Legislatura XLV - Año III - Período Ordinario - Fecha 19630912 - Número de Diario 6
(L45A3P1oN006F19630912.xml)Núm. Diario:6ENCABEZADO
MÉXICO, D. F., JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 1963
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Registrado como artículo de 2a. clase en la Administración Local de Correos. 21 de septiembre de 1921.
AÑO III. - PERIODO ORDINARIO XLV LEGISLATURA TOMO I. -NUMERO 6
SESIÓN
DE LA
H. CÁMARA DE DIPUTADOS
EFECTUADA EL DÍA 12
DE SEPTIEMBRE DE 1963
SUMARIO
1. - Se abre la sesión. Se da lectura a la Orden del Día. Se lee y aprueba el acta de la sesión anterior.
2. - Telegrama de la Comisión Permanente del Estado de San Luis Potosí, en que se comunica la instalación de la Junta Preparatoria del XLIV Congreso Local. De enterado.
3. - Invitación del Departamento del Distrito Federal para el acto del homenaje de los tres Poderes de la República a los héroes de nuestra Independencia, el 16 del presente. Se designa comisión.
4. - Segunda lectura a seis dictámenes, en los que se concede el permiso constitucional para que los CC. José S. Gallástegui, Manuel de Aráoz y Roberto L. Mantilla Molina, puedan aceptar y usar condecoraciones de gobiernos extranjeros, y los CC. Francisco Manuel Silva Lozano, Guillermo Zambrano Jr. y Joaquín E. Mier y Terán L. puedan desempeñar cargos consulares de gobiernos extranjeros. Se aprueban y pasan al Senado para los efectos constitucionales.
5. - Los CC. diputados Antonio Vargas MacDonald, Jenaro Vázquez Colmenares, J.Guadalupe Cervantes Corona y Eliseo Rodríguez Ramírez hacen uso de la palabra para glosar el V Informe de Gobierno del C. Presidente de la República, licenciado Adolfo López Mateos, en lo que respecta a los aspectos de inversiones privadas nacionales y extranjeras en México, política fiscal, política agroeconómica y de las fuerzas armadas del país, respectivamente. La presidencia no concede el uso de la palabra a dos oradores por no apegarse al artículo respectivo del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. Se levanta la sesión.
DEBATE
Presidencia del
C. ROMULO SÁNCHEZ MÍRELES
(Asistencia de 105 ciudadanos diputados.)
El C. Presidente (a las 13.00 horas): Se abre la sesión.
- El C. secretario Alvarez Nolasco, Ernesto (leyendo):
"Orden del Día.
"12 de septiembre de 1963.
"Acta de la sesión anterior.
"Telegrama de San Luis Potosí, en que se comunica la instalación de la Junta Preparatoria del XLIV Congreso Local.
"Invitación del Departamento del Distrito Federal, para el homenaje de los tres Poderes a los héroes de nuestra Independencia, el próximo día 16.
"A discusión y votación:
"3 dictámenes de la Segunda Comisión de Puntos Constitucionales, consultando proyecto de decreto para que ciudadanos puedan aceptar y usar condecoraciones de gobiernos extranjeros, y
"3 dictámenes de la Comisión de Relaciones Exteriores, concediendo permiso a ciudadanos mexicanos para poder aceptar y desempeñar cargos consulares de gobiernos extranjeros."
"Acta de la sesión celebrada por la Cámara de Diputados del XLV Congreso de la Unión el día diez de septiembre de mil novecientos sesenta y tres.
"Presidencia del C. Rómulo Sánchez Mireles.
"En la ciudad de México, a las trece horas y cinco minutos del martes diez de septiembre de mil novecientos sesenta y tres, se abre la sesión, con asistencia de ciento nueve ciudadanos diputados, según declaró la Secretaría después de haber pasado lista.
"Se da lectura a la Orden del Día.
"Sin debate se aprueba el acta de la sesión anterior, celebrada el día cinco de los corrientes.
"Documentos en cartera:
"Oficio de la Secretaría de Gobernación, relativo a la designación de representantes de esta Cámara ante la Comisión Federal Electoral.
"La Presidencia propone se ratifiquen las designaciones en favor de los CC. diputados José Luis Lamadrid, como propietario, y Agustín Ruiz Soto, como suplente, a fin de que sigan representando a esta Cámara ante la Comisión Federal Electoral.
"La Asamblea, en votación económica, aprueba la proposición.
"Invitación del C. licenciado Ernesto P. Uruchurtu, Jefe del Departamento del Distrito Federal, a la ceremonia que, para conmemorar el sesquicentenario del Congreso de Anáhuac y el CXVI aniversario de la Defensa de Chapultepec, tendrá lugar el viernes trece de los corrientes a las diez horas, en el monumento a los Niños Héroes.
"Se designa en comisión, para asistir a dicho acto, a los CC. diputados Romeo Rincón Serrano, Humberto Santiago López, José I. Aguilar Irungaray y Guillermo Solórzano Gutiérrez.
"El Congreso del Estado de México comunica haber declarado gobernador constitucional de esa entidad, para el período 1963-1969, al C. licenciado Juan Fernández Albarrán. De enterado.
"Invitación, del Congreso local y del C. licenciado Juan Fernández Albarrán, al acto en que protestará como gobernador constitucional del Estado de México, el próximo día catorce en la ciudad de Toluca, México.
"Para representar a esta Cámara, en dicha ceremonia, se nombra a los CC. diputados Jorge Quiroz Sánchez, Filiberto Rubalcaba, Ernesto Alvarez Nolasco y Alfonso Muñoz Anaya.
"La Presidencia designa comisiones para que asistan a los informes de los siguientes ciudadanos gobernadores:
"Durango, 15 de septiembre: CC. diputados Manuel Bernardo Aguirre, Ricardo Carrillo Durán y José I. Aguilar Irungaray.
"Zacatecas, 15 de septiembre: CC. diputados Salvador López Avitia, Francisco Rodríguez Gómez y Ma Guadalupe Rivera Marín.
"San Luis Potosí, 15 de septiembre: CC. diputados Gonzalo Aguirre Beltrán, Delio Paz Angeles y Leopoldo García Esteves.
"Durango, 15 de septiembre: CC. diputados Manuel M. Moreno, Manuel Guerra Hinojosa y Manuel Pavón Bahaine.
"Guanajuato, 15 de septiembre: CC. diputados Eduardo Luque Loyola, Bernardo Ceballos Gómez y Rodolfo García Pérez.
"Sonora, 16 de septiembre: CC. diputados Amadeo Narcía Ruiz, Salvador González Lobo y Ma del Refugio Báez Santoyo.
"Querétaro, 16 de septiembre: CC. diputados Juan Pérez Vela, Gustavo Aubanel Vallejo y Alfonso Muñoz Anaya.
"Colima, 16 de septiembre: CC. diputados J. Jesús González Gortazar, Esteban Guzmán Vázquez y Gontrán Noble Pérez.
"Nuevo León, 16 de septiembre: CC. diputados Javier González Gómez, Jorge Abarca Calderón y Antonio García Rojas.
"Aguascalientes, 16 de septiembre: CC. diputados Ernesto Alvarez Nolasco, Guillermo Mayoral Espinosa y Carlos L. Díaz.
"Tres dictámenes, de la Segunda Comisión de Puntos Constitucionales, con proyectos de decreto, que conceden permiso a los siguientes ciudadanos para aceptar y usar condecoraciones de gobiernos extranjeros: José S. Gallástegui, la Bandera Yugoslava con Corona de Oro, que le confirió el Gobierno de la República Socialista Federativa de Yugoslavia; Manuel de Araoz, la de Orange - Nassau, que en el grado de Comendador le confirió el gobierno de los Países Bajos, y Roberto L. Mantilla Molina, la Encomienda del Orden del Mérito, que le confirió el gobierno de la República Italiana. Primera lectura.
"Tres dictámenes de la Comisión de Relaciones Exteriores, con proyectos de decreto, que conceden permiso a los ciudadanos: Francisco Manuel Silva Lozano, para aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de Bolivia en Mexicali, B. C.; Guillermo Zambrano Jr., para aceptar y desempeñar el cargo de vicecónsul Honorario de Finlandia en Monterrey, N L., y Joaquín E. Mier y Terán L., para aceptar y desempeñar el cargo de vicecónsul honorario de Noruega en Mérida, Yuc. Primera lectura.
"Para comentar varios aspectos del Informe Presidencial, rendido por el C. licenciado Adolfo López Mateos el día primero de los corrientes, hacen uso de la palabra, sucesivamente, los CC. diputados Gonzalo Bautista O'Farril, Carlos Chavira Becerra y Manuel Stephens García.
"Otros ciudadanos diputados, inscritos con el mismo fin, se reservan el derecho de hacer uso de la palabra en la próxima sesión.
"A las catorce horas y cuarenta y cinco minutos se levanta la sesión pública y se pasa a sesión secreta."
Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Aprobada
- El C. secretario Guzmán Orozco, Renaldo (leyendo):
"San Luis Potosí, S.L.P., 9 de septiembre de 1963.
"C. Presidente de la H. Cámara de Diputados.
"Cámara de Diputados. - México, D. F.
"Hoy once horas quedó instalada Primera Junta Preparatoria H. XLIV Legislatura Constitucional Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí apegada estrictamente Reglamento Interior Congreso, Comunicámoslo con todo respeto.
"Diputado Presidente H. Comisión Permanente. Salvador Díaz Macías. - José M. Reyna Martínez." De enterado.
- El mismo C. secretario (leyendo):
"El Departamento del Distrito Federal invita a esa H. Cámara al Homenaje de los tres Poderes de la República a los Héroes de nuestra Independencia, que tendrá lugar el lunes 16 del actual, a las 10 horas, en la Columna de la Independencia.
"Ciudad de México, septiembre de 1963. - El jefe del Departamento del Distrito Federal, licenciado Ernesto P. Uruchurtu."
Se nombra en Comisión a los ciudadanos diputados Filiberto Rubalcaba Sánchez, Luis Viñals Carsi, Gabriel Lagos Beltrán y Rodolfo Echeverría Alvarez, para que asistan a este acto.
- El mismo C. Secretario (leyendo):
"Segunda Comisión de Puntos Constitucionales.
"Honorable Asamblea:
"Por acuerdo de Vuestra Soberanía, en sesión celebrada por la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el día 2 de los corrientes, fue turnado a los suscritos, miembros de la Segunda Comisión de Puntos Constitucionales, para su estudio y dictamen, el oficio girado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, através de la de Gobernación, relativo al permiso constitucional para que el C. licenciado José S. Gallástegui pueda aceptar y usar la condecoración de la bandera Yugoslava con Corona de Oro, que le confirió el Gobierno de la República Socialista Federativa de Yugoslavia.
Al avocarnos al estudio de dicha solicitud encontramos que se ajusta a lo que, al respecto , establece la fracción III, del apartado B), del artículo 37 constitucional y, en tal virtud, venimos a someter a la consideración y aprobación de esta H. Asamblea, el siguiente proyecto de decreto:
Artículo Único. Se concede permiso al C. licenciado José S. Gallástegui para que, sin perder la ciudadanía Mexicana, pueda aceptar y usar la condecoración de la Bandera Yugoslava con Corona de Oro, que le confirió el Gobierno de la República Socialista Federativa de Yugoslavia.
"Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.
"México D. F., a 9 de septiembre de 1963. - Manuel M. Moreno. - Enrique Pacheco Alvarez.- Rodrigo Moreno Zermeño."
Está a discusión el dictamen. No habiendo quien haga uso de la palabra se reserva para su votación nominal.
"Segunda Comisión de Puntos Constitucionales.
"Honorable Asamblea:
"En sesión celebrada el día 5 del actual por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, se acordó turnar a los suscritos, miembros de la Segunda Comisión de Puntos Constitucionales, para su estudio y dictamen, el expediente relativo a la solicitud formulada por la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la Gobernación, para que se conceda permiso al C. Manuel de Aráoz y pueda aceptar y usar la condecoración de Orange - Nassau, que, en el grado de Comendador, le confirió el Gobierno de los Países Bajos.
"Atentos sobre a lo que, el particular establece la fracción III, del apartado B), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión estima que se encuentran reunidos los requisitos para conceder el permiso solicitado y, en tal virtud, venimos a someter a la consideración de esta H. Asamblea, el siguiente proyecto de decreto:
Artículo Único. Se concede permiso al C. Manuel de Aráoz para que, sin perder la ciudadanía mexicana pueda aceptar y usar la condecoración de Orange - Nassau, que, en el grado de Comendador, le confirió el gobierno de los Países Bajos.
"Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.
"México, D. F., a 9 de septiembre de 1963. - Manuel M Moreno.- Enrique Pacheco Alvarez. - Rodrigo Moreno Zermeño'"
Está a discusión el dictamen. No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal.
"Segunda Comisión de Puntos Constitucionales.
"Honorable Asamblea:
"Con fecha 5 de junio próximo pasado, el C. Roberto L. Mantilla Molina se dirigió a la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicitando el permiso constitucional necesario para poder aceptar y usar la condecoración Encomienda del Orden del Mérito, que le confirió el gobierno de la República Italiana. La Comisión de Puntos Constitucionales, a la que fue turnada la solicitud, requirió del interesado, para integrar debidamente el expediente, copias fotostáticas de su acta de nacimiento y del documento por el que le fue otorgada dicha condecoración.
"La segunda Comisión de Puntos Constitucionales de la H. Cámara de Diputados, a la que le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente relativo a la solicitud en cuestión, ha tenido a la vista las copias de los documentos solicitados, por lo que considera que se encuentran reunidos los requisitos que, al respecto, establece la fracción III, del apartado B) del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en tal virtud, se permite someter a la consideración y aprobación en su caso de esta H. Asamblea, el siguiente proyecto de decreto:
"Artículo Único. Se concede permiso al C. Roberto L. Mantilla Molina para que, sin perder la ciudadanía mexicana, pueda aceptar y usar la condecoración Encomienda del Orden del Mérito, que le confirió el gobierno de la República Italiana.
"Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.
"México, D. F., a 9 de septiembre de 1963. - Manuel M. Moreno. - Enrique Pacheco Alvarez. - Rodrigo Moreno Zermeño."
Está a discusión el dictamen. No habiendo quien haga uso de la palabra se reserva para su votación nominal.
"Comisión de Relaciones Exteriores.
"Honorable Asamblea:
"La Secretaría de Gobernación remitió a esta H. Cámara de Diputados la solicitud, que por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, envía el C. licenciado Francisco Manuel Silva Lozano, para que se le conceda el permiso constitucional necesario a fin de que, sin perder la ciudadanía mexicana, acepte y desempeñe el cargo de Cónsul Honorario de Bolivia en Mexicali4, B.C.
"Por acuerdo de vuestra soberanía fue turnado el expediente, formado con la solicitud arriba indicada, a la suscrita Comisión de Relaciones Exteriores, la que, tomando en cuenta que la petición se basa en
lo dispuesto por la fracción II, del inciso b), del artículo 37 de la Constitución General de la República, no encuentra inconveniente en autorizar al citado señor licenciado Francisco Manuel Silva Lozano, para que acepte y desempeñe el cargo que le fue conferido por el gobierno de Bolivia.
"Por todo lo anteriormente expuesto nos permitimos someter al ilustrado criterio de la H. Asamblea, para su aprobación, el siguiente proyecto de decreto:
"Artículo Único. Se concede permiso al C. licenciado Francisco Manuel Silva Lozano, para que, sin perder la ciudadanía mexicana, acepte y desempeñe el cargo de Cónsul Honorario de Bolivia, en Mexicali, B. C.
"Sala de Comisiones de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
"México D. F., a 7 de Septiembre de 1963. - José López Bermúdez. - Antonio Navarro Encinas. - J. Jesús González Cortázar."
Está a discusión el dictamen. No habiendo quien haga uso de la palabra se reserva para su votación nominal.
--- "Comisión de Relaciones Exteriores.
"Honorable Asamblea:
"Por acuerdo de vuestra soberanía fue turnado, a la suscrita Comisión de Relaciones Exteriores, el escrito que envía el C. Guillermo Zambrano Jr., solicitando que se le conceda permiso para aceptar y desempeñar el cargo de Vicecónsul Honorario de Finlandia, en Monterrey, N. L.
"Tomando en cuenta que la petición se basa en lo dispuesto por la fracción II, del inciso b), del artículo 37 de la Constitución General de la República, la suscrita Comisión no encuentra inconveniente en autorizar al citado señor Guillermo Zambrano Jr., para que acepte y desempeñe el cargo que le fue conferido por el Gobierno de Finlandia.
"Por todo los anteriormente expuesto, no permitimos someter al ilustrado criterio de la H. Asamblea, para su aprobación, el siguiente proyecto de decreto:
"Artículo Único. Se concede permiso al C. Guillermo Zambrano Jr. para que, sin perder la ciudadanía mexicana, acepte y desempeñe el cargo de Vicecónsul Honorario de Finlandia, en Monterrey, N. L.
"Sala de Comisiones de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
"México, D. F., a 7 de septiembre de 1963. - José López Bermúdez. - Antonio Navarro Encinas. - J. Jesús González Cortázar."
Está a discusión el dictamen. No habiendo quien haga uso de la palabra se reserva para su votación nominal.
--- "Comisión de Relaciones Exteriores.
"Honorable Asamblea:
"La Secretaría de Gobernación remitió a esta H. Cámara de Diputados la solicitud que, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, envía el C. Joaquín E. Mier y Terán L., para que se le conceda el permiso constitucional necesario, a fin de que, sin perder la ciudadanía mexicana, acepte y desempeñe el cargo de Vicecónsul Honorario de Noruega, en Mérida, Yuc.
"Por acuerdo de vuestra soberanía fue turnado el expediente, formado con la solicitud arriba indicada, a la suscrita Comisión de Relaciones Exteriores, la que, tomando en cuenta que la petición se basa en lo dispuesto por la fracción II, del inciso b), del artículo 37 de la Constitución General de la República, no encuentra inconveniente en autorizar al citado señor Joaquín E. Mier y Terán L., para que acepte y desempeñe el cargo que le fue conferido por el gobierno de Noruega.
"Por todo lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter al ilustrado criterio de la H. Asamblea, para su aprobación el siguiente proyecto de decreto:
"Artículo Único. Se concede permiso al C. Joaquín E. Mier y Terán L. para que, sin perder la ciudadanía mexicana, acepte y desempeñe el cargo de Vicecónsul Honorario de Noruega, en Mérida, Yuc.
"Sala de Comisiones de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
"México, D. F., a 7 de septiembre de 1963. - José López Bermúdez. - Antonio Navarro Encinas. - J. Jesús González Gortázar."
Está a discusión el dictamen. No habiendo quien haga uso de la palabra se va a proceder a la votación nominal de los seis proyectos de decreto reservados. Por la afirmativa.
El C. secretario Alvarez Nolasco, Ernesto: Por la negativa. (Votación.)
El C. secretario Guzmán Orozco Renaldo: ¿Falta algún ciudadano diputado de votar por la afirmativa?
El C. secretario Alvarez Nolasco, Ernesto: ¿Falta algún ciudadano diputado de votar por la negativa? Se procede a recoger la votación de la Mesa. (Votación.)
El C. secretario Guzmán Orozco, Renaldo: Fueron aprobados los seis proyectos de decreto por ciento dos votos, y pasan al Senado para sus efectos constitucionales.
El C. Presidente: Agotados los asuntos en cartera, esta Presidencia manifiesta que se han inscrito, para hacer uso de la palabra en relación con el V. Informe Presidencial, los diputados Vargas MacDonald, Jenaro Vázquez Colmenares, José Guadalupe Cervantes Corona y Eliseo Rodríguez Ramírez.
Tiene la palabra el diputado Vargas MacDonald.
El C. Vargas MacDonald, Antonio Señor Presidente. Señores diputados: vengo, todo lo más brevemente posible, a verter ante ustedes, algunas opiniones en relación con los puntos salientes de la política económica de que hemos sido informados el día primero, por el Ejecutivo de la Unión, desde esta misma tribuna.
Solamente podremos estimar, en sus justos méritos, la completa acción económica que el Gobierno no ha realizado, si tenemos presentes las circunstancias completas en que se realiza y los fines próximos y lejanos que con ella se persiguen.
Pertenecemos a un pueblo, en transición acelerada, que nos conduce, desde las formas estáticas tradicionales, hacia un crecimiento, cuyas sólidas bases convierten ese crecimiento en estado normal, en crecimiento permanente realizado con un máximo
de estabilidad. Con la Revolución el país traspuso la gran línea que las sociedades modernas deben salvar para abrirse paso hacia la madurez por el largo camino de la transformación; un drama social, cuyos protagonistas deben ser las fuerzas productoras del pueblo, que avanzan hacia el proscenio de la historia.
Largo camino el del desarrollo, que nosotros y nuestros hijos debemos proseguir, para llegar a la plena madurez económica de la nación. Alcanzamos - esto es innegable - una tasa aceptablemente sostenida de crecimiento general y nos falta consolidarla y superarla. Habremos menester de equilibrar el desarrollo de las diversas ramas de actividad y de las varias regiones territoriales, que progresan desigualmente; a nuestro fenómeno de superpoblación, que no es exclusivamente mexicano, sino que se presenta en todos los países, que se industrializan al arranque de la mecanización, opone México su fuerza creativa, y saliendo de una honda depresión económica toca a la cifra de 4.8% en el aumento del producto nacional bruto considerado en términos reales, contra la cifra asiática, la cifra dramática, de 3.1 en el crecimiento de la población. Esta diferencia, en que hay, más panes que bocas, no llega aún como beneficio a todos los mexicanos, porque arrastramos siglos de insuficiencias que debemos salvar al cambiar la relación que hay entre producción y natalidad; pero ello no quiere decir que no estemos en el camino recto, en el del crecimiento sostenido.
Ocupan el primer plano de la preocupación del Gobierno las masas subnutridas, subeducadas, carentes de agua potable, habitación higiénica y de luz eléctrica. Y a ese destino humano, a la satisfacción de las necesidades que hombre, la mujer y el niño tienen, se dirige la política económica y financiera del Estado, y no al predominio y al crecimiento de las cosas por las cosas mismas, al predominio y al acrecimiento de los productos materiales que se elaboran con enajenación del obrero que los genera.
La ímproba tarea de los tres años pasados, se realiza; en dos de ellos bajo condiciones adversas, condiciones que apenas comienzan a ductilizarse a principios de 1962. Algunas de estas condiciones adversas son antiguas y arraigadas y otras son recientes y temporales, y por lo mismo perturbadoras.
La escasez del ahorro nacional, en un país fuerte, que durante siglos sirvió de punto de partida para la exportación de riqueza y no para su acumulación interior; la exportación reciente de capitales que perdieron momentáneamente, la confianza en el más prometedor de los países que nos descapitaliza a la industria y a la modernización agrícola; los hábitos de gasto de los ahorradores grandes, que no son hábitos de inversión sino de dispendio, heredados al hacendismo; todos estos factores negativos necesitaron de la fuerte mano del ejecutivo Federal y del Gobierno todo de la República, para ir corrigiendo el patrón del empleo de los ahorros, que es el antisocial patrón del gasto improductivo o el atesoramiento, y dirigirlo hacia la inversión productiva y fecunda. País que sacrifica el derecho de retener en su suelo la riqueza que en su suelo ha generado, no que felizmente mantiene la libertad de cambios, como se ha dicho aquí, México sacrificadamente la mantiene, y lo hace porque tiene la necesidad del flujo de las inversiones complementarias extranjeras, a efecto de acelerar la cadencia de su desarrollo económico.
Los gobiernos revolucionarios (y esto es lo que se empeñan en no entender los voceros de la oposición), se encuentran situados entre dos extremos difícilmente conciliables; la necesidad de ofrecer garantías y estímulos al capital privado, para que contribuya a transformar y robustecer la economía, en la que el Estado intervienen y el imperativo de su filosofía social propia, que obliga al Gobierno a otorgar crecientes beneficios, al trabajo y a modificar, así en favor de las mayorías, el módulo de reparto de la renta.
Urgido de mayores ingresos fiscales nuestro Gobierno se encuentra con la retracción que le amenaza cada vez que da un paso para usar esta vía de redistribución de la riqueza creada en favor de las grandes mayorías consumidoras.
Nuestro gobierno tuvo necesidad de liquidar la deuda histórica para crear una era limpia al crédito nacional contemporáneo, y todo esto representa sacrificio en favor de una política planificada y congruente, que tiene por fin el hombre, que tiene por fin salvar las insuficiencias del mexicano.
El Gobierno Revolucionario de México es un gobierno tecnificado, técnicamente adelantado. Sabe lo que quiere para el pueblo y conoce los medios técnicos para conseguirlo. Procura, pues, un desarrollo equilibrado, con el máximo posible de estabilidad. Y esto lo ha conseguido.
Un desarrollo equilibrado significa un desarrollo que no distorsione las distintas líneas en que el desarrollo económico se subdivide; un desarrollo equilibrado requiere estabilidad monetaria y la hemos tenido, desde el primer día de Gobierno del Presidente López Mateos. Un desarrollo equilibrado supone la planificación y no la libertad anárquica, para emplear los recursos públicos y dirigir la inversión de los privados. No invade, como quiere Acción Nacional, la facultad planificadora del Ejecutivo, ejercida a través de su Secretaría de la Presidencia, el ámbito del Poder Legislativo. No la invade, porque el gasto público se vota en la Cámara de Diputados, y, por ello mismo, el gasto de inversión y sus partidas de inversión pública reproductiva se determinan por el Poder Legislativo.
Los créditos internacionales que se conceden, no son al Gobierno, son créditos cuya naturaleza explicaré en seguida, son otorgados a sus organismos descentralizados o a sus agencias de desarrollo industrial, como es la Nacional Financiera, y el Ejecutivo lo único que hace es autorizar el ejercicio de lo que, previamente, la soberanía nacional ha aprobado, como gasto de inversión, para que no fluya intermitentemente, para que se duplique, para que no deje campos abandonados y sobrecargue de capital otros, sino para que haya una armoniosa, planificada y técnica utilización de los recursos nacionales. (Aplausos.)
No es cierto, como lo dijo aquí el compañero Chavira Becerra, que las inversiones de los organismos descentralizados y las empresas de participación de Estado se hagan o paguen, finalmente con recursos públicos; se hacen con recursos públicos, en cuanto que es recurso público la disponibilidad de capital público y es recurso público el crédito interior o exterior, que para fines de esa índole, se obtienen,
pero no tienen que ser liquidados a cargo del contribuyente mexicano, a cargo del ingreso por impuestos, porque las inversiones productivas, por definición, se liquiden por sí mismas.
Los créditos y las inversiones que ven a empresas industriales o de servicios que producen bienes de consumo o servicios y son de participación estatal o de propiedad oficial, son créditos e inversiones destinadas a producir mayor suma de bienes y no menor suma de bienes, como se ha afirmado en esta tribuna; producirlos en condiciones sociales, a efecto de poder expenderlos a un precio muy diferente, por lo bajo, del que les fijaría el comercio privado o el monopolio industrial. No es, pues,. al final, el Tesoro Público el chivo expiatorio, porque esas inversiones y esos créditos a la industria de participación estatal no son consuntivos, no son para gastarse, son para reproducirse, para crear nuevas fábricas, para generar nueva riqueza, para abrir fuentes de trabajo y, naturalmente, dentro del patrón social en que vivimos, esto no se hace a pérdida: procura hacerse a ganancia, y cuando se hace a pérdida es que concurren allí mismo las razones excepcionales que para muchas empresas privadas concurren cuando fracasan en su empleo industrial o mercantil.
No porque el Estado administre es mal administrador. Los juzgados civiles están llenos de demandas relacionadas con quiebras o suspensiones de pagos de las industrias y el comercio privados, porque, cuando una empresa se planifica mal, se administra mal o se subcapitaliza, sea privada o pública, fracasa necesariamente. Pero podemos nosotros encontrar que, en el conjunto de las grandes empresas del Estado, de los 12 grandes combinados industriales, el saldo general es favorable, a pesar de que su propósito no, es acumular utilidades, porque no habría ante quien dividirlas ni a quién otorgarlas, sino, simple y sencillamente, aumentar la producción, aumentar la ocupación y distribuir los bienes y los servicios a un precio equitativo, en mayor abundancia, con mayor amplitud y sin discriminaciones para quienes los usen.
Permítaseme, señores diputados, poner en relieve, ante ustedes, un hecho significativo. No obstante la pertinaz tendencia del comercio a elevar los precios finales en un porcentaje muy superior a su compensación, cuando los costos se ven recargados por aumento de salarios o por revisiones fiscales; no obstante esta secular y conocida tendencia de nuestro comercio, hemos conseguido, ha conseguido México, por la planificación y la intervención oficial, que los precios, en el año pasado, no se elevaran más allá de la tasa aceptable, en un país en explosivo desarrollo económico, y esto ha acontecido en un año de revisiones de contratos de trabajo, con el tributo de 1% para la educación técnica, bajo una moderada reforma fiscal, que, indudablemente, ha recargado los precios.
Parecen comenzar a entender los capitales de industria y de comercio que los aumentos que tienen destino fiscal, o destino laboral, no deben pesar sobre la masa de los consumidores, sino sobre la economía de las empresas y que ellas deban resarcirse no encareciendo las subsistencias, sino mejorando la técnica rebajando los costos por mayor ahorro de materia prima y de maquinaria más moderna; en una palabra, que es la productividad aumentada la que debe conjugar estas mayores prestaciones al trabajo o tributaciones fiscales, y no, como hasta aquí ha sido costumbre, el recargo, por repercusión a los precios del consumo.
Pero este sorprendente comportamiento del sector privado, que ha aumentado, en un 6%, la capitalización, esto es, las inversiones, con referencia al año precedente; que no ha recargado los precios bajo el control de las autoridades, desde luego, más allá de la tasa indispensable y tolerable de un país en desarrollo, nos lleva a preguntar: ¿Será, acaso, que han cambiado de modo de pensar? ¿Será, tal vez, como lo proclaman los vocingleros teóricos de un izquierdismo ciego, que el Gobierno haya "doblado las manos" y accedido a entregar la conducción del país a los capitalistas? ¿Se habrá dado marcha atrás a las conquistas del trabajo? ¿Se entregaría la industria del régimen público a la iniciativa privada? ¿Se habrá cumplido el sueño de los empresarios retrógrados, y habremos dado, sin percatarnos de ello, una conversión hacia el estado abstencionista y policíaco? Nada de esto, señores diputados: el señor Presidente López Mateos acaba de hacer, desde esta misma tribuna, la afirmación más contundente en materia de política económica, de toda sugestión, afirmación sustentada por los hechos pasados y por los hechos presentes. "Atrás han quedado definitivamente - ha dicho -, las viejas y anacrónicas prácticas del liberalismo clásico, provocadoras de desviaciones económicas, que pusieron en crisis a toda la estructura democrática. Nada hará que el Estado adopte una actitud abstencionista frente a las necesidades nacionales."
Entonces, tenemos, lejos de una retrogradación o de una conversión al liberalismo clásico, una firme declaración, que incorpora a la política permanente del régimen revolucionario, este intervencionismo de Estado, cuyos fines son: eludir la posibilidad de que el monopolio se inserte en las claves de la industria, defender al consumidor y defender a la libre empresa legítima.
Este llamado - porque es un llamado a cooperar con el Estado inversionista mexicano en favor del pueblo - debe hacer que los sectores revolucionarios, desde la extrema izquierda hasta el centro, cuando menos, se coaliguen en defensa de este principio, para esperar la embestida periodística, ideológica y bancaria de quienes utilizan la palabra "intervención" para marcarnos con el sello de comunizantes.
No es, ciertamente compañero, compañero Chavira, una intervención creciente e incontrolada" del Estado; no es creciente, porque su filosofía misma le impide ir como un cáncer, multiplicándose sin tasa hasta absorber la totalidad de la economía; es un limitado capitalismo del Estado, que tiene por objeto - como he dicho - ponerse allí donde aparecería el monopolio, como en la petroquímica, como en el petróleo, como en la electricidad, como en el carbón de piedra. Si no aparece el Estado aparece el monopolio. Y la sagrada iniciativa privada, la libre empresa, tiene por enemigo, no al Gobierno tiene por enemigo al monopolio, que le impone precios de primeras materias y de productos intermedios, a gusto y sabor del propio monopolio. Y si tenemos que optar entre un México que vuelva a estar en manos de
las compañías petroleras, de las compañías eléctricas, de los grandes consorcios, que estaban instalados en los lugares centrales de nuestra producción económica, o bien, por la intervención del Estado, optaremos todos, seguramente, si somos limpios, por la intervención controlada y no creciente, técnica, con fines claros de beneficio general.
El Estado no puede hacer una intervención creciente, porque no tiene por qué intervenir en aquellos ámbitos de la iniciativa privada, que el capital, el capital no monopolista, sino la "sagrada" libre empresa, reclame por suyos.
No tiene por qué entrar a controlar ninguna de las ramas de producción de la industria ligera y semipesada, ni del comercio en sus aspectos que no sean fundamentales para la alimentación y vestuario del pueblo, y aun allí sólo interviene marginalmente. Entonces, no hay por qué temer que sea creciente; y que no es incontrolada, lo indica el hecho de que nadie puede dudar que trabajamos en un Gobierno planificador y planificado.
En consecuencia, cada paso se da en la intervención del Estado, dentro de la economía, tiene un fin noble y está previsto en un programa. No es una cosa al sabor de los ministros de hacienda o de Industria o de los presidentes de la República; tenemos un gobierno tecnificado y planificado al servicio del pueblo.
Se ha dicho, a veces, que dentro de este sistema mexicano de intervención, la acción de la iniciativa privada se vuelve imposible por las disposiciones legales que le cierran el paso; y se pone, como ejemplo la minería.
Creemos recordar, del Informe anterior, la afirmación no controvertida, hecha por el señor Presidente, de la suma de millones que el Estado ha tenido que gastar en subsidio directo y en crédito fiscal; es decir, cancelando y aplazando impuestos, a fin de que la minería, que no toda es nuestra, que no toda es nuestra, que no toda tiene capital mexicano, pero que es una industria que mantiene a más de 50,000 trabajadores y sus familias, siga trabajando en condiciones adversas; si las empresas mineras, que están en condiciones adversas por baja de precios de los metales, han recibido la ayuda del Gobierno para poder seguir trabajando, no tiene por qué ostentarse a la minería como un campo que no puede trabajarse porque el Gobierno la estorba con sus leyes o con la intervención oficial.
He de concluir tocando un punto neurálgico, más neurálgico por incomprendido, y esto lo reconozco con toda lealtad, que es el de los créditos exteriores. Todo el país en desarrollo, en el sector socialista o en el sector capitalista de las democracias, acude a las fuentes de crédito internacional para acelerar sus inversiones y poder planificar, a largo plazo, su crecimiento económico y su gobierno de la economía. Los fenómenos económicos no coinciden con los sexenios presidenciales de México, con los cuatrienios norteamericanos o con los períodos imprevisibles de gobierno en un país como Rusia. Tienen su propio ciclo esos fenómenos y si hay que encuadrarlos en un plan no hay que hacer un plan estático para cada país, sea su período de cuatro, seis, diez o doce años. Hay que planificar para abarcar una serie de fenómenos de distinto ciclo. ¿Y, cómo se mantiene la continuidad del desarrollo, el fluir del dinero, para que se produzca convertido en máquinas y en elementos que fecunden y hagan valiosos los recursos naturales, sino teniendo un gran ámbito de crédito, a disposición, para poder mantener el ritmo y la continuidad, sin lagunas, sin interrupciones, sin saltos? Solamente hay un camino: acudir a las fuentes del dinero internacional. Privilegio que solo tienen los países dignos de crédito.
Y los que se quejaban de que a México no se le aceptaba en esos mercados, en años que han pasado, hoy son los primeros en quejarse porque hemos tenido acceso, con pie derecho y frente alta, a las fuentes del gran dinero internacional, dedicadas a fines bancarios y financieros. El extranjero ha preferido aquí, siempre, comprar industrias y fundar industrias antes que prestarnos el dinero a cierto plazo y a cierto rédito para que las desarrollemos nosotros. ¿Debe motejarse al gobierno del Presidente López Mateos el haber dado el paso definitivo para cambiar y revertir, totalmente, esa situación?
Es mejor pedir prestado, en términos normales de comercio en términos aceptables de rédito y de plazo, que vender la parte o la totalidad de nuestro negocio. Esto es verdad en la economía privada y es verdad en la economía pública. Primero diversificamos las fuentes del dinero, que antes eran casi exclusivamente norteamericanas; nos prestan, ahora, las naciones del Mercado Común Europeo, la Gran Bretaña, Francia singularmente, y el Japón. Esas naciones compiten, entre ellas, por el favor de México, por la clientela de México.
Si colocamos aparte los créditos de la Alianza para el Progreso y los de instituciones regionales y mundiales, que no tienen fin mercantil y cuyo término llega hasta 40 años, nos encontramos con que el resto de los créditos normales para desarrollo, que reciben las industrias de Estado que recibe el Gobierno mismo, a través de sus agencias para inversión, son para aumentar la producción y de allí pagarlos, no para gastarlo y deberlos para que, al fin, nos cobren después los pasteles; son créditos de los que somos depositarios para que ellos mismos se salden, y nos dejen, como propia, la fábrica, la industria, nuestro dominio de la nueva cosa creada.
Antes señores diputados, de este período presidencial, los créditos industriales, que se obtenían en Europa, se sujetaban a las condiciones del Convenio de Berna. Tenían por objeto exclusivo financiar la compra de equipos y materiales en los países prestamistas, a las casas manufactureras que el que el banquero nos indicaba y al precio que los vendedores señalaban sin posibilidad de regateo; no se permitía emplear dinero en adquirir los materiales que se producían en México.
Eran, realmente, ventas de maquinara a crédito que nos daba una nación ganando el banquero el rédito que señalaba, y ganando el manufacturero, a quien el banquero indicaba, el sobreprecio que, generalmente, se imponía a un comprador y que no tenía libertad de buscar en el mercado libre y abierto la misma máquina o el mismo equipo.
En el convenio de Berna determinaron los banqueros continentales europeos que a Latinoamérica no se le prestara sino en tales condiciones y a 5 años de plazo y de 7% arriba de rédito.
Los créditos más hacederos eran créditos de fabricante a empresas descentralizadas o a empresas privadas mexicanas; créditos revolventes de fabricante; a tres años angustiosos; porque una fábrica no debe comprarse a tres años, si se quiere pagarla con sus productos.
Pero ahora. desde el primer crédito que concertó este Gobierno, en 1960, se han ido mejorando, de tal manera, las condiciones que ya el círculo de hierro del Convenio de Berna ha quedado, totalmente roto. De los que acaba de obtener en Francia, México, durante el viaje del Presidente, a nivel de 150 millones de dólares, esto es, por su equivalente en francos, para compra de servicios técnicos, materiales, equipo y maquinaria a proveedores franceses; que México, libremente, escoge entre los varios que compiten para obtener nuestro pedido; de esos créditos -digo- la banca privada de Francia otorga la mayor parte, y el tesoro francés el resto, la parte menor. Pero, por cada franco que se gaste en Francia, podremos disponer de medio franco para comprar en México productos nacionales, trabajo técnico y obrero. De ese medio franco, treinta centésimos provienen del dinero público francés y veinte del capital bancario privado francés.
La parte destinada a gastarse en Francia se concede al plazo de 13 años, y no a 5, como bajo el Convenio de Berna, y al 6.5% sobre saldos insolutos. La porción de dinero efectivo que nos proporciona la banca privada, para gastarla en México, se amortizará a 5 años y al mismo rédito y la que el Gobierno francés aporta se cubrirá en 8 años y al 4% de interés.
Ha cambiado totalmente el panorama. No se trata, ya, como en el siglo pasado, de créditos de gasto para un gobierno en quiebra, que tiene que mantenerse, levantar ejército, rechazar amenazas de invasión o dirimir las pasiones por la suerte de las armas, en luchas que cubren más de 50 años, la suerte del poder y el destino de la nación.
Ya no se trata de créditos usuarios; tampoco se trata de créditos comerciales, que tienen atada la cláusula de compra forzosa y de no gasto en México.
Hemos sido admitidos como mayores de edad, como país responsable y digno de confianza, bien gobernado y con perspectivas ciertas de crecimiento, a la mesa común de todos los países en desarrollo, que buscan en ella el indispensable elemento para crear o para ensanchar sus industrias. De ningún crédito de éstos responde el crédito nacional., puesto que son específicos para inversiones industriales y autoliquidantes; y los primeros que saben que se liquidan con sus productos, son los banqueros, porque ellos estudian, mejor que nosotros, el destino que daremos al dinero, y al mismo tiempo permiten que una parte se gaste en México, ya que tienen fábricas, para muchos de nosotros no conocidas, de equipo y material mecánico, capaz de dar algunas grandes industrias hasta el 80% de lo que antes compraban en el extranjero
A este crédito, motor del progreso, políticamente; equitativo, mercantilmente, no se le puede aplicar la marca de un crédito que nos descapitalice, que nos venda o que nos ponga en manos del más poderoso en el momento del cobro.
Este es el crédito que, dentro de los planes del Gobierno, se utiliza como palanca auxiliar, como complemento de nuestros recursos interiores; y si no acudimos con mayor amplitud, desde el gobierno, a la banca privada, mexicana es porque sus recursos conjuntos no bastarían a cubrir uno solo de los requerimientos grandes de crédito que tiene el gobierno Mexicano.
Supongamos que, como quiere Acción Nacional, recurrimos preferentemente, al mercado interior del dinero y le pedimos, para la industria azucarera, los 40 millones de dólares que hemos conseguido en Francia y los 110 millones de dólares para la petroquímica. Probablemente, nuestra banca los reuniera; pues entonces el pequeño industrial, el pequeño comerciante que fuera a tocar al día siguiente las puertas de los bancos se encontraría con que las industrias de Estado y las que el Estado apoya se habrían llevado la totalidad del dinero y los solicitantes tendrían que ir a tocar puertas a los Estados Unidos y a Francia, sin el águila nacional, sin la fuerza de México, sin el prestigio de México, como simples industriales o comerciantes, para conseguir dinero prestado al precio que los banqueros extranjeros se lo impusieran, porque el Gobierno había absorvido los recursos interiores de la Banca Mexicana.
Por esta razón es que, el más fuerte, va a conseguir créditos con los más fuertes, porque ambos pueden hablar un lenguaje común y, así abatir la tasa de rédito, ampliar los plazos y conseguir dinero para invertirlo en el desarrollo de México.
Dejamos la industria privada, a la libre empresa, que se beneficie de los monopolios que hayan sido substituidos por el Estado, y que utilice los recursos crecientes, progresivos, de una banca privada que no puede todavía atender las exigencias de las empresas públicas para impulsar el crecimiento de México. Es todo, señores. (Aplausos.)
El C. Presidente: Tiene la palabra el señor diputado Jenaro Vázquez Colmenares.
El C. Vázquez Colmenares, Jenaro: Señores diputados: El pasado día primero de los corrientes tuvimos la satisfacción de escuchar el quinto informe de gobierno del C. Presidente de la República, cuya mayor importancia radica en el hecho de ser un verdadero análisis de la situación económica, política y social del país, que sintetiza los objetivos actuales de la Revolución Mexicana: crear una estructura económica moderna y dinámica, altamente productiva, compatible con el orden social revolucionario, a fin de asegurar la democracia y la justicia social.
El C. Presidente de la República, en uno de los más importantes capítulos de su informe, expresó; "El complejo problema del agro mexicano - que justamente por su complejidad ha dado tema permanente a las más diversas opiniones y que sigue siendo pasto de las más irresponsables posturas demagógicas - es, con mucho, el problema fundamental del país.". Este juicio presidencial no sólo alude a los aspectos propios del sistema de tenencia de la tierra creado por nuestra Reforma Agraria, sino también a otras numerosas y complicadas circunstancias, determinantes de nuestra estructura económica, que obligan a pensar en la Reforma Agraria como el primer paso hacia una redistribución justiciera del ingreso nacional.
Según el quinto informe presidencial, el 40% de nuestra población está dedicada a las actividades primarias. Sin embargo, sólo le correspondió, en el último año, una participación del 23% en el ingreso
nacional bruto. Relacionando estos datos, entre sí, y comparándolos con otros proporcionados por diversas fuentes oficiales, observamos que el ingreso, per capita, del sector agrícola es inferior a la cuarta parte del ingreso, per capita, en los sectores industrial y de servicios. Es decir, que los campesinos mexicanos, a pesar del esfuerzo de los regímenes revolucionarios, continúan sujetos a condiciones de vida más bajas que las normas de mera subsistencia.
La franqueza con que el Jefe del Estado se enfrenta a estas dramáticas realidades y su afán por superarlas y vencerlas, se ponen de manifiesto en las metas alcanzadas durante los cinco años de su gobierno, a lo largo de los cuales ha puesto en práctica, con sentido realista y patriótico, una política tendiente a convertir en recursos plenamente productivos la mano de obra y la explotación de la tierra. Ello entraña una concepción integral y dinámica de la Reforma Agraria, como factor decisivo en el desarrollo económico de la nación.
Es alentador que las ideas del titular del Poder Ejecutivo coincidan, plenamente, con las aspiraciones de los campesinos, acentuando, así, la unidad revolucionaria de las masas rurales organizadas en la Confederación Nacional Campesina. La Central a que pertenecemos reconoce la plena validez del pensamiento presidencial e, inspirada por él, afirma que el objetivo básico de la Reforma Agraria, reivindicando casi por completo el derecho a la tierra, consiste en convertir al campesino, de simple productor de materias primas, en un elemento cada vez más activo del mercado interno, con mayor capacidad de compra y superior nivel de vida.
En las actuales condiciones del país, el problema agrario adquiere proyecciones económicas, de tal magnitud, que no es posible referirse a él sin tener en cuenta diversos aspectos de la economía en general y de las finanzas públicas. Al efecto, nos interesa referirnos a dos de los grandes renglones que se descompone el gasto público: el fomento industrial y el desarrollo agropecuario. El primero, comparado con el año de 1961, no ha experimentado incremento alguno y continúa en la cantidad de cuatro mil cien millones de pesos, equivalentes, aproximadamente, a 40% de la inversión pública; el segundo, referido al mismo año, ha aumentado, de novecientos cincuenta y ocho millones, a dos mil millones en 1963, equivalentes a un incremento superior al 100%
El Presidente de la República, anticipándose a las graves consecuencias que, para México, provocaría un desarrollo económico desequilibrado, ha elevado el gasto público destinado al fomento agropecuario en tan elevado índice, para fortalecer el mercado interno y crear, así, las condiciones que permitan a la industria fincar en éste las bases de un sólido desenvolvimiento. El sector capitalista, que con tanta frecuencia critica la política económica del gobierno, debe entender que estamos decididos a impedir la exportación del hambre del pueblo, pues a eso equivale competir en los mercados internacionales, aprovechando el bajo costo de la mano de obra de los trabajadores mexicanos.
Esa medida gubernamental tiende a solucionar, por sus efectos multiplicadores, los tres puntos débiles de nuestra estructura económica; el bajo poder adquisitivo de las masas rurales, una industria que sólo trabaja al 50% de su capacidad instalada y un capital acumulado en las instituciones bancarias y financieras, que no se canaliza suficientemente hacia las actividades productivas - especialmente la agrícola ejidal -, por falta de un sistema adecuado, capaz de conciliar las características del sistema ejidal, de tenencia de la tierra, con los requerimientos del sistema capitalista en que vivimos.
La política del gobierno, en este sentido, rectifica las deformaciones que circunstancias internacionales y de otro orden impusieron al desarrollo económico nacional; y, mediante la campaña de obras públicas, vigoriza la Reforma Agraria, de cuya integral realización depende la solidez de nuestra economía.
Consecuentes con la postura del Gobierno sostenemos: que la limitada capacidad del sector agrícola, obligado por la explosión demográfica a alimentar, cada vez a un mayor número de habitantes, y a proporcionar a la industria materias primas indispensables, es un factor negativo, que frena las mejores posibilidades de nuestro desarrollo.
Cada año nos acercamos al límite de la tierra repartible y nos enfrentamos a un crecimiento geométrico de la población. Por tanto, es ineludible dar una nueva orientación a nuestra política agraria y agrícola, de tal manera que la explotación de la tierra laborable del país, mediante el empleo conjugado de la Técnica y del crédito, se haga intensiva en la superficie cultivable de los cincuenta millones de hectáreas repartidas, a la que deben retarse las no aptas para la agricultura, ganadería y silvicultura, como son las formadas por tierras con pendientes superiores al 25%, las eriazas y erosionadas y las que en virtud del crecimiento urbano industrial, han cambiado de uso. Actualmente, no podemos dejarnos llevar por un agrarismo romántico sin causar graves daños a la nación. En lo sucesivo, sólo debe repartirse tierra en aquellos sitios donde el suelo reúna el mínimo de condiciones agrológicas requeridas para una explotación productiva. Es, pues, indispensable continuar la tarea, consistente en abrir el cultivo nuevas superficies aptas para la explotación agropecuaria, planificar la agricultura e intensificar, audazmente, la política demográfica, orientada a trasladar núcleos humanos, de las zonas improductivas o superpobladas a las regiones que ofrecen mayores perspectivas en el sureste y en otras zonas del país, como lo ha iniciado el gobierno actual con campesinos de La Laguna,
Estamos urgidos de provocar verdaderas corrientes migratorias internas, correctamente planificadas, para desconcentrar el excedente de mano de obra agrícola, cuya fuerza de trabajo se pierde por inacción, en la Mesa Central y en las grandes extensiones desérticas y semidesérticas de México. En esta magna obra la labor educativa del gobierno debe cumplir la hazaña de transformar en la conciencia de los campesinos, el apego a los pedregales y desiertos en una honda pasión creadora por un México mejor.
Un análisis cuidadoso del informe presidencial, así como de nuestras actuales circunstancias, nos conduce a afirmar que la Revolución Mexicana, iniciada con las características de una Revolución Agraria, ha devenido una Revolución Industrial, cuyas peculiaridades afectan la vida entera del país y repercuten en las condiciones del desarrollo económico general.
Esto significa que, si en el pasado era factible distinguir y separar una cosa de otra, en el presente ambas actividades - la agrícola y la industrial - se encuentran en una relación de interdependencia, a tal grado que el bienestar popular está condicionado por la medida en que se equilibren las correspondientes productividades. Una política congruente con este hecho debe tender a descongestionar a la agricultura de su exceso de mano de obra derivándola hacia la industria y los servicios; y a procurar que el exceso de capital, existente en otros sectores económicos, se canalice hacia la agricultura, a fin de provocar los resultados económicos deseados.
Las afirmaciones anteriores imponen la necesidad - como ya lo hemos dicho - de reorientar nuestra política, en estos dos grandes sectores de la economía, para poder aumentar el ingreso real de los trabajadores del campo proporcionándoles la asistencia técnica y crediticia, necesaria a fin de abaratar diversificar la producción agrícola, tanto para exportación para satisfacer las necesidades del consumo interno.
Es indispensable redoblar la audacia y la ambición puestas por el Presidente López Mateos, en su programa de inversiones públicas, a fin de acelerar nuestras tasas de desarrollo, las que en ningún momento del pasado provocaron situaciones inflacionarias ni nos han apartado de los causes democrático, como lo pretenden las tendencias retardatarias que temen la intervención creciente del Estado en las actividades económicas. Nadie puede negar en este sentido que la expropiación petrolera, la adquisición de los Ferrocarriles Nacionales y de la Industria Eléctrica, Constituyen, hoy por hoy, los más sólidos pasos de la Revolución para hacer de México un país económicamente libre.
Por eso la Confederación Nacional Campesina sostiene que para salir de las condiciones de subdesarrollo en que nos encontramos es indispensable aprovechar al máximo nuestros recursos naturales y humanos, lo que sólo podrá lograrse aceptuando la tendencia izquierdista de la Revolución, como único medio para llegar, en el futuro inmediato, a la completa realización de la justicia social.
Explicablemente las fuerzas reaccionarias se oponen a esta idea, como que su cumplimiento implica la desaparición de los privilegios que todavía disfrutan y censuran la política progresista del régimen, porque en ella está contenido el ideal de dignificar y saciar las carencias populares.
Convencido de la necesidad de vencer miles de obstáculos, el Presidente de la República, no vacila en admitir que falta un largo camino por recorrer. Esta sinceridad le honra y le afirma en su calidad de estadista; y en nosotros redobla la solidaridad que le tenemos.
No podemos dejar de referirnos a la intensidad con que el Gobierno de la República ha acelerado el reparto de la tierra y eliminando, en grado notable, la inseguridad en la tenencia de la misma. Lejos de constituir ésta una postura demagógica representa el cumplimiento de la disposición constitucional así lo establece. De 1915, cuando se inicio la Reforma Agraria hasta la fecha, a dos regímenes corresponde el elevado honor de haber entregado a los campesinos de México más del 60% de la tierra repartida por la Revolución. Me refiero a los gobiernos de Lázaro Cárdenas y de Adolfo López Mateos.
Sin embargo, el espíritu y la letra de las leyes agrarias se viola todavía. Los simuladores de la Revolución no vacilan en lucrar con la buena fe de los campesinos: se tolera el arrendamiento de parcelas ejidales; existen funcionarios que engañan ofreciendo dotaciones improcedentes; se han otorgado concesiones de inafectabilidad posteriores a las resoluciones presidenciales de dotación; se favorece el caciquismo ejidal; se comercia en materia de créditos, semillas, fertilizantes y maquinaria agrícola; se ejecutan resoluciones presidenciales en los escritorios; para favorecer a latifundistas afectados que propician las inmoralidades administrativas, algunos funcionarios no vacilan en entregar a los campesinos beneficiados tierras de calidad inferior a la que tienen derecho, en confundir los límites de los ejidos o en reducir, arbitrariamente, las superficies de dotación señaladas en los mandamientos presidenciales. Pero, lo que es más grave todavía, estas desviaciones contrarevolucionarias, de las que son responsables funcionarios y empleados de muy distintas jerarquías provocan desilusion en la masa campesina, la corrompen y traicionan la limpia conducta agrarista del Presidente López Mateos.
¿Cómo aplicarse estas irregularidades en un régimen probadamente revolucionario? La primera respuesta pudiera ser la infiltración de individuos reaccionarios en el aparato administrativo; la segunda serían los vestigios del monopolio de la tierra empeñados en subsistir. Pero, un examen cuidadoso de la cuestión, nos lleva, ineludiblemente, a admitir que este fenómeno, heredado por el gobierno del Presidente López Mateos, fue provocado por algunos regímenes anteriores, que se valieron de la Reforma Agraria como una plataforma Política, soslayada al llegar al poder, temerosos de su primera etapa, el reparto de tierras, pudiese provocar el desquiciamiento de la economía del país. Tal es a nuestro juicio, la razón por la cual, a partir de 1941, la Reforma Agraria dio marcha atrás. En efecto, comparados con la administración cardenista, que entregó más de 17 millones de hectáreas, el gobierno de Ávila Camacho repartió menos de la tercera parte; el gobierno de Miguel Alemán, menos de la cuarta parte y el gobierno de Ruiz Cortines, apenas la sexta parte.
Por el contrario, el Presidente López Mateos, en menos de cinco años, han repartido más de doce millones de hectáreas, o sea, una superficie casi igual a la de los tres regímenes precedentes. Así, vino a demostrar que las desviaciones en el cumplimiento de la Reforma Agraria son un problema de energía y honradez que en nada afecta la compatibilidad de aquélla con el sistema democrático, la libre empresa y la solidez de la economía y la moneda como se demuestra con el dato, sin precedente, consignado en el último Informe, de acuerdo con el cual nuestras reservas en oro y divisas ascienden a la cantidad de 510 millones de dólares. ¡La cifra más alta de nuestra historia!.
El reconocimiento que el Presidente de la República ha hecho a la máxima importancia del problema agrario, no sólo constituye una afirmación válida para el presente que vivimos, sino también para el futuro inmediato de la nación. Durante el régimen
lopezmateísta hemos llegado a la consumación, casi total, del reparto de la tierra y al establecimiento de las bases que permitirán realizar las etapas subsecuentes de la Reforma Agraria. Es decir, que el país ha sido conducido por su Presidente a un nivel de realización revolucionarias, por debajo del cual, toda acción que se intentara, sería contraría a los intereses nacionales.
Por eso, afirmamos que el próximo gobierno de la Revolución debe avanzar hacia el logro de nuevas metas que aseguren el bienestar colectivo. La Confederación Nacional Campesina sostiene, por mi conducto, que los próximos integrantes de los poderes federales deben ser ciudadanos profundamente convencidos de la importancia del problema agrario, que involucra la vida y el destino de más de veintiún millones de mexicanos, de los treinta y cuatro integrantes de nuestra población.
Esta abrumadora mayoría será factor determinante para llevar al poder a quienes garanticen los intereses de las masas rurales y su derecho a una vida mejor. Frente a las especulaciones, que confunden la política, como la más alta actividad del servicio público con la mezquina ambición de obtener situaciones personales; las características del buen amigo y del compadrazgo con los dotes esenciales del hombre de Estado, la Confederación Nacional Campesina sigue enarbolando la bandera del Sufragio Efectivo. (Aplausos.)
Porque ésta es la hora del valor civil el Presidente de la República ha afirmado que "el pueblo es quien debe integrar un gobierno que asuma, con firmeza y confianza, los destinos nacionales en el próximo sexenio". Esto quiere decir que el titular del Poder Ejecutivo, como Presidente y como ciudadano, condena la labor de quienes creen que la sucesión presidencial se resuelve por simpatías o por simples adhesiones a determinados secretarios de Estado.
Las límpidas lecciones de civismo, dadas por el Presidente López Mateos al iniciar las reformas electorales a nuestra Constitución para propiciar un más efectivo juego democrático y, al reconocer "que la voluntad popular es la única que hallará la solución que mejor corresponda a su destino histórico" son incompatibles con la práctica inmoral del tapadismo, que además, de corromper la conciencia cívica, denigra la tradicional virilidad del pueblo de México, que jamás ha reunido el cumplimiento de su destino
Compañeros diputados:
La parte del último informe presidencial que he comentado ante ustedes, es, sin demérito de las demás la que entraña las realizaciones básicas del gobierno y, por tanto, su justificación de ser un régimen democrático y revolucionario. Siendo ésta la última ocasión en que, como miembro de la XLV Legislatura al Congreso de la Unión, tenemos la oportunidad de comentar la obra realizada por el Presidente López Mateos, es oportuno expresar la satisfacción que nos causa haber compartido con él, dentro de la esfera de nuestras atribuciones constitucionales, la grave responsabilidad de representar al pueblo de México.
La respuesta que usted, señor licenciado Sánchez Mireles, en su calidad de Presidente del Congreso de la Unión, dio al titular del Poder Ejecutivo, expresó el sentir y las convicciones de sus compañeros de Cámara. La mayoría parlamentaria se solidariza con sus juicios y tiene la seguridad de que este último período de sesiones, que con el concurso de la capacidad y el patriotismo de todos, habrá de ser fecundo para bien de la Patria." (Aplausos)
El C. Presidente: Tiene el uso de la palabra el señor diputado J. Guadalupe Cervantes Corona.
- El C. Cervantes Corona, J. Guadalupe:
"Señor Presidente.
"Señores diputados.
"Los pueblos en el decurso de sus existencia, han de mantener devoto apego, apasionado culto a su historia y a lo más puro de sus esencias y tradiciones, para alcanzar la autenticidad plena de su destino. Sus formas peculiares de vida, su modo de ser y de pensar, deben prevalecer sobre cualesquiera presiones negativas en el disfrute de su independencia y soberanía, de la paz interior y el respeto exterior, aspiración suprema de toda colectividad organizada.
El pueblo mexicano ha venido realizando los fines que se ha propuesto a lo largo de su historia, y, en cada fase de su desarrollo, ha puesto en juego una dinámica espiritual propia y distintiva, a tono con los perfiles inconfundibles de su manera de ser y de pensar, no obstante la oposición pertinaz de reaccionarios y conservadores, y la porfía de quienes quisieran imponerle una doctrina a sus convicciones.
Los movimientos ideológicos, que mayor influencia han ejercido en la estructuración del progreso material y cívico de la nación, la Independencia, la Reforma y la Revolución, han capacitado al mexicano para convertir en realidad sus más caras aspiraciones; pues, al conformar éste una concepción de la vida social consustancial a su idiosincrasia, ha proyectado todo su ser sobre moldes peculiares y acusadas características.
Así, complace constatar que, en nuestro sistema político, el derecho es norma y guía de la actividad nacional. Su presencia se manifiesta, con todo el vigor positivo que le es propio, en la vida común, creando la seguridad que debe prevalecer en los fenómenos de interrelación humana; en los vínculos entre el capital y el trabajo, para la existencia de un clima de concordia y prosperidad en los diversos campos de la producción; en la distribución equitativa de la riqueza particularmente en lo que corresponde al reparto de la tierra, primera y permanente exigencia de la Revolución Mexicana; en la correcta aplicación de la carga y del ingreso fiscales, para que los individuos cooperen en proporción de su capacidad económica al sostenimiento del Estado a fin de hacer posible la prestación de los servicios públicos, el progreso que demanda el aumento de población que registramos y la satisfacción de las hondas necesidades que todavía confrontan grandes sectores de trabajadores del campo y de la ciudad; en el empeño de llevar a todos los mexicanos la asistencia social, así como la educación en todos sus grados y proyecciones, desde la básica a la profesional desde la alfabetización a la cultura superior y a las más altas manifestaciones del arte y la filosofía; en la posición adoptada por México en el plano internacional, para hacer llegar a todas las regiones del orbe su proclama apasionada en favor de la soberanía y autodeterminación de los pueblos.
La presencia del derecho, en todas las actividades del mexicano, obedece a su perseverancia en los ideales y propósitos que fueron doctrina de las luchas y contiendas del siglo pasado y que han sido exigencia, en el presente siglo, para llevar a la práctica los anhelos populares, a la luz del nuevo concepto del hombre, que ha creado la Revolución Mexicana.
Nuestro ideal social consiste en llevar los recursos económicos del país hacia la colectividad, sin menoscabar el derecho de cualquiera, en particular , a percibir las utilidades que correspondan a su trabajo, ya que es preciso mantener vivo un interés individual en la actividad económica, que sea estímulo para el esfuerzo personal, a la vez que apoyo moral de toda empresa digna de reconocimiento en nuestro régimen jurídico.
La propiedad - entendido el concepto en la mayor amplitud de su acepción - desempeña en México una función eminentemente social de la más alta jerarquía, para garantizar la libertad de la persona sin mengua de los intereses colectivos.
Infortunadamente, en la garantía de la propiedad individual, se han escudado quienes se hallan poseídos de una ambición desmedida de enriquecimiento, circunstancia que ha influido, de tal manera, en la relación económica de nuestro país, que el derecho y el Estado se han visto obligados a reglamentar, escrupulosamente, este capítulo, para propiciar la existencia de un legítimo concierto social.
Por otra parte, no hay que olvidar que el aspecto económico, piedra angular de la estructura jurídica, política y social del Estado, es, particularmente, el que da origen a las revoluciones cuando el elemental imperativo humano de una subsistencia decorosa no se halla satisfecho. Y que, igualmente, ha sido siempre, de manera primordial, el factor determinante de las contiendas bélicas mundiales.
Si bien es verdad que la última gran guerra no ha terminado todavía, puesto que los hombres continúan matándose diferentes lugares de la tierra, más cierto es aún que en la guerra económica se hallan envueltas, en una u otra forma, todas las naciones del globo; y que, amen de cobrar aquélla cada vez mayor fuerza, ha venido constituyendo el gran obstáculo para liquidar la gran escisión actual de la humanidad.
Tomando en cuenta la relevante transcendencia del proceso económico en la vida del hombre y de las comunidades, debe ser preocupación permanente del Estado la de cuidar que los núcleos de población que carecen de los bienes necesarios para subsistir y poder ser útiles a la sociedad, disfruten de ellos.
El estudio de las necesidades, esfuerzos y satisfacciones del hombre, al través de las diversas épocas por las que ha discurrido el escenario de nuestro mundo, no es, en último análisis, sino la historia del dolor de la humanidad en su eterna lucha por la consecución de mejores niveles de vida y el abatimiento del imperio de la injusticia.
Precisamente, el moderno concepto de la economía ha evidenciado una más recia y acabada concepción, al asignar, dentro del cuadro de su problemática general, interés preponderante a la búsqueda de un dispositivo eficaz para suprimir las carencias y producir la abundancia; a la investigación y formulación de leyes de cooperación y solidaridad social, en cuanto éstas se encaminan al cumplimiento de las exigencias primarias, fundamentales, del individuo; a la prevención de las crisis que se originan, bien por soluciones de continuidad en la relación entre los diversos factores de la producción o por desajuste entre las necesidades del conglomerado y la generación de elementos satisfactores y, en suma, al logro de la justicia social en una paz orgánica, activa, creadora.
Acorde con estas orientaciones, el Gobierno de la República realiza con pleno sentido revolucionario, su misión reguladora de los intereses colectivos, y superando doctrinas económicas o filosóficas, anacrónicas en su inspiración y contenido, ha entrado en el campo de la iniciativa privada, sabedor de que, sin entender la verdadera tendencia de la transformación histórica del pueblo sin propiciar el desarrollo equilibrado de la economía, no podrá alcanzarse la justicia social, objetivo primordial nuestro, largamente acariciado. "La política económica y social de la Revolución - dijo el señor Presidente en su histórico mensaje del día primero del actual - constituye hoy en día no sólo el instrumento para seguir impulsando nuestro desarrollo, sino ejemplo fructífero que se reconoce, cada vez en mayor extensión, dentro y fuera del país."
Estados hay que, con el fortalecimiento de su economía y el incremento de sus recursos fiscales - estos últimos logrados a base de un impuesto que grava hasta el máximo las percepciones individuales - , persiguen desgraciadamente, como fin último logros de tipo imperialista, el sojuzgamiento económico del mundo, tal cual si la humanidad se hallara en los albores de la civilización.
México persigue propósitos bien diferentes; por ello, su palabra es escuchada en todos los pueblos libres del orbe, y, por ellos mismo, se pierden en el vacío las voces de los que propugnan alteraciones de la paz y la seguridad nacionales, ya procedan del interior o del exterior del país. México rechaza, enérgicamente, las dictaduras, cualquiera sea su índole; los imperialismos sea cual fuere el país que los propicie; los métodos abstractos y dogmáticos y las fórmulas de convivencia obscuras, no importa la fuente de donde procedan; y se esfuerza por la estructuración de una democracia que haga desaparecer, definitivamente, las desigualdades y que lleve a todos sus hijos las satisfacciones que se derivan de una economía vigorosa y una sólida cultura, brindándoles las mismas oportunidades para la realización plena de su destino. Para la consecución de este desiderátum, que habrá de ser la mejor justificación de la doctrina humanista que sustenta México, el más arduo esfuerzo parecerá mínimo, pues que de su conquista depende la consumación de los postulados de la Revolución Mexicana.
La reforma fiscal, puesta en marcha en el país, y que me ha tocado el honor de glosar en esta sesión, con motivo del Quinto Informe del señor licenciado don Adolfo López Mateos, fortalecerá, incuestionablemente, nuestra economía y coadyuvará a llevar la justicia social a los mexicanos de todas las latitudes.
El ingreso fiscal en México es, por desgracia, insuficiente para mantener un incremento de satisfactores acorde con el aumento de la población que
registramos, y para incorporar a todo el pueblo al progreso que ha venido operándose en el país, a partir de la Revolución Mexicana. Este ingreso, en relación con el producto nacional neto, es de los más bajos de Latinoamérica y del mundo.
La reforma fiscal, iniciada por el señor Presidente de la República y votada por el Congreso de la Unión, comporta las siguientes finalidades:
1a Lograr que México tenga un desarrollo económico persistente, en consonancia con los postulados de justicia social, que alienta nuestro movimiento social contemporáneo.
2a Superar la baja capacidad económica de grandes sectores de trabajadores del campo y de la ciudad que aún viven en condiciones precarias, como acontece a la mayoría de los campesinos de Coahuila, San Luis Potosí, Zacatecas, Oaxaca y de otras entidades." ...necesitamos - expresó el Primer Magistrado - llevar los beneficios de mejores técnicas y mayor productividad a los sectores mayoritarios que más deficiencias ofrezcan; elevar la capacidad de compra y, por tanto, el nivel de vida de nuestras grandes masas obreras y campesinas; aumentar los coeficientes del producto nacional y distribuirlos justicieramente".
3a Anunciar la capacidad de consumo en el mercado interno, mediante su fortalecimiento, lo que permitirá a los habitantes, que sólo disponen de recursos económicos limitados, la adquisición de satisfactores indispensables para llevar una vida más humana; por otra parte, impulsar el desarrollo de las industrias, que funcionarán a mayor capacidad, con la certeza de encontrar compradores para los productos que elaboran.
La suministración, por parte del Estado, de servicios de carácter social hará que, al llevar la educación, la asistencia social y la vivienda popular a toda la población, aumenten las posibilidades económicas de la misma para la satisfacción de otras necesidades.
4a Lograr la estabilidad de precios de los bienes de consumo necesario, en beneficio de la población asalariada; lo que es congruente con los propósitos a que se contrae el párrafo anterior.
5a Distribuir, equitativamente, la carga fiscal mediante el establecimiento de gravámenes directos, teniendo como base la capacidad económica de las personas, en vez de los gravámenes indirectos, que elevan el costo de la vida en perjuicio de las mayorías consumidoras, mismas que se ven obligadas a pagar cuotas iguales sin consideración a su capacidad contributiva.
6a Evitar que los causantes evadan el impuesto, ya que, en esta forma, al hacerse efectiva la tributación sobre todos los obligados a pagarla, no será necesario aumentar las cargas fiscales.
7a Mejorar los sistemas para la recaudación del impuesto, a fin de que tengan vigencia efectiva las leyes tributarias.
Conocedor el Congreso de la Unión de tan elevados designios, acogió con gran beneplácito las iniciativa del Ejecutivo de la Federación y procedió a reformar el Código Fiscal y la Ley del Impuesto sobre la Renta, con vistas a lograr, paulatinamente, que cada causante contribuya a los gastos públicos en forma equitativa a su capacidad económica.
Pero, no obstante estos encomiables esfuerzos del Gobierno que preside el señor licenciado López Mateos, llevados a cabo en su empeño de cumplir con el ideario de la Revolución mexicana, los recursos del Estado todavía no bastan para poder realizar, íntegramente, los fines mencionados; en vista de esta realidad se ha recurrido a un medio más, que es, para nuestra satisfacción, una prueba del merecido prestigio de que goza México en el exterior. Nuestro Crédito y la estabilidad política que vivimos - está última producto de la paz fecunda que se ha mantenido inalterable a lo largo del sexenio constitucional lopezmateísta -, son de tal manera sólidos, que se estimó llegado el momento de proceder, como se hizo, a la emisión de bonos y su colocación en el extranjero. "No debe pasar inadvertido - dijo el Primer Magistrado - que durante más de medio siglo nuestro país no tuvo acceso al mercado abierto de capitales internacionales; por eso es tanto más satisfactorio señalar la excelente acogida de las primeras series de bonos que tuvieron colocación inmediata y que circulan ya en los mercados de Estados Unidos y de Europa, habiendo alcanzado, desde su emisión, constante alza en su valor en las bolsas internacionales."
Reforma fiscal, colocación de bonos en el extranjero y otras saludables medidas, harán posible que el Gobierno Federal cuente con recursos más amplios para las erogaciones que demandan la atención de las necesidades colectivas, en aspectos tan importantes como la alimentación de las grandes masas populares, la educación al alcance de todos, así como el grave problema de la vivienda y de la salubridad pública.
La política fiscal del señor Presidente López Mateos puede resumirse en estas palabras: "Que las personas contribuyan a los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica."
Este principio tiene una sólida fundamentación filosófica: aquella que se refiere a la causalidad de los fines del Estado.
El fin primordial del Estado es el de procurar la satisfacción de las necesidades materiales y espirituales de los gobernadores. Requiere el cumplimiento de este objetivo, la disponibilidad del numerario suficiente para ello, y de conformidad con los procedimientos de la más elemental organización social, los medios económicos del Estado deben provenir precisamente, del ingreso que obtienen los individuos que integran el organismo social.
Este es un procedimiento de supervivencia, de autoconservación de los pueblos. Aquellos que crean cargas impositivas indirectas, que solamente gravan el consumo; aquellos que ponen en práctica sistemas inflacionistas lanzando a la circulación bienes y dinero creado por el Estado mismo, son pueblos que propician su retroceso fiscal, su estancamiento al menos. El ingreso fiscal ha de estar asentado sobre la columna firme de la capacidad económica de todas y cada una de las células de la República. Y ésta es, precisamente, la proyección que tienen las reformas fiscales propuestas por el ejecutivo y aprobadas por esta Legislatura.
El resultado más halagüeño de la reforma fiscal que tenemos la honra de glosar, ya lo palpa y disfruta la nación: la firmeza de nuestra moneda, garantizada hasta el final del presente sexenio, como lo dijera el señor Presidente en su quinto Informe.
Hemos afirmado que la política fiscal lopezmateísta está asentada sobre la universidad y validez permanente de un principio filosófico. Tal constancia y universidad generan, a fortiori la verdad. Y en el caso que nos ocupa, la constancia de la bondad del principio no es otra que la justicia social; la justicia anhelada perseguida, hecha propia por la Revolución; la justicia como ofrecimiento generoso a la sociedad.
El pueblo de México, con esa intuición que le es tan peculiar, ha reconocido el tino con que se está elaborando el sistema fiscal impositivo sancionándolo con su acatamiento unánime. Consenso armónico que apenas es perturbado por aquellos que, dada su condición de económicamente poderosos, se sienten lesionados en sus desmesurados intereses económicos.
El contribuyente, al saberse más responsable de las tareas públicas, se solidariza con el trabajo por y para el progreso de México, lográndose, así, una adhesión de pueblo y gobierno, no sólo fincada en intereses materiales, no solamente económica, sino, al propio tiempo, moral; lo que habrá de permitir, en el luminoso mañana, que ya avizoramos, nuestra superación integral, y a mantener a México, por lo demás, en el prominente lugar que ocupa en el concierto de las naciones, como abanderado de la paz y la concordia universales." (Aplausos.)
El C. Morelos Valdés, Rafael: Apoyado en el artículo 102, pido la palabra para hechos.
El C. Blanco Sánchez, Javier: Apoyado en el mismo artículo solicito el uso de la palabra.
El C. Presidente: Con todo gusto, una vez que haga uso de la palabra el señor Eliseo Rodríguez Ramírez.
Tiene la palabra el diputado Eliseo Rodríguez Ramírez. - El C. Rodríguez Ramírez, Eliseo: "Señor Presidente: la Revolución Mexicana, a través de sus luchas emancipadoras de la Independencia, la Reforma y el movimiento armado de 1910, forjó un programa: la Constitución de 1917 y, con ella el nacimiento de un nuevo orden jurídico, nutrido con el limpio pensamiento de sus precursores y de sus hombres guías, así como, también, con los principios, ideales, anhelos y opiniones del pueblo mexicano.
Este orden normativo se ha enriquecido, sobre la marcha de su destino, con las realizaciones y acontecimientos trascendentales de su pueblo creador; pero, sobre todo, con la inspiración patriótica, honrada, positiva y revolucionaria, que implica la acción ejecutiva con que el C. Presidente de la República ha servido al pueblo y a sus fuerzas armadas.
Servir y gobernar, con la intención de hacer el bien al pueblo, es servir a las fuerzas armadas del país y, viceversa; porque el Instituto Armado en México tuvo su origen en el pueblo y sigue siendo parte de él; porque, para la Revolución Mexicana, los ejércitos mercenarios fueron los que estuvieron al servicio de la Corona durante la Nueva España los que, con las armas en sus manos, sostuvieron a la dictadura de Porfirio Díaz, cuyos residuos asesinaron a Madero y Pino Suárez, en tanto que el Ejército, Armada y Fuerza Aérea de la Revolución son los descendientes del pueblo de México, que al toque de diana del bronce de Dolores, siguió a Hidalgo, en pos de la Independencia y de la Libertad.
Las fuerzas armadas del país son las mismas que, con Zaragoza, constituyeran el Ejército del Pueblo para defender la patria y el imperio de nuestras instituciones.
La lealtad del pueblo de México a sus héroes y a sus guías es una de las más brillantes virtudes que caracterizan al soldado mexicano; porque, cuando a través de la historia de nuestra patria, se escoge camino y guía, sendero y hombre, el pueblo que lo escoge se entrega al hombre, como hoy se ha entregado al presidente Adolfo López Mateos.
Cuando Benito Juárez pedía a Zaragoza, su opinión, sobre las personas que deberían cubrir algunas vacantes de su gabinete, Zaragoza hace uso de esa cualidad y principio que rige la conducta de un militar y contesta: Sea cual fuere el gabinete que forme usted, todos los que tenemos el mando de tropas estaremos conformes y secundaremos, sin vacilar, las miras del Gobierno y, desde el General en Jefe hasta el último de los soldados, sabremos cumplir con la obligación que tenemos como mexicanos.
Ahora bien, ¿cuál es esta obligación que tenemos como mexicanos?
Creo, compañeros diputados y pueblo en general, que no es superfluo señalar.
La Constitución, en sus artículos 31 y 35, indica la obligación de los mexicanos de mandar a sus hijos menores de 15 años a la escuela, para que reciban educación primaria elemental y militar; además a los mayores de esa edad les impone la obligación de recibir instrucción cívica y militar que los mantenga aptos en el ejercicio de los derechos de ciudadano, diestro en el manejo de las armas y conocedores de la disciplina militar, así como alistarse y servir en la Guardia Nacional.
Para que entendamos mejor, que pueblo y fuerzas armadas del país son lo mismo, debemos recurrir al artículo 1o de la Ley Orgánica del Ejército, el cual nos dice: "El Ejército Nacional queda constituido por: a) Activo, y b) Reservas.
La fuerza activa del ejército estará en relación con las necesidades y recursos del país (artículo 9o, Ley Orgánica); en tanto que "El servicio de las armas se prestará: por un año en el Ejército Activo, quienes tengan 18 años de edad. Hasta los 30 años en la 1a Reserva, hasta los 40 años en la 2a Reserva, y hasta los 45 años en la Guardia Nacional (artículo 5o, Ley del Servicio Militar). Pero, en caso de Guerra internacional, los mexicanos de más de 45 años de edad hasta el límite que exijan las circunstancias, pueden ser llamados a servir en la Guardia Nacional, de acuerdo con sus condiciones físicas (artículo 6o, Ley del Servicio Militar).
En consecuencia, la obligación de recibir educación militar la tenemos todos los mexicanos, desde que tenemos razón de ser; mientras que los mexicanos mayores de 18 años deben servir un año en el Activo y toda su vida en las Reservas o en la Guardia Nacional.
Cuando el pueblo de México triunfó en 1917 e implantó un nuevo Ordenamiento, para que en la paz del trabajo se realizaran las aspiraciones populares; entonces, ese pueblo, dejó parte de él como Activo de nuestras fuerzas armadas, y la gran mayoría de ese pueblo, que regresó a la parcela, al taller o a la oficina, se convirtió en las reservas, con
el privilegió de ser el corazón y cerebro de nuestro Instituto Armado, a través del orden jurídico militar que le da el pueblo por conducto de su Representación Nacional y del C. Presidente de la República, que se constituye en Jefe nato de aquellas fuerzas.
Por esta razón podemos decir que, en México, ser soldado es una prerrogativa; ser mayor de 18 años, es ser miembro de nuestras fuerzas armadas; pero, ante todo, ser mexicano es ser libre, porque la libertad ha sido la esencia de los movimientos sociales del pueblo mexicano y, como la patria no es solamente la casa y el suelo en que vivimos, sino también nuestras tradiciones y el espíritu de nuestras doctrinas, la doctrina de la Revolución mexicana, hermanada, esencialmente, con las ideas de redención social de todos los pueblos, pero enraizada en nuestras características nacionales y en nuestras más valiosas tradiciones, ha sido y es, en el Plan General de Educación Militar, el substrato de la enseñanza que recibe todo militar en Activo, para que se entregue, hasta el sacrificio, a la patria y sirva, con pasión y con amor, al pueblo que lo honra, al depositarle el poder de las armas y cumpla su guardia ante las instituciones revolucionarias.
Por las realizaciones que encuadra la acción patriótica sintetizada en el V Informe de Gobierno, vengo, como ciudadano y como soldado, a esta tribuna suprema del pueblo que representamos, para dejar constancia, en el libro de la patria, del reconocimiento que hace el Activo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, a la acción administrativa, eminentemente patriótica del gobierno revolucionario, que hoy por hoy dirige, con amor y con justicia, el señor licenciado Adolfo López Mateos.
El militar es un ciudadano como los demás; pero, como tiene el honor de ser el responsable depositario de la fuerza de las armas, que el pueblo le ha encomendado, adquiere, por esta circunstancia, una situación especial, que lo hacen, por una parte, tener obligaciones y necesidades económicas, culturales y exigencias sociales, en relación con su familia, como cualquiera otro ciudadano, y, por otra, desde el punto de vista de su individualidad militar, adquiere deberes que le implican con la sociedad y con la convivencia militar un sinfín de exigencias, necesidades y erogaciones, que si no las hace iría de por medio su calidad, su prestigio, su conducta, su capacidad, su valor y, sobre todo, su dignidad y honor militar.
Por esta razón, el Activo de nuestras Instituciones Armadas hace constar su gratitud por el 10% de aumento en los haberes que, año tras año, ha otorgado el señor Presidente; la mejoría económica y estímulo militar que se experimenta en las promociones anuales; la ampliación de la preparación técnica y científica de los generales, jefes oficiales y tropa en los diferentes centros educativos de formación y de capacitación, que también traen aparejada una mejoría económica, independiente de que, en su aspecto cultural, acrecienta, en sus cuadros, el número de hombres, cada vez más preparados; la alimentación complementaria que recibe el militar, independientemente de sus haberes; la creación y sostenimiento de tiendas con artículos varios y prendas de vestir a precio de costo, para el militar y sus familiares; construcción de casas - habitación y departamentos con destino, inclusive, para la tropa; además otras prestaciones y servicios médicos y medicinas comprendidos en la Ley de Seguridad para las fuerzas armadas del país.
Por todo lo anterior, nuestro agradecimiento al señor presidente Adolfo López Mateos y nuestra aprobación a su obra emancipadora y a sus grandes servicios y beneficios para los militares y sus familias.
Todo lo que interesa al pueblo interesa al Instituto Armado; por ello los militares están presentes en toda tarea cívica, en todas aquellas empresas de interés colectivo, pero esto, y el cumplimiento de las altas misiones militares, no podrían llevarse a cabo sin el material y equipo moderno y suficiente. Es por, ello que los militares se ven estimulados en su profesión y en su misión patriótica, cuando el gobierno de la Revolución les suministra ese material y equipo, para que el Instituto Armado esté a la altura de garantizar la libertad del pueblo de México y sirva de base en la proclamación de la paz en el derecho.
Tradicionalmente, en la historia de las luchas del pueblo mexicano y, con fundamento en la esencia pura de la doctrina de la Revolución Mexicana, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea Nacionales, constituyen uno de los instrumentos, por medio del cual se materializa el poder coercitivo del derecho. No son, en sí, el poder material de las armas y los hombres que las portan y las usan, sino la eficacia de un orden jurídico, producto de la decisión de un pueblo soberano, cuya voluntad omnipotente justifica la existencia de esa fuerza, como acción del propio derecho, bajo un mando único, que recae en el Presidente de la República, porque es el titular del Órgano Supremo Ejecutivo, encargado de aplicar ese derecho.
La voluntad del pueblo es la voluntad soberana en México. A esa voluntad ajusta su conducta todo militar; en esa voluntad se encuentra la justificación de la existencia de las fuerzas armadas del país, cuyos fines, solamente, procuran beneficios y seguridad al pueblo y al Estado; por esta razón el militar de hoy ama y sirve a su pueblo y a su patria, haciendo brillar mejor las virtudes del soldado mexicano, como lo hace su Jefe Supremo, el señor Presidente de la República, licenciado Adolfo López Mateos."
El C. Presidente: La Presidencia suplica al señor diputado Morelos Valdés informe si va a hacer uso de la palabra para rectificar hechos o contestar alusiones personales producidas en el discurso del señor diputado Cervantes Corona.
El C. Morelos Valdés, Rafael: Con respeto al discurso del señor diputado Vargas MacDonald.
El C. Presidente: La Presidencia hace la misma pregunta al diputado Blanco Sánchez.
El C. Blanco Sánchez, Javier: Para contestar alusiones de los discursos pronunciados.
El C. Presidente: Yo le suplicaría nos dijera, con precisión, a qué discurso se referirá y, debido a su indefinición y con fundamento...
El C. Blanco Sánchez, Javier (interrumpiendo): Pido la palabra para el discurso de Vargas MacDonald.
El C. Presidente: La Presidencia les niega el uso de la palabra por no ajustarse a los términos del artículo 102; debieron haber pedido el uso de la palabra inmediatamente después de que habló el diputado Cervantes Corona.
No habiendo otro asunto que tratar...
El C. Blanco Sánchez, Javier (interrumpiendo): Para no interrumpir el hilo de los discursos que seguían.
El C. Presidente: Señor diputado: pidieron ustedes la palabra después de que había terminado de hacer uso de ella el diputado Cervantes Corona.
El C. Blanco Sánchez, Javier: Es que, antes, no nos hizo usted caso.
El C. Presidente: Si los señores diputados no han leído debidamente el Reglamento, no es responsabilidad de la Presidencia.
No habiendo otro asunto que tratar se levanta la sesión. (14.55 horas.)
Se cita a los señores diputados a la sesión solemne que se celebrará mañana en la ciudad de Chilpancingo, a las 11.00 horas.
TAQUIGRAFÍA PARLAMENTARIA Y
"DIARIO DE LOS DEBATES"