Legislatura XLVI - Año II - Período Ordinario - Fecha 19651015 - Número de Diario 13

ENCABEZADO

MÉXICO, D.F., VIERNES 15 DE OCTUBRE DE 1965

DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Registrado como artículo de 2a. clase en la Administración Local de Correos, el 21 de septiembre de 1921.

AÑO II.-PERIODO ORDINARIO XLVI LEGISLATURA TOMO.-NUMERO 13

SESIÓN DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS

EFECTUADA EL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 1965

SUMARIO

I. Se abre la sesión. Lectura de la orden del día. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior

II. El C. diputado Pastor Murguía González informa de su visita al licenciado Antonio Díaz Soto y Gama

III. Se turnan a Comisión las solicitudes de permiso para que los CC. Emilio Calderón Puig, Emilio Martínez Manautou, Agustín Yáñez, José Antonio Padilla Segura, Ernesto P. Uruchurtu, Joaquín Cisneros, Luis Gutiérrez Oropeza, Gabino Fraga, Alfonso García Robles, José S. Gallástegui, Alberto Salinas Carranza, Alfonso de Resenzweig Jr., José Muñoz Zapata, Rodolfo Brena Torres, Luis Torres Mesías, Ma. Luisa M. de Muñoz Zapata, Ignacio Chávez, Guillermo Masque Helguera, Ernesto de Santiago López, Ignacio D. Silva, Joaquín Bernal, Ramón Pérez Morucho, Eusebio Dávalos Hurtado, José Luis Martínez, Luis Elguero, Ignacio Bernal, Luis León de la Barra, Arturo Osorno, María Antonimia Monroy, Ricardo Cabrera Duke, Celestino Herrera Gutiérrez y Manuel Avila Camacho López, acepten y usen las condecoraciones que les fueron conferidas por los reyes de Bélgica. La Presidencia considera de urgente y obvia resolución estas solicitudes y ruega a las dos Comisiones dictaminen desde luego

VI. Invitación del Departamento del Distrito Federal a la ceremonia de conmemoración del vigésimo aniversario luctuoso del general Plutarco Elías Calles, que tendrá lugar el día 19 de los corrientes en el Monumento de la Revolución. Se designa comisión

V. Para concurrir al homenaje que se rendirá a Cristóbal Colón, en el monumento erigido a su memoria en el Paseo de la Reforma, el próximo 16 del presente. Se designa comisión

VI. Se turna a Comisión la solicitud de pensión de la señora Rebela García viuda de Domínguez.

VII. Primera lectura, e imprímase el dictamen, con proyecto de decreto, relacionado con las reformas al artículo 264 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito y Territorios Federales

VIII. Primera lectura al dictamen, con proyecto de decreto, en el que se concede pensión vitalicia a la C. Marina Bel viuda de Curiel

IX. Dos dictámenes, con punto de acuerdo, por los que se ordena archivar los expedientes relacionados con las solicitudes de pensión de la C. Delira Burgos viuda de Suárez Estrada, en virtud de haberse comprobado el fallecimiento de la interesada, y el de aumento de la jubilación que disfruta el C. Antonio Pérez Alemán, ex empleado de esta H. Cámara de Diputados. Se aprueban

X. Segunda lectura a los dictámenes, con proyecto de decreto, por los que se concede permiso al C. Water von Osen Arrieta para desempeñar el puesto de mensajero en la Embajada de la República Federal de Alemania, en esta ciudad, y a la C. Adrizan Villarreal Garza para trabajar como oficinista en el Servicio de Información de los Estados Unidos de Norteamérica, en el Consulado General Americano, en Monterrey, N.L. Se reservan para la votación nominal.

XI. Segunda lectura al dictamen, con proyecto de decreto, por el que se concede al C. Constantino Navarro pensión vitalicia. Se aprueban los tres proyectos de decreto. Pasan al Senado de la República para sus efectos constitucionales

XII. Se presentan, de primera lectura, doce dictámenes, con proyectos de decreto, por los que se concede permiso a los CC. Emilio Calderón Puig, Emilio Martínez Manautou, Agustín Yáñez, José Antonio Padilla Segura, Ernesto P. Uruchurtu, Joaquín Cisneros, Luis Gutiérrez Oropeza, Gabino Fraga, Alfonso García Robles, José S. Gallástegui, Alberto Salinas Carranza, Alfonso de Rosenzweig Díaz Jr., José Muñoz Zapata, Rodolfo Brena

Torres, Luis Torres Mesías, Ma. Luisa M. de Muñoz Zapata, Ignacio Chávez, Guillermo Masque Helguera, Ernesto de Santiago López, Ignacio D. Silva, Joaquín Bernal, Ramón Pérez Morucho, Eusebio Dávalos Hurtado, José Luis Martínez, Luis Elguero, Ignacio Bernal, Luis León de la Barra, Arturo Osorno, María Antonimia Monroy, Ricardo Cabrera Duke, Celestino Herrera Gutiérrez y Manuel Avila Camacho López, para que puedan aceptar y usar las condecoraciones que les serán conferidas por los reyes de Bélgica. La Presidencia solicita se dispense la segunda lectura. Se dispensa la segunda lectura. Sin discusión se aprueban los doce proyectos de decreto. Pasan al Senado de la República para sus efectos constitucionales

XIII. Dictamen, que concluye con un punto de acuerdo que ordena se archive el expediente relativo a la reforma al artículo 59 constitucional aprobado por esta H. Cámara en diciembre próximo pasado y que fuera devuelto por la H. Cámara de Senadores. El C. diputado Adolfo Christlieb Ibarrola, miembro de la Segunda Comisión de Gobernación, da lectura a su voto particular. Primera lectura, e imprímanse el dictamen y el voto particular. A solicitud del C. diputado Abraham Aguilar Paniagua se dispensa la segunda lectura. En la discusión intervienen los CC. diputados Juan Barragán Rodríguez y Vicente Lombardo Toledano, en contra; Miguel Estrada Iturbide, a favor del voto particular, y Luis G. Olloqui y Enrique Ramírez y Ramírez, en pro. Suficientemente discutido se aprueba el dictamen. Se levanta la sesión

DEBATE

Presidencia del C. VICENTE FUENTES DIAL

(Asistencia de 165 ciudadanos diputados.)

I - El C. Presidente (a las 11.55 horas): Se abre la sesión.

- El C. secretario Colín Sánchez, Mario:

"Orden del Día.

15 de octubre de 1965.

Lectura del acta de la sesión anterior.

La Secretaría de Relaciones Exteriores envía a través de la de Gobernación, 32 oficios conteniendo las solicitudes de permiso de funcionarios mexicanos para aceptar y usar condecoraciones que les serán otorgadas por el Rey de Bélgica, con ocasión de su visita a México.

Invitación del Departamento del Distrito Federal a la ceremonia que se efectuará el próximo martes, 19 de actual, bajo la bóveda del Monumento a la Revolución, en ocasión del 20 aniversario luctuoso del general Plutarco Elías Calles.

La Dirección de Acción Social, del Departamento del Distrito Federal, invita a esta H. Cámara de Diputados al homenaje que, el próximo sábado 16 de los corrientes, realizará al descubridor de América, Cristóbal Colón, ante la estatua que lo evoca en el Paseo de la Reforma, de esta ciudad.

La C. Rebeca García viuda de Domínguez solicita pensión de gracia.

Dictámenes de primera lectura: De la Segunda Comisión de Justicia, con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 264 del Código de Procedimientos Penales del Distrito y Territorios Federales.

De la Segunda comisión de Hacienda, con proyecto de decreto, por el que se otorga pensión a la C. Martina Beall viuda de Curiel, esposa del extinto diputado constituyente, ingeniero Rafael Curiel.

Dictámenes a discusión: De la Segunda Comisión de la Defensa Nacional, con puntos de acuerdo, que archiva el expediente formado con la solicitud de pensión de gracia suscrita por la C. Delia Burgos viuda de Suárez Estrada.

De la Segunda Comisión de Hacienda conteniendo punto de acuerdo, por el que se desecha la solicitud de ajuste de pensión suscrita por el C. Antonio Pérez Alemán.

De la Comisión del Servicio Consular y Diplomático, con proyectos de decreto concediendo permiso a los CC. Walter von Osten Arrieta y Adriana Villarreal Garza para prestar servicios en embajadas acreditadas en México.

De la Segunda Comisión de Hacienda, con proyecto de decreto, que rectifica la pensión vitalicia otorgada al C. Constantino Navarro.

De las Comisiones unidas Primera de Puntos Constitucionales y Segunda de Gobernación, el relativo al expediente remitido por la Cámara de Senadores referente a la reforma al artículo 59 de la Constitución y voto particular que, al respecto, emite el C. diputado Christlieb Ibarrola."

"Acta de la sesión efectuada por la Cámara de Diputados del XLVI Congreso de la Unión el día doce de octubre de mil novecientos sesenta y cinco. Presidencia del C. Vicente Fuentes Díaz. En la ciudad de México, a las once horas y cuarenta y cinco minutos del martes doce de octubre de mil novecientos sesenta y cinco se abre la sesión, con asistencia de ciento cincuenta y nueve ciudadanos diputados, según declara la Secretaría una vez que pasa lista.

Lectura de la Orden del Día.

Sin discusión se aprueba el acta de la sesión anterior celebrada el día ocho del presente.

Se da cuenta con los documentos en cartera:

La Secretaría de Relaciones Exteriores, por conducto de la de Gobernación, solicita el permiso necesario para que el C. licenciado Gustavo Díaz Ordaz, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, y el C. licenciado Antonio Carrillo Flores, secretario de Relaciones Exteriores, puedan aceptar y usar el Gran Cordón de la Orden de Leopoldo II, que les otorgará el Rey Balduino de Bélgica, en su próxima visita a nuestro país. Recibo, y a la Segunda Comisión de Puntos Constitucionales.

La Presidencia ruega a la Comisión, a la que son turnadas estas solicitudes, se sirva dictaminar, desde luego, sobre el particular, al efecto de que en esta misma sesión se den a conocer los dictámenes respectivos, ya que la visita del distinguido huésped de México será el 18 del actual; en tal virtud se considera a estos asuntos de urgente y obvia resolución.

Por el conducto debido la Secretaría de Relaciones Exteriores solicita el permiso necesario, para que el C. Joaquín Garza y Garza pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Orange Nassau en el grado de Caballero, que le concedió el gobierno de los Países Bajos. Recibo, a la Comisión de Puntos Constitucionales, en turno.

Encontrándose a las puertas del recinto el C. Jorge Díaz de León, suplente del extinto diputado por el primer distrito electoral de Aguascalientes, Antonio Femat Esparza, se nombra, en comisión, para que lo introduzcan al salón y rinda la Protesta de Ley, a los CC. Raúl Legaspi Donís, Diana Torres Ariceaga, Pedro N. García Martínez, Pedro Ruiz González, Gabino Vázquez y Juan de Dios Osuna Pérez.

A continuación y puestos de pie los presentes el C. Jorge Díaz de León rinde la protesta de rigor. Para hechos, el C. diputado Luis G. Olloqui solicita el uso de la palabra, y la Presidencia le contesta que, al terminar los asuntos de la Orden del Día podrá hacer uso de ella.

Los Congresos de los Estados que se mencionan, a continuación, participan:

Jalisco, la clausura de su Diputación Permanente, que funcionó durante el receso comprendido del 1o. de abril al 30 de septiembre próximo pasado; así como la apertura del segundo período ordinario de sesiones, correspondientes al primer año de ejercicio y la designación de su mesa directiva. De enterado.

Sinaloa, haber calificado, en colegio electoral, como válida las elecciones para diputados propietarios y suplentes de la XLV Legislatura, haberla instalado para fungir durante el primer período ordinario de sesiones del primer año de su ejercicio, y nombrado su mesa directiva. De enterado.

Querétaro, la clausura de su segundo período de receso, del primer año de ejercicio; la apertura del primer período ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio, y la integración de su mesa directiva. De enterado.

Colima, la inauguración de su segundo período ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio, así como la designación de su mesa directiva. De enterado.

Guerrero, la apertura de su segundo período ordinario de sesiones correspondiente al tercer y último año de ejercicio, nombrando, asimismo, su mesa directiva. De enterado.

Oaxaca y Campeche, haber designado sus mesas directivas para el presente mes. De enterado.

Veracruz, acusando recibo del mensaje de esta H. Cámara dándole a conocer la comisión nombrada para asistir a la apertura de su primer período de sesiones ordinarias. De enterado.

La Secretaría de la H. Cámara de Diputados del XLVI Congreso de la Unión presenta el estado que manifiesta el número de expedientes tramitados en el mes de septiembre de 1965, por sus Comisiones Permanentes. Insértese en el 'Diario de los Debates'. La diputación federal por el Estado de Puebla, a través del C. diputado Guillermo Morales B., hace atenta invitación al acto solemne que, con motivo del décimo aniversario de la muerte del general don Manuel Avila Camacho, tendrá lugar, el próximo día trece del actual, en el Rancho 'La Herradura'.

Por acuerdo de la mesa directiva asistirán a dicha ceremonia, con la representación de esta H. Cámara, los CC. Vicente Fuentes Díaz, Alfonso Martínez Domínguez, Vicente Madrigal Guzmán, Marta Andrade de Del Rosal, Braulio Meraz Nevárez, Eliseo Jiménez Ruiz, Manuel Orijel Salazar, Raúl Alvarez Gutiérrez, Tomás Algaba Gómez, Gregorio Contreras Miranda, Pablo Pavón Rosado y Raúl H. Lezama Gil.

El C. diputado Alberto Alvarado Arámburo suscribe y da lectura a una iniciativa de reformas a los artículos 2o, 3o, 5o. y 6o. de la Ley de Fomento Económico del Territorio de Baja California. A las Comisiones unidas de Hacienda en turno, de Impuestos y de Estudios Legislativos, e imprímase.

Dos dictámenes, suscritos por la segunda Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto, en virtud de los cuales se concede permiso al C. licenciado Gustavo Díaz Ordaz, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, y al C. licenciado Antonio Carrillo Flores, secretario de Relaciones Exteriores, para que puedan aceptar y usar el Gran Cordón de la Orden de Leopoldo II, que les será conferido por el Rey Balduino de Bélgica. Primera lectura.

Por las mismas razones, expuestas con anterioridad por la Presidencia, en relación con estos asuntos, la Secretaría, por instrucciones de la misma Presidencia, solicita de la asamblea se dispense la segunda lectura a los dictámenes.

La asamblea, en votación económica, dispensa la segunda lectura y de inmediato se someten en su orden a discusión.

No habiendo quien haga uso de la palabra en votación nominal se aprueban, por unanimidad de ciento sesenta y cinco votos, los dos proyectos de decreto. Pasan al Senado para sus efectos constitucionales.

La Secretaría da primera lectura al dictamen de la Segunda Comisión de Hacienda, por el cual se deroga el decreto que pensionaba al C. Constantino Navarro, y formula nuevo proyecto de decreto, que concede pensión vitalicia de cuatro cientos cincuenta pesos mensuales al mencionado Constantino Navarro, por los servicios que prestó a la patria en el Puerto de Veracruz, en 1914.

Dos dictámenes, de la Comisión del servicio Consular y Diplomático, con proyectos de decreto, concediendo permiso a la C. Adriana Villarreal Garza para trabajar, como oficinista, en el Servicio de Infomación de los Estados Unidos de Norteamérica, en el Consulado General Americano, en Monterrey, N.L. y, al C. Walter von Oston Arrieta, para prestar sus servicios, como mensajero, en la Embajada de la República Federal de Alemania, en esta ciudad.

. Primera lectura.

De la misma Comisión de Servicios Consular y Diplomático proyecto de decreto concediendo permiso al C. Juan de Dios Gutiérrez y Gutiérrez, para desempeñar el cargo de director del Fondo Especial

del Proyecto del Instituto de Ordenación de Vertintes e Ingeniería Forestal, en La Plata, República Argentina. Segunda lectura.

A discusión; sin ella se reserva para su votación nominal.

Dictamen, de la Primera Comisión de Hacienda, con proyecto de decreto, en virtud del cual se aumenta la pensión a la señorita Concepción Jiménez Hidalgo y Mendoza por la cantidad de veinticinco pesos diarios, como descendiente del Padre de la Patria don Miguel Hidalgo y Costilla, y deroga el decreto anterior, que la pensionó con cinco pesos diarios. Segunda lectura.

A discusión; no habiéndola se reserva para su votación nominal.

De la misma Primera Comisión de Hacienda, proyecto de decreto que concede a la C. Mercedes Ochoa Escobedo, ex directora de la Biblioteca del Congreso de la Unión, ajuste de jubilación por la cantidad de veintincio pesos diarios, por servicios que durante más de veinte años prestó a la Federación y deroga el anterior decreto publicado en el "Diario Oficial" de la Federación, del 17 de abril de 1957. Segunda lectura.

A discusión; sin ella se reserva para su votación nominal.

La Segunda Comisión de Puntos Constitucionales presenta tres proyectos de decreto, que conceden permiso a los ciudadanos que, a continuación, se mencionan, para que acepten y usen condecoraciones que les fueron conferidas por gobiernos extranjeros: Miguel Lanz Duret, al Mérito de la República Italiana, en el grado de Comendador, del gobierno de Italia; Agustín Yáñez, El Sol de Perú, en el grado de Oficial, del gobierno de dicho país, y Leopoldo Zea, la Orden al Mérito por servicios Distinguidos que, en el grado de Gran Oficial, le otorgó el gobierno del perú. Segunda lectura.

En el transcurso de la lectura de estos dictámenes la Presidencia aclara una pregunta formulada por el C. diputado Luis. G. Olloqui.

A discusión, sucesivamente; no habiendo quien haga uso de la palabra, en votación nominal son aprobados los seis proyectos de decreto, por unanimidad de ciento sesenta y cinco votos. Pasan al Senado para sus efectos constitucionales.

Proposición presentada por la Gran Comisión de la H. Cámara de Diputados del XLVI Congreso de la Unión, que finaliza con punto de acuerdo, por el cual se faculta a la Gran Comisión para que, bajo su vigilancia y supervisión, y al de un representante autorizado por cada uno de los Partidos, se elaboren y editen las siguientes obras:

Informes y manifiestos de los titulares y encargados del Poder Ejecutivo, desde 1821 hasta 1966. Historia de los derechos e instituciones del pueblo de México, a través de su evolución constitucional, incluyendo las monografías de cada uno de los congresos constituyentes.

Edición de 500,000 ejemplares de la Constitución vigente, ilustrada y comentada.

Para hacer consideraciones diversas sobre la importancia de la proposición y, en apoyo de la misma, hacen uso de la palabra los CC. diputados Andrés Henestrosa Morales, Guillermo Ruiz Vázquez, Ramón Rocha Garfias, Marciano González Villarreal, Mario Colín Sánchez y Alejandro Carrillo.

La asamblea, en votación económica, aprueba el punto de acuerdo que contiene la proposición.

A solicitud del C. diputado Luis G. Olloqui y, previa aprobación de la asamblea, la mesa directiva designa, en comisión, para que, en nombre de esta H. XLVI Legislatura, lleve un caluroso saludo al ameritado revolucionario que se encuentra enfermo, don Antonio Díaz Soto y Gama, a los CC. diputados Pastor Murguía González, Raúl Legaspi Donís, Diana Torres Ariceaga y el autor de la proposición Luis G. Olloquí.

Siendo las catorce horas y quince minutos se levanta la sesión y se cita para el próximo viernes 15, a las diez horas."

Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Aprobada.

II

El C. Murguía González, Pastor: Pido la palabra.

El C. Presidente: ¿Para qué asunto?

El C. Murguía González, Pastor: Para rendir un informe.

El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado Pastor Murguía González.

El C. Murguía González, Pastor: Señor Presidente, señores diputados:

"La Comisión integrada por los señores diputados Diana Torres Ariceaga, Raúl Legaspi Donis, Luis G. Olloqui y el que habla, que, por acuerdo de vuestra soberanía tuvo el grato encargo de saludar, en nombre de esta cuadragesimosexta Legislatura, al señor licenciado Antonio Díaz Soto y Gama, como simbólico homenaje a su limpia trayectoria revolucionaria, se permite informar a ustedes, por mi conducto, que el día de ayer fuimos recibidos por tan distinguido mexicano, en su domicilio particular, y le comunicamos el acuerdo de esta H. Asamblea, haciendo votos por la salud y el bienestar del preclaro luchador social.

A su vez, el señor licenciado Soto y Gama, con gran emoción, y muy precisos conceptos, no obstante su avanzada edad, y las difíciles condiciones físicas en que vive, nos pidió transmitir a esta H. Cámara su infinito agradecimiento por el acuerdo tomado hacia él y su sincera y efusiva felicitación para la cuadragesimosexta Legislatura por los positivos trabajos que, según expresó, entusiasmado, ha llevado a cabo en interés del pueblo. Considera el señor licenciado Soto y Gama que esta Legislatura viene dando pasos trascendentales en el avance democrático del país."

III

El C. secretario Colín Sánchez, Mario: "Escudo Nacional.-Estados Unidos Mexicanos.-Poder Ejecutivo Federal.- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios del H. Congreso de la Unión.-Presente.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se ha dirigido a ésta, de Gobernación, en oficio fechado el día de hoy, a efecto de solicitar, por nuestro conducto, del H. Congreso de la Unión , el permiso a que se refiere la fracción III, apartado B, del artículo

37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. Emilio Calderón Puig, embajador de México en Bruselas, pueda aceptar y usar la condecoración de la Gran Cruz de la Orden de la Corona que le ha conferido el Rey de Bélgica. Lo que comunico a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, reiterándoles mi consideración distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 13 de octubre de 1965.-Por Ac. del C. Secretario, el Oficial Mayor, licenciado Carlos Gálvez Betancourt." Trámite : Recibo, y a la Comisión de Puntos Constitucionales, en turno.

"Escudo Nacional.-Estados Unidos Mexicanos.-Poder Ejecutivo Federal.- México, D.F.-Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios del H. Congreso de la Unión.-Presente.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se ha dirigido a ésta, de Gobernación, en oficio fechado el día de hoy, a efecto de solicitar, por nuestro conducto, del H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, apartado B, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. doctor Emilio Martínez Manautou, secretario de la Presidencia pueda aceptar y usar la condecoración de la Gran Cruz de la Orden de la Corona, que le ha conferido el Rey de Bélgica.

Lo que comunico a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, reiterándoles mi consideración distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 13 de octubre de 1965.-Por Ac. del C. Secretario, el Oficial Mayor, licenciado Carlos Gálvez Betancourt." Trámite: Recibo, y a la Comisión de Puntos Constitucionales, en turno.

"Escudo Nacional.-Estados Unidos Mexicanos.-Poder Ejecutivo Federal.- México, D.F.-Secretaría de Gobernación.

CC. Secretario del H. Congreso de la Unión.-Presente.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se ha dirigido a ésta, de Gobernación, en oficio fechado el día de hoy, a efecto de solicitar, por nuestro conducto, del H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, apartado B, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. licenciado Agustín Yáñez, secretario de Educación Pública, pueda aceptar y usar la condecoración de la Gran Cruz de la Orden de la Corona, que le ha conferido el Rey de Bélgica. Lo que comunico a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, reiterándoles, mi consideración distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 13 de octubre d 1965.-Por Ac. del C. Secretario, el Oficial Mayor, licenciado Carlos Gálvez Betancourt." Trámite: Recibo, y a la Comisión de Puntos Constitucionales, en turno.

"Escudo Nacional.-Estados Unidos Mexicanos.-Poder Ejecutivo Federal.- México, D.F.-Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios del H. Congreso de la Unión.-Presente

La Secretaría de Relaciones Exteriores se ha dirigido a ésta, de Gobernación, en oficio fechado el día de hoy, a efecto de solicitar, por nuestro conducto, del H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, apartado B, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. ingeniero José Antonio Padilla Segura, secretario de Comunicaciones y Transportes, pueda aceptar y usar la condecoración de la Gran Cruz de la Orden de la Corona, que le ha conferido el Rey de Bélgica.

Lo que comunico a ustedes para su conocimiento y fines legales, procedentes, reiterándoles mi consideración distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 13 de octubre d 1965.-Por Ac. del C. Secretario, el Oficial Mayor, licenciado Carlos Gálvez Betancourt." Trámite: Recibo, y a la Comisión de Puntos Constitucionales, en turno.

"Escudo Nacional.-Estados Unidos Mexicanos.-Poder Ejecutivo Federal.- México, D.F.-Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios del H. Congreso de la Unión.-Presente.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se ha dirigido a ésta de Gobernación en oficio fechado el día de hoy, a efecto de solicitar por nuestro conducto del H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, apartado B, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que el C.licenciado Ernesto P. Uruchurtu, jefe del Departamento del Distrito Federal, pueda aceptar y usar la condecoración de la Gran Cruz de la Orden de la Corona, que le ha conferido el Rey de Bélgica.

Lo que comunico a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, reiterándoles mi consideración distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 13 de octubre de 1965.-P. Ac. del C. Secretario, el Oficial Mayor, licenciado Carlos Gálvez Betancourt." Trámite: Recibo, a la Comisión de Puntos Constitucionales, en turno.

"Escudo Nacional.-Estados Unidos Mexicanos.-Poder Ejecutivo Federal.- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios del H. Congreso de la Unión.-Presente.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se ha dirigido a ésta, de Gobernación, en oficio fechado el día de hoy, a efecto de solicitar, por nuestro conducto, del H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, apartado B, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. licenciado Joaquín Cisneros, Secretario Privado del C. Presidente de la

República, pueda aceptar y usar la condecoración de Gran Cruz de la Orden de Leopoldo II que le ha conferido el Rey de Bélgica.

Lo que comunico a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, reiterándoles mi consideración distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 13 de octubre de 1965.-P. Ac. del C. Secretario, el Oficial Mayor, licenciado Carlos Gálvez Betancourt." Trámite: Recibo, y a la Comisión de Puntos Constitucionales, en turno.

"Escudo Nacional.-Estados Unidos Mexicanos.-Poder Ejecutivo Federal.- México, D.F.-Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios del H. Congreso de la Unión.-Presente.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se ha dirigido a ésta, de Gobernación, en oficio fechado el día de hoy, a efecto de solicitar, por nuestro conducto, del H. Congreso de la Unión el permiso que se refiere la fracción III, apartado B, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el que C. coronel de artillería, D.E.M. Luis Gutiérrez Oropeza, jefe del Estado Mayor Presidencial, pueda aceptar y usar la condecoración de Gran Cruz de la Orden de Leopoldo II, que le ha conferido el Rey de Bélgica.

Lo que comunico a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, reiterándoles mi consideración distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 13 de octubre de 1965.-P. Ac. del C. Secretario, el Oficial Mayor, licenciado Carlos Gálvez Betancourt." Trámite: Recibo, y a la Comisión de Puntos Constitucionales, en turno.

"Escudo Nacional.-Estados Unidos Mexicanos.-Poder Ejecutivo Federal.- México, D.F.-Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios del H. Congreso de la Unión.-Presente.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se ha dirigido a ésta, de Gobernación, en oficio fechado el día de hoy, a efecto de solicitar, por nuestro conducto, del H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, apartado B, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. doctor Gabino Fraga, subsecretario de Relaciones Exteriores, pueda aceptar y usar la condecoración de Gran Cruz de la Orden de Leopoldo II, que le ha conferido el Rey de Bélgica.

Lo que comunico a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, reiterándoles mi consideración distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 13 de octubre de 1965.-P. Ac. del C. Secretario, el Oficial Mayor, licenciado Carlos Gálvez Betancourt." Trámite: Recibo, y a la Comisión de Puntos Constitucionales, en turno.

"Escudo Nacional.-Estados Unidos Mexicanos.-Poder Ejecutivo Federal.- México, D.F.-Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios del H. Congreso de la Unión.-Presente.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se ha dirigido a ésta, de Gobernación, en oficio fechado el día de hoy, a efecto de solicitar, por nuestro conducto, del H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, apartado B), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. licenciado Alfonso García Robles, subsecretario de Relaciones Exteriores, encargado de las Relaciones Multilaterales, pueda aceptar y usar la condecoración de Gran Cruz de la Orden de Leopoldo II, que le ha conferido el Rey de Bélgica.

Lo que comunico a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, reiterándoles mi consideración distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 13 de octubre de 1965.-P. Ac. del C. Secretario, el Oficial Mayor, licenciado Carlos Gálvez Betancourt." Trámite: Recibo, y a la Comisión de Puntos Constitucionales, en turno.

"Escudo Nacional.-Estados Unidos Mexicanos.-Poder Ejecutivo Federal.- México, D.F.-Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios del H. Congreso de la Unión.-Presente.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se ha dirigido a ésta, de Gobernación, en oficio fechado el día de hoy, a efecto de solicitar, por nuestro conducto, del H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, apartado B), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. licenciado José S. Gallástegui, Oficial Mayor de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pueda aceptar y usar la condecoración de Gran Oficial de la Orden de Leopoldo II, que le ha conferido el Rey de Bélgica.

Lo que comunico a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, reiterándoles mi consideración distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 13 de octubre de 1965.-P. Ac. del C. Secretario, el Oficial Mayor, licenciado Carlos Gálvez Betancourt." Trámite: Recibo, y a la Comisión de Puntos Constitucionales, en turno.

"Escudo Nacional.-Estados Unidos Mexicanos.-Poder Ejecutivo Federal.- México, D.F.-Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios del H. Congreso de la Unión.-Presente.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se ha dirigido a ésta, de Gobernación, en oficio fechado el día de hoy, a efecto de solicitar, por nuestro conducto, del H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, apartado B, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. general Alberto Salinas

Carranza, pueda aceptar y usar la condecoración de Gran Oficial de la Orden de Leopoldo II, que le ha conferido el Rey de Bélgica.

Lo que comunico a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, reiterándoles mi consideración distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 13 de octubre de 1965.-P. Ac. del C. Secretario, el Oficial Mayor, licenciado Carlos Gálvez Betancourt." Trámite: Recibo, y a la Comisión de Puntos Constitucionales, en turno.

"Escudo Nacional.-Estados Unidos Mexicanos.-Poder Ejecutivo Federal.- México, D.F.-Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios del H. Congreso de la Unión .-Presente.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se ha dirigido a ésta, de gobernación, en oficio fechado el día de hoy, a efecto de solicitar, por nuestro conducto, del H. Congreso de la Unión III, apartado B), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. licenciado Alfonso de Rosenzweig Díaz Jr., director en jefe para Asuntos de América y del Servicio Exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pueda aceptar y usar la condecoración de Gran Oficial de la Orden de la Corona, que le ha conferido el Rey de Bélgica.

Lo que comunico a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, reiterándoles mi consideración distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 13 de octubre de 1965.-Por Ac. del C. Secretario, el Oficial Mayor, licenciado Carlos Gálvez Betancourt." Trámite: Recibo, y a la Comisión de Puntos Constitucionales, en turno.

"Escudo Nacional.-Estados Unidos Mexicanos.-Poder Ejecutivo Federal.- México, D.F.-Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios del H. Congreso de la Unión.-Presente.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se ha dirigido a ésta, de Gobernación, en oficio fechado el día de hoy, a efecto de solicitar, por nuestro conducto, del H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, apartado B), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que el C. José Muñoz Zapata, Director General del Ceremonial de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pueda aceptar y usar la condecoración de Gran Oficial de la Orden de la Corona que le ha conferido el Rey de Bélgica.

Lo que comunico a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, reiterándoles mi consideración distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 13 de octubre de 1965.-Por Ac. del C. Secretario, el Oficial Mayor, licenciado Carlos Gálvez Betancourt." Trámite: Recibo, y a la Comisión de Puntos Constitucionales, en turno.

"Escudo Nacional.-Estados Unidos Mexicanos.-Poder Ejecutivo Federal.- México, D.F.-Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios del H. Congreso de la Unión.-Presente.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se ha dirigido ésta, de Gobernación, en oficio fechado el día de hoy, a efecto de solicitar, por nuestro conducto, del H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, apartado B), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. licenciado Rodolfo Brena Torres, gobernador constitucional del Estado de Oaxaca, pueda aceptar y usar la condecoración de Gran Oficial de la Orden de Leopoldo II, que le ha conferido el Rey de Bélgica.

Lo que comunico a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, reiterándoles mi consideración distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 13 de octubre de 1965.-Por Ac. del C. Secretario, el Oficial Mayor, licenciado Carlos Gálvez Betancourt." Trámite Recibo, y a la Comisión de Puntos Constitucionales, en turno.

"Escudo Nacional.-Estados Unidos Mexicanos.-Poder Ejecutivo Federal.- México, D.F.-Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios del H. Congreso de la Unión.-Presente.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se ha dirigido a ésta, de Gobernación, en oficio fechado el día de hoy, a efecto de solicitar, por nuestro conducto, del H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, apartado B, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. Luis Torres Mesías, gobernador constitucional del Estado de Yucatán, pueda aceptar y usar la condecoración de Gran Oficial de la Orden de Leopoldo II, que le ha conferido el Rey de Bélgica.

Lo que comunico a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, reiterándoles mi consideración distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 13 de octubre de 1965.-Por Ac. del C. Secretario, el Oficial Mayor, licenciado Carlos Gálvez Betancourt." Trámite: Recibo, a la Comisión de Puntos Constitucionales, en turno.

"Escudo Nacional.-Estados Unidos Mexicanos.-Poder Ejecutivo Federal.- México, D.F.-Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios del H. Congreso de la Unión.-Presente.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se ha dirigido a ésta, de Gobernación, en oficio fechado el día de hoy, a efecto de solicitar, por nuestro conducto, del H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, apartado B, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, para que la C. María Luisa M. de

Muñoz Zapata, pueda aceptar y usar la condecoración de Gran Oficial de la Orden de Leopoldo II, que le ha conferido el Rey de Bélgica.

Lo que comunico a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, reiterándoles mi consideración distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 13 de octubre de 1965.-Por Ac. del C. Secretario, el Oficial Mayor, licenciado Carlos Gálvez Betancourt." Trámite: Recibo, a la Comisión de Puntos Constitucionales, en turno.

"Escudo Nacional.-Estados Unidos Mexicanos.-Poder Ejecutivo Federal.- México, D.F.-Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios del H. Congreso de la Unión.-Presente.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se ha dirigido a ésta, de Gobernación, en oficio fechado el día de hoy, a efecto de solicitar por nuestro conducto, del H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, apartado B, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. doctor Ignacio Chávez, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, pueda aceptar y usar la condecoración de Comendador de la Orden de Leopoldo, que le ha conferido el Rey de Bélgica.

Lo que comunico a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, reiterándoles mi consideración distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 13 de octubre de 1965.-Por Ac. del C. Secretario, el Oficial Mayor, licenciado Carlos Gálvez Betancourt." Trámite: Recibo, a la Comisión de Puntos Constitucionales, en turno.

"Escudo Nacional.-Estados Unidos Mexicanos.-Poder Ejecutivo Federal.- México, D.F.-Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios del H. Congreso de la Unión.-Presente.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se ha dirigido a ésta, de Gobernación, en oficio fechado el día de hoy, a efecto de solicitar, por nuestro conducto, del H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, apartado B, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. doctor Guillermo Massieu Helguera, director general del Instituto Politécnico Nacional, pueda aceptar y usar la condecoración de Comendador de la Orden de Leopoldo II, que le ha conferido el Rey de Bélgica.

Lo que comunico a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, reiterándoles mi consideración distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 13 de octubre de 1965.-Por Ac. del C. Secretario, el Oficial Mayor. licenciado Carlos Gálvez Betancourt." Trámite: Recibo, a la Comisión de Puntos Constitucionales, en turno.

"Escudo Nacional.-Estados Unidos Mexicanos.-Poder Ejecutivo Federal.-

México, D.F.-Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios del H. Congreso de la Unión.-Presente. La Secretaría de Relaciones Exteriores se ha dirigido a ésta, de Gobernación, en oficio fechado el día de hoy, a efecto de solicitar, por nuestro conducto, del H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, apartado B, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. doctor Ernesto de Santiago López, secretario particular del C. Secretario de Relaciones Exteriores, pueda aceptar y usar la condecoración de Comendador de la Orden de la Corona, que le ha concedido el Rey de Bélgica.

Lo que comunico a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, reiterándoles mi consideración distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 13 de octubre de 1965.-Por Ac. del C. Secretario, el Oficial Mayor, licenciado Carlos Gálvez Betancourt." Trámite: Recibo, a la Comisión de Puntos Constitucionales, en turno.

"Escudo Nacional.-Estados Unidos Mexicanos.-Poder Ejecutivo Federal.- México, D.F.-Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios del H. Congreso de la Unión.-Presente.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se ha dirigido a ésta, de Gobernación en oficio fechado el día de hoy, a efecto de solicitar, por nuestro conducto, del H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, apartado B, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. licenciado Ignacio D. Silva, director general del Servicio Diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pueda aceptar y usar la condecoración de Comendador de la Orden de la Corona, que le ha conferido el Rey de Bélgica.

Lo que comunico a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, reiterándoles mi consideración distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 13 de octubre de 1965.-Por Ac. del C. Secretario, el Oficial Mayor, licenciado Carlos Gálvez Betancourt." Trámite: Recibo, a la Comisión de Puntos Constitucionales, en turno.

"Escudo Nacional.-Estados Unidos Mexicanos.-Poder Ejecutivo Federal.- México, D.F.-Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios del H. Congreso de la Unión.-Presente.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se ha dirigido a ésta, de Gobernación, en oficio fechado el día de hoy, a efecto de solicitar, por nuestro conducto, del H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, apartado B, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que el C. Joaquín Bernal,

subdirector del Ceremonial de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pueda aceptar y usar la condecoración Comendador de la Orden de la Corona, que la ha conferido el Rey de Bélgica.

Lo que comunico a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, reiterándoles mi consideración distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 13 de octubre de 1965.-Por Ac. del C. Secretario, el Oficial Mayor licenciado Carlos Gálvez Betancourt." Trámite: Recibo, a la Comisión de Puntos Constitucionales, en turno.

"Escudo Nacional.-Estados Unidos Mexicanos.-Poder Ejecutivo Federal.- México, D.F.-Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios del H. Congreso de la Unión.-Presente.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se ha dirigido a ésta, de Gobernación, en oficio fechado el día de hoy, a efecto de solicitar, por nuestro conducto, del H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, apartado B, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. ingeniero Ramón Pérez Morquecho, director general de Aeronáutica Civil, pueda aceptar y usar la condecoración de Comendador de la Orden de Leopoldo II, que le ha conferido el Rey de Bélgica.

Lo que comunico a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, reiterándoles mi consideración distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 13 de octubre de 1965.-Por Ac. del C. Secretario, el Oficial Mayor, licenciado Carlos Gálvez Betancourt." Trámite: Recibo, a la Comisión de Puntos Constitucionales en turno.

"Escudo Nacional.-Estados Unidos Mexicanos.-Poder Ejecutivo Federal.- México, D.F.-Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios del H. Congreso de la Unión.-Presente.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se ha dirigido a ésta, de Gobernación, en oficio fechado el día de hoy, a efecto de solicitar, por nuestro conducto, del H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, apartado B, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. doctor Eusebio Dávalos Hurtado, director general del Instituto de Antropología e Historia, pueda aceptar y usar la condecoración de Comendador de la Orden de Leopoldo II, que le ha conferido el Rey de Bélgica.

Lo que comunico a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, reiterándoles mi consideración distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 13 de octubre de 1965.-Por Ac. del C. Secretario, el Oficial Mayor, licenciado Carlos Gálvez Betancourt." Trámite: Recibo, a la Comisión de Puntos Constitucionales, en turno.

"Escudo Nacional.-Estados Unidos Mexicanos.-Poder Ejecutivo Federal.- México, D.F.-Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios del H. Congreso de la Unión.-Presente.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se ha dirigido a ésta, de Gobernación, en oficio fechado el día de hoy, a efecto de solicitar, por nuestro conducto, del H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, apartado B, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. José Luis Martínez, director general del Instituto Nacional de Bellas Artes, pueda aceptar y usar la condecoración de Comendador de la Orden de Leopoldo II, que le ha conferido el Rey de Bélgica.

Lo que comunico a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, reiterándoles mi consideración distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 13 de octubre de 1965.-Por Ac. del C. Secretario, el Oficial Mayor, licenciado Carlos Gálvez Betancourt." Trámite: Recibo, a la Comisión de Puntos Constitucionales, en turno.

"Escudo Nacional.-Estados Unidos Mexicanos.-Poder Ejecutivo Federal.- México, D.F.-Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios del H. Congreso de la Unión.-Presente.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se ha dirigido a ésta, de Gobernación, en oficio fechado el día de hoy, a efecto de solicitar, por nuestro conducto, del H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, apartado B), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. Luis Elguero, ayudante de la Dirección General del Ceremonial, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pueda aceptar y usar la condecoración de Oficial de la Orden de Leopoldo II, que le ha conferido el Rey de Bélgica.

Lo que comunico a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, reiterándoles mi consideración distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 13 de octubre de 1965.-Por Ac. del C. Secretario, el Oficial Mayor, licenciado Carlos Gálvez Betancourt." Trámite: Recibo, a la Comisión de Puntos Constitucionales, en turno.

"Escudo Nacional.-Estados Unidos Mexicanos.-Poder Ejecutivo Federal.- México, D.F.-Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios del H. Congreso de la Unión.-Presente.

La Secretaría de relaciones Exteriores se ha dirigido a ésta, de Gobernación, en oficio fechado el día de hoy, a efecto de solicitar, por nuestro conducto, del H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III apartado B, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. doctor Ignacio Bernal,

subdirector del Instituto Nacional de Antropología e Historia, pueda aceptar y usar la condecoración de Oficial de la Orden de la Corona, que le ha conferido el Rey de Bélgica.

Lo que comunico a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, reiterándoles mi consideración distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 13 de octubre de 1965.-Por Ac. del C. Secretario, el Oficial Mayor, licenciado Carlos Gálvez Betancourt." Trámite: Recibo, a la Comisión de Puntos Constitucionales, en turno.

"Escudo Nacional.-Estados Unidos Mexicanos.-Poder Ejecutivo Federal.- México, D.F.-Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios del H. Congreso de la Unión.-Presente.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se ha dirigido a ésta, de Gobernación, en oficio fechado el día de hoy, a efecto de solicitar, por nuestro conducto, del H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, apartado B, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. Luis León de la Barra, presidente del Instituto Cultural Belga-Mexicano, pueda aceptar y usar la condecoración de Oficial de la Orden de la Corona, que le ha conferido el Rey de Bélgica.

Lo que comunico a ustetdes para su conocimiento y fines legales procedentes, reiterándoles mi consideración distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 13 de octubre de 1965.-Por Ac. del C. Secretario, el Oficial Mayor, licenciado Carlos Gálvez Betancourt." Trámite: Recibo, a la Comisión de Puntos Constitucionales, en turno.

"Escudo Nacional.-Estados Unidos Mexicanos.-Poder Ejecutivo Federal.- México, D.F.-Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios del H. Congreso de la Unión.-Presente.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se ha dirigido a ésta, de Gobernación, en oficio fechado el día de hoy, a efecto de solicitar, por nuestro conducto, del H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, apartado B, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. Arturo Osorno, ayudante de la Dirección General del Ceremonial de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pueda aceptar y usar la condecoración de Caballero de la Orden de la Corona, que le ha conferido el Rey de Bélgica.

Lo que comunico a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, reiterándoles mi consideración distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 13 de octubre de 1965.-Por Ac. del C. Secretario, el Oficial Mayor, licenciado Carlos Gálvez Betancourt." Trámite: Recibo, a la Comisión de Puntos Constitucionales, en turno.

"Escudo Nacional.-Estado Unidos Mexicanos.-Poder Ejecutivo Federal.- México, D.F.-Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios del H. Congreso de la Unión.-Presente.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se ha dirigido a ésta, de Gobernación, en oficio fechado el día de hoy, a efecto de solicitar, por nuestro conducto, del H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, apartado B, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que la C. María Antonieta Monroy, jefe de Servicio de Tratados y Convenciones Internacionales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pueda aceptar y usar la condecoración de Caballero de la Orden de la Corona, que le ha conferido el Rey de Bélgica.

Lo que comunico a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, reiterándoles mi consideración distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 13 de octubre de 1965.-Por Ac. del C. Secretario, el Oficial Mayor, licenciado Carlos Gálvez Betancourt." Trámite: Recibo, a la Comisión de Puntos Constitucionales, en turno.

"Escudo Nacional.-Estados Unidos Mexicanos.-Poder Ejecutivo Federal.- México, D.F.-Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios del H. Congreso de la Unión.-Presente.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se ha dirigido a ésta, de Gobernación, en oficio fechado el día de hoy, a efecto de solicitar, por nuestro conducto, del H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, apartado B, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que el C. Ricardo Cabrera Duke, secretario del Instituto Cultural Belga-Mexicano, pueda aceptar y usar la condecoración de Caballero de la Orden de la Corona, que le ha conferido el Rey de Bélgica.

Lo que comunico a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, reiterándoles mi consideración distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 13 de octubre de 1965.-Por Ac. del C. Secretario, el Oficial Mayor, licenciado Carlos Gálvez Betancourt." Trámite: Recibo, a la Comisión de Puntos Constitucionales, en turno.

"Escudo Nacional.-Estados Unidos Mexicanos.-Poder Ejecutivo Federal.- México, D.F.-Secretaría de Gobernación,.

CC. Secretarios del H. Congreso de la Unión.-Presente.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se ha dirigido a ésta, de Gobernación en oficio fechado el día de hoy, a efecto de solicitar, por nuestro conducto, del H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, apartado B, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que el C. Celestino Herrera Gutiérrez, ayudante de la Dirección General del

ceremonial de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pueda aceptar y usa la condecoración de Caballero de la Orden de Leopoldo II, que le ha conferido el Rey de Bélgica.

Lo que comunico a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, reiterándoles mi consideración distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D. F., a 13 de octubre de 1965.-Por Ac. del C. Secretario, el Oficial Mayor, licenciado Carlos Gálvez Betancourt." Trámite: Recibo, y a la Comisión de Puntos Constitucionales, en turno.

"Escudo Nacional.-Estados Unidos Mexicanos.-Poder Ejecutivo Federal.-México, D. F.-Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios del H. Congreso de la Unión.-Presente.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se ha dirigido a está, de Gobernación, en oficio, fechado el día de hoy, a efecto de solicitar, por nuestro conducto, del H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, apartado B, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que el C. Manuel Avila Camacho López, ayudante de la Dirección General del Ceremonial de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pueda aceptar y usar la condecoración de Caballero de la Orden de Leopoldo II, que le ha conferido el Rey de Bélgica.

Lo que comunico a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, reiterándoles mi consideración distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D. F., a 13 de octubre de 1965.-Por Ac. del C. Secretario, el Oficial Mayor, licenciado Carlos Gálvez Betancourt." Trámite: Recibo, y a la Comisión de Puntos Constitucionales, en turno.

El C. Presidente: Considerando que estos asuntos son de urgente y obvia resolución, por la próxima visita de los soberanos de Bélgica, ruego a las Comisiones de Puntos Constitucionales que se sirvan dictaminar desde luego, a fin de que en esta misma sesión se dé cuenta a la Asamblea con dichos dictámenes.

IV

-El C. secretario Colín Sánchez, Mario:

"El Departamento del Distrito Federal invita a usted a la Ceremonia Conmemorativa del XX Aniversario luctuoso del ex presidente de la República, general Plutarco Elías Calles, que tendrá lugar el martes 19 del actual, a las 10.00 horas, bajo la bóveda del Monumento a la Revolución.

Ciudad de México, Octubre de 1965.

El Jefe del Departamento del Distrito Federal, licenciado Ernesto P. Uruchurtu."

Para asistir, con la representación de esta H. Cámara de Diputados, se designa a los siguientes ciudadanos diputados: Ricardo Covarrubias, Luis G. Olloqui, Mauro Berruerto Ramón y Ladislao Cárdenas Martínez.

V

-El mismo C. Secretario: "Escudo Nacional.-Estados Unidos Mexicanos.-Poder Ejecutivo Federal.- México, D. F.-Departamento del Distrito Federal.

México, D. F., a 13 de octubre de 1965.

Al C. Presidente de la H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión.- H. Cámara de Diputados.- Presente. Me permito suplicar la bondadosa presencia o representacion de usted a la ceremonia que esta Dirección de mi cargo realizará en homenaje a la memoria del descubridor Cristóbal Colón, ante la estatua que lo evoca en el Paseo de la Reforma, el próximo sábado 16 de los corrientes, a las 11.00 horas en punto, en que participará como orador único el señor historiador y doctor Arturo Arnáiz y Freg, así como la Banda de la Ciudad de México, bajo la dirección del coronel Genaro Núñez.

Reitero a usted mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

El Director General, licenciado Baltasar Dromundo." Para asistir al homenaje a Cristóbal Colón se designa, en Comisión, a los CC. diputados Fabio Espinosa Granados y Gregorio Contreras Miranda.

VI

-El mismo C. Secretario: "Sra. Rebeca García viuda de Domínguez.-México, D. F., a 13 de noviembre de 1961.

H. Congreso de la Unión.-Presente. Rebeca García viuda de Domínguez, con domicilio para oir toda clase de notificaciones el que se señala al margen, ante usted con el debido respeto comparezco y expongo:

Según lo acredito con las copias certificadas que acompaño a este escrito, debidamente certificadas por Notario Público en las cuales se comprueba que mi extinto esposo prestó valiosos servicios a la causa de la Revolución Mexicana, por lo mismo se le reconoció como veterano de la Revolución por la Legión de Honor Mexicana dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional, con el grado de mayor de caballería.

Soy cónyuge supérstite del citado mayor de caballería veterano de la Revolución Hilario Domínguez Millán, según lo compruebo con la copia certificada de matrimonio con el causante que acompaño el presente escrito.

Actualmente atravieso por una mala situación económica y vivo bajo el amparo y protección de unos parientes, quienes me proporcionan sustento y vestido, estimando que esta situación es una carga para mis referidos parientes, por lo que por medio del presente escrito vengo a solicitar de ese Alto Cuerpo Legislativo de nuestra patria, a fin de que se me conceda una pensión de gracia, repito, por encontrarme en situación de crisis económica y solamente acogida a la generosidad de parientes de escasos recursos económicos.

Asimismo, adjunto al presente copia certificada del acta de defunción de mi extinto esposo mayor de caballería veterano de la Revolución Hilario

Domínguez Millán y copia certificada del acta de identidad y supervivencia de la suscrita.

Atentamente.-Rebeca G. viuda de Domínguez." Trámite: Recibo, y a la Comisión de Hacienda, en turno.

VII

-El mismo C. Secretario:

"Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe fue turnado, por acuerdo de vuestra soberanía, el expediente que contiene el proyecto de reformas del artículo 264 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito y Territorios Federales.

El proyecto de referencia fue iniciado en esta H. Cámara de Diputados por iniciativa de los representantes populares miembros del Partido Acción Nacional y aprobado en los siguientes términos:

`Artículo 264. Cuando para la persecución de los delitos se haga necesaria la querella de la parte ofendida, bastará que ésta, aunque sea menor de edad, manifieste verbalmente su queja, para que se proceda en los términos de los artículos 275 y 276. Las querellas presentadas por las personas morales, podrán ser formuladas por apoderados que tengan poder general para pleitos y cobranzas, con cláusula especial para formular querellas, sin que sea necesario acuerdo previo o ratificación del Consejo de Administración o de la Asamblea de Socios y Accionistas ni poder especial para el caso concreto. Para las querellas presentadas por personas físicas, por conducto de apoderado, será suficiente un poder semejante, salvo en los casos de rapto, estupro o adulterio, en los que sólo se tendrá por formulada la querella por medio del mandatario, cuando sea designado mediante poder especialísimo para el caso de que se trate.'

Como se advierte claramente, la reforma propuesta suprime del texto vigente del precepto, el párrafo segundo dice: 'Si a nombre de la persona ofendida comparece alguna otra, bastará para tener por legalmente formulada la querella , que no hay oposición de la persona ofendida.' Además, se adiciona el artículo con dos párrafos relativos a la presentación de querellas por conducto de apoderado.

Ahora bien, el H. Senado de la República modificó el proyecto adicionando el párrafo primero del artículo 264 en los términos siguientes: 'Se reputará parte ofendida para tener por satisfecho el requisito de la querella necesaria, a toda la persona que haya sufrido algún perjuicio con motivo de delito; así como a los ascendientes y a falta de éstos, a los hermanos o a los que representen a aquélla legalmente.' Además, se eliminó del párrafo segundo la expresión 'para formular querellas' que se refiere a la cláusula especial de los poderes generales; y, por último, se suprimió el tercer párrafo relativo a los delitos en que, tratándose de personas físicas, no basta para formular la querella un poder general con cláusula especial, sino 'un poder especialísimo para el caso de que se trate'. En cambio, quedó establecida la regla de que también las personas físicas podrán formular querellas por conducto de mandatario con poder general para pleitos y cobranzas con cláusula especial, sin señalar excepciones respecto de ningún tipo de delitos. De conformidad con lo establecido por el artículo 72 de la Constitución Federa, el presente deictamen debe constreñirse el examen de las supresiones y adiciones hechas por la Colegisladora, toda vez que lo que fue aprobado por ambas Cámaras no puede ya ser alterado, por lo que no debe ser analizado ni discutido.

La inclusión en el párrafo primero del artículo 264, de una definición de las personas a quienes se reputará como parte ofendida para los efectos de la querella, constituye, a juicio de esta Comisión, un positivo acierto de la Colegisladora, ya que el texto actual del precepto que nos ocupa limita ese concepto al de la persona que directamente sufrió el delito, limitación que indudablemente no se ajusta a la realidad, ya que en cierto tipo de delitos como el rapto y el estupro sufren también daño las personas ligadas a la victima, como sus ascendientes, sus colaterales, o quienes ejerzan sobre ella la patria potestad o la tutela. Anteriormente ocurría que la oposición de la víctima del delito impedía proceder penalmente contra el raptor o estucador, de lo que resultaba una impunidad inconveniente desde el punto de vista social. Con la reforma propuesta, que suprime por una parte la norma que da efectos jurídicos a dicha oposición y, por la otra, amplía el concepto de parte ofendida, los riesgos de impunidad quedan prácticamente eliminados. Además, con toda corrección la Colegisladora concreta la intervención de los colaterales al único caso de falta absoluta de los ascendientes, de tal manera que queda perfectamente definido que son éstos quienes, por ejercer la patria potestad tienen el derecho preferente de formular la querella respectiva. Sin embargo, para mayor claridad del precepto, esta Comisión considera que debe expresarse que la intervención de los ascendientes, colaterales o representantes legales de la parte ofendida, sólo surte efectos en los casos en que ésta sea incapaz. Por todas las razones expuestas, esta Comisión considera que el precepto se ha perfeccionado en alto grado con la inclusión, por parte de la Colegisladora, del párrafo que analizamos y que, en tal virtud, dicha adición debe ser admitida con el sólo agregado que se ha propuesto. Por lo que se refiere a la supresión de la expresión 'para formular querellas' en el segundo párrafo del proyecto que nos ocupa, consideramos que también es una modificación acertada, ya que al hacerse mención en el mismo de que los mandatarios que formulen querellas en representación de las personas morales deben tener un poder general para pleitos y cobranzas, con cláusula especial, resulta innecesario especificar que esta cláusula especial sea 'para formular querellas', toda vez que resulta evidente que ése debe ser precisamente el contenido de dicha cláusula. Por tanto, esta Comisión está de acuerdo también en la modificación introducida por la Colegisladora.

Sin embargo, en lo relativo a la regla que pretende establecer el H. Senado de la República en el sentido de que, tratándose de personas físicas, bastará también para la formulación de la querella un poder general para pleitos y cobranzas con cláusula especial, la Comisión que suscribe manifiesta su inconformidad y su discrepancia por los siguientes motivos:

a) No es posible dar el mismo trato a las personas físicas que a las morales, en virtud de que está últimas están expuestas fundamentalmente a delitos de

orden patrimonial, en los que lógicamente el apoderado debe cuidar tan sólo intereses de carácter material y económico, en tanto que las personas físicas, además de los delitos patrimoniales, se enfrentan también a la posibilidad de sufrir en su persona o en la de sus familiares, cierto tipo de delitos que afectan también el honor, la dignidad personal y el prestigio social.

b) Cuando una persona física otorga un poder general para pleitos o cobranzas, así sea con cláusula especial para formar querellas, normalmente no está pensando en que éstas últimas tengan que formularse respecto de delitos como el adulterio, el rapto o el estupro, ya que lógicamente una persona muy difícilmente piensa en la eventualidad de ser víctima de dichos delitos. Más bien, al otorgar un poder en esos términos, se está contemplando el ámbito de los delitos patrimoniales. Consecuentemente, sería desbordar los límites de la voluntad del mandante, extender los afectos del poder general hasta la formulación de querellas en el caso de esos delitos que afectan el honor y la dignidad personales. Por estas razones, la Comisión que suscribe insiste en su punto de vista de que, tratándose de personas físicas, el poder general para pleitos y cobranzas, con cláusula especial, sea suficiente para formular querellas en todos los delitos que la requieran, menos en los casos de rapto, estupro o adulterio, ya que la creación de una norma que facilite a la parte ofendida en un delito de querella necesaria, la formulación de ésta por medio del apoderado no debe abrir un riesgo como el de dejar al discernimiento del mandatario una decisión que debe ser personalísima, ya que afecta, en este tipo de delitos que deben quedar como excepción, de modo fundamental el honor, la dignidad y el prestigio social de la persona humana. Más aún, examinando más a fondo esta cuestión, esta Comisión se inclina por no admitir que en ningún caso de adulterio, rapto o estupro, sea posible la formulación de la querella por medio del mandatario, sino que sea indispensable la comparecencia personal de alguno de quienes el propio precepto reformado reputa como parte ofendida. Por razones expuestas, esta Segunda Comisión de Justicia se permite someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente proyecto de decreto: Único. Se reforma el artículo 264 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito y Territorios Federales, el cual quedará redactado en la siguiente forma:

Artículo 264. Cuando para la persecución de los deltas que se haga necesaria la querella de la parte ofendida, bastará que está, aunque sea menor de edad, manifieste verbalmente, su queja para que se proceda en los términos de los artículos 275 y 276. Se reputará parte ofendida para tener por satisfecho el requisito de la querella necesaria, a toda persona que haya sufrido algún perjuicio con motivo del delito, y, tratándose de incapaces a los ascendientes y, a falta de ésos, a los hermanos o a los que representen a aquélla legalmente.

Las querellas presentadas por las personas morales, podrán ser formuladas por apoderado que tenga poder general para pleitos y cobranzas con cláusula especial, sin que sea necesario acuerdo previo o ratificación del Consejo de Administración o de la Asamblea de Socios o Accionistas ni poder especial para el caso concreto.

Para las querellas presentadas por personas físicas, será suficiente un poder semejante, salvo en los casos de rapto, estupro o adulterio en los que sólo se tendrá por formulada directamente por alguna de las personas a que se refiere la parte final del párrafo primero de este artículo.

Transitorio: La presente reforma entrará en vigor a los tres días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de al Unión.- México, D. F., a 7 de octubre de 1965.-Segunda Comisión de Justicia: Enrique González Vargas.-Diana Torres A.-Manuel Contreras C.-Gabino Vázquez. O.-Antonio Vázquez P."

Trámite: Primera lectura e imprímase.

VIII

-El mismo C. Secretario:

"Segunda Comisión de Hacienda. Honorable Asamblea: A la Segunda Comisión de Hacienda, que suscribe, se turnó la solicitud de pensión de la C. Martina Beall viuda de Curiel, como viuda del diputado constituyente de 1917 Rafael Curiel.

La solicitante acreditó su carácter de cónyuge supérstite del C. teniente coronel ingeniero Rafael Curiel quien fuera diputado constituyente de 1916- 1917, por el distrito electoral de Ciudad Valles, S. L. P., que formuló la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, expedida en Querétaro y promulgada el 5 de febrero de 1917.

Para apoyar su solicitud, la interesada presentó el acta de defunción del C. Rafael Curiel, en la que consta que la señora Martina Beall es su viuda. La peticionaria actualmente tiene 75 años de edad y está imposibilitada para desempeñar cualquier trabajo, no contando, por tanto con medios suficientes para subsistir.

En mérito de lo anteriormente expuesto, la Comisión se permite someter a la consideración de esta H. Asamblea el siguiente proyecto de decreto: Artículo Unico. Se concede pensión vitalicia de $750.00 (setecientos cincuenta pesos 00/100) mensuales a la C. Martina Beall, como viuda del C. diputado teniente coronel ingeniero Rafael Curiel integrante del Congreso Constitucional 1916-1917. Esta pensión le será pagada íntegramente por la Tesorería General de la Nación.

Sala de Comisiones de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.- México, D. F., a 14 de octubre de 1965.-Enrique Bautista Adame.-Humberto Velasco Avilés.-Arturo López Portillo.-Alejandro Carrillo.-Ramón Zentella Asencio." Trámite: Primera lectura.

IX

-El mismo C. Secretario: "Segunda Comisión de la Defensa Nacional. Honorable Aasamblea: Por acuerdo de vuestra soberanía fue turnado a la suscrita, Segunda Comisión de la Defensa Nacional, para su estudio y dictamen, el expediente relativo a la solicitud presentada con fecha 2 de

octubre de 1965, por la señora Delia Burgos viuda de Suárez Estrada, a efecto de que se le conceda una pensión de gracia por los méritos que prestó a la patria, durante la Intervención Francesa, el C. José María Estrada, padre de su difunto esposo, el C. J. Jesús Suárez Estrada.

Con el objeto de proseguir los trámites respectivos se requirió, oportunamente, la comparecencia de la interesada. Como dicha persona no concurrió se dispuso su localización domiciliaria y se comprobó, plenamente, que la señora viuda de Suárez Estrada había fallecido cuatro años atrás.

En vista de lo anterior esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea el siguiente punto de acuerdo: Artículo Único. Por haber fallecido la interesada, señora Delira Burgos viuda de Suárez Estrada, archívese el expediente relacionando con este asunto.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.- México, D. F., a 13 de octubre de 1965.-Marciano González Villareal.- Vicente Madrigal Guzmán.-Braulio Meraz Nevárez.-Gustavo Martínez Trejo."

Está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba. Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Aprobado.

"Segunda Comisión de Hacienda. Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe fue turnado el expediente que contiene la solicitud presentada por el C. Antonio Pérez Alemán Ríos con el objeto de que se aumente la pensión concedida por decreto del H. Congreso de la Unión, el cual se fundó en la circunstancia de que el interesado, acogiéndose a los beneficios de la Ley de Jubilaciones de los Empleados del Poder Legislativo y habiendo cumplido 30 años de servicios, solicitó su jubilación voluntaria.

La solicitud de ajuste de jubilación que motiva el presente dictamen aduce, como fundamento, el hecho de que el Ejecutivo Federal no promulgó el decreto a que se hizo referencia sino dos años después; y durante ese tiempo el interesado siguió presentando sus servicios, obteniendo diversos aumentos en sus percepciones, los cuales pretende que ahora se agreguen al monto de la pensión que anteriormente se le concedió.

La Comisión que suscribe, después de estudiar los antecedentes del caso y los preceptos legales aplicables, encuentra que la solicitud carece de fundamento legal, toda vez que la Ley previene en la fracción III de su artículo 3o. que la pensión se fijará de acuerdo con el sueldo que el interesado devengue en el momento en que presente la solicitud respectiva, de tal manera que si esos ingresos fueron los que sirvieron de base para fijar el monto de la pensión por el decreto original, la aplicación estricta del precepto invocado nos obliga a desechar su actual solicitud.

En vía de aclaración cabe agregar que en anteriores ocasiones se han venido observando que empleados del Poder Legislativo solicitan su ajuste de jubilación invocando lo dispuesto en la parte final de la fracción IV del artículo 2o. de la precitada ley, norma que es inaplicable, ya que se refiere, expresamente, a los casos de jubilación forzosa, en los que, efectivamente, sirve de base para la fijación de la pensión respectiva el importe del último sueldo percibido por el interesado.

Sin embargo, tratándose de jubilación voluntaria no cabe duda alguna ya que la ley es muy clara a ese respecto, de que la pensión ha de fijarse con base en el sueldo percibido por el interesado al hacer su solicitud.

En virtud de lo expuesto, está Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente punto de acuerdo:

Unico. No ha lugar a acordar de conformidad la solicitud presentada por el C. Antonio Pérez Alemán Ríos para aumentar la pensión que recibe con motivo de su jubilación voluntaria como empleado del Poder Legislativo. Archívese.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.- México, D. F., a 14 de octubre de 1965.-Enrique Bautista Adame.-Arturo López Portillo.-Alejandro Carrillo.-Humberto Velasco Avilés.-Ramón Zentella Asencio."

Está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Aprobado.

X

-El mismo C. Secretario: "Comisión del Servicio Consular y Diplomático. Honorable Asamblea:

El C. Walter von Osten Arrieta solicita el permiso constitucional necesario para prestar servicios como mensajero en la Embajada de la República Federal de Alemania, en esta Ciudad.

La Cámara de Diputados, en sesión celebrada el 5 de los corrientes, turnó a la suscrita, Comisión del Servicio Consular y Diplomático, para su estudio y dictamen, el expediente relativo a dicha solicitud.

Considerando que se cumple con lo establecido en la fracción II del apartado B, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión se permite someter al ilustrado criterio de vuestra soberanía, el siguiente proyecto de decreto:

Artículo Unico. Se concede permiso al C. Walter von Osten Arrieta para que, sin perder la ciudadanía mexicana, pueda prestar servicios como mensajero en la Embajada de la República Federal de Alemania, en esta Ciudad de México.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.- México, D. F., a 11 de octubre de 1965.-Marta Andrade de Del Rosal.-Domingo Camarena López.-Fabio Espinosa Granados.-Miguel Estrada Iturbide.-José Muro Saldívar.-Augusto Gómez Villanueva."

Está a discusión el dictamen. No habiendo quien haga uso de la palabra se reserva para su votación nominal.

"Comisión del Servicio Consular y Diplomático. Honorable Asamblea:

La C. Adrizan Villarreal Garza solicita el permiso constitucional necesario para prestar servicios, como oficinista bilingüe, en el Servicio de Información de los Estados Unidos de Norteamérica, del Consulado General Americano, en Monterrey, N. L.

La Cámara de Diputados, en sesión celebrada el 5 de los corrientes, turnó a la suscrita, Comisión del Servicio Consular y Diplomático, para su estudio y dictamen, el expediente relativo a dicha solicitud. Considerando que se cumple con lo establecido en la fracción II del apartado B, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión se permite someter al ilustrado criterio de vuestra soberanía, el siguiente proyecto de decreto:

Artículo Único. Se concede permiso a la C. Adrizan Villarreal Garza para que, sin perder la ciudadanía mexicana, pueda prestar servicios, como oficinista bilingüe en el Servicio de Información de los Estados Unidos de Norteamérica, del Consulado General Americano, en Monterrey, N. L.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.

México, D. F., a 11 de octubre de 1965.-Marta Andrade de Del Rosal.-Domingo Camarena López.-Fabio Espinosa Granados.-Miguel Estrada Iturbide.-José Muro Saldívar.-Augusto Gómez Villanueva."

Está a discusión el dictamen. No habiendo quien haga uso de la palabra se reserva para su votación nominal.

XI

-El mismo C. Secretario:

"Segunda Comisión de Hacienda.

Honorable Asamblea:

A la suscrita, Segunda Comisión de Hacienda, se turnó el expediente formado con motivo de las observaciones que el Ejecutivo hizo al decreto de pensión dictado en favor del C. Constantino Navarro. Para fundar sus objeciones el Ejecutivo se apoya en lo siguiente:

Que existe un decreto publicado en el 'Diario Oficial', de 9 de diciembre de 1960, por el cual se concede pensión de $450.00 mensuales a los supervivientes de las acciones de armas que tuvieron lugar en el año de 1914 en el Puerto de Veracruz, durante la Segunda Intervención Norteamericana. Que, en los 'Diarios Oficiales', de 20 de febrero, 14, 16 y 22 de marzo de 1961, se publicaron decretos del Congreso, concediendo pensiones por $450.00 mensuales a otros supervivientes. Que no existe ninguna base legal para otorgar al C. Constantino Navarro una pensión superior a la que concede el decreto antes citado, en virtud de que su solicitud la apoyó en el hecho de ser defensor del Puerto de Veracruz en el año de 1914. Por lo anteriormente manifestado la suscrita, Comisión, considera procedentes las observaciones del Ejecutivo y se permite someter a la consideración de la H. Asamblea el siguiente proyecto de decreto: Artículo primero. Se deroga el decreto que concede pensión vitalicia de $750.00 mensuales al señor Constantino Navarro. Artículo segundo. Se concede pensión vitalicia de $450.00 (cuatrocientos cincuenta pesos, 00/100) mensuales al C. Constantino Navarro, por servicios prestados a la patria de la defensa del Puerto de Veracruz contra la Invasión Norteamericana el año de 1914. Esta pensión le será pagada íntegramente por la Tesorería General de la Nación, a partir de la publicación del presente decreto en el 'Diario Oficial' de la Federación.

Sala de Comisiones de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

México, D. F., a 11 de octubre de 1965.-Enrique Bautista Adame.-Humberto Velasco Avilés.-Arturo López Portillo.-Alejandro Carrillo.-Ramón Zentella Asencio."

Está a discusión el proyecto de decreto. No habiendo quien haga uso de la palabra se va a proceder a recoger la votación nominal de éste y los otros dos proyectos de decreto anteriormente reservados. Por la afirmativa.

El C. secretario Hernández Gómez, Tulio: Por la negativa.

(Votación.) -El C. secretario Colín Sánchez, Mario: ¿Falta algún ciudadano diputado de votar por la afirmativa? -El C. secretario Hernández Gómez, Tulio: ¿Falta algún ciudadano diputado de votar por la negativa? Se va a proceder a recoger la votación de la Mesa.

(Votación.) -El C. secretario Colín Sánchez, Mario: Fueron aprobados los tres proyectos de decreto, los dos primeros por una votación de 172 votos de la afirmativa y un voto en contra; el segundo por 171 votos de la afirmativa y 2 en contra. Pasan al Senado para sus efectos constitucionales.

XII

El C. Presidente: Se suplica a la Secretaría que, con apoyo en las razones que dio esta Presidencia, dé lectura a los dictámenes que han sido emitidos por las Comisiones unidas de Puntos Constitucionales.

-El mismo C. Secretario: "Segunda Comisión de Puntos Constitucionales. Honorable Asamblea:

En oficios, fechados el día 13 de los corrientes, la Secretaría de Gobernación transcribe otros de la de Relaciones Exteriores, por los que se solicita el permiso necesario para que los CC. Agustín Yañez, José Antonio Padilla Segura, Ernesto P. Uruchurtu, Emilio Martínez Manautou y Emilio Calderón Puig, puedan aceptar y usar la condecoración de la Gran Cruz de la Orden de la Corona, que se les fue conferida por el Rey de Bélgica.

En sesión celebrada por esta Cámara el día de hoy fueron turnados a la Comisión que suscribe, para su dictamen, los expedientes relativos a dichas solicitudes.

En virtud de que los solicitantes se ajustan a lo establecido por el artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su fracción III del apartado B, nos permitimos someter a la consideración de esta honorable Asamblea, el siguiente proyecto de decreto:

Artículo Unico. Se concede permiso a los CC. licenciado Agustín Yañez, ingeniero José Antonio Padilla Segura, licenciado Ernesto P. Uruchurtu, doctor

Emilio Martínez Manautou y Emilio Calderón Puig para que, sin perder su ciudadanía mexicana, puedan aceptar y usar la condecoración de la Gran Cruz de la Orden de la Corona, que les fue conferida por el Rey de Bélgica.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.

México, D. F., a 15 de octubre de 1965.-Manuel Zárate Aquino.-Vicente Lombardo Toledano.-Fluvio Vista Altamirano.-Miguel Osorio Marbán.-Aurora Navia Millán."

"Segunda Comisión de Puntos Constitucionales. Honorable Asamblea:

En oficios fechados el día 13 del actual, la Secretaría de Gobernación transcribe otros de la de Relaciones Exteriores, por los que solicita el permiso necesario para que los CC. Gabino Fraga, Alfonso García Robles, Joaquín Cisneros y Luis Gutiérrez Oropeza puedan aceptar y usar la condecoración de Gran Cruz de la Orden de Leopoldo II que les ha conferido el Rey de Bélgica.

En sesión celebrada por esta Cámara el día de hoy fueron turnadas a la comisión que suscribe, para su dictamen, los expedientes relativos a dichas solicitudes.

En virtud de que los solicitantes se ajustan a lo establecido por el artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la fracción III del apartado B, nos permitimos someter a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente proyecto de decreto:

Artículo único. Se concede permiso a los CC. doctor Gabino Fraga, licenciado Alfonso García Robles, licenciado Joaquín Cisneros y coronel de artillería D.E.M. Luis Gutiérrez Oropeza para que, sin perder la ciudadanía mexicana, puedan aceptar y usar la condecoración de Gran Cruz de la Orden de Leopoldo II , que les ha conferido el Rey de Bélgica. Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.

México, D. F., a 15 de octubre de 1965.-Manuel Zárate Aquino.-Vicente Lombardo Toledano.-Fluvio Vista Altamirano.-Miguel Osorio Marbán.-Aurora Navia Millán."

"Segunda Comisión de Puntos Constitucionales. Honorable Asamblea:

En oficios fechados el día 13 del mes en curso, la Secretaría de Gobernación transcribe otros de la de Relaciones Exteriores, por los que se solicita el permiso necesario para que los CC. José S. Gallástegui y Alberto Salinas Carranza,sin perder la ciudadania mexicana puedan aceptar y usar la condecoración de Gran Oficial de la Orden de Leopoldo II, que les fue conferida por el Rey de Bélgica.

En sesión celebrada por esta Cámara el día de hoy fueron turnados a la comisión que suscribe, para su dictamen, los expedientes relativos a dichas solicitudes.

En virtud den que los solicitantes se ajustan a lo establecido por el artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la fracción III del apartado B y condicionando este permiso al necesario hecho de que los ciudadanos mexicanos peticionarios, al aceptar la condecoración que se les confiere no amerite sujeción de ninguna especie al gobierno otorgante, nos permitimos someter a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente proyecto de decreto:

Artículo único. Se concede permiso a los CC. licenciado José S. Gallástegui y general Alberto Salinas Carranza, para que, puedan aceptar y usar la condecoración de Gran Oficial de la Orden de Leopoldo II, que les fue conferida por el Rey de Bélgica.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.

México, D. F., a 15 de octubre de 1965.-Manuel Zárate Aquino.-Vicente Lombardo Toledano.-Fluvio Vista Altamirano.-Miguel Osorio Marbán.-Aurora Navia Millán."

"Segunda Comisión de Puntos Constitucionales. Honorable Asamblea:

En oficios fechados el día 13 de los corrientes, la Secretaría de Gobernación transcribe otros de la de Relaciones Exteriores, por los que se solicita el permiso necesario para que los CC. Alfonso de Rosenzweig Díaz Jr., y José Muñoz Zapata puedan aceptar y usar la condecoración de Gran Oficial de la Orden de la Corona, que les ha conferido el Rey de Bélgica.

En sesión celebrada por esta Cámara el día de hoy fueron turnados a la comisión que suscribe, para su dictamen, los expedientes relativos a dichas solicitudes.

En virtud de que los solicitantes se ajustan a lo establecido por el artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la fracción III del apartado B y condicionando este permiso al necesario hecho de que los ciudadanos mexicanos peticionarios, al aceptar la condecoración que se les confiere no amerite sujeción de ninguna especie al gobierno otorgante, nos permitimos someter a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente proyecto de decreto.

Artículo único Se concede permiso a los CC. licenciado Alfonso de Rosenzweig Díaz Jr., y José Muñoz Zapata, para que, sin perder la ciudadanía mexicana puedan aceptar y usar la condecoración de Gran Oficial de la Orden de la Corona, que se les ha conferido el Rey de Bélgica.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. México, D. F., a 15 de octubre de 1965.-Manuel Zárate Aquino.-Vicente Lombardo Toledano.-Fluvio Vista Altamirano.-Miguel Osorio Marbán.-Aurora Navia Mallán."

"Segunda Comisión de Puntos Constitucionales. Honorable Asamblea:

En oficios fechados el día 13 de los corrientes, la Secretaría de Gobernación transcribe otros de la de Relaciones Exteriores, por los que se solicita el permiso necesario para que los CC. Rodolfo Brena Torres, Luis Torres Mesías y María Luisa M. de Muñoz Zapata puedan aceptar y usar la condecoración de

Gran Oficial de la Orden de Leopoldo II, que les ha conferido el Rey de Bélgica.

En sesión celebrada por esta Cámara en esta fecha fueron turnados a la comisión que suscribe, para su dictamen los expedientes relativos...... a dichas solicitudes.

En virtud de que los solicitantes se ajustan a lo establecido por el artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la fracción III, del apartado B, nos permitimos someter a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente proyecto de decreto:

Artículo único. Se concede permiso a los CC. licenciado Rodolfo Brena Torres, Luis Torres Mesias y María Luisa M. de Muñoz Zapata para que, sin perder la ciudadanía mexicana, puedan aceptar y uasar la condecoración de Gran Oficial de la Orden de Leopoldo II, que les ha conferido el Rey de Bélgica.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.

México, D. F., a 15 de octubre de 1965.-Manuel Zárate Aquino.-Vicente Lombardo Toledano.-Fluvio Vista Altamirano.-Miguel Osorio Marbán.-Aurora Navia Millán." "Segunda Comisión de Puntos Constitucionales. Honorable Asamblea:

En oficios fechados el día 13 del actual, la Secretaría de Gobernación transcribe otros de la de Relaciones Exteriores, por los que se solicita el permiso necesario para que los CC. Ignacio Chávez y Guillermo Massieu Helguera puedan aceptar y usar la condecoración de Comendador de la Orden de Leopoldo II, que les ha conferido el Rey de Bélgica.

En sesión celebrada por esta Cámara el día de hoy, fueron turnados a la Comisión que suscribe, para su dictamen, los expedientes relativos a dichas solicitudes.

En virtud de que los solicitantes se ajustan a lo establecido por el artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la fracción III, del apartado B, y condicionando este permiso al necesario hecho de que los ciudadanos mexicanos peticionarios, al aceptar la condecoración que se les confiere no amerite sujeción de ninguna especie al gobierno otorgante, nos permitimos someter a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente proyecto de decreto:

Artículo único. Se concede el permiso a los CC. doctores Ignacio Chávez y Guillermo Masque Helguera, para que, sin perder la ciudadanía mexicana, puedan aceptar y usar la condecoración de Comendador de la Orden de Leopoldo II, que les confirió el Rey de Bélgica.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.

México, D. F., a 15 de octubre de 1965.-Manuel Zárate Aquino.-Vicente Lombardo Toledano.-Fluvio Vista Altamirano.-Miguel Osorio Marbán.-Aurora Navia Millán."

"Segunda Comisión de Puntos Constitucionales. Honorable Asamblea:

En oficios fechados el día 13 de los corrientes, la Secretaría de Gobernación transcribe otros de la de Relaciones Exteriores, por los que se solicita el permiso necesario para que los CC. Ernesto de Santiago López, Ignacio D. Silva y Joaquín Bernal puedan aceptar y usar la condecoración de Comendador de la Orden de la Corona, que les ha conferido el Rey de Bélgica.

En sesión celebrada por esta Cámara el día de hoy fueron turnados a la Comisión que suscribe, para su dictamen los expedientes relativos a dichas solicitudes.

En virtud de que los solicitantes se ajustan a lo establecido por el artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la fracción III, del apartado B, y condicionando este permiso al necesario hecho de que los ciudadanos mexicanos peticionarios, al aceptar la condecoración que se les confiere no amerite sujeción de ninguna especie al gobierno otorgante, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de decreto:

Artículo único. Se concede permiso a los CC. doctor Ernesto de Santiago López, licenciado Ignacio D. Silva y Joaquín Bernal para que, sin perder la ciudadanía mexicana, puedan aceptar y usar la condecoración de Comendador de la Orden de la Corona, que les ha conferido el Rey de Bélgica.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.- México, D. F., a 15 de octubre de 1965.-Manuel Zárate Aquino.-Vicente Lombardo Toledano.-Fluvio Vista Altamirano.-Miguel Osorio Marbán.-Aurora Navia Millán."

"Segunda Comisión de Puntos Constitucionales. Honorable Asamblea:

En oficios fechados el día 13 del mes en curso, la Secretaría de Gobernación transcribe otros de la de Relaciones Exteriores, por los que se solicita el permiso necesario para que los CC. Ramón Pérez Morquecho, Eusebio Dávalos Hurtado y José Luis Martínez puedan aceptar y usar la condecoración de Comendador de la Orden de Leopoldo II, que les fue conferida por el Rey de Bélgica.

En sesión celebrada por esta Cámara el día de hoy fueron turnados a la Comisión que suscribe para su dictamen, los expedientes relativos a dichas solicitudes.

En virtud de que los solicitantes se ajustan a lo establecido por el artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la fracción III, del apartado B, y condicionando este permiso al necesario hecho de que los ciudadanos mexicanos peticionarios, al aceptar la condecoración que se les confiere no amerite sujeción de ninguna especie al gobierno otorgante, nos permitimos someter a la consideración de esta honorable Asamblea, el siguiente proyecto de decreto:

Artículo único. Se concede permiso a los CC. ingeniero Ramón Pérez Morquecho, doctor Eusebio Dávalos Hurtado y José Luis Martínez para que, sin perder la ciudadanía mexicana, puedan aceptar y

usar la condecoración de Comendador de la Orden de Leopoldo II, que les fue conferida por el Rey de Bélgica.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.- México, D. F., a 15 de octubre de 1965.-Manuel Zárate Aquino.-Vicente Lombardo Toledano.-Fluvio Vista Altamirano.-Miguel Osorio Marbán.-Aurora Navia Millán."

"Segunda Comisión de Puntos Constitucionales. Honorable Asamblea:

En oficio fechado el día 13 de los corrientes, la Secretaría de Gobernación transcribe el de la de Relaciones Exteriores, por el que se solicita el permiso necesario para que el C. Luis Elguero pueda aceptar y usar la condecoración de Oficial de la Orden de Leopoldo II, que le ha conferido el Rey de Bélgica.

En sesión celebrada por esta Cámara en esta fecha fue turnado a la Comisión que suscribe para sus dictamen el expediente relativo a esta solicitud.

En virtud de que el solicitante se ajusta a lo establecido por el artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la fracción III del apartado B, y condicionando este permiso al necesario hecho de que el ciudadano mexicano peticionario, al aceptar la condecoración que se le confiere no amerite sujeción de ninguna especie al gobierno otorgante nos permitimos someter a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente proyecto de decreto:

Artículo único. Se concede permiso al C. Luis Elguero para que, sin perder la ciudadanía mexicana, pueda aceptar y usar la condecoración de Oficial de la Orden de Leopoldo II, que le ha conferido el Rey de Bélgica.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.- México, D. F., a 15 de octubre de 1965.-Manuel Zárate Aquino.-Vicente Lombardo Toledano.-Fluvio Vista Altamirano.-Miguel Osorio Marbán.-Aurora Navia Millán."

"Segunda Comisión de Puntos Constitucionales. Honorable Asamblea:

En oficios fechados el día 13 de los corrientes, la Secretaría de Gobernación transcribe otros de la de Relaciones Exteriores, por los que se solicita el permiso necesario para que los CC. Ignacio Bernal y Luis León de la Barra, puedan aceptar y usar la condecoración de Oficial de la Orden de la Corona, que les ha conferido el Rey de Bélgica.

En sesión celebrada por esta Cámara en esta fecha, fueron turnados a la Comisión que suscribe para su dictamen, los expedientes relativos a dichas solicitudes.

En virtud de que los solicitantes se ajustan a lo establecido por el artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la fracción III, del apartado B, y condicionando este permiso al necesario hecho de que los ciudadanos mexicanos peticionarios, al aceptar la condecoración que se les confiere no amerite sujeción de ninguna especie al gobierno otorgante, nos permitimos someter a la consideración de esta honorable Asamblea, el siguiente proyecto de decreto:

Artículo único. Se concede permiso a los CC. doctor Ignacio Bernal y Luis León de la Barra para que, sin perder la ciudadanía mexicana, puedan aceptar y usar la condecoración de Oficial de la Orden de la Corona, que les ha conferido el Rey de Bélgica.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.- México, D. F., a 15 de octubre de 1965.-Manuel Zárate Aquino.-Vicente Lombardo Toledano.-Fluvio Vista Altamirano.-Miguel Osorio Marbán.-Aurora Navia Millán."

"Segunda Comisión de Puntos Constitucionales. Honorable Asamblea:

En oficios fechados el día 13 del mes en curso, la Secretaría de Gobernación transcribe otros de la de Relaciones Exteriores, por los que se solicita permiso necesario para que los CC. Arturo Osorno, Ricardo Cabrera Duke y María Antonieta Monroy, puedan aceptar y usar la condecoración de Caballero de la Orden de la Corona, que les ha conferido el Rey de Bélgica.

En sesión celebrada por esta Cámara el día de hoy fueron turnados a la Comisión que suscribe, para su dictamen, los expedientes relativos a dichas solicitudes.

En virtud de que los solicitantes se ajustan a lo establecido por el artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la fracción III del apartado B, y condicionando este permiso al necesario hecho de que los ciudadanos mexicanos peticionarios, al aceptar la condecoración que se les confiere no amerite sujeción de ninguna especie al gobierno otorgante, nos permitimos someter a la consideración de esta honorable Asamblea, el siguiente proyecto de decreto:

Artículo único. Se concede permiso a los CC. Arturo Osorno, Ricardo Cabrera Duke y María Antonieta Monroy para que, sin perder la ciudadanía mexicana, puedan aceptar y usar la condecoración de Caballero de la Orden de la Corona, que les ha conferido el Rey de Bélgica.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.- México, D. F., a 15 de octubre de 1965.-Manuel Zárate Aquino.-Vicente Lombardo Toledano.-Fluvio Vista Altamirano.-Miguel Osorio Marbán.-Aurora Navia Millán."

"Segunda Comisión de Puntos Constitucionales. Honorable Asamblea:

En oficios fechados el día 13 del actual, la Secretaría de Gobernación transcribe otros de la de Relaciones Exteriores, por los que se solicita el permiso necesario para que los CC. Celestino Herrera Gutiérrez y Manuel Avila Camacho López, puedan aceptar y usar la condecoración de Caballero de la Orden de Leopoldo II, que les fue conferida por el Rey de Bélgica.

En sesión celebrada por esta Cámara el día de hoy fueron turnados a la Comisión que suscribe para su dictamen los expedientes relativos a dichas solicitudes.

En virtud de que los solicitantes se ajustan a lo establecido por el artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la fracción III del apartado B) y condicionando este permiso al necesario hecho de que los ciudadanos mexicanos peticionarios, al aceptar la condecoración que se le confiere no amerite sujeción de ninguna especie al gobierno otorgante, nos permitimos someter a la consideración de esta honorable Asamblea, el siguiente proyecto de decreto:

Artículo único. Se concede permiso a los CC. Celestino Herrera Gutiérrez y Manuel Avila Camacho López para que, sin perder la ciudadanía mexicana, puedan aceptar y usar la condecoración de Caballero de la Orden de Leopoldo II, que les fue conferida por el Rey de Bélgica.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.- México, D. F., a 15 de octubre de 1965.-Manuel Zárate Aquino.-Vicente Lombardo Toledano.-Fluvio Vista Altamirano.-Miguel Osorio Marbán.-Aurora Navia Millán."

-El mismo C. Secretario: Todos estos dictámenes son de primera lectura. Por instrucciónes de la Presidencia se pregunta a la Asamblea si se dispensan del trámite de segunda lectura los dictámenes que fueron emitidos. Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano. Dispensada. Están a discusión los proyectos de decreto. Esta Secretaría informa que esté dictamen sintético. De acuerdo con la propuesta aprobada, recientemente, por nuestra soberanía, existen dictámenes parciales por si cualquier diputado pide una aclaración. Están a discusión los proyectos de decreto. Está Secretaría informa que esté es un dictamen sintético. De acuerdo con la propuesta aprobada, recientemente, por vuestra soberanía, existen dictámenes parciales por si cualquier diputado pide una aclaración. Está a discusión este proyecto de decreto. No habiendo quien haga uso de la palabra se va a proceder a recoger la votación nominal. Por la afirmativa.

El C. secretario Colín Sánchez, Mario: Por la negativa.

(Votación.) -El C. secretario Hernández Gómez, Tulio: ¿Falta algún ciudadano diputado de votar por la afirmativa? -El C. secretario Colín Sánchez, Mario: ¿Falta algún ciudadano diputado de votar por la negativa? Se va a proceder a recoger la votación de la Mesa.

(Votación.) -El C. secretario Hernández Gómez, Tulio: Fue aprobado el proyecto de decreto, que comprende las treinta y dos solicitudes, por unanimidad de 174 votos. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

XIII

-El mismo C. Secretario: "Honorable Asamblea:

A las suscritas Comisiones Primera de Puntos Constitucionales y Segunda de Gobernación fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente remitido por la Cámara de Senadores referente a la reforma al artículo 59 de la Constitución, aprobado por esta Cámara el 30 de diciembre del año próximo pasado. Las Comisiones, al analizar el dictamen que el Senado envió con relación a este asunto y al revisar nuevamente el expediente en su integridad, consideran indispensable hacer un análisis de la secuela que la reforma mencionada siguió desde su presentación hasta el momento actual, por considerar valioso el hecho de que quede constancia en el Diario de los Debates de cómo fue presentada la iniciativa original, cómo fue aprobada, en su esencia, con el respaldo de los diputados de todos los partidos, del debate que se suscitó fuera de la Cámara, del dictamen emitido por el Senado y de los argumentos y cuestiones que al final quedan en pie por su validez histórica y jurídica y por sus propósitos políticos y sociales.

El Debate en la Cámara. Las Comisiones Primera de Puntos Constitucionales y Segunda de Gobernación presentaron a la consideración de esta Honorable Asamblea dictamen que rechazó una propuesta elaborada por los diputados del Partido Popular Socialista y cuyo objetivo era restablecer la posibilidad de reelección indefinida para los ciudadanos diputados federales. Sin embargo, siendo deber de todo cuerpo legislativo estudiar no sólo la forma y los aspectos técnicos de una iniciativa sino el fondo mismo de la cuestión y sus objetivos , las Comisiones propusieron a través de su dictamen una reforma distinta, que en la esencia y en la forma constituye una simple modalidad de la reelección que ha existido siempre desde el principio de nuestra vida institucional y hasta la Constitución vigente. En lugar de una reforma constitucional para volver a la reelección indefinida, las Comisiones propusieron otra, tendiente a establecer la posibilidad de que los diputados al Congreso de la Unión, pudieran ser electos en forma sucesiva por dos períodos.

El dictamen hizo un examen de los antecedentes históricos y políticos , así como de las razones teóricas y prácticas en torno a esta cuestión. Al ser presentado en segunda lectura, los cuatro partidos nacionales que concurren en el seno de la XLVI Legislatura y que representan la opinión responsable y organizada de la ciudadanía mexicana, hicieron el análisis del documento en un tono de serena responsabilidad y de altura. Aunque con diversos enfoques, todos los diputados que ocuparon la tribuna coincidieron en ponderar los beneficios que esta reforma reportaría al fortalecimiento y superación del Poder Legislativo. Todos los oradores señalaron el valor del dictamen considerándolo resultado del estudio sereno, meditado y serio de las Comisiones en torno a los diversos aspectos que era necesario tomar en cuenta para proponer la reforma tendiente a permitir la elección sucesiva por dos períodos. En pocas ocasiones como ésta, un asunto de interés nacional, ampliamente estudiado, ha merecido la coincidencia y la unidad de criterio de corrientes políticas encontradas.

Para quienes analizan las cuestiones políticas según viejos y atrasados moldes y consideran que la militancia en partidos políticos opuestos sólo es auténtica si es sectaria o intransigente y que la actividad política debe entenderse como una lucha a muerte entre quienes postulan ideas distintas, el hecho de que los diputados de todos los partidos

representados en esta Cámara coincidieran substancialmente en cuanto a la reforma que analizamos, fue el resultado de una complicidad premeditada, apoyada en ambiciones personales o, engaño maliciosamente fraguados por unos diputados en detrimento de otros. (Aplausos.) Quienes así piensan no fueron capaces de advertir, o

deliberadamente dejaron de hacerlo, que el motivo de la coincidencia estuviera en el valor de la propia reforma como instrumento útil para acrecentar y fortalecer la responsabilidad del Poder Legislativo, así como también el desarrollo de los Partidos Políticos. Más allá de las discrepancias naturales entre los diversos partidos políticos, todos los diputados coincidieron en destacar importantes cuestiones señaladas por el dictamen: la tradición histórica-constitucional de nuestro país, de la que se desprende que ningúna Constitución Política ha prohibido la reelección de los diputados, sino antes bien, la ha permitido y el pueblo de México la ha practicado reiteradamente; los antecedentes sociales y políticos que demuestran que nuestro país no ha habido un sólo movimiento popular, un sólo hecho de armas, un documento político que hayan tenido por objeto condenar o prohibir la reelección de los diputados; el hecho de que el sistema de reelección limitada a dos períodos sucesivos no significaba una innovación o reforma substancial en nuestro orden constitucional, sino que perseguía establecer una simple modalidad dentro del sistema de reelección actualmente en vigor; la necesidad de establecer esta reforma como un complemento lógico e indispensable de aquella otra que permitió la integración de la Cámara de Diputados con una representación más vigorosa de las diversas corrientes políticas que actúan en el país, a través de los diputados del partido; el valor de la reforma como instrumento para fortalecer el Poder Legislativo y perfeccionar la estructura de equilibrio entre los tres Poderes de la Unión; las consecuencias favorables de la reforma en cuanto al robustecimiento de la Cámara de Diputados, y al mejor empleo de los conocimientos y la capacidad que hubieren demostrado algunos representantes, así como la experiencia adquirida, evitando una dilapidación de esfuerzos y de energía humana; la seguridad de que la reforma no abriría la posibilidad de reelección en bloque de la totalidad de los integrantes de la actual Cámara de Diputados o de otra posterior, pues sólo los más aptos, los más capaces a juicio de sus partidos políticos, no de ellos mismos, podrían ser postulados para una nueva elección en la que el pueblo decidiría en última instancia; por último, que esta reforma, lejos de contrariar nuestra estructura jurídica y nuestro orden político fundamental, nos acerca más a la escencia normativa de la Constitución de 1917, hecha por los hombres de la Revolución, que permitió la reelección indefinida o irrestricta de los representantes del pueblo ante el Congreso de la Unión.

La coincidencia de todas las corrientes políticas representadas en la Cámara, constituyó una demostración contundente de la eficacia de la reforma electoral en cuanto propicia su unidad frente a objetivos superiores y cuestiones de interés nacional, sin que ello, signifique renunciamiento alguno a sus posiciones políticas doctrinales.

El Debate fuera de la Cámara. Con motivo del acuerdo tomado por la Cámara, se sucitó un amplio debate en el que participaron diversos sectores de la opinión pública. No siempre se abordó la cuestión con serenidad y con argumentos fundados; muchas expresiones fueron resultado de la irreflexión y del apasionamiento, llegando en algunos casos a constituir verdaderos insultos. Muchos de los que participaron en la discusión, lejos de contribuir a esclarecer las cuestiones escenciales y de verdadera tracendencia, tendieron a deformar, maliciosa y deliberadamente, el objeto, el sentido y el alcance real de la reforma aprobada por esta Cámara, propiciando la desorientación pública.

En general el debate se tornó confuso y desordenado; en él se dio más importancia a las especulaciones políticas que al argumento lógico, preferencia a la suspicacia sobre el examen objetivo de los hechos y preponderancia a la función adivinatoria por encima del análisis razonado. No se debatió la validez o invalidez de los fundamentos del dictamen aprobado, sino que se expusieron diversas hipótesis descabelladas al margen de la cuestión planteada. Además de que muchas opiniones tendieron a desvirtuar la naturaleza de la reforma y redujeron sensiblemente el valor del debate, quienes participaron en él lo hicieron tardíamente, acusando a la Cámara de haber obrado con ligereza y sin apego a los dictados de la opinión pública. Que quienes opinaron lo hicieron tardíamente y que el cargo lanzado contra la Cámara es totalmente infundado, es fácil de demostrar: la iniciativa fue presentada el 13 de octubre del año pasado; se publicó y se distribuyó de acuerdo con lo dispuesto por el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de la Unión; su contenido y exposición de motivos fueron publicados en los periódicos de la capital de la República que circulan en todo el territorio del país. El dictamen de las Comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Gobernación fue emitido dos meses y medio después, ya que su primera lectura ocurrió el 27 de diciembre. Setenta y cinco días son, a no dudarlo, suficientes para estudiar los antecedentes, meditar sobre los posibles alcances de la reforma, prever sus consecuencias, analizar el pro y el contra, fundar el sentido en que habrían de pronunciarse las Comisiones y precisar los términos jurídicos del proyecto de Decreto respectivo. Los amplios y abundantes argumentos contenidos en dicho dictamen, demuestran que el asunto se estudió a fondo. Todos los miembros de la Cámara estuvieron en condiciones de hacer lo propio, ya que la iniciativa fue publicada y repartida tres días después de su presentación. Por cuanto a la opinión pública, la indignación de que hicieron alarde algunos de los impugnadores y el escepticismo o la suspicacia que se trasluce en otros, pudieron ser expuestos ampliamente durante esos dos meses y medio que transcurrieron entre la iniciativa y el dictamen. ¿Por qué nadie se ocupó de combatir el contenido y los propósitos de la iniciativa, que era por cierto más radical que la reforma aprobada, puesto que aquélla proponía la reelección indefinida y está se constriñe a permitirla en dos períodos consecutivos pero no para un tercero inmediato? La razón es muy clara: se suponía, sin base y sólo por el prurito de suponer, que siendo iniciativa de un Partido Minoritario, la mayoría votaría en contra. Hubiera sido interesante para las Comisiones dictaminadoras conocer previamente las opiniones que se han manifestado a posteriori, pero nadie se ocupó de darlas a conocer a la Cámara ni ante la opinión pública. La responsabilidad, en caso de divorcio entre el criterio de aquélla y el de algunos sectores de opinión, no puede ser imputable a la Representación Nacional sino a quienes, pudieron hablar oportunamente, encontraron más cómodo callar, para después, ya aprobada la reforma, gritar

a los cuatro vientos que no se tomó en cuenta el sentir del pueblo`. (Alplausos.) Se dirá que la Cámara pudo hacer consultas públicas, convocar a intercambio de opiniones y llamr a reuniones deliberatorias a todos los que podían aportar ideas más o menos valiosas. Por supuesto que pudo hacerlo; pero, en primer lugar, ese procedimiento no se encuentra establecido por ninguna de las normas constitucionales o legales que rigen el funcionamiento del Poder Legislativo; y, en segundo, la misma imputación podría hacerse a ambas Cámaras cuando duscuten y resuelven, en uso de sus facultades constitucionales, todos los asuntos de su competencia. ¿Qué se pretendiá? ¿Que siempre se vaya a resolver sobre cualquier iniciativa se convoque a la opinión pública? ¿Soló en algunos casos? ¿En cuáles? ¿Qué criterio debe de imperar para determinar los casos en que deba resolverse sin consulta popular? ¿Y este procedimiento, si fuese obligatorio, no sería la negación del carácter representativo de las Cámaras que es una de las nuestras esencias constitucionales? (Aplausos.)

Quienes acusaron a los diputados de no tomar en cuenta la opinión del pueblo, se atribuyeron a sí mismos el carácter de sus representantes y de intérpretes auténticos de su opinión, sin que nadie les hubiera dado ésta y sin que ellos hubieran realizado las consultas públicas que reclamaban como indispensables. Seguramente olvidaron que si alguien puede legítimamente encarnar la Representación Nacional es la Cámara de Diputados y que cualquiera pretensión a ese respecto por parte de una persona o grupo de personas, constituirá simplemente una suplantación.

Sin embargo, el debate tuvo un aspecto valioso: demostró que la opinión pública se interesa por las cuestiones políticas, al participar directamente en esta discusión en un clima de absoluta libertad. Así lo reconoció el Secretario de Gobernación, licenciado Luis Echeverría, en enero de este año al considerar que el debate constituía 'el testimonio más elocuente del régimen de libertades que vive nuestro país`. Agregó asimismo que en uso de esa libertad habían opinado diversos sectores de la sociedad y terminó diciendo: '...consta a México entero que en este debate público, que tan alto habla de la evolución cívica del país, ha campeado la más absoluta libertad...`

La mayoría de los que participaron en la discusión pública lo hicieron movidos por el apasionamiento y fueron pocos los que aportaron argumentos o razones. Hubo algunos juristas que participaron con reflexión y altura, pero hubo otros que apoyaron sus alegatos en bases falsas, como la de considerar la no reelección de diputados un principio básico de la Constitución política de nuestro país, cuando éste siempre ha referido a los titulares del Poder Ejecutivo y nunca a los miembros del Legislativo, quienes con base en la propia Constitución sí han podido, pueden y podrán seguir siendo reelectos. Algunos estudiosos del Derecho Constitucional, consagrados maestros, como los licenciados Antonio Martínez Báez y Manuel Herrera y Laso, revisaron antecedentes históricos tanto del nuestro como de otros países, expusieron tesis filosóficas y jurídicas y expresaron su satisfacción y conformidad con los propósitos perseguidos por la Cámara de Diputados al aprobar la reforma del artículo 59 de la Constitución, considerándola un paso conveniente para el avance de nuestro sistema democrático.

Los partidos políticos, como instrumentos de la opinión organizada de los ciudadanos y como vehículos de expresión y orientación de la voluntad popular, participaron también en el debate fuera de la Cámara. Uno de los forjadores de la Revolución, destacado dirigente del Partido Auténtico de la Revolución, el diputado y general Marciano González, en documento transcrito por la prensa nacional, en el mes de enero, expresó :.......

"Fui y seré siempre opositor a la reelección del Presidente de la República.

"El principio de la no reelección en México, tiene la fuerza de un acicate que ha sacudido la voluntad nacional, y su simpatía se acrecienta y fecunda como semilla seleccionada. A eso se deben esas manifestaciones que ahora desbordan el sentimiento; no obstante que no hace largo tiempo tuvieron oportunidad de manifestarse y por censurables cultos dominaron sus músculos y sus plumas.

"Con penetrante fuerza de amor y ansias de reivindicación, vino y se fue el mártir Madero, con el lema Sufragio Efectivo. No Reelección. La Constitución de 1917, lo fincó en sus páginas dando reposo al glorioso e inconfundible lema.

"Nos declaramos inadaptables a la violación del ideal Madero, contra el propósito de la vuelta del general Obregón al poder, porque se trataba de la Presidencia de la República, y con igual categoría nos suscribimos hoy y siempre.

"Ahora muchos exageran su antirreeleccionismo , pero el eco de su voz no se escuchó entonces y su actitud no se adaptó a los riesgos que podían correrse.

"Ahora graciosamente llevan y traen, dándole honduras de abismo, la reelección de los diputados que se profana el sagrado ideal del antirreeleccionismo. Nosotros no transformamos el medio cuando varios diputados federales de la XXVII Legislatura volvimos en la XXVIII, ni estuvimos al margen de nuestro ejercicio. Varios supervivientes ahora son voces que condenan lo que entonces aceptaron, olvidándose que aceptaron ser reelectos". (Aplausos.) El Diputado Vicente Lombardo Toledano intervino también en el debate fuera de la Cámara. En el mes de enero produjo un documento que fue publicado en la prensa nacional. El Jefe del Partido Popular Socialista señaló:

"Las comisiones dictaminadas de la Cámara que estudiaron la iniciativa del Partido Popular Socialista, no aceptaron la reelección indefinida de los diputados, sino que propusieron la reelección limitada al siguiente período, después del cual hay que esperar tres años para que quien haya sido diputado pueda tener nuevamente este carácter. El PPS votó en favor del dictamen por considerar que entraña un paso adelante en el sentido de su proposición, y declaró que seguiría luchando por la reelección indefinida. El Partido (de) Acción Nacional votó en contra del dictamen porque está de acuerdo con la reelección irrestricta, tanto para los diputados como para los senadores. El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana votó en favor del dictamen, y el PRI también, por supuesto, apoyando a las Comisiones Dictaminadoras que están integradas por

miembros suyos. En suma, los cuatro partidos políticos nacionales registrados votaron por la reelección. La consecuencia práctica del hecho será la de que en lugar de la reelección pasado el período siguiente, se establecerá la modalidad de la reelección para el ejercicio inmediato, despúes del cual habrá que esperar tres años para una nueva reelección.

"Como se ve, nadie pensó y, por lo contrario, así se dijo abiertamente por los diputados de los cuatro partidos, en la posibilidad de la reelección del Presidente de la República y de los gobernadores de los estados. ¿Por qué, entonces, se ha desatado una campaña escandalosa contra la decisión de los cuatro partidos y en consecuencia, de la Cámara de Diputados? Es necesario decir la verdad.

"Es evidente que la casi totalidad de las personas que han expresado su opinión adversa a la reelección condicionada de los diputados, no conocen la Constitución de la República y no han leído la iniciativa del Partido Popular Socialista, ni el documento de las comisiones dictaminadoras de la Cámara. Creen que se trata de 'abrir la puerta para la reelección del Presidente de la República `, argumento absurdo que podría, en todo caso, convertirse en una acusación contra los constituyentes de 1916-1917, calificándoles de traidores a la Revolución, puesto que, como lo he demostrado antes, establecieron la reelección indefinida de los miembros del Congreso. Pero nadie les ha hecho ese cargo, porque hasta la estupidez tiene sus límites. (Aplausos.)

"Corrió la voz de que la Cámara de Diputados había acordado la reelección de sus miembros, 'que estaba prohibida` -tesis de analfabetos-, y hasta algunos abogados y doctores en Derecho dijeron que el principio de no reelección era intocable, confundiendo la del Jefe del Gobierno con la de los miembros del Poder Legislativo, olvidando lo que habían aprendido en la escuela.

"Dentro de ese clima operó la sicología del rebaño alrededor de un tabú inexistente en el debate. Lo curioso del caso es que los denunciantes del 'peligro' son, como siempre, individuos que no pertenecen a ningún partido político; pero dictan sus órdenes a las fuerzas cívicas organizadas de la nación con una actitud resivible de dómines. No se dan cuenta, o no quieren admitir el hecho, de que fuera de los partidos políticos no puede concebirse ya la vida de México, y de que cada partido tiene finalidades y una línea estratégica y táctica propias que no dependen de consejos de personas ajenas a sus filas. Esos censores deberían formar un partido, para medir sus ideas con las de los otros y probar su eficacia en la práctica, pues sus juicios que sólo alcanzan al sector de los francotiradores no tienen más valor que el de una queja inútil.

"El Parlamento, entendido en su acepción más amplia, como Poder Legislativo deliberante, lo mismo en el sistema del Parlamentarismo clásico y en el presidencial de los países capitalistas, que en el de la Asamblea Representativa de la clase trabajadora de los países socialistas, no se concibe como órgano eficaz del poder público sin parlamentarios, que se forman con la experiencia, el conocimiento y el estudio constante de la estructura económica, social y política de su país, de los problemas del pueblo, de la política internacional y del examen crítico de la labor del gobierno."

El Partido Acción Nacional, a través de su presidente, diputado Adolfo Christlieb Ibarrola, en Asamblea Nacional celebrada en mayo de este año, expresó que los diputados de ese partido habían aprobado la reforma al artículo 59 de la Constitución "ya que no encontramos impedimento fundado ni en los supuestos básicos de la democracia, ni en los postulados fundamentales de la historia política y parlamentaria del país; si pensamos en cambio, que la vuelta a la Constitución de 1917 habrá de fortalecer al Congreso, introduciendo un factor de equilibrio entre los poderes Legislativo y Ejecutivo." El propio Presidente del Partido Acción Nacional, en documentos editados por su organismo político, señalo:

"La Cámara no tomó una decisión precipitada. Durante más de dos meses estudió la iniciativa, que antes de tratarse en sesión de Cámara se discutió en comisiones y realizó el debate hasta el 30 de diciembre en vísperas de clausurar el período de sesiones, para que la opinión pública pudiera ser informada durante el receso, y para que el Senado de la República, 'sin congelar` la iniciativa, pudiera estudiarla con amplitud.

"Con lo que la Cámara no contó, fue con la deformación del problema, por ignorancia de muchos y por interés o sectarismo de quienes, por ser dirigentes políticos, tienen obligación de considerar objetivamente la cuestión y de orientar a la opinión pública.

"Se promovieron pasiones populares para vitalizar con concepción deprimente del Poder Legislativo y de los diputados, precisamente en el momento en que se hace un esfuerzo por devolver al Congreso su categoría de poder: la concepción de un Congreso que no trabaja y que es sólo un apéndice inútil del Ejecutivo, y la visión del diputado sin arraigo en un distrito que sólo recorrió durante la campaña, haciendo ofertas que no podrá cumplir porque se refiere a obras públicas que no corresponde realizar, ni al Congreso ni al diputado, y que cuando un diputado promueve, tiene que hacerlo como agradecido portavoz del Ejecutivo. En otras palabras: se explotó esa intencionada depresión en la respetabilidad del Congreso y de sus miembros, producto lamentable de nuestra historia política, de que en 1932 hablara el doctor Gonzalo Baustista, y que se funda esencialmente en un concepto erróneo de lo que es el diputado, en la ignorancia de lo que son las funciones legislativas y en las fallas humanas, que institucionalizadas, llegaron a formar una manera de ser, mejor dicho, de no ser, del Congreso y de sus miembros.

"Se ha movido en contra la opinión de la nuevas generaciones, presentando al Congreso como paso obligado de todos los que se inscriben en un partido político, y a la XLVI Legislatura como una confabulación que pretende continuar indefinidamente en funciones y que trata de cerrar a los jóvenes una meta a la cual todos pueden aspirar, pero a la que debe llegarse, desde el Partido oficial, o desde fuera del Poder, con estudio, pasión y espíritu de sacrificio. (Aplausos.) "Estas y otras razones, y algunas sinrazones no fundadas ni en la historia, ni en la teoría, ni en la realidad, sino en la explotación de sentimientos primitivos creados por la pobreza de nuestra vida

democratica son los que se han manejado en contra de una Cámara que demostró que puede haber casos en que las distintas corrientes de la opinión pública, por consideraciones fundadas en razones reales, objetivas e institucionales, lleguen a ponerse de acuerdo, superando la diversidad de criterios filosóficos y políticos de sus miembros, para el bien de México." (Aplausos.)

El licenciado Carlos Alberto Madrazo Becerra, Presidente del PRI, al analizar esta cuestión en una Asamblea Nacional celebrada el mes de abril expresó: "El partido Revolucionario Institucional desea dejar constancia terminante de que nunca ha negado el interés patriótico con que los diputados de todos los Partidos abordaron las reformas al artículo 59 de la Constitución. No puede ni debe haber ninguna duda de que obraron con profundo respeto a su dignidad de Representante de la Nación.

"Queremos enfatizar en los términos del artículo 61 constitucional, nuestro respeto a la inviolabilidad de las opiniones de los miembros de la Cámara de Diputados. Sólo obrando con esos horizontes de dignidad y de respeto, podremos mantener la vida institucional de México, el juego de partidos y el decoro de nuestro Parlamento.

"Reconocemos en los señores diputados -y de muy especial manera en los de nuestro Partido- su sobriedad espiritual que es lealtad a las convicciones y a los principios fundamentales que inspiran la vida del hombre en nuestra sociedad. Ya hemos dicho que, no pretendemos ni pretenderemos nunca que los señores diputados, honrados con una elección popular que acrecienta su personal dignidad, se retracten de lo que sostuvieron y aprobaron conforme a derecho, en una asamblea libre y soberana y en su condición de mexicanos patriotas. En este Partido y en este México forjado en tantas luchas dolorosas y por la libertad y la dignidad del hombre, no levantamos tribunales sombríos que lesionen, ni en mínima parte, el decoro de quienes han ganado en limpia lid el respeto de sus compatriotas.

"La dirección de nuestros diputados del Partido a cargo del diputado Alfonso Martínez Domínguez, ha coordinado con experiencia las iniciativas; ha hecho posible un clima de responsabilidad y cordialidad, de trabajo y de respeto mutuo, que ha enaltecido a la Cámara y permitido que opere con útiles resultados la reforma electoral. Para él nuestro reconocimiento y nuestro aplauso por su labor.

"Esto ha sido así en todos los casos incluyendo el de las reformas al artículo 59 de la Constitución.

"Por eso el Partido desea aclarar, que la versión que algunos círculos propalaron con exceso de malicia, en el sentido de que con la reforma del artículo 59 se trataba de abrir paso a un cambio en el sistema de sucesión de otros funcionarios y concretamente del Titular del Poder Ejecutivo Federal, nunca fue veraz ni tuvo fundamento alguno.

"Nuestro Partido, al cual pertenece la gran mayoría de los diputados, no tiene el menor ni el más leve indicio que le permita poner en duda esta diáfana actitud de la Cámara Popular. Los principios fundamentales constitucionales, de nuestro régimen democrático, y muy particularmente el que se refiere a la sucesión de los titulares del Poder Ejecutivo Federal, en ningún momento han sufrido riesgo alguno por causa de las reformas al artículo 59 de la Constitución. Por lo contrario debemos declarar que, al abordar este asunto los señores diputados, lejos de atacar algún principio medular de la Revolución, se ajustaron al pensamiento de quienes en 1917 forjaron la Constitución actual."

Por su parte el diputado Alfonso Martínez Domínguez en su condición de líder de la mayoría parlamentaria, integrada por diputados del Partido Revolucionario Institucional, fijó con precisión, con absoluta claridad, en esa misma Asamblea Nacional la , posición de sus compañeros.

En su intervención, además de precisar la naturaleza, el alcance y los objetivos reales de la reforma al artículo 59, destacó la importancia de la fución legislativa y la incomprensión de que ha sido objeto en muchos casos el Poder encargado de elaborar y perfeccionar nuestro sistema legal.

El diputado Martínez Domínguez expresó: "La Revolución sigue adelante, pero ahora en paz, con la lucha del trabajo. Adelante lo mismo en el Partido, que en la escuela, que en la función pública. Para que sus avances adquieran institucionalidad se requiere plasmarlos en las leyes que rigen la vida nacional.

"Nuestra ley es instrumento de la Revolución y del pueblo para ir logrando la transformación social. Pero no bastan las leyes por sí solas; ellas sólo tienen eficacia en la medida que se aplican y se convierten en acción fecunda.

"De ahí la importancia de la función legislativa, donde la acción revolucionaria se inicia en el momento mismo de elaborar las leyes.

"A pesar de los evidentes progresos, no siempre se ha comprendido cabalmente la trascendencia de esta función básica en nuestra organización democrática . El Congreso - la Cámara de Diputados y la de Senadores- suele ser víctima de campañas de desprestigio que debilitan la confianza que los mexicanos tenemos en la democracia. El Congreso, independientemente de quienes lo integran, es una de las más importantes instituciones republicanas y un instrumento fundamental en nuestra estructura constitucional para el progreso político del pueblo mexicano.

"Los senadores y diputados cumplimos nuestra condición de ciudadanos y de militantes del Partido, al empeñarnos en acrecentar la dignidad del Poder Legislativo.

"La XLVI Legislatura nació bajo nuevos signos. Al rendir ante ella su protesta , el señor Presidente Díaz Ordaz dijo: '... Hemos advertido con optimismo los primeros resultados de la reciente reforma electoral. Juzgo que los diputados de las mayorías, como los de las minorías, fruto de un nuevo Derecho, miden la responsabilidad que ante la nación han contraído, responsabilidad tan grave para unos como para otros: México reclama y merece el planteamiento sereno y serio de sus problemas, su análisis ponderado, la exposición honrada de las ideas, tenemos fe en que hacer todo esto, dentro de los causes expresamente previstos por la ley, perfecciona nuestra democracia y nos ayuda a conservar lo que con el esfuerzo de tantos años hemos conseguido...'

"Por su parte, el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, de nuestro Partido ha destacado hace un momento, el avance democrático que se advierte como resultado de la actividad de esta primera Cámara integrada con las normas de la reforma electoral. "La XLVI Legislatura es uno de los ejemplos más visibles y más dinámicos de la democracia mexicana. Es una Cámara a la que bien podemos referir el pensamiento del Jefe de la Revolución, ciudadano Gustavo Díaz Ordaz:`... Perseguiremos la unidad nacional, como norma inquebrantable de gobierno; por la unidad nacional no es uniformidad de pensamiento ni unanimidad de conducta, sino que resulta de la conservación de la propia personalidad, de la rica mezcla de todos los pensamientos aun de sus extremos matices, dentro de un libre debate de las ideas, que se convierten en una sola concepción de lo que es patria...`

"Por eso, porque unidad no es uniformidad, resulta explicable que frente a una de las decisiones legislativas de la Camara de Diputados, la que se propuso reformar el artículo 59 de la Constitución de la República, se haya suscitado un debate -saludable en sí mismo- a tráves del cual se manifestaron dos corrientes de opinión discrepantes. Los diputados miembros del PRI votamos en favor de la reforma porque la estimamos como un complemento necesario de aquella otra que permitió la integración de la Cámara con una vigorosa representación de todas las corrientes políticas del país, a través de los diputados de partido.

"La Reforma aprobada no implica modificación substancial en nuestro orden constitucional, pues su propósito no es implantar la reelección de los diputados al Congreso de la Unión, sino tan sólo reglamentar sencillamente con una nueva modalidad la reelección que existe en México en esta materia desde 1824 hasta la fecha.

"Hemos tomado nota, con el más profundo respeto y el más sereno espíritu de comprensión, de la opinión emitida por nuestro Partido. "Al mismo tiempo, por el respeto inquebrantable que nos merece el orden constitucional y nuestras convicciones, los diputados nos hemos abstenido de suscribir el documento que acaba de leer el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de nuestro Partido. "La decisión de la Cámara fue tomada conforme a derecho, por una asamblea libre y soberana y en ejercicio de una función constitucional. Tiene, por tanto, dicha decisión, una jerarquía jurídica que no puede transgredirse ni desvirtuarse por nosotros mismos que la tomamos.

Antecedente Históricos. Las Comisiones que suscriben estiman pertinente hacer algunas consideraciones respecto de una serie de juicios de carácter histórico que fueron vertidos por quienes atacaron el proyecto de reforma constitucional, pues siempre será útil esclarecer estos puntos. Procederemos en orden cronológico. Materia de especial comentario, entre quienes censuraron de modo inconsulto la modificación al artículo 59, fue la relativa al pensamiento y a la actitud del Generalísimo José María Morelos y Pavón ante la reelección de los diputados. Se invocó la Constitución de Apatzingán como supuesta prueba concluyente de que el prócer de la Independencia fue lo contrario a la reelección de los diputados. Es cierto que la Carta de Apatzingán prohibía la reelección continua de los representantes populares, pronunciándose por el sistema de reelección alterna que rige en la actualidad, pero en cambio el Reglamento para la reunión del Congreso de Chilpancingo, escrito y firmado de su puño y letra por Morelos, y expedido por él mismo el 11 de septiembre de 1813, autoriza expresamente la reelección indefinida de los diputados en su artículo 29, que dice así:

"No podrá ningún representante durar más de cuatro años en su empleo a no ser por reelección de su provincia, hecha como ahora por parroquias, citada la convocatoria cuatro meses antes y presidida su elección por el Presidente del Congreso que entonces fuere."

La contradicción que surge aquí entre lo establecido por la "Constitución de Apatzingán y el Reglamento de 1813 no es insalvable como pudiera parecer. La cuetión puede plantearse en estos términos: ¿En cuál de los dos documroentos de halla fielmente reflejado el pensamiento de Morelos? La respuesta, a juicio de estas Comisiones, no admite dudas. Es en el Reglamento donde el ideario de Morelos se manifiesta con mayor autenticidad, pues fue fruto personal y directo de su concepción acerca de lo que debía ser el Congreso, y el modo de integrarse. Tan es así que dicho documento surgió de su puño y letra, cuando el prócer se hallaba personalmente empeñado en la convocatoria y reunión de lo que sería la Asamblea Legislatura de la Insurgencia. Por contraste sería muy difícil establecer en qué grado y extensión Morelos fue participante en la redacción de la Carta de Apatzingán, en la que el artículo relativo a la reelección de los diputados está casi literalmente copiado de la Constitución de Cádiz. Fueron varios los jefes insurgentes que participaron en la formulación de esta Constitución, y aunque Morelos la inspiró, aceptó y sancionó, no obstante que significaba un embarazo para sus campañas militares, no se dispone de ningún dato fehaciente que permita considerar como definitiva y determinante su influencia en la redacción de tal precepto, como sí en cambio lo hay para sostener que el Reglamento, con su precepto reeleccionista, fue obra personal suya. Aún más; la circunstancia de que Morelos haya tenido que salir de Michoacán con la sola compañía de su escolta personal, después de sus trágicas derrotas en la Valladolid y y Puruarán, en los meses previos a la Jura de la Constitución, induce a pensar que no dispuso del tiempo suficiente para cuidar que todas sus ideas personales se consignaran en el Decreto de Apatzingán. Por otra parte, no es posible suponer que el pensamiento de Morelos haya podido variar tan radicalmente entre la fecha de expedición del Reglamento y de la Constitución . En consecuencia, puede afirmarse, categóricamente, que Morelos sí fue partidario de la reelección indefinida de los diputados.

No obstante que los ideólogos de la independencia se vieron fuertemente influidos, en materia legislativa, por la Constitución Española de 1812 que prohibía la reelección continua de los diputados y sólo aceptaba la alterna , se apartaron de está para establecer de modo expreso y categórico la reelección continua de los legisladores.

En el Acta de Casa Mata, bandera y plan de acción de las fuerzas que determinaron en el orden militar

la caída del Emperador Iturbide, figura un artículo, el tercero, en que se proponía la reelección de aquellos diputados que habiendo figurado en el Primer Congreso Constituyente, disuelto por el Emperador, se hiciesen acreedores a volver a figurar en el que nuevamente se reuniría. Dicho precepto dice así:

"Respecto a que entre los señores diputados que formaron el extinguido Congreso, hubo algunos que por sus ideas liberales y firmeza de carácter se hicieron acreedores al aprecio público, al paso que otros no correspondieron debidamente a la confianza que en ellos se depósito, tendrán las Povincias la libre facultad de reelegir (a) los primero y substituir (a) los segundos con sujetos más idóneos para el desempeño se sus arduas obligaciones."

Este artículo fue firmemente sostenido por los miembros del Supremo Poder Ejecutivo, generales Nicólas Bravo, Guadalupe Victoria y Pedro Celestino Negrete quienes en abril de 1823 dictaron una disposición para que los diputados pudieran reelegirse. De esa manera volvieron al Congreso, acogiéndose a la reelección de los ilustres liberales Miguel Ramos Arizpe, Fray Servando Tresa de Mier, Carlos María Bustamante, Valentín Gómez Farías , Padre de la Constitución de 1857 y otros, sin cuyo concurso el nuevo Congreso no hubiera hecho quizá, con el sentido que tuvo, la magna obra de la Primera Constitución Federal, la de 1824.

El Co ngreso Constituyente de 1823-24 estableció el sistema de reelección indefinida de los diputados, y no por simple omisión como suele afirmarse, sino mediante concreto y expreso tratamiento del tema. Cuando era visible en esa Asamblea la tendencia en favor de la reelección continua los diputados Miguel Guridi y Alcocer, Tomás Vargas, José Miguel Gordoa y José de Jesús Huerta presentaron un proyecto de artículo por el que sólo se establecía la reelección alterna, concebido en estos términos: 'Los diputados y senadores no pueden ser elegidos para ninguno de estos encargos hasta despúes de cuatro años de haber cesado en sus funciones.' La Comisión de Constitución, integrada por los diputados Miguel Ramos Arizpe, Manuel Crescencio Rejón, creador del Juicio de Amparo, Alejandro Carpio, Manuel Argüelles y José María Becerra, a la que se turnó la iniciativa, no dio muestras de estar dispuesta a dictaminar. Por este motivo, en la sesión del 24 de Julio de 1824, Guridi y Alcocer lo instó a que lo hiciera. El 28 del mismo mes, para poner fin de una vez por todas a esa duda, la Comisión emitió el siguiente dictamen, aprobado en la sesión del 3 de agosto siguiente por absoluta mayoría de votos: 'La Comisión de Constitución, antes de presentar al Congreso su proyecto de ley fundamental, examinó con la debida circunspección y más maduro detenimiento, la importante cuestión de la reelegibilidad de los diputados y senadores y habiendo encontrado gravísimos inconvenientes en que se prohibiese la reelección, se abstuvo de referir ésta en el número de las restricciones que aparecen en el proyecto. Su silencio en esta parte acredita su modo de pensar, pero ya que se le obliga a manifestar su opinión en este punto, tiene el honor de presentar a la deliberación del Congreso la siguiente proposición:

'4o Que no admitan más restricciones para la elegibilidad de los diputados y senadores de las que constan en los artículos constitucionales expedidos para la elección de los individuos de que ha de componerse el futuro Congreso. Sala de Comisiones, 28 de julio de 1824:-Arizpe.-Vargas.-Argüelles.-Becerra.- Carpio.-Rejón.-Rúbricas.'

Los antecedentes a que se ha hecho referencia ponen de manifiesto, sin lugar a duda, el pensamiento o la ratio, para emplear un término jurídico, que ha inspirado a todas las asambleas constituyentes a partir de 1924. Con efecto, se ha afirmado, maliciosamente, sin que las Comisiones que suscriben puedan afirmar que por ignorancia o por olvido, que esta Cámara de Diputados pasó por alto que el régimen constitucional mexicano, al no permitir expresamente la reelección continua de los diputados, tácitamente la rechazó. Pero quienes tal cosa afirman, olvidaron o fingen ignorar el principio general de derecho que establece que lo que no está prohibido está permitido, y ello evidencia el propósito de la asamblea constituyente de 1824, cuya Comisión de Constitución dejó claramente establecido cuál fue su idea al no prohibir en forma expresa la reelección indefinida de los diputados.

Si, pues, es dable estimar que precisamente la asamblea de 1824 es el punto de arranque de nuestra tradición constitucional, resulta inconcuso que las subsecuentes asambleas constituyentes así como los ordenamientos jurídicos que de ellas emanaron inspirados en aquéllas, mantuvieron dicha tradición consistente en no considerar necesaria la autorización expresa de la reelección continua por juzgar que ella quedaba autorizada en forma implícita al no prohibírsela literalmente, en atención al principio general de derecho ya enunciado.

El Congreso Constituyente de 1916-17 se mantuvo dentro del marco tradicional referido. No es posible concebir que quienes, como fueron los diputados constituyentes de ese año, al hacer una profunda revisión de los antecedentes constitucionales, históricos y políticos, para introducir las reformas que juzgaron necesarias conforme al ideario de la Revolución triunfante, y que habían recogido la bandera de la no reelección enarbolada por Madero en 1910, hubiesen pasado por alto una cuestión tan delicada y trascendente para la vida política del país como es la de la reelección de los legisladores.

Es obvio, en consecuencia, que los constituyentes de 1916-17 deliberadamente y convencidos de la bondad del sistema, mantuvieron la tradición y tampoco juzgaron necesaria una autorización expresa de la reelección indefinida. Aún más: el hecho de que varios de aquellos legisladores se hubiesen reelegido como diputados o senadores varias veces, demuestra no sólo que conocían el espíritu de la ley, sino que personalmente pusieron en práctica el sistema, acogidos a su bondad. La Convención de PNR. en Aguascalientes. El sistema por tanto tiempo observado de reelección indefinida de los diputados, no sufren modificación alguna sino hasta el año de 1932, cuando el P.N.R. convoca a una convención extraordinaria para celebrarse en la ciudad de Aguascalientes, con el fin de planear una reforma legislativa tendiente no a prohibir la reelección de los representantes populares, sino a establecer en forma alterna.

Estas Comisiones han tenido a la vista la Memoria de esa Convención y pueden afirmar al ponerse a discusión la no reelección continua de los diputados ho hubo absolutamente ningún debate sobre ese

punto concreto. Conviene precisar tal circustancia para la mejor y mayor comprensión del problema que nos ocupa.

En los primero debates de la Convención, la nota dominante fue la ponencia presentada por la Delegación de Veracruz y sostenida de manera particular por el Delegado Carlos Darío Ojeda para que en lugar de abordarse el tema de la no reelección, se tratara el de una revisión del programa del Partido, en atención a que en aquel momento las clases trabajadoras del país, agobiadas por una crítica situación económica, reclamaban nuevas soluciones a sus problemas, más que reformas de carácter electoral. En ese ambiente se desarrolló la asamblea.

Durante la sesión vespertina del 31 de octubre de 1932, cuando se puso a debate el punto quinto del Dictamen, referente a la no reelección continua, nadie trató concretamente este punto. Las intervenciones registradas fueron las siguientes:

El senador Emiliano Corella presentó un voto particular, apoyado por el licenciado Aarón Sáenz, para el solo efecto de proponer que los senadores que hubiesen estado en ejercicio no pudieran ser electos diputados en el siguiente período.

Por su parte, el licenciado Praxedis Balboa se pronunció contra el voto particular, habiendo sostenido la tesis contraria al senador Corella, provocando el repudio de la mayoría de la Asamblea y gritos que afirmaban que el paso de un representante de una Cámara a otra sí constituye reelección de un legislador.

El Delegado Manuel Jasso, de Veracruz, solicitó la prohibición de que un diputado local pudiera ser electo diputado Federal y viceversa.

El C. Homero Acosta, de San Luis Potosí, pidió que en lugar de tratarse la no reelección se atendiera el problema del reparto de tierras.

Nabor Ojeda, Delegado por Guerrero, criticó duramente que algunos políticos pasaran constantemente de una Cámara a otra. Afirmó textualmente: 'Para nosotros, los antireeleccionistas del Congreso de Legislatura de ayer, cosnsiste en que de senador se va a diputado y de diputado a senador y el mismo círculo vicioso, compañeros, porque el que es diputado tiene facilidad para ser electo senador (voces: si es popular, sí y si no, no), y el senador para ser electo diputado.

En ninguna otra intervención se abordó, ya fuese con razones en pro o en contra, el asunto concreto de la reelección de los diputados.

El Debate en la Cámara de Diputados en 1932. En la Cámara de Diputados, al presentarse como iniciativa de Ley la ponencia aprobada en la Convención del PNR, tampoco se debatió a fondo el tema de la no reelección continua de los diputados. En la sesión del 14 de diciembre de 1932, según consta en el Diario de los Debates, al someterse a discusión en lo general la iniciativa, el punto concreto que nos ocupa fue tratado brevísima y superficialmente, a base más bien de expresiones líricas que de un análisis histórico, jurídico o político. El diputado Ezequiel Padilla, uno de los oradores en esa jornada, se dedicó a impugnar la ampliación de los períodos constitucionales de los diputados y senadores , y aunque estuvo de acuerdo, en principio, en la no reelección continua de los diputados, expresó que la reforma a punto de aprobarse era 'un sacrificio hecho a la doctrina constitucional, que sería transitorio, porque no es posible violar perennemente lo que es esencia de sabiduría constitucional`. Reveló que el diputado Carlos Darío Ojeda se le había acercado para decirle: 'que había una indiferencia perfecta para esto que estamos ahora tratando, sobre la reforma antireeleccionista'.

Otro de los oradores, el diputado Gonzalo Bautista, inscrito en contra del dictamen, sostuvo como argumento toral que la reforma antireeleccionista disminuiría la fuerza del Poder Legislativo y que se impedía entonces la reelección de sus miembros, en el futuro de la opinión pública, imbuida del criterio que animaba a los autores de la reforma, acabaría por probar la desaparición del Poder Legislativo. El resto de las intervenciones versó sobre otros aspectos de la iniciativa ajenos al muy concreto de la reelección continua de los diputados.

En la sesión del 15 de diciembre de 1932, al discutirse en lo particular el artículo 59, en el que se establecía que los senadores y diputados al Congreso de la Unión no podrán ser reelectos para el período inmediato, no hubo absolutamente ninguna discusión acerca de la reelección de los diputados y, por lo tanto, no se adujo ningún argumento que fundara la proposición originada en la Convención del PNR y consumada después constitucionalemente. Soló se registró la propuesta del diputado Guillermo Rodríguez para que se adicionara el artículo 59 con un párrafo por el que se prohibía que los diputados locales en ejercicio pudieran ser electos diputados federales.

Las suscritas Comisiones, como antes se dijo, han deseado recordar estos hechos para aclarar una serie de juicios que fueron vertidos durante el receso constitucional acerca de las circustancias en que fue aprobada la reforma del año de 1932.

No desean las Comisiones concluir esta parte de su dictamen sin señalar la opinión del licenciado Francisco Javier Gaxiola Jr., quien fue secretario particular del general Abelardo L. Rodríguez, bajo cuyo mandato presidencial se aprobó la ya citada reforma constitucional. El juicio que vamos a transcribir tiene especial significado porque es perfectamente sabido que el señor licenciado Gaxiola, autor de un ensayo sobre el régimen presidencial del general Rodríguez, tradujo el pensamiento de éste en torno a las grandes cuestiones nacionales que le tocó abordar desde el poder.

Dice así la opinión del licenciado Gaxiola: 'En lo que toca a la integración de las Cámaras, la Convención de Aguascalientes tuvo que transiguir con la rigidez de su criterio y, en mi concepto, si hubiera habido más decisión política y más valor para las determinaciones, no habrían sido necesarias las diferencias que se establecieron en la reforma constitucional, porque nada hay que justifique una limitación para la reelección de los miembros del Congreso, ni siquiera una pretendida independencia de criterio frente al Ejecutivo.`

El Dictamen del Senado. El H. Senado de la República votó el acuerdo en el sentido de que la reforma al artículo 59 de la Constitución Federal no es de aprobarse y, por tanto, dicho precepto debe mantenerse en su actual redacción.

Los fundamentos de tal resolución no afectan en modo alguno las bases históricas, jurídicas y políticas que la Cámara de Diputados tomó en cuanta en favor de la reforma propuesta, pues en el dictamen aprobado por la Colegisladora se plantea tan soló una discrepancia de criterio. En efecto, la H. Cámara de Senadores, sin entrar al examen de los antecedentes histórico-constitucionales, fijó su atención en lo que, a su juicio, es la cuestión esencial: si los propósitos de la iniciativa requiere para llevarse a cabo, una reforma constitucional, o bien, si dichos objetivos pueden realizarse dentro del marco de la Constitución vigente.

Empieza la Colegisladora por precisar las cuatro finalidades de la Cámara de Diputados se propuso alcanzar mediante la sustitución del sistema de la reelección alterna por la modalidad de dos períodos sucesivos y uno intermedio. Dichas finalidades son: el fortalecimiento del Poder Legislativo, el logro de bases más sólidas para el equilibrio de los tres Poderes de la Unión, el mejoramiento de los cuadros legislativos y el perfeccionamiento de las normas de coordinación entre ambas Cámaras.

El dictamen relativo analiza cada uno de esos objetivos, desde el punto de vista del actual funcionamiento del Poder Legislativo, dentro del cuadro normativo constitucional vigente y con la perspectiva de las circustancias y condiciones políticas del momento. Tanto en el análisis parcial, como en los aspectos generales, la conclusión, según la Colegisladora, es la misma y una sola: que las finalidades y propósitos que impulsaron a la Cámara de Diputados a promover la reforma, son posibles sin necesidad de introducir cambio alguno a la Constitución, pues ésta contiene 'en su conjunto y especifícamente en varios de sus preceptos, los medios jurídicos, de bien probada eficacia, para alcanzar dichos objetivos en la actual etapa el desarrollo cívico del país`.

Ahora bien, estas Comisiones consideran de su deber señalar un hecho positivo: que en el dictamen aprobado por el H. Senado de la República se encuentra un reconocimiento expreso de que la Cámara de Diputados obró con el exclusivo propósito de promover un avance cívico y político y con el insospechable afán de acrecentar la dignidad y la autoridad moral del Poder Legislativo. Más aún, la Colegisladora califica de plausibles esos propósitos y manifiesta su conformidad en que ellos son necesarios en la actual hora de México.

Deben estas Comisiones, sin embargo, lamentar que la discrepancia de criterio que movió a la Cámara de Senadores a rechazar la reforma propuesta, sea de tal naturaleza que pueda, en sí misma, frustrar los empeños de mejoramiento democrático que ambas Cámaras compartimos.

En efecto, estas Comisiones siguen sosteniendo el criterio de que la reforma al Artículo 59 constitucional es no sólo necesaria, sino indispensable. De 1933 a la fecha han transcurrido más de 30 años en los que el avance cívico de la nación, la instauración y consolidación de un régimen de partidos y el desarrollo general del país, no hubieran sido por sí solos factores suficientes para alcanzar el grado de adelanto democrático que ahora se observa; fue necesaria una reforma constitucional que recogió los requerimientos de la realidad y la demanda de los partidos, la del Artículo 54 que creó la representación de los diputados de partido, para que ese adelanto cristalizara en una acción positiva y en hechos reales y concretos. Si en el caso de aquella reforma hubiera imperado el criterio de que el avance democrático era posible 'en el marco de la Constitución vigente', esta sería la hora en que la representación de todos los partidos en la Cámara de Diputados aún sería una mera posibilidad, si no es que una simple especulación en el campo de la teoría política.

Esta reforma, que opera ya con frutos positivos, debe complementarse con otra que establezca bases más sólidas y adecuadas para la integración de la Cámara de Diputados y dé mayor vigencia política a su actividad.

Estamos de acuerdo en que el desarrollo democrático obedece a factores diverso y complejos, íntimamente ligados con la evolución de la sociedad, y que, en esta virtud, una sola reforma, por importante que sea, no es suficiente para estructurar por sí sola la democracia. Pero al desarrollo y a la evolución hay que liberarlas de obstáculos y está es también función de las reformas jurídicas; porque el papel del Derecho es doble: por un lado es impulso, por el otro freno.

Si el avance democrático se ha de producir como consecuencia de factores sociales y no estrictamente jurídicos, liberemos a ese avance de ataduras que lo retardan o lo inmovilizan. Que nuestra Constitución sea impulso y no freno.

Sin embargo, estas comisiones entienden que la resolución tomada por la Cámara de Senadores obedece a una concepción jurídica y a un criterio político que discrepan profundamente de nuestro punto de vista acerca de la misión del derecho; por ello y porque hay datos suficientes para pensar que esa concepción y ese criterio son definitivos, consideramos que, por el momento, ha desaparecido la posibilidad, de llevar adelante la reforma al Artículo 59 constitucional, toda vez la aprobación del H. Senado de la República es indispensable y dicho cuerpo colegiado ya se pronunció en contra.

En tal virtud, y no sin hacer algunas consideraciones finales, las Comisiones estiman que, dadas las condiciones actuales, la Honorable Cámara de Diputados debe archivar el proyecto relativo.

La historia nos enseña que nunca las reformas sociales y los avances políticos se han realizado sin tener que vencer la oposición de algunos y la incomprensión de otros; que muchas de las instituciones que ahora parecen incontrovertibles, se frustraron en los primeros intentos y sólo la evolución constante y el devenir histórico les permitió cristalizar: el voto universal y directo, inasequible para que el pueblo en 1857, hubo de esperar casi cincuenta años para ser consagrado constitucionalmente; la Reforma Agraria provocó cruentas luchas y graves inquietudes; la legislación laboral y más recientemente el reparto de utilidades, dieron pábulo a serias controversias y a una sorda oposición; el establecimiento del Seguro Social despertó una agitación que dio lugar a no pocos hechos sangrientos; el derecho de voto que iguala civícamente a la mujer sacudió al país y sus impugnadores no fueron escasos; el libro de texto gratuito fue objeto de ataques que no por infundados dejaron de ser reales; y la reciente Reforma Electoral que permitió la integración de la Cámara con

los diputados del partido, propició variadas especulaciones que tergiversaron sus propósitos. Hoy, ya nadie discute las bondades de ninguna de estas instituciones. Del mismo modo, cualquiera que sea el destino inmediato de la Reforma al Artículo 59 constitucional, sabemos que más tarde o más temprano los requerimientos de nuestra evolución política la harán cristalizar.

Por ahora, nos basta con haber propiciado una investigación seria acerca de esta cuestión y haber contribuido a ella con datos y razonamientos jurídicos que ponen de relieve la fundamentación de la reforma propuesta, que es irreprochable desde el punto de vista histórico-constitucional. Ello, sin lugar a dudas servirá para que, en el futuro, cuando la realidad democrática de México marque la hora oportuna y hayan desaparecido los perjuicios políticos que ahora obraron como factores circustanciales, otros hombres encuentren desbrozado el camino. Entonces, dándole la razón a quien la tenga, la historia dirá la última palabra (Aplausos nutridos. Se ponen de pie todos los CC. diputados).

En resumen, pueden precisarse en relación con este asunto las siguientes conclusiones:

Primera. La iniciativa presentada por los diputados del Partido Popular Socialista fue rechazada, por razones de técnica legislativa y por haber prevalecido el criterio de que la reforma debía constreñirse a la reelección de diputados limitada a dos períodos sucesivos y no la reelección irrestricta que se proponía.

Segunda. Durante el debate, los diputados del Partido Acción Nacional propusieron la derogración del artículo 59 constitucional, para volver al texto original de la Constitución de 1917, restableciendo así la reelección ilimitada de los diputados y senadores; proposición que fue también rechazada.

Tercera. La reforma aprobada no significaba una innovación substancial ni una modificación de fondo al principio de la reelección de los diputados, que ha existido y que existe en nuestro régimen constitucional desde 1824 hasta la fecha. Implicaba simplemente una modalidad del sistema de reelección alterna actualmente en vigor.

Cuarta. Tanto en el dictamen como en los discursos pronunciados durante el debate relativo en esta Cámara de Diputados, se subrayó repetidamente que la reforma propuesta no tenía relación alguna con el principio de no reelección del titular del Poder Ejecutivo; por el contrario, categóricamente se reafirmó por los cuatro partidos nacionales representados en la Cámara, que dicho principio es y debe permanecer intocable.

Quinta. No obstante la claridad del dictamen y la presición con que se señalaron los objetivos de avance democrático que se perseguían con la reforma, en el debate fuera de la Cámara, unas veces por desconocimiento y otras por notoria mala fe, se deformaron dichos objetivos y se atribuyen a la Cámara de Diputados propósitos que no corresponden a la realidad.

Sexta. Muchos de los que opinaron en torno a esta cuestión, ignoraron deliberadamente los fundamentos del dictamen y otros usaron la calumnia y la unjuria.

Séptima. Sin excepción, todos los que opinaron expusieron sus puntos de vista tardíamente, ya que nadie los dio a conocer durante el lapso de 77 días que medió entre la presentación de la iniciativa y la aprobación del dictamen respectivo, como hubiera sido deseable.

Octava. Todos los partidos políticos nacionales, PAN, PPS, PARM y PRI, manifestaron públicamente que la reforma no vulneraba ningún principio fundamental de nuestra estructura constitucional ni de la Revolución Mexicana. El Presidente del PRI dejó constancia del 'interés patriótico con que los diputados de todos los partidos abordaron las reformas al artículo 59 de la Constitución` y de que 'no puede ni debe haber ninguna duda de que obraron con profundo respeto a su dignidad de representantes de la nación'.

Novena. Durante el lapso en que este asunto concentró el interés de la opinión pública, no se esgrimió ningún argumento histórico o jurídico que demostrara la improcedencia de la reforma.

Décima. Ante la versión insidiosa de que la reforma aprobada por la Cámara de Diputados tendía a crear las condiciones para abrir paso a la reelección del titular del Poder Ejecutivo, el Presidente Díaz Ordaz, a tráves de dos voceros autorizados, reiteró en forma terminante su inalterable convicción antireeleccionista referida al Poder Ejecutivo. Con ello quedó demostrado, una vez más, que no existe relación alguna entre una y otra cuestiones.

Onzava. En su dictamen, el H. Senado de la República tampoco expone ningún argumento de fondo en contra de la reforma. Al pronunciarse en el sentido de que no es de aprobarse, se fundó en una discrepancia de criterio jurídico, cosistente en que, en su opinión, la finalidad de avance democrático que se perseguía por parte de la Cámara de Diputados, puede realizarse en el marco de la Constitución vigente.

Dozava. No obstante lo anterior, la Colegisladora reconoce expresamente que la Cámara de Diputados obró con el propósito de acrecentar la dignidad y la autoridad del Poder Legislativo y promover un mayor avance político y social, lo que califica como necesario y plausible.

Trezava. Tomando en cuenta que, de acuerdo con nuestro sistema constitucional, para llevar adelante una reforma es indispensable la aprobación de la Colegisladora, y toda vez que ésta, en el caso concreto, ha expresado una opinión adversa, que puede estimarse cono definitiva, estas Comisiones consideran que resultaría ocioso insistir en la reforma que nos ocupa, a pesar de su plena convicción de que los fundamentos que la inspiraron tiene absoluta validez.

Catorzava. Para subrayar aún más la deformación que se hizo de este asunto, basta con señalar que, aunque la reforma propuesta no habrá de llegar a consumarse por ahora, seguirá habiendo en nuestro país reelección de diputados, dentro de la periodicidad alterna que establece la Constitución vigente. Quinzava. El estudio realizado sobre esta materia constitucional queda como una contribución de esta Cámara de Diputados para un Futuro en que sin perjuicios políticos pueda alcanzar un mayor perfeccionaminento de nuestro sistema democrático. Por lo expuesto, las Comisiones que suscriben se permiten someter a la consideración de esta honorable Asamblea, el siguiente punto de

Acuerdo: Unico. Archívese el expediente que contiene el proyecto de reforma al artículo 59 de la Constitución Federal.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. México, D. F., a 12 de octubre de 1965.-Primera Comisión de Puntos Constitucionales: Alfonso Martínez Domínguez.-Enrique González Vargas.- Miguel Covián Pérez.-Constancio. Hernández. Allende.- Abraham Aguilar Paniagua.-Segunda Comisión de Gobernación: Manuel Gurría Ordóñez.- Adolfo Christlieb Ibarrola.- Salvador Rodríguez Leija.-Enrique Bautista Adame." Primera Lectura e imprímase. (Aplausos. Se ponen en pie todos los CC. diputados.) -El C. Christlieb Ibarrola, Adolfo: Pido la palabra para leer el voto particular.

El C. Presidente: Se concede el uso de la palabra al señor diputado Christlieb Ibarrola.

-El C. Christlieb Ibarrola, Adolfo:

"H. Cámara de Diputados:

Por no estar de acuerdo con el dictamen rendido por la Primera Comisión de Puntos Constitucionales y por la mayoría de la Segunda Comisión de Gobernación, en el expediente remitido por la Cámara de Senadores, relativo a la reforma al artículo 59 de la Constitución, aprobada por esta Cámara el 30 de diciembre de 1964, formulo el voto particular que pongo a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados:

1. Por limitaciones de carácter constitucional, me veo impedido para insistir en la proposición de la mayoría de los diputados de Acción Nacional, formulada en esta Cámara el 30 de diciembre de 1964, para que se derogara el artículo 59 de la Constitución, con objeto de volver al sistema tradicional en nuestro derecho, recogido originalmente por la Constitución de 1917, que permitía la reelección indefinida de diputados y senadores.

En efecto: la proposición por la cual voté entonces, fue rechazada por esta Cámara, que por mayoría aprobó el texto siguiente para el citado artículo 59:

'Artículo 59. Los Senadores no podrán ser reelectos para un período inmediato. Los Diputados al Congreso de la Unión no podrán ser electos para un tercer período consecutivo. Los Senadores y Diputados suplentes podrán ser electos con el carácter de propietarios, siempre que no hubieren estado en ejercicio; pero los Senadores y Diputados propietarios no podrán ser reelectos con el carácter de suplentes. Estas normas se aplicarán conforme a lo dispuesto en el párrafo primero de este artículo.' Rechazado el proyecto por el Senado de la República y devuelto a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72, inciso d), de la Constitución soló el texto originalmente aprobado y las observaciones presentadas por la Colegisladora, pueden ser materia de dictamen o discusión. Es esta la razón que hoy me impide insistir en un punto de vista, que es producto de la convicción firme que mantengo, de que la reelección de los miembros del Congreso -diputados y Senadores- mediante procedimientos electorales que tenemos todos el interés y la obligación de limpiar y perfeccionar, será para bien de México y del Congreso de la Unión. Estando conforme en lo general con la exposición de hechos y con la mayor parte de las consideraciones contenidas en el Dictamen, no lo estoy en el Acuerdo que se propone como conclusión. La razón fundamental de mi discrepancia, la formulo breve y categóricamente: el acuerdo entraña una incongruencia con el cuerpo mismo del dictamen.

Si las Comisiones siguen sosteniendo el criterio de que 'la reforma al artículo 59 es no sólo necesaria, sino indispensable`; si deben lamentar que la discrepancia de criterio que movió a la Cámara de Senadores a rechazar la reforma propuesta 'sea de tal naturaleza que pueda, en sí misma frustar los empeños de mejoramiento democrático que -a juicio de los autores del dictamen- ambas Cámaras comparten`; si llegan a firmar que 'la Colegisladora califica de plausible esos propósitos` (promover el avance cívico y político y acrecentar la dignidad y autoridad moral del Poder Legislativo) y manifiestan su conformidad en que ellos 'son necesarios en la actual hora de México `, si, en fin, la mayoría en las Comisiones mantiene la opinión de que la reforma votada por esta Cámara el 30 de diciembre de 1964 es razonable y fundada, no puedo concluir con el dictamen, porque no veo la razón por la que esta misma Cámara deba acordar el archivo del expediente relativo a al reforma, sin agotar el procedimiento que establece la Constitución, asumiendo así una responsabilidad política que no le corresponde. Considero que la responsabilidad por el rechazo de la reforma, debe recaer plena y exclusivamente sobre quienes en el seno del Congreso de la Unión, se negaron siquiera a discutir o comentar el proyecto de la Cámara, o el Dictamen formulado por las Comisiones del Senado, aceptado con displicente silencio en dicha Cámara, siguiendo un procedimiento análogo al que el Senado mismo siguió en noviembre de 1926 al aprobar sin discusión y con dispensa de trámites la reelección presidencial; o el procedimiento que también aceptó el Senado para aprobar en 1932, sin discusión y con dispensa de trámites, las reformas que estatuyeron la renovación total del Senado, la reelección alterna de diputados y senadores y la no reelección presidencial. Esta Cámara de Diputados de la XLVI Legislatura no tiene por qué, aunque el Dictamen aduzca que 'hay datos suficientes para pensar que la posición del Senado es definitiva', cargar con una responsabilidad histórica y política que en modo alguno nos corresponde.

No se trata simplemente de seguir o no un procedimiento constitucional cuya ineficacia prevé el Dictamen. No es esta una simple cuestión de táctica parlamentaria o de económia procesal; ni siquiera de prudencia política. Se trata aquí de decidir la reestructuración de nuestras instituciones legislativa; se trata pues de una cuestión cuya tracendecia debe sostenerse ante la opinión pública de hoy, porque la razón asiste a la Cámara. No es suficiente remitirse al juicio de la historia, que habrá de dictarse aun cuando no lo invoquemos; tampoco es cuestión de conformarse con aportar datos , informaciones y juicios para que dispongan de ellos quienes mañana se interesen por el tema. Si la opinión pública ha sido mal informada o deformada deliberadamente -en lo que estoy conforme con el Dictamen- la Cámara

debe insistir dentro del procedimiento que previene la Constitución, que no sólo es jurídico, sino político, sosteniendo su razón.

La Cámara debe asumir su función orientadora de la opinión pública, aun a riesgo de recibir críticas injustificadas y hasta violentas por su actuación política. Es esta la contrapartida del fuero constitucional de que gozamos. Por mi parte, creo sinceramente que resultará difícil que la opinión pública dé a las motivaciones que pretende fundar el acuerdo, el alcance que se pretende, si por razones tácticas se archiva el proyecto. La Cámara de Diputados, ante el pueblo de México, ante una opinión pública mal orientada, aparecerá doblegada ante las críticas recibidas y ante las presiones sufridas, sin que pueda influir en contra las razones del Dictamen. Y entonces nos tocará presenciar la anticipación del juicio de la historia, que será pronto, adverso a la Cámara y favorable a sus gratuitos detractores

. La función de orientar a la opinión pública, que por ley corresponde a los partidos, que es propia de los diputados y que es inseparable de la función legislativa, exige que la Cámara agote el procedimiento constitucional por razones políticas.

La presencia en la Cámara de Diputados, de distintas corrientes políticas que coinciden en lo sustancial de una cuestión, debe tener algún valor para el pueblo de México. Si la Cámara de Diputados archiva el expediente, minimizará los efectos de este hecho político muy poco frecuente en México, con grave daño para sus futuras actividades. No consideramos pues, señores diputados, la reforma al artículo 59, como un tema al que el oportunismo de algunos, pueda haber hecho inoportuno ante la nación. La reforma es sobre materia relativa a la renovación de las instituciones parlamentarias, que la evolución política de México demanda. Si los partidos políticos todos, en la Cámara de Diputados, no representan ni fuerza política, mi expresan más opinión que la personal de sus integrantes -que así puede interpretarse la resolución de archivo popularmente- la Cámara habrá hecho un flaco servicio a su propia causa.

La conclusión lógica de toda la exposición contenida en el Dictamen es exactamente la contraria al acuerdo que propone. La Cámara de Diputados, consecuente con su criterio, que el dictamen mayoritario reconoce que no ha varidado; fiel a sus propósitos esenciales de auspiciar con la reforma del artículo 59 constitucional el mejoramiento de las condiciones legales que permitan un mayor desarrollo cívico-político y con una mayor respetabilidad y autoridad del Poder Legislativo de la Federación; firme en su argumentación política histórica y jurídica, y convencida de que en la hora actual de México 'sólo prejuicios y malentendidos puedan estimar que la reforma es inoportuna', debe acordar que manteniendo y enriqueciendo sus puntos de vista originales, en los términos y para los efectos de lo preceptuado por el artículo 72 inciso d) de la Constitución, el expediente sea devuelto al Senado de la República.

Por suficientes que puedan parecer los datos que se tengan para presumir que la Colegisladora no cambiará de criterio, de ningún modo esta presunción puede dar bases para que la Cámara de Diputados concluya la inutilidad de ejercer la facultad que le otorga la Constitución. Esta facultad, insisto, debe ejercer no sólo con el fin de agotar el procedimiento de iniciativa y formación de las leyes, sino con el fin de mantener una razón política, que es válida y es limpia.

Es evidente que desde este punto de vista, la facultad que conforme a la Constitución tiene la Cámara para devolver el proyecto al Senado, insistiendo en su opinión política estricta: la que tenemos de defender hasta lo último, por los medios legales, un proyecto de reforma constitucional cuya fundamentación mantenemos desde el triple punto de vista de la razón, de la historia y de la realidad actual y concreta.

Al proponer como acuerdo la reexpedición de la iniciativa al Senado, no quiero significar, en manera alguna, que la mayoría de los diputados de Acción Nacional ha modificado su opinión expresada en el sentido se que lo deseable es volver al sistema original de la Constitución de 1917, por lo que ve a la reelegibilidad de los miembros de ambas Cámaras del Congreso de la Unión. Significa simplemente y al afirmarlo expreso ahora la opinión de todos los diputados miembros de Acción Nacional que en el estado que guarda la cuestión, el único camino que queda abierto para una defensa decorosa de la razón que asiste a esta Cámara -aun cuando a nuestro juicio no haya sido reconocida totalmente en el proyecto aprobado- con el fin de dejar a salvo su responsabilidad, no sólo histórica sino política, consiste en agotar el procedimiento constitucional.

Conviene además dejar constancia nuevamente de que tal y como la diputación de Acción Nacional lo sostuvo durante el debate del proyecto de reforma, la del artículo 59 de la Constitución, debe complementarse con un proceso de mejoramiento del sistema electoral. Afortunadamente la mayoría de esta Cámara estuvo conforme entonces en que con reforma al artículo 59 o sin ella es necesaria y vital para el avance cívico y político del país, la revisión de nuestros sistemas electorales, para asegurar, cada vez más y cada vez mejor, la vigencia práctica e indiscutible del sufragio libre y respetado, objetivamente computado y sancionado, de los ciudadanos de México. Antes que la no reelección, limitada o irrestricta, alterna o inmediata, está el postulado básico de la Revolución: el sufragio efectivo.

Uno de los argumentos esgrimidos por algunos de los que con mejor o peor fortuna, con rectitud o sin ella, con conocimiento del problema o con lamentable y patente ignorancia de sus términos, expresaron su oposición a la reforma proyectada y aprobada por la mayoría de la Cámara, consistió en atribuir a sus integrantes un oculto propósito de personal interés, una censurable intención de perpetuarse en el cargo de representación que ahora ejercen.

Por mi parte, creo que la reforma del artículo 59 de la Constitución se votó en la Cámara, al margen de consideraciones de tipo electoral, tan precarias y endebles en nuestra realidad política. A la Cámara la movió un pensamiento en favor del Poder Legislativo, no en favor de sus diputados, ni menos en favor de sus actuales integrantes. Sin aceptar en modo alguno aquellas mezquinas imputaciones, en caso de rechazarse el Dictamen y aceptarse este voto particular, hemos de proponer a todos los miembros de esta Cámara que quieran

hacerlo, que sin distinción de Partidos, y previamente a que este expediente sea devuelto al Senado, suscriban y discutan una iniciativa mediante la cual se adicione la reforma en estudio, con un artículo transitorio que estatuya que el artículo 59 reformado de la Constitución Federal, en la forma y términos en que fue votado por la mayoría de esta Cámara, no entrará en vigor por lo que respecta a los diputados miembros de la XLVI Legislatura, sino mediando un período de tres años, después de fenecido su mandato.

Como consecuencia de las razones y antecedentes del Dictamen, y de las que se hacen valer en este voto, propongo a la Cámara que se vote el siguiente Acuerdo:

Primero. Se rechaza el Dictamen formulado por la Primera Comisión de Puntos Constitucionales y por la mayoría de la Segunda Comisión de Gobernación, recaído a las observaciones hechas por la Cámara de Senadores, sobre la reforma al artículo 59 de la Constitución, aprobada por esta Cámara el 30 de diciembre de 1964.

Segundo. Formúlese nuevo Dictamen que contenga las consideraciones del Dictamen rechazado, encaminadas a sostener la reforma al artículo 59 de la Constitución, aprobada por esta Cámara, adicionadas con las razones que para el mismo efecto se hacen valer en el voto particular.

Tercero. Aprobado que sea el nuevo Dictamen devuélvase al Senado de la República para los efectos del inciso d) del artículo 72 de la Constitución en el expediente que contiene el Proyecto de Reformas al artículo 59 de la Constitución, para que la Colegisladora lo tome en consideración, en vista de que esta Cámara de Diputados resuelve sostener la procedencia de dichas reformas.

Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, México, D.F., a 15 de octubre de mil novecientos sesenta y cinco.

Diputado licenciado, Adolfo Christlieb Ibarrola, Miembro de la Segunda Comisión de Gobernación."

Quiero agregar, solamente, señores diputados, que la mejor defensa del acuerdo que propongo estuvo en la lectura, tan poco secretarial, tan brillantemente parlamentaria, del dictamen, y en las consideraciones que contiene, hasta antes de la página 32 y de la conclusión 12.

Este voto particular ha merecido la adhesión de los diputados miembros de Acción Nacional, compañeros de delegación. Muchas gracias.

El C. Aguilar Paniagua, Abraham: Pido la palabra, señor Presidente.

El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado Aguilar Paniagua.

El C. Aguilar Paniagua, Abraham: Señor Presidente. Con base en el artículo 59 del Reglamento Interior del Congreso me permito solicitar se sirva someter a la consideración de los ciudadanos diputados presentes en esta asamblea se dispense la segunda lectura del dictamen que leyó la Secretaría, y del voto particular que ha presentado el diputado Christlieb Ibarrola, y se pase inmediatamente a discusión.

El C. Presidente: Sírvase la Secretaría consultar a la asamblea.

El C. secretario Hernández Gómez Tulio: Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a la asamblea si se aprueba la dispensa que propone el diputado Aguilar Paniagua. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Se dispensa la segunda lectura.

Están a discusión el dictamen y el voto particular sometido por el diputado Christlieb Ibarrola, a nombre de su partido.

El C. Christlieb Ibarrola, Adolfo: En vista de que se ha dispensado la segunda lectura pido que se acuerde que, junto con el dictamen que se ordenó imprimir, se imprima el voto particular.

El C. Presidente: Así se hará, señor diputado.

Se abre el registro de oradores.

Se han inscrito los siguientes oradores: diputados Juan Barragán, Vicente

Lombardo Toledano, Miguel Estrada Iturbide, Luis G. Olloqui y Enrique Ramírez y Ramírez.

Se concede la palabra al C. diputado Juan Barragán.

El C. Barragán Rodríguez, Juan: Señor Presidente, Honorable Asamblea:

"A nombre de los diputados de mi partido, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, integrado por los hombres que participamos en la etapa armada de nuestro movimiento social, quiero expresar, en esta tribuna, a propósito de la discusión de un dictamen por muchos motivos histórico, nuestra absoluta conformidad con las razones, argumentos y conclusiones del mismo. Pero, sobre todo, como participante que fui de la Revolución Mexicana, en la que me tocó la fortuna de actuar estrechamente ligado a uno de sus más grandes caudillos, el Jefe del Ejército Constitucionalista, don Venustiano Carranza, quiero también dejar constancia de que la reforma al artículo 59 de la Constitución, aprobada en diciembre pasado por la Cámara de Diputados, no solamente no vulnera ninguno de los principios y postulados de nuestra gran Revolución, sino que trató de acercarnos a la esencia del pensamiento de quienes plasmaron las aspiraciones del pueblo de México en la Constitución de 1917.

Así es, señores diputados, señores representantes de la prensa nacional, que yo que tuve oportunidad de vivir aquella etapa violenta y fecunda de nuestra historia al lado del señor Carranza, quien presentó ante el Congreso Constituyente el proyecto original de la Constitución que, en esta materia, fue aprobada sin discusión; puedo afirmar, con pleno conocimiento de causa, que es falsa, de toda falsedad, la afirmación de que la reforma aprobada por la Cámara de Diputados viola uno de los principios esenciales de la Revolución Mexicana. Ni los precursores, ni los caudillos, ni los ideólogos de la Revolución plantearon nunca, como postulado de nuestro movimiento social, la No Reelección de los Diputados. No hay un solo documento que pruebe lo contrario y sí hay, en cambio, un documento de fuerza probatoria incontrastable, que demuestra que el principio antirreeleccionista se planteó, exclusivamente, respecto del Poder Ejecutivo: la Constitución de 1917.

La Carta de Querétaro es, a no dudarlo, el documento jurídico y político que resume y contiene los principios esenciales de la Revolución Mexicana, y en ella quedó implícito el sistema de reelección indefinida e irrestricta para los miembros del Poder Legislativo. Quienes afirman que se 'se traicionaban los ideales de Madero y Carranza' no saben lo que dicen.

Si fueron antirreeleccionistas sinceros, desde 1917 se hubieran opuesto a que la Constitución permitiera la reelección indefinida de diputados y senadores; en 1933 se hubieran pronunciado en contra de la reelección alterna que está en vigor y, ahora mismo, sin titubeos, debieran pedir la prohibición absoluta de toda forma de reelección. Porque, como lo afirma el dictamen, si por ahora la reforma propuesta no habrá de prosperar, de todos modos seguirá habiendo en México reelección de diputados y senadores, dentro del sistema alterno que permite la Constitución actual.

Estamos, pues, plenamente de acuerdo con los hechos consignados en el dictamen que está a discusión; y estamos conformes también en que, por el momento, resultaría ocioso insistir en la reforma. Pero ella, más tarde o más temprano, tendrá que consumarse: porque la funda la razón jurídica, porque nos acerca al texto original de la Constitución de 1917, porque coincide con los principios de la Revolución Mexicana, y porque es necesaria para perfeccionar y consolidar la democracia del pueblo mexicano. Lo digo yo, testigo y actor de la Revolución Mexicana al lado de Venustiano Carranza.

Y, para terminar, honorable asamblea, no pretendo romper lo que se dice ahora: 'Unidad Revolucionaria'; pero, como reza el conocido refrán: 'Amigo Platón, pero más amiga la verdad' y. como hemos sido víctimas de ataques, insultos y críticas, de 'niños tetas' de la Revolución, de merolicos y de políticos acomodaticios, entre éstos, varios Diputados Constituyentes, que aún viven y otros actuales senadores, que aplaudieron la pretendida Reelección Presidencial, traicionando el sagrado postulado de la Revolución de 1910 y el que ellos mismos aprobaron en la Carta de Querétaro.

Voy a permitirme dar lectura a algunos conceptos de uno de los más destacados constituyentes, calificado de 'derecha' en el Constituyente; me refiero al ingeniero Félix J. Palavicini y que, sin embargo, sólo fue cuando se discutió el artículo tercero, porque sostenía el texto del mismo, en el proyecto de don Venustiano Carranza; en cambio, en los debates de los artículos básicos de la Carta de Querétaro, como fueron el 27 y el 123, fue de los más brillantes oradores. Pues bien; en una conferencia que dictó en el Ateneo Nacional de Ciencias y Artes, vertió estos conceptos, y como yo asistí, así como numerosos revolucionarios, lo felicité: 'La Revolución de ayer y hoy'.

La Revolución Mexicana no puede ser de hoy, fue de ayer. No hay, por lo tanto, revolucionarios de ayer y de hoy.

La Revolución Mexicana terminó el 5 de febrero de 1917, al promulgarse la Constitución vigente. ¿Cómo debe definirse, científicamente, una revolución?

'Revolución', en sociología, 'es un cambio violento de las instituciones fundamentales del Estado y de la sociedad, que produce el pueblo por la fuerza'. 'Revolución', en biología jurídica, 'es un espasmo social, es un movimiento convulsivo que se aparta de la normalidad'. 'Revolución', en mecánica social, 'es la más fuerte fuente de derecho, porque trasmite, desarraiga, cambia un estado social para convertirlo en otro estado jurídico'.

Cuando el Estado está enfermo, cuando ha desconocido los derechos naturales, cuando no sólo no escucha las advertencias del pueblo, sino que las acalla y las catapulta, entonces la revolución es una terapéutica. El pueblo recoge todos los mandatos, recobra toda su soberanía y la transmite a un nuevo orden de cosas, a un nuevo estado jurídico. De allí que la 'Constitución' de un pueblo no es sino la concreción de sus derechos lanzados por una revolución o, en otros términos: la Revolución Mexicana no existió, no triunfó, sino cuando se hizo Constitución. La Revolución no es un estado endémico; es un movimiento pasajero, violento, para cambiar los estados sociales por otros nuevos y no es una realidad efectiva, no es un hecho consumado, sino cuando se ha constituido.

Promulgada y puesta en vigor la Constitución de 1917 se comprende que la Revolución Mexicana había incorporado en ella todas sus aspiraciones gubernativas.

Los gobiernos que protestaron guardar y hacer guardar la Constitución Política del país no podían llamarse ya revolucionarios. Por lo tanto, hay que desechar la anticientífica y absurda clasificación 'revolucionarios de ayer y revolucionarios de hoy'.

Desde que entró en vigor la Constitución; esto es, desde que la Revolución se constituyó, hecha gobierno, no pueden titularse revolucionarios sino aquellos que no aceptan ese orden de cosas y se oponen a él; tales como los reaccionarios en la prensa y en el libro; tales como los cristeros con las armas en la mano; tales como los totalitarios, facistas y comunistas.

Revolucionarios - de la Revolución Mexicana - fueron los de ayer, que escribieron artículos, publicaron periódicos, sufrieron encarcelamientos, destierros o pérdidas de la vida.

Revolucionarios - de la Revolución Mexicana - fueron los de ayer, que desafiaron al dictador con las armas en la mano y escribieron con su sangre los postulados básicos de la Carta de Querétaro.

Revolucionarios - de la Revolución Mexicana - fueron los de ayer, los que desde el 20 de noviembre de 1910, se lanzaron a la lucha armada con escopetas, carabinas o machetes en la pelea de David contra Goliat.

Los caudillos o los apóstoles de una doctrina revolucionaria tienen, fatalmente, que recorrer su viacrucis y llegar a la crucifixión.

Para llamarse revolucionario, apóstol de una ideología, hay que lanzarse a la 'bola', combatir al régimen imperante, desafiar a los poderosos, a la prisión, al destierro, y perecer en un villano asesinato, como Madero; en una traición, como Carranza; en un cobarde atentado, como Obregón, y después serán los redimidos, los salvados, quienes, al chocar sus copas, en los banquetes políticos, brinden por la causa que ofrendó tantas víctimas y dejó tantos héroes en la historia.

La Revolución Mexicana, hecha gobierno, está representada por la Constitución Política de 1917. Carta Magna democrática que estableció, ella misma, las libertades necesarias para combatirla, al amparo de la ley, por medio del sufragio, de la prensa y de la tribuna.

Contra la Constitución de 1917 es lógico que actúen los reaccionarios, que no se han conformado

con los progresos políticos y sociales establecidos en la Constitución y aspiran a retrotraer a México a gobiernos aristocráticos, plutocráticos o dictatoriales.

Contra la Constitución de 1917 es lógico que actúen los que consideran moderada, retrasada, por conservar garantías individuales y el régimen de la propiedad privada, aspirando a sustituirla por un régimen comunista o de sociedad sin clases.

Principales reformas a la Constitución.

Los revolucionarios de ayer, los que hicieron la Constitución de 1917, en el Congreso de Querétaro, o fuera del Congreso, no pensaron nunca en establecer dogmas intocables, no se imaginaron que redactaban una Biblia, no soñaron con formular principios inmodificables. Era lógico que la constante evolución social recibiera modificaciones, retoques, reformas. Pero no todas las que se han hecho han perseguido fines progresistas y constructivos. Reformas habido ingenuas, estúpidas y criminales. Estas últimas son las que interesa citar, porque, incorporadas a la Constitución, ésta es ideológicamente tan fuerte que acabó por rechazarlas.

Cuando se habían derramado torrentes de sangre fraterna, durante 30 años, para establecer la No Reelección Presidencial, se pretendió volver a la Reelección. (Un paréntesis, de mi cosecha: tomen nota los senadores que fueron constituyentes, que no protestaron por la Reelección Presidencial, y ahora rechazan la reelección de los diputados para un sólo período, cuando ellos votaron, en el Constituyente de Querétaro, por la reelección indefinida de diputados y senadores). Sigue Palavicini: Cuando teníamos un pueblo con hambre y sed de justicia, la Constitución estableció la inamovilidad del Poder Judicial, se intentó retraer a los magistrados y jueces de nombramiento político. Cuando la Constitución había recuperado, para la nación, la propiedad del suelo y del subsuelo, se intentó, después de bochornosos tratados internacionales, violar la Carta Magna, sorda y calladamente, por medio de cinco fallos consecutivos de una servil Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establecieron jurisprudencia y daban derecho a las reclamaciones diplomáticas. Felizmente, fue destruido más tarde este atentado con las expropiaciones petroleras que llevó a cabo el Presidente Lázaro Cárdenas.

Y termino, honorable asamblea:

La Revolución Mexicana, hecha Constitución el 5 de febrero de 1917, ha sido moralmente tan fuerte, de tanta resistencia sociológica, que pudo rehacerse de esas reformas criminales y ha ido, poco a poco, anulándolas; lo cual esperamos de este otro parche pegado, por un personaje que lo impuso y utilizó con fines políticos para alardear de antirreeleccionistas, después que había admitido la Reelección, pero presidencial; debemos de confesar, honradamente, que quien consolidó la No Reelección Presidencial fue la pistola de Toral." (Aplausos.)

El C. Lombardo Toledano, Vicente: Pido la palabra.

El C. Presidente : Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Lombardo Toledano.

- El C. Lombardo Toledano, Vicente:

Señor Presidente:

Señoras y señores diputados:

La cuestión que nos ocupa hoy no se refiere sólo al problema de la reelección de los diputados ni al acuerdo del Senado de la República rechazando la resolución que tomamos unánimemente en diciembre de 1964. Por la evolución que ha tenido este asunto, trasciende los límites de una cuestión reglamentaria y las fronteras de un problema de tipo jurídico y político, limitados al problema de la reelección.

¿Por qué afirmo esto? Porque se ha dado el caso insólito en la historia del Poder Legislativo de México, de que un acuerdo de la Cámara de Diputados, en condiciones nuevas desde el punto de vista de su composición y dentro del cuadro político nacional, nuevo también, el Senado rechaza sin argumentos, sin razones y sin el valor de examinar como cuerpo colegiado la cuestión, el voto unánime de los cuatro partidos representados en esta Asamblea, que representan al pueblo.

Yo estaba esperando, como todos los diputados seguramente, con mucho interés el dictamen que produciría el Senado en relación con este proyecto. Esperaba con interés su opinión, porque se cree por tradición que el Senado está constituido por personas mayores, cultas, afectas a meditar, reflexivas, tranquilas, con el fin de irle a la mano a la Cámara de Diputados, integrada por jóvenes turbulentos, ignorantes, impetuosos y propensos a la imaginación. Pero ahora compruebo que si está era la tradición o la opinión tradicional que se tenía sobre el Senado, era un juicio falso, totalmente infundado no sólo respecto de la Cámara de Senadores, sino en relación con la vida de nuestro país, porque jamás se había visto un documento político y jurídico, como el dictamen de las Comisiones del Senado, tan pobre, tan oscuro, tan débil, tan cobarde y tan mal redactado (Aplausos).

Más todavía. En el documento que se nos ha entregado para nuestro conocimiento, hay una nota de la Secretaría del Senado que dice: "Por tratarse de un asunto de obvia resolución se dispensa el trámite de segunda lectura. Aprobado por unanimidad de 47 votos. Devolverse a la Colegisladora". ¡De obvia resolución¡ y sin discusión. ¿Es así como se puede tratar un asunto de tal envergadura como la renovación del Poder Legislativo de México? A pesar de todo, vale la pena examinar un poco el voto del Senado.

El dictamen que acabamos de escuchar lo hace en parte; pero yo quiero subrayar lo medular del documento"... el orden jurídico que vive el país, afirma, dentro de la estructura revolucionaria, ha emanado de la acción legislativa y ésta seguirá siendo un instrumento cada vez más eficaz para el desarrollo progresivo del país. Por lo tanto, esa finalidad puede ser realizada, a juicio de las Comisiones que suscriben, sin necesidad de promover una nueva reforma constitucional". Sin ironía, yo no entiendo esto, que es uno de los principales argumentos de aquella Cámara.

Otro argumento: "... es lógico, dice, concluir que las bases del equilibrio de Poderes en nuestro país son suficientemente sólidas y estables. Consecuentemente, no existe necesidad de una reforma constitucional en este aspecto". Pero nadie preguntó al Senado si estamos sólidamente establecidos o si los fundamentos de nuestro equilibrio de Poderes son buenos o deleznables. Eso se llama salirse por la tangente.

Otro argumento más, también esencial: "... la capacidad política y la preparación cultural de un representante popular, dice el Senado, no se adquieren necesariamente durante el limitado lapso del ejercicio legislativo, sino que constituye un acervo intelectual que se logra a lo largo de la militancia política". El Senado no quiere la reelección inmediata; pero afirma que no se puede adquirir experiencia y capacidad parlamentaria en un lapso tan breve como el que existe hoy en la Carta Magna. ¿No es un pensamiento incongruente con la tesis de que parte?

Otro argumento: "A mayor abundamiento, dice el Senado, el actual sistema de reelección alterna permite el aprovechamiento de la experiencia adquirida, tanto por la posibilidad de volver a desempeñar el cargo con un período intermedio, como por la circunstancia, que ha venido operando en la práctica, de que los diputados al concluir su cargo puedan ser electos Senadores de la República".

Señor Presidente: yo no entiendo este argumento. No es una doctrina política, sino una promesa de la lotería personal que no tiene nada que ver con nosotros. (Aplausos y risas.)

Y siguen los argumentos fundamentales. "En cualquiera de los casos señalados, añade el Senado, es obvio que ningún partido político postulará a alguno de sus miembros que no reúna las aptitudes y capacidad que garanticen una eficaz defensa de la ideología y de los intereses sociales del propio partido". Pero esta frase tampoco es un argumento, ni corresponde discutirla a la Cámara de Diputados, porque es un derecho exclusivo de los partidos políticos que tomaron aquella medida de tanta trascendencia.

En fin, después de estas brillantes razones, concluye el dictamen de los Senadores, que es muy breve, diciendo: "... para alcanzar las metas ya señaladas no es necesario la reforma propuesta, ya que la Constitución vigente ofrece en su conjunto y específicamente en varios de sus preceptos, las bases y el camino para alcanzar dichos objetivos en la actual etapa del desarrollo cívico del país". Y agrega "en consecuencia, dicha reforma es actualmente innecesaria". Yo comento: si no es necesaria la reforma porque los objetivos que persigue la Cámara de Diputados se alcanzan dentro de la Constitución vigente, no será necesaria la reforma ni hoy ni mañana, nunca.

¿Por qué ha ocurrido todo esto? Porque estamos frente a un problema en el cual hay que meditar. No se va a discutir hoy; pero hay que apuntarlo, porque está a la vista. En Senado se ha convertido en México en una entelequia. Cuando se planeó, sin éxito, imitando lo que en el Viejo Mundo se había establecido hacía mucho tiempo - Cámara de los Lores, Cámara de los Comunes. Cuando se pensó en una corporación que representara los intereses creados se dejaba a la Cámara de los Diputados la tarea de exponer la opinión de las masas, de los inconformes; pero a la postre nuestros Constituyentes adoptaron la institución del Senado, copiándola de la estructura constitucional de los Estados Unidos de la América del Norte.

Había razones, desde la época de la Nueva España, para respetar a las provincias; pero al aceptarse no se pensó ya en las clases o castas privilegiadas, sino en la representación de los Estados que integran la Federación que hasta hoy subsiste como institución puramente formal. El Senado no representa al pueblo mexicano. Representa a los Estados de la República. La prueba es que Chihuahua tiene dos senadores como Colima. Dos Tlaxcala como Coahuila. Así se conformó lo que llamamos el Pacto Federal.

Pero ese Pacto, que pretende conservar la autonomía y la soberanía de los Estados frente al Poder Federal, por el desarrollo económico, social y político de México, ha ido perdiendo su perfil originario y su eficacia. El proceso de nuestro país es un camino de centralización de la economía, como era lógico que ocurriera, y así acontece en otros países del mundo. Y tras del movimiento de federalización de la economía, como resultado del devenir natural de la sociedad mexicana, ha ocurrido la intervención cada vez mayor sobre los Estados de la República en su vida política, que ejercen los partidos políticos nacionales.

Por estas causas los Estados se han convertido, desde el punto de vista de la realidad, en entidades que tienen tradición, fisonomía propia, intereses muy estimables contra los cuales no creo que nadie pueda atentar; pero para los fines de la organización jurídica y la política de México, el cuerpo que los representa, el Senado, está siendo cada vez más un cuerpo imperante.

Conozco algunos senadores. Son personas capaces, honorables e inteligentes. Y conozco a muchos que hubiera deseado no conocerlos jamás. Los senadores no tienen la culpa, quizá, sino en parte mínima, de estar integrando un cuerpo que se halla en pleno proceso de fosilización.

¿De qué manera revivir el Senado? Cuando llegue el momento oportuno quizá hay que proponer que el Senado abra las puertas a los senadores de Partido, que es la única forma de llevarle aire fresco, pues de otra manera va a envejecer irremediablemente y a sucumbir a la postre.

¿Se vuelven timoratos los senadores? Han olvidado la historia? No. Hay personas de una cultura extraordinaria, con experiencia y con valor. ¿Qué les pasa entonces? Como individuos tienen méritos; pero como cuerpo colegiado muy pocos. Y si su función es una función de freno; de apaciguamiento de la Cámara de los jóvenes, de los diputados, que representan al pueblo, se puede pasar, sin sentir, al freno de la vida progresista de México.

Por eso nos encontramos ante el caso extraordinario de que, sin razones, dispensando la segunda lectura a un dictamen importante y sin debates, aprobado en silencio, casi de un modo clandestino, por 47 votos, se haya tomado una resolución así sobre uno de los grandes debates contemporáneos de la vida política de nuestro país.

Ahora bien, el dictamen recuerda - El nuestro -, todo lo que ha habido alrededor del problema: antecedentes históricos, origen de la iniciativa, el debate en la Cámara de Diputados, su resolución; la discusión fuera de la Cámara y las intervenciones de menor cuantía, que fueron quizá las que más ruido hicieron. Todo está dicho y recordado en el dictamen. Pero la conclusión a la que llega es la de que por ahora nada podemos lograr.

Desde el punto de vista el voto particular de Acción Nacional tiene razón. Por eso la Cámara debe insistir en que tuvo razón y la tiene: el camino 1o de la Constitución para llevar el asunto hasta sus últimas consecuencias. Sin embargo, yo me doy cuenta de lo que puede ocurrir si es que aprobamos el voto particular de los representantes del Partido Acción Nacional. En este período de sesiones seguramente no volvería a discutir el Senado, porque sus labores son abrumadoras. Esperará a septiembre de 1966, y la víspera de que termine no sólo ese período de sesiones, sino la XLVI Legislatura, volverá a rechazar la resolución de los diputados, sin argumentos, y todos nos iremos a nuestra casa.

Yo me doy cuenta de todo esto. Como la cuestión no es de procedimiento, lo mismo es que aprobemos que se archive el dictamen del Senado como que se lo devolvamos. ¿Por qué? Porque no se va a ganar la batalla con métodos jurídicos. Toda gran lucha se gana en virtud de la correlación de las fuerzas que existen en un momento determinado en un país determinado. El dictamen recuerda que hay metas e instituciones que parecían inasequibles y que, sin embargo, se han conquistado. Lo importante es que nos archivemos nosotros, aunque los papeles vayan al archivo.

Nosotros, al insistir en que la Cámara de Diputados ha tenido razón, debemos, dentro y fuera de ella, aprovechar el receso para informar al pueblo y pedirle que analice la resolución de la Cámara de Diputados para darle más fuerza todavía y llevarla al triunfo en un futuro próximo.

El Dictamen recuerda el caso del voto de las mujeres y otros anhelos que, pasado algún tiempo, se convirtieron en realidades. Yo podría agregar muchas experiencias. En el año de 1933, por ejemplo, cuando la clase obrera organizada propuso la expropiación y la nacionalización de la industria del petróleo, a sus dirigentes nos llamaron locos, ilusos, demagogos, etcétera. Cinco años después conseguimos nuestro objetivo. ¿Qué pasó con la nacionalización de la industria eléctrica? Llegado un momento en que se hizo una conciencia nacional, entonces el gobierno de López Mateos la llevó a su cumplimiento. Muchas experiencias así se pueden agregar, en el campo político, en el de las reivindicaciones sociales, en la vida cívica y en el terreno de la cultura.

Nosotros - El PPS - no estamos conformes todavía con la reforma que hizo posible la entrada a la Cámara de Diputados de los "diputados de partido", porque es incompleta. Seguiremos pugnando por la representación proporcional y también esforzándonos porque se logre en nuestro país una revisión a fondo del sistema electoral vigente, desde el padrón nacional infalsificable hasta la calificación de las elecciones de un modo más democrático que hoy. Seguiremos luchando por otras reivindicaciones de diferente tipo, y otros partidos, como al que yo pertenezco, sin duda harán lo mismo.

Pero para mí, señoras y señores diputados, hay un hecho de una enorme trascendencia alrededor de este debate, aparte de la crisis del Senado. El hecho de la actitud que ha tenido esta XLVI Legislatura, que pasará a la historia de nuestro país con un nivel muy alto: el hecho de que frente a los intereses de la nación y de nuestro pueblo, independientemente de las discrepancias naturales que existen entre los partidos políticos, se han unido por primera vez para hacer un frente común en defensa de México.

Se logró en el caso de la reelección de los diputados. Y hace unos días se logró exponiendo nuestra repulsa colectiva, como representantes del pueblo, a la amenaza inconsulta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Es incuestionable que se van a presentar casos semejantes. El hecho de que los cuatro partidos nos hayamos puesto de acuerdo para votar por la reelección, es un indicio de las posibilidades que se abren en un país como el nuestro, todavía no plenamente soberano, hacia adentro y hacia afuera, cuando se tiene por encima de las cuestiones circunstanciales el interés supremo de la nación.

Es inútil tratar de convencer a quienes ya han expresado juicios adversos a la reelección, sin tener otro propósito que el de tergiversar los hechos y retorcer las ideas políticas y jurídicas. Jamás cambiarán de criterio, porque en el fondo de su conducta y agarrándose a frases demasiado manoseadas como las de "respeto al progreso del país", "avance de la democracia mexicana", hay todo lo contrario. Cada vez que se presenta una medida, una iniciativa, o se toma un acuerdo para hacer avanzar de veras la democracia en nuestro país, se echan encima del propósito, porque quisieran que México viviese eternamente en un régimen político imperfecto, en donde siempre, determinados sectores que todos conocemos, tratan de medrar, cosa que no ocurrirá si existe un sistema en el cual los representantes del pueblo viven vigilantes y realmente participan en la orientación del Estado.

Eso no debe preocuparnos. Aunque no sean los mismos que hablaron ayer, habrá otros. Destruir es muy fácil. Construir es muy difícil, sobre todo cuando se trata de construir caminando hacia adelante. Construir caminando hacia atrás es una tarea que no requiere ningún esfuerzo. Por lo que a nosotros toca, al breve grupo de diputados del Partido Popular Socialista, afirmo que seguiremos luchando porque se reforme la Constitución y sea posible establecer el régimen de la elección indefinida de los diputados.

Es el complemento lógico natural de la integración de la Cámara con los Diputados de Partido. Porque si los partidos políticos en nuestro país, como está empezando a acontecer, enriquecen la vida democrática agrupando en su seno organizadamente a las distintas clases y sectores de la sociedad, ellos decidirán quiénes de sus representantes deben continuar en el parlamento. Así acontece en todas partes del mundo. Y a nadie se le ha ocurrido decir en el extranjero que un senador o un diputado continúan en el Poder Legislativo por muchos años, a veces durante casi su existencia, por razones personales.

Durante el receso reanudaremos la lucha a lo largo de la República, y en septiembre de 1966 vendremos aquí a insistir. Ojalá que para entonces los senadores hayan meditado, cosa improbable; pero no imposible. Yo soy de los que creen en la perfectibilidad del hombre. No soy pesimista. Puede suceder también que los hagan meditar, que es lo mismo.

Para entonces quizá sea oportuna la iniciativa. La política da sorpresas muy grandes. Lo importante es que las den a quienes militamos en el campo político.

Esta XLVI Legislatura ha dado un paso que ha devuelto el prestigio, aun cuando algunos quieran que no acontezca, al Poder Legislativo de la nación mexicana. Si aprovechamos nuestro tiempo para insistir con ideas y otros propósitos sanos y elevados y con otras proposiciones de trascendencia, podremos exhibir con orgullo el saldo de nuestro esfuerzo.

Por lo que a mí en lo personal se refiere, pasando estos tres años que seguirán a esta Legislatura, aquí estaré de nuevo, y volveré a la carga. No es una cuestión de capricho, ni es una cuestión individual. Es una cuestión más importante que todas: la salvación de México.

Estamos muy atrasados todavía en la vida política. En materia económica estamos en desarrollo, en materia social también, y lo mismo en el terreno de la cultura; pero en materia cívica estamos a la zaga de otros países. Somos un país en bruto, no pulido. Necesitamos transformar nuestras instituciones políticas y ponerlas, por lo menos, al ritmo de nuestro desarrollo social, económico y cultural.

Señoras y señores diputados:

Nosotros votaremos por el Dictamen. Creemos que lógica y jurídicamente su conclusión es contradictoria; pero para qué vamos a mandarlo al Senado. Desde el punto de vista práctico jugaríamos un partido de frontón en medio de las sombras.

Seguiremos luchando por esta iniciativa y nos veremos muy pronto en el cumplimiento de esta gran tarea.

El C. Presidente: Se concede el uso de la palabra al ciudadano Estrada Iturbide.

El C. Estrada Iturbide, Miguel: Señor Presidente:

Vengo, señores diputados, a aceptar que debemos jugar al frontón; que no debemos quedarnos con una pelota que tenemos la obligación de devolver, cualquiera que sea el resultado de esa devolución. Vengo a apoyar el voto particular del jefe de mi diputación, y no vengo a apoyarlo haciendo nuevamente crítica al endeble y deleznable Dictamen de la honorable Colegisladora. Ha sido suficientemente vapuleado en diversos tonos y, a mi juicio, con plena justificación.

Sí, hay que pensar en la revitalización del Senado de la República; sí, hay que estudiar, y reflexionar otra vez lo que significa el bicamarismo en los países donde se encuentra establecido; pero dejémoslo para después.

Yo quiero aquí, de paso, señalar solamente que uno de los datos valiosos del bicamarismo es que no haya nunca la menor sombra de sometimiento de una de las Cámaras a otra, y esto apoya el voto particular. No debemos someternos al criterio del Senado, ni mucho menos cuando lo estimamos sin justificación.

Me parece, señores diputados, que mandar al archivo el expediente implica cierta forma de sometimiento, que estamos en contra de un dato esencial del sistema bicamarista. Pienso, además, que no es saludable, ni para la opinión pública nacional, ni para la resonancia que esto pueda tener fuera de nuestras fronteras, que haya siquiera la posibilidad de sospecha de ese sometimiento. De ninguna manera. Pero eso lo digo de pasada.

Yo quiero permitirme hacer un brevísimo análisis del texto de la fracción d) del artículo 72 de la Constitución, que fija el procedimiento de que aquí se ha venido hablando esta mañana, o más bien esta tarde. Dice textualmente: "Fracción d) Si algún proyecto de ley o decreto fuese desechado en su totalidad por la Cámara de revisión, volverá a la de su origen con las observaciones que aquella le hubiere hecho. Si examinado de nuevo, fuese aprobado por la mayoría absoluta de los miembros presentes, volverá a la Cámara que lo desechó, la cual lo tomará otra vez en consideración...", etc.

Señores diputados: los términos del precepto no son optativos, son obligatorios. Permítaseme recalcar y subrayar la obligación política estricta que tenemos de devolver el proyecto en los términos en que lo señala y la subraya el voto particular del diputado Christlieb, pero permítaseme añadir que además tenemos obligación jurídica, igualmente estricta, de hacer la devolución, salvo que se admita que la Cámara no ha aprobado otra vez, por mayoría de sus miembros presentes, el proyecto que ha sido materia de devolución de la Revisora. Y lo hemos aprobado. Todas las consideraciones del Dictamen, todas las conclusiones del mismo, excepto una o dos de las finales, la forma aclamatoria en que ustedes, señores diputados de la mayoría, aplaudieron el Dictamen, demuestra que estamos reaprobando nuestra tesis; no devolver el asunto al Senado equivale, señores, a una contradicción flagrante, equivale a que digamos que no hemos reaprobado nuestra iniciativa.

No encuentro salida a este precepto constitucional, fuera de la salida de la contradicción. ¿Hay alguien que quiera venir a esta tribuna a sostener que la Cámara de Diputados no ratifica el texto de la reforma que aprobó el 30 de diciembre de 64? Si no hay nadie, estamos en la obligación estricta, jurídica y política de ordenar, de acordar la devolución a la Cámara Revisora. Eso es todo. Creo que con esto sería suficiente.

Tengo aquí a la vista un recorte de un interesante artículo periodístico, de uno de los inteligentes reporteros de la fuente de esta Cámara, que se titula "La razón privó en la Cámara de Diputados". Se refiere el artículo a que privó la razón en esta Cámara cuando aprobamos la iniciativa de reformas al artículo 59 y de que esa razón ha estado ausente del Senado de la República cuando ha rechazado la iniciativa. Y permítaseme recordar otra vez, que esa iniciativa original, la enviada al Senado, más bien dicho, fue aprobada no por unanimidad, sino por mayoría.

Los diputados de Acción Nacional, con dos o tres excepciones, votamos en contra por querer la vuelta, sin titubeos, al texto original de la Constitución de 17. Pero ahora no se trata ya de defender un punto de vista u otro, se trata, señores, de defender a la Cámara, se trata de saber si podrá otro periodista, ahora, volver a titular un artículo como está titulado éste: "La razón privó en la Cámara de Diputados". Yo me temo mucho que no, porque, con toda franqueza, debo decir que no me parece razonable concluir con un acuerdo que contradice los fundamentos del Dictamen mismo. Eso no es razonable.

Yo ruego que esas cosas se tomen serenamente, sobriamente. Me atrevo a suplicar, incluso, que se prescinda de la pasión o de la vehemencia con que pueda yo hacer estas afirmaciones.

A veces pienso que yo padezco una doble deformación, una de orden intelectual y otra de orden volitivo, no puedo abandonar una posición intelectual cuando estoy convencido de que tengo razón. Soy terco y esta es la segunda deformación. Defiendo lo que creo que debe defenderse, por encima de las posibilidades de triunfo que existan o que no existan. Quizá soy imprudente. A veces pienso también que esta doble deformación obedece a mi formación profesional. Soy abogado y desde el punto de vista intelectual, recuerdo aquella bella frase de que la lógica es el camino único y la mejor arma de la inteligencia, y desde el punto de vista de la acción, recuerdo también que me enseñaron la obligación profesional, ineludible, de defender la causa que se me confiara, agotando todas las defensas posibles.

Señores miembros de las Comisiones, todos ustedes, excepto uno, son abogados. ¿No recuerden que el derecho es la razón que se ejercita, la razón que ejerce su función, la razón que no evade las consecuencias del razonamiento mismo? ¿No recuerdan la urgencia de que lo que uno piensa lo defienda en todas las instancias? Ojalá lo recuerden.

Y lo que se decía aquí hace un momento, en el interesantísimo discurso del señor diputado Lombardo, acerca de que es lo mismo que se archive el expediente a que vuelva al Senado. Creo que con lo dicho es suficiente para probar que no es lo mismo; pero permítaseme añadir que no es lo mismo sobre todo por algo que ya apunta al voto particular. No es lo mismo que dejemos la responsabilidad a quien le toca, a que asumamos nosotros una responsabilidad que no nos toca. Que prácticamente van ellos a seguir ese trámite dilatado, de que aquí hablaba el señor diputado Lombardo, y nos van a impedir que en las sesiones del año próximo vuelva a plantearse el problema; y que, sigue siendo responsabilidad suya, no nuestra. El tortuguismo y la dilatación no serán atribuibles a nosotros, pero sí será, sí es atribuible a nosotros, el que abandonemos la instancia, el que no cumplamos el procedimiento, el que violemos la disposición imperativa de la fracción d) del artículo 72 de la Constitución, porque el archivo equivale a violarla; y por eso, no es lo mismo un acuerdo que el otro.

El señor Presidente del Partido Revolucionario Institucional - y sus frases están citadas en el dictamen - dijo a propósito del debate habido con ocasión de la reforma constitucional a que todavía ahora nos referimos, que los diputados de todos los partidos obramos con profundo respeto a nuestra dignidad de representantes de la Nación.

A mí no me interesa juzgar de la sinceridad, más o menos real, de esta frase: a mí no me interesa indicar, señores de la mayoría, que quizá ahora no fuera legítimo que el Presidente de su partido reiterara esa frase si se archiva el expediente.

El mismo dictamen afirma que la decisión de la Cámara tiene una jerarquía jurídica que no puede transgredirse ni desvirtuarse por nosotros mismos, y archivar el expediente, señores diputados, es transgredir, es desvirtuar nuestra propia resolución.

Dice el dictamen en otra parte, que no bastan las leyes por sí solas. Aquí está la fracción d) del precepto constitucional; no basta por sí sola. Ellas sólo tienen eficacia en la medida que se aplican y se convierten en acción fecunda. No es aplicar la fracción d) ordenar el archivo del expediente; aplicar la fracción d) es seguir peleando por la razón, por la justificación que asiste a quienes votamos la reforma constitucional. (Aplausos.)

Es un sencillo problema de congruencia, y nunca es ocioso - también se ha hablado aquí de la ociosidad del procedimiento -, nunca es ocioso pelear por el derecho. Lo que es injustificable es abandonar la pelea, cuando se tiene razón y fundamento para continuarla.

Tampoco somos ingenuos, tampoco pensamos que el Senado vaya a cambiar de actitud de la noche a la mañana, aunque todo es posible, sobre todo si ciertas reflexiones o meditaciones provienen de esferas superiores; todo es posible. Es posible, que frente a la macidez de nuestro dictamen los senadores quieran reflexionar; muy remoto, pero posible. Es posible que los 13 que no fueron a la sesión que, con dispensa de trámites y sin debate, nos aventó la pelota, vayan a esa sesión y alguno de ellos quizá promueva el debate. También es posible que de aquí a allá haya la ocasión - que yo no deseo - de que llegue algún senador suplente.

¿Por qué abandonamos el trámite? ¿Por ocioso? No veo la ociosidad. Esto equivale a la actitud profesional del abogado postulante que conociendo el criterio adverso de un juzgador cualquiera, dejara de interponer recursos, pensando en que fatalmente está condenado a recibir una sentencia contraria a su interés y a su derecho. Y esto no es cierto, señores diputados, señores abogados que forman parte de esta Legislatura. Hasta la jurisprudencia firme de la Corte puede cambiarse y no hay derecho, para no intentar, incluso, el cambio de jurisprudencia, cuando un abogado tiene conciencia cierta de que lo que está defendiendo es jurídico y legítimo. Si no, jamás cambiaría de jurisprudencia la Corte.

¿Por qué no aplicar estas ideas tan elementales a un asunto como éste?

No creo que haya compromiso, lo digo con plena sinceridad. No creo que haya consigna, lo digo con la misma sinceridad.

Entonces, señores diputados, no abandonemos la instancia, volvamos al Senado el expediente, y con él, volvámosle la responsabilidad que el Senado debe asumir y que no es nuestra.

Y si el Senado remacha el clavo, quedan, señor diputado Lombardo, los años por venir, para ver si dentro de tres o dentro de 6, volvemos a encontrarnos usted y yo aquí. (Aplausos.)

Es increíble, o podría parecer increíble, lo que sucede a ciertas personas en determinadas coyunturas: Entre los signatarios del dictamen del Senado, está un antiguo Secretario de Relaciones de México, el licenciado don Ezequiel Padilla, que fue diputado en 1932, y que hoy, después de largas aventuras, es otra vez miembro del Parlamento Mexicano.

El dictamen lo recuerda y lo recordaba antes ese estudio sobre la reelección de que es autor el licenciado Christlieb Ibarrola. El señor Padilla reconocía en 1932, que admitir la reforma que entonces se planteó sobre la elección total de los senadores, sobre la reelección sólo alterna de los diputados, etc.,

la reforma de los primitivos, de que hablamos aquí el año pasado, de esos a quienes el árbol les impide ver el bosque, esa reforma "era un sacrificio a la doctrina constitucional".

La frase es poco inexacta. Creo que quiere significar que esa reforma sacrificaba la doctrina constitucional. No era un sacrificio en aras de la doctrina, era un sacrificio de la doctrina en aras de las circunstancias. Y añadía que ese sacrificio sería transitorio, porque no es posible violar permanentemente, perennemente, lo que es esencia de sabiduría constitucional".

Mal parada la sabiduría constitucional del signatario del dictamen de hoy, y mal parada su noción del tiempo y de la perennidad. No le parece suficientemente transitorio un período de treinta y tres años, un tercio de siglo; tiene aspiraciones incoercibles a la inmortalidad.

Basta de sacrificios forzados a la doctrina constitucional; basta de sacrificios transitorios que duran un tercio de siglo. Vamos, señores diputados,. a devolver al Senado el expediente y a hacer la presión necesaria para que el Senado revise ese expediente.

No porque tengamos medios directos de presionar una Cámara a la otra. He hablado aquí y rectifico la independencia de ambas Cámaras. ¡Ah¡, pero esos recursos a la opinión pública, ese crear la corriente favorable, ese volver a su cauce las opiniones desviadas por el interés o por la ignorancia, el prejuicio o la mala intención - ¿por qué no? -... Si lo logramos, el Senado de la República podrá rectificar. Y si no lo logramos o si aunque lo logremos el Senado no rectifica, vuelvo al "ritornello" suya la responsabilidad, no nuestra.

En otro párrafo del dictamen - y casi voy a terminar con esta cita -, las Comisiones recuerdan a un ilustre jurista mexicano, el que fuera secretario particular del Presidente Rodríguez, don Francisco Javier Gaxiola, Jr., jurista eminente, hijo de jurista eminente, y él, a quien tocó conocer muy de cerca el proceso de la reforma de 32 - 33, lo han recordado las Comisiones, no yo, dice que, si en la Convención del Partido Nacional Revolucionario hubiera habido más decisión política y más valor para las determinaciones, no habría habido necesidad de la reforma.

Y hay algo más: lo que hemos sostenido nosotros en relación con la reelección irrestricta; nada hay que justifique una limitación para la reelección de los miembros del Congreso. Lo dice el secretario particular del Presidente que firmó el decreto que promulgó la reforma constitucional. ¿Por qué no la vetó el general Rodríguez?

Y esto de vetar la reforma me hace pensar en otra cosa. No me alargaré. ¿Cuál sería la actitud lógica del Congreso frente a un veto presidencial? Está en el mismo artículo de la Constitución que hemos venido citando. El Ejecutivo tiene el derecho de vetar un decreto del Congreso, una ley. Si por razones prácticas; si por no perder ociosamente el tiempo; si por temor más o menos reverencial, el Congreso dijera: "Archívese el expediente y vamos a esperar al próximo Presidente de la República", ¿a qué altura quedaría la dignidad del Congreso?

Aquí no hay veto presidencial; hay rechazo de la Cámara Revisora a la Cámara de origen. ¿A qué altura queda el nivel de la Cámara de origen si admite el rechazo de la Revisora¿ Por las razones que ustedes quieran, de táctica, de economía procesal, de no caer en el ocio. ¿A qué altura? Esas tácticas, señores diputados, - también mi profesión tiene un criterio sabor de militancia o de guerra - estas tácticas no me parecen tácticas defensivas; me parecen simples retiradas; me parece abandono de posiciones que el deber y el honor exigen no abandonar.

Ojalá, ojalá, señores diputados - permítanme que termine que termine esta intervención pecando de optimismo ingenuo -, ojalá que ustedes, la mayoría, quisieran hacer otra vez el frente único de que hablaba el diputado Lombardo: aprobar el voto particular de esta minoría sincera, defender el decoro, luchar por el derecho, no abandonar la instancia, no aceptar el compromiso; acordarse de que por encima del partido está la dignidad parlamentaria, y por encima de la dignidad parlamentaria, el futuro de México. (Aplausos.)

El C. Presidente: Tiene la palabra el C. diputado Olloqui.

El C. Olloqui, Luis G.: Señor Presidente, honorable Asamblea:

La Cámara de Senadores, honorable colegisladora, regresó, faltando a las más elementales "reglas de Carreño", el proyecto de reformas al 59 constitucional que nosotros, con gran alteza de miras, aprobamos por unanimidad de partidos y una absoluta mayoría en la votación, el 30 de diciembre del año próximo pasado. ¿Para qué vamos, como decía el maestro Lombardo, a jugar al frontón y regresarles de nuevo la pelota? No tiene caso, porque podríamos forzarles la nota a que ellos mismos demostrasen la inutilidad del Senado y tuviesen que cerrar las puertas del Senado, o de plano a que nos volvieran a enviar otro nuevo mamarracho como al que se refirió el compañero diputado del PAN.

Nosotros, en esta Cámara de Diputados, en la XLVI Legislatura, cumplimos con nuestro deber. Si ellos, por ignorancia, por prejuicios o por mala fe no entendieron la postura de nuestra Cámara, allá ellos.

Por eso, para terminar. ¡qué bien¡ enhorabuena que la Gran Comisión de la Cámara de Diputados haya tenido el feliz acuerdo de editar la Constitución de nuestro México. Ella servirá para que se acabe con esa ignorancia, inclusive, de muchas gentes que firmaron la Constitución de 1917. Mi felicitación a la Gran Comisión de la Cámara de Diputados, por ese feliz acuerdo, y para terminar con esa ignorancia de gentes que no saben entender los problemas de México. Muchas gracias.

El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado Ramírez y Ramírez.

El C. Ramírez y Ramírez, Enrique: Honorable Asamblea:

Llegamos hoy, en esta sesión libérrima, al final de un episodio de nuestras luchas ideológicas y políticas contemporáneas. No va a terminar la lucha; se va a cerrar un episodio; nos ocupa la discusión del dictamen de las Comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Gobernación, en torno a la devolución, por el Senado, de la reforma al artículo 59 de la Constitución, aprobada el año pasado con una sobresaliente mayoría, y por unanimidad de los partidos aquí representados en esta Cámara. Yo quiero decir que este dictamen, por sí mismo, constituye una preciosa aportación a las luchas ideológicas y políticas del país, que en sus fundamentos de carácter histórico, jurídico y político, honraría a cualquier

Cámara de cualquier período de nuestra vida nacional. Poco hay que agregar, a mi juicio, a ese resumen compacto que las Comisiones nos han presentado y que es, por una parte, breve historia de esta reforma detenida y, por otra parte, nuevo y más vigoroso alegato en favor de los fines de la reforma misma. Y, de una manera sencilla, sin jactancia, sin espíritu de soberbia, yo quiero pedir, no sólo en mi nombre, sino en el nombre de los diputados de la mayoría que hace un año hablamos y votamos en favor de esa reforma, que quede bien clara en el Diario de los Debates, de esta Cámara, la constancia expresa de que nosotros, los diputados, miembros del Partido Revolucionario Institucional, estuvimos y estamos en aplastante mayoría en favor de la reelección de los diputados, al revés de lo que observadores superficiales hubieran podido suponer, dado el ambiente que se respiraba en torno a esta cuestión en los primeros meses de este año.

El dictamen ofrece un leve trasunto de aquel debate público; pero, recordándolo en su verdadero carácter, yo diría que aquel debate, tal como se llevaba a cabo en la prensa, en los corrillos, en los cónclaves, porque llegó a haberlos a este propósito, más que un debate era un ensayo general de linchamiento político. Los linchados íbamos a ser casi todos nosotros, todos los diputados que nos habíamos atrevido a hablar y a votar en favor de la reforma del artículo 59 de la Constitución.

Fue, en ciertos momentos, en verdad, un espectáculo triste y deprimente. La Cámara había planteado claramente su posición y su intención. Cambiar la modalidad de la reelección alterna de los diputados, simplemente para que pudiera haber reelección en dos períodos consecutivos y, frente a esta posición, se levantó una algarabía de tono inquisitoriano. Pero lo curioso, lo paradójico, era que no se combatía la reforma propuesta por la Cámara de Diputados, sino otra reforma que nunca propuso, ni imaginó siquiera la Cámara de Diputados.

Hoy mismo, durante la lectura de ese ejemplar documento que es el dictamen, vuelve a vivirse en todo su dramatismo aquel sarcasmo: los diputados quieren reelegirse, y lo dicen francamente, para que haya una elección de los mejores y pueda la Cámara de Diputados fortalecerse con la experiencia, con la destreza de quienes más la tengan. Y se les contesta: lo que ustedes son es el instrumento de una conspiración para reelegir a los Presidentes de la República.

Contra una posición política, histórica, jurídica, clara, abierta, franca, racional, se contesta levantando la sospecha, invocando un mito y trayendo la pelea a un tabú.

Era el espíritu de "las brujas de Salem", suelto, y dominando en la vida pública del país. Porque ése es el espíritu del tercer grado, y de la tortura mental, y de las inquisiciones; nada vale la palabra del acusado, lo que vale es el juicio del inquisidor.

Obligar, o confesar intenciones que no tienen, y condenar sobre la base de delitos que es suponen, era todo un ensayo general de linchamiento muy a tono con las envenenadas suspicacias que, como parte de la batalla política, suelen pulular cada que un presidente empieza la gestión de su gobierno.

El ataque, en verdad, no era tanto en contra de los diputados; era en contra de lo que se suponía la posibilidad hipotética de una transgresión del principio fundamental, por nosotros jamás tocado. Como se expresó aquí claramente en el debate del 30 de diciembre del año pasado de la no reelección del Presidente de la República.

Y si estamos vivos todavía, si el linchamiento no se consumó, es porque, aun en un medio político tan pasional como el nuestro no pueden realizarse tamañas operaciones arbitrarias, y porque, detrás de todo el aparato verbal con que se pretendía condenar, en vida y para la posteridad de los siglos, a los diputados que impulsamos esa reforma, se advertía, de todas maneras, que algo de la razón profunda de los más grandes ideales de avance democrático del país estaba en nuestras manos.

Teníamos la razón, y por eso estamos aquí, y por eso esta Cámara, en su prestigio, en su responsabilidad, está más viva y más vigorosa que hace un año.

Pero hay una lección, o varias lecciones, que sin duda se desprenden de este episodio. También creo necesario reconocer que nosotros, los impulsores de la reforma, cometimos errores; errores que facilitaron el desarrollo de los elementos adversos opuestos a la iniciativa.

Mi juicio personal es que se trató de errores de técnica o de procedimiento; pero ningún error fundamental, ninguno que afectara un principio esencial de nuestra vida política. Pudimos, quizá, someter con más anticipación y de modo más persuasivo nuestra iniciativa al conocimiento público, o tal vez establecer la salvedad de que los diputados promoventes no serían de los primeros en ejercer la reforma. Tal vez; pero, por este camino se llega a una triste conclusión: un poco más de tacto o, francamente, nos faltó hipocresía, una dosis de hipocresía, de más calculado oportunismo, tanto para mitigar las sanas preocupaciones de quienes de buena intención vieron en la reforma una amenaza a principios e instituciones superiores de la República, y también para satisfacer a quienes creen mucho en las formas y las prefieren al contenido.

La lección no es edificante. Tal vez el pecado de esta Cámara, en el asunto de la reelección de los diputados, fue el pecado de la sinceridad y de la honradez política, fue ajustarse a una concepción estrictamente jurídica, lógica, racional de las cosas, despreciando un poco eso que llaman los imponderables de la política nacional: pecado; pecado de sinceridad y de honradez que, a veces, en determinados medios y en determinados momentos, suele ser muy grave; pecado que no tenemos derecho, tampoco, cuando opera el sentido contrario a nuestros propósitos, justos y justicieros, no tenemos derecho a cometer los representantes del pueblo, que somos políticos en acción.

Obrando de buena fe, la Cámara, quizás, advirtió que el terreno estaba minado y que, a la manera tradicional, estaban al acecho quienes sólo esperaban cualquier pretexto para levantar la agitación política contra esta Cámara o contra cualquier órgano del poder público. Y de pronto nos vimos rodeado de maldiciones y de exorcismos; y se formó un frente bizarro, el frente antirreeleccionista, modelo 1965, que estaba integrado por muchas fuerzas heterogéneas, difíciles de describir en todos sus fragmentos; frente en el que formaban hombres y mujeres patriotas, revolucionarios bien intencionados,

preocupados ante cualquier cosa que pudiera significar, así, lejanamente, una amenaza a la institución de la no reelección del presidente de la República y de otros funcionarios ejecutivos.

Esos eran unos, los mejores y los más respetables. Pero había otros: un ala vigorosa del antirreeleccionismo 1965, en contra de la reelección de los diputados, que estaba formada, por paradoja, por reeleccionistas de probada convicción reeleccionista, porque habían practicado la reelección con su propia persona, reeligiéndose cuantas veces pudieron para cargos públicos y sociales y sindicales, sin importarles el principio de la no reelección. (Aplausos.)

Se dice, sarcásticamente, que la conquista de México la hicieron los indios, los que se unieron a Cortés en vista de sus dificultades con el Imperio Azteca. A semejanza de aquello, la batalla contra la reelección de los diputados la dieron algunos de los reeleccionistas más contumaces de nuestra historia contemporánea.

Y otra ala tácita, no muy expresa y muy justificante desde el punto de vista humano y político, los aspirantes a las futuras curules, porque pensaban si: tres o cuatro docenas de curules en las próximas legislaturas van a ser para aquellos diputados capaces de reelegirse, son tres o cuatro docenas de curules que su substraen al reparto general de los nuevos, de los que vienen. Esta teoría de esta ala antirreeleccionista es la teoría de que "mientras menos burros más olotes", y ésa es una teoría muy humana.

Fue así, un poco en este ambiente, en el que se desarrolló la lucha en torno a la reforma aprobada por la Cámara, y yo quiero decir un poco, en respuesta al señor licenciado Estrada Iturbide, sin que entremos ahora en una competencia dentro de la circunstancia de nuestra afinidad en cuanto a esta reforma, yo quiero decir que quien estuvo de pie y al frente sosteniendo esta lucha fue la mayoría de diputados del PRI, encabezada por Alfonso Martínez Domínguez. (Aplausos.)

La iniciativa no había sido presentada en sus términos originales por la mayoría; había sido presentada por la diputación del Partido Socialista. En las Comisiones, y en el debate, fue modificada, y los diputados miembros del Partido Revolucionario Institucional sostuvimos con toda sencillez, con toda sobriedad espiritual, como atestiguó el licenciado Madrazo, y con firmeza, nuestra posición.

Y fue sólo hasta la asamblea nacional del Partido Revolucionario Institucional cuando empezó a abrirse paso, en medio de la campaña de escándalo, de difamación, de injurias y aun de calumnias, la razón medular que había animado a la Cámara de Diputados a promover esta reforma.

Pero no nos movemos, señores en un terreno de estricta y pura teoría, no nos movemos en el cielo de la lógica y de las ideas, nos movemos en la tierra, actuamos en el campo de la política y tenemos que atender a las circunstancias políticas. Aquí se ha puesto de manifiesto una aparente contradicción, o una contradicción real, de las cuales está llena la vida, porque la vida se desenvuelve en contradicciones, en la lucha de los contrarios, como lo quiere la dialéctica. La contradicción es ésta: la mayoría absoluta de los diputados, sin que se haya ejercido sobre ellos ninguna presión ilícita, aprueba la reforma; la aprueban los cuatro partidos representados en la Cámara; no aparece por ninguna parte, en la vasta literatura difamatoria contra la reforma y contra los diputados, una razón capaz de destruir las razones en que se apoyó la reforma. No la hay. No ha habido una sola cabeza, ni jurídica ni política de México, que haya podido demostrar que la tradición constitucional de México es contraria a la reelección de los diputados. No hay una. Las razones nuestras están en pie, ahí están los textos de los debates de los constituyentes, ahí están las leyes. No se puede atestiguar con fantasmas, no se puede argumentar con sospechas en contra de principios arraigados en la evolución histórica de un país y cuando habla la razón jurídica habla en favor de la reforma, como lo recuerda el dictamen, y luego en un juicio abierto en la Asamblea Nacional del Partido mayoritario de México se reconoce la Cámara tiene razón, los diputados son muy patriotas, no han procedido más que de acuerdo con la tradición constitucional, sus intenciones son magníficas, pero no es oportuno, y hasta el dictamen del Senado, del honorable Senado, hace constar la sensatez, la bondad de las finalidades que la Cámara se propuso. Los fundamentos son correctos, lo que no es posible es que esos fundamentos se lleven a la práctica porque no es lo necesario. Yo quiero decir que me toca en este sentido el papel menos airoso en esta tribuna, porque yo no voy a aumentar nada a la antología irónica del licenciado Lombardo Toledano respecto del Senado.

El Senado está en su papel y en su derecho y cada cuerpo político y cada cuerpo colegiado y cada miembro de estos cuerpos, en lo particular, tienen su responsabilidad y yo no voy a agregar nada que contribuya a deformar los términos de este debate, porque este debate, no es, no se planteó así en principio y no podrá ser un conflicto entre el Senado y la Cámara de Diputados; y nosotros, los diputados de la mayoría, no estamos interesados en instigar esta clase de conflictos; pero no existe, además, razón de fondo para plantear así la cuestión; no fue el Senado quien se lanzó a la lucha contra la reforma, de una manera exclusiva. Algunos senadores expresaron su opinión. Estaban en su derecho de hacerlo, como algunos miembros de esta Cámara, que votaron libremente en contra de la reforma. No; sabemos que la lucha fue más amplia y que sembró desventuradamente, en términos equívocos, entre una fuerza como la Cámara de Diputados, que en este asunto se propuso cumplir con su deber como impulsora de la transformación y el avance de nuestras instituciones democráticas, y una fuerza, un tanto difusa, de un sector de la opinión pública, de algunos círculos políticos que, por más que hablaba el lenguaje de la Revolución, estaban en realidad sosteniendo una tesis conservadora.

No caigamos ahora en la tentación de simplificar este problema para reducirlo a la cuestión tan impresionista de una lucha entre la Cámara de Diputados y el Senado. No son éstos los términos; - es, en todo caso, la lucha entre quienes convivimos la necesidad de fortalecer el Poder Legislativo para que se integre de verdad el Gobierno representativo, para que maduren las instituciones democráticas preconizadas por nuestra Constitución; y quienes, a la mejor, entienden que este funcionamiento actual imperfecto, incipiente, del Poder Legislativo es ya el mejor de los

mundos posibles - y que no hay por qué cambiarlo. En la esencia de la reforma, y lo quiero decir ahora por nueva meditación, no por oportunidad de aniversario; en la esencia de la reforma para la reelección de los diputados está el espíritu de Morelos, exactamente el espíritu de Morelos, porque con Morelos nace el Gobierno de la Nación, todavía no independiente, y nacen juntos el Ejecutivo y el Legislativo.

Y Morelos incluso le da preeminencia al Legislativo hasta llegar a eso que, con un juicio quizá un tanto superficial, se considera error capital de Morelos el haber entregado su voluntad en mando y su vida a la potestad del Legislativo.

Pero nacen juntos, eso es lo importante.

No existirán en México nunca un parlamentarismo del tipo del parlamentarismo de Occidente. Es un tanto exótico ese parlamentarismo. Cuando operó en el siglo pasado actuó en ocasiones como Asamblea excesivamente deliberadamente y responsable y estuvo a punto, alguna vez, de dejar sin cabeza, sin la mejor cabeza, a la patria, cuando estuvo a punto de derrocar a Benito Juárez. No; las asambleas son para deliberar, no para ejecutar y yo soy partidario, lo he dicho varias veces pensando en las condiciones históricas concretas de nuestro país. Soy partidario del Poder Ejecutivo fuerte y del presidencialismo; tal vez ese Poder Ejecutivo fuerte nos salvó, en los años de la Revolución, posteriores a la Revolución armada, nos salvó de la división y de la anarquía, que hubiera abierto las puertas a la intromisión extranjera, y ha sido el Poder Ejecutivo central un poder progresista, impulsor de las reformas y de los avances en el derecho y de la construcción del país, soy partidario del mando fuerte, unitario de la República, pero no vayamos al otro extremo, no mutilemos la estructura política del país.

El Poder Ejecutivo, fuerte y respetado, no quiere decir supresión del Poder Legislativo. Y no nos volvamos cínicos; una cosa es que el Poder Legislativo, por muchas circunstancias que ahora no podemos analizar por falta de tiempo, haya sido debilitado y se haya debilitado a sí mismo en ocasiones, y otra cosa es que aceptemos que el Poder Legislativo solamente existe en el texto constitucional y en las nóminas del Congreso de la Unión. (Aplausos.)

Tenemos facultades precisas y sin exagerarlas, sin llegar a la utopía democratista, tenemos que avanzar en la evolución política del país, haciendo que maduren, al paso de las circunstancias, las instituciones inscritas por los constituyentes en el Código Fundamental.

Sabemos que para que una ley sea verdadera no basta que esté escrita. Es necesario que esté inserta en la realidad, que sea connatural a una realidad dada; de tal manera que su inscripción en la ley sea sólo el reflejo de que existe y se cumple.

Vamos hacia la integración de las instituciones del país. Solamente los pesimistas a todo trance, solamente los negadores sistemáticos pueden afirmar que el país no avanza. Sí avanza. Esta Cámara demuestra su avance y esto es lo importante. No hemos venido a esta sesión, creo yo, ni a desahogar un resentimiento, que no tenemos, que no debemos tener, ni a trabarnos en un conflicto con otra Cámara, ni a hacer recuerdos puramente amargos del pasado. Ese episodio va a cerrarse. No lo cancelamos como propósito; cancelamos un trámite, porque no pretendemos movernos en el terreno de la pura teoría jurídica; porque no podemos tampoco llegar a desorbitar la cuestión y plantearnos las cosas de pronto como si el único objeto de haber venido a esta Cámara, la única misión de nosotros por estos tres años, hubiera sido venir a luchar por la reelección de los diputados.

¿Regresar el expediente a la Cámara de Senadores? No, no, sería ocioso; a mi juicio sería contraproducente, sería peligroso para intereses altos que debemos defender y que representamos en esta Cámara; porque, a sabiendas de que el Senado, por equis circunstancias, está definidamente en contra de la reforma, devolverle el expediente querría decir, simplemente, entablar ese juego de pelota a que se refirió el licenciado Lombardo. Tenemos sentido de la medida y tenemos sentido de la integridad de los intereses que representamos. Y tenemos calma también, y sentido de la historia. No abandonaremos la lucha, pero nuestra lucha no es sólo por ese principio de reelección de los diputados, que es importante, pero que dista mucho de ser lo más importante por lo que hay que luchar en el país. Muchas tareas nos han convocado aquí; muchas exigencias levanta el pueblo ante nuestra responsabilidad; muchos peligros puede afrontar la nación.

No nos apasionemos al punto de convenir este problema en un motivo de división entre los órganos del poder Legislativo y demás fraccionamientos y división entre las fuerzas del progreso nacional.

(Aplausos.)

Nosotros, los diputados de la mayoría, tenemos conciencia de esto. Somos partidarios, lo hemos dicho, de la unidad de la Revolución Mexicana, del vasto campo de la Revolución Mexicana, que abarca a núcleos muy diversos en muchas cuestiones, agrupados, sin embargo, en torno a los propósitos comunes de elevar el nivel de vida del pueblo y de resguardar y fortalecer la independencia nacional. Y somos también partidarios de la unidad nacional; de esa unidad nacional bien caracterizada por el Presidente Díaz Ordaz cuando dijo: "No quiere decir uniformidad. La unidad nacional supone diferencias y coincidencias".

Si nos fuéramos a separar por las diferencias; si las diferencias fueran insalvables, la Nación se desintegraría, caería en el desgobierno.

Lo que nos puede unir es aquello que Gabino Barreda, en su tiempo, llamó "un acervo común de verdades básicas". Eso nos interesa, fundamentalmente, no perdamos la calma ni la visión del bosque por ver los árboles. No van a detenerse las fuerzas que en el país tienden a fortalecer al Poder Legislativo, porque este país sí necesita un Poder Legislativo, un poder deliberante, crítico, vigilante y legislativo; no como antagonista sistemático del Poder Ejecutivo; pero sí complemento de la función del pensamiento libre con la palabra 'libre' que busca, entre las tinieblas, el camino de la Nación y que lo alumbre.

Tenemos esa alta misión, la misión que el Presidente Díaz Ordaz recodara aquí: "La exposición honrada de las ideas. Es necesaria, - dijo -, para perfeccionar el régimen democrático del país. ¡'Pobre país aquél que no tiene parlamento¡ ¡Pobres países, donde sólo existe la voz de mando y no puede existir la crítica¡ ¡Pobres partidos, aquéllos en cuyo seno no hay libre discusión¡" (Aplausos.)

Y eso es lo que nos preocupa. Damos un trámite, un trámite realista. Sí, esa palabra es poco heroica,

pero es prodigiosa; realista, porque ya decía Bernard Shaw: "Todo abandona a quien abandona los caminos de la realidad, incluso la moral".

Es inmoral, a veces, abandonar el camino de la realidad. No es lo moral poder parecer poco gallardo; pero es una actitud profundamente responsable; no, no hemos venido a jugar la pelota de las leyes con el Senado; hemos venido a fraguar el proyecto de un Poder Legislativo digno, y ése está naciendo.

Hay mucha incomprensión, mucho desprecio para lo que es y lo que debe ser el Poder Legislativo. La crítica política en México casi no existe; existe la diatriba, la injuria, el chisme y la calumnia; y la comidilla de esa mala crítica solemos ser los diputados y los senadores; es una crítica superficial, pero que expresa, además, cierto enanismo del carácter político, todavía, de algunos círculos, porque hay quienes no se atreven a tocar, ni con el pensamiento, la epidermis de un funcionario del Ejecutivo, porque el Ejecutivo dispone de fuerza de represión o de fuerza económica o de otro tipo, y, entonces, en compensación de esta imposibilidad de tocar, ni con el pétalo de una rosa, a un funcionario del Ejecutivo, hay que demostrar, valientemente, a los diputados que no tienen Poder Ejecutivo. (Aplausos)

Permítaseme que diga que, fuera de este recinto, y salvo por lo que algunos periódicos transmiten lo que aquí ocurre, ya no digamos el pueblo, sino gran parte de los expertos políticos, no saben lo que está pasando en esta Cámara. Si lo han observado parece que se han quedado pasmados y no se atreven a examinar. ¿Qué está pasando? - es la pregunta -, donde Acción Nacional y el Partido Popular Socialista y el PRI y el Partido Auténtico de la Revolución debaten, controvierten, a veces usan ciertos términos ásperos para calificarse o combatirse, pero en muchas cuestiones importantes han empezado a coincidir. ¿Qué está pasando? ¿Es que la mayoría del PRI, dirigida por Alfonso Martínez Domínguez, ha capitulado ante Acción Nacional? ¿Se ha inclinado a la derecha? ¿Es que, como pudo suceder, en alguna de las últimas sesiones, ya también hay un pacto de no agresión entre el PPS y el PAN? ¿Qué está pasando? ¿Es un arreglo de compadres o qué está pasando? Estamos rodeados de un cinturón de indiferencia, de falta de perspicacia y hasta de menosprecio. Yo afirmo que esta Cámara de Diputados es el signo de un cambio importantísimo en la política nacional. (Aplausos.)

No, no estamos transando de mala manera, - así lo creo -; ni los del PAN, ni del PPS, ni los del PRI, ni los del PARM, hemos abandonado, cada quien, sus respectivas posiciones y sus principios. Lo que ocurre es que la conformación de esta Cámara, que corresponde a una evolución del mundo y de México hace posible, por primera vez en mucho tiempo, la confrontación franca de las diferencias y de las coincidencias, y se empiezan a aclarar las coincidencias que se creían que no existían y se empiezan a aclarar las diferencias que existen y existirán por mucho tiempo.

¿Y por qué sentimos sobre nosotros el peso de una imperiosa exigencia nacional? ¿Quién ignora que hoy corren peligro todas las patrias, quién ignora que son tremendos los problemas del pueblo? En esas condiciones, siempre revolucionarias, la divisa de Martí: "Unirse es la palabra de oro, no hacer a un lado las diferencias; al contrario, hay que hacer cada quien su razón."

No hay que desvanecer las divergencias reales, es necesario ponerlas frente a frente, porque esa lucha engendra progreso en el pensamiento y en la política. Pero también hay que establecer una base de unidad en aquello que importa, por encima de los partidos, a la causa del pueblo y de la independencia de la Nación.

Eso es lo que está ocurriendo aquí. Esta Cámara es ya el germen de una verdadera Asamblea Nacional. Aquí están, en la diputación de Acción Nacional, todas las generaciones de los oposicionistas al poder público, desde hace 30 ó 40 años, desde los fundadores del PAN hasta sus últimos vástagos, representados en cabezas que obligan al respeto de todo contendiente político. Aquí está, ¿por qué no decirlo?, ese trozo viviente de historia y de experiencia política, que es Lombardo Toledano y sus compañeros de partido. (Aplausos.)

Aquí están los representativos del viejo pueblo armado, los generales de la Revolución, ya ancianos, pero no prevaricadores, y la amplia gama de los representantes de nuestro partido, de mi partido, los líderes de la totalidad del movimiento obrero nacional, de las diferentes centrales. Los mismos dirigentes de los trabajadores, del Estado: los representantes de los campesinos; los exponentes de la juventud estudiosa, intelectual y progresista. Los militares pundonorosos y leales a la República y a la Revolución; ingenieros, médicos, químicos, profesores, técnicos de diversas ramas y una representación nutrida y esforzada, de la mujer mexicana; aquí está el cuadro de las fuerzas que deciden el rumbo de la nación, y hemos empezado a dialogar, hemos empezado a forjar las verdades comunes y a aclarar las diferencia.

Esta es la gran tarea: fortalecer al Poder Legislativo. No forzosa, ni necesariamente, de una manera absoluta, la reelección de los hombres; la reelección, la continuación, el rebrote de la Institución está en pie; una nueva Cámara. Saludemos esta Cámara piloto, explotadora, pionera de los tiempos futuros.

(Aplausos.)

El C. secretario Hernández Gómez, Tulio: Por instrucción de la Presidencia esta Secretaría va a proceder a tomar la votación nominal del proyecto, de acuerdo con los presidentes de las Comisiones. Por la afirmativa.

El C. secretario Colín Sánchez, Mario: Por la negativa. (Votación.) - El C. secretario Hernández Gómez Tulio: ¿Falta algún ciudadano diputado de votar por la afirmativa?

El C. secretario Colín Sánchez, Mario: ¿Falta algún ciudadano diputado de votar por la negativa? Se va a proceder a recoger la votación de la Mesa.

(Votación.)

El C. secretario Hernández Gómez, Tulio: Fue aprobado el dictamen por 143 votos de la afirmativa contra 20 de la negativa.

Señor Presidente, se informa a usted que se han agotado los asuntos en cartera.

El C. Presidente (a las 17.31 horas): Se levanta la sesión y se cita para el próximo martes 19, a las 10 horas.

TAQUIGRAFÍA PARLAMENTARIA Y "DIARIO DE LOS DEBATES"