Legislatura XXXIX - Año II - Período Ordinario - Fecha 19441027 - Número de Diario 11

(L39A2P1oN011F19441027.xml)Núm. Diario:11

ENCABEZADO

MÉXICO, D. F., VIERNES 27 DE OCTUBRE DE 1944

DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Registrado como artículo de 2a. clase en la Administración Local de Correos, el 21 de septiembre de 1921.

AÑO II. - PERÍODO ORDINARIO XXXIX LEGISLATURA TOMO I. - NÚMERO 11

SESIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

EFECTUADA EL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 1944

SUMARIO

1.- Se abre la sesión. Relación de los asuntos que serán tratados en esta sesión. Lectura y aprobación del acta de la anterior.

2.- Iniciativa de ley del C. Presidente de la República para formar el artículo 506 del Código Sanitario. Trámite: Recibo, a la Comisión de Salubridad, e imprímase.

3.- Se nombra una comisión para corresponder a la invitación que hace a esta Cámara, la XXXIX Legislatura del Estado de Chiapas.

4.- Cartera.

5.- Se turnan a las comisiones respectivas el proyecto de ley sobre Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios Públicos que presentan los CC. diputados Manuel Moreno Sánchez y Donato Miranda Fonseca; y el Proyecto de Industrialización Autónoma, que suscribe el C. diputado Antonio Manero.

6.- Se aprueban cuatro dictámenes de la Comisión de Impuestos que consultan acuerdos económicos; y un dictamen de la Comisión Inspectora de la Contaduría Mayor de Hacienda, referente a cancelación de créditos incobrables, que pasa al Senado.

7.- Elección de Mesa Directiva para el mes de noviembre. Escrutinio. Resultado. Declaratoria.

8.- Se aprueban en lo general las proposiciones que presenta la Comisión Investigadora de Subsistencia. Discusión en lo particular. Se aprueba con modificaciones el primer párrafo. Se levanta la sesión.

DEBATE

Presidencia del

C. GRACIANO SÁNCHEZ

(Asistencia de 75 ciudadanos diputados).

El C. Presidente (a las 13.35): Se abre la sesión.

El C. secretario Ramírez Melquiades: Se va a dar lectura a la relación de los asuntos que serán tratados en esta sesión:

"Acta de la sesión anterior.

"Iniciativa del Ejecutivo de la Unión sobre reformas del Código Sanitario.

"Comunicaciones de legislaturas y ejecutivos de los Estados.

"Iniciativa de Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios Públicos, formulados por los CC. diputados Manuel Moreno Sánchez y Donato Miranda Fonseca.

"Proyecto de Ley de Industrialización Autónoma, que presenta el C. diputado Antonio Manero.

"Dictámenes de la Comisión de Impuestos referentes a solicitudes de la Confederación de Cámaras de Comercio, de la Confederación de Cámaras de Comercio e Industria, del Ayuntamiento de Cananea, Son., y de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos de Campesinos de Veracruz.

"Dictamen de la Comisión Inspectora de la Contaduría Mayor de Hacienda sobre cancelación de créditos incobrables a favor del Erario.

"Discusión, en lo general, del dictamen de la Comisión Especial Investigadora de las subsistencias.

"Elección de Mesa Directiva para el mes de noviembre".

- El mismo C. Secretario (leyendo):

Se va a dar lectura al acta de la sesión anterior.

"Acta de la sesión celebrada por la Cámara de Diputados del XXXIX Congreso de la Unión, el día veinticuatro de octubre de mil novecientos cuarenta y cuatro.

"Presidencia del C. Graciano Sánchez.

"En la ciudad México, a las trece horas y treinta minutos del martes veinticuatro de octubre de mil novecientos cuarenta y cuatro, se abre la sesión con asistencia de setenta y seis ciudadanos diputados, según comprueba previamente la Secretaría en la lista que pasó.

"Se dan a conocer los asuntos que se tratarán en esta sesión.

"Sin debate, se aprueba el acta de la sesión anterior efectuada el diecisiete de los corrientes.

"Se da cuenta con los documentos en cartera:

"La Secretaría de Gobernación transcribe un oficio de la de Agricultura y Fomento, relacionado con la utilización de las aguas del Río de las

Balsas, Gro. - Recibo, y a la Comisión de Aguas e Irrigación Nacionales, que tiene antecedentes.

"La Secretaría de Relaciones Exteriores solicita se conceda permiso constitucional al C. José Muñoz Zapata, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Boyacá, en el grado de Caballero, que le otorgó el Gobierno de Colombia. - Recibo y a la Comisión de Puntos Constitucionales en turno.

"La Legislatura del Estado de Guanajuato participa que, el 13 de octubre, eligió su Mesa Directiva que funcionará durante el segundo mes del primer período ordinario de sesiones, correspondiente al primer año de su ejercicio. - De enterado.

"La Diputación Permanente de la Legislatura de Querétaro comunica que, el 15 de septiembre, clausuró sus sesiones correspondientes al receso del segundo período del primer año de ejercicio de la propia Legislatura. - De enterado.

"La Legislatura del Estado de Querétaro avisa que, el 16 de septiembre, inauguró su primer período ordinario de sesiones, correspondiente al segundo año de su ejercicio, y da a conocer la forma en que se integró su Mesa Directiva. - De enterado.

"El C. Ingeniero Fernando Foglio Miramontes informa que, con fecha 4 de octubre y en virtud de haber sido electo popularmente, asumió el cargo de Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua. - De enterado.

"El C. Ingeniero Fernando Foglio Miramontes, Gobernador Constitucional de Chihuahua, comunica que el 4 de octubre designó al C. ingeniero Crisóforo Caballero B. como oficial mayor del Gobierno de aquel Estado.. - De enterado.

"El C. Carlos Pérez Villafaña, empleado en la Secretaría de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, solicita su jubilación voluntaria, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II del artículo 3o. de la Ley de Jubilaciones a los Funcionarios y Empleados del Poder Legislativo. - Recibo, y a la Comisión de Hacienda en turno.

"El C. Adolfo J. López pide permiso constitucional para recibir el Título de Caballero, de segunda clase, de la Real Orden de San Olav, que le concedió el Rey de Noruega. - Recibo, y a la Comisión de Puntos Constitucionales en turno.

"El señor Christian Lafón de Vives solicita se le reconozca la nacionalidad mexicana, pues para prestar sus servicios a la causa aliada se ausentó del país amparado por pasaporte francés. - Recibo, y a la Comisión de Puntos Constitucionales en turno.

"El Instituto Cultural, de Progreso, Yuc., pide autorización del Congreso para adoptar en los membretes de sus oficios y demás papelería el Escudo Nacional y, como lema, el conocido oficialmente. - Recibo, y a la Comisión de Gobernación en turno.

"El C. José Rosario Villaverde, empleado de la Contaduría Mayor de Hacienda, solicita su jubilación voluntaria, de acuerdo con la fracción II del artículo 3o. de la Ley de Jubilaciones a los Funcionarios y Empleados del Poder Legislativo. - Recibo, y a la Comisión de Hacienda en turno.

"Sin discusión, y en votación económica que en cada caso se verifica, son aprobados cinco dictámenes de la Primera Comisión de Trabajo que finalizan proponiendo acuerdos económicos para que se archiven, por improcedentes, las solicitudes que a continuación se expresan:

"De la Gran Unión de Garroteros, integrante de los trabajadores ferrocarrileros de México, para que se deroguen o reformen los artículos 186 y 236 de la Ley Federal del Trabajo;

"Del C. Margarito Oviedo, para que se reforme el artículo 185 de la Ley Federal del Trabajo;

"De la Unión Nacional de Veteranos de la Revolución, para que se reforme el artículo 249 de la Ley Federal del Trabajo;

"Del C. Carlos Samaniego G., diputado que fue a la XXXVIII Legislatura de la Unión, para reformar el artículo 91 y la fracción XX del 111 de la Ley Federal del Trabajo, y

"De la Federación de Trabajadores de Huixtla, Chis., para que se reforme la Ley Federal del Trabajo, incluyendo en el calendario oficial de fiestas la del 5 de mayo.

"Dictamen de la Segunda Comisión de Puntos Constitucionales, sobre la correspondiente proposición del C. Primer Magistrado de la Nación; dictamen que termina con el siguiente proyecto de decreto:

"Artículo primero. Se concede permiso a los ciudadanos mexicanos para que, sin perder su ciudadanía mexicana, puedan prestar servicios civiles o militares durante la presente guerra, a cualquier Gobierno de las Naciones Unidas que luchan contra los países con los cuales el nuestro se encuentra en estado de guerra, siempre que tales servicios estén encaminados a la derrota de dichos países.

"Artículo segundo. Quedan incluidos en la autorización anterior, los ciudadanos mexicanos que actualmente presten o hubieren prestado sus servicios a las Naciones Unidas por el motivo indicado en el artículo anterior.

"Sin que motive discusión en lo general ni en lo particular, se reserva este dictamen para votarlo nominalmente.

"También se reservan para su votación nominal, sucesivamente, y sin que originen debate, seis dictámenes de la misma Segunda Comisión de Puntos Constitucionales, consultando proyectos de decreto por los que se concede permiso para aceptar y usar las condecoraciones que en cada caso se indican, a los siguientes ciudadanos:

"Al C. general de la división Lázaro Cárdenas, Secretario de la Defensa Nacional, la Condecoración Nacional del Mérito, en el grado del Gran Cruz, que tuvo a bien otorgarle al Gobierno de la República del Paraguay;

"Al C. licenciado Jaime Torres Bodet, Secretario de Educación Pública, la Condecoración Nacional del Mérito, en el grado de Gran Cruz, que le confirió el Gobierno de la República del Paraguay;

"Al C. general de división Francisco L. Urquizo, Subsecretario de la Defensa Nacional, la Condecoración Nacional del Mérito, en el grado de Gran oficial, que tuvo a bien otorgarle el Gobierno de la República del Paraguay;

"Al C. Manuel Tello, Subsecretario de Relaciones Exteriores, la Condecoración Nacional del

Mérito, en el grado de Gran Oficial, que le confirió el Gobierno de la República del Paraguay;

"Al C. general Tomás Sánchez Hernández, subsecretario de Educación Pública, la Condecoración Nacional del Mérito, en el grado de Gran Oficial, que tuvo a bien otorgarle el Gobierno de la República del Paraguay, y

"Al C. licenciado Raúl López Franco la Condecoración Nacional del Mérito, en el grado de Caballero, que le confirió el Gobierno de la República del Paraguay.

"Igualmente se reserva para su votación nominal, sin que motive discusión, otro dictamen de la Segunda Comisión de Puntos Constitucionales que concluye con el siguiente proyecto de decreto:

"Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Ángel Cazarín Alvarez para que, sin perder su calidad de ciudadano mexicano, pueda aceptar y desempeñar un puesto en la Comisión Ferrocarrilera Norteamericana.

"Se procede a recoger la votación nominal de todos los proyectos de decreto reservados para este objeto, los que resultan aprobados por unanimidad de setenta y ocho votos. Pasan al Senado y al Ejecutivo, según corresponda, para sus efectos constitucionales.

"Se concede la palabra al C. Norberto Aguirre, quien da lectura al dictamen que, sobre el problema de las Subsistencias y Artículos de Consumo Necesarios, presenta la Comisión Investigadora designada al efecto. Imprímase para su distribución entre los ciudadanos diputados y, en su oportunidad a discusión.

"Usa de la palabra el C. Agustín Otero Gutiérrez, quien, después de protestar por las acusaciones que se le han lanzado en la prensa, - inclusive por el C. senador Antonio Mayés Navarro. - , en el sentido de cometer asaltos y asesinatos, y deponer ayuntamientos en el distrito que representa, pide se pase a sesión secreta para que se lean algunos telegramas que sobre el particular se han recibido en esta Cámara de Diputados, así como una acta fechada el 25 de septiembre de 1944, relacionada con la entrega del Ayuntamiento de la Villa de Panindícuaro, Mich., a las personas nombradas por el Ejecutivo de aquel Estado.

"La presidencia, de acuerdo con el artículo 33 reglamentario, accede a la petición del C. Otero Gutiérrez, reservándose este asunto para tratarlo en sesión secreta.

"Antes de levantarse la sesión pública, la presidencia, por conducto de la secretaría, hace una atenta excitativa a todos los ciudadanos diputados para que, teniendo en cuenta el dictamen que presentó en esta misma sesión la Comisión Investigadora de las Subsistencias y Artículos de Consumos Necesarios, lo estudien ampliamente, a fin de estar en aptitud de sostener en próxima sesión un debate provechoso, del cual habrán de salir las conclusiones que toda la República está esperando para resolver, o aliviar en parte, la magnitud de este problema.

"Se da a conocer la Orden del Día para la sesión inmediata.

"A las quince horas se levanta la sesión pública, para pasar a sesión secreta".

Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Los que estén por la afirmativa se servirán indicarlo. Aprobada.

- El mismo C. secretario (leyendo):

"Estados Unidos Mexicanos. - Poder Ejecutivo Federal. - México, D. F. - Secretaría de Gobernación.

"CC. Secretario de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. - Presentes.

"Por acuerdo del C. Presidente de la República y para los fines legales correspondientes, con el presente me permito remitir a ustedes Iniciativa de Reformas al artículo 506 del Código Sanitario.

"Al rogar a ustedes dar cuenta con dicho documento a esa H. Cámara les reitero mi consideración distinguida.

"Sufragio Efectivo. No Reelección. - México, D. F. a 23 de octubre de 1944. - Por Ac. del C. Secretario. El Oficial Mayor, Doctor Héctor Pérez Martínez".

"Estados Unidos Mexicanos. - Presidencia de la República.

"H. Congreso de la Unión.

"El Artículo 506 del Código Sanitario previene que en casos de revisión y reconsideración de multas impuestas por infracción a las leyes y reglamentos sanitarios, sólo se suspenderá la ejecución de la pena, si el recurrente deposita el importe de la multa.

"Tal disposición entraña una falta de protección para los causantes más pobres y por tanto implica una injusticia, pues los que se encuentran en buenas condiciones económicas pueden cumplir con ese precepto; pero los que no están en ese caso, quedan desamparados y expuestos a los rigores del procedimiento económico - coactivo y, antes de que se resuelva si se confirma o no la multa, se les embargan y aún se les rematan bienes que a veces son indispensables para sus negocios, causándoles con esto perjuicios irreparables.

"Para obviar esos inconvenientes, se hace indispensable reformar el citado artículo 506 en forma tal que, dejando siempre garantizado el interés fiscal, no se imponga una injusta carga a los causantes pobres.

"Por tales consideraciones y en uso de la facultad que al Ejecutivo de mi cargo concede la fracción I del artículo 71 de la Constitución General de la República, me permite iniciar ante esa H. Representación Nacional, la expedición del siguiente decreto:

"Artículo único. Se reforma el artículo 506 del Código Sanitario, en los siguientes términos:

"Artículo 506. En los casos de revisión y reconsideración a que se refieren los artículos anteriores, se suspenderá la ejecución de la pena, si el recurrente garantiza el importe de la multa ante la Oficina correspondiente en cualquiera de las siguientes formas:

"I. Depósito en efectivo. "II. Prenda o hipoteca, "III. Secuestro de negociaciones o bienes bastantes, y "IV. Fianza de Compañía autorizada o de persona física o moral que acredite tener bienes raíces inscritos en el Registro de la Propiedad por valor que garantiza suficientemente las obligaciones que contraiga.

"Los fiadores deberán renunciar todos los beneficios legales y someterse expresamente al procedimiento administrativo de ejecución.

"Cuando la multa fuere declarada insubsistente, condonada o reducida, se devolverán al interesado en su totalidad o en la parte que corresponda, el depósito o los bienes dados en prenda o secuestrados, o se cancelará o reducirá proporcionalmente la hipoteca o fianza constituida".

"Artículo transitorio. El presente decreto comenzará a regir al día siguiente de su publicación en el "Diario Oficial".

"Ruego a ese H. Congreso de la Unión se sirva tener por presentada esta iniciativa y darle el curso correspondiente.

"Atentamente.

"Sufragio Efectivo. No Reelección.

"México, D. F., a 22 de septiembre de 1944. - El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Manuel Ávila Camacho". - Recibo, a la Comisión de Salubridad, e imprímase.

- El mismo C. Secretario (leyendo):

"Invitación de la Comisión Permanente de la XXXIX Legislatura del Estado de Chiapas, para concurrir el día 1o. de noviembre próximo a la solemne apertura del primer período ordinario de sesiones de la XL Legislatura local, ante la que el C. doctor Rafael Pascasio Gamboa, Gobernador Constitucional de aquella entidad, rendirá el informe correspondiente al cuarto año de su gestión administrativa".

La Presidencia designa en comisión, para que asista a este acto, a los ciudadanos diputados Francisco José Burelo, José Pantaleón Domínguez, Adán Velarde, Víctor Alfonso Maldonado y Salvador Ochoa Rentería.

- El mismo C. Secretario (leyendo):

"La Junta Previa de la Legislatura del Estado de Chiapas da a conocer los nombres de las personas a quienes declaró electos diputados a la propia Legislatura, por los distritos electorales 2o., 4o., 6o. y 8o. de ese Estado". - De enterado. "El Congreso del Estado de Zacatecas da a conocer la forma en que, el 14 de octubre, integró su Mesa Directiva que funcionará desde esta fecha hasta el 15 de noviembre próximo". - De enterado. "El C. ingeniero Fernando Foglio Miramontes, Gobernador Constitucional de Chihuahua, participa que, el 4 de octubre, nombró al C. ingeniero Esteban Uranga como Secretario General de Gobierno de aquella entidad". - De enterado.

- El mismo C. Secretario (leyendo):

"Proyecto de Ley sobre Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios Públicos.

"Consideraciones:

"La función pública debe ser revestida de decoro justamente como una contribución profunda a la solución de graves problemas que vienen amenazando la existencia moral de la Nación Mexicana. Es imposible consolidar la democracia sin hacer factible y real las responsabilidades común y oficial de quienes desempeñan los puestos directivos en el Estado, quienes son los más obligados a un ejemplar comportamiento. En México resultaría inútil desoír la alarma social que se levanta cuando algunos funcionarios son señalados como deshonestos en su proceder público o aprovechan su situación para negociar, bien directamente con los dineros del pueblo, bien indirectamente validos de su influencia y posición destacada que los coloca ante los demás ciudadanos en una situación de desigualdad a todas luces injusta e inconveniente.

"El ciudadano mexicano siente amplios deseos de un saneamiento en la vida pública y social que impida la disolución que nos amenaza y fortalezca la nacionalidad. Con ese anhelo de limpieza en la conducta pública y privada de los funcionarios, quiere conquistar su libertad contra la explotación y contra el abuso.

"Se ha señalado la tendencia a enriquecerse a la sombra de la posición oficial, como un carácter nacional. La falsedad del juicio es evidente. Hemos tenido generaciones enteras de gobernantes ejemplares por su probidad, e innumerables hombres que abandonaron sus funciones públicas en la pobreza más digna y completa. En el pasado próximo y en el presente, todos podemos señalar a hombres que han servido real y esforzadamente dentro de la Administración Pública manteniendo una conducta intocable, y que no constituyen la excepción. La ostensible probidad personal del actual Jefe de la Nación no es sino el ejemplo más palpable de ese ejército numeroso de servidores del Estado, sinceros y honesto que en posiciones destacadas o humildes, mantienen en alto la tradición de la burocracia mexicana.

"Por otra parte, si en tiempos normales ha sido posible, tanto aquí como en otros países y en otras épocas de la historia, que el funcionario lucre con su posición, esa habilidad se acrecienta en los períodos anormales en que los valores todos se transforman y la sociedad sufre profundas conmociones. Una normalidad como la guerra, facilita los rápidos negocios y las especulaciones a la sombra de los puestos públicos o con la protección o patrocinio de funcionarios e impone, en caracteres de mayor urgencia, no solamente que esa situación sea reprimida, sino que se prevengan los hechos

substanciales que la producen, por medios adecuados al objeto que se persigue.

"Los momentos que vivimos son de una gran importancia para el país, porque México se acerca a una gran oportunidad de progreso y transformación en su régimen económico, lo cual se alcanzará siempre que sus posibilidades no se malogren por negociantes adheridos a funcionarios sin escrúpulos que pretendan, para sí y sus protectores, las ventajas que corresponden al país entero y a los esforzados hombres de empresa e iniciativa, con visión del mañana.

"Los negociantes que medran a la sombra de los funcionarios aspiran a explotar, en forma exclusiva, una fuente de ganancias, como si el país y su destino fueran objetos de comercio o de negocio brillante y oportuno.

"Debemos desbrozar y limpiar de estorbos el camino que se nos ofrece hacia adelante, para que pueda desenvolverse el país dentro de sus cauces de industrialización y progreso cultural y material, alcanzando las metas que le ha fijado la honda perspectiva del presidente Ávila Camacho.

"Pretendemos que el campo de los negocios que harán el porvenir del país, no se vea aprovechado por quienes tienen en sus manos las funciones públicas o por influyentes que con ellos compartan las ganancias, sino que se deje a los hombres de empresa quienes, ya sin competencia, puedan sentirse en igualdad de condiciones frente a cualquiera y sin que la presión política tuerza sus propósitos sanos o los incite al negocio fácil y a la especulación que perjudica al pueblo, en suma, buscamos que el capital disponible no sea llevado hacia los equivocados campos de la especulación económica, sino hacia su normal función creadora, a la vez que los hombres se lanzan a la conquista de una industrialización donde no se sientan víctimas de la competencia desigual por quienes cuentan con influencia y ascendiente oficial.

"Muchos problemas que hoy angustian al pueblo provienen de males que pueden reprimir con manifestaciones verbales ni con medidas que acusan una marcada desorientación. Pretenderlo así sería el fácil camino de la demagogia que aspira a levantar mamparas que ocultan los hechos verdaderos y divierten la ingenuidad de algunos ciudadanos de buena fe. El legislador debe llevar su mirada a campos más profundos y formular situaciones jurídicas que directa o indirectamente concurran a resolver aquellos problemas.

"Una de las medidas que la Nación requiere para trabajar más, para producir más y, por tanto, para que la escasez concluya, y la especulación con la necesidad que se haga imposible, es garantizar un campo de acción libre y abierto a los productores, industriales, comerciantes, agricultores, trabajadores todos, tanto por lo que ve a reprimir los ejemplos de deshonestidad, no dejándolos impunes, como por lo que mira a lograr que no sean el poder y la influencia del funcionario público los que monopolicen o impidan la posibilidad de crear los bienes que el pueblo mexicano necesita para su vida y desenvolvimiento.

"Ha sido una tradición jurídica nuestra que el pueblo tenga la más absoluta libertad para ejercer vigilancia sobre la conducta de los funcionarios públicos y que éstos queden sujetos a esa vigilancia aún después de que abandonen sus puestos; pero ha ocurrido que no siempre existe la posibilidad de lograrlo, bien porque los elementos que deban intervenir no se hayan conjugado, bien porque la opinión pública organizada no se ha dejado sentir con toda amplitud. Convencidos de ello, consideramos pertinente que sean los organismos de opinión político - social organizados, los partidos políticos que existan conforme a las leyes, los que puedan cooperar en esta vigilancia. Así, en el caso concreto nuestro, puedan los revolucionarios honestos y sinceros desafiar a la oposición que podrá, siempre que haya causa, arrojar contra ellos el peso de la ley. Los revolucionarios que no temen el examen libre de sus enemigos, tampoco deben esperar que este sistema se revuelva contra su reputación por motivos de pasiones y de rencores de partido, pues entonces, una de las más nobles armas puestas al alcance del pueblo, sería inutilizada precisamente por quienes hacen alarde de querer ajustarse a la equidad, a la prudencia, al buen juicio y a la ley.

"No se nos oculta que este proyecto de ley abarca sólo un aspecto de los problemas conexos y que de parecida manera deben perseguirse a los dirigentes y líderes de agrupaciones gremiales o políticas que con su conducta insana estorben el desarrollo normal del país. Esto no es sino un primer paso para dictar medidas generales que tiendan a reprimir a todos aquellos individuos que en plena actividad privada, vienen obrando contra los intereses del pueblo y aprovechan la anormalidad de hoy para levantar fortunas que contradicen los profundos ideales que sirven de bandera en la lucha mundial por la libertad y la democracia.

"Texto legal:

"Artículo 1o. Todo funcionario o empleado público que se enriqueciere directamente o por interpósita persona por el ejercicio ilegal o deshonesto de su cargo o de la influencia derivada del mismo o aceptare una promesa directa o indirecta para dejar de hacer algo relativo a sus funciones, será castigado con prisión de dos o diez años e inhabilitación por doble tiempo para desempeñar un cargo o empleo público.

"Si el funcionario o empleado fuere judicial, la prisión será de cuatro a doce años e inhabilitación perpetua.

"Artículo 2o. Se presume enriquecimiento ilegítimo, todo aumento de patrimonio que no proviniere de las siguientes causas:

"a) Emolumentos legales del cargo. "b) Ejercicio de profesión, oficio o trabajo lícito compatible con la función pública. "c) Acrecentamiento natural de los bienes que se tuvieren antes de asumir el cargo o que se adquiera lícitamente durante su ejercicio, y las rentas que produzcan los mismos. d) Herencia, legado o donación por causas extrañas a la función pública, que consten en escritura pública. "e) Ejercicio de derechos legítimos. "f) Hechos fortuitos comprobados.

"Artículo 3o. La prueba de que el enriquecimiento proviene de alguna de las causas a que se refiere el artículo anterior, incumbe siempre al funcionario o empleado.

"Artículo 4o. Se declaran incompatibles con la función pública:

"a) Las gestiones para obtener el otorgamiento de una concesión o franquicia de la Administración Pública y beneficiarse directa o indirectamente con una concesión o franquicia del mismo origen. Se exceptúa de lo anterior el goce, uso o aprovechamiento que de los servicios públicos se haga en igualdad de condiciones a los particulares. "b) Tomar parte de la administración o dirección o ejercer la representación o patrocinio de empresas privadas que exploten o se propongan explotar servicios públicos que dependan de una concesión del Estado, con excepción de las empresas mixtas en que la designación proceda del Gobierno.

"Artículo 5o. Se concede acción popular para hacer las denuncias de los hechos a que se refiere esta ley, observándose, en cuanto fuere posible, lo dispuesto por el artículo 8o. de la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios y Empleados de la Federación, del Distrito y Territorios Federales y los altos funcionarios de los Estados.

"Artículo 6o. No se dará curso a denuncias anónimas. Los denunciantes deberán ser personas en pleno goce de sus derechos civiles, con residencia en el lugar de la denuncia. Solamente el Ministerio Público podrá acusar y perseguir. Pueden coadyuvar con el Ministerio Público los representantes autorizados de los partidos políticos nacionales, debidamente organizados, conforme a las leyes respectivas.

"Artículo 7o. Dentro de la Procuraduría General de la Nación y de la Procuraduría del Distrito y Territorios Federales, respectivamente, se establecerá el Registro Público de los bienes de los Funcionarios y Empleados Públicos, en que se inscribirán las manifestaciones que bajo promesa de decir verdad hagan éstos, según les corresponda.

"Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos deberán enviar, dentro de treinta días a partir de la fecha en que se hagan cargo de su función, al Registro respectivo; una declaración firmada de todos sus bienes, rentas y utilidades, así como de sus deudas y de toda otra clase de percepciones que tengan, además de los emolumentos correspondientes al cargo.

"Artículo 9o. Quedan exceptuados de hacer la declaración anterior:

"a) los empleados inferiores que sean solamente auxiliares trabajadores manuales o consultores que no tengan facultad de decisión, ni deban atender directamente al público en sus negocios con la Administración. "b) el personal de intendentes, mozos, porteros, choferes, elevadoristas, guardianes, obreros y jornaleros. "c) los miembros del Ejército y la Marina, a no ser que desempeñen también funciones administrativas. "d) los miembros de la policía civil, a no ser que realicen funciones directivas de cuerpos o dependencias.

"Artículo 10. Después de la primera inscripción se harán las declaraciones que importen adquisiciones o gravámenes posteriores, aumento o disminución de rentas, productos o emolumentos.

"Artículo 11. El registro será público; pero solamente se extenderán certificaciones o constancias de sus inscripciones a los propios interesados, a las autoridades judiciales federales o locales competentes, al Ministerio Público, a las Secretarías de las Cámaras del Congreso de la Unión y al Presidente de la República.

"Se hará una anotación marginal cada vez que se expida un informe, certificación o constancia con indicación del destino del mismo, la autoridad que lo solicitó y la causa invocada para solicitarlo.

"Artículo 12. Los Procuradores de Justicia de la Nación y del Distrito Federal, de oficio, consultarán el Registro y deberán ordenar investigaciones cada vez que de la confrontación de los asientos o inscripciones se presuma la comisión de los actos reprimidos por esta ley.

"Artículo 13. El procedimiento para la sanción de los hechos que reprime esta ley, en lo no previsto se ajustará a los Códigos de Procedimientos Penales, federal, o del Distrito Federal, según corresponda a la naturaleza del funcionario o empleado.

"Cuando se trate de funcionarios que gocen de fuero, se seguirá previamente el procedimiento respectivo.

"Artículo 14. Los bienes que constituyan el enriquecimiento ilegítimo, o su valor, si hubieren salido del patrimonio del condenado, pasarán al patrimonio de la Asistencia Pública.

"Artículo 15. Las disposiciones de esta ley deben considerarse incorporadas a la legislación penal sustantiva.

"Transitorios:

"Artículo 1o. Esta Ley comenzará regir desde la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

"Artículo 2o. Treinta días después de la vigencia de esta ley, deberá funcionar la oficina del Registro a que se refiere el artículo 7o.

"Artículo 3o. Los funcionarios a que se refiere esta ley, dentro de un término que no exceda de sesenta días, a partir de la vigencia de la misma, cumplirán con sus disposiciones, sea para hacer las declaraciones de bienes relativas o para separarse de los cargos que se consideren incompatibles con la función pública.

"Artículo 4o. Queda derogado expresamente el Capítulo II del Título Sexto de la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios y Empleados de la Federación, del Distrito y Territorios Federales y de los altos funcionarios de los Estados. Igualmente se derogan las disposiciones legales que se opongan a la presente en cualquier ley que se encuentren comprendidas.

"México, D. F., a 7 de octubre de 1944. - Lic.

Donato Miranda F. - Lic. Manuel Moreno Sánchez". - A la Comisión de Justicia en turno, e imprímase.

- El mismo C. Secretario (leyendo):

"El C. diputado Antonio Manero, presenta un proyecto sobre Industrialización Autónoma que abarca dos iniciativas: una de Protección y Fomento Industrial, y otra para crear el Banco Nacional de Fomento Industrial". - A las Comisiones Unidas de Hacienda en turno, y de Crédito, Moneda e Instituciones de Crédito, e imprímase.

- El mismo C. Secretario (leyendo):

"Comisión de impuestos.

"Honorable Asamblea:

"En escrito de 4 de noviembre del año en curso, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio de la Ciudad de México pide a esta H. Cámara de Diputados la reforma de la Fracción XIX, Inciso I, del Artículo 16 de la Ley General del Timbre, en el sentido de que únicamente se exija la expedición de facturas por las compra - ventas, mayores de $ 50.00.

"El expediente que se formó en este asunto pasó a la suscrita Comisión de Impuestos para su estudio, hecho lo cual, la propia Comisión juzga que no es de accederse a lo pedido por la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio por la misma razón en que ellos apoyan su iniciativa, pues precisamente por el estado de emergencia en que se encuentra el país, el Gobierno Federal no está en condiciones de reducir impuestos con perjuicio del Erario, el cual necesita arbitrarse, ahora más que nunca, de los mayores recursos posibles.

"Expuesto lo anterior, la Comisión somete al ilustrado criterio de esta H. Asamblea el siguiente punto de acuerdo:

"No es de tomarse en consideración la solicitud de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio en el sentido de que se aumente hasta $ 50.00 el importe de las compra - ventas que verifique el comercio para el requisito de la expedición de facturas. Archívese este expediente.

"Sala de Comisiones de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. - México, D. F., a 17 de octubre de 1944. - Tomás Valles V. - Nicolás Valenzuela Q".

Está a discusión el dictamen. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Los que estén por la afirmativa se servirán indicarlo. Aprobado.

- El mismo C. Secretario (leyendo):

"Comisión de Impuestos.

"Honorable Asamblea:

"La Comisión de impuestos que suscribe tiene el honor de rendir, ante Vuestra Soberanía, dictamen sobre el expediente que le fue turnado relativo a la petición que hizo la Confederación de Cámaras de Comercio e Industria en el sentido de que se reformen los artículos 207, 208 y 227 del Código Fiscal Federal, a fin de eximir a los comerciantes e industriales de la República del impuesto del 2% que se les cobra durante la tramitación de inconformidades por adeudos pendientes de cubrir al Fisco.

"Después de un minucioso estudio del contenido de la petición a que nos venimos refiriendo, juzgan los suscritos que no es de tomarse en cuenta la solicitud de dicha organización comercial e industrial por las siguientes razones:

"Primero. El 2% a que se refiere y que se trata de suprimir, es la garantía que el Erario Federal exige para el cumplimiento de las obligaciones de los causantes, y por otra parte, ese porcentaje, según lo expresa la fracción 7a. del artículo 236 del Código Fiscal, tiene un límite que es el del 48%.

"Segundo. Se ha tenido también en cuenta que en la mayor parte de los casos los causantes, con mala fe, tratan de dar largas al pago del impuesto y sin causa justificada ocurren al Tribunal Fiscal con el mismo objeto; es decir, alargar cuanto les sea posible el pago de sus obligaciones; por cuanto a la desigualdad que la citada Confederación de Cámaras de Comercio encuentra para aquellos casos en que las resoluciones no beneficien al causante, toda demora que exista no es imputable al Código Fiscal, toda vez que sus disposiciones son claras y terminantes y por otra parte, esas resoluciones competen exclusivamente al Tribunal Fiscal de la Federación, no siendo, por lo tanto, del resorte de esta H. Cámara de Diputados su tramitación.

"Por lo anteriormente expuesto. los suscritos someten a la consideración de esta H. Asamblea el siguiente punto de acuerdo:

"No es de tomarse en consideración la solicitud de la Confederación de Cámaras de Comercio e Industria para que se reformen los artículos 207, 208 y 227 del Código Fiscal. Archívese este expediente.

"Sala de Comisiones de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. - México, D. F., a 17 de octubre de 1944. - Tomás Valles V. - Nicolás Valenzuela Q.

Está a discusión el dictamen. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Los que estén por la afirmativa se servirán indicarlo. Aprobado.

- El mismo C. Secretario (leyendo):

"Comisión de Impuestos.

"Honorable Asamblea:

"La Legislatura del Estado de Morelos transcribe el oficio número 3142 del C. Presidente Municipal de Cuernavaca en el que a su vez inserta la circular número 12 del C. Presidente Municipal de Cananea, Son., por medio de la cual este último funcionario propone que al llevarse a cabo durante el año de 1942 el nuevo registro de los extranjeros residentes en el país, los que deberán pagar una cuota de $ 30.00 por individuo, y tomando en cuenta la labor que desarrollarán para tal efecto los

Ayuntamientos, el 50% del producto de dicho impuesto, se otorgue a los mismo Ayuntamientos, a fin de aumentar los ingresos municipales.

"El expediente relativo fue turnado a la suscrita Comisión de Impuestos, la cual, habiendo hecho un estudio detenido del caso, lo encuentra extemporáneo en virtud de que el registro de extranjeros a que se refiere se llevó a cabo durante el año de 1942, suponiéndose que la aplicación del impuesto de referencia fue hecha desde entonces, por lo que a esta fecha se considera impracticable la distribución de los fondos de referencia entre los Ayuntamientos de la República y el Gobierno Federal.

"Expuesto lo anterior, la Comisión somete a la consideración de esta H. Asamblea el siguiente punto de acuerdo:

"Archívese por extemporáneo el expediente que contiene iniciativa del C. Presidente Municipal de Cananea, Son. para que el producto del impuesto por registro de extranjeros se distribuya por partes iguales entre los Ayuntamientos de la República y el Gobierno Federal.

"Sala de Comisiones de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. - México, D. F., a 17 de octubre de 1944. - Tomás Valles V. - Nicolás Valenzuela Q. Está a discusión el dictamen. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Los que estén por la afirmativa se servirán manifestarlo. Aprobado.

- El mismo C. Secretario (leyendo):

"Comisión de Impuesto.

"Honorable Asamblea:

"La Comisión de Impuestos que suscribe tiene el honor de rendir ante Vuestra Soberanía dictamen sobre el expediente que contiene una petición de la Liga de Comunidades Agrarias y de Sindicatos Campesinos del Estado de Veracruz, en el sentido de que el impuesto de un centavo por kilo de azúcar a que se refiere el Decreto de 29 de abril de 1941, publicado en el Diario Oficial del 15 de mayo del mismo año, sea distribuido por partes iguales para la creación de dos hospitales para tuberculosos, destinados, uno para obreros y el otro para campesinos.

"Considera la Comisión que la solicitud de la Liga de Comunidades Agrarias del Estado de Veracruz no está justificada en virtud de que al establecerse un hospital para tuberculosos se quiso atender de manera amplia y sin limitación alguna a los enfermos que padecieron esa dolencia, en tanto que la solicitud de que nos ocupamos tiende a establecer dos hospitales exclusivos uno para obreros y otro para campesinos, los que indudablemente deberán ser atendidos también en el establecimiento creado con el impuesto de un centavo por kilo de azúcar, establecimiento que está bajo la vigilancia de la Secretaría de Salubridad y Asistencia.

"Expuesto lo anterior la Comisión se permite proponer el siguiente punto de acuerdo:

"No ha lugar a reformar el Decreto que establece un impuesto adicional de un centavo por kilogramo de azúcar, como solicita la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del Estado de Veracruz. Archívese este expediente.

"Sala de Comisiones de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. - México, D. F., a 17 de octubre de 1944. - Tomás Valles V. - Nicolás Valenzuela Q. Está a discusión el dictamen. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Los que estén por la afirmativa se servirán indicarlo. Aprobado.

- El mismo C. Secretario (leyendo):

"Comisión Inspectora de la Contaduría Mayor de Hacienda.

"Honorable Asamblea:

"Para su estudio y dictamen fue turnado a la Suscrita Comisión Inspectora de la Contaduría Mayor de Hacienda el expediente formado con motivo del informe rendido por el C. Contador Mayor de Hacienda en el oficio número 494 que giró el 2 de septiembre último a la suscrita Comisión. En dicho informe se asienta que en el estado número 13 de las cuentas de la Hacienda Pública, correspondientes a los años de 1938 y 1939, figura una relación de créditos incobrables por valor de $ 351,135.50 y $ 43,049.81, respectivamente, cuya cancelación propone la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

"Esta Comisión después de estudiar detenidamente el caso y comprobada la exactitud de lo informado, considera que por tratarse de créditos efectivamente incobrables, deben procederse a cancelarlos cargándolos a cuentas de pérdidas de la Hacienda Pública. En atención a lo anterior, se permite someter a vuestra consideración el siguiente proyecto de decreto:

"Artículo único. Se cancelan las sumas de $ 351,135.50 y $ 43,049.81 (trescientos cincuenta y un mil ciento treinta y cinco pesos, cincuenta centavos y cuarenta y tres mil cuarenta y nueve pesos, ochenta y un centavos) importe de los créditos a favor del Erario de la Federación y que figuran en el estado número trece, de la cuenta de la Hacienda Pública, correspondiente a los años de 1938 y 1939, respectivamente, por considerarse incobrables, cargándolos a la cuenta de Pérdidas de la Hacienda Pública.

"Sala de Comisiones de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. - México, D. F., a 12 de octubre de 1944. - Manuel Moreno Sánchez. - José Zavala Ruiz. - Donato Miranda Fonseca. - Nicolás Valenzuela Q".

En votación económica se pregunta si se dispensan los trámites. Los que estén por la afirmativa se servirán indicarlo. Se dispensan los trámites. Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra, se procede a recoger la votación nominal.

Por la afirmativa.

El C. Secretario Aragón Rebolledo Eliseo: Por la negativa.

(Votación.)

El C. Secretario Ramírez Melquiades: ¿Falta algún ciudadano diputado de votar por la afirmativa?

El C. Secretario Aragón Rebolledo Eliseo: ¿Falta algún ciudadano diputado de votar por la negativa? Se procede a recoger la votación de la Mesa.

(Votación.)

El C. Secretario Ramírez Melquiades: Por unanimidad de 77 votos fue aprobado el proyecto de decreto. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

- El mismo C. Secretario: Se va a proceder a la elección, por cédulas, de Mesa Directiva para el mes de noviembre próximo. Se suplica a los ciudadanos diputados se sirvan pasar a depositar sus votos, por orden de lista.

(Elección.)

El C. Presidente: Se suplica a los ciudadanos diputados Fernando Díaz Durán y Arturo González Villarreal, se sirvan auxiliar a la Secretaría a efectuar el escrutinio.

(Escrutinio.)

El C. Secretario Ramírez Melquiades: Por unanimidad de 77 votos, ha sido electa la siguiente planilla: Presidente, Heliodoro Hernández Loza, vicepresidente, Pedro Guerrero Martínez y Jesús M. Figueroa. (Aplausos.)

El C. Presidente: En consecuencia, la Presidencia declara que han sido electos, para integrar la Mesa Directiva para el mes de noviembre, los ciudadanos diputados Heliodoro Hernández Loza, para presidente; y para vicepresidente, los ciudadanos diputados Pedro Guerrero Martínez y Jesús M. Figueroa. (Aplausos).

El C. Secretario Aragón Rebolledo Eliseo: Se va a proceder a dar lectura a las proposiciones concretas que contiene el dictamen de la Comisión Investigadora de las Subsistencias y Artículos de Consumo Necesario:

"La H. Cámara de Diputados somete al Ejecutivo de la Unión y a la opinión pública nacional, la conveniencia de llamar para que patrióticamente compartan la responsabilidad de resolver esta grave cuestión, a los sectores de la iniciativa y del interés privados, dándose intervención para orientar la producción nacional y manejar las subsistencias a fin de satisfacer las necesidades del pueblo mexicano, a la Banca, a la Industria y al Comercio nacionales. Para obtener esta finalidad se propone la reestructuración del Consejo de Administración de la Nacional Distribuidora y Reguladora, debiéndose integrar por una parte con un Representante del C. Presidente de la República, otro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, otro de la Secretaria de Agricultura y Fomento y otro de los Ferrocarriles Nacionales de México; y, por la otra con un representante de la Asociación de Banqueros; otro de la Confederación Nacional de la Cámara de Comercio, y otro de la Confederación Nacional de Cámaras Industriales.

"La H. Cámara de Diputados hace la proposición anterior, esperando del patriotismo que debe animar a los sectores de la iniciativa y del interés privados, que participarán de la preocupación que todos los buenos mexicanos tenemos de resolver nuestro principal problema, y de desenmascarar y castigar a los traidores que lucran con el hambre del pueblo.

"Adicionalmente a esta proposición, se sugieren las siguientes medidas:

"a) Aumentar los recursos financieros destinados al fomento de la producción agrícola y manejo de un mayor volumen de productos. "b) Mantener el nivel de las importaciones a la altura de las necesidades. "c) Sostener la política de fijar precios de garantía para los productos agrícolas, y adoptar un rígido control de precios para el consumidor. "d) Invitar a los Gobiernos y organizaciones de los Estados, así como a los del Distrito y Territorios Federales, para que sostengan una conexión más estrecha con el organismo Regulador y Distribuidor de las Subsistencias, procediendo a elaborar, de acuerdo con el mismo, sus planes de producción y distribución locales. Estas autoridades aplicarán las medidas coercitivas que sean necesarias en apoyo del control de precios a que se refiere el punto anterior. "e) En aquellos productos en que se tenga el beneficio del subsidio, controlar el producto inicial, así como sus diversas etapas de industrialización, hasta que llegue a las manos del consumidor, de manera de hacer efectiva la intención puesta al otorgar el subsidio. f) 1. Aumentar el impuesto a los artículos no necesarios que requieran azúcar en su elaboración.

2. Prohibir las ventas forzadas de dos o más artículos para poder vender azúcar. "3. Disponer, por la Secretaría de Hacienda, que la Unión Nacional de Productores de Azúcar entregue mayores cantidades de este artículo, a la Nacional Distribuidora y Reguladora. 4. Disponer, por las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y Economía Nacional, que no se instale en lo sucesivo ninguna fábrica más, que en la elaboración de sus productos, utilice fundamentalmente azúcar como materia prima. 5. Disponer que la Secretaría de Hacienda no autorice ningún aumento en el precio actual del azúcar.

"g) La Cámara de Diputados, por su parte, elaborará en breve plazo, una ley contra el acaparamiento y la especulación".

Está a discusión en lo general. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueban las proposiciones. Los que estén por la afirmativa se servirán indicarlo. Se aprueban en lo general.

El C. Presidente: Está a discusión en lo particular.

El C. Moreno Sánchez Manuel: Pido que con toda claridad se manifieste a los señores diputados.

qué parte está a discusión, para que así los que tengan interés en discutir cada una de las partes, se puedan inscribir oportunamente.

El C. Yurén Aguilar Jesús: Quiero hacer una aclaración. Como a las conclusiones a que llega la Comisión, en términos generales, son correlativas, sería imposible separar a una sola de ellas. Ruego pues, que siendo bastante pequeñas las conclusiones a que se llega, se discuta todo el capítulo en conjunto.

El C. Jasso Manuel: Yo deseo apartar, cuando llegue su oportunidad, el inciso a) y los números 1 y 3.

El C. Figueroa Jesús M: En su oportunidad haré una sugestión adicional.

El C. Cháires Manuel: Pediré la palabra para discutir, en su oportunidad, el primer párrafo que contiene las proposiciones, el inciso a) y el inciso tercero del apartado f).

El C. Yurén Aguilar Jesús: Yo reservo el primer párrafo del inciso a).

El C. Norzagaray Norberto: Me inscribo para discutir, en su oportunidad, el inciso a).

El C. Secretario Aragón Rebolledo Eliseo: Se va a dar cuenta a la Asamblea de los incisos de las proposiciones apartados para su discusión: el primer párrafo, separado por los compañeros Cháires y Yurén; el inciso a), por los diputados Jasso, Cháires y Norzagaray; el inciso 1 del apartado f), separados por los diputados Jasso y Yurén; el inciso tercero de la misma letra, apartado por los compañeros Cháires y Jasso. De manera que en el orden indicado se va a proceder a la discusión.

El C. secretario Aragón Rebolledo Eliseo: El primer párrafo apartado dice así:

"La H. Cámara de Diputados somete al Ejecutivo de la Unión y a la opinión pública nacional, la conveniencia de llamar para que patrióticamente compartan la responsabilidad de resolver esta grave cuestión, a los sectores de la iniciativa y del interés privados, dándose intervención para orientar la producción nacional y manejar las subsistencias a fin de satisfacer las necesidades del pueblo mexicano, a la Banca, a la Industria y al Comercio nacionales. Para obtener esta finalidad, se propone la reestructuración del Consejo de Administración de la Nación Distribuidora y Reguladora, debiéndose integrar por una parte con un Representante del C. Presidente de la República, otro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, otra de la Secretaría de Agricultura y Fomento y otro de los Ferrocarriles Nacionales de México; y, por la otra, con un Representante de la Asociación de los Banqueros; otro de la Confederación Nacional de Cámaras Comercio, y otro de la Confederación Nacional de Cámaras Industriales".

El C. Presidente: Tiene la palabra el ciudadano diputado Jesús Yurén.

El C. Yurén Jesús: Señores diputados: no cabe duda que la Comisión realizó una labor de investigación que nos ha dado a todos la oportunidad de conocer en forma clara y precisa la posición que ocupa el Gobierno de la República frente al grave problema de las subsistencias. Hemos llegado a analizar con todo detenimiento su valioso informe, llegando a la conclusión de que el Gobierno que tan dignamente preside el general Ávila Camacho, ha hecho todo lo posible por amortiguar las ansias del pueblo, aun yendo más allá de sus posibilidades económicas. Hemos estado en posibilidad de analizar cómo fue desarrollándose en nuestro país la crisis en la que se refiere a los artículos de consumo necesario, como consecuencia de las repercusiones que en materia económica surgieron en nuestra patria; como hubo necesidad de proporcionar subsidios para el fomento de la agricultura, en el maíz, en el trigo; como se hizo también lo necesario para que se resolviera el asunto de las grasas y aceites; como fue necesario que el gobierno invirtiera cantidades fabulosas de dinero para poder mantener el precio de las tortillas y del pan, por lo menos a la altura en que se encuentra.

Esta labor de la Comisión tiene un gran interés para el pueblo de México, porque hasta ahora, desgraciadamente, se había dejado entrever entre el pueblo que no está en contacto con estas cosas, que el principal causante de la crisis podría ser el gobierno mismo.

Se ha publicado en todos los órganos de la prensa de nuestro país el informe, y el pueblo trabajador, el pueblo humilde, ha podido convencerse de que el gobierno de la República ha estado en su papel, tratando de encontrar la fórmula práctica para resolver la crisis en que nos debatimos. Pero sí es necesario que nosotros en esta ocasión no veamos la cosa desde un punto de vista romántico, esto es, que al hacerse una reorganización en la Nacional Distribuidora, pudiera tomarse como punto de vista exclusivo el de hacer participar en esta magna labor a todos los sectores, cuando no son todos los sectores, por más que se deseara, los que mantienen el mismo criterio, el mismo interés, el mismo deseo de darle al pueblo una vida mejor.

Yo vengo en nombre del sector obrero a oponerme a que formen parte de esa organización de la Distribuidora, en sus Consejos, los representantes del comercio, y vengo a oponerme, porque desgraciadamente ya han tomado parte estos señores, por conducto de sus técnicos, por conducto de sus representativos, en la propia Comisión Distribuidora, sin que hubiere habido por parte de ellos la misma buena fe que animara a los representativos del Estado, a los representativos de los consumidores, trabajadores y campesinos. Podremos mencionar casos concretos en donde ha habido deslealtad de parte de los representantes del comercio, dentro de la propia Distribuidora. Tenemos casos en que ellos opinaron que la Distribuidora no debería comprar las cosechas, porque no era el tiempo oportuno. Se opusieron a la compra de las cosechas, y cuando salieron de la reunión del Consejo que trató este asunto, circularon entre todos los comerciantes la noticia para que ellos compraran, y compraron las cosechas a buen precio, para que cuando la Distribuidora tratara de comprar, ya no hubiera que comprar, de tal suerte que la Distribuidora tuvo que comprar muy caro, viniéndose, como era natural, el encarecimiento del maíz y del

trigo obteniéndose, en consecuencia, una utilidad para los acaparadores de más de cuarenta millones de pesos, y un perjuicio para el pueblo de México.

Esta labor de traición, ya no a un principio, sino al pueblo mismo, a la patria, no puede pasar inadvertida por nosotros, y no podríamos dar cabida dentro de la propia Distribuidora a quienes ya enseñaron su forma y su modo de trabajar en perjuicios del pueblo de México.

Cuando se iban a dictar las disposiciones que determinaban una reglamentación en los Ferrocarriles para el acarreo de mercancía, también procedieron de igual manera estos señores, habiendo dado como consecuencia esta actitud de ellos la misma que en el caso anterior; es decir, ellos compraron oportunamente para que la Distribuidora se viera imposibilitada de comprar, y estas condiciones elevaron el precio del producto tanto como ellos quisieron. Admitirlos dentro del Consejo de Administración de la Distribuidora, sería tanto como tenerlos dentro de un organismo cuya principal finalidad es conservar el secreto en beneficio del pueblo, y darles facilidades de que, al conocer todo el mecanismo de la Distribuidora, cuyo funcionamiento debe ser exclusivo para el pueblo de México, siguieran haciendo su agosto. Por esas razones, nosotros proponemos (al decir nosotros me refiero al sector obrero) que al hacerse la reorganización que propone la Comisión, respecto al Consejo de la Distribuidora, no forman parte de él los señores Comerciantes que, como dije antes, ya han enseñado en ocasión anterior que no saben tratar con lealtad un problema de la importancia del que nos ocupa.

Los datos que he dado a ustedes podemos confirmarlos, cuando la Comisión los desee, con los documentos que obran en poder de la propia Distribuidora. Ahora, en su oportunidad, me permitiré hacer una proposición en relación con el capítulo que también apartamos del inciso f); pero por lo pronto propongo que al estructurarse la Comisión no se dé cabida a los señores comerciantes.

El C. Presidente: Tiene la palabra la Comisión.

El C. Brito Rosado Efraín: Compañeros diputados: Indudablemente que en este día toca a la Honorable Cámara de que formamos parte, tratar unos de los renglones de trascendencia más vital y que más interesan a nuestro pueblo, como es el de las subsistencias.

Conscientes de ello, quienes formamos parte de la Comisión hemos querido, al enfrentarnos con este problema, investirnos previamente de la mayor serenidad, para que a través de ella, las soluciones a que en esta cuestión se llegue, sean en lo posible justas y equitativas.

No cabe duda que en el problema de las subsistencias se debaten cuestiones profundamente interesantes para el pueblo, entremezcladas con pasiones y, al mismo tiempo, con intereses mezquinos. Nosotros hemos pretendido borrar todo lo que pudiere significar pasión e interés partidista en el estudio de esta cuestión, y por eso es que las conclusiones a que llegamos, tratan de ser, en lo posible, como decía antes, una forma que equitativamente dé a cada quien lo que le corresponde y que, al mismo tiempo, se dé la oportunidad a todos los sectores representativos de las fuerzas activas de México, de tomar participación en la solución del mismo problema.

La cuestión de los precios debe analizarse fríamente, debe analizarse, ante todo, teniendo muy presentes las leyes permanentes de la economía que, con una práctica diaria reiterada desde que esta ciencia fue elevada a tal categoría, nos ha demostrado como evidentes y como firmemente asentadas en las realidades, que se fundan en las relaciones del trabajo y de la producción entre los hombres.

Si analizamos así la cuestión del alza de los precios en México, veremos que junto al factor mala fe que, indudablemente concurre en esta vez, y que la comisión serenamente señalará en su oportunidad, junto al factor mala fe concurren otros factores que no están en la mala intención de los hombres el que se produzcan. Ante todo y sobre todo, debemos tener presente que hay un fenómeno mundial que conmueve profundamente, hasta sus más hondas raíces, la economía del mundo: es la guerra; y México, participante en esta guerra, no podría en ningún momento aspirar al privilegio de no resentir ninguna de las calamidades que en estos momentos azotan a todos los pueblos.

Yo sé muy bien, y todos nosotros compartimos ese sentimiento, que cuando nuestro pueblo clama contra la injusticia de los precios altos, tiene perfecta razón, porque, como antes decía, hay mucha parte de mala fe en esta alza; pero sé que también nosotros tenemos la obligación ineludible de explicar al pueblo cuales son las causas coeficientes y primarias de esa alza en los precios, y éstas se fundan y arrancan originariamente, como antes decía, del fenómeno de la guerra.

En primer lugar ejemplifiquemos con un solo renglón, una de las causas que voy a enumerar: sube el precio, sube la demanda del acero en los grandes países productores de este metal; sube la demanda del acero porque se necesitan armas, cañones, tanques, ametralladoras en los frentes de guerra, porque se necesitan de una manera imperativa, impostergable. En consecuencia, habiendo más demanda de ese metal, por la vieja ley económica de la oferta y de la demanda, sube el precio del acero y, en consecuencia, sube el precio de los tractores, sube el precio de los coches, sube el precio de los camiones, sube el precio de los arados, sube, en fin, el precio de una serie de instrumentos que se utilizan en la agricultura y entonces, primera consecuencia, elementalmente justa, el ejidatario, el agricultor, tiene que defenderse y los precios de ciertos artículos del campo tienen que subir.

Esa es una de las causas que no debemos perder de vista. En segundo término, en cuanto en un país - y México no puede escapar a esta generalización - se acusa cierta escasez en un artículo, se produce los que se llama "Compras de pánico". Las familias compran más de lo que necesitan, comienzan a hacer acopio de mercancías; y la familia que antes consumía, por ejemplo, medio kilo de azúcar al día, pretende tener almacenados dos saquillos.

Estas compras aumentan la demanda y son otra de las causas del aumento de precios.

Hay, asimismo, otro hecho importante que urge subrayar en esta ocasión. En nuestro país hay en este momento un exceso de monedas circulante, no por un capricho del Gobierno, no, como se ha dicho por quienes juzgan esto superficialmente, porque el Gobierno ponga en circulación más moneda de la necesaria, sino por una serie de circunstancias originadas en la misma guerra, que viene haciendo que el fenómeno de la circulación monetaria sea cada vez más intenso.

Entre esos factores podríamos desde luego citar: el aumento de las exportaciones. Ejemplos típicos son la del jitomate, la del ganado, la del henequén y la de ciertos minerales, como el mercurio. En cuanto al henequén, cabría afirmar que, a más de una demanda que agota la producción de los Estados que lo produce, principalmente en Yucatán, ha tenido en su precio un ascenso importante que va de los dos centavos, aproximadamente, oro americano, que tenía antes de la guerra, al precio actual de nueve centavos oro la libra. Es decir, uno de los mejores precios que ha tenido el henequén desde que esta fibra se cotiza en el mercado, y el precio más alto en moneda nacional. Porque en la época del general Alvarado, el precio llegó a diecinueve centavos oro, la libra. En cambio, en moneda nacional, como entonces el peso mexicano valía cincuenta centavos de dólar, diecinueve centavos de dólar se convertían en treinta y ocho centavos mexicanos. Actualmente los nueve centavos que cuesta la libra, o sea el kilo a dieciocho centavos oro, se convierten en noventa y seis centavos en moneda nacional. En consecuencia, en Yucatán hay una enorme cantidad en moneda circulante, que supera en mucho a la habida antes de la guerra.

Otro factor que contribuye al aumento de la moneda circulante, es el aumento de las reservas en oro en el Banco de México. Las reservas en oro fluctuaban antes de la guerra entre veintiséis y cuarenta y siete millones de pesos. Actualmente hay una reserva de doscientos setenta millones de pesos en oro.

Asimismo se han aumentado los impuestos a la exportación y concomitantemente a esto ha habido un aumento de nuevas empresas. Todos estos factores contribuyen a aumentar el factor fundamental. Hay mayor cantidad de moneda circulante; en consecuencia, el poder adquisitivo de las masas crece; y mientras hay mayor demanda, la oferta se encarece. Esta es una de las causas profundas del encarecimiento de los artículos de primera necesidad.

Naturalmente que nosotros no podríamos pasar por alto hasta qué punto, junto a estas causas inevitables, concurren otras que tienen un origen moral, ético: me refiero en este caso a los políticos y a los comerciantes que lucran con el dolor y con la miseria de nuestro pueblo. No podríamos afirmar, porque mentiríamos, que no hay ningún político que haga negocios sucios. Pero los comerciantes y los industriales tampoco podrán decir que no hay comerciantes e industriales que no hagan negocios sucios. Sí cabe afirmar que tanto los políticos como los industriales y los comerciantes que tal hacen son en escasa minoría. Ellos contribuyen al encarecimiento, pero no son la causa original. Por eso cuando la Comisión trata la cuestión de reorganización de la Reguladora, piensa que no es justo que únicamente recaigan sobre el Gobierno las críticas del encarecimiento de la vida y que hay que llamar a compartir las responsabilidades que significan estar controlando los precios, a las gentes que tienen participación directa en el manejo de estos mismos precios, y éstas gentes están representadas, fundamentalmente por la Asociación de Banqueros, por la Confederación de Cámaras de Comercio y por la Confederación de Cámaras Industriales.

Además, no creemos nosotros que deba procederse en esta ocasión, en que se debate un problema tan grave para toda la nación, con un criterio sectario y con un criterio de bandera política; debemos enarbolar en estos momentos una bandera nacional, una bandera que por igual cubra a todas las gentes que de buena voluntad quiera aportar su punto de vista a la solución de esta cuestión; y aquí se liga lo que decía antes, esto es, la necesidad de que la Reguladora se integre como la Comisión lo propone.

No todos los industriales, no todos los comerciantes, no todos los productores proceden de mala fe hay comerciantes e industriales que sí lo hacen, y estoy seguro que en la secuela de esta discusión, sin pasión y con frialdad, quizás hasta aparezcan nombres, que señalarán de manera concreta, de las gentes que tal hacen; pero nosotros pecaríamos, hasta de falta de patriotismo, involucrando en una acusación colectiva a todas las gentes que participan en el fenómeno de la producción.

En todos los países del mundo tenemos el ejemplo vivo de Inglaterra, de Estados Unidos, el éxito de las grande campañas contra los precios ha tenido como base el hecho de que el Gobierno ha sabido captarse la colaboración de las fuerzas privadas. Es un error inveterado en México el suponer lo contrario. No hay ningún país ni lo ha habido en la historia ni lo habrá nunca, porque va contra las leyes sociológicas y de la constitución humana; no hay ningún país en que el Gobierno, por sí sólo, pueda resolver en un momento dado los problemas graves y capitales que agitan a esos mismos países. No se me podrá dar un sólo ejemplo; trátese de la educación de la economía o de cualquier otro problema fundamental, es necesario, y así se hace en los países más civilizados, contar con el factor privado. Las leyes draconianas, las leyes coercitivas, tienen un determinado radio de efectos y de acción; pero hay en el campo psicológico entre los hombres, que no puede ser controlado ni dominado por ninguna ley, por drástica que esa ley pueda ser, y es allí donde pensamos que es un error constituirnos en estos momentos en una secta oficial, diciendo que nosotros tenemos la verdad sobre los precios, que nosotros somos las únicas gentes honradas.

Compañeros diputados: Nosotros somos representantes del pueblo, y en el pueblo, en su acepción

generalizada y amplia están incluidas todas las fuerzas que intervienen en la producción. Pecaríamos, pues, de miras estrechas, de egoísmo, de sectarismo, si pretendiéramos en estos monumentos en que se debate nada menos que el hambre del pueblo, constituirnos en profetas, en sabios supremos, en hombres que tengan en sus manos los secretos de la economía, los secretos del campo de la distribución y circulación de los bienes, y decir: de esta Cámara va a salir la ley suprema que resuelva en un momento todas las inquietudes y todas las miserias populares. Debemos tener una visión más amplia; debemos, en estos momentos, despojarnos de todo partidismo; no es una campaña electoral, no es una campaña política, es una campaña nacional que afecta a todas las gentes de México. Llamemos, pues, a todas esas gentes de buena voluntad a colaborar. En la forma...

El C. Yurén Aguilar Jesús (interrumpiendo): ¿Me permite una aclaración, compañero?

El C. Rito Rosado Efraín: Con todo gusto.

El C. Yurén Aguilar Jesús: Yo deseo aclarar que no es nuestra posición sectaria, puesto que creemos nosotros que no se trata en este caso de eliminar dentro de un plan de responsabilidades a un sector de la sociedad. Sólo estamos nosotros señalando concretamente la forma en que opinaron y obraron los comerciantes cuando tuvieron participación dentro de la Distribuidora. No es cuestión política ni es cuestión sectaria ni de enemistad de grupo: es una cuestión fundamental, porque ya la práctica nos enseño cómo obrar. Pero, a mayor abundamiento, debemos aclarar los siguiente: si nos pusiéramos a averiguar por qué se creó la Nacional Distribuidora, llegaríamos a la conclusión de que ésta tuvo como principal objetivo regular el mercado, en contra, precisamente, de los comerciantes especuladores y de los acaparadores de mercancías de consumo necesario. Ahora se va a poner en manos de ellos ese órgano importante para que entonces todo cuanto la Reguladora y Distribuidora pretenda hacer en beneficio del pueblo, sea previamente conocido por quienes han especulado y siguen especulando.

Suplico al diputado Brito Rosado considere que no se trata de cuestión sectaria, que vemos el asunto con toda amplitud y somos partidarios de que se llegue a una conclusión; pero que no estaremos de acuerdo nunca en que se admita a quienes públicamente conocemos como especuladores, acaparadores y hambreadores del pueblo.

El C. Brito Rosado Efraín: La aclaración del diputado Yurén, a mi manera de ver, no rectifica las afirmaciones que vengo haciendo, y no las rectifica, porque yo he sostenido y aceptado que hay comerciantes de mala fe que están lucrando de modo ilícito; que asimismo, hay industriales y productores que tal hacen; pero no podríamos afirmar que no haya ningún político que haga lo mismo, y que junto a la gestión patriótica, honesta y loable del señor Presidente de la República y de sus cercanos colaboradores, y contrastando con esta gestión, hay gentes que se valen de ciertos puestos oficiales, secundarios si se quiere, pero oficiales, para estar también, como los comerciantes de mala fe, haciendo maniobras sucias. Y si siguiéramos el criterio del señor Yurén, si se eliminara a las Cámaras de Comercio, a las industriales y a las asociaciones de banqueros, porque entre ellos hay malos elementos, entonces también tendríamos que eliminar a los políticos honestos, a los estadistas honestos que la Comisión propone que figuren en la Reguladora, porque también hay políticos de segunda fila que hacen negocios sucios. Lo que yo quiero es que se llame a estas gentes, a los que merezcan figurar en la organización de la Reguladora, como también debe ponerse a elementos del sector oficial, en el que existe una mayoría de gentes responsables y honestas, y también se cuente con una representación de las maniobras de gentes honestas y responsables del sector privado.

Insisto en mi punto de vista, que en nada modifica la afirmación o aclaración del compañero Yurén. El Gobierno, por sí solo, en ningún país resuelve de manera terminante los problemas graves del país; siempre es necesaria la cooperación privada. Y lo que la Comisión pretende es abrir las puertas a gentes honestas y responsables de los sectores interesados, llamándolas a cooperar, para que así nos acerquemos más a una posibilidad de éxito; pero si esa posibilidad de éxito no llegara, entonces el fracaso nadie podría decir que es exclusivamente del Gobierno o de los políticos, porque diríamos a los señores comerciantes, a los productores, a los industriales: "Ustedes estuvieron representados en la Comisión, y si no se tomaron las medidas adecuadas, a ustedes corresponde, por igual, la responsabilidad, junto con el Gobierno".

La Comisión piensa que la Reguladora debe integrarse con un sentido nacional. No desconocemos que haya comerciantes deshonestos, como tampoco desconocemos que haya políticos deshonestos. El secreto del éxito de esta nueva organización está en que las gentes que vayan a ella sean honestas, responsables y de sentido patriótico, que pospongan los intereses mezquinos de un negocio a los intereses del pueblo de México.

La Comisión reitera sus puntos de vista en la forma de organizar la Reguladora. (Aplausos.)

El C. Presidente: Tiene la palabra el ciudadano Manuel Cháirez.

El C. Cháirez Manuel: Señores diputados: el dictamen presentado por la Comisión Investigadora de las Subsistencias, designada por este Honorable Cuerpo Legislativo, nos ha dado la idea y la oportunidad de discutir este importante asunto, que tanto interesa al pueblo de México.

No quiero abordar ni discutir los detalles técnicos que contiene en la apreciación del volumen productivo o de consumo, porque los considero documentados y verídicos hasta el punto mismo, en que se producen alteraciones transitorias provocadas por el estado de cosas que prevalecen; pero sí quiero referirme a los puntos concretos que contienen las proposiciones que hace la comisión como fundamentales para corregir el alza en el costo de la vida.

No cabe duda que estos puntos de vista de la honorable Comisión, están saturados de cordura y ponderación; pero más que todo, de un espíritu patriótico y conciliador.

Considerando que tenemos derecho a aspirar que los sectores de la iniciativa privada, del comercio y de la industria del país, percatándose de la hora que vivimos, abandonen definitivamente esa actitud que hasta ahora han guardado, de considerar los problemas nacionales y su resolución, como de la exclusiva competencia del Gobierno, y de sentirse ajenos a toda responsabilidad.

Pero, abundando en las apreciaciones del compañero Yurén, me siento pesimista con que ellos vengan a cooperar con el Gobierno para la solución de este grave problema, y me siento así, porque ellos, más que nadie, son los que se han valido de todos los subterfugios que su ambición les aconseja para burlar las disposiciones que el Gobierno ha dictado para el abaratamiento de la vida. Es por esto que concretamente, vengo a presentar mis contraposiciones en este problema, haciendo hincapié en que por ningún motivo debe llamarse a los capitales del comercio. Mi proposición completa está precisamente en llamar al pequeño comercio y valernos de los distintos medios de distribución que hay en la República. Basado en eso, he elaborado este proyecto al que voy a dar lectura:

"A tal efecto, la honorable Cámara de Diputados somete a la consideración del Ejecutivo de la Unión y a la opinión pública nacional, la conveniencia de que se preste todo el apoyo y respaldo necesarios a la Nacional Distribuidora y Reguladora, S. A. de C. V. para darle la fuerza inherente a un organismo de control nacional de los precios de artículos de consumo necesarios, para que éste pueda emprender en forma enérgica y definitiva una campaña de abatimiento de precios en los artículos de primera necesidad. Que este organismo regulador y distribuidor de las subsistencias, aumente sus corrientes de distribución, haciendo llegar hasta el público consumidor los artículos que controla por medio de: 1o. Las tiendas populares que tiene establecidas en el país. 2o. Por medio de las Cooperativas de Consumo que se encuentran registradas o que se registren conforme a la ley respectiva, en la Secretaría de la Economía Nacional o en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y 3o. Por medio de todos los pequeños comercios que hacen ventas al detalle directamente al consumidor y que, patrióticamente, se presenten a secundar la campaña de abaratamiento de la vida.

Para los efectos del segundo punto, y con apoyo en el artículo 55 de la Ley General de Cooperativas, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, dará la autorización necesaria a todas las Cooperativas de Consumo para que operen con el público en auxilio de la Nacional Distribuidora y Reguladora S. A."

Al presentar estas proposiciones concretas, lo hago considerando, en primer lugar, que las tiendas populares no deben desaparecer, puesto que esas tiendas significan en estos momentos una barrera para el avorazamiento de los acaparadores, dado que, han tenido tiempo de sobra estos señores para rectificar su actitud. Más de una vez el señor Presidente de la República los ha llamado para que, limitando sus ambiciones personales, vengan a cooperar con el Gobierno y ayuden a la solución de este grave problema. ¿Y qué es lo que hemos recibido, en cambio? Que ellos sean los únicos que pongan a discusión la alteza de miras que tiene el Gobierno; porque desde el comerciante más íntimo hasta el comerciante más encumbrado, siempre están diciéndole al consumidor, que si hay carestía de la vida, se debe precisamente a las medidas dictadas por el Gobierno. ¿Y no es cierto que antes no había reguladora, y no es cierto también que la Reguladora vino a crearse precisamente porque ya era insostenible la línea ascendente en los precios de los artículos de consumo necesario? Señores, como decía el compañero Yurén, estamos en una etapa de lucha definitiva en que no debemos dejarnos llevar por los ideales y el romanticismo. Si hemos de abordar este problema, debemos hacerlo con valentía y dejarnos de pláticas que sólo nos ponen en ridículo.

Al proponer que las Cooperativas de Consumo sean las fuentes de distribución de parte de la Reguladora, lo hago porque creo que es el mejor medio, pues son ya tiendas organizadas que también pueden comprar al contado, son tiendas en las cuales ha habido una selección de dirigentes de parte de los que forman las cooperativas y en las cuales la Distribuidora no tendría que quebrarse la cabeza para su fiscalización. Y también lo hago porque hay regiones alejadas de los centros de distribución donde existen solamente cooperativas y son las únicas fuentes reguladoras del medio de vida de esas regiones. No nos saldríamos de ningún ordenamiento legal, si pidiéramos a las Secretarías de la Economía Nacional y a la del Trabajo y Previsión Social, que autoricen a esas Cooperativas para que hagan extensivas las ventas y por ende los beneficios al público en general, porque así lo estatuye expresamente la Ley General de Cooperativas; y precisamente para estos casos de emergencia para el abatimiento de precios.

Al proponer que el pequeño comercio sea el que venga a cooperar con la Nacional Distribuidora, lo hago porque el pequeño comercio es el paria de los acaparadores; es el individuo que está de intermediario entre el acaparador y el pueblo y es el que se ve obligado a dar kilos de ochocientos gramos, por que los acaparadores lo obligan al darle precios elevados y ellos al tratar de ajustarse a las disposiciones de la Nacional Distribuidora. Y lo hago también porque creo más en el patriotismo del pequeño comerciante que en el del acaparador; creo más en la honradez del pequeño comerciante que en la de los capitanes de industria. Y si nosotros llegásemos a proponer estas medidas a la Nacional Distribuidora, creo que todo el mundo nos aplaudiría porque vería que nosotros entramos de lleno a resolver su problema, ya que en vez de tener a un pequeño comerciante frente a una tienda popular viéndose en sí como enemigos, tratamos de que se vean como amigos porque compran en la misma fuente, a los mismos precios y estarán igualmente abastecidos ayudándose entre sí para beneficio del público.

Considero, señores diputados, que debemos

abordar este problema con verdadera visión. Hemos tenido seis años detrás de nosotros y en los cuales nos ha enseñado la experiencia que a los grandes capitales del comercio y de la industria no les importa el patriotismo ni la democracia, y que su único fin es la protección de sus intereses personales. A esos señores es a los que hay que eliminar de este mercado. ¿Cómo? Enérgicamente.

Quiero pedir a ustedes, compañeros, que estudiando, como decía el compañero diputado Brito Rosado, fríamente este asunto, sin pasiones, y sin idealismos, apoyen la proposición que vengo a hacerles y que en estos momentos entrego al Secretario de la honorable Cámara. (Aplausos)

El C. Presidente: Tiene la palabra la Comisión.

El C. Moreno Sánchez Manuel: Señores diputados: las objeciones que se nos han hecho hasta este momento, podemos considerarlas de dos géneros: unas, pretendiendo objetar en lo particular las conclusiones, en realidad han venido a controvertir el principio fundamental en que gira todo el informe y las otras, que se refieren a detalles, originados más bien por descuido en la lectura o por la incorrecta interpretación de las palabras.

El primer punto, en algún aspecto lo rebatió el miembro de la comisión que me precedió en el uso de la palabra, y por lo que se refiere al segundo, voy a hacer solamente algunas anotaciones.

La razón fundamental, señores diputados, por la cual la Comisión se ha colocado en la posición adoptada en el informe, es simplemente porque acepta, como acepta el Gobierno de la República, los principios básicos del régimen democrático en que vivimos.

La razón fundamental por la cual nosotros planeamos una nueva intervención de las fuerzas de la iniciativa privada, es porque nosotros no podríamos, en un régimen como en el que vivimos, acabar con la libertad de comercio que está firmemente apoyada en una de las garantías de la Constitución.

Yo no voy tan lejos, como el señor licenciado Brito, a afirmar que no hay país en el mundo que pueda acabar con esa libertad; yo creo que sí puede haber un país, pero ese país tendría que estar organizado precisamente sobre principios filosóficos y políticos distintos a aquellos en los cuales México se encuentra organizado y apoyado. Mientras exista el Artículo 4o. de la Constitución, mientras existan artículos tales que consideran la iniciativa privada uno de los fundamentos de la actividad económica, nosotros no podríamos borrar la influencia de los factores privados.

Es posible que en otro país, que en un régimen sin libertad de comercio, que en un régimen social en que no haya ya absolutamente ningún intermediario entre la producción y el consumo; que en otro país de la tierra - que realmente exista o que se haya planeado para el futuro - podamos nosotros prescindir del comercio y que la distribución de las mercancías se realice mediante un sistema distinto; pero en el nuestro, ello no sucede así.

Según estadísticas que no ofrezco como verdad absoluta y matemática, sino aproximada, como todas nuestras estadísticas, existen en el país una enorme cantidad de tiendas dedicadas a la venta de los artículos de consumo necesario. Son ciento noventa y cinco mil tiendas. Existen en el Distrito Federal cinco mil de esas tiendas y ¿qué hemos podido oponer nosotros a esta suma de tiendas, chicas y grandes, de las que muchos hombres viven y obtienen el sustento de sus familias? La Reguladora y Distribuidora ha podido establecer, en el Distrito Federal, menos de doscientas tiendas y, en todo el país, menos de ochocientas tiendas; y con ochocientas tiendas que incluyen al Distrito Federal, nosotros queremos oponernos a ciento noventa y cinco mil establecimientos en que los particulares consumen todos los días los artículos necesarios. Es que el Estado, si pusiera todo su presupuesto en juego; si todas las actividades gubernativas se dedicaran exclusivamente a repartir los artículos de primera necesidad, ¿podría detener la influencia de los particulares a este respecto?

Se ha hablado aquí por mi respetable compañero de San Luis Potosí, que hay que ser realistas y que no hay que ser románticos e idealistas. Yo acepto, con la verdadera significación que a esos conceptos se les debe dar, las palabras de mi compañero; estoy conforme con que hay que ser realistas, y por eso no perder de vista que es imposible que el Estado, con todas sus dependencias, detenga la influencia que en la producción y el consumo tiene la iniciativa privada. La libertad de comercio es un principio, es una norma suprema, mientras esté sostenido el país por un régimen democrático.

Llevamos dos períodos de sesiones y en ellos hemos escuchado dos informes del señor Presidente de la República; y quienes hayan escuchado con atención, recordarán que ha dicho en este lugar que es preciso que intervengamos en la economía del país, sin dejar nunca de fomentar e impulsar la iniciativa privada.

De pronto, cuando veníamos a un debate, en torno a un informe, ¿vamos, de una plumada, a violar para siempre el principio de la libertad de comercio? ¿Vamos, con una fórmula mágica, a decir que el Estado, únicamente se encargue de comprar y vender? ¿Qué va a ser entonces de los comerciantes; de qué van a vivir? ¿ Y que haríamos nosotros mañana, si aprobáramos esa sugestión al Ejecutivo, y éste nos dijera que no puede suprimir el libre comercio, porque un artículo constitucional se lo prohibe?

Pero supongamos que con esa aprobación la alarma cunde y que se cierran las tiendas, quedándose las mercancías en las bodegas, ¿habremos salvado al pueblo, de esa manera, del hambre? No es con falsas promesas y con demagogia como se va a salvar al pueblo de la miseria. ¡No! Es preciso planear las cosas con frialdad, traer y exponer cifras, interpretar y explicar la política del Gobierno de la República. Aquí suben a la tribuna algunos diputados con timidez, tal vez pensando en el fondo, que no es defendible la política del Gobierno.

Todavía hoy en un periódico leía un artículo del licenciado Guiza y Acevedo, en que se trataba del informe nuestro, con gran ligereza, desconociéndose el fondo verdadero del mismo. Que estamos

dando tan sólo una explicación de la carestía, y que esto es un lugar común; y se nos pide que investiguemos y digamos la verdad. Eso es lo que hemos hecho. hemos dicho la verdad.

El principio de nuestro informe es el siguiente: México no produce todos los artículos de primera necesidad que consume. ¿Por qué? Porque México está en guerra; y porque muchos agricultores han desviado sus cultivos, dedicándose a la obtención de productos más remunerativos. Así, han dejado de sembrar y atender sus viejos cultivos, porque los precios que obtienen con el cacahuate, el ajonjolí, el algodón y todas las demás materias primas que estamos vendiendo al comercio exterior, han hecho que se haya dejado de sembrar maíz, trigo, etc. Tal es la verdad.

¿Qué es lo que ha pasado? Que la balanza internacional en México ha crecido, pues tenemos varios millones de millones de dólares en los bancos extranjeros, dispuestos a adquirir lo que necesitamos. Si de pronto nuestra economía sufre por una producción deficiente, ¿qué hace un país en tales condiciones? ¿Qué aconseja, entonces, una atinada política económica y financiera de una país? Solamente esto: los países que no producen las materias primas que consumen, deben producir otras. Y es lo que hemos hecho. Hemos producido hierro, hemos producido metales diversos, y no nos los hemos comido; hemos producido algodón y tampoco nos lo hemos comido; pero en cambio, la balanza internacional nos ha permitido fondos suficientes para poder comprar los artículos de primera necesidad que nos faltan.

Esta es la política del Gobierno, clara, terminante, precisa, honrada y ajustada a los principios de la economía. Y es falso lo que se dice al asegurarse que nos hemos equivocado al no sembrar. Es verdad que nos hacen falta, pero también nos faltan transportes, siendo éste un problema de la guerra. Si los transportes marítimos, que nunca hemos podido tener, hubieran estado al día, entonces hubiéramos traído trigo de la Argentina y de los Estados Unidos, como ya lo hemos hecho, así como otros productos, por lo cual no necesitamos tener estas preocupaciones.

Pero, ¿los transportes nos aclaran esto? No del todo, porque si bien es cierto que, como afirmamos, el Gobierno tiene en manos de la Reguladora, casi trescientos millones de pesos invertidos en artículos de primera necesidad, surge el problema de si serán distribuidos adecuadamente.

Esto sí ya es una cuestión ulterior y me atrevo a decir que no pueden ser distribuidos adecuadamente, no porque la Reguladora marche mal, no porque los comerciantes estén robando al público, sino porque nuestros transportes están mal, porque nuestros ferrocarriles tienen tantos años de envejecidos, que no pueden prestar un servicio eficiente, y nuestros ferrocarriles están en este estado porque anteriormente la política hizo que no se les hiciera caso y no se procuró que estuvieran en debida forma; porque la red de carreteras no se ha terminado.

Todo esto explica claramente que quizás no podamos llevar todos los artículos a los lugares que se requieran. Pero aquí, en este informe, consta para honor del Gobierno de la República, que trescientos millones de pesos están invertidos para tratar de subsanar todas estas deficiencias.

La política que se opone al Gobierno es muy compleja: no es cierto que sólo los comerciantes que no pesan bien, estén haciendo mal al Gobierno en su política; no es cierto que solamente aquellos que roban son los que han estado perjudicando al país; lo perjudican hasta los que esparcen falsos rumores.

Hace poco, en un periódico de la capital, leía una noticia referente a nuestro informe, que decía que no hay maíz suficiente. Tuvo que intervenir el Secretario de Agricultura para decir que sí había maíz suficiente. En una ley que estoy estudiando y que pronto traeré a la consideración de ustedes, se proponen sanciones contra todos estos factores que encarecen la vida, pues deben imponerse sanciones a todos aquellos que esparcen noticias sobre los artículos de primera necesidad con la única finalidad de perjudicar la distribución y consumo y hacer que las gentes hagan compras de pánico, creando así problemas al Gobierno. Esta es una lucha contra la política prudente del Gobierno, pues no solamente el acaparamiento, no solamente la especulación, sino todos esos falsos rumores que se extienden en los mercados y que van por todas partes como una ola humana inmensa, son contrarios a la política que viene siguiendo el Gobierno en este problema tan complejo.

Nuestro comercio, afirmo yo, es un comercio retrasado, tiene una enorme cantidad de defectos; es un comercio de una época precapitalista, y si no, he aquí un ejemplo: Las tiendas que se llaman "1 - 2 - 3". Estas tiendas están organizadas al estilo capitalista de los Estados Unidos. Son evidentemente un progreso y, sin embargo, los que directamente regentean estas tiendas, los que venden en ellas, siguen utilizando los viejos sistemas de corrupción del comercio que vemos en los establecimientos de los barrios de las ciudades y en los pueblos. Es estas tiendas es en donde a la gente se le obliga a comprar un poco de café para darle un poco de azúcar. Sin embargo, la gente necesitada, compra el café y el azúcar. Este procedimiento que emplean para vender el café, es muy sencillo: las tiendas "1 - 2 - 3" tienen conexión con grandes cafeteros, grandes aceiteros, grandes jaboneros, pero quieren darle salida fácil a los productos que no tienen gran demanda, y así es como dicen: nosotros tenemos un exceso en la producción de café, pero nos falta el azúcar y entonces es así como venden el azúcar por cuartos de kilo solamente, obligando a los pobres compradores a adquirir café u otros productos no necesarios en el momento.

Yo podría citar tiendas en que se procede en esta forma, porque a mí mismo, a las gentes que en mi casa se dedican a comprar estos artículos, las han obligado a comprar de esta manera, y no digamos que les pesan mal y tampoco hablemos de todas las demás cosas y procedimientos que emplean. Son defectos de un comercio retrasado, feudal,

precapitalista, en manos de gentes que no entienden bien cuál es su función.

Las tiendas en cadena en Estados Unidos - por cierto de las cuales se amenaza pronto una invasión, según noticias publicadas por los periódicos - están organizadas de una manera semejante y nadie en los Estados Unidos se queja de que una tienda le quite un centavo o unos gramos, porque son tiendas que, a fuerza de tener grandes existencias de mercancías, pueden ofrecer muchas ventajas. Estos defectos de nuestro comercio son defectos que tenemos que ir venciendo con gran lentitud. No podemos decir que los pequeños comerciantes distribuyen suficientemente. ¿Qué ganaríamos si éstos entraran a la Reguladora? ¿Tienen acaso controlados los productos de primera necesidad? Al contrario, ellos son también explotados como nosotros; también demandan ellos de los grandes acaparadores un poco de azúcar, trigo y maíz para vender a su clientela. De allí tienen que sacar, del producto de se trabajo, la subsistencia para sus familias.

Nosotros pensamos que las tiendas de pequeños comerciantes sean utilizadas en la venta y distribución de artículos de primera necesidad, como lo dice el informe nuestro en la página 8, antes de las consideraciones generales. Nosotros decimos que la Reguladora ha estado vendiendo a las cooperativas y surtiendo a las tiendas militares, y que seguirá vendiendo a las tiendas sindicales y a pequeñas tiendas establecidas en el interior de los mercados, para cooperar con la Reguladora. Por otra parte, muchos de ustedes saben cómo funcionan las tiendas populares, que cuentan con capital privado, de individuos que están aportando su dinero y su esfuerzo para ayudar a la Reguladora.

¿Vamos a matar esta forma de colaboración privada, y a impedir que muchas gentes bien orientadas nos vengan a sostener en este problema? ¡Todo lo contrario! Es preciso, pues, que estas cifras se queden bien grabadas en sus mentes. Nosotros tuvimos muchas discusiones y muchas dudas antes de traer este informe; pero lo menos que pensábamos, es que íbamos a quedar como quien no dijo nada. Declaramos que no lo vamos a resolver, pues que lo único que podemos hacer es sugerir algunas medidas, y al último nos hemos comprometido a presentar una ley que llene las lagunas que existen en el Código Penal, sus deficiencias, determinandose claramente los casos de especulación y acaparamiento. De esto, pronto tendrán ustedes noticias.

Fuera de hacer leyes, ¿qué otra cosa podíamos hacer? Sugestiones, poniendo de acuerdo nuestros puntos de vista con la realidad y con los propósitos del señor Presidente de la República. Esa realidad para el señor Presidente ha sido siempre, a pesar de todos los fracasos, llamar a todos los mexicanos a cumplir con su deber. No obstante los tres, cuatro o mil traidores que pueda haber en la República, el señor Presidente los llama nuevamente a colaborar en bien de la patria.

El problema del hambre nos afecta a todos. Los diputados de esta Legislatura, los senadores y los altos funcionarios del Gobierno; todos sentimos que nuestros presupuestos familiares han decaído, y todos somos víctimas de la situación. No es cierto que seamos los que estamos maniobrando. Somos tan víctimas como el pueblo; por eso, con él mismo ardor con que las gentes gritan en las plazas públicas contra los que están traficando con el hambre del pueblo, lo venimos a hacer aquí también, con el conocimiento previo de las investigaciones que hemos realizado.

¿Cuál es la política del Gobierno y cuál ha sido la base fundamental sobre la que apoya su conducta? Declaramos, sin reservas, que aprobamos y defendemos la política del señor Presidente de la República, en materia de precios, y que hemos propuesto estas resoluciones, no con la mira de que con ellas se va a acabar el problema, sino con el deseo de que se encuentre una nueva solución más de acuerdo con la realidad y con los momentos que vivimos actualmente.

El C. Presidente: Tiene la palabra el C. Yurén.

El C. Yurén Aguilar Jesús: El señor licenciado Brito Rosado decía que el fenómeno local, sino que es un derivado de la situación de la guerra. Esto todos los conocemos; todos sabemos que, en efecto, el símil que él hace respecto del acero, podría emplearse tratándose de todos los productos, y que es natural y lógico que tenga que haber un alza en todos los artículos como una consecuencia de los fenómenos derivados de la guerra.

Pero yo me pregunto: ¿está justificado que un grupo de individuos ambiciosos tenga la oportunidad de adquirir conocimiento pleno de lo que pueda favorecerlos, estando incrustados en el seno de la Nacional Distribuidora, a fin de acaparar productos y encarecerlos? ¿Está justificado el hecho de que porque la guerra provoca estos fenómenos, debemos dar asiento en la Reguladora a quienes han defraudado al pueblo de México?

Creo que esas apreciaciones del señor licenciado Brito Rosado están equivocadas al pretender que el alza de los precios es consecuencia exclusiva de la guerra, y al querer justificar de una manera indirecta la obra de especulación de los comerciantes indignos, de los comerciantes traidores al pueblo mexicano, que obran de mala manera. Pero tampoco yo no voy a condenar a todo el comercio, a toda la industria y a toda la banca, porque, indiscutiblemente, que entre ellos hay hombres honorables y patriotas, incapaces de especular con la miseria del pueblo.

El C. Brito Rosado Efraín: Una aclaración. Como el diputado Yurén acaba de decir ciertas frases que estimo que no son exactas en su alcance, quiero repetir brevemente lo que yo he afirmado. He dicho, y a todos consta, que hay un número de comerciantes inmorales que indudablemente tienen culpa en el encarecimiento de los precios; pero que en el fondo del fenómeno del alza de los precios, la causa fundamental - y eso nadie lo desconoce - es el fenómeno de la guerra. En consecuencia, cuando el diputado Yurén dice que yo vengo a querer justificar a los malos comerciantes, lo rectifico diciendo que pido sanciones enérgicas para ellos; pero nunca me atrevería a decir que todos los

comerciantes son malos y que todos los industriales sin inmorales.

Hecha esta aclaración, queda perfectamente anotada la afirmación que hice, en el sentido de que el alza de los precios obedece fundamentalmente a la guerra, con el coadyuvante de los comerciantes y de los industriales inmorales, y también con el coadyuvante de políticos inmorales, porque también los hay. Es así - y muy bien lo dijo el diputado Moreno Sánchez - como apoyamos la política honesta del señor Presidente de la República, contra el cual no puede levantarse ninguna voz de buena fe en ningún sector. Y sabemos que, aun entre las filas oficiales, hay bribones que lucran con el hambre del pueblo.

Reitero, pues, mis afirmaciones y ruego al diputado Yurén las tenga en cuenta.

El C. Yurén Aguilar Jesús: Yo he dicho que cuando el señor licenciado Brito Rosado habla de que el alza de los precios es consecuencia de un fenómeno que todos conocemos, manifiesta su propósito de que formen parte de la Nacional Distribución quienes han cometido actos de traición y deslealtad al pueblo. Si esta actitud la asume el señor licenciado, está tratando, a mi modo de ver, con un sofisma de justificar la presencia de esas personas dentro de la Nacional Distribuidora.

El señor licenciado Moreno Sánchez condena también la actitud de los malos comerciantes.

El propio señor licenciado dice que se pretende suprimir mil y tantas tiendas, acabar con el comercio libre, dejar a la Distribuidora exclusivamente para aquello que compra y vende, y yo creo que ninguno de los que hemos hablado hemos pensado en acabar con el comercio libre ni con las tiendas. Sabemos perfectamente el alcance de una proposición semejante. lo que queremos es que haya un órgano regulador y distribuidor de los artículos de consumo necesario, en el que no se tenga convivencia con las gentes, con los elementos que hasta ahora han especulado con el hambre del pueblo. A esto se reduce nuestro punto de vista; no se pretende acabar con el comercio libre ni con las tiendas, ni estamos soñando con que vamos a establecer miles y miles de tiendas a través de la Distribuidora; pretendemos que haya un órgano eficaz, suficientemente respaldado económica y políticamente para que este órgano pueda realmente llevar al pueblo artículos de consumo necesario al precio que esté dentro de sus posibilidades.

Nosotros también comprendemos todas las necesidades y el ansia de nuestro pueblo y no estamos en contra del punto de vista de la Comisión, si el punto de vista general de la Comisión tiene una altura de miras, como lo entendemos, de dar una fórmula real que lleve al señor Presidente de la República sugestiones convenientes; estamos de acuerdo; pero no estamos de acuerdo en que se pretenda llevar como sugestión al señor Presidente que formen parte de un organismo que debe ser contrario a la especulación, a aquellos que pueden ser considerados como especuladores.

Por esa razón, queremos dejar aclarado que ni es nuestra posición sectaria ni estamos atacando al comercio en términos generales, sin hacer distingos, ni estamos tratando de oponernos al libre comercio, ni pretendemos substituir al comercio por tiendas populares o sindicales; estamos simplemente tratando de que al llevarse al Presidente proposiciones, se le diga: "le sugerimos, señor Presidente, que al hacer una reorganización de la Nacional Distribuidora, no se admita a comerciantes que no supieron cumplir con su deber anteriormente". Y esto, creo, que ni está en contra del postulado de la Comisión, ni en contra del criterio que sanamente pretende llegar algún alivio al pueblo que está sufriendo con la carestía.

Ruego, pues, a ustedes, señores diputados, que entiendan bien cuál es nuestra proposición y nuestro deseo. No es ningún punto de vista egoísta el que nos anima, porque yo dije y estoy dispuesto a comprobarlo, que en la Nacional Distribuidora obran documentos con los que se puede comprobar con toda claridad cómo obraron deslealmente los representantes del comercio cuando se pretendió comprar por la Distribuidora la cosecha de un año y lograron ellos acapararla en perjuicio del pueblo; cómo obraron también deslealmente ellos cuando se pretendió levantar el congelamiento de los transportes y lograron con esto encarecer el maíz con perjuicio del pueblo; y cómo han maniobrado en muchas ocasiones cuando formaron parte de la Distribuidora. A esto se reduce nuestra intervención.

El C. Moreno Sánchez Manuel: Quiero hacer una interpelación. La Comisión incluye solamente a tres organismos de la iniciativa privada, o sea la Asociación de Banqueros, la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio y la Confederación Nacional de Cámaras Industriales. Yo quisiera que, para que quedara claro el debate, si lo estima usted pertinente, me contestara esta pregunta: ¿Cuál de esos tres organismos es el que, concretamente, dice usted, contiene a los especuladores?

El C. Yurén Aguilar Jesús: Yo he narrado hechos ocurridos en la Nacional Distribuidora cuando formaban parte de su Consejo los representantes del comercio y a ellos me he referido exclusivamente.

El C. Moreno Sánchez Manuel: Entonces, que quede claro que a ninguno de estos tres organismos acusa como especuladores, sino a algunos comerciantes o representantes del comercio como estaba organizado antiguamente.

El C. Yurén Aguilar Jesús: A los que formaron parte como representativos del comercio en la Nacional Distribuidora.

El C. Presidente: Tiene la palabra el ciudadano Donaciano Sosa.

El C. Sosa José Donaciano: Señores diputados yo estoy de acuerdo en términos generales con la proposición hecha por la Comisión. Únicamente quiero hacer una adición a la proposición hecha por la Comisión, en virtud de que ustedes conocen perfectamente que le sector agrícola de la República es el más importante y al que debe prestarse mayor atención. Y a efecto de que el sector agrícola se

sienta estimulado o en estos momentos, ya que él tiene también que luchar con la carestía de los artículos agrícolas que tiene que comprar es necesario que se incluya a un representante de este sector al constituir el nuevo consejo de la Nacional Distribuidora.

En concreto, voy a hacer la siguiente proposición con la cual se va a constituir el consejo de la Nacional Distribuidora, con un representante designado por las federaciones y asociaciones estatales de agricultores y Fomento o legalmente constituidas en la fecha de la expedición del decreto.

El C. secretario Aragón Rebolledo Eliseo: La Presidencia, por conducto de la Secretaría, pregunta si se considera suficientemente discutida la primera parte de las proposiciones concretas del dictamen. Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Suficientemente, discutida. En votación económica se pregunta si se aprueba.

El C. Brito Rosado Efraín: La Comisión manifiesta que está de acuerdo por lo propuesto por el diputado Sosa, y el mismo tiempo que por un error en la mecanografía se excluyó la Secretaría de economía. En consecuencia, propone que se acepte la proposición del compañero Sosa, adicionando la Secretaría de Economía Nacional.

El C. secretario Aragón Rebolledo: Se pregunta a la Asamblea si con la adición presentada por el diputado Sosa, aceptada por la Comisión, se aprueba. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Aprobado.

El C. Presidente (a las 15.55 h.): Se levanta la sesión y se cita para el martes próximo, a las doce horas.

TAQUIGRAFÍA PARLAMENTARIA Y

"DIARIO DE LOS DEBATES"

El Director, Jefe de la Oficina,

JUAN ANTONIO MOLL.