Legislatura XLVI - Año II - Período Ordinario - Fecha 19651229 - Número de Diario 38

ENCABEZADO

MÉXICO, D.F., MIÉRCOLES 29 DE DICIEMBRE DE 1965.

DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Registrado como artículo de 2a. clase en la Administración Local de Correos, el 21 de septiembre de 1921.

AÑO II. - PERIODO ORDINARIO XLVI LEGISLATURA TOMO I. - NUMERO 38

SESIÓN

DE LA

H. CÁMARA DE DIPUTADOS

EFECTUADA EL DÍA 29

DE DICIEMBRE DE 1965

SUMARIO

I. Se abre la sesión. Lectura de la orden del día. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.

II. Minuta, con proyecto de decreto aprobado por la H. Cámara de Senadores, en virtud del cual se declara el año 1966 "Año de la Amistad México - Centroamericana", a iniciativa del C. Presidente de la República. Se solicitan y dispensan los trámites. Para consideraciones, acerca de la iniciativa, hace uso de la palabra el C. diputado Arnulfo Treviño Garza. Se aprueba el proyecto de decreto. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

III. Se turnan a las Comisiones correspondientes, e imprímanse, dos expedientes, con las minutas de proyectos de decreto, que envía la H. Cámara de Senadores y que reforman y adicionan la nueva Ley de Crédito Agrícola.

IV. Primera lectura al dictamen relacionado con el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1966.

V. Primera lectura a dos dictámenes, con proyectos de decreto, que conceden el permiso constitucional necesario para que los CC. licenciado Gustavo Díaz Ordaz, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, y licenciado Antonio Carrillo Flores puedan aceptar y usar las condecoraciones que les serán otorgadas por los jefes de Estado de las repúblicas de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá, en las visitas oficiales que, próximamente, realizarán a dichos países. Se dispensa la segunda lectura. Se aprueban. Pasan al Senado para los efectos constitucionales.

VI. Primera lectura, e imprímase, al dictamen que contiene el proyecto de Ley de Asociaciones Agrícolas enviado por el Ejecutivo Federal y aprobado por el H. Senado de la República el 27 de diciembre de 1954, al que da lectura el C. diputado Jesús García Santacruz.

VII. Segunda lectura a tres dictámenes, con proyectos de decreto, que conceden jubilación a la C. Aída Acevedo Cervantes, empleada de esta H. Cámara, y pensión vitalicia a las CC. María Gómez Anaya y Adelina Hill Esquer. Se aprueban. Pasan al Senado para sus efectos constitucionales.

VIII. Segunda lectura al dictamen, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 73 constitucional, facultando al Congreso de la Unión para legislar sobre las características y uso de la Bandera, Escudo e Himno nacionales. Sin discusión se aprueba el artículo único. Pasa el proyecto de decreto a las legislaturas de los Estados para los efectos constitucionales.

IX. Segunda lectura al dictamen, con proyecto de decreto, relacionado con el Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal para el ejercicio fiscal de 1966. En la discusión, en lo general, intervienen varios CC. diputados. Se aprueba en lo general. En lo particular se objetan los artículos 1o. y 3o., los que son aprobados. Se aprueban los artículos no impugnados. Pasa el proyecto al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.

X. El C. diputado Vicente Lombardo Toledano interpela a las Comisiones a las que fue turnada la iniciativa suscrita por el C. Manuel Stephens García, diputado a la XLV Legislatura, relacionada con la anulación o derogación del artículo 145 del Código Penal. El C. diputado Leopoldo González Sáenz, presidente de la Primera Comisión de Justicia, a la que fue turnada la iniciativa en cuestión, expresa los motivos por los que no se ha podido dictaminar.

XI. El C. diputado Marciano González Villarreal pide a la Comisión que informe sobre su iniciativa acerca de las

prestaciones, solicitadas para los Veteranos de la Revolución. Para informar hace uso de la palabra el C diputado Miguel Covián Pérez y ofrece que, para el próximo período de sesiones, éste será uno de los asuntos primeros en dictaminarse. Se levanta la sesión.

DEBATE

Presidencia del

C. MANUEL ORIJEL SALAZAR

(Asistencia de 172 ciudadanos diputados.)

I

El C. Presidente (a las 13.30 horas): Se abre la sesión.

-La C. secretaria Anderson Nevárez, Hilda:

"Orden del Día.

29 de diciembre de 1965.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Proyecto de decreto, aprobado por la Colegisladora, a iniciativa del Ejecutivo Federal, por el cual '1966' será declarado 'Año de la Amistad México - Centroamericana'.

Dos expedientes con minutas proyectos de decreto, aprobados por el Senado, por los que se reforman y adicionan las fracciones I y III del artículo 38 y el artículo 82 de la nueva Ley de Crédito Agrícola.

Dictámenes de primera lectura:

De la Comisión de Presupuestos y Cuenta, el emitido en relación con el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, enviado por el Ejecutivo de la Unión.

Dos, de la Primera Comisión de Puntos Constitucionales, otorgando permiso a los CC. Gustavo Díaz Ordaz, presidente de los Estados Unidos Mexicanos y Antonio Carrillo Flores, secretario de Relaciones Exteriores, para que puedan aceptar y usar las condecoraciones que les otorgarán Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá.

De la Comisión de Agricultura y Fomento, el emitido en relación con el proyecto de Ley de Asociaciones Agrícolas aprobado por la Colegisladora en 1954.

Dictámenes a discusión:

De las Comisiones Unidas Segunda de Puntos Constitucionales y Segunda de Gobernación, el emitido en relación con la minuta proyecto de decreto, enviada por la Colegisladora, que adiciona el artículo 73 de la Constitución con la fracción XXIX - B.

De la Comisión de Presupuestos y Cuenta, el emitido en relación con el proyecto de Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal, enviado por el Ejecutivo de la Unión.

De la Primera Comisión de Hacienda, con proyecto de decreto, que jubila a la C. Aída Acevedo Cervantes, empleada de esta Cámara.

De la Segunda Comisión de Hacienda, con proyecto de decreto que otorga pensión de gracia a la C. María Gómez Anaya.

De la Segunda Comisión de la Defensa Nacional, con proyecto de decreto que otorga a Adelina Hill Esquer, pensión de gracia."

"Acta de la sesión efectuada por la Cámara de Diputados del XLVI Congreso de la Unión el día veintiocho de diciembre de mil novecientos sesenta y cinco.

Presidencia del C. Manuel Orijel Salazar.

En la ciudad de México, a las trece horas y quince minutos, del martes veintiocho de diciembre de mil novecientos sesenta y cinco, se abre la sesión con asistencia de ciento ochenta y dos ciudadanos diputados, según manifiesta la Secretaría, una vez que pasa lista.

Lectura de la Orden del Día y del Acta de la sesión celebrada el día anterior.

El C. diputado Felipe Gómez Mont hace uso de la palabra para manifestar que en el acta anterior se omitió que la Comisión de Presupuestos y Cuenta aceptó, por conducto del C. Rubén Moheno Velasco, solicitar de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que para lo sucesivo, se sirva ampliar los informes sobre el uso que haga el Ejecutivo de la Unión de sus facultades en relación con los impuestos de importación y exportación a que se refiere el artículo 131 constitucional.

Con esta aclaración, la Asamblea, en votación económica, aprueba el acta.

Se da cuenta con los asuntos en cartera:

Para los efectos del artículo 93 constitucional, el C. licenciado Octaviano Campos Salas, secretario de Industria y Comercio, envía el informe de las labores desarrolladas en la dependencia a su cargo, durante el período comprendido del 1o. de septiembre de 1964 al 31 de agosto de 1965. Recibo, resérvese en la Oficialía Mayor para consulta de los ciudadanos diputados, y córrase traslado a la H. Colegisladora.

La Legislatura del Estado de Zacatecas comunica la designación de su mesa directiva, que funcionará hasta el 15 de enero próximo. De enterado.

Minuta proyecto de decreto enviada por la H. Cámara de Senadores, que concede jubilación voluntaria de doce mil setecientos setenta pesos mensuales al C. Salvador Mercado de Anda, tesorero del H. Senado de la República. Recibo, a la Comisión de Hacienda en turno.

La C. Amparo de las Nieves Nieva solicita pensión por los servicios que prestó a la patria, durante la intervención francesa, su extinto abuelo el C. teniente coronel Perfecto López. Recibo, a la Comisión de la Defensa Nacional en turno.

Dictamen, de las Comisiones unidas: Primera de Puntos Constitucionales, Segunda de Gobernación, y de Estudios Legislativos, conteniendo proyecto de decreto en virtud del cual se adiciona el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, facultando al Congreso de la Unión para legislar sobre las características y uso de la Bandera, Escudo e Himno nacionales, aprobado por la H. Cámara de Senadores, a iniciativa del C. Senador y licenciado Rafael Murillo Vidal. Primera lectura.

Dos proyectos de decreto suscritos, respectivamente, por la Primera y Segunda Comisión de Hacienda, que conceden: jubilación de un mil ochocientos sesenta y dos pesos sesenta y seis centavos a la C. Aída Acevedo Cervantes, por servicios prestados al

Poder Legislativo, durante más de veinticinco años, y a la señorita María Gómez Anaya pensión vitalicia de setecientos cincuenta pesos mensuales, en mérito a los servicios que prestó a la nación durante la intervención francesa, su padre el C. teniente Silviano Gómez. Primera lectura.

Dictamen, con proyecto de decreto, presentado por la Segunda Comisión de la Defensa Nacional, que concede a la señorita Adelina Hill Esquer pensión vitalicia de setecientos cincuenta pesos mensuales por los servicios prestados a la patria por su padre, el C. general de división Benjamín G. Hill. Primera lectura.

La Comisión de Presupuestos y Cuenta suscribe un dictamen relativo al proyecto de Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal para el ejercicio fiscal de 1966. Primera lectura.

Dictamen de las Comisiones Unidas Primera y Segunda de Hacienda, con proyectos de decreto, por el que se autoriza al Ejecutivo Federal para que, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, determine una nueva emisión de Bonos del Ahorro Nacional, hasta por la cantidad de ochocientos millones de pesos. Segunda lectura.

A discusión, en lo general y, después, en lo particular, sin debate en ninguno de los casos, en votación nominal se aprueba, en ambos sentidos, por unanimidad de ciento ochenta y dos votos. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

La Comisión de Presupuestos y Cuenta presenta el proyecto de Presupuesto de Egresos del Territorio de Quintana Roo para el año de 1966. Segunda lectura.

A discusión, en lo general.

Para objetar el dictamen hace uso de la palabra el C. diputado Francisco Quiroga Fernández; por la Comisión dictaminadora habla el C. Rubén Moheno Velasco; para hechos, nuevamente, los dos oradores. Suficientemente discutido en lo general, en votación nominal se aprueba por ciento sesenta y cinco votos de la afirmativa contra dieciséis de la negativa.

A discusión, en lo particular; no habiendo quien haga uso de la palabra, en votación nominal, se aprueba por ciento sesenta y cinco votos en favor y diecisiete en contra. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

De la misma Comisión de Presupuestos y Cuenta, dictamen relacionado con el proyecto de Presupuesto de Egresos del Territorio de Baja California para el ejercicio fiscal de 1966. Segunda lectura.

A discusión, primero en lo general y, después, en lo particular; no habiéndola se aprueba en uno y otro sentido por unanimidad de ciento setenta y nueve votos. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

El C. diputado Abraham Aguilar Paniagua hace uso de la palabra para expresar que, con base en el artículo 124 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, los CC. diputados representantes de los Territorios de Quintana Roo y Baja California, así como otros de distintos partidos, cambiaron impresiones con los miembros de la Comisión Dictaminadora, llegando a la conclusión éstos de que es conveniente adicionar el artículo 5o., contenido en cada uno de los proyectos de Presupuesto de los Territorios de Quintana Roo y Baja California, los que acaban de ser aprobados por la asamblea.

En votación económica los CC. diputados aprueban la adición propuesta.

El C. diputado Juan Ignacio Bustamante Vasconcelos da segunda lectura al dictamen suscrito por las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos, que contiene el proyecto de decreto que reforma la Ley del Seguro Social.

Para poner de manifiesto la importancia de la iniciativa y, en apoyo del dictamen, hace uso de la palabra la C. diputada María Guadalupe Urzúa Flores.

A discusión, en lo general.

Hace uso de la palabra el C. diputado Jacinto Guadalupe Silva Flores para exponer los motivos por los que los ciudadanos diputados del Partido Acción Nacional votarán en favor del dictamen; hace consideraciones en torno a la iniciativa y finaliza haciendo una exhortación a los sectores interesados en el asunto, a efecto de que presten su colaboración para no frustrar esta iniciativa.

Para hacer la misma exhortación, y en apoyo del dictamen, usa de la palabra el C. Tulio Hernández Gómez; para hechos hablan, sucesivamente, los CC. diputados Jorge Garabito Martínez, Enrique Ramírez y Ramírez, Ramón Rocha Garfias, Adolfo Christlieb Ibarrola, Marciano González Villarreal y, por último, el C. Ramírez y Ramírez.

No siendo objetado en lo general, en votación nominal se aprueba por unanimidad de ciento setenta y cuatro votos.

A discusión en lo particular; no habiéndola, en votación nominal se aprueba por unanimidad de ciento setenta y cuatro votos. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

La presidencia pide a la Secretaría dé cuenta con dos oficios llegados a esta Cámara de Diputados, los cuales se consideran de urgente tramitación.

La Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso necesario para que el C. licenciado Gustavo Díaz Ordaz, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, y el C. licenciado Antonio Carrillo Flores puedan aceptar y usar condecoraciones que les serán otorgadas por los jefes de Estado de las repúblicas de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá, en las visitas que, próximamente, realizará el Primer Magistrado a dichos países. Recibo; a la Comisión de Puntos Constitucionales en turno.

Dos dictámenes, suscritos por la Primera Comisión de la Defensa Nacional, con proyectos de decreto, que conceden: pensión vitalicia de veinticinco pesos diarios a la señora María de la Luz García Cubas González viuda de Hernández en mérito a los servicios prestados a la Nación por su abuelo, el C. ingeniero Antonio García Cubas, y a la señora Soledad Leyva Velázquez pensión, por la misma cantidad de veinticinco pesos diarios, por los servicios prestados a la Revolución Mexicana por su extinto padre, el C. Gabriel Leyva Solano. Segunda lectura.

A discusión, en su orden; no habiendo quien haga uso de la palabra se aprueban en votación nominal por unanimidad de ciento setenta y cuatro votos. Pasan al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

A las dieciocho horas y treinta minutos se levanta la sesión y se cita para mañana, miércoles veintinueve, a las diez horas."

Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba. Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Aprobada.

II

- El C. secretario Colín Sánchez, Mario:

"Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Cámara de Senadores. - México, D. F.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados al Congreso de la Unión. Presente.

Para los efectos constitucionales con el presente tenemos el honor de remitir a ustedes el expediente número 232, en 7 fojas útiles, con la minuta Proyecto de Decreto que declara 'Año de la Amistad México - Centroamericana' el de 1966, a iniciativa del C. Presidente de la República, y aprobado en esta H. Cámara en la sesión del día de hoy.

Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.

México, D. F., a 29 de diciembre de 1965. - Diódoro Rivera Uribe, S. S. - Carlos Loret de Mola, S. S."

"Minuta proyecto de decreto:

Artículo Único. Se declara el año 1966 'Año de la amistad México - Centroamericana.'

Transitorio. El presente Decreto entrará en vigor el día 1o. de enero de 1966.

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores.

México, D. F., a 29 de diciembre de 1965. - María Lavalle Urbina, S. P. - Diódoro Rivera Uribe, S. S. - Carlos Loret de Mola, S. S."

Tomando en consideración que, dentro de cuarenta y ocho horas, el Congreso clausura sus labores ordinarias de sesiones y dentro de unos cuantos días el C. Presidente de la República visitará los países de Centroamérica, la secretaría, por instrucciones de la presidencia, consulta a la asamblea si se dispensan los trámites del proyecto de decreto con el que se acaba de dar cuenta. En votación económica, los que estén de acuerdo sírvanse manifestarlo.

Dispensados los trámites. En consecuencia, está a discusión el artículo único del proyecto.

El C. Treviño Garza, Arnulfo: Pido la palabra.

El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado Treviño Garza.

El C. Treviño Garza, Arnulfo: "Señor Presidente, Honorable asamblea.

México quiere significar, con este decreto del Poder Legislativo, que es el representativo por excelencia del pueblo, la profunda simpatía que guardamos hacia las naciones de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Junto con esta resolución, que no dudamos será adoptada por unanimidad, expresamos nuestros votos más fervientes por el feliz resultado de los contactos directos que el presidente de México va a establecer dentro de pocos días con los pueblos y los gobiernos de los países hermanos de América Central.

Queremos que se signifique, en su más elevada manifestación, la voluntad de amistad y cooperación respetuosa que abrigamos hacia nuestros vecinos del Sur, cuando, a pocas horas antes de que se clausure el período de sesiones del Congreso de la Unión, tomamos el acuerdo de hacer la declaratoria de que el 1966 será el Año de la Amistad México - Centroamericana.

Los mexicanos demostramos el acendrado concepto que tenemos de la amistad y que vemos justificado a través de la historia. En consecuencia, no constituye esto una simple declaración de cortesía. Deseamos que, en el curso de 1966, la amistad de México y Centroamérica se manifieste en múltiples actos de intercambio cordial, entre nuestros países, en los campos de la cultura, la economía y la solidaridad en cuanto a nuestros problemas comunes.

De este modo el año que viene podrá ser un punto de partida para una etapa de las más elevadas realizaciones en el destino fraternal de nuestros pueblos.

Con Guatemala, con El Salvador, con Honduras, con Nicaragua, con Costa Rica y con Panamá nos unen vínculos históricos indestructibles, nos hermanan la sangre, el idioma, la cultura y, sobre todo, entrañables aspiraciones.

Somos hermanos en el pasado, en el presente y en el porvenir. Nos unen, además de estos perdurables lazos, la geografía y las urgencias y reclamos por una vida mejor.

En nombre de la Nación Mexicana, nosotros, sus representantes populares, les decimos a los pueblos de Centroamérica: que el más alto exponente de México, el Presidente Gustavo Díaz Ordaz, pisará el suelo sagrado de los países hermanos de América Central, llevando, con la enseña de nuestra patria, el corazón mismo de todos los mexicanos." (Aplausos.)

El C. secretario Colín Sánchez, Mario: Se va a proceder a recoger la votación nominal. Por la afirmativa.

-La C. secretaria Anderson Nevárez, Hilda: Por la negativa.

(Votación.)

El C. secretario Colín Sánchez, Mario: ¿Falta algún ciudadano diputado de votar por la afirmativa?

- La C. secretaria Anderson Nevárez, Hilda: ¿Falta algún ciudadano diputado de votar por la negativa?

Se va a proceder a recoger la votación de la Mesa.

(Votación.)

El C. secretario Colín Sánchez, Mario: Fue aprobado el proyecto de decreto por unanimidad de 172 votos. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

III

- La C. secretaria Anderson Nevárez, Hilda:

"Estados Unidos Mexicanos. - Cámara de Senadores. - México, D. F.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados al Congreso de la Unión.

Presente.

Para los efectos constitucionales tenemos el honor de remitir a ustedes la minuta proyecto de Decreto aprobada por esta H. Cámara, por la que se reforman y adicionan las fracciones I y III del artículo 38 de la Nueva Ley de Crédito Agrícola.

Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.

México, D. F., 27 de diciembre de 1965. - Diódoro Rivera Uribe, S. S. - Carlos Loret de Mola, S. S."

"Minuta de Proyecto de Decreto:

Artículo Único. Se reforman y adicionan las fracciones I y III del artículo 38 de la Nueva Ley de Crédito Agrícola, para quedar como sigue:

Artículo 38. Las sociedades locales podrán organizarse para realizar las siguientes finalidades:

I. Construir o adquirir y administrar almacenes, despepitadores, plantas de beneficio, fábricas de piloncillo o azúcar, o de industrialización de cualesquiera de sus productos, plantas generadoras de energía eléctrica, presas, canales, plantas de bombeo y toda clase de obras de mejoramiento territorial, plantas para la explotación de los recursos naturales y, en general, los bienes inmuebles que la sociedad necesite;

II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. Comprar, para uso común, semillas, abonos, sementales, pies de cría, maquinaria, implementos y cuantos bienes muebles sean convenientes para los fines de su explotación.

IV..... etc.... Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores. - México, D. F., a 27 de diciembre de 1965. - María Lavalle Urbina, S. P. - Diódoro Rivera Uribe, S. S. - Carlos Loret de Mola, S. S."

Trámite: Recibo; a las Comisiones Unidas de Agricultura, y de Estudios Legislativos, e imprímase.

"Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Cámara de Senadores. - México, D. F.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados al Congreso de la Unión.

Presente.

Para los efectos constitucionales tenemos el honor de remitir a usted la minuta proyecto de Decreto aprobado por esta H. Cámara, por la que se reforma y adiciona el artículo 82 de la Ley de Crédito Agrícola.

Reiteramos a usted las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.

México, D. F., a 29 de diciembre de 1965. - Carlos Loret de Mola, S. S. - Diódoro Rivera Uribe, S. S."

"Minuta Proyecto de Decreto.

Artículo Único. Se reforma y adiciona el artículo 82 de la Ley de Crédito Agrícola, para quedar como sigue:

Artículo 82. Las sociedades locales podrán concertar, con otras instituciones o con particulares, operaciones pasivas de crédito, pero solamente con la aprobación del banco de que dependan.

Cuando se trate de operaciones con instituciones nacionales de crédito ajenas al sistema o que se realicen con recursos provenientes de las mismas, no se requerirá de la referida aprobación. La institución nacional de crédito que otorgue dicho apoyo financiero asumirá, con relación a la sociedad respectiva, las funciones que la presente Ley concede a los bancos del sistema.

Transitorio. Las presentes reformas surtirán efectos al día siguiente de su publicación en el 'Diario Oficial' de la Federación, en unión del distinto Proyecto de Decreto que Reforma y Adiciona el Artículo 38 de la misma Ley de Crédito Agrícola.

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores. - México, D. F., a 29 de diciembre de 1965. - María Lavalle Urbina, S. P. - Carlos Loret de Mola, S. S. - Diódoro Rivera Uribe, S. S."

Trámite: Recibo; a las Comisiones Unidas de Agricultura y de Estudios Legislativos, e imprímase.

IV

- El C. prosecretario Lagarda Palomares, Ángel.:

"Honorable Asamblea:

Por acuerdo de vuestra soberanía ha sido turnado a la Comisión de Presupuestos y Cuenta, que suscribe, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1966, documento que el Ejecutivo de la Unión ha enviado a esta H. Cámara en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 65, fracción II, y 74, fracción IV, de la Constitución General de la República.

La Comisión ha constatado que el citado proyecto representa un avance positivo en el programa de gasto que se ha trazado el Gobierno Federal, ya que, al continuar con la política de incluir en él las erogaciones de los organismos descentralizados y de las empresas de participación estatal, se han realizado los ajustes convenientes como resultado de la experiencia del presente año. Se prosigue la acción del Estado Mexicano encaminada a lograr una mayor unidad y racionalidad en el gasto total del Sector Público, que, sin duda, repercutirá favorablemente en la consolidación y el mantenimiento de la tasa de crecimiento de la economía en su conjunto.

El gasto total del Sector Público, proyectado para 1966, alcanza la suma de $52,383.326,000.00, cifra superior en un 41.5% a la proyectada para el año de 1965. De la citada suma corresponden... $32,251.074,000.00 a las erogaciones de los organismos descentralizados y empresas propiedad del Gobierno Federal, o sea, aproximadamente, el 61.5% del gasto total. El Gobierno Federal proyecta un gasto de $20,132.252,000.00, cifra superior en un 13.2% al presupuesto aprobado por esta H. Cámara para el año que termina.

Es conveniente destacar que el monto de gasto antes señalado se ha estimado, para los organismos descentralizados y empresas de participación estatal, tomando en consideración todos los ingresos de dicho sector, y para el gasto directo del Gobierno Federal, con base en los recursos provenientes de la aplicación de la Ley de Ingresos que deberá regir en 1966, los que se destinarán a la ejecución del programa mínimo de construcción de obras y al costo y mejoramiento de los servicios administrativos, aspectos fundamentales de la política gubernamental.

En ambos casos se han estimado los ingresos extraordinarios que se obtendrán, mediante financiamientos, para el desarrollo de las actividades productivas y de servicios en los organismos descentralizados y empresas de participación estatal, así como para un firme apoyo a la acción del Estado, a fin de lograr, dentro de un clima propicio a la expansión de la inversión privada, una integración

cada vez más acorde con las metas de un crecimiento equilibrado.

La Comisión que suscribe ha tomado en cuenta que todo programa de gasto, expresado en un presupuesto, además de contener la suficiente flexibilidad, tanto interna como la que resulta de adecuar los fines y medios de una política económica, debe guardar una relación estrecha con los recursos que han de allegarse para satisfacer las necesidades del Gasto Público.

Estos principios fundamentales se observan en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 1966, ya que, en un país como el nuestro, en que la carencia de capitales constituye trabas al desarrollo, la armonización de las inversiones del Sector Público, en su conjunto, así como el mayor control de los gastos corrientes y la supervisión de los financiamientos, significarán una mejor utilización de los recursos con que cuenta el país, evitando desajustes que son perjudiciales para el ritmo de crecimiento de la economía.

La preocupación del Gobierno Federal por atender a las necesidades en toda la extensión del territorio nacional se desprende de la distribución que se hace del gasto federal y que, en relación con la procedencia geográfica de los ingresos estimados, representa una sana política para la integración y desarrollo de zonas que no cuentan con la pujanza económica suficiente.

Se hace resaltar que de los ingresos estimados por 20,133 millones de pesos, 11,567 millones equivalentes al 57.5% del total, provendrán de fuentes ubicadas en el Distrito Federal, y 8,566 millones de pesos, de fuentes localizadas en los Estados y Territorios Federales; por contra, el gasto federal, programado para el Distrito Federal, absorberá la suma de 4,528 millones de pesos, o sea, un 22.5%, mientras que a los Estados y Territorios Federales se destinarán 15,604 millones de pesos, cuyo desglose se presenta a continuación, de acuerdo con los fines de la política de desarrollo que se ha propuesto el Gobierno Federal:

Comunicaciones y Transportes 3,540

Fomento y Conservación de Recursos Naturales Renovables 2,143

Fomento, Promoción y Reglamentación Industrial y Comercial 1,014

Servicios Educativos y Culturales 2,841

Salubridad, Servicios Asistenciales y Hospitalarios 784

Bienestar y Seguridad Social 1,367

Ejército, Armada y Servicios Militares 1,756

Administración General 1,088

Deuda Pública 1,071

Total 15,604

Continuando con la correcta política financiera que desarrolla el Gobierno Federal en materia de ingresos y gasto se hace constar, en el presente dictamen, la confrontación de estos conceptos para el ejercicio fiscal de 1966, en su clasificación de ingresos y gastos corrientes y de capital:

Ingresos corrientes: 19,483

Impuestos 17,729

Derechos 546

Productos 538

Aprovechamientos 670

Gastos Corrientes: 14,806

Compra de Bienes y Servicios para administración 7,161

Intereses de la Deuda Pública 579

Transferencias 5,461

Erogaciones Especiales 1,605

Ahorro en Cuenta Corriente: 4,677

El ahorro así obtenido se dedicará al gasto en Cuenta de Capital, que sustenta el proceso de desarrollo del país, presentándose a continuación un detalle del movimiento de esta cuenta:

Ingresos:

Ahorro en Cuenta Corriente 4,677

Ingresos de Capital 50

Colocación de Empréstitos 600 5,327

Gastos de Capital:

Inversiones Físicas 4,428

Inversiones Financieras 321

Amortización de Deuda (Capital) 577 5,326

Superávit: 1

Los propósitos del Gasto Federal programado para 1966 son congruentes con la trayectoria del cambio constante que está experimentando nuestro país. Tal se advierte en el análisis funcional de las erogaciones, que comprende los rubros generales de actividad que fortalecen sistemáticamente la infraestructura material de nuestra economía, desarrollan la riqueza humana, salvaguardan la integridad nacional y procuran la buena marcha de la actividad pública y privada. El presupuesto dictaminado acusa, respecto al de 1965, importantes elevaciones en cada uno de esos rubros, resaltando el propuesto para Inversión y Protección Social, con 15.4% de incremento, Fomento Económico con 12%; y aumentos moderados para Ejército, Armada y Servicios Militares, con 8.1%; y Administración General con 8.4%. Las obligaciones de la Deuda Pública, cuya amortización se hará el año próximo, son 12% superiores a las presupuestas para el año en curso.

Los gastos de Fomento Económico se han estimado para 1966, en 7,433 millones de pesos, que representan el 37.4% del total y su destino, específico se presente en seguida:

Comunicaciones y Transportes: Prosiguiendo en el empeño de aumentar las vías de comunicación para una mejor integración del país, facilitando el intercambio de bienes y servicios, se han destinado a este renglón $3,828.969,477.96, que representan el 19.02% del gasto directo del Gobierno Federal. Para los diversos sistemas de comunicación y transporte se han estimado las siguientes erogaciones:

Carreteras $ 1,012.437,124.35

Ferrocarriles 1,859.074,259.12

Obras Marítimas 145.451,583.48

Aeropuertos 51.386,192.00

Correos $ 353.544,833.93

Telégrafos 206.073,692.40

Telecomunicaciones 83.807,184.96

Servicios Generales 117.194,577.72

Puede apreciarse que la distribución anterior resulta equilibrada a las necesidades de cada uno de los sistemas de transportes y comunicación, sobresaliendo las cantidades destinadas a la conservación, mejoramiento y extensión de las carreteras, troncales y de alimentación, conforme a las consideraciones del proyecto; a la mejoría de los servicios y equipo ferroviario, realización de obras marítimas, construcción y mejoramiento de aeropuertos, comunicaciones postales, telegráficas y telecomunicaciones. Todos estos medios han venido registrando una utilización mayor cada día, por lo que se hace indispensable ampliar sus equipos y mejorar sus servicios para su mejor contribución al desenvolvimiento de la actividad productiva.

Acorde con la política de elevación de la productividad en áreas fundamentales de la economía nacional, se propone un gasto de $ 2,143.631,099.00, o sea el 10.65% del gasto directo del Gobierno Federal, para el Fomento y Conservación de Recursos Naturales Renovables.

La mayor parte de estos recursos el 72.7%, se destinarán al riego de tierras agrícolas, sea por la conservación y mejoramiento de distritos de riego en operación, o para la realización de pequeñas obras que contribuyen notablemente a la utilización de escasos recursos acuíferos. Igualmente, se prevén la iniciación de obras de riego de diversa magnitud que habrán de contribuir al mejoramiento del ingreso rural.

El resto de los recursos de este rubro se orientan al fomento de actividades agrarias específicas, como el cultivo agrícola, la ganadería, la explotación forestal, proveyendo una cantidad para la continuación del programa de colonización y reparto agrario.

Lo conveniente de esta distribución puede apreciarse en las siguientes cifras:

Fomento Agrícola $ 227.604,582.06

Fomento Ganadero 69.561,542.13

Fomento Avícola 12.829,834.00

Fomento Forestal 38.300,453.00

Riego 1,558.407,640.32

Colonización y Reparto Agrario 106.038,194.00

Otros Conceptos 130.888,853.49

De estos recursos de destinan cantidades específicas a la prosecución de programas de investigación y combate de plagas y azotes de la agricultura y la ganadería, a la realización de tareas tan importantes como el levantamiento del Inventario Nacional Forestal y el Plan Chapingo. Procurando mayor seguridad y apoyo a la agricultura, se destinan recursos al Seguro Agrícola Integral y a los Bancos Nacionales Agrícolas.

Fomento, Promoción y Reglamentación Industrial y Comercial. Al impulso de estas actividades se proponen $ 1,559.523,249.09 que representan el 7.74% del gasto directo del Gobierno Federal, para aplicarse como sigue:

Apoyo a Empresas Comerciales $ 502.578,000.00

Apoyo a Empresas Industriales 13.600,000.00

Promoción y Reglamentación del Comercio e Industria 262.091,679.21

Energía Eléctrica 607.366,096.38

Turismo 94,282,953.34

Otros Gastos de Fomento 79.604,520.16

Congruente con la firme política de contribuir a resolver los problemas del campo, ya que el 50% de la población activa del país se dedica a esas labores, se proponen 509 millones de pesos para la CONASUPO, los que principalmente se destinarán a alentar la producción agrícola.

No obstante los grandes esfuerzos realizados hasta la fecha, aproximadamente el 50% de la población carece de energía eléctrica; por este motivo y considerando que la generación y distribución del fluido debe tener carácter de servicio nacional, se destinan 607 millones de pesos para apoyar los programas de la Comisión Federal de Electricidad, independientemente de sus ingresos propios y de los créditos que obtenga para tal fin.

Por otra parte, se destinan 100 millones de pesos para la realización de los programas de trabajo e investigación del Consejo de Recursos Naturales No Renovables, de las Comisiones de Energía Nuclear, Consultiva de Pesca, de Fomento Minero y otras.

Los Gastos Para Inversión y Protección Sociales sumarán 8,028 millones de pesos, equivalentes al 40% del gasto directo de la Federación, y tendrán como finalidad la capacitación y mejoramiento de los recursos humanos del país. La presentación detallada de este gran rubro del presupuesto patentiza la continuación del programa social de la Revolución Mexicana.

Servicios Educativos y Culturales. La urgencia de incorporar a la vida cultural a las grandes mayorías del país, se ha visto apoyada por la decisión del Ejecutivo de la Unión de destinar cantidades crecientes a esta actividad. Para el año de 1966 la suma asignada es de $ 4,750.090,330.57, que supera en 14% a la aprobada para el año que termina, y que representa el 23.59% del gasto del Gobierno Federal. La estructura de este gasto refleja la evolución de las necesidades educativas del país, como se aprecia a continuación:

Educación Preescolar $ 93.464,420.22

Enseñanza Primaria 2,132.755,617.43

Segunda Enseñanza 586.242,306.78

Enseñanza Normal 153.972,626.11

Universidades, Escuelas e Institutos de Enseñanza Técnica,

Profesional y Cultural 725.751,763.20

Otras Enseñanzas 39.721,433.32

Servicios de Bibliotecas, Hemerotecas y Museos 47.816,006.96

Construcciones y Conservaciones Escolares 694.155,748.00

Otros Servicios 276.210,408.55

En acatamiento al mandato Constitucional, se destinarán a la Educación Primaria 2,133 millones de pesos, que representan el 45% del gasto en este

rubro, pero además, enriqueciendo la estructura educativa del país, se orientan 1,506 millones de pesos a diversos ramos de la enseñanza post - primaria, que forman los técnicos y profesionales requeridos por el país para su perfeccionamiento cultural continuo.

Una gran parte de los recursos serán gastados en mejorar las condiciones en que el magisterio nacional realiza su meritoria labor, tanto por la modificación de sus plazas como por la elevación de sus percepciones, ya sea por antigüedad o por la nivelación de sus sueldos, igualándolos con los del Distrito Federal.

Igualmente, se propone una ampliación de 6,159 plazas para maestros de primaria en áreas urbanas y rurales, el aumento de 2,140 plazas en el Instituto Politécnico Nacional y más de 1,000 plazas para maestros de diversas especialidades, o sea, que se ampliarán en cerca de 10,000 los empleos en el sistema educativo federal.

Se prevé la continuación de la fecunda labor de la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos, indispensable complemento a la característica de la educación primaria en nuestro país, y de destinan recursos a importantes servicios de bibliotecas y museos, sin desatender a la construcción y conservación de los edificios escolares. Todo ello es muestra inequívoca de una preocupación constante por atender renglones básicos de nuestra comunidad, que revierten los gastos realizados en beneficios cívicos y materiales en corto plazo histórico.

La conservación de la salud y el mejoramiento de las condiciones físicas individuales, son elementos indispensables para la realización de una actividad socialmente productiva. Por ello, el Gobierno Federal propone un gasto de $ 1,266.957, 086.43, o sea, el 6.3% del suyo directo, para brindar atención de este tipo a la población.

El presupuesto de gasto en Salubridad, Servicios Asistenciales y Hospitalarios se desglosa en los siguientes conceptos:

Salubridad, Asistencia Médica y Servicios Hospitalarios $ 671.239,420.70

Construcciones Hospitalarias 10.258,140.00

Maternidad y Asistencia Infantil 113.638,888.56

Asistencia Social 335.161,820.23

Diversos Servicios Complementarios 136.658,816.85

Estas cantidades serán destinadas a la dotación de agua potable y alcantarillado a diversas poblaciones del país, a combatir algunas enfermedades endémicas en diversas zonas y la prevención de epidemias.

En gran proporción, los gastos que se realicen beneficiarán áreas rurales, por la extensión de los servicios médicos, y se continuará la atención hospitalaria en las diversas instituciones federales.

La cifra propuesta en este rubro, prevé la erogación del aumento otorgado a los médicos adscritos y adjuntos, cirujanos dentistas, practicantes, internos, residentes y enfermeros.

Bienestar y Seguridad Social. A la atención y mejoría de estos servicios se dedican $ 2,011.508,405.99, es decir el 10% del gasto directo del Gobierno Federal distribuido de la manera siguiente:

Servicios Médico a Empleados Públicos $ 374.114,874.29

Otros Servicios a Empleados Públicos 87,878,310.75

Pensiones y Jubilaciones 321.538,697.86

Contribución Estatal al IMSS 1,020.000,000.00

Ayudas a Núcleos Indígenas 48.767,124.64

Otros Gastos Sociales 159.209,398.45

El Gobierno Federal aportará 594 millones de pesos al ISSSTE y 1,020 millones al Instituto Mexicano del Seguro Social, cantidades que con las cuotas que se recauden de los empleados públicos, trabajadores y patrones, servirán para atender los servicios de seguridad social a su cargo.

Se fijan 20 millones de pesos para las farmacias de los empleados federales, 54 millones para las actividades del Instituto Nacional de la Vivienda, independientemente de los créditos que se están gestionando y 32 millones para atender los problemas de los núcleos indígenas.

Por último para pagar pensiones civiles a cargo del Erario Federal se proyectan 18 millones de pesos.

Ejército, Armada y Servicios Militares.

A las Fuerzas Armadas Nacionales, sostén de nuestras Instituciones, se les asigna la cantidad de $ 2,073.365,432.16. o sea, el 10.3% del gasto del Gobierno Federal, como sigue:

Haberes y Otras Remuneraciones $ 1,023.218,301.68

Servicios Médicos y Hospitalarios 115.907,473.66

Servicios Educativos y Sociales 146.873,922.21

Pensiones y Jubilaciones 340.145,288.33

Adquisición y Elaboración de Equipo Bélico 127.439,257.33

Construcciones e Instalaciones Militares 12.640,799.50

Otras Erogaciones 7.729,549.25

Cabe destacar en este rubro los aumentos de las percepciones de generales, jefes, oficiales, clases y tropa del Ejército y la Armada.

Administración General. Los Servicios Administrativos necesitan $ 1,339.806,948.80, o sea el 6.66% del gasto del Gobierno Federal y se distribuye así:

Poder Legislativo $ 72.384,344.61

Dirección Ejecutiva 62.098,750.00

Administración de Justicia 122.482,749.42

Administración Fiscal 639.492,615.38

Relaciones Exteriores 53.024,377.90

Ayudas a Estados y Territorios 32.983,253.58

Otros Servicios Gubernamentales 257.340,857.91

Para que las Juntas Federales de Mejoras Materiales puedan realizar las obras y servicios que por Ley se les tiene encomendados, contarán con 46 millones de pesos, de los Impuestos de Importación y Exportación y con 56 millones que el Gobierno Federal les otorgará como subsidio independientemente de sus ingresos propios.

Deuda Pública. Para el cumplimiento puntual de las obligaciones que vencen en el año de 1966, se consignan $ 1,158.400,000.00, equivalente al 5.75% del gasto del Gobierno Federal, como sigue:

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Gastos de los Organismos Descentralizados y Empresas propiedad del Gobierno Federal.

La integración de una política de desarrollo tiene como base la coordinación de todos los esfuerzos que, en materia de gasto e inversiones, se hacen a través del Sector Público en su conjunto. El Propósito del Gobierno Federal, al incluir dentro de su presupuesto de egresos el gasto de los Organismos descentralizados y empresas propiedad del Gobierno Federal, es el de llegar en el menor tiempo posible a la realización de un desarrollo económico equilibrado que evite el que los recursos con que cuenta tengan un aprovechamiento insuficiente.

Para el ejercicio fiscal de 1966, estas entidades proyectan un gasto de $ 36,623.129,360.97, cantidad que si bien es muy superior a la propuesta para el año de 1965, su elevación obedece al hecho de que, a la fecha, como resultado de la experiencia de su inclusión por primera vez en el presupuesto de Egresos de la Federación para el presente año, se han superado los registros de sus operaciones, enriqueciendo las bases cuantitativas de las previsiones inmediatas.

La cantidad anotada como gastos de los organismos descentralizados y empresas propiedad del Gobierno Federal, se compone de $32,251.074,000.00, señalados en el Ramo XXV del Proyecto, más la suma de $4,372.055,360.97, que serán transferidos por el Gobierno Federal a dichas entidades. El detalle de estos ingresos aparece en el cuadro siguiente:

Aportaciones al Seguro Social $ 3,495.000,000.00

Venta de Bienes 14,202.854,538.92

Venta de Servicios 8,247.602,935.52

Ingresos Diversos $ 371.738,153.00

Ingresos por cuenta de Terceros 1,773.249,441.05

Ingresos Derivados de Erogaciones Recuperables 1,472.936,876.00

Venta de Inversiones 138.795,596.89

Financiamientos 2,548.932,458.62

Sub - total: $ 32,251.074,000.00

Aportaciones del Gobierno Federal 4,372.055,360.97

Total: $ 36,623.129,360.97

De igual manera que con el gasto del Gobierno Federal, es conveniente la proposición que se hace del gasto de los organismos descentralizados y empresas de participación estatal, en relación con su origen y destino geográficos:

Ingresos:

Del Distrito Federal $ 10,699

De Estados y Territorios Federales 21,552 $ 32,251

Gastos:

Aplicado al Distrito Federal $ 6,834

Aplicados a Estados y Territorios Federales 25,417 $ 32,251

El gasto que se hará en los Estados y Territorios Federales se desglosa en función de sus propósitos:

Comunicaciones y Transportes $ 3,212

Fomento, Promoción y Reglamentación Industrial y Comercial 12,748

Salubridad y Servicios Asistenciales y Hospitalarios $ 1,650

Bienestar y Seguridad Social 4,033

Amortización de Pasivo 3,774

$ 25,417

Los ingresos totales de los organismos y empresas, separando los que obtienen del Gobierno Federal como subsidio o aportación de capital, de los que recaudan por su propia operación, son los siguientes:

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La contribución a la capitalización del país por parte de los organismos y empresas sujetos al control presupuestal, puede observarse en el cuadro inserto a continuación en el que sólo se considera el gasto financiable con sus recursos propios y de crédito, en virtud de que ya se consigna la erogación correspondiente a los subsidios y aportaciones de capital, dentro del gasto del Gobierno Federal:

Ingresos Corrientes $ 28,090

Gastos Corrientes 24,437

Ahorro en Cuenta Corriente: $ 3,653

Este ahorro se traslada como ahorro de capital para financiar los gastos de esta naturaleza, por lo que el movimiento de la cuenta de capital es el siguiente:

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Ahorro en Cuenta Corriente $ 3,653

Ingresos de Capital 1,612

Financiamientos 2,549 $ 7,814

Gastos de Capital:

Inversiones Físicas $ 2,558

Inversión Financiera 1,576

Amortización de Deuda (capital) 3,680 $ 7,814

Superávit: 0

El gasto proyectado para los organismos descentralizados y empresas propiedad del Gobierno Federal, considerando sólo la parte financiable con recursos propios y créditos y clasificado de acuerdo con la actividad a que se dedica, es el siguiente:

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La acción de los organismos descentralizados y empresas propiedad del Gobierno Federal, se orientará a integrar los programas de desarrollo económico y social del país, a cargo del Sector Público, tendiendo a incrementar la oferta de materiales o servicios básicos para la industria y el consumo.

Así, el programa de Petróleos Mexicanos comprende inversiones en plantas petroquímicas, de refinación, de distribución y en instalación de gasoductos y poliductos. Ello contribuirá a aumentar la oferta de sus productos y a la ampliación de las áreas donde los proporciona.

Las entidades generadoras y distribuidoras de electricidad continuarán sus programas de inversión, tendientes a dotar de servicio para consumo industrial, público y doméstico, a nuevas áreas de nuestro territorio, ampliando y mejorando su capacidad generatriz y sus sistemas de distribución.

En el aspecto de Comunicaciones operará Caminos y Puentes Federales de Ingreso y las diversas empresas ferroviarias, procurando una mejor conexión entre las diversas zonas del país y, dentro de la seguridad social, se contará con la acción del Instituto Mexicano del Seguro Social y del ISSSTE, que contarán con más de 7,000 millones de pesos, para cubrir los servicios que se les tienen encomendados y mejorar las instalaciones y equipos con que cuentan.

Gasto total de la Federación.

Considerando los dos grandes grupos que comprenden los gastos de la Federación, el Gobierno Federal y los organismos descentralizados y empresas de participación estatal, es conveniente resumir en uno sólo las cuentas de gasto, para dar una más completa idea del impacto que dichas erogaciones tendrán sobre la economía nacional.

Desde el punto de vista geográfico de los ingresos y los gastos, la acción de la Federación durante 1966, se resume en las siguientes cifras:

I n g r e s o s:

Del Distrito Federal 22,266

De los Estados y Territorios Federales 30,118 52,384

G a s t o:

Aplicado al Distrito Federal 11,362

Aplicado a los Estados y Territorios Federales 41,021 52,383

Superávit: 1

Las erogaciones a efectuar en los Estados y Territorios, desde el punto de vista de la actividad a que se dedican son:

Comunicaciones y Transportes 6,752

Fomento y Conservación de Recursos Naturales Renovables 2,143

Fomento, Promoción y Reglamentación Industrial y Comercial 13,762

Servicios Educativos y Culturales 2,841

Salubridad, Servicios Asistenciales y Hospitalarios 2,434

Bienestar y Seguridad Social 5,400

Ejército, Armada y Servicios Militares 1,756

Administración General 1,088

Deuda Pública 4,845

Total: 41,021

La comparación de los ingresos con los gastos corrientes y de capital del Sector Público Federal, da una idea del impacto que sobre el consumo y la inversión nacionales habrán de tener aquellos:

Ingresos Corrientes:

Del Gobierno Federal 19,483

De organismos y empresas 28,090 47,573

Gastos Corrientes:

Del Gobierno Federal 14,806

De organismos y empresas 24,437 39,243

Ahorro en Cuenta Corriente: 8,330

Ingresos de Capital: (incluido el ahorro en cuenta corriente)

Del Gobierno Federal 5,327

De organismos y empresas 7,814 13,141

Gastos de Capital:

Del Gobierno Federal 5,326

De organismos y empresas 7,814 13,140

Superávit: 1

Por otra parte, contemplando este gasto de acuerdo con los propósitos a que sirve, al Fomento Económico se destinarán 27,545 millones de pesos, el 52.5% del total; a Inversión y Protección Sociales 15,478 millones, equivalente al 29.5%; al Ejército, Armada y Servicios Militares 2,073 millones, 3.8%; a la Administración General 1,340 millones, o sea el 2.5%, y, a al Cancelación de Pasivos, interiores, exteriores y flotantes, 5,947 millones, que representan el 11.7% del total del gasto. A continuación se presenta el desglose de las erogaciones totales de la Federación desde el punto de vista funcional:

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De la exposición hecha, se desprende que el Presupuesto presentado por el Ejecutivo de la Unión se ajusta a las necesidades actuales de la situación económica y social del país, y que las partidas de gasto, incluidas en él, obedecen a las tareas mediatas e inmediatas del Sector Público para la continuación del desarrollo económico equilibrado, medio indispensable a la consecución de las elevadas metas fijadas por la Revolución Mexicana.

Prueba fehaciente es el adelanto observado en el control y mejor previsión de los recursos a disposición del Sector Público, para orientar la actividad general, acelerando el movimiento ascendente de la creación y redistribución de la riqueza nacional. Este hecho resalta en el campo de los organismos descentralizados y empresas propiedad del Gobierno Federal, las que, al coordinar su actividad individual entre sí, y con la del Gobierno, contribuirán en forma más efectiva a la plena utilización de los recursos con que cuenta el país.

La variabilidad de las situaciones económicas cuya naturaleza requiere de acción oportuna y eficaz, exige que el Presupuesto de Egresos de la Federación tenga una flexibilidad adecuada para su ejecución y para adaptarse a circunstancias imprevisibles que, de no atenderse, pueden perjudicar el resultado general de la actividad productiva. Por tal motivo, la Comisión de Presupuestos y Cuenta que suscribe, considera conveniente autorizar al Ejecutivo Federal para modificar el monto del presupuesto que se apruebe, en la medida en que los ingresos excedan a lo previsto, así como autorizar transferencias de partidas en los términos del decreto propuesto, dando oportuna cuenta de ello a esta H. Cámara.

En consecuencia, la Comisión somete a la consideración de vuestra soberanía, el siguiente proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1966.

Artículo 1o. El Presupuesto de Egresos de la Federación que regirá durante el año de 1966, se compondrá de las siguientes partidas:

Artículo 2o. El Presupuesto de Egresos de la Federación importa en total. . . . .la. . . . . . cantidad de. . . . . $ 52,383.326,000.00 (cincuenta y dos mil trescientos ochenta y tres millones trescientos veintiséis mil pesos, 00/100) distribuidos en los siguientes Ramos:

I Legislativo $ 78.802,000.00

II Presidencia 67.097,000.00

III Judicial 72.325,000.00

IV Gobernación 95.788,000.00

V Relaciones 196.557,000.00

VI Hacienda y Crédito Público 690.886,000.00

VII Defensa Nacional 1,333.067,000.00

VIII Agricultura y Ganadería 410.939,000.00

IX Comunicaciones y Transportes 1,130.960,000.00

X Industria y Comercio 139.932,000.00

XI Educación Pública 5,182.561,000.00

XII Salubridad y Asistencia 1,222.708,000.00

XIII Marina Nacional 525,940,000.00

XIV Trabajo y Previsión Social $ 59.764,000.00

XV Asuntos Agrarios y Colonización 115.617,000.00

XVI Recursos Hidráulicos 1,631.218,000.00

XVII Procuraduría 41.425,000.00

XVIII Patrimonio Nacional 274.475,000.00

XIX Industria Militar 81.952,000.00

XX Obras Públicas 1,240.282,000.00

XXI Turismo 83.301,000.00

XXII Inversiones 889.635,000.00

XXIII Erogaciones Adicionales 3,408.621,000.00

XXIV Deuda Pública 1,158.400,000.00

XXV Erogaciones Adicionales de

Organismos Descentralizados

y Empresas Propiedad del

Gobierno Federal 32,251.074,000.00

$ 52,383.326,000.00

Artículo 3o. Para el caso de que los ingresos por los conceptos a que se refiere el artículo 1o. de la Ley de Ingresos de la Federación para 1966 excedan del monto del Presupuesto aprobado, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda deberá hacer erogaciones adicionales hasta por el importe de dichos excedentes en los grupos fundamentales de autorización mencionados en el artículo 18 de la Ley Orgánica del Presupuesto de Egresos de la Federación. El Ejecutivo dará cuenta a la Cámara de Diputados de las erogaciones que haya efectuado con base en esta disposición, al presentar el proyecto de Presupuesto de Egresos para 1967.

El informe que presente el Ejecutivo en los términos del párrafo anterior, se hará sin perjuicio de incluir dichas erogaciones en la Cuenta de la Hacienda Pública anual que rinda al Congreso para los efectos constitucionales.

Artículo 4o. La Administración, control y ejercicio de los Ramos de Inversiones, Erogaciones Adicionales, Deuda Pública y Erogaciones Adicionales de Organismos Descentralizados y Empresas Propiedad del Gobierno Federal, estarán encomendados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En los contratos de fideicomiso que celebre el Gobierno Federal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá, siempre, el carácter de fideicomitente.

Artículo 5o. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oportunamente dictará las normas relativas a la forma, requisitos y fechas en que los Organismos Descentralizados y Empresas propiedad del Gobierno Federal, le deberán presentar sus proyectos de presupuesto para cada Ejercicio Fiscal para ser sometidos a la aprobación del Presidente de la República. Una vez aprobados por el Ejecutivo Federal, cualquier modificación deberá ser presentada por conducto de la Secretaría de Hacienda al propio Poder Ejecutivo para su resolución y autorización definitiva por el Poder Legislativo a través de la Cámara de Diputados.

La Secretará de Hacienda y Crédito Público deberá dictar las normas necesarias y tomar las medidas que juzgue indispensable para que los Organismos Descentralizados y Empresas propiedad del Gobierno Federal, cuenten oportunamente con las asignaciones presupuestales necesarias para el desempeño de sus propios fines.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Tesorería de la Federación, fijará, además de su propia Tesorería, los Organismos Subalternos y auxiliares de ella, facultados para recibir y ministrar los fondos de los Organismos Descentralizados y Empresas propiedad del Gobierno Federal.

Artículo 6o. El Ejecutivo podrá autorizar, cuando lo juzgue indispensable, previo dictamen de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, transferencias de partidas que tendrán siempre carácter compensado e informará, en los términos del artículo 3o., del uso que de esta facultad haya hecho.

Las Secretarías y Departamentos de Estado, así como los Organismos Descentralizados y Empresas propiedad del Gobierno Federal, en el ejercicio de las partidas de su Presupuesto, se sujetarán estrictamente al calendario de pagos que les apruebe la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la que dictará las medidas que estime pertinentes para el estricto cumplimiento de esta disposición.

Artículo 7o. Las economías caídas por sueldos, salarios del personal obrero de base y haberes no devengados, sobresueldos, salarios complementarios del personal obrero de base, sobrehaberes, diferencias en cambios y cuotas conforme a tratados, quedarán definitivamente como economías del Presupuesto y en ningún caso se podrá hacer uso de ellas.

Artículo 8o. El pago de compensaciones por servicios especiales, los viáticos, sobresueldos, honorarios, emolumentos u otras percepciones que no sean sueldos, haberes o salarios, específicamente determinados dentro de las partidas de cada Ramo, se efectuarán de acuerdo con las prescripciones que para cada caso fija el Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto y las reglas especiales que expida la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En tratándose de compensaciones por los mismos conceptos, y otras prestaciones del personal que labora en los Organismos Descentralizados y Empresas propiedad del Gobierno Federal, que se rijan por contratos colectivos de trabajo, los pagos se efectuarán de acuerdo con las estipulaciones contractuales respectivas.

El pago de compensaciones por servicios en horas extraordinarias, independientemente de cubrirse de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 123 constitucional, también se regirá para el ejercicio de la partida específica , por las disposiciones establecidas en el Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto de Egresos de la Federación. El pago de estas compensaciones correspondientes al personal que labora en los Organismos Descentralizados y Empresas propiedad del Gobierno Federal, que se rija por contratos colectivos de trabajo, se efectuará de acuerdo con las estipulaciones contractuales respectivas.

Artículo 9o. Todas las cantidades que se recauden por cualquiera de las dependencias federales, deberán concentrarse en la Tesorería de la Federación y sólo podrán ser aprovechadas para gastos de la Administración cuando en el Presupuesto de Egresos aparezca partida para el objeto, aun cuando exista ley especial que las destine para un fin determinado.

Artículo 10. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá vigilar que la ejecución del presupuesto se haga en forma estricta, para lo cual, la misma tendrá amplias facultades a fin de que toda erogación con cargo al Presupuesto esté debidamente justificada, con apego a la Ley; pudiendo en caso necesario, rechazar una erogación, si efectuadas las investigaciones del caso, ésta se considera notoriamente lesiva para los intereses del Erario Nacional.

Con este fin, se faculta a la dependencia del Ejecutivo antes indicada, para tomar todas las medidas que estime necesarias tendientes a lograr las mayores economías en los gastos públicos y la realización honesta de los mismos.

Artículo 11. No se podrá y será causa de responsabilidad de los Secretarios, Jefes de Departamento de Estado, Procurador General de la República y Directores, Administradores o Gerentes de Organismos Descentralizados y Empresas propiedad del Gobierno Federal, conforme al artículo 126 constitucional, contraer compromisos fuera de las limitaciones de sus presupuestos, y en general acordar erogaciones en forma que no permita, dentro del monto autorizado a las partidas respectivas, la atención de los servicios públicos durante todo el ejercicio fiscal, así como del Secretario de Hacienda y Crédito Público, autorizar los compromisos y erogaciones que por este artículo se prohiben salvo lo previsto en los artículo 3o. y 6o.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. - México, D. F., a 28 de diciembre de 1965. - Abraham Aguilar Paniagua. - Jorge de la Vega Domínguez. - Luis Dantón Rodríguez. - Manuel Gurría Ordóñez. - José Antonio Cobos Panamá. - Salvador Rodríguez Leija. - Miguel Osorio Marbán. - Rubén Moheno Velasco. - Guillermo Molina Reyes."

Trámite: Primera lectura.

V

- La C. secretaria Anderson Nevárez, Hilda: Esta Secretaría, por instrucciones de la presidencia, antes de dar lectura a dos proyectos de decreto, emitidos por la Primera Comisión de Puntos Constitucionales, que conceden permiso para aceptar y usar condecoraciones de Centroamérica a los ciudadanos Gustavo Díaz Ordaz, presidente de los Estados Unidos Mexicanos y al ciudadano Antonio Carrillo Flores, secretario de Relaciones Exteriores, solicita que se les dispensen a ambos la segunda lectura y, por lo tanto, una vez leídos, se pongan a discusión. Quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano. Se les dispensa la segunda lectura a los proyectos de decreto, a los que procedemos a dar inmediata lectura.

"Primera Comisión de Puntos Constitucionales.

Honorable Asamblea:

En oficio, fechado el 28 del actual, la Secretaría de Gobernación transcribe el de la de Relaciones Exteriores solicitando el permiso necesario para que el C. licenciado Gustavo Díaz Ordaz, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, pueda aceptar y usar las condecoraciones: Gran Cruz de la Orden de Quetzal; Gran Cruz de Oro y Distintivo Especial de la Orden Nacional José Matías Delgado; Gran Cruz de la Orden de Francisco Morazán; Collar de la Orden de Rubén Darío y Gran Collar de la Orden de Manuel Amador Guerrero; condecoraciones que le serán conferidas, respectivamente, por los jefes de Estado de las repúblicas de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá, en ocasión de las visitas oficiales que realizará, próximamente, a estos países.

La suscrita Comisión considera que el Primer Magistrado de la Nación se ajusta a lo establecido por el artículo 37 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en su fracción III, del apartado B), por lo que debe otorgársele dicho permiso. En tal virtud se permite someter al ilustrado criterio de esta honorable Asamblea el siguiente proyecto de decreto:

Artículo Único. Se concede permiso al C. licenciado Gustavo Díaz Ordaz, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos para que, sin perder la ciudadanía mexicana, pueda aceptar y usar las condecoraciones; Gran Cruz de la Orden del Quetzal; Gran Cruz de Oro y Distintivo Especial de la Orden Nacional José Matías Delgado; Gran Cruz de la Orden de Francisco Morazán; Collar de la Orden de Rubén Darío y, Gran Collar de la Orden de Manuel Amador Guerrero, que le serían conferidas, respectivamente, por los jefes de Estado de las repúblicas de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá, en las visitas oficiales que próximamente realizará a dichos países.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. - México, D. F., a 29 de diciembre de 1965. - Alfonso Martínez Domínguez. - Enrique González Vargas. - Miguel Covián Pérez. - Constancio Hernández Allende. - Abraham Aguilar Paniagua."

Habiéndose dispensado la segunda lectura está a discusión el proyecto de decreto. No habiendo quien haga uso de la palabra se reserva para su votación nominal.

"Primera Comisión de Puntos Constitucionales.

Honorable Asamblea:

En oficio, fechado el 28 de los corrientes, la Secretaría de Gobernación transcribe el de la de Relaciones Exteriores, solicitando el permiso necesario para que el C. licenciado Antonio Carrillo Flores, titular de esta última dependencia, pueda aceptar y usar las condecoraciones: Orden del Quetzal; Orden de José Matías Delgado; Orden de Francisco Morazán; Orden de Rubén Darío y, Orden de Manuel Amador Guerrero; que le serán conferidas, respectivamente, por los jefes de Estado de las repúblicas de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá, en ocasión de las visitas oficiales que realizará, próximamente, a estas repúblicas.

En virtud de que el solicitante se ajusta a lo establecido por la fracción III, del apartado B), del artículo 37 constitucional, esta Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente proyecto de decreto:

Artículo Único. Se concede el permiso al C. licenciado Antonio Carrillo Flores , secretario de Relaciones Exteriores para que, sin perder la ciudadanía mexicana, pueda aceptar y usar las condecoraciones: Orden del Quetzal; Orden de José Matías Delgado; Orden de Francisco Morazán; Orden de Rubén Darío

y Orden de Manuel Amador Guerrero, que le serán conferidas, respectivamente, por los jefes de Estado de las repúblicas de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá, en ocasión de las visitas oficiales que realizará a estas repúblicas.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. - México, D. F., a 29 de diciembre de 1965. - Alfonso Martínez Domínguez. - Enrique González Vargas. - Miguel Covián Pérez. - Constancio Hernández Allende. - Abraham Aguilar Paniagua."

Habiendo sido dispensada la segunda lectura está a discusión el proyecto de decreto. No habiendo quien haga uso de la palabra se va a proceder a recoger la votación nominal de éste y el proyecto anteriormente reservado. Por la afirmativa.

El C. Colín Sánchez, Mario: Por la negativa.

(Votación.)

- La C. Anderson Nevárez, Hilda: ¿Falta algún ciudadano diputado de votar por la afirmativa?

El C. secretario Colín Sánchez, Mario: ¿Falta algún diputado de votar por la negativa?

Se va a proceder a recoger la votación de la Mesa.

(Votación.)

- La C. secretaria Anderson Nevárez, Hilda: Aprobados los proyectos de decreto por unanimidad de 172 votos. Pasan al Senado para sus efectos constitucionales.

VI

El C. secretario Hernández Gómez, Tulio: Proyecto de Ley de Asociaciones Agrícolas, aprobado por la Cámara Colegisladora, en 1954.

El C. García Santacruz, Jesús: Pido la palabra.

El C. Presidente: Se concede el uso de la palabra al señor diputado García Santacruz para dar lectura a su dictamen.

- El C. García Santacruz, Jesús:

"Comisión de Agricultura.

Honorable Asamblea:

El Ejecutivo, por conducto del C. Secretario de Gobernación, con fecha 24 de diciembre de 1954, remitió a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, iniciativa de Ley de Asociaciones Agrícolas.

El H. Senado de la República tuvo a bien aprobarla como proyecto de Ley de Asociaciones Agrícolas y remitirla para el trámite correspondiente a la XLII Legislatura de esta H. Cámara de Diputados, el 27 de diciembre de 1954. El proyecto de ley, aprobado en el Senado, fue turnado, para su estudio y dictamen, a la Comisión de Agricultura.

La Comisión de Agricultura de la actual XLVI Legislatura, que suscribe el presente dictamen, consideró de sumo interés estudiar, con el mayor cuidado, tanto el proyecto enviado por el Senado como las adiciones y modificaciones que en esta Cámara propuso la Comisión a que fue turnado el proyecto de referencia; dichas adiciones y modificaciones no alteraron el espíritu y el fondo de la iniciativa original y sí tendieron a perfeccionarla. Ahora, ante las circunstancias que prevalecen en el agro mexicano, la Comisión que suscribe considera que es inaplazable actualizar la Ley de Asociaciones Agrícolas, imprimiéndole nuevas modalidades, de tal manera que respondan a las necesidades y exigencias del desarrollo agrícola de nuestro país.

En el estudio de esta cuestión la Comisión ha tomado en cuenta las opiniones y la preocupación de la Confederación Nacional Campesina por atender, con la mayor eficacia posible, las demandas de los sectores: Ejidal, Comunal y de los Colonos y Pequeños Propietarios Agrícolas, que forman, en conjunto, la inmensa mayoría del Sector Agrícola Nacional.

El proyecto de Ley de Asociaciones Agrícolas busca proteger, especialmente, a los agricultores de escasos recursos; por esta razón a los propietarios de superficies mayores de 25 hectáreas de riego o sus equivalentes se les excluye del derecho de voto y de figurar en los puestos directivos de los comités, concediéndoseles, nada más, el derecho de voz. Esta medida no debe interpretarse como motivo de discriminación, sino como expresión del espíritu de equidad y de protección que impera en el proyecto y que tiende a que la abrumadora mayoría de agricultores, los de más escasos recursos, sean los que representen a los asociados; de tal manera que defiendan, con mayor vigor e interés, sus problemas y encaucen, con eficacia, las tareas de las Asociaciones para impulsar el desarrollo agrícola en el país, favoreciendo en primer término a quienes mayores carencias tienen.

El desarrollo general del país depende, en gran parte, fundamentalmente, de la aplicación consecuente y acelerada de la reforma agraria, y ésta no sólo persigue la redistribución de la tierra mediante la entrega de los excedentes afectables a los campesinos, sino también mediante el aumento de la productividad agrícola, utilizando la técnica, la organización de la fuerza de trabajo, la recolección adecuada de las cosechas y la comercialización de las mismas para garantizar el mejoramiento de la clase campesina.

Por todo ello consideramos que la Ley de Asociaciones Agrícolas, actualizada y perfeccionada, es un instrumento valioso e indispensable para llevar a la reforma agraria hasta sus consecuencias lógicas.

La adecuada organización de los productores agrícolas es una exigencia de cumplimiento inaplazable, ya que los agricultores son parte vital de nuestra economía.

Mediante una adecuada organización los agricultores podrán aprovechar y conservar mejor los recursos naturales que constituyen su patrimonio; emplear la técnica agrícola más avanzada para aumentar los índices de productividad; obtener al amparo de las leyes bancarias mayores créditos oportunos y baratos; bajar los costos de cultivo y lograr mejores rendimientos, y liberarse del intermediario y acaparadores que tanto daño les causan al disminuir sus precarias utilidades.

Es propósito esencial de este proyecto de ley armonizar y coordinar la acción oficial con la de todos aquellos factores que contribuyen a la producción agrícola, buscando ayudar y fortalecer al pequeño agricultor y frenar los abusos y ambiciones de quienes especulan y medran con el producto del trabajo de los campesinos.

Consideramos que el proyecto, con las reformas y adiciones que, desde su presentación a la fecha, se le han introducido, propiciará la unión y la solidaridad de los agricultores para la defensa de sus intereses comunes y para el impulso de la producción agrícola nacional. Al mismo tiempo consideramos que es un instrumento jurídico útil para

facilitar la elaboración de programas encaminados a coordinar esfuerzos en la tarea inaplazable de elevar la producción agrícola.

La planeación agrícola es indispensable para lograr la armonización de los programas formulados en todas y cada una de las zonas agrícolas de las diferentes entidades federativas.

Si otros sectores de la sociedad mexicana cuentan con instrumentos jurídicos que protegen y propician su organización solidaria para la defensa de sus intereses y la ampliación de sus actividades, justo es que la Ley que ampara la organización de los agricultores mexicanos, especialmente de los pequeños, se actualice para promover, con mayor rapidez y justicia, su desarrollo y bienestar.

Por lo expuesto, y considerando que esta iniciativa responde a las exigencias de una buena administración y de un eficaz control de la producción agrícola nacional, bajo la acción directa de los propios agricultores, la Comisión que suscribe se permite someter a la aprobación de vuestra soberanía el siguiente Proyecto de la Ley de Asociaciones Agrícolas.

Capítulo I.

Disposiciones Generales.

Artículo 1. Las Asociaciones Agrícolas son instituciones de interés público, con personalidad jurídica propia que se constituyen con los productores agrícolas, ejidatarios, comuneros, colonos y pequeños propietarios agrícolas.

Artículo 2. La Secretaría de Agricultura y Ganadería autorizará la constitución, organización y funcionamiento de las Asociaciones Agrícolas creadas en los términos de la presente Ley.

Artículo 3. La Secretaría de Agricultura y Ganadería llevará un registro de las Asociaciones Agrícolas que se constituyan en el país; a la solicitud de registro se acompañará, invariablemente, el acta de la Asamblea constitutiva levantada ante la fe pública del Notario del lugar o de quien desempeñe sus funciones, los Estatutos de las mismas, así como sus modificaciones, y actas de disolución y liquidación, en su caso.

Artículo 4. La Secretaría de Agricultura y Ganadería mandará publicar en el 'Diario Oficial' de la Federación, dentro de un plazo no mayor de los treinta días siguientes a la presentación de la solicitud de registro, la resolución correspondiente que constituya el reconocimiento de que la Asociación reúne los requisitos legales para su funcionamiento.

Artículo 5. La misma Secretaría resolverá sobre los casos de disolución, liquidación o cancelación de registro y publicará en el 'Diario Oficial' de la Federación los acuerdos respectivos.

Artículo 6. La Secretaría de Agricultura y Ganadería centralizará el despacho de todo lo relacionado con las Asociaciones Agrícolas con el propósito de lograr una mejor coordinación y poder alcanzar en el tiempo programado las metas y objetivos que de las propias organizaciones se fijen.

Artículo 7. La Secretaría de Agricultura y Ganadería gestionará ante las dependencias del Ejecutivo Federal de oficio o a instancias de los organismos locales o nacionales, previos los estudios especificativos, que se requiera para que las Asociaciones Agrícolas puedan realizar sus finalidades.

Artículo 8. La acción del Gobierno Federal encaminada a beneficiar directamente a los agricultores, se realizará a través de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, de las Dependencias legalmente autorizadas, y por conducto de las Asociaciones Agrícolas existentes o de sus organismos locales o nacionales.

Artículo 9. La Secretaría de Agricultura y Ganadería instruirá a sus Agentes Generales, para que dentro de los lineamientos de la presente Ley, y de acuerdo con los programas a desarrollar, gestionen ante las autoridades locales su colaboración en la aplicación de esta Ley.

Artículo 10. Las Asociaciones Agrícolas promoverán ante las autoridades competentes, de la Federación o de los Estados, la resolución de sus problemas; para el efecto harán las gestiones pertinentes y presentarán los estudios que funden la necesidad o conveniencia de la intervención que en cada caso se requiera.

Artículo 11. Las Uniones Locales de cada Entidad, estarán pendientes de determinar en cada ciclo agrícola el monto de las cosechas de los cultivos controlados, con objeto de estar en posibilidad de saber si hay sobrante o faltante de acuerdo con el consumo local, lo cual informarán a la Unión Nacional correspondiente. Con los datos aportados, las Uniones Nacionales estarán en condiciones de conocer el Déficit o Superávit nacional del producto en cuestión, y en uno o en otro caso, determinar el volumen que puede importar o exportarse, pero invariablemente protegiendo el consumo interno con la reserva que lo asegure.

Artículo 12. Los Permisos de Importación o Exportación de los productos agrícolas, sólo se otorgarán con la anuencia y participación de la Unión Nacional a que corresponda el producto, cuya Unión en función de representante legal de estos organismos intervendrá permanentemente protegiendo a los productores agrícolas asociados.

Artículo 13. Las Asociaciones Agrícolas, las Uniones Regionales y las Uniones Nacionales, presentarán programas de desarrollo agrícola al Consejo Nacional de Agricultura, con el fin de que éste los tome en cuenta al elaborar sus planes de producción nacional.

Artículo 14. Para los efectos de regular la producción agrícola de cada cultivo, el Consejo Nacional de Agricultura tomará en cuenta las proposiciones que le haga cada una de las Uniones Nacionales.

Artículo 15. Las Asociaciones Agrícolas, las Uniones Regionales y las Uniones Nacionales presentarán al Consejo Nacional de Agricultura, anualmente, los programas de desarrollo agrícola, en tal forma que la producción nacional responda a los planes trazados previamente.

Artículo 16. Las Asociaciones Agrícolas a que se refiere la presente Ley no realizarán actividades con fines lucrativos; estarán capacitadas para adquirir, poseer y administrar los bienes muebles e inmuebles necesarios para sus establecimientos y servicios.

Artículo 17. Solamente las organizaciones constituidas en los términos de la presente Ley pueden usar la denominación de Asociaciones Agrícolas, cualquier otra agrupación que haga uso de dicha denominación será sancionada administrativamente por la Secretaría de Agricultura y Ganadería, con una multa hasta de $ 10,000.00 la que se hará efectiva por conducto de las autoridades hacendarías dentro del procedimiento económico coactivo pasando además las utilidades de sus operaciones a beneficio de la Unión Regional respectiva.

Capítulo II.

Finalidades.

Artículo 18. Las Asociaciones Agrícolas se constituyen para promover en general el desarrollo de las actividades agrícolas en el país, mejorando la calidad de los productos, incrementando su producción y mejorando su distribución, así como para la protección de los intereses sociales y económicos de sus agremiados.

Artículo 19. Las Asociaciones Agrícolas tendrán además las siguientes finalidades:

I. Promover todas las medidas que tiendan al mejoramiento agrícola, mediante el aprovechamiento de las técnicas agronómicas y la utilización de los aperos, maquinaria e implementos más ventajosos para cada lugar o explotación;

II. Promover la realización de obras y adoptar medidas convenientes para la conservación y mejoramiento de los suelos, aguas, pastos y riquezas forestales y frutícolas;

III. Obtener mejor calidad de los productos y fijar los cultivos más remunerativos a cada zona ecológica, mediante la selección u obtención de nuevas variedades de semillas;

IV. Promover el establecimiento de viveros de especies frutales propias de las diversas regiones;

V. Cooperar en la investigación y extensión agrícola, así como las disposiciones sobre sanidad vegetal;

VI. Promover el establecimiento, en cada uno de los lugares donde funcionen asociaciones, de almacenes, silos, molinos, plantas refrigeradoras, de empaque, y en general de industrialización de productos agrícolas, así como de conservación para ofrecerlos al consumidor en las mejores condiciones;

VII. Planear técnicamente la industrialización de los productos de las explotaciones agrícolas;

VIII. Representar ante las autoridades e instituciones que proceda los intereses comunes de sus asociados, promover y gestionar las medidas que estimen más adecuadas para la protección y defensa de dichos intereses;

IX. Representar ante los Almacenes Nacionales de Depósito, Sociedad Anónima y la Compañía Nacional de Subsistencias Populares a los asociados para hacer oportuna, ágil y funcional la recepción de las cosechas;

X. Intervenir ante las autoridades competentes para la fijación de los precios de garantía;

XI. Promover la venta en común de las cosechas levantadas por sus asociados, así como la compra de artículos para el consumo e implementos de trabajo de los mismos, y

XII. Procurar el establecimiento de las industrias necesarias para la transformación de los productos agropecuarios y forestales de la zona de su jurisdicción.

Artículo 20. Las Asociaciones Agrícolas teniendo en cuenta la capacidad económica de sus miembros, las circunstancias, necesidades y conveniencias de cada especialidad productiva, promoverán por ramas y grupos que comprendan producciones afines:

I. La formación de Organismos Civiles o Mercantiles de los tipos legales más adecuados para:

a) Adquirir cuanto sea necesario para los trabajos de las explotaciones.

b) Vender sus productos conforme a normas de calidad cuando puedan determinarse, tanto para el consumo interior, como para el mercado de exportación, siempre de acuerdo con los propósitos de beneficio para el agricultor en relación con intereses del país, y

II. La organización de Sociedades de Crédito, de acuerdo con las Leyes Bancarias correspondientes para obtenerlo de las Instituciones Crediticias establecidas, gestionando al mismo tiempo mediante acuerdos especiales de los asociados la formación de organismos con capitales propios de los mismos agricultores, para llegar al Autofinanciamiento.

Capítulo III.

De su Organización.

Artículo 21. Las Asociaciones Agrícolas se constituirán y funcionarán de acuerdo con las disposiciones de esta Ley y su Reglamento, conforme a las siguientes bases:

I. Los Ejidatarios, comuneros, colonos y pequeños propietarios agrícolas se organizarán voluntariamente, siempre que la propiedad de estos últimos no exceda de la autorizada por el Código Agrario en vigor;

II. No podrán formar parte de las Directivas de Administración o Vigilancia los agricultores propietarios de superficies mayores de 25 hectáreas de riego o sus equivalentes y en las asambleas solamente tendrán derecho a voz pero no a voto, y

III. A los arrendatarios que en forma especial y permanente se dediquen a la agricultura se les admitirá como socios, con los mismos requisitos que se estipulan en la fracción anterior.

Artículo 22. La Asamblea Constitutiva de las Asociaciones Agrícolas se realizará ante la fe pública del Notario del lugar en que se celebre aquélla, o de quien desempeñe sus funciones, levantando por quintuplicado el acta correspondiente, debiendo incluir en la misma los Estatutos aprobados por la Asamblea y en los cuales se harán constar los siguientes datos:

I. El domicilio de la Asociación;

II. Las facultades del Consejo Directivo;

III. Las causas de disolución de la Asociación, y

IV. La designación de los liquidadores de la Asociación.

La Secretaría de Agricultura y Ganadería podrá hacer observaciones a los Estatutos y a sus modificaciones, las que deberán ser tomadas en cuenta por las Asociaciones.

Artículo 23. Las Asociaciones Agrícolas deberán integrarse orgánicamente en la siguiente forma:

I. Una Asociación Agrícola conforme a los artículos 29 y 30, con sede en cada una de las zonas homogéneas en que se divida cada Estado o Territorio de la República, según se estime conveniente, de común acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Ganadería y el Gobierno Local;

II. Una Unión Regional por especialidad en cada Entidad Federativa, con sede en su Capital, y

III. Una Unión Nacional por cada una de las especialidades, con domicilio en la Ciudad de México.

Artículo 24. Bastará la reunión de diez agricultores: ejidatarios, comuneros , colonos o pequeños propietarios agrícolas de una zona para constituir una Asociación Agrícola de cada especialidad. Las Uniones Regionales se constituyen con la mayoría de las Asociaciones Agrícolas de la correspondiente especialidad, de acuerdo con el número de zonas en que se haya dividido la Entidad de que se trate.

Artículo 25. Las Uniones Nacionales se constituyen con la representación de la mayoría de las Regionales.

Artículo 26. A iniciativa de cualquiera de las Asociaciones Agrícolas de una Entidad, o bien de la Secretaria de Agricultura y Ganadería, por conducto de sus Agencias, de acuerdo con los Gobiernos Locales, convocarán a las Asociaciones del Estado para la formación de las Uniones Regionales.

Artículo 27. Las Uniones Nacionales se constituyen a iniciativa de la Secretaría de Agricultura y Ganadería con las Uniones Regionales.

Artículo 28. La representación y dirección de las Asociaciones Agrícolas, Uniones Regionales y Uniones Nacionales estarán a cargo en cada caso de un Consejo Directivo, cuya integración, funcionamiento y atribuciones se determinará en el Reglamento de la presente ley.

Artículo 29. La división de zonas homogéneas se hará por cada especialidad productiva, pudiendo una misma zona servir para varias especialidades.

Artículo 30. La Secretaría de Agricultura y Ganadería determinará las especialidades productivas; en los casos de productos agrícolas no especializados listará las producciones diversas que podrán constituir la correspondiente Asociación.

Capítulo IV.

De su Patrimonio.

Artículo 31. Las Asociaciones Agrícolas, para la realización de sus fines, contarán con los siguientes recursos:

I. Las cuotas de sus asociados;

II. El producto de sus publicaciones;

III. Los productos de sus exposiciones, museos y establecimientos de su experimentación;

IV. Las donaciones y legados, y

V. Los subsidios del Gobierno Federal o de las Entidades Federativas.

Artículo 32. Las Asambleas Generales de las Asociaciones Agrícolas, Autoridad Suprema, fijarán tomando como base los ingresos de los agricultores las cuotas que deberán cubrir sus agremiados, haciendo la siguiente distribución: setenta por ciento para los gastos de sostenimiento de la propia Asociación; del 30 por ciento restante la Asociación remitirá el 20 por ciento para el sostenimiento de la Unión Regional a que pertenezca y el 10 por ciento para la Unión Nacional correspondiente.

Artículo 33. Las cuotas extraordinarias que autorice la Asamblea General de la Asociación Agrícola, sólo tendrán el destino para el que sean propuestas.

Capítulo V.

De los Asociados.

Artículo 34. Un productor que realice sus actividades en dos o más zonas, o que se dedique a diversas especialidades, podrá ser miembro de cada una de las correspondientes Asociaciones Agrícolas, o sólo de alguna de ellas, a su elección, y en este último caso los beneficios a que tenga derecho sólo los disfrutará dentro de la Asociación o Asociaciones de que forme parte.

Artículo 35. El carácter de miembro de las Asociaciones Agrícolas se pierde por:

I. Dejar de ser productor de la especialidad;

II. No cubrir las cuotas o no cumplir con las demás obligaciones que señalen los Estatutos, y

III. Ser expulsado por la correspondiente Asamblea General o realizar actos contrarios a los fines de la organización. Capítulo VI.

De su Disolución y Liquidación.

Artículo 36. Las Asociaciones Agrícolas se disuelven:

I. Por las causas señaladas en los Estatutos;

II. Por acuerdo de la Asamblea General;

III. Por haber alcanzado el objeto para el cual fueron creadas.

IV. Por ser incapaces de realizar los fines para los cuales fueron organizadas, y

V. Por resolución de autoridad competente.

Artículo 37. Disuelta la Asociación se pondrá inmediatamente en liquidación, la que se realizará en el término de cuatro meses, y a su nombre se agregará la frase 'en liquidación'.

Artículo 38. En la escritura constitutiva se designarán como liquidadores, en forma invariable, a un representante de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, y a otro de la Unión Nacional de las Asociaciones Agrícolas a que pertenezca la Asociación en liquidación.

Artículo 39. Cubiertos los compromisos sociales, los liquidadores formularán inventarios de los bienes sobrantes de la Asociación, comunicándolo a la Secretaría de Agricultura y Ganadería, la que en el término de 30 días lo publicará en el 'Diario Oficial' de la Federación.

Artículo 40. La Secretaría de Agricultura y Ganadería, en el término de 60 días resolverá a qué Asociación Agrícola le aplica los bienes de la extinguida, procurando que sea a una de la misma especialidad, o bien si es procedente, que dichos bienes se rematen y que el producto sea repartido entre los asociados. Dicho acuerdo se publicará en el 'Diario Oficial' de la Federación cinco días después de la fecha de la resolución correspondiente.

Transitorios:

Artículo 1o. Se abroga la Ley de Asociaciones Agrícolas del 19 de agosto de 1932. Igualmente, se derogan todas las disposiciones legales en lo que se opongan al presente ordenamiento.

Artículo 2o. Las agrupaciones que lleven la denominación de Asociaciones Agrícolas deberán ajustar su constitución y funcionamiento a las disposiciones de esta Ley, en un plazo máximo de seis meses contados a partir de la vigencia de la misma.

Artículo 3o. Esta Ley entrará en vigor 3 días después de su publicación en el 'Diario Oficial' de la Federación.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. - México, D.F., a 22 de diciembre de 1965. - Jesús García Santacruz. - César del Ángel Fuentes. - Juan Francisco Andraca Malda. - Carlos Ramírez Ladewig. - Ladislao Cárdenas Martínez. - Ricardo Covarrubias. - José Muro Saldívar."

Trámite: Primera lectura.

VII

- El C. secretario Colín Sánchez, Mario:

"Primera Comisión de Hacienda.

Honorable Asamblea:

Para su estudio y dictamen se turnó, a la Primera Comisión de Hacienda, la solicitud presentada por la C. Aída Acevedo Cervantes, subjefe de oficina del Departamento del 'Diario de los Debates', de la Cámara de Diputados, para que se le conceda jubilación voluntaria por servicios prestados al Poder Legislativo, durante más de 25 años.

La peticionaria funda su solicitud en el artículo 3o., fracción II, de la Ley de Jubilaciones para funcionarios y empleados del Poder Legislativo, presentando los siguientes documentos:

1. Certificación de la Dirección General de Administración de la Cámara de Diputados, de la que se desprende que actualmente devenga un sueldo mensual de $2,794.00 (dos mil setecientos noventa y cuatro pesos 00/100).

2. Certificación del C. Oficial Mayor de la Cámara de Diputados, en la que consta que la C. Aída Acevedo Cervantes comenzó a prestar sus servicios el 16 de septiembre de 1940, continuando sin interrupción hasta la fecha.

Por todo lo anteriormente expuesto, la Comisión que suscribe se permite someter a la consideración de esa H. Asamblea, el siguiente proyecto de decreto.

Artículo Único. De conformidad con la fracción II, del artículo 3o. de la Ley de jubilaciones para Funcionarios y Empleados del Poder Legislativo, se concede a la C. Aída Acevedo Cervantes, subjefe de oficina de la Cámara de Diputados, jubilación voluntaria de $1,862.66 (un mil ochocientos sesenta y dos pesos 66/100) mensuales, dos terceras partes del sueldo y compensaciones que actualmente percibe, por servicios que durante más de 25 años ha prestado al Poder Legislativo. Esta jubilación le será pagada íntegramente por la Tesorería General de la Nación, de conformidad con el artículo 6o. de la citada Ley.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. - México, D.F., a 27 de diciembre de 1965. - Vicente Fuentes Díaz. - Carlos Pérez Cámara. - Tomás Algaba Gómez. - Mariano González Gutiérrez."

Segunda lectura. Está a discusión el proyecto de decreto. No habiendo quien haga uso de la palabra se reserva para la votación nominal.

"Segunda Comisión de Hacienda.

Honorable Asamblea:

Se turnó, para su estudio y dictamen, el expediente relativo a la solicitud de pensión de gracia, presentada por la señorita María Gómez Anaya, como hija del C. teniente de Infantería Silviano Gómez.

Para comprobar la calidad de hija del C. Silviano Gómez exhibe copia fotostática de su acta de nacimiento.

La peticionaria acompaño documentos que acreditan que el C. Silviano Gómez combatió durante la intervención francesa y sus servicios fueron clasificados como abnegados y patrióticos.

Un diploma de la Secretaría de Guerra y Marina.

En mérito de lo antes expuesto y en atención a la precaria situación económica de la solicitante, la Comisión que suscribe se permite someter a la consideración de vuestra soberanía el siguiente proyecto de decreto.

Único. Se concede pensión vitalicia de $ 750.00 (setecientos cincuenta pesos 00/100) mensuales a la C. María Gómez Anaya, como hija del C. teniente de Infantería Silviano Gómez, quien combatiera durante la intervención francesa. Esta pensión le será pagada íntegramente por la Tesorería General de la Nación.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. - México, D.F., a 27 de diciembre de 1965. - Enrique Bautista Adame. - Humberto Velasco Avilés. - Arturo López Portillo. - Alejandro Carrillo. - Ramón Zentella Asencio."

Segunda lectura. Está a discusión el proyecto de decreto. No habiendo quien haga uso de la palabra se reserva para la votación nominal.

"Segunda Comisión de la Defensa Nacional.

Honorable Asamblea:

Por acuerdo de vuestra soberanía fue turnado a la suscrita, Segunda Comisión de la Defensa Nacional, para su estudio y dictamen, el expediente que contiene la solicitud formulada por la señorita Adelina Hill Esquer, para que le sea aumentada la pensión de que disfruta por los servicios que prestó a la patria su extinto padre el general de división Benjamín G. Hill.

Del estudio de los antecedentes practicados por esta Comisión se desprende que en decreto aprobado por el H. Congreso de la Unión y publicado en el 'Diario Oficial' de la Federación, el 28 de febrero de 1952, se concedió a la señorita Adelina Hill una pensión de $ 400.00 mensuales.

Tomando en cuenta que, a partir de entonces, se ha elevado, considerablemente, el costo de la vida, esta Comisión estima que la pensión de que actualmente disfruta la señorita Adelina Hill es insuficiente para cubrir sus necesidades más apremiantes, por lo que venimos a someter al ilustrado criterio de vuestra soberanía, el siguiente proyecto de decreto:

Artículo Primero. Por los servicios prestados a la patria por el extinto general de división Benjamín G. Hill, se concede a su hija, la señorita Adelina Hill Esquer, pensión vitalicia de $ 750.00 (setecientos cincuenta pesos mensuales), que le será cubierta íntegramente por la Tesorería de la Nación.

Artículo Segundo. Se deroga el decreto publicado en el 'Diario Oficial' de la Federación, de fecha 28 de febrero de 1952.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. - México, D.F., a 27 de diciembre de 1965. - Marciano González Villarreal. - Vicente Madrigal Guzmán. - Braulio Meraz Nevárez. - Gustavo Martínez Trejo."

Segunda lectura. Está a discusión el dictamen. No habiendo quien haga uso de la palabra se va a proceder a tomar su votación nominal. Por la afirmativa.

- La C. secretaria Anderson Nevárez, Hilda: Por la negativa.

(Votación.)

El C. secretario Colín Sánchez, Mario: ¿Falta algún ciudadano diputado de votar por la afirmativa?

- La C. secretaria Anderson Nevárez, Hilda: ¿Falta algún ciudadano diputado de votar por la negativa?

Se va a proceder a recoger la votación de la Mesa.

(Votación.)

El C. secretario Colín Sánchez, Mario: Fueron aprobados los proyectos de decreto por unanimidad de 171 votos. Pasan al Senado para sus efectos constitucionales.

VIII

- El mismo C. secretario:

"Comisiones Unidas: Primera de Puntos Constitucionales, Segunda de Gobernación y de Estudios Legislativos.

Honorable Asamblea:

A las Comisiones que suscriben fue turnado, por acuerdo de vuestra soberanía el proyecto de decreto por el cual se adiciona el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, facultando al Congreso de la Unión para legislar sobre las características y uso de la Bandera, Escudo e Himno Nacionales, que fue enviado a esta Cámara de Diputados por el H. Senado de la República.

El proyecto de referencia tiene, como antecedente una iniciativa suscrita por el senador Rafael Murillo Vidal, que proponía adicionar nuestra Carta Fundamental con un artículo en el cual se establecieran las características de la Bandera y el Escudo Nacionales. A dicha iniciativa recayó un dictamen de las Comisiones Primera de Gobernación y Segunda de Puntos Constitucionales de la H. Cámara de Senadores, en el que, además de modificar la redacción propuesta por el iniciador de dicha reforma, se agregaba un precepto referente al Himno Nacional Mexicano. Sin embargo, al ser sometido el dictamen a la consideración del Senado fue presentada una moción suspensiva por el senador Florencio Barrera Fuentes, quien, a su vez, propuso que las normas relativas a las características y el uso de los símbolos nacionales no se insertaran en el texto constitucional, sino que éste se concretara a facultar al Congreso de la Unión para legislar sobre dichas materias.

Esta última proposición fue la que aprobó la Colegisladora y, consecuentemente, sobre la que las Comisiones que suscriben deben emitir su dictamen.

Del estudio acucioso que hemos realizado acerca de las regulaciones que, en las distintas etapas de nuestra historia, se ha dado a la configuración y uso de la Bandera y el Escudo Nacionales, se llega a la conclusión de que fue siempre el Poder Ejecutivo el que, por medio de decretos, fijó las normas relativas. Quiere esto decir que los más altos símbolos de la patria estuvieron sujetos a disposiciones que, desde el punto de vista jurídico, tienen naturaleza puramente administrativa, lo que no concuerda con su rango y el valor cívico que representan.

No es preciso ponderar, en el presente dictamen el significado que para el pueblo de México tienen nuestra bandera, nuestro escudo y nuestro himno. Baste decir que ellos han sido no una creación arbitraria, o por lo menos artificial, de quienes, en un momento determinado, ocuparon los más altos cargos del Poder Público, sino que han sido creación espontánea, viva y entrañable del pueblo mismo. En efecto, nuestra bandera, nuestro escudo y nuestro himno, por simbolizar las más enconadas luchas del pueblo de México por su Independencia, su Libertad y su Justicia, han llegado a arraigar, en la conciencia de los mexicanos, en forma tal, que no es posible ya, en forma alguna, substituirlos por otros símbolos.

Sin embargo, no en lo esencial, sino en detalles que mucha veces son sólo perceptibles para observadores acuciosos, se observan algunas diferencias entre los emblemas usados oficialmente y los que entidades o personas particulares utilizan en conmemoraciones cívicas. Asimismo, no se han reglamentado suficientemente las condiciones y requisitos con que dichos símbolos puedan ser usados.

Por estas razones, estas Comisiones encuentran plausible el propósito de que se legisle, con toda precisión, tanto sobre las características, como sobre el uso de la bandera, el escudo y el himno nacionales.

No escapa al juicio de estas Comisiones una preocupación, quizá compartida por algunos círculos de opinión: La de que una adición a la Constitución, para el solo efecto de facultar al Congreso de la Unión para legislar sobre estas materias, pueda resultar innecesaria, puesto que, por su propia naturaleza, los símbolos nacionales no pueden ser sino objeto de legislación federal. Sin embargo, hemos considerado pertinente la adición porque ella tiene, además, el sentido de definir que la regulación relativa a los emblemas patrios no debe seguir siendo realizada a través de actos administrativos, sino objeto de una Ley específica dictada por la Representación Nacional a través del Congresos de la Unión.

En virtud de lo anterior, estas Comisiones, sumándose a la iniciativa de la Colegisladora, se permiten proponer a la consideración de esta honorable asamblea, la aprobación del siguiente proyecto de decreto:

Artículo Único. Se adiciona el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

'Artículo 73. El Congreso tiene facultad.

XXIX B. Para legislar sobre las características y uso de la bandera, escudo e himno nacionales.'

Transitorio:

El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 'Diario Oficial' de la Federación.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. - México, D.F., a 27 de diciembre de 1965. - Primera Comisión de puntos Constitucionales: Alfonso Martínez Domínguez. - Enrique González Vargas. - Miguel Covián Pérez. - Constancio Hernández Allende. - Abraham Aguilar Paniagua. - Segunda Comisión de Gobernación.: Manuel Gurría Ordóñez. - Adolfo Christlieb Ibarrola. - Salvador Rodríguez Leija. - Enrique Bautista Adame. - Comisión de Estudios Legislativos, Sección Constitucional: Enrique González Vargas. - Vicente Lombardo Toledano. - Miguel Estrada Iturbide. - Gonzalo Martínez Corbalá. - Ernesto Reyes Rodríguez."

Segunda lectura. Está a discusión el dictamen. No habiendo quien haga uso de la palabra se va a proceder a tomar su votación nominal. Por la afirmativa.

- La C. secretaria Anderson Nevárez, Hilda: Por la negativa.

(Votación.)

El C. secretario Colín Sánchez, Mario: ¿Falta algún ciudadano diputado de votar por la afirmativa?

- La C. secretaria Anderson Nevárez, Hilda: ¿Falta algún ciudadano diputado de votar por la negativa?

Se va a proceder a recoger la votación de la Mesa.

(Votación.)

El C. secretario Colín Sánchez, Mario: Fue aprobado el proyecto de decreto por 171 votos contra uno de la negativa. Pasa a la legislatura de los Estados para sus efectos constitucionales.

IX

- La C. secretaria Anderson Nevárez, Hilda:

"Comisión de Presupuestos y Cuenta.

Honorable Asamblea:

Por acuerdo de Vuestra Soberanía fue turnado a la suscrita Comisión de Presupuestos y Cuenta, en los términos del artículo 65, fracción II y 74, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el C. Presidente de la República, el proyecto del Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal para el año de 1966, en el que se propone un gasto total de.....$2,100.000,000.00 (dos mil cien millones de pesos), que representa un aumento de $ 300.000,000.00 (trescientos millones de pesos) en relación con el Presupuesto aprobado por esta H. Cámara para el presente ejercicio de 1965.

Ese gasto de $ 2,100.000,000.00 se cubrirá con los ingresos ordinarios de la Hacienda Pública del Distrito Federal en el ejercicio de 1966, que se estiman en igual cantidad, integrados por los siguientes capítulos:

Impuestos $ 1,364.890,000.00

Derechos $ 225.041,000.00

Productos $ 69.600,000.00

Aprovechamientos $440.469,000.00

$ 2,100.000,000.00

Que los ingresos ordinarios a que se refiere el párrafo anterior se contienen en el proyecto de ley relativa que ya fue aprobado por esta Cámara el día 23 de los corrientes y son conservadores frente a los que obtuvo el propio Departamento en 1964 que ascendieron a la cantidad de $ 2,111.544,480.54 (dos mil ciento once millones, quinientos cuarenta y cuatro mil, cuatrocientos ochenta pesos, cincuenta y cuatro centavos.)

Que las partidas que integran el Presupuesto de Egresos, se clasifican de la siguiente manera:

Servicios personales $ 734.754,740.00

Compra de Bienes para Administración $ 147.326,000.00

Servicios Generales $ 103.608,740.00

Transferencias $ 68.275,000.00

Adquisición de Bienes para Fomento y Conservación $ 58.722,000.00

Obras Públicas y Construcciones $ 528.000,000.00

Inversiones Financieras $ 40.000,000.00

Erogaciones Especiales $ 266.813,520.00

Cancelaciones de Pasivo $ 152.500,000.00

Total: $ 2,100.000,000.00

Destaca del proyecto el capítulo de Servicios Personales, porque contiene cuatro modificaciones importantes en relación con el Presupuesto anterior, a saber:

1. Que se ha hecho la incorporación a las plantas de personal de las diversas dependencias del Departamento del Distrito Federal en número de 12,241 plazas que venían teniendo el carácter de trabajadores supernumerarios y eventuales, con un importe anual de $ 142.797,310.00 (ciento cuarenta y dos millones, setecientos noventa y siete mil, trescientos diez pesos).

2. Que se hace figurar al personal médico y de enfermeras con las cuotas asignadas en la retabulación autorizada en el presente año tal y como se dio cuenta al H. Congreso de la Unión en el informe del primero de septiembre anterior.

3. Que por el crecimiento extraordinario de la población y para proporcionarle a la ciudad y delegaciones, los servicios acordes a sus necesidades, se incluye una partida de $ 42.800,000.00 (cuarenta y dos millones, ochocientos mil pesos) en el ramo de la Jefatura de Policía para cubrir las 3,500 plazas de policías que se proyecta crear para 1966, lo que hará más efectiva la vigilancia en general y proporcionará mayores seguridades a la población del Distrito Federal, procurando prevenir la comisión de delitos que por su incremento es motivo de grave preocupación para la administración.

4. Que también se incluye una partida de .....$ 4.590,000.00 (cuatro millones, quinientos noventa mil pesos), para establecer 375 nuevas plazas en la Dirección General de Tránsito.

Que en cuanto a las partidas correspondientes a los capítulos de Compra de Bienes para Administración, de Servicios Generales y de Adquisición de Bienes para Fomento y Conservación han sido calculadas con la asignación que se estima necesaria para atender las erogaciones por esos conceptos en el próximo año, evitando, en lo posible, que se tenga que solicitar ampliaciones a esas partidas. Entre las partidas más importantes que figuran en estos capítulos deben citarse las siguientes: energía eléctrica con una asignación de $ 80.000,000.00 (ochenta

millones de pesos); material eléctrico con $ 40.000,000.00 (cuarenta millones de pesos) para continuar los trabajos de alumbrado en la ciudad; gasolina con .... $ 20.000,000.00 (veinte millones de pesos); cooperaciones al Gobierno Federal para diversos servicios con $ 10.682,000.00 (diez millones, seiscientos ochenta y dos mil pesos); instrumentos, aparatos y maquinaria con $ 26.500,000.00 (veintiséis millones, quinientos mil pesos); y vehículos con $ 10.000,000.00 (diez millones de pesos).

Las partidas del capítulo de Transferencia con mayor asignación son las que corresponden a las aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado por $ 40.000,000.00 (cuarenta millones de pesos), a la Caja de Previsión de la Policía por $ 6.000,000.00 (seis millones de pesos); a la Caja de Previsión de los Trabajadores a Lista de Raya por $ 6.000,000.00 (seis millones de pesos); y para el pago de la prima del seguro de vida de los trabajadores del Departamento del Distrito Federal, $ 6.000,000.00 (seis millones de pesos). Estas erogaciones suman $ 58.000,000.00 (cincuenta y ocho millones de pesos).

El capítulo de Obras Públicas y Construcciones comprende las siguientes partidas:

Dirección General de Obras Públicas

Materiales de Construcción $ 80.000,000.00

Obras conforme a contrato $ 150.000,000.00

Obras por Administración $ 90.000,000.00

Dirección General de Aguas y Saneamiento

Materiales de construcción $ 5.000,000.00

Obras conforme a contrato $ 6.000,000.00

Obras por administración $ 2.000,000.00

Dirección General de Obras Hidráulicas

Materiales de construcción $ 50.000,000.00

Obras conforme a contrato $ 140.000,000.00

Obras por administración $ 3.000,000.00

Total: $ 526.000,000.00

Que entre las principales obras materiales que se tienen programadas para 1966 figuran las siguientes:

Continuar la construcción del tercer tramo del Anillo Periférico, desde San Jerónimo hasta su entronque con la carretera de Cuernavaca con una longitud de 13.5 Kilómetros. Esta obra es de gran trascendencia para la capital de la República porque integra el Anillo Periférico que, en unión de los viaductos y grandes avenidas que se han construido en los últimos doce años, han hecho posible dar mayor fluidez a la circulación de vehículos que han venido aumentando año con año, pues de 58,000 que existían en 1953, sobrepasan de 300,000 en 1965. El beneficio que el nuevo sistema vial de la ciudad ha producido a toda la población sólo puede apreciarse si se considera el aumento inusitado en el número de vehículos en circulación y se contempla la situación existente en las grandes capitales del mundo que, por falta de avenidas amplias y suficientes, están confrontando muy graves problemas en cuanto a circulación de vehículos. Por lo demás, al quedar concluido el Anillo Periférico, servirá de enlace a los viaductos y grandes avenidas existentes, facilitará el rápido desplazamiento de vehículos dentro de la ciudad y dará grandes facilidades para el tránsito hacia el interior del país mediante la liga de las carreteras nacionales que convergen a la capital de la República; el sistema de anillos periféricos se ha adoptado en las más importantes ciudades del mundo.

Que igualmente se construirá la Avenida Ferrocarril de Hidalgo, entre Canal del Norte y Río de los Remedios, con una longitud de 8.54 kilómetros, la cual conectará con la carretera a Pachuca y con las avenidas Inguarán y Eduardo Molina.

Que en materia de edificios y monumentos se ha programado la construcción de jardines de niños, escuelas primarias, escuelas secundarias y escuelas tecnológicas, así como la construcción de mercados y campos deportivos.

Que en el ramo de alumbrado público se instalarán 13,000 lámparas de vapor de mercurio en colonias que actualmente cuentan con alumbrado incandescente y 9,000 lámparas de vapor de mercurio en colonias proletarias.

En cuanto a pavimentos se continuará activamente la construcción de nuevos pavimentos en diversas calles de la ciudad; se tenderá nueva carpeta asfáltica en las calles y avenidas que lo ameriten; se construirán banquetas y se continuará activamente con los trabajos de bacheo.

Que por lo que se refiere a las obras materiales que tiene cargo la Dirección General de Obras Hidráulicas, se continuarán las obras de captación de agua potable en el Alto Lerma, a fin de aumentar, en cinco metros cúbicos por segundo, el caudal con que se abastece al Distrito Federal; para la introducción de este líquido al Valle de México se utilizará el acueducto que ya conduce las aguas del Lerma y que tiene capacidad suficiente para esta ampliación. Estas obras están proyectadas para ejecutarse en dos años, y ya se han iniciado utilizando los recursos ordinarios de la Hacienda Local. Igualmente se ejecutarán obras para la instalación de redes de agua y drenaje en las nuevas avenidas y en colonias proletarias.

Que se intensificarán las obras materiales en las diversas colonias proletarias; una parte importante de la inversión en obras públicas en 1966 se canalizará a estas colonias para dotarlas de agua, drenaje, pavimento, alumbrado, escuelas y mercados.

Que de tiempo atrás se ha venido subrayando la necesidad imperiosa de dar una solución de fondo al problema de la salida de las aguas negras fuera del Valle de México para evitar el gravísimo peligro de inundaciones en la capital. Actualmente se está dependiendo en forma exclusiva del funcionamiento del Gran Canal del Desagüe, el cual no ha seguido el ritmo de hundimiento de la ciudad, lo que implica muy graves peligros para lo futuro, ya que ello afecta la pendiente natural de las aguas; esto obliga a realizar trabajos permanentes de bombeo con un gasto muy elevado. Ya se tiene concluido el proyecto para la construcción de dos interceptores profundos en la ciudad, el Central y el Oriente, y de un emisor para dar salida a las aguas fuera del Valle de México, obras que resolverán definitivamente este serio problema. La magnitud de estas obras no permite

realizarlas con los recursos ordinarios de la Hacienda Local, y, por ello, se han iniciado gestiones para obtener financiamiento adecuado, con amortización a plazos largos. De obtenerse estos recursos extraordinarios, se dará cuenta a esta H. Cámara y se solicitarán las ampliaciones presupuestales correspondientes para la ejecución de dichas obras.

Que en el capítulo de Inversiones Financieras se incluye una partida de $ 40.000,000.00 (cuarenta millones de pesos) para la adquisición de los predios necesarios para las obras que van a ejecutarse.

Que dentro del capítulo de Erogaciones Especiales debe hacerse referencia especial a las partidas de complementarias que tienen una asignación de $ 80.720,020.00 (ochenta millones, setecientos veinte mil, veinte pesos) y de Imprevistas, con una asignación de $ 168.000,000.00 (ciento sesenta y ocho millones de pesos). De acuerdo con la técnica presupuestal, la partida de complementarias tiene por objeto suplir las deficiencias de todas las demás partidas del Presupuesto y la partida de Imprevistas se destina a cubrir las erogaciones que no figuran en alguna de las partidas del propio Presupuesto; esta partida tiene un renglón de $ 138.000,000.00 (ciento treinta y ocho millones de pesos), que se proyecta para cubrir los aumentos por el nuevo salario mínimo que se apruebe y otros ajustes de cuotas en sueldos, salarios y haberes, así como para el pago de la gratificación de fin de año que se ha venido concediendo al personal.

Que finalmente, el capítulo Cancelación de Pasivo considera los siguientes conceptos relativos a la Deuda Flotante, con una asignación total de $ 152.500,000.00 (ciento cincuenta y dos millones, quinientos mil pesos).

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores por conceptos de servicios personales $ 2.000,000.00

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores por conceptos distintos de servicios personales:

1. Contratista $ 50.000,000.00

2. Proveedores 40.000,000.00

3. Predios 30.000,000.00

4. Fuera de partida 10.000,000.00

5. Diversos 20.000,000.00 150.000,000.00

Devolución de ingresos percibidos indebidamente en ejercicios fiscales

anteriores 500,000.00

Total $ 152.500,000.00

Que no hace ninguna previsión por Deuda Consolidada en virtud de que, como ya se ha informado a esta H. Cámara, el Departamento del Distrito Federal no tiene ningún adeudo por este concepto en la actualidad.

Desde el punto de vista administrativo, el Proyecto del Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal para el ejercicio fiscal de 1966 se resume en la forma siguiente:

Jefatura $ 1.841,320.00

Secretaría General 376,920.00

Oficialía Mayor 302,640.00

Consejo Consultivo 230,020.00

Contraloría General 6.654,800.00

Comisión Mixta de Escalafón 148,320.00

Dirección General de Gobernación 19.894,980.00

Dirección General de Trabajo y Previsión Social 3.322,320.00

Dirección General de Servicios Administrativos 9.299,760.00

Dirección General de Servicios Legales 6.422,100.00

Dirección General de Acción Social 11.223,520.00

Dirección General de Obras Públicas 456.145,512.50

Dirección General de Aguas y Saneamiento 88.303,580.00

Dirección General de Obras Hidráulicas 215.558,752.50

Dirección de Servicios Generales 108.704,095.00

Dirección General de Acción Deportiva 20.792,480.00

Dirección General de Tránsito 31.067,880.00

Dirección General de Servicios Médicos 97.286,540.00

Dirección General de Mercados 31.401,240.00

Tesorería del Distrito Federal 98.964,440.00

Jefatura de Policía 156.462,540.00

Delegaciones Políticas 4.772,860.00

Tribunal Superior de Justicia del Distrito y Territorios

Federales 20.514,040.00

Procuraduría General de Justicia del Distrito y Territorios

Federales 16.587,320.00

Partidas Generales 693.722,020.00

$2,100.000,000.00

Para justificar el incremento de los egresos por trescientos millones de pesos, presentamos el cuadro comparativo de Presupuestos del año actual con el que se somete a vuestra consideración:

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El Proyecto de Presupuesto que resumen las anteriores consideraciones, demuestra la preocupación del Poder Ejecutivo, para mantener una hacienda sana y equilibrada en el Distrito Federal, sin desatender las imperiosas y urgentes necesidades, que con esos recursos se pueden satisfacer, y extendiendo la protección social y económica a los servidores de dicho Departamento. Especial mención cabe hacer a las erogaciones de los servicios médicos que aumentan en $23.402,740.00 (veintitrés millones cuatrocientos dos mil setecientos cuarenta pesos). que indudablemente además de mejorar las percepciones de médicos y enfermeras, aumentará el número de éstos.

Frente a las demandas del pueblo para exigir una mejor atención en los servicios médicos y las peticiones hechas por los responsables, del mantenimiento de estos servicios, se advierte, que el Ejecutivo, como se dice en el cuerpo del dictamen, tomó en cuenta esta realidad social y le está dando satisfacción dentro de las posibilidades del presupuesto.

Mejorar la justicia y la seguridad social en el Distrito Federal, ha sido empeño del Ejecutivo Federal y en los diversos renglones que afectan tales servicios se eroga un total de $59.061,700.00 (cincuenta y nueve millones sesenta y un mil setecientos pesos), más que en el ejercicio autorizado para 1965.

También es importante fijar la atención de vuestra soberanía, a las actividades de la Dirección General de Acción Deportiva, que en el Proyecto de Presupuesto que va a discutirse, aumenta sus erogaciones en $6.381,340.00 (seis millones trescientos ochenta y un mil trescientos cuarenta pesos), en relación con lo autorizado para 1965, pues la actividad de los deportes contribuye a la salud moral, física y social del pueblo.

Por lo expuesto, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta H. Asamblea el siguiente proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal para el Año de 1966:

Artículo 1o. El Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal, que regirá durante el año de 1966, se compondrá de las siguientes partidas:

Artículo 2o. El Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal importa en total la cantidad de $2,100.000,000.00 (dos mil cien millones de pesos, 00/100), distribuidos en la siguiente forma:

Jefatura $ 1.841,320.00

Secretaría General 376,920.00

Oficialía Mayor 302,640.00

Consejo Consultivo 230,020.00

Contraloría General 6.654,800.00

Comisión Mixta de Escalafón 148,320.00

Dirección General de Gobernación 19.894,980.00

Dirección General de Trabajo y Previsión Social 3.322,320.00

Dirección General de Servicios Administrativos 9.299,760.00

Dirección General de Servicios Legales 6.422,100.00

Dirección General de Acción Social 11.223,520.00

Dirección General de Obras Públicas 456.145,512.50

Dirección General de Aguas y Saneamiento 88.303,580.00

Dirección General de Obras Hidráulicas 215.558,752.50

Dirección de Servicios Generales 108.704,095.00

Dirección General de Acción Deportiva $ 20.792,480.00

Dirección General de Tránsito 31.067,880.00

Dirección General de Servicios Médicos 97.286,540.00

Dirección General de Mercados 31.401,240.00

Tesorería del Distrito Federal 98.964,440.00

Jefatura de Policía 156.462,540.00

Delegaciones Políticas 4.772,860.00

Tribunal Superior de Justicia del Distrito y Territorios

Federales 20.514,040.00

Procuraduría General de Justicia del Distrito y Territorios

Federales 16.587,320.00

Partidas Generales 693.722,020.00

Suma: $2,100.000,000.00

Artículo 3o. Para el caso de que los ingresos por los conceptos a que se refiere el artículo 1o. de la Ley de Ingresos del Departamento del Distrito Federal para 1966 excedan del monto del Presupuesto aprobado, el jefe del Departamento del Distrito Federal, mediante autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, deberá hacer erogaciones adicionales hasta por el importe de dichos excedentes, en los grupos fundamentales de autorización mencionados en el artículo 18 de la Ley Orgánica del Presupuesto de Egresos de la Federación. El Ejecutivo dará cuenta a la Cámara de Diputados de las erogaciones que haya efectuado con base en esta disposición, al presentar el proyecto de Presupuesto de egresos para 1967.

El informe que presenta el Ejecutivo en los términos del párrafo anterior, se hará sin perjuicio de incluir dichas erogaciones en la Cuenta de la Hacienda Pública anual que rinda al Congreso para los efectos constitucionales.

Artículo 4o. Se faculta al Jefe de Departamento del Distrito Federal para que cuando lo juzgue indispensable y mediante autorización previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, efectúe transferencias y distribuciones de partidas que tendrán siempre el carácter compensado. El ejecutivo informará en los términos del artículo 3o. del uso que de esta facultad se haya hecho.

Artículo 5o. Las Direcciones y Dependencia del Departamento del Distrito Federal tendrán a su cargo la atención de los servicios públicos en las Delegaciones del Distrito Federal que carezcan de personal y asignaciones especiales para la atención de dichos servicios, por estar éstos centralizados.

Artículo 6o. Se declaran de ampliación automática la partidas del capítulo de Construcciones que dentro de las Direcciones Generales de Obras Públicas y de Aguas y Saneamiento, se incrementan con las aportaciones de particulares para obras materiales.

Artículo 7o. El ejercicio de este Presupuesto se llevará a cabo de acuerdo con las prescripciones de la Ley Orgánica del Presupuesto de Egresos de la Federación y su Reglamento.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión . - México, D.F., a 24 de diciembre de 1965. - Abraham Aguilar Paniagua. - Jorge de la Vega Domínguez. - Luis Dantón Rodríguez. - Manuel Gurría Ordóñez. - José Antonio Cobos Panamá. - Salvador Rodríguez Leija. - Miguel Osorio Marbán. - Rubén Moheno Velasco. - Guillermo Molina Reyes."

Está a discusión el dictamen, en lo general.

El C. Presidente: Se abre el registro de oradores. Se hace del conocimiento de la asamblea que se han inscrito, en contra, los CC. diputados Vicencio Tovar, Jorge Ricaud, Gómez Mont y Ortiz Mendoza; en pro, los CC. diputados Martínez Corbalá, Everardo Gámiz, Sánchez Dosal y la Comisión.

Se concede el uso de la palabra al C. diputado Vicencio Tovar.

El C. Vicencio Tovar, Abel Carlos: Señor Presidente, señores diputados:

Nuevamente, los miembros de mi Partido Acción Nacional tenemos la necesidad de expresar las razones por las cuales no pensamos votar afirmativamente en relación con el dictamen que nos ha presentado el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal.

A estas alturas, habiendo mediado ya un período anterior de sesiones, creo que será difícil que se imputen, a los que nos oponemos a este dictamen, razones simplemente de publicidad personal o de publicidad de partido. A ese respecto tal vez serían más sensacionalistas los encabezados de prensa que manifestaran que Acción Nacional está en contra de este o de aquel funcionario, cuando que Acción Nacional verdaderamente, y cuando es necesario, ataca al funcionario si tiene algo que atacársele.

Pero, en esta ocasión y en ocasiones similares, venimos, fundamentalmente, a atacar instituciones y atacar vicios de esas instituciones. Tenemos, además, y sentimos una obligación de hacerlo así. Los diputados somos, por declinación constitucional, diríamos, representantes de la nación, representantes, en una palabra, del pueblo mismo. Y el pueblo es el que trabaja, el pueblo es el que genera el ingreso, y es, naturalmente el pueblo, el que tiene que saber, a través de su representación nacional, reunida en esta honorable Cámara, el destino que se da a los dineros que con su esfuerzo forman el haber público.

Además, al hacerlo así, estaremos cumpliendo la obligación que nos impone la fracción IV del artículo 74 constitucional. El Presupuesto del Distrito Federal, señoras y señores diputados - tenemos que decirlo -, sigue sufriendo una que ya parece crónica infantil, crónica minoría de edad. Y esto, a pesar de que distribuye millones de pesos, cada vez en mayor cantidad; a pesar de que nos presenta cifras cada vez más impresionantes; a pesar de que se refiere a una entidad, la principal entidad de la República, en donde se asientan los Poderes Federales; a pesar de que en esta Entidad se encuentra la mayor parte, proporcionalmente hablando de la población nacional, pues actualmente se calculan, alrededor de seis millones de habitantes los que en ellas se encuentran; a pesar de todo eso, y tal vez muy en relación con ese obsoleto sistema jurídico y político que rige la vida jurídica y política del Distrito Federal, el Distrito Federal nos sigue presentando presupuestos prácticamente infantiles, no por otra razón, sino porque no están suficientemente

desarrollados en su estructura; no por otra razón, porque teniendo millones de pesos y repartiendo millones de pesos a través de las diversas partidas presupuestales, sin embargo deja qué desear mucho en cuanto a insuficiencia y en cuanto a técnica misma presupuestaria.

Hemos comparado varias veces la técnica empleada de las partidas en su distribución, las que presentan en este año con las anteriores, y poco, muy poco ha variado, de no ser las cifras que naturalmente tienen que aumentar como aumentan las necesidades, como aumenta la población misma del Distrito Federal.

Para algunos tratadistas hay ciertos principios, cuya exigencia en su cumplimiento hacen de un presupuesto un presupuesto ágil, apto, técnicamente correcto y suficiente para el fin al que se le destina. Estos presupuestos, estos principios - lo saben algunos compañeros, tal vez muchos -, son la universalidad, la unidad, la especialización y el equilibrio. En cuanto a la universalidad, simplemente se refiere a la necesidad de la formación de un fondo común con los recursos presupuestarios, de los cuales habrá que tomarse para aplicarlos a los diversos gastos que requieran las necesidades públicas.

Respecto a la unidad, es la necesidad de plantear o de presentar, en un solo documento, absolutamente todos los gastos y relacionarlos éstos íntimamente con los ingresos, con los cuales habrán de cubrirse.

Respecto a la especialización, es el requerimiento de que cada partida exprese, con toda precisión, con toda claridad, el destino a la finalidad de un gasto determinado. Y, por lo tanto, no es posible que exista especialización cuando se incluye en una partida un gasto que, por su naturaleza, no corresponde a esa misma partida.

Y, por último, el equilibrio. Esto es, naturalmente, una coordinación de todas las partidas, de tal manera que cada una alcance a sufragar con eficiencia, con suficiencia, naturalmente dentro de las limitaciones que se tengan, cada una de las necesidades de cada una de las partidas, de tal manera que se logre el mejor efecto, el mejor objetivo de un programa de gobierno a desarrollar; puesto que, realmente, el presupuesto no es más que la expresión en cifras de un verdadero programa de gobierno.

El presupuesto que nos presenta el dictamen a consideración adolece, por lo menos - y voy a ser parco, porque muchos oradores vendrán después de mí -, de dos defectos: en primer lugar, en cuanto a su equilibrio. Perdón, en cuanto a la especialización.

El Tribunal Superior de Justicia, actualmente, tiene 20 millones 540 pesos asignados; apenas aumenta en poco menos de un millón de pesos en relación con el año próximo pasado. Y, por otro lado, esos poco más de 20 millones de pesos apenas alcanzan, según nos lo presenta el propio presupuesto, para unos sueldos realmente raquíticos, realmente, casi diría yo, ridículos, de los funcionarios de justicia, de aquellos que tienen en sus manos, en un momento dado, la decisión, la suerte del patrimonio, de la honra de las personas, cuántas veces...

Los jueces de lo civil, 2,550 pesos; los jueces de Primera Instancia Mixtos, 2,550 pesos, los jueces menores, 1,950 pesos; 1,680, 1,620 pesos, etc. Hay oficiales judiciales de 720 pesos, etc. Yo pregunto, principalmente a los miembros de la Comisión: ¿Es ésta la remuneración que corresponde a los funcionarios de justicia?

Sé perfectamente que la remuneración de estos funcionarios está complementada con partidas que así se llaman, complementarias. Pero, yo preguntaría a los señores miembros de la Comisión, y tengo aquí los datos de lo que en realidad reciben los funcionarios de Justicia, del Tribunal del Distrito Federal: ¿Por qué, entonces, si año con año se está viendo la insuficiencia de los sueldos de estos funcionarios del Distrito Federal, magistrados, jueces, secretarios, oficiales, etc., por qué no se incluye, definitivamente, en la partida que corresponde? ¿Por qué se están incluyendo, en una partida general de complementarios, estas asignaciones complementarias de los raquíticos sueldos de los funcionarios, por la necesidad que existe de complementarlos? Aun así, debo decir, son insuficientes, ¿Por qué razón?

Hay partidas para imprevistos y se dice que probablemente, o seguramente, ésas se destinarán, por lo menos en parte, a aumentar proporcionalmente los sueldos en aquellas necesidades que exige el aumento del salario mínimo. Y, en cuanto a las partidas complementarias, yo les puedo asegurar a ustedes que los sueldos que reciben los funcionarios del Poder Judicial, en cuanto a complementarias, es decir, en su aspecto complementario, es superior a la parte que reciben como sueldo, o como remuneración ordinaria nominal. ¿Por qué razón? ¿No es, precisamente, romper esta especialización, que es una exigencia de todo presupuesto, el hacer aparecer, el consignar partidas de sueldos complementarios, que año con año ser repiten en una partida de generales, simplemente, cuando es evidente que año con año se tienen que destinar a contemplar los sueldos de los funcionarios de la Administración de Justicia?

¿Dónde se encuentran? Porque yo no la puedo encontrar, y los señores de la Comisión me harán favor de aclararlo dónde se encuentran esos seis, siete u ocho millones - no hice exactamente la cuenta -, que son necesarios para completar los sueldos de los funcionarios de Justicia, y que solamente en una partida general de más de ochenta millones sospechamos que, tal vez, ahí se encuentren.

Respecto a la Procuraduría de Justicia, unos cuantos datos: existen presupuestados, para los juzgados penales, 17 agentes del Ministerio Público y, sin embargo, es un hecho que están trabajando, por lo menos, 21 agentes.

En cuanto al Tribunal Superior de Justicia existe presupuestado un agente del Ministerio Público, y trabajan cinco. La Dirección de Averiguaciones Previas tiene consignados los sueldos para 21 agentes, y, sin embargo, existen 31 mesas.

En la Oficina Central de la Procuraduría existen seis agentes del Ministerio Público, cuyo sueldo no se encuentra por ningún lado en el presupuesto; faltan, por lo menos, 16 agentes; es decir, 16 sueldos de otras tantas plazas de agentes del Ministerio

Público; en las 14 delegaciones de Policía, en la Cruz Roja y en la Cruz Verde, trabajando en tres turnos, siendo veinte los puestos que estoy mencionando, se requieren y existen, además, trabajando, 60 agentes del Ministerio Público; están presupuestados 36.

Y la misma pregunta, por favor, a los señores de la Comisión: ¿Qué, esos 16 agentes que no están presupuestados y todos los demás que faltan en el presupuesto no cobran? O si cobran, señores, ¿dónde se encuentra esa partida? Y si se encuentra esa partida en algún lugar, que me contesten, por favor, ¿por qué no se encuentra en donde debiese encontrarse? Eso es lo que yo llamo romper uno de los principios básicos de todo presupuesto, que es, precisamente, la especialización. ¿Por qué? Los señores de la Comisión, tal vez, nos puedan dar una explicación más satisfactoria.

Por otro lado, cuando se está omitiendo asignar al sueldo que corresponde a una persona, cuyo puesto está perfectamente determinado por la Ley, y no solamente eso, sino que por ejercicios pasados y por experiencias pasadas vemos que está funcionando el Agente del Ministerio Público, el Oficial, etcétera; cuando existe, pues, un puesto presupuestado, más bien dicho, creado por la Ley y no existe partida presupuestal, pues entonces nos estamos olvidando de un principio constitucional consignado en el artículo 75 de la Carta Magna, el cual dice:

'Artículo 75. La Cámara de Diputados, al aprobar el Presupuesto de Egresos, no podrá dejar de señalar la retribución que corresponda a un empleo que esté establecido por la ley;...'

Pero es el caso que en el presupuesto anterior tampoco existía esa plaza.

Decía, también, que otro de los principios que en mi concepto viola la forma como se presenta el Presupuesto de Egresos, es el principio del equilibrio. El principio del equilibrio requiere que cada una de las partidas, como decía yo anteriormente, coordinada con las demás, naturalmente sea suficiente para la finalidad que se persigue con el gasto que se realiza; coordinada, naturalmente, por que el equilibrio implica un principio de limitación, de limitación impuesta por la misma limitación de los recursos de que se dispone.

Pero si tenemos, por ejemplo, que haciendo una pequeña operación aritmética para obtener un dato, el servicio que en justicia, es decir, el gasto que en el servicio de justicia emplea el Gobierno Federal considerando en promedio los habitantes del Distrito Federal, es decir, para resolver esta pregunta: ¿Cuánto gasta el gobierno del Distrito Federal para servir en el plan de tribunales, en el plan de justicia, en cada uno de los habitantes del mismo? Tenemos el siguiente dato: en el Tribunal Superior tres pesos cuarenta y un centavos al año, en la Procuraduría de Justicia dos pesos setenta y cinco centavos al año, en Obras Públicas setenta y seis pesos.

Naturalmente, no voy a pretender que el monto de lo gastado en Obras Públicas sea igual, ni mucho menos que sea inferior a lo que se gasta en servicio de la justicia; pero si ustedes examinan el dictamen que nos ha acabado de leer la Secretaría, nos encontramos con que en ese sistema comparativo con que se presenta, cumpliendo con la ley, el aumento en el ramo, más bien dicho, en la partida del Tribunal Superior y de la Procuraduría de Justicia, en ambos casos es uno de los aumentos más pequeños.

Como decía, simplemente he señalado unos cuantos datos, diríamos unos cuantos botones de muestra que, en mi concepto, justifican la afirmación que inicialmente formule: el presupuesto no está suficientemente especializado y el presupuesto no está suficientemente equilibrado.

Y si pensamos, señores diputados, que la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, que el Tribunal Superior de Justicia son, entre otras , las principales instituciones que en México tienen a su cuidado y bajo su responsabilidad el procurador que en la ciudad y en el Distrito Federal sean una realidad ciertas virtudes sociales para hacer posible el desarrollo comunitario y el desarrollo familiar e individual; aquéllas como la justicia, como la libertad, como el orden, entendida esta justicia como una armonía entre la prestación y el derecho, entendida la libertad como la posibilidad de escoger caminos para realizar su destino, entendido el orden como una posibilidad de jerarquizar los valores materiales y los valores espirituales, encontraremos, porque es indispensable que un presupuesto, que no es más que la expresión financiera de un programa de gobierno, cumpla los principios aquellos que son señalados para que el presupuesto, para que este presupuesto sea como debe ser: un elemento positivo que haga posible el cumplimiento de las finalidades de un efectivo, de un positivo programa de gobierno, puesto que con él serán posibles estas virtudes y el desarrollo social comunitario individual. Muchas gracias. (Aplausos.)

El C. Presidente: Se concede el uso de la palabra al señor diputado Martínez Corbalá.

-EL C. Martínez Corbalá, Gonzalo: Señor presidente, señoras y señores diputados.

Ha dicho el diputado Abel Vicencio Tovar, que vino a esta tribuna sin deseos de publicidad personal o para su partido y, a continuación, empezó en su argumentación a buscarla de inmediato.

Para Acción Nacional parece ser, éste es ya el segundo año de esta Legislatura, el presupuesto el número fuerte, el número estelar al que vienen, en realidad, a discutir, no el fondo, que a todos nosotros es lo que en realidad nos interesa, sino la forma misma del presupuesto.

Han hablado, ha hablado aquí el diputado Vicencio Tovar de algunas partidas concretas, de algunos conceptos que dice él no haber encontrado en la documentación que desde hace ya ocho días, por lo menos, obra en poder de la diputación de Acción Nacional.

Nos ha requerido aquí, a los miembros de la Comisión, a que le explique en dónde se encuentran. Me extraña también que, durante todo este período, no hubiera tenido tiempo de pedírnoslo a los diputados que hemos estado trabajando en la redacción del dictamen que acaba de ser sometido a la consideración de ustedes, pues tuvo tiempo suficiente para ello y, sin embargo, como dije antes, habiendo anunciado que no venía a esta

tribuna en busca de publicidad, ni para él ni para su partido, ha preferido hacerlo aquí, desde esta tribuna.

Con toda franqueza no me dio tiempo siquiera de anotar todas las preguntas que nos hizo el diputado Abel Vicencio Tovar.

El C. Vicencio Tovar, Abel (interrumpiendo): Si me permite se las puedo repetir.

El C. Martínez Corbalá, Gonzalo (continuando): Sin embargo, no les concedemos, en realidad, ninguna importancia y por esta razón tampoco le permitimos la interpelación.

El presupuesto, es decir, un presupuesto cualquiera, para nosotros representa mucho más que un conjunto de números más o menos complejos y mucho más, también, que el cumplimiento de lo que él llama una técnica presupuestal que , suponemos, él considera avanzada.

Para nosotros el presupuesto representa una relación armónica, adecuada, entre los recursos disponibles para el gobierno, para canalizarlos a satisfacer necesidades de primera importancia para la sociedad a la que se sirve.

Para nosotros representa, en lo que se refiere a la captación de estos recursos, el esfuerzo de un pueblo que trabaja por su propio progreso y en lo que se refiere a la distribución de otros gastos representa la esperanza, la angustia, la inquietud del pueblo de esta Entidad Federativa, por ver satisfechas sus necesidades y por asegurar también el futuro, un futuro mejor, no solamente para esta generación, sino para las venideras.

Ha hablado el diputado Abel Vicencio Tovar del equilibrio y ha hablado también de que el presupuesto es obsoleto y de que es un presupuesto infantil. Acción Nacional, nuevamente, al atacar el presupuesto del Departamento del Distrito Federal, en realidad lo que está haciendo es atacar la política de inversiones del régimen de la Revolución.

La política de inversiones del Departamento del Distrito Federal no está desvinculada, ni es ajena, de ninguna manera, a la política general de inversiones que el régimen de la Revolución está llevando a cabo en todo el país.

Los presupuestos, los programas de inversión del Departamento del Distrito Federal, son sometidos a la consideración de la Secretaría de la Presidencia para su sanción y su aprobación, y las obras que lleva a cabo el Departamento del Distrito Federal son controladas por la Secretaría del Patrimonio Nacional y también interviene la Secretaría de Hacienda.

Probablemente, lo que ha querido decir el diputado Vicencio Tovar es que el Presupuesto del Departamento del Distrito Federal no está hecho como Acción Nacional quisiera que estuviera hecho, en esto estamos de acuerdo.

El presupuesto del Departamento del Distrito Federal está hecho con sentido social, está hecho con sentido revolucionario y está hecho para cumplir con las necesidades, las inquietudes, las angustias de satisfacer los problemas de la sociedad, a la que el gobierno del régimen sirve y a la cual nosotros representamos en esta Cámara.

Ha hecho mucho hincapié, el diputado Vicencio Tovar, en el problema de la impartición de justicia. Si hiciéramos una estadística de las intervenciones de Acción Nacional en esta tribuna podríamos ver que, la mayoría de las veces, hay una frecuencia extraña en insistir en este tema, al grado de que no sabemos, en realidad, si han venido a esta Cámara con espíritu de litigantes, o con el espíritu que un representante popular debe tener al venir aquí.

Las perspectivas tan limitadas y tan formales, como he dicho, que Acción Nacional tiene, no le han permitido ver otros problemas, de mucho mayor importancia a nuestro juicio, en los que sí debieran poner mayor atención.

En esta ciudad, en esta Entidad, como él ha dicho, hay más de seis millones de habitantes; seis millones de habitantes que necesitan ser abastecidos de agua potable; seis millones de habitantes que necesitan ser alimentados diariamente; seis millones de habitantes que necesitan que se creen fuentes de trabajo suficientes para ir cubriendo el aumento demográfico normal de la población en la Entidad, y, además, el que corresponde a la inmigración, al movimiento de población de la provincia hacia la Capital.

Para nosotros esto es mucho más importante que andar contando los agentes del Ministerio Público para ver si son 21, si son 17 o son 18.

Hemos analizado, ciertamente, el presupuesto desde puntos de vista muy diferentes. Mientras ellos se han dedicado, aparentemente, a buscar partidas que no han encontrado, nosotros hemos procurado analizar la estructura del presupuesto desde un punto de vista muy diferente realmente.

Hemos podido comprobar que, atendiendo a la clasificación económica del gasto público en el Distrito Federal, hay ese equilibrio; el cual, el diputado Vicencio Tovar, niega. Y yo pregunto a ustedes si no es un presupuesto equilibrado aquel que en gastos corrientes de administración, es decir, los gastos que se emplean, que se canalizan para cumplir con la función tradicional de la Administración Pública cumple con este cometido.

No hay un exceso de burocracia, ni hay defecto tampoco en las sumas que se destinan a este propósito. En los gastos de capital, que son los que se canalizan para aumentar el activo de la Entidad Federativa, se emplea aproximadamente el 60% del presupuesto total.

Cabe hacer notar que, también en este, aproximadamente, 40%, a que me he referido de los gastos corrientes para administración, también queda comprendida la suma que se destina a la administración correspondiente a la construcción de obras para infraestructura. La infraestructura del Distrito Federal está siendo robustecida; está siendo ampliada y de esta manera está propiciándose, cumpliendo con su cometido, la posibilidad de que la estructura productiva sea cada vez más amplia, más diversificada y más sana.

A través del cumplimiento de esta política a lograr una estructura productiva más diversificada y más sana se logrará también crear nuevas fuentes de trabajo y se logrará también contribuir al

progreso nacional. La industria, el comercio del Distrito Federal, contribuyen poderosamente al desarrollo económico de todo el país. Este es un hecho innegable, y estamos seguros que, con la continuación de la política presupuestal señalada hasta ahora, así habrá de seguir siendo.

En suma, el presupuesto cuyo dictamen ha sido sometido a la consideración de esta asamblea, cumple con la función que nosotros consideramos indispensable para un presupuesto. Es un instrumento para la redistribución de la riqueza. Es un factor de primera importancia para realizar la justicia social, y, sobre todas las cosas, para resolver el conflicto, siempre presente, en prefelicidad inmediata y civilización.

¡Qué más quisiéramos, que todos los recursos del Estado se volcaran para resolver el problema que el día de hoy tienen todos aquellos a quienes nosotros representamos en esta Cámara! Pero no podemos olvidar que se hace necesario realizar ciertas previsiones, que son indispensables, y de primera importancia, para las generaciones futuras. Por ejemplo, la construcción del sistema de conducción de agua potable suficiente para el crecimiento futuro de la población del Distrito Federal.

Otro ejemplo importante, los sistemas de drenaje que requieren una fuerte cantidad de dinero, una inversión sumamente importante para que este problema pueda ser resuelto, previendo también el futuro crecimiento de la población.

Todos nosotros, los aquí presentes, y especialmente la diputación del Distrito Federal, hemos luchado, en todos los ámbitos, en donde nos ha sido posible hacerlo, por que los problemas de los distritos a los que representamos sean resueltos lo antes posible. Todos hemos llegado aquí, a esta Cámara, con la intención de coadyuvar con el esfuerzo del régimen para que las colonias proletarias tengan servicios, tengan agua potable, tengan luz, y tengan drenaje y pavimentos lo antes posible. Pero todos, también, estamos conscientes de que los recursos de que el gobierno dispone para hacerlo son limitados; y de que no solamente para este objeto se pueden destinar todos los recursos de que disponga el gobierno del Departamento del Distrito Federal.

En el cuerpo mismo del proyecto de presupuesto y del dictamen, que ya ustedes conocen, se establece que se destinará una parte muy importante del presupuesto para satisfacer estas necesidades, y nosotros no tenemos más que aplaudirlo sin reservas; sin reservas, de verdad.

La justicia, la impartición de justicia nos interesa a nosotros también, pero nos interesa más la justicia social, en la cual queda comprendida la justicia a la que se ha referido el diputado Vicencio Tovar. No he querido referirme o hacer mención de cifras, porque la ponderación de las que contiene el proyecto de presupuesto está contenida ya en el cuerpo del dictamen. He querido referirme, escuetamente, a lo que consideramos es la política fundamental, que obtendremos como resultado de la aplicación del presupuesto que está siendo sometido a la consideración de ustedes.

El dictamen en sí, con mucha claridad establece ya las razones por las cuales las Comisiones, la Comisión de Presupuestos y Cuenta ha considerado que debe aprobarse en todas sus partes el proyecto de presupuesto.

Hemos querido, solamente, destacar el hecho de que en dicho presupuesto, y en los anteriores, está contenida una doctrina que es coincidente con la doctrina de la Revolución; que en dicho Presupuesto se habrá de lograr, mediante su aplicación, el que la estructura productiva del Distrito Federal siga fortaleciéndose, ampliándose y diversificándose, y que las metas económicas , sociales y políticas que el régimen de la Revolución se ha impuesto, y que son las metas que demanda el pueblo mismo, habrán de estar más cerca, cada día, mediante la aplicación de presupuestos como el que ahora se somete a la consideración de la asamblea.

Por ello hemos de ratificar ante ustedes, señores diputados, nuestra posición en el sentido de que este dictamen debe ser aprobado por ustedes, y para Acción Nacional recordarles que, en vez de andar contando a los agentes del Ministerio Público, recuerden que esta tribuna no es un mueble; que esta tribuna es la más alta de la patria, en la medida en que nosotros actuemos consecuentemente y en función de los más altos intereses también, de la patria y de la ciudadanía, a la cual representamos. (Aplausos.)

El C. Presidente: Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Ortiz Mendoza.

El C. Ortiz Mendoza, Francisco: Ciudadano Presidente, ciudadanos diputados.

Estamos, como anualmente sucede, ante el problema del presupuesto del Distrito Federal. Sabemos bien, y así lo dijimos el año pasado, que el problema del Distrito Federal y su presupuesto son un problema grave, porque el Distrito Federal ha crecido, desde el punto de vista demográfico, de una manera extraordinaria, y los recursos que se requieren, para satisfacer las necesidades del pueblo, son muchos. Sin embargo, hay cuestiones que sí deben ser señaladas.

Una ley orgánica anacrónica, una organización jurídica que no corresponde ya al desarrollo político, económico y social del Distrito Federal y, en consecuencia, con ello, una permanente abstención del pueblo para participar en la solución de los problemas del Distrito Federal. A eso se debe que el Partido Popular Socialista haya presentado, hace breves días, una iniciativa, a efecto de tratar de enmendar, en su base, estas cuestiones, y que permitan, por lo tanto, que el pueblo mismo intervenga en la solución de sus propios problemas.

Seguramente, cuando exista ese Consejo Metropolitano que hemos propuesto habrá de recogerse la opinión popular y de esa manera el presupuesto habrá de venir mejor elaborado. Aquí, se ha dicho ya, en varias ocasiones, que el presupuesto más que un documento estrictamente financiero es la expresión de un programa; pero constituye algo más: una vez que se ha aprobado este presupuesto es un documento legal, por medio del cual el Ejecutivo del Distrito Federal hace uso del dinero que el pueblo le entrega, con previa autorización de esta Cámara.

Por esa razón el Partido Popular Socialista ve, con mucho respeto, el análisis del presupuesto. Desearíamos analizarlo en detalle desde el punto de vista

financiero; pero creo que pasarán todavía varios años para que se pueda analizar, así, un presupuesto. Por lo menos quisiéramos analizarlo desde el punto de vista de sus objetivos, desde el punto de vista de su orientación, de la política que implica el propio presupuesto que se nos presenta. El presupuesto que se nos ha entregado no permite que se haga tampoco ese tipo de análisis. Desgraciadamente, son partidas globales, y en partidas globales no puede hacerse ningún tipo de análisis político, ningún tipo de análisis de tendencias; sólo en algunos renglones es posible hacer estos análisis; porque , aunque sea en grueso, el presupuesto los manifiesta: 42 millones de pesos más para duplicar la policía del Distrito Federal; está señalado; de ahí se puede sacar alguna conclusión. 4 millones de pesos para 375 Agentes de Tránsito; después ya no se dicen cantidades en el presupuesto; simplemente, 13 kilómetros para continuar la construcción del Anillo Periférico; 8.5 kilómetros de construcción de la Avenida del ferrocarril de Hidalgo; instalación de 22 mil lámparas de vapor mercurial; 5 metros cúbicos por segundo de captación de agua potable para el Distrito Federal; construcción de 2 interceptores profundos y un emisor para las aguas negras, para sacar las aguas negras del Distrito Federal; y, finalmente, una cantidad nada más: 40 millones de pesos para adquirir los predios que se requieran para construcción de escuelas, jardines de niños, centros deportistas, etc. Pero ahí ya no hay análisis, es una partida gruesa; 400 y pico de millones de pesos para obras públicas. Suponemos que ahí se incluyen, precisamente, estas construcciones que, desgraciadamente, no están detalladas.

Hay muchos problemas en el Distrito Federal, que deberían ser tratados en el presupuesto, si no en su solución concreta sí en los lineamientos generales para resolverlos.

El presupuesto nos debía dar la información necesaria para saber si en él está tratándose de abordar esos problemas y no enunciarlos en unos cuantos renglones que, desgraciadamente, no nos permiten hacer ese análisis; pero, con el deseo de contribuir, en algo, con nuestra opinión, tuvimos que recurrir, no a las memorias, porque, desgraciadamente, no existen, de la actividad del Distrito Federal, sino a algunos documentos que nos pudimos allegar para ver cuál era la tendencia del Distrito Federal en varios aspectos.

Nosotros quisiéramos, desde esta tribuna, hacer un llamado a las autoridades del Distrito Federal a efecto de que, al aprobársele las grandes partidas, que indudablemente habrán de aprobarse aquí, se atiendan con más eficacia varios de estos renglones que, según los años transcurridos en los dos últimos sexenios, no se han atacado de una manera adecuada.

Si esa enorme partida de varios centenares de millones de pesos para obras públicas incluye las escuelas, esperamos que se eleve un poco el número de 4 jardines de niños al año. Hay miles de niños en nuestro Distrito para construirles únicamente 4 jardines anuales; creo que es conveniente elevar el número de escuelas.

Un promedio de 24 escuelas al año, escuelas primarias, consideramos que es muy bajo para seis millones de habitantes. Si Veracruz construyera a este ritmo, con el número de habitantes que tiene, habría de construir 12 escuelas en lugar de las 40 que construye.

Una escuela secundaria anual. Consideramos que el Distrito Federal debe contribuir, con mayor eficacia, en la solución del problema de la construcción de escuelas de segunda enseñanza.

Una escuela tecnológica cada tres años. Creemos que el Distrito Federal también debe contribuir a desarrollar la educación técnica en el Distrito Federal.

Ya dijimos, el año anterior, que sólo el 0.8% del presupuesto del Distrito Federal va a dar al problema de la educación; pero recibe, en cambio, el Distrito, una gran aportación por parte de la Secretaría de Educación Pública, y el Distrito Federal debería aprovechar, precisamente, esta cuestión. 25,000 profesores de enseñanza primaria, pagados por la Federación en el Distrito Federal, casi la tercera parte, un poco más de la tercera parte de los maestros de toda la República. 18,000 profesores de enseñanza postprimaria y 8,000 empleados para atender estas escuelas.

Si el Distrito Federal se hiciera cargo del pago de los profesores que laboran en esta región de la República un gran servicio se le haría a las Entidades del interior, para que tuvieran un mayor número de profesores pagados por el Estado y los presupuestos de cada Estado del país se verían aliviados en mucho.

En la cuestión de la vivienda, aunque sabemos bien que existe el Instituto Nacional de la Vivienda, que debería abordar este problema de una manera única, el Distrito Federal construyó, únicamente, un promedio de 1,000 casas al año; es decir, resolvió el problema para 1,200 familias, o sean, aproximadamente, 6,000 personas, anualmente.

Se va a construir el periférico, a terminar; se va a abrir una avenida en Ferrocarril Hidalgo; centenares o millares de familias quedarán sin hogar. Creemos que, en esas obras públicas o en unión del Instituto Nacional de la Vivienda, debe resolverse, previamente, el problema de la habitación de las personas que habrán de ser desalojadas de todas esas regiones o esas zonas que habrán de ser destruidas en el futuro.

Sólo escudriñando un poco se puede llegar a conclusiones que, desgraciadamente, el presupuesto no nos enseña. Pero, respecto a muchos problemas que aborda o que afronta el Distrito Federal, el presupuesto no nos dice nada y son cuestiones que seguramente afectarían al presupuesto o lo afectan; una de dos, o no hay una solución a la mano o no se quiere decir cuál es la política que se sigue en ese aspecto.

Valga, únicamente, un renglón, el de los 3,500 policías, con sus 42 millones de pesos; aumentará el número de policías a cerca de 7 mil; recordando las operaciones que se hicieron aquí, cuando se habló de Quintana Roo, nos tocará a un policía por cada millar de ciudadanos; es probable que sea poco el número de policías, es probable que se necesiten más.

Yo no discutiría ese problema porque, desgraciadamente, ni tengo experiencia en ello, ni conozco la razón por la cual se elevan a siete mil. Se dice ahí que es con el objeto de limitar la delincuencia, de proteger a la sociedad; es un hecho objetivo que

la delincuencia ha crecido en el Distrito Federal; es un hecho objetivo que la sociedad, los trabajadores, los estudiantes, las familias se encuentran muchas veces a merced de estos delincuentes; pero me da la impresión que se están atacando los efectos sin atacar las causas.

Queremos policías, ¿para qué?, ¿para proteger a la sociedad? Perfecto. El Partido Popular Socialista lo apoya. ¿Pero es, acaso, proteger a la sociedad atacar a los trabajadores cuando éstos pretenden reclamar sus justos derechos, frente a los patrones que los explotan o que los despiden del trabajo? ¿Es proteger a la sociedad ir a atacar a los trabajadores de la General Motors? ¿Es proteger a la sociedad atacar a las trabajadoras, mujeres la mayoría, de Camisas Arrow, que han sido golpeadas, vejadas y encarceladas por los granaderos? ¿Eso es proteger a la sociedad?

¿Es proteger a la sociedad, cuando los trabajadores de las líneas de autobuses pretenden hacer un movimiento para sindicalizarse y obtener mejores condiciones de vida, son amenazados por la policía y los granaderos disuelven cualquier tipo de organización o de reunión que tengan?

¿Es proteger a la sociedad lanzar a los granaderos contra la juventud y los estudiantes que pretenden manifestar una opinión sobre un problema de la ciudad, de la nación o del mundo entero? ¿Eso es proteger a la sociedad? En ese aspecto nosotros no estamos de acuerdo.

Consideramos que la protección a la sociedad es necesaria y razonable; pero hay un problema muy grave, cuando se utiliza a la policía para perseguir a la juventud. Es verdad que existen grupos juveniles que actúan al margen de las leyes; pero, repetimos, se atacan los efectos. La policía es, precisamente, el primer organismo, la primera autoridad a la que se enfrentan los niños y los jóvenes; son perseguidos por razzias, en los jardines o en las calles, en cualquier parte donde se les encuentra. Y va causándose en la juventud y en la niñez un daño irreparable, porque va formándose en ellas un resentimiento grave que hace que les vaya causando, que les vaya formando, un sentido de rencor hacia la autoridad.

Y cuando es llamada para contribuir a desarrollar esta sociedad de la que vive es un enemigo.

Nosotros, los miembros del Partido Popular Socialista, como seguramente ustedes también, están ligados con la juventud; por nuestra profesión estamos ligados con la juventud obrera; por la profesión de maestros estamos ligados con la juventud estudiosa y sabemos bien que esa policía, que se incrementa de esa manera, debe ser formada, educada respecto a lo que debe ser el respeto a la sociedad y la protección a la sociedad.

Esa política de persecución, muchas veces justa, pero la mayoría de las veces injusta, ¿a qué obedece?, ¿a qué política del Distrito Federal obedece? Sabemos bien, ciudadanos diputados, que nuestro país se está fijando metas elevadas para sacar a nuestro pueblo y a nuestra nación de esa situación de subdesarrollo en la que nos encontramos; pero, para eso, requerimos de la juventud, de la niñez, que serán, precisamente, las que dirijan los destinos del país en el futuro; pero sólo educándola, formándola; con una influencia correcta y adecuada podremos garantizar ese futuro.

Por eso decimos nosotros que no se están atacando las causas a que se debe la delincuencia. Y, repito: estamos tratando un solo renglón, porque es uno, el primero, que nos señala 3,500 policías para el problema de la delincuencia, millares y millares centenares de miles de gentes sin trabajo, paralelamente a los 3,500 policías, con 42 millones de pesos más.

¿Qué se está haciendo en el Distrito Federal, que nos lo diga el presupuesto, para tratar de crear fuentes de producción que dependan precisamente del Distrito Federal, para resolver o para contribuir a resolver el problema del desempleo? ¿Frente a eso, la persecución del comerciante en pequeño, del indígena que baja de la sierra para vender la escalera o los petates que pudo haber construido o fabricado? ¿El arrebatarle su mercancía, encarcelarlo 15 días en las cárceles que tienen los mercados y evitar que lleguen a sus hogares donde quedan los hijos, donde queda la mujer, esperando el mísero producto de la venta?

No hay ninguna perspectiva en ese presupuesto.

Decimos también que es porque hay muchas pandillas juveniles.

¿Qué se hace, en ese presupuesto, que nos señale un renglón en donde se aborde ese problema concreto, algo que trate de elevar la capacidad creadora de la juventud mexicana, no nada más de los estudiantes en las escuelas, que son la minoría; sino de centenares de miles, millones de jóvenes que deambulan por las calles entre los 14 y los 18 años, porque la escuela les ha sido cerrada, y por ley no pueden trabajar? ¿En dónde está algún renglón que pretenda resolver ese problema? Desgraciadamente, no lo advertimos. No advertimos, en ese grueso que se nos presenta, un renglón que hable de construcción de bibliotecas. ¿Cuántas bibliotecas sostiene el Distrito Federal? En esta ciudad, de seis millones de habitantes, en el Distrito Federal , ¿cuántos centros de lectura existen creados por el Departamento? Desgraciadamente, yo no los conozco. ¿Cuántos gimnasios, regados en colonias proletarias, existen? No hay. ¿Cuántos centros existen para formar a la juventud y desarrollarle su capacidad estética, ¿A los niños mismos? ¿No existen, y no veo en el presupuesto la creación de centros vacacionales para niños. ¿Por qué no eso, en lugar de crear tantos millones? Es justa y necesaria, repetimos, la formación de la policía, pero es el efecto; la causa es, precisamente, el que los niños no tengan qué hacer, ni dónde desarrollarse, ni dónde formarse.

En el análisis de la cuenta anterior y en el presupuesto mismo, se encuentran los siguientes datos; de ahí se puede desprender: 20 millones de pesos para acción deportiva, menos del 1 por ciento, y a dos años de la Olimpiada, menos del 1 por ciento del presupuesto del Distrito Federal. Ahí están parques y jardines, que pueden convertirse, con un simple gasto, y seguramente con la colaboración del pueblo, en canchas deportivas, parte en cancha deportiva y parte en jardín. Es fácil crearlo porque el pueblo está decidido a ayudar.

Yo, personalmente, he recogido la opinión de las gentes que con gusto entregan su predio, mientras lo venden, para que simplemente entre una aplanadora ahí y ponga una cancha de básquetbol. Hay mil formas de ayudar, y mil formas de que el

Distrito Federal desarrolle ese deseo del pueblo mexicano.

En acción Social, el medio porciento del presupuesto para desarrollar la cultura de los seis millones de habitantes del Distrito Federal. Sostenemos nada más la Banda del Distrito Federal y la Orquesta Típica para tocar en los jardines. Y en eso se gasta medio millón de pesos. Es todo el desarrollo cultural del Distrito Federal.

¿Cómo es posible que se quiera que no haya delincuencia juvenil si se gasta el medio porciento en desarrollar la cultura de nuestros habitantes?

Tenemos, por fortuna, y eso salva el prestigio del Distrito, el Museo de Historia Natural. Un orgullo de la ciudad de México. Y tres museos más: el Museo de Artes, de Artes Plásticas, el Museo de la Ciudad y el Museo de Arte Moderno; por fortuna.

Nosotros creemos que dos diez milésimos del presupuesto para conciertos en los jardines no contribuye a resolver el problema de la juventud.

El Partido Popular Socialista, señores diputados, tiene mucho que decir respecto a cómo manejar esta región de la República Mexicana. Tiene mucho que opinar. El año pasado decíamos que necesitamos un programa y un plan para desarrollo del Distrito. Insistimos en esa petición; insistimos en que debe haber toda una orientación para manejar estos seis millones de habitantes y que no se constituyan en un problema grave que amerite que cada vez se incremente más y más la represión o la necesidad de cuidarnos contra la delincuencia.

Porque no existe nada de esto, porque no existe un plan meditado, discutido con el pueblo; porque no existe un programa, y porque en consecuencia, el presupuesto no puede corresponder a ello, el Partido Popular Socialista vota en contra de este Presupuesto.

El C. Presidente: Se concede el uso de la palabra al C. diputado Sánchez Dosal.

El C. Sánchez Dosal, Carlos: Señor Presidente, señoras y señores diputados :

La impresión que tengo, en lo personal, y me imagino que es la misma que reina en el seno de esta asamblea, es la de que los diputados que han subido a esta tribuna, primero del Partido Acción Nacional y después del Partido Popular Socialista, están criticando nada más por criticar.

Me pregunto yo: ¿será posible que algún día un partido minoritario de oposición esté de acuerdo con el Presupuesto que presente el Gobierno? No es posible, porque cada año se discute sobre el Presupuesto; primero, porque no se presentó en forma detallada; después, porque le falta alguna coma; pero siempre debe haber, y en esto, aunque están muy ponderados los diputados que han hecho uso de la tribuna, no abandonan la línea que es y debe ser característica de los partidos minoritarios políticos de oposición.

El día en que estén totalmente de acuerdo con un presupuesto de gobierno ello significará que estarán de acuerdo con el Gobierno y, por lo tanto, ya no aspirarán a él. (Aplausos.)

No es posible, señoras y señores diputados, que hagamos un planteamiento de los problemas del Distrito Federal haciendo abstracción de otras cuestiones que son sumamente importantes, para no caer en errores o en falacias. Por ejemplo ¿cómo se han originado y desarrollado los problemas que tiene nuestra capital? Esto es necesario decirlo, porque, para muchos, es ignorado. Vivimos en una Entidad que tiene 1,449 kilómetros cuadrados de superficie; en 295 kilómetros cuadrados, que es donde está localizado el núcleo urbano, y seis de sus delegaciones: Villa Gustavo A. Madero, Coyoacán, Villa Alvaro Obregón, Azcapotzalco, Ixtapalapa e Ixtacalco, viven ahí el 95% de los habitantes del Distrito Federal, y en el otro 5% restante de la superficie que abarca las otras seis delegaciones de Cuajimalpa, Contreras, Tlalpan, Xochimilco, Milpa Alta y Tláhuac, vive el cinco por ciento restante de la población.

En México se han presentado fenómenos muy peculiares que debemos analizar; del año 1524 al año 1845 la población de México creció hasta 240 mil habitantes; de 1845 a 1930, en un desarrollo ya anormal de esa población, llegamos a tener 4 veces más ese número de 240 mil habitantes, y de 1930 a 1965, en solamente tres y media décadas, la población del Distrito Federal, el aumento de población, el total de tres centurias, se multiplicó veinticinco veces, y por eso tenemos actualmente seis millones de habitantes.

No se puede dejar a un lado esta situación tan anormal. Esto es lo que ha originado el problema urbano, que no es un problema exclusivo de la ciudad de México; se ha presentado ya en otras latitudes; pero aquí, señoras y señores diputados, reviste caracteres verdaderamente alarmantes.

México es la ciudad más grande de habla hispana en la actualidad. Hace mucho tiempo que aventajamos a Buenos Aires. Hay otras ciudades, como Tokio, Nueva York, Londres, que tienen más habitantes que nuestra ciudad, pero no podemos olvidar que están en naciones más pobladas que la nuestra.

Según la opinión de técnicos que pertenecen a países cuyo desarrollo es más uniforme que el nuestro, y hay que poner mucha atención en este dato; la República Mexicana, dada su población, debiera tener 10 ciudades con un millón de habitantes y la capital debiera estar poblada solamente por 4 millones de habitantes. Agreguemos a estas cuestiones, que es muy importante conocer para analizar el presupuesto, que nuestra urbe, como lo declaraba el otro día el diputado del Partido Popular Socialista, que leyó la iniciativa sobre el Consejo Metropolitano, nuestra urbe ha sido una urbe antigua, una urbe dedicada a funciones hasta cierto punto burocráticas, que ha tenido que transformarse de la noche a la mañana, en forma súbita, en una ciudad industrial, y esto presenta serios conflictos y muy graves contradicciones; porque, mientras del campo llegan por oleadas los trabajadores para incorporarse a los centros fabriles, por otro lado el gobierno, cumpliendo con su función, necesita, para adecuar la ciudad al proceso de industrialización inaplazable de nuestra patria, y aquí de pasada le contesto al señor diputado Ortiz Mendoza, necesita derrumbar casas. Esos trabajadores del campo, que llegan con necesidades de vivienda, se encuentran con la contradicción de un gobierno que tiene que estar actuando para que la ciudad tenga todas las facilidades necesarias para ser un centro industrial.

Así es cómo se derrumban casas, porque es una necesidad para abrir avenidas, para ensanchar

calles para tender redes de comunicación, para poner puentes a desnivel. Las ciudades que crecen directamente como urbes industriales no confrontan estos problemas; pero, desgraciadamente, no es ése el caso de la ciudad de México.

Por otra parte, es bueno que, para terminar con esas versiones que malévola o inocentemente se propalan acerca de que el Distrito Federal vive de la provincia, señalemos lo siguiente: esta ciudad, en donde vive un 45% de provincianos que, con su trabajo y su esfuerzo, la han hecho grande y en algunos aspectos esplendorosa, de lo que recauda, según el presupuesto que acaba de ser leído en esta tribuna, de lo que habrá de recaudar para el año de 1966, solamente, o sean, 11,567 millones, solamente se aplican en la resolución de sus problemas 4 mil... Perdonen ustedes, las cifras son 11,567 millones y se aplican para la resolución de los problemas, para la satisfacción de las necesidades del Distrito Federal solamente 4,528 millones; el resto, o sean, 7,039 millones, se derrama en beneficio de la Federación.

Todo esto lo señalamos porque es necesario conocer el marco en el que se desarrolla la problemática del Distrito Federal. Con el propósito de elevar el nivel de este debate no es posible que el señor diputado Vicencio Tovar renuncie a su calidad de representante popular y en lugar de velar por los intereses de seis millones de habitantes venga a exponernos el problema de 16 agentes del Ministerio Público.

Yo considero que, tanto el diputado del Partido Popular Socialista, como el diputado del Partido Acción Nacional, como decía al principio, están siguiendo una línea consecuente con la característica esencial de un partido minoritario. No se nos escapa la circunstancia de que vienen aquí a aparecer como los únicos defensores de los habitantes del Distrito Federal y de algunos de sus núcleos de población. Eso es posible y llanamente una labor de proselitismo.

Por otra parte, quieren apoyar las iniciativas que ha presentado el Partido Acción Nacional para la creación de un consejo de gobierno, y el Partido Popular Socialista para la creación de un consejo metropolitano; porque consideran que, en la medida en que critiquen el presupuesto y que se dé la impresión aquí, en esta tribuna, de que la administración pública, del Distrito Federal, comete fallas y errores, en esa forma se presentará la coyuntura para que esas iniciativas, pues, sean favorecidas con el apoyo de esta Cámara; pero, afortunadamente, no será así. No será así porque hasta ahora consideramos que se están realmente satisfaciendo las necesidades y resolviendo los problemas de los habitantes del Distrito Federal.

Veamos la página 11 del dictamen. Se dedican 456 millones a obras públicas y en estas obras públicas están comprendidas las escuelas que sirven, señor diputado Ortiz Mendoza, para cultivar a la niñez ya la juventud, y para evitar la delincuencia, a que usted se refirió tanto durante su intervención, y no es cierto, como afirmaba el diputado Ortiz Mendoza, que solamente se vayan a construir 4 jardines de niños, se van a construir 50 jardines de niños con 400 aulas. Claro que 50 no son tampoco suficientes, pero es que es necesario dedicar el dinero a cosas que son todavía más necesarias y más urgentes. Se construirán 100 escuelas primarias con 1,400 aulas. En una palabra, consideramos que están satisfaciéndose, repito, las necesidades del Distrito Federal.

Lo que está a discusión es el dictamen sobre el presupuesto de egresos del Departamento del Distrito Federal y consideramos que es digno de aprobación.

El C. Ortiz Mendoza, Francisco: Señor diputado, ¿me permite hacer una interpelación? ¿En dónde está ese programa de construcción de escuelas?

El C. Gómez Mont, Felipe: En el teléfono de Martínez Domínguez. (Risas y aplausos.)

El C. Sánchez Dosal, Carlos: Muy ingenioso. No es así, mire usted, señor, traje mi hoja porque luego no les gustan los 'tambachis', aquí, a los diputados de Acción Nacional.

El C. Presidente: Señor diputado Gómez Mont, esta presidencia recuerda a usted que debe guardar el respeto que merecen los oradores y la compostura obligada a este recinto. (Aplausos.)

El C. Sánchez Dosal, Carlos: En fin, señores y señoras diputados; para concluir: si hemos de afirmar, si hemos de emitir alguna opinión también sobre la administración pública del Departamento del Distrito Federal, diremos que ella avanza, camina sin las ruedas pesadas de un consejo de gobierno, ni de un consejo metropolitano, colocando a la ciudad en el nivel que se merece por ser el centro nervioso de nuestra patria, en la capital de la República. Muchas gracias. (Aplausos.)

El C. Presidente: La presidencia invita a las personas que ocupan las galerías, que deben permanecer en éstas guardando el orden y respeto a los oradores. En caso contrario se mandarán desalojar aquéllas.

Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Jorge Ricaud.

El C. Ricaud Rothiot, Jorge: Señor Presidente, señoras y señores diputados: El señor diputado Martínez Corbalá acusó al diputado Abel Vicencio Tovar de venir con espíritu litigante, pero no pudo esconder su espíritu de contratista, y a pesar de que el diputado Vicencio Tovar no habló de inversiones, en cambio el diputado Martínez Corbalá contestó como si así lo hubiera hecho y soltó su discurso que tenía preparado y no contestó ninguna de las preguntas formuladas.

Pero así, quizá, consiga ese contrato tan buscado.

Acusó también al diputado Vicencio de buscar publicidad, siendo que quien más la necesita es el diputado Martínez Domínguez (risas) para afianzarse en su cargo de jefe regional y por ello vino a esta tribuna. (Aplausos.)

Por lo que respecta al diputado Sánchez Dosal, nada más faltaba que nos echara la culpa de la explosión demográfica de nuestra capital.

Pero tratando de dar cumplimiento al artículo 74, fracción IV, de la Constitución, nos encontramos comentando el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el próximo año de 1966. Recalco que se trata del Proyecto de

Presupuesto, porque, como ustedes se habrán dado cuenta, si tuvieron la curiosidad de comparar el proyecto que nos envió el Ejecutivo, con el dictamen que nos fue leído ayer, este último es una copia exacta del primero, con palabra más, palabra menos, un cuadro comparativo, y punto. Lo que nos demuestra, entre otras cosas, que no sólo son suficientes para ustedes, los diputados de la mayoría, de las Comisiones, los 15 días de plazo que nos deja el Ejecutivo para dar cumplimiento, 'a su manera', con el mandato Constitucional, de revisar y aprobar el Presupuesto, sino que de esa 'manera' hasta les sobra tiempo y bastaría, entonces, con que fuera presentado por el Ejecutivo uno o dos días antes, pasarlo a una secretaría para que fuera cambiada su redacción, de proyecto a dictamen, y... lista para su aprobación; pero viene aquí el diputado Martínez Corbalá a decirnos que trabajaron todo el año en el dictamen. ¡Qué poco viste esto, realmente!

La base del Presupuesto total, naturalmente, está de acuerdo con la Ley de Ingresos del Distrito Federal para el mismo año, que ya aprobamos en días pasados, calculando un aumento de 300 millones de pesos, tomando en cuenta la experiencia del año de 1964.

Subraya el Proyecto, en primer lugar, un cambio de política al haber hecho la incorporación a las plantas de personal de las diversas dependencias del Departamento del Distrito Federal de las plazas que venían figurando con carácter supernumerario y eventual ocupadas por trabajadores con labores permanentes, las cuales son en número de 12,241, con importe de $142.797,310.00.

Este primer señalamiento que encontramos nos lleva a comparar el Presupuesto que nos ocupa con el de 1965 y del examen y comparación se deduce que la afirmación destacada en el Proyecto, en primer lugar y también en el dictamen, no es exacta.

Y veamos por qué.

Entre supernumerarios y eventuales en el año de 1965 se pagaron 168 millones de pesos y para el año de 1966 se estiman 138 millones de pesos. Hay una rebaja, sí, pero sólo de 30 millones de pesos en el gran total.

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Sin embargo, subsisten los supernumerarios con 12 millones. Y así siguen, por este estilo, otras dependencias; pero el total, como ya dije antes, sólo varía en 30 millones de pesos y no en 142 como sostiene y afirma el proyecto.

De lo anterior se deduce que, teniendo mayor necesidad de personal el Departamento del Distrito Federal por su desarrollo normal, da las plantas a un buen número de trabajadores, pero crea otras de supernumerarios y eventuales, dando por resultado una rebaja de éstos, pero no una corrección total de la política ejercida por el Gobierno que, así, en nada dista de la de los empresarios que tanto combatimos en bien de los trabajadores de México.

En seguida nos subraya el proyecto las plazas del personal médico y enfermeras que ya figuran en él con las cuotas asignadas en la retabulación autorizada en el presente año y de que se dio cuenta en el informe del 1o. de septiembre pasado.

Bueno, este caso ya lo conocemos todos, por los paros médicos, con los que los médicos no se dejaron y consiguieron esa retabulación y una reducción notable de los supernumerarios, como lo vimos, hace un momento, en la partida de la Dirección General de Servicios Médicos, en la que se redujo de 35 a 12 millones de pesos, sigue subrayando el proyecto.

En tercero y cuarto término subraya el tan bueno, el tan bien acertado aumento, de policías y agentes de tránsito. Esto sea dicho sin aceptar que sea suficiente como veremos más adelante. ¡Pero qué bueno que mejoraremos en este sentido! ¡Qué bueno, que se hayan percatado, por fin, en el Departamento Central, de la grave insuficiencia que padecemos de policías y agentes de tránsito! ¡Ojalá, año con año, sea aumentado este renglón hasta llegar a ser un servicio a la altura de nuestra Capital!

La lástima es que este aumento de personal policiaco sea en el plan de supernumerarios, pues así lo consigna el proyecto.

Continúa el proyecto con otras consideraciones, también importantes, que yo no comentaré; pero ya que me he referido, principalmente, a los supernumerarios y eventuales estimados en el Proyecto, es decir, a los pagos que hará el Departamento del Distrito Federal por servicios personales que se le presten, haré un último comentario que considero de gran importancia.

El Departamento del Distrito Federal pagará, según el proyecto, por servicios personales a trabajadores de planta la cantidad de 500 millones de pesos durante el año de 1966, es decir, a su personal de base por salarios normales.

Esta cantidad está desmenuzada, partida por partida, en 122 hojas, que son parte del presupuesto; trabajador por trabajador, señalando incluso las categorías de cada uno (Oficial de 1/a. u Oficial de 4/a.; Mecanógrafo "A" o Mecanógrafo "B"; o Juez "F"; etc.); en realidad es exhaustivo el Presupuesto dando estos datos, se señalan cada una de las plantas por dependencias, hasta la oficina más pequeña que tiene el Departamento en las más lejanas de las delegaciones, y el total, como dije antes, de 500 millones de pesos.

Pero, por otro lado, se incluyen 234 millones de pesos más en Servicios Personales, sin determinar, con esa misma claridad, ni mucho menos, a quién se le pagarán.

La cantidad es muy alta: 234 millones de pesos. El porcentaje casi de 50 sobre los 500 millones. Ciertamente, con esto se pagarán honorarios y emolumentos, horas extras y compensaciones especiales. Pero, señores diputados, yo me pregunto: ¿Qué, el Congreso no tiene derecho a saber, con mayor precisión, cómo se reparte esta cantidad de 234 millones de pesos? ¿Acaso se puede aprobar, nada más así, siendo que representa casi el 50% de los salarios de planta y más de un 10% del presupuesto total?

Ustedes, señoras y señores diputados de la mayoría, aprobarán si quieren, este proyecto. Pero esperamos que, siquiera para el próximo año, lo que se apruebe sea un dictamen elaborado por la Comisión y no un Proyecto de la Secretaría de Hacienda avalado incondicionalmente, restándole personalidad al Congreso. (Aplausos.)

El C. Martínez Corbalá, Gonzalo: Pido la palabra.

El C. Presidente: Tiene la palabra el C. diputado Martínez Corbalá.

El C. Martínez Corbalá, Gonzalo: Señor presidente, señoras y señores diputados:

El señor diputado Ricaud Rothiot, que hablaba de intervenciones prefabricadas, leyó un discurso que me gustaría saber quién se lo elaboró. Y, además, hizo aquí una afirmación que yo pido que conste en el 'Diario de los Debates' , que exijo que compruebe.

Cuando yo ingresé en esta Cámara de Diputados, siendo mi ocupación de contratista, una actividad legítima y que corresponde a mi profesión, cerré mi compañía constructora porque la consideré incompatible con mi actividad dentro de la Cámara de Diputados. (Aplausos.)

Si el diputado Rothiot lo pone en duda tiene la obligación de comprobarlo o de otra manera, rectificar su aseveración públicamente; también, en cuanto lo que ha dicho aquí. A este respecto ha considerado él que mi intervención estuvo orientada en el sentido de destacar - como él dijo, consecuente con lo que él suponía que era mi ocupación, de contratista -, la importancia de las obras públicas e insisto: en que no entiende todavía el diputado Rothiot. Para esto, después me permitiré obsequiarle un libro elemental, por supuesto, para que lo entienda, en el que se explique lo que es la infraestructura económica y la importancia que las obras públicas tienen, el sentido social que tienen.

Si bien, para efecto de su descripción, las obras públicas se miden en metros cúbicos o en metros cuadrados, lo que no es medible lo que no es susceptible de valorarse de esa manera es la función social que cumplen y a esta función social es a la que nos hemos referido.

Y para terminar, me gustaría que una vez que yo he afirmado ante ustedes que al ingresar a esta Cámara liquidé mi compañía constructora, me gustaría que me dijera cuántos diputados de Acción Nacional cerraron sus bufetes cuando ingresaron aquí también. (Aplausos nutridos y prolongados)

El C. Presidente: La Presidencia concede el uso de la palabra el C. diputado Everardo Gámiz.

El C. Gámiz Fernández, Everardo: Señor Presidente, compañeros diputados:

Hace un año los compañeros diputados de Acción Nacional expresaban que el dictamen que habían emitido las Comisiones de Presupuestos era muy parco, era muy lacónico y que era indispensable y necesario que se presentara un dictamen más amplio, más detallado, con una amplitud tal que permitiera a los integrantes de esta Cámara formarse una idea de lo que realmente era el Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal.

Ahora que la Comisión ha elaborado un dictamen muy concienzudo, muy detallado, que ha hecho un análisis profundo de todos y cada uno de los renglones que contiene el presupuesto del Departamento, a los compañeros de Acción Nacional les vuelve a parecer incompleto, deficiente, inoperante, y por ningún motivo les despeja las dudas que ellos tienen en cuanto a los conceptos y los renglones que contiene el propio presupuesto.

Quizás van a pasar muchos años sin que nosotros logremos, y los que nos sucedan logren, que se elabore un presupuesto a plena satisfacción de los compañeros de Acción Nacional, salvo que ellos lo elaboren, cosa que está muy difícil, puesto que no lo permitiremos nunca. (Aplausos.)

En cuanto al compañero Ricaud, cuya función es de un verdadero tenedor de libros, ha venido a hacer una aparente defensa de los trabajadores supernumerarios y de los trabajadores eventuales, con fines abiertamente de proselitismo partidista, con el fin de lograr adeptos a su partido dentro de lo que él considera un grupo de trabajadores discriminados, abandonados de la mano de la Revolución, a quien Acción Nacional, desde esta tribuna, les abre sus brazos protectores y les invita a que participen en su partido, que seguramente no les resolverá en lo más mínimo los problemas que Acción Nacional plantea, porque no son problemas de partido, sino son problemas de carácter técnico y económico, que no se resuelven con el simple deseo de lograr adeptos para un partido político.

Los trabajadores supernumerarios, en el Departamento del Distrito Federal, tienen ese carácter cuando inicialmente se programa determinada obra, determinada labor de carácter social, y una vez que se ha confirmado que es una labor de carácter permanente la que ellos vienen desarrollando, en forma técnica, en forma estudiada y meditada, a través de las gestiones de su organismo sindical, que es el auténtico representante de los mismos trabajadores, se

va logrando la incorporación de estos compañeros, dándoles el carácter de trabajadores permanentes, el carácter de trabajadores de planta.

Y es así cómo, en el transcurso de dos años, primero se incorporan 23 mil trabajadores que tenían esa calidad, y en el presupuesto que se tiene presentado para el próximo ejercicio fiscal, se incorporan 12,400 y pico de trabajadores. Restan, efectivamente, aproximadamente 5 mil trabajadores, que todavía ostentan el nombramiento de supernumerarios o de trabajadores eventuales; pero que está precisamente por determinarse si esa función es de carácter permanente, y seguramente que en el presupuesto del próximo año estos compañeros, que demuestren que tienen una labor de carácter permanente, pasarán a formar parte de los presupuestos con la calidad de trabajadores permanentes.

El compañero Ricaud aprecia que disminuyen algunas partidas que en años anteriores eran superiores, y ha olvidado que se debe, precisamente, a la transferencia de esas partidas, a trabajadores de base, pero no ha sido abandonado ni un sólo compañero, y esas noticias alarmantes de que se teme un desmoche en las oficinas del Departamento, de los trabajadores supernumerarios, es completamente falsa, es tendenciosa y carece de toda veracidad, puesto que se ha demostrado que, independientemente de la calidad de trabajadores supernumerarios, el régimen de la Revolución ha respetado a esos trabajadores, y salvo aquellos que cometen delitos plenamente comprobados al resto no se le ha molestado en lo más mínimo. De tal manera que, por su propio peso, se demuestra que los compañeros supernumerarios no necesitan de esta defensa, que repito, está inspirada en un espíritu netamente partidarista.

No nos extraña que entre los diputados del Partido Acción Nacional exista tanto aprendiz de la técnica del presupuesto, que vienen a abordar esta materia cada año, año tras año, con un tono doctoral. Y la verdad es que si le entramos a discutir a la técnica presupuestal no alcanzarían, ni remotamente, el rango de auxiliares de quinta, en la más modesta oficina de presupuestos de alguna aldea de la República, para poder llegar a la conclusión que los señores de Acción Nacional nos pretenden llevar. (Aplausos.)

Hasta hoy el diputado Ricaud ha subido a la tribuna con un criterio de cuentachiles, o de un simple y mediocre inspector de auditoría.

El presupuesto es una cosa más seria, más importante, y a la Cámara le corresponde analizar sus grandes alcances para ver si la política del gasto público está destinada a satisfacer las necesidades del pueblo. A los compañeros diputados de Acción Nacional les interesan los sueldos y la burocracia, y esto es importante, pero ni con mucho es lo que importa esencialmente al pueblo, al que le interesa que su destino sea el de satisfacer todas sus necesidades.

El compañero diputado del Partido Popular nos ha dado la impresión de que estima él que la Ciudad de México es la capital del Distrito Federal. Y no, compañero, la Ciudad de México es la capital de toda la República Mexicana. El compañero diputado del PP viene a hacer la defensa de los 'rebeldes sin causa', que son los causantes del desorden, de todos los hechos delictuosos, y se asusta de que la policía los reprima hasta donde es posible, pero no ha venido a hablarnos de la inmensa mayoría de la juventud mexicana, de la que estudia y, en un impulso ejemplar de superación, invade las universidades y las escuelas superiores. (Aplausos.)

No viene a hablarnos de esa abnegada juventud que a temprana edad asume la responsabilidad de la vida para sostener a sus familias, trabajando en las fábricas y en los talleres. No viene a decirnos - y esto es deliberado - que el 25% del Presupuesto se gasta en Educación Pública para que la juventud estudiosa, que nada tiene qué ver con los pandilleros, a los que defiende el PP, se forje un destino mejor, bajo el amparo de la doctrina educativa de la Revolución Mexicana. (Aplausos.)

También hemos escuchado, en esta tribuna, a algunos compañeros oradores del Partido Acción Nacional, y nos han demostrado que a los diputados del PAN les preocupa, en forma esencial, no el Presupuesto ni lo que ello signifique social, económica y políticamente. Les interesan los juzgados, los tribunales y, por encima de cualquier otra cosa, no parecen diputados del pueblo, sino oficiosos gestores de los tribunales. Tal parece que la vida de seis millones de gentes que viven en el Distrito Federal se mueven alrededor de los tribunales.

Entienden por justicia el litigio, la comisaría, las cárceles y los juzgados. Yo afirmo que ése es un concepto pobre, pequeño y mezquino de la justicia. Que haya juzgados y buenos jueces, en eso estamos absolutamente de acuerdo, y felizmente hemos avanzado mucho en esta materia; pero la diputación mayoritaria, compañeros, tiene otro concepto de la justicia. No la referimos de las medidas carcelarias exclusivamente. Justicia es procurar que el pueblo tenga escuelas mejores para que la juventud se prepare y se forme con más amplias perspectivas; justicia es que el pueblo tenga mejor salud mediante campañas sanitarias y hospitales; justicia es procurar que haya más fuentes de trabajo, haciendo que las leyes del Presupuesto promuevan reformas a la infraestructura del medio; justicia es prevenir, mediante el buen gobierno y la mejor distribución de la riqueza nacional, el bienestar de todos los ciudadanos.

Cuando esto lo logremos con mayor amplitud habrá menos delincuentes, y también habrá menos juzgados y menos cárceles. Entonces, será, quizás, mayor la preocupación de los compañeros diputados del PAN; se escandalizarán de que haya pocos juzgados, pocos litigios, pero habrá, óigase bien, mayor justicia, la justicia que, previniendo la delincuencia no necesitará ni de tantos juzgados ni de tantos abogados.

Por esta razón, compañeros diputados, yo me he subido a hacer uso de esta tribuna, para solicitar a ustedes la aprobación del dictamen que ha presentado la Comisión a su muy digna y respetable consideración, porque estimamos que está apegado a la justicia y a la verdad absoluta y estricta, y porque estimamos que esta aprobación a este Presupuesto de Egresos implica y significa el desenvolvimiento, el crecimiento de una ciudad importante: la impartición de una verdadera justicia, alejada de toda demagogia y la atención a los problemas más importantes que confronta la ciudad de México.

Consideramos, compañeros diputados, que es menester la aprobación de todos ustedes, porque no es precisamente la labor de un departamento o de una dependencia del régimen, sino que es consecuencia

de la labor de un régimen revolucionario que es producto de nuestra gloriosa Revolución Mexicana. Muchas gracias. (Aplausos.)

El C. Presidente: Se concede el uso de la palabra al señor diputado Gómez Mont. (Aplausos.)

La presidencia vuelve a indicar a las personas que ocupan las galerías que deben permanecer en éstas guardando orden y respeto a los oradores. En caso contrario se mandará a desalojar aquéllas.

(Una voz: ¡Ya traes un tambache!)

El C. Gómez Mont, Felipe: Señor Presidente, señores diputados: Un grito me imputa traer un tambache; la causa es el ligero desconocimiento de nuestra gramática, que no me juega errores y, por lo tanto, quiero suplicar a la Secretaría tenga a bien leer a ustedes el texto que el diccionario de la Academia de la Lengua da a la palabra 'indefensible' y no 'indefendible'. (Aplausos y risas.)

El C. secretario Colín Sánchez, Mario: 'Indefensible', que no puede ser defendido.

El C. Moheno Velasco, Rubén (desde su curul): Señor presidente: ¿Me permite una pequeña pregunta?

El C. Presidente: Sí, señor diputado.

El C. Moheno Velasco, Rubén (desde su curul): ¿Nos podría decir qué dice la definición del diccionario de la Academia de la palabra 'irrespeto', que también nos espetó el señor diputado?

El C. Gómez Mont, Felipe: No hay necesidad de leer todo el diccionario para empezar un debate sobre los presupuestos (risas y aplausos.)

El C. Presidente: Tiene el uso de la palabra el señor diputado Gómez Mont.

El C. Gómez Mont, Felipe: Es, y después de esta aclaración, y no quiero citar a aquel gran tribuno excepcional, a Querido Moheno, que supo llevar las causas indefensibles de las mujeres hasta la más alta categoría moral, que vamos a tratar de los problemas de esta iniciativa a discusión.

(Una voz: ¿Pero no eran viudas? Risas.)

El C. Presidente: Se solicita a los señores diputados se sirvan guardar el orden correspondiente.

El C. Gómez Mont, Felipe: Después le contestaré, en lo personal.

Quiero, señores diputados, llevar a su conciencia la trascendencia importantísima que tienen las posiciones, que vayamos sembrando en el camino de un desarrollo democrático de México en los casos importantes de las atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados, como son las de la aprobación del presupuesto. Pero, antes que nada y para que se entienda el por qué estamos actuando aquí, tenemos que recordar que el parlamentarismo se genera en la época de Juan sin Tierra, a través del derecho que adquiere el pueblo inglés para fijar sus impuestos y normar sus presupuestos, y que se ejerció a través de los representantes del pueblo.

Era la primera limitación al absolutismo de los monarcas, era el freno al poder ejecutivo, era el rescate para el pueblo que, después, fue evolucionando a través de las grandes constituciones modernas: la norteamericana y la francesa, para establecer la facultad exclusiva de la aprobación de un presupuesto de egresos. ¿Y, por qué lo realizaban estos organismos? ¿Por qué lo recogen nuestros constituyentes? Porque, en la Cámara, está representada la nación, no tan sólo en cuanto al número de habitantes, sino también en cuanto a su categoría, y por eso no tiene nada de malo que un jurista suba con su criterio de jurista y un contratista con criterio de contratista.

No es ofensivo ni uno ni otro concepto; por eso es importante que estén aquí los médicos y los burócratas, estén los abogados y los ferrocarrileros ; estén las diferentes clases sociales que forman el conglomerado del pueblo, que tiene la más absoluta libertad irrestricta y siempre respetada y respetable de venir con sus criterios a aportar luces sobre un problema, en el que si bien no tenemos los conocimientos del diputado Gámiz, sobre presupuesto - nos tacha de aprendices -, somos patriotas y sinceros, en consecuencia venimos a dar nuestra opinión al servicio de México. (Aplausos.)

Si se deja o no se deja una profesión, no vedada por la Constitución, por no ser incompatible con la función de diputado, no es problema de un requerimiento, ni de una acusación, ni de mucho menos de un reto publicitario. Simple y sencillamente es que estamos cumpliendo nuestra función llamada, - galantemente -, de aprendices, pero esto no nos impide, no nos excluye, en manera alguna, tomar los datos importantes que nos puede dar el discurso del señor ingeniero Martínez Corbalá, quien, en síntesis, viene a establecernos que las inversiones de capitalización son el 60% del presupuesto y que del 40% restante no debe de tomarse en cuenta la existencia del pago de salarios, de prestaciones personales, que concurren a la realización de esos planes de obras, o sea, que una gran parte del presupuesto del Distrito Federal está destinado a la ejecución de obras públicas y nosotros, en Acción Nacional, venimos a repetir esto: se están realizando obras materiales con un descuido importante del servicio público, que es a cargo del gobierno.

El problema del Distrito Federal, positivamente, es pavoroso; pero no es resuelto ni remotamente por el presupuesto de egresos que se nos ha presentado. Podríamos, nosotros, haber formulado partidas especiales de presupuesto fundados en una ley justamente llamada anacrónica, pero, ¿para qué?, si el problema grave es el de que el manejo del fondo público nos hace ser menos espectadores con derecho exclusivo a la aprobación conforme a los sistemas parlamentarios que estamos viviendo, o, ¿no tengo derecho, señores, a decir que hace un año, cuando se realizó el esfuerzo de formar partidas globales para el Poder Judicial, se recomendó a la jefatura del Gobierno del Distrito Federal que si había excedentes de ingresos éstos se aplicaran a cumplir esas partidas especialmente creadas y ese acuerdo de la soberanía popular, representada en uso de nuestra facultad exclusiva, fue desacatado y desoído, y lo que es más grave, intencionalmente olvidado?

Pero, por eso, tenemos que enfrentarnos al problema del presupuesto desde diferentes puntos de vista. Dicen que nosotros - el licenciado Sánchez Dosal nos hace tal favor - tenemos la necesidad de criticar por criticar y yo podría preguntar a ustedes: ¿hay entre ustedes alguno capaz de negarse a aprobar un presupuesto aunque encuentre razón fundada en ello?

Podríamos tomar nosotros el dato de Sánchez Dosal como cierto -que no coincide con las matemáticas -, de que en 299 kilómetros cuadrados del Distrito Federal reside el 96% de la población, y textualmente nos dice, en el resto del territorio reside otro 5% de la misma, o sea que ya andamos en el 10%. pero es importante señalarle que en todas estas características presupuestarias el problema gravísimo de la migración a la ciudad de México en que el hombre huye por hambre de pan, por hambre de justicia o por hambre de paz social, y eso de que hacen ustedes galas de andar otorgando gratuitamente como administradores únicos de la justicia social, en nuestras tierras, no es lo que va a venir a resolver los problemas del Distrito Federal, exponerlo como causa, sino venir a darle soluciones concretas.

Sánchez Dosal nos acusa de ligeros porque acudimos a los elementos que se nos facilitan por el Ejecutivo en su iniciativa; pero también debemos decir, concretamente, que en todo el presupuesto no encontramos el número de jardines de niños o de escuelas que él anuncia, y es por lo que me permití decir que telefónicamente se lo habían avisado cuando fue interpelado para ello, y esto yo no creo que sea un desacato para la Cámara, puesto que vimos funcionar el teléfono hace unos días con relación a otro debate; el Presupuesto del Distrito Federal...

El C. Presidente: Se ruega al orador que debe de concretarse a tratar el tema a debate (risas).

El C. Gómez Mont, Felipe: El proyecto de presupuesto enviado a esta Cámara viene en tal forma elaborado, tan artificiosamente planteado y tan vagamente diseñado, que hace imposible su discusión.

Las partidas amplísimas, lo más vagas posible: obras por contrato, 150 millones; obras por administración, 90 millones; materiales de construcción, 80 millones; supernumerarios, 130 millones. Y millones van y millones vienen, y no sabemos, señores, en qué obras concretas va a realizarse este presupuesto del Distrito Federal.

Tan sólo se nos esbozan en la iniciativa, y sin precisarnos costos, la terminación del Periférico en la zona en que ya no hace falta: desde San Jerónimo a la carretera de Cuernavaca; la Calzada del Río Hidalgo, del Ferrocarril Hidalgo, que va tener el acceso a la carretera de Pachuca, al servicio de carga.

Los cinco metros cúbicos de agua que van a servir para dar agua, que van a servir para seguir construyendo una ciudad hacia el cielo, en el cual a través de obras multifamilares que sólo se realizan por instituciones oficiales, por incapacidad del particular para realizarlas, el hombre va perdiendo aquella noción de unidad familiar, en su casa aislada, en el que el centro de la familia, cuando se formaba, era dentro de una casa unitaria aun cuando ésta se encuentre en riña con el urbanismo que puedan invocar en mi contra.

Y después, en la forma más amplia y generosa, hablan de focos de luz mercurial. Hay un millón de pesos para los semáforos de que se quejaba Estrada Villa, el otro día; después se mencionan obras, pero en forma genérica: escuelas, parques deportivos, escuelas secundarias. Y, después, dice: gran parte del presupuesto -y no sabemos cuál- se dedicará a las colonias proletarias, en agua, drenaje, pavimento, luz, etc.

Esto no es un presupuesto; esto es obscuro, esto es vago, esto deja las manos libres para que, teniéndose esas partidas tan amplias, 'macroeconómicas', nos han enseñado a decir aquí, se manejan libremente y sin ningún control, violándose lo dispuesto por el artículo 126 de la Constitución, que dice que no puede hacerse ningún pago expreso que no contenga la partida correspondiente del presupuesto.

Y estas cosas, tan amplias y tan vagas, no son partidas completas como corresponde al espíritu que quiere el legislador encontrar en la Constitución

. En su base el presupuesto es falso, es inexacto; toma, como fuente de ingresos conservadores -es la palabra que usa el presupuesto, no nosotros-, los ingresos del año de 1964. Y sobre ellos va a darnos servicios para la ciudad de 1966, que crece a un ritmo desproporcionado.

En esa parte vamos a ver nosotros que van a surgir partidas excedentes, y la política presupuestal es muy grave, porque las partidas excedentes van a ser distribuidas no conforme a las reglas que señalemos nosotros, sino en un acto de denegación anticonstitucional que se está realizando para que el señor secretario de Hacienda y el señor gobernador del Distrito Federal den el destino que consideren más oportuno a las partidas, de entre las partidas fundamentales que establece el artículo 18 de la Ley de Egresos. Y en el artículo 18 de la Ley de Egresos está todo. Y esto es la anarquía presupuestaria.

Pero, además, no les basta que estos excedentes -que cierta y seguramente va a haber- van a ser distribuidos en una forma arbitraria y caprichosa, sin que sean distribuidos jerárquicamente. Y en lo jerárquico, señores, están los grandes satisfactores de las necesidades materiales; pero vuelvo a repetir un concepto, que es necesario que se tenga presente: satisfecho únicamente lo material, el hombre requiere un medio propicio para hacer resaltar su dignidad humana en cuanto a sí mismo y en cuanto a los demás. ¿De que le servirán a las colonias populares el pavimento, y el asfalto, y las banquetas? De mucho; pero si a la puerta de su propia casa el hombre no tiene garantías para vivir dignamente como tal, si se le impone para ello entregar su dignidad personal, o se le somete a una vida injusta, no se está realizando una función de gobierno digna para todos los hombres. (Aplausos.)

Y nosotros no encontramos, dentro del presupuesto, un mejoramiento del plan de servicios para esos lugares. Dicen que los juristas aportamos los datos de la justicia. No voy a hablar de la justicia de los juzgados, sin la cual no es posible la paz social -y sin paz social no hay justicia social, doctor Gámiz-. Voy a hablar de esa justicia del pueblo. Cuando revisamos el presupuesto encontramos, dentro de la Dirección de Gobernación, para lo que es la ciudad de México, 10 jueces calificadores con mil 20 pesos de sueldo. Un juez calificador -pues,

le quitaremos el 5 por ciento; vamos a quitarle más-, para 55 mil habitantes.

Esto es lo que habla el presupuesto, y dicen que nos quejamos porque no encontramos las plazas, y no nos contestan para decir en donde están.

Y cuando llegamos a una delegación, -y por curiosidad recorrí el otro día las consignaciones de un solo día-, me encontraba que al lado de cosas intrascendentes había la más monstruosa de las injusticias. Cuando a una persona se le sanciona en una delegación por 'faltas al remitente', y no se le sanciona por lo que haya hecho, y por lo que se faltó al remitente, es porque ese hombre era injustamente llevado por la policía ante el juez calificador, sin fundamento alguno, y no tenía más modo de defenderse que decir: 'Señores, no sean injustos conmigo ', que, en el idioma del pueblo, muchas veces se considera injusto o imperioso.

El 70 por ciento de las infracciones llevadas ante los jueces calificadores son esas 'faltas al remitente', y la injusticia del remitente, que llevaba hombres inocentes para ser conducidos a una delegación, ¿en dónde se ha estado repudiando? Esa es la injusticia del pueblo y de la que queremos hablar nosotros. Y mientras en la delegación de Xochimilco hay seis jueces calificadores -hay unos de a 660 pesos.¡Así calificarán!-, el Distrito Federal, según el presupuesto, tiene, exclusivamente, 10 jueces calificadores. ¿Podrá así haber paz social? El presupuesto es insuficiente.

Pero, Hablábamos de servicios. Y aquí se tocó que el 25 por ciento del Presupuesto es de educación. Pues en este presupuesto del Distrito Federal, señores, queda claro, no hay una sola planta de profesor de Educación Primaria o cualquier otra clase, y sólo una aportación para la educación federal de, únicamente, 9 millones 400 mil pesos. Eso es lo que da el Distrito Federal para educación en este presupuesto macroeconómico.

Y tenemos funciones politicosociales importantes. ¡Cómo no! La comisión Agraria Mixta, en un lugar en donde es tan difícil el problema agrario, por la invasión de la urbe sobre los campos cultivables. Y preguntamos: ¿Donde está la jerarquía? porque se agrupan en el mismo lugar dos conceptos muy interpretes, dos comisiones: la Comisión Agraria, en que a un vocal se le pagan 600 pesos mensuales, y al representante de los campesinos 300 pesos mensuales, e unmediatamente, 32,400 pesos para la Comisión de Box, y es que son más importantes las trompadas que la Reforma Agraria en el Distrito Federal.

El presupuesto en inexacto en los sueldos, y esta política se ha seguido ya tradicionalmente, y si se nos dice que se resolvió el problema de los supernumerarios, nosotros podemos afirmar que lo único que pasa es que se absorben más supernumerarios y se establecen unas pocas plazas para hacer lugar a los recién llegados; pero el sistema de conservar a los supernumerarios, señores, subsiste, y gravemente, y tomo, como ejemplo, sin que se requiera ser jurista para esto, señores - culaquiera de ustedes lo tomaría-, a la Procuraduría de Justicia, en la que los supernumerarios importan ocho millones de pesos y las plazas seis millones de pesos. Es la ilógica de la abstracción.

Y tomo, también, el problema gravísimo de que, son pretexto de compensaciones, son pretexto de horas extras, son pretexto de honorarios, se está manteniendo un sistema inexacto de pago que no corresponde a la realidad de los que el Gobierno hace por los servicios que se le prestan, pero, además, opera, gravemente, creando castas, creando aristocracias, dentro de los mismos servidores que están percibiendo distintos salarios por trabajos iguales. Si, abiertamente, lo hace así el Presupuesto es que no nos puede dar menos vergüenza a los juristas, señores, ver que los jueces menores, todos de la misma categoría, para la Ley, con la misma función y con el mismo respeto, que cuando entran al Presupuesto se llaman A, B, y C, y tienen distinto sueldo , pues los jueces de paz, los que viven la justicia del pueblo, la justicia y la tragedia miserable, ésos no son A, B, Y C, llegan hasta la H. Y gana más un dentista en cuatro horas que un juez de paz, qué no será en la distribución oculta de gajes.

Por eso tenemos que estar en contra de ese Presupuesto, que no nos da todas las plazas, que las oculta y las encuadra en un sistema anárquico de supernumerarios, que va a ser manejado en las antesalas de la Tesorería o de la Jefatura del Departamento del Distrito Federal o de la Secretaría de Hacienda. Sino también porque, en donde ha sido forzado a ser veraz, pone en evidencia el grave problema del sistema anárquico que estamos tolerando a través de presupuesto como éste.

Con motivo de la regularización de los médicos en el Distrito Federal nos encontramos con que un médico 'F' gana 4,950 pesos; más, bastante más que un magistrado del Tribunal Superior, para el que tan sólo hay 4,620 pesos; que hay médicos que trabajan cuatro horas y ganan, el de inferior calidad, 2,860 pesos. Tienen su profesión libre, y un juez de primera instancia gana 2,550 pesos, y, además, encontramos que el controlador del Departamento del Distrito Federal gana menos que los médicos, que los directores del Departamento del Distrito Federal perciben menos que los médicos, y que los jefes de oficina; los de limpia y transportes, etc., ganan menos que los médicos, y que un secretario de juzgado gana menos que el peor de todos los dentistas que estén dentro de este Presupuesto que estamos analizando.

Y esto quiere decir que cuando haya regularización del Presupuesto entonces habrá salarios reales; y habrá el principio constitucional observado a trabajo igual salario igual, que es el que se está violando a través de las percepciones supernumerarias, de eventuales y demás monsergas que se inventan para violar los derechos de los trabajadores y esto lo dije hace doce años para que no vengan a decir que es nuevo o debido a otros.

En el año de 1965 el Departamento de Distrito Federal gastó 2,200 millones de pesos, aprobado su Presupuesto de 1,800 millones, con una de esas nuevas tácticas, en materia de Presupuesto, que aconseja la economía y que desautorizan la política y el derecho, se nos rindió un informe, diciendo que las erogaciones adicionales habían sido para el Distrito Federal de 393 millones de pesos. Ayer, que estaba yo observando estos datos, al escuchar el debate sobre Quintana Roo, recordé aquel cuento de Oriente, del rico avariento, que fingía su pobreza para

que no le pidieran mucho. Así estaban ustedes ayer con Quintana Roo. ¡Qué comparación entre la ciudad de México y Quintana Roo, el territorio con tan estupendos servidores de policía, con tan buenos caminos, con un área inmensa perfectamente cuidada, para la cual tan sólo pudieron erogarse, adicionalmente el año pasado, frente a nuestros 343 millones, un millón 500 mil pesos!.

Pues bien; sobre estos datos importantes de los 2,200 millones de pesos gastados en este año, de 2,500 millones que se van a gastar el año próximo, hay que aumentar el dato que viene de la Ley de Egresos de la Federación, de que se derramarán en el Distrito Federal 4,528 millones de pesos, o sea, que en el Distrito Federal vamos a tener un derrame de gastos orientados, en su mayor parte, hacia las obras públicas, una cantidad aproximada de 7 mil millones de pesos.

Esto hace precisar ante ustedes la importancia de observar el presupuesto, porque, además de inexacto, además de anárquico, nos presenta el problema grave de una claudicación de nuestras funciones. No en el sentido común de la claudicación, sino en el sentido de claudicación de abandono.

En efecto, se nos habla de una obra, que no quise mencionar expresamente entre las presupuestadas porque no lo está, que es el problema de la salida de las aguas negras del Valle de México, problema para el que ya no es suficiente la delicada situación del Canal del Desagüe. Si a los 7 mil millones de pesos agregamos 1,500 millones de pesos -que me ha indicado a mí personalmente el licenciado Uruchurtu, será el costo de esa obra -, encontramos que, en el Distrito Federal se van a gastar de 8 a 9 mil millones de pesos.

Pues bien, señores, vuelvo a lo que dijimos. La aprobación del presupuesto no la hacemos ni siquiera como Poder Legislativo, la realizamos como función exclusiva, porque auténticamente somos el pueblo y hoy que están todas las opiniones aquí encerradas, estamos hablando en nombre de él. Estos miles de millones de pesos, cantidades que realmente pasar la pobreza en que hemos vivido siempre nos parecen de fábula, van a ser manejados, iniciándose con una promesa falsa de ingreso y con un egreso totalmente descontrolado. Primero empezamos a establecer, por lo que se refiere a las leyes de ingresos, una serie de facultades en las cuales, dentro de la misma ley de ingresos, hay una rendición de cuentas o informes de uso, como quieran ustedes decirle; más tarde hablabamos de las autorizaciones que se nos enviaron de nuestro primer período de sesiones, de ampliaciones de partidas, que fueron sustituidos en las iniciativas de la Secretaría de Hacienda por un informe que deberá rendirse en el presupuesto de egresos, ya ni siquiera, como se hizo este año, y hoy día vamos a decirle a la nación: van a gastarse en el Distrito Federal 9 mil millones de pesos. De ésos no conocemos más que unas cuantas partidas de sueldos. Lo demás va a ser el jalón de la cobija que le demos a la nación entera para que siga vivo aquí el problema explosivo demográfico; pero que, en última instancia, señores, no es más que el abandono de nuestras funciones. Ninguno de ustedes sabe, cuando dé su voto afirmativo, que lo darán por otras razones menos por el de la convicción personal que saben en qué se van a gastar los fondos, y el criterio de jurista o de contratista, o de como quieran ponerle, es la libre exposición hecha por un diputado frente a un problema en el que llama la atención a tiempo. No podemos nosotros recibir iniciativas de presupuestos obscuras, inexactas, anárquicas y aprobarlas dejando el manejo de los fondos del pueblo en manos muy respetables, si se quiere, pero no es lo que la Constitución quiso, ni en su artículo 74 ni en su artículo 126, cuando establece que debemos fijar todas las partidas para que sólo, con fundamento en ellas, el pueblo tenga el conocimiento exacto y dé su autorización para que se gasten sus fondos.

Así, señores diputados, hemos expuesto este punto de vista. No es cosa de venir a tomar esta tribuna como un mueble o como un inmueble. Ya, en alguna ocasión, y no era nuevo el concepto, decía, que don Porfirio Díaz la había inmovilizado cambiando la 'b' labial por la labiodental; mueble o no, démosle vida nosotros, porque aquí es la expresión del corazón de la Patria y nadie puede decirnos a los de Acción Nacional que no hemos venido a luchar de buena fe y con sanas intenciones, y, señores, en última instancia, si esto lo consideran función de proselitismo porque estamos llevando la voz del pueblo , creo que es el mejor de los sistemas en comparación con otros que no quiero, ni es la ocasión de criticar. Muchas gracias. (Aplausos.)

El C. Presidente: Se concede el uso de la palabra al diputado Rodríguez Leija.

El C. Rodríguez Leija, Salvador: Señor presidente, señores diputados:

Yo no se si debo perder el tiempo contestando la primera intervención que hizo en esta tribuna el señor licenciado Vicencio Tovar, porque nos dijo, al empezar su peroración, lo siguiente: nosotros vamos a votar en contra del presupuesto.

Bueno; pues si ya tenía esa idea, ¿a que vino? (Risas.)

Porque si hubiera empezado diciendo: vamos a criticar, vamos a examinar , vamos al ir a fondo del proyecto del Presupuesto del Distrito Federal; pues, seguramente, nos habría llamado la atención. Sin embargo, todo lo que se ha referido a la cuestión relativa de la función judicial, jurídica, comezón, o lo que ustedes quieran de los señores abogados y diputados de Acción Nacional, tiene una explicación . Facilitamos al señor licenciado Gómez Mont, señor licenciado Vicencio Tovar, un ejemplar del presupuesto y en él se contradicen los datos de la versión taquigráfica de acuerdo con el número de agentes del Ministerio Público, que usted dijo que existía.

Si no me equivoque, en las sumas usted habló de 84; según el presupuesto hay 119 y según la función actual para el año de 1966 va a haber 125 agentes del Ministerio Público y lo puede encontrar en estas partidas, en la ES 1801 y medio a la A 28011/86.

En cuanto a todos los razonamientos de que no existe un equilibrio en el presupuesto, pues no podemos estar de acuerdo con las afirmaciones de Acción Nacional porque, ¿a qué equilibrio se refiere?; es muy claro el presupuesto cuando dice se que se proyecta, para este año, un gasto de 2,100 millones de pesos en relación con el presupuesto anterior de 1,800 millones de pesos, que se aumentan

300 millones de pesos porque está comprobado, y ellos lo aprobaron en la Cuenta Pública del Distrito Federal, que hay recursos suficientes para alcanzar los 2,100 millones de pesos; entonces, sí hay equilibrio.

Equilibrio entendido entre el ingreso y el gasto. Si se trata de equilibrios de ciclistas, de malabaristas, de cuerpos celestes, de postulantes diputados; pues, entonces, puede ser que sí no haya ningún equilibrio; es posible que esto moleste a los señores representantes de Acción Nacional, tan empeñados, según ellos, en el enaltecimiento de la justicia del Distrito Federal por mejores prestaciones y mejores sueldos.

En el mes de diciembre de 1964, los señores diputados de Acción Nacional presentaron una iniciativa para modificar el presupuesto de egresos en cuanto al Poder Judicial local es decir, el Tribunal Superior de Justicia , y dijeron que era necesario, según ellos, elevar las prestaciones del Tribunal Superior de Justicia a la cantidad de 25 millones 919 mil 946 pesos, en vez de la cantidad presupuestada que era de 19 millones y pesos.

Bien; se aceptó, por la Comisión entonces, por voz del compañero Dantón Rodríguez, que sí haríamos la cuestión de las recomendaciones al Poder Ejecutivo, es decir, al Distrito Federal y me consta que, en una visita que realizamos al jefe del Departamento, comentando los debates en esta Cámara sobre la cuestión de sueldos de los señores funcionarios del Tribunal Superior de Justicia, representados aquí por un poder - que no sé si les han otorgado los señores de Acción Nacional-, el jefe del Departamento del Distrito Federal nos indicó que por la técnica del presupuesto no se alterarían las cantidades correspondientes a lo aprobado; pero que, dentro de las partidas suplementarias, indudablemente que sí habría alguna razón para mejorar esos salarios.

Ahora bien; los señores de Acción Nacional pedían 25 millones de pesos. Y quiero informales claro, que esto no aparece en el presupuesto. No; no es lo malo, señor licenciado Gómez Mont, no aparece en el proyecto de presupuesto, pero si usted se toma la molestia de revisar la Cuenta Pública del Distrito Federal, que aquí aprobó y que aquí elogió, encontrará las cifras que le voy a dar.

Para el año de 1963, el presupuesto del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal era de 17 millones 759 mil pesos, y se ejerció el presupuesto por la cantidad de 25 millones 722 mil; es decir, se satisfacían las exigencias, las aspiraciones, los deseos, los anhelos de Acción Nacional.

Para el año de 1964 la partida es de 19 mil millones de pesos -hablaremos de cifras gruesas- y conoceremos, en septiembre del año próximo, cuando se rinda la Cuenta Pública, a cuánto ascendió el ejercicio de esa partida; pero, anticipadamente, porque los miembros de la Comisión -perdóneme el señor licenciado Gómez Mont la presunción -, sí trabajamos y vamos a buscar los datos a las oficinas públicas y vamos a buscar las comprobaciones y el anticipo que aquellos 19 mil millones de pesos que se aprobaron para el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, por tener ya concentrados los datos provisionales y sujetos a la consiguiente rectificación, porque fuimos a pedir estos datos; sabiendo el anhelo de ustedes sobre este particular, encontrará usted en la Cuenta Pública del Distrito Federal en 1966 que accidente esa partida y se ejerció por 29 millones 648 mil 560 pesos. Y esos datos no se los oculta a usted la Tesorería del Distrito Federal; lo que pasa es que es muy cómodo venir a criticar y no irse a molestar yendo a pedir los datos consiguientes como el dato que dio el compañero Sánchez Dosal; el compañero Sánchez Dosal, cuando dijo cómo se iban a emplear los 40 millones de pesos. Yo tengo aquí la copia del informe; es que fuimos él y otros miembros de la Comisión al Departamento del Distrito Federal con objeto de conocer cómo se iba a ejercer esa partida de 40 millones de pesos, para saber y conocer que había obras, escuelas, parques, jardines, jardines para niños, etc., etc.

Era preocupación de diputados del Distrito Federal, que es muy distinto tener la preocupación de diputado del Distrito Federal, a estar cómodamente sentado para venir a criticar el presupuesto.

El señor licenciado Gómez Mont, perdóneme que lo haga objeto de mis referencias, sobre todo porque, estando sentado yo por ahí en mi curul, el señor licenciado Christlieb Ibarrola y el señor licenciado Gómez Mont se volvieron muchachos de escuela; nos hacían las orejas de burro cada vez que uno de nuestros representantes subía a la tribuna. (Aplausos.)

Yo admiro lo mañoso que es el diputado Gómez Mont (risas), de veras lo admiro, sobre todo porque tiene esas características del hombre que sube al debate con el objeto de buscar la controversia, la pelea, que defiende sus ideas buenas o malas y respeta la de los otros; pero mañoso se lo voy a demostrar. Dijo y consta en la versión taquigráfica.

Con un presupuesto de 2,100 millones de pesos y cuatro mil y pico de millones de pesos que el Gobierno Federal invertirá en el propio Distrito Federal, vamos a tener 7 mil y pico de millones de pesos invertidos en obras públicas. ¡Nada más falso! ¿Dónde quedaron los sueldos, dónde quedaron las obras del Distrito Federal? ¿Dónde quedaron hasta los salarios de los señores que imparten justicia?

Se borraron, claro, porque el señor licenciado Gómez Mont viene a darle aquí la impresión al pueblo de México que el gobierno del Distrito Federal se va a gastar 7 mil y pico de millones de pesos en obras públicas. Por eso dije mañoso; mañoso, sin ofensa. Muy bien; el Presupuesto del Distrito Federal, es cierto, es de dos mil cien millones de pesos ,y de estos dos mil cien millones de pesos, si se hiciera la cuenta -y aquí vemos las cosas minimizadas-, ¿cuánto le corresponde a cada habitante en esa contribución de los dos mil cien millones de pesos? Pues nos toca a 366 millones de pesos. Y si queremos impresionar a la opinión pública le diremos que esos 366 millones de pesos no son más que 30 pesos mensuales, y si queremos ir más allá le diremos que es un peso diario. Y, ¿verdad que un peso diario sí lo pueden dar los habitantes del Distrito Federal para recibir los servicios que reciben?

Esa es la razón por la cual no se puede hablar libremente de números sin llegar a la esencia de la verdad de los mismos números. En México, señor licenciado Gómez Mont, y señores diputados, hay libertad plena para el hombre. Este es uno de los países en que con orgullo el hombre puede decir que es libre. Y el hecho de que el hombre viva con

dignidad personal, con banquetas o sin ellas, en su pobreza, en su vida media , o en su riqueza, simple y sencillamente tiene la dignidad de hombre que le ha dado la Revolución Mexicana. (Aplausos.)

Nosotros estamos de acuerdo en que haya buena justicia y buenos jueces; pero, en lo que disentimos con el PAN, es que sea el único tema que traiga a la discusión y al debate de un presupuesto.

Pero si hay tanta preocupación, yo admiro la preocupación de los elementos de Acción Nacional y de otros partidos; si hay tanta preocupación por que se eleven los sueldos de la burocracia; si hay tanta preocupación por que los jueces ganen más; si hay tanta preocupación porque los comisarios vivan espléndidamente, a la Carlos Trouyet, tal vez entonces tienen libertad los señores de Acción Nacional para venir a presentarnos una iniciativa y nos digan cómo elevamos las tasas impositivas del Departamento del Distrito Federal para que éste tenga los recursos necesarios a la satisfacción de sus deseos o de sus intereses. Y serán impuestos que nosotros tendremos que secundarlos siempre que los pague el inversionista, la iniciativa privada, los bancos, los industriales, pero no los trabajadores, porque ya el Presupuesto General de la Nación nos está dando el renglón más importante de los impuestos sobre la renta, que paga la generalidad del pueblo que trabaja y que produce.

Se refirió aquí, el señor licenciado Gómez Mont, -otra vez perdón por la referencia- a los médicos, y nos dijo, haciéndolos comparativos: "Tanto gana un médico, tanto gana un dentista, tanto gana un anestesista, y en cambio, miren ustedes lo que gana un secretario de juzgado. ¡Miren ustedes lo que gana un policía! ¿Miren ustedes lo que gana un supernumerario!

Bueno, ¿qué, no nos acordamos aquí que en una exposición, que quiso ser brillante, el señor licenciado Christlieb Ibarrola, como representante auténtico del Partido de Acción Nacional, vino a criticar la conducta del gobierno de la República porque no satisfacía las aspiraciones médicas, a justificar los actos de estos profesionistas, y ahora que el Gobierno Federal, a través del Distrito, les satisface sus aspiraciones y sus anhelos, viene otro representante de Acción Nacional a criticar los médicos, y lo único que le faltó decir fue: ¿por qué no les rebajan los sueldos? (Aplausos.)

No es exacto, señores diputados, que las obras que realiza el Departamento del Distrito Federal: drenajes, pavimentos, jardines, parques deportivos; toda esa gama de la construcción social del Departamento del Distrito Federal, que no necesitan testigos, ni necesitan jueces, porque están a la vista del pueblo de México. ¿Qué, no tenemos periférico, jardines, etc.? ¿Qué a algún diputado le han hecho escozor? Bueno; probablemente porque no le guste el olor de las rosas; pero simple y sencillamente, si consultáramos el resultado del Congreso de los Técnicos Mundiales, en París , en mayo del año pasado creo que por allá andaba el compañero Gómez Mont (risas), encontraremos que se proclamó a la ciudad de París como la mejor arbolada del mundo, mejor que Londres, mejor que Washington, mejor que otras grandes e importantes ciudades, porque ésa es la defensa del pueblo francés frente a los gases, a los elementos deletéreos, a los elementos venenosos que pululan en el ambiente; en esta época en que todos se preocupan por la bomba atómica, y no por la paz y la tranquilidad de los pueblos. Y entonces se recomendaba este trabajo -figura en una revista que se llama 'París Match'-, que todas las ciudades de la tierra deberían procurar que se arbolaran, que se defendieran, que defendieran sus pulmones y la salud de sus hijos, porque el árbol es la única defensa que existe en bien de la Humanidad, que se han empeñado en destruirla criminalmente, dejando erosiones, dejando miseria, y yo quisiera que, en vez de unos cuantos jardines, porque me parecen pocos, hubiera más, muchos más, y que existieran arboledas en el Distrito Federal para defensa de nuestra niñez, de nuestra juventud, y de nuestras mujeres. (Aplausos.)

Los datos que corresponden a la actividad que debe desarrollar el Instituto Nacional de la Vivienda, que nada tiene que ver con el Presupuesto del Distrito Federal, señor diputado Ortiz Mendoza, tienen que obligarme a referirme a una cuestión que su señoría tocó. Se refirió a esa inquietud que le escuece, en cuanto que, al hacerse el periférico, probablemente quedarán sin habitación miles de familias, porque no se atiende a su solución.

Pues bien, señor diputado, vaya usted a confirmar estos datos; en San Juan de Aragón hay 4,633 casas con dos recámaras tipo 'A'; 2,243 casas con dos recámaras tipo 'B'; 1,160 casas con tres recámaras, y 1,964 casas con dos recámaras de dos pisos. En este mismo sitio se construyó una planta para tratamiento de aguas negras, seis jardines para niños, diez escuelas primarias, un hospital infantil y tres grandes centros deportivos; entonces, nosotros, los diputados del Distrito Federal, quisimos satisfacer necesidades inmediatas de nuestros comitentes, diciéndole al Distrito Federal que por que no nos entregaba, no a nosotros, sino a los comités electorales, casa de ésas; porque no queríamos meter la mano para que no se dijera que había movimientos sucios en las casas de San Juan de Aragón, y la respuesta fue ésta - después de trasladarnos con los habitantes de diversas regiones, como es público y notorio, del Distrito Federal, entre ellos del Cerro de Guerrero, gentes que perdieron sus casas por incendios, etc.-: la previsión del Departamento del Distrito Federal, en la distribución de esas casas, que tanto se le ha criticado, señor ingeniero , es en este sentido: se han repartido cerca de 7 mil viviendas únicamente, de las 10 mil, porque 3 mil están reservadas a dar alojamiento a las familias que pudieran quedar en desamparo por las nuevas obras gigantescas del Distrito Federal en beneficio de la población mexicana. (Aplausos.)

El C. Ortiz Mendoza, Francisco: ¿Me permite hacerle una aclaración?

El C. Rodríguez Leija, Salvador: Con mucho gusto, compañero.

El C. Ortiz Mendoza, Francisco: Señor diputado, yo dije que el promedio de construcción de casas había sido de 1,200 al año, porque son 10 mil de San Juan, 3 mil de Santa Cruz y 1,500 en diferentes lugares del Distrito Federal. Han sido, en total, 14 mil y pico de casas para alojar a todos los miles de familias que, durante 12 años, han sido desalojadas de sus casas. Esas 3 mil casas, de las que usted habló, alojarán, porque siempre se atribuye así, a

los de la Candelaria, a los del Periférico, a los del Ferrocarril y a muchos más que han sido desalojados. Simplemente, estamos pidiendo, nada más, que se procure aumentar el número. Eso es todo. (Aplausos.)

El C. Rodríguez Leija, Salvador: Lo único que yo quiero decirle al señor diputado, que habrá todas esas casas, menores para los de ferrocarril, por que nosotros tenemos un sistema que estamos llevando adelante y que esperamos nos resuelva el problema de nuestras casas.

Pero, de todas maneras, 14 mil y pico de casas, en un régimen, cuando si volteamos al pasado no se hacía ni una. ¿Qué ocurre cuando venimos a defender aquí la política del gobierno del Distrito Federal, que es la política del gobierno de la República? Que nos halaga, señor, que se hayan construido 14 mil casas, y que nos duela, señor, que no haya el presupuesto necesario para construir 20 mil más. Pero también a usted le hago la invitación, a nombre de su Partido, para que, teniendo el valor de venir a defender una iniciativa, venga y nos diga cómo aumentamos las tasas impositivas, con el objeto de destinar ese aumento exclusivamente a la construcción de casas para el pueblo de México.

Cuando se ha hablado aquí de los gastos que se dicen espantosos, alarmantes, para la cuestión del agua potable, otra vez tengo que volver a mi querido amigo, el señor licenciado Gómez Mont; por esta razón, para darle estos datos, con el objeto, pues, de que él pueda comprobarlos, ya que nosotros nos tomamos la molestia de ir por ellos, el año pasado, señor licenciado Gómez Mont. El Distrito Federal cuenta, actualmente, con 22.2 metros cúbicos de agua por segundo; el año pasado se tendieron, en la red primaria, 31 Kilómetros de tuberías con diámetro, que varía del 0.91 a 1.22 metros. Las instalaciones se hicieron en las siguientes calles y avenidas... Puede que lo invite yo a darse un paseíto por la ciudad de México, y lo invito de veras, hasta lo invito a almorzar, para que vayamos a dar un paseíto y veamos qué escuelas se fundaron, qué redes se tiraron, etc., etc.

En el Gran Canal, entre Oceanía y San Juan de Aragón, 4,000 metros; en Iztaccíhuatl, entre calzada de puebla y Gran Canal, 1,650; en Fray Servando, entre Roqueta y Ventura, 3,000; Miguel Angel de Quevedo, entre División del Norte y Universidad, 3,300; Universidad, entre Miguel Angel de Quevedo y José María Rico, 3,400; Amores 3,000 y sigue: Nevado, Concepción Béistegui, Playa Roqueta Laura, Avenida Hidalgo, prolongación Reforma, Amberes, etc., etc., y como red secundaria ; 202 Kilómetros de tuberías de 10 a 30 centímetros de diámetro con un costo de treinta y seis millones de pesos.

En 65 colonias proletarias y pueblos del Distrito Federal, con 700,000 habitantes y que antes carecían de servicio en la Unidad San Juan de Aragón, en la ampliación del Bosque de Chapultepec, en los seis campos deportivos..., en los 45 Kilómetros de nuevas avenidas, en los nuevos centros cívicos, mercados y escuelas, etc., para controlar el desperdicio de agua, se colocaron 14,500 medidores; porque era indispensable que nuestros liquidos de Las Lomas, de Polanco y de otros lugares no siguieran desperdiciando el agua regando sus jardines, cuando el agua tanto la necesita el pueblo.

En 1952, señores licenciados, con 3.500,000 habitantes, la dotación de agua era de 14 metros por segundo.

En 1958, con una población de 4.500,000 habitantes, era de 18 metros por segundo, y en 1964, con una población de 6.000,000, se cuenta con una dotación de 22.2 metros por segundo, y esto originó que ningún habitante del Distrito Federal careciera del agua potable; necesario elemento, esencial, para la vida, y cuando el gobierno de la República, a través del Departamento Central, nos dice que proyecta un presupuesto para poner cinco metros y medio más de agua, quiere decir que dentro de uno o dos años contaremos con 27.7 metros cúbicos por segundo, lo que dará satisfacción a las necesidades de la población del Distrito Federal y este solo hecho nada más éste, merecería, señores, el agradecimiento y reconocimiento de una población, porque sin agua, señores, no se puede vivir.(Aplausos.)

Yo recuerdo -y de esto debe guardar memoria el señor licenciado Lombardo Toledano, porque el gobierno de la ciudad se encontraba en manos del partido que manejaba la Confederación Regional Obrera Mexicana- que siendo presidente municipal (se apellidaba Cortés), hubo una manifestación tremenda en la población del Distrito Federal, casi un alzamiento y el grito era éste: ¡Agua, agua para los habitantes del Distrito Federal!, y hoy, señores, no tenemos enfrente ese fantasma de tragedia para dar agua a todos los habitantes del Distrito Federal gracias a la política consciente, sensata, ¿por qué no decirlo, del Jefe del Departamento del Distrito Federal, secundando la política general de los presidentes de la República, que representan exactamente los intereses de la Nación? (Aplausos.)

Por el año de 120 (180 de nuestra era), Marco Aurelio dejó en sus memorias esta bellas frases: 'Lo que no daña a la ciudad no daña tampoco al ciudadano. Todas las veces que te figures que te han dañado, aplica esta regla: Si la ciudad no ha sido dañada yo tampoco lo he sido. Pero si la ciudad ha sido dañada, no hay que indignarse contra el que la daña, sino señalarle la negligencia cometida; lo que no es útil al enjambre, tampoco es útil a la abeja.'

Y la política desarrollada por el gobierno de la República, a través de las autoridades del Departamento del Distrito Federal, con la sanción de esta Cámara que le ha aprobado los presupuestos; con la sanción de esta Cámara que le ha aprobado la Cuenta Pública y que aquí se vino a elogiar por representante de Acción Nacional, no daña de ninguna manera, a la ciudadanía del Distrito Federal en lo común y menos a cada uno de los ciudadanos que viven con dignidad dentro de la esfera del Distrito Federal.

Quisiera continuar en este debate; pero lógicamente creo que estamos cansando un poco a esta honorable asamblea; sin embargo, pues no se puede, de ninguna manera, dejar de mencionar cuántas escuelas se han hecho por el Departamento del Distrito Federal, que naturalmente sólo conocen las gentes que vamos a las colonias proletarias, a los distritos, que estamos pendientes de la actitud del Gobierno Federal o que simplemente vamos, tomamos los datos y nos encontramos con que es una razón de ser del propio Departamento para el objeto de cumplir con la ciudadanía. En las colonias

proletarias, pongamos por caso -después nos vamos a referir a las escuelas-, se hicieron obras de alcantarillado, el año pasado, por 396 mil 206 metros.

Y en cuanto a mercados, donde la gente va hoy, con gusto, a hacer sus compras, a ver la limpieza de los establecimientos, a encontrar alimentos sanos y ya no los atascaderos y los lodazales que daban verdadero horror, frente a las necesidades de las amas de casa, también, señor, se hizo una obra muy importante en el Distrito Federal; el número de comerciantes favorecidos en 32 mercados fue de 5,243 y el gasto en estos mercados fue de 72 millones 332 mil 500 pesos. ¿Por qué aparecen un poco elevados los gastos? Porque el gobierno de la República se empeñó en que cada mercado tenga jardín, guardería, escuela, etc., con el objeto de que los hijos de los derechohabientes de esos mercados puedan tener con qué recordar a la Revolución Mexicana.

En cuanto a escuelas, 26 preprimarias con 139 aulas; 48 escuelas primarias con 663 aulas; 6 secundarias con 108 aulas; las escuelas secundarias se construyeron en Xochimilco, Alvaro Obregón, Ixtacalco, Gustavo A. Madero, 3 escuelas especializadas para diversos oficios con 84 aulas, 40 talleres para 10,000 alumnos, en dos turnos; en fin, señores, creo que estas escuelas, estos mercados, los hospitales, los puestos de socorros; todo esto, que beneficia a la población del Distrito Federal, pues no nos lo hicieron los pajaritos, sino las contribuciones justas y exactas de la ciudadanía del Distrito Federal.

Señor licenciado Christlieb Ibarrola, jefe del Partido de Acción Nacional: voy a responderle a su broma de las orejas de burro.

Usted es un hombre culto y ha de recordar que Esopo, primero, y Fredo, después, relataron sus fábulas que se hicieron famosas y ambos comentaron aquel caso, que es tan antiguo como el mundo, del incidente del parto de los montes.

No voy a usar como en alguna ocasión se dijera que Rodríguez Leija viene a la tribuna a usar frases vulgares. Sí las uso, porque son frases del pueblo, y yo soy diputado del pueblo, no soy académico, pero también, de cuando en cuando, tengo mi migajita de cultura para ir a mis libritos a encontrar alguna cosa que pueda agradarles a quienes se consideran monopolistas de la cultura.

Pues bien; nuestro Samaniego castizo -llamémosle así -, decente - llamémosle también así -, caballeroso, incapaz de ofender a nadie con su verbo, aquellas fábulas de Esopo, y de Fredo las trasladó al verso, que nos enseñaron en las escuelas de jesuitas. Allí estuve yo, porque era indispensable que tuviéramos algún elemento de cultura, y dijo así:

'Con varios elementos horrorosos, los montes de parir dieron señales; consintieron los hombres temerosos ver nacer los abortos más fatales.

Después que con bramidos espantosos infundieron pavor a los mortales, estos montes que al mundo estremecieron, un ratoncillo fue lo que parieron.'

(Risas y aplausos.)

Y a mí me parece, señores diputados, que tanto esfuerzo para venir a combatir el presupuesto del Distrito Federal, sin referirse a la labor constructiva del Gobierno de la República, es un ratoncillo más y por eso pido a ustedes que se sirvan aprobar el presupuesto. Muchas gracias. (Aplausos nutridos y prolongados.)

El C. Presidente: Se concede la palabra al señor diputado Gómez Mont.

El C. Gómez Mont, Felipe: Señor Presidente, señores diputados: voy a ser muy breve. El señor diputado Ramírez Leija; perdón, Rodríguez Leija.

El C. Rodríguez Leija, Salvador: No me cambie el apellido.

El C. Presidente: Se prohíben los diálogos.

El C. Gómez Mont, Felipe: En una aclaración de monólogo, como la quiere la presidencia, se permitió establecer que yo afirmé que en el Departamento del Distrito Federal se iban a invertir 9 mil millones de pesos - y no sé por qué dijo 7 mil -en obras públicas. Dije que, en su mayor parte, se haría la inversión en obras públicas. Si quedaba para los gendarmes y para todas las demás cosas que le preocupan al señor diputado Rodríguez Leija.

Es muy importante que tengan ustedes en cuenta que del debate, de la exposición hecha por el señor diputado Rodríguez Leija, queda evidente que el presupuesto es inexacto, que carece de jerarquía y que es ineficaz. En el año de 1964, con bases en los ingresos que sirven, a su vez, para fundamentar este presupuesto, el gobierno del Distrito Federal gastó 25 millones en el Poder Judicial; en el año que corre ha gastado 29 millones en el Poder Judicial, y nos presenta un presupuesto falso, defectuoso, ineficaz, deficiente, de tan sólo 20 millones de pesos para el tribunal.

Este es argumento que nace de lo informado por el señor diputado Rodríguez Leija.

En cuanto a que nosotros nos quejamos de los impuestos, no; desde luego sí le recomendaría al señor diputado que hiciese las cuentas como debe. El Distrito Federal da 13 mil millones de pesos en ingresos y da un promedio mensual de 185 pesos por habitante.

Se verá que el Distrito Federal sostiene gran parte de la nación, y en esto no están contadas las percepciones por los servicios descentralizados.

Pero lo que sí yo recojo, políticamente, es en esa ambición que se ha informado en nuestra tribuna de que las casas de San Juan de Aragón se entreguen a los comités del PRI, dijo que se entreguen a los Comités, a los electores, que también son del PRI.

El C. Rodríguez Leija (desde su curul): Dije que nosotros, en nuestro deseo por satisfacer a nuestros comitentes, habíamos pedido, para no manejar directamente esas casas, que se entregaran a nuestros Comités electorales para su distribución, cosa a la que no accedió el Departamento del Distrito Federal. Las repartió él, y entonces nos hizo la explicación del saldo.

El C. Gómez Mont, Felipe: No tiene mayor importancia. Basta la gestión política por organismos políticos para que se desvíe un programa nacional de la vivienda al servicio de un partido.

Por último, sí quiero precisar, claramente, esto, en relación con el problema de los médicos. En

ningún momento Acción Nacional ha criticado o ha atacado la inclusión que se hace de los médicos en el presupuesto, sino que se señala un factor importante, es la única parte del presupuesto, en materia de salarios, en que éste es veraz, en que dice la verdad, en que dice lo que se le va a pagar al médico, y no informa lo que realmente se le va a pagar a los empleados del Departamento de cualquier dirección, de cualquier oficina. Ya no voy a hablar del judicial porque los asusta. Lo que se les va a pagar a los directores de servicios; lo que se les va a pagar a los encargados o jefes de una oficina, no está dicho con la verdad en el presupuesto.

Por eso surge ese contraste tan tremendo en que aparecen, con una mayor percepción ordinaria, los médicos que los demás funcionarios. Que quede claro esto. Nosotros somos congruentes con nuestra posición y no atacamos la conquista de ningún profesionista; lo único que señalamos como ejemplo de contraste es que mientras la posición de los médicos en sus percepciones es señalada verazmente en el presupuesto, no lo es la del resto de todo el personal de los servidores del Estado dentro del Gobierno del Distrito Federal.

En cuanto a la posición de la Cámara de Diputados como órgano de elaboración del presupuesto, nadie ha hecho referencia a ella, ni ha defendido esta posición, por la que nosotros luchamos.

Y creo señores, que un presupuesto tan defectuoso, que hace cesar nuestra función, sí nos da el espectáculo del parto de los montes, de que se nos habló en esta tribuna. En las manos de ustedes está lo que realmente es la luz de la montaña del poder. (Aplausos.)

-La C. secretaria Anderson Nevárez, Hilda: La Presidencia, por conducto de la Secretaría, pregunta, en votación económica, si se considera suficientemente discutido, en lo general, el dictamen.

Se va a proceder a tomar la votación nominal. Por la afirmativa.

El C. secretario Colín Sánchez, Mario: Por la negativa.

(Votación.)

- La secretaria Anderson Nevárez, Hilda: ¿Falta algún ciudadano diputado de votar por la afirmativa?

El C. secretario Colín Sánchez, Mario: ¿Falta algún ciudadano diputado de votar por la negativa?

Se procede a recoger la votación de la Mesa.

(Votación.)

-- La C. secretaria Anderson Nevárez, Hilda: Fue aprobado el proyecto de decreto, en lo general, por 151 votos de la afirmativa por 23 de la negativa.

Está a discusión, en lo particular.

El C. presidente: Se invita a los ciudadanos diputados a que aparten los artículos que vayan a impugnar.

El C. Silva Flores, J. Guadalupe: El artículo primero.

El C. Gómez Mont, Felipe: Artículo tercero.

El C. Presidente: Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Silva Flores, Jacinto Guadalupe.

El C. Silva Flores, Guadalupe: Señor presidente: señoras y señores diputados.

Lo más brevemente quiero precisar, en todo caso, que ni yo ni mi partido somos los que, en principio, tuviéramos la obligación de hacer: la opología de la obra revolucionaria.

Se han quejado casi todos los oradores de la mayoría de que no reconozcamos, de que no hagamos esa apología. Estaba en el papel, precisamente del diputado Gámiz, hacerla, y a él no lo pueden llamar, como a mi me llamarían, si la hiciera.

Por otra parte, no sé si vaya la magia, que no se ha avisto en esta tarde, de la Comisión, a volver a descubrir partidas que, como peregrinos, fueron a recoger en las dependencias oficiales. Entiendo que aquí es donde deben venir los informes para ser aprobado el Presupuesto.

Quiero un poco reinsistir en esa dolencia que se ha provocado durante toda esta tarde.

El C. Presidente: Se recuerda al diputado que pidió la palabra para impugnar el artículo tercero.

El C. Silva Flores, Guadalupe (continuando): Sobre los salarios, sobre la limitación de salarios en el ramo de la Dirección General de Trabajo y Previsión Social. Brevísimamente, señores diputados, yo quisiera que ustedes consideraran esta situación. Evidentemente, hay falta de justicia en el Distrito Federal, en la aplicación del Derecho Laboral Mexicano. Evidentemente, y la Comisión Nacional de Salarios Mínimos publicó hace algunos días la realidad de esta situación. Aún en el Distrito Federal a un veinticinco por ciento de la fuerza de trabajo no se le cumple con el salario mínimo. En el Derecho Laboral, en la fuerza de trabajo, hay manera, incluso, de defender a los obreros; pero no hay forma de defender, porque están incluidos ya en el Presupuesto, a los trabajadores de la Dirección de Trabajo y Previsión Social.

Todos los obreros pueden tener representantes que los defiendan; pueden, incluso, acudir a los mismos tribunales de la Dirección de Trabajo, a las Juntas; pero a los trabajadores de la Dirección de Trabajo y Previsión Social ustedes son los únicos que los pueden defender en esta aprobación del Presupuesto; son ustedes los únicos que pueden aprobar o rechazar una partida para toda esa Dirección, de 3 millones 322 mil pesos anuales.

En todo el Presupuesto del Distrito Federal, en todas las partidas, hay aumentos considerables. En ésta hay un gigantesco aumento de mil pesos mensuales (doce mil pesos al año); a los inspectores de Trabajo, a quienes son llamados por los representantes del Trabajo también por los representantes patronales, a que investiguen determinadas violaciones, ganan 1,410 pesos mensuales.

¿Es posible establecer la justicia, darle vigencia plena al derecho laboral, darle vigencia plena a la justicia social, en estos salarios? ¿Qué, es posible que un presidente de la Junta, con 3 mil pesos mensuales, no se haga, incluso, solidario del inspector que va a tener arreglos con los patrones por la miseria en que lo tienen? ¿No es posible esto?

Yo creo, señores diputados, que si ustedes, si nosotros, no metemos la mano en esto, no rectificamos estas partidas, no se puede establecer la justicia en México, no se puede dar la justicia. Ciertamente, ciertamente, hemos avanzado mucho, mucho en este terreno. Lo reconocemos.

¿Quieren ustedes que les digamos con toda franqueza, con toda claridad, que como nunca se han hecho obras en el Distrito Federal? ¿Eso quieren

que les digamos? Muy bien, lo decimos, sí. No tenemos ningún empacho en reconocer estas cosas; pero de eso a que vengan estas partidas, y luego aquí, las Comisiones, con manos de mago, saquen información que han ido a recoger por otro lado, hay mucha diferencia. No estamos para hacerle al mago, nosotros no somos magos.

Yo les ruego que consideren la partida para la Dirección del Trabajo y Previsión Social, y piensen si es justo que ustedes den su voto aprobatorio a este renglón. Muchas gracias. (Aplausos.)

El C. Presidente: Se concede el uso de la palabra al diputado Rubén Moheno.

El C. Moheno Velasco, Rubén: Señor Presidente, señores diputados:

No podemos menos que estar gratamente sorprendidos del cambio perceptible operado en el señor diputado Jacinto Guadalupe Silva. Cuando el año pasado vino, irritable, no nos dejó la misma impresión que ahora. Hoy ha venido ponderado, supongo que su militancia en su partido le ha mejorado el carácter, para no hablar de los modales.

No habiendo habido, en realidad, por parte del señor diputado Jacinto Guadalupe Silva ninguna impugnación al principio, nos viene a hacer un reclamo, no de derecho, y a pesar de la apología que él le niega a la Revolución es consecuente con ella, y nosotros le agradecemos mucho que no haga la apología de la Revolución; pero, a pesar de la apología de las técnicas presupuestales, nos hace un llamamiento, no técnico ni de derecho, sino, dice él o quiere decir, de conciencia. Y hace una serie de consideraciones, tal vez alentado por el caso de Quintana Roo, de ayer, de que aún después de los hechos pueden remediarse las cosas. Pero se queja de que aquí no vienen los informes y que la Comisión realiza milagros. No, señor diputado Guadalupe Silva, la Comisión sabe con quién tiene que vérselas, y como desempeña su función con entereza, con probidad y con pasión, se informa en las fuentes de donde emanan esas cifras, para contestar a ese reclamo base, de etiqueta, de cuentachiles...

El C. Gómez Mont, Felipe (interrumpiendo): Microeconómicos.

El C. Moheno Velasco, Rubén (continuando): Microeconómicos se dice de manera elegante, en términos económicos. Pero nuestro pueblo, que tan dignamente representa el señor diputado Gómez Mont y que hace suyas todas sus cosas populares, reduce ese término tan académico y elevado; habla de cuentachiles; por eso lo usamos, en este caso, para identificarnos con la pasión popular del señor diputado Gómez Mont.

Los apoderados de la justicia niegan, sistemáticamente, que exista, por cuanto ello nada de servicio ni nada bueno significa. Para ellos no hay cara bonita en ese orden de ideas, ni hombre honrado, ni reputación respetable; pero, nosotros venimos a decirles que el disfrute de la justicia no es un problema de tabuladores ni de tarifas. Que el disfrute de la justicia, cuando se tiene conciencia de hombre honrado, no ésta sujeta a los tabuladores ni a los precios.

Sabemos que hay justicia mal pagada. Quisiéramos, al igual de los señores diputados de Acción Nacional, que estas condiciones mejoraran; pero, ¿a quién de nuestro pobre pueblo, a qué sector despojamos, le jalamos la cobija para dársela a los señores magistrados?

Hemos de repetir nuestro argumento de ayer, sin originalidad, pero con eficacia: la Patria es grande, las necesidades muchas, pero la cobija es chica.

Si a él le parece, al señor diputado Guadalupe Silva, le parece mínimo y despreciable un salario por estar en el templo de Temis, por miserable, de $ 3,000.00 mensuales, ¿qué piensa de los millares y casi de los millones de mexicanos que viven con $ 800.000? No sé por qué asociación infortunada de ideas el señor diputado Gómez Mont establecía un paralelo entre los dentistas, las gentes que cuidan la dentadura y los juristas, los magistrados, los servidores de la justicia. Yo no quiero pensar que hay un subconsciente revelador, más bien creo que hay una infortunada similitud, pero el paralelo es de él. Yo no he hecho más que ponerlo de relieve, recordarlo.

Por cuanto a la pregunta dramática y generosa del señor diputado Guadalupe Silva, de que si lo señores diputados, obreros y proletarios, están presentes en esta asamblea, no defenderían a los compañeros lo mismo a los servidores del Estado que a los de las instituciones privadas, nosotros hemos de decir: esa Revolución, de la cual agradecemos mucho al señor diputado Silva que no intente su apología, a pesar de que ha hecho elogio de la carrera del Departamento del Distrito Federal, cosa que marginalmente le agradecemos mucho, le diremos que existen organizaciones obreras, nacidas de la Revolución, estatuto jurídico nacido de los gobiernos revolucionarios, y una lucha de carácter histórico que nace para defender esos intereses, que no necesitan de la intervención publicitaria del señor diputado Guadalupe Silva.

Se pide, concretamente, una ampliación, porque ésa será una bandera de publicidad de tres millones doscientos mil pesos, y vuelvo a insistir: la justicia, a ese precio, para las medradas posibilidades de nuestro pueblo, va resultando un poco cara. o qué, ¿se trata de establecer una competencia entre el ejercicio profesional médico y el del abogado y el del ingeniero, y cada uno jalar por su lado, rompiendo toda la estructura armónica de lo que es la ciudadanía Mexicana? ¿De dónde tomaremos esos tres millones doscientos mil pesos? ¡Qué fácil es un reclamo de este tipo, qué fácil es satisfacerlo!, y ante el escrúpulo saludable de saturación, de higiene cívica, de que tuviera este argumento, aparte nuestras escaseces, servir de bandera publicitaria de partido, lo que haría decaer el espíritu cívico de México; yo vengo a decir a los señores diputados de Acción Nacional no lo ampliaríamos, no consentiremos en ello y, por intransigencia, quisiéramos más, pero hay un reclamo de clases sociales mexicanas despojadas que no deben enriquecer las togas de los magistrados. Muchas gracias. (Aplausos.)

-La C. secretaria Anderson Nevárez, Hilda: La Presidencia, por conducto de la Secretaría, pregunta si se considera suficientemente discutido el asunto.

En votación económica, favor de manifestarlo.

Suficientemente discutido el artículo 1o. Se va a proceder a tomar la votación nominal. Por la afirmativa.

El C. secretario Colín Sánchez, Mario: Por la negativa.

(Votación.)

-La C. secretaria Anderson Nevárez, Hilda: ¿Falta algún ciudadano diputado de votar por la afirmativa?

El C. secretario Colín Sánchez, Mario: ¿Falta algún ciudadano diputado de votar por la negativa?

Se procede a recoger la votación de la Mesa.

(Votación.)

-- La secretaria Anderson Nevárez, Hilda: Fue aprobado el artículo 1o. por ciento cincuenta y seis votos de la afirmativa contra dieciséis de la negativa.

El C. Presidente: se concede el uso de la palabra al diputado Gómez Mont, para impugnar el artículo 3o.

El C. Gómez Mont, Felipe: Señores diputados: He reservado el artículo 3o. en tanto cuanto que éste implica una cesión de derechos que no podemos realizar y al mismo tiempo establece un sistema presupuestal, pernicioso, en tanto cuanto que contraría el espíritu de la Constitución.

Uno de los documentos políticos más importantes de México es aquel en el cual don Venustiano Carranza remite al Constituyente el proyecto de la Constitución de 1917, su análisis claro y positivo sobre el sistema parlamentario, su comparación con el régimen presidencial y las grandes desviaciones que ha tenido en México contra las que se levantó la Revolución de 1910 y en esa iniciativa el héroe de Cuatro Ciénegas encontró el que le dio mayor consistencia jurídica. Señaló que el Presidente de la República debía de ser un organismo fuerte políticamente, pero que subsistía la división de poderes de que hablábamos en sesión pasada y conservaba el principio del manejo presupuestal a través de la aprobación de la Cámara de Diputados.

Era el equilibrio del Poder que no puede entender el que, hablando de los equilibrios de los litigantes, se olvida de los equilibrios de los políticos.

Pues bien, el artículo 3o. viene a establecer claramente la terminación, en una forma abdicante, del régimen constitucional de equilibrio de manejo del presupuesto. Establece que para el caso en que los ingresos del Departamento del Distrito Federal para 1966 excedan del presupuesto aprobado, el jefe del Departamento del Distrito Federal, mediante autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, deberá hacer erogaciones adicionales hasta por el importe de dichos excedentes en los grupos fundamentales de autorización mencionados en el artículo 18 de la Ley de Presupuesto de Egresos de la Federación.

Va a haber excedentes; nuestra experiencia, el conocimiento de nuestra economía, la autorización de la Ley de Ingresos, establece claramente un excedente y ese excedente va a ser manejado fuera de los marcos constitucionales.

Se le da ingerencia, en los problemas del Distrito Federal, a la Secretaría de Hacienda; se elimina, de la fijación de esas partidas y del gasto público; a aquel en quien reside el gobierno del Distrito Federal, que es el señor Presidente de la República. Simple y sencillamente va a ser, con la aprobación del ministro de Hacienda, que se creen partidas que se van a destinar sin restricción alguna, a un acuerdo que no tendrá más limitación que la propia voluntad del autorizante y del ejecutor, porque el artículo 18 de la Ley de Egresos establece, como grupos fundamentales de autorización, los siguientes:

'Servicios personales, compra de bienes para administración, servicios generales, transferencias, adquisición de bienes para fomento y conservación, obras públicas y construcciones, inversiones financieras, erogaciones especiales y cancelación de pasivo.'

Y aquí cabe todo. Así, pues, en su primera parte se abandona una táctica, válida constitucionalmente, de pedir las ampliaciones de los presupuestos en todo régimen de tipo constitucional como el nuestro. No va a quedar el arbitrio del encargado de ejecutar la administración la aplicación que haga de los fondos excedentes. ¿Por qué? Porque el artículo 74 de la Constitución sólo a nosotros nos da la facultad de aprobar previamente el presupuesto; es función exclusiva, facultad exclusiva, de la Cámara de Diputados, aprobar el presupuesto anual de gastos. Y esta delegación de facultades no tiene validez constitucional y no podrá hacerse, válidamente, ningún pago, porque el artículo 126 de la Constitución claramente viene a determinar que sólo podrán hacerse los pagos previstos en partida presupuestaria.

Al efecto, nos establece : 'No podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto o determinado por Ley posterior'. O sea, que los gastos que nosotros aprobamos hoy día sólo pueden modificarse por una Ley posterior del Congreso. Se amplía a más allá de la Cámara de Diputados.

Entonces, estamos delegando aquello que ni siquiera tenemos facultad de hacer: la disposición de los fondos no previstos en el presupuesto expresamente.

Pero aún es más: defectuoso o no el sistema de pedir la ampliación de presupuesto cada año apenas se iniciaba, o durante las primeras actividades del período parlamentario.

Ahora se viene a establecer que el Ejecutivo dará cuenta a la Cámara de Diputados de las erogaciones que haya efectuado con base en esta disposición, al presentar el proyecto de presupuestos de Egresos para 1967, o sea, señores, que va a haber una etapa de once meses y medio en que se va a disponer de los excedentes, y se da únicamente un aviso a la Cámara de Diputados sobre el ejercicio de partidas adicionales, y no ya expresamente, como se hizo este año en un documento específico, sino en una iniciativa de Presupuesto de Egresos por el año de 1967. Y aquí estamos alterando, creando la confusión, y éste es un sistema hacendario que, puedo repetir, económicamente, es muy cómodo; política y jurídicamente, es absurdo y contradictorio.

El párrafo siguiente no merece comentario; lo impone la Constitución o sea la obligación del Ejecutivo de dar cuenta, de incluir en las erogaciones, en la Cuenta de la Hacienda Pública, aquellas partidas de que se haya dispuesto en esta forma.

Pero reitero, en síntesis: constitucionalmente, no hay más que dos caminos de orientar el gasto público. Por el presupuesto iniciado por el Ejecutivo y aprobado por nosotros, y sólo modificado por Ley posterior, a pesar de lo que diga en contrario la Ley Federal de Egresos, y los funcionarios que los andan asesorando por ahí (de las oficinas de la Tesorería creo que es el de hoy), o una ley posterior que es acto de Congreso, que crea una función y le señala un puesto para ejercerse ese gasto en el presupuesto. Y si nosotros delegamos en la Secretaría de Hacienda, si nosotros delegamos en el Jefe del

Departamento del Distrito Federal la función de que todos los excedentes se usen y se abusen, y el abusar quiere decir no tener límite; no disposiciones indebidas para que no entiendan mal las cosas. El hecho de que se usen y abusen los fondos excedentes en una autorización del Secretario de Hacienda para el jefe del Departamento del Distrito Federal, hace esa función inconstitucional, esa delegación indebida, y a nosotros el estar dejando de cumplir con los deberes que la Constitución nos impuso.

Por estas razones nosotros votaremos en contra también en lo particular por la denegación de esta Cámara para cumplir los deberes que la Constitución le impone y que el pueblo le tiene que exigir. (Aplausos.)

El C. Rodríguez, Luis Dantón: Pido la palabra.

El C. Presidente: Se concede la palabra al C. diputado Dantón Rodríguez.

El C. Rodríguez, Luis Dantón: El presupuesto para el Distrito Federal que corresponde al ejercicio fiscal de 1966, y que esta asamblea acaba de aprobar en lo general, establece un gasto de dos mil cien millones. Este gasto corresponde a los ingresos estimados en la Ley de Ingresos, para el mismo ejercicio, por la cantidad de dos mil cien millones de pesos.

No se puede presumir un compartimiento de algo que todavía no se sabe si va a existir. De tal manera que es aventurado y peregrino decir que se va a usar y abusar de un ingreso que todavía no se obtiene. El artículo tercero del presupuesto, para el ejercicio fiscal del 66, contempla el caso de que, durante el ejercicio, las estimaciones calculadas para los impuestos, productos y aprovechamiento, superen a las cifras, que se han calculado. En el caso de que esto así ocurra se faculta al jefe del Departamento y al secretario de Hacienda, que es el titular facultado por la Ley Orgánica del Presupuesto, para disponer, lícitamente, de estos ingresos excedentes. En esa virtud está justificado el artículo tercero, que no deja en el aire, que no deja en la precaria situación de emplear o no emplear los ingresos excedentes, sino que determina que cuando esto ocurra deban éstos ajustarse a las disposiciones de la Ley Orgánica y del Reglamento.

¿Por qué el secretario de Hacienda? ¿Por qué el capítulo correspondiente a la ejecución del Presupuesto de la Ley Orgánica, que norma su conducta pública, es la Secretaría de Hacienda y Crédito? ¿O quién deberá autorizar los gastos cuando existan unas partidas autorizadas y suficientes ingresos para sufragar esto? En consecuencia, con el artículo séptimo del Reglamento, se establece que no será lícita la expedición de órdenes de pago, con cargo a partidas del Presupuesto, sin que exista un saldo suficiente.

En consecuencia, el artículo tercero, que contempla el Presupuesto aprobado para el ejercicio de 1966, quiere establecer la licitud en el ejercicio, en el caso de que existan excedentes en los egresos.

No pretendo realizar rupturas de orden constitucional, sino señalar la conducta que deberá seguir el jefe del Departamento para el caso de que la recaudación, estimada en 2,100 millones de pesos, exceda esa cantidad.

Creo que en la tarde de hoy muchos fantasmas, muchas imaginaciones se han volcado en el pensamiento de los opositores a esta iniciativa. ¿Qué más quieren encontrar detrás del Presupuesto? ¿Qué quieren que se les revele? Estrictamente, el Presupuesto es un plan de gastos, gastos que deben ejercerse de acuerdo con los textos de la ley. Esos gastos deberán ser autorizados por la Cámara de Diputados para darles plena legalidad en su ejercicio.

Este es el acto simple, sencillo, llano y consciente que estamos realizando; no veamos detrás de las cifras o detrás de la estructura presupuestal un doble sentido. Parece que en cada acto que se revisa en esta Cámara el PAN ve una sombra que puede pervertirlo o desviarlo.

Veamos las cosas como son: en el año de 1965 nos estamos preocupando por reflexionar en los problemas que habrán de resolverse en el año de 1966; estamos dándole al Ejecutivo los instrumentos legales para su ejercicio.

En el año de 1966 discutiremos y analizaremos la forma y el cumplimiento que se les dio a estos instrumentos que nosotros ahora le otorgamos. No veamos en cada acto que nos envía el Ejecutivo una doble intención, porque en ese caso tendríamos una doble oposición; aquella que viene a discutir la evidencia de los hechos y aquella otra que se prepara en la obscuridad del gabinete para encontrar dobles intenciones en todos los actos que el Ejecutivo envía al Poder Legislativo. (Aplausos.)

-La C. secretaria Anderson Nevárez, Hilda: Por instrucciones de la presidencia la secretaría pregunta si se considera suficientemente discutido el artículo 3o. Los que estén de acuerdo sírvanse manifestarlo.(Pausa.) Suficientemente discutido. Se procede a tomar la votación nominal. Por la afirmativa.

El C. secretario Colín Sánchez, Mario: Por la negativa.

(Votación.)

- La C. secretaria Anderson Nevárez, Hilda: ¿Falta algún ciudadano diputado de votar por la afirmativa?

El C. secretario Colín Sánchez, Mario: ¿Falta algún ciudadano diputado de votar por la negativa?

Se procede a recoger la votación de la Mesa.

(Votación.)

- La C. secretaria Anderson Nevárez, Hilda: Fue aprobado el artículo 3o. por ciento cincuenta y seis votos de la afirmativa contra dieciséis de la negativa.

Se procede, a continuación, a recoger la votación nominal de los artículos del proyecto que no fueron impugnados. Por la afirmativa.

El C. secretario Colín Sánchez, Mario: Por la negativa. (Votación.)

- La C. secretaria Anderson Nevárez, Hilda: ¿Falta algún ciudadano diputado de votar por la afirmativa?

El C. secretario Colín Sánchez, Mario: ¿Falta algún ciudadano diputado de votar por la negativa?

Se procede a recoger la votación de la Mesa.

(Votación.)

- La C. secretaria Anderson Nevárez, Hilda: Fue aprobado el proyecto de decreto, en lo particular, de los artículos no impugnados, por 158 votos de la afirmativa contra 16 de la negativa. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

El C. Presidente: Se concede el uso de la palabra al señor diputado Lombardo Toledano.

El C. Lombardo Toledano, Vicente: En el mes de diciembre de 1962 el Partido Socialista, a través de su diputado el profesor Manuel Stephens García, presentó una iniciativa a la Cámara de Diputados que proponía la anulación o derogación del artículo 145 del Código Penal que habla del delito de disolución social.

Ese mismo mes y en las sesiones posteriores, el diputado Stephens García insistió en que debía ser dictaminada la iniciativa que habíamos presentado. Y en el año de 1963 hizo lo mismo; pero no fue objeto de dictamen y, por lo tanto, no se aprobó ni se rechazó nuestra propuesta.

Al inaugurarse esta Legislatura hice referencia a esa iniciativa ya vieja y exhorté, en nombre de la diputación del Partido Popular Socialista, a las comisiones que debían examinarla para que la estudiaran y presentaran a la consideración de esta asamblea su dictamen.

Después de ese llamamiento, en varias ocasiones he insistido en que esta cuestión, que interesa a grandes sectores de la sociedad mexicana, fuera considerada con la significación que tiene. Pero no hemos logrado nada a pesar de todo, y faltan unas horas para que las labores de la Cámara de Diputados, en este período de sesiones de 1965, concluyan.

Nosotros, los diputados del Partido Popular Socialista, hemos venido luchando, desde hace muchos años, por la derogación del delito de disolución social. No es necesario repetir la historia de esta figura delictiva incorporada en el Código Penal; pero sí vale la pena recordar el proceso de la cuestión, porque es ya inaplazable un juicio sobre el delito de disolución social, que debe exponer el órgano representativo del pueblo mexicano.

Durante la Segunda Guerra Mundial el Presidente de la República, general Manuel Avila Camacho, dictó una serie de medidas, de leyes y disposiciones llamadas de emergencia, para impedir las actividades de los elementos partidarios de las potencias encabezadas por la Alemania nazi. Había grupos que actuaban en México de manera constante y peligrosa para nuestro país. Una de esas leyes fue la que contenía el delito de disolución social; pero se cometió el error técnico de incorporarla en una ley permanente como es el Código Penal.

Por esa causa, cuando la guerra concluyó y fueron derogadas las leyes de emergencia, la que contenía el delito de disolución social se mantuvo. En el año de 1949, durante la administración del presidente Miguel Alemán, el delito de disolución social sufrió una enmienda. De acuerdo con ella ya no había de castigarse a los partidarios del fascismo, sino a los partidarios de las ideas sociales avanzadas. ¿Por que este cambio?

Porque estalló la guerra fría tan pronto como Harry S. Truman asumió la presidencia de los Estados Unidos y anunció a los presidentes de las Repúblicas de la América Latina que la Tercera Guerra Mundial era cuestión de meses y que deberían tomar medidas eficaces para enfrentarse a ese evento de tanta importancia.

Si el delito de disolución social era una figura extraña a nuestro Código Penal, la enmienda que sufrió no sólo era extraña, sino que iba en contra de las garantías individuales de la Carta Magna. Por eso, desde el primer día en que entró en vigor esa reforma al artículo 145, empezamos a combatirla.

No quiero hacer historia de la aplicación del delito de disolución social. Habría mucho que hablar a este respecto. Lo que quiero es que me digan los miembros de las Comisiones, a quienes fue turnada nuestra iniciativa, qué han hecho con ella. Porque esta Legislatura, que tanto trabajo ha realizado liquidando el rezago, como se llama a los papeles que no han sido considerados en mucho tiempo, no puede ignorar que hay iniciativas, como ésa nuestra, de una gran significación, y que no pueden ser tratadas en condiciones inferiores al rezago de papeles inútiles.

Seguimos pensando que el llamado delito de disolución social debe suprimirse, yo he discutido con algunos miembros diputados del PRI esta cuestión muchas veces, y con altos funcionarios del gobierno de nuestro país. Les he expresado que no estamos en contra de que existan figuras delictivas para proteger la seguridad del Estado, porque bajo cualquier régimen social y en cualquier país del mundo existen. Pero de eso a que se mantenga un delito que llega a la aberración jurídica, porque castiga las intenciones de las personas, que pueden ser calificadas por la policía, hay una enorme diferencia.

Yo sé que nuestro Código Penal tiene una larga historia y que habría que revisarse todo su capítulo relativo a los delitos contra la seguridad del Estado, porque encierra figuras jurídicas incompletas, inservibles o ineficaces.

Por todo esto y porque nosotros tenemos que seguir luchando hasta el último momento porque el delito de disolución social, tal como está redactado, no forme parte del derecho público, interrogo de un modo respetuoso a los miembros de las Comisiones que han examinado el asunto, para conocer la opinión a la que han llegado, para que no sólo la Cámara de Diputados la conozca, sino también el pueblo de México.

Este problema no es un problema de partidos ni de facciones. Contra el llamado delito de disolución social se han pronunciado muchos partidos, agrupaciones, instituciones, organismos de juristas, de intelectuales, de personas que se preocupan por el presente y el futuro de nuestro México. El problema ha rebasado hace tiempo los límites de los partidos. Lo mismo la izquierda que la derecha y el centro y las más diversas corrientes de la opinión se han pronunciado en contra del delito de disolución social.

Interrogo, pues, a las Comisiones que han examinado la cuestión para que informen sobre su labor a este respecto.

El C. González Sáenz, Leopoldo: Pido la palabra.

El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado González Sáenz.

El C. González Sáenz, Leopoldo: Ciudadano Presidente, honorable Asamblea:

Es verdad que en una de las últimas sesiones del período próximo pasado hube de venir, como vengo ahora, en mi condición de presidente de la Comisión de Justicia, a contestar los requerimientos del diputado Lombardo Toledano para que resolviera este

expediente en el que se demanda la abrogación del artículo 145 del Código Penal, que prevé y tipifica el discutido, el controvertido delito de disolución social.

Aclaramos: en aquella ocasión que se trataba de una vieja iniciativa que nos llegó junto con el rezago que nos legara la Cámara anterior y que fue presentada y suscrita por el ex diputado Manuel Stephens García, como lo dijera el licenciado Lombardo Toledano, que entonces era representante del Partido Popular Socialista en esta Cámara. Ofrecimos entonces estudiar con interés, con detenimiento y con el mayor cuidado, este problema, pues reconocíamos que se refería a un tema interesante que había suscitado los más apasionante debates entre los intelectuales, los juristas, los columnistas y los estudiosos de las disciplinas penales.

Pero, aclaramos: entonces advertimos, mejor dicho, la Comisión no veía la prisa que hubiera en resolver un expediente como éste, en el que se demandaba la derogación de un delito que se había instituido con carácter provisional desde hacía más de 20 años y que se había incorporado, definitivamente, porque el debate se había fincado desde hacía muchos años.

Por esa razón es que la Comisión no ha querido precipitarse en la elaboración de su dictamen, porque se quiere que el dictamen sea el resultado de un estudio profundo y meditado, que venga, de una vez por todas, a poner fin a todas las inquietudes que se despertaron en torno a ese problema. Se quiere que el dictamen sea presentado de manera clara ante la conciencia pública del país, la convicción de que un problema como éste lo estudiáramos exhaustivamente, a fondo, en todos sus aspectos, con la responsabilidad de mexicanos amantes de nuestra libertad, de nuestra estabilidad y también, ¿por qué no decirlo?, celosos de otorgar al Estado la protección que el Estado necesita y de preservar y garantizar la estabilidad de nuestras instituciones, de nuestro régimen democrático y de nuestros órganos constitucionales.

Con este propósito la Comisión ha venido recogiendo todos los materiales, la información, los antecedentes, la bibliografía relacionada con el caso, no sólo lo que procede de los sectores interesados en que el delito se derogue, sino también de aquellos que piensan que la norma jurídica debe conservarse para, en esa forma, estar en condiciones de formarnos un juicio y de darle la mayor fuerza, la mayor solidez a la fundamentación de nuestro dictamen.

En el trabajo, y en la recopilación que hemos hecho hasta ahora, hemos encontrado algunas observaciones, algunas de ellas un tanto curiosas, pero indicativas, entre ellas, la de que esta polémica a que nos referimos no se remontó a los orígenes del delito de disolución social.

Cuando el delito, inicialmente, fue instituido en nuestro Derecho con carácter transitorio, como parte de la legislación de emergencia que desde hace aproximadamente 20 años expidiera el ex Presidente Avila Camacho, con el propósito, como lo dijera el licenciado Lombardo Toledano, de contrarrestar la acción subversiva de los agentes nazifascistas en México, en aquel entonces no hubo protestas de ninguna naturaleza. Las protestas surgieron más tarde cuando, 5 años después, no por error técnico, sino porque se consideró exigencia nacional, se incorporara al texto definitivo de nuestra legislación penal este delito; no ya con el propósito de perseguir a los agentes del nazifascismo, que ya estaban material y militarmente sepultados, sino para perseguir y contrarrestar la acción de otros agentes, de otros mismos, a los que también les da con frecuencia por subvertir el orden y por tratar de alterar la tranquilidad pública. (Aplausos.)

Cabe resaltar también que la iniciativa del Partido Popular Socialista sólo contiene un único artículo, concebido escuetamente en dos renglones, en los que se propone que se derogue el artículo 145 del Código Penal, pero en ella no se agrega ni se sugiere ninguna fórmula, ninguna solución, ninguna nueva norma que venga a garantizar la posesión, por parte del Estado, de los instrumentos que el propio Estado necesita para su defensa.

Es bien sabido, compañeros diputados, que el derecho a la represión por estos delitos, con los que se atenta en contra de la personalidad del Estado, con los que se ofende el honor y la dignidad del Estado, es tan antiguo como el Estado mismo. En todos los tiempos, en todos los lugares, toda agresión contra la existencia del Estado, o contra su seguridad, se ha clasificado como un grave delito y se ha sancionado severamente.

Esto es fácilmente comprensible. No se puede creer en el Estado, ni en su necesidad, en la necesidad del Estado como presupuesto sin el cual el hombre no puede cumplir sus altas finalidades materiales y espirituales, si se permite que impunemente se le ofenda, se le ponga en peligro, se menoscabe su seguridad o se amenace el funcionamiento de sus órganos fundamentales.

La estabilidad de un gobierno depende, al mismo tiempo que de la prudente tolerancia de su conducta, de la energía y la firmeza de sus determinaciones.

Cuando un régimen no inspira ya respeto, cuando un régimen pierde autoridad moral, se vuelve débil, incapaz de hacerse obedecer, ese régimen está perdido inevitablemente.

El pueblo confía en el poder cuando el poder es efectivo; el pueblo le otorga respaldo a su gobernante cuando el gobernante le garantiza estabilidad, coexistencia y libertades. De todo ello dependen, es innegable, el orden, el progreso y la tranquilidad pública.

Es por ello que de haberse abocado la Comisión a la solución de este problema, en los términos tan simples en que está concebida la iniciativa del Partido Popular, hubiera tenido necesariamente que rechazarla. Sin embargo, no queremos nosotros actuar con ligereza en la solución de un problema como éste, cuya complejidad y cuya trascendencia somos los primeros en reconocer.

Creemos que no debe hablarse solamente de derogar el artículo 145. El diputado Lombardo Toledano habló, en esta tribuna, de que deseaban que el artículo de referencia fuera modificado; sin embargo, eso no se desprende del texto de la iniciativa. Sólo hablan de derogación escueta del artículo 145, cuando debe hablarse, también, de robustecer y perfeccionar los instrumentos con que el Estado cuenta para preservar su estabilidad. Debe buscarse una fórmula eficaz y adecuada que, sin menoscabo de

nuestros principios democráticos, sin restringir, en ninguna forma, nuestras garantías individuales, sea capaz de canalizarla en una norma inspirada en el respeto más absoluto a la moral, a los derechos de terceros y a la preservación de la paz y del orden público; porque si esto no ocurre de esta manera, si en forma escueta y simple nos limitamos a derogar el artículo 145, corremos el riesgo de que nuestra libertad se convierta en un libertinaje delictuoso.

Las limitaciones las impone la Ley. No es posible concebir libertades absolutas sin reservas ni limitaciones. Al amparo de la libertad de comercio nadie puede dedicarse tranquilamente a vender drogas o estupefacientes; al amparo de la libre expresión del pensamiento nadie puede calumniar ni difamar a los demás; al amparo de la libertad de conciencia ni se puede crear una nueva inquisición ni se puede tampoco perseguir a los creyentes o a los descreídos. Ello equivaldría a atentar contra la libertad en nombre de las libertades.

La libertad auténtica no tiene nada que ver con el libertinaje; la libertad supone un orden en el que la libertad y los derechos básicos de la persona humana pueden coexistir con la libertad y los derechos básicos de las demás personas.

Precisamente, la coexistencia de las libertades individuales es lo que constituye y da la fuente y medida de la limitación de todas las demás libertades.

Por otra parte, ya lo hemos dicho alguna ocasión, en todos los países del mundo, en sus ordenamientos penales mantienen figuras delictivas parecidas a ésta para preservar su integridad territorial o su soberanía, para preservar su libertad contra el libertinaje. Concretamente, en la Unión Soviética, que es un país socialista, existe un delito similar: se sanciona severamente con la pena de muerte. En los Estados Unidos, que es un país capitalista existe una disposición similar y se sanciona también severamente con la pena de muerte. En México tenemos este delito y la sanción sólo es una sanción temporal privativa de la libertad.

Obsequiar la iniciativa del Partido Popular, sin substituto eficaz que reemplace el artículo que se quiere derogar, equivale a desarmar al Gobierno.

Preciso es entender que éstas son medidas cautelares que toman todos los gobiernos; son medidas de seguridad inspiradas en razones de supervivencia política. Con estas medidas se busca prevenir en lugar de remediar.

Por ello es fácil encontrar cómo, de acuerdo con el artículo 145, cuya derogación se pide, basta con que aparezca la propaganda política subversiva o antinacional para que se considere de inmediato que está en grave peligro la personalidad del Estado.

Y esto es fácil comprenderlo, porque ¿para qué se va a esperar a que sobrevenga una rebelión a dar al traste con nuestro sistema de gobierno, con nuestras instituciones, si se puede prevenirla, atacando los actos preparativos o preliminares?

Obsequiar la iniciativa del Partido Popular, repito, sin un substituto adecuado que reemplazara el artículo cuya derogación se pide, equivale a desarmar, legalmente al Estado y a dejar en desamparo sus más importantes instituciones.

La Comisión, realmente, no se explica qué se pretende, adónde se va, qué se quiere, cuando se propone, a secas, la derogación del artículo 145 del Código Penal.

¿Se pretende, acaso, que nos pongamos una venda en los ojos? ¿Que el Estado mexicano abdique de su soberanía y de la fuerza tutelar y preventiva que la Constitución le da? ¿Se quiere, en aras de un liberalismo a ultranza, provocar y alentar rebeliones, levantamientos y cuartelazos, para llevar abajo el orden constitucional que nuestro pueblo se ha dado con tanto esfuerzo, con tanta sangre y con tanto heroísmo?

No, señores; no habremos de permitir que la libertad y que la democracia, con tanto esfuerzo y con tanto sacrificio ganadas, se conviertan en parapeto de los enemigos del orden y de la tranquilidad nacional.

La Ley no puede ni debe permanecer impasible o indiferente frente a los insensatos que atentan contra ella, y la democracia no puede convertirse tampoco en un sistema o un régimen político que permite que impunemente se le dinamite su estructura.

La Comisión Dictaminadora seguirá estudiando este expediente. Oportunamente habremos de presentar, sin estridencias, sin festinaciones, nuestro dictamen. Será un dictamen inspirado en un solo propósito, en el propósito primario y superior de México. (Aplausos nutridos y prolongados.)

XI

El C. González Villarreal, Marciano: Pido la palabra señor Presidente.

El C. Presidente: Se concede el uso de la palabra al señor diputado Marciano González Villarreal.

El C. González Villarreal, Marciano: Señoras diputados, señores diputados:

No arreo ni pienso arrear todavía mi vieja bandera de luchador. Vengo por los míos. El PARM me envía y el corazón me dicta venir a defender la causa de los hombres que lucharon por la Revolución; de los que crearon ese estado que hoy gozamos y que gozan hasta los mismos enemigos de la Revolución.

El año pasado entregué a esta Cámara una iniciativa que se llama Proyecto de Ley de Pensiones para los Veteranos de la Revolución. Ha transcurrido el tiempo más que suficiente y yo vengo a pedir, atentamente, encarecidamente, a la Comisión respectiva se sirva indicarme qué fallo ha caído o qué estudio han terminado precisamente sobre ese proyecto.

Es que hay delitos en mi conciencia, hay alaridos de hambre de los irredentos por haber servido a la Revolución. Parece mentira. Yo no acepto ninguna excusa, no quiero forjarla a mi capricho; podría hacerlo, pero no intento jamás invadir ni el suelo, ni el terreno ajeno; soy respetuoso de ellos y vengo, encarecidamente, a pedir a la Comisión respectiva se sirva informarme qué se ha hecho o qué se piensa hacer sobre eso. Yo llevo sobre mis hombros, y créanme ustedes que me ufano de llevarla, esa tarea; no quiero hincar la rodilla todavía, asomándome al sepulcro por mi edad, sin haber cumplido con ver eso que yo considero sagradísimo deber.

En consecuencia, y sobre la montaña de asuntos que esta Legislatura ha tenido, sobre el peso del trabajo que todavía a estas horas estamos realizando.

y seguiremos realizando con empeño y nobleza patriótica, yo ruego que se sirva informarme la Comisión qué hay sobre este particular, y pueden ustedes creer que lo haré sin intemperancias, con un clarín de cariño para los míos, pero que sea clarinada de amor y de reverencia a los que sirvieron a la Revolución y están casi vencidos por los años. Por ellos pido, con toda atención, se me informe qué se ha hecho o qué se puede hacer, antes de que estos infelices se doblen, ya que todos, todos, por su edad, están asomados al sepulcro. (Aplausos.)

El C. Presidente: Se concede el uso de la palabra a la Comisión.

El C. Covián Pérez, Miguel: Señor Presidente, señores diputados.

Con fecha 31 de diciembre de 1964 el señor diputado federal Marciano González presentó una iniciativa de ley de Veteranos de la Revolución; actualmente esa iniciativa está siendo estudiada por la Comisión de Estudios Legislativos que, dentro del enorme cúmulo de trabajo que tiene a su cargo, ha tomado un especial cariño, ésa es la palabra, un especial cariño por esta iniciativa.

En pláticas privadas le hemos expuesto al señor general Marciano González algunas ideas que en este momento voy a permitirme exponer ante toda la asamblea.

Nosotros guardamos no sólo admiración, sino reconocimiento y gratitud a los hombres que, a través de su sacrificio, a través de la lucha que llevaron a cabo en la etapa violenta de la Revolución, permitieron las transformaciones sociales que hombres de nuevas generaciones estamos viviendo y en muchos aspectos disfrutando.

Este solo motivo sería suficiente para que los miembros de la Comisión de Estudios Legislativos tuviéramos un especialísimo interés en dar una solución favorable a la iniciativa del señor general Marciano González; va en ello nuestro sentimiento, nuestra emoción y nuestra pasión; sin embargo, desde otro punto de vista, quienes tenemos esta responsabilidad debemos no dejarnos guiar tan sólo por estas emociones, debemos aplicar también, en lo posible, la razón y muy especialmente la razón jurídica.

En pocas palabras: la iniciativa del general Marciano González tiende a que los Veteranos de la Revolución pensionados, tanto militares como civiles, sean equiparados en sus percepciones a los haberes de la guarnición actual.

Este es uno de los aspectos importantes de la iniciativa.

El C. Marciano González (desde su curul): Me voy a permitir aclarar la posibilidad de que se trata, posiblemente porque no han entendido. Se trata precisamente de veteranos no pensionados, que son 972. Ahí tienen muchos de ellos...

El C. Covián Pérez, Miguel: Perdone usted, no lo escuché.

El C. González Villarreal, Marciano (desde su curul): Y 2,900 de veteranos y civiles, considerados veteranos civiles por una razón: porque se considera veteranos de la Revolución a aquellos que tienen precisamente la patente, y como ésos no la tienen, no se puede reconocerles el mismo derecho que tienen ellos para ser pensionados.

Así que son dos conceptos, los que están pensionados y son 972 y los civiles, para dar siquiera el salario mínimo a los veteranos civiles que no tienen la patente para que se les asimile en el proyecto de ley.

Son dos conceptos: uno, los que están pensionados, y pagar a ésos sin pagar a los civiles ese salario mínimo representa una suma, ¿ por qué no decirlo, si son alaridos de la conciencia, si son estrujamientos del corazón, que sentimos los que anduvimos con ellos? Pagar representa una suma de tres millones 972 pesos mensualmente.

El C. Covián Pérez, Miguel: Aquí tengo los datos, señor General, precisamente los tengo a la vista.

El C. González Villarreal, Marciano (sigue, desde su curul): Así es que quiero precisar cuáles son los veteranos civiles pensionados y cuáles son los civiles...Un simple acuerdo del Gobierno.

El C. Covián Pérez, Miguel: Ha sido muy importante la aclaración que nos ha hecho el señor general Marciano González. Yo quería referirme, precisamente, a que el estudio que él nos ha presentado ha sido tan acucioso que incluye ya algunas cifras acerca de a cuánto ascendería el gasto correspondiente al otorgamiento de ese aumento en las pensiones a quienes actualmente disfrutan de ellas, así como las percepciones para los pensionados civiles que no disfrutan de ellas en la actualidad.

Tenemos, además, algunas listas de las personas que, a juicio de la Agrupación denominada 'Unificación Nacional de Veteranos de la Revolución', tendrían derecho a disfrutar de la franquicia de la ley.

El expediente contiene, además, escritos de algunas otras agrupaciones de veteranos de la Revolución de distintas denominaciones y que presentan algunos puntos de vista, que es necesario también estudiar con detenimiento.

Las Comisiones han venido celebrando reuniones con los directivos de dichas agrupaciones, para conocer sus puntos de vista y tomarlos en consideración en el momento de emitir el dictamen.

Por otra parte, está en poder de la misma Comisión una iniciativa relativa a la Ley de la Legión de Honor Mexicana, que contiene algunos puntos de vista concordantes y otros discrepantes con la iniciativa presentada por el señor general Marciano González.

Explico todas estas circunstancias para que se entienda con claridad que no ha sido de ninguna manera negligencia de la Comisión, ni falta de interés de la misma en este asunto, por el cual no se ha llegado a dictaminar. Hemos puesto, repito, un profundo interés, un emocionado interés en llevar a una solución favorable esta iniciativa. Desgraciadamente, repito, el cúmulo de trabajo de la Comisión de Estudios Legislativos, y las dificultades técnicas que implica en sí misma la iniciativa a que nos referimos en este momento, nos ha impedido presentar un dictamen hasta este momento. Pero ofrecemos, a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, redoblar nuestros esfuerzos, para que sea éste uno de los asuntos a los que le demos una preferencia en el próximo período de sesiones, para que pueda ser sometido a la consideración de esta Cámara de Diputados.

El C. González Villarreal, Marciano (desde su curul): Yo querría, dado el alto concepto que tengo de usted y de los miembros de la Comisión, recibir

de sus labios la palabra de honor de que en el próximo período se resolverá este asunto.

El C. Covián Pérez, Miguel: Mi palabra de honor, señor general, que será este un asunto en el que pondré todo mi interés, todo mi cariño y toda mi decisión. (Aplausos.)

El C. Gómez Mont, Felipe: Pido la palabra.

El C. Presidente: Tiene la palabra el C. Gómez Mont Felipe.

El C. Gómez Mont, Felipe (desde su curul): Ya que se trata de recordar pendientes, por ahí hay un montoncito de los que el PAN ha propuesto.

-La C. secretaria Anderson Nervárez, Hilda: Señor presidente, la Secretaría informa que se han agotado los asuntos de la Orden del Día.

El C. Presidente (a las 21 horas): Se levanta la sesión y se cita para mañana, jueves 30, a las 10 horas.

TAQUIGRAFÍA PARLAMENTARIA Y

"DIARIO DE LOS DEBATES"