Legislatura XLVI - Año II - Período Ordinario - Fecha 19651228 - Número de Diario 37
(L46A2P1oN037F19651228.xml)Núm. Diario:37ENCABEZADO
MEXICO,D.F., MARTES 28 DE DICIEMBRE DE 1965
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Registrado como artículo de 2a. clase en la Administración Local de Correos, el 21 de septiembre de 1921.
XLVI LEGISLATURA. - AÑO II. - PERIODO ORDINARIO TOMO I. - .NÚMERO 37
S E S I Ó N
DE LA
H. CÁMARA DE DIPUTADOS
EFECTUADA EL DÍA 28
DE DICIEMBRE DE 1965
SUMARIO
I. Se abre la sesión. Lectura de la orden del día. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior, previa aclaración del C. diputado Felipe Gómez Mont
II. Se reserva, en la Oficialía Mayor, para consulta de los ciudadanos diputados, y córrase traslado a la H. Cámara de Senadores del informe de labores desarrolladas en la Secretaría de Industria y Comercio, del período comprendido del 1o de septiembre de 1964 al 31 de agosto de 1965
III. La legislatura del Estado de Zacatecas da a conocer la integración de la mesa directiva que funcionará hasta el 15 de enero próximo. De enterado
IV. Se turnan a las Comisiones respectivas, la minuta proyecto de decreto, enviada por la H. Cámara de Senadores, que concede jubilación voluntaria al C. Salvador Mercado de Anda, empleado del H. Senado, y la solicitud de pensión de la C. Amparo de las Nieves Nieva López
V. Primera lectura del dictamen, con proyecto de decreto, por el que se adiciona el artículo 73 Constitucional, facultando al Congreso de la Unión para legislar sobre las características y uso de la bandera, Escudo e Himno Nacionales, aprobado por la H. Cámara de Senadores a iniciativa del C. senador Rafael Murillo Vidal
VI. Primera lectura a tres dictámenes, con proyectos de decreto, que conceden jubilación a la C. Aída Acevedo Cervantes, empleada de esta H. Cámara, y pensión vitalicia a las CC. María Gómez Anaya y Adelina Hill Esquer
VII. Primera lectura al dictamen relativo al proyecto de presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal para el ejercicio fiscal de 1966
VIII. Segunda lectura al dictamen, con proyecto de decreto, por el que se autoriza al Ejecutivo Federal para que, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, determine una nueva emisión de Bonos del Ahorro Nacional hasta por la cantidad de ochocientos millones de pesos. Sin discusión en lo general ni en lo particular se aprueba en ambos sentidos. Pasa al Ejecutivo para los efectos constitucionales
IX. Segunda lectura al dictamen que contiene el proyecto de presupuesto de Egresos del Territorio de Quintana Roo para 1966. Se discute en lo general por los CC. diputados Fernández en contra y Rubén Moheno Velasco por la Comisión dictaminadora. Suficientemente discutido en lo general se aprueba en ese sentido. Se aprueba en lo particular. Pasa al Ejecutivo para los efectos constitucionales
X. Segunda lectura al dictamen relacionado con el proyecto de presupuesto de Egresos del Territorio de Baja California para 1966. Sin discusión en lo general ni en lo particular se reserva para su votación nominal. El C. diputado Abraham Aguilar Paniagua expresa que los miembros de la Comisión dictaminadora, los CC. diputados representantes de los dos Territorios, así como otros ciudadanos diputados de distintos partidos llegaron a la conclusión de que es conveniente adicionar el artículo 5o contenido en cada uno de los proyectos de presupuesto de los dos Territorios, que acaban de ser aprobados. En votación económica se aprueba la adición propuesta
XI. Segunda lectura, por el C. diputado Juan Ignacio Bustamante Vasconcelos, al dictamen, con proyecto de decreto, que reforma la Ley del Seguro Social. Para poner de manifiesto la importancia de la iniciativa, y en apoyo del dictamen, hace uso de la palabra la C. diputada
María Guadalupe Ursúa Flores. En la discusión en lo general intervienen, en apoyo de la iniciativa los CC. diputados Jacinto Guadalupe Silva Flores, Tulio Hernández Gómez, Jorge Garavito Martínez, Enrique Ramírez, Ramón Rocha Garfias, Adolfo Christlieb Ibarrola, Marciano González Villarreal y Ramírez y Ramírez nuevamente. Sin objeciones en lo general se aprueba en ese sentido. Se aprueba en lo particular. Pasa al Senado para los efectos constitucionales
XII. La Secretaría, por órdenes de la presidencia, da cuenta con dos oficios llegados a esta H. Cámara, los cuales se considera de urgente tramitación: solicitudes de permiso para que el C. Lic. Gustavo Díaz Ordaz, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, y el C. Lic. Antonio Carrillo Flores, puedan aceptar y usar condecoraciones que les serán otorgadas por los jefes de Estado de las Repúblicas de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá, en las visitas que próximamente realizará el Primer Magistrado a dichos países. Se turnan a Comisión
XIII. Segunda lectura a dos dictámenes, con proyectos de decreto, que conceden pensión a las CC. María de la Luz García Cubas González Vda. de Hernández y a Soledad Leyva Velázquez. Se aprueban. Pasan al Ejecutivo para los efectos constitucionales. Se levanta la sesión
DEBATE
Presidencia del
C. MANUEL ORIJEL SALAZAR.
(Asistencia de 182 ciudadanos diputados.)
I
El C. Presidente (a las 13.15 horas): Se abre la sesión.
- El C. Prosecretario Lagarda Palomares, Ángel J.:
"Orden del Día.
28 de diciembre de 1965.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Oficio del C. Secretario de Industria y Comercio al que se adjunta, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el informe de labores desarrolladas por esa Secretaría en el período de 1964 a 1965.
Circular de la legislatura del Estado de Zacatecas comunicando haber electo mesa directiva.
Minuta proyecto de decreto aprobado por la Colegisladora, por la que se concede jubilación al C. Salvador Mercado de Anda, empleado de aquella Cámara.
La C. María de las Nieves Nieva, nieta del teniente coronel Perfecto López, solicita pensión de gracia.
Dictámenes de primera lectura:
De las Comisiones unidas Primera de Puntos Constitucionales y Segunda de Gobernación el emitido en relación con la minuta proyecto de decreto enviada por la Colegisladora que adiciona el artículo 73 de la Constitución con una fracción XXIX - B.
De la Primera Comisión de Hacienda, con proyectos de decreto, que jubila a la C. Aída Acevedo Cervantes, empleada de esta Cámara y pensión a las CC. María Gómez Anaya y Adelina Hill Esquer.
De la Comisión de Presupuestos y Cuenta el emitido en relación con el proyecto de presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal, enviado por el Ejecutivo de la Unión.
Dictámenes a discusión:
De las Comisiones Unidas Primera y Segunda de Hacienda el relativo al proyecto de decreto, aprobado por la Colegisladora por el, que se autoriza al Ejecutivo Federal para que, por conducto de la Secretaría de Hacienda, determine una nueva emisión de Bonos del Ahorro Nacional.
De la Comisión de Presupuestos y Cuenta, con proyecto de Presupuesto de Egresos de Quintana Roo, para el ejercicio fiscal de 1966.
De la misma Comisión de Presupuestos y Cuenta con proyecto de Presupuesto de Egresos de Baja California Sur, para 1966.
De las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto, por el que se reforma la Ley del Seguro Social, a iniciativa del Ejecutivo de la Unión.
De la Primera de Hacienda, con proyecto de decreto, que otorga pensión vitalicia a la C. María de la Luz García Cubas González viuda de Hernández.
De la Primera Comisión de Hacienda, con proyecto de decreto, que concede a la señora Soledad Leyva Velázquez pensión vitalicia."
"Acta de la sesión efectuada por la Cámara de Diputados del XLVI Congreso de la Unión el día veintisiete de diciembre de mil novecientos sesenta y cinco.
Presidencia del C. Manuel Orijel Salazar.
En la ciudad de México, a las doce horas y cincuenta y cinco minutos del lunes veintisiete de diciembre de mil novecientos sesenta y cinco, se abre la sesión con asistencia de ciento setenta ciudadanos representantes, según consta en la lista que previamente pasa la Secretaría.
Lectura de la Orden del Día.
Sin discusión se aprueba el acta de la sesión anterior, efectuada el día veinticuatro de los corrientes.
Se da cuenta con los asuntos en cartera:
La legislatura del Estado de Tabasco comunica la designación de la mesa directiva que fundirá durante el presente mes, De enterado.
El C. diputado Rafael Estrada Villa da lectura a una iniciativa, suscrita por la diputación del Partido Popular Socialista, que reforma la Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal reglamentaria de la base primera, fracción VI, del artículo 73 constitucional. A las Comisiones Unidas del Departamento del Distrito Federal y de Estudios Legislativos, e imprímase.
El C. Juvenal Hernández Teruel, jefe se Taquigrafía Parlamentaria de esta Cámara de Diputados,
solicita jubilación voluntaria por los servicios que durante más de veinticinco años ha prestado a la Federación. A la Comisión de Hacienda en turno.
Dictamen de las Comisiones Unidas Primera y Segunda de Hacienda, con proyecto de decreto, en virtud del cual se autoriza al Ejecutivo de la Unión para que, por conducto de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, determine una nueva emisión de Bonos de Ahorro Nacional hasta por la cantidad de ochocientos millones de pesos. Primera Lectura.
Dos dictámenes, suscritos por la Primera Comisión de la Defensa Nacional, con proyectos de decreto, que conceden pensión vitalicia de veinticinco pesos diarios a la señora María de la Luz García Cubas González Vda. de Hernández, en mérito a los servicios prestados a la Nación, por su abuelo, el C. Ing. Antonio García Cubas, y a la señora Soledad Leyva Velázquez pensión por la misma cantidad de veinticinco pesos diarios, por los servicios prestados a la Revolución Mexicana por su extinto padre el C. Gabriel Leyva Solano. Primera lectura.
Dictamen, suscrito por las Comisiones Unidas Primera y Segunda de Hacienda y de Estudios Legislativos, Sección Fiscal, conteniendo proyecto de decreto, que reforma el Código Fiscal de la Federación. Segunda Lectura.
A discusión el artículo único de que consta el dictamen.
El C. diputado Antonio Rosillo Pacheco hace uso de la palabra para manifestar a la asamblea las razones por las que la diputación del Partido Acción Nacional votará en favor del dictamen.
Por las Comisiones dictaminadoras habla el C. diputado Guillermo Molina Reyes, quien se refiere, en primer término, a los conceptos del C. Rosillo Pacheco. A continuación hace consideraciones en relación con la actitud ocurrida por cada uno de los partidos políticos que, en esta XLVI Legislatura, concurren, respecto a las iniciativas que se han conocido y la absoluta libertad que ha orientado los debates.
No siendo impugnado el proyecto de decreto, en votación nominal se aprueba en solo un acto en lo general y en lo particular por unanimidad de ciento ochenta votos. Pasa al Senado para su efectos constitucionales.
Las Comisiones Unidas de Minas, y de Estudios Legislativos, Sección de Asuntos Generales, suscriben un dictamen, con proyecto de decreto, que reforma y adiciona la Ley Reglamentaria del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de explotación y aprovechamiento de recursos minerales. Segunda lectura.
A discusión, en lo general.
Para hacer consideraciones sobre la importancia de la iniciativa, y en apoyo del dictamen, hace uso de la palabra el C. diputado Miguel Osorio Marbán.
No siendo objetado en lo general en votación nominal se aprueba por unanimidad de ciento ochenta y un votos.
A discusión, en lo particular.
El C. diputado Adolfo Christlieb Ibarrola, integrante de la Comisión de Minas, que suscribe el dictamen, propone una adición al artículo 57 y una corrección de estilo, para su mayor claridad, al artículo 8o; proposiciones que las Comisiones dictaminadoras, al través del C. diputado Heberto J. Malo Paulín, aceptan.
No habiendo sido controvertido los artículos 57 y 89, en votación nominal se aprueba en lo particular con las modificaciones propuestas y aceptadas, por unanimidad de ciento ochenta y un votos. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
Dictamen presentado por las Comisiones Unidas Segunda de Impuestos y de Estudios Legislativos, Sección Fiscal, relacionado con las reformas y adiciones a diversos artículos de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
A discusión en lo general y después en lo particular, sin debate en ninguno de los casos, se aprueba en ambos sentidos, por unanimidad de ciento ochenta y un votos. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
Proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1966, suscrito por la Comisión de Presupuestos y Cuenta. Segunda lectura.
A discusión en lo general; sin ella, en votación nominal se aprueba por unanimidad de ciento ochenta y dos votos.
A discusión, en lo particular.
Hace uso de la palabra el C. diputado Felipe Gómez Mont para impugnar el artículo 16 y formular una proposición relativa a este artículo; por la Comisión dictaminadora rechaza la proposición el C. diputado Salvador Rodríguez Leija; interviene nuevamente, para insistir en su proposición, el C. Gómez Mont; finalmente, por la Comisión, hace uso de la palabra el C. Rubén Moheno Velasco.
Suficientemente discutido el artículo 16, en votación nominal se aprueba, previas aclaraciones de la Presidencia y de los CC. diputados Moheno Velasco y Gómez Mont, por ciento sesenta y tres votos en favor y diecinueve en contra.
Los CC. diputados Luis Dantón Rodríguez y Felipe Gómez Mont hacen aclaraciones, con motivo de la notación anterior.
A continuación se procede a recoger la votación nominal, en lo particular, de los artículos no impugnados, que resultan aprobados por unanimidad de ciento ochenta y dos votos. Pasa el proyecto de decreto al Senado para sus efectos constitucionales.
La Secretaría da segunda lectura a los dictámenes suscritos por las Comisiones que a continuación se mencionan.
Dos de la Primera de Hacienda, con proyectos de decreto, que conceden jubilación voluntaria, de $ 2,624.00 mensuales, al C. Héctor Contreras Loaria, jefe del Departamento de Taquigrafía Parlamentaria de la H. Cámara de Diputados, por servicios prestados a la Federación durante más de 25 años y jubilación forzosa, de $ 1,862.00 mensuales, a la C. Dulce María Aldaco Venegas. subjefe de oficina en esta H. Cámara, por servicios prestados a la Federación durante más de 20 años.
Segunda de Hacienda, con proyecto de decreto, que concede pensión vitalicia de cincuenta pesos diarios a la señora Josefina Romero García, en mérito a los servicios que prestó a la Patria su extinto esposo, el C. ingeniero general Salvador Alcaraz Romero, diputado al Congreso Constituyente de 1916 - 1917; pensión que, en caso de fallecer la interesada,
deberá percibir, también en forma vitalicia, su hija, la C. Ana María Alcaraz Romero.
A discusión en su orden; no habiendo quien haga uso de la palabra, en votación nominal se aprueban los tres proyectos de decreto por unanimidad de ciento setenta y ocho votos. Pasan al Senado y al Ejecutivo, respectivamente, para sus efectos constitucionales.
A las dieciséis horas y cuarenta minutos se levanta la sesión y se cita para el día siguiente, martes veintiocho, a las diez horas."
Está a discusión el acta.
El C. Gómez Mont, Felipe: Señor presidente el acta es omisa, pues no hace constar el acuerdo con el que estuvo conforme la Comisión de que se solicitó de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que, en lo sucesivo, sean más amplios los informes que deben rendir sobre el uso que haga el Ejecutivo de sus facultades en relación con los impuestos de importación y exportación
. - El C. Presidente: Que la Secretaría tome nota de la aclaración hecha al acta por el diputado Gómez Mont.
El C. prosecretario Laguarda Palomares, Ángel: No habiendo quien haga uso de la palabra se pregunta si se aprueba. Aprobada.
II
- El C. secretario Velázquez Grijalva, Rodolfo:
"Señor diputado Alfonso Martínez Domínguez, Presidente de la Gran Comisión de la H. Cámara de Diputados. - Presente.
Por acuerdo del C. Secretario del Ramo, señor licenciado Octaviano Campos Salas, y en relación con lo estipulado en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito enviar a usted el informe de las labores de la Secretaría de Industria y Comercio, durante el período comprendido entre septiembre de 1964 y agosto de 1965.
Aprovecho la oportunidad para retirar a usted mi afecto y las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El Subsecretario, licenciado Sergio Luis Cano."
Trámite: Recibo , resérvese en la Oficialía Mayor para consulta de los ciudadanos diputados, y córrase traslado a la H. Colegisladora.
III
- El mismo C. secretario:
"Circular número 9.
C. Presidente de la H. Cámara de Diputados al Congreso de la Unión. - Allende y Donceles. México, D.F.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 23 del Reglamento para el Gobierno Interior del H. Congreso del Estado nos permitimos comunicar a usted que, en sesión reglamentaria celebrada hoy, esta XLV Legislatura Constitucional eligió su mesa directiva, que funcionará desde esta fecha hasta el 15 del mes próximo de enero, la que quedó integrada en la siguiente forma: presidente, C. ingeniero Moctezuma Meza Solano; vicepresidente, C. Anastacio Ávila Ávila; primer secretario. C. María Isabel Saucedo O., y segundo secretario, C. Enrique A. Rodríguez R.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Zacatecas, Zac., a 15 de diciembre de 1965. - Ma Isabel Saucedo Oliva, D.S. - Enrique A. Rodríguez R., D. S."
Trámite: De enterado.
IV
- El C. secretario Colín Sánchez, Mario:
"Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Cámara de Senadores. - México, D.F.
CC. Secretario de la H. Cámara de Diputados al Congreso de la Unión.
Presente.
Para los efectos constitucionales tenemos el honor de remitir a ustedes la minuta proyecto de decreto aprobada por esta H. Cámara, por la que se concede jubilación voluntaria al C. Salvador Mercado de Anda.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, D.F., a 24 de diciembre de 1965. - Diódoro Rivera Uribe, S.S. - Carlos Loret de Mola, S.S."
Trámite: Recibo y a la Comisión de Hacienda en turno.
"Amparo de las Nieves Nieva López. - Puente de Alvarado 17, Depto. 5.
México, D.F., 10 de diciembre de 1965.
CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Ciudad.
Me atrevo a molestar su atención para exponer a su respetable consideración que, siendo nieta del extinto teniente coronel Perfecto López, quien militó a las órdenes del señor general de división Miguel Negrete, alcanzado aquel grado en el combate de Agua Dulce, según consta en los documentos que anexo para comprobación, y encontrándome actualmente imposibilitada para trabajar por mi avanzada edad y teniendo, además, que sostener a mi pequeño bisnieto de 7 años de edad, es por lo que me estoy permitiendo dirigirme a ustedes por conocer los principios humanitarios en favor de los necesitados que sostienen y su constante lucha por la justicia social, vengo en solicitud de una pensión de $750.00 mensuales, cantidad modesta que me permita atender a las más elementales necesidades de vida, para mi bisnieto y para mi.
Por lo anterior, apelando a su benevolencia y a ese espíritu de justicia que anima a los honorables miembros de la Comisión encargada del estudio y resolución de estos asuntos, atentamente me permito solicitar su valiosa intervención para que se me conceda dicho beneficio, en atención a los servicios de mi abuelo que prestó a la nación.
Esperando verme favorecida en la instancia que elevo, quedo de ustedes agradecida y segura servidora. - Amparo de las Nieves Nieva L."
Trámite: Recibo, y a la Comisión de la Defensa Nacional en turno.
V -La C. secretaria Anderson Nevárez, Hilda:
"Comisiones Unidas: Primera de Puntos Constitucionales, Segunda de Gobernación y de Estudios Legislativos.
Honorable Asamblea:
A las Comisiones que suscriben fue turnado, por acuerdo de vuestra soberanía, el proyecto de decreto por el cual se adiciona el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos facultando al Congreso de la Unión para legislar sobre las características y uso de la Bandera, Escudo e Himno Nacionales que fue enviado a esta Cámara de Diputados por el H. Senado de la República.
El proyecto de referencia tiene como antecedente una iniciativa suscrita por el senador Rafael Murillo Vidal, que proponía adicionar nuestra Carta Fundamental con un artículo en el cual se establecieran las características de la Bandera y el Escudo Nacionales. A dicha iniciativa recayó un dictamen de las Comisiones Primera de Gobernación y Segunda de Puntos Constitucionales de la H. Cámara de Senadores, en el que, además, de modificar la redacción propuesta por el iniciador de dicha reforma, se agregaba un precepto referente al Himno Nacional Mexicano. Sin embargo, al ser sometido el dictamen a la consideración del Senado, fue presentada una moción suspensiva por el senador Florencio Barrera Fuentes, quien a su vez propuso que las normas relativas a las características y el uso de los símbolos nacionales no se insertaran en el texto constitucional, sino que éste se concretara a facultar al Congreso de la Unión para legislar sobre dichas materias.
Esta última proposición fue la que aprobó la Colegisladora y, consecuentemente, sobre la que las Comisiones que suscriben deben emitir su dictamen.
Del estudio acucioso que hemos realizado acerca de las regulaciones que, en las distintas etapas de nuestra historia, se ha dado a la configuración y uso de la Bandera y el Escudo Nacional, se llega a la conclusión de que fue siempre el Poder Ejecutivo el que por medio de decretos fijó las normas relativas. Quiere esto decir que los más altos símbolos de la Patria estuvieron sujetos a disposiciones que, desde el punto de vista jurídico, tienen naturaleza puramente administrativa, lo que no concuerda con su rango y el valor cívico que representan.
No es preciso ponderar en el presente dictamen el significado que para el pueblo de México tienen nuestra Bandera, nuestro Escudo y nuestro Himno. Baste decir que ellos han sido, no una creación arbitraria o por lo menos artificial de quienes en un momento determinado ocuparon los más altos cargos del Poder Público, sino que han sido creación espontánea, viva y entrañable del pueblo mismo. En efecto, nuestra Bandera, nuestro Escudo y nuestro Himno, por simbolizar las más enconadas luchas del pueblo de México por su Independencia, su Libertad y su Justicia, han llegado a arraigar en la conciencia de los mexicanos en forma tal, que no es posible ya, en forma alguna, substituirlos por otros símbolos.
Sin embargo, no en lo esencial, sino en detalles que muchas veces son sólo perceptibles para observadores acuciosos, se perciben algunas diferencias entre los emblemas usados oficialmente y los que entidades o personas particulares utilizan en conmemoraciones cívicas. Asimismo, no se han reglamentado suficientemente las condiciones y requisitos con que dichos símbolos puedan ser usados.
Por estas razones, estas Comisiones encuentran plausible el propósito de que se legisle con toda precisión, tanto sobre las características, como sobre el uso de la Bandera, el Escudo y el Himno Nacionales.
No escapa al juicio de estas Comisiones una preocupación, quizá compartida por algunos círculos de opinión: La de que una adición a la Constitución para el solo efecto de facultar al Congreso de la Unión para legislar sobre estas materias, pueda resultar innecesaria, puesto que, por su propia naturaleza, los símbolos nacionales no pueden ser sino objeto de legislación federal. Sin embargo, hemos considerado pertinente la adición porque ella tiene, además, el sentido de definir que la regulación relativa a los emblemas patrios no debe seguir siendo realizada a través de actos administrativos, sino objeto de una Ley específica dictada por la Representación Nacional a través del Congreso de la Unión.
En virtud de lo anterior, estas Comisiones, sumándose a la iniciativa de la Colegisladora, se permite proponer a la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente Proyecto de Decreto:
Artículo Único. Se adiciona el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
'Artículo 73. El Congreso tiene facultad......................................
XXIX - B. Para legislar sobre las características y uso de la bandera, escudo e himno nacionales.'
Transitorio:
El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación, en el 'Diario Oficial' de la Federación.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. - México, D.F., a 27 de diciembre de 1965. - Primera Comisión de Puntos Constitucionales: Alfonso Martínez Domínguez. - Enrique González Vargas. - Miguel Covián Pérez. - Constancio Hernández Allende. - Abraham Aguilar Paniagua. -Segunda Comisión de Gobernación: Manuel Gurría Ordóñez. - Adolfo Christlieb Ibarrola. - Salvador Rodríguez Leija. - Enrique Bautista Adame. - Comisión de Estudios Legislativos Sección Constitucional: Enrique González Vargas. - Vicente Lombardo Toledano. - Miguel Estrada Iturbide. - Gonzalo Martínez Corbalá. - Ernesto Reyes Rodríguez."
Trámite: Primera lectura.
VI
- El C. prosecretario Lagarda Palomares, Ángel:
"Primera Comisión de Hacienda.
Honorable Asamblea:
Para su estudio y dictamen se turnó, a la Primera Comisión de Hacienda, la solicitud
presentada por la C. Aída Acevedo Cervantes, subjefe de oficina del Departamento de 'Diario de los Debates' de la Cámara de Diputados, para que se le conceda jubilación voluntaria por servicios prestados al Poder Legislativo, durante más de 25 años.
La peticionaria funda su solicitud en el artículo 3o fracción II de la Ley de Jubilaciones para funcionarios y empleados del Poder Legislativo, presentando los siguientes documentos:
1. Certificación de la Dirección General de Administración de la Cámara de Diputados, de la que se desprende que actualmente devenga un sueldo mensual de $2,794.00 (dos mil setecientos noventa y cuatro pesos 00/100.)
2. Certificación del C. Oficial Mayor de la Cámara de Diputados en la que consta que la C. Aída Acevedo Cervantes comenzó a prestar sus servicios el 16 de septiembre de 1940, continuando, sin interrupción, hasta la fecha.
Por todo lo anteriormente expuesto, la Comisión que suscribe se permite someter a la consideración de esa H. Asamblea, el siguiente Proyecto de Decreto:
Artículo Único. De conformidad con la fracción II del artículo 3o de la Ley de Jubilaciones para Funcionarios y Empleados del Poder Legislativo se concede a la C. Aída Acevedo Cervantes, subjefe de oficina de la Cámara de Diputados, jubilación voluntaria de $1,862.66 (un mil ochocientos sesenta y dos pesos 66/100) mensuales, dos terceras partes del sueldo y compensaciones que actualmente percibe, por servicios que durante más de 25 años ha prestado al Poder Legislativo. Esta jubilación le será pagada íntegramente por la Tesorería General de la Nación, de conformidad con el artículo 6o de la citada Ley.
Sala de Comisiones de la H. Cámara Diputados del H. Congreso de la Unión. - México, D.F., a 27 de diciembre de 1965. - Vicente Fuentes Díaz. - Carlos Pérez Cámara. - Tomás Algaba Gómez. - Mariano González Gutiérrez."
Trámite:
Primera lectura.
"Segunda Comisión de Hacienda.
Honorable Asamblea:
Se turnó, para su estudio y dictamen, el expediente relativo a la solicitud de pensión de gracia presentada por la Srita. María Gómez Anaya, como hija del C. teniente de infantería Silviano Gómez.
Para comprobar la calidad de hija del C. Silviano Gómez exhibe copia fotostática de su acta de nacimiento.
La peticionaria acompaño documentos que acrediten que, el C. Silviano Gómez, combatió durante la intervención francesa, y sus servicios fueron clasificados como abnegados y patrióticos.
Un diploma de la Secretaría de Guerra y Marina.
En mérito de lo antes expuesto y en atención a la precaria situación económica de la solicitante, la Comisión que suscribe se permite someter a la consideración de vuestra soberanía el siguiente Proyecto de Decreto.
Único. Se concede pensión vitalicia de $750.00 (setecientos cincuenta pesos 00/100) mensuales a la C. María Gómez Anaya, como hija del C. teniente de Infantería Silviano Gómez, quien combatiera durante la intervención francesa . Esta pensión le será pagada íntegramente por la Tesorería General de la Nación.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. - México, D.F., a 27 de diciembre de 1965. - Enrique Bautista Adame. - Humberto Velasco Avilés. - Arturo López Portillo. - Alejandro Carrillo. - Ramón Zentella Asencio."
Trámite:
Primera lectura.
"Segunda Comisión de la Defensa Nacional.
Honorable Asamblea:
Por acuerdo de vuestra soberanía fue turnado a la suscrita, Segunda Comisión de la Defensa Nacional, para su estudio y dictamen, el expediente que contiene la solicitud formulada por la señorita Adelina Hill Esquer, para que le sea aumentada la pensión de que disfruta por los servicios que prestó a la patria su extinto padre el C. general de división Benjamín G. Hill.
Del estudio de los antecedentes practicados por esta Comisión se desprende que , en decreto aprobado por el H. Congreso de la Unión y publicado en el 'Diario Oficial' de la Federación, el 28 de febrero de 1952, se concedió a la señorita Adelina Hill una pensión de $400.00 mensuales.
Tomando en cuenta que, a partir de entonces, se ha elevado considerablemente el costo de la vida, esta Comisión considera que la pensión de que actualmente disfruta la señorita Adelina Hill es insuficiente para cubrir sus necesidades más apremiantes, por lo que venimos a someter al ilustrado criterio de vuestra soberanía, el siguiente Proyecto de Decreto:
Artículo primero. Por los servicios prestados a la patria por el extinto general de división Benjamín G. Hill, se concede a su hija, la señorita Adelina Hill Esquer, pensión vitalicia de $750.00 (setecientos cincuenta pesos mensuales), que le será cubierta íntegramente por la Tesorería de la Nación
. Artículo segundo. Se deroga el decreto publicado en el 'Diario Oficial' de la Federación, de fecha 28 de febrero de 1952.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. - México, D.F., a 27 de diciembre de 1965. - Marciano González Villarreal. - Vicente Madrigal Guzmán. - Braulio Meraz Nevárez. - Gustavo Martínez Trejo."
Trámite: Primera lectura:
VII
- El C. secretario Velázquez Grijalva, Rodolfo:
"Comisión de Presupuestos y Cuenta. Honorable Asamblea:
Por acuerdo de Vuestra Soberanía fue turnado a la suscrita Comisión de Presupuestos y Cuenta, en los términos del artículo 65, fracción II y 74, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el C. Presidente de la
República, el proyecto del Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal para el año de 1966, en el que se propone un gasto total de.. $2,100.000,000.00 (dos mil cien millones de pesos), que representa un aumento de $ 300.000,000.00 (trescientos millones de pesos) en relación con el Presupuesto aprobado por esta H. Cámara para el presente ejercicio de 1965.
Ese gasto de $ 2,100.000,000.00 se cubrirá con los ingresos ordinarios de la Hacienda Pública del Distrito Federal en el ejercicio de 1966, que se estiman en igual cantidad, integrados por los siguientes capítulos:
Impuestos $ 1,364.890,000.00
Derechos 225.041,000.00
Productos 69.600,000.00
Aprovechamientos 440.469,000.00
$ 2,100.000,000.00
Que los ingresos ordinarios a que se refiere el párrafo anterior se contienen en el proyecto de ley relativa que ya fue aprobado por esta Cámara el día 23 de los corrientes y son conservadores frente a los que obtuvo el propio Departamento en 1964 que ascendieron a la cantidad de $ 2,111.544,480.54 (dos mil ciento once millones, quinientos cuarenta y cuatro mil, cuatrocientos ochenta pesos, cincuenta y cuatro centavos.)
Que las partidas que integran el Presupuesto de Egresos, se clasifican de la siguiente manera:
Servicios personales $ 734.754,740.00
Compra de Bienes para Administración 147.326,000.00
Servicios Generales 103.608,740.00
Transferencias 68.275,000.00
Adquisición de Bienes para Fomento y Conservación 58.722,000.00
Obras Públicas y Construcciones 528.000,000.00
Inversiones Financieras 40.000,000.00
Erogaciones Especiales 266.813,520.00
Cancelaciones de Pasivo 152.500,000.00
Total: $ 2,100.000,000.00
Destaca del proyecto el capítulo de Servicios Personales, porque contiene cuatro modificaciones importantes en relación con el Presupuesto anterior, a saber:
1. Que se ha hecho la incorporación a las plantas de personal de las diversas dependencias del Departamento del Distrito Federal en número de 12, 241 plazas que venían teniendo el carácter de trabajadores supernumerarios y eventuales, con un importe anual de $ 142.797,310.00 (ciento cuarenta y dos millones, setecientos noventa y siete mil, trescientos diez pesos).
2. Que se hace figurar al personal médico y de enfermeras con las cuotas asignadas en la retabulación autorizada en el presente año tal y como se dio cuenta al H. Congreso de la Unión en el Informe del primero de septiembre anterior.
3. Que por el crecimiento extraordinario de la población y para proporcionarle a la ciudad y delegaciones, los servicios acordes a sus necesidades, se incluye una partida de $ 42.800,000.00 (cuarenta y dos millones, ochocientos mil pesos) en el ramo de la Jefatura de Policía para cubrir las 3,500 plazas de policías que se proyecta crear para 1966, lo que hará más efectiva la vigilancia en general y proporcionará mayores seguridades a la población del Distrito Federal, procurando prevenir la comisión de delitos que por su incremento es motivo de grave preocupación para la administración.
4. Que también se incluye una patria de .....$ 4,590,000.00 (cuatro millones, quinientos noventa mil pesos), para establecer 375 nuevas plazas en la Dirección General de Tránsito.
Que en cuanto a las partidas correspondientes a los capítulos de Compra de Bienes para Administración, de Servicios Generales y de Adquisición de Bienes para Fomento y Conservación han sido calculadas con la asignación que se estima necesaria para atender las erogaciones por esos conceptos en el próximo año, evitando, en lo posible, que se tengan que solicitar ampliaciones a esas partidas. Entre las partidas más importantes que figuran en estos capítulos deben citarse las siguientes: energía eléctrica con una asignación de $ 80.000,000.00 (ochenta millones de pesos); material eléctrico con $ 40.000,000.00 (cuarenta millones de pesos) para continuar los trabajos de alumbrado en la ciudad; gasolina con....$ 20.000,000.00 (veinte millones de pesos); cooperaciones al Gobierno Federal para diversos servicios con $ 10.682,000.00 (diez millones, seiscientos ochenta y dos mil pesos); instrumentos, aparatos y maquinaria con $ 26.500,000.00 (veintiséis millones, quinientos mil pesos); y vehículos con $ 10.000,000.00 (diez millones de pesos).
Las partidas del capítulo de Transferencias con mayor asignación son las que corresponden a las aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado por ......$ 40.000,000.00 (cuarenta millones de pesos); a la Caja de Previsión de la Política por $ 6.000,000.00 (seis millones de pesos); a la Caja de Previsión de los Trabajadores a Lista de Raya por $ 6.000,000.00 (seis millones de pesos; y para el pago de la prima del seguro de vida de los trabajadores del Departamento del Distrito Federal, $ 6.000,000.00 (seis millones de pesos). Estas erogaciones suman............... $ 58.000,000.00 (cincuenta y ocho millones de pesos).
El capítulo de Obras Públicas y Construcciones comprende las siguientes partidas:
Dirección General de Obras Públicas.
Materiales de construcción $ 80.000,000.00
Obras conforme a contrato 150.000,000.00
Obras por administración 90.000,000.00
Dirección General de Aguas y Saneamiento.
Materiales de construcción 5.000,000.00
Obras conforme a contrato 6.000,000.00
Obras por administración 2.000,000.00
Dirección General de Obras Hidráulicas.
Materiales de construcción $ 50.000,000.00
Obras conforme a contrato 140.000,000.00
Obras por administración 3.000,000.00
Total: $ 526.000,000.00
Que entre las principales obras materiales que se tienen programadas para 1966 figuran las siguientes:
Continuar la construcción del tercer turno del Anillo Periférico, desde San Jerónimo hasta su entronque con la carretera de Cuernavaca con una longitud de 13.5 kilómetros. Esta obra es de gran trascendencia para la capital de la República porque integra el Anillo Periférico que, en unión de los viaductos y grandes avenidas que se han construido en los últimos doce años, han hecho posible dar mayor fluidez a la circulación de vehículos que han venido aumentando año con año, pues de 58,000 que existían en 1953, sobrepasan de 300,000 en 1965. El beneficio que el nuevo sistema vial de la ciudad ha producido a toda la población sólo puede apreciarse si se considera el aumento inusitado en el número de vehículos en circulación y se contempla la situación existente en las grandes capitales del mundo que, por falta de avenidas amplias y suficientes, están confrontando muy graves problemas en cuanto a la circulación de vehículos . Por lo demás, al quedar concluido el Anillo Periférico, servirá de enlace a los viaductos y grandes avenidas existentes, facilitará el rápido desplazamiento de vehículos dentro de la ciudad y dará grandes facilidades para el tránsito hacia el interior del país mediante la liga de las carreteras nacionales que convergen a la capital de la República; el sistema de anillo periféricos se ha adoptado en las más importantes ciudades del mundo.
Que igualmente se construirá la Avenida Ferrocarril de Hidalgo, entre Canal del Norte y Río de los Remedios, con una longitud de 8.5 kilómetros, la cual conectará con la carretera a Pachuca y con las avenidas Inguarán y Eduardo Molina.
Que en materia de edificios y monumentos se ha programado la construcción de jardines de niños, escuelas primarias, escuelas secundarias y escuelas tecnológicas, así como la construcción de mercados y campos deportivos.
Que en el ramo de alumbrado público se instalarán 13,000 lámparas de vapor de mercurio en colonias que actualmente cuentan con alumbrado incandescente y 9,000 lámparas de vapor de mercurio en colonias proletarias.
En cuanto a pavimentos se continuará activamente la construcción de nuevos pavimentos en diversas calles de la ciudad; se tendrá nueva carpeta asfáltica en las calles y avenidas que lo ameriten; se construirán banquetas y se continuará activamente con los trabajos de bacheo.
Que por lo que se refiere a las obras materiales que tiene a su cargo la Dirección General de Obras Hidráulicas, se continuarán las obras de captación de agua potable en el Alto Lerma, a fin de aumentar, en cinco metros cúbicos por segundo, el caudal con que se abastece al Distrito Federal; para la introducción de este líquido al Valle de México se utilizará el acuerdo que ya conduce las aguas del Lerma y que tiene capacidad suficiente para esta ampliación. Estas obras están proyectadas para ejecutarse en dos años y ya se han iniciado utilizando los recursos ordinarios de la Hacienda Local. Igualmente se ejecutarán obras para la instalación de redes de agua y drenaje en las nuevas avenidas y en colonias proletarias.
Que se intensificarán las obras materiales en las diversas colonias proletarias; una parte importante de la inversión en obras públicas en 1966 se canalizará a estas colonias para dotarlas de agua, drenaje, pavimento, alumbrado, escuelas y mercados.
Que de tiempo atrás se ha venido subrayando la necesidad imperiosa de dar una solución de fondo al problema de la salida de las aguas, negras fuera del Valle de México para evitar el gravísimo peligro de inundaciones en la capital. Actualmente se está dependiendo en forma exclusiva del funcionamiento del Gran Canal del Desagüe , el cual no ha seguido el ritmo de hundimiento de la ciudad, lo que implica muy graves peligros para lo futuro, ya que ello afectara la pendiente natural de las aguas; esto obliga a realizar trabajos permanentes de bombeo con un gasto muy elevado. Ya se tiene concluido el proyecto para la construcción de dos interceptores profundos en la ciudad, el Central y el Oriente, y de un emisor para dar salida a las aguas fuera del Valle de México, obras que resolverán definitivamente este serio problema. La magnitud de estas obras no permite realizarlas con los recursos ordinarios de la Hacienda Local, y, por ello, se han iniciado gestiones para obtener financiamiento adecuado, con amortización a plazos largos. De obtenerse estos recursos extraordinarios, se dará cuenta a esta H. Cámara y se solicitarán las ampliaciones presupuestales correspondientes para la ejecución de dichas obras.
Que en el capítulo de Inversiones Financieras se incluye una partida de $ 40.000,000.00 (cuarenta millones de pesos) para la adquisición de los predios necesarios para las obras que van a ejecutarse.
Que dentro del capítulo de Erogaciones Especiales debe hacerse referencia especial a las partidas de Complementarias que tienen una asignación de $ 80.720,020.00 (ochenta millones, setecientos veinte mil, veinte pesos) y de Imprevistas, con una asignación de $ 168.000,000.00 (ciento sesenta y ocho millones de pesos). De acuerdo con la técnica presupuestal, la partida de Complementarias tiene por objeto suplir las deficiencias de todas las demás partidas del Presupuesto y la partida de Imprevistas se destina a cubrir las erogaciones que no figuran en alguna de las partidas del propio Presupuesto; esta partida tiene un renglón de $ 138.000,000.00 (ciento treinta y ocho millones de pesos), que se proyecta para cubrir los aumentos por el nuevo salario mínimo que se apruebe y otros ajustes de cuotas en sueldos, salarios y haberes, así como para el pago de la gratificación de fin de año que se ha venido concediendo al personal.
Que, finalmente, el capítulo Cancelación de Pasivo considera los siguientes conceptos relativos a la Deuda Flotante, con una asignación total de $ 152.500,000.00 (ciento cincuenta y dos millones, quinientos mil pesos).
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores por conceptos de servicios personales $ 2.000,000.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores por conceptos distintos de servicios personales:
1. Contratistas $ 50.000,000.00
2. Proveedores 40.000,000.00
3. Predios 30.000,000.00
4. Fuera de partida $ 10.000,000.00
5. Diversos 20.000,000.00 $150.000,000.00
Devolución de ingresos percibidos indebidamente en ejercicios
fiscales anteriores 500,000.00
Total: $ 152.500,000.00
Que no se hace ninguna previsión por Deuda Consolidada en virtud de que, como ya se ha informado a esta H. Cámara, el Departamento del Distrito Federal no tiene ningún adeudo por este concepto en la actualidad.
Desde el punto de vista administrativo, el Proyecto del Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal para el ejercicio fiscal de 1966 se resume en la forma siguiente:
Jefatura $ 1.841,320.00
Secretaría General 376,920.00
Oficialía Mayor 302,640.00
Consejo Consultivo 230,020.00
Contraloría General 6.654,800.00
Comisión Mixta de Escalafón 148,320.00
Dirección General de Gobernación 19.894,980.00
Dirección General de Trabajo y Previsión
Social 3.322,320.00
Administrativos 9.299,760.00
Dirección General de Servicios Legales $ 6.422,100.00
Dirección General de Acción Social 11.223,520.00
Dirección General de Obras Públicas 456.145,512.50
Dirección General de Aguas y Saneamiento 88.303,580.00
Dirección de Obras Hidráulicas 215.558,752.50
Dirección de Servicios Generales 108.704,095.00
Dirección General de Acción Deportiva 20.792,480.00
Dirección General de Tránsito 31.067,880.00
Dirección General de Servicios Médicos 97.286,540.00
Dirección General de Mercados 31.401,240.00
Tesorería del Distrito Federal 98.964,440.00
Jefatura de Policía 156.462,540.00
Delegaciones Políticas 4.772,860.00
Tribunal Superior de Justicia del Distrito y Territorios
Federales 20.514,040.00
Procuraduría General de Justicia del Distrito y Territorios
Federales 16.587,320.00
Partidas Generales 693.722,020.00
$2,100.000,000.00
Para justificar el incremento de los egresos por trescientos millones de pesos, presentamos el cuadro comparativo de Presupuestos del año actual con el que se somete a vuestra consideración:
Dar doble click con el ratón para ver imagen
El Proyecto de Presupuesto que resumen las anteriores consideraciones, demuestra la preocupación de Poder Ejecutivo, para mantener una hacienda sana y equilibrada en el Distrito Federal, sin desatender las imperiosas y urgentes necesidades, que con esos recursos se puedan satisfacer, y extendiendo la protección social y económica a los servidores de dicho Departamento. Especial mención cabe hacer a las erogaciones de los servicios médicos que aumentan en $23.402,740.00 (veintitrés millones cuatrocientos dos mil setecientos cuarenta pesos), que indudablemente además de mejorar las percepciones de médicos y enfermeras, aumentará el número de éstos.
Frente a las demandas del pueblo para exigir una mejor atención en los servicios médicos y las peticiones hechas por los responsables, del mantenimiento de estos servicios, se advierte, que el Ejecutivo, como se dice en el cuerpo del dictamen, tomó en cuenta esta realidad social y le está dando satisfacción dentro de las posibilidades del presupuesto.
Mejorar la justicia y la seguridad social en el Distrito Federal, ha sido empeño del Ejecutivo Federal y en los diversos renglones que afectan tales servicios se eroga un total de $59.061,700.00 (cincuenta y nueve millones sesenta y un mil setecientos pesos), más que en el ejercicio autorizado para 1965.
También es importante fijar la atención de vuestra soberanía, a las actividades de la Dirección General de Acción Deportiva, que en el Proyecto de Presupuesto que va a discutirse, aumenta sus erogaciones en $6.381,340.00 (seis millones trescientos ochenta y un mil, trescientos cuarenta pesos), en relación con lo autorizado para 1965, pues la actividad de los deportes contribuye a la salud moral, física y social del pueblo.
Por lo expuesto, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta H. Asamblea el siguiente proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal para el Año de 1966:
Artículo 1o El Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal, que regirá durante el año de 1966, se compondrá de las siguientes partidas:
Artículo 2o El Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal importa en total la cantidad de $2,100.000,009.00 (dos mil cien millones de pesos, 00/100), distribuidos en la siguiente forma:
Jefatura $ 1.841,320.00
Secretaría General 376,920.00
Oficialía Mayor 302,640.00
Consejo Consultivo 230,020.00
Contraloría General 6.654,800.00
Comisión Mixta de Escalafón 148,320.00
Dirección General de Gobernación 19.894,980.00
Dirección General de Trabajo y Previsión Social 3.322,320.00
Dirección General de Servicios Administrativos 9.299,760.00
Dirección General de Servicios Legales $ 6.422,100.00
Dirección General de Acción Social 11.223,520.00
Dirección General de Obras Públicas 456.145,512.50
Dirección General de Aguas y Saneamiento 88.303,580.00
Dirección General de Obras Hidráulicas 215.558,752.50
Dirección de Servicios Generales 108.704,095.00
Dirección General de Acción Deportiva 20.792,480.00
Dirección General de Tránsito 31.067,880.00
Dirección General de Servicios Médicos 97.286,540.00
Dirección General de Mercados 31.401,240.00
Tesorería del Distrito Federal 98.964,440.00
Jefatura de Policía 156.462,540.00
Delegaciones Políticas 4.772,860.00
Tribunal Superior de Justicia del Distrito y Territorios
Federales 20.514,040.00
Procuraduría General de Justicia del Distrito y Territorios
Federales 16.587,320.00
Partidas Generales 693.722,020.00
$ 2,100.000,000.00
Artículo 3o Para el caso de que los ingresos por los conceptos a que se refiere el artículo 1o de la Ley de Ingresos del Departamento del Distrito Federal para 1966 excedan del monto del Presupuesto aprobado, el Jefe del Departamento del Distrito Federal, mediante autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, deberá hacer erogaciones adicionales hasta por el importe de dichos excedentes, en los grupos fundamentales de autorización mencionados en el artículo 18 de la Ley Orgánica del Presupuesto de Egresos de la Federación. El Ejecutivo dará cuenta a la Cámara de Diputados de las erogaciones que haya efectuado con base en esta disposición, al presentar el proyecto de Presupuesto de Egresos para 1967.
El informe que presente el Ejecutivo en los términos del párrafo anterior, se hará sin perjuicio de incluir dichas erogaciones en la Cuenta de la Hacienda Pública anual que rinda al Congreso para los efectos constitucionales.
Artículo 4o Se faculta al Jefe del Departamento del Distrito Federal para que cuando lo juzgue indispensable y mediante autorización previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, efectúe transferencias y distribuciones de partidas que tendrán siempre el carácter compensado. El Ejecutivo informará en los términos del artículo 3o del uso que de esta facultad se haya hecho.
Artículo 5o Las Direcciones y Dependencias del Departamento del Distrito Federal tendrán a su cargo la atención de los servicios públicos en las Delegaciones del Distrito Federal que carezcan de personal y asignaciones especiales para la atención de dichos servicios, por estar éstos centralizados.
Artículo 6o Se declaran de ampliación automática las partidas del Capítulo de Construcciones que dentro de las Direcciones Generales de Obras
públicas y de Aguas y Saneamiento, se incrementan con las aportaciones de particulares para obras materiales.
Artículo 7o. El ejercicio de este Presupuesto se llevará a cabo de acuerdo con las prescripciones de la Ley Orgánica del Presupuesto de Egresos de la Federación y su Reglamento.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. - México D. F., a 24 de diciembre de 1965. - Abraham Aguilar Paniagua. - Jorge de la Vega Domínguez. - Luis Dantón Rodríguez. - Manuel Gurría Ordóñez. - José Antonio Cobos Panamá. - Salvador Rodríguez Leija. - Miguel Osorio Marbán. - Rubén Moheno Velasco. - Guillermo Molina Reyes."
Trámite: Primera lectura.
VIII
- El C. secretario Colín Sánchez, Mario:
"Comisiones Unidas Primera y Segunda de Hacienda.
Honorable Asamblea:
Por acuerdo de vuestra soberanía fue turnado a las Comisiones, que suscriben, Primera y Segunda de Hacienda, para su estudio y dictamen, el expediente con la minuta del proyecto de decreto, aprobada por la H. Cámara de Senadores, con fecha 21 del mes en curso, en virtud de cual se autoriza al Ejecutivo Federal para que, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, determine una nueva emisión de Bonos del Ahorro Nacional, hasta por la cantidad de ochocientos millones de pesos, valor de venta, con las características previstas en el artículo 4o de la Ley del Ahorro Nacional.
Estas Comisiones, después de haber estudiado el expediente respectivo, contemplan, de acuerdo con la exposición de motivos del Ejecutivo de la Unión, quien inició el decreto ante la Colegisladora, dos fundamentos que se estiman conducentes: que el incremento en la demanda de los Bonos del Ahorro Nacional, por la aceptación de estos valores, ha originado que la emisión de bonos autorizados por el H. Congreso de la Unión, con fecha 28 de diciembre de 1964, se ha colocado en forma ampliamente satisfactoria y que la conveniencia de que el patronato del Ahorro Nacional continúe participando en la captación del Ahorro Nacional, mediante la colocación de sus valores, puesto que contribuye a propiciar el desarrollo económico nacional al financiarse obras de interés público con el producto obtenido.
La Colegisladora abunda en estas consideraciones y estima que la colocación de estos valores es uno de los instrumentos utilizados para la captación de recursos provenientes del ahorro interno; que es una de las bases fundamentales en que debe descansar el desarrollo económico del país, permitiendo que la captación de fondos, atreves de un organismo creado por el Estado, logre que los recursos provenientes del público ahorrado, puedan ser considerados entre las disponibilidades susceptibles de ser canalizadas hacia los programas de inversión que requiere nuestro desarrollo económico.
De acuerdo con la iniciativa presidencial el producto obtenido de la colocación de esta emisión de bonos será destinado a los fines que se señalan en el artículo 3o de la Ley del Ahorro Nacional, cuyo precepto determina que el producto de las emisiones de bonos del Ahorro Nacional será destinado, única y exclusivamente, a la ejecución y financiamiento de obras públicas esenciales y de plantas industriales que directamente produzcan un acrecentamiento de los ingresos públicos, y que cualquier remanente que pudiera haber, como resultado de las operaciones llevadas a cabo, será aplicado a incrementar el patrimonio de la Institución, mediante la constitución de una reserva específica.
El proyecto de decreto autoriza al patronato del Ahorro Nacional a fin de que, previa la aprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, fije, dentro de la cantidad global autorizada en su caso por el decreto, la proporción que emitirá de cada uno de los tipos de bonos previstos por la ley de la materia.
Las emisiones autorizadas por el Congreso de la Unión, de Bonos del Ahorro Nacional, a la fecha suman la cantidad de mil novecientos cincuenta millones de pesos; al 30 de septiembre del año en curso existían, en circulación, mil setecientos cuarenta y cinco millones de pesos; su colocación y amortización es de tipo revolvente y pueden ser de interés constante o creciente y redimibles a plazos de cinco a veinte años o de duración indefinida; la tasa en los bonos de interés creciente es del 7.17% anual y en los bonos de interés constante del 5% anual.
La autorización del H. Congreso de la Unión, sobre las emisiones de obligaciones al 'Patronato del Ahorro Nacional' y fecha de su publicación, son las siguientes:
Fecha de Emisión Publicación
Dic. 31/49 $ 50.000,000.00
Dic. 30/50 50.000,000.00
Mayo. 28/51 50.000,000.00
Dic. 31/57 600.000,000.00
Dic. 30/61 400.000,000.00
Dic. 29/62 400.000,000.00
Dic. 31/64 400.000,000.00
Total $1,950.000,000.00
El Patronato de los Bonos del Ahorro Nacional, invariablemente, pone a disposición del Banco de México, S. A., el producto de la venta de dichos Bonos, para que esta institución lo invierta en valores de su cartera, tales como los Bonos de Caminos y de Electrificación, emitidos por el Gobierno Federal. Esto es, se cumplen las disposiciones relativas de la Ley específica, en el sentido de que el producto de los Bonos se destine a financiar obras de interés nacional, así como plantas industriales que produzcan el acrecentamiento de los ingresos Públicos.
Por lo expuesto, las suscritas Comisiones hacen suyo el dictamen de la H. Colegisladora y se permiten someter a la ilustrada consideración de la honorable asamblea el siguiente proyecto de decreto:
Artículo primero. Se autoriza al Ejecutivo Federal para que, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, determine una nueva emisión de Bonos del Ahorro Nacional hasta por al cantidad de ochocientos millones de pesos, valor de venta, con las características previstas en el artículo 4o de la Ley del Ahorro Nacional.
Artículo segundo. El Patronato del Ahorro Nacional, previa aprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, fijará, dentro de la cantidad global autorizada por el presente decreto, la proporción que emitirá de cada uno de los tipos de bonos previstos por la Ley.
Artículo tercero. El producto obtenido de la colocación de los bonos que se autorizan en este decreto será destinado a los fines que se señalan en el artículo 3o de la Ley del Ahorro Nacional.
Transitorio.
Único. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el 'Diario Oficial' de la Federación.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de al Unión. - México, D. F., a 27 de diciembre de 1965. - Primera Comisión de Hacienda: Vicente Fuentes Díaz. - Carlos Pérez Cámara. - Tomás Algaba Gómez. - Mariano González Gutiérrez. - Segunda Comisión de Hacienda: Enrique Bautista Adame. - Humberto Velasco Avilés. - Arturo López Portillo. - Alejandro Carrillo. - Ramón Zentella Asencio."
Segunda lectura. Está a discusión, en lo general.
No habiendo quien haga uso de la palabra se reserva para su votación nominal.
Está a discusión, en lo particular. No habiendo quien haga uso de la palabra se va a proceder a recoger la votación nominal, en lo general y en lo particular, Por la afirmativa.
- La C. secretaria Anderson Nevárez, Hilda: Por la negativa.
(Votación.)
El C. secretario Colín Sánchez, Mario: ¿Falta algún ciudadano diputado de votar por la afirmativa?
- La C. secretaria Anderson Nevárez, Hilda: ¿Falta algún ciudadano diputado de votar por la afirmativa?
Se va a proceder a recoger la votación de la Mesa.
(Votación.)
El C. secretario Colín Sánchez, Mario: Fue aprobado el proyecto de decreto por unanimidad de 182 votos. Pasa el Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
IX
- La C. secretaria Anderson Nevárez, Hilda:
Comisión de Presupuesto y Cuenta.
Honorable Asamblea.
"Comisión de Presupuesto y Cuenta recibió, para su estudio y dictamen, el proyecto de Presupuesto de Egresos del Territorio de Quintana Roo, que le Ejecutivo de la Unión, por conducto de la Secretaría de Gobernación, remitió para su consideración a esta H. Cámara de Diputados.
En cumplimiento a lo ordenado en la fracción VI del artículo 73 de al Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita, Comisión, ha llevado a cabo el estudio correspondiente al proyecto mencionado, y considera que el Presupuesto de Egresos que se propone para el Gobierno del Territorio de Quintana Roo en el próximo año fiscal de 1966, que importa la cantidad de $26.655,000.00 (veintiséis millones seiscientos cincuenta y cinco mil pesos 00/100), servirá para cubrir los gastos que el mismo gobierno hará en los diversos ramos de su administración, así como al incremento y desarrollo del Territorio y, asimismo, al mejoramiento de los servicios públicos que sean necesarios.
Tomando en cuenta lo anterior, nos permitimos someter a al consideración de esta H. Asamblea, para su aprobación, el siguiente Proyecto de Presupuesto de Egresos del Territorio de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal de 1966:
Artículo 1o El Presupuesto de Egresos del Territorio de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal de 1966, se compondrá de las siguientes partidas:
Artículo 2o El Presupuesto de Egresos del Territorio de Quintana Roo importa en total la cantidad de $26.655,000.00 (veintiséis millones seiscientos cincuenta y cinco mil pesos 00/100) distribuidos en la siguiente forma:
Ramo I Ejecutivo del Territorio $ 647,160.00
Ramo II Gobernación 3.137,520.00
Ramo III Ministerio Público 125,580.00
Ramo IV Hacienda 610,260.00
Ramo V Dirección de Obras Públicas 456,060.00
Ramo VI Trabajo 39,900.00
Ramo VII Agrario 236,460.00
Ramo VIII Asistencia 125,340.00
Ramo IX Judicial 288,240.00
Ramo X Servicios Generales 20.988,480.00
Artículo 3o. La vigilancia en la ejecución del Presupuesto quedará a cargo de un Delegado de la Secretaría de Hacienda y se sujetará a los que previene la Ley Orgánica del Presupuesto de Egresos de la Federación y su Reglamento.
Artículo 4o. Las facultades que la Ley citada en el artículo anterior confiere a la Secretaría de Hacienda, se ejercerán por el Delegado que nombre la propia Secretaría.
Artículo 5o. Para el caso de que los ingresos por los conceptos a que se refiere el artículo 1o de la Ley de ingresos del Territorio de Quintana Roo para el ejercicio fiscal de 1966 excedan del monto del Presupuesto aprobado, el C. Gobernador, mediante autorización de la Secretaría de Hacienda, deberá hacer erogaciones adicionales hasta por el importe de dichos excedentes, en los grupos fundamentales de autorización mencionados en el artículo 18 de la Ley Orgánica del Presupuesto de Egresos de la Federación. El Ejecutivo dará cuenta a al Cámara de Diputados de las erogaciones que haya efectuado con base en esta disposición, al presentar el proyecto de Presupuesto de Egresos para 1967.
Artículo 6o Es la competencia del C. Gobernador:
a) Autorizar, dentro del límite que señala el Presupuesto del Territorio, las transferencias de partidas que reclamen los servicios. El Ejecutivo de la Unión Informará en los términos del artículo anterior del uso que se haga de esta facultad.
b) Designar el personal supernumerario.
c) Asignar las cuotas de viáticos y pasajes para el desempeño de comisiones oficiales de carácter transitorio conferidas a empleados o funcionarios.
d) Fijar el monto de los honorarios a profesionistas o expertos.
Las facultades anteriores las ejercerá el C. Gobernador con autorización de la Secretaría de Hacienda.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. - México, D. F., a 22 de diciembre de 1965. - Abraham Aguilar Paniagua. - Jorge de la Vega Domínguez. - Luis Dantón Rodríguez. - Manuel Gurría Ordóñez. - José Antonio Cobos Panamá. - Salvador Rodríguez Leija. - Miguel Osorio Marbán. - Rubén Moheno Velasco. - Guillermo Molina Reyes."
Segunda lectura. Está a discusión el dictamen, en lo general.
El C. Quiroga Fernández, Francisco: Pido la palabra.
El C. Presidente: Se concede el uso de la palabra al diputado Quiroga Fernández Francisco.
El C. Quiroga Fernández Francisco: Señor Presidente. Señores diputados.
Al encargarme mi partido que estudiara el Presupuesto de Egresos para el Territorio de Quintana Roo, para el año de 1966, nos aplicamos al estudio de este presupuesto y encontramos, en primer lugar, cosas muy interesantes. Nosotros fuimos, pues, a las Comisiones, en donde, debo dejar constancia, fuimos atendidos con toda cordialidad, se nos dieron las explicaciones que creyeron convenientes, y nosotros, a nuestra vez, expusimos las razones que teníamos para oponernos a este presupuesto.
A pesar de la cordialidad parece que no ha habido posibilidad de una modificación substancial de este presupuesto. Encontramos que este presupuesto no se ajusta a lo que debe ser un presupuesto.
Ya se ha dicho aquí, muchas veces, que un presupuesto en un programa de gobierno traducido en cifras, traducido en números; que ese presupuesto debe ser flexible y dinámico, pero que debe tener suficiente solidez, a efecto de que traduzca precisamente un lineamiento de gobierno, un lineamiento de acción.
Aquí, también, se ha dicho en otras ocasiones, en forma contenciosa, que un presupuesto en una cosa demasiado técnica. Algún diputado me decía que qué sabía yo de presupuestos, y yo le contesté: que no mucho; pero, que en fin, tenemos la obligación de estudiar. Dicen que un presupuesto es un cosa tan técnica que sólo los técnicos pueden hacerlo, aquellos que pueden hacer cálculos actuariales, estudios estadigráficos, cálculos contables, etc.; otro diputado en otra ocasión, dijo que un diputado o la Cámara de Diputados solamente deben ver los lineamientos de un presupuesto, si se ajusta a un programa determinado de gobierno, si establece una doctrina política.
Y aunque nosotros no tenemos esta opinión de todas maneras he querido mencionarlo porque este presupuesto de Quintana Roo no se ajusta a nada de eso. Efectivamente, señores, en este presupuesto, en relación con el del año de 1965, sólo hay dos cambios; uno en el ramo número 1, y otro en el ramo número 10. El ramo número 1 es el que se refiere al Ejecutivo y el ramo número 10 es el que se refiere a los servicios generales. Técnicamente no fue hecho este presupuesto.
Desde luego, yo quiero decir que no fue hecho por el señor Presidente de la República; lo que es lógico, él tiene sus colaboradores, sus técnicos. Tampoco fue hecho por el señor gobernador. En las nóminas no aparece ningún técnico, y tampoco creo que el señor gobernador sólo modificara el ramo 1 para subirse el sueldo, que es lo único que sube en el ramo 1; el sueldo del gobernador, y del secretario de Gobierno, y del tesorero; es la única modificación que hay. - 73 mil pesos más que se van en lo que quiero dejar señalado -. Creemos que está justificadísimo ese aumento de sueldo al gobernador, que naturalmente ganaba muy poco. Desgraciadamente, los demás empleados no suben nada, no hay ningún aumento para ninguno de los empleados; en cambio, en la partida 10 hay una disminución de cincuenta mil doscientos pesos. Es decir, el aumento global del presupuesto es de 23 mil pesos en un año.
Ahora bien; si, técnicamente, no está bien hecho, porque no considero que sea técnico copiar exactamente partida por partida, tuvimos el cuidado de examinar - y le consta a la Comisión - el presupuesto partida por partida. Y en los ramos del segundo al noveno, inclusive, no hay un solo cambio, absolutamente ninguno. No considero que eso sea técnico y menos cuando las condiciones van cambiando y llega a haber empleados que ahora ganan menos del salario mínimo. Esto contraría a la justicia social y a la necesidad de incrementar la vida del Territorio.
El Territorio de Quintana Roo forma parte de nuestra patria; es una de las regiones más desvalidas, y se necesita darle un fuerte impulso. Se nos contesta: 'Sí, en el Presupuesto Federal hay una serie de obras que se realizarán en el Territorio de Quintana Roo'. Pero también nosotros examinamos, atentamente el presupuesto Federal de Egresos, y no vimos mencionado, una sola vez, al Territorio de Quintana Roo. De tal manera que todo quedará en el programa general de Gobierno, que indudablemente podrá ser maravilloso, pero que no nos dice que al Territorio de Quintana Roo se le vaya a hacer la justicia, se le vaya a dar el incremento necesario.
No creemos que sea cuestión de aumentar mucho la burocracia, no; pero sí es necesario que haya un mayor personal para el incremento de las actividades económicas, sociales, cívicas, políticas, de ese Territorio. Si no se atiende, de una manera eficiente, ese Territorio, no podrá progresar. Y nosotros insistimos en que se pusieran en este presupuesto las partidas necesarias para ese incremento.
Contrastan, notablemente, en este presupuesto datos como los siguientes: Para servicios públicos del Territorio son 15 mil pesos anuales. 15 mil pesos anuales para servicios públicos urbanos de todo el Territorio; 15 mil pesos para servicios públicos rurales en todo el Territorio.
¿Es posible que se atienda a la simple limpieza de las calles, a los panteones, a todos los servicios
públicos con 15 mil pesos? ¿Es posible que el servicio postal tenga sólo 12 mil pesos anuales?
Contrasta eso con publicidad e información del Territorio, que tiene cien mil pesos; contrasta con otras muchas cosas. Se suprime un patronato de Obras Asistenciales, de 84 mil pesos, para aumentar los desayunos escolares a 180 mil pesos. Se suprime, en la partida, un seguro de vida para empleados federales, que importaba 79 mil 910 pesos, y y que no es el que se refiere al ISSTE, porque ése ya existía.
Además, se nos podrá decir que, desde el año pasado, todos los empleados federales contamos con un seguro de 40 mil pesos de Aseguradora Hidalgo. Es cierto, pero la cuota de ese Seguro se cobrará al propio empleado, y ahora disminuirá el sueldo del empleado.
Ven ustedes, señores, cómo nosotros estamos tratando de que se incremente la vida económica y social de ese Territorio. En cambio, por ejemplo, en el Hospital Morelos, en donde sólo hay dos médicos, cuatro enfermeras, un ayudante de enfermera, una galopina, ahí se disminuye la cantidad necesaria para atender a los enfermos. Ahora, eso disminuye en una proporción, pues, bastante grande para lo que era; disminuye en veinte mil pesos; aumentan los subsidios diversos, que no sabemos adónde vayan a estar encaminados, y hay un ligero aumento - queremos reconocerlo -, en el fomento agrícola, en el fomento a la ganadería y en el agua a nuevos poblados. Es allí donde hay un positivo adelanto; pero, en cambio, hay una disminución notable en otros muchos renglones de servicios; no aumentan un solo policía; cien policías para todo el Territorio; dos agentes del Ministerio Público. Pero, en cambio, ahora habrá una nueva empresa del Estado, del Territorio, las Empresas Hoteleras Cozumel; es una nueva actividad del Territorio.
Como ustedes ven, nosotros hemos insistido en que haya de una manera clara y evidente, partidas destinadas a fomentar la vida del Territorio. Me decía algún miembro de las Comisiones: 'Pero es que en el presupuesto ya esta'. Y yo contestaba: pues, como dijo un diputado; 'Lo que es, es y lo que no es, no es', citando a un sabio de la antigüedad, y en el Presupuesto de Egresos no dice nada de Quintana Roo, y entonces nosotros, que creemos que lo que sea, sea, y lo que se quiera decir se diga. Por eso exhortamos nuevamente: no estamos en la oposición sistemática; pedimos a las Comisiones, y pedimos a esta honorable Cámara de Diputados, que apruebe, en la forma que crea más conveniente, en la que puedan hacerlo, en la que esta Cámara esté autorizada, que haya partidas especiales para fomentar esa vida social, cívica y política del Territorio.
No queremos hacer hincapié en otras partidas que nos parecen dignas de tomarse en cuenta y que las mencionaremos si llega el caso; pero sí queremos que para el fomento de este Territorio, se preste más atención por el Gobierno Federal; queremos que ese Territorio sienta que está vinculado a la Patria; queremos que esas ochenta y tantas pequeñas poblaciones, que hay en el Territorio, tengan una vida llena, plena; queremos que se aumente el personal en la sección agraria, para que se apronte ese reparto, queremos, en asistencia, se dan sueldos más justos a los médicos y a las enfermeras; que tengan, siquiera algunas de ellas, el salario mínimo que este Presupuesto no les da. Y ustedes podrán aprobar este Presupuesto, si así les place; podrán aprobarlo tal como está; pero aprobarlo tal como está no haremos sino sancionar la deficiencia de esos catedráticos de la Secretaría de Hacienda, que ahora le tocó a un aprendiz de economista copiar el Presupuesto y claro, lo copió y lo copió mal.
Si, hace un año, decíamos que en el Territorio de Baja California era necesario aumentar los sueldos de los jueces y de los agentes del Ministerio Público, etc., en el Presupuesto que viene de este año ya vienen aumentados los sueldos, y se nos contestaba, hace un año, que pagaban más a los jueces de Quintana Roo que a los de Baja California, porque en Quintana Roo la selva y el calor, los mosquitos, y quién sabe cuántas cosas, harían que los jueces tuvieran que ganar más; ahora, los de Baja California, en el nuevo Presupuesto, ganan mucho más.
Y yo pregunto: ¿Ya se acabaron los mosquitos? ¿Ya se acabaron el calor, la sed y todas esas cosas? No, lo que pasa es que este Presupuesto estuvo mal hecho, y si este Presupuesto está mal hecho es necesario reformarlo; esto es lo que hemos pedido a las Comisiones; esto es lo que nosotros pedimos a la justicia social, y pedimos a ustedes en su conciencia de mexicanos, que quieren el progreso de México.
(Aplausos.)
El C. Presidente: Por la Comisión se concede el uso de la palabra al señor diputado Rubén Moheno Velasco.
El C. Moheno Velasco, Rubén: Señor Presidente. Honorable Cámara de Diputados:
Con el planteamiento de insuficiencias que nos ha hecho el señor diputado, doctor Quiroga, en el presupuesto del Territorio de Quintana Roo, se sugiere, se necesita hacer un repaso de tipo genérico de qué cosa es el territorio de Quintana Roo, cómo se conforma, como vive, qué tiene y cuáles son sus perspectivas inmediatas.
¡Que bueno que un señor diputado de Acción Nacional se incorpore a las inquietudes del Gobierno Federal para mejorar las condiciones, en general, de los mexicanos y, en singular, de aquellas regiones, que están todavía atrasadas en relación con el resto del país!
Voy a permitirme leer algunos datos, por cuanto a la estructura geográfica, política y de población, de lo que es el Territorio de Quintana Roo. ¡Qué bueno que el doctor, Quiroga nos ahorre el comentario respecto al único aumento que él notó en el presupuesto y que se refiere a la rama del Ejecutivo, con un aumento de 23 mil pesos en el año y, en lo general, de 73 mil por cuanto a esa rama!
Decía que se complacía de que este hecho mejorara los sueldos, los honorarios del señor gobernador, que tiene, digámoslo de paso, una equivalencia más o menos aproximada a la de cualquier diputado federal y vive en Quintana Roo. ¿Qué bueno que nos lo economiza!, porque parece que estamos de acuerdo en que todavía podría clasificarse ese salario de no suficiente, de no adecuado para la jerarquía, las preocupaciones y los problemas de un gobernador, de un territorio que espera entrar, activamente, en un período de desarrollo.
"Un Territorio es una Entidad que forma parte de la Federación en razón a su escasa población y a su falta de poder económico para sostenerse con
recursos propios. Es una parte de la Federación en vías de integración y desarrollo para llegar a constituir una Entidad política autónoma.
Por esta razón los presupuestos tienen una estructura eminentemente administrativa, en éstos se prevé el gasto no corriente de la entidad, esto es el pago de sueldos, salarios, y otras remuneraciones, dentro del capítulo de servicios personales; la compra de artículos de consumo, de máquinas, de vehículos, para el mantenimiento de las Dependencias Administrativas y de los servicios públicos dentro de los Capítulos Servicios Generales y Compra de Bienes para la Administración.
Si se hace un corte transversal del Presupuesto para apreciar las cifras en su destino real, se puede verificar claramente que en el Territorio de Quintana Roo, el 90% de los gastos se destinan para el mantenimiento de la administración.
Los gastos de capital, o sea, las inversiones públicas, propiamente dichas, están a cargo del Gobierno Federal, que las realiza a través de sus distintas dependencias en los 24 ramos del Presupuesto Federal de Egresos.
22 millones de pesos del Presupuesto de Quintana Roo son aportados por el Gobierno Federal, a través de subsidios. Quiere esto decir, que el Territorio apenas genera de sus propios ingresos 4 millones y medio.
La estructura y clasificación del Presupuesto de un Territorio no se puede comprar con la de otras entidades en razón a su naturaleza política.
Sería simplista y sorpresivo hacer una comparación entre el Presupuesto del Distrito Federal y de un Territorio. Mientras que la primera Entidad tiene recursos suficientes para sostener sus costos de administración y desarrollar su propio programa de inversiones públicas, los Territorios, con sus recursos propios, no pueden todavía sostener su propia administración y es necesario que la Federación supla la deficiencia económica, haciendo directamente las inversiones públicas necesarias para promover su desarrollo y acrecentar su progreso.'
Por eso el doctor Quiroga, el señor diputado Quiroga, se sorprende de no encontrar un capítulo específico en el presupuesto federal para el desarrollo económico de la Entidad Quintana Roo. Este se comprende, en los 24 ramos, en caminos, en escuelas, en asistencia, en recurso hidráulicos, en fin, en los 24 ramos en que está dividido el presupuesto federal.
La estructura y la clasificación del presupuesto del Territorio no pueden compararse con las de otras entidades, en razón a su naturaleza política. Sería simplista y sorpresiva la comparación entre el Presupuesto del Distrito Federal y de un Territorio; sorpresiva por sus resultados extraordinarios.
Hemos estado haciendo algunos cálculos, que nos llevan a estas conclusiones el presupuesto del Territorio de Quintana Roo asciende a la cantidad global de $26.655,000.00. Tiene ese Territorio 50,843 kilómetros y está habitado por 50,169 personas.
Si el gasto público de los $26.655,000.00 fuera prorrateado entre los habitantes de la población tendríamos el resultado sorprendente de que tocaría a $533.00 por habitante.
El del Distrito Federal, con $2,100.000,000.00 y 6.000,000 de habitantes, arroja solamente $350.00 del gasto público por cada uno de los habitantes de este Distrito Federal. El de la Baja California, que tiene $30.000,000.00 de presupuesto y que tiene... 81,594 habitantes, es decir, Quintana Roo: un habitante por kilómetro y Baja California 1.1 por kilómetro cuadrado, con $30.000,000.00 derramados en el gasto público entre 81,594 habitantes, nos da un promedio de $370.00 por habitante, más alto también, en este caso, que el Distrito Federal.
Podemos afirmar, si recordamos el caso, por ejemplo, de Chihuahua, con $ 140.000,000.00 de presupuesto, si la memoria no me es infiel, y con un millón y medio de habitantes, que se arroja y se derrama el gasto público a razón, más o menos, un poquito más de $ 100.00 por habitante, el despoblado Territorio de Quintana Roo tiene $ 533.00 por habitante en esta derrama y el promedio de la Federación Nacional es de $ 500.00 por habitante entre los 40.000,000 de habitantes en el país; a mí me parece que estas cifras son ilustrativas porque la conmoción del señor diputado Quiroga, por el abandono de ese Territorio, se va atenuando, se va acercando a una realidad de una atención y de una preocupación del gobierno federal y de todos los mexicanos, por el desarrollo de las zonas que todavía no lo han alcanzado , que contradice, o que debe tranquilizar en mucho, al señor diputado Quiroga estas cifras, creo yo, que podrían economizarnos muchas elucubraciones, pero no sé si el doctor Quiroga conozca el Territorio de Quintana Roo.
En sus 50,000 kilómetros cuadrados está atravesado por varias carreteras que no tiene, por ejemplo, el Territorio de la Baja California. Hay una directa, de Mérida a Puerto Juárez, frente a Isla Mujeres. Hay otra, también directa, de Mérida a Chetumal. Hay otra, que pasa por Carrillo Puerto. Hay otra, de Chetumal a Escárcega, que lo comunica con Campeche, Tabasco, Chiapas y el resto del país.
Tiene dos aeropuertos, uno internacional, moderno, adecuado, en Cozumel, y otro, de tipo ordinario para sus necesidades corrientes, en la capital del territorio en Chetumal.
Quiero informar al señor Dr. Quiroga para que su preocupación disminuya, que, además del Hospital Morelos en el Territorio de Quintana Roo, existe el Hospital Regional de la Secretaría de Salubridad y éste es una de las ramas federales; existe el Hospital ISSSTE, existe el seguro Social, y hay 4 hospitales rurales dependientes de la Secretaría de Salubridad; y, por cuanto no aumentó en el presupuesto para policía, voy a informarle que Quintana Roo, con sus 50,000 habitantes, tiene más policías, proporcionalmente, que el Distrito Federal: son cien policías, a razón de uno por cada 500 habitantes, que ya quisiéramos los habitantes de la Ciudad de México.
Yo creo que el conocimiento de estas cifras nos va llevando a una situación más exacta, por cuanto a la apreciación del presupuesto de 26 millones 655 mil pesos, que ya hemos dicho, es para el mantenimiento de la administración política del Territorio; pero no solamente ello, quiero también informar al señor Dr. Quiroga que ya está en proceso una orden del señor Presidente para que se inviertan, por cuenta del ISSSTE, 5 millones de pesos en casahabitación. Que la industria hotelera, por cuanto atiende al turismo,
es una de las más provisor porvenir en este Territorio.
La situación geográfica, en Quintana Roo, mantiene dos contactos fronterizos: con Guatemala y con Belice, y forma parte de un circuito del Caribe que se llama, en el orden turístico, de un gran porvenir y de un gran desarrollo.
Si, con estos habitantes; si, con estas necesidades; si, con esta derrama proporcional del gasto público, uno de los más altos del país, más alto, he de repetirlo, que el del Distrito Federal, me parece un presupuesto deficiente y mal hecho, qué bueno sería que el Dr. Quiroga, si no para ahora, para un futuro próximo, nos elaborara un proyecto que superara, con el conocimiento de las necesidades de la Entidad al que estamos considerando en esta ocasión.
Tiene el Territorio de Quintana Roo muchas necesidades para satisfacer; las tiene todo el país; las tiene la Baja California; las tiene el Distrito Federal; somos un país en desarrollo y quiero recordar una expresión un poco muy textual del señor Presidente Díaz Ordaz, cuando, en ocasión de su gira política como candidato del Partido Revolucionario Institucional, visitó esta entidad. Quintana Roo, comparó las posibilidades económicas con una cobija: 'La patria es grande y la cobija es chica, si tiramos de una esquina destapamos a las otras'.
El arte del gobierno, entre otras cosas, requiere el cuidadoso examen de las necesidades de todos los mexicanos de todas las regiones del país y aplicación presupuestal que se necesita en parte de la Federación.
Además de esos 26 millones y medio de presupuesto para la administración local, el Gobierno Federal derramó, el año pasado, es decir, derramó el presente año de 1965 y derramará en 1966 no menos de 40 millones de pesos, que va a servicios esenciales y al desarrollo de las infraestructuras económicas, como dicen los señores economistas.
No está abandonado el Territorio de Quintana Roo; no está abandonado ningún rincón de México. A todos nos duele la carencia de cualquier mexicano; a todos nos urge la incorporación de los territorios a la verdadera integridad nacional; a todos nos preocupa que hace veinticinco años era muy poco familiar la imagen de la Bandera Mexicana entre los habitantes de Quintana Roo; que todavía hoy una gran parte de su población no habla el castellano y que cuarenta millones de pesos en las carencias que nosotros sufrimos son una derrama importante por parte de la Federación, además de los veintidós con que contribuye para la integración del presupuesto local.
Una vez el señor diputado, Lombardo Toledano, en esta tribuna se dolía, merecidamente, de que el presupuesto nacional fuera escaso; que la tributación de los mexicanos no estuviera acorde ni con el principio de justicia social ni con las necesidades de desarrollo del país; pero no podemos negar que cada año las medidas fiscales van equilibrando, con sentido de justicia, esa tributación. Y esa tributación es el dinero del pueblo, que se reparte conforme a sus carencias, que se derrama, no con preferencias que no sean determinadas por la jerarquía de la necesidad y que nosotros creemos, como firmantes del dictamen que ha sido puesto a la consideración de ustedes, que este presupuesto debe ser aprobado, porque sí corresponde a una realidad política y social y, sobre todo, porque estirarlo más equivaldría al jalón de la cobija para destapar a otros mexicanos. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Quiroga Fernández, Francisco: Pido la palabra.
El C. Presidente: Se concede el uso de la palabra al señor diputado Francisco Quiroga.
El C. Quiroga Fernández, Francisco: Señor Presidente; señores diputados.
Quiero agradecer, en primer lugar, la información geográfica del señor diputado Moheno. En segundo lugar, quiero informarle que todavía no he podido ir a Quintana Roo; espero hacerlo algún día. Soy capitalino desde mis bisabuelos, pero siento a la patria desde la parte más al Norte hasta la parte más al Sur.
Lamento que el diputado Moheno haya venido aquí a suplantar al Ejecutivo. Y la razón de esto es que, de acuerdo con el artículo 16 de la Ley General del Presupuesto, las Comisiones deben tener y, desde luego, que los autores de los presupuestos también deben tener y, además, obedecer. El artículo 16 dice que todo presupuesto debe ser hecho presentado, primero, una exposición de motivos; esa exposición que ha venido a hacer aquí el diputado Moheno. ¿Por qué no se ponen estas partidas? ¿Por qué no se ponen estas otras? ¿Por qué solamente se reduce a esto? Cosa que, en esta hojita que todos recibimos y que algunos leyeron, no dice absolutamente nada de eso.
Por lo tanto, el presupuesto sí está mal hecho, porque falta, en primer lugar, la exposición de motivos. El mismo artículo 16, en su fracción II, dice que debe hacer una estimación de los ingresos obtenidos en el año anterior, en el presente y los que se calculan para el año en que se presupuesta. Tampoco eso existe en éste.
Dice que debe informarse, suscitamente, de los gastos realizados, tanto en el año anterior con los progresos habidos en el año en que se está cursando y los que se estilan, estiman - perdón, y no vayan a corregírseme por un lapsus linguae - los que se estiman para el año siguiente; tal como lo hemos oído en la primera lectura del Departamento del D. F., del Presupuesto de Egresos, hay un aumento de tanto, un porcentaje de tanto, hay una disminución de esto, etc. Eso tampoco está aquí.
Por lo demás, nosotros aceptamos, plenamente, las razones que da el diputado Moheno en cuanto al gasto. Pero, ¡entendemos! Precisamente porque se trata de una región subdesarrollada de nuestro país hay que dolerse de que el gasto por habitante sea de 500 pesos. ¿Qué el gasto en el D. F. es de 350? ¿Y cuántos años lleva el D. F. de existir y de tener vida económica, política, cívica, social? ¿Cuánta riqueza no acumulada a través de siglos? ¿Qué, eso no se debe tomar en cuenta?
En estos casos toda cantidad gastada debe tomarse como una inversión a largo plazo para el mejoramiento de toda nuestra nación. Pero tan mal está hecho el presupuesto que no tomó precisamente en cuenta que en el informe presentado aquí por el Ejecutivo y que todos recibimos en una hojita como ésta, y que algunos leyeron, dice que en el
Presupuesto de Quintana Roo hubo erogaciones adicionales por un millón 525 mil noventa pesos; y ni ese millón 525 mil noventa pesos se toma en cuenta para este presupuesto.
Dice el diputado Moheno que hay mucha policía en Quintana Roo. Cien policías es mucho. Nos toca, dice, en Quintana Roo, a más policías que en el Distrito Federal. Es cierto. ¿Cómo que no? Pero, ¿qué nos está viendo él la cantidad de territorio que haya para esos cien policías? ¿Es lo mismo un policía en esta Cámara que un policía en un desierto? (Risas.)
Indudablemente, es una desproporción enorme. Nos informan que ya se editó, por el señor Presidente de la República, por el cual el ISSSTE va a gastar equis millones de pesos en hacer viviendas. Pero eso lo sabe él. Eso no lo sabe, oficialmente, la Cámara. Eso no ésta en la exposición de motivos, y eso tampoco está en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Nos dice, amablemente, que debemos colaborar, y dice: "qué bueno que podamos colaborar, si no ahora sí en el futuro". Estamos colaborando ahora para ahora y para el futuro, para un mejor presupuesto de Quintana Roo; porque estoy seguro, que así como se corrigieron otros presupuestos se corregirá el de Quintana Roo para el año entrante. De manera que ya estamos colaborando para el futuro y estamos colaborando para ahora.
Indudablemente que toda esta discusión, todo este debate, servirá para que los presupuestos sean mejores para el año entrante. Pero y - quiero volver a insistir -, estando de acuerdo con el diputado Moheno en que me parece muy bien que el gobernador y el secretario general de Gobierno ganen más porque es muy poco lo que ganan, tanto que el diputado Martínez dice que no se iría allá de gobernador.
(Risas.)
Bueno, quiero informar que hay 76 poblaciones.
El diputado Martínez me dijo, sí.
El C. Osorio Marbán, Miguel: ¿Cuál de todos?
El C. Quiroga Fernández, Francisco: Guillermo (risas), Alfonso Martínez, Alfonso Martínez Domínguez me lo dijo. Y todavía nos dijo otras cosas más que creo que ya no hay para qué sacar aquí.
Son 76 poblaciones; pequeñas poblaciones, pero que necesitan caminos vecinales, que no están presupuestados. Y yo quiero insistir en esto. Por ejemplo, tienen ustedes delegados de gobierno que ganan 385 pesos mensuales; otros que ganan 515, y no son pocos; otros que ganan 440; otros treinta y uno de 385. Tenemos cocineras ganando quinientos ochenta pesos; ayudantes de enfermeras, ganando cuatrocientos sesenta; galopinas, ganando 430; planchadoras, ganando 430 pesos al mes, afanadoras ganando 390 y jardineros ganando 520.
El representante agrario gana 460 pesos, porque es el vocal representante de los ejidatarios; el representante obrero, en las secciones de trabajo, gana 420 pesos, y lo mismo gana el representante patronal.
Como ustedes ven hay carencias y hay deficiencias que deben resolverse no solamente mediante el Gasto Federal. Hay que modificar este presupuesto, porque esos sueldos son injustos para esos servidores públicos, y porque son injustos para esos servidores públicos nosotros pedimos que se nulifique ese Presupuesto.
No vamos a fijarnos - y quiero decirlo expresamente - en otras partidas que están totalmente desproporcionadas con lo que ganan los obreros o los empleados; pero sí es necesario decir que podían rebajarse esas partidas; podían rebajarse esas percepciones, para que los empleados del Gobierno, para que los servidores públicos tuvieran siquiera el mínimo de sueldo decoroso para una vida justa, una vida digna. (Aplausos.)
El C. Moheno Velasco, Rubén: Pido la palabra.
El C. Presidente: Se concede el uso de la palabra al señor diputado Rubén Moheno.
El C. Moheno Velasco, Rubén: Señor Presidente, y señores diputados:
Nos complace que el señor diputado don Francisco Quiroga no se haya mostrado, como en otras ocasiones, tan propenso a la irritabilidad, y nos complace también que nos dé la oportunidad de volver otra vez a la Geografía.
Yo no afirmé que fueran excesivos los policías en Quintana Roo; sólo dije que eran suficientes y que tocaban a uno por cada quinientos habitantes, en una proporción mayor de la que disfrutamos los habitantes del Distrito Federal, con tantas riquezas históricas acumuladas, como nos ha detallado el señor diputado Quiroga; pero, cuando le siguen pareciendo escasos los policías, a mí me parece una obsesión de frustrado jefe de policía (risas).
La población, en un porcentaje muy elevado, de Quintana Roo, se condensa en cuatro o cinco poblaciones, y no estamos en condiciones económicas, como mexicanos, de poner numerosos policías a vigilar la selva. Si son escasos los centros poblados y allá alcanza con esa policía no es antitécnico ni es ignorancia de los funcionarios de la Secretaría de Hacienda no haber aumentado esa partida. Las preocupaciones sentimentales y humanísticas del señor diputado Quiroga, por los salarios de una cocinera de 550 pesos mensuales y de planchadoras de 450, con todo y ser muy escasos y muy reducidos estos salarios ya los quisieran para sí muchas servidoras domésticas en la propia ciudad de México. Yo no sé cómo anda de servicios el señor doctor Quiroga... (risas).
- El C. Quiroga Fernández, Francisco; Para aclarar.
El C. Presidente: No se permiten diálogos, señor diputado.
El C. Moheno Velasco, Rubén (continuando): Pero le diré que, como lector de Presupuestos, todavía tiene un relativo retraso. Es posible que dentro de algunos años pueda ser un aplicado aprendiz, porque no leyó, en el capítulo de servicios generales, que esos salarios tienen, en los territorios, en los dos, un sobresueldo del cien por ciento; de manera que habrá que duplicar las dramáticas cifras que nos leyó, para llegar a resultados más consoladores para nuestra conciencia y para su tranquilidad de patriota preocupado, por los bajos salarios de la servidumbre en Quintana Roo, Nada más eso.
- La C. secretaria Anderson Nevárez, Hilda: La Presidencia, por conducto de la Secretaría, pregunta a la honorable asamblea si considera suficientemente discutido el dictamen, en lo general. Los que estén
por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Suficientemente discutido.
Se va a proceder a tomar la votación nominal, en lo general. Por la afirmativa.
El C. secretario Colín Sánchez, Mario: Por la negativa.
(Votación.)
- La C. secretaria Anderson Nevárez, Hilda: ¿Falta algún ciudadano diputado de votar por la afirmativa?
El C. secretario Colín Sánchez, Mario: ¿Falta algún ciudadano diputado de votar por la negativa?
Se va a proceder a tomar la votación de la Mesa. (Votación.)
- La C. secretario Anderson Nevárez, Hilda: Fue aprobado el proyecto de decreto, en lo general, por 165 votos de la afirmativa por 16 de la negativa.
Está a discusión, en lo particular. No habiendo quien haga uso de la palabra se va a proceder a al votación nominal, en lo particular. Por la afirmativa.
El C. secretario Colín Sánchez, Mario: Por la negativa.
(Votación.)
- La C. secretaria Anderson Nevárez, Hilda: ¿Falta algún ciudadano diputado de votar por la afirmativa?
El C. secretario Colín Sánchez, Mario: ¿Falta algún ciudadano diputado de votar por la negativa?
Se va a proceder a recoger la votación de la Mesa.
(Votación.)
- La C. secretaria Anderson Nevárez, Hilda: Fue aprobado el proyecto de decreto, en lo particular, por 165 votos de la afirmativa contra 17 votos de la negativa. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
X
- El C. secretario Colín Sánchez, Mario:
"Comisión de Presupuestos y Cuenta.
Honorable Asamblea:
A la suscrita, Comisión de Presupuestos y Cuenta, le fue turnado, para su estudio y dictamen, el proyecto de Presupuesto de Egresos del Territorio de Baja California para el Ejercicio Fiscal de 1966, que el C. Presidente de la República, por conducto de la Secretaría de Gobernación, somete a la consideración de esta H. Cámara de Diputados.
El proyecto en cuestión se ajusta a lo dispuesto por el artículo 3o de la Ley Orgánica del Presupuesto de Egresos de la Federación, y asciende a la cantidad de $ 30.000,000.00 (treinta millones de pesos), que se estiman necesarios para atender los servicios a cargo del gobierno
El análisis del proyecto permite concluir que se hace una separación de los distintos ramos de la Administración Pública, estimando los gastos respectivos.
Se establece un aumento en los emolumentos de los servidores del Territorio, que se justifica ante la exigua remuneración que tuvieron en ejercicios anteriores. Esta modalidad se destaca, principalmente, en el Ramo de Justicia, para el que se señala emolumentos más acordes con la naturaleza de las funciones a cargo de este Ramo de la Administración Pública. Por otra parte, se deja previsto un gasto para la creación de un Segundo Juzgado de la Primera Instancia en la ciudad de la Paz, en la que, regularmente ha existido uno sólo.
El presupuesto de referencia da margen, además, para los gastos necesarios que permitan el desarrollo socioeconómico del Territorio, y, consecuentemente, para que guarden el nivel del desarrollo general del país.
Con fundamento en la fracción VI del artículo 73 de la Constitución General de la República, y previo el estudio que se ha hecho al proyecto de Presupuesto de Egresos citado, la suscrita, Comisión, se permite someter a la consideración de esta H. Asamblea, para su aprobación, el siguiente proyecto de la Ley de Egresos del Territorio de Baja California para el ejercicio fiscal de 1966:
Artículo 1o. El Presupuesto del Territorio de Baja California, para el ejercicio fiscal de 1966, se compondrá de las siguientes partidas:
Artículo 2o. El Presupuesto de Egresos del Territorio de Baja California importa el total la cantidad de $ 30.000,000.00 (treinta millones de pesos 00/100) distribuidos en la siguiente forma:
Ramo I Ejecutivo del Territorio $3.107,280.00
Ramo II Gobernación 342,360.00
Ramo II Hacienda 1.490,160.00
Ramo IV Obras Públicas 417,720.00
Ramo V Comisión Agraria Mixta 176,760.00
Ramo VI Industria y Comercio 136,560.00
Ramo VII Trabajo 99,600.00
Ramo VIII Justicia 1.217,880.00
Ramo IX Servicios Públicos 3.642,120.00
Ramo X Almacenes Generales delGobierno 162,120.00
Ramo XI Servicios Generales 19.207,440.90
Artículo 3o. La vigilancia en la ejecución del Presupuesto quedará a cargo de un Delegado de la Secretaría de Hacienda y se sujetará a lo que previene la Ley Orgánica del Presupuesto de Egresos de la Federación y su Reglamento.
Artículo 4o. Las facultades que la Ley citada en el artículo anterior confiere a la Secretaría de Hacienda, se ejercerán por el Delegado que nombre la propia Secretaría.
Artículo 5o. Para el caso de que los ingresos por los conceptos a que se refiere el artículo 1o de la Ley de Ingresos del Territorio de Baja California para el ejercicio fiscal de 1966 excedan del monto del Presupuesto aprobado, el C. Gobernador, mediante autorización de la Secretaría de Hacienda, deberá hacer erogaciones adicionales hasta por el importe de dichos excedentes, en los grupos fundamentales de autorización mencionados en el artículo 18 de la Ley Orgánica del Presupuesto de Egresos de la Federación. El Ejecutivo dará a la cuenta a la Cámara de Diputados de las erogaciones que haya efectuado con base en esta disposición, al presentar el proyecto del Presupuesto de Egresos para 1967.
Artículo 6o. Es de la competencia del C. Gobernador:
a) Autorizar, dentro del límite que señala el Presupuesto del Territorio, las transferencias de partidas que reclamen los servicios. El Ejecutivo de la Unión informará en los términos del artículo anterior del uso que se haga en la facultad.
b) Designar el personal supernumerario.
c) Asignar las cuotas de viáticos y pasajes para el desempeño de comisionistas oficiales de carácter transitorio conferidas a empleados o funcionarios.
d) Fijar el monto de los honorarios o profesionistas o expertos.
Las facultades anteriores las ejercerá el C. Gobernador con autorización de la Secretaría de Hacienda.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. -México, D. F., a 22 de diciembre de 1965. - Abraham Aguilar Paniagua. - Jorge de la Vega Domínguez. - Luis Dantón Rodríguez. - Manuel Gurría Ordoñez. - José Antonio Cobos Panamá. - Rubén Moheno Velasco. - Guillermo Molina Reyes."
Segunda lectura. Está a discusión, en lo general. No habiendo quien haga uso de la palabra se reserva para su votación nominal.
Está a discusión, en lo particular. No habiendo quien haga uso de la palabra, en un solo acto se va a proceder a recoger su votación nominal, tanto en lo general como en lo particular.
El C. Aguilar Paniagua, Abraham: Señor presidente, pido la palabra para hacer una proposición a nombre de la Comisión de Presupuestos y Cuenta.
El C. Presidente: Para una proposición tiene la palabra el señor diputado.
El C. Aguilar Paniagua, Abraham: Señor Presidente, honorable Asamblea.
La Comisión de Presupuestos y Cuenta, después de un amplio cambio de impresiones con los diputados federales de los territorios de Quintana Roo y del Distrito Sur de Baja California, con diputados de otros partidos y con diputados miembros de la propia Comisión, han estimado conveniente someter a la consideración de ustedes una adición al artículo 5o. de los dictámenes que se han sometido a la consideración de esta asamblea, cuyo tenor será el siguiente:
"De estos excedentes -a que se refiere el artículo 5o - se asignará una partida por la cantidad de $ 5000,000.00 para inversiones en cambios vecinales, que habrá de ejercerse en cooperación con el Gobierno Federal."
De tal manera que suplico al señor Presidente que, después de someter a la consideración de ustedes, en lo general, esta adición, determinen si aprueba o se rechaza.
El C. Presidente: Se ruega a la Secretaría ponga a la consideración de la asamblea la proposición que ha hecho el señor diputado Aguilar Paniagua.
El C. secretario Colín Sánchez, Mario: En votación económica se pregunta a la asamblea si es de aprobarse hecha por el representante de la Comisión. (Pausa.) Aprobado.
El C. Colín Sánchez, Mario: Se va a proceder, en un solo acto, a recoger la votación en lo general y en lo particular, de la adición propuesta por la Comisión al presupuesto de Baja California. Por la afirmativa.
El C. Velázquez Grijalva, Rodolfo: Por la negativa.
(Votación.)
El C. Colín Sánchez, Mario: ¿Falta algún ciudadano diputado de votar por la afirmativa?
El C. Velázquez Grijalva, Rodolfo: ¿Falta algún ciudadano diputado de votar por la negativa?
Se va a proceder a recoger la votación de la Mesa.
(Votación.)
El C. secretario Colín Sánchez, Mario: Fue aprobado el proyecto de decreto, tanto en lo general como en lo particular, por 179 votos. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
XI
El C. Bustamante Vasconcelos, Juan Ignacio: Pido la palabra.
El C. Presidente: ¿Con qué objeto?
El C. Bustamante Vasconcelos, Juan Ignacio: Como miembro de la Comisión, para dar lectura al dictamen por el que se reforma la Ley del Seguro Social.
El C. Presidente: Tiene usted la palabra.
El C. Bustamante Vasconcelos, Juan Ignacio: "Comisiones Unidas: De Seguridad Social, y de Estudios Legislativos.
Honorable Asamblea:
A las suscritas, Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos, fue turnada, por acuerdo de vuestra soberanía la iniciativa que el C. presidente de la República, licenciado Gustavo Díaz Ordaz, envió a esta Cámara, en el cual propone reformas a la Ley del Seguro Social en sus artículos 8o, 63, 94 y 95.
Las Comisiones desean hacer, en torno a esta iniciativa, las siguientes consideraciones:
1a. Los movimientos sociales que en México han tendido a transformar las estructuras jurídicas caducas y a impulsar el avance económico y social, alcanzan su mayor valor en la medida que logran la implantación de niveles de vida decorosos para la mayoría. Es decir, transformación jurídica y desarrollo económico tienen sentido cuando sirven para moldear una sociedad más justa.
2a. La Revolución Mexicana estableció un nuevo orden jurídico dinámico y perfectible, en el que se garantizan las libertades de individuo, se protegen los recursos de la nación y se ampara a los grupos sociales que requieren el auxilio y el estímulo del Estado y de la sociedad para su existencia y su bienestar.
La propia Revolución Mexicana, bajo los auspicios de ese nuevo derecho, ha impulsado el desarrollo económico del país, conjugando la acción de los particulares con el esfuerzo que el Estado realiza para aprovechar los recursos básicos de la nación y acelerar la actividad económica.
3a. Con la finalidad de lograr un desarrollo económico amplio y equilibrado, el Estado se empeña en lograr una más justa distribución de la riqueza nacional, pues no es sano, no sólido, un desarrollo económico apoyado exclusivamente en la prosperidad de un núcleo privilegiado, con menoscabo de los intereses de los sectores que constituyen la mayoría del pueblo. Para alcanzar el objetivo de que la prosperidad abarque al mayor número, el Estado cuenta, fundamentalmente, con los sistemas fiscales encaminados a distribuir con equidad las cargas tributarias que allegan fondos para los programas de gobierno; pero éste no es el único instrumento utilizable y toda medida en caminada a establecer una
prosperidad equilibrada, un desarrollo económico justo, debe merecer el interés y el apoyo de los círculos más responsables del país.
4a. Al esfuerzo transformador y progresista iniciado en 1910 y que sigue adelante en nuestros días, la población rural ha contribuido, de manera sostenida y decisiva. No obstante eso, dicha población, que está constituida , aproximadamente, por seis millones de trabajadores y sus familias, no ha logrado alcanzar niveles de vida satisfactorios y se encuentra aún condiciones muy desfavorables respecto de las que han alcanzado otros sectores de la sociedad.
Mientras ese gran núcleo, formado por más de la mitad de los habitantes del país, no logre mejores condiciones de vida, el progreso nacional no podrá ser uniforme ni acelerado, en el grado en que lo demandan imperiosamente las más altas conveniencias de México. De ahí que la Reforma Agraria además de ser un postulado fundamental de la Revolución, constituya un compromiso irrenunciable, una necesidad histórica y una tarea urgente a la que pueden y deben concurrir todos los mexicanos, sin distinción de clases sociales.
5a El concepto de que la Reforma Agraria constituye un programa cuyo único objetivo es modificar las normas jurídicas que amparan la tendencia de la tierra para redistribuir ésta en forma justa, ha sido superado y enriquecido; en efecto, hoy la Reforma Agraria es un programa mucho más amplio en su concepción, en sus objetivos y en cuanto a los medios e instrumentos para lograr su cumplimiento. Si al iniciarse el movimiento revolucionario nacional la Reforma Agraria implicaba solamente la destrucción de los grandes latifundios, en la actualidad se ha impuesto ya el criterio de considerarla como el amplio programa encaminado, por una parte, a elevar la productividad de la agricultura, y por otra, como tarea fundamental a desterrar la miseria, la injusticia, la ignorancia y la insalubridad de las áreas rurales; es decir, como el programa para implantar condiciones de vida justas y elevadas para los campesinos mexicanos y sus familiares.
6a. No obstante que se ha ampliado el concepto de Reforma Agraria es susceptible de enriquecerse más todavía, porque la solución de las necesidades de los campesinos requiere de nuevas medidas eficaces y adecuadas al momento histórico que vive nuestro país. Para alcanzar sus objetivos, la Reforma Agraria debe utilizar todas las medidas de carácter jurídico, administrativo, político, económico, social o cultural que parezcan indicadas y oportunas.
Para estas Comisiones no cabe duda de que la iniciativa presidencial, que es materia del presente dictamen, constituye un nuevo y adecuado paso, tendiente a fortalecer la Reforma Agraria con la incorporación al sistema de Seguridad Social de ciertos grupos de campesinos - ejidatarios y pequeños propietarios - que todavía no reciben sus beneficios.
7a. La seguridad social se afirma cada día más como un derecho esencial para el hombre que trabaja y contribuye al progreso de la sociedad; constituye una institución fundamental de nuestro régimen democrático. En consecuencia, los servicios y beneficios que imparten los organismos encargados de llevar a la práctica la seguridad social, deben extenderse y mejorarse de manera tal que lleguen al mayor número de trabajadores y sus familias del modo más eficaz posible.
Es un hecho cierto que la ampliación de la seguridad social ha venido lográndose con una mayor rapidez en los últimos años, especialmente en beneficio de los trabajadores de las ciudades, Sin embargo, estos avances de la Seguridad Social se han llevado a cabo sobre todo en las ciudades, mientras que en el campo apenas se han iniciado algunos años.
8a. El gobierno de la República ha entendido, con gran claridad, que el mejoramiento de los niveles de vida del sector rural no sólo es una exigencia social, sino un medio indispensable para garantizar la estabilidad y el progreso de toda la nación. Por ello, a partir del año de 1954 ha venido realizando diversos esfuerzos para conseguir la incorporación de los campesinos al régimen del Instituto Mexicano del Seguro Social. En ese año se estableció la obligatoriedad del sistema de seguridad social para los miembros de las sociedades locales de crédito agrícola y ejidal, y se autorizó al Ejecutivo para extenderlo con carácter obligatorio a los ejidatarios y pequeños propietarios agrícolas que no pertenecieran a esas sociedades cuando así lo justificaran las experiencias estadísticas, financieras y económicas.
En el año de 1959 se introdujeron reformas a la Ley con el objeto de reestructurar y ampliar las disposiciones que existían respecto del Seguro Social en el campo. Esas reformas autorizaron al Ejecutivo a dictar decretos que fijaran condiciones y características precisas para la implantación de los servicios del Seguro Social en favor de los campesinos.
En el mismo año de 1959 se extendió un Reglamento para el Seguro Social de los Trabajadores del Campo y en él se reconoció que 'los problemas técnicos, administrativos y financieros que se presentan en la aplicación de un sistema de seguridad social en favor de los trabajadores del campo, han constituido otros tantos obstáculos para extender de inmediato y de manera general sus beneficios a la población campesina.'
9a. De acuerdo con los preceptos legales en vigor, el régimen del Seguro Social ampara a tres tipos de trabajadores del campo: a) Los asalariados, b) los estacionales y, c) los miembros de Sociedades de Crédito Agrícola y de Sociedades de Crédito Ejidal. De lo anterior se desprende que un gran sector de la población campesina, indudablemente el de más escasos recursos, no recibe los beneficios del crédito oficial, se encuentra al margen de la protección otorgada por la Ley del Seguro Social. Por otra parte, desde el punto de vista de la realidad, los beneficios de la seguridad social no han llegado a la población de las áreas rurales de nuestro país con la rapidez y en el grado necesario para liberar de múltiples problemas y riesgos a los mexicanos dedicados a la explotación de la tierra. La propia Iniciativa que analizamos reconoce que las condiciones pecuniarias de la población rural que carece del patrono dificultan que los beneficios del régimen de seguridad social lleguen a ella.
10. Preocupado por los graves problemas que agobian a la población campesina, consciente de la urgencia de auxiliarla para que alcance su
mejoramiento y sabedor de los escollos que dificultan la ampliación del Seguro Social al campo, el C. Presidente de la República señala que la inclusión de nuevos grupos campesinos en el régimen del Seguro Social, debe obtenerse sin que se les impongan a ellos cargas económicas que están en la imposibilidad de satisfacer. No siendo posible la aplicación de las reglas establecidas en la ley respecto de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales cuando no existe patrono y por las mismas precarias condiciones económicas en que se encuentran ejidatarios y pequeños propietarios, la iniciativa considera que la única alternativa es implantear un sistema bipartita de cuotización en el que participen el Estado y los asegurados.
11. Esta solución, no obstante, implica erogaciones muy cuantiosas y sólo puede llevarse a la práctica de un modo paulatino, con el esfuerzo de los propios campesinos que en el futuro podrán ser beneficiarios del Seguro Social, y con la cooperación de otros sectores de la sociedad mexicana que se encuentran en condiciones económicas mucho más elevadas.
Por consiguiente, la iniciativa presidencial plantea reformas a la Ley del Seguro Social, que al mismo tiempo que modifican las aportaciones del Estado y de los patronos para los servicios que se otorgan a los trabajadores asalariados, plantean la plena posibilidad legal y práctica de extender la seguridad social a los ejidatarios y pequeños propietarios de escasos recursos.
Los fondos que el Estado ahorre por la disminución de sus aportaciones a los servicios de seguridad social de los trabajadores asalariados, podrán destinarse a planear y preparar el modo más racional posible - de acuerdo con las condiciones de los diferentes núcleos de campesinos - la ampliación del Seguro Social en las zonas rurales.
La iniciativa ha estimado que esta solución es viable y justificada, considerando que al disminuir la ayuda que proporciona a quienes más tienen, y al aumentar el auxilio a quienes tienen más carencias, con base en un sentido estricto de equidad, se realizará un valioso esfuerzo para conseguir una distribución más justa del ingreso nacional que favorezca el desarrollo y la estabilidad económica y política del país.
12. El progreso económico de México sigue dependiendo, en gran parte, de la explotación agrícola, dado que la tierra es la fuente primaria y original de la producción nacional. Si ha sido posible el progreso de los sectores industrial, comercial, financiero, profesional y burocrático, se debe, en gran parte, al esfuerzo y al trabajo permanente de los campesinos mexicanos. Sin embargo, la actividad agrícola apenas si proporciona a los campesinos los elementos indispensables para satisfacer sus necesidades elementales. De ahí que consideremos justificado y acertado el llamamiento que la Iniciativa hace a la solidaridad social, para que los sectores que han alcanzado mejores condiciones de vida y mayores beneficios por virtud del progreso general del país, contribuyan a mejorar las precarias condiciones de vida de la clase campesina.
13. La iniciativa, además de buscar, con apoyo en un elevado sentido de equidad, el mejoramiento del sector rural, persigue también dar un mayor impulso a la economía nacional, ya que es incuestionable que el progreso general del país depende, en gran parte, de que el mercado interno se amplíe y de que la capacidad de consumo de los mexicanos sea el mejor estímulo a la producción de bienes y servicios.
14. La cooperación que las empresas y patronos en general brindarían para lograr la ampliación de la seguridad social en el campo, mediante el pago de mayores cuotas al Seguro Social, en virtud de la menor aportación del Estado tratándose de trabajadores con patrono, favorecerá a los empresarios en el futuro, pues es indudable que esta medida incrementará las actividades económicas y el desarrollo general del país. Por otra parte, este aumento en la erogación de los patronos no debe de ninguna manera repercutir en cuanto a elevar el costo de la vida, ya que se trata de un esfuerzo de solidaridad social y de una medida para reducir, en forma mínima por cierto, las ganancias, con base en el principio de equidad y con objeto de contribuir a una mejor distribución del ingreso nacional. La ampliación de la seguridad social en el campo no sólo es una tarea solidaria sino una medida justiciera.
15. Las reformas propuestas par la iniciativa pueden resumirse en los siguientes puntos:
a) De acuerdo con las características especiales de ciertos grupos de campesinos, establecer un sistema bipartita para ampliar la seguridad social en el campo, cubierto por partes iguales entre el gobierno federal y los beneficiarios.
b) Establecimiento de mecanismos adecuados para la recaudación de las cuotas que corresponda pagar a los beneficiarios ejidatarios y pequeños propietarios con no más de 10 hectáreas, al través de las instituciones oficiales o privadas de crédito que concurren a las actividades agrícolas.
c) Reducción en el monto de las contribuciones del Estado para los seguros de enfermedades no profesionales y maternidad y de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, con objeto de que dichas contribuciones disminuyan en un 50 por ciento.
d) Incremento de las cuotas que deberán cubrir los patronos respecto de los seguros mencionados en el inciso anterior.
Todas estas modificaciones, van encaminadas a lograr una reducción en las erogaciones del Estado respecto de los trabajadores con patrono, para dedicar mayores recursos al mejoramiento de los trabajadores del campo y sus familias, mediante la ampliación paulatina del régimen de seguridad social.
Por todo lo anteriormente expuesto, las suscritas, Comisiones, se permiten someter a la ilustrada consideración de vuestra soberanía el siguiente Proyecto de Decreto que Reforma la Ley del Seguro Social.
Artículo Único. Se reforman los artículos 8o., 63, 64, 94 y 95 de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:
'Artículo 8o. Son sujetos del régimen del Seguro Social Obligatorio, los miembros de las sociedades cooperativas de producción, los de las sociedades locales de crédito agrícola y los de las sociedades de crédito ejidal. Las mencionadas sociedades serán consideradas como patrones para los efectos de esta Ley.
Para los ramos de enfermedades no profesionales y maternidad y de invalidez, vejez, cesantía y muerte, las mencionadas sociedades cubrirán el 50% de las primas totales y el Gobierno Federal el otro 50%.
Para el ramo de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales el Gobierno Federal también contribuirá con el 50% de la prima respectiva, siempre que se trate de ejidatarios o de pequeños propietarios de no más de diez hectáreas de riego o su equivalencia en otra clase de tierras, ya sean o no miembros de sociedades cooperativas de productores, de sociedades de crédito ejidal o de crédito agrícola.
El Banco Nacional de Crédito Agrícola, S. A., el Banco Nacional de Crédito Ejidal, S. A., y los Bancos Regionales a que se refiere la Ley de Crédito Agrícola concederán créditos independientes a los de avío o refacción por las cantidades necesarias para satisfacer las cuotas del Seguro Social, en aquellas zonas en que se haya extendido o se extienda el régimen a los trabajadores del campo. Dichos Bancos deberán cubrir las cuotas respectivas, al Instituto Mexicano del Seguro Social, dentro de los quince días siguientes a la concesión de los créditos.
Los ejidatarios y pequeños propietarios agrícolas de no más de diez hectáreas de riego, o su equivalencia en otra clase de tierras, que no sean miembros de las sociedades de crédito mencionadas, podrán quedar incluidos en el Seguro Social Obligatorio en los ramos mencionados en las fracciones I, II y III del artículo 3o. de esta Ley. Para este fin el Poder Ejecutivo Federal, a propuesta del Instituto, basada en sus experiencias estadísticas, financieras y económicas, podrá implantar dicho seguro mediante decretos en los que se determinará:
a) La fecha de implantación y las modalidades del Seguro Social para los grupos que deban ser incluidos.
b) Las circunscripciones territoriales en que se aplicarán las disposiciones de dichos decretos.
c) Las cuotas y contribuciones a cargo de los asegurados y del Gobierno Federal, que se soportarán por partes iguales en los ramos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, enfermedades no profesionales y maternidad e invalidez, vejez y muerte. Las cuotas y contribuciones serán suficientes para cubrir las prestaciones que correspondan a las necesidades sociales de dichas personas, tomando en cuenta su capacidad económica.
d) Los procedimientos de inscripción y los de cobro de las cuotas, preferentemente a través del entero de las mismas por las instituciones de crédito o por otras personas que financien a ejidatarios o a agricultores. Dichas instituciones o personas exigirán la comprobación del pago de las cuotas del Seguro Social correspondientes al período o ciclo durante el cual deban invertirse los recursos del financiamiento, o con cargo a éstos retener y pagar dichas cuotas. En caso de concederse el préstamo con violación de lo dispuesto en este párrafo, las instituciones o personas financiadoras serán solidariamente responsables ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, del pago de las sumas respectivas.
El Poder Ejecutivo Federal podrá, a propuesta del Instituto basada en estadísticas financieras, económicas y sociales, extender el régimen del Seguro Social Obligatorio a las categorías de trabajadores independientes urbanos, como artesanos, pequeños comerciantes, profesionistas libres y todos aquellos que le fueren similares. En las necesidades sociales y las particularidades económicas de esas categorías de asegurados, las bases para el cobro de primas y prestaciones en dinero y las condiciones especiales conforme a las cuales deban otorgarse otros tipos de prestaciones.'
'Artículo 63. A los patrones y a los trabajadores les corresponde cubrir, para el Seguro de Enfermedades no profesionales y de maternidad, las cuotas que señala la siguiente tabla:
Dar doble click con el ratón para ver imagen
Las cuotas necesarias para cubrir las prestaciones a que tienen derecho los pensionados y sus beneficiarios se fijarán de acuerdo con la tabla anterior, en tal forma que en lugar de salario diario se considere la cuantía de la pensión mensual calculada por día, dividiendo su monto entre treinta. La cuota correspondiente al asegurado se descontará de la renta mensual y el Instituto cubrirá la cuota patronal con cargo al seguro de invalidez, vejez, cesantía y muerte y, en su caso, al de riesgos profesionales.
Oyendo la opinión de las agrupaciones patronales y obreras, el Instituto podrá, en vez de aplicar el sistema de grupos contenido en la tabla anterior, determinar las cuotas correspondientes sobre la base de porcentaje de salarios. El reglamento especificará la forma y términos en que se fijarán las cuotas en este caso.'
'Artículo 64. La contribución del Estado para el Seguro de Enfermedades no Profesionales y Maternidad será igual al veinte por ciento del total de las cuotas que corresponda pagar a los patrones.
La aportación del Estado será cubierta en pagos bimestrales iguales, equivalentes a la sexta parte de la estimación que presente el Instituto para el año siguiente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el mes de julio de cada ejercicio formulándose el ajuste definitivo en el mes de enero del año siguiente.'
'Artículo 94. A los patrones y a los trabajadores les corresponde cubrir, para el Seguro a que se refiere este capítulo, las cuotas que señala la tabla siguiente:
Dar doble click con el ratón para ver imagen
Oyendo la opinión de las agrupaciones patronales y obreras, el Instituto podrá, en vez de aplicar el sistema de grupos contenidos en la tabla anterior, determinar las cuotas correspondientes sobre la base de porcentaje de salarios. El reglamento especificará la forma y términos en que se fijarán las cuotas en este caso.'
'Artículo 95. La contribución del Estado, para el Seguro de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, se entregará bimestralmente y será igual al veinte por ciento del total de las cuotas que corresponda pagar a los patrones. Será cubierta en los términos del artículo 64.'
Transitorios:
Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor en toda la República el 1o. de enero de 1966.
Artículo Segundo. Las reformas a que se refiere este decreto no modifican ni son aplicables al régimen que incorpora al Seguro Social Obligatorio a los productores de caña de azúcar y a sus trabajadores, a que se refiere la Ley de 6 de diciembre de 1963.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. - México, D. F., a 23 de diciembre de 1965. - Comisión de Seguridad Social: Luis Mario Santana Cobián. - Arturo Guerrero Ortiz. - Juan Ignacio Bustamante V. - Enrique Ramírez y Ramírez. - Heliodoro Hernández Loza. - Raúl H. Lezama Gil. - Comisión de Estudios Legislativos, (Sección Agraria): J. Jesús García Santacruz. - Juan Francisco Andraca Malda. - Diana Torres Ariceaga. - Alfonso Reyes Aguilera. - Joaquín Salgado Medrano."
El C. secretario Colín Sánchez, Mario: Segunda lectura. Está a discusión, en lo general.
- La C. Urzúa Flores, María Guadalupe: Pido la palabra.
El C. Presidente: ¿Con qué objeto?
- La C. Urzúa Flores, María Guadalupe: Para consideraciones.
El C. Presidente: Se concede el uso de la palabra a la ciudadana diputada Guadalupe Urzúa.
- La C. Urzúa Flores, María Guadalupe:
"Señor Presidente, Señores Diputados:
El postulado rector de la Revolución Mexicana fue y es la Reforma Agraria. La lucha por la tierra está íntimamente vinculada a las grandes contiendas sociales, en las que ha participado nuestro pueblo.
El concepto de libertad, de soberanía y de justicia no podrá ser entendido por los mexicanos si éstos no pensaran que son los únicos con derecho
a usufructuar las riquezas de nuestro territorio y de construir su propio destino.
Para los campesinos sólo esto hace posible la consumación de un viejo anhelo, que consiste en la entrega de las tierras a los hombres del campo, la recuperación de sus libertades fundamentales y de su dignidad como mexicanos.
A partir de ese momento histórico. México inició un proceso de fortalecimiento de las instituciones democráticas; pero esto es consecuencia de la redistribución de la riqueza originada por el reparto de las tierras. Los regímenes revolucionarios se han preocupado por acelerar la reforma agraria, porque ello significa intensificar el proceso de redistribución de la riqueza, aumentar la producción agrícola y ganadera, estimular nuestro desarrollo económico con la creación de un mercado interno que nos permita adquirir, en forma gradual, nuestra independencia económica. Si bien es cierto que en nuestro desarrollo el capítulo de la economía es un renglón muy importante, también lo es que la verdadera motivación de este proceso se localiza en un objetivo preciso, que consiste en lograr la integración social y cultural de todo el pueblo de México. La Revolución Mexicana, en el curso de todo su proceso, y en la confirmación de su filosofía y su doctrina, contempla al hombre no sólo como un medio para el fortalecimiento de la nación, sino como un fin en sí mismo para la existencia y la fortaleza de la nación; por ello es que la Revolución es uno de los grandes movimientos sociales que se caracteriza por su profundo sentido humanista; el régimen de Seguridad Social fue creado, en su origen, para cuidar de la salud y la vida de los mexicanos.
El Seguro Social es una de las instituciones más importantes de los regímenes revolucionarios, y sus objetivos están permanentemente dirigidos para hacer realidad la justicia social.
El señor presidente don Gustavo Díaz Ordaz, no sólo se ha caracterizado por su permanente preocupación por aumentar el ámbito de nuestra soberanía, en la medida en que México se convierte en un país autosuficiente, sino que ha procurado armonizar las líneas generales de desarrollo económico con una política de desarrollo social.
Cuando el señor Presidente asumió la primera magistratura del país, al convertirse en depositario de la voluntad popular, expresó su firme decisión de entregar su vida al servicio de los mexicanos, además de su propósito inquebrantable de servir con lealtad e interpretar las aspiraciones de los hombres del campo.
En este primer año ha sentado las bases para fortalecer el desarrollo de nuestra vida interna, con equilibrio y armonía, y los frutos de su política agraria se dejan ver a lo largo del país al persistir en su firme decisión de entregar a los campesinos de México todas las tierras afectables que aún existen.
En su política educativa rural destaca, entre otros aspectos, el hecho de que por cada cien maestros que habrán de incorporarse a prestar sus servicios, sesenta serán destinados a las áreas rurales y, por otra parte, se ha puesto en marcha el programa de desarrollo agropecuario, que comprende, a la vez, la rehabilitación de nuestro sistema hidráulico en plena coordinación con la Comisión Federal de Electricidad, vistas las bases para el proyecto de reformas a la Ley del Seguro Social, que incorporan a los hombres del campo al régimen de seguridad social, constituyen una de las medidas más avanzadas del régimen, ya que consolidan, en la práctica, el propósito de hacer una realidad la justicia social. Al mismo tiempo que confirma ese propósito se establecen nuevas premisas para lograr mejores niveles de vida para los campesinos, porque la seguridad social, a la vez que acelera el proceso de conocimiento de los campesinos, contribuye a crear necesidades y hábitos que los obligan al ahorro y se traducen en la ampliación del mercado interno que fortalece a la industria del país. Los servicios y prestaciones destinados a cuidar de la salud del mexicano, a prolongar su esperanza de vida y a fortalecer la integridad de la familia mexicana, habrán de permitir a los grandes núcleos rurales la adquisición de un nuevo concepto de la vida y de la patria. La disminución de la incertidumbre en que vive el hombre del campo, en muchas regiones del país y, en algunos casos, la falta total de los servicios médicos, podrán aliviarse con el auxilio de la seguridad social.
Como representante de la clase rural, a la cual tengo el privilegio de pertenecer, puedo afirmar que la familia rural del país, al recibir estos nuevos beneficios, habrá de reafirmar su fe y confianza en la Revolución Mexicana y en el Presidente Díaz Ordaz.
La diputación campesina, por mi conducto, exhorta a los ciudadanos diputados para que aprueben el dictamen en los términos en que fue emitido por la Comisión, ciertos como estamos de que ésta es una medida revolucionaria, patriótica, justa y de positivos beneficios para la clase campesina que, en forma preponderante participó en el movimiento armado que hizo posible la existencia del México en que vivimos." (Aplausos.)
El C. secretario Colín Sánchez, Mario: Está a discusión, en lo general.
(Se abre el registro de oradores.)
El C. Presidente: Se concede el uso de la palabra al señor diputado Silva Flores.
El C. Silva Flores, Jacinto G.: Señor Presidente, señoras y señores diputados.
Mi partido quiere expresar algunas consideraciones que motivan el voto aprobatorio que daremos al dictamen rendido por las Comisiones, porque es, señores diputados, el arranque hacia la introducción, inicial por lo menos, de los bienes del desarrollo económico en la clase campesina; porque es, señores diputados, deuda que toda la nación mexicana tiene con el campesinado nacional, deuda que no es de 1910 para acá, deuda que ya mucho más allá podríamos, ciertamente, ubicarle en el inicio de nuestra historia.
En la Colonia, en el México independiente, en la Reforma y en la Revolución, siempre fue el campesinado, siempre fue el campesino quien aportó lo mejor de sí mismo en esas luchas, en las cuales se ha debatido México. Más allá de 1910, en las tribus indígenas, cuya sangre llevamos; en los grupos, en los hombres venidos de la Península Ibérica, cuya sangre llevamos desde allá.
México debe pagar esa deuda; la nación toda. Y porque esta iniciativa de Ley vuelve, una vez más, a reabrir, a profundizar en la historia, pero hacia
abajo hacia las capas por mucho tiempo subterráneas de nuestra historia, para hacer que afloren esos grupos campesinos, toda esa clase campesina, al enriquecimiento de la nación, toda porque es seguir abriendo conductos atrofiados hasta ahora, por donde corra, por donde fluya la savia del bienestar y del progreso para la nación; porque es, señores diputados, meter, introducir a la clase campesina en los bienes del desarrollo, en los bienes de que todos nosotros gozamos ahora.
Por estas razones mi partido dará su voto aprobatorio. Permítaseme, sin embargo, hacer algunas consideraciones no como imputaciones estériles, mucho menos personales, sí preventivas en el arranque y al aprobar esta Iniciativa.
Según la reforma, que hoy aprobará mi Partido, la cuarta parte que el sector patronal aportaba hasta ahora para la seguridad social en la rama industrial, pasará, perdón, la cuarta parte que aportaba el Estado, pasará al sector patronal.
Yo quisiera elevar, desde esta tribuna, de acuerdo con el dictamen, un requerimiento formal al sector patronal para que esto no se vaya a traducir en una elevación del costo de la vida.
Yo quisiera excitar al sector patronal a sentir esta reforma como benéfica para él mismo. Algún día, y pronto será, revertirá sobre el consumo de productos industriales el fruto de esta reforma, que hoy es para los campesinos.
A los trabajadores, que también aportarán -por que al gravarse más los costos empresariales se disminuirá su participación en las utilidades de las empresas -, también pedirles, aunque no hay necesidad ciertamente, porque nos consta la generosidad de la clase trabajadora, que simplemente aporten un esfuerzo más para el desarrollo de México.
Si no se da esto, si el sector patronal trata de aprovechar, como tantas veces lo ha hecho, cualquier alza, cualquier pretexto para la elevación de sus productos, la reforma se truncará y no vendrá a ser lo que seguramente esta Cámara de Diputados quiere que sea: un refluir, un volver de eso que al campesino ahora se le entrega en un mayor consumo de productos industriales.
Queremos también, porque toda opinión pública lo conoce, porque el inicio de este régimen de gobierno parece que se perdió un poco o un mucho, o se perdió simplemente el temor o esa idea de no dar a conocer los estados que guardan las instituciones en donde interviene el Estado.
Se ha dado a conocer, con amplitud, a través de la prensa nacional, el Estado que guarda el Seguro Social. Hay pasivo. No me interesa remarcarlo; solamente prevenir. Y en esta prevención sí me interesa, fundamentalmente, decir que ha sido fácil para mucha gente en México echar la culpa de todo lo que pasa al gobierno.
Si hay responsabilidad en la desviación de los fondos del Seguro, en ese poner mármoles innecesarios y colorines en las clínicas; en ese no haber revisado los cuadros básicos de medicación para los que somos derechohabientes y nuestras familias. Si hay responsabilidad en esto, en ella, en la responsabilidad, son solidarios el Sector Obrero y el Sector Patronal que tienen facultades amplias otorgadas por el artículo 110 y 112 de la Ley del Seguro Social, para intervenir en el manejo y distribución de los fondos del Seguro.
Me interesa, porque una democracia, un sistema democrático, cuyas comunidades intermedias son omisas, no cumplen con su deber, no vigilan, no actúan cumpliendo con sus propias obligaciones, ciertamente esa democracia está corta; no está en desarrollo pleno. Y me temo mucho, señores diputados, que si hay esa responsabilidad haya habido mucho más interés por congraciarse con el Director del Seguro Social, por ser agradable a él, que por cumplir con la responsabilidad que tienen, como representantes, tanto los patrones cuanto los obreros.
En adelante, si queremos que esto no se ciegue, que esto no se entorpezca, que esta reforma sustancial para el desarrollo de México, sustancial para entregar en estricta justicia lo que es justo darle al campesino, si no se trunca en definitiva, si no se corta, si no se frena, sí retardará más sus efectos
Por ello también mi partido hace una excitación a los sectores patronal y de trabajadores para que en esos puestos los representantes de los dos sectores, en la Asamblea General y en el Consejo Técnico del Seguro Social, cumplan con sus representados, vigilen el Instituto y ayuden al Instituto.
Así, cuando esto suceda, tendremos la plena seguridad de que la reforma cumplirá su misión, el fin para el cual se hace. Y las comunidades intermedias verán el ejemplo a seguir en esos dos sectores representados en el Seguro Social; ejemplo a seguir para toda la vida de la comunidad nacional.
Si algún día esta Cámara de Diputados pudiera contemplar a cada una de las agrupaciones de México, a cada una de las comunidades intermedias entre el hombre y el Estado, cumpliendo plenamente con su deber, ese día, seguramente, señores diputados, tendríamos una democracia plena y absolutamente desarrollada.
Quiero terminar elevando, con todo el respeto que me merecen y pidiendo a ustedes que esta petición que elevo la hagan suya, al señor Presidente de la República; esta petición concreta: Como es él, el que inicia el Presupuesto de Egresos de la Federación, que contemple la posibilidad de que, con cargo al Presupuesto, no sean sólo los pequeños propietarios ni los ejidatarios los beneficiarios de la seguridad social: que sean todos los campesinos de México.
Esperamos que así sea. (Aplausos.)
El C. Presidente: Se concede el uso de la palabra al señor diputado Tulio Hernández.
El C. Hernández Gómez, Tulio: Señor presidente, señoras y señores diputados:
Una vez más, es alentador el clima de serenidad, de altura y de coincidencia que se siente en el ambiente y en las palabras de quienes han usado esta tribuna antes que yo, para analizar, ponderar y apoyar la iniciativa de reformas a la Ley del Seguro Social que iniciara el Presidente de la República, con el propósito fundamental de lograr, cada día con mayor amplitud, la seguridad social en todos los ámbitos de nuestra Patria.
El señor diputado Jacinto Guadalupe Silva ha coincidido, aquí, con el dictamen, en las consideraciones fundamentales que sirvieron a las Comisiones para pedir la aprobación de estas reformas.
Y esto es importante, porque vale la pena recalcarlo - y lo hemos dicho ya en otras ocasiones - los diputados, por encima de nuestras discrepancias doctrinales, y más allá de nuestras posiciones políticas y sin que esto signifique renunciamiento alguno de esos mismo principios, podemos y debemos coincidir, siempre que se trate del interés superior de México y de las tareas fundamentales, para elevar las condiciones de vida de nuestro pueblo.
Esto nos hace reflexionar, además, en lo que ya hemos dicho con anterioridad: en ese espíritu sereno, práctico, realista y patriótico, con que el Presidente de la República ha usado de su facultad constitucional para mejorar, enviando iniciativas a esta Cámara, los instrumentos jurídicos que dan forma, funcionamiento y proyección a la vida nacional.
No es ésta la primera ocasión en que habremos de coincidir, como lo ha sido en el pasado, hemos, en este período legislativo, desarrollado una positiva y amplia tarea que nos ha hecho coincidir en valores y en objetivos supremos. No de otra manera se explica que hayamos coincidido cuando el Ejecutivo envía iniciativas para mexicanizar la Banca, las sociedades de financiamiento, las sociedades de seguros, la minería y otras actividades fundamentales.
Esto expresa una línea muy clara, muy precisa; una línea patriótica del Presidente Díaz Ordaz: la de buscar, por el camino de la ley, al amparo de las normas constitucionales, y mediante el funcionamiento eficaz de las instituciones que rigen la vida nacional, el progreso mexicano, soberano, independiente, autónomo, de todas las clases sociales que integran a nuestra patria.
Es un avance que, frente a una reforma como la que ahora analizamos todos los diputados, podamos coincidir en que es necesario, indispensable y valioso. Y esto es así, pese a que, en otras ocasiones, y casi siempre, como se ha dicho aquí por el propio diputado Silva, algunos sectores que lo tienen todo, los instrumentos de la producción, el capital y que controlan el trabajo y el esfuerzo de los mexicanos, se oponen a una distribución más justa del ingreso nacional y a la aplicación de la justicia social que propugna nuestro pueblo y la Revolución Mexicana.
En muchas ocasiones, y aquí se ha señalado el peligro de que en ésta pudiera suceder frente a reformas justicieras, frente a medidas patrióticas, frente a tareas indispensables para el desarrollo nacional, los sectores que al amparo de la Revolución, del clima de estabilidad política, de su derecho, que sabe conjugar, elementos aparentemente antitéticos, han logrado tener mayores recursos, progreso y bienestar, se han opuesto a las tareas reivindicadoras del gobierno o han frustrado estas reformas y tareas mediante la elevación de los precios, mediante la transformación de sus actividades, a efecto de hacer cargar siempre el desarrollo del país sobre los que menos tienen y sobre los que más dan.
Esto es muy importante porque significa que la Cámara de Diputados, como expresión del pueblo mexicano, está haciendo un llamamiento a todos los sectores, especialmente a aquellos sectores que han alcanzado mayor bienestar y mejores condiciones de vida, para que sientan, con toda emoción, este llamamiento que el Presidente Díaz Ordaz, hace, con su iniciativa, a la solidaridad nacional.
Si la Revolución Mexicana ha creado, como dice el dictamen, un nuevo derecho, que permite conjugar la acción de los particulares con los esfuerzos que el Estado realiza para aprovechar los recursos básicos de la nación y acelerar el progreso general del país, es justo que esos sectores, ese sector privado que tiene la protección del Derecho y que goza de amplias garantías en un clima de estabilidad política, entienda su responsabilidad para apoyar, acatar y cumplir reformas revolucionarias y patrióticas, como la que ahora estamos analizando, no sólo porque esto es un deber, no sólo porque es valioso, no sólo porque en justicia los campesinos necesitan que se les salde la deuda que en toda la Historia han venido contrayendo con ellos los demás mexicanos, sino porque esto es indispensable para la estabilidad política, económica y social de México.
Debemos entender que los sectores privados, que cuentan con mayores recursos, tienen la obligación de comprender, con una gran precisión, que el desarrollo económico del país, que la estabilidad política y social de la nación no es un resultado caprichoso o una conquista mágica que ha llegado al azar a nuestro pueblo, sino que es el resultado de la acción de los gobiernos de la Revolución Mexicana; de su programa, que propugna así el aprovechamiento de los recursos básicos, el impulso a la empresa privada, pero, al mismo tiempo, la distribución más justa de la riqueza nacional, el apoyo a los sectores más débiles, el impulso a las clases que lo requieren para su bienestar y para su supervivencia; en muchos casos, la estabilidad política, pues es un compromiso, es una tarea, es un objetivo permanente no sólo del gobierno de la República, sino de todos los sectores responsables, especialmente de aquellos que, a su amparo, han logrado alcanzar condiciones privilegiadas de vida y que tienen la obligación de pensar que estas condiciones sólo podrán mantenerse si son capaces de entregar su esfuerzo y su cooperación para elevar las condiciones del resto del pueblo; porque el pueblo sabe, y lo ha demostrado siempre, que cuando no se le hace justicia saber hacerse justicia por su propia mano. (Aplausos.)
La reforma, y esto es importante precisarlo, no es el arranque, como se ha dicho aquí, para llevar al campesino, para introducir al campesino, o en la seguridad social, o en el disfrute de los bienes económicos. Cierto es, y en eso estamos todos angustiosamente convencidos, que los campesinos siguen padeciendo, pese a los esfuerzos de la reforma agraria, condiciones de vida desproporcionadas, en relación con otras clases sociales; pero hay que recalcar: desde el año de 1954 la Ley del Seguro Social fue reformada a efecto, de que quedaran comprendidos, como sujetos del Seguro Social, los miembros de las Sociedades de Crédito Agrícola y de las Sociedades de Crédito Ejidal.
Posteriormente, en el año de 1959, hubo otra reforma a la Ley, mediante la cual se incluyó a otros sectores de campesinos y esas reformas nos llevaron a la situación actual que el dictamen ha descrito en forma muy precisa; de acuerdo con la ley vigente hay tres grupos de campesinos, a los que ampara la Ley del Seguro Social: los asalariados, que por su
calidad de trabajadores que reciben una percepción determinada de un patrón; están considerados dentro del género de los trabajadores a los que ampara el Seguro Social.
Los trabajadores estacionales, aquellos trabajadores que se mueven de una parte del territorio nacional a otra para contribuir a la recolección de las cosechas y a los trabajos agrícolas eventuales, y los trabajadores que son los campesinos, que son miembros de las sociedades de Crédito Agrícola y Ejidal.
La reforma contempla, ahora, un nuevo sector de campesinos, y cuando el diputado Silva hablaba aquí de que ojalá todos los campesinos queden incorporados a la seguridad social, está coincidiendo con un propósito y con una meta fundamental de la Revolución Mexicana; la seguridad social es un derecho esencial, creado por la Revolución Mexicana, es un derecho que debe fortalecerse; es un derecho que debe, sin enriquecerse y ampliarse, pero es un derecho que ya nadie puede discutir y es un derecho que se ha conquistado con el esfuerzo del pueblo, al amparo de la doctrina de la Revolución Mexicana.
Esto, desde el punto de vista jurídico, como derecho consignado en la ley, porque también es cierto que en la práctica y en la realidad aún hay muchos sectores de nuestra población que no alcanzan los beneficios de la seguridad social; pero, como meta, como principio y como mandato legal la seguridad social sigue siendo una cuestión vigente que interesa fundamentalmente al gobierno de la República y a todos los sectores responsables del país.
Desde el punto de vista legal, la reforma contempla decía yo, ahora, a un nuevo sector: al sector de los campesinos más humildes, al sector de los campesinos con menos recursos y con mayores limitaciones y carencias. La iniciativa habla de los campesinos que no tienen más de 10 hectáreas de riego o su equivalente, se refiere a los ejidatarios y pequeños propietarios que no alcanzan a una producción amplia porque tienen apenas 10 hectáreas de riego o sus equivalentes.
De esta reforma habrá de desprenderse el derecho, la posición legal, de que todos los campesinos mexicanos, sean asalariados, sean muy pequeños propietarios como el caso de la reforma que se comenta, sean miembros de Sociedades de Crédito Agrícola Ejidal o sean estacionales, lo que se llama braceros en el terreno nacional, todos estarán amparados, desde el punto de vista jurídico, y el problema ahora consiste en que esa norma jurídica, se lleve a la realidad, se haga en la práctica un instrumento vigente, de redención social. Este es el llamamiento que nosotros hacemos a todos los mexicanos, hacer que la ley, hacer que la transformación jurídica se convierta en instrumento de la transformación social, para alcanzar mejores niveles de vida para todo nuestro pueblo.
Si la reforma ha incluido, ahora, a los más débiles en ese sector y en las consideraciones, que expresó el Presidente de la República, los elementos suficientes para, con base en un elevado sentido de equidad, pedir a los sectores patronales que absorben un mayor gasto respecto de sus trabajadores a efecto de que el Estado pueda, con los ahorros que va a tener, proporcionar un mayor impulso, entregar mayores fondos a la tarea de ampliar el Seguro Social a todos los rincones del área rural mexicana.
No es otro el sentido de la reforma; en la reforma se planteó la necesidad de aumentar los esfuerzos por impulsar la seguridad social en el campo, y llegó a la conclusión de que esto significa enormes, cuantiosa erogaciones y que el gobierno no podía, pese a ser un postulado fundamental, y una tarea justiciera, ampliar el Seguro Social con los recursos con que cuenta porque somos un Estado que recibe poca tributación y somos un país con muchos problemas económicos.
Se plantean dos alternativas: o gastar más, privando a otros sectores y a otras tareas de incremento nacional económico de ese apoyo, o gastar menos, en relación con los asegurados que tienen mejores condiciones de vida para que esos ahorros pudieran destinarse a los campesinos; a la iniciativa presidencial le pareció viable, justa y aplicable, esta segunda alternativa, la de ahorrar pidiendo, con el instrumento de la ley, no con el capricho ni con la petición caritativa, a los patronos una mayor contribución a efecto de que sus trabajadores siguieran amparados por el régimen de la seguridad social y destinar sus ahorros a ampliar el Seguro Social en el campo.
Pero, es importante decir, los antecedentes demuestran que no es éste el arranque de las tareas del Gobierno de la República, por llevar la seguridad social al campo; que, además de los esfuerzos legales que ya hemos señalado, ha realizado, en el terreno de la práctica, esfuerzos extraordinarios para conseguir este objetivo; así, en el año de 1963, los trabajadores cañeros quedaron incorporados, en número de doscientos mil, al régimen de la seguridad social. Y muchos otros sectores de trabajadores del campo, agrupados en la sociedad de Crédito Agrícola y Ejidal, han venido a pasar a los sectores que reciben los beneficios de la seguridad social. Pero estos esfuerzos no nos parecen suficientes, ni a los diputados de la mayoría ni al propio Presidente de la República, que con su iniciativa ha hecho que se ampare a un nuevo grupo, el más débil, por la Ley de la Seguridad Social, y ha planteado la necesidad de buscar una redistribución del ingreso nacional, porque no otro es el sentido de esta reforma.
El Gobierno de la República cuenta con los sistemas fiscales; pero, también, con muchas otras tareas, para buscar la redistribución del ingreso nacional y lograr una sociedad más justa.
Esta reforma tiende, fundamentalmente, a ese objetivo y por eso es justa, porque está apoyada en un principio de equidad, porque tiende a saldar una deuda con la clase campesina, porque busca una mejor distribución del ingreso nacional, porque quiere una sociedad más justa, porque plantea la necesidad de un desarrollo armónico del país para garantizar la estabilidad política, social y económica de México.
Es muy importante que los sectores patronales entiendan estos objetivos, para que, como aquí se ha dicho, repitiendo lo que el dictamen ha consignado como una preocupación fundamental de las Comisiones, para que esta reforma no vaya a frustrarse o a convertirse en un pretexto para elevar los costos de la vida.
Esto no debe ser así; primero, porque hay una base de solidaridad nacional, un llamamiento a la solidaridad nacional; y segundo, porque hay razones jurídicas y razones económicas que obligan a los
patrones a entender esta cuestión con toda claridad; razones jurídicas porque, al amparo del derecho de la Revolución Mexicana, una revolución nacional, que persigue la superación de todas las clases que en el seno del pueblo mexicano se desarrollan, en cuanto estén ligadas al interés de la nación para mantenerse soberana e independientemente; al amparo de este derecho, digo, ellos han obtenido beneficios y han obtenido su desarrollo; es urgente, entonces que, al amparo de ese mismo derecho, se vea el otro aspecto, el de buscar la justicia social y una distribución más justa en la riqueza nacional. Por otra parte, hay factores económicos. Los mismos sectores patronales de hace dos, tres años para acá, han venido señalando la necesidad de aumentar el mercado interno y elevar las condiciones del consumo nacional.
En alguna declaración, algunos patrones se dolieron de que la producción, en algunos aspectos, se mantenía al 50% de la capacidad instalada de las factorías, y que esto era así porque los campesinos seguían siendo una carga y seguían siendo un problema, según dicen, para aumentar el consumo nacional.
En efecto, mientras el sector campesino no obtenga mejores condiciones de vida, mientras la reforma agraria no se entienda no solamente como la redistribución de la tierra, sino como un programa nacional que puede echar mano de medidas jurídicas, administrativas, políticas, culturales, para elevar los niveles de vida de los campesinos y de sus familias; mientras la reforma agraria no se cumpla como un objetivo en el que pueden y deben participar todos los sectores responsables de la nación, no podrá haber un desarrollo sólido, equilibrado, positivo y rápido como nosotros lo deseamos y como lo desean todos los mexicanos.
Por todas estas razones, la iniciativa es una demostración más de espíritu justiciero, de la actitud serena, sin estridencias, sin actitudes demagógicas del Presidente Díaz Ordaz, que quiere, repito, al amparo de nuestras normas constitucionales, en el marco de nuestro derecho nuevo creado por la Revolución Mexicana, mejorar los instrumentos jurídicos y las instituciones nacionales, para que todos los sectores del pueblo avancen sin desequilibrio y sin injustas ni tajantes discrepancias y diferencias económicas.
Es importante, por último, reconocer que el Instituto Mexicano del Seguro Social es una institución, cuyo valor doctrinal, cuyos objetivos, cuyas tareas nadie discute, y que está institución ha sido creada, también, como resultado de las exigencias de nuestro pueblo al amparo del nuevo Derecho Constitucional elaborado por la Revolución Mexicana y al amparo del esfuerzo justiciero de los distintos gobiernos que se han preocupado por el avance equilibrado de México.
Que esta institución, y éste es el mensaje que recogemos, porque es lo más positivo, porque en él coincidimos todos; que esta institución, por sus objetivos y sus tareas, por su nacimiento y por sus fines, debe ser motivo permanente de honorabilidad, de trabajo de perfeccionamiento, de ampliación hacia todos los sectores, porque estamos convencidos, y ahora que las leyes de inspección en los distintos ramos y de control de las distintas empresas y organismos han sido aprobadas por esta Cámara, más convencidos estamos de que la moral pública no debe ser una virtud, sino el cumplimiento permanente de una tarea indeclinable y de un compromiso ineludible con el pueblo, ; el cumplimiento de la ley y el cumplimiento, al fin, de una tarea patriótica; la de destinar los mejores recursos de la nación a servir al pueblo mexicano y a las causas superiores de nuestra patria. Muchas gracias.
(Aplausos.)
El C. Presidente: Se concede el uso de la palabra al señor diputado Jorge Garabito:
El C. Garabito Martínez, Jorge: Señor presidente, señoras y señores diputados.
¿Por qué razón, si Acción Nacional, por conducto del diputado Silva, ha expresado ya que votará en sentido afirmativo a esta iniciativa, y cuando se trata de exponer un fundamento y voto aprobatorio, basta una sola persona para hacerlo, por qué razón, entonces, vengo yo a esta tribuna?
Simplemente, para cumplir con una obligación de nuestro partido, de recalcar la importancia fundamental que tienen los problemas que aquí se debaten porque en esta momento coinciden dos problemas fundamentales para México: el problema del campo y el problema de la seguridad social, que han sido motivo primordial de las preocupaciones del partido.
Por lo que se refiere a la seguridad social, Acción Nacional, desde antes de su fundación, en los trabajos preparatorios de organización del partido, postuló, como principio esencial, la organización de la seguridad social en México, y, al organizarse el partido, formó parte la seguridad social de uno de sus principios de doctrina más importantes. Y, cuando en 1943 Manuel Ávila Camacho promulgó la Ley del Seguro Social, Acción Nacional, cumpliendo con un deber patriótico de vigilancia de los mejores intereses de México, señaló con dedo ardiente, los crasos errores contenidos en la Ley del Seguro Social.
Y cinco años después, en 1948, en esta misma Cámara de Diputados, la diputación de Acción Nacional presentaba a la consideración de esta asamblea una iniciativa de ley para crearse una Comisión especial que estudiara los graves y profundos problemas del Instituto Mexicano del Seguro Social. Octubre de 1948.
¡Qué bueno, señores diputados, que en enero de 1966 esa Comisión va a empezar a funcionar! Acción Nacional ha expresado siempre su honda preocupación por la seguridad social. Por eso queremos ponderar, en sus términos reales, la iniciativa a consideración.
De acuerdo con el presupuesto para 1966, el Gobierno Federal destina poco más de dos mil millones de pesos para la seguridad social. Este presupuesto, para la seguridad social, está dividido fundamentalmente en cerca de 500 millones de pesos para el renglón de los empleados públicos; para el ISSSTE, 400 y tantos millones de pesos a través de asistencia pública y otras erogaciones; y la partida principal, 1,050 millones destinados como aportación del Gobierno Federal para el Instituto Mexicano del Seguro Social.
La iniciativa enviada por el Ejecutivo sugiere la necesidad de que estos 1,050 millones de pesos,
que el Gobierno Federal aporta al Instituto, se dividan, la mitad, 525 millones de pesos, para que el Instituto cubra sus servicios normales. Y 525 millones de pesos, para poder iniciar el Seguro Social en un sector nuevo, el de los ejidatarios y pequeños propietarios con parcelas o con propiedades menores de diez hectáreas.
Para cubrir los 525 millones de pesos, que el Gobierno Federal trata de destinar al seguro campesino, se pide al sector patronal que cubra esta diferencia. Aparentemente, entonces, es el sector patronal el que va a aportar 525 millones de pesos a fin de que pueda funcionar el Instituto Mexicano del Seguro Social con el seguro campesino.
Ya el diputado Silva había apuntado el peligro de que esta situación pueda ser aprovechada por el sector patronal para un alza de precios. El peligro existe, efectivamente; existe el peligro, pero también tiene otras consecuencias, no solamente el peligro del alza de precio. 525 millones de pesos, que aparentemente tiene que aportar el sector patronal, significan también el peligro de que se frene un poco, o un mucho, pero de que se frene el desarrollo económico de México, porque el sector patronal está comprendido no solamente en las grandes empresas que paguen sus impuestos con el tope que marcan las leyes, sino miles y miles de pequeños patronos que se ven afectados seriamente en el pequeño taller o en la pequeña industria con un aumento del 25 por ciento en las cuotas que tienen que pagar al Seguro Social; peligro de que se frene el movimiento económico de México. Pero estos 525 millones de pesos, que aparentemente va a aportar el sector patronal, en realidad van a ser aportados por el sector de los trabajadores, por la clase trabajadora, que va a ver afectadas sus participaciones de utilidades en 525 millones de pesos, que van a afectar la participación de utilidades de los trabajadores para 1966.
Y esto es importante, porque si, para 1964, se distribuyeron como participación de utilidades poco más de 900 millones de pesos, significa que una parte muy cuantiosa, muy importante de las utilidades que se distribuyen a los trabajadores, puede ser afectada por esta participación
del sector patronal.
Pero, además, no solamente la aportación de la clase trabajadora, con la consiguiente reducción y merma de su participación de utilidades, sino también van a ser diferidas las justas aspiraciones de los trabajadores para obtener mejores prestaciones del Seguro Social. No solamente el retiro en edad avanzada; el retiro en cualquier edad de la vida en que sea justificado; mejores prestaciones del Seguro Social, en prestaciones médicas, en otro tipo de prestaciones a que el trabajador tiene derecho, van a ser diferidas.
Y Acción Nacional, al formular estas consideraciones, quiere lanzar la pregunta de si es justo que se corran estos peligros, de si es justo que se exija a los trabajadores este sacrificio, y la contestación que Acción Nacional propone es inmediata, sí es justo; sí, es justo y es necesario: "Es un peligro, es un sacrificio; conscientemente debemos correr ese peligro; conscientemente debemos soportar ese sacrificio, porque es en aras de la justicia social, porque con este peligro y con este sacrificio extendemos el sector más deprimido, al sector campesino, extendemos o empezamos a extender los beneficios de la seguridad social."
Insisto en que empezamos a entender, porque ya se ha dicho muchas veces, que el Sector Campesino, que la clase campesina, que es el Sector más deprimido de la sociedad, tiene y padece una serie de carencias que no ha sido posible remediarlas. Hay muchas explicaciones: a la clase campesina se le tiene sacrificada, incluso en los precios de los productos agrícolas. "Es verdad que los productos agrícolas están ordenados a satisfacer, ante todo, necesidades humanas primarias; por lo cual sus precios deben ser tales que los hagan accesibles a la totalidad de los consumidores. Sin embargo, es claro que no puede aducirse esa razón para forzar a toda una categoría de ciudadanos a un estado permanente de inferioridad economico social, privándola de un poder de compra indispensable para su digno tenor de vida; lo cual también está en plena oposición con el bien común.
No sería conforme a criterios de justicia social y de equidad el que, por el hecho de que generalmente el rédito agrícola per cápita es inferior al rédito per cápita de los sectores de la industria y de los servicios, se implantarán sistemas de seguros sociales o de seguridad social, en los cuales el trato dado a las fuerzas del trabajo de la agricultura y a sus respectivas familias, fuera, substancialmente, inferior al que se garantiza al sector de la industria y de los servicios. Estimamos, por eso, que la política social debe proponerse que el trato asegurativo dado a los ciudadanos no presente diferencias notables, cualquiera que sea el sector económico en el trabajo o de cuyos réditos vivan."
Sin embargo, la situación comparativa de los campesinos y los trabajadores va a acusar desniveles muy importantes. En la actualidad el Instituto Mexicano del Seguro Social está organizado para prestar un servicio de seguridad social sobre la base contributiva; con una organización tripartita contribuye el Estado, contribuyen los patrones y contribuyen los trabajadores.
Hay determinadas clases de riesgos. En primer lugar el riesgo profesional. La serie de enfermedades y riesgos profesionales que cubre el Instituto. En estos riesgos el trabajador asegurado no cotiza, la cuota la paga íntegramente el patrón. Para los campesinos que van a ser afiliados al Seguro Social en los riesgos de enfermedades profesionales y riesgo profesionales, el campesino sí va a tener que cotizar con el 50% de las cuotas correspondientes.
Respecto de los otros riesgos: enfermedades generales, riesgos no profesionales, maternidad, vejez, muerte, los demás riesgos que cubre el Instituto Mexicano del Seguro Social, el trabajador cotiza con un 25% de las cuotas correspondientes; el Estado cotiza con otro 25%; ahora será del 50%, y el patrón el resto; 50% antes, ahora será el 62.5%. En estos riesgos el campesino afiliado al Seguro Social va a tener que cotizar con el 50% de las cuotas correspondientes.
Más aún, de acuerdo con el artículo 123 de la Constitución, los trabajadores que ganen el salario mínimo no cotizan para el Seguro Social. La cuota es a cargo, íntegra, del patrón, y de acuerdo con los principales contratos colectivos, los trabajadores tampoco cotizan directamente al Seguro Social; la cuota es a cargo del patrón.
Según las estadísticas, el 30% de los trabajadores ganan apenas el mínimo, y según los mismos cálculos un 20% de los trabajadores está cubierto con contratos colectivos, que les permiten, en sus prestaciones, no cotizar directamente al Seguro Social. En consecuencia, un 50% de los trabajadores está exento de la cotización directa al Seguro Social.
Al extenderse el Seguro Social al campesino, el campesino va a tener que cubrir íntegramente sus aportaciones al Seguro Social. Es cierto que, desde 1954, el Estado viene haciendo esfuerzos por extender los beneficios del Seguro Social al campo; pero de 1954 a 1963 apenas había logrado extender los beneficios a 50 mil trabajadores del campo; apenas en 1963, con la inclusión de los cañeros, subió sensiblemente ese número y todavía con los 50 mil trabajadores del campo, afiliados antes, y los trabajadores cañeros, no se llega al 1% de la población campesina, que requiere los servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social o que requiere los beneficios de la seguridad social en un grado mayor.
Para poder extender la seguridad social al campo, el Estado organiza los servicios del Seguro Social bajo la base tripartita, porque los ejidatarios no tienen patrón, porque los pequeños propietarios no tienen patrón. Entonces, quiere decir que el Gobierno Federal, para 1966, va a organizar los servicios asistenciales a través del Instituto Mexicano del Seguro Social, aportando 525 millones de pesos, y los ejidatarios van a tener que aportar otros 525 millones de pesos, para poder recibir los beneficios del Seguro Social. $1,050.000,000.00 para la seguridad social en el campo. Hace un año, en una muy importante conferencia dictada por un destacado miembro del Partido Revolucionario Institucional, el ingeniero Miguel García Cruz, que fue presidente de la Comisión Redactora del Seguro Social, estimaba que, para 6.342,000 campesinos y sus familias, se requería un gasto para prestaciones del Seguro Social que ascendía a $3.447,000.000.00. En consecuencia, si el gobierno va a aportar ...$525.000,000.00, los campesinos aportan otros.. $525.000,000.00, todavía hay un faltante enorme de $2,400.000,000.00 para poder cubrir los servicios de seguridad social al campesinado mexicano.
No es posible, ni que los campesinos mexicanos aporten esta cantidad, ni que se aporte a través del Instituto Mexicano del Seguro Social. Tenemos que insistir en algo que ya apuntó el diputado Jacinto Silva; no solamente a través del Instituto Mexicano del Seguro Social, que está organizado bajo la base tributativa, se puede dar servicio de seguridad social al pueblo de México.
La seguridad social debe llevarse, también y principalmente, al campo, a través de la organización no contributiva, a través de la asistencia social costeada a base del presupuesto, costeada por el esfuerzo de todos los mexicanos. Que todos los mexicanos estemos conscientes que, cuando hacemos un gasto, cuando pagamos un impuesto, estamos contribuyendo a la seguridad social; que venga eso, sí, a pagarle, a empezar a pagarle, esa deuda de que tanto se ha hablado para el campesino mexicano. Y ésta es la excitativa de Acción Nacional.
¡Qué bueno que coincidimos en esta ocasión!, porque, a pesar de las muchas coincidencias doctrinarias que podamos señalar entre Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional en materia de seguridad social y problema del campo, estos temas han sido objeto de agrias disputas entre nosotros, porque nos duele la miseria del campesino mexicano, porque éste es apenas un paso, un paso que resulta pequeño en comparación a la magnitud del problema, pero es un paso dado en la dirección correcta y nosotros lo aplaudimos sin regateos.
¡Qué bien que ha venido esta iniciativa del Ejecutivo!; pero tenemos que insistir en que se siga adelante, para que se cumpla la justicia social y también - es nuestra obligación - dar la voz de alerta, insistir en los peligros, y en los defectos, y en las fallas del Seguro Social, y que esto no sea motivo para que se desvirtúen de nuevo en el próximo año, dejando frustradas las esperanzas del campesinado mexicano.
Que los $525.000,000.00, que aparentemente va a aportar el sector patronal al Estado, éste pueda iniciar al ejidatario y al pequeño campesino en los beneficios del Seguro Social, y no sirvan para cubrir el déficit que el Instituto tiene actualmente; sería contra la justicia que esto se hiciera. Tenemos que resolver los problemas del Instituto con sus propios recursos; no es un secreto para nadie: el 22 de diciembre, 'Excélsior' publicó, textualmente:
'En la actualidad el IMSS atraviesa por una situación comprometida. Con independencia de que el pasivo alcanza un total de 2,800 millones y paga otros 300 al año por concepto de intereses, el Seguro de Enfermedades Generales y Maternidad origina un déficit anual de 800 millones. Por este concepto se había acumulado, en 1964, un total de 1,500 millones de pesos.
El Instituto, para hacer frente a sus compromisos, tomó fondos de los seguros de invalidez, vejez, cesantía y muerte y, en consecuencia, estas reservas están muy mermadas y no producen los rendimientos previstos en los cálculos actuariales en que se basa la ley.
Por estas razones se ha pensado cambiar el sistema actual de reservas por el de presupuestos anuales, en caso necesario.'
¡Qué bueno que se piense en resolver a fondo los problemas del Instituto Mexicano del Seguro Social! Ya Acción Nacional había apuntado, desde hace años, los graves inconvenientes de la organización actual del Instituto, a base de reservas impropias para un país como México que apenas está en la etapa de formación de capitales, y había apuntado también la conveniencia y la necesidad de reorganizar al Instituto bajo la base de presupuestos
o de repartos, que es la más conveniente para México.
Ojalá y esa Comisión tripartita, que va a empezar a funcionar en el mes de enero, según lo ha informado la prensa, para estudiar a fondo los problemas del Instituto, vea la conveniencia de reestructurarlo en la forma que ya apuntamos; pero, repito, sería contra la justicia que estos 525 millones de pesos se destinaran a pagar de ese adeudo, y más contra la justicia; sería utilizar, para esos fines, los 525 millones de pesos que van a tener que aportar los campesinos mexicanos.
Es tan grave el problema, señores diputados, es de tanta importancia y tanta trascendencia, que Acción Nacional quiere dejar constancia oficial de su opinión; y todos los diputados de Acción Nacional han suscrito un documento que debe quedar en los archivos de esta Cámara, y que me voy a permitir leer a continuación:
'Los Diputados a la XLVI Legislatura, miembros de Acción Nacional, quieren dejar ante esta Cámara una constancia de sus puntos de vista, con motivo de las reformas legales que incorporan al régimen del Instituto Mexicano del Seguro Social a los ejidatarios y pequeños propietarios del país.
Consecuentes con el pensamiento expresado desde los comienzos de Acción Nacional, de que en un programa completo de política social mexicana, debe constar la organización y el funcionamiento de un sistema de seguridad social que evite la existencia normal de la miseria y del desamparo, apoyamos las disposiciones propuestas por el Ejecutivo para incorporar a los ejidos y a los pequeños propietarios, a los servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social.
La seguridad social y los seguros sociales en el beneficio de la población campesina, deben implantarse en tal forma, que el trato que reciban los agricultores y sus familias, sea sustancialmente equiparable al que se preste a los sectores industriales y de servicios.
La extensión efectiva de la seguridad social a la población del campo, requiere que las disposiciones legales relativas, que no pueden tener efectos mágicos para resolver los problemas, tengan la cooperación decidida de todos los sectores del pueblo de México sean comprendidas en su profundo sentido de justicia. Si a primera vista pudiera juzgarse que la extensión de la seguridad social, y en particular la afiliación de la población campesina al Instituto Mexicano del Seguro Social, representa una carga sobre otros sectores productivos del país, en el fondo se trata de una redistribución de la renta global de nuestra comunidad nacional, por requerimientos urgentes de justicia y de equidad.
Mediante la creación de condiciones adecuadas para que todos los mexicanos puedan gozar efectivamente de sus derechos a la salud, al descanso y a la seguridad, se logrará para México, un desarrollo armónico y verdadero, en el cual el fin sea la persona humana, e instrumentos los factores económicos y técnicos.
Durante su existencia, el Instituto Mexicano del Seguro Social ha confrontado errores de administración y deficiencias de planteamiento, que en ocasiones han dejado en la opinión pública la sensación de manejos ineficaces y no siempre limpios.
Independientemente de que la opinión pública no haya tenido conocimientos de la exigencia de responsabilidades, lo más importante ahora, es prevenir para el futuro la repetición de actos torpes o desleales en contra de esta Institución en la cual está fincado en gran parte el bienestar de los mexicanos de hoy y de las nuevas generaciones.
Acción Nacional ve con satisfacción que tal y como lo propuesto en el año de 1948 en esta Cámara, se ha anunciado ya el establecimiento de una Comisión para estudiar la reestructuración del Instituto Mexicano del Seguro Social, y el cambio de los sistemas básicos del mismo, para adoptar en lugar del régimen de reservas, el régimen de presupuesto o reparto, que resulta más apropiado para un país que antes que la formación de capitales para hacer frente a necesidades futuras, debe atender, con sus recursos limitados, los requerimientos inmediatos e inaplazables de su población actual.
Reconocemos las dificultades que implica la extensión de la seguridad social al campo, y la necesidad de que, además de los esfuerzos que se hagan a través del Instituto Mexicano del Seguro Social, se procure extenderla sobre bases asistenciales, que expresen mediante aplicaciones presupuestales de la Federación, los Estados y los Municipios, la cooperación de todo el pueblo de México, y no sólo la de los cotizantes del Seguro Social.
Queremos dejar constancia clara de que si consideramos que el Gobierno tiene grave responsabilidad, respeto de la formación de este patrimonio de México, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social, muy grave la tienen también los trabajadores y los sectores empresariales.
Los trabajadores y los empresarios comparten con el Gobierno, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, la responsabilidad de los manejos del mismo, mediante una integración tripartita, del Consejo Técnico, que les permite tomar acuerdos por mayoría en contra de la opinión de los representantes oficiales. Muchas desviaciones y fallas se hubieran evitado, si las representaciones obreras y patronales, hubieran actuado con capacidad y con sentido pleno de responsabilidad.
Por eso, ambos sectores cargan también con la responsabilidad por la mala administración o el mal funcionamiento del Instituto, en cuanto sus omisiones, debilidades o complacencias, los hicieron posibles.
A las representaciones de trabajadores y empresarios les corresponde una seria responsabilidad en la reorganización del Instituto. La extensión del Seguro Social al campo, no se hace sólo con la ampliación de las aportaciones de los empresarios. También se hace con sacrificio de las utilidades de los trabajadores, y más que eso, con el sacrificio de posibilidades inmediatas de ampliación o mejora de servicios y prestaciones del Instituto, para los ramos industriales y de servicios, a cambio de atender de inmediato alguna necesidades de la población campesina.
Al Estado, a los trabajadores y a los empresarios corresponde cuidar, con celo excepcional, este
patrimonio de las generaciones futuras de México, cuya importancia resulta indiscutible ya, en esta época en que, con razón, se reconoce plenamente que la organización social debe fundarse en el trabajo o en los derechos fundados sobre el trabajo, con preferencia a los derechos que pudieran fundarse en el capital o en los ingresos derivados del mismo.
Muchas serán las dificultades para el establecimiento de la seguridad social en el campo. De manera especial queremos mencionar la atención que requerirán los grandes núcleos de población campesina que no alcanzan a tener ingresos equiparables por su monto, al salario mínimo de su región; a los campesinos que tiene que desplazarse dentro o fuera del país, para trabajar, o a los que prestan servicios a distintos patrones accidentales, entre los que paradójicamente se cuentan no pocos ejidatarios de escasos recursos que reciben colaboración de campesinos sin tierras, en las faenas del campo, para buscar a su vez otras perspectivas de trabajo.
Se ha hablado de que el Seguro Social es ya una conquista de la población rural. Sin menoscabar la importancia de las medidas propuestas por el Ejecutivo, consideramos que lamentablemente la seguridad social, como realización, todavía no es conquista del pueblo de México, ni en el sector de los servicios ni en el sector industrial, ni muchos menos en el campo.
La seguridad social en México, es un compromiso con el presente, en el cual estamos empeñados todos los mexicanos de hoy en la medida de nuestras posibilidades. Y es compromiso y promesa del México de hoy, para las generaciones de mañana, cuyo cumplimiento depende de nuestro sentido de justicia, de nuestra capacidad y de nuestra honradez." (Aplausos.)
El C. Presidente: Se concede el uso de la palabra al señor diputado Enrique Ramírez y Ramírez.
El C. Ramírez y Ramírez, Enrique : Honorable Asamblea.
Señores diputados del Partido Acción Nacional: nadie puede reprocharles a ustedes que persigan, tan tesoneramente, sus finalidades de partido. Todo hombre que pertenece a un partido debe persistir, en toda la medida de sus fuerzas, por los principios, por los intereses y por los objetivos de ese partido.
Sin embargo, en muchas ocasiones, en diversos países, excederse en las posiciones de partido suele también acarrear trastornos a la colectividad y a los propios partidos que se empeñan en ello.
Yo venía hoy dispuesto a intervenir brevemente en este debate, con el espíritu más jovial; quería yo decir, por ejemplo, de modo cordial - y el licenciado Christlieb tiene sentido del humor y conoce el idioma español y sabe, por tanto, que no quiero ofenderlo -, que estoy admirado con la actitud del propio licenciado Christlieb, jefe de la minoría de Acción Nacional.
Si hubiera un concurso o una bienal de la terquedad política, el licenciado Christlieb obtendría, en esa bienal, el Gran Premio de las Naciones. Porque, incluso - y ése no es un reproche -, es el reconocimiento de una virtud del licenciado Christlieb como jefe de su partido y de minoría.
Cuando el licenciado Christlieb se muestra flexible, su flexibilidad es la del mármol: fría; pero un poco la jovialidad tiene que quedarse de lado cuando hemos asistido a este espectáculo tan difícil de seguir, de una posición doble o triple de Acción Nacional ante la cuestión que estamos discutiendo.
Seguramente, a toda la asamblea y a los propios representantes de la prensa, les costó un esfuerzo enorme entender la consecuencia, que es en realidad inconsecuencia, de las posiciones que aquí han adoptado el primero y el segundo orador de Acción Nacional, y finalmente la que aparece en el documento que leyó el señor licenciado Garabito; estamos de acuerdo, sin regateos, con esta iniciativa.
Lo repitió él en esta vez más moderado y prudente de los oradores de Acción Nacional, el diputado Jacinto Guadalupe Silva, y lo recalcó el licenciado Garabito: sin regateos estamos de acuerdo, pero hay el peligro de que, con ella, se frene el desarrollo económico de México; pero se van a ver mermadas las utilidades que les corresponden a los trabajadores en el reparto de ley; pero van a ser diferidas las justas aspiraciones de los trabajadores ya asegurados que quieren mejores prestaciones y tienen derecho a ellas, pero como se va a tener que ayudar a los campesinos, van a ver disminuidas estas percepciones; no deseamos que, a pretexto o con motivo de este nuevo sistema de cotización en el Seguro, aumenten los precios, pero muchas industrias se van a ver obligadas a ello porque sus recursos van a escasear.
Y así por el estilo, y a lo largo de esta exposición tan sinuosa, tan complicada, tan tendenciosa, la acumulación de una serie de sospechas, hasta llegar al lanzamiento de algo que no puede pasarse así nomás, en el seno de la representación nacional, de la sospecha de que al Poder Ejecutivo de la República está tramando una estafa, porque quiere, a través de una ley envuelta en el mejor ropaje, cubrir el déficit del Seguro con fondos arrancados a los patrones.
Estas sospechas no pueden deslizarse así nada más, señores diputados de Acción Nacional. No se puede razonar de un modo tan contradictorio; no se puede afirmar, formalmente una posición, y acumular al mismo tiempo elementos de sospecha para sembrar y propalar, por todo el país, y al través de la prensa, la idea de que, en realidad, siendo en principio justa la intención de la reforma que está aprobando, tiene tantos defectos de forma, y aun de fondo, que va a resultar contraria a los empresarios, contraria a los obreros, contraria a los campesinos y contraria a la nación.
Este no es un método consecuente de plantear una cuestión. Nosotros, los diputados de la mayoría no venimos hoy, porque no era el caso, a sentar aquí, en el banquillo de los acusados, a la gloriosa institución del Seguro Social Mexicano, obra de la Revolución Mexicana. (Aplausos.)
Los señores diputados de Acción Nacional han dado, de una manera legítima, en seguir una táctica que es justificada si no se lleva al exceso. Proposición tal enviada por el Ejecutivo o presentada por la mayoría, si se le considera justa, está bien; pero eso ya lo había propuesto Acción Nacional en el cuarto año de la Era Cristiana (risas).
No hay manera de que el licenciado Christlieb resista la tentación de atribuirse todas las
iniciativas buenas que haya podido haber en este país para transformarlo y llevarlo adelante.
Así la cosas, ellos son los precursores de la Revolución Mexicana, y los antecesores del PRI (risas); porque todas estas iniciativas, que ellos han aprobado con la salvedad de que ya habían iniciado tantos más cuantos años atrás, todas son iniciativas de un gobierno surgido de las filas del PRI y de las fuerzas de la Revolución Mexicana (aplausos).
Nosotros no veníamos a discutir todo lo que ha sido el Seguro Social, porque ni es la oportunidad, ni es la ocasión apropiada. Y por otra cosa más: nosotros, miembros de la mayoría, miembros del partido del gobierno, defendemos una política, una línea histórica; no defendemos todos y cada uno de los actos de todos los funcionarios que hayan existido en el país, en los últimos cincuenta años. Se equivocan los señores de Acción Nacional si creen que van a ponernos en dificultad cada que mencionen el error de un funcionario o de una institución de las surgidas en el México nuevo que la Revolución Mexicana sigue creando. No, no estamos comprometidos a defender todos los actos de todos los gobierno y de todos los funcionarios y de todos los agentes de autoridad, desde el último gendarme hasta el Presidente de la República. Estamos comprometidos a defender una política, y ésa sí la defendemos en sus líneas fundamentales y positivas, con toda pasión y con toda decisión. (Aplausos).
Y tenemos también sentido de la autocrítica - de la crítica y de la autocrítica -, pero la crítica tiene sus condiciones: un papel eminente de los partidos de oposición es el de la crítica, y lo hemos dicho aquí cien veces. Bienvenida la crítica; pero que sea una crítica responsable, recta, constructiva y bien intencionada, para el bien de la patria. ¿Quién va a negar que el Seguro Social, a lo largo de su historia, de 22 años, tiene errores, defectos, limitaciones? ¿Pero quien, que tenga alguna responsabilidad intelectual y política, no advierte también la magnitud ni la complejidad de una obra a la que se enfrentan múltiples dificultades y en cuya realización participan no uno ni diez funcionarios, sino miles y miles y millones de seres, porque también los derechohabientes participan en la construcción del Seguro Social?
¿Por qué no abordar las cosas con un sentido más elevado y reconocer, por ejemplo, lo que se puede demostrar, que desde el punto de vista de la institución de los derechos que el Seguro Social comprende en México, este Seguro Social nuestro, tan vilipendiado y tan burlado, es uno de lo más avanzados y adelantados en cualquier parte del mundo, en extensión de riesgo que cubre, en extensión geográfica y en la tendencia a abarcar a todas las capas de la población?
¿Cómo es posible decir, de una manera simple, en tres cuartillas de texto apretado, que el Seguro Social está mal administrado y mal dirigido, y sentenciarlo como si la obra de 22 años, que no solamente es obra de Gobierno, sino obra del pueblo y de sus mejores cabezas en el campo de la Seguridad Social pudiera condenarse con un fallo ligero de tres cuartillas? No es una crítica constructiva; ésa es una crítica quisquillosa del partido que, en todo tiempo se desvía hacia la obtención excesiva de impresiones favorables a su partido.
Se nos quiere llevar a un debate sobre el Seguro Social. No lo aceptamos hoy, porque no hemos venido a eso, y porque no somos los responsables, durante veinte años, de la dirección del Seguro Social. Que cada quien responda por lo suyo. Malamente nosotros en un debate más o menos preparado y más o menos improvisado, íbamos a contestar todas las preguntas, muchas veces imaginativas, que se hacen aquí, atribuyéndoselas fácilmente a la opinión pública. Fácil recurso gramatical: la opinión pública piensa, la opinión pública es una abstracción, dentro de la opinión pública hay partidos diferentes e instituciones diferentes.
¿Cuál de esas fracciones de la opinión pública piensa de una manera? ¿Quién se puede atribuir la paternidad de la opinión pública? Si Acción Nacional quiere propalar estas sospechas, estas suspicacias o estas acusaciones, que asuma valientemente la decisión de lanzarlas por sí misma. Ese es un debate abierto y franco. Lo otro es deslizar, en medio del voto aprobatorio y sin regateos, todos los elementos de la sospecha, que van a acumular obstáculos a la realización de la idea.
En este documento, ciertamente, y lo iba yo a decir así de una manera preferente, antes de escuchar al señor licenciado Garabito, hay muchas coincidencias con el pensamiento de los miembros del PRI respecto a la Seguridad Social, con el pensamiento social de los miembros del partido mayoritario.
Existe una declaración, que yo quisiera recalcar, ahí donde se dice que se reconoce plenamente que la organización social debe fundarse en el trabajo o en los derechos fundados sobre el trabajo, con preferencia a los derechos que pudieran fundarse en el capital o en los ingresos derivados del mismo. Eso corresponde a la esencia de la doctrina de justicia social de la Revolución Mexicana, y aplaudimos que Acción Nacional, por cualquier camino que sea, por el de su propio antecedente histórico, por el de su propia corriente espiritual, llegue a estas conclusiones, que coinciden tanto y esencialmente con las nuestras; pero el diálogo debe ser franco, abierto y elevado, y es el único diálogo que puede ser constructivo.
Señores: hagamos a un lado sinuosidades dizque parlamentarias, de un parlamento de aldea. Hemos venido a discutir un proyecto de reformas del Presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz, que trata de abrir los caminos para seguir extendiendo, entre los campesinos del país y entre toda la población de México, la Seguridad Social.
Estamos de acuerdo, ¿sí o no? Lo demás sobra y hasta es contraproducente.
(Aplausos nutridos.)
El C. Rocha Garfias, Ramón: Pido la palabra.
El C. Presidente: Tiene la palabra el señor diputado Rocha Garfias.
El C. Rocha Garfias, Ramón: C. Presidente, CC. diputados.
Mi partido, el Partido Popular Socialista, aprueba, en toda su extensión, la iniciativa de decreto que reforma la Ley del Seguro Social, envidia a esta Cámara por el Ejecutivo de la Nación. Y lo
hacemos así porque mi partido ha luchado, lucha y luchará por obtener que el derecho a la salud sea un decreto de todo el pueblo de México.
La incorporación de un amplio sector de la clase campesina mexicana a los beneficios de la seguridad social, es un paso indispensable para nivelar nuestra economía, para responder a las necesidades insatisfechas de una gran masa de la población mexicana, que está al margen de los beneficios que otros sectores de la República han logrado hasta el presente.
Aguardamos intervenir en este asunto porque la insólita actitud del Partido de Acción Nacional no podría sostenerse aparentando sumarse a la opinión política mayoritaria de esta Cámara, aparentando ser quienes han luchado, desde más tiempo atrás, por el beneficio de la clase campesina, sin más objeto que bien pararse ante ella, porque representa el volumen de votos más importante de la República; ha venido en realidad a darle una puñalada por la espalda a la iniciativa.
Si algunos elementos del Partido Revolucionario Institucional pudieran haber pensado, en un principio, que la falsa actitud del PAN fuera verdadera, bastaron unos cuantos minutos para poner a cada quien en su lugar.
Han hablado muchas cosas, han hablado de los pobres campesinos, de su carencia de recursos, de la necesidad de equilibrar la economía nacional, ampliando el mercado interior al aumentar los recursos de la clase campesina.
Se han dolido de que los obreros vayan a tener que aumentar su contribución al Seguro Social para llevar a las clases desvalidas de la República.
Han hablado de la situación económica del Seguro Social, dando, en esta forma también, una puñalada por la espalda al régimen de Adolfo López Mateos, tratando de llevar la impresión, a la mayoría de la Nación, que el gobierno del Presidente Díaz Ordaz trata de equilibrar un déficit económico del Seguro Social a base de los campesinos y de la clase patronal.
No han aprobado nada, se han colocado en una postura contradictoria, siguiendo su táctica habitual y su ideología tradicional. Dicen hablar por el espíritu y hablar por el estómago; títeres de los patrones, que los manejan, y a quienes representan; tratan de meter, en esta ocasión, un "faul" para llevar agua a su molino.
Ya me parecía desusado que, con voz meliflua, vinieran a apoyar la iniciativa del Ejecutivo, haciendo a un lado lo que fueron en el pasado, cuando organizaron mítines patronales en el Zócalo contra el Seguro Social, cuando movieron a los líderes traidores a la clase obrera en su favor para atacar la implantación del Seguro Social, cuando movilizaron también a la clase obrera engañándola para que exigiera que se ampliara el cuadro básico de medicamentos al que calificaban de insatisfactorio e insuficiente, para abrir, en esa forma, las puertas de la entrada a los medicamentos que producían en las numerosas plantas que poseen en la industria química farmacéutica nacional.
Me parecía ya desusado que sus tradicionales aliados, los curas políticos, no utilizaran los púlpitos de las iglesias infringiendo los principios constitucionales, para calificar de comunista al Seguro Social. Se han puesto la piel de revolucionarios y tratan de sumarse a la lucha y a las conquistas del pueblo de México; pero tras de la cruza está el diablo. (Aplausos.)
(Una voz: Su larga cola no la pueden ocultar.)
(Gritan algunos diputados del PAN.)
El C. Presidente: Se recuerda a los señores diputados que no deben entablarse diálogos.
- El C. Rocha Garfias, Ramón (continuando):
Se ha hablado de la débil economía de los campesinos, pero eluden tratar la renta de la tierra, porque en la renta de la tierra está el origen del capital que ellos defienden. La agricultura capitalista, la que se desarrolla en nuestro país con ímpetu y que obtiene las mejores cosechas porque utiliza toda la técnica y toda la ciencia de producción agrícola, es la que se lleva la mayor riqueza del agro mexicano; el precio de los productos agrícolas es fijado no por la mejor cosecha, sino por las peores condiciones en que se siembra la tierra y las peores condiciones en que se obtienen los productos agrícolas.
La competencia que la agricultura hace contra los ejidos, contra los pequeños agricultores, contra los rancheros, es la que tiende a desequilibrar la economía del campesino.
Saliéndose del tema principal, que es el debate al derecho a la salud del pueblo mexicano, nos hablan de incrementar la economía del mercado interno, especialmente entre las clase campesina; pero olvidan hablar del fenómeno que los economistas llaman "el fenómeno de las tijeras", que quiere decir: que, cuando el precio del producto agrícola se acerca al precio del producto industrial, todo florece y el desarrollo económico es normal y acelerado; pero que, cuando el precio del producto agrícola se aleja del precio del producto industrial, la economía nacional no puede estar más que en perpetua zozobra y en constante desequilibrio, a costa de la salud del hombre, y de las luchas no satisfechas de la gran clase campesina de México.
Cuando hablan de la cantidad que van a tener que poner los patrones para cubrir las cuotas del Seguro Social, olvidan decir cómo se distribuye la renta nacional 1% de la población de la República disfruta de 36 mil millones de pesos, mientras el 99%, en el que está incluida la clase campesina, en mínima parte y en las peores condiciones disfruta sólo de 28 mil millones de pesos.
Nosotros, los miembros del Partido Popular Socialista, aplaudimos, sin reservas, la ampliación del Seguro Social a la clase campesina de México. Nosotros no creemos en los milagros, ni en las varas de virtud, ni en la lámpara de Aladino. El pueblo tendrá que pagar con su trabajo lo que el pueblo obtenga; el pueblo es quien paga todo, en final de cuentas. Poner etiquetas de beneficencia a la clase patronal, diciendo que van a tener que desprenderse de sus ganancias y frenar su desarrollo industrial, es mentir deliberadamente.
No habría industria capitalista si no fuera a merced del trabajo esforzado del obrero mexicano y de la gran tajada que le esquilman los patrones industriales. Darle al pueblo lo que es del pueblo, devolverle lo que le han quitado, es lo que la verdadera
justicia social revolucionaria lleva implícito en sus postulados y en sus luchas, y es lo que nosotros aprobamos.
No es posible concebir una crisis en el desarrollo industrial de México por la pequeña cantidad que la clase patronal va a aprobar al desarrollo de la seguridad social en la República; para eso sería necesario que nos hablaran de su triple contabilidad, por que no hay organización capitalista, digna de ese nombre, que no lleve una triple contabilidad: una para engañar al gobierno, otra para engañar a los accionistas y otra para saber, en realidad, a cuánto ascienden sus pérdidas y sus ganancias. (Aplausos.)
Se dice que los obreros van a tener que cargar con las cuotas que implique la aplicación y extensión del Seguro Social al campo. Eso es, en cierta forma, verdadero; pero, en gran parte, es falso: porque, en la forma en que mejore la salud, la potencialidad de la fuerza de trabajo, los ingresos económicos de la clase campesina mejorarán la industria, rendirán más sus factorías dejarán de trabajar a un ritmo reducido y se revertirá el proceso del beneficio nacional para venir consolidando un desarrollo económico completo, un desarrollo económico general.
Nosotros, los diputados del Partido Popular Socialista, no tenemos nada en común con el PAN, ni lo podremos tener, porque partimos de bases ideológicas totalmente opuestas. (Aplausos.) Sus bases ideológicas parten de la explotación del hombre por el hombre, y las nuestras de la redención del hombre por el hombre mismo, a través de los procesos revolucionarios de los distintos pueblos de la tierra.
¡Viva el Seguro Social Mexicano! ¡Viva México! ¡Viva México! (Aplausos.)
- El Presidente: Se concede el uso de la palabra al señor diputado Christlieb Ibarrola.
El C. Christlieb Ibarrola, Adolfo: Yo tampoco pensaba subir a esta tribuna, pero no quiero dejar pasar las reiteradas llamadas que se me hicieron desde la Mesa.
No me voy a referir a este experto contable de apellido Rocha, que francamente ya no hace rocha, porque no hace sino repetir el fichero de lugares comunes que traen para toda ocasión los miembros del Partido Popular Socialista. Ya los han oído ustedes muchas veces aquí, fuera de aquí y probablemente los volveremos a oír en algunas otras ocasiones.
Sí quiero señalar estas cuestiones: a mi buen amigo Enrique Ramírez y Ramírez le ha fallado una virtud que debe tener todo director de periódico, que es la virtud de poder hacer un resumen, y ha incurrido en lo que incurren los directores de periódicos: en que, con el afán de resumir, pues hacen el resumen de acuerdo con ideas hasta cierto punto preconcebidas o de acuerdo con su muy personal punto de vista. De eso se quejan mucho los redactores, o cuando menos eso nos dicen cuando les reclamamos por qué las noticias se presentan en una forma, o suceden en una forma y se publican en otra.
Cuando nosotros, con responsabilidad de partido, firmado, presentamos aquí un documento, no eludimos ninguna de las consecuencias de nuestras afirmaciones, y tan no las eludimos que las respuestas de ustedes no se han dejado esperar.
Cuando nosotros señalamos que se trataba de un sacrificio nacional lo hicimos porque, por razones que los directores de periódicos podrán saber, se ha señalado que la carga fundamental de la implantación del Seguro Social en el campo es una carga que va a pesar sobre los patrones, y esto es parcialmente cierto porque va a cargar sobre las unidades de producción, de las cuales viven los patrones y los trabajadores, y quisimos señalar que era un sacrificio nacional, quisimos valuarlo como sacrificio nacional, y quisimos señalar que valía la pena que se hiciera un sacrificio nacional en función de llevar la seguridad social al campo.
No con propósitos caritativos, porque la seguridad social, aquí y dondequiera, abarca tanto el sistema del Seguro Social como conceptos más amplios que se atienden por vía asistencial, y por eso señalamos que siendo insuficientes los recursos del Seguro Social, y que no debiendo recargarse los costos del Seguro Social sobre los cotisantes, había necesidad de que, por la vía del presupuesto, se atendiera la seguridad social por los caminos asistenciales, derramando su costo sobre la nación, sobre toda la nación, sobre todos los contribuyentes; y eso es no de aquí, ni es novedad, ni nosotros adjudicamos la paternidad; simplemente fue un camino señalado por Acción Nacional desde hace mucho tiempo.
Por lo que toca a las irregularidades de que hablamos, señores, no son un secreto: nosotros las planteamos aquí, y claramente se dijo, con ánimo de prevenirlas, con ánimo de que no se repitieran; y en el banquillo de los acusados no somos nosotros los únicos que han sentado a alguna administración del Seguro Social. La actual administración del Seguro Social, públicamente, ha señalado déficit existentes, que los diputados de la mayoría y sus antecesores no habían señalado, y que no ha llevado el partido de la mayoría al campo de la exigencia de las responsabilidades, siendo los que pueden hacerlo, porque tienen el poder de decisión, que para otras cosas invoca, en sus manos. (Aplausos.) Parece que no se defiende a funcionarios, pero cuánto duele que se señalen las irregularidades cometidas por funcionarios.
Yo quiero señalar, porque por eso quisimos dejar un documento, para presentar un texto escrito contra el que pueda decirse lo que ustedes quieran, pero que lleva un fondo indiscutible, de sinceridad y de verdad; queremos nosotros señalar que cuando aplaudimos el que se vaya a pasar del régimen de reservas, costoso para México, que ha permitido las dilapidaciones de las que ahora todos nos dolemos; cuando señalamos que Acción Nacional se complace en que algo que presentó desde la fundación del Seguro Social, como una necesidad; el que no se castigara a todo el pueblo de México, creando reservas para el futuro, cuando había necesidades de momento; cuánto nos complace que se llegue a esa conclusión; ustedes, señores, piensan que nosotros nos adjudicamos la paternidad de todo. No es la paternidad de todo, porque ni ese régimen, ni el estudio del régimen del Seguro Social, bajo repartos, bajo presupuestos o bajo el sistema de reservas, es patrimonio ni del PRI ni del PAN; vino de fuera, y nosotros estamos tomando lo que de fuera viene, cuando de fuera viene algo provechoso.
Si nosotros señalamos que en 1948 propusimos lo que anuncia el gobierno que se va a hacer ya; si nosotros nos congratulamos de que algo, de que aquello en que nosotros hemos insistido, vaya entrando a las cabezas del PRI, muchos más duras que las de nosotros; si nosotros congratulamos de ello, no vemos por qué se invoca esa cosa que está ya resultando tan sobada, tan manida, del diálogo que aún se escucha a propósito del Código Fiscal.
No vemos por qué el diálogo siempre ha de estribar, siempre ha de tener su base en que la minoría tenga que reconocer la paternidad de todas las ideas en la mayoría. Y siempre tengamos que aceptar, querámoslo o no, hayamos pensado por nuestra cuenta o no, que el diálogo tiene que ser con la sumisión respetuosa de decir: el PRI lo dijo primero, aun antes de su nacimiento.
Eso, señores, no es diálogo, ni aquí ni en ningún lado. Eso, señores, simplemente quiere implicar que el cargo que nos hace a nosotros de pretender ser los autores de todas las buenas ideas que en esta Cámara se debaten, no es sino el mismo sentido que ustedes toman para esas cosas. Es el sentido de considerar que no hay nada que suceda en México que antes no haya pasado por el filtro del PRI.
Señores; independientemente de las consideraciones personales, independientemente de que les haya dolido que se señalen las irregularidades del Seguro Social, que no hacemos sino repetir los balances publicados, las informaciones dadas con sinceridad, por primera vez, en este régimen, a propósito de la situación del Seguro Social, independientemente de eso, aprobemos la iniciativa y aprobémosla señalando que va a ser un sacrificio nacional en la extensión de la seguridad social, al campo; pero que vale la pena de vivir para hacer esos sacrificios. (Aplausos.)
El C. Presidente: Se concede la palabra al ciudadano diputado Marciano González.
El C. González Villarreal, Marciano: Honorable Cámara.
Me complazco en ver por todas partes caras alegres (risas).
Y las tienen, porque se trata de un asunto trascendental; era natural que estuvieran alegres, ¿y por qué tristes? Que si nosotros, viejos luchadores, no nos fatiga absolutamente nada, porque ya de todo estamos harto satisfechos, y quisiéramos volver a vivirlo. Y hay, en los espíritus de cada uno un ansia de que este asunto se trate con toda la amplitud; un despliegue de banderas interminable; pero que quedemos satisfechos.
Se ha hablado, precisamente, de beneficios al campesino, y pueden ustedes creer que cuando se evoca al campesino vive en mi recuerdo, y no el recuerdo muy remoto, a pesar de mis años; no es remoto ese lejano ayer. Hablando del campesino, viene a mí la música del campamento, el clarín de batalla, todas aquellas cosas inherentes al campo de batalla en que estuvimos con ansia buscando el sacrificio de nuestra vida por el bien de la patria "Campesinos" - palabra que está grabada en nosotros, los hombres de ayer y los hombres de la Revolución, muy adentro -; que han sido tan nobles, que han permitido que lleguen a dar vuelta al molino hasta aquellos que noblemente están bebiendo en nuestra fuente.
La Ley del Seguro Social del campesino es una ley que debe de aplaudirse frenéticamente, hacía tiempo que debió haber llegado; pero ha llegado todavía, y celebrémoslo. Precisamente, estos rostros alegres y estos espíritus elevados. Mucho debe de la Revolución al campesino; poco ha hecho; quedaron los campos sembrados de cadáveres; algunos no tuvieron ni siquiera el consuelo de la cruz de redención y del espíritu cristiano; pero murieron satisfechos, levantando los rostros al cielo, esperando que los que vivimos hiciéramos algo por ellos, y hoy no sentimos satisfechos de todo lo que se ha logrado, y falta mucho todavía en ese largo recorrer.
Es de felicitarse la idea. Yo la aplaudo. Estas discrepancias tenían que ocurrir, se esperaban y separar las otras; pero todas ellas siempre encontrarán de pie el espíritu sereno y patriótico que nos anima.
Los gobierno, como he dicho en alguna ocasión, siempre tratan de hacerlo lo mejor; no hay razón para pensar que en esta vez un hombre joven, espíritu elevado, culto y que surgió precisamente de esa lucha intensa que viven los que nacen pobres y quieren elevar un poco su alma, tiene que se un Gustavo Díaz Ordaz que haga por los campesinos lo que los campesinos esperan de él. Y mucho esperan y mucho hará si nosotros le prestamos el contingente de patriotismo, de noble discusión, de espíritu elevado, para que volvamos, señores, a la tranquilidad espiritual que soñamos los hombres de la Revolución. (Aplausos.)
El C. Ramírez y Ramírez, Enrique: Pido la palabra.
El C. Presidente: Se concede el uso de la palabra al señor diputado Enrique Ramírez.
El C. Ramírez y Ramírez, Enrique: Los diputados de la mayoría queremos declarar que el desarrollo y el resultado de este debate nos satisface profundamente. Muchas cuestiones quedan por aclarar, pero nunca un debate en los límites de tiempo obligado es suficiente para agotar problemas complejos y profundos.
Esto es, para nosotros el diálogo sin quebrantos de las posiciones de principios y de los intereses legítimos de cada partido, y queremos manifestar, una vez más, que estamos aquí de buena fe, que no creemos tener la verdad única, que apreciamos la contribución sana y limpia que quieren o puedan proporcionar todos los partidos y que seguiremos debatiendo alta, reñidamente, para bien de México.
Nos vamos de aquí con la esperanza de que hemos dado un paso más en el camino hacia un mejor parlamento mexicano. (Aplausos.)
El C. secretario Colín Sánchez, Mario: Se va a proceder a recoger la votación nominal, en lo general, del proyecto de reformas a la Ley del Seguro Social. Por la afirmativa.
El C. secretario Velázquez Grijalva, Rodolfo: Por la negativa.
(Votación).
El C. secretario Colín Sánchez, Mario: ¿Falta algún ciudadano diputado de votar por la afirmativa?
El C. secretario Velázquez Grijalva, Rodolfo: ¿Falta algún ciudadano diputado de votar por la negativa?
Se va a proceder a recoger la votación de la Mesa. (Votación.)
El C. secretario Colín Sánchez, Mario: Fue aprobado el proyecto de decreto, en lo general, por 174 votos.
Está ha discusión, en lo particular. No habiendo quien haga uso de la palabra se va a proceder a recoger la votación en lo particular. Por la afirmativa.
El C. secretario Velázquez Grijalva, Rodolfo: Por la negativa.
(Votación.)
El C. secretario Colín Sánchez, Mario: ¿Falta algún ciudadano diputado de votar por la afirmativa?
El C. secretario Velázquez Grijalva, Rodolfo: ¿Falta algún ciudadano diputado de votar por la negativa?
Se va a recoger la votación de la Mesa.
(Votación.)
El C. secretario Colín Sánchez, Mario: Fue aprobado el proyecto de decreto, en lo particular, por 174 votos. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
XII
El C. Presidente: Han llegado a esta Cámara de Diputados dos oficios, que esta presidencia considera de urgente tramitación. Ruego a la Secretaría dar cuenta de ellos.
- El C. secretario Colín Sánchez, Mario:
"Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Poder Ejecutivo Federal. - México, D. F. Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios del H. Congreso de la Unión. - Presente.
La Secretaría de Relaciones Exteriores se ha dirigido a ésta, de Gobernación, con fecha 27 de mes en curso, manifestando lo siguiente:
'Ruego a usted se sirva a solicitar del H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, inciso B), del artículo 37 de la Constitución Política, para que el señor Presidente de la República, don Gustavo Díaz Ordaz pueda aceptar y usar las condecoraciones que, durante su viaje a Centroamérica, le serán entregadas por los jefes de Estado respectivos:
Gran Cruz de la Orden del Quetzal, Guatemala; Gran Cruz de Oro y Distintivo Especial de la Orden Nacional José Matías Delgado, El Salvador; Gran Cruz de la Orden de Francisco Morazán, Honduras; Collar de la Orden de Rubén Darío, Nicaragua; Gran Collar de la Orden de Manuel Amador Guerrero, Panamá.'
Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, reiterándoles mi consideración atenta.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D. F., 28 de diciembre de 1965. - P. Ac. del C. Secretario, el Oficial Mayor, licenciado Carlos Gálvez Betancourt."
Trámite: Recibo, a la Comisión de Puntos Constitucionales, en turno.
"Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Poder Ejecutivo Federal. - México, D. F. - Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios del H. Congreso de la Unión. - Presente.
Para conocimiento de ustedes, y fines legales procedentes, a continuación les transcribo oficio de la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigido a ésta, de Gobernación, con fecha 27 del actual:
'Ruego a usted se sirva solicitar del H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, inciso B), del artículo 37 de la Constitución Política, para que el señor licenciado Antonio Carrillo Flores, secretario de Relaciones Exteriores, pueda aceptar y usar las siguientes condecoraciones que, durante su viaje a Centroamérica, le serán entregadas por los gobiernos de los respectivos países:
Orden del Quetzal, Guatemala; Orden de José Matías Delgado, El Salvador; Orden de Francisco Morazán, Honduras; Orden de Rubén Darío Nicaragua; Orden de Manuel Amador Guerrero, Panamá.'
Reitero a ustedes mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D. F., 28 de diciembre de 1965. P. Ac. del C. Secretario, el Oficial Mayor, licenciado Carlos Gálvez Betancourt."
Trámite: Recibo, a la Comisión de Puntos Constitucionales, en turno.
XIII
- El C. prosecretario Lagarda Palomares, Ángel J.:
"Primera Comisión de Hacienda.
Honorable Asamblea:
Por acuerdo de vuestra soberanía se turnó, para su estudio y dictamen, a la Primera Comisión de Hacienda, que suscribe, el proyecto de decreto aprobado por la H. Cámara de Senadores, por el que se concede pensión vitalicia de $ 900.00 (novecientos pesos 00/100) mensuales, a la C. María de la Luz García Cubas González viuda de Hernández.
Examinado que fue el expediente, la Comisión dictaminadora encontró:
Que la peticionaria se funda, para que se le otorgue la pensión solicitada, en el hecho de ser la última descendiente del señor ingeniero Antonio García Cubas, quien prestó diversos servicios a la Nación y en vida fue objeto de honores nacionales e internacionales.
Que es viuda y su situación económica es muy difícil, por lo que, tomando en consideración los relevantes méritos de su antecesor, de todos conocidos, la Comisión que suscribe se permite someter a la consideración de vuestra soberanía el siguiente Proyecto de Decreto.
Único. Se concede pensión vitalicia de $ 900.00 (novecientos pesos 00/100) mensuales a la C. María de la Luz García Cubas González viuda de Hernández, en atención a los servicios prestados a la Nación y a los elevados méritos intelectuales de su ilustre abuelo el C. ingeniero Antonio García Cubas. Esta pensión le será pagada íntegramente por la Tesorería General de la Nación, a partir de la publicación del presente decreto en el 'Diario Oficial' de la Federación.
Sala de Comisiones de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. -México, D. F., a 27 de diciembre de 1965. - Vicente Fuentes Díaz. - Carlos Pérez Cámara. - Tomás Algaba Gómez. - Mariano González Gutiérrez."
Segunda lectura. Está a discusión el dictamen. No habiendo quien haga uso de la palabra se reserva para su votación nominal.
Honorable Asamblea:
Por acuerdo de vuestra soberanía fue turnado a la suscrita, primera Comisión de la Defensa Nacional, para su estudio y dictamen, el expediente, con la minuta proyecto de decreto aprobado por la H. Cámara de Senadores el día 21 del actual, en virtud del cual se concede a la Sra. Soledad Leyva Velázquez pensión de $ 25.00 diarios, por los servicios que prestó a la Revolución Mexicana su extinto padre el C. Gabriel Leyva Solano.
Esta Comisión, después de haber estudiado el expediente respectivo y los documentos anexos, comprueba que efectivamente, la interesada es hija del fallecido Gabriel Leyva Solano y de la Sra. Anastasia Velázquez.
También encuentra que, con fecha 23 de octubre de 1935, el Congreso de la Unión concedió a la Sra. Anastasia Velázquez Vda. de Solano una pensión de $ 5.00 diarios.
Que, habiendo fallecido dicha señora y en virtud de los méritos revolucionarios del C. Gabriel Leyva Solano, es de justicia que su hija, la señora Soledad Leyva Velázquez, reciba el beneficio que anteriormente se le concedió a su señora madre dada la precaria situación económica por la que atraviesa.
Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión hace suyo el dictamen de la H. Colegisladora y se permite someter a la ilustrada consideración de la honorable asamblea, el siguiente Proyecto de Decreto:
Artículo único. Se concede a la Sra. Soledad Leyva Velázquez pensión de $ 25.00 diarios, en mérito a los eminentes servicios prestados a la Revolución Mexicana por su extinto padre, el C. Gabriel Leyva Solano. Esta cantidad la será cubierta íntegramente por la Tesorería General de la Federación mientras la interesada no cambie su actual estado civil.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. - México, D. F., a 26 de diciembre de 1965. - Alfonso Castillo Borzani. - Jaime López Peimbert. - Juan Barragán Rodríguez. - Eliseo Jiménez Ruiz".
Segunda lectura. Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra se va a proceder a recoger la votación nominal de éste y del anterior proyecto de decreto reservado. Por la afirmativa.
- La C. secretaria Anderson Nevárez, Hilda: Por la negativa.
El C. prosecretario Lagarda Palomares, Ángel J.: ¿Falta algún ciudadano diputado de votar por la afirmativa?
- La C. secretaria Anderson Nevárez, Hilda: ¿Falta algún ciudadano diputado de votar por la negativa?
Se procede a recoger la votación de la Mesa.
(Votación.)
El C. prosecretario Lagarda Palomares, Ángel J.: fueron aprobados los proyectos de decreto por unanimidad de 174 votos. Pasan al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
- La C. secretaria Anderson Nevárez, Hilda: Señor Presidente, la Secretaría informa que se han agotado los asuntos en cartera.
El C. Presidente (a las 18.30 horas): Se levanta la sesión y se cita para mañana, miércoles 29, a las diez horas.
TAQUIGRAFÍA PARLAMENTARIA Y
"DIARIO DE LOS DEBATES"