Legislatura XLVI - Año I - Período Ordinario - Fecha 19641027 - Número de Diario 29

ENCABEZADO

MÉXICO, D. F., MARTES 27 DE OCTUBRE DE 1964

DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Registrado como artículo de 2a. clase en la Administración Local de Correos, el 21 de septiembre de 1921.

AÑO I. - PERÍODO ORDINARIO XLVI LEGISLATURA TOMO 1. - NÚMERO 29

SESIÓN DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS

EFECTUADO EL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 1964

SUMARIO

I. Se abre la sesión. Se da lectura a la Orden del Día. Se lee y aprueba el acta de la sesión anterior.....

II. Se turna a Comisión la solicitud de aumento de pensión de la señora Eulalia del Castillo viuda de

III. Se turna a Comisión tres solicitudes de permiso para que el C. Víctor Sarquís Sade, pueda desempeñar las funciones de Cónsul honorario del Gobierno del Líbano en la ciudad de Guadalajara, Jal., y los CC. Federico A. Mariscal y Raúl Caballero Aburto, puedan aceptar y usar condecoraciones que les fueron conferidas por gobiernos extranjeros, respectivamente.....

IV. Invitación de la Legislatura del Estado de Chiapas a la sesión solemne en que dará lectura al sexto y último Informe de su gobierno el C. Gobernador del Estado, el próximo 1o. de noviembre en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chis. Se designa comisión.....

V. Las Legislaturas de los Estados de Chiapas y de Hidalgo comunican la instalación y la apertura del segundo período extraordinario de sesiones, y la designación de su Mesa Directiva, respectivamente. De enterado

VI. Se turna a Comisión la iniciativa de decreto presidencial en que se concede pensión a la señora María Teresa Montoya Pardavé

VII. El Presidente de los Estados Unidos de América, señor Lyndon B. Johnson, por conducto de su Embajada en esta capital, acusa recibo del telegrama enviado por esta H. Cámara con motivo del la satisfactoria solución del asunto de El Chamizal. De enterado con agradecimiento

VIII. Se turna a Comisión la solicitud de permiso del C. Manuel Cervantes para poder aceptar y usar una condecoración que le otorgó el Gobierno de la República de Haití

IX. Primera lectura a tres dictámenes con proyecto de decreto en que se concede pensión vitalicia a los CC. Francisco A. Flores Fuentes, Abraham Loaeza Pérez, y María Isabel Limón Hernández viuda de Castañón

X. Dictámenes que concluyen en puntos de acuerdo que determinan archivar, por extemporáneos, las proposiciones presentadas ante Legislatura anteriores: para que se erija un monumento al Himno Nacional y para que la Bandera Nacional sea izada el día 24 de octubre de cada año en los edificios públicos, en homenaje al Aniversario de las Naciones Unidas, así como la proposición del Ayuntamiento de Comitán, Chiapas, a fin de que sea declarado el día 14 de septiembre de cada año, fiesta nacional, conmemorando la federación del Estado. Se aprueban los dictámenes

XI. Dos dictámenes que contienen puntos de acuerdo, que determinan se archivan los expedientes, por carecer de materia, en las solicitudes de pensión de los CC. Concepción Jiménez Hidalgo y Mendoza y Paz, Luz y Dolores Alba Gómez, Se aprueba los dictámenes

XII. Segunda lectura a siete dictámenes, con proyecto de decreto, en los que se concede pensión a los CC. profesora Margarita I. Lombardini Loaiza, Roque Garza y Antonia Garza viuda de Garza; ajuste de jubilación a Mercedes Ochoa Escobedo, ex empleada de esta H. Cámara, y los que conceden jubilación a los empleados de esta Cámara, Matías Sánchez Aceves, Raúl Bolio Romero, Enrique Pedroza Vera y Hortensia Chávez Nova. Se aprueban. Pasan al Senado de la República para efectos constitucionales

XIII. Segunda lectura al dictamen con proyecto de decreto en que se concede permiso al C. licenciado Enrique Velasco Ibarra para aceptar y usar la condecoración que le otorgó el Gobierno de Francia. Se aprueba. Pasa al Senado de la República para efectos constitucionales

XIV. Dictamen de la Comisión de Presupuestos y Cuenta, relacionado con la Cuenta de la Hacienda Pública Federal,

pendiente al año de 1963. Primera lectura, e imprímase.....

XV. Se turna a las Comisiones correspondientes una iniciativa presentada por los CC. diputados del Partido Acción Nacional para reformar los artículos 73, fracción 8a, 16a, y 74 fracción 2a. de la Constitución Federal. Imprímase

XVI. Proposición de barios CC. diputados, relativa a las cuotas que vienen cobrando los planteles y colegios particulares. El C. diputado Angel Rodríguez Solórzano solicita de la Asamblea que el asunto sea considerando de urgente y obvia resolución. En contra del trámite habla el C. diputado Abel Carlos Vicencio Tovar. Se considera el asunto de urgente y obvia resolución. En la discusión hacen uso de la palabra los CC. diputados, en contra, Antonio Rosillo Pacheco, Miguel Estrada Iturbide, Francisco Quiroga Fernández; en pro, Angel Rodríguez Solórzano, Raúl González Herrera, Jorge Cruickshank García y Marta Andrade de Del Rosal. El C. Moheno Velasco, solicita que se extienda el debate en forma abierta. Se acepta la proposición. Hablan, en contra, los CC. diputados Pedro Reyes Velázquez, Adolfo Cristleib Ibarrola; en favor, Vicente Lombardo Toledano, quien es interpelado por Vicencio Tovar, Rubén Moheno Velasco y Vicente Fuentes Díaz; para hechos el C. Christlieb Ibarrola. Suficientemente discutido el asunto, se aprueba la proposición y se turna a los Comisiones correspondientes. Se levanta la sesión

DEBATE

Presidencia del

C. TOMAS ALGABA GÓMEZ

(Asistencia de 172 ciudadanos diputados.)

I

- El C. Presidente (a las 11:20 horas): Se abre la sesión.

- El C. secretario González Sáenz, Leopoldo (leyendo):

"Orden del Día.

27 de octubre de 1964.

Actas de la sesión anterior.

Oficio de la Secretaría de Gobernación al que se adjunta el memorial suscrito por la señora Eulalia del Castillo viuda de Alatriste, por el que solicita se aumenta la pensión que viene disfrutando.

Oficio de la Secretaría de Gobernación que transcribe otro de la de Relaciones Exteriores en el cual se solicita el permiso necesario para que el C. Víctor Sarquín Sade pueda ejercer funciones de Cónsul Honorario del Gobierno del Líbano en esta ciudad.

Oficios de la Secretaría de Gobernación por los que se solicita el permiso constitucional necesario para que ciudadanos mexicanos acepten y usen condecoraciones otorgadas por gobierno extranjero.

La Legislatura del Estado de Chiapas invita a esta H. Cámara de Diputados a la sesión solemne en la cual el C. Gobernador de esa entidad habrá de rendir su VI Informe de Gobierno el próximo día primero de noviembre.

Circulares de las Legislaturas de los Estados comunicados aperturas de períodos extraordinarios y designación de Mesas directivas.

Proyecto de decreto enviado por el C. Presidente de la República por el que se concede a la señora María Teresa Montoya Pardavé una pensión de 1,500.00 mensuales.

Comunicación del Embajador de los Estados Unidos de Norteamérica relativa al asunto de "El Chamizal."

El C. Manuel Cervantes solicita permiso para usar la condecoración que le otorga el Gobierno de la República de Haití.

Del rezago. Dictámenes de la Primera Comisión de Hacienda conteniendo proyectos de decreto, de la Segunda Comisión de Hacienda y de la Segunda de Gobernación conteniendo puntos de acuerdo que resuelven se archiven los expedientes de que se trata.

Segunda lectura a dictámenes suscritos por las Comisiones Primera y Segunda de Hacienda y Segunda de Puntos Constitucionales.

Dictamen suscrito por la Comisión de Presupuestos y Cuenta relativo a los Estados de la Cuenta Pública de 1963.

Iniciativa de ley que reforma y adiciona artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los CC. diputados del Partido Acción Nacional.

Proposición presentada por los CC. diputados Angel Rodríguez Solórzano, Saúl González Herrera y otros, en relación con las cuotas escolares en planteles particulares."

"Acta de la sesión celebrada por la Cámara de Diputados del XLVI Congreso de la Unión, el martes veinte de octubre de mil novecientos sesenta y cuatro.

Presidencia del C. Tomás Algaba Gómez.

En la ciudad de México, a las once horas y veinticinco minutos del martes veinte de octubre de mil novecientos sesenta y cuatro, se abre la sesión con asistencia de ciento setenta y nueve ciudadanos diputados, según consta en la lista que previamente pasa la Secretaría.

Lectura de la Orden del Día y del acta de la sesión anterior celebrada el día dieciséis del corriente que, sin debate, es aprobada en votación económica.

Se da cuenta con los documentos en cartera:

La quincuagesimaséptima Legislatura del Estado de Nuevo León, apoya y secunda las iniciativas de los Congresos de los Estados de Hidalgo y Guerrero, a fin de rendir homenaje al C. licenciado Adolfo López Mateos, en atención a su política en bien de la paz mundial y, a la señora profesora doña Eva Sámano de López Mateos, en reconocimiento a su amplia labor social en beneficio de la niñez mexicana. Recibo, y a sus antecedentes.

El Congreso del Estado de Zacatecas de a conocer la Mesa Directiva que fungirá del 15 del actual al 15 de noviembre próximo. De enterado.

Invitación de la Secretaría de Educación Pública y del Consejo Nacional Consultivo del Gobierno de México ante la UNESCO, a la ceremonia que para

conmemorar el decimonoveno aniversario de las Naciones Unidas, tendrá verificativo en el Palacio de las Bellas Artes, el día 24 de presente mes.

Para asistir a dicho acto, la Mesa Directiva comisiona a los ciudadanos diputados Antonio Martínez Manautou, Marta Andrade de Del Rosal, Marina Núñez Guzmán, Miguel Castro Elías, Raúl Reyes, Gabino Vázquez Oseguera, Francisco Quiroga Fernández, Pablo Pavón Rosado, Rodolfo Alavez Flores, Eliseo Jiménez Ruiz, José Martínez Alvídrez, Angel Lagarda Plomares y Federico Estrada Varela.

El C. Manuel Alcalá Anaya, Director de la Biblioteca Nacional de México, solicita el permiso necesario para aceptar y usar una condecoración que le fue conferida por el Gobierno de la República francesa. Recibo, y a la Comisión de Puntos Constitucionales en turno.

Con objeto de dar cumplimiento al decreto aprobado por el honorable Consejo de la Unión, relativo a la sesión conjunta que habrá de celebrarse en la ciudad de Apatzingán, Mich., el próximo día 22, se designa en comisión para que en unión de quienes nombre la honorable Cámara de Senadores, organicen y coordinen el transladó de ambas Cámaras, a los ciudadanos diputados Enrique Bautista Adame, Domingo García López, Abraham Aguilar Paniagua y secretario Gonzalo Martínez Corbalá.

Proposición suscrita por los ciudadanos diputados miembros del Partido Acción Nacional, en relación con el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos y a la Comisión de Reglamentos designada recientemente, a la que da lectura el ciudadano diputado Abel Carlos Vicencio Tovar.

En votación económica la Asamblea admite a discusión la proposición. Túrnese a la Gran Comisión, e imprímase.

Dictamen presentado por la Gran Comisión que contiene proyecto de decreto para que las honorables Cámaras que integran el Congreso de la Unión, se transladen al Palacio de Bellas Artes el día 1o. de diciembre del año en curso, a efecto de que ante la cuadragesimasexta Legislatura, rinda la protesta de Ley el ciudadano licenciado Gustavo Días Ordaz, como Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

A solicitud de la Comisión dictaminadora, la Asamblea, en votación económica considera el asunto de urgente y obvia resolución y de inmediato se somete a discusión.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación nominal es aprobado el proyecto de decreto por unanimidad de ciento ochenta y cinco votos. Pasa al Senado para efectos Constitucionales.

Dos Dictámenes de la Primera Comisión de Hacienda con proyecto de decreto que conceden pensión vitalicia de $ 750.00 mensuales, a los ciudadanos Roque Garza y Antonia Garza viuda de Garza, por los servicios prestados a la patria por su extinto padre, el C. José María Garza; y de $ 750.00 mensuales, a la ciudadanía profesora Margarita I. Lombardini Loaiza, por haber dedicado su vida al magisterio. Primera lectura.

De la misma Primera Comisión de Hacienda, proyecto de decreto que concede ajuste de jubilación, por la cantidad de $ 25.00 diarios, a la ciudadana Mercedes Ochoa Escobedo, por más de veinte años de servicios prestados al Poder Legislativo. Primera lectura.

Primera lectura a cuatro dictámenes suscritos por la Segunda Comisión de Hacienda que conceden jubilación a los siguientes empleados de esta Cámara de Diputados: de mil trescientos sesenta y dos pesos veintidós centavos, a la C. Hortensia Chávez Nova, Jefe de Sección Administrativa; de dos mil doscientos sesenta y cuatro pesos dieciséis centavos, al C. Matías Sánchez Aceves, Subjefe de Prensas Mecánicas de la Imprenta; de dos mil doscientos treinta y nueve pesos veinticuatro centavos, al C. Raúl Bolio Romero, y de, dos mil setecientos ochenta y nueve pesos sesenta y seis centavos, al C. Enrique Pedriza Vera, Jefe de Sección Técnica Especial de la Imprenta, por servicios que durante más de veinte años, la primera, y de treinta los últimos, han prestado al Poder Legislativo.

Dictamen de la Segunda Comisión de Puntos Constitucionales con proyecto de decreto que concede permiso al C. Enrique Velasco Ibarra, para aceptar y usar la condecoración de las Palmas Académicas que, en el grado de Caballero, le otorgó al Gobierno de Francia. Primera lectura.

Tres dictámenes de la Primera Comisión de Hacienda que terminan con puntos de acuerdo por los que se deniegan las solicitudes de pensión presentadas por las señoras Leonor Guerrero Guerra y Alfonsina Domínguez viuda de Castillo, y el último, mantiene en vigor los decretos publicados en el "Diario Oficial", del primero y tres de marzo de mil novecientos cuarenta y siete, que concedieron jubilación de novecientos pesos mensuales, a los ciudadanos Fernando Durand Sánchez y Raúl Ramírez Cuéllar.

A discusión sucesivamente, sin que nadie haga uso de la palabra, se aprueba en votación económica.

Diez dictámenes de la Primera Comisión de la Defensa Nacional que concluyen con puntos de acuerdo que determinan se archiven los expedientes relativos a solicitud de pensión y aumentos de pensión, presentadas por los ciudadanos: Amparo de las Nieves Nieva López, Esther y Luz Pérez Figueroa, Luis Cruz Ortiz, Crisanto A. Goas Fernández, Juana Armendáriz de García, Leonor Carmona y López, Ignacia Lomelí viuda de Ruiz, Luz Camacho viuda de Texcalpa, Francisco Córdoba Ortiz y Jesús Montañez Loza, por considerarlos, unos extemporáneos y otros inoperantes.

Terminados los asuntos en cartera, a las doce horas y cuarenta minutos se levanta la sesión pública y se pasa a sesión secreta."

Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Aprobada.

II

- La C. secretaria Torres Ariceaga, Diana (leyendo):

"Estados Unidos Mexicanos. - Poder Ejecutivo Federal. - México, D. F. - Secretaría de Gobernación.

CC. Secretario del H. Congreso de la Unión. - Presente.

Para conocimiento de ustedes y fines procedentes, les acompaño con el presente copia del memorial dirigido al C. Presidente de la República, por la señora Eulalia del Castillo viuda de Alatriste, quien solicita

se decrete un aumento en la pensión que viene disfrutando.

Reitero a ustedes las seguridades de mi atención.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D. F., a 16 de octubre de 1964. - Por Ac. del C. Subsecretario, encargado del Despacho, el Oficial Mayor, licenciado Noe Palomares." Recibo, y a la Comisión de Hacienda en turno.

III

- La misma C. Secretaria (leyendo):

"Estados Unidos Mexicanos. - Poder Ejecutivo Federal. - México, D. F. - Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios del H. Congreso de la Unión. - Presentes.

Para conocimiento de ustedes y fines legales procedentes, a continuación les transcribo oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió a ésta de Gobernación con fecha 29 de septiembre próximo pasado:

Con el presente me permito enviar a usted, en triplicado, la solicitud que por conducto de esta Dirección General hace el señor Víctor Sarquín Sade, a efecto de ejercer las funciones de Cónsul honorario del Gobierno de Líbano en esta ciudad, para que, de acuerdo con los dispuesto por el artículo 37, fracción II, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pueda ejercer dicho cargo sin perder la ciudadanía mexicana.

Al comunicar a ustedes lo anterior les acompaño con el presente el original de la solicitud del señor Sarquis Sade.

Reitero a ustedes mi consideración atenta.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D. F., a 15 de octubre de 1964. - Por Ac. del C. Secretario, encargado del Despacho, el Oficial Mayor, licenciado Noe Palomares." Recibo, y a la Comisión de Servicios Consular y Diplomático.

"Estados Unidos Mexicanos. - Poder Ejecutivo Federal. - México, D. F. - Secretaría de Gobernación.

CC. Secretario de H. Congreso de la Unión. - Presente.

La secretaría de Relaciones Exteriores se ha dirigido a ésta de Gobernación, con fecha 6 del corriente, manifestando lo siguiente:

"Ruego a usted muy atentamente se sirva solicitar del H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, inciso B, del artículo 37 de la Constitución Política, para que el C. licenciado Federico A. Mariscal, Director General del Ceremonial, pueda aceptar y usar, sin perder la ciudadanía mexicana, la condecoración de la Orden de San Miguel y San Jorge, que en el grado de Compañero le confirió el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte."

Hago del conocimiento de ustedes lo anterior para los fines legales procedentes, reiterándoles mi consideración distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D. F., a 17 de octubre de 1964. - Por Ac. del C. Subsecretario, encargado del Despacho, el Oficial Mayor, licenciado Noe Palomares." Recibo, y a la Comisión de Puntos constitucionales en turno.

"Estado Unidos Mexicanos. - Poder Ejecutivo Federal. - México, D. F. - Secretaría de Gobernación.

CC. Secretario del H. Congreso de la Unión. - Presente.

La Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación, con fecha 30 de septiembre próximo pasado manifestando lo siguiente:

"El C. general de brigada D. E. M. Raúl Caballero Aburto, en escrito de fecha 11 de septiembre último, dice a este Estado Mayor lo siguiente: "...Ruego a usted tenga a bien disponer lo que estime procedente, a fin de que se gestione ante quien corresponda, se me conceda el permiso constitucional necesario, para poder aceptar y usar la Medalla del Mérito que me fue concedida por el Gobierno de la República de El Salvador, después de haber terminado mi misión como Agregado Militar a la Embajada de México en aquel país..." Lo que por acuerdo del C. general de división secretario, transcribo a usted estimándole ordenar que por ese conducto se gestione ante el H. Congreso de la Unión, el permiso constitucional correspondiente, para que el interesado pueda aceptar y usar la condecoración que le fue conferida por el Gobierno de la República de El Salvador."

Hago del conocimiento de ustedes lo anterior para los fines legales procedentes, reiterándoles mi consideración distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D. F., a 15 de octubre de 1964. - Por Ac. del C. Subsecretario, encargado del Despacho, el Oficial Mayor, licenciado Noe Palomares." Recibo, y a la Comisión de Hacienda en turno.

IV

- El C. secretario González Sáenz, Leopoldo (leyendo):

"La Legislatura del Estado de Chiapas invita a esta H. Cámara de Diputados a la sesión solemne en la que el C. Samuel León Brindis, Gobernador de es entidad habrá de rendir su VI Informe de Gobierno.

Esta ceremonia tendrá verificativo en la capital del Estado de Chiapas el próximo día primero de noviembre."

Se designa en comisión a los siguientes diputados: Abraham Aguilar Paniagua, Jesús Cansino Casahonda, José León Cruz, Gilberto Balboa Escobar, Alfonso González Blanco y Jorge de la Vega Domínguez, para que asistan a ese acto.

V

- El mismo C. Secretario (leyendo):

"Estados Unidos Mexicanos. - Poder Ejecutivo Federal. - México, D. F. - Tuxtla Gutiérrez, Chis., 19 de octubre de 1964.

Presidente de la H. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. - México, D. F.

Satisfácenos participar a usted que cuadragésima octava Legislatura Chiapas, quedó instalada hoy, y mañana abrirá su segundo período extraordinario sesiones.

Atentamente.

José Cruz Zambrano, D. P. - Belza y Camacho León, D. S. - Javier Espinosa Mandujano, D. S." De enterado.

"República Mexicana. - Congreso del Estado de Hidalgo. - Secretaría.

Circular Número 19.

Nos es satisfactorio hacer de su conocimiento que este H. XLIV Congreso Constitucional del Estado, de acuerdo con lo que dispone el artículo 32 del Reglamento Interior del mismo, nombró Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirá durante el próximo mes de octubre, a las CC. diputados Sergio González Licona y Miguel Gómez Mendoza, respectivamente. Aprovechamos la oportunidad para saludarlos y reiterarles las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Pachuca, Hgo., a 29 de septiembre de 1964. - César Vieyra Salgado, D. S. - Samuel Zenteno Ramírez, D. S." De enterado.

VI

- El mismo C. Secretario (leyendo):

"Estados Unidos Mexicanos. - Poder Ejecutivo Federal. - Secretaría de Gobernación. - México, D. F.

CC. Secretario de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. - Presente.

Por instrucciones del C. Presidente de la República y para los efectos constitucionales, con el presente les envío iniciativa por la que se concede a la actriz señora María Teresa Montoya Pardavé una pensión de $1,500.00 mensuales.

Encareceré a ustedes dar cuenta con dicho documento a esa H. Cámara y les retiro mi consideración atenta.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D. F., a 24 de octubre de 1964. - El Subsecretario, encargado del Despacho, licenciado Luis Echeverría." Recibo, y a la Comisión de Hacienda en turno.

VII

- El mismo C. Secretario (leyendo):

"Embassy Of The United States of América. - México, D. F., octubre 16 de 1964.

Muy estimado señor Diputado:

El señor Presidente Johnson ha solicitado que yo acuse recibo de su amable telegrama del día 30 de septiembre, enviado con motivo de la solución satisfactoria del asunto de El Chamizal.

Nosotros, como ustedes, consideramos la buena solución de este problema como otra prueba más de la cooperación y la amistad que felizmente existe entre nuestros dos países hermanos.

Al agradecerle nuevamente a usted, así como a los demás miembros de la Cámara de Diputados que usted dignamente preside, la fineza de su atención para con el Presidente Johnson y mi Gobierno, me es grato enviarle un saludo muy cordial al que dar de usted, muy atentamente.

Fulton Freeman, Embajador de los Estados Unidos."

"Señor diputado y licenciado Manuel Gurría Ordóñez, Presidente de la Cámara de Diputados. - Donceles y Allende. - México, D. F." De enterado con agradecimiento.

VIII

- El mismo C. Secretario (leyendo):

"Licenciado Manuel Cervantes. - 2a. Calle del Havre No. 32. - México, D. F.

H. Congreso de la Unión.

Manuel Cervantes, ciudadano mexicano por nacimiento, originario de Real del Castillo Baja California, de 82 años de edad, viudo, abogado, con domicilio 2a. calle de Havre No. 32, ante ese H. Congreso de la Unión con todo el respeto digo:

Como es de verse por la copia fotostática que acompaño, el C. Presidente de la República de Haití me hace el honor de conferirme el grado de Comendador de la Orden Haitiana "Petión et Bolívar" y en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 37 de la Constitución.

A ese H. Congreso de la Unión, atentamente solicito:

Se digne otorgarme el permiso correspondiente para poder aceptar el grado y condecoración de comendador de la Orden Haitiana "Petión et Bolívar".

Recibo notificaciones en la 2a. calle de Havre No. 32.

Protesto mi más alto respeto a ese H. Congreso de la Unión.

México, D. F., a 9 de octubre de 1964." Recibo, y a la Comisión de Puntos Constitucionales en turno.

IX

- La C. secretaria Torres Ariceaga, Diana (leyendo):

"Primera Comisión de Hacienda.

Honorable Asamblea:

Por acuerdo de vuestra soberanía fue turnado a esta Primera Comisión de Hacienda para estudio y dictamen, el expediente que se formó con motivo de la petición que hace el C. Francisco A. Flores Fuentes, firmante del Plan de Guadalupe, quien además prestó servicios al movimiento armado revolucionario contra el régimen usurpador de Victoriano Huerta.

De los documentos presentados se llega a la convicción de que el C. Francisco A. Flores Fuentes, en efecto, fue firmante del Plan de Guadalupe y prestó servicios a la Revolución entre los años de 1911 a 1920.

Por encontrarse en la pobreza y en la ancianidad y sin posibilidad de realizar trabajo alguno para satisfacer sus necesidades económicas más urgentes, esta Comisión, con fundamento en el artículo 87 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración de esta H. Asamblea el siguiente proyecto de decreto:

Artículo Único. Se concede pensión vitalicia a... $750.00 (setecientos cincuenta pesos) mensuales, al C. Francisco A. Flores Fuentes, en mérito de los servicios prestados a la Revolución. Esta pensión le será pagada íntegramente por la Tesorería General de la Nación.

Sala de Comisiones de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. - México, D. F., a 24 de octubre de 1964. - Vicente Fuentes Díaz. - Carlos Pérez Cámara. - Tomás Algaba Gómez, - Marciano González Gutiérrez. - Primera Lectura.

"Primera Comisión de Hacienda.

Honorable Asamblea:

A la suscrita Primera Comisión de Hacienda fue turnado, para estudio y dictamen, el expediente integrado con motivo de la solicitud de pensión formulada a esta H. Cámara por el C. Abraham Loaeza Pérez, sobreviviente de la Defensa de Veracruz del año de 1914. Como antecedente de esta clase de pensiones debe citarse el hecho de que esta Cámara de Diputados, por decreto publicado en el "Diario Oficial", de 9 de diciembre de 1960, concedió pensión vitalicia a un grupo de defensores de la República que prestaron sus servicios en las mismas condiciones y en las mismas fechas que el señor Loaeza Pérez, quien fue excluido de tal beneficio por no haber presentado oportunamente su solicitud.

Pero habiéndolo hecho posteriormente, y aprobado asimismo, plenamente, su condición de Defensor de la República en el año de 1914, esta Comisión considera que debe disfrutar de la misma prerrogativa conferida a sus compañeros de armas, por lo que propone a vuestra soberanía el siguiente proyecto de decreto:

Artículo Único. Se concede pensión vitalicia de $750.00 (setecientos cincuenta pesos 00/100) mensuales al señor Abraham Loaeza Pérez, por servicios prestados a la Patria en la defensa del Puerto de Veracruz contra la Intervención norteamericana, el año de 1914. Esta pensión le será pagada íntegramente por la Tesorería General de la Nación.

Sala de Comisiones de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

México, D. F., a 27 de octubre de 1964. - Vicente Fuentes Díaz. - Carlos Pérez Cámara. - Tomás Algaba Gómez. - Mariano González Gutiérrez." Primera lectura.

"Primera Comisión de Hacienda.

Honorable Asamblea:

Por acuerdo de vuestra soberanía fue turnado a esta Primera Comisión de Hacienda para estudio y dictamen el expediente que se formó con motivo de la solicitud de pensión que hace la señora María Isabel Limón Hernández viuda de Castañon, cónyuge supérstite del Diputado Constituyente Samuel Castañon Vázquez.

De los documentos aportados al expediente se comprueba que la peticionaria estuvo casada con el extinto Samuel Castañón Vázquez, Diputado Constituyente en 1916 - 17, con quién procreó cuatro hijos.

Por esa razones la peticionaria se cree con derechos a pensión, por los servicios prestados por su esposo a la República.

Esta Comisión, comparte dicha opinión por lo que con fundamento en el artículo 87 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se permite someter a su consideración el siguiente proyecto de decreto:

Artículo Único. Se concede pensión de $750.00 (setecientos cincuenta pesos) mensuales, a la señora María Isabel Limón Hernández viuda de Castañón, mientras conserve su actual estado civil, en mérito a los servicios que prestó al país su extinto marido el Diputado Constituyente Samuel Castañón Vázquez. Esta pensión será pagada íntegramente por la Tesorería General de la Nación.

Sala de Comisiones de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

México, D. F., a 26 de octubre de 1964. - Vicente Fuentes Díaz. - Carlos Pérez Cámara. - Tomás Algaba Gómez. - Mariano González Gutiérrez." Primera lectura.

X

- La C. secretaria Torres Ariceaga, Diana (leyendo):

"Segunda de Gobernación.

Honorable Asamblea:

Para su estudio y dictamen fue turnada a la Segunda Comisión de Gobernación la proposición suscrita por los miembros de la Comisión Permanente de la XLII Legislatura del Congreso de la Unión de fecha 30 de agosto de 1954, que propone la creación de un monumento al Himno Nacional como un homenaje en ocasión de celebrarse en aquel año el Centenario del mismo.

En virtud de la falta de trámite oportuno de la proposición para que se cumpliese el propósito que la motivó y que era precisamente el de dar mayor realce a las celebraciones del Centenario, esa Comisión con apoyo en el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración de vuestra soberanía el siguiente punto de acuerdo:

Único. Por considerarse extemporánea, archívese el expediente que contiene esta proposición.

Sala de Comisiones de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

México, D. F., a 26 de octubre de 1964. - Manuel Gurría Ordóñez. - Adolfo Christlieb Ibarrola. - Salvador Rodríguez L. - Enedino Ramón Macedo."

Está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Aprobado.

"2a. de Gobernación.

Honorable Asamblea:

Por su estudio y dictamen fue turnada a la Segunda Comisión de Gobernación la solicitud que formuló el Comité Mexicano Pro Naciones Unidas, con fecha 30 de noviembre de 1960, para que el 24 de octubre de cada año aniversario del nacimiento de las Naciones Unidas, se ice la bandera de ese organismo en los edificios públicos del país.

El propósito que entraña la proposición que suscribe el referido Comité, es loable y el pueblo y el gobierno de México han expresado siempre su solidaridad para con los ideales que sostiene la organización de las Naciones Unidas; pero considera que no es posible acceder a ella, porque no podemos olvidar la tradición que siempre ha normado el uso de la Bandera Nacional en la vida cívica de México, para que ésta sea la única que se hizo en los edificios públicos y se venere con el respeto que es misma tradición enseña.

Con base en estos antecedentes, venimos a someter a la consideración de vuestra soberanía el siguiente Punto de Acuerdo:

Único. Archívese la solicitud a que se refiere este dictamen.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. - México, D. F., a 26 de octubre de 1964. - Manuel Gurría Ordóñez. - Adolfo Christlieb Ibarrola. - Salvador Rodríguez L. - Enedino Ramón Macedo."

Está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Aprobado.

- El C. secretario González Sáenz, Leopoldo (leyendo):

2a. de Gobernación.

Honorable Asamblea:

Para su estudio y dictamen fue turnado a la Segunda Comisión de Gobernación el oficio número 1337 de fecha 18 de octubre de 1963, suscrito por el H. Ayuntamiento de Comitán, Chis., proponiendo que sea declarado día de fiesta nacional el 14 de septiembre de cada año, para conmemorar la federalización de Chiapas.

En virtud de que con fecha primero de febrero de 1934 se expidió el decreto que declara precisamente Día de Fiesta Nacional esa fecha, para conmemorar tal acontecimiento, mismo que fue publicado en el "Diario Oficial" de la Federación el 2 de febrero de ese mismo año, esta Comisión, con apoyo en el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración de vuestra soberanía el siguiente Punto de Acuerdo:

Único. Por considerar que se encuentra satisfecha la petición que contiene la proposición hecha por el Ayuntamiento de Comitán. Chis., archívese el expediente.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. - México, D. F., a 26 de octubre de 1964. - Manuel Gurría Ordóñez. - Adolfo Christlieb Ibarrola. - Salvador Rodríguez L. - Enedino Ramón Macedo."

Está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Aprobado.

XI

- El mismo C. Secretario (leyendo):

2a. Comisión de Hacienda.

Honorable Asamblea:

A l Segunda Comisión de Hacienda se turnó para estudio y dictamen el expediente formado con motivo de la devolución que hizo a esta Cámara la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en oficio número 305 - IV - 18644 de 28 de diciembre de 1948, con observaciones hechas al decreto de esta propia Cámara, de fecha 22 de diciembre de 1948 por el que se deroga el decreto publicado en el "Diario Oficial" de la Federación fechado el 29 de abril de 1947, mediante el cual se concedió aumentando de pensión, de $5.00 (cinco pesos 00/100) a $8.00 (ocho pesos 00/100) diarios, a al C. Concepción Jiménez Hidalgo y Mendoza.

Del estudio minucioso hecho a la documentación que contiene el expediente encontramos lo siguiente: Que la última gestión hecha por la interesada fue de fecha 28 de diciembre de 1960 y que con fecha 23 de enero de 1961 se publicó el acuerdo del Presidente de la República Adolfo López Mateos, por el que se aumenta a $12.00 (doce pesos 00/100) las pensiones menores de dicha suma, en consecuencia la señora Concepción Jiménez Hidalgo y Mendoza, debe venir disfrutando de dicha beneficio desde la fecha del decreto señalando. Por lo tanto, quedó sin materia el presente expediente.

Por lo expuesto, y con apoyo en el artículo 87 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos se permiten someter a su consideración, el siguiente Punto de Acuerdo:

Único. Archívense el presente expediente por carecer de materia y notifíquese personalmente a la interesada.

Sala de Comisiones de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. - México, D. F., a 26 de octubre de 1964. - Enrique Bautista Adame. - Humberto Velasco Avilés. - Arturo López Portillo. - Alejandro Carrillo Marcor. - Ramón Zentella Asencio."

Está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Aprobado.

"2a. Comisión de Hacienda.

Honorable Asamblea

Para su estudio y dictamen se turnó a la 2a. Comisión de Hacienda el expediente formado con motivo de la devolución que hizo a esta Cámara la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en oficio número 305 - IV - 22896, con observaciones hechas al decreto de esta propia Cámara, de fecha 8 de diciembre de 1949 por el que se deroga el decreto publicado en el "Diario Oficial" de la Federación fechado el 10 de febrero de 1933, mediante el cual se concedió aumento de pensión, de $3.00 (tres pesos 00/100 a $7.00 (siete pesos 00/100) diarios, a las CC. Paz, Luz y Dolores Alba Gómez de la Peña.

Del estudio del expediente respectivo aparece que la Secretaría de Hacienda por oficio número 305 - IV - 1/22102 comunicó a esta H. Cámara de las interesadas Paz, Luz y Dolores Alba Gómez, siguen cobrando la pensión que les fue concedida por el H. Congreso de la Unión con cuota diaria de $3.00 cada una y cuota mensual de $182.50 mensuales a cada una de ellas a partir del 1o. de julio de 1954 por haber sido aumentada según acuerdo presidencial de 30 de junio del mismo año.

A mayor abundamiento, por acuerdo presidencial de 16 de diciembre de 1960, publicado en el "Diario Oficial" de fecha 23 de enero de 1961, la cuota

mínima de todas las pensiones fue aumentada a $12.00 (doce pesos 00/100) diarios.

En atención a los razonamientos expuestos ha quedado sin materia el presente asunto.

Por lo expuesto y con apoyo en el artículo 87 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos se permiten someter a su consideración, el siguiente punto de acuerdo:

Único. Archívense el presente expediente por carecer de materia y notifíquese personalmente a las interesadas.

Sala de Comisiones de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. - México, D. F., a 26 de octubre de 1964. - Enrique Bautista Adame. - Humberto Velasco Avilés. - Arturo López Portillo. - Alejandro Carrillo Marcor. - Ramón Zentella Asencio."

Está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Aprobado.

XII

- La C. secretaria Torres Ariceaga, Diana (leyendo):

"1a. Comisión de Hacienda.

Honorable Asamblea:

A la suscrita 1a. Comisión de Hacienda fue turnado para estudio y dictamen, el expediente relativo a la solicitud de pensión hecha por la profesora Margarita I. Lombardini Loaiza, nieta del general Manuel María Lombardini, quien fue Presidente Provisional de la República.

La solicitante, además del parentesco con el referido miembro de Estado, invoca el argumento toral de que toda su vida ejerció el magisterio en diversos grados, aunque con el carácter de particular, lo que le impide acogerse a los beneficios de las disposiciones legales en vigor para maestros del Servicio Federal.

Esta Comisión, tomando en cuenta que la profesora Lombardini Loaiza ha acreditado debidamente que mientras estuvo en perfecto dominio de sus facultades físicas y mentales se dedicó a la enseñanza de la niñez, y dada su precaria situación económica que la ha llevado últimamente a recluirse en un Asilo de Ancianos, propone a la consideración de esa H. Asamblea el siguiente proyecto de decreto:

Artículo Único. Se concede pensión vitalicia de gracia de $750.00 (setecientos cincuenta pesos 00/100) mensuales, a la profesora Margarita I. Lombardini Loaiza, por haber dedicado su vida al magisterio y encontrarse en aflictiva situación económica, Esta pensión le será pagada íntegramente por la Tesorería General de la Federación.

Sala de Comisiones de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. - México, D. F., a 19 de octubre de 1964. - Vicente Fuentes Díaz. - Carlos Pérez Cámara. - Tomás Algaba Gómez. - Marciano González Gutiérrez".

Está a discusión el dictamen. No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para la votación nominal.

"1a. Comisión de Hacienda.

Honorable Asamblea:

Por acuerdo de vuestra soberanía fue turnada para su estudio y dictamen, el expediente que se formó, con motivo de la petición que hace el C. Roque Garza, por sí y a nombre de su hermana Antonia Garza viuda de Garza, en la que solicita pensión en su calidad de hijos del señor don José María Garza, quien prestó servicios relevantes a la República en la época de la Intervención francesa.

De los documentos presentados se llega al conocimiento de que el señor José María Garza prestó sus servicios a las órdenes de los CC. generales Escobedo, Treviño y Naranjo, durante la Intervención francesa hasta el sitio de Querétaro. Debido a que el Gobierno de don Benito Juárez se encontraba sin recursos económicos, no cubrió los sueldos devengados al señor José María Garza, quien luego obtuvo del propio Gobierno de México el cargo de celador en Matamoros, Tamps.

En la actualidad los peticionarios viven en la pobreza y por su estado de ancianidad no pueden trabajar para satisfacer sus necesidades más urgentes.

Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión con fundamento en lo dispuesto por el artículo 87 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a su consideración el siguiente proyecto de decreto:

Artículo Único. Se concede pensión vitalicia de $ 750.00 (setecientos cincuenta pesos) mensuales a cada uno de los CC. Roque Garza y Antonia Garza viuda de Garza en mérito a los servicios prestados a la patria por su padre el C. José María Garza. Esta pensión les será pagada íntegramente por la Tesorería General de la Nación.

Sala de Comisiones de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. - México, D. F., a 19 de octubre de 1964. - Vicente Fuentes Díaz. - Carlos Pérez Cámara. - Tomás Algaba Gómez. - Marciano González Gutiérrez."

Está a discusión el dictamen. No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal.

"1a. Comisión de Hacienda.

Honorable Asamblea:

Por acuerdo de vuestra soberanía, fue turnado a la 1a. Comisión de Hacienda para estudio y dictamen el expediente formado con motivo de la solicitud de ajuste de jubilación presentada por la señorita Mercedes Ochoa Escobedo, ex empleada de la Biblioteca del Congreso.

Del estudio minucioso que se hizo del expediente se desprende que la señorita Ochoa Escobedo presentó su solicitud de jubilación el 6 de noviembre de año de 1953, habiéndose tramitado y aprobado el decreto en diciembre del propio año y enviado oportunamente al Ejecutivo para efectos constitucionales.

El mencionado decreto que le concedió jubilación forzosa con $15.50 (quince pesos 50/100) diarios, fue publicado hasta el día 17 de abril de 1957 y durante los tres años y medio transcurrido entre la fecha de la solicitud y la publicación, la señorita

Ochoa Escobedo se vio obligada a seguir trabajando y en este lapso le fue aumentado el sueldo a $37.50 diarios y los años de servicios aumentaron a más de 20. Por lo tanto adquirió el derecho de percibir las dos terceras partes del sueldo que disfrutaba en la fecha de la publicación del decreto, al quedar comprendidas en la fracción III del artículo 2a. de la Ley de Jubilaciones para Funcionarios y Empleados del Poder Legislativo.

Como la señorita Ochoa Escobedo no es responsable de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público haya tardado cuatro años en promulgar el decreto respectivo, y como por otra parte la interesada continuó prestando sus servicios, esta Comisión considera razonable ajustar la jubilación, por lo que somete a la consideración de vuestra soberanía el siguiente proyecto de decreto:

Artículo primero. De conformidad con la fracción III del artículo 2o. de la Ley de Jubilaciones para los Funcionarios y Empleados del Poder Legislativo, se concede a la C. Mercedes Ochoa Escobedo, Subdirector de la Biblioteca del Congreso, jubilación forzosa de $25.00 (veinticinco pesos 00/100) diarios, dos terceras partes del sueldo y compensaciones que actualmente disfruta, por servicios que durante más de 20 años ha prestado a los poderes de la Unión. Esta jubilación le será pagada íntegramente por la Tesorería General de la Federación de conformidad con el artículo 6o. de la citada ley.

Artículo segundo. Se deroga el decreto del Congreso publicado con el "Diario Oficial" de 17 de abril de 1957 por el que se concedió a la señorita Mercedes Ochoa Escobedo jubilación forzosa de $15.50 (quince pesos cincuenta centavos) diarios.

Sala de Comisiones de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. - México, D. F., a 19 de octubre de 1964. - Vicente Fuentes Díaz. - Carlos Pérez Cámara. - Tomás Algaba Gómez. - Marciano González Gutiérrez."

Está a discusión el dictamen. No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para la votación nominal.

"Segunda Comisión de Hacienda.

Honorable Asamblea:

Por acuerdo de vuestra soberanía fue turnado para estudios y dictamen, el expediente que contiene la solicitud de jubilación voluntaria presentada por el C. Matías Sánchez Aceves, Subjefe del Departamento de Prensas Mecánicas de esta Cámara de Diputados, fechada el 8 de octubre de 1964.

El señor Sánchez Aceves funda su solicitud en la fracción III del artículo 3o. de la Ley de Jubilaciones para Funcionario y Empleados del Poder Legislativo y presenta, para probar su dicho, certificaciones del C. Oficial Mayor y del Departamento e Administración, de las que se desprende: que presta sus servicios desde el 1o. de octubre de 1934 y que actualmente percibe un sueldo mensual de...$2,264.16 (dos mil doscientos sesenta y cuatro pesos 16/100).

La Comisión estima suficiente la documentación presentada por el solicitante para probar la procedencia de su jubilación y se permite someter a la consideración de la H. Asamblea, el siguiente proyecto de decreto:

Artículo Único. De conformidad con la fracción III del artículo 3o. de la Ley de Jubilaciones para los Funcionarios y Empleados del Poder Legislativo, se concede al C. Matías Sánchez Aceves, Subjefe del Departamento de Prensa Mecánicas de la Imprenta de la Cámara de Diputados, jubilación voluntaria de $2,264.16 (dos mil doscientos sesenta y cuatro pesos 16/100) mensuales, sueldo íntegro y compensaciones que actualmente disfruta, por servicios que durante más de 30 años ha prestado a los Poderes de la Unión. Esta jubilación le será pagada íntegramente por la Tesorería General de la Nación de conformidad con el artículo 6o. de la citada Ley.

Sala de Comisiones de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. - México, D. F., a 16 de octubre de 1964. - Enrique Bautista Adame. - Humberto Velasco Avilés. - Arturo López Portillo. - Alejandro Carrillo Marcor. - Ramón Zentella Asencio."

Está a discusión el dictamen. No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva también para la votación nominal.

"Segunda Comisión de Hacienda.

Honorable Asamblea:

Fue turnada a la suscrita Primera Comisión de Hacienda, la solicitud de jubilación voluntaria presentada por el C. Raúl Bolio Romero, Auxiliar de Sección Técnica del Departamento de Estadística de la Cámara de Diputados, fechada el 5 de octubre del corriente año.

El citado señor Bolio Romero funda su solicitud en la fracción III del artículo 3o. de la Ley de Jubilaciones para Funcionarios y Empleados del Poder Legislativo, presentando certificación del C. Oficial Mayor y del Departamento de Administración de esta H. Cámara de Diputados, para comprobar lo siguiente: que presta sus servicios desde el 1o. de marzo de 1934 y que actualmente percibe un sueldo mensual de $2,239.24 (dos mil doscientos treinta y nueve pesos 24/100).

Por todo lo anteriormente expuesto la Comisión considera debidamente fundada la solicitud presentada y se permite someter a la consideración de la H. Asamblea, el siguiente proyecto de decreto:

Artículo Único. De conformidad con la fracción III del artículo 3o. de la Ley de Jubilaciones para los Funcionarios y Empleados del Poder Legislativo, se concede al C. Raúl Bolio Romero, Auxiliar de Sección Técnica del Departamento de Estadística de la Cámara de Diputados, jubilación voluntaria de $2,239.24 (dos mil doscientos treinta y nueve pesos veinticuatro centavos) mensuales, sueldo íntegro y compensaciones que actualmente disfruta, por servicios que durante más de 30 años ha prestado al Poder Legislativo. Esta jubilación le será pagada íntegramente por la Tesorería General de la Nación de conformidad con el artículo 6o. de la citada ley.

Sala de Comisiones de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. - México, D. F., a 16 de octubre de 1964. - Enrique Bautista Adame. - Humberto Velasco Avilés. - Arturo López Portillo. - Alejandro Carrillo Marcor. - Ramón Zentella Asencio."

Está a discusión el dictamen. No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para la votación nominal.

"Segunda Comisión de Hacienda.

Honorable Asamblea:

A la Segunda Comisión de Hacienda se turnó para su estudio y dictamen, el expediente formado con motivo de la solicitud de jubilación voluntaria por más de 30 años de servicios, presentada por el C. Enrique Pedroza Vera, Jefe de Sección Técnica Especial de la Imprenta de la Cámara de Diputados.

Practicado el estudio reglamentario de la documentación que obra en el expediente, encontramos que el señor Enrique Pedroza Vera ha prestado servicios en esta H. Cámara de Diputados ininterrumpidamente, desde el 1o. de octubre de 1934 hasta la fecha y que devenga actualmente un sueldo mensual de $2,789.66 (dos mil setecientos ochenta y nueve pesos 66/100).

La Comisión considera que el interesado cumple con los requisitos exigidos por la fracción III del artículo 3o. de la Ley de Jubilaciones para Funcionarios y Empleados del Poder Legislativo y se permite someter a vuestra consideración, el siguiente proyecto de decreto:

Artículo Único. De conformidad con la fracción III del artículo 3o. de la Ley de Jubilaciones para los Funcionarios y Empleados del Poder Legislativo, se concede al C. Enrique Pedroza Vera, Jefe de Sección Técnica Especial de la Imprenta de la Cámara de Diputados, jubilación voluntaria de $2,789.66 (dos mil setecientos ochenta y nueve pesos 66/100) mensuales, sueldo íntegro y compensaciones que actualmente disfruta, por servicios que durante más de 30 años ha prestado al Poder Legislativo. Esta jubilación le será pagada íntegramente por la Tesorería General de la Nación de conformidad con el artículo 6o. de la citada ley.

Sala de Comisiones de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. - México, D. F., a 16 de octubre de 1964. - Enrique Bautista Adame. - Humberto Velasco Avilés. - Arturo López Portillo. - Alejandro Carrillo Marcor. - Ramón Zentella Asencio."

Está a discusión el dictamen. No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para la votación nominal.

"Segunda Comisión de Hacienda.

Honorable Asamblea:

A la Segunda Comisión de Hacienda que suscribe se turnó el expediente formado con motivo de la solicitud de jubilación forzosa formulada por la C. Hortensia Chávez Nova, Jefe de Sección Administrativa de la Cámara de Diputados.

La C. Hortensia Chávez Nova funda su solicitud en la fracción III del artículo 2o. de la Ley de Jubilaciones para Funcionarios y Empleados del Poder Legislativo y acompaña a la misma los siguientes documentos:

1. Constancia de la Oficialía Mayor en que consta que presta sus servicios en la Cámara de Diputados desde el 1o. de agosto de 1944.

2. Certificación de la Dirección General de Administración, en que se asienta que actualmente devenga un sueldo mensual de $2,058.32 (dos mil cincuenta y ocho pesos treinta y dos centavos).

3. Certificado médico suscrito por el doctor Luis Flores Montellano, Subdirector de la Clínica Perú del ISSSTE, en que se hace constar que la señora Hortensia Chávez Nova, de 58 años de edad, se encuentra enferma de insuficiencia circulatoria venosa con várices grado III en la pierna derecha y grado II en la izquierda, anterioesclerosis generalizada, aorta y cardioesclerosis y con catarata en el ojo derecho, que ocasiona amaurosis completa, y con catarata incompleta en el ojo izquierdo, artritis reumática en la rodilla derecha y no se encuentra en condiciones físicas de continuar desempeñando sus labores.

La Comisión considera probada la causal que invoca la solicitante y se permite someter a la consideración de esa H. Asamblea, el siguiente proyecto de decreto:

Artículo Único. De conformidad con la fracción III del artículo 2o. de la Ley de Jubilaciones para Funcionarios y Empleados del Poder Legislativo, se concede a al C. Hortensia Chávez Nova, Jefe de Sección Administrativa de la Cámara de Diputados, jubilación forzosa de $1,372.22 (un mil trescientos setenta y dos pesos veintidós centavos) mensuales, dos terceras partes del sueldo y compensaciones que actualmente percibe, por servicios que durante más de 20 años ha prestado al Poder Legislativo. Esta jubilación le será pagada íntegramente por la Tesorería General de la Nación de conformidad con el artículo 6o. de la citada ley.

Sala de Comisiones de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

México, D. F., a 16 de octubre de 1964. - Enrique Bautista Adame. - Humberto Velasco Avilés. - Arturo López Portillo. - Alejandro Carrillo Marcor. - Ramón Zentella Asencio."

Está a discusión el dictamen. No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para la votación nominal.

XIII

- La misma C. Secretaria (leyendo):

"Segunda Comisión de Puntos Constitucionales.

Honorable Asamblea:

Con fecha 18 de diciembre próximo pasado se dirigió a esta Cámara el C. licenciado Enrique Velasco Ibarra, Secretario de la Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México, solicitando permiso para aceptar y usar la condecoración de las Palmas Académicas, que en el grado de Caballero le fue conferida por el Gobierno de Francia.

En sesión celebrada por vuestra soberanía el día 2 del actual fue turnado a los suscritos, miembros de la Segunda Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen, dicha solicitud.

Para comprobar su nacionalidad mexicana, el interesado envió a esta Cámara copia fotostática del acta de su nacimiento; así como también copia del documento por el que se le otorga la mencionada condecoración, que oportunamente la fueron solicitados.

En virtud de que el C. Velasco Ibarra cumple con lo establecido por la fracción III, del apartado B) del artículo 37 de la Constitución Federal y condicionando este permiso al necesario hecho de que el ciudadano mexicano solicite, al aceptar la condecoración que se le confiere no amerite sujeción de ninguna especie al gobierno otorgante, nos permitimos someter a la consideración y aprobación en su caso de esta honorable Asamblea, el siguiente proyecto de decreto:

Artículo Único. Se concede permiso al C. licenciado Enrique Velasco Ibarra para que sin perder la ciudadanía mexicana, pueda aceptar y usar la condecoración de las Palmas Académicas, que en el grado de Caballero le fue otorgada por el Gobierno de Francia.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.

México, D. F., a 17 de octubre de 1964. - Manuel Zárate Aquino. - Vicente Lombardo Toledano. - Fluvio Vista Altamirano. - Miguel Osorio Marbán."

Está a discusión esta proyecto de decreto. No habiendo quien haga uso de la palabra, se va a proceder a la votación nominal, en un solo acto, de todos los proyectos de decreto reservados. Por la afirmativa.

El C. secretario González Sáenz, Leopoldo: Por la negativa.

(Votación.)

- La C. secretaria Torres Ariceaga, Diana: ¿Falta algún ciudadano diputado de votar por la afirmativa¿

El C. secretario González Sáenz, Leopoldo: ¿Falta algún ciudadano diputado de votar por la negativa¿ Se procede a recoger la votación de la Mesa.

(Votación.)

- La C. secretaria Torres Ariceaga, Diana: Fueron aprobados los proyectos de decreto por unanimidad de 175 votos y pasan al Senado para efectos constitucionales.

XIV

El C. secretario González Sáenz Leopoldo: En seguida se va a dar cuenta a la Asamblea con el dictamen suscrito por la Comisión de Presupuestos y Cuenta, relativo a la Cuenta Pública.

El C. Rodríguez, Luis Dantón: La Comisión solicita que sea un miembro de la misma quien lea esto, por la importancia que tiene.

El C. Presidente: Tiene la palabra un miembro de la Comisión de Presupuestos y Cuenta, para dar lectura a este dictamen.

- El C. Vista Altamirano, Fluvio:

"Comisión de Presupuestos y Cuenta.

Honorable, Asamblea:

Por acuerdo de vuestra soberanía fue turnada a la Comisión que suscribe, la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al año de 1963, que el Poder Ejecutivo remitió a esta H. Cámara en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 65, fracción I, de la Constitución General de la República.

La Contaduría Mayor de Hacienda con fundamentos en el examen previo de los resúmenes de los estados contables que integran la Cuenta, rindió informe por conducto de la Comisión Inspectora, en la formas y término establecidos por su Ley Orgánica. El estudio del informe y la revisión de los cuarenta y nueve estados de la Cuenta sirven de base para este dictamen.

Al efectuar la revisión de dichos documentos se tomaron en consideración: los lineamientos fijados en el presupuesto de egresos aprobado por el Congreso de la Unión; la política impositiva seguida por el Gobierno Federal en la ejecución de la Ley de Ingresos; las modificaciones presupuestarias efectuadas en el curso de su aplicación, tanto por las ampliaciones automáticas autorizadas por la ley, como por los aumentos sancionados por esta H. Cámara; asimismo, se ponderó el efecto del gasto en la actividad económica del país y su interrelación con las operaciones financieras promovidas durante el ejercicio.

De su examen, se advierte que la recaudación de ingresos presupuestales alcanzo la suma de ....$19,703.908,137.79 superando en $5,701.908,137.79 la estimación calculada en $14,002.000,000.00.

El ejercicio del Presupuesto de Egreso ascendió a la cantidad de $20,294.906,400.51; al compararlo con la asignación original de $13,801.440,000.00, difiere en $ 6,493.466,400.51 que constituyen ampliaciones presupuestarias autorizadas.

De la comparación del monto total de Ingreso obtenidos ($ 19,703.908,137.79) con los egresos reducidos, ($ 20,294.906,400.51) resulta una diferencia estrictamente contable, $ 590.998,262.72.

Las obligaciones pendientes de pago derivadas de la diferencia entre los ingresos y los egresos del ejercicio, se cubrieron con las recuperaciones obtenidas en el ejercicio actual, provenientes de impuestos generados pero no cubiertos en 1963, o sea del rezago de recursos.

Por otra parte, se asienta en "El Resumen General de Operaciones de Ingreso y Egresos" una existencia de $ 391.103,029.23 al iniciarse el ejercicio fiscal de 1963, quedando al cierre de éste, el 31 de diciembre del mismo año, una existencia en caja de $ 648.579,098.71.

Al analizar los ingresos de la Hacienda Pública Federal, se observa un incremento sobre los montos estimados en todos los renglones de la recaudación, el que se explica por los efectos de la reciente reforma fiscal que diversificó las fuentes de tributación y mejoró su control en el Registro Federal de Causantes.

Por las fracciones de la Ley de Ingresos el resultado de la recaudación fiscal se detalla como sigue:

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El análisis numérico que se incluye enseguida, comprende 3 estados que presentan el destino del gasto del Gobierno Federal en otras tantas clasificaciones: Administrativa, Funcional y Económica. Debe apuntarse que todas ellas, con finalidades objetivamente distintas, permiten apreciar la política del Ejecutivo Federal en materia de gasto público.

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El cuadro anterior presenta la clasificación administrativa del Presupuesto; detalla, además los movimientos de todos y cada uno de los veinticuatro Ramos de la administración pública en 1963.

Es conveniente apuntar que por su propia nominación se explica el gasto de los 21 primeros ramos, en tanto que los tres últimos; Inversiones, Erogaciones Adicionales y Deuda Pública configuran una estructura de gasto establecida en la Ley Orgánica del Presupuesto, cuya composición requiere, para su mejor entendimiento, el análisis particular que a continuación se plantea:

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La Comisión comparó el ejercicio del presupuesto de egresos con las cantidades asignadas originalmente y observó que los aumentos del gasto de determinados ramos, con respecto a la asignación original, se ejerció con fundamento en los Decretos del H. Congreso de la Unión y en las ampliaciones automáticas, de acuerdo con las facultades legales que competen al Ejecutivo Federal en la materia.

En el cuadro del resumen administrativo se aprecia que las ampliaciones autorizadas determinaron una asignación definitiva total de $22,868,799,121,67 que superó en más de dos mil quinientos millones de pesos el gasto ejercido de $20,294,906,400.51.

Por otra parte, los ramos que presentan incrementos mayores son: Inversiones, Erogaciones, Adicionales y Deuda Pública, cuyo gasto se destinó precisamente al fomento económico y social del país como se aprecia en el análisis numérico anterior.

Procede señalar que de los otros veintiún ramos, las que ejercieron sumas proporcionalmente mayores a la asignación original fueron: Presidencia de la República - que a su vez incluye la Secretaría de la Presidencia, la Secretaría Privada y los Servicios Presidenciales - ; Recursos Hidráulicos, Turismo, Patrimonio Nacional, Hacienda y Crédito Público, Trabajo y Previsión Social e Industria y Comercio. De éstos, la diferencia absoluta mayor se observa en Recursos Hidráulicos (592 millones de pesos), cuyo gasto fortaleció la infraestructura económica nacional.

Los diez ramos que antes se comentan representaron en general, el incremento total del gasto debido a que los demás se ajustaron a la asignación original o la superaron ligeramente. Los incrementos del gasto se atenuaron con disminuciones correlativas en otros ramos administrativos, tales como Defensa Nacional, Industria Militar y Marina.

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DEUDA PUBLICA TITULADA

Esta deuda está constituída por los bonos de empréstitos emitidos por el Gobierno Federal, colocados en el mercado y no llamados a reembolso y por obligaciones contraídas o asumidas por el propio Gobierno, de acuerdo con los convenios de 5 de noviembre de 1942 y 20 de febrero de 1946 y sus reformas, cuya fecha de amortización no ha vencido.

En los estados de contabilidad relativos, se presenta en detalle el movimiento de cada uno de los empréstitos por lo tanto, en este dictamen se consignan sólo en forma global sus variaciones hasta el 31 de diciembre de 1963, mismas que son:

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Para la mejor comprensión de los resultados del ejercicio presupuestal, durante el período gubernamental que nos ocupa, es importante destacar el impulso dinámico provocado en la economía del país en todas las actividades productivas.

Esta expansión económica dentro de un clima general de confianza, tranquilidad y optimismo, se deriva, en gran parte, de la aplicación adecuada de los fondos públicos.

La tasa de crecimiento demográfico del país, del 3.1% - una de las más altas del mundo - demanda del Poder Ejecutivo Federal una política fiscal audaz en la concepción de las metas y juiciosa en los mecanismos de ejecución. Se hacen necesarios índices de crecimiento de la producción superiores al incremento demográfico y, por otra parte, es necesario también perfeccionar el proceso distributivo de la riqueza a fin de que las grandes mayorías nacionales mejoren sus niveles de vida de acuerdo con el postulado de justicia social de la Revolución Mexicana.

Al concebir el Plan de Acción Inmediata para el trienio 1962/1964, el Gobierno Federal consideró como objetivo un crecimiento del producto nacional de 5.0%. Es satisfactorio señalar que durante 1963 la producción de bienes y servicios se incrementó en 6.3% sobre el nivel alcanzado el año anterior. Esta tasa es una demostración evidente de la justeza de la política económica del Gobierno actual que ha logrado impulsar el desarrollo económico del país, sin presiones inflacionarias que tanto dañan a los sectores de ingresos fijos, obteniendo, en cambio, una sólida estabilidad monetaria que ha merecido su exaltación tanto en el país como en el extranjero.

Conviene subrayar, que al iniciar sus actividades la administración actual, se manifestaron corrientes de opinión que consideraron factible una devaluación de nuestra moneda, contribuyendo así a la salida de volúmenes importantes de fondos que hicieron crítica la situación de la reserva monetaria nacional. Sin embargo, gracias a una política de sano desarrollo, orientada al servicio de los más altos intereses nacionales, tenemos al cabo de seis años: una moneda firme sin restricciones cambiarías; un crédito internacional de gran solvencia que ha permitido nuestro acceso al mercado internacional abierto de valores; y, lo que es más importante, una confianza en el progreso futuro del país, que aún los más pesimistas comparten ahora.

Actualmente el crédito de México es indiscutible. Las obligaciones han sido cumplidas con estricta puntualidad y en muchas ocasiones por anticipado; tal es el caso de los saldos por la nacionalización petrolera y la cancelación de la vieja deuda externa, arrastrada por más de 140 años que constituía un tradicional motivo de descrédito para el país.

Esta política de saneamiento crediticio dio por resultado un ambiente de confianza en el exterior y por primera vez en medio siglo, el Gobierno emitió una serie de bonos de la tesorería para el fomento económico por la cantidad de 40 millones de dólares, agotándose de inmediato en el mercado internacional de valores. Meses después, se efectuó la segunda por 25 millones de dólares con iguales resultados.

Los ingresos ordinarios del Gobierno Federal aumentaron de 1962 a 1963, habiendo alcanzado el último año un monto de 15,780 millones de pesos, que significan un 13% de mejoría sobre el ejercicio anterior. Los aumentos del ingreso se originaron, sobre todo, en la mayor recaudación del impuesto sobre la renta (750 millones), en el impuesto a la importación (279 millones), en el impuesto sobre ingresos mercantiles (86 millones) y, en proporción muy destacada, en los ingresos obtenidos a través del nuevo impuesto para la educación (499 millones). El interés del Gobierno Federal de impulsar las exportaciones para diversificar los renglones de nuestra balanza comercial, así como nuestros mercados, favoreciendo los niveles de precios de la producción nacional, se reflejó en la disminución de 42 millones de pesos de la recaudación por concepto de impuesto a la exportación.

Es de importancia destacar en el análisis de los ingresos, que la Colocación de Empréstitos y Financiamientos Diversos (Deuda Pública) descendió de 1962 a 1963, en números absolutos y relativos (de 31.5% a 19%), acusándose incrementos en el Impuesto sobre la Renta (23% a 27.7%) en los Impuestos a las Industrias y sobre la Producción y Comercio, a la Tenencia y Uso de Bienes y a Servicios Industriales (10% a 12%), así como en los Impuestos a la Importación (8% a 10.7%).

El progreso económico y la estabilidad monetaria de México, han recibido el flujo positivo, entre otros aspectos de importancia, de una correcta utilización del gasto público.

Durante 1963, el gasto gubernamental continuó impulsando la actividad económica y jugó un papel importante al mejorar el ritmo de crecimiento del producto nacional.

Al examinar los resultados de la utilización del gasto público en la economía nacional durante ese año, se advierte con claridad un manejo conveniente de los recursos captados, que ha permitido acelerar el proceso de desarrollo integral del país.

Del examen del ejercicio del presupuesto de egresos, en su clasificación funcional, es procedente observar incrementos en renglones fundamentales para el desarrollo económico y social del país. Tales son los casos siguientes:

Fomento, Promoción y Reglamentación Industrial y Comercial; creció de 13.8% al 17.1% del total de egresos de los ejercicios de 1962 y 1963.

Servicios educativos y culturales; en particular lo destinado a enseñanza primaria: su participación en el total de egresos en 1962 era de 12%, mientras que en 1963 acusó el 14%

Fomento y conservación de Recursos Naturales Renovables, del 9 al 11%.

Bienestar y Seguridad Social, del 5% al 6.4%.

En contrario, comparando 1962 con 1963, el servicio de pago de la Deuda Pública disminuyó de $5,500.000,000.00 a $3,472.000,000.00 esto es, de 27.1% que era su participación en el total de egresos de 1962, pasó al 17.1% en 1963.

Es de justicia reconocer que el gasto público de 1963 responde a la política del Ejecutivo Federal, de impulsar el consumo y la inversión nacionales; de sostener un adecuado índice de crecimiento y de elevar el nivel cultural y social de las grandes mayorías de México.

Caminos; obras de riego; apoyo a la industria y a la agricultura; incremento en la producción de energía eléctrica; escuelas, asistencia pública y seguridad social, libros de texto gratuitos, transportes; apoyo para sostener el poder adquisitivo de los grupos mayoritarios y más débiles económicamente a través de subsidios y subvenciones al consumo, y las demás obras realizadas en todo el ámbito del país, son las pruebas objetivas del correcto ejercicio del presupuesto de egresos del Gobierno Federal.

Para concluir con el análisis del movimiento de fondos, efectuado durante el ejercicio fiscal de 1963; hacemos del conocimiento de vuestra soberanía que, con la oportunidad debida, el Departamento del Distrito Federal entregó, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 32 estados que resumen la Cuenta de esa dependencia del Ejecutivo.

Se procedió también al examen y revisión de dicha cuenta, con los resultados que sucintamente se presentan a continuación:

La estimación de los Ingresos fue de...

$1,400.000,000.00 en tanto que los obtenidos por la ejecución de la Ley de Ingresos correspondiente a esta cantidad ascendieron a $1,830.845,112.56 por los conceptos que, listados por su cuantía son:

Impuestos: $ 1,179,361,878.65

Aprovechamientos: 378,801,802.30

Derechos: 191,795,718.20

Productos: 80,885,713.41

Los ingresos reales superaron a los estimados en $ 430.845,112.56. El análisis del ingreso, desde el punto de vista de la Hacienda Pública, es el siguiente:

a) Impuestos, Derechos,

Productos y Aprovechamientos,

excluyendo la venta de

Bienes de Inventario $ 1,830,726,838.69

b) Enajenación de Bienes

de Inventario

(muebles de desecho): 118,273.87

$ 1,830,845,112.56

El Presupuesto de Egresos aprobado inicialmente al Departamento del Distrito Federal, fue de $1,400.000,000.00. Su ejercicio, con las ampliaciones oportuna y debidamente autorizadas por la H. Cámara de Diputados, fue de $1,942.759,546.41 cuyo análisis, por Ramos de la Administración, es el siguiente:

Ramo I Oficinas Superiores $ 7,952,999.94

Ramo II Dirección General de Gobernación 15,827,052.34

Ramo III Dirección General de Trabajo y

Previsión Social 2,839,725.66

Ramo IV Dirección General de Servicios

Administrativos 6,083,332.60

Ramo V Dirección General de Servicios

Legales 6,684,092.21

Ramo VI Dirección General de Acción Social 8,136,508.43

Ramo VII Dirección General de Obras Públicas 629,307,151.00

Ramo VIII Dirección General de Aguas y Saneamiento 70,298,486.53

Ramo IX Dirección General de Obras Hidráulicas 175,752,558.01

Ramo X Dirección de Servicios Generales 70,391,969.49

Ramo XI Dirección General de Acción Deportiva 9,073,395.97

Ramo XII Dirección General de Tránsito 20,208,647.82

Ramo XIII Dirección General de Servicios Médicos 46,371,136.95

Ramo XIV Dirección General de Administración

de Mercados 19,440,060.23

Ramo XV Tesorería del Distrito Federal 75,971,919.62

Ramo XVI Jefatura de Policía 68,803,405.59

Ramo XVII Delegaciones Políticas 4,400,055.79

Ramo XVIII Tribunal Superior de Justicia del Distrito

y Territorios Federales 17,630,492.60

Ramo XIX Procuraduría General de Justicia del

Distrito y Territorios Federales 14,270,929.83

Ramo XX Partidas Generales 673,315,625.80

El análisis de los Egresos, desde el punto de vista de la Hacienda Pública, es como sigue:

Disminuciones al Pasivo del Erario por liquidación

de Cuentas por Pagar expedidas en Ejercicios anteriores $ 372,260,024.28

Por gastos en el sostenimiento de la Administración

(emolumentos al personal, papelería y útiles en general.) 713,412,430.52

Por adquisición de Bienes de Inventario (predios, muebles,

maquinaria, vehículos, etc.) 857,087,091.61

Suma $ 1,942,759,546.41

Al comparar los Ingresos con los Egresos, se obtiene un excedente de éstos sobre aquéllos, por la cantidad de $111.914,433.85, que en resumen es como sigue:

Por ejercicio del Presupuesto de Egresos $ 1,942,759,546.41

Por ejecución de la Ley de Ingresos del D. F. 1,830,845,112.56

Excedente de Egresos sobre Ingresos 111,914,433.85

Dicho excedente se cubrió con las recuperaciones en cuentas presupuestales por rectificación de Ingresos y Egresos y con el fondo que el Departamento del Distrito Federal tiene constituído en el Banco de México, S.A.

Lo anteriormente expuesto evidencia que el gasto público ha sido apoyado en disposiciones legales en vigor; sus renglones están de acuerdo con el presupuesto y sus ampliaciones aprobadas y, en lo económico y en lo social, corresponden al programa y a la política de gasto trazada por el Ejecutivo de la Unión y sancionada por la H. Cámara de Diputados; por lo que nos permitimos someter a la consideración de vuestra soberanía, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 65, fracción I, 73, fracción XXVIII, de la Constitución; 80 y 81 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso y demás ordenamientos relativos, el siguiente proyecto de Decreto:

Artículo 1o. Se admite la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y la del Departamento del Distrito Federal correspondientes al ejercicio fiscal de 1963, a que se refieren los estados contables que las resumen y que fueron presentadas por el Ejecutivo Federal dentro del término de Ley.

Artículo 2o. Revisados los Estados Contables a que se refiere el punto resolutivo anterior, se encontró que las cantidades gastadas concuerdan con las partidas autorizadas y, en consecuencia, se aprueban; considerando asimismo los resultados satisfactorios logrados en el desarrollo económico y social del país mediante la correcta aplicación de la política de ingreso y gasto público seguida por el Jefe del Poder Ejecutivo Federal.

Artículo 3o. Ordénese a la Contaduría Mayor de Hacienda que examine minuciosamente los libros de contabilidad, y glose los documentos justificativos y comprobatorios que integran la propia cuenta y proceda en los términos de Ley.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. - México, D.F., 27 de octubre de 1964. - La Comisión: Luis Dantón Rodríguez. - José Antonio Cobos P. - Jorge de la Vega Domínguez. - Alejandro Carrillo Marcor. - Enrique Gómez Guerra. - Mariano González G. - Fluvio C. Vista Altamirano. - Abraham Aguilar P. - José de Jesús Limón M." Primera lectura, e imprímase.

XV

- El C. secretario González Sáenz, Leopoldo (leyendo):

El C. Landerreche Obregón, Juan: Pido la palabra.

El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado Landerreche, para leer la iniciativa.

- El C. Landerreche Obregón, Juan:

"H. Cámara de Diputados.

La rápida multiplicación en los últimos años de organismos y empresas creados o fomentados con inversión directa o indirecta de fondos públicos y con

intervención, directa o indirecta, también, del Gobierno; y el incremento más rápido aun de los recursos que manejan y la falta de un sistema que regule su creación y sus actividades y que controle sus operaciones y resultados, han provocado un serio problema que justamente preocupa a la opinión pública y que ha requerido la atención de las autoridades.

Es así como en diciembre de 1947 se aprobó, a iniciativa del Ejecutivo, la Ley para el control de los Organismos Descentralizados y las Empresas de Participación Estatal, reglamentada en enero del año siguiente, conforme a cuyas disposiciones fue creada la Comisión Nacional de Inversiones como Organismo encargado del control, vigilancia y coordinación a que se refiere dicha ley; y, por otra parte en diversas épocas se han incluído disposiciones relativas a este problema en leyes especiales como la de Bienes Nacionales, la de Secretarías de Estado, la del Banco de México y otras, pero todas inconexas entre sí e insuficientes para un resultado positivo.

Las deficiencias del sistema de la Ley de Control referida y la complicación burocrática y la falta de acción eficaz de la Comisión Nacional de Inversiones, determinaron que los entonces diputados miembros de Acción Nacional presentaran en octubre de 1948 un proyecto de Ley Sobre Empresas en que intervenga el Estado, Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal, que tendía a simplificar y hacer prácticos los controles a esta clase de instituciones y promovía la creación de una Comisión del Congreso Federal encargada de investigar la situación del problema y de hacer recomendaciones con relación al mismo.

Esta iniciativa del PAN no se llegó a discutir por la Cámara de Diputados; y en vista de las proporciones cada vez mayores de la inversión de fondos públicos en los organismos descentralizados y empresas de participación estatal y de que continuaba la falta de control adecuado de los manejos relativos, en octubre de 1953 la entonces diputación de Acción Nacional presentó una segunda iniciativa, esta vez de reforma a los artículos 73 fracción XXVIII y 74, fracción IV, de la Constitución Federal, a fin de establecer la obligación del Ejecutivo de rendir cuentas al Congreso de las operaciones de dichos organismos y empresas y sentar bases para controlar la inversión de fondos públicos en los mismos.

Esta segunda iniciativa, tampoco fue considerada por la Cámara de Diputados, por lo que en noviembre de 1962, por tercera vez, los entonces diputados miembros de Acción Nacional insistieron en el problema y propusieron el nombramiento de una Comisión de la misma Cámara, y que se invitara a la de Senadores para que, a su vez nombrara otra Comisión, a fin de que ambas Comisiones investigaran conjuntamente la situación de los diversos organismos descentralizados y empresas de participación estatal y recomendaran las medidas pertinentes sobre el asunto.

Coincidiendo con ésta última iniciativa de los diputados miembros del PAN, algunos senadores presentaron en su Cámara un proyecto de Ley para la Vigilancia de las Inversiones Federales en Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal, que fue discutida y aprobada por el Congreso; y está pendiente de promulgación.

Entretanto, el problema ha crecido en proporción directa al aumento muy importante de las inversiones del Ejecutivo en las instituciones que se comentan, cuantía de las que puede dar idea la comparación de las cifras del Presupuesto Federal con las sumas que manejan algunas de las instituciones mencionadas, según datos que, en su mayor parte, pueden encontrarse en el último Informe presidencial al Congreso.

Mientras el Presupuesto Federal aprobado para 1964 fue de 16,000 millones de pesos en números redondos, pueden citarse como ejemplos, los recursos que manejan algunos organismos y empresas oficiales.

Al 30 de junio del año en curso, el financiamiento canalizado por Nacional Financiera ascendía a 22,975 millones de pesos.

Durante el actual sexenio de Gobierno, la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo) manejó 19.600,000 toneladas de granos con valor de 17.000 millones de pesos y concedió subsidios a la producción y al consumo por 3,400 millones de pesos.

El costo del Conjunto Urbano Nonoalco - Tlaltelolco en la Capital de la República asciende a 1,571 millones de pesos, que ha manejado el Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas el que, además, ha financiado otras obras de habitación y múltiples obras públicas que han requerido inversiones importantes.

En materia también de vivienda popular, el fondo de garantía y apoyo a los Créditos para la Vivienda, financió operaciones de la Banca Privada por 800 millones de pesos y el Instituto Nacional de la Vivienda invirtió en sus programas 352 millones, más 58 millones financiados a su vez por la Banca privada, o sea que estas dos instituciones oficiales manejaron 1,210 millones de pesos sólo por los conceptos indicados.

Las aportaciones federales a los Bancos de Crédito Agrícola y Ejidal en el sexenio, fueron 3,200 millones de pesos.

La Comisión Federal de Electricidad invirtió en los últimos seis años 10,200 millones de pesos y, en el mismo plazo, la inversión de los Ferrocarriles Nacionales fue de 4,050 millones. Por su parte, el Seguro Social construyó obras por 3,041 millones y pagó prestaciones en dinero y en especie por 2,450 millones, o sea que manejó por sólo estos conceptos 5,491 millones, además de sus reservas e inversiones y sus gastos administrativos.

Al final de 1963, el activo circulante neto de PEMEX era de 3,000 millones de pesos y su activo fijo total de 18,531 millones; o sea que sólo por estos conceptos manejaba recursos por 21,531 millones de pesos.

Como se ve, hay instituciones que por sí solas manejan cantidades superiores al Presupuesto Federal; y, por supuesto, además de las mencionadas, que tienen recursos que se cuentan en millares o en decenas de millares de millones, existen multitud de otras de tamaño mediano y menor que, en conjunto, son actualmente más de 300 instituciones y empresas cuyos recursos sumados seguramente importan muchas veces el Presupuesto Federal y que comprenden, no sólo empresas de servicios públicos y de interés social, sino muchas meramente comerciales,

como compañías mineras, textiles, papeleras, madereras, automotrices, ingenios azucareros, empacadoras, siderúrgicas, de producción, distribución y exhibición de películas, financieras, de seguros, de fianzas y otras que sería largo enumerar.

Este crecimiento desproporcionado y sin programa de los organismos descentralizados y empresas de participación estatal, frente al Gobierno Federal mismo, lo confirma el Informe presidencial mencionado que estima la inversión del sexenio en curso en 65,000 millones de pesos, de cuya suma dicho Ejecutivo manejó directamente sólo 25,000 millones, en tanto que los 40,000 millones restantes fueron manejados por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal; con el agravante de que esta desproporción es cada vez mayor en virtud de que, en tanto que el Presupuesto en su mayor parte se refiere a gastos, los organismos y empresas estatales hacen inversiones cuyo importe se debe conservar y acumular y a las que se agregan las nuevas inversiones que constantemente lleva a cabo el propio Ejecutivo en dichas instituciones.

Expresamente reconocemos que el Estado tiene una misión inexcusable en la vida económica que justifica su intervención en la misma, directamente en ejercicios de su autoridad y, además, a través de los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, cuando estas instituciones tienden a la más adecuada prestación de servicios públicos y a la mejor satisfacción de necesidades de interés general; cuando su propósito es suplir deficiencias de la iniciativa privada y en los casos de ciertas categorías de empresas que deben reservarse al Estado porque llevan consigo un poder económico tal, que no es posible permitirlo a los particulares sin perjuicio de la autoridad.

La carencia de sistema y de control que en general ha habido en materia de las instituciones e inversiones que se comentan, ha traído como consecuencia que las mismas se hayan apartado frecuentemente de los principios que deben regirlas y limitar su utilización; con lo que, de instrumentos justificados de acción económica, se convierten en formas de competencia indebida y desleal a los particulares, sin contar con que a veces son aprovechadas ilegítimamente por intereses privados para el fomento de sus negocios o como expediente fácil para deshacerse de la responsabilidad de empresas desafortunadas.

Además de lo anterior, el modo como se han iniciado y desenvuelto los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, adolece del vicio fundamental de que, no obstante los cuantiosos fondos públicos que en una forma u otra les llegan a través del Ejecutivo, éste no rinde al Congreso cuentas de las operaciones de aquéllos, con lo que se viola una de las bases fundamentales del sistema democrático que estriba en que el Ejecutivo debe rendir al pueblo, a través del Congreso, cuentas de los fondos públicos que se le encomiendan.

Debe aclararse, sin embargo, que esta situación se puede imputar principalmente al hecho de que la Constitución sólo prevé la cuenta que el Ejecutivo debe rendir sobre el manejo de los fondos presupuestales y no considera las cuentas de los organismos descentralizados y de las empresas de participación estatal, debido a que el desarrollo y la multiplicación de esta clase de instituciones en nuestro país fue posterior a 1917, por lo que el Constituyente fue omiso sobre el problema del control que debe haber respecto a esta clase de instituciones y sus operaciones. Por tal motivo, es necesario adicionar y reformar nuestro Código Político, a fin de establecer las bases indispensables para precisar la obligación del Ejecutivo de rendir al Congreso, además de la Cuenta Pública, las cuentas de las operaciones de los organismos descentralizados y de las empresas de participación estatal, que es lo que intentó el mencionado proyecto que en octubre de 1953 presentaron los diputados miembros de Acción Nacional para la reforma constitucional correspondiente.

Íntimamente relacionado con el problema de los cuantiosos fondos públicos que manejan los organismos paraestatales que se comentan, está el origen de esos fondos que, con frecuencia, proceden de empréstitos internos e internacionales que en una forma u otra afectan el crédito de la Nación; pero que, por el hecho de que se contratan por entidades o empresas que operan en forma autónoma, aunque con la garantía implícita y, a veces explícita, del Gobierno, no se sujetan a las reglas que la Constitución establece para esos empréstitos.

La importancia de este aspecto puede estimarse si se considera que, de 1942 a junio de 1960, Nacional Financiera obtuvo créditos del exterior, a más de un año de plazo, por un total de 2,670 millones de dólares, o sea 33,375 millones de pesos, de cuya suma, a la última fecha citada, se había dispuesto de 27,450 millones de pesos, se habían amortizado 13,137 millones y se adeudaban todavía los 14,312 millones de pesos restantes; y que, por otra parte, del total de 18,810 millones de pesos a que ascendía la Deuda Exterior del Sector Público en diciembre de 1963, 7,333 millones correspondían al financiamiento de organismos y empresas del mismo Sector Público, garantizado por el Gobierno Federal.

Es cierto que en algunos casos existen disposiciones que reglamentan créditos de esta clase; pero en otros no las hay y, en todo caso, falta un sistema general adecuado que regule estas situaciones, que necesariamente debe tener su base en la Constitución, de cuyas normas deben derivar las reglamentaciones generales que sean necesarias.

Para este efecto, es preciso extender a los empréstitos que contraten los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal la exigencia constitucional de que estos empréstitos se sometan a las bases que establezca el Congreso; ya que, como en el caso de la existencia y el funcionamiento de dichas instituciones, por haberse planteado estos tamente después de 1917, no pudieron ser explícitamente previstos por el Constituyente; y, por tanto, hay que corregir ahora esa situación.

La obligación del Ejecutivo de rendir cuentas al Congreso del manejo de los fondos públicos que le están encomendados y la exigencia de que los empréstitos que afecten el crédito de la nación se sometan a las bases que establezca el mismo Congreso, son principios tradicionales en nuestro Derecho Constitucional y que en forma expresa han incluído todas las Constituciones que se han expedido en nuestro país. Así, el acta Constitutiva de 1824, en su artículo 13 fracciones VIII, IX y XII; después la Constitución de 1824 en su artículo 50, fracciones VIII y IX;

más tarde los artículos 44 fracciones IV y VI de las bases constitucionales de 1863, lo mismo que los artículos 65 fracción III y 66 fracciones VII y VIII de la Constitución Centralista de 1843; posteriormente la Constitución de 1857 en sus artículos 69 y 72 fracción VIII; en 1916 el proyecto Carranza en sus artículos 65 y 73 fracciones VIII y XXX y, por último, la Constitución actual en sus artículos 65 y 73, fracciones VIII y XXVIII.

En consecuencia, es indispensable incorporar explícitamente a esta tradición constitucional que se funda en los mejores principios democráticos, lo relativo a las cuentas que el Ejecutivo debe rendir al Congreso sobre la operación y los resultados de los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal y la regulación de los empréstitos que contraten las mismas instituciones, cuestiones que por motivos puramente circunstanciales han quedado fuera de la Constitución; y, para este efecto, proponemos la reforma de los artículos 73 fracciones VIII y XXVIII y 74 fracción II del Código Fundamental.

A la vez, el proyecto amplía y precisa las atribuciones de la Contaduría Mayor, con el propósito de que deje de ser un organismo burocrático ineficaz y cumpla la función constitucional que le corresponde de auxiliar técnico del Congreso para la revisión de las cuentas del Ejecutivo; se establece el principio de publicidad obligatoria de los estados financieros de las instituciones paraestatales; y se revisa la redacción de las disposiciones correspondientes a fin de adecuarlas a las finalidades que se persiguen.

Complementariamente, como una consecuencia de la facultad del Congreso de revisar las cuentas del Ejecutivo, se establece que el propio Congreso podrá decretar la clausura y liquidación de los organismos cuya existencia considere no justificados; y, en su caso, ordenar la liquidación, venta o cesión de las participaciones del Gobierno Federal en el capital o en la financiación de empresas.

Esta facultad del Congreso no limita las posibilidades de que el Ejecutivo por propia decisión o en cumplimiento de la ley reglamentaria que se dicte, clausure y liquide organismos descentralizados o venda y traspase participaciones del Estado en empresas privadas, sea para rectificar decisiones anteriores no debidamente fundadas o por otros motivos suficientemente justificados.

Se conserva el sistema vigente de que la aprobación de las cuentas públicas corresponde al Congreso, en tanto que la Contaduría Mayor depende exclusivamente de la Cámara de Diputados; por lo que, para los efectos de ordenar la clausura y liquidación de organismos descentralizados y la liquidación, venta o traspaso de participaciones estatales en empresas, la iniciativa de la resolución respectiva tocará a la Cámara de Diputados en vista de los informes de la Contaduría Mayor; pero esa iniciativa deberá ser aprobada por el Senado, a fin de que la resolución que se dicte sea del Congreso, que es el que debe resolver sobre las cuentas del Ejecutivo.

Por lo que hace a la reglamentación de empréstitos, se propone que deberán aprobarse por el Congreso en cada caso aquéllos en que la nación queda obligada expresamente y los que celebren las instituciones nacionales de crédito y los organismos descentralizados sobre bases diversas de las previstas en forma expresa por la ley reglamentaria que se dicte; los primeros por cuanto implican responsabilidades directas de la nación y, los segundos, por los riesgos no previstos en la legislación que pueden traer consigo, precisamente por apartarse de situaciones que la ley considera ordinarias y normales.

Se suprime la exigencia de que las obras para cuya ejecución se celebren los empréstitos produzcan directamente un incremento en los ingresos públicos, porque para justificar el empréstito basta que produzca el incremento, aunque no sea directo, como sucede en el caso general de las carreteras, que tradicionalmente se han financiado con empréstitos y que ciertamente incrementan los ingresos públicos, pero en forma indirecta.

Supuestas estas bases constitucionales para el funcionamiento, financiación y, en su caso, clausura y liquidación de los organismos descentralizados y empresas de participación estatal, el mismo Congreso podrá expedir una ley reglamentaria sobre la promoción, el control y el funcionamiento de estas instituciones; y quedaría en manos del Ejecutivo la creación y manejo de las mismas dentro de las bases fijadas por la Constitución, la ley relativa, y las disposiciones presupuestales aplicables.

Por consiguiente, la reforma constitucional que se propone, supone y no interfiere ni contraría la existencia de una ley del tipo de la discutida por la Legislatura anterior sobre la Vigilancia de las Inversiones federales en organismos descentralizados y en empresas de Participación Estatal, si bien habría que reconsiderar el sistema de esta ley en vista de las nuevas bases constitucionales planteadas.

Reconocemos que en materia de las instituciones a que se refiere esta iniciativa, el Ejecutivo debe tener una amplia libertad de acción para que, dentro del marco de la Constitución y de la ley reglamentaria que en su caso se dicte, así como con sujeción a los presupuestos que apruebe la Cámara de Diputados, pueda con la flexibilidad que exijan las circunstancias promover y fomentar tales instituciones y llevar a cabo inversiones en las mismas; pues ni el texto ni el propósito de la reforma son limitar esas facultades del Ejecutivo, sino sólo someterlas a una regulación adecuada dentro de los principios aplicables; y sólo que el Ejecutivo se exceda en el ejercicio de sus funciones o se desvíe de las mismas, habrá lugar a que, al revisar las cuentas correspondientes, intervenga el Congreso para tomar las medidas que procedan.

Por último, dentro del cuadro legal planteado, quedarían además a cargo del Ejecutivo las medidas administrativas adecuadas para la coordinación de estas instituciones paraestatales y el control concreto de su operación a fin de que realizaran sus funciones con eficacia en beneficio del desarrollo del país, como es el caso de la Junta de Gobierno de los Organismos y Empresas de Estado, creada por decreto de 31 de marzo de 1959.

En esta forma, el cuarto proyecto que Acción Nacional presenta sobre el asunto de los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, resume y a la vez revisa y conforma a la experiencia obtenida y a las condiciones actuales del

problema, los principios de los tres proyectos anteriores, y sienta las bases de un sistema completo para hacer eficaz el control de las instituciones relativas, a la vez que para organizar su promoción y desenvolvimiento, de manera que cumplan su función sin invadir campos de acción que deben respetarse a los particulares.

En vista de las consideraciones expuestas y con fundamento en la fracción II, del artículo 71 de la Constitución Federal, nos permitimos proponer el siguiente proyecto de reformas a los artículos 73 fracciones VIII y XXVIII, y 74 fracción II, de la Constitución:

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

Fracción VIII. Para dar bases sobre las cuales el Ejecutivo, las instituciones nacionales de crédito y los organismos descentralizados puedan celebrar empréstitos que afecten el crédito de la nación en forma directa o contingente; para aprobar esos mismos empréstitos y para reconocer y pagar la deuda nacional. Ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que produzcan un incremento en los ingresos públicos o la realización de inversiones productivas, salvo los que se lleven a cabo con propósitos de regulación monetaria, los que correspondan a operaciones de conversión y los que se celebren durante alguna emergencia declarada por el Presidente de la República en los términos del artículo 29. El Congreso deberá aprobar en cada caso, los empréstitos en que la nación quede obligada expresamente y los que celebren las instituciones nacionales de Crédito y los organismos descentralizados sobre bases diversas a las previstas en la ley.

Fracción XXVIII. Para examinar las cuentas que anualmente debe presentarle el Poder Ejecutivo, que comprenderán la Cuenta Pública y las de los organismos descentralizados y de las empresas de participación estatal. Las resoluciones del Congreso deberán referirse, no sólo a la conformidad de las partidas, gastadas con el presupuesto de egresos, sino también a la exactitud y justificación de tales partidas, y de las operaciones de los organismos y de las empresas mencionadas.

Los estados financieros anuales de los organismos descentralizados y de las empresas de participación estatal, se publicarán en el "Diario Oficial de la Federación.

Con vista de los informes de la Contaduría Mayor y de los demás que en su caso recabe, la Cámara de Diputados podrá, con la aprobación del Senado, adoptar las medidas pertinentes, incluyendo la clausura y liquidación de los organismos cuya existencia no se justifique por motivos de interés público o para suplir deficiencias de los particulares; o decretar la liquidación de las inversiones públicas en las empresas de participación estatal.

Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:

Fracción II. Vigilar por medio de una Comisión de su seno el desempeño de las funciones de la Contaduría Mayor, que consistirán en la revisión y dictamen de las cuentas del Ejecutivo a fin de que el Congreso resuelva en los términos de la fracción XXVIII del artículo 73.

Salón de sesiones, a 26 de octubre de 1964. - Luis Manuel Aranda. - Jorge Avila Blancas. - Ricardo Chaurand C. - Adolfo Christlieb I. - Miguel Estrada I. - Federico Estrada Valera. - Jorge Garabito Martínez. - Felipe Gómez Mont. - J. Jesús Hernández Díaz. - Juan Landerreche Obregón. - Francisco Quiroga F. - Pedro Reyes Velázquez. - Jorge Ricaud Rothiot. - Salvador Rosas Magallón. - Antonio Rosillo Pacheco. - Guillermo Ruiz Vázquez. - Jacinto G. Silva Flores. - Alfonso Trueba Barrera. - Abel Vicencio Tovar. - Florentina Villalobos Ch."

Firman esta iniciativa los veinte diputados miembros de Acción Nacional.

El C. secretario González Sáenz, Leopoldo: La anterior iniciativa se turna a las Comisiones unidas, Primera de Puntos Constitucionales, y Bienes y Recursos Nacionales, e imprímase.

XVI

- La C. secretaria Torres Ariceaga, Diana (leyendo):

"Honorable Asamblea:

La Cámara de Diputados, como Representación Nacional, tiene el ineludible deber político de velar por los intereses del pueblo de México, así en el orden económico, como en el social y cultural. Al efecto, la actividad de este alto Cuerpo encuentra su forma más genuina de manifestación en el ejercicio de la función intrínsecamente legislativa, pero es posible también, y en ocasiones necesario, que la Cámara adopte otra especie de resoluciones para el cumplimiento de la aludida obligación.

Con tal fundamento etico político y con apoyo legal en las disposiciones contenidas en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, los suscritos diputados venimos a someter al examen de esta honorable Cámara, las proposiciones que concretaremos al final del presente escrito para que el Poder Ejecutivo Federal, por medio del órgano legalmente facultado para ello, ponga en ejecución las medidas conducentes a impedir la elevación injustificada de las cuotas escolares en los planteles particulares.

A continuación expresamos los motivos de esta proposición:

I. La educación es un servicio público y por ello, su prestación corresponde esencialmente al Estado, constituyendo una de sus atribuciones básicas, por la elevada importancia social del fenómeno educativo y por el rango que, en una estimación moral, tiene la función de desarrollar las facultades del ser humano y formar en él un recto concepto del patriotismo y de la solidaridad social;

II. Si afirmamos que la educación es un servicio público, es porque en efecto, en la actividad educacional se dan todas las características teóricas del concepto; hay una necesidad colectiva de primer orden que el Estado debe satisfacer, ya de manera directa, ya con el concurso de los particulares, pero sometiendo la actividad encaminada a ese fin a un régimen jurídico que garantice su regularidad y su eficiencia. A mayor abundamiento y por encima de toda consideración doctrinal, es un servicio público porque así lo establece la Constitución en la fracción VIII, del artículo 3o:

III. A partir de la Revolución, los gobiernos de México han comprendido cabalmente la magnitud del problema educativo y a su resolución han aplicado un esfuerzo máximo en relación con sus posibilidades materiales, para extender y mejorar la educación pública. Así por ejemplo, el Gobierno Federal destina más de la cuarta parte del Presupuesto a la atención de este campo y puede afirmarse que en su mayoría también los gobiernos estatales dedican al ramo educativo cantidades superiores al cincuenta por ciento de sus respectivos Presupuestos.

Por lo que toca al Gobierno Federal, el régimen del señor Presidente López Mateos ha puesto especial empeño en la obra educativa y el Plan de Once Años ha sido concebido como una forma de solución, realista y eficaz, al magno problema a que aludimos.

Pero innegablemente, el crecimiento formidable de la población en México ha vuelto particularmente aguda esta cuestión y ha determinado al Estado Mexicano a aceptar y estimular la colaboración de los particulares, colaboración que, por otra parte es de la naturaleza de la mayoría de los servicios públicos. Por ello nuestra Ley constitucional prevé que los particulares puedan impartir educación en todos sus tipos y grados; además, insistimos, estimando justicieramente el alto valor que las circunstancias actuales del país dan esa colaboración, el Poder Público ha seguido una política de estímulos y prerrogativas para los particulares que concurren a la satisfacción de necesidad social tan apremiante. Entre ellos la exención de impuestos, aún tratándose muchas veces de verdaderas empresas comerciales;

IV. Al amparo de esta política se han multiplicado las escuelas particulares; y en buena hora, en cuanto sometan su actividad a nuestras disposiciones legales, porque en este supuesto coadyuvan a una tarea de primordial importancia.

Especialmente los planteles educativos particulares proliferan en centros urbanos, debido sin duda a que muchos de ellos se han constituído con finalidades de lucro; o con finalidades mixtas, pero que incluyen muy señaladamente el lucro, como queda de relieve por los hechos de las colegiaturas caras y otras cuotas que se cobran y por los bajos sueldos que frecuentemente se pagan a los profesores. Por otra parte, las cuotas a que nos referimos son no solamente libres, sino arbitrariamente fijadas por las instituciones particulares, contrariando en este punto los más elementales principios que rigen la prestación de servicios públicos por aquellos. Pues no debe perderse de vista que el servicio público prestado por los particulares sigue siendo servicio público y como tal, atribución del Estado. De aquí que éste no pueda renunciar jamás al ejercicio de ciertas facultades relativas y entre ellas, muy destacadamente la de vigilancia y la de fijación de tarifas.

Esto lo vemos a diario, cuando los particulares tienen a su cargo, por ejemplo, los servicios de transporte, de suministro de energía eléctrica, de telecomunicaciones, etc. Sin embargo, no ocurre lo mismo en el caso que nos ocupa, a pesar de la jerarquía moral y social del interés a proteger;

V. Ahora bien, es claro que si la colaboración de los particulares en un determinado campo de los servicios públicos es deseable o simplemente admisible, la fijación de tarifas no puede ser un acto arbitrario del Estado, y no lo es en los casos que citamos por vía de ejemplo. El señalamiento de una tarifa debe tomar en cuenta el justo interés del particular, no por sí mismo, sino por cuanto tiene la significación de un medio para satisfacer una necesidad general. Mas si por el contrario, es aquél quien fija las cuotas en vista exclusivamente de su propio interés, el de carácter colectivo resultará lesionado casi seguramente.

Esto es lo que ocurre ya en numerosos casos de que los suscritos tenemos conocimiento. Se afectan así, de modo muy enérgico intereses de un amplio sector del pueblo mexicano, no por cierto perteneciente a las clases más devalidas en lo económico, pero sí a ciertas capas populares que, por razones cuyo análisis no procede hacer aquí, demandan el servicio en los planteles no oficiales.

Para ilustrar esta afirmación baste decir que solamente incorporados a la Secretaría de Educación Pública existen en el país 2,833 escuelas, de las cuales 567 funcionan en el Distrito Federal; los alumnos inscritos son 608,606, de los que 135,471 corresponde al Distrito Federal. A estas cifras es preciso agregar el número de escuelas particulares incorporadas a los sistemas educativos estatales.

Estos datos bastan para apreciar las dimensiones del problema y para justificar las quejas que hemos recibido de numerosos ciudadanos, así como esta promoción.

Es de justicia reconocer aquí que la obra educativa en cuya realización se esfuerzan el pueblo y el Gobierno de México, se ve complementada con la muy valiosa aportación de aquellos particulares que cumplen con nuestras leyes e imparten educación cobrando cuotas moderadas como ocurre en muchos municipios y colonias semiproletarias de las grandes ciudades.

Al hacer este reconocimiento expreso, queremos enfatizar que en modo alguno se pretende obstaculizar su actividad. Todo lo contrario: la estimamos de gran valor social y creemos debe ser estimulada, por lo que formulamos al final una concreta proposición al respecto.

Lo que motiva nuestra instancia es el hecho notorio de que haya un espíritu de lucro excesivo en muchas instituciones educativas particulares, que llegan hasta el abuso al llevar a cabo su labor con una idea puramente mercantilista, causando con ello un grave daño al interés general, inclusive al muy legítimo de aquellos particulares que trabajan en la educación con un sentido de servicio social. Entre estos últimos merecedores de todo estímulo, cabe destacar las escuelas por cooperación y aquéllas que de las cuotas percibidas por concepto de colegiaturas, sostienen otras escuelas o grupos escolares.

Es menester hacer notar que la mayoría de los casos de cobros abusivos se presentan en las grandes ciudades, como México, Guadalajara, Monterrey, Juárez, Puebla, León y algunas otras; en cambio, en pequeñas comunidades o en las colonias semiproletarias de los grandes centros de población, es frecuente que las escuelas particulares desarrollen una importante labor social y alivien el problema de cupo en los planteles oficiales, y

VI. La cuestión que hemos planteado amerita, en nuestra opinión, una inmediata intervención del Estado, en este caso a través de las Secretarías de

Educación y de Industrias y Comercio las cuales, con fundamento en lo dispuesto por la fracción IV, del artículo 8o. de la Ley Orgánica de Secretarías de Estado, podrían tomar medidas en dos diversos sentidos: una de carácter provisional, para evitar el alza indebida de las cuotas - que son el precio que el público paga por un servicio -, y otra de carácter definitivo para que después de los necesarios estudios, se establezcan tarifas máximas conforme a las cuales cobren el servicio los particulares que impartan educación en los siguientes niveles y tipos: preescolar, primaria, secundaria, normal y en la de cualquier grado o tipo destinada a obreros y campesinos, todo ello según los términos de la fracción II, del artículo 3o. constitucional.

Si hay control oficial en los precios de ciertos artículos y servicios ¿por qué ésta tan especialmente importante ha de funcionar de modo anárquico e irrestricto?

Con fundamento en las anteriores consideraciones y en las disposiciones de ley que se citaron, concretamos nuestra proposición en estos términos:

Primero. Que la H. Cámara de Diputados formule una instancia ante las Secretarías de Educación Pública y de Industria y Comercio a fin de que tomen las medidas siguientes:

a) Que provisionalmente, pero con carácter urgente, se prohiba la elevación para el período lectivo de 1965, tanto en las escuelas de calendario "A" como en las de calendario "B", de las cuotas que rigieron durante 1964 en los planteles particulares que imparten los grados y tipos de enseñanza especificados en la fracción II, del artículo 3o. constitucional.

b) Que se prevean excepciones para los casos de comprobada necesidad, como podrían ser las escuelas de modestos recursos, que obviamente contribuyen a la función social educativa.

c) Que las citadas dependencias, oyendo a los interesados (padres de familia y particulares que imparten la educación) procedan a elaborar los estudios necesarios para fijar las tarifas máximas a las cuales debe sujetarse la prestación por particulares del servicio público de educación en los grados y tipos establecidos por el citado precepto constitucional, según las características técnicas y materiales de cada plantel y las condiciones económicas de la comunidad en que funcione.

d) Que se establezca expresamente en favor de los particulares inconformes con las tarifas definitivas, la posibilidad de ocurrir ante el órgano correspondiente pidiendo la reconsideración del acto, en cuanto les afecte.

Segundo. Que las Comisiones unidas Primera y Segunda de Educación, ocurran ante las repetidas Secretarías de Estado, amplíen si es necesario los puntos de vista antes expuestos y tengan contacto permanente en relación con este problema.

México, D. F., a 27 de octubre de 1964. - Angel Rodríguez Solórzano. - Saúl González Herrera. - Aurora Navia Millán. - Lauro Rendón Valdez. - Enrique W. Sánchez G. - Manuel Contreras C. - Enrique González Vargas. - Mauro Berrueto Ramón. Juan Moisés Calleja García. - Marta Andrade de Del Rosal. - Fabio Espinosa Granados. - Fidelia Sánchez de M."..

El C. Rodríguez Solórzano, Ángel: Señor Presidente: tomando en cuenta la importancia de este asunto y el abuso a que se ha llegado, quiero pedir a su señoría que considere de obvia resolución el trámite de este asunto.

El C. Vicencio Tovar, Carlos: Pido la palabra para oponerme al trámite solicitado por el diputado, si se me permite.

El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado Vicencio Tovar.

El C. Vicencio Tovar, Carlos: Señor Presidente, señores diputados: hemos escuchado con detenimiento y con interés los argumentos en que los autores de la proposición tratan de fundarla, y debo decir que participamos sinceramente de la preocupación que alientan en esas páginas que nos han leído, porque participan también de esa preocupación la mayor parte de los aquí presentes, la mayor parte de los representantes de los partidos políticos nacionales y de sus militantes, y la mayor parte del pueblo de México, porque ciertamente es la educación el mayor bien que el hombre puede recibir, en tanto que es la nación la que tiene obligación de hacer llegar al pueblo esa educación; es el Gobierno, son los particulares, es la nación total la que tiene obligación de hacer llegar al pueblo este magnífico bien, el conjunto de la cultura, el único capaz, en el orden espiritual y en el orden material, de hacer más rico a cada mexicano y a la nación entera.

No podemos ser ajenos a esa preocupación. Estamos convencidos de que es necesario que ese magnífico bien de la cultura llegue, sin cortapisas, a cada uno de los mexicanos. Estamos perfectamente convencidos también, de que la carrera demográfica que con frecuencia pone en aprietos los esfuerzos que el Gobierno y los particulares hacen para solucionar el problema educativo, constituye un problema frente a todo Presupuesto en el orden nacional que al efecto pueda realizarse, también estamos convencidos de que pertenecemos a un pueblo en que el ingreso "per cápita" es muy bajo en relación con el que otros países tienen. Estamos perfectamente convencidos de que un pueblo que tiene un bajo nivel "per cápita" requiere de una educación a la medida de sus posibilidades; pero estar convencidos de esa situación no es estar convencidos de un obvio trámite a una proposición de esta naturaleza. Estamos convencidos del pueblo; pero no estamos convencidos de que sea obvia la resolución que a esta proposición pueda darse; de ninguna manera, porque obvio es aquello que está claro frente al observador. Es un asunto que, por conocido, requiere mayores explicaciones; es la prístina claridad que lleva al entendimiento la convicción de lo que se tiene enfrente. No es este caso. ¿Se ha pensado si esa congelación de las cuotas no fuera a dar lugar, en algunos casos, abusivos, que los hay, de multiplicar las prestaciones, los accesorios, haciendo negativa, haciendo negatoria esta disposición, y entonces solamente aquellos que tuvieran la posibilidad de ceder a esas prestaciones saldrían beneficiados, y perjudicados aquéllos a quienes se trata de beneficiar? ¿Se ha pensado en que muchos de esos colegios cobran cuotas de diez o veinte pesos mensuales? ¿Se ha pensado en que una congelación de esa naturaleza probablemente impedirá que se siguiera

prestando ese magnífico servicio de gran calidad social? ¿ Se ha pensado en muchas otras cosas?

Se ha dicho en el inciso b), me parece, en donde se habla de los casos de excepción y se nos dice que en la provincia existen más de dos mil escuelas particulares y que son más de quinientas en el Distrito Federal.

En otra parte de esa exposición se dice que en las grandes ciudades el problema es mayor que en las provincias. En consecuencia, es lógico que son mucho más las escuelas alejadas de las grandes ciudades que con cuotas módicas están dando ese servicio de orden social. ¿Se ha pensado en que más valiera prohibir definitivamente, mediante ayudas de parte del Estado a aquéllos que se acogieran a las buenas leyes del Estado, para que se diera al pueblo un servicio gratuito sin andar con congelaciones de rentas¿ Quiero creer que los autores de la iniciativa, que para ellos sí es de obvia resolución, porque debo creer que ha precedido un período de reflexión sincera y patriótica para proponer esta medida que acabamos de escuchar; pero, señores diputados, este es un cuerpo colegiado y por muy respetables que sean los señores de la iniciativa, son una pequeñísima minoría, y no se puede pretender que todos los presentes, con una rápida lectura de un proyecto, tengamos el conocimiento necesario para que podamos afirmar que es de obvia resolución. Se me dirá: pero ustedes olvidan que es de urgente resolución. En eso sí estamos absolutamente de acuerdo, señores diputados. Este asunto es de urgentísima resolución, porque es importante, porque de tal manera afecta a la naturaleza de la nación y a las posibilidades de su desenvolvimiento, que debemos verlo como uno de los problemas de más importancia con los cuales tenemos que enfrentarnos, porque no puede haber ningún problema intranscendente para el cual se requiera o se exija una urgente resolución. Es urgente, porque es importante, y lo intranscendente no requiere urgencia en su solución. Estamos convencidos de su importancia; estamos plenamente convencidos de la gran importancia que para los demás problemas nacionales tiene la solución del problema educativo; pero precisamente porque estamos obligados a no desperdiciar la oportunidad de una solución más eficaz a problemas de esa naturaleza, por eso no creo que debemos englobar o debemos hacer llegar el espíritu que en el reglamento se establece, con el objetivo de urgente, para aplicarlo al caso que tenemos a discusión.

Estamos plenamente convencidos de la importancia, porque ya lo dije - y ahora lo repito - El hacer llegar al pueblo los bienes de la cultura, significa hacer llegar a este pueblo las posibilidades de una mayor riqueza en lo espiritual y en lo material. Creo que debemos ser más respetuosos con aquellos aspectos que de manera más importante afectan al contenido mismo de nuestra patria.

Nuestra patria no es un solar abandonado a donde impunemente vayamos o tengamos la posibilidad de hacer unos cuantos experimentos que puedan resultar bien; nuestra patria no es este solar para hacer experimentos: es la tumba de nuestros antepasados; es la cuna de nuestros hijos; pero esta tumba alienta un espíritu, alienta la esperanza de los mexicanos, su esfuerzo, para encontrar y alcanzar los altos destinos a los que seguramente están encaminados por su naturaleza misma de seres humanos y de mexicanos, y creo sinceramente que no tenemos el derecho de comprometer una solución simplemente para darle trámite rápido a una proposición.

Por otro lado, creo que no estoy perdiendo el tiempo al exponer las ideas como lo estoy haciendo en este momento. Sinceramente creo que estoy haciendo un llamado al sentido no de responsabilidad, que debo creer sinceramente que todos tenemos, y por eso estamos aquí, pero la capacidad de juicio a una moderación en nuestra actitud derivada de la reflexión, necesitamos pensar que una determinación de esta naturaleza por urgente es importante y no podemos comprometerla en su solución.

Sinceramente también creo que lo que estoy pidiendo, es decir, que el Congreso se aboque de una manera reflexiva a resolver problemas de esta naturaleza; ya está implícito en el deseo de los que han votado por nosotros en Acción Nacional y de los que han votado por ustedes en el Partido Revolucionario Institucional y en los demás partidos nacionales porque es un clamor y una esperanza del pueblo de México que queden atrás los días de la improvisación, que queden atrás aquellos días negros en que un momento de pasión o un momento de brillantes ideas despeñada con frecuencia al país por senderos para los cuales la victoria no se hizo. En consecuencia, precisamente porque es el deseo de sus propios electores, porque en el Congreso espera la nación entera la reflexión en las determinaciones de fondo que habrán de tomar. Por eso estoy haciendo a ustedes, señores diputados, ese llamado; espero fundadamente que se escuchen y se pesen en el fiel de la balanza los argumentos que simplemente en contra de un trámite y de ninguna manera en contra de la solución de un problema he expresado. Está implícito, como digo, en la esperanza del pueblo de México y al hacer a ustedes un llamado para que con reflexión, mediante la posibilidad de que las Comisiones se aboquen al estudio reflexivo de un problema de esa naturaleza, estoy simplemente haciendo un llamado a que el mayor número de mentes, de capacidades nos ayuden y todos en conjunto sentemos las bases definitivas de la resolución de un problema de esta envergadura.

El C. secretario González Sáenz, Leopoldo: Honorable Asamblea: existen dos proposiciones contradictorias, una formulada por uno de los diputados firmantes de la iniciativa que solicita que el asunto se considera de obvia y urgente resolución. La otra del diputado del Partido Acción Nacional que acaba de hacer uso de la palabra oponiéndose al trámite. Por acuerdo de la Presidencia se va a pasar a votación. Se pregunta a la Asamblea si considera este asunto de obvia e ingente resolución. Los que estén de acuerdo, sírvanse indicar y levantar la mano. Se considera de obvia e ingente resolución. En consecuencia, está a discusión este asunto.

El C. Rosillo Pacheco, Antonio: Pido la palabra en contra.

El C. Presidente: Se abre el registro de oradores. Tiene la palabra el diputado Antonio Rosillo Pacheco.

El C. Rosillo Pacheco, Antonio: Honorable Mesa Directiva; señores diputados: al igual que el compañero diputado que me antecedió en la tribuna, quiero insistir que de ninguna manera estamos en contra de la sincera preocupación que se alienta en el dictamen, la proposición que me permito aportar.

No estamos en contra de esa aspiración sincera de que el pueblo mexicano pueda disfrutar de educación gratuita que proporciona el Estado, sino de la que proporcionan las escuelas particulares; pero con todo respeto que merecen los señores autores de la proposición creo que en ninguna forma en tal proporción, se puedan fundar consecuencias tan graves y tan delicadas proporciones tan contradictorias para el efecto que se propone, como la de congelar las colegiaturas como medida urgente e inmediata y la de hacer posteriormente una de tarifas para la enseñanza rural.

Afirmo que existe una contradicción intrínseca en el cuerpo de la proposición porque se reconoce expresamente la valiosísima colaboración que presta la iniciativa privada en el ramo de educación pública al afirmar que solamente al Régimen Federal se encuentran incorporadas 2,833 escuelas particulares, sin contar en estas las que se encuentran incorporadas al régimen de los Estados. Se reconoce también en ese mismo dictamen, aunque no se citan porcentajes, que de estas 2,833 escuelas solamente un 20% se encuentra establecido en el Distrito Federal; que el resto, el 80% casi exactamente, se encuentra en las capitales de provincia y pequeños poblados del territorio nacional.

Se reconoce también en el dictamen que una inmensa mayoría de las escuelas particulares cobran cuotas sumamente moderadas, que inclusive las del Distrito Federal ubicadas en zonas de menores recursos económicos de la ciudad se cobran cuotas también sumamente moderadas. Esto tal parece que para establecer medidas restrictivas como la congelación y la retabulación de tarifas es un reconocimiento expreso de las labores desinteresadas de las escuelas particulares. ¿Por que? Porque en este 20% minoritario de las escuelas particulares, que dentro de este 20% una gran parte de ellas cobran cuotas sumamente moderadas, con mucha mayor razón y abundancia de razones debe superarse en todas las escuelas privadas que están establecidas ha todo lo alto y ancho del territorio nacional, sus cuotas tienen que ser aún mucho más moderadas proporcionalmente.

Tal parece que de este presupuesto no puede concluirse restricciones de carácter económico, las que se pretenden establecer, sino en todo caso, la necesidad alentar este encomiable esfuerzo de la iniciativa privada mediante la creación de cuotas onerosas.

Pero hay cuestiones todavía de mucho más fondo. Quiero suponer que efectivamente hay instituciones educativas que cobran cuotas altas. En primer término, una cuota alta no es necesaria porque, aunque no se dicen cifras, en el dictamen se reconoce implícitamente que las cuotas que se cobran en colegios particulares oscilan de cifras pequeñas hasta cifras de cierta importancia.

Por la misma importancia de suposiciones que se toma la iniciativa o la proposición, yo quiero suponer que las cuotas de los colegios particulares oscilan desde un mínimo se $5.00 hasta un máximo de $150.00. Consideramos este máximo para todos los grados de educación a que se ha referido la proposición tanto para instrucción primaria como para educación secundaria.

Ahora bien, dentro de este máximo y de este mínimo, ¿cuál es la cuota mínima y cual es la cuota excesiva? Nos encontramos con que éste es un concepto relativo. El que pague $25.00 se puede considerar, si se compara con el que paga $5.00, que su cuota es excesiva. Es un concepto totalmente relativo. ¿Por qué? Porque hay una cosa fundamental y eso revela, con perdón de los señores autores de la proposición justamente esa falta de reflexión, este tipo de proposición que se hace, en que se considera la educación, el aspecto cuantitativo, pero se ignora el aspecto cualitativo.

Si por la cuota de $150.00 se da - asta donde un servicio puede ser producido en cifras económicas -, un servicio educativo en su calidad intrínseca, en servicios complementarios, estamos ciertamente frente a una cuota alta, pero no frente a una cuota intrínsecamente onerosa.

Tácitamente se reconoce que existen colegios particulares cuyas cuotas no son solamente bajas, sino que calificaríamos de irrisorias; la explicación de la existencia de estas instituciones, que en el orden económico resultan un milagro, un absurdo si se quiere, no tiene más explicación posible que el magisterio lo hace prácticamente por un espíritu absoluto de desinterés, con patriotismo acendrado, pero nunca con el propósito siquiera de subsistir.

Así pues, la proposición en ninguna forma nos da un criterio para calificar cuándo una cuota debe considerarse onerosa y cuándo una cuota debe considerarse consecuentemente injusta, porque aunque no habla de cuotas injustas, sí el propósito es congelarlas, es porque se estima que esas cuotas son intrínsecamente injustas, y que el servicio que se da está desproporcionado al costo de ese servicio.

Pero hay algo más. Vuelvo a repetir que el porcentaje de colegios particulares - y esto sí se desprende de la exposición numérica que nos proporciona la proposición -, es inmensamente mayor el que se encuentra entre los márgenes de las cuotas moderadas que el que, en todo caso, se encuentra dentro del margen de las cuotas excesivas, y, por lo mismo, resulta notoriamente injusta la medida de la congelación, porque se aplica para tratar de resolver un problema que yo me abstengo de calificar si es justo o injusto, de un número reducido de instituciones privadas.

De tal manera que la proposición dará resultados absolutamente contraproducentes. Supongamos que esas instituciones privadas que son las muchas que están en todo el ancho del territorio nacional. En nuestros municipios rurales tienen necesidad de un pequeño ajuste de $3.00 ó $ 4.00 de ajuste en la cuota mensual, frente a esa medida le sería imposible aplicar ese aumento, que seguramente los padres aceptarían y que no les causarían ningún perjuicio.

Entonces eso afectaría mucho más grandemente a la escuela particular de tipo popular; que a las escuelas particulares que son muchísimas menos, que puedan estar establecidas en zonas, en regiones residenciales privilegiadas de las grandes ciudades del país.

Por otra parte la excesiva aclaración de la proposición confunde grados de educaciones, como son la primaria, la secundaria, normal, la comercial, y otras de otro tipo.

Las equipara absolutamente a una misma situación económica. Esto viene a cuento a propósito también de la proposición complementaria como medida definitiva de que la Secretaría del ramo, en colaboración con otras que corresponden, tabule de una manera rígida las cuotas de las colegiaturas.

Lo cierto es que aún ahora no existen elementos en México, los suficientes elementos para fijar con toda precisión la cuota tipo del costo de educación en sus diversas ramas.

Y sabemos por experiencia, todos los que de alguna manera han participado en la actividad educativa, que en la medida en que se quiera simplificar el aspecto cualitativo de la educación, hace mucho más complejo el problema para calcular esta cuota de educación.

Esto es tan objetivo y tan real, que en el mes de marzo del año 1962, en una reunión celebrada en Santiago de Chile, el gobierno de México, a través de sus mejores, más altos representativos en materia educativa, su Secretario y Subsecretario de Educación, reconocieron ampliamente, categóricamente, que hoy por hoy en México no existen los recursos, los elementos de cálculos necesarios para calcular la cuota tipo de educación.

Por lo demás esas mismas cifras de dictamen, que en forma incongruente parece que pretenden ser fundamentales para fundar la intervención del Estado en esta materia, lo único que hacen es poner de relieve la importantísima cooperación de la iniciativa privada y más bien que la conclusión de congelar, de obstruir, de obstruccionar, de crear confusiones a este campo de la educación privada,parecería que la conjunción lógica sería por lo contrario de acrecentarla y no de medidas que podrían crear confusión en la opinión pública y particularmente en los medios educativos de la iniciativa privada y que no harían más que retraer el esfuerzo y la iniciativa para seguir multiplicando éstas.

De tal manera que tengo la plena convicción de que tal medida sería contraproducente, la fijación de tabulador sería tan laboriosa por la carencia de recursos.

Puedo asegurarles a ustedes, por la experiencia que tenemos en casi todos los planos de los precios tope, advirtiendo que esta mercancía sui generis y perdónenme el desacato, mala mercancía de la educación, tiene características distintas que el maíz y la manteca, pero supongamos que fue posible en un plazo corto llegar a la fijación de estas cuotas tipo en un plazo efectivamente corto, llegar a la fijación de estas cuotas tipo, tengo la convicción y la seguridad de que las circunstancias sociales y el desarrollo socioeconómico de México habrían hecho ya inoperantes esas cuotas para el momento en que se hicieran públicas.

De tal manera que también juzgo que es impráctico e irrealizable este procedimiento. ¿Por qué? Porque se reconoce que en muchas regiones del país la educación privada, particular es casi gratuita por la concurrencia de factores que no viene al caso analizar; pero porque así lo han querido y lo han propuesto quienes imparten esa educación. ¿Qué se va a resolver con cuotas artificiales de colegiaturas mensuales?

Por último, señores, para concluir, sí estoy de acuerdo totalmente - es algo que es indiscutible - en que la educación es un servicio público. Pero quizás la calificación más precisa, más justa en esta materia sea la que nos da la Ley Orgánica de la Educación, en este punto. Nos dice que la educación es de interés público. Claro que ambos conceptos están muy íntimamente ligados, pero como de interés público, tiene un sentido más universal para abarcar y comprender este servicio público sui generis en la que concurre el hombre en el ejercicio de un derecho de participar en la cultura; y en la que concurre también otros hombres en el ejercicio del deber, y también del derecho de enseñar. Máxime que la educación - y esto lo comprenden todos - no tengo necesidad de advertirlo, trasciende y va más allá de los logros puramente escolares: educa el que escribe; educa el que habla, educa, en general, aquel que expresa con sinceridad su pensamiento, y expresa con sinceridad y con convicción su propia verdad.

Para concluir estas consideraciones, quiero afirmar que en mi concepto de modesto abogado, hoy por hoy no existen los fundamentos legales en leyes positivas para que el Estado funde su intervención para congelar o para tabular las colegiaturas.

En el dictamen se invoca la fracción IV del artículo 8o. de la Ley Orgánica de las Secretarías de Estado. Este artículo se refiere a la Secretaría de Industria y Comercio, y más o menos en esta fracción nos dice que la Secretaría de Industria y Comercio tiene la facultad de fijar precios tope a aquellas mercancías que están íntimamente ligadas con las necesidades fundamentales del hombre, así como los servicios. Pero si se lee con cuidado la fracción, y sobre todo con el contexto del resto del artículo, se llega notoriamente a la conclusión evidente, a la conclusión necesaria de que se trata solamente de servicios de índole principalmente material, que van a satisfacer principalmente necesidades materiales, cuyos satisfactores serán proporcionados por una actividad comercial o de tipo industrial.

En cambio en el articulado de esta misma ley que se refiere a la Secretaría de Educación Pública, no se hace ninguna referencia, como facultad a esta dependencia, la de fijar o tabular las cuotas de los colegios particulares.

Por último, es más, en la Ley orgánica de la Educación Pública, se habla concretamente de que la Secretaría de Educación está obligada a fomentar y a subsidiar inclusive la actividad de las escuelas particulares, de acuerdo con los servicios que éstas presenten. Y como única obligación o intervención de tipo económico concreto, señala que la Secretaría de Educación Pública proporcionará del peculio del Estado, del peculio del erario nacional, becas para educandos en instituciones de carácter privado.

No hay, en mi manera de ver, ninguna disposición de derecho positivo que de una manera indiscutible y evidente pudiera fundar el derecho del Estado

para intervenir con la emergencia que se propone en esta materia tan delicada que, vuelvo a insistir, crearía tal confusión en todas las cuestiones escolares, que nos enfrentaríamos a una retracción de este servicio. Y lo que el país necesita para aumentar y para enfrentar situaciones demográficas. No son medidas que restrinjan esta actividad, sino que la protegen.

Para concluir, señores, para no abusar de su benévola atención, con todo respeto me permito suplicar a ustedes que se sirvan reflexionar la proposición. Esto no quiere decir que esta sana inquietud sea mala; pero con la debida documentación, con conocimiento profundo del problema, nos enfoquemos a él con calma y con serenidad. (Aplausos.)

El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado Ángel Rodríguez Solórzano.

El C. Rodríguez Solórzano, Ángel: Señor Presidente, señores diputados: como Presidente de la Primera Comisión de Educación, me tocó participar en la redacción de la ponencia que ha sido sometida a vuestra soberanía.

No es el resultado de un impulso de ayer o de hoy: es el resultado de las múltiples peticiones que a los diputados del Partido Revolucionario Institucional hizo la gente o los ciudadanos de los grandes centros urbanos de la República. Es un clamor nacional contra las cuotas elevadas, no contra las cuotas bajas que cobran algunas instituciones que se dedican a la educación en el país.

Quiero, aunque sea por brevísimo tiempo, hacer referencia a la tesis general que en materia educativa ha privado en México. El padre Hidalgo enseñaba gratuitamente a los indios en la parroquia que todos ustedes conocen. Acabamos de regresar hace unos cuantos días de Apatzingán, en donde rendimos homenaje a Morelos, a don José María Liceaga y otros próceres de la Independencia, y estudiando el artículo 39 de ese Código, ya para nosotros venerable, encontramos que establecía que la instrucción como necesaria en todos los ciudadanos, debe ser favorecida por la sociedad con todo su poder. Eso decía Morelos: que la educación debe ser favorecida por la sociedad con todo su poder, y Melchor Ocampo hablaba de que la educación debe ser laica y gratuita y con la conciencia, libre el comercio y el tránsito. Y siendo Martínez de Castro Ministro de Justicia, en la Ley de 1867 previno que la educación debería de ser gratuita.

Muchos planes revolucionarios recuerdan el plan en que participó Antonio Villarreal. Hablaba como una futura conquista del pueblo, de la Revolución, como una meta, de la educación gratuita.

El Constituyente de Querétaro, en su artículo 3o. constitucional establece la educación gratuita. Podríamos mencionar a grandes pedagogos y personas que han luchado en esta importante función social, humana por excelencia, y llegamos a la conclusión de que la tesis de la patria ha sido que este servicio sea gratuito.

El Estado no puede cubrir toda la educación, es cierto; eso lo aceptamos; por eso ya no subsidia a los particulares; pero dado que se trata de un servicio gratuito que imparte el Estado, el particular, cuando colabora para prestar ese servicio, debe actuar con esa mente, con ese espíritu de sacrificio, no con espíritu mercantilista como desgraciadamente hemos visto en los últimos años.

Y voy a referirme con todo respeto al señor licenciado Rosillo, a algunos de sus conceptos: no existe contradicción en la ponencia que se ha presentado; está perfectamente fundada; contiene algunos considerandos, en algunos de los cuales ustedes están de acuerdo, al estimar que la educación es un servicio público. En eso coincidimos y tenemos que coincidir también que es un servicio público; que el Estado ha querido que se imparta gratuitamente; pero tenemos que coincidir en que el particular debe actuar con ese espíritu de sacrificio que el Estado ha asumido.

En los dos primeros considerandos, nos referimos a la educación como servicio público. En el segundo hablamos de la obra de la educación mexicana. Dedicamos un párrafo especial al régimen actual del Presidente López Mateos. Alabamos a los colegios particulares, porque alabamos la colaboración de los colegios particulares, porque no vamos a decir mentiras, no vamos a subestimar el aporte de muchos millones de pesos que hace el sector privado a través de los colegios particulares; queremos evitar el abuso y queremos dar protección a los colegios económicamente débiles; queremos evitar el abuso de los económicamente fuertes.

En el apartado cuarto se habla de las exenciones de impuestos, y de que al amparo de esa política se han multiplicado las instituciones culturales, de la iniciativa privada en México. Pero sí decimos que la fijación de tarifas no es un acto arbitrario, y no lo es en ninguno de los casos de servicio público; se trata del abuso del particular. El hombre abusa por su propia naturaleza egoísta, y queremos evitar el abuso. Y, sinceramente, una tarifa debe tomar el interés del particular, debe tomar el interés del maestro que sirve en instituciones privadas; debe tomar en cuenta otros factores. Y sí queremos enfatizar, como lo hacemos, que no queremos obstaculizar en manera alguna la actitud de los particulares; queremos establecer una corriente de comprensión entre la iniciativa privada y el poder público en este problema.

No es posible que en pleno siglo XX, a la hora en que el hombre le niega al Estado la facultad de intervenir en la fijación de tarifas para la educación que imparten los particulares.

En la parte final puntualizamos que se prevean los casos de excepción, señor diputado Rosillo, que se prevean para los casos de comprobada necesidad, de excepciones para los casos de comprobada necesidad, como podrían ser las escuelas de modestos recursos, que obviamente contribuyen a la función educativa. Hablamos también que la Secretaría de Industria y Comercio consultando con la de Educación Pública y oyendo a los interesados, padres de familia particulares, proceda a elaborar los estudios para fijar las tarifas mínimas, a las cuales debe sujetarse la prestación por particulares de servicio público, en educación de grados y tipos establecidos por ese precepto constitucional, según las características técnicas y materiales de cada

plantel y las condiciones económicas de la comunidad e instituciones. Tomamos en cuenta todos esos factores y queda rebatido el argumento del licenciado Rosillo.

Pero aún más, señor licenciado, hemos respetado la garantía de audiencia y establecido expresamente en favor de los particulares inconformes con las tarifas definitivas, la posibilidad de ocurrir ante el órgano correspondiente pidiendo la reconciliación del acto en cuanto les afecte. Y una misión permanente de vigilancia por parte de la Cámara, que las Comisiones unidas Primera y Segunda de Educación ocurran ante las indicadas Secretarías de Estado, amplíen los puntos de vista antes expuestos y tengan contacto continuo en relación con este problema.

Está perfectamente claro que la objeción del señor licenciado Rosillo no tiene fundamento. Se hablaba, cuando el señor diputado por Acción Nacional, que habló al principio, de que no era una medida urgente, yo creo que no hay tema de educación que no sea urgente, que no sea de apremiante conocimiento por parte de este Congreso, por parte de este parlamento.

Un argumento que al parecer puede representar alguna importancia en la exposición del señor licenciado Rosillo, es la negación que hace a la competencia de la Secretaría de Economía Nacional para conocer de este problema.

La Secretaría de Industria y Comercio tiene múltiples funciones - yo sí tengo muy gravado el concepto de Economía Nacional -, interviene en la producción, distribución y consumo, cuando afectan la economía general del país. Por lo que se refiere a la distribución y consumo de los productos ganaderos y forestales coopera con la Secretaría de Agricultura y Ganadería; fomenta conjuntamente con la Secretaría de Relaciones Exteriores el comercio exterior del país, estudia proyectos y determina, en consulta con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los aranceles; interviene conjuntamente con la Secretaría de Gobernación en la Industria Cinematográfica.

Yo pregunto a los diputados de Acción Nacional ¿por qué no ha intervenido, en colaboración con la Secretaría de Educación Pública, en la fijación de las cuotas que las instituciones particulares cobran por servicio tan importante como es el de la educación y no sólo en la determinación de las tarifas, sino en la vigilancia para que no se aumenten?

Vamos a suponer, sin aceptar, que Industria y Comercio no fuera competente. Señores diputados, yo prefiero que el pueblo, en esta Asamblea de sus representantes auténticos, que somos nosotros, salga victorioso en esta lucha, poniendo fin al abuso y al egoísmo que desgraciadamente privan en un sector de la iniciativa privada y se dedican a la enseñanza como negocio y que la ha convertido en artículo de lujo, según lo expresa el señor diputado, y que so pretexto de una norma no es aplicable, y la Cámara de Diputados no resuelva hoy mismo esta cuestión, eludiendo un problema de palpitante actualidad.

(Una voz en el salón: ¡Esa es demagogia¡

El C. Rodríguez Solórzano, Ángel (continuando): Señor diputado, nosotros somos respetuosos con ustedes, les ruego que sean en igual forma.

Ustedes ven, señores diputados, la forma de combatir una iniciativa justa y humana por parte del señor diputado de Acción Nacional, gritando tal vez para acabarme de poner nervioso, pero no es así, me da más fuerzas para comprender la nobleza, la seriedad y el patriotismo de la idea que hemos expuesto a ustedes. Queremos, señor diputado, acabar con los mercaderes de educación. Si esto aleja capitales, que se vayan de México; los que quieren hacer un lucro indebido de la educación, que es la actividad más noble del hombre. Ruego a ustedes, señores, que apoyen esta proposición, que recuerden sus campañas públicas, su contacto con el pueblo, la confianza que en ustedes depositaron los electores y que éste es el principio de la intervención para regular esta cuestión tan difícil, tan compleja, de las cuotas escolares de parte del Poder Público. No creo que México no tenga técnicos para fijar las cuotas escolares, y en qué poco tiene el señor licenciado Rosillo, y perdonen que suba la voz, a las gentes que trabajan y actúan con Jaime Torres Bodet, que trabajan en el Sindicato Nacional de Maestros, que trabajan en los centros pedagógicos del país y en los centros de cultura de la República. Subestima usted el esfuerzo de nosotros y lo lamento realmente.

En cuanto al señor diputado del PAN le ruego que no vuelva a interrumpir a las gentes que hablan por el bien de México. (Aplausos.)

El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado Miguel Estrada Iturbide.

El C. Estrada Iturbide, Miguel: Señor Presidente: He de comenzar, señores diputados, por felicitarme de los términos en que se viene desarrollando este debate, de la clara, de la evidente preocupación demostrada por quienes han intervenido en él hasta estos momentos, de buscar una solución acertada al que puede calificarse quizá como el problema número uno que confronta la nación mexicana: el problema de la educación mexicana.

Y creo que dentro de este cuadro es indispensable precisar del modo más exacto posible el pensamiento de quienes nos hemos inscrito en contra de esta proposición concreta. Yo quiero recoger algunas de las últimas palabras del señor diputado Rodríguez Solórzano. Estamos en contra de los mercaderes de educación, por supuesto. La educación no es un comercio, es un servicio, uno de los más altos servicios a los que puede consagrarse el hombre; quienes no por interés, sino por vocación, hemos podido contribuir, aunque sea en mínima parte, a resolver el problema educativo de México, no podemos menos que rubricar con toda energía esa condenación, a desvirtuar esa condenación a quienes desvirtúan o pretenden desvirtuar los altos fines del servicio educativo, fines que no se modifican en lo esencial porque la tarea se cumpla por un funcionario público o por un maestro privado. La tarea es la misma. Los fines superiores, los mismos; los requerimientos esenciales, los mismos. Y no desconocemos, señores diputados, que existe un cierto fundamento para estimar que hay instituciones mexicanas, que lamentablemente han desvirtuado sus fines y han tratado de convertir la noble tarea educativa en simple trabajo de lucro.

La educación es una empresa, pero no una empresa económica, y, sin embargo, no podemos dejar de reconocer también que se requieren recursos

económicos y cuantiosísimos para poder prestar con el más desinteresado de los propósitos, inclusive, el servicio educativo.

Precisadas estas ideas básicas, yo quiero añadir que en el problema concluye, se conjuga, se entremezcla una multitud de datos y de elementos que tienen que ser considerados cuidadosamente.

Ciertamente en México y en otras muchas partes, antes y ahora, ¡qué poco se ha estimado la profesión del maestrO! ¡Con qué frecuencia sus servicios son a veces los peor retribuidos! Se requiere vocación genuina, se requiere desinterés a veces heroico para entregarse totalmente a la tarea educativa. ¡Cuántas veces hemos contemplado el espectáculo doloroso de maestros que gastaron su vida al servicio de México - porque México son sus niños y sus jóvenes -, y que llegan a los últimos años en condiciones de miseria total; que mueren olvidados por todos, incluso por aquellos que gracias a las enseñanzas recibidas han alcanzado niveles sociales y económicos superiores.

Y estamos de acuerdo, señores diputados, en que es necesario que la retribución de los maestros sea suficiente y decorosa, y estamos de acuerdo en que hay instituciones privadas en que esas retribuciones son insuficientes e indecorosas. Esas retribuciones insuficientes no siempre obedecen al espíritu de lucro que aquí se ha condenado y cuya condenación yo reitero; obedecen, a veces, a la escasez de recursos de las instituciones privadas que no pueden pagar sueldos mayores.

Piensen ustedes, señores diputados, en que los mismos servidores de Educación Pública han tenido que seguir siendo mejorados paulatinamente en sus emolumentos, y que ha habido largos períodos en que los sueldos de los profesores oficiales, especialmente en ciertas entidades de la República, han sido también notoriamente insuficientes, y no creo que sea por cuestión de lucro del Estado, sino por escasez de recursos de las instituciones.

Pero especialmente hablamos de la enseñanza primaria que es la que, si no me equivoco tienen más a la vista los autores de la iniciativa; pero también hemos juzgado que en los primeros grados de la enseñanza media de cualquier tipo que ésta sea o sean los primeros grados de enseñanza media, de cualquier tipo que ésta sea son los padres de familia los que de un modo u otro afrontan el problema económico de la educación de sus hijos y por supuesto también los otros problemas no de tipo económico, que esta educación plantea.

Y bien, la enseñanza que el Estado imparte es por precepto constitucional gratuita. El propósito que aquí se señalaba, propósito histórico que incluso podríamos remontar bastante atrás del Padre Hidalgo, es la enseñanza gratuita; pero yo pregunto: ¿la enseñanza gratuita es gratuita porque no la paga nadie? Es gratuita porque no la paga directamente el padre de familia de este escolar, de este alumno, pero la pagamos todos los diputados.

El Estado no es productor de riqueza, el Estado lo más que puede hacer es ser un administrador de la riqueza pública.

Entonces yo, perdón por ponerme en primer término, ustedes y yo, señores diputados estamos pagando la educación mexicana, como la está pagando el último contribuyente del último poblado. Es gratuita, insisto, en virtud solamente de que no existe una cuota directa que el padre pague cuando la escuela no cobra. Pero en el fondo los padres de familia y aún aquellos que no lo son, a través de los impuestos estamos sosteniendo la educación pública.

Como todos los demás servicios públicos, como todas las demás tareas, tienen que cumplir el Estado; incluso los empréstitos los pagamos nosotros, porque no puede haber nadie más que eso, porque nadie más los paga, porque nos interesa la deuda pública, porque es nuestra. No nos habrá de interesar como el pagaré que habremos inscrito en alguna institución de crédito.

Siendo así, la diferencia entre la educación gratuita y la no gratuita, es que en el primer caso el padre de familia sólo paga directamente la educación de su hijo; en el segundo caso paga indirectamente la educación de estos muchachos y paga directamente la de sus propios hijos.

Y en ese sentido, señores diputados, no queremos solidarizarnos de ninguna manera con que se eche sobre los hombros de los padres de familia mexicanos, una carga excesiva para el pago de colegiaturas. Yo estoy conforme en que hay que buscar que no haya abuso en esa carga, que pesa ya sobre los padres de familia, primero, en forma indirecta y luego en forma directa. Si ellos envían a sus hijos a instituciones en que hay cuotas escolares, absolutamente de acuerdo.

Se ha hablado aquí del clamor nacional contra las cuotas altas. Con todo respeto yo no lo he oído, tanto así como clamor nacional; no lo he escuchado, me he dado cuenta en las campañas electorales, esas que ustedes recordaban, del clamor terrible de los pequeños poblados mexicanos en que la escuela es un cuarto redondo, casi en ruinas y en que un pobre maestro, con el mejor de sus propósitos, se enfrenta con ciento cuarenta y tantos alumnos.

Puedo citar casos concretos que he visto con mis propios ojos, que he podido comprobar. Esos pequeños poblados rurales, mexicanos, en que frecuentemente la escuela puede albergar a doscientos o trescientos muchachos, cuando hay una población escolar de mil o mil quinientos. Esos pequeños poblados rurales, donde la escuela sólo llega al segundo o tercer grados y quienes quieren seguir estudiando, hay que caminar por caminos, a veces difíciles, para acabar, siquiera el sexto grado de su educación primaria. Todo esto es rigurosamente cierto. Y, ¿por qué existe ese clamor? Yo no creo que tanto contra las cuotas altas, cuanto en relación con la gravedad, la intensidad y la urgencia de nuestro problema educativo. Cualquier asunto que a este problema afecte, reviste ciertamente caracteres de suma importancia en extremo. Quizás el evitar los abusos no sea lo más urgente ni lo más importante. Es debido, es conveniente, pero, ¿será los más urgente y lo más importante realmente? ¿Será ésta la verdadera emergencia frente al problema educativo nacional?

Al fin y al cabo, señores diputados quienes pagan las cuotas altas, por regla general son quienes tienen recursos para pagarlas. Son las cuotas medias, quizás, las que más pesan sobre las clases medias mexicanas. Yo conozco el caso de padres de familia que colocados frente a dos institutos que en materia de calidad educativa pueden considerarse similares,

prefieren el más caro porque es más caro. Del mismo modo que hay señoras que compran en la tienda más cara porque es la más cara; por una etiqueta. Y conozco el argumento casi increíble que ahí me ha dado uno de esos padres de familia: "Es en el colegio caro en donde están los hijos de las gentes que tienen influencia económica y poder político. Mi hijo debe ir ahí porque en el futuro esas relaciones serán las que lo lleven a él a los altos niveles del poder público o de la fuerza económica."

Y conozco el caso todavía más increíble de un padre de familia que grava en hipoteca su casa para tener la reserva necesaria para el pago de las cuotas al mes.

Creo que estamos enfocando mal el problema. Yo estoy de acuerdo en que se combatan los abusos; yo estoy de acuerdo en que se trate en la mejor forma posible de evitar que la educación sea comercio; de que se echen sobre los hombros de los padres de familia cargas innecesarias y excesivas; de que no se retribuya correctamente los servicios de un maestro oficial o privado. De acuerdo, pero esta proposición, señores, ¿Es el camino? Congelar las cuotas por vía de emergencia; todas las cuotas, altas medianas y bajas.

Ya hablaba aquí el señor diputado Rosillo de la relatividad del concepto de alto, mediano o bajo, en este caso. Es evidente que no puede pagar lo mismo en México que en Apatzingán; es evidente que no puede pagarse lo mismo en Monterrey o en Ciudad Juárez que en Tlalnepantla. Tlalnepantla ya casi es el Distrito Federal, pero en fin, en poblados pequeños que todos conocemos, no es posible. Lo que es moderado en México es altísimo en Cojumatlán, Gro., que es mi Estado. Lo que aquí se paga por transporte resultaría insoportable para el presupuesto normal de las familias modestas de nuestras pequeñas poblaciones provincianas.

Y sostengo, y quiero decirlo categóricamente que la inmensa mayoría de los institutos privados de la provincia cobran cuotas realmente bajas. Otra cosa es que haya gentes, padres de familia a quienes una cuota de 30 o 45 pesos en la educación primaria les parezca carísima sin perjuicio de pensar en tener no uno, sino dos o tres automóviles, y de gastar no 30 o 45 pesos, sino 300 o 400 pesos en diversiones, mensualmente. Esa es la realidad. El campo de la congelación, y en esto insisto en el argumento del diputado Rosillo, es quizás el peor camino para resolver el problema que estamos confrontando. No podemos congelar todas las cuotas. A lo sumo podríamos congelar las cuotas de determinada cifra para arriba.

¿Cuál es esa cifra? Yo no lo digo, señores diputados, porque no tengo base para hacerlo.

Se habla aquí de que desconfiamos de la capacidad técnica de los hombres que en México se preocupan por estas cosas.

No, señor diputado, no desconfiamos de la capacidad técnica. Decimos simplemente que no tenemos estudios suficientes; que no se ha investigado bastante para tener los elementos de juicio y no decimos nosotros, señor diputado Rosillo, hablaba en la reunión de Santiago el licenciado Ernesto Enríquez, subsecretario de Educación Pública, en un estudio que podemos leer, y en el que afirmó que no hay en México base todavía para establecer la cuota que significa, para el estado mexicano, el sostenimiento de un alumno de la escuela primaria. Si no tenemos base, ¿cuál es la cifra que podemos fijar?

Yo tengo cierta esperanza de que esta sola intervención, esta sola proposición - y me alegraría mucho de que así fuera - hará reflexionar a quienes cometen abusos; hará pensar a quienes quieren convertir la enseñanza en comercio, la educación en mercancía. Ojalá que éste sea el resultado. Ojalá que reflexionen esas gentes, que no son la mayoría de los directores de los institutos privados, sino una minoría.

Y entonces viene lo otro: las excepciones justificadas; pero, señores diputados, ¿cuánto se ha visto que se establezca una ley general en vista de los casos de minoría, para abrir la puerta de la excepción a los casos de mayoría?.

La proposición reconoce que son pocos, relativamente, los casos de abuso. Entonces, señores, vamos a combatir los casos de abuso; pero no congelemos, no establezcamos un tope impasable para la mayoría de los institutos privados que en muchos casos, con grandes esfuerzos de administración, procurando el máximo de ahorro, van logrando mejorar sus instalaciones; compran hoy un aparato de laboratorio, pensando en que para el año que entran mejorarán, con otro aparato, el laboratorio. Es la realidad de México. No establezcamos la regla general para el caso de excepción y la excepción para el caso de la regla general. Si ustedes aprueban la iniciativa, van a caer en esta - perdónenme - en este absurdo: establecer la regla para la excepción y establecer la excepción para la regla.

Y vamos a los trámites de discusión: se establece tope; se fija el precio máximo, ¿y cómo se va a tramitar la excepción, el alud de excepciones que caerán sobre las secretarías de estado, en el supuesto de que esas secretarías de estado fueran competentes? Yo también dudo de su competencia.

Cuando el señor diputado Rodríguez Solórzano decía que la Secretaría de Economía colabora con Hacienda con Agricultura, con Relaciones, y preguntaba por qué no lo ha de hacer con Educación, la respuesta es simple desde el punto de vista del hecho positivo: porque la ley no lo autoriza. Nada más tramitamos.

¿Cómo vamos a tramitar las excepciones? Yo quiero pensar en algo que es muy grave: en que nuestra excitativa, la excitativa de esta representación nacional, encontrará en el Ministro de Educación o en el Secretario de Educación la objeción practica de decir: tomamos muy en cuenta, señores diputados, su proposición, pero nos van a perdonar que no podamos acatarla en los términos que está prevista, porque creemos que no podemos hacerlo, y tendría derecho y para mí sería justificado.

¿Por qué no buscamos los caminos? ¿Por qué no volvemos esta iniciativa al estudio de las Comisiones? ¿Por qué no tratamos de hallar una vía más clara y más sencilla para fundar este problema de las cuotas altas de un número reducido de escuelas particulares del país? ¿Por qué no tratamos de llevar al convencimiento de todas las gentes, incluso de esos explotadores de la educación, la obligación en que están de entender su tarea como servicio y no como lucro? La congelación es la que nos va a llevar a

esto. Son esas gentes las que mejor buscarán la forma de dar la vuelta para evitar la congelación, porque tienen más recursos que nosotros. Es el caso de los precios "tope" aquí y ahora en cualquier lugar y en cualquier época. La intervención del Estado nadie la discute. Es la forma de la intervención del Estado la que se discute y aquí - perdónenme los autores de la iniciativa y de la proposición - lo que yo objeto es la forma, no es el propósito.

Ojalá, señores diputados, que en esta ocasión se llegue el caso de que serenamente, meditadamente, con sombría preocupación por el interés de México, la mayoría de esta Cámara no quiere seguir ese camino que a mí me parece obviamente equivocado. (Aplausos.)

El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado Raúl González.

El C. González Herrera Raúl: Señor Presidente, señores diputados: este debate que está presenciando la Cámara de Diputados de México, pone de manifiesto muy claramente dos formas opuestas de entender un problema desde la intervención del señor diputado que vino a objetar el trámite, hasta los otros dos diputados, Rosillo y Estrada Iturbide. Se ha acentuado, de parte de la diputación de Acción Nacional, el carácter formal del problema, y a nosotros, por encima de cualquier formalidad, por encima de la redacción de un documento jurídico impecable, nos importa, substancialmente, acudir a un requerimiento muy enérgico. Sí, señor licenciado Estrada Iturbide, un requerimiento muy enérgico de la conciencia nacional a la cual repugna ya esta cosa de las cuotas escolares en muchos de los planteles.

Es cierto, y en esto hemos convenido casi punto por punto, que hay un gran número de instituciones educativas particulares que prestan un verdadero servicio social, que concurren a dar al pueblo de México este servicio esencial para su vida, para su progreso y para su desenvolvimiento con un espíritu de justicia en el cual el propósito mercantilista que quizá quede en segundo término. No es de ellos, de los que se ocupa la iniciativa; no es de ellos de quien se ha tomado en cuenta la proposición. Es precisamente los traficantes de esta necesidad esencial del pueblo de México, de este servicio público, que es la educación, es a ellos a quienes únicamente puede afectar la iniciativa.

Realmente, cuando redactamos esta proposición, las finalidades de ella nos parecían tan diáfanas, tan inobjetables, que un poco nos ha extrañado esta oposición de los señores diputados de Acción Nacional. ¿Cuáles son las finalidades que la proposición se plantea? Una en primer término: reprimir un abuso que es un hecho evidente a los ojos de todo el pueblo mexicano.

Es cierto, como decía el diputado Rodríguez Solórzano, que como diputados, como candidatos del PRI, primeramente, y después como diputados, hemos estado en contacto con todos los interesados en este problema, con padres de familia, con maestros que perciben bajos sueldos, con directores de planteles de enseñanza particular, en los cuales no se abusa con las cuotas, que efectivamente tiene el pueblo mexicano.

Conservándose en esta línea meramente formulista por ejemplo el señor diputado Estrada Iturbide con su reconocida elegancia en la tribuna ha dicho que no está en contra de la intervención del Estado en este asunto, que está en contra de la forma de esa intervención, puesto que se trata de un servicio público, de un concepto que tiene todas las características técnicas del servicio y un servicio público, digamos anormalmente sustraído al control del Estado en este aspecto, por lo menos en el aspecto de tarifas, no puede tener otra forma esta intervención que vigilando la actividad del particular que concurre a la prestación del servicio y vigilándola en todos los aspectos, en el aspecto pedagógico, meramente en el aspecto técnico, en su sujeción a las leyes que rigen el servicio y en las de las tarifas conforme a las cuales éste se presta.

Se ha dicho que la congelación no es la solución del problema, que se trata de una medida de carácter improvisado que vamos a tomar aquí en esta sesión sin reflexión previa; no es un problema, no es una solución tan improvisada, es una resolución urgente, urgente por la magnitud del interés público que se afecta, pero el problema ha ido degenerándose en mucho tiempo atrás, y de mucho tiempo atrás también han venido madurándose las soluciones a él; estamos por impedir de manera inmediata que las cuotas se eleven, pero esta es una medida de carácter provisional, únicamente una medida de carácter provisional. ¿Cuál es el criterio, preguntaba el licenciado Estrada Iturbide, con la cual van a fijarse las cuotas a las cuales habrá de sujetarse la prestación del servicio público por particular? Este es un problema de carácter técnico en el que habrá de atenerse al estudio de la situación de hechos, de la situación real existente en el país al estudio de las posibilidades de cada escuela, de cada plantel o de cada tipo, habida cuenta así de sus condiciones materiales como de la condición cualitativa de su enseñanza como lo quería el señor licenciado Rosillo, diputado de Acción Nacional.

¿Cuál otra va a ser la forma? En que esta representación popular en cumplimiento de un deber de carácter ético - político, lo dice la proposición, plantea aquí lo que es indiscutiblemente una demanda del pueblo mexicano. ¿Qué ha ocurrido alguna catástrofe violenta? ¿Algún cambio radical en la situación económica del país que justifique, que autorice una alza inmediata de las cuotas escolares? ¡No la ha ocurrido!

Es evidente que estas instituciones educativas particulares no han podido mantenerse, sobrevivir, cobrando las cuotas actualmente en vigor, pueden hacerlo mientras esta medida provisional estuviera en vigor y en tanto los organismos calificados para ello toman las medidas de carácter definitivo, conducentes, a la solución de este problema que tan hondo llega al interés más puro del pueblo mexicano.

Ya preveíamos también que quizá en una posición demagógica se amenazaba con que quizá la adopción de medidas como las que se proponen, si la Cámara las aprueba y si la autoridad administrativa las ejecuta, vayan a provocar la expulsión de los particulares que concurren a la prestación del servicio público de educación. Muy reiteradamente nuestra iniciativa dice que deben procurarse estímulos para que aquellos de los particulares que prestan el servicio público en forma realmente satisfactoria para el interés general; pero si a quienes han de expulsar estas

actitudes, estas resoluciones de la Cámara primero, y de la autoridad administrativa después, es a los traficantes, a los comerciantes de la educación pública en México, pues en buena hora.

Es simplemente el propósito de evitar el abuso, es por otra parte, fomentar, como lo ordena efectivamente la Ley Orgánica del artículo 3o. constitucional, la cooperación de los particulares a la satisfacción de una necesidad pública de primer orden, como es este, y es en definitiva colocarnos del lado de los intereses mayoritarios del pueblo mexicano con las finalidades que se persiguen con esta proposición, porque hay que decirlo, esta medida se ubica del lado de los intereses mayoritarios del pueblo mexicano, porque es la mayoría de una clase social numerosa la que paga las cuotas abusivas, excesivamente abusivas, si es que el término admite esta calificación, que fijan muchos colegios particulares, contra los cuales exclusivamente va nuestra acción y resultará, creo que a título de una postura puramente técnica que conviniendo en que el abuso existe, de que es un problema nacional y de que como problema educativo y problema nacional su resolución es urgente; sin embargo, se obstaculiza en la vía de resolución del problema que es la que propone de manera provisional la Comisión que redactó esta proposición, sometida a la consideración de ustedes. (Aplausos.)

Pero además, en nuestra iniciativa nos colocamos del lado del interés mayoritario, si consideramos en relación a los particulares que prestan el servicio público, porque muchos de ellos, los que lo hacen honestamente, sin espíritu de lucro, por lo menos preponderantemente son expulsados con frecuencia del servicio por verdaderas organizaciones comerciales que usan de las técnicas de una empresa mercantil, que emplean inclusive una propaganda ostentosa y que provocan en definitiva la quiebra y la ruina de muchas de estas instituciones particulares que sí prestan un gran servicio público. (Aplausos.)

En la medida en que el abuso se frena, en la medida en que no se permita una arbitraria fijación de cuotas, que muchas veces le estima la calidad de la educación, porque no las escuelas de cuotas más altas son las que proporcionan educación; ciertamente en la medida en que todas estas providencias del poder público mediante la instancia del Poder Legislativo frenan el abuso que existe como un hecho indudable, en esa misma medida puede alentarse y debe alentarse la existencia de modernas y eficaces instituciones particulares que coadyuvan de manera muy importante a la prestación de este servicio público. Nuestra iniciativa está fundada en hechos patentes, palpables en la vida nacional, y está técnicamente fundada también, porque un servicio público por su naturaleza misma tiene que estar regulado por el Estado, no se trata de una simple relación establecida entre dos particulares, no se trata de que la escuela cobre la cuota que a bien tenga, si el particular tiene pagado todo servicio público, debe estar reglamentada, y los señores abogados de Acción Nacional saben perfectamente que la fijación de tarifas es un elemento esencial de la parte reglamentaria de todo servicio público por particular.

En cuanto a la intervención de la Secretaría de Industria y Comercio, desde luego poseemos la convicción de que sí tiene competencia para actuar.

Que sea cualquier dependencia del Ejecutivo, pero que se ponga coto al abuso de los mercaderes de la educación pública que se multiplican por todos los ámbitos del país.

¿Y por qué no intervino la Secretaría de Industria y Comercio en la regulación de tarifas, en la prestación del servicio público? ¿No es un comercio que hacen con la educación aquéllos a quienes va a afectar la congelación de tarifas? ¿Es como lo decía Estrada Iturbide una razón para no abocares al conocimiento del problema, la dificultad que existe para fijar tarifas? No puede ser esto en modo alguno una solución; no es tampoco una medida arbitraria la llamada congelación, porque simplemente hay un dato objetivo e irrefutable que está en vigor: las tarifas conforme a las cuales las escuelas han operado hasta estos momentos.

Y cuando circunstancias de carácter social o de carácter personal que afectan a una institución, o de carácter regional que afecten a un grupo de instituciones lo amerite, lo justifique, entonces que se haga la revisión de tarifas; pero la medida ni es improvisada ni es arbitraria, ni desestima ningunos datos de nuestra realidad económica: Estos datos nos los está proporcionando la propia existencia de escuelas particulares que se han podido sostener con las cuotas que hasta la fecha, que hasta este momento están cobrando.

El caso excepcional sería el de aquellas escuelas que con las tarifas vigentes no pudieran sostenerse, es decir, la institución particular que a la fecha estuviera operando con pérdidas. Este caso es excepcional y no es el caso general; por eso es correcta la previsión de este tipo de excepciones. Esta es la proposición que presentamos a ustedes. Creemos señores diputados, que no podríamos enfrascarnos en una discusión sobre puras formalidades, porque cuando hubiéramos tomado una decisión, ya el modesto obrero, el artesano, el pequeño comerciante, el empleado habrían pagado las cuotas más altas que les fijan arbitrariamente los mercaderes de la educación.

Entonces este es un asunto de resolución urgente.

Así lo consideran los señores de Acción Nacional, pero no quieren que se resuelva con urgencia. No se trata de una medida improvisada, ni se trata de una fijación arbitraria para las escuelas particulares. Esto está determinado con los propios datos que la realidad actual ofrece.

Por esta razón creo que la Cámara debe aprobar la proposición de los señores diputados que integramos la Comisión de Educación. Estamos siendo vigilados por la opinión pública nacional; estamos siendo vigilados como actores de un nuevo período de la vida parlamentaria de México. Estamos en una obligación estrictamente política, de representar los intereses de la mayoría del pueblo mexicano y quienes representan los de los explotadores mexicanos, es un asunto de ellos. Allá ellos. Muchas gracias. (Aplausos.)

El C. Presidente: Tiene la palabra el ciudadano diputado Quiroga.

El C. Quiroga Fernández, Francisco: Señor Presidente, señores diputados: antes de entrar a ver nuestra opiniones, vamos a señalar algunas cosas que anoté de la lectura de la proposición. En ella se dice que hay espíritu de lucro como se comprueba

con las altas cuotas y los bajos salarios de los profesores. No voy a hacer, en este momento, ninguna consideración.

Se habla también, de lo que todos estamos de acuerdo, de que es un servicio público.

Se dice también, en la proposición, que no se defiende a las personas que tienen una magnífica posición económica. Nos dice con esas palabras, porque yo solamente anoté si no a las personas que ciertas capas media y media baja que por razones cuyo análisis no procede hacer aquí prefieren esas escuelas.

Se habló en otra parte que de las cuotas percibidas por concepto de colegiatura, muchas instituciones sostienen otras escuelas o grupos escolares. Y también apuntar que en la proposición se habla de fijación de cuotas para la educación pre - escolar, que a mí personalmente me interesa mucho, pero que no es de enseñanza obligatoria.

Empecemos por decir lo que han dicho todos mis compañeros de partido, que estamos absolutamente de acuerdo en la nobleza de la proposición. Cómo no íbamos a estar, si el que habla, con mayor razón, por un lado ejerzo, he ejercido el magisterio durante muchos años, llevo más de 16 años de ejercer el magisterio, tanto en la escuela oficial como en escuelas particulares.

Por otro lado soy padre de familia y padre de una familia numerosa, a la que quiero educar y a la que tengo en la escuela, y naturalmente he tenido que sufrir en carne propia lo de las cuotas altas como después diré, o justas o proporcionadas.

Por lo tanto, estamos absolutamente de acuerdo en que es necesario estudiar el problema, pero creemos, señores diputados, que el enfoque está totalmente equivocado. Se reconoce que la educación privada viene a aligerar la carga del Estado. Esto es un hecho, es un hecho que todos aquellos padres de familia, que quieren a sus hijos en las escuelas privadas, por ese solo hecho no solamente pague dos veces la educación, sino permiten al Estado contar con mayores recursos para extender la educación y cuando consideramos que a pesar de todos los esfuerzos, de todos los gobiernos, todavía hay un gran número de niños sin escuela, debemos de considerar que esa educación privada, en vez de frenarla, en vez de detenerla, hay que fomentarla como lo establece la ley orgánica de educación, ya que esto permitirá que aquellos que con sacrificio o no sacrificio, puedan mandar a sus hijos a las escuelas privadas, permitan dejar en poder del Estado mayores recursos para aquellos otros niños que nunca han llegado y por desgracia no llegarán a la escuela primaria.

Entonces convendrá examinar si esta proposición realmente es lógica y fundada. Nosotros creemos que no. También diré, ya con la frase consagrada: "con el debido respeto no está bien fundada". En primer lugar no hace distinción entre escuela privadas que sólo tengan primaria o aquellas otras que tienen ciclos de primaria, secundaria, preparatoria; o primaria, secundaria, comercial, técnica o subprofesional o profesional o universidad.

Si nosotros conocemos el problema, y algunos lo conocemos bien, sabemos que en muchas instituciones que tiene los diversos ciclos educación, la educación secundaria, que es mucho muy cara, no podría ser sostenida, sino fuera por una amplia base de educación primaria. Es distinto el problema de la que sólo es educación primaria. El que tiene educación secundaria, comercial, normal o subprofesional, confronta otros muchos problemas. Por eso el compañero Vicencio Tovar decía que este asunto había que estudiarlo, y había que estudiarlo con profundidad, porque si nosotros examinamos los costos que para el propio Estado tiene la educación secundaria, la educación normal y la educación primaria, veríamos que no es posible resolver sobre las rodillas con un simple tope, una simple congelación por el momento, o con el establecimiento de ciertas tarifas. Y veremos también después por qué esas tarifas no pueden ser bien ajustadas.

Por otro lado, tampoco se toma en consideración que hay diversos tipos de escuela primaria. Hay escuelas primarias en ciertos planteles que cuentan con servicio médico, que cuentan con servicios pedagógicos, de orientación pedagógica, que cuenta con gabinetes psicométricos, de Psicometría, con psicólogos.

El C. Gámiz Fernández, Everardo: ¿Cuáles?

El C. Quiroga Fernández, Francisco: ¡Ah diputado Gámiz, si quiere usted le puedo nombrar algunas, con mucho gusto! Pero al terminar la sesión para no interrumpirla porque nuestra pláticas creo que nos interesan a nosotros.

Pues bien, estas primarias lógicamente tienen un costo superior. En cambio hay otras primarias que no tienen estos costos, y entonces tendrá que fijarse otro criterio. Es cierto que hay primas de muy diversa calidad. Ya lo decía aquí el anterior diputado que me precedió en el uso de la palabra, que no siempre las de costo más alto son las mejores. Esto es una verdad absoluta y total.

Yo tengo a orgullo haber estado en una escuela sumamente pobre, pero de donde salí tan bien preparado que la recuerdo con mucho cariño. En cambio me encontré en la preparatoria oficial a muchachos que venían de algunas escuelas particulares muy caras, y que estaban muy mal preparados. Es cierto, ¿pero quiénes son los que han establecido esa situación? Son precisamente algunos padres de familia a los que les cuesta muy poco trabajo ganar el dinero, los que han logrado esas cuotas altas. Ellos son los que prefieren tal o cual colegio, no porque estén de acuerdo con su ideología, no porque estén de acuerdo con los maestros, sino simplemente porque son más caros. Y allá van sus hijos para presumir que están en tal o cual colegio.

El exceso de solicitudes ha hecho que los colegios vayan estableciendo una manera natural de selección. Y no estamos de acuerdo, absolutamente, en que abusen de esa situación. Pero el hecho es que hay que estudiar la forma, hay que estudiar la manera de lograr que esas escuelas no abusen. Pero marquemos más, profundicemos más en lo que la misma proposición dice. En realidad no se refiere sino a una cuantas escuelas. Y aquí lo grave es, como decía, aunque no se quiera entender, que se está tratando de establecer una regla general para unas cuantas escuelas que abusan, mientras la inmensa mayoría de las escuelas privadas en toda la república están desarrollando una labor eficiente, a muy bajo costo. Esta labor eficiente a muy bajo

costo es la que nosotros los padres de familia agradecemos. Cuando se establezca un tope, una congelación a ciertas escuelas, no habrá los grupos en las escuelas particulares, incluso del Distrito Federal.

Hay 30 mil niños en el Distrito Federal que reciben educación completamente gratuita, sostenida por los padres de familia en las escuelas, en los colegios particulares. Consúltese con la Secretaría de Educación Pública, con la Oficina de Extensión, y se verá que son treinta mil niños los que han sido atendidos en esas escuelas, en donde no cuesta absolutamente ni un solo centavo.

Eso se está poniendo en peligro, cuando esa congelación impidiera poder extender ese servicio. Esa congelación permitiría, dice el diputado, que siguiera viviendo; pero tómese en cuenta que una escuela debe rehacer su material; debe crecer; debe tener más elementos; debe mejorar su material didáctico; debe mejorar su material pedagógico, y no es posible que si se congelan aquellas escuelas puedan progresar; viven en situación precaria, y si queremos que salgan de ella, tenemos que tener la suficiente flexibilidad para dejar que esas escuelas puedan progresar.

Es cierto que en el inciso "b" se habla de que se prevean las excepciones; pero esas excepciones no deberían hacer la regla. ¿Qué son cuotas elevadas y qué son cuotas bajas? Posiblemente ninguno de ustedes, señores diputados y lo digo con modestia pero con verdad, haya hablado con tantos padres de familia como yo he hablado, por los puestos que he ocupado. Y el padre que tiene a su hijo en una escuela en que le cobran ciento cincuenta pesos, dice que es alta la cuota, porque él sólo puede pagar ciento veinte; pero el que lo tiene en donde le cobran ciento veinte, dice que es alta porque sólo puede pagar noventa; y el que lo tiene en donde cobran noventa, dice que solamente puede pagar sesenta. Y así tenemos que los que están en la escuela donde pagan treinta pesos dicen que las cuotas están muy altas. No debemos o no podemos pagarlas todos. Y hay la excepción, y ahí está la solución. Cuando la escuela; cuando por su deseo ese padre de familia quiere que su hijo vaya a determinada escuela, por la presunción absurda que va a ir en menoscabo de su propio hijo, por esa pretensión de que su hijo está en la escuela más cara, en donde le causa hasta un perjuicio a su hijo, porque le produce un complejo de inferioridad al no poder rozarse con muchachos de un nivel mayor económico, y si el hijo no puede entrar a un nivel adecuado a las posibilidades del padre, debe entrar el Estado a subsidiar a ese padre de familia, a darle la beca, que más barato le sale al Estado, esas becas o esos subsidios, que sostener toda la escuela.

¿Qué es, pues, lo que nosotros pretendemos? Pretendemos enfocar una fórmula legal, una fórmula justa, adecuada, para frenar a esos mercaderes. No estamos de acuerdo en defender a quien trafica con lo más sagrado que es la educación; no estamos de acuerdo en defender a quienes han impedido el acceso a la educación a tantos niños mexicanos; pero busquemos el modo legal, la formula legal, porque si nosotros los legisladores no obedecemos las formas legales, ¿a quién podemos exigir que use de la legalidad?

Tenemos, pues, que buscar la forma para que esos cuantos colegios, que se hagan estudios y se vea quiénes son, y se vea quién los dirige y de qué nacionalidad son, y entonces se aplique todo el rigor de la ley, y lo hemos de hacer para frenar esos abusos; pero no vayamos a caer en el error de pensar que con fijar unas tarifas va a ser una solución. La fijación de esas tarifas puede ser inoperante. ¿Por qué? Porque si no es a través de la cuota de inscripción o de las cuotas mensuales, será a a través de otras exacciones que los colegios sigan lucrando. Para el que lucra, para el que puede robar, el buscar la manera es algo fácil. Le han fijado tope ya, y busca la forma de seguir logrando. Sería injusto fijar unas tarifas para los padres de familia que es lo que normalmente se hace cuando se fija un tope a las mercancías, y perdonen que sigamos insistiendo en este término que normalmente el tope que se fije es más alto y a pesar de eso pronto se establece un mercado negro que se ha establecido o que se quiere establecer en educación. Los que hemos estado en escuelas oficiales, los que hemos visto cómo se hacen los exámenes en donde se lleva la cosa con todo rigor, hemos encontrado al padre de familia que llega a hablar a tal o cual profesor ofreciéndole los quinientos o mil pesos por una plaza en la Escuela Nacional de Maestros o en la Escuela Nacional de Educadores. Llega el padre de familia a ofrecer, y si hay un bribón, ese bribón será el que se aproveche.

Si en cambio las cuotas se fijan muy bajas, los colegios no podrán progresar, especialmente aquellos que la misma proposición reconoce que tienen cuotas bajas y que han hecho, un gran servicio social. Será una medida inútil, y de acuerdo con el inciso, se van a ir modificando estas tarifas, ya sea por el aumento del costo de la vida o por el cambio de la situación; se van a modificar las tarifas y resultará totalmente inútil esta fijación, si se modifican por el cambio de servicios.

Ahora bien, no olvidemos nosotros lo que ha dicho el licenciado Ceniceros: la demografía ha ganado la carrera a la Secretaría de Educación. Están naciendo más niños de los que pueden, al llegar a los seis años, atender los maestros egresados de todas las escuelas normales. Este es un hecho evidente.

¿Cómo podemos restaurar esto? Sólo fomentando amplísimamente la vocación magisterial, y fomentarla será estimular a las escuelas, especialmente a las escuelas privadas que son las que vienen a descargar la enorme tarea que tiene el Estado en materia educativa.

Por lo tanto, ofrézcase la oportunidad a las escuelas de subsidio, ofrézcase la oportunidad a las escuelas de bajo costo de tener becas y, por razón natural, por una razón de una mejor demanda de puestos en esos colegios caros, vendrá la baja de las cuotas, a más de las medidas que nosotros tendremos que tomar.

Decía el señor diputado que me precedió, que no puede ser la Secretaría de Industria; pues que sea cualquiera, pero no se podría aprobar esta proposición. Que sea la Secretaría de Industria y Comercio, ¿Qué va a pasar? Señores, reflexionemos; hemos de insistir una vez más, que no es cuestión de partidos: es cuestión de ver el interés de México. Pronto vendremos al conocimiento de cosas tan importantes en eso de la fijación de precios, como en las medicinas,

que es la única cosa donde han operado los precios "tope". ¿Por qué? Porque el precio "tope" fijado por la Secretaría de Industria está muy por arriba.

Cualquiera puede encontrar una medicina que tiene fijado un precio de seis ochenta en cuatro cincuenta, de cualquier laboratorio. ¿Por qué? Porque el precio tope de la Secretaría de Industria y Comercio está muy por arriba, es muy elevado, y recuerdo una anécdota muy interesante: ocurrió con un amigo mío, de esos que todavía tenemos valor para hacer las cosas.

Tenía una carnicería y fue a comprarle un kilo de filetes, nada más que un empleado del señor Uruchurtu - no digo que hablo de los muertos -, se llama La Blanca, estaba en la campana, frente a la casa del señor Uruchurtu. El señor se lo cobró a $26.00 el kilo. 15 minutos después llegó un inspector para levantarle una infracción; porque el kilo oficialmente vale $ 12.00 y ustedes saben que no se consigue filete a $ 12.00, a pesar de los precios topes, de tal manera que los precios topes no sirven y en unos casos para burlarse del pueblo y en otros casos para obligarlos a violar la ley.

El C. Cruickshank García, Jorge: Pido la palabra.

El C. Presidente: Tiene la palabra el C. Cruickshank.

El C. Cruickshank García, Jorge: Señores diputados. La diputación del Partido Popular Socialista está de acuerdo con el dictamen que ha presentado un grupo de diputados del Partido Revolucionario Institucional, y está de acuerdo también con que esta iniciativa sea una iniciativa de obvia resolución. Es una iniciativa que empieza a apuntar la intervención del Poder Público como el régimen de las escuelas particulares que tan grave es para la formación de la conciencia de la niñez mexicana. Aquí se ha dicho por los diputados de Acción Nacional que es muy diferente, que sería muy diferente fijar tarifas para los colegios particulares que no podría ser esta decisión tomada por el Congreso, porque no habría un instrumento del Poder Público que lo hiciera. Yo quiero decir a los señores diputados de Acción Nacional, que cuando los particulares enseñan, fundando escuelas, están haciendo uso no de un derecho, sino de una concesión del Poder Público, y el Poder Público como toda concesión que otorga el Poder Público, está sujeta a condiciones, y las condiciones son que estas escuelas sirvan a la educación del pueblo, poniendo cuotas económicas porque de otro modo se está simulando la contribución a la resolución del problema educativo nacional que tan importante esfuerzo ha hecho el Gobierno de la Revolución mexicana para superar.

Aquí se han soslayado algunas cuestiones importantes, es cierto, nosotros, la diputación del Partido Popular Socialista y los que estamos ligados a la educación, sabemos el clamor popular. Sí señores diputados del PAN, qué hay contra las escuelas particulares, contra esos negocios redondos, porque son los negocios que no tienen pierde, porque no pagan impuestos, les pagan miserablemente a los maestros y todavía no solamente cobran cuotas altas para la educación de la niñez mexicana, sino gravan estas cuotas excesivas, como las primeras comuniones que hay que hacer con los uniformes que venden en las escuelas, misas a las que hay que ir vestidos de determinada manera, con los útiles que venden en las tiendas de esas escuelas.

Entonces, no solamente se paga por la colegiatura, se pagan elevadas tarifas por otras prestaciones que la escuela obliga a usar a los niños que van a estos planteles escolares; ¿Pero por qué se defiende aquí? ¿Por qué se defiende aquí la posibilidad de que esta Cámara apruebe de inmediato esta proposición a que se le quiere dar el trámite de obvia resolución?

Se defienden aquí los grandes intereses de las escuelas confesionales que hay que decirlo claro, señores diputados, esas escuelas están contra el interés de México, las fundamentales escuelas, las corporaciones, las escuelas más importantes que operan en la ciudad de México y en las principales capitales del país, son escuelas que están dirigidas y operadas por las corporaciones religiosas y los ministros de los cultos en contra de lo estipulado en el artículo 3o. constitucional.

Ese es el problema, compañeros diputados, son las que hacen el pingüe negocio, son los negocios que se llevan los bolsillos con el dinero del pueblo mexicano para exportarlos después al extranjero. Allí están, vean ustedes cuáles son los colegios prósperos que operan en la ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey y en la ciudad de León, son las escuelas que dirigen las corporaciones jesuitas, los colegios México, los colegios Patria, los Hispano Mexicano, los que transgreden la Constitución, los que están en contra de lo señalado por el artículo 3o. constitucional y nosotros, estamos en contra de que eso siga sucediendo, por eso se están formando dos tipos de mexicanos y contra eso estamos nosotros.

Nosotros pensamos que sí existen tarifas para todo, que sí se puede tarifar; si los asuntos de la conciencia se pueden sujetar a tarifa, cómo no se va a poder sujetar cuestiones de tipo material. Nosotros vemos que los bautizos, los casamientos y otra serie de prestaciones eclesiásticas tienen una tarifa. Yo, hace poco fui a mi tierra, Tehuantepec, los campesinos se acercaron a mí y me dijeron: compañero diputado, además del problema del agua de la Presa Benito Juárez, quisiéramos que usted interviniera, porque el cura de aquí de San Jerónimo nos ha elevado la cuota de dos pesos que nos cobraba, por los bautizos la ha subido a $ 15.00.

Si esta cuestión se puede tarifar, yo creo que es posible, y mi diputación cree que puede sujetarse a una tarifa correcta las escuelas particulares. ¿Qué podría hacer la Cámara en este momento? Por lo menos acordar dirigirse a la Secretaría de Educación Pública que es el instrumento que debe intervenir en el Estado, en las escuelas particulares, para que las tarifas de este año esperen para el próximo, mientras nosotros, una comisión del Congreso, estudie las formas convenientes para que las escuelas particulares no sigan cobrando ni haciendo sus negocios que están realizando hasta ahora. ¿Por qué se construyen los lujosos edificios de estas escuelas particulares? ¿Porque están pobres? ¿Porque no tienen recursos económicos? ¿Porque tienden a recibir a los alumnos que pagan indebidamente cuotas bajas? ¡Es mentira! Los edificios que se han construído en las colonias más lujosas de México, son producto de las

cuotas altas que pagan los alumnos, los hijos de una gran porción del pueblo mexicano.

Se decía que cómo íbamos nosotros a congelar las cuotas de los colegios que cobran diez, quince y veinte pesos al mes. Pero, ¿dónde existen esos colegios digo yo? Y yo les quiero decir a estos señores diputados, que de las 2833 escuelas particulares primarias que existen en el país, las que operan en el calendario tipo "A", que trabajan de febrero a noviembre, hay 1435 escuelas urbanas y solamente hay 141 escuelas rurales.

De las que operan en el calendario tipo "B" ,hay 946 escuelas urbanas y sólo 311 rurales. ¿Por qué? Porque, digo yo, la iniciativa privada va a la zonas urbanas a poner escuelas. ¿Por qué? Porque allí es donde puede hacer pingües negocios, porque allí es donde puede cobrar cuotas altas, porque allí es donde puede hacer lo que hace en todos los medios urbanos: hacer negocios sin ningún recato.

Si hubiera el deseo de ayudar a resolver el problema educativo de nuestra patria, habría otro sentido, otra opinión y otra orientación. No se trataría de tergiversar la enseñanza en México; se sujetaría a la Constitución que es clara y definida; no se arrumbarían los libros de texto en las bodegas, para darles los libros de texto venidos de España, de las instituciones confesionales que los realizan.

Allí vamos a ver en cualquier escuela particular y veremos que los libros de texto no están al servicio de los alumnos, porque no quieren que abreven en estos magníficos libros que nadie tiene qué objetarles, porque desde el punto de vista técnico pedagógico del español en que están escritos, es de lo mejor que hay en el mundo y tienen tesis pedagógica y tesis histórica inobjetables.

Pero, además, los que son el nervio y la esencia de estas escuelas, los que las sostienen, los que llevan su conocimiento a la niñez nuestra, los que están pegados al banquillo, los maestros mexicanos que en estas escuelas trabajan, son maestros que no tienen ningún derecho. ¡Hay de aquel maestro de escuela particular de este tipo que se quiera organizar sindicalmente, porque está despedido inmisericordemente! Porque todavía hay salarios en estas escuelas de 400 y de 500 pesos, mientras nuestro Gobierno Federal, a pesar de sus insuficiencias y a pesar de que nosotros queremos que paguen más a nuestros compañeros, paga $ 1,200.00 a un maestro de un turno.

Y las escuelas particulares pagan 400, 500 y 600 pesos para poder hacer más dinero más rápidamente.

Señores diputados: la diputación del Partido Popular Socialista apoya sin reservas la proposición aquí presentada y cree que es conveniente analizar a fondo el problema de estas escuelas particulares, porque estas escuelas están al margen de la Constitución, en una mayoría absoluta. ¿Y para qué queremos escuelas que están contra los principios que nosotros decimos defender, los principios históricos que hemos defendido, los principios históricos que hemos defendido en todas las etapas de nuestras tres revoluciones, de la Independencia hasta 1910.

Queremos que se ahonde en México las diferencias por las distintas enseñanzas por el camino histórico difícil que se está imprimiendo en estas escuelas, en esas escuelas se denota a nuestros principales héroes, a los que forjaron nuestra patria, a los que han hecho posible la Constitución de nuestra República.

Ahí se denota al gran indio de mi Estado: a Benito Juárez. (Aplausos.)

Se tiene como texto de historia, la historia de Vasconcelos, que es la negación de la patria mexicana, que es la negación de la actitud constructiva de nuestro pueblo. Hagamos pues, de este inicio para someter a las escuelas particulares a la intervención del Poder Público, para que haga más accesible las posibilidades de educación para la niñez, un inicio para revisar la educación particular que tiene tantas cosas sucias y podridas. (Aplausos.)

El C. Presidente: Tiene la palabra la diputada Martha Andrade de Del Rosal.

El C. Reyes Velázquez, Pedro: Reclamo el trámite, señor Presidente. Son ya tres diputados en pro.

El C. Presidente: Tiene la palabra la diputada Marta Andrade.

-La C. Andrade de Del Rosal, Marta: Señor Presidente, ciudadanos diputados: la Comisión desea establecer, ante todo, que no venimos a sostener ninguna pugna ideológica. Desvirtuaría esto el propósito que nos ha animado desde un principio. No vamos a auspiciar que los señores que hacen la demagogia roja o blanca, vaya a evitar que nos aboquemos a un problema de trascendencia nacional, algo que vengo yo a abundar en la forma sencilla y tal vez angustiosa, con que muchos padres de familia nos han presentado el problema.

Hemos escuchado que los señores diputados del PAN no se oponen a la proposición que la comisión ha traído a esta honorable Asamblea, pero con extrañeza hemos visto que no han propuesto ninguna solución al problema y para nosotros es de urgente necesidad que dejando a un lado un poquito la rigidez de la ley y estos formulismos que tanto gustan a los señores de Acción Nacional, entendamos nuestra obligación con las gentes que aquí representamos y que desean que uno de los aspectos vitales de la familia mexicana, como es la de educar a nuestros hijos, se trate en forma urgente y le demos una solución rápida, porque es necesario.

Se ha dicho de las escuelas más ricas, más pobres, de los padres que amparados en las leyes, pueden mandar a sus hijos a donde les lleve la gana; pero no debemos olvidar que si el Gobierno realiza verdaderos esfuerzos de un patriotismo para establecer la educación en todos los grados, porque así lo dice nuestra proposición y da a la niñez y a la juventud la educación que es necesaria, para el progreso incesante de México, también debemos considerar que el esfuerzo de los particulares conscientes y con un sentido de solidaridad social, no solamente es para las familias que se sienten bien en lo económico.

La vida de México, reclama el concurso de todos los miembros de una familia. Muchas mujeres mexicanas tienen que salir al igual que sus esposos a trabajar y muchas escuelas particulares dan facilidades a esas mujeres por motivo de horario, de cercanías, de transportes escolares que benefician y hacen que la tranquilidad del hogar establezca una situación de comodidad y no son precisamente gentes que ganan mucho dinero, sino que hacen un verdadero esfuerzo tratando de darles educación, esa

que los niños de México necesitan. Hemos escuchado a una mujer que trabaja en empresas privadas, a trabajadores que tienen el problema de que sus niños salen a las doce del día, y ellas tienen turno hasta las cinco de la tarde.

Esas mujeres recurren a la escuela particular por comodidad de horario, y no por ello van a tener que pagar una cuota excesiva, porque su necesidad implica que vayan a esas escuelas. Tenemos necesidad de esa sencillez con que nos la plantean las familias mexicanas, de atender ese clamor, de atender esas circunstancias que cada día se hacen más necesarias para que los niños de México y los jóvenes tengan acceso a las escuelas, ya sean públicas o particulares. Desde la guardería infantil hasta la Universidad es necesario que nosotros pensemos en que son escuelas, instituciones que deban estar al servicio del pueblo de México. Hace poco nos decía una señora trabajadora: "consideramos que así como se necesita la luz, el agua el mercado, la escuela es necesaria en todas las zonas de la ciudad. Por eso a la educación la podemos considerar como un artículo de primera necesidad, y como tal, debe llegar a todos los sectores del pueblo.

También debemos pensar que el Estado, pese al esfuerzo loable que realiza para poder establecer escuelas en todos los grados, para que esas mismas escuelas cubran tres turnos muchas veces, y que estén llenas de jóvenes y niños, no podemos pedirle más al Estado. Entonces, las empresas privadas, conscientes de esa función social dan a esas familias que necesitan la atención educativa para sus hijos, cierta protección en sus horas no escolares - El medio internado -. El niño está protegido y no tiene que salir a la calle, en donde tiene tantos riesgos y tantas dificultades.

Por eso aplaudimos y nos da mucho gusto saber cuando en determinado rumbo de la ciudad aparece una escuela, y una secundaria particular. Pero no por ello vamos a permitir que estas escuelas, por el hecho de que son necesarias, eleven en una forma tan desconsiderada sus cuotas.

También nosotros como maestros entendemos que estas escuelas muchas veces formadas por maestros jubilados que se consideran todavía útiles a la sociedad, y que dan su valiosa aportación, y forman estas escuelitas de barrio a las que vemos con tanta simpatía y aplaudimos porque están sumándose al esfuerzo del gobierno para atacar este tremendo problema que es el de la educación y que tienen tanta importancia para todos y cada uno de nosotros.

Ustedes, señores del PAN, sabemos que tienen familias de muchos hijos, y deben entonces considerar que uno, dos o tres hijos a 150 ó 200 pesos por cada uno, ya es una cantidad bastante fuerte. Nosotros sí consideramos que si dos o tres de nuestros hijos van a esa escuela, en el presupuesto familiar esto viene a traer un esfuerzo y un sacrificio. El maestro Quiroga nos dice que tiene una familia numerosa, y equis años en el magisterio. Yo tengo una familia pequeña pero muchos años en el magisterio, y conozco mucho este problema. Por esto en nuestra proposición decimos con toda claridad: no estamos nosotros entorpeciendo la acción loable de la iniciativa privada. Muy por el contrario, la consideramos y la aplaudimos, repito, en cuanto venga a sumarse al esfuerzo patriótico del gobierno para atender la educación de los niños y de la juventud mexicana.

Pero si no podemos aceptar que cada día surjan escuelas y aumenten sus cuotas. Bienvenidas las escuelas que deseen en un verdadero interés de servicio público, atender y complementar la acción patriótica del Estado.

Son más de seis millones de niños los que atiende el Gobierno tanto en la Federación como en los Estados, y solamente seiscientos mil niños - por ahí va la suma - como establecemos en nuestra proposición, los que atiende la iniciativa privada. Qué bueno que estén ganando; pero sí en una situación de decoro, de justicia. También sabemos de las erogaciones que tiene que hacer un grupo cuando establece un centro escolar; qué bueno que tenga una ganancia, pero que sea decorosa, humana, no en un deseo de lucro inusitado, que ponga en peligro esas escuelas.

No somos nosotros los que estamos poniendo en peligro a las escuelas; no somos nosotros los que las estamos poniendo: son los que no cumplen con la ley, y de hecho podemos afirmar que todas las escuelas particulares están subvencionadas, desde el momento en que no pagan ningún impuesto al Estado.

También sabemos que tienen otras ayudas que da el Gobierno; sabemos de las escuelas que cumplen con el cinco por ciento de las cuotas que fija la Secretaría de Educación para becas; otras más que rebasan esas cuotas, estimulando a alumnos para que puedan seguir sus estudios. Conocemos de otras escuelas que, cuando muere el padre de familia, sigue el niño estudiando para que no interrumpa sus estudios, sin pagar colegiatura, con un gran sentido de humanidad y de justicia social.

Todo eso lo conocemos; no hemos hecho una invención sobre este problema. Como maestros, como diputados, como representantes populares, hemos pulsado la opinión pública, y sí podemos decir y afirmar que es el clamor popular.

¿Quién no quiere dar educación a su hijo; quién no piensa que la mejor aportación que e puede dar a la patria es el preparar a nuestros hijos para que sean ciudadanos útiles y de los que nos enorgullezcamos; quién no se siente deseoso de hacer una carrera modesta o una muy importante dentro de las universidades? Por eso nosotros, en el aspecto en que hemos propuesto, no entraña más que el noble propósito de atender esas indicaciones que nos han hecho las familias de la clase media, de la gente trabajadora.

Que los ricos lleven a sus hijos a la escuela que mejor les plazca; pero que la gente, la mayoría de la gente, la mayoría de la gente del pueblo mexicano, pueda tener ese servicio, tanto oficial como de los particulares. Es lo que nos interesa profundamente.

También sabemos nosotros que el jefe de la diputación del PAN, licenciado Christlieb Ibarrola ha escrito varios artículos en relación con este problema, hablando de los problemas que existen para muchas madres de familia en relación con la educación. Y es cuestión de forma, de estilo, si es cuestión de modo, podemos hacer un poquito flexible este pensamiento, señores del PAN, para entrar ya al problema. Nosotros tenemos que poner coto al abuso excesivo de las escuelas que, sin ninguna conciencia y sin ningún patriotismo, están tratando de esquilmar a las familias mexicanas.

Sería mucho abundar y podríamos tener miles de argumentos. Es necesario que le entremos al problema con todo cuidado; pero este es un problema que tarde o temprano tendremos que estudiar. ¡Qué bueno! Pero estamos en plenas inscripciones y las familias de México saben que sin más ni más les podrán decir, si pagaban cien pesos: "usted pagará ahora ciento cincuenta."

Estamos seguros de que el señor Presidente de la República, con ese gran criterio que tiene y con esas facilidades que ha dado a la iniciativa privada verá, con beneplácito, que nosotros nos aboquemos al problema, que es el clamor de México en materia educativa. También el próximo Gobierno dará facilidades a los particulares, y trataremos de que ganen esas escuelas; de que las escuelas que cumplan tengan la ayuda del Gobierno; que vengan subsidios a las escuelas que cumple con México, ¿o qué no es de urgente necesidad para nosotros resolver este problema que nos presenta la gente, pensando que si lo presentamos tendremos que abocarnos a él?. pongámonos en el caso de que tenemos que entenderlo; es obligación nuestra como legisladores, como padres de familia, como mexicanos, dar a los niños y a la juventud de México la educación que debemos, porque el progreso de México así lo exige.

Si pensamos seriamente, si pensamos con un interés armónico de todos nosotros, sin interés de partido, en el problema que se presenta, podemos decir que es obligación de todos los mexicanos educar a los niños y a la juventud de México, porque el país merece eso, y necesitamos jóvenes y futuros ciudadanos que lo honren y que propicien su engrandecimiento nacional.

El C. Presidente: Para hechos, tiene la palabra el diputado Reyes Velázquez, por cinco minutos.

(Voces: No se inscribió.)

Se inscribieron cuatro diputados: uno que fundó la iniciativa y tres que hablaron por el dictamen. Usted, cuando leí la lista de oradores inscritos, pudo haberse inscrito por su partido y no lo hizo. Ahora tiene usted la palabra, para hechos, por cinco minutos.

El C. Moheno Velasco, Rubén: Me permito sugerir a la Mesa que se consulte a la Asamblea, porque el problema es de tanta importancia, que yo sugeriría un debate abierto, sin límite de conceptos ni de tiempo.

El C. Presidente: Se consulta, en votación económica, a la Asamblea, si en vista de la importancia del tema se extiende el debate. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Aprobado.

El C. Reyes Velázquez, Pedro: Ciudadano Presidente de la Asamblea, ciudadanos diputados: me obliga a venir a esta tribuna la intervención del diputado Krushev, o digo Cruickshank (risas), del Partido Popular, que claramente indicó a todos ustedes cuál es la dirección que algunas personas piensan darle a este asunto que va contenido en la proposición.

Con muy buen tino, la diputada Corona del Rosal, o digo Andrade de Del Rosal (risas), perdón, ha dicho que los que formularon esta proposición no tienen la intención de darle contenido ideológico. Respetamos esa discreción y esa salvedad los diputados del PAN; pero no rehuimos, en caso contrario, cualquier discusión de cualquier tipo. Únicamente quiero que piensen los diputados del Partido Popular, que se expresaron por el conducto del diputado Cruickshank, que piensen en que los simples datos numéricos nos señalan estos hechos: la mayoría de las escuelas de México son escuelas oficiales. Por lo tanto, la proposición lleva la finalidad de defender los intereses de los padres de familia que forman minoría en México.

El Partido Popular se adhiere también a la defensa de los intereses de los padres de familia de esa minoría. Dentro de esa minoría que forman las escuelas particulares o privadas, ya algunos oradores establecieron por lo menos tres diferentes clasificaciones: la de las escuelas privadas sumamente modestas, que dan o instrucción totalmente gratuita, o casi gratuita, que no entrarían en las finalidades de la proposición; la de las escuelas que cobran por el servicio en las finalidades de la proposición. Las escuelas que cobran por el servicio una cuota media, quizá proporcionada al servicio y quizá adecuada a las necesidades sociales de las personas que reciben el servicio.

Tampoco contra ellas va la proposición, y finalmente hay un tercer grupo de escuelas que cobran cuotas altas, a las que concurren las personas de posibilidad económica desahogada y a esas es a las que trata de defender el Partido Revolucionario y el Partido Popular Socialista. Hay que decir las cosas claras, no se trata que sean mercaderes de la educación, son mercaderes de la vanidad, de la vanidad, porque entre los revolucionarios es donde se dan los alumnos de esas escuelas de cuotas altas y precisamente ahí es donde están defendiendo su vanidad los miembros del Partido Nacional Revolucionario Institucional - no sé cual es el nombre exacto -, precisamente por eso no quieren llevar la discusión al terreno ideológico, porque se prefieren esas escuelas por la orientación que dan a la enseñanza, porque tienen los miembros del Régimen, los miembros del Partido Revolucionario Institucional, a sus hijos en esas escuelas, porque ellos tienen ese tipo de orientación, entonces hay que hablar las cosas claras. Estamos aquí discutiendo al margen del verdadero problema. El diputado Cruickshank ya hizo la demagogia suficiente para saber que esta nueva intervención del Estado, y la educación a ustedes los autoriza de la proposición, les defendería de un aumento de cuotas en los colegios ricos, pero a otros colegios particulares serviría para que las gentes de Cruickshank que están incrustadas en el Sindicato Nacional de Educación fueran a hacer demagogia barata y radicalismo quintopatiero. Esa es la sustancia del problema, están aquí dándole vueltas a cosas secundarias. Respecto a lo que dijo la diputada Andrade de Del Rosal de que la diputación panista no propone, nada más objeta. En primer lugar propuso que no se festinara este asunto, sino que pasara a las comisiones respectivas para que tuviera el estudio que realmente merece un problema nacional.

En segundo lugar, se ha propuesto también que se estudie el sistema de becas oficiales a la instrucción primaria, porque en algunos casos el Estado está dando esas becas. Hace un momento mencionaba que sabe ella que hay escuelas en las cuales se admite el 5% que señala la Secretaría de Educación, pues yo también sé que hay escuelas privadas que

no reciben ese 5% porque no tienen solicitudes, y en cambio otras, reciben 10, 15 y hasta un 20% porque tienen solicitudes. ¿A qué se debe esa variación? Es uno de los aspectos problema, pero también se ha mencionado aquí que como es un servicio público corresponde al Estado atenderlo y vigilarlo y que por lo tanto el Estado es el único usufructuario de ese derecho, contra eso hay que decir que el derecho de educar pertenece en primer término a los padres de familia, no al Estado, y los derechos humanos no son materia de concesión, por eso nuestro país firmó en la carta de los derechos de las Naciones Unidas el derecho de los padres de familia a dar educación a sus hijos. (Aplausos.)

En realidad creo que tampoco se ha dicho por qué nos oponemos a esa festinación. Ya se dijo, y muy claramente, que estamos de acuerdo en que no hay abusos, que estamos de acuerdo en que debe corregirse, que estamos de acuerdo en muchos otros aspectos de la proposición; pero no estamos de acuerdo en aprobar a rajatabla una nueva intervención del Estado. El Estado en México lleva un camino directo al totalitarismo y si no lo detenemos conscientemente en aquellos aspectos en que podamos evitarlo, nosotros mismos estamos propiciando no la doctrina de la Revolución sino la doctrina de Cruickshank, la doctrina del PPS, y es necesario que se definan los campos; nosotros estamos con una educación popular al servicio del pueblo, con una educación que refuerce las esencias de la nacionalidad mexicana, pero nunca estaremos de acuerdo con una educación manejada por radicalismos importados del extranjero, por los que citan aquí a Juárez con mucho respeto, pero están pensando en Benito o en otro hombre de la Revolución Marxista. Toda la buena intención que los diputados panistas reconocieron en la proposición quedó desvirtuada con la intervención del diputado del Partido Popular Socialista; ahí está verdaderamente lo que alienta debajo de ese tipo de proposiciones si no sabemos nosotros estudiarlas con detenimiento, darles el trámite que merecen en un Parlamento, en una asamblea que se supone que tiene elementos capaces para discutirlas en todos sus aspectos.

Finalmente nosotros queremos que esta proposición no se vote, que se aplace para una nueva discusión, para un estudio más completo. Si aquí hay condiciones internas del Congreso que puedan ahondar más en esa multitud de datos que fueron saliendo en las distintas intervenciones y que de ninguna manera han agotado todo el fondo del problema, por qué festinar su aprobación, qué es lo que se pretende con eso, están haciendo el juego a la Revolución mexicana o están haciendo el juego a las huestes de Lombardo Toledano. ¡Defínanse, por favor! Porque nosotros sí estamos suficientemente definidos para desenmascarar todas esas demagogias. Muchas gracias.

El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado Vicente Lombardo Toledano.

El C. Padilla Flores, Salvador: Los miembros del PRI, los obreros de la CTM, también quieren intervenir en el debate.

El C. Lombardo Toledano, Vicente: Señor Presidente; señoras y señores diputados: por fin llegamos al fondo de la cuestión. Se había soslayado el asunto en su contenido medular. Comenzamos con formas diplomáticas, con citas jurídicas; pero tarde o temprano tenía que aparecer la verdadera substancia de este debate. No es un problema ideológico, en el sentido estricto del término.

No se trata, según lo entendemos nosotros, de saber quiénes son partidarios de Jruschov o no, ni del Papa o no, ni tampoco si somos, religiosos, creyentes o ateos. El problema es otro.

Naturalmente que en nuestro país, como en todo régimen social basado en la propiedad privada de los instrumentos de la producción económica, hay clases sociales antagónicas: la clase propietaria de esos instrumentos y la clase que no participa en la propiedad de los mismos, y por eso ocurre la lucha de clases. Y toda lucha de clases implica no sólo lucha por razones económicas, sino también por motivo de principios. Y la lucha de clases se proyecta hacia el porvenir de cualquier país de la tierra y hacia la suerte del género humano. Pero no es esa la cuestión.

La cuestión ideológica que aquí se debate, gracias a la última intervención del señor representante del Partido (de) Acción Nacional, que fue muy expresivo, claro, sincero y combativo al mismo tiempo, es saber si la Constitución de la República ha de cumplirse o no. Esa es la cuestión. Se estaban buscando los fundamentos de la proposición de los diputados del PRI que se discute. Que si tiene facultades la Secretaría de Industria y Comercio...

Que si tiene facultades la Secretaría de Educación Pública (alguien dice: esa es la cuestión). Esa no es la cuestión. No. La cuestión está por encima de las facultades administrativas, porque hay una facultad constitucional: la del Artículo Tercero. En México, señores diputados del PAN, el derecho de educar no pertenece a los padres de familia sino al Estado. Ese es el asunto.

No es un atrevimiento decir que la Constitución de la República es explícita. Basta una simple lectura de la Carta Magna. Que no les guste a determinados sectores de la sociedad, claro, si la vienen combatiendo hace más de un siglo. Cuando el poder conservador tuvo el gobierno, no era tolerante, era intolerante; por eso se estableció la Inquisición, por eso ardieron muchas "almas" y no sólo los cuerpos. Intolerante. ¿Libertad de cultos? ¡No! ¿Libertad religiosa? ¡No! ¿Libertad de educación? ¡No! ¿Libertad de investigación científica? ¡No! Así vivimos trescientos años. Y cuando después de conquistada la independencia de la nación el poder conservador transitoriamente ocupó el mando de nuestro país, otra vez la intolerancia.

Pero hoy, que el pueblo ha labrado ya su propio destino, un camino claro y firme, entonces se apela a la libertad. Los intolerantes invocan la tolerancia. Los antiguos negadores de los derechos humanos son los que hoy los mencionan para negarlos, por supuesto. Así ha sido el proceso dialéctico, histórico, mental y político.

¿La Constitución de la República se debe cumplir o no se debe cumplir? Esa es la pregunta. Cuando se afirma que en México los padres de familia son los que tienen el derecho de educar y que sólo el Estado puede coadyuvar con ellos en la labor de

la enseñanza, se está tomando una actitud subversiva contra la Carta Magna; se está en la oposición no sólo a las normas jurídicas que rigen la vida de México, sino a los principios que orientan la vida de nuestro pueblo. ¡La dignidad del hombre...(El Presidente de la Cámara llama la atención a diputados del PAN que se levantan para interrumpir al orador). Me gustan las interpelaciones, señor Presidente: ayudan a exponer las ideas y no tengo inconveniente en que se me hagan. Afirman los diputados del PAN que el Artículo Tercero de la Constitución le ha otorgado al Estado nuevas facultades, además de intervenir en la vida económica de nuestro país, usurpando los derechos de los particulares. Y agrega que el Estado es cada vez más voraz y que no le basta manejar los servicios públicos, usurpando el derecho de los particulares, sino que ahora se quiere hasta meter en la formación de la conciencia de las gentes.

Sí, en todos los tiempos el poder público ha formulado y aplicado su tesis pedagógica, su teoría educativa, precisamente para formar la conciencia de las gentes. El que tiene el poder político tiene el derecho de influir en la conciencia colectiva para que ese poder se mantenga, crezca, se depure y se defina. Ese es el proceso de la historia humana y no hay un solo caso, en ningún tiempo y en ninguna región del mundo, en que el Estado haya dejado de intervenir para formar la conciencia colectiva del pueblo. El derecho de educar en México pertenece al Estado y subsidiariamente a los particulares. La fórmula es al revés de como la presentan los señores diputados de Acción Nacional.

Pero ¿esa labor subsidiaria o complementaria o de cooperación con la que realiza el Estado por mandato supremo, es una labor sin condiciones? ¡No, es con condiciones, con condiciones.! Toda concesión implica condiciones. Las concesiones en la minería entrañan condiciones. Una concesión para manejar un camión de pasajeros, supone condiciones. Y tratándose de la educación hay condiciones también. Y más aún: una de las fracciones del Artículo Tercero dice que el Estado puede revocar en cualquier momento el permiso, la concesión, para que una escuela particular funcione, sin expresión de causas o motivos.

Eso está claro. Otra cosa es que la Constitución no les guste. Ese es otro problema. Pero si hemos de vivir de una manera normal, es decir, con normas, la única manera de lograr el orden jurídico es que las normas de la Constitución de la República se cumplan para organizar la vida política, social y moral de nuestro pueblo.

Yo sé muy bien, como todos, que hay una polémica alrededor de la tesis sobre las facultades del Estado ante la llamada iniciativa privada en todos los frentes: en la producción agrícola, en la producción industrial, en los transportes, en los demás servicios públicos y en la educación.

¿En dónde debe intervenir el Estado y dónde los particulares?

¿Qué, el Estado en nuestro país ha ido ganando terreno?

Es verdad, y debe ganar más todavía, evidentemente más.

Faltan muchas cosas por nacionalizarse todavía en nuestro país, muchas.

Tenemos que nacionalizar el crédito, el que manejan las instituciones privadas para conducirlo hacia la producción y para prohibirles que lo dedique al agio, al comercio y a actividades improductivas. Tenemos que nacionalizar otras actividades que hace un siglo están en manos de los particulares.

Y más todavía: la Constitución señala que en ciertos aspectos de la vida pública o de las actividades económicas, ningún particular puede intervenir a ningún título. El Estado ha ganado terreno.

Señoras y señores diputados: si la Revolución Mexicana se hubiera quedado como en los años veintes, nada más en la reforma agraria y la legislación del trabajo, seríamos hoy una colonia del extranjero. ¿Qué es lo que ha salvado a México? ¿Por qué estamos en pleno desarrollo? Por la intervención del Estado. Porque el Estado rescató para la nación todos los recursos físicos de nuestro territorio, los del subsuelo, los de la tierra y los de las aguas. Porque el Estado se volvió empresario y tomó en sus manos el petróleo la petroquímica, la electricidad, el carbón mineral, el fierro y el acero. Si no hubiera sido por eso no seríamos el país que somos hoy. Si el Estado no hubiera intervenido también en los servicios públicos, seguirían los ferrocarriles en manos del extranjero, seguiríamos en otros muchos aspecto dependiendo del exterior.

¿Qué es una intervención indebida? ¿Por qué? ¿Qué es lo que define a una empresa estatal respecto de una empresa privada? Una empresa del Estado persigue el servicio; una empresa privada persigue, en cambio, el máximo lucro. Ese es el carácter de las leyes económicas que no inventé yo sino el proceso natural de las sociedad humana. El Estado ha ido cambiando, el signo y la función de la producción, que consiste en servir y no en lucrar. El debate se ha entablado, pues, entre los que quieran lucrar y los que quieren solamente servir. Esa es la diferencia que existe entre la intervención del Estado en cualquier campo respecto de la participación de la iniciativa privada. ¿Esta intervención del Estado nos lleva al "totalitarismo"? Todo depende de cómo se manejen y se entiendan las palabras.

El totalitarismo consiste en la tiranía violenta de la oligarquía financiera, de los monopolios del dinero, a la que se somete la vida económica, social, política y cultural de un país. Eso es el totalitarismo. Y no ha habido más casos de totalitarismo en el mundo contemporáneo más que, primero, el régimen de Benito Mussolini y después el régimen de Adolfo Hitler, y sus prolongaciones actuales: en el de Salazar en Portugal y el de Franco en España. Ese es el totalitarismo. Diferente en lo absoluto al régimen socialista que es otra cosa, contrario a los principios y a las prácticas del totalitarismo.

Nuestro Estado, el Estado Mexicano, interventor en los problemas fundamentales de los intereses colectivos no va al totalitarismo. Se propone elevar el nivel de vida del pueblo, acelerar el desarrollo económico, el social y el cultural.

Y persigue otra cosa igualmente importante y trascendental: la independencia completa de la nación mexicana. Hacia allá va la intervención del Estado. No va al fascismo el Estado Mexicano. Va a una democracia que cada día será más amplia, más vigorosa, más profunda.

¿Radicalismo importado del extranjero? ¿Qué es lo radical? Lo radical es lo que se nutre en las raíces de algo. Yo soy un radical, lo confieso. Mi partido es un partido radical, porque se nutre en las raíces históricas del pueblo mexicano. Por eso somos radicales, y, por lo mismo, somos intransigentes; pero no

somos demagogos, porque - permítaseme una breve lección de lengua nacional - el demagogo es el que promete una cosa a sabiendas de que no se puede alcanzar nunca. Eso es un demagogo, de acuerdo con la lengua española que todos tratamos de aprender y de utilizar.

Nosotros no somos demagogos. Somos revolucionarios. Y por eso coincidimos en esta proposición, como en otras, y como seguramente mañana también, con los diputados del PRI. ¿El lema del PRI es el de llevar la Revolución Mexicana adelante? Nosotros también. Ya veremos en el futuro lo que el pueblo decide en cuanto a formas de su estructura y de su organización. Nunca hacemos debates acerca del porvenir de un modo inútil. Ahora estamos trabajando y luchando ante realidades tangibles de este momento histórico.

Las ideas que viven en México hoy, que presiden la existencia colectiva de nuestro país, vinieron del extranjero. Todos, sin excepción, y es natural que así haya ocurrido. Cuando pensamos en nuestras tribus indígenas que vivían aún, cuando fue descubierta América en la etapa media de la barbarie, no podemos suponer que de ahí surgirían las ideas universales y eso no es en tesoro de nuestros padres, a quienes a veces se quiere menospreciar. Si algo ha salvado a México es justamente esa raíz indígena.

Sobre ese árbol se injertó todo. Lo primero extraño que llegó a México fue Hernán Cortes - no era autóctono - y los soldadotes que lo acompañaban, muchos de ellos expresidiarios, puestos en libertad para correr la aventura con el capitán que trataba de conquistar un mundo para él ante todo y, subsidiariamente, para el Rey de España. Y junto a los soldados, junto a la espada, vino la cruz, la de los misioneros que yo he honrado en muchas ocasiones y seguiré honrando mientras viva, porque representaban no la contrarreforma, que en España tenía encomendada la Monarquía, sino la reforma a la luz del Renacimiento.

Las dos cosas fueron exóticas, extrañas a nuestro medio. Después comenzó a configurarse México con mezcla, el mestizaje, al lado de los criollos y las castas. Y las ideas que conmovían al mundo de aquella época, al mundo civilizado, llegaron también de fuera. Para qué recordar que nuestro padre, don Miguel Hidalgo y Costilla, era acusado de afrancesado y su casa en Dolores se llamaba "la pequeña Francia", por los conservadores, naturalmente. Hereje, heterodoxo, traidor, importador de ideas raras, extrañas!... Esa acusación, cambiando los términos, sigue hoy también, ya lo vemos: ustedes, nos llaman los diputados del PAN, importadores de ideas extranjeras!...

Hemos llegado a un momento de la vida del mundo en que todas las ideas se convierten en universales, si valen; porque de otro modo se apagan o se mueren antes de que se conviertan en luz. Ni estamos caminando hacia el totalitarismo ni importamos ideas del extranjero. Hace unos años un político me dijo que era partidario del socialismo; pero a la mexicana.

Yo también soy partidario del cambio, afirmó; pero a la mexicana. Bueno, digo yo, no hay inconveniente en hacer el ridículo. Todo se puede llamar "a la mexicana" si se trata de bromas o de incultura; pero la peor de las bromas es la incultura humana.

Somos un país nuevo que está luchando por elevarse con todos los recursos posibles, con todo lo que pertenece a la humanidad; pero con nuestro sello propio, de acuerdo con los antecedentes de nuestra vida nacional. Por esa razón el camino que nuestro pueblo ha elegido es el único posible para nosotros.

¿Por qué se hizo este debate grande? ¿Por qué llegamos al fondo de la cuestión? Es cierto que hay algunas escuelas privadas humildes, que no cobran cuotas; pero ¿quién las sostiene? Los fieles o las corporaciones religiosas. Cumplen una finalidad política.

Los maestros de esas escuelas reciben su sueldo y realizan una finalidad política: la de conformar la conciencia de los niños de acuerdo con los principios que ahí se sustentan y tienen como válidos. Hay escuelas también sostenidas por empresas que cobran cuotas al alcance de un buen número de mexicanos y, por último, hay escuelas de lujo, diríamos, como calificó bien un señor diputado de Acción Nacional, para halagar la vanidad de los tontos.

¿Que estamos defendiendo a esas escuelas que representan la minoría, a las escuelas para los tontos? Ese es un argumento despreciable, como quien estira una cosa elástica para deformarla. No resiste el menor análisis de acuerdo con las normas de la lógica. Eso no es verdad.

Los proponentes de la iniciativa no piensan así, ni nadie. ¿Que haya algunos funcionarios públicos que tienen a sus hijos en las escuelas de lujo, porque creen que de ese modo pasan del proletariado a la burguesía, o porque quieren llegar a la aristocracia? Allá los tontos que lo hacen. Y los hay; nosotros los conocemos bien. Pero esos tontos no hacen la historia de México. Hacen su fortuna personal y no pasan siquiera a la burguesía progresista; pasan a la burguesía de derecha, automáticamente, aunque algunos se llamen "revolucionarios".

La Revolución es un movimiento, es la vida que se desenvuelve, es como un organismo, y todos los organismos nacen, se desarrollan, se multiplican o siguen su ascenso o declinan y desaparecen. Pero como todo organismo - he usado esa expresión no en un sentido biológico sino en un sentido sociológico - también defeca. La Revolución Mexicana ha defecado periódicamente: por eso hay muchas llamados revolucionarios que pertenecen al excremento de la vida colectiva.

Pero esa no es la cuestión que plantean los diputados del PRI. ¿Qué plantean? se trata simplemente de que toda escuela privada cumpla con la función que debe realizar, y esa función es la de enseñar como ordena el artículo tercero. ¿Cómo va a ser protegida, pregunto yo, una escuela que trabaja en actitud subversiva contra la Carta Magna? ¿Qué consideraciones merece? Ninguna. ¿O por temor a que nos digan anticatólicos o ateos o comunistas nos hacemos de la vista gorda y preferimos hablar un lenguaje un poco raro entre diplomático y oscuro? Es mejor la franqueza, porque la cuestión es bien clara. Se trata de realidades que observamos todos los días.

Una escuela privada merece el respeto cuando cumple con la Carta Magna, porque todo mexicano que no cumple, porque todo extranjero que vive aquí y no cumple con las normas fundamentales de nuestra sociedad, se coloca al margen de la Constitución. Ahora bien, que además de esa conducta, las escuelas privadas tengan el derecho exclusivo de fijar cuotas a su antojo, es absurdo; pero hay una manera fácil de

corregir esto. Ya decía mi colega el ingeniero Jorge Cruickshank - es Jorge Cruickshank, señor diputado del PAN, y no Jruschov -, su nombre es de origen inglés. Ustedes pueden ver su color. Decía mi compañero, con razón, que si se pueden formular tarifas para las cosas espirituales, como las que cobran las iglesias, ¿por qué no han de establecerse para un servicio público como el de la enseñanza, si las hay para los hoteles, ferrocarriles, aviones, etcétera?

No es imposible saber quién sostiene una escuela, cuánto paga a sus profesores, de qué manera enseñan, cuántos estudiantes hay inscritos, en suma, cuál es el costo de producción, permítanme el término. Costo de producción tanto, ganancias tanto, cuotas tanto, muy fácil, muy sencillo. Que cada escuela es especial, naturalmente. Para cada escuela hay un costo de producción y habrá, por tanto, una ganancia también especial, como decía la diputada Marta Andrade, ganancia legítima, equitativa, correcta, humana, para los que tienen que vivir de su trabajo, porque como dice el refrán: los que sirven a la Iglesia tienen que vivir de la Iglesia, y eso es perfectamente justo, nadie puede objetarlo.

Que hay muchos mexicanos que son católicos, sí: en su inmensa mayoría, y ¿que algunos quieren mandar a sus hijos a una escuela particular en donde los maestros, por lo menos, no hablen bien de Benito Juárez? Bueno, que los manden - Juárez es una roca inmensa -; pero que no los expriman. Decía un diputado de Acción Nacional: es que la diferencia consiste en que las escuelas del Estado las paga el pueblo y las escuelas particulares las pagan los padres de familia. Si queremos ahondar en el asunto veremos que los resultados son iguales: las paga el pueblo por medio de las limosnas, por conducto de servicios personales, de cooperación, de mil maneras.

Las agrupaciones religiosas se sostienen del pueblo, las escuelas privadas también. Todo sale del pueblo. ¿De dónde han de salir los recursos? Del pueblo, de un modo o de otro. Bien, que elija cada quien su escuela; pero no olvidando que los particulares no tienen el derecho de educar, sino por concesión del Estado, con permiso de la autoridad.

Hay dos maneras de acabar con ese mandato supremo. Que la mayoría del pueblo mexicano le diga al Congreso de la Unión: se suprime el artículo tercero. Ese día, cuando la mayoría de los mexicanos, conscientemente, con su firma, no a través de intermediarios, sino directamente, diga: sí, queremos que se suprima de las escuelas la orientación que actualmente tienen, ese día yo me sumo a la mayoría del pueblo. Pero es imposible que eso ocurra, porque la mayoría del pueblo lo que quiere es justamente una educación como la que tenemos, como la que establece el artículo tercero de la Carta Magna. O bien - el otro camino - levantándose en armas y acabando con este Estado cochino que tenemos aquí...

El C. diputado Vicencio Tovar, del PAN: ¿Me permite el orador una interpelación?

El C. diputado Lombardo Toledano: Con todo gusto.

El C. Vicencio Tovar: Que me diga, señor licenciado, si la mayoría del pueblo mexicano, sin intermediarios, estampó su firma para que el actual artículo tercero forme parte de la Constitución.

El C. Lombardo Toledano, Vicente: Sí, con mucho gusto. A mí me gustan las interpelaciones, porque permiten precisar los conceptos.

Miren ustedes: hacen unos días - tengo en mis manos un recorte del periódico "Novedades" los señores de Acción Nacional celebraron una ceremonia muy importante en la cripta de la capilla de "La Inmaculada", ubicada en la calle de Puebla, organizada por la Asociación Católica de la Juventud Mexicana. El señor licenciado José González Torres, candidato a la Presidencia de la República del Partido de Acción Nacional, exhortó a los católicos a que continuaran con la bandera de los "cristeros". El acto se realizaba en homenaje a los jefes de los cristeros caídos en la batalla. González Torres dijo: "Esa lucha heroica de los cristeros ha constituído, en la historia de México, una de las páginas más brillantes escritas por hombres libres que no querían perder la libertad y que estuvieron dispuestos a sacrificar su propia vida en nombre de ella. Ellos - refiriéndose a los mártires y a los festejos - no podrán sentirse satisfechos con simples aplausos y condecoraciones. La satisfacción más íntima será nuestra promesa de que las banderas que ellos enarbolaron - los cristeros - no van a caer en el muladar, sino que las recogeremos nosotros para llevarlas al triunfo". Y uno de los que recibieron el homenaje, don José Pedro Durán y Palomar y Vizcarra afirmó: "los arreglos del conflicto religioso no fueron satisfactorios. Si nos dejan triunfar (probablemente se refería a la jerarquía eclesiástica que concertó los convenios), no existirían los artículos 3o. y 130 y sería otra la actual situación política de México". Esto es sinceridad y honradez. Yo respeto esa opinión. Nada más que en política decide la correlación de las fuerzas y como la facción conservadora es la más débil, por eso perdió y seguirá perdiendo.

Porque una cosa es que el pueblo mexicano sea católico, y otra es que la mayoría del pueblo considere incompatibles su fe religiosa y su deseo de progreso. No hay incompatibilidad entre el deseo de ir adelante y la conciencia religiosa, y la historia lo ha probado siempre.

El C. Vicencio Tovar, Abel Carlos: No ha contestado mi pregunta.

El C. Lombardo Toledano, Vicente (continuando): Olvidé su pregunta, perdone.

El C. Vicencio Tovar, Abel Carlos: No es necesaria, si usted la olvidó, lo siento mucho. Todos la escucharon.

El C. Lombardo Toledano, Vicente (continuando): Le suplico que refresque mi memoria.

El C. Presidente: Les ruego no entablar diálogos directos.

El C. Lombardo Toledano, Vicente (continuando): Le pido sinceramente que me perdone usted, es que yo he llegado a una edad en que tengo amnesias. Eso es lo que sucede; pero habrá tiempo, tenemos tres años por adelante para seguir discutiendo.

Señores diputados: La proposición es muy simple.

Estamos en el momento en que los alumnos se inscriben en las escuelas. Que la cuota que cobran las escuelas particulares, las que tuvieron en el año de 1964, rija para el año de 1965, en tanto se estudian a fondo las tarifas para las escuelas particulares. Esa es la proposición nada más. ¿Para ella tanto debate?

Lo que sucede es que ha ocurrido aquí una discusión subterránea, por abajo, más que abierta. En cuanto

al fundamento de la proposición - ya lo he dicho - es el artículo tercero de la Carta Magna. ¿Para qué andar buscando otra? El que da la concesión establece condiciones para que se pueda utilizar. Eso es todo.

Ahora bien, ¿que detrás de la iniciativa hay la vieja lucha entre las dos facciones históricas de México?

Qué bueno que continué, sobre todo que en lugar de ser un debate en la calle como en el pasado, se convierta en una lucha en el seno de las instituciones. Perfecto. La democracia mexicana gana. Y perdón por haber intervenido, porque me pareció que la proposición era de obvia resolución, como la mayoría del Congreso lo ha resuelto.

El C. Presidente: Tiene la palabra el ciudadano Rubén Moheno.

El C. Moheno Velasco, Rubén: Señor Presidente; Señores diputados: por sobre la tormenta de las palabras intencionadas, queríamos aportar un esfuerzo que en mí ha de ser grande, para tratar de dilucidar y de esclarecer nuestro problema. Ya el señor licenciado Lombardo Toledano concluyó su intervención reduciendo a sus proposiciones exactas el problema que hoy se ha debatido.

Querría yo invocar las figuras beneméritas de los grandes educadores Vasco de Quiroga - ¡Dr. Quiroga! -, y otros similares para abordar el tema. Ha solicitado una cita en esta invocación para intervenir en ella. ¿Cuál es el propósito al abordar esta tribuna y tocar a veces de paso y en otras ocasiones de frente, como el señor profesor Reyes Velázquez, un problema de tipo ideológico, que no ha sido el caso discutir?

¡Qué bueno - decía el diputado Lombardo - que existen esas raíces! ¡Qué bueno que existe ese trasfondo, porque sólo el desenvolver histórico de México habrá de resolverlas de manera definitiva e inevitable!

Venimos a esta tribuna a hacer unas cuantas afirmaciones no con el propósito pedante de poseer la verdad eterna en nuestras manos, sino para la ratificación de derechos que lleven a su exacta proposición a este debate.

Vivimos los mexicanos al amparo de la Constitución, de la Constitución del 17, perfectamente clara en su redacción y en su interpretación y en su convivencia. Algunas veces violada de manera accidental en la materia que estamos debatiendo.

La educación de las escuelas particulares no sólo es permitida, es propiciada por el Estado como una necesidad, que esperamos alguna vez desaparezca por suficiencias totales del Estado Mexicano. Entretanto, en una gran mayoría de esas escuelas como dijera el señor licenciado Estrada Iturbide, hay una labor benemérita.

No es contra de ellas que viene la iniciativa del Partido Revolucionario Institucional; es contra la especulación inmoderada de numerosas escuelas que respondiendo a esa noble aunque traidora entraña de los "pater - familias", les hace llevar a pretensiones de clase o a una ambición legítima de conocimiento más depurado, al llevar a sus hijos a esas escuelas.

Yo me he preguntado durante el curso de las intervenciones de los que me precedieron. Si los señores diputados no han sentido, señor licenciado Estrada Iturbide, que no lo ha escuchado. De veras, un verdadero clamor de los padres de familia, en contra de la inmoralidad de especulación de uno de los sentimientos más nobles que animan al hombre.

Sólo haremos estas afirmaciones si vivimos al amparo de la Constitución y ello permite y propicia por concesión el funcionamiento de las escuelas particulares. Es claro, como lo decía el diputado Lombardo, que el Estado tiene derecho a regir la relación económica en que los disfrutadores de la concesión, y los usuarios que acuden a ella, no se trata todavía aunque pronto lo veremos, de hacer esa tabulación tan difícil que les parecía a algunos señores diputados de Acción Nacional, para las cuotas escolares y sabemos y hemos de ratificar hasta el cansancio, que no es contra las escuelas modestas, que con una utilidad moderada y justa, trabajan en esta actividad, sino contra otras mucho más numerosas, de lo que generalmente se cree, que no intentan una tarea de enseñanza, sino el establecimiento de un negocio sumamente productivo y dañino para una parte esencial de la nacionalidad mexicana.

Nosotros querríamos que la prensa nacional se hiciera eco del reclamo de esta tribuna para atender lo que sí es un clamor de la sociedad mexicana.

Cómo es posible que los señores diputados de Acción Nacional, esta mañana, hayan, porque de hecho eso ocurrió de manera tan entusiasta, aunque un poco tardía pero amplia, en antecedentes, la iniciativa que mi partido se permitió someter a la consideración de ustedes, hace dos semanas, respecto a la intervención del Poder Legislativo en las empresas descentralizadas y cómo es posible que ahora, yo quiero creer, porque uno de los oradores, el primero de Acción Nacional, que hizo uso de la palabra, hacía énfasis en numerosas ocasiones, de la sinceridad con que abordaba en sus propósitos este problema.

Yo quiero creer que si había un gran interés, el mismo que nos mueve a todos para conocer, desde el Poder Legislativo, el funcionamiento y la vigilancia económica de los organismos descentralizados; pero cuando con dilación, cuando en vez de someternos una fórmula de solución a esta urgencia y a este reclamo, que se ha manifestado en la tribuna el día de hoy, proponen un estudio y más estudio, en tanto que se acrecienta como negocio inmoral dinero, dinero y más dinero de los bolsillos muchos mexicanos, me parece que no es una tarea de tipo constructivo. No se ha propuesto todavía, aunque allá va la tabulación de las cuotas escolares de los colegios particulares.

No se ha pretendido, ni es lícito, que se pretenda por parte de los ponentes, un debate de carácter ideológico, que haga dejar, por lo menos en sus aspectos primordiales, el debate. Se trata de detener una corriente cada vez más desaforada, en sus aptitudes que explota el noble renglón de la educación y cuando el señor profesor y diputado Reyes Velázquez, de Acción Nacional, que por su carácter de profesor debe de conocer bien el problema, entiendo que es profesor de escuelas particulares, vino a abordar contestando algunas interpelaciones del Partido Popular en la tribuna, en forma airada, para decir que no soslayaba la discusión de fondo del problema. Yo vengo en nombre de mi partido a decir que tampoco nosotros la soslayamos, que la hemos de abordar en su oportunidad, pero que hoy es una mezquina posición frente a una urgencia nacional, llevarnos a ese terreno, cuando estamos reclamando la defensa

de la economía de los padres de familia, de numerosos padres de familia mexicana, cuando estamos reclamando normas fundamentalmente éticas, en la participación de enseñanza en México; cuando estamos tratando de poner en valladar a tanto abuso y a tanta explotación que del hombre, repito, se realiza en México. La filosofía del lenguaje registra que la expresión sofista quiso decir hace más de dos mil años: "Hombre que cobra por enseñar". Pero con el tiempo ha evolucionado el termino y es otra su connotación, pero se actualiza con respecto a los argumentos, muy poco afortunados en mi modesta opinión, de algunos señores diputados de Acción Nacional que han hablado en defensa de esos colegios particulares que especulan con la noble y generosa aspiración de los padres de familia, de mejorar la educación y la preparación de sus hijos. No miento, señor diputado. He escuchado siempre con atención respetuosa las intervenciones, porque me parecen muy interesantes, del señor licenciado Estrada Iturbide. Y hoy he de hacer esta afirmación. No sean qué factores, y no quiero creer que se han de partido, si no de confusión, lo empujaron a esta tribuna, pero mi resumen es que el señor licenciado y diputado Estrada Iturbide ha defendido más la tesis del PRI, que la haya atacado. Ha reconocido, y todos nosotros estamos conformes con ellos, que hay beneméritas escuelas modestas que cooperan a esta gran exigencia nacional de preparar mejor a nuestra niñez, como futuro indeclinable de nuestra nacionalidad. Pero solo se ha detenido en el "como" y en el prcedimiento. El procedimiento, lo explicaba el licenciado Lombardo Toledano, cualquier aprendiz de contador lo puede resolver. Esos costos de producción de que hablaba, esa lícita utilidad eterna ese mejoramiento de equipos. Y ésta sería la manera de resolverlos. No, no es mandándolos a estudiar de manera eterna un problema tan angustioso, sino abordándolo como un reclamo inmediato.

Ya se ha dicho - lo dijo la señora profesora Andrade de Del Rosal - que esta urgencia del momento que vivimos es la que los ha orillado a abordar esta tribuna; que estamos en un período inmediato al de las instituciones escolares; que de manera sistemática numerosos colegios aumentan año con año sus colegiaturas, y se ha afirmado también que estas escuelas establecidas como negocios prosperan y se acrecentan sobre la miseria de sus mejores y abnegados servidores: de sus maestros.

En contra de esa iniquidad, ¡Claro que estamos!

Cuando los colegios particulares exhiban sus costos y tengan sueldos decorosos para los maestros, y demuestren insolvencia o incapacidad económica para continuar en su tarea, se volverá a través del organismo y del órgano que se propone a una elevación justa de esas tarifas; no de las elevadas que explotan la vanidad.

No, no va la proposición del PRI contra quien imparte un servicio educativo, sino contra quien establece un negocio ilícito. Y para concluir, señores diputados, me permitiré volver hacer la misma ratificación: vivimos al amparo de la Constitución Política Mexicana. En sus linderos está establecido de manera clara y definido cómo se imparte la educación en escuela particular. Por concesión del Estado. El Estado tiene el inevitable derecho de intervenir en su regulación económica. Y no sólo en la económica, también en la pedagógica y en otros aspectos.

No tratamos, señor profesor Reyes Velázquez, de momento, porque sería mezquino, arruinar una idea tan apremiante, tan urgente, tan necesaria. En el caso sería descender a problemas ideológicos ya juzgados por el pueblo mexicano, pero que no eludiremos en su oportunidad, para atacar un problema de esta naturaleza que es simple y llano; detener la voracidad de los negociantes de las escuelas, de los mercaderes de la educación, ya que ellos sí la han convertido en mercancía. Y por cuanto a que la Secretaría de Industria y Comercio intervenga, sólo sería en función de carácter técnico por su experiencia en la materia de cuotas y servicios de carácter público. Será la Secretaria de Educación Pública la que en manera definitiva diga la ultima palabra.

Señores diputados: vengo a esta tribuna a rogar a ustedes, a apremiarlos para que sí, con el carácter de urgente, y por urgente, obvia, sea la resolución en favor de la iniciativa que han presentado los señores diputados que se suscribieron esta mañana.

No solamente las escuelas ricas, pero fundamentalmente la clase llamada media en nuestro país que se distingue mas por formación educativa que por posición económica, confundiendo los términos clásicos de esta división de clase, no solamente ella, sino la clase media numerosísima en nuestro país - tan codiciada de los partidos en el orden político - es la principal víctima de estos abusos, y ella representa una porción tan respetable, que la Cámara de Diputados no puede declinar, sin aplicar sus principios, y sus responsabilidades el abordar con un carácter urgente.

No es el problema ni es el momento de abordar principios de carácter ideológico. Ya los abordaremos posteriormente. Tenemos para ello - ya lo dijo el señor licenciado Lombardo - para unos y para otros, para todos los partidos, tres años por delante, en los que no habremos de eludir el tema central que nos ocupa.

Por obvia y por urgente la resolución de este problema, yo reclamo de ustedes, señores, después de considerar que casi se ha agotado la discusión, a pesar de que pedí - me tocó esa satisfacción - que fuera la discusión abierta, que se vote en favor, porque estamos en vísperas de que nuevos saqueos podrán caer sobre una clase muy respetable de la nacionalidad mexicana. ( Aplausos. )

El C. Presidente: Habiendo hablado todos los oradores suscritos la Secretaría preguntará...

El C. Christlieb Ibarrola, Adolfo: Señor Presidente: Pedí la palabra; era debate abierto y pedí la palabra

El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado Christlieb Ibarrola.

El C. Christlieb Ibarrola, Adolfo: Quiero ser breve. Aun cuando también podría, porque he estudiado el tema, venir como otros vienen a refreírnos una y otra vez sus discursos, para presentarnos sus visiones completas de la política, vengan o no vengan al caso.

A veces pienso que hay quienes, so pretexto a apoyar al Gobierno o la política gubernamental, recuerdan aquella frase de Lenin, cuando decía que "había que sostener a los laboristas ingleses, con motivo de la elección de Henderson, por las mismas razones que la cuerda sostiene al cuerpo del ahorcado", mientras se pudre y se cae.

Y así me parece que todas las intervenciones del Presidente del Partido Popular Socialista, cuando señala simplemente su apoyo a la política gubernamental como algo transitorio, mientras siguen adelante, mientras se logran los propósitos que ellos tratan de llevar a cabo en la política nacional.

Yo quiero reducir este asunto a su más simple expresión: se nos tacha de legalistas; se nos tacha a veces de que vemos las cosas con otro criterio de abogados. Podríamos contestar a quienes tal cosa nos dice, con la frase de un maestro de la Escuela de Derecho, que preguntaba, cuando alguno se ufanaba de no ser abogado: " ¿Que defecto le falta para no ser usted abogado? "

Lo único que pretendemos es evitar que se cometa un abuso con otro abuso. No hay facultades expresas para fijar tarifas, y a través de una simple proposición no se puede, señores, establecer para el Estado una forma de intervenir que la ley, y no la da. Si los señores del Partido Revolucionario Institucional hubieran planteado un decreto, hubieran planteado una reforma legal, y no una simple proposición, en otros términos veríamos, desde el punto de vista legal; pero se está tratando de establecer, en favor del Estado, contra la jurisprudencia de la Corte, contra la doctrina que establece que el Estado no tiene más facultades en esta materia que las expresamente establecidas, se le están dando facultades a través de una simple proposición.

Nosotros, con toda buena fe, y son muestra de ello la intervención de nuestros primeros oradores, los que podían haber intervenido conforme al Reglamento, sobre lo planteado; no venimos a plantear aquí el problema ideológico, no porque nos asuste plantearlo ni porque lo hayamos planteado, sino porque queríamos reducir el asunto a la discusión de una proposición que no debía trascender, porque sinceramente creo que es dañina para México, no para Acción Nacional ni para el Gobierno, sino para México, el plantear interferencias, vengan de donde vinieren en este momento histórico de nuestro país.

No fuimos nosotros los que abrimos el surco por ese sendero. Pienso que el problema no es tan sencillo como el de decir que el costo se fija mediante una simple operación aritmética, como las que aquí se han señalado.

Y fundo mi opinión en la autoridad de quienes creo que conocen de este problema: el señor Torres Bodet y el licenciado Ernesto Enríquez, y me voy a permitir señalar, resumidamente, la opinión de ellos, la opinión que dieron en Santiago de Chile: en esa ocasión, el licenciado Ernesto Enríquez - que supongo que el Gobierno mandó porque conocía el problema - afirmó: "Debe entenderse por costo de la educación el conjunto de erogaciones que permiten mantener cierto numero de lugares, en aulas provistas de materiales escolares y maestros, a disposición de quienes demandan educación, y que por tanto la unidad para cuantificar dichas erogaciones es el aula y no el maestro, ni el alumno, ya que el costo anual por alumno es un cálculo sin sentido'. En el mismo estudio se expresa que 'en México no puede hacerse en el momento actual un cálculo fehaciente, completo y útil en los costos de la educación. En muchos renglones no hay datos; en otros, la estadística es fundamentalmente deficiente; y los presupuestos de la Secretaría de Educación, de la Universidad y de otras instituciones solo proporcionan informaciones incompletas. A mayor abundamiento, no existen en operación algún sistema de contabilidad adecuado para la determinación de costo. Con base en los presupuestos y en algunos cálculos elementales con el costo directo, lo gastado en un año en sueldo y adquisiciones, dividido por el número de alumnos inscritos, se fijan cifras irreales, de muy objetable utilidad".

El estudio sigue después abundando en el mismo tema "cuando expresa que por el momento no hay posibilidad en México de fijar los 'costos tipo' de la educación, ya que 'no hay datos, ni será posible obtenerlos en mucho tiempo del importe anual de la amortización; los renglones relativos a sueldos de maestros y remuneraciones por servicios auxiliares no están bien desglosados, para la erogación por sueldos de maestros y elementos auxiliares, se refiere a la totalidad de las plazas incluidas en el presupuesto para la enseñanza primaria, sin excluir al personal que desempeña tareas distintas a las de su nombramiento..., puestos administrativos o tareas profesionales como médicos, abogados, antropólogos, etc. debe entenderse por costo de la educación el costo de erogaciones que permiten mantener cierto numero de lugares en aulas provistas de materiales escolares y maestros a disposición de quienes demandan educación y que por tanto, la unidad de cuantificar dichas erogaciones es el aula y no el maestro ni el alumno, ya que el costo anual por alumno es un cálculo sin sentido; y luego agrega: que en México no puede hacerse en el momento actual un cálculo fehaciente, completo y útil, de los costos de educación. En muchos renglones no hay datos, en otros la estadística es fundamentalmente deficiente y los presupuestos de la Secretaría de Educación, de la Universidad y otras instituciones, sólo proporcionan informaciones incompletas.

A mayor abundamiento, continuamos. "No existe en operación algún sistema de contabilidad de autodeterminación de costos con base en los presupuestos y en algunos cálculos elementales con el costo directo de lo gastado en un año de sueldos y adquisiciones, dividido por el número de alumnos inscritos, se fijan cifras irreales de muy objetable utilidad para su uso."

El estudio continúa después abundando en el mismo tema, cuando expresa que por el momento no hay posibilidad en México de fijar los costos tipo de educación, ya que no hay datos, ni será posible obtenerlos en mucho tiempo, del importe anual de la amortización. Los renglones relativos a sueldos de maestros y remuneraciones por servicios de auxiliares, no están bien desglosados; para la erogación por sueldos de maestros y elementos auxiliares, se requiere la totalidad de las plazas incluidas en el presupuesto por la enseñanza primaria sin excluir al personal que desempeña tareas distintas de las de su nombramiento, etc." Podría seguir dando argumentos de la Secretaría de Educación.

Nosotros vemos el problema en esta forma: Con toda sinceridad, en la educación pública no es hecho que suceda sólo en México, sino en muchas partes del mundo. El costo es superior en muchos aspectos y en muchos grados de educación, al costo de la educación privada, y por eso el Estado acude al subsidio directo o indirecto de la educación privada,

porque si dentro de la función del Estado está el hacer que la educación llegue al mayor número, a todo el número de las gentes que viven bajo su circunscripción territorial, a todos sus súbditos, a todas las generaciones que están llegando, y si el Estado no puede hacer frente a esta situación le sale, en términos vulgares, más barato subsidiar la educación privada que esperar a que el Estado pueda hacerse cargo con o sin libertad de enseñanza. Es otro problema de la educación de todas las generaciones de México.

Esa es la situación y aquí ficticiamente se está planteando el problema en dos términos que no son totales ni exactos. Por un lado el padre de familia y por otro lado el empresario, o como se le quiera llamar, de la escuela privada. Hay escuelas que cobran cantidades que están fuera del presupuesto de la inmensa mayoría de mexicanos. Yo desde mi punto de vista he hablado del mercado negro de la libertad de enseñanza en este aspecto; pero hay escuelas cuyas posibilidades se van a congelar y que son las más dañadas. ¡Qué le importa al que ya está esquilmando que lo congelen en su capacidad de esquilmando! Se va a quedar muy satisfecho, pero en cambio aquel que está haciendo la lucha por hacer y formar una escuela, una escuela cada día mejor para pagar a los maestros lo que justamente se les debe pagar; se le va a someter al trámite burocrático número 7,580 y tantos para que haga cola mientras se estudia su caso, para que haga cola mientras se resuelve, si para que bien o para que mal, por necesidad o por afán de lucro, si sus aparatos de laboratorio son buenos o son malos, por tacañería o por afán de lucro.

Señores, la escuela no es ni debe ser negocio ni debe negarse a nadie el derecho a la enseñanza por razón de costos, si no se tienen costos ni la posibilidad a corto plazo de tenerlos, porque eso señala, entre otras, las autoridades de la Secretaría de Educación que conocen el problema. Se esta creando una situación indeseable para el país, quienes tengan afán de mejorar las escuelas pobres van a estar congelados a un trámite burocrático. Es necesario en este binomio inexacto del problema del costo educativo, padres de familia, empresarios escolares, establecer un tercer elemento que es el del subsidio que permita seguir dando la educación, manteniendo abiertas las escuelas privadas que coadyuvan a la labor educativa del país en forma eficiente y que permita buscar, ampliar, para quienes deseen dedicar su actividad honestamente a la labor educativa, la forma de que no se recargue el costo sobre el padre de familia, no son números nuestros, en muchas partes del mundo, en México, concretamente en las escuelas secundarias, el costo de la educación es superior en la escuela pública que en la escuela privada, y en la escuela primaria es ligeramente inferior el costo de la escuela pública al costo de la escuela privada.

Esa es la realidad. Estamos tratando de señalar una situación entre dos términos: el padre de familia y la escuela. Cuando que es un problema de costo que excede las posibilidades de la escuela y del padre de familia, es necesario plantear el problema con toda honestidad y en todo su alcance; no dejar la sensación de que los diputados del PRI están apoyando a los padres de familia, ni pretender que los diputados del PAN estamos en contra de los padres de familia.

La verdad, señores, es que se está tratando de un problema que excede la capacidad económica de los padres de familia y que no se resuelve en la inmensa mayoría de los casos con la capacidad económica de las escuelas. Porque muchas de ellas se sostienen, y ya se ha dicho aquí y no lo objeto, se sostienen sobre la base de bajar la calidad o de bajar injustamente la remuneración de los profesores, que debería estar mejor pagada. Entonces, el problema no es sencillo, no es una lucha entre la escuela privada y el padre de familia, es un problema de incapacidad económica de la gran mayoría de los padres de familia por una parte, y de incapacidad económica para responder adecuadamente por parte de los empresarios particulares, y al establecerse la congelación se va a congelar, señores, por todo el tiempo que la burocracia que trata todos los asuntos relacionados a los precios tope y que aquí no se tratará de precios tope de escuelas, se tendrá que llegar, según se ha dicho, a casos particulares; se tendrá que congelar la posibilidad de que sean mejor pagados los maestros mal pagados, y se congelará la posibilidad de que se mejore la calidad de la enseñanza, mientras la burocracia pueda resolver los miles y miles de casos que se le puedan presentar.

No afectará esta medida a aquellos que saltando sobre el concepto humano y social de la enseñanza, han hecho de ella un negocio. Por eso nosotros proponíamos que con carácter urgente se la Cámara, en unión de las autoridades que fueran competentes, al estudio del problema. Con carácter urgente, pero no de obvia resolución, para resolver en esta sesión un problema que, repito, habrá de congelar en perjuicio de esas escuelas, medios pobres a los cuales se pretende favorecer, y en beneficio de las escuelas que están haciendo de la enseñanza un lucro.

Con esta resolución nosotros proponíamos que se pasara a un estudio rápido, pero no a un estudio festinado, no a un debate festinado. Esa era nuestra proposición. Con los padres de familia, con los maestros de las escuelas privadas, para que alcance cuando menos el mínimo de prestaciones que tienen los maestros de las escuelas públicas; con las padres de familia para que puedan resolver el problema educativo de sus hijos; para que con cargo a su patrimonio pueda cualquier mexicano educar a sus hijos tan ampliamente como sea posible; por una democratización de la enseñanza.

Por eso nosotros pedíamos un estudio y lo pedimos rápido, pero no festinado.

Quiero llamar, por último, nuevamente a la responsabilidad de todos ustedes, señores diputados, a la responsabilidad que llevó a plantear por parte de la Comisión este problema al margen de cualquier asunto de tipo ideológico, simplemente frente a la necesidad de educación, a la necesidad vital de educación en todos los mexicanos.

Que no se resuelva festinadamente este problema, que no se congelen las colegiaturas, porque la congelación habrá de dañar a las escuelas que tratan ustedes de proteger y dejará haciendo negocio a los que ya lo están haciendo ahora.

El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado Vicente Fuentes Díaz.

El C. Fuentes Díaz, Vicente: Señor Presidente: honorable asamblea: voy a procurar ser lo más brevemente posible porque el tiempo que nos ha llevado a este debate ha producido ya signos de cansancio muy visibles en todos ustedes.

Ha dicho el diputado Christlieb Ibarrola, que él y los miembros de su partido que forman la diputación aquí presente, están en desacuerdo con que un abuso sea reprimido o se trate de reprimir con otro abuso. Y yo hago esta pregunta: ¿Puede considerarse abusivo el procedimiento legal, razonable y justo, que ha propuesto aquí un grupo de diputados de mi partido, cuando sujetándose a normas legales plantea por vías legales también un problema que es angustioso y es urgente?, no es un abuso. Un abuso sería el usar atentatoria, ilegal y anticonstitucionalmente del poder y de la fuerza política para plantear otro tipo de solución; pero no estamos nosotros en este camino.

No estamos tampoco ejecutando ninguna acción, simplemente y esto es lo que no se quiere entender y no hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor obtuso que el que no quiere entender, que simplemente estamos llamándole la atención al Poder Ejecutivo, diciéndole: existen en México planteles escolares en manos de la iniciativa privada, que cobran cuotas excesivas por las colegiaturas y que hay innumerables padres de familia, no a aquellos bandos a los que se refería el diputado Estrada Iturbide, si no a los que hacía alusión la profesora y diputada Martha Andrade de Del Rosal, que por razones de problemas familiares, de horario y de otra índole, se ven precisados a recurrí a las escuelas particulares y cuya economía resulta seriamente lesionada por las altas cuotas que, año con año en aumento, cobran estos colegios particulares.

Que quede bien claro, por otra parte, que no se trata de perjudicar a aquellos colegios particulares que no cobran cuotas excesivas. Simplemente se ha propuesto una medida provisional, congelar las cuotas de manera transitoria, mientras los órganos competentes del Poder Público, hacen un estudio para fijar aquellas que sean justas de acuerdo, podríamos decir, con los costos de producción, con los costos que implica la impartición de la enseñanza en otros establecimientos.

Ha hablado el diputado Christlieb Ibarrola, de que esto someterá a los dueños de los colegios particulares, a un sinnúmero de trabajos y procedimientos burocráticos, cuando con ese criterio, señores, nunca podríamos expedir una ley de esta naturaleza, porque siempre también los particulares interesados o materia de estas disposiciones, tendrían que recurrir al Poder Público y con esa mentalidad de que solamente van a encontrar trabas y escollos y problemas, en las oficinas de índole burocráticos nunca podrían resolver sus problemas.

Ha hablado el diputado Christlieb Ibarrola, y refiriéndose a los diputados del Partido Revolucionario Institucional, de que aquí se ha venido a plantear un problema de carácter ideológico y yo al menos así lo he entendido; ha hecho esta imputación al PRI y ésta es una imputación falsa. Nosotros no rehuimos y en tres años vamos a demostrarle el debate ideológico sobre esas y otras materias más escabrosas; nuestro planteamiento estuvo al margen de cualquier consideración doctrinaria frente a otros partidos, Acción Nacional primero, con intervención del diputado Reyes Velázquez, el que hizo esa imputación al PRI, usando de un procedimiento dilatorio, manido, viejo y de mal gusto, de tratar de fingir que se ignoran los nombres, cambiándole el apellido a la diputada Martha Andrade de Del Rosal, que había tenido una intervención tan razonable, tan ponderada.

Ha hablado el diputado Christlieb Ibarrola, refiriéndose a los datos proporcionados en la asamblea de educación en Santiago de Chile, en 1962, por el Ministro Torres Bodet y Ernesto Enríquez, de que es imposible hacer el costo de la educación. Puedo hablar en este asunto, porque además de que me interesé en mi calidad de maestro, yo seguí paso a paso esto y efectivamente, Torres Bodet dijo que no era posible hacer el cálculo estimativo del costo de la educación, pero se refería al costo total de la educativa nacional, que es un problema sumamente complejo. Nosotros, en estos momento, nadie quizás, ningún órgano del Poder Público, podrá estimar el costo de producción de los servicios de transportes en general de la República, pero eso no es aviso si se puede calcular el costo de producción de una empresa determinada, y eso es lo que se trata de hacer con cada uno de aquellos planteles, en donde por una estimación simple y objetiva, las cuotas excesivas y eso sí puede hacer y solamente una mente ofuscada por el sectarismo, por la pasión, por el espíritu sistemático de oposición puede negar esa posibilidad. Y yo insisto también, en que la posición de Acción Nacional de considerar irrealizable en la práctica la cuantificación de este problema, en relación con el costo de la educación para la fijación de cuotas equitativas razonables, implica una desconfianza absoluta hacia los técnicos y especialistas mexicanos que sí pueden hacer esta estimación. ¿Esperamos nosotros que este cálculo pueda hacerse de un día para otro? No, señores, es evidente que no. Llevará tiempo, pero si esta tarea tiene que emprenderse algún día, vamos a iniciarla desde hoy mismo.

Ha puesto énfasis también el diputado Christlieb Ibarrola en su afirmación, reiterada varias veces en su discurso, de que con esta medida se va a congelar a quienes realizan como dueños de planteles educativos particulares, el esfuerzo que estas personas llevan a la práctica para concurrir en la función educativa.

Insisto en que tal parece que no se ha tratado, o no se quiere entender la proposición de los diputados del PRI. Se dice en esa propuesta que se reconoce, que hay planteles que no cobran efectivamente cuotas excesivas. Pero el hecho de que el día de mañana al iniciarse el nuevo año lectivo, si se atiende a esta petición nuestra, se congelan provisionalmente las cuotas eso no significa condenar a la desaparición a esos planteles. Porque además de que el Estado, en el caso de que atiendan a esta petición nuestra, como tenemos la esperanza de que lo haga, procederá a hacer un estudio lo más rápido posible del problema, y existe el recurso para los dueños de las escuelas particulares, como lo señala la proposición, de acudir al Estado. Los dueños de los colegios que cobran cuotas moderadas pueden decirle al gobierno: "Revisa mis costos de producción; revisa los costos que implica para mi la impartición de la enseñanza y autorízame una elevación

justificada". Y yo estoy seguro, porque no hay motivo para pensar lo contrato, que el Estado en México atenderá esa petición cuando se trate y provenga efectivamente de un colegio que viva en condiciones precarias.

Ha dicho también el diputado Christlieb Ibarrola, y esta idea la comparten otros diputados de su partido, que si se congelan las cuotas, va a congelarse también la posibilidad de que se aumente el sueldo de los maestros que elaboran en esos planteles; y también la posibilidad de que se eleve en los mismos la calidad de enseñanza. Y yo pregunto; ¿Si no se hiciera esa proposición; si el Gobierno de la República no interviniera, como se le está pidiendo, creen ustedes, señores diputados de Acción Nacional, que los dueños de esas escuelas que año por año no han aumentado los miserables jornales de los maestros que tienen a su servicio, solamente porque no hagamos esta proposición, generosa y espontáneamente van a aumentarlos? ¿Serán necesarias medidas de este tipo para que ellos eleven los salarios a que justamente tienen derecho los maestros que utilizan en sus aulas?

Precisamente en la medida en que el Estado intervenga, eso puede abrir el camino y facilitar que los propietarios, los dueños de esos planteles educativos aumenten los salarios de sus maestros.

Que quede bien claro, pues, que no estamos utilizando un procedimiento abusivo; que no hemos sido nosotros los que hemos planteado aquí ningún debate de tipo ideológico, no porque le tengamos temor a llevarlo adelante, sino porque sencillamente se trataba aquí de plantear un problema que consideramos que es de urgente resolución; que no se atenta ni ha estado nunca en el ánimo de los autores de la proposición, en contra de aquellos colegios particulares que no cobran cuotas abusivas y que no han hecho de su función educativa un negocio inescrupuloso y lesivo a los intereses populares, y que la proposición que han hecho nuestros compañeros del PRI es de tal manera flexible, que aun decretando la congelación de las cuotas actuales, cuotas que indiscutiblemente les permiten vivir a los colegios puesto, que con ellas han subsistido hasta la fecha, de ninguna manera congelarán ni la posibilidad de que se aumenten los saldos de los maestros ni que se mejore la calidad de la enseñanza que se imparte en esos planteles, y por último, también, cuantos oradores de Acción Nacional han subido a esta tribuna, han dicho que comparten con los diputados del Partido Revolucionario Institucional la noble preocupación para que se resuelva este problema.

¡Qué tardíamente han dado ustedes muestras de esa preocupación! Aquí hoy mismo cuando hablaron de las empresas descentralizadas y en discusiones anteriores, han hablado de que por años y años los diputados de Acción Nacional han presentado innumerables iniciativas de ley, unas, atendidas; otras desechadas, y otras más congeladas; pero ninguna de esas iniciativas se refiere a este problema que sí constituye una angustiosa cuestión popular.

En cambio, esa preocupación sí ha lacerado, sí ha inquietado y ha llegado a la entraña de nuestro partido. No ha surgido de la inventiva momentánea de un grupo de diputados. Revisen ustedes las versiones taquigráficas o periodísticas de la primera asamblea de programación de nuestro partido, y después las numerosas asambleas regionales, también del mismo carácter, efectuadas en cada uno de los Estados de la República, primero, como la parte inicial de la preparación del programa de nuestro partido, con vistas a la campaña electoral ya fenecida, y después en las asambleas que tuvieron lugar durante la visita de nuestro candidato, licenciado Gustavo Díaz Ordaz, para que constaten que en numerosas ocasiones padres de familia de modesta condición plantearon a nuestro partido - y nuestro partido lo recogió como un compromiso de honor - el problema de que se luchara por todos los medios que nuestro partido tiene a su alcance, y uno de éstos es esta asamblea legislativa, para resolver definitivamente este problema que sí afecta seriamente a las clases populares (Aplausos.)

El C. secretario González Sáenz, Leopoldo: Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría consulta a la Asamblea...

El C. Cristlieb Ibarrola, Adolfo: Espero que, de acuerdo con el Reglamento, me dé usted la oportunidad de contestar una alusión personal por dos minutos, señor Presidente.

El C. Presidente: Hasta cinco minutos.

El C. Christlieb Ibarrola, Adolfo: El señor diputado Fuentes Díaz habló de mi ofuscamiento y del de otros diputados del PAN. Yo creo que él estaba ofuscado tomando notas cuando hablé yo de este problema; concretamente señalé que la proposición, tal como había sido planteada, había eludido los problemas ideológicos, y aludí al diputado del Partido Popular Socialista como el que vino a traer el tema ideológico, y está la versión taquigráfica.

En cuanto a que nosotros tardíamente nos hicimos eco de esta situación en la Cámara, tan tardíamente como el PRI - y pueden revisarse también los documentos de las convenciones de Acción Nacional y la literatura del partido sobre la materia, para ver que no fuimos ajenos a esta preocupación...

El C. Fuentes Díaz, Vicente (interrumpiendo): Yo he revisado toda la literatura y plantean otros problemas, otros aspectos de la educación, y no éste concreto que se ha analizado aquí.

El C. Christlieb Ibarrola, Adolfo: Voy a tener el gusto de presentárselo.

El C. Padilla Flores, Salvador: Nada más quiero dejar constancia de que la legislación obrera no rehuye ninguna tesis ideológica; que se reserva su derecho para mejor ocasión.

El C. Presidente: Como una demostración del interés que ha despertado a la Asamblea la discusión del problema, quiero decir que se ha permitido el uso de la palabra a dieciséis oradores.

En vista de lo avanzado de la hora, la Secretaría preguntará a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el tema, para tomar la resolución respectiva sobre las proposiciones presentadas.

El C. secretario González Sáenz, Leopoldo: Se pregunta en votación económica si se considera suficientemente discutido el asunto. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Suficientemente discutido. Sí se considera.

En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición. Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Aprobada. Se turna a las Comisiones unidas de Educación, para su cumplimiento.

La Secretaría informa que se agotaron los asuntos de la Orden del Día.

- El C. Presidente (a las 18:00 horas): Se levanta la sesión y se cita para el próximo viernes a las 10:00 horas.

TAQUIGRAFÍA PARLAMENTARIA Y

"DIARIO DE LOS DEBATES"