Legislatura XLVI - Año I - Período Ordinario - Fecha 19641211 - Número de Diario 41

ENCABEZADO

MÉXICO, D. F., VIERNES 11 DE DICIEMBRE DE 1964

DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Registrado como artículo de 2a. clase en la Administración Local de Correos. el 21 de septiembre de 1921.

ANO I.-PERIODO ORDINARIO XLVI LEGISLATURA TOMO I.- NUMERO 41

SESIÓN DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS

EFECTUADA EL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 1964

SUMARIO

I. Se abre la sesión. Se da lectura a la Orden del Día. Se lee y aprueba el acta de la sesión anterior.................................................

II. La Presidencia comunica a la Asamblea que en lo sucesivo se ajustará a lo establecido por el artículo 58 del Reglamento, en lo relativo a la presentación de iniciativas y proyectos....................................

III. Se turnan a las Comisiones respectivas cinco solicitudes de permisos para que los CC. Alfonso García Robles, Delfín Sánchez Juárez, Rafael de la Colina y Manuel de Araoz, puedan aceptar y usar condecoraciones de gobiernos extranjeros, y el C. Felipe Barragán García pueda prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica..............................

IV. Se turnan a Comisión las solicitudes de pensión para los CC. Constantino Navarro y Martina Beall viuda de Curiel.............................

V. Se turna a las Comisiones que tienen antecedentes los decretos que devuelve el Ejecutivo con observaciones, relativos a los ajustes de jubilación a los ex empleados de esta H. Cámara: Juana Evangelina Martínez, María Guadalupe Castro Guízar y Magdalena Romero Torres, aprobadas por la XLV Legislatura...

VI. La Legislatura del Estado de Querétaro, da a conocer los nombres de los ciudadanos diputados propietarios y suplentes que la integran. De enterado....

VII. Los Congresos de los Estados de Guerrero, Veracruz y Zacatecas, comunican la integración de sus Mesas Directivas para el presente mes, y el de Chihuahua, la licencia concedida al C. Gobernador Constitucional del Estado y la designación de Gobernador Interino. De enterado...........................

VIII. Invitación del Congreso de Nayarit a la sesión solemne en la que el C. Julián Gascón Mercado, Gobernador Constitucional, rendirá su primer informe de Gobierno. Se designa comisión..........................................

IX. Se turna a Comisión la solicitud de ajuste de jubilación del C. Pascual Horta Rodríguez, empleado de esta H. Cámara.................................

X. Cuatro dictámenes, con puntos de acuerdo, que determinan se archiven por haber sido satisfechas unas, por extemporáneas o improcedentes otras, las iniciativas presentadas hace algunos años: para reformar las fracciones XX y XXI del artículo 123 constitucional; un proyecto de ley para crear el Servicio Social Educativo Obligatorio, suscrito por el C. diputado Antonio M. Garza Peña; iniciativa de Ley de Impuestos sobre la venta de tabaco elaborado y bebidas alcohólicas, presentada por el C. diputado Francisco Pérez Ríos en noviembre de 1958; y para reformar las fracciones VI y IX del artículo 123 constitucional, presentada por varias organizaciones obreras, a efecto de fijar las utilidades de los obreros en las ganancias que obtienen los patrones. Se aprueban los dictámenes......................................................

IX. El C. Alfonso Martínez Domínguez, Presidente de la H. Cámara de Diputados, solicita permiso para separarse circunstancialmente de sus funciones durante el tiempo que resta del mes de diciembre. Se concede el permiso.......

XII. Dictamen, acerca de la iniciativa presentada por los diputados del Partido Acción Nacional, tendiente a reformar los artículos 73 fracción VIII y XXVIII y 74 fracción II de la Constitución Federal, que concluye con un punto de acuerdo que autoriza a las Comisiones a reunir todas las iniciativas pendientes sobre el asunto para, durante el receso, hacer el estudio completo sobre el tema y emitir el correspondiente dictamen. Se aprueba................

XIII. Segunda lectura a dos dictámenes, con proyecto de decreto, que conceden permiso a los CC. Antonio Carrillo Pérez y José Quinza Maiquez para que puedan aceptar y desempeñar, respectivamente, los cargos de Vicecónsul Honorario de Uruguay, en Tampico, Tamps., y Agente Consular de Francia, en Oaxaca, Oax.,

y el que concede pensión vitalicia a la señora Elena Blumenkron Limón. Se aprueban. Pasan al Senado de la República para los efectos constitucionales.

XIV. Segunda lectura al dictamen que reforma y adiciona la ley que crea el Instituto Nacional de la Vivienda, a iniciativa de varios CC. diputados. El C. diputado Enrique Ramírez y Ramírez hace uso de la palabra para ampliar las consideraciones y fundamentos del dictamen. En la discusión en lo general, intervienen los CC. Ricardo Chaurand Concha, en contra; Francisco Ortiz Mendoza, en pro; en contra, Jacinto Guadalupe Silva Flores; en pro, Raúl H. Lezama Gil; en contra, Antonio Rosillo Pacheco, que propone modificar el dictamen; por la Comisión, nuevamente Ramírez y Ramírez, y para hechos Silva Flores. Se aprueba en lo general. Sin objeciones en lo particular, se aprueba. Pasa al Senado de la República para los efectos constitucionales. Se levanta la sesión pública y se pasa a sesión secreta..............................

DEBATE

Presidencia del C. ALFONSO MARTINEZ DOMINGUEZ

(Asistencia de 186 ciudadanos diputados.) I - El C. Presidente (a las 11.55 horas ): Se abre la sesión.

- El C. secretario González Sáenz, Leopoldo (leyendo):

"Orden del Día.

11 de diciembre de 1964.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Diez oficios de la Secretaría de Gobernación relativos a solicitudes para aceptar y usar condecoraciones otorgadas a ciudadanos mexicanos por Gobiernos extranjeros; a permisos para prestar servicios en Embajadas; a solicitudes de pensión de gracia y, a observaciones que el Ejecutivo hace a decretos de jubilación aprobados por el H. Congreso de la Unión.

Cuatro circulares de Legislaturas de los Estados comunicando designación de Mesas Directivas y apertura de períodos de sesiones.

El Congreso del Estado de Chihuahua transcribe a esta Cámara de Diputados el decreto por el cual se concede al C. Gobernador Constitucional de esa entidad, licencia de 20 días para separarse de sus funciones.

La Legislatura del Estado de Nayarit, invita a esta representación nacional a la sesión solemne que tendrá verificativo el próximo veinte de diciembre y en el cual el Gobernador de esa entidad habrá de rendir su informe de gobierno.

El C. Pascual Orta Rodríguez, empleado de la Imprenta de esta Cámara solicita su jubilación voluntaria.

Del rezago:

Cuatro dictámenes de las Comisiones 1a de Educación Pública, unidas de Impuestos y 2a de Educación Pública y 2a de Trabajo con Puntos de Acuerdo que decretan el archivo de los expedientes en cuestión.

Proposición de las Comisiones unidas 1a de Puntos Constitucionales y de Bienes y Recursos Nacionales en relación con la iniciativa que estudian, para reformar los artículos 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segunda lectura a dictámenes de las Comisiones de Servicio Consular y Diplomático y 1a de la Defensa Nacional, con proyectos de decreto que conceden a ciudadanos mexicanos permiso para desempeñar cargos en Consulados de Gobiernos extranjeros y otorgar una pensión vitalicia.

Segunda lectura al dictamen de las Comisiones unidas 1a y 2a de la Vivienda Popular, relativo al proyecto de reformas y adiciones a la ley que crea el Instituto Nacional de la Vivienda.

Sesión Secreta."

"Acta de la sesión celebrada por la Cámara de Diputados del XLVI Congreso de la Unión, el día ocho de diciembre de mil novecientos sesenta y cuatro.

Presidencia del C. Fluvio Vista Altamirano.

En la ciudad de México, a las once horas y treinta minutos del martes ocho de diciembre de mil novecientos sesenta y cuatro, se abre la sesión con asistencia de ciento sesenta y un ciudadanos diputados, según consta en la lista que previamente pasa la Secretaría.

Lectura de la Orden del Día.

Sin discusión se aprueba el acta de la sesión anterior celebrada el día cuatro del actual.

Se da cuenta con los asuntos en cartera:

Dos oficios de la H. Cámara de Senadores con los cuales se remiten los expedientes relativos a las solicitudes de jubilación de los ciudadanos Filiberto Burgos Jiménez y Angela Serna Soler, empleados de esa Cámara. Recibo, y a la Comisión de Hacienda en turno e imprímase.

Los Congresos de los Estados de Aguascalientes, Oaxaca y Tamaulipas, comunican, los dos primeros, la designación de sus Mesas Directivas que fungirán en el presente mes y, el último, la prórroga del segundo período ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de su ejercicio. De enterado.

Los CC. Jacinto Guadalupe Silva Flores y Adolfo Christlieb Ibarrola, interpelan a la Presidencia en relación con el artículo 17 del Reglamento Interior del Congreso.

Dos iniciativas tendientes a reformar la Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares, y la Ley General de Instituciones de Seguros, presentadas por los diputados miembros del Partido Acción Nacional y a las cuales da lectura la ciudadana diputada Florentina Villalobos.

Ambas iniciativas reciben el trámite de túrnense a las Comisiones unidas de Moneda a Instituciones de Crédito, y de Seguros, e imprímase.

La Mesa Directiva designa en comisión a los ciudadanos diputados Juan Barragán Rodríguez, Raúl Padilla Gutiérrez y Eliseo Jiménez Ruiz, para asistir, en representación de esta Cámara, a la ceremonia

que tendrá verificativo el día quince de los corrientes, con motivo a la celebración del cincuentenario de la expedición de las adiciones al Plan de Guadalupe, promovidas, por el Varón de Cuatro Ciénegas, don Venustiano Carranza, en el edificio de Faros del Heroico Puerto de Veracruz, en cuyo recinto tendrá lugar este acto.

Invitación del Congreso del Estado de Sinaloa a la sesión solemne en la que el C. Leopoldo Sánchez Celis, Gobernador Constitucional de la entidad, rendirá el segundo informe de su gestión administrativa, el próximo día quince del actual.

Se designa en comisión para asistir a este acto, a los ciudadanos diputados Jesús García Santacruz, Ricardo Covarrubias, Raúl Legaspi Donis, Carlos Sánchez Dosal, Samuel Castro Cabrera, Humberto Morales Corrales, Joaquín Salgado Medrano y Francisco Alarcón Fregoso.

Los ciudadanos Igacio Franco Méndez, Enrique Gómez Morales y Rosario Eroza de Treviño, empleados del Poder Legislativo, solicitan, los dos primeros , ajuste de jubilación y, la última, jubilación forzosa por más de trece años de servicios prestados a los poderes de la Unión. Recibo, y a la Comisión de Hacienda en turno.

Solicitud del C. José A. W. Turner para aceptar y usar una condecoración que le otorgó el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Recibo y a la Comisión de Puntos Constitucionales en turno.

Dictamen de las Comisiones Unidas de la Vivienda Popular, Primera y Segunda Secciones, relativo a la Iniciativa de Reformas y Adiciones a la Ley que crea el Instituto Nacional de la Vivienda, que concluye con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 8o;. el inciso a) del artículo 12; el artículo 2o. y agrega los transitorios 2o., 3o. y 4o. de la Ley en cuestión. Primera lectura e imprímase.

Dos dictámenes de la Comisión de Servicio Consular y Diplomático con proyecto de decreto que conceden permiso para aceptar y desempeñar cargos consulares: al C. José Quinza Maiquez, como Agente Consular de Francia en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca, y, al C. Antonio Carrillo Pérez, como Vicecónsul Honorario de la República Oriental de Uruguay en la ciudad de Tampico, Tamaulipas. Primera lectura.

Dictamen de la Primera Comisión de la Defensa Nacional con proyecto de Decreto que concede a la señora Elena Blumenkron Limón, Pensión vitalicia de setecientos cincuenta pesos mensuales, por los servicios que prestó a la patria, su padre, el extinto capitán de infantería José Blumenkron. Primera lectura.

Segunda lectura a tres dictámenes de la Segunda Comisión de Puntos Constitucionales con proyectos de Decreto que conceden permiso para aceptar y usar condecoraciones, a los siguientes ciudadanos: doctor José Alvarez Amézquita, la Orden de Rubén Darío en el grado de Gran Cruz Placa de Plata, que le otorgará el Gobierno de Nicaragua; licenciado Bernardo Reyes, la Orden Honor y Mérito en el grado de Gran Cruz, que le confirió el Gobierno de Haití y, a Carlos Gutiérrez Macías, la Orden del León de Finlandia que, en el grado de Gran Cruz, le otorgó el Gobierno de dicho país.

A discusión sucesivamente, sin que nadie haga uso de la palabra en ninguno de los casos, resultan aprobados en votación nominal, por unanimidad de ciento sesenta y un votos. Pasan al Senado para sus efectos constitucionales.

Agotados los asuntos en cartera, el ciudadano diputado Jorge Ricaud Rothiot solicita el uso de la palabra para indicar, que en el Diario de los Debates correspondiente al día ocho de septiembre del corriente año, se le hace autor de un discurso que él no pronunció.

La Presidencia aclara que se procederá a la reimpresión del Diario de los Debates de que se trata con el fin de corregir el error.

A las doce horas y treinta y cinco minutos se levanta la sesión y se cita para el próximo viernes once a las diez horas."

Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Aprobada.

II

El C. Presidente: La directiva de la Cámara, con vista al cumplimiento del Reglamento, recuerda a los ciudadanos diputados que para los casos de presentación de iniciativas de ley, que obviamente deben contener una exposición de motivos, no se permitirá el uso de la tribuna para fundamentarlas, puesto que la fundamentación deberá tomar parte de la propia iniciativa, y la discusión se hará en su oportunidad. Sólo para el caso de proposiciones que no contengan dicha exposición, se seguirá el trámite que establece el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, en su artículo

III

- La C. secretaria Torres Ariceaga, Diana (leyendo):

"Estados Unidos Mexicanos.-Poder Ejecutivo Federal.-México, D. F.-Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios del H. Congreso de la Unión.-Presentes.

Con fecha 26 de noviembre próximo pasado, la Secretaría de Relaciones Exteriores se ha dirigido a ésta de Gobernación, manifestando lo siguiente:

'Ruego a usted muy atentamente se sirva solicitar del H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, inciso B, del artículo 37 de la Constitución Política, para que el C. licenciado Alfonso García Robles, Subsecretario de Relaciones Exteriores, pueda aceptar y usar sin perder su ciudadanía mexicana, la Condecoración al Mérito de Chile, que en el grado de Gran Cruz le confirió el Gobierno de dicho país.'

Hago del conocimiento de ustedes lo anterior, para los fines legales procedentes, reiterandoles las expresiones de mi atenta consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D. F., a 8 de diciembre de 1964.-P. Ac. del C. Secretario, el Oficial Mayor, Carlos Gálvez Betancourt." Recibo, y a la Comisión de Puntos Constitucionales en turno

"Estados Unidos Mexicanos.-Poder Ejecutivo Federal.-México, D. F.-Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios del H. Congreso de la Unión.-Presente.

En oficio fechado el 25 de noviembre próximo pasado, la Secretaría de Relaciones Exteriores manifiesta a ésta de Gobernación, lo siguiente:

'Ruego a usted muy atentamente se sirva solicitar del H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, inciso B, del artículo 37 de la Constitución Política, para que el C. Delfín Sánchez Juárez, Embajador de México, pueda aceptar y usar sin perder su ciudadanía mexicana, la condecoración de la Orden Real de Jorge Primero, que en el grado de Gran Cordón le confirió el Gobierno de Grecia.'

Hago del conocimiento de ustedes lo anterior, para los fines legales procedentes, reiterándoles las expresiones de mi atenta consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D. F., a 8 de diciembre de 1964.-P. Ac. del C. Secretario, el Oficial Mayor, Carlos Gálvez Betancourt." Recibo, y a la Comisión de Puntos Constitucionales en turno.

"Estados Unidos Mexicanos.-Poder Ejecutivo Federal.-México, D. F.-Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de H. Congreso de la Unión.-Presentes.

A continuación transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 26 de noviembre próximo pasado:

'Ruego a usted muy atentamente se sirva solicitar del H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, inciso B, del artículo 37 de la Constitución Política, para que el C. Rafael de la Colina, Embajador de México, pueda aceptar y usar, sin perder su ciudadanía mexicana, la condecoración de la Orden del Sol Naciente, que en el grado de Gran Cordón de Primera Clase le confirió el Gobierno Japonés.'

Reitero a ustedes las expresiones de mi atenta consideración. Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D. F., a 8 de diciembre de 1964.-Por Ac. del C. Secretario, El Oficial Mayor, licenciado Carlos Gálvez Betancourt." Recibo, y a la Comisión de Puntos Constitucionales en turno.

"Estados Unidos Mexicanos.-Poder Ejecutivo Federal.-México, D. F.-Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios del H. Congreso de la Unión.-Presentes.

Para conocimiento de ustedes y fines legales procedentes, a continuación les transcribo oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 25 de noviembre próximo pasado:

'Ruego a usted muy atentamente se sirva solicitar del H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, inciso B, del artículo 37 de la Constitución Política, para que el C. Manuel de Araoz, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario, pueda aceptar y usar, sin perder su ciudadanía mexicana, la Gran Condecoración de Oro de la Orden del Mérito, que le confirió el Gobierno de la República Federal de Austria.'

Reitero a ustedes las expresiones de mi atenta consideración.

Sufragio Efectivo, No Reelección.

México, D. F., a 8 de diciembre de 1964.-Por A.c. del C. Secretario, El Oficial Mayor, licenciado Carlos Gálvez Betancourt." Recibo, y a la Comisión de Puntos Constitucionales en turno.

"Estados Unidos Mexicanos.-Poder Ejecutivo Federal.-México, D. F.-Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios del H. Congreso de la Unión.-Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores en oficio fechado el 23 de noviembre próximo pasado, manifiesta a ésta de Gobernación, lo siguiente:

'Ruego a usted muy atentamente se sirva solicitar del H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, inciso B, del artículo 37 de la Constitución Política, para que el C. Felipe Barragán García pueda prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, sin pérdida de su ciudadanía mexicana. Para los efectos correspondientes con el presente remito a usted el acta de nacimiento del C. Barragán García.'

Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, acompañándoles con el presente acta de nacimiento del C. Barragán García.

Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D. F., a 9 de diciembre de 1964.-Por Ac. del C. Secretario, El Oficial Mayor, licenciado Carlos Gálvez Betancourt." Recibo, y a la Comisión de Servicio Consular y Diplomático.

IV

- La misma C. Secretaria (leyendo):

"Estados Unidos Mexicanos.-Poder Ejecutivo Federal.-México, D. F.-Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios del H. Congreso de la Unión.-Presentes.

El señor Constantino Navarro se ha dirigido al C. Presidente de la República con fecha 23 de octubre próximo pasado, manifestando lo siguiente:

'El que suscribe, Constantino Navarro, Superviviente de las jornadas Guerreras del 21 y 22 de abril de 1914 contra la segunda invasión norteamericana. Ante Ud. y con el debido respeto, solicito se me conceda mi pensión que considero tener derecho, pues mi documentación está en la Cámara de Diputados desde 1961, y agradeceré influyan ante la H. Cámara a fin de que, sea resuelto mi caso. Para mayor comprobación anexo copia fotostática del 21 de abril del presente año cuando fui condecorado por Ud. en esa ceremonia.'

Hago del conocimiento de ustedes lo anterior, para los fines procedentes, reiterándoles mi consideración distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D. F., a 8 de diciembre de 1964.-Por Ac. del C. Secretario, el Oficial Mayor, licenciado Carlos Gálvez Betancourt." Recibo, y a las Comisiones de la Defensa y Hacienda, en turno.

"Estados Unidos Mexicanos.-Poder Ejecutivo Federal.-México, D. F.-Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios del H. Congreso de la Unión.-Presente.

Para conocimiento de ustedes y fines procedentes, les acompaño copia del memorial dirigido al C. Presidente de la República por la señora Martina Beall viuda de Curiel, así como los anexos relativos, quien solicita se le conceda la pensión de que disfrutaba su extinto esposo, señor ingeniero Rafael Curiel.

Reitero a ustedes las seguridades de mi atención.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D. F., a 8 de diciembre de 1964.-Por Ac. del C. Secretario, el Oficial Mayor, licenciado Carlos Gálvez Betancourt." Recibo, y a la Comisión de Hacienda en turno.

V

- La misma C. Secretaria (leyendo):

"Estados Unidos Mexicanos.-Poder Ejecutivo Federal.-México, D. F.-Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.- Presentes.

Para conocimiento de ustedes y fines procedentes, les acompaño con el presente fotocopia del oficio número 305-IV-I/40220, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de fecha 23 de noviembre próximo pasado, con el que se devuelve con observaciones el decreto expedido por el H. Congreso de la Unión, concediendo jubilación voluntaria de $ 2,344.92 mensuales a la señorita Juana Evangelina Martínez Sepúlveda.

Al comunicar a ustedes lo anterior les devuelvo con el presente el original del decreto relativo y les reitero las expresiones de mi consideración atenta. Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D. F., a 8 de diciembre de 1964.-Por Ac. del C. Secretario, el Oficial Mayor, licenciado Carlos Gálvez Betancourt." Recibo, y a la Comisión de Hacienda que tienen antecedentes.

"Estados Unidos Mexicanos.-Poder Ejecutivo Federal.-México, D. F.-Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.-

Presentes.

Para conocimiento de ustedes y fines procedentes, les acompaño con el presente una fotocopia del oficio número 305-IV-1/40219 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de fecha 23 de noviembre próximo pasado, con el que se devuelve con observaciones el decreto expedido por el H. Congreso de la Unión concediendo jubilación voluntaria de $ 1,788.93 mensuales a la señora María Guadalupe Castro Guízar.

Por lo anterior se devuelve con el presente el original del decreto relativo y les reitero las expresiones de mi atenta consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D. F., a 8 de diciembre de 1964.-Por Ac. del C. Secretario, el Oficial Mayor, licenciado Carlos Gálvez Betancourt." Recibo, a la Comisión de Hacienda en turno.

"Estados Unidos Mexicanos.-Poder Ejecutivo Federal.-México, D. F.-Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.- Presentes.

Anexa al presente les acompaño, para fines procedentes, una fotocopia del oficio número 305-IV-1/40218, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de fecha 23 de noviembre próximo pasado, con el que se devuelve con objeciones el decreto expedido por el H. Congreso de la Unión, concediendo jubilación voluntaria de $ 2,683.41 mensuales a la señorita Magdalena Romero Torres.

Por lo anterior se devuelve con el presente el original del decreto relativo y les reitero las expresiones de mi consideración atenta. Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D. F., a 8 de diciembre de 1964.-Por Ac. del C. Secretario, el Oficial Mayor, licenciado Carlos Gálvez Betancourt." Recibo, y a la Comisión de Hacienda, en turno.

VI

- El C. secretario González Sáenz, Leopoldo (leyendo):

"Estados Unidos Mexicanos.-Estado de Querétaro Arteaga.-Poder Legislativo.- Querétaro, Qro., 23 de octubre de 1964.

C. Oficial Mayor de la H. Cámara de Diputados al Congreso de la Unión.- México, D. F.

Con relación a su atento oficio, en antecedentes mencionado, la honorable Cuadragésima Primera Legislatura Constitucional de este Estado, en su sesión ordinaria efectuada el día de hoy, tuvo a bien acordar se proporcione a Ud. una relación de los CC. diputados propietarios y suplente que integran este H. Congreso para el período comprendido del 14 de septiembre de 1964 al 14 de septiembre de 1967.

Diputados propietarios y suplentes, respectivamente: 1er distrito: Pascual Pedraza Díaz y Luis Lorca González; 2o. distrito: J. Guadalupe Guzmán Servín y profesor Abraham González C.; 3er distrito: Juventino Castro Sánchez y Francisco Domínguez Paulín; 4o distrito: Pedro Olvera Ramírez y J. Jesús Miranda Ríos; 5o. distrito: José Silva Perrusquia y Antonio García Jimeno; 6o. distrito: Enrique Morales García y Angel Mondragón Chaparro; 7o. distrito Vicente Montes Velázquez y Pomposo Reséndiz Reséndiz; 8o distrito: Manuel García Mancebo y Rubén Herrera Mendieta; 9o. distrito: J. Natividad Herrera Ortiz y J. Guadalupe Cabrera Vázquez. ¨

Nos es muy grato hacerle presente las seguridades de nuestra fraternal consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

José Silva Perrusquia, D. S.- J. Guadalupe Guzmán Servín, D. S." De enterado.

VII

- El mismo C. Secretario (leyendo):

"Estados Unidos Mexicanos.-Gobierno del Estado libre y soberano de Guerrero.- Poder Legislativo.-Chilpancingo, Gro., 26 de noviembre de 1964. C. Presidente del H. Congreso de la Unión.-México, D. F. Con toda atención nos estamos permitiendo comunicar a usted que en sesión de esta fecha resultaron electos para fungir durante el mes de diciembre próximo, los CC. diputados doctor Desiderio Fuentes Landa y Salvador Santamaría Cervantes, como Presidente y Vicepresidente respectivamente, de esta H. XLIV Legislatura Constitucional del Estado.

Reiteramos a usted nuestra consideración distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Rafael Urióstegui B., D. S.-Francisco Mújica Bahena, D. S." De enterado. "Estados Unidos Mexicanos.-Poder Legislativo.-Estado Libre y Soberano de Veracruz, Llave.

C. Presidente de la H. Cámara de Diputados.-México, D. F.

La H. Cuadragésima Sexta Legislatura del Estado, en sesión ordinaria efectuada hoy, designó la Mesa Directiva que funcionará durante el Próximo mes de diciembre, integrada por los siguientes ciudadanos diputados: Presidente, Miguel García Páez; Vicepresidente, Mariano Ramos Zarrabal; Secretario, ingeniero Armando Cardel Aguilar.

Al permitirnos participar a usted lo anterior, nos es grato reiterarle las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Jalapa, Ver., noviembre 26 de 1964.-H. Legislatura del Estado: Taurino Caamaño Ramos, D. P.-Ma. del Carmen Cerón de Díaz, D. S." De enterado. "Circular Núm. 55.

Estados Unidos Mexicanos.-Congreso del Estado.-Zacatecas, Zac.

C. Presidente de la Cámara de Diputados, al H. Congreso de la Unión.-Allende y Donceles.-México, D. F.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 23 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, nos permitimos comunicar a usted que en sesión reglamentaria celebrada hoy, esta H. XLIV Legislatura eligió su Mesa Directiva que funcionará desde esta fecha hasta el 15 de diciembre próximo, la que quedó integrada en la siguiente forma:

Presidente, Antonio Ruelas Cuevas; Vicepresidente, licenciado Raúl Rodríguez Santoyo; Primer Secretario, J. Jesús Bárcenas Gallegos; Segundo Secretario, Alfonso Pérez Peña.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Zacatecas, Zac., a 14 de noviembre de 1964.-J. Jesús Bárcenas Gallegos, D. S.-Alfonso Pérez Peña, D. S." De enterado.

"Estados Unidos Mexicanos.-Estado libre y soberano de Chihuahua.-Poder Legislativo.-Secretaría.-Año de Abraham González.'-Chihuahua, noviembre 18 de 1964.

CC. Diputados Secretarios del H. Congreso de la Unión.-México, D. F.

Esta Cámara Legislativa en sesión de hoy, expidió su decreto número 380 que dice:

Artículo primero. Con fundamento en la fracción XIX del Artículo 64 de la Constitución Política del estado, se concede al C. General Práxedes Giner Durán, gobernador Constitucional de esta entidad, licencia para separarse de sus funciones por veinte días renunciables a partir del día 19 de los corrientes.

Artículo segundo. Es Gobernador Constitucional interino del estado, durante la licencia concedida al titular y por ministerio de ley, el C. Enrique Hernández Gómez, Secretario General de Gobierno.

Lo que nos permitimos transcribir a usted es para su conocimiento y efectos consiguientes, reiterándole(s) las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Juan J. Hernández P., D. S.-Juan Jácquez Ruiz, D. S." De enterado.

VIII

- El mismo C. Secretario (leyendo):

"El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, invita a esta representación nacional, a la sesión solemne en la cual el ciudadano doctor Julián Gascón Mercado, Gobernador de esa entidad, habrá de rendir su primer informe de gobierno."

La Presidencia de esta Cámara, por conducto de la Secretaría, designa en comisión, para asistir a este acto, a los ciudadanos diputados Augusto Gómez Villanueva, Jesús Cancino, Eugenia Cárdenas Andrade, Marina Núñez, Francisco Luna Kan y Juan Francisco Andraca Malda.

IX

- El mismo C. Secretario (leyendo):

"A los CC. secretarios de la H. Cámara de Diputados.-Presentes.

Pascual Horta Rodríguez, Jefe Timbrador de la H. Cámara de Diputados, con más de 30 años de servicio ininterrumpidos, ante ustedes con todo respecto expongo:

De acuerdo con el artículo 3o. fracción III de la Ley de Jubilaciones para Funcionarios y Empleados del Poder Legislativo: el 1o de octubre de 1961 presenté la solicitud de jubilación voluntaria con apoyo en el precepto antes citado, y el día 17 de octubre del mismo año el Congreso de la Unión decretó en mi favor pensión jubilatoria de 1,637.43 (un mil seiscientos treinta y siete pesos cuarenta y tres centavos) mensuales; oportunamente fue enviada al Ejecutivo de la Unión para sus efectos constitucionales el mencionado decreto.

Como hasta la fecha la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no ha hecho la publicación respectiva en el 'Diario Oficial' de la Federación para que surta efecto mi jubilación, he tenido en consecuencia que seguir prestando mis servicios en esta Cámara, no siéndome imputable esta situación.

Por lo antes expuesto y en virtud de que la mencionada jubilación no ha sido publicada y tomando en consideración que el sueldo que percibo actualmente es de $ 2,558.82 (dos mil quinientos cincuenta y ocho pesos ochenta y dos centavos) mensuales, comparado con el que devengaba en la fecha que solicité mi retiro, ha variado considerablemente, a ustedes, CC. Secretarios, atentamente solicito, que por vuestro conducto se sirvan someter a la consideración de la H. Cámara de Diputados la derogación del decreto que se menciona a fin de que quede sin efecto y se expida un nuevo ordenamiento, en el cual se considere el sueldo y las prestaciones que disfruto en la actualidad, por estimarlo de elemental justicia.

Hago a ustedes presente mi consideración muy atenta y respetuosa.

México, D.F., a 9 de diciembre de 1964.-Pascual Horta Rodríguez." Recibo, y a la Comisión de Hacienda en turno.

X

- La C. Secretaria Torres Ariceaga, Diana: leyendo):

"2a Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea:

Por acuerdo de vuestra soberanía fue turnado a la suscrita Comisión 2a de Trabajo la iniciativa de reformas a las fracciones XX y XXI del artículo 123 Constitucional propuesta por la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos al través de los CC. diputados representantes de esa Central en la cuadragesimasegunda Legislatura del Congreso de la Unión.

En cumplimiento del acuerdo de referencia formulamos el siguiente dictamen:

Aun invirtiendo el orden en que se proponen las reformas relativas, procede ocuparnos en primer término de la que se refiere a la fracción XXI del artículo 123 de la Constitución General de la República, para indicar que resulta inoperante en atención a que por reforma publicada en el "Diario Oficial" de 21 de noviembre de 1962 quedó modificada la fracción aludida en los términos en que actualmente aparece redactada, por lo que a este respecto procede, en relación con la precitada fracción, el archivo definitivo del expediente.

Por lo que atañe a la reforma de la fracción XX, que también se propone, cabe precisar que el proyecto invoca dos fundamentos, el primero, que podría sintetizarse en la necesidad de federalizar la legislación laboral. A este propósito procede afirmar que la federalización o centralización de las instituciones jurídicas, tiende a unificar de manera benéfica la organización del derecho y de la vida social, y por lo tanto, pudiera ser plausible el propósito de los señores diputados autores del proyecto, sin embargo no debe perderse de vista que desde su base constitucional, la legislación laboral mexicana, se encuentra federalizada, de donde resulta que no es indispensable por ahora federalizar también la jurisdicción de los tribunales que conocen de los conflictos obreropatronales.

Si a lo anterior se agrega que, por otra parte, el fundamento analizado no se coordina con el segundo que aducen los proponentes, toda vez que mientras en el primero se alude a jurisdicción federal en tanto que en el segundo se admite la subsitencia de las jurisdicciones federal y local, es de concluirse que dicho primer fundamento es improcedente.

Con relación al segundo de las argumentos sobre los que descansa la iniciativa en estudio, vale hacer notar que si bien merece especial reconocimiento la idea expresada por sus autores, la modificación que se propone además de ser subsidiaria y condicional, no se especifica en forma concreta, por lo cual también resulta improcedente para fundar el proyecto.

A los fundamentos mencionados se agregan algunas consideraciones, unas constituyen opiniones personales que revelan la preocupación de los autores del proyecto y el interés que tienen para combatir posibles vicios de nuestra justicia obrera invocándose hechos de influencias políticas, independencia de criterio y juicio, solvencia moral y prestigio que pueden o no ajustarse a las instituciones y funcionarios, pero estas opiniones de carácter estrictamente personal tenidentes a proponer que los Presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje sean designados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por los Tribunales de los Estados y del Distrito y Territorios Federales por ser apreciaciones discutibles y circunstanciales, no pueden fundar de una manera sólida las reformas al sistema de justicia en materia laboral.

Otras consideraciones se refieren a que las Juntas de Conciliación y Arbitraje, por ser organismos de carácter jurisdiccional, con función propia y con imperio para hacer cumplir sus determinaciones, deben depender del Poder Judicial y no del Ejecutivo, aduciéndose que ello pugna con la división de poderes instituida en el artículo 49 constitucional. Tal apreciación, amerita subrayarse, para indicar que las Juntas mencionadas son autoridades esencialmente administrativas, si bien realizan funciones materialmente jurisdiccionales, e inclusive, en varias ocasiones, realizan funciones legislativas desde el punto de vista material, sin que ello signifique vulnerar la división de poderes, toda vez que esos Tribunales realizan de manera constante funciones de conciliación, señalan la fijación permanente de los salarios mínimos, examinan conflictos económicos, califican huelgas y paros, etc., actividades todas éstas que no son propiamente jurisdiccionales, lo que se comprueba con la circunstancia de que desde la institución y funcionamiento de estos organismos, hasta nuestros días, tanto la jurisprudencia como la doctrina imperante así lo han considerado.

Por otra parte, la división de poderes, no implica que cada uno de ellos deba funcionar aislado de los otros, sino por el contrario, cada poder debe estar organizado y funcionar en coordinación recíproca con los demás; esto es, no se trata de una verdadera 'división' o 'separación', sino de una 'distribución' de competencias, de la que ya el Constituyente de 1916 había llamándola Ponderación de Poderes', supuesto que la separación propiamente dicha pertenece a la caduca concepción liberal del Estado.

Con relación al nombramiento que el Ejecutivo realiza de los Presidentes de las Juntas, vale indicar que ello no puede significar la dependencia de su situación respecto al ejecutor, cuenta habida que

también los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación son nombrados por el Poder Ejecutivo con aprobación del Legislativo, y sin embargo, es indudable la independencia de su imperio.

Además, y por lo que toca a las Juntas como Organismos Colegiados que son, no están integrados sólo por nombramiento del gobierno, sino también por la voluntad de las clases obrera y patronal, y no es el representante nombrado por el Estado quien unitariamente imparte justicia, sino todo el cuerpo en conjunto.

La justicia que debe impartirse aplicando las leyes del trabajo, no es una justicia en la que se versen intereses de partes colocadas en la misma situación, sino que se ponen en juego la mayor fuerza económica de las empresas o patrones, frente a la fuerza menor de la parte trabajadora y como es notorio, los conflictos de trabajo llegan a adquirir tal importancia social e interés público, que la atención del derecho tiene que ser máxima, interviniendo el Estado con toda voluntad para encauzar el orden o el equilibrio quebrantados, lo cual difícilmente se podría lograr al través de simples funciones jurisdiccionales.

El Poder Ejecutivo al administrar, como el judicial al juzgar; aplican leyes, dirimen intereses en pugna y aplican sanciones; es pues sólo una división de órganos y no de funciones esenciales lo que mantiene tales diferencias, y tan es así que se admite el concepto de administración de justicia, lo mismo que el de justicia administrativa, lo cual indica la unidad de estas misiones.

La existencia de Tribunales Administrativos como son el Fiscal de la Federación y el de Arbitraje, confirman que son cosas independientes el nombramiento de funcionarios y la propia independencia de los mismos, respecto a ciertos órganos del poder.

Por último, por lo que se refiere a reservar privativamente al representante del poder público, el conocimiento y resolución de los conflictos intersindicales o de los que se susciten en forma exclusiva entre patrones u organizaciones patronales entre sí, y trabajadores u organizaciones obreras también entre sí, la Comisión se ve imposibilitada de emitir un juicio aprobatorio en atención a que el proyecto no expresa fundamento alguno que justifique la proposición.

Por lo expuesto, y con apoyo en lo que establece el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, nos permitimos someter a la consideración de vuestra soberanía el siguiente punto de acuerdo:

Unico. Archívese en forma definitiva el expediente a que se contrae el presente dictamen.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.-

México, D. F., a 10 de diciembre de 1964.-Samuel Castro Cabrera.-José Luis Noriega M.-Salvador Barragán Camacho. -Miguel Castro Elías.-Jacinto G. Silva Flores."

Está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Los que estén por la afirmativa sirvanse manifestarlo. Aprobado.

"1a Comisión de Educación Pública.

Honorable Asamblea:

Por acuerdo de vuestra soberanía fue turnado a la suscrita 1a Comisión de Educación Pública, para su estudio y dictamen, el expediente relativo al proyecto de Ley que crea el Servicio Social Educativo Obligatorio suscrito por el C. diputado profesor Antonio M. Garza Peña.

Del examen cuidadoso del expediente aparece que el propósito fundamental del proyecto de ley de que se trata estriva en resolver el problema educativo de nuestro país, pero sin desconocer la bondad de tal propósito, la Comisión encuentra, por una parte, que tomando en consideración el tiempo transcurrido desde que se presentó la iniciativa origen del presente dictamen, las condiciones del país en materia educativa han cambiado en forma notable, cuenta habida que el régimen que está por finalizar ha proliferado por todo el Territorio Nacional el servicio educativo lo que hace que tal iniciativa carezca realmente de actualidad; y por la otra, debe tomarse en cuenta que los alumnos egresados del 3er. año de segunda enseñanza que es a quienes se propone como maestros empíricos para resolver totalmente el problema que representa la necesidad de pagar los servicios de maestros titulados, carecen de la base pedagógica necesaria para impartir la instrucción primaria.

Si a lo anterior se agrega que la mayoría de las escuelas de segunda enseñanza se encuentran localizadas en los grandes centros de población que a su vez se hallan saturados de maestros egresados de escuelas normales, habremos de concluir que el propósito de la iniciativa de referencia no se satisfaría toda vez que ésta propone que el servicio social educativo obligatorio se efectúe en las escuelas oficiales ubicadas en la población en donde haga sus estudios el alumno de 3er año de segunda enseñanza.

Por todas estas consideraciones la Comisión estima que procede el archivo definitivo del expediente y por ello se permite someter a la consideración de vuestra soberanía el siguiente punto de acuerdo:

Unico. Archivese definitivamente el expediente relativo al proyecto de ley que crea el Servicio Social Educativo Obligatorio, suscrito por el C. diputado profesor Antonio M. Garza Peña.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.-

México, D. F., a 24 de noviembre de 1964.-Angel Rodríguez Solórzano.-Aurora Navia Millán.-Enrique W. Sánchez García.-Enrique González Vargas.-Juan Moisés Calleja.-Fabio Espinosa Granados.

Está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Los que estén por la afirmativa, sirvanse manifestarlo. Aprobado.

"Comisiones Unidas de Impuestos y Segunda de Educación Pública.

Honorable Asamblea:

Por acuerdo de Vuestra Soberanía fue turnada a las suscritas Comisiones unidas de Impuestos y Segunda de Educación Pública, para su estudio y dictamen, el expediente que contiene la Iniciativa de Ley de Impuesto Sobre la Venta de Tabaco Elaborado

y Bebidas Alcohólicas en la República Mexicana, suscrita por el C. diputado Francisco Pérez Ríos y presentada el día 18 de noviembre de 1958.

Realizado el estudio del expediente, la Comisión encuentra que la finalidad inmediata de la iniciativa de que se trata es el de que el Gobierno Federal al gravar la venta de tabaco elaborado y bebidas alcohólicas se allegue los fondos necesarios para poder resolver, según la propia iniciativa, el problema de la construcción de edificios escolares.

Ahora bien, si se toma en consideración el tiempo transcurrido desde que fue presentada la iniciativa que origina el presente dictamen, se viene en conocimiento que las condiciones, por lo que hace al problema que trata de resolverse, han variado en forma notable, supuesto que el régimen gubernamental que está por concluir se ha preocupado en forma destacada precisamente por resolver el problema relativo a la construcción de escuelas, llevando el servicio educativo a todos los confines de la patria.

En esta virtud, y sin desconocer la bondad del propósito que anima al iniciador del proyecto de ley en cuestión. lo cierto es que el mismo carece de actualidad y por lo tanto debe archivarse en definitiva el expediente relativo.

Los razonamientos que preceden conducen a la Comisión a someter a la ilustrada consideración de vuestra soberanía el siguiente punto de acuerdo:

Archívese en forma definitiva el expediente relativo a la Iniciativa de Ley de Impuestos sobre la Venta de Tabaco Elaborado y Bebidas Alcohólicas en la República Mexicana, suscrita por el C. diputado Francisco Pérez Ríos.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.

México. D.F., a 30 de noviembre de 1964.

Comisión Segunda de Impuestos; Alejandro Corrillo Marcor.-Arturo López Portillo.-Luis Dantón Rodríguez.-Pedro Vivanco García.- Luis G. Olloqui Guerra.

Comisión Segunda de Educación Pública: Saúl González Herrera.- Lauro Rendón Valdez.-Manuel Contreras C.-Mauro Berrueto Ramón.-Marta Andrade de Del Rosal.- Fidelia Sánchez de Mendiburu."

Está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Los que estén por la afirmativa, sirvanse manifestarlo. Aprobado.

"Segunda Comisión de Trabajo.

Honrable Asamblea:

En sesión celebrada por vuestra soberanía el 2 de septiembre anterior, fue turnado a la suscrita Segunda Comisión de Trabajo para su estudio y dictamen, el expediente iniciado hace más de veinte años, que contiene solicitudes de varias organizaciones de trabajadores, tendientes a reformar las fracciones VI y IX del artículo 123 de la Constitución General de la República, a efecto de fijar las utilidades de los obreros en las ganancias que obtengan los patrones.

Despúes de un detenido estudio del expediente en cuestión, esta Comisión considera que debe archivarse el expediente tomando en cuenta que los proponentes no tienen el derecho de iniciar leyes en los términos del artículo 71 constitucional; y por otra parte, que el objetivo de la proposición ha quedado satisfecho al través de las reformas sufridas por las fracciones VI y IX de nuestra Carta Magna, a iniciativa del Ejecutivo de la Unión desde el año de 1962.

Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión se permite someter al ilustrado criterio de la H. Asamblea, el siguiente punto de acuerdo:

Unico. Por haber quedado satisfecho el objetivo de la proposición con las reformas a las fracciones VI y IX del artículo 123 constitucional en el año de 1962, archivese el expediente en forma definitiva.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.-

México, D.F., a 30 de noviembre de 1964.-Samuel Castro Cabrera.-José Luis Noriega Magaña.-Salvador Barragán Camacho.-Miguel Castro Elías.-Jacinto G. Silva Flores."

Está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Aprobado.

XI

El C. Presidente: Con el propósito de atender las funciones inherentes a mi cargo de coordinación de la mayoría parlamentaria, solicito la venia de vuestra soberanía para, a partir de esta fecha, retirarme circunstancialmente de la dirección de los debates, particularmente cuando por los diversos partidos aquí representados tenga que discutirse aquí un proyecto de ley o algún problema de interés nacional, buscando así la seguridad para todos, de la imparcialidad en la dirección de los propios debates. (Aplausos.)

El C. Torres Calderón, Enrique: Antes de que se retire el señor Presidente, que se ponga a votación.

El C. secretario González Sáenz, Leopoldo: Se consulta a la Asamblea si está de acuerdo con la solicitud formulada por la Presidencia. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Aprobada. (El C. Martínez Domínguez abandona el Presídium, y lo ocupa en seguida el C. Fluvio Vista Altamirano.)

Presidencia del C. FLUVIO VISTA ALTAMIRANO

XII

- El C. secretario González Sáenz, Leopoldo (leyendo):

"Comisiones unidas Primera de Puntos Constitucionales y de Bienes y Recursos Nacionales.

Honorable Asamblea:

Por acuerdo de vuestra soberanía se turnó a las suscritas Comisiones unidas Primera de Puntos Constitucionales y de Bienes y Recursos Nacionales, la Iniciativa presentada por los diputados miembros del Partido Acción Nacional para reformar los artículos 73 fracción VIII y XXVIII y 74 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

en lo relativo a las cuentas del Ejecutivo con respecto a las operaciones de los Organismos Descentralizados y de las Empresas de Participación Estatal.

Las Comisiones han reunido las siguientes iniciativas además de la apuntada pues todas ellas, pendientes de estudio en esta Cámara, pretenden igual fin que a la que venimos refiéndonos:

a) Proyecto de Ley sobre Empresas en que intervenga el Estado, Organismos Descentralizados o Empresas de Participación Estatal, suscrito por los ciudadanos Antonio L. Rodríguez y otros diputados a la XL Legislatura.

b) Iniciativa que adiciona el artículo 73, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para legislar, expresamente, sobre los Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal; presentada por el licenciado Carlos Román Celis, miembro de la XLIII Legislatura.

c) Iniciativa de Reformas a la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda suscrita por los ciudadanos diputados Juan Sabines Gutiérrez, Tiburcio Garza Zamora y otros, miembros de la XLIV Legislatura.

d) Iniciativa que para la organización de la Contaduría Mayor de Hacienda, presentan los ciudadanos diputados del Partido Acción Nacional que formaran parte de la XLIII Legislatura.

e) Reformas a la Ley General de Bienes Nacionales aprobadas por el Congreso de la Unión y observadas por el Ejecutivo Federal. XLV Legislatura.

f) Proposición para crear un instrumento Jurídico que se encargue de la Vigilancia sobre el manejo de los fondos y recursos que Organismos Descentralizados tienen a su cargo suscrita por los ciudadanos diputados Vicente Fuentes Díaz, Abraham Aguilar Paniagua y otros, miembros de esta XLVI Legislatura.

En vista de que las iniciativas mencionadas plantean proposiciones de reformas a ordenamientos legales en vigor para el control de las Instituciones cuyo análisis nos ocupa; en vista del desarrollo que han tenido las mismas Instituciones y de los diversos antecedentes que hay que examinar con relación a este asunto, estas Comisiones consideran que no será posible dictaminar el proyecto indicado en el curso del presente período de sesiones, por lo que solicitan autorización para presentar el dictamen correspondiente dentro del próximo período ordinario de sesiones, pues sólo así se tendrá el tiempo suficiente para proponer soluciones adecuadas.

En consecuencia venimos a proponer al ilustrado criterio de esta H. Asamblea la aprobación del siguiente punto de acuerdo:

Se autoriza a las Comisiones unidas Primera de Puntos Constitucionales y de Bienes y Recursos Nacionales para emitir el dictamen correspondiente a la Iniciativa presentada por la diputación del Partido Acción Nacional para reformar los artículos 73 fracciones VIII y XXVIII y 74 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hasta el próximo período de sesiones.

Sala de Comisiones de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.-

México, D.F., a 10 de diciembre de 1964.

Primera Comisión de Puntos Constitucionales; Enrique González Vargas.-Miguel Covián Pérez, Constancio Hernández Allende.-Luis Priego Ortiz.

Comisión de Bienes y Recursos Nacionales: Raúl Padilla Gutiérrez.-Antonio Vázquez Pérez.-Joaquín Salgado Medrano.-Jorge de la Vega Domínguez.- J. Dolores García Aguilar."

Está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Los que estén por la afirmativa, sirvanse manifestarlo. Aprobado.

XIII

- El mismo C. Secretario (leyendo):

"Comisión de Servicio Consular y Diplomático.

Honorable Asamblea:

La Secretaría de Relaciones Exteriores, por conducto de la de Gobernación, envió a la H. Comisión Permanente el escrito del C. Antonio Carrillo Pérez, en el que solicita se le conceda permiso para desempeñar el cargo de Vice- Cónsul Honorario de la República Oriental del Uruguay, en Tampico, Tamps. de conformidad con la fracción II, inciso B, del artículo 37 de la Constitución General de la República.

Para su estudio y dictamen se turnó este asunto a la suscrita Comisión de Servicio Consular y Diplomático.

Recibida la correspondiente documentación se procedió a su estudio encontrándose: que el señor Antonio Carrillo Pérez es mexicano por nacimiento y que el Consejo Nacional de Gobierno del Uruguay, lo designó Vice- Cónsul Honorario de esa República, en Tampico, Tamps.

La Comisión considera suficientes los documentos exhibidos por el interesado y se permite someter a la consideración de esa H. Asamblea, para su aprobación, el siguiente, proyecto de decreto:

Artículo Unico. Se concede permiso al C. Antonio Carrillo Pérez, para que sin perder su ciudadanía mexicana, acepte y desempeñe el cargo de Vice- Cónsul Honorario de la República Oriental del Uruguay, en Tampico, Tamps.

Sala de Comisiones de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.-México, D.F., a 7 de diciembre de 1964.-Marta Andrade de Del Rosal.-Domingo Camarena López .-Fabio Espinosa Granados.-Miguel Estrada Iturbide.-José Muro Saldívar.- Augusto Gómez Villanueva."

Está a discusión el proyecto de decreto. No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal.

"Comisión de Servicio Consular y Diplomático.

Honorable Asamblea:

La Secretaría de Relaciones Exteriores por conducto de la de Gobernación, envió a la H. Comisión Permanente, la solicitud del C. José Quinza Maiquez, mexicano por naturalización a fin de que se le conceda el permiso constitucional necesario para que sin perjuicio de su nacionalidad, acepte y desempeñe el cargo de Agente Consular de Francia, en Oaxaca, Oax.

Por acuerdo de vuestra soberanía fue turnado este asunto a la suscrita Comisión de Servicio Consular y Diplomático.

Recibida la correspondiente documentación, se procedió a su estudio encontrándose lo siguiente: que el señor José Quinza Maiquez es mexicano por naturalización, según carta número 175/44 expediente VII/521.2(46)/61420 expedida por la Secretaría de Relaciones Exteriores con fecha 27 de abril de 1944 y que con fecha 21 de agosto de 1961 el Cónsul de Francia lo nombró Agente Consular de ese país, en Oaxaca. Oax.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión que suscribe se permite someter a la consideración de la H. Asamblea, para su aprobación, el siguiente proyecto de decreto:

Artículo Unico. Se concede permiso al C. José Quinza Maiquez para que, sin perder su ciudadanía mexicana, acepte y desempeñe el cargo de Agente Consular de Francia, en Oaxaca. Oax.

Sala de Comisiones de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.-

México, D.F., a 7 de diciembre de 1964.-Marta Andrade de Del Rosal.-Domingo Camarena López.-Fabio Espinosa Granados.-Miguel Estrada Iturbide.-José Muro Saldívar.-Augusto Gómez Villanueva."

Está a discusión el proyecto de decreto. No habiendo quien haga haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal.

"Primera Comisión de la Defensa Nacional.

Honorable Asamblea:

A los integrantes, miembros de la Primera Comisión de la Defensa Nacional, les fue turnado para su estudio y dictamen, en sesión celebrada por vuestra soberania el día 2 de septiembre próximo pasado, el expediente que la Comisión Permanente del XLV Congreso de la Unión remitió a esta Cámara relativo a la solicitud presentada por la señora Elena Blumenkron Limón, a efecto de que se le conceda pensión como hija del extinto capitán de caballería, José Blumenkron.

Al estudiar el expediente, encontramos que obran en el mismo, el nombramiento suscrito por el licenciado Benito Juárez, Presidente de la República, que acredita al C. José Blumenkron como Subteniente de Infanteria del Ejército Méxicano; también un documento firmado por el general de brigada Macario González, en el que se hace constar los importantes servicios que prestó en el Plan de Tuxtepec reformado en Palo Blanco en el año de 1878 por el ya entonces capitán de infantería José Blumenkron.

Por otra parte, la interesada comprueba a satisfacción con el acta de nacimiento respectiva, ser hija legítima del citado capitán Blumenkron.

Está Comisión, tomando en cuenta los méritos del padre de la interesada, y además, que se trata de una persona de 74 años, edad que le impide valerse por sí misma, estima que es de justicia conceder la pensión que solicita.

Por lo antes expuesto, nos permitimos poner a consideración de la honorable Asamblea el siguiente, proyecto de decreto:

Primero. Se concede a la señora Elena Blumenkron Limón, pensión vitalicia de setecientos cincuenta pesos mensuales, por los servicios que prestó a la patria, su padre el extinto capitán de Infantería José Blumenkron.

Segundo. Esta cantidad le será pagada integramente por la Tesorería General de la Nación, sin descuento de ninguna índole.

Sala de Comisiones de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.-

México, D.F., a 7 de diciembre de 1964.-Alfonso Castillo Borzani.-Jaime López Peimbert.-Juan Barragán Rodríguez.- Eliseo Jiménez Ruiz."

Está a discusión el proyecto de decreto. No habiendo quien haga uso de la palabra se va a proceder a recoger la votación nominal de éste y los otros dos proyectos de decreto reservados. Por la afirmativa.

- La C. secretaria Torres Ariceaga, Diana: Por la negativa.

(Votación.)

- El C. secretario González Sáenz, Leopoldo:

¿Falta algún ciudadano diputado de votar por la afirmativa?

- La C. secretaria Torres Ariceaga, Diana: ¿Falta algún ciudadano diputado de votar por la negativa?

Se procede a recoger la votación de la Mesa.

(Votación.)

El C. secretario González Sáenz, Leopoldo: Fueron aprobados los proyectos de decreto por unanimidad de 162 votos. Pasan al Senado para sus efectos constitucionales.

XIV

- La C. secretaria Torres Ariceaga, Diana (leyendo):

Honorable Asamblea:

Las Comisiones Unidas de la Vivienda Popular, Primera y Segunda Secciones, a las que, por acuerdo de vuestra soberanía, fue turnada la Iniciativa de Reformas y Adiciones a la Ley que crea el Instituto Nacional de la Vivienda, se permiten presentar el siguiente dictamen:

El capítulo III de la Ley que crea el Instituto Nacional de la Vivienda, fija las bases para la organización y funcionamiento del mismo, estableciendo que sus órganos directivos son: el Consejo, integrado por siete Consejeros; un Director que tendrá el carácter de Consejero Presidente; y un Secretario General que fungirá como auxiliar del Director,a quien sustituirá en sus faltas temporales o definitivas mientras se hace nueva designación. La Ley no dispone expresamente cuál es el órgano de mayor jerarquía; sin embargo, del estudio de las facultades atribuidas al Consejo y al Director, se desprende que éste tiene el carácter de ejecutor de los acuerdos de aquél y que los objetivos básicos del Instituto se cumplan a través del Consejo, por lo que aparece claramente que dicho Cuerpo Colegiado constituye el órgano más importante en las funciones de decisión, dirección y planeación que competen al Instituto.

Establece el artículo 8o. que el Director y los seis Consejeros restantes, serán designados por el Presidente de la República. No fija condiciones o requisitos para el primero, pero respecto de los otros seis dispone que se procurará que representen: a las entidades gubernamentales, a los organismos descentralizados y al sector privado interesado en la construcción de la vivienda popular. Ahora bien, si se analiza el artículo 2o de la Ley, en el cual se fijan las atribuciones del Instituto, se llega a la conclusión de que la disposición de que los Consejeros representen

los intereses oficiales, semioficiales y privados ya señalados, obedece a que los programas pro construcción de viviendas son realizados por entidades de los tres tipos, de lo que resulta que las decisiones fundamentales del Instituto recaen en personas que representan el interés de quienes proyectan y realizan planes de habitación, pero no el de quienes constituyen, en última instancia, la finalidad esencial de dicho organismo, o sean las personas adquirientes de las viviendas cuya construcción se trata de promover. La iniciativa que se estudia ha percibido claramente los peligros de este sistema, que da a las funciones del Consejo una perspectiva unilateral, inadecuada para que el fomento de la vivienda popular contribuya realmente a la solución de este ingente problema nacional.

Las Comisiones que suscriben han estimado, por tanto, que es indispensable modificar la composición del Consejo del Instituto Nacional de la Vivienda, dando cabida en su seno a auténticos representantes de los sectores de población a quienes se destinan los planes y programas de construcción de casas habitación, o sean sus posibles adquirientes.

Las propias Comisiones, al analizar el cuadro general del problema de la vivienda en nuestro país, han encontrado que sus efectos más graves se localizan en las grandes concertaciones urbanas, en donde la escasez de habitaciones que reúnan las condiciones indispensables de seguridad, higiene y economía, se hace cada vez más aguda, afectando especialmente a personas de escasos recursos, pertenecientes a la clase obrera y a los estratos populares de la clase media. No obstante, la gravedad del problema se refleja por igual en el medio rural, en donde la vivienda campesina está muy lejos de satisfacer los requerimientos mínimos de la dignidad humana.

Han encontrado asimismo que, por lo que se refiere a las concentraciones urbanas, los principales organismos que, en una forma o en otra ha venido coadyuvando en la solución de este problema, canalizan sus recursos hacia el fomento de la habitación para sectores de población plenamente caracterizados, de tal suerte que las viviendas que construyen no están destinadas al usuario en general, sino a personas específicamente protegidas por disposiciones legales particulares; tal es el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, cuyos programas pro vivienda benefician exclusivamente a sus asegurados, o sean individuos pertenecientes a la clase trabajadora o al sector burocrático. A mayor abundamiento, unos y otros están representados en los respectivos Consejos de dichos Institutos.

Por tanto, hay importantes y numerosos grupos humanos cuya actividad económica sitúa fuera del régimen legal del obrero o del trabajador del Estado; cientos de miles de personas no asalariadas que, por las consideraciones ya expuestas, no pueden hacer oír sus opiniones ni hacer sentir directamente sus graves necesidades en torno al problema de la habitación; y este heterogéneo conjunto de ciudadanos -denominado genéricamente clase media popular, para distinguirla de las clases obrera y campesina propiamente dichas.-debe estar representado en el Consejo del Instituto Nacional de la Vivienda, ya que las promociones de éste indudablemente se destinan a ser utilizadas por dichos agrupamientos sociales.

Ahora bien, ya que en la actualidad no existe en el país otra organización que represente a esta diversidad de grupos sino la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, debe ser ésta la que proponga al consejero que, con la representación de la clase media popular, participe en las funciones del Instituto Nacional de la Vivienda o de cualesquiera otros organismos que, en el futuro, realicen atribuciones semejantes a las que ahora le competen. En tal virtud, las Comisiones estiman procedente la reforma al artículo 8o en el sentido de la iniciativa que se estudia.

Del mismo modo, para que los intereses de la clase campesina estén representados en dicho organismo y sus puntos de vista puedan ser recogidos en los planes y programas para el fomento de la habitación en el medio rural, las Comisiones consideran necesario que uno de los consejeros tenga el carácter de representante de la Confederación Nacional Campesina, que es la Organización que agrupa a la inmensa mayoría de los miembros de dicha clase social. Ello implica una modificación a la iniciativa que se estudia, cuyas ventajas no escaparán al elevado criterio de esta honorable Asamblea.

Otra modificación, que responde al mismo espíritu de dar participación en las decisiones de todos los organismos de interés social a aquellos sectores de población directamente interesados en su funcionamiento, es la que otorgaría representación en el Consejo del Instituto Nacional de la Vivienda, también a la clase obrera. No debe ser obstáculo para ello la circunstancia de que este sector esté ya representado en otros organismos, como el Instituto Méxicano del Seguro Social, todo vez que éste tiene sólo como uno de sus objetivos, no el único ni el primordial, contribuir al fomento de la habitación, en tanto que el Instituto Nacional de la Vivienda sí responde específicamente a dicha finalidad.

En consecuencia, los seis Consejeros del Instituto representarían, respectivamente, a las entidades gubernamentales, a los organismos descentralizados, al sector de la iniciativa privada, al sector obrero, a la clase campesina a través de la Confederación Nacional Campesina y a la clase media popular organizada en la Confederación Nacional de Organizaciones Populares.

En cuanto a la adición al artículo 12, por la cual se establece para el Consejo la facultad de proponer al Ejecutivo Federal el proyecto de Reglamento de la presente ley', las Comisiones consideran que, no obstante que el propio artículo dispone que las atribuciones fijadas se le asignan de una manera enunciativa y no limitativa, lo que en todo caso permitiría al Consejo llevar a cabo el proyecto de reglamento a que se refiere la adición, está es procedente tanto porque su determinación expresa subraya una necesidad no satisfecha hasta ahora, cuando porque el transitorio 3o que también se propone en la iniciativa, fija un plazo de sesenta días para la elaboración de dicho Reglamento, poniendo énfasis en la urgencia de desenvolver las normas legales existentes, que son notoriamente concisas.

Por último, la reforma al artículo 20 que establece la integración de los organismos auxiliares del Instituto denominados "Patrones Locales', es también

necesaria a fin de que en ellos esté representada la clase media popular; a este respecto vale lo dicho para fundamentar la reforma al artículo 8o. Igualmente hacemos hincapié en la conveniencia de la representación forzosa y no disyuntiva, del gobierno del Estado y del Municipio, así como de los sectores obrero y campesino.

Por lo expuesto, las Comisiones Unidas que suscriben, se permiten proponer a vuestra soberanía el siguiente proyecto de decreto:

Artículo Único. Se reforman y adicionan el artículo 8, el inciso a) del artículo 12 y el artículo 20 de la Ley que crea el Instituto Nacional de la Vivienda, y se agregan los transitorios 2o, 3o y 4o a la misma, para quedar en los términos siguientes:

Artículo 8o. El Instituto Nacional de la Vivienda estará a cargo de un director designado por el Presidente de la República con el carácter de Consejero.

Contará además con seis Consejeros, los que serán designados también por el Presidente de la República, que representen, respectivamente, a las entidades gubernamentales, a los organismos descentralizados, al sector de la iniciativa privada, al sector obrero, a la clase campesina a través de la Confederación Nacional Campesina y a la clase media popular organizada en la Confederación Nacional de Organizaciones Populares.

Artículo 12. a) Proponer al Ejecutivo Federal el Proyecto de Reglamento de la Presente ley, y elaborar el Reglamento Interior del Instituto.

Artículo 20. Cada Patronato actuará como cuerpo colegiado y estará integrado por representantes de los siguientes sectores e instituciones:

a) Del Gobierno del Estado, b) del Municipio, c) del Sector Obrero, d) del Sector Campesino, e) del Sector Popular, f) del Sector Comercial, g) del Sector Industrial, h) del Sector Bancario, i) del Sector Profesional de Ingenieros, Arquitectos o Constructores.

Transitorios.

Artículo primero. Las reformas a la ley del Instituto Nacional de la Vivienda entrarán en vigor en toda la República a los quince días de su publicación en el "Diario Oficial".

Artículo segundo. Para los efectos de la reforma que se considera en el párrafo segundo del artículo 8o, el Ejecutivo Federal procederá a designar a los seis Consejeros del Consejo del Instituto Nacional de la Vivienda, dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que entre en vigor la presente reforma.

Artículo tercero. Una vez designados los seis Consejeros entrarán inmediatamente en posesión de sus cargos, y se abocarán a la formulación del Proyecto de Reglamento de la Ley del Instituto Nacional de la Vivienda, para presentárselo al Ejecutivo Federal en un plazo no mayor de sesenta días, a partir de la fecha de su primera reunión. Los nuevos miembros de los Patronatos, también tomarán inmediatamente posesión de sus cargos, comunicándolo así al H. Consejo del Instituto.

Artículo cuarto. Toda disposición que se oponga a las presentes reformas queda derogada en lo conducente.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión

.-México, D.F., a 23 de noviembre de 1964.

Las Comisiones unidas Primera y Segunda de la Vivienda Popular, Primera: Enrique Ramírez y Ramírez.- Faustino Félix Serna. -Heliodoro Hernández Loza.- Rodolfo Velázquez G.- Francisco Silva Romero.- Everardo Gámiz Fernández .-Segunda: Manuel Gurría Ordoñez.- Rodolfo Rivera Rueda.- Alberto Alvarado Arámburo.- Pedro Vivanco García.- Manuel Rivera Anaya.- Jesús Moreno Jiménez."

El C. Torres Márquez, Jesús: Pido la palabra.

El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado Torres Márquez.

El C. Torres Márquez, Jesús: Señor Presidente: compañeros diputados: "El dictamen que las Comisiones unidas de la Vivienda Popular han traído a esta Asamblea, se refiere a un problema de enorme importancia para México, puesto que afecta a millones de habitantes. En el dictamen se exponen las razones fundamentales que las comisiones tienen para sostener una reforma a la Ley del Instituto Nacional de la Vivienda; pero yo considero que hacer falta tratar esta cuestión en toda su amplitud.

Por consiguiente, en los términos del artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, pido que la Comisión amplíe desde esta tribuna los fundamentos de su dictamen."

El artículo 108 dice: "Siempre que al principio de la discusión lo pida algún individuo de la Cámara, la Comisión Dictaminadora deberá explicar los fundamentos de su dictamen y aun leer constancias del expediente, si fuere necesario; acto continuo, seguirá el debate."

El C. Presidente: Con apoyo en el artículo 108 del reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, se concede el uso de la palabra a la Comisión. Tiene la palabra el C. diputado Ramírez y Ramírez.

El C. Ramírez y Ramírez, Enrique: Señor Presidente; señoras y señores diputados: con gusto la Comisión accede a la petición del señor diputado Torres Márquez, para ampliar con algunas consideraciones los fundamentos de este dictamen. Se trata, como él mismo lo ha dicho, de un problema cuya importancia nacional, vital, para enormes porciones de la población mexicana, no se puede exagerar. No hace falta echar mano de la retórica, puesto que la realidad del problema de la vivienda es de todos conocido y sufrido por millones de mexicanos.

¿En qué consiste fundamental y esencialmente este problema? Consiste, primero en una gran escasez de viviendas, en las desproporción entre el número de las viviendas y el número de las familias que componen el pueblo mexicano. Consiste, en segundo término, en la insuficiencia, en la falta de adecuación de estas viviendas, a su función que debe ser una función humana. Un hogar para cada familia y un hogar en condiciones decorosas; un hogar en el cual la familia pueda vivir unida, pueda reponer sus fuerzas, pueda acrecentar sus energías, y cultivar su propia solidaridad.

En tercer lugar, el problema de la vivienda consiste en la carestía de las viviendas que se ponen al alcance de la gente del pueblo mexicano. Este es un problema esencial porque, aparte de su aspecto moral, aparte de que tiene que ver con el cumplimiento de los postulados de justicia social de la Revolución

Mexicana, es un problema que en parte se deriva de nuestro desarrollo económico y sin resolver el cual, tampoco puede haber un desarrollo sano.

Yo no quiero exagerar, no quiero abundar en el dramatismo vívido de este problema, quiero referirme esencialmente a los aspectos en los cuales afecta al interés, no sólo del pueblo, de la nación en su conjunto, porque contar con viviendas higiénicas, amplias, ventiladas, con todos los servicios necesarios de la vida humana, es una necesidad de la industria, de la agricultura, de la cultura, y en suma, del desarrollo de México como una nación que aspira a ser cada vez más grande, más próspera y más independiente.

¿Cuáles son las causas principales a las cuales debemos atribuir este problema calamitoso desde hace muchas décadas de la vida mexicana? En primer lugar el atraso de la estructura material del país; en segundo lugar, la injusta distribución del ingreso que hace que las grandes mayorías no tengan los recursos suficientes para que cada familia posea una casa propia o para que pueda alquilar una casa en condiciones decorosas y humanas.

En tercer lugar, la política de puras ganancias del tradicional capital privado invertido en las casas de habitación.

En cuarto lugar, el desarrollo desigual de las ciudades y del campo, que hace que por falta de suficientes atractivos e incentivos económicos y culturales en las zonas rurales, grandes sectores de esta población campesina emigren hacia las ciudades congestionándolas y complicando todavía más los problemas urbanos.

Y por último, hemos de señalar también la falta, hasta ahora, de un política coordinada que ataque a fondo en todos su aspectos el problema de la vivienda.

No ha escapado a las Comisiones unidas, señoras y señores diputados, que la iniciativa presentada por algunos de nuestros colegas, toca solamente un aspecto y, seguramente, no el más importante de este magno problema.

Hemos procedido, sin embargo, a formular este dictamen con el propósito de iniciar una tarea que, a nuestro juicio, el Poder Legislativo debe considerar como una de las fundamentales a cumplir: la de proveer de recursos legales, de medios, en la legislación del país, para que se ataque a fondo el problema de la vivienda.

Incluso desde el punto de vista de las estadísticas, todavía no existe una misión absolutamente clara de la magnitud de esta cuestión. Sin embargo, hemos de atenernos a unos cuantos datos porque no deseamos ser prolijos en la mención de cifras que al fin y al cabo pueden resultar secundarias a la hora de un debate o de una presentación de los aspectos fundamentales de este asunto.

Ya en 1962 el Secretario de Hacienda, licenciado Ortiz Mena, declaraba ante el Banco Interamericano de Desarrollo que México padecía en esos días un déficit de más de un millón de viviendas populares, y que lejos de aminorarse con el paso de los años, este déficit, por la insuficiencia de los esfuerzos del Estado y de los particulares, aumentaba en setenta mil viviendas faltantes más cada año.

En consecuencia, la falta, la escasez de viviendas se está agravando día a día en vez de aliviarse. ¿Cuáles son las manifestaciones de este problema?

Las conocemos. Vamos a precisarlas brevemente. Muchas familias, sobre todo de las clases menesterosas de la población carecen simple y brutalmente de hogar; muchas familias también de las clases populares tienen que reunirse en una sola casa habitación cooperando para pagar las rentas y viviendo en condiciones difíciles de estrechez.

La mayoría de las casas de habitación de que dispone el país son totalmente insuficientes. Más del 50% de estas casas son de una sola pieza, y aproximadamente un 24% son casas de dos piezas, de tal manera que puede afirmarse que un 75% de las viviendas del país resultan totalmente insuficientes e incómodas para la vida de una familia. Y las consecuencias de esta situación las conocemos todos, pero quizá no han sido ponderadas en toda su gravedad. De allí, de esa insuficiencia de las causas de habitación viene la inseguridad de los hogares, la insalubridad, la promiscuidad y otras condiciones deprimentes que tienen derivaciones muy graves para la vida social mexicana.

Se habla frecuentemente de la plaga de los jóvenes delincuentes, y una literatura superficial busca explicaciones misteriosas demasiado alambicadas a la existencia de esos jóvenes a quienes se acusa de ser rebeldes sin causa. Podemos preguntar: ¿Es posible que esas casas de habitación en las que deben existir, vivir y realizar todas las funciones y necesidades de la existencia humana ocho, diez, catorce miembros de una misma familia, que viven todos los días en la estrechez de una o dos piezas, es posible que esas casas de habitación puedan ser el asiento en que se eduque una juventud vigorosa, una juventud sana y optimista? ¿Es posible creer que esos hogares, para llamarlos así, sean el recinto adecuado de la solidaridad familiar y de una educación optimista y de un sentido alegre y sano de la existencia? Esos hogares esas casas habitación, no pueden dar asiento al desarrollo de una juventud sana.

De allí, y de la fuga de esos hogares que son muchas veces parecidas a zahurdas, de allí surgen muchas veces las rebeldías in controladas y las delincuencias precoces. De paso, yo quiero decir que nunca he creído en la verdad de la frase de León Tolstoi, feliz desde el punto de vista literario pero inexacta, de que "el hombre feliz no tenía camisa". Seguramente el hombre feliz si tenía camisa, o si no tenía no era el hombre feliz.

Hace unos cuantos meses, en nuestra campaña electoral, nos fue dable visitar y conocer interiormente las casas en que viven millones de mexicanos. Yo las recorrí y las visité en mi campaña electoral, y sentí pavor y vergüenza como mexicano, de que exista todavía una situación tan sombría y tan deprimente para la vida de millones de nuestros compatriotas. Yo recuerdo todavía con emoción, y con vergüenza y con angustia, aquella casa que realmentete no puede llamarse tal, de una pobre mujer con nueve hijos que viven en un desván de menos de dos metros de ancho por cinco metros de largo, y en una vecindad de las calles de Jesús Carranza, y que nos relató cómo para que sus hijos que dormía los nueve juntos con ella en ese pequeño espacio pudieran beber agua o cumplir sus necesidades, tenían

que pedir la limosna de los demás vecinos para ir a comprar agua, para ir al privado en otros sitios. No tendría importancia esto si esté fuera sólo un caso, si fueran sólo docenas de casos como éstos, pero son millares y millares de casos como éstos.

Esta es la situación en que viven muchos de nuestros compatriotas, y el problema tiene tal amplitud y tales repercusiones sobre la vida económica y social y cultural del país, y también sobre la vida política, que yo no vacilo en compararlo en gravedad, en el orden urbano principalmente, al problema de la falta de tierra para los campesinos. Es preciso darle a este problema la importancia, la magnitud que ha llegado a alcanzar. Y es preciso, a nuestro juicio, abordarlo no con medidas parciales solamente sino, sobre todo, con medidas de conjunto, con un plan de conjunto que ataque a fondo el problema y lo ponga en camino de su resolución más pronta. Existe para esto un imperativo moral. Existe, también, un imperativo material, pero existe, además, un mandato de la Constitución.

En el artículo 123 de la Constitución, en varias ocasiones el Constituyente menciona la necesidad de atender a la resolución de este problema. Estableció la obligación para las negociaciones agrícolas, industriales y mineras, de proporcionar a sus trabajadores casas higiénicas y baratas y, al tratar de la seguridad social, comprendió, como una función importante de la Seguridad Social, la de construir casas higiénicas y baratas para los trabajadores; y determinó, también, la Constitución, que se dieran facilidades e impulso a las sociedades cooperativas que se dedicaran a la construcción de casas baratas para los trabajadores. Pero éste es uno de los aspectos en que la Constitución todavía no se cumple, como no se cumplen otros preceptos, particularmente los que miran al interés de las mayorías populares y los que de algún modo puedan condicionar y limitar el simple afán de lucro de las minorías.

Tenemos necesidad de cumplir la Constitución también en ese aspecto, porque es un mandato de nuestra Carta Fundamental; pero planteando las cosas en el terreno de la realidad, hemos de esbozar cuáles son, a nuestro juicio, los trazos generales de ese plan. No vamos, para ello, a inventar.

Hasta ahora, la iniciativa privada ha sido el actuante principal en el campo de la inversión para la vivienda popular. El balance está a la vista. Lo que hay en México, en lo que se refiere a vivienda popular, con esos tonos sombríos a que antes me he referido, es ese el balance de la actividad de la iniciativa privada en el pasado, en el campo de la vivienda popular. ¿Por qué? Porque el capital privado invertido en las casas de habitación se distinguió, por mucho tiempo, por ser el capital más miope, más esterilizante y más voraz. El menos dinámico. Los famosos casatenientes. Invertir en bienes inmuebles, edificar las casas y dejarlas a la buena de Dios, para que produjeran ganancias hasta que se derrumbaran.

El problema se ha agravado por esa actitud de un sector de la iniciativa privada, porque las vecindades, que ya eran defectuosas hace cuarenta años, no han tenido ninguna reparación, ninguna mejora al paso de los lustros, y ahora son verdaderas ruinas y el sector privado que invierte en esas casas, considera que no tiene ninguna obligación, sino la de esperar solamente a que los vecinos desalojen las casas para construir nuevos edificios que puedan ser más rentables.

El Estado ha intervenido, aproximadamente desde hace 40 años, en el problema de la vivienda; pero debemos decir, con toda claridad, que esa intervención por mucho tiempo tuvo los caracteres de la espontaneidad, de la improvisación y de la falta de un plan.

Diversas dependencias del Estado, y después organismos descentralizados, comenzaron la edificación de casas para el pueblo; pero no con un plan, no con una visión amplia del problema. En esto también hemos tenido que cobrar experiencia frente a los hechos y frente a los problemas; pero ha llegado el momento en que esa espontaneidad, esa dispersión, tienen que acabar.

El problema solamente puede ser resuelto conforme a un plan y con la cooperación de todos los sectores de la vida nacional interesados en la construcción de viviendas, por una o por otra razón; por necesidad, como los inquilinos, o por interés como los inversionistas, en la construcción de casas.

No podría resolverse el problema de la habitación en México, sin la cooperación de la iniciativa privada. Los planes de carácter supuestamente absoluto y ultra radical, para resolver con medidas de fuerza amparadas en la Constitución el problema de la vivienda, no toman en cuenta los datos precisos y vigorosos de la realidad en que vivimos. El problema de la vivienda sólo puede resolverse bajo la dirección del Estado, con el concursos de la iniciativa privada, y también de los particulares que quieren vivir en esas casas que van a construir.

Yo quiero manifestar la satisfacción y la esperanza de las comisiones unidas de la Vivienda Popular de esta Cámara, por los términos en que el Presidente de México, el licenciado Gustavo Díaz Ordaz, esbozó la política de su Gobierno en torno a este problema.

El dijo: "El crecimiento demográfico y la industrialización plantean un déficit en materia habitacional, no cubierto a pesar de los afanes gubernamentales. Las necesidades son enormes y ellas nos obligan a evitar la dispersión y el desorden. Sistematizaremos las acciones de los distintos organismos a quienes directa o indirectamente concierne la política de vivienda popular, buscando no solamente construir nuevas, sino acondicionar las existentes que no reúnan los requisitos mínimos. Trazaremos un plan de crédito social para la construcción y el mejoramiento de viviendas populares. Contamos con la Industria de la Construcción, los Órganos de la Seguridad Social, con la Banca Privada y la Banca Nacional.

La Industria de la Construcción deberá modernizarse desde sus raíces, con la tendencia a reducir sus costos."

Consideramos, señoras y señores diputados, que estos son los términos justos, desde luego esquemáticos, en un documento de síntesis en que debe plantearse la política justa del Gobierno de la República ante el problema de la vivienda. Es absolutamente cierto; se requiere fundamentalmente tener una idea precisa del problema, de los factores que a él concurren, y después planificar las medidas, la política

que debe seguirse. Por eso nosotros nos pronunciamos por el fortalecimiento del Instituto Nacional de la Vivienda.

La Ley que creó el Instituto Nacional de la Vivienda le concede a esta Institución todas las facultades adecuadas para que realmente ponga en marcha un plan de resolución de este problema; le concede la facultad de coordinar y de supervisar y de revisar previamente todos los planes de las dependencias oficiales que tengan interés en trabajar en el campo de la vivienda. Le concede también la facultad de estudiar las condiciones en que puede desarrollarse el programa de la vivienda zona por zona; y le concede las facultades para fabricar el mismo Instituto viviendas populares.

Tiene todas las facultades el Instituto Nacional de la Vivienda, pero debemos decir con verdad que, hasta ahora, no las ha ejercido; necesita ejercerlas. ¿En qué sentido? ¿Cuáles pueden considerarse, ahora, las líneas fundamentales de una acción eficaz para resolver este problema? En primer lugar, construir casas para personas humanas. No se resolvería el problema fabricando en el campo y en la ciudad, en vez de los tugurios estrechos y obscuros de hoy, nuevos tugurios, nada más que de cemento armado; debe pensarse en que el pueblo mexicano tiene justamente el derecho a vivir como persona humana.

No tratamos de resolver un problema de manera precipitada, simplemente para crear nuevos tugurios; debe atenderse a las necesidades de la persona humana.

Las casas que se construyan en el plan de viviendas que debe formularse, deben ser casas, en todo lo posible, amplias, higiénicas, ventiladas y también con un aspecto estético. El mexicano no es partidario del "cajonismo"; el mexicano quiere casas, verdaderas casas para personas humanas, y el mexicano ha mostrado su gusto estético y su alegría por vivir, aún en las peores condiciones o en las más humildes viviendas. En las más humildes vecindades se encuentran en las casas de los pobres, las flores, los adornos con los cuales aquellos habitantes quieren hacer un poco más amable su triste, su humilde vivienda.

En segundo lugar, creen las comisiones unidas que las casas que se construyan en el programa de construcción de la vivienda, deben dirigirse, principalmente, a favorecer a la gente más pobre. Hasta ahora las construcciones de viviendas hechas por diversas dependencias oficiales y también privadas, han favorecido a lo que puede llamarse la casta superior de las masas trabajadoras, han favorecido a aquellos trabajadores industriales y del Estado que están organizados, que tiene más recursos para poder comprar o alquilar una casa; pero gran parte de la población, una mayoría enorme de la población, se encuentra en condiciones de indigencia y no puede pagar esas casas.

Nosotros creemos que el programa de las construcciones debe dirigirse principalmente a mejorar la situación en que se encuentran todos aquellos habitantes de las ciudades que no tienen para pagar las altas rentas. (Aplausos.)

Creo personalmente que hay un ejemplo de unidad habitacional creada últimamente, que reúne estas condiciones: es la unidad habitacional de San Juan de Aragón, donde las casas no son estrechas, donde es posible vivir decorosamente y donde, detrás del espacio construido, hay todavía un espacio del mismo o mayor tamaño donde la familia puede extender las habitaciones si lo necesita, o puede cultivar un jardín o puede establecer una cría de gallinas o cualquier otro negocio que ayude a su sostenimiento.

En esa Unidad, junto a ella, hay parques recreativos, hay un zoológico, hay un lago; creo que así es como hay que concebir la futura obra de la habitación popular, no creer que se está dando una dádiva o una limosna al pueblo más humilde, cuando se le da casa; no darle casas inhabitables, sino darle casas en la medida de los recursos de que dispone el Estado, o las instituciones dedicadas a esa tarea; darle casas en que pueda, realmente, elevar sus condiciones de vida.

Señoras y señores diputados: Este es un gran problema, pero podría decirse que el país está en la coyuntura de hacer de la necesidad una virtud, porque es preciso construir cientos de miles de nuevas casas en el campo y en la ciudad.

Esto es para remediar un apremiante problema, pero, al mismo tiempo, esta necesidad ofrece una oportunidad sin precedentes a la industria del país.

Allí hay un campo enorme para las inversiones del capital nacional y aun del capital extranjero que quiera obtener ganancias razonables, adecuándose al mismo tiempo a los planes del desarrollo nacional de interés popular de los mexicanos.

¿La Industria de la Construcción? Pero ésa es una industria conectada con muchas industrias; con la industria de la construcción tiene que ver la industria de la madera, la industria del vidrio, la industria del cobre, la industria de la pintura; la industria de los artefactos eléctricos, la mueblería, etc.

Para construir los cientos de miles de casas que el pueblo necesita y que necesita tener en un período de unas cuantas décadas, cuántos empleos, cuántas fábricas nuevas, no tienen que crearse. Un desarrollo impetuoso del programa de la vivienda creará cientos de miles de nuevos empleos para los mexicanos, y el efecto dinámico de estas inversiones operará del modo más favorable en el desarrollo de la economía nacional.

Pero hace falta, también, como el Presidente Díaz Ordaz lo señalara, que los industriales de la construcción y otros industriales, y los directores de las finanzas, adviertan que es necesario ante este caso de emergencia nacional, como se le puede llamar, ajustarse también a los intereses nacionales, a los intereses generales.

Tres industrias: el cemento, el vidrio y el cobre, tienen mucho que ver con la construcción, y hace tiempo que están trabajando aceleradamente gracias al incipiente programa de construcciones, obteniendo ganancias enormes.

Han llegado a distribuir dividendos anuales del 48% y sus precios son un ciento por ciento casi superiores a los precios similares en los Estados Unidos.

No es posible, no debe permitirse que se especule y se hagan negocios desorbitados con una industria que pasa a ser una industria de interés vital para la nación. Por eso es preciso el plan, es preciso coordinar todas las actividades, todos los empeños; no solamente hace falta, y no solamente es conveniente construir nuevas casas, es también necesario e indispensable reparar las casas que ahora no se pueden

demoler, repararlas para aliviar, siquiera en parte, las condiciones tan deplorables en que están viviendo ahí muchos mexicanos.

Para esa reparación de casas también puede cooperar la finanza pública y la finanza privada, y la industria y los técnicos, e incluso puede expresarse ahí, en ese campo, la solidaridad social. ¿Por qué no pueden los jóvenes pasantes de arquitectos, los estudiantes de arquitectura y de ingeniería, y los prácticos de las construcción, ser los asesores de los vecinos, para que reparen ellos mismos, con ayuda de los jóvenes del lugar, sus casas? En esta tarea pueden tener un papel los partidos políticos y las organizaciones sociales y nuestro partido, el Partido Revolucionario Institucional, ha empezado a poner en práctica ese método en algunos lugares.

Necesitamos, pues, un esfuerzo nacional, es un esfuerzo de conjunto; la mira, el objetivo, es aliviar el problema de la vivienda, para que los trabajadores mexicanos, que son la mayoría del pueblo, vivan en condiciones decorosas para que produzcan mejor, para que su moral se levante y con ellos se levante también la moral nacional, para que haya más luz y más claridad en la vida pública del país.

Por estas razones, nosotros, comprendiendo plenamente que la iniciativa de nuestros colegas no tocaba sino un aspecto estructural de la política en favor de la vivienda popular, hemos, sin embargo, dictaminado en favor de esa iniciativa, porque consideramos que es preciso fortalecer el Instituto Nacional de la Vivienda para que ejerza sus facultades, para que cumpla su misión, y eso lo puede hacer con el apoyo, con la opinión, con el concurso de los sectores populares.

Por eso hemos aprobado la iniciativa, para que en el Consejo del Instituto Nacional de la Vivienda figure un representante del Sector Obrero, tomándolo de la organización más representativa del movimiento obrero nacional; un representante del sector campesino y un representante del sector popular, es decir, de la clase media pobre que está representada por la Confederación Nacional de Organizaciones Populares.

Esa ha sido la intención, fortalecer al Instituto Nacional de la Vivienda y declarar en esta oportunidad, desde la Cámara de Diputados, que hace falta una movilización nacional para dar a todos los mexicanos en un plazo no de siglos, sino de unos cuantos lustros, casa propia, casa limpia, casa llena de luz, de futuro y de optimismo. (Aplausos.)

-La C. secretaria Torres Ariceaga, Diana: Una vez que la Comisión ha ahondado en los motivos y fundamentos del dictamen, se pone a discusión en lo general.

El C. Presidente: Se abre el registro de oradores. En cumplimiento del artículo 96 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, esta Presidencia informa que se han inscrito como oradores en contra los ciudadanos diputados Chaurand, Rosillo y Silva. En pro los ciudadanos diputados Ortiz Mendoza, Priego, Lezama, la Comisión y la diputada Aurora Navia Millán, así como el diputado Torres Calderón.

El C. Silvia Flores, Jacinto: Señor Presidente, para decirle que voy en segundo lugar en contra.

El C. Presidente: Se inscribió primero el señor licenciado, Rosillo. El Reglamento establece que en el orden en que se inscriban, toman la palabra.

El C. Chaurand Concha, Ricardo: Señor Presidente señores diputados: desde luego ruego al señor diputado Ramírez y Ramírez se sirva aceptar mi más calurosa felicitación por la admirable exposición que ha hecho del problema de la vivienda y sobre todo de su aspecto humano. No cabe duda, señores que si tenemos que darle al pueblo mexicano los instrumentos necesarios para que pueda realizar el noble fin del destino alto a que está llamado uno de esos medios, es el rincón sagrado a que hizo alusión el señor diputado, en donde se forjan los lazos de la familia y en donde puedan surgir mexicanos mejores cada vez. Pero, en realidad, creo que no es propiamente ese el problema a discusión, ni a lo que el dictamen se constriñe; el mismo señor diputado Ramírez y Ramírez dijo que tan sólo era esto un aspecto y no el más importante del problema; que no se puede resolver con medidas parciales, sino que debe ser con un plan de conjunto.

En efecto, la iniciativa de reformas y adiciones a la Ley de la Vivienda Popular, que con fecha primero de octubre del año en curso presentaron los señores diputados Cancino Casahonda, Vázquez Pérez, el licenciado Vista Altamirano, Antonio Femat y algunos más, por cuanto revela la preocupación de sus autores, de encontrar una mejor y más acertada solución al problema de la vivienda, merece nuestro aplauso y participamos del deseo de ellos, y desde luego, quiero afirmar que nosotros no defenderemos ni la situación actual de la vivienda y que lamentamos y sentimos, como mexicanos, la injusticia y estado inhumanos en que millones de nuestro compatriotas sufren por ese motivo. tampoco defendemos la falta de visión y de egoísmo de la iniciativa privada, ni tampoco el egoísmo y avaricia de los explotadores de los tugurios.

Precisamente por la importancia del problema, creemos que la iniciativa es insuficiente y que es preferible hacer un estudio más a fondo del problema, es decir, diferirlo, y si se ha de hacer alguna reforma, que se haga de una vez, a fondo del problema.

Hoy discutimos precisamente el dictamen que las comisiones correspondientes emitieron y respecto a este asunto creo que podemos considerar tres aspectos: -algunos de ellos ya los tocó el señor licenciado Ramírez y Ramírez- primero, la importancia del problema. Segundo, ¿qué eficacia tiene la ley actual? y tercero, ¿cuál es el alcance o resultado práctico de la reforma que se propone? Todos, quien más quien menos, tenemos conocimientos de la tremenda angustia y de la magnitud del problema de la vivienda popular. Problema que no sólo es de carácter nacional sino presenta perfiles mundiales. Y si señalo este hecho es solamente porque creo que del estudio de la manera como otros países -citemos a Alemania Occidental, Francia, España, Italia, etc. -han hecho del problema, podría orientarnos en la manera de resolver también nosotros este problema.

Solamente, y aun cuando el problema es de carácter nacional es indudable que en el Distrito Federal es en donde reviste caracteres de suma gravedad.

Voy a proporcionar algunos datos que aclaren esto, y que están tomados de los suministrados por la Dirección General de Estadísticas y por las Investigaciones realizadas por el Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas: para fines de 1963, la población que vivía en jacales, cuevas, chozas o tugurios representaba el 44.3% de la población del D.F., o sea 2.384,367 habitantes que requieren por lo tanto 476,873 viviendas. Para esa misma fecha la población que vivía en habitaciones de tipo decadente, deprimente, esas viviendas desastrosas que nos pintó acertadamente el señor diputado Ramírez, representa el 41.6% de la población, o sea 2.239,044 habitantes que requieren 447,809 viviendas. En otras palabras, solamente el 14.1% de los habitantes del D.F. ocupan las zonas residenciales.

No es posible, claro está, señores diputados permanecer indiferentes ante el hecho brutal y lacerante de que, no obstante los adelantos de la ciencia y de la técnica, aún queden por una parte el 86% de la población sin habitación decorosa, y vegetando angustiosamente, frente al catorce por ciento restante que, sin embargo, disfruta del 55% de la renta nacional, y que precisamente tiene como deber por su posición económica y por su preparación cultural establecer normas sociales que haya para todos, que todos los mexicanos tengan exactamente las mismas posibilidades de levantarse y de vivir dignamente.

Repito que la preocupación que revela la iniciativa que estamos comentando enaltece a sus autores, y si sinceramente queremos buscar la solución del problema, tendremos que llegar a la conclusión de que precisa, como lo apuntaba también el diputado Ramírez, un estudio más sereno, más detenido y más profundo que nos lleve tal vez a una modificación más radical de la ley para hacerla un instrumento más eficaz y de realizaciones más plenas. Cierto es, también, y él apuntó algo en parte que los gobiernos de la República, principalmente los de los dos últimos períodos gubernamentales se han preocupado por la resolución de este problema. Ya indicó que desde la promulgación de la Constitución de 1917, la fracción XII del artículo 123 corroborada después por la fracción 111 del artículo III de la Ley del Trabajo publicada desde 1931 y reglamentada en diciembre 31 de 1941, 24 de febrero de 1942, exige a los patronos la obligación de conceder o procurar a los trabajadores habitaciones dignas y decorosas.

Después vino una serie de decretos que culminó en ese esfuerzo de progreso y de resolución parcial al problema que nos ocupa con la promulgación de la Ley de la Vivienda de 31 de diciembre de 1954.

Pero ahora cabe preguntar: esa ley actualmente existente, cuyas atribuciones no voy a repetir porque con toda claridad nos las expuso el orador anterior, ¿ha sido realmente eficaz? El mismo reconoció con pena que no. ¿Ha realizado acaso plenamente sus objetivos? ¿Los ha realizado sólo en parte? ¿En qué proporción? ¿Y cuáles son los motivos por los cuales ha sufrido limitaciones o tal vez algún aparente fracaso? Porque no puede ocultarse el hecho de que, si nos atenemos a la frialdad de las cifras, no se ha llegado a una solución efectiva del problema. Y si en en el D.F. y en algunas ciudades importantes se ha hecho algo, en realidad es relativamente poco para resolver el problema de la vivienda popular; también es cierto que la mayoría de la población de la provincia y sobre todo del agro mexicano no ha recibido esos beneficios. Es evidente, claro lo dijo él también, que el Estado no puede por sí sólo ni podrá nunca satisfacer las demandas de habitación popular. Pero, además, no le toca tampoco al Estado constituirse en el gran casero, ni por sí, ni a través de organismo como el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE, o algunos otros. Porque para formarnos una idea de la magnitud del problema y de lo que requiere su resolución, si sólo quisiéramos resolver de una manera inmediata el problema del primer grupo a que me referí anteriormente y que requiere, como dijimos, cuatrocientas setenta y seis mil ochocientos setenta y tres habitaciones, y partimos de un plan a 15 años que está -escojo esa cifra porque económicamente está dentro de las posibilidades del país el realizarla-, el promedio de esas habitaciones entre quince años daría la necesidad de construir treinta y un mil setecientas noventa y dos habitaciones por año.

Pero si tomamos en cuenta el aumento de la población anual del Distrito Federal que es de 75,523 habitantes, que requieren 15,105 habitaciones más, quiere decir que por año habría necesidad de construir 46,897 habitaciones.

Ahora bien, habitaciones como dijo él que no sean tugurios de cemento, y muy bien dicho; habitaciones que concuerden con el modo de ser propio del mexicano. Ese rincón en que puede fortalecer los lazos de su familia, en que puede ver y educar a sus hijos, en donde se sienta en un momento dado aislado del mundo y de la lucha diaria para adquirir nuevas fuerzas en la realización de su tarea. Pues bien, una casa por humilde que sea, suficiente para una familia, puede construirse con una base de 25,000 pesos la obra. Y si tomamos en cuenta el precio del terreno calculado a un 15% consideradas ya las obras de urbanización y un mínimo de 300 metros cuadrados, con los espacios libres llegaríamos a la conclusión de que cada vivienda al representar 23,000 pesos, sería necesario al año de 1,078.631,000 pesos.

Salta a la vista, repito, señores diputados, que no puede el Estado sólo tomar en sus espaldas la resolución de este problema, y que como ya lo indicó el señor diputado y una autoridad superior, el señor Presidente de la República, cuyas palabras él citó, urge, por lo tanto, el concurso de todos los sectores de la población. Pero precisamente ahí viene la pregunta. La ley actual, no obstante sus bondades la coordinación de los distintos organismos, ¿es de veras el acicate que necesita la iniciativa privada? ¿Va siquiera a obligar a la iniciativa privada a que olvide su egoísmo y se ponga a contribuir a una tarea nacional? Hasta allá tendrá que llegar la reforma de la ley, si queremos que sea efectiva: obligar a los remisos para que, por un interés superior que es el bien de la patria representado por esa inmensa mayoría que sufre, se les obligue a dar parte de lo que ellos tienen de sobra, y este problema que no solamente sea de terrenos, por ejemplo, si nos ponemos a explicar lo que se entiende por estímulos, en el inciso primero de la actual ley, en el capítulo primero, o si todavía vemos otros terrenos nacionales que puedan dedicarse a eso, pero aun terrenos particulares de

aquellos individuos que gozan del trabajo de los demás, con un terreno improductivo sobre el cual se va amontonando el beneficio de un valor sobre un terreno que ellos tienen, obligarlos, en un precio justo, para la construcción de habitaciones. Encauzar el exceso, él ha dicho, de utilidades. El Gobierno puede emplear parte del dinero en fijar un interés módico que se dispense al propio individuo que va a comprar la casa, pero que sirva para aquél que la va a construir.

En fin, serían puntos que irían saliendo a la hora en que se hiciera un estudio más a fondo y detenido del problema. Tienen razón los señores diputados, por lo tanto, autores de la iniciativa, en pedir reformas a la ley; pero cabe preguntar: ¿La reforma, en sí, que hoy se propone, cambia de tal manera la naturaleza interna de la ley, que la haga más dinámica, de manera que el resultado sea más rápido y efectivo como se desea? Porque, señores, si una ley que a la luz de la razón, como lo estamos viendo, y de la experiencia, necesita ser modificada, pues que sea modificada; pero no de una manera superficial, lo cual no está de acuerdo ni con la lógica ni con la necesidad que el pueblo pide.

Toda modificación de una ley urgente, debe hacerse con una finalidad determinada: la de que esta ley sea más efectiva, para que el alcance de sus beneficios sea cada vez mayor, y los señores diputados de la iniciativa están tan convencidos de que toda reforma debe dirigirse a un provecho mayor del pueblo, que se desprende del considerando cuarto de su propia iniciativa, que a la letra dice:

"4. Que en la realización de estas tareas esencialmente sociales no deben predominar los factores comerciales, profesional o financiero, sino deben conjugarse éstos al servicio de la finalidad principal; mejorar las condiciones de habitación del pueblo de México, de tal suerte que no dejen de tomarse en cuenta el medio ambiente, las costumbres, las posibilidades económicas y el aprovechamiento de los recursos de construcción de cada región."

Creo que es de justicia y de prudencia añadir que tampoco deben interferir los factores políticos, sino solamente los factores sociales. Una cosa es que un partido determinado busque la mejoría de sus miembros, aun en el terreno económico, y otra que se quiera utilizar el dinero de los contribuyentes para beneficio exclusivo de tal o cual grupo, de tal o cual organismo; porque, si son millones los que tienen necesidad de la solución del problema de la vivienda, no son millones los que están agremiados en ese organismo del cual se propone que formen parte integrante del Consejo del Instituto de la Vivienda.

Pregunto además: ¿El simple hecho- porque a eso se refiere el proyecto de reformas- el simple hecho de que en el Consejo haya necesariamente dos miembros de la CNOP, hace más efectiva la reforma de la ley? ¿La hace más expedita, más efectiva y de mejores alcances? Seis son los capítulos que tiene la Ley del Instituto de la Vivienda, y de estos seis capítulos, el tercero, que se refiere a su organización, es el que toca el proyecto de reformas en sus artículos octavo, doce, fracción quinta, inciso "a" y veinte. Desde luego, se refieren a mejorar el equipo que maneja al Instituto Nacional de la Vivienda. Reformar el equipo, en este caso el equipo humano, ya que, repito, toda la reforma se refiere a que entren, según la iniciativa, dos miembros de la CNOP, según el dictamen uno solo, para que también tome parte de la Directiva; uno de la Comisión Nacional Campesina y otro del sector obrero, aunque todavía no se ha dicho siempre cuál será la central obrera preferida.

Mejorar, pues, decimos, ese organismo, es bueno; pero ¿de qué sirve mejorar el organismo, si el instrumento en si no es suficiente?; es decir, si hemos de hacer una reforma, hagámosla de una vez con mayor profundidad. Lo apuntó el licenciado Ramírez y Ramírez; pero deja la iniciativa al Poder Ejecutivo, cuando dice que él después hará esto. También nosotros tenemos la facultad de hacerlo. La propia Comisión que está presentando esta iniciativa, podría dejarla pendiente. Fórmese una Comisión especial que se avoque al estudio de este problema, del cual formarían parte los propios miembros que propusieron la reforma y representantes de todos los partidos, como también lo apuntó él, y entonces se presentaría, si no alcanza en este tiempo, en el próximo período de sesiones, probablemente un proyecto completo de ley que esté ya supliendo todas las deficiencias.

Consideramos, además, que la conclusión a que llegan, tanto la iniciativa como el dictamen, no concuerdan realmente con la altura de miras que se expone en los considerados.

En efecto, repito, se reduce a determinados individuos que entren a formar parte del Consejo, y hablo de la clase media organizada, en la CNOP.

Ahora bien, ¿a qué se atienen para catalogar esa clase media? ¿A la situación económica? Todos sabemos que hay obreros especializados cuyos ingresos son indudablemente mayores que los de muchos pequeños comerciantes, o empleados de los cuales algunos militarían en la CNOP y otros no. En esa agrupación hay cantidad de grupos muy disímiles, no solamente por su potencialidad económica, sino también por su cultura y relaciones sociales. Lo mismo pueden pertenecer a ella altos funcionarios del Gobierno o de la iniciativa privada, como un gerente del banco, como el conserje del mismo banco; lo mismo pueden pertenecer profesionistas, como simples comerciantes ambulantes, y entonces cabría preguntar: ¿Ante esa diversidad de grupos, quién es el que va a representar a los otros? ¿Qué interés podrían tener, según la tesis del dictamen, quien tenga no solamente su casa propia hasta con cierto lujo, como la tienen muchos que pueden estar en la CNOP, sino aquellos que no tienen ninguna?

Por otra parte, la opinión pública puede sentirse desorientada y pensar que en este asunto interfiere un poco el deseo de una capitalización política, porque ¿qué acaso la opinión pública no va a compaginar el hecho de que nosotros hagamos una reforma para que en el Consejo Directivo haya un miembro necesariamente de la CNOP; y las palabras que el licenciado Madrazo dijo en su discurso al tomar posesión de su cargo, y que necesitaban la conveniencia de resolver el problema de la vivienda a través precisamente de la CNOP, como uno de los medios para fortalecer, modificar y fortificar al Partido Revolucionario Institucional?

No sería realmente justo que la resolución de un problema que afecta a millones de mexicanos dejara precisamente ajustar a un lado, a aquellos que no estuvieron

ante esas agrupaciones. Era sencillamente discriminarlos; ya no se atiende a su carácter de mexicanos necesitados, sino exclusivamente a un fin.

Yo no digo, y es probable que la intención de los señores autores de la iniciativa no tengan esos alcances, pero ¿no podría suceder el día de mañana que aquello que hoy estamos creando para liberar, sirva precisamente para construir? Y, señores, la experiencia nos demuestra que sí pudiera ser, porque el licenciado Ramírez y Ramírez citó como ejemplo -y lo es-, no discuto, la grandeza de la obra de la Unidad Nonoalco, pero el 26 de junio pasado, el señor Roberto López Reyes, administrador de esa Unidad, giró una circular a todos y cada uno de los individuos que han recibido ese beneficio, indicándoles que debían votar por los candidatos del PRI. Y cuando seguramente vio cuál era la situación, lanzó otra el 3 de julio, donde dice, que emitan su voto por el candidato de su simpatía.

Luego ésta modifica a la anterior, pero la anterior existió.

En la Ciudad de Celaya se acaba de hacer un mercado público nuevo y, sin embargo, el diputado suplente del PRI, que es también allí director de la CNOP, está haciendo presión y gestiones para que todos los locales se den exclusivamente a comerciantes en pequeño que estén afiliados a la CNOP. ¿Ven ustedes por qué digo que realmente no es ésta una solución del problema?

Se ha repetido, señores, que la actual Legislatura tiene conciencia no sólo de que el pueblo de México espera mucho de ella, sino que también tenemos el firme propósito, sincero y decidido, de cumplir, de la mejor manera posible, el mandato que nuestros electores nos dieron, y por eso debemos vigilar que las leyes que de aquí emanan sean realmentete ordenamientos de la razón, que vienen de la razón completa y de los anhelos de libertad, de justicia social y de bienestar a que con tanto orgullo y razón aspira el pueblo mexicano. Por eso, repito, señores autores de la iniciativa: sinceramente sin apasionamiento, sin personalismos, ¿no es preferible suspender la decisión y hacer un estudio más a fondo para que de veras se conjuguen todas esas fuerzas de que ha hablado el señor diputado Ramírez y Ramírez, y se llegue a una solución del problema?

Resumiendo, señores diputados: Acción Nacional comprende la importancia del problema de la vivienda; comprende el derecho que asiste a todo mexicano de ver resuelto su problema en esa materia.

Condenamos, repito, todo aquello que sea una oposición, sobre todo si es nacida del egoísmo y del lucro, contra las resoluciones de este problema; pero no queremos que con motivo de esa buena voluntad de resolverlo se vaya a caer en otro error que consiste en que aquella dignidad humana de que nos habló Ramírez y Ramírez, tiene ante todo, en sus características, el derecho de pensar, obrar y determinar libremente en cualquier orden, incluso en política; y, por lo tanto, que no tengan la necesidad de caminar en determinado sentido o de pertenecer a determinada agrupación para que puedan verse resueltos los problemas que tienen derecho a solución. Muchas gracias.

El C. Presidente: Tiene la palabra el C. Ortiz Mendoza.

El C. Ortiz Mendoza, Francisco: Señores diputados: la política es un problema de fuerza, no es un problema de deseos. Por ese motivo los partidos políticos representan a las clases sociales, que están en lucha en nuestro país, y por esa razón también, cuando abordamos la tribuna, lo hacemos no en lo individual, sino en representación de la clase a la cual pertenecemos y de la cual pretendemos ser vanguardia.

El diputado de Acción Nacional ha dicho hace un momento que es necesario obligar a la iniciativa privada para que contribuya a la solución del problema de la vivienda, y muy bien dicho, pero no ha dicho cómo el Partido Popular Socialista, desde que se inició la campaña electoral, es más, desde que nació a la lucha política en nuestro país, estableció con precisión cuál era la solución del problema de la vivienda. Por esa razón, en breve tiempo presentaremos las iniciativas de ley correspondientes para alcanzar los objetivos fundamentales: limitar la propiedad urbana. Mientras se siga especulando de una manera despiadada con el terreno donde no se invirtió trabajo y se obtiene un enriquecimiento que puede llamarse ilícito, el problema de la vivienda no se resolverá. Además, la otra iniciativa tiende precisamente a lo que se pretende ahora, de revisar a fondo las leyes que abordan este problema; pero estamos a favor del dictamen porque cualquier paso que se dé, por pequeño que sea, en el sentido de proteger a las clases populares mexicanas y darles tribuna y forma para que interpreten los deseos de la clase a que pertenecen, nosotros lo apoyamos.

El Instituto Nacional de la Vivienda no funciona; no funciona, ¿por qué? Porque está ahogado para su funcionamiento. ¿Va a disciplinarse el Instituto Mexicano del Seguro Social, que gasta más de 1,500 millones de pesos en la vivienda? ¿Va a disciplinarse Petróleos Mexicanos que gasta 750 millones de pesos en el sexenio? ¿Van a disciplinarse el Instituto Nacional de la Vivienda y el Instituto de Seguridad de los Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, que gastan millones en el sexenio? ¿Qué fuerza política tiene el Instituto Nacional de la Vivienda? Hace algunos años se le frenaron ingresos al Instituto de la Vivienda por parte de la Secretaría de Hacienda. ¿Para qué? Para dedicar los ingresos que se tenían a la Unidad Nonoalco. ¿Cómo pudo oponerse el Instituto Nacional de la Vivienda, si los miembros del consejo que integran ese Instituto están integrados con las mismas personas que están construyendo los centros de Nonoalco y demás que se construyen?

A pesar de la ley, el Instituto no podrá funcionar. Que yo sepa, nadie acepta la aprobación de los planes de desarrollo de la Vivienda Popular que hacen otros organismos que tienen más potencialidad económica; pero ya que se abordó el problema en lo general, nosotros no podemos permanecer al margen de este debate. La vivienda es un espacio limitado en el cual vive un grupo humano que tenga relaciones familiares o no, para realizar una serie de actitudes comunes, desde dormir hasta trabajar. Este grupo humano tiene necesidades y la vivienda debe satisfacer esas necesidades. Cuando existe discrepancia entre las necesidades de ese grupo humano, por breve que sea, y las posibilidades reales de la vivienda para satisfacerlas, es cuando nace el problema de la vivienda. Esta discrepancia puede ser discrepancia de deficiencia o puede ser una discrecer deficiente o la vivienda puede ser inadecuada. pancia de inadaptabilidad; es decir, la vivienda puede

Cuando no se presenta esta discrepancia no hay problema de vivienda; pero el problema de la vivienda es grave; existe una enorme discrepancia entre los requerimientos de los grupos humanos que las habitan y las posibilidades reales de las habitaciones para que éstas las satisfagan.

Se ha dicho que lo fundamental es construir casas.

El censo de 1960 establece que no faltan habitaciones. No faltan habitaciones, son las necesidades de la población mexicana en el año de 1960, . . . 6.582,000 habitaciones, y las tiene México; por lo menos eso establece el censo.

Entonces ¿en dónde está el problema real de la vivienda? ¿En las discrepancias entre los requerimientos y los satisfactores? Ahí está. El problema de la vivienda, en consecuencia, tiene dos aspectos esenciales. Primero, el problema de espacio, y segundo, el problema de servicios.

El problema de espacio radica precisamente en la promiscuidad en que viven millones y millones de mexicanos. Por eso es necesario construir, porque hay promiscuidad, no porque falte techo, sino porque hay promiscuidad. Nada menos que como se ha dicho aquí, el 80% de los mexicanos habitan aproximadamente cinco personas por cada habitación, o sea que de cada diez mexicanos ocho viven en situación indecorosa, no está adaptada la vivienda para sus requerimientos personales. Por eso urge que este problema se resuelva.

El problema de la vivienda no es nuevo, ni es únicamente de México; desde que la humanidad existe el problema de la vivienda se presenta, en cada momento a su nivel, pero en cada etapa hay problema de la vivienda. ¿Por qué? Porque es una de las tres necesidades primarias del hombre: el vestido, la alimentación y la vivienda. Esas tres necesidades fundamentales no han sido, en la historia, a lo largo de la historia, no han sido satisfechas, porque además, en nuestra época, se convierte en un problema de clase; la clase social que carece de la vivienda más elemental es la clase trabajadora, las clases sociales que viven de su propio esfuerzo y que son explotadas.

Este problema de la vivienda se presenta agudo a partir del siglo pasado, cuando los países inician de una manera extraordinaria su desarrollo industrial. De todos es sabido que del campo vienen legiones de hombres a trabajar en la ciudad; pero no se construyen casas para recibirlos; a lo largo de las vías de ferrocarril, en las orillas de las ciudades, en verdaderos jacales y tugurios, ahí va a vivir en todas las ciudades del mundo la clase trabajadora. Por eso esto es un problema de clase, no es una cosa de deseos ni de voluntades; por eso sólo la clase trabajadora organizada, los trabajadores del campo y de la ciudad, los trabajadores de la clase media organizados podrán contribuir a la solución del problema en la medida en que tengan fuerza para hacerlo.

En la ciudad de México este problema se presentó agudo también; no podía ser menos, estamos en pleno desarrollo industrial, véase, si no, un mapa de la ciudad de México, despliéguese en todas las zonas insalubres de México; ahí están construidas las casas de los obreros de México; en las zonas saludables las casas de los que los explotan; todas las regiones de la ciudad de México arboladas con servicios, pavimentos, luz y agua, ocupadas por gentes de muy elevados ingresos, por supuesto. Todas las regiones insalubres sin servicios, ocupadas por los trabajadores.

Se da el caso pavoroso y verdaderamente que causa asombro, de que en las Lomas de Chapultepec, dirigiéndose hacia el poniente, hay todo un fraccionamiento con pavimento de primera, con luz, con agua potable en cada predio, con drenaje, pero no hay casas; todos los servicios, pero no hay casas.

En este otro lado, en la región del Vaso de Texcoco, millones de gentes viviendo sin ninguna clase de servicios; ¿por qué ha sido así? Precisamente por las relaciones de fuerzas, porque los trabajadores no han tenido todavía la posibilidad de exigir que los servicios vayan a dar precisamente donde vive la gente y no donde no vive.

En la ciudad es donde el problema se presenta más agudo. Efectivamente, en México se ha hecho un gran esfuerzo por resolver el problema de la vivienda.

Se han invertido millones de pesos, miles de millones de pesos; la iniciativa privada, la famosa iniciativa privada construye únicamente para explotar al inquilino nada más, y las pruebas están a la vista: en el decenio de 1950 a 1960 se construyeron 1.100,000 habitaciones.

La mitad de lo que el país necesita, por cierto. De ese 1.100,000, 100,000 casas fueron para personas que iban a vivir en ellas, es decir, para sus propios constructores, para los propietarios; y 1.000,000 de casas fueron para rentar, o sea que el porciento de propietarios en la ciudad de México se elevó en 10 años, en 2.3% con respecto al anterior decenio y el número de casas para rentas se elevó en un 72%. Entonces la construcción normalmente no está siendo para ese sueño que todos tenemos de que cada persona tenga su habitación, está siendo para rentar casas.

En el Distrito Federal el problema de la vivienda, tomado como se definió al principio, como una discrepancia entre las necesidades del grupo humano y las posibilidades reales de satisfacerlo, es realmente grave.

El 20% de las casas en la ciudad de México no tiene servicio de agua potable en el predio; el 40% de las casas-habitación en México no tienen baño en su propia habitación, tienen que salir a un lugar común para este tipo de servicios. El 50% de las habitaciones de la ciudad de México no tiene drenaje; ese es el problema de la habitación, pero todos lo conocemos y todos lo sentimos. Millones de mexicanos están sufriendo, como pintaron ahora el cuadro de angustia, de promiscuidad, que conduce a ese falso problema de rebeldes sin causa, creados por nosotros mismos y por la condición en que el país vive y el mundo en lo general. El problema de la vivienda sí puede resolverse, con la condición de que ese problema se comprenda a fondo y, además, de que se apliquen las medidas reales para que este problema se resuelva.

Primera medida, que entren representantes de la clase obrera, campesina y popular al organismo que debe dirigir la construcción de la vivienda en México. Si son de la CNOP o CNC no importa. A nosotros, el Partido Popular Socialista, no nos preocupa de que un individuo vaya ahí y a pretexto de darle un puesto o no dárselo a una persona, eso no le va

a cambiar la conciencia de clase de esa persona. Muchos miembros del Partido Popular Socialista aceptan el puesto, sea lo que sea; pero no cambian su sentido de clase y su conciencia, y luchan por ello. No tenemos ningún temor que la CNC la CNOP y los organismos que quieran; lo que nos importa es que estén las clases populares en ese organismo para que denuncien todo lo negativo que ahí haya, lo que les pedimos, y sólo estando adentro se los podemos exigir, que sepan representar a la clase a la que están sirviendo.

El Instituto Nacional de la Vivienda debe ser el organismo coordinador de la construcción de la vivienda en México y de su solución. Ahí están en doce puntos, en su ley, todos los objetivos que debe alcanzar.

En consecuencia, la primera tarea que deben tener estos representantes es exigir que esa coordinación realmente exista y no que el Instituto del Seguro Social construya, de acuerdo con su propio criterio y no que Petróleos Mexicanos lo haga también, y el Distrito Federal lo hace simplemente para resolver el problema de tipo local.

Este Instituto debe cumplir precisamente con el análisis de la realidad mexicana en el problema de la vivienda, hacer un planteamiento completo con la opinión de todos los que participan; hacer un programa de construcciones, un programa de readaptación de la vivienda para que los hijos puedan vivir en ella. Que jerarquicen las tareas, y que nadie interfiera la actividad de esta Institución, por poderoso que sea económicamente. Debe fortalecerse de una manera política al Instituto Nacional de la Vivienda y no que se le considere como un organismo lateral; un simple aparato para pretender justificar que se esta resolviendo el problema de la vivienda. En el sexenio pasado se dio el impulso mayor a la solución de este problema pero no suficiente como lo dijo el propio informe.

Pero eso no es todo; apenas es una parte de la solución. Debe iniciarse ya la liquidación definitiva de los atracadores de la construcción que constituyen, podríamos decir, un verdadero raquet. Los mismos que hacen los proyectos, los presentan a las Secretarías de Estado y en complicidad incluso con agentes menores o mayores de las instituciones oficiales, que traicionan de esa manera a la política de los Jefes del Ejecutivo, forman compañías constructoras con nombres ficticios donde ellos están atrás y construyen. Es decir, el mismo que proyecta, el mismo que da la iniciativa, ese mismo construye, y todos se enriquecen a costa de la construcción de la vivienda popular, desde el ingeniero residente hasta los proyectistas de alto nombre. Todos ellos sacan comisión. Diez por ciento por el proyecto, veinte por ciento por la aprobación, quince por ciento por los materiales, diez por ciento por aprobar tantos camiones que no estarán

- Una voz: ¡Nombres!

El C. Ortiz Mendoza, Francisco: A mí no me interesan las personas que haya. Me interesa el sistema. A usted le interesan los nombres porque tal vez entre ellos estén algunos de sus amigos.

El Partido Popular luchará de una manera plena, y pide a la Cámara de Diputados que destruya ese verdadero raquet. Por ese motivo, salen caras las casas populares; por ese motivo están gastándose millones de pesos y el rendimiento es bajo. Soluciones para eso las tenemos y las proponemos. Quieren que la iniciativa privada invierta, nacionalizar el crédito con obligación de reinvertir en la vivienda y de esa manera el dinero irá precisamente adonde se requiere. Ya vendrá nuestra iniciativa para nacionalizar el crédito. Soluciones: que el gobierno de México meta mano al problema de la fabricación del cemento. Todos millonarios aquí, pero eso sí planteando el problema, de: ¡Qué tristeza nos da la vivienda! Pero millonarios al extremo.

El problema de la construcción en México -y vean ustedes en los informes- es de millones y millones de pesos. El cemento debe ser controlado por el Estado de la misma manera que controla el fierro, porque es la base de la construcción y es la base fundamental. Deben crearse técnicas concretas, modernas, para poder construir, y no como sucedió en Nonoalco que construyeron cinco o seis compañías constructoras, cada quien con su propia técnica y propios métodos. Debe haber técnicas que el propio Instituto Nacional de la Vivienda desarrolle de una manera adecuada. El Estado debe crear su empresa de construcción de viviendas populares. Y no debe construir para rentas mayores de $ 500.00 por ejemplo. El que paga más de $ 500.00 de renta es un sujeto de crédito que puede pedir a un Banco. El Gobierno de México debe intervenir fundamentalmente para casas verdaderamente populares. Rentas de $800.00 en esos multifamiliares es un absurdo porque, la gente que paga $ 800.00, de menos debe ganar $ 3,400.00 pesos, y quien gana esto puede perfectamente ir a pedir un crédito para construir su casa.

Los recursos del Estado deben ir única y exclusivamente a las clases verdaderamente populares. Sólo con una serie de medidas enérgicas, y en eso sí estoy de acuerdo, en que debe revisarse esta ley a fondo, sólo con esas medidas podremos resolver el problema de la vivienda, pero, por lo pronto, bienvenida esta iniciativa. Que vayan los representantes populares y que funcione el Instituto Nacional de la Vivienda.

El C. Presidente: Tiene la palabra el señor diputado Silva Flores.

El C. Silva Flores, Jacinto Guadalupe: Señor Presidente, señoras y señores diputados: es natural que tengan que dar aval determinadas personas contradiciéndose en tesis a la formación de la clase media popular para poder pagar el estar usufructuando un regalo en esta Cámara.

Cuando hablaba el diputado Ramírez y Ramírez, y dramáticamente exponía ante nosotros las condiciones habitacionales de su distrito, por mi memoria pasaban 18 años de habitación en compañía de mi familia en esas vecindades, diputado Ramírez y Ramírez. Que el drama que el problema de la carencia de habitación en México afecta fundamentalmente al pueblo humilde de nuestra Patria, ¿y quién lo duda? ¿Qué problema nacional no se ubica desgarradoramente precisamente en ese pueblo humilde de México? ¿Cuál de los problemas nacionales no se da precisamente entre la gente que no tiene medios para satisfacer las necesidades que la vida le exige?

Hablan en el dictamen de que la perspectiva de la actual composición del Consejo del Instituto de la Vivienda es unilateral, y es cierto, es unilateral.

Pero viene la reforma precisamente a combatir la unilateralidad actual de la Ley con algo que yo no entiendo por qué. ¿Por qué pretenden que no sea unilateral? Se ha dicho que quizás tenga consecuencias graves para la consecución de las viviendas el que estén ahí representados organismos pertenecientes a un organismo político. Yo vengo a afirmarlo categóricamente

. Es que yo sé que ustedes tienen convicciones políticas como las tengo yo. Es que yo sé que en el momento de la distribución de esas viviendas de ninguna manera un individuo con convicción política puede prescindir de esas convicciones para otorgar la vivienda sin el perjuicio de la convicción política. Sería más unilateral la reforma que la ley actual. ¿A ese pueblo humilde, diputado Enrique Ramírez y Ramírez, a ese drama el pueblo de México, a esas familias, a esa señora que usted relataba con nueve hijos en un desván se le va a obligar a pasar por la horca caudina, para dejar en el dintel del hogar sus convicciones políticas para poderle dar la habitación? Yo sé que un militante de un partido político necesariamente es apasionado; difícilmente prescindirá de su condición política.

Ese hogar del que se ha hablado aquí, la familia que debemos tratar de construir, sí, para que tengan asiento los valores morales ahí, para que se desenvuelvan, para que se enriquezcan los hijos en cultura, en moral, en espíritu, ¿será así como se resolverá?

¿Serán ustedes, señores diputados de la mayoría, representados por la CNOP y por los obreros y por la Confederación Nacional Campesina en el Instituto, serán ustedes capaces de prescindir de sus convicciones políticas para no hacer pasar a esa familia por la horca caudina de la claudicación de principios?

Señores diputados: yo lo pongo seriamente en duda, y afirmo que si ustedes tienen convicción política, serán ciertamente políticos del Partido Revolucionario Institucional, manejando el Instituto Nacional de la Vivienda, y ése es, a mi manera de ver, el grave riesgo que tiene esta reforma.

Yo quisiera, señores diputados, que ustedes pensaran en que estamos en este momento tratando de ver, dilucidar y desbaratar y acabar con esa deuda que la sociedad de México tiene con el pueblo humilde de nuestra Patria. En este renglón y en otros muchos, pero en esta ocasión en lo de la habitación popular. Evidentemente, la sociedad, la comunidad, el Estado, con su gobierno, el rector de la propia comunidad, no han sido capaces de dar al pueblo, al pueblo humilde, lo que ese pueblo necesita. Es cierto, y lo conocemos ampliamente y sin reservas, ya en el sexenio que acaba de terminar se ha hecho un serio esfuerzo de construcción de habitaciones populares; pero ¿cómo no insistir en la necesidad de que por México, por ese pueblo, diputado Ramírez y Ramírez, por ese pueblo de los tugurios de Tepito y de Peralvillo; por el pueblo de la Gabriel Ramos Millán, por los Pedregales, diputado Martínez Corbalá, de Santa Ursula y del Ajusco, por San Miguel Amantla, por San Martín Xochinac, por todas las colonias aherrojadas en la miseria y en la mugre de nuestro Distrito Federal? Debiéramos convocar, pero con miras nacionales, sintiendo el problema como nuestro, porque es nuestro, es de la comunidad toda; no es de la CNOP; no es de la CTM; no es de la CROC; no es de la Confederación Nacional Campesina: es de todo México, este pueblo que aplasta lo mejor de los mexicanos.

Convoquen ustedes, señores diputados de la mayoría; no nos interesa la capitalización del dolor humano; no nos interesa la capitalización de la mugre y de la desesperanza, donde se abate el pueblo de México; convóquenlo ustedes, pero a todo el pueblo; hagan sentir a la Nación que quieren ustedes transformar eso, que la opinión pública, eso que es voz pública en toda la nación mexicana, de que el Estado y el PRI son la misma cosa, y ustedes vienen a remachar el clavo y vienen a darle la razón a esa voz del pueblo de México: el partido oficial le llaman, precisamente porque ha habido la firme intención siempre de estar utilizando el poder para promoción y afiliación política.

(Una voz: Para bien de México.)

Probablemente, pero destrozando el sistema institucional de nuestra Patria.

Más todavía, en esta capitalización se quiere ahora utilizar a esta Cámara de Diputados por un hecho numérico: porque ustedes, señores diputados del Partido Revolucionario Institucional, encabezados por el diputado Martínez Domínguez, quieren ciertamente, tienen esa tremenda responsabilidad histórica. Se va a utilizar a la Cámara de Diputados como instrumento de promoción y de afiliación política, utilizando y capitalizando el dolor de las clases menesterosas, el dolor del pueblo de México.

¡Qué diferencia! Y no lo leyó el diputado Ramírez y Ramírez, de la tesis sustentada por el licenciado Díaz Ordaz, abierta, abierta a la convocatoria nacional a todos. Pero ustedes quieren empequeñecer esa grande idea del licenciado Díaz Ordaz; quieren ubicarla y centrarla en el partido político; quieren hacerla fruto de capitalización y de promoción, para aumentar esos ocho millones seiscientos mil miembros que hace unos días se acaba de decir que tenía. Yo no entiendo, y esto es como para los lógicos, cómo no sacaron ni esos votos en la campaña electoral pasada.

Lo importante para mí, es que se resuelva el problema de la vivienda popular; que las familias y los mexicanos tengan dónde cubrirse del agua, de los extremos del tiempo. Ojalá, porque ustedes lo van a resolver. Sabemos ya cuál es el sentido de su voto; lo entendemos, pero porque ustedes lo van a resolver. Ojalá, señores diputados de la mayoría, logren ustedes prescindir de su convicción política a la hora de distribuir las habitaciones al pueblo humilde de México. Y ojalá encuentren ustedes manera de conectar la amplísima mira del licenciado Díaz Ordaz en este y otros aspectos, con esta mira tan pequeña, tan empequeñecida de la política nacional.

Iba yo a decir -y lo voy a decir, porque creo en el Dios quiera, porque en El creo, que ustedes voten en esta ocasión por México, pensando en México, no en el Partido Oficial, no en el Partido del Gobierno, en México.

Y con esto termino, pidiéndole a la oposición democrática de esta Cámara, a los diputados de mi Partido, que voten contra la utilización de esta misma Cámara como instrumento de afiliación y promoción política; que voten contra la mezcla ya histórica, ya vieja del partido y gobierno; que voten por el pueblo

humilde de México, rechazando esta iniciativa. Y a ustedes, señores diputados del Partido Revolucionario Institucional, si pueden y si quieren, les pido que voten por el pueblo de México.

El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado Lezama Gil, Raúl.

El C. Lezama Gil, Raúl: Señor Presidente; señoras y señores diputados: es una obligación ineludible de los diputados del Partido Revolucionario Institucional, que constituimos la mayoría de esta Representación Nacional y que, en consecuencia, somos portavoz de la mayoría del pueblo mexicano, revisar con sentido crítico los aspectos negativos o positivos de las leyes que han elaborado a la fecha.

Estas leyes, evidentemente, no siempre son perfectas; por ello, porque no son perfectas, porque no son estáticas, porque son dinámicas, debemos estarlas ajustando constantemente a la realidad mexicana en el proceso de su desarrollo.

En este caso concreto estamos haciendo no un estudio de la vivienda popular que posteriormente aquí se va a analizar, sino estamos dando el primer paso para subsanar una situación que puede resumirse en los siguientes términos y en la constancia a la siguiente pregunta: ¿El Consejo del Instituto Nacional de la Vivienda debe continuar sin que en su seno esté la voz representativa de las clases populares, de las clases populares del pueblo, sí, no exclusivamente de la temática o de los priístas del pueblo, que representan en su organización mayoritaria estas confederaciones?

He visto con interés cómo todo mundo ha acordado y está perfectamente de acuerdo con que el problema de la vivienda es una de las necesidades más serias que se deben de adecuar en nuestro país.

Sabemos que en la habitación popular, en su vivienda, el hombre crea su hogar; allí crecen sus hijos y de las condiciones no solamente para hacerlas agradables, sino de las condiciones mínimas de bienestar, de higiene, dependerá el desarrollo de la familia que en ella vive, y que de este desarrollo sea armónico, dependerá que se proyecte en su vida futura para servir a la comunidad y a la sociedad en que viven.

Todos conocemos, porque los diputados que hemos estado en contacto con el pueblo de nuestros distritos, conocemos las condiciones desastrosas de la influencia negativa que tienen la promiscuidad y el hacinamiento en esos tugurios, que desgraciadamente todavía abundan a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Esto ya lo dijeron varios de los diputados que me antecedieron en el uso de la palabra; no es un problema exclusivo de nuestra nación, es un problema que trae aparejado el crecimiento demográfico, violento, explosivo en nuestro país, de 3.1%, es uno de los más grandes del mundo.

Tenemos también, claro, el éxodo de los campesinos hacia los centros urbanos, para buscar ahí fuentes de trabajo; el bajo ingreso que todavía la mayoría de nuestros trabajadores obtienen es otro de los factores principalísimos para que este problema se haya agudizado rápidamente y sea de una inaplazable y urgente resolución que debe aplicarse siempre en movimiento, sobre la marcha, reconociendo esto, los regímenes revolucionarios y de modo muy especial el que presidió en el sexenio pasado el señor licenciado Adolfo López Mateos, intensificó sus esfuerzos y bien lo aceptó el señor compañero de Acción Nacional-, intensificó sus esfuerzos para resolver el problema de la vivienda a un mayor número de compatriotas mexicanos; lo hizo y esto es todavía más meritorio en las condiciones de accesibilidad económica y humana.

Es ilustrativo leer solamente unas cuantas cifras que indican que del lapso de 1925 a 1964, se han construido por el Sector Público alrededor de un millón ciento cuarenta y seis mil ochocientas dieciocho viviendas populares, con un valor de muchos miles de millones de pesos.

Pues bien, en el período de 1958 a 1964, durante al mandato presidencial del licenciado López Mateos, se construyeron por los organismos del sector oficial y del sector público, auxiliados naturalmente por la participación de la iniciativa privada que sana y patrióticamente se interesa en la construcción de viviendas populares, se construyeron 57 mil 866 viviendas o sea el 50.5% del total de las viviendas construidas por el sector público en el lapso de 1925 a 1964.

Esto quiere decir que en cuantiosa parte se ha realizado en favor de los núcleos campesinos y obreros la forma de procurarles el bienestar de una habitación mejor.

Se han elaborado vastos programas de desarrollo de la vivienda popular; lo llevan a cabo instituciones muy diversas que ya han sido mencionadas aquí: el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Servicios de Seguridad Social de los Trabajadores al Servicio del Estado, Petróleos Mexicanos, el Instituto Nacional de la Vivienda, etc. etc. Todos estos organismos -es fácil comprenderlo- tiene el interés común de resolver el problema de la vivienda en México; pero lo resuelven exclusivamente para sus agremiados, para sus asociados, para sus beneficiarios que invierten en ella gruesas sumas de dinero; se construye una gran cantidad de viviendas, y han resuelto de modo general este problema; pero ¿y el resto de la población y los millones de campesinos, de trabajadores y de integrantes de la clase media popular, en su estrato bajo que es tan heterogénea pero que son tan numerosos, quién los va a atender?

Ya se apuntaba aquí, y se hacía con verdadero acierto, que bienvenida esta participación para que todos estos organismos descentralizados y del sector privado ayuden a resolver el problema de la vivienda; pero de cualquier manera es necesario -y ya lo apuntaba el diputado Ramírez y Ramírez-, que haya un solo organismo que a nivel nacional planifique, asesore, coordine y evite dispendios, duplicidad, dispersión de esfuerzos para que este problema se vea con un sentido humano, y no con sentido utilitario como puede ser vender los productos, los materiales de construcción, como puede ser el deseo muy bueno por cierto, de hacer grandes obras, de hacer técnicamente portentos para acrecentar el prestigio y el poder personal.

Debemos de quitar la bandera -y eso quiere hacer el pueblo si quiere un asiento en el Consejo del Instituto Nacional de la Vivienda- debemos de quitar la idea de que exclusivamente hacer habitación popular es hacer demagogia; que hacer habitación popular sirve para controlar, sirve para adquirir más poder; debemos de quitar la idea y

desgraciadamente, tristemente, debemos evitar la triste realidad en ocasiones de que la vivienda popular sea fuente de explotación, o sea fuente de botín, debe dejarse lugar a la finalidad primordial que debe atacarse desde ahorita porque va creciendo rápidamente; nuestra población crece y el índice de construcción baja; dentro de algunos años hablaremos de confrontar aún más negativamente, este aspecto de la habitación popular. Por la extraordinaria importancia de este interés social, debemos todos, absolutamente todos, el sector oficial, de diputados de esta representación, el pueblo en un asiento en el Consejo Nacional de la Vivienda, la iniciativa privada en fin, todos debemos de tratar de resolver este problema con un sentido humano, con un sentido social, porque es el pueblo quien, en último análisis, paga y recibe las obras destinadas a lograr su bienestar.

Entonces el pueblo justamente debe, a través de sus representaciones específicas, estar presente y vigilar y participar activamente en todo programa de vivienda popular. Debe de tomarse en cuenta las características especiales de la idiosincrasia que tenemos como mexicanos; sabemos que de un extremo a otro del país las condiciones climatológicas varían casi totalmente; sabemos que en muchos lugares los materiales de construcción de esos lugares de origen pueden utilizarse y abaratar el costo de la vivienda popular.

El mexicano quiere una vivienda amable, no un cajón con ventanas. Debemos procurar todos los que tenemos interés en este aspecto, de procurárselo. Nosotros creemos que los más interesados en la realización de las metas que tiendan a desarrollar los programas de vivienda popular son las familias que habrán de habitarlas. Por ello es justo y es necesario que ellas participen y activamente, no solamente en la planeación dentro del Consejo, sino aun en su ejecución dentro de la construcción.

Hace algunas semanas fuimos al Estado de Chihuahua, invitados por los diputados de esa entidad federativa y nos tocó observar cómo grupos de campesinos sobre cimientos que previamente habían puesto, hacían competencia con el tiempo para levantar estructuras, metálicas, y esto lo hacían con un gran entusiasmo, para levantar estructuras metálicas y así ampliar su escuela. Nos comentaban, y pudimos platicar con los mismos compañeros, que eso mismo hacían para levantar la vivienda popular, se juntaban grupos de campesinos a trabajar, a aportar cada uno de ellos su conocimiento y a lograr para la comunidad una mayor comodidad, una mayor higiene en la vivienda popular.

¡Cómo no va el pueblo a apreciar la liberación de esta injusta y tradicional servidumbre; cómo no va el pueblo a apreciar si antes, como ya lo hemos visto, vivía en 1960 el 50% de la población en un tugurio de un cuarto redondo; si el 24.4% de él vivía en solamente dos cuartos! ¿Qué quiere decir? que el 80%, como lo apuntaba perfectamente un diputado del PPS, el 80% de los mexicanos, 8 de cada 10 vivían en malas condiciones, y 5 de cada 10 vivían en condiciones infrahumanas. Resulta obvio que en la integración del Consejo Nacional de la Vivienda se diga que se necesita la participación de los miembros de las entidades gubernamentales, de los organismos descentralizados, del sector privado interesado en la construcción, porque todos estos miembros tienen una cosa esencial en común, substancial; es el interés del gobierno, resolver, ya lo decía, el problema de la vivienda. Por resolver a miles de mexicanos y darles una mejor forma de vivir; los organismos descentralizados por procurar a los centenares de miles de trabajadores que en ellos laboran, una mejor forma también de vida con una mejor habitación popular.

Entonces yo deseo preguntar a esta representación, ¿no comparte profundamente este interés la gran masa de trabajadores, de campesinos, de integrantes de la clase media popular; que es tan heterogéneo y numeroso? ¿No comparte profundamente este interés en su propio beneficio quien va a habitar estas viviendas; no comparte este interés y no es saludable su vigilancia, su participación activa en estos programas las personas que ahí van a pasar el resto de sus vidas y que además son los que van a pagar por las obras y van a pagar también por los errores y las deficiencias que se cometan?

Ellos deben hacerse oir y tener un lugar en ese Consejo para vigilar y hacer oir sus necesidades. Debe también el pueblo a través de esas personas representativas,, hacerse oir y exigir a quienes estén ahí, que efectivamente los programas de habitación popular llenen la finalidad para la que han sido destinados.

Nosotros creemos, y lo creemos sinceramente, que para que esta representación sea justa, deben tener opinión reconocida en términos de ley, deben ocupar, para formar parte de ese Consejo del Instituto, Nacional de la Vivienda, aquellas organizaciones mayoritarias que representen específicamente a sus beneficiados.

Si la Confederación Nacional Campesina por el sector del campesino; si, la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, representando a la clase media popular baja; si los elementos que el sector obrero crea que son los representativos de aquellas organizaciones mayoritarias de ellos, ¿por qué?, porque ellos están agrupando a miles y millones de campesinos que trabajan en el campo; a miles y millones de mexicanos que trabajan como artesanos, que son pequeños propietarios, que son pequeños industriales que están agrupados en cooperativas de pescadores, de consumo, que son profesionistas y que todos tienen derecho a hacer oir su voz, pero a través de organizaciones mayoritarias, y por mayoritarias más representativas de la opinión genuina del país.

No hay otras organizaciones constituidas así; no hay otras organizaciones debidamente agrupadas y con esa fuerza que dan los militantes que formamos y que militamos dentro de una central. No conocemos nosotros que el Partido Popular Socialista pueda presentarnos una organización así, o que tampoco pueda hacerla el Partido Acción Nacional o el Auténtico de la Revolución.

Fundado en eso, nosotros creemos que por mayoritaria una organización presenta un mayor número de ciudadanos y pensamos también, y esto lo hacemos como compromiso, creo yo para cuando ello suceda, pensamos que cuando los partidos de oposición tengan esta representación mayoritaria organizada, indudablemente tendrá derecho a participar y a hacer oir su voz en el Consejo Nacional de la

Vivienda, porque nosotros perseguimos esto no exclusivamente para beneficio de priístas o de cenopistas, aspiramos que todos aquellos que formen parte de este consejo vayan ahí con las intenciones nobles de servir no al PRI ni a la CNOP, sino al pueblo de México, a vigilar no para que el PRI tenga un cuarto más o una vivienda más, o para que se le de a aquel de la CNOP o a aquel de la CNC, sino para que se mejoren las condiciones de vivienda, para que se coordinen mejor los trabajos, para que se supervisen y asesoren las tareas y para que además que todo el pueblo se vea beneficiado en esta necesidad nacional, que es una de las que es más necesaria corregir hoy por hoy.

Creemos nosotros, y con esto voy a concluir, que no puede seguir funcionando el Instituto Nacional de la Vivienda sin que en su seno se escuche la voz del pueblo para vigilar el desarrollo de los programas de la vivienda y para impulsar en su beneficio la solución que a este problema se le dé en el futuro. No es la solución última, ya discutiremos aquí las iniciativas que deben de aprobarse para mejorar el Instituto Nacional de la Vivienda y su ley, pero es el paso obligado para ir iniciando, para ir llevando por el camino debido el desarrollo sobre este problema que padece el pueblo de México y que merece la atención de todos nosotros, los diputados de esta representación nacional.

Pido pues, a los compañeros, que voten afirmativamente y favorablemente al dictamen que aquí se presentó. Muchas gracias. (Aplausos.)

El C. Presidente: Tiene la palabra el C. diputado Rosillo.

El C. Rosillo Pacheco Antonio: Señor Presidente. Honorable Asamblea: voy a ser sumamente sobrio y breve en mi intervención porque ya son evidentes los síntomas de fatiga de esta Asamblea. Además, no quiero abusar de este camino de discusión a base de un sistema de olendorff que parece que no nos conduce a nada y práctico y voy a intentar hacer una proposición de carácter práctico, a ver si es posible que resolvamos esta situación.

Creo sinceramente que la iniciativa como tal en nada mejora la ley; creo que la opinión pública mexicana que se caracteriza por su sutileza por su viveza, para captar todas las cosas, no le escapará que todos estos maratones de oratoria recuerdan un poco el parto de los montes cuando parece ser que no lleva más propósito que incluir determinadas siglas en la enumeración de los organismos representados en el Instituto Nacional de la Vivienda. Si la fundamentación del dictamen estima que deben de estar representados los posibles beneficiarios de la labor del Instituto Nacional de la Vivienda, y con el propósito de que no haya ninguna sospecha que desvirtuara el carácter eminentemente nacional de esta Institución descentralizada que en todo caso es el Estado mismo, y hay que tener presente que el Estado nunca representa a un Partido sino a la nación toda, me permito sugerir a las Comisiones que en vez de usarlas siglas específicas de CNOP y de CNC, cuya trayectoria es eminentemente política más que social, y de política de partido de lucha por el poder, no política del gobierno en el sentido riguroso, sugerirles que se usen las expresiones que estén representados en ese Consejo Directivo del Instituto Nacional de la Vivienda, los sectores populares, campesino y obrero, a través de sus organizaciones más representativas dejando al Ejecutivo de la Nación que es el Jefe nato de este Instituto, como Jefe del Estado, la responsabilidad de elegir a las personas que deban de integrarlo. Es mi proposición concreta, señores diputados.

El C. Presidente: Tiene la palabra la Comisión.

El C. diputado Ramírez y Ramírez.

El C. Ramírez y Ramírez, Enrique: Señoras y señores diputados: trataré también de ser breve, sólo para insistir en el aspecto fundamental de las razones que llevaron a la Comisión a formular el dictamen que está a discusión.

En primer lugar agradezco mucho al señor diputado Chaurand, los términos de reconocimiento a mi exposición, y el que me haya atribuido el título de licenciado. Pero quiero rogar a todos mis amigos y a los señores diputados que no me pongan en el caso de aparecer violando una norma legal. Lo digo con toda sinceridad. No tengo el honor ni la virtud de ser abogado. La idea fundamental del dictamen la expresé creo que con toda claridad en mi primera exposición.

No consideramos, las Comisiones unidas, que la iniciativa que se discute abarque ni mucho menos en toda su magnitud, en su profundidad y en sus diversos aspectos, el grande y angustioso problema de la vivienda. Pero sí estamos, sí estimamos que esta es una proposición muy útil en el camino de fortalecer al Instituto Nacional de la Vivienda, cuya ley le concede las atribuciones plenas para dirigir y coordinar todas las actividades pendientes a resolver este problema.

Yo no dije, señor diputado Chaurand, que la ley no sea eficaz. Yo dije que el Instituto Nacional de la Vivienda no había podido ejercer todavía por razones que serían motivo de otra discusión todas las atribuciones que le concede la ley. La ley seguramente es imperfecta. La ley puede ser reformada, pero la ley en lo esencial y en sus partes es una ley útil, puesto que crea una Institución destinada a centralizar, a coordinar los trabajos encaminados a resolver el problema de la vivienda. Yo iba a decir en mi anterior exposición que considero que esta Cámara de Diputados en su próximo período debe avocarse al examen y a la resolución tal vez de reformas, de adiciones más importantes a la misma ley. Pero nada de esto niega la importancia y el valor inmediato que tiene toda medida en este caso de carácter legislativo que vaya a reforzar, a fortalecer, a acreditar la personalidad del Instituto Nacional de la Vivienda. Y la importancia consiste en esto: hasta ahora en el Consejo Director , en el Consejo de Gobierno, puede decirse, el Instituto Nacional de la Vivienda, han estado representados por ley las dependencias gubernativas, las empresas u organismos descentralizados y la iniciativa privada. Notoriamente se trata de una representación parcial unilateral.

La proposición que estamos discutiendo es en el sentido de que se incorporen al Consejo los representantes de los sectores populares, del obrero, del campesino y de la clase media pobre. Hemos dicho en varias ocasiones que esta Cámara tiene una misión muy señalada y que para el cumplimiento eficaz de su tarea debemos procurar todos, uno y otro

partido, y todos los diputados en general, discutir los problemas en un plano decoroso, respetuoso y honesto. Honesto intelectualmente hablando.

Lamento por eso que algunos de los señores diputados de la contra se hayan deslizado por el terreno de la ironía, y por el terreno de las consideraciones partidaristas. Se ha dicho que queremos capitalizar el dolor humano. Yo le rogaría al señor diputado Guadalupe Silva, reconviniera esa afirmación que seguramente le brotó en el calor que rodea a esta tribuna. Es una insinuación que rechazamos categóricamente los diputados miembros del Partido Revolucionario Institucional. Hemos hecho una campaña política en contacto directo con el pueblo, y hemos prometido al pueblo sólo una cosa; ser leales al pueblo que nos ha elegido. No concebimos nosotros al pueblo como un instrumento de ambiciones políticas, y creo que afirmaciones e insinuaciones del tipo de las que ha hecho el diputado Silva, deben eliminarse de estos debates. El ha hecho un esfuerzo para reducir a términos absurdos la cuestión.

Ustedes -ha dicho dirigiéndose a los diputados de la mayoría- tratan simplemente de constituir el Consejo del Instituto Nacional de la Vivienda, con miembros del Gobierno y de organizaciones que pertenecen al PRI, lo cual es una misma cosa. 'Gobierno y Partido son una misa cosa', ha dicho.

Unos minutos después, el señor diputado Rosillo dijo algo totalmente diferente: 'El Gobierno no es un partido y no lo puede ser'. Meditemos un momento a la luz de nuestra historia sobre esta afirmación.

Yo afirmo que un partido que quisiera gobernar de un modo sectario en interés exclusivo de sus propios miembros, y más aún de sus dirigentes; un partido que fuera un partido de camarilla; un partido tan ciego, tan torpe y tan falto de visión que no comprendiera que el Gobierno es el Gobierno de la nación, que tiene su origen, cuando es legítimo, en la voluntad de la mayoría del pueblo, o sea de la mayoría de la nación y que, en consecuencia, está obligado a gobernar para la nación en su conjunto; un partido tal que casi fuera absurdo e increíblemente miope, no podría gobernar a México más de seis años.

El partido Revolucionario Institucional, entre otras cosas, ha podido sentar un ejemplo mundial de estabilidad política, de continuidad de la línea fundamental de gobierno que lo inspira; porque es un gobierno que ha sabido de la realidad nacional, del desarrollo histórico y de la necesidad de gobernar para todos; de gobernar, fundamentalmente, en interés de la nación, y además, con un fino sentido de la renovación y de la rotación de los mandatarios.

Por eso es en consecuencia, gratuita la afirmación de que quiere constituir el Consejo sólo con miembros de gobierno, y aunque el diputado Guadalupe Silva no lo dijo en esos términos peyorativos, conservadores, dóciles del Gobierno.

Y es también una subestimación de lo que es nuestra historia, los términos un tanto despectivos en que se ha referido a las organizaciones que figuran en la proposición.

Señor diputado, señores diputados: las organizaciones que existen, que perduran, que tiene importancia en la vida nacional, que son responsables, que forjan una tradición, son obra del pueblo y son historia que no se puede borrar con unas cuantas palabras despectivas. Yo puedo no estar de acuerdo con toda la actividad de la CTM, y de sus dirigentes; pero le tengo un profundo respeto a la más grande y más combativa, en muchas ocasiones, de las organizaciones obreras de México. Yo puedo no estar de acuerdo con la CNT y con la CROC, pero son organizaciones formadas por nuestro pueblo. Su origen no es artificial; no fueron formadas al calor de una campaña política ni con fines políticos. Recordamos cuál es el origen de estas organizaciones, de la CTM que nació hace casi treinta años, sobre la base de la unificación de otras organizaciones que venían de hace mucho tiempo atrás, y la historia así se remonta hasta la mitad, por lo menos, del siglo pasado, cuando surgieron los primeros círculos, las primeras uniones de los trabajadores, y sus finalidades fundamentales son, de acuerdo con sus estatutos, la defensa de los intereses concretos, materiales, culturales, sociales y también políticos de los trabajadores a los que agrupan. Lo mismo puede decirse de la Confederación Nacional Campesina, que recoge en un haz mayoritario, a todos los núcleos de los campesinos que están defendiendo sus intereses y que quieren que se lleve adelante la Reforma Agraria. Y lo mismo puede decirse de las organizaciones que forman la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, que no son obra de un artificio político. La Federación de Sindicatos de Trabajadores del Estado, no es obra de un artificio político. Surgió también en los mismos días de eclosión de las energías populares, para defender los intereses de los trabajadores del Estado, y eso se puede decir de todas y de cada una de las organizaciones grandes o pequeñas que constituyen la Confederación de Organizaciones Populares que tiene tres millones de miembros. Ocho millones, siete, nueve.

El señor diputado Silva pone en duda el número de miembros del PRI; pero hay un hecho, ya histórico. El partido Revolucionario Institucional triunfo abrumadoramente en las pasadas elecciones, y el triunfo de su candidato presidencial fue reconocido por el señor candidato presidencial del Partido Acción Nacional y por el propio partido; de manera que sobre esto, sobran las especulaciones, deseamos que el Instituto Nacional de la Vivienda se fortalezca, para que pueda cumplir con los objetivos que la ley que lo creo le asigna; que ejerza sus facultades, que sea realmente el centro coordinador de las actividades de construcción de la vivienda y de reparación de la vivienda de todas las dependencias oficiales, y que también sea un coordinador, en principio, de las actividades privadas, con el mismo fin.

Por eso proponemos que estén ahí representantes de las organizaciones populares, y no ha sido la intención ni de los iniciadores de esta reforma, ni de las comisiones que han dictaminado, el crear nuevos puestos burocráticos, ni tampoco sentar una base de proselitismo en el Instituto Nacional de la Vivienda.

El señor diputado Silva dice que no cree que podamos prescindir de nuestras convicciones políticas; no prescindiremos, pero una convicción política clara nos llevará a una política amplia, no a una política sectaria.

Cuando un miembro del Partido Revolucionario Institucional está en un puesto público, está obligado a gobernar no para los miembros de su partido, sino para todo el pueblo de México. (Aplausos.)

¡Qué bueno, hasta cierto punto, que otra vez desde esta tribuna se levanten las críticas sobre la actividad y la naturaleza de nuestro partido! Esas críticas son útiles, vengan de buena intención o irónicamente. En ese terreno quisiéramos vernos siempre. La crítica por las fallas de la Revolución y de sus instituciones; la crítica por lo que ha dejado de hacer en el camino revolucionario, bienvenidas esas críticas: estamos en nuestro partido en un período de crítica, en período de revisión de nuestros propios métodos. Y prepárense ustedes, señores miembros de Acción Nacional, a luchar, y a competir con nosotros, a ver qué partido sirve más al pueblo y a la nación mexicana.

(Aplausos.)

El señor diputado Silva -que me perdone la insistencia en aludirlo-, vaciló un momento antes de invocar a Dios. No había motivo para la vacilación. En esta Cámara de Diputados, en el México creado por la Revolución Mexicana, en el México de las libertades, se puede libremente invocar a Dios, llorar por él, pero quiera Dios que deje de haber quienes se ostenten como propietarios privados de Dios, y dejen de invocarlo para sostener posiciones sectarias en la política nacional. (Aplausos.)

El C. Presidente: Tiene la palabra el señor diputado Silva, por cinco minutos, para hechos.

El C. Silva Flores, Jacinto: Yo sé que solamente cuando habla el licenciado Lombardo Toledano, se estira como chicle el Reglamento.

Señor diputado Ramírez y Ramírez: No fue naturalmente mi intención aparecer irónico, se lo digo con toda franqueza; si le insisto fundamentalmente es esto y es a mí lo que me importa, con respecto al problema que se está tratando.

Si ustedes rechazan ese camino sugerido por nuestra diputación a través del diputado Rosillo, seguiremos afirmando que ustedes lo que buscan es un instrumento de promoción y de afiliación política.

El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado Ramírez y Ramírez.

El C. Ramírez y Ramírez, Enrique: La Comisión rechaza la enmienda propuestas por el diputado Rosillo. A las cosas y a los organismos humanos hay que llamarlos con su nombre.

El C. Presidente: Esta Presidencia con apoyo en el artículo 115 del Reglamento, suplica a la Secretaría consulte a la Asamblea si está suficientemente discutido este asunto.

- La C. secretaria Torres Ariceaga, Diana: La Secretaría, en votación económica, consulta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el dictamen en lo general. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Suficientemente discutido.

El C. Presidente: En los términos del artículo 116 del propio Reglamento, se permite informar a la Asamblea que hicieron uso de la palabra los ciudadanos diputados: Chaurand, Rosillo, Silva, Ramírez y Ramírez y Lezama; y que la tienen solicitada los diputados: Pliego, Nava Millán y Torres.

La C. secretaria Torres Ariceaga, Diana: Se va a recoger la votación nominal, en lo general. Por la afirmativa.

El C. secretario González Sáenz, Leopoldo: Por la negativa.

(Votación.)

- La C. secretaria Torres Ariceaga, Diana: ¿Falta algún ciudadano diputado de votar por la afirmativa?

El C. secretario González Sáenz, Leopoldo: ¿Falta algún ciudadano diputado de votar por la negativa?

Se va a proceder a recoger la votación de la Mesa.

(Votación.)

- La C. secretaria Torres Ariceaga, Diana: Se declara aprobado el dictamen en lo general, por 149 votos por la afirmativa y 19 en contra.

Está discusión en lo particular. No habiendo quien haga uso de la palabra, se va a proceder a tomar la votación nominal en lo particular. Por la afirmativa.

El C. secretario González Sáenz, Leopoldo: Por la negativa.

(Votación.)

- La C. secretaria Torres Ariceaga, Diana; ¿Falta algún ciudadano diputado de votar por la afirmativa?

El C. secretario González Sáenz, Leopoldo: ¿Falta algún ciudadano diputado de votar por la negativa?

Se va a recoger la votación de la Mesa.

(Votación.)

- La C. secretaria Torres Ariceaga, Diana: Aprobado el proyecto de decreto por 149 votos por la afirmativa y 18 en contra. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

La Secretaría informa a la Presidencia que se agotaron los asuntos de la Orden del Día de la sesión pública.

- El C. Presidente (a las 15:40 horas): Se levanta la sesión pública y se pasa a sesión secreta. Se ruega a los señores que no sean diputados se sirvan abandonar el salón. Los señores periodistas pueden permanecer si lo desean.

TAQUIGRAFÍA PARLAMENTARIA Y

"DIARIO DE LOS DEBATES"