Legislatura XLVI - Año I - Período Ordinario - Fecha 19641127 - Número de Diario 37
(L46A1P1oN037F19641127.xml)Núm. Diario:37ENCABEZADO
MÉXICO, D.F., VIERNES 27 DE NOVIEMBRE DE 1964
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA CAMARA DE DIPUTADOS
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Registrado como artículo de 2a. clase en la Administración Local de Correos , el 21 de septiembre de 1921
AÑO I-PERIODO ORDINARIO XLVI LEGISLATURA TOMO I. -NUMERO 37
SESION DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS
EFECTUADA EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 1964
SUMARIO
I. Se abre la sesión. Se da lectura a la Orden del Día. Se lee y aprueba el acta de sesión anterior......................................................
II. Se turna a Comisión el proyecto de decreto, devuelto por el H. Senado de la República , en que se concede permiso al C. Hernán Graf Thomae para aceptar y usar condecoraciones que le fueron conferidas por el Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica....................................................
III. Se turna a las Comisiones correspondientes y se ordena la impresión de la iniciativa suscrita por la diputación del Partido Popular Socialista, para reformar el artículo 115 de la Constitución Federal, relativo al Municipio Libre. Para fundar la iniciativa hace consideraciones al respecto el C. diputado Vicente Lombardo Toledano. El C. diputado Vicente Salgado Páez apoya la iniciativa y manifiesta a la Asamblea que la XLVI Legislatura aprobó un proyecto de decreto reformando el artículo 115 constitucional, el que se encuentra pendiente en el Senado de la República. A su vez el C. diputado Juan landerreche Obregón, indica que la primera diputación del Partido Acción Nacional, presentó una iniciativa con el mismo propósito.........
IV. Invitación del Congreso de Estado de Veracruz al acto de lectura del segundo Informe del C. Gobernador del Estado. Se designa Comisión.
V. Invitación del C. licenciado Anselmo Cervantes M. Gobernador Constitucional del Estado de Tlaxcala, para el acto en que rendirá su segundo Informe de Gobierno. Se designa Comisión.
VI. Se turna a Comisión la solicitud de permiso del C. Luis Fuentes Florencia para poder aceptar y usar una condecoración que le fue conferida por el Gobierno del Brasil.
VII. Dictamen que concluye con un punto de acuerdo relativo a la invitación que hace la H. Cámara de Diputados de la República del Perú, a la Primera Reunión de Parlamentarios Latinoamericanos, que se celebrará en la ciudad de Lima, Perú, el día 7 de diciembre próximo. Se aprueba el punto de acuerdo y se designa como observador al C. diputado Manuel Gurría Ordóñez.
VIII. Primera Lectura al dictamen, con proyecto de decreto, en virtud del cual, a iniciativa del Ejecutivo de la Unión, se modifican los Presupuestos de Egresos en vigor, de la Federación del Departamento del Distrito Federal y del Territorio de Quintana Roo. El C. diputado Fluvio Vista Altamirano, solicita se dispense la segunda lectura al dictamen. En contra habla el C. diputado Guillermo Ruiz Vázquez, y, para insistir en su petición, y exponer las razones en que funda tal petición, nuevamente hace uso de la palabra el C. diputado Vista Altamirano. Se dispensa la segunda lectura. En la discusión general, intervienen los CC. diputados Miguel Estrada Iturbide, en contra; por la Comisión, Jorge de la Vega Domínguez; en contra, nuevamente Estrada Iturbide y por la comisión Vista Altamirano. Se aprueba el dictamen en lo general. Sin que motive debate en lo particular, se aprueba en este sentido. Pasa el proyecto al Ejecutivo para los efectos constitucionales.
IX. Se designan comisiones para atender a los legisladores de Argentina, Costa Rica,Colombia, Checoslovaquia, Chile, El Salvador, Estados Unidos, Ghana, Japón, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Turquía, URSS y Yugoslavia, que nos visitan en ocasión de la transmisión del Poder Ejecutivo.
X. Con motivo de la Sesión del Congreso de la Unión en la que el C. licenciado Gustavo Díaz Ordaz, rendirá la protesta de Ley como Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, se designan las comisiones para acompañar y recibir al C. licenciado Adolfo López Mateos Presidente Constitucional de la República.
Mexicana, de su residencia al Palacio de las Bellas Artes, y para acompañarlo del Palacio de las Bellas Artes al Palacio Nacional, y más tarde a su residencia; para acompañar al C. licenciado Gustavo Díaz Ordaz, Presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos, de su residencia al Palacio de las Bellas Artes, para recibir en el pórtico del Palacio de las Bellas Artes, y para acompañar del Palacio de las Bellas Artes al Palacio Nacional, al C. licenciado Gustavo Díaz Ordaz, Presidente Constitucional de México.
XI. Se procede a la elección de la Mesa Directiva que funcionará durante el mes de diciembre. Escrutinio. Declaratoria. Se levanta la sesión............
DEBATE
Presidencia del C. MANUEL ZARATE AQUINO
I
(Asistencia de 177 ciudadanos diputados).
El C. Presidente (a las 11.45 horas): Se abre la sesión.
- El C. secretario González Sáenz, Leopoldo (leyendo):
"Orden del día.
27 de noviembre de 1964.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Oficio de la Colegisladora al que se adjunta el expediente relativo al permiso solicitado por el C. Graf Thomae, el que se remite para los efectos del inciso D) del artículo 72 de la Constitución.
Iniciativa suscrita por los ciudadanos diputados del Partido Popular Socialista que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El Congreso del Estado de Veracruz invita a esta H. Cámara a la sesión solemne en la cual el C. licenciado Fernando López Arias, Gobernador de esa entidad, rendirá su segundo informe de Gobierno, la que tendrá verificativo el próximo 30 del actual.
La legislatura del Estado de Tlaxcala invita a esta H. Cámara de Diputados al acto en el cual rendirá su segundo Informe de Gobierno el C. Anselmo Cervantes Hernández, Gobernador Constitucional de esa entidad. Dicho acto tendrá verificativo el próximo día primero de diciembre.
El C. Luis Fuentes Florencia solicita el permiso constitucional necesario para aceptar y usar la condecoración Premio Marina de Brasil que le fue conferida por el Gobernador de dicho país.
Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores relativo a la invitación del Congreso peruano para que se designe una misión que asista a la primera reunión de parlamentarios latinoamericanos.
Dictamen de la Comisión de Presupuestos y Cuenta con proyecto de Decreto relativo a las modificaciones a los Presupuestos en vigor de la Federación, del Departamento del Distrito Federal y Territorio de Quintana Roo.
Designaciones de la mesa directiva relativas a las Comisiones que habrá de atender en representación de esta Cámara de Diputados a legisladores de países extranjeros que visitan México, en ocasión de la transmisión del Poder Ejecutivo y las que habrá de actuar en el Palacio de las Bellas Artes, el primero de diciembre próximo.
Elección de Mesa Directiva para el mes de diciembre".
"Acta de la sesión celebrada por la Cámara de Diputados del XLVI Congreso de la Unión, el dia veinticuatro de noviembre de mil novecientos sesenta y cuatro.
Presidencia del C. Manuel Zárate Aquino.
En la ciudad de México, a las once horas y cuarenta y cinco minutos del martes veinticuatro de noviembre de mil novecientos sesenta y cuatro, se abre la sesión con asistencia de ciento y sesenta y tres ciudadanos diputados, según declara la Secretaría, una vez que comprueba ésta.
Lectura de la Orden del Día.
Sin que motive debate, se aprueba el acta de la sesión anterior, celebrada el día diecisiete de los corrientes.
Se da cuenta con los documentos en cartera:
La H. Colegisladora devuelve, para los efectos del inciso D), del artículo 72 constitucional, el proyecto de decreto aprobado por esta Cámara, por el que se autoriza la emisión de una moneda conmemorativa de plata con la efigie del general Emiliano Zapata. Recibo, y a la Comisión de Moneda a Instituciones de Crédito.
Tres oficios de la Secretaría de Gobernación relativos a las iniciativas de modificaciones a diversas partidas de los Presupuestos de Egresos, de la Federación, del Departamento del Distrito Federal y del Territorio de Quintana Roo, correspondientes al presente ejercicio fiscal. Recibo, y a la Comisión de Presupuestos y Cuenta e imprímase.
De la propia Secretaría de Gobernación, tres oficios transcribiendo otros tantos de la de Relaciones Exteriores, referentes a de permiso para que los ciudadanos Bernardo Reyes, José Alvarez Amézquita y Carlos Gutiérrez Macìas, puedan aceptar y usar condecoraciones que les fueron otorgadas por gobiernos extranjeros. Recibo y a la Comisión de Puntos Constitucionales en turno.
La Secretaría de Relaciones Exteriores, por conducto de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que la C. Espinosa Garduño pueda prestar servicios de orden en la Embajada de los Estados Unidos de América en esta capital Recibo, y a la Comisión de Servicio Consular y Diplomático.
Los Congresos de los Estados de Jalisco y de Coahuila comunican, el primero , la designación de la Mesa Directa que funcionará durante el presente mes; y, el segundo, la apertura del primer período ordinario de sesiones correspondiente al primer año de su ejercicio. De enterado.
Invitación de la Legislatura de Chiapas, a la sesión solemne en la que el ciudadano licenciado José Castillo Tielemans rendirá la protesta, como Gobernador Constitucional del Estado, el próximo día primero de diciembre.
Para representar a esta Cámara,se designa en comisión a los ciudadanos diputados Abraham Aguilar Paniagua, Jorge de la Vega Domínguez, Alfonso González Blanco, Jesús Cancino Casahonda, Gilberto Balboa Escobar, José León Cruz, Alberto Orduña Culebro, Leopoldo González Sáenz, Jorge Rubén Huerta Pérez y Rodolfo Rossano Fraga.
El ciudadano diputado Fluvio Vista Altamirano, miembro de la Segunda Comisión de Puntos Constitucionales, hace uso de la palabra para solicitar de la Asamblea se dispense la segunda lectura a los diez dictámenes que a continuación se darán a conocer y por los cuales se concede permiso a varios funcionarios mexicanos para aceptar y usar condecoraciones de gobiernos extranjeros. Explica el deseo de la Comisión encaminado a lograr que en el momento en que se entreguen dichas condecoraciones, los interesados estén en posibilidad legal de aceptarlas y usarlas.
En votación económica, la Asamblea dispensa la segunda lectura a los dictámenes.
Primera lectura a los diez dictámenes a que se luciera referencia en el párrafo anterior, suscritos por la Segunda Comisión de Puntos Constitucionales que contiene proyectos de decreto que conceden permiso para aceptar y usar condecoraciones de gobiernos extranjeros, a los siguientes ciudadanos: Licenciado Gustavo Díaz Ordaz. Presidente Electo de los Estados Unidos Mexicanos, el Gran Collar de la Orden del Libertador general San Martín; José Gorostiza, la Orden del Libertador san Martín en el grado de Gran Cruz; Federico A. Mariscal, la Orden de Mayo en el grado de Gran Cruz y Joaquín Bernal la orden de mayo en el grado de Comendador, que les fueron otorgadas por el señor Presidente de la República de Argentina; licenciado Luis Echeverria la Orden al Mérito en el grado de Gran Oficial; Manuel Moreno Torres,Alfonso Cardoso y José García Valseca, la Orden al Mérito en el grado de Comendador; Miguel Alemán Váldes, la Orden al Mérito en el grado de Gran Cruz, que les fueron conferidas por el gobierno de la República Federal de Alemania; y finalmente, al C. José S. Gallástegui, la Orden del León de Finlandia en el grado de Gran Cruz, que le otorgó el gobierno de dicho país.
En virtud de que a los anteriores dictámenes se les dispensó la segunda lectura, la Secretaría los pone a discusión en orden correspondiente, y sin que ninguno de ellos motive debate, se reservan para su votación nominal.
Segunda lectura a cuatro dictámenes de la Segunda Comisión de Puntos Constitucionales con proyectos de decreto que conceden permiso: a la profesora doña Eva Sámano de López Mateos , para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Libertador San Martín en el grado de Gran Cruz, que le otorgó el señor Presidente de la República de Argentina: al ciudadano Alfonso de Rosenzweig Díaz Jr., la Orden del León de Finlandia en el grado de Gran Cruz, que le confirió el gobierno de dicho país; al ciudadano Manuel Cervantes, la Orden Haitiana 'Petión et Bolivar ,' que en el grado de Comendador le concedió el señor Presidente de Haití y, ciudadano Salvador Navarro Gámiz, para aceptar el título de Ciudadano Honorario de Puerto Príncipe, República de Haití.
A discusión sucesivamente, sin ella, se reservan para su votación nominal.
Tres dictámenes de la Segunda Comisión de Hacienda con proyecto de decreto que conceden: jubilación forzosa de un mil doscientos ocho pesos cinco centavos mensuales, a la C. María del Refugio Berriel Calderón, y ajustes de jubilación: de tres mil doscientos catorce pesos dieciséis centavos mensuales, al C. Ignacio Calvo Santos y, de setecientos veintiún pesos cuarenta y un centavos mensuales, al C. Marcos Salmerón Salgado, Oficial Primero, Subjefe de Departamento y Conserje, respectivamente, de esta Cámara de Diputados, por los servicios prestados a los Poderes de la Unión, durante más de veinte años la primera, y por más de treinta y cuatro los segundos, asimismo, derogan los decretos aprobados por el Congreso de la Unión que con anterioridad jubilaron a los ciudadanos Calvo Santos y Salmerón Salgado.
Segunda lectura. A discusión, no habiéndola, se reserva para su votación nominal.
Dictamen de la misma Segunda Comisión de Hacienda con proyecto de decreto que concede pensión de treinta pesos diarios a la señora Bertha Descomps, por los servicios que prestó a la Revolución, su extinto esposo, el C. Manlio Fabio Altamirano; y deroga el decreto publicado en el 'Diario Oficial' el 11 de diciembre de 1958.
Segunda lectura. A discusión, sin ella, se reserva para su votación nominal.
La Primera Comisión de la Defensa Nacional presenta un dictamen con proyecto de decreto que concede pensión vitalicia de setecientos cincuenta pesos mensuales, a la señorita Herlinda Cisneros Gutiérrez, en mérito de los servicios que presto a la patria durante la intervención francesa, su padre, el teniente de infantería Mariano Cisneros.
Segunda lectura. A discusión, no habiendo quien haga uso de la palabra, se procede a recoger la votación nominal de los dieciocho dictámenes reservados, así como el dado a conocer en último término, resultando aprobados por unanimidad de ciento sesenta y ocho votos. Pasan al Senado para sus efectos constitucionales.
Once dictámenes de las Comisiones de Previsión Social; del Servicio Consular y Diplomático; Unidas de Puntos Constitucionales y Relaciones Exteriores; Segunda de Gobernación; Primera de la Defensa Nacional y Segunda de Justicia, relativos: a la reorganización de los sistemas penitenciarios a las solicitudes de los CC. Carlos Mastretta Arista, José Quinza Maiquez, Carlos Robles y Antonio Carrillo Pérez, para que puedan aceptar y desempeñar cargos consulares en diversas entidades; a la Convención entre Estados Unidos de América y México sobre el Chamizal; a que se declare Día de Fiesta Nacional el 27 de septiembre de cada año, para conmemorar la nacionalización de la Industria Eléctrica; para honrar la memoria de los Mártires de Cananea; a un proyecto de Ley Orgánica del Territorio Sur de la Baja California; a la solicitud de pensión de los supervivientes de la Defensa de Veracruz de 1914 y, por último, a la solicitud para que se modifique la Ley de Expropiación, que concluyen todos ellos con Puntos de Acuerdo, que determinan se archiven los expedientes respectivos, por extemporáneos respectivos, unos, e inoperantes otros.
A discusión en su orden, con una aclaración del ciudadano diputado Jesús Hernández Díaz referente al primero de los dictámenes leídos, son aprobados en votaciones económicas sucesivas, los once Puntos de Acuerdo.
Para rendir homenaje al ciudadano licenciado Adolfo López Mateos, Primer Magistrado de la Nación, así como para destacar lo realizado por su régimen, en lo político, en lo social y en lo económico, durante los seis años de su gestión administrativa, hacen uso de la palabra, los ciudadanos diputados Hilda Anderson Nevárez, Enrique González Vargas, Roberto Guajardo Tamez y Enrique Ramírez y Ramírez.
A las catorce horas y diez minutos se levanta la sesión y se cita para el viernes dieciseis del actual, a las diez horas y treinta minutos."
Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Aprobada.
II
-La C. Secretaria Torres Ariceaga, Diana (leyendo):
"Estados Unidos Mexicanos. - Cámara de Senadores . - Mèxico,D.F.
CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.- Presentes.
Tenemos el honor de devolver a ustedes para los efectos del inciso D) del artículo 72 constitucional, el expediente número 7 en 24 fojas útiles, que contiene el acuerdo de esta H. Cámara de Senadores, aprobado en sesión del 18 de los corrientes.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.
México, D.F., a 24 de noviembre de 1964.-Manuel Soberanes M., S. S.- Manuel Sánchez Vite, S.S."Recibo, y a la Comisión de Puntos Constitucionales en turno.
III
-La misma C. secretaria: Iniciativa suscrita por el Partido Popular Socialista
. - El C. Estrada Villa, Rafael: Pido la palabra para leer la iniciativa.
El C. Presidente: Tiene la palabra el C. diputado Estrada Villa.
El C. Estrada Villa, Rafael: "Honorable Cámara de Diputados:
En ejercicio del derecho que nos otorga el artículo 71 de la Constitución de la República, los diputados del Partido Popular Socialista presentamos a vuestra soberanía la siguiente iniciativa del artículo 115 de la Carta Magna, concerniente al Municipio Libre. Las razones en las cuales se funda nuestra proposición son las que en seguida expresamos.
Antecedentes históricos.
Partiendo de Roma llegó a nuestro país, a través de España, la Institución del Municipio. Conquistada la península ibérica, los romanos impusieron a sus pueblos el sistema político de su metrópoli, estableciendo, además otras organizaciones locales. Así se crearon los Municipios de los Ciudadanos Romanos, las Colonias Romanas Civiles, las Colonias Itálicas, las Ciudades Confederadas y las Ciudades Estipendiarias.
Los Municipios de ciudadanos romanos gozaban de autonomía completa, se regían por sus leyes propias, las modificaban, poseían un territorio con exenciòn de tributos;y elegían libremente a los magistrados municipales. Las colonias romanas estaban compuestas por ciudadanos romanos, y se regía por las leyes de su país, poseían el terreno libre de impuestos y elegían a sus magistrados. las colonias latinas se gobernaban por sus leyes propias también, que aplicaba libremente los magistrados; poseían el suelo sin pagar contribuciones y sus componentes el adquirían la ciudadanía romana al desempeñar un cargo público en la ciudad. Las colonias itálicas tenían magistrados, aunque estaban sometidos al imperium de Roma; no gozaban de autonomía completa en materia tributaria ni les pertenecía el dominio del terreno, el cual disfrutaban a virtud de arrendamiento perpetuo.
Las ciudades estipendiarias estaban completamente sometidas a la autoridad del pretor, que nombraba a las personas que debían administrarlas. Sus habitantes no disfrutaban de derechos civiles ni políticos y pagaban impuestos ordinarios y extraordinarios.
En la Edad Media española, la organización municipal tuvo características diferentes según las regiones; pero en general fue, durante mucho tiempo, un conjunto de comunidades manejadas por los vecinos, con atribuciones administrativas, legislativas y judiciales, que defendían los intereses económicos y políticos de sus integrantes, hasta que el poder central las fue privando de sus derechos y sometiéndolas a su jurisdicción.
En Castilla y León los funcionarios y magistrados eran de elección popular y desempeñaban sus cargos por tiempo determinado, casi siempre por un año.
La elección se hacía por colaciones o parroquias. Muchas villas y ciudades gozaban, por fuero, del privilegio de que no pudiera avecindarse en ellas ningún noble. Algunas no permitían que se construyeran dentro de sus muros más palacios que los del rey y el del obispo; prohibiciones inspiradas en el temor de que las libertades municipales peligraran por la intervención de la nobleza. Los gobiernos municipales se componían, en su mayoría, de alcaldes, regidores, jueces, alguaciles mayores, alférez y escribanos.
En Aragón los Consejos Municipales se llamaban Universidades. El gobierno de las ciudades y villas se hallaba encomendado a un número muy variado de jurados, elegidos ordinariamente por el pueblo. En Cataluña, la base de la organización municipal era un cuerpo de vecinos distinguidos que se denominaban probi-hominis. Este cuerpo elegía o proponía, según los casos. un Consejo, cuyos miembros se llamaban Consejeros, y también cónsules, procuradores y jurados.
A pesar de la diversidad de las formas de la organización municipal, en la mayor parte de las villas y ciudades de España los magistrados populares tenían atribuciones judiciales en materia civil y criminal, y en todo lo referente a la gestión económica. Reglamentaban los abastos, establecían reglas de policía, administraban, conservaban y defendían la
propiedad municipal, levantaban y organizaban tropas y nombraban procuradores que representaban a las ciudades ante las Cortes. Con el nombre de Hermandades se organizaron verdaderas Confederaciones de ciudades.
Desde Alfonso XI, quien convirtió muchos de los oficios electivos en oficios llamados a merced real, los reyes de España mantuvieron una lucha constante contra la vida municipal independiente. Las ciudades perdieron la facultad de elegir alcaldes y jurados, pasando al rey la designación. De ese modo fue ensanchándose el poder central, debilitando la vida democrática de los Municipios.
Con el advenimiento del régimen absoluto, y la derrota de los Comuneros de Castilla por las tropas de Carlos V en 1521, las libertades locales en España se extinguieron. La autoridad nacional designó gobernadores, corregidores y alcaldes mayores, que se constituyeron en la autoridad suprema de los Municipios. Aun en la Constitución de 1812, que en muchos aspectos representaba un progreso respecto de la estructura política tradicional, el Municipio fue sometido a la autoridad del Estado. después la reconquista de la libertad municipal tuvo periodos de lucha intensa, seguidos de nuevo fortalecimiento del gobierno central, según la orientación de las autoridades supremas del país; pero los Municipios, por ser comunidades naturales, organismos básicos de la vida social, no renunciaron nunca a vivir con independencia dentro de la gran comunidad nacional.
Esa lucha entre los Municipios y el poder central se explica por el propio desarrollo histórico, especialmente por el crecimiento de las fuerzas productivas que abarcan, inevitablemente, a todo el territorio de un país, liquidando la autonomía de las comunidades que durante mucho tiempo fueron las únicas formas permanentes de las relaciones sociales y políticas.
El Municipio en la Nueva España.
La institución del Municipio aparece en México con la Conquista. Hernán Cortés funda el 23 de abril de 1519, la Villa Rica de Vera Cruz, que elige suAyuntamiento .su proposito fue el de recibir del Cabildo, como hasta pocos años antes ocurría en España, la facultad legal para emprender la obra que se había propuesto, recibiendo los nombramientos de Justicia Mayor y de Capitán General. Dominada Tenochtitlán, Córtez expide las Ordenanzas de 1524 y 1525, que estuvieron en vigor hasta 1573, cuando Felipe II decretó las Ordenanzas sobre Descubrimiento, Población y Pacificación de las Indias, que duraron tres años en vigor, para ser substituidas por las Ordenanzas de Intendentes.
Nada nuevo aportaron los conquistadores al régimen municipal español, concretándose a implantarlo y mantenerlo en la Nueva España durante tres siglos que duró el régimen colonial. Así se establecieron los Municipios con el nombre, según su importancia, de ciudades, pueblos o villas.
El gobierno municipal estaba integrado por regidores que designaban anualmente a los alcaldes ordinarios. A su lado actuaban el Alcalde Mayor o Corregidor, que era el representante del poder virreinal, el Procurador General o Síndico, encargado de defender los derechos de la ciudad, nombrado con permiso de las autoridades superiores, y el Escribano, especializado por ramas administrativas, que hacía las veces de registrador de los acuerdos de la corporación y de las promociones de los vecinos ante el Ayuntamiento.
Como ocurrió en la metrópoli, los municipios en México fueron perdiendo sus derechos y sus atribuciones a expensas del gobierno virreinal, y agobiados por la falta de recursos de la Corona Española establecieron la costumbre de vender los empleos municipales o de darlos en arrendamiento. De este modo se crearon los Regidores perpetuos junto a los electivos.
Las funciones de los Ayuntamientos eran judiciales y administrativas. Se ocupaban de las obras públicas, de los mercados, de las pesas y medidas, de la policía, y de cuidar los montes y pastos del Municipio. Tenían también la facultad de legislar, decretando las ordenanzas de las ciudades dentro del marco de las expedidas por el Rey, que debían ser confirmadas por el Concejo de Indias. Trabajan casi siempre bajo el sistema de Cabildo Cerrado, sin audiencias públicas.
Si desde el punto de vista político los Ayuntamientos de los Municipios tuvieron facultades restringidas, en cambio en el campo económico disfrutaron de independencia. Poseían bienes comunes, bienes llamados propios y, en caso extraordinarios, contaban los arbitrios especiales. Los bienes comunes consistían en los terrenos de aprovechamiento colectivo y en los que se establecían lo servicios públicos. Los propios eran rústicos y urbanos, que se administraban directamente por el Ayuntamiento o se arrendaban para sufragar sus gastos.Los arbitrios consistían en derramas y contribuciones entre los . vecinos o en concesiones que hacía el Rey a ciertos Municipios para cubrir las atenciones públicas.
Los Ayuntamientos formaban pósitos, que eran fondos destinados a la compra de. granos en la época de las cosechas para venderlos cuando alcanzaban mejores precios, o para aplicarlos, en caso de necesidad pública, en auxilio de los vecinos. Manejaban, asimismo, las Alhóndigas que tenían por objeto impedir la especulación y la intervención de intermediarios, fijando precios a la mercancías y realizando la tarea de regular de una manera equitativa la oferta y la demanda de los productos.
El Municipio en el siglo XIX.
Lograda la independencia de la nación respecto de España, la institución del Municipio sufrió las modalidades que les impuso el desarrollo de nuestro país, de acuerdo con el propósito de estructurar definitivamente la República. Si se revisan los proyectos de las normas supremas y las Constituciones, desde la de Apatzingán, de 1814, hasta la de 1857, se puede advertir que en todos ellos el Municipio es considerado como una comunidad básica de la vida democrática, aun cuando el interés principal giraba alrededor de la primacía del gobierno civil nacional sobre todas las corporaciones existentes, en primer lugar la Iglesia, que disfrutaba de fueros y privilegios y de cuantiosos bienes y recursos financieros.
Al triunfar el partido liberal, persiguiendo la consolidación del Estado como la autoridad única, se expidieron las Leyes de Desamortización de 1856 que, al aplicarse de una manera exagerada, afectaron negativamente los intereses de los Municipios. Los Ayuntamientos perdieron sus bienes propios, los terrenos y las casas construidas en ellos, que les
daban una renta permanente, y los terrenos que cultivaban o arrendaban para aumentar sus ingresos. Muchos de los pueblos de indios perdieron también el fundo legal, sus ejidos y sus bienes comunes.
El régimen de Porfirio Díaz agrupó a los ayuntamientos en circunscripciones político-territoriales con el nombre de Distritos o Partidos, y creó los jefes políticos, encargados de hacer cumplir los acuerdos y las órdenes de los Gobernadores de los Estados, anulando por completo la ya precaria vida independiente de los Ayuntamientos. Fue, en la práctica, un sistema político dictatorial que partía de una autoridad única, la del Presidente de la República, y tenía como instrumento básico de ejecución a los prefectos o jefes políticos. y como éstos eran las autoridades que vivían en contacto diario con el pueblo, se convirtieron en símbolos vivientes de opresión, despertando el odio de los habitantes de todo el país. Eran los que practicaban la leva para proveer al ejército de soldados, los que perseguían a los campesinos que huían de las haciendas, los encargados de organizar los trabajos forzados y gratuitos, los que utilizaban a los tribunales de justicia como armas de castigo para los inconformes, los que sancionaban de manera brutal a quienes trataban de hacer valer los derechos del hombre, los que impedían la libertad de imprenta, de asociación política y de libre manifestación de las ideas.
La Revolución Mexicana y el Municipio Libre.
Por eso el movimiento revolucionario que se inició en 1910, al lado de la demanda principal de respetar el voto de los ciudadanos y de prohibir la reelección del Presidente de la República y de los Gobernadores, exigió la supresión de los jefes políticos y la restauración del Municipio Libre como institución primordial de la estructura política del país. A estas consignas iniciales habrían de sumarse la lucha contra los latifundios, la Reforma Agraria, el reconocimiento de los derechos de la clase obrera, y la reivindicación para la nación de las riquezas naturales de su territorio.
La Reforma Agraria, a veces con impulso dinámico, en ocasiones con zigzagueos y aun con retrocesos, se halla todavía en marcha, y gracias a ella nuestro país ha podido pasar de su condición de país agrícola primitivo y no exportador de minerales, a la de país agrícola e industrial. Los derechos de la clase obrera, recientemente ampliados, forman parte de las garantías sociales que el artículo 123 de la Constitución reconoce. El aprovechamiento de los recursos físicos de nuestro territorio para garantizar el desarrollo económico independiente de la nación y mejorar, las condiciones de vida de las mayorias prosigue y se amplía, y ha adquirido modalidades de importancia con la creación de las empresas des centralizadas del Estado. Pero tratándose del Municipio Libre nada concreto se ha dicho hasta hoy.
El problema municipal se ha discutido innumerables veces. Se ha escrito sobre él muchos estudios y ensayos, y se han llevado a cabo asambleas regionales y nacionales para el fin de encontrar el camino de asegurar a los Ayuntamientos se autonomía respecto de los poderes de los Estados y del gobierno federal.
La experiencia demuestra que generalmente hay más pasión en las luchas políticas por la elección de los miembros de los Ayuntamientos, que por la designación de los Gobernadores de los Estados y aun del Presidente de la República, porque de las autoridades municipales depende la tranquilidad de los pueblos el establecimiento y la ampliación de los servicios públicos y las perspectivas del mejoramiento de la vida del vecindario, tanto en las pequeñas poblaciones como en las grandes urbes.
Y no obstante que el movimiento revolucionario le dio el carácter de exigencia popular que debía satisfacerse de inmediato, el problema del Municipio no fue siquiera examinado a fondo por el Congreso Constituyente de 1916-1917. La asamblea que formuló la nueva Carta Política de la República, apremiada por problemas que le parecieron de mayor trascendencia, redactó en su artículo 115 un Estatuto para el Municipio pero subordinándolo en lo económico a los gobiernos locales, y después las Constituciones de los Estados privaron a los Ayuntamientos de independencia política, de tal manera que la libertad municipal es sólo una frase que por carecer de contenido substancial no tiene vigencia.
El panorama actual.
El panorama actual de la vida municipal en México, en cualquiera de sus aspectos, no puede ser peor. He aquí los hechos. Existen en la República 2,377 Municipios. Pero su distribución es aparentemente anárquica, porque el Estado de Oaxaca tiene 571 (el 24.02 por ciento del total); Puebla 222 Municipios (el 9.34 por ciento); Veracruz 198, que representan el 8.33 por ciento del total; el Estado de México 119 Municipios (el 5.01 por ciento); Michoacán 110 (el 4.63 por ciento); Chiapas 11 Municipios (el 4.67 por ciento del total), mientras que Chihuahua sólo cuenta con 66 Municipios que representan el 2.77 por ciento del total de los Municipios del país; Coahuila 38 (el 1.60 por ciento) y el Estado de Baja California 4 Municipios, que corresponden al 0.17 por ciento del total.
¿A qué se debe esta distribución desigual de los Municipios? A razones históricas. Si se observa el mapa de la división político-territorial de nuestro país se descubrirá inmediatamente que en donde hay mayor número de Municipios es en las regiones de población indígena. Sería largo explicar el proceso que determinó la concentración de los grupos indígenas en las regiones montañosas del centro y del sureste del territorio nacional; pero independientemente del éxodo de la poblaciones nativas a las zonas más abruptas cuando fueron despojadas de sus tierras de labranza por los conquistadores y los colonos venidos de afuera, la multiplicidad de los Municipios se debe a que cada uno de ellos recuerda todavía a los núcleos integrantes de las tribus.
Al realizarse la Conquista la estructura de las tribus se basaba en clanes, constituidos por personas ligadas por parentesco sanguíneo, y en fratrias, asociaciones de clanes. El conjunto de las fratrias formaban la tribu. Todavía hoy, a cerca de cinco siglos de distancia de la Conquista, muchos de los pueblos indígenas y aun pequeñas ciudades se dividen en barrios, supervivencia de las fratrias, y los barrios en solares familiares, los antiguos clanes, que tienen nombres propios de origen totémico o de carácter simbólico. Los españoles, indiferentes a lo que podía proporcionarles las regiones montañosas, respetaron la estructura de las tribus y cambiaron de nombre
a sus organismos. En algunos casos, sobre todo tratándose de poblaciones semiurbanas o francamente urbanas, junto a los grupos integrantes de las tribus colocaron a los gremios de artesanos que, para los fines religiosos, se agrupaba en cofradías con su respectivo santo patrón.
Esa misma actitud tuvieron los liberales del siglo XIX para con las comunidades indígenas, que vistieron con el ropaje puramente formal de Municipios, incorporándolos a las teorías democráticas de carácter universal. Se podría argumentar en contra de esa explicación antropológica e histórica, que todo el territorio de lo que hoy constituye nuestro país fue habitado por indígenas y que, sin embargo, del Trópico de Cáncer hacia el norte no ocurre el fenómeno de la concentración de los Municipios como en la región del centro y del sur. Pero es necesario recordar también que el hecho que mencionamos corresponde a las tribus que habían alcanzado un alto nivel de cultura. Eran sedentarias, trabajan la tierra, cultivaban con esmero las plantas naturales y habían descubierto muchos de los fenómenos de la naturaleza que influían en la agricultura y en sus artes derivadas, en tanto que las tribus del norte eran cazadoras y recolectoras de frutos espontáneos y no llegaron jamás al nivel de civilizaciones de los otros grupos humanos.
Ni los españoles de la etapa colonial ni los elementos revolucionarios del México independiente, pensaron en distintas normas jurídicas y políticas para la composición heterogénea de la población mexicana. Aplicando las normas vigentes en la península ibérica a sus colonias del Nuevo Mundo, trataron de ajustar a ellas la sociedad que descubrieron, en vez de que la realidad impusiera formas distintas de las relaciones sociales y políticas en un vasto país como el nuestro , con numerosos conglomerados sociales en muy diversos estados de evolución. Los segundos, partidarios de los derechos universales del hombre y del ciudadano, hicieron lo mismo. Este es el motivo que explica la ineficacia de muchos de los principios trasplantados de Europa a México, debajo de los cuales ha sobrevivido hasta hoy una organización política casi clandestina, porque los núcleos de población aborígen que conservan sus lenguas nativas siguen gobernándose de acuerdo con sus tradiciones, aunque muchas de éstas hayan sucumbido en parte ante las leyes de tipo occidental, que no han sido asimiladas y menos aún convertidas en prácticas cívicas.
Pero el problema no se limita a la disparidad en la distribución de los Municipios. Hay otro también de gran importancia: el de la división político-territorial que se ha mantenido inmutable sin tomar en cuenta el desarrollo económico de nuestro país. En muchas regiones las cabeceras de los Municipios están en lugares de buen clima; pero improductivos; el resto del territorio municipal corresponde a zonas potencialmente ricas; pero insalubres. El resultado ha sido el de que las cabeceras municipales viven de los pequeños impuestos a la producción económica de la mayoría de los habitantes del Municipio, que carecen de los servicios públicos elementales.
Y como a pesar de haber sido liquidados los prefectos y jefes políticos, en las antiguas cabeceras de los distritos subsisten los juzgados de primera instancia y las oficinas federales, el problema se agrava porque el Municipio cabecera se convierte, de hecho, en una comunidad de categoría superior a las demás. No obstante esta situación de suyo difícil y compleja, el mantenimiento de esa antigua división político territorial se complica más,no porque en algunas zonas han surgido centros industriales cuya población queda subordinada desde el punto de vista de la vida municipal a pequeños poblados, a veces distantes a los que tiene que acudir para tramitar sus diarios asuntos.
¿De qué manera resolver esta situación? Creemos que un paso de trascendencia para ese fin es el de hacer coincidir el territorio de los Municipios con zonas económicamente homogéneas. Puede y debe haber Municipios con una extensión territorial pequeña -los centros industriales o con puertos marítimos o terrestres- y municipios con una extensión mayor dedicada al mismo género de producción económica, porque entonces las autoridades municipales representarían de una manera obligada el interés primordial de los vecinos y se convertiría en sus defensores y en los promotores de las actividades del conjunto.
No es posible siquiera plantear una nueva división territorial de los Estados de la República, porque hay viejos intereses históricos, económicos y aun sicológicos, que en esta etapa de la vida de México deben respetarse. Sin embargo, para los fines de la Administración Pública y aun de las actividades de instituciones privadas, la división territorial obedece a funciones precisas que tratan de evitar obstáculos. A ese criterio corresponden las jurisdicciones de las oficinas de correos, telégrafos, telecomunicaciones, de salubridad y asistencia, las zonas militares y aun las educativas, y lo mismo acontece con instituciones como la Iglesia Católica y los centros principales del crédito y del comercio.
Por ese motivo se ha hablado durante muchos años y se sigue considerando todavía, la conveniencia de crear nuevas entidades federativas con ciertas zonas geográficas y económicas semejantes, que casi siempre coinciden con una población de iguales características, como las Huastecas, las Mixtecas, las de las regiones de los desiertos y bolsones, el Istmo de Tehuantepec, las regiones fronterizas, las cuencas de los grandes ríos y aun ciertos territorios de carácter marítimo.
Hemos citado los hechos anteriores para reforzar nuestra opinión, porque si la actual división político territorial de los Estados crean numerosos problemas y en cierta forma estorba las funciones de la Administración Pública, tratándose de los Municipios la cuestión es todavía más grave; pero al mismo tiempo fácil de resolver, porque no tropieza con obstáculos invencibles.
Hacer coincidir a los Municipios con zonas económicamente homogéneas, es un paso de trascendencia, porque dará frutos en muy pocos años. Esto significa que muchos de los actuales Municipios se tienen que reunir para formar nuevos y que habrá que crear otros tomando en cuenta sus características geográficas, ecológicas, y humanas, además de factores complementarios, como las comunicaciones y los transportes. En cuanto a los Municipios de población indígena, es aconsejable unir a los de regiones económicamente
semejantes que tengan, a la vez, la misma lengua nativa, porque no es verdad que las pugnas entre esos grupos se deban siempre a problemas de límites o de tierras. Hay que tener presente que conviven todavía en muchas regiones de nuestro país pueblos con distintos idiomas, que hacen difícil su trato, porque la lengua es el medio de expresión de una sicología colectiva que no comparten los vecinos. Es el caso de la Sierra Norte de Puebla, en la que se hablan el otomí, el totonaca, el olmeca - mexicano y el náhuatl, sin que haya habido mezcla entre los habitantes de la región en ninguna época. También el caso de Oaxaca, de Chiapas y de otras zonas indígenas.
El problema de la división político-territorial es, por tanto, una cuestión que debe ser resuelta tomando en consideración la realidad económica y social de México, si se quiere que los Municipios tengan una base firme de sustento.
Pero no es el único. Otro lo constituye la vida política municipal. Una simple lectura de las Constituciones de los Estados demuestra que o las Legislaturas o los Gobernadores califican las elecciones municipales o intervienen en ellas de tal modo, que finalmente imponen su criterio anulando la vida democrática de las comunidades que sirven de fundamento a la estructura política de la República. Por eso, si ha de existir la libertad municipal, es indispensable que las autoridades superiores de los Estados no intervengan en las elecciones. Para que haya un amplio régimen democrático, que abarque todas las formas de la convivencia social, el proceso democrático debe partir de abajo hacia arriba y no sólo de arriba hacia abajo. Esta es la tesis que ha sometido el Partido Popular Socialista desde su fundación, postulando el sistema de la representación proporcional, que si tiene un gran valor para el Poder Legislativo nacional lo tiene todavía más, en cierta forma, para los Municipios.
A pesar de que en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se ha dado apenas el primer paso en ese sentido, gracias al cual en esta Legislatura están representados todos los partidos nacionales, es ya evidente la importancia de la medida. Por eso es fácil imaginar la trascendencia que para la vida democrátrica de nuestro país tendrían las elecciones municipales sin interferencias.
Hasta antes de la aparición de los partidos políticos era difícil encontrar una forma eficaz para garantizar la libertad política de los Municipios; pero hoy la cuestión es simple. porque si los partidos nacionales y locales que tenga vida activa en los Municipios, intervienen en el proceso electoral, principiando por la formación del padrón de los ciudadanos, hasta llegar a la calificación de los sufragios, aplicando el principio de que a la mayoría de votos corresponde la mayoría de los regidores, sólo frutos de gran importancia habrán de cosecharse con tal sistema.
El mejor apoyo popular que pueden tener los Gobernadores de los Estados y el Presidente de la República, es una vida democrática básica que permitía la designación de autoridades respetadas por las mayorías y por las minorías, que juntas harán posibles los servicios públicos y la promoción del desarrollo económico. No es exagerado decir que a una verdadera vida democrática municipal, corresponderá, de una manera espontánea, consciente y activa, una vida democrática nacional.
Nuestra proposición consiste, en tal virtud, en confiar a una comisión electoral municipal la preparación, la vigilancia y la calificación de las elecciones de los Ayuntamientos, con algunas condiciones y modalidades que surgen de la experiencia ya vieja de nuestro pueblo.
Los regidores deben ser la autoridad única de los Municipios. Ellos deben designar al alcalde y podrán privarlo de su cargo, conservándole el de regidor, para impedir que se creen caciques pues encima de los cabildos. Pero ha llegado el momento también de hacer innovaciones en la vida política municipal, para que sus autoridades se sientan ligadas al conjunto de la población y ésta tenga siempre el derecho de substituir a sus mandatarios que no cumplan con sus deberes. Por eso proponemos el derecho de iniciativa y el derecho de revocación del mandato, como prerrogativas de la mayoría de los ciudadanos del Municipio, y la obligación del Ayuntamiento de someter a su aprobación, en referéndum, el plan de la Administración.
No se puede argumentar que nuestro pueblo no está preparado para ejercer esos derechos ni para juzgar los planes del gobierno municipal, porque, en la práctica, lo que ocurre es que cuando el vecindario ya no tolera a un alcalde, a uno o varios regidores o a todo el Ayuntamiento, acaba por destituirlos de una manera tumultuosa. El derecho de iniciativa no sólo es bien comprendido por nuestro pueblo, sino que todos los días lo practica, aun cuando sin éxito, y en cuanto al referéndum para el programa de inversiones y gastos del Ayuntamiento, es una demanda que abarca a todas las comunidades del país, incluyendo a la capital de la República, cuya gran población no participa ni a título de sugestiones en la dirección de sus intereses colectivos.
Esas medidas darán libertad política a los Municipios, es decir, harán a sus habitantes factores activos, a través de sus partidos, en la gobernación de sus intereses comunes y convertirán a las autoridades en verdaderos administradores honestos y respetuosos de los intereses generales. Pero falta aún garantizar la independencia económica, sin la cual es imposible hablar del Municipio Libre.
Del total de los Municipios que existen en la República -2.377- el 93.06 por ciento, o sean 2.212 Municipios, cuentan con ingresos inferiores a medio millón de pesos al año. 66 Municipios (el 2.78 por ciento) , recibe entre uno y tres millones anuales. 17 Municipios (el 0.72 por ciento), cuentan de 3 a 6 millones. 10 Municipios (el 0.42 por ciento) obtienen entre 6 y 9 millones al año. 5 Municipios (el 0.21 por ciento) logran entre 9 y 12 millones. 1 Municipio (el 0.04 por ciento), tiene de 12 a 15 millones de ingresos . 2 Municipios (el 0.08 por ciento) tienen ingresos entre 15 y 18 millones. Un Municipio (el 0.04 por ciento) disfruta de 18 a 20 millones anuales. 4 Municipios (el 0.17 por ciento), más de 21 millones anuales.
Confirmando nuestra iniciativa de que los territorios municipales deben coincidir con zonas económicamente homogéneas, veáse cuáles son los Municipios con mayores recursos. Los hemos clasificado en tres grupos: las zonas industriales de mayor importancia, y los puertos marítimos y terrestres de significación.
Los Municipios de las zonas agrícolas prósperas que tienen mayores recursos son los siguientes: 1. Mexicali: 23 millones 106 mil 642 pesos. Se trata de la Cuenca del Río Colorado. 2. Torreón: 16 millones 729 mil 244 pesos. Es la Cuenca del Río Nazas. 3. Culiacán: 10 millones 017 mil 893 pesos. Es el Valle que riegan los ríos Humaya y Tamazula. 4. Cajeme: 10 millones 526 mil 163 pesos. Es el Valle del Río Yaqui. 5. Matamoros, Tamaulipas: 7 millones 319 mil 698 pesos. Es la zona regada por el Río Bravo. 6. Navojoa: 5 millones 015 mil 292 pesos. Es el Valle del Río Mayo. 7. Ahome: 4 millones 795 mil 176 pesos.
Es el Valle del Río Fuerte. 8. Y la zona de San Luis Río Colorado, con 3 millones 572 mil 291 pesos anuales que, como su nombre lo indica, corresponde al Río Colorado, como la de Mexicali.
La zonas industriales más importantes, exceptuando a la ciudad de México, corresponden a los siguientes Municipios: 1. Guadalajara con 33 millones 508 mil 980 pesos; 2. Monterrey: 28 millones 390 mil 263 pesos; 3. Puebla: 19 millones 430 mil 085 pesos; 4. San Luis Potosí: 12 millones 513 mil 828 pesos; 5. Mérida: 11 millones 779 mil 799 pesos; 6. León, Guanajuato: 6 millones 927 mil 914 pesos; 7. Tlalnepantla: 6 millones 841 mil 352 pesos; 8. Irapuato: 5 millones 205 mil 176 pesos; 9. Orizaba, Veracruz: 5 millones 042 mil 673 pesos; 10. Naucalpan: 4 millones 431 mil 798 pesos; 11 Poza Rica, Veracruz 4 millones 111 mil 945 pesos; 12. Querétaro: 3 millones 232 mil 514 pesos.
El tercer grupo está formado por los puertos marítimos y terrestres de: a) Ciudad Juárez: 27 millones 252 mil 510 pesos; b) Tijuana: 16 millones 604 mil 634 pesos; c) Mazatlán 11 millones 175 mil 010 pesos; d) Veracruz: 11 millones 208 mil 866 pesos; e) Tampico: 7 millones 724 mil 982 pesos; f) Ensenada: 7 millones 132 mil 100 pesos; g) Acapulco: 6 millones 927 mil 914 pesos: h) Guaymas: 5 millones 383 mil 852 pesos; i) Nogales: 5 millones 361 mil 151 pesos; j) Coatzacoalcos: 4 millones 964 mil 740 pesos y k) Nuevo Laredo: 3 millones 117 mil 290 pesos.
En contraste con estos Municipios que podrían llamarse ricos, hay otros que tienen una indudable importancia política, porque son capitales de Estado; pero como no son centros de producción económica ni puertos, tienen muy bajos ingresos. En esta situación se encuentran los Municipios de Morelia: 2 millones 975 mil 021 pesos anuales; Pachuca: 2 millones 662 mil 062 pesos; Colima: 2 millones 711 mil 122 pesos; Campeche: 1 millón 828 mil 326 pesos; Tepic: 1 millón 746 mil 604 pesos; Ciudad Victoria: 1 millón 509 mil 374 pesos y Chilpancingo: 559 mil 158 pesos al año.
Es tan precaria la situación económica de los Municipios, que todos juntos, según las cifras de 1960, tienen un ingreso de 113 millones 131 mil 307 pesos al año por impuestos indirectos, y por impuestos directos la suma de 21 millones 935 mil 670 pesos. Los impuestos indirectos gravan la producción: la agricultura, la ganadería, la minería y la industria. Son estorbos para el desarrollo económico, y el único recurso del que pueden disponer, que es el impuesto predial, lo absorben los gobiernos de los Estados en esta proporción increible, según los datos de 1962: los Estados en conjunto tienen 571 millones 758 mil 395 pesos de ingresos anuales por el impuesto predial, y todos los Municipios del país 28 millones 202 mil 293 pesos, o sea el 4.93 por ciento del total recaudado del impuesto predial. Esta es la causa de la miseria en que viven los Municipios en su gran mayoría, y lo que explica que en donde existen muchos Municipios los cargos edilicios sean gratuitos, honoríficos, siendo difícil que las personas ocupadas en actividades productivas los acepten.
¿De qué modo resolver esta situación crítica? Dando a los Ayuntamientos la mitad de los ingresos por el impuesto predial. Es equitativo que las contribuciones sobre los bienes rústicos y urbanos que se encuentran dentro del territorio de un Municipio contribuyan a los gastos de su Ayuntamiento; pero, además, es necesario que participen los Municipios de los impuestos federales. Puede decirse que se priva con esta medida a los gobiernos de los Estados de sus ingresos mayores; pero no ha de seguir la vida provinciana de México estancada: el día en que los Gobernadores de los Estados se conviertan en promotores de la producción económica, dentro del plan general del desarrollo de la nación, habrá muchas fuentes nuevas de trabajo e ingresos también de cuantía para las atenciones de los gobiernos locales.
Vivimos en una etapa en la que ya no es posible parcelar el desarrollo material y social de la República; pero, sobre todo, el programa de la producción. Si los Ayuntamientos cuentan con medios económicos para atender sus funciones y se integran con personas honorables, representativas de todas las corrientes de opinión. Si no se interfiere la vida cívica básica de la estructura política de nuestro país, el régimen democrático será más amplio. Con las medidas que proponemos habrá un nuevo impulso colectivo del pueblo, que tendrá en los Ayuntamientos a sus mejores colaboradores.
Lo que no es posible es tratar de establecer la libertad municipal manteniendo las normas y las prácticas que la han hecho imposible: la calificación de las elecciones de los Ayuntamientos por los poderes de los Estados o Territorios, la falta de recursos propios de los Municipios, el divorcio entre el pueblo y sus mandatarios inmediatos, los alcaldes como jefes de los regidores, la simulación de las elecciones entre las poblaciones indígenas, y otros métodos y costumbres semejantes.
Los paliativos tampoco resuelven el problema, como la Ley de Coordinación Fiscal entre la Federación y los Estados, expedida por el Congreso de la Unión y promulgada por el Presidente de la República el 28 de diciembre de 1953, que dio como fruto una comisión burocrática sin facultades ejecutivas. O la Ley de Compensaciones a los Estados por el impuesto federal sobre ingresos mercantiles, vigente desde el 1o. de enero de 1954, que es una simple medida administrativa que no mejora la situación económica de los Municipios.
Proposición.
En virtud de lo expuesto y de acuerdo con el derecho que nos asiste, proponemos a vuestra soberanía la aprobación del siguiente texto del artículo 115 de la Constitución de la República, en reemplazo del que tiene:
Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen anterior, la forma de gobiernos republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio, conforme a las bases siguientes:
Primera. Cada Municipio será administrado por un Ayuntamiento de elección popular directa. Ni las Legislaturas ni los Gobernadores de los Estados o Territorios calificarán las elecciones municipales. Esta atribución corresponderá a una Comisión Electoral Municipal integrada por un representante de cada uno de los partidos nacionales y de los partidos locales registrados con tres años de anterioridad a las elecciones, que se encargará de formular el padrón de los ciudadanos.
Los Ayuntamientos se integrarán con el número de regidores, electos sin especificación de cargos, que determine un decreto del cabildo, según las necesidades de cada Municipio. El partido que haya logrado mayoría de votos para sus candidatos, tendrá derecho a la mayoría de los regidores. El resto se escogerá por los otros partidos según el número de votos que hayan recibido sus respectivos candidatos.
En los Municipios en los que la mayoría de la población hable comúnmente algunas de las lenguas indígenas, las elecciones tendrán el carácter de plebiscito, en el cual deberá participar, para ser válido, por lo menos el cincuenta por ciento de los ciudadanos inscritos en el padrón. Será convocado por la Comisión Electoral Municipal, y su resultado será inapelable. La misma Comisión Electoral Municipal lo hará cumplir y, en caso necesario, a petición suya, el Gobernador del Estado o Territorio.
Los regidores nombrarán al Presidente Municipal, que podrá ser removido de su comisión por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Ayuntamiento. Designarán también a los funcionarios y jueces municipales.
Los presidentes y los regidores de los Ayuntamientos no podrán ser reelectos para el período inmediato, y durarán tres años en sus funciones. Se excluyen de esta disposición los suplentes que no hayan estado en ejercicio.
Se reconoce a los ciudadanos de los Municipios el derecho de presentar iniciativas al Ayuntamiento para mejorar la Administración y los servicios públicos, debiendo recaer un acuerdo sobre cada petición, que se hará público. Se les reconoce también el derecho de revocar el mandato del Presidente Municipal, y de uno o varios de los regidores, o de todo el Ayuntamiento, por el incumplimiento evidente de sus obligaciones, su capacidad notoria o su falta de probidad. Este derecho corresponderá a la mayoría de los ciudadanos inscritos en el padrón. Comprobada que sea, la Comisión Electoral Municipal declarará revocado el mandato de los funcionarios señalados en la demanda y convocará a elecciones para los puestos vacantes, siguiendo el procedimiento señalado en el segundo párrafo de esta base. Mientras se eligen, entrarán los suplentes a desempeñar los cargos.
Los Ayuntamientos formarán, inmediatamente después de instalados, el programa de su administración, incluyendo los presupuestos de ingresos y de egresos, especificando cada una de sus partidas. Para que el programa de gastos e inversiones se considere aprobado, será presentado al referéndum de los ciudadanos en la forma que determine el reglamento que será expedido por la Comisión Electoral Municipal. Tendrán también la obligación de publicar un informe mensual de sus egresos.
Segunda. Con el fin de que los Municipios cuenten con los recursos necesarios para sostener y ampliar los servicios de su incumbencia, las Legislaturas de los Estados y los Gobernadores de los Territorios procederán de inmediato a revisar la división política-territorial de los Municipios, a fin de que éstos tengan una extensión geográfica que coincida con zonas económicamente homogéneas, y con una población de iguales características etnográficas en el caso de las regiones de población indígena.
Los Ayuntamientos administrarán libremente su hacienda, la cual se formará con la mitad de los ingresos del impuesto sobre predios rústicos y urbanos ubicados dentro del Municipio, con la parte que fije la ley de todas las contribuciones que recaude el gobierno federal dentro de cada circunscripción municipal, y con los impuestos que no correspondan al gobierno del Estado. Este organizará, de acuerdo con un sistema técnico y justo, el catastro de las propiedades de los Municipios. Las cuotas que cobre el gobierno federal por los servicios públicos que haya establecido en el territorio de un Municipio, se fijarán de acuerdo con el Ayuntamiento. Ni el gobierno federal ni los gobiernos de los Estados podrán dispensar, a título de fomento a cualquiera actividad productiva o a los servicios públicos, los impuestos municipales.
Los Ayuntamientos no podrán gravar la entrada o la salida de mercancías dentro del territorio municipal, ni establecer alcabalas o dictar disposiciones que entorpezcan el desarrollo de la producción o del comercio.
Tercera. Los Municipios tienen personalidad jurídica para todos los efectos legales. Corresponde al Ejecutivo Federal y a los Gobernadores de los Estados, el mando de la fuerza pública en los Municipios en donde residieren habitual o transitoriamente.
Los demás incisos del artículo 115 conservan su texto actual.
Proponemos también la adoptación de un nuevo artículo transitorio de la Costitución, que será el siguiente:
'Artículo 17. Mientras se fijan los territorios de los Municipios según lo dispuesto en el primer párrafo de la base segunda del artículo 115, las Legislaturas de los Estados podrán agrupar a dos o más Municipios, que estarán a cargo de un solo Ayuntamiento, integrado con representantes, electos en plebiscito, de los Municipios afectados. En el caso de los Municipios de población indígena, se procurará agrupar a los que tengan el mismo idioma.'
Sala de sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 27 de noviembre de 1964. - La Diputación del Partido Popular Socialista: Vicente Lombardo Toledano.-Roberto Chávez Silva.-Jorge Cruickshank García.-Rafael Estrada Villa.-Roberto Guajardo.-Jacinto López.-Jesús Otra Guerrero.- Francisco Ortiz Mendoza.- Ramón Rocha Garfias.- Joaquín Salgado."
- La C. secretaria Torres Ariceaga, Diana: La iniciativa a la que se acaba de dar lectura se turna a las Comisiones unidas Primera de Puntos Constitucionales y Segunda de Gobernación y se ordena su impresión.
El C. Lombardo Toledano, Vicente: Pido la palabra.
El C. Presidente: Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Lombardo Toledano.
- El C. Lombardo Toledano, Vicente:
Señor Presidente, señoras y señores diputados:
A pesar de nuestro deseo de redactar una exposición de motivos breve, para la iniciativa que se acaba de leer, nos hemos visto obligados, por la magnitud del problema, a hacer consideraciones de tipo histórico, antropológico, económico y político que resultan inevitables. No he de repetir los fundamentos de nuestra proposición. Sólo deseo subrayar algunos aspectos de nuestra iniciativa, tan hondamente sentida por nuestro pueblo y tanto tiempo aplazada, desde la victoria de la Revolución al promulgar la Carta fundamental que nos rige.
Es indudable que el desarrollo económico y social de nuestro país había venido planteando, hace ya tiempo, la necesidad de un progreso paralelo en nuestras instituciones democráticas. Nos hallábamos en retraso en la vida política en relación con la vida económica, con la vida social y aun con la vida cultural. El primer paso dado en el sentido de ampliar el régimen democrático, lo hemos dicho todos varias veces, es la integración de esta cámara de diputados; pero es el primer paso nada más.
Mientras la representación de los diversos partidos políticos no se halle instalada en los Municipios de la República, nuestro sistema democrático carecerá de una base firme en la cual sustentarse. Aún suponiendo, y por eso hemos de luchar, que pronto sean reformadas las Constituciones de los Estados para que las Legislaturas locales se integren como esta compuesta en la actualidad la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, si no se revisara la estructura política de los municipios, aún con ese segundo paso, la vida democrática de nuestro país no tendría cimientos firmes. La base de la democracia mexicana tiene que partir de las comunidades naturales y sociales de nuestro territorio. No en balde la Revolución equiparó el principio de respeto al voto, la no reelección del Presidente de la República y de los Gobernadores, a la demanda de la autonomía municipal.
Las dificultades que ha habido para que exista el Municipio Libre, todos las conocemos y se han recordado en nuestro documento: libertad política restringida, dirigida o impuesta, aun cuando parezca redundante o paradójico decir libertad impuesta; y falta de recursos económicos para que la vida municipal pueda existir. Numerosas iniciativas, estudios valiosos indudablemente, asambleas, reuniones, debates, todo ha habido en las últimas décadas. Sin embargo, a la hora de precisar la forma de garantizar la libertad política y la libertad económica, no hay proposiciones válidas por justas y eficaces, porque el interés de los gobiernos prevalece y ante las fuerzas mayores aún el gobierno federal prefiere seguir sacrificando la vida municipal. Creo que ha llegado el momento de examinar a fondo esta cuestión.
Desde 1917 hasta hoy no se ha dado un paso en firme para asegurar la libertad del municipio. Pero ya es hora que no sólo se dé un paso sino de que se tomen las medidas necesarias para que sea un hecho. Estimamos que también ha llegado el momento de ajustar las leyes a la realidad social de nuestro país, en lugar de que coloquen a la realidad social dentro de un vestido que no le queda, porque si México fuese un país de territorio breve, con una población homogénea como hay tantos, en los cuales no se puede diferenciar substancialmente la población rural de la urbana. Si todos hablasen la misma lengua o por lo menos hubiese una lengua común que todos practicaran. Si hubiese un nivel de vida económico semejante y si también existiera un nivel de cultura común, las leyes de tipo general -porque los ciudadanos son más o menos semejantes en cuanto a su capacidad-, sería las aconsejables. Pero en un país como el nuestro, en que todavía hay millones de mexicanos que no hablan la lengua española, en que hay millones también que hablan dos lenguas: la nativa y la castellana, en donde sobreviven muchas de las formas, aun cuando de un modo imperfecto o trunco, de la tradición, de la vida precolombina, insistir en principios que todavía no se comprenden y en prácticas que nadie acepta, es mantener la vieja postura de querer que nuestro pueblo sea considerado como un todo homogéneo y capaz de actuar de la misma manera.
La actual división político-territorial de los Municipios, lo hemos explicado, obedece a razones de tipo histórico; pero ha llegado a constituir un verdadero problema para el desarrollo económico de cada región y de la República. Un caso concreto: hemos dicho por qué razones el Estado de Oaxaca tiene la cuarta parte de los municipios; pero para no ser prolijos en nuestro documento omitimos deliberadamente algunas consideraciones que tienen, sin embargo, valor. Las comunidades de Oaxaca, las comunidades de población que corresponden a comunidades municipales, no son sujetos del derecho agrario, porque sólo los ejidos tienen el derecho de exigir de los bancos del Estado el crédito barato, oportuno y bastante. Hay una renuncia indudable en los indígenas a transformar sus comunidades, los municipios, en ejidos. Esta es una labor de convencimiento, de educación política que lleva tiempo. Ya en el Istmo de Tehuantepec empieza la masa rural a darse cuenta de que es menester abandonar las viejas costumbres para acogerse al derecho moderno surgido del movimiento revolucionario. Muchas cosas hay que corregir; pero es incuestionable que si no se va al fondo de la cuestión, si no se eliminan los estorbos que existen para una vida municipal independiente y próspera no sólo la vida democrática de nuestra nación seguirá siendo una vida democrática muy imperfecta, sino que aún el desarrollo económico no se podrá planear o programar de una manera eficaz.
En muchos países del mundo se ha respetado la tradición social e histórica y se han conservado inclusive los idiomas fundamentales. La diversidad de la población no significa falta de posibilidades en las relaciones humanas. Hace años sugerimos que a nuestras lenguas originales se les dotara de alfabeto, porque ninguna de ellas fue lengua escrita. Los misioneros españoles dieron alfabeto a algunos idiomas;
pero de manera empírica, no técnica. Lograremos que se aprobara la idea de formular alfabetos, de acuerdo con la estructura de cada una de las lenguas nativas,- que no se parecen mucho entre sí, para enseñar el español por lo menos hasta el tercer año de la educación elemental, paralelamente a la española; pero cuando la labor apenas se iniciaba se abandonó y hoy seguimos enseñando el español a la población indígena, que no lo comprende, usando métodos pedagógicos copiados de los Estados Unidos para enseñar la lengua inglesa a los niños norteamericanos. Esta es la causa, entre otras, de que nuestra educación básica no camine y no logre los éxitos que todos reclaman
. Y si eso acontece en tal aspecto de la vida local, hay que imaginar lo que significa la multiplicidad de los municipios sin recursos y sin vida democrática.
Esta iniciativa nuestra, señoras y señores diputados, debe ser estudiada con la seriedad que merece. No es sólo una iniciativa del Partido Popular Socialista. Es una proposición que ha nacido de los diputados del Partido Popular Socialista; pero sé muy bien que los diputados de todos los partidos estamos interesados en que exista una vida municipal independiente. ¿Por qué? Porque es la institución en la que todos los mexicanos están de acuerdo, independientemente de sus ideas políticas y de sus creencias religiosas, y de los sectores sociales a los cuales pertenecen. Si en alguna institución puede caber la representación proporcional, que significa concurrencia de opiniones, de juicios y de intereses, es precisamente en el Ayuntamiento como gobierno municipal.
Ha habido antecedentes. Hace años en el Estado de Guerrero un Gobernador inteligente e intuitivo estableció el sistema de la representación proporcional para los Ayuntamientos. En el Estado de Puebla también lo ha habido, en ciertas épocas, y quizá en otras regiones del país. No es nada nuevo. Lo que interesa es reunir las experiencias, oír opiniones distintas. Lo que deseamos es que cuando el debate se produzca para considerar nuestra proposición, no sea una discusión reducida a la Cámara de Diputados, sino que sea precedida de un examen nacional. Es indispensable que los Ayuntamientos opinen, que los Gobernadores expongan su criterio, que las Legislaturas de los Estados digan si esta forma de la iniciativa no les parece viable, cuál es mejor. Que no haya nadie que no examine la proposición, para que, como resultado del análisis común, logremos en el siguiente período de sesiones de la Cámara de Diputados realizar un estudio profundo como merece este problema que afecta a todo nuestro pueblo, coronado por revoluciones útiles.
Para cierto tipo de leyes debería la Cámara de Diputados practicar el sistema del referéndum, que tiene dos aspectos: la consulta y, después, la confrontación de lo hecho con la opinión de la mayoría. Sería deseable que esta Legislatura, respecto de algunas iniciativas de ley, utilizara ese procedimiento: que a título de consulta difundiera las iniciativas y que sus diputados, durante los recesos, desempeñaran el papel de representantes de la Cámara para recoger la opinión de los mexicanos. Ese sería un procedimiento que honraría a esta Legislatura y, al mismo tiempo, el único a la altura de un verdadero sistema democrático.
La cuestión es de tal importancia, que estoy convencido de que se van a interesar todos en ella: historiadores, economistas antropólogos, maestros de escuela, ingenieros, arquitectos, médicos, todos los profesionales de los servicios públicos, los investigadores, las gentes preparadas y, también, aquellas que trabajan en contacto con las masas, como los maestros rurales.
Si de esta iniciativa nuestra no quedara nada a la postre, porque hubiera sido reemplazada por otra mejor, sus autores estaríamos no sólo satisfechos sino realmente felices. Lo que importa es no seguir cerrando los ojos ante la realidad, desoyendo los clamores populares. Cada uno de nosotros tiene experiencias en uno o en dos Estados o en todos respecto de lo que antecede. La mayoría de esta Cámara está integrada por representantes que vienen de la provincia. Cada uno podría decir lo que ha sentido, lo que ha visto, lo que ha observado. Confrontando nuestras opiniones y experiencias llegaremos a un acuerdo colectivo que será una victoria del pueblo mexicano.
Quizá también como una manera de avanzar en el estudio, además de las otras formas que acabo de sugerir, valdría la pena que si no de una manera oficial, por lo menos voluntariamente, durante el receso de la Cámara los diputados constituyamos una mesa redonda, con la ayuda de los técnicos que sean precisos, para examinar exhaustivamente el problema municipal de la República. Señoras y señores diputados:
Me siento muy contento de que esta representación del pueblo, por primera vez, empiece a plantear muchos de los problemas que hace mucho tiempo se consideraban enterrados y otros definitivamente perdidos. Si de esta iniciativa han de surgir otras sobre el mismo problema, habremos de saludarlas con regocijo. Lo que importa es que estemos a la altura de nuestro deber y que podamos decirle al pueblo que no en vano aprobó dar el primer paso para ampliar la democracia en nuestro país".
El C. Salgado Páez, Vicente: Pido la palabra.
El C. Presidente: Tiene usted la palabra.
El C. Salgado Páez, Vicente: Señor Presidente, señoras y señores
diputados: abundó en los propósitos de que se haga un estudio exhaustivo respecto de la forma de estructurar la libertad de los municipios; pero quiero manifestar que no es una cosa nueva que se presenta en esta Cámara. En la XLIV Legislatura, de la que tuve el honor de ser diputado, se presentó una iniciativa referente al estudio de esa integración de libertad municipal; se estudió la participación que debían tener los municipios, y esa iniciativa, que fue ampliamente discutida en esta Cámara, está aprobada por la Legislatura XLIV, y actualmente existe en el Senado.
Por eso, ante la invitación del compañero Toledano de que se agote el estudio de ese importante asunto, quiero informar a ustedes de la participación que tuvimos en la XLIV Legislatura sobre este motivo, y pido que se tome en consideración el estudio que fue ampliamente discutido con el mismo propósito.
Quiero también aprovechar esta tribuna para hacer algunas aclaraciones con respecto a que los indígenas están casi abandonados en lo que respecta al derecho agrario, y que en Oaxaca apenas empieza a acogerse a los beneficios de la Ley Agraria. En el código
existe una amplia reglamentación de cómo los indígenas pueden obtener la titulación de las tierras que ya poseen y cómo puede inclusive intervenir el Estado ante las dificultades que existen en los límites de comunidades. No es una cosa nueva, sino que existe perfectamente codificada. Que se tenga el propósito de actualizar sus problemas y darle al indígena y a los ayuntamientos la importancia que merecen; pero quiero dejar asentado que estas cosas no son nuevas. Concretamente propongo que en el estudio propuesto se tome en cuenta lo ya estudiado y aprobado en la XLIV Legislatura. Muchas gracias, (Aplausos.)
- El C. Landerreche Obregón, Juan Pido la palabra.
El C. Presidente: Quiero hacer notar a los ciudadanos diputados que no está a discusión la proposición; inclusive había quedado ya al margen de toda discusión, puesto que estábamos siguiendo la orden del día.
El C. Landerreche Obregón, Juan: No pido la palabra para discutir, sino para hechos.
El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado Landerreche.
El C. Landerreche Obregón, Juan: Simplemente para hacer constar que desde 1946, los primeros diputados de Acción Nacional que llegaron a esta Cámara los señores ingeniero Juan Gutiérrez Lascuráin Miguel Ramírez Munguía y Antonio L. Rodríguez, presentaron un proyecto de reformas constitucionales en lo relativo al municipio libre, proponiendo la iniciativa el referéndum, la promulgación de bases para la economía política del municipio y para su independencia política.
Desde luego, este problema ha interesado desde su fundación a Acción Nacional, y ve con beneplácito que se planteo en esta Cámara, y espera que ahora, que están representados todos los partidos políticos en esta Asamblea, sea la oportunidad de estudiar nuevamente y a fondo este problema, y sentar bases para que realmente el municipio libre sea una institución que sea la base de la vida administrativa, económica y política de México, cómo lo propone la Constitución y como lo desearon los revolucionarios de 1917, según lo que plasmaron en la Constitución. Muchas gracias.
IV
-La C. secretaría Torres Ariceaga, Diana (leyendo):
"Invitación del Congreso del Estado de Veracruz a la sesión solemne en la cual habrá de rendir su segundo Informe de Gobierno el C. licenciado Fernando López Arias, Gobernador de esa entidad.
Dicho acto tendrá verificativo el próximo lunes 30 de los corrientes." Para atender a la invitación que hace el Gobierno de Veracruz se designa en comisión a los siguientes diputados:
Comisión: Pastor Murgía González, Braulio Meraz Nevárez, Augusto Gómez Villanueva, Raúl II. Lezama Gil, Raúl Lince Medellín. Francisco Rodríguez Cano, Pedro Vivanco García, César del Ángel Fuentes, Efluvio Vista Altamirano, Mario Hernández Posadas. Serafín Iglesias. Agustín González Alvarado, Miguel Castro Elías, Ramón Rocha Garfias, Mario Vargas Saldaña, José Antonio Cobos Panamá, Ramiro Leal Domínguez y Pablo Pavón Rosado.
V
-La misma C Secretaria (leyendo):
"Estados Unidos Mexicanos.-Poder Ejecutivo Federal.-México, D.F.
Tlaxcala, Tlax, 24 noviembre de 1964.
Diputado licenciado Manuel Zárate Aquino. Presidente Cámara de Diputados. Allende y Donceles. México, D.F.
"En cumplimiento mandato constitucional próximo día primero diciembre, diecinueve horas, rendiré mi segundo Informe gobierno ante H. Congreso local, permítome formular a usted atenta y cordial invitación nos acompañe e indíquenos nombre señores diputados vendrán con representación de esa Honorable Cámara Saludos cordiales.
Gobernador Estado. Licenciado A. Cervantes M."
Se designa a los CC. diputados en Comisión: Vicente Fuentes Díaz, Carlos Sánchez Dosal, Luis Granillo Astorga Enrique Bautista Adame, Manuel Rivera Anaya y Tulio Hernández Gómez.
VI
-La misma C. Secretaria (leyendo):
"Estados Unidos Mexicanos.-Armada de México. -Cañonero "Querétaro" .-Guardiamarina I.M.N.-Luis Fuente Florencia.-Oficio sin número .- Expediente: VI/III/10.
Abordo en Icacos, Guerrero, a 9 de noviembre de 1964.
Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. Salón de sesiones.-México, D.F.
Respetuosamente me permito solicita de esa H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la autorización respectiva para que sin perder mi ciudadanía mexicana, de acuerdo con la fracción III del apartado B) del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se me permita aceptar y usar la condecoración medalla "Premio Marina de Brasil", que me fue conferida por el Gobierno de dicho país, por los méritos acumulados durante los cinco años de mis estudios en la Heroica Escuela Naval de México, sita en Antón Lizardo, Veracruz.
Respetuosamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El C. Guardiamarina I.M.N. Luis Fuente Florencia. (M-32071)." Recibo, y a la Comisión de Puntos Constitucionales en turno.
VII
- La misma C. Secretaria (leyendo):
"Comisión de Relaciones Exteriores.
Honorable Asamblea:
Para su estudio y dictamen se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, la invitación enviada por la Cámara de Diputados del Perú, para que se designe una Comisión Bicamaral de Legisladores Mexicanos para que concurran a la ciudad de Lima, Perú, a la Primera Reunión de Parlamentarios Latinoamericanos. la que tendrá verificativo a partir del día 7 de diciembre próximo y en la cual se tratarán cuestiones de interés general para la América Latina, según agenda expedida para tal efecto, por la Comisión Bicamaral de la República del Perú, organizadora del acto.
Al leer el anteproyecto del Temario encontramos que se tratarán asuntos en los que esta Comisión de
Relaciones Exteriores, por anticipado, no concuerda, Tales como la creación de una Corte de Justicia Latinoamericana y la de un Consejo Ejecutivo Latinoamericano cuya existencia y resoluciones, en su caso, lesionarían la soberanía de nuestro Sistema Jurídico Nacional.
Pero, por otra parte, y en vista de que este tipo de reuniones sirven de acercamiento entre los pueblos y contribuyen al fortalecimiento de las relaciones internacionales, factores ambos de importancia, considera, se desligue un C. diputado que con el carácter de observador, concurra a este evento, para conocer de los debates, sobre los temas que se desarrollarán; para establecer los nuevos contactos de relación cordial con los países hermanos que designen representantes parlamentarios.
El C. diputado que designe, con el carácter de observador, esta H. Cámara, no llevará facultades para contraer compromisos y su función habrá de concretarse a la de observador.
En su oportunidad, informará a esta Cámara, el resultado de su comisión.
Por lo anteriormente expuesto, la Comisión que suscribe se permite someter a la consideración de vuestra soberanía, el siguiente punto de acuerdo:
Unico. La Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados designará, de acuerdo con antecedentes, un C. diputado que con el carácter de observador asistirá a la Primera Reunión de Parlamentarios Latinoamericanos que tendrá verificativo a partir del día 7 de diciembre próximo, en la ciudad de Lima, Perú.
Sala de Comisiones de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.-
México, D.F., a 26 de noviembre de 1964. -Antonio Martínez Manautou. -Luis Dantón Rodríguez. - Emilio Gandarilla Avilés -Fluvio Vista Altamirano. -Gabino Vázquez Oseguera."
Está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Aprobado.
El C. Presidente: En cumplimiento del punto de acuerdo que acaba de acordar esta Cámara, la Mesa Directiva se permite designar en Comisión, para que viaje a la ciudad de Lima, Perú, sede de la Primera Junta de Parlamentarios Latinoamericanos y asista a esa reunión con el carácter de observador, al diputado Manuel Gurría Ordoñez.
VIII
El C. secretario González Sáenz, Leopoldo: (leyendo):
"Comisión de Presupuestos y Cuenta.
Honorable Asamblea:
Por acuerdo de vuestra soberanía, se turnaron a la Comisión de Presupuestos y Cuenta las iniciativas del Poder Ejecutivo que contienen modificaciones a los Presupuestos de Egresos de la Federación, del Distrito Federal, y del Territorio de Quintana Roo, correspondientes al año de 1964.
El ejercicio fiscal de 1964, cierra un periodo de intensa actividad constructiva, durante el cual se ha realizado una extraordinaria obra para beneficio de la colectividad, cuya magnitud refleja la creciente movilización y el adecuado aprovechamiento de los recursos financieros nacionales.
Los resultados satisfactorios obtenidos, derivan en gran parte de la política económica seguida por el actual gobierno. Fueron objetivos invariables de esta política, elevar el nivel de vida de los grandes sectores, populares encauzando las actividades productivas, con el propósito de lograr el aumento en el ingreso nacional por encima del crecimiento de la población, y, procurando, mediante la acción del gobierno, mejorar su distribución entre los distintos sectores que la integran.
Para aumentar el bienestar social del país que se procuró mejorar las oportunidades de ocupación, fomentar la educación en todos los niveles; buscar soluciones eficaces al problema de la vivienda; ejecutar obras y planes para mejorar las condiciones sanitarias y asistenciales; extender los beneficios del régimen de seguridad social y proteger el poder adquisitivo de las clases populares.
El proceso del desarrollo económico y social planteó la necesidad de estimular el crecimiento equilibrado de las actividades económicas; el aprovechamiento nacional de los suelos y aguas, bosques y demás recursos naturales; el fomento integral de las actividades agropecuarias; el incremento de la electrificación que permite cada vez más la industrialización nacional. Fue por eso que el gobierno se propuso la ejecución de programas vigorosos de comunicaciones y transportes; la construcción de obras básicas para el desenvolvimiento armónico de los centros urbanos y la mejoría de las comunidades rurales.
Las políticas fiscal, monetaria y crediticia a través de medidas coordinadas se orientaron el estimulo del sano desarrollo de la actividad económica, para impulsar el ahorro y la capitalización de los recursos financieros nacionales.
. En el esfuerzo por lograr estos objetivos el Ejecutivo de la Unión cubrió totalmente la vieja deuda exterior y satisfizo escrupulosamente todos los compromisos financieros contraídos con el extranjero fortaleciendo nuestro crédito.
El Congreso de la Unión ha facultado a la administración pública para obtener crédito exterior, fundamentalmente a largo plazo, para ser destinado a las sectores que aumentan y multiplican la productividad de su inversión, desechando por antieconómica la práctica de usar el crédito inflacionario que pone en riesgo la estabilidad monetaria.
El Presupuesto del Gobierno Federal es un instrumento eminentemente dinámico que autoriza la Cámara de Diputados a iniciativa del Ejecutivo, para expensar las actividades oficiales, durante el periodo de un año a partir del 1o. de enero, esto es, el programa de acción del gobierno expresado en cifras y sancionando por los representantes de la nación.
Las inversiones en las obras públicas y la prestación de los servicios sociales deben ser flexibles porque derivan fundamentalmente de la necesidades crecientes cuya solución, el país reclama con apremio.
Durante el ejercicio presupuestal de 1964 se han obtenido incrementos considerables en las recaudaciones de todos los conceptos de ingreso, superiores a los estimados inicialmente, así como también, se han ejercido empréstitos en condiciones favorables para continuar el financiamiento del desarrollo integral del país. En consecuencia, habiendo recursos suficientes y una demanda creciente para extender
los programas de obras públicas en actividades productivas de inaplazable ejecución, el Ejecutivo en uso de la facultades que le confieren los artículos 29, 30, y 31 de la Ley Orgánica del Presupuesto de Egreso de la Federación presenta las iniciativas para modificar el Presupuesto. Del contenido de las mismas se deduce que los ingresos estimados para este ejercicio fueron por la suma de quince mil novecientos cincuenta y cuatro millones de pesos, cantidad igual a la asignación originalmente presupuestada para los gastos del Gobierno Federal; que los ingresos obtenidos hasta la fecha, han superado las estimaciones iniciales, en razón al aumento de la actividad económica del país, al mejoramiento de la administración fiscal y a la solvencia del crédito nacional.
El incremento de los ingresos ordinarios es una evidente respuesta, por parte de la población económicamente activa, al cambio de la estructura fiscal federal que, iniciada en este régimen, ya está rindiendo los resultados previstos. La mayor recaudación es la consecuencia de la compresión de los contribuyentes para cumplir con las obligaciones que les corresponden según la actividad económica a que se dedica. Al formarse una conciencia de responsabilidad en el pago de los impuestos, se han elevado considerablemente los recursos monetarios que necesita el Estado para afrontar el gasto público
. Las razones anteriores, tanto económicas como administrativas, explican por qué la administración ha obtenido durante los meses transcurridos del ejercicio fiscal, ingresos ordinarios superiores a los estimados en el Presupuesto, destacándose por su importancia, los aumentos ocurridos y previsibles para el resto del ejercicio, en los impuestos sobre la renta, la producción y comercio de bienes y servicios e ingresos mercantiles.
Por otra parte, la exigencia de realizar erogaciones extraordinarias ligadas directamente con el desenvolvimiento que viene realizando la administración pública en el orden social y económico por medio de inversiones altamente reproductivas, implicaron la necesidad de allegarse recursos extraordinarios mediante empréstitos y financiamientos diversos.
Un país en pleno desarrollo, en acelerado crecimiento económico, exige un permanente esfuerzo para incrementar los recursos financieros del Estado, ordinarios y extraordinarios dentro de los marcos de proporcionalidad, equidad y justicia que señalan los ordenamientos legales para afrontar debidamente la gran demanda de inversión pública.
El Poder Ejecutivo solicita autorización para modificar el Presupuesto General de Egresos de la Federación, cuya asignación original sumó $ 15,953.541,000.00 habiendo registrado ampliaciones netas, durante su ejercicio, de $6,129.420,462.81 que totalizan la cantidad de $22,082.961,462.81conforme al desglose que por ramos administrativos a continuación se incluye:
Presupuesto General de Egresos de la Federación. 1964. Clasificación Administrativa.
Dar doble click con el ratón para ver imagen
Por otra parte al Departamento del Distrito Federal le fue asignado un presupuesto de egresos por la cantidad de $ 1,600.000.000.00 habiendo registrado ampliaciones en su ejercicio en ........................
$ 931. 400,000.00 hasta alcanzar la cantidad de ....
$ 2,531.400,000.00.
Este aumento se origina por el constante crecimiento del Distrito Federal, que demanda mayores erogaciones para la atención, en la medida de las posibilidades, tanto de los servicios públicos como de las obras de beneficio colectivo.
La asignación original del Presupuesto de Egresos del Territorio de Quintana Roo fue de .............. $26,557.000.00 Durante este ejercicio se efectuaron ampliaciones de $3.000.000.00 para cubrir el costo de obras públicas, servicios personales y gastos extraordinarios.
Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someternos a la consideración de vuestra soberanía, el siguiente proyecto de decreto:
La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le concede la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Federal, decreta:
Artículo primero. Se modifican los Presupuestos de Egresos de la Federación, del Departamento del Distrito Federal y del Territorio de Quintana Roo, correspondientes al ejercicio fiscal de 1964, como sigue:
(Aquí el texto de las 800 fojas útiles como forman las partidas.)
Artículo segundo. Se faculta a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para que regularice las operaciones que afecten a los Presupuestos de Egresos de la Federación, del Departamento del Distrito Federal y Territorio de Quintana Roo, que estén debidamente comprobadas en las cantidades necesarias para aplicar correctamente las erogaciones de acuerdo con la documentación correspondiente y cancelando por iguales cantidades los saldos disponibles que aparecen en otras partidas, inclusive de ramos distintos; así como para que se dé aplicación definitiva a aquellas erogaciones que se encuentren registradas en cuentas que no entrañan responsabilidades ni perjuicios a la hacienda pública.
Sala de Comisiones de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.-
México, D. F., a 27 de noviembre de 1964. -Comisión de Presupuestos y Cuenta: Luis Dantón Rodríguez. -Jorge de la Vega Domínguez. -Fluvio Vista Altamirano- Abraham. Aguilar Paniagua. -José Antonio Cobos Panamá. -Alejandro Marcor. -José Limón. -Mariano González Gutiérrez."
El C. Vista Altamirano, Fluvio: Señor Presidente: Pido la palabra, la Comisión, por mi conducto, solicita, en apoyo del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, la dispensa del trámite del dictamen a que se acaba de dar lectura.
El C. Ruiz Vázquez Guillermo: Para oponerme a la dispensa de trámite solicitada por la Comisión.
El C. Presidente: Se ruega a la Secretaria que consulte a la Asamblea.
- El C. Ruiz Vázquez. Guillermo. Quiero dar mis razones por Las cuales me opongo a la proposición del diputado. Posteriormente se consultará a la Asamblea si procede o no la dispensa.
El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado Ruiz Vázquez.
El C. Ruiz Vázquez Guillermo: Señor Presidente, señoras y señores diputados: es hasta estos momentos en que la gran mayoría de los señores diputados han conocido los números relativos a la ampliación del presupuesto que solicita el Ejecutivo de la Federación. Algunos pudimos conocerlos, por habernos acercado a las Comisiones; pero es de tal manera imposible retenerlos en la memoria, tanto por su magnitud cuanto por su abundancia, que realmente creo yo, salvo las personas que intervinieron en la Comisión, ninguno de los señores diputados estamos en aptitud de opinar con fundamento sobre la procedencia o improcedencia de la ampliación que se nos está solicitando.
Si esto es así, ¿qué razón puede tener la Comisión? qué razón puede tener la comisión dictaminadora para pedirnos una dispensa que consiste en que en este momento aprobemos o rechacemos el proyecto de decreto que la comisión ha formulado, aprobando la solicitud de ampliación de presupuesto que solicita el señor Presidente de la República. Resulta realmente grave, de una gran trascendencia, ya no sólo aprobar una ampliación del presupuesto que equivale, en números redondos, a un aumento de 40% sobre el gasto autorizado para este año fiscal. Digo resulta realmente grave que nos pida ya no sólo la aprobación, pero inclusive la renuncia de facultades que tenemos los diputados para intervenir acuciosamente en el examen de presupuestos, en la elaboración del presupuesto de ingresos, en rendición de cuenta pública. Es una dimisión que no podemos nosotros otorgar porque tampoco es exclusivamente una facultad: es una obligación que la propia Constitución los impone. Yo quiero ponderar a ustedes la categoría que tiene el parlamento, en nuestro caso esta Cámara de Diputados, cómo podrá que se ejercite en nombre del pueblo para regular el gasto público en nuestra nación.
En todas las constituciones ha intervenido como factor de gran trascendencia el punto relacionado con el gasto de la nación; lo mismo en las Constituciones de la alta edad media que en las de la edad moderna y en las de la época contemporánea. Es más muchas de ellas llegaron a existir precisamente por la oposición de quienes tenían que pagar los impuestos a la creación de los impuestos, y al gasto indiscriminado de esos mismos impuestos. Las monarquías vieron surgir el parlamentarismo precisamente como una actividad necesaria para resolver este problema. Los Estados Federales, por ejemplo los Estados Unidos de Norteamérica, han tenido un gran movimiento en la historia de su Constitución, precisamente en torno al problema de los impuestos, de las contribuciones que la de pagar el pueblo, que ha de gastar el Estado local o el Estado Nacional o el fisco municipal.
Es pues. entonces, no una simple exposición de intransigencia o de exceso de celo hacia el cumplimiento de una función, sino es la exigencia del cumplimiento de una función tradicional en toda la historia constitucional de la humanidad; y es por ello que yo he querido resaltar la categoría de esta facultad. para que podamos nosotros estimar, cómo no podemos acceder a la petición que se nos formula, de dispensar el trámite de segunda lectura, que
equivaldría a renunciar a la posibilidad de compenetrarnos mejor de los motivos que hayan tenido el Presidente para solicitar esta ampliación, y el destino que vaya a dar o haya dado a estos gastos; y así en esta forma, poder cumplir satisfactoriamente este deber que tenemos para con nuestro pueblo.
Quiero destacar también en una forma muy especial, el texto constitucional que nos obliga a trabajar en esta materia; que es una facultad privativa de la Cámara de Diputados; que ya el Senado no tendrá que ver en este asunto, porque es nuestro exclusivamente, como representantes del pueblo mexicano. Y esa función que consiste en aprobar el presupuesto anual del gastos, discutiendo primero las contribuciones que a su juicio deban decretarse para cubrir aquélla; es la que consagra la fracción cuarta del artículo 74 de nuestra Constitución.
Resulta, tal vez resultaría procedente, inclusive, una moción suspensiva sobre la discusión de esta ampliación del presupuesto si consideramos que ante la Constitución nos impone el deber de decretar los impuestos que vayan a servir para sufragar los gastos de la ampliación que se nos propone. Ya aquí la comisión nos ha dicho que de las fuentes tributarias mexicanas comprendiendo la necesidad de desarrollo del país, ha estado manando en abundancia el dinero que el país necesita para su desarrollo; y que ya han llegado al físico federal esos arbitrios sin decirnos si fueron, digamos por impuestos sobre la renta, ingresos mercantiles, empréstitos o cualquiera otra de las fuentes de ingresos que puede tener un gobierno.
Por esa razón no hablo de la moción suspensiva sobre esta discusión, porque ya por anticipado nos ha dicho la comisión que existe el dinero que se necesita para cubrir esos gastos.
Pero, por otro parte, señores diputados, si nosotros quisiéramos en alguna forma renunciar a estas facultades, que es un poder que tenemos privativo, nos encontramos ante la imposibilidad que la misma Constitución nos marca al decirnos que es una obligación nuestra hacer este tipo de trabajo. Dentro de las funciones del Congreso hay unas que simplemente son potestativas; puede haber un proyecto de ley; puede no llegar a existir jamás; no hay en la Constitución ninguna disposición que nos obligue a estudiar este año, por ejemplo, un proyecto de ley de reformas al Código Penal; en cambio si nos obliga cada año a estudiar nuestros presupuestos. Y uso estas palabras: "examinar, discutir y aprobar el presupuesto del año fiscal siguiente de tal manera que no podemos nosotros faltar a este compromiso que en esa forma tan clara y tan imperiosa nos impone nuestra ley fundamental, en su artículo 65. Yo quiero cortar por anticipado cualquiera elucubración que se quisiera hacer respecto a calificar esta intransigencia como una posición política, como una maniobra para hacer agitación o demostrar el imperio o la potestad de esta Cámara frente a otro poder de la Federación.
Vean ustedes que las disposiciones que marca nuestra ley constitucional que en esta materia no obedecen ni a ideologías ni a partidarios ni a causas que pudieran distanciar; obedecen sólo a la necesidad de que se estructure el gobierno nacional conforme a una ley que en este aspecto todos aceptamos y que es necesario, y que es precisamente esencial para el equilibrio de los Poderes para el sistema de gobierno republicano y federal, en el cual nosotros vivimos y en el cual nosotros estamos actuando.
Se me diría posiblemente que ya la Comisión dictaminadora ha estudiado este proyecto de una ampliación que solicita el Ejecutivo, y que por tanto, estoy exagerando ante ustedes, en el sentido de decir que ni estudiamos ni examinamos ni discutimos; que ya esta Cámara designó una comisión que teniendo a la vista la documentación correspondiente, por cierto nada escasa -recuerdo que se dijo aquí que eran ochocientas hojas las que contenían en detalle este proyecto de ampliación del presupuesto-, que esa comisión ya ha hecho por nosotros el trabajo.
Tampoco podemos aceptar este tipo de solución al problema. Está muy bien y es el sistema de nuestro Congreso, el que las comisiones dictaminadoras se aboquen el estudio de los problemas y nos presenten una opinión, que puede ser lo respetable que se quiera, pero que en ninguna forma ni nos dispensa a nosotros de la obligación de participar y de interesarnos por ese asunto, y mucho menos de investigar y aportar nuestras ideas, procurar la presentación de un dictamen más de acuerdo con nuestro modo de ser, y, en último término, disentir categóricamente y negar la aprobación a ese dictamen.
Mucho menos podríamos nosotros entrar aquí de lleno a una discusión. El trámite de "Imprímase" que se dictó cuando se dio cuenta y se turnó esta iniciativa, creo que no se cumplió; por lo menos hasta el momento de iniciarse esta sesión en nuestros casilleros no encontramos el dictamen que iba a rendir la Comisión.
Por otra parte, señores diputados, me parece que el caso no requiere esta medida extrema que se nos está proponiendo. No es un caso urgente; no es un caso urgente, en primer lugar, porque si consideramos que el proyecto de ampliación al presupuesto de que se trata es al del año de 1964, al que apenas quedarán unos 32 o 33 días de transcurso, se trata más bien de una re rendición de cuentas en última instancia, que de una autorización.
La autorización se requiere antes de ejercer el presupuesto, y no es tan dinámico este sistema como lo apuntó la Comisión dictaminadora, puesto que el artículo 126 de la Constitución simplemente prohibe hacer cualquier gusto no autorizado en el presupuesto.
No tenemos nosotros ninguna urgencia de festinar este asunto. Yo he analizado ante ustedes las diversas posibilidades que habría para acceder a la solicitud de la Comisión dictaminadora. Pienso -y tampoco quiero que se me vaya a tratar de suspicaz o de imputárseme segundas intenciones- ,pienso que se trata, señores diputadas, de redondear las labores del señor Presidente de la República que va a terminar sus funciones dentro de unos cuantos dias.
Desde luego, me parece que si se desea en el público evitar elucubraciones con respecto a este asunto, pudiera ser más peligroso el que se advirtiera esta precipitación, a que sencillamente se pensara que nosotros sin prevenciones, sin alardes, sin ningún otro deseo que el de cumplir con nuestros deber de diputados, vamos a estudiar, vamos a analizar con la seriedad que merece el aumento del 40% el gasto público de nuestro país en un año, conforme sea posible resolverlo, de acuerdo con nuestra ley y de acuerdo con nuestras funciones, Muchas gracias.
El C. Presidente: Se concede el uso de la palabra el C. Diputado Fluvio Vista Altamirano.
El C. Vista Altamirano, Fluvio: Señor Presidente, señores diputados: hemos escuchado los argumentos del señor diputado Ruiz Vázquez para oponerse al trámite que la Comisión de Presupuestos y Cuenta ha solicitado sea aprobado por vuestra soberanía.
Realmente extraña la postura que él asume desde el punto de vista legal porque indica que se abdica o que se renuncia a una facultad. Lamento profundamente que el señor licenciado Ruiz Vázquez lo interprete así, puesto que el artículo 60 de Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso establece en forma expresa la facultad de la Asamblea para dispensar el trámite no sólo de una segunda lectura sino incluso de formular el dictamen.
Existe un principio general de derecho que establece que el que puede lo más, puede lo menos. Si, pues, el Reglamento autoriza a la Asamblea a dispensar, repito, no sólo la segunda lectura de un dictamen, sino incluso la formulación de éste, es claro que no estamos ni obligando ni renunciando a nuestra facultades; estamos, incluso, dentro del marco establecido por el propio Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso.
Pero habremos de hacer algunas otras consideraciones también. Se pregunta el señor diputado Ruíz Vázquez, ¿qué razón es ésta? La Comisión, por mi conducto, se la va a dar: la razón que aduce la Comisión para solicitar de vuestra soberanía la dispensa a la segunda lectura del dictamen con que dimos cuenta, estriba fundamentalmente en la proximidad del inicio de un mes de arduas labores para esta honorable Cámara de Diputados. Todos ustedes saben que en el mes de diciembre, y principalmente cuando se renueva el Poder Ejecutivo, materialmente llega un alud de iniciativas a esta Cámara, que habremos de estudiar. Pero no es eso lo más importante, sino que habrán de llegarnos los presupuestos para el año fiscal siguiente, y las leyes de ingresos. Es decir, para el gobierno federal, los dos territorios y el Distrito Federal. La razón, pues, estriba en que la Comisión de Presupuesto y Cuenta quiere tener expedito su tiempo para dedicar toda su atención al estudio de esos proyectos de ley que habrán de remitirnos. Estaremos en posibilidad de hacerlo si no distraemos nuestra atención en una asunto que, por lo demás, ya ha sido perfectamente estudiado por la Comisión. El Reglamento, incluso, establece cinco días obligatorios para las Comisiones, para rendir sus dictámenes. La Comisión se ha tomado mayor tiempo, dada la importancia del asunto que fue sometido a nuestra consideración. Y los señores del PAN, que aparentemente tienen mucho interés en estas cuestiones, han estado en contacto con la Comisión. Entonces, están en condiciones, de discutir, de inmediato, la aprobación del proyecto de decreto que ha sido sometido a vuestra consideración.
Se confunde, igualmente, el señor Ruiz Vázquez cuando habla del año fiscal siguiente, y nos invoca la fracción II, tengo entendido, del artículo 65 de la Constitución General de la República, cuando para apoyar su solicitud, o mejor dicho su oposición al trámite. explica que es facultad del Congreso examinar y discutir y aprobar el presupuesto del año fiscal. Y aduce que como no conoce a fondo el dictamen, no lo puede ni examinar ni discutir ni aprobar.
Debo infórmale, al señor licenciado Ruiz Vázquez que la fracción II del artículo 65 de la Carta Magna explica textualmente:
"II. Examinar, discutir y aprobar el Presupuesto del año fiscal siguiente y decretar los impuestos necesarios para cubrirlo, y"
No se trata, pues, en esta ocasión de discutir, aprobar o examinar el presupuesto del año fiscal siguiente, sino de aprobar en su caso, si ustedes los consideraran así, las ampliaciones al presupuesto ejercido durante el año de 1964.
Entonces, pues, estamos incluso dentro del Reglamento; pero por lo que hace a la inmediatez del mes de diciembre y las razones que ya he aducido, creo que estamos en un plazo de excepción para solicitar de la Asamblea que si es urgente la discusión inmediata del dictamen presentado a la consideración de vuestra soberanía, y consideramos que es urgente por cuanto, repito, el mes entrante tendremos una serie de iniciativas de leyes de suma importancia para el desarrollo y progreso de nuestro país, y que habrá de ocupar toda nuestra atención. Si a la Comisión le han bastado quince dais, no es un motivo bastante para que se aplace, como dijo el diputado Vázquez; pero creo que la Asamblea tiene el suficiente criterio y además la suficiente percepción para poderlo discutir de inmediato.
Yo reitero, pues, mi solicitud a esta Asamblea de que apruebe la dispensa de trámite, por estar precisamente en la hipótesis normativa de 64, para el Reglamento Interior del Congreso. Muchas gracias.
(Aplausos.)
El C. secretario González Sáenz, Leopoldo: Honorable Asamblea: existen dos proposiciones: una de la Comisión dictaminadora, planteada por conducto del diputado Fluvio Vista, que solicita a la Asamblea se dispense el trámite de la segunda lectura al dictamen con que ha dado cuenta la Secretaría; la otra, del diputado Guillermo Ruiz Vázquez, oponiéndose al trámite; por acuerdo de la Presidencia, la Secretaría consulta a la Asamblea si esta o no de acuerdo en que se dispense el trámite de la segunda lectura al dictamen de referencia. Los que estén de acuerdo en la dispensa, que se sirvan indicarlo levantando la mano. Aprobada la dispensa.
Habiéndose aprobado la dispensa de la segunda lectura, está a discusión en lo general el proyecto de decreto.
El C. Estrada Iturbide, Miguel: Pido la palabra en contra.
El C. Presidente: Se inscribieron, en pro del dictamen, el diputado Dantón Rodríguez, y en contra del dictamen, el ciudadano diputado Estrada Iturbide. Tiene la palabra el ciudadano diputado Estrada Iturbide.
El C. Estrada Iturbide, Miguel: Señor Presidente: es interesante, o me lo parece, recordar que hace unas semanas en esta misma tribuna pedía la palabra para oponerme a una proposición que pretendía interferir en la formulación del Presupuesto; que pretendía la intervención de esta Cámara, más concretamente, en la preparación, formulación e iniciativa del Presupuesto.
Entonces, considerando que esto contrariaba los sistema y aun las disposiciones explícitas de nuestra Constitución, me opuse a ello.
Hoy, en cambio, vengo a oponerme a que la Cámara, que no debe interferir en la formulación e iniciativa del Presupuesto, abdique, dimita, como ha dicho Ruiz Vázquez, su función propia, que es la revisión del Presupuesto. No podemos discutir ya sobre la dispensa de trámite que acaba de acordarse, pero que me permita esta Asamblea hacer referencia a los argumentos expuestos por la Comisión a través del diputado Vista Altamirano, que parece determinado que ustedes, señores diputados de la mayoría, hayan aprobado esa dispensa.
El principio jurídico invocado de que "el que puede lo más, puede lo menos", me parece absolutamente inaplicable en el presente caso. El que puede lo más, puede lo menos, cuando se trata de una facultad, de un derecho; no cuando se trata de una obligación, y yo pienso, señores diputados, que en efecto lo que la Constitución nos impone en relación con el Presupuesto de los asuntos que a él se refiere, no es una facultad, es una obligación.
Las obligaciones no se renuncian; los derechos, aunque no todos, si pueden renunciarse. No se trata, por lo demás, de la aplicación de un artículo del Reglamento; se trata de una obligación constitucional.
No estamos desatendiendo el Reglamento; estamos descuidando la Constitución. El alcance del artículo constitucional citado tanto por el diputado Ruíz Vázquez como por el diputado Vista Altamirano, debe ser aclarado, es cierto, que la fracción relativa habla del Presupuesto del año Próximo. Esto es obvio, evidente, incuestionable. La Cámara no puede aprobar un presupuesto pasado; tiene que aprobar un presupuesto futuro; un presupuesto pasado deja de ser presupuesto. Pero precisamente por que tiene el deber de examinar, discutir y aprobar en su caso el presupuesto del año fiscal siguiente, tiene la misma obligación, por el mismo precepto constitucional, de discutir, examinar, aprobar en su caso las modificaciones de ese presupuesto, es el alcance exacto del precepto constitucional.
Y en cuanto a que el alud de diciembre justifica la dispensa de trámite, permítanme ustedes, señores, que haga algún comentario. ¿Qué también ahora vendrá el alud de diciembre? Yo quiero esperar, en primer lugar que los aludes de diciembre vayan desapareciendo. Yo deseo. fervorosamente, que no se abrume al Poder Legislativo Mexicano en lo que viene en el futuro próximo, con esa avalancha de leyes que tienen que ser conducidas, discutidas y aprobadas al vapor.
No es necesario, no es justificable que se reserve todo para el final Confiamos en que nuestras prácticas, en que nuestros sistema gubernamentales vayan mejorando, y que a partir de este diciembre tan cercano, se limite ya la avalancha; que no se haga en un mes lo que debe hacerse no sólo en los cuatro meses de sesiones incluso en los periodos de receso en que debe irse preparando meditando. estudiando las posibles iniciativas de ley por nosotros y por el Ejecutivo. Y hay otro dato. No sería un buen precedente para estudiar el Presupuesto del año próximo el que ahora estudiáramos, hubiésemos podido estudiar, puesto que ya no podemos con un poco de detenimiento siguiera del plazo entre la primera y la segunda lectura. Estas ampliaciones que afectan al presupuesto vigente, a un presupuesto que como decía Ruiz Vázquez, ya no es en buena parte presupuesto porque está ejercido y tiene aspecto de rendición de cuentas.
Y hay razón para que hoy se hable de la urgencia, cuando todavía el año pasado hasta el 29 de diciembre, cuando se aprobaron las modificaciones al Presupuesto de Egresos del año de 1963. Meditemos un poco más, señores diputados, cuando haya que dispensar trámites sin violación del Reglamento, pero con violación de cosas más graves del Reglamento.
Con la brevedad que el tiempo reclama, con la relativa improvisación que la circunstancia exige, yo quiero, señores fundar mi oposición al dictamen, no en razones menores, no en análisis necesariamente incompletos y precipitados de las partidas que integran esto que se nos ha presentado. Este aumento del 40% aproximadamente, del presupuesto previsto y del presupuesto que en definitiva se está ejerciendo, creo que más vale que recordemos en forma resumida y sintética los principios fundamentales del presupuesto, de eso que los autores extranjeros suelen llamar Instituciones Financieras.
La historia del presupuesto, la historia más bien de la función parlamentaria frente al presupuesto, la recodaba aquí hace unos minutos el diputado Ruiz Vázquez. El habló de cómo había Constituciones de la alta Edad Media y en la Edad Moderna; que había nacido como consecuencia de la insurgencia de los contribuyentes del pueblo frente a las exacciones del Poder. Yo tengo debilidad por los recuerdos históricos; me interesa profundamente la Historia. Sigo pensando como aquel que pensaba que quienes desconoce la Historia son aquellos que han perdido la memoria.
La Carta Magna inglesa nace de la exigencia de los varones ingleses frente a la Corona, exigencias sobre todo de que la Corona no siguiera siendo absoluta, ilimitada, en la posibilidad de exigir del pueblo inglés los tributos que le vinieran en gana, surge la Carta Magna en el Siglo XIII. Cuatro siglos después hay una página dramática, terriblemente dramática, de la historia inglesa.
Es la época de Carlos I, este Rey se vio obligado a convocar sucesivamente al Parlamento en función de decretar impuestos, de lograr que se admitieran impuestos que él consideraba indispensables para llevar a cabo las tareas que a su juicio requería Inglaterra.
Y allá en la primera mitad de ese siglo, si mal no recuerdo en 1628 ó 1629, se ratificó el principio fundamental del Derecho Presupuestario cuando se obtiene el Derecho por parte del Parlamento de que, no se decrete ningún impuesto, ninguna exacción, sino una petición al Parlamento mismo.
Pero Carlos I era un Monarca testarudo: disuelve el Parlamento y continúa la lucha entre la Corona y la Representación Nacional. Si se quiere, se podrá decir que la Representación Nacional de la nobleza inglesa, de acuerdo, pero por algo comienzan los regímenes democráticos. ¿Y cuál es el fin de la lucha? Carlos I tiene que admitir otra vez algo
más serio que el simple acuerdo de petición: el acuerdo de Derecho, de Write, que aclaró definitivamente que no puede haber tributos, que no puede haber impuestos, que no puede haber sanciones sin la sanción parlamentaria. Pero lo dramático está en que contra estos principios vuelve a revelarse el monarca absoluto, y primero será ejecutado su Ministro Straford, para luego ser ejecutado el nuevo rey. Y a partir de entonces nadie ha discutido en Inglaterra el Derecho Parlamentario. Y lo mismo sucede, lo recordaba el diputado Ruiz Vázquez, en los Estados Unidos. ¡Qué cosa más sencilla que un impuesto sobre el té, y el impuesto sobre el té, decretado por el mismo Parlamento ingles, que se había opuesto a las exigencias del Monarca contradiciendo los principios que dieron cimientos al Parlamento inglés, provoca lo insurgencia de las colonias Británicas del este de América! Y viene una cosa elemental: la Independencia de los Estados Unidos y la Constitución Interamericana, por un impuesto sobre el té. Esta es la historia brevísimamente de esos parlamentos importantes del mundo.
En Europa y en América podríamos seguir interminablemente. Un solo dato de nuestro Derecho propio: cuando había dos períodos constitucionales para las sesiones ordinarias del Congreso en la Constitución de 57 todavía en la época de don Porfirio, cuando había dos períodos de sesiones, uno de ellos, por disposición constitucional, estaba destinado al estudio del Presupuesto y a la revisión de la Cuenta Pública.
Si hubieran pensado los diputados de 57 que quien puede lo más, puede lo menos, recordemos pues, señores diputados, los principios elementales del Derecho Presupuestal. ¿Qué es el Presupuesto? Es la previsión de los gastos que requerirá el Estado en un período de tiempo para cumplir sus funciones propias, presupuesto que debe ser autorizado por la representación nacional en un régimen democrático.
Yo me permito rogar a ustedes que piensen en que es esta palabra de autorización la que nosotros tenemos que tener fundamentalmente en cuenta. El Presupuesto es un gasto autorizado; nuestra función es autorizar el Presupuesto, nuestra función es dar al Ejecutivo la facultad de ejercicio de ese Presupuesto.
Yo no entiendo, señores diputados, cómo puede autorizarse lo que ya se hizo; esto es una ratificación. Y no entiendo cómo puede autorizarse lo que no se conoce bien. No estoy juzgando del acierto y del desacierto con el Ejecutivo Federal en este año de 64 haya aprovechado y manejado las partidas excedentes del Presupuesto Nacional. No Yo reconoceré de buen grado todo lo positivo que tenga ese aprovechamiento. Estoy pensando en la función del Parlamento de cualquier país, frente a cualquier Ejecutivo, y estoy pensado en la urgencia de que el Parlamento Mexicano, revisando estos principios, vuelva por sus fueros. Nada más.
Los principios presupuestales -se ha escrito- están ligados a dos preocupaciones del régimen parlamentario. Claro que por régimen parlamentario no se entiende lo contrario del régimen presidencial.
Podemos decir simplemente de los sistemas democráticos, llámense Parlamento. Esas dos preocupaciones son hacer asumir a los representantes de la soberanía nacional, la responsabilidad de los gastos y la extensión de los sacrificios financieros pedidos al país, una; y otra, garantizar el control de las finanzas públicas.
Por un lado hacernos participes de la responsabilidad frente al pueblo, en vista del sacrificio que a ese pueblo se le pide para el sostenimiento del Estado y sus funciones, y, por otro, el control del ejercicio de este presupuesto o sea de las finanzas públicas.
Dicen los legalistas elementalmente, que hay tres reglas del presupuesto, que son las reglas básicas de cualquier presupuesto: una, la claridad. Se refiere que un presupuesto tenga claridad suficiente para que en forma completa, global, emplazar si ustedes quieren a la Representación Nacional, para que pueda enterarse de cuáles son los propósitos, los fines, las metas que persigue el Ejecutivo, al enviar el proyecto de Presupuesto, que, como se ha dicho aquí, muchas veces es un plan de gobierno.
Otro principio, es que no se puede pensar en un presupuesto a largo plazo. Nuestra Constitución habla de la anualidad del presupuesto, y claro que yo lo sé. La tercera exigencia es la unidad del presupuesto, que sea algo que permita la visión conjunta de todos los ingresos y de todos los egresos.
Este no es mi pensamiento personal. Yo no soy ninguna autoridad en esta materia: simplemente desde que en la sesión pasada se presentó aquí el proyecto de dictamen, cuya segunda lectura se ha dispensado hoy, tratamos de recordar un poco estas ideas.
Decía respecto a la periodicidad del presupuesto, que nuestra Constitución habla del presupuesto anual. Yo estoy conforme en que haya cosas que tienen que preverse o presuponerse a plazo más largo.
No estoy en contra de esa dinámica del presupuesto que aquí se ha mencionado; pero si creo que cualquier presupuesto que entrañe la consideración atenta y mesurada de la exigencia que implica, debe ser considerado para períodos los menos largos posibles y con las menores modificaciones posibles.
En principios de sana economía -tampoco soy economista-, me parece que debe aplicarse desde al presupuesto doméstico hasta al presupuesto nacional. Y claro que en estas condiciones, resulta un tanto difícil entender ciertas cosas de las ampliaciones que se nos plantean.
Mientras que al Poder Judicial se le asignaban en el Presupuesto de Egresos de este año, 62 y medio millones de pesos y se ejerce el presupuesto por sólo 19 millones, lo que significa un ahorro -una reducción, dice aquí de $ 3.349,000.00.
Hay otras partidas, por supuesto, que suben notoriamente. La propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuya cifra inicial es de 571 millones de pesos, se modifica en 1956, y se ejerce, por consiguiente, en 739.
Educación Pública, que suele figurar en los presupuestos iniciales, a veces en primer lugar como el año pasado, con una asignación de dos mil y pico de millones de pesos, y en este año cuatro mil y pico, tampoco se ejercen plenamente. Se ahorran 65 millones, y hay un impuesto especial creado para el desarrollo educativo.
Lo mismo sucede con la Procuraduría de Justicia que ahorra un millón 290 mil pesos, de modesto presupuesto de 32 millones. Por otro lado, si aparece
que se pague en mayor cuantía de la prevista en dos mil veintiséis millones en lugar de 972 millones, la deuda pública. Esto yo lo aplaudo sin reserva, mientras más pronto se pague la deuda, mejor. Pero en fin, todo plantea incógnitas que no veo yo claro cómo se pueden resolver. ¿Por qué el presupuesto de Educación en el año de 1963, pasa del primero al tercer lugar dentro de un programa de gobierno? Son simples interrogantes, señores diputados. No tenemos base para contestar. La Comisión probablemente podrá tenerla. Y lo pienso ahora en las responsabilidades conjuntas y solidarias. sería, quizá, relativamente fácil, desde el punto de vista del derecho positivo, levantar el catálogo de las responsabilidades en que se puede haber incurrido por este sistema que, por otro lado, no tiene nada de novedoso, es la repetición de años y de lustros y de décadas en la historia de las finanzas públicas mexicanas. Tampoco vamos a exigir responsabilidad, y menos ahora.
Es más grave el problema. La responsabilidad fundamental se inicia aquí, señores diputados. Comencemos por el examen de nuestra propia conducta.
A mí me parece que entre las tareas fundamentales de esta legislatura y de esta Cámara, como se ha dicho aquí muchas veces, por todos los representativos de las diversas tendencias aquí presentes, está la de abrir un camino nuevo en la historia parlamentaria mexicana. Vamos a abrirlo de verdad. Vamos a recuperar nuestra función trascendental, fundamental, importantísima de ser los revisores del presupuesto nacional, los controladores de los gastos públicos, en beneficio del pueblo de México. Esto sucede hasta en los regímenes no democráticos. Por ejemplo en la Francia acongojada de la Segunda Guerra Mundial, bajo el régimen del mariscal Petain, había un Comité -creo que así se llamaba- o una Comisión de Presupuesto y Cuenta. Y eso que no había un parlamento como el nuestro; había un intento de régimen cooperativo. Sin embargo ese Comité tenía la misión de revisar el presupuesto y controlar la cuenta pública, lo que no podía ser dictado exclusivamente por el Ejecutivo, el primero, ni manejada al arbitrio absoluto del Ejecutivo, la segunda.
Nadie va a negar que Francia tiene un lugar de privilegio en la historia democrática del mundo.
El presupuesto es previsión por lo que ve a quien lo presenta; es autorización por lo que ve a quien lo revisa. Se ha dicho, y con razón, que esta idea de autorización es la idea madre del derecho presupuestario.
En el mismo tono, absolutamente general, en que he venido hablando, a mi me parece que no hay previsión justificable, más bien dicho, que no se justifica una imprevisión de 40 por ciento en los gastos públicos. Y, por otro lado, tampoco se justifica una autorización así tan rápida de ese aumento no previsto.
Señores: Tomemos todos estas ideas, no como una critica a una situación concreta; tomémosla como un deseo ferviente de que la Cámara de Diputados de México vaya realmente subiendo en la escala de su dignidad, de sus atribuciones.
Podíamos hacer referencia -quizá ya no valga la pena-. El dictamen cita tres artículos de la Ley Orgánica del Presupuesto, tres nada más: los artículos 29, 30 y 31 de la Ley Orgánica. Los leo rápidamente.
Dice el "29 Las leyes o decretos posteriores a la aprobación del Presupuesto de Egresos, cuya ejecución requiera el desembolso de fondos públicos, motivará las modificaciones necesarias al propio Presupuesto."
Yo no encuentro en este artículo el menor fundamento del dictamen.
"Artículo 30. En los casos a que se refiere el artículo anterior, el Ejecutivo por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, preparará las iniciativas de reformas correspondientes en la misma forma que el Presupuesto General."
En la misma forma y fórmula que el Presupuesto Federal, es decir, para aprobarlas antes que la ejecución.
"Artículo 31. Las Dependencias Federales solicitarán de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con los informes que justifiquen su petición, las modificaciones correspondientes, cuando las asignaciones fijadas en el Presupuesto de Egresos resultaren insuficientes o inadecuadas para cubrir el servicio a que se destinen. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los casos en que considere justificada la modificación, preparará la iniciativa correspondiente para ser sometida por el Ejecutivo a la aprobación de la Cámara de Diputados."
Si esto justifica, si esto funda en Derecho el procedimiento, habrá que revisar todas las ideas jurídicas que hemos conocido todos los que aquí hemos pasado por cualquier escuela. Se necesita revisar la ley.
Hace unos días, un joven diputado de la mayoría, que yo considero por todos los antecedentes que de el tengo, persona de mi más completa consideración -lo considero talentoso, preparado recto- me preguntaba si frente a estos problemas que ya se venían planteando había necesidad de llegar a la reforma constitucional, sinceramente yo pienso que no es preciso que llegue a otras cosas. Quizá si a una revisión a fondo del sistema de nuestra Ley Orgánica constitucional, no para abandonar nuestra tarea, pero sí quizá para hecerla más dinámica, más ágil, podría quizá pensarse en el presupuesto, por el alud de diciembre, en alguna forma, que resuelva esto sin base; pero la Constitución yo creo que debe seguir tal y como está; es muy difícil modificar sin cercenar facultades y obligaciones expresas del Poder Ejecutivo en esa materia.
Ojalá que encontremos el camino, señores diputados: ojalá que esta vez no votáramos así, tan de prisa, la aprobación del dictamen. Yo no podría votarla, y no porque dude o porque quiera claudicar, sino porque no puedo, no me siento en condiciones de emitir un juicio, que eso es emitir el voto.
Y aquí también se habla, se aludió a esa dificultad que entraña la revisión a fondo de un documento tan complicado, tan técnico, como es un presupuesto.
Yo estoy conforme en que es difícil, y estoy conforme en que habrá muchos o algunos diputados para quienes la tarea resulte casi insuperable; pero vamos a pensar también en los sistemas que nos faciliten esa tarea un poco, no en la revisión de la simple Comisión de Presupuestos y Cuenta. Tiene que haber ciertos caminos. Los hay en otras partes, y por otro lado hay un autor italiano muy divertido en estas cuestiones, que dice que en nuestras democracias parlamentarias los altos directores de la finanzas
pudieran dar la opinión en los congresos, de que el presupuesto es una especie de jeroglífico, que sólo los iniciados pueden saber, o que es una especie de esfinge que sólo presenta su secreto a los iniciados.
Ni una cosa ni otra, señores diputados: si una Cámara tiene ante si las más graves responsabilidades para manejar los asuntos de un país, tiene que tener la capacidad indispensable por lo menos para poder entender estas cuestiones.
Si el presupuesto es un programa o plan de gobierno, ¿cómo vamos a suponer que estamos incapacitados para entender por lo menos los lineamientos fundamentales de su programa, que haya problemas de contabilidad o de carácter técnico?
Eso es otra función: La revisión de la Cuenta Pública, el análisis exhaustivo de determinada partida presupuestal; pero el presupuesto, señores, ni es jeroglífico ni es esfinge; es tarea difícil, complicada, al alcance de cualquier parlamento normal.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: Tiene la palabra la Comisión.
El C. de la Vega Domínguez, Jorge Señor Presidente: hace unos minutos, señores diputados, escuchamos al señor licenciado Fluvio Vista Altamirano, fundar el por qué de la necesidad de dispensar la segunda lectura al dictamen que ahora se discute. Dijo él: "el que puede lo más, puede lo menos", al referirse, debemos entenderlo con toda claridad, al Reglamento Interno de esta Cámara, y no al precepto constitucional, según lo entendieron los señores diputados de Acción Nacional.
Aludió también a otro aspecto: al cúmulo de trabajo que la Cámara habrá de desahogar durante el próximo mes de diciembre. De aquí la urgencia de tratar ahora, como se ha aprobado, el alcance de este dictamen. No olvidemos que es tarea ya establecida en esta Legislatura, darse la agilidad que requiere al trato de sus asuntos y su solución respectiva. Recordemos que de los 176 asuntos del rezago, se han resuelto ya 94. ¿En qué quedamos, pues señores diputados de Acción Nacional? En algunos casos acusan a la mayoría de que pretende, como en éste, marchar muy de prisa, y en otros, que lo hace lentamente. ¿Cuál es el alcance verdadero de su imputación? Todos ustedes la conoce y mal pueden ocultarlo ellos.
El señor licenciado Estrada Iturbide nos hizo la historia del Presupuesto desde hace varios siglos. Nos habló de cómo funciona esta materia en otros países y muchos más, pero no olvidemos que en este caso concreto tratamos del Presupuesto autorizado y de sus ampliaciones, de acuerdo como se concibe en el Derecho Mexicano, de acuerdo con la práctica hacendaría de nuestro país, que tiene su propia forma de ser ajustada invariablemente al propósito de satisfacer las necesidades de nuestro pueblo.
El señor diputado Ruiz Vázquez, de otra parte, aludió a que una primera lectura no permitirá a todos ustedes y a la diputación de Acción Nacional, conocer el verdadero alcance del dictamen. Le pregunto: después de haber escuchado la exposición amplia y acuciosa del señor diputado Estrada Iturbide ¿no captó perfectamente el alcance del dictamen? Aquí el habló de manera harto exhaustiva de sus preocupaciones legales, quizá no con afán perfeccionista, demostrando que le preocupa el asunto y que subió a esta tribuna no a improvisar, sino a hablar de algo que sin duda, como buen abogado que es, conoce y eludió con suficiente antelación.
Recordamos todos, señores diputados, que hace poco menos de tres meses en este recinto parlamentario, escuchamos la voz del Primer Mandatario del país. Hizo entonces un resumen de los avances de la nación al través de los 6 años de su Gobierno y señaló, con claridad meridiana, cuál fue el destino y cuáles los efectos positivos del gasto público durante su Administración.
Entendamos entonces, por qué hay que entenderlo bien, que el Presupuesto ha sido el instrumento dinámico por excelencia que fundamenta y da vida al programa de Gobierno.
Las normas legales a que aludía el señor diputado Estrada Iturbide podrían hacernos pensar en la existencia de un presupuesto estático. Esto, señores podría también llevarnos a un absurdo: que si así fuera, se detendría la marcha del país con el sufrimiento de nuestro pueblo como consecuencia, porque habiendo dinero no se gastaría de acuerdo con una ya absurda interpretación literal de preceptos legales en la materia.
El Presupuesto, repito, es eminentemente dinámico, y cuando se formula y lo aprueba esta Cámara, toma en consideración el lado de los ingresos, y los egresos aquellos, son razonablemente conservadores; y lo son, porque no es posible, en toda su cuantía, determinar cuál va a ser su verdadero monto en nuestro sistema económico sujeto a fluctuaciones cíclicas.
Los ingresos corrientes en 1964 fueron de una amplitud tal que no solamente permitieron cubrir los gastos corrientes de administración sino que generaron ahorro gubernamental, ahorro que se destinó a la inversión pública, a esa inversión de la cual todos ustedes conoce los efectos positivos que está ganando para elevar los niveles de vida de nuestra población, de las mayorías populares económicamente débiles.
Sería una infamia -yo así lo pienso-, que trabas de procedimiento legalista limitaran el gasto, satisfactor fundamental de las necesidades más ingentes del pueblo mexicano.
¿Cuál es la literalidad, la letra de nuestras leyes?
¿Merecen estas acaso un estudio acucioso para actualizarlas y ponerlas a tono con la mecánica y la dinámica presupuestal? -Yo entiendo que si- ya lo estamos haciendo con suma preocupación; no adelanto juicio al particular sería temerario hacerlo acerca de si tales modificaciones podrán alcanzar hasta nuestra norma máxima constitucional; pero sí, señores, habremos de hacer algo y se hará, porque estamos en una época dinámica por excelencia, de reformas que son necesarias establecer para que las finanzas públicas cumplan sin trabas con su cometido primero y último: ajustar y propiciar lo que el pueblo demanda: su desarrollo integral.
Escuchamos hace unos minutos aquí también, era la intervención del señor diputado Estrada Iturbide, que hay una idea madre del Derecho Presupuestario, porqué no decir también que en la administración hacendaría existen 7 mil partidas denominadas técnicamente "partidas madres" que tienen una extraordinaria movilidad. De aquí que no alcanzaría, en un supuesto absurdo, doble número de diputados ni sesiones todos los días del año, para aprobar las modificaciones de tales partidas, si hubiésemos de ajustarnos a la letra estricta, a literalidad de nuestros preceptos legales en la materia. No pretendamos ser legalistas. No llevemos al absurdo la evidencia de los propósitos del legislador.
Vayamos al fondo del asunto: el aspecto sustantivo de las disposiciones legales que comentamos es el fin del gasto ampliado de acuerdo con el espíritu de la ley fundamental de la República. Lo adjetivo, que es la forma y la técnica procesal, no afectan a la sustantividad de la norma, entiéndase bien.
Eduardo Conture, eminente jurista uruguayo, ha afirmado, y nosotros con él, que cuando existe un conflicto entre el derecho y la justicia, debemos inclinarnos por la justicia. En la materia del Presupuesto, sería bizantino ignorar el espíritu de las leyes al cual se ajusta, con evidencia in objetable el gasto público y sus aplicaciones.
No vayamos, señores, a la letra que niega, sino al espíritu que vivifica.
Pero también escuchamos aquí una serie de dudas y de interpretaciones fuera, a mi juicio, de todo lugar en torno a los números que se incluyen en el dictamen; analicemos esto, veamos su verdadero alcance y descubramos cómo se gastaron los dineros del pueblo.
Descubramos, digo, por si alguno de ustedes, señores, tuviese duda todavía: El Presupuesto original fue de 15,954 millones de pesos; el ejercicio de 22 mil 83 millones. Hay, por lo tanto, ampliaciones de 6 mil 129, millones de pesos.
¿Cómo se financió el gasto de los 22 mil millones de pesos? Con 18 mil, óigase bien 18 mil millones de pesos generadores por la economía mexicana, captados por los impuestos, por los derechos, por los productos y por los aprovechamientos. Y solamente 4 mil millones de pesos se cubrieron con financiamientos internos generados por el ahorro nacional y con financiamientos externos contratados a largo plazo y a bajas, tasas de interés.
Hay, de otra parte, -y esto mereció consideración señalada hace algunos minutos- reducciones de 46 millones de pesos. ¿Qué ramas experimentaron esta reducción? Educación Pública, 35 millones y Trabajo y Previsión Social, Procuraduría General de la República, Departamento de la Industria Militar y el Poder Judicial el resto.
Pero. ¿qué significan estas deducciones? ¿Son realmente substracciones del gasto a los presupuestos de estos ramos, de tal manera que no erogaron sus autorizaciones? No señores; si conocemos un poco nada más de la técnica de las finanzas públicas, llegaremos a una conclusión: que existe también -así se dice en el dictamen-, un ramo, el de erogaciones, adicionales, que es precisamente el que concentra todos los recursos que los demás ramos, que las Secretarías y los Departamento de Estado, están obligados a cubrir al ISSSTE.
Precisamente los 46 millones de reducción fueron transferencias que se hicieron de los ramos que antes dije, al de erogaciones adicionales, que fue por el que se cubrió la aportación al ISSSTE.
Quede así aclarado este punto.
Pero analicemos ahora la materia fundamental de este dictamen: la ampliación de los $6,129.000.00 que preocupa, quiero creer, no por su destino ni por la diferencia entre lo presupuestado aprobado y lo gastado finalmente. Veamos cómo se gastaron estas ampliaciones: y en servicio de Deuda Pública.... $2,024.000,000.00 ¿Pero en qué tipo de Deuda Pública? No en una Deuda Pública inflacionaria, quede claro, sino altamente reproductivo. Es esa Deuda Pública de que ya se la hablado aquí, es la que nos está permitiendo, con dinero interno y externo, apresurar nuestro desarrollo mediante la creación de obras de infraestructura y de industrias básicas que propician, no sólo elevar el ingreso nacional, sino que a la vez estimulan la inversión de la iniciativa privada que el país requiere en el régimen de economía mixto que opera.
Por otra parte, de los seis mil millones de pesos, se gastaron en erogaciones adicionales........... $1,236.000,000.00 ¿Cuáles fueron éstas? Lo dije ya: las transferencias que los ramos hicieron precisamente al ramo de erogaciones adicionales para cubrir aportaciones al Seguro Social y al ISSSTE.
En Recursos Hidráulicas se amplió el gasto a 1,330 millones de pesos. En las obras de Infiernillo 745 millones; en la zona del bajo Río Bravo y bajo Río San Juan, 795 millones; en la construcción de la Presa " La Vaquita", 100 millones de pesos.
Estas erogaciones ampliadas del presupuesto, suman 1,020 millones de pesos, que casi hacen el total; el resto se gastó en obras de menor importancia para totalizar los 1,330 millones. Pero, ¿qué significa promover la electrificación y promover la agricultura "una cosa sencilla con la electrificación estamos llevando luz a los más apartados hogares mexicanos y estamos dando energía para que nuestra industria se desarrolle, floreciente a costos menores y con mayor rapidez para generar mayor producto nacional.
Y en el caso de irrigación, señores, ahí estamos logrando precisamente que tierras que sin agua no son capaces de producir casi nada, elevan su productividad hasta niveles que llegan a más de los 3,500 pesos anuales por Hectárea, esto va precisamente en beneficio de nuestra clase más necesitada: la clase campesina, la población mayoritaria.
Hablemos, ahora, del ramo de obras públicas. Este ramo amplió su gasto, y lo amplió efectivamente, en 660 millones de pesos. En 1964, y esto debe ser motivo de satisfacción para los mexicanos que vivimos en una orografía abrupta, se amplió la red caminera nacional en 7,500 kilómetros para hacer un total a la fecha de 56.000 kilómetros. Además, debe agregarse que el financiamiento de los 660 millones de pesos se derivó de préstamos del Banco Mundial, de contratistas y de productores de materias primas. Este gasto adicional se cubrió en su mayor parte con impuestos específicos a las llantas, a los vehículos y a los combustibles.
El Ramo, inversiones, por otro lado, se incrementó en 228 millones de pesos. ¿A dónde fue a parar este dinero? Con el Presupuesto original, más la ampliación de estos 228 millones de pesos, fue posible elevar a más del doble la capacidad instalada de energía eléctrica en el país. En el sexenio logramos incrementar ésta en más de dos y medio millones de kilovatios para hacer un total, cerca de 5 millones y medio de kilovatios.
La inversión se financió con los impuestos que la Comisión Federal de Electricidad y las empresas eléctricas del país cubrieron al gobierno de México por las importaciones que efectuaron, lo que significa que los 228 millones de pesos gastados, además se derivaron de recursos propios de las empresas.
Por otra parte, también en el ramo de inversiones se aportaron al fondo de garantía y fomento al turismo, alrededor de 30 millones de pesos. Ya sabemos también cuáles son los resultados del gasto público en materia de turismo.
En salubridad y Asistencia Pública, hubo una ampliación de 152 millones de pesos, que se destinó a un aspecto que merece la principal atención de todo régimen revolucionario de gobierno: fomentar, cuidar e incrementar la salud pública mediante la construcción de hospitales y de centros de salud, y mediante la introducción a nuestras olvidadas poblaciones de la provincia, de agua potable y de alcantarillado.
Pero conviene abundar un poco más, señores, en materia de gasto público. Esta es en verdad una materia apasionante que para discutirla hay que entenderla bien, por lo que pretendo, que si hemos de aprobar este dictamen, entendamos bien por qué lo hacemos y por qué la Comisión así lo propone: hay, señores diputados, dos clasificaciones más del presupuesto y del gasto público: la clasificación económica que nos habla de grandes agregados de la economía para conocer el impacto del gasto en el ingreso, en el ahorro y en la inversión. Estas clasificación, así como la funcional de la cual hablaré después, se introdujo en nuestro sistema hacendario allá por el año de 1954, Fue un adelanto in objetable que nos coloca a la altura de la técnica presupuestaria más avanzada en clasificación de gasto. Así se conoce que en gastos corrientes de administración se destinaron 1,186 millones de pesos sobre lo presupuestado para aumentar y perfeccionar el aparato administrativo de que el Gobierno requiere para el cumplimiento mejor de sus funciones crecientes.
En gastos directos de capital, se destinó una ampliación de dos mil doscientos noventa y tres millones de pesos. Esto saben ustedes qué repercusiones tiene en la economía: incrementar nuestro capital y nuestro producto nacional. En transferencias, destinamos 1,496 millones de pesos; esto no implica más que la reducción de algunas partidas de algunos ramos, para aplicarse a otros ramos qué lo requirieron con más urgencia.
En erogaciones especiales, se cuantificó una erogación original de 951 millones de pesos. En el ejercicio se gastaron 570 millones de pesos, y quedó un saldó de 82 millones. En la deuda pública que suele preocupar y que preocupa especialmente al diputado Estrada Iturbide, cuando afirmó que mientras más pronto se pague, mejor, debo decir aquí, y lo hago sin reticencia: que yo no comparto ni la Comisión coincide con su afirmación, la cual, señores, indica solamente un hecho, permítaseme decirlo con todo respecto: o que desconoce cómo está integrada nuestra deuda pública, cuál es su aplicación y cómo está repercutiendo en la economía nacional, o que quizá está pensando en las caducas tesis de las finanzas públicas de hace cien o de hace setecientos años a las que aquí aludiera hace unos minutos.
La deuda pública de México, óigase bien, es básicamente reproductiva, es dinámica por naturaleza, es de amplio sentido social y se está pagando con sus propios rendimientos, y de esos rendimientos hay excedentes que incrementan el ahorro nacional que eleva, mediante su inversión las condiciones de vida de los mexicanos. (Aplausos.) Que nuestro Gobierno siga contratando deuda en la medida que no se aparte -como no se apartará- del uso y del destino adecuado que le da invariablemente.
Veamos ahora, aun a riesgo de ser prolijo en la exposición, qué alcance y significado tiene la clasificación funcional del gasto. Esta también se introdujo como una técnica nueva en 1954. Tiene un fin básico, fundamental e imprescindible en nuestra época: facilitar, ser el instrumento fundamental en que deba sustentarse el programa de gobierno. Ya sabemos que en México nuestro Gobierno no actúa basado en el empirismo, en el tanteo o en el sólo querer hacer. Está actuando con base en un programa preestablecido; pero que, como programa, es eminentemente dinámico, requiere cambios. Si el programa está ligado al presupuesto este, es necesariamente dinámico también. Durante su ejecución requiere adiciones, ampliaciones o reducciones, y eso, señores es lo que se ha hecho. ¿Por qué? Porque se está ejecutando un programa de trabajo que el pueblo de México exige a su Gobierno improrrogablemente. Los recursos monetarios se están manejando para crear la mayor eficiencia productiva que reclama el momento de desarrollo que vivimos en el afán de mejorar las condiciones de vida de los mexicanos.
La clasificación funcional distribuye el gasto, las ampliaciones en este caso, en fomento económico al cual se destinó 2,812 millones de pesos, para incrementar la producción de satisfactores, de alimentos principalmente que atenúan el hambre de amplias capas de nuestro pueblo que la han sufrido ancestralmente. En inversión y protección social, para mejorar la vida de la población y para proteger a nuestros trabajadores, dentro del espíritu del artículo 123 constitucional, se amplió el gasto en 764 millones de pesos por medio de subsidios al consumo, educación, viviendas y salud pública.
En la administración general se ampliaron 391 millones de pesos para pagar mejor a la clase trabajadora, a los trabajadores del Estado, en el afán de ir eliminando un problema medular afán el raquítico mercado interno. ¿Qué implica incrementar el mercado interno? Dar posibilidad de compra a las grandes mayorías nacionales, que así propician el desarrollo industrial; propician en espiral ascendente, la elevación de los niveles de vida de la colectividad, principio y fin de todo buen gobierno.
En conclusión, señores diputados, la Comisión afirma y lo dice claramente, sin ocultaciones, que debe aprobarse el dictamen que ahora discutimos, porque las ampliaciones del gasto público, las ampliaciones del presupuesto autorizado aquí en diciembre del año anterior, se ejercieron dentro del espíritu de la Constitución, con un propósito objetivo e in objetable que demuestra que nuestro Gobierno está gastando bien, con sentido social y con honestidad, los recursos financieros que obtiene del pueblo al que gobierna.
Con el gasto público, el Presidente López Mateos ha propiciado el acceso de nuestro pueblo a los bienes de la civilización, y su disfrute a la educación y a la cultura humanista que para su propio bien, reclama impostergablemente. (Aplausos.)
El C. Presidente: Tiene la palabra el señor diputado Estrada Iturbide.
El C. Estrada Iturbide, Miguel: Ciertamente, señores diputados, hay signos de fatiga; pero ciertamente también el asunto reclama que precisemos algunos conceptos, que aclaremos ciertas posiciones.
Debo comenzar por contestar alguna alusión, sobre la actitud de Acción Nacional, de su diputación, en esta Cámara. Que si a veces hablamos de ir
demasiado despacio y a veces de prisa. Señores, no hay contradicción en esta postura, ni hay propósitos que no sean muy claros, cuando se habla de que había un rezago de equis número de expedientes y que de ese rezago se ha despachado algo más de la mitad de ellos, no hablamos de que se vaya despacio, se está trabajando; pero cuando hay asuntos que debieran ser resueltos más rápidamente y se demoran, podemos hablar justificadamente de que se va despacio. Esto no es un óbice para que reclamemos un paso más adelante, si se quiere, en aquellos asuntos que la ameriten por su importancia, por su complejidad; no hay contradicción.
Hubo otra alusión: hablamos de los presupuestos de hace cuatro siglos y de las funciones parlamentarias de hace cuatro siglos; yo comencé hace 7 siglos, señor diputado de la Vega; me referí, para comenzar, a la Carta Magna Inglesa que es del siglo XIII, pero no hablamos sólo de las Constituciones o de los presupuestos de hace cuatro o siete siglos o un siglo o cien años; no pensamos en los procedimientos que seguía, por ejemplo, el Ministro de Hacienda, del general Díaz; el señor Limantour, que según refiere alguno de sus biógrafos, se encerraba herméticamente en su despacho 3 ó 4 semanas antes de enviar el presupuesto a la Cámara para formularlo. Creemos que hoy ese procedimiento es totalmente insuficiente y absurdo; hoy tenemos necesidad de muchos más datos, de muchos más elementos técnicos para una correcta formulación del Presupuesto.
No ignoramos el conflicto que existe en el mundo contemporáneo entre los aspectos jurídicos y los aspectos económicos y sociales. No lo ignoramos. Sabemos que hay una tensión en todos los parlamentos del mundo respecto a las exigencias económico - sociales del dinamismo del presupuesto. No lo ignoramos, aunque no somos técnicos en finanzas públicas.
Dijo aquí el señor diputado de la Vega que mi intervención demostraba una amplia y acuciosa consideración del dictamen; tan amplia y tan acuciosa como pudo ser hecha en unos minutos de la noche anterior en que tuve en mis manos una copia del dictamen, que no se imprimió, dijo el diputado Ruiz Vázquez, y dijo bien. Habló de que por consiguiente no había improvisación -yo hablé de una, improvisación relativa frente a la magnitud del problema -; me parece a mí por lo menos improvisada.
Pero por otro lado yo me felicito. Señores diputados: la intervención que en nombre de la diputación de mi partido tuve aquí, nos ha permitido escuchar de labios de la Comisión una explicación, una información, que por ningún lado aparece en el dictamen. Si esa información o explicación les parece a ustedes suficiente, es otro problema; pero aquí la ha habido porque nosotros hemos dado la oportunidad de que la hubiera, y muy interesante por cierto, señor diputado. Pero dentro de esa innegable importancia e interés de la exposición, yo vengo, señores, a reclamar una cosa que para mí, abogado, es fundamental.
En la respuesta de la Comisión hay una confusión notoria. Está confundiendo lo que puede ser glosa o ratificación con lo que en términos de ley debe ser autorización previa. Que hay la tensión y el conflicto entre las exigencias dinámicas y los requerimientos jurídicos, conforme -y por eso dije hace un rato que necesitamos realizar nuestros sistemas -, pero no nos vengan a decir que se justifica el procedimiento, porque en un Informe Presidencial se nos dijo como se habían empleado los fondos públicos. Se puede glosar ese informe, se puede ratificar incluso el contenido de ese informe; no se puede, señores, autorizar en términos constitucionales un gasto hecho sin previo acuerdo. Estamos frente a una confusión de la que necesitamos salir. ¿A caso pudiéramos llamarla la confusión del Derecho y de la Economía? ¿Y qué es más, la Economía o el Derecho? Problema sumamente interesante, problema apasionante. Aquí abría quien fácilmente dijera que el derecho es una superestructura y la Economía la estructura fundamental. Pero habría otras opiniones diversas, habría quien pudiera sostener justificadamente que la economía es la parcela más modesta, aunque formidablemente interesante de una cultura. En fin, no vamos a discutir esto. La tensión existe y existe en las condiciones actuales concretas de nuestra realidad mexicana. ¿Y cuál es la función del Poder Legislativo? La función del Poder Legislativo ahora y aquí, como en otras partes y en otras ocasiones, es la de ir tratando de dar cauce jurídico a las inquietudes y a los requerimientos y a las exigencias de una realidad social y económica concreta.
Se dijo aquí que desde 1954 nuestros sistemas hacendarios están a la altura de los mejores del mundo. Entonces, señores, falla congresional, falla legislativa, puesto que no hemos sabido adaptar, no ha sabido el Poder Legislativo Mexicano adaptar las estructuras legales, las instituciones jurídicas de México a ese avanzado sistema hacendario de que se nos habla. Por un lado o por otro, da lo mismo, estamos fallando; y necesita dejar de fallar.
Se habla otra vez de nuestra terquedad legalista, se habla de empeñarnos en la letra de la Constitución olvidando su espíritu, nada más lejos de nosotros. Pero una cosa es que no nos aferremos a la letra muerta de un precepto y otra cosa es que admitamos que el espíritu de ese precepto por una especie de espiritismo, diga lo que no puede decir el precepto mismo, analizando su exégesis concreta.
Mientras la Constitución Mexicana imponga al Congreso la obligación, no el derecho, no la facultad, la obligación de examinar, discutir y aprobar el Presupuesto, no podemos admitir la confusión proveniente de una glosa posterior del gasto público sin previa autorización de las partidas presupuestales. Eso es todo. No debemos hablar idiomas distintos ni colocarnos en distintos planos para un debate. Puede haber las reformas legales necesarias; si han sido necesarias desde hace 10 años, debió haberlas habido.
¿Vivimos o no vivimos bajo un régimen de derecho, y en qué consiste el Régimen de Derecho? Es una definición elemental consistente en que el Estado y sus órganos no pueden hacer sino lo que la ley les permite. La clásica distinción entre las facultades del particular y las facultades del Poder, entre los derechos del ciudadano y los derechos de la autoridad, sigue vigente en cualquier régimen de Derecho; el particular y el ciudadano puede hacer
todo lo que la ley no le prohiba; el Poder y la autoridad puede hacer sólo lo que la ley le autorice; si no, no hay régimen de Derecho; si no, no hay limitaciones al Poder Público. Yo no soy economista, pretendo ser abogado y pretendo defender el derecho sin el cual las estructuras fundamentales de la convivencia se quebrantan y pueden derrumbarse, sobre todo si estas estructuras son democráticas y pretenden ser cada vez menos imperfectamente democráticas.
La referencia común: cuando hay conflicto entre el derecho y la justicia, debe prevalecer la justicia. Kutul (?) se refiere allí al derecho positivo que vulnera los procedimientos de la justicia. No es idea de la vieja tragedia griega. Se trata de que el valor justicia, al cual está encaminado el derecho como medio de realización, debe inspirar el derecho, y cuando el derecho se aparta de la justicia debe entonces prevalecer la justicia sobre la norma positiva del derecho. Ese es el alcance.
¿Y qué? ¿Nuestro derecho resulta ya insuficiente? De acuerdo. Yo hablé aquí, señores, de que era necesario revisar la Ley Orgánica del Presupuesto. Tenemos que encontrar la salida, pero no anticipemos los hechos a la ley, porque entonces estamos vulnerando el orden del derecho. Eso es todo.
¿Qué la transferencia de las partidas, qué la idea de la mecánica del presupuesto, qué la funcionalidad del presupuesto puede justificar a posteriori lo que se ha hecho? No quiero discutirlo. Lo que afirmo es que está mal que se haga a posteriori; que la autorización es previa y que la Cámara está vulnerando a la Constitución. Nada más.
Van ustedes, por supuesto, a aprobarlo; y todavía podía decírsenos que cuando afirmamos lo de la Deuda Pública, cometimos un error imperdonable, e ignorantes de la técnica económica, puede ser; ¿por qué entonces, señores de la Comisión, el dictamen subraya en forma notoriamente satisfactoria que se haya empleado una mayor suma en la reducción de la Deuda Pública, de lo que originalmente se señaló? Porque hubo el movimiento, debe haber documentación. No lo decía el dictamen, señores diputados.
¿Y sobre el Poder Judicial y sobre la Procuraduría de Justicia? ¿No logramos ante el pueblo de México una mejor administración de justicia tanto en los Tribunales como en el órgano que representa a la sociedad, que es el Ministerio Público? ¿Por qué entonces ese sobrante de presupuesto? Quizá esté justificado.
Yo no voy a analizar una por una las partidas, pero tenemos el derecho de preguntar, de preocuparnos y esta preocupación es sincera. El Poder Judicial mexicano necesita una elevación de todo tipo. Entonces, claro, parece así a primera vista poco congruente el ahorro frente a la exigencia. Y así podríamos seguir.
Yo vuelvo a repetir, señores diputados: ¿se va a votar el dictamen en forma aprobatoria? ¿Se va a ratificar lo que debió autorizarse? ¿Se va a resolver el conflicto en favor de la economía? Vamos a ver si frente a un poco de tiempo podemos hacer que nuestro derecho esté a la altura de nuestro desarrollo dinámico social. Ojalá que ante las tareas que esta Legislatura pueda cumplir se encuentre este capítulo, que por un lado resolverá hasta donde es posible resolver, las tensiones que me he referido, y por otro, hará recuperar al Poder Legislativo su dignidad y su función; impedirá que se argumente desde planos diversos, y que en una confusión que yo no quiero calificar de liberada, se conteste con argumentos económicos, lo que son argumentos constitucionales y de tipo jurídico.
Señores diputados: todavía está vigente el precepto constitucional que dice que vivimos en un régimen de derecho, en un régimen de legalidad, y que es la Constitución y las leyes emanadas de ella; la norma suprema para que funcionen todos los órganos del Estado Mexicano.
El C. Presidente: Se concede la palabra al C. diputado Vista Altamirano.
El C. Vista Altamirano, Fluvio: Señor Presidente, señores diputados: he de ser breve porque la Asamblea ya está fatigada. No hemos de rebatir el aspecto económico del dictamen porque con su brillantez acostumbrada, el señor diputado Jorge de la Vega ya lo ha hecho. El señor diputado Estrada Iturbide se ha concretado en su segunda intervención a impugnar el dictamen desde el punto de vista, según él, constitucional, aduciendo que estamos ratificando en lugar de autorizar. Yo debo, decirle al señor licenciado Estrada Iturbide, que también pretende ser abogado, que yo no soy economista, pero frente a un precepto frío de la Constitución, como es el artículo 126, que pienso que a él se refiere, no puede permanecer indiferente la representación nacional. Se es abogado para interpretar las leyes, y con el mayor respeto para el señor diputado Estrada Iturbide, aquí estriba la diferencia entre el 'tinterillo' y el abogado. El 'tinterillo' se ajusta estrictamente a la letra fría de un precepto de la ley. El abogado debe ir al fondo, debe ir al espíritu, debe ir a la esencia de ese propio precepto para su aplicación concreta, que es lo que quiso el Constituyente de 56 y de 17, porque se transcribe exactamente el mismo precepto de la Constitución que nos rige. ¿Qué pretendieron los hombres que concretaron en un código supremo los anhelos de un pueblo? Que los dineros de él no se dispongan en forma arbitraria por el poder público. Entonces vamos al espíritu de la propia Constitución General de la República. Sí estamos nosotros demostrando a través del dictamen, y con la brillante exposición del señor diputado De la Vega, que esos dineros del pueblo de México han sido bien empleados para su beneficio. ¿En qué violamos la Constitución? Es cierto, aparentemente puede pensarse que estamos ratificando en lugar de autorizar, pero ¿qué quiso el legislador? ¿No quiso precisamente que el Congreso, que la representación Nacional vigile el buen destino de los dineros del pueblo? Eso es lo que estamos haciendo en estos momentos al discutirse el dictamen presentado a vuestra soberanía o a vuestra consideración.
Dice el señor licenciado Estrada Iturbide que existe una confusión entre derecho y economía. En el mundo moderno no podemos hablar de derecho y desentendernos de la economía o hablar de ésta y desentendernos del derecho.
Las dos disciplinas propenden precisamente al beneficio colectivo. Estamos aprobando un presupuesto porque no hubo antes un
período de sesiones que nos lo permitiera, y lo aprobamos porque como ya lo ha explicado el diputado De la Vega, ha ido a beneficiar a las grandes mayorías de México, a aquellos de recursos económicos débiles.
No se trata de espiritismo, como dijo el señor licenciado Estrada Iturbide. Si él entiende por espiritismo ir a la razón esencial de un precepto, pues somos espiritistas, señor licenciado, pero en buena hora espiritistas y no 'tinterillos'.
Por otra parte, el señor licenciado De la Vega anunció también desde esta tribuna, que ya en el seno de la Comisión, y con el auxilio de un gran número de señores diputados, estamos estudiando la posibilidad de unas reformas que, como él lo dijo también, no podemos prever si van a alcanzar a la ley fundamental del país, o simplemente a las leyes secundarias. Si ustedes se preocupan por esas reformas, que bueno. Vamos a platicar para hacer más ágil. más dúctil el procedimiento; pero no digamos a pretexto de la necesidad de una reforma, que estamos violando la Constitución.
Sí vivimos, repito, vivimos en un régimen de Derecho, y tan vivimos que me atrevo a afirmar, sin temor de avergonzarme, en representación de la Comisión, que si aprueban ustedes este dictamen, pueden estar seguros de que se encuadra dentro de los marcos constitucionales y dentro de los marcos legales, porque, repito, de lo que se trata es de comprobar, de justificar que los dineros del pueblo han sido bien empleados. No fue otro el espíritu de la Constitución; no quiso el Constituyente que se ratificara previamente, por el mero deseo de que se ratificara, sino para ver si los dineros se iban a emplear bien, y se está demostrando que el Gobierno de López Mateos ha empleado el dinero del pueblo en su beneficio. Yo insisto y reitero la súplica de la Comisión, señores diputados, de que se apruebe este dictamen, porque está encuadrado, repito, dentro de los marcos constitucionales que nos rigen. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. secretario: González Sáenz, Leopoldo: Por acuerdo de la Presidencia, la Secretaría pregunta a la Asamblea si considera suficientemente discutido este asunto. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Sí se considera.
Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general. Por la afirmativa.
- La C. secretaria Torres Ariceaga, Diana: Por la negativa.
(Votación.)
El C. secretario González Sáenz, Leopoldo: ¿Falta algún ciudadano de votar por la afirmativa?
- La C. secretaria Torres Ariceaga, Diana: ¿Falta algún ciudadano de votar por la negativa? Se procede a recoger la votación de la Mesa.
(Votación.)
El C. secretario González Sáenz, Leopoldo: Fue aprobado en lo general el proyecto de decreto por 164 votos de la afirmativa y 17 de la negativa. Está a discusión el proyecto en lo particular. No habiendo quien haga uso de la palabra, se va a recoger la votación nominal en lo particular. Por la afirmativa.
-La C. secretaria Torres Ariceaga, Diana: Por la negativa.
(Votación.)
El C. secretario González Sáenz Leopoldo: ¿Falta algún ciudadano diputado de votar por la afirmativa?
- La C. secretaria Torres Ariceaga, Diana: ¿Falta algún ciudadano diputado de votar por la negativa? Se procede a recoger la votación de la Mesa.
(Votación.)
El C. secretario González Sáenz Leopoldo: Fue aprobado en lo particular por 164 votos de la afirmativa y 17 de la negativa. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
IX
- La C. secretaria Torres Ariceaga, Diana: Se designan Comisiones que habrán de atender, en representación de esta Cámara de Diputados, a legisladores de países extranjeros que vendrán a la toma de posesión del Presidente de la República: "De Argentina, a los diputados Fluvio Vista Altamirano y Fabio Espinosa Granados.
De Costa Rica, Gabino Vázquez O. y Augusto Gómez Villanueva.
De Colombia, Domingo García López y Abel Vicencio Tovar.
De Checoslovaquia, Luis Priego Ortiz y Francisco Ortiz Mendoza.
De Chile, Luis Dantón Rodríguez y Andrés Henestrosa.
De El Salvador, Emilio Gandarilla.
De Estados Unidos, Raúl Legaspi y Gonzalo Martínez Corbalá.
De Ghana, Alejandro Carrillo.
De Japón, Pedro N. García.
De Nicaragua, Antonio Martínez Manautou y Alfonso Castillo Borzani.
De Panamá, Francisco Luna Kan.
De Paraguay, Diana Torres Ariceaga.
De Perú, Manuel Gurría Ordóñez y Juan Landerreche.
De Turquía, Marta Andrade de Del Rosal.
De la URSS, Carlos Ramírez L., Alberto Alvarado Arámburo y Ramón Rocha Garfías.
De Yugoslavia, Agustín Arroyo Damián, Hilda Anderson Nevárez y Roberto Chávez Silva."
El C. secretario González Sáenz, Leopoldo: Por acuerdo de la Presidencia, se informa a los diputados integrantes de las Comisiones que acaban de leerse, que si requieren alguna información relacionada con el cumplimiento de las mismas, podrán obtenerla con el diputado Tulio Hernández.
X
- El mismo C. secretario:
"Para dar cabal cumplimiento a la sesión solemne en la que el Presidente electo C. Gustavo Díaz Ordaz habrá de rendir la protesta de ley y conforme al artículo 185 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se designan las siguientes comisiones de cortesía:
Para acompañar al C. Adolfo López Mateos, Presidente Constitucional de la República Mexicana, de su residencia al Palacio de las Bellas Artes, los CC.
Diputados: Vicente Fuentes Díaz, Miguel Estrada Iturbide, Jorge Cruickshank García, Marciano González Villareal, Guillermo Molina Reyes y Manuel Rivera Anaya.
Para recibir en el pórtico del Palacio de las Bellas Artes al C. Adolfo López Mateos, Presidente Constitucional de la República Mexicana, los CC. diputados: Miguel Covián Pérez, Humberto Morales Corrales, José Luis Noriega Magaña, Domingo Franco Sánchez, Pedro Ruiz González, Saúl González Herrera y Manuel Orijel Salazar.
Para acompañar del Palacio de las Bellas Artes al Palacio Nacional y más tarde a su residencia al C. Adolfo López Mateos, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, los CC. diputados: Antonio Martínez Manautou, Enrique Ramírez y Ramírez, Angel Rodríguez Solórzano, Augusto Gómez Villanueva, Juan de Dios Osuna Pérez y José María Martínez.
Para acompañar al C. Gustavo Díaz Ordaz, Presidente electo de México, de su residencia al Palacio de las Bellas Artes, los CC. diputados Fluvio VIsta Altamirano, Adolfo Christlieb Ibarrolla, Vicente Lombardo Toledano, Juan Barragán Rodríguez, Tulio Hernández Gómez y Alberto Alvarado Arámburo.
Para recibir en el pórtico del Palacio de las Bellas Artes al C. Gustavo Díaz Ordaz, Presidente electo de la República Mexicana, los CC. diputados: Abraham Aguilar Paniagua, Francisco Pérez Ríos, Angel José Lagarda Palomares, Vicente Salgado Páez, Pablo Solís Carrillo, Miguel Osorio Marbán y Eugenio Cárdenas A.
Para acompañar del Palacio de las Bellas Artes al Palacio Nacional, al C. Gustavo Díaz Ordaz, Presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos, los CC. diputados: Rubén Moheno Velasco, Rodolfo Velázquez Grijalva, Serafín Iglesias, Enrique Bautista Adame, Arnaldo Gutiérrez Hernández y Luis Dantón Rodríguez.
XI
- El mismo C. secretario:
Siendo ésta la última sesión correspondiente al mes de noviembre, procede, en los términos del Reglamento Interior, elegir nueva Mesa Directiva para el mes de diciembre entrante. Se ruega a los diputados que por orden de lista pasen a depositar su voto en los recipientes acostumbrados, en el Presídium.
(Elección.)
El resultado de la votación es el siguiente: 178 votos para la planilla integrada en la siguiente forma:
Presidente, Alfonso Martínez Domínguez; Vicepresidentes, Fluvio Vista Altamirano y Salvador Rosas Magallón; un voto en favor de la planilla integrada por los diputados Alfonso Martínez Domínguez, Presidente: y para Vicepresidentes, Fluvio Vista Altamirano y Guillermo Ruiz Vázquez; otro voto más así: para Presidente, Alfonso Martínez Domínguez, y para Vicepresidentes Fluvio Vista Altamirano y José Chiquillo Juárez; un voto para Presidente, Alfonso Martínez Domínguez; para Vicepresidentes, Fluvio Vista Altamirano y Abel Carlos Vicencio Tovar; otro voto, para Presidente Alfonso Martínez Domínguez, y para Vicepresidentes Fluvio Vista Altamirano y Mauro Berrueto Ramón; un voto en la siguiente forma: para Presidente, Fluvio Vista Altamirano, y para Vicepresidentes, Salvador Rosas Magallón y Abraham Aguilar Paniagua; otro voto así: para Presidente, Alfonso Martínez Domínguez, y para Vicepresidentes Fluvio Vista Altamirano y Luis Manuel Aranda Torres. Otro voto, para Presidente Alfonso Martínez Domínguez, y para Vicepresidentes, Fluvio Vista Altamirano y Augusto Gómez Villanueva. Dos votos para la planilla integrada, para Presidente, por Alfonso Martínez Domínguez, para Vicepresidentes, Fluvio Vista Altamirano y Jorge de la Vega Domínguez. Por último, diez votos para la siguiente planilla: para Presidente, Alfonso Martínez Domínguez, y para Vicepresidentes, Fluvio Vista Altamirano y Vicente Lombardo Toledano.
El C. Presidente: En consecuencia, es Presidente de la Cámara de Diputados para el próximo mes de diciembre, el ciudadano Alfonso Martínez Domínguez.
(Aplausos.)
Para Vicepresidentes, los diputados Fluvio Vista Altamirano y Salvador Rosas Magallón. (Aplausos.)
El C. secretario: González Sáenz, Leopoldo: Por acuerdo de la Presidencia, a los ciudadanos diputados que quedaron integrando comisiones relacionadas con la transmisión del poder el próximo día primero, se les cita para hoy en la noche a las 8, en el Salón Verde de ésta Cámara.
El C. Presidente (a las 16.40 horas): Se levanta la sesión y se cita para el próximo martes primero de diciembre, en el Palacio de Bellas Artes, a las nueve horas, a sesión de Cámara, y a las 10 horas a la de Congreso General. Esta Presidencia ruega a los ciudadanos diputados que tomen en cuenta la trascendencia de la sesión solemne que ese día habremos de llevar a cabo en el Palacio de Bellas Artes, y les suplica que se presenten en el mencionado recinto minutos antes de las nueve horas.
TAQUIGRAFÍA PARLAMENTARIA Y
"DIARIO DE LOS DEBATES"