Legislatura XLVI - Año II - Período Ordinario - Fecha 19651214 - Número de Diario 28
(L46A2P1oN028F19651214.xml)Núm. Diario:28ENCABEZADO
MÉXICO, D.F., MARTES 14 DE DICIEMBRE DE 1965
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Registrado como artículo de 2a. clase en la Administración local de Correos, el 21 de septiembre de 1921.
AÑO II.- PERIODO ORDINARIO XLVI LEGISLATURA TOMO I.- NUMERO 28
SESIÓN DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS
EFECTUADA EL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 1965
SUMARIO
I. Se abre la sesión. Lectura a la orden del día. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
II. El C. diputado Fluvio Vista Altamirano solicita el uso de la palabra. La Presidencia le manifiesta que lo podrá hacer al terminar los asuntos en cartera
III. El Congreso del Estado de Jalisco comunica la designación de su mesa directiva. De enterado.
IV. Se turnan a Comisión las solicitudes de permiso de los CC. Carlos Hank González y Jorge de la Vega Domínguez para poder aceptar y usar condecoraciones que les fueron conferidas por el gobierno de la República Arabe Unida.
V. Se turna a Comisiones e imprímase, la minuta proyecto de decreto aprobada por el H. Senado de la República, en virtud del cual se adiciona el artículo 73 constitucional.
VI. Se turna a la Comisión, que tiene antecedentes, el expediente, con la minuta proyecto de decreto, que devuelve la H. Cámara de Senadores, por el que se concede jubilación a la C. María Landero Ruiz, empleada de esta H. Cámara.
VII. La Presidencia informa que se encuentra a las puertas del recinto la delegación parlamentaria de Polonia, que realiza una vista oficial a nuestro país. Designa comisión para recibirlos, introducirlos y acompañarlos. Hace uso de la palabra el mariscal Czeslaw Wycech, presidente del Parlamento Polonés. Para contestar habla el C. diputado Jorge Rubén Huerta Pérez. La misma comisión que la recibió la acompaña al retirarse del Salón.
VIII. Se turna a Comisiones, e imprímase, una iniciativa suscrita por la diputación del Partido Popular Socialista sobre la Ley de planeación Económica Nacional, a la que da lectura el C. diputado Jorge Cruickshank García.
IX. Primera lectura a cuatro dictámenes, con proyectos de decreto, que conceden jubilación a los CC. Francisco J. Lara, Ricardo Piñon Poceros, Guadalupe Bonilla Melgar y Manuel Ruvalcaba Ramos, empleados del Poder Legislativo.
X. Primera lectura a cuatro dictámenes, con proyectos de decreto, que conceden permiso a los CC. Luis Pérez Moya, para aceptar y desempeñar el cargo de vicecónsul honorario de Noruega, en Ensenada, B. C.; Francisco Apodaca y Osuna, y Guillermo Tardiff, para que acepten y usen las condecoraciones que les otorgó el gobierno de la República de China, y Aurelio Zuñiga Nájera, para prestar servicios en la embajada de los Estados Unidos de Norteamérica, en esta ciudad.
XI. Primera lectura a dos dictámenes, con proyectos de decreto, para reformar el Título VIII del Libro II, del Código Penal, y de Declaratoria que adiciona la fracción XXV del artículo 73 constitucional, aprobada por el H. Congreso de la Unión.
XII. Tres dictámenes, con puntos de acuerdo, que ordenan archivar los expedientes relativos a: adicionar la fracción X del artículo 73 constitucional, iniciativa presentada por el entonces diputado Carlos Román Celis, en diciembre de 1956; crear una Ley sobre Empresas en que intervengan el Estado, Organismos Descentralizados y Empresas de Participaciones Estatal, presentada en octubre de 1948 por los entonces diputados Antonio L. Rodríguez, Miguel Ramírez Munguía y Juan Gutiérrez Lascuráin; y la iniciativa para crear un instrumento jurídico que se encargue de la vigilancia sobre el manejo de los fondos y recursos que los organismos descentralizados tienen a su cargo, presentada por los CC. diputados Vicente Fuentes Díaz, Abraham Aguilar Paniagua, Rubén Moheno Velasco, Miguel Covián Pérez y Manuel Gurría Ordoñez. Se aprueban los puntos de acuerdo.
XIII. Segunda lectura a cinco dictámenes, con proyectos de decreto, que conceden
pensión a las señoras Basilia Zequera viuda de Alemán y Sixta María Rodríguez viuda de Navarro, y permiso a los CC. Felipe Barragán García, Susana Espinosa Garduño y Georgina Corona de Lira, para prestar servicios, de carácter administrativo, en la embajada de los Estados Unidos de Norteamérica, en esta capital. Se aprueban. Pasan al Senado para los efectos constitucionales.
XIV. Para hacer consideraciones y poner de manifiesto ante la opinión pública los problemas que confronta la administración de la justicia en México, hacen uso de la palabra los CC. diputados Fluvio Vista Altamirano, Felipe Gómez Mont y Miguel Covián Pérez. Se levanta la sesión.
DEBATE
Presidencia del C. MANUEL ORIJEL SALAZAR
(Asistencia de 166 ciudadanos diputados.)
- El C. Presidente (a las 12:45 horas): Se abre la sesión.
- El C. secretario Hernández Gómez, Tulio:
"Orden del Día.
14 de diciembre de 1965.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Circulares de legislaturas locales.
Carlos Hank González, director general de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, y Jorge Vega Domínguez, solicitan el permiso constitucional necesario para poder aceptar y usar condecoraciones que les confiera la República Arabe Unida.
La Colegisladora envía, para sus efectos constitucionales, expediente con minuta proyecto de decreto por el cual se adiciona el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con una fracción XXIX- B.
La Colegisladora regresa, para sus efectos constitucionales, minuta proyecto de decreto en virtud del cual se concede jubilación a la C. María Landero Ruiz, empleada de esta Cámara.
Iniciativa de Ley de Planeación Económica, suscrita por los CC. diputados miembros del Partido Popular Socialista.
Dictámenes de primera lectura:
Cuatro, de las Comisiones Primera y Segunda de Hacienda, con proyectos de decreto, que otorgan jubilación a los CC. Francisco J. Lara, Ricardo Piñon Poceros, Guadalupe Bonilla Melgar y Manuel Ruvalcaba Ramos, empleados de esta Cámara de Diputados.
Uno, de la Comisión del Servicio Consular y Diplomático, con proyecto de decreto que autoriza al C. Luis Pérez Moya para desempeñar el cargo de vicecónsul honorario del gobierno de Nicaragua, en la ciudad de Ensenada, B.C.
Tres, de la Segunda Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto, los dos primeros concediendo permiso a los CC. Francisco Apodaca Osuna y Guillermo Tardiff, para aceptar y usar condecoraciones conferidas por gobiernos extranjeros, y el último, para prestar servicios en la embajada de los Estados Unidos de Norteamérica al C. Aurelio Zuñiga Nájera.
De las Comisiones Unidas Segunda de Justicia y de Estudios Legislativos, Sección Penal, el emitido en relación con la iniciativa suscrita por diputados miembros del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo 8º del libro 2º del Código Penal para el Distrito y Territorios Federales.
La Primera Comisión de Puntos Constitucionales presenta proyecto de decreto que adiciona la fracción XXV del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dictámenes a discusión:
De la Primera Comisión de Puntos Constitucionales el relativo a la Iniciativa de Reformas a la fracción X, del artículo 73 de la Constitución, suscrita por el C. Carlos Román Celis.
Las Comisiones Unidas Primera de Gobernación y de Estudios Legislativos emiten dictamen en relación con la iniciativa de Ley sobre Empresas en que intervenga el Estado, suscrita por miembros de la XL Legislatura.
De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Hacienda, de Presupuestos y Cuenta y de Estudios Legislativos, el emitido en relación con la proposición que sugería la creación de un instrumento jurídico encargado de la vigilancia de fondos y recursos de organismos descentralizados.
De las Segunda Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto, que otorga permiso para aceptar y usar la condecoración que le confirió el gobierno de Bolivia al C. Juan Manuel Ramírez.
De la Primera Comisión de Hacienda, con proyecto de decreto, por el que se aumenta la pensión de gracia que disfruta la C. Basilia Zequera viuda de Alemán.
De la Segunda Comisión de Hacienda, con proyecto de decreto, otorgando pensión vitalicia a la C. Sixta María Rodríguez viuda de Navarro.
Tres, de la Comisión del Servicio Consular y Diplomático, concediendo permisos a los CC. Felipe Barragán García, Susana Espinosa Garduño y Georgina Corona de Lira para prestar servicios en la embajada de los Estados Unidos de Norteamérica."
"Acta de la sesión efectuada por la Cámara de Diputados del XLVI Congreso de la Unión el día diez de diciembre de mil novecientos sesenta y cinco.
Presidencia del C. Manuel Orijel Salazar.
En la ciudad de México, a las doce horas y cuarenta y cinco minutos del viernes diez de diciembre de mil novecientos sesenta y cinco, se abre la sesión, con asistencia de ciento sesenta y un ciudadanos diputados, según consta en la lista que previamente pasa la Secretaría.
Lectura de la Orden del Día.
Aprobación, sin debate, del acta de la sesión anterior celebrada el siete del actual.
Se da cuenta con los asuntos en cartera:
Oficio de la Secretaría de Gobernación solicitando que la H. Cámara de Diputados designe dos representantes, para integrar la Comisión Nacional para las
Conmemoraciones Cívicas de 1966 y 1967, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 3º y 4º del decreto presidencial publicado en el `Diario Oficial' de la Federación el día 10 de noviembre anterior.
La Mesa Directiva propone a los ciudadanos diputados Vicente Fuentes Díaz y Ricardo Covarrubias, como propietario y suplente, respectivamente, para representar a esta Cámara en dicha Comisión.
La asamblea, en votación económica aprueba la proposición de la presidencia.
Los ciudadanos Francisco Apodaca y Osuna y Guillermo Tardiff solicitan el permiso necesario para aceptar y usar una condecoración que les fue conferida por el gobierno de la República de China. Recibo; a la Comisión de Puntos Constitucionales en turno.
Relaciones Exteriores, a través de la Secretaría de Gobernación, solicita el permiso constitucional para que el C. Luis Pérez Moya acepte y desempeñe el cargo de vicecónsul honorario del gobierno de Noruega, en Ensenada, B.C. Recibo; a la Comisión del Servicio Consular y Diplomático.
Las Legislaturas de los Estados de Michoacán, México y San Luis Potosí participan haber aprobado la reforma a la fracción XXV del artículo 73 constitucional, aprobada por el H. Congreso de la Unión. Recibo; a la Primera Comisión de Puntos Constitucionales que tiene antecedentes, para los efectos del cómputo a que se refiere el artículo 135 de la Constitución Federal de la República.
Los Congresos de Oaxaca y Veracruz dan a conocer la designación de sus mesas directivas, que funcionarán durante el presente mes de diciembre. De enterado.
El C. Leopoldo Sánchez Celis, Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa, hace atenta invitación a la sesión solemne que tendrá lugar el día 15 de los corrientes en la ciudad de Culiacán, y en la cual rendirá su Tercer Informe de Gobierno.
Para representar a esta H. Cámara de Diputados, en esa ceremonia, se nombra a los CC. diputados José Luis Noriega, Alberto Alvarado Arámburo, Joaquín Salgado Medrano, Samuel Castro Cabrera, Humberto Morales Corrales, Manuel R. Bobadilla Romero, José León Cruz y Francisco Alarcón Fregoso.
Los CC. Luis Ayala Timoneda y Enrique Sánchez Ruiz, empleados de la H. Cámara de Diputados y de la Contaduría Mayor de Hacienda, respectivamente, solicitan jubilación voluntaria, por los servicios que han prestado al Poder Legislativo. A la Comisión de Hacienda en turno.
Solicitud de pensión suscrita por la señora María Montes, como viuda del general Luis Herrera Cano, veterano de la Revolución. Recibo; a la Comisión de la Defensa Nacional en turno.
La Secretaría de lectura, previa intervención, sobre el particular, del C. diputado Francisco Ortiz Mendoza a la iniciativa suscrita por la diputación del Partido Popular Socialista, sobre comunicaciones eléctricas y servicios telefónicos, que adiciona los artículos 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales en turno y de Estudios Legislativos, e imprímase.
Iniciativa de decreto que adiciona y reforma la Ley General de Institucionales de Crédito y Organizaciones Auxiliares enviada por el C. Presidente de la República. Recibo; a las Comisiones Unidas de Moneda e Instituciones de Crédito y de Estudios Legislativos, e imprímase.
El C. diputado Gonzalo Martínez Corbalá hace uso de la palabra para manifestar la importancia que entraña la iniciativa anterior, y solicita a la presidencia se exprese oficialmente y se haga constar en el `Diario de los Debates', la satisfacción con que los ciudadanos diputados de la actual Legislatura han recibido esta histórica iniciativa. La presidencia recoge la proposición y la hace suya declarando, ante la nación, su profunda satisfacción por haber recibido esta patriótica iniciativa del presidente Gustavo Díaz Ordaz.
El Ejecutivo de la Unión envía, asimismo, las siguientes iniciativas:
De reformas a la Ley Orgánica de los tribunales de Justicia del Fuero Común para el Distrito y Territorios Federales. Recibo; a las Comisiones Unidas Primera y Segunda de Justicia y de Estudios Legislativos, e imprímase.
Que adiciona y reforma la Ley de Sociedades de Inversión. Recibo; a las Comisiones Unidas Primera y Segunda de Hacienda, y de Estudios Legislativos, e imprímase.
Que adiciona y reforma la Ley Federal de Instituciones de Fianzas. Recibo; a las Comisiones Unidas Primera de Hacienda, y de Estudios Legislativos, e imprímase.
Que amplía la Garantía del Tesoro Mexicano en las Operaciones de Préstamo que se celebre con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, y el plazo en que puede otorgarse. Recibo; a las Comisiones Unidas de Moneda e Instituciones de Crédito y de Estudios Legislativos, e imprímase.
Dictamen, con proyecto de decreto, presentando por la Segunda Comisión de Puntos Constitucionales, que concede permiso al C. Juan Manuel Ramírez para aceptar y usar la condecoración del Gran Cóndor de los Andes que, en el grado de Oficial, le confirió el gobierno de Bolivia. Primera lectura.
Dictamen de la Primera Comisión de Hacienda conteniendo proyecto de decreto que concede pensión de doce pesos diarios a la señora Basilia Zequera por los servicios prestados a la nación por su extinto esposo el señor Filemón Alemán y deroga el decreto anterior publicado en el `Diario Oficial' de la Federación, el 10 de octubre de 1960. Primera lectura.
Proyecto de decreto de la Segunda Comisión de Hacienda, que concede pensión vitalicia de setecientos cincuenta pesos mensuales a la señora Sixta María Rodríguez , como viuda del C. ingeniero Luis Teodoro Navarro Garza, diputado al Congreso Constituyente de 1916-1917. Primera lectura.
Tres dictámenes, con proyecto de decreto, suscritos por la Comisión del Servicio Consular y Diplomático, en virtud de los cuales se autoriza a los CC. Felipe Barragán García, Susana Espinosa Garduño y Georgina Corona de Lira, para prestar servicios de carácter administrativo en la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica, en esta capital. Primera lectura.
Cinco dictámenes suscritos por la Segunda Comisión de Puntos Constitucionales, conteniendo
proyectos de decreto que conceden permiso a los ciudadanos, que a continuación se enlistan, para que acepten y usen condecoraciones que les fueron otorgadas por gobiernos extranjeros: Hugo Múgica Alcaraz, la Orden al
Mérito de la República Italiana en el grado de Caballero Oficial, del gobierno de dicho país; Carlos González Parrodi, la Orden Nacional del Crucero del Sur en el grado de Comendador, del gobierno de Brasil; Ma. del Carmen Barreda, la de Caballero de la Orden de Leopoldo, del gobierno de Bélgica; Francisco A. de Icaza, la Orden del Libertador San Martín en el grado de Gran Cruz, del gobierno de Argentina y, Plácido García Reynoso, la Orden al Mérito de Bernardo O'Higgins en el grado de Oficial, del gobierno de la República de Chile. Segunda lectura.
A discusión en su orden, no habiéndola se reservan para su votación nominal.
Dictamen de las Comisiones Unidas Segunda de Justicia y de Estudios Legislativos, relacionado con la iniciativa de reformas de los artículos 2º y 4º de la Ley del Notariado para el Distrito y Territorios Federales. Segunda lectura.
Para hacer consideraciones sobre la importancia de la iniciativa hace uso de la palabra la C. diputada Florentina Villalobos.
A discusión, sin ella se reserva para votación nominal.
Dictamen, con proyecto de decreto, presentado por las Comisiones Unidas Segunda de Hacienda y de Estudios Legislativos, que reforma la Ley de Fomento Económico del Territorio Sur de la Baja California. Segunda lectura.
El C. diputado Alberto Alvarado Arámburo, autor de la iniciativa en cuestión, hace uso de la palabra para exponer los beneficios que entraña para el Territorio Sur de Baja California, y solicitar de la asamblea, por las razones expuestas, la aprobación del proyecto de decreto.
A discusión; no habiendo quien haga uso de la palabra se procede a recoger la votación nominal de este proyecto y de los seis anteriormente reservados, que se aprueban por unanimidad de ciento sesenta y dos votos. Pasan al Senado y al Ejecutivo, según corresponda, para sus efectos constitucionales.
Terminados los asuntos en cartera, a las quince horas y quince minutos se levanta la sesión y se cita para el martes catorce del presente a las diez horas."
Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
Aprobada.
II
El C. Vista Altamirano, Fluvio: Señor Presidente: Pido la palabra.
El C. Presidente: Señor diputado Vista Altamirano: continuando con la línea que esta Cámara se ha marcado concederé a usted el uso de la palabra al concluir el desahogo de la orden del día que se ha dado a conocer. Le ruego solicitar el uso de la palabra en ese momento.
El C. Vista Altamirano, Fluvio: Muchas gracias.
III
- El C. secretario Hernández Gómez, Tulio:
"Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Congreso del Estado Libre y Soberano.- Jalisco.
H. Congreso de la Unión.- México, D.F.
Tenemos el honor de comunicar a usted(es), que la XLIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Jalisco tuvo a bien elegir, para el presente mes, como presidente de la misma, al C. licenciado diputado Arnulfo Villaseñor Saavedra y como vicepresidente al C. diputado Francisco Chavira Rojas.
Lo comunicamos a usted(es), para su conocimiento, protestándole las seguridades de nuestra consideración atenta.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Guadalajara, Jal., a 30 de noviembre de 1965.- Rubén Zuno Arce, D.S.- Ángel Romero Llamas, D. S. Trámite: De enterado.
IV
- El mismo C. Secretario:
"Compañía Nacional de Subsistencias Populares. Carlos Hank González, Director General.
México, D.F., a 8 de diciembre de 1965.
H. Congreso de la Unión.- Presente.
Carlos Hank González, director general de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, ciudadano mexicano, en los términos de la fracción III, del artículo 37 de la Constitución Federal, y a efecto de no perder mi nacionalidad mexicana, por medio del presente memorial vengo a solicitar, atentamente, de ese H. Congreso de la Unión, el permiso necesario para aceptar y usar la Gran Banda de la Orden de la República, de la República Arabe Unida, que me ha sido propuesta por dicho país. Atentamente, Carlos Hank González."
Trámite: Recibo, a la Comisión de Puntos Constitucionales en turno.
"Licenciado Jorge de la Vega Domínguez.- Diputado a la XLVI Legislatura del H. Congreso de la Unión.
México, D.F., a 8 de diciembre de 1965.
H. Congreso de la Unión.- Presente.
Jorge de la Vega Domínguez, ciudadano mexicano, en los términos de la fracción III del artículo 37 de la Constitución Federal, y a efecto de no perder mi nacionalidad mexicana, por medio del presente memorial vengo a solicitar, atentamente, de ese H. Congreso de la Unión, el permiso necesario para aceptar y usar la Gran Banda de la Orden al Mérito, de la República Arabe Unida, que me ha sido propuesta por dicho país. Atentamente, licenciado Jorge de la Vega Domínguez."
Trámite: Recibo, a la Comisión de Puntos Constitucionales en turno.
V
- El mismo C. Secretario:
"Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Cámara de Senadores.- México, D.F.
CC. secretarios de la H. Cámara de Diputados al Congreso de la Unión.- Presentes.
Para los efectos constitucionales, con el presente tenemos el honor de remitir a ustedes el expediente
número 128, en 29 fojas útiles, con la minuta del proyecto de decreto por el cual se adiciona el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.
México, D.F., a 10 de diciembre de 1965.- Fausto Pintado B., SS.- Carlos Loret de Mola, S.S."
"Minuta proyecto de decreto.
Artículo Único. Se adiciona el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
Artículo 73. El Congreso tiene facultad.......................................
XXIX- B. Para legislar sobre las características y uso de la bandera, escudo e himno nacionales."
Transitorio. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el `Diario Oficial' de la Federación.
Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores. México, D.F., a 10 de diciembre de 1965.- María Lavalle Urbina, S.P.- Fausto Pintado B., S.S.- Carlos Loret de Mola, S.S."
Trámite: Recibo, a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación en turno y de Estudios Legislativos, e imprímase.
VI
- El mismo C. Secretario:
"Escudo Nacional.- Cámara de Senadores.- México, D.F.
CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados al Congreso de la Unión.- Presente.
Para los efectos del inciso e) del artículo 72 constitucional, con el presente tenemos el honor de remitir a ustedes, en devolución, el expediente que contiene la Minuta Proyecto de Decreto, en virtud del cual se concede a la señora María Landero Ruiz, jubilación voluntaria por más de 30 años de servicios.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, D.F., a 10 de diciembre de 1965.- Fausto Pintado B., S.S.- Carlos Loret de Mola, S.S."
Trámite: Recibo, y a la Segunda Comisión de Hacienda que tiene antecedentes.
VII
El C. Presidente: En vista de que se encuentra en nuestro país un grupo de parlamentarios polacos, que viene presidido por el excelentísimo Mariscal de la Dieta Polaca, señor Czeslaw Wycech, correspondiente este cargo al Presidente de nuestro Congreso, y estando a las puertas de este recinto la delegación antes mencionada, se designa, para introducirlos al salón, a los ciudadanos diputados Luis Dantón Rodríguez, Antonio Martínez Manautou, Raúl Legaspi Donis, Marta Andrade de Del Rosal y Leopoldo González Sáenz.
(La Comisión cumple con su cometido. Son recibidos los visitantes con aplausos y puestos en pie los asistentes.)
El C. Presidente: La Delegación de Parlamentarios Polacos, que nos honra con su visita, está integrada en la forma siguiente:
Mariscal Czeslaw Wycech, diputado Artur Starewiez, diputado Stanislaw Lorentz, embajador Jerei Grudzinzxy, periodista señora Iolata Osnaceyk, periodista señor Edmund Osmanceye, periodista Juan Manuel Berlanga e intérprete consejero señor Román Czyzycki.
Vienen acompañados por el Excelentísimo Embajador de Polonia en México.
Se concede el uso de la palabra al Mariscal de la Dieta Polaca, Czeslaw Wycech.
- El C. Wycech Czeslaw (Mariscal de la Dieta Polaca):
"Señor presidente. Señores diputados.
Me siento altamente honrado por el hecho de poder tomar la palabra desde la tribuna del Parlamento de los Estados Unidos Mexicanos y transmitir el caluroso y cordial saludo de la Dieta de la República Popular de Polonia a ustedes, señores diputados, y, por su conducto, a todo el pueblo mexicano.
La historia de vuestro pueblo, su larga y heroica lucha por la Independencia, por las reformas sociales, por una economía soberana, son conocidas por los polacos y les son cercanas.
El nombre de Benito Juárez, que simboliza esas aspiraciones del pueblo mexicano por la libertad, es pronunciado en nuestro país con honra y admiración.
Nuestro pueblo, que también ha tenido que llevar a cabo, durante siglo y medio, una lucha ininterrumpida por su libertad e independencia, que ha pasado por el infierno de la ocupación nazi, ha creado, por fin, su propio estado popular, amigo de todos sus vecinos y desde hace más de veinte años construye un nuevo y justo régimen social.
Estoy profundamente convencido de que hoy en día, más que en cualquier período antes, entre nuestros pueblos que están ligados por querer los mismos ideales de libertad y progreso social, entre nuestros países que desarrollan dinámicamente su economía, existen condiciones para una colaboración provechosa para ambos y para la cooperación en favor de la paz mundial.
A esa cooperación le han abierto el camino las visitas recíprocas de delegaciones parlamentarias en los años 1960 y 1963, los contactos de nuestros representantes económicos y culturales y, ante todo, las visitas recíprocas de los ministros y de los estadistas de nuestros dos países - la visita a Polonia del presidente Adolfo López Mateos y a México del Primer Ministro Josef Cyrankiewiez-. Estamos profundamente convencidos de que nuestra visita contribuirá a un mayor acercamiento y a un mayor desarrollo de las amistosas relaciones polacomexicanas.
El fundamento de esas relaciones está constituido, ante todo, por el intercambio económico entre nuestros países, que crece rápidamente; intercambio que tiene grandes posibilidades de auge y de crecimiento. Eso queda confirmado por la opinión común de nuestros dos Estados.
El intercambio cultural polacomexicano sirve bien a la causa del acercamiento; gracias a él nuestro pueblo ha podido conocer las obras extremadamente hermosas y originales de vuestro arte, vuestra música y los logros multicentenarios de vuestra cultura.
Cada uno de nuestros pueblos soluciona a su propio modo las tareas que ha puesto ante nosotros la
historia y el vivir cotidiano, y cada uno puede vanagloriarse de haber logrado éxitos no pequeños que hacen crecer a nuestros países.
Nos une una aspiración común de nuestros gobiernos, parlamentos y pueblos para consolidar y aumentar los logros que han costado tánto sacrificio y tánto esfuerzo.
Todos anhelamos, ante todo la liquidación de la amenaza de guerra y la consolidación de la paz en el mundo.
No puedo aquí dejar de referirme al hecho de que nuestro pueblo y nuestro parlamento están altamente preocupados porque, en varias partes del mundo, ante todo en Asia Suroriental, desde hace casi un año, dura y se profundiza una agresión que infringe el principio de soberanía de los pueblos. Estamos inquietos porque se realiza, ininterrumpidamente, la carrera armamentista de las armas nucleares que, por su proliferación, puede llegar a manos de las fuerzas menos responsables, más agresivas y revanchistas, y provocar así una catástrofe mundial. ¡La paz es indivisible!
Un conflicto armado en cualquier parte del mundo puede fácilmente convertirse en un incendio mundial. Por eso Polonia Popular no escatima esfuerzos para, de acuerdo con sus posibilidades y junto con sus aliados, actuar en favor de la distensión, del detenimiento de la carrera armamentista y de todos los actos agresivos, para defender el respeto a la soberanía de los pueblos y a los principios de la convivencia pacífica de todas las naciones, independientemente de sus diferencias de régimen e ideológicas.
En ese campo de mayor importancia para el futuro del mundo se encuentra nuestros esfuerzos con vuestros pacíficos anhelos. El pueblo polaco aprecia altamente las tradiciones pacíficas del pueblo mexicano y la contribución actual de su país a la obra de convivencia pacífica entre los pueblos, a la defensa de los principios de soberanía e independencia. Pueden ustedes contar con el apoyo de Polonia para cada una de vuestras iniciativas en favor de la paz y de la seguridad de los pueblos.
Señor presidente, señores diputados:
Séame permitido, al terminar estas palabras, agradecerles muy cordialmente el haber invitado a nuestra delegación a visitar México, país de un gran pasado, de extraordinarios éxitos en el presente y - estamos profundamente convencidos- de grandes perspectivas para lo futuro.
Saldremos de México enriquecidos con experiencias inolvidables y convencidos, más profundamente todavía de la necesidad de un acercamiento entre los pueblos cada vez mayor.
Saldremos profundamente convencidos también de lo acertado de esa gran verdad tan justamente formulada por Benito Juárez:
'El respeto al derecho ajeno es la paz'. (Aplausos nutridos.)- Czeslaw Wicech, Mariscal de la Dieta."
El C. Huerta Pérez, Jorge: Señor Mariscal Czeslaw Wycech, presidente del Parlamento Polonés, señores Parlamentarios; Excelentísimo señor Embajador; señoras y señores diputados:
"La Cuadragesimasexta Legislatura de la Cámara de Diputados me ha conferido el alto honor de dar a ustedes la bienvenida cordial de la Representación Nacional y de contestar las palabras del señor presidente del Parlamento de Polonia.
Por una larga tradición los mexicanos nos hemos preciado siempre de entregar nuestra hospitalidad a todos los que llegan a esta tierra de esperanzas; pero en esta ocasión vuestra visita no sólo adquiere el hondo sentido que encierra el acercamiento entre los hombres de buena voluntad. En esta hora de la historia, en la que el hombre vive intensamente la certeza de que la humanidad se halla en la encrucijada definitiva de su destino, vuestra presencia, realza el tema de la confraternidad humana como tarea y preocupación fundamental de nuestro tiempo; y el pueblo de México, que nos honramos en representar, entregado a las nobles causas de la concordia humana y de la asistencia mutua, reaviva su fe indeclinable en la paz, entendida como la cooperación entre naciones libres e iguales para vencer los problemas que aquejan al hombre de todas las latitudes. Por ello mismo, porque en la paz, México, lucha infatigablemente por recorrer los caminos que conduzcan a una mayor armonía internacional cimentada- como piensa el patriota Presidente de la República: licenciado Gustavo Díaz Ordaz.- en la comprensión recíproca de la posibilidad espiritual de cada pueblo'. Hemos aceptado pues, con verdad indiscutible que nada divide más a los países que el desconocimiento de sus formas concretas de existir, de sus tradiciones, de sus ideales supremos, en una palabra, de su singular conciencia histórica.
El conocimiento de esa conciencia histórica, tiene la virtud de hacer comprensible las diferentes actitudes ante el mundo y de poder lograr la superación de la diversidad política en el seno de la Comunidad de las Naciones; ya que desde esa postura frente al mundo, cada hombre y cada país resuelven el problema de su sentido y de su valor y crean el ideal supremo de su historia.
Juzgamos, por ello, que los métodos tradicionales de la diplomacia clásica resultan, en la compleja realidad actual, inconducentes por sí solos para acentuar las semejanzas y desvanecer las diferencias que plantea la natural convivencia humana. Y es que los problemas que se derivan de ella no pueden resolverse en la plenitud que lo exige la causa del hombre, tan sólo desde la frialdad de las cancillerías, y con el formalismo de los protocolos, si no presuponen, además, el acercamiento mutuo, la interrelación abierta y el trato directo no sólo a nivel de los jefes de Estado, sino también entre quienes integran las representaciones populares a nivel legislativo y, aún más allá, entre los hombres medios, entre los ciudadanos comunes de los Estados.
Determinado por el fondo mismo de su historia , México ha sostenido que lo humano, por universal, no tiene fronteras ni distingos y, por ello, quiere y busca la concordia y la solidaridad con todos los hombres por su sola condición de hermanos de planeta sin que para fincar el grado de nuestra amistad reparemos en su raza, se religión, su grado de poder, su sistema económico o su credo político.
Pero si bien es cierto que la sola condición humana hace deseable y posible la solidaridad, también lo es que hay motivos que la facilitan, la aceleran o la catalizan.
Este es el caso de nuestros países que por encima de sus singularidades políticas tienen el común denominador de haber aceptado como guías supremos de sus destinos el imperio del derecho y el goce de la
libertad. Derecho y libertad que ambos pueblos han arrancado a la historia en luchas desiguales que tocaron los límites de la leyenda y en los que se mezclaron; el infortunio, la tragedia y, especialmente, la heroica decisión de ser por ellos mismos.
Pocos, muy pocos pueblos habrá en el mundo que - como México y Polonia - hayan sufrido sin sucumbir los más terribles embates del coloniaje, de la invasión extranjera y de la tiranía. Nada nos fue entregado gratuitamente por la historia, todo hubimos de ganarlo bajo el signo de la lucha, con raudales de sangre y con pedazos de vida, por eso la paz en la que hoy edificamos la grandeza del México Revolucionario que este día os recibe, la guardamos como el más preciado tesoro de esta patria generosa.
Recibir en este recinto venerable a los representantes del pueblo de Polonia, es tener la oportunidad de rendir el homenaje de nuestra admiración a todos los hombres del mundo que en la pasada guerra, sucumbieron luchando por la democracia y contra el fascismo - violencia hecha sistema de gobierno y método de aniquilamiento político- y, singularmente, expresar el reconocimiento de nuestra simpatía a vosotros, que sois los sobrevivientes de una recia generación de patriotas inmortalizada en el seno de la resistencia contra el invasor.
Hay hechos históricos, ilustres visitantes, que por su contenido universal, identifican a los pueblos por que en ellos se compendia toda la grandeza de la que es capaz la vocación democrática del hombre. Así pensamos los mexicanos del presente, cuando analizando los horrores del aniquilamiento de Varsovia hemos recordado el dramatismo del sitio de Puebla en 1863. Puebla y Varsovia, espartanas de los altos ideales de la libertad resumieron ante el mundo en la hondura del martirio el triunfo de su verdad histórica.
Pero ¿Por qué razón las armas del imperio francés en un caso y las del nazifascismo en el otro, se empañan con la derrota a pesar de la ocupación de la plaza? ¿Qué singular barrera separa a la dignidad de la infamia histórica? ¿Qué es lo que hace grande a México y a Polonia a pesar de su pequeñez?
Es que la historia de la humanidad, señoras y señores, no es sola la explicación invertebrada de sucesos muertos, es la incisiva valoración de los fenómenos del pasado gravitando en torno de lo humano, o sea, lo que partiendo del hombre trasciende y ennoblece al hombre mismo. Así lo heroico es la acción del hombre realizando la justicia, la paz y la libertad que son el sustratum del derecho de todos los tiempos y el punto de partida para valorar las alturas o las cimas de la condición humana. Es por esto que siempre será una victoria luchar por el imperio de lo justo y siempre una derrota y una ignominia caminar por los senderos de lo injusto. Si las victorias tuvieran que medirse únicamente por la capacidad material de avasallar al débil e imponerle la voluntad del poderoso, la historia del hombre sería tan sólo el decantado catálogo de la infamias, el registro de los asesinatos colectivos y la justificación de la delincuencia internacional.
La historia de nuestros pueblos, qué duda cabe, ha sido una cátedra permanente de libertad para enseñar a las generaciones de ayer, de hoy y de siempre cómo se resiste ante los embates inexorables del poder, cómo se puede permanecer altivo ante la adversidad y cómo se puede vencer con sólo parecer estar vencidos.
El camino de México es perpetua afirmación ante la vida. Desde 1810 nacimos a la vida independiente, definimos nuestra singularidad histórica y la hicimos ley en el Código Político de Apatzingán, en el que por primera vez y para siempre, el genio del Padre Morelos - el Siervo de la Nación- planteó la soberanía económica y política de la nación, la reforma agraria, el reparto equitativo de la riqueza, las libertades ciudadanas y la solidaridad con todos los pueblos de la tierra, como raíces que superviven hasta nuestros días generando un solo linaje revolucionario, que se realizó en tres etapas dramáticas y se condensó en tres Constituciones ejemplares.
Mientras vuestra patria sufría a lo largo del siglo pasado los avasallamientos de los poderosos, en esta tierra nos lanzamos a la aventura heroica de hallar nuestras propias soluciones soportando y rechazando injerencias extrañas y desmembraciones sin igual. Así llegó a la Generación Liberal de la Reforma y con la razón impasible de Benito Juárez, la acción revolucionaria del pueblo héroe verdadero de todas nuestras luchas, aniquiló privilegios y sostuvo indeclinables los principios de la República; rechazó la Intervención Francesa, mantuvo inmaculada la dignidad internacional de México y proclamó desde el siglo pasado, el principio de la no intervención que hoy es la piedra angular del Derecho Internacional. Por eso los mexicanos hemos comprendido que en el corazón de vuestra heroica tierra como muestra de reconocimiento al Indio de Guelatao existe una escuela que lleva su nombre.
En ella pudo decir el ilustre ex Presidente de México, Adolfo López Mateos, que el solo nombre del patricio evoca para los mexicanos lo más puros sentimientos de patriotismo, porque bajó de la montaña para redimir al pueblo, restaurar la República y salvar a la patria, por eso y porque fue fuerte contra todas las adversidades, valiente contra todas las cobardías, patriota contra todos los vendepatrias, Benito Juárez es y será siempre símbolo imperecedero, no sólo de México sino de todos los pueblos libres de la tierra.
Traspusimos los umbrales del siglo XX bajo el signo de la dictadura porfirista y el retroceso del latifundio y hubimos de volverlos a constituir en torno a otro río de sangre hasta resquebrajar las relaciones feudales de producción, entregar la tierra al hombre que la trabaja y reivindicar la riqueza nacional para beneficio del pueblo.
Una vez con la intromisión ajena y la incomprensión del mundo la revolución hizo la Ley y en 1917, con las garantías individuales y sociales, sentó las directrices por las que camina la nación y las bases de un humanismo político cuya autoridad moral destaca en los ideales periclitados de un mundo en proceso de transformación. Esta ha sido nuestra historia y con ella podréis comprender al México del que sois huéspedes ilustres, así hemos sido y por lo mismo así queremos seguir - sin rencores ni negaciones- siendo amigos de todos los pueblos para edificar nuestra grandeza con la fuerza del pasado y la inspiración fecunda del futuro.
También por eso tiene razón explicativa que sostengamos como posturas comunes el respeto a la autodeterminación de los pueblos y la no intervención
en los asuntos internos de todos los Estados de la tierra, y por ello mismo, no es insólito que el Plan Rakaty y el tratado de desnuclearización de la América Latina, propuesto por México, coinciden en evitar la diseminación de las armas nucleares en los países que no las detentan, en el compromiso de no admitirlas dentro de nuestros territorios, y en la creación mediante tratados multilaterales, de zonas desnuclearizadas en diferentes regiones del mundo.
Ilustres Representantes de la República Popular de Polonia:
En este recinto venerable coexisten en democrática diversidad de posturas ideológicas aunque no de ideales patriótico, todas las corrientes políticas del pueblo mexicano, en nombre de esos ideales comunes os abrimos las puertas de nuestra hospitalidad sincera con el deseo de que esta visita sea un paso más en el fortalecimiento de nuestros ya existentes lazos de concordia, dejando sin lugar a dudas que México asiste a su cita histórica con el destino en otra lucha heroica para ganar en la paz la causa del hombre, haciendo norma de su acción el humanismo de la Revolución Mexicana y el pensamiento del guía de la nación del Presidente Gustavo Díaz Ordaz: "Si en tiempos de epopeya héroe es quien se enfrenta a la muerte y sucumbe, en tiempos de paz héroe es quien se enfrenta a la vida y triunfa sobre ella." (Aplausos.)
El C. Presidente: Estando enterados de que el Senado de la República espera a la Delegación de parlamentarios polacos, se ruega a la Comisión designada para introducir a nuestros distinguidos visitantes los acompañe en el momento en que deseen retirarse (La Delegación de legisladores polacos se retira siendo despedida con un prolongado aplauso).
VIII
El C. secretario Hernández Gómez, Tulio: Se continúa con el desahogo de los asuntos en cartera.
El C. Cruickshank García, Jorge: Pido la palabra, señor presidente.
El C. Presidente: Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Jorge Cruickshank para leer la iniciativa de referencia.
- El C. Cruickshank García, Jorge:
"Honorable Cámara de Diputados:
De acuerdo con la facultad que nos otorgan el artículo 71, fracción II, de la Constitución, y el artículo 55, Inciso II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de la Unión, presentamos a vuestra soberanía el siguiente proyecto de decreto sobre la Ley de Planeación Económica Nacional.
Exposición de motivos.
Es una ambición legítima de todos los pueblos mejorar sus condiciones de vida y tratar de alcanzar un nivel de bienestar decoroso para quienes los integran y para las generaciones futuras. Tienen también el derecho, por el que han luchado sin cesar, de fortalecer su economía para garantizar su independencia y el respeto a la soberanía de su país.
Existe una forma racional de contribuir al logro pacífico de esos objetivos; planeación nacional del desarrollo económico. La planeación implica el estudio de la evolución histórica del país, el análisis detallado de la situación económica y del papel que han desempeñado los factores que intervienen en el proceso; el conocimiento de las riquezas naturales y su aprovechamiento; de los recursos materiales y humanos que se han utilizado y de los disponibles; de la demanda interna y externa; de la capacidad productiva y de su grado de utilización.
Con base en ese examen surgen los programas y la fijación de las metas que pueden alcanzarse, determinando la combinación de los factores y recursos con los cambios de la población, para obtener un crecimiento acumulativo, estable y permanente del producto real por habitante, en beneficio de la sociedad.
Los problemas más importantes que confronta el desarrollo actual de México, hacen ya inaplazable la creación de un organismo encargado de la programación del proceso económico en escala nacional. Entre ellos señalamos los siguientes; la fuerte desigualdad que persiste en la distribución del ingreso nacional, manteniendo un mercado interno raquítico que no puede absorber incrementos substanciales de la producción, lo cual tarde o temprano frenará su desarrollo y el de toda la economía. El desequilibrio permanente de nuestra balanza comercial con el exterior, compensado sólo por el turismo, los créditos y las inversiones extranjeras, factores que pueden reducirse con cualquier cambio de la política de los países que los proporcionan, y que al lado de sus aspectos útiles tienen muchos negativos. El atraso tecnológico y la baja productividad del sector agropecuario, que mantiene al 50 por ciento de la población en niveles de subconsumo, agravados constantemente por el acelerado crecimiento demográfico. Los problemas de carácter institucional y social, como son la batalla permanente entre los salarios y los precios, y la de los subsidios e impuestos; el crónico déficit nutritivo de la población; la situación deficitaria en habitaciones y servicios de agua y drenaje; el analfabetismo; la escasez de trabajadores capacitados, etcétera, son obstáculos que es necesario eliminar para consolidar el proceso del desarrollo.
La evolución económica en un proceso dinámico en la que las actividades en cualquier sector tienen repercusiones en los demás, los que, a su vez, las propagan a otros y al propio sector considerado en primer término, produciéndose una reacción en cadena que afecta a toda la economía. Sólo mediante la planeación se pueden prever, ordenar y articular las actividades, para evitar afectos anárquicos y consecuencias peligrosas para el futuro del desarrollo.
La planeación es también - y la experiencia de otras naciones lo demuestra-, el único camino para coordinar y armonizar los trabajos de las diferentes dependencias del gobierno entre sí, y con los del sector privado, evitando duplicidad de esfuerzos y dispendios, haciendo posible el desarrollo integral de los recursos por regiones, zonas o cuencas hidrográficas, y la formulación eficaz de proyectos de propósitos múltiples, y de complejos industriales, para obtener el máximo rendimiento tanto de los factores que se emplean como de los recursos naturales que se exploten.
En nuestro país está sucediendo lo contrario. Las obras, como las presas, los ferrocarriles, las plantas de energía eléctrica, las carreteras, los puertos y otras muchas, se proyectan y construyen sin considerar previamente sus relaciones recíprocas, la coordinación con las obras y actividades de otras dependencias del gobierno, y la organización de los beneficiarios para
su debido aprovechamiento. En muchas ocasiones ni siquiera se toman en cuenta los efectos y las consecuencias del funcionamiento de las obras, dentro de las condiciones del medio en que se construyen.
Sólo mediante el conocimiento, los estudios y las proyecciones de la realidad nacional, necesarios para llegar a la planeación, es posible evitar gastos innecesarios, obras de baja productividad o con un período de maduración demasiado largo, que provocan presiones inflacionarias de graves consecuencias para la estabilidad económica de la nación. Estos gastos e inversiones inútiles o inoportunas, desvían recursos escasos y valiosos que resultarían de gran provecho si se dedicaran a obras y medidas que resuelvan situaciones y problemas urgentes que obstaculizan el proceso del desarrollo.
La planeación es el mejor medio para disminuir los efectos de las crisis y los recesos económicos, porque puedan preverse y tomarse medidas oportunas.
El sistema que pregona que el desarrollo debe producirse por el juego espontáneo de las fuerzas económicas, ha demostrado que conduce invariablemente al derroche y al desequilibrio económico, dentro del cual unos cuantos disfrutan de la mayor parte de los ingresos y recursos, en tanto que las mayorías se debaten en la miseria, la insalubridad y la ignorancia.
Ante nuestra realidad, es indudable que la mayoría de los sectores sociales de nuestro país no pueden ser adversos a que el desarrollo económico se encauce y se coordine aplicando las técnicas más modernas y adecuadas de la planeación. En ese sentido, el gobierno federal, desde la creación de la Comisión Nacional de Inversiones, hasta las actuales dependencias dedicadas a algunos aspectos de la planeación, ha hecho intentos y ha logrado elaborar estudios parciales o preliminares de la situación y de sus proyecciones, con alternativas de acción que han alcanzado ciertas metas en el ritmo del desarrollo. Pero desgraciadamente estos trabajos sólo pueden considerarse como ejercicios académicos, soluciones aproximadas, tanto porque han carecido del propósito de llevar a cabo un trabajo integral y sistemático, como por la falta de una información básica objetiva de la situación, y del respaldo de todos los sectores que integran la población del país.
La planeación de la economía nacional implica decisiones vitales que afectarán el futuro económico y el bienestar de todo el pueblo. La trascendencia de estas decisiones no puede confiarse a simples elucubraciones de gabinete. Es imperioso que los estudios y proposiciones concretas se confíen a una organización debidamente integrada, con el más amplio apoyo de los Poderes de la Unión y la colaboración de los representantes de todos los sectores sociales, seleccionados entre los más idóneos y preparados para esas tareas.
Las disposiciones, garantías y derechos que la Constitución otorga a todos los individuos y sectores de la población permiten que sin menoscabo de los mismos puedan implantarse las técnicas de planeación para su desarrollo económico. Por otra parte, las ventajas y ahorros que se obtendrán para los sectores público y privado, compensarán ampliamente el pequeño esfuerzo que significa someterse a una disciplina en sus actividades. El sector social más numeroso resultará indudablemente beneficiado, ya que una de la finalidades importantes de la planeación es la de mejorar substancialmente el bajo nivel de vida que tiene actualmente.
Por la naturaleza intrínseca de los trabajos que comprende y la importancia de sus resultados, la planeación requiere una formación básica completa y detallada de la situación nacional, tanto en lo que se refiere a la necesidades, como en lo relativo a los recursos y factores disponibles para la producción. Necesita también el conocimiento y el análisis cuidadoso de las interrelaciones entre sectores y actividades, de la situación y posibilidades del comercio exteriores, y el estudio de las causas del establecimiento económico y el de los factores y elementos más dinámicos de la economía.
Pero es necesario subrayar que la planeación, para que sea efectiva, no debe implantarse a medias ni con titubeos. Para que los trabajos respectivos alcancen los objetivos que se persiguen, la condición primordial es la existencia de una decisión consciente y vigorosa de parte de las máximas autoridades del país, para implantar y acatar las orientaciones de los resultados que se obtengan, sin tolerar omisiones ni decisiones arbitrarias. Cualquier otra actitud podría malgastar el esfuerzo que se realice y aminorar las grandes posibilidades que se derivan de esta disciplina.
En los trabajos y resultados de la planeación deberá prevalecer única y exclusivamente el interés nacional, traducido en la consecución de las mejores metas de prosperidad económica y de justicia social. El personal directivo, el de consultores, técnicos, empleados y representantes que integrarán los equipos de trabajo de organización y que serán seleccionados entre las más distintas profesiones y esferas de actividad, deberá desarrollar sus trabajos en equipo, poniendo su capacidad y conocimiento al servicio de los mejores resultados del programa.
Los planes que se elaboren serán a largo, mediano y corto plazo: 18 años para los primeros y 6 para los segundos; los programas y presupuestos anuales deberán encuadrarse dentro de esos planes. Los plazos corresponden a uno o varios períodos de la Administración Pública.
Los objetivos politicosociales que debe contemplar la planeación, están claramente señalados por nuestra Carta Magna, y a sido norma de los gobiernos revolucionarios ajustar su gestión a ellos, cuando han sido fieles a los intereses del pueblo, cambiando únicamente el énfasis en aquellos aspectos que requieren más atención durante el período respectivo. Por tanto, la planeación tendrá como mira fundamental precisar y facilitar el cumplimiento de esas metas, acentuando el esfuerzo en la solución de los problemas que ameriten la máxima atención por parte del Ejecutivo Federal.
En un principio se trabajará en la formulación de los primeros planes, aprovechando el material informativo que existe, seleccionándolo, depurándolo y analizándolo en el menor tiempo posible. Pero hay que tener presente que no se podrá realizar una planeación correcta si no se emprenden de inmediato los trabajos y estudios necesarios para conocer la situación real de los problemas socioeconómicos y para formular el inventario de los recursos productores y naturales del país.
Teniendo en cuenta que los programas de desarrollo económico nacional deben contar con el respaldo de la mayoría de la población, es indispensable que el organismo encargado de su elaboración cuente con la participación y el consejo de todos los sectores, realizando sus trabajos sobre bases tecnológicas firmes, estudiadas por grupos de especialistas y por representantes de las diferentes actividades del proceso económico del país. Deberá ser el centro de un engranaje organizado en el que participen los mejores elementos de los sectores oficiales, privado y social de la nación. A este centro de trabajos de planeación, se le denominará Comisión Nacional de Planeación, a cuyo frente estará un Vocal Ejecutivo que acordará directamente con el Presidente de la República. Contará con cinco direcciones: la de Estudios Financieros y Económicos, la de Estudios de la Fuerza de Trabajo, la de Recursos Naturales, la de Desarrollo Regional, y al del Control y Ejecución del Plan.
La Dirección de Estudios Financieros y Económicos, controlará y coordinará las actividades de las subcomisiones de estudios por sectores: agricultura, energía, industria, transportes, comunicaciones y otras, que serán tántas como sea necesario. Cada Subcomisión tendrá un jefe o encargado, con su grupo de trabajo permanente, además del personal que comisionen las dependencias oficiales y privadas, las agrupaciones de trabajadores, las asociaciones de productores y consumidores, y otros organismos relacionados con la actividad de que se trate.
Las Secretarías y Departamentos de Estado, los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, contarán con oficinas o direcciones de planeación que elaborarán los estudios de detalle relacionados con los programas de sus respectivas dependencias. Estos programas deberán ceñirse a las directrices de los planes que formule la Comisión, con la cual estarán en contacto por medio de sus representantes .
Como órgano consultor y de enlace con la sociedad, deberá establecerse el Consejo Nacional Económico y Social, que estará integrado por los representantes y delegados de todos los sectores y los poderes públicos de todas las entidades del territorio nacional. Las funciones principales del Consejo serán la de informar a la Comisión Nacional de Planeación sobre la situación, las necesidades y posibilidades en cada entidad y región; la de proponer obras y medidas de política económica que consideren conveniente; la de revisar, criticar y sugerir modificaciones a los planes elaborados por la Comisión Nacional de Planeación, y la consulta y asesoramiento de la misma Institución.
El Consejo funcionará durante un período de 2 a 3 meses cada año, a partir del primero de septiembre, tanto para examinar los resultados del año, que termina, como para presentar proposiciones y revisar los programas del año siguiente. Los componentes del Consejo trabajarán por grupos y celebrarán asambleas generales para dar a conocer, discutir y aprobar los programas y planes elaborados por la Comisión Nacional de Planeación. Las asambleas estarán presididas por el Jefe de la Comisión o su representante.
Para las investigaciones y estudios de detalle sobre temas concretos del desarrollo, la Comisión contará con la colaboración de las oficinas e institutos existentes, creándose los que se requieran y reestructurando aquellos que no estén operando con eficacia.
Por diferentes causas, los servicios y datos estadísticos disponibles adolecen de deficiencias que los hacen poco útiles para formular una buena planeación. Es indispensable dar a este servicio toda la importancia que debe tener en un país en proceso de desarrollo, proporcionándole los medios que sea menester con el objeto de que eleve las estadísticas a un nivel aprovechable para la planeación.
Entre los estudios que falta por hacer hay que considerar de primerísima importancia el que se refiere al levantamiento, a escala adecuada, de la Carta de la República y de sus recursos naturales, cuya información tendrá aplicaciones múltiples de trascendencia para la planeación, entre las que se pueden mencionar la localización óptima de las obras de la infraestructura como caminos, ferrocarriles, presas de embalse y control de avenidas, vías fluviales, puertos, plantas de energía; la localización y el tamaño adecuado de los aprovechamiento y explotaciones de los recursos forestales, agrícolas, ganaderos, mineros, pesqueros, energéticos e industriales; el estudio y localización de las zonas mejores para la creación de polos y ejes de desarrollo y coordinación de los planes de desarrollo regional entre sí y con los planes nacionales.
De los demás organismos y grupos de estudios, que ya existen, será necesario reestructurarlos y reforzarlos, orientándolos hacia la planeación. Entre ellos se encuentran: Estudios Financieros, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Nacional Financiera, S. A.; Estudios del Gasto Público de la Secretaría de la Presidencia; Dirección de Estadística de la Secretaría de Industria y Comercio; Estudios e Investigaciones Tecnológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Politécnico Nacional, y los del Centro Nacional de Productividad. Habría que establecer e integrar un instituto para el levantamiento de la Carta de la República y sus recursos naturales; otro para los estudios relacionados con la fuerza de trabajo, y un centro de estudios del consumo, la demanda y sus proyecciones.
Es de gran importancia, para aumentar la productividad de factores y recursos, reforzar considerablemente los centros de estudios e investigaciones tecnológicas, a los que es necesario otorgarles los medios que requieran, en forma creciente, para mejorar de manera sistemática el rendimiento de la fuerza de trabajo y el de las inversiones de capital. Los gastos en el campo de la investigación científica, que se hacen en varios países extranjeros, considerados percápita superan en más de 100 veces a los que se hacen actualmente en México, a pesar de que la experiencia de los países mencionados ha demostrado que por cada peso que se gasta en la investigación, se obtienen dos pesos de incremento en la producción anual de bienes y servicios, siendo, por tanto, una de las inversiones más productivas que se conocen.
En torno a los trabajos, estudios y resultados de la Comisión Nacional de Planeación, será preciso llevar a cabo una campaña nacional, con el objeto de formar una conciencia pública sobre la planeación del desarrollo, con una amplia difusión de sus objetivos fundamentales y la divulgación de los planes que se elaboren, explicando su trascendencia y la necesidad
de la participación consciente de todos los mexicanos en su ejecución y en los resultados que de ellos se deriven.
El desarrollo y el progreso deben ser para todos los mexicanos y no para un pequeño grupo. La experiencia del desarrollo en países que lo planifican ha demostrado la falacia de una llamada ley económica que asevera que el crecimiento económico sólo es posible cuando no se toca la distribución del ingreso. Podría invertirse la proposición y afirmar que si no se mejoran la distribución del ingreso y los recursos, no puede haber un verdadero progreso económico.
Considerando que tanto el gobierno, como los diversos sectores de la población del país están convencidos de la necesidad de establecer la previsión y el orden en la política económica, con base en lo antes expuesto nos permitimos elevar a la consideración de vuestra soberanía el siguiente proyecto de Ley de Planeación Económica Nacional:
Capítulo I. Del objeto de la ley.
Artículo 1º. Para los efectos de esta ley, se entiende por planeación la previsión, coordinación y encausamiento de todas las actividades y medidas que se requieren para el aprovechamiento óptimo de los recursos humanos y materiales del país, con el fin de alcanzar un desarrollo social y económico acelerado, estable y permanente, cuyos resultados en bienes y servicios puedan ser disfrutados por todos los sectores de la población.
Artículo 2º. Los planes de desarrollo regional que formen parte de la planeación nacional y abarquen dos o más Estados de la República, corresponden al Ejecutivo de la Unión, con la colaboración de las entidades respectivas.
Artículo 3º. Por la presente ley se establecen los órganos que, en forma específica, colaborarán con el Ejecutivo en el desempeño de las labores de planeación. Se señalan los procedimientos y aspectos fundamentales de la elaboración, revisión, ejecución y control de los planes nacionales de desarrollo económico, y las relaciones con las dependencias oficiales que tienen a su cargo la construcción de obras y la aplicación de medidas de política economico social.
Capítulo II. De la Comisión Nacional de Planeación.
Artículo 4º. Todas las cuestiones relacionadas con la planeación económica y social, quedarán encomendadas a un organismo de carácter permanente que colaborará en forma directa con el Ejecutivo y que se denominará Comisión Nacional de Planeación.
Artículo 5º. La Dirección y coordinación de las actividades de la Comisión Nacional de Planeación, estarán a cargo de un Vocal Ejecutivo y de un Vocal Secretario, designados por el Presidente de la República.
Artículo 6º. Para el desarrollo de los trabajos a su cargo, la Comisión contará con los siguientes organismos: Dirección de Estudios Financieros y Económicos, Dirección de Estudios de la Fuerza de Trabajo, Dirección de Estudios de los Recursos Naturales, Dirección de Estudios Regionales, Dirección de Control de la Ejecución del Plan.
Artículo 7º. El vocal Ejecutivo de la Comisión acordará directamente con el Presidente de la República.
Artículo 8º. Para los estudios por sectores o ramas de actividades que deberán integrarse en los planes nacionales, se establecerán las Subcomisiones que consideren necesarias las autoridades de la Comisión. Las subcomisiones contarán con un reducido grupo de personal que trabajará en forma permanente; pero cada año celebrarán reuniones con delegados y representantes de los sectores público y privado que estén dedicados a las actividades del sector de la economía de que se trate.
Artículo 9º. En los reglamentos de esta Ley y del funcionamiento de la Comisión, quedará señalada la forma en la que deben integrarse las Subcomisiones, la de realización de sus labores y el plazo para presentar los informes relacionados con sus actividades.
Artículo 1O. Los trabajos de las Subcomisiones y las reuniones que se celebren, estarán coordinados y serán presididos por el Director de Estudios Financieros y Económicos de la Comisión.
Artículo 11. Las oficinas de Planeación de las Secretarías, Departamentos de Estados, Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal, enviarán un representante a las Subcomisiones respectivas y, previo acuerdo de los titulares, remitirán a la Comisión un informe de sus estudios y proposiciones sobre el sector que corresponda a las actividades de su dependencia.
Capítulo III. Del Consejo Nacional Economico social.
Artículo 12. La colaboración de los diversos sectores de la población, en la formulación y revisión de los planes nacionales de desarrollo, se llevará a cabo a través del Consejo Nacional Economico social.
Artículo 13. El Presidente del Consejo será el Vocal Ejecutivo de la Comisión Nacional de Planeación.
Artículo 14. En los trabajos y reuniones del Consejo estarán representados los sectores sociales organizados de la República, en el número y con el carácter que señalen los reglamentos de la presente ley.
Artículo 15. Las funciones del Consejo serán de promoción, consulta y revisión, en cuanto a los objetivos, medidas y medios para llevar a cabo los planes que elabore la Comisión, constituyendo un enlace efectivo entre ella y el pueblo mexicano.
Artículo 16. Las reuniones generales del Consejo estarán presididas por el Vocal Ejecutivo de la Comisión o por el representante que designe.
Artículo 17. Los grupos de trabajos del Consejo incluirán a elementos técnicos de la Comisión, para que coadyuven a la presentación adecuada de los mismos.
Capítulo IV. De la Formulación de los Planes.
Artículo 18. Los planes de desarrollo económicosocial abarcarán un período de 6 años. Al mismo tiempo la Comisión preparará planes a largo plazo, susceptibles de ajustes, cubriendo períodos de 18 años o mayores. La Comisión participará en la formulación y revisión de los programas y presupuestos del gobierno federal del año correspondiente.
Artículo 19. El Presidente de la República, en sus acuerdos con el Vocal Ejecutivo de la Comisión, fijará las directrices y los objetivos económicos y sociales que deberán regir en la formulación de los planes y programas respectivos, y otras normas que estime convenientes.
Artículo 20. La primera parte de los planes que se elaboren, deberá dedicarse a la diagnosis dinámica de la situación económica y social del país, la cual deberá incluir: las cuentas nacionales y el cuadro de relaciones interindustriales y su evolución, y una explicación razonada del comportamiento de los elementos y factores que las integran; la determinación y el análisis de los sectores y de los obstáculos para el desarrollo económico del país, demostrando cualitativa y cuantitativamente las causas de su existencia; el señalamiento y el examen de los factores y sectores más dinámicos de la economía, demostrando, en forma cualitativa y cuantitativa, su influencia en el desarrollo económico registrado; el análisis detallado y razonado del comportamiento de la demanda global, la interna y la de exportación, por sectores y por los principales bienes y servicios, explicando la situación en cuanto a recursos, tecnología, factores institucionales, estructura de la producción y el abastecimiento.
Artículo 21. La segunda parte del Plan deberá contener las proyecciones, las metas posibles y los medios para alcanzarlas. Con base en un análisis completo del diagnóstico de la primera parte, aplicando las mejores técnicas y ajustándose a la realidad nacional, se establecerán: el curso probable y el crecimiento de la demanda global interna y de exportación, por sectores y por los bienes y servicios más importantes; las posibilidades de la oferta, tomando en cuenta los cambios en los factores productivos, principalmente en los relativos a las técnicas; las metas máximas de crecimiento que, en forma posible y real, se puedan lograr en los años que comprenda el Plan; los medios necesarios en recursos, políticas y factores, para alcanzar las metas establecidas; la compatibilidad entre los objetivos y los medios para alcanzarlos; los balances de disponibilidades y necesidades por factores y para toda la economía.
Artículo 22. Las metas del desarrollo y los medios que deben utilizarse para la realización del programa, se presentarán en forma global, por regiones, por sectores y para los principales bienes y servicios. El programa incluirá, en forma amplia, los conceptos relativos a tasas de crecimiento del ingreso y del producto nacional y regional, mejoras en la distribución del ingreso, tasas de incremento por cada sector de la economía y para los principales bienes y servicios, tanto de consumo interno como de exportación, las obras y medidas consideradas, las políticas y factores institucionales, las necesidades financieras y las fuentes de donde provendrán, tanto internas como del exterior.
Artículo 23. En forma especial deberán indicarse las posibles repercusiones del Plan, con sus efectos sobre el nivel de vida, mejoras en la habitación, en el nivel nutricional, en las condiciones sanitarias, en la educación y en la seguridad social.
Artículo 24. El Plan contendrá también las indicaciones necesarias sobre la organización y los procedimientos que se estimen más adecuados para la ejecución y control de todas las obras y medidas establecidas por el mismo Plan. Se formulará un resumen con lo más importante del Plan en todos sus aspectos.
Artículo 25. El Plan elaborado será sometido a la consideración del Presidente de la República. Una vez aprobado, con las modificaciones que estime conveniente, se publicará, sin los anexos, en el 'Diario Oficial' considerándose como el Plan de Desarrollo Económico y Social de los Estados Unidos Mexicanos, para el sexenio respectivo.
Artículo 26. Cada año, con la colaboración de las oficinas encargadas de esa labor en las Secretarías de Hacienda y de la Presidencia de la República, se formularán los programas y presupuestos, por actividades del gobierno federal, para el año respectivo, considerándolos como parte del calendario del Plan.
artículo 27. La Comisión Nacional de Planeación llevará a cabo, todos los años, una revisión de los resultados alcanzados, formulando los ajustes y las modificaciones que considere necesarias, a fin de conseguir o mejorar las metas señaladas en el Plan.
Capítulo V. De la Ejecución y Control del Plan.
Artículo 28. Las actividades de las Secretarías, Departamentos de Estado, Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal, se ajustarán, en lo concerniente, a lo que señale el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social.
Artículo 29. Las obras y servicios estatales y municipales para cuya realización se requiera la participación o el financiamiento del gobierno federal, deberán ajustarse a lo establecido por el Plan. Las que se realicen con recursos propios de las entidades y se ciñan al Plan, recibirán la asistencia y atención preferente de la Federación.
Artículo 30. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, según lo dispone la Ley Orgánica del Presupuesto, elaborará los presupuestos anuales de egresos de acuerdo con el Plan de Desarrollo Económico y Social, aprobado por el Presidente de la República.
Artículo 31. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informará a la Comisión Nacional de Planeación de los resultados y repercusiones que la aplicación del Plan haya tenido en el Erario Nacional y, en general, en toda la economía del país.
Artículo 32. El presupuesto de ingresos que se remite al Congreso de la Unión, y el de egresos que se envía a la Cámara de Diputados, deberán acompañarse con una copia del Plan Nacional de Desarrollo y un informe de la Comisión Nacional de Planeación sobre los resultados que se hayan obtenido con la ejecución del Plan en los años anteriores.
Artículo 33. La Secretaría de Agricultura y Ganadería, el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización y los bancos oficiales que realizan obras para el sector agropecuario, ajustarán sus actividades en beneficio de los ejidos y las comunidades rurales, siguiendo las directrices del Plan Nacional de Desarrollo. En el caso de los propietarios particulares, proporcionarán el asesoramiento técnico y los incentivos adecuados, cuando los propietarios se ajusten a los lineamientos del Plan.
Artículo 34. La Secretaría de Industria y Comercio aplicará las medidas necesarias para orientar la inversión privada de acuerdo con los objetivos establecidos en el Programa de Desarrollo. De la misma manera intervendrá en todos los asuntos relacionados con la distribución y consumo de bienes y servicios, en el fomento del comercio exterior y en el control de precios.
Artículo 35. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social ajustará la política de salarios, prestaciones sociales y participación de utilidades a los trabajadores, a los lineamientos que señalen los planes
nacionales de desarrollo respectivos, informando oportunamente a la Comisión Nacional de Planeación, de las medidas que dicte.
Artículo 36. La Comisión Nacional de Planeación mantendrá una vigilancia continua sobre la marcha del Plan, practicando revisiones periódicas completas del estado de avance de los trabajos, los resultados y repercusiones que se hayan registrado en la economía del país, e informará al Ejecutivo de la situación, con sus observaciones al respecto.
Artículo 37. La Comisión Nacional de Planeación remitirá un informe anual al Congreso de la Unión, señalando los resultados y la incidencia del ejercicio del presupuesto en el desarrollo económico y social de la nación.
Artículo 38. Las Secretarías, Departamentos de Estado, Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal, comunicarán a la Comisión Nacional de Planeación las observaciones que se deriven de la aplicación del Plan, en la marcha de las actividades de sus respectivas dependencias.
Artículo 39. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informará a la Comisión Nacional de Planeación sobre la forma en que se haya ajustado la política de créditos, tanto de organismos oficiales como privados y del exterior, en relación con las directrices del Plan de Desarrollo.
Artículo 40. La Comisión Nacional informará cada año al Consejo Nacional Económico y Social, en una asamblea general, sobre la marcha del Plan. Los Delegados del Consejo harán las observaciones que crean convenientes, de acuerdo con su experiencia en sus respectivos sectores y regiones.
Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el 10 de diciembre de 1965. - Vicente Lombardo Toledano. - Roberto Chavez Silva. - Jorge Cruickshank García. - Rafael Estrada Villa. - Roberto Guajardo Tamez. - Jacinto López Moreno. - Jesús Orta Guerrero. - Francisco Ortiz Mendoza. - Ramón Rocha Garfias. - Joaquín Salgado Medrano."
El C. secretario Velázquez Grijalva, Rodolfo: Se turna la iniciativa a las Comisiones Unidas de Hacienda en turno, y de Gobernación en turno, e imprímase.
IX
- El mismo C. Secretario:
"Primera Comisión de Hacienda.
Honorable Asamblea.
Por acuerdo de vuestra soberanía se turnó, para su estudio y dictamen, la solicitud presentada por el C. Francisco J. Lara auditor general de la Contaduría Mayor de Hacienda, dependiente de la H. Cámara de Diputados, para que se le conceda jubilación voluntaria por servicios prestados al Poder Legislativo, durante más de 40 años.
El solicitante funda su petición en el artículo 3º. fracción III, de la Ley de Jubilaciones para Funcionarios y Empleados del Poder Legislativo, presentando los siguientes documentos:
1. Certificación de la Contaduría Mayor de Hacienda, de la que se desprende que el C. Francisco J. Lara prestó servicios ininterrumpidos al Poder Legislativo desde el 11 de enero de 1920 a la fecha.
2. Constancia del pagador de la Contaduría Mayor de Hacienda, en el que consta que actualmente devenga un sueldo mensual de $5,500.00 (cinco mil quinientos pesos 00/100), como Auditor General.
Por todo lo anteriormente expuesto la Comisión estima que el interesado cumple con todos los requisitos que exige el artículo 3º. fracción III, de la Ley de Jubilaciones para los Funcionarios y Empleados del Poder Legislativo, en atención a que ha prestado servicios al Poder Legislativo por más de 40 años, y se permite someter a la consideración de esa H. Asamblea, el siguiente proyecto de decreto: Artículo Único. De conformidad con la fracción III del artículo 3º. de la Ley de Jubilaciones para Funcionarios y Empleados del Poder Legislativo, se concede al C. Francisco J. Lara, Auditor General de la Contaduría Mayor de Hacienda, dependiente de la H. Cámara de Diputados, jubilación voluntaria de $5,500.00 (cinco mil quinientos pesos 00/100) mensuales, equivalente al sueldo íntegro y compensaciones que actualmente disfruta, por servicios que durante más de 40 años ha prestado al Poder Legislativo. Esta jubilación le será pagada íntegramente por la Tesorería General de la Nación de conformidad con el artículo 6º.. de la citada Ley.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.
México, D.F., a 8 de diciembre de 1965. - Vicente Fuentes Diaz. - Carlos Pérez Cámara. - Tomás Algaba Gómez. - Mariano González Gutiérrez." Trámite: Primera lectura.
"Segunda Comisión de Hacienda.
Honorable Asamblea:
Fue turnado, por acuerdo de vuestra soberanía la solicitud presentada por el C. Ricardo Piñón poceros, jefe del Departamento de prensas de la Imprenta de esta H. Cámara de Diputados, para que se le conceda jubilación voluntaria por servicios prestados al Poder Legislativo, durante más de 30 años.
El solicitante funda su petición en el artículo 3º fracción III de la Ley de Jubilaciones para Funcionarios y Empleados del Poder Legislativo, presentando los siguientes documentos:
1. Constancia de la Oficialía Mayor de la Cámara de Diputados, de la que se desprende que el C. Ricardo Piñón Poceros presta sus servicios desde el 1º. de septiembre de 1934 hasta la fecha.
2. Certificación del director general de Administración, en la que consta que actualmente devenga un sueldo mensual de $2,559.00 (dos mil quinientos cincuenta y nueve pesos 00/100), como jefe del Departamento de Prensas Mecánicas.
Por todo lo anteriormente expuesto, la Comisión estima que el interesado cumple con todos los requisitos que exige el artículo 3º. fracción III de la Ley de Jubilaciones para los Funcionarios y Empleados del Poder Legislativo, en atención a que ha prestado servicios al Poder Legislativo por más de 30 años y se permite someter a la consideración de esta H. Asamblea, el siguiente proyecto de decreto.
Artículo Único. De conformidad con la fracción III, del artículo 3º. de la Ley de Jubilaciones para Funcionarios y Empleados del Poder Legislativo, se concede al C. Ricardo Piñón Poceros, jefe del Departamento de Prensas Mecánicas, de la Imprenta de la H. Cámara de Diputados, jubilación voluntaria de
$2,559.00 (dos mil quinientos cincuenta y nueve pesos 00/100) mensuales, equivalente al sueldo íntegro y compensaciones que actualmente disfruta, por servicios que durante más de 30 años ha prestado al Poder Legislativo. Esta jubilación le será pagada íntegramente por la Tesorería General de la Nación, de conformidad con el artículo 6º. de la citada Ley.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.
México, D. F., a 9 de diciembre de 1965. - Enrique Bautista Adame.- Humberto Velasco Avilés. - Arturo López Portillo. - Alejandro Carrillo.- Ramón Zentella Asencio."Trámite: Primera lectura.
"Segunda Comisión de Hacienda.
Honorable Asamblea:
Por acuerdo de vuestra soberanía se turnó, para su estudio y dictamen, la solicitud presentada por la C. Guadalupe Bonilla Melgar, Jefe de Oficina del Departamento de Taquigrafía Parlamentaria de esta H.
Cámara de Diputados, para que se le conceda jubilación voluntaria por servicios prestados al Poder Legislativo durante más de 30 años. La solicitante funda su petición en el artículo 3º. fracción III, de la Ley de Jubilaciones para Funcionarios y Empleados del Poder Legislativo, presentando los siguientes documentos:
I. Constancia de la Oficialía Mayor de la Cámara de Diputados, de la que se desprende que la C. Guadalupe Bonilla Melgar presta sus servicios desde el 1º. de octubre de 1935 hasta la fecha, y
II. Certificación del director general de administración, en la que consta que actualmente devenga un sueldo mensual de $2,683.41 (dos mil seiscientos ochenta y tres pesos 41/100) como jefe de oficina. Por todo lo anteriormente expuesto la Comisión estima que la interesada cumple con todos los requisitos que exige el artículo 3º. fracción III, de la Ley de Jubilaciones para los Funcionarios y Empleados del Poder Legislativo, en atención a que ha prestado servicios al Poder Legislativo por más de 30 años, y se permite someter a la consideración de esa H. Asamblea, el siguiente proyecto de decreto:
Artículo Único. De conformidad con la fracción III, del artículo 3º. de la Ley de Jubilaciones para Funcionarios y Empleados del Poder Legislativo se concede a la C. Guadalupe Bonilla Melgar, jefe de oficina del Departamento de Taquigrafía Parlamentaria de la Cámara de Diputados, jubilación voluntaria de $2,683.41 (dos mil seiscientos ochenta y tres pesos 41/100) mensuales, equivalente al sueldo íntegro y compensaciones que actualmente disfruta, por servicios que, durante más de 30 años, ha prestado al Poder Legislativo. Esta jubilación le será pagada íntegramente por la Tesorería General de la Nación de conformidad con el artículo 6º.. de la citada Ley.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.
México, D. F., a 3 de diciembre de 1965. - Enrique Bautista Adame .- Humberto Velasco Avilés. - Arturo López Portillo. - Alejandro Carrillo.- Ramón Zentella Ascencio." Trámite: Primera lectura.
"Primera Comisión de Hacienda.
Honorable Asamblea:
Para su estudio y dictamen se turnó, a la Primera Comisión de Hacienda, la solicitud presentada por el C. Manuel Ruvalcaba Ramos, intendente de la Contaduría Mayor de Hacienda, dependiente de la H. Cámara de Diputados, para que se le conceda jubilación voluntaria por servicios prestados al Poder Legislativo, durante más de 25 años. El peticionario funda su solicitud en el artículo 3º. fracción II de la Ley de Jubilaciones para Funcionarios y Empleados del Poder Legislativo, presentando los siguientes documentos:
1. Constancia de la dirección general de Administración de la Cámara de Diputados, de la que se desprende que el C. Manuel Ruvalcaba Ramos cobró en nómina de supernumerarios, del 1º. de noviembre de 1940, y como empleado de base, del 1º. de julio a la fecha.
2. Certificación del pagador de la Contaduría Mayor de Hacienda, en la que consta que actualmente devenga un sueldo mensual de $1,950.00 (un mil novecientos cincuenta pesos 00/100) como intendente de la Contaduría Mayor de Hacienda.
3. Certificación del Oficial Mayor de la Contaduría Mayor de Hacienda, en la que se asienta que el C.Ruvalcaba Ramos presta sus servicios en esta dependencia ininterrumpidamente desde el 1o de julio a la fecha. Por todo lo manifestado anteriormente, la Comisión estima que el interesado cumple con todos los requisitos que exige el artículo 3º. fracción II de la Ley de Jubilaciones para los Funcionarios y Empleados del Poder Legislativo, en atención a que ha prestado servicios al Poder Legislativo por más de 25 años, y se permite someter a la consideración de esa H. Asamblea, el siguiente proyecto de decreto: Artículo Único. De conformidad con la fracción II, del artículo 3º. de la Ley de Jubilaciones para Funcionarios y Empleados del Poder Legislativo, se concede al C. Manuel Ruvalcaba Ramos, intendente de la Contaduría Mayor de Hacienda, dependiente de la H. Cámara de Diputados, jubilación voluntaria de $1,300.00 (un mil trescientos pesos 00/100) mensuales, equivalente a las dos terceras partes del sueldo y compensaciones que actualmente percibe, por servicios que durante más de 25 años ha prestado al Poder Legislativo. Esta jubilación le será pagada íntegramente por la Tesorería General de la Nación de conformidad con el artículo 6º. de la citada Ley.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.
México, D.F., a 13 de diciembre de 1965. - Vicente Fuentes Díaz.- Carlos Pérez Cámara. - Tomás Algaba Gómez. - Mariano González Gutiérrez." Trámite. Primera lectura.
X
- El mismo C. Secretario :
"Comisión del Servicio Consular y Diplomático.
Honorable Asamblea:
La Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que el C. Luis Pérez Moya pueda aceptar y desempeñar el cargo de vicecónsul honorario del gobierno de Noruega, en Ensenada, Baja California.
La Cámara de Diputados, en sesión celebrada el día 10 de los corrientes, turnó a la suscrita Comisión del Servicio Consular y Diplomático el expediente relativo a dicha solicitud. Considerando que se cumple con lo establecido en la fracción II, del apartado B) del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión se permite someter al ilustrado criterio de vuestra soberanía, el siguiente proyecto de decreto: Artículo Único. Se concede permiso al C. Luis Pérez Moya para que, sin perder su ciudadanía mexicana, pueda aceptar y desempeñar el cargo de vicecónsul honorario del gobierno de Noruega, en Ensenada Baja California.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.
México, D.F.,a 13 de diciembre de 1965. - Marta Andrade de Del Rosal.- Domingo Camarena López. - Fabio Espinosa Granados. - Miguel Estrada Iturbide .-José Muro Saldívar. - Augusto Gómez Villanueva." Trámite: Primera lectura.
"Segunda Comisión de puntos Constitucionales. Honorable Asamblea:
En oficio, fechado el 4 de los corrientes, la Secretaría de Gobernación transcribe el de la de Relaciones Exteriores, por el que se solicita el permiso necesario para que el C. licenciado Francisco Apodaca y Osuna, embajador de México en Nicaragua, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Estrella Brillante que, en el grado de Placa, le confirió el gobierno de la República de China.
En sesión celebrada por esta Cámara, el día 10 del mes en curso, fue turnado a la Comisión que suscribe, para su dictamen, el expediente relativo a esta solicitud.
En virtud de que el solicitante se ajusta a lo establecido por el artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su fracción III del apartado B), y condicionando este permiso al necesario hecho de que el ciudadano mexicano peticionario, al aceptar la condecoración que se le confiere no amerite sujeción de ninguna especie al gobierno otorgante, nos permitimos someter a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente Proyecto de Decreto:
Artículo Único. Se concede permiso al C. licenciado Francisco Apodaca y Osuna, embajador de México en Nicaragua, para que, sin perder la ciudadanía mexicana, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Estrella Brillante que, en el grado de Placa, le confirió el gobierno de la República de China.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. - México, D. F., a 13 de diciembre de 1965. - Manuel Zárate Aquino .-Vicente Lombardo Toledano. - Fluvio Vista Altamirano. - Miguel Osorio Marbán. - Aurora Navia Millán."
Trámite: Primera lectura.
"Segunda Comisión de puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea:
En oficio, fechado el 4 del actual, la Secretaría de Gobernación transcribe el de la de Relaciones Exteriores, por el que se solicita el permiso necesario para que el C. licenciado Guillermo Tardiff, director general de Prensa y Publicidad de la propia Secretaría de Relaciones, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Estrella Brillante que, en el grado de Placa, le confirió el Gobierno de la República de China.
En sesión celebrada por esta Cámara, el día 10 de los corrientes, fue turnado a la Comisión que suscribe, para su dictamen, el expediente relativo a esta solicitud.
En virtud de que el solicitante se ajusta a lo establecido por el artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su fracción III del apartado B), y condicionando este permiso al necesario hecho de que el ciudadano mexicano peticionario, al aceptar la condecoración que se le confiere no amerite sujeción de ninguna especie al gobierno otorgante, nos permitimos someter a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente Proyecto de Decreto:
Artículo Único. Se concede permiso al C. licenciado Guillermo Tardiff para que, sin perder la ciudadanía mexicana, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Estrella Brillante que, en el grado de Placa, le confirió el gobierno de la República de China.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados de H. Congreso de la Unión ,- México, D. F., a 13 de diciembre de 1965. - Manuel Zárate Aquino.- Vicente Lombardo Toledano. - Fluvio Vista Altamirano. - Miguel Osorio Marbán .-Aurora Navia Millán," Trámite: Primera lectura.
"Segunda Comisión de puntos Constitucionales. Ç
Honorable Asamblea:
La Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicitó ante la H. Comisión Permanente, durante el pasado período de receso, el permiso constitucional necesario para que el C. licenciado Aurelio Zúñiga Nájera pueda prestar servicios como asistente especial del cónsul general de la embajada de los Estados Unidos de Norteamérica , en esta ciudad.
La Comisión Permanente, en sesión celebrada el día 11 de marzo próximo pasado, turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su estudio y dictamen, el expediente relativo a dicha solicitud, Comisión que encontró incompleta la documentación y por lo tanto no pudo desahogarla.
Por acuerdo de vuestra soberanía, tomado el 2 de septiembre de 1965, el mencionado expediente fue turnado a la Segunda Comisión de Puntos Constitucionales de esta H. Cámara.
Considerando que se cumple con lo establecido en la fracción II del apartado B) del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión se permite someter al ilustrado criterio de vuestra soberanía el siguiente Proyecto de Decreto:
Artículo Único. Se concede permiso al C. licenciado Aurelio Zúñiga Nájera para que, sin perder la ciudadanía mexicana, pueda prestar servicios como asistente especial del cónsul general de la embajada de los Estados Unidos de Norteamérica, en esta ciudad. Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión
.- México, D. F., a 13 de diciembre de 1965. - Manuel Zárate Aquino .- Vicente Lombardo Toledano. - Fluvio Vista Altamirano. - Miguel Osorio Marbán .-Aurora Navia Millán.
Trámite: Primera lectura.
XI
- El C. secretario Hernández Gómez Tulio:
"Comisiones Unidas Segunda de Justicia y de Estudios Legislativos. Sección Penal.
Honorable Asamblea:
A las suscritas Comisiones Unidas Segunda de Justicia y de Estudios Legislativos, Sección Penal, se turnó, para su estudio y dictamen, la iniciativa de reformas al Título VIII del Libro II del Código Penal, iniciado en esta Cámara de Diputados, con fecha treinta de noviembre, por los diputados miembros del Partido Acción Nacional. De la iniciativa aparece que se recoge la inquietud general que existe por el incremento de la delincuencia infantil y juvenil, que encuentra, entre sus causas fundamentales, la actividad de los corruptores de menores, frente a la cual, hasta la fecha, no se ha podido realizar una enérgica persecución debido a la insuficiencia de los tipos penales o a la inadecuación de la penalidad que, muchas veces, resulta nugatoria en la práctica.
Como una de las consecuencias necesarias de enfrentarse a tales actividades se plantea la necesidad de reformas al Código Penal, las que se inician ampliando la denominación del Título VIII del Libro II de dicho Código, al considerar que las conductas tipificadas dentro del mismo constituyen delitos no sólo contra la moral pública, sino también contra las buenas costumbres.
La diferencia entre una y otra norma de cultura consiste en que la agresión a la moral pública requiere una situación de escándalo o de publicidad, ya que de desarrollarse privadamente las conductas agresoras no afectarían dicha moral; en cambio, en los delitos contra las buenas costumbres, éstas son agredidas, aun cuando se realice la conducta privadamente, no haya escándalo, ni mucho menos publicidad. Se puede afirmar que, dentro de este capítulo, el bien jurídico tutelado no es el de la honestidad, como lo señalan algunos códigos, sino un ambiente social sano y apto para el mejor desarrollo de la vida del menor, de la familia y de las instituciones sociales. Esta noción del bien jurídico tutelado ya había sido recogida por el Código que se reforma, cuando, dentro del Título que se analiza no sólo se limitó a describir tipos contrarios a una moralidad sexual, sino también a la inducción a la mendicidad, el empleo de menores en centros de vicio, tabernas y cantinas y la provocación de un delito y la apología de éste o de algún vicio.
Queda claro que, conforme a nuestra tradición, el bien jurídico tutelado por la Ley Penal no se restringió al concepto de moral sexual, sino también a las buenas costumbres, cuya adecuada tutela permite y propicia el desarrollo de un medio social sano.
Por ello se considera adecuada la nueva denominación que se propone para el Título VIII del Libro II del Código Punitivo.
En cuanto a la reforma de la denominación del Capítulo Primero de este Título, se estima correcta, puesto que si se analizan las conductas previstas dentro del mismo, se encuentra con que esos actos son punibles tan sólo cuando se realizan con publicidad o escándalo, ya que mientras queden reservados a la vida privada del hombre no se dan los presupuestos de una conducta delictiva.
También se considera procedente el aumento de la sanción a una pena de prisión de seis meses a cinco años, de multa hasta de diez mil pesos a quienes cometan los hechos definidos en el artículo 200 del Código Penal, ya que la pena actualmente fijada hasta cuatro meses de prisión y multa hasta de cincuenta pesos, se considera insuficiente y no ha permitido que la lucha del Estado contra las publicaciones obscenas, alcance cabalmente sus propósitos.
En cuanto a la corrupción de menores, es conveniente precisar que esta no sólo tiene el carácter de una depravación de tipo sexual. Si se sostuvo principalmente por Carrara, y hoy día lo sostienen maestros como Carrancá y Trujillo, es un hecho concreto que la corrupción de la niñez y la juventud no sólo puede referirse a tal aspecto. La inducción al uso de drogas heroicas, de bebidas embriagantes, de substancias tóxicas, la incitación a los menores para formar parte de asociaciones criminales, hace necesario que el Estado cuente con medios eficaces para combatir estas actividades criminales, con vista a la actitud del que corrompe a la niñez y a la juventud, independientemente de cualquier otra conducta criminal que pueda resultar tipificada por el hecho corruptor como puede ser el atentado contra la integridad corporal la asociación delictuosa, los delitos contra la salud y otras figuras más.
Dentro de la iniciativa se describen cuatro formas de conducta relacionadas con la corrupción, tales son: las de facilitar, procurar, incitar o inducir. Se facilita, cuando frente a una decisión previa del menor, se ponen a su alcance los medios para realizar la actividad corruptora, se procura, cuando se inclina la voluntad-aun no decidida-a ejecutar la conducta que desea el corruptor; se induce, cuando se convence al menor para practicar determinados hechos corruptos; y, se incita, cuando estimulando las pasiones del menor, éste ejecuta los actos previstos en la reforma propuesta.
Todas estas conductas deben dirigirse a tratar de lograr la corrupción, ya sea en la depravación sexual, que consiste en la desviación del menor púber de un sentido natural y sano de la actividad sexual, o llevar a un impúber a la ejecución de actos sexuales, aún en su sentido natural y adecuado; ya sea induciéndolo a la mendicidad, a los hábitos viciosos, a la ebriedad, al uso de tóxicos o
de drogas heroicas, a formar parte de una asociación delictuosa o a cometer cualquier otro delito.
Siendo el menor influenciable, todas las conductas que están previstas, hacen grave la actitud de los corruptores, tanto más cuanto que, de la simple ejecución de la conducta que se prevé en esta reforma, puede resultar también la coparticipación o ejecución de otros hechos delictuosos.
Queremos hacer mención especial a que dentro de la iniciativa se considera como corruptora la incitación a la prostitución. Esta ha sido figura autónoma sostenida así por los tratadistas de la materia, y nuestro Código Penal lo contempla en la fracción II de su artículo 207, que sanciona expresamente al que induce o incita a una persona para que comercie sexualmente con su cuerpo o le facilite los medios para que se entregue a la prostitución.
Es por esta razón, que no se considera conveniente y debe modificarse la iniciativa para eliminar de este precepto tal conducta por estar comprendida en otro la noción de inducción o incitación a la práctica de la prostitución, como constitutiva de otro tipo penal. El tercer párrafo del artículo 201 que señala condiciones objetivas de punibilidad, con vista al resultado obtenido por el corruptor, es aceptable, pero de mejorarse su redacción, a fin de que quede claro que sólo puede sancionarse al que en forma reiterada actúe sobre el menor, para que sea atribuible el resultado obtenido a la conducta del sujeto activo. La iniciativa distingue el acto aislado de los actos reiterados, y por ello se propone la siguiente redacción:
'Cuando los actos de corrupción se realicen reiteradamente sobre el mismo menor y debido a ello éste adquiera los hábitos del alcoholismo, uso de drogas heroicas o de substancias tóxicas, se dediquen a la prostitución o las prácticas homosexuales, o forme parte de una asociación delictuosa, la pena de prisión será de cinco a diez años y multa hasta de veinticinco mil pesos.'
Es muy conveniente que dentro de la ley se declare que la figura de corrupción de menores, ha sido modificada, como un medio eficaz de lucha en contra de uno de los factores de perversión y enviciamiento de los niños y jóvenes, no por ello debe desaparecer cualquier otra responsabilidad en que puedan incurrir los corruptores, por lo que se propone agregar el siguiente párrafo al mismo artículo:
"Si además de los delitos previstos en este capítulo, resultase cometido otro, se aplicarán las reglas de la acumulación." En cuanto a la reforma que para los efectos de la ley penal define lo que se entiende como empleado en las cantinas, tabernas y centros de vicio, las Comisiones la consideran pertinentes y adecuada. Estas Comisiones han prestado especial atención al problema que presenta dentro de la corrupción de menores la posibilidad de la tentativa.
En efecto, en la mayoría de los casos previstos, basta ejecutar la acción de facilitar, procurar, inducir o incitar para que dicha acción se considere delictiva, y por lo mismo sea sancionable. Independientemente del resultado, pero atentos al tercer párrafo de la reforma propuesta, resulta que, sí puede intentarse crear hábitos o prácticas, o llevar a un menor a una asociación delictuosa, sin lograrlo, por causas ajenas a la voluntad del sujeto activo, y ante este hecho, no podemos dejar de sostener la punibilidad de la tentativa. Es por ello que se considera adecuada la derogación del artículo 205 del Código Penal, dejando a la interpretación judicial el precisar aquellos casos en que pueda existir o no tentativa punible.
La reforma del artículo 208 del Código Penal, queda adecuada a las necesidades actuales para proteger de la explotación del comercio carnal a la menor de edad, sancionando al que encubra, concierte o permita dicho comercio, ya que lo único que hace es elevarse la pena correspondiente. Las suscritas Comisiones, por su parte, han estimado conveniente adicionar la iniciativa de que se trata, a efecto de reformar también el artículo 85 del mismo Código Penal del que nos hemos venido ocupando, fundándonos en las siguientes consideraciones: No escapa al ilustrado criterio de esta H. Asamblea la gran alarma social que en los últimos tiempos han producido las conductas delictivas corruptoras de menores, lo que hace necesaria una acción más enérgica por parte del Estado en la represión y prevención de tales delitos. Una de las obligaciones más importantes del Estado, es cuidar la salud física y mental de su juventud y encauzarla por derroteros sociales acordes con nuestras tradiciones, en atención a que ella, representa el patrimonio vital de la nación.
En consecuencia, todo acto antisocial que tienda a pervertir a los menores debe ser severamente castigado por la autoridad y para ello, deben establecerse las normas legales que tipifiquen con claridad esos actos delictivos que atenten contra la integridad moral y física de los menores.
En tales condiciones, y a fin de completar las modificaciones al Código Penal relativas al delito de corrupción de menores, tendientes a aumentar su penalidad y a incorporar nuevas figuras delictivas, es pertinente también pensar sobre la conveniencia de no otorgar el beneficio de la libertad preparatoria en el caso del mencionado delito, aumentándolo a la lista de excepciones que prevé el artículo 85 del propio Código Penal.
Estimamos que no es exagerada esta idea, toda vez que así se tutela mejor a los niños y a los jóvenes, previniéndolos en forma más efectiva de la corrupción.
Quienes inducen a practicar hechos delictuosos a los niños en perjuicio de su desarrollo normal, deben quedar excluidos de las prerrogativas y derechos que otros sujetos, en el nivel de adultos, disfrutarán plenamente.
El adulto que comete el delito de corrupción de menores, origina un grave daño cuyas consecuencias van a perdurar, porque deforma su personalidad en la etapa de su desarrollo y estructuración. Cuando se pervierte a un menor mediante una conducta reiterada y persistente de seducción o inducción, es indudable que el sujeto activo es un perverso moral y en la dinámica del delito que comete intervienen factores endógenos de su personalidad morbosa; su conducta delictiva es de carácter habitual, puesto que satisface una manera de ser.
Es difícil modificar esas personalidades en un corto lapso y por ello el tratamiento, el cual debe orientarse la reclusión, debe ser más prolongado, a efecto de que opere la terapéutica a que sea sometido y la acción intimidatoria que ejerza la prisión sobre ellos, sea bastante para obtener un resultado satisfactorio.
Aun cuando las sanciones que el Código Penal señala, no pueden garantizar de manera absoluta la transformación de la personalidad, se logrará menos esta finalidad, mientras más corto sea el tiempo de su reclusión y, la libertad preparatoria, es precisamente una reducción de la etapa de la privación de su libertad. En consecuencia, acortar la pena es estorbar el tratamiento y disminuir la posibilidad de que el reo obtenga una nueva forma de que ya no presentará probabilidades de reincidencia.
En resumen, el poder lograr la libertad preparatoria, atenúa el efecto intimidatorio que formará parte de la sicoterapia a que estos delincuentes deban ser sometidos, además de perder su característica de ejemplaridad.
Tal proceder en modo alguno constituye una innovación, toda vez que en el año de 1945 y también ante la alarma social provocada por la multitud de robos de infante, el Poder Legislativo Federal acogió con beneplácito la reforma del mismo artículo 85 en el sentido de, para esos casos, negar la libertad preparatoria, medida que indudablemente ha producido consecuencias saludables ya que la incidencia de ese tipo de delitos se redujo en forma considerable.
Por todo lo expuesto, se propone la modificación del artículo 85 del Código Penal en vigor, para que quede adicionado como sigue: 'Artículo 85. La libertad preparatoria, no se concederá el condenado por robo de infante, corrupción de menores, ni a los reincidentes ni a los habituales.' Estas Comisiones atentas a las razones expuestas, se permiten proponer a esa H. Asamblea el siguiente Proyecto de Decreto:
Artículo primero. Se reforma la denominación del Título Octavo y del Capítulo I del Código Penal para el Distrito y Territorios Federales y el artículo 200 del propio Código, en la siguiente forma: 'Título Octavo. Delitos contra la moral pública y las buenas costumbres.
Capítulo Primero. Ultrajes a la moral pública.
Artículo 200. Se aplicará prisión de seis meses a cinco años y multa de $10,000.00.
1. Al que fabrique, reproduzca o publique libros, escritos, imágenes u objetos obscenos, y al que los exponga, distribuya o haga circular; II. Al que publique por cualquier medio, ejecute o haga ejecutar por otro, exhibiciones obscenas, y III. Al que de modo escandaloso invite a otro al comercio carnal.' Artículo segundo. Se reforma el artículo 201 y se adiciona con un párrafo segundo al artículo 202 del Código Penal, para quedar como sigue:
'Artículo 201 Se aplicará prisión, de seis meses a cinco años, al que facilite o procure la corrupción de un menor de dieciocho años de edad. Comete el delito de corrupción de menores el que procure o facilite su depravación sexual, si es púber; la iniciación en la vida sexual o la depravación de un impúber, o los induzca o incite a la práctica de la mendicidad, de hábitos viciosos, a la ebriedad, al uso de tóxicos o drogas heroicas, a formar parte de una asociación delictuosa, o a cometer cualquier delito.
Cuando los actos de corrupción se realicen reiteradamente sobre el mismo menor y debido a ello éste adquiera los hábitos del alcoholismo, uso de drogas heroicas o de substancias tóxicas, se dedique a la prostitución o de las prácticas homosexuales, o forme parte de una asociación delictuosa, la pena de prisión será de cinco a diez años y multa hasta de veinticinco mil pesos.' Si además de los delitos previstos en este capítulo resultase cometido otro, se aplicarán las reglas de la acumulación.
Artículo 202...se adiciona con un último párrafo que diga: Para los efectos de este precepto se considerará como empleado en la cantina, taberna y centro de vicio al menor de dieciocho años que por un salario, por la sola comida, por comisión de cualquier índole, por cualquier otro estipendio, gaje o emolumento, o gratuitamente, preste sus servicios en tal lugar.' Artículo tercero. Se deroga el artículo 205 del Código Penal. Artículo cuarto. Se reforma el artículo 208 del Código Penal, para quedar como sigue:
'Artículo 208. Cuando la mujer cuyo cuerpo sea explotado por medio del comercio carnal, sea menor de edad, se aplicará al que encubra, concierte o permita dicho comercio, pena de cinco a diez años de prisión y multa de mil a cinco mil pesos.' Artículo quinto. Se reforma el artículo 85 para quedar redactado en la forma siguiente:
'La libertad preparatoria no se concederá al condenado por robo de infante, corrupción de menores, ni a los reincidentes ni a los habituales.'
Transitorio.
Único. Estas reformas entrarán en vigor tres días después de su publicación en el 'Diario Oficial' de la Federación.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.
México, D.F., a 10 de diciembre de 1965.- Segunda de Justicia: Enrique González Vargas. - Diana Torres Ariceaga. - Manuel Contreras Carrillo.- Gabino Vázquez Oseguera. - Antonio Vázquez Pérez. - Estudios Legislativos (Sección Penal): Fluvio Vista Altamirano. - Raúl Lozano Ramírez.- Salvador Rosas Magallón. - Domingo García López. - Manuel Zárate Aquino." Tramite: Primera lectura.
- El C. secretario Velázquez Grijalva, Rodolfo:
"Primera Comisión de Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea:
Vuestra soberanía acordó turnar a la suscrita Primera Comisión de Puntos Constitucionales, los oficios en que las Legislaturas de los Estados comunican a esta H. Cámara haber aprobado la adición a la fracción XXV del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la que el Congreso de la Unión tendrá facultad para legislar sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históricos.
Hemos podido constatar, por el cómputo verificado de las comunicaciones aprobatorias de las HH. Legislaturas de los Estados de Aguascalientes, Baja California, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Durango, Guanajuato Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas, que hay un total de 21 Legislaturas locales que han aprobado la mencionada adición a la fracción XXV del artículo 73 constitucional.
Por tanto, con fundamentos en el artículo 135 de la Constitución Federal que previene que la propia Constitución puede ser adicionada o reformada siempre que el H. Congreso de la Unión acuerde las reformas y adiciones y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las Legislaturas de los Estados, esta Comisión considera que han quedado debidamente cumplidos los requisitos que marca dicho precepto y, en tal virtud, se permite someter a la consideración de esta honorable Asamblea, el siguiente proyecto de declaratoria, que adiciona la fracción XXV del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución General de la República y previa la aprobación de la mayoría de las honorables legislaturas de los Estados, declara adicionada la fracción XXV del artículo 73 de la propia Constitución, para quedar como sigue:
'Artículo 73. El Congreso General tiene facultad: Fracción XXV. Para establecer, organizar y sostener en toda la República escuelas rurales, elementales, superiores, secundarias y profesionales; de investigación científica, de bellas artes y de enseñanza técnica; escuelas prácticas de agricultura y de minería, de artes y oficios, museos, bibliotecas, observatorios y demás institutos concernientes a la cultura general de los habitantes de la nación y legislar en todo lo que se refiere a dichas instituciones: 'Para legislar sobre monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos , cuya conservación sea de interés nacional, así como para dictar las leyes encaminadas a distribuir convenientemente entre la Federación, los Estados y los Municipios el ejercicio de la función educativa y las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público, buscando unificar y coordinar la educación en toda la República. Los títulos que se expidan por los establecimientos de que se trata surtirán sus efectos en toda la República.' Transitorio. La presente adición entrará en vigor a partir de los cinco días de su publicación en el 'Diario Oficial' de la Federación. Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.
México, D.F., a 13 de diciembre de 1965. - Alfonso Martínez Domínguez.- Enrique González Vargas. - Miguel Covían Pérez. - Constancio Hernández Allende. - Abraham Aguilar Paniagua." Primera lectura,"
XII
- El C. secretario Hernández Gómez Tulio:
"Primera Comisión de Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea:
A la Comisión que suscribe fue turnado el expediente que contiene la iniciativa, presentada por el ex diputado Carlos Román Celis, para adicionar la fracción X del artículo 73 de la Constitución Federal de la República, concediendo al Congreso de la Unión la facultad expresa para legislar sobre los organismos descentralizados y empresas de participación estatal.
Esta Comisión, después de examinar cuidadosamente los razonamientos en que pretende fundarse la iniciativa de referencia, ha llegado a las siguientes conclusiones:
1a. El Congreso de la Unión ha venido legislando en materia de organismos descentralizados y empresas de participación estatal, con base en facultades expresamente concedidas por la Constitución:
a) Las leyes orgánicas de instituciones como Ferrocarriles Nacionales de México, Petróleos Mexicanos, Instituto Mexicano de Seguro Social, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para mencionar sólo algunas de las más importantes, que crean y regulan el funcionamiento de las mismas, tienen como fundamento constitucional, que los servicios públicos o recursos naturales que ellas explotan son de naturaleza federal, como lo establece la propia Constitución en varios de sus preceptos.
b) La ley de 30 de diciembre de 1947 y la recientemente aprobada por esta H. Cámara de Diputados, para el Control de Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal, regulan facultades de Secretarías de Estado. Es obvio que dicha regulación no puede ser sino materia federal.
c) Las empresas de participación estatal se constituyen indefectiblemente como sociedades anónimas, regidas por la Ley General de Sociedades Mercantiles que es, por definición, legislación federal.
d) A mayor abundamiento, la fracción XXXI del artículo 123 constitucional, coloca dentro de la jurisdicción federal en materia de trabajo a las 'empresas que sean administradas en forma directa o descentralizada por el Gobierno Federal', prescripción que hace más evidente la naturaleza de dichas empresas.
2a. Existe, además, como fuente de facultades implícitas en esta materia, la fracción XXX del artículo 73, que atribuye al Congreso de la Unión las de 'expedir todas las leyes que sean necesarias, a efecto de hacer efectivas las facultades anteriores y todas las otras concedidas por esta Constitución a los Poderes de la Unión.' Si la Constitución entrega al Estado Federal el dominio de recursos naturales y la explotación de ciertos servicios públicos; y si el Estado Federal, para la mayor eficacia de esas funciones, tiene necesidad de realizar las actividades inherentes en forma descentralizada, el Congreso de la Unión, para hacer efectivas facultades de los Poderes de la Unión, puede dictar todas las leyes que sean necesarias.
3a. La adición propuesta en la iniciativa que nos ocupa, es, por tanto, absolutamente innecesaria y daría lugar a pensar que todas las disposiciones legales que hasta la fecha se han dictado respecto de organismos descentralizados y empresas de participación estatal, se expidieron sin fundamento
constitucional, lo que es totalmente falso, según ha quedado demostrado en el presente dictamen, que pone de relieve sólo algunas de las bases explícitas e implícitas que se encuentran en la Constitución vigente para legislar sobre esta materia.
En tal virtud, esta Comisión se permite someter a la consideración de esta H. Asamblea el siguiente Punto de Acuerdo: Único. Archívese por innecesaria e improcedente la iniciativa de reformas a la fracción X del artículo 73 de la Constitución Federal, presentada el 4 de diciembre de 1956 por el C. Carlos Román Celis. Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. - México, D.F., a 13 de diciembre de 1965. - Alfonso Martínez Domínguez. - Enrique González Vargas. - Miguel Covián Pérez. - Constancio Hernández Allende. - Abraham Aguilar Paniagua." Está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba. Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Aprobado.
"Primera de Gobernación y Estudios Legislativos.
Honorable Asamblea:
A las Comisiones que suscriben fue turnado el expediente relativo a la iniciativa de Ley sobre Empresas que intervengan el Estado, Organismos Descentralizados o Empresas de Participación Estatal, presentada el 20 de octubre de 1948 por los diputados a la XL Legislatura Antonio L. Rodríguez, Miguel Ramírez Munguía y Juan Gutiérrez Lascuráin. Como lo expresa su enunciación, dicha iniciativa tiende a crear algunos mecanismos complementarios a la Ley para el Control de Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal, de fecha 30 de diciembre de 1947, con las siguientes finalidades concretas:
a) Asimilar a los organismos y empresas ya sujetos a control por la precitada Ley, aquellas otras empresas en que el Gobierno Federal o sus organismos descentralizados, o las empresas de participación estatal, posean más del 40% del capital pagado o tengan intervención en sus órganos de dirección o administración.
b) Que dichas empresas, al igual que las sujetas a control en virtud de la Ley de 1947, así como los organismos descentralizados, tengan la obligación de publicar mensualmente un estado de contabilidad anualmente, un balance general y un estado de pérdidas y ganancias.
c) Que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publique, cada seis meses, la lista de los organismos y empresas sujetos a control, así como su aprobación a los balances respectivos o, en su caso, las observaciones que les hiciere. Esta última publicación tendría lugar dentro de los cuatro meses siguientes a la formación de los balances.
d) Que la propia Secretaría de Hacienda promueva cada seis meses la liquidación o traspaso de las empresas de participación estatal o asimiladas, en los términos del artículo 12 de la Ley de 30 de diciembre de 1947.
e) Por último, integrar una Comisión del Congreso de la Unión que investigue cuántas y cuáles son las empresas de participación estatal y los organismos descentralizados, así como el objeto de unas y otros. Como es del pleno conocimiento de esta H. Asamblea, en la sesión efectuada por la Cámara de Diputados con fecha 10 de diciembre en curso, se aprobó por unanimidad en lo general y por mayoría absoluta en lo particular, una iniciativa suscrita por el Ejecutivo Federal, que contiene una nueva Ley para el Control, por parte del Gobierno Federal, de los Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal. Durante el debate relativo, se discutieron ampliamente los cuatro primeros aspectos que hemos enunciado en el presente dictamen, aunque con ciertas variantes correspondientes al contexto de la iniciativa del Ejecutivo Federal, obviamente más adecuada a la actual estructura de la Administración Pública y a la evolución general de la economía del país. En consecuencia, y toda vez que la votación respectiva expresó el criterio de esta Asamblea en relación con dichas materias, es opinión de estas Comisiones que la iniciativa a que se refiere el presente dictamen debe archivarse, ya que, por otra parte, por lo que respecta a la Comisión del Congreso de la Unión cuya integración se propone - único tema no explorado en las aludidas deliberaciones - aparece con clara evidencia su improcedencia, puesto que rebasa el ámbito de las atribuciones del Poder Legislativo, y, a mayor abundamiento, las finalidades de dicha Comisión están ampliamente satisfechas en las previsiones normativas de la Ley recientemente aprobada por esta Cámara de Diputados.
Por tanto las Comisiones que suscriben se permiten proponer a esta H. Asamblea la aprobación del siguiente Punto de Acuerdo: Único. En virtud de que la Ley para el Control, por parte del Gobierno Federal, de los Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal, aprobada por esta H. Cámara de Diputados con fecha 10 de diciembre en curso, establece mecanismos de control y vigilancia más completos y eficaces que los propuestos en la presente iniciativa, archívese la misma.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. - México, D.F., 13 de diciembre de 1965. - Primera Comisión de Gobernación: Alfonso Martínez Dominguez. - José de Jesús Limón. - Fluvio Vista Altamirano. - Luis Priego Ortiz. - Estudios Legislativos (Sección Administrativa): José Luis Noriega Magaña. - José de Jesús Limón Muñoz. - Saúl González Herrera. - Eugenio Cárdenas Andrade. - Humberto Velasco Avilés. - Juan Landerreche Obregón. - Luis H. Ducoing Gamba." Está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Aprobado.
"Comisiones de Puntos Constitucionales, Primera de Hacienda, y Presupuestos y Cuenta.
Honorable Asamblea:
A las Comisiones que suscriben fue turnado, por acuerdo de vuestra soberanía, el expediente que contiene la proposición formulada por los diputados
Vicente Fuentes Díaz, Abraham Aguilar Paniagua, Rubén Moheno Velasco, Miguel Covían Pérez y Manuel Gurría Ordoñez, para crear un instrumento jurídico que se encargue de la vigilancia sobre el manejo de los fondos y recursos que los organismos descentralizados tienen a su cargo.
La mencionada propuesta, formulada con fecha 13 de octubre de 1964, analiza las circunstancias jurídicas, económicas, y administrativas que han propiciado el surgimiento y desarrollo de los organismos descentralizados, así como su creciente importancia dentro de la vida institucional del país. Pero al mismo tiempo hace notar la necesidad inaplazable de que se proceda a crear un mecanismo ágil, dinámico, adecuado al desarrollo económico moderno e inteligentemente estructurado que, además de controlar y vigilar el funcionamiento de los mencionados organismos y sin entorpecer o limitar su desarrollo, contribuya a acelerar sus desenvolvimiento.
Como es del pleno conocimiento de esta honorable asamblea, durante el actual período de sesiones de la Cámara de Diputados fue promovida por el Ejecutivo Federal una iniciativa para que se expidiera la Ley para el Control, por parte del Gobierno Federal, de los Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal, la cual fue aprobada por unanimidad en lo general y por mayoría absoluta en lo particular, en la sesión efectuada el 10 de diciembre en curso. Asimismo, se aprobaron la Ley de Inspección de Contratos y Obras Públicas y la Ley de Inspección de Adquisiciones.
Estos tres instrumentos jurídicos llenan ampliamente los propósitos y finalidades de la proposición a que se refiere el presente dictamen. En efecto, según quedó expresado en los dictámenes relativos y en los debates que se produjeron, las tres leyes mencionadas constituyen mecanismos de control y vigilancia de gran eficacia, pero al mismo tiempo, lejos de obstaculizar el funcionamiento de los organismos descentralizados y empresas de participación estatal, representan un factor de desarrollo y eficiencia.
En consecuencia, estas Comisiones estiman que el expediente que nos ocupa debe ser archivado, en virtud de que los propósitos que animaron a sus promoventes han sido plenamente satisfechos con las tres leyes que han sido ya aprobadas por esta Cámara de Diputados.
Por tanto, las Comisiones se permiten someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente Punto de Acuerdo:
Unico. Tomando en cuenta que la Ley para el Control, por parte del Gobierno Federal, de los Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal, la Ley de Inspección de Contratos y Obras Públicas y la Ley de Inspección de Adquisiciones constituyen instrumentos jurídicos ágiles, adecuados y eficientes para vigilar el manejo de los recursos de los organismos descentralizados y estimular su desarrollo, la proposición tendiente a crear un mecanismo con dicho objeto, suscrita por los diputados Vicente Fuentes Díaz, Abraham Aguilar Paniagua, Rubén Moheno Velasco, Miguel Covián Pérez y Manuel Gurría Ordoñez, ha quedado ampliamente satisfecha, por lo que debe ser archivada. Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión .-México, D. F., a 14 de diciembre de 1965.- Comisiones de puntos Constitucionales: Alfonso Martínez Domínguez.- Enrique González Vargas.- Miguel Covián Pérez.- Constancio Hernández A.- Abraham Aguilar Paniagua.- Primera de Hacienda: Vicente Fuentes Díaz.- Carlos Pérez Cámara.- Tomás Algaba Gómez.- Mariano González G.- Presupuesto y Cuenta: Abraham Aguilar Paniagua.- Luis Dantón Rodríguez.- José Antonio Cobos Panamá.- Miguel Osorio Marbán.- Jorge de la Vega Domínguez.- Manuel Gurría Ordóñez."
Está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
XIII
- El C. secretario Velázquez Grijalva, Rodolfo:
"Primera Comisión de Hacienda. Honorable Asamblea:
Para su estudio y dictamen fue turnado a la suscrita Comisión el expediente relativo a la solicitud de aumento en la pensión que viene disfrutando la C. Basilia Zequera Vda. de Alemán.
Realizado el estudio de la documentación que integra el precitado expediente, la Comisión que suscribe encuentra que por decreto de 10 de octubre de 1960 se le otorgó una pensión de $10.00 diarios a la C. Basilia Zequeda vda. de Alemán.
Con fecha 1o. de enero de 1961 el C. Presidente de la República Adolfo López Mateos, con sentido benefactor y humanitario, acordó elevar las pensiones de los miembros del Ejército y la Armada, tanto en servicio como retirados, así como las de sus deudos, a la cantidad de $12.00 diarios. Esta cantidad se estableció como cuota mínima.
El alto costo de la vida y lo manifestado anteriormente obliga a concluir que es procedente acceder a la solicitud de la peticionaria y considera justo el aumento de la pensión de que disfruta, a la cantidad de $12.00 diarios en los términos en que lo establece el acuerdo presidencial antes mencionado.
Por lo anteriormente expuesto la Primera Comisión de Hacienda se permite someter a la ilustrada consideración de vuestra soberanía el siguiente Proyecto de Decreto:
Artículo primero. Se deroga el decreto publicado en el Diario Oficial de 10 de octubre de 1960, por el que se concede a la señora Basilia Zequera Vda. de Alemán, pensión de diez pesos diarios.
Artículo segundo. Se concede a la señora Basilia Zequera vda. de Alemán, una pensión de $12.00 (doce pesos 00/100) diarios, por los servicios prestados a la patria, por su extinto esposo el señor Filemón Alemán quien ofrendó su vida en cumplimiento de su deber.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.- México, D. F., a 9 de diciembre de 1965.- Vicente Fuentes Díaz.- Carlos Pérez Cámara.- Tomás Algaba Gómez.- Mariano González Gutiérrez."
Segunda lectura. Está a discusión el dictamen. No habiendo quien haga uso de la palabra se reserva para su votación nominal.
"Segunda Comisión de Hacienda.
Honorable Asamblea:
A la segunda Comisión de hacienda que suscribe se turnó la solicitud de pensión de la C. Sixta María Rodríguez vda. de Navarro, como viuda del diputado constituyente de 1917, Ing. Luis Teodoro Navarro Garza.
La peticionaria acreditó su carácter de cónyuge supérstite del C. Luis Teodoro Navarro Garza, quien fuera diputado constituyente de 1916- 1917 por el 11 distrito electoral de Puebla, Pue., y veterano de la Revolución.
Para apoyar su solicitud la interesada presentó el acta de defunción del C. Ing. Luis Teodoro Navarro Garza y su acta de matrimonio.
La C. Sixta María Rodríguez vda. de Navarro actualmente tiene 78 años de edad y está imposibilitada para desempeñar cualquier trabajo, no contando, por tanto, con medios suficientes para subsistir. En mérito de lo anteriormente expuesto la Comisión se permite someter a la consideración de esta H. Asamblea el siguiente Proyecto de Decreto:
Artículo Único. Se concede pensión vitalicia de $750.00 (setecientos cincuenta pesos 00/100) mensuales a la C. Sixta María Rodríguez vda. de Navarro, como viuda del C. diputado Ing. Luis Teodoro Navarro Garza, quien fuera Constituyente de 1916 1917. Esta pensión le será pagada íntegramente por la Tesorería General de la Nación.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.- México, D. F., a 9 de diciembre de 1965.- Enrique Bautista Adame.- Humberto Velasco Avilés.- Arturo López Portillo.- Alejandro Carrillo.- Ramón Zentella Asencio."
Segunda lectura. Está a discusión el dictamen.
No habiendo quien haga uso de la palabra se reserva para su votación nominal.
"Comisión del Servicio Consular y Diplomático. Honorable Asamblea: La Secretaría de Relaciones Exteriores, através de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional para que el C. Felipe Barragán García pueda prestar servicios en el Departamento de Visas, de la embajada de los Estados Unidos de Norteamérica.
La Cámara de Diputados, en sesión celebrada el día 11 de diciembre de 1964, turnó a la suscrita Comisión del Servicio Consular y Diplomático, para su estudio y dictamen, el expediente relativo a dicha solicitud.
Considerando que se cumple con lo establecido en la fracción II, del apartado B), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión se permite someter al ilustrado criterio de vuestra soberanía el siguiente Proyecto de Decreto:
Artículo Único. Se concede permiso al C. Felipe Barragán García para que, sin perder la ciudadanía mexicana, pueda prestar servicios en el Departamento de Visas, de la embajada de los Estados Unidos de Norteamérica, en esta cuidad.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.- México, D. F., a 9 de diciembre de 1965.- Marta Andrade de Del Rosal. - Domingo Camarena López.- Fabio Espinosa Granados.- Miguel Estrada Iturbide.- José Muro Saldívar- Augusto Gómez Villanueva."
Segunda lectura. Esta a discusión el dictamen.
No habiendo quien haga uso de la palabra se reserva para su votación nominal.
"Comisión del Servicio Consular y Diplomático. Honorable Asamblea:
La Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional para que la C. Susana Espinosa Garduño pueda prestar servicios como mecanógrafa bilingüe en la embajada de los Estados Unidos de Norteamérica.
La Cámara de Diputados, en sesión celebrada el día 24 de noviembre de 1964, turnó a la suscrita Comisión del Servicio Consular y Diplomático, para su estudio y dictamen, el expediente relativo a dicha solicitud.
Considerando que se cumple con lo establecido en la fracción II del apartado B), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión se permite someter al ilustrado criterio de vuestra soberanía, el siguiente Proyecto de Decreto:
Artículo Único. Se concede permiso a la C. Susana Espinosa Garduño para que, sin perder la ciudadanía mexicana, pueda prestar servicios como mecanógrafa bilingüe en la embajada de los Estados Unidos de Norteamérica, en esta ciudad.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.- México, D. F., a 9 de diciembre de 1965.- Marta Andrade de Del Rosal.- Domingo Camarena López.- Fabio Espinosa Granados.- Miguel Estrada Iturbide.- Augusto Gómez Villanueva.- José Muro Saldívar."
Segunda lectura. Está a discusión el dictamen.
No habiendo quien haga uso de la palabra se reserva su votación nominal.
"Comisión del Servicio Consular y Diplomático. Honorable Asamblea: La Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que la C. Georgina Corona de Lira pueda prestar servicios en el Departamento de Visas de la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica.
La Cámara de Diputados, en sesión celebrada el día 23 de diciembre de 1964, turnó a la suscrita Comisión del Servicio Consular y Diplomático, para su estudio y dictamen, el expediente relativo a dicha solicitud.
Considerando que se cumple con lo establecido en la fracción II, del apartado B), del artículo 37 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión se permite someter al ilustrado criterio de vuestra soberanía el siguiente Proyecto de Decreto:
Artículo Único. Se concede permiso a la C. Georgina Corona de Lira para que, sin perder la ciudadanía mexicana, pueda prestar servicios en el Departamento de Visas de la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica, en esta ciudad.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.
México, D. F., a 9 de diciembre de 1965.- Marta Andrade de Del Rosal.- Domingo Camarena López.- Fabio Espinoza Granados.- Miguel Estrada Iturbide.- José Muro Saldívar.- Augusto Gómez Villanueva."
Segunda lectura. A discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra se va a recoger la votación nominal de los proyectos de decreto dados a conocer. Por la afirmativa.
El C. secretario Hernández Gómez, Tulio: Por la negativa.
(Votación.)
El C. secretario Velázquez Grijalva, Rodolfo: ¿Falta algún ciudadano diputado de votar por la afirmativa?
El C. secretario Hernández Gómez, Tulio: ¿Falta algún ciudadano de votar por la negativa?
Se va a proceder a tomar la votación de la Mesa.
(Votación.)
El C. secretario Velázquez Grijalva, Rodolfo: Fueron aprobados los proyectos de decreto por unanimidad de 154 votos. Pasan al Senado para sus efectos constitucionales.
XIV
El C. Vista Altamirano, Fluvio: Pido la palabra, señor presidente. - El C. Presidente: Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Vista Altamirano.
El C. Vista Altamirano, Fluvio: Señor presidente, señoras y señores diputados:
He solicitado el uso de la palabra para realizar algunos comentarios en torno a hechos acaecidos en los últimos días y que han sacado una profunda alarma social en el pueblo del Distrito Federal.
De todos ustedes es conocida la preocupación del régimen que preside el señor licenciado Díaz Ordaz, por mejorar en todos sus aspectos la administración de justicia.
Hace unos días apenas, se nos dio cuenta en esta asamblea con la iniciativa que reforma la Ley Orgánica de los Tribunales Comunes del Distrito Federal, con el propósito de que la justicia para el pueblo humilde, para el pueblo pobre, sea más expedita y siempre más honesta.
También tenemos conocimiento cómo el honorable Senado de la República a propósito de la iniciativa enviada por el señor Presidente Díaz Ordaz para reformar la Constitución en lo que se refiere a la impartición de la justicia federal, ha venido realizando una serie de consultas públicas para que todos los interesados en la administración de Justicia aporten sus valiosas opiniones, y todavía más, es un hecho ya, que el año que entra el Poder Judicial Federal gozará de autonomía económica, tal como lo ha venido prometiendo el señor Presidente Díaz Ordaz.
Junto con ello, con el Jefe de la Nación, el Congreso de la Unión, el Senado de la República y esta Honorable Cámara de Diputados, todos los días se preocupan también por colaborar con el Jefe del Ejecutivo, en procurar que la administración de justicia sea en México cada vez más expedita y más honesta.
Se piensa que legislar es enviar solamente iniciativas al Congreso de la Unión, pero quienes así lo estiman confunden lo que es el derecho de iniciar leyes con lo que constituye específicamente la función legislativa, y nosotros, los diputados de México, aun cuando no presentemos iniciativas todos los días, sí estamos legislando en México y lo estamos haciendo porque a través del derecho constitucional del señor Presidente de la República de enviar iniciativas al Congreso de la Unión, y la revisión que nosotros, en nuestro carácter de representantes populares, realizamos acordes con el señor Presidente de la República, del orden jurídico nacional, estamos legislando.
Entonces, pues, vemos cómo el pueblo de México, a través de su representación popular y el Jefe del Ejecutivo, el señor licenciado Díaz Ordaz, tenemos la honda preocupación de que cada día sea más expedita y que cada día sea más honesta la justicia.
Sin embargo, estos propósitos del Congreso de la Unión y del señor Presidente de la República, desgraciadamente, se frustran en algunas ocasiones. No queremos venir a esta tribuna a lanzar acusaciones en contra de la judicatura nacional, porque, para fortuna del pueblo de México, la judicatura mexicana es honesta y es capaz; pero sí, desgraciadamente, hay algunos funcionarios judiciales que, apartándose de los propósitos del Presidente de la República y de la representación popular de México, frustran los buenos propósitos de esa correcta y honesta administración de justicia.
Es indudable, y la asamblea así debe entenderlo, que no bastan buenas leyes para que haya una buena administración de justicia. Las leyes, la bondad de las leyes procuramos satisfacerla en el recinto del Congreso de la Unión, pero los encargados de su aplicación no solamente deben ser buenos abogados, y saber derecho, deben los jueces de México, ser honestos ante todo, inmaculadamente honestos porque el pueblo, que es quien sufre, quien recibe la impartición de la justicia y está ansioso de que quien la imparte sea un hombre estricto e inmaculadamente honesto.
Admitimos, porque así lo hemos sostenido en esta tribuna, que no es la Cámara de Diputados una Agencia del Ministerio Público. Yo quiero dejar constancia de que no se tergiverse mi intervención, no vengo a denunciar hechos o a pedir que se nombren comisiones para investigar actos delictivos, no, simplemente vengo, ante el reclamo popular a hacer del conocimiento de la opinión pública que la Cámara de Diputados se preocupa, que la Cámara de Diputados está atenta a los problemas que afectan al pueblo y serán los organismos constitucionales o los organismos legales, capacitados para ello, quienes se encarguen de las investigaciones correspondientes.
Ustedes saben que en los primeros seis meses de este año se produjo una serie de incendios en almacenes comerciales. Esto que constituye una conducta delictuosa de algunos particulares de pretender cobrar los seguros a los que creen tener derecho, provocó una gran alarma social.
La Procuraduría General de Justicia del Distrito y Territorios Federales inició las averiguaciones correspondientes y comprobó que en alguno de esos casos había sido intencional el incendio. ¿A qué conduce esta conducta de este particular? A pretender cometer un delito de fraude en grado de tentativa, puesto que estaba asegurado en la cantidad de millón y medio de pesos. Además del delito de fraude en grado de tentativa, se cometió el delito de daño en
propiedad ajena, como lo denomina el Código Penal del Distrito Federal.
Fue consignada esta averiguación ante el juez séptimo de la Tercera Corte Penal, quien, a solicitud de la Procuraduría del distrito libró la orden de aprehensión correspondiente; pero, desgraciadamente, la posibilidad económica del inculpado le permitió acudir en amparo en contra de la orden de aprehensión; desde luego, salta a la vista, para quienes de nuestro compañeros son abogados, que los delitos cometidos por esta persona están sancionados con una pena de prisión mayor de 5 años, que es lo que señala el artículo 20 constitucional en su fracción I, como límite para poder obtener el beneficio de la libertad provisional bajo de fianza.
Ante este temor, el particular de que se trata acudió, a través de una muy pobre demanda de amparo ante el Juez Primero del Distrito Federal en materia penal, y el señor Juez Primero de Distrito, no obstante que por la profusión con que se dio la noticia en la prensa del Distrito Federal, estaba enterado, tanto más en su carácter de funcionario judicial, de la gravedad de los delitos y del monto del delito patrimonial de que se trataba, puesto que repito, pretendió defraudar millón y medio de pesos, le concedió la suspensión del acto reclamado mediante un ridículo depósito de quince mil pesos.
Estos hechos, señores diputados, revelan, como lo afirmaba yo hace un momento, que desgraciadamente no todos los funcionarios judiciales secundan la labor patriótica del Presidente Díaz Ordaz por mejorar la administración de justicia.
¿Cómo es posible? ¿Qué pasa con la justicia en México, que ante un hecho de un individuo que pretende defraudar millón y medio de pesos se le señale un ridículo depósito de quince mil para obtener la suspensión del acto reclamado y eludir la acción de la justicia?
Se presenta al Juzgado esta persona y el señor juez de los autos no pueden proceder a la aprehensión en virtud de la suspensión concedida por el juez federal.
Hay otro hecho, que ha causado también profunda alarma al pueblo del Distrito Federal y que debe preocuparnos hondamente: la serie de explosiones, provocadas por el mal estado en que se encuentran las tuberías, o los tanques de gas que reparten las compañías que se encargan de ello. Todavía, hace unos días, el domingo, se provocó otra explosión en la Colonia Euzkadi, y el día 30 de noviembre es conocida de ustedes la explosión en la colonia Narvarte, donde perdieron la vida personas adultas y menores y se causaron daños de grave consideración. En este caso la Procuraduría de Justicia también ejercitó la acción penal correspondiente en contra de quienes ella ha considerado que son los responsables de este delito.
Esta averiguación fue consignada ante el juez décimo de la Cuarta Corte Penal, haciéndose eco el señor juez del orden común de la alarma social causada por los hechos de que se trata, quien libró la orden de aprehensión contra las personas inculpadas. Pero, en tanto que a los trabajadores modestos, - y valga la expresión, la hebra se rompe por lo más delgado- ; en tanto a los trabajadores modestos, a los macheteros, a los repartidores, al que cobra la renta en el edificio, se les señaló una caución de tres millones de pesos, para poder obtener la libertad provisional bajo fianza, uno de ellos, que tiene posibilidades económicas, que no es trabajador, que tiene ingerencia definitiva en el manejo de esta empresa, acude también en amparo ante el juzgado tercero del Distrito Federal y se le concede la suspensión del acto reclamado mediante la ridícula suma de diez mil pesos.
¿Qué quiere decir esto? Que, en tanto que el pueblo, el pueblo humilde, aquel que nos debe preocupar, como sus representantes en esta Cámara de Diputados, no podrán obtener su libertad provisional bajo fianza porque es imposible pensar que puedan contar con los tres millones de pesos que se les exige para ello; una persona, con posibilidades económicas, probablemente - y no quiero juzgar los hechos ni desde el punto de vista jurídico ni desde el punto de vista material- , probablemente, quien sí es el auténtico responsable de la comisión de estos delitos obtiene eludir la acción de la justicia mediante la suma de diez mil pesos; y digo eludir la acción de la justicia porque esta persona probablemente hará todo lo indecible por no ser aprehendido.
Se seguira su proceso en su oportunidad, después hará maniobra y media para seguir eludiendo la acción de justicia, en tanto que los trabajadores de México, quienes pienso yo, probablemente grosso modo, que no son los directamente responsables de estos hechos, no pueden obtener su libertad bajo fianza.
Yo creo, señores diputados, que tenemos la obligación de exhortar en un plan de colaboración - y así quiero que se entienda mi intervención en esta tribuna- , como una colaboración al Poder Judicial del Estado Mexicano, en atención a que tanto el Poder Ejecutivo como el Judicial y el Legislativo hemos venido trabajando armónicamente. Entonces, pues, quiero que se entienda que mi intervención es simplemente una exhortación al Poder Judicial, de colaboración para que, con todo celo, con todo empeño, en defensa de los intereses sagrados del pueblo que sufre, atienda, no esta denuncia, atienda simplemente esta relación de hechos que yo me he permitido hacer en esta tribuna.
El señor Presidente de la República Gustavo Díaz Ordaz, ha afirmado, reiteradamente, que cumplir y hacer cumplir la ley no puede quedar al arbitrio o al capricho de los hombres. Todos estamos sujetos a las leyes, independientemente de nuestra condición económica, porque el cumplimiento de la ley, la aplicación estricta del derecho, no es sino el medio de alcanzar la justicia como valor inmanente dentro de la axiología de los valores.
La justicia, a la que el pueblo tiene derecho; pero la justicia requiere una equidad y una proporcionalidad, como todos los autores lo han puesto de manifiesto y lo han expresado en sus doctrinas.
Entonces, pues, yo quiero, repito que se entienda simplemente que mi intervención en esta tribuna ha sido provocada por la gran alarma social. Por eso nos ocupamos de los hechos negativos de la administración de justicia.
Hemos tenido oportunidad de ponderar el propósito del señor Presidente de la República y del Congreso de la Unión; pero es necesario también
precisar los hechos negativos concurrentes a la administración de justicia.
Desde esta tribuna quiero dejar constancia también del homenaje de la mayoría de esta Cámara para la judicatura honesta; pues, por fortuna, hay muchos jueces en México honestos; pero no podemos pasar inadvertidas las circunstancias que acabamos de exponer. Esos jueces honestos que sirven al pueblo y que interpretan el pensamiento de Díaz Ordaz, se preocupan cada día por una justicia más honesta y más expedita. Los funcionarios de las procuradurías del Distrito y general de la República no deben sentirse desalentados en su lucha persecutoria contra el crimen; deben continuar su labor con el empeño y ahínco que lo han venido haciendo en todos los asuntos, pero, sobre todo, en éstos que tanta inquietud han despertado en el pueblo de México.
Sin embargo, frente a estos hechos negativos, yo tengo la seguridad que estando al frente del Estado Mexicano Gustavo Díaz Ordaz, abogado, profesión de la que siempre habla con orgullo y que se ha preocupado y lo ha venido demostrando a través de las iniciativas que nos ha enviado, podremos avizorar para la justicia en México, la posibilidad de preservar al hombre del más angustioso de los dolores: el inmenso dolor de la injusticia.
Vamos, pues, con Gustavo Díaz Ordaz, a buscar, como él lo afirmo alguna vez, la duplicación de la patria nuestra, bajo el sacrosanto imperio de la justicia. Muchas gracias.
El C. Presidente: Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Gómez Mont.
- El C. Gómez Mont, Felipe:
Honorable Cámara de Diputados: Cuando hemos hablado de la importancia del diálogo entre los sectores de representación nacional, encontramos la importancia que tiene la coincidencia de una inquietud recogida en el pueblo para verterla en esta tribuna.
Y es por ello que quiero precisar ante ustedes desde su génesis, este inquietante problema que empieza a hacer crisis en la vida pública de México y que apenas se esboza con dos casos concretos con la intervención del licenciado Fluvio Vista Altamirano. El problema de la libertad, y el interés público, enfrentándose a un conflicto hacen necesario el que analicemos conjuntamente esta situación, para poder encontrar una solución que dé al hombre en lo personal la garantía cierta y segura de su derecho, pero que al mismo tiempo se conjugue socialmente para que velando por los intereses de la colectividad, no sea una libertad intocable la que venga a convertirse en una balaustrada que en lugar de proteger la dignidad humana sirva para encubrir la actividad criminal.
Con motivo de la guerra floreció la criminalidad en el mundo entero y a ese problema no pudo ser ajeno nuestro país. Nuestras leyes creadas por hombres que amaban la libertad, conceptuaban este valor tan fundamental que, en garantía constitucional, establecían un fácil camino de obtenerla mientras durase el proceso, siendo la mayor parte de las penas por las que se iniciaban los procedimientos criminales, de un término promedio inferior a cinco años de prisión.
Pero ante el auge de la criminalidad, en el año de 1946 se inicia una serie de reformas que vienen a resolver antitécnicamente el problema de la libertad provisional del hombre mientras le dure su proceso. Claro que era deleznable que aquél que cometía un fraude por cantidad digamos de cien mil pesos, saliese al otro día en libertad provisional mediante una fianza de diez mil pesos.
Pero también era deleznable establecer un principio tal de denegación de libertad, so pretexto de aumento de las penas, que muchas gentes inocentes eran conservadas en prisión, y al cabo del tiempo después de causar daños trascendentes, como la pérdida del honor, la pérdida del trabajo, la destrucción de la familia, terminaban con un irresponsable: "Usted dispense", en una sentencia absolutoria.
La resolución técnica era haber reglamentado, haber dictado una ley reglamentaria de la fracción I, del artículo 20 constitucional para establecer restricciones en cuanto a la naturaleza del delito, y también en cuanto a las condiciones de la persona, para el uso o abuso, como se quiera decir, del derecho de la libertad bajo fianza.
Este aumento de penalidades para privar del derecho a una libertad provisional, todavía tuvo una mayor complicación antitécnica o inadecuada, cuando en el año de 1948, se reforma la Constitución en su fracción I, del artículo 20 constitucional, para establecer que en los casos en que procediera la libertad bajo fianza, ésta podía ser hasta de 250 mil pesos. Hasta ese momento la medida era atinada. Pero después se agregó: "Cuando se tenga la percepción de un beneficio patrimonial, o se cause un daño, la caución será tres veces mayor que el importe del beneficio recibido del daño causado." Y el campo de la libertad se iba restringiendo.
Ya no se atenderán las circunstancias personales del trabajador ferrocarrilero que hoy clama con inquietudes contra la aplicación de este precepto. Ya no se veía personalizadamente como lo exigía nuestra Constitución de 1917, el problema de la capacidad del hombre para otorgar su fianza, gozar de su libertad y permanecer sometido a un juicio, sino que era una ley matemática, tres tantos del daño causado, lo que haría que el hombre no pudiese obtener su libertad con un criterio puramente objetivo, ya desterrado del campo de las doctrinas penales.
Los jueces federales, intérpretes de la Constitución, habían estado amparando a las personas que no querían huir de la justicia, que se enfrentaban ante la solución antitécnica del año de 1946, y la reforma constitucional del 48, y precisamente, impidiendo el sustraerse a la acción de la justicia, se estaban concediendo suspensiones provisionales, en las que el hombre garantiza su permanencia y su arraigo, se presentara ante los jueces a contestar sus cargos, sin necesidad de ser aprisionados en cárceles que careciendo de sistemas penitenciarios se han convertido en alojamientos de hombres como se ponen papeles en los archivos. Pero vino uno que otro caso, y entonces se clamó contra este problema grave de la afectación de la libertad.
Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aquellas disposiciones de libertad, tan sólo aquellos casos en que la pena no fuese mayor de cinco años.
Y el hombre que encuentra en su vida haber cometido un delito, no habló del delincuente habitual que parte de su vida la pasa en la cárcel como un riesgo profesional, sino del hombre que por una ocasión, por una circunstancia desgraciada, incluso por una ambición perversa, pero como delincuente primario, se ve orillado a la comisión de un delito; ¿quién domina pasiones y emociones?, y perdiendo la oportunidad de someterse ante los jueces, velando por otros intereses, se convierte en un prófugo al cerrárcele la puerta de la administración de Justicia Federal. Estos son infinidad de casos.
Y en esas circunstancias se encuentran los denunciados por el diputado Fluvio Vista Altamirano.
Quiero aclarar que yo no tengo, ninguna intervención profesional en estos casos: no los conozco. Quiero aclarar, simple y sencillamente, que técnicamente la actitud del señor Juez Décimo Penal, ha sido la impuesta en una forma dura, concreta, absoluta, por el segundo párrafo del artículo 20 constitucional; tres tantos el importe del daño causado.
Y esto viene a ser palpable en la injusticia, de este hombre o de aquel otro al que se le volcó la pipa en el Periférico, o de otro que causó tragedias tremendas por no poder atender, en instantes de agotamiento de trabajo, un accidente ferroviario, La ley se deshumanizó con perjuicio de interés público. La ley ya no está hecha para los hombres en el sentido humano y concreto de su esencia.
El caso de los Jueces de Distrito que conceden las suspensiones bajo fianzas que se estiman ridículas en comparación a las fijadas por el juez, para obtener la libertad caucional, sin meterme a enjuiciar a ninguno de los señores jueces, aunque yo puedo afirmar que en treinta años de litigio, que don Angel Gamboa y Cervera es prototipo de juez, de hombre honesto y de funcionario judicial digno; pues bien, señores, en estos casos la técnica, aun cuando sea distinta, también debe interesarnos el que los jueces no ignoren la realidad. Claro que ellos tienen que tener como constancia los autos y no las versiones públicas; por profundo que sea el impacto de una noticia, ellos tienen que tener frente, a una figura humana, a uno de nosotros; pero esto también nos tiene que poner de relieve que las leyes no están dando solución adecuada al asunto.
También tiene que ponernos de relieve que hay un problema de interés común que nos lleve a entender a todos que el problema de la libertad es problema para todos los mexicanos, y que el problema de la justicia es también problema integralmente nacional.
Dice el licenciado Fluvio Vista Altamirano que gobernar, que legislar, no es presentar iniciativas, menos legisla quien no prende el camino de una sola solución, teniéndolo al alcance de su propio talento y de su propio estimación; pero cuando florecen las ideas, se arranca por un camino de sembrar semillas en el campo de la patria para buscar soluciones a los problemas nacionales. Los problemas planteados aquí son muy graves, y por ello excito a la diputación mayoritaria a que ahora, que viene el receso, nos reunamos en las comisiones. Aquí hay ex procuradores de justicia muy distinguidos; hay maestros de Derecho Penal; hay jueces muy respetables; hay litigantes que merecen el aplauso por la forma en que llevan su conducta para tratar este problema en el que tendremos en una mano, al hombre, al ser humano, al que tiene que huir porque no encuentran protección a pesar de que quiera comparecer para ser juzgado, y de otra parte, el interés nacional y que unificando nuestras legislaciones unificando nuestros criterios, sepamos dar una solución a estos problemas, para que los jueces que aplican nuestras leyes sean también responsables.
Si los jueces que se han señalado han cometido responsabilidad en fijar estas fianzas, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación abra el camino de la investigación. Y si es insuficiente ese camino, que nosotros abramos el camino de la ley para que se tenga también por ella la conciencia de hasta dónde puede llegar en el ejercicio de sus atribuciones, porque un Poder Judicial, también maniatado, es uno de los modos de atacar a la libertad. Pero que lo hagamos en conjunto y que no se tenga temor a que gobernemos con iniciativas de unos y otros y que así encontremos, para nuestro pueblo, el escudo en nuestras leyes, de sus libertades científicamente adaptadas a las necesidades.
Para nuestra nación su seguridad social y para nosotros el saber que gobernamos a México a través de nuestras leyes, dándoles a los jueces armas fáciles para hacer grandes y respetables las libertades de los mexicanos. (Aplausos.)
El C. Covián Pérez, Miguel: Pido la palabra, señor presidente. - El C. Presidente: Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Miguel Covián.
El C. Covián Pérez, Miguel: Señor presidente, señores diputados: Recogemos la excitativa que han venido a hacer a esta tribuna el diputado Gómez Mont, en el sentido de que en el próximo receso las comisiones reglamentarias de esta Cámara de Diputados deliberen ampliamente sobre el problema de la justicia.
Esta preocupación, que ha compartido el diputado Gómez Mont, revela que el problema de la justicia, de la libertad personal, es uno de los problemas más graves, más importantes y más trascendentales a que tienen que enfrentarse todos los hombres que, en una forma o en otra, tienen una responsabilidad de decisión.
El examen que ha hecho el diputado Vista Altamirano de los casos concretos planteados, ha puesto el dedo en la llaga.
Es cierto, como lo dice el diputado Gómez Mont, que hay que examinar, en estos casos, qué es lo que debe preservarse, cuál es el valor de mayor jerarquía: la libertad individual, la seguridad social, porque, en realidad, tan grave es que las disposiciones legales restrinjan el campo de la libertad individual, como grave es también, y quizá mucho más que por mantener incólume ese campo de la libertad individual se propicie la impunidad de los delitos.
No es un problema sencillo, que podamos resolver en un cambio de impresiones de tipo informal. Es un problema que debe examinarse muy a fondo. Pero, repito, el diputado Gómez Mont ha dicho que excita a la diputación mayoritaria para que ponga su esfuerzo, en conjunto con los diputados de los otros partidos, para hacer un examen de fondo del problema.
La excitativa es, puede decirse, albarda sobre aparejo, porque la diputación mayoritaria había sido excitada, previamente, por los requerimientos de la opinión pública y a ello obedeció la intervención del diputado Vista Altamirano en esta tribuna.
Pienso que el próximo período de sesiones de la Cámara de Diputados será ocasión propicia para revisar todas las disposiciones legales sobre la materia. Pienso que el próximo receso nos dará la oportunidad de escudriñar dentro de la técnica jurídica, dentro de los procedimientos legales y marcar, en el campo de la legislación, nuevos caminos; pero no debemos esperarnos hasta entonces para llamar la atención de quienes tienen también serias responsabilidades en esta materia para que de inmediato se aboquen a encontrar soluciones prácticas e inmediatas a ese tipo de problemas, porque la impartición de justicia, de recta y honesta justicia, no admite aplazamientos. De ahí el valor y la importancia que ha tenido la relación de hechos que vino hacer a esta tribuna el diputado Vista Altamirano.
Que aquellos que dentro de las responsabilidades que les corresponden en el Poder Judicial, o dentro de la Administración Pública, como representantes de la sociedad, los funcionarios de las procuradurías, tomen las medidas pertinentes para evitar que situaciones inicuas, como las que han venido a plantearse, sigan repitiéndose, porque fueron los que señaló el diputado Vista Altamirano, hechos muy concretos que no deben obscurecerse a través de interpretaciones sobre la técnica legislativa o el origen de ciertos mecanismos judiciales.
Son hechos muy claros y muy concretos. ¿Cómo puede desnaturalizarse el juicio de garantías, que tiene por esencia y por finalidad impedir las violaciones a la ley? ¿Cómo puede desnaturalizarse para convertirse precisamente en un instrumento de violación a la ley? ¿Cómo un procedimiento del que nos enorgullecemos los mexicanos, como es el juicio de amparo, puede convertirse en ocasiones en instrumento de impunidad, y cómo la justicia, que debe ser igual para todos, no lo es en casos tan, concretos como los que ha señalado el diputado Vista Altamirano? ¿Yo pregunto si hay alguien que pueda racionalmente explicarnos la justicia que pudo asistir o la equidad que entraña una decisión de autoridad judicial, a través de la cual a personas de escasos recursos económicos, cuya responsabilidad puede ser menor o, en el peor de los casos, igual a la de funcionarios de vastos recursos económicos dentro de esa empresa distribuidora de gas, a esos empleados de escasos recursos, se les impone una caución de tres millones de pesos y a quien tiene, por ser administrador de esta empresa, una responsabilidad presumiblemente mayor, se le impone una caución de diez mil pesos?
No es problema de técnica jurídica, es problema de sentido jurídico, es problema de sentido común, es problema de equidad. Si estas situaciones inicuas ocurren hay que corregirlas, si para ello algo podemos hacer los integrantes del Poder Legislativo, estamos dispuestos, y creo que esta disposición la comparten todos los partidos para que, en el próximo receso, se haga un exámen exhaustivo del problema y se busquen las soluciones más adecuadas; pero ese tipo de hechos, de notoria e indiscutible iniquidad, no deben repetirse.
No minimicemos, pues; no tergiversemos; no tratemos de obscurecer el sentido de intención de la relación de los hechos que vino a hacer a esta tribuna el representante de la diputación mayoritaria. Es una clarinada, es una llamada de atención para que todos los que compartimos una preocupación por la justicia del pueblo nos aboquemos a alcanzar y realizar esa justicia, sin la cual todos los avances sociales serían nugatorios. (Aplausos.)
El C. secretario Hernández Gómez, Tulio: Señor presidente, se han agotado todos los asuntos en cartera.
- El C. Presidente (a las 15:55 horas): Se levanta la sesión y se cita para el próximo jueves 16, a las 10 horas.
TAQUIGRAFÍA PARLAMENTARIA Y "DIARIO DE LOS DEBATES"