Legislatura XXXVIII - Año III - Período Ordinario - Fecha 19421118 - Número de Diario 19

ENCABEZADO

MÉXICO, D.F. MIERCOLES 18 DE NOVIEMBRE DE 1942. DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Registrado como artículo de 2a. clase en la Administración Local de Correos, el 21 de septiembre de 1921.

AÑO III. - PERIODO ORDINARIO XXXVIII LEGISLATURA TOMO I. - NUMERO 19

SESIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

EFECTUADA EL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DE 1942

SUMARIO

1. - Se abre la sesión. Se lee y aprueba el acta de la sesión anterior.

2. - Cartera.

3. - Proyecto que presentan varios ciudadanos diputados para que se inscriban con letras de oro en el recinto de la H. Cámara de Diputados, los nombres de Cuauhtémoc y de Vasco de Quiroga. Pasa a la Comisión de Gobernación en turno.

4. - Se nombra una comisión para recibir al Excelentísimo señor A. Arroyo del Río, Presidente de la República del Ecuador. La Presidencia anuncia que se celebrará una sesión de Congreso General en honor de dicho personaje. Para este acto se nombra un orador oficial y una comisión protocolaria.

5. - El Comité pro Presos de Franco solicita que esta Cámara haga urgentes gestiones para impedir la ejecución del señor Francisco Largo Caballero y demás antifascistas españoles. El C. Diputado Carlos Zapata Vela apoya esta petición y propone se solicite oficialmente que la Secretaría de Relaciones Exteriores haga las gestiones conducentes. Se aprueba la proposición.

6. - Continúa la discusión en lo general del dictamen de la Primera Comisión de Justicia relacionado con la reimplantación de la pena de muerte. Usan de la palabra varios ciudadanos diputados. Se suspende la discusión para reanudarla el martes próximo.

7. - Iniciativa para reformar los artículos 1o., 5o., 6o., 8o., 9o., 10., 11., 14., 15., 16., 17., 18., 22., 23., 24., y 25., de la Ley para Elección de Poderes Federales. Trámite: a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Gobernación en turno, e imprímase. Se levanta la sesión.

DEBATE

Presidencia del C. JACINTO LÓPEZ

(Asistencia de 88 ciudadanos diputados).

- El C. Presidente, a las 12:55: Se abre la sesión.

- El C. Secretario Gutiérrez Roldán Emilio (leyendo):

"Acta de la sesión celebrada por la H. Cámara de Diputados del XXXVIII Congreso de la Unión, el día diecisiete de noviembre de mil novecientos cuarenta y dos.

"Presidencia del C. Antonio Betancourt Pérez.

"En la ciudad de México, a las doce horas y cincuenta y ocho minutos del martes diecisiete de noviembre de mil novecientos cuarenta y dos, se abre la sesión con asistencia de noventa ciudadanos diputados, según consta en la lista que el C. Secretario Emilio Gutiérrez Roldán pasó previamente.

"Sin debate y en votación económica es aprobada por la Asamblea el acta de la sesión anterior, que se efectuó el día trece del mes en curso.

"La Secretaría da cuenta con los siguientes documentos en cartera:

"La Secretaría de Gobernación remite un proyecto del Ejecutivo que reforma los artículos 1o., fracción VII y 166, fracción III, y adiciona el artículo 9o. de la Ley de Vías Generales de Comunicación. - Recibo, a la Comisión de Vías Generales de Comunicación, e imprímase.

"Telegrama procedente de Tijuana, B. C., en que el C. Doctor Servando Osornio Camarena comunica que ha renunciado a su puesto de Agente Consular Honorario de Francia, por no estar de acuerdo con la política del régimen de Vichy. - De enterado, felicitándolo por su actitud.

"La Legislatura del Estado de Guanajuato participa que con fecha 13 del actual renovó su Mesa Directiva. - De enterado.

"La Legislatura del Estado de Nuevo León comunica que con fecha 3 del actual hizo la renovación de su Mesa Directiva, la que quedó integrada en la forma que da a conocer. - De enterado.

"La Legislatura del Estado de Tamaulipas da a conocer la forma en que se encuentra integrada la Mesa Directiva que eligió para actuar durante el presente mes. - De enterado.

"La Legislatura del Estado de Tlaxcala comunica que eligió presidente de la misma, para el mes en curso, al C. Diputado Enrique González. - De enterado.

"En seguida se pone a discusión, en lo general, el

dictamen que rinde la Primera Comisión de Justicia sobre el relativo proyecto presentado por el C. Diputado Eduardo Hernández Cházaro, dictamen que termina con una iniciativa que reforma los Códigos Penal y de Procedimientos Penales para el Distrito y Territorios Federales en materia de Fuero Común, y para toda la República en materia de Fuero Federal, restableciendo la pena de muerte.

"Usan de la palabra en contra los CC. Diputados Alfredo Félix Díaz Escobar, Alfonso Peña Palafox y César Garizurieta, y en pro lo hacen los CC. Diputados Eduardo Hernández Cházaro, Carlos Jordán Arjona y Luis Márquez Ricaño.

"También el C. Braulio Meraz Nevárez se produce en contra, originando aclaraciones de los CC. Diputados Márquez Ricaño y Peña Palafox.

"Acto continuo, el C. Fernando López Arias, Presidente de la Comisión dictaminadora, habla en apoyo al dictamen y da respuesta a interpelaciones que le formulan los CC. Alfonso Corona del Rosal, Alfredo Félix Díaz Escobar, César Garizurieta y Emilio Gutiérrez Roldán. Los CC. Diputados Meraz Nevárez y Peña Palafox hacen aclaraciones.

"En seguida, la Presidencia manifiesta que en vista de lo avanzado de la hora se suspende la discusión del dictamen.

"El C. Diputado Reynaldo Lecona Soto usa de la palabra e invita a los miembros de esta Asamblea, a nombre del Comité de Festejos, al acto de inauguración de un centro escolar y de otras obras materiales del Departamento del Distrito Federal, que se efectuará mañana en la población de Xochimilco, y pide se designe una comisión que represente a esta Cámara.

"El C. Alfonso Corona del Rosal hace una aclaración, después de la cual la Presidencia designa, para integrar la comisión relativa, a los CC. Diputados Reynaldo Lecona Soto y Aarón Camacho López.

"A las quince horas y cincuenta minutos se levanta la sesión, citándose para mañana a las once horas".

Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación se pregunta si se aprueba. Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Aprobada.

- El mismo C. Secretario (leyendo):

"La Legislatura del Estado de Coahuila participa que con fecha del mes en curso, inauguró el segundo período de sesiones ordinarias correspondiente al segundo año de su ejercicio constitucional, integrando su Mesa Directiva en la forma que da a conocer". - De enterado.

- El mismo C. Secretario (leyendo):

"Honorable Asamblea:

"En ocasión en que recordamos en el descubrimiento de este Nuevo Mundo y en ocasión también en que asistimos a la pretendida destrucción de los valores humanos por las agresiones y los procedimientos nazifascistas, hemos creído oportuno proponer a la Representación Nacional que se inscriban con letras de oro en el recinto de esta Cámara los nombres de Cuauhtémoc y de Vasco de Quiroga, como un justo tributo para quienes nos legaron ejemplos de valor y de bondad, de verdad y de belleza, de entusiasmo y de amor, de patriotismo y de justicia y como un intento para contener el inmenso río de olvido que amenaza arrastrarnos.

"Hay nombres que esperan que la nación les haga justicia, aunque tardía; hay nombres que no pueden apartarse de los atributos de quienes los llevaron; hubo seres que no acabaron su vida con la muerte porque sobreviven para constituir un ejemplo, una ruta, un programa; que perduran mientras perduren las consecuencias del esfuerzo por esos hombres realizado. El corazón humano admira por instinto lo que es grande y sublime, como fueron grandes Cuauhtémoc y Vasco de Quiroga.

"No podemos hablar de historia sin pasión, porque pasión es la vida porque en la grandiosa lucha en la que se conquistan las verdades, se marcan con dolor y sangre y sacrificio los derroteros de la humanidad, para construir las bases sobre las que descansan nuestra tradición y nuestro orgullo. Para eludir el peligro de hablar apasionados de la historia, fundaremos nuestra proposición sin repetirla. Además, ningún mexicano, orientado en no importa cuál ideología, podría atreverse a rehusar el homenaje a dos de los hombres más puros de antes de la Colonia y de la Colonia misma, que representan en idéntico porcentaje de calidad y validez los dos factores históricos, que amalgamados, dieron origen a nuestra nacionalidad.

"Cuauhtémoc asumió la defensa de su Patria en circunstancias críticas; la traición de los hijos del Imperio y la espada del conquistador demandaban un corazón a prueba de martirio, valiente, limpio, irreprochable, que no dudara cuando dudaron otros en aquellos días de prueba, que no retrocediera cuando otros vendían sus armas, que no temblara ante la idea de la soledad y de la muerte, que tuviera fe en su raza para no flaquear y sobrado valor para entrar en combate por su patria. Cuauhtémoc, entonces, consultó su deber, pudo conocer que su país siempre tuvo vigor para combatir contra los invasores y realizó la más brillante defensa de la ciudad de México. Ni el hambre ni la superioridad técnica de los españoles lo desalentó en su reducto de Tlaltelolco y cedió el terreno palmo a palmo, dejando el suelo alfombrado con cadáveres de patriotas. Trató de poner a salvo, no su persona, sino lo que ella simboliza, soñando que sus hijos volvieran a habitar este suelo como señores de una libertad eterna y que sabrían morir antes que perderla. Hecho prisionero y torturado en la forma que es de todos conocida, sufrió el tormento con serenidad inquebrantable, como que sabía padecer por su patria.

"La hoguera de Cuauhtémoc, redujo a cenizas cualquiera gloria de Cortés y los destellos del alma de nuestro pueblo fulguraron con la misma lumbre

del verdugo y pusieron al pueblo tradicionalmente en pie contra los tiranos.

"Vasco de Quiroga vino comisionado especialmente para juzgar a Hernán Cortés y a Nuño de Guzmán. Llegó dispuesto a castigar todos los abusos en defensa de todos los derechos, a suprimir los privilegios en defensa de las garantías, a liquidar las opresiones para defender todas las libertades. Utilizó prodigiosamente sus tres únicas armas: el talento, la austeridad y la ternura. Como un iluminado, la base de su obra fue esencialmente de organización económica, como el fin fue esencialmente moral. Fue un hombre de paz, fue un hombre de amor, fue un hombre de progreso.

"La pacificación de los tarascos, la fundación del Colegio de San Nicolás, del Hospital de Santa Fe y del Colegio de Vírgenes, los primeros de México; el establecimiento de las industrias para indios y la reducción a seis horas de la jornada de trabajo, harían por sí solos que en nombre del arte, en nombre de la ciencia, en nombre de la justicia, se defendiera la figura de Vasco de Quiroga que lleva en pos de ella la voz de toda una historia demandando culto. Vasco de Quiroga trabajó más que oró; desdeño la riqueza para conservar limpio el nombre y nos legó lecciones de virtud a través de su vida ejemplar y humilde.

"No fue conquistador de pueblos por la espada y por lo tanto no tuvo por qué esperar venganzas ni anatemas; fue un conquistador por la civilización y la cultura que es lo único que da derecho al amor de la humanidad.

"Cuauhtémoc y Vasco de Quiroga trabajaron por la defensa y la integración de la nacionalidad, cada uno en su medio, y por esta razón, como elementos primarios de la historia de la Patria, merecen que sus nombres, simbólicamente unidos, perduren en este recinto.

"Como deseamos que la Cámara conozca y resuelva hoy, 12 de octubre de 1942, y 450o. aniversario del descubrimiento de América, atentamente pedimos que con dispensa de trámites sea puesta esta iniciativa a la consideración de la Asamblea para su aprobación.

"Atentamente.

"César Garizurieta. - Carlos Zapata Vela. - César M. Corral. - Manuel Martínez Sicilia. - Alfonso Corona del Rosal. - Y numerosas firmas más". - A la Comisión de Gobernación en turno.

- El C. Secretario Gutiérrez Roldán Emilio: Leyendo: La Secretaría de Relaciones Exteriores se ha dirigido al C. Presidente de esta Cámara informándole que mañana, a las diez y siete horas, arribarán por vía aérea a esta capital el Excelentísimo señor licenciado Carlos A. Arroyo del Río, Presidente de la República del Ecuador, y prominentes funcionarios del Gobierno de aquel país, entre los que figuran tres miembros del Parlamento.

Con este motivo, la misma Presidencia ha tomado el acuerdo de que el Congreso de la Unión celebre una sesión solemne en honor de nuestros distinguidos huéspedes, el sábado, a las diez y siete horas, designando en comisión, para hacer al Senado la invitación correspondiente, a los CC. Diputados Adolfo Manero, Carlos Samaniego G., J. Jesús Muñoz Vergara y Tomás Pérez R.

Se nombra orador para que en su representación de esta Cámara tome la palabra en dicha sesión el C. Diputado Alejandro Carrillo, y se designa, además, a los CC. Diputados Jacinto López, Antonio Betancourt Pérez, Luis Márquez Ricaño y Secretario Emilio Gutiérrez Roldán para que reciban mañana, en el puerto aéreo, a nuestros visitantes.

- El mismo C. Secretario (leyendo):

"Presidente Cámara de Diputados. - México, D.F., noviembre 17 de 1942. Patronato pro Presos Franco ruégole haga adoptar urgentemente resolución dirigirse Cámaras países amigos para presión impidan ejecución Largo Caballero ex Presidente Gobierno y demás antifascistas españoles entregados en Francia saludos respetuosos licenciado Valentín Rincón, Magistrado Corte Superior Presidente, Margarita Nelken, diputado Cortes República Española, Secretaria".

- El C. Presidente: Tiene la palabra el ciudadano diputado Zapata Vela.

- El C. Zapata Vela Carlos: Señores diputados: el Patronato pro Presos de Franco, se ha dirigido a la Cámara de Diputados pidiéndole interceda a efecto de que se hagan todas las gestiones necesarias para salvar la vida a Francisco Largo Caballero y demás presos españoles antifascistas que han sido entregados por el régimen de Francia al régimen español.

La petición del Patronato pro Presos de Franco es una instancia que cae dentro del corazón de todos los revolucionarios antinazifascistas mexicanos como un llamado angustioso de alarma y de ayuda. Pienso que no puede quedar desoído este llamado y que es un deber ineludible e inaplazable de nuestra parte como antifascistas militantes escucharle y hacerlo nuestro. Existe un imperativo por virtud del cual nosotros no podemos quedarnos impasibles frente a posibles actos que significan el sacrificio de uno de los hombres dignos y puros de la República Española, Francisco Largo Caballero, cuyo copioso historial revolucionario, de tradición de hombre honesto y de funcionario limpio, ha repercutido en todo el mundo y que entre nosotros contribuye también un ejemplo de dignidad y de austeridad, así como de calidades humanas insuperables.

Pido respetuosamente a la Cámara que haga suyo este llamado angustioso de defensa de la vida de Francisco Largo Caballero y de muchos otros antifascistas que han sido entregados al régimen de España.

Concretamente, pido que la Cámara de Diputados oficialmente dirija a la Secretaría de Relaciones Exteriores, pidiéndole que, por los conductos debidos y adoptando todos los medios que ella estime convenientes, se dirija a quien proceda para que se interceda en defensa de la vida de esos nobles y valientes luchadores españoles. Creo

que en esa forma cumplimos con un deber inaplazable e ineludible.

La solidaridad de los antinazifascistas en todo el mundo, la solidaridad de todos los elementos de la Revolución en todos los países lo demanda el honor, la dignidad de la República Mexicana también; la dignidad de la Representación Nacional, definitivamente antifascistas así lo exige.

Pido, señores diputados, que la Cámara de Diputados oficialmente se dirija a la Secretaría de Relaciones Exteriores y le plantee el problema que significa para la Revolución, para la dignidad de la patria mexicana, que en defensa de los republicanos españoles ha empeñado incluso su honor, para que se realicen todas las gestiones conducentes a efecto de salvarle la vida a Largo Caballero y a sus compañeros luchadores antinazifascistas. (Aplausos).

- El C. Secretario Samayoa Mariano: Se pregunta a la Asamblea si se toma en consideración la proposición del compañero Zapata Vela. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Sí se toma en consideración. Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Aprobada.

- El mismo C. Secretario: Continúa la discusión en lo general al dictamen de la Primera Comisión de Justicia.

- El C. Presidente: Tiene la palabra el ciudadano diputado Simoneen.

- El C. Simoneen Bernardino F.: Compañeros diputados: me he inscrito en contra de la reimplantación de la pena de muerte.

Es efectivamente muy cierto que todos los años por temporadas se presenten estas oleadas de crímenes, algunos tan espantosos como los recientes cometidos, y que es indudable que merezcan, algo más, si hubiera, que la pena de muerte.

La sociedad es muy cierto que clama horrorizada ejemplar castigo para esos delincuentes, y que día a día vea que faltan garantías, no sólo en la ciudad sino en el campo, y que no ha habido hasta ahora algo que ponga un hasta aquí a esos crímenes nunca justificables; y no sólo en la ciudad de México y sus contornos, sino en toda la República.

La falta de garantías, persecución y efectivo castigo a la delincuencia, son las causas primordiales de todo esto, pues la mayoría de las autoridades saben, porque los tienen fichados, quiénes son los delincuentes que en un momento dado pueden cometer crímenes y demás delitos, y sin embargo, o se hacen de la vista gorda o no pueden retenerlos en las prisiones, donde no hagan daño. Todos éstos salen de cumplir sus condenas con más ganas de seguir por la senda del crimen, lo que quiere decir que nuestro régimen penitenciario ni los regenera, ni los ejemplariza, para convertirlos en personas útiles a la sociedad.

La justicia, y la justicia siempre, es la responsable de este caos en que se vive; no son la falta de leyes, que las hay muchas; son funcionarios probos, rectos, justicieros, que sin temor a la consigna, al soborno, o al parentesco, los que hacen falta; y no es fácil, por lo viciados que se encuentran casi todos los tribunales, encargados de impartir esa justicia, a secas y en forma inexorable, que cumplan con su deber.

Desde el policía que ejecuta la aprehensión del delincuente, hasta el encargado del proceso y sentencia, cometan actos tan punibles a los ojos de la sociedad, como el mismo delito.

Se hace necesario, entonces, sanear primero a todos los funcionarios encargados de estos menesteres y después ver si son las leyes inadecuadas para el momento que se vive.

Todo esto es lo que hace temer la implantación de la pena de muerte, para que no resulte más malo el remedio que la enfermedad.

Efectivamente, el pueblo pide la pena de muerte; pero es obligación de los señores legisladores fijarse y señalar los peligros que sería esa pena, cuando no se cuenta con funcionarios probos y honrados encargados de cumplirla con toda imparcialidad. El mismo compañero López Arias lo reconocía ayer al defender su dictamen; y vuelvo a repetir, no sólo en la ciudad de México sucede esto, sino en toda la República.

¿No es posible perseguir la vagancia, cerrar tanto centro de vicio, en donde la policía no puede vigilar con esmero enviando a trabajar a tanto vago, vicioso y malviviente? ¿Cómo ayudar a los menesterosos alejándolos de los lugares propicios para la incubación de diferentes delitos?

¿No sería posible que en lugar de que tuvieran las comodidades inherentes a los presos, en la Penitenciaría, flojeando y pensando en vicios y delitos, se les mandara también a trabajar en obras públicas, para que hicieran algo buen o en beneficio de la sociedad que ofendieron, y en esa forma se regeneran, pues nadie duda que el trabajo convierte al delincuente en un elemento útil a la sociedad?

En mi humilde opinión, si todo lo anterior se pudiera hacer, considero que poco a poco, se acabaría con tanto futuro delincuente, y se podrían aplicar en todo su rigor nuestras leyes, que son buenas, sin consideraciones para nadie: ¡El que la haga, que la pague¡

Tengo la absoluta seguridad de que ninguno de los compañeros diputados que ha hablado en contra del dictamen lo ha hecho porque no quiera un castigo ejemplar para los chacales ya enjaulados; no todo lo contrario, ellos tienen la convicción de que esos chacales deben ser castigados ejemplarmente.

Pero, ante todo, hay que enderezar la balanza de la justicia para que esté al fiel. (Aplausos).

- El C. Presidente: Tiene la palabra el ciudadano diputado César M. Cervantes. (Aplausos).

- El C. Cervantes César M: Señores diputados: Nunca he sentido, como en esta ocasión que es urgente anticipar a ustedes mis perdones por mi atrevimiento llegando a esta tribuna a intervenir en la discusión del problema de la pena de muerte que, por su fisonomía sociológica y penal, corresponde

ser tratada por la docta palabra de los representantes populares en quienes, además de esta circunstancia, concurre su sabiduría en la ciencia del Derecho.

Pero el deber ineludible de traer a ustedes lo que considero, sinceramente, el cúmulo de impresiones captado directamente del pueblo, y, por otra parte, mi propósito de asumir con la honorable Cámara la responsabilidad histórica que le corresponda, me apartan del temor que me produce mi inexperiencia, haciendo que me dirija a ustedes para expresarles lo que, a la vista de los anhelos populares, será conveniente aprobar en esta ocasión y protestándoles que mis puntos de vista serían exactamente los de uno de nuestros hombres del pueblo que, preocupado por los acontecimientos políticos de su país, pudiera tener la fortuna, como yo, aun cuando inmerecidamente, de hablar a la Representación Nacional.

El dictamen que ahora nos ocupa tiene como antecedente la alarma social producida por los crímenes de Gregorio Cárdenas, que priva de la vida a varias mujeres, y de Pizá, que sacrifica a la compañera de su vida, e insatisfecho con este homicidio, arranca también la existencia de sus hijos.

Estos hechos conmovieron al pueblo de la ciudad de México y la prensa, captando la opinión pública, trajo nuevamente a la discusión los problemas, mucho debatidos, pero presentes aún, de si debe existir o no la pena de muerte como el medio de defender a la sociedad evitando que, en sus miembros, se cometan delitos como los que hemos presenciado, atemorizados, recientemente.

Escapa a mi preparación examinar las diversas tendencias y posturas filosóficas invocadas, unas veces, por los partidarios de la pena de muerte, y otras, por los abolicionistas y, en estas condiciones, he de concretarme a expresar, intentando fundarlo, el sentimiento popular que campea en estos instantes en que los habitantes de México están pendientes de la resolución que se tome en relación con el dictamen que propone implantar la última pena.

Insistiendo a ustedes en mis excusas por atreverme a penetrar en un problema científico, les ruego permitirme expresarles que, aun en mi estado de impreparación Jurídica, he penetrado directamente en el estudio elemental de estos problemas y fruto de ese estudio, así como de mi consulta con el pueblo, son las siguientes observaciones:

El Código Penal vigente en el Distrito y Territorios Federales, en su exposición de motivos expresa que, como filiación de escuela sus autores admiten, por la afinidad de sus postulados fundamentales, los principios de la escuela crítica o escuela de los juristas y que, en cuanto a la doctrina penal directamente aceptada, se anota de preferencia la de los maestros españoles, Saldaña, Jiménez de Azúa y Cuello Calón. Consultando a estos autores he captado, como primera impresión general que cada sistema o escuela penal abarca en un conjunto total el pensamiento de lo que es el crimen y de lo que debe ser el castigo o la sanción para el que lo comete. Independientemente de la concepción que se tenga del delito o de los delincuentes por las diversas escuelas penales, según se adopte una de ellas, se integra así un todo , congruente y homogéneo que constituye, ya en derecho positivo, el Código Penal.

De esta manera, admitiendo la declaración que se hace por los autores de nuestro Código Penal, de colocarse dentro de los postulados de la escuela crítica y de la doctrina de los penalistas españoles ya citados, habrá de admitirse que en el Código Penal existe un criterio determinado de lo que es el delito y el delincuente, con un sentido nacionalista. Dice Jiménez de Azúa que el positivismo crítico en una materia penal nace de la fecundación de las teorías indígenas de cada país, por las primeras tesis positivistas, dispersas por los vientos internacionales en los diversos pueblos; que es el producto resultante de las primitivas tesis positivistas que tiene su color local y su peculiar estilo en cada tierra.

Si esto es así, es evidente que antes que nada y sin importarnos los que otras doctrinas implantadas en diversos países, habrá de tomarse en cuenta el sentimiento popular y la primera súplica debe ser en forma de que en el debate se tenga presente, por encima de todo, el espíritu del pueblo mexicano.

Otro de los tratadistas en que se inspiran los autores de nuestro Código Penal, Cuello Calón, respecto de la pena de muerte y condensando las fundamentales razones para pronunciarse en su contra, expresa que la pena de muerte carece de la eficacia intimidativa que le atribuyen sus defensores, pues la estadística demuestra, por una parte, que en los países que la han suprimido, no se manifiesta ningún aumento de los delitos castigados por ella y, por otra parte, que los países en que aun existe, no hay indicios de que los crímenes disminuyan; que la pena de muerte carece de eficacia intimidativa y de modo especial para los asesinos caracterizados por su insensibilidad moral, para los criminales de profesión en quienes la última pena es como un especie de riesgo profesional que no les espanta y que, por otra parte, la pena de muerte es irreparable no ofreciendo recurso alguno contra los errores judiciales. De estas consideraciones este autor concluye sosteniendo que la sociedad, sin necesidad de la pena capital, tiene medios diversos de defensa. Textualmente dice Cuello Calón:

"La sociedad tiene el deber de defenderse contra aquellos delincuentes que ponen en peligro su tranquilidad y su vida; pero esta defensa es posible sin la pena de muerte, el internamiento perpetuo o indefinido de los grandes criminales, es una medida de absoluta garantía social".

"El influjo intimidativo de la pena de muerte es muy problemático para que nos esforcemos en mantener un medio penal que se encuentra cada vez más en pugna con el sentimiento de los pueblos cultos, como prueba su progresiva abolición en las legislaciones y que, además, ofrece el grave riesgo de errores judiciales irreparables. Pero en circunstancias anormales y extraordinarias, si la sociedad se encuentra en serio peligro y necesitada de proteger urgente y eficazmente su paz y su vida, por ejemplo, en trágicos momentos de caos y de desorden originados por causas humanas o naturales, entonces la misma necesidad de defensa social justificará el empleo de la última pena".

Consiguientemente, una segunda súplica muy respetuosa será de que, previamente a la opinión en relación con el dictamen, se resuelva si, verdaderamente atraviesa el pueblo de la ciudad de México por circunstancias a tal punto anormales y extraordinarias, que sea necesario reimplantar la pena de muerte, para proteger urgente y eficazmente la paz de la Capital.

Pero el todo orgánico del Código Penal vigente en la actualidad, es contrario a la última pena y, con el sentimiento humanitario del pueblo de México, alejándose de las normas derivadas del artículo veintidós constitucional, ni siquiera para los casos de traición a la patria en que indiscutible una represión ejemplar y enérgica, porque a nadie nos está permitido contrariar los dictados nacionales ni eludir los deberes que tenemos para con la patria, admite la pena de muerte; tampoco para los casos de parricidio; no para el homicidio con alevosía, premeditación o ventaja y tampoco para el incendiario.

¿Será que el Código Penal contraría la Constitución? Indudablemente no; se trata de la humanización de nuestras leyes revolucionarias y de la evolución del concepto del delito y de los delincuentes considerados como hombres, de igual manera que los son aquellos que no incurren en infracciones a las leyes penales.

Se trata, asimismo, de que el Código Penal su totalidad ha debido ser congruente con la filosofía y con las doctrinas penales que adopta y, consiguientemente, será imposible romper esa estructura total incrustando en desacuerdo con el todo armónico, una reforma como sería la de reimplantar la pena de muerte, sin modificar totalmente la estructuración del Código.

Y esto quiere decir que introducir la pena capital en el Código implica la necesidad de reformarlo en su totalidad abandonando la postura filosófica que adopta, y adoptando la que permita esa pena capital. Consiguientemente, la súplica que se impone y que me permito someter a la docta consideración de la honorable Cámara es en el sentido de que mientras no se estudie el Código Penal en su conjunto, en lugar de romper su estructura unitaria, se haga una reforma general de sus conceptos y entonces se traiga al debate un nuevo dictamen que abarque ya las preposiciones de reformarlo en su integridad.

Por otra parte, es indiscutible que los antecedentes del dictamen que hoy se discute son los crímenes al principio mencionados y por ellos se intenta reimplantar la pena de muerte; pero esta finalidad no se alcanzará atento al texto del artículo veinticuatro bis del proyecto de ley que se transcribe en el dictamen, y que excluye categóricamente los casos monstruosos a que me he referido, al determinar que la privación de la vida sólo se aplicará en los casos señalados por el Código, a condición de que no medie circunstancia alguna excluyente de responsabilidad perfectamente comprobada; y por lo tanto, siendo así que la circunstancia excluyente de responsabilidad existe y se invoca por los defensores de esos delincuentes, y se consagra por el artículo quince del Código Penal, que determina:

"Artículo 15. Son circunstancias excluyentes de responsabilidad penal: II. Hallarse el acusado, al cometer la infracción, en un estado de inconsciencia de sus actos, determinado por el empleo accidental e involuntario de substancias tóxicas, embriagantes o enervantes, o por un estado toxinfeccioso agudo, o por un trastorno mental de carácter patológico y transitorio".

Luego, precisamente, por aquellos que se trata de reimplantar la pena de muerte, no será posible aplicarla, ya que invocará esa circunstancia excluyente; y de esta manera la pena de muerte, de aprobarse, sería para otros delitos acerca de los cuales el sentimiento popular se pronuncia en contra de la pena de muerte.

En resumen, deseo expresar a la Honorable Cámara que, en atención a lo trascendente de la resolución que se tome y en vista de la necesidad imperiosa de escuchar las opiniones populares en la forma más amplia posible, es conveniente divulgar el proyecto de reformas al Código Penal y los puntos del dictamen, con toda la amplitud posible, y pedir la opinión de las diversas sociedades científicas y de las autoridades, así como el pueblo, para que, en presencia de estos elementos, la Cámara de Diputados, con plena conciencia de sus actos, apruebe o rechace las reformas que se proyectan a nuestro Código Penal.

Por otra parte quiero expresar que el sentimiento popular reprueba los crímenes como los cometidos recientemente y que antes he mencionado, y para ellos, pero solamente para ellos, es para los que tal vez valga pena reimplantar la pena de muerte; pero esto bien entendido de que podrá hacerse sólo cuando se reforme el Código Penal en su integridad y se adicione con un capítulo en el que se exprese que por las circunstancias excepcionales de los delitos será posible aplicar la última pena como mal necesario, independientemente de los sentimientos generosos y humanitarios del pueblo de México.

En conclusión me permito someter a la muy ilustrada consideración de la honorable Cámara las siguientes proposiciones:

I. Debe divulgarse el proyecto de reformas al Código Penal y el dictamen de la Primera Comisión de Justicia de la Honorable Cámara de Diputados en relación con la pena de muerte, y pedirse la discusión entre las sociedades científicas y populares de la ciudad de México y de los Territorios Federales para que expresen su parecer en relación con la iniciativa de reformas;

II. Mientras tanto, debe aplazarse la resolución al dictamen de la expresada Primera Comisión de Justicia; y

III. El Código Penal, en su caso, deberá ser motivo de una reforma de carácter general para conservarlo como es, un todo orgánico en armonía con la doctrina penal que adopta.

IV. En su caso se introducirá una reforma que se limite a permitir la aplicación de la pena de muerte para los casos que han motivado este debate y cuando concurran circunstancias anormales y extraordinarias en que la sociedad se vea seriamente amenazada y ante la necesidad de

proteger urgentemente y de modo eficaz su tranquilidad y su vida con la aplicación de la última pena. (Aplausos).

Señores diputados: al principio aclaré que no entiendo ni estoy preparado en leyes. Por lo tanto, quiero suplicar a la Comisión me informe si es verdad que el proyecto de ley está de acuerdo o en contra del Código Penal. (Aplausos).

- El C. Gutiérrez Roldán Emilio: Pido la palabra.

- El C. Presidente: Tiene usted la palabra.

- El C. Gutiérrez Roldán Emilio: Compañeros: Realmente estoy un poco desorientado. Tal parece que el orden de los oradores se ha alterado. Acaba de hablar un orador en contra del dictamen, profundamente en contra del dictamen. Yo voy a hacerlo en igual sentido, y como se ha venido alterando el pro y el contra, por eso he creído que se ha alterado el orden de los oradores.

El compañero Cervantes ha hecho una larga exposición de todos los argumentos que nos llevan a sostener la idea de no estar en favor del dictamen de ninguna manera, y concluye con peticiones que son absolutamente imposibles. En primer lugar y en lo referente a que se dicte una disposición en virtud de la cual pueda ejecutarse a los reos que han provocado esta discusión, o sea los casos de Gregorio Cárdenas Hernández y de Pizá, el compañero Cervantes debería saber que las leyes no se aplican retroactivamente, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución.

- El C. Cervantes César: (interrumpiendo): Aclaro que no se trata de estos crímenes. Seguramente el compañero Gutiérrez Roldán no escuchó bien.

- El C. Gutiérrez Roldán Emilio (continuando): De otra manera debería considerar también que las leyes se hacen para todo el país y para todos los habitantes y que no puede legislarse sólo para uno o dos individuos...

- El C. Cervantes César (interrumpiendo nuevamente): Vuelvo a aclarar que no se trata de esos dos individuos.

- El C. Gutiérrez Roldán Emilio (continuando): En esas circunstancias yo quiero ahondar en la parte más inmediata del problema, en la parte más práctica, por decirlo así, ya que no encontrándome plenamente capacitado para abordar el problema en sus etapas de altura, quiero referirme a otra cosa: a las condiciones que podemos estar entendiendo todos los que estamos aquí.

Yo considero que el establecimiento de la pena de muerte nuevamente en el Distrito Federal y en los Territorios, no viene a resolver el problema. En esta tribuna hemos escuchado argumentos numerosísimos que demuestran que es todo el engranaje de la justicia, que es todo el procedimiento para la aplicación de la justicia, el que se encuentra viciado; que no sería una solución aceptable, y no sólo aceptable, sino eficaz, la aplicación de la pena de muerte, ya que en esta misma tribuna se nos ha dicho que estando en vigor la pena de muerte en la mayoría de los Estados de nuestra República durante un largo número de años, salvo en muy contados casos, se hizo realidad. Datos estadísticos demuestran que habiéndose dictado cerca de cuatrocientas sentencias, a la pena capital en el Distrito Federal, no se aplicó sino una de carácter eminentemente político.

Los que estamos en contra del dictamen consideramos que los argumentos que esgrimió el Presidente de la Comisión de Justicia, principalmente en sus datos estadísticos, fueron grandemente inflados. Nos vino a decir a esta tribuna el número total de homicidios registrados en el Distrito Federal durante un número determinado de años, pero no hizo la discriminación de cuántos de aquellos casos correspondían a aquellos para los cuales los que tienden a aplicar la pena de muerte piden que se aplique efectivamente y cuántos de esos casos de homicidio corresponden a aquellos, que ellos mismos señalan como casos, en los que no debe aplicarse la pena de muerte.

- El C. Márquez Ricaño Luis: ¿Me permite una pregunta el orador?

- El C. López Arias Fernando: Yo quiero preguntar al orador, quiero que me diga si los datos estadísticos fueron inflados por la Dirección General de Estadística o están inflados los comentarios. (Aplausos).

- El C. Gutiérrez Roldán Emilio: Los datos estadísticos fueron inflados por la forma en que los presentó el orador de esta tribuna.(Aplausos).

- El C. Márquez Ricaño Luis: Una pregunta al orador. Yo quisiera que el señor diputado Gutiérrez Roldán nos explicara, de una manera clara y precisa, por que califica de infladas esas estadísticas del diputado López Arias.

- El C. Gutiérrez Roldán Emilio: Voy a procurar hacerlo con toda claridad posible, compañero Márquez Ricaño. Los que están en favor de la aplicación de la pena de muerte establecen una distinción perfectamente marcada en los casos en que debe aplicarse y en los casos en que no debe aplicarse; dicen: debe aplicarse la pena de muerte en los casos de suma gravedad, cuando concurran la circunstancias fulana, zutana y mengana; pero en cambio, nosotros no somos partidarios de que se aplique la pena de muerte en aquellos en que interviene la posición en que hay la comisión de un crimen ocasionalmente, etcétera, etcétera; y yo pregunto: si no es lo que interesa. . .

- El C. Márquez Ricaño Luis (interrumpiendo): Una aclaración: Mi pregunta - si usted me permite - no es la que me está contestando. Mi pregunta es que en qué consiste, según usted, la inflación de las estadísticas.

- El C. Gutiérrez Roldán Emilio: Cualquiera que trate de interpretar números sabe que los promedios resultantes que norman el tomar determinaciones definidas valen, más o menos, de acuerdo con la forma y la tendencia con que las cifras se presenten; y si hay una ocultación en las características de las cifras, las determinaciones que se adquieran son lógicamente erróneas. (Aplausos).

- El C. Garizurieta César: Compañero Gutiérrez Roldán: Usted como ingeniero agrónomo, que ha trabajado en el campo y que es ducho en estadísticas, dígame, ¿no es cierto que las fuentes estadísticas y las personas encargadas de proporcionar estos datos estadísticos son los presidentes municipales, que

muchas veces ponen a sus hijos a que llenen las formas para hacer verdaderas tareas escolares y que estos datos nunca se pueden tomar en serio porque adolecen de múltiples errores?

- El C. Gutiérrez Roldán Emilio: Efectivamente, compañero y licenciado César Garizurieta, nuestra estadística está atrasada; sin embargo, quiero tomar como buenos los datos del señor licenciado López Arias nos dio aquí; pero sobre ellos quiero establecer esa diferencia, porque no es lo mismo que él los use diciéndonos ciento cincuenta y tantos mil homicidios, aproximadamente, en quince años. Y yo quisiera preguntarle al licenciado López Arias si, como consecuencia de esos ciento cincuenta y tantos mil homicidios, ¿quisiera ciento cincuenta y tantas mil ejecuciones también? Tú matas, yo te mato para ir a la par; y si son ciento cincuenta mil los muertos, pues vamos ajusticiar a ciento cincuenta mil. (Aplausos y voces: ¡ Ah ! ¡ ah !)

Los compañeros que están determinados a defender la reimplantación de la pena de muerte están siendo guiados exclusivamente por los casos de Hernández y de Pizá y uno o dos más habidos últimamente, esporádicamente, en un tiempo determinado. Los compañeros están tomando un camino perfectamente erróneo. No es el promedio de criminalidad el que marca los crímenes de Hernández y Pizá; son casos esporádicos que se han presentado y que deben estudiarse y resolverse en forma detenida para darles la resolución que convenga.

Yo aseguro, y tengo la seguridad de no equivocarme, que el mayor número de homicidios que se registran en la República, sea en la Capital o sea en cualquier parte de la provincia, provienen de aquellas riñas ocasionales que se presentan entre la clase campesina, entre los obreros por estar mal orientados, por no tener toda la asistencia y educación que necesitan tener esas clases desheredadas. (Aplausos). No vamos a tomar, en momentos de responsabilidad tan grande como la que tiene la treinta y ocho Legislatura, la determinación de dar un paso atrás en el concierto de las naciones civilizadas. No estoy tampoco de acuerdo con los oradores que vinieron a sostener la reimplantación de la pena de muerte, y que para casos como estos vengamos a esta tribuna a decir que somos un pueblo casi casi semisalvaje. Tenemos nuestro índice de civilización, los hombre que dirigen el país pueden rivalizar en estudios con los elementos, con los hombres más grandes de otras naciones consideradas como intensamente civilizadas. El hecho de que las masas de nuestro pueblo no tengan el grado de civilización que necesitan, debe de ser un argumento de condolencia para nosotros; pero no argumento para venir a pedir leyes bárbaras en este recinto que debe servir para defender la vida de México. (Aplausos).

Hemos pasado un régimen de gobierno en México, y estamos en otro, ambos respetuosos de la vida ciento por ciento.(Aplausos). La opinión del Presidente Cárdenas siempre fue contraria a la pena de muerte, siempre condenó los atentados a la vida humana. El Presidente Avila Camacho está en iguales condiciones: es un defensor decidido de la vida en México, y no vamos a ser nosotros los que abramos la puerta a posibles autoridades locales sin escrúpulos que urdiesen expedientes para organizar la ley fuga. Si estamos de acuerdo en que la reimplantación o la no reimplantación de la pena de muerte no elimina la ley fuga, ¿para que vamos a legalizarla aprobando el dictamen que nos presenta la comisión? (Aplausos).

Quiero insistir en esta tribuna que es un hecho plenamente demostrado de los criminales natos, los criminales profesionales, profesionalmente corren el riesgo de perder la vida, y que ellos, más bien que intimidarse, se entregan a muchas consideraciones: primero, poder cometer el crimen con absoluta impunidad, que no se descubra; en segundo lugar, que si dejaran huellas y los descubrieran, no los aprehendan, y que si, por desgracia, los aprehenden, encuentran una autoridad a quien comprar para no entrar a la cárcel; pero si entran, y los llevan a la cárcel, encontrar un buen defensor; y si no encuentran el buen defensor, que todavía les quede el recurso de escaparse de la cárcel, y si no lograran fugarse de la cárcel que les quede el recurso de la abolición de su condena o de un indulto. Son muchos los pasos que un criminal tiene en su juego antes de pensar si va a perder la vida o no.

La pena de muerte no intimida a los criminales; la pena de muerte intimida a los que no son criminales; intimida en donde no es necesario que intimide.

En México, mientras existieron motivos para sublevaciones en contra de regímenes de opresión, los fusilamientos fueron a granel. Es la única época, en fechas recientes, en que vimos fusilamientos colectivos, y los fusilamientos seguían. Dejaron de levantarse las gentes en México cuando dejaron de existir las causas que provocaban esos levantamientos. (Aplausos). La muerte, por lo tanto, no intimida, y no es que quiera decir que los mexicanos debamos considerarnos como bravos. Esa es una fama que mucho nos perjudica. Es mentira. El mexicano es pacifico, es amante de la paz, no es cierta la fama que tenemos, eso del pistolerismo es una cosa que se ha desvirtuado, no es la generalidad del pueblo de México; el pueblo de México es el pueblo pacífico, amante de la paz, no somos belicosos; pero sí tenemos deficiencias en nuestra organización que todavía la Revolución no ha logrado combatir, y si el Estado, ya convertido de Revolución en Gobierno, no ha cumplido todavía para con la sociedad, no tiene derecho a exigir al extremo de llegar a implantar la pena capital.

Quiero contestar la alusión que sin nombrarme me hizo el compañero López Arias: el día de ayer se volteó al sector campesino para decirle que qué iba a decir el sector campesino, que cuántos campesinos en la acción de la entrega de las tierras sucumbieron a manos de los hacendados; que los ingenieros agrónomos que habíamos ido a entregar esas tierras nos habíamos dado cuenta de esa situación. Y quiero preguntarle a cuántos hacendados se ejecutó por haber matado campesinos. (Aplausos). En cambio sí puedo decirle que elementos de dependencias oficiales, como el Banco de Crédito Ejidal, como la Dirección de Organización Agraria

Ejidal, el personal de la organización de los campesinos, la Confederación Nacional Campesina, dedican una gran parte de su tiempo para servir de abogados con el objeto de sacar de la cárcel a los campesinos que so pretexto cualquiera son metidos a ella y que, en cuanto tienen la posibilidad, se tramita lo necesario para poder ajustarlos legalmente.

Esa es la realidad. Los campesinos no son beneficiados con la pena de muerte. Y como argumento siguiente, quiero esgrimir el de que en México, en los Estados Unidos o en China, el que tiene dinero no llega hasta el patíbulo, y el que no tiene cuenta con más probabilidades de sí llegar a él. La pena de muerte no viene a resolver el problema. La pena de muerte en México entró sola en desuso. Fue una ley que casi no se aplicó. Sí la criminalidad, sea de criminales natos o de simples rijosos, asusta a la sociedad y nos preocupa a nosotros, vayamos a la parte fundamental del problema, no nos detengamos en dictar una medida que no va a servir para nada; hagamos la revisión total de los procedimientos y de las actuaciones de la aplicación de la justicia; propugnemos por que se establezcan los regímenes penitenciarios que ya una corporación como México requiere. No nos estemos parados viendo que tenemos una Penitenciaría en el Distrito federal que nos legara el porfirismo. La revolución se ha detenido en la puerta de las cárceles; hasta allí ha llegado la Revolución; la Revolución no ha entrado al interior de las cárceles. (Aplausos). Si a mí me pudieran asegurar en forma definitiva, si hubiera argumentos suficientes para convencerme de la aplicación de la pena de muerte daría la solución a estos problemas, yo votaría por la pena de muerte; pero estoy convencido de lo contrario. es una medida innecesaria que no va a remediar nada y que va a producir muchos males, va a ser más usada por muchos malos mexicanos en todos los países; no va a servir para remediar, no va a servir para resolver el problema.

Propugnemos por la mejor educación, propaguemos por los mejores medios penales, propugnemos por que los reos se conviertan en trabajadores y vayan a trabajar a las cárceles y aunque en una forma condicionada, de esa manera sigan siendo útiles a la sociedad. No soy de los que comulgan con la idea de que aquel que mató deba matársele por el sólo hecho de no querer mantenerlo, porque esto sería un problema de tres garbanzos y dos frijoles, compañeros. Ese no es el problema. Nuestra mira debe ser más alta: debemos tomar el problema tan profundamente como es, debemos de llegar hasta donde deba llegarse y no contentarnos hasta querer pararlo tapando el sol con un dedo. ¡No lo taparemos nunca! Si queremos hacer una labor de altura, debemos de abordar el problema en toda su magnitud. Por ello estoy definitivamente en contra del dictamen, (Aplausos).

- El C. López Arias Fernando: Pido la palabra para una aclaración.

- El C. Secretario Samayoa Mariano: Tiene la palabra la Comisión.

- El C. López Arias Fernando: Únicamente para hacer una aclaración pertinente al señor ingeniero Gutiérrez Roldán. Los datos estadísticos que proporcionó a ustedes la Comisión, no fueron inflados. Yo entiendo por inflar, aumentar las proporciones reales de un informe. Pueden haber sido estos mal expuestos o mal interpretados; pero nunca inflados; y en último caso, si yo he leído las cifras exactas que me proporcionó una dependencia oficial encargada de ello, se entiende también que, el último extremo, sería la Dirección General de Estadística la que infló esos informes, no la Comisión.

Quiero también aclarar al compañero Gutiérrez Roldán y a la Asamblea, para que normen su criterio, que no me guió ningún interés mezquino al presentar a ustedes estas cifras, porque no las iba a aprovechar para deducir de ellas la bondad o la deficiencia de la reimplantación de la pena de muerte. Lo único sobre lo que quiero insistir es señalar ante ustedes y ante el país, anticipadamente, la cifra espantosa de ciento cuarenta y siete mil individuos privados de la vida por manos asesinas. No es lo que propone la Comisión matar a ciento cuarenta y siete mil y tantos para resolver el problema de la muerte de otros tantos individuos. Lo que la Comisión sostiene es esto: que la pena puede ser un freno para la delincuencia.

Quiero hacer también al compañero Gutiérrez Roldán esta otra aclaración: los casos a que él se refiere son precisamente los mismos a los que no se refiere la Comisión. Los casos a los que se refiere la Comisión son aquellos contenidos en el artículo veintidós de las Constitución de la República que son: los de traición a la patria, de parricidio, de homicidio calificado con las calificativas de premeditación, alevosía, ventaja y traición.

De modo, pues, que aceptando que las estadísticas sean deficientes, en lo que yo también estoy conforme con el compañero Gutiérrez Roldán, porque no se hace la clasificación entre los delitos de los homicidios simples y los homicidios calificados; - en eso les doy la razón - , precisamente los números son los que no van a dar un criterio de la curva ascendente del crimen, en cuanto a los delitos calificados; pero yo únicamente quiero decir al compañero Gutiérrez Roldán, poniéndonos en los extremos más elevado: ¿vamos a quitarle ciento cuarenta mil hombre muertos por homicidio simple y vamos a dejarle siete mil por homicidio calificado? Entiendo yo que precisamente a eso se refiere la Comisión.

Creo que hemos sido demasiado claros, completamente claros: no queremos que se aplique la pena de muerte a los delincuentes ocasionales que se han visto obligados a matar por la necesidad del movimiento, o de la delincuencia pasional a quien empujan sus instintos o el impulso que le nace al recibir una ofensa o al sentirse agraviado. No; nosotros sabemos que esos deben ser considerados dentro de otra situación jurídica. Nos referimos nosotros a aquel individuo que esta premeditando el crimen, que está pensando cómo eliminar a su víctima, que está pensando cómo tener ventaja sobre esa víctima

para asesinarla impunemente, sin correr riesgos, me refiero al que espera tras de un esquina a hora avanzada de la noche al pacífico transeúnte para asesinarlo. A eso se refiere la Comisión. (Aplausos).

- El C. Zapata Vela Carlos: Para una interpelación.

- El C. López Arias Fernando: Estoy haciendo aclaraciones.

Ahora, compañero Gutiérrez Roldán, quiero aclararle este concepto: dice usted que los que no tienen dinero sí pueden llegar al patíbulo y los que tienen pueden no llegar. La ley, compañero Gutiérrez Roldán, no se hace para los pobres ni para los ricos; se hace para los criminales, sean ricos o sean pobres. (Aplausos). La ley no distingue entre criminales pobres y criminales ricos, la ley se refiere a criminales nada más.

Ahora yo plantee...

- El C. Garizurieta César: Una aclaración.

- El C. López Arias Fernando: No hay ninguna cosa obscura, compañero. (Risas)

Yo plantee ayer esta situación, yo acepto, porque es correcta, la afirmación del compañero Gutiérrez Roldán: existe una enorme deficiencia en la aplicación de la ley; pero ese es otro problema que debe abordarse aquí, es otro problema distinto, alejado completamente de la cuestión que nos ocupa. Nosotros dictaminamos sobre una ley que tenemos de la seguridad de que sirve de garantía a la sociedad. Después, si ustedes lo aceptan también - y ojalá que aceptaran esa responsabilidad, que la aceptáramos todos - discutiremos si los hombres que aplican la ley la aplican con justicia y con verdadero conocimiento de causa. (Aplausos).

- El C. Presidente: Tiene la palabra el ciudadano diputado Gil Preciado.

- El C. Gil Preciado Juan: Señores diputados: sin duda que este tema en debate en derredor de la pena de muerte, es uno de los que mayor pasión han despertado a los miembros de esta XXXVIII Legislatura. Es evidente que al venir aquí con nuestros razonamientos, con nuestro entusiasmo, con nuestros sentimientos, nos hacemos eco del sentir de los sectores que representamos o del sentir, mejor dicho, de la opinión pública.

Incuestionablemente que nosotros hemos auscultado la vida de los diversos sectores que representamos en nuestros distritos e incuestionablemente que el conjunto que aquí formamos y que es la representación del pueblo, hace que aquí se exprese exactamente el sentir de la opinión pública. De otra manera, estaríamos negando nuestra propia representación ¿Cuál es, pues, en síntesis, la función nuestra dentro de esta Cámara y desde esta tribuna? Es la de representar la interpretación genuina del sentimiento del pueblo. En esas condiciones, vengo a esta tribuna haciéndome eco del clamor popular, a defender la pena de muerte. Tanto para discutir este asunto, como para dictaminarlo, es menester, compañeros diputados, que obremos con profunda responsabilidad, con profundo sentimiento moral, con exacto criterio de nuestro deber. Vamos siendo intérpretes de la realidad social y del clamor de todos los sectores del pueblo....

- El C. Peña Palafox Alfonso: (Interrumpiendo). No entiendo. Aquí el compañero representante de un Distrito del Estado de Jalisco, Distrito del Estado de Jalisco en donde no existe la pena de muerte. Quisiera preguntar al compañero Gil Preciado si la expresión de su Distrito es la de que exista la pena de muerte.

- El C. Gil Preciado Juan: Precisamente, compañero, en mi Estado son tantos los crímenes que con frecuencia se cometen, de la misma naturaleza de los del Distrito Federal, que en esas condiciones vengo a hablar de acuerdo con la expresión de mi Distrito.

Y al compañero Gutiérrez Roldán le quisiera preguntar lo siguiente: No hace muchos días que compañeros del Estado de Veracruz, compañeros de la Campesina Mexicana y el propio compañero y estimado amigo mío ingeniero Emilio Gutiérrez Roldán, desde esta tribuna vinieron a condenar en el Estado de Veracruz el pistolerismo sanguinario que asesinó a uno de nuestros compañeros, que recordamos con dolor. Yo siento mucho, como lo sienten intensamente los compañeros, que el crimen no se detenga a la puertas de esta Cámara, que el crimen no se detenga ante una representación popular y, juntamente con los compañeros de la Campesina, elevo mi sentimiento de pena por la muerte del compañero González.

Mas tarde, a esta misma tribuna, el compañero Reynoso y el compañero doctor Gómez Esparza, que en vano "quiso extraer una pistola de un veliz" (risas) vinieron aquí para honra de esta Cámara, un prestigio nuestro, a pedir el desafuero de Ortega Zavaley. No a condenarlo, porque la justicia será la que se encargue de juzgarlo; pero sí, haciéndose eco esta Cámara del clamor popular y de que la opinión pública señalaba como responsable de asesinato a Ortega Zavaley, esta misma Cámara no hace muchos días, unánimemente votó el desafuero de Ortega Zavaley...

- El C. Gutiérrez Roldán Emilio (interrumpiendo) Para contestarle que ni el caso de González ni en el caso de Zavaley se pidió nunca la pena de muerte.

- El C. Gil Preciado Juan (continuando) Pues yo digo al compañero que precisamente estamos discutiendo y deseando que se aplique la pena de muerte para evitar estos crímenes. Condenar el pistolerismo sin reprimirlo, no es ninguna medida eficaz.

Hay que dictar medidas que repriman la criminalidad, porque la pena de muerte, en contra de la opinión de mi querido amigo Gutiérrez Roldán, sí es intimidativa, sí es ejemplar y sí es defensa social.

Además, no sólo la pena de muerte, - porque estamos discutiendo para el Distrito Federal y los Territorios - , debe aplicarse en el caso de crímenes como los que se han venido señalando. Recuerden ustedes, compañeros, que estamos en guerra, y que el Código Penal para el Distrito y Territorios Federales no previene la pena de muerte ni en los delitos contra la seguridad exterior de la nación ni de la traición a la patria; dice simplemente el artículo 123: "Comete el delito de traición: el que atenta contra la

independencia de la República Mexicana, su soberanía, su libertad o la integridad de su territorio, si el delincuente tiene la calidad de mexicano por nacimiento o por naturalización, o ha renunciado su nacionalidad de mexicano, dentro de los tres meses anteriores a la declaración de guerra o al rompimiento de las hostilidades entre un enemigo extranjero y México, si no ha precedido esa declaración".

"Artículo 124. Se impondrán prisión de ocho a treinta años y multa de mil a diez mil pesos..."

Lo que quiere decir que en el mismo Código Penal no se previene la pena de muerte por delitos de traición a la patria, ni el importe de la multa.

- El C. Zapata Vela Carlos: Para una interpelación al orador ¿Y qué es el fuero de guerra?

- El C. Preciado Juan Gil: También se ha dicho aquí que la pena de muerte sólo se aplicará a los pobres, a los que no saben leer, a los que no saben escribir. Yo pregunto a ustedes: ¿Acaso el caso de Hernández Cárdenas no es el de un individuo que los mismo periódicos dijeron que era un adelantado estudiante de la carrera de ingeniero químico? ¿Acaso el otro crimen cometido por el salvaje Pizá no fue el de un empleado de la Contaduría Mayor de Hacienda? En esas condiciones no es solamente contra los ignorantes, contra los que no han adquirido cultura, contra quienes va la pena de muerte. Ya lo decía el compañero López Arias: las leyes son rígidas y absolutamente generales; no tienen distingos.

Debemos decir en esta tribuna también, que la justicia, o los jueces encargados de aplicarla, no sólo en el Distrito Federal sino en todo el país, carecen de moral. Debemos ser valientes y darnos cuenta que en el ramo de justicia hay mucha inmoralidad. Que treinta y dos años de revolución no han sido posibles para sanear la justicia; hay jueces que en "mafia" con abogados y tinterillos corrompen el ramo penal. Aquí tengo un recorte del periódico del domingo, en donde nos damos cuenta de la clase de justicia que se aplica:

"Murió la amante lesionada. El agresor ya está en la calle".

"El Puesto de Socorros número 1 de la Cruz Verde comunica a la treceava delegación del Ministerio Público, el fallecimiento de Isaura Hernández Pacheco, a resultas de las gravísimas lesiones que con arma blanca le causara su amante Adalberto Tovar Miranda, que ya se encuentra en libertad bajo fianza.

". . . . . . . . . .

"El heridor de Isaura fue enviado a la Penitenciaría de donde salió en libertad, según nos informaron los propios familiares de Isaura con una fianza de dos mil pesos que otorgó el mismo día que entró a la casona de Lecumberri, por lo que es de esperarse que, antes de que pueda evadir la acción de la justicia, el juez dicte nuevo auto en el que ordene su encarcelamiento".

Lo que quiero decir que hay mucho soborno en la justicia, que no se aplica rígidamente y que es uno de los males que he señalado; que allí está la llaga, precisamente para que anden por las calles paseando su impunidad los criminales convictos y confesos.

Hay que ser claros en esta discusión y decir que los responsables de la gran cantidad de crímenes que se cometen no sólo en el Distrito Federal, sino en el país, son los jueces encargados de aplicar la justicia.

Además, y ya se dijo ayer desde esta tribuna, los constituyentes de 1857 autorizaron la pena de muerte en tanto se estableciera en México el régimen penitenciario. No se va a negar la cultura y el valer de muchos de los liberales que participaron en los debates del Constituyente de 1958: Ignacio Vallarta, Manuel Altamirano, Melchor Ocampo, Zarco; y más tarde los constituyentes de 1917. Igualmente, en un debate en el que participó como ponente el general Francisco J. Múgica y en el que estuvo defendiendo el contra - compañero Zapata Vela - , Heriberto Jara, se obtuvo que se aplicara la pena de muerte por la mayoría de votos.

¿Han cesado, pregunto yo, compañeros diputados, las causas que determinaron a los constituyentes de 1857 y más tarde a los de 1917, para que deje de existir la pena de muerte? Incuestionablemente que no, porque todavía no existe un régimen penitenciario en México. Además, en esta hora de lucha en que el mundo se debate en la guerra yo voy a preguntar a ustedes ¿qué hacen las democracias sino matar para poder vivir?

Por todos estos razonamientos, por todas estas consideraciones, y haciéndome eco de clamor popular, vengo a pedir que se apruebe el dictamen de la Comisión. (Aplausos).

- El C. Presidente: Tiene la palabra el ciudadano diputado Carlos Samaniego.

- El C. Samaniego Carlos: Señores diputados: si el debate en estos momentos ocupa la atención de la Cámara, y a despertado creciente interés entre todos los sectores sociales de México, no tuviera aspectos eminentemente sociales y humanos, no abordaría esta tribuna y dejaría el trabajo a los señores licenciados que entienden más en la materia; pero para mí, el problema que se debate es un problema absolutamente humano, es un problema que se debe resolver ajustándose a la realidad que vive México y no tratando de salirnos de esa realidad cruda que todos nosotros sentimos.

La proposición original del señor diputado Hernández Cházaro que fue presentada el año anterior, vino a cobrar interés movida por la grandísima publicidad que han hecho los periódicos, que encontraron un negocio en la morbosidad del pueblo al conocer los detalles truculentos de los crímenes de Cárdenas Hernández y de Pizá.

- El C. Márquez Ricaño Luis: (interrumpiendo) Yo quiero aclarar al compañero Samaniego que los diputados que somos partidarios del dictamen de la Comisión de Justicia, no lo somos por el hecho de que la iniciativa presentada el año pasado por el compañero Hernández Cházaro haya tomado actualidad por los crímenes recientemente cometidos, sino por una convicción que sustentamos desde aquella época; y el coronel Hernández Cházaro,

autor de la iniciativa, desde aquel entonces fue movido por esa misma convicción de que debía establecerse la pena de muerte y no ha querido que terminara nuestro período sin que este asunto se debatiera aquí.

El C. Samaniego Carlos: Creo, compañeros, diputados, que estamos en un debate de altura y aquí el mismo compañero Márquez Ricaño pedía ayer ponderación y atención para todas las opiniones de los compañeros. A mí me merecen absoluto respeto y estimación las opiniones de los compañeros que hablan en contra y presentan argumentos que nos dan puntos para defender, o mejor dicho, para impugnar el dictamen. Yo no he dicho que la Comisión haya formulado este dictamen influenciada por la agitación que provocaron en el pueblo de México los periódicos, en torno al asunto de Cárdenas Hernández, y que encontraron, al darle tanta publicidad, un brillante negocio. Yo sostengo de una manera absoluta, que se trata de modificar el Código de Procedimientos Penales, la legislación penal para el Distrito y Territorios Federales, tratando de aprovechar un momento circunstancial, y creo que en la responsabilidad que para nosotros implica un debate de tanta importancia, no debe influir en lo absoluto el momento psicológico que viene como consecuencia de una publicidad que se ha hecho para alentar el espíritu morboso del pueblo y conseguir un brillante negocio. A todos ustedes, compañeros diputados, les consta que en el momentos en que ese crimen se cometió, si se buscaba a la prensa a las diez de la mañana no se conseguia, porque se había agotado el doble tiraje que se hacía y que se ocupaba sólo de este crimen; pero no creo que a la Asamblea interese grandemente este dato, como no creo tampoco que debamos nosotros basarnos en la reacción que produjo un crimen pasional que no pudo haber cometido más que un loco, ya que no había ningún interés material que lo justificara. No creo que a nosotros nos interese analizar las circunstancias en que estos crímenes se cometieron, puesto que, repito, no creo que una persona normal, que una persona sana sea capaz de cometerlo. A nosotros lo que nos interesa es el problema real, el problema humano que significa la reimplantación de la pena de muerte, y nos interesa particularmente tomar en consideración las argumentaciones que la Comisión y que los compañeros que han venido a hablar en favor del dictamen han hecho en esta tribuna. El compañero López Arias hacía ayer una afirmación categórica y terminante. Decía el compañero López Arias, con palabras textuales, que nos son las leyes las malas en México". ¡Una gran verdad! "Que son los hombres o las personas encargadas de ejecutarlas, de aplicarlas, los malos". ¡También una grandísima verdad! El compañero Gil Preciado hace un momento repetía una misma afirmación en esta tribuna cuando decía que hay mucha inmoralidad en la justicia. Si nos atenemos a estas afirmaciones es indudable que tenemos que hacernos una reflexión: ¿vamos nosotros a poner en manos de esas autoridades penales una autorización para que maten? Yo creo, compañeros diputados, que la realidad de la provincia es la realidad del Distrito Federal, posiblemente en la provincia un poco más acentuada. Repito: ¿Vamos a poner en manos de esas autoridades venales, de esas autoridades accesibles al dinero y a las influencias políticas, la autorización para que maten a sus adversarios políticos, a los elementos que en el pueblo se oponen a que el cacique siga enriqueciéndose a costa del pueblo? Yo creo que nosotros debemos pensar un poco más adelante. Debemos pensar con más realismo. No es, como dijera el compañero López Arias: "leyes lo que falta a México". Yo afirmo que sobran leyes en México y que los mismos señores licenciados, en un momento dado, no se encuentran en condiciones de interpretar todas las leyes. En México sobran leyes y faltan hombres; esa es la realidad de México, faltan hombres honestos en los puestos públicos, faltan hombres honestos en la administración de la justicia y entonces, si nosotros somos auténticos representantes del pueblo, debemos de ver por que se sanee la justicia, por que se encuentren las personas capaces de interpretar las leyes como nosotros y como las anteriores Legislaturas las han emitido.

Se ha hablado por los compañeros que impugnan el dictamen, de la necesidad de reformar el sistema penitenciario, y realmente los argumentos que ellos han representado son muchos; pero quiero hacer esta pregunta: ¿La pena de muerte resarce a la sociedad del mal que se le ha hecho? ¿El matar al que mató resarce a la familia del matado del daño ocasionado? ¿La familia del individuo que queda inutilizado por lesiones que recibió a traición y que no ocasionan la muerte, pero que sí lo imposibilitan absolutamente para dedicarse a trabajar, queda resarcida, porque se mata al agresor?

Yo creo que la sociedad no se resarce de los males que se le han causado, con el solo hecho de exterminar al que se los causó. Para ser más concreto: yo no abogo por la criminalidad, ni por los criminales. Estamos convencidos de que es necesario acabar con la criminalidad; pero no creo que la pena de muerte sea lo indicado para acabar con ella. Y esta afirmación mía cobra mayor fuerza con la de los compañeros que sostienen el dictamen, cuando han manifestado en forma clara y terminante, que durante todo el término del tiempo en que estuvo en vigor la pena de muerte, no se ejecutó más que en el único caso en que la Constitución no autoriza la pena de muerte.

Se demostró por medio de las estadísticas, que la criminalidad fue en mayor proporción en los pueblos, cuando existió la pena de muerte, que ahora que no existe.

Luego, entonces, llegamos a la conclusión de que no es intimidatoria la pena de muerte; en cambio, un régimen penitenciario que debe establecerse creo que sí es intimidatoria y que sí resarce a la sociedad de los perjuicios que los criminales le han causado. ¿Por qué los compañeros que sostienen el dictamen se fijan solamente en los delitos que ameritan la aplicación de la pena máxima y no en los delincuentes que cometen delitos, que si no ameritan la pena máxima sí penas severas por que causan grandísimos trastornos y males a la sociedad?

Se va seguir tolerando que vivan en la penitenciaría teniendo mujer, teniendo radio en esos lugares, recibiendo licores, recibiendo visitas y viviendo con mayores comodidades que nosotros que estamos dedicados a nuestro trabajo¿ Creo que debemos colocarnos en la realidad, que debemos ser realistas, si es nuestro propósito atacar, no ya el problema de la delincuencia por lo que se refiere a las penas que los que delinquen merezcan, sino el problema integral de la criminalidad en México y la forma en que se aplica la justicia, debemos ir a la resolución con valor. Debemos denunciar la forma en que la justicia se aplica en México y la forma en que los jueces son accesibles a las influencias políticas o al dinero.

Yo, repito, compañeros diputados, no creo que el que nosotros aprobemos una medida legislativa de esta naturaleza traiga consigo que se acabe con la ola de criminalidad, que no de ahora sino de siempre, ha padecido México.

Yo creo, juntamente con el compañero López Arias, que las leyes son buenas, que lo que falta son personas que las apliquen; yo creo que con los compañeros que han impugnado el dictamen y con los compañeros que lo han sostenido, que lo que importa es establecer un régimen penitenciario modelo en México; los compañeros pudieran decirme: eso reclama una erogación económica de consideración para el Gobierno. Pero qué ¿acaso las Secretarías de Estado, las dependencias del Poder Ejecutivo, las propias dependencias del Poder Legislativo no gastan en cosas que, en mi concepto, no son de inmediata y urgente resolución, cantidades que se pudieran aplicar a ellos? ¿Qué un régimen penitenciario perfectamente organizado no sería suficiente para sostenerse así mismo? Ya es necesario que los criminales no pesen sobre la sociedad, sino que sirvan para resarcir a la sociedad produciendo lo que ella necesita; ya es necesario que los criminales ayuden a la Secretaría de la Asistencia Pública para que esta dependencia pueda aportar mayores beneficios al pueblo necesitado de México.

El régimen penitenciario perfectamente organizado, nos daría la solución de problemas ingentes que las posibilidades económicas nos privan de hacer. El régimen penitenciario perfectamente organizado, sería más intimidatorio para los criminales que la propia pena de muerte. ¿Por qué? Por el sencillo hecho de que estarían sujetos a un trabajo riguroso y intensivo y entonces producirían lo que la sociedad necesita; ayudarían a la tarea que la Secretaría de la Asistencia Pública tiene en estos momentos, y también a la regeneración de los propios criminales.

Se ha dicho en esta tribuna que la Revolución no ha llegado a las cárceles, y es cierto; pero hay que decir igualmente que a la Penitenciaría llegan hombres que delinquieron por accidente, por un azar del destino y salen convertidos en verdaderos criminales de ese lugar. La razón ¿cuál es? Que están en absoluta inactividad en el penal, que están en convivencia constante con reos que sí son criminales, que salen de la Penitenciaría sin un recurso de vida, sin un empleo, sin una conexión, sin familiares a quien recurrir, y entonces la propia sociedad los avienta a delinquir y así, el que fue delincuente una vez por accidente o por azares del destino, se tiene que convertir en un criminal porque no le queda otro camino para subsistir. Estas consideraciones deben hacernos reflexionar sobre el problema que nos ocupa. ¿Vamos a seguir aventando a la Penitenciaría elementos sanos, elementos que delinquieron por accidente o por azares del destino para que allí se conviertan en criminales empedernidos? Yo creo que ninguno de los compañeros está conforme en esto, sino que desean que se termine con esta anomalía; yo me imagino que todos los señores diputados, en su fuero interno, piensan que el problema que ocupa la atención de la Cámara en estos momentos es más grande de lo que muchos y de lo que el pueblo y nosotros mismos pensamos; que tiene raigambres más hondas, como decía el compañero.

Quizá algunos compañeros diputados, que no prestan mucho interés a un problema que no puede resolverse en un día, pretendan que con una medida legislativa queda cubierta, su responsabilidad, queda salvada su responsabilidad de representantes del pueblo. Creo que esta no es la forma de salvar nuestra responsabilidad, ni ante nuestros representados ni ante nosotros mismos. Nosotros salvaremos nuestra responsabilidad aceptando el problema tal como es, afrontándolo francamente y admitiendo que afecta a la nacionalidad en general, no tratando de resolver los problemas con una simple medida legislativa que va a caer en manos de las personas que han estado hasta ahora encargadas de aplicar las leyes buenas que tiene México. El problema es más hondo y nosotros debemos afrontarlo.

Yo repito, compañeros diputados, que dentro de esta Cámara existen personas más preparadas, para la resolución del problema; pero les pido tomen en consideración al dictar esa resolución, que es un problema eminentemente humano el que nos ocupa y no eminentemente legal; que es un problema de realidades para México el que tenemos que resolver y que no debemos tratar de salvar nuestra responsabilidad ante nuestros representados con una ley más, que, repito, no terminaría en ninguna forma con la ola de crímenes, que no terminaría con la criminalidad y que no resarciría a la sociedad de los males que se le ocasionan; que la sociedad seguiría recibiendo males y no tendría oportunidad de recibir una rectificación o un pago por esos males; que nosotros seguiríamos dictando leyes y seguiremos careciendo de hombres que las apliquen.

No estoy de acuerdo, y por eso me opongo a la resolución del dictamen, porque no haríamos otra cosa que dar armas a los caciques pueblerinos para que asesinen en forma legal a sus contrincantes políticos, a los elementos que se oponen en la provincia a que ellos sigan despilfarrando o enriqueciéndose con el dinero del pueblo.

El C. Márquez Ricaño Luis (interrumpiendo): Yo quiero aclarar al compañero Samaniego, que el debate que estamos llevando a cabo en un torno a la reimplantación de la pena de muerte

exclusivamente en el Distrito y Territorios Federales. Por consiguiente, su argumento de los caciques pueblerinos creo que no viene al caso.

El C. Samaniego Carlos: (continuando) Desde un principio he estado de acuerdo en que estamos discutiendo un proyecto para el Distrito y Territorios Federales, y diga usted, compañero ¿acaso en los territorios federales, está la vista del señor Presidente de la República, está él pendiente de ellos o los tiene tan cerca como el Distrito Federal?

El C. Márquez Ricaño Luis: El es quien designa los gobernadores.

El C. Samaniego Carlos: La medida legislativa que tomara la Cámara de Diputados. ¿no sería en muchos casos tomada por las Cámaras de Diputados locales?

Creo, compañeros diputados, que en la mente de todos ustedes está que he estado hablando sobre la reimplantación de la pena de muerte en el Distrito Federal, que he presentado yo consideraciones de los que pudiera suceder al aprobar esta medida legislativa por los Estados. Creo, compañeros, que he insistido en que vamos a ver este problema desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de las consideraciones que los diputados que sostienen el dictamen nos han hecho aquí, y de la aceptación categórica que todos hacemos, de que faltan hombres honrados para administrar justicia. Entonces, no vamos a dar autorización para que esos hombres venales de la justicia asesinen con legalidad. (Aplausos).

El C. Presidente: Tiene la palabra el C. Merino Fernández.

El C. Merino Fernández Aarón: Señores diputados: Es un clamor general, señores diputados, el que se establezcan y adopten medidas para poner un dique a la ola creciente de criminalidad. Nuestra indiferencia a ese respecto sería incalificable egoísmo, pues dentro de nuestras principales obligaciones está la de encontrar los procedimientos penales que mejor garanticen a la sociedad.

El dictamen que ha recaído sobre la iniciativa presentada para reimplantar la pena de muerte, indudablemente está desposeído de inútiles sentimentalismos y de compasivas concepciones filosóficas. Tampoco lo juzgo inspirado por un espíritu de crueldad o de venganza para con los seres que por sus actos reprobables deben separarse del concierto social.

Estimo que interpreta la necesidad de aplicar el castigo más enérgico de que disponemos a los que derraman sangre inocente, creando con sus actos delictuosos un estado de morbosidad contagioso que cada día toma proporciones alarmantes. Considero que la supresión de los grandes criminales, es garantía contundente de que no volverán a consumar nuevos delitos y Constituye, por ello, un medio de defensa para la vida de los elementos buenos y honrados que son quienes merecen nuestra protección.

Renuncio a declararme defensor de los criminales que constituyen los detritus sociales en los que existe el germen más maligno de la humanidad. Su protección poco debe preocuparnos cuando está en peligro la seguridad de la mayoría de nuestro pueblo, cuando éste reclama que cese la impunidad de que gozan los asesinos.

La realidad mexicana nos induce a obrar drásticamente dejando a un lado polémicas que ya pertenecen a la historia del derecho, pero que no solucionan las exigencias de nuestro medio.

Uno de los argumentos que más se exhiben en contra de la pena de muerte, principalmente por los penalistas modernos, consiste en que, el derecho penal debe atribuir al Estado la función de regenerar y readaptar a los delincuentes, y no el de cometer con ellos una acción de venganza y de ejemplaridad.

Pero volvamos los ojos a la realidad: ¿Dispone actualmente México o algún Estado del Mundo de los factores indispensables que la ciencia debe proporcionar para llenar este cometido? ¿Los sabios pueden garantizar la regeneración de un delincuente por algún medio conocido?

Si tomamos como ejemplo a los sujetos irresponsables que adolecen de los padecimientos clasificados por la Psiquiatria, verbigracia; la epilepsia, la parálisis general progresiva, la esquizofrenia, la oligofrenia, etc; encontramos que, sometidos a los tratamientos más modernos, pueden sufrir atenuación de sus síntomas durante determinado tiempo, sin que por esto se piense y se tenga jamás la seguridad, de haber obtenido su total curación.

El C. Corona del Rosal Alfonso: ¿Me permite una interpelación? No sé si oiría mal. Hablaba usted de que los criminales epilépticos no tienen curación.

El C. Merino Fernández Aarón: Hablamos de que la ciencia aun no está suficientemente capacitada para hacer un diagnóstico, un pronóstico del enfermo.

El C. Corona del Rosal: Dado el concepto de la ciencia, según usted, ¿habrá que suprimir también a los locos y epilépticos?

El C. Merino Fernández: Le ruego escuchar el resto de mi tesis.

Así vemos que, después de esfuerzos considerables que aparentemente han conseguido modificar manifestaciones demenciales, los médicos no se encuentran con la seguridad de garantizar la curación absoluta del individuo, ya que éste, al cabo de cierto tiempo, estimable hasta en años, sufre recrudecimientos muchas veces más intensos que los que tuvo al principio de su enfermedad. Estos sujetos pueden hacer vida común con los normales y nunca podría la ciencia determinar en qué momento de su vida aparecerán los fatales estigmas que amenazan poner en peligro la vida de sus semejantes.

Sería un fondo ideal de un control científico que el Estado encargara a los psiquiatras que agotaran todos los recursos posibles para fundar su diagnóstico, pero en este punto puedo llamar la atención ante hechos concretos y recientes que los profanos en la materia hemos tenido oportunidad de presenciar y que están demasiado frescos en nuestra memoria.

Los psiquiatras más eminentes de nuestro país y alguno de reconocida fama internacional, estudian el caso de Gregorio Cárdenas y todos contemplamos el penoso hecho de la disparidad de opiniones que nacen desde el principio del estudio. Uno diagnostica epilepsia crepuscular, otro esquizofrenia, otros sífilis nerviosa y no falta quien considere a Gregorio Cárdenas como un sujeto que no adolece de padecimiento mental alguno. Casi falta poco para decir que se trata de un sujeto normal.

¿Que puede hacer un médico en beneficio de un enfermo cuando ni siquiera ha podido determinar el cuadro nosológico de su paciente?

Estas confusiones lamentables, muy humanas por cierto, no llevan a ninguna finalidad práctica y la Justicia, a quien siempre se caracteriza con los ojos vendados, no podrá tener confianza en los lazarillos que desconocen el camino por donde deben guiar sus pasos inciertos.

Otro factor muy importante, que no debe pasarse por alto, es el factor biológico de la herencia. También los hombres de ciencia difieren en su criterio con respecto a la posibilidad de trasmitir a la prole la enfermedad íntegra y no vamos a discutir con ellos en una forma contundente semejantes argumentos. Pero ni ellos ni nosotros podemos negar que existen taras hereditarias que se trasmiten a las generaciones y que hacen otro peligro más la sociedad en el criminal, al cual no se niega el atributo de engendrar nuevos seres, porque, considerada la pena mayor de treinta años de reclusión temporal, durante la cual tampoco se garantiza la falta de sucesión del individuo, éste podrá salir limpio de sus culpas en condiciones de procrear nuevos seres. Quizás esta sea la amenaza más terrible que pesa sobre la sociedad inocente y que ningún hombre de ciencia puede ser capaz de prevenir.

Estos hechos, sin duda alguna, han determinado a los Estados civilizados, y como ejemplo de ellos el de Norteamérica, a pensar con un criterio más práctico para la sociedad cuyas garantías salvaguarda y que ha procurado en el espíritu de su ley, la amputación de sus miembros gangrenados, cuyo mal no pudieron evitar las medidas preventivas, científicas y sociales.

Cualquiera que sea el resultado de esta discusión que nos ocupa y sea cual fuere la opinión de la mayoría de la Cámara con respecto a la pena de muerte, nuestro deseo es que estos debates sirvan para marcar la necesidad y el interés que siente nuestro pueblo para lograr justicia mejor y por ello una protección creciente a sus intereses y a sus vidas.

Y desde esta tribuna decimos ante toda la Nación, a los encargados de impartir la justicia y de aplicar las medidas de prevención a los delitos, que ellos son los directos responsables por la rectitud y diligencia que usen en sus procedimientos, de que renazca la fe y la confianza y de que no haya impunidad para los criminales.

Toca a nuestra responsabilidad, a nuestra conciencia, aprobar o no el dictamen que la Primera Comisión de Justicia que esta Legislatura nos presenta. Ojalá que la conclusión a la que lleguemos sea benéfica a la sociedad y no a los criminales, aprobando una pena que, aunque extrema y terrible, deseamos se aplique a quienes por sus bajos instintos, sus malos sentimientos y su mala conciencia, sólo detienen su tarea homicida el encontrarse con la muerte.

Para terminar, examinemos la idea romántica de nuestros penalistas modernos, quienes nos hablan de la palabra humanidad, como la base sustentadora más formidable de sus teorías; el amor de nuestros semejantes es quien nos dicta el concepto de los derechos inalienables de la vida y a los cuales no debe detentar la Justicia Humana.

Pero ¿es que efectivamente pueden considerase seres humanos en todo el amplio y hermoso concepto de la palabra, a los monstruos que deben avergonzar con sus desahogos a las fieras?

¡No, señores diputados¡ Esa solidaridad humana que brota de nuestros sentimientos más nobles hacia nuestros semejantes queda rota ante la evidencia de que los criminales natos han quedado excluidos para siempre del núcleo fundamental de nuestra sociedad.

Si concibiéramos al criminal como un represéntate de la humanidad, cabría dar la razón a la crítica de Bernard Shaw que pone en boca de los animales cuando la doctrina darwiniana les hizo saber que la sabia Naturaleza, en una serie de experimentos tendientes a la perfección de la especie, pudo lograr su más bello engendro: el hombre, Rey de la Creación y súmmum de todas las perfecciones, los simios entonaron su protesta enérgica contra semejante atentado del orgullo humano.

Nuestro concepto de humanos debe ser más alto y con ello encaminar las fuerzas de nuestro espíritu a la perfección de nuestra especie sin olvidar que para salvaguardar su integridad deben allanarse los obstáculos que la detentan. (Aplausos).

El C. Secretario Samayoa: Por instrucciones de la presidencia, se hace del conocimiento de la Asamblea, que han hablado en pro y en contra seis oradores, según lo marca el Reglamento Interior de la Cámara. En eta virtud se pregunta a la Asamblea si considera suficientemente discutido el asunto. (Voces ¡no¡ ¡no¡) Faltan de hacer uso de la palabra y están inscritos los ciudadanos: Alejandro Carrillo, Florencio Salazar, Alberto Trueba Urbina, Carlos Balleza Jr., Juan N. García, Manuel Rueda Magro, Alfonso Corona del Rosal, Julio López Silva, José Gómez Esparza, Bernardo Chávez y otros más.

El C. Márquez Ricaño: Pido la palabra. Para proponer a la Asamblea que el debate sobre la cuestión de la pena de muerte, se suspenda por lo avanzado de la hora, y se reanude en próximo martes. (Aplausos).

El C. Secretario Samayoa: Se pregunta en votación económica si se aprueba la proposición. Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Aprobado. Se ruega a los ciudadanos diputados permanecer en el salón, porque se va a dar cuenta con un importante documento en cartera.

- El mismo C. Secretario (leyendo):

"Estados Unidos Mexicanos.

"Poder Ejecutivo Federal. - México, D. F.

"Secretaría de Gobernación.

"CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. - Presentes.

"Para los fines legales correspondientes, con el presente me permito remitir a ustedes la Iniciativa de Ley, que el C. Presidente de la República somete a la consideración de esa H. Cámara, para que se reformen algunos artículos de la Ley Electoral de Poderes Federales en vigor.

"Reitero a ustedes mi atenta y distinguida consideración.

"Sufragio Efectivo, No Reelección.

"México, D. F., a 17 de noviembre de 1942. - El Secretario, licenciado Miguel Alemán.

"CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. - Presentes.

"Las reformas de que ha sido objeto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia electoral, variando los períodos de duración de los Poderes Legislativo y Ejecutivo y el número de electores por cada diputado, hacen necesaria una reforma concordante de la Ley para Elecciones de dichos Poderes, de manera que, los preceptos de esta ley se ajusten a los actuales textos constitucionales.

"Por otra parte, las modificaciones que han sufrido algunas de las Constituciones Políticas de los Estados de la República, en lo referente a la duración de los períodos de los ayuntamientos, ha provocado igualmente una incongruencia entre tales reformas y el articulado de la Ley Electoral en lo que se refiere a los estudios del proceso electivo. De esto se desprende también la necesidad de formular una reforma adecuada de la Ley Electoral Federal en la que no se tome en cuenta, como punto básico, para el señalamiento de plazos del proceso electoral, la fecha de la integración de las autoridades municipales, sino preferentemente los períodos de renovación de los Poderes Federales.

"En tal virtud, y con apoyo en la fracción I del artículo 71 de la Constitución Federal: Presento ante esa H. Cámara de Diputados, por el digno conducto de ustedes, la siguiente

"Iniciativa de Ley.

"Artículo único. Se reforman los artículos 1o., 5o., 6o., 8o., 9o., 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24 y 25 de la Ley de Elecciones de Poderes Federales, en los siguientes términos.

"Artículo 1o. Las elecciones ordinarias correspondientes a los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión se celebrarán.

"Para diputados cada tres años a partir de 1943; y para senadores y Presiente de la República cada seis años, a partir de 1946.

"Artículo 5o. En la segunda quincena del mes de marzo del año de la elección se integrará el Consejo de Listas Electorales que se compondrá de nueve miembros propietarios que en sus respectivos suplentes y que se renovarán en su totalidad cada tres años. El consejo se formará por sorteos verificados entre los candidatos propuestos por los Ayuntamientos de cada entidad Federativa, y en el Distrito y Territorios Federales por cada Delegación, en proporción de un candidato propietario y otro suplente por cada municipalidad. Las propuestas se mandaran oportunamente al de la capital respectiva y cuando se trate de entidades que tengan menos de diez municipios o delegaciones, cada ayuntamiento o delegación en su caso propondrá, por partes iguales, tantos candidatos propietarios y suplentes, cuantos sean necesarios para que el sorteo se verifique con un número mayor de nueve. El ayuntamiento de la capital fijará dicho número. En el Distrito Federal, el Jefe del Departamento Central y en los Territorios Federales por gobernadores, tendrán esta facultad.

"El Consejo residirá en la ciudad de México, por lo que se refiere al Distrito Federal o en la capital del Estado o Territorio a que corresponda; y, para ser miembro de él, se requiere: Ser ciudadano mexicano en el ejercicio de sus derechos; no desempeñar ningún cargo o comisión oficial; saber leer y escribir, no ser Ministro de algún culto religioso y ser vecino de la capital en donde deba instalarse el Consejo.

"Artículo 6o. Los candidatos se reunirán en la casa municipal de la capital de cada Entidad Federativa, el día fijado por el Presidente del Ayuntamiento del lugar en que deban reunirse; en el Distrito y Territorios Federales el día que fije el Jefe del Departamento del Distrito o los gobernadores de los Territorios, según el caso; elegirán en escrutinio secreto, a pluralidad de votos, un Presidente, un Vicepresidente, y un Secretario que constituirán la Mesa Directiva y una vez instalada ésta, se depositarán en una ánfora los nombres de todos los candidatos propietarios cuya lista será entregada por el Ayuntamiento correspondiente; y después se extraerán de la ánfora nueve nombres, que serán los de los miembros propietarios del Consejo; en igual forma se repetirá el sorteo con los nombres de los suplentes para designar a éstos.

"Una vez instalado el Consejo, se levantará acta por triplicado, archivándose un ejemplar y mandándose los otros dos a los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Entidad correspondiente.

"Artículo 8o. Los Consejos de Distrito Electoral estarán formados por el Presidente Municipal de la cabecera del Distrito Electoral y por dos de los competidores que hubiere tenido en las elecciones; a falta de éstos se recurrirá a los ex presidentes municipales menos antiguos; en el Distrito y Territorios Federales por tres miembros del Consejo Consultivo de la cabecera, designados en escrutinio secreto por los integrantes del propio Consejo y cuando no hubiere éste, por tres ciudadanos designados por el Jefe del Departamento del Distrito Federal o con los gobernadores de los Territorios. Se integrarán además por cuatro ciudadanos designados por insaculación, dentro de los primeros quince días del mes de abril del año de la elección. Al efecto los tres ciudadanos designados como integrantes del Consejo del Distrito Electoral, en sesión pública del Ayuntamiento o del Consejo

consultivo en su caso, mezclarán en una ánfora los números que correspondan en la lista electoral a los ciudadanos de la cabecera del Distrito Electoral que sepan leer y escribir, que no tengan empleo o comisión de la municipalidad o de los Ejecutivos Federales o Locales correspondientes; extraerán primero cuatro números de los propietarios y después otros seis de los suplentes; se levantará el acta respectiva que se comunicará al Consejo de Lista Electoral y a los electos su designación, pudiendo concurrir al acto los representantes de los partidos políticos o de los candidatos independientes registrados, para lo que se les citará oportunamente.

"Artículo 9o. Los Consejos Municipales se formarán bajo la Presidencia del Síndico del Ayuntamiento o de quien haga sus veces y con dos de los competidores que hubiere tenido en las elecciones; a falta de éstos con los que hubieren sido síndicos en los años inmediatos anteriores, y con cuatro ciudadanos de la municipalidad designados en forma análoga a la establecida en el artículo anterior, insaculándose, además, seis ciudadanos para suplentes y levantándose el acta correspondiente, con la intervención de los representantes de los partidos o candidatos independientes registrados, que concurrieren al acto y dándose aviso al Consejo de Lista Electoral y de Distrito.

"En el Distrito y Territorios Federales los Consejos Consultivos de las capitales designarán a tres de sus miembros par la integración de dichos Consejos, haciendo de Presidente el primero de los nombrados. Los delegados harán estas designaciones en sus jurisdicciones.

"Artículo 10. Si no hubiere ex presidente o ex síndicos municipales o candidatos competidores de los primeros, y si unos y otros no ejercieren la función que esta ley les señala de formar parte de los Consejos de Distrito o Municipales, serán substituidos por nueve miembros designados por insaculación, conforme a los dos artículos anteriores.

"Si por alguna circunstancia no estuviere instalado el Consejo Consultivo, tres de los miembros del Consejo Municipal serán electos por el Jefe de Departamento del Distrito, o por los gobernadores de los Territorios, en su caso. El primero de los designados será el presidente del Consejo.

"Artículo 11. En las Municipalidades o Delegaciones que comprendan dos o más distritos electorales no habrá Consejo Municipal.

"Los consejos de Distrito se constituirán de la siguiente manera: el Consejo del Primer Distrito Electoral, en la forma que establece el artículo 8o. Los consejos de los demás distritos electorales, en su totalidad de siete miembros suplentes respectivos, por insaculación de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral del Distrito correspondiente, hecha por el ayuntamiento de la Municipalidad o Delegaciones, en sesión pública, con asistencia de los representantes de los partidos políticos, si concurrieren.

"En el caso previsto en este artículo, los consejos de Distrito desempeñaran, en todo lo que sea factible, además de sus funciones propias, las que esta ley señala para los consejos municipales.

"Artículo 14. En la primera quincena del mes de marzo del año de la elección los gobernadores de los Estados, de los Territorios y el Jefe del Distrito Federal, mandarán publicar la división territorial de la entidad federativa en distritos electorales, por medio del periódico oficial respectivo y por avisos fijados en las cabeceras municipales. Para que surta sus efectos esta división, deberá publicarse también en el "Diario Oficial" de la Federación.

"Los distritos electorales de cada entidad federativa se numerarán progresivamente y su demarcación se fijará con toda claridad, debiendo comprender cada distrito una población de ciento cincuenta mil habitantes. La fracción de población que en una entidad federativa exceda de setenta y cinco mil habitantes formará un Distrito Electoral. Si la fracción excedente fuere menor, se dividirá entre los distritos de la entidad, que si fuere la única con que cuenta una entidad federativa, formará por sí sola un Distrito. En ningún caso un Estado podrá tener menos de dos distritos electorales.

"Al designarse los distritos electorales se indicarán las poblaciones que deben ser sus cabeceras y las municipalidades o secciones de éstas que forman cada Distrito.

"Si oportunamente no se publica la división territorial, subsistirá la que se hubiere hecho para las últimas elecciones federales, teniéndose como cabeceras las mismas donde se reunieron las juntas computadoras en dichas elecciones.

"Artículo 15. Cada Ayuntamiento, la jefatura del Departamento del Distrito Federal, por lo que hace la ciudad de México y las Delegaciones, en sus respectivos casos, procederán en vista de la publicación que ordena el artículo anterior en el mes de abril siguiente a dividir su Municipalidad en secciones numeradas progresivamente, las que, según las necesidades de la población, deberán comprender de quinientos a quince mil habitantes. Las fracciones de más de doscientos cincuenta habitantes se computarán como una Sección, y las que no excedan de esa cantidad se agregarán a una de las secciones inmediatas; excepto cuando estas fracciones menores de doscientos habitantes constituyan un pueblo o ranchería que diste más de cinco kilómetros de la Sección inmediata, pues en este caso construirán por sí solas una Sección.

"Los presientes municipales, el Jefe del Departamento del Distrito Federal, o los delegados en sus respectivas jurisdicciones, harán conocer al público la división hecha conforme a este precepto por avisos que se fijarán en los lugares acostumbrados.

"Artículo 16. Las listas de electores serán permanentes y sujetas a revisión cada tres años, al prepararse las elecciones ordinarias.

"Contendrán, para la debida identificación, los siguientes datos:

"I. El número de la Sección, el del Distrito Electoral, el nombre de la Municipalidad y el de la entidad federativa a que pertenece, y

"II. Los nombres y apellidos de los electores, con la designación de su estado civil, profesión, industria o trabajo, edad, si saben leer y escribir y el

nombre de la calle, el número, letra, o señas, de la casa habitación de los ciudadanos inscritos.

"La colocación de los nombres será por orden alfabético de los apellidos.

"Artículo 17. Los jueces de Registro Civil remitirán a los consejos municipales correspondientes a los de Distrito, en el caso previsto por el artículo 11, en los primeros quince días del mes de abril del año en que deben efectuarse las elecciones ordinarias, las listas de los electores muertos durante los treinta y dos meses procedentes. Los jueces de los Penal, a su vez, mandarán a los consejos expresados, en el mismo período, una lista de lo ciudadanos que estén suspendidos de derechos electorales, anotando la causa.

"Inmediatamente se reunirá el Consejo Municipal respectivo, o el de Distrito, en su caso, para corregir la lista electoral de su jurisdicción. La lista así rectificada se publicará, a más tardar, el día 2 de mayo siguiente en los lugares públicos de costumbre. Cuando la lista haya desaparecido, todo ciudadano tendrá derecho a consultar la lista de original que esté en poder del Consejo.

"Artículo 18. Al mismo tiempo que se hagan conocer las listas, se hará público, por medio de avisos en toda la Municipalidad, que el día 10 del mismo mayo se reunirá el Consejo Municipal, o el de Distrito, en donde no hubiere aquél, para que los ciudadanos puedan formular ante él reclamaciones, verbalmente, o por escrito, durante un plazo de ocho días, contados desde el día de la publicación de los avisos.

"Para los efectos de este precepto, todas las autoridades y funcionarios públicos que tengan los datos necesarios, deben expedir gratuitamente, al que lo solicite, todos los documentos que el elector necesite para a acréditar su capacidad, o la incapacidad de los otros electores.

"En esta virtud, todo elector de una sección, o un representante del partido, pueden pedir la supresión del nombre de un ciudadano indebidamente inscrito; pero sólo los interesados y sus representantes y los de los partidos pueden solicitar la inscripción de los omitidos.

"Las reclamaciones que se presenten ante los consejos municipales o de Distrito, en su caso, podrán tener por objeto:

"I. La rectificación de errores en el nombre de los electores;

"II. La exclusión de la lista electoral de las personas que no residan en la Sección, o que no tengan derecho a votar, según las leyes vigentes;

"III. La inclusión de ciudadanos que nos figuren en la lista y que tengan derecho a ser inscritos.

"El Consejo resolverá, por turno, cada una de las reclamaciones en vista de las pruebas que se presentaren. La resolución será por mayoría de votos y se hará conocer a los interesados.

"La violación de cualesquiera de las prescripciones consignadas en este artículo, como el hecho comprobado de negarse el Consejo a oír a los que se excluyeron en la lista, o a los que con pruebas pidan la inclusión de algún elector, se castigará con multa de diez pesos a cien pesos, o con la reclusión correspondiente, aplicada a cada uno de los miembros del Consejo que resulten culpables. El Presidente sufrirá una multa igual al doble de las señaladas a los otros miembros si también resultare culpable.

"Artículo 22. El día 20 de mayo, se remitirán los documentos de que habla el artículo anterior, al Consejo de Distrito Electoral, reservándose el Consejo Municipal una copia.

"El día 25 siguiente, se reunirá el Consejo de Distrito Electoral para aprobar, en sesión pública, las listas que no son objeto de reclamación.

"En sesión secreta revisará las reclamaciones presentadas en los Consejos Municipales, confirmando o revocando justificadamente las resoluciones y conocerá de aquellas reclamaciones que se presentaren directamente. Antes de resolver en un sentido determinado, se estudiarán todas las pruebas, debiendo dictarse las resoluciones antes del día último del mismo mes, y se publicarán al día siguiente, haciéndose saber Consejo Municipal que corresponda.

"La infracción estos preceptos hará responsables a los miembros del Consejo del Distrito Electoral, quienes serán castigados con una pena de diez a cien pesos de multa, o con la reclusión correspondiente.

"En las Juntas secretas de que habla este artículo sólo podrán estar los representantes de los partidos y los interesados en el asunto que se discuta, o los representantes de estos últimos.

"Artículo 23. Si la resolución fuera adversa al reclamante o se opusiere algún individuo, el Consejo enviará, de oficio, el expediente al Juez letrado, dando aviso inmediato a todos los interesados en el asunto .

"El juez resolverá sin más recurso que el de responsabilidad en audiencia, antes del 11 de junio, en la serán oídos de los interesados, y sin más formalidad que la de hacer constar en el expediente el hecho de haberse verificado esta diligencia y de la concurrencia o no asistencia de los interesados. "Artículo 24. El día 1o. de junio, los Presidentes Municipales del Distrito Electoral, remitirá al Consejo de dicho Distrito, la lista de las personas que hayan cambiado de domicilio, para que puedan hacer las correcciones respectivas.

"Artículo 25. El 15 de junio se reunirá de nuevo el Consejo para formar a la mayor brevedad posible, la lista de los electores cuyo derecho sea reconocido. Las listas serán publicadas en todas las Municipalidades; estarán formadas por secciones y llenarán los requisitos que establecen el artículo 16. Se publicarán también en el periódico oficial de la entidad federativa correspondiente, debiendo hacerse estas publicaciones antes del día 22 de junio.

"Las listas se remitirán al Consejo de Lista Electoral, el que las mandará imprimir para enviar algunos ejemplares a los Consejos Municipales, a todos los jueces del orden penal y de Registro Civil de cada Distrito; a los Presidentes Municipales y a las demás autoridades inferiores recientes en los pueblos congregaciones, rancherías y haciendas.

"También deberán enviar ejemplares de las listas a la Secretaría de Gobernación y las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión.

"Transitorio.

"La presente ley comenzará a surtir sus efectos a partir de su publicación en el "Diario Oficial" de la Federación.

"Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta consideración.

"México, D. F., a 16 de noviembre de 1942. - El Presidente de la República, Manuel Avila Camacho. - El Secretario de Gobernación, licenciado Miguel Alemán.

"Trámite: Recibo, a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Gobernación en turno e imprímase".

El C. Presidente: Se cita para el próximo sábado a sesión solemne, a las cinco de la tarde, y para el martes, a las once horas para sesión ordinaria. (A la 14:50 h.). Se levanta la sesión.

TAQUIGRAFÍA PARLAMENTARIA Y "DIARIO DE LOS DEBATES"

El Director. Jefe de la Oficina. JUAN ANTONIO MOLL.