Legislatura XLVI - Año I - Período Ordinario - Fecha 19641229 - Número de Diario 51
(L46A1P1oN051F19641229.xml)Núm. Diario:51ENCABEZADO
MÉXICO, D. F., MARTES 29 DE DICIEMBRE DE 1964
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Registrado como artículo de 2a. clase en la Administración Local de Correos, el 21 de septiembre de 1921
AÑO I. - PERÍODO ORDINARIO XLVI LEGISLATURA TOMO I. - NÚMERO 51
SESIÓN DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS
EFECTUADA EL DÍA 29 DE DICIEMBRE DE 1964
SUMARIO
I. Se abre la sesión, se da lectura a la orden del día. Se lee y aprueba el acta de la sesión anterior.
II. Se turnan a comisión las solicitudes de permiso para que los CC. Enrique Ramos Cabañas, Luis Cueto Ramírez, José Gómez Huerta, Rafael Hernández Ochoa, Guillermo Alamillo Landín, Emilio Salgado Salgado, Carlos Manuel Suárez y Suárez y Carlos Blanco Solano, pueden aceptar y usar las condecoraciones les confirieron Gobiernos extranjeros.
III. Se turna a Comisión el oficio relacionado con la quincuagesimatercera conferencia celebrada en el mes de agosto anterior, en Copenhague, por la Unión Interparlamentaria.
IV. La H. Cámara de Senadores comunica la designación del C. senador y arquitecto Luis González Aparicio, como su representante que deberá intervenir en la construcción del Nuevo Palacio Legislativo Federal. De enterado.
V. La legislatura del Estado de Zacatecas comunica la designación de su Mesa Directiva que funcionará hasta el día 15 de enero próximo. De enterado.
VI. Se turnan a Comisión las solicitudes de ajuste de jubilación y jubilación voluntaria de los CC. Antonio Pérez Alemán y Fidel Mendoza Rodríguez, respectivamente, empleados de esta H. Cámara.
VII. Primera lectura al dictamen, con proyecto de decreto, en que se concede pensión vitalicia a la C. Carolina Menchaca Guerra.
VIII. Dictamen sobre la iniciativa presentada por la diputación del Partido Acción Nacional a la XLV Legislatura con relación a una Ley de Educación Rural, que terminaen un punto de acuerdo que determina se archive el expediente respectivo. Se aprueba el dictamen
IX. El C. diputado Vicente Lombardo Toledano solicita que por conducto de la Gran Comisión se proponga a la H. Comisión Permanente la necesidad de convocar a un periodo extraordinario de sesiones, a efecto de conocer y dictaminar sobre varias iniciativas pendientes. El C. Leopoldo González Sáenz hace uso de la palabra para contestar y referir a las labores realizadas por la XLVI Legislatura, y en particular a los estudios y trabajos desarrollados en torno al artículo 145 del Código Penal. Se aprueba se turne a la Gran Comisión la propuesta del C. Lombardo Toledano.
X. Segunda lectura a seis dictámenes con proyectos de decreto suscritos el primero por la Segunda Comisión de Puntos Constitucionales, por el que se concede autorización al C. Vicealmirante Rigoberto Otal Briseño para aceptar y usar una condecoración que le fue otorgada por el Gobierno de la República Española, en el exilio, y los 5 restantes suscritos por la segunda Comisión de Hacienda, que conceden jubilación a los empleados del Poder Legislativo: CC. Luis Javier López Mendoza, Angelina Jiménez Márquez, Fernando Galván Ortiz, José Flores Castro y Miguel Angel Beltrán Calderón. se aprueban. Pasen al Senado para los efectos constitucionales.
XI. Segunda lectura al dictamen, de la Comisión de Moneda e Instituciones de Crédito con proyecto de decreto, que reforma y adiciona la Ley General de Instituciones de Crédito y organizaciones auxiliares. En apoyo del dictamen, hacen uso de la palabra los CC. Abraham Aguilar Paniagua, Pedro Reyes Velázquez y Jorge Cruikshank. Se aprueba en lo general. Sin discusión en lo particular, se aprueba. Pasa al Ejecutivo para los efectos constitucionales.
XII. Dictamen de la Comisión de Presupuestos y Cuenta sobre la iniciativa presentada por los CC. diputados del Partido Acción Nacional, en el que se sugiere la modificación de las partidas correspondientes del Ramo 3o., relacionado al poder Judicial de la Federación, para el ejercicio
fiscal de 1965, que concluye con un punto resolutivo, por el que se recomienda, se aumente dicho presupuesto, si existiera incremento en los ingresos. Hacen uso de la palabra los CC. diputados Guillermo Ruiz Vázquez para proponer se modifique el punto resolutivo; en pro, Augusto Gómez Villanueva; en contra, Abel Carlos Vicencio Tovar en pro, Guillermo Molina Reyes y Rubén Moheno Velasco; para hechos Ruiz Vázquez y Moheno Velasco. A nombre de la Comisión el C. Luis Dantón Rodríguez rechaza la proposición del C. Ruiz Vázquez. Se aprueba el punto resolutivo. El C. Ruiz Vázquez solicita se comunique al Ejecutivo de la Unión el punto resolutivo
XIII. Segunda lectura al dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta relativo al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, para el ejercicio fiscal de 1965, cuya lectura se dispensa. Para consideraciones generales y manifestar que los CC. diputados del Partido Acción Nacional votarán en lo general a favor del mismo, hacen uso de la palabra los CC. Adolfo Christlieb Ibarrola y Juan Landerreche Obregón. En pro, por la Comisión, Jorge de la Vega Domínguez en favor del dictamen habla el C. diputado Juan Barragán Rodríguez. Se aprueba en lo general. En la discusión en lo particular intervienen los CC. diputados Vicente Fuentes Díaz para proponer e modifique la redacción del artículo 4o y se adiciona el artículo 14; Jorge Garabito Martínez, para solicitar que se suprima el artículo 4o, y para proponer una adición al mismo artículo, al C. Raúl Lozano Ramírez. El C. Alejandro Carrillo Marcor a nombre de la comisión, acepta la modificación al artículo 4o y la adición al artículo 14, propuestas por el C. Fuentes Díaz. Se aprueban los dos artículos. El C. Garabito Martínez propone una adición al artículo 4o, ya aprobado, y es interpelado por el C. Jorge de la Vega Domínguez en relación a su proposición, lo que da lugar a aclaraciones de los CC. Christlieb Ibarrola y del propio Garabito Martínez. Con modificaciones propuestas por el C. de la Vega Domínguez a la adición del C. Garabito Martínez, se acepta la adición. El artículo 2o impugnado por el C. Garabito Martínez Aprobado en votación nominal. El artículo 3o, es objetado por los CC. Garabito Martínez y Gabino Vázquez Oseguera. Se rechaza la adición y el artículo 3o Es aprobado. El C. Roberto Guajardo Tamez, propone se modifique el artículo 6o, se adicione el artículo 11 y se suprima el segundo párrafo del artículo 13. Se acepta la adición al artículo 11, y se rechazan las modificaciones a los artículos 6o y 13. Se aprueban los artículos 6o y 13. Se aprueban los artículos no impugnados y los aceptados por la Comisión. Pasa el proyecto al Ejecutivo para los efectos Constitucionales. Se levanta la sesión
DEBATE
Presidencia del C. FLUVIO VISTA ALTAMIRANO
(Asistencia 180 ciudadanos diputados.)
I
- El C. Presidente (a las 12:05 horas): Se abre la sesión.
- El C. secretario Meraz Braulio, Navárez (leyendo):
"Orden del Día.
29 de diciembre de 1964.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Oficios de la Secretaría de Gobernación que transcriben otros de la de Relaciones Exteriores relativos a solicitudes de ciudadanos mexicanos para poder aceptar y usar condecoraciones otorgadas por Gobiernos extranjeros.
La Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la de Gobernación envía copias de las resoluciones adoptadas por la Unión interpalamentaria en su 53 Conferencia celebrada en Copenhague
Oficio de la Colegisladora comunicando se designe al C. senador Luis González Aparicio como representante para los trabajos relativos al nuevo Palacio Legislativo.
Circular del Congreso de Zacatecas informando designó su Mesa Directiva.
Los CC. Fidel Mendoza Rodríguez y Antonio Pérez Alemán, empleados de esta Cámara, solicitan jubilación voluntaria, y ajuste de jubilación, respectivamente.
Dictamen de primera lectura, por el que se concede pensión a Carolina Menchaca Guerra.
Del rezago:
Dictamen de la Segunda Comisión de Educación Pública, emitido en relación con la iniciativa de Ley de Educación Rural suscrita por los CC. diputados, Carlos Chavira Becerra, Javier Blanco Sánchez y otros, integrantes de la XLV Legislatura.
Dictámenes de Segunda Lectura:
De la Segunda Comisión de Puntos Constitucionales el que otorga el permiso constitucional necesario para que el C. Vicealmirante Rigoberto Otal Briseño pueda aceptar y usar condecoración de Gobierno Extranjero.
De la Segunda Comisión de Hacienda los que otorgan jubilación a los CC. Javier López Mendoza. Angelina Jiménez Márquez, Fernando Galván Ortiz, José Flores Castro y Miguel Angel Beltrán Calderón. empleados de esta Cámara de Diputados.
De la Comisión de Moneda e Instituciones de Crédito el relativo al Proyecto de Decreto que reforma y adiciona la Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares, aprobado por la Colegisladora.
Dictamen de la Comisión de Presupuestos y cuenta relativo a la proposición de modificaciones al presupuesto de Egresos de la Federación suscrita por los diputados de Acción Nacional.
De la Comisión de Presupuestos y cuenta el que se refiere al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1965."
"Acta de la sesión celebrada por la Cámara de Diputados del XLVI Congreso de la Unión, el día veintisiete de diciembre de mil novecientos sesenta y cuatro.
Presidencia del C. Fluvio Vista Altamirano.
En la ciudad de México, a las doce horas y veinticinco minutos del domingo veintisiete de diciembre de mil novecientos sesenta y cuatro, se abre la sesión con asistencia de ciento ochenta y cinco ciudadanos diputados, según manifiesta la Secretaría una vez que comprueba ésta.
Lectura de la Orden del Día y del acta de la sesión anterior, celebrada el día de ayer que, sin debate es aprobada en votación económica.
Se da cuenta con los documentos en cartera:
La C. Flavia Esther Alatriste solicita aumento de pensión como descendiente del C. licenciado Miguel Cástulo de Alatriste, héroe de la Reforma. Recibo, y a la Comisión de Hacienda en turno.
Dictamen de la Comisión de Moneda e Instituciones de Crédito con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares, a iniciativa del C. Presidente de la República. Primera Lectura.
Proyecto de Decreto suscrito por la Segunda Comisión de Puntos Constitucionales, en virtud del cual se concede permiso al C. vicealmirante C. G. Rigoberto Otal Briseño para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Liberación de España en el grado de Comendador, que le fue otorgado por el gobierno de la República Española en el exilio. Primera lectura.
La Secretaría da primera lectura a seis dictámenes de la Comisión Primera y Segunda de Hacienda que contienen proyectos de decreto por los que se concede a los empleados del Poder Legislativo que a continuación se expresan: jubilación de mil doscientos pesos mensuales al C. Luis Javier López Mendoza; de dos mil doscientos cincuenta pesos mensuales a la C. Angelina Jiménez Márquez; de tres mil pesos mensuales al C. Fernando Galván Ortiz; ajuste de jubilación hasta la cantidad de cuarenta y cinco pesos diarios al C. Antonio Berumen; jubilación de tres mil ciento ochenta y seis pesos siete centavos mensuales al C. José Flores Castro; de cuatro mil ochocientos pesos mensuales al C. Miguel Angel Beltrán.
Dictamen de la Comisión de Presupuestos y Cuenta relativo a proyecto de presupuesto de Egresos de la Federación, para el ejercicio fiscal del año de 1965. Primera lectura, e imprímase.
El C. Jorge Garabito Martínez hace uso de la palabra para solicitar de la Comisión respectiva informe sobre la iniciativa presentada por la diputación del Partido Acción Nacional, relacionada con el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio de 1965.
La Comisión por conducto del C. Luis Dantón Rodríguez, hace la aclaración sobre el particular. Dictamen de las Comisiones unidas, Primera de Puntos Constitucionales y Segunda de Gobernación, en relación a la iniciativa presentada por los CC. diputados del Partido Popular Socialista a efecto de que se reforme el artículo 59 de la Constitución Federal de la República que, a solicitud de las Comisiones da lectura el C. Carlos Sánchez Dosal. Primera lectura, e imprímase.
Tres dictámenes de la Segunda Comisión de Hacienda con proyectos de decreto que conceden a los siguientes empleados del Poder Legislativo: ajuste de jubilación de un mil ochocientos veinticuatro pesos cuarenta y ocho centavos mensuales a la C. Angela Soler; de mil setecientos veintiún pesos cuarenta y un centavos mensuales al C. Marcos Salmerón Salgado; de dos mil ochocientos noventa y nueve pesos cincuenta y cinco centavos mensuales al C. Filiberto Burgos Jiménez, por los servicios que han prestado a los Poderes de la Unión; asimismo derogan los decretos que sobre el particular publicó el "Diario Oficial" de la Federación de fecha 3 de agosto de 1962 y 11 de diciembre de 1964.
Segunda lectura A discusión, sin ella se reservan para su votación nominal.
De la misma Segunda Comisión de Hacienda, proyecto de decreto que concede pensión vitalicia de setecientos cincuenta pesos mensuales al C. Baldomero Carrera Escobedo, por los servicios que prestó a la patria en la Defensa del Puerto de Veracruz contra la Invasión Norteamericana en el año de 1914.
Segunda lectura. A discusión, no habiéndola, se procede a recoger la votación de los cuatro proyectos de decreto que en votación nominal son aprobados por unanimidad de ciento sesenta y cinco votos. Pasan al Ejecutivo y al Senado según corresponda para sus efectos constitucionales.
Dictamen de la Comisión de Presupuestos y Cuenta referente al proyecto de ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1965. Segunda lectura.
A discusión en lo general, sin debate, se aprueba en votación nominal por unanimidad de ciento setenta y dos votos.
A discusión en lo particular.
Hacen uso de la palabra el C. Enrique Bautista Adame para proponer se modifique la fracción, XIV del artículo 1o del proyecto; que la Comisión, por conducto del C. Luis Dantón Rodríguez acepta; para una adición al artículo 29, los CC. Salvador Padilla Flores, Juan Moisés Calleja García y Heliodoro Hernández Loza El C. Dantón Rodríguez a nombre de la comisión rechaza la proposición; para hechos, el C. Jacinto Guadalupe Silva Flores.
- El C. Calleja García a nombre propio y de los ciudadanos Padilla Flores y Hernández Loza, tomando en consideración lo expresado por la Comisión al través del C. Dantón Rodríguez, retira la adición propuesta al artículo
Suficientemente discutido y habiendo sido aceptado por la Comisión la modificación propuesta por el C. Bautista Adame y reiterada la adición al artículo 29, se recoge la votación nominal en lo particular y se aprueba el proyecto de Presupuesto por unanimidad de ciento setenta y dos votos. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
Terminados los asuntos en cartera, a las quince horas y cincuenta minutos se levanta la sesión y se cita para el martes 29 del actual a las diez horas." Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Los que estén de acuerdo sírvanse manifestarlo. Aprobada.
- El C. secretario Martínez, Corbalá Gonzalo. (leyendo):
"Estados Unidos Mexicanos.- Poder Ejecutivo Federal.- México, D.F.- Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios del Congreso de la Unión.- Presentes.
La Secretaría de Relaciones Exteriores se ha dirigido a ésta de Gobernación, con fecha 16 del actual, manifestando lo siguiente:
"Ruego a usted muy atentamente se sirva solicitar del H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, inciso B, del artículo 37 de la Constitución Política, para que el C. coronel Enrique Ramos Cabañas, pueda aceptar y usar sin perder la ciudadanía mexicana, la Medalla de Honor de la Policía Francesa, que le confirió el Gobierno de Francia."
Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, reiterándoles mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 24 de diciembre de 1964.- Por Ac. del C. Secretario, el Oficial Mayor, licenciado Carlos Gálvez Betancourt." Recibo, y a la Comisión de Puntos constitucionales en turno.
Estados unidos Mexicanos.- Poder Ejecutivo Federal.- México, D.F.- Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios del H. Congreso de la Unión.- Presentes.
La Secretaría de Relaciones Exteriores se ha dirigido a ésta de Gobernación, con fecha 16 de los corrientes, manifestando lo siguiente:
"Ruego a usted muy atentamente se sirva solicitar del H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, inciso B, del artículo 37 de la Constitución Política, para que el C. general de división Luis Cueto Ramírez, Jefe de la Policía del Distrito Federal, pueda aceptar y usar sin perder su ciudadanía mexicana, la Medalla de Honor de la Policía Francesa, que le confiere el Gobierno de Francia.
Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, reiterándoles mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 26 de diciembre de 1964.- Por Ac. del C. Secretario, el Oficial Mayor, licenciado Carlos Gálvez Betancourt." Recibo, y a la Comisión de Puntos Constitucionales en turno.
"Estados Unidos Mexicanos.- Poder Ejecutivo Federal.- México, D.F.- Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios del H. Congreso de la Unión.- Presentes.
Con fecha 16 de los corrientes la Secretaría de Relaciones Exteriores manifiesta a ésta de Gobernación, lo siguiente:
"Ruego a usted muy atentamente se sirva solicitar del H Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, inciso B, del artículo 37 de Constitución Política, para que el C. general de división José Gómez Huerta, pueda aceptar y usar sin perder su ciudadanía mexicana, la Medalla de Honor de la Policía Francesa, que le confirió el Gobierno de Francia."
Lo que hago del conocimiento de ustedes, para los fines legales procedentes, reiterándoles mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 24 de diciembre de 1964.- Por Ac. del C. Secretario, el Oficial Mayor, licenciado Carlos Gálvez Betancourt." Recibo, y a la Comisión de Puntos Constitucionales en turno.
"Estados Unidos Mexicanos.- Poder Ejecutivo Federal.- México, D.F.- Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios del H. Congreso de la Unión.- Presentes.
En oficio fechado el 16 de los corrientes la Secretaría de Relaciones Exteriores manifiesta a ésta de Gobernación, lo siguiente:
Ruego a usted muy atentamente se sirva solicitar del H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, inciso B, del Artículo 37 de la Constitución Política, para que el C. licenciado Rafael Hernández Ochoa, Subsecretario de Gobernación, pueda aceptar y usar sin perder su ciudadanía mexicana, la Medalla de Honor de la Policía Francesa, que le confirió el Gobierno de Francia."
Hago del conocimiento de ustedes lo anterior, para los fines legales procedentes, reiterándoles mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 24 de diciembre de 1964.- Por Ac. del C. Secretario, el Oficial Mayor, licenciado Carlos Gálvez Betancourt." Recibo, y a la Comisión de Puntos Constitucionales en turno.
"Estados Unidos Mexicanos.- Poder Ejecutivo Federal.- México, D.F.- Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios del H. Congreso de la Unión.- Presentes.
A continuación transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 16 del actual:
"Ruego a usted muy atentamente se sirva solicitar del H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, inciso B, del artículo 37 de la Constitución Política, para que el C. teniente de aeronáutica Guillermo Alamillo Landín pueda aceptar y usar sin perder su ciudadanía mexicana, la Medalla de Honor de la Policía Francesa, que le confirió el Gobierno de Francia."
Reitero a ustedes mi atenta consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 26 de diciembre de 1964.- Por Ac. del C. Secretario, el Oficial Mayor, licenciado Carlos Gálvez Betancourt." Recibo, y a la comisión de Puntos Constitucionales en turno.
"Estados Unidos Mexicanos.- Poder Ejecutivo Federal.- México, D.F.- Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios del H. Congreso de la Unión.- Presentes.
Con fecha 16 de los corrientes de la Secretaría de Relaciones Exteriores manifiesta a ésta de Gobernación, lo siguiente:
"Ruego a usted muy atentamente se sirva solicitar del H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, inciso B, del artículo 37 de la Constitución Política, para que el C. teniente coronel de caballería D.E.M. Emilio Salgado Salgado, pueda aceptar y usar sin perder su ciudadanía mexicana, la Medalla de Honor de la Policía Francesa, que le confirió el Gobierno de Francia."
Lo que Hago del conocimiento de ustedes, para los fines legales procedentes, reiterándoles mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 26 de diciembre de 1964.- Por Ac. del C. Secretario, el Oficial Mayor, licenciado Carlos Gálvez Betancourt." Recibo, y a la Comisión de Puntos Constitucionales en turno.
"Estados Unidos Mexicanos.- Poder Ejecutivo Federal.- México, D.F.- Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios del H. Congreso de la Unión.- Presentes.
A continuación transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió a esta de Gobernación, con fecha 17 del actual:
"Ruego a usted muy atentamente se sirva solicitar del H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, inciso B, del artículo 37 de la Constitución Política, para que el C. Carlos Manuel Suárez, Jefe de Grupo de Agentes de la Dirección Federal de Seguridad, pueda aceptar y usar sin perder su ciudadanía mexicana, la Medalla de Honor de la Policía Francesa, que le confirió el Gobierno de Francia."
Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 24 de diciembre de 1964.- Por Ac. del C. Secretario, el Oficial Mayor, licenciado Carlos Gálvez Betancourt." Recibo, y a la Comisión de Puntos Constitucionales en turno.
"Estados Unidos Mexicanos.- Poder Ejecutivo Federal.- México, D.F.- Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios del H. Congreso de la Unión.- Presentes.
A continuación transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 17 del actual:
"Ruego a usted muy atentamente se sirva solicitar del H. Congreso de la Unión el Permiso a que se refiere la fracción III, inciso B, del artículo 37 de la Constitución Política, para que el C. Carlos Blanco Solano, jefe del Grupo de Agentes de la Dirección Federal de Seguridad, pueda aceptar y usar sin perder su ciudadanía mexicana, la Medalla de Honor de la Policía Francesa que le confirió el Gobierno de Francia.
Reitero a ustedes mi atenta consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 24 de diciembre de 1964.- Por Ac. del C. Secretario, el Oficial Mayor, licenciado Carlos Gálvez Betancourt." Recibo, y a la Comisión de Puntos Constitucionales en turno.
III
- El mismo C. Secretario (leyendo).
"Estados Unidos Mexicanos.- Poder Ejecutivo Federal.- México, D.F.- Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.- Presentes.
La Secretaría de Relaciones Exteriores se ha dirigido a ésta de Gobernación, con fecha 17 de los corrientes, manifestando lo siguiente:
"La Unión Interparlamentaria se ha dirigido a esta Secretaría enviándonos el texto de las resoluciones adoptadas en su 53a Conferencia celebrada en el mes de agosto anterior, en Copenhague. Sobre el particular, me permito transmitir a usted fotocopias del texto antes citado, con la atenta súplica de que si esa Secretaría a su digno cargo lo estima conveniente, las remita a las HH. Cámaras de Diputados y Senadores."
Hago del conocimiento de ustedes lo anterior, para los fines procedentes, acompañándoles con el presente el documento a que se hace referencia.
Reitero a ustedes mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 24 de diciembre de 1964.- Por Ac. del C. Secretario, el Oficial Mayor, licenciado Carlos Gálvez Betancourt." Recibo, y a la Comisión de Relaciones Exteriores.
IV
- El mismo C. Secretario (leyendo):
"Estados Unidos Mexicanos.- Cámara de Senadores.- México, D.F.
CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados al Congreso de la Unión. - Presentes.
Tenemos el honor de remitir a ustedes el acuerdo tomado por la Gran Comisión de esta H. Cámara, por el cual se autoriza la constitución del Palacio Legislativo Federal, designando como representante al C. senador arquitecto Luis González Aparicio.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.
México, D.F., a 17 de diciembre de 1964.- Carlos Sansores Pérez, S.S.- Manuel Soberanes M, S.S." De enterado.
V
- El mismo C. Secretario (leyendo):
"Estados Unidos Mexicanos.- Congreso del Estado de Zacatecas, Zac.
C. Presidente de la Cámara de Diputados al H. Congreso de la Unión.- Allende y Donceles.- México, D.F.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 23 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de Estado, nos permitimos comunicar a ustedes que en sesión reglamentaria celebrada hoy, esta H. XLIV Legislatura eligió su Mesa Directiva que funcionará desde esta fecha hasta el 15 de enero de 1965, la que quedó integrada en la siguiente forma:
Presidente, C. profesor Antonio de Haro Saldivar; Vicepresidente, C. doctor Calixto Medina Medina; Primer Secretario, C. licenciado Raúl Rodríguez Santoyo; Segundo Secretario, C. Raúl Castillo Aguilar.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Zacatecas, Zac., a 15 de diciembre de 1964.- Raúl Rodríguez Santoyo, D.S.- Raúl Castillo Aguilar, D.S." De enterado.
VI
- EL mismo C. Secretario (leyendo):
A los CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.- Presentes.
El que suscribe Antonio Pérez Alemán Ríos, jefe de Sección Administrativa de esta Cámara, atentamente se permite manifestar a ustedes, que con fecha 13 de septiembre de 1962, de acuerdo con los artículos relativos de la Ley de Jubilaciones para los Funcionarios y Empleados del Poder Legislativo, solicité mi jubilación voluntaria por los servicios que durante más de treinta años he prestado a los Poderes de la Federación. En su oportunidad fue aprobado el decreto respectivo por el H. Congreso de la Unión y publicado en el "Diario Oficial" de la Federación, hasta el día 11 de diciembre de este año de 1964
. Durante el tiempo transcurrido he seguido prestando mis servicios en esta Cámara y en consecuencia se me ha aumentado el sueldo y prestaciones, como lo compruebo con las constancias adjuntas.
Por lo anterior y con base en el ordenamiento antes mencionado, me permito rogar a ustedes se sirvan poner a la consideración de esa H. Cámara de Diputados esta solicitud de Ajuste de Jubilación, por considerarla de justicia y apegada a derecho.
Por la atención que les merezca mi solicitud protesto a ustedes mi atenta y distinguida consideración.
México, D. F., a 21 de diciembre de 1964.- Antonio Pérez Alemán R." Recibo, y a la Comisión de Hacienda de turno.
"CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados,- Presentes.
Fidel Mendoza Rodríguez, Linotipista Jefe y prestando mis servicios en el Departamento de Linotipos de la Imprenta de la H. Cámara de Diputados, ante ustedes con todo respeto expone:
Que desde hace veinticinco años vengo prestando mis servicios sin interrupción al Poder Legislativo, y con apoyo en la fracción II del artículo 3o. de la Ley de Jubilaciones para Funcionarios y Empleados del Poder Legislativo, vengo a solicitar mi jubilación voluntaria.
Para comprobar que he prestado mis servicios desde el año de 1939, y el sueldo que actualmente devengo, acompaño certificación del C. Oficial Mayor y del Departamento de Administración de esta H. Cámara de Diputados.
Ruego a ustedes, CC. Secretarios tomar en cuenta mi petición.
Atentamente.
México, D. F., a 19 de diciembre de 1964.- Fidel Mendoza Rodríguez." Recibo, y a la Comisión de Hacienda en turno.
VII
- El C. secretario Meraz Nevárez, Braulio (leyendo):
"Segunda Comisión de la Defensa Nacional.
Honorable Asamblea:
Por acuerdo de vuestra soberanía fue turnado a la Segunda Comisión de la Defensa Nacional para su estudio y dictamen, el expediente formado con la solicitud de la C. Carolina Menchaca Guerra, a efecto de que se le conceda una pensión por los servicios que prestó a la Revolución su extinto hermano, el C. general Abelardo Menchaca Guerra.
Para apoyar su petición, adjunta copia del acta de nacimiento que comprueba plenamente su parentesco con el general Menchaca, que según los documentos que aparecen en la solicitud a estudio, prestó relevante servicios a la Revolución.
Esta Comisión, tomando en cuenta la avanzada edad de la interesada y la crítica situación por la que atraviesa estima que es la de justicia concederle la pensión que solicita.
En mérito de lo anterior, nos permitimos someter al ilustrado criterio de esta Honorable Asamblea, el siguiente proyecto de decreto:
Artículo Único. Por los relevantes servicios que prestó a la patria el C. general Abelardo Menchaca, se concede pensión vitalicia a su hermana la C. Carolina Menchaca Guerra con la cantidad de $25.00 (veinticinco pesos 00/100) diarios. Esta pensión le será pagada íntegramente por la Tesorería General de la Nación.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.- México, D. F., a 29 de diciembre de 1964.- Marciano González Villarreal.- Vicente Madrigal Guzmán.- Gustavo Martínez Trejo." Primera lectura.
VIII
- El mismo C. Secretario (leyendo):
"Segunda Comisión de Educación Pública.
Honorable Asamblea:
Los CC. Carlos Chavira Becerra, Javier Blanco Sánchez, Carlos Garibay, Alfonso Guerrero Briones y Rafael Morelos Valdés, diputados del Partido Acción Nacional a la XLV Legislatura, presentaron ante esta H. Cámara, con fecha 31 de octubre de 1963, una iniciativa de Ley de Educación Rural. Por acuerdo de vuestra soberanía, el expediente respectivo fue turnado a la Segunda Comisión de Educación Pública para su estudio y dictamen. En cumplimiento de dicho acuerdo, la suscrita Comisión emite el dictamen correspondiente en los siguientes términos:
I. Conforme a su exposición de motivos, la iniciativa de Ley que se estudia se propone como objetivo fundamental el establecimiento de un sistema de educación rural que - dice textualmente-. presuponiendo la escuela primaria para acabar con el analfabetismo.
rural... exige además escuelas prácticas y superiores de agricultura, veterinaria y zootecnía, en número correspondiente a las dimensiones del problema que su carencia implica."
Con vistas a ese objetivo fundamental, los autores de la iniciativa proponen una Ley de Educación Rural, que consta de siete artículos, cuyo contenido puede sintetizarse así:
a) Se declara de utilidad social la actividad educativa de la población rural; (Art. 1o.).
b) Se previene que el Ejecutivo Federal destine a dicha actividad educativa los recursos presupuestales que proporcionalmente corresponda y que gestione la adopción por Estados y Municipios, de programas y métodos coincidentes con los federales; (Artículos 2o. y 3o. ).
c) Se prevé que tales programas y métodos se formulen por una Comisión Intersecretarial en que participen las Secretarías de Educación y de Agricultura y de Ganadería; (Art. 7o.).
d) Se establece que la actividad educativa a que se refiere el proyecto, se realice fundamentalmente a través de escuelas de los siguientes grados y tipos: Primarias; de formación profesional y práctica de agricultores, ganaderos y personas dedicadas a actividades forestales; asesores rurales y profesionales de nivel superior; (Art. 4o.).
e) Se previene que el Estado estimule y proteja la cooperación de personas y entidades particulares para la acción educativa rural; (Art. 5o.); por último.
f) Se ordena que la Secretaría de Educación y de Salubridad en una acción coordinada, difundan los conocimientos y prácticas de economía doméstica, alimentación e higiene familiar; (Art. 6o.).
Como se ve de la síntesis anterior la iniciativa que se estudia ha sido superada por la legislación en vigor.
Todas las prescripciones de la iniciativa están contenidas en forma mucho más completa, sistemáticamente y coherente en nuestras leyes en vigor, como se demuestra en seguida.
La propia Constitución, en sus artículos 3o, 31 fracción I, y 73 fracción XV enfatiza el interés público de la educación en general; y las leyes secundarias insisten una y otra vez en el concepto (Ley Orgánica de la Educación Pública, Art, 3o; (Ley de Educación Agrícola, artículos 2o. y 3o.).
Los artículos 11,13 y 15 de la Ley Reglamentaria del 3o. constitucional considera OBLIGACIÓN PRIMORDIAL del Estado la incorporación a la vida económica y social del país de los núcleos indígenas y campesinos de desarrollo cultural rudimentario e instituyen una serie de agencias educativas y de servicios extraescolares a este efecto, ordenado que el Estado dedique PREFERENTEMENTE su presupuesto del ramo de la educación a estas finalidades que la propia Ley califica de primordiales.
Por cuanto a las instituciones escolares, a que se refiere el artículo 4o. de la iniciativa, su establecimiento- y el de otras agencias escolares y extraescolares- está previsto y su funcionamiento regulado de manera amplia y adecuada en la propia Ley Orgánica de Educación Pública, en la que crea el Instituto Nacional Indígena, en la Ley de Educación Agrícola y en la Orgánica de Secretarías y Departamentos de Estado.
Por otra parte, los artículos 61 y 118 fracción II, de la multicitada Ley Orgánica de la Educación Pública previenen la forma en que han de elaborarse los programas de la educación primaria en el país, así como la de cualquier precisión, a qué autoridades corresponde esta atribución.
El estímulo y protección a la participación de los particulares en toda la actividad educativa, es un propósito patente en toda nuestra legislación. Basta para demostrar este aserto la cita de los artículos 14 y 103 de la Ley vigente en materia de Educación Pública.
Por su parte, la Ley Orgánica de Secretaría y Departamentos de Estado, en sus artículos 13, fracciones I, XXV, XXVI y 14 fracción XVI, señalan atribuciones a las Secretarías de Educación y de Salubridad y Asistencia para atender de manera específica a la conservación de la salud de los núcleos indígenas y campesinos y el mejoramiento de las condiciones higiénicas, morales y sociales de la vida familiar.
De esta somera comparación, resulta evidente que, tanto en lo general como en el análisis particular de cada uno de sus preceptos, la iniciativa que se dictaminan es redundante para regular un aspecto tan importante de la acción administrativa estatal.
Por los anteriores hechos y consideraciones, la suscrita Comisión estima que debe desecharse la iniciativa estudiada y propone a la H. Asamblea el siguiente Punto de Acuerdo:
Único. Archívese definitivamente el expediente formado con motivo de la iniciativa de Ley de Educación Rural que ante la XLV Legislatura del Congreso de la Unión presentaron los diputados del Partido Acción Nacional.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.- México, D. F., a 16 de diciembre de 1964.- Saúl González Herrera.- Lauro Rendón Valdés.- Manuel Contreras Carrillo.- Mauro Berrueto Ramón.- Marta Andrade de Del Rosal.- Fidelia Sánchez de Mendiburu."
Está a consideración el punto de acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Los que estén de acuerdo, sírvanse manifestarlo. Aprobada.
IX
El C. Presidente: Tiene la palabra el C. diputado Lombardo Toledano.
El C. Lombardo Toledano, Vicente: Señor Presidente, señoras y señores diputados: va a concluir en breves horas el primer período de sesiones de esta Legislatura del Congreso de la Unión, sin haber tenido oportunidad de discutir algunas iniciativas de ley de verdadera importancia presentadas en la Legislatura anterior.
Deben existir además de las que presentó el diputado del Partido Popular Socialista, algunas de semejante importancia y trascendencia; pero por lo que toca a esas iniciativas, se encuentran la concerniente a la supresión del delito de disolución social en el Código Penal; la iniciativa que propone la reforma del artículo 27 de la Constitución para darle su texto originario, que fue corregido no precisamente en beneficio de las masas rurales. También la iniciativa
con reforma al Código Agrario que se ha convertido, como tenía que ocurrir, con toda ley que trata de problemas vitales y dinámicos, en un ordenamiento atrasado. Y la iniciativa que propone reformas al sistema electoral de nuestro país concretamente a la Ley Electoral Federal. Estas cuatro iniciativas no fueron consideradas seguramente por falta de tiempo en este período de sesiones. Pertenecen al rezago; pero no al rezago inoperante y muerto, sino al rezago vivo que está esperando respuesta hace tiempo.
Nos preocupa de una manera especial que el delito de disolución social desaparezca de nuestro derecho penal. A este respecto durante los últimos años se ha hablado mucho, se han escrito numerosos alegatos, estudios; se han emitido opiniones importantes, y puede decirse que hay ya una opinión generalizada en el sentido de que ese cuerpo delictivo debe desaparecer de nuestro derecho público. Todos sabemos cuál fue el origen del delito de disolución social.
Durante la Segunda Guerra Mundial, el Presidente de la República expidió, facultado por el Congreso, porque nuestro país se hallaba en guerra con las potencias capitaneadas por la Alemania nazi, una serie de decretos de importancia para salvaguardar el orden interno de nuestro país y también la integridad de la República. Todas esas leyes fueron calificadas, de una manera justa, como leyes de emergencia. Entre ellas figuran la ley que creaba el delito de disolución social y que tenía por objeto impedir que los agentes de la Alemania nazi, los falangistas españoles y otros elementos que vivan en México, pudiesen de alguna manera alterar el orden público o bien provocar dificultades a nuestro país que se hallaba en una lucha difícil. Pero se cometió el error técnico de incorporar el delito de disolución social en el Código Penal, que es una ley permanente. Las otras leyes de emergencia conservaron su autonomía y cuando la guerra concluyó todas fueron derogadas. Sin embargo, el delito de disolución social, por haberse incorporado en una ley permanente, ha prevalecido.
El problema no es una cuestión que ataña a un partido político, a una corriente ideológica o a una serie de intereses que no comparta la mayoría de los mexicanos. La opinión que se ha formado en contra del mantenimiento de ese cuerpo delictivo es un juicio en el que participan sectores sociales de intereses disímbolos con una ideología diferente y, por tanto, no se puede decir que trata de una cuestión privativa de un partido o de un sector de la sociedad mexicana.
Es un hecho que el delito de disolución social es un cuerpo incorporado en un ordenamiento que hace ya mucho tiempo ha probado su eficiencia para salvaguardar los intereses de la República, la integridad del país y la paz interior.
Nosotros, los elementos del Partido Socialista, empezamos a luchar en contra de la existencia del delito de disolución social, desde que apareció reformado, porque a la intención con la cual fue expedido el decreto relativo y la incorporación del delito de disolución social en el Código Penal, fue substituida por otra intención diferente. Ya no se trataba de perseguir a los elementos profascistas o fascistas, sino a personas que en nuestro país, terminada la guerra, podrían realizar actividades de carácter delictuoso en contra de la integridad de la República y de la paz interior.
Pero el texto de la reforma introdujo factores e ideas totalmente opuestas a las de la primera iniciativa que se convirtió en Ley. No quiero repetir aquí lo que todo el pueblo mexicano sabe: el delito de disolución social se ha aplicado de una manera a veces ligera, injusta, improcedente, y es indudable que mientras se mantenga, pueden cometerse también otros errores y equivocaciones, es decir, nuevas injusticias. Nosotros no estamos en contra de que se castigue a quienes atentan en contra de la paz interior de México; no estamos en contra de que se tomen todas las providencias necesarias para salvaguardar la soberanía de nuestra patria; pero no podemos callar la existencia de este delito que, por la primera vez, en la historia del derecho penal, introduce factores realmente peligrosos, como el de que una persona puede ser inmediatamente detenida y procesada por la intención que tenga en cuanto a la expresión de sus ideas. La intención juzgada por cualquiera elementos de la policía y aun por los tribunales, es un factor realmente extraño al derecho penal, porque no se trata de hechos concretos, no se trata de cuerpos de delitos comprobados, se trata de juzgar las intenciones de las personas que naturalmente pueden llevar hasta la anulación de todas las garantías individuales que consagra la Carta Magna.
Hay muchas maneras de preservar la paz y también de impedir atentados en contra de la existencia de la nación mexicana, en cualquiera de sus aspectos,
Por eso consideramos que el delito de disolución social debe desaparecer, si se quiere reforzar aún más las figuras delictivas que ya existen en el Código Penal, con objeto de hacer imposible un cambio indebido en nuestro régimen jurídico, o bien que no haya la menor posibilidad de cometer delitos en contra del orden público que para nosotros significa, fundamentalmente, la vigencia de los derechos del hombre o garantías individuales, hay muchas maneras de lograrlo. El reforzamiento de nuestras instituciones nunca es excesivo; pero lo que sí no puede mantenerse de una manera ya indefinida en este cuerpo delictivo que tiene todas estas desventajas que he recordado.
En cuanto al artículo 27 de la Constitución, la experiencia ha demostrado que con el texto que tiene en la actualidad se ha abierto la puerta para que la llamada "pequeña propiedad"- y digo la llamada, porque quienes acuden al juicio de garantías son simuladores de la propiedad agrícola auténtica- haga imposible o estorbe de una manera grave la aplicación de la Reforma Agraria. Además la reforma introducida últimamente al artículo 27, tiene defectos de carácter técnico realmente imperdonable, como el de fijar los límites de la pequeña propiedad rural, cuando todos sabemos que eso no se puede determinar en un ordenamiento determinado y menos en la Carta fundamental del país, porque depende de condiciones ecológicas muy particulares. En un mismo Estado de la República puede ser excesiva una superficie para la pequeña propiedad en cierto lugar, y ser pequeña para otro sitio. Introducir esa norma fija de un número determinado de hectáreas para señalar la pequeña propiedad, me parece que es una aberración desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista práctico. Por eso tenemos mucho empeño en que el artículo 27 vuelva a su texto original antes de la última reforma que sufrió.
El Código Agrario también debe ser objeto de un estudio minucioso. Sabemos de sobra que una ley no hace la Reforma Agraria; pero también sabemos que una ley que no se reforma para adecuarla, para adaptarla a la realidad cambiante, es una ley que estorba la aplicación de los principios de carácter social que se han inspirado en la Carta Fundamental del país.
Y en cuanto a la Ley Electoral Federal, sí es cierto que se ha reformado, y la prueba está en la integración de esta Cámara, el sistema para elegir a los diputados, también es cierto que el régimen electoral en nuestro país necesita una revisión a fondo desde el padrón electoral. Mientras éste no sea un padrón permanente e infalsificable, tendremos dificultades cada vez que las elecciones ocurran.
Por esta razón también, nuestro partido ha venido luchando hace muchos años por un sistema electoral nuevo que comience con la base, que es el padrón y concluya con la calificación de las elecciones.
Estas cuatro iniciativas están pendientes.
Probablemente habrá otras que nosotros no conocemos. En esa virtud yo he solicitado la palabra para sugerirle a la Gran Comisión de esta Asamblea, que estudie la conveniencia de que se convoque a un período extraordinario de las Cámaras del Congreso de la Unión, para que la fecha que lo determine oportunamente la Comisión Permanente del Congreso.
Si hemos de esperar hasta septiembre de 1965, es posible que continúen las demandas de todas partes respecto de todas estas iniciativas nuestras o respecto de otras que ignoramos que existen. Un período extraordinario de sesiones del Congreso serían de una gran importancia; pero como la Cámara no puede tomar acuerdos ahora, sin entrar a una discusión a fondo, para la cual indudablemente no tenemos tiempo, me limito a sugerir que la Gran Comisión estudie la cuestión. Es de su responsabilidad, además, dirigir y despachar los asuntos de la competencia de la Cámara de Diputados. No podemos imponerle al Senado de la República nuestras propias modalidades; pero no podemos tampoco renunciara a una iniciativa nuestra que puede ser altamente ventajosa para las labores parlamentarias.
En suma, dejo a la consideración de la Gran Comisión este asunto, para que estudiándolo, proponga a la Comisión Permanente del Congreso, la convocatoria oportuna del nuevo período de sesiones.
El C. González Sáenz, Leopoldo: Pido la palabra.
El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado González Sáenz.
El C. González Sáenz, Leopoldo: Ciudadano Presidente, honorable Asamblea: el diputado Lombardo Toledano ha hecho uso de esta tribuna para hacer una relación de asuntos pendientes en poder de las comisiones que, por falta de tiempo, no pudieron despacharse en este período de sesiones y que, según su opinión, justifican una convocatoria a un período extraordinario de sesiones de esta Cámara.
Ya la Presidencia de la Asamblea habrá de dar el Trámite correspondiente a esta promoción del diputado Lombardo Toledano. Creemos que será la honorable Comisión Permanente que habrá de instalarse el día último la que, en su oportunidad, se encargue de resolver esta propuesta, su procedencia o su improcedencia; pero si queremos enfatizar una circunstancia que consideramos primordial: la de que en la opinión pública y en el criterio de esta Cámara ésta firme la idea, la convicción, de que el período de sesiones próximo a concluir ha sido, quizás como ninguno, sumamente provechoso y fructífero, por la gran cantidad de asuntos de interés nacional que lograron verse y resolverse por esta Cámara Bástenos afirmar que el rezago recibido de muchas legislaciones anteriores se elevaba a la suma de 178 expedientes, de los cuales en este período de sesiones se resolvieron 121 y quedaron pendientes 57.
Creo que no debemos comer ansias en este asunto, pues seguramente en el segundo período de sesiones quedará totalmente liquidado el rezago que recibió esta Cámara de Diputados.
Yo quiero referirme, concretamente, a uno de los cuatro expedientes, asuntos que tocó el licenciado Lombardo Toledano en esta tribuna. Me referiré al expediente formado con la iniciativa sobre abrogación del artículo 145 del Código penal, que se encuentra en poder de la Primera Comisión de Justicia que me honro en presidir.
Esa iniciativa procede del rezago de la Cámara anterior; fue presentada por el diputado Stephens García, que a la sazón era el vocero parlamentario del Partido Popular Socialista.
Los integrantes de la Primera Comisión de Justicia, que es una comisión mixta formada de dos diputados del Partido Acción Nacional y tres diputados del PRI, hemos estado analizando con detenimiento y con sumo interés este expediente. Sabemos de antemano que toca un problema en torno al cual, como lo reconociera el diputado Lombardo Toledano, se han suscitado encendidas y apasionantes polémicas no sólo entre los tratadistas del Derecho y los estudiosos de las disciplinas penales, sino también entre los editorialistas y escritores de la prensa nacional.
Es por ello que la Comisión ha querido recoger todos esos materiales a que se refería el señor licenciado Lombardo Toledano, acumular la bibliografía, los editores, los comentarios que existen sobre el tema, para estar en condiciones de dar la mayor solidez posible a la fundamentación de nuestro dictamen.
Este período de sesiones prácticamente ya ha concluido. Durante él se han resuelto muchos asuntos, la mayor parte de los asuntos que integraban el rezago. Queda el menor número; como dijimos ya, quedan 57 expedientes. Con la venía de la Asamblea será hasta el próximo período de sesiones, previo el estudio que la Comisión tendrá que hacer de manera total y definitiva durante el receso, cuando presentemos nuestro dictamen a la consideración de todos ustedes.
Se trata, repito, de un problema apasionante, discutible y controvertido, que no es muy fácil resolver con la rapidez con que se desea por algunas gentes. La Comisión ha estado recibiendo grupos de personas, comisiones, la mayor parte de ellas presididas por el pintor David Alfaro Siqueiros, promoviendo la rápida solución de este expediente; pero francamente nosotros no vemos la razón de la rapidez con que tenga que resolver un caso como éste que
versa sobre la abrogación de una norma jurídica que prevé y tipifica un delito, el de disolución social, que fue instituido como tal desde hace 22 años, y consagrado de manera permanente en los textos de nuestra legislación desde hace más de 15 años.
Oportunamente presentaremos nuestro dictamen y en esta tribuna habrán del confrontarse las tesis, las ideas, las opiniones en relación con este problema que, como dije antes, no es tan fácil resolver, como se piensa por algunas gentes, puse mientras algunos entre ellos los autores de la iniciativa piensan que habiendose instituido este delito como parte de medidas provisionales que se tomaron para hacer frente a la situación de emergencia creada por la guerra , y particularmente para hacer frente a la conducta y la acción subversiva de los agentes del nazi- fascismo en México y en América otras gentes que sostienen que debe conservarse ese delito; ese delito que posteriormente se incorporó al texto de nuestro Código Penal debe conservarse- sostienen algunos porque tutela y protege nada menos que a la persona jurídica más eminente de nuestro Derecho Público, como lo es el Estado, la conservación de sus instituciones democráticas y su supervivencia de su vida constitucional.
Mientras algunos, entre ellos los autores de la iniciativa, sostienen que debe derogarse el delito, porque después de la guerra sólo ha tenido aplicación, según ellos, contra los amantes de la paz y contra los partidarios de la libertad en el mundo, otros sostienen precisamente lo contrario: que el delito sólo ha tenido aplicación contra los alborotadores, contra aquellos que emboscados en las garantías que la propia Constitución les da, buscan de continuo convertirlas en instrumentos de anarquía, de desorden y de caos.
Mientras algunos sostienen, entre ellos los autores de la iniciativa, que debe derogarse el delito porque es atentorio de las garantías individuales, porque viola el derecho de la libre expresión del pensamiento, porque viola el derecho de reunión y de petición, otros sostienen por el contrario, que lo que prevé y sanciona el delito de disolución social, es precisamente el abuso de esas garantías y de esas libertades; mientras algunos sostienen, en síntesis, que debe derogarse el delito, otros consideran que derogarlo sería como exponer a México a que la libertad con tanto esfuerzo, con tanto sacrificio y con tanta sangre ganada, se convierta en el parapeto de los enemigos del orden y de la tranquilidad nacional.
Fácil es comprender, honorable Asamblea, que el problema no es tan simple. Yo creo que el propio diputado Lombardo Toledano está de acuerdo con nosotros en que el Derecho a la represión por los llamados delitos del orden político, es tan antiguo como el Estado mismo, y precisamente en los países socialistas todo acto que va contra la Constitución se considera como un acto contrarrevolucionario y es severamente sancionado con la pena de muerte.
En México los delitos políticos, la subversión del orden público sólo se sancionan con la privación de la libertad. Fácil es comprender, honorable Asamblea, que el problema no es simple sino complejo. Oportunamente, previo el estudio a fondo que habremos de hacer los comisionados durante el receso, presentaremos nuestro proyecto de resolución a esta Asamblea, y será ella la que se encargue de dictar en el caso la última palabra. Muchas gracias.
- El C. Presidente. Se suplica a la Secretaría se sirva consultar a la Asamblea si se aprueba el trámite respecto a la proposición del diputado Lombardo Toledano, para que pase a la Gran Comisión de esta honorable Asamblea, que a su vez hará las gestiones necesarias ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
El C. secretario Martínez Corbalá Gonzalo: En votación económica se consulta a la Asamblea si se aprueba el trámite para que pase a la Gran Comisión. Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Aprobado.
X
- El mismo C. Secretario (leyendo).
"Segunda Comisión de Puntos Constitucionales. Honorable Asamblea:
Con fundamento en la fracción III del apartado B) del artículo 37 de la Constitución Federal, nos permitimos emitir el dictamen correspondiente a la solicitud formulada por la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, a efecto de que se conceda permiso al C. vicealmirante C. G. Rigoberto Otal Briseño, Oficial Mayor de la Secretaría de Marina, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Liberación de España, que en el grado de Comendador le confirió el Gobierno de la República Española, en el exilio.
El expediente respectivo fue turnado a la suscrita Segunda Comisión de Puntos Constitucionales para su dictamen, en sesión celebrada por esta H. Cámara el día 26 del actual.
Al estudiar el expediente en cuestión, encontramos que la solicitud se ajusta a lo establecido por el precepto invocado y, en tal virtud venimos a someter a la consideración de esta honorable Asamblea, el siguiente proyecto de decreto
: Artículo Único. Se concede permiso al C. vicealmirante C. G. Rigoberto Otal Briseño para que, sin perder su ciudadanía mexicana, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Liberación de España, que en el grado de Comendador le confirió el Gobierno de la República Española, en el exilio.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.- México, D. F., a 27 de diciembre de 1964.- Manuel Zárate Aquino.- Vicente Lombardo Toledano.- Miguel Osorio Marbán.- Aurora Navia Millán."
Está a discusión el dictamen. No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal.
"Comisión Segunda de Hacienda.
Honorable Asamblea:
A la Segunda Comisión de Hacienda que suscribe, se turnó para su estudio y dictamen, el expediente formado con motivo de la solicitud de jubilación voluntaria presentada por el C. Javier López Mendoza, el 17 de septiembre de 1964.
El citado señor López Mendoza funda su petición en lo establecido por el artículo 3o., fracción II de la Ley de Jubilaciones para Funcionarios y Empleados.
del Poder Legislativo y acompaña los siguientes documentos:
1. Certificados de la Oficina del Contador y Pagaduría de la Contaduría Mayor de Hacienda, de los que se desprende:
a) Que ha prestado servicios a esa Dependencia desde el 1o. de junio de 1939 hasta la fecha, ininterrumpidamente.
b) Que actualmente devenga un sueldo mensual de $1,800.00 (un mil ochocientos pesos 00/100) como Supervisor "C"
La Comisión que suscribe considera llenados los requisitos establecidos por la Ley de Jubilaciones para funcionarios y Empleados del Poder Legislativo y somete al ilustrado criterio de esa H. Asamblea, el siguiente proyecto de decreto:
Proyecto de Decreto:
Artículo Único. De conformidad con la fracción II del artículo 3o. de la Ley de jubilaciones para Funcionarios y Empleados del Poder Legislativos, se concede al C. Luis Javier Mendoza, Supervisor "C" de la Contaduría mayor de Hacienda, jubilación voluntaria de $1,200.00 (un mil doscientos pesos 00/100) mensuales, equivalente a los dos terceras partes del sueldo y compensaciones que actualmente disfruta, por servicios durante más de 25 años ha prestado al Poder Legislativo. Esta jubilación le será pagada íntegramente por la Tesorería General de la Nación de conformidad con el artículo 6o. de la citada Ley.
Transitorio.
Único. Si en la fecha en que el presente decreto se publique en el "Diario Oficial" de la Federación, el empleado continúa prestando sus servicios a la Contaduría Mayor de Hacienda y le han sido aumentados su sueldo y compensaciones, la cantidad que perciba entonces servirá de base para fijar el monto de la pensión para lo cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hará el ajuste correspondiente.
Sala de Comisiones de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
México, D. F., a 26 de diciembre de 1964.- Enrique Bautista Adame.- Humberto Velasco Avilés.- Arturo López Portillo.- Alejandro Carrillo Marcor.- Ramón Zentella Asencio."
Está a discusión el dictamen. No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal.
"Segunda Comisión de Hacienda.
Honorable Asamblea:
Por acuerdo de vuestra soberanía se turnó, para su estudio y dictamen, la solicitud presentada por la C. Angelina Jiménez Márquez, Jefe de oficina de Supervisión, de la Contaduría Mayor de Hacienda, para que se le conceda jubilación voluntaria por servicios prestados al Poder Legislativo, durante más de 20 años.
La solicitante funda su petición en el artículo 3o. fracción I, de la Ley de Jubilaciones para Funcionarios y Empleados del Poder Legislativo, presentando los siguientes documentos:
1. Oficio de la Dirección General de Administración de la Cámara de Diputados en el que consta que la C. Angelina Jiménez cobró en nómina de supernumerarios como empleada de la Contaduría Mayor de Hacienda del 1o. de enero de 1940 al 31 de diciembre del mismo año.
2. Certificados del Contador y Pagaduría de la Contaduría Mayor de Hacienda de los que se desprende que ha prestado servicios, ininterrumpidamente, desde el 16 de agosto de 1945 hasta la fecha y que devenga un sueldo mensual de $4,500.00 (cuatro mil quinientos pesos 00/100) como Jefe de Oficina de Supervisión.
3. Acta de nacimiento en la que consta que actualmente tiene la edad de 56 años.
Por todo lo anteriormente expuesto, la comisión considera que la solicitante cumple con todos los requisitos exigidos por la Ley de Jubilaciones para Funcionarios y Empleados del Poder Legislativo y se permite someter a vuestra consideración el siguiente proyecto de decreto:
Artículo Único. De conformidad con la fracción I, del artículo 3o. de la Ley de Jubilaciones para Funcionarios y Empleados del Poder Legislativo, se concede a la C. Angelina Jiménez Márquez, Jefe de Oficina de Supervisión, de la Contaduría Mayor de Hacienda, jubilación voluntaria de $2,250.00 (dos mil doscientos cincuenta pesos 00/100) mensuales, equivalente al cincuenta por ciento del sueldo y compensaciones que actualmente disfruta, por servicios que durante más de 20 años ha prestado al Poder Legislativo. Esta jubilación le será pagada íntegramente por la Tesorería General de la Nación de conformidad con el artículo 6o. de la citada ley.
Transitorio.
Único. Si en la fecha en que el presente decreto se publique en el "Diario Oficial de la Federación el empleado continúa presentando sus servicios a la Contaduría Mayor de Hacienda y le han sido aumentados sus sueldo y compensaciones, la cantidad que perciba entonces servirá de base para fijar el monto de la pensión, para lo cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hará el ajuste correspondiente.
Sala de Comisiones de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
México, D. F., a 26 de diciembre de 1964.- Enrique Bautista Adame.- Humberto Velasco Avilés.- Arturo López Portillo.- Alejandro Carrillo Marcor.- Ramón Zentella Asencio."
Está a discusión el dictamen. No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal.
Segunda Comisión de Hacienda.
Honorable Asamblea:
Para su estudio y dictamen fue turnada por acuerdo de vuestra soberanía, a la suscrita Segunda Comisión de Hacienda, la solicitud de jubilación voluntaria presentada por el C. Fernando Galván Ortiz.
El solicitante funda su petición en el artículo 3o. fracción II, de la Ley de Jubilaciones para Funcionarios y Empleados del Poder Legislativo, presentando los siguientes documentos:
1. Certificación de la Dirección General de Administración de la Cámara de Diputados en la que se asienta que cobró en nómina de supernumerarios y como empleado de la Imprenta, del 27 de agosto de 1937 al 31 de diciembre de 1939.
2. Constancia de la Oficialía Mayor de dicha Dependencia en la que se certifica que el señor Galván prestó servicios ininterrumpidamente en la Cámara de Diputados como empleado de base del 1o. de enero de 1940 al 1o. de 1940 al 1o. de noviembre de 1944.
3. Certificado de Servicios de la Contaduría Mayor de Hacienda en el que consta que presta servicios desde el 1o. de agosto de 1946 a la fecha.
4. Certificado de la Pagaduría de la Contraloría Mayor de Hacienda de la que se desprende que devenga un sueldo mensual de $4,500.00 (cuatro mil quinientos pesos 00/100) como Jefe de Oficina de Supervisión.
Por lo anteriormente expuesto, la Comisión que suscribe estima debidamente fundada y probada la solicitud y se permite someter al ilustrado criterio de vuestra soberanía el siguiente proyecto de decreto:
Artículo Único. De conformidad con la fracción II, del artículo 3o. de la Ley de Jubilaciones para Funcionarios y Empleados del Poder Legislativo, se concede al C. Fernando Galván Ortiz, Jefe de la Oficina de Supervisión, de la Contaduría Mayor de Hacienda, jubilación voluntaria de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100) mensuales, equivalente a las dos terceras partes del sueldo y compensaciones que actualmente disfruta, por servicios que durante más de 25 años ha prestado al Poder Legislativo. Esta jubilación le será pagada íntegramente por la Tesorería General de la Nación de conformidad con el artículo 6o. de la citada ley.
Transitorio.
Único. Si en la fecha en que el presente decreto se publique en el "Diario Oficial" de la Federación, el empleado continúa prestando sus servicios a la Contaduría Mayor de Hacienda y le han sido aumentados su sueldo y compensaciones, la cantidad que perciba entonces servirá de base para fijar el monto de la pensión para lo cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hará el ajuste correspondiente.
Sala de Comisiones de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
México, D.F., a 26 de diciembre de 1964.- Enrique Bautista Adame.- Humberto Velasco Avilés.- Arturo López Portillo.- Alejandro Carrillo Marcor.- Ramón Zentella Asencio."
Está a discusión el dictamen. No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal.
"Segunda Comisión de Hacienda.
Honorable Asamblea.
La Segunda Comisión de Hacienda que suscribe, se permite emitir su dictamen, en relación con el expediente formado con motivo de la solicitud de jubilación voluntaria del C. José Flores Castro, que por acuerdo de vuestra soberanía le fue turnado.
Al consultar la documentación exhibida, encontramos lo siguiente:
a) Que en el Departamento del Distrito Federal prestó servicios desde el 16 de septiembre de 1932 hasta el 1o. de agosto de 1935.
b) Que en la Secretaría de Agricultura y Ganadería trabajó desde el 1o. de julio de 1935 hasta el 1o. de octubre de 1937.
c) Que en esta Cámara de diputados ha prestado servicios durante más de 26 años, ininterrumpidamente, o sea desde el 16 de julio de 1938 hasta la fecha.
d) Que actualmente devenga un sueldo mensual de $3,186.07 (tres mil ciento ochenta y seis pesos, 07/100), como Jefe de Departamento de Taquigrafía
Parlamentaría y Diario de los Debates. Por lo anteriormente expuesto, la comisión que suscribe se permite someter a la consideración de esa H. Asamblea, el siguiente proyecto de decreto, por estimar que se ajusta la solicitud a lo establecido por el artículo 3o. fracción III de la Ley de Jubilaciones para Funcionarios y Empleados del Poder Legislativo.
Proyecto de decreto:
Artículo Único. De conformidad con la fracción III del artículo 3o. de la Ley de Jubilaciones para los Funcionarios y Empleados del Poder Legislativo, se concede al C. José Flores Castro, Jefe del Departamento de Taquigrafía Parlamentaria y Diario de los Debates, de la Cámara de Diputados, Jubilación voluntaria de $3,186.07 (tres mil ciento ochenta y seis pesos, 07/100) mensuales, equivalente al sueldo íntegro y compensaciones que actualmente disfruta, por servicios que durante más de 30 años ha prestado a los Poderes de la Unión. Esta jubilación le será pagada íntegramente por la Tesorería General de la Nación de conformidad con el artículo 6o. de la citada ley.
Transitorio:
Único. Si en la fecha en que el presente decreto se publique en el Diario Oficial de la Federación, el empleado continúa prestando sus servicios a la Cámara de Diputados y le han sido aumentados su sueldo y compensaciones, la cantidad que perciba entonces servirá de base para fijar el monto de la pensión, para lo cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hará el ajuste correspondiente.
Sala de Comisiones de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.- México, D.F., a 26 de diciembre de 1964.- Enrique Bautista Adame.- Humberto Velasco Avilés.- Arturo López Portillo.- Alejandro Carrillo Marcor.- Ramón Zentella Asencio."
Está a discusión el dictamen. No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal.
"Segunda Comisión de Hacienda.
Honorable Asamblea:
A la Segunda Comisión de Hacienda se turnó la solicitud de jubilación voluntaria por más de 30 años de servicios, presentada por el C. Miguel Angel Beltrán Calderón, Jefe de Departamento de Glosa de la Contaduría Mayor de Hacienda.
El peticionario se funda en lo que dispone la fracción III del artículo 3o. de la Ley de Jubilaciones para Funcionarios y Empleados del Poder Legislativo.
Al estudiar los documentos exhibidos por el interesado, se llega a la siguiente conclusión:
a) Que prestó servicios en la Secretaría de Industria y Comercio del 5 de agosto al 10 diciembre de 1937.
b) Que en la contaduría Mayor de Hacienda, viene prestando servicios del 1o. de septiembre de 1937.
al 31 de diciembre de 1938 como Supernumerario y del 1°. de enero de 1939 hasta la fecha, como empleado de base.
c) Que actualmente devenga un sueldo de ... $4.800.00 (cuatro mil ochocientos pesos, 00/100) como Jefe de Departamento de Glosa de la Contaduría Mayor de Hacienda.
Por lo anteriormente manifestado, la comisión que suscribe se permite someter a la consideración de vuestra soberanía el siguiente proyecto de decreto:
Artículo Único. De conformidad con la fracción II del artículo 3°. de la Ley de Jubilaciones para Funcionarios y Empleados del Poder Legislativo, se concede al C. Miguel Angel Beltrán Calderón, Jefe de Departamento de Glosa de la Contaduría Mayor de Hacienda, jubilación voluntaria de $4,800.00 (cuatro mil ochocientos pesos) mensuales, equivalente al sueldo íntegro y compensaciones que actualmente disfruta, por servicios que durante más de 30 años ha prestado a los Poderes de la Unión. Esta jubilación le será pagada íntegramente por la Tesorería General de la Nación de conformidad con el artículo 6°. de la citada ley.
Transitorio.
Único. Si en la fecha en que el presente decreto se publique en el "Diario Oficial" de la Federación, el empleado continúa prestando sus servicios a la Contaduría Mayor de Hacienda y le han sido aumentados sus sueldo y compensaciones, la cantidad que perciba entonces servirá de base para fijar el monto de la pensión, para lo cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hará el ajuste correspondiente.
Sala de Comisiones de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.- México, D. F., a 26 de diciembre de 1964.- Enrique Bautista Adame.- Humberto Velasco Avilés.- Arturo López Portillo.- Alejandro Carrillo Marcor.- Ramón Zentella Asencio".
Está a discusión el proyecto de decreto. No habiendo quien haga uso de la palabra, se va a proceder a recoger la votación nominal de este y los demás proyectos reservados. Por la afirmativa.
El C. secretario Meráz Nevárez, Braulio: Por la negativa.
(Votación.)
El C. secretario Martínez Corbalá, Gonzalo: ¿Falta algún ciudadano diputado de votar por la afirmativa?
El C. secretario Meraz Nevárez, Braulio: ¿Falta algún ciudadano diputado de votar por la negativa?
Se procede a recoger la votación de la Mesa.
(Votación.)
El C. secretario Martínez Corbalá. Gonzalo: Fueron aprobados los proyectos de decreto por unanimidad de 178 votos. Pasan al Senado para sus efectos constitucionales.
XI - El C. secretario Meraz Nevárez, Braulio (leyendo):
"Comisión de Moneda e Instituciones de Crédito. Honorable Asamblea:
La Cámara de Senadores envió el expediente que contiene el proyecto de decreto, aprobado por la misma, relacionado con las reformas y adiciones a la Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares.
La iniciativa del C. Presidente de la República propone se reformen los artículos 10, fracción III bis I; 11, fracción VI bis I; 17, fracción I; 17, fracción VIII bis, XV y XVI; 28, fracciones V bis, VI, X y XVII; 41 bis, fracción IV; 41 bis 1, fracción IV; 86, fracción III; 88, fracción II y 129 de la Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares.
Las reformas contenidas en esta iniciativa, se hayan encuadradas, en términos generales, dentro de la atinada política financiera expuesta por el Ejecutivo de la Unión en su mensaje del primero de diciembre, en cuanto a la necesidad de fomentar el progreso armónico del país, y crear riqueza cuya distribución se haga conforme a los principios inalterables de justicia social.
La Comisión considera en extremo plausible el propósito contenido en la iniciativa a consideración, en el sentido de que los ahorros que el público confía a las instituciones bancarias, se canalicen a efecto de propiciar el desarrollo económico del país, y la elevación sistemática de las condiciones de vida de las clases económicamente más débiles, que son las que precisan de una mayor protección y estímulos de parte del Estado.
Considera asimismo como un acierto del proyecto de reformas en cuestión, las modificaciones que introduce a los sistemas crediticios actualmente en vigor; a fin de facilitar y estimular el crédito institucional que permita a personas de ingresos limitados la adquisición, en condiciones sumamente favorables, de bienes de consumo duradero. Con el acceso a este crédito y de acuerdo con sus posibilidades económicas, los particulares podrán comprar de contado diversos artículos que significan mejores condiciones de vida tanto personal como familiar; evitando por otra parte, el sobreprecio, frecuentemente demasiado oneroso, de las ventas a plazos y los problemas derivados del mismo.
Para emitir que este tipo de operaciones pueda realizarse en forma amplia y satisfactoria por la Banca de Depósito y autorizar a las sociedades financieras a llevarlas al cabo, se proponen las reformas a la Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares, en su artículos 10, fracción III bis 1; 11, fracción VI bis, 1; 17, fracción I; 26, VIII bis, y 28, fracción V bis. Para facilitar la intervención de los bancos capitalizadores en este campo, al través del ahorro especializado, se proponen modificaciones al artículo 41 bis 1, fracción IV. Y se sugiere, además, la adicción al artículo 11 bis, a fin de darle mayor flexibilidad y eficacia a este tipo de operaciones.
En cuanto a los créditos pignoraticios que concede la Banca sobre productos agrícolas necesarios para la alimentación del pueblo, el proyecto de reformas sugiere un cambio atinado en el artículo 28, fracción VI de la Ley, a fin de adoptar fórmulas que los hagan más fáciles y accesibles.
Por otra parte, la iniciativa plantea la necesidad de que las sociedades financieras cumplan más cabalmente con su objetivo tendiente a otorgar amplio y adecuado apoyo económico, a plazos largos y medios, y de acuerdo con sus características propias, a las actividades productivas del país. Con tal propósito, considera adecuado introducir pequeñas reformas en la fracción XVII del artículo 28.
Otro importante aspecto del documento de referencia, es el relativo al apoyo que las sociedades de capitalización deben brindar a la industria, para lo cual es indispensable evitar que el ahorro previo sea de una cuantía tan alta que provoque el desaliento de los industriales. Con tal propósito, se propone la supresión de la fracción IV, del artículo 41 bis de la Ley, y de la modificación del artículo 129 que se refiere a los casos de sorteos.
Por último se considera necesaria la reforma de los artículos 86, fracción III, y 88 fracción II de la ley, en el sentido de ampliar a diez años el término de la amortización de los préstamos refaccionarios, a efecto de igualar el plazo máximo de éstos, que las uniones de crédito pueden otorgar, con el que otras reformas han establecido en el mismo tipo de operaciones realizadas por los Bancos de Depósito.
Por todo lo anteriormente expuesto, la comisión que suscribe se permite someter a la consideración de esa H. Asamblea, la siguiente minuta proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares.
Artículo primero. Se reforman los artículos 10, fracción III bis 1, 11, fracción VI bis 1; 17, fracción I; 26, fracciones VIII bis, XV y XVI; 28, fracciones V bis, VI, X y XII 41 bis, fracción IV; 41 bis 1, fracción IV; 86, fracción III; 88, fracción II y 129 de la Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares, para quedar en los siguientes términos:
"Artículo 10..................................................................
............................................................................... III bis 1. Otorgar préstamos y créditos para la adquisición de bienes de consumo duradero, que pueden ser a plazo superior 180 días, sujeto a las reglas y dentro de los límites que fije el Banco de México.
............................................................................... Artículo 11...................................................................
............................................................................... VI bis 1. Las operaciones a que se refiere la fracción III bis 1 del artículo 10, no podrán exceder del 10% de su pasivo exigible;
............................................................................... ............................................................................... Artículo 17...................................................................
I. Hacer operaciones de descuento, préstamos o créditos de cualquier clase, reembolsables a plazo superior a ciento ochenta días. Se exceptúan de esta limitación los préstamos y créditos a que se refieren las fracciones III bis y III bis 1 del artículo 10 y los préstamos de habitación o alivio y los refaccionarios a que aluden las fracciones IV y V del artículo 10 y las fracciones VI, inciso a) y b), VIII y IX del artículo 11;
............................................................................... Artículo 26...................................................................
............................................................................... VIII bis. Otorgar préstamos y créditos para la adquisición de bienes de consumo duradero;
............................................................................... XV. Emitir bonos financieros con garantía específica y certificados financieros;
XVI. Aceptar préstamos y créditos o recibir depósitos a plazo no menor de un año. Los préstamos y créditos de otras instituciones de crédito del país, que no sean instituciones o departamentos fiduciarios, podrán concertarse a un menor cuando se trate de cubrir necesidades de caja;
............................................................................... Artículo 28...................................................................
............................................................................... V bis. El otorgamiento de los préstamos y créditos a que se refiere la fracción VII bis del artículo 26 quedará sujeto a las reglas y dentro de los límites que fije el Banco de México. Dichas operaciones no podrán exceder del 20% de su pasivo exigible;
VI. Los préstamos prendarios no excederán del 70% del valor de la garantía. Este porciento podrá ser superior tratándose de préstamos para la adquisición de bienes de consumo duradero y de Créditos pignoraticios sobre granos y otros productos agrícolas, cuyo consumo o exportación se califique de interés público. En estos casos las sociedades financieras se ajustarán a las condiciones que fije el Banco de México:
............................................ X. La facultad de avalar a que se refiere la fracción XII del artículo 26, podrá ser ejercida en forma general, aceptando la institución avalista dar su garantía en documentos que se extiendan hasta por el monto del crédito concedido, y deberá sujetarse a las reglas generales que dicte la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
.......................................... XVII. Los depósitos a plazo a que se refiere la fracción XVI del artículo 26 podrán estar representados por títulos que se denominarán certificados financieros, de valor nominal no inferior al que fije la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que serán títulos de crédito nominativos o al portador a cargo de la emisora y deberán expresar: la suma depositada, el término para retirar el depósito, que no podrá ser inferior a un año ni mayor de diez, el tipo de interés pactado y, en su caso, el nombre del depositante o la mención de ser el portador.
Estos títulos tendrán preferencia sobre la totalidad de los activos de la emisora en el mismo grado que los bonos financieros, con excepción de los señalados como garantía específica para los bonos emitidos por la propia institución y salvo las preferencias establecidas para los depósitos de ahorro, cuando la sociedad financiera tenga departamento especializado para estas operaciones.
El Banco de México, fijará el interés que podrán abonar las sociedades financieras por los depósitos a plazo y los certificados financieros, pudiendo autorizar, cuando se trate de estos títulos, diferentes tasas según el plazo a que se expidan.
Los certificados financieros no podrán ser tomados por las instituciones de crédito salvo aquellos para cuya redención falte un plazo no mayor de un mes.
Artículo 41 bis .............................................................. IV. Las instituciones se obligarán, al término de la capitalización que se produzca por abono total de las cuotas o por sorteo, a devolver a los subscriptores la suma capitalizada más los intereses, deducidos, en su caso, los cargos a que se refiere la fracción VI de este artículo, y otorgarles un crédito refaccionario hasta por el monto que se autorice en cada plan, y que se destinará, conjuntamente con la suma capitalizada
y los intereses correspondientes, al objeto señalado en el contrato;
............................................................................... Artículo 41. bis 1 .....................
...................................... ............................................................................... IV. Las instituciones se obligarán a otorgar a los subscriptores que hayan llegado a la capitalización, por el abono total de sus cuotas o por sorteo, un crédito hasta por el monto que se autorice en cada plan, y que se destinará conjuntamente con la suma capitalizada y los intereses correspondientes, al objeto señalado en el contrato. La suma capitalizada comprenderá el importe total de las cuotas de ahorro que hubiesen entregado los subscriptores, más los intereses que las mismas cuotas hayan devengado, menos los gastos bancarios en su caso;
............................................................................... Artículo 86. .................................................................
............................................................................... III. Practicar con sus socios las operaciones de descuento, préstamo y crédito de toda clase, reembolsables a plazo no superior a cinco años, con excepción de los créditos refaccionarios cuyo plazo podrá ser hasta de diez años;
............................................................................... Artículo 88. .................................................................
............................................................................... II. Las operaciones de descuento, préstamo o crédito que practiquen estas organizaciones no podrán ser reembolsables a plazo mayor de cinco años, o de diez en el caso previsto por la fracción III del artículo 86, sin que pueda exceder de estos plazos una operación que hubiese sido objeto de una más renovaciones.
El importe de estas operaciones que practiquen para ser reembolsadas a plazo superior a trescientos sesenta días, no podrá exceder del 80% de las obligaciones, entendiéndose por éstas todos los saldos que integran el pasivo real;
............................................................................... Artículo 129. Los tenedores o subscriptores de los contratos designados por sorteo cesarán de hacer el pago de sus primas desde la fecha del mismo, y tendrán derecho a recibir la suma que se hubiere pactado en los planes aprobados por las autoridades correspondientes. En el caso de que hayan hecho anticipos de primas, tendrán adicionalmente derecho a la devolución íntegra del exceso que se haya pagado sobre el monto de las primas que correspondan hasta la fecha del sorteo."
Artículo segundo. Se adiciona la Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares con el artículo 111 bis, del tenor siguiente:
"Artículo 111 bis. Se exceptúa de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo anterior, la prenda que se otorgue con motivo de préstamos concedidos por las adquisiciones de crédito para la adquisición de bienes de consumo duradero, la cual podrá constituirse entregando al acreedor la factura que acredite la propiedad sobre la cosa comprada, haciendo en ella la anotación respectiva. El bien quedará en poder del deudor con el carácter de depositario, que no podrá revocarse en tanto esté cumpliendo con los términos del contrato de préstamo."
Transitorios. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el "Diario Oficial" de la Federación.
Artículo segundo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, fijará las normas para que las sociedades financieras se ajusten a los nuevos plazo mínimos que señala la fracción XVI, del artículo 26, de la ley.
Sala de Comisiones de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
México, D. F., a 26 de diciembre de 1964.- Jorge de la Vega Domínguez.- Juan Landerreche O.- Luis Dantón Rodríguez.- Antonio Pliego Noyola."
El C. Aguilar Paniagua, Abraham: Pido la palabra, señor Presidente. - El C. Presidente: Tiene la palabra el ciudadano diputado Aguilar Paniagua.
El C. Aguilar Paniaguia, Abraham: "Honorable Asamblea:
Acabamos de escuchar la lectura del Dictamen emitido acerca de la iniciativa del ciudadano Presidente de la República, que reforma y adiciona algunas disposiciones de la Ley General de Instituciones de Crédito y Organismos Auxiliares.
Bastaría tan sólo valorar las consideraciones que el Encargado del Poder Ejecutivo expone en dicha iniciativa de decreto para aprobarla sin reserva; pero por su trascendental contenido y por los resultados que en el ámbito nacional se obtendrán de su exacta y eficaz aplicación, merece, no el breve, pero cálido comentario que en seguida me permitiré hacer, sino más acuciosos, como sin duda lo harán los más calificados sectores de la opinión pública.
Las reformas que contiene la iniciativa son congruentes con la acertada política financiera expuesta por el Presidente de la República en su mensaje del 1°. de diciembre, en cuanto a la necesidad de fomentar el progreso y desarrollo económico del país y con la afirmación que reiteradamente hizo durante su campaña electoral, con apego a su convicción revolucionaria y humanista, en el sentido de que es indispensable encontrar todas las fórmulas tendientes a mejorar las condiciones de vida de los mexicanos de escasos recursos; y la verdad más lacerante es que hay un mundo de mexicanos sujetos a la estrechez económica.
El Presidente de la República estudioso de nuestra historia y convencido que no es más que la secular lucha que el pueblo mexicano ha sostenido para conquistar su libertad; para conservar su independencia y soberanía y para alcanzar su bienestar y mantener la paz con garantías individuales y sociales, muchas veces pregonó la urgencia de que todos nuestros esfuerzos deberían seguir empeñados en disminuir el número de mexicanos que padecen carencias ancestrales, ya que el progreso es indivisible de la justicia social y que se empeñaría en tratar de satisfacer, cada vez más y con mayor eficacia las demandas populares.
Formulada la iniciativa con esa inspección y espíritu, origina una transformación jurídica muy importante en nuestro sistema económico e introduce modificaciones substanciales en los mecanismos financieros del país, con el propósito de extender y asegurar el crédito a todas las clases sociales, principalmente a aquéllas que más lo requieren y que están más urgidas de atender a necesidades apremiantes; sin desaprovechar desde luego el desarrollo de las actividades productivas.
Puede decirse con certeza que en nuestros días, la Banca de Depósito sólo está autorizada para otorgar créditos destinados a la producción y a la distribución; y con la iniciativa del Presidente de la República, se abren nuevos horizontes para las clases sociales necesitadas, ya que tiene el propósito de poner a su alcance el crédito institucional adecuado para poder adquirir toda una serie de bienes de consumo duradero, que podemos considerar como indispensables en la vida moderna como son: muebles de casa, automóviles, estufas, refrigeradores, televisores, radios, etc.
No contando con mecanismos financieros adecuados en materias de bienes de consumo duradero, las clases sociales más necesitadas para su limitación económica, se ven impedidas a seguir dos caminos: recurrir al agio en condiciones lesivas a sus intereses o recurrir al comerciante bajo el sistema de ventas a crédito y en abonos.
En cuanto al comerciante, que es quien tradicionalmente emplea los sistemas de ventas en abonos o de otorgar créditos al consumidor, las transacciones que regularmente con él se realizan, resultan sumamente onerosas para los intereses del pueblo, el que tiene que soportar no sólo un precio excesivo, sino también recargos de intereses arbitrarios, plazos demasiado cortos, agravado con el otorgamiento de diversos tipos de garantía exigidos por el vendedor, de esta suerte, las personas que no cuentan con medios para comprar al contado artículos necesarios para el hogar o para la familia, se ven obligadas a cubrir un sobreprecio considerable sobre dichos saldos insolutos.
Como el comerciante no es profesional del crédito, se ve precisado a recargar considerablemente el precio de los artículos de consumo duradero, con el propósito de cubrir posibles riesgos ante el incumplimiento de los deudores y elevar desproporcionadamente las tasas de interés a efecto de poder descontar fácilmente los títulos de crédito respectivo y obtener el financiamiento que les permita continuar con las ventas en abonos.
Este sistema de ventas resulta indudablemente negativo; limita en gran medida el número de consumidores, ya que las condiciones que se les imponen a los compradores en abonos hacen que para muchos de ellos las adquisiciones de estos artículos se vuelvan inaccesibles.
Los precios que se cobran al consumidor son desorbitados en relación al valor de mercado de los artículos.
Los pagos parciales o en abonos periódicos que se les fijan, en muchas ocasiones están por encima de su capacidad de pago, los que los obliga, en caso de dar cumplimiento a sus obligaciones a reducir aún más su pobre economía doméstica.
El crédito al consumo por parte de las instituciones bancarias, ofrece estos aspectos positivos: hará posible que los bienes de consumo duradero se adquieran a precios justos, ya que las compras serían hechas de contado, seleccionando el comprador el artículo que más convenga a sus interese y al comerciante que ofrezca mejores condiciones; que se reduzcan las tasas de interés puesto que será a las autoridades monetarias a quienes corresponda fijarlas. Un mecanismo financiero de esta naturaleza auspiciará un aumento considerable de consumidores, ya que al capacitar a un gran sector de la población para poder adquirir estos artículos se ampliará el mercado interno. Ampliándose el mercado interno. se fortalecerá la industria nacional directa e indirecta relacionada con la manufactura de los bienes de que se trata, y por último todo ello implicará un beneficio de carácter educativo y social por el bienestar y mejoramiento que significará para la familia el uso y aprovechamiento de ciertos bienes que la vida moderna ha vuelto imprescindibles.
Para alcanzar los propósitos que se ponderan, el Ejecutivo Federal propone las siguientes modificaciones:
Respecto a los Bancos de Depósito, se modifica el artículo 10, adicionando la fracción III bis 1 el artículo 11 adicionando la fracción VI bis 1 y el artículo 17 fracción I, para que estas Instituciones puedan destinar parte de los recursos que manejan del público a este tipo de créditos, en plazos más amplios de los que en la práctica acostumbran y sujetos a diversas normas que dicten las autoridades monetarias, a fin de que ningún momento pueda desviarse el propósito de una norma cuya trascendencia social es innegable.
Por lo que respecta a las sociedades financieras, se agrega la fracción VIII bis, al artículo 26 y V bis al artículo 28 y se modifica la fracción VI de este último artículo, a efecto de que estas sociedades puedan también concurrir en el crédito al consumo, ya que en la actualidad sólo pueden realizar operaciones al consumo, al igual que en las demás instituciones de crédito, estarán sujetas a las normas que dicten las autoridades monetarias.
Por cuanto se refiere a los bancos capitalizadores, se introduce la modificación de la fracción IV del artículo 41 bis, con el propósito de que los ahorros que previamente deben realizar los posibles sujetos de crédito se reduzca estimulando así este tipo de operaciones.
Igualmente se adiciona el artículo 111 bis, que tiene como propósito fundamental el que los consumidores puedan dar como garantía el artículo adquirido con el crédito, para facilitar así la operación, especialmente a aquellas personas que estén en la imposibilidad de ofrecer otras garantías.
Otra reforma de trascendencia que contiene la iniciativa de decreto enviada por el Ejecutivo Federal, se refiere a la fuente de recursos de las sociedades financieras. Desde hace años se han venido introduciendo diversas reformas, tendientes a evitar que dichas instituciones obtengan ahorros del mercado de dinero, a corto plazo, puesto que por su carácter de banca de inversión debe acudir al mercado de capitales, recogiendo ahorros a mediano o largo plazo, para poder así, en condiciones más desahogadas y sin el desasosiego de posibles fenómenos de liquidez, canalizar la mayor parte de sus recursos en préstamos a mediano o largo plazo, en beneficio de la industria, la agricultura y la ganadería, que, para su normal desarrollo, requieren fondos financieros a plazos amplios.
Los bancos de depósito pueden recibir depósitos a plazo, sólo en su ámbito natural, que es el mercado de dinero, o sea fundamentalmente tomando depósitos a corto plazo. Las financieras en cambio deben recibir depósito a plazo medio o largo, principalmente, por las razones antes indicadas.
De esta manera la iniciativa que se examina modifica el artículo 26 fracción XVI, señalando que los depósitos a plazo (igualmente los préstamos) no podrán ser a plazo menor de un año, en lugar de los 180 días que la norma vigente señala.
Asimismo, para que en ánimo de los ahorradores quede claramente establecido el propósito de que los depósitos que se hagan ante las financieras sean de mediano o largo plazo, se hace necesario que tratándose de las financieras, los títulos representativos de los depósitos, o sean los certificados de depósito bancario, se denominen certificados financieros, los cuales pueden ser instrumentos importantes para estimular el mercado de valores de México, ya que al registrarse en bolsa, como títulos emitidos por instituciones de crédito, pueden contar con adecuada bursatilidad.
Estamos seguros de que la transformación de las instituciones de crédito, para ponerlas al servicio del pueblo, puede lograr uno de los más grandes beneficios sociales. En los Estados modernos, un crédito fácil, extenso y desprovisto de trabas en su otorgamiento permite el desarrollo de muchos grupos que hoy viven al margen de nuestra vida económica o se ven privados de un poderoso estímulo para conseguir más altos niveles de vida.
Señoras y señores diputados: Al ponderar las bondades y excelencias de la iniciativa del Presidente de la República y en virtud de los incuestionables beneficios que reportará para los intereses colectivos, pido se apruebe el dictamen sometido a vuestra consideración."
El C. Reyes Velázquez, Pedro: Pido la palabra, señor Presidente.
El C. Presidente: Tiene la palabra el ciudadano diputado Reyes Velázquez.
El C. Reyes Velázquez, Pedro: Señor Presidente; señoras y señores diputados: seguramente que ante la disyuntiva que plantea nuestra época en las soluciones de los grandes problemas de la convivencia humana y que parecen desembocar con diferentes nombres y sistemas de organización político sociales, en dos fórmulas antagonistas: libertad sin seguridad o seguridad sin libertad. Seguramente -digo-, nuestro país ha escogido una tercera fórmula, más ardua y difícil pero más justa: seguridad con libertad. Así se desprende del espíritu que anima a nuestro máximo ordenamiento, la Constitución de 1917; así se desprende también de toda una serie de leyes secundarias que en las últimas décadas, con mayor o menor acierto, pero positivamente, vienen jalonando el desarrollo de México y la ruta de la nación mexicana hacia la justicia social.
Por ello la diputación de Acción Nacional cree conveniente, ante la iniciativa del ciudadano Presidente de la República, ya aprobada por la Colegisladora, del proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley General de Instituciones de Crédito y Organismos Auxiliares, no solamente dar su voto en favor del dictamen presentado por la Comisión, sino enfatizar, ante la opinión pública, el alcance de la iniciativa, porque el solo título de reforma a la Ley General de Instituciones de Crédito, parece aludirá un asunto que interesa a la minoría y pocas reformas habrá que tengan un alcance más claramente mayoritario y popular. Ya lo acaba de decir el diputado que me antecedió en esta tribuna, que en resumen se trata de canalizar los ahorros que el público confía a las instituciones bancarias a fin de impulsar el desarrollo económico del país, pero procurando, como lo dice muy claramente la iniciativa, la elevación sistemática de las condiciones de vida de las clases económicamente más débiles, que son las que precisan de una mayor protección y estímulos de parte del Estado.
Es, pues, necesario enfatizar este alcance. Es una reforma a la Ley de Instituciones de Crédito que beneficia a los grandes sectores de población. Sí concretáramos en dos aspectos solamente ese beneficio, por una parte facilita y estimula el crédito que permite a personas de ingresos limitados la adquisición de bienes de consumo duradero.
También lo decía el diputado que me antecedió, es una reforma contra el agio, contra el agio en dos de sus manifestaciones más claras: las ventas a plazos y los créditos pignoraticios, sobre productos agrícolas de consumo necesario; y precisamente en los dos aspectos beneficia a fuertes y extensos sectores de la población mexicana.
Es muy arduo el camino de la justicia social; teóricamente todos la propugnamos, todos la deseamos, todos esperamos que sobrevenga finalmente en nuestra patria, pero qué difícil es encontrar las técnicas adecuadas, las reformas oportunas, las pequeñas adiciones, supresiones, modificaciones, que van conformando, sin alterar la unidad de la estructura nacional; que van alterando las condiciones de vida de las mayorías. En este caso la diputación de Acción Nacional cree que no solamente es plausible la iniciativa y el dictamen, sino que esta reforma indudablemente tendrá que repercutir por medio de los conductos adecuados de la opinión pública, ante todos los sectores beneficiados para que la utilicen y la aprovechen y para que se ponga otro jalón más en el desarrollo económico de México y en la ruta de la nación mexicana hacia la justicia social.
El C. Cruikshank García, Jorge: Señor Presidente, pido la palabra.
El C. Presidente: Tiene la palabra el ciudadano diputado Cruickshank García.
El C. Cruikshank García, Jorge: Señor Presidente, señores diputados: Nuestro partido, el Partido Popular Socialista, es partidario de la nacionalización del crédito en nuestra patria para impulsar el desarrollo económico de nuestro país y hacer que el nivel de vida de las grandes masas populares sea elevado considerablemente. Por eso, en esta ocasión, viene a esta tribuna para decir que está de acuerdo con el dictamen que ha producido la Comisión que hizo uso de la palabra, que usó de la palabra para aprobar la iniciativa del Ejecutivo, que reforma y adiciona la Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares, porque ésta es una forma importante de ayudar a nuestro pueblo, a nuestro pueblo humilde, a elevar sus condiciones de vida, a hacer más posible que la justicia social que pregona nuestra Revolución se acerque a las grandes masas populares.
Por eso, con entusiasmo, nuestro Partido está con el dictamen y con la iniciativa del Ejecutivo. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: En los términos del artículo 116 del Reglamento, se informa a la Asamblea que hicieron uso de la palabra en pro del dictamen los diputados Aguilar Paniagua, Reyes Velázquez y Cruickshank.
El C. secretario Meraz Nevárez, Braulio: Habiéndosele dado la segunda lectura a este dictamen y no habiéndose producido discusión, se va a recoger la votación nominal en lo general. Por la afirmativa.
El C. secretario Martínez Corbalá, Gonzalo: Por la negativa. (Votación.) - El C. secretario Meraz Nevárez, Braulio: ¿Falta algún ciudadano diputado de votar por la afirmativa? - El C. secretario Martínez Corbalá, Gonzalo: ¿Falta algún ciudadano diputado de votar por la negativa? Se procede a recoger la votación de la Mesa. (Votación.) - El C. secretario Meraz Nevárez, Braulio: Ha sido aprobado el dictamen en lo general por 182 votos. Está a discusión en lo particular. No habiendo quien haga uso de la palabra, se va a proceder a la votación en lo particular. Por la afirmativa. - El C. secretario Martínez Corbalá, Gonzalo: Por la negativa. (Votación.)
El C. secretario Meraz Nevárez, Braulio: ¿Falta algún ciudadano diputado de votar por la afirmativa?
El C. secretario Martínez Corbalá, Gonzalo: ¿Falta algún ciudadano diputado de votar por la negativa?
Se procede a recoger la votación de la Mesa.
(Votación.)
El C. secretario Meraz Neváez,, Braulio: Fue aprobado el proyecto de decreto por 182 votos de la afirmativa. Pasa a la Honorable Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales.
El C. Estrada Iturbide, Miguel: Es un error. Dijo que pasaba al Senado y lo correcto es que pase al Ejecutivo.
El C. secretario Meraz Neváez, Braulio: Se ratifica por una omisión de la Secretaría. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
XII - El mismo C. Secretario (leyendo):
"Comisión de Presupuestos y Cuenta.
Honorable Asamblea:
Por acuerdo de vuestra soberanía fue turnada a la Comisión de Presupuestos y Cuenta, la iniciativa presentada por los ciudadanos diputados del Partido Acción Nacional, en la que se sugiere la modificación de las partidas correspondientes del Ramo 3°. relativo al Poder Judicial de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1965.
Dicha modificación consiste en asignar al Poder Judicial de la Federación la suma de $99.766,000.00 (noventa y nueve millones setecientos sesenta y seis mil pesos cero centavos), en lugar de $67.537,000.00 (sesenta y siete millones quinientos treinta y siete mil pesos cero centavos), que consigna el proyecto del Presupuesto de Egresos que fue enviado por el Ejecutivo a la Honorable Cámara de Diputados para su discusión y aprobación en su caso.
La iniciativa de referencia, es fundada por los Diputados del Partido de Acción Nacional en diversas consideraciones, entre las que se destacan la función que cumple el Poder Judicial de la Federación dentro del Gobierno Nacional y la necesidad de que aquél asegure como el resto de los poderes los fines específicos que le han sido asignados en la Constitución General de la República como guardián de la legalidad en la vida nacional, mejorando la estructuración de sus organismos y propiciando una más alta capacitación técnica y profesional de quienes lo integran.
En la propia iniciativa se señala como medio indispensable para lograr estos objetivos, una mejora substancial al ramo judicial, que permita a quienes tienen a su cargo las funciones del mismo, el estímulo de mejores emolumentos, obtener colaboraciones más eficaces de quienes los auxilian en su servicio y disfrutar de mayor amplitud de instrumentos y medios materiales, comprendiendo tal posibilidad desde los más altos funcionarios del Poder Judicial hasta los cargos de menor categoría, expresándose que lo anterior habrá de influir en medidas selectivas que permitan que los funcionarios del Poder Judicial de la Federación desarrollen una actividad preponderante profesional, y por otra parte se traduzca en un aumento de personal que habrá de contribuir a hacer más expedita la Justicia y acelerar los trámites en las diversas dependencias que lo integran.
Cabe señalar que en la iniciativa de referencia se expresa un interés por aumentar el incremento de la suma global del presupuesto asignado al Poder Judicial de la Federación "en términos que se consideran posibles sin romper el equilibrio necesario del referido Presupuesto", y que a la vez determina una elevación en los emolumentos que por diversos capítulos le han sido asignados en el proyecto a cada una de las personas que desempeñan funciones o empleos en dicho Poder Judicial.
Concretamente se propone:
Un aumento equivalente al 40% en sueldos asignados al Ministro de la Suprema Corte y Magistrados de Circuito; 60% a los Jueces de Distrito; 100% a Secretarios y Actuarios y 75% al resto del personal; además se aplique un aumento del 30% a remuneraciones complementarias y eventuales y 40% a servicios generales, lo cual significa un aumento sobre la proposición asignada por el Ejecutivo Federal al ramo judicial, de $32.400,000.00 (treinta y dos millones cuatrocientos mil pesos cero centavos). La citada proposición, se funda en el hecho de que en varios de los ejercicios anteriores como en el presente de 1964, los ingresos del Gobierno Federal han aumentado considerablemente sobre las previsiones presupuestales, aduciéndose a la vez que las expectativas para el año de 1965, son también en el mismo sentido.
En la iniciativa del PAN se considera la posibilidad de que si el ingreso previsto no excediera en la cifra propuesta para aumentar la partida del Ramo III, "dicho aumento podría hacerse con cargo a las partidas del rubro "erogaciones especiales", que se incluyen en distintos ramos, para cubrir necesidades imprevistas y deficiencias en las Partidas
específicas que confirma el proyecto del Presupuesto de Egresos, ascienda a novecientos ochenta y un millones".
Se anexan catorce hojas en las que se propone la cantidad que correspondería a cada una de las partidas en las que se distribuye la cantidad total a la que asciende la propuesta de la modificación, comprendidas éstas en los diversos conceptos y capítulos contenidos en el proyecto del Ejecutivo.
La Comisión que suscribe el presente Dictamen hizo un estudio detallado y consciente de la propuesta suscrita por los diputados de Acción Nacional, observando con verdadera satisfacción la coincidencia manifiesta de los diputados del Partido Acción Nacional, con una de las preocupaciones primordiales expresadas por el señor Presidente de la República, a través de su mensaje al pueblo de México el 1°. del presente mes en el sentido de mejorar la administración de la Justicia como uno de los lineamientos políticos que habrán de llevarse a cabo durante el régimen que preside.
La Comisión considera inaceptable la proposición del Partido Acción Nacional, en los términos que la expresa, no porque no coincida con la intención de mejorar los ingresos de los funcionarios y servidores del Poder Judicial de la Federación, sino porque ésta se aparta de un verdadero sentido realista en relación con los ingresos probables de la Federación, ya que si bien es cierto que existen experiencias en años anteriores, de aumentos sobre las previsiones presupuestales, no debemos olvidarnos de lo que expresa el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1965 en el sentido de que "la estimación de los ingresos federales directos se ha calculado en forma conservadora para evitar transtornos desagradables originados por contingencias imprevistas, como ya ha acontecido en épocas anteriores en que el Ejecutivo Federal se ha visto obligado a reducir sueldos al personal federal, suprimir servicios públicos o disminuir considerablemente las obras planeadas y en proceso".
La técnica con que ha sido elaborado el referido Presupuesto de Egresos de la Federación, se basa en ingresos calculados que permitirán cubrir con seguridad la erogación propuesta sin correr el riesgo de un desnivel presupuestario".
Es de observarse que la jerarquización del gasto público no obedece a decisiones ajenas a nuestra realidad económica y social, sino todo lo contrario, y que si bien es cierto y la Comisión así lo reconoce, que la Partida destinada no satisface los altos propósitos del Ejecutivo en este renglón, también lo es, que no es precisamente por desinterés u olvido, sino por impedimentos de orden material y por reclamos de carácter nacional, que teniendo la misma importancia afectan aspectos básicos en el desarrollo económico y social de México.
La Comisión desea dejar constancia del interés que puso al estudiar la proposición del Partido de Acción Nacional, tratando de interpretar la política enunciada por el señor Presidente de la República en el mensaje de referencia, así como respetar el criterio y la técnica utilizada en la elaboración del proyecto de la Ley de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1965, tratando de conservar la distribución proporcional de los ramos que señala el Presupuesto y el equilibrio de las Partidas debidamente jerarquizadas en atención a las necesidades cuya solución reclama el país. Por lo mismo, somete a la consideración de vuestra soberanía el siguiente Punto Resolutivo:
La Comisión recomienda que en los términos expuestos en la parte considerativa del Dictamen, en el caso de que existiere incremento en los ingresos federales ordinarios, calculados para el ejercicio fiscal de 1965 se aumente al máximo posible el Presupuesto de Egresos del Ramo III: Poder Judicial.
Sala de Comisiones de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.- México, D. F., 28 de diciembre de 1964.- Comisión de Presupuestos y Cuenta: Luis Dantón Rodríguez.- Jorge de la Vega D.- Alejandro Carrillo M.- Fluvio Vista Altamirano.- José A. Cobos Panamá.- Enrique Gómez Guerra.- Mariano González G.- Abraham Aguilar Paniagua."
El C. Presidente: Se han inscrito como oradores en contra los CC. diputados, Ruiz Vázquez y Vicencio Tovar, y en pro los CC. diputados Gómez Villanueva y Molina Reyes.
Tiene la palabra el C. diputado Ruiz Vázquez. - El C. Ruiz Vázquez, Guillermo: Señor Presidente, señoras y señores diputados: la lectura que acaba de hacer la Secretaría, del Dictamen producido por la Comisión en relación con nuestra iniciativa, me sugiere dos consideraciones generales, sin perjuicio de la validez de los argumentos que la misma Comisión, que el mismo dictamen incluye, y que quiero exponer antes de insistir en nuestros puntos de vista.
La Comisión coincide con la iniciativa en que se trata de una iniciativa procedente, en tanto que está encaminada a mejorar el ramo de justicia; en cuanto que es necesario brindarle al Poder Judicial los elementos necesarios para que cumpla con su elevada función; en cuanto que la línea política del gobierno tiene precisamente un marcado interés en llevar hacia el ramo Judicial una mejora sustancial para que venga también una administración, un servicio público que satisfaga más ampliamente las necesidades de la nación. Sin embargo, concluye en una forma ilógica, en que no debe aceptarse la proposición porque podría llevar a un problema que se expresa en el mismo dictamen, en cuanto a un posible desnivel de ingresos, y a una posible restricción de pagos en sus emolumentos a los empleados del Poder Judicial Federal.
Encuentro principalmente la contradicción en cuanto que se ha dicho que el Presupuesto debe favorecer el desarrollo de todas aquellas actividades necesarias para el mejoramiento de la vida de nuestro pueblo, las que son de desarrollo económico, y también las que son de desarrollo social.
Por otra parte, me parece un poco peligrosa para la fama de seriedad de la Comisión, el postular a la vez dos criterios diferentes en cuanto se refiere a la esencia del Presupuesto. Ya aquí se ha dicho en esta Tribuna que se considera eminentemente dinámico el Presupuesto Nacional. Y ahora, se está diciendo en relación con esta iniciativa, que un gasto más de 32 millones cuatrocientos catorce mil pesos podría llevar al desequilibrio el presupuesto.
En el dictamen propuesto a la consideración de esta Cámara en primera lectura, en relación con el presupuesto en general, la misma Comisión afirma
al aceptar una autorización propuesta por la diputación mayoritaria para ejercer excedentes del presupuesto al Ejecutivo, con la condición de dar cuentas posteriormente a esta Cámara, en virtud de que considera que habrá un grande incremento en la recaudación prevista por el Presupuesto de Ingresos de la Federación. Sin embargo, al tratarse de una suma de 32 millones de pesos se considera que va a haber un desequilibrio o un peligro en el pago a las asignaciones normales para los empleados de la Federación, si llegaran a ejercerse esos 32 millones más.
Señores diputados, yo creo que se puede sostener un criterio, y afirmarlo y defenderlo; se puede sostener que el presupuesto es eminentemente dinámico; se pueden dar razones y fundamentos para ello. Se puede sostener también que el presupuesto es rígido; se puede sostener que no debe haber un desnivel ni siquiera mínimo, pero no se pueden sostener los dos criterios al mismo tiempo.
Esta situación me obliga a precisar a ustedes en una forma más clara, en qué forma y por qué motivos debe ser aceptada nuestra proposición. No quiero insistir en las motivaciones que se presentan cuando la iniciativa se hizo de su conocimiento, puesto que en ello no hay discrepancia con la Comisión. No quiero insistir en ello, sino simplemente contrastar a ustedes la parte ilógica de esta resolución puesto que inclusive nuestra iniciativa se ajusta al criterio que pudiera tenerse más estrecho en cuanto al manejo y al ejercicio del presupuesto.
El artículo 24 de la Ley Orgánica del Presupuesto establece que cuando se proponga una iniciativa que lo modifique, se habrá de señalar o de crear el ingreso necesario para ejercerla, salvo el caso de que no se rompa el equilibrio del presupuesto.
Si ustedes analizan todos aquellos dictámenes y exposiciones que hemos recibido y que hemos escuchado, verán cómo en el presupuesto se señala una partida aparentemente mínima de la cual pudiera disponerse, que acusa un superávit de un millón de pesos dentro de la gran cantidad de 37 mil y pico de millones que importan el presupuesto de gastos directos de la Federación y el presupuesto de inversión de los organismos descentralizados; un millón de pesos es positivamente una miseria.
Pero, señores diputados es sólo aparente esta previsión puesto que dentro del mismo presupuesto se señala una partida de erogaciones complementarias tan amplia como de 961 millones de pesos. Y la propia exposición de motivos del Ejecutivo Federal, nos dice que en este rubro, erogaciones especiales, se incluyen las asignaciones propuestas para cubrir necesidades imprevistas, deficiencias de las partidas específicas y aquellos planes nuevos cuya distribución detallada se desconoce. Creo que encaja perfectamente en este concepto el plan que propone nuestra iniciativa de beneficiar al ramo Judicial íntegramente con una asignación que le permitirá mejorar en una forma real y positiva sus posibilidades de trabajo y el ejercicio de sus funciones.
Quiero hacer algunas comparaciones en cuanto a lo que representa el gasto que nosotros proponemos: el aumento de $32.414,000 pesos que pedimos para el Poder Judicial, si lo comparamos con el monto total del Presupuesto de Gastos Directos, que es de 17,800 y pico de millones, apenas representa el 1.8 al millar; si lo comparamos con el presupuesto global, ni siquiera llega al uno al millar. Si comparamos esto con el renglón de erogaciones especiales, que es precisamente para cubrir estos imprevistos, apenas representa en este renglón de erogaciones especiales, que es precisamente para cubrir estos imprevistos, apenas representa en este renglón el 3 y medio por ciento aproximadamente.
¿Se puede decir, señores diputados, que se rompe el equilibrio del presupuesto en esta cifra tan baja, comparativamente, en relación con el gasto total? Si persistimos en la tesis de no tocar una sola de las partidas que vengan en el presupuesto; si persistimos en la tesis de no admitir ninguna actividad que no provenga ya de antemano del Poder Ejecutivo que la haya previsto al elaborar el presupuesto, es perfectamente inútil que la ley nos conceda facultades para modificarlo. Es perfectamente inútil que aún aquellas iniciativas que no prevean en sí mismas el ingreso directo que ha de permitir realizarlas estén incluidas dentro de las posibilidades de modificaciones que señala la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Decía a ustedes que estamos de acuerdo en que se sostenga una tesis; que haya firmeza de principios, acopio de argumentos y esfuerzo, para demostrar que se tiene razón en esa tesis. En lo que no estamos de acuerdo es que a la vez se sostengan las dos tesis contrarias; hasta podríamos admitir que se cambiara. Dicen que es de sabios cambiar de opinión; que se tomara una y después se abandonara. No me parecería una consistencia de principios muy sólida la que en un breve lapso, de un día o de unas horas, permitiera cambiar esa opinión; pero lo que sí no es posible admitir, es que a la vez se sustenten las dos tesis.
La rigidez absoluta del presupuesto que a pesar de imprevistos de novecientos y tantos millones de pesos no permita un agregado o una transferencia para no agregar nada; no permita una transferencia de treinta y dos millones por una parte, y que por otra parte se considere que habrá incrementos en el presupuesto, tan amplios como para que la Comisión piense que es posible autorizar al Poder Ejecutivo para ejercer ese incremento en el presupuesto, tal como nos lo ha dicho en la primera lectura de su dictamen al Presupuesto de Egresos de la Federación.
Me parece, señores diputados, que nuestra labor de modificaciones, de poner también de nuestra parte aquello que sea posible y realizable en la política nacional a través de las autorizaciones necesarias para el ejercicio del gasto público, es una obligación que no podemos ni debemos soslayar, tanto más cuanto que en tratándose de este asunto, de esta reforma necesaria a las funciones del Poder Judicial de la Federación, que ha logrado interesar no sólo a nuestra Cámara sino a la Colegisladora y a la opinión que se expresa a través de los órganos de la prensa nacional, debemos realizarla cuando es patente, cuando es claro que puede llevarse a cabo, sin ocasionar ningún perjuicio, sin afectar ninguna otra actividad administrativa o gubernativa, sin crear ningún conflicto para el mecanismo general del ejercicio del gasto nacional, y con una positiva probabilidad de grande provecho, de grande elevación, de grande mejoría a nuestro pueblo que, si bien exige el desarrollo económico, la obtención de los bienes materiales necesarios para su subsistencia, también exige a la par el desarrollo social; recibir todos aquellos servicios que necesita,
tanto más, cuanto que, en este caso se trata de perfeccionar uno de los tres poderes, uno de los órganos del Gobierno nacional, que tiene una función principalisíma, como órgano de equilibrio, y que tiene que realizarse; que al realizarse tiene que mejorar nuestras condiciones de vida en la paz social, tanto por cuanto se refiere a la paz entre las personas, por cuanto hace las relaciones del individuo con las autoridades, y de las autoridades entre sí, que es precisamente la función que le corresponde a la Suprema Corte de Justicia.
He escuchado el punto resolutivo o de acuerdo que propone la Comisión: una recomendación para que, si es posible se haga el mayor aumento que las circunstancias lo permiten, al Poder Judicial de la Federación.
Quiero ser aún más consecuente; quiero, inclusive, colocarme en el supuesto de que no sea posible variar en un centavo las previsiones de quienes han formulado el presupuesto. En ese caso, iré contra realidades y propondré a esta Cámara que el proyecto de acuerdo que deriva del dictamen se modifique y se tome en este sentido: que al haber incremento en los ingresos de la Federación, se aplique al Poder Judicial, al ramo tercero del presupuesto, en la fórmula propuesta por el PAN, con efectos retroactivos al primero de enero del presente año, y en esa forma, señores diputados, no habrá el mínimo riesgo; pero que si hay el ingreso, que si hay la percepción, sea llevada a la práctica esta proposición que me parece refleja el anhelo de los dos poderes que juntamente con el Judicial integran el Estado mexicano y de las corrientes de opinión nacional, que han convergido hacia este punto y que esperan de los órganos legislativos una resolución adecuada. Muchas gracias.
El texto de la proposición de acuerdo es el siguiente: "La Cámara de Diputados resuelve: al exceder la recaudación de ingresos de la cantidad señalada por el presupuesto para inversión directa del Gobierno Federal, se aplicará al Ramo III (Poder Judicial), la suma propuesta en la presente iniciativa, conforme a la distribución de capítulos, conceptos y partidas señaladas en la misma, y con aplicación retroactiva al 1°. de enero de 1965.
Salón de sesiones de la H. Cámara de Diputados, a 29 de diciembre de 1964.- Guillermo Ruiz Vázquez."
El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado Gómez Villanueva.
El C. Gómez Villanueva, Augusto: Señor Presidente, honorable y distinguidas compañeras y compañeros: la diputación mayoritaria ha creído conveniente venir a esta tribuna para sostener los puntos de vista que expresara la Comisión en relación con la propuesta que hizo el Partido Acción Nacional, para que se modifique el Presupuesto de Egresos de la Federación en el Ramo III.
Creemos que el dictamen es lo suficientemente claro y está perfectamente fundado y no expresa ninguna contradicción, porque, por una parte, se expresa el interés de parte de los miembros de la Comisión en torno a la propuesta del PAN, no porque ésta sea una innovación que nos trae el PAN a la Cámara de Diputados, sino porque, como se afirma en el cuerpo del dictamen, el propio señor Presidente de la República y la diputación mayoritaria identificada con su pensamiento, expresaron en reiteradas ocasiones, el interés por mejorar el Poder Judicial de la Federación.
Pero ahora bien, tal interés se refleja en forma preponderante a través de la distribución del Presupuesto de Egresos, en el cual se advierte un incremento del 6% en este ramo específicamente, en forma comparativa con el del año anterior, lo cual demuestra que efectivamente se ha observado un propósito de mejorar dentro de una realidad y de acuerdo con las limitaciones económicas, que nuestro país impone, al Poder Judicial de la Federación.
Es cierto que esta reforma, o estas modificaciones al presupuesto, por ser pequeñas, no satisfacen de ninguna manera las inquietudes y las preocupaciones del régimen en este sentido; pero tal parece que las observaciones que ha hecho el Partido Acción Nacional, parten de un supuesto teórico de que el presupuesto del país, se puede manejar en forma arbitraria o de acuerdo con determinadas inclinaciones, y que el presupuesto no responde a una confirmación estructurada de las necesidades que en el orden social se advierten en nuestro país.
No es posible aceptar la propuesta del PAN, repetimos, no porque haya falta de interés ni porque haya falta de deseos y de propósitos, sino porque existen limitaciones de orden material que impiden que esta proposición se cumpla cabalmente, como lo sugiere el Partido Acción Nacional; pero aún sin la proposición, seguramente el Gobierno de la República cargará su acento en procurar mejorar en forma gradual los ingresos que se destinen al Poder Judicial. El problema ha sido enfocado en forma parcial, porque tal parece que los aspectos que destacan como problemas que impiden el funcionamiento eficaz, como señala la propuesta del PAN- del Poder Judicial, está sólo determinado por razones de orden económico.
En la propuesta del Partido Acción Nacional se dice que la modificación al presupuesto habrá de influir para garantizar una mayor independencia del Poder Judicial, para garantizar un perfeccionamiento en los trabajos y una selección de los miembros del referido poder.
Decimos que el enfoque es unilateral, porque tal paceré que en esta ocasión el Partido de Acción Nacional cae dentro del determinismo histórico, atribuyendo que todas las deficiencias que se pueden observar en el Poder Judicial, sólo se deben razones de orden económico, razones de orden económico que sí es cierto que son importantes pero que en última instancia no son las determinantes.
Creemos que es importante modificar, propiciar los mecanismos necesarios para que la justicia sea más expedita, pero no está condicionado sólo a aspectos de orden económico, sino a aspectos de orden administrativo también y muchos más complejos, que, en última instancia, habrán de ser motivo de análisis mucho más profundos.
Se afirma que es posible que se destine la cantidad de 32 millones aumentando a los 67 que actualmente tiene presupuestados, pensando en dos posibilidades: primero, en las expectativas de incremento en el ingreso de la Federación; y segundo, modificando, digo, procurando substraer a la partida de erogaciones especiales, la cantidad de referencia.
Creo que el dictamen ha sido muy preciso, y aquí es donde no hay contradicción cuando se afirma lo siguiente: "En los fundamentos que aparecen en el proyecto de presupuestos de la Ley de Egresos de la Federación, el Ejecutivo ha sido muy preciso en torno a la doctrina y a la técnica que se ha utilizado para elaborar el proyecto de presupuestos y dice lo siguiente:
"La estimación de los ingresos federales directos se ha calculado en forma conservadora para evitar transtornos desagradables originados por contingencias imprevistas, como ya ha acontecido en épocas anteriores en que el Ejecutivo Federal se ha visto obligado a reducir sueldos al personal federal, suprimir servicios públicos o disminuir considerablemente las obras planeadas y en proceso."
La técnica con que ha sido elaborado el referido Presupuesto de Egresos de la Federación. "Se basa en ingresos calculados que permitirán cubrir con seguridad la erogación propuesta sin correr el riesgo de un desnivel presupuestario."
Señores diputados: restaríamos seriedad a la Cámara si apoyáramos la propuesta original del PAN, en el sentido de que legisláramos ya sobre 33 millones de pesos que probablemente habrían de recaudarse como ingresos a la Federación. Creo que no es posible partir de supuestos sino de realidades, y la realidad, la seriedad que exige la discusión de un proyecto de este tipo nos indica que no podemos asumir una actitud ligera en torno a acontecimientos económicos probables que la propia Federación ha previsto y que, por lo mismo el Ejecutivo elaboró el proyecto de egresos tomando en consideración estos aspectos de orden económico.
Ahora bien, por otra parte se indica que si no hubiese un incremento en los ingresos de la Federación, se sustrajera esta cantidad a erogaciones especiales. Quiero recordarle al señor diputado del PAN lo que se considera como erogaciones especiales: "Las asignaciones destinadas a cubrir determinados servicios específicos cuyo monto está condicionado al entero de sus productos en la Tesorería de la Federación; las que por su carácter de emergentes no pudieron comprenderse en el capítulo respectivo.
Las destinadas a cubrir deficiencias justificadas que pudieran presentarse en las partidas específicas de cada ramo; así como las asignaciones necesarias para sufragar las erogaciones de nuevos programas de actividades, cuya subdivisión en detalle (por partidas) no sea factible realizar hasta conocer las necesidades del servicio."
No es posible romper ni la unidad ni el equilibrio del presupuesto, tomando en consideración además de los aspectos de orden técnico, la seriedad con que debe de actuar la Cámara de Diputados en torno a una propuesta con estas características; pero además de esto, creo que es importante que hagamos una serie de reflexiones. Hasta ahora hemos observando en este caso un interés por mejorar la administración de la justicia a secas. En esta mañana se ha hablado con cierta intuición de la justicia social, y se han hecho algunas observaciones muy importantes. Creo que es necesario que abundemos en un hecho muy concreto. No podría distraerse una serie de ingresos de la Federación para destinarlos en forma específica a un ramo, porque se le ocurre a un grupo de diputados, aunque haya justicia en la proposición, sin asumir una actitud lógica y coherente en función a los grandes problemas de orden nacional, la diputación del Partido Revolucionario Institucional, en todo caso inclinada por el problema del campesino, podría sugerir que toda la partida se destinara a satisfacer las necesidades de agua potable de los poblados rurales o perforación de pozos profundos o crédito para los campesinos, u otras diputaciones podrían sugerir también una serie de puntos de vista para satisfacer problemas de orden nacional que se consideran inaplazables, pero justamente porque hay un criterio que responde a una concepción justiciera y a una concepción jerarquizada de las necesidades del país y la forma de resolverlas. Por eso se ha elaborado el presupuesto en atención a esas grandes necesidades. Por ejemplo podríamos pensar en problemas que se han planteado recientemente con cierta vehemencia y que indican la necesidad de que el país canalice el máximo de sus recursos, a la solución de estos problemas
Tenemos que en México el problema de la mortalidad infantil todavía alcanza al 64.6% al millar; el 9.6% al millar, en mortalidad en general; tenemos todavía el 21% de población que sufre analfabetismo; tenemos también diez millones de indígenas, distribuidos en el país; tenemos que la población que no come pan de trigo es del 31%, la población que no usa zapatos es del 38%; la población que no come carne, ni pescado, ni huevos, y que no toma leche es del 24%; la población que no habla español es del 4%, en 1960, y la población indígena es del 10.5%. Esto es sólo para enunciar algunos de los problemas de orden nacional que necesariamente han merecido la atención del Ejecutivo en la elaboración del presupuesto que ha sido sometido a consideración de la Cámara de Diputados.
Por lo mismo, creemos que es improcedente la propuesta inicial de Partido de Acción Nacional, y queremos dejar muy claramente asentado la actitud de los diputados de la mayoría en esta Cámara. No queremos, ni aceptamos, que se aproveche demagógicamente para fines publicitarios, una interpretación que hemos tratado de hacer justa y correcta en el planteamiento de un problema que ha hecho en forma unilateral el Partido de Acción Nacional.
La Cámara no ha rechazado una propuesta, sino que al contrario, la propia Comisión ha procurado estudiar con un sentido realista, congruente a las necesidades y atenciones del país, pero también con el propósito de no desestimar el fin que se persigue; por eso, se ha elaborado un dictamen, un dictamen que comprende los aspectos que ya hemos enunciado en nuestra intervención, y que consideramos es un dictamen que se ajusta a un gran sentido de la realidad.
Este punto resolutivo debemos de leerlo para dejar claramente asentado lo que ya hemos afirmado, porque seguramente este tema puede ser explotado para fines publicitarios y se podría afirmar: la diputación del PRI rechazó una propuesta de mejorar los ingresos o la partida del Poder Judicial de la Federación y esto no ha ocurrido de ninguna manera. La Comisión recomienda que en los términos expuestos en la parte considerativa del dictamen, en el caso de que existiera incremento en los ingresos federales ordinarios, es decir, en caso de que existieran cálculos
para el ejercicio fiscal de 1965, se aumente al máximo posible el presupuesto de egresos del Ramo III, del Poder Judicial.
Por lo mismo, compañeros diputados, la diputación mayoritaria ha venido a esta tribuna para tratar de hacer algunas enunciaciones en aquellos aspectos que dieron origen a los criterios manejados por la Comisión y a la vez a pedir a la Cámara de Diputados que apruebe el punto resolutivo de la Comisión respectiva. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Vicencio Tovar, Abel Carlos: Pido la palabra, señor Presidente.
El C. Presidente: Tiene la palabra el ciudadano diputado Vicencio Tovar.
El C. Vicencio Tovar, Abel Carlos: Señores diputados, antes de hacer uso de la palabra, con el objeto que la he pedido, deseo suplicarle al señor Presidente pregunte a la Comisión si acepta o no la modificación propuesta por el diputado Ruiz Vázquez, al hacer uso de esta tribuna.
El C. Rodríguez, Luis Dantón: Señor Presidente: la Comisión desea escuchar los criterios de los impugnadores en razón a que se han inscrito cuatro oradores y solamente hemos escuchado dos. Después de escucharlos habremos de decidir cuál es nuestro punto de vista.
El C. Vicencio Tovar, Abel Carlos (continuamos): Con verdadera sorpresa, señores diputados, hemos oído aquí la afirmación de que la seriedad de este cuerpo legislativo de la Cámara de Diputados, consiste, ni más ni menos, que en olvidarse de la Constitución de la República.
Se nos vino a decir aquí que la Cámara debe ser lo suficientemente seria para no modificar una partida de un presupuesto enviada por el Ejecutivo de la Unión y, señores diputados, yo me opongo terminantemente a que esta idea prive en este recinto. La Constitución de la República y ustedes lo saben perfectamente, establece la posibilidad, de el derecho y sentimos, en consecuencia, la obligación de que esta Cámara de Diputados, en ejercicio de ese derecho y en uso de esa facultad, se avoque al sentido concienzudo de un presupuesto que enviado por el Ejecutivo de la Unión, debe pasar todavía por el tamiz de la soberanía y de la representación nacional de esta Cámara de Diputados.
Se dijo aquí que la seriedad consiste en no modificar una sola partida del presupuesto; se dice también que no hay ninguna contradicción en la actitud que las comisiones que se han encargado del presupuesto de egresos y de dictaminar esta iniciativa de nuestro Partido, que no hay ninguna contradicción. La contradicción, señores, tal vez no aparezca en un solo dictamen, en el dictamen que rechaza la iniciativa de nuestro Partido, pero es evidente que si en alguna ocasión aquí se nos ha dicho que el presupuesto debe ser eminentemente dinámico y que se deben dejar las manos libres al Ejecutivo para que ejerza las partidas del presupuesto, cuando éstas sean sobrantes, y para que llene así las necesidades de la colectividad, es evidente que si en un momento dado se dice que el presupuesto debe ser dinámico, no hay justificación para que este momento se nos diga que $32.000,000.00 sobre el gasto directo de más de diecisiete mil millones significa un grave desajuste al presupuesto entonces se está asumiendo una actitud completamente contraria, se quiere un presupuesto estático, ahorcado, en las cifras previamente estudiadas por el Ejecutivo Federal.
Se dijo, también, como una desesperada, como un desesperado esfuerzo para decirlo a la opinión pública que esta intervención de Acción Nacional es demagógica, que nosotros solamente queremos publicidad, que no tenemos ninguna base para pedir lo que pedimos, que independientemente de las cifras del presupuesto y precisamente por eso dije también, el Ejecutivo Federal y el Presupuesto de Egresos, más bien a través del Presupuesto de Egresos, está satisfaciendo ampliamente las necesidades en este ramo.
Se reconoce, por otro lado, que hay deficiencias, naturalmente; se dice que hubo un aumento del 6% en la asignación a la partida III del presupuesto de egresos, un aumento del 6% dándolo por hecho, señoras y señores, no significa ni en mínima parte una mejoría en la asignación a la administración de justicia en México.
Por unas cuantas razones, entre ellas una de orden demagógico, sabemos perfectamente que la población en México aumenta a un ritmo de un 3.4 ó 3.5% cada año. Por otro lado, las estimaciones del Banco de México y de otros organismos, nos dice que hay años en que el aumento en el costo de la vida llega a un 3 ó 4%. En estas condiciones, si la población aumenta en un 3.5%, y el costo de la vida ha llegado a aumentar hasta en un 4%, haciendo un total de un 7.5%, el aumento del 6% en el Presupuesto, considerando ese aumento por el servicio que va a dar a cada mexicano, que eso es lo que nos debe interesar, no solamente es un aumento, señores diputados, sino inclusive puede significar una disminución en los servicios que el pueblo de México requiere para una correcta administración de justicia.
Realmente nos llena también de sorpresa, afirmaciones constantemente contradictorias; no solamente en este dictamen, no solamente en la ocasión anterior, cuando se habló de otros presupuestos; también cuando se trató del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, se dijo reiteradamente que los diputados de la mayoría, y que los miembros de las Comisiones declaraban abierta y concienzudamente en que muy lejos estaba su intención de quitarle al pueblo esa justicia tan necesaria para su desenvolvimiento individual y para su desenvolvimiento social. Se hicieron reiteradas propuestas de fe en una magnífica administración de justicia y en la voluntad que se tiene de darle a este pueblo la justicia a la que el pueblo tiene derecho. Sin embargo, es como si se dijera: "Tengo enormes deseos de mejorar la administración de justicia en México, pero no quiero cristalizar esos deseos; tengo muchas ganas de mejorar la administración de justicia, pero me las aguanto."
Señores, realmente hay contradicciones constantes en las intervenciones en esta Tribuna, cuando a veces nos dicen una cosa y luego otras, y no vemos realmente cómo pueden cristalizarse esos deseos, si un pequeño aumento en el Presupuesto que ciertamente mejoraría en mucho, aunque no resolvería totalmente el problema, mejoraría ciertamente la administración de justicia en México. Sabemos perfectamente que a estas alturas, dado el grado de nuestra evolución parlamentaria, es muy difícil que una partida del presupuesto se modifique en la Cámara de Diputados. No somos culpables de ello los autores de la iniciativa; no quisiera tampoco culpar a ninguna persona.
Es simplemente el resultado de un mecanismo ya atávico, y que tiene que llegar a ser obsoleto, inoperante, mediante el cual el presupuesto llega ya perfectamente delimitado, perfectamente desglosado, llega a la Cámara de Diputados con la más absoluta inoperancia en cuanto a la posibilidad de que este cuerpo legislativo modifique las partidas que el Ejecutivo previamente ha estudiado y previamente ha propuesto. No es culpa nuestra.
También sabemos perfectamente, señores diputados, que dado el grado de nuestra evolución parlamentaria, es totalmente imposible que la mayoría votara en contra del dictamen, y a favor de la propuesta del Partido Acción Nacional, para mejorar la administración de la justicia en México. Lo sabemos, sin embargo, nos vemos obligados a hacer uso de la tribuna, no con esos fines publicitarios y demagógicos que el señor diputado que me antecedió en el uso de la palabra supone, fines publicitarios que creo yo difícilmente él pudiera realizar, dados los pobres argumentos que ha vertido en esta tribuna. No precisamente por eso, sino fundamentalmente porque estamos plenamente convencidos de que la transformación de las ideas es el antecedente de la transformación de las instituciones y de las costumbres en México, en la patria mexicana en la vida pública de México y precisamente hemos de abordar esta tribuna cuantas veces sea necesario para hacer llegar a la opinión pública y a ustedes, señores diputados como sus representantes, el motivo que nos mueve a actuar y hablar, porque sinceramente creemos que esta modificación y transformación de las ideas será solamente un antecedente en la modificación de las instituciones, y hacia allá vamos.
Nuevamente el dictamen que rechaza la iniciativa de nuestro Partido reproduce, aunque en distintas palabras algunos de los argumentos que se han vertido para rechazar proposiciones similares. Parece que se ha planteado una antinomia o una alternativa que no tiene escape; o justicia o servicios municipales; o justicia o agua se nos dice; o justicia o repartición de bienes de consumo; o justicia o alumbrado. Señores, no hay tal antinomia; la rechazamos absolutamente, en primer lugar porque de la iniciativa misma que nuestro Partido ha presentado se deduce que no hay tal alternativa ni tal antinomia. Treinta y dos millones en un gasto directo de 17 mil millones no desequilibra al presupuesto; más bien a este respecto afirmamos nosotros que el Presupuesto, si se considera, si se compara al presupuesto, o sea las partidas presupuestales, con las necesidades que tiene que satisfacer este presupuesto y estas partidas, más bien consideraríamos nosotros que el Presupuesto como está, está desequilibrado, porque no es suficiente la partida tercera para dar al pueblo de México la satisfacción a la necesidad de la justicia, a la que tanto tiene derecho.
Y en esas condiciones, diríamos que más bien nuestra iniciativa viene a equilibrar un presupuesto desequilibrado. No hay tal antinomia, con mayor razón si consideramos que la justicia no es simplemente una distribución de bienes, no es una técnica distributiva. En un país en el que la justicia tenga vigencia absoluta, la riqueza material y la riqueza espiritual también tendrán vigencia y se aumentarán día con día. La producción de la riqueza, el trabajo de cada quien, el esfuerzo en el surco, en el taller, o en las instituciones de intelectuales, en la producción de la riqueza, los bienes para la satisfacción de las necesidades del hombre, solamente pueden darse, y abundantemente, y sin cortapisas, y con toda generosidad, cuando a cada quien se le dé lo que corresponde; cuando haya un ambiente de respeto al producto del trabajo, y cuando el incentivo, cuando el aliciente de ser recompensado justamente con el producto de su trabajo, en estas condiciones la riqueza se multiplicará ampliamente.
Nosotros somos, hemos sido, más bien dicho, y seguiremos siendo testigos, cómo la falsedad en las promociones sindicales, en los organismos de burócratas, la injusticia que se comete en ciertos tribunales muy ligados con el pueblo por su pobreza, acaban con la decisión de trabajo de mucha gente. Y nuestros jóvenes que apenas se asoman a la vida pública, y que con esa generosidad, ilusión y entusiasmo, muy propia de la juventud, se asoman a esta vida pública para encontrar en ella lo que ellos quisieran encontrar: justicia, sinceridad, bien en todos sus aspectos y se encuentran con que no es necesario ya esforzarse en el trabajo sino arrimarse al poderoso. No es necesario mejorar su preparación, sino mejorar su capacidad de adulación. No es necesario levantar la voz frente a la injusticia sino conformarse con la injusticia cuando se pertenece al grupo que la prohíja. Cuando se dan cuenta de esto nuestros jóvenes, este pueblo, el pueblo de México, no solamente va siendo más pobre en lo material, sino lo que es más grave se convierte en un pueblo más pobre en lo espiritual, porque si grave es que la injusticia evite que se multiplique la producción de bienes materiales para la satisfacción de las necesidades, mucho más grave es que se trastoquen los valores y la mente de nuestros jóvenes, y se proyecte hacia el futuro una desesperanza en los altos valores sociales de la patria, puesto que ellos ya no tendrán fe en los altos valores y se conformarán simplemente con un caminar por la vida aprovechando circunstancias sin que importe lealtad, trabajo, esfuerzo y honradez.
Por eso creo sinceramente que estamos muy lejos de esa concepción determinista de la historia.
La justicia no es simplemente un resultado de una técnica de distribución; la justicia es armonía; la justicia es proporcionalidad; la justicia es, como su nombre lo indica, el ajustar el derecho a la prestación que se recibe, y la justicia, sobre todo en el ámbito social, es una de las más altas virtudes de la sociedad, que permite la coordinación de los esfuerzos para lograr el bien común. La justicia es, en suma, creadora; la justicia es creadora de riqueza y, en consecuencia, cuando la justicia rija, la riqueza también aumentará en todos los órdenes de la patria mexicana.
No podemos soslayar una realidad que el pueblo de México siente en cada uno de los días de su vida y siente íntimamente muchas veces como flagelo a su estancia y a su estancia como ciudadano de nuestra patria.
En estas condiciones, la justicia, para cumplir su misión, debe ser un poder en su orden, supremo, autónomo, suficiente; y desgraciadamente y esto no se va a negar para el pueblo, fundamentalmente para el pueblo humilde, frente a lo que debiera ser el supremo poder de la justicia y de su administración, se levanta en México dos poderes: el poder
del dinero y el poder de la política. Me refiero no solamente a aquellos manejos en que todos han pensado; me refiero a una verdad que vive en el alma del pueblo y que lo hace decir con frecuencia, con exactitud: el rico puede defenderse con toda facilidad, en tanto que el pobre es muy difícil que se le haga justicia. Inclusive, si mal no recuerdo, en alguna de las frases que se usaron en la campaña política pasada, se llegó a decir que la Revolución defendería a los pobres, porque los ricos se defendían por ellos mismos.
Tal vez los ricos no se defiendan por sí mismos; pero en el ánimo del pueblo sí se encuentra la convicción de que para los ricos es más fácil defenderse; pero no solamente a eso me refiero. Me refiero, igualmente, a aquella necesidad que tantos funcionarios de la administración de justicia tienen de completar su magro presupuesto, buscando y encontrando otras ocupaciones colaterales a la administración de justicia, a la que deberían dedicar su vida, porque el presupuesto y en este caso el sueldo de muchos funcionarios es absolutamente insuficiente para sus necesidades, con grave mengua de la administración de justicia, a la que ellos debieran estar integra y exclusivamente destinados.
Por otro lado, la administración de justicia requiere de tal manera la posibilidad de una autodeterminación, que es el juez, entre los funcionarios públicos, el que más necesita y más requiere para un correcto cumplimiento de sus funciones, una despersonalización en su actuación.
No quiero decir de ninguna manera deshumanización, porque el juez, como funcionario, porque el juez, como aquél que va a decidir quién tiene la razón en una controversia planteada a su consideración, el juez debe sentir íntimamente la necesidad de aquel que le pide justicia; el juez íntimamente debe ponerse también en el plan de aquel que puede salir perjudicado, que puede perder su patrimonio, que puede perder su honra o que puede perder su vida con una sentencia; pero evidentemente que el juez es de los funcionarios públicos aquel que tiene que despersonalizar más que ninguno otro su propia actuación.
El Ejecutivo tiene que poner en la acusación que le compete constitucionalmente; tiene que poner en ello su modo de ver, su modo de pensar; tiene que hacer de la política que realice como ejecutivo de la unión, o como ejecutivo de los estados, una realización de sus convicciones en materia política, en aquel pedazo de Federación o en aquella unión federativa que le ha tocado gobernar. El Congreso de la Unión y todo el Poder Legislativo evidentemente y aquí lo estamos viendo con pasión cada uno de sus miembros deberán expresar su sentir, deberán expresar su pensar en cada uno de los candentes problemas de la patria que se pongan a debate. Es, pues, una personalización absoluta, sobre todo el caso del Poder Legislativo; pero el Poder Judicial, el juez fundamentalmente, sin olvidarse de que es hombre, sin dejar de considerar íntimamente los sinsabores y las inquietudes que pudieran tener aquellos que le piden justicia, tiene que actuar de una manera totalmente, despersonalizada. Debemos en consecuencia pensar que eso solamente será posible cuando las condiciones materiales en que se desenvuelve el juzgador, cuando la posibilidades que la estructura misma del orden público le permitan una amplia libertad y le permitan también, con la libertad, una posibilidad de realizar su labor con una completa despersonalización.
Ya hacía mucho tiempo, hace muchos años, hace más de dos mil años, que uno de aquellos hombres que han dejado como obsequio, como don de su pensamiento magnífico al patrimonio de la Humanidad, se refería a esta labor judicial y a la justicia en relación con el gobierno de los pueblos. Aquél gran discípulo de Sócrates y Platón, hace más de dos mil años, dio en alguna ocasión que la condición de un buen gobierno no era, señores, que los pórticos estuvieran cubiertos de decretos; lo era que la justicia habitara en el alma de los hombres. Nosotros venimos aquí a estudiar y a formular decretos y leyes; pero creo que nuestra intención; creo que nuestra mira, creo que nuestro fin, debe estar mucho más allá que llenar de decretos los pórticos de la patria. Debe ser nuestra intención dar a la estructura política y a la organización jurídica del país, las condiciones necesarias para que aquellos que están encargados de aplicar la justicia, hagan habitar en su alma esa virtud social, para que ésta se haga posible en todos los ámbitos de la comunidad nacional.
El juzgador, pues, es un hombre y el Poder Judicial es un ente que requieren autoridad, que requieren capacidad, que requieren una serie de virtudes que solamente una estructura adecuada puede darles. Por eso estamos aquí, pidiendo que por esta ocasión se dé un paso adelante en la dignificación de la administración de la justicia en México. Sabemos perfectamente, porque conocemos y ustedes también conocen, señores diputados, que muchos de los emolumentos que reciben los funcionarios judiciales no son suficientes, y mientras no sean suficientes se requerirán esfuerzos extraordinarios para dedicarse exclusivamente y con toda acuciosidad a esa magnífica labor de que la patria tanto espera: la impartición de la justicia.
Dicen que Sócrates se suicidó porque Filipo de Macedonia implantó en su patria un gobierno tiránico, en donde la libertad y la justicia pasaron a ser una buena voluntad de hombres, que como él prefirieron el escapar del mundo a tener que soportar estas cosas.
Yo les aseguro a ustedes, señores diputados, que el pueblo de México no está dispuesto a dejar morir de hambre sus ideales: ya los ha alimentado en esta magnífica lucha que dio en la campaña electoral, y que ha permitido a muchos de ustedes, ¿por qué no decirlo? y a muchos de nosotros, llegar como sus representantes legítimos para defenderlos en esta tribuna, ahora y cada vez que sea necesario, cuantas veces se presente la tesitura los que nos sentimos verdaderos representantes del pueblo, hemos de exigir que la administración pública, que la organización de las estructuras políticas y jurídicas en México, sean suficientes para darnos a nosotros, a la patria y al pueblo que representamos, una justicia a la altura de las necesidades. (Aplausos.)
El C. Presidente: Tiene la palabra el ciudadano diputado Molina Reyes.
El C. Molina Reyes Guillermo: Señor Presidente, honorable Asamblea. Quizá en el estudio y en la aprobación en la discusión del Presupuesto de Egresos, sea una de las atribuciones que la Constitución da a la Cámara, en donde se requiere verdaderamente
despojarnos de todo aquello que no sea una verdadera técnica legislativa.
Por antecedentes históricos, por necesidades reales constitucionales, el trabajo de la Cámara en relación al Presupuesto de Egresos, en un temperamento constitucional que debe pues, confundir la labor del Ejecutivo y del Legislativo, para realizar una ley que permita con la experiencia del Ejecutivo, lograr los beneficios que de ella se requieren.
Hacer a un lado las normas que condicionan, que conforman y que construyen el Presupuesto, para hacer de ello un momento en que se viertan frases líricas o se pretenda hacer demagogia, lleva un riesgo muy grande: que se denota a quien quiere defenderse. Se sostiene una tesis como la que acabamos de escuchar: que nuestra justicia en México para ser digna, para ser expedita, para ser honesta requiere estar revestida de más monedas cada vez. Es la leyenda negra de que nuestra justicia no es honesta porque no se cubre a sus servidores de los emolumentos necesarios. Eso es falso y es una tesis que no creo compartan los miembros del Poder Judicial con los compañeros diputados del PAN.
Las argumentaciones técnicas que imposibilitan a la Cámara para distorsionar el Presupuesto par acomodarlo a caprichos, ya se han dado en el dictamen y las ha expuesto el compañero de la diputación mayoritaria que ha hecho uso de la palabra pero daremos un par de razones más.
No es posible aceptar la proposición de la diputación del PAN, porque de haber excedentes no hay porqué seguir los lineamientos que ellos fijan en su iniciativa, para ocuparlos en las partidas específicas que ellos dicen, porque puede haber más excedentes o menos y según las necesidades habría que conformar esos excedentes a los requerimientos del servicio del Poder Judicial pero lo que más nos extraña es, que habiendo una ley que reglamenta la composición y la formación del Presupuesto, no se llegue a ella. ¿Cómo es posible que si el Poder Judicial tiene la obligación en determinado lapso del año fiscal anterior, de presentar su preliminares de presupuesto, el mismo Poder Judicial solicita un 6% de aumento, se concede ese 6% y un grupo de litigantes quiera que se le dé más de lo que el mismo Poder Judicial requiere para cumplir con sus fines y con sus atribuciones?
El Poder Judicial no solicitó el aumento de 32 millones de pesos, solicitó un aumento de un 6% sobre el egreso del año pasado o del año actual. Ese se le está dando, porque ese es el que se requiere para el cumplimiento de sus atribuciones. Sentado esto, debemos expresar que a nosotros también, a la diputación mayoritaria, le preocupa, como a todo el pueblo de México, el mejoramiento de la administración de justicia, pero le preocupa no nada más en el plano federal, le preocupa el mejoramiento de la administración de justicia en todas las entidades de la Federación y creemos que esa preocupación debe llevarnos a los diputados del PAN, a los diputados del Partido Socialista y a los diputados del PRI, a estudiar con proyección nacional el problema de la impartición de justicia.
No es exclusivamente aumentando los sueldos de los servidores del Poder Judicial de la Federación como hemos de satisfacer plenamente los requerimientos de la justicia popular. Vamos a estudiar un plan ordenado, vamos a ver los requerimientos internos de la administración de justicia, vamos a nivelar los emolumentos económicos de los servidores de la justicia en la plano federal, lo mismo que en Chiapas y en Chihuahua y en Coahuila. ¿Por qué vamos a hacer una discriminación cada vez mayor entre los servidores de una justicia que es igual, que está dividida por fueros, por necesidades de división del trabajo o por otras causas?
Tenemos esa preocupación, pero también sabemos que el funcionamiento del Poder Judicial como institución social está condicionada por factores internos a la propia institución, a una preparación ética de sus miembros, una preparación que parte desde la conformación profesional en las escuelas de instrucción superior para el mejoramiento de los servicios dentro de la propia institución por una campaña de moralización; pero no sólo dentro de los miembros del Poder Judicial, sino entre todos los que se dedican a la postulancia y al ejercicio profesional, vamos a rodear al Poder Judicial de seguridades, vamos a estudiar profundamente el problema del Poder Judicial, pero no vamos a sostener la tesis de que existe un Poder Judicial deshonesto o negligente, porque no está rodeado de garantías suficientes.
Los miembros del Poder Judicial Federal han venido año con año recibiendo aumento en sus percepciones; están rodeados de la seguridad social que da el Gobierno de México a todos los servidores públicos. Vamos a estudiar las causas por las cuales nuestra justicia puede estar rezagada en el tiempo, puede no ser expedita, pero no confundamos esa necesidad social, ese requerimiento de nuestro pueblo y vengamos a hacerlo aquí como argumento de tribuna para distorsionar un Presupuesto estudiado.
La misma Ley Orgánica permite a los señores diputados el estudio de los preliminares del Presupuesto, precisamente para poder entenderlo. El dictamen está fundado en técnica presupuestal y en técnica fiscal; no es el capricho de unos cuantos de nosotros los que pudiéramos cambiar el sentido del Presupuesto. Pedimos, compañeros diputados, que se apruebe el dictamen de la Comisión en los términos del dictamen, porque se ajusta a la técnica fiscal y a las necesidades del Gobierno de la República. - El C. Presidente: Tiene la palabra el ciudadano diputado Moheno Velasco.
El C. Moheno Velasco, Rubén: Señor Presidente; señoras y señores diputados con mi más profundo respeto y consideración para los funcionarios del Poder Judicial, con la mejor voluntad personal para entender los argumentos de los señores diputados de Acción Nacional, en favor de esa parte del poder público, yo diría que compartimos sus inquietudes por cuanto a que una justicia al servicio del pueblo mexicano esté, revestida del marco de dignidad y de solvencia que le corresponda; pero infortunadamente no alcanzó mi vida a ostentar los grados honrosos académicos. No disfruto del honroso privilegio, nacido del esfuerzo de un título de abogado y no he visitado los tribunales jamás en mi vida.
Sin embargo, pertenezco a la masa común y amorfa, que se llama pueblo. No teniendo otra profesión, diría que comparto la universal de hombre, simplemente. Y este rango que todos nos esforzamos en alcanzar, en plenitud todos los días, me satisface por ahora y crea ciertos tropiezos en mi mente y en mi conciencia para entender en plenitud el propósito de los señores diputados de Acción Nacional.
Diría que la justicia para con el pueblo del que formo parte comienza en el contacto diario, cotidiano, con ese juez rudimentario y elemental que es el gendarme; y diría yo que es una necesidad para que nuestro pueblo, acaso no tan importante como la majestad de los tribunales, merece ser tratado con consideración, con sentido de equidad y con esa misma justicia, pero todos estamos expuestos todos los días al arbitrio del juicio de un gendarme. También forma parte rudimentaria, elemental primaria, de la justicia, y los señores diputados de Acción Nacional han dejado en el saco del olvido ese primer contacto que también reclama, si no justicia en el orden de tribunales, sí justicia a secas, nada más.
Por lo demás, si la expresión lírica de González Martínez, de torcerle el cuello al cisne de armonioso plumaje, fuera genérica a otros conceptos, que no fueran de la literatura de su tiempo, diría que no es válido aplicarla al sentido rudimentario y elemental de la lógica que tantas veces se ha invocado de manera tan gratuita y fuera de lugar esta mañana, en esta tribuna.
Recuerdo la intervención del señor diputado Ruiz Vázquez. Voy a referirme a ella lo más rápido que pueda. No todo el desarrollo social lo es en el orden económico, pensando en un todo nacional; pero sí todo el desarrollo económico tiene inevitablemente un reflejo social de manera que no es válido el argumento de que para incrementar el desarrollo económico del país, es necesario en primer término elevar los emolumentos de los señores funcionarios del Poder Judicial. Es por el contrario, pensando en ese concepto, otro ángulo, primero como dicen los señores economistas, perdón señor diputado de la Vega por invadir su terreno que tan admirablemente domina usted, yo diría que primero como cosa urgente de un país en desarrollo, de un país que tiene prisa por llegar a las metas primarias de su vida, habría que fortalecer esas infraestructuras de que nos hablan los economistas. Yo diría que en el orden social, que comprende el vasto campo de la vida nacional, es urgente que el decoro se haga extensivo a todos los ramos de la administración pública, comenzando pensando otra vez en la justicia, otra vez por los gendarmes y yo diría también que encuentro de nuevo ilógicos algunos conceptos, con el criterio de que si hay excedentes en el Presupuesto, de esto se tome para llenar la función que reclaman los señores diputados de Acción Nacional.
La pregunta es casi fatal ¿Y si no los hubiera? Bueno, entonces agregan los señores diputados de Acción Nacional, que han hecho uso de la tribuna esta mañana, sustraigamos de otras partidas, ya definidas y estudiadas que obedecen a un reclamo del país esas partidas, para satisfacer de manera preferente al Poder Judicial y porque diría yo, pretendemos crear en el Poder Judicial una casta, preferente sobre toda la nacionalidad mexicana, ¡ah! porque es urgente que tengamos una justicia saneada. ¿Sería esa una manifestación del subconsciente, de que sólo en el orden económico podrían elevarse los peldaños hasta mayor dignificación de la justicia al servicio del pueblo mexicano? ¿Será solamente como dijo Molina Reyes merced al concepto económico que podamos tener la satisfacción elemental que el pueblo reclama para la impartición de una justicia en ese ramo, total?
Yo, ajeno a la vida de los letrados, diría que no, diría que pensando como el gendarme, como el artesano, como el obrero, como el campesino, como esa gran masa informe que forma esencialmente, que delinea esencialmente lo que es nuestra nacionalidad, si bien es cierto, que hay reclamos en favor de los funcionarios de justicia, los hay más angustiosos en la vida de nuestro pueblo: ¿no es un reclamo urgente, señores diputados, el dotar de agua, elemento primario para la vida, a los poblados que carecen de ella?
¿No es más urgente instalar la luz, con su mensaje trascendente a los poblados que no disfrutan de ella? ¿Y no hemos contemplado muchas veces, en el curso de este período de sesiones, la necesidad angustiosa y el reclamo que las futuras generaciones de México tienen por cuanto a la educación? Y si estos fueran elementos primarios para aplicar la justicia social, que es una justicia tal vez más amplia, que rompe los marcos que ahora resultan un tanto estrechos, exclusivamente de la justicia impartida en los tribunales; ¿y no es, por último, atendiendo esos reclamos necesarios para la vida de nuestro pueblo que se depuraría y aligeraría la pesada tarea de los señores jueces y magistrados, cuando satisfaciendo necesidades urgentes de la vida, hiciéramos disminuir el índice de los delitos porque disminuiría el índice de los reclamos? Bien está, enhorabuena, que los señores jueces, que los señores magistrados, que la burocracia que trabaja al servicio de ese poder, disfruten de mejores condiciones de vida, ¿pero qué son un índice singular en la vida de México, tienen en el orden de servicio, mayores merecimientos que ese ejercicio anónimo al que hemos aludido alguna vez desde esta tribuna, que es el magisterio nacional? ¿No son otras las necesidades con igual urgencia de reclamo que hay que atender sin singularizar un concepto?
Nosotros señores, los que no somos abogados, pretendemos tener un concepto de la justicia idealizado; más elevado tal vez que el que establecen los Códigos: el de las necesidades, los reclamos y las exigencias propias de la vida de nuestro pueblo. Y nos parece absurda, inconsecuente la proposición, cuando los señores diputados de Acción Nacional se oponen en principio a que el Ejecutivo dispondrá de los remanentes que arrojara el ejercicio del Presupuesto, para aplicarlos a las necesidades genéricas del país. Pero hacen la salvedad, en cuanto que debieran usarse parte de esos remanentes para aplicarlos al ramo III, que es precisamente del Poder Judicial Federal. Por eso recordaba yo que no es deseable que el principio lírico de González Martínez sea extensivo a la lógica.
Por lo demás, en la proposición que hemos conocido de los señores diputados de Acción Nacional, hablan en el supuesto d que la aplicación del Presupuesto
arrojara superávit que de forma retroactiva se aplicara precisamente al Ramo III, en las condiciones en que ellos lo han propuesto. En forma retroactiva nueve o diez meses después. ¿No es pues urgente e inmediata para satisfacer las necesidades de la vida de sus funcionarios la elevación de sus emolumentos? Y pueden esperar diez meses. Y si pueden esperar diez meses, es justamente la aplicación de tabuladores al desempeño de sus funciones
muy elevadas, o sería simplemente una compensación tardía porque nos sacamos la lotería, encontrando excedentes en la aplicación del Presupuesto. Los presupuestos a lo que entendemos, calculan en su estudio eso: lo que previamente se supone una necesidad y una exigencia. Y se les dan preferencias jerárquicas en el orden del sentir de quienes lo proyectan. Y es, me parece, señores diputados, una pequeña invasión de funciones la pretensión de esta iniciativa de los señores diputados de Acción Nacional, de confeccionar nosotros un presupuesto en esta sala debilitaría y determinante, cuando nuestra función es la de calificar el presupuesto, para aprobarlo o para desecharlo, pero de ninguna manera para sustituir las funciones del Poder Ejecutivo en la concepción genérica de las necesidades nacionales. He querido, señores diputados, dejar establecido lo que me parece incongruente, lo que me parece contradictorio y lo que me parece fuera del sentido elemental de la lógica, cuyo término, cuya palabra se ha manoseado tanto y tan repetidamente en esta larga sesión en el día de hoy, Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: Tiene la palabra el C. diputado Ruiz Vázquez.
El C. Ruiz Vázquez, Guillermo: Señor Presidente; señoras y señores diputados: Es realmente deprimente el hábito dialéctico de los compañeros diputados de la mayoría, de tergiversar las expresiones que se vierten en esta tribuna, de tratar de ironizar a costillas de la profesión de quienes nos oponemos desde esta tribuna a sus puntos de vista, como lo ha hecho hace unos momentos el señor diputado Moheno Velasco. Da a entender que para la abogacía hay necesidad de recurrir a las fórmulas que él recurre en sus argumentaciones; las del sofisma, soslayamiento, la tergiversación de los términos, y en esos términos dice él que no es abogado. Yo diría que ¿Qué defecto le falta? Perdone la referencia pero me parece que está muy de acuerdo con su concepto que él tiene del abogado. Yo no la comparto.
Ya al terminar, y voy a ir haciendo una refutación un tanto retrospectiva, por razón de orden. Nos dice que tenemos que venir aquí a aprobar el Presupuesto o a no aprobarlo, lo cual es absolutamente falso. Es contrario a la Constitución y es contrario a la Ley Orgánica del Presupuesto, de tal manera que si con esa lógica le examinamos sus demás argumentos, creo que va a quedar muy mal parado en este terreno. Una compensación retroactiva no es absurda; es un mínimo, es una expectativa a la cual se puede optar después de que se niega una compensación inmediata. De tal manera que si nosotros hemos llegado a manifestar, en último caso, nuestra aceptación de que la elevación de los emolumentos del Poder Judicial sea retroactiva, ha sido simplemente porque ellos, ustedes señores de la mayoría, han cerrado todas las puertas a la posibilidad de que esta proposición sea aceptada de inmediato.
La tergiversación de los argumentos es notoria. Nadie, de los que hemos subido esta mañana a defender la proposición, ha hablado de falta de decoro en el Poder Judicial, de venalidad ni de cosas semejantes. Ustedes lo han querido interpretar así para desprestigiar nuestra iniciativa, y hacer un argumento espectacular: Queremos que se mejore el Poder Judicial pagándole más, porque como le están pagando no puede servir rectamente, Nadie, sino ustedes, han llegado a esas conclusiones. Ni siquiera nosotros hemos afirmado que este sea el remedio para el problema que ofrece el Poder Judicial.
No somos nosotros los únicos que se han preocupado por el Poder Judicial de la Federación. Se preocupó el Presidente de la República; y se preocupa por él. Los señores senadores han hecho también alguna incursión en el campo del Poder Judicial ponderando la necesidad de una organización mejor ¿Por qué nosotros nos preocupamos en este momento de sus emolumentos? Por que sólo para ello tenemos oportunidad en este momento. Estamos discutiendo el gasto, y cuando llegamos a este punto del Poder Judicial, queremos que esa oportunidad sea aprovechada por todos los diputados para que comprendan este aspecto del problema, y hoy que pueden resolverlo, lo resuelvan. No es que nosotros nos hayamos desentendido del problema concreto. Si ustedes tienen el deseo de formarse una idea más seria y más completa de nuestro punto de vista, les ruego leer la iniciativa en que indicamos claramente que por ser ésta la oportunidad del Presupuesto, es la oportunidad de ocuparnos de sus retribuciones; pero que el problema no se resuelve sencillamente con la elevación de emolumentos ni con la mejor dotación de medios; que es un problema muy complejo que el propio Poder Judicial lo conoce mejor que nosotros, y que él puede también ver la forma de una mejor estructura y para un mejor cumplimiento de sus funciones, haciendo las iniciativas en la forma que conforme que conforme a la ley pueda hacerlas, para que se haga esta reestructuración completa.
Por lo pronto, señores, si tenemos la oportunidad de aportar un elemento de solución, ¿por qué desperdiciarla? ¿Porque lo dicen los diputados de Acción Nacional?
Es también, señores diputados, muy deprimente el que toda idea de justicia que venga del partido minoritario haya de tener que correr la suerte del cisne a que se refería el señor Moheno Velasco, porque viene de Acción Nacional. ¿Que el partido de la mayoría no advierte estos signos y no puede ...Antes que nosotros conocen ustedes mejor de los problemas que nosotros; no pueden ir aportando las soluciones, para que así no les ganemos la publicidad en los periódicos?
Me parece que como mayoría no están ustedes muy acertados. Creo yo que la mayoría, fundamentalmente, debe significarse en esta Cámara por sus razonamientos, por su justicia, por su imparcialidad, que al fin y al cabo el número lo tiene detrás; al fin y al cabo podrán apoyar con la fuerza del número cualquier idea justa; y cuando ustedes, pensando en el número, rechazan proposiciones de justicia, francamente y perdónenme que se los diga con toda sinceridad no merecen estar en mayoría en este lugar, porque ustedes deben ser quienes nos marquen la pauta, por su corrección intelectual, por su acierto, por su experiencia, por sus posibilidades, No sean ustedes, señores, tan egoístas que porque una incitativa viene de la minoría, haya de terminar en el cesto de los papeles.
Señores diputados: pocas veces acostumbro ser tan radical en mis exposiciones. Ya ustedes han tenido la
paciencia de escucharme en otras ocasiones; pero creo que es favorable para todos nosotros el clarificar nuestras ideas. Es favorable para la representación nacional, el que mejore en todos sus términos, en su competencia profesional conciencia legislativa, en sus posibilidades, en sus proyecciones de Partido.
Nosotros no tenemos nada por qué reprobar que el Partido de la mayoría trajera excelentes iniciativas; trajera magníficas leyes, que las pusiera a nuestra consideración; no le haría que los periódicos jamás se preocuparan de las iniciativas de Acción Nacional.
Si acaso llegan a ocuparse, es porque hemos dado con ellas en el blanco; porque recogen una opinión que flota más o menos en el ambiente y que ellos asumen bajo su responsabilidad; la posibilidad de hacerla marchar expresándole su adhesión o fundamentándola, a mayor abundamiento desde las columnas de la prensa.
Se nos tacha también de que sólo vamos viendo parcialmente las deficiencias de los servidores públicos.
Señores diputados: nosotros no hacemos el Presupuesto; nosotros no tenemos la concepción entera de los problemas de la patria; es el Partido en el poder el que la tiene, y si nosotros advertimos que es posible mejorarla ¿a título de qué se nos niega el derecho de, aunque sea parcialmente, en una mínima parte, en cuanto nosotros lo podemos advertir y ejecutar, aportemos también nuestros puntos de vista para mejorar a nuestro pueblo?
Otras veces también nos hemos ocupado de los gendarmes, señor Mohemo: diputaciones del PAN anteriores, han propuesto aumentos al Presupuesto del Distrito Federal, para compensar a los gendarmes; no es técnico presentar esas proposiciones de aumento.
No quiero ya abundar en estas razones; creo que el asunto está bastante claro. Nosotros hemos propuesto un aumento global al Poder Judicial de la Federación, conforme a la técnica; es un ramo completo; es un aumento que va capítulo por capítulo, concepto por concepto, partida por partida. Tiene un criterio claramente emitido: beneficiar más a los que más lo necesitan, y menos a los que lo necesitan menos.
Hemos señalado no sustracciones a una partida; no es técnico eso; transferencias de la partida que conforme al proyecto del Ejecutivo, sirve para eso. Sí eso no es técnica, me parece que el Ejecutivo erró el camino al haber puesto en el proyecto de egresos cuál era la aplicación que se debería dar a esa partida, entre otras cosas aquellos programas nuevos que no estuvieran previstos en el Presupuesto.
Respecto a las contradicciones lógicas que me señalaba el señor diputado Moheno, prefiero no ocuparme de ellas; francamente no vale la pena, cuando se plantea con sofisma, cuando se dice que dijimos lo que no dijimos. ¿Para qué vamos a refutar las conclusiones?
Espero, pues, señores diputados, que consideren con toda cordura y serenidad; que se olviden que esta iniciativa viene de Acción Nacional. Podría venir de ustedes mismos: nosotros la aprobaríamos con mucho gusto. Que se olviden ustedes de que puede ser que Acción Nacional merezca un concepto elogioso del público, porque se ha preocupado del Poder Judicial, ya lo ha merecido. Ahora merézcanlo ustedes también, aceptando esta proposición que a todos complace. Muchas gracias.
El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado Moheno.
El C. Moheno Velasco, Rubén: Señores diputados: cuánto agradezco al señor diputado Ruiz Vázquez, que me haya conferido, por sí, el título de abogado, porque no me falta ningún defecto para serlo. ¡Cuánto más quisiera yo que su buen deseo tuviera validez académica! ¡Y cuánto me asusta el pensar que si se consiguieran algunos propósitos, pobres de algunos de nosotros, si cayéramos en manos de algunos de los tribunales!
Vengo a inconformarme, con todo respeto, con la afirmación del señor diputado y licenciado Ruiz Vázquez, de que los diputados de la mayoría hemos sido sistemáticamente sordos y ciegos a las iniciativas que parten de su partido.
El C. Ruiz Vázquez, Guillermo: ¿Me permite una interpelación? Solamente me refería a este debate.
El C. Moheno Velasco, Rubén: Bien, sin embargo, a mi me pareció oir el cargo de que los diputados, usando de su número aplastante y sólo por venir las iniciativas de aquel Partido, de manera sistemática nos oponíamos a ello, y de paso haré la aclaración, después de la rectificación del señor licenciado Ruiz Vázquez, de que coincidimos con él en que eso no es exacto. Y digo coincidimos con él, porque cuando hace la aclaración de que sólo en este caso parece implícitamente aceptar que en otros casos si se ha dado proyección a iniciativas de Acción Nacional. Podríamos recordar...
El C. Ruiz Vázquez, Guillermo: ¿Me permite usted una interpelación?
El C. Moheno Velasco, Rubén: Soy gente de pensamiento deshilvanado y torpe. Le ruego al señor diputado Ruiz Vázquez que como una consideración personal a mi ineficiencia, me permita continuar condimentando el guiso, porque de otro modo se me quema.(Risas.)
Hecha esa aclaración fundamental, yo diría que si realmente hemos caído en el estado de la tiranía -recordando al señor diputado y licenciado don Vicencio Tovar, diríamos que para confirmarla, para creer en ella, nos está faltando el Sócrates suicida que denuncie ese estado tirano, y, finalmente, señores diputados, admitimos que sea posible una impreparación técnica en la interpretación de lo que es un presupuesto, pero si la expresión misma que presupone las necesidades que han de ser nacionales, si la explicación de Molina Reyes de que el Poder Judicial había hecho el reclamo mediante las instancias correspondientes de un aumento del 6% y éste fue satisfecho en la concepción del nuevo presupuesto, ¿por qué en nuestra rudimentaria concepción de los problemas, en este deseo de hacer sofismas que tan graciosamente nos atribuye el señor diputado Ruiz Vázquez, por qué, preguntamos, esta pasión de los diputados de Acción Nacional, por mejorar esa rama del poder, cuando ese poder ha permanecido en silencio o por lo menos ha formulado su demanda misma y esta demanda ha sido satisfecha?
El C. Rodríguez, Luis Dantón: En razón del tiempo y estando por discutirse el presupuesto, la Comisión, por mi conducto acepta las expresiones
vertidas por los licenciados Molina Reyes y el diputado Moheno. La Comisión las hace suyas y quiere solicitar a la Presidencia se ponga a la consideración que la propuesta del PAN no ha sido aceptada por la Comisión y que se acepta, en cambio, nuestro dictamen en los términos expuestos por los señores diputados.
El C. Presidente: En los términos del artículo 116 del reglamento, se informa a la Asamblea que hicieron uso de la palabra los ciudadanos diputados Ruiz Vázquez Tovar y Molina Reyes en contra; y Gómez Villanueva, Molina Vázquez y Moheno en pro del dictamen. Se ruega a la Secretaría poner a votación la proposición del PAN no aceptada por la Comisión, y, asimismo, poner a votación el punto de acuerdo que se contiene en el dictamen.
El C. secretario Meraz Narvárez, Braulio: Cumpliendo las instrucciones de la Presidencia, la Secretaría va a leer la proposición presentada por el diputado Ruiz Vázquez, de Acción Nacional, en el sentido de modificar el punto resolutivo que contiene el dictamen. La proposición dice: "La Cámara de Diputados resuelve: Al exceder la Recaudación de Ingresos de la cantidad señalada por el Presupuesto para inversión directa del gobierno federal, se aplicará al ramo III (Poder Judicial) la suma propuesta en la presente iniciativa, conforme a la distribución de capítulos, conceptos y partidas señaladas en la misma, y con aplicación retroactiva al 1°. de enero de 1965."
Esta es la proposición a que ha hecho mención la comisión, en el sentido de desecharla. Consecuentemente, la Secretaría consulta a la Asamblea si se aprueba el punto resolutivo del dictamen.
El C. Rodríguez, Luis Dantón: Señor Secretario: ¿No quisiera aclarar cuál punto resolutivo?
El C. secretario Meraz Nerváez, Braulio: A continuación volveremos a leer el punto resolutivo que contiene el dictamen suscrito por la Comisión: "La comisión recomienda que en los términos expuestos en la parte considerativa del dictamen, en el caso de que existiere incremento en los ingresos federales ordinarios , calculados para el ejercicio fiscal de 1965 se aumente al máximo posible el Presupuesto de Egresos del Ramo III, Poder Judicial."
Este es el punto resolutivo que está a consideración y en consecuencia, en votación económica se pregunta si se aprueba. Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Aprobado.
El C. Ruiz Vázquez, Guillermo: Para suplicar se comunique al Ejecutivo este punto resolutivo, de acuerdo con el Reglamento.
XIII - El C. Presidente: Esta Presidencia ruega a la Secretaria se sirva consultar a la Asamblea si está de acuerdo en dispensar el trámite de la segunda lectura relativo al dictamen, que se refiere al Presupuesto de Egresos de la Federación, que figura en la Orden del Día, en atención a que ya obra en poder de los diputados la impresión correspondiente.
Los que estén de acuerdo, favor de manifestarlo. Si dispensa la segunda lectura al dictamen.
El C. secretario Meraz Nevárez, Braulio: Está a discusión, en lo general, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.
El C. Christlieb Ibarrola, Adolfo: Señor Presidente, honorable Asamblea: al hacer uso de esta tribuna en relación con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, deseo sinceramente que las intervenciones que tengamos los miembros de mi partido sean tomadas con el sentido y el alcance que para el mejor gobierno del país deseamos darles y expresar, como ya lo expresé a algunos miembros de la Comisión de Presupuestos y Cuenta, que tengo la esperanza fundada de que de ellas quede algo positivo para mejorar los procedimientos de las finanzas públicas en México, para lo que nos hemos venido esforzando durante el término de esta Legislatura.
Al examinar este presupuesto de la Federación en la Cámara de Diputados, y los procedimientos que en él se establecen, estamos muy lejos de dos extremos. Uno es el pretender reducir la función del Poder Legislativo a la mínima función del tenedor de libros, como se dijo en pasadas sesiones, seguramente porque los presupuestos que se defendían entonces, presentaban serios problemas de defensa para sus denodados defensores.
Estamos también muy lejos de azorarnos, como algunos se azoran, cuando invocándose como argumento deslumbrante y mágico la presencia apabullante de la macroeconomía, se ha pretendió convencernos de que una simple relación de cantidades constituye un presupuesto de gobierno, que debemos aprobar, sin pena de pasar a la posteridad señalados al calor de la discusión con el índice de fuego como ratones o cuenta chiles.
Nos interesa la materia del presupuesto y cuenta por razones vitales para México. En primer lugar, porque la Constitución pone en manos de la Cámara de Diputados una función de gobierno, cuando le encomienda examinar y discutir el presupuesto y le permite modificarlo; cuando discutimos un presupuesto no sólo estamos cumpliendo con una función legislativa, sino que también estamos aprobando o criticando los planes políticos del Ejecutivo, en cuanto que el presupuesto es la expresión financiera de un programa de gobierno.
Al estudiar los presupuestos la Cámara, después de asegurar los recursos que permitirán tomar las decisiones de gobierno, acepta cuáles de las decisiones que propone el Ejecutivo deben realizarse.
En Segundo lugar, pensamos que cuando la Cámara conoce del presupuesto está ejerciendo la soberanía popular y debe procurar, en su decisión, de la mejor manera posible, la expresión de los mexicanos que representan. Nos corresponde en estos actos, a los diputados, tratar de conciliar el interés público, el interés general, al que los presupuestos deben atender con los intereses de los gobernados que también están a cargo de los representantes populares.
En tercer lugar nos interesa la materia por razones de fortalecimiento de las instituciones democráticas. La historia enseña que las instituciones políticas y las finanzas públicas siguen una marcha paralela. Un régimen de finanzas públicas donde todos los poderes de decisión y ejecución sobre el gasto público
corresponden a un solo órgano del Poder; es un régimen que corresponde a un Estado que no es democrático; por el contrario podemos estar seguros de que una intervención firme y adecuada del Poder Legislativo en materia de presupuestos y cuenta, permitirá el desarrollo provechoso de nuestras instituciones democráticas y será motivo de respeto a las libertades políticas de los ciudadanos.
Por eso insistimos y seguimos insistiendo para que se mejoren en México la legislación y las prácticas en materia de presupuestos y cuenta.
Al comprar el Presupuesto de Egresos de la Federación -que hoy se examina con los presupuestos de egresos de los Territorios y del Distrito Federal, contra los cuales votó Acción Nacional hace apenas dos sesiones, habrán podido los señores diputados de la mayoría, objetivamente, valorar las razones por las cuales no pudimos aprobar aquellos que eran, a nuestra juicio, simples notificaciones de gastos globales y porque si aprobaremos en lo general el presupuesto de la Federación, reservándonos algunas cuestiones particulares sobre las que después se hará mención.
El presupuesto presentado lo aprobamos en lo general porque corresponde a un programa del gobierno del que estaban ayunos los presupuestos que rechazamos; programa de gobierno con cuyos lineamientos económicos estamos de acuerdo en lo general. Este programa está expresado en el proyecto sometido a la consideración de la Cámara de manera sucinta, tal vez mínima, pero que por ser un verdadero adelanto en la técnica de presentación de presupuestos, aceptamos como suficiente en esta ocasión.
El programa presenta, además, aspectos de promoción económica y social con cuyos lineamientos generales también estamos de acuerdo.
Consideramos saludable la inclusión hecha de las erogaciones de los principales organismos descentralizados y empresas de participación estatal. Como un avance, no de todos como erróneamente se ha informado, en algunas ocasiones y como no lo dice, el Ejecutivo, repetimos algunas y las más principales. Esperamos que también las cuentas de dichos organismos sean rendidas al Congreso. Es conveniente la forma en que se incluyó el gasto de dichos organismos en el presupuesto, fijando simplemente el tope de su gasto máximo para dejarles flexibilidad en sus manejos internos, con objeto de evitar conflictos entre las disposiciones legislativas y el manejo que corresponde a los propios organismos.
Simplemente con la finalidad expresada de lograr un equilibrio del gasto público. Estas medidas de control que ahora se inician fueron solicitadas por Acción Nacional desde hace muchos años y nos es satisfactorio que ya en esta ocasión el proyecto de presupuesto las incluya.
En el aspecto de claridad y presentación del presupuesto, el proyecto presentado significa también, y así lo reconocemos, un avance sensible sobre los presupuestos presentados con anterioridad a esta Cámara, en lo relativo a su operación el Proyecto presentado por el Ejecutivo, permítaseme esta alusión a la Comisión, fue más respetuoso del régimen constitucional y legal vigente en materia de presupuestos que los autores de la iniciativa presentada para adicionar un artículo 4°., y más respetuoso también, que la Comisión Dictaminadora que lo aceptó en sus términos, que muy probablemente será aprobado por provenir de la mayoría. Dicho artículo es contrario al artículo 126 de la Constitución y al 6°. y al 14 de la propia iniciativa de Prepuestos que está a nuestra consideración. El artículo 6°., al someter a un tope el gasto de los organismos descentralizados, solamente les permitirá excederse en ese gasto por disposición legislativa, según propone el propio Ejecutivo en el Proyecto. El artículo 14, ahora me refiero a la numeración del dictamen, mantiene o propone en lo que era artículo 12 del proyecto, el control presupuestal conforme a las normas vigentes. Y eso, señores, la iniciativa aceptador la Comisión lo hecha abajo, pasando por encima del celo del Ejecutivo que deseaba un mayor control para su manejos.
La adición citada incorpora al Presupuesto de Egresos todos los ingresos a que se refiere el artículo 1°. de la Ley de Ingresos, que excedan del presupuesto aprobado, como disponibilidades utilizables por el Ejecutivo a su discreción, en cualquiera de los grupos fundamentales de autorización que contiene la Ley Orgánica del Presupuesto. O sea que deja al arbitrio del Ejecutivo, en cualquier rama del Presupuesto la utilización de dichos excedentes. Estamos de acuerdo en que las necesidades del Estado Mexicano obligan a que todos los ingresos excedentes se gasten en beneficio del país. Estamos conformes en que formalmente lo reconocemos esta autorización previa con todos los defectos que le señalamos, sujeta a que el Ejecutivo dé cuenta del uso de la misma, representa a pesar de todo un adelanto con relación a la práctica viciosa que venía realizándose, consistente en que la Cámara aprobara modificaciones al Presupuesto cuando ya estaban ejercidas.
Sin embargo, pensamos que esta autorización con carta blanca, debe y puede modificarse en el futuro, y porque acaba con todo régimen de presupuesto creando una situación que se presta al gasto sin programa, dejando el gasto sin programa de los excedentes, porque si hubiera el programa se llegaría a lo que los señores de la Comisión saben, que no es ninguna novedad, al Presupuesto de Programa que se presentaría para cumplirse hasta donde los ingresos lo permitieran. El Presupuesto de Programa puede ser una de las innovaciones o uno de los caminos que podamos tener en esa materia, abierta para mejorar las técnicas presupuestales. Debe y puede modificarse esta tendencia para que los gastos que tenga necesidad de realizar el Ejecutivo, con modificación del Presupuesto por existir ingresos superiores, se propongan mediante programas especificados jerárquicamente junto con el Presupuesto al Congreso. El que podrá decretar sujetas también, y es una de las consideraciones que pongo a la resolución de las Comisiones para el futuro, sujetas también a especial revisión de cuentas, las ampliaciones automáticas que necesite el país. Ampliaciones que deben pensarse con un criterio más avanzado que el sentido del presupuesto global, que priva en las disposiciones presupuestales vigentes sobre ampliaciones automáticas.
Los problemas de ejecución del Presupuesto no son exclusivos de México. La lucha entre los poderes en materia de gastos públicos, su autorización y control existe en todos los países sujetos a un régimen de derecho. Creemos posible que para México se encuentren soluciones ágiles y adecuadas que mantengan
las funciones del Congreso en esta materia sin maniatar al Ejecutivo ni detener el adelanto del país. Lo único que no puede continuar es la realidad actual consistente en aprobar presupuestos que desde el principio se sabe que son insuficientes, aun cuando se trate de calificarlos de conservadores.
El mantenimiento del adecuado equilibrio financiero, las materias del interés nacional o social, la fuerza mayor, la existencia de recursos suficientes son elementos que deben tomarse en cuenta para una reglamentación adecuada en materia de autorizaciones previas y globales de excedentes. También la formulación de presupuestos con más datos, con datos más cercanos a la realidad, es una necesidad.
Ciertamente en un país en desarrollo como México, es bueno, como dice el proyecto, un presupuesto conservador, pero este calificativo no debe servir y en eso creo que estarán ustedes de acuerdo para que año con año más del 40% del presupuesto inicial se gaste por excedentes de ingresos. Si estos porcentajes de excedentes se repiten, debemos preguntarnos si lo que falta no es simple y sencillamente técnica para la formulación de presupuestos que se formulan ya tradicionalmente, en una forma insuficiente.
La formulación de presupuestos económicos, como se hace en otras partes del mundo, que contemplan el panorama económico nacional; los recursos públicos y privados en conjunto, como estudio económico que sirve de base para la formulación del presupuesto público, y el estudio y para el estudio, mejor dicho, de los presupuestos de la nación, permitirá prever el gasto público sin dejar márgenes tan amplios que no se justifican dentro de una adecuada técnica de formulación de presupuestos, para la utilización de excedentes que seguramente son previsibles, si no en toda su totalidad, sí en una parte considerable.
También, una clara clasificación de gastos, según su urgencia, puede orientar el establecimiento de un régimen ordenado de excepciones al régimen, de autorización previa de gastos.
La diputación de Acción Nacional está de acuerdo en cooperar durante el receso, con las Comisiones de Presupuestos y Cuenta, en cualquier trabajo encaminado para mejorar las disposiciones relativas a sistemas de formulación y ejecución del presupuesto. Es por eso que también estado de acuerdo en que quede pendiente la iniciativa en materia de Ley Orgánica que del Presupuesto nos permitimos presentar. Todo ello, repito, con vistas finales, y esta es la razón política de nuestra insistencia en esta materia, a la mejoría de nuestras instituciones democráticas.
Estas son, señores diputados, en lo general, las razones por las cuales votaremos aceptando en lo general también, el Presupuesto, sin perjuicio de las observaciones que al mismo hemos querido formular con toda honradez, las que quedan hechas en lo general y las que en lo particular se hagan por los miembros de mi Partido que suban a esta tribuna. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: Tiene la palabra el ciudadano diputado Landerreche Obregón.
El C. Landerreche Obregón, Juan: Señor Presidente, señoras y señores diputados: sólo unas cuantas palabras que procuraré sean lo más breves posibles, para complementar algunos de los aspectos que definen la actitud de Acción Nacional con ocasión de la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para 1965.
Queremos hacer notar, en primer término, que en nuestro concepto no existe la contradicción que se ha mencionado en esta tribuna, entre un Presupuesto dinámico y una economía en desarrollo, dinámica también, y un sistema constitucional que establece formas para la aprobación y ejercicio del Presupuesto.
En nuestro concepto, el espíritu del sistema constitucional en materia de Presupuestos, estriba, fundamentalmente, no sólo en que los dineros del pueblo se usen en beneficio del pueblo; estriba más que eso: fundamentalmente, en que el gasto de los dineros del pueblo sea consultado con el pueblo. El bienestar popular, el bien común de la nación, es una finalidad que no se discute; pero el bien común, el bienestar general, tiene muchas metas concretas que pueden desearse, que son deseables; tiene muchos medios o diversos medios concretos de alcanzar esas metas.
Entonces, el pueblo, a través de su representación nacional, es el que debe establecer cuáles son las metas a las que se debe dar preferencia, porque no es posible realizarse todas a la vez; es el pueblo, a través de la consulta que se debe hacer al Congreso en materia de Presupuestos, en materia de deuda pública, el que debe de resolver cuáles son los medios concretos que se deben utilizar para realizar esas metas.
Estamos de acuerdo en que el Presupuesto ha dejado de ser simplemente un catálogo de gastos públicos; es un instrumento, debe ser un instrumento, debe ser un instrumento más dinámico. Estamos de acuerdo en que el Estado intervenga en la vida económica. Hemos reconocido que el Estado debe intervenir en la vida económica; no en todo, no sin restricciones, dentro de un sistema, dentro de una filosofía sí debe intervenir; y el Presupuesto es uno de los instrumentos para esa intervención.
Pero las fórmulas, las finalidades concretas de esa intervención, también deben estar sujetas a la previa aprobación del pueblo, a través del Congreso que lo representa, a través de la Cámara de Diputados que lo representa para esos efectos.
Esta es la escencia del Presupuesto; no debe de haber gastos sin autorización, y es posible, y es indispensable que los gastos públicos sean previamente autorizados por la Cámara de Diputados, aún cuando estamos de acuerdo, repito, en que puedan referirse no solamente al sostenimiento de gastos de servicios públicos, sino también a intervención del Estado en la vida económica, sino también a la intervención del Estado para resolver problemas económicos.
También queremos hacer notar que el crédito público, otro aspecto fundamental del Presupuesto, también debe someterse al Congreso. Estamos conformes en que si tenemos créditos, debemos usarlos; los debemos usar porque eso puede facilitar el desarrollo económico de nuestro país; pero no podemos recomendar ni aceptar que ese crédito se use en una forma inconsulta, en una forma indeterminada, sin un sentido elemental de previsión.
Por eso, también el crédito debe ser aprobado previamente por el Congreso, en su calidad de representación del pueblo. Estas son las lineas fundamentales y en las cuales no hay, no debe haber oposición entre una economía dinámica, entre una economía en desarrollo, entre un presupuesto que es instrumento de ese desarrollo, y el sistema constitucional.
El problema de la autorización de los gastos públicos, de la previa autorización de los gastos públicos por el pueblo o por su representantes, es el mismo, con las modalidades actuales, hoy que hace ocho siglos; es el mismo problema del hombre frente al Estado, el Estado que le exige, y con razón, la aportación económica, para el sostenimiento de los servicios, para la realización de los fines; pero la persona, el ciudadano que tiene derecho a que esa aportación se haga con su consentimiento y que se haga con su consulta, no ha variado nada fundamentalmente, y también al establecer estos principios queremos subrayar que éstos no son meros formalismos; son, ciertamente, tienen un aspecto de forma; pero son elementos indispensables para la garantía de los derechos ciudadanos, para la garantía de la libertad.
No puede haber libertad en la persona; no puede haber derechos de los ciudadanos frente a un gobierno que acumula todos los poderes económicos y que ejercita sus facultades en materia financiera sin ninguna restricción, sin ninguna autorización y sin una previa consulta a los interesados que son los ciudadanos. Y además, también estamos de acuerdo que el equilibrio presupuestal no es un fin en sí mismo, pero no deja de ser un elemento importante en las finanzas públicas, porque también el desequilibrio presupuestal, aunque ocasionalmente puede remediar algunas situaciones, puede traer males muy graves que resienten los ciudadanos, que resiente el pueblo. Y nosotros conservamos todavía la memoria de la historia de las devaluaciones en México, resultado precisamente de una falta de ponderación, de una falta de previsión en el problema del equilibrio del presupuesto. Por eso vemos con interés y aprobamos que la iniciativa del presupuesto presentada por el Ejecutivo; se dice expresamente que el desenvolvimiento acelerado de nuestra economía exige con apremio la planeación del gasto público total, con el fin de lograr unidad, coordinación y armonía de la acción del sector público y obtener en esta forma el equilibrio del gasto.
Planteado en estos términos el problema del presupuesto, tenemos que mencionar, a su vez, los problemas consistentes en el control previo del gasto y en el control posterior del gasto a través de la rendición de las cuentas que el Ejecutivo deba rendir al Congreso.
El control previo del gasto no es imposible. Repito que si la Cámara de Diputados puede estar de acuerdo en que el Presupuesto es un instrumento de actuación en la vida económica del país, en la vida social también y para la vida política igualmente, puede y debe someterse a su aprobación las medidas presupuestarias que el Ejecutivo estime convenientes, haciendo y planteando también a la Cámara cuáles son esas medidas económicas, sociales y políticas traen consigo, para que la Cámara pueda aprobarlas o rechazarlas en uso de su función constitucional. No podemos aceptar que el Ejecutivo realice esas medidas que le parezcan convenientes y las deje después a una aprobación posterior de la Cámara, simplemente sobre la afirmación de que han sido para el bienestar del pueblo. Las medidas para el bienestar de las demás personas solamente se llevan a cabo, solamente se toman sin su consentimiento, cuando se trata de menores de edad o cuando se tata de incapaces. Y el pueblo de México está demostrando activamente que no es menor de edad, que quiere ejercitar sus derechos y que puede hacerlo. Y Acción Nacional hace 25 años está en esa tarea de encabezar al pueblo de México en el ejercicio de sus derechos.
Esta cuestión de la previa autorización de los gastos y el problema de la rendición de cuentas, es decir, de la revisión posterior de los gastos del Poder Público, es un problema que presenta aspectos técnicos que es indispensable estudiar y considerar de acuerdo con las circunstancias.
En materia de rendición de cuentas hay una tradición en nuestra patria que viene de la Época Colonial, en que funcionaban los tribunales de Cuentas, que revisaban las cuentas que hacía el Poder Público, Desde el momento en que se declaró la Independencia, desde la Junta Gubernativa de 1822 y desde el Congreso de 1824 se establecieron medidas siguiendo esta tradición para controlar los gastos del Poder Público a través de las cuentas.
En el curso de nuestra historia, a la que no quiero referirme en detalle en esta materia para no alargar mi exposición demasiado, se fueron sucediendo los sistemas del Tribunal de Cuentas y de la rendición de cuentas directamente al Congreso, a través de un órgano auxiliar que es la Contaduría Mayor de Hacienda que todavía subsiste ahora con esta denominación; de manera que en materia de cuentas del Ejecutivo al Congreso, tenemos un sistema; lo único que hace falta es aplicarlo realmente. Pero nos falta en realidad un sistema técnico, suficiente, adecuado, flexible para el control previo de los gastos, para la revisión de los gastos antes de llevarlos a cabo, a fin de comprobar que se ajustan realmente al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.
Quiero decir no que falte absolutamente, sino que los sistemas que actualmente están en aplicación, han demostrados ser insuficientes, han demostrado no poder funcionar. Estos sistemas los hubo en nuestro país; a raíz de la Revolución en 1917 se estableció por la Ley de Secretarías de Estado la Contraloría General de la Federación, cuya finalidad precisamente era el control del gasto público previo a su ejecución.
La Contraloría General de la Federación vino funcionando realizando esta función con los tropiezos propios que naturalmente tiene la misma, hasta el año de 1930, en que fue suprimida. Y en 1930, esta función se trasladó a la Secretaría de Hacienda, que la ha venido ejerciendo pero en una forma que no podemos considerar que sea satisfactoria, como lo demuestran las cuentas que nos ha rendido el Ejecutivo ante esta Cámara.
Es cierto que el problema de control previo del gasto público es un problema complicado, que provoca fricciones, que provoca dificultades, porque se está entre la alternativa de o bien complicar y restar
agilidad y eficacia al ejercicio de las atribuciones del Estado, o bien abrir o dejar en realidad sin control esa actividad del Estado, que debe controlarse a través del gasto público.
Pero, sin embargo, ese control no es imposible. Con estas dificultades se realiza en todas partes del mundo en que existen regímenes democráticos.
En los Estados Unidos de Norteamérica, en Francia, países que tienen una economía mucho más compleja, mucho más complicada que la nuestra, se realiza ese control previo del gasto público. En los Estados Unidos existe la Oficina del Presupuesto, destinada precisamente a esta función y lleva a cabo ese control que es indispensable no solamente como una formalidad, decía, sino como una garantía real de un verdadero régimen democrático.
Se ha mencionado muchas veces en esta tribuna, que el Presupuesto es la expresión financiera de un programa de gobierno, y como expresión financiera de un programa de gobierno en ejercicio de las facultades constitucionales que corresponden a la Cámara de Diputados, los diputados de Acción Nacional hemos insistido en que tener la oportunidad de poder analizar y estudiar realmente el presupuesto en cuanto implica ese programa de gobierno. Hemos presentado una iniciativa que es reiteración de la que presentaron diputados anteriores de Acción Nacional en esta Cámara, pidiendo que se amplíen los plazos para la presentación del presupuesto, de manera que la Cámara pueda tener realmente oportunidad de estudiarlo.
En esta ocasión hemos considerado que a pesar de no haberse ampliado esos plazos y en vista de la circunstancia de que ha habido una renovación del Poder Ejecutivo, no insistimos en tener esa oportunidad; pero queremos señalar algunos de los problemas que nos interesa analizar a través del estudio del presupuesto o en cualquiera de las formas en que se puede plantear en esta Cámara.
Yo siento que esta exposición sea un poco cansada, pero es indispensable para que realmente la Cámara pueda ejercitar sus funciones constitucionales. Y creo que ahora entramos en un aspecto que pueda tener mayor interés. Los problemas, quiero señalar, algunos de los problemas que tiene interés en estudiar nuestro partido, al través del presupuesto, o como decía, en cualquiera otra de las formas en que pueda dar la oportunidad la función constitucional de diputados.
En el presupuesto que se ha sometido a nuestra consideración no se establece un solo centavo para fomento, para ayuda del municipio; el municipio es la institución constitucionalmente en que debe consistir la besase la división territorial y de la organización política y administrativa del país; y sin embargo, la política del gobierno ha sido abandonar realmente al municipio al caciquismo y en cambio, fomentar las juntas de mejoras federales, para las cuales el presupuesto señala una aportación, de ciento once millones de pesos y a quienes encarga en detrimento y en perjuicio del municipio, funciones netamente municipales, como son la construcción de mercados, de obras viales, de alumbrado, de rastros y otros servicios públicos, como expresamente establece el proyecto de presupuesto.
Queremos preguntar también, por qué si se hace hincapié y se subraya el hecho de que las iniciativas de presupuesto en los últimos años se fija el gasto para la educación pública como el mayor, como el más importante, como el número I, después nos hemos enterado en las cuentas y en las aplicaciones del presupuesto, que ese gasto de la educación ha pasado a segundo o tercer lugar y se le ha dado preferencia a otros gastos, olvidando el principio que planteaba el licenciado Díaz Ordaz, en su discurso inicial, que se debe dar preferencia a la inversión en elemento humano, que es la riqueza fundamental del país, sobre la inversión de la riqueza puramente material.
En materia de seguro social, hemos sabido, a través de la cuenta o de la ampliación del presupuesto que se presentó recientemente, que hubo que hacer una aportación adicional al Instituto del Seguro Social, una aportación que probablemente constituye el pago de un déficit habido en el Instituto.
Hemos pedido que se revise, que se reestructure totalmente el Instituto del Seguro Social; que se revise el sistema de seguridad social en México y que se piense de universalidad del seguro, del seguro que se haga a las clases sociales que no han recibido ese beneficio y que se puede hacer probablemente con el mismo gasto que se está haciendo si se cambia el sistema de reservas que se sigue actualmente con el sistema del reparto.
En el presupuesto se señalan las aportaciones que se hacen a nuestros diversos sistemas ferroviarios. Para los Ferrocarriles, Nacionales, esas aportaciones son de 767 millones, sobre un ingreso propio de 1,855 millones; es decir, un total de 2,317 millones y esas aportaciones significan el 40% de déficit de nuestro sistema principal de comunicaciones.
En los ferrocarriles del Pacífico las aportaciones federales son de doscientos millones sobre 322 de ingresos propios, es decir, un 62%. (Risas y desorden.)
El C. Presidente: Favor de guardar silencio, por favor.
El C. Landerreche Obregón, Juan (continuando): En el Ferrocarril Chihuahua Pacífico, las aportaciones son de 74 millones contra ingresos propios de 80 millones, es decir, un 91% de los gastos del ferrocarril se tienen que pagar a través de subsidios del gobierno federal. (Persiste el desorden.)
(La Presidencia hace nuevos, llamados de atención a los asistentes.)
Y en los Ferrocarriles Unidos de Yucatán, prácticamente los ingresos y las aportaciones son iguales de 14 millones de pesos cada uno, un total de 28 millones de pesos, es decir el cincuenta por ciento de los gastos del ferrocarril se tiene que pagar con subsidios del gobierno federal.
Estamos de acuerdo que el sistema de comunicaciones requiere ser sostenido por el Estado cuando no puede sostenerle por sí solo; pero queremos tener la seguridad de que esos déficit son absolutamente los indispensables, de que realmente haya en los ferrocarriles una organización suficiente para que hagan indispensables los déficit que esos déficit no se puedan realmente reducir.
Estos son unos cuantos de los puntos que podemos y queremos examinar a través del estudio del presupuesto. La ley de ingresos, el presupuesto y la cuenta pública constituyen en realidad, tres aspectos de un problema fundamental. Consideramos que el adelanto que se ha realizado en esas materias todavía tiene
que ir más allá, tiene que ir más adelante, por eso hemos resuelto aprobar el presupuesto que se ha presentado a nuestra consideración, pero al mismo tiempo queremos insistir en la necesidad de que este sistema se perfeccione, esta situación se mejore, porque será una de las garantías fundamentales de que realmente México, sea real y eficaz en un sistema democrático. (Aplausos.)
El C. secretario Martínez Corbalá, Gonzalo: En votación económica se pregunta si se considera suficientemente discutido en lo general.
El C. De la Vega Dominguez, Jorge: Pido la palabra.
El C. Presidente: Tiene la palabra la Comisión.
El C. Hernández Díaz, Jesús: Para una moción de orden. La Secretaría pasó a votación. Sí estaba suficientemente discutido el asunto, la mayoría aprobamos esto.
El C. Presidente: Sírvase la Secretaría consultar a la Asamblea si considera suficientemente discutido el caso o desea escuchar las explicaciones de la Comisión.
El C. Hernández Díaz, Jesús: Insisto en la moción de orden. Ya estaba a votación.
El C. Martínez Corbalá, Gonzalo: La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consulta a la Asamblea, en votación económica, si desea escuchar las explicaciones de la Comisión. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Aprobado.
El C. De la Vega Domínguez, Jorge: Señor Presidente, señores diputados: la Comisión de Presupuestos y Cuenta escuchó con verdadero interés que a la diputación del Partido de Acción Nacional mereciera la aprobación, en lo general, el dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación sujeto a la consideración de esta honorable Asamblea. Sin embargo, y con la brevedad que el caso requiere, debido al cansancio que ha generado este largo debate, haré algunas consideraciones en torno a la intervención de los señores diputados de Acción Nacional, que han abordado el tema.
El señor licenciado Christlieb Ibarrola afirmó que "La macroeconomía constituye un instrumental técnico que suele usarse, en materia de presupuesto, como una simple relación de cantidades que no constituyen, como tales, un presupuesto." Como el señor licenciado Christlieb Ibarrola dio a sus palabras un contenido obviamente de mayor alcance, debo aclarar que, cuando los economistas empleamos el término "macroeconomía" lo hacemos a sabiendas de que tratándose de cuestiones de finanzas públicas, nos referimos por necesidad a los grandes agregados de ingreso, ahorro e inversión del sector público federal. Quede aclarado, señores diputados, que la macroeconomía sólo refleja el propósito de expresar, en la mecánica de los grandes números, el alcance del análisis serio y concienzudo que amerita la discusión del tema que ahora abordamos, y de ninguna manera pretende ser la fórmula supletoria de una mecánica que, por su naturaleza, también abarca las cantidades menores a las cuales solemos ubicar en el campo de la "microeconomía"; en este caso, cuando nos referimos a algunos de los aspectos financieros de los organismos y de las empresas propiedad del Estado.
De otra parte, creo conveniente abundar en que el presupuesto refleja el Programa de Gobierno que habrá de ejecutarse durante el año de 1965. Se deriva de la cuantificación y calificación aproximada de los recursos productivos del país y su utilización como satisfactores de necesidades e implica, por tanto, una planeación general que fija los grandes trazos de la política económica y social para llegar, finalmente, al Programa de Gobierno que lleva consigo la ejecución, en detalle, de los lineamientos del plan, conforme a la jerarquización de las necesidades en función de las principales carencias de la colectividad.
Dijo, asimismo, el señor licenciado Christlieb Ibarrola que, "El caso de los excedentes de ingresos acaba con todo el régimen de presupuestos". En este caso concreto, él se refirió el artículo 4°. resolutivo del decreto. Su afirmación causa extrañeza debido a que, jurista distinguido que es, saltó de la discusión en lo general del dictamen que ahora tratamos, a un planteamiento de carácter estrictamente particular, rompiendo las normas reglamentarias del debate.
Debido a que así lo hizo, afirmo categóricamente, en oposición a él, que el gasto de los excedentes de ingresos, de ninguna manera romperá con todo régimen de presupuesto, por una sencilla razón: el Presupuesto de Egresos de la Federación, como tal, estima las disponibilidades previsibles y las necesidades que habrán de satisfacerse, y se pretende, yendo ya a lo particular, en el propósito de contestar al licenciado Christlieb, que en el caso de que haya excedentes de ingresos ordinarios, se marque al Ejecutivo la política de gasto público a la cual deberá ajustarse el ejercicio de tales excedentes y de ninguna manera que los mismos queden sujetos a un uso indiscriminado, anárquico e inconveniente.
Ahora me referiré a las afirmaciones del señor licenciado Landerreche, Debo, a nombre de la Comisión, dejar aclarado el alcance erróneo y desorientado de algunas de sus afirmaciones.
Dijo que, "Solamente el pueblo es el que debe resolver la aplicación del gasto en el presupuesto"; esto, señores diputados, es del todo inexacto, si es que el señor licenciado Landerreche pretende ignorar que el pueblo está representado aquí. ¿Cuál si no ésta es nuestra función? La voluntad soberana del pueblo de México está representada precisamente por nosotros los legisladores, que fuimos elegidos legítimamente en todos y cada uno de los distritos electorales del país.
El licenciado Landerreche también expresó: "Que no acepta que el crédito se use en forma inconsulta; que deba ser aprobado por el pueblo", ¿Qué acaso el licenciado Landerreche y la diputación panista, pretender ignorar que hace unos cuantos días aprobamos la facultad del Ejecutivo para contratar en el exterior hasta 100 millones de dólares para aplicarlos a fines reproductivos, precisando el destino, a todas luces plausibles, del uso del crédito exterior de nuestro país?
Quede bien claro que el pueblo, por nuestro conducto, está siendo debidamente consultado y bien sabe cómo participará de los beneficios del adecuado uso del crédito de la nación, que se ajusta invariablemente a lo que establece el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Además, afirmó impremeditadamente que: "El presupuesto es en escencia lo que hace ya algunos siglos". Parece ignorar el licenciado Landerreche que ya caducó la concepción del Liberalismo Económico, del
dejar hacer, del dejar pasar, del Estado Gendarme como simple custodio de la seguridad pública, sin más ni menos atribuciones.
¿No señores! El Estado de nuestros días se concibe en forma bien distinta y actúa también de manera diferente al pasado. No voy a abundar en el tema, porque cierto estoy ustedes saben que, en la Historia Contemporánea del país, el Estado interviene en la economía para lograr su desarrollo equilibrado, para incrementar la producción nacional y distribuida equitativamente, en el afán de proporcionar a las clases populares mayoritarias del país, su acceso al disfrute de condiciones de vida cada vez mejores.
Expresó asimismo el señor licenciado Landerreche, que "La devaluación es falta de equilibrio del presupuesto". Esta afirmación, es irreflexiva y equivocada porque: ¿Qué tiene qué ver el problema del equilibrio presupuestal como el de la devaluación, ¿Qué, acaso, la devaluación no es un problema ligado estrechamente a la balanza de pagos y no al presupuesto? Con la balanza de pagos que ciertamente denota los movimientos de divisas, derivados de nuestro comercio exterior, de la entrada y salida de capitales, del movimiento, en fin, de sus renglones visibles e invisibles.
Con el debido respeto, acepte usted, señor licenciado Landerreche, esta aclaración que juzgo pertinente.
Antes de concluir su intervención afirmó, el propio señor licenciado Landerreche, que en el presupuesto que ahora estamos comentando,"...no se establece un solo centavo para el municipio".
Señor diputado, ¿Qué acaso no es bien claro, que nuestro dictamen alude a la nación como un todo orgánico? ¿A quiénes van a beneficiar las carreteras, los hospitales, las escuelas, el seguro social, etc? Sin duda a toda la población del país, y muy particularmente a la más necesitada. Así pues, las repercusiones del Gasto Público Federal, en toda su dimensión, beneficiarán no o uno ni a dos Estados de la República, sino a todas las entidades que constituyen la Unión, incluidos, claro está, los municipios.
Para terminar, debo decir que coincido plenamente con el señor diputado Landerreche cuando afirmó, que "El presupuesto implica aspectos técnicos que es necesario estudiar"; esto es obvio, y esto es lo que ha hecho la Comisión, y es lo mismo que estamos haciendo aquí; y lo estamos haciendo en los términos más claros posibles. Ciertamente reconocemos la validez de aquella afirmación que hiciera Colbert desde la época del absolutismo francés, al expresar que las finanzas públicas, siendo tan complejas de por sí, es necesario plantearlas de tal modo ágil y sencillo, que sean fácilmente comprensibles por quienes se interesan en su particular mecánica.
A mí me gustan las finanzas públicas y, como trato de entenderlas, deseo que me permitan explicar qué significan los grandes números del Gasto Público que deberá ejercerse el año próximo: el Gasto del Gobierno Federal presupuestado para 1965 se estima en números cerrados en 17,800 millones de pesos, cifra que representa un aumento del 12% con relación al año inmediato anterior; hay, por tanto, un aumento absoluto de 1950 millones de pesos. Este presupuesto recoge además, una vieja aspiración popular: presentar también los 19,000 millones de pesos de egresos de los principales organismos y empresas propiedad del Gobierno Federal. Así, se da a conocer cabalgando al pueblo cómo gasta el Gobierno el dinero que el mismo pueblo aporta, no sólo en el sector federal sino también en el Paraestatal.
Hace unos cuantos días, en esta misma tribuna, el señor diputado Ricaud, del Partido de Acción Nacional, se refirió jocosamente a la distribución del "Peso Fiscal" al que comparó con un gran queso, del cual los distintos ramos de la Administración Pública se sirven sendas tajadas.
A mi juicio, el peso fiscal visto desde su doble ángulo: ingreso y gasto, nada tiene que pueda causarnos hilaridad; pero, si así fuera para el señor diputado Ricaud, hablaré ahora en términos porcentuales: los ingresos de la Federación que aprobamos ya en la ley respectiva, indican que el Impuesto sobre la Renta originará al gobierno Federal, del total de la recaudación, el 42%; que el impuesto al comercio interior y a la industria generará el 25%; el impuesto al comercio exterior, el 17%; los derechos, productos y aprovechamientos, el 9%; otros impuestos, el 4%, y la colocación de empréstitos, el 3%.
Del lado del gasto, el Gobierno Federal destinará el 23% a los servicios educativos y culturales; a comunicaciones y transportes, el 18%; a salubridad, servicios militares, el 11%; a fomento y conservación de recursos naturales renovables, el 11%; a fomento, promoción y reglamentación industrial y comercial, el 8%; a la administración, el 7% y a la Deuda Pública, el 6%.
Obvio resulta señalar que ya incluido el gasto del sector Paraestatal, los porcentajes tanto de ingresos como de gastos, sufren las modificaciones propias de la mecánica derivada de su englobamiento, mismas en las que ya no estimo necesario abundar.
Los relativos apuntados definen por sí solos la preocupación medular del Gobierno Federal: atender primordialmente, con la jerarquización debida, las necesidades ingentes de los mexicanos, obteniendo los recursos de inversión y gasto públicos de los sectores de contribuyentes con capacidad tributaria más alta, por la índole misma de la imposición progresiva aplicada a las distintas actividades de la vida económica nacional.
Entre los presupuestos de 1964 y 1965, se observa que uno de los ramos que acusa mayor ascenso es el de Educación Pública, con 501 millones de pesos que van a destinarse al mejoramiento de la principal riqueza del país: su población.
En la clasificación administrativa del presupuesto, descubrimos que, en erogaciones adicionales, cuyo destino ya se comentó aquí hace unos minutos, se van aplicar alrededor de 2,840 millones de pesos, cifra que significa un aumento del 24% con 553 millones de pesos en relación el año de 1964, precisamente para hacer llegar los alimentos al pueblo a precios más bajos y fomentar la vivienda popular, entre otros aspectos.
Por lo que respecta al ramo de comunicaciones, se prevé un incremento del 13% con 125 millones de pesos entre los dos años que compramos, aspecto también a todas luces positivo por lo que representan en sí las comunicaciones como factor de progreso.
Esta tarde, afirmó el señor: diputado Ruiz Vázquez, de Acción Nacional, que en "Erogaciones Adicionales" y concretamente en "Imprevistos" se proyecta un gasto de alrededor de 900 millones de pesos.
Cabe preguntar al señor diputado Ruiz Vázquez si medito el alcance de su aseveración.
Yo afirmo que no, si consideramos que los "Imprevistos" apenas forman una mínima parte de las erogaciones adicionales, que al distribuirse en los ramos administrativos, apenas se determinen unos ....
$6,000.00 para cada uno de ellos que en su conjunto, alcanzan una cifra bien lejana y notablemente inferior a los referidos 900 millones de pesos. Bien sabemos que en las erogaciones adicionales hay partidas complementarias y partidas extraordinarias; quizá en éstas o en otras bien distintas pensaba al hablar el señor diputado de Acción Nacional.
Por otra parte, esta mañana el señor diputado Vicencio Tovar, igualmente de Acción Nacional, afirmo que el costo de la vida en México crece alrededor del 3% que, sumado al incremento de la población que es según él de 3.5%, arroja cerca del 7%, en conjunto.
Rectifico al señor diputado Tovar; primero, porque el incremento general de la población es del 3.1% y porque el aumento del costo de la vida en el último año no fue del 3% sino 2.2% y, segundo, porque es totalmente absurdo sumar peras con manzanas, para llegar a conclusiones, por necesidad, falaces aunque no poco tendenciosas.
Señores; si hemos de hablar de finanzas en esta tribuna, preocupémonos previamente de estudiar su mecánica que, si la entendemos, nos permitirá plantearla en términos claros, precisos, y de ninguna manera como suelen hacerlo, por ligereza o con medida intención, algunos diputados del Partido de Acción Nacional.
El C. Vicencio Tovar Abel, al C. Jorge de la Vega Domínguez: ¿Me permite usted una interpelación?
El C. De la Vega Domínguez, Jorge: No, señor diputado. En esta ocasión ya sabemos que si Acción Nacional, como lo han manifestado sus voceros, aprobará en lo general el dictamen, se debe al hecho inobjetable que enmarca la preocupación que hemos tenido los miembros de la Comisión, de acuerdo con la iniciativa del Ejecutivo, de recoger en él no sólo los lineamientos generales del gasto y el gasto mismo en números gruesos, sino además, de plantear su examen exhaustivo, para determinar la finalidad particular de las erogaciones en una debida cuantificación de recursos y de necesidades. Así, conocemos con una previsión aceptable cuanto gastaremos en carreteras, en irrigación, en salubridad, en educación y en todos los conceptos que ya conocen y que seria prolijo repetir aquí, por contenerlos detalladamente el dictamen.
Tengo positivo interés en destacar, ahora, la composición de los ingresos y de los gastos del Gobierno Federal, con un enfoque distinto al anterior: los ingresos corrientes, derivados de los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos, se estima que sumarán 17,205 millones de pesos en el año fiscal de 1965, en tanto que los gastos corrientes se han calculado en 12,760 millones de pesos. La diferencia de unos y otros arrojará un ahorro en cuenta corriente de 4,445 millones de pesos, que se destinarán al financiamiento del faltante en cuenta de capital. En efecto: los ingresos de capital se estiman en 50 millones de pesos, en tanto que los gastos de capital en 4,613 millones de pesos.
En resumen: se prevén en el presupuesto, ingresos ordinarios por 17,255 millones de pesos y extraordinarios por 600 millones que, conjuntamente arrojan ingresos totales de 17,855 millones de pesos.
De otra parte, los gastos ordinarios se han calculado en 17,373 millones de pesos, y los extraordinarios en 481 millones, cuya suma de 17,854, millones de pesos es inferior a los ingresos totales estimados. En la mecánica puramente contable del presupuesto, los números quedan así, prácticamente equilibrados. A hablar de "equilibrio" es necesario aclarar que los términos "Desarrollo equilibrado de la economía" y "Equilibrio presupuestal" significan cosas bien distintas. Este presupuesto es ligeramente superavitario. El equilibrio entre ingresos totales y gastos totales se logra por medio de ingresos extraordinarios derivados de financiamientos. No debe, por tanto, confundirse esta situación como parece que la confundió algún diputado del Partido de Acción Nacional, con el "desarrollo equilibrado de la economía": en este caso - lo dije ya, aludimos a los factores productivos: recursos naturales, trabajo, capital y organización, que deben desenvolverse paralela y equilibradamente, en el afán de eliminar desigualdades nocivas que a la postre generan profundas desigualdades sociales y frenan el propio desarrollo.
Conviene aclarar también que, en la formación de los ingresos totales del Gobierno Federal: 10,231 millones de pesos, (56%), se recaudarán del Distrito Federal, en tanto que de los Estados y Territorios solamente 7,624 millones de pesos, (44%). De la suma de estas cantidades (17,855 millones de pesos), al Distrito Federal se destinarán 4,412 millones (24%) y a los Estados y Territorios, 13,442 millones de pesos (76%). Esto quiere decir que el Distrito Federal aportará financiamientos al resto de la República, equivalentes a 5,819 millones de pesos.
Veamos ahora cómo ejercerán su asignación los organismos y empresas del Gobierno Federal. A fomento económico: carreteras, ferrocarriles y aeropuertos se destinarán 2,750 millones de pesos (14%); a fomento, promoción y reglamentación industrial y comercial: apoyo a empresas comerciales, energía eléctrica y otros gastos de fomento, se aplicarán...
11,576 millones de pesos (60%), destacando en este rubro el gasto de 3,972 millones de pesos para proseguir el desarrollo de la electrificación del país. En inversión, protección, bienestar y seguridad sociales, se prevé un gasto de 2,849 millones de pesos (15%) y a la amortización de pasivo, 1,978 millones de pesos (11%).
La claridad inobjetable de estas cifras permite a ustedes darles su cabal significado y alcance, por lo que resulta innecesario abundar en comentarios. Incluir en este Presupuesto los montos de ingresos y gastos del sector Paraestatal, permitirá mejor coordinación de las funciones del sector público. A mejor coordinación mejor ejecución de los planes de desarrollo. Con planeación, será posible desarrollar trabajos específicos con óptimos resultados, mediante la aplicación del presupuesto que constituye el instrumento dinámico del programa de gobierno para el próximo año fiscal.
Como todo cambio implica la necesidad de estructurar sistemas de gran eficacia en su alcance, las Secretarias de la Presidencia, del Patrimonio Nacional y de Hacienda y Crédito Público actuarán más idóneamente
en las tareas que les son propias en el campo de la planeación, del control y de la vigilancia operativa de los organismos y de las empresas del Gobierno Federal.
Es de agregar que cuando esta H. Cámara de Diputados estudie la Cuenta Pública del ejercicio de 1965, tendrá la base sólida de comparación entre el presupuesto y el gasto que se haya ejercido realmente en el sector público que incluye el dictamen que ahora comentamos. Tendremos así, una información que perfeccionará notablemente lo hecho hasta ahora, al consolidar los gastos del Gobierno Federal con los de sus organismos y empresas.
Mucho más podría decirse sobre las bondades del trascendental avance que registra el Presupuesto de Egresos en su actual presentación; ventajas que, al no escapar a ustedes, la Comisión juzga que ya no es necesario redundar en ellas; se concreta, por lo mismo, a la petición de esta H. Asamblea lo apruebe en todas sus términos.
La Comisión, de esta manera afirma por mi conducto: que la ejecución del Presupuesto de Egresos de la Federación permitirá que México progrese aceleradamente. Se harán más y mejores obras de infraestructura y de industrias básicas; la seguridad social llegará a mayor número de compatriotas; se liberará progresivamente la economía nacional de tutelajes criollos o importados; se coadyuvará a la permanencia inalterable de los principios normativos de nuestras relaciones con todos los países del mundo; y la dignidad del hombre y de la familia serán, cada vez más, los baluartes inexpugnables del régimen de gobierno del Presidente Gustavo Díaz Ordaz.
El C. Presidente: Tiene la palabra el C. diputado Barragán.
El C. Barragán Rodríguez, Juan: Señoras y señores diputados: Ante todo les suplico que pongan sus relojes y si tardo más de 5 minutos que venga mi general Marciano González a bajarme de la tribuna.
Había preparado una intervención más relacionada precisamente con relación al control de los organismos descentralizados pero es muy larga y por eso voy a leer la parte final:
"Debemos felicitarnos y agradecer al señor Presidente de la República, licenciado don Gustavo Díaz Ordaz, el paso tan trascendental que ha dado en beneficio del país al decidirse con valentía a controlar totalmente las operaciones de los organismos descentralizados y empresas propiedad del Gobierno Federal. Es incuestionable que este control de las finanzas de dichas empresas y organismos permitirá no sólo la planeación del gasto público, sino que evitará los daños que se han ocasionado originados por financiamientos inconvenientes, erogaciones superfluas en muchos casos, y sobre todo, sin coordinación con el resto del sector público."
Los desniveles presupuestarios se han originado no sólo en México sino en la mayoría de los países, principalmente por la operación inadecuada de sus organismos descentralizados. Afortunadamente el señor Presidente ha decidido de una vez por todas corregir este defecto tradicional. Muchas gracias. Y mañana si estaré en la tribuna para atacar a los intervencionistas de ahora, que fueron obregonistas en 1920 para intentar llevar a la presidencia al general Obregón.
El C. Presidente: Han hecho uso de la palabra en pro del dictamen en lo general, los diputados Adolfo Christlieb Ibarrola, Juan Landerreche Obregón, Jorge de la Vega Domínguez y Juan Barragán Rodríguez.
El C. secretario Martínez Corbalá, Gonzalo: Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general. Por la afirmativa.
El C. secretario Meraz Nevárez, Braulio: Por la negativa.
(Votación).
El C. secretario Martínez Corbalá, Gonzalo: ¿Falta algún ciudadano diputado de votar por la afirmativa?
El C. secretario Meraz Nevárez, Braulio: ¿Falta algún ciudadano diputado de votar por la negativa? Se va a proceder a recoger la votación de la Mesa.
(Votación).
El C. secretario Martínez Corbalá, Gonzalo: Fue aprobado por unanimidad de 168 votos en lo general.
Está a discusión en lo particular.
El C. Presidente: Se ruega a los ciudadanos diputados se sirvan reservar los artículos que deseen impugnar.
(Se abre el registro de oradores.)
Tiene la palabra el C. diputado Fuentes Díaz.
El C. Fuentes Díaz, Vicente: Honorable Asamblea: no voy a impugnar la esencia del artículo 4° del dictamen y no voy a hacerlo; no puedo ni debo hacerlo, porque está basada en una consideración que es de suma utilidad, extraordinariamente ventajosa, porque se refiere al hecho de que el Gobierno Federal podrá disponer de los excedentes que se obtengan en los ingresos ordinarios, para aplicarlos en beneficio de las necesidades del país.
En efecto, señores diputados en un país como el nuestro en pleno crecimiento y desarrollo económicos, con problemas cada vez más ingentes y de más apremiante resolución, con necesidades populares de toda indole que requieren la inmediata atención del Estado, también para su solución positiva, resultaría no sólo inconveniente, sino realmente pernicioso que el Gobierno Federal, disponiendo de recursos económicos que excedan a la recaudación prevista en la Ley de Ingresos, no aplicará esos excedentes en beneficio del país, de acuerdo con un programa de obras rigurosamente jerarquizado, según la indole y la urgencia, de las necesidades populares.
La reforma, la enmienda que voy a proponer, no modifica, en consecuencia, el contenido del artículo 4°. del dictamen, sino simplemente altera sus términos. El artículo tal como fue propuesto por la Comisión, tiene el caracter de una autorización al Gobierno Federal, para que pueda usar de los excedentes que puedan producirse en los ingresos ordinarios.
La enmienda que yo propongo a ustedes consiste en cambiar el caracter de autorización al Ejecutivo Federal, por un mandamiento del Congreso, con un texto que tiene caracter imperativo, que entrañaría el mandato de la Cámara de Diputados para que el Ejecutivo Federal, si se produce ese excedente en los ingresos, forzosa y obligadamente tenga que invertirlos en su programa de obras, en las tareas que tiene planeadas, de acuerdo con los grupos fundamentales
de autorización mencionados en el artículo 18 de la Ley Orgánica del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Para mejor comprensión de este problema, me voy a permitir dar lectura al artículo 4°, tal como lo propone la Comisión en su dictamen. Dice así: "Artículo 4°. Se autoriza al Ejecutivo Federal para que si los ingresos por los conceptos a que se refiere el artículo 1º de la Ley de Ingresos de la Federación para 1965 exceden del monto del Presupuesto aprobado, pueda hacer erogaciones adicionales hasta por el importe de dichos excedentes, en los grupos fundamentales de autorización mencionados en el artículo 18 de la Ley Orgánica del Presupuesto aprobado, pueda hacer erogaciones adicionales hasta por el importe de dichos excedentes, en los grupos fundamentales de autorización mencionados en el artículo 18 de la Ley Orgánica del Presupuesto de Egresos de la Federación. El Ejecutivo dará cuenta a la Cámara de Diputados de las erogaciones que haya efectuado con base en esta autorización al presentar el proyecto de Presupuesto de Egresos para 1966."
El texto que yo propongo dice así: "Para el caso de que los ingresos por los conceptos a que se refiere el artículo 1º. de la Ley de Ingresos de la Federación para 1965 excedan del monto del Presupuesto aprobado, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaria de Hacienda, deberá hacer erogaciones adicionales hasta por el importe de dichos excedentes en los grupos fundamentales de autorización mencionados en el artículo 18 de la Ley Orgánica del Presupuesto de Egresos de la Federación. El Ejecutivo dará cuanta a la Cámara de Diputados de las erogaciones que haya efectuado con base en esta disposición, al presentar el proyecto de Presupuesto de Egresos para 1966."
Como Ustedes habrán advertido, la modificación propuesta consiste en cambiar el concepto de autorización o de facultad que se menciona en el artículo 4°. según el dictamen de la Comisión, por el de un mandamiento expreso de la Cámara para que el Ejecutivo use de esos excedentes. En eso consiste mi enmienda al artículo 4º.
Yo rogaría a la Presidencia que aun modificando el orden cronológico en que han sido reservados los artículos, me permitiera, ya que está íntimamente relacionado con la propuesta anterior, presentar la proposición de adición al artículo decimocuarto, ya que ésta armoniza con la enmienda del artículo 4°.
El C. Presidente: Para orientar y simplificar el debate se autoriza al diputado Fuentes Díaz para que proponga su adición.
El C. Fuentes Díaz, Vicente (continuando): El artículo 14 del dictamen de la comisión afirma que:
"Artículo 14. No se podrá y será causa de responsabilidad de los Secretarios Jefes de Departamento de Estado, Procurador General de la República y Directores, Administradores o Gerentes de Organismos Descentralizados y Empresas propiedad del Gobierno Federal, conforme al artículo 126 constitucional, contraer compromisos fuera de las limitaciones de su presupuesto y, en general, acordar erogaciones en forma que no permita, dentro del monto autorizado a las partidas respectivas, la atención de los servicios públicos durante todo el ejercicio fiscal, así como del Secretario de Hacienda y Crédito Público, autorizar los compromisos y erogaciones que por este artículo se prohiben."
Es decir, el artículo 126 constitucional establece que ninguna dependencia del Ejecutivo Federal podrá hacer pago alguno si no está éste considerado en el Presupuesto de Egresos o en una ley posterior. Si se aprueba el artículo cuarto en los términos en que yo lo he propuesto y se conservara intacto el artículo 14, los funcionarios incurrirían en una violación del artículo 126 constitucional si no se estableciera la salvedad que voy a proponer mediante esta adición que figuraría al final del citado artículo 14 y que diga así: "salvo lo previsto en el artículo 49". En estas condiciones se libera a los funcionarios federales de la responsabilidad en que incurrirían al hacer gastos fuera de los limites del presupuesto aprobado con los excedentes que pudiera haber en la recaudación ordinaria fiscal.
Yo encarezco a la Asamblea, por las razones expuestas, que acepte las encomiendas al artículo 4°. y la adición al número 14.
El C. Presidente: Tiene la palabra con relación al mismo precepto el ciudadano diputado Lozano, o sea el artículo cuarto.
El C. Christlieb Ibarrola, Adolfo: Para una pregunta. ¿Que no es costumbre que se empiecen a discutir los artículo 1º, 2o, 3o, 4°, 5o, etc. Se van a discutir innecesariamente y se van a resolver los artículo sin ningún orden?
El C. Presidente: La Presidencia estima que no habrá ninguna confusión en virtud de que al discutirse el artículo cuarto se dará la palabra a los señores diputados que lo hubieran reservado y se dará la palabra a los diputados que la hayan pedido.
El C. Lozano Ramírez, Raul: Señor Presidente: Deseo que haga uso de la palabra el diputado de Acción Nacional que se inscribió con relación al artículo cuarto, con objeto de que yo posteriormente haga uso de la palabra.
El C. diputado Garabito Martínez, Jorge: Yo me inscribí después, le cedo la palabra.
El C. Presidente: En orden de inscripción está primero el ciudadano diputado Garabito, pero es indistinto el orden y si no hay objeción de usted, obvia una discusión.
La presidencia suplica al ciudadano diputado Garabito que a fin de orientar el debate se concrete al artículo cuarto.
El C. diputado Garabito Martínez, Jorge: Señor Presidente: yo había apartado al mismo tiempo los artículos segundo y tercero, quiero solicitar vuestra venia para tratar de una vez estos artículos, o bien hacerlos en una intervención posterior, como usted me lo indique.
El C. Presidente: Es preferible, a fin de orientar el debate, solamente hable usted del artículo cuarto.
El C. Garabito Martínez, Jorge (continuando): Correcto. Ya el diputado Christlieb, al referirse en su comentario en lo general al presupuesto de egresos hizo notar la incongruencia que existe entre este artículo y el resto del mismo presupuesto. Por lo demás ustedes saben y lo recuerdan, que éste artículo cuarto no venia en el proyecto original del Ejecutivo, sino fue agregado por proposición de un grupo de diputados. Nos oponemos a la inclusión del artículo cuarto en el presupuesto, porque este artículo cambia totalmente la naturaleza del presupuesto mismo. El presupuesto tal como ha sido enviado
por el Ejecutivo y tal como corresponde a nuestra legislación, debe ser un presupuesto rígido, estrictamente rígido. La inclusión del artículo cuarto lo cambia totalmente y lo convierte en un presupuesto elástico; un presupuesto rígido no quiere decir un presupuesto estático. Es perfectamente dinámico y flexible, pero no con un dinamismo exorbitado o sin control, sino con un dinamismo rítmico.
La velocidad del gasto debe ser perfectamente controlable por el Ejecutivo y si introducimos este artículo cuarto, desquiciamos la rigidez del presupuesto y lo convertimos en un presupuesto incontrolable a una velocidad de gasto no sujeta a control alguno.
Ya el diputado Christlieb Ibarrola había hecho notar que el contenido del artículo cuarto del presupuesto era incongruente con el artículo 126 de la Constitución y con el artículo 14 del mismo proyecto de presupuesto, y el diputado Fuentes Díaz ha reconocido expresamente que existe esta contradicción entre el artículo 14 y el artículo cuarto, porque el artículo 14 establece la responsabilidad precisa de los funcionarios gubernamentales que se salgan del presupuesto original, que no pueden contraer compromisos fuera de las limitaciones de su presupuesto, y el artículo cuarto, al establecer precisamente que una autorización para gastos adicionales está en flagrante contradicción con el artículo 14 del mismo presupuesto.
Pero aun más, los conceptos vertidos por el diputado de la Vega, de los cuales ya habíamos tenido conocimiento por las declaraciones del señor Ministro de Hacienda, que fueron publicadas en los periódicos estas declaraciones del Ministro de Hacienda insisten en algo que el Ejecutivo ya había admitido: la necesidad de un presupuesto rígido, y la rigidez de un presupuesto la entiende el Ejecutivo, incluso en los términos expresos contenidos en su proyecto, que dicen textualmente, al referirse a los organismos descentralizados: "es indispensable no autorizar un mayor presupuesto a estos organismos que han venido funcionando en forma autónoma con objeto de lograr un equilibrio del gasto público coordinado con el que viene efectuando directamente el gobierno federal". Esto es presupuesto rígido, no autorizar un mayor presupuesto del contenido en el proyecto.
Ahora bien, señores diputados, el presupuesto rígido ofrece dificultades. Lo sabemos por experiencia; lo que también sabemos es que los anteriores gobiernos han obviado estas dificultades simple y sencillamente violando el presupuesto y acudiendo después a la Cámara de Diputados para una autorización posterior al gasto ya efectuado. Esto no es resolver las dificultades. El Ejecutivo en la actualidad, reconociendo las dificultades del presupuesto rígido, pero reconociendo al mismo tiempo la necesidad indispensable de la rigidez del presupuesto, ofrece cumplir con este presupuesto rígido. ¿Por qué en esta Cámara de Diputados le está ofreciendo al Ejecutivo facilidades que no ha pedido? Es cierto que la recaudación directa es proporcionalmente baja en relación con la renta nacional, pero no porque la tasa sea baja. A mi personalmente me ha causado satisfacción el hecho de que el señor diputado Carrillo haya expuesto con toda honradez y valentía en esta tribuna el gravisimo problema de la elevación fiscal que obedece en parte, a la desconfianza de los causantes hacia el gobierno. Es cierto también que la recaudación ha aumentado porque día a día disminuye esta evasión fiscal. Ha aumentado la actividad económica, y ello incrementa la recaudación; pero fundamentalmente, principalmente la recaudación aumenta porque aumenta el número de causantes sujetos al régimen de recaudación, bien porque se vaya perdiendo esa desconfianza en el gobierno, bien porque los sistemas de control sobre los causantes, pero el hecho es que la recaudación sobrepasa, lo hemos visto en las últimas décadas sobrepasa a las estimaciones presupuestales.
Y hay que aplicar estos excedentes de recaudación, pero de acuerdo con nuestro régimen constitucional, la aplicación de excedentes es materia de una reforma de presupuesto, y esta reforma de presupuesto tiene que ser aprobada por la Cámara de Diputados previamente. Si es necesario, esta reforma debe tratarse en sesión extraordinaria durante el receso, o bien durante las primeras sesiones del periodo ordinario; pero el gasto debe ser previamente autorizado.
Por esta razón, nos oponemos a la inclusión del citado artículo 4°. en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio de 1965.
El C. Presidente: Tiene la palabra el C. diputado Lozano.
El C. Lozano Ramírez, Raul: Señor Presidente, señores diputados: un grupo de diputados nos permitimos hacer una proposición con el de que el Presupuesto de Egresos de la Federación pudiera adicionarse con el objeto de que el gobierno federal pudiera disponer de todos los ingresos que tenga por excedente en el año fiscal. Hemos observado que el desarrollo económico de nuestro país ha originado en años anteriores el aumento de las recaudaciones públicas, y con este motivo consideramos que el Ejecutivo Federal debe tener esas facultades con el objeto de que las necesidades públicas puedan ser atendidas de una manera regular. El artículo 126 de la Constitución de la República establece que no puede hacerse pago alguno que no esté comprendido en el Presupuesto o en ley posterior.
El artículo 33 de la Ley Orgánica del Presupuesto de Egresos de la Federación tomando en cuanta la teoría de la revisión de la Cuenta Pública que ordena examinar y analizar las cantidades gastadas para determinar si están o no de acuerdo con las partidas del Presupuesto, ha establecido que ningún gasto podrá efectuarse sin que exista partida expresa en el Presupuesto que la autorice.
El mismo artículo 33 establece que para que una organización sea licita deberá ajustarse estrictamente al texto de la partida que la autorice.
Es más, el artículo 32 de la citada Ley Orgánica, establece el sistema más rígido que pueda existir prohibiendo el traspaso de dotación de partidas.
Resumiendo:
No puede hacerse pago alguno que no este comprendido en el Presupuesto, según el sistema Constitucional y en partida expresa que lo autorice, prohibiéndose el traspaso de partidas según el sistema de la Ley Orgánica del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Sin embargo, no todo se puede prever y detallar en el Presupuesto de Egresos.
Hay casos en que se presenta una necesidad imprevista.
En otras ocasiones los gastos calculados por condiciones de la oferta y de la demanda importan más de lo calculado.
En estos casos el sistema rígido de la Ley Orgánica del Presupuesto que va más a la del artículo 126 constitucional establece diversas excepciones.
1. En efecto el mismo artículo 37 de la Ley Orgánica faculta al Ejecutivo Federal para hacer transferencias de partidas en dos casos:
1º. En situaciones de urgencia.
2o En casos de conveniencia general a juicio del citado Ejecutivo Federal, en virtud de que se trata de pagos que ya están comprendidos en el Presupuesto pero cuyas partidas son insuficientes para las necesidades públicas.
También hay otro sistema que establece el artículo 6º del proyecto de Ley del Presupuesto de Egresos que se estudia, que permite ampliar las partidas, mediante decreto que expide el Ejecutivo Federal en los siguientes casos:
a) Para atender compromisos internacionales.
b) Para realizar erogaciones extraordinarias ligadas directamente con el programa de lucha en contra del encarecimiento de la vida o para hacer frente a calamidades públicas.
c) Para la designación de Subsecretarios de Estado destinados a auxiliar en sus labores al Poder Ejecutivo.
También la Ley Orgánica del Presupuesto en su artículo 34 permite la ampliación automática de partidas ya creadas en el Presupuesto, para aquellas erogaciones que no es posible prever.
Este sistema de ninguna manera es anticonstitucional sino por el contrario se concreta a ampliar las partidas ya existentes a hacer transferencias según la jerarquía de las necesidades públicas.
En este mismo caso se encuentra la adición del artículo 3o de la Ley de Egresos que estudiamos, donde se faculta al Ejecutivo Federal para disponer dentro de las ramas establecidas por el artículo 18 de la Ley Orgánica del Presupuesto, todos los excedentes de la recaudación que se hayan obtenido dentro de los ramos del artículo 1º. de la Ley de Ingresos.
En efecto, cuando conforme al artículo 126 constitucional existen partidas en el Presupuesto de Egresos para hacer el gasto público y existen excedentes en la recaudación, la autorización al Ejecutivo para invertirlas en bienes y servicios públicos se ajusta a nuestro sistema legal.
Como podrá verse no se trata de hacer pagos de partidas no establecidas, sino de ampliar estas partidas automáticamente para satisfacer las necesidades que el pueblo tiene en servicios personales, compra de bienes para administración servicios generales, adquisición de bienes para fomento y conservación, obras públicas y construcciones, inversiones financieras, erogaciones especiales y cancelaciones de pasivo dentro de todos los ramos de la administración publica.
Por otra parte, tomando en cuenta la dinámica de la Administración Pública y los graves problemas del pueblo, la rigidez del presupuesto no tiene explicación alguna para que los excedentes de la recaudación permanezcan inactivos.
Algunos otros países han tratado de resolver este problema bajo diferentes sistemas que es conveniente meditar porque sus experiencias podrían ser útiles en nuestro país.
El sistema español estableció la creación de un Presupuesto provisional o de provisión otorgando en block los créditos al Ejecutivo para que hiciera frente a los gastos públicos mientras se elaboraba un Presupuesto definitivo, estimando que la rigidez del Presupuesto creaba graves dificultades a la satisfacción de las necesidades públicas.
El sistema francés de los dozavos en forma semejante autorizaba al Ejecutivo para recibir o recaudar los impuestos y hacer los gastos proporcionales de las necesidades públicas.
El sistema italiano para resolver este problema estableció la expedición de un doble Presupuesto. El primero era de previsión o preventivo que se extendía a todo el período fiscal y el segundo era el Presupuesto rectificativo que modificaba en definitiva el que era expedido con carácter provisional. En esta forma el Ejecutivo podía ampliar las erogaciones de las necesidades públicas quitando la rigidez de los sistemas presupuestales impidiendo trastornos a la Administración Pública.
El sistema inglés más o menos semejante, faculta a la Cámara de los Comunes en cada capítulo de ingresos o egresos a expedir un Bill, que es la autorización para ejecutar un proyecto de Ley y al final de la Legislatura se expide la Ley definitiva, Apropiación Acta, pudiendo la Tesorería aplicar sucesivamente a los gastos ya votados una para determinada de los ingresos públicos.
Este sistema como el italiano permiten cierta elasticidad de los gastos públicos, pudiendo ampliarse los Presupuestos provisionales y quedar éstos como definitivos al revisarlos el Poder Legislativo en el momento de terminarse el ejercicio fiscal.
La adición que proponemos de ninguna manera puede estimarse como anticonstitucional y fuera del sistema rígido de nuestro Presupuesto, dado que se trata de casos de excepción a la regla general ampliando las erogaciones de las partidas ya autorizadas por el Presupuesto.
Hace un momento el diputado de Acción Nacional manifestó en esta tribuna que con el procedimiento de la adición se trata de cambiar la naturaleza del sistema presupuestario, de un sistema rígido a un sistema flexible. Y yo considero que esta afirmación carece de valor, carece de sentido...
El C. Garabito Martínez, Jorge: (interrumpiendo): Perdón, dijo elástico
El C. Lozano Ramírez, Raúl: Carece de sentido porque la adición no está cambiando el sistema legal del presupuesto, sino que lo que está tratando de hacer el presupuesto, o sea la adición, es de ampliar las partidas que ya están establecidas en el presupuesto.
También se dice que está en contradicción con el artículo 14 de la Ley del Presupuesto de Egresos de la Federación. Considero que no puede haber ninguna contradicción puesto aun en el caso de que no fuera modificado, no fuera modificado el artículo 14 con la proposición que hizo el diputado Fuentes Pérez... (risas), digo Fuentes Díaz,
de ninguna manera se trastornaría el sistema presupuestario, ni tampoco el Secretario de Hacienda incurriría en responsabilidades, puesto que como decía, automáticamente los ingresos que obtenga la Federación pasan a los renglones del presupuesto establecido.
Por otra parte también decía el diputado de Acción Nacional, que nosotros, la Cámara de Diputados estaba ofreciendo al Poder Ejecutivo algo que no había solicitado en el Presupuesto de Egresos que nos fue enviado. Y yo puedo contestar al señor diputado que no estamos ofreciendo, sino que estamos ordenando al Ejecutivo Federal, que los excedentes que tenga en materia de impuestos, puedan ser invertidos en las necesidades públicas.
Considero, por las anteriores razones que he dado, que no estamos violando el sistema legal nuestro y que nos estamos ajustando, al solicitar de ustedes, que el Presupuesto de Egresos de la Federación se adicione con el artículo 4°. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: Tiene la palabra la Comisión. - El C. Carrillo Marcor, Alejandro: La Comisión acepta la modificación sugerida por el señor profesor Fuentes Díaz, lo mismo que la adición que se propone para el artículo 14 del dictamen.
El C. Presidente: Se ruega a la Secretaría se sirva poner a votación los artículos 4° y 14, con las adiciones propuestas por los diputados Fuentes Díaz y Garabito.
El C. secretario Martínez Corbalá, Gonzalo: Por la afirmativa.
El C. secretario Meraz Nevárez, Braulio: Por la negativa.
(Votación.)
El C. secretario Martínez Corbalá, Gonzalo: ¿Falta algún ciudadano diputado de votar por la afirmativa?
El C. secretario Meraz Nevárez, Braulio: ¿Falta algún ciudadano diputado de votar por la negativa?
Se procede a recoger la votación de la Mesa.
(Votación.)
El C. secretario Martínez Corbalá, Gonzalo: Fuentes aprobados los artículos 4º y 14 por 135 votos de la afirmativa contra 17 de la negativa.
El C. Garabito Martínez, Jorge: Señor Presidente: para una adición en el artículo 4º, de acuerdo con el artículo 124 del Reglamento, se pueden presentar adiciones después de votados los artículos.
El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado Garabito.
El C. Garabito Martínez, Jorge: Señor Presidente, señores diputados: ya que ha aprobado el artículo 4º del Presupuesto, en el cual no sólo se autoriza, sino se obliga al Ejecutivo a gastar los excedentes de la recaudación, y a fin de que este gasto del cual se dice en el artículo cuarto que rendirá informe al presentarnos el proyecto de Presupuesto de Egresos para 1966, y para que esta cuenta no quede dividida y tener que aprobar cuenta parciales, una al conocer del proyecto de Presupuesto de Egresos de 1966 y otra al conocer de la Cuenta Pública de 1965, proponemos que se agregue este artículo con un párrafo que diga: "El informe que presente el Ejecutivo en los términos del párrafo anterior será rendido sin perjuicio de incluir dichas erogaciones en la cuenta anual que rinda al Congreso, para los efectos constitucionales."
Porque, además, el Presupuesto de Egresos nos los rinde a la Cámara en exclusivo, y la cuenta, incluyendo estas partidas, tiene que rendirse al Congreso en lo general.
El C. secretario Martínez Corbalá, Gonzalo: En votación económica se consulta a la Asamblea si se admite la adición propuesta.
El C. De la Vega Domínguez, Jorge: Pido la palabra.
El C. Presidente: Tiene la palabra el ciudadano diputado De la Vega.
El C. De la Vega Domínguez, Jorge: La proposición del señor diputado Garabito, se refiere al texto del artículo 4º, modificado, según la proposición del señor profesor Fuentes Díaz. Si esta proposición la presenta Acción Nacional agregándose a la reducción final del artículo 4º, me permito preguntar a la diputación de Acción Nacional, si con este agregado aprobará el artículo cuarto.
El C. Garabito Martínez, Jorge: El artículo 4º ya está votado en la forma en que lo aportó la Cámara. ¿Quiere usted que se repita la votación?
El C. , De la Vega Domínguez, Jorge: Es una pregunta concreta. Le ruego que me conteste. ¿Con este agregado sugerido por Acción Nacional al artículo 4º, usted cree que debería aprobarlo su Partido, a sabiendas de que previamente votó en contra?
(Desorden.)
El C. Presidente: La pregunta concreta del diputado De la Vega es específicamente, al diputado Garabito, si la diputación de Acción Nacional considera que con la adición por ellos propuesta, el artículo es correcto, por qué votaron en contra de él.
El C. Christlieb Ibarrola, Adolfo: Como jefe de la diputación de Acción Nacional , manifiesto lo siguiente: el Reglamento permite adicionar los artículos ya votados. Nuestra intención al tratar de adicionar un artículo con fundamento en el artículo 124 del Reglamento, es hacerlo menos malo de lo que fue aprobado. Exclusivamente.
El C. Presidente: La Presidencia quiere aclarar a la Asamblea que el artículo 4º está votado, y que la pregunta formulada por el diputado De la Vega es especialmente concreta al C. diputado Garabito, de si con la adición que ellos proponen en el supuesto de que la hubiera tenido el artículo 4º, lo hubieran aprobado. Ustedes contesten sí o no, o se abstienen de contestar.
El C. Garabito Martínez, Jorge: Sigue violándose el Reglamento, puesto que los diálogos están prohibidos. Me permito informar, repitiendo los conceptos vertidos por el diputado Christlieb, que nuestra proposición obedece exclusivamente al deseo de mejorar algo que ya ha sido aprobado por la Cámara.
Se consulta nuevamente a la Asamblea, en votación económica, por instrucciones de la Presidencia, si se admite la adición propuesta por el diputado Garabito,. Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Desechada la adición.
El C. De la Vega Domínguez, Jorge: La Comisión considera que la adición propuesta por Acción Nacional, que voy a permitirme leer de nuevo, dice así: "El informe que presente el Ejecutivo en los términos del párrafo anterior, será rendido sin perjuicio de incluir dichas erogaciones en la cuenta anual que rinda al Congreso para los efectos constitucionales."
Yo propongo sencillamente que se agregue el término: "El informe que presente el Ejecutivo en los términos del párrafo anterior, será rendido sin perjuicio de incluir dichas erogaciones en la Cuenta Pública anual que rinda al Congreso para los efectos constitucionales."
En esta forma la Comisión, señores, no tiene inconveniente en que se acepte la adición.
El C. Garabito Martínez, Jorge: Para expresar nuestra conformidad con la modificación propuesta.
El C. Presidente: Hay una adición propuesta por conducto del diputado. De la Vega y aceptada por la diputación de Acción Nacional. En consecuencia, debe ponerse a votación económica la propuesta. - El C. secretario Martínez Corbalá, Gonzalo: En votación económica se consulta a la Asamblea, por instrucciones de la Presidencia, si se admite la adición propuesta por la Comisión y aceptada por Acción Nacional. Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Admitida.
El C. Presidente: Está a discusión el artículo 2o. Tiene la palabra el ciudadano diputado Garabito.
El C. Garabito Martínez, Jorge: Señor Presidente; señores diputados: no voy a repetir aquí en esta intervención los argumentos ya expuestos por los diputados Ruiz Vázquez y Vicente Tovar, en relación con el proyecto de presupuestos presentados por Acción Nacional, y que fue desechado por esta Cámara en la sesión de la mañana, por estas razones, porque la Cámara se negó a hacer una transferencia de 32 millones de pesos, del concepto de erogaciones especiales al Ramo III, para mejorar la administración de la justicia, no podemos admitir en su redacción actual el artículo 2o del presupuesto.
El C. Presidente: Se ruega a la Secretaría, se sirva poner de votación nominal el artículo 2o.
El C. secretario Martínez Corbalá, Gonzalo: Se va a proceder a recoger la votación nominal del artículo 2o, impugnado por la diputación de Acción Nacional. Por la afirmativa.
El C. secretario Meraz Nevárez, Braulio: Por la negativa.
(Votación)
El C. secretario Martínez Corbalá, Gonzalo: ¿Falta algún ciudadano diputado de votar por la afirmativa?
El C. secretario Meraz Nevárez, Braulio: ¿Falta algún ciudadano de votar por la negativa? Se va a poner a recoger la votación de la Mesa.
(Votación.)
El C. secretario Martínez Corbalá, Gonzalo: Fue aprobado el artículo 2o por 135 votos de la afirmativa contra 17 de la negativa.
El C. Presidente: Está a discusión el artículo 3o. Tiene la palabra el C. diputado Garabito.
El C. Garabito Martínez, Jorge: Muy brevemente, señores diputados. No voy a hacer una referencia al fondo de esa tragedia que todos conocemos y que ya habrá oportunidad de examinar en esta Cámara con más detenimiento: la tragedia del campo, de una reforma agraria incompleta, de un ansia campesina insatisfecha, de una multitud de quejas que llegaban hasta la autoridad máxima en materia agraria, conforme al artículo 33 del Código Agrario, que es el Presidente de la República y que originó la creación de una Oficina de Quejas Campesinas adscrita a la Presidencia de la República. No funcionó como se esperaba o como se quería que funcionara la Oficina de Quejas Campesinas. Las quejas se acumularon en la oficina y los campesinos mexicanos no obtenían satisfacción en sus requerimientos. Por eso un grupo de diputados vino a proponer como reforma al presupuesto, que se cambiara la adscripción de la Oficina de Quejas de la Presidencia de la República al Departamento Agrario. Y era de repetir aquí el coloquio romano de "Quién custodia al custodio".
Si se había puesto esta Oficina de Quejas en la Presidencia de la República, precisamente para que atendiera aquellas quejas en contra de los funcionarios del Departamento Agrario, que coludidos con las autoridades inferiores, con los pequeños y con los grandes caciques estatales, violaban y frustraban la Reforma Agraria. ¿Qué esperanza pueden tener ahora los campesinos de que sus quejas sean escuchadas, si esa Oficina de Quejas que se había puesto en el más alto nivel va a depender ahora del Departamento Agrario, una de las autoridades violatorias?
Quiero yo hacer un llamado a los diputados de la Campesina, a aquellos que han tenido contacto directo con estos problemas, para que, sintiéndose representantes del campesino, digan leal y honestamente si esperan que la Oficina de Quejas funcione realmente, dependiendo del Departamento Agrario, como no funcionó dependiendo directamente del Presidente de la República, y en su voto emitan esta opinión.
El C. Presidente: Tiene la palabra el ciudadano diputado Vázquez Oseguera.
El C. Vázquez Oseguera, Gabino: Señor Presidente; respetable Asamblea, dividiré mi intervención en dos aspectos: primero, en el aspecto puramente técnico, y, al final, trataré de interpretar al sector campesino del país, la representación campesina del país, que forma parte del sector, importantisimo del Partido Revolucionario Institucional, al que me estoy honrado en pertenecer, para que las preguntas e inquietudes del señor diputado Garabito, del Partido Acción Nacional, queden precisadas en sus reales conceptos nacionales en estos momentos.
Presento, primero, los siguientes puntos de consideración, para que, previo cumplimiento de los requisitos reglamentarios, sean sometidos a la aprobación de la H. Cámara de Diputados, a fin de modificar, en su caso, la redacción del artículo 3o, y su parte considerativa correspondiente, del dictamen de la honorable Comisión de Presupuestos y Cuenta, emitido en relación con el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 1965, que estamos discutiendo.
En forma unánime ha sido aceptado por esta honorable Legislatura, el concepto de que el Presupuesto de Egreso del Ejecutivo Federal es el planteamiento de cifras de las partidas específicas que servirán para que los órganos, funcionarios y empleados del Poder Público, puedan realizar, cabalmente, el programa de gobierno trazado por el propio titular del Ejecutivo Federal, el ciudadano Presidente de la República.
Asimismo, han sido reafirmadas las funciones de esta honorable Cámara de Diputados, que está cumpliendo, que estamos cumpliendo, en forma de plena libertad, durante las interesantes sesiones dedicadas a tan vitales actividades, en ejercicio de nuestra soberanía,
en este aspecto de la vida y desarrollo de México, conforme lo establece nuestra Constitución General.
He apartado el artículo tercero y la parte considerativa, por lo que empiezo a dar lectura a la parte considerativa por mi apartada. "La Comisión considera - dice el dictamen que la proposición presentada por los señores diputados del Partido Revolucionario Institucional: Augusto Gómez Villanueva, Tulio Hernández Gómez, Celia Gallardo, Armando Fierro Encinas, Rodolfo Alavez Flores y Luz María Zaleta de Elsner, el 22 del actual, en el sentido de que la partida 2110702-82 del Ramo II, pase a formar parte del Ramo XV (Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización) debe ser aceptada" -aquí empieza la parte en donde se propone la aclaración o modificación "Ya que se estima que la Oficina de Quejas Campesinas cumplirá mejor sus funciones formando parte de dicho Departamento." - La otra parte quedará igual "En consecuencia se adiciona el proyecto de decreto inicialmente presentado, con un artículo especial al efecto."
Si se toma en cuenta que ya existe dentro del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, la Dirección General de Inspección, Procuración y Quejas, comprendiendo las oficinas dice el reglamento: I. De Inspección; II. De Procuración, y III De Quejas, según el reglamento dicho, publicado en el "Diario Oficial" de la Federación el 1º de julio de 1960, y que, por otra parte, las funciones de las Procuradurías de Asuntos Agrarios tiene que ajustar sus actividades a las disposiciones específicas señaladas en dicho ordenamiento así como a las normas establecidas en el decreto expedido el 1º de julio de 1953 y al reglamento de las Procuradurías de Asuntos Agrarios, publicado en el "Diario Oficial" del 3 de agosto de 1954, se llega a la conclusión de que, para evitar interpretaciones equívocas, el punto considerativo de que se está tratando, podría quedar redactado en los siguientes términos: la primera parte, como me permití llamar a la respetable atención de ustedes, quedaría igual y, luego, si se admite la aclaración, sería redactada en los siguientes términos: "Debe ser aceptada para que se destine en el fortalecimiento de la Dirección de Inspección, Procuración y quejas, que viene funcionando en dicho departamento y sea utilizada en nombramiento del personal que habrá de atender eficazmente a los campesinos en las distintas entidades de la República." Esta es la parte que propongo que se modifique y que suplico a la Comisión tome nota, por lo que voy a seguir diciendo; debiendo subsistir la última parte de dicho punto Considerativo: "En consecuencia, se adiciona el proyecto de decreto inicialmente presentado, con un artículo especial al efecto."
Con la modificación contenida en la nueva redacción que propongo, quedará explicado, con toda precisión, que las atribuciones que se asignaron a la Oficina de Quejas Campesinas que fue adscrita a la Secretaría Privada de la Presidencia de la República, serán llenadas dentro de una organización administrativa adecuada y funcional, ya establecida por la ley, y respondiendo a imperativos de orden social, en beneficio de los campesinos de toda la República, reforzando y mejorando la mencionada Dirección General de Inspección, Procuración y Quejas, del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, con personal especializado que desarrollará sus actividades, precisamente en las distintas entidades federativas, ajustándose en su conducta a las normas fijadas en las leyes sobre la materia y los ordenamientos expuestos por el ciudadano Presidente de la República, licenciado Gustavo Díaz Ordaz, cuya singular preocupación, reiteradamente expresada por él, respecto a la primordial jerarquía y preferente atención que se requiere el problema agrario mexicano, es bien conocida por toda la nación.
De aceptarse tal aclaración, la nueva redacción del texto del artículo 3o, propuesto en el dictamen de la Comisión, de que se viene tratando, quedará así:
"Artículo 3o La partida 211072-82 del Ramo Segundo (II) incluida en el artículo anterior, pasará a formar parte del presupuesto asignado al Ramo XV (Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización)".
Hasta aquí el texto del dictamen. Yo pido que se le adicione: "para que se destine en el más amplio y eficaz funcionamiento de la Dirección General de Inspección, Procuración y Quejas del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización". Sobre el particular, remitiéndose al reglamento y el decreto creativo correspondiente, el señor Presidente de la República será quien, personalmente, autorice los nombramientos para designar a los inspectores y procuradores agrarios y encargados de atender las quejas de los campesinos.
La legislación vigente marca en forma detallada las atribuciones de procuradores, de encargados de atender quejas e inspectores, o representantes de esta función en todos los lugares de la República.
La pregunta que nos hace el diputado del Partido Acción Nacional, el señor licenciado Garabito, implica una cuestión procesal. Es cierto que, en estricto sentido jurídico, constitucional y procesal, nunca la autoridad encargada de aplicar una ley puede ser juez y parte en una contienda. En este aspecto, la estructura misma del órgano y de la autoridad agraria, con intervención directa del Presidente de la República la Suprema Autoridad Agraria en el País tiene los caminos precisos para demarcar, dentro de ese organismo administrativo la función de la autoridad encargada de aplicar el Código Agrario y demás legislación conexa con los problemas del campo, en beneficio de ejidatarios y de pequeños propietarios, y otra es la función que se encomienda a los inspectores, a los procuradores y a los encargados de la oficina de quejas.
Aquí, hay, pues, que el señor Presidente de la República vino exponiendo al través de su gira civicoelectoral en todo el país, que culminó con este pensamiento definitivo, que será la norma de la administración pública que él jefatura, que está siendo ya norma y que seguirá siéndolo, tanto para los hombres que ha seleccionado como encargados de compartir con él la responsabilidad máxima del poder, asimismo como para nosotros, los diputados príistas que anduvimos recorriendo todo el agro nacional -cada quien sus respectivos distritos, lo mismo que lo hicieron, por qué no reconocerlo, los elementos del Partido Acción Nacional, aquí representados; los elementos del Partido Popular Socialista, y los del PARM; todos anduvimos
recogiendo los clamores y las angustias del campesinado nacional , y, en este aspecto, repito, el pensamiento que servirá de norma a todos los funcionarios y que está sirviendo ya, es éste: "Los miembros de mi Gabinete y yo -dijo el Presidente Díaz Ordáz-, y ya sabemos que somos mexicanos iguales a los demás y no somos más; no nos diferenciamos de nuestros compatriotas sino en que tenemos mayores responsabilidades y obligación de servir, porque eso precisamente somos, servidores del pueblo, serviremos con honradez, como norma y no como excepción o mérito, esperando como única compensación la satisfacción de haber cumplido..."
Estos ordenamientos no quedarán, seguramente, como puros enunciados presidenciales. Responsables seremos todos, tanto los miembros y representantes aquí del Partido Acción Nacional, como del Partido Popular Socialista, del PARM, como la mayoría que representamos al Partido Revolucionario Institucional, todos responderemos de su cumplimiento.
No importa en qué lugar esté la queja; allí estaremos cualesquiera de nosotros; no importa contra quién vaya, seremos inflexibles ante la denuncia y en exigir que se cumpla estrictamente el pensamiento del Presidente Díaz Ordaz y en exigir la aplicación cabal de todas las leyes que se refieren a la atención del problema campesino mexicano.
Se ha hablado aquí en forma erudita de lo que debe entenderse por la justicia; de los distintos órganos y jueces y magistrados encargados de aplicarla. Pero ante el problema angustioso que existe en el campo, de que en pequeña escala una viuda reclama que no se le quite el disfrute de su parcela a que tiene derecho; de un grupo de ejidatarios que reclama que los linderos de su ejido no están perfectamente definidos y no son debidamente respetados; de que el pequeño propietario está exigiendo que conforme a la ley no se le atropelle y se le respete, como ha sido el pensamiento de la Revolución desde su inicio, no han bastado, ciertamente, los caminos marcados por la actual legislación reglamentaria. Ya la diputación priísta, a través de sus organismos, está estudiando y presentará en su oportunidad, recogiendo el pensamiento de toda la nación, ese sistema de que ya se han ocupado jóvenes investigadores del derecho agrario, el sistema que defina cómo organizar y cómo hacer efectiva una justicia agraria, en la etapa actual de realizaciones de la Revolución Mexicana; que es uno de sus imperativos en este momento, en que la Revolución, que fue la que hizo las leyes agrarias, ha puesto en poder de la mayoría de los campesinos del país, las tierras que legalmente han sido afectables Tiempo habrá, señores diputados, y en esto no hago distingos -todos somos representantes y responsables de nuestra función, tiempo habrá para que, con ese alto espíritu de servicio nacional y conciencia de nuestro deber, cada quien aportaremos lo mejor de nuestra experiencia, lo mejor de nuestra honradez y lo mejor de nuestras luces, para colaborar, para interpretar debidamente el pensamiento del Presidente Díaz Ordáz. Tiempo habrá también para que, en su oportunidad se busquen las mejores fórmulas -y en este sentido no habrá comisiones específicas, en este sentido todos por igual debemos concurrir a presentar nuestros proyectos, para la atención de esos problemas. Pero sí creo de mi obligación dejar asentado aquí que las leyes agrarias de todos los tiempos de México han sido producto de manifestaciones y de luchas populares! y que, en la última etapa, a partir de la insurgencia, hasta la época actual, nosotros tenemos, los diputados del PRI, los de la mayoría, esta enorme responsabilidad: ser herederos de la legislación que por esfuerzos multitudinarios; que por manifestaciones en convenciones de nuestro Partido dieron origen a la promulgación de la primera legislación agraria con la creación del primer Departamento Agrario, que se fundó en el gobierno del Presidente Abelardo Rodríguez, legislación que fue respondiendo al clamor del campesinado nacional dentro de las banderas del Partido de la Revolución, que exigió pronto y eficaz atención al problema agrario nacional! No descansaremos los diputados priístas en el cumplimiento de nuestro deber!
Ya sabemos que todos los representantes de los distintos Partidos aquí presentes, terminadas -ya están por terminar, una cuantas horas más las labores reglamentarias de esta respetable Cámara, iremos a nuestros distritos y estaremos, como siempre hemos estado, en contacto constante y diario con todos aquellos que nos hicieron el honor de tenernos confianza y darnos su voto para que viniéramos a representarlos en esta respetable Cámara de Diputados. Cualesquiera otras inquietudes que puedan presentarse, ya habrá tiempo de contestarlas. Lo único que suplico a la respetable Comisión Dictaminadora, es que se sirva contestarme si acepta mis aclaraciones al punto considerativo relacionado con el artículo 3o, y si acepta la ampliación al citado artículo 3o
El C. Rodríguez, Luis Dantón: Haré uso de la palabra una vez que termine el Señor diputado.
El C. Vázquez Oseguera, Gabino: Señores diputados: trataré de constreñirme al artículo y al asunto a debate. Suplico a ustedes, que meditando en la intención de mis proposiciones tengan a bien aprobar, en su caso, la aclaración y la ampliación o adición al artículo 3o presentado a la soberanía de ustedes.
El C. Presidente: Tiene la palabra el C. diputado Dantón Rodríguez.
El C. Rodríguez Luis Dantón: Honorable Asamblea: agotado casi que está el tiempo, a veces pensamos que las mejores intenciones se confunden, y las que recibió la comisión indudablemente que han sido dispersas en el pensamiento de la oposición y del C. diputado Gabino Vázquez a quien respeto por su valía, pero que han confundió lamentablemente la intención que ha tenido esta Comisión al aceptar las reformas propuestas por un grupo de diputados.
La razón que aquí se expuso para la formación de la Oficina de Quejas de la Presidencia, no es cierto que haya sido para abrir una oficina y quejarse exclusivamente en contra de los funcionarios del Departamento Agrario. Esto sería desconocer lamentablemente todas las autoridades que tiene la organización agraria mexicana, pero también sería presuponer que los actos arbitrarios puedan venir sólo de la autoridad. Y en esas circunstancias el Presidente de la República no podría agotar solamente en una oficina de quejas para los campesinos, sino que tendría que abrir para cada una de las actividades una oficina de quejas. Para eso existen tribunales, y procedimientos administrativos perfectamente
determinados por las leyes y los reglamentos. El propósito de la oficina de Quejas, que si funcionó, fue recibir las demandas de los campesinos de toda índole. Las demandas que tuvieran en contra del abuso de la autoridad, desde el comisariado ejidal, las delegaciones, las comisiones agrarias mixtas, el Departamento Agrario, y todas las demás relacionadas con su trabajo, así como las demandas en contra de particulares abusivos lesionando sus derechos quisieran impedir que esto se realizara.
En consecuencia, el Presidente López Mateos, que hizo recorridos innumerables por todo el país y recogió los reclamos de todas las comunidades agrarias, dispuso abrir una oficina en Palacio Nacional, para que ahí se recibieran quejas de autoridades y de no autoridades. Ese concepto individualista que presupone abusa del derecho quien tiene el poder, debe descartarse para siempre. Abusa del derecho quien lesiona el derecho ajeno, y éste puede o no ser autoridad, y en el caso de los campesinos, es más frecuente que no sea una autoridad, pero que sí tenga poder económico en una región, como el usurero, como el acaparador, como el hombre que invade las tierras ejidales, por el deseo de extender sus propiedades privadas, y no las propias autoridades.
En consecuencia, esa Oficina se abrió con ese propósito, y funcionó. No es lo mismo hablar de tragedia que expresar conceptos trágicos y éstos son fatalistas. Todo lo malo viene del Gobierno; todo lo bueno, de los particulares. En este caso, la Oficina de Quejas funcionó escuchando a los campesinos directamente en Palacio Nacional; pero no porque los hubiese dejado de escuchar en otras partes. En esta Asamblea están representados más de cincuenta y seis diputados agraristas; funcionan en todo el país la Liga de Comunidades Agrarias; funciona la Confederación Nacional Campesina. Son órganos que recogen el pensamiento y los problemas de los campesinos, para ponerlos a la altura de su solución y frente a las autoridades que correspondan.
Nosotros, al recibir propuestas de modificación del artículo 3o, la aceptamos con este propósito: de que ya es tiempo de que las quejas se eliminen, evitando las causas que las producen no porque éstas no pudieran tener razón de ser, sino para darles a los órganos los recursos que necesiten para atender los problemas del campesinado y los emplee de tal manera que no se produzcan las quejas.
Entonces, lo que queremos es que tenga medios el Estado a través del Departamento Agrario, para que en forma expedita y a través de sus técnicos, delineen los planos, resuelvan los expedientes, actualicen los derechos y no se produzcan las quejas.
Nosotros no queremos constituir un poder ejecutivo que reciba nada más las quejas de la población, sino que actúe de manera vibrante, activa, constante, en la solución de los problemas.
En esas condiciones, nosotros ni podemos aceptar las objeciones formuladas por el Partido de Acción Nacional, ni queremos aceptar tampoco las propuestas hechas por el diputado Vázquez, porque lo que queremos es que el Departamento Agrario asimile un presupuesto que debió haberle correspondido, para hacer más expedito su trabajo y realizar de tal manera el desempeño de sus atribuciones, que cada vez más se produzcan menos quejas. Muchas gracias. El C. Presidente: Sírvase la Secretaría poner a votación el artículo tercero.
El C. secretario Martínez Corbalá, Gonzalo: Se pone a votación el artículo tercero. Por la afirmativa.
El C. secretario Meraz Nevárez, Braulio: Por la negativa.
(Votación.)
El C. secretario Martínez Corbalá, Gonzalo: ¿Falta algún ciudadano diputado de votar por la afirmativa?
El C. secretario Meraz Nevárez, Braulio: ¿Falta algún ciudadano diputado de votar por la negativa? Se va a proceder a recoger la votación de la mesa.
(Votación.)
El C. secretario Martínez Corbalá, Gonzalo: Fue aprobado el artículo tercero por 113 votos de la afirmativa contra 20 de la negativa.
El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado Guajardo Tamez, y en atención a que los artículos 6, 11 y 13 han sido apartados exclusivamente por él, se le ruega su impugnación abarque todos al mismo tiempo.
El C. Guajardo Tamez, Roberto: Señor Presidente, honorable Asamblea: el elemento realmente nuevo en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 1965, es sin duda la inclusión y por ende su control Fiscal de los Presupuestos de los Organismos Descentralizados y de las empresas propiedad del Gobierno Federal. Votamos ya los diputados del Partido Popular Socialista aprobando junto con todos ustedes, en lo general, el presupuesto movidos por las mismas razones expuestas en el proyecto de ley y en el dictamen que se discute pero fundamentalmente porque el elemento nuevo de que he hablado representa un paso muy importante para lograr la planeación integral del desarrollo del país. El mismo proyecto del Ejecutivo reconoce que esta planeación era ya impostergable e indispensable sin embargo en lo particular separamos para ese empeño, esa intención, no se vean obstaculizadas porque consideramos indispensable hacerlas en efecto.
El artículo 6º dice: "La Secretaría de Hacienda y Crédito Público oportunamente dictará las normas relativas a la norma, requisitos y fechas en que los organismos descentralizados y empresas propiedad del Gobierno Federal, le deberán presentar sus proyectos de presupuesto para cada ejercicio fiscal, para ser sometidos a la aprobación del Presidente de la República." Hasta aquí estamos de acuerdo, pero luego dice: "Una vez aprobados por el Ejecutivo Federal, cualquier modificación deberá ser presentada por conducto de la Secretaría de Hacienda al propio Poder Ejecutivo para su resolución y autorización definitiva por el Poder Legislativo a través de la Cámara de Diputados."
En primer lugar, nos parece que se ha cometido una omisión cuando se dice que una vez aprobados los propuestos por el Ejecutivo y se ignora que también debieron haber sido aprobados por el Congreso, y ésta es una omisión que hay que reparar como lo proponemos en la redacción que expondremos más adelante; pero lo más importante es que esta última parte de dicho artículo sexto no es posible aceptarla en sus términos, porque pasa por alto la condición dinámica de las industrias como
la del petróleo, Ferrocarriles, electricidad, etc., que no funcionan como un organismo burocrático y que en un momento dado puedan tener la imperiosa e inaplazable necesidad de modificar sus presupuestos, por lo que sería inoperante y hasta de fatales consecuencias que tuviera que sometérsele a modificación al trámite que señala esta parte del artículo. En pocas palabras: habría que esperar hasta septiembre para poder aprobar una modificación.
El C. Rodríguez Luis, Dantón: ¿Quisiera permitirme una interpelación, para aclarar el concepto? El artículo 6º habla de proyecto de presupuesto, de tal manera que no se impediría que la actividad económica de los organismos descentralizados se suspendiera. Solamente son proyectos de presupuesto.
El C. Guajardo Tamez, Roberto: Pero más adelante habla de modificaciones de los proyectos.
Nosotros tenemos el temor de que se pueda interpretar el que una modificación como es de suponer, sea sometida al trámite que índica el artículo. Por ejemplo, una de estas industrias, quizá la más importante de todas, tendrá revisión de su contrato colectivo de trabajo en junio de 1965. ¿No podrán cubrirse, oportunamente, las repercusiones que lograsen los trabajadores en esta revisión? ¿O es que ya pudo preverse en el presupuesto aprobado para ese año? No es posible. ¿Van a esperar los trabajadores a que se reúna el Congreso para que pueda hacerse la modificación al presupuesto y ellos hasta entonces disfrutar del aumento que pudieran lograr?
Lo que pasa, es que se ha incorporado a la competencia del Poder Legislativo un elemento nuevo, dinámico: las industrias atendidas por los organismos descentralizados y las empresas propiedad del Gobierno Federal, con los cuales no hemos estado acostumbrados a trabajar. Lo cual nos coloca en esta disyuntiva: o trabajamos más, como propuso nuestro partido y no aceptó esta Cámara, o aprobamos leyes que se ajusten correctamente a las nuevas condiciones, como deben ser las que presente la actual Ley de Egresos en el aspecto de los citados organismos.
Como el año entrante no trabajaremos sino hasta principios de septiembre, entonces, a nuestro juicio, que la segunda parte del artículo 6º, para prever esta situaciones, y mientras se legisla más adecuadamente al respecto, se modifique diciendo "una vez aprobados por el Ejecutivo Federal y por el Poder Legislativo a través de la Cámara de Diputados, cualquier modificación deberá ser presentada por conducto de la Secretaría de Hacienda al propio Poder Ejecutivo para su resolución y autorización definitiva".
En cuanto al segundo párrafo de este mismo Artyiculo sexto, que dice: "La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá dictar las normas necesarias y tomar las medidas que juzgue indispensables para que los organismos descentralizados y empresas propiedad del Gobierno Federal, cuenten oportunamente con las asignaciones presupuestales necesarias para el desempeño de sus propios fines." Nosotros confiamos en que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en efecto dictará esa normas y tomará estas medidas; pero el artículo dice simplemente que serán "para el desempeño de sus propios fines" y eso nos preocupa también, porque nos parece que usar un vocablo de rutina a esa simplemente para el desempeño de sus propios fines, puede traer como consecuencia la implantación de un procedimiento meramente burocrático, incompatible con la agilidad, flexibilizad y dinamismo que deben tener estos organismos y empresas: y con objeto de que en la mente de los ejecutores de esta ley prevalezcan estas necesidades características, pensamos que debe modificarse este párrafo a decir en su última parte: "Para el desempeño normal y adecuado de sus propios fines", esto es agregar solamente las palabras "normal y adecuado".
El artículo once dice: "El pago de compensaciones por servicios especiales, los viáticos, sobresueldos, honorarios, o emolumentos u otras percepciones que no sean sueldos, haberes, o salarios, específicamente determinados dentro de las partidas de cada rama, se efectuará de acuerdo con las prescripciones que para cada caso fija el Reglamento de la Ley Orgánica del presupuesto y las reglas especiales que expida la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Se podrá decir que lo que vamos a tratar de incluir y que no está en este artículo, quedará incluido en las "reglas especiales que expida la Secretaría de Hacienda"; pero esto no nos tranquiliza, pues se da el caso de que en la redacción, después de indicar que se refiere a viáticos, sueldos, honorarios, emolumentos y otras percepciones que no sean sueldos haberes o salarios específicamente determinados dentro de las partidas de cada ramo, no dice nada de una serie de prestaciones de que disfrutan los trabajadores de los organismos descentralizados y de algunas empresas propiedad del Gobierno Federal; y eso es grave, porque si no están incluidas se tienen que efectuar de acuerdo con las prescripciones que fije el reglamento de la ley orgánica de presupuesto (aunque se cita también lo de las reglas especiales que va a expedir la Secretaría de Hacienda), sencillamente no habrá manera de que los trabajadores de los citados organismos y empresas perciban puntualmente lo que les corresponda, por lo tanto, proponemos que este artículo debe quedar redactado como está; pero agregándole a su primer párrafo lo siguiente: "en tratándose de compensaciones por los mismos conceptos, y otras prestaciones del personal que labora en los organismos descentralizados y empresas propiedad del Gobierno Federal, que se rijan por contratos colectivos de trabajo, los pagos se efectuarán de acuerdo con las estipulaciones contractuales respectivas".
Por otra parte, el segundo párrafo de este mismo artículo once dice: "el pago de compensaciones por servicios en horas extraordinarias, independientemente de cubrirse de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 123 constitucional, también se regirá para el ejercicio de la partida específica, por las disposiciones establecidas en el reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto de Egresos de la Federación". Como en este caso priva la misma situación que en el caso anterior, ya que los trabajadores de los organismos descentralizados gozan en muchos casos de un sistema de pago de horas extras, no previsto específicamente en el citado artículo constitucional, proponemos también que dicho segundo párrafo quede como está, pero agregándole lo siguiente: "El pago de esta compensaciones, correspondientes a personal que labora en los organismos descentralizadas y empresas propiedad del Gobierno Federal, que se rija por contratos colectivos de trabajo,
se efectuara de acuerdo con las estipulaciones contractuales respectivas."
El artículo trece en su primer párrafo dice: "La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá vigilar que la ejecución del presupuesto se haga en forma estricta, para lo cual, la misma tendrá amplias facultades a fin de que toda erogación con cargo al presupuesto esté debidamente justificada, con apego a la ley; pudiendo en caso necesario rechazar una erogación, si efectuadas las investigaciones del caso, ésta se considera notoriamente legible para los intereses del erario nacional."
Estimamos que la última parte de este párrafo, desde la palabra "pudiendo", debe ser suprimida, porque aquí de nuevo surge la posibilidad de que en tratándose de una suma cuantiosa aunque justificada, si la Secretaría de Hacienda la considera lesiva, no importa que ésta corresponda a un derecho pleno y fallado a favor de los trabajadores, lesionaría gravemente la economía de los afectados, provocando un desquiciamiento en lo que se refiere a una serie de normas establecidas en el artículo 123 constitucional."
Me permito entregar a la Secretaría el texto de las adiciones, conforme las he propuesto, pero antes de retirarme de esta tribuna y en mi carácter de integrante de la Comisión del Petróleo en esta Cámara y sin desligarme de este tema, que es el tema principal de mi intervención, que es el de los presupuestos de los organismos descentralizados y empresas propiedad del gobierno federal, deseo hacer las siguientes aclaraciones en relación con el texto de una entrevista periodística aparecida en el "Excélsior" del domingo próximo pasado, en las que el ciudadano Secretario de Hacienda y Crédito Público, hace afirmaciones relacionadas con Petróleos Mexicanos. Le ruego a la Presidencia, me diga si me permite hacerlo. La considero sumamente importante porque las declaraciones son de trascendencia; no han sido rectificadas y son simplemente de tipo informativo.
El C. Presidente: En términos del Reglamento, está fuera del tema, diputado Guajardo, y le ruego que no lo lea.
El C. Guajardo Tamez, Roberto: Bien, muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Rodríguez, Luis Dantón: Señor Presidente: Aceptamos las adiciones propuestas al artículo 11 y sólo porque son obvias; en cambio las propuestas al artículo 6º, que sustrae una garantía para que conozca esta Cámara los presupuestos definitivos, no la aceptamos; por lo que respecta al artículo 13 no entendemos lo que quiso decir o no dijo nada. De tal manera que eso está explícito en los términos del dictamen: quisiéramos proponer, en concreto que se acepte tal como está el artículo 6º. y 13 con las adiciones propuestas al artículo 11.
El C. Guajardo Tamez, Roberto: Pido la palabra para aclarar.
El C. Presidente: Tiene la palabra el ciudadano diputado Guajardo.
El C. Guajardo Tamez, Roberto: El artículo 13 dice: "La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá vigilar que la ejecución del presupuesto se haga en forma estricta, para lo cual, la misma tendrá amplias facultades a fin de que toda erogación con cargo al presupuesto esté debidamente justificada, con apego a la ley; pudiendo en caso necesario, rechazar una erogación si efectuadas las investigaciones del caso, ésta se considera notoriamente lesiva para los intereses del Erario Nacional. Con este fin, se faculta a la dependencia del Ejecutivo antes indicada para tomar todas las medidas que estime necesarias tendientes a lograr las mayores economías en los gastos públicos y la realización honesta de los mismos."
El C. Rodríguez, Luis Dantón: Nosotros pensamos, en cambio, que debe facultarse al órgano representante del Ejecutivo, rechazar las erogaciones que puedan ser lesivas al Erario Nacional.
Consideramos que debe quedar incluido este párrafo. En consecuencia, subsiste la proposición del dictamen.
El C. Presidente: Ruego a la Secretaría se sirva poner a votación los artículos 6º. y 13, y el 11 aceptados por la Comisión, con las adiciones propuestas por el diputado Guajardo.
El C. secretario Martínez Corbalá, Gonzalo: Por instrucciones de la Presidencia procedemos a recoger la votación nominal de los artículos 6º. y 13 impugnados por el diputado Guajardo y no aceptadas las impugnaciones por la comisión correspondiente. Por la afirmativa.
El C. secretario Meraz Nevárez, Braulio: Por la negativa.
(Votación.)
El C. secretario Martínez Corbalá, Gonzalo: ¿Falta algún ciudadano diputado de votar por la afirmativa?
El C. secretario Meraz Navárez, Braulio: ¿Falta algún ciudadano diputado de votar por la negativa? Se procede a recoger la votación de la Mesa.
(Votación.)
El C. secretario Martínez Corbalá, Gonzalo: Fueron aprobados los artículos 6º. y 13 por 147 votos por la afirmativa, y contra 7 por la negativa. A continuación se va a proceder a recoger la votación nominal de todos los artículos que no fueron impugnados, porque habiendo sido impugnados fueron admitidas las adiciones por la propia Comisión. Se trata de los artículos 1º, 5o, 6º 8o, 9o 10, 11 y 12. Por la afirmativa.
El C. secretario Meraz Nevárez, Braulio: Por la negativa.
El C. secretario Martínez Corbalá, Gonzalo: ¿Falta algún ciudadano diputado de votar por la afirmativa?
El C. secretario Meraz Nevárez, Braulio: ¿Falta algún ciudadano diputado de votar por la negativa?
(Votación.)
Se procede a recoger la votación de la Mesa.
El C. secretario Martínez Corbalá, Gonzalo: Fueron aprobados los artículos 1º., 5o, 6º, 9o, 10, 11 y 12 por 159 votos. Pasan al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
La Secretaría informa a la Presidencia que se ha agotado la Orden del Día.
El C. Presidente (a las 19.05 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá verificativo el día de mañana, miércoles treinta a las diez horas.
TAQUIGRAFÍA PARLAMENTARIA Y
"DIARIO DE LOS DEBATES"