Legislatura XLVI - Año II - Período Ordinario - Fecha 19651112 - Número de Diario 19
(L46A2P1oN019F19651112.xml)Núm. Diario:19ENCABEZADO
MEXICO,D.F. VIERNES 12 DE NOVIEMBRE DE 1965
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Registrado como artículo de 2a. clasese en la Administración Local de Correos, el 21 de septiembre de 1921.
AÑO II.- PERIODO ORDINARIO XLVI LEGISLATURA TOMO I. - NUMERO 19
SESIÓN DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS
EFECTUADA EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 1965
SUMARIO
I. Se abre la sesión. Lectura de la Orden del Día. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
II. Informes de las legislaturas: Estado de Chiapas, la apertura del primer período ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio; Estado de Veracruz, designación de su mesa directiva para el presente mes. De enterado.
III. Primera lectura al dictamen, con proyecto de decreto, en que se concede permiso al C. Carlos Canseco para que acepte y desempeñe el cargo de cónsul general honorario de la República de Honduras, en Monterrey, N. L.
IV. Segunda lectura al dictamen, con proyecto de decreto, en que se concede pensión de gracia a la C. María Hernández Zarco. Se aprueba. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
V. Segunda lectura al dictamen de la Comisión de Presupuestos y Cuenta, relacionado con la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al año fiscal de 1964. Dispensada la segunda lectura a los considerandos del dictamen se aprueba la proposición de la presidencia para la discusión del dictamen, tanto en lo general como en lo particular, en un solo debate. Intervienen, en contra, los CC. diputados Felipe Gómez Mont y Rafael Estrada Villa, y al final, para hacer aclaraciones, en pro, por la Comisión, Luis Dantón Rodríguez, Salvador Rodríguez Leija y Carlos Sánchez Dosal. Abierto nuevo registro de oradores hacen uso de la palabra, en contra, los CC. Jorge Ricaud Rothiot, Juan Landerreche Obregón y Adolfo Christlieb Ibarrola; en pro, Francisco Ortiz Mendoza y, por la Comisión, Antonio Cobos Panamá, Rubén Moheno Velasco y Jorge de la Vega Domínguez. Considerando suficientemente discutido el proyecto se aprueba, tanto en lo general como en lo particular, en un solo acto. Pasa el proyecto de decreto al Senado de la República para sus efectos constitucionales. Se levanta la sesión.
DEBATE
Presidencia de la C. MARTA ANDRADE DE DEL ROSAL
(Asistencia de 162 ciudadanos diputados)
I
- La C. Presidenta (a las 12.10 horas): Se abre la sesión.
- El C. secretario Colín Sánchez, Mario:
"Orden del Día.
12 de noviembre de 1965.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Circulares de legislaturas locales.
Dictámenes de primera lectura: de las Comisiones del Servicio Consular y Diplomático, con Proyecto de Decreto, concediendo permiso para desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Honduras al C. Carlos Canseco.
Dictámenes a discusión: de la Segunda Comisión de Hacienda, relativo a la pensión de gracia que se otorga a la C. María Hernández Zarco, Medalla Belisario Domínguez 1963.
De la Comisión de Presupuesto y Cuenta, relativo a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal para 1964."
"Acta de la sesión efectuada por la Cámara de Diputados del XLVI Congreso de la Unión el día nueve de noviembre de mil novecientos sesenta y cinco.
Presidencia de la C. Marta Andrade de Del Rosal.
En la ciudad de México, a las doce horas y diez minutos del martes nueve de noviembre de mil novecientos sesenta y cinco se abre la sesión, con una asistencia de ciento sesenta y siete ciudadanos representantes, según manifiesta la Secretaría, una vez que pasa lista.
Lectura de la Orden del Día.
Sin discusión se aprueba el acta de la sesión anterior, celebrada el día cinco del actual.
La Secretaría da cuenta con los asuntos en cartera.
Invitación, de la Comisión Permanente de la cuadragesimatercera Legislatura del Estado de Coahuila, a la sesión solemne que tendrá lugar el día 15 de los corrientes y en la cual el C. licenciado Braulio Fernández Aguirre, gobernador constitucional de la Entidad rendirá el segundo informe de su gestión administrativa.
Para que asistan, en representación de la H. Cámara de Diputados, a dicha ceremonia, se designa a los CC. Tomás Algaba Gómez, Leopoldo González Sáenz, Mariano González Gutiérrez, Fernando González Piñon, Mario Llerenas Ochoa, Alfonso Reyes Aguilera, Francisco Padilla Rodríguez, Mauro Berrueto Ramón y Argentina Blanco Fuentes.
Iniciativa de reformas a la base primera de la fracción VI del artículo 73 de la Constitución Federal, presentada por los CC. diputados del Partido Acción Nacional, y a la cual da lectura el C. diputado Jorge Avila Blancas.
Previa aclaración del C. diputado Vicente Fuentes Díaz, la anterior iniciativa se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales en turno y de Estudios Legislativos, e imprímase.
El C. Abel Carlos Vicencio Tovar da lectura a una iniciativa suscrita por los CC. diputados miembros del Partido Acción Nacional, a fin de reformar la Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal. A las Comisiones unidas del Departamento del Distrito Federal y de Estudios Legislativos, e imprímase.
Dos dictámenes, de la Primera Comisión de Hacienda, con proyectos de decreto, que conceden a la C. Sofía Flores pensión de doce pesos diarios, por los servicios que prestó a la nación su extinto esposo el C. Eduardo Hernández Villarreal, y deroga el decreto anterior publicado en el 'Diario Oficial', de 8 de septiembre de 1933, y, a la C. María Arriaga Delgado pensión vitalicia de setecientos cincuenta pesos mensuales como nieta del C. licenciado Ponciana Arriaga, Diputado Constituyente de 1857. Primera lectura.
Proyecto de decreto, suscrito por la Segunda Comisión de Hacienda, que concede pensión de gracia de un mil doscientos pesos mensuales a la C. María Hernández Zarco, por los servicios prestados a la nación. Primera lectura.
Dictamen, con proyecto de decreto, de la Comisión del Servicio Consular y Diplomático, concediendo permiso al C. Salvador Navarro Gámiz para que desempeñe el cargo de cónsul honorario de la República de Haití, en esta ciudad de México. Primera lectura.
Proyecto de decreto que concede permiso al C. Juan Miguel de Mora Vaquerizo para que acepte y use la condecoración de la Orden de la Liberación de España que, en el grado de Caballero, le confirió el gobierno de la República Española en el exilio, dictamen suscrito por la Segunda Comisión de Puntos Constitucionales. Primera lectura.
La Segunda Comisión de la Defensa Nacional presenta tres dictámenes, con proyectos de decreto, en virtud de los cuales se concede pensión vitalicia, de cuatrocientos cincuenta pesos mensuales, al C. Víctor E. Remes Fernández, como defensor del Puerto de Veracruz durante la Invasión Norteamericana el año de 1914; de setecientos cincuenta pesos mensuales al C. Andrés Jaimes Benítez, por los servicios que prestó a la Revolución, y de veinticinco pesos diarios a la C. Teresa Ríos viuda de Rodríguez Clara, en mérito a los servicios que prestó a la Revolución su extinto esposo el C. Juan Rodríguez Clara. Primera lectura.
Las Comisiones Unidas de Estudios Legislativos y Segunda de Trabajo suscriben un dictamen relacionado con la iniciativa que, para reformar la fracción X del artículo 326 de la Ley Federal del Trabajo, presentó el C. Buenaventura Lara, diputado que fuera a la trigesimoctava Legislatura y que termina con un punto de acuerdo ordenando se archive el expediente, por carecer de actualidad.
En votación económica se aprueba.
Dictamen de la Comisión de Salubridad, en relación con la iniciativa enviada por el Ejecutivo de la Unión, en septiembre de 1952, para que se expida un decreto que autorice, en el Distrito y Territorios Federales, el aprovechamiento de tejidos orgánicos de cadáveres para fines de carácter médico y científico, y que concluye con puntos de acuerdo ordenando se archive la iniciativa en cuestión, debiendo la Comisión de Salubridad seguir estudiando los diversos aspectos de este asunto.
La asamblea aprueba los puntos de acuerdo.
En votación económica, la asamblea aprueba un punto de acuerdo, suscrito por las Comisiones Unidas Primera de Trabajo y de Estudios Legislativos, a efecto de que se archive el expediente relativo a la iniciativa de reformas a la Ley Federal del Trabajo, presentada, en el año de 1946, por el entonces diputado J. Guadalupe Bernal.
La Comisión del Servicio Consular y Diplomático suscribe tres dictámenes, con proyectos de decreto, que conceden permiso al C. Francisco Broissin Abdalá para que acepte y desempeñe el cargo de cónsul honorario del gobierno de Francia, en Veracruz, Ver., y para que las CC. Carmen Millotte Pérez y Obdulia Santaella Dorantes presten servicios, de carácter administrativo, en la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica, en esta ciudad. Segunda lectura.
A discusión; no habiéndola se reservan para su votación nominal.
Tres dictámenes, con proyectos de decreto, de la Segunda Comisión de Puntos Constitucionales, en virtud de los cuales se autoriza al C. Ernesto de Santiago López para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional al Mérito en el grado de Gran Cruz, que le confirió el gobierno del Ecuador, y a los CC. Ramón Pérez Morquecho y Ernesto Kubli para aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito de la República italiana que, respectivamente, en los grados de Comendador y Caballero, les fueron conferidas por el gobierno de dicho país. Segunda lectura.
A discusión; sin ella se reservan para su votación nominal.
Proyecto de decreto, de la Segunda Comisión de la Defensa Nacional, que concede al C. capitán primero Florencio López Isaacs pensión vitalicia de setecientos cincuenta pesos mensuales, en mérito a los servicios que prestó a la Revolución. Segunda lectura.
A discusión; no habiendo quien haga uso de la palabra, en votación nominal son aprobados éste y los seis proyectos de decreto anteriormente reservados, por unanimidad de ciento sesenta y siete votos. Pasan al Senado para sus efectos constitucionales.
Las Comisiones Unidas Segunda de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Sección Constitucional, suscriben un dictamen, con proyecto de decreto, que deroga las fracciones IX, del artículo 89; II del artículo 117 y para reformar la fracción XIII del artículo 73 de la Constitución Federal de la República, a iniciativa de los CC. diputados miembros del Partido Acción Nacional. Segunda lectura.
A discusión; el C. diputado Miguel Estrada Iturbide hace uso de la palabra y propone una adición a los considerandos del dictamen, adición que las Comisiones dictaminadoras, por conducto del C. diputado Fluvio Vista Altamirano, hacen suya. Por instrucciones de la Presidencia agréguese al expediente para que sea conocida, en su oportunidad, por la Colegisladora, así como por las Legislaturas locales, en el momento en que se avoquen al estudio de este asunto
En votación nominal se aprueba el proyecto de decreto con la adición propuesta y aceptada por las Comisiones dictaminadoras, por unanimidad de ciento sesenta y siete votos. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
A las catorce horas y cinco minutos se levanta la sesión pública y se pasa a sesión secreta."
Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba. Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Aprobada.
II
- El C. secretario Colín Sánchez, Mario:
"Tuxtla Gutiérrez, Chis. 1o. de noviembre de 1965.
Presidente de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.- México, D. F.
Satisfácenos participar usted que honorable cuadragesimanovena Legislatura esta Entidad abrió hoy primer período ordinario sesiones correspondiente segundo año ejercicio. Atte. profesor Eloy Morales Espinosa, diputado Secretario; María Teresa C. viuda de Rovelo, diputada Secretaria; Aniceto Orantes Rincón, Presidente. De enterado.
"Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Poder Legislativo.- Estado Libre y Soberano de Veracruz- Llave.
C. diputado Presidente de la H. Cámara de Diputados.- H. Congreso de la Unión .- México, D.F.
Nos permitimos el honor de participar a usted que la H. XLVII Legislatura del Estado, en sesión ordinaria efectuada hoy, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 17 de su Reglamento Interior, designó la mesa directiva que funcionará durante el mes de noviembre próximo; la cual quedó integrada por los siguientes CC. diputados: Presidente, licenciado Rodolfo Reus Mariscal; Vicepresidente, Bladimir Acosta Díaz; Secretario, Regina Casado Hernández.
Al participar a usted lo anterior nos es grato reiterarle las seguridades de nuestra distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Jalapa, Ver., octubre 27 de 1965.- H. Legislatura del Estado: Ramón Roca Sentíes, D. P.- Julieta Alonso de Neri, D.S." De enterado.
III
- El mismo C. Secretario:
"Comisión del Servicio Consular y Diplomático.
Honorable Asamblea:
El C. Carlos Canseco solicita el permiso constitucional necesario para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul general honorario de Honduras, en Monterrey, N. L.
La Cámara de Diputados en sesión celebrada el día 21 de septiembre de 1965, turnó a la suscrita, Comisión del Servicio Consular y Diplomático, para su estudio y dictamen, el expediente relativo a dicha solicitud.
Considerando que se cumple con lo establecido en la fracción II, del apartado B, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión se permite someter al ilustrado criterio de vuestra soberanía, el siguiente proyecto de decreto:
Artículo Único. Se concede permiso al C. Carlos Canseco para que, sin perder la ciudadanía mexicana, pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul general honorario de la República de Honduras, en Monterrey, N. L.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.- México, D. F., a 9 de noviembre de 1965.- Domingo Camarena López.- Fabio Espinosa Granados.- Miguel Estrada Iturbide.- José Muro Saldívar.- Augusto Gómez Villanueva." Primera Lectura.
IV
- El mismo C. Secretario:
"Segunda Comisión de Hacienda.
Honorable Asamblea:
Para su estudio y dictamen se turnó, por acuerdo de vuestra soberanía, a la Segunda Comisión de Hacienda, que suscribe, el proyecto de decreto aprobado por la H. Cámara de Senadores concediendo pensión vitalicia a la C. María Hernández Zarco.
En el año de 1963 le fue concedida la Medalla Belisario Domínguez a la solicitante por los servicios prestados a la nación.
La Colegisladora tomó en consideración la situación económica de la peticionaria, su avanzada edad y los servicios que prestó a la nación, y consideró que es de justicia otorgarle una pensión decorosa que le permita sufragar los gastos más indispensables.
La Comisión hace suyos los fundamentos que orientaron a la Cámara de Senadores y, en tal virtud, se permite someter al ilustrado criterio de vuestra soberanía el siguiente proyecto de decreto:
Único. Se concede una pensión de gracia a la C. María Hernández Zarco por los servicios prestados a la nación de $ 1,200.00 (un mil doscientos pesos), mensuales. Esta pensión le será pagada íntegramente por la Tesorería General de la Federación.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.- México, D. F., a 8 de noviembre de 1965.- Enrique Bautista Adame.- Humberto Velasco Avilés.- Arturo López Portillo.- Alejandro Carrillo.- Ramón Zentella Asencio."
Está a discusión el dictamen. No habiendo quien haga uso de la palabra se va a proceder a su votación nominal. Por la afirmativa.
- La C. secretaria Anderson Nevárez, Hilda: Por la negativa. (Votación.)
El C. secretario Colín Sánchez, Mario: ¿Falta algún ciudadano diputado de votar por la afirmativa?
- La C. secretaria Anderson Nevárez, Hilda: ¿Falta algún ciudadano diputado de votar por la negativa? Se procede a recoger la votación de la Mesa. (Votación.)
El C. secretario Colín Sánchez, Mario: Fue aprobado el proyecto de decreto por 162 votos. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
V
- La C. secretaria Anderson Nevárez, Hilda: Dictamen de la Comisión de Presupuestos y Cuenta, relativo a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, correspondiente al año fiscal de 1964.
La Secretaría, por instrucciones de la presidencia, pregunta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la segunda lectura a los considerandos del dictamen y sólo se da lectura al proyecto de decreto. Los que estén por la afirmativa sírvanes manifestarlo. Aprobado.
Habiéndose aprobado esta proposición se va a dar lectura al proyecto de decreto:
"Artículo 1º. Se admite la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y la del Departamento del Distrito Federal correspondientes al ejercicio fiscal de 1964, a que se refieren los estados contables que las resumen y que fueron presentadas por el Ejecutivo Federal dentro del término de Ley.
Artículo 2º. Revisados los estados contables a que se refiere el punto resolutivo anterior, se encontró que las cantidades gastadas concuerdan con las partidas autorizadas y, en consecuencia, se aprueban, considerando asimismo los resultados satisfactorios logrados en el desarrollo económico y social del país mediante la correcta aplicación de la política de ingreso y gasto público seguida por el Jefe del Poder Ejecutivo Federal.
Artículo 3º. Ordénese a la Contaduría Mayor de Hacienda que examine minuciosamente los libros de contabilidad y glose los documentos justificativos y comprobatorios que integran la propia cuenta y proceda en los términos de Ley.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.- México, D. F., 29 de octubre de 1965.- La Comisión: Abraham Aguilar Paniagua.- Luis Dantón Rodríguez.- José Antonio Cobos.- Jorge de la Vega Domínguez.- Miguel Osorio Marbán.- Manuel Orijel Salazar.- Salvador Rodríguez Leija.- Rubén Moheno Velasco.- Manuel Gurría Ordóñez.- Guillermo Molina Reyes."
- La C. Presidenta: El dictamen de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, por el ejercicio fiscal de 1964, al que acaba de referirse la Secretaría, consta de tres artículos en el proyecto de decreto, los cuales están íntimamente relacionados. En atención a lo expuesto y en virtud de las pláticas que la mesa directiva ha tenido con la Comisión Dictaminadora y con los ciudadanos diputados interesados en este asunto esta presidencia propone a la Asamblea se discuta el dictamen en cuestión, tanto en lo general como en lo particular, en un solo debate.
En consecuencia, esta presidencia ruega a la Secretaría consulte, en votación económica, si se acepta la sugestión antes apuntada.
- La C. secretaria Anderson Nevárez, Hilda: Esta Secretaría pregunta a la Asamblea si se aprueba la sugestión antes apuntada por la Presidencia. Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Aprobada.
En consecuencia está a discusión el dictamen.
- La C. Presidenta: Se abre el registro de oradores.
Esta Presidencia informa a la Asamblea que se han registrado los siguientes diputados: en contra, el diputado Gómez Mont y el diputado Estrada Villa; en pro, los compañeros que forman la Comisión.
Tiene la palabra el diputado Gómez Mont.
El C. Gómez Mont, Felipe: Señora Presidenta, señores diputados:
Como una cuestión previa a este debate y que afecta tanto a la Cuenta del Distrito Federal como a la de la Federación, quiero manifestar que los diputados de Acción Nacional haremos caso omiso de dos párrafos totalmente extraños dentro del dictamen, pero que no queremos que sean considerados ni siquiera como el más remoto de nuestros consentimientos, para con su sola mención se considere liquidada la obligación de la Cámara de Diputados y del Congreso de analizar la glosa.
En efecto, en este dictamen encontramos, en la página 18, dos párrafos que hacen mención a la glosa de 63 y que no queremos considerar más que como una mención accidental y jamás como un punto que se pueda considerar discutido y aprobado. Dice el dictamen: "Por lo que se refiere a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y a la Cuenta del Departamento del Distrito Federal de 1963, aprobadas por la H. Asamblea, la Comisión Inspectora ha informado a ésta haber verificado que las labores de glosa fueron realizadas debidamente por la Contaduría Mayor.
Los resultados de la glosa, realizados en la forma y términos que la ley señala, para examinar la exactitud y justificación de los egresos efectuados en el ejercicio de referencia, están contenidos en un amplio informe técnico contable formulado por dicha dependencia. Las labores llevadas a cabo comprenden los finiquitos expedidos correspondientes a las partidas comprobadas en el orden legal, numérico y contable, así como también los pliegos de observaciones fincados a las autoridades responsables, cuyo procedimiento, de acuerdo con las disposiciones legales y las prácticas administrativas, continúa en trámite hasta su total solvencia."
Como el orden del día, la primera lectura y el dictamen, se refieren exclusivamente al dictamen de la Comisión de Presupuestos y Cuenta, relativo a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal para 1964, clara y expresamente hacemos mención de que ni puede discutirse, ni puede mencionarse, ni puede aprobarse, mucho menos, la glosa correspondiente a
la Cuenta de 1963. Si la única razón de la mayoría del número y de forzada interpretación lleva a ello, quede a salvo la posición de los diputados de mi Partido, que no aceptan considerar incluido en este debate un punto tan delicado como el de la glosa y la responsabilidad de los funcionarios públicos.
Hecha esta salvedad conviene precisar, antes de analizar el problema del presupuesto del Distrito Federal, cuál es la función constitucional que compete a la Cámara en relación con el manejo de los fondos públicos. Cuando surge la Constitución es americana y francesa, de las que es tomada nuestra Constitución. No de los principales capítulos de defensa y representación del pueblo está en la participación de los órganos del Poder, debidamente equilibrados para el manejo de esas cantidades. Sólo el Poder Ejecutivo puede iniciar la ley de presupuestos, sólo él puede decirnos lo que quiere y lo que necesita, y es, a través de esas iniciativas del presupuesto que nosotros podemos autorizar y autorizamos el ejercicio de las partidas que correspondan para el buen manejo de los fondos del pueblo.
Función ésta, precedida de la fijación del impuesto, el buscar que las cargas presupuestales no pesen tanto sobre el pueblo, porque de no vigilar nosotros por esta nivelación, estamos creando climas propicios a las inconformidades y a todas las consecuencias de aquellos pueblos que se sienten oprimidos en el aspecto tributario. Y el punto culminante, que es aquel momento en que el Congreso va a revisar la cuenta pública, no bastó decretar los impuestos, no bastó recibir la iniciativa del Ejecutivo, y aprobarla, sobre todo, en regímenes parlamentarios como los sudamericanos en que hay una gran supeditación del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo; en especial a estos aspectos, vamos a ver si el Ejecutivo respondió a los grandes trazos que fijamos en la aprobación del presupuesto, no como cuenta chiles, sino conforme a aquella alta función de un poder en que dentro de los límites señalados por el Congreso pueden manejar los fondos públicos y realizar la función que le compete, ajustada no a su voluntad, sino a los términos constitucionales que le han sido fijados.
Y así, debemos entender que en este momento somos la máxima expresión del que ve y vela por los fondos del pueblo, función esencialmente democrática y que sólo se encuentra instituida en esta forma, cuando realmente la nivelación de los Poderes hacen que el pueblo sienta la satisfacción de ver manejados sus fondos públicos adecuadamente.
Tena Ramírez, uno de los más prestigiados maestros de derecho constitucional, nos establece, analizando la reforma de 74, que se retiró la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados para extenderla al Congreso, en el aspecto de la aprobación de la Cuenta Pública, y que después recibió la Constitución de 17, debido a aquellas orientaciones del maestro Rabasa.
Nos dice así Felipe Tena Ramírez: "Según la reforma de 74, la aprobación de la cuenta anual, como la aprobación del presupuesto, era de la competencia de la Cámara de Diputados. La atribución de las dos facultades a una sola Cámara y la posibilidad de que esa única Cámara haga sospechosa o culpable la conducta anual, fueron razones que tuvo en cuenta Rabasa para objetar el sistema de 74 y que el Constituyente de Querétaro aceptó al encomendar el examen de la cuenta anual de las dos Cámaras.
La facultad respectiva del Congreso consiste, según la fracción XVIII del 73, en examinar la cuenta que anualmente debe presentarle el Poder Ejecutivo, debiendo comprender dicho examen, no sólo la conformidad de las partidas gastadas con el presupuesto de egresos, sino también la exactitud y justificación de tales partidas. En esos términos reproduce la fracción XXVIII del 73 lo que ya se había dicho en la fracción I del 65, pero más explícita esta última, añade que el examen se extenderá a las responsabilidades que hubiere lugar."
Y, a pesar de esta claridad de la posición de las Cámaras, todavía nos agrega Tena Ramírez: "El examen de la cuenta anual es atribución del Congreso, según la fracción XXVIII del artículo 73. Pero la revisión de la cuenta exige conocimientos en materia contable, por lo cual se ha creado una oficina técnica, llamada Contaduría Mayor de Hacienda, cuya vigilancia, así como el nombramiento de sus empleados, incumben a la Cámara de Diputados (artículo 74 fracciones II y III), por más que su ley orgánica la expida el Congreso (artículo 73, fracción XXIV). Como consecuencia de lo dicho, la cuenta anual tiene que presentarse primero ante la Cámara de Diputados a fin de que la Contaduría pueda emitir su dictamen antes de que las Cámaras examinen la cuenta. Así lo dispone expresamente el artículo 65,. fracción I, cuando dice que el Congreso se ocupará de revisar la cuenta pública del año anterior, que será presentada a la Cámara de Diputados dentro de los diez primeros días de la apertura de sesiones."
Si nosotros sintetizamos el pensamiento de Tena Ramírez, y creo que ninguno de ustedes tachará a este vigoroso ministro de la Suprema Corte de Justicia como un elemento reaccionario, encontramos que la cuenta pública no es la simple política de gastos que se quiere analizar en el dictamen, sino un conocimiento expuesto, concreto y definido del gasto público, para que, en los términos del artículo 65 de la Constitución, no sólo establezcamos la correspondencia de las partidas del presupuesto con las amplias modalidades que se dieron contra el voto de Acción Nacional a la Secretaría de Hacienda y al Departamento del Distrito para cambiar de partidas, para hacer del presupuesto un sistema anárquico que mereció de nosotros una intervención en esta Cámara, sino que es menester que también se sepa si están ajustadas las partidas a sus comprobantes correspondientes, y podamos evitar responsabilidades.
Para precisar, pues, nuestra función, en nombre del pueblo, vamos a analizar el problema del Distrito Federal; desde luego, hay datos positivos, y nosotros lo que vamos a criticar va a ser el sistema, no necesitamos atacar a los hombres cuando la posición de esos hombres se deriva del desconocimiento de las instituciones constitucionales que nos gobiernan; pero sí podemos decir hay algo positivo, el ingreso que no es suficiente para ajustarse al egreso. Si gastamos 2 mil seiscientos millones de pesos, si tenemos de egresos 2 mil 600 millones y tenemos ingresos por 2 mil 111 millones, es incuestionable que fue una administración que permitió cubrir esa deficiencia con sus propios recursos según el análisis de las partidas con que se provee a la administración del Distrito Federal; posiblemente, por vez primera, encontramos con que casi no se acudió a un recurso
extraordinario y nosotros no tenemos empacho en reconocer esta situación; el Departamento del Distrito Federal sólo pidió, por préstamo extraordinario, con bonos del 5%, la suma de 10,000 pesos; lo demás fueron ingresos ordinarios de la Hacienda Pública y esto sí lo reconocemos.
También nos encontramos con que, en contraposición con esto, y aunque se halla dividido el tema, tenemos que comparar el presupuesto del Departamento del Distrito Federal con el presupuesto federal de 28 mil millones de pesos; que percibió casi 10 mil millones de pesos por ingresos, extraordinarios debidos a empréstitos; finalmente, la comparación habla a favor del Gobierno del Distrito Federal.
Encontramos, en ciertos aspectos, con toda proporción guardada que, inclusive el Departamento del Distrito Federal levanta en San Juan de Aragón 10 mil casas destinadas a resolver el problema de la vivienda y no la afiliación de socios del PRI a quienes se las andan ofreciendo, y la Federación tan solo construyó, dicen, algo más de 6.550 habitaciones; vemos que, incluso, en esta comparación los saldos vienen siendo favorables para el Departamento del Distrito Federal; sin embargo, nosotros tenemos que objetar lo que ha sido obsesión del Departamento del Distrito en sentido tal, que no están jerarquizadas las inversiones del mismo.
En obras públicas 979 millones de pesos, Servicios personales 541 millones de pesos; pero si tomamos en cuenta que en el pago de pasivo también se aplicaron partidas para obras públicas por contratos de concesiones o por pago de servicios personales de ejercicios atrasados, encontramos que el gasto de obras públicas en el Distrito Federal ascendió a 1,206 millones de pesos; y en los servicios personales, el pago de servicios personales, a 546 millones de pesos, de los 1,600 millones; 1,752 se han gastado en obras públicas y salarios, problemas graves que de estos 546 millones de pesos de pagos de servicios personales casi un 40% de ellos se ha pagado de sueldos de personal supernumerario o a listas de raya. Reflejo que tienen en la vida del Distrito Federal, porque estas personas carecen de puestos base, porque estas personas carecen de la estabilidad del trabajo necesario para llevar paz y tranquilidad a sus hogares, y porque estas partidas son aplicadas, caprichosa y arbitrariamente, y en que las distribuciones inequitativas están creando, desgraciadamente, la aristocracia de ciertos trabajadores.
Problema de la obras públicas es que casi el 50%, el 40% para que no haya exceso de cálculo de la inversión del Distrito Federal, se destina a obras materiales. Y Acción Nacional no está en contra de las obras materiales, pero sí está en contra del principio de que lo principal del gobierno sea la obra material cuando es la función de servicio, cuando es la función de gobierno, cuando es la función de justicia, cuando es la función de paz social, la más elemental y la más necesaria dentro de un gobierno democrático. (Aplausos.)
A la justicia, de 17 millones se le aumenta a 25 millones: 8 millones de pesos.
Dado lo escueto del dictamen no sabemos si estos 8 millones de pesos fueron en beneficio que se considera dentro de las obras públicas o bien se entregó a la Administración de Justicia y no se reflejó en la eficacia del servicio este aumento, porque yo jamás vi a los escribientes, a los empleados de ínfima categoría, recibir aumentos a pretexto de compensaciones nacidas de estos principios de pagos aumentados en el presupuesto. Y en la Procuraduría de Justicia aconteció lo mismo, de 13 millones a 14 millones y pico aumentos que no vimos reflejados en un mejor servicio para el pueblo del Distrito Federal. Y este predominio de las obras públicas, de las construcciones, de las partidas de bienes inmuebles, que si bien puede ser función del gobierno, no deben de absorber en forma tan trascendente ese 40% de la inversión del Distrito Federal, hace que nosotros no aprobemos la jerarquización realizada de esta cuenta.
Cuando nosotros analizábamos el presupuesto del año pasado y pronto tendremos las consecuencias, vimos que ese programa de 2 ó 3 obras, del Departamento del Distrito Federal, que se lanzan a la publicidad, como hoy en día se están lanzando los problemas vitales del agua, problema tremendo del Canal del Desagüe, 2 ó 3 obras de muchos millones de pesos que formarán parte de un programa de presupuesto; pero, cuando analizamos las obras realizadas encontramos que no corresponden a los programas presupuestados, sino corresponden a una actividad empírica, corresponden a un sistema no orientado por la técnica, ni por las orientaciones dadas a través del presupuesto que inicia el Ejecutivo y que después viene a aprobar la Cámara de Diputados, sino que, en forma por demás empírica, se va realizando, siguiendo los designios del gobernador del Distrito Federal, la obra que él crea más conveniente y no la que corresponda al plan fijado al aceptar el presupuesto en la Cámara de Diputados.
De las partidas restantes para servicios encontramos, para servicios médicos, 60 millones; para la Tesorería del Distrito Federal, para recaudar los impuestos, 84 millones; para la Jefatura de Policía, 87 millones, y ni siquiera ejerce todo su presupuesto, que tan necesario es para la ciudad de México.
Y así podríamos ver diferentes partidas para después quedarnos preguntando lo mismo que afirmaban aquellos pensadores griegos: "Un pueblo podrá carecer de alimentos, un pueblo podrá carecer de cultura, pero un pueblo no puede existir si no tiene justicia."
Y no me refiero tan sólo a la justicia legal.
Así, pues, nosotros, categóricamente, establecemos que ha habido un sistema anárquico en el ejercicio del Presupuesto del Distrito Federal. El predominio de la obra material sobre el sentido de servicio. El surgir la obra conforme a la necesidad o la sensación del momento, olvidando las grandes obras programadas, o no realizándolas.
Y esto porque hemos abdicado todos de nuestras funciones constitucionales. El presupuesto aprobado, desde el momento en que se inicia, se sabe que no va a ser la base fundamental del gobierno, se les hace insuficiente, y cuando se toma uno la preocupación de leerlo, de arriba a abajo, incluso proponer e iniciar partidas completas, para una mejor administración, se encuentra uno que el presupuesto es una mera narración de partidas de salarios insuficientes.
Por eso, cuando vienen después las ampliaciones, cuando después vienen las cantidades ejercitadas, nosotros encontraremos que por la puerta falsa de la autorización para poner en orden el presupuesto,
que ya estaba desordenado, de hacer cambios de partidas, de partidas automáticas, se está realizando arbitraria o caprichosamente el manejo de los fondos públicos del Distrito Federal, y a otros hablarán del Federal.
Y por eso es que con nuestro voto lo ponemos en evidencia, que necesitamos rescatar nuestras funciones públicas. ¡Qué hermoso es el rescate, en principio apenas, del diálogo parlamentario de que están viendo ustedes los frutos! ¡Qué hermoso será el rescate de nuestras funciones constitucionales para que la cuenta pública no sea un mero requisito que se aprueba en una sesión de veinte minutos o dos horas, sino que sea el mesurado estudio de cómo se gobernó, como también debe ser el presupuesto la forma que establezcamos de común acuerdo, puesto que él nos inicia con el Ejecutivo, de cómo se deben manejar los impuestos del pueblo, los dineros del pueblo.
Y para ello voy a citar aquí el pensamiento de Miguel Lanz Duret, el egregio profesor de Derecho Constitucional: "Dos cosas serán indispensables..." Advierto que estoy cien por ciento por lo dicho con Lanz Duret.
"Dos cosas serán indispensables para que en México adquiera el Poder Legislativo el prestigio y la fuerza que merece por la importancia de su función, y también para que el Ejecutivo se convierta en lo que debe ser, un órgano de administración revestido de la honestidad y la competencia esenciales para poder servir su encargo: que las Cámaras estudien, discutan y voten a conciencia, con la documentación correspondiente y con la mira puesta en el interés nacional, las leyes de ingresos, para no recargar de contribuciones inútiles y ruinosas al pueblo, y que fijen técnicamente y a base de orden y economía los presupuestos de gastos, para concluir con la bancarrota fiscal, con la burocracia insaciable y con las concusiones y mangoneos de contratistas y funcionarios enriquecidos con subsidios extraordinarios, con grandes concesiones o con los contratos para servicios públicos."
Y concluye así el maestro de Derecho Constitucional:
"Por lo tanto, cuando todo esto no vuelva a repetirse y no haya solamente como sanción el estigma del pueblo que señala a los prevaricadores como ladrones públicos o encubridores de ladrones, sino que las Cámaras exijan real y efectivamente la responsabilidad debida, después de un honrado e imparcial examen de las cuentas fiscales, entonces habremos dado otro gran paso en el establecimiento definitivo del régimen de instituciones y el Congreso habrá llegado a ocupar el lugar preferente que le corresponde."
Estos conceptos de aquel brillante campechano, de aquel gran maestro de Derecho Constitucional y eximio periodista, nos hacen un llamado que, si bien, señores, en lo positivo se ha mejorado, en las rendiciones de cuentas públicas, que en esta ocasión el Departamento del Distrito Federal ha salido de aquella posición cerrada en la que se encontraba, para hablar un poco más sobre lo que se hace, también es cierto que el patrimonio de los ciudadanos de esta ciudad, el patrimonio de estos hombres que tan escasa representación política tienen, pero que hoy estoy orgulloso de hacerlo valer, rescate la función constitucional de que la rendición de cuentas no consiste en oir y en aprobar, sino consiste en oir, en estudiar y forzar a la autoridad ejecutiva, no a ser un mandadero del Congreso, lo repito, ésa no es función de un Poder, sino obrar dentro de las grandes preocupaciones que él planteó, que nosotros aprobamos, y que, en la práctica, con estas rendiciones de cuentas, que nadie entiende, a la postre no hace más que negativo el derecho del pueblo para conocer el manejo de sus fondos e imposible el de nosotros para poder aprobarlas. Muchas gracias. (Aplausos.)
- La C. Presidenta: Tiene la palabra la Comisión.
El C. Rodríguez Luis, Dantón: Señores diputados; honorable Asamblea:
Vengo a dar respuesta a las objeciones señaladas por el representante del Partido Acción Nacional respecto al dictamen que presentamos a vuestra consideración.
El licenciado Gómez Mont inició su disertación haciendo caso omiso de uno de los párrafos que contiene el dictamen, que se refiere al informe que la Comisión Inspectora de la Contaduría Mayor de Hacienda entregó a esta Comisión, respecto a la glosa exhaustiva y contable, verificada sobre los documentos de la Cuenta Pública Federal y de la Cuenta del Distrito Federal.
Es extraño que, como única objeción, se haya señalado que la ignora. Nosotros, que estamos delegados con las facultades para revisar los actos que dan cumplimiento al mandato constitucional, no podemos ignorar una materia tan importante, y sí, en cambio, nos encontramos en la obligación de explicar para que se encuentren al alcance del entendimiento, aun de los representantes del Partido Acción Nacional, las laboriosas tareas que realizan los organismos contables de la Federación hasta llegar a la Contaduría Mayor.
Parece que las expresiones desdeñosas quieren crear en el ánimo la idea de que la contabilidad gubernamental es una atribución que realiza el Estado mexicano con descuido y sin interés.
Quiero hacer referencia a los procesos detallados, cuidadosos e importantes, que todos los días, los manejadores de fondos y los agentes fiscales, realizan para ir consolidando la contabilidad de la Cuenta Pública.
Es, en las oficinas Federales de Hacienda, en donde se recibe el ingreso en la ejecución de la Ley; a cambio del pago que realiza el contribuyente, de su derecho y de su impuesto, la autoridad está obligada a extenderle un comprobante oficial, un recibo, o en el propio documento un recibo, o en el propio documento en donde se le liquida el impuesto franquear la operación que marca la caja registradora de la propia oficina. Todos los días, los miles de operaciones que se registran en las cajas del Erario Público son revisadas por un cuerpo especial, un grupo de contabilidad, que está permanentemente trabajando en cada una de las recaudadoras. Ese grupo realiza, en el propio día, la confronta de la operación efectuada para verificar si corresponde en el orden legal, en el orden contable, en el orden aritmético, a la señalada en la tira de auditoría y comprueba con el justificante que ha entrado el ingreso o que se ha salido el egreso. Esa labor minuciosa, anónima, silenciosa, que llevan a cabo los
grupos de contabilidad, se concentran en la Contaduría de la Federación en miles de pólizas, que contienen millares de operaciones y de conceptos de ingreso y de egreso. Llega a esta dependencia la concentración de datos por telégrafo, por oficio y por todos los medios modernos de comunicación. En la Contaduría de la Federación se hace una depuración, una liquidación y una revisión exhaustiva de todos estos documentos, que han enviado las distintas recaudadoras que tiene el país: Tesorería de la Federación, oficinas federales, aduanas, agencias fiscales.
El dinero del pueblo ha de ser cuidadosamente guardado para que regrese en servicios, en obras públicas y en el ejercicio de las atribuciones que al Estado le corresponden, al pueblo mismo, y debe enorgullecernos a los mexicanos tener suficientemente capacitada una administración fiscal, para llevar estos procesos con acuciosidad, con responsabilidad y con orden, para auxiliar a estos elementos humanos la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cuenta con los instrumentos modernos de mayor precisión para poder manejar los grandes volúmenes de ingresos y de egresos, que vienen a representar las cuentas públicas. Es por eso que cuando se presentan los estados que resumen la Cuenta Pública Federal todo el movimiento de fondos, de valores y de bienes se ha registrado minuciosamente por todos los procesos que sigue la administración fiscal. Estos procesos vienen a reflejarse en grandes números, en grandes estados financieros, que son presentados a la Cámara de Diputados durante los primeros 10 días del mes de septiembre.
El mandato constitucional a que se refiere nuestro contraopinante tiene dos aspectos importantes: señala la obligación y el derecho que tiene el Congreso para revisar las cuentas públicas. En el primer aspecto, la confronta que debe hacerse de las partidas ejercidas respecto a las partidas aprobadas y, en el segundo, el examen exhaustivo, detallado, que debe hacerse en el órgano técnico- contable de la Cámara de Diputados. Para realizar la primera de las funciones, la Comisión de Presupuestos y Cuenta, en este y en el año pasado de la presente Legislatura, ha realizado un estudio cuidadoso de toda la documentación, para presentarla en el contenido del dictamen que cuenta 32 hojas útiles y en el cual se refleja con toda verosimilitud los aspectos de los ingresos y de los egresos públicos federales.
Corresponde a los órganos establecidos por las leyes reglamentarias, y así lo señala la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, continuar el examen en el segundo aspecto, o sea, el de hacer una revisión cuidadosa de más de 126,000 pólizas contenidas en 49,282 volúmenes. Esa glosa, que será la definitiva, después de haberse realizado con las distintas autoridades del Poder Ejecutivo, es de carácter selectivo, porque no va a repetirse el examen exacto de todas las operaciones, sino que, exclusivamente, se hará una vigilancia de su proceso.
La Contaduría Mayor de Hacienda ha concluido la glosa de las cuentas correspondientes al ejercicio de 1963. La Comisión inspectora, encargada de vigilar este procedimiento, ha presentado un detallado informe técnico contable. En él se contienen las observaciones, por falta de justificación, de comprobación y de responsabilidad, que durante el receso se llevaron a cabo sobre toda la documentación que integra la cuenta pública.
En el dictamen hacemos referencia a este informe, que se encuentra a disposición de los diputados que quieran consultarlo, su amplitud y su propia naturaleza, por sí mismo, da cabal cumplimiento a la segunda parte del artículo 65, fracción primera de la Constitución General de la República.
Acción Nacional, por conducto de su personero, exclamó en esta tribuna hace un momento, reiterando la posición que tuvo el año pasado, de que el Ejecutivo, en el manejo de los gastos y de los fondos públicos, no se atuvo a los mandatos constitucionales, y yo me permito discrepar, sinceramente, de esa posición, que es crítica, pero negativa. Cuando el Ejecutivo Federal realizó su programa de acción, correspondiente al ejercicio fiscal de 1964, lo hizo en el uso de las atribuciones constitucionales que la norma fundamental le concede y que la Cámara de Diputados le aprobó.
Así, en el aspecto legal, quiero reiterar que los estados que resumen la cuenta pública están justificados desde el punto de vista jurídico, y que son plenamente legales para todos los efectos. Que este presupuesto sufrió ampliaciones, que fueron aprobadas por la propia Cámara y que aquellas otras ampliaciones, en el orden contable, tuvo el presupuesto, son autorizaciones de carácter permanente, que la Ley Orgánica del Presupuesto de la Federación, en su artículo 34 y su Reglamento, en sus artículos 16, 17 y 18, concede facultades al Poder Ejecutivo para ejercerlas. Pero, además, cuando discutimos y aprobamos el presupuesto, en el texto mismo de su articulado y en su contenido se establecieron perfectamente esas facultades para el Ejecutivo. Quiero añadir que el ejercicio presupuestal es, además, un programa de gobierno que se realiza incesantemente.
Cuando el gobierno construye escuelas, cuando el gobierno produce, edita y distribuye libros de texto gratuitos, está cumpliendo en forma efectiva, en forma dinámica y en forma activa el precepto constitucional contenido en el artículo 3º. (Aplausos.) Cuando el gobierno ejerce las partidas correspondientes a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social está respondiendo plenamente al mandato constitucional contenido en el artículo 123. Cuando el Gobierno abre oportunidades de trabajo, fuentes de industria, estimula la agricultura y el comercio, está cumpliendo con lo dispuesto por los artículos 4º. y 5º. constitucionales. Cuando el Gobierno abre carreteras para que, en todos los ámbitos del país, el mexicano no solamente tenga el derecho contenido en el artículo decimoprimero de la Constitución, sino que también tenga la facultad para ejercerlo, el gobierno está cumpliendo con su programa y está efectuando los mandatos de su Constitución, y buena prueba de ello es el texto de este dictamen, que habla que en el año pasado se abrieron más de 1,900 kilómetros de carreteras y que todos los días crecen diez kilómetros de terracería, para que los mexicanos puedan realizar, plenamente, este derecho y cuando la administración pública se preocupa por mejorar los establecimientos de la administración de justicia está dando cabal cumplimiento a las garantías contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales. Cuando las partidas presupuestales
correspondientes a la Secretaría de Gobernación aumentaron en el año cantidades considerables es porque esta misma Cámara, al reformar el artículo 18 constitucional para mejorar las condiciones de los penales federales en coordinación con los estatales, impuso una carga a la administración federal para que ésta mejorara sus servicios. Si vamos revisando cada uno de los preceptos constitucionales vemos cómo el reflejo de estos estados contables es la consecuencia legítima de un gobierno que está siguiendo un programa de acuerdo con su Constitución. (Aplausos.)
Quien, de una mirada, abarque las mudanzas que han tenido las tendencias de la Filosofía del Derecho entenderá, cabalmente, las opiniones contrapuestas en este debate y en el que se ha venido realizando desde hace 25 años con el partido de oposición.
Con nombres cambiantes hay dos tendencias perfectamente definidas en el Derecho: la escuela de los formalistas y la escuela de los finalistas. Aquellos que pretenden de una norma extraer toda la riqueza jurídica a base de silogismos y deducciones de gabinete y que no logran más que obtener su estrechamiento en el conocimiento jurídico porque pretenden enmarcar la realidad social en fórmulas frías y ajustadas; y aquellos otros, que ven en el Derecho el camino abierto a la creación de nuevos órdenes, la remodelación de la sociedad y la exaltación de los valores de la cultura, para dar alcance y logro a la justicia. Es la tesis "Formalista" una tesis de verbalismo teorético, pasivo, conservador y retrógrado; es la tesis "Finalista" una tesis práctica, realista, crítica, creadora, progresista.
Nosotros estamos con la segunda de estas tesis porque entendemos que el Derecho ha de abrevar en la vida social, recoger de su entraña los problemas más importantes para resolverlos y derivan de la realidad social la forma jurídica, para que ésta, regrese orientando y dándole sentido a la vida social, que se nos ofrece en nuestro tiempo histórico.
No pensamos escondernos en las paredes del silogismo, como lo hacían los seguidores de Ireneo en la época de los glosadores, para no llegar más que a las argumentaciones bizantinas, que no conducen a ninguna luz en el conocimiento. Queremos sacar al derecho, como lo hemos hecho en la Universidad de México desde hace más de 30 años a todos los problemas sociales que vibran en todo el territorio del país; queremos que las cuentas de la nación reflejen las atribuciones en el ejercicio jurídico de su mandato; pero interpretando, en esta forma, no la justicia en el gabinete del criminólogo, no la justicia solamente en los considerandos de la sentencia, no la justicia en el postulante, que busca los argucias para la apelación; no la justicia en los libros caducos y amarillentos, en busca y rebusca de criterios ya obsoletos, la justicia en la calle, justicia social abriendo fuentes de trabajo, justicia social construyendo obras para el beneficio del pueblo. (Aplausos.)
Nos extraña, sobremanera, que haya una expresión despectiva para la obra pública. Estas no son piedras, éstas no sólo son hacinamientos de cemento y de fierro entrelazados para ningún fin: éstos son, en nuestro medio; en el deseo que México tiene de construir los cimientos de su futuro, los cimientos de una generación nueva que venga a gozar de aquella condiciones materiales que no tuvo la anterior; son las obras, a través de las cuales se realiza la justicia social.
Le parece poco al contraopinante que nosotros, en el dictamen, hablemos de las realizaciones de un régimen, y ya que él lo quiso así, concretamente del Distrito Federal. Un régimen, en donde se han construido más de 83 escuelas, en donde se han construido más de 32 mercados en un año, en donde se han construido más de 3 museos, en donde se ha construido un palacio para el Tribunal Superior de Justicia, en donde se ha construido una red de drenaje amplia y suficiente para grandes núcleos de población; que en este período, y con las posibilidades de este gasto ha podido ya resolver el problema del agua; en donde se han instalado miles y millares de bombillas para dar luz en las callejuelas obscuras, en donde la injusticia perdura porque hay miseria y hay oprobio, y es la acción del gobierno revolucionario la que viene a abrir esas escuelas, la que abre esos mercados y la que da luz a esas calles para establecer y radicar la justicia precisamente donde se necesita.
Le extraña, sobremanera, que un país como el nuestro, que hace esfuerzos diarios por lograr presupuestos altos, que cuando no lo consigue cabalmente con los recursos presupuestales ordinarios apele al ahorro del sector privado y aun, a veces, del sector privado extranjero para completar el financiamiento del desarrollo económico que es tan urgente realizar.
Pero veo que en esta escaramuza verbal no hay otro propósito que el de distraernos de las tareas fundamentales que están redactadas, esforzadamente- y lo digo por mis compañeros más que por mí- , en el contenido de este dictamen.
Nosotros hemos buscado entregar a la asamblea los conocimientos para que pueda formar su criterio y evaluar, debidamente la realización de los gastos públicos realizada en el año de 1964. Si, en 32 hojas, en 5 cuadros de carácter financiero, en consideraciones que llevaron la meditación en el aspecto económico y de política social, no logramos nuestro propósito, esto se debe a nuestra deficiencia, pero no a nuestra mala intención.
Pensamos, sin embargo, que las ideas contenidas en este documento son válidas porque responden a una exigencia legal, que se ha cumplido; porque responden a un trabajo administrativo, que está perfectamente comprobado, porque las finalidades económicas del gasto son evidentes en los efectos realizados en 1964, y porque las cifras contenidas tanto en la Cuenta Pública Federal como en la Cuenta Pública del Distrito Federal corresponden a un programa de gobierno realizado vigorosamente en el sexenio pasado.
Quiero hacer referencia a un aspecto importante del crecimiento que se ha logrado en este año, porque corresponde al año final de un sexenio. Cuando el régimen pasado concluyó la administración de su gasto público, México tenía diez millones de habitantes más que hacía diez años. En la medida de este aumento se registra el crecimiento de miles de necesidades, y las miles de exigencias que reclamaron un gasto público ascendente. Es decir, que México tuvo que acelerar su desarrollo haciendo esfuerzos y sacrificios máximos para que el Estado pudiese dar satisfacción debida a esa demanda de satisfactores.
Gracias al empeño realizado todas las actividades económicas tuvieron un incremento considerable; y, entre las primeras, el gasto público federal. De 14,146 millones de pesos con que se inició el régimen del Presidente López Mateos hubo un incremento para el año que nos ocupa hasta de 28,285 millones. Esto significa que el gasto público se duplicó; se realizó un 200 por ciento más del efectuado en el año de 1959. Pero esto fue debido al esfuerzo de los mexicanos en su conjunto, porque en las gráficas que nos muestran los ingresos que ocurrieron en esos 6 años, encontramos que el impuesto sobre la renta, que es aquel que grava el capital invertido y el trabajo realizado, o la combinación de ambos esfuerzos, produjo en el país de 3,071 millones, a 7,262 millones, o sea, un incremento considerable en 236 por ciento. Y si observamos cada uno de los movimientos que obtuvieron los impuestos, vemos que en ingresos mercantiles, en los impuestos sobre la explotación de recursos naturales, en los impuestos del timbre, en los impuestos sobre primas de seguro y en todos los conceptos de ingreso, la respuesta nacional fue evidente al realizar un ingreso superior al efectuado en muchos sexenios. Esto ha hecho posible nuestro país haya adquirido una resonancia en el campo nacional y en el campo internacional, al extremo de que ha sido ponderado su desarrollo expansivo con elogio y satisfacción por todos aquellos que observan el progreso de México y de Latinoamérica.
Lejos de caer en una atonía tradicional, el año de 1964, por el cambio de régimen, fue todo lo contrario, pues en ese mismo ejercicio se marcó el más alto crecimiento del producto nacional bruto, que llegó al 10 por ciento en una cifra no superada en los últimos diez años.
Esto fue posible, si se observa el crecimiento realizado por sectores económicos en ese período. La energía eléctrica aumentó 125 por ciento, el petróleo 101 por ciento, la industria de la construcción 103 por ciento, la industria manufacturera 101 por ciento. Cuatro sectores, la agricultura, el comercio y el gobierno, registraron una duplicación de su ingreso.
Esto señores que reclaman tema, porque ignoran tal vez del alcance que tienen estos conceptos, es precisamente la fuente de donde se obtuvieron los ingresos y los efectos realizados por el ejercicio presupuestal en estos últimos seis años, y concretamente en el que nos ocupa. Ese es el verbalismo estrecho que no distingue la luz de los fenómenos; ése es el deseo de no ver panorámicamente el fenómeno de la economía del país; ésa es la disociación de los medios y los fines, que hace pensar que el ejercicio gubernamental es total, autónomo de la actividad económica; por el contrario, nosotros, en el dictamen que presentamos, hacemos un examen exhaustivo de la situación y de los efectos realizados en ese ejercicio.
Quiero concluir exaltando las actividades gubernamentales realizadas en 1964, porque ellas significan la cabal culminación que un régimen tuvo al ofrecer, desde su campaña, el cumplimiento de sus deberes para con la nación.
El mexicano, empobrecido por muchos años en cada lapso y en cada período de gobierno, logra alcanzar mayores metas para su beneficio social; las condiciones de su habitación, de su salud y de su saber, mejoran en cada esfuerzo gubernamental; y mientras mantengamos la filosofía de gobierno, que radica en la democracia y en la justicia social, tendremos los gobiernos que se sucedan, la experiencia y los alcances realizados por el anterior, para que a partir de ellos se renueve el impulso de las nuevas generaciones y se realice plenamente la justicia social en México. Muchas gracias. (Aplausos.)
- La C. Presidenta: Tiene la palabra el doctor Estrada Villa.
- El C. Estrada Villa, Rafael:
"Honorable Asamblea:
Participamos, en este debate sobre el dictamen de la Comisión de Presupuestos y Cuenta, relativo a las Cuentas de la Hacienda Pública Federal y de la Hacienda Pública del Departamento del Distrito Federal por el ejercicio fiscal de 1964 enviada por el Ejecutivo de la Unión, con el propósito de expresar algunas críticas sobre el documento que se ha puesto a nuestra consideración y, por otra parte, hacer algunas reflexiones políticas que nos parecen insoslayables cuando examinamos un asuntos que ha afectado la economía nacional y que, por ende, es capaz de darnos valiosas enseñanzas, que debemos tener presentes para cuando examinemos las leyes anuales de ingresos y del presupuesto de egresos de la Federación.
No siendo ésta una asamblea de técnicos que vienen a realizar una auditoría, ni de burócratas que han momificado, en cifras y más cifras, un proceso económico en cuyo centro se encuentran los deseos y las aspiraciones, la lucha de un pueblo; siendo, como lo es, la Cámara de Diputados una asamblea de representantes populares, una asamblea política, todas nuestras consideraciones intentarán clarificar hasta dónde el gasto público federal del año de 1964 se ajustó no sólo a los propósitos señalados por el Congreso, sino si se avanzó en la línea de elevar las condiciones de vida de las grandes masas y de impulsar el desarrollo económico independiente de la nación mexicana.
El Partido Popular Socialista se ha empeñado y se empeñará, en que este proceso del desarrollo económico independiente que ha seguido nuestro país se consolide, por una parte, avanzando en la política de nacionalizaciones de los recursos naturales y las industrias básicas y otras medidas económicas importantes para impulsar el desarrollo del capitalismo nacional, que desplace, cada vez más, a los monopolios extranjeros de nuestra economía, y, por otra, con actos legislativos, como el que propuso el PPS, de un nuevo Capítulo de la Constitución sobre la Economía Nacional que algunos, por ignorancia, y otros, de mala fe, han señalado como un propósito infantil o maquiavélico de introducir en nuestra Constitución los principios de una economía socialista, como si la existencia de una economía socialista dependiera de la presencia o ausencia de determinados principios en la Constitución de un país. El socialismo que habrá de implantarse en México lo será como producto del arribo al poder de la vanguardia política de la clase obrera que, armada de la filosofía del materialismo dialéctico, construya un régimen social distinto, ajeno a la opresión y a la explotación. Esos cantos de sirena y sus comparsas, que tratan de deformar el contenido y el objetivo de la proposición del PPS,
realmente lo que pretenden es que no se consolide este proceso; que esta línea , de continuar, lo haga con las inconsecuencias de que hasta hoy ha estado plagado.
Y esto es natural que ocurra, porque todos sabemos que, en México, al mismo tiempo que se ha desarrollado el capitalismo en sus diversos aspectos, que se han desarrollado las fuerzas productivas, se han ido creando y consolidando diversos y antagónicos intereses. Esta nueva estructura no sólo produce una burguesía nacional oficial y privada cada vez más fuerte y agresiva, consciente de su clase y de su papel histórico, sino también se ha desarrollado una muy poderosa burguesía financiera, que el economista José Luis Ceceña asevera que es un verdadero Estado dentro del Estado y que, por razón del reducido grupo que la compone, la denomina la oligarquía. Oligarquía que, a través de 6 grandes grupos financieros, el del Banco Nacional de México, el del Banco de Comercio, el del Banco de Londres y México, el del Banco Mexicano , el del Banco Comercial Mexicano y el del Banco Internacional, controlan 270 grandes empresas, que disponen de recursos globales de cerca de 40 mil millones de pesos, y en el que participan, como es lógico, una serie interesante de conocidos personajes. Esta oligarquía, que no está precisamente en favor de que se mermen sus fabulosas ganancias y productivas actividades, no está desde luego interesada en el alza del nivel de vida de las grandes masas populares, pues ni siquiera lo está en el fomento de la industria nacional. Una oligarquía ligada a los monopolios extranjeros, a los monopolios yanquis; una oligarquía ligada a las actividades financieras del clero político; una oligarquía ligada a algunos funcionarios públicos..."
El C. Silva Flores, Jacinto G. (interrumpiendo): Moción de orden, señora Presidenta.
- La C. Presidenta: Sírvase no interrumpir al orador.
El C. Estada Villa, Rafael: El diputado Luis Dantón Rodríguez nos ha invitado a hacer un examen del panorama nacional.
- La C. Presidenta: Suplico a los señores diputados de Acción Nacional no interrumpan al orador.
El C. Silva Flores, Jacinto G.: Un momento nada más; que le diga la moción de orden, me dirá usted.
- La C. Presidenta: Señor diputado, no hay desorden; el orador ésta exponiendo sus puntos de vista y no hay desorden, no ha lugar a su moción. Sírvase continuar el orador.
- El C. Estrada Villa, Rafael (continuando):
Muchas gracias, señora Presidenta. Por otra parte, las inversiones extranjeras , como todos sabemos, controlan la mitad de las principales empresas que operan en México, pues de las 400 empresas que forman la columna vertebral de los negocios en nuestro país más de una tercera parte de ella son extranjeras y su participación en las de capital mixto amplía considerablemente su influencia a tal grado que las inversiones extranjeras controlan el 58% de las 400 grandes empresas aludidas.
Si no consolidamos el proceso mexicano de desarrollo económico independiente estamos en peligro real de convertirnos en una colonia económica de los EE. UU.
Por eso es tan importante la orientación nacionalista del gasto público y por ello resulta impostergable decidirse a tomar medidas legislativas que den instrumentos legales y mandatos al Ejecutivo, para someter a estos monopolios, que la Constitución prohibe, pero que se desenvuelven plácidamente en nuestro país y cada vez exigen mayores canonjías.
Sobre el particular el examen de la política impositiva y lo recaudado nos muestran algunas interesantes revelaciones. Resulta que, por impuestos sobre la explotación de nuestros recursos naturales renovables y no renovables, se recabaron 282 millones de pesos, más se recaba por los impuestos sobre diversas percepciones que se dedicarán a la enseñanza media, superior, técnica y universitaria, pues lo recaudado llegó a los 355 millones. ¿Por qué beneficiamos tanto a las compañías, a los monopolios que explotan nuestros recursos no renovables que sólo dejan, en el caso de los minerales, obreros silicosos y tuberculosos, pueblos muertos, agotadas las vetas y miserables ingresos por concepto de impuestos? Nacionalizamos la electricidad y ¿cuándo vamos a declarar reserva nacional todos los yacimientos del cobre? ¿Hasta que lo quiera la ANACONDA? ¿Hasta que se acaben todos los cerros de Cananea?
Y lo que explotan nuestros recursos renovables, sobre todo nuestros bosques y los recursos del mar ¿hasta cuándo deberán seguir deforestando, sin más límites que su anhelo de enriquecimiento, rompiendo el equilibrio ecológico, aumentando el número de tierras erosionadas? ¿Es lógico que se obtengan tan pocos ingresos a cambio de tan grandes sacrificios para la economía nacional?
En buena hora que siga creciendo lo recaudado por el impuesto sobre la renta. Pero, ¿cuándo vamos a gravar las grandes utilidades de los monopolios nacionales y extranjeros? Seguiremos afirmando que la carga tributaria en México es una de las más bajas del mundo. ¿Para qué? ¿Cómo acto de masoquismo? ¿Para congraciarnos con los monopolios extranjeros? Esto debe variar.
Porque es impostergable que una parte de la plusvalía que sale al extranjero en forma de ganancias sirva para los fines de la ampliación de los servicios que contribuyan a elevar el nivel de vida de las grandes masas de mexicanos que al fin y al cabo, han sido los trabajadores quienes han producido esa riqueza. Necesitamos afinar los instrumentos fiscales del Estado Mexicano. Necesitamos, pues, sacar la experiencia de la cuenta de la Hacienda Pública Federal para afianzar nuestro camino, para caminar sin titubeos, sin concesiones, sin inconsecuencias.
Sabemos bien por experiencia muy mexicana, del carácter vacilante de la burguesía nacional; que hace concesiones a las masas populares y hace concesiones al imperialismo. No nos sorprende que esto sea así; es un carácter de clase. Pero el devenir histórico es absolutamente claro y los enemigos del pueblo de México son de todos bien conocidos. Pero ello, a pesar de ese carácter titubeante de la burguesía nacional, tenemos que decirle, una vez más, que su porvenir está al lado de las masas populares y que es indispensable afirmar, con decisión, esta política; que el pueblo sabrá respaldar, vigorosamente, pues las fuerzas económicas y sociales se desarrollan en un proceso histórico irreversible.
Por ello debemos examinar, con toda objetividad, que este proceso del desarrollo económico independiente de nuestro país no se verifique a costa del
sacrificio económico de las grandes masas populares, sino, por el contrario, el desarrollo de un país como el nuestro, como dice el dictamen, debe basarse en el aumento constante de los niveles de vida del pueblo y, para ello, debe seguir contribuyendo el gasto público. Pero no basta eso. Es necesario que no se haga caso a la gritería que levantan estos opulentos sectores antinacionales contra un salario mínimo justo, contra la semana de 40 horas, contra la derogación de las reformas reaccionarias impuestas a los campesinos en el sexenio negro y que han paralizado a la Reforma Agraria, porque de nada sirve que el Presidente firme miles y miles de resoluciones de entrega de tierras a los campesinos con derechos agrarios a salvo, si los llamados "pequeños propietarios" se ríen y se amparan; si no derogamos los delitos de disolución social para que deje de existir ese instrumento represivo, antidemocrático y anticonstitucional; si no respetamos el derecho de huelga y no se abren caminos a la unidad sindical; si no respetamos el voto de los ciudadanos para que renazca la confianza en las formas democráticas e institucionales de la lucha de clases...
- La C. Presidenta: Se pide al orador que se sujete al tema, ya que estamos tratando el renglón del Departamento del Distrito Federal (aplausos).
El C. Estrada Villa, Rafael: Voy a terminar de hacer estas consideraciones generales. Nos preocupa que vuelva a afirmarse, por algunos sectores gubernamentales, como durante el sexenio alemanista, la falsa fórmula económica antipopular de que primero hay que crear la riqueza para después repartirla.
Rechazamos, enérgicamente, esa concepción, como la rechazó Morelos cuando nos dio el mandato de moderar la indigencia y la opulencia.
Señores diputados:
Después de estas consideraciones generales, que es natural que tanto hayan molestado a la diputación panista, vamos ahora a examinar algunos aspectos de la cuenta de la Hacienda Pública del Departamento del Distrito Federal. (Aplausos.)
No redundaremos en argumentaciones y citas de cifras, que el otro diputado del contra ha hecho desde esta tribuna. En primer término permítaseme expresar mi extrañamiento por continuar la práctica, viciosa por todos conceptos, de presentar, en un solo dictamen, la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y la Cuenta de la Hacienda Pública del Distrito Federal. No hemos olvidado los argumentos que el año pasado se dieron desde esta tribuna para mantener esta costumbre. Sin embargo, los hechos nos indican que ni los argumentos legales que se han esgrimido operan en la realidad, ni es cierto que exista prohibición alguna para que la Comisión de Presupuestos y Cuenta no presente dos dictámenes. Por eso es un paso saludable que, cuando menos el debate, en esta ocasión, se haya dividido en dos aspectos.
Para cualquier observador, aun no teniendo, como no tenemos, los diputados en esta ocasión mayores elementos, esta práctica viciosa más bien obedece a razones políticas que legales. Razones políticas de solidaridad gubernamental mal entendida.
Siempre nos encontramos -ésa es nuestra experiencia- que la Cuenta de la Hacienda Pública del Departamento del Distrito Federal carece de las virtudes de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. Y, francamente señores diputados , estoy renuente a pensar que este hecho sea imputable a la Comisión. Lo mismo ha ocurrido en el pasado con la Ley de Ingresos y la Ley del Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal. Porque si el Departamento del Distrito Federal es solamente esa dependencia del Ejecutivo de que algunas veces se ha hablado aquí, los datos que se proporcionan acerca de su gestión administrativa no son tan explícitos como los correspondientes al Ejecutivo, ni lo son tampoco en lo que se refiere a otros aspectos a que me he referido.
Por el dictamen de referencia, por ejemplo, y solamente voy a poner algunos ejemplos, porque sería muy largo hacer un examen detallado de la Cuenta de la Hacienda Pública del Distrito Federal, nadie se explica a qué se debió que el Departamento del Distrito Federal haya recaudado 511 millones y medio más de la estimación inicial de mil 600 millones; y menos aún, por qué el ejercicio del Presupuesto de Egresos no sólo consumió los dos mil ciento once millones recaudados, sino que ejerció cerca de 552 millones más; es decir, operó con déficit; déficit que se cubrió con la existencia en Caja, dice el informe, y Bancos al 31 de diciembre de 1963. Existencia que seguramente es una parte del superávit del año o los años anteriores.
Esperemos, porque no sabemos, por el dictamen que este aumento no estimado y este ejercicio no recaudado que, en conjunto, ascienden a mil 63 millones, no haya sido ejercido por razones de inseguridad en el porvenir político a que conduce todo fin de sexenio. Un dictamen más explícito seguramente nos proporcionaría toda una explicación de que estamos ayunos los diputados.
Otro pequeño defecto del dictamen sobre la Cuenta de la Hacienda Pública del Distrito Federal es la falta del desglose de algunas partidas; sólo me referiré a las más importantes correspondientes al Ramo XX, de Partidas Generales que representan nada menos que alrededor del 36% del Presupuesto ejercido, con una cantidad de 941 millones y medio. Hubiera sido tan útil, para ilustrarnos, que cuando menos a mí, a la Comisión le hubieren proporcionado los datos suficientes para que nos presentara un desglose obligado de dicha partida. Yo me pregunto - es sólo un pequeño ejemplo-, ¿es de estas Partidas Generales de donde el Departamento del Distrito Federal hace sus erogaciones para cubrir la publicidad, que le permita editar las lujosas ediciones que ya conocemos y subvencionar a revistas y otras publicaciones para que valoren mejor la obra titánica del Departamento del Distrito Federal? Como ésta muchas otras preguntas podríamos formular.
No se trata de sembrar dudas, no; no se trata de causar desaliento o desconfianza en los causantes, no; como algún diputado afirmara el año pasado se trata de que ya es necesario que los asuntos del Departamento del Distrito Federal sean conocidos por esta Cámara, ¡Cuando menos por esta Cámara!, con más amplitud, responsabilidad y juicio crítico. Y, para ello, señores diputados, necesitamos que nos den informes claros, necesitamos que desaparezca ese tabú, que sólo debería ser propio de los pueblos primitivos.
Las dudas existen porque saltan del mismo dictamen, cuando después de no haber hecho el
desglose del Ramo XX de Partidas Generales, la Comisión nos dice, tranquilamente, lo siguiente: "Por otra parte, los Ramos en que se registraron mayores incrementos fueron los correspondientes a Dirección General de Obras Públicas, Dirección General de Obras Hidráulicas y Partidas Generales, erogaciones que se invirtieron, se supone todas ellas, en la ejecución del programa de obras materiales que se fijó el Departamento del Distrito Federal para 1964."
Y resulta que en el resumen funcional, tan distinto desde luego al de la Hacienda Pública Federal, nos dice la Comisión que en Obras Públicas y Construcciones se gastaron sólo 979 millones y medio, y la suma de los presupuestos de esos tres Ramos que registraron mayores incrementos y que, según el dictamen, se invirtieron en la ejecución de obras materiales asciende a más de dos mil ciento ocho millones de pesos.
Disculpe la asamblea si estas consideraciones no son sino el producto de mi ignorancia en tan intrincados problemas del ingreso y del gasto; pero en todo y ante todo sospecho no ser culpable de haber tenido como fuente de inspiración un documento elaborado, cuando menos para mí, tan parca como confusamente. Estoy, desde luego, preparado para resistir con resignación la reprimenda o la burla de uno de esos diputados de la mayoría que a falta de argumentos se entretienen en esta tribuna con expresiones de lumpem o actitudes bufonescas. Lo más importante no es eso. Lo más importante es mostrar, con hechos, que la situación que guarda el Departamento del Distrito Federal es una situación que ya no podemos seguir manteniendo como está.
Del examen de la Cuenta de Hacienda del Departamento del Distrito Federal se infieren también algunas interrogantes, se puede desprender algunas reflexiones. ¿Por qué razón, mientras la orientación general del Estado es la de manejar los servicios públicos, las industrias básicas y los recursos naturales, el Distrito Federal ha de ser una excepción? ¿Cuál es el criterio que se aplica para mantener este caos que son los transportes urbanos del Distrito Federal? ¿Cuáles con las razones para que el Departamento del Distrito Federal no cuente con empresas propias para la verificación de sus obras y de sus plantes materiales? ¿No es hora de que termine el método de contratarse así mismo?
¿Cuánto dinero se habría ahorrado si se hubiera seguido este procedimiento? Que tenemos una planta de asfalto, sí, claro; y por qué no tenemos mejor una fábrica de semáforos si es que tantos requiere la ciudad para asegurar un tránsito rápido, fluido y seguro. Aquí, en el Distrito Federal, todo lo importamos, y, como necesitamos mucho de todo, las importaciones son voluminosas. Semáforos por todas partes, hasta en las esquinas donde no se requieran sino otros servicios públicos y con urgencia, hasta el ferrocarril infantil del Nuevo Chapultepec, fue importado. ¿No pudo haberse fabricado aquí?
Es cierto, como ha dicho el diputado Luis Datón Rodríguez, vivimos en una ciudad donde se han realizado todas estas obras materiales extraordinarias: escuelas, mercados, hospitales, museos, sí, éste es ese lugar, pero en ese lugar es también donde a los colonos propietarios, de más de 300 colonias proletarias, se les niega el derecho a ser reconocidos y a tener títulos de propiedad; pero sí se les cobra sus impuestos prediales rigurosamente y se hacen los reavalúos correspondientes; es un lugar en donde el problema del agua potable está lejos de resolverse; es un lugar donde se aplica una política antisocial se ejerce una poderosa presión socioeconómica contra los colonos proletarios del Distrito Federal que diariamente los arroja al municipio de Netzahualcóyotl; es un lugar donde cualquiera de los vecinos puede ser despertado por los bulldozers y las piquetas que derrumban sus casas, como ocurrió con la Colonia Avante, hace poco tiempo. ¿Qué ha pasado, preguntó al Departamento del Distrito Federal, con todos esos colonos que fueron desalojados de la Colonia Guerrero y otras de los cerros de la Villa de Guadalupe y que los llevaron dizque, en un gesto humanitario, a vivir a San Juan de Aragón? ¿Por qué no les han informado siquiera las cuotas que tienen qué pagar para mantenerse en ese lugar? Porque saben que un porcentaje enorme de esos colonos engañados, no podrán pagar las cuotas que se les asignen y prefieren que ellos se vayan saliendo de esas moradas que humanitariamente se les ha proporcionado para ir al municipio de Netzahualcóyotl a encontrar un refugio en donde vivir, aunque ellos trabajen en el Distrito Federal.
Todo esto implica, a nuestro juicio, como lo hemos dicho en el pasado y lo reafirmamos hoy, que necesitamos variar, aunque sea un poco, la actual estructura del gobierno del Distrito Federa, para que los ciudadanos de esta Entidad puedan opinar sobre lo que se hace en su ciudad. Por ello nos felicitamos de que el Partido de Acción Nacional haya coincidido con la demanda de nuestro Partido, que registró, en su programa, desde su nacimiento, democratizar la vida cívica de la más importante Entidad del país. Nosotros, el PPS, habremos de presentar próximamente nuestra anunciada iniciativa de reformas democráticas a la Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal ; esperamos que la mayoría también de sus puntos de vista y que discutamos profundamente esta situación, anacrónica que tarde o temprano tendrá que revisarse, porque cada vez que abordamos cualquier problema del Distrito Federal resulta más evidente esta necesidad, como es el caso que nos ocupa.
Hemos hecho, señores diputados, sólo algunas críticas, expresado algunas reflexiones, con el propósito de contribuir, con nuestro juicio político, a debatir el documento que está a nuestra consideración y para que quede claro que el PPS no aprueba, no podría hacerlo, la cuenta de la Hacienda Pública del Departamento del Distrito Federal.
Por todo lo expuesto y también porque no podremos aprobar algo de esta magnitud hasta que la ciudadanía no participe en las decisiones del gobierno del Distrito Federal." Muchas gracias.
- La C. Presidenta: Tiene la palabra el diputado Rodríguez Leija.
El C. Rodríguez Leija, Salvador: Señora Presidenta, señores diputados:
Necesariamente tengo que referirme a las últimas barbaridades que vino a decir aquí el diputado del Partido Popular Socialista, él ve una deformación mental en el bufón porque ve bufones en todas partes, tengo la seguridad, y si no fuere así no hablaría en esos términos.
Nos viene a hacer aquí un discurso de plazuela, a prometernos un estado socialista, probablemente, como ese tan brillante, tan generoso, tan enorme, que siembra el trigo en Munsmarsk y lo cosecha en Canadá; el señor diputado Estrada Villa no se ha informado de lo que ocurre en el Distrito Federal, porque no le da la gana. Yo le aseguro que en el Departamento del Distrito Federal tenía toda la documentación que él quisiera para ver cuántas escuelas, cuántos hospitales, cuántas tomas de agua, cuántas colonias beneficiadas, etc., etc., y pudiera, de veras, venir a aquí a presumir que representa a sectores en el Distrito Federal.
Las casas de San Juan de Aragón, pongamos por caso, dice él que no se les ha fijado la cuota respectiva; eso es falso, consta a todas las diputaciones del Distrito Federal, de mi Partido, lo que ha ocurrido en la cuestión de demandas de asignación de casas de San Juan de Aragón, para algunos ciudadanos, que lo primero que no les han expuesto es el plano, las casas, su formación, sus recámaras, sus servicios, las cuotas mensuales y deben ser tan malas que hay cerca de 500 mil solicitudes para 10 mil casas construidas; pero, claro está, 500 mil ciudadanos solicitantes ni por asomo los tiene el PAN, a esto se deben estas cuestiones.
Nosotros estaríamos en posibilidad, pues, de debatir sobre todos esos aspectos socialistas ilusorios tremendamente arrogantes porque no se refería en absoluto para nada a la cuenta del Distrito Federal y ya pensaba que yo vendría a esta tribuna probablemente en este plan y dijo de antemano: quiero que me perdonen mi ignorancia. Está perdonado. (Aplausos.)
Hay seriedad en el planteamiento del señor diputado Gómez Mont; pero, en realidad, vino a hacer un elogio de la cuenta pública del Distrito Federal, ha señalado generalidades en su intervención, dice que abdicamos de nuestra función constitucional en la cuenta pública. Esto no es cierto, señor diputado Gómez Mont; cuando usted habla así debe entenderse, en todo caso, que es usted quien abdica. ¿Con qué derecho incluye a la Cámara?
La Cámara no abdica de sus funciones. La Cámara está ahora cumpliendo con su función al analizar, en los términos de la ley, la cuenta pública y aquí, como en todo lo que hace la Cámara, actuamos con toda libertad y analizamos a fondo los temas a discutir. La cuenta pública es, como su nombre lo indica, pública, y públicamente la estamos discutiendo.
No debe hablarse desdeñosamente de las obras públicas.
Hacer obras públicas no es la función total del Gobierno. Las obras públicas son parte, y muy importante, de la función gubernamental.
Las obras públicas con sentido social son necesidades que el pueblo reclama y para ello paga impuestos.
Las escuelas, donde los niños se educan, son obras públicas indispensables; los mercados, donde el pueblo compra sus alimentos, son también obras públicas necesarias; las obras de agua potable no pueden detenerse, son vitales. Los hospitales y las clínicas, todos los servicios sociales, van formando un nuevo mexicano, que cada día vive mejor y con más dignidad.
Señor licenciado Gómez Mont, por los años de 1924 el señor general Obregón comenzó a buscar la seguridad social. Y yo, afanoso, deseoso de investigar y favorecer a los míos, fui a buscar, a las compañías de seguros, cuáles serían las cuotas que nos podrían cobrar y nos dijeron que la línea media del mexicano era de 34 años. Y hoy, señor licenciado Gómez Mont, gracias a los esfuerzos de los gobiernos de los diversos regímenes revolucionarios, la vida en el Distrito Federal, según los últimos datos estadísticos, está para el hombre en los 60 años y para la mujer en 65, ésa es la obra social que realizan los gobiernos de México. Las obras públicas tienen un sentido social: se realizan para mejorar las condiciones de vida del pueblo, como ya lo he dicho. No debe hablarse tan ligeramente de algo que el pueblo reclama y necesita.
El señor diputado Gómez Mont ha invocado a dos juristas que, además, son autores de obras de derecho. Podría mencionar a varios más. No sé por qué no lo ha hecho siendo una persona tan docta en el derecho. Nosotros podemos también citar a muchos autores famosos y prestigiados. Pero no se trata de hacer desfilar por la tribuna un catálogo de autores de libros de derecho. No es ésta una tournée de autores. Se trata de la discusión de la Cuenta Pública del Distrito Federal, de cumplir con la ley, con el texto de la ley.
La ley ordena que se revise la Cuenta Pública y en el dictamen se analiza esta cuenta cumpliendo con la ley. Así, el señor diputado del Partido Acción Nacional no acepta esta ley.
Celebramos que Acción Nacional se haya visto obligado a reconocer, en esta ocasión, que en lo fundamental es buena y positiva la obra del Gobierno en el Distrito Federal. El señor diputado Gómez Mont dijo que hay mucho de positivo en la Cuenta Pública del Distrito Federal, mientras que sus críticas fueron vagas, generales y abstractas. Se lo digo con el respeto que me merece.
Se refirió, despectivamente, a las obras públicas, pero no ha dicho cuáles obras públicas ataca.
Ha querido comparar el manejo financiero del Distrito Federal con el manejo federal, para insinuar que en el Distrito Federal se manejan mejor los fondos públicos que en la Federación, sin darse cuenta que la responsabilidad del manejo del Distrito Federal corresponde al mismo Presidente de la República, de acuerdo con nuestra Constitución.
Por otra parte, ha incurrido en una falacia al comparar dos cosas distintas. En el Distrito Federal hay grandes problemas, pero también tenemos grandes recursos, porque éste es el centro productivo y de trabajo más importante de la República. Mientras que en la nación, en su conjunto, hay grandes zonas de economía atrasada, lo cual obliga al Gobierno Federal, incluso, a recurrir al crédito extranjero, cosa que, por lo demás, hacen casi todos los países del mundo, incluso los más desarrollados.
Sí, señores, discutamos el gasto público del Distrito Federal, pero discutamos también cómo crecen las necesidades y los problemas de esta región capitalina, cómo aumenta su población, cómo se agrava el problema del agua, que el agua es escasa en las zonas pobres y se desperdicia por las clases acomodadas; analicemos cómo aumenta el clamor de la gente pidiendo escuelas y fuentes de trabajo y de atención médica.
El gasto público está destinado a resolver estas cosas, pero no caigamos en el absurdo de pedirle al Gobierno que lo haga y lo resuelva todo como si se tratara de un padre que dispone de montañas de dinero en cantidades inagotables.
Pensemos también en hacer un estudio más fuerte, más hondo, con una mejor distribución de la riqueza nacional, para que pueda acelerarse la resolución de los problemas del pueblo y el desarrollo de la nación.
A estas reflexiones llegué con motivo del discurso del señor licenciado Gómez Mont. Y no habiendo combatido en el fondo la Cuenta Pública del Distrito Federal en su oportunidad, pido a esta honorable Asamblea que se sirva aprobarla. Muchas gracias. (Aplausos.)
- La C. Presidenta: Tiene la palabra el diputado Gómez Mont.
El C. Gómez Mont, Felipe: Señores diputados:
Intervengo nuevamente en primer lugar, en razón de justicia, para establecer un parangón entre aquella angustiosa discusión del presupuesto del año pasado, y la actual discusión de la cuenta pública, refiriéndonos a alusiones personalísimas del señor diputado Rodríguez Leija y yo.
La altura moral, cuando se impone, y se reconoce con toda lealtad, y Rodríguez Leija, habla bien de ustedes, en su actitud personal. Tocando el tema tengo que señalar brevemente al señor diputado Dantón, que nosotros no ignoramos los párrafos; los señalamos; pero no los discutimos, porque no son materia del dictamen, y punto.
El artículo 72 de la Constitución, que supongo que se puede respetar de vez en cuando, establece el procedimiento que deben seguir las decisiones de la Cámara, y debe ser motivo de un dictamen especial y de un debate especial, la glosa de la cuenta de 1963. Y si no se hace, señores y se aprovecha un párrafo que recuerda el título de una comedia de un extraño en la tierra, un párrafo marciano en el dictamen, para decir que en 1963 ya la glosa se terminó y deber ser aprobada o está aprobada, señores, tenemos derecho a pensar que hay mucho que ocultar en la cuenta de 1963 en cuanto a su glosa.
También el señor licenciado Dantón Rodríguez, el agradecerle que, en la discusión del Distrito Federal, haya hecho una brillante exposición de problemas federales que serán debatidos en su turno y que no se refirió para nada al problema de nuestra Entidad. Mejor hubiera explicado cuál es el procedimiento que se sigue para contabilizar, registrar y glosar la multa que se impone a un ebrio en la delegación, que un ingreso fiscal federal a través de una oficina federal de Hacienda, que hubiera servido para ilustrar el criterio de ustedes.
En cuando a la intervención del doctor Estrada Villa, como representante adecuado del Partido Popular Socialista, que leyó la primera parte de su discurso, y que me gustaría saber quién se la hizo, porque en otros tiempos, que yo fui diputado, también los diputados del Partido Popular Socialista, en uso de la libertad socialista que tienen, traían hechas sus intervenciones y las leían; también quiero decir esto: el análisis que hace del problema del Distrito Federal lo hace demagógicamente. El no piensa como ciudadano del Distrito Federal; él está pensando, pues si bien ataca a algunos que quieren anexar a México a los Estados Unidos, él está pensando en otra interesantísima anexión que lo domina desde su juventud y que le ha conseguido becas en Moscú, y por eso viene a hablarnos de masas, de un número de cosas, etc. (aplausos).
Yo, cuando oí hablar al diputado Estrada Villa de bufones, no pensé que quería referirse a algún bufón sin un pelo de tonto, sino a un bufón con mucho pelo.
En cuando a Rodríguez Leija, sólo quiero insistir en esto:
Hay abdicación de la función constitucional cuando no se cumple con los preceptos establecidos en los artículos 65 y 28, fracción 28 del 73 de la ley(?).
Nosotros encontramos que no corresponde el gasto público a una inversión programada, decretada y autorizada por el Congreso, que de mil seiscientos millones de pesos subió el gasto público a dos mil seiscientos millones de pesos, o sean mil millones de pesos que se invirtieron a través de puertas falsas, porque la ampliación que hicimos nosotros, el 27 de noviembre del año pasado, ya se conocía. Por lo tanto, no podemos aceptar nosotros este distinto estado que se le está dando a la Cuenta Pública y, que contradice, incluso, esa autorización que cubría el margen del Distrito Federal, a la que se había dado una autorización distinta.
Esto quiere decir que caprichosamente se maneja, que es una voluntad superior a la función constitucional la que impone el Presupuesto. En cuanto a la función social, no nos oponemos a las obras; que vengan las obras sociales, todas las que se puedan, pero que no todo el Gobierno sea fundamentalmente obras, porque si nosotros analizamos un poco el porcentaje, tomando en cuenta una población de seis millones de habitantes, encontramos que, mientras se gastan doscientos pesos por habitante en obras públicas, tenemos datos tan aterradores como que en justicia se gastan cuatro pesos al año por habitante; en agua, doce pesos; en los servicios médicos, en que hace gala Rodríguez Leija, diez pesos por ciudadano en el Distrito Federal, y así podíamos estar analizando, porque llegamos al problema de que en servicios de policía cada ciudadano del Distrito Federal tiene un promedio de trece pesos anuales de gasto por cuenta del Estado. Estas son funciones sociales; es la seguridad; ésta es la justicia; ésta es la escuela; ésta es la salud pública; pero, sobre todo, debe ser la libertad la máxima garantía de la libertad esta en que se observan todos los cánones constitucionales; que se busque dentro de estos renglones.
Por eso es importante analizar las cuentas públicas; que sepa cada ciudadano del Distrito Federal que en Tránsito se gastan tres pesos por ciudadano en la República y que, en comparación con las obras públicas, es desproporcionada.
Más gobierno, más justicia y obras con fin social; pero, adecuadas y equilibradas, es lo que ha objetado Acción Nacional, y vuelvo a reiterar, en consecuencia, mi voto en contra de esto.
En cuanto al señor diputado Dantón Rodríguez, cuando se forma parte de una Comisión, es bueno aconsejarle que se conozcan sus números. No tocaré los números federales, en materia de Educación; ni el dictamen ni la Cuenta Pública nos mencionan las
partidas gastadas, más que en la construcción de escuelas, y aun cuando hay sistemas mixtos y sistemas propios de departamento y sistemas federales, necesitamos haber sabido lo que gastó el Departamento del Distrito Federal en educación; pero, en materia de trabajo les puedo decir que no hubo aumento. Nunca se aumentó la partida de la Dirección de Trabajo del D. F., que ni siquiera de juzgó. Así es que no vengan a decir que cuando se aumentó la partida de Trabajo se está cumpliendo con el artículo 123 constitucional. Conocer los números es muy importante cuando se es miembro de una Comisión que dictamina sobre los números; y esto nos da pie para decir a ustedes que ni los miembros de su Comisión conocen las ramas sobre lo que han venido a dictaminar, y con estos fundamentos Acción Nacional manifiesta su punto de vista y expone por qué votará en contra de la partida del Distrito Federal.
El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado Estrada Villa, para una aclaración, 5 minutos.
El C. Estrada Villa, Rafael: Señores diputados: Lamento que el diputado Rodríguez Leija no se haya referido a las impugnaciones que hice, muy claramente, a la Cuenta Pública, a la Cuenta de la Hacienda Pública del Departamento del Distrito Federal. No me extraña, siempre ha ocurrido así.
Al diputado Gómez Mont quiero decirle que, aunque no lo crea, yo elaboré esa primera parte de mi intervención que leí. Le agradezco esa intención, me elogió mucho.
Respecto a que lo mencionado por mí sobre el Departamento del Distrito Federal y la situación que priva en esta Entidad, es hecho con un espíritu demagógico, resulta realmente innecesario hacer comentarios. Lo que resulta interesante es que se soslayen las cuestiones fundamentales aquí planteadas. No hemos sido, ni somos, portadores ni maniquíes de ninguna otra potencia. Sabemos muy bien por qué razones a los diputados de Acción Nacional les molesta tanto que se hable de determinados problemas económicos, fundamentalmente cuando se habla de los monopolios extranjeros. Respecto al maridaje del que han aquí hecho espectáculo nuestros queridos colegas, no me extraña, porque después del pleito del año pasado resulta que el licenciado Gómez Mont se ha convertido en defensor de oficio, innecesario, del diputado Rodríguez Leija. No era necesario. Con permiso y muchas gracias.
El C. Sánchez Dosal, Carlos: Pido la palabra para hacer unas aclaraciones.
- La C. Presidenta: Tiene la palabra el señor diputado Sánchez Dosal por la Comisión.
El C. Sánchez Dosal, Carlos: Señora Presidenta, señores diputados:
Comenzaré mi intervención diciendo que también nosotros, los diputados de la mayoría, estamos satisfechos por el clima de serenidad que ha campeado durante la discusión sobre este tema, que es, incuestionablemente, un tema apasionante , creemos que ese clima favorable, para aclarar o para enfrentar nuestras controversias, se debe, sin lugar a duda, al deseo de los que dentro de esta Cámara somos la mayoría y que por tanto queremos que nuestro pueblo sienta que está representado con cordura, con serenidad, con altura, con espíritu revolucionario y patriotismo.
Al escuchar a los diputados, primero del Partido Acción Nacional y después del Partido Popular Socialista, hemos comprendido por qué razón es nuestro Partido el Partido de las mayorías: porque, con claridad, con sinceridad, sin alardes demagógicos, sin teorías que el pueblo, en ocasiones, por razones que no viene al caso analizar, no entiende, representa y defiende los genuinos intereses de ese pueblo.
El Partido Acción Nacional, por boca de su representante en esta tribuna, el diputado Gómez Mont, ha reconocido que hay mucho de positivo en la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal, y esto es el reconocimiento, por parte de la oposición, de que el gasto público ha sido correcto.
Tenemos que reconocer, señor diputado Gómez Mont, compañeras y compañeros diputados, que el Distrito Federal tiene un presupuesto pobre: dos mil millones de pesos para seis millones de mexicanos, para atender sus necesidades de habitación, de transporte, de urbanización, nos hace la impresión de que es muy bajo el porcentaje que alcanza para cada uno de estos ciudadanos y si el Distrito Federal vive y progresa es porque el dinero - escúchese bien esto y creo que éste es uno de los puntos más importantes que está a debate en esta mañana-, es porque el dinero se maneja con manos limpias, con honradez como lo pide y como lo exige el pueblo de la capital.
Necesitamos ser más consecuentes con nuestra realidad. En el Distrito Federal se ha presentado un fenómeno, que no es exclusivo de la capital. La explosión demográfica debida a la técnica, debida al proceso del desarrollo industrial de nuestra Patria; y se debe saber, se debe saber, que en esta ciudad en la que vivimos ha aumentado en forma inimaginable y fantástica su población, que del año de 1930 al año de 1965, en solamente tres y media décadas, ha aumentado la población en 25 veces; la población que alcanzó nuestra capital en más de tres centurias. Esto ha originado el problema de nuestra época, que todos estamos presenciando: el problema urbano que origina deformaciones no solamente en nuestra comunidad, sino hasta en el equilibrio físico y mental de los hombres que la integran.
Esto necesitamos reconocerlo con claridad para darnos cuenta de los problemas tan tremendos a que tiene que enfrentarse la autoridad del Distrito Federal; problemas que tiene que resolver con un escaso, con un exiguo presupuesto; en una palabra, compañeros diputados, nosotros necesitamos decir aquí, reconocer públicamente, que se ha manejado bien esos dineros de nuestro pueblo y decir algo que estamos seguros anida en la mente de todos los ciudadanos del Distrito Federal, estamos presenciando uno de los dos jalones más definitivos hacia adelante, hacia el progreso de nuestra ciudad.
Por ese motivo la Comisión ha dictaminado en el sentido que ustedes han escuchado y por esa misma razón estamos pidiendo que se apruebe el dictamen de la Comisión aludida. Muchas gracias (aplausos).
- La C. secretaria Anderson Nevárez, Hilda: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se considera el asunto suficientemente discutido.
(La asamblea no da su asentimiento.)
- La C. Presidenta: Ante esta circunstancia se abre un nuevo registro de oradores.
Esta Presidencia informa a la asamblea que se han inscrito los siguientes diputados: en contra, el diputado Jorge Ricaud, el diputado Juan Landerreche y Christlieb Ibarrola. En pro, los compañeros diputados que forman la Comisión y el diputado Ortiz Mendoza.
Tiene la palabra el diputado Jorge Ricaud Rothiot.
El C. Ricaud Rothiot, Jorge: "El Dictamen suscrito por la Comisión de Presupuesto y Cuenta en su parte relativa a la Cuenta Pública Federal correspondiente al año de 1964, es un documento sumamente amplio y elocuente de la política económica que prevaleció en el país durante ese año.
Una vez estudiados los números en él asentados, así como las consideraciones y comentarios que al respecto hace la Comisión Dictaminadora, la diputación de Acción Nacional ha determinado votar en contra del Dictamen, no por desconfiar de la aplicación correcta de los fondos, no por desconfiar del manejo honrado de los dineros, ya que para hacer una afirmación de esa naturaleza, habría necesidad de revisar exhaustivamente todos y cada uno de los 49 estados que resumen la Cuenta de la Hacienda Pública y de remitirse incluso a los comprobantes de cada erogación, partida por partida.
Como ustedes comprenderán, eso sería un trabajo de meses hasta para un nutrido grupo de contadores, por lo que nosotros tenemos que atenernos al informe que la Comisión Inspectora, nos rinde.
Por lo tanto, nuestro voto en contra será porque no estamos de acuerdo en la forma en que fue manejado el Presupuesto que aprobó la Cámara para ser ejercido en el año de 1964, ni con la técnica empleada en las ampliaciones de dicho Presupuesto.
El Presupuesto total que aprobó la Cámara de Diputados para el ejercicio de 1964 fue de 15,953 millones de pesos, mismos que a fines del propio ejercicio y atendiendo la solicitud del Ejecutivo, se amplió legalmente con aprobación de esta Cámara hasta la suma de 22,082 millones de pesos. Pero, según los estados de la cuenta la cantidad ejercida ascendió hasta 28,285 millones de pesos, o sea que se ejercieron 6,203 millones de pesos de más sobre lo aprobado. Esta cantidad representa el 29% sobre el total aprobado y un 40% sobre la asignación original del Presupuesto.
Esta diferencia gastada de más no está señalada separadamente en ningún capítulo del Dictamen. Este sólo nos habla de que las ampliaciones se llevaron a cabo con bases legales y nos menciona la Ley Orgánica del Presupuesto. Esto será seguramente lo que nos sostendrá hoy la comisión, pero yo quisiera plantear lo siguiente:
Si la Ley Orgánica del Presupuesto aprobara efectivamente que se hicieran pagos fuera del Presupuesto en este caso en la cuantía de 6.203 millones de pesos, estaría en contradicción con la Constitución y por lo tanto no procedería.
El artículo No 126 de la Constitución dice a la letra: No podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el Presupuesto o determinado por Ley Posterior.
Y, en este caso concreto, esta cantidad de 6,203 millones de pesos no estaba comprendida en el Presupuesto, ni tampoco hubo ninguna ley posterior que la determinara.
Por lo tanto, se ejercieron 6,203 millones de pesos no aprobados en ninguna forma legal.
Es increíble, que un Presupuesto elaborado con todos los medios de que dispone el Gobierno, al ejercerse tenga estas diferencias tan desproporcionadas.
Estos 6,203 millones de pesos no aprobados, sumados a los 6,129 millones de pesos de la ampliación que sí fue aprobada en esta Cámara, como dije antes, nos da la cantidad que fue ejercida de más en el año de 1964, la cual asciende a 12,332 millones de pesos y esto representa nada menos que un 80% sobre el presupuesto original... No son necesarios los comentarios, por sí sola esta diferencia del 80% habla muy claro de la técnica presupuestal empleada, si se le puede llamar técnica.
Ahora bien, aprobada o no aprobada esta cantidad o aprobada en parte solamente, que es la realidad, el caso es que se ejerció y así el total de las erogaciones ascendió a la suma de 28,285 millones de pesos en el año de 1964.
Esta es una erogación jamás igualada en la historia del país; en ningún ejercicio anterior se había soñado siquiera tener un gasto como éste.
Desde luego, ya el Dictamen se encarga de hacer resaltar esto notoriamente, claro está. Incluso hace comparaciones con el año anterior señalando los altos porcentajes de aumento, de magno incremento, no sólo en el total general , sino también por Ramos. Y así nos dice el Dictamen refiriéndose a esta aposteósica suma de 28,285 millones de pesos.
Esta cifra presenta un aumento de 7,990 millones de pesos en relación con la erogada en el año de 1963 equivalente a un incremento de 39.4%.
En esta forma presentados los números, aparecen maravillosos, hasta se le desorbitan a uno los ojos. Pero es que el Dictamen no presenta para este porcentaje de "incremento notable", la partida proveniente de empréstitos, la cual, según se podrá ver en "otra parte" del Dictamen, asciende también a la desorbitante suma de 9,886 millones de pesos, que deducida de los 28 mil nos da un total inferior al del año anterior y no superior como dice el Dictamen y mucho menos en 39.4%.
Es que todo depende desde qué punto de vista se vean las cosas.
Quien mejor ha podido verlas, porque incluso ha tenido que sortear las consecuencias de esa política económica, ha sido el señor licenciado Díaz Ordaz.
Por ello, su tono grave, y categórico cuando se refirió a los asuntos económicos del país en su informe del pasado 1o de septiembre.
Entonces nos dimos cuenta de los equilibrios que tuvo necesidad de hacer al tomar las riendas de la Nación. De una Nación comprometida hasta el cuello por los despilfarros del Régimen anterior. Se encontró con:
Un Seguro Social que todavía, a casi un año de distancia, no termina de hacer ahorros y ajustes a diestra y siniestra para enderezar la economía de esa Institución. Esto lo puede corroborar su actual titular.
Y no dudamos que en breve haya necesidad de hacer un reajuste de las cuotas que pagan trabajadores y empresas para solventar los grandes compromisos que ha contraído ese Instituto, que según
nota periodística del día de hoy, anuncia tener pasivos mayores a los 2,750 millones de pesos al 31 de diciembre de 1964.
Un ISSSTE, un Departamento de Salubridad y el mismo Seguro Social con una bomba de tiempo destinada a estallar en el mes de diciembre de 1964, con un grave problema económico planteado por los médicos de toda la República, que vino a afectar hondamente el Presupuesto de la Federación.
Graves crisis en Transportes, Abastecimientos de Agua, Agricultura y Ganadería , etc... Y lo peor de todo, pago de créditos que cumplir de inmediato, por haber sido contratados a corto plazo por el Régimen anterior.
Esa política económica llevada a cabo en los años precedentes y que aquí mismo discutimos el año pasado y años anteriores, con el mismo motivo de la Cuenta Pública, esa política es la que siempre hemos pugnado en Acción Nacional por frenar, pues no conduce más que al desequilibrio económicos del país y al amago, y ojalá siempre se quedara sólo en amagos, de inflaciones que obligan a tomar medidas drásticas en detrimento de la economía de todos los mexicanos.
Pero cuando tocamos el punto los diputados de Acción Nacional, se nos califica de microeconomistas o de tener criterio de ratón. Y entonces, uno de los "supercerebros" del PRI, viene a esta tribuna a hacer malabarismos con los millones gastados para presentar un agradable panorama y bajarse muy satisfecho del deber cumplido. He alabado al hombre de turno en el candelero.
No, señores diputados, no estamos aquí para ser caja de resonancia del Poder Ejecutivo. Esto lo hemos dicho un sinnúmero de veces. Somos, antes que nada, Representantes Populares y no debemos venir a hablar de que el país está en Jauja y que hemos superado la etapa del subdesarrollo, cuando más de la mitad de los mexicanos se están muriendo de hambre.
Por ello, opinamos que no es congruente elaborar un dictamen sobra la Cuenta Pública Federal de 1964, así de alegre y adornado, cuando el mismo Presidente ha dicho en su informe, al referirse a la situación económica, palabras como éstas: "Hay auges regresivos..., la expansión económica de México, para ser progresiva, debe ser armónica, firme, generalizada y sostenida. De aquí que sea necesario sanear, corregir y revisar...", "...el desarrollo económico de México debe sustentarse fundamentalmente en recursos propios, los créditos externos juegan un papel complementario en relación con la formación nacional de capital". "El Gobierno anterior hubo de recurrir a financiamientos a corto plazo, en proporción un tanto mayor a lo normal; de ahí que parte de lo que pudo haberse dedicado a construcción, se empleara en el pago de pasivos..." "Pudimos haber acudido a medidas compulsivas que corrigieran lo que, en el fondo, era una anormalidad; pero preferimos adoptar principalmente aquellas que contrarrestaran los efectos perniciosos y restauraran la economía."
Después de haber escuchado palabras como éstas y otras, del mismo informe, en la propia boca del Primer Mandatario, las cuales son realmente del dictamen de la Cuenta Pública de 1964, las cuales han juzgado ya esta Cuenta, después de haberlas escuchado y valuado, ya no habría necesidad de agregar mucho.
Sin embargo, el dictamen nos pondera por ejemplo esa tasa de crecimiento del producto nacional al 10%. Ciertamente, es un alto porcentaje. Pero ilusorio, pues estos crecimientos son generados por la cantidad de dinero que se gasta o invierte, "aunque sea prestado". Así es que ese aumento es lógico al haber desparramado 28 mil millones de pesos en el país, pero también es lógico el receso provocado al próximo año y ya lo hemos resentido los mexicanos y así mismo lo advirtió ya el señor licenciado Díaz Ordaz. Por eso sostenemos que no hay congruencia entre el dictamen y lo afirmado por el señor Presidente.
En realidad se hicieron erogaciones haciendo caso omiso del Presupuesto, planteando incluso un programa de gobierno completamente distinto al que presentaba el mismo Presupuesto.
En el Ramo de Presidencia de la República se gastó 4 veces más lo aprobado originalmente. Cierto que este Ramo comprende la Secretaría de la Presidencia, la Secretaría Privada y los Servicios Presidenciales, pero esta situación no es nueva pues existía desde antes de elaborar el Presupuesto y por lo tanto su gasto ya estaba previsto en él. Y el dictamen señala esta situación como vía de disculpa del excesivo gasto en ese Ramo.
En el Ramo de Inversiones también se cuadruplicó el Presupuesto Original.
El de Erogaciones Adicionales se ejerció 2 1/2 veces más. Y el de Deuda Pública se elevó casi 7 veces más al originalmente aprobado.
¡Ah!, pero para cubrir los desmanes en estos cuatro Ramos, vengan 9,886 millones de pesos prestados y ya veremos después cómo se pagan. El que venga atrás... que arree.
En cambio, en Ramos tan importantes como Obras Públicas, Recursos Hidráulicos y Educación, no se agotaron las partidas asignadas finalmente y quedaron 1,687 millones de pesos sin ejercer.
Ya lo dijimos el año pasado, entendemos que el Ramo de la Educación es el más importante en nuestro país, incluso para que fuera en ese ramo, donde se gastara 3, o 4 veces lo presupuestado, pero por las vías legales, o por lo menos un buen porciento de aumento. Pero a pesar de que, en teoría, se acepta como el Ramo más importante, en la realidad sucede lo contrario.
El Ramo de Educación ocupa sólo el 3er. lugar siendo que en el presupuesto original ocupaba el 1o Originalmente a Educación le correspondieron 4,062 millones de pesos y se ejercieron sólo 3,728. La diferencia es de 334 millones de pesos, los cuales representan muchas aulas o la especialización de muchos maestros.
Evidentemente contrasta este Ramo con el de la Presidencia, ¿quiere decir esto , que el culto a la personalidad del Presidente es más importante que la Educación?
No, señores diputados, tenemos que jerarquizar debidamente los problemas del país. Y sobre todo pensar que nuestra responsabilidad con México, no es de un año o tres o seis. Nosotros pasamos, pero todos nuestros actos, acierto o desaciertos se reflejarán en la Patria, que debe continuar su camino ascendente en el concierto universal.
- La C. Presidenta:
Tiene la palabra el C. diputado Ortiz Mendoza.
El C. Ortiz Mendoza, Francisco: Señora Presidenta, ciudadanos diputados:
En un clima, que no es precisamente de cordura, se produjo el debate anterior.
El problema de la Cuenta de la Hacienda Pública es de trascendencia y esperamos que este debate se produzca a un nivel mejor. Para nosotros la Cuenta Pública no es estrictamente un documento contable, porque en unas cuantas horas no es posible analizar, en detalle, cada uno de los renglones de esa Cuenta, por ese motivo, para nosotros, es más importante analizar los lineamientos del Gasto Público.
Acción Nacional se entretiene en los números porque no tiene el valor de declararse, abiertamente, en contra de los lineamientos generales del Gasto Público, aun cuando desliza algunas palabras como "desmanes", como "el que venga atrás que arree", buscando, eso sí, políticamente, un rompimiento entre el gobernante anterior y el gobernante actual.
A nosotros nos interesan, fundamentalmente, los lineamientos políticos.
¿Qué fue lo que hizo el Estado con los ingresos que recibió? ¿Los utilizó adecuadamente para promover el desarrollo económico de nuestra patria o no lo hizo?
Nosotros, los diputados del Partido Popular Socialista, estamos a favor del dictamen porque consideramos que el Gasto Público sí tuvo la intención, sí tuvo o logró los objetivos fundamentales de desarrollar económicamente a nuestro país.
Diez mil millones de pesos en fomento económico, casi el 30 por ciento del total recibido; carreteras, comunicaciones y transportes, electricidad, petróleo. En todos esos renglones invirtió el dinero del pueblo el Poder Público.
En otro renglón, el de Inversiones y Protección Social, 6 mil millones de pesos. Enseñanza, cultura, salud, seguridad social. Eso, indudablemente, impulsa al pueblo mexicano hacia adelante.
Por esa razón y, en lo general, nuestro Partido aprueba el dictamen presentado sobre la Cuenta Pública. Si son pesos más o pesos menos, si hay dudas y se tienen pruebas de cómo se invirtió ese dinero o si se invirtió de una manera adecuada, que se investigue; pero nosotros, en la Cámara de Diputados, ni lo podemos hacer ni tenemos por qué hacerlo en este momento precisamente.
¿Por qué nosotros estamos de acuerdo con esa política de inversiones del Estado? Porque el Estado, poderoso, económicamente hablando, en un país en proceso de desarrollo como México, conduce a fortalecer la economía nacional y permite que nuestro país se desarrollo con independencia del extranjero.
Por ese motivo nosotros acentuamos nuestra aprobación. No sólo eso consideramos que faltan todavía muchos ramos, muchos sectores de la economía en los que el Estado debe intervenir de una manera más enérgica.
Las telecomunicaciones, en su aspecto fundamentalmente - y ya lo trataremos en un caso específico, en una iniciativa que pronto ha de venir- están produciendo enorme riqueza a un sector privado, y las comunicaciones del Estado , los telégrafos particularmente, se encuentran en situación desastrosa.
Consideramos que los bosques deben ser motivo de inversiones del Estado, para beneficio del pueblo en su conjunto y no de un grupo de concesionarios que explotan, de una manera absolutamente irracional, esta riqueza nacional, que no nos pertenece, sino pertenece a las generaciones venideras.
Faltan muchos renglones.
Estamos de acuerdo, porque mediante las nacionalizaciones, mediante el impulso de los servicios, mediante la cultura y la educación, mediante la salud del pueblo, garantizamos un porvenir mejor.
Esas inversiones del Estado, realizadas en el sexenio pasado y particularmente en el año que nos ocupa, permiten el desarrollo del mercado interior.
En lo general, elevan el nivel de compra del pueblo mexicano; permiten el desarrollo del mercado exterior, y gracias a esa política nuestro país comercia ya si no todavía al nivel al que nosotros deseáramos, de una manera intensa, con países con los que antes no tenía ningún tipo de relaciones comerciales.
Todo lo que se haya invertido por medio de subsidios, de ayudas para impulsar el mercado interior, fortalece a nuestro país, lo hace más independiente cada día y le abre nuevas perspectivas.
Toda la promoción del Estado y su impulso para que comerciemos con todos los países del mundo, sin tener en cuenta el color de su bandera, permiten a la producción nacional, a la producción de la industria nacional, tener bases cada vez más sólidas y más fuertes.
El sentido de las inversiones del sexenio pasado fue positivo en ese sentido y se manifestó en el año de 1964, cuando la tasa de producción se elevó a un 10 por ciento, rompiendo todos los precedentes.
Por medio del control de los precios se regula el mercado interior, se protege o se trata de proteger, por lo menos, a las clases más desamparadas, a los trabajadores del campo y de la ciudad, y los millones de pesos invertidos en subsidios y en controles para el Partido Popular Socialista son positivos.
Por todas esas razones y, a grandes rasgos, el Partido Popular Socialista apoya el dictamen, apoya el Gasto Público, pero hay algunas cuestiones que, en lo particular, queremos recalcar.
Consideramos nosotros, y todo eso permítannos que sea dentro de un debate sereno, pero no podemos pasar inadvertida la apreciación de Acción Nacional, recordando a los griegos. Seguramente serían dioses, por que los dioses griegos pueden vivir sin alimento. Que es preferible vivir sin alimento, sin cultura, a vivir sin justicia. Considero que eso es un grave error, posiblemente, que acepten los griegos, pero no nuestros campesinos y nuestros trabajadores. (Aplausos.)
El C. Gómez Mont, Felipe (interrumpiendo): ¡La justicia!
El C. Ortiz Mendoza, Francisco (continuando): Sí, precisamente, la justicia empieza por darle de comer al pueblo; ahí empieza la justicia, señores diputados, en darle vestido y alimento; ahí empieza la justicia; en darle salud, en darle vivienda; ahí empieza la justicia y termina con la justicia a secas (Aplausos.)
Si tiene usted alguna otra interrupción hágala de una vez, señor diputado. Si no, cállese la boca. (Desorden.)
La observación, señores diputados, que nosotros hacemos a ese gasto obedece a lo siguiente: el Estado invirtió muchos millones de pesos, se elevó la tasa de producción al 10%, pero, ¿llegó cabalmente a las masas populares este beneficio? ¿Llegó a los trabajadores este beneficio? No llegó. Y ahí tienen mucha responsabilidad muchos miembros, y si no miembros de Acción Nacional, sí gentes a las que ellos defienden y algunos funcionarios de todos los niveles que, en contubernio con los anteriores y sin responsabilidad política con su propio Partido, traicionan los lineamientos generales, impidieron que estos beneficios llegaran a las grandes masas de nuestro pueblo; quizá sea usted o yo, no lo sé, no me interesan los nombres, pero el pueblo sabe que es verdad lo que voy a decir en este momento. El Gobierno impone un precio de garantía y el dinero no llega a los campesinos, por muchas razones. Esa capa intermedia, que se está enriqueciendo; esa clase acomodada, que cada vez más rica, integrada por agiotistas, acaparadores, comerciantes que no saben serlo, compran la cosecha de los campesinos a bajo precio, porque la CONASUPO, por desgracia, no tiene todos los medios para comprar la totalidad de la producción.
Eso es verdad. Y el agiotista, y el intermediario, miembro o no de Acción Nacional, y por eso interesan los nombres - y a ver si está en sus listas, si no para invitarlo a que entre-, miembros o no, ellos son los que compran la cosecha en mazorca a $500.00 la tonelada y luego van y la venden a la CONASUPO a $910.00 ó a $930.00. que es el precio de garantía, y el campesino es cada vez más pobre.
Es verdad que el Estado invierte millones de pesos en sistemas de riego. Y eso es plausible, lo aplaudimos y lo apoyamos; pero la tierra se queda en manos de unas cuentas familias, que se benefician con los sistemas de irrigación. Y la clase campesina, que deambule por las calles o por el campo pidiendo un pedazo de tierra para trabajar, de cualquier tipo que sea la tierra.
Eso es verdad, y a pesar de que el Estado está invirtiendo millones de pesos en este aspecto los beneficios no llegan a la clase campesina. Es verdad que, por un desdichado párrafo introducido al artículo 27 de la Constitución, se ampara a los que detentan la tierra. Y los campesinos ven que se ha frenado la Reforma Agraria por ese y otros motivos.
Nosotros apoyamos, con entusiasmo, y somos impulsores de la inversión del Estado; pero luchamos sin descanso por liquidar este intermedio que existe entre los recursos económicos del Estado y el pueblo, que es el que debe beneficiarse con ellos.
En la clase obrera estamos discutiendo, ahora, un salario mínimo. ¿Cuál es la realidad? Que el salario mínimo se ha convertido en salario máximo; es lo más que pagan las empresas a los trabajadores, y un enorme porcentaje de trabajadores mexicanos recibe menos del salario mínimo, trabajan 12, 14 y 16 horas. Yo pongo de testigo al pueblo, que lo sabe, cómo hay ya trabajadores que trabajen ocho horas. Todos tienen que trabajar en dos lugares, porque los ingresos que tienen no les son suficientes para sufragar sus gastos indispensables. El mito de las ocho horas de la Constitución ha pasado a la historia, y todavía se pretende eliminar el que trabajen 40 horas. ¡Denles siquiera la oportunidad de que puedan trabajar dos turnos, pero con un poco más de descanso!
Por eso nosotros apoyamos también esa iniciativa de que trabajen cuando menos 40 horas a la semana, cuando menos en teoría, porque los trabajadores tienen que trabajar de sol a sol para poder tener ingresos, porque esos patrones, esos pseudoindustriales, que creen que se gana el dinero o más dinero explotando a los trabajadores, no comprenden que cuando el trabajador no tiene ingresos suficientes para adquirir lo elemental el mercado interior es raquítico; porque son industriales al vapor, porque son gentes que no comprenden que el mercado interior sólo se promueve cuando la gente tiene dinero para poder adquirir lo que se produce.
Por estas razones no llega este beneficio, cabal y totalmente, como debiera, a las clases populares. Pero todavía hay más, y es necesario decirlo desde esta tribuna. El Estado invierte millones de pesos en obras; muchas de ellas, por desgracia, obras ostentosas, que deben ser criticadas de una manera dura; porque en la obra misma no se escatima el gasto; pero en el trabajador sí se escatima el gasto. Deben invertirse los términos de la educación para que se escatimen las obras de ostentación y se den todas las posibilidades para que el pueblo tenga mayores ingresos.
Cuando se presupuesta una obra, cualquiera que ésta sea, el dinero queda a la mitad entre los malos funcionarios, que cobran comisiones por los contratos, y los hombres de la iniciativa privada, que encarecen el terreno, que encarecen los materiales de construcción, que encarecen todo para enriquecerse en una sola obra. No son, ni siquiera, parcos en esa cuestión y en ese aspecto. Por ese motivo no llegan los beneficios de esa inversión, que nosotros aprobamos, hasta los grandes sectores de la población.
Y todavía antier, señores, Sánchez Navarro se atreve a pedir mayor seguridad para su inversión. Es el colmo, verdaderamente, de este sector, que pide que se legisle a favor de ese grupo, breve y pequeño, que se queda con el máximo de las utilidades del ingreso público. La inseguridad, señor Sánchez Navarro , está en los millones de mexicanos que no están seguros de tener el salario del día siguiente. Esa es la verdadera inseguridad en México que debemos liquidar definitivamente. (Aplausos.) Y, claro, ¿a qué da lugar esto y por qué nosotros lo marcamos aquí? Porque, efectivamente, hay inconformidad en un gran sector de nuestro pueblo, particularmente en los campesinos. Y los falsos redentores, que de la reacción pasaron por la derecha, y ahora son revolucionarios, y en sus mítines ponen a Madero; que hablan ahora que ellos son los revolucionarios, tratan de abanderar estas demandas. No, pueblo mexicano. Desde Iturbide ese mismo sector levantó la bandera de la independencia nacional para volverse después emperador. Así es lo que quieren . Sí; hay mucha injusticia que corregir, pero no es por el camino de la reacción, no es por el camino de los enemigos eternos de México por el camino de la unidad de la clase obrera, es por el camino de la unidad de los campesinos, es por el camino de la comprensión del alto nivel de trabajo que deben tener los funcionarios públicos. Ese
es el verdadero camino para llegar a resolver estos problemas.
Nosotros sabemos, los que luchamos por el socialismo, y es nuestra convicción personal, por el estudio de las leyes que rigen el desarrollo social; que, gústeles a muchos o no les guste, ese sistema de relaciones de la producción habrá de llegar a México, tarde o temprano, por su propia dinámica interior, no por un discurso que nosotros digamos desde la tribuna. Sabemos bien que la verdadera justicia social, como la denominan algunos, y que nosotros llamamos las relaciones de la producción, nunca será cabal en un régimen capitalista como el nuestro. Siempre habrá un sector que se apropie del producto del esfuerzo de los demás. Sabemos que la justicia social no llega completa; pero sabemos también que en este régimen en que vivimos nosotros, no tiene, en este momento, como programa, el pueblo de México ni la clase obrera, para hoy o para mañana, llegar al socialismo, sino que éste vendrá en un mañana que quizás sea muy próximo. En este sistema es posible luchar por una mejor distribución de la riqueza, y por eso estamos nosotros luchando, y por eso decimos esto desde esta Cámara.
En conclusión, señores diputados, nosotros sabemos bien, también, de las contradicciones que existen en el seno del sector público. En esta misma Cámara presenciamos un matrimonio entre un señor líder obrero del PRI, con un señor defensor de viudas del PAN, un matrimonio que no sé en qué va a terminar, ni quién va a ser la viuda al final. Este matrimonio no sólo se juzga aquí. El año pasado, ese señor le dijo algo que era un sinvergüenza y ladrón, que estaba tratando de cohechar a la justicia, en una aparente defensa, y él le contestó que era un líder obrero sinvergüenza, que vendía las huelgas y compraba las cuotas de los trabajadores. En esa misma sesión los dos terminaron diciendo: "usted dispense", y ahora, casi se dan un abrazo. Esa es la realidad también, señores diputados, en las finanzas, en los negocios, en todo el régimen en el que estamos viviendo, hay ese contubernio y eso es precisamente lo que frena el que llegue el beneficio a las grandes masas populares.
Desde aquí estamos nosotros haciendo un llamado a las gentes limpias que están en el Poder Ejecutivo - que las hay muchas honestas-, a las gentes limpias que están en esta Cámara, y que tienen un avance para nuestro pueblo; que todos juntos busquemos un camino para quitar esos estorbos de intermedio; caminos legislativos, caminos administrativos o económicos, para que este gasto público, que estamos aprobando, llegue a las masas populares y que se distribuya, de una manera más justa y menos dramática, el producto del esfuerzo colectivo de nuestro pueblo. Muchas gracias. (Aplausos.)
- La C. Presidenta: Tiene la palabra la Comisión.
El C. Cobos Panamá, José Antonio: Señores diputados, honorable Asamblea:
Antes de que, como miembros de la Comisión de Presupuestos y Cuenta, toque el tema específico del debate de la Cuenta Pública Federal de 1964, quisiera referirme a las palabras de dos compañeros diputados, del diputado Ricaud, del Partido de Acción Nacional y del diputado Ortiz de Mendoza, del Partido Popular Socialista.
El despilfarro del Gobierno anterior a que se refirió el diputado Ricaud es una expresión, a mi juicio, venenosa, ligera e inconsciente. En primer lugar, estimamos de muy mal gusto atacar al gobernante que ya se fue, con expresión aparentemente de valentía, pero que implica precisamente lo contrario. (Aplausos.)
Debemos, además, estimar que el uso de las palabras del señor Presidente Díaz Ordaz o el mal uso que hiciera el diputado Ricaud, son parciales, y lo ha hecho con una intención insana y aviesa. El señor Presidente Díaz Ordaz aborda, completo, en su informe, el aspecto económico. Lo escuchamos todos y es de mala fe abordar esos conceptos parcialmente.
Está la Cuenta Pública de 64 para discutirla completa, en todos sus aspectos, franca y llanamente, y no con fines partidistas o sectarios. Debemos discutirla, compañeros diputados, con un propósito superior: el de servir a México, a quien representamos. (Aplausos.)
En cuanto al compañero Ortiz Mendoza, realmente estimo que ha sido de mal gusto hacer referencias personales a algunos compañeros diputados, así sean de la mayoría o de la minoría. Esto equivale a intentar - naturalmente que si conseguirlo-, a bajar de altura las discusiones y el debate, sobre un asunto, tan trascendental para el país, como el conocimiento de los ingresos y de los gastos del Gobierno Federal en un año determinado. (Aplausos.)
Esperemos que las nuevas intervenciones de estos compañeros de la minoría se ciñan al debate y estén a la altura del mismo, para bien de lo que discutimos. (Aplausos.)
Ahora vamos a intentar de explicar el dictamen de la Cuenta Pública de 64. En relación con el tema confieso que, para la Comisión, es difícil, a veces, entender los conceptos de los compañeros que han hablado en contra del dictamen. Posiblemente nos ocurra alguna probable deformación profesional. Creemos, además, que la posición en contra tiene un fin político, lo entendemos; pero, por ello mismo, debemos de intentar aclarar lo que no se entiende - según los diputados de la minoría, en contra- y exaltar aquí lo que se nos crítica, por los propios diputados de la minoría, en el sentido de que el dictamen habla no de una glosa política de la Cuenta Pública, sino de una política económica del Gobierno Federal. Sobre esto las apreciaciones son diferentes. Para el compañero Ricaud, por ejemplo, la Cuenta Pública, que no es sino la relación de un ingreso a gasto del Gobierno Federal, no puede aprobarse porque el presupuesto fue manejado en una forma que, a su juicio, no era la debida. No explica la forma, simplemente señala el hecho, y porque se ha seguido una técnica inadecuada, que tampoco señala, para ampliar el gasto público.
Para el compañero Gómez Mont, cuyas argumentaciones se fundamentan, aparte de ciertos tratadistas nacionales, yo recuerdo su intervención o alguna intervención anterior, en tratadistas internacionales, el gasto público no debe aprobarse porque el Presupuesto no ha sido manejado conforme a disposiciones legales y se ha ampliado al margen de la Ley.
Ya el compañero diputado Luis Dantón Rodríguez se refirió al problema legal. Vamos a ver si nosotros podemos explicar, un poco, las características económicas de lo que es un Presupuesto y una Cuenta Pública.
La doctrina moderna, la doctrina económica moderna, ha echado por la borda esa vieja posición liberal, que a veces, con tanta insistencia, los compañeros de Acción Nacional traen a esta tribuna. Ha echado por la borda la vieja tesis liberal del Estado gendarme, y habla de que el presupuesto es un instrumento y una expresión de la política económica de un Estado, que no debe ser algo estático; que, en su propia concepción, es un instrumento dinámico cambiante, conforme varía y cambia la actividad económica nacional; pero, además, el Presupuesto, que no es sino la relación ingreso- gasto, la nueva doctrina señala que es uno de los mejores instrumentos para promover el desarrollo económico; en otras palabras, para reactivar la actividad económica, para utilizar mejor los recursos de un país, para elevar el nivel de vida social de las mayorías. En su relación ingreso y gasto está una doble concepción; a través del ingreso, procurar una mejor política distributiva del ingreso total de la Nación, para beneficio de las mayorías, que son las que fundamentalmente la producen.
En su aspecto gasto está la de citar, la de estimular el crecimiento de la demanda interior, para así aprovechar la capacidad productiva instalada; ampliar esa demanda en beneficio fundamentalmente de los sectores privados. En la relación gasto está, además, la posibilidad del gobierno de ocupar a mayor número de la fuerza creadora del país.
Esto, señores, son las concepciones fundamentales que nos han servido para examinar la Cuenta Pública. Es natural que, con base en ello, la Cuenta Pública tenga que fundamentarse en el resultado económico del ejercicio de que se trata.
Por ello para 1964, el dictamen habla del crecimiento económico y social del país. Por ello, para 1964, el dictamen, a guisa de ejemplo, menciona algunas de las obras materiales y sociales del gobierno, de la República.
Tal parece, en la imputación hecha por el diputado Ricaud, que la cifra de gasto público asusta a nuestros camaradas de la oposición. Esto sería si el gasto público no hubiese respondido a los fines fundamentales del gobierno de levantar el nivel de vida de las mayorías de país y de hacer una obra social económica importante para acelerar el desarrollo económico y para beneficio de obreros y campesinos.
Yo desearía expresar a ustedes una mejor fundamentación del dictamen, con las siguientes consideraciones escritas, que preparé para la defensa de la Cuenta Pública de la Federación, correspondiente al ejercicio de 1964:
"Durante el año citado, el crecimiento de la actividad económica en el país alcanzó cifras altamente reveladoras del esfuerzo que realiza el Gobierno Federal para lograr un mayor aceleramiento en el proceso de desarrollo, que como necesidad impostergable, emana de las metas propuestas por la Revolución Mexicana.
Nuestro país, empeñado en conseguir un mejor aprovechamiento de sus recursos, tanto humanos como económicos, a fin de elevar los niveles de vida populares en sus aspectos material y cultural, así como cumplir con el imperativo de brindar a todo individuo una oportunidad de trabajo, participa en la aspiración universal del proceso de dignificación del hombre.
En esta tarea sirve de base la doctrina que como expresión de nuestro Movimiento Social de 1910, han venido sosteniendo los Regímenes Revolucionarios, que con un claro sentido social auspician el desenvolvimiento individual en un marco de libertad y realizaciones democráticas.
Derecho al trabajo, distribución equitativa del ingreso, erradicación de la insalubridad, acceso a la educación y la cultura, respecto a la propiedad privada acorde con el interés social, constituyen sólidos principios que han permitido estructurar una política de desarrollo económico y social en respuesta a las justas aspiraciones de nuestro pueblo.
Aspectos fundamentales de esta política han sido la acción desarrollada en el campo, en el que se ha pugnado por la incorporación de este importante sector a las modernas formas de aprovechamiento de la tierra. Para ello se ha avanzado en la reforma agraria, complementando el reparto de las superficies explotables con la introducción de mejoras en las técnicas de producción, y se ha incrementado la productividad de la tierra por la construcción de obras de riego.
Para un más sano crecimiento de nuestra población se han combatido las causas que originaban un alto índice de mortalidad, especialmente entre la población infantil de las zonas rurales, y se han elevado las condiciones de higiene en los centros urbanos. Esta acción se ha hecho sentir en todo el ámbito nacional, a través de las campañas sanitarias y la dotación de agua potable y drenaje así como la instalación de centros asistenciales y los hospitalarios.
Corolario racional de esta tarea de conservar y acrecentar nuestra riqueza humana, ha sido el aumento de las oportunidades de superación cultural, atendiendo la educación primaria en forma intensa, e integrando la enseñanza con niveles medios superiores. La segunda enseñanza, la preparación técnica y la formación profesional, han nutrido los núcleos que día a día se incorporan al esfuerzo creador de todos los mexicanos.
Con el propósito de superar los obstáculos naturales que impedían la relación fructífera entre las distintas zonas del país, se ha desarrollado una red de comunicaciones que contribuye a la mejor integración y desarrollo de la actividad productiva y refuerza los vínculos de nuestra nacionalidad.
Sentando las bases para una transformación de la estructura productiva, por la oferta de elementos indispensables para la producción industrial, se han rescatado para el país industrias básicas, como la petrolera, la generación de energía eléctrica y la siderúrgica, y se ha estructurado el marco institucional de la actividad, propiciando que el sector privado de la economía cuente con lo primordial para cumplir con la labor que le corresponde en el proceso de desarrollo económico.
La realización de las obras que constituyen la infraestructura para el desarrollo del país así como las que contribuyen a la mejoría social de sus miembros mediante la conservación de la integridad nacional, la ampliación de los servicios educativos, la salubridad y asistencia, y la coordinación de la actividad individual, requieren que el Estado cuente con recursos que le permiten influir decisivamente en el movimiento de superación colectiva.
El desarrollo de la política esbozada tiene, como instrumento administrativo, el presupuesto, del que una parte mayoritaria corresponde al Gobierno Federal. El propósito fundamental, ya indicado , es el de influir positivamente en el desempeño de la actividad de economía nacional, orientándola al logro de las aspiraciones sociales. Por este propósito central, el presupuesto debe participar de las características de la economía, siendo una sobresaliente la variación en los niveles de la actividad, como consecuencia de la combinación de múltiples factores internos o externos al país.
Lógicamente, el presupuesto debe tener un grado de flexibilidad orgánica y administrativa, que permita su adaptación a los cambios en la actividad económica, evitando que ésta decaiga en algún momento, o impulsándola para que alcance mayores tasas de expansión. Es obvio que esta función corresponde al Estado, no sólo en los países en desarrollo, como el nuestro, sino en los más ricos del mundo, como los Estados Unidos o Gran Bretaña.
Frente a estas necesidades, se encuentra la indispensable estructura institucional de los grandes renglones de las finanzas públicas cuya flexibilidad, consecuentemente a su naturaleza, es menor que la de la actividad económica. De ahí la constante preocupación de nuestros regímenes revolucionarios por adaptar, la institucionalidad de las finanzas públicas a la variabilidad inherente a la actividad económica.
En los últimos 5 años se han registrado importantes avances en este propósito, especialmente en el rubro de los ingresos fiscales. Las sucesivas reformas a las leyes impositivas han dotado de una mayor ductilidad a los ingresos tributarios del Gobierno Federal, buscando que los niveles de actividad productiva, condicionen la aportación de los particulares al fondo social.
Durante el año de 1964, el total de la recaudación de impuestos alcanzó la cifra de 16,870 millones de pesos, superando en 2,990 millones a la cifra correspondiente a 1963. Esta elevación representa un aumento de 21.5%, cifra mayor al doble del incremento registrado en el producto nacional bruto, lo que muestra, aún descontando los aumentos originados en el incremento de ocupación y las mejoras en la recaudación, que nuestro sistema impositivo alcanzó en ese año un alto grado de flexibilidad que, sin duda, habrá de ser superado en el presente año.
Esta flexibilidad se ha logrado por la importancia creciente que en nuestro sistema tributario tienen los impuestos directos, que en conjunto aportaron el 47% de los ingresos ordinarios del Gobierno Federal, siendo los más importantes renglones el Impuesto sobre la Renta, que representó el 40% y los Impuestos sobre Exportación, que representa el 6%. La mayor contribución de estos impuestos directos al ingreso federal pretenden una más justa distribución de la carga tributaria, por tratarse de gravámenes cuya traslación es más difícil lograr, asegurando que quienes los cubran sean precisamente los sujetos fiscales legítimos para ello.
Del total de ingresos por impuestos, el 53.4% es obtenido a través de los impuestos directos, de los que, como ya se dijo, el principal es el Impuesto sobre la Renta, que en 1964 tuvo un aumento de 27.5%, siendo consecuencia de las modificaciones en la progresividad de las tasas que gravaban cada una de sus cédulas, la inclusión de nuevas fuentes, el mejoramiento en el sistema administrativo y el aumento en la ocupación nacional. Este impuesto contribuye fundamentalmente en la redistribución de los ingresos, por la elevación de las tasas conforme crecen los ingresos individuales, y la acción de las tasas complementarias.
Los impuestos al Comercio Exterior representan el 20% de los ingresos presupuestales ordinarios y registraron un aumento neto de 24.9% respecto al año anterior. De ellos, el Impuesto sobre la Importación produjo la elevación en el monto recaudado, a consecuencia de la política que en este aspecto ha desarrollado nuestro país, buscando que los bienes demandados del exterior contribuyan directamente a la elevación del producto nacional, esto es, propiciando la importación de bienes de capital y limitando la importación de bienes de consumo, por las cargas fiscales, llegando hasta la prohibición de comprar en el exterior artículos suntuarios. El aumento en la recaudación por Impuestos a la Importación fue en proporción de 25.8% mientras que el valor de los bienes importados sólo creció en un 20%. Una parte de los impuestos recaudados por este concepto se destinan a formar el Fondo de Fomento a las Exportaciones, que coadyuva a lograr una más rápida expansión de lo que vendemos a otros países.
El Impuesto a la Exportación alcanzó en este año un total de 1, 155 millones de pesos, acusando una disminución cercana al 1% respecto al monto del año anterior. La disminución indicada se registró al mismo tiempo que el valor de nuestra exportación aumentó en un 9%, datos que revelan una decidida inclinación a fomentar nuestras exportaciones.
Un buen sistema debe contener, en proporciones adecuadas a cada caso particular, también impuestos indirectos. De ellos, el Gobierno Federal obtiene el 46.6% de sus ingresos tributarios y el 41% del total de sus ingresos ordinarios.
Los principales conceptos de estos ingresos están constituidos por los Impuestos sobre Producción y Comercio (14.4%), Impuestos sobre Importación (13.9%), sobre Ingresos Mercantiles (9.8%), sobre Explotación de Recursos Naturales (1.4%) y sobre Impuestos del Timbre (1.5%).
El renglón más importante de estos ingresos es el de los Impuestos sobre Producción y Comercio, que en 1964 registraron un aumento de 18.3% respecto al año anterior, superando la tasa de crecimiento del producto nacional.
Estos impuestos son pagados como una justa contribución para mantener los servicios necesarios para estas actividades, tales como la vigilancia de su ejecución de acuerdo con las normas contenidas en leyes específicas, que tienden a preservar el mercado de formas de competencia perjudiciales para el individuo y la colectividad.
Segundo lugar en importancia, lo ocupa el Impuesto sobre Importación, ya comentado, y el tercero los Impuestos sobre Ingresos Mercantiles, que registraron un aumento de 21.4% en el año que nos ocupa, comparado con el monto alcanzado en 1963.
El 11.6% de los ingresos presupuestales correspondió a derechos cubiertos por la prestación de servicios públicos, productos derivados de la Explotación de bienes del patrimonio nacional y aprovechamientos obtenidos en el ejercicio fiscal.
Mientras en los dos primeros de estos conceptos se registraron aumentos de consideración, como consecuencia del aumento en la actividad económica nacional, en los aprovechamientos hubo una disminución respecto al año anterior, indicadora de la mejoría lograda en los servicios administrativos, especialmente en la recaudación fiscal, pues este renglón está constituido en gran parte por los rezagos en la recaudación de impuestos.
Una buena parte de esta mejoría administrativa ha sido consecuencia de las reformas que recientemente entraron en vigor, relativas a la forma del pago de los impuestos. Hasta 1962, una gran cantidad de los causantes debían realizar convenios con el erario para fijar el monto de sus obligaciones fiscales, procedimiento que además de originar gran trabajo, implicaba graves riesgos tanto para el Estado como para los particulares. Al modificarse este sistema por el de la declaración anual de ingresos, se ha suprimido tanto el trabajo innecesario como los riesgos de fraudes fiscales y abusos de autoridad por parte de los administradores. Elemento básico de esta reforma, fue la confianza que en grado creciente existe entre la ciudadanía y las entidades públicas encargadas de la administración general.
Gracias a ello, se ha logrado un trascendental avance en las relaciones entre gobierno y particulares que habrán de conducir a una mayor identificación para acelerar la marcha hacia las metas sociales aceptadas.
El conjunto de los ingresos presupuestales ordinarios representaron, durante el año de 1964, una proporción de 9.4% respecto al ingreso nacional. Esta tasa es sumamente reducida frente al cúmulo de necesidades que aún quedan por satisfacer, y cuya atención se encuentra encomendada al Gobierno Federal. Países que se encuentran en similares niveles de desarrollo, con una economía comparativamente menos rica que la nuestra, han logrado aumentar la participación gubernamental en proporciones que representan del 11 al 20% del ingreso nacional. En países que han alcanzado un alto grado de madurez económica, la participación del Gobierno alcanza cifras muy superiores que, año de 1964, una proporción de 9.4% respecto al ingreso nacional. Esta tasa es sumamente reducida frente al cúmulo de necesidades que aún quedan por satisfacer, y cuya atención se encuentra encomendada al Gobierno Federal. Países que se encuentran en similares niveles de desarrollo, con una economía comparativamente menos rica que la nuestra, han logrado aumentar la participación gubernamental en proporciones que representan del 11 al 20% del ingreso nacional. En países que han alcanzado un alto grado de madurez económica, la participación del Gobierno alcanza cifras muy superiores que, en ocasiones, llegan hasta el 40% del ingreso nacional.
A pesar de ello, los ingresos ordinarios del Gobierno Federal fueron suficientes para cubrir los gastos totales corrientes de administración, generando un excedente de 3, 882 millones de pesos, que se orientaron a cubrir gastos de capital, necesarios para continuar los programas de beneficio social adoptados por el Gobierno.
La magnitud de estos programas hizo insuficiente el superávit en cuenta corriente para satisfacer los financiamientos requeridos para la ejecución de obras correspondientes al año de 1964, por lo que hubo de acudirse a la contratación de empréstitos y financiamientos diversos. Estas operaciones fueron facilitadas por la circunstancia de que, durante el año en cuestión, nuestra economía registró altos índices de liquidez, acumulándose excedentes monetarios que pudieron generar perjudiciales consecuencias en el desenvolvimiento de la actividad económica posterior.
Conviene exponer que, cuando se acelera el ritmo de la reducción, se produce un volumen de recursos adicionales que no encuentran una inmediata aplicación y que, si son acumulados en formas de gran liquidez monetaria, pueden ocasionar una grave presión sobre los precios, tendiente a elevarlos. O bien, si se sustraen de la corriente de circulación, influyen negativamente en el ritmo que posteriormente tenga la actividad económica.
Ante la necesidad de contar con mayores recursos, y por las circunstancias ya descritas de nuestra economía durante 1964, el Gobierno Federal realizó importantes movimientos en la Deuda Pública, recogiendo un gran volumen de numerario que se encontraba en poder del público, mismo que destinó a la ejecución de sus programas, contribuyendo con ello a elevar la demanda nacional, determinante en el proceso de nuestro desarrollo económico.
La cifra correspondiente a los Ingresos Presupuestales Extraordinarios, comprende operaciones realizadas a corto plazo y movimientos de la Deuda Consolidada. Como consecuencia de la autorización otorgada a la Tesorería de la Federación para emitir Bonos de Tesorería, para realizar operaciones activas y pasivas en el corto plazo, nuestra deuda flotante interna adquirió un mayor volumen, que significa un endeudamiento temporal, ocasionado por los retrasos en el pago de impuestos por los causantes, y que, generalmente, constituyen financiamientos que se liquidan con las recaudaciones percibidas en ejercicios fiscales posteriores correspondientes al año en el que se contrajo la Deuda.
En el renglón de la Deuda Consolidada, se registró el mayor incremento en la interna, en tanto que del exterior sólo se percibieron 714.5 millones de pesos . Estos créditos han sido contratados en condiciones favorables, que permitirán que el rendimiento de las obras ejecutadas se manifieste por el aumento en las recaudaciones tributarias que produzcan lo necesario para la liquidación de estas deudas.
El incremento neto de la deuda pública en 1964, que tanto preocupa al diputado Ricaud, fue el orden de $ 4, 217.000,000.00 que fundamentalmente fueron obtenidos de recursos internos que no encontraban una inmediata aplicación a las actividades productivas y que, de haberse sustraído de ella, hubieran ocasionado su descenso.
La política fiscal, entendida como el manejo de los ingresos y gastos del Gobierno, obedece en los países en desarrollo a finalidades que pueden agruparse en dos grandes rubros: las de orden estrictamente económico y las de carácter socioeconómico. En el primer rubro, la acción del Estado que debe considerarse como principal, ya que constituye un factor de suma importancia que actúa sobre la tasa de desarrollo, es la impostergable necesidad de incrementar la inversión, ya sea en forma directa mediante inversiones productivas a cargo del Estado, o indirectamente creando el marco propicio- obras de infraestructura- para una expansión de la inversión privada. En el segundo rubro de acción del Estado, y con carácter socio económico, se encuentran los mecanismos del ingreso y egreso públicos,
tendientes a lograr una redistribución de ingresos, en apoyo de los sectores económicamente débiles, acción cuyos efectos se traducen incuestionablemente en el fortalecimiento y ampliación de un mercado interno que tenga capacidad de consumir los bienes y servicios producidos.
Por estas razones y para que el Gobierno Federal pueda estar en condiciones de estructurar programas de inversión, de redistribución de ingresos, anhelo de nuestro pueblo por una mayor justicia social y de estabilización en el crecimiento, el presupuesto de egresos se ha venido presentando en dos clasificaciones adicionales, independientemente de la relativa a los distintos ramos de la administración pública; la funcional y económica, cuyos análisis nos permiten ponderar la acción del Gobierno en la marcha y desenvolvimiento de la actividad económica del país.
La clasificación funcional agrupa los gastos del Gobierno de acuerdo con los propósitos u objetivos a que están destinados, sin considerar el órgano administrativo que los realiza. El fin es descubrir la labor del Gobierno en determinados aspectos de su programa de desarrollo económico, ya sea por el fomento a la actividad productiva, a la salubridad y asistencia social, a la defensa nacional, a la administración pública y al movimiento de la deuda, como elemento complementario para el financiamiento de programas o regulación de la actividad económica.
La presentación económica de los egresos, nos permite conocer el efecto del gasto público en la actividad económica general. Esta clasificación, hecha sobre la base de la naturaleza de las erogaciones como gastos corrientes, gastos de capital y transferencias, permite la apreciación del gasto público como un mecanismo para el desarrollo económico por su impuesto sobre la demanda, así como en un instrumento activo de la política fiscal, para compensar tendencias o efectos inflacionarios o deflacionarios y para fines de redistribución de ingresos.
Al analizar el gasto del ejercicio de 1964, es conveniente hacer notar que el aumento experimentado de 39.4% en relación con el ejercicio de 1963, es inferior a la tasa de incremento que se registró en el volumen de gastos directos de capital, por 5, 630.05 millones de pesos, aumentado en 1, 748 millones de pesos, que equivalen a 45% más en relación a lo ejercido en 1963. Por otra parte, el renglón de transferencias, por un total de 8,478.9 millones de pesos, con una elevación de 1,978.4 millones representa un incremento de 30.4%, sobre 1963, recayendo el desglose de dicho incremento, por orden de la importancia de sus números absolutos y relativos, en subvenciones y subsidios al consumo, por una cifra de 5,015.8 millones de pesos, superior en un 31% a lo ejercido el año anterior; subvenciones y subsidios para inversión, por un monto de 1,718.2 millones de pesos, o sea, 48% mayor que en el año de 1963, y pagos de seguridad social por un total de 1,508.5 millones de pesos, que contiene un aumento de 14.5% respecto al ejercicio pasado.
Esto evidencia claramente la acción del Gobierno Federal, en mantener, mediante el destino de sumas importantes de su presupuesto, el apoyo necesario para proseguir la tarea en que estamos empeñados todos los mexicanos: lograr, a través de la capitalización en la estructura económica del país, y en la ampliación y consolidación de nuestro mercado interno, las soluciones viables a los problemas que plantea la obtención de mayores niveles de vida.
La mejoría de los servicios administrativos del Gobierno, condición importante en las tareas de avance que emprenden los países en desarrollo, requirió de un aumento en su gasto de 804.7 millones de pesos, respecto a 1963, o sea, un incremento de 12.8%, que se destinó principalmente a elevar los niveles de ingreso de los servicios públicos.
Desde el punto de vista del destino de los recursos presupuestales del Gobierno Federal para condicionar un crecimiento armónico, auspiciando y sentando las bases de un mejor desenvolvimiento del potencial humano, los egresos ejercidos por el Ejecutivo de la Unión, en el rubro de Inversión y Protección Social, ascendió a un total de 6,262.8 millones de pesos, que representa un incremento del 28% en relación con 1963. Es de importancia en este rubro lo dedicado a satisfacer las necesidades de enseñanza primaria, cumpliendo así uno de los más nobles postulados de nuestra Constitución. Por este concepto se gastaron 1,649.1 millones de pesos, cifra superior en 16.3% a la erogada en el año de 1963. Con estos recursos se atendió la educación de más de cuatro millones de niños inscritos en escuelas primarias federales.
En la integración de las otras ramas de la educación, el gasto se incrementó igualmente en todas ellas, situación que pone de manifiesto el interés del Gobierno Federal para superar la creciente demanda, presionada por el rápido crecimiento de la población escolar entre esos niveles, de un más fácil acceso a la educación y la cultura.
Los servicios de seguridad asistenciales y hospitalarios, como una de las ramas que demandan atención preferente por parte del Estado, absorbieron la suma de 1,012.8 millones de pesos, que representan un incremento de 36.9% respecto a lo erogado en 1963. Asimismo, los gastos de bienestar y seguridad social, como resultado de la extensión y de los beneficios del Seguro Social a distintas zonas del país, en particular, áreas agrícolas, se vieron incrementados en 249.7 millones de pesos, cifra superior en un 19.2% a la ejercida el año anterior.
El Estado Mexicano, con su acción decisiva en el proceso de desarrollo económico, ha propiciado, dentro del marco de una economía mixta, como en la nuestra, los impulsos a la inversión privada, la creación de obras que proporcionan economías externas y manteniendo servicios que coadyuvan a la elevación de la productividad en el factor humano, constituye acciones que han permitido un mejor aprovechamiento del potencial económico del país.
El gasto público en carreteras, obras de irrigación, plantas para generar energía eléctrica e instalaciones para distribuirlas, comunicaciones, escuelas, centros asistenciales y hospitalarios, servicios educativos en sus distintos niveles, contribuyen al sólido desarrollo de la actividad productiva de todos los mexicanos; las obras materiales sientan las bases de una sana y constante expresión de las inversiones productivas, apoyadas por la intangible, aunque no por ello menos importante, acción sobre el desarrollo de las facultades creadoras de nuestro pueblo.
En efecto, el crecimiento de un 10% en términos generales del producto nacional, se vio firmemente consolidado por los esfuerzos de nuestro pueblo, que
ocasionaron aumentos considerables en la producción de distintos sectores de la economía, representando para las principales actividades tasas de crecimiento superiores respecto a 1963: de 16.4% en el ramo de la construcción, 15% en la industria generadora de energía eléctrica, 14.2% para las manufacturas, 10.8% en la actividad comercial, 9.1% en la producción de petróleos y sus derivados, 6.5% en las actividades agropecuarias y 6.2% en transportes y comunicaciones.
Estos resultados son pruebas fehacientes de la correcta utilización dada a los recursos, que la ciudadanía, en acatamiento a los mandatos de ella emanados, han cedido a su órgano ejecutivo, el Gobierno Federal, para que los destine a procurar las condiciones que hagan posible su arribo a mejores perspectivas de vida.
Las modernas concepciones acerca del Estado y su papel en el proceso de desarrollo económico, implican la extensión de sus actos y obligaciones de mantener en equilibrio, tanto su acción económica, mediante la utilización de sus recursos en inversiones directamente productivas, e indirectamente alentadoras de la inversión privada, así como la acción social, pugnando por una más equitativa distribución del ingreso. Esto ha significado una transformación de los medios y fines de las finanzas públicas.
Uno de los mecanismos que se han modificado sustancialmente en los países en proceso de desarrollo, es de la utilización del crédito público. Durante el ejercicio de 1964, los ingresos ordinarios del Gobierno Federal, no obstante haberse incrementado en un 21% con respecto al año anterior, y aunque en su totalidad fueron suficientes para financiar los gastos corrientes de administración, arrojando un superávit de 3,882 millones de pesos, que se destinaron a financiar gastos de capital, la tarea de un mayor aceleramiento en el proceso de desarrollo, requirió la obtención de ingresos extraordinarios, que en virtud de la firmeza del crédito de la nación, tanto interno como externo, allegaron recursos complementarios para este fin.
El uso del crédito público se ha asimilado, tradicionalmente, a los motivos y limitaciones que el crédito en general tiene para la empresa o el individuo privado, analogía que no es válida, debido a los motores propios de cada sector. La deuda pública, a diferencia de las deudas privadas, constituye un fuerte sostén y proporciona un impulso amplificador al desarrollo de la actividad productiva, no únicamente de un sector restringido de la economía, sino que su utilización en la creación de obras materiales y sociales en todo el ámbito del país, influye poderosamente en el proceso general de crecimiento.
Si dentro de la estructura del gasto público correspondiente a 1964, se pone atención a los gastos directos de capital, que significaron erogaciones por 5,630 millones de pesos, a las subvenciones y subsidios para inversión por 1,718 millones de pesos, a las subvenciones y subsidios del consumo por 5,016 millones de pesos y a los pagos de seguridad social, por 1,509 millones de pesos, se advierte que en total arrojan una suma de 13,873 millones de pesos, mayores en 3,987 millones a los recursos obtenidos mediante el crédito público. Se desprende, como conclusión, el uso socialmente productivo de la deuda, y salta a la vista el considerable aporte del Gobierno Federal a la capitalización del país y la acción fortalecedora de un mercado interno que sea capaz de absorber los bienes y servicios producidos y sustentar, en nuestras propia fuerzas y recursos, el desarrollo económico nacional."
El C. Landerreche Obregón, Juan: Pido la palabra.
- La C. Presidenta: Tiene la palabra el señor diputado Landerreche Obregón.
El C. Landerreche Obregón, Juan: Señora Presidenta; señoras y señores diputados:
Siento llegar a esta tribuna cuando la Asamblea está tan cansada, pero conste que no es culpa de nosotros el que primero haya bajado el nivel de la discusión y el que después ésta se haya alargado tanto. Nuestras intervenciones han sido más breves.
Antes de entrar en materia me veo obligado a hacer algunos comentarios a las palabras del diputado Ortiz Mendoza. No voy a entrar, por supuesto, a contestar todas las cosas que él dice; no vale la pena. Pero no está por demás establecer que el valor del PAN se ha demostrado en 25 años de luchas frente al Poder sin pedir cuartel, constante, y que hemos llegado veinte diputados de partido a esta Cámara, por esa lucha de 25 años, no por regalo ni por subsidio de votos.
Y al señor diputado Cobos también le decimos que hemos atacado y atacamos al licenciado López Mateos, no ahora, sino cuando estaba en la presidencia de la República, como atacamos también, durante nuestros 25 años de vida política, a todos los presidentes que han estado en el Poder, nunca nos hemos esperado a que salgan para atacarlos. (Aplausos.) Por si no lo recuerda, no está demás también decir que fue, precisamente, cuando el licenciado López Mateos, cuando entró a la presidencia de la República, que Acción Nacional, tachando de ilegítima su elección, se negó a venir a esta Cámara con sus candidatos diputados; y aprovecho para decir que entre los candidatos a diputados de Acción Nacional a quienes se había reconocido el triunfo y que en un acto de dignidad y de valor civil se negaron a venir a la Cámara, estuvo el señor licenciado Gómez Mont. (Aplausos.)
Señores, nuestras actitudes son, en primer lugar, de una pieza y son dignas. De qué sirve que se gasten 10 mil millones de pesos en fomento económico, si esos 10 mil millones de pesos no llegan al pueblo.
Señor diputado Ortiz Mendoza, estamos de acuerdo con usted: la justicia es que se le dé de comer al pueblo; la justicia es también que se le dé la tierra al campesino; pero, a pesar de 50 años de Reforma Agraria, todavía no se ha llegado a eso, y usted mismo dice que los 10 mil millones que se gastaron en fomento económico no favorecieron al pueblo.
Entonces, la actitud congruente está en rechazar esa Cuenta Pública, no en aceptarla. Y, por esos mismos motivos, si atacamos a la Cuenta Pública del año pasado queremos también decir rechazamos, categóricamente, la imputación de que usamos las palabras del Presidente de la República en su informe, de mala fe. El informe del Presidente de la República es eso, informe al pueblo, y nosotros los diputados, representantes del pueblo, tenemos pleno derecho a usar sus palabras, a interpretarlas, a comentarlas.
El señor licenciado Díaz Ordaz, en su informe, reconoció, en una forma valiente y digna, que al principio de su gobierno había habido un principio, un amago de recesión económica, debido a errores del régimen anterior. Tuvo el valor de reconocer esos errores, y nosotros habíamos señalado esos errores desde antes. Por eso podemos también usar esas palabras.
Y quiero aprovechar para decir, también, que el señor Presidente, en su informe, reconoció, en una forma expresa, que el gobierno y los organismos descentralizados lograron economías, y las obtuvieron muy considerables, aplicando medidas para reducir costos en las adquisiciones y para revisar contratos. Quiere decir que las adquisiciones y los contratos que realizó el régimen anterior fueron, si no siempre, muchas veces y fueron, a precios mayores de los razonables y de los debidos.
Por eso, nosotros, decimos ahora, con pleno derecho, no por mal gusto, simplemente por el ejercicio de nuestra dignidad y nuestro derecho de mexicanos, de ciudadanos y de diputados, decimos, señores, atacamos al régimen anterior; decimos que la Cuenta Pública, que el Gasto Público que hizo el régimen anterior fue un gasto más espectacular que efectivo; que fue un gasto dispendioso y que fue un gasto que usó los elementos públicos en una forma peligrosa; una forma peligrosa, señores, que no fue nada más el peligro valiente de afrontar un riesgo, sino fue el peligro de poner en riesgo y de realizar y de poner en riesgo conquistas fundamentales, adelantos que se habían logrado en el desarrollo económico y social de México. Y ese riesgo, señores -también lo reconocemos-, se ha conjurado debido a la prudencia del régimen actual. Y lo dijimos, no ahora que han sacado ustedes a relucir estas cosas, lo dijimos cuando comentamos y contestamos el informe del Presidente de la República.
Señores: en Acción Nacional hay dignidad, hay actitud clara, definida y de una pieza y por eso estamos aquí y aquí seguiremos. (Aplausos.)
Y, ahora, perdonen ustedes, ahora vamos a tratar de entrar al tema; y lo primero que queremos aclarar es que estamos aquí, señores, para hacer, no un estudio económico, o no solamente un estudio económico del Gasto Público del régimen anterior; estamos aquí, señores, para hacer un estudio constitucional y legal del Gasto Público del régimen anterior.
Ustedes dicen, lo han dicho con mucha frecuencia, que las formas son caducas, son inútiles, no representan el espíritu. Hay que ver las finalidades, hay que ver el fondo .
Señores: las formas representan el régimen de derecho, representan el sistema democrático. Si ustedes no las quieren, son la mayoría, quítenlas de la Constitución, tengan el valor para hacerlo; pero, mientras las formas estén en la Constitución, la buena fe es respetarlas, hacer que se respeten; violarlas, eso es mala fe.
Las formas son necesarias porque son garantía de la libertad son garantía de los derechos ciudadanos, y el problema que debemos tener, el problema que debemos enfrentarnos, es adaptar las formas a las realidades.
Estamos de acuerdo que el gasto público debe ser dinámico, que debe promover el desarrollo económico, completamente de acuerdo; pero hay que hacerlo dentro de las normas constitucionales. Mientras las normas constitucionales existan, mientras ustedes, señores de la mayoría, señores del PRI, ostenten y digan que su bandera es la Constitución, señores, ¡cúmplanla!
Estamos, por segunda vez, en un segundo año, estamos revisando las cuentas del Estado Mexicano. Es la segunda vez que se presenta en esta Cámara - la primera Cámara en la historia de México donde están representados los partidos minoritarios-, la segunda vez que se presenta a discusión la Cuenta Pública.
Creo que en vez de tantos discursos demagógicos, tantas afirmaciones demagógicas, tantos ataques innecesarios, es más leal tratar de enfrentarnos al problema, de si en este segundo año hemos avanzado o no hemos avanzado en el camino de hacer vigentes las instituciones en lo que se refiere a la Cuenta Pública.
Hace un año reconocimos, señores, en esta tribuna, y digo reconocimos, aunque yo no participé personalmente en la discusión, pero soy completamente solidario de los actos de los demás compañeros de mi diputación, hace un año reconocimos que había habido un adelanto en la presentación del Presupuesto, en la forma de presentación del Presupuesto, y votamos, por eso, aprobando el Presupuesto.
Reconocimos, también, señores, que había una mejoría en la forma de la presentación de la Cuenta Pública. Lo dijimos, también, expresamente. Y si no aprobamos la Cuenta Pública es porque había otros graves errores, otras irregularidades en el desarrollo de esa cuenta.
Hace un año, además, señalamos problemas concretos. Dijimos que era necesario estudiarlos, buscarles soluciones; propusimos, nosotros, que con nuestra colaboración estábamos dispuestos a estudiarlos. Y en esta segunda ocasión en que se plantea la Cuenta Pública, señores, desgraciadamente tenemos que decirlo, en lo que se refiere a la Cuenta Pública Federal no ha habido ningún adelanto. Lo hubo, sí, ya lo reconocimos, porque nosotros sabemos reconocer la realidad, la verdad, lo hubo en la presentación de la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal, aunque todavía las irregularidades que hay alrededor de esa Cuenta fundamentalmente, que no había un Presupuesto con qué compararla. Por ese motivo declaramos que votaremos en contra de ella; pero, en lo que se refiere a la Cuenta Pública Federal, si ustedes se toman la molestia de comparar el dictamen de esta ocasión, con el dictamen del año pasado, verán que están cortados por el mismo patrón y que lo único - salvo algunas diferencias de detalle-, lo único que cambia son los números, que ahora son distintos a los de hace un año.
¿Cuáles fueron los problemas que planteamos, que no se han tomado en cuenta, para mejorar esta situación de la Cuenta Pública?
En primer lugar no se hace un estudio de los ingresos, de la legitimidad de los ingresos. Simplemente se enumeran los ingresos y se señalan las cantidades que significan y la suma total de ellas. Ustedes preguntarán: ¿Qué, hay necesidad de examinar la legitimidad de los ingresos? Pues sí, señores, la hay desde el punto de vista constitucional. Respecto a los impuestos y a los derechos no hay mayor
problema. Podemos suponer, definitivamente, que sean legítimos. Respecto a los productos y a los aprovechamientos puede haber casos en que no lo sean. Por ejemplo, cuando se vende un bien destinado a un servicio público, sin desafectarlo, sin cumplir las formalidades que la ley establece.
Eso por lo que se refiere a los recursos ordinarios del Estado. Pero, ahora, vamos a los extraordinarios. Y ahí sí es fundamental la legitimidad de los ingresos. La legitimidad de los ingresos derivados del uso del crédito del Estado, de los empréstitos.
Señores: de acuerdo con el dictamen, en el capítulo de Deuda Pública Titulada, la deuda pública interior en 1964, fue de 13.737 millones de pesos. Y la deuda titulada exterior fue de 1,535 millones de pesos. En total 15,527 millones de pesos.
En el año anterior, en 1963, la Deuda Pública titulada interior fue de 7,774 millones, y la exterior de 821. En total, 8,595 millones. Esto quiere decir que aumentó la Deuda Pública Titulada en 6,667 millones de pesos. No digo yo que haya aumentado la Deuda Pública, sino la Deuda Pública Titulada. Posiblemente, la Deuda Pública Titulada aumentó en menos. El dictamen, por cierto, no dice ningún dato en este sentido.
Ahora bien, señores; en esa Constitución, que constituye la bandera del PRI, dice el artículo 73: "Que el Congreso tiene facultad para dar bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos sobre el crédito de la nación; para aprobar esos mismos empréstitos y para reconocer y mandar pagar la deuda nacional".
El dictamen, señores, no nos dice si ese aumento en la Deuda Pública Titulada es legítimo, ni nos explica cuáles fueron las resoluciones del Congreso que autorizaron ese aumento. Yo no digo que no las haya. No lo sé. El dictamen no lo dice, y si el dictamen no lo dice es un dictamen mal hecho y nosotros tenemos derecho a objetarlo y a votar en contra de él.
Si, ahora, nos lo aclaran y nos dicen cuáles son las autorizaciones del Congreso en esta materia, pues se los agradecemos mucho.
Y no es que nos asuste, señores, el monto de la Deuda Pública. Sabemos que la Deuda Pública puede ser útil para el país siempre que sea dedicada a fines realmente productivos y sea acorde con la capacidad de pago del país. Si hay una deuda pública que reúne estas condiciones puede aumentar a cantidades suficientemente altas, sin que eso nos asuste a nosotros. Pero si, en cambio, no se cumplen esas condiciones, la Deuda Pública, seguramente, será perjudicial, eso es lo que sucedió en el ejercicio anterior, en que la Deuda Pública no se contrajo de acuerdo con las capacidades de pago del país. Porque si la Deuda Pública se contrajo a corto plazo, el país no estaba en condiciones de pagarla a corto plazo, y al no poderla pagar, y al haber lanzado las circulaciones de dinero, ese dinero planteó una situación que pudo ser muy grave, que, afortunadamente, no lo ha sido hasta ahora, pero que todavía, inclusive, no sabemos si puede tener consecuencias para el futuro.
Y vamos a otro punto, donde no hemos avanzado. El dictamen se basa en la aprobación de pagos hechos, en vez de aprobación previa de gastos, como exige el artículo 126 constitucional que, como ustedes saben, ordena que no debe hacerse ningún pago que no esté, previamente, autorizado en el Presupuesto.
El Presupuesto inicial fue de 15,953 millones y, el día 27 de noviembre del año pasado, nos presentó el Ejecutivo, en esta Cámara, una iniciativa para aumentar el Presupuesto en 6,129 millones, o sea, a 22,082 millones. Esa iniciativa se aprobó contra el voto de Acción Nacional. Por eso podemos hablar en contra de eso, porque no estamos hablando ahora contra el licenciado López Mateos, lo hicimos el 27 de noviembre y mucho antes; y el 27 de noviembre todavía estaba en el poder.
Esa iniciativa del Ejecutivo se refería, en su mayor parte, a la ratificación de pagos ya hechos, de gastos ya hechos; era ratificación, no era ampliación del Presupuesto para gastos futuros; y así lo dice, expresamente, el Artículo segundo del decreto que ustedes aprobaron, que "Se faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que regularice las operaciones que afecten a los Presupuestos de Egresos de la Federación, del Departamento del Distrito Federal y Territorio de Quintana Roo, que estén debidamente comprobadas, en las cantidades necesarias para aplicar correctamente las erogaciones de acuerdo con la documentación correspondiente y cancelando por iguales cantidades los saldos disponibles que aparecen en otras partidas, inclusive de ramos distintos; ..."
Como ustedes ven es una autorización a posteriori, contraria al precepto constitucional. Ustedes recordarán, en la discusión que tuvimos hace un año, sobre el hecho de que era contrario a la Constitución el que los gastos públicos se aprobaran a posteriori; que era una situación indebida que no se aprobaran previamente los gastos públicos. En este caso también votaron ustedes en contra nuestra; pero si ustedes recuerdan la discusión y releen, serenamente, el Diario de los Debates, encontrarán que los argumentos que dieron los diputados de Acción Nacional, que participaron en el debate, encontrarán que esos argumentos no fueron refutados.
De manera que, pues, ahora volvemos a lo mismo. No digo que en esta ampliación todo haya sido ratificación de gastos hechos; probablemente una parte era de gastos que no estaban hechos; pero, por lo que se refiere a ratificación de gastos hechos, esa ampliación era anticonstitucional. Sin embargo, ustedes la aprobaron y vamos a darla por hecha.
Entonces, resulta que el Presupuesto, que inicialmente era de 15,953 millones y que por esa ampliación aumentó a 22,082 millones, nos lo presenta la Comisión de la Cuenta Pública, ahora, aumentado a 22,285 millones, o sea, 6,207 millones de pesos más. ¿Y de dónde salieron esos 6,203 millones de pesos más? ¡Ah, pues la Comisión nos lo dice muy claramente, en unas cuantas líneas, no hay problema para ella! Dice: "Al confrontar el ejercicio del Presupuesto de 28,285 millones con la asignación original de 15,953 millones, la supera en 12,332 millones, que constituyen ampliaciones presupuestarias autorizadas por esta H. Cámara y por la Ley Orgánica del Presupuesto."
¿Y dónde están las autorizaciones de la Ley Orgánica del Presupuesto? Las que aprobó la Cámara ya las vimos; vamos a ver, ahora las que nacen de la Ley Orgánica del Presupuesto.
Todavía nos dice, más adelante, la Comisión: "Son las ampliaciones automáticas para las que legalmente estaba autorizado el Ejecutivo Federal en esta materia".
Vamos, pues, a ver lo que la Ley Orgánica del Presupuesto nos dice sobre las ampliaciones automáticas. El Artículo 34 de la Ley Orgánica del Presupuesto establece que: "La asignación de las partidas fija el límite máximo de las erogaciones, a menos que se trate de partidas de ampliación automática que con tal carácter se señalen expresamente en el Presupuesto, para aquellas erogaciones cuyo monto no sea posible prever".
Entonces, señores, las ampliaciones automáticas, no son una varita de virtud que aumenta tranquilamente el Presupuesto en seis mil doscientos y tantos millones de pesos. Las ampliaciones automáticas tienen que cumplir determinados requisitos, conforme a la Ley. ¿Cuáles son esos requisitos? Que se señalen, expresamente, en el Presupuesto como automáticas y que sean partidas cuyo monto no sea posible prever. De manera que no basta con que en el Presupuesto se diga tal o cual partida es de ampliación automática, es necesario que realmente haya una imposibilidad de prever el monto de la partida.
El Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, por su parte, establece más detalladamente cuáles son esas partidas de ampliación automática. Hace una larga enumeración, que me voy a permitir tratar de reducir para poder analizar el asunto que estamos estudiando. Las partidas de ampliación automática pueden quedar en alguno de estos cuatro capítulos: primero, las responsabilidades contingentes, es decir, aquellas responsabilidades que tiene el Estado, pero cuyo monto no se ha determinado de momento y está sujeto a determinarse posteriormente a través, generalmente, de un procedimiento legal; éste puede ser un procedimiento legal, un simple procedimiento administrativo, no necesariamente judicial. Estas partidas son las devoluciones de impuestos indebidamente pagados, o de pagos hechos indebidamente, en general a la Tesorería de la Federación; las participaciones que, por ejemplo, tienen los Estados en algunos impuestos federales, o bien, los denunciantes en las multas que recibe el Fisco; los impuestos que el Estado tiene que pagar en el extranjero; los intereses que causen los adeudos del gobierno y que dependen del tiempo en que estén insolutas las deudas; a pagas de marcha, que se cubren a los familiares de los empleados que fallecen, los alimentos a los presos federales y las estancias militares y los saldos de ejercicios anteriores. Aquí tenemos una serie de partidas que, realmente, son de ampliación automática.
Después, otra categoría de partidas de ampliación automática, situaciones de fondos y cambios, los pagos que se hacen a los representantes fiscales que no reciben sueldo, sino que reciben una participación en los impuestos que cobran, los sueldos de los inspectores que no son pagados por el Estado, sino que son pagados por los particulares, como en los casos de sorteos los pagos por correos y telégrafos internacionales: todas, partidas de ampliación automática.
Luego hay los egresos condicionales que son, por ejemplo, el impuesto para la educación, que se gastará en educación, tanto cuanto rinda el impuesto. Por tanto, es variable. Y, por último, las operaciones meramente contables, como son los subsidios en caso de exención de impuestos y las adjudicaciones de bienes en pago de adeudos a favor del Fisco Federal.
Aquí tienen ustedes expresadas, conforme al Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, cuáles son las partidas de ampliación automática. Y, ahora, nosotros nos preguntamos: ¿en cuáles de estas partidas se gastaron 6,203 millones de pesos? Creemos que la Comisión tenía el deber de haber dicho, en su dictamen, cuáles eran esas partidas; porque nosotros, como representantes del pueblo, al revisar la Cuenta Pública, tenemos derecho a saberlas.
¿Se gastaron esos 6,203 millones en partidas de esa clase? En ese caso, señores, estamos dispuestos a reconocer que la Cuenta está bien, pero que nos las comprueben; si no se gastaron, y parece un poco difícil que se hayan gastado, tenemos pleno derecho de rechazar la Cuenta.
Otra omisión del dictamen, señores: No nos dice, ni nos explica, por qué hubo ampliaciones presupuestales aun en ramos que ni siquiera agotaron o ejercieron su asignación original; es decir, en el presupuesto original había ramos cuya asignación se aumentó el 27 de noviembre y al final de la Cuenta, resulta que no se gastó ni siquiera la asignación inicial. Esto, señores requiere una explicación. Si el Presupuesto es un programa de gobierno, la asignación de una partida, quiere decir que significa parte de la ejecución de ese programa; y si esa partida no se ejerce debe de haber un motivo que lo justifique. Pedimos que se nos explique ese motivo.
Por último, la cuenta establece, lo mismo que la exposición que hizo el señor diputado Cobos, un comentario económico del Gasto Público del año pasado; un comentario económico interesante. No negamos que haya aumentado el producto nacional; desde luego este gasto público tiene que repercutir, necesariamente, en la vida económica y cuando el gasto público es tan alto tiene que presentarse esa repercusión en una forma clara como sucedió en esta ocasión. Como decíamos antes, lo importante es saber si lo único que se logró fue que no hubiera recesión en diciembre, con motivo del cambio de poderes y nada más se difirió como sucedió, al año siguiente.
La revisión de la Cuenta Pública, conforme a la Constitución, repito, a esa Constitución que, mientras exista, mientras ustedes, la mayoría, no decidan quitarla de enfrente, tiene que cumplirse la revisión de la Cuenta Pública; debe ser una glosa política, en primer término, dicen el artículo 65 de la Constitución y el artículo 73, fracción XXVIII, debe ser, en primer término, revisar si las partidas gastadas se ajustan al Presupuesto, por el mismo motivo que ya señalábamos antes. El Presupuesto, lo hemos dicho muchas veces, y en eso creo que estamos de acuerdo, el Presupuesto es un programa de gobierno; entonces, hay que saber si ese Presupuesto que propuso el Presidente de la República, que no le fue impuesto por la Cámara de Diputados, sino que el Presidente propuso y que la Cámara, al aprobar y al comprometerse, a nombre del pueblo, a aportar los fondos necesarios para cubrirlo, no hizo sino tomarle la palabra al Ejecutivo; al revisar la Cuenta
veremos si ese programa se cumplió y ver si los pagos que se hicieron están de acuerdo con ese Presupuesto. En eso consiste la glosa política.
Después, dice la Constitución, hay que revisar también si las partidas gastadas lo fueron efectivamente y están debidamente comprobadas y justificadas. Esa viene ya a ser la glosa administrativa que requiere un examen contable que se encomienda a la Contaduría de la Federación; y, al conocer el resultado de esa glosa, se podrán ejercitar las responsabilidades penales y civiles que procedan. Pero al Congreso lo que le corresponde es examinar la responsabilidad política, si hay un programa propuesto por el Ejecutivo y aceptado por la Cámara, ese programa tiene que cumplirse.
El Ejecutivo tiene los caminos legales adecuados para modificar ese programa; puede presentar modificaciones al Presupuesto. Tiene la flexibilidad de las partidas automáticas, que hemos revisado, porque no se trata de forzarlo, de impedirle la actuación.
El Ejecutivo, ciertamente, no es un ejecutor mecánico del Presupuesto; pero debe ajustarse precisamente a esas formas legales que constituyen, decíamos, el Estado de Derecho, sin las cuales no hay Estado de Derecho, ni hay, ciertamente, dígase lo que se diga, no hay garantías para la libertad ciudadana. Entonces , la Cuenta, simplemente, no hace la glosa política; y todavía con una irregularidad más grave que la del año pasado, porque el año pasado, como ustedes recordarán, la Cuenta Pública, es decir, el gasto Público, se trató de ratificar con una autorización que se hizo el día último del año, que ahora se hizo el día 27 de noviembre, pero los $6,203 millones, de las ampliaciones automáticas de que hemos hablado, no se justifican realmente como ampliaciones automáticas fundadas en la ley. Entonces resulta que esos gastos no se aprobaron ni previamente ni después y esto es una irregularidad mayor que la del año pasado, en que siquiera hubo una aprobación posterior.
Esa es la situación constitucional, a grandes rasgos; ésta es la situación legal. Nosotros, pues, no votamos por el dictamen, primero, porque es omiso, le faltan todas esas explicaciones que tenemos derecho de recibir los diputados como representantes del pueblo, y, segundo estamos contra la aprobación de la Cuenta Pública, en cuanto al fondo, porque, como decíamos al principio, el gasto público del año pasado fue dispendioso y espectacular, atendiendo más, muchas veces, a la espectacularidad que al beneficio económico de la nación, y se llevó a cabo en una forma peligrosa, que no fue un peligro teórico, sino como decíamos, fue un peligro práctico, que hemos sufrido, cuyas consecuencias ha tenido que pagar la nación mexicana y que puede tener todavía consecuencias, que esperamos que no se realicen, pero que nadie puede asegurar que no las haya.
Señores, por eso estamos contra la aprobación de la Cuenta Pública.
El C. Moheno Velasco, Rubén: Pido la palabra.
- La C. Presidenta: Tiene la palabra el señor diputado Moheno.
- El C. Moheno Velasco, Rubén:
Señora Presidenta, señores diputados: Comenzaré por afirmar que el año de 1964, cuya Cuenta Pública nos ocupa, y cuyo ejercicio ha sido calificado, yo creo que ligeramente, de despilfarro, México, en el crecimiento económico de todos los países del mundo, ocupó, con un 10% de la producción nacional del desarrollo económico, el segundo lugar en el mundo.
Yo no sé si, en algunas tribunas, y corro ese mismo riesgo, valdría más para servir a la causa que se pretende, callar, que hacer un verdadero despilfarro del tiempo y de palabras; es decir, ése sí es un despilfarro.
El diputado don Juan Landerreche Obregón y el señor diputado Ricaud Rothiot, de una manera genérica, sin precisarlo, en este diluir de las palabras que no fijan expresiones ni responsabilidades, pero que coinciden en la calificación de un despilfarro, la creación de millares de viviendas públicas, todavía escasas para la demanda y exigencia nacional, vienen, con su intervención, que ésta sí es un despilfarro, a atender al reclamo de la nación creando grandes centros hospitalarios que se ajustan a su pensamiento. Si las carreteras, las escuelas y los subsidios al consumo, en muchos cientos de millones de pesos, fueran un despilfarro y no una exigencia de quien manda en el país, que es el pueblo y que necesita vivir, a veces sólo sobrevivir, entonces se encuadra dentro de su pensamiento: sí, como lo hiciera notar el señor diputado Ricaud Rothiot, es impresionante la cifra de 1964 en las inversiones que multiplica 4. veces y medio el gasto según su propia afirmación y en relación con la presupuestada, entonces nosotros diríamos: ¡qué bueno que lo previsto ha sido superado cuatro veces y medio para canalizar recursos económicos en las infraestructuras del país que le permiten su verdadero, su estable desarrollo para el futuro!
También el señor diputado Ricaud hizo notar, y lo ratificó el señor diputado don Juan Landerreche Obregón, lo que le parecía extremo, es el uso peligroso de los créditos; y los créditos , es de elemental conocimiento en la economía, deben usarse para un país en desarrollo como el nuestro. Si fueron de 6 mil, si fueron de 7 mil millones de pesos, ojalá y hubieran sido posibles por el doble, porque ello nos permitió ese crecimiento económico y porque ello alimenta las legítimas aspiraciones de nuestro país, de un desarrollo que permita a todos los mexicanos disfrutar de un standard de vida decente y decoroso, como lo reclama, también, ocasionalmente, alguna de las voces de Acción Nacional. (Aplausos.)
No es, señor diputado Landerreche, una afirmación nuestra, que los diputados de Acción Nacional desempeñen - no disfruten- de 20 curules en esta Cámara de Diputados. Yo sé, y lo sabe toda la conciencia nacional, que están legítimamente ganadas; no nos cuesta trabajo decirlo, pero, ¿merced sólo a la lucha de 25 años del Partido Acción Nacional?, ¿o merced a un clima civilizado y democrático de avance y de desarrollo creado por la Revolución en las concepciones del derecho de nuestro tiempo? (Aplausos.)
Es, señores diputados, la conjunción de la fuerza de la ciudadanía mexicana la que permite estas realidades. No es hazaña de caballeros bayardos, que por su lucha tenaz y solidaria alcancen estas posiciones. Todo fenómeno social y político de México lo explica; y el desempeño, vuelvo a repetir, no el disfrute de estas curules, es legítimo y nos complace decirlo, pero en es el mérito exclusivo y solitario y
aislado de un Robinson que se llama Acción Nacional; es el desarrollo nacional bajo los auspicios y al amparo de la doctrina y la legítima ambición democrática de los gobiernos de la Revolución Mexicana. (Aplausos.)
He de seguir mi intervención, que yo quisiera breve, de una manera un poco desordenada, como desordenada, carente de método ha sido, vamos a llamarla, la sistematización de la crítica del gasto público.
Todavía estamos deseosos algunos de los diputados de la mayoría, y probablemente también de las minorías, de que en esta tribuna esas voces valerosas que acusan a Adolfo López Mateos de despilfarro, nos digan: gastó 100 millones de pesos en su haber personal; otorgó este contrato ilegítimo, ilícito o ruinoso para el país; malversó estos fondos, concretamente. Hablar de despilfarros en el orden genérico es llegar al anonimato de la acusación, en último extremo. Y yo recojo una expresión, de las muchas afortunadas que tuvo el diputado Ortiz Mendoza - no todas-, cuando define que la Cuenta Pública no es un documento contable. Refrendamos ese concepto: la Cuenta Pública es el examen del manejo político y económico del país a través de los programas creados por el propio gobierno, y esto se ha repetido tantas veces que casi se han agotado los vocablos; la atención a los reclamos y a las exigencias multiplicadas por el fenómeno, que señalaba Sánchez Dosal, unos históricos y otros por ser de la explosión demográfica del país.
Es para satisfacer esos reclamos en todos los órdenes, hasta donde lo privilegiado de nuestros créditos en el exterior nos lo permite, hasta donde la jerarquización de esas necesidades puedan atenderse, hasta donde, en el tiempo y en el derecho, podamos cumplir con la aspiración que todos compartimos de ver un México más rico, mejor alimentado, mejor vestido, más feliz. Y esta vez también repetiré otra expresión de Ortiz Mendoza: "Con un mayor disfrute, más íntegro de la Justicia social."
El gasto público, cuya cifra de seis mil millones de pesos buscaba el señor licenciado Landerreche Obregón, se contiene en 40 mil volúmenes detallados del gasto; se glosa en grandes cifras como las que contiene el dictamen que ha sido puesto a la consideración de la soberanía de esta Cámara. Y se detallan en las partidas y en los ramos presupuestados variantes con aumentos ya ejercidos y autorizados.
A este respecto permítame la diputación del Partido Acción Nacional, respetuosamente, decirle que solamente no queriendo ver no se logra observar un detalle, hasta donde lo permite un dictamen de esta naturaleza para el conocimiento de un elevado cuerpo político, el contenido y el detalle de los gastos nacionales.
Hemos avanzado - dijo haciéndonos ese obsequio el señor diputado Landerreche Obregón-, hemos avanzado un poco en cuanto a la presentación de la Cuenta Pública y del Presupuesto; pero, yo diría que en la conciencia nacional, en el derecho de los mexicanos, en el disfrute de las libertades, hemos avanzado mucho más cuando, de una manera disolvente, no precisa, podemos escuchar en esta tribuna las palabras que en otros años hubieran sonado a blasfemia de tipo político en nuestro pueblo.
¡Qué bueno que aún esas explosiones nerviosas de temperamento, que un día el señor doctor Quiroga definió, en esta tribuna, como impulsados por el vago - simpático, si no me acuerdo mal, yo me inconforme con el nombre, aunque puede ser vago pero simpático-; con ese tono y con ese contenido categóricamente me inconformo. (Aplausos.)
Y hemos observado, señores diputados, hemos observado cómo no se sigue con sentido crítico el análisis de la Cuenta Pública. Se ha aprovechado esta mañana y gran parte de esta tarde para usar de esta tribuna en un sentido faccioso, de partido, para capitalizar en beneficio de esas corrientes políticas más que para enjuiciar, con sentido crítico, justo y científico el gasto público realizado en México.
La Cuenta Pública - reclamaba el señor diputado Landerreche Obregón- debía hablar de muchas cosas. Y nosotros decimos que la Cuenta Pública, presentada como ha sido esta mañana al examen de ustedes y a su crítica, no puede contener otra cosa que no sea la misma Cuenta Pública; ningún otro elemento extraño.
Se quiere, por razones de consecuencia lógica, de necesidades políticas, relacionarse la Cuenta Pública con un programa de ejecución de gobierno, enhorabuena; pero si se quiere introducir elementos extraños, al capricho y al azar del pensamiento, un tanto inquieto, de alguno de nosotros, entonces, señores, la Cuenta Pública, volvemos a decirlo, con este sistema de perogrullo, no puede contener más que la misma Cuenta Pública.
Yo no quisiera referirme a otros aspectos del debate, ya largo, que se ha desarrollado esta mañana; pero hacer ese valeroso enjuiciamiento que ostentaba el señor diputado Landerreche Obregón, de que el 27 de noviembre habían censurado, acremente, al régimen del Presidente López Mateos, probablemente en su agilidad mental, para mezclar números, se le olvidó que el 27 de noviembre faltaban sólo 72 horas para que el Presidente López Mateos dejara de serlo.
De todas maneras extraña ese gesto de valor cívico, que nosotros tanto hemos de admirar, y cuando no lo haya tal vez hayamos de reclamarlo; pero hablar en ese tono desusado... cuando en esta misma tribuna se ha reclamado, por lo menos, el comedimiento de las consideraciones humanas en el trato; cuando alguien habló de un maridaje entre el diputado Salvador Rodríguez y el diputado Gómez Mont, yo quiero recordarles que si así se llama, más de una vez habrá de repetirse la coincidencia de una idea, de un principio o de un propósito.
En esta misma tribuna, hace algún tiempo, recuerdo que reclamé un consorcio parecido, invocando el dogma y los aspirantes a la dialéctica, del brazo por los caminos de la historia. No es caso insólito. Ahora, que no habrá de perdurar. . .
Pero, volviendo nuevamente al examen de la Cuenta Pública, porque no quisiera yo divagar, les diría que cuando se reclama la inversión de 6 mil millones de pesos en las infraestructuras económicas de México, podríamos, al azar, seguro de que alguno de mis compañeros de Comisión, docto en la técnica contable y económica, habrá de hacerlo de manera más detallada, que en el ejercicio de ese presupuesto solamente en apoyo a las empresas industriales. . . se encauzaron 1,433 millones de pesos. A la energía
eléctrica, que también es infraestructura económica, si no estoy mal informado, 469 millones de pesos. Y a otros gastos de fomento, que se contienen, para quien quiera examinarlos, en 40 mil volúmenes de la glosa de la cuenta pública, 723 millones de pesos. Que se hicieron, como lo han declarado ya en esta tribuna otros oradores que me precedieron, obras no sólo monumentales, sino apremiadas por el pueblo de México. Que los edificios públicos, las escuelas, los hospitales y las carreteras compuestas de material inerte; si nosotros, para proclamar el decente ejercicio de ese período hubiéramos de callarlo y hubiéramos de ignorarlo; si nosotros hiciéramos omisión de nuestra pasión y nuestra responsabilidad, señores diputados, si calláramos, esos edificios y esas piedras lo gritarían para conformidad de la nación y para aliento de futuros gobiernos de México. (Aplausos.)
- La C. Presidenta: Tiene la palabra el diputado Christlieb Ibarrola.
- El C, Christlieb Ibarrola, Adolfo:
Bueno, en esta sesión que ha sido pródiga en agencias matrimoniales, no voy ya a señalar ningún maridaje entre mi buen amigo Moheno y el respetable diputado Ortiz Mendoza; pero, después de las actitudes de novillero, a "porta gayola", de Moheno para alegrar esta tarde que se ha vuelto gris entre otras, por la actuación del veterano Cobos, vamos a volver al tema.
Yo quisiera recordar que los requisitos mencionados por el licenciado Landerreche no son simplemente para aumentar unas páginas más a estos áridos dictámenes. La solicitud tiene un fundamento legal; y si la omisión de los datos se señaló en una intervención general en la tribuna, fue para no poner en un compromiso a las Comisiones; porque si los hemos pedido como interpelación o como aclaración creo que no los hubieran localizado dentro de los 40 mil volúmenes a que se refirió Moheno.
Además, quiero señalar - sin que esto sea un concurso para ver quien actuó oportunamente ejercitando sus derechos-, que no fue solamente la última Cuenta Pública la que objetó Acción Nacional; se objetaron, también, por los diputados anteriores, las anteriores cuentas públicas rendidas.
En la discusión de la Cuenta Pública, que anualmente se promueve, ya casi como número fuerte de cada período de sesiones de esta Cámara, para los diputados miembros de Acción Nacional, existe el propósito, ya fastidioso para algunos de nuestros colegas de otros partidos de que se cumpla la Constitución que, sobre la materia, contiene prevenciones claras y, como decía Landerreche, no objetadas por nadie, prevenciones vigentes, no objetadas en cuanto a la posibilidad de su cumplimiento.
Pero hay también, para nosotros, el propósito constitucional de reivindicar, para el Congreso, una función que ahora, más que nunca, fuerte a la evolución de las funciones y estructuras del Poder Ejecutivo, resulta de particular importancia para mantener, aceptando la evolución de conceptos en el Estado moderno, el principio de la división de poderes. Es necesario, ciertamente, olvidarse de la concepción mecánica de este principio, basada en lo que los autores, que tanto arredran, de repente, a algunos aquí en la Cámara, llamaron "el sistema de frenos y contrapesos"; concepción mecánica encaminadas a no permitir a ninguno de los órganos del Poder que adquiera una fuerza predominante. No estamos por esa concepción mecánica. Los gobiernos tienen su evolución natural; en una época son una cosa, y cosa distinta cuando avanza la Historia.
No creo que un gobierno pueda concebirse ya bajo la idea mecánica de que el Presidente está contrarrestado por el Congreso y que Presidente y Congreso, están, a su vez, contrarrestados por la Suprema Corte. Un Gobierno no es, ni puede ser, un conjunto de fuerzas ciegas; es un conjunto de hombres, con funciones ciertamente diferenciadas, pero con propósitos comunes.
Pienso, dentro de la concepción dinámica del Ejecutivo y de la Presidencia, a que aquí se hace mención, y con la cual estoy completamente conforme, pienso que no puede haber un buen gobierno sin una dirección y sin una coordinación. No debe buscarse, pues, en la Constitución, un conjunto de interpretaciones antagónicas que hagan imposible un gobierno al mismo tiempo dinámico y estable, ni creo que la Constitución, poniéndose en el terreno de los oradores de la mayoría, sólo admita interpretaciones literales.
Pero el texto de la Constitución es norma que no puede desecharse acudiendo a un espíritu que no conste tampoco, ni por asomo, en su letra; ni menos puede desecharse el precepto constitucional pensando que la lógica es ajena a la política o ajena al derecho.
Dentro del régimen presidencialista, en un Estado moderno, es un hecho innegable la concepción, cada día más aceptada, del Ejecutivo, como fuerza unificadora de su partido y como jefe de la nación. En el Presidente debe buscarse la encarnación de las tendencias que se desean que un gobierno tenga; un hombre que comprenda su época y las necesidades del país, con la personalidad y con la iniciativa suficiente para imprimir sus ideas, tanto en el pueblo como en el Congreso.
Hoy, cada día más, se piensa en el Presidente, que concentra facultades políticas en su persona, y que ejercita, por medio de funcionarios dependientes del mismo, las facultades administrativas y ejecutivas. El Presidente es el director político de la nación, o está en sus manos serlo, y cuando adquiere la confianza del país adquiere también una fuerza política casi insuperable.
Cuando los padres de nuestro constitucionalismo consagraron, en México, el régimen presidencial, no pudieron prever su evolución política ni el alcance que con el tiempo habría de tener, en cuanto a facultades y deberes, la institución de la Presidencia.
Nuestra Historia se ha desarrollado en tal forma, que en diversos estilos, no pocas veces al margen de la Constitución, se han venido acumulando facultades en favor de la Presidencia, entre otras razones por algo no previsto en todos sus alcances, ni aun en la Constitución de 1917 y que corresponde a la evolución política de México: la elección del Presidente de la República, basada substancialmente en el apoyo de los partidos políticos, cuyos ideales y programas se obliga a mantener y a convertir en actos de gobierno.
Ciertamente, no sólo en México, sino en cualquier régimen presidencial, de hoy día, se está muy lejos de la situación que Tocqueville apuntaba, al comentar que el Presidente de los Estados Unidos, en la época por la cual él escribía, estaba al lado de la
Legislatura como un poder inferior y dependiente; señalaba ésta como una de las situaciones viciosas inherentes a las constituciones republicanas y afirmaba que era la debilidad del Ejecutivo, y no su fuerza, la que permitía al Presidente vivir en contraposición con el Poder Legislativo.
Estamos también muy lejos de la época y qué bueno, en que se pensaba en torno al pensamiento de Wilson - por cierto emitido antes de ocupar la Presidencia de su país, ya que, después, pensó y actuó en otra forma-, en que Wilson, profesor de Universidad, escribía que las ocupaciones del Presidente, muy importantes algunas veces, no se elevaban, las más de ellas, sobre la rutina; por regla general no son estas funciones - decía-, más que la administración y la obediencia a las comisiones del Congreso. Si el Presidente no tuviera el veto que en cierta forma lo hace participar de la función legislativa, decía Wilson, fácilmente podría ser un funcionario permanente, primero empleado de un sistema de funcionarios civiles dispuestos jerárquicamente en tal forma que el más joven empleado, pasando por una serie de promociones mediante elección, podría, ventajosamente, llegar a la Primera Magistratura, porque había formado parte más que del mecanismo de gobierno del mecanismo administrativo, que más requiere de aprendizaje que de genio político. ¡Qué bueno que estas concepciones de la función presidencial están superadas!
Pienso también, como la mayoría, que cuando un Presidente llega al Poder debe llevar consigo las aspiraciones y problemas de sus partidarios y del pueblo todo. Un Presidente tiene poderes políticos no escritos en la Constitución; poderes que son capaces de mover la opinión nacional y la internacional, y de los que surge un poder de dirección, mediante el cual se imprime carácter a la administración y se hace frente a los problemas nacionales. Que conste: estoy poniéndome en los puntos de vista, que comparto, sobre la concepción presidencial de la mayoría.
La Constitución y las leyes señalan caminos; pero es el Presidente el que, ciertamente, lleva la responsabilidad del éxito o del fracaso, frente a los problemas del país. Por eso lo hemos dicho ya, en repetidas ocasiones: estamos de acuerdo en que la dirección presidencial sea fuerte. Frente a los problemas del Estado moderno una dirección débil equivale a una falta de dirección.
Baste recordar a los regímenes donde los gobiernos, en otros países, tenían como signo la inestabilidad por falta de un Ejecutivo fuerte capaz de mantener al pueblo unido en un esfuerzo de voluntad cualquiera, y recordar los daños que recibieron, por ello, algunos pueblos en momentos de crisis nacional.
El Ejecutivo, tanto por razones constitucionales como por el curso mismo de nuestra historia, llena un papel muy importante en la función legislativa. Pocas, muy pocas veces, ha habido hombres fuertes en el Congreso; creo que casi nunca - y que me dispensen los líderes de la mayoría- no fuerza política propia para orientarlo, decisivamente, en sus funciones.
Ha sido el Presidente, por su posición política y práctica, apoyada a veces en la Constitución, extralimitándose otras, quien ha tenido en sus manos la orientación del Congreso en sus actividades.
El Co ngreso, y es ésta en México una realidad - no es momento de analizar sus causas-, el Congreso, hoy día, ni se propone ni está organizado para dirigirse a sí mismo. Por eso, el Presidente tiene una grave responsabilidad dentro de nuestra realidad política: es un líder del Congreso, donde tiene mayoría su partido, un promotor y un orientador legislativo. Tal vez, en la práctica, se pueda considerar el Presidente de la República, en un régimen presidencial, con funciones cada vez más afines a las de los primeros ministros en los regímenes parlamentarios, en cuanto tienen, deben tener, la preocupación de que sus programas, o los de su partido, adquieran fuerza de ley.
Podría afirmarse que la huella presidencial está claramente impresa en la mayor parte de nuestras leyes, redactadas en las oficinas presidenciales muchas veces iniciadas por el Presidente o por sus partidarios y votadas por éstos o por su partido, sobre cuyos miembros legisladores se ejercen la persuasión y la disciplina.
Un Presidente que hoy día no se consagre a estas funciones, o que por temperamento o divergencias políticas con el Congreso no pueda llevarlas a cabo, muy mal llevaría la Presidencia de la República.
Todas estas características, que corresponden a un incremento en el poder y en prestigio de la Presidencia, deben tener, sin embargo, el carácter de una afirmación de estructuras, pero no de extralimitaciones, del poder. La división de poderes fue creada, se ha dicho, para prevenir una forma de gobierno ineficaz que es indeseable: la de gobierno autocrático.
Puede un Presidente buscar y promover el apoyo del Congreso; le es lícito considerarse líder de su Congreso. El pueblo siempre - y es éste un fenómeno palpable en México en los momentos del cambio de presidente- espera que este tenga un programa de gobierno y que se esfuerce para que le sea aprobado y para que sea ejecutado. Ciertamente, la opinión pública critica más la inercia que la actividad, y lo que en este aspecto espera el país también lo espera el Congreso.
Por eso, el Congreso, debe cumplir con sus funciones, facilitando al Presidente los fondos necesarios para el desarrollo de la vida nacional; pero, por eso también, el Presidente, el Ejecutivo, sin perjuicio de la concepción dinámica del ejercicio de la función presidencial, debe responder al pueblo y al Congreso con el respeto a las instituciones, una de las cuales es la de aceptar, en sus términos constitucionales, el control del Gasto Público.
Y pienso, aquí, en un gobernante que impulsa y que ha luchado para poder impulsar, cada vez más, a su pueblo, el general De Gaulle, cuando, en su lucha para la implantación de nuevas estructuras políticas en Francia, para establecer la Cuarta República y el régimen presidencial, expresaba: "Es necesario que el Estado tenga una cabeza; es decir, un jefe en quien la nación, pueda ver por encima de las fluctuaciones, al hombre encargado de lo esencial y garante de su destino".
Pero, también, recuerdo su categórica afirmación de que el gobierno y el parlamento tienen que colaborar; éste controlando aquél, y es capítulo especial de control y de respeto el del Gasto Público en todos los países democráticos.
Entiendo, perfectamente, que el Presidente no tiene a su cargo solamente el destino de la nación, sino, esencialmente, la condición humana de su pueblo. Para ello necesita poder impulsar el gobierno según su propio estilo. Pero, señores diputados, el estilo existe, no sólo por el impulso, sino porque coexiste el movimiento, que el impulso implica, con un orden: el orden constitucional.
La fuerza de un Presidente, que se constituye en la guía de su nación, no lo exime de actuar y vivir dentro de la Constitución, que no es sólo un documento para uso de abogados, sino el instrumento básico de la vida institucional y el fundamento del orden en el país que gobierna un Presidente; un instrumento, que conocen y entiende el pueblo, aunque el señor diputado Sánchez Dosal piense que está reservado para los elegidos.
El orden, en la materia que nos ocupa, en la materia de la Cuenta Pública, está fijado en la Constitución, clara y terminantemente:
"El Congreso - dice la fracción XXVIII del artículo 73, tantas veces repetida en esta tribuna- tiene facultad para examinar la Cuenta que anualmente debe presentarle el Poder Ejecutivo, debiendo comprender dicho examen no sólo la conformidad de las partidas gastadas por el Presupuesto de Egresos", - esto es, por el presupuesto, a través del presupuesto y no por ampliaciones que, insistimos, aun cuando puedan ser benéficamente destinadas, estén fuera de los cauces constitucionales del presupuesto y de la autorización previa- "sino también la exactitud y la justificación de tales partidas".
En México señores diputados, el gasto público tiene ya, tradicionalmente, poca relación con el Presupuesto. La Cuenta Pública que se examina hoy con relación al presupuesto de 1964 incluye, casi un 75 por ciento más del gasto que lo presupuestado. Para esta situación, ya regularmente presentada, concurren, ciertamente, no sólo deficiencias técnicas en la planeación del Presupuesto, sino la extralimitación del Ejecutivo, que en nuestra vida política, debe reconocerse, va más allá de la estructuración dinámica de la Presidencia, como institución fuerte, y ha llegado a violentar, en materia de gasto público, la división de poderes.
Sólo a título de ejemplo dos citas: una relativa a los ingresos, y otra a los egresos.
En el caso de los ingresos se dan, sí, los números - ya se dijo- de la Deuda Pública; pero dentro del dictamen, no se analiza siquiera en glosa del mismo tipo, en un estudio del mismo tipo del dictamen, si como dicen quienes saben de economía la Deuda Pública resulta soportable para el país; ni si lo es, aun tomando en cuenta la deuda de los organismos descentralizados, no incluida todavía, pero que se incluirá en la próxima Cuenta, ni, si se considera soportable la deuda para el país, por qué razones así se considera; ni si toda estuvo autorizada o no: no hay ampliaciones automáticas para contraer deuda pública, ni tampoco se dice si hay diversificación conveniente en la deuda, por razón de la procedencia de los créditos.
Y, pasando sobre otros ejemplos, voy a referirme sólo a uno en materia de egresos. Creo, sinceramente, y en esto deben ustedes estar de acuerdo frente a una correcta interpretación de la tesis constitucional, que el único ramo que no puede ampliarse a criterio del Ejecutivo es el ramo de la Presidencia de la República, que, según el dictamen, se amplió más de cuatro veces, de 45 millones a 182 millones.
Esto, señores, con honradez, y poniendo estos argumentos con objeto de que se busque mejorar el sistema, no es estructuración de funciones de la Presidencia, sino una ruptura del orden constitucional fundado en la división de Poderes. (Aplausos.)
Y, a propósito de verbalismo, del verbalismo de que habló el diputado Dantón Rodríguez, quiero señalarle yo también, porque citó como ejemplo de ramos excedidos fuera del Presupuesto, por impulso presidencial el de la educación y el del trabajo, que éstos ni siquiera fueron ejercitados en su asignación original. No es bueno olvidar los números contenidos en los dictámenes que se suscriben.
En otras palabras, resumiendo: ni el Ejecutivo, en el gasto, ni el Congreso, si aprueba la cuenta cumplen con la Constitución, en el aspecto del Gasto Público y de la Cuenta Pública.
Formalmente la Cámara cubrió un expediente, en forma anticonstitucional, al aprobar, en parte, los excedentes sobre el Presupuesto en el año de 1964; pero, ya se dijo, se ha dicho aquí antes: el dictamen señala que el resto del excedente sobre el Presupuesto de 16 mil millones, hasta completar los 28 mil del Gasto Público, no fue autorizado ni siquiera posteriormente; que alrededor de 6,200 millones, el 37 por ciento del presupuesto inicial, correspondió a ampliaciones automáticas autorizadas por la ley. Por afirmar esto el dictamen, creo que la Cámara tiene derecho a saber por qué se dice que son 6,200 millones de ampliaciones automáticas, y a qué renglones correspondieron las ampliaciones de este tipo, entre otras cosas, honradamente, para darnos oportunidad de modificar un juicio adverso.
El dictamen, en este aspecto, simplemente dice, siguiendo un criterio económico de fundamentación de la Cuenta Pública, que los mayores aumentos se orientaron a obras básicas para el desarrollo económico y social del país. ¡Qué bueno si así fuera todo! Pero, ¡cuántas de las erogaciones adicionales aportadas al Instituto Mexicano del Seguro Social habrán ido a parar a la vanidad, habrán ido a parar al pozo sin fondo de Oaxtepec de Morelos, o a destinos similares aparentemente buenos, pero caprichosos o sin planes de gobierno perfectamente definidos! Nada de esto puede sacarse del dictamen.
El gasto público debe aplicarse, y en esto hay que insistir no sólo conforme a una tendencia política o social, que es, afortunadamente para México, donde podemos tener mayores coincidencias los miembros de los distintos partidos aquí presentes; debe aplicarse no sólo conforme a una tendencia política el social de tipo general, a la justicia social o al mejoramiento de las capas de población más necesitadas, o en inversiones productivas, como genéricamente señala el dictamen, para fundar la aprobación que solicita.
Esto, constitucionalmente, no es suficiente, señores. Se requiere que el gasto corresponda a un plan de gobierno, a un Presupuesto, que debe obedecer, sí, a una tendencia política y social, cuyo impulso ejerce el Ejecutivo, y secunda el Congreso, pero que debe ejercer dentro del orden constitucional. Y aquí es bueno señalar en forma concreta: si
hubo planes de gobierno no fueron conocidos en la forma clara, concreta, presupuestal que se requiere que el Congreso conozca. Y así, hoy día, al conocer de la Cuenta Pública, no es posible saber si hubo planes de gobierno o si hubo simplemente una solución pragmática y ocasional de los graves problemas permanentes del país.
La glosa que aquí se señala a base de mencionar las tendencias políticas y sociales que están tras del gasto público, la glosa política no es esencialmente ésa: se le llama glosa política, señor licenciado Cobos, no sólo como aquí se ha dicho por haber buscado en autores extranjeros ni en libros viejos; se le llama glosa política, legalmente, entre otras cosas, porque trata de esclarecer responsabilidades políticas, con independencia de que las haya o no patrimoniales. Sí hay responsabilidades políticas en quienes violan la división de poderes y en quienes se atribuyen funciones que la Constitución no les concede y, que por tanto, no les corresponden.
Hay entre quienes escriben de fianzas públicas una corriente pesimista: la de quienes piensan de la creencia en la que viven los pueblos en los regímenes democráticos, de que participan efectivamente en las decisiones acerca de los gastos públicos y de que creen controlarlos efectivamente, es una ilusión. Señalan estos pesimistas de la finanza pública, que son muchas, que no obstante el poder de los organismos parlamentarios, las discusiones públicas, la aprobación y el control a que están sometidos los gastos, éstos permanecen en el misterio; y que, a través de la complejidad de los Presupuestos y del gasto público, los manejos se siguen realizando como en los antiguos regímenes, o se disimulan mediante arbitrios contables.
En un país con tantas necesidades como México creo que estos arbitrios se ven detenidos un tanto, porque la vida misma impone cauces a la aplicación de los fondos públicos. Eso es, en el fondo, lo que señala la mayoría.
Pero ahora que se habla tanto de institucionalizar y de instituciones; de institucionalizar los diversos aspectos de nuestra vida pública, es preciso institucionalizar esos cauces que la vida impone a la aplicación de los fondos públicos, por los caminos de la Constitución. Debemos encauzar las actividades financieras del Ejecutivo e institucionalizar a fondo este y otros aspectos de sus relaciones con el Congreso; mejorar la técnica del Presupuesto para que, como lo señala el artículo 126 constitucional, los gastos se comprendan en el Presupuesto o se determinen por ley posterior antes de ser realizados.
Es necesario aprobar no sólo presupuestos, sino también programas de gobierno que puedan ir cumpliéndose a medida que los presupuestos puedan ejercerse; es necesario aprobar esos programas de gastos para cumplirlos conforme a las ampliaciones autorizadas previa y legalmente.
Debe pensarse más, y esto es muy importante aquí, en donde cualquier argumento se toma siempre como una referencia personal, debe pensarse más, al conocer de estas cuestiones, en la institución de la Presidencia, que es lo que más puede unir a México; debe pensarse más en la institución que en el hombre concreto, aun cuando éste sea líder de una mayoría y de un partido, fungiendo como Presidente.
No se trata, como pretende aquí sostenerse a veces, cuando argumentamos en esta forma, no se trata sólo de la confianza en los hombres; se trata, ante todo, de hacer permanentes las instituciones; se trata de institucionalizar, objetivamente, las relaciones entre el Congreso y el Ejecutivo, en el aspecto de las finanzas públicas.
Y no debe ser ajeno a este propósito dejar sentado, entre otras cuestiones, que es dañino no sólo para el país, sino para quienes ocupan la presidencia, que un Presidente mutile las posibilidades de gobierno de un sucesor, por un año, o tal vez por más, por la única razón de que el gasto público se exceda de los presupuestos y de los ingresos sanos, dejando así una carga que deberá atenderse antes de poner en práctica el programa de gobierno de quien habrá de sucederlo.
Como tampoco debe ser ajeno a este propósito el buscar, para México, el beneficio indudable que implicará la preparación, discusión y aprobación de planes de gobierno que duren más de un año, y su promoción por parte de los presidentes, por parte de los titulares del Poder Ejecutivo, ante la opinión pública, ante el ciudadano como contribuyente y ante el Congreso mismo, en lugar de la atención más o menos circunstancial de los problemas nacionales, aunque genéricamente las soluciones pudieran considerarse adecuadas.
Lamentamos, una vez más, no aprobar el dictamen sobre la Cuenta Pública que se presenta, en esta vez la de 1964, por vicios de sistema y vicios de dictamen.
No comparto, a pesar de las dificultades que entraña la tarea, el pesimismo de quienes piensan que el Presupuesto y la Cuenta siempre serán esfinges impenetrables, cuya situación se esconde en un tabernáculo recóndito, donde sólo penetra el ojo de un pequeño número de expertos iniciados - sacerdotes de un sistema democrático falso-, que manejan el Poder a su antojo, manejando también a la mayoría parlamentaria mediante ilusiones financieras o soluciones ambiguas, una de las cuales pudiera considerarse la introducción, el empastelamiento pudiéramos decir, de esos párrafos sobre la glosa de la Cuenta Pública de 1963 en el dictamen contra el cual opino, y que el diputado Dantón Rodríguez también habló de una glosa exhaustiva por el ejercicio de 1963, no lo hubiera yo querido hacer y voy a recordarle que habló a sabiendas de que esta glosa no se ha realizado, porque, en una reunión de la Comisión, en donde se trató este asunto, nos informaron que aún faltaban varios ramos por glosar.
Quiero insistir, a este respecto, en los argumentos de Gómez Mont, si no es a título de información mal colocada y no veraz, nada tienen que hacer en el dictamen estos párrafos.
Porque, repito, sinceramente, no comparto, como algo definitivo, ese pesimismo de determinada corriente, sobre las finanzas públicas; pienso que, a pesar de la complejidad en el manejo del gasto público y de sus expresiones contables, con trabajo y propósito de servicio, con respecto a la Constitución y al Congreso, hay mucho, pero mucho, que puede hacerse por el Ejecutivo en cumplimiento de un deber y por el Congreso mismo, especialmente por la
Cámara de Diputados, en defensa de funciones propias del régimen de división de poderes, que son indeclinables.
¡Ojalá y que algo de esto pueda hacerse pronto! (Aplausos.)
- La C. Presidenta: Tiene la palabra el diputado Jorge de la Vega Domínguez.
El C. De la Vega Domínguez, Jorge: Honorable presidium ; señores diputados:
El señor diputado Christlieb Ibarrola ha producido un discurso sin duda interesante. Sus tesis en mucho coinciden con las de la mayoría priísta, que son las tesis del gobierno de la Revolución.
Ciertamente, no abordó, de manera fundamental, el tema de la Cuenta Pública, pero se refirió a asuntos de primera importancia que elevaron el tono del debate y ello, en verdad, nos complace.
La oposición va abriendo los ojos a la realidad de México y empieza a coincidir con las tesis de la Revolución Mexicana. La Cámara constituye, así, un eficaz instrumento para la unidad nacional, en la que se confrontan, con altura, las más justas aspiraciones de los mexicanos.
Es indudable que el señor licenciado Christlieb, con su intervención, ha corregido el tono, la forma y el contenido de todo lo expresado por los oradores del PAN. ¡Qué bueno que así haya sido!, yo aplaudo este avance de la conducta y de la doctrina de su partido.
No fue, en verdad, frustráneo el intento del señor diputado Christlieb por reencauzar, con tono adecuado, este debate; sin embargo, y no obstante las largas horas en que hemos escuchado hablar de la Cuenta Pública, aún persisten una serie de interrogantes que si, por cansancio, las eludiéramos, la Comisión Dictaminadora asumiría una actitud irresponsable. Debo, por lo mismo, referirme a algunas afirmaciones insanas, tendenciosas, superficiales o derivadas del desconocimiento del tema, de algunos diputados de la oposición:
El señor diputado Gómez Mont afirmó, cuando subió a esta tribuna: "Vamos a ver si el Ejecutivo respondió a los lineamientos del Presupuesto...no como cuenta chiles..." Sin embargo, debo aclarar, que aunque su intervención fue bastante amplia en toda ella no se encuentra una fundamentación crítica que nos permitiera concluir que el gasto público del Ejecutivo Federal se apartó de los lineamientos del Presupuesto. El gasto público, notablemente ampliado, respondió a las necesidades más urgentes de la colectividad, ajustado estrictamente a las tendencias del programa de gobierno, recogido en cifras en el Presupuesto de Egresos de la Federación que esta Cámara de Diputados aprobó en 1963, para el Ejercicio de 1964.
Dijo, también, el mismo diputado Gómez Mont; "que el Departamento del Distrito Federal en esta ocasión no recurrió a empréstitos", y estableció una comparación entre las finanzas del mismo y las de la Federación, aludiendo a la deuda pública de ésta última. Obviamente que la intención de lo dicho, ustedes la entienden bien; por lo tanto, es necesario decir al señor diputado que el Distrito Federal no sólo en esta ocasión, sino en las anteriores inmediatas, no ha recurrido al financiamiento vía empréstitos y que si de este hecho se pretende derivar una aviesa interpretación del gasto federal debe decirse que tal propósito es totalmente equivocado. Obvio es que al partir de premisas falsas se alcancen también conclusiones falsas. Los presupuestos de la Federación y del Distrito Federal son dimensiones del todo incomparables. Los gastos de uno y otro sector tiene finalidades diversas para atender necesidades de áreas ubicadas geográficamente en lugares totalmente diferentes. Sólo las identifica el propósito común de bienestar colectivo.
Para terminar con las afirmaciones del señor licenciado Gómez Mont es necesario que me refiera a aquella en que apuntó: "que las revisiones de Cuenta nadie entiende a la postre" ... "que ni los miembros de la Comisión conocemos los números del dictamen".
Señores diputados, solamente aquellos miembros de la oposición, que padecen de "ceguera mental", no han podido captar la claridad inobjetable de las cifras, la fundamentación del proyecto de decreto y su verdadero alcance. El dictamen contiene, ramo por ramo, partida por partida, concepto por concepto, el destino y el efecto del Gasto Público en el año de 1964.
Y ya que hablamos de Gasto Público, a nombre de la Comisión trataré de hacerlo con la seriedad que el tema amerita:
En Economía todo depende de todo lo demás, y el Estado tiene, en el Gasto Público, el instrumento más efectivo para mejorar la estructura de la producción; la distribución del ingreso; la orientación de la demanda; los niveles de precios; la ocupación, y el estímulo al ahorro interno y a la inversión total de los sectores públicos y privado.
En más de 30 años de paz orgánica los gobiernos revolucionarios han dejado atrás la improvisación y el afán de querer hacer sin los medios para hacerlo . Ahora, el gobierno trabaja orgánicamente con políticas de alcance social perfectamente definida con "presupuestos de acción" o "presupuestos programas" que permitan al país avanzar aceleradamente a las metas de su desarrollo integral. No pretendo, porque no podría, hacer malabarismos con las cifras claras, frías y objetivas del Gasto Público; éste, contrario a lo que algún diputado de la oposición afirmara hace unos minutos, no puede ser materia de elucubraciones matemáticas para presentar situaciones lejanas de la realidad. El Gasto Público, cuando se entiende en toda su magnitud, como pretendemos que lo entienda esta asamblea, está desprovisto de subjetivismo estéril. La Comisión, en un análisis severo y veraz, presenta lo que realmente aconteció con los ingresos y los egresos que registra la Cuenta de la Hacienda Pública del Gobierno Federal.
Veamos cuáles son las finalidades que el gobierno de México se propuso en 1964:
1. Acelerar el desarrollo equilibrado de la economía, en el marco insustituible de la Justicia Social.
2. Redistribuir el ingreso nacional en apoyo de las clases populares.
3. Manejar las finanzas públicas como instrumento anticíclico para contrarrestar los efectos nocivos de las depresiones surgidas en las "metrópolis económicas".
Recordemos aquí que en 1962 algunos de nuestros capitalistas, con fines ahora bien conocidos, convirtieron sus capitales en "golondrinos", desterrándolos, sin importarles las consecuencias negativas que al país acarrearía su actitud antipatriótica y a todas luces censurable. Tales capitalistas demostraron, lastimosamente, que nada les importaba el sufrimiento de sus compatriotas y que al cobijar sus intereses al amparo de intereses extranacionales lo hacían en función exclusiva de sus egoístas y privadísimos intereses ... Fue, entonces, recuérdese bien, cuando la intervención del Estado, en materia de Gasto Público, hubo de intensificarse para contrarrestar los males previsibles, supliendo la inversión de ese capitalismo trasnochado y apátrida.
México es un país en pleno proceso de desarrollo; ello se debe, en gran medida, a que nuestros gobiernos han sabido encauzar el Gasto Público para evitar los males que padecen las economías que caracterizan a los países de la periferia o de incipiente desarrollo. Conviene aquí apuntar algunos de ellos:
1. Influencia determinante de las exportaciones en la actividad económica.
2. Baja o nula capacidad de ahorro.
3. Poca diversificación de la economía.
4. Predominio de las actividades primarias y ausencia de las técnicas modernas de producción.
5. Franca desocupación de recursos.
6. Mercado interno muy reducido.
7. Ausencia casi total del mercado de capitales.
8. Latifundismo y ausentismo.
9. Predominio de inversiones extranjeras directas.
10. Concentración excesiva de capital.
11. Ingreso nacional y niveles de vida muy bajos, entre otros.
Ustedes, señores legisladores, enterados de los avances que en materia económica y social estamos logrando día con día, saben perfectamente que México ha superado los más de estos males y que acelera la marcha con la doctrina económica de nuestro movimiento social iniciado en 1910.
Tocaré, sumariamente, la clasificación administrativa del Gasto, por que ella establece los canales por los que fluye en la ejecución de las metas del programa de gobierno. Así observamos que el Ramo de Inversiones se elevó, entre 1963 y 1964, un 45%, al pasar de $ 1,972 millones a $ 2,858 millones, que se gastaron en comunicaciones y transportes, en apoyo a empresas industriales, en energía eléctrica, etc. Que el ramo de Erogaciones Adicionales elevó su gasto entre 1963 y 1964 un 24%, debido a que en el primer año fue de $ 4,677 millones de pesos y el último $ 5,810 millones de pesos. Estos gastos se destinaron al fomento de las comunicaciones, al cabal cumplimiento y apoyo a las actividades agrícolas y silvícolas, a subsidios al comercio, a la industria y al consumo, etc. Que el ramo de Educación Pública, al que, en 1963, se destinaron $ 2,877 millones de pesos, en el año de 1964 elevó su gasto un 30% con $ 3,728 millones de pesos. Ciertamente, este ramo tuvo un ejercicio inferior a su presupuesto en 1964; ello derivado de los compromisos de pago que quedaron pendientes de cubrir en ese año para hacerlo en el siguiente Ejercicio Presupuestal, con cargo a Deuda Pública Flotante. A la Educación Pública se aplicó todo lo que fue posible y conveniente. Que no pretendan afirmar, por ignorancia, o por mala fe, algunos diputados de la oposición, que el gobierno descuidó la educación, que con justicia y de manera impostergable demanda el pueblo de México.
El ramo de Recursos Hidráulicos incrementó su gasto, en el ejercicio que nos ocupa, un 34%, y el de Obras Públicas lo hizo en 46%. Adelante, en mi exposición trataré el asunto de la Deuda Pública, Ramo que aumentó, significativamente, sus erogaciones de manera por demás justificada.
Señor diputado Ricaud: usted hizo afirmaciones, que calificaré de aventuradas, por no llamarlas de otra manera que harto se justificaría. Falsea usted la realidad cuando afirma que hacemos "malabarismos" con los números para presentar una situación de bonanza o afirmar que el país está "en jauja".
¿Qué, su memoria es tan pobre que ha olvidado ya la afirmación de nuestro Primer Mandatario cuando informó al pueblo de México, en su trascendental mensaje de Gobierno, el 1o. de septiembre anterior, que "no he venido a decir al pueblo que ya resolví todos los problemas. No, vengo a informarle de los que hemos podido resolver y de los que aún perduran; de los que se agravaron, así como de los nuevos que han surgido ..."?
Calificó de infortunado al señor Ricaud cuando aludió a mi persona con la afirmación de que el año pasado vino a esta tribuna a llamarlos "microecónomos".
Lejos estuvo aquella ocasión de usar tal calificativo, por una simple y sencilla razón: los "ecónomos" son aquellos que se ocupan de la administración doméstica y, a decir verdad, señor diputado, no creo, usando la expresión del licenciado Gómez Mont, que usted se dedique a contar los chiles, o bien, agrego yo, a administrar los huevos, los jitomates o el azúcar que se consumen en su casa. (Risas, aplausos.)
Dije, efectivamente, que las dimensiones manejadas por usted, aquella ocasión, eran de orden "microeconómico", sin un fin despectivo, porque la microeconomía es la parte de la ciencia económica que trata de los números al nivel empresarial, con los cuales, afirmé, usted estaba sobradamente identificado.
Pero vayamos más adelante: el mismo diputado Ricaud afirmó ahora, al referirse al ramo Presidencia de la República, que amplió considerablemente su gasto en 1964, lo cual "se hizo porque el culto al señor Presidente es más importante que otros ramos ... "No, señor diputado, el señor Presidente de la República sólo tiene un culto: servir, sin limitaciones y con pasión, al pueblo que le da su fe, lo hace su guía y le deposita su esperanza. El señor Presidente, atento a todas las necesidades de todos los ámbitos del país, autorizó gastos para resolver problemas inaplazables; los gastos relativos, al contabilizarse en el ramo de la Presidencia, elevaron, necesariamente, el ejercicio de su presupuesto.
En pocos números trataré, enseguida, de resumir todo lo dicho en materia de Cuenta Pública. Veamos cómo:
Los Ingresos Totales registrados en el año de 1964 sumaron $ 28,976 millones de pesos. De esta cifra aproximadamente las dos terceras partes, $ 19,090 millones de pesos, se originaron de ingresos ordinarios, impuestos, derechos, productos y aprovechamientos y, una tercera parte, $ 9,886 millones, de ingresos extraordinarios (Deuda Pública).
Del lado de los gastos registrados se alcanzó la cifra de $ 28,285 millones de pesos. Su composición es la siguiente:
Gastos corrientes de administración, $ 7,079 millones de pesos, (25%). Gastos de Desarrollo Económico y Social, $ 14,308 millones de pesos, (51%); y finalmente, gastos para el servicio de la Deuda Pública, $ 6,898 millones de pesos, (24%).
El balance de los ingresos y de los egresos arroja un superávit estrictamente numérico de $ 691 millones de pesos.
Con los ingresos ordinarios (19,090 millones de pesos) se pagó el costo de desarrollo económico y social (14,308 millones de pesos). Sobraron $ 4,782 millones de pesos, que sumados a los ingresos extraordinarios (9,886 millones de pesos), permitieron cubrir los gastos de la administración general y el servicio de la Deuda Pública.
Ahora sí, honorable asamblea, creo pertinente hablar de este tema que tanto inquieta a algunos de nuestros colegas que abordaron esta tribuna para hablar en contra del dictamen: la Cuenta Pública.
El señor diputado Landerreche afirmó que la Deuda Pública había crecido, en 1964, en 6,000 millones de pesos.
El C. Landerreche Obregón, Juan: ¿Me permite una aclaración señor diputado?
El C. De la Vega Domínguez, Jorge: Con mucho gusto, señor licenciado.
- El C. Landerreche Obregón, Juan, Dije que la Deuda Pública titulada había subido esa cantidad y aclaré que si no sabía por qué, era porque no lo explicaba el Dictamen, y nadie pudo explicarme si eso correspondía, simplemente, al aumento de la deuda o al aumento de la deuda titulada, sostengo que la deuda titulada del pueblo.
El C. De la Vega Domínguez, Jorge: Gracias por su aclaración, señor diputado, ella me permite tratar de despejar sus dudas y fortalecer mi argumentación:
Si solamente se habla del incremento de la deuda pública y se olvida, por desconocimiento, o por otras razones, cuánto se destinó al servicio de la misma deuda, puede causarse una impresión francamente negativa a la asamblea. Veamos por qué:
La contratación de Deuda Pública, en 1964 fue de $9,886 millones de pesos; de aquí que es estrictamente necesario apuntar cuánto se pagó por concepto de amortización de la referida Deuda Pública. Ustedes ya conocen la cifra, fueron exactamente $ 6,298 millones de pesos. Mediante la sencillísima operación de resta encontramos que el incremento real de la Deuda Pública fue de solamente $ 2,988 millones de pesos y no de los $ 6,000 millones de que nos habla el señor diputado Landerreche.
Este hecho me obliga aclarar que tampoco es cierta la afirmación del mismo diputado en el sentido de que fue grave lanzar, a largo plazo, la documentación de una deuda que en su origen fue contratada a un plazo corto de pago. En efecto, el Gobierno Federal pudo haber pagado, por que tenía los recursos suficientes, todos los compromisos contraídos a corto plazo; pero ello en detrimento directo de urgentes demandas de los sectores mayoritarios de la población. A todas luces ha resultado conveniente la conversión de la deuda de corto a largo plazo. Su amortización se está efectuando con sólo parte de los rendimientos que su inversión productiva genera. Quede esto muy claro, y digámoslo sin anfibología: que la oposición no pretenda ahora incurrir en los "malabarismos" de que vanamente pretendió acusarnos.
Al señor diputado Ricaud es necesario sugerir también que estudie, con más cuidado, los números del dictamen, a fin de que ya no nos venga a decir que "para cubrir los desmanes de algunos ramos venga más deuda pública".
Si, como antes afirmó, el incremento neto de la deuda pública, en 1964, fue de $ 2,988 millones de pesos, conviene conocer, mediante un simple razonamiento, cuál es el verdadero impacto de este hecho en la economía nacional. Veámoslo enseguida:
Si tomamos, como base, el total de la población del país para el año de 1964, mediante una sencilla operación aritmética descubrimos que el compromiso percapita para pagar el incremento de la deuda pública fue de solamente $ 74.70.
De otra parte, el producto nacional bruto, en el año de 1963, a precios corrientes, fue de $ 173,800 millones de pesos, cifra que, en 1964, se elevó a $ 203,200 millones de pesos. De la comparación de ambas cantidades se determina un incremento de $ 29,400 millones de pesos que, a su vez, originan un ingreso per capita aumentado de $ 735.00.
Sí, además, consideramos que el incremento neto de la deuda pública se hubiera de pagar en un promedio de 10 años, la carga adicional por habitante y por año sería de solamente $ 7.47, cantidad que objetivamente, es muchas veces menor a la del referido incremento del ingreso por habitante de $ 735.00.
Hablo, señores diputados, deliberadamente, de cifras a precios corrientes porque se derivan de incrementos surgidos en un mismo año. Obvio resulta también que los cálculos per capita tienen, como finalidad, ejemplarizar, en toda su latitud, la comparación, aunque es bien sabido que la carga de la deuda pública se distribuye progresivamente en función del nivel de ingresos de los diversos sectores de la población y que el ingreso nacional se distribuye, igualmente, de acuerdo con las actividades económicas que generan el producto.
En esta tribuna alguno de mis compañeros de la mayoría afirmó que México tiene uno de los índices impositivos más bajos del mundo, si se compara el ingreso gubernamental con el monto total del producto nacional. A esta verdad hay que agregar que la capacidad de endeudamiento del país dista mucho todavía de aquella que genera su capacidad real de pago.
Se hizo, también, por algún diputado de Acción Nacional, otra afirmación incalificable, en el sentido de que el régimen de gobierno que presidió el señor licenciado Adolfo López Mateos, en su último año de gobierno, manejó con "despilfarro" el gasto público. El mismo diputado, después, habría de aseverar que era positivo el incremento del 10% del producto nacional bruto en el mismo año de 1964. ¿En qué quedamos pues, señores diputados? ¿Si hubieron despilfarros cómo es posible que se haya registrado el notable aumento del 10%? ¿Es, a caso, por obra de magia o de qué artes que el gobierno pudo incrementar nuestro desarrollo económico en tal reveladora magnitud, sobre la base de un gasto dispendioso?
Del análisis de los números surgen verdades inobjetables: el aumento del 10% (deflacionado) del producto nacional ha merecido el reconocimiento más elogioso del avance de la economía del país por los más severos analistas de las finanzas públicas en el mundo entero.
En buena hora que nos preocupen las finanzas públicas; pero si nos ocupamos de ellas hagámoslo con serena objetividad para no incurrir en "despilfarros verbales", que ni ahora ni nunca podemos pasar inadvertidos, porque hacerlo sería defraudar la confianza que la ciudadanía ha depositado en nosotros. (Aplausos.)
Señores diputados: las libertades políticas no tienen razón de ser cuando falta la libertad económica. El disfrute de los avances de la cultura contemporánea carece de sentido mientras las necesidades vitales no estén satisfechas. Muchos compatriotas aún sufren de hambre, de frío y de ignorancia.
Ustedes, compañeros de esta Legislatura, como yo, representamos a amplios sectores populares de la ciudadanía. Nos hemos compenetrado de los efectos económicos y sociales del Gasto Público, que concreta, ascendentemente, el derecho de todos los mexicanos al disfrute de una vida mejor.
Que nuestro aplauso aliente la política de los gobiernos revolucionarios, que utilizan el dinero del pueblo para el bienestar del propio pueblo. (Aplausos prolongados.)
- La C. secretaria Anderson Nevárez, Hilda: En votación económica se consulta a la asamblea si se considera el asunto a debate suficientemente discutido.
Por instrucciones de la Presidencia se va a proceder o tomar la votación nominal, en un solo acto, tanto en lo general como en lo particular, pues al aceptar la división de los capítulos fue prácticamente discutido en lo general y en lo particular. Por la afirmativa.
El C. secretario Colín Sánchez, Mario: Por la negativa
(Votación.)
- La C. secretaria Anderson Nevárez, Hilda: ¿Falta algún ciudadano diputado de votar por la afirmativa?
El C. secretario Colín Sánchez, Mario: ¿Falta algún ciudadano diputado de votar por la negativa? Se procede a recoger la votación de la Mesa.
(Votación.)
- La C. secretaria Anderson Nevárez, Hilda: Fue aprobado el proyecto de decreto por 139 votos de la afirmativa contra 17 de la negativa y seis votos nulos. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
Señora Presidente: agotados los asuntos de la orden del día.
- La C. Presidenta (a la 18.15 horas): Se levanta la sesión y se cita para el próximo martes 16 del actual, a las 10 horas.
TAQUIGRAFÍA PARLAMENTARIA Y
"DIARIO DE LOS DEBATES"