Legislatura XLVI - Año III - Período Ordinario - Fecha 19661111 - Número de Diario 22
(L46A3P1oN022F19661111.xml)Núm. Diario:22ENCABEZADO
MÉXICO D.F., VIERNES 11 DE NOVIEMBRE DE 1966
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Registrado como artículo de 2a. clase en la Administración Local de Correos, el 21 de septiembre de 1921.
AÑO III.- PERIODO ORDINARIO XLVI LEGISLATURA TOMO I.-NUMERO 22
SESIÓN DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS
EFECTUADA EL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 1966
SUMARIO
I. Se abre la sesión. Lectura de la orden del día. Lectura del acta de la sesión anterior, con aclaraciones del C. diputado Miguel Estrada Iturbide y de la presidencia. Se aprueba
II. Se turna a Comisión la solicitud del permiso para que el C. Vicente C. Roque Sedano pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Noruega, en Veracruz, Ver.
III. Invitación de la legislatura del Estado de Coahuila a la sesión, el día 15 del presente, en la cual el C. gobernador de la Entidad leerá el tercer informe de su gestión administrativa. Se designa Comisión
IV. Informes de las legislaturas de los Estados: de Oaxaca, Guerrero y Jalisco, la designación de sus respectivas mesas directivas para el presente mes. De enterado
V. Se turnan a Comisión las solicitudes de jubilación de los CC. Alfonso Fabila Guerra y María Engracia Román Murrieta, empleados de esta H. Cámara, y la solicitud de pensión de la C. María de los Angeles Zambrano viuda de Quiroga
VI. La H. Cámara de Senadores regresa el expediente, con la minuta proyecto de decreto, en el cual se adiciona el Código Penal para el Distrito y Territorios Federales en materia de fuero común y para toda la República en materia de fuero federal, con un Título de su Libro Segundo. El C. diputado Tulio Hernández Gómez solicita se considere este asunto de obvia resolución y por los mismo se dispensen los trámites. Se dispensan los trámites. En la discusión, el C. Fluvio Vista Altamirano explica las modificaciones realizadas por la H. Colegisladora. Se aprueba el proyecto de decreto. Pasa al Ejecutivo para los efectos constitucionales
VII. Se turna a Comisiones, e imprímase, el proyecto de reformas y adiciones a la Ley Reglamentaria del Apartado B. del Artículo 123 constitucional, suscrito por varios CC. diputados, miembros del P R I
VIII. Se turna a Comisiones, e imprímase, la iniciativa presentada por los diputados del P P S, que tiene por objeto incorporar en el Título Segundo de la Ley Federal del Trabajo un nuevo capítulo relativo al trabajo en los puertos marítimos
IX. Primera lectura a tres dictámenes, con proyectos de decreto, en los que se concede el permiso para que el C. Joaquín Garza Lewels acepte y desempeñe el cargo de cónsul honorario de los Países Bajos, en Monterrey, N. L., y los CC. Rafael Moreno Valle e Ignacio Morones Prieto puedan aceptar y usar las condecoraciones que les fueron otorgadas por gobiernos extranjeros
X. Primera lectura a tres dictámenes, con proyectos de decreto, por los que se concede jubilación a los CC. María Eugenia Ajuria Díaz, Enrique Arana y Aguirre y Genaro Rodríguez Vera, empleados del Poder Legislativo
XI. Segunda lectura a dos dictámenes, con proyectos de decreto, en los que se concede permiso al C. Marte R. Gómez para poder aceptar y usar la medalla Olímpica de Austria, que le fue conferida por el gobierno de dicho país, y a la C. María Yolanda Benítez Sánchez, para que pueda prestar servicios como recepcionista en la Embajada de los Estados Unidos de América. Se reservan para la votación nominal
XII. Segunda lectura a ocho dictámenes, con proyectos de decreto, en los que se concede jubilación a los CC. Concepción Correa Alvarez, Rogelio Hernández González, Elvira Moreno Gallardo, Carmen Carmona Vuelvas, Miguel Angel Olivero Yoldi, Victoria Aguilar Curiel, Guadalupe Ortega Silva y Alberto Aguilar Curiel, empleados del Poder Legislativo. Se aprueban éstos y los anteriores. Pasan al Senado de la República para los efectos constitucionales
XIII. Dictamen, con proyecto de decreto, emitido en relación con la Cuenta de la Hacienda Pública Federal por el ejercicio de 1965. Se dispensa la segunda lectura a solicitud del C. diputado Arturo López Portillo. Para fundamentar el dictamen hace uso de la palabra el C. diputado Antonio Cobos Panamá. A discusión, en lo general y en lo particular, previo acuerdo de la Asamblea, hacen uso de la palabra los CC. diputados Marciano González Villarreal, en pro; Adolfo Christlieb Ibarrola, en contra; Jorge Cruickshank García, en pro, y por la Comisión dictaminadora, Jorge de la Vega Domínguez. Suficientemente discutido se aprueba el proyecto de decreto. Para el Senado de la República para los efectos constitucionales
XIV. La Presidencia informa que, a invitación que les hiciera el Congreso Mexicano, visitará nuestro país una delegación del Congreso Nacional de la República de Guatemala y que oportunamente se designarán las comisiones que deberán atender a tan distinguidos visitantes. Se levanta la sesión
DEBATE
Presidencia del
C. LUIS DANTON RODRÍGUEZ
(Asistencia de 157 ciudadanos diputados.)
I
El C. Presidente (a las 13.00 horas): Se abre la sesión.
- El C. secretario Gámiz Fernández, Everardo:
"Cámara de Diputados.
Tercer Período Ordinario de Sesiones.
Orden del Día.
11 de noviembre de 1966.
Lectura del acta de la sesión anterior.
La Secretaría de Gobernación transcribe oficio de la de Relaciones Exteriores, en el que se solicita permiso para que el ciudadano Roque Sedano desempeñe funciones de cónsul honorario de Noruega, en Veracruz, Ver.
La cuadragesimatercera Legislatura del Estado Libre y Soberano de Coahuila invita a esta honorable Cámara de Diputados a la sesión solemne en la cual el ciudadano Braulio Fernández Aguirre, gobernador de la Entidad, rendirá el informe de su gestión administrativa.
Circulares de legislaturas locales.
Los ciudadanos Alfonso Fabila y María Engracia Román, empleados de esta Cámara de Diputados, solicitan su jubilación. La ciudadana María de los Angeles Zambrano viuda de Quiroga solicita pensión de gracia.
Minuta proyecto de decreto, que devuelve el Senado, relativo a la adición que aprobará esta Cámara al Código Penal.
Iniciativa de reformas a diversos artículos de la Ley Reglamentaria del apartado b) del artículo 123 Constitucional, suscrita por diputados a la XLVI Legislatura, miembros del Partido Revolucionario Institucional.
Iniciativa que incorpora en el Título Segundo de la Ley Federal del Trabajo un nuevo capítulo relativo al trabajo en los puertos marítimos, suscrita por los diputados a la XLVI Legislatura, miembros del Partido Popular Socialista. Dictámenes de Primera Lectura: De la Comisión de Servicio Consular y Diplomático, otorgando permiso a Joaquín Garza para que desempeñe el cargo de cónsul honorario de los Países Bajos, en Monterrey, N. L. Dos de la Segunda Comisión de Puntos Constitucionales, que conceden permiso a los ciudadanos doctor Rafael Moreno Valle, secretario de Salubridad y Asistencia, e Ignacio Morones Prieto, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, para aceptar y usar condecoraciones otorgadas por gobiernos extranjeros. Tres de las Comisiones Primera y Segunda de Hacienda, otorgando jubilación a los siguientes empleados de las Cámaras de Diputados y Senadores, María Eugenia Ajuria, Enrique Arana y Genaro Rodríguez Vera. Dictámenes a Discusión. De la Segunda Comisión de Puntos Constitucionales, concediendo permiso al ciudadano Marte R. Gómez para aceptar condecoración otorgada por el gobierno de Austria. De la Comisión del Servicio Consular y Diplomático, el que concede permiso a María Yolanda Benitez para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América. Ocho de las Comisiones Primera y Segunda de Hacienda, con proyectos de decreto, que jubilan a los siguientes empleados de esta Cámara: Concepción Correa, Rogelio Hernández, Elvira Moreno, Carmen Carmona, Miguel Angel Olivero, Victoria Aguilar, Guadalupe Ortega, y Alberto Aguilar.
De la Comisión de Presupuestos y Cuenta el emitido en relación con la Cuenta de la Hacienda Pública Federal por el ejercicio fiscal de 1965."
"Acta de la sesión efectuada por la H. Cámara de Diputados del XLVI Congreso de la Unión el día ocho de noviembre de mil novecientos sesenta y seis. Presidencia del C. Luis Dantón Rodríguez.
En la ciudad de México a las doce horas, con cuarenta y cinco minutos, del martes ocho de noviembre de mil novecientos sesenta y seis, se abre la sesión con asistencia de ciento setenta y cinco ciudadanos representantes, según consta en la lista que previamente pasa la Secretaría.
Lectura de la Orden del Día y del Acta de la sesión anterior, celebrada el día cuatro del actual, que sin debate aprueba la asamblea.
Se da cuenta con los documentos en cartera:
La Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que los CC. Rafael Moreno Valle e Ignacio Morones Prieto puedan aceptar y usar una condecoración que les fue conferida por gobiernos extranjeros. Recibo, y a la Comisión de Puntos Constitucionales en turno.
El H. Senado de la República envía la minuta proyecto de decreto, que concede jubilación voluntaria, de cinco mil cuarenta y dos pesos veintinueve centavos mensuales, al C. Enrique Arana y Aguirre jefe del Departamento de Secretaría y Comisiones del propio Senado. Recibo, y a la Comisión de Hacienda en turno.
Comunicación de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, a la que se acompaña copia del acuerdo número 732; acuerdo que, entre otras mociones, propone se celebre una Reunión Interamericana. De enterado. Dictamen, con proyecto de decreto, presentado por la Segunda Comisión de Puntos Constitucionales, que concede permiso al C. Marte R. Gómez para aceptar y usar la medalla Olímpica de Austria, que le fue conferida por el gobierno de dicho país. Primera lectura.
La Comisión del Servicio Consular y Diplomático suscribe un proyecto de decreto, que concede autorización a la C. María Yolanda Benítez Sánchez para que preste sus servicios como recepcionista, en la Embajada de los Estados Unidos de América. Primera lectura.
Nueve dictámenes, con proyectos de decreto, suscritos por las Comisiones Primera y Segunda de Hacienda, que conceden, de conformidad con lo que dispone el artículo 4o. transitorio del decreto que incorpora a los Funcionarios y Empleados del Poder Legislativo Federal al Régimen de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, jubilaciones voluntarias por los años de servicios prestados a la Federación, a los empleados del Poder Legislativo que a continuación se enumeran: de mil doscientos cuarenta y siete pesos noventa y dos centavos, a la C. Concepción Correa Alvarez, conserje de Primera, por más de veinticinco años. De mil ciento sesenta y nueve pesos noventa y seis centavos, al C. Rogelio Hernández González, intendente de segunda, por más de veinte años. De mil seiscientos sesenta y ocho pesos ocho centavos, a la C. Elvira Moreno Gallardo, archivista, por más de veinte años. De dos mil seiscientos sesenta y ocho pesos noventa y un centavos, a la C. Carmen Carmona Vuelvas, subjefe de Almacén, por más de treinta años. De mil quinientos sesenta y nueve pesos ochenta y cinco centavos, al C. Miguel Angel Olivero Yoldi, corrector de pruebas, por más de veinte años. De tres mil ochenta pesos, a la C. Victoria Aguilar Curiel, jefe de Oficina de Supervisión, por más de treinta años. De mil cuatrocientos noventa y seis pesos treinta y siete centavos, a la C. Guadalupe Ortega Silva, dobladora de Automática, por más de veinticinco años. De tres mil ochenta pesos, al C. Alberto Aguilar Curiel, supervisor Técnico, por más de treinta años, y, de mil novecientos ochenta y siete pesos veintiún centavos, al C. Teófilo Gaona Gutiérrez, supervisor Técnico, por más de veinticinco años. Primera lectura.
Segunda lectura al dictamen presentado por las Comisiones Unidas Primera de Gobernación, de Minas y de Estudios Legislativos, relacionado con el proyecto de reformas a la fracción II, del artículo 48 de la Ley General de Población, aprobado por la H. Cámara de Senadores, que concluye con dos puntos de acuerdo, que expresan: Primero. Que, en virtud de las razones expuestas en el cuerpo del dictamen no es de admitirse el proyecto mencionado, por lo que dicho precepto debe mantenerse con su redacción vigente y, Segundo. Que se devuelva el expediente respectivo a la H. Colegisladora para los efectos del inciso b), del artículo 72 de la Constitución Federal de la República.
A discusión los puntos de acuerdo de que consta el dictamen; no habiendo quien haga uso de la palabra, en votación nominal se aprueba por unanimidad de ciento setenta y seis votos. Regrésese el expediente al Senado para los efectos el inciso d), del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Dictámenes de la Segunda Comisión de Puntos Constitucionales, con proyectos de decreto, que conceden permiso al C. Gabriel L. Barranco para que acepte y use la condecoración de la Orden de Orange Nassau, que en el grado de Caballero le confirió el gobierno de los Países Bajos, y al C. Arturo Rosenblueth Stearns, para que acepte y use la condecoración de la Orden Nacional del Mérito que, en el grado de Caballero, le otorgó el gobierno de Francia. Segunda lectura.
A discusión; no habiendo se reserva para su votación nominal.
La Comisión de Relaciones Exteriores presenta un proyecto de decreto que autoriza al C. Ricardo Gutiérrez G. para que pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul del gobierno de los Países Bajos en la ciudad de Mérida, Yucatán. Segunda lectura.
A discusión; sin ella se reserva para su votación nominal.
Dictamen de la Segunda Comisión de Hacienda, con proyecto de decreto, que concede al C. J. Trinidad Deloya Bello pensión vitalicia de cuatrocientos cincuenta pesos mensuales, en mérito a los servicios prestados a la patria en la defensa del Puerto de Veracruz contra la invasión norteamericana, en el año de 1914. Segunda lectura.
A discusión, sin que motive debate se reserva para su votación nominal.
Nueve dictámenes de las Comisiones Primera y Segunda de Hacienda, conteniendo proyectos de decreto, que conceden jubilación voluntaria por los años de servicios prestados a la Federación a los empleados del Poder Legislativo que a continuación se detallan: Esther Cisneros González almacenista de Primera, más de treinta años, dos mil trescientos treinta y un pesos cincuenta y seis centavos. Leonor Acuña Saucedo, jefe de Departamento de Glosa, más de treinta años, cuatro mil setenta y dos pesos cuarenta y nueve centavos. Sergio de Anda Pedroza, jefe de Sección Técnica, más de treinta años, tres mil doscientos cincuenta y siete pesos cuarenta y siete centavos, Agustín Lavat Vences, jefe de Oficina de Supervisión, más de veinticinco años, dos mil setecientos diecisiete pesos treinta y tres centavos. Elías Villagómez Niño, jefe de Talleres, más de treinta años, tres mil seiscientos ochenta y tres pesos noventa y un centavos. Carlos Pulido Magaña, conserje, más de veinticinco años, dos mil pesos. Guillermo Bedolla Tárrega, jefe de Oficina de Supervisión, más de veinticinco años, dos mil setecientos diecisiete pesos treinta y tres centavos. Manuel García Mora, jefe de Departamento de Glosa, más de treinta años, cuatro mil setenta y dos pesos cuarenta y nueve centavos, y Vicente Ortiz Leaño, conserje, más de treinta años, dos mil trescientos cuatro pesos dieciséis centavos. Segunda lectura.
A discusión, en su orden; no habiendo quien haga uso de la palabra, en votación nominal se aprueban estos proyectos y los anteriormente reservados, por unanimidad de ciento setenta y ocho votos. Pasan al Senado y al Ejecutivo, según corresponda, para sus efectos constitucionales.
Dictamen, suscrito por las Comisiones Unidas Primera de Gobernación y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto, que propone se inscriba, con letras de oro, en los muros del Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión el nombre del general Francisco Villa.
Segunda lectura. A discusión al artículo único de que consta el dictamen.
Hacen uso de la palabra, en pro, los ciudadanos diputados: Raúl H. Lezama Gil, Rafael Estrada Villa, Luis G. Olloqui Guerra, Juan Barragán Rodríguez, Enrique W. Sánchez García, Vicente Lombardo Toledano, Vicente Fuentes Díaz y Enrique Ramírez y Ramírez. En contra, los ciudadanos diputados Vicente Salgado Páez y Guillermo Ruiz Vázquez, quien lo hace a nombre de los veinte diputados, miembros del Partido Acción Nacional. Para aclaraciones, los ciudadanos diputados Fluvio Vista Altamirano, Luis G. Olloqui Guerra, Rafael Estrada Villa, Vicente Fuentes Díaz y Federico Estrada Valera.
Suficientemente discutido, en votación nominal se aprueba el proyecto de decreto por ciento sesenta y ocho votos en favor y dieciséis en contra. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
En el transcurso de las intervenciones la presidencia hace llamados a las galerías para que guarden la debida compostura.
A las dieciocho horas y diez minutos se levanta la sesión y se cita para el viernes once del presente, a las once horas".
Está a discusión el acta.
El C. Estrada Iturbide, Miguel: Pido la palabra para señalar una omisión al acta.
El C. Presidente: Tiene la palabra el señor diputado Estrada Iturbide.
El C. Estrada Iturbide, Miguel: En el acta cuya lectura acabamos de escuchar, se omite señalar una doble intervención de la presidencia de esta Cámara al concluir la votación del debate del último punto de la Orden del Día, y antes de que la señora secretaria diera a conocer a la asamblea el trámite normal y procedente, de que el decreto aprobado pasara al Senado para sus efectos constitucionales.
Esa doble intervención consistió en que el señor Presidente hizo una calificación acerca del sentido, del significado de los votos emitidos. Y, por otra parte, ignorando a la Colegisladora, y olvidando, quizás, que es el Presidente de la República a quien corresponda promulgar los decretos, habló de que debía inscribirse en los muros de esta Cámara el nombre del señor general Villa.
Yo quiero decir que, sustancialmente, no tiene mayor interés la clasificación hecha; pero, con todo el respeto y consideración que merece el cargo, y en el caso presente la persona, considero que debe hacerse constar en el acta de esta sesión, y en el Diario de los Debates, esta observación al acta, porque, insisto, con la consideración debida, considero que el señor presidente de la Cámara no procedió como debía haberlo hecho. Muchas Gracias.
El C. Presidente: Para aclaración al señor diputado se menciona que todos los hechos ocurridos en la sesión anterior constan ya en el Diario de los Debates.
Las objeciones a las actas de las sesiones anteriores son procedentes cuando en éstas se asientan hechos que no hubiesen ocurrido; o bien, cuando se asientan hechos ocurridos de diferente manera. En el caso, los hechos a que se refiere el señor diputado no se hicieron constar en virtud de que fue solamente una declaratoria de la votación emitida por la asamblea. Como constan en el Diario de los Debates estas palabras creo que es innecesario incorporarlas al acta.
Se toma nota de lo dicho, de todas maneras, por el señor diputado Estrada Iturbide, y se ordena a la Secretaría continúe con la Orden del Día.
No habiendo quien haga uso de la palabra, con la aclaración hecha por el diputado. Estrada Iturbide, pregunto, si no hay quien haga uso de la palabra.
En votación económica se pregunta si se aprueba. Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo.
Aprobada.
II
- El C. secretario Calleja García, Juan Moisés:
"Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Poder Ejecutivo Federal.- México, D. F.- Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios del H. Congreso de la Unión.- Presente.
A continuación transcribo a ustedes, para su conocimiento y fines legales procedentes, oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió a ésta, de Gobernación, con fecha 25 del actual:
'Con el presente remito a ustedes copia certificada del acta de nacimiento del señor Vicente C. Roque Sedano y su solicitud dirigida al H. Congreso de la Unión, con el ruego, muy especial, de que se sirva disponer sean enviadas a la H. Cámara de Diputados a cargo de la señora diputada Marta Andrade De del Rosal. En virtud de lo dispuesto por el artículo 37, apartado B, fracción II, de nuestra Constitución, los documentos citados en el párrafo que antecede son necesarios para que se dictamine respecto del permiso que requiere el señor Sedano para aceptar y desempeñar las funciones del cónsul honorario de Noruega, en Veracruz.'
Al comunicar a ustedes lo anterior, les acompaño con el presente los anexos que se mencionan, reiterándoles mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D. F., a 31 de octubre de 1966.- Por Ac. del C. Secretario, el Oficial Mayor, licenciado Carlos Gálvez Betancourt."
Trámite: Recibo, y a la Comisión del Servicio Consular y Diplomático.
III
- El mismo C. Secretario:
"La XLIII Legislatura Constitucional del Estado tiene el honor de invitar a usted a la solemne inauguración de su tercer período ordinario de sesiones, ceremonia en la cual dará lectura al informe correspondiente a su tercer año de gobierno el C. Braulio Fernández Aguirre, gobernador constitucional del Estado.
El acto tendrá lugar a partir de las 11.00 horas del día 15 del actual en el salón de sesiones del Poder Legislativo.
Saltillo, Coah., noviembre de 1966."
Se designa en Comisión a los CC. diputados Ricardo Covarrubias, Pastor Murguía González, Braulio Meraz Nevárez, Eugenio Cárdenas Andrade, Aurelio
Fernández Enríquez, Luis G. Olloqui y la diputación de Coahuila.
IV
- El mismo C. Secretario:
"Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Poder Legislativo del Estado.- Oaxaca.- Secretaría.
CC. diputados secretarios de la H. Cámara de Diputados al Congreso de la Unión.- México, D. F.
En cumplimiento de preceptos legales comunicamos a ustedes que, la H. XLVI Legislatura Constitucional del Estado, en sesión ordinaria efectuada hoy, procedió a la elección de presidente y vicepresidente de la misma, para funcionar durante el próximo mes de noviembre, habiendo resultado electos, por mayoría de votos, los CC. diputados: Rodolfo Pérez Monroy y Ricardo Hernández Martínez, respectivamente.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El Respeto al Derecho Ajeno es la Paz.
Oaxaca de Juárez, a 28 de octubre de 1966.- Juan Ernesto Suárez Tenorio, D. S.- Héctor Adolfo Nuñez Nava, D. S."
Trámite: De enterado.
"Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno del Estado Libre y Soberano de Guerrero.
- Poder Legislativo.
C. Presidente de la H. Cámara de Diputados al Congreso de la Unión.- México, D.F.
En cumplimiento al artículo número 13 del Reglamento Interior del H. Congreso del Estado, en sesión ordinaria del día 25 de los corrientes, por votación secreta resultaron electos los CC. diputados profesor Victorico López Figueroa y profesora María López Díaz, como presidente y vicepresidente, respectivamente, de la H. XLV Legislatura, quienes fungirán durante el próximo mes de noviembre.
Al hacer de su conocimiento lo anterior aprovechamos la oportunidad para reiterarle las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Chilpancingo, Gro., 29 de octubre de 1966.- Rigoberto Pano Arcineaga, D. S.- Obdulio Ríos Flores, D. S."
Trámite: De enterado.
"Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Congreso del Estado Libre y Soberano. Jalisco.
H. Congreso de la Unión.- México, D.F.
Tenemos el honor de comunicar a ustedes, que la XLIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Jalisco tuvo a bien elegir, para el presente mes, a los ciudadanos diputados Angel Romero Llamas y licenciado Agustín Camarena Hernández, como presidente y vicepresidente, respectivamente.
Lo comunicamos a ustedes para su conocimiento, protestándoles las seguridades de nuestra distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Guadalajara, Jal., a 1o. de noviembre de 1966.- Rubén Zuno Arce, D. S.- Salvador Orozco L., D. S."
Trámite: De enterado.
V
- El C. secretario Gámiz Fernández, Everardo:
"CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Presente.
Alfonso Fabila Guerra, contador subjefe de esta H. Cámara de Diputados, ante ustedes, con todo respeto comparezco a exponer:
Que vengo a solicitar, por medio del presente escrito, mi jubilación voluntaria, apoyado en la fracción III, del artículo 3o. de la Ley de Jubilaciones para Funcionarios y Empleados del Poder Legislativo Federal, y 4o. transitorio del decreto que abrogó el primeramente mencionado.
Atentamente.
México, D. F., a 7 de noviembre de 1966.- Alfonso Fabila Guerra."
Trámite: A la Comisión de Hacienda en turno.
CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Presente.
María Engracia Román Murrieta, Supervisora de Servicio al Público de Correspondencia, en esta H. Cámara de Diputados, ante ustedes expongo y solicito.
Con base en el artículo 3o., fracción III, de la Ley de Jubilaciones para Funcionarios y Empleados del Poder Legislativo Federal, y 4o. transitorio del decreto que abrogó la primeramente mencionada, vengo a solicitar mi jubilación voluntaria por los servicios prestados a la Federación.
Adjunto al presente certificados de servicios y sueldos, para los efectos legales procedentes.
Atentamente.
México, D. F., 8 de noviembre de 1966.- María Engracia Román M."
Trámite: A la Comisión de Hacienda en turno.
"Ma. de los Angeles Z. Vda. de Quiroga.
Abasolo Núm. 128 Oriente.
Ciudad Lerdo, Dgo.
Honorable Cámara de Diputados.
Presente.
Ma. de los Angeles Zambrano Vda. de Quiroga, mexicana y por mi propio derecho, con domicilio en la calle de Abasolo Núm. 128 Oriente, Ciudad Lerdo, Dgo., y autorizando para recibir documentos y toda clase de gestiones a la Sra. Adela Quiroga Zambrano, de la manera más atenta y respetuosa comparezco y expongo lo siguiente:
Con fecha 15 de julio de 1918 contraje matrimonio con el señor general de división Pablo Quiroga Escamilla, tal como lo compruebo con el acta de matrimonio expedida y que corresponde al número cuarto, volumen tercero, de matrimonios que acompaño.
Con fecha 26 de junio de 1948, el señor mi esposo general de división Pablo Quiroga Escamilla, falleció según lo compruebo con el acta de defunción expedida por autoridad competente, que corresponde al número uno, fojas 54 y 55 cuya copia también acompaño.
Asimismo, adjunto, con mi presente solicitud, en 17 fojas útiles, copias fotostáticas en donde se comprueba plenamente los grados que mi esposo obtuvo durante la Revolución, los méritos y servicios que prestó a dicha causa y es por ello que teniendo en cuenta que fue un revolucionario honrado, vengo a suplicar y a pedir a este Honorable Congreso de la Unión, se sirva concederme una pensión, ya que está acreditada mi personalidad como esposa que fui y ahora en la actualidad viuda por su fallecimiento, reafirmando que las poderosas razones que me mueven y fundan mi petición son el derecho indiscutible de mi esposo que toda la vida la consagró a la Patria, sirviendo dignamente en el Ejército, mi edad avanzada y la difícil situación económica en que me encuentro en la actualidad.
Atentamente.
México, D. F., a 1o. de noviembre de 1966.- P. P. Adela Quiroga Zambrano."
Trámite: Recibo y a la Comisión de la Defensa Nacional en turno.
VI
- El mismo C. Secretario:
"Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.-Cámara de Senadores.- México, D.F.
CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados al Congreso de la Unión. Presente.
Para los efectos constitucionales tenemos el honor de remitir a ustedes la minuta proyecto de decreto, aprobado por esta H. Cámara, por el que se adiciona el Código Penal para el Distrito y Territorios Federales en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia del Fuero Federal con un Título Cuarto de su Libro Segundo.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.
México, D. F., a 9 de noviembre de 1966.- Luciano Huerta Sánchez, S. S.- Alicia Arellano Tapia, S. S."
El C. Hernández Gómez, Tulio: Señor Presidente: Pido la palabra.
El C. Presidente: ¿Con qué objeto?
El C. Hernández Gómez, Tulio: Sobre el asunto que se acaba de leer.
El C. Hernández Gómez, Tulio: Señor Presidente, señoras y señores diputados: Se acaba de dar lectura a la minuta, al oficio que envía el Senado de la República, devolviendo el proyecto de decreto que fue aprobado por esta Cámara, en relación con modificaciones al Código Penal, a efecto de que quedara incorporado en su texto el delito de genocidio. Vengo a solicitar de la asamblea la dispensa de los trámites a esta cuestión, a efecto de que pasemos a estudiar las modificaciones introducidas por el Senado de la República, en esta misma sesión.
Consideramos que las modificaciones introducidas no son propiamente de esencia, sino de forma, y pensamos que para no retardar más la publicación de este proyecto de decreto que ha sido conocido, estudiado y aprobado por esta asamblea, se dispensen los trámites para que pasemos de inmediato a estudiar estas modificaciones.
Hago, pues, esta solicitud, a efecto de que se dispensen los trámites.
El C. Presidente: Por las razones expuestas por el diputado Hernández se ordena a la secretaría pregunte a la asamblea si se dispensan los trámites de este asunto.
El C. secretario Gámiz Fernández, Everardo: La Secretaría, en votación económica, pregunta si se dispensan los trámites a la minuta con que se acaba de dar cuenta. Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Se dispensan los trámites.
El C. Christlieb Ibarrola, Adolfo: Moción de orden. El señor secretario hizo una síntesis tan breve, tan breve, de lo que mandó el Senado, que la capacidad de muchos de nosotros no alcanzó a saber de qué se trata. Yo pediría que se pasara la minuta del Senado para la próxima sesión.
El C. Presidente: Para precisar el trámite se mencionó el hecho de que la asamblea aprobó la dispensa de los trámites de primera y segunda lectura e impresión. Sin embargo, esta presidencia considera que no es improcedente la moción del señor licenciado Christlieb Ibarrola en el sentido de dar a conocer con más amplitud el exacto contenido de las adiciones a reformas hechas por el Senado.
Por lo tanto, se ordena a la Secretaría de lectura a la minuta.
- El C. secretario Gámiz Fernández, Everardo:
"Minuta Proyecto de Decreto. Reformas y Adiciones al Código Penal para el Distrito y Territorios Federales.
Artículo Unico. Se adiciona el Código Penal para el Distrito y Territorios Federales en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia del Fuero Federal con un Título Cuarto de su Libro Segundo como sigue:
Título Cuarto. Delitos contra la humanidad.
Capítulo I. Violación de los deberes de humanidad.
Artículo 149. Se mantiene su actual redacción.
Capítulo II Genocidio.
Artículo 149 bis. Comete el delito de genocidio el que con el propósito de destruir, total o parcialmente a uno o más grupos nacionales o de carácter étnico, racial o religioso, perpetrase por cualquier medio, delitos contra la vida de miembros de aquéllos, o impusiese la esterilización masiva con el fin de impedir la reproducción del grupo.
Por tal delito se impondrán de veinte a cuarenta años de prisión y multa de quince mil a veinte mil pesos.
Si con idéntico propósito se llevaren a cabo ataques a la integridad corporal o a la salud de los miembros de dichas comunidades o se trasladaren de ellas a otros grupos menores de diez y seis años, empleando para ello la violencia física o moral, la sanción será de cinco a veinte años de prisión y multa de dos mil a siete mil pesos.
Se aplicarán las mismas sanciones señaladas en el párrafo anterior, quien con igual propósito someta intencionalmente al grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial.
En caso de que los responsables de dichos delitos fueren gobernantes, funcionarios o empleados públicos y las cometieren en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, además de las sanciones establecidas en este artículo, se les aplicarán las penas
señaladas en el artículo 15 de la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios y Empleados de la Federación.
Transitorio. Unico. Las presentes reformas entrarán en vigor tres días después de su publicación en el 'Diario Oficial' de la Federación.
Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores.
México, D. F., a 8 de noviembre de 1966.- Manuel Bernardo Aguirre, S. P.-
Luciano Huerta Sánchez, S. S.- Alicia Arellano Tapia, S.S."
"Se remite a la H. Cámara de Diputados para los efectos Constitucionales. México, D. F., a 8 de noviembre de 1966.- El Oficial Mayor, licenciado Eliseo Aragón Rebolledo."
El C. Vista Altamirano, Fluvio: Pido la palabra, señor presidente.
El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado Fluvio Vista Altamirano:
El C. Vista Altamirano, Fluvio: Señor Presidente, señoras y señores diputados: Con el ánimo, exclusivamente, de aclarar en qué consisten las modificaciones realizadas por el Senado de la República es por lo que he solicitado el uso de la palabra.
En puridad, no se trata de modificaciones de fondo a lo ya aprobado por esta Cámara de Diputados; simplemente, en la parte final del precepto se establece, con precisión, que las sanciones aplicables a los gobernantes, funcionarios o empleados, serán aquellas que señala el artículo 15 de la Ley de Responsabilidades. Todos ustedes recordarán, porque fue ampliamente discutido en esta Cámara, que la aprobación por esta asamblea fue en el sentido de hacer la remisión a la Ley de Responsabilidades para los efectos de las penas accesorias.
El Senado, con el propósito de aclarar y especificar qué sanciones son, establece, simplemente, que se trata de la remisión al artículo 15 de la propia Ley de Responsabilidades. En estas condiciones, aquí, en el fondo, ya fue esto discutido ampliamente por la Cámara nuestra; estimo que debe sujetarse de inmediato a votación para que esto sea publicado de inmediato y se cumpla con el propósito de la asamblea legislativa.
El C. Presidente: Hecha la aclaración por el diputado Vista Altamirano ordénese a la secretaría pregunte a la asamblea si encuentra suficientemente discutido este asunto.
El C. secretario Gámiz Fernández, Everardo: La Secretaría consulta si está suficientemente discutido este asunto, en votación económica. En consecuencia se va a pasar a recoger la votación nominal. Por la afirmativa.
El C. secretario Calleja García, Juan Moisés: Por la negativa. (Votación.)
- El C. secretario - Gámiz Fernández, Everardo:
¿Falta algún ciudadano diputado de votar por la afirmativa? Se procede a recoger la votación de la Mesa.
(Votación).
El C. secretario Gámiz Fernández, Everardo: Aprobado por unanimidad de 159 votos. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
VII
- El mismo C. Secretario:
"Honorable Cámara de Diputados:
Los suscritos Diputados Federales, miembros de la XLVI Legislatura del Congreso de la Unión, en uso de la facultad que nos confiere la Fracción II del
Artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos presentar a la consideración de esta H. Cámara de Diputados, el siguiente proyecto de Reformas y Adiciones a la Ley Reglamentaria del Apartado 'B' del Artículo 123 Constitucional, en sus artículos 1o., 5o., 50, 119, 128, 140 y 142.
La presente Iniciativa está fundada en las siguientes consideraciones:
La actividad que el Gobierno Federal ha venido imprimiendo a todos los Órganos que de él dependen, para satisfacer las crecientes necesidades de la Nación, ha traído como consecuencia, entre otras de diferente naturaleza, el aumento correlativo de trabajo en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, cuyas atribuciones están señaladas en la Ley Reglamentaria del
Apartado B del Artículo 123 Constitucional, por lo que para establecer la armonía entre el incremento de negocios y su capacidad de despacho a fin de que dicho Organismo esté en aptitud de impartir justicia pronta y expedita, evitando rezagos y demoras en la tramitación de los conflictos, es conveniente introducir algunas reformas de carácter procesal a la propia Ley, que permitan cumplir con mayor eficacia la misión jurisdiccional que le está encomendada.
Además de las modificaciones procesales que se proponen, se estima pertinente incorporar al artículo primero cuatro organismos, que no obstante estar sujetos, en la actualidad, a la competencia del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, no aparecen en este precepto por una omisión. Asimismo, en la iniciativa, se aclara la calidad de trabajadores de base que siempre ha correspondido a los Directores y Subdirectores de las diversas Escuelas del Instituto Politécnico Nacional, y de las Escuelas Normales Nacionales para Maestros, ya que la redacción actual del párrafo relativo del artículo 5o. de la Ley ha dado lugar a confusiones respecto a la clasificación de estos funcionarios.
El artículo 50 de la Ley de la materia previene que para clasificar las oposiciones de las plazas de Directores y Subdirectores de Clínicas, Jefes de División Quirúrgica y de División Médica; Jefes de Servicios de Especialidad Médico Quirúrgica y Jefes de Laboratorio Médico, en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la Comisión de Escalafón se asesorará de las Academias Nacionales de Medicina y de Cirugía, según el caso, pero en la práctica se ha comprobado que este sistema no ha resultado operante en forma satisfactoria, por lo que se propone se lleven a cabo de acuerdo con las normas de un Reglamento de oposiciones que para el efecto se expida y al cual deberá sujetarse la Comisión de Escalafón para cubrir las plazas mencionadas.
La Ley en vigor no establece la forma de suplir las faltas temporales de los Magistrados del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, lo que, cuando ello ocurre, entorpece las labores de este cuerpo
Colegiado, por lo que se estima conveniente iniciar una adición al artículo 119, en la que se establece que las faltas temporales del Magistrado Presidente deberán ser cubiertas por el Secretario General de Acuerdos del propio Tribunal y las de los otros dos Magistrados, por la persona que en cada eventualidad designe el organismo que representen.
La Ley en vigor dispone que todas las actuaciones se efectuarán con la asistencia de por lo menos dos de los tres Magistrados que integran el Tribunal, pero en la práctica ocurre que este Organismo tiene que celebrar un promedio de dieciséis audiencias diarias, así como otras actuaciones para el desahogo normal de los asuntos de su competencia, no siendo físicamente posible que los Magistrados puedan estar presentes en todas las diligencias a la vez, por lo cual se propone se modifique el artículo 119, para que a semejanza de los otros Tribunales laborales, las audiencias que son llevadas por los secretarios de audiencias, queden bajo la responsabilidad del Secretario General de Acuerdos, quien resolverá todas las cuestiones que en ellas se susciten, en la inteligencia de que los Magistrados podrán revisar sus determinaciones a solicitud de parte interesada.
La actual Ley establece en su artículo 140, que la caducidad en el proceso se producirá cuando cualquiera que sea su estado, no se haya efectuado algún acto procesal ni promoción por un término mayor de tres meses, así sea con el fin de pedir se dicte laudo.
En la práctica esto ha dado resultados desfavorables para los trabajadores al servicio del Estado, pues cuando no es posible dictar sentencia por cualquier circunstancia aun por exceso de la labores del Tribunal, sino hay promoción dentro de los tres meses siguientes, a la fecha en que se turnó el expediente dictar laudo, opera la caducidad y tiene al actor por desistido de demanda y acción, lo que equivale a una franca denegación de justicia.
En consecuencia, se propone que este artículo quede redactado en la forma como adelante aparece.
De acuerdo con el procedimiento en vigor, las notificaciones deben hacerse personalmente o mediante oficio con acuse de recibo. Este sistema tiene el inconveniente de que para que surtan efecto legal las notificaciones que se hacen mediante oficio, se requiere que el Correo regrese al Tribunal los acuses de recibo correspondientes, los cuales no siempre vienen firmados por los interesados, motivando tanto el trámite postal como la autenticidad de las firmas, en su caso, suspensiones constantes al procedimiento en perjuicio de los intereses de las partes en conflicto, por lo que para remediar esta traba procesal que además de lugar a frecuentes incidentes de nulidad de actuaciones, se propone la reforma conducente al artículo 142 de la Ley en materia, a efecto de que los acuerdos de trámite se notifiquen por estrados y aquellas resoluciones que por su importancia y trascendencia deban hacerse del conocimiento personal de las partes, como son el emplazamiento para contestar la demanda, la declaratoria de caducidad, la sentencia definitiva y la citación para desahogar la prueba confesional se hagan a los interesados precisamente en forma personal, tal como lo determina la Ley Federal del Trabajo y los Códigos adjetivos en materia civil y mercantil que nos rigen. Por las razones antes expuestas, y con base en la facultad que nos confiere la norma constitucional, ya citada, proponemos el siguiente proyecto de decreto: Artículo primero. Se adiciona al artículo 1o., de la Ley Reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional, al principio del segundo párrafo, para quedar como sigue:
Artículo 1o. La presente ley es de observancia general para los titulares y trabajadores de las dependencias de los poderes de la Unión de los Gobiernos del Distrito y Territorios Federales; de las Instituciones que a continuación se enumeran:
Puertos Libres Mexicanos, Caminos y Puentes Federales de Ingreso y Servicios Conexos, Aeropuertos y Servicios Auxiliares, Compañía Nacional de Subsistencias Populares, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Juntas Federales de Mejoras Materiales, Instituto Nacional de la Vivienda, Lotería Nacional, Instituto Nacional de Protección a la Infancia, Instituto Nacional Indigenista, Comisión Nacional Bancaria, Comisión Nacional de Seguros, Comisión Nacional de Valores, Comisión de Tarifas de Electricidad y Gas, Centro Maternoinfantil Maximino Avila Camacho y Hospital Infantil, así como de los otros organismos descentralizados similares a los anteriores que tengan a su cargo función de servicios públicos. Artículo segundo. Se reforma el artículo 5o., de la Ley Reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional, en la parte final del primer párrafo de la fracción 2a., para quedar como sigue: Artículo 5o. Son trabajadores de confianza:
I. .....
II. .....
.....
.....
...Capitanes de Puerto; Director y Subdirector de la Escuela Normal Nacional para Maestros, la Directora y Subdirectora de la Escuela Normal Nacional para Maestras y el Director y Subdirector del Instituto Politécnico Nacional.
.....
.....
.....
III. .....
IV. .....
V. .....
.....
.....
Artículo tercero. Se reforma el artículo 50 de la Ley Reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional, en el segundo párrafo del inciso C), para quedar como sigue:
Artículo 50. Son factores escalafonarios:
I. .....
II. .....
III. .....
IV. .....
Se entiende:
a) .....
b) .....
c) Por antigüedad: El tiempo de servicios prestados a la Dependencia correspondiente.
En el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, las
plazas de Directores y Subdirectores de Clínicas, Jefes de División Quirúrgica y de División Médica, Jefes de Servicios de Especialidad Médica y Quirúrgica y Jefes de Laboratorio Médico, serán ocupadas por oposición entre los trabajadores de la misma Institución. Estas oposiciones se ajustarán a las normas reglamentarias que para el efecto se expidan. En caso de que por acuerdo, con las disposiciones reglamentarias se declare desierto el concurso para ocupar dichas plazas, se convocará a oposición abierta entre todos los especialistas de la rama en la República.
Artículo cuarto. Se adiciona al artículo 119 de la Ley Reglamentaria del apartado "B" del artículo 123 constitucional, con un segundo párrafo, para quedar como sigue:
Artículo 119. Para la designación de nuevos Magistrados, por vacantes, se seguirá el procedimiento indicado en el artículo anterior. Las faltas temporales del Presidente del Tribunal, serán cubiertas por el Secretario General de Acuerdos y las de los demás Magistrados por la persona que designe el Organismo que cada uno representa.
Artículo quinto. Se reforma el artículo 128, de la Ley Reglamentaria del apartado "B" del artículo 123 constitucional, para quedar como sigue:
Artículo 128. Las audiencias estarán a cargo de los Secretarios de Audiencias del Tribunal. El Secretario General de Acuerdos resolverá todas las cuestiones que en ellas se susciten. Estas resoluciones serán revisadas por el Tribunal a petición de parte, la que deberá formularla por escrito dentro de las 24 horas siguientes. Las demás actuaciones se efectuarán con la asistencia de los Magistrados que integran el Tribunal y serán válidas con la concurrencia de dos de ellos. Sus resoluciones se dictarán por mayoría de votos.
Artículo sexto. Se reforma el artículo 140, de la Ley Reglamentaria del apartado "B" del artículo 123 constitucional, en su primer párrafo, para quedar como sigue:
Artículo 140. Se tendrá por desistida de la acción y de la demanda intentada, a toda persona que no haga promoción alguna en el término de tres meses, siempre que esa promoción sea necesaria para la continuación del procedimiento. El Tribunal, de oficio, o a petición de parte, una vez transcurrido este término, declarará la caducidad.
No operará la caducidad aun cuando el término transcurra por el desahogo de diligencias que deban practicarse fuera del Local del Tribunal, o por estar pendientes de recibirse informes o copias certificadas que hayan sido solicitadas.
Artículo séptimo. Se reforma el artículo 142, de la Ley Reglamentaria del apartado "B" del artículo 123 constitucional, en su primer párrafo, para quedar como sigue:
Artículo 142. La demanda, la citación para absolver posiciones, la declaratoria de caducidad, el laudo, y los acuerdos con apercibimiento, se notificarán personalmente a las partes. Las demás notificaciones se harán por estrados.
Todos los términos correrán a partir del día hábil siguiente a aquel en que se haga el emplazamiento, citación o notificación, y se contará en ellos el día del vencimiento.
Transitorio:
Las presentes reformas y adiciones entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el 'Diario Oficial' de la Federación.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D. F., Salón de Sesiones de la H. Cámara de Diputados, a ocho de noviembre de mil novecientos sesenta y seis.- Manuel Orijel Salazar.- Everardo Gámiz Fernández.- Arturo López Portillo B.- Manuel Contreras Carrillo.- Rodolfo Rivera Rueda.- Arnulfo Vázquez Trujillo.- Enrique W. Sánchez G.- Emilio Gandarilla Avilés.- Eugenio Cárdenas Andrade.- Jorge Díaz de León.- Rodolfo Velázquez Grijalva.- Enrique Ramírez y Ramírez.- Antonio Martínez Manautou.- Leopoldo González Sáenz.- Luis Mario Santana Cobián.- Rafael Camacho Salgado."
Trámite: A las Comisiones unidas de Trabajo en turno y de Estudios Legislativos e imprímase.
VIII
- El mismo C. Secretario:
Iniciativa del Partido Popular Socialista para que se incorpore, en el Título Segundo de la Ley Federal del Trabajo, un nuevo capítulo.
El C. Guajardo Támez, Roberto: Pido la palabra, señor Presidente.
El C. Presidente: Se le concede el uso de la palabra al diputado Guajardo Támez para dar lectura a la iniciativa de su partido.
- El C. Guajardo Támez, Roberto:
"Honorable Cámara de Diputados:
Con fundamento en el derecho que nos otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución de la República, proponemos a la consideración de vuestra soberanía el siguiente proyecto de decreto que atañe a uno de los intereses fundamentales de un gran sector de la clase obrera de nuestro país. Exposiciones de motivos.
La Ley Federal del Trabajo contiene en su Título II una serie de capítulos especiales que protegen los derechos y los intereses de determinados sectores de la clase trabajadora, que por sus peculiares actividades necesitan garantías específicas, además de las disposiciones de tipo general de la misma ley. El capítulo XIV se refiere al trabajo de los domésticos; el XV al trabajo en el mar y vías navegables; el XV Bis al trabajo de las tripulaciones aeronáuticas; el XVI al trabajo ferrocarrilero; el XVII al trabajo en el campo y el XVIII a las pequeñas industrias, a la industria familiar y al trabajo a domicilio. Un conjunto numeroso y muy importante de trabajadores, los que prestan sus servicios en los puertos de los dos litorales de la República, debido a su labor peculiar que se presta a variadas interpretaciones, no está debidamente protegido en nuestras leyes.
Los trabajadores portuarios, a partir del 1o. de mayo de 1917 en que entró en vigor la nueva Constitución Política de nuestro país, han venido librando hasta hoy una dura batalla, muchas veces infructuosa, por defender sus derechos colectivos. A veces se ha querido equiparar a sus candidatos a empresas mercantiles de maniobras. En ocasiones, se ha puesto en duda el derecho de los obreros a formar agrupaciones profesionales dentro de las normas de la Ley Federal del Trabajo, por considerar que no pueden agruparse sindicalmente sino los trabajadores que tienen
ocupación permanente, ya que en algunos puertos el tráfico marítimo es muy escaso y sujeto a alternativas y recesos que no pueden obligar a los empresarios, según dicen éstos, a servirse de las mismas personas para la recepción o el despacho de las mercancías a bordo de los buques, o por estimar que sus servicios se prestan conforme a la tarifa que les ha sido aprobada por la autoridad en términos de considerar sus cuotas, las de la tarifa, como el salario o la remuneración correspondiente a su trabajo. Cuando en algún puerto se realizan obras materiales para mejorar el tráfico marítimo, las empresas de transportes, los receptores y los reexpedidores de carga, acuden siempre al argumento de que si los trabajadores quieren ganar salarios y obtener prestaciones semejantes a los que ya tienen conquistados los obreros de los puertos de importancia y de actividad constante, el puerto, ya reparado o ampliado no podrá prosperar por el costo de las maniobras, cuando va a iniciar apenas sus actividades. En consecuencia, dicen los patrones, los trabajadores deben hacer sacrificios hasta que el tráfico mercantil pueda equiparse al más intenso del Atlántico o del Pacífico. De esta manera, los salarios varían muchísimo, varían las prestaciones sociales cuando las hay en beneficio exclusivo de los negociantes del comercio marítimo, pese a los principios de la igualdad del salario que sustenta al artículo 86 de la Ley Federal del Trabajo.
Pero no sólo existe esa situación anormal carente de equidad y de justicia, sino que en el curso del último medio siglo se ha legislado y se han dictado providencias administrativas, en relación con las labores que se realizan en los muelles de los puertos, con muy diferentes criterios. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Hacienda y otras dependencias del Ejecutivo Federal, que rigen sus actividades de acuerdo con leyes propias; pero que tocan al tráfico marítimo de mercancías, han dictado disposiciones que perjudican gravemente los derechos de los obreros, su nivel de vida, su organización sindical, y la posibilidad de llegar a un contrato colectivo único que abarque a todos los puertos del país.
Afortunadamente, la batalla constante de los obreros portuarios en defensa de sus intereses, ha logrado ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación establezca jurisprudencia en el sentido de que cualesquiera que sean las formas que adopten la prestación de servicios de los trabajadores de los puertos y su retribución, deba considerárseles como sujetos del derecho obrero y que, por tanto, en sus relaciones con las empresas que manejan las mercancías en los puertos, es la Ley Federal del Trabajo a la que hay que acudir para resolver los problemas que ocurran, excepción hecha de la remuneración del trabajo, la cual se rige por las tarifas aprobadas, como si no existieran los mandamientos constitucionales de que nadie puede ser obligado a prestar servicios personales, sin su pleno consentimiento y sin la justa retribución y de que el salario se fija por convenio.
Esa jurisprudencia, sin embargo, conforma el principio fundamental del derecho obrero, o sea el que para definir el carácter de los empresarios o patrones y el de los trabajadores, hay que atender al vínculo económico que los une. Si los trabajadores dependen para vivir, de la retribución de un patrón, ya sea particular o un órgano o institución dependiente del Estado, se trata de personas a las que se refiere el artículo 123 de la Constitución, y de las que define el artículo 3o. de la Ley Federal, que dice: 'Trabajador es toda persona que presta a otra un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud de un contrato de trabajo'. Este precepto se completa con el artículo 4o. del mismo ordenamiento, que define a un patrón como toda persona física o moral que emplea el servicio de otra en virtud de un contrato de trabajo".
Ni la existencia de tarifas para la retribución de los trabajadores, fijada por las autoridades federales, ni el salario a destajo, ni otras formas de la retribución de una labor, pueden alterar el carácter de asalariados de los trabajadores portuarios, quienes auxilian la función de los transportes, laborando diariamente, en jornadas superiores a las legales, durante varios días de la semana y por años y años de práctica de su especialidad, y de cuya labor obtienen lucro los agentes del comercio marítimo y obtienen beneficio los destinatarios y los remitentes de los efectos.
Tampoco el nombre que se dé a las figuras contractuales puede tener el efecto de modificar la naturaleza de la relación, porque no es la forma jurídica la que puede prevalecer en ellas, sino su contenido substancial o sea la dependencia económica de los obreros respecto del empresario que utiliza su esfuerzo. Únicamente así es posible que el derecho obrero descanse sobre cimientos firmes, justos y perdurables.
En virtud de lo expuesto y con el derecho que nos asiste, invocado al principio, proponemos a la consideración de vuestra soberanía el siguiente proyecto de decreto.
Se adiciona el Título II de la Ley Federal del Trabajo con un nuevo capítulo que será el siguiente, con la enumeración de los artículos en el orden que corresponda.
Del Trabajo en los Puertos Marítimos.
Artículo ( ). Se entienden por trabajos en los puertos marítimos las labores de carga, descarga, estiba, desestiba, alijo, acarreo, almacenaje, transbordo, chequeo y tarja o confronta de las mercancías, así como el manejo de equipaje y efectos personales destinados a las embarcaciones de cabotaje y de altura y que se ejecuten dentro de la jurisdicción de dichos puertos.
Artículo ( ). Los trabajadores que presten sus servicios en las labores a que se refiere el artículo anterior, tendrán derecho a asociarse en sindicatos y a concertar contratos colectivos de trabajo con las personas o entidades que se encarguen del despacho de los medios de transporte o de los efectos.
Artículo ( ). Serán considerados como patrones para los efectos de la contratación, las empresas de transportes, los armadores, los agentes consignatarios de buques, los agentes aduanales, los receptores y los reexpedidores de carga y todas las personas que se dedican a los servicios que define el artículo ( ).
(Se refiere al primero de este capítulo).
Artículo ( ). La falta de material de trabajo, cualquiera que sea su duración, excepto en el caso de paralización definitiva de un puerto, no afectará los contratos de trabajo, los cuales se considerarán suspendidos por el tiempo que prevalezcan las causas que motivaron el receso de labores.
Artículo ( ). Cuando concurran en la zona de un puerto marítimo varios sindicatos para ejecutar las maniobras, será obligatorio para ellos determinar en un convenio, que celebrarán ante la autoridad del trabajo, el radio de acción que corresponda a cada uno.
Transitorios.
1o. Se faculta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para reunir en convención a los patrones y a los trabajadores a que se refiere el capítulo (aquí su número), con el objeto de que concierten un contrato colectivo de trabajo aplicable en los puertos del país y para que lograda su celebración proponga al Ejecutivo de la Unión la declaración de obligatoriedad del mismo.
2o. En los puertos en los que concurran varios sindicatos obreros en la ejecución de las maniobras y hubieran celebrado convenios por los que se fijen los radios de acción de esos sindicatos, se atendrá a su texto para definir las labores que corresponde ejecutar a cada uno de ellos.
Sala de Sesiones de la H. Congreso de la Unión, diez de noviembre de mil novecientos sesenta y seis.
La diputación del Partido Popular Socialista: Vicente Lombardo Toledano.- Jorge Cruickshank García.- Jacinto López Moreno.- Roberto Chávez Silva.- Ramón Rocha Garfias.- Francisco Ortiz Mendoza.- Jesús Orta Guerrero.- Joaquín Salgado Medrano.- Roberto Guajardo Támez."
El C. secretario Calleja García, Juan Moisés: La secretaría informa que, conforme su trámite, se turne a las Comisiones Unidas del Trabajo y Estudios Legislativos, e imprímase.
IX
- El mismo C. Secretario:
"Comisión del Servicio Consular y Diplomático.
Honorable Asamblea:
El C. licenciado Joaquín Garza Lewels, en escrito fechado el 13 de septiembre próximo pasado, solicita el permiso constitucional necesario para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de los Países Bajos, en Monterrey, N. L.
Esta Cámara de Diputados, en sesión celebrada el día 18 de octubre último, acordó turnar, a la suscrita Comisión del Servicio Consular y Diplomático, para su estudio y dictamen, el expediente relativo a dicha solicitud.
Considerando que el peticionario satisface el requisito que exige la fracción II del inciso B), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión se permite someter al ilustrado criterio de vuestra soberanía, el siguiente proyecto de decreto:
Artículo Unico. Se concede permiso al C. licenciado Joaquín Garza Lewels para que, sin perder la ciudadanía mexicana, puede aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de los Países Bajos, en Monterrey, N. L.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.
México, D. F., a 8 de noviembre de 1966.- Marta Andrade de Del Rosal.- Miguel Estrada Iturbide.- Domingo Camarena López.- José Muro Saldivar.- Fabio Espinosa Granados.- Augusto Gómez Villanueva."
Trámite: Primera lectura.
"Segunda Comisión de Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea:
En oficio, fechado el 3 del actual, la Secretaría de Gobernación transcribe otro de Relaciones Exteriores, por el que se solicita el permiso necesario para que el C. doctor Rafael Moreno Valle, secretario de Salubridad y Asistencia, pueda aceptar y usar la condecoración de la 'Orden de Rodolfo Flores', que le confirió el gobierno de Guatemala.
En sesión efectuada por esta H. Cámara de Diputados el día 8 del presente mes fue turnado a la Comisión que suscribe, para su dictamen, el expediente relativo a esta solicitud.
En virtud de que el solicitante se ajusta a lo establecido por el artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su fracción III, del inciso B) y, condicionando este permiso a que el hecho de aceptar la condecoración que se le confiere no amerite para el ciudadano mexicano peticionario, sujeción de ninguna especie al gobierno otorgante, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de decreto:
Artículo Unico. Se concede permiso al C. doctor Rafael Moreno Valle, secretario de Salubridad y Asistencia para que, sin perder la ciudadanía mexicana, pueda aceptar y usar la condecoración 'Orden de Rodolfo Flores' que le confirió el gobierno de Guatemala.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.
México, D. F., a 10 de noviembre de 1966.- Manuel Zárate Aquino.- Fluvio Vista Altamirano.- Vicente Lombardo Toledano.- Miguel Osorio Marbán."
Trámite: Primera lectura.
"Segunda Comisión de Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea:
En oficio fechado el 3 del presente, la Secretaría de Gobernación transcribe otro de Relaciones Exteriores, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el C. Dr. Ignacio Morones Prieto, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden 'Hipólito Unanue' que, en el grado de Gran Oficial, le confirió el gobierno de Perú.
En sesión efectuada por esta Cámara, el día 8 de los corrientes, fue turnado a la Comisión que suscribe, para su dictamen, el expediente relativo a esta solicitud.
En virtud de que el solicitante se ajusta a lo establecido por el artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su fracción III, del apartado B) y, condicionando este permiso a que el hecho de aceptar la condecoración que se le confiere no amerite para el ciudadano mexicano peticionario sujeción de ninguna especie al gobierno otorgante, nos permitimos someter a la consideración de esta honorable Asamblea, el siguiente proyecto de decreto:
Artículo Unico. Se concede permiso al C. doctor Ignacio Morones Prieto, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social para que, sin perder la ciudadanía mexicana, pueda aceptar y usar la
condecoración de la Orden 'Hipólito Unanue' que, en el grado de Gran Oficial, le confirió el gobierno de Perú.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.
México, D. F., a 10 de noviembre de 1966.- Manuel Zárate Aquino.- Vicente Lombardo Toledano.- Fluvio Vista Altamirano.- Miguel Osorio Marbán."
X
- El mismo C. Secretario:
"Primera Comisión de Hacienda.
Honorable Asamblea:
A la Primera Comisión de Hacienda se turnó, por acuerdo de vuestra soberanía, el expediente formado con motivo de la solicitud presentada por la C. María Eugenia Ajuria Díaz, jefe de Sección Técnica en la Contaduría Mayor de Hacienda, de la Cámara de Diputados, para que se le conceda jubilación voluntaria por servicios prestados a la Federación durante más de 30 años.
La solicitante funda su petición en lo que dispone el artículo 4o. transitorio del decreto que incorpora a los Funcionarios y Empleados del Poder Legislativo Federal al régimen de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, presentando los siguientes documentos:
1. Constancia de la Secretaría de Industria y Comercio, de la que se desprende que la C. María Eugenia Ajuria Díaz prestó sus servicios desde el 16 de febrero de 1943 hasta el 1o. de enero de 1966.
2. Constancia del C. Oficial Mayor de la Cámara de Diputados, de la que se desprende que la C. María Eugenia Ajuria Díaz prestó sus servicios desde el 1o. de enero de 1936 hasta el 31 de enero de 1942 y posteriormente reingresó el 1o. de agosto de 1952, continuando hasta la fecha sin interrupción. En la inteligencia de que en los períodos en que desempeñó, puestos en dos dependencias probó la debida compatibilidad.
3. Certificación del director general de Administración, en la que consta que actualmente devenga un sueldo mensual de $ 3,456.66 (tres mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos 66/100), como jefe de Sección Técnica en la Contaduría Mayor de Hacienda, de la H. Cámara de Diputados. Por lo anteriormente expuesto, la Comisión que suscribe estima que la interesada cumple con todos los requisitos que exige el artículo 3o., fracción III, de la Ley de Jubilaciones para los Funcionarios y Empleados del Poder Legislativo, y 4o. transitorio del decreto que abrogó la primeramente mencionada, y se permite someter a la consideración de esa H. Asamblea, el siguiente proyecto de decreto:
Artículo Unico. De conformidad con lo que dispone el artículo 4o. transitorio del decreto que incorpora a los Funcionarios y Empleados del Poder Legislativo Federal al Régimen de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, se concede a la C. María Eugenia Ajuria Díaz, jefe de Sección Técnica en la Contaduría Mayor de Hacienda, de la H. Cámara de Diputados, jubilación voluntaria de $ 3,456.66 (tres mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos 66/100) mensuales, equivalentes al sueldo íntegro y compensaciones que actualmente disfruta, por servicios que durante más de 30 años ha prestado a la Federación. Esta jubilación le será pagada íntegramente por la Tesorería General de la Federación como lo dispone el propio artículo 4o.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.
México, D. F., a 5 de noviembre de 1966.- Vicente Fuentes Díaz.- Carlos Pérez Cámara.- Tomás Algaba Gómez.- Mariano González Gutiérrez."
Trámite: Primera lectura.
"Primera Comisión de Hacienda.
Honorable Asamblea:
Por acuerdo de vuestra soberanía se turnó a la Comisión que suscribe, para su estudio y dictamen el expediente enviado por el H. Senado de la República, con proyecto de decreto, relativo a la solicitud de jubilación voluntaria presentada por el C. Enrique Arana Aguirre, por servicios prestados, durante más de 30 años, a la Federación.
El solicitante funda su petición en lo que dispone el artículo 4o. transitorio del decreto que incorpora a los Funcionarios y Empleados del Poder Legislativo Federal al Régimen de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, presentando los siguientes documentos:
1. Certificación del C. Oficial Mayor de la H. Cámara de Diputados en la que consta que el C. Enrique Arana Aguirre, fue diputado propietario en ejercicio a la XXXV Legislatura por el 1er. Distrito Electoral del Estado de Zacatecas, durante el período constitucional comprendido el 1o. de septiembre de 1932 al 31 de agosto de 1934.
2. Constancias del Ejército que amparan servicios durante los años 1916 a 1921.
3. Constancia del C. Oficial Mayor de la Cámara de Senadores, de la que se desprende que el C. Enrique Arana Aguirre presta sus servicios desde el 1o. de noviembre de 1936 al 1o. de febrero de 1937 y del 1o. de enero de 1939 hasta la fecha sin interrupción.
4. Certificación del tesorero general, en la que consta que actualmente, devenga un sueldo mensual de $5,042.29 (cinco mil cuarenta y dos pesos 29/100), como jefe del Departamento de Secretaría y Comisiones de la Cámara de Senadores.
Por lo anteriormente manifestando, la Comisión que suscribe estima que el interesado cumple con todos los requisitos que exige el artículo 3o., fracción III, de la Ley de Jubilaciones para los Funcionarios y Empleados del Poder Legislativo, y 4o. transitorio del decreto que abrogó la primeramente mencionada, y se permite someter a la consideración de esa H. Asamblea el siguiente proyecto de decreto:
Artículo Unico. De conformidad con lo que dispone el artículo 4o. transitorio del decreto que incorpora a los Funcionarios y Empleados del Poder Legislativo Federal al régimen de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, publicada en el 'Diario
Oficial', de 29 de diciembre de 1965, se concede al C. Enrique Arana y Aguirre, jefe del Departamento de Secretaría y Comisiones de la Cámara de Senadores, jubilación voluntaria de $ 5,042.29 (cinco mil cuarenta y dos pesos 29/100) mensuales, sueldo íntegro que percibe en la actualidad, por servicios prestados a los Poderes de la Unión durante más de treinta años. Esta jubilación le será pagada íntegramente por la Tesorería General de la Federación como lo dispone el propio artículo 4o.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.
México, D. F., a 9 de noviembre de 1966.- Vicente Fuentes Díaz.- Carlos Pérez Cámara.- Tomás Algaba Gómez.- Mariano González Gutiérrez."
Trámite: Primera lectura.
"Segunda Comisión de Hacienda.
Honorable Asamblea:
Se turnó, para su estudio y dictamen, a la Comisión de Hacienda que suscribe, el expediente formado con la solicitud de jubilación voluntaria presentada por el C. Genaro Rodríguez Vera, subjefe de Oficina de la H. Cámara de Diputados, por servicios prestados al Poder Legislativo durante más de 30 años.
El solicitante funda su petición en lo que dispone el artículo 4o. transitorio del decreto que incorpora a los Funcionarios y Empleados del Poder Legislativo Federal al régimen de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, presentando los siguientes documentos:
1. Constancia del C. Oficial Mayor de la Cámara de Diputados, de la que se desprende que presta sus servicios en esta dependencia, desde el 1o. de septiembre de 1934 hasta la fecha en forma ininterrumpida.
2. Certificación del director general de Administración, en la que consta que actualmente devenga un sueldo mensual de $ 3,057.09 (tres mil cincuenta y siete pesos 09/100), como subjefe de oficina de la H. Cámara de Diputados.
Por todo lo anteriormente manifestado, la Comisión que suscribe estima que el interesado cumple, con todos los requisitos que exige el artículo 3o. fracción III, de la Ley de Jubilaciones para los Funcionarios y Empleados del Poder Legislativo, y 4o. transitorio del decreto que abrogó la primeramente mencionada y se permite someter a la consideración de esa H. Asamblea el siguiente proyecto de decreto:
Artículo Unico. De conformidad con lo que dispone el artículo 4o. transitorio del decreto que incorpora a los Funcionarios y Empleados del Poder Legislativo Federal al régimen de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, se concede al C. Genaro Rodríguez Vera, subjefe de oficina de la H. Cámara de Diputados, jubilación voluntaria de $ 3,057.09 (tres mil cincuenta y siete pesos 09/100) mensuales, equivalente al sueldo íntegro y compensaciones que actualmente disfruta, por servicios que, durante más de 30 años, ha prestado al Poder Legislativo. Esta jubilación le será pagada íntegramente por la Tesorería General de la Federación, como lo dispone el propio artículo 4o.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.
México, D. F., a 9 de noviembre de 1966.- Enrique Bautista Adame.- Humberto Velasco Avilés.- Arturo López Portillo.- Alejandro Carrillo.- Ramón Zentella Asencio."
Trámite: Primera lectura.
XI
- El C. secretario Gámiz Fernández, Everardo:
"Segunda Comisión de Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea:
En oficio, fechado el día 31 de octubre próximo pasado, la Secretaría de Gobernación transcribe otro de Relaciones Exteriores, por el que se solicita el permiso necesario para que el C. Marte R. Gómez pueda aceptar y usar la Medalla Olímpica de Austria, que le confirió el gobierno del citado país.
En sesión efectuada por esta Cámara, con fecha 4 del mes en curso, fue turnado a la Comisión que suscribe, para su dictamen, el expediente relativo a esta solicitud.
En virtud de que el solicitante se ajusta a lo establecido por el artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su fracción III, del apartado B), y condicionando este permiso a que el hecho de aceptar la condecoración que se le confiere no amerite para el ciudadano mexicano peticionario sujeción de ninguna especie al gobierno otorgante, nos permitimos someter a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente proyecto de decreto:
Artículo Unico. Se concede permiso al C. Marte R. Gómez para que, sin perder la ciudadanía mexicana, pueda aceptar y usar la Medalla Olímpica de Austria, que le confirió el gobierno del citado país.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.
México, D. F., a 5 de noviembre de 1966.- Manuel Zárate Aquino.- Vicente Lombardo Toledano.- Fluvio Vista Altamirano.- Miguel Osorio Marbán.- Aurora Navia Millán."
Segunda lectura. A discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra se reserva para su votación nominal.
"Comisión del Servicio Consular y Diplomático.
Honorable Asamblea:
La Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que la C. María Yolanda Benítez Sánchez pueda prestar servicios como recepcionista en la Embajada de los Estados Unidos de América.
Esta H. Cámara de Diputados, en sesión celebrada el día 4 del actual, acordó turnar a la suscrita, Comisión del Servicio Consular y Diplomático, para su estudio y dictamen, el expediente relativo a dicha solicitud.
Considerando que la peticionaria satisface el requisito que exige la fracción II, del apartado B),
del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión se permite someter al ilustrado criterio de vuestra soberanía, el siguiente proyecto de decreto:
Artículo Unico. Se concede permiso a la C. María Yolanda Benítez Sánchez para que, sin perder la ciudadanía mexicana, pueda prestar servicios como recepcionista en la Embajada de los Estados Unidos de América.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.
México, D. F., a 5 de noviembre de 1966.- Marta Andrade de Del Rosal.- Miguel Estrada Iturbide.- Domingo Camarena López.- José Muro Saldívar.- Fabio Espinosa Granados.- Augusto Gómez Villanueva."
Segunda lectura. A discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra se reserva para su votación nominal.
XII
- El mismo C. Secretario:
"Primera Comisión de Hacienda.
Honorable Asamblea:
Para su estudio y dictamen fue turnado a la suscrita, Comisión de Hacienda, que suscribe, el expediente formado con la solicitud presentada por la C. Concepción Correa Alvarez, conserje de primera de la Intendencia de esta H. Cámara de Diputados, para que se le conceda jubilación voluntaria por servicios prestados al Poder Legislativo durante más de 25 años.
La solicitante funda su petición en lo que dispone el artículo 4o. transitorio del decreto que incorpora a los Funcionarios y Empleados del Poder Legislativo Federal al régimen de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios de los Trabajadores al Servicio del Estado, presentando los siguientes documentos:
1o. Constancia del C. director general de Administración, de la que se desprende que prestó sus servicios del 15 de mayo de 1941 al 1o. de enero de 1951, con cargo a la nómina de supernumerarios.
2. Constancia del C. Oficial Mayor de la Cámara de Diputados, de la que se desprende que presta sus servicios en esta H. Cámara desde el 1o. de enero de 1951 hasta la fecha.
3o. Certificación del director general de Administración, en la que consta que actualmente devenga un sueldo mensual de $ 1,871.88 (mil ochocientos setenta y un pesos 88/100), como conserje de primera.
Por lo anteriormente expuesto, la Comisión que suscribe estima que la interesada cumple con todos los requisitos que exige el artículo 3o. fracción II, de la Ley de Jubilaciones para los Funcionarios y Empleados del Poder Legislativo, y 4o. transitorio del decreto que abrogó la primeramente mencionada, y se permite someter a la consideración de esa H. Asamblea el siguiente proyecto de decreto:
Artículo Unico. De conformidad con lo que dispone el artículo 4o. transitorio del decreto que incorpora a los Funcionarios y Empleados del Poder Legislativo Federal al régimen de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, se concede a la C. Concepción Correa Alvarez, conserje de primera en la Intendencia de la H. Cámara de Diputados, jubilación voluntaria de $ 1,247.92 (mil doscientos cuarenta y siete pesos 92/100) mensuales, equivalente a las dos terceras partes del sueldo y compensaciones que actualmente disfruta, por servicios que, durante más de 25 años, ha prestado al Poder Legislativo. Esta jubilación le será pagada íntegramente por la Tesorería General de la Federación como lo dispone el propio artículo 4o.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.
México, D. F., a 7 de noviembre de 1966.- Enrique Bautista Adame.- Humberto Velasco Avilés.- Arturo López Portillo.- Alejandro Carrillo.- Ramón Zentella Asencio."
Está a discusión el dictamen. No habiendo quien haga uso de la palabra se reserva para su votación nominal.
"Primera Comisión de Hacienda.
Honorable Asamblea:
Se turnó, para su estudio y dictamen, a la suscrita Comisión de Hacienda, el expediente formado con motivo de la solicitud que presentó el C. Rogelio Hernández González, para que se le conceda jubilación voluntaria por servicios prestados al Poder Legislativo durante más de 20 años.
El solicitante funda su petición en lo que dispone el artículo 4o. transitorio del decreto que incorpora a los Funcionarios y Empleados del Poder Legislativo Federal al régimen de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios de los Trabajadores al Servicio del Estado, presentando los siguientes documentos:
1. Constancia del C. Oficial Mayor de la Cámara de Diputados, de la que se desprende que presta sus servicios en esta H. Cámara, desde el 1o. de enero de 1946 hasta la fecha, en forma ininterrumpida.
2. Certificación del director general de Administración, en la que consta que actualmente devenga un sueldo mensual de $ 2,339.91 (dos mil trescientos treinta y nueve pesos 91/100), como intendente de segunda de la propia Cámara. Por lo antes manifestado, la Comisión que suscribe estima que el interesado cumple con todos los requisitos que exige el artículo 3o., fracción I, de la Ley de Jubilaciones para los Funcionarios y Empleados del Poder Legislativo, y 4o. transitorio del decreto que abrogó la primeramente mencionada y se permite someter a la consideración de esa H. Asamblea el siguiente proyecto de decreto:
Artículo Unico. De conformidad con lo que dispone el artículo 4o. transitorio del decreto que incorpora a los Funcionarios y Empleados del Poder Legislativo Federal al régimen de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, se concede al C. Rogelio Hernández González, intendente de segunda en la H. Cámara de Diputados, jubilación voluntaria de $ 1,169.96 (mil ciento sesenta y nueve pesos 96/100) mensuales, equivalente al 50% del sueldo y compensaciones que actualmente disfruta, por servicios que, durante más de 20 años, ha prestado al Poder Legislativo. Esta jubilación le será pagada íntegramente por la Tesorería General de la Federación, como lo dispone el propio artículo 4o.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.
México, D. F., a 7 de noviembre de 1966.- Vicente Fuentes Díaz.- Carlos Pérez Cámara.- Tomás Algaba Gómez.- Mariano González Gutiérrez."
Está a discusión el dictamen. No habiendo quien haga uso de la palabra se reserva para su votación nominal.
"Primera Comisión de Hacienda.
Honorable Asamblea:
Para su estudio y dictamen fue turnado a la suscrita Comisión de Hacienda el expediente formado con la solicitud presentada por la C. Elvira Moreno Gallardo, archivista de la H. Cámara de Diputados, para que se le conceda jubilación voluntaria por servicios prestados al Poder Legislativo durante más de 20 años.
La solicitante funda su petición en lo que dispone el artículo 4o. transitorio del decreto que incorpora a los Funcionarios y Empleados del Poder Legislativo Federal al régimen de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, presentando los siguientes documentos:
1. Constancia del C. Oficial Mayor de la Cámara de Diputados de la que se desprende que presta sus servicios en esta H. Cámara desde el 1o. de marzo de 1946 hasta la fecha, ininterrumpidamente.
2. Certificación del director general de Administración, en la que consta que actualmente devenga un sueldo mensual de $ 3,316.16 (tres mil trescientos diez y seis pesos 16/100), como archivista de la H. Cámara de Diputados.
Por lo anteriormente expuesto, la Comisión que suscribe estima que la interesada cumple con todos los requisitos que exige el artículo 3o., fracción I, de la Ley de Jubilaciones para los Funcionarios y Empleados del Poder Legislativo, y 4o. transitorio del decreto que abrogó la primeramente mencionada y se permite someter a la consideración de esa H. Asamblea el siguiente proyecto de decreto:
Artículo Unico. De conformidad con lo que dispone el artículo 4o. transitorio del decreto que incorpora a los Funcionarios y Empleados del Poder Legislativo Federal al régimen de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, se concede a la C. Elvira Moreno Gallardo, archivista de la H. Cámara de Diputados, jubilación voluntaria de $ 1,658.08 (mil seiscientos cincuenta y ocho pesos 08/100) mensuales, equivalente al 50% del sueldo y compensaciones que actualmente disfruta, por servicios que, durante más de 20 años, ha prestado al Poder Legislativo. Esta jubilación le será pagada íntegramente por la Tesorería General de la Federación, como lo dispone el propio artículo 4o.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.
México, D. F., a 5 de noviembre de 1966.- Enrique Bautista Adame.- Humberto Velasco Avilés.- Arturo López Portillo.- Alejandro Carrillo.- Ramón Zentella Asencio."
Está a discusión el dictamen. No habiendo quien haga uso de la palabra se reserva para su votación nominal.
"Primera Comisión de Hacienda.
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Hacienda, que suscribe, se turnó el expediente formado con motivo de la solicitud presentada por la C. Carmen Carmona Vuelvas, subjefe de Almacén en la Imprenta de la H. Cámara de Diputados, para que se le conceda jubilación voluntaria por servicios prestados al Poder Legislativo, durante más de 30 años.
La solicitante funda su petición en lo que dispone el artículo 4o. transitorio del decreto que incorpora a los Funcionarios y Empleados del Poder Legislativo Federal al régimen de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicios del Estado, presentando los siguientes documentos:
1. Constancia del C. Oficial Mayor de la Cámara de Diputados, de la que se desprende que prestó sus servicios en esta H. Cámara desde el 1o. de junio de 1932 hasta el 31 de diciembre de 1940 y reingresó el 31 de diciembre de 1943, continuando sin interrupción hasta la fecha.
2. Certificación del director general de Administración, en la que consta que actualmente devenga un sueldo mensual de $ 2,668.91 (dos mil seiscientos sesenta y ocho pesos 91/100), como subjefe de Almacén de la Imprenta de la Cámara de Diputados.
Por todo lo manifestado, la Comisión que suscribe estima que la interesada cumple con todos los requisitos que exige el artículo 3o., fracción III, de la Ley de Jubilaciones para los Funcionarios y Empleados del Poder Legislativo, y 4o. de la misma que opera el caso de que los servicios se presten con interrupción, y se permite someter a la consideración de esa H. Asamblea el siguiente proyecto de decreto:
Artículo Unico. De conformidad con lo que dispone el artículo 4o. transitorio del decreto que incorpora a los Funcionarios y Empleados del Poder Legislativo Federal al régimen de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, se concede a la C. Carmen Carmona Vuelvas, subjefe de Almacén en la Imprenta de la H. Cámara de Diputados, jubilación voluntaria de $ 2,668.91 (dos mil seiscientos sesenta y ocho pesos 91/100) mensuales, equivalente al sueldo íntegro y compensaciones que actualmente disfruta, por servicios que durante más de 30 años ha prestado al Poder Legislativo. Esta jubilación le será pagada íntegramente por la Tesorería General de la Federación, como lo dispone el propio artículo 4o.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.
México, D. F., a 7 de noviembre de 1966.- Vicente Fuentes Díaz.- Carlos Pérez Cámara.- Tomás Algaba Gómez.- Mariano González Gutiérrez."
Está a discusión el dictamen. No habiendo quien haga uso de la palabra se reserva para su votación nominal.
"Segunda Comisión de Hacienda.
Honorable Asamblea:
Se turnó, para su estudio y dictamen, a la Segunda Comisión de Hacienda que suscribe, el expediente formado con la solicitud presentada por el C. Miguel Angel Olivero Yoldi, Corrector en la Imprenta de la H. Cámara de Diputados, para que se le conceda
jubilación voluntaria por servicios prestados al Poder Legislativo durante más de 20 años.
El solicitante funda su petición en lo que dispone el artículo 4o. transitorio del decreto que incorpora a los Funcionarios y Empleados del Poder Legislativo Federal al régimen de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, presentando los siguientes documentos:
1. Constancia del C. Oficial Mayor de la Cámara de Diputados, de la que se desprende que presta sus servicios en esta H. Cámara, desde el 1o. de marzo de 1946 hasta la fecha, en forma ininterrumpida.
2. Certificación del director general de Administración, en la que consta que actualmente devenga un sueldo mensual de $ 3,119.70 (tres mil ciento diecinueve pesos 70/100), como corrector en la Imprenta de la H. Cámara de Diputados.
Por lo antes manifestado, la Comisión que suscribe, estima que el interesado cumple con todos los requisitos que exige el artículo 3o., fracción I, de la Ley de Jubilaciones para los Funcionarios y Empleados del Poder Legislativo, y 4o. transitorio del decreto que abrogó la primeramente mencionada y se permite someter a la consideración de esa H. Asamblea el siguiente proyecto de decreto:
Artículo Unico. De conformidad con lo que dispone el artículo 4o. transitorio del decreto que incorpora a los Funcionarios y Empleados del Poder Legislativo Federal al régimen de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores al Servicio del Estado, se concede al C. Miguel Angel Olivero Yoldi, corrector en la Imprenta de la H. Cámara de Diputados jubilación voluntaria de $ 1,559.85 (mil quinientos cincuenta y nueve pesos 85/100) mensuales, equivalente al 50% del sueldo y compensaciones que actualmente disfruta, por servicios que durante más de 20 años ha prestado al Poder Legislativo. Esta jubilación le será pagada íntegramente por la Tesorería General de la Federación, como lo dispone el propio artículo 4o.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.
México, D. F., a 7 de noviembre de 1966.- Enrique Bautista Adame.- Humberto Velasco Avilés.- Arturo López Portillo.- Alejandro Carrillo.- Ramón Zentella Asencio."
Está a discusión el dictamen. No habiendo quien haga uso de la palabra se reserva su votación nominal.
"Segunda Comisión de Hacienda.
Honorable Asamblea:
A la suscrita, segunda Comisión de Hacienda, fue turnada la solicitud presentada por la C. Victoria Aguilar Curiel, jefe de Oficina de Supervisión en la Contaduría Mayor de Hacienda, de la H. Cámara de Diputados, para que se le conceda jubilación voluntaria por servicios prestados a la Federación durante más de 30 años.
La solicitante funda su petición en lo que dispone el artículo 4o. transitorio del decreto que incorpora a los Funcionarios y Empleados del Poder Legislativo Federal al régimen de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, presentando los siguientes documentos:
1. Constancia del Departamento del Distrito Federal, de la que se desprende que prestó servicios del 1o. de enero de 1935 al 31 de diciembre de 1939.
2. Constancia del C. Oficial Mayor de la Cámara de Diputados, en la que se asienta que la C. Victoria Aguilar Curiel prestó servicios en la misma dependencia del 1o. de enero de 1941, continuando sin interrupción hasta la fecha.
3. Certificación del director general de Administración, en la que consta que actualmente devenga un sueldo mensual de $ 3,080.00 (tres mil ochenta pesos), como jefe de oficina de Supervisión en la Contaduría Mayor de Hacienda de la H. Cámara de Diputados.
Por todo lo manifestado, la Comisión que suscribe estima que la interesada cumple con todos los requisitos que exige el artículo 3o., fracción III, de la Ley de Jubilaciones para los Funcionarios y Empleados del Poder Legislativo, y 4o. de la misma que opera para el caso de que los servicios se presten con interrupción, y se permite someter a la consideración de esa H. Asamblea el siguiente proyecto de decreto:
Artículo Unico. De conformidad con lo que dispone el artículo 4o. transitorio del decreto que incorpora a los Funcionarios y Empleados del Poder Legislativo Federal al régimen de la Ley del Instituto de seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicios del Estado, se concede a la C. Victoria Aguilar Curiel, jefe de oficina de Supervisión en la Contaduría Mayor de Hacienda, de la H. Cámara de Diputados, jubilación voluntaria de $ 3,080.00 (tres mil ochenta pesos 00/100) mensuales, equivalente al sueldo íntegro y compensaciones que actualmente disfruta, por servicios que durante más de 30 años ha prestado a la Federación. Esta jubilación le será pagada íntegramente por la Tesorería General de la Federación, como lo dispone el propio artículo 4o.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.
México, D. F., a 5 de noviembre de 1966.- Vicente Fuentes Díaz.- Carlos Pérez Cámara.- Tomás Algaba Gómez.- Mariano González Gutiérrez."
Está a discusión el dictamen. No habiendo quien haga uso de la palabra se reserva para su votación nominal.
"Segunda Comisión de Hacienda.
Honorable Asamblea:
A la suscrita, Segunda Comisión de Hacienda, fue turnada la solicitud presentada por la C. Guadalupe Ortega Silva, dobladora de Automática en la Imprenta de la propia Cámara de Diputados, para que se le conceda jubilación voluntaria por servicios prestados al Poder Legislativo durante más de 25 años.
La solicitante funda su petición en lo que dispone el artículo 4o. transitorio del decreto que incorpora a los Funcionarios y Empleados del Poder Legislativo Federal al régimen de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, presentando los siguientes documentos:
1. Constancia del C. Oficial Mayor de la Cámara de Diputados, de la que se desprende que presta sus servicios en esta H. Cámara desde el 1o. de enero de 1941 hasta la fecha, en forma ininterrumpida.
2. Certificación del director general de Administración, en la que consta que actualmente devenga un sueldo mensual de $ 2,244.56 (dos mil doscientos cuarenta y cuatro pesos 56/100), como dobladora en la Imprenta de la propia Cámara.
Por lo antes manifestado, la Comisión que suscribe estima que la interesada cumple con todos los requisitos que exige el artículo 3o., fracción II, de la Ley de Jubilaciones para los Funcionarios y Empleados del Poder Legislativo, y 4o. transitorio del decreto que abrogó la primeramente mencionada y se permite someter a la consideración de esa H. Asamblea el siguiente proyecto de decreto:
Artículo Unico. De conformidad con lo que dispone el artículo 4o. transitorio del decreto que incorpora a los Funcionarios y Empleados del Poder Legislativo Federal al régimen de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, se concede a la C. Guadalupe Ortega Silva, dobladora de Automática en la Imprenta de la H. Cámara de Diputados, jubilación voluntaria de $ 1,496.37 (mil cuatrocientos noventa y seis pesos 37/100) mensuales, equivalente a las dos terceras partes del sueldo y compensaciones que actualmente disfruta, por servicios que durante más de 25 años ha prestado al Poder Legislativo. Esta jubilación le será pagada íntegramente por la tesorería General de la Federación, como lo dispone el propio artículo 4o.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.
México, D. F., a 4 de noviembre de 1966.- Enrique Bautista Adame.- Humberto Velasco Avilés.- Arturo López Portillo.- Alejandro Carrillo.- Ramón Zentella Asencio."
Está a discusión el dictamen. No habiendo quien haga uso de la palabra se reserva para su votación nominal.
"Segunda Comisión de Hacienda.
Honorable Asamblea:
Para su estudio y dictamen fue turnada, a la Segunda Comisión de Hacienda, que suscribe, la solicitud de jubilación voluntaria presentada por el C. Alberto Aguilar Curiel, supervisor técnico en la Contaduría Mayor de Hacienda, de la H. Cámara de Diputados, para que se le conceda jubilación voluntaria por servicios prestados a la federación durante más de 30 años.
El solicitante funda su petición en lo que dispone el artículo 4o. transitorio del decreto que incorpora a los Funcionarios y Empleados del Poder Legislativo Federal al régimen de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, presentando los siguientes documentos:
1. Constancia del Departamento del Distrito Federal, de la que se desprende que el C. Alberto Aguilar Curiel, prestó sus servicios en esa dependencia del Ejecutivo Federal del 14 de enero de 1926 al 21 de diciembre de 1927; del 26 de abril al 31 de diciembre de 1928; del 11 de abril al 18 de diciembre de 1929; del 6 de marzo al 24 de diciembre de 1930; del 19 de febrero al 31 de diciembre de 1931 y del 9 de agosto de 1933 al 1o. de diciembre de 1948.
2. Certificación del C. Oficial Mayor de la Cámara de Diputados, en la que consta que presta sus servicios en esta dependencia desde el 1o. de enero de 1955 hasta la fecha.
3. Certificación del director general de Administración, en la que consta que actualmente devenga un sueldo mensual de $ 3,080.00 (tres mil ochenta pesos 00/100) como supervisor técnico en la Contaduría Mayor de Hacienda, de la Cámara de Diputados.
Por lo anteriormente expuesto, la Comisión que suscribe estima que el interesado cumple con todos los requisitos que exige el artículo 3o., fracción III, de la Ley de Jubilaciones para los Funcionarios y Empleados del Poder Legislativo, y 4o. transitorio del decreto que abrogó la primeramente mencionada y se permite someter a la consideración de esa H. Asamblea el siguiente proyecto de decreto:
Artículo Unico. De conformidad con lo que dispone el artículo 4o. transitorio del decreto que incorpora a los Funcionarios y Empleados del Poder Legislativo Federal al régimen de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, se concede al C. Alberto Aguilar Curiel, supervisor técnico en la Contaduría Mayor de Hacienda, de la H. Cámara de Diputados, jubilación voluntaria de $ 3,080.00 (tres mil ochenta pesos 00/100) mensuales, equivalente al sueldo íntegro y compensaciones que actualmente disfruta, por servicios que durante más de 30 años ha prestado a la Federación. Esta jubilación le será pagada íntegramente por la Tesorería General de la Federación, como lo dispone el propio artículo 4o.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.
México, D. F., a 1o. de noviembre de 1966.- Enrique Bautista Adame.- Humberto Velasco Avilés.- Arturo López Portillo.- Alejandro Carrillo.- Ramón Zentella Asencio."
Está a discusión el dictamen. No habiendo quien haga uso de la palabra se va proceder a recoger la votación nominal de estos proyectos de decreto y los anteriormente reservados. Por la afirmativa.
El C. secretario Calleja García, Juan Moisés: Por la negativa.
(Votación.)
El C. secretario Gámiz Fernández, Everardo: ¿Falta algún ciudadano diputado de votar por la afirmativa?
El C. secretario Calleja García, Juan Moisés: ¿Falta algún ciudadano diputado de votar por la negativa?
Se va a proceder a recoger la votación de la Mesa. (Votación.)
El C. secretario Gámiz Fernández, Everardo: Aprobados los diez proyectos de decreto por unanimidad de 147 votos. Pasan a la honorable Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales. XIII
El C. secretario Calleja García, Juan Moisés: Cuenta de la Hacienda Pública Federal por el ejercicio Fiscal de 1965.
El C. López Portillo, Arturo: Pido la palabra.
El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado López Portillo.
El C. López Portillo, Arturo: Señor Presidente: señoras y señores diputados: En consideración a que ya fue pasado este dictamen en primera lectura hace aproximadamente diez días y, además, que con toda oportunidad a cada uno de los señores diputados se le presentó ya impreso el propio dictamen, pido, por lo tanto, de vuestra soberanía, que se le dispense el trámite de segunda lectura, considerando también, con fundamento en el artículo 108, para que el Presidente de la propia Comisión de Presupuestos y Cuenta de la Cámara pase a esta tribuna para que explique y fundamente el propio dictamen. Muchas gracias.
El C. Presidente: Hemos escuchado la solicitud del señor diputado Arturo López Portillo. Contiene dos aspectos: la dispensa del trámite de la segunda lectura del dictamen de la Cuenta Pública, correspondiente al ejercicio fiscal de 1965, y el pedimento que hace para que un miembro de la Comisión fundamente el dictamen; el segundo de los aspectos está previsto en el artículo 108 del Reglamento Interior del Congreso. La dispensa del trámite de la segunda lectura habrá de consultársele a la asamblea. Por lo tanto, se ordena al señor secretario consulte a la asamblea si se dispensa el trámite.
El C. secretario Calleja García, Juan Moisés: En votación económica se pregunta a la asamblea si hay dispensa de trámite. Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. dispensado.
Está a discusión el proyecto, en lo general. No habiendo quien haga uso de la palabra.
El C. Christlieb Ibarrola, Adolfo: Pido la palabra.
El C. Presidente: Tiene la palabra el ciudadano diputado Christlieb Ibarrola, en contra.
El C. Cobos Panamá, José Antonio: Antes de proceder al debate, el señor presidente tiene que conceder la palabra a un miembro de la Comisión.
El C. Presidente: Es correcta la solicitud del señor diputado y antes de que se inicie la discusión se le concede el uso de la palabra al diputado Cobos Panamá, presidente de la Comisión de Presupuestos y Cuenta, para que fundamente el dictamen.
El C. Cobos Panamá, José Antonio: Señor Presidente, señoras y señores diputados: En primer lugar una disculpa muy sincera de la Comisión de Presupuestos y Cuenta por un error mecanográfico que figura tanto en las copias fotostáticas que circularon como en la impresión tipográfica. Es un error que no es de fondo, pero estoy seguro que muchos de nuestros compañeros diputados abogados no nos perdonarían.
El error se refiere a que en la página 32 de la copia fotostática, último párrafo, o en la 9 de la impresión, se menciona el artículo 70 de la Ley de Ingresos de la Federación para 1964. En realidad debe decir: "Artículo 30 de la Ley de Ingresos de 1964"
Se nos ha pedido que expliquemos y fundamentemos no sé si la Cuenta Pública o el dictamen. En realidad, la Comisión estima que el dictamen es un fiel reflejo de la Cuenta Pública. Y el dictamen ha sido un verdadero esfuerzo de la Comisión para analizar, interpretar, justificar, legal, económica, política y socialmente el binomio ingreso y gasto ejercido por el Ejecutivo en el año de 1965.
Yo no quisiera, como en ocasiones anteriores, hacer alguna referencia a las cifras que contiene el dictamen o la cuenta, ellas están contenidas en el dictamen. Cualesquiera otras que algún compañero diputado de la minoría o de la mayoría quisieran preguntar a la Comisión, a falta de mayor información, estoy seguro que estaremos en aptitud de proporcionárselas.
Yo desearía, ahora, un poco, intentar explicar mejor, a ver si es posible, lo que la Cuenta contiene y a lo que el dictamen se refiere. Por primera vez en la historia de la Cámara se incluye la presentación de un gasto público que se descompone en tres grandes apartados: el gasto del gobierno federal, el gasto de los organismos descentralizados y empresas propiedad del Gobierno Federal, y la suma de los dos.
Por primera vez, también, en la Cuenta Pública se incluyen los ingresos ordinarios y extraordinarios del Gobierno Federal. Los ingresos propios, o prestados, o recibidos del Gobierno Federal por parte de organismos descentralizados y empresas, y la suma de los dos.
Ingreso y gasto, a su vez, como una consecuencia de la Cuenta.
El dictamen nos presenta, en tres grandes clasificaciones: la clasificación administrativa, que responde a la división tradicional de los ramos de la Administración Pública; la clasificación funcional, que atiende al destino del gasto, y la clasificación económica, que refleja el costo administrativo de los servicios del gobierno, o de los servicios, o de la producción de organismos y empresas, y lo que el Gobierno invierte, o lo que los organismos y empresas invierten en erogaciones de capital. Esto es lo que va a contribuir a la formación o al incremento del capital nacional.
Estas tres clasificaciones están dadas para cada uno de los dos sectores y para el gasto consolidado.
El dictamen contiene su examen: datos que revelan cómo el gasto general del Gobierno, de los organismos o el consolidado ha crecido, y si ustedes recuerdan las cifras de 64, estas erogaciones, muchas de ellas, han tenido incrementos fundamentales. Algunas otras, el dictamen lo revela, y la Cuenta así lo consigna, traen disminuciones.
Pero es pertinente destacar un hecho básico en el examen de la Cuenta Pública, sobre todo en el examen de la Cuenta Pública Federal: el gasto, con pequeñas variaciones, del Gobierno Federal; el gasto corriente de Administración se ha ceñido, más o menos, a las cantidades que originalmente fueron autorizadas por esta honorable asamblea. Esto es normal que así suceda.
El presupuesto siempre se forma con un criterio conservador. Se procura que el gasto administrativo esté cubierto por los ingresos ordinarios. Y, claro, siempre se busca y se piensa que habrá sobrantes que sirvan para la inversión de capital o la inversión social que el Gobierno está obligado a hacer en el país.
En donde, en consecuencia, al examinar el gasto del Gobierno Federal, se presentan los incrementos mayores, están, si atendemos a la clasificación administrativa, en los tres últimos ramos que engloba el presupuesto: inversiones, erogaciones adicionales y Deuda pública. Es aquí, y lo dice el dictamen, en donde el Ejecutivo, que no tiene la seguridad de superávit importantes en los ingresos ordinarios, o que de un ciclo a otro no puede tener la seguridad de obtener los ingresos extraordinarios que reclama el país en su desarrollo económico y social, es, en
estas tres grandes ramas de la administración, en donde se acusa - El dictamen lo reconoce y la cuenta lo dice - el gasto mayor.
No es posible, en ocasiones, prever el monto de los superávit ni el volumen o monto de los ingresos extraordinarios. Ello está en función del crecimiento dinámico del país, de la posibilidad de que el gobierno tenga apoyo en el mercado interior o exterior, de dinero o de capital. Pero hay un hecho indudable: las necesidades económicas y sociales del país son tan grandes, que sería inexcusable, para el Ejecutivo, y la Cámara, no ejercer el mecanismo adecuado para obtener los ingresos que sean suficientes a sufragar, aunque sea en mínima parte, las enormes necesidades de un México que crece por arriba del tres y medio por ciento de su población, y en donde todavía tenemos grandes capas mayoritarias con niveles muy bajos de ingreso.
En el examen de los gastos del gobierno federal, y en esta ocasión también de empresas y organismos, siempre ha habido un tema dominante, una exigencia que muchos compañeros hacen, con razón. Y también nosotros lo queremos así, por convicción y para beneficio del país, de que debe hacerse una real y efectiva glosa política de los egresos. Yo creo que en esta ocasión, como en las dos anteriores en que nos ha tocado participar, hemos hecho glosa política. Es muy difícil separar lo que es glosa económica de la glosa política. Las decisiones del Ejecutivo, con autorización del H. Congreso, deben ser, lo son, lo han sido en el ciclo de 65, en beneficio del crecimiento y de la defensa del poder adquisitivo del pueblo de México.
No podemos desvincular el análisis económico de la cuenta, de lo que genéricamente conocemos como glosa política. El dictamen dice, porque es una consecuencia de lo que dice la cuenta, y lo afirmé hace un momento, que en los primeros veintiún ramos de la administración, y por lo que se refiere al gasto normal del gobierno, ha habido más o menos similitud con el presupuesto originalmente autorizado. Hemos hablado del incremento de las tres últimas ramas.
No podemos, al hablar de la glosa política o del análisis económico de la Cuenta Pública, pensar en ella como en la vieja pintura del "Mercader del Siglo de Oro", que cuenta las monedas sobrantes en sus transacciones mercantiles. Nosotros tenemos que pensar fundamentalmente en las enormes necesidades y carencias de las grandes masas del país y en la obligación inexcusable del Ejecutivo que ha cumplido - y ha cumplido bien - con nuestras autorizaciones, obteniendo lo necesario a través de los sobrantes de los ingresos ordinarios y de la colocación de empréstitos y financiamientos para poder ejercer la acción necesaria de fomento económico y social de México.
El dictamen - y creo que no vale la pena referirse en detalle - tiene un capítulo especial en que la Comisión de Presupuestos fundamenta la legalidad del gasto. El dictamen incluye, además, un examen de los ingresos. De este análisis se revela el crecimiento de los ingresos ordinarios - Cerca de tres mil millones en relación con el año inmediato anterior -, refleja una colocación de empréstitos y financiamientos, fundamentalmente influida por la absorción de once mil millones en bonos, en el interior del país, que ha servido para apoyar al sector paraestatal para redocumentar obligaciones a largo plazo, mejorando la capacidad económica del sector público y para hacer las inversiones y erogaciones que demanda el crecimiento del país.
El ingreso ordinario -lo dice el dictamen - no es desafortunadamente, tan cuantioso, e importante como lo quisiéramos, pero se avanza cada año; han crecido de un ciclo a otro. El incremento está fundamentalmente en el ingreso derivado del impuesto sobre la renta, y aquí también podemos señalar un hecho de política económica. Quisiéramos que fueran mayores, pero también el Ejecutivo, sabiamente, ha considerado que es conveniente, bien por la vía del ingreso - Como lo apuntamos -, por la vía del gasto, estimular la inversión productiva del país.
El dictamen incluye un capítulo en que la Comisión, con detalle, examina la Deuda Pública. Los saldos de Deuda Pública al 31 de diciembre, tanto al interior como la exterior, tanto la consolidada o titulada como la documentada por medio de otros mecanismos: treinta y dos mil millones de pesos que no pueden alarmarnos si consideramos - y también el dictamen lo dice - el crecimiento de nuestro producto bruto nacional, las proporciones que la deuda guarda con él y descontado el pasivo del Gobierno, el patrimonio o la asamblea pública federal, dato que también contiene el dictamen que ahora examinamos.
El dictamen incluye el examen del gasto y del ingreso del Distrito Federal; hubo incremento en la recaudación, hubo disminución en el gasto, hubo sobrante, sobrante necesario para hacer frente a obligaciones de carácter flotante, de gastos indispensables, al abastecimiento de agua de la ciudad y como se ha venido haciendo, para realizar obras de emergencia en el drenaje y con los colectores del Distrito Federal.
El dictamen y el examen de la Cuenta Pública para 1965 que el Ejecutivo ha enviado a la Cámara de Diputados, contiene una serie de puntos que conviene resaltar. El bajo costo administrativo del gobierno federal, el monto muy importante del fomento económico de las cantidades que se han destinado en 1965 a la inversión de capital y a la inversión social. El papel importantísimo de las transferencias de ingresos, el apoyo a las entidades paraestatales, a la CONASUPO, a la Comisión Federal de Electricidad, a Petróleos, a otros organismos.
Un punto que conviene destacar, los ingresos extraordinarios, aparentemente crecidos, no lo son y si entendemos que el Ejecutivo ha tenido que recurrir buscando tres soluciones benéficas.
1. La satisfacción de necesidades públicas indispensables.
2. En cierta medida la regulación del circulante monetario. No toda la emisión de los bonos se ha colocado vía banca central. La banca privada en ella se ha recogido dinero y el refinamiento de deudas de corto y a largo plazo. La cuenta destaca, además, varios puntos fundamentales; parece a veces, por el monto, que tenemos una cifra exagerada en inversiones. Ese ramo 22 de la clasificación administrativa, pues precisamente, a través de ese ramo, el Ejecutivo ha destinado muy importantes cantidades, más de mil millones de pesos, recogidos de nuestro ahorro interior, no del mercado de dinero y de capitales del exterior, como algún compañero diputado lo dijera alguna vez, para dar el patrimonio
necesario a esa institución que el Presidente Díaz Ordaz ha creado en su régimen y que es el Banco Nacional Agropecuario. (Aplausos.)
Muy importante el gasto de las erogaciones adicionales, sí, señores diputados, pero muy importante, en ellos, la cantidad que el Ejecutivo ha destinado al apoyo a productores, sobre todo a agropecuarios, a productores manufactureros, a exportadores muy importantes cantidades, yo podría, haciendo un alarde de memoria, hablar de 1,500 millones de pesos anuales.
Bien, en donde vemos la bondad de esta erogación que es virtual y no real, porque se hace a través del mecanismo del subsidio, la vemos, en el crecimiento que en 1965 tuvieron, en volumen y en valor las exportaciones mexicanas y que correlativamente al incremento de los impuestos a la importación de bienes y servicios nos ayudaron a equilibrar una balanza de pagos y a compensar la baja de la obtención de créditos en el exterior.
La cuenta, y por lo tanto el dictamen, trae datos, por primera vez en la vida pública del país, trascendentales en los estados financieros que se refieren a organismos y empresas. La Cuenta incluye las cifras de sus activos, de sus obligaciones. El dictamen habla, y hemos querido hacerlo por vía de ejemplo, perdóneme por usar una palabra que nunca he querido usar: microeconómico, la Cuenta trae las cifras de activos y pasivos, que correlacionados nos hacen ver la proporción favorable entre unos y otros, nos dan el índice de liquidez, o nos dan el grado muy importante de la garantía física, frente a obligaciones a largo plazo.
Y la cuenta, en este capítulo, también incluye por diferencia entre las entidades productivas del sector paraestatal y las entidades de servicio o de inversión social, que todo este sector público de 22 empresas incluidas en la Cuenta, tuvo utilidades en 65 de 720 millones de pesos.
No nos entusiasman las utilidades de 720 millones de pesos, lo consignamos como un hecho positivo; pero la Comisión reconoce que, los organismos descentralizados y empresas propiedad del Gobierno Federal; por definición, deben ser instituciones de servicio público y no de lucro, para beneficio de las mayorías del país, para defender el precio de los productos agrícolas a los campesinos miserables, para defender el nivel de precios de los consumidores obreros en la ciudad. (Aplausos.)
Y para hacer la inversión de la infraestructura indispensable para que la inversión privada, la iniciativa privada prospere y crezca y establezca las fuentes de ocupación que 500 mil hombres cada año está demandando el país.
En el análisis económico de la Cuenta, también el dictamen se refiere a ello, se apunta como un hecho favorable, como un éxito indiscutible del Gobierno del Presidente Díaz Ordaz, en su primer año de administración, un crecimiento económico de México del 5.4%; en los primeros años; en las tres administraciones anteriores, los datos fueron del 3-1/2, del 0.6 y del 2.9%. Nosotros pensamos que sería conveniente, antes de concluir, releer -son, creo, que dos páginas, señores - lo que algún compañero de Comisión ha llamado las conclusiones del dictamen y que, en realidad, estimamos que son las consideraciones doctrinarias fundamentales en las que descansa el dictamen que ahora sometemos a su consideración.
La vieja concepción de la economía clásica de mínima ingerencia del Estado en la vida económica, sólo inquieta a quienes viven en el pasado. México ha sido de los primeros países en desarrollo que, a través de ese proceso gubernamental, complejo, difícil, elástico, ingreso - gasto, ha perseguido su desarrollo económico y social.
La política tributaria de los gobiernos de la Revolución y particularmente la reforma fiscal del Ejecutivo en 1965, no sólo ha buscado la capitalización del país, la formación acelerada de capital, sino fundamentalmente atenuar, corregir la desigual distribución del ingreso nacional.
El gasto público se ha orientado a incrementar la tasa de inversión en obras de infraestructura de mayor beneficio social, sobre las que descansa el crecimiento de las demás actividades productoras; a estimular la inversión, particularmente cuando ocurre un retraimiento de la inversión privada; a prestar servicios colectivos de manera creciente; a elevar el nivel de vida de grandes sectores de la población por medio del incremento de sus gastos corrientes y de sus transferencias de ingreso, con el manejo equilibrado de ese proceso. En todo el sector federal paraestatal el Ejecutivo ha perseguido y obtenido un desarrollo económico y social con estabilidad y justicia social en 65 y superior al incremento demográfico.
Si el Ejecutivo de la Unión, en el examen de la Cuenta de 65, que nos ocupa, y para beneficio del país, ha tenido a ese elevado fin de política económica, así como esos principios generales que informa la moderna política fiscal, también ha procurado un mejor equilibrio entre los gastos corrientes, las transferencias y los gastos de inversión, un mejor control de esas transferencias que se hacen a organismos descentralizados y empresas, un mejor conocimiento y control de los ingresos del sector paraestatal. Como resultado, un mejor manejo de la Tesorería del Sector Público, un control adecuado y permanente, y dinámico, del endeudamiento de organismos y empresas. Una regular administración de los fondos para las inversiones autorizadas para el ejercicio. Una relación favorable entre la deuda pública y el producto del ingreso nacional. Y un ingreso neto de divisas adecuado a cubrir nuestros problemas de deuda exterior.
El ejercicio del gasto, en los primeros veintiún ramos, guarda una proporción aceptable, como ya lo vimos. Ello revela que el presupuesto se formula con criterio conservador, previniendo cubrir los gastos de administración. El gasto directo de capital se incrementó en 65; pero, como lo vimos, en algunos casos el incremento es virtual, en otros casi es real, para crear unidades productivas que ayuden a nuevas actividades económicas del país.
La Comisión reconoce que la Cuenta Pública y su análisis es susceptible de mejorar. Yo creo que todos y cada uno estamos conscientes de que este problema puede ser susceptible de adelanto, no sólo en el orden legal, sino en la tecnología social que a cada paso en México se aplica cada vez más, dentro del Ejecutivo, y también, así lo estamos viendo, y esperando que así suceda, dentro del Congreso de la Unión.
Señores diputados: La cuenta que ahora nos presenta el Ejecutivo de la Unión revela un gran avance, y estimamos que la Comisión ha hecho un esfuerzo para examinar y dar a ustedes una mayor información, interpretación y análisis de ella.
Si tenemos conciencia - y la tenemos - de que el Ejecutivo ha cumplido, ordenadamente, con la política de gasto y de ingreso autorizada por esta representación nacional, y que nos ha presentado un fiel estado de los manejos de los recursos públicos; si estamos conscientes - y lo estamos - de que ese binomio ingreso - gasto en el último ciclo ha procurado, y así ha sucedido, desarrollar equilibradamente al país, sin perturbaciones económicas inconvenientes a las mayorías; y si sabemos, como lo sabemos, de la preocupación del señor Presidente Díaz Ordaz por obtener un poco más de bienestar para todos los mexicanos, señores diputados, demos nuestra aprobación a la cuenta que hoy se somete a la consideración de ustedes. (Aplausos.)
El C. Presidente: Señores diputados: La directiva de esta Cámara ha deliberado, antes de iniciar el debate, la conveniencia de poner a consideración de esta asamblea que la discusión se haga simultáneamente en lo general y en lo particular, en virtud de que los tres artículos resolutivos que contiene el dictamen, están íntimamente relacionados entre sí, y se refieren al texto fundamental que es base legal para la revisión de la Cuenta Pública, que es el artículo 65, fracción II de la Constitución.
En consecuencia, a través de la Secretaría, se va a solicitar a la asamblea se permita que la discusión se haga en lo general y en lo particular, a la vez.
El C. Calleja García, Juan Moisés: La Secretaría pregunta a esta asamblea, en votación económica, si está conforme con que, simultáneamente, se discuta el proyecto de decreto en lo general y en lo particular. Aprobado. Se pone a discusión, en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto.
El C. Presidente: Se abre el registro de oradores.
El C. González Villareal, Marciano: Señor Presidente, pido la palabra.
El C. Presidente: ¿En pro o en contra, señor diputado?
El C. González Villarreal, Marciano: En pro.
El C. Presidente: Tiene la palabra el señor general Marciano González.
El C. González Villarreal, Marciano: Señor Presidente, honorable Cámara de Diputados: Extrañará a ustedes que el primer orador, para opinar sobre el presupuesto, la Cuenta que el Ejecutivo Federal ha mandado, correspondiente al año 65, sea un miembro del partido minoritario. Es extraño, en verdad. Pero hay una razón que me hace realizar este propósito: que gusto saborear la justicia y la razón. He luchado por defender una y otra cosa y no paladeo jamás ni la adulación ni el ocio indebido.
En consecuencia, mis palabras son palabras que nacen del alma, son juicios que dicta mi conciencia, y puedo opinar en esta materia porque he sido dos veces Contador General de la Federación y sé lo minucioso que es saldar las cuentas, revisarlas. Y la Comisión, en verdad de verdad, sin que esto sea prodigalidad de elogio, ha llevado luz a todos los rincones de la Cuenta, No hay un solo oscuro, en todos ellos hay el resplandor de justicia y elogio de números.
En consecuencia, mi pequeño partido, pequeño quizá; pero que sigue todavía orgullosamente como faro que alumbra el ideario y la mística de la Revolución, viene a rendir pleitesía a la Comisión y, sobre todo, al Ejecutivo. Levantemos con él la frente y aplaudamos frenéticamente, de corazón, lo bien que ha procedido. (Aplausos.)
El C. Presidente: Tiene la palabra el C. Christlieb Ibarrola, en contra.
El C. Christlieb Ibarrola, Adolfo: Señor Presidente Honorable Asamblea:
"Sin ánimo doloso, los diputados de Acción Nacional, al examinar este asunto concluimos que el 29 de diciembre de 1964 se decidió, en debate, sobre la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio de 1965.
La decisión fue tomada por los miembros de la mayoría de esta XLVI Legislatura, al aprobar el artículo 4o. del dictamen referente al Presupuesto Federal de 1965, que no sólo autorizó, sino que exigió al Ejecutivo, conforme a una poco feliz adición de última hora, gastar todo excedente de ingresos, conforme a los grupos fundamentales de autorización a que se refiere el artículo 18 de la Ley Orgánica del Presupuesto de Egresos de la Federación; es decir, en lo que el Ejecutivo le pareciera más conveniente, en cualquiera de los ramos legales del gasto público.
Al aprobarse por mayoría dicho artículo, en realidad se suprimió, seamos sinceros, la posibilidad de que el Ejecutivo rindiera a la Cámara, una Cuenta Pública con las finalidades que a la Cuenta le corresponde conforme a la Constitución.
Porque la Cuenta Pública no sólo se rinde con finalidades informativas. Tiene como función la de establecer responsabilidades. Y pido a ustedes, señores diputados, que con espíritu limpio y abierto, pensemos en lo que significan las responsabilidades del Ejecutivo.
Al tratar de este punto no me refiero sólo al caso lamentable y extremo de una responsabilidad penal, que resultaría lamentable, no para un partido, sino para todos los mexicanos, para la Nación entera, y que es lo que en forma primaria sugiere el término responsabilidad.
El Ejecutivo puede tener también una responsabilidad política por el manejo de la hacienda pública, aun cuando las manos de su titular se mantengan limpias.
Resolver sobre esa responsabilidad es también función del Congreso, como consecuencia de la aprobación o reprobación de una Cuenta Pública. ¿Por qué conceptos puede ser responsable el Ejecutivo en función del Presupuesto? Fundamentalmente, porque maneje el ingreso público con o sin la participación de los Secretarios del Despacho o de otros funcionarios, fuera del presupuesto.
Ahora bien: al votarse el texto, de lo que resultó el artículo 4o. del Presupuesto de 1965, se confirieron al Ejecutivo facultades tan amplias para el manejo de la hacienda federal - Facultades discrecionales en síntesis - que de hecho redujeron la función del Congreso sólo a la posibilidad de emitir una apreciación sin ninguna finalidad constitucional, para los efectos del señalamiento de responsabilidades políticas; en otras palabras, no puede tener responsabilidad política, desde el punto de vista constitucional, quien
recibe autorización para manejar o dirigir el manejo de los fondos del sector público en forma discrecional.
Políticamente, en otro sentido, se podrá aplaudir o censurar el manejo de la Hacienda Pública, pero no para los efectos constitucionales de la rendición de cuentas por el Ejecutivo del Congreso.
Y es este punto algo muy importante sobre lo que debemos pensar, para mejorar las instituciones nacionales, no en función de un régimen o de un partido; tampoco con un criterio formalista y exclusivamente contable, sino atendiendo a las transformaciones de la realidad, que pueden tener repercusiones y transformar las formas jurídicas pero no olvidarlas.
El examen de la Cuenta Pública por parte del Congreso, debe tener una finalidad que excede las funciones de Ministerio Público que desempeña la Contaduría Mayor de Hacienda.
Pero no podrá tenerla mientras se establezcan como supuesto del manejo del gasto público facultades discrecionales para que el Ejecutivo lo realice.
El Congreso no puede abdicar de sus funciones. Debe, sí, adaptarlas a las nuevas realidades, pero no abandonar los supuestos básicos de la Constitución aunque la realidad se vuelva más complicada.
Y aquí una declaración expresa: no buscamos promover una lucha para supeditar las funciones del Ejecutivo a una dictadura congresional. Pretendemos nada más, que cada uno de los dos Poderes tenga definidas sus funciones constitucionales, para que el pueblo de México con mejores instituciones progrese políticamente en forma democrática.
No estamos empeñados en una lucha entre el Ejecutivo y el Congreso, que en nuestra historia ha tenido ejemplos frecuentes y dolorosos y que originó en el pasado, por una parte, luchas innumerables y por otra, gobiernos endebles o dictaduras, todo ello en perjuicio de la Nación Mexicana.
Recordemos a Morelos, a quien, con el pretexto de una designación para encabezar el Poder Ejecutivo, se le retiró del mando del ejército que había formado, y se redujo, según frase cáustica de Chávez Orozco, a "simple guardián y custodio de las vidas de los diputados y de su impedimenta". La fidelidad de Morelos al Congreso desembocó en la prisión y fusilamiento del caudillo. La historia ha responsabilizado al Congreso convocado por Morelos, por la concepción equivocada de sus facultades y por el uso que de ellas hizo, en perjuicio de la causa independiente y de la vida misma de Morelos.
Lorenzo de Zavala, a quien no se puede calificar de amigo de Iturbide, después de la experiencia de nuestro primer Gobierno Independiente propuso un "Proyecto de Reforma del Congreso" para evitar, según decía la mala inteligencia del más útil descubrimiento político, el de la soberanía nacional y su aplicación limitada, dando una autoridad sin término prescripto a la corporación o junta que se consideraba representante de la Nación, lo que conducía al pueblo al mismo escollo que quería evitar: el del poder absoluto.
Paradójicamente, Zavala encabezó a las turbas que en la Ciudad de México humillaron a Victoria durante una primera presidencia falta de facultades.
Y tal vez podría decirse que Guerrero y Bustamante, Gómez Farías y sus sucesores bajo la Constitución de 24 o de 57, o aún los presidentes que fungieron bajo las tentativas centralistas, no pudieron mantenerse en el poder por falta de un equilibrio institucional entre las facultades del Congreso y las facultades reales del Gobierno.
Alamán y Juárez - Dos estadistas - con treinta años o algo más de diferencia - Cada uno a costa de la propia experiencia - reclamaron autoridad para que el Ejecutivo pudiera gobernar al país, sin que el Congreso interfiriera demagógicamente.
Alamán, en el "Examen Imparcial de la Administración del General Vicepresidente don Anastasio Bustamente", se quejó de la falta de equilibrio entre los poderes, derivado - Decía - de los extravíos metafísicos de los filósofos especulativos, que transfundieron las constituciones de Cádiz, la Francesa y la Americana, en nuestra primera Constitución Federal, debilitando excesivamente al Ejecutivo y dando al Legislativo toda la autoridad; y expresamente se refiere a la dificultad en el manejo de la hacienda pública, por el sometimiento del Ejecutivo al Legislativo. Esto, concluye, no se remedia con el establecimiento del régimen central, sino con la atribución de facultades equilibradas a los dos poderes.
Y Juárez, en la convocatoria a elecciones de agosto de 1867, recordando tal vez los tragos amargos que en la Cámara le hicieron pasar Altamirano y otros adversarios que en el Congreso estuvieron a punto de procesarlo y privarlo del cargo, propuso reformas para mejorar el equilibrio entre los poderes, que no llegó a ver plasmadas.
No se trata de la lucha en que se enfrascó Lerdo de Tejada, y en que si ciertamente algunos avances logró en el equilibrio institucional del Ejecutivo con el Congreso, no alcanzó tampoco a liberarse del problema.
Ni creo que por parte de la mayoría se trate tampoco de apoyar en favor del Ejecutivo facultades que permitan una estabilidad de tipo dictatorial como la que impuso al país el General Díaz y que en buena parte podría explicar este esbozo, sobre uno de los aspectos de nuestra historia política.
Cuando Carranza pidió al Constituyente de 1917 mayores facultades para el Presidente, basado en la experiencia histórica, y a pesar de las sombras de desconfianza y recelos que proyectaba la dictadura del General Díaz, tuvo seguramente a la vista la experiencia de 100 años de independencia, a través de los cuales los teóricos de uno y otro bando o de una u otra tendencia, por disputas metafísicas, como diría Alamán, o por la razón de los hechos, detuvieron el progreso político de México y cooperaron con las armas desde su gabinete de teóricos, a detener la evolución social y política de México.
Por eso, reconociendo el derecho y el deber del Legislativo, de inspeccionar la marcha de todos los actos del gobierno se pronunció por un gobierno fuerte, que no sólo impusiera el orden enseñando la ley, sino por un Ejecutivo que pudiera ser fuerte frente a los transgresores de la ley y que no quedara a merced de un Legislativo que invadiera fácilmente sus atribuciones.
Con la experiencia de la historia y con los ojos de la realidad actual y en el futuro debemos superar estas cuestiones y revisar posiciones para bien de México.
Ciertamente, no puede el Congreso pretender que en 1966 y en los años por venir, sus funciones en materia de Cuenta Pública se reduzcan a revisar partida por partida el ejercicio de un presupuesto federal,
autorizado previamente, hasta el último centavo, salvo para casos de emergencia nacional.
Pero tampoco creemos que el Congreso deba continuar con el régimen de autorizaciones abiertas para la aplicación de excedentes, ni conformarse con fórmulas tan generales como la de aplicarlos a lograr la expansión financiera, el desarrollo económico, la elevación de niveles de vida, la regulación del comercio exterior, el progreso de la justicia social, la industrialización, el aumento de la producción agrícola, alcanzar un equilibrio en la distribución de la población o en las economías regionales o la inversión necesaria en los diversos capítulos de la infraestructura entre otras generalidades, y juzgar después una cuenta en función de cuestiones tan amplias.
En su segundo informe de gobierno, el Presidente de la República anunció que el Gobierno Federal tiene no sólo metas genéricas, sino proyectos definidos respecto al desarrollo nacional y que ha iniciado el estudio de la planeación regional con proyecciones hasta 1970, con inversiones que corresponden al sector público, por $ 95,000.000,000.00.
La programación en el sector público, expresó, jerarquiza y determina. Y es a través de estos programas definidos y jerarquizados, por donde puede romperse el círculo vicioso de las cuestiones que nos ocupan.
El gobierno, contra la tradicional y venerada regla del presupuesto anual, o, más que contra, dentro de esa regla puede emprender la batalla por sus programas, según expresión de Jean Fourastié presentados de la manera más concreta posible a la consideración del Congreso como las opciones más satisfactorias para el país, con facultades para aproximarse o retardar el cumplimiento de los objetivos, en forma flexible, conforme a la existencia de recursos que excedan los que se consideren respecto de un presupuesto básico, conservador, que es el prudente para un país en proceso de desarrollo. Independientemente de ajustar anualmente, conforme a la experiencia, el desarrollo del programa a las posibilidades presupuestales, debe pensarse en que un programa, aun dentro de su proyección anual, no debe ser inflexiblemente determinante para el gobierno.
Puede haber razones válidas que permitan acelerarlo o hasta detenerlo, y que ciertamente en ocasiones no podrían esperar para su reajuste a que se cumplieran los trámites ordinarios de una revisión parlamentaria.
Frente a un presupuesto así concebido, volvería a haber la posibilidad de una Cuenta Pública con proyecciones constitucionales, y el Congreso, al debatirlo, expresaría la voluntad política de alcanzar las metas de crecimiento propuestas en el programa.
No pensamos en que el programa -insisto-, una vez aprobado implique una responsabilidad política inflexible para el Ejecutivo.
Pero sí creemos que un plan propuesto, compromete moral y políticamente a un gobierno para cumplirlo, salvo que se presenten causas suficientes para modificarlo o cambiarlo. Sin ellas, un gobierno no puede eludir su programa sin negarse a sí mismo.
¿Cuál sería entonces la materia del examen político de la Cuenta Pública? En primer lugar, el examen del cumplimiento del presupuesto básico.
En segundo lugar, el análisis de la aplicación de excedentes a los programas propuestos por el Ejecutivo y aprobados por la Cámara de Diputados.
En tercer lugar, el juicio sobre las causas que invoque el Ejecutivo para haber retardado, modificado suprimido o creado capítulos determinados de un programa, o aún para modificar el presupuesto básico, dentro de un ejercicio, sin seguir el trámite regular de la autorización previa.
Ciertamente, muchas causas podrían influir para esas modificaciones favorable o desfavorablemente. Desde la ineptitud o el error de un Secretario del despacho, que muy provechoso para el Ejecutivo sería que en ocasiones se pusieran en claro, hasta causas tan ajenas a toda previsión interna, como - Digamos - una devaluación del dólar, un cierre de mercados de exportación, facilidades para obtener empréstitos, un desempleo creciente, un año agrícola desafortunado, una guerra en que aunque el país no participara repercutiera en nuestra economía, o una revolución en las técnicas.
Debemos pensar en una transformación de los controles parlamentarios, pero no en su supresión; transformación aun de los mecanismos formales de la Constitución, para evitar eso que, según expresión de Kelsen, le resulta inexplicable: el desuso en que caen las normas constitucionales; transformación, ¿por qué no decirlo?, necesaria en mucho por la imposibilidad de que un cuerpo legislativo haga frente con plenitud a los problemas económicos y sociales que implican las funciones del estado moderno. Es cierto que el Congreso tendría una función secundaria y accidental en la elaboración y casi ninguna en la ejecución de los programas puesto que en muchos aspectos el ejercicio de la facultad reglamentaria sería suficiente. Pero su función crítica, frente a presupuestos y programas, y con motivo del examen de la cuenta pública, tendría, cuando menos, el efecto de hacer rectificar o de apoyar las orientaciones, en la actuación del Ejecutivo. Y esa función crítica, para apoyo o modificación, tendría que hacerse sobre puntos cada día más concretos, no sobre abstracciones solamente.
Y pensamos, sinceramente, que el Poder Legislativo mucho podría aportar para el mejor gobierno del país, sin desquiciar la función ejecutiva, sin invadirla y sin resucitar querellas sobre las funciones teóricas o de hecho, que correspondan al Congreso o al Ejecutivo.
El debate sobre esta Cuenta Pública se realizó en diciembre de 1964 y lo perdimos en votación. Por eso, nuestro voto respecto del dictamen será negativo; no consideramos que un análisis del gasto, como se hace en el dictamen, pueda ser el análisis de una Cuenta Pública. El debate lo ganó la mayoría y lo perdimos nosotros el 29 de diciembre de 1964. No tendría caso repetirlo. Tampoco lo impugnaremos en lo particular, ni especificamente en la cuenta relativa al Distrito Federal, sobre la cual, existiendo la misma situación, hacemos extensivos los mismos argumentos y las mismas conclusiones.
Y para obviar trámites, estamos de acuerdo en que se votara la cuenta en lo general y en lo particular en un mismo acto.
Empero, la estructura misma del dictamen y su contenido, aunque no sus conclusiones, especialmente la que se refiere a concordancia de la cuenta con
partidas autorizadas ya que ni formal ni materialmente se autorizaron partidas, sino disposición global de excedentes nos revelan que no hemos pasado por esta arena como víctimas de las fieras, sino como pugilistas que si son golpeados también pegan.
Basta examinar, sin llegar hasta Guillermo Prieto, los dictámenes que todavía en la legislatura anterior se presentaban a la consideración de esta Cámara, para ver que algo se ha avanzado. Parte y parte corresponde a unos y otros. No tiene caso que fijemos porcentajes.
A mi juicio, con una estructura como la del dictamen, susceptible de mejorarse, como reconoce la Comisión en palabras inusitadas en nuestra tradición parlamentaria de mayorías perfectas e inconmovibles, debía presentarse por el Ejecutivo un resumen de la rendición de cuentas, para que sobre él versara fundamentalmente el dictamen, que dicho sea en favor de la Comisión, creo que ha suplido una función del Ejecutivo.
La presencia de los organismos descentralizados y las empresas del Estado en esta cuenta, los diversos estados y los balances algo tienen que ver con las terquedades formalistas de la oposición -para no ofender oídos de nadie la llamaremos sistemática - tal vez, pensamos nosotros, porque algo trasciende a la mejoría de los sistemas. Tampoco fijo porcentajes. Es México el que va hacia adelante.
Para no perder la costumbre diré al veterano Cobos, que me ha dispensado su paciencia, que algún gazapo numérico se le escapó en el dictamen en lo referente a empresas descentralizadas. Al terminar la sesión tendré el gusto de molestarlo una vez más.
Y si la vocación a ser candidatos, más que la vocación al desempeño de las funciones legislativas, nos trae otra vez a esta Cámara, a los miembros de esta terca minoría, que no siempre lo será, esperamos que algo de lo que hoy hemos esbozado haya cristalizado en los sistemas y nos permita discutir una Cuenta Pública como la que deseamos examinar y, ¿por qué no?, que esa mejoría en los sistemas nos permita aprobarla.
También esa Cuenta, sin fijar porcentajes, sería algo nuestro. Nos sería grato también que la oscuridad en que se envuelven el gasto y la cuenta, por mil razones, entre otras las molestias que causa la oposición -no es fenómeno privativo de México - se ilumine un poco en beneficio de la gran masa de la Cámara entre cuyos integrantes me cuento.
Y no es éste sólo el deseo de un lego. Mario Fasiani, a quien en otra ocasión creo haber mencionado, especialista reconocido en cuestiones hacendarias, afirma que el Presupuesto y la Cuenta, desde la época del antiguo régimen, se presentan como una especie de esfinge impenetrable frente a la mayoría de quienes los votan y que la verdadera situación se esconde en un tabernáculo recóndito, en el cual sólo penetra el ojo de un pequeño número de tecnócratas expertos que se pelotean el poder y tienen su propio interés en el esoterismo financiero.
Y confieso, con optimismo moderado, que desde luego nos sería mucho más satisfactorio - Creo que no pensarán que es mucho pedir - que en el presupuesto federal para 1967 queden asentadas, por el Ejecutivo y por la Cámara, las bases para que los diputados de Acción Nacional ante la XLVII Legislatura tengan la oportunidad de analizar, en 1968, una Cuenta Pública que satisfaga, si no plenamente, sí de manera suficiente, a quien la rinda y a quienes la reciban."
El C. Presidente: Me informa la Secretaría que también fue inscrito el señor diputado Jorge Cruickshank. Se recomienda al señor diputado que, en lo futuro, haga la inscripción directamente a esta Presidencia. Tiene la palabra el diputado Jorge Cruickshank.
El C. Cruickshank García, Jorge: Señor Presidente, honorable Asamblea: En virtud de que no se han hecho objeciones de fondo al dictamen leído por la Comisión, sino algunas observaciones y algunas recomendaciones, particularmente respecto a la mecánica parlamentaria, en la que nosotros hemos estado de acuerdo en otras ocasiones, la diputación del Partido Popular Socialista está de acuerdo con el dictamen que ha presentado la Comisión, de la que se infiere que el Ejecutivo ha cumplido. Esa es nuestra opinión. (Aplausos.)
El C. Presidente: Tiene la palabra la Comisión.
El C. De la Vega, Jorge: La intervención que escuchamos al señor diputado Christlieb Ibarrola, que habló a nombre de su partido, en relación al gasto del sector público -Gobierno Federal, Organismos y Empresas - para el año de 1965 tuvo, sin lugar a dudas, aspectos que denotan avances interesantes en la materia que nos ocupa, mismos que ha escuchado con atención esta honorable Cámara. Sin embargo, abordó algunas cuestiones cuyo alcance es necesario aclarar debidamente para poder justipreciarlas.
Afirmó que la Cámara de Diputados al aprobar el Presupuesto de Egresos de 1965 señaló normas al Ejecutivo para gastar "indiscriminadamente" los excedentes de los ingresos no presupuestados en los ramos que componen el propio presupuesto. Afirmó "que así el Ejecutivo rindió una cuenta sólo con fines informativos, y que ya no hay posibilidad de establecer responsabilidades al Ejecutivo". Agregó: "que no se puede aplaudir la Cuenta Pública desde el punto de vista constitucional..."
A estas aseveraciones, en verdad temerarias, es necesario aclarar, una vez más que el Ejecutivo ejerció el presupuesto de egresos autorizado para 1965 con sujeción a los preceptos constitucionales y a las disposiciones en vigor de acuerdo con las políticas de desarrollo económico y social que permitieron un notable avance en el desarrollo integral del país. Cabe, por lo tanto, preguntar: ¿en dónde está la posible responsabilidad del Ejecutivo de la Unión? Tal parece que Acción Nacional se aferra a ciertas tesis que por obsoletas son inoperantes y regatea una aprobación abierta al empleo de los recursos administrados por el sector público que se gastaron dentro de los más puros cánones de la doctrina jurídica, económica y social de la Revolución Mexicana. (Aplausos.)
Ya lo hemos dicho y debemos reiterarlo: para países en proceso de desarrollo se necesitan presupuestos dinámicos y fluidos, acordes con los requerimientos de los programas de trabajo a ejecutar que ya no pueden basarse en presupuestos conservadores o superhabitarios. Para mejorar las condiciones de vida de la población es necesario aprovechar, cada vez más, los avances de la técnica y de la cultura como lo hace el Gobierno de la República que pone en práctica procedimientos ágiles y dinámicos en lo político, en lo social y en lo económico.
Ciertamente, México no avanzaría con un presupuesto de gastos rígido; por el contrario,
permanecería estático o retornaría a condiciones negativas que con grandes esfuerzos hemos superado. En nuestra época, la vida del país camina a paso acelerado, paralelamente con las inquietudes y al dinamismo que caracterizan al pueblo mexicano que tiene fijas sus esperanzas y su fe en el logro de cada vez mejores condiciones de vida para el hombre y para su familia.
Cabe reconocer que en la amplia exposición del licenciado Christlieb Ibarrola, Acción Nacional acepta que en el dictamen de la Cuenta Pública se establecen avances sin precedente. La mayoría parlamentaria observa con satisfacción que, de esta manera, el PAN se acerca a la concepción cabal y a los alcances inobjetables logrados con el escrupuloso manejo de los fondos públicos que, mediante el Presupuesto de Egresos, constituye el más poderoso instrumento de desarrollo económico y social.
Nos sentimos justamente complacidos al apreciar que la madurez de los partidos políticos empieza a ser una realidad y que su acción pluripartidista en esta legislatura es una manifestación evidente del progreso cívico del país. Debemos afirmar que el régimen democrático de nuestro Gobierno está logrando avances trascendentales que propician la ejecución de los programas de acción que practica cotidianamente para beneficio directo del pueblo mexicano, especialmente de sus clases populares.
Se ha perfeccionado, digámoslo sin ocultaciones, la formulación del presupuesto y, en consecuencia, también se ha avanzado notablemente en la realización del gasto público que ahora comentamos mediante las certeras políticas practicadas por el señor Presidente Díaz Ordaz. (Aplausos.)
La amplitud del dictamen de la Cuenta Pública que comprende el acucioso estudio de 232 estados, hace materialmente imposible que en esta asamblea se pueda analizar exhaustivamente; pretenderlo, resultaría tan largo, complejo y cansado que no se obtendría resultados positivos. Sin embargo, es inaceptable que la ciudadanía mexicana desconozca, a través de su representación, el alcance cabal del destino y consecuencias favorables que nuestro gobierno logró en 1965 con los fondos que aportó especialmente por la vía de los impuestos, los derechos, los productos y los aprovechamientos.
Los gastos totales del sector público - Gobierno Federal, Organismo y Empresas - ascendieron a $64.020 millones en números redondos. Analizaremos, someramente, su impacto en los grupos que fundamentan la estructura económica y social del sector público, a saber: Fomento Económico, Inversión y Protección Sociales, Ejército, Armada y Servicios Militares, Administración General y Deuda Pública.
Así, se tiene que al Fomento Económico - aspecto fundamental del desarrollo -, se destinaron $30,757 millones (el 48% del gasto total.) Que en Inversión y Protección Social se gastaron 12,235 millones de pesos (19%). Que a la Administración Pública, en general, se destinaron $5,094 millones (sólo el 8%). Que al Ejército, Armada y Servicios Militares se canalizaron $1,651 millones (3% del gasto total). Y, finalmente, que al servicio a la Deuda Pública se emplearon $14,281 millones, cuyo análisis será materia de comentario por separado.
Conviene aclarar aquí que de los gastos destinados al Ejército, el 82% correspondieron a haberes y prestaciones sociales y que a la adquisición de nuevos equipos, al mantenimiento de los existentes y a construcciones e instalaciones se destinaron solamente $304 millones. Queda demostrado, una vez más, que nuestro glorioso ejército tiene como función principal garantizar la paz orgánica de la Nación para que la marcha de nuestras instituciones propicie el logro de las condiciones indispensables que constituyen las metas fundamentales que para el bienestar de los mexicanos practica el Gobierno de la República.
Quede muy claro: las obras públicas con finalidades de orden economico-social incrementaron su ritmo de acuerdo con los programas del gobierno que garantiza el desarrollo integral de la Nación. (Aplausos.)
Por lo que toca a la clasificación administrativa del Gasto Público es conveniente analizarla en sus aspectos más sobresalientes. En tal forma se aprecia un aumento del gasto en los ramos siguientes: Inversiones y Erogaciones Adicionales $5,696 millones; Deuda Pública $2,973 millones; Educación Pública $346 millones; Salubridad y Asistencia $96 millones; Patrimonio Nacional $60 millones y Defensa Nacional y Marina $50 millones.
Por otra parte, los ramos que experimentaron disminuciones fueron: Recursos Hidráulicos y Obras Públicas $869.5 millones, debido a que, en otra forma, se hubieran generado presiones inflacionarias por el carácter, a largo plazo, de la productividad de este tipo específico de inversiones. En Comunicaciones y Transportes se reflejó una disminución aparente de $54 millones; la realidad establece un incremento real de $1,156 millones debido a las transferencias que se hicieron a este ramo, según se registra en los de Inversiones y Erogaciones Adicionales.
El incremento de los gastos públicos para las construcciones en general, la agricultura, las comunicaciones, los transportes, la vivienda popular, la electrificación, y en fin, todos los egresos que permitieron las realizaciones que crean la infraestructura económica y social y fortalecen el desarrollo de la industrialización, se efectuaron de manera principal, a través de los ramos Inversiones y Erogaciones Adicionales, cuyo aumento conjunto fue entre 1964 y 1965 de $5,969 millones.
Contemplado así el fenómeno, hubo aumento y no disminución en las inversiones básicas de desarrollo por la vía el fortalecimiento del gasto del Gobierno Federal y el de sus organismos y empresas, cuidando que la índole del propio gasto evitara presiones inflacionarias.
Cuando hablamos de Deuda Pública suelen surgir cuestiones que, si no se aclaran debidamente, podrían degenerar en inquietud y en alarma improcedentes. La Deuda Pública, en efecto, constituye un tema de reflexión de todo mexicano interesado en conocer las finanzas nacionales; por ello, es conveniente puntualizar lo sucedido en esta materia en el año de 1965: Su contratación se elevó a 17,491 millones de pesos. De este total al Gobierno Federal correspondieron 13,751 millones de pesos y la diferencia a los organismo y empresas. Del otro lado, el que corresponde al pago de pasivos, el sector público efectuó gastos por 14,281 millones de pesos de los cuales 9,871 millones de pesos correspondieron al Gobierno Federal y 4,410 millones de pesos a los organismos y empresas.
De los 9,871 millones de pesos erogados por el Gobierno Federal se destinaron: para la Deuda
Pública flotante 6,171 millones de pesos para la Deuda Pública Interior 2,192 millones de pesos y para la Deuda Pública Exterior, 1,508 millones de pesos. Los 4,410 millones de pesos, correspondientes al pago de deuda de organismos y empresas, permitieron que éstos cubrieran con rigurosa puntualidad los compromisos contraídos.
El análisis de los pagos totales por deuda permite determinar que el incremento neto de la Deuda Pública en 1965 fue de 5,099 millones de pesos en vista de que resulta necesario deducir del pago de pasivos la parte correspondiente a intereses y a gastos de administración de la propia Deuda.
Con la aclaración anterior se concluye que si en un año hubiere de pagarse el incremento de la Deuda Pública y de los pasivos contraídos (5,099 millones de pesos), cada mexicano erogaría $116.00.
En 1964 el producto nacional bruto, a precios corrientes, fue de 225,000 millones de pesos; en tanto que en 1965 se elevó a 234,000 millones de pesos. Se registró, por lo tanto, un aumento de 18,000 millones de pesos del producto nacional. Ello implica que cada mexicano, bajo el supuesto de una distribución per cápita igual del ingreso, incrementó sus percepciones, en 1965, $409.10.
En este orden de ideas, si la Deuda Pública aumentada en 1965 hubiere de pagarse en un plazo normal de 10 años, la obligación de pago de cada ciudadano sólo sería de $11.60, contra ingresos crecientes que, como ya se dijo, en el mismo año de 1965 superaron a los $409.00.
Es evidente que al hablar de la Deuda Pública y de cómo se generan los recursos para pagarla, resulta necesario considerar que en México apenas el 33% de la población está catalogada como económicamente activa y que es este sector el que, en distinta magnitud, según los campos productivos que componen el sistema económico en que actúa, el que genera la riqueza nacional y del cual se derivan los recursos monetarios para hacer frente a los gastos del sector público.
Con las políticas de gasto e ingreso que practica el Gobierno de la República se está logrando que la población económicamente activa se incremente con la creación de más y mejores fuentes de trabajo y de mejores sistemas redistribuidos del ingreso nacional. Cuando nuestra población económicamente activa sea mayor, habremos avanzado en la consecución de las metas de justicia social postuladas por la Revolución Mexicana.
En el mismo orden de ideas, es conveniente señalar que la Deuda Pública consolidada al último de diciembre sumó 26,703 millones de pesos, de esta cifra correspondieron 24,975 millones de pesos a la interior y solamente 1,728 millones de pesos a la exterior. Sin embargo, a la misma fecha, el pasivo total del Gobierno Federal ascendió a 32,210 millones de pesos que, con relación a los 26,703 millones de pesos apuntados antes, arrojan una diferencia de ..... 5,507 millones de pesos que se encontraban documentados en contratos y pagarés con el cargo al propio Gobierno Federal.
Resumiendo: El pasivo total del Gobierno Federal ascendió a 32,210 millones de pesos, de los cuales 27,415 millones de pesos correspondieron a la Deuda Pública Interior y a otros pasivos y obligaciones y, 4,795 millones de pesos, a compromisos contraídos con el exterior.
Si suponemos que todo el pasivo del sector público federal hubiera de liquidarse en un plazo de 10 años como promedio, es decir hasta 1975, cada mexicano debería pagar $63.00 como promedio al año -considerando un incremento de la población del 3.5% anual -. En cambio, cada mexicano dispondría de ingresos por $6,533.00 supuesta una distribución igualitaria - que obviamente no existe - del producto nacional bruto incrementado cada año a una tasa del 6%.
En conclusión: a ingresos anuales por persona de $6,533.00 en promedio, corresponderían obligaciones de sólo $63.00; menos del 1%. En otras palabras, cada mexicano tendría ingresos anuales superiores en 104 veces a sus obligaciones de pago.
Es innegable que con el gasto público el desarrollo integral del país en el año de 1965 aceleró su marcha; el producto nacional, no obstante que fue un año en que se inició nuestro actual régimen de gobierno, creció a una tasa del 5.4%. Si volvemos la vista al pasado observamos cómo al inicio de otros gobiernos los incrementos del producto nacional fueron sensiblemente inferiores llegando, en alguna ocasión, a menos del 1%.
La Administración Pública se propone lograr para los próximos 4 años una tasa de desarrollo media anual del 6% por lo menos; para lograrlo, el sector agropecuario deberá contribuir de manera principal con incrementos que no deberán ser inferiores al 5%.
Suele afirmarse todavía que existe oposición en el desarrollo paralelo entre el sector industrial y el agropecuario. Obviamente, quienes así piensan, tienen una concepción de la economía mexicana absolutamente alejada de la realidad. Nos desarrollamos en un sistema económico que logra, cada vez a más altos niveles el equilibrio en el aprovechamiento de los factores productivos que generan el ingreso nacional. Si no perdemos de vista que el sector rural produce alimentos para la población creciente, materias primas para la industria y excedentes cada vez mayores para la exportación, -que generan divisas que además de fortalecer la balanza de pagos permiten medios de pago que el país requiere para adquirir bienes de capital que aún no produce -, salta a la vista que su desarrollo es de importancia capital y a ello propenden las concreciones de la Reforma Agraria Integral.
De otra parte, es imperativo tomar en consideración que en los complejos mecanismos de la economía, la demanda de bienes y servicios constituye el motor fundamental que promueve la industrialización. Más de 20 millones de mexicanos que viven en las áreas rurales de México constituyen un mercado real y potencial que se desarrolla con efectos notablemente positivos y en consonancia con nuestras políticas de producción, de distribución y de consumo. A mayor poder adquisitivo, mayor demanda efectiva, menor desempleo, mayor producto nacional y, en síntesis, desarrollo integral con indivisible contenido social.
El gasto público se orienta a la solución de las necesidades más ingentes de la población rural mediante las obras de infraestructura económica y social entendiendo, por las primeras, básicamente la construcción de presas, de caminos, de electrificación, etc.; y, por las segundas, hospitales, urbanismo, alcantarillado, agua potable, etc.
Falta mucho para hacer cabal justicia a los hombres del campo que con su sangre permitieron el triunfo de la Revolución Mexicana; en este empeño, debemos continuar luchando incansablemente todos los mexicanos que disfrutan de mejores condiciones de vida; jamás demos la espalda a nuestros nobles campesinos que representan la esencia de la nacionalidad y forman la simiente más pura de la dignidad y el trabajo tesonero que reclama México en esta etapa de su vida institucional. (Aplausos.)
Hasta hace unas tres décadas, puede afirmarse que no se formulaba una política fiscal técnica y prácticamente concebida para impulsar el desarrollo del país. A decir verdad, la estructura social y de la Administración Pública no permitían la ejecución de planes ni de programas de gobierno, por lo que el gasto público y la política de ingresos se ejercían con sujeción a tesis de corte clásico o bien se practicaban para solucionar necesidades ingentes para contrarrestar fenómenos internos y derivados de las depresiones cíclicas generadas en las metrópolis económicas.
En 1965, en cambio, la política de ingresos y gasto público se ajustó a criterios modernos de justicia impositiva y de gasto público, orientados a la creación de obras y de servicios sociales. En tal forma, los siguientes principios constituyeron la medula de la política hacendaria; entre otros, se apuntan:
1. La creación de la infraestructura económica y social. 2. El estímulo y la canalización adecuada de la inversión privada. 3. La protección y el fortalecimiento de la balanza de pagos mediante la sustitución de importaciones y el estímulo a las exportaciones. 4. La redistribución del ingreso nacional, aspecto en el que se ha avanzado, pero en el que aún resta mucho por hacer. 5. El aumento de la ocupación del producto nacional y del ingreso personal. 6. El incremento del mercado interno como fuente básica del desarrollo industrial. 7. La captación de una mayor proporción del ingreso nacional para el ejercicio del gasto público, y 8. El estímulo al ahorro interno y a la inversión privada.
La política financiera persigue, también: que el gasto público y el particular no compitan por los mismos recursos crediticios y que la capacidad de financiamiento del sistema bancario no se amplíe más de lo prudente para evitar desperdicio de recursos productivos e inflaciones inconvenientes.
De otra parte, alienta el desarrollo económico y social como un promedio para alcanzar el bienestar colectivo.
Finalmente, cabe esta otra reflexión: nuestra política hacendaria ha logrado estabilidad monetaria y de precios a corto plazo. Ello es de vital importancia. Si nos preocupa la historia reciente de otros países en proceso de desarrollo, es fácil observar que frecuentemente la inestabilidad monetaria ha sido la 'escalera que ha permitido trepar a su entronización a regímenes totalitarios.'
La comparación de la estabilidad monetaria y de los precios en México, con otros países de igual o de mayor desarrollo, es ventajosa y, por lo tanto, ha dejado de construir el tema de crítica y de censura sistemáticas de los partidos de oposición.
Las políticas de ingresos y de gastos público así concebidas y así practicadas, aceleran el progreso integral de la nación y reciten las más severa crítica de los más serios analistas de las finanzas públicas en su concepción moderna que implica un justo e indisoluble propósito: aumentar la riqueza nacional para el disfrute de las grandes mayorías mexicanas que la genera con su esfuerzo cotidiano. (Aplausos.)
Señores diputados, la Comisión de Presupuestos y Cuenta, por mi conducto, exhorta a esta Honorable Representación Nacional para que con su aplauso apruebe la Cuenta de la Hacienda Pública correspondiente al año de 1965. Al hacerlo así, procederemos con la absoluta certidumbre que el Gobierno de la República, con el ejercicio del gasto público, continúa marchando indisolublemente unido a su mandante: el pueblo mexicano. (Aplausos.)
Todos los mexicanos, de todas las clases sociales y de todas las ideologías políticas que nos preciemos de honestos y de sensatos, debemos tener la convicción, ante la fuerza incontrastable de los hechos, que el Gobierno Revolucionario del Presidente Díaz Ordaz persigue con acendrado patriotismo una meta trascendental e irrenunciable: servir apasionadamente a México. (Aplausos prolongados.)
El C. secretario Calleja García, Juan Moisés: Se va proceder a recoger la votación nominal, en lo general y en lo particular, del proyecto de decreto. Por la afirmativa.
El C. secretario Gámiz Fernández, Everardo: Por la negativa.
(Votación.)
-El C. secretario Calleja García, Juan Moisés:
¿Falta algún ciudadano diputado de votar por la afirmativa?
El C. secretario Gámiz Fernández, Everardo: ¿Falta algún ciudadano diputado de votar por la negativa? Se va a proceder a recoger la votación de la Mesa.
(Votación.)
El C. secretario Calleja García, Juan Moisés: El proyecto de decreto fue aprobado por 143 votos y, además, 14 votos en contra. En consecuencia, pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
La Secretaría informa a la presidencia que se han agotado los trabajos de la Orden del Día.
XIV
El C. Presidente: Nos permitimos comunicar a vuestra soberanía que la presidencia de esta Cámara formuló atenta y cordial invitación al Congreso Nacional de la República de Guatemala para que una delegación de sus miembros visitara nuestro país y fuesen huéspedes del Congreso Nacional.
El Honorable Congreso Nacional de Guatemala nos ha comunicado su formal aceptación y me complace informar a esta asamblea que, el próximo día 13, arribarán a nuestro país los miembros de la delegación que están encabezados por el señor Presidente del Congreso Nacional, diputado Fuentes Perrechini y los señores diputados Enrique Clavería, Oscar Ramírez, Leonel López Rivera y el doctor Emilio Avila Torres.
Esta Presidencia designará, oportunamente, las comisiones que deberán atender a nuestros distinguidos visitantes.
Se levanta la sesión y se cita para el próximo martes 15 de los corrientes a las 11.00 horas.
TAQUIGRAFÍA PARLAMENTARIA Y
"DIARIO DE LOS DEBATES"