras, a las cuales se debe combatir con esfuerzos redoblados y evitando su fortalecimiento y recomposición.

Adicionalmente a los problemas internos generados por el narcotráfico, existe la presión ejercida por el Gobierno de Estados Unidos, por el desmedido tráfico de drogas, el cual genera indudablemente a nuestra nación, un descrédito internacional al emitirse de manera indiscriminada opiniones en los distintos niveles de gobierno estadounidense, violándose en ocasiones principios y derechos internacionales.

Es necesario luchar incansablemente contra dicha redes criminales, que provocan el descrédito internacional y desalientan las inversiones de todos los niveles. En este rubro, indudablemente los actos de cooperación internacional que se lleven a cabo para facilitar el enjuiciamiento de personas o el cumplimiento de una sentencia, enriquecen favorablemente la imagen en el exterior de nuestro país.

La Comisión de estos dos delitos, indudablemente, ha provocado una mayor número de víctimas de los mismos y ha sido muy reciente la implementación de medidas tendientes a proporcionar ayuda y asistencia a los ofendidos del delito.

Por todo lo anterior, señor Procurador, nos interesa conocer, ¿cuáles han sido los avances más significativos para combatir las diferentes redes y organizaciones del narcotráfico? ¿Cuáles son las políticas que se han instrumentado para controlar y debilitar el narcotráfico y consumo de drogas? ¿Cuál es la planeación estratégica interinstitucional en el control de drogas? ¿Y cuáles son los resultados de la asistencia jurídica internacional y los avances que se han tenido a las víctimas del delito?

Señor Procurador, y finalmente quiero comentar, que desde nuestra perspectiva, nuestro grupo parlamentario sabe y piensa que la Procuraduría General de la República se encuentra fortalecida, que ha sido y ha dado resultados que no se habían dado en otros sexenios, que hay problemas, claro, hay pendientes, por supuesto, que resolver.

Tuve la oportunidad hace 10 años de pertenecer a la Procuraduría General de la República, la conocí desde adentro y sé los problemas que en ella se encuentran. Sabemos que el trabajo que se está haciendo por parte de usted y sobre todo de sus colaboradores, los señores subprocuradores, directores generales, fiscales, ministerios públicos y toda la estructura de la Procuraduría General de la República están dejando el alma, hay una procuraduría seria, organizada, profesional, de la cual muchos mexicanos, muchos juristas como yo, muchos abogados sabemos que se está haciendo un esfuerzo inmejorable, sabemos que hay pendientes y sabemos que se tiene la voluntad y la disposición de sacar adelante la Procuraduría General de la República, la procuración de justicia en este país y sabemos que se van a seguir redoblando los esfuerzos. Muchas gracias, señor Procurador de antemano por sus respuestas.

El Presidente de la Comisión de Seguridad Pública Jorge Uscanga Escobar: Gracias, Diputado, ahora sí, señor Procurador, tiene usted la palabra hasta por 10 minutos para dar respuesta.

El Procurador General de la República Rafael Macedo de la Concha: Muchas gracias, señor Presidente y disculpas por haberme ido de esa manera y pretender tomar la palabra cuando no correspondía.

Yo le quisiera decir a la diputada Gema Martínez, que coincido plenamente en todo lo que se señaló, estoy totalmente de acuerdo con lo que expresó y que hay que seguir trabajando mucho en los temas de los cuales mencionó.

Yo nada más me permitiría hacer algunas menciones que creo que son importantes. El derecho a las víctimas está ya establecido en nuestra Constitución y sugeriría que el tema de cómo es el caso de las notificaciones de no ejercicio, de acción penal y otros aspectos relacionados con resoluciones que toma el Ministerio Público y/o en su caso cualquier otra autoridad, debe ser regulado por una ley adjetiva, no hay necesidad, ya existe la reforma constitucional, yo creo que bien puede el Congreso pensar, nosotros estamos listos y dispuestos a apoyar este esfuerzo, pensar que podemos materializar esa inquietud que ha tenido la Diputada.

Me parece muy prudente y desde luego, de mucha preocupación lo que señala, pero también le quiero decir que en el caso de las determinaciones de no ejercicio de acción penal, existe ya la posibilidad de que un órgano jurisdiccional a través del juicio de amparo, obviamente otorgue y proteja al quejoso en la materia y desde luego, obligue al Ministerio Público a actuar en consecuencia conforme lo establezca la resolución correspondiente.

De tal manera que ya no hay determinaciones del Ministerio Público que no puedan ser impugnadas vía Juicio de Amparo en su parte correspondiente y desde luego, hay otras reglas internas de las procuradurías donde pueden impugnarse estas resoluciones cuando no convienen a los intereses de quienes ahí están litigando.

Pero vale la pena el tema de víctimas, revisarlo, en la Procuraduría de la República estamos haciendo un esfuerzo muy duro, precisamente para darle una debida atención a las víctimas, asesorarlas jurídicamente, apoyarlas en temas de carácter psicológico, sociológico, etcétera y desde luego, orientar su esfuerzo de acuerdo con el mandato constitucional, precisamente para que sean oídas en el juicio y no haya impunidad en esos temas.

La reparación del daño es algo que tenemos que atender porque es una responsabilidad del Estado, de tal manera que estamos trabajando en ello.

Por otra parte, yo quiero señalar y retomo este y lo voy a vincular con lo que comentaba el señor diputado Moreno Garavilla.

La Procuraduría de la República y le invito, Diputada, con mucho respeto, que venga a conocer la Procuraduría de la República, yo creo que de todo lo que usted habla y señala, creo que hay un avance sustancial en todo este esfuerzo, en su modernización, en su transparencia, en todos los sistemas que hoy tenemos precisamente para evitar que estos espacios de impunidad continúen.

Se ha hecho un gran esfuerzo, yo le puedo asegurar sin temor a equivocarme que la Procuraduría de la República hoy está, no solamente por otras naciones de la región y de otras latitudes, reconocida en el esfuerzo que ha hecho en materia de su modernización tecnológica, en su recurso humano, en la implementación de bases de datos, de sistemas de inteligencia, por eso me gustaría que visitaran la Procuraduría de la República.

Tenga la certeza, si usted no ha ido últimamente, creo que va a ser muy importante que usted la conozca y le invitamos cordialmente que esté con nosotros.

Muchas gracias.

En cuando lo que señaló el señor diputado don Ernesto Herrera Tovar, los delitos impactan, cualquier comisión de cualquier ilícito, la comisión de cualquier ilícito impacta a la sociedad y desde luego hemos asumido con responsabilidad, inclusive aquellos que como usted bien decía, no le corresponden al Procurador General de la República, estamos siendo solidarios con el esfuerzo de las instituciones de procuración de justicia en el país.

Decía yo hace unos momentos que la Conferencia Nacional de Procuradores se ha instituido como un órgano que, de verdad, ahí no hay colores, ahí no hay otro interés que no sea el de servir a México, y este trabajo de unidad de todos los procuradores del país y sin duda es ahí donde debemos seguir trabajando mucho, unir el esfuerzo de todos, independientemente de nuestras convicciones en otro orden que nada tienen que ver con la seguridad de los mexicanos en materia de justicia para los mexicanos. Tenemos que seguir trabajando mucho en ello.

Me voy a permitir, si usted me lo autoriza, desde luego, de algunos aspectos que usted mencionaba en el tema de secuestro. Por ejemplo, hay una estrategia nacional de los procuradores en materia de secuestro. Hoy tenemos bases de datos, tenemos enlaces policiales de todo el país en la Agencia Federal de Investigaciones, que en tiempo real intercambia información e inteligencia. Tenemos bases de voces, tenemos hoy capacitación y profesionalización en todas las áreas para este tema, en lo que es manejo de crisis, análisis táctico, etcétera.

Sabemos que es un delito del orden común, en materia federal lo es cuando se trata de delincuencia organizada. Pero no hemos sumado a este esfuerzo nacional y en este intercambio hemos logrado en este año en materia de manejo de crisis, atender a más de 483 casos, se aseguraron 344 probables responsables plagiarios relacionados con 55 bandas de secuestradores. Es el esfuerzo que hemos hecho en estos casi cuatro años de esfuerzo, en materia de delincuencia organizada relacionada con el secuestro.

Pero atendemos y apoyamos a todas las procuradurías del país cuando ellos tienen un evento de secuestro en sus jurisdicciones. De tal manera que en todo ello hemos trabajado intensamente, también valiera la pena que conocieran cómo es hoy el manejo del secuestro en México y desde luego, cómo hoy profesionales, policías profesionales atienden a las víctimas de ello y, desde luego, también les damos atención integran en otras materias como es la psicológica, de orientación jurídica, carácter psicológico, etcétera, de tal manera que hoy tenemos una actitud de compromiso solidario en todo el país.

Hemos buscado la homologación del delito del secuestro, la tipificación, las penalidades, las hipótesis en que éste puede cometerse, etcétera, nos acaban de aprobar, y qué bueno, el tema del secuestro express que nos preocupaba.

Por cierto, comentando, hace un momento lo que me decían, sí, estamos impulsando una reforma en justicia penal, pero también hay ocho, siete leyes cuya iniciativa está hoy en el Congreso, que por alguna razón no han sido aprobados, pero que son importantes para este trabajo y para este esfuerzo que estamos haciendo.

Entonces creo yo que el trabajo se está haciendo con toda intensidad, queremos que esto no impacte a la sociedad, queremos seguir haciéndolo y vamos a tener logros importantes, la tendencia es a su disminución y lo digo categóricamente, pero tenemos que seguir trabajando. Con un solo secuestro que exista es suficiente para que la estructura del Estado se movilice y lo atienda.

En cuanto a estadísticas en materia de narcotráfico, más de 33 mil delincuentes en la cárcel, los principales líderes de las organizaciones criminales en la cárcel, esto ha propiciado la violencia, esto ha propiciado que ahí entre ellos se confronten y estas son las últimas muertes que hemos visto y los actos de violencia.

La PGR hoy combate los siete sistemas funcionales de narcotráfico: mando y control, financiero, defensa legal, narcomenudeo, tráfico, producción, corrupción, estamos involucrados en todos estos temas donde hemos tenido problemas serios por los grandes recursos que tienen, pero eso es, no es más que ellos utilicen sus recursos, nosotros utilizamos nuestras convicciones y en eso ganamos, tenemos, somos superiores, unidos en este esfuerzo todos los mexicanos que los delincuentes y en eso tengo la certeza.

Tenemos, pudiera hablar de registro nacional en materia, esta materia, víctimas del delito, tenemos un registro nacional, tenemos también un centro de atención a víctimas, tenemos detenciones por rubros en materia de narcotráfico, quienes las han realizado en este esfuerzo de todas las instituciones y bueno, hoy el compromiso es seguir adelante con este trabajo. Muchas gracias.

El Presidente de la Comisión de Seguridad Pública Jorge Uscanga Escobar: Gracias señor Procurador. Para réplica hasta por cinco minutos, tiene la palabra la Diputada Blanca Judith Díaz Delgado.

La diputada Blanca Judith Díaz Delgado (PAN): Buenas tardes, con su permiso señor Presidente, señor Procurador bienvenido.

El Procurador General de la República Rafael Macedo de la Concha: Gracias, gracias.

La diputada Blanca Judith Díaz Delgado: Señoras compañeras diputadas, presidentes también de comisión.

Yo quisiera en primer término a nombre mío y de mi Grupo Parlamentario, manifestar todo nuestro respeto y nuestro reconocimiento a las Fuerzas Armadas de nuestro país y decirles que nos sentimos orgullosos y orgullosas de estas Fuerzas Armadas de nuestro país.

En segundo lugar manifestar, que no sólo no estoy de acuerdo con la forma, sino tan poco con el fondo de lo que aquí se vino a plantear, de que si usted se va que si usted se queda; considero que ya razones de sobra, para que usted siga sirviendo a México desde donde está señor Procurador, hay muchas razones para ello y pues, yo creo que usted lo ha hecho bien.

Pero además, quisiera manifestar que, yo sí conozco a qué venimos aquí, venimos a la glosa de un informe, del IV Informe de Gobierno. Y pues usted vino a contestar las preguntas en el marco de ese Informe, en el marco de esta glosa y para eso fuimos convocados; pero en virtud de que este gobierno federal es emanado a mi partido, pues yo quisiera hacer algunos comentarios respecto a las situaciones que plantearon aquí por compañeros del PRD, así que con su permiso señor Procurador, me voy a permitir el tiempo de réplica del Partido Acción Nacional para hacer algunas consideraciones que yo considero que son muy pertinentes.

Dice que se engañó a la sociedad, en relación a que un juez pidió que se solicitara el desafuero de López Obrador. Debe de decirse, que todo mundo conoce, porque las resoluciones que están en la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que fue el Juez del Noveno Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal y el séptimo en Tribunal Colegiado en Materia Penal en el Distrito Federal, quienes declararon que el Jefe de Gobierno del Distrito Federal había violado la suspensión definitiva ordenada.

Además con fecha 26 de septiembre y 15 de octubre de 2001, 29 de enero y 13 de febrero del 2002, le requirieron que cumpliera con la suspensión; sin embargo no fue sino hasta once meses que se dejaron de abrir las vialidades en vez, una vez perdón, que ya se había claramente violado la suspensión ordenada. Si el Jefe de Gobierno desdeña la ley, las demás instituciones no pueden hacerlo porque con ello se pone en riesgo las libertades y los derechos de los gobernados.

Resulta absurdo que el PRD cuestione la detención de Gustavo Ponce Meléndez por parte de la Procuraduría General de la República, cuando el gobierno del Distrito Federal no sólo emitió realizar las acciones para ejecutar las órdenes de aprehensión del fuero común, sino además nos parece que lo dejaron escapar.

Señala el PRD que supuestamente se protege a Carlos Ahumana, pero no se queja el PRD que la Procuraduría del Distrito Federal sólo haya consignado a Carlos Zimas por un delito que no es grave y que públicamente se le haya informado de la consignación para que corriera a protegerse por medio de una suspensión de amparo; además, se le sentenció y ni siquiera apeló a la sentencia.

Este parece un evidente acuerdo de protección que da el Gobierno del Distrito Federal, además, tal parece que la Procuraduría capitalina se convirtió en defensor de oficio de René Bejarano, al presentar el video que conocimos hace unos días.

Yo estoy de acuerdo, urge la autonomía de la Procuraduría, de las procuradurías. Muchísimas gracias.

El Presidente de la Comisión de Seguridad Pública Jorge Uscanga Escobar: Gracias, Diputada.

Hasta por cinco minutos para formular su pregunta tiene la palabra el diputado Miguel Ángel García Domínguez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Miguel Ángel García Domínguez (PRD): Gracias, señor Presidente.

Algunas veces la impunidad, la ineficacia, así como el abuso del poder persecutorio derivan de las decisiones arbitrarias que toma el Ejecutivo y ejecuta la Procuraduría, por ello, muchos creemos que debe darse la autonomía del órgano de procuración de justicia penal. Esto obliga a tratar el asunto jurídico-político más importante del México de hoy.

En su demanda de amparo, Promotora Internacional Santa Fe afirmó que las autoridades responsables dejaron el predio El Encino sin acceso a la vía pública por el surco de la avenida Carlos Graf Hernández por un talud de 25 metros, y por el norte con la vialidad Vasco de Quiroga por un talud de 30 metros de alto.

El Juez de Distrito concedió la suspensión definitiva para el único efecto de que se paralizaran los trabajos de apertura de vialidades sólo en la parte de las fracciones expropiadas que servían de acceso al predio denominado El Encino, y para que se abstenga de bloquear y cancelar los accesos al predio a la quejosa.

No obstante lo que el quejoso relató en la demanda, el actuario del Juzgado de Distrito en la inspección que realizó el 5 de abril se cercioró de que por el sur existe una vereda de 50 centímetros y por el norte hay otra vereda de dos metros y medio, y que a través de ellas pudo acceder el predio El Encino.

Con fecha 17 de agosto de 2001, la quejosa denunció que las autoridades responsables violaron la suspensión en virtud de que continuaron realizando trabajos en las fracciones expropiadas, bloqueando el acceso al predio El Encino y usando maquinaria pesada en la construcción de las vialidades Carlos Graf Hernández y Vasco de Quiroga.

El 22 de agosto de 2001 el Secretario de Gobierno del Distrito Federal, por sí, y en ausencia del Jefe de Gobierno, rindió informe en el sentido de que no son ciertos los actos que se imputan al Jefe de Gobierno, consistentes en la violación de la suspensión definitiva de los actos reclamados.

Y el 30 de agosto de 2001, el Juez de Distrito resolvió el incidente de violación de la suspensión, declarando infundada la denuncia que hace el Secretario de Gobierno, por lo que hace al Secretario de Gobierno y a las otras siete autoridades ejecutoras que negaron haber negado la suspensión, pero condenó al Jefe de Gobierno porque el sí continuaba realizando trabajo de apertura de vialidades y declaró el incidente fundado por lo que se refiere a la autoridad ordenadora.

El Juez de Distrito llegó a la conclusión de que sólo el Jefe de Gobierno violó la suspensión, porque consideró como confesión de la violación por parte del Jefe de Gobierno, quien no lo firmó, un párrafo del Informe sacado de su contexto, en el que se afirma debe decirse que si bien es cierto que se han continuado los trabajos de apertura de las vialidades Carlos Gra (?) Fernández y Vasco de Quiroga, pero fuera de El Encino la construcción de la avenida Gra Fernández tiene más de 400 metros y la avenida Vasco de Quiroga tiene más de 650 metros.

Además que para no violar ni la suspención ni la sentencia que concedió el amparo en relación con el caso El Encino, el Gobierno del Distrito Federal construyó una vialidad alternativa por el derecho de vía de la carretera de cuota a Toluca, alternativa a las dos avenidas mencionadas.

Por lo tanto, me permito preguntarle, señor Procurador, si está usted de acuerdo que está probado que el Jefe de Gobierno del Distrito Federal no violó la suspención concedida en el caso El Encino. Muchas gracias.

El Presidente de la Comisión de Seguridad Pública Jorge Uscanga Escobar: Gracias, Diputado.

Hasta por 10 minutos, para dar respuesta tiene usted la palabra, señor Procurador.

El Procurador General de la República Rafael Macedo de la Concha: Gracias, señor Presidente.

Muchas gracias, señor Diputado y lo saludo con respeto y con afecto como siempre, Señor.

Yo nada más quiero comentar, también con mucho respeto, es un tema que está en manos del Congreso, no voy yo a litigar este asunto en esta Tribuna, no me corresponde; no me corresponde porque hoy está en manos de la Cámara de Diputados el tema, soy muy respetuoso de ello.

He escuchado con mucho respeto sus puntos de vista jurídicos, estimo que estos deberán hacerse valer ante las instancias respectivas y serán esas instancias en el ámbito de su responsabilidad quienes determinarán jurídicamente lo que usted hoy me pregunta, pero lo he escuchado con mucho respeto y tenga la certeza de algo, como siempre se lo he comentado a usted, todos los comentarios que usted siempre me ha hecho, son atendidos con el respeto y siempre también con la debida reflexión que usted nos hace siempre llegar. Muchas gracias, Diputado.

El Presidente de la Comisión de Seguridad Pública Jorge Uscanga Escobar: Gracias, señor Procurador.

Para réplica, tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Miguel Ángel García Domínguez.

El diputado Miguel Ángel García Domínguez (PRD): Como usted sabe, señor Procurador, la Constitución establece que caso que se denuncia en la inejecución de una sentencia que concede el amparo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia puede estimar que es excusable el incumplimiento, en cuyo caso otorgará a la autoridad responsable un plazo prudente para que ejecute la sentencia.

Además, una vez determinado el incumplimiento, la Suprema Corte puede disponer de oficio el cumplimiento sustituto de la sentencia de amparo.

Pero aún más, la inactividad procesal o la falta de promoción de parte interesada en el procedimiento tendiente al cumplimiento de la sentencia de amparo, provocará la caducidad. Y como usted sabe también, la sentencia es la resolución judicial de mayor jerarquía.

Ahora bien, ¿considera usted bien interpretada por la Procuraduría la Constitución, sosteniendo que la supuesta violación de un auto de suspensión amerita un simple procedimiento burocrático de que el juez de distrito dé vista al ministerio Público Federal, a pesar de que tendría las mismas consecuencias que la inejecución de una sentencia de amparo, que exige un procedimiento tan amplio que debe ser realizado por el Pleno de la Suprema Corte?

Y segundo, ¿usted cree que la Procuraduría General de la República puede cumplir esa tarea de igual o de mejor manera que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Muchas gracias.

El Presidente de la Comisión de Seguridad Pública Jorge Uscanga Escobar: Gracias, Diputado.

Queremos agradecer en la organización de este evento a las diputadas Marcela Lagarde de los Ríos, presidente de la Comisión Especial de Feminicidios, y a la diputada Leticia Gutiérrez Corona, secretaria de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y con la representación de la misma Comisión, como lo dije, en la organización de este evento. Muchas gracias, Diputada.

Señor Procurador: las diversas problemáticas sociales que se han convertido en asuntos neurálgicos y políticos dentro del panorama nacional actual, evidencian a veces una falla en el control gubernamental y en la forma en que se están conduciendo las políticas públicas en materia de prevención del delito, procuración, impartición y administración de justicia.

Desde cualquier punto de la geografía nacional, cotidianamente repunta el impacto negativo, a veces de la ineficiencia y de la corrupción de autoridades gubernamentales, responsables de las materias que nos ocupan, lo que hace necesaria una revisión profunda de los mecanismos encargados del mantenimiento del orden y la correcta aplicación de la ley, para responder a la demanda permanente y reiterada de la sociedad de que el Estado debe garantizar su integridad pública y una convivencia ciudadana digna y segura.

Dentro del contexto nacional se han identificado los estados que registran mayor criminalidad de orden federal. Dentro de esa clasificación destacan altos índices de ilícitos que están relacionados con el narcotráfico, que ha sido el tema vigente en los centros penitenciarios de máxima seguridad del país, así como también sobresalen las cifras sobre posesión, uso o tráfico de armas para uso exclusivo del Ejército y las violaciones a la Ley Federal de Armas y Fuegos y Explosivos, además del tráfico de indocumentados.

A la luz de un análisis sobre el presupuesto que aplica la Federación en materia de seguridad pública y justicia, se observa que en los primeros cinco meses del año se erogaron 2 mil millones de pesos, lo que representa un magno (?) incremento de 3.8% de cara al mismo periodo de 2003, que fue de 1 mil 90 millones.

La comparación desequilibrada pone de manifiesto la precariedad para sustentar los requerimientos en el combate a la delincuencia organizada y que es una demanda irrefutable y urgente de la ciudadanía.

Las circunstancias que actualmente vivimos los mexicanos en los ámbitos de seguridad pública y procuración de justicia e impartición y administración, obliga a replantear la aplicación de transferencia de recursos que realiza el Gobierno Federal, como usted lo dice, a las entidades federativas, y recibimos la sugerencia de etiquetar los recursos ante las diferentes entidades legislativas.

Todo ese intenso ejercicio de diálogo y comunicación con los sectores de la sociedad y autoridades responsables, nos ha conducido a elaborar y presentar iniciativas de reformas y adiciones de diversos ordenamientos legales.

Coincidimos con usted, señor Procurador en que en nuestro país hay una necesidad urgente de legitimar el valor institucional, ya que México entero, lo que requiere son acuerdos, consensos, diálogos y sobre todo, unidad para avanzar en el cumplimiento de la norma de conducta, que el libre de ejercicio democrático impone.

Creemos firmemente, que la tranquilidad social, el mantenimiento del orden y la correcta aplicación de la Ley, son las condiciones sustanciales para lograr el Estado Democrático que aspiramos, toda vez, un clima de inseguridad e injusticia, es propicio —como a veces sucede- para vulnerar la convivencia social y sobre todo, fracturar el Estado de Derecho.

Le agradecemos su presencia y queremos decirle, que valoramos el esfuerzo que ha hecho usted frente a la Procuraduría, con deficiencias, pero con gran voluntad y buscando siempre, la aplicación correcta de la Ley.

Muchas gracias por su presencia, señor Procurador.

El Procurador General de la República Rafael Macedo de la Concha: Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente de la Comisión de Seguridad Pública Jorge Uscanga Escobar: De conformidad con lo que establece…

El Procurador General de la República Rafael Macedo de la Concha: Me podría usted autorizar unas palabras al final, nada más para agradecer…

El Presidente de la Comisión de Seguridad Pública Jorge Uscanga Escobar: Señor Procurador, tiene usted la palabra.

El Procurador General de la República Rafael Macedo de la Concha: Muchas gracias, señoras diputadas, diputados.

Únicamente, agradecer la atención recibida en este recinto, que representa para los mexicanos, para las mexicanas, precisamente, el gran esfuerzo de muchos años por lograr un país como el que hoy tenemos.

Sin duda, la pluralidad, el disenso, el no coincidir, no implica, bajo ninguna circunstancia, que no trabajemos unidos por el bienestar de nuestra nación.

Todo, todo se puede lograr así, de esa manera: con respeto, con acuerdos, siempre velando por los mejores y las mejores condiciones de nuestro país.

El diálogo, el diálogo fundamental en todo y hoy, materializado entre la Procuraduría de la República y los legisladores, nuestras legisladoras, es muestra de la apertura y la rendición de cuentas que hoy se observa en nuestra democracia.

A veces quisiera coincidir con todo lo que aquí se señala, por no disentir o tratar de buscar siempre encontrar la solución a todos los problemas que nos aquejan.

Lo único que yo quiero señalar, es que éstas diferencias pueden subsistir, pero lo que no puede dejar de ser, es que por fin tengamos coincidencias para darle tranquilidad y justicia a los mexicanos.

Tenemos que ver por México, ustedes como legisladores, tienen la gran oportunidad de darle al país un nuevo marco jurídico, mejores leyes sin duda, pero también, la fortaleza que como nación necesitamos.

Ustedes son la conciencia de los ciudadanos, ustedes representan su voluntad, representan el ejercicio diario de lo que hoy todos anhelan en nuestro país.

Trabajemos juntos, trabajemos juntos. La Procuraduría de la República, el único partido que tiene, es México, no tenemos otro. (Aplausos)…

Sé que es difícil entenderlo a veces, lo lamento, que el interés personal o por la lucha por el poder esto no se observe.

Lo lamento pero yo estaré aquí, mis colaboradores así lo harán sirviendo a los mexicanos, mi lugar está donde la ley, esta a la que todos estamos obligados a observar, lo determine en mi responsabilidad como procurador y estaré donde la confianza de los mexicanos, de las mexicanas así me lo exijan.

Así lo aprendí y esa es mi convicción, seguiré sirviendo a México donde se me diga y donde el pueblo me lo demande, así lo juré y así lo haré siempre.

Y creo que si así lo logramos, pronto tendremos en México mejores leyes y desde luego, lograr que la tranquilidad y la justicia sean un anhelo cumplido.

Muchas gracias.

El Presidente de la Comisión de Seguridad Pública Jorge Uscanga Escobar: De conformidad con lo que establece el artículo 7º, numeral quinto de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la versión estenográfica de esta reunión será remitida al Presidente de la República para su conocimiento.

Agradecemos a todos su asistencia, se levanta la reunión.