Legislatura XLVII - Año I - Período Ordinario - Fecha 19671020 - Número de Diario 28

(L47A1P1oN028F19671020.xml)Núm. Diario:28

ENCABEZADO

MÉXICO, D. F., VIERNES 20 DE OCTUBRE DE 1967

DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Registrado como artículo de 2a. clase en la Administración Local de Correos, el 21 de septiembre de 1921.

AÑO I. - PERÍODO ORDINARIO XLVII LEGISLATURA TOMO I. - NÚMERO 28

SESIÓN

DE LA

H. CÁMARA DE DIPUTADOS

EFECTUADA EL DÍA 20

DE OCTUBRE DE 1967

SUMARIO

I. Se abre la sesión Lectura de la Orden del día. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior

II. Invitación del Departamento del Distrito federal, a la ceremonia que se llevará a cabo el día 22 del actual, con motivo de conmemorarse el CLIII aniversario de la promulgación de la Constitución de Apatzingán. Se designa comisión

III. La Legislatura de Colima y el C. profesor Pablo Silva García, invitan al acto en el cual éste rendirá la protesta como Gobernador Constitucional de la Entidad, el día 1o. de noviembre. Se designa Comisión

IV. Invitaciones de la Legislatura del Estado de Michoacán y del Ayuntamiento de Uruapan, a las ceremonias que para conmemorar el CLIII aniversario de la promulgación de la Constitución de Apatzingán y en honor de los Mártires de Uruapan, se llevarán a cabo en Apatzingán y Uruapan, respectivamente. Se designa Comisión

V. Solicitud de permiso del C. Juan S. Farías García, a efecto de que pueda aceptar y usar una condecoración del Gobierno de Bélgica. Se turna a Comisión

VI. Proyecto de Decreto que concede pensión vitalicia a la señora María de los Ángeles Zambrano, viuda del general Pablo Quiroga Escamilla, Primera lectura

VII. Dictamen relativo a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y a la del Departamento del Distrito Federal, por el ejercicio fiscal del año 1966. La asamblea dispensa la segunda lectura y la secretaría da cuenta de la "fe de erratas" del propio dictamen; hacen uso de la palabra los siguientes ciudadanos; en contra Juan José Hinojosa Hinojosa; por la comisión, Ignacio González Rubio; en pro, Angel Baltazar Barajas; en contra, Alfonso Ituarte Servín; por la Comisión, Roberto Gómez Reyes; en pro, Fernando Peraza Medina; por la Comisión, Andrés Sojo Anaya; en contra, Felipe Gutiérrez Zorrilla; por la Comisión, Ignacio Pichardo Pagaza; en pro, Adrián Tiburcio González y Carlos Sánchez Cárdenas; para hechos, Gerardo Medina Valdez; el C. González Rubio contesta interpelaciones formuladas por Gerardo Medina Valdez y Fernando Peraza Medina. Se aprueba en lo general y en lo particular. Pasa al Senado

VIII. Dictamen con proyecto de decreto, que adiciona la Ley Orgánica del Ejército, de fecha 11 de marzo de 1926, con el artículo 98. Segunda lectura. Los ciudadanos Antonio Obregón Padilla, del PAN y Juan C. Peña Ochoa, del PARM, proponen modificaciones; a solicitud de la Comisión dictaminadora se retira el dictamen para nuevo estudio

IX. Se da lectura a la Orden del Día de la sesión próxima. Se levanta la sesión

DEBATE

Presidencia del

C. EDGAR ROBLEDO SANTIAGO

(Asistencia de 155 ciudadanos diputados.)

I

El C. Presidente (a las 10.45 horas): Se abre la sesión.

- El C. secretario Pavón Bahaine, Manuel

"Primer Periodo Ordinario de sesiones.

XLVII Legislatura.

Orden del Día.

20 de octubre de 1967.

Lectura del acta de la sesión anterior.

El Departamento del Distrito Federal invita a esta Cámara a la ceremonia que, en ocasión del 153 aniversario de la promulgación de la Constitución de Apatzingán, se llevará a cabo, el 22 del actual, en la Plaza de la ex Ciudadela, de esta capital.

La XLII Legislatura del Estado de Colima invita a esta H. Cámara a la sesión solemne que tendrá lugar el día 1o. de noviembre próximo y en la que rendirá como gobernador constitucional del Estado, el ciudadano profesor Pablo Silva García.

Los poderes del Estado de Michoacán invitan a esta Honorable Cámara de Diputados a la ceremonia que, en ocasión del CLIII Aniversario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingán, tendrá lugar, el próximo día 22 del actual, en aquella población.

Invitación del honorable ayuntamiento de Uruapan, Michoacán, al acto cívico luctuoso que, en honor de los 'Mártires de Uruapan', tendrá lugar el día 21 de los corrientes.

El C. Juan S. Farías García solicita el permiso constitucional necesario para aceptar y usar una condecoración que le confirió el gobierno de Bélgica.

Dictamen de Primera Lectura.

De la Primera Comisión de la Defensa Nacional, con proyecto de decreto, que concede pensión vitalicia a la señora María de los Ángeles Zambrano viuda del ciudadano general de división Pablo Quiroga Escamilla.

Dictámenes a Discusión.

De la Comisión de Presupuestos y Cuenta el emitido en relación con la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, del año próximo pasado.

De la Primera Comisión de la Defensa Nacional con proyecto de decreto, que adiciona con el artículo 98 de la Ley Orgánica del Ejército del 11 de marzo de 1926."

"Acta de la sesión efectuada por la Cámara de Diputados del XLVII Congreso de la Unión, el día diecisiete de octubre de mil novecientos sesenta y siete.

Presidencia del C. Edgar Robledo Santiago.

En la ciudad de México, a las diez horas y cincuenta minutos del martes diecisiete de octubre de mil novecientos sesenta y siete, se abre la sesión con asistencia de ciento sesenta y cuatro ciudadanos legisladores, según declara la Secretaría una vez que pasa lista.

Lectura de la Orden del Día y aprobación del Acta de la sesión anterior, celebrada el día trece del presente.

Se da cuenta con los asuntos en cartera:

El Departamento del Distrito Federal, a través de la Dirección General de Acción Social, hace atenta invitación a la ceremonia que, con motivo del XXII aniversario luctuoso del ex presidente de la República general Plutarco Elías Calles, tendrá lugar el día 19 del presente, bajo la bóveda del Monumento a la Revolución.

Se designa, para asistir a ese acto, a los CC. diputados Edgar Robledo Santiago, Celso Vásquez Ramírez, Gustavo Aubanel Vallejo, Mario Trujillo García y Fernando Vázquez Avila.

Las legislaturas de los Estados, que a continuación se expresan, comunican:

Aguascalientes, la elección de su mesa directiva para el presente mes. De enterado.

Baja California, haber quedado constituida para funcionar durante el primer periodo ordinario de sesiones, correspondiente al tercer año de ejercicio e integrado su mesa directiva. De enterado.

Guerrero, la apertura del segundo periodo ordinario de sesiones, correspondiente al segundo año de ejercicio y la integración de su mesa directiva. De enterado.

Jalisco, la clausura de labores de su Diputación Permanente y la inauguración del segundo periodo ordinario de sesiones, correspondiente al tercer y último año de su ejercicio, así como la designación de su mesa directiva. De enterado.

Oaxaca, la integración de su mesa directiva para el presente mes. De enterado.

Nuevo León, la inauguración de su primer periodo ordinario de sesiones, correspondiente al primer año de ejercicio y la designación de su mesa directiva. De enterado.

Veracruz, la apertura del tercer periodo ordinario de sesiones, correspondiente al tercer año de ejercicio y la designación de su mesa directiva. De enterado.

Dictamen, con proyecto de decreto, presentado por la Primera Combinó de la Defensa Nacional, por el que se adiciona el Título III 'Disposiciones Generales', de la Ley Orgánica del Ejército, con el artículo 98, a iniciativa del C. Presidente de la República. Primera lectura.

La Primera Comisión de Puntos Constitucionales emite un dictamen con proyecto de decreto que concede permiso al C. Ernesto Soto Reyes para que pueda aceptar y usara la condecoración de la Orden Nacional 'Honor y Mérito', en el grado de Gran Cruz, que le confirió el gobierno de Haití. Primera lectura. Con base en el acuerdo tomado por la H. Asamblea el 22 de septiembre del año en curso, se dispensa la segunda lectura.

A discusión; no habiéndola, se reserva para su votación nominal.

Dictamen, con proyecto de decreto, suscrito por la Segunda Comisión de Puntos Constitucionales, por el que se concede permiso al C. Guillermo Rossell de la Lama para que pueda aceptar y usar la condecoración Cruz de Oro, que le fue conferida por el gobierno de Grecia. Primera lectura. Con base en el acuerdo tomado por la H. Asamblea el 22 de septiembre del año en curso, se dispensa la segunda lectura al dictamen.

A discusión; sin ella, se reserva para su votación nominal.

La Primera Combinó de la Defensa Nacional presenta un dictamen con proyecto de decreto que concede pensión vitalicia de setecientos cincuenta pesos mensuales, al C. ex general brigadier Heladio Contreras Jáquez, por los servicios que prestó a la Revolución. Segunda lectura.

A discusión; no habiendo quien haga uso de la palabra, en votación nominal, se aprueba este proyecto y los dos anteriormente reservados por unanimidad de ciento sesenta y seis votos. Pasan al Senado y al Ejecutivo, según corresponda, para sus efectos constitucionales.

Lectura de la Orden del Día para la sesión siguiente.

A las once horas y veinticinco minutos se levanta la sesión y se cita para el viernes veinte del actual, a las diez horas."

Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Aprobada.

II

- El mismo C. Secretario:

"C. profesor Edgar Robledo Santiago.

Presidente de la H. Cámara de Diputados.

Donceles y Allende. - Presente.

El Departamento del Distrito Federal, por conducto de esta dirección de mi cargo, invita a usted a la ceremonia que tendrá lugar el domingo 22 del actual, a las 11 horas, con motivo de la conmemoración del CLIII aniversario de la promulgación de la Constitución de Apatzingán, en la Plaza de la ex Ciudadela de esta capital.

Además de reiterar a usted nuestra atenta súplica para contar con su presencia en este acto, me permito rogarle tenga a bien dictar sus respetables instrucciones, a quien corresponda, con objeto de que una Comisión, que represente a esa H. Cámara, asista al acto de referencia y haga el depósito de una ofrenda floral.

Reitero a usted mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

El Director General, licenciado Jesús Salazar Toledano."

El C. Presidente: Para asistir a la ceremonia del CLIII aniversario de la promulgación de la Constitución de Apatzingán, en la plaza de la ex Ciudadela, se designa a los siguientes diputados: Octavio A. Hernández, José Arana Morán, Fernando Díaz Durán, Humberto Díaz de León, Manuel González Hinojosa, Indalecio Sayago Herrera y Rafael Preciado Hernández.

III

- El mismo C. Secretario:

"Colima, Col., 11 de octubre de 1967.

CC. Secretarios de la H. XLVII Legislatura.

H. Cámara de Diputados.

México, D. F.

H. XLII Legislatura Constitucional Colima se complace invitar integrantes esa representación nacional a la sesión solemne celebrarase próximo día primero noviembre (coma) motivo toma posesión como Gobernador esta Entidad C. profesor Pablo Silva García. Atentamente. Presidente Legislatura.

Diputado profesor Lucas Huerta Dueñas."

"Profesor Pablo Silva García. - Colima, Col., octubre de 1967.

Señor profesor Edgar Robledo Santiago, presidente de la H. Cámara de Diputados.

Donceles y Allende. - México, D. F.

Muy estimado y fino señor diputado:

Tengo la satisfacción de informar a usted que el día primero de noviembre del año en curso, a las 11.00 horas, rendiré mi protesta como gobernador constitucional del Estado, ante la H. XLII Legislatura Local. El acto de referencia se llevará a cabo en el Teatro Hidalgo, declarado, con ese fin, recinto oficial del Congreso.

Será motivo de honda satisfacción para el pueblo de la Entidad, y para mí en lo personal, contar con la presencia de una Combinó de representantes que se sirvan designar, para que a nombre del Alto Cuerpo Legislativo que tan dignamente preside, concurra a la ceremonia referida.

Le ruego encarecidamente aceptar la invitación que con todo respeto estoy formulando por su conducto a esa H. Cámara de Diputados, haciéndome saber el número de personas que integrarán la Comisión a los Teléfonos 12 - 92 - 90 y 13 - 04 - 43 en la ciudad de México, para estar en aptitud de atenderla en la forma que corresponde a su elevada representación.

Agradeciendo la atención que se sirva dispensar a la presente, aprovecho la oportunidad para suscribirme, de usted, como su atento amigo y obsecuente servidor." - (Firma ilegible.)

El C. Presidente: Para asistir a la sesión solemne en la que rendirá la protesta como gobernador constitucional del Estado de Colima el señor profesor Pablo Silva García se designa en Combinó a los siguientes diputados: Ricardo Guzmán Nava, Ramiro Santana Ugarte, Roberto Reyes Pérez, Luis Javier Luna Bracamontes y Ezequiel Rodríguez Arcos.

IV

- El C. secretario Berlanga, Juan Manuel:

"La H. Legislatura del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo tiene el honor de invitar a usted a la sesión solemne, que habrá de celebrarse en la ciudad de Apatzingán, de esta Entidad, el día 22 de los corrientes para conmemorar el CLIII aniversario de la promulgación del Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana.

Morelia, Mich., octubre de 1967."

"H Cámara de Diputados. México, D. F.

El H. Ayuntamiento de Uruapan, Mich., invita a esa H. Cámara de Diputados al acto cívico luctuoso que, en honor de los Mártires de Uruapan, tendrá lugar a las once horas del día 21 de los corrientes.

Uruapan, Mich., a 15 de octubre de 1967. - Atentamente. El presidente municipal. (Firma ilegible)."

El C. Presidente: Para asistir a la ceremonia, en ocasión del CLIII Aniversario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingán en la misma población, y el acto cívico en honor de los Mártires de Uruapan, en esa ciudad, se designa a los siguientes ciudadanos diputados: Norberto Mora Plancarte, Ma. Guadalupe Calderón Herrera, Pedro Rubio Zataray, Angel Baltazar Barajas, Javier Blanco Sánchez, José Valdovinos, Juan C. Peña Ochoa, Roberto Reyes Pérez Y Guillermo Morfín García.

V

- El mismo C. Secretario:

"Alberto Capetillo Robles Gil. Abogado.

H. Congreso de la Unión.

Juan S. Farías García, mexicano por nacimiento, por mi propio derecho, señalando como domicilio

para oir notificaciones el despacho 101 de Luis Moya 5, en esta ciudad, y autorizando para oírlas al Sr. Lic. Alberto Capetillo R. G., respetuosamente comparezco y expongo:

Que el gobierno de Bélgica se ha dignado nombrarme caballero de la Orden de Leopoldo, según decreto real dictado en la ciudad de Bruselas, el 18 de abril de 1967, otorgándome el uso de la condecoración correspondiente a dicha Orden.

El nombramiento y uso de la condecoración que ha tenido a bien concederme el rey de Bélgica, según el decreto real a que hago referencia, es por el reconocimiento a los servicios rendidos en el ejercicio de mis funciones como cónsul honorario de Bélgica, en Monterrey, N. L., cargo que desempeño de acuerdo con la autorización que obtuve de ese H. Congreso de la Unión.

En mi carácter de ciudadano mexicano, atentamente vengo a solicitar el permiso del Congreso para aceptar y usar la condecoración que se me ha otorgado, protestando que el aceptarla y usarla, no implicará compromiso de sumisión al gobierno que ha tenido a bien concedérmela.

Por lo expuesto, respetuosamente solicito: Tenerme por presentado en los términos de este escrito, dando cuenta que el gobierno de Bélgica me ha nombrado caballero de la Orden de Leopoldo, otorgándome el uso de la condecoración correspondiente a dicha orden y solicitando, en los términos de este escrito, permiso para aceptar y usar la referida condecoración.

Protesto lo necesario.

México D. F., a 11 de octubre de 1967. (Firma ilegible)."

Trámite: Recibo, y la Comisión de Puntos Constitucionales en turno.

VI

- El mismo C. secretario:

"Primera Comisión de la Defensa Nacional.

Honorable Asamblea:

Para su estudio y dictamen le fue turnado a la Combinó que suscribe el expediente que contiene la solicitud de pensión de la señora María de los Ángeles Zambrano Vda. de Quiroga, por los servicios que prestó en el Ejército Mexicano, su extinto esposo el general Pablo Quiroga Escamilla.

Reunida la Comisión para estudiar la documentación que se encuentra en el expediente respectivo, llegó a la conclusión de que es de concederse la pensión que solicita la señora Zambrano Vda. de Quiroga, en virtud de los relevantes servicios que prestó en el Ejército Mexicano y consecuentemente a México, el extinto general Quiroga.

Entre los numerosos hechos de armas por los cuales obtuvo todos sus grados por riguroso escalafón y por méritos en campaña, cuenta, además, el haber organizado los planteles educativos militares y otros servicios cuando ocupó el cargo de Secretario de Guerra y Marina, hoy Secretaría de la Defensa Nacional.

Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión se permite someter al ilustrado criterio de vuestra soberanía el siguiente proyecto de decreto:

Primero. Por los eminentes servicios prestados en el Ejército y consecuentemente a la Patria por el extinto general de división Pablo Quiroga Escamilla, se concede a su viuda, la señora María de los Ángeles Zambrano Vda. de Quiroga, pensión vitalicia de $900.00 (novecientos pesos, 00/100) mensuales.

Segundo. Esta cantidad le será pagada íntegramente por la Tesorería General de la Nación.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. - México, D. F., a 11 de octubre de 1967. - Celso Vázquez Ramírez. - Fernando Vázquez Avila. - Félix Riojas Rivera."

Trámite: Primera lectura.

VII

El C. secretario Pavón Bahaine, Manuel: Se va a dar segunda lectura al dictamen de la Cuenta de la Hacienda Pública, por el ejercicio fiscal de 1966.

El C. Presidente: Se pide a la Secretaría consulte a la honorable asamblea si en virtud de que ya se le dio primera lectura al proyecto de decreto, y este último se encuentra impreso y distribuido entre todos los señores diputados, se pregunte si están de acuerdo en que se dispense la segunda lectura del mismo.

El C. secretario Pavón Bahaine, Manuel: En votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la segunda lectura del dictamen. Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Dispensada.

Se procede a leer la "fe de erratas" relativa al dictamen que nos ocupa.

"Comisión de Presupuestos y Cuenta.

Honorable Asamblea:

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 65, fracción I, de la Constitución General de la República, el Poder Ejecutivo de la Unión remitió a esta H. Cámara la Cuenta de la Hacienda Pública del Gobierno Federal, que incluye a los organismos descentralizados y empresas propiedad del Gobierno Federal, así como la Cuenta de la Hacienda Pública del Departamento del Distrito Federal, correspondientes al año fiscal de 1966, documentos que por acuerdo de vuestra soberanía fueron turnados a la Comisión que suscribe.

En acatamiento a lo ordenado por la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, la Comisión Inspectora rindió su informe, previo examen de los estados contables que integran ambas cuentas públicas y que sirven de base para el presente dictamen.

1. Resumen y Conclusiones:

Del análisis de la finanzas públicas del año de 1966 se destacan dos hechos importantes: el superávit consolidado de 565 millones de pesos y el incremento presupuestal de 6,254 millones de pesos de los Organismos Descentralizados y Empresas propiedad del Gobierno Federal.

Desde el punto de vista administrativo el Gobierno Federal dedicó un esfuerzo importante a reducir el pago de pasivo, al consolidar y regularizar el servicio de la deuda a proporciones adecuadas a los ingresos ordinarios y a la capacidad de endeudamiento del país.

De acuerdo con la clasificación de los ingresos y egresos en cuenta doble el superávit presupuestal consolidado se originó de la siguiente manera:

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Del cuadro anterior destaca la amplitud del monto de los ingresos corrientes, que permitió sufragar los gastos corrientes consolidados produciendo un superávit en cuenta corriente de 5,215.6 millones de pesos. Y analizando separadamente el Gobierno Federal y los Organismos y Empresas de propiedad federal, se ve que también, cada uno, tienen superávit en cuenta corriente.

En 1965 los ingresos corrientes del Gobierno Federal fueron de 21,774.9 millones de pesos y en 1966 alcanzaron un nivel de 23,570.2 millones de pesos, o sea un aumento absoluto de 1,795.3 millones de pesos y relativo del 8.25%.

Los organismos y empresas gubernamentales tuvieron en 1965 ingresos corrientes por 24,768.8 millones de pesos y en 1966 acusaron un incremento de 2,353.3 millones o sea un aumento relativo del 9.5%.

El aumento de los ingresos ordinarios del Gobierno Federal repercutió favorablemente en su posición de liquidez, pues fue posible financiar la totalidad de los gastos corrientes y obtener un superávit en cuenta corriente de 2,965.5 millones de pesos; este superávit más los ingresos de capital y la colocación de empréstitos menos los gastos de capital por inversiones físicas, inversiones financieras y amortización de deuda (capital), arrojaron finalmente un superávit presupuestal de 759 millones de pesos en el Gobierno Federal.

No obstante que el superávit presupuestal fue importante, en ningún momento se descuidaron las obras de desarrollo, pues en 1966 el Gobierno Federal asignó una proporción mayor a fomento económico que la destinada en 1965.

Por lo que respecta al análisis en cuenta doble de los Organismos Descentralizados y Empresas propiedad del Gobierno Federal para el año de 1966, debe destacarse que no obstante que el incremento de los gastos fue de 6,254 millones de pesos, el resultado presupuestal fue solamente un déficit de 194 millones que se financió ampliamente con las disponibilidades de efectivo de 1,197.8 millones de pesos que tenían los Organismos Descentralizados y Empresas de propiedad Federal depositados al 31 de diciembre de 1965 en la Tesorería de la Federación.

Las operaciones presupuestales del Gobierno Federal y de los Organismos Descentralizados para el año fiscal de 1966 se caracterizaron por la observancia de un sano principio de equilibrio económico y financiero que repercutió favorablemente en la tasa de crecimiento de la economía nacional. A lo largo del año, la cuidadosa vigilancia de las fuentes de ingreso y la adecuada coordinación de los programas del gasto público, permitieron al Ejecutivo de la Unión actuar positivamente en el acelerado proceso de desarrollo de nuestra economía.

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ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS PROPIEDAD DEL GOBIERNO FEDERAL

AÑO DE 1966

INGRESOS Y EGRESOS EN CUENTA DOBLE

(Miles de pesos)

CUENTA CORRIENTE: 27.122,151

INGRESOS CORRIENTES:

Venta de Bienes 13.256,711

Venta de Servicios 7.777,132

Ingresos Diversos 599,670

Ingresos por cuenta de Terceros 1.830,690

Aportaciones 3.657,948

GASTOS CORRIENTES: 24.872,074

Servicios Personales 7.250,217

Adquisición de Bienes 7.186,373

Otras Erogaciones 7.300,113

Intereses 997,734

Erogaciones Derivadas de Ingresos por Cuenta de Terceros 2.137,637

Superávit en Cuenta Corriente 2.250,077

CUENTA DE CAPITAL:

INGRESOS: 8.492,156

Superávit en Cuenta Corriente 2.250,077

Venta de Inversiones 15,063

Erogaciones Recuperables 1.263,844

Financiamientos 4.963,172

GASTOS DE CAPITAL: 8.686,205

Inversión Física 2.965,882

Inversión Financiera 1.432,731

Liquidación de Pasivo 4.287,592

Déficit en Cuenta de Capital 194,049

II. Análisis de los Ingresos.

En el año de 1966, los ingresos consolidados del Gobierno Federal y de los Organismos Descentralizados y Empresas Propiedad del Gobierno Federal, alcanzaron un nivel superior al de los años anteriores: 66'619,377.530 pesos. De la suma anterior, 33'255,146.939 pesos correspondientes a ingresos por impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y colocación de empréstitos del Gobierno Federal y 33'364,230.590 pesos a ingresos de los Organismos Descentralizados y Empresas de Propiedad Gubernamental.

Los ingresos totales representaron el 24.5% del Producto Nacional Bruto a precios corrientes y con relación al año anterior el incremento en términos absolutos fue de 2'336,676.406 pesos (3.6%).

El aumento en el total de ingresos está compuesto por un incremento de 4,862.5 millones de pesos en los ingresos de los Organismos y por una disminución en los ingresos del Gobierno Federal por 2,525.8 millones de pesos, que obedeció a una menor contratación de Deuda Pública y no a un menor cobro de ingresos ordinarios que, por el contrario, fue superior.

De los 66'619.4 millones de ingreso consolidado, 50'692.4 correspondieron a ingresos corrientes o sea el 76.1% del total y el resto se originó en ingresos por incremento de Deuda Pública.

La naturaleza de las proporciones en el ingreso global incidió favorablemente en el proceso de formación del ahorro interno del Gobierno Federal, amen de que proporcionó una independencia económica satisfactoria en el manejo de las finanzas públicas.

Ingresos del Gobierno Federal.

Los ingresos totales del Gobierno Federal ascendieron a la cantidad de 33'255,146.993 pesos, como resultado de la ejecución de la Ley de Ingresos para el año de 1966. La recaudación real superó en 11'559,506.939 pesos la estimación que se hizo al principio del ejercicio fiscal.

El Ejecutivo de la Unión al presentar el proyecto de Presupuesto de Egresos para 1967, dio cuenta a esta H. Asamblea de las erogaciones que efectuó con base en el artículo 3o. del Decreto aprobatorio del Presupuesto. El informe fue aprobado por la Asamblea.

Dichas erogaciones se incluyen en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente a este dictamen.

El mejor control sobre las fuentes de tributación, determinó cambios cuantitativos y cualitativos muy importantes respecto al ejercicio de 1965, como se aprecia en el siguiente cuadro:

INGRESOS PRESUPUESTALES ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL GOBIERNO FEDERAL

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Los ingresos ordinarios están constituidos por el total de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos y los ingresos presupuestales extraordinarios por empréstitos y financiamientos diversos.

Mientras que en 1965 los ingresos ordinarios representaron el 62% del ingreso total, en 1966 participaron con el 74%; además, aumentaron en un 11% respecto al año anterior. A su vez, la colocación de empréstitos y financiamientos diversos disminuyeron su participación en el total de ingresos del 38 al 26%; en términos absolutos disminuyeron en cerca de cinco mil millones de pesos y en términos relativos la baja fue el 36%.

El aumento en la recaudación fiscal ordinaria refleja, por una parte, un mejor control sobre las fuentes gravadas y, por otra, una mayor comprensión y deseo de colaboración con la política tributaria del Gobierno Federal, de parte de la iniciativa privada, pues fue posible obtener mayores ingresos por impuestos, derechos, productos y aprovechamientos, sin que tal aumento se dejara sentir en el proceso de formación del ahorro interno, ya que la inversión bruta privada en 1966 fue de 25.8 mil millones de pesos (1), con aumento del 11% respecto al año anterior.

El Impuesto sobre la Renta sigue siendo la fuente de recaudación más importante. En 1966 representó el 26% del total de ingresos y el 35% de los ingresos ordinarios; los ingresos obtenidos en esta fracción de la Ley de Ingresos ascendieron a 8'630,745.905 pesos por recaudación ordinaria y a 56,844.650 pesos por concepto de rezagos en la fracción XVII "Aprovechamientos" total:... 8'687,590.555 pesos. Esta cifra resulta superior en algo más de 50 millones de pesos respecto al año anterior. El aumento relativamente pequeño obedeció en buena medida a la puesta en marcha de las nuevas medidas fiscales y a los incentivos que otorgó el Gobierno Federal a los empresarios para impulsar nuevas inversiones y para elevar la reinversión de utilidades.

El Impuesto sobre la Importación representó el 10.8% de los ingresos totales con cerca de 3,600 millones de pesos. Ocupa el segundo lugar en importancia. En términos absolutos aumentó en 183.3 millones de pesos y, en términos relativos, 5.4%. Cabe hacer notar que la importación de mercancías en 1966 alcanzó en nivel de 1,605.2 millones de dólares y tuvo un incremento de 45.6 millones respecto al año anterior, lo que representó una tasa de aumento del 2.9%.

Consecuente con su política de fomento a las exportaciones, el Gobierno Federal percibió .............1'248,741.541 pesos por concepto de impuesto a las exportaciones. La recaudación de esta fracción aumentó en 33.5 millones de pesos respecto al año anterior (2.76%), en contraste con el volumen y valor de las ventas al exterior que en 1966 ascendieron a 1.192.4 millones de dólares, suma que representa un aumento de 78.5 millones (7.1%) respecto a la del año anterior. El mayor incremento de la recaudación por importaciones respecto a las exportaciones es congruente con la superior tasa de gravamen a que están sujetas las importaciones.

De vital importancia para el país, es la reducción en el menor tiempo posible del saldo negativo de la balanza comercial, para tal fin, el Gobierno Federal ha puesto en práctica diversas medidas fiscales que se han reflejado en la tendencia de crecimiento de las importaciones y de las exportaciones; en efecto, mientras que las compras al exterior han crecido entre 1960 y 1966 en un 35.6%, las exportaciones, en el mismo periodo, lo hicieron en un 60.5% como consecuencia de los estímulos fiscales. En 1966 de los 1,248.7 millones de pesos por impuestos a la exportación, se otorgaron subsidios compensados por valor de 465.7 millones de pesos.

El impuesto a las industrias y sobre la producción y comercio a la tenencia o uso de bienes y servicios industriales, representó el 10.5% de la recaudación total y alcanzó un nivel de 3,495.6 millones de pesos. Registró un aumento de cerca de 400 millones de pesos y en términos relativos creció 12.9%. Los principales aumentos se registraron en impuestos por ensamble de automóviles, en el de tenencia a uso de automóviles, en el impuesto de los tabacos labrados, en el algodón y en las aguas y refrescos envasados.

Como consecuencia de la mayor actividad económica que se registró en el país, el impuesto sobre ingresos mercantiles creció cerca del 13% entre 1965 y 1966; en este último año, la recaudación alcanzó 2,431.8 millones de pesos, 289.6 millones más que el año pasado y su participación en los ingresos totales fue de 7.3%.

En conjunto los derechos que percibe el Estado por la prestación de servicios públicos aumentaron 111 millones de pesos, o sea un 17.5% más que el año pasado.

La percepción de ingresos derivados de ventas y recuperaciones de capital aumentó de 247.6 millones en 1965 a 891.1 millones en 1966 o sea un aumento neto de 643.5 millones de pesos que se reflejó principalmente en la venta de acciones, bonos, títulos y valores emitidos por Entidades Federativas y Empresas Públicas.

En el año de 1966, fue de gran significación económica, la disminución de los ingresos por colocación de empréstitos y financiamientos diversos, los cuales pasaron de 13,758.4 millones de pesos en 1965 (38.4% del total de los ingresos de ese año) a 8,793.8 millones de pesos (26.4% de los ingresos totales) en 1966, o sea una reducción neta de 4,964.6 millones de pesos; eso fue posible por el incremento de ingresos ordinarios que permitió financiar una mayor proporción del gasto público, aligerando la carga de la Deuda Pública.

Ingresos de los Organismos Descentralizados y Empresas propiedad del Gobierno Federal.

El control presupuestal que se estableció el año de 1965 para los principales organismos y empresas del sector paraestatal ha permitido al 1. Nacional Financiera y Dirección General de Estadística.

Ejecutivo vigilar mejor que las erogaciones e inversiones se ciñan a los planes autorizados, determinar con mayor precisión su capacidad de endeudamiento, evitar la contratación de empréstitos inconvenientes y, lo más importante, incorporar a los organismos y empresas gubernamentales en los planes y programas de desarrollo económico del sector público.

No obstante que los organismos y empresas están obligados a canalizar todos sus ingresos por la Tesorería de la Federación, ha sido posible mantener, y aún mejorar la fluidez y agilidad comercial de los organismos y empresas.

Gracias a la eficiencia que ha demostrado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el manejo de las operaciones presupuestales de los organismos y empresas, ha sido posible lograr de éstos una colaboración muy amplia y una mejoría paulatina en los sistemas de control.

En el año de 1965 los ingresos se controlaron por cuatro grandes agregados: Venta de Bienes, Venta de Servicios, Financiamientos e Ingresos Diversos. En 1966 se agregaron a los rubros anteriores (para mayor oportunidad de control y análisis): Ingresos por cuenta de terceros, Ingresos derivados de erogaciones recuperables y Venta de Inversiones. En consecuencia se dificulta un poco la comparación de ingresos de un año a otro por conceptos.

Los ingresos totales de los Organismos Descentralizados y Empresas Propiedad del Gobierno Federal, incorporados al régimen presupuestal, importaron 33'364,230.591 pesos en el ejercicio de 1966, frente a 28'501,746.356 pesos en 1965, o sea que tuvieron un aumento en términos absolutos de 4'862,484.235 pesos y en términos relativos del 17%.

Los ingresos presupuestales ordinarios y extraordinarios, clasificados por conceptos de percepción son los siguientes:

INGRESOS PRESUPUESTALES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS PROPIEDAD DEL GOBIERNO FEDERAL

(Miles de pesos)

Concepto Importe %

Venta de Bienes 13,256.711 39.73

Venta de Servicios 7,777.133 23.31

Aportaciones al IMSS 3,657.948 10.97

Ingresos diversos 599.670 1.80

Ingresos por cuenta de terceros 1,830.690 5.49

Ingresos derivados de erogaciones Recuperables 1,263.844 3.79

Financiamientos 4,963.172 14.87

Venta de Inversiones 15.063 0.04

Total 33,364.231 100.00

Fuente Cuadro No.

La mayor proporción de ingresos provino de los ordinarios con 27,122 millones de pesos o sea el 81.29% del total de ingresos. Esta situación denota la gran independencia económica con la que está operando el sector paraestatal, pues solamente el 18.71% de los ingresos se originaron por financiamientos e ingresos derivados de erogaciones recuperables.

La estimación de ingresos para el año de 1966 fue de 32'251,074.000 pesos o sea, que los ingresos reales de los Organismos y Empresas superaron la estimación en 1'113,156.591 pesos.

El mayor volumen de ingresos se originó en los Organismos Descentralizados con 28,337.1 millones de pesos o sea el 85% del total y, dentro de los Organismos, la proporción más alta de ingresos correspondió a Petróleos Mexicanos con 11,334.4 millones de pesos, al Instituto Mexicano del Seguro Social con 3,754.6 millones de pesos, a la Compañía Nacional de Subsistencias Populares con 3,659.6 millones de pesos y a la Comisión Federal de Electricidad con 3,454.7 millones de pesos. Estos altos ingresos son reflejo de la importancia de estos Organismos en los que se apoya, en buena medida, la responsabilidad del Estado como promotor del desarrollo económico y como protector de las clases sociales económicamente débiles.

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III. Análisis del Gasto Público.

El ejercicio del presupuesto de egresos consolidado del Gobierno Federal y de los organismos descentralizados y empresas de propiedad gubernamental, mostró en el ejercicio fiscal de 1966 cambios muy significativos.

El monto total de los egresos presupuestales fue de 66'054,246.522 pesos frente a 64'019,536.602 pesos a que ascendió el presupuesto de 1965, o sea un aumento de 2'034,709.920 pesos (3.2%).

El efecto del gasto público en el año de 1966 fue factor de importancia para que el producto nacional bruto creciera en términos reales al 7.5%, tasa más alta que el promedio en los últimos diez años y superior a la del crecimiento de la población que fue del 3.6%; ello significa que el ingreso real per capital se elevó en 3.8%.

El destino de los egresos obedeció a una cuidadosa tarea de planeación y coordinación económicas a fin de preservar la estabilidad monetaria. El gasto público se efectúo en un ambiente favorable para que el sector privado pudiera desarrollarse sin problemas.

De los 66,054.2 millones del presupuesto de egresos, 32,495.9 correspondieron al Gobierno Federal y 33,558.3 a organismos descentralizados y empresas propiedad del Gobierno Federal.

En 1966 el gasto público se orientó a lograr diversas mejoras en la administración pública y a la realización de obras de infraestructura indispensables para el desarrollo económico y la elevación del nivel de vida de la población. En el siguiente cuadro se analizan las modificaciones operadas en los diversos capítulos del presupuesto de egresos consolidado.

ESTRUCTURA DEL GASTO PÚBLICO CONSOLIDADO POR CAPÍTULOS

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(') Incluye 2,137.6 millones de organismos descentralizados y empresas de propiedad gubernamental.

Fuente Cuenta Pública de 1965 y 1966.

El incremento relativo más importante se operó en el capítulo de erogaciones especiales dentro del cual se incluyen 2,137.6 millones de organismos y empresas; que en 1965 se registraron en forma resumida en otros guiones presupuestales, este capítulo incluye las asignaciones destinadas a cubrir determinados servicios específicos, cuyo monto está condicionado al entero de sus productos en la Tesorería de la Federación.

Otra modificación importante fue la operada en el aumento de 3,633.5 millones de pesos en obras públicas y construcciones. En 1966 las asignaciones a este capítulo importaron 5,411.8 millones de pesos, de los cuales 2,445.9 correspondieron al Gobierno Federal y 2,965.9 a Organismos y Empresas. Este capítulo representa las asignaciones destinadas a sufragar el costo de las obras materiales de carácter público federal.

El capítulo de servicios personales tuvo un incremento del 14.4% con relación al año anterior; comprende las asignaciones destinadas a pagos que se hagan al personal empleado por la administración pública. Con el aumento operado, además de la creación de nuevas fuentes de trabajo, se elevó el poder de compra de los empleados públicos.

La compra de bienes para administración comprende las asignaciones para la compra de toda clase de bienes muebles destinados directamente al funcionamiento de la administración pública o necesarios para la atención de los servicios públicos tradicionales. La mayor proporción del gasto en ese capítulo se concentró en los Organismos y Empresas con 7,186.4 (94.4% del total), lo cual se explica como una necesidad para elevar la productividad del sector paraestatal.

Las erogaciones destinadas a cancelaciones de pasivo. que representan las asignaciones destinadas

al pago de capital e intereses de la deuda pública consolidada y flotante, tanto interior como exterior, importaron 12,262.8 millones de pesos (6,977.5 del Gobierno Federal y 5,285.3 de Organismos y Empresas) la cantidad total disminuyó respecto a la del año anterior en 2,018.4 millones de pesos.

La orientación del gasto hacia mejoras en la administración pública y en la ejecución de obras para el desarrollo, determinaron una disminución en las asignaciones presupuestales del capítulo Inversiones financieras, el cual se destina a la adquisición de inversiones en bienes inmuebles, acciones, bonos, obligaciones, participaciones, fideicomisos y títulos de crédito en general.

Los capítulos de servicios generales y transferencias disminuyeron en conjunto 3,585.2 millones respecto del año anterior. El primero, Servicios Generales, comprende las asignaciones destinadas a sufragar diversos gastos de servicios complementarios de la administración pública necesarios para su funcionamiento o para la atención de los servicios públicos. El segundo, Transferencias, agrupa las asignaciones que el Gobierno Federal transfiere a través de ayudas o subsidios a otros sectores públicos o privados, desde un punto de vista social.

Desde el punto de vista funcional, el análisis del gasto público consolidado muestra el esfuerzo que realizó el Ejecutivo por mantener el ritmo de crecimiento económico del país, impulsando el desarrollo de sectores económicos dinámicos, realizando obras básicas de estímulo a la inversión privada y manteniendo los altos niveles de gasto en la educación, en la salubridad y en el bienestar y seguridad social como una medida de protección a las clases sociales menos favorecidas.

En el siguiente cuadro se hace comparación del resumen funcional del ejercicio del Presupuesto de Egresos:

RESUMEN FUNCIONAL DE LOS EGRESOS PRESUPUESTALES CONSOLIDADOS

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Análisis del Gasto Directo del Gobierno Federal.

En el ejercicio fiscal de 1966, el Presupuesto de Egresos del Gobierno Federal fue ..............32'495.967,393 pesos. Esta cifra resultó inferior en 4'219.635,685 pesos a la del año de 1965, en el cual el ejercicio del presupuesto gubernamental fue de 36'715.603,078 pesos.

La asignación presupuestal original fue de ...................20'132,252.000 pesos. Después de operar los aumentos y disminuciones autorizadas por el Poder Legislativo, así como las modificaciones a las partidas de ampliación automática, la asignación definitiva del presupuesto fue de 39'256.884 pesos que, comparada con el ejercicio del presupuesto, tanto en lo pagado como en lo pendiente de pago, queda una diferencia de menos entre el ejercicio del presupuesto y la asignación definitiva de ..............................................6'760,459.491 pesos.

La disminución del presupuesto gubernamental respecto a 1965 permitió, junto con el incremento de los ingresos ordinarios, alcanzar un superávit de 759,179.546 pesos.

El análisis del gasto público gubernamental, desde el punto de vista económico, muestra que la disminución del gasto real en nada afectó el impulso que el Gobierno Federal da al desarrollo económico, pues las principales reducciones se operaron en el servicio de la deuda.

En el siguiente cuadro se presenta un análisis comparativo del destino del gasto gubernamental desde el punto de vista económico.

DESTINO ECONÓMICO DEL GASTO PÚBLICO DEL GOBIERNO FEDERAL

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El aumento en los gastos corrientes de administración se originó principalmente en la creación de nuevas plazas y en la mejoría del nivel de vida de los servidores públicos, como consecuencia del aumento general decretado por la legislación de los salarios mínimos para el bienio 1966-1967. Ambos hechos contribuyeron favorablemente al fortalecimiento del mercado interno, elemento indispensable para incrementar el consumo y aprovechar mejor la capacidad de producción instalada.

El total de los gastos directos de capital presenta una disminución de 927.4 millones de pesos respecto al año anterior; la mayor reducción se operó en inversiones financieras con 1,664.4 millones, que está representada por adquisición de acciones, bonos, fondos de rehabilitación, aportaciones de capital al sector público, etc.; sin embargo, el renglón de obras públicas y construcciones creció en 667.6 millones como un reflejo de la política del Ejecutivo de asignar cantidades crecientes a obras de infraestructura, cuya inversión, además de constituir elementos básicos para el desarrollo económico, tiene un efecto multiplicador que actúa favorablemente en la generación de ahorro y en la creación de empleos.

La disminución presupuestal en el renglón de transferencias es consecuencia de la operación más eficiente y de la independencia económica del sector paraestatal, pues al contar éste con recursos propios más amplios, resulta lógica la disminución de las asignaciones presupuestales a las subvenciones y subsidios al consumo y a los pagos de seguridad social. En efecto, en 1966, la CONASUPO, el ISSSTE y el IMSS incrementaron sus ingresos respecto a 1965 en 1,743.3 millones de pesos.

La deuda pública registró una baja de 2,893.9 millones de pesos, con relación al año de 1965. La disminución se operó principalmente en la deuda pública flotante, la cual demandó 7,986.4 millones de pesos en 1965 frente a 3,909.6 millones de pesos en 1966, o sea, una reducción de 4,076.8 millones de pesos, como consecuencia de la consolidación de adeudos de ejercicios fiscales anteriores, obligaciones por financiamientos y obras públicas, obligaciones asumidas por la Federación, etcétera.

El análisis del gasto público del Gobierno Federal, desde el punto de vista funcional, aporta elementos suficientes para confirmar la política equilibrada del Ejecutivo en esta materia. Del ejercicio total del presupuesto de egresos, se destinaron 13,298.7 millones de pesos (40.9% del total) al Fomento Económico; 7,570 millones de pesos a Inversión y Protección Sociales (23.3% del total); 6,977.5 millones de pesos (21.5%) a Cancelaciones de Pasivo; 2,857.0 millones de pesos a la Administración General; y 1,789.0 millones de pesos (5.5%) al Ejército Armada y Servicios Militares.

En el siguiente cuadro se presenta un resumen comparativo de los agregados funcionales del Presupuesto de Egresos para 1965 y 1966.

RESUMEN FUNCIONAL DE LOS EGRESOS PRESUPUESTALES DEL GOBIERNO FEDERAL

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De los egresos presupuestales del Gobierno Federal, ocupan el primer lugar los destinados al fomento económico con 7,052.4 millones de pesos.

El desarrollo agropecuario, industrial y comercial de algunas zonas en el país y lo extenso de nuestro territorio, demanda de fuertes inversiones en materia de comunicaciones y transportes; en razón de ello, el Ejecutivo destinó el 12.5% de los egresos totales a este concepto. Destacan por su importancia los aportes patrimoniales a los Ferrocarriles, que se destinaron al pago de pasivo y gastos de explotación del sistema. El gasto en carreteras importó 1,040.5 millones de pesos (26.3% más que el año pasado) para las carreteras Puerto Vallarta - Barra de Navidad, Uruapan - Pátzcuaro, Iguala - Ciudad Altamirano, Tuxpan - Tampico y la reconstrucción de las de México - Jalapa - Veracruz, Monterrey - Torreón y otras.

En materia de Fomento y Conservación de Recursos Naturales Renovables, el Gobierno Federal ha puesto especial empeño en que el aprovechamiento y explotación de tales recursos se haga sobre bases racionales de manera que se beneficie el mayor número de campesinos. En el ejercicio fiscal de 1966, se destinó el 6.8% del gasto público gubernamental a estos fines.

El gasto total por Fomento y Conservación de Recursos Naturales Renovables fue por 2,200 millones de pesos (18% más que el año pasado) y de ellos, las obras de riego absorbieron la mayor proporción con 1,423 millones de pesos (18.5% más que el año de 1965), que han permitido y permitirán la apertura al cultivo de una importante cantidad de hectáreas, indispensables para elevar los rendimientos de la tierra y mejorar las condiciones de vida de la población campesina que representa más del 50% de la población económicamente activa del país.

En 1966, el Gobierno Federal destinó el 23.3% de los egresos presupuestales a Inversión y Protección Sociales. En total se erogaron 7,570 millones de pesos, 801 millones de pesos más que el año anterior y se distribuyeron en la siguiente forma: 4,659 millones de pesos a servicios educativos y culturales, 1,325.8 millones de pesos a Salubridad, Servicios Asistenciales y Hospitalarios, y 1,585.1 a Bienestar y Seguridad Social.

En el grupo de Servicios Educativos y Culturales, la enseñanza primaria absorbió el 6.6% del total de los egresos gubernamentales con 2,141.2 millones de pesos (16% más que el año anterior) y el resto, hasta completar 4,659 millones de pesos se destinó a sufragar los gastos de instituciones de enseñanza superior, segunda enseñanza, construcciones y conservaciones escolares, enseñanza normal, etcétera.

Por lo que se refiere a Salubridad, Servicios Asistenciales y Hospitalarios el egreso de 1966 superó en un 62.8% al del año anterior. El gasto total alcanzó el nivel de 1,325.8 millones de pesos, frente a 814.4 millones de pesos de 1965; la proporción más alta del gasto se destinó a salubridad, asistencia médica y servicios hospitalarios con 649.7 millones de pesos, le sigue en orden de importancia la asistencia social con 351.6 millones (creció más de 300% respecto al año anterior), diversos servicios complementarios con 129.3 millones de pesos y maternidad y asistencia infantil con 124.9.

Bienestar y Seguridad Social registró una baja de 341.4 millones de pesos respecto al gasto del año anterior. La disminución se acusó principalmente en la contribución estatal al Seguro Social; ello se explica por la mayor proporción de recursos propios con que cuenta el Instituto.

El Ejército, la Armada y los Servicios Militares absorbieron únicamente el 5.5% del gasto total del Gobierno Federal, y el gasto de este grupo funcional se incrementó en 138.3 millones de pesos respecto al año anterior; ese aumento se operó principalmente en haberes y otras remuneraciones,

en pensiones y jubilaciones y en adquisición y elaboración de equipo bélico.

De acuerdo con el arreglo funcional del gasto público, en 1965 las erogaciones por administración general importaron 5,094 millones de pesos frente a 2,857 millones de pesos en 1966. La diferencia entre estas dos cifras se explica porque en 1965 se regularizaron presupuestalmente egresos de subsidios y aportaciones de ejercicios anteriores a 1965, de la Conasupo, Banco Nacional de Crédito Ejidal, Banco Nacional Hipotecario, Federación de Cooperativas de Quintana Roo, Banco de Comercio Exterior, etc. Este hecho aunado a la disminución por el servicio de la deuda constituyen elementos muy significativos en la administración de las finanzas públicas, ya que fue posible con un nivel inferior de gastos mantener y aun incrementar la eficiencia administrativa.

Como se ha comentado anteriormente la disminución de la Deuda Pública se reflejó principalmente en la flotante. Esto constituye un hecho favorable, ya que al consolidar los adeudos a corto plazo se aligera la carga por pago de obligaciones y los ingresos pueden destinarse a obras sociales y de desarrollo económico con efectos más satisfactorios.

Análisis del gasto directo de los organismos descentralizados y empresas propiedad del gobierno federal.

El gasto del sector paraestatal incorporado al régimen presupuestal importó 33'558,279.129 pesos en el ejercicio fiscal de 1966, frente a 27'303,933.524 o sea un aumento de 6'254,345.605 pesos.

La asignación presupuestal original fue por 32'251,075.000 y después de los aumentos y disminuciones quedó una asignación definitiva de 40'140,152.100 pesos, o sea que la diferencia de menos entre el ejercicio y la asignación definitiva fue de 6'581,872.970 pesos.

Para un mejor control presupuestal de los organismos descentralizados y empresas propiedad del Gobierno Federal se aumentaron los guiones presupuestales de "Erogaciones derivadas de ingresos por cuenta de terceros" y "Erogaciones recuperables" a las que ya existían, dentro del grupo de "Fondos para operación de Organismos y Empresas."

Desde el punto de vista administrativo el destino del gasto se comportó en la siguiente forma:

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS PROPIEDAD DEL GOBIERNO FEDERAL. DESTINO DE LOS EGRESOS PRESUPUESTALES AÑO DE 1966

Miles de pesos %

I. Fondos para la operación de Organismos y Empresas: 26,306.183 78.38

A. Servicios personales 7,250.217 21.60

B. Adquisición de bienes 7,186.373 21.42

C. Otras erogaciones 7,300.113 21.75

D. Intereses 997.734 2.97

E. Erogaciones derivadas de ingresos por cuenta de terceros 2,137.637 6.37

F. Erogaciones recuperables 1,434.109 4.27

II. Fondos para inversiones en bienes de producción y liquidación de pasivo de Organismos y Empresas: 7,252.096 21.62

A. Inversiones en bienes de producción 2,964.504 8.84

B. Liquidación de pasivo 4,287.592 12.78

III. Totales 33,558.279 100.00

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS PROPIEDAD DEL GOBIERNO FEDERAL

Resumen Funcional del Presupuesto de Egresos

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Desde el punto de vista funcional, la mayor proporción del gasto se destinó a Fomento Económico 65.4% del total y el resto se invirtió en amortización de pasivo 15.7% e inversiones y protección social 18.9%.

La asignación de fondos para el fomento, promoción y reglamentación industrial es el grupo más importante ya que se destinaron a él 17,757.7 millones de pesos (52.9% del total), en contraste con 13,857.0 que se gastaron en el ejercicio fiscal de 1965.

Cuantitativamente, el presupuesto para inversiones y protección social tuvo una mejoría considerable, en 1966 se alcanzó un nivel de 6,313.7 millones de pesos y en 1965 por esos mismos conceptos se erogaron 5,446.3 millones de pesos.

Como en el caso de los ingresos, el mayor ejercicio del gasto correspondió a Petróleos Mexicanos, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Compañía Nacional de Subsistencias Populares y la Comisión Federal de Electricidad, cuyo efecto en el desarrollo económico es vital para el país.

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO FEDERAL. EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 1966

(Clasificación Administrativa)

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IV. Deuda Pública.

La Deuda Pública al 31 de diciembre de 1966 importaba 37,023 millones de pesos, según el estado No. 10 que se anexa.

De acuerdo con el origen de la deuda ésta se divide en Interior 31,558 millones de pesos y en Exterior 5,464 millones de pesos.

Estas cifras en números relativos representan el 85.2% y 14.8%, respectivamente.

Por su forma de documentación se encuentran tituladas con bonos la cantidad de 28,252 millones de pesos y con diversos pagarés y contratos 8,770 millones de pesos.

Esto representa el 76.3% y el 23.7% en el mismo orden.

Durante el ejercicio que se comenta el Gobierno Federal contrató Deuda por un total de 8.794 millones de pesos habiendo pagado por el mismo concepto 4,465 millones de pesos, lo que deja un endeudamiento neto en el año por 4,329 millones de pesos.

Es necesario hacer notar que en comparación con el ejercicio anterior y como ya se hizo notar al comentar los ingresos del año, disminuyó sensiblemente la colocación de Deuda y consecuentemente el pago, pero inclusive el incremento de Deuda disminuyó en comparación del año anterior.

Durante el año de 1966 se colocó Deuda por 8,193 millones de pesos distribuida en Bonos 2,099 millones de pesos, 25.6%, Créditos para Financiamientos de Obras Públicas 1,294 millones de pesos, 15.8%, y otros Financiamientos por 4,800 millones de pesos o sea el 58.6%.

La Deuda que se colocó durante el año de 1966 fue la estrictamente necesaria para cubrir las necesidades del Gobierno en materia financiera y se utilizó principalmente en las obras a cargo del Gobierno de la Federación.

Debe comentarse que las emisiones de bonos en el exterior han tenido una favorable aceptación en los medios financieros, ya que ha sido preocupación constante cumplir con todos los compromisos oportunamente.

DEUDA PUBLICA AL 31 DE DICIEMBRE DE 1966

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El resto fue producto, principalmente, de la ejecución de la Ley de Ingresos y de las modificaciones líquidas por operaciones de administración y por operaciones en cuentas de inventario.

VI. Análisis de la operación de los Organismos y Empresas Gubernamentales.

La evolución de los organismos descentralizados y empresas propiedad del Gobierno Federal sigue su marcha ascendente. Los esfuerzos tecnológicos y de inversión para el crecimiento acelerado del sector paraestatal han sido determinantes en el desarrollo de las actividades agropecuarias, industriales y de servicio del país.

El control de los energéticos y de los ferrocarriles por parte del Estado no solamente le han dado a éste un saludable grado de independencia económica, sino que al proveer al sector privado de productos y servicios en forma oportuna y a bajos precios razonables ha propiciado su desarrollo a las altas tasas que lo han caracterizado en los últimos años.

El esfuerzo gubernamental no solamente se ha dejado sentir en el aspecto económico; también en materia de protección social la trascendencia de su obra es manifiesta. El sistema de seguridad social y la ayuda económica que en diversas formas presta a las clases sociales económicamente débiles a través de la CONASUPO constituyen ejemplos de realizaciones revolucionarias.

La evaluación del crecimiento del sector paraestatal a través de sus estados financieros presenta cambios muy favorables entre 1965 y 1966. En el balance consolidado de organismos y empresas se observa que el capital contable en 1966 alcanzó la cifra de 46,701.5 millones de pesos frente a 42,191.2 millones de pesos del año anterior o sea, que tuvo un aumento neto de 4,510.2 millones de pesos. La posición de liquidez para el total de organismos y empresas se vio favorecida por un aumento de 2,284.2 millones de pesos en el activo circulante y una disminución de 782.9 en el pasivo circulante. Otro indicador satisfactorio está constituido por el aumento en el activo fijo de 6,643.3 millones de pesos, pues con ello se ha conseguido mantener el ritmo creciente de producción.

Del análisis del balance consolidado de los organismos descentralizados, se observa que en ellos se concentran los mayores recursos de capital. Para 1966 absorbieron el 88.3% del total de recursos propios del sector paraestatal incorporado al control presupuestal. La proporción entre el activo fijo y el pasivo fijo para el total de organismos es de 4.82 por 1.00. El capital de trabajo neto fue de 10,112.6 millones de pesos y representó una mejoría respecto al año anterior de 2,540.9 millones de pesos, pues en 1965 fue de 7,571.7 millones de pesos. La proporción entre el activo circulante y el pasivo a corto plazo presenta una sana relación de 2.64 de activo circulante contra un peso de pasivo circulante. En 1966 la razón entre el capital contable y el pasivo fijo fue de 2.91 por 1.00.

El balance consolidado de las empresas propiedad del Gobierno Federal muestra también cambios favorables. En primer término el capital contable pasó de 4,215.9 millones de pesos en 1965 a 5,465.7 millones de pesos en 1966 (30%). El activo fijo se incrementó en 1,223.7 millones de pesos y el pasivo fijo lo hizo en 510.1 millones de pesos. Se logró una mejoría apreciable en las relaciones de liquidez del grupo de empresas, toda vez que el activo circulante aumentó en 1966 a 223.4 millones de pesos en tanto que las obligaciones a corto plazo disminuyeron en 302.8 millones de pesos; esto dio como resultado que la proporción entre recursos y obligaciones circulantes resultara en el último año de 1.25 por 1.00 frente a 1.13 por 1.00 del año inmediato anterior.

La Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 1966, presenta para mayor comodidad de análisis agrupados los organismos y empresas por ramas económicas: Petróleo, Empresas Eléctricas, Ferrocarriles, Seguridad Social, Servicios Sociales y Comunicaciones y Transportes.

Petróleos. No obstante que Petróleos Mexicanos se enfrentó a problemas serios por la reducción temporal de la capacidad de producción nacional a causa de los daños de la Refinería de Poza Rica y que tuvo que hacer frente a un aumento de la demanda de aproximadamente el 9% -que dio como consecuencia un incremento de importación de petróleo -, este organismo siguió adelante con sus planes de modernización y ampliación de su capacidad instalada.

En 1966 el capital contable de Petróleos Mexicanos alcanzó la cifra de 9,872.2 millones de pesos que significó un incremento del 15% equivalente a 1,305.4 millones de pesos respecto al año anterior. Las utilidades de este organismo fueron de cerca de 250 millones de pesos frente a 238 millones de pesos del año anterior. El activo fijo, como resultado de los planes de ampliación y exploración se incrementó en cerca de 3,000 millones de pesos y se mejoró considerablemente su capacidad de pagos al operarse un aumento de 635.6 millones de pesos en el activo circulante frente a un aumento de 123.5 millones de pesos en sus obligaciones a corto plazo.

Empresas Eléctricas. El activo fijo de las Empresas Eléctricas entre 1965 y 1966 se incremento en 1,578.1 millones de pesos y el pasivo fijo creció de 8,661.6 millones de pesos que se registró en 1965 a 10,481.4 millones de pesos en 1966 o sea un incremento del 21%. Su posición de liquidez se vio favorecida por un aumento en el activo circulante de 1,012.1 millones de pesos y una disminución en el conjunto de sus obligaciones a corto plazo de 1,047.6 millones de pesos. El capital contable aumentó 905.7 millones de pesos y las reservas complementarias lo hicieron en 597.1 millones de pesos.

Ferrocarriles. El sistema de Ferrocarriles sigue siendo vital en el transporte de personas y mercancías de la República. En 1966 prosiguió el programa de rehabilitación de las vías férreas; al cierre de ese año fiscal la red ferroviaria sumaba 19,692 Km. de vías y se transportaron 40.5 millones de toneladas de carga y 37.8 millones de pasajeros.

El Gobierno Federal continuó prestando amplia ayuda económica al sistema, otorgando créditos directos y avalando créditos externos que se destinaron a la compra de locomotoras, coches de pasajeros, etc.

Como consecuencia del apoyo gubernamental el patrimonio de los Ferrocarrileros registró un incremento en 1966 de 1.639 millones de pesos al pasar de 15,961.2 millones de pesos en 1965 a 17,600.2 millones de pesos en 1966. El activo fijo creció en

1,381.8 millones de pesos y la proporción entre el capital contable y las obligaciones a largo plazo fue de 4.78 pesos de recursos propios por 1.00 de deuda a largo plazo. El capital de trabajo neto en 1966 resultó de 858.9 millones de pesos y la proporción de activo circulante a pasivo circulante fue de 3.27 por 1.00.

Seguridad Social. El sistema de Seguridad Social cubre actualmente a la totalidad de los trabajadores urbanos del país y a una parte de los trabajadores del campo.

La aplicación gradual y escalonada del sistema de seguridad social a los diferentes sectores de la población, a medida que ha ido mejorando la capacidad técnica y financiera del sistema, es una de sus características más singulares. Asimismo, se ha estabilizado la firmeza de su existencia y su continuidad, creando el seguro con carácter obligatorio.

La población amparada por el Instituto Mexicano del Seguro Social es de aproximadamente 7 millones de personas.

Por lo que hace al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, su importancia como institución de seguridad social, está en razón del creciente número de personas que prestan sus servicios a las entidades del sector público.

Los cambios más importantes operados en el balance consolidado de Seguridad Social, son los siguientes:

Se mejoró considerablemente la liquidez del grupo, pues los recursos a corto plazo aumentaron en 276.4 millones de pesos, mientras que las obligaciones circulantes disminuyeron en 81.2 millones de pesos. La proporción del activo circulante y las obligaciones a corto plazo fue de 2.48 a 1.00.

Desde el punto de vista financiero destaca la reducción que se operó en el pasivo a largo plazo, éste disminuyó 261.7 millones de pesos respecto a 1965 y la proporción de capital contable a pasivo fijo en 1966 fue de 6.43 por 1.00.

Servicios Sociales. Dentro de este grupo se incluyen a la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, a la Lotería Nacional para la Asistencia Pública y al Instituto Nacional de la Vivienda.

El balance consolidado de estas instituciones muestra que el activo circulante se incrementó en 262.3 millones de pesos al pasar de 5,960.3 millones de pesos en 1965 a 6,222.6 millones de pesos en 1966; el pasivo circulante sólo aumentó 5.9 millones de pesos y por lo tanto hubo una mejora apreciable en su posición de liquidez y en su capacidad de endeudamiento a corto plazo. El capital de trabajo neto en 1966 resultó de 2,781.5 millones de pesos y la proporción entre recursos disponibles a corto plazo y pasivo circulante fue de 1.80 por 1.00 en comparación con 1.72 a 1.00 del año anterior. Las reservas complementarias se incrementaron en 300 millones de pesos respecto al año anterior.

Comunicaciones y Transportes. Dentro del grupo de Comunicaciones y Transportes se incluyeron los siguientes organismos y empresas: Caminos y Puentes Federales de Ingreso, Aeropuertos y Servicios Auxiliares y Aeronaves de México.

El Ejecutivo Federal ha puesto especial empeño en mejorar los sistemas de comunicaciones y transportes, como estímulo al desarrollo de los sectores económicos; así se hicieron ampliaciones y mejoras a la Autopista México - Querétaro, se hizo la extensión de la Supercarretera de Puebla - Orizaba y la de Tijuana a Ensenada.

Por lo que se refiere a la construcción de aeropuertos, se llevaron a cabo diversas mejoras en el Internacional de la ciudad de México y en los de Mazatlán y Tijuana y se construyeron nuevas pistas en los de Guadalajara, Cd. Obregón y Durango.

Aeronaves de México adquirió con un crédito internacional 12 jets para mejorar los sistemas de comunicación aérea nacionales e internacionales.

Como resultado de esa actividad, el balance consolidado del sector presenta cambios muy importantes, el capital contable se incrementó 163.4 millones de pesos (54% más que el año anterior) y alcanzó en 1966 un nivel de 465.8 millones de pesos. El activo fijo aumentó 574 millones de pesos y el pasivo fijo 514.7 millones de pesos. La proporción de activo fijo a pasivo fue de 1.92 a 1.00. El activo circulante se incrementó en 246.1 millones de pesos y el pasivo a corto plazo en 222.7 millones de pesos.

Segunda Parte.

Cuenta de la Hacienda Pública del Departamento del Distrito Federal.

Capítulo I.

Análisis del Superávit.

El ejercicio del Presupuesto de Egresos ascendió a 2'036.217,329.76, que comparado con el Presupuesto de Egresos de 1965, tuvo un incremento de 419.273,481.50; la ejecución de la Ley de Ingresos de 1966 fue de 2'547.602,448.22 y respecto a la de 1965 tuvo un incremento de 324.502,674.28. El superávit de 511.385,118.46 del ejercicio de 1966, resulta satisfactorio ya que no obstante que el incremento de gastos fue superior, el resultado fue positivo.

Al 31 de diciembre de 1966, había una existencia en efectivo de 117.649,224.99. Esta cantidad es independiente de la que existía a favor del Departamento depositada en el Banco de México e invertida en valores del Estado por 1'600,000,000.00.

Capítulo II.

Análisis del Gasto.

En estado anexo al presente se muestra la asignación inicial del Presupuesto, la asignación definitiva, el ejercicio y las diferencias no ejercidas de los diversos Ramos que la integran. El ejercicio del Presupuesto que se analiza, se resume económicamente como sigue:

Miles de pesos

Gastos corrientes de administración 841,308

Gastos directos de caja 481,839

Transferencias 64,205

Erogaciones especiales 230,698

Cancelaciones de pasivo 418,167

2.036,217

Siendo las principales obras en las que se invirtió las siguientes:

1. Abastecimiento de Agua Potable y Drenaje.

En las obras de captación de agua potable en la cuenca del Alto Lerma, se ejecutaron trabajos por valor de 180.000,000.00.

Se colocaron 23 kilómetros de tubería de agua potable y 54 de tubería de drenaje, con un costo total de 11.000,000.00. Se iniciaron trabajos de introducción de tubería con longitud de 102 kilómetros, para drenar 366 hectáreas en 23 colonias proletarias, erogándose por este concepto 5.000,000.00.

El costo de mantenimiento y operación del sistema de drenaje ascendió a la cantidad de ....................35.000,000.00.

2. Construcción de Edificios Públicos.

Se construyeron 37 jardines de niños, 5 escuelas secundarias, 2 unidades tecnológicas y 45 talleres, con erogación de 190.500,000.00.

Se edificaron 8 mercados, cuyo costo fue de 30.200,000.00.

3. Pavimentación y Construcción de Obras Viales.

Se construyeron y reconstruyeron 2.000,744 metros cuadrados de pavimentos en calles y avenidas de 30 colonias, situadas en la Ciudad y en las delegaciones con un costo de $ 128.000,000.00.

Se ejecutaron trabajos en banquetas de concreto hidráulico, pisos de loseta y tepetate para jardines y protecciones metálicas para prados con valor de 29.500,000.00.

Se llevaron a cabo trabajos por valor de .............42.400,000.00, para mejorar los aspectos urbanísticos en más de 90 colonias populares y poblaciones de la periferia.

Se continuaron los trabajos en el anillo periférico en el tramo de 14 kilómetros, comprendido entre San Jerónimo y la Avenida Insurgentes Sur y entre éste punto y el entronque con la Carretera a Cuernavaca, incluyendo parte de la vía rápida de Calzada de Tlalpan con una inversión de ................90.000,000.00.

Se iniciaron los trabajos de construcción de la Avenida Ferrocarril de Hidalgo, que abarcará entre el Canal del Norte y el Río de los Remedios, con longitud de 8 kilómetros con una inversión inicial de 16.000,000.00.

4. Servicios Públicos.

Se continuaron los trabajos de mejoramiento de los servicios públicos, ampliación de canales y conservación de los embarcaderos en Xochimilco con una erogación de 23.000,000.00.

Se continuaron los trabajos para dotar de mayor y mejor servicio de alumbrado público, instalándose lámparas de alumbrado mercurial, con valor de 23.100,000.00.

Capítulo III.

Análisis de Ingresos.

En cuadro por separado se hace el análisis comparativo de los ingresos de 1965 y 1966, destacando el incremento que hubo en el impuesto predial de 56,302 miles de pesos, en el impuesto a los ingresos de los industriales y comerciantes de 75,405, en el de obras de planificación 18,754 e igualmente en los derechos, el incremento de 38,718 motivado por el canje de placas del bienio 1966-1967 y en los productos 30,971 derivados de capital y valores propiedad del Departamento del D.F., a continuación se muestra un resumen comparativo de los ingresos obtenidos en 1965 y 1966.

RESUMEN

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Los suscritos, miembros de la Comisión de Presupuestos y Cuenta, encontraron que los ingresos y gastos del Gobierno Federal y de los Organismos Descentralizados y Empresas propiedad del Gobierno Federal, así como los correspondientes al Departamento del Distrito Federal a que se refieren las Cuentas Públicas que se dictaminan, han sido apoyados en disposiciones legales en vigor y, en lo económico y en lo social, corresponden a los programas y a la política trazada por el Ejecutivo de la Unión y sancionada por la H. Cámara de Diputados; por lo que nos permitimos someter a la consideración de esta H. Asamblea, con base en lo dispuesto en los artículos 65, fracción I, 73, fracción XXVIII, de la Constitución, 80 y 81 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso y demás ordenamientos relativos, el siguiente proyecto de decreto:

Artículo 1o. Se admite la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, que comprende la del Gobierno Federal y la de los Organismos Descentralizados y Empresas propiedad del Gobierno Federal y la del Departamento del Distrito Federal, correspondientes al ejercicio fiscal de 1966 a que se refieren los estados de contabilidad que las resumen y que fueron presentadas por el Ejecutivo de la Unión dentro del término de Ley.

Artículo 2o. Revisado los estados contables a que se refiere el punto resolutivo anterior se encontró que las cantidades gastadas concuerdan con las partidas autorizadas y, en consecuencia, se aprueban, considerando asimismo los resultados satisfactorios logrados en el desarrollo económico y social del país mediante la correcta aplicación de la política de ingreso y gasto público seguida por el Jefe del Poder Ejecutivo Federal.

Artículo 3o. Ordénese a la Contaduría Mayor de Hacienda que examine minuciosamente los libros de contabilidad y glose los documentos justificativos y comprobatorios que integran la propia cuenta y proceda en los términos de ley.

Sala de Comisiones de la Cámara de diputados del H. Congreso de la Unión. - México, D. F., a 12 de octubre de 1967. - La Comisión: Ignacio González Rubio. - Roberto Gómez Reyes. - Andrés Sojo Anaya. - Guillermo Cosío Vidaurri. - Alfonso de Alba Martín."

"Fe de erratas.

En el dictamen de fecha 12 de octubre de 1967, emitido por la Comisión de Presupuestos y Cuenta, relativo a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, por el ejercito fiscal de 1966, enviada por el Ejecutivo de la Unión, en la hoja número 40, párrafo 8o. dice:

'Durante el año de 1966 se colocó deuda por 8,193 millones de pesos distribuida en bonos 2,099 millones de pesos, 25.6%, créditos para financiamiento de obras públicas 1,294 millones de pesos, 15.8%, y otros financiamientos por 4,800 millones de pesos.'

Debe decir:

'Durante el año de 1966 se colocó deuda por 8,793.8 millones de pesos distribuida en bonos 2,699 millones de pesos, 32.7%, créditos para financiamientos de obras públicas 1,294 millones de pesos, 14.8%, y otros financiamientos por 4,800 millones de pesos.'

En la hoja número 41, primer renglón, dice:

'millones de pesos o sea el 58.6%.'

Debe decir:

'millones de pesos o sea el 55%.'

México, D.F., a 16 de octubre de 1967.- El Oficial Mayor, licenciado Arturo Ruiz de Chávez."

- El mismo C. Secretario: Está a discusión el proyecto de decreto, en lo general.

El C. Presidente: Se abre el registro de oradores: Tiene la palabra el ciudadano diputado Juan José Hinojosa.

El C. Hinojosa Hinojosa, Juan José: Señor presidente, señores diputados: Cuando, al abrir el debate, se desgranaron los nombres de los diputados para hablar en pro del dictamen, debo confesar con humildad que no dejé de sentirme nervioso, porque en todos esos nombres, como dicen en mi tierra, Monterrey, el más tullido es alambrista.

Consideramos que el dictamen no es sólo, no debe ser sólo un informe a la Cámara. Debe ser ocasión de traer a presencia, en síntesis apretada, los problemas económicos y fiscales que se derivan de la Cuenta Pública, porque entendemos que el dictamen puede ser una magnífica ocasión de plantear estos problemas ante el pueblo de México y abrir el diálogo brillante, honrado e iluminado.

Queremos subrayar que, en términos generales, el dictamen se conduce por un hilo suave, en el que va señalando sólo aciertos. No apunta los problemas a los cuales el pueblo de México está dispuesto a aceptarlos, a enfrentarse a ellos. Abundan los elogios. Al hacer la crítica del dictamen desde este enfoque va el propósito de que se recoja para años sucesivos esta sugestión, y se apunten por igual aquellos datos que son elogiosos - y en justicia lo pueden y lo deben ser - ; pero se apunten también con valentía aquellos datos que requieren de parte del pueblo de México sacrificio, entrega y solidaridad.

Con este propósito apuntamos al azar algunos de los datos en los cuales el dictamen se aparta de esta tesis. Por ejemplo, el dictamen afirma que hay un superávit de 563 millones de pesos. No hay superávit, hay déficit, que fue cubierto con financiamientos internos o externos. En estricta lógica y poniéndolo en términos normales, puedo yo afirmar, por ejemplo, que en octubre gané mil pesos, que pedí prestados al banco otros mil pesos, en cuyo caso tengo dos mil pesos. Que gasté 1,700 y que me sobraron 300 pesos. No puedo honrada y justamente presumir ante mis amigos de una administración extraordinariamente correcta porque me sobraron 300 pesos. En realidad pedí 300 pesos de más, pero no me sobraron trescientos pesos. No tuve un superávit real, tuve un déficit real de 700 pesos. No estamos contra la existencia del déficit; en su oportunidad podrá discutirse si es bueno o es malo, pero la afirmación contable y prácticamente es incorrecta, no hay superávit y es preferible afirmar que hay déficit para enfrentarnos al reto que el déficit implica.

En servicios sociales probablemente atendiendo alguna disposición de la Ley de Presupuestos, de la Ley Orgánica, la Comisión dictamina un balance consolidado de instituciones tan disímbolas como Compañía Nacional de Subsistencias Populares, Lotería Nacional e Instituto Nacional de la Vivienda. Es difícil consolidar 3 instituciones que manejan aspectos sociales totalmente distintos, inclusive es difícil establecer el balance consolidado y sus

resultados y lograr su interpretación de donde se venden y compran maíz y frijoles, donde se administran números de lotería con el premio gordo que al que le cae lo saca de pobre, y con ladrillos y cemento que se usan en el Instituto Nacional de la Vivienda. Cuanto mejor es dar los resultados separados de cada una de estas instituciones sin pretender dictaminar sobre un balance consolidado. En materia de seguridad social, aparentemente, el dictamen consolida los resultados del Instituto Mexicano del Seguro Social con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Estado y habla el dictamen elogiosamente de que se mejora considerablemente la liquidez del capital; no se pueden englobar dos instituciones en un balance consolidado, cuya estructura legal, fuentes de financiamiento, cálculo actuariales y prestaciones que otorga, son totalmente distintas, y cada una de ellas de por sí exige que se hable de los resultados reales y verdaderos del Instituto Mexicano del Seguro Social, por una parte, del ISSSTE por otra, conociendo su situación verdadera, correcta y real para aceptar con franqueza, con honradez, con hombría, el reto que de los resultados de estos balances se presente frente al pueblo de México.

En bienestar y seguridad social, afirma el dictamen, que se registró una baja de 341 millones 400 mil pesos respecto al año anterior y que la disminución se ocasionó principalmente en la contribución estatal, al Seguro Social; ello se explica, dice el dictamen, por la mayor proporción de recursos propios con que cuenta el Instituto Mexicano del Seguro Social. La aportación del Estado al Seguro Social no está subordinada a los recursos propios, grandes o pequeños, del Seguro Social. Está subordinada a la estructura de una Ley que señala al Estado su aportación concreta y si son grandes o pequeños los recursos propios del Seguro Social, la aportación del Estado se aplica estricta y correctamente en función de lo que la Ley del Seguro Social señala como aportación del Estado a esta Institución.

En los Ferrocarriles Nacionales de México, el dictamen señala que la proporción entre activo circulante y pasivo circulante o flotante como lo llaman los técnicos en contabilidad es de 3.27; dicen los que saben de contabilidad, que una proporción de activo circulante de 3.27 a 1 por pasivo flotante acusa a una liquidez extraordinaria de cualquier Compañía; si es tan buena la situación del circulante con el flotante, ¿para qué pide dinero Ferrocarriles Nacionales de México? No es cierto, no lo puede ser, contablemente, que exista esta proporción, salvo que el balance esté manejado con números y técnicas que se apartan de las técnicas contables a las que se debe sujetar cualquier empresa, sea privada o sea de servicios.

En el Departamento del Distrito Federal, el dictamen señala que al 31 de diciembre de 1966 había una existencia de 117 millones de pesos. Esta cantidad, dice el dictamen, es independiente de la que existe a favor del Departamento depositada en el Banco de México e invertida en valores del Estado por mil seiscientos millones de pesos.

Quiere, pues, decir que al 31 de diciembre de 1966, según lo afirma el dictamen, las disponibilidades del Departamento del Distrito Federal ascendían a mil setecientos diecisiete millones de pesos, equivalentes a un 67.4% del presupuesto actual de ingresos del Departamento del Distrito Federal.

Nos parece exagerada la existencia en dinero del Departamento del Distrito Federal, tener entre bonos del Estado y en efectivo el 67.4 de lo que ingresa en un año, provoca lógicamente dos comentarios: 1) son altos los impuestos, puesto que sobra dinero; ó 2) si sobra tanto dinero, ¿por qué no hacemos frente inmediatamente a las grandes carencias que el Distrito Federal tiene, para qué tener 1,600 millones de pesos congelados en bonos cuando hay urgencia y exigencia de afrontar obras inmediatas que el Departamento exige?

En Petróleos Mexicanos el dictamen afirma que hubo una utilidad de doscientos cincuenta millones de pesos y, si mal no recuerdo, doce millones de pesos adicionales a los de 1965.

El dato así suelto refleja una utilidad, pero debe ser comparada con algunos otros datos. Por ejemplo, compraventa. Las ventas de Petróleos Mexicanos en 1966 ascendieron a la cantidad de novecientos sesenta millones de pesos mexicanos. El mismo año, en Petróleos Mexicanos, dice el dictamen, tuvo que hacer inversiones en activo fijo por tres mil millones de pesos. Su utilidad con respecto a ventas es de un dos por ciento. Su utilidad con respecto a inversiones de activo fijo equivale a doce veces la utilidad anual, o sea que invirtió 3,000 millones contra una utilidad anual de 250 millones. No estamos contra la inversión, es indispensable; la tecnología es un reto y lo exige, se necesitan subir las utilidades. Y hay dos formas de generar utilidades: una, mediante los precios; dos, mediante una mejor administración. No creemos que en el caso de Petróleos Mexicanos sea problema de precios. La gasolina en México vale aproximadamente igual que en los Estados Unidos, pero, sólo por citar un dato administrativo, compañías petroleras, algunas del Estado, otras de la iniciativa privada en Europa, por cada millón de dólares vendidos tienen entre 18 y 25 obreros y empleados. En Estados Unidos fluctúan entre 12 y 20. Petróleos Mexicanos, por cada millón de dólares vendidos, tiene 79 empleados y obreros. Yo no digo que esté bien, sería ligero y aventurado que está mal, pero sí es conveniente aceptar esa situación de asomarnos a los problemas reales de México, con objeto de contribuir todos con buena voluntad a su solución.

Hay un dato que a mí me desconcertó realmente. Lo puedo llamar el caso de los 1,197 millones. Afirma el dictamen que el déficit de los organismos descentralizados y empresas propiedad del gobierno federal, en el año de 1966, el análisis de cuenta doble fue de 164 millones. El mismo dictamen afirma que no tiene importancia ese déficit porque se pagó ampliamente con los 1,197 millones en efectivo disponibles en la Tesorería de la Federación desde diciembre 31 de 1965. Dicho en términos menos técnicos para buscar un entendimiento fácil del problema, parece ser que el dictamen en este caso sustenta la tesis de un "guardadito", alcancía o fondo de ahorro, siempre listo y en efectivo para cubrir los posibles déficit, porque no vuelve a mencionar para nada los 1,197 millones de pesos. Esto es peligroso; si realmente existen, contra los posibles déficit, crean la actitud mental, del posible

déficit, y a fin de cuentas tengo mi "guardadito" para pagarlo.

Por otra parte resulta absurdo pedir 4,963 millones de pesos de empresas y organismos descentralizados, cuando tengo una alcancía de 1,197 millones de pesos. Pude haber pedido menos 1,197 millones de pesos.

En la Deuda Pública podrían haberse hecho comentarios mucho más profundos, al alcance del pueblo, en términos fáciles, al fin y al cabo en materia de tesis de Deuda Pública hay muchos puntos de vista, pero simplemente se mencionan los datos y se hacen una pobrísima defensa.

Afortunadamente, no soy abogado ni soy economista; pero sí encuentro, simplemente en análisis de números, que de cada peso que ingresa al Gobierno Federal, 29.4 sale para pagar intereses y capital de Deuda Pública, en los organismos descentralizados; de cada peso 19.5 es para pagar la Deuda Pública, y en promedio, sumando los dos 24.1 es para pagar Deuda Pública.

Yo podría preguntar: ¿Esto es bueno o es malo? ¿Es mucho o es poco? El dictamen debe señalar si es bueno o es malo, si es mucho o es poco, con valentía, con honradez, enfrentándonos a los problemas para pedir al pueblo cooperación en el esfuerzo del desarrollo de México.

No censuro, por lo tanto, ¡líbreme Dios!, de aventurarme por esos caminos donde los economistas saben mucho, si es mucho o es poco, simplemente lo pregunto.

También afirma el dictamen, con propósito elogioso, que los ingresos del Gobierno Federal ascendieron a 33,255 millones de pesos; subraya, con propósito elogioso, que la recaudación real superó en 11,560 millones la estimación que se hizo al principio del ejercicio fiscal. Si el propósito era de elogio, francamente, no se logra.

En técnica presupuestal no puede haber errores de 46 y medio por ciento; no superó porque eso implica que hubo improvisación en el manejo de los fondos. Y no lo creo; simplemente, lo señalo como una frase que se desliza, elogiando, que superó en 11 mil millones lo que se presupuestó al principio, y esto de ninguna manera puede ser elogio; al contrario, sería reproche, en cuanto a improvisación o en cuanto a imprevisión.

Hay un ejemplo de redacción extraordinariamente confusa, al comentar el dictamen la estructura del gasto público consolidado por capítulos. Explica la partida de Erogaciones Especiales que asciende a 2,328 millones, con esta redacción.

Este capítulo incluye las erogaciones destinadas a cubrir determinados servicios específicos, cuyo monto está condicionado al entero de sus productos en la Tesorería de la Federación.

Lo leí cinco veces y no lo acabo de entender. Son datos tomados al azar. Podíamos seguir señalando muchos otros datos como éstos, en que la redacción es confusa, en que se distorsiona en comparación los números. Pero lo importante es señalar que el conocimiento de los datos reales abre el diálogo. El pueblo de México es mayor de edad. Acepta el reto del sacrificio, de la solidaridad, del esfuerzo. No es necesario afirmar que todo está bien. No es conveniente crear en el pueblo de México la mentalidad de que vivimos en el país de las hadas donde el ogro nunca se va a comer a Caperucita; donde el ogro nunca se va comer a Pulgarcito; donde papá oso y mamá osa jamás se van a comer a Ricitos de Oro.

Vamos aceptar que vivimos aquí, y ahora, en esta hora de angustia que implica el crecimiento espectacular de México, y vamos a enfrentarnos a la verdad. Cuando hablamos del pueblo de México no hablamos de la frase lírica del pueblo, de los grandes discursos. El pueblo somos nosotros; todos y cada uno de los mexicanos; la generación que viene empujando, que es la generación del porvenir, y que pone su esperanza en nosotros; la generación del presente a quien nos toca la responsabilidad; pero al mismo tiempo el gozo de vivir esta época en donde podemos en estrecha solidaridad dispararnos al esfuerzo. La generación de los que están terminando, y que aportan su equilibrio, su experiencia, su valor. Todos unidos deseamos conocer la verdad, sin desviaciones. No con el afán de criticarla; no con el afán de conocer la verdad para tirarnos a un ring donde nos vamos a poner en batalla campal sin reglas de ninguna especie, a pegarnos unos a otros.

No el ring de los caníbales, sino la verdad que nos permita a todos aportar nuestro sacrificio y nuestro esfuerzo; enfrentarnos en el reto de la intemperie.

En última instancia, el pueblo de México quiere conocer la verdad, y acogiéndonos a la palabra eterna: "La verdad cuando se conoce nos vuelve libre" (aplausos).

El C. Presidente: Por la Comisión, tiene la palabra el ciudadano diputado Ignacio González Rubio.

El C. González Rubio, Ignacio: Señor presidente, honorable asamblea: Con positivo interés he escuchado las palabras del diputado Hinojosa, representante de la diputación panista. Me place que al inicio de su intervención haya hecho consideraciones positivas en relación con la Cuenta Pública.

La Cuenta Pública - estoy de acuerdo - no debe de estudiarse simple y sencillamente desde el punto de vista contable; la Cuenta Pública representa la forma como el gobierno distribuye y emplea los recursos del pueblo. De ahí la importancia tan extraordinaria que tiene para la representación nacional el saber y el conocer que los dineros del pueblo se están manejando correctamente y en beneficio del pueblo.

Las posteriores consideraciones no creo que estén ajustadas a la realidad porque son consideraciones que se hicieron tomando la Cuenta Pública desde el punto de vista contable; son cifras abstractas que en ese sentido, y exclusivamente vistas desde ese punto, no nos dan a nosotros la explicación de la realidad económica, ni nos dan la explicación de la política del gobierno y de las metas a seguir.

Si el dictamen se estudia y se analiza con los demás documentos que concurre y que nos dan una idea de la realidad económica de México; si, el dictamen es de resultados extraordinariamente positivos y si, el dictamen es de resultados demasiados claros y que nos explica la realidad, voy a hacer, pues, el estudio, la exposición de la situación económica del país al empezar el año de 1965, con el objeto, después, de comparar los esfuerzos que se hicieron para llegar a los resultados positivos que presenta la Cuenta Pública.

Al empezar el año de 1966 existía un proceso de expansión económica en lo internacional, proceso que traía como consecuencia nuevos niveles en la producción de bienes y servicios, mayores volúmenes y valor en las transacciones del comercio internacional y, sobre todo, lo más importante, presiones inflacionarias y de balanza de pagos de las que la economía de México no se pudo sustraer. Estas presiones inflacionarias demandaban fuertes volúmenes de crédito y trajeron, como consecuencia, el alza extraordinaria de las tasas de interés.

En los Estados Unidos, país que influye determinantemente en el comercio y en la vida económica internacional, las presiones inflacionarias tuvieron que verse contrarrestadas con presiones y restricciones de tipo antiinflacionario y las tasas de interés alcanzaron niveles que no habían alcanzado hace 40 años; alcanzaron niveles iguales a los de la crisis de 1929. Esto, reflejado en la economía de México, significa lo siguiente: que el crédito internacional, de que México hace uso para impulsar su desarrollo y su crecimiento económico, se restringió y se encareció al mismo tiempo, por la tasa de interés; con la circunstancia contraproducente de que fueron muchos los recursos económicos del país que salieron al exterior a buscar ganancias e intereses superiores, porque así lo demandaba el mercado internacional.

Ante esta situación, a México se le presentaba un dilema: o bien, seguir las medidas compensatorias que demandaba el proceso inflacionario, o bien, mantenerse y vivir con sus propios recursos, de tal manera que fuera posible conservar la estabilidad y al mismo tiempo promover el desarrollo. De estos dos caminos, sin duda alguna, ustedes comprenderán que el más fácil, el que presta mayores ilusiones y el que despierta el avorazamiento de los grupos que controlan el capital, era el primero, conseguir el proceso inflacionario, con la ventaja para ellos que esto daría oportunidad a que se realizara un mayor número de obras generales y a que se produjeran ganancias y se satisficieran necesidades de inmediato.

Este camino, que es fácil, lo sugerían aquellos que ni tienen responsabilidades ni conciencia nacional para realizar estas obras y, menos, tienen la responsabilidad para hacerle frente a los trastornos que provoca la inflación. La inflación trae, sin duda alguna, trastornos económicos, políticos y sociales; cambia radicalmente las reglas del juego; es masiva, evita que se hagan mayores inversiones en espera de que su producto sea de resultados reales y positivos; la inflación favorece considerablemente a las minorías privilegiadas con recursos, porque los precios se elevan a tasas considerables y los únicos que sufren consecuencias, y los únicos que se perjudican son aquellas personas con ingresos fijos o con recursos propios, que día a día amanecen con un menor poder de compra para satisfacer sus necesidades.

Los gastos y los procesos de inflación, sin duda alguna que los paga el pueblo, la mayoría, la que no tiene recursos. También la inflación provoca que la atención oficial del gobierno se dedique a atender los problemas de estabilización y descuide los problemas de crecimiento. Los problemas de estabilización sólo se pueden controlar, en un proceso inflacionario, por medio de la fuerza, por medio del decreto, por medidas restrictivas.

Los procesos de inflación sin duda alguna que entorpecen, que dificultan y que frenan la política revolucionaria con sentido de justicia social. La inflación lo que provoca y lo que favorece son las dictaduras de derecha.

Ante esta situación, se prefirió el camino corto, el camino del sacrificio, el camino del freno, el menos espectacular para hacerle frente a esa situación. Y recuerden ustedes, señores de Acción Nacional, que el señor Presidente de la República en su informe así lo dijo, y así expresó esta terrible realidad. El señor Presidente de la República, el primero de septiembre, dijo a esta honorable asamblea: "A México no le convienen precipitaciones ni retrocesos, sino el paso firme, el avance sólido de cambiar en la Política monetaria o en el control selectivo del crédito e incidir en el déficit presupuestal o ampliar el gasto público sobre bases inflacionarias habríamos podido alcanzar mayores tasas de crecimiento; pero después nos hubiéramos visto obligados a bajar esa misma tasa, reducir el gasto público y tomar las severas medidas para no dejarnos arrastrar por un proceso inflacionario incontrolable y de previsibles efectos. Rechazamos la expansión desmesurada que, sin medir esas consecuencias algunos desearían, y adoptamos el camino del desarrollo firme y sostenido, sacrificamos avances y realizaciones espectaculares a cambio de lograr el progreso verdadero."

Esta es la realidad y esta es la situación económica del país, que seguiría en 1966; a la luz de este aspecto debemos analizar si la Cuenta Pública y el ejercicio de los dineros del pueblo se emplearon en beneficio del pueblo o en perjuicio del mismo. No quiero hacer una consideración personal y una evaluación de esta manera. Como Presidente de la Comisión de Presupuestos y Cuenta, al hacer el análisis de la Cuenta Pública y al hacer el análisis de la situación económica del país, tenemos que tomar pautas que son de reconocida validez en lo económico y en lo internacional.

La prueba de validez de un sistema económico es doble: primero, analizar y estudiar si el sistema económico tiene la aptitud necesaria para imprimir celeridad al problema del desarrollo, y segundo, analizar si la distribución de la riqueza, la distribución del ingreso se hace en forma progresiva, es decir, en una palabra, se este sistema en realidad viene a beneficiar a las grandes mayorías con respecto al crecimiento y al desarrollo económico del país, los datos sí son halagadores; el país creció a una tasa correspondiente al 7 y medio por ciento del ingreso nacional. Es la tasa de crecimiento más alta que hasta la fecha se ha logrado. No es consideración netamente personal, tomemos por ejemplo índices de valoración universal. México, como todos ustedes saben, es miembro del Fondo Monetario Internacional; al Fondo Monetario Internacional pertenecen 53 países. De los 53 países sólo 4 de ellos crecieron a una tasa superior al 7%. Seis de ellos tuvieron un incremento entre 6 y 7% y los demás tuvieron un incremento de desarrollo menor del 6%.

De los países que tuvieron un crecimiento del 7% fueron Japón, Formosa, Alemania Occidental y México. Este crecimiento del 7 y medio por

ciento en 1966, sí es extraordinario, y no debemos regatear a la administración del señor Presidente Díaz Ordaz el sacrificio, el empeño y la dedicación por el desarrollo económico del país. Pero si no basta esta consideración, debo decirles a ustedes que también durante el año de 1966 el Fondo Monetario Internacional consideró el peso mexicano como moneda de transacción internacional y le concedió a la República de Colombia un préstamo en pesos mexicanos por más de 9 millones de dólares.

Si no fuera tampoco suficiente esta consideración, en un estudio que hizo la CEPAL, que es la encargada en las Naciones Unidas de estudiar el desarrollo económico de los países de América Latina, manifiesta que sería extraordinario para los países de la América Latina aumentar su tasa de crecimiento del 1% al 3%.

La reserva monetaria en el Banco de México fue la más alta que se ha alcanzado hasta entonces. De tal manera que, estudiada la influencia y el impacto del gasto público sobre la situación y la realidad económica del país, el saldo, sin duda alguna, es positivo para México y debemos de estar orgullosos del mismo.

En el segundo aspecto, al estudiar la forma como se hizo la distribución del ingreso en beneficio de las clases pobres, el mejor medio para apreciarlo es considerar el salario en relación con los precios. El salario nominal y los precios nos dan la resultante más importante para considerar cuál fue, efectivamente, el salario real.

De 1950 a 1954, el salario nominal creció 9%, los precios aumentaron el 8%, de tal manera que el salario real se vio incrementado del 50 a 54, en 1.6%.

De 1961 a 1965, el salario nominal aumentó 7.5%, los precios 2.1%. En consecuencia, el salario real aumentó el 5.3%. En 1966, el salario nominal aumento el 13.5% y los precios aumentaron el 1.3%. En consecuencia, el salario real de la población aumento el 12.2%.

El desarrollo económico del país y la distribución del ingreso marcan un saldo favorable y optimista para el país.

Ahora, veamos cuál es la situación y el impacto del gasto público.

Para examinar la situación económica no debe perderse de vista que concurran medidas de política monetaria, de política crediticia y fiscal y, también, debe tomarse en consideración la influencia y el crecimiento del gasto público y la creación de las condiciones que sean propicias para la inversión privada.

Al análisis de estos factores vamos a ver la Cuenta Pública. Es muy usual que, al hablar de la Cuenta Pública, desde el punto de vista contable, se dice que el presupuesto fue equilibrado. Los ingresos correspondieron a los egresos; hubo un superávit o un déficit. Ese es el análisis contable de la cuenta; pero del estudio económico de la Cuenta no podemos decir que, con estas dos cifras, el presupuesto sea equilibrado.

El equilibrio del presupuesto hay que verlo en relación con toda la economía de México.

Así, el presupuesto, en relación con el ingreso nacional, representa el 24.5%; el ingreso nacional, en 1966, fue de doscientos setenta y dos mil millones de pesos; el presupuesto, el 29%.

El presupuesto creció, en relación con el año de 65, solamente el 3.2%, es decir, los ingresos y los impuestos no tuvieron un incremento extraordinario, porque en un año de contracción económica, con presiones inflacionarias, no era posible ni conveniente aumentar las tasas impositivas; este 3% se obtuvo gracias a una mejor recaudación y de ninguna manera a una mayor tasa de impositiva. Este dato sí es muy importante; porque, en un periodo inflacionario, no podían cargarse ni elevarse las tasas impositivas.

El medio circulante en moneda aumentó el 11.4%; es decir, es una medida de política monetaria con el objeto de que en momentos de recesión de crédito puedan ponerse a la disposición de las transacciones comerciales los medios de transacción y los medios de pago; pero está guardado el equilibrio justo y exacto para hacer una economía firme y sostenida.

El crédito aumentó en la misma proporción, el 10.5% y el crédito a la producción fue superior, el 15%.

En cambio, los ahorros representan el 29%. Esta es una medida de tipo crediticio que tomó el Gobierno para controlar los efectos de la inflación. Se hizo una especial reforma a las sociedades financieras para que recibieran depósitos a largo plazo, con una mayor tasa de interés. Esta medida, de tipo crediticio, provocó que los ahorros particulares aumentaran el 29.4%.

La inversión bruta durante el año de 1966 fue del 18%, de la cual correspondió el 11% a la iniciativa privada y el 6% correspondió al Gobierno.

La Hacienda Pública creció el 9.5%.

Esto les da a ustedes, con claridad, el conocimiento de que durante 1966 el presupuesto se manejó en forma equilibrada y en relación con el desarrollo económico del país.

De los ingresos que se recaudaron, la mayor parte de financiamiento, fueron ingresos ordinarios por 24 mil millones de pesos, dos mil millones de pesos más que el año de 65 y debido, exclusivamente, a mejores sistemas de recaudación y no a tasas impositivas. Los ingresos extraordinarios, correspondientes a la Deuda Pública, disminuyeron en 4 mil millones de pesos. Esta es un medida de tipo antiinflacionario.

En 65, la Deuda Pública fue de 13 mil millones de pesos, y en 66 fue de 8 mil millones de pesos, de los cuales 8 mil millones de pesos, la mitad se destinó a pagar Deuda Pública anterior.

El gasto público se presentó - la estructura del gasto público - , en un cuadro que aparece en la página 19, comparativo de los años 65 y 66. La diferencia entre el ejercicio de 65 y 66 se marca con porcentajes positivos y también se marcan los porcentajes negativos; los porcentajes negativos que se marcan como son la compra de bienes para administración, los servicios generales, las transferencias, las inversiones financieras y la cancelación de pasivo, tuvieron contracción y representan un saldo menor debido a la política antiinflacionaria del Gobierno; es decir estas partidas se disminuyeron fundamentalmente para beneficiar al pueblo, directamente a las clases mayoritarias; no

hay economía que sea firme, verdadera y permanente si el beneficio no se encauza directamente hacia las clases mayoritarias.

Partidas que son muy importantes en la estructura y en la estabilidad del peso, son las que corresponden a la Armada y al Ejército. El gasto público que México destina a este renglón, es el menor de cualquiera de las naciones de Latinoamérica, y en su mayoría este gasto público está destinado a pagar los haberes, las pensiones, la educación y solamente para la compra de material se destina una partida correspondiente - si no me escapa la memoria - , de 80 millones de pesos, que es insignificante.

Esto representa que el Ejército y la Armada no tienen como finalidad más que mantener y salvaguardar el prestigio de las instituciones de la Revolución.

En México no hay ninguna posibilidad de que la política se desvíe entre formar ciudadanos serios, conscientes y responsables en lugar de formar soldados.

El Presidente Díaz Ordaz, en su informe del primero de septiembre, dijo: 'Nosotros lo que pugnamos son urnas para votar y no féretros para sepultar'. En la época actual, las armas de guerra ya no podrán ganar la paz. Las armas de guerra nos llevarán a la destrucción definitiva. La paz únicamente puede construirse por el camino del trabajo y por la libertad.

La diputación panista, al hacer las observaciones, nos decía que había que presentar la realidad económica de México. En realidad esta exposición fundamentalmente económica, no constituye la finalidad de la política del gobierno; no es la economía la que nos resuelve todos los problemas. No es que nosotros busquemos presentar el panorama halagador de México a través de la Cuenta Pública. En México no se lucha por obtener índices económicos superiores. El problema de México, el problema fundamental, es el de combatir la pobreza, la ignorancia y la insalubridad. Y el hambre no es cuestión de porcentajes, como tampoco lo es cuestión de porcentajes la enfermedad y la ignorancia. El hambre se siente, y la ignorancia y la enfermedad se padecen.

El señor Presidente de la República no presentó un programa y un resultado halagador. El señor Presidente de la República presentó la realidad de México tal cual es.

En su informe, nos dice lo siguiente, que es muy importante dice:

'Que bueno, qué satisfactorio para los mexicanos que nuestro peso se consolide. Pero la sola dureza de nuestra moneda en que descansa la economía, si no se traduce en más pan para los humildes, en techo, en seguridad social y en oportunidades de formación para sus hijos, es un logro bastante secundario. El arrancar a la gran masa nacional de la pobreza es urgencia a la que no podemos, no debemos responder con la simple consolidación de estructuras económicas que no benefician a esa gran porción de la familia mexicana.'

Esta es la realidad de México. La Cuenta Pública no nos dice más que el esfuerzo que el gobierno realiza por resolver estos problemas.

La prosperidad es indivisible, como la paz. No se puede pensar en un México en armonía, en donde la riqueza sea patrimonio de pocos y el hambre condición de muchos.

El señor Presidente Díaz Ordaz, en Punta del Este, nos decía: Los campesinos, lo único que tienen en abundancia, es su hambre, su ignorancia y su enfermedad.'

La circunstancia de que tengamos un crecimiento económico extraordinario, la circunstancia de que se distribuya el ingreso con mayor celeridad, no quiere decir que este problema económico sea sinónimo de abundancia.

Tenemos carencias seculares que debemos resolver y vamos a afrontarlas y a resolverlas con nuestros propios recursos, con nuestra manera de ser, sin presiones extrañas a la voluntad persistente de la existencia, pero de acuerdo con nuestro estilo característico de pensar, de querer y de convivir; la obligación que tenemos de construirnos, de resolver nuestros problemas y de afrontar la cruda realidad, es el estímulo más valioso para los pueblos que al par que el nuestro, se enorgullecen de su pasado, pero fincan su verdadero progreso en el porvenir.

Esa es nuestra tarea: trabajaremos con clara conciencia de nuestros propósitos, con unidad, con decisión y sin desaliento; así podremos, mañana, dejar a las nuevas generaciones que vivan en magnífica realidad, tal vez mucho de lo que para nosotros no logre trasponer los linderos de la esperanza. Esa es nuestra obligación, "esa - dice el señor Presidente de la República - es la teoría económica de la Revolución y a ella se ajustan nuestros actos, porque estamos persuadidos de su validez, porque es el mandato de una historia pletórica de luchas". Esa es la tesis del presidente Díaz Ordaz.

Honorable asamblea: Al pedir a ustedes la aprobación del dictamen correspondiente a la Cuenta Pública de 1966 pido el reconocimiento para la obra del señor Presidente de la República, porque los dineros del pueblo se han gastado en beneficio del pueblo. Muchas gracias (aplausos).

El C. Presidente: para hablar, en pro del dictamen, tiene la palabra el ciudadano diputado Angel Baltazar Barajas.

El C. Baltazar Barajas, Angel: Señor presidente, señores diputados: De acuerdo con la fracción I del artículo 65 de la Constitución General del país, para la diputación del Partido Popular Socialista, la Cuenta Pública no es más que el informe que el Ejecutivo envía a esta Cámara, relativo a la forma en que se ejerció el presupuesto aprobado anteriormente; pero como dicha disposición legal no sólo nos faculta para comprobar si las cantidades gastadas están de acuerdo con las partidas presupuestales y aprobadas, sino, además - y esto es lo más importante - examinar si estos gastos realizados están o no justificados.

Para la diputación del Partido Popular Socialista sólo se justifican los gastos cuando están orientados a hacer avanzar al país en su desarrollo económico, beneficiando a los grandes sectores que en última instancia son los productores de la riqueza nacional, es decir, la clase trabajadora.

A este respecto, la Cuenta Pública es una prueba objetiva de que el país avanza. No es en la forma acelerada que nosotros deseamos. Hay miseria, hay ignorancia, hay insalubridad, pero lo importante para nosotros es que el país no retrocede, está avanzando, hay mucho camino que andar y el problema para nosotros es hacer que el Poder Público ejercite las partidas del presupuesto aprobado en beneficio del pueblo mexicano.

Ciertamente, el pueblo tiene el derecho a saber, en una forma precisa y clara, que hace el gobierno con su dinero. Por eso consideramos nosotros que es necesario que el informe y el dictamen de la Comisión se redacten en una forma simple y en un lenguaje accesible para todo el pueblo, para que éste, desde la calle, desde el trabajo, desde la escuela, desde el laboratorio, desde el centro de investigación, lo discuta, lo entienda y tengamos la certeza de que el pueblo apoya o reprueba auténticamente el informe que nosotros llamamos aquí Cuenta Pública.

Es necesario que el informe abandone un poco el tecnicismo con que está elaborado. Nosotros somos un cuerpo colegiado y no somos técnicos en finanzas, pero, por lo demás, consideramos que lo importante no es saber lo que se gasta, sino para qué se gasta, y en este caso hemos visto que la Cuenta Pública está orientada a elevar el nivel de vida del pueblo mexicano.

Eso es lo que a nosotros nos interesa, la política fiscal que el gobierno, que el Ejecutivo de la Federación le da a los dineros del pueblo.

La opinión, por lo tanto, de la diputación del Partido Popular Socialista es en el sentido de que la Cuenta Pública, que estamos discutiendo hoy, sirve al desarrollo económico del país, y por lo tanto ésta, o mejor dicho, su opinión, es en el sentido de que se apruebe dicho dictamen en todas sus partes. Muchas gracias (aplausos).

El C. Presidente: Para hacer uso de la palabra en contra del dictamen, se concede la misma al ciudadano diputado Alfonso Ituarte Servín.

El C. Ituarte Servín, Alfonso: Señor presidente, señoritas, señoras y señores diputados:

Escuché con gran detenimiento las razones expuestas por el diputado González Rubio en relación con el dictamen que produjo la Comisión que preside. Me explico perfectamente el sentido que le dio a su intervención por la propia dificultad del tema que vamos a tratar. Tuvo, naturalmente, enfrente de ese problema, de gran volumen, imposible de analizar y dictaminar en unos cuantos días, que acudir a una serie de razones marginales que, en realidad, no se refirieron a la imputación que hizo el diputado Hinojosa. Tiene relación esta actitud, del diputado González Rubio, con el aspecto que presentó nuestra Cámara en la sesión pasada ante la lectura del dictamen.

Recordarán ustedes tantas páginas leídas, con tantos números, tantos razonamientos; llegó un momento en que uno de mis compañeros estaba por pedir a la Presidencia que verificara el quórum de la asamblea, para ver si había suficiente asistencia, e incluso si se estaba atendiendo al asunto que se trataba.

Considero, señores, que este asunto que estamos debatiendo, a pesar de la aridez de las cifras, a pesar de su propia naturaleza, es de extraordinaria importancia para esta Cámara. Tuve el honor de que la diputación de mi partido me comisionara para intervenir en este debate y, enfrente de esta responsabilidad, he hecho una serie de reflexiones. La primera: entiendo que para esta Legislatura, en este primer debate de importancia, implica una gran responsabilidad, un planteamiento objetivo y claro. Entonces, he querido documentarme suficientemente para hacer una intervención ajena a poses de exhibicionismo y que cumpla, en rigor, con el papel que debemos desempeñar los diputados.

He examinado, primero, con gran cuidado, el dictamen; después le he pedido a la Oficialía Mayor que me permita el acceso a los documentos originales que dieron base al dictamen y, ciertamente, he podido ver el volumen muy grande del Gobierno Federal, que trae más de doscientos estados, y el Distrito Federal, con más de 30 estados. También he releído los debates de años anteriores y visitado las oficinas de nuestro organismo técnico, que debe ser la auxiliar de nuestra Cámara en esta materia. Con todos estos elementos, quiero darle a mi intervención un gran sentido de responsabilidad, enfocada a una orientación constructiva. No pretendo manejar los datos que he visto en plan de señalar solamente deficiencias por el prurito de hacerlas. Si los he de mencionar es con el propósito de plantear problemas que pueden, de deben resolverse, y que incluso ofrecen a esta legislatura la gran posibilidad de resolver una serie de problemas que están sin solución, en orden a que se cumpla una función importante de la Cámara.

Comienzo por recordar en esta actuación, que tengo presente, y quiero vivir intensamente en la tribuna, la dignidad que ostento de diputado federal. No pretendo recordar a mis compañeros de Cámara esta cuestión elemental, pero sí tenerla presente como idea que debe animar las actitudes y las conciencias enfrente de los grandes problemas nacionales. Recuerden ustedes que en nuestra Constitución, quizá en uno de los artículos más felices, se define la naturaleza del diputado federal como representante de la nación, independientemente de nuestras características personales que pueden ser muy modestas, representamos a la nación mexicana todos y cada uno de nosotros, y en esa función actuamos, pensamos y hablamos en esta tribuna, y como cuerpo colegiado tenemos entre nuestras funciones una de las más importantes y sustanciales: intervenir en el examen y revisión de la Cuenta Pública, entendiendo que la Cuenta Pública es en realidad el programa de Gobierno realizado. En debates anteriores, de años pasados, especialmente en la voz del diputado Christlieb, jefe de mi partido, se sentaron tesis muy importantes, el gobierno de México debe reunir las características de un gobierno fuerte, técnico, eficiente. La Cámara, el Congreso, enfrente del Gobierno del Ejecutivo, debe cumplir su responsabilidad sin entorpecer las labores propias del gobierno, pero cumpliendo plenamente su función. Entonces, el Congreso, la Cámara de Diputados, por exigencia constitucional y por exigencia democrática de representación, debe aceptar y cumplir responsablemente esta función, Nos

encontramos, primero y ya en el planteamiento de los datos que integran el problema con las disposiciones legales que rigen esta materia, el precepto constitucional reglamentado por una Ley Orgánica del presupuesto de 1935, a esta Ley que ordena, en su artículo relativo, agrupar, ordenar en 4 grupos fundamentales de autorización, todas las operaciones del gobierno; y una Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda de 1937, expedidas ambas durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas y estando en la Secretaría de Hacienda el licenciado Suárez; me parece muy interesante situar el ambiente y la ocasión en que se dictaron estas leyes, en el año de 1936 el presupuesto federal estaba en el orden de 385'174,561.00 pesos, a la fecha, con el volumen que estamos examinando de más de 50 mil millones, representa una proporción de 150 veces mayor. De ahí se sigue y se explica la dificultad objetiva que encontramos en las disposiciones legales que rigen esta materia, completamente obsoletas, anacrónicas, inoperantes, nuestra Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda; y como dato curioso menciono que cuando he solicitado un ejemplar de esta Ley en la Cámara nos encontramos que existía solamente una copia mecanografiada, en el archivo, de la cual hemos sacado algunas copias para tener conocimiento de ella; nuestra ley, a pesar de su antigüedad y su deficiencia, de todas maneras estableció un sistema, un sistema para el trámite de este importante asunto, que establece la manera de cómo funcionan dos comisiones ciertamente importantes de la Cámara, la de Presupuestos y Cuenta y la Inspectora de la Contaduría Mayor de Hacienda. La ley establece la existencia de un organismo técnico que, obviamente, sí lo han reconocido todos, este asunto, por su volumen, su complejidad, sus tecnicismos, es difícil de plantear; una sesión de la Cámara requiere ciertamente del auxilio de un organismo técnico que ilustre a la Cámara en sus consideraciones para poder opinar responsablemente del asunto. Ahora bien, en la mecánica del trámite sobre esas dos leyes, sobre ésas, en el supuesto de que existan, organizadas comisiones de diputados y el organismo técnico, ha venido funcionando una mecánica de trámite. Hasta 1955 se recibían las cuentas públicas, se turnaban el organismo técnico encargado de hacer la revisión, el organismo técnico producía un dictamen, y ese dictamen lo discutía la Cámara, ya analizado, ya estudiado, ya orientado de 1955 - recordará el diputado González Rubio - , se modificó el trámite; en aquella ocasión intervenimos, me parece que él también, en el debate con algunos otros diputados de aquella legislatura, y de entonces a acá se sigue el trámite inverso. Se reciben los documentos de la cuenta, se aprueban sobre un dictamen hecho más o menos rápidamente y después se turna a revisión. Entonces se ha invertido la mecánica del trámite. Anteriormente se revisaba la Cuenta por el organismo técnico y el dictamen emitido por el organismo técnico se sometía a la consideración de la Cámara para su aprobación. Actualmente primero aprobamos y después que revisen. Visitamos las oficinas de la Contaduría Mayor de Hacienda, especialmente dos locales que ocupan las oficinas del Control Mayor, en la Plaza de la República, y las del Archivo - lo que se supone que es archivo - , en las calles de Morelos. No quiero exagerar, pero la impresión que obtuvimos, especialmente de las oficinas del Archivo, es de lo más deprimente. Yo invitaría cordialmente al Presidente de la Comisión Inspectora y a otros compañeros diputados para que hiciéramos una visita en plan constructivo, no de señalar las terribles deficiencias que hay, sino para subrayar la necesidad imperiosa de que eso se organice y funcione.

Ahora bien, la materia que examinamos ahora en la Cuenta Pública de 1966, que según el dictamen está en el nivel de su volumen de pesos, de los cincuenta mil millones de pesos distribuidos entre los ingresos propios, movimientos propios del gobierno, en 23 mil millones y veintisiete mil millones de pesos de los organismos descentralizados y empresas de participación estatal o de propiedad estatal.

No resisto a la tentación de mencionar el dato estadístico que presenta, en primer lugar, un cuadro completo de la realidad mexicana en el orden de los ingresos, y que acusa esa tendencia cada vez más exagerada de centralizar en lo económico y en lo político toda la fuerza del país.

En 1936 los ingresos federales eran de 385 millones. En 1962, de 20 mil millones contra los ingresos totales de todos los Estados de la República, que solamente ascendían a 2,900 millones, y los ingresos de todos los municipios del país, que solamente representaban 816 millones y enfrente de eso el dato final del Distrito Federal, que representaba en esa fecha 6 mil millones.

Estos datos, señores diputados, nos están hablando elocuentemente de este proceso paulatino e ininterrumpido, de centralización en que estamos colocados hace mucho tiempo, pero en cuanto hace a la Cuenta Pública, por la magnitud de su volumen, que incluye los movimientos del Gobierno Federal, de los organismos descentralizados y empresas propiedad del Estado, del Departamento del Distrito Federal, representa físicamente, humanamente, la imposibilidad para un Presidente de Comisiones de la Cámara de Diputados de elaborar un dictamen con conocimiento de causa y con responsabilidad.

Básicamente, entonces, tanto mi compañero Hinojosa como yo, no nos atrevemos, incluso a opinar sobre la Cuenta Pública, porque no nos creemos en aptitud, ni estamos suficientemente informados para emitir opinión, como también entendemos que tampoco lo están los miembros de las comisiones.

Entonces, básicamente, si estamos impugnando el dictamen, es en función de que se apruebe ahora mismo. Creo sería una sugestión, que creo difícil de obtener con la venia de ustedes. Lo correcto sería que volviéramos al trámite anterior, se admitiera la Cuenta Pública, que se les dé oportunidad a las comisiones y a los diputados todos para informarse suficientemente, de manera que pudieran, en su calidad de representantes de la Nación, opinar responsablemente, y que cuando se diera la aprobación de la Cuenta Pública tuvieran el respaldo completo, la convicción responsable de que se había dado un voto aprobatorio.

No es posible, señores diputados, desahogar el asunto, en un asunto de tanta importancia substancial a las funciones de la Cámara, como

aprobamos normalmente el uso de las condecoraciones y otros asuntos similares.

En realidad, dos comisiones de la Cámara, muy respetables las dos, están comprometidas en este asunto y deben tener manera y elementos de desahogar mejor su cometido.

He examinado rápidamente los documentos que dieron base a este dictamen, y he encontrado de mi obligación reconocer, como una medida de gran importancia para el país, el que el Ejecutivo y el Congreso hayan incorporado al presupuesto las cuentas de los organismos descentralizados y las empresas propiedad del Estado.

Reconocer también el esfuerzo empleado por el Ejecutivo y los directivos de estos organismos para producir estados financieros bastantes claros, técnicamente aceptables para que puedan ser motivo de un examen más o menos completo.

De los doscientos veintitantos estados que figuran en el expediente voluminoso del Gobierno Federal, entre ellos, junto con los clásicos que agrupan por funciones en los 9 grupos anacrónicos que ya mencioné, que representan la funcionalidad del presupuesto, están documentos muy interesantes, son los balances y los estados de pérdidas y ganancias de veintitantos organismos y empresas de participación estatal, documentos que arrojan datos que yo, incluso, no voy a manejar ahora, porque faltaría a mi actitud responsable, si me quisiera poner a interpretar con un solo vistazo esos documentos, pero que, sin embargo, revela posiciones de la verdadera situación de México, que nos llevan a concluir, como mexicanos, que no todo sale bien, porque no es fácil, que algunas cosas necesariamente, lógicamente, deben salir mal, y que entonces urge localizar las fallas con el propósito de corregirlas, no solamente con el propósito de exhibirlas, sino de corregirlas. Y que estaríamos entonces en aptitud de hacer planteamientos claros, veraces, valerosos, responsables, de la situación de México, y enfrente de ellos poder emitir opiniones. De los balances, estados de pérdidas y ganancias, se sigue que en las administraciones que manejan esos organismos hay de todo. Hay buenas administraciones; hay mejores administraciones, y hay malas administraciones y peores administraciones.

Ya sabemos, y esto no vamos a discutirlo, que todos esos organismos no son de tipo lucrativo. Que quede perfectamente establecido. Son organismos, la mayoría de ellos, las empresas de servicio. Incluso de producción de bienes que van enfocados al servicio de la comunidad; enfocados al desarrollo y progreso de México. Pero estos fines no están reñidos con la eficacia de las administraciones que deben buscar la mejoría en los costos de los servicios, en orden a ampliar y dar mejor vida en su realización a los propósitos que las inspiraron.

De esta manera, entonces, sería muy conveniente que en el dictamen se reconociera la importancia de esos documentos; se hiciera un estudio más o menos concienzudo en cuanto al poco tiempo de que se dispone, y se pudiera emitir una opinión respecto a ese volumen, a ese aspecto considerable de la economía mexicana que representan estos organismos.

De estos estados puede seguirse la importancia que, para el patrimonio nacional, tienen los bienes que están al cuidado de esos organismos. Son miles de millones de pesos. La importancia que tiene el control que se siga para vigilar y cuidar ese patrimonio que figura en activos fijos de esos balances. Ver que se constituyan las reservas complementarias, que prudentemente cubran el uso que se hace de esos activos.

Se puede también examinar los pasivos. Se puede examinar si se está cumpliendo con ese propósito inteligente en el orden económico y humano y social de que las inversiones que se hagan de todo este tipo sean recuperables en sí mismas. Y en los estados de pérdidas y ganancias - que podrían llamarse de cualquier otra manera en función del tipo de empresas que son - ver si las administraciones guardan proporciones de los servicios que prestan y lo que cuestan. Social y políticamente esto tiene mucha importancia. En un país en el que un renglón de su economía tiene ya un volumen este tipo de empresas que rebasan el total de las operaciones presupuestales del gobierno se supone entonces la necesidad de que una organización complicada numerosa atiende estos organismos. Y podemos caer en el problema tremendo - y de esto tenemos experiencia en nuestra historia - de que al amparo de estas organizaciones que manejan este caudal importante del patrimonio nacional se constituyan grupos de gentes privilegiadas que incluso aprovechen la posibilidad de obtener en lo personal grandes beneficios en la administración.

Claro que no se podrá juzgar, en detalle, ningún problema particular sin conocer el estado y las relaciones y los informes que lo complementen. Pero todo esto es necesario para formarse un panorama completo de la situación económica del país, y que el Congreso, responsablemente, pueda opinar sobre eso.

También resulta injusto englobar los resultados finales de las operaciones de todos estos organismos, porque no hay posibilidad de reconocer el mérito que tienen las administraciones que han funcionado eficazmente, y quedan cubiertas las fallas de las que no han funcionado eficazmente.

Entonces, estimo yo, que la Cámara de Diputados, en plan de desahogar rápidamente un dictamen formulado por una Comisión desaprovecha la oportunidad, oportunidad magnífica que, concretada en los datos valiosísimos que ha proporcionado el Ejecutivo, para hacer un planteamiento claro y valeroso de la situación actual.

Reconocer las deficiencias, localizar las fallas, no implica ningún problema; no hay que tener miedo a la verdad. Si se plantean con verdad los problemas de México sabemos que la generosidad de nuestro pueblo responde en términos de sacrificio y de trabajo y de colaboración.

Entonces, como representantes del pueblo, podemos examinar con claridad estos datos para presentar la verdadera situación de México.

Y no quiero terminar sin dejar planteada, al concluir los argumentos que he manejado en mi exposición, la gran posibilidad que se presenta para esta legislatura, en esta primera ocasión que se examina este problema, de reconocer los datos que urgen, que ameritan, que implican un inmediato estudio; en primer término el de las leyes que rigen la materia. Claro que no vamos a involucrar este

problema vital de la Cuenta Pública para dejar planteada, como la gran oportunidad para esta legislatura, de actualizar todas las leyes que rigen esta materia, en función de eficacia, al frente del México moderno que vivimos. No es posible pensar en manejar 50 mil millones de pesos con una ley que se redactó y concibió en función de 380 millones.

Y, por cuanto hace al dictamen, no sé si fuera mucho pedir a los señores de la Comisión que se modificara en el sentido de que se admita la Cuenta, que se abra la oportunidad para que la Comisión de Presupuestos y Cuenta y la Inspectora y el organismo técnico elaboren en forma más completa el dictamen, sin que esto implique que nos anticipemos a regatear la aprobación de la Cuenta, sino que, en su caso, con un dictamen más completo, gustosamente lo haremos (aplausos).

El C. Presidente: Por la Comisión, tiene la palabra el ciudadano diputado Roberto Gómez Reyes.

El C. Gómez Reyes, Roberto: Señor presidente, honorable asamblea: A nombre de la Comisión quiero iniciar esta intervención diciéndole al señor diputado Ituarte Servín que el proyecto de dictamen en su parte final, cuando habla del proyecto de decreto, dice: "Artículo primero: Se admite la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, que comprende la del gobierno federal y la de organismos descentralizados y empresas propiedad del gobierno federal y la del Departamento del Distrito Federal, correspondientes al ejercicio de 1966."

No se aprueba entonces, sino se admite la Cuenta Pública por esta asamblea.

El señor diputado Manuel Hinojosa, Juan José Hinojosa, en su intervención dijo que el dictamen no trata los problemas económicos fiscales y financieros de México. Segundo, que no apunta los problemas, sino que abunda en elogios. Tercero que no hay superávit, sino que hay déficit, que se cubrió con financiamientos internos y externos. Y posteriormente hace referencia a una serie de detalles de carácter contable, critica la redacción confusa, hay distorsión de números.

En consecuencia, para mí, la observación más importante que hace el señor Hinojosa es en el sentido de que no hay superávit. Vamos a ver si hay o no superávit.

El primer cuadro del dictamen, que se refiere a los ingresos y egresos en cuenta doble, establece como ingresos corrientes la cantidad de ..... 50,000.692,389.00 (cincuenta mil millones seiscientos noventa y dos mil trescientos ochenta y nueve pesos); los ingresos corrientes, como ustedes saben, se refieren a los impuestos, a los derechos, a los productos y a los aprovechamientos.

$ 50,000.692,389.00; los gastos corrientes del sector público fueron 45,476 millones 773 mil pesos. Los gastos corrientes son los que se refieren a pagos por sueldos, salarios, compra de materiales, etc. Aquí hubo un superávit en este movimiento de ingresos y egresos en las cuentas corrientes de 5,215.616 millones de pesos; quiere decir, entonces, que los ingresos corrientes del sector público fueron suficientes para satisfacer los gastos corrientes del sector público y todavía hubo un superávit de 5,215 millones de pesos que se destinaron a la inversión, a la promoción del desarrollo económico del país.

Vea usted entonces las cuentas de capital; en las cuentas de capital dice aquí superávit en cuenta corriente, hubo superávit entonces en los movimientos de cuenta corriente del sector público y se destinaron, para la solución económica, para el desarrollo económico, para la inversión y para aumentar la capitalización del país, se aumentaron en 5,215.616 millones, que provinieron de la cuenta corriente.

Ahora, respecto a los movimientos de la cuenta de capital, los ingresos por financiamiento, más el superávit en cuenta de capital, nos dieron en total de 21,142 millones de pesos y los gastos por concepto de capital para pago de financiamientos nos dieron un total de 20,577 millones de pesos. La diferencia es de ese movimiento de las cuentas de capital, es donde existe el superávit consolidado de 565 millones de pesos. Ahí está el superávit, es evidente que un país como el nuestro, en proceso de crecimiento, en proceso de desarrollo, en donde hay tantas necesidades, tengamos necesidad de financiamientos, tengamos necesidad de recurrir al ahorro externo y al ahorro interno para promover el desarrollo económico nacional y satisfacer las necesidades del pueblo.

El señor Ituarte Servín empieza diciendo que su intervención será una orientación constructiva, que la Cuenta Pública es el programa de gobierno realizado y se refiere a la Ley Orgánica de la Contaduría, de 1937, que es obsoleta, que es descendente y que no está a debate en este momento. Hay una iniciativa de parte de Acción Nacional que está en estudio; lo que pasa, lo que sucede es que se quiere minimizar la importancia que tiene la Cuenta Pública como instrumento de producción del desarrollo económico nacional; como un documento en donde se fija con claridad la política económica, la política financiera y la política fiscal del gobierno de la Revolución. Y así el señor diputado Ituarte Servín, dice, y se refiere a una serie de procedimientos de trámite del dictamen, y afirma que no estamos autorizados para emitir una opinión responsable porque no hubo tiempo suficiente para estudiar la Cuenta Pública.

Ustedes recordarán que se dio un plazo mayor a la Comisión para elaborar el dictamen; y se amplió el plazo para presentar el asunto a discusión en beneficio de todos los diputados. El dictamen fue impreso y distribuido oportunamente y, también tuvo en sus manos ese dictamen el señor diputado Ituarte Servín; por consecuencia, tuvo tiempo suficiente para estudiar el dictamen. Pero, como les decía yo, se trata entonces de minimizar la importancia de este dictamen de la Cuenta Pública. Se trata de regatear el aplauso, la aprobación unánime de esta asamblea, para la Cuenta Pública de la Hacienda Federal.

La Cuenta Pública debe examinarse, no en forma aislada, sino respecto a los principios en que se funda el desarrollo económico nacional. ¿Cuándo podemos hablar de desarrollo económico? Hay una opinión muy generalizada que afirma que el desarrollo económico existe cuando el aumento de la producción supera al aumento en la tasa de crecimiento de la población. Basta que se acumulen

riquezas, que se produzcan o se distribuyan más bienes y servicios por sobre el incremento demográfico, para hablar de desarrollo económico. Sin embargo una reflexión más profunda nos lleva al convencimiento de que no es suficiente el solo crecimiento de las fuerzas productivas para hablar de desarrollo económico. Pueden incrementarse la producción agrícola, el comercio, la industria y los servicios. Incluso es posible que aumente el ingreso nacional, y no por ello, en estricto rigor, se puede hablar de desarrollo económico. Es en función del aumento en el nivel de vida del pueblo; es en torno al mejoramiento material y espiritual de la comunidad, como hay que entender el crecimiento económico de la nación.

El incremento sostenido de la producción de bienes y de servicios es consubstancial al aumento de los niveles generales de vida: más viviendas, más vestido, más alimento, más educación y más cultura para el pueblo, son los únicos indicadores objetivos y reales del crecimiento económico. En este sentido, el incremento de las fuerzas productivas; pero con justicia social, es el principio rector de la Revolución Mexicana, y aquí me apoyo en la tesis profundamente humanista del Presidente Díaz Ordaz, cuando afirma que el desarrollo económico sin justicia social no es desarrollo económico.

México ha adelantado bastante en la resolución de los problemas del subdesarrollo. Hace tiempo que hemos alcanzado un impulso firme y sostenido mediante una acumulación autogenerada de capitales. El desarrollo económico nacional se efectúa, aproximadamente, en un 90 por ciento, con recursos propios, sin que por ello se piense que el aprovechamiento del ahorro externo sea perjudicial.

Con estos principios cabe afirmar que la cuenta de la Hacienda Pública Federal, que se examina en su doble aspecto de ingresos y gastos, constituye el instrumento más adecuado del gobierno federal para promover el desarrollo económico sano, equilibrado y con apego estricto a las normas de la equidad y de la justicia.

La Cuenta de la Hacienda Pública señala como fuentes de financiamiento del gasto del gobierno Federal, dos clases de ingresos: ordinarios y extraordinarios. Son gastos ordinarios los destinados para la atención de necesidades públicas permanentes y continuas. Son gastos extraordinarios los que autorizan para hacer frente al desarrollo económico de situaciones ocasionales motivadas por acontecimientos excepcionales. ¿Cómo se cumplen los principios sanos y equilibrados de política económica, fiscal y financiera que contiene el documento indicado? Mediante dos objetivos: Por un lado, a través de una estructura fiscal con acentuada tendencia a la progresividad, haciendo que la carga tributaria sea soportada de acuerdo con la capacidad económica de los contribuyentes, pero, de tal modo, que facilite el desarrollo económico del país, permitiendo la generación de ahorros suficientes para sostener el avance continuo de las fuerzas productivas. Tal ha sido el propósito del Estado al transformar profundamente, a partir de 1925, el antiguo impuesto de la venta cedular, en un gravamen con tendencias marcadamente progresistas. En segundo término, mediante el adecuado y justo financiamiento interno y externo. En el documento puesto a la consideración de vuestra soberanía, se indica que la deuda pública se elevó, en 66, a la cantidad de 37,023 millones de pesos que, de acuerdo con su origen, corresponde, en un 85%, a la deuda interna y en un 14% a la externa. El 76.3% se encuentra titulado y el 23.7% con pagarés y contratos. En este ejercicio se dejó un endeudamiento neto de 4,329 millones de pesos. Tal deuda, como se indica en el dictamen, se contrajo a fin de construir obras básicas para el fomento y el desarrollo de la economía nacional. Así, la deuda del país ha dejado de ser un problema a debate para convertirse en fuente permanente de progreso. La deuda pública ha tenido, y tiene, efectos saludables en nuestro país, por los siguientes motivos:

El crédito externo es complementario del ahorro interno.

Los préstamos externos no se emplean para financiar déficit de la balanza de pagos, sino para la creación de obras que generan ingresos propios.

Mientras los créditos internos o externos se destinen a proyectos de inversión autoliquidables la capacidad de pago de la nación es, prácticamente, limitada. Y así lo declaró el señor licenciado Ortiz Mena, recientemente. Los ingresos que el Estado obtiene, por colocación de empréstito, significan, para el particular, una inversión, y para el Estado la posibilidad de dar un empleo más eficiente al ahorro privado. La deuda pública no es una carga para las generaciones futuras; por el contrario, al dedicarse los recursos así obtenidos al fomento económico nacional, se abren campos insospechados para que las generaciones futuras disfruten de mejores niveles de vida. Hablemos ahora del gasto público. Del presupuesto total de egresos del Gobierno Federal se destinaron, para el fomento económico, 13,298 millones de pesos; para la inversión y protección social, 7,570 millones; para cancelaciones de pasivo, 6,977, para administración federal 2,857 y para el Ejército, 1,789.

En el propio dictamen se dice que el destino de los egresos obedeció a una cuidadosa tarea de planeación y coordinación económica, a fin de preservar la estabilidad monetaria. El gasto público se efectúo en un ambiente favorable para que el sector privado pudiera desarrollarse sin problemas.

Por las consideraciones anteriores concluye juzgar que el gasto público refleja no sólo el carácter y el sentido de la política financiera del régimen, sino, fundamentalmente, pone de relieve los principios y la doctrina creada por la revolución Mexicana. ¿De dónde procede el gasto público? ¿Cuál es el destino que el Estado da a los dineros del pueblo? Estas son las cuestiones básicas, los problemas medulares, que deben debatirse en esta asamblea.

Aquí volvemos a la primera parte de nuestra intervención. El Estado mexicano utiliza el gasto público como instrumento de promoción de la actividad económica en dos sentidos fundamentales; creando las condiciones y estableciendo los estímulos que propician la producción de los bienes y

servicios que demanda el país y, por otra parte, en la solución de las necesidades más apremiantes de la población mediante las obras de infraestructura económica y social, tales como: caminos, presas, electrificación, clínicas, hospitales, agua potable, urbanización, etc. En resumen, la política del gasto público, en 66, según se desprende de la Cuenta Pública, estuvo sujeta a los siguientes lineamientos generales:

Primero: Se autorizaron, se utilizaron técnicas modernas de planeación y coordinación del gasto, tendientes a mantener la estabilidad monetaria y la estabilidad de los precios para contrarrestar presiones inflacionarias. El gasto se destinó, en su mayor parte, al fomento de la actividad, económica para incrementar la producción de bienes y servicios, a la creación de obras de infraestructura económica y social, al fortalecimiento de la balanza de pagos por medio de la sustitución de importaciones y al mejoramiento de la administración pública. Igualmente, el gasto público sirvió de estímulo y de apoyo a las inversiones de la iniciativa privada, fortaleció la demanda interna para vigorizar el consumo como elemento determinante de la industrialización y se constituyó en elemento importante de redistribución del ingreso nacional.

Contribuyó, poderosamente, al crecimiento del producto nacional bruto que en 66 alcanzó el 7 y medio por ciento; superior, muy superior, al ejercicio precedente en 2.1%; creó nuevas fuentes de trabajo, y elevó el poder de compra de los empleados públicos. Disminuyó, en el renglón de transferencias, para el sector paraestatal, por contar estos organismos con mayores recursos propios que les permiten operar con mayores márgenes de eficiencia y, por último, mediante su efecto multiplicador, el gasto público generó, empleo, ingresos y ocupación que permiten fomentar y acelerar el progreso económico y social de la comunidad.

Hemos visto que el gasto público efectuado por el Gobierno Federal se ajustó a los más estrictos cánones de la técnica presupuestaria moderna; también se realizó de acuerdo con las condiciones objetivas de nuestro país, tomando en cuenta su geografía, su historia y los principios creados por la Revolución Mexicana. El Poder Público, al invertir los dineros del pueblo, no sólo actuó con honradez y rectitud, sino que tuvo en cuenta las apremiantes necesidades del mexicano, sus tradiciones, sus gustos, su pensamiento y su especial forma de vida. La Cuenta de la Hacienda Pública Federal satisface plenamente los ideales profundamente patrióticos en que se inspiran los principios del Presidente Díaz Ordaz (aplausos).

Pido a ustedes, a nombre de la Comisión, en virtud de las razones expuestas, que se apruebe el dictamen en los términos que ha sido presentado a vuestra soberanía. Muchas gracias (aplausos).

El C. Presidente: Para hablar en pro del dictamen tiene la palabra el diputado Fernando Peraza Medina.

El C. Peraza Medina, Fernando: Señor presidente, señores diputados: el orador del Partido Popular Socialista que me precedió en el uso de la palabra, ya expresó el punto de vista de nuestro partido sobre el dictamen que estamos discutiendo. Poco, o muy poco, tengo que agregar. La Cámara de Diputados que nos precedió aprobó, a fines de 1966, digo 1965, el Presupuesto de Ingresos y Egresos que ejerció el Poder Ejecutivo durante el año de 1966.

Nos toca a nosotros considerar si ese presupuesto estuvo bien o mal ejercido. Para el Partido Popular Socialista, lo importante es considerar si el gasto público se ajustó a los lineamientos trazados en el presupuesto aprobado por el Congreso. Nuestra opinión es que esto sí se realizó. Se cumplió el espíritu, la tendencia señalada por el Congreso a los ingresos públicos.

No quiere decir esto que el Partido Popular Socialista esté plenamente de acuerdo con el texto constitucional, que ya resulta anticuado y que, a nuestro juicio, debe ser modernizado. No significa tampoco que nosotros estemos totalmente de acuerdo con la orientación que se dio al presupuesto en la discusión de 1900 o en las resoluciones que tomó el Congreso de 1965.

Y no significa eso, porque el Partido Popular Socialista presentó iniciativas y las presentará durante estos tres años que vamos a ser diputados, tendientes a cambiar, a veces en lo fundamental, la orientación del gasto público; pero eso, señores diputados, no es objeto de esta discusión, sino será objeto de discusión posterior, cuando nos reunamos a discutir, a fin de año, el proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos para el año de 1968.

Quiero nada más decir dos o tres cosas muy breves respecto de algunas opiniones emitidas aquí. No siempre que uno contrae una deuda se empobrece. El señor diputado Hinojosa, del PAN, nos habló con un ejemplo muy sencillo, muy simple, de que si tenemos cien pesos y pedimos prestados cien y gastamos 170, no tenemos 30, ni somos ricos con 30, sino que debemos 70.

Esto así, simplemente, es cierto; pero lo que él ignoró es que el crédito no es una deuda. Si el crédito fuera una deuda no existirían las instituciones de crédito a las que ellos sirven y que ellos manejan; saldrían sobrando. Los campesinos de México están demandando crédito.

¿Necesitan el crédito para endeudarse, para empobrecerse? No, señores; necesitan el crédito para poder utilizar la riqueza que tienen y que es la tierra.

Con el crédito se auxilian para que esa tierra pueda producir lo suficiente para pagar el crédito y todavía obtener ellos una ventaja, un mejoramiento en sus condiciones de vida.

Sólo una cosa más voy a decir y que nosotros vamos a repetir muchas veces aquí, en la tribuna de la Cámara. Nosotros; digo, los diputados del Partido Popular Socialista. El principal enemigo de México que debe ser combatido por todos los instrumentos del gobierno y del pueblo mexicano, es el imperialismo norteamericano. El que empobrece a México, fundamentalmente, es el imperialismo norteamericano.

La Cuenta Pública, ésta y las que vengan, deben tender, a nuestro juicio, a desarrollar las fuerzas productivas en manos del Estado mexicano. El sector estatal de la economía de México debe fortalecerse. Y para eso deben servir, tanto los recursos provenientes de los impuestos públicos como los recursos provenientes de la deuda interior y de la deuda exterior. Los créditos que México

contrate para el extranjero, y que debe ejercer en el presupuesto, deben servir para fortalecer el sector de la economía estatal de México. Ese es nuestro punto de vista.

Estamos por el financiamiento directo, no por las inversiones extranjeras indirectas. Y lo hacemos, no por capricho, sino porque la única fuerza en nuestra patria que puede impedir la penetración extranjera en México, es el Estado mexicano.

Los particulares mexicanos, lo vemos a cada momento, con toda facilidad entregan sus empresas al capital extranjero y favorecen las inversiones extranjeras directas en nuestro país. El caso de la "Clemente Jaques", es un caso escandaloso. No quiero abundar en esto porque será objeto de discusiones en el momento en que discutamos el presupuesto de ingresos y de egresos a fin de año.

En lo general, la orientación del gasto público estuvo ajustada - ésa es nuestra opinión -, a los lineamientos trazados por la Cámara de Diputados en 1965.

Por esa razón la diputación del Partido Popular Socialista pide que se apruebe el dictamen de la Comisión. Gracias (aplausos).

El C. Presidente: Por la Comisión hará uso de la palabra el ciudadano diputado Andrés Sojo Anaya.

El C. Sojo Anaya, Andrés: Señor Presidente; honorable asamblea: En relación con los conceptos vertidos por los que me antecedieron en el uso de la palabra, creo necesario expresar, en primer término, lo que considero que significa en un Estado moderno, el gasto público. Creo que deben entenderse por gastos públicos aquéllos que se destinan a la satisfacción de una necesidad colectiva. Por eso la Cuenta Pública es la expresión clara y determinante de la política socioeconómica que el Estado, como responsable del manejo de los fondos que el pueblo le ha confiado, ha seguido durante el periodo que corresponde al informe del gasto realizado.

La obligación del Estado de devolver en servicios y obras de beneficio colectivo, el impuesto percibido, obliga a que nunca pueda estar sujeto a bases firmes y estáticas para el ejercicio del presupuesto; sino que, por el contrario, deberá seguir el proceso cambiante que le fije la actividad nacional, con sus influencias internas y externas, y adaptarlo a la realidad para que pueda sostener el equilibrio económico, sin perjudicar el nivel de vida del pueblo.

Por eso también, lógicamente, el presupuesto debe ser flexible, orgánica y administrativamente, para poder adaptarse a la realidad económica por la que atraviesa el país.

La Cuenta de la Hacienda Pública, como una relación de ingresos - gastos, es la más adecuada para explicar los problemas que se plantearon, para promover el desarrollo económico, para utilizar mejor los recursos del país y para elevar el nivel de vida de las mayorías.

A través del ingreso se fijan las bases para que el impuesto se distribuya progresiva y equitativamente, en forma armoniosa y funcional, en el ingreso total de la nación.

En el aspecto "gastos" se señalan las partidas ejercidas y los actos y obligaciones contraídas para mantener el equilibrio, en su acción económica, mediante la utilización de recursos en inversiones productivas, estimulando la inversión privada y ayudando al crecimiento de la demanda interior, aprovechando la capacidad productiva del país, lo que permite promover obras de acción social y la más adecuada y equitativa distribución del ingreso.

Para evitar el inconveniente que traería una limitación rígida a las erogaciones necesarias, la ley ha prevista un sistema para adicionar determinadas partidas, mediante el procedimiento de la ampliación automática (artículo 34 de la Ley Orgánica del Presupuesto y 16 y 17 de su reglamento).

Igualmente, a través de la Deuda Pública, se persigue el equilibrio económico y su utilidad es manifiesta, ya que se destina a inversiones con fines productivos. Esos créditos, sean del gobierno federal o de las empresas descentralizadas, son estudiados exhaustivamente tanto en su monto como en su posible aplicación, buscando siempre que sean adecuados a la capacidad de pago del país. Es lo que permite la realización de obras que constituyen la infraestructura necesaria para el desarrollo del país y para que el Estado cuente con recursos para promover la superación colectiva.

Porque la Cuenta Pública refleja que los gastos hechos fueron canalizados de acuerdo con las necesidades del pueblo de México y porque tanto en su ejecución, como en la forma en que fue presentada, reúne todos los requisitos legales, es por lo que pedimos se apruebe el dictamen que pusimos a su atenta consideración. Muchas gracias (aplausos).

El C. Presidente: Para hablar en contra del dictamen, tiene la palabra el ciudadano diputado Felipe Gutiérrez Zorrilla.

El C. Gutiérrez Zorrilla, Felipe: Señor presidente, señores diputados: es mi intención ser breve, pero fundamentando el voto negativo al dictamen presentado por la Comisión de Presupuestos y Cuenta, la fundamentación que me voy a permitir hacer a ustedes es de carácter legal, es de carácter constitucional.

Entiendo y sé que no es la primera vez que se toca este tema en la Cámara de Diputados; también sé que, en ocasiones anteriores, han discutido el tema de los preceptos constitucionales aplicables a la Cuenta Pública.

Las facultades del Congreso en materia hacendaría las fija claramente la Constitución: podemos y debemos examinar la cuenta anual de gastos; tenemos, también, la facultad de discutir, aprobar o rechazar el presupuesto de egresos; también es competencia de esta Cámara la Ley de Ingresos y también lo es la aprobación para la contratación de los empréstitos.

El dictamen de la Comisión - que lo he analizado - tiene una confusión de conceptos. Indudablemente que maneja el concepto de la Cuenta Pública, hablando o tratando de justificar un presupuesto ya ejercido, de justificar un programa de gobierno ejercido, pero no de examinar las partidas gastadas, su exactitud y su justificación.

Indudablemente que un programa de gobierno, un programa de acción, tiene que fundarse en consideraciones de tipo social y en consideraciones de tipo económico. El dictamen abunda en

consideraciones de este tipo y de tipo económico, pero el presupuesto de gastos no es lo que estamos tratando en esta junta, es la Cuenta anual, tema constitucional, facultad de esta asamblea, enteramente distinta a un presupuesto. No estamos haciendo un programa de gobierno o alabando un programa de gobierno ejercitado, o criticando un programa de gobierno realizado; la función de la Cámara es analizar la Cuenta Pública, ver si esa Cuenta está de acuerdo con las partidas presupuestales, verificar su exactitud y verificar si efectivamente se justificó ese gasto.

Ya el diputado Ituarte lo señaló en esta tribuna con toda claridad; se invirtió el procedimiento y esto ha invertido, también, el cumplimiento de las normas constitucionales. El procedimiento correcto es distinto al que estamos siguiendo; la Cuenta debe ser primero examinada por la Contaduría Mayor de Hacienda, que es un organismo de esta Cámara; debe, esa Cuenta Pública, verse detenidamente, examinarse y, partida por partida, ver si está justificada y es exacta.

A nosotros nos toca, después de que ese organismo técnico ha hecho su análisis, dar la aprobación o negarla. El diputado Ituarte fue muy claro en este sentido; señaló que este procedimiento se valió primero, se siguió correctamente y después se cambió.

La Cuenta anual es la revisión de los gastos, su conformidad con las partidas del presupuesto, su exactitud y su justificación, y en su caso, el señalamiento de responsabilidades. ¿Cómo se puede señalar en su caso responsabilidades, como exige el artículo 65 de la Constitución en su fracción primera, si no sabemos, si hay exactitud y conformidad con los comprobantes de esos gastos?

Es requisito constitucional que el examen se lleve a cabo de acuerdo con el orden que establece el propio precepto de la Carta Magna. El dictamen, es nuestro concepto, no cumple con la Constitución; los elementos que contiene son, no de revisión de los gastos, ni de verificación del gasto al presupuesto, incluyendo su exactitud y justificación; sino el análisis político, social y económico del programa de gobierno ejercido en 1966.

Su examen se ha hecho desde el punto de vista social, funcional, destino económico, desarrollo, incluso su examen por su cuantía y por su función social, pero no se ajusta; no se apega al texto de la Constitución. El dictamen nos dice que ha sido posible mantener y aun mejorar la fluidez y agilidad comercial de los organismos y empresas. Agrega que se analiza desde un punto de vista social.

También se analiza el gasto público desde un punto de vista funcional; también desde el destino económico del gasto público. El análisis que hace desde el punto de vista funcional, que analiza el desarrollo agropecuario, industrial y comercial, y se concluye que de acuerdo con el arreglo funcional el gasto público se explica de acuerdo con lo que dice el dictamen.

Es necesario recordar el texto de la Constitución.

El dictamen no se apegó a la Constitución, indudablemente, porque la mecánica que se siguió no es la que fija nuestro precepto de la Carta Magna. Y no se siguió la mecánica, porque primero debió nuestro organismo, digamos que es la Contaduría Mayor de Hacienda, darnos a nosotros, fundada razonablemente, el examen de la Cuenta Pública, su justificación y su exactitud, para con esos elementos poder dictar aquí, en forma razonable y en forma perfectamente justificada, una aprobación o una negativa y, en su caso, el ejercicio de responsabilidades.

Se habla en el dictamen de relaciones entre activos y pasivos y, normalmente, se señala que los activos son mayores que los pasivos. Esto tampoco tiene que ver con la Cuenta Pública. No está examinándose una partida o un gasto. Tampoco se está verificando su actitud. Posiblemente se me diga que sí se cumplió con la justificación del gasto, y que el gasto sí se justificó, porque cumplió ciertos fines económicos, políticos o sociales; pero nos falta un elemento: la exactitud y, en su caso, el poder o no exigir responsabilidades, de acuerdo con lo que señala el artículo 65, en su fracción I.

Tuvimos la oportunidad de examinar la cuenta anual presentada por el Poder Ejecutivo a la Cámara. La cuenta anual, como lo decía el diputado Ituarte, sí está muy bien formulada en muchos aspectos. Contiene estados financieros, contiene balances, contiene estados de pérdidas y ganancias. No engloba conceptos, como los engloba el dictamen, sino después de analizar individualmente cada una de las empresas, de organismos, o cada uno de los renglones del Poder Ejecutivo. El englobamiento de conceptos hace de este dictamen que estamos impugnando, un dictamen difícil y oscuro, un dictamen que no puede ser fácilmente entendido.

El informe de la Cuenta que rinde el Poder Ejecutivo sí es, en muchos de sus aspectos, muy claro, como decía el diputado Ituarte. Señala en casos concretos, en balances y en estados de pérdidas y ganancias, pérdidas o utilidades, buena administración o administración deficiente; pero uno por uno de cada uno de los organismos estatales, o de cada uno de los renglones de la administración. El dictamen los engloba, lo que hace oscuro y difícil su interpretación.

Consideramos que, en parte muy importante, el Poder Ejecutivo cumplió con su misión constitucional de presentar la Cuenta Pública. Consideramos que somos nosotros los que no estamos ajustados al texto expreso y al texto vigente de nuestra Constitución. Estimamos que el procedimiento constitucional es muy acertado. Es un procedimiento que señala, para el caso concreto de la Cuenta Pública, no una discusión sobre políticas financieras, sino una discusión sobre gastos, sobre su justificación, sobre su exactitud y la responsabilidad o no que se puedan derivar de ellos.

Estimamos que la Constitución está en lo justo; que debemos, por tanto, votar en contra de este dictamen, para que el dictamen, en su caso, se ajuste en las normas constitucionales; para que el dictamen sea el cumplimiento de esta asamblea, de este Congreso, a las obligaciones constitucionales que prometimos cumplir y que prometimos siempre estar sujetos a ellas. Muchas gracias, señores.

El C. Presidente: Por la Comisión, hará uso de la palabra el C. Ignacio Pichardo Pagaza.

- El C. Pichardo Pagaza, Ignacio:

Honorable Asamblea: Realmente extraña el punto de vista del Partido Acción Nacional al analizar documento tan importante como este dictamen de la Cuenta Pública de la Hacienda Federal. Por una parte, alguno de los miembros del Partido Acción Nacional que hicieron uso de la palabra en esta tribuna, señalaron que el documento les parecía largo y aburrido, pero que, sin embargo, era importante y, al mismo tiempo, admitiendo su importancia, alguno de los señores diputados señala que, a pesar de esa importancia, no tuvo tiempo u oportunidad para estudiarlo en detalles. Sin duda alguna, uno de los pilares de la vida democrática de un país es poner a disposición de la ciudadanía la mayor información sobre los asuntos públicos, con el propósito de que la ciudadanía, o los representantes de los ciudadanos, puedan formarse un juicio sobre el manejo de los asuntos públicos. Y es muy satisfactorio poder decir en esta ocasión, que nunca antes un dictamen sobre la Cuenta Pública había puesto a disposición de los ciudadanos diputados de todos los partidos nacionales, tal cantidad de información minuciosa y detallada con el propósito de formarse, con el propósito de permitir que se formaran, un juicio sobre el manejo de la cosa pública en el año de 1966. Aún más como la propia diputación de Acción Nacional lo reconoció tuvieron la oportunidad de acceso al documento fuente del dictamen que se está discutiendo que es la Cuenta de la Hacienda Pública de la Federación; de ahí que sea inadmisible que se señale que un documento de esta naturaleza pueda parecer aburrido largo y obscuro, si no se ha tenido la preocupación de adentrarse en la gran cantidad de información que contenía, que contiene, que pone de relieve la manera cómo el Poder Legislativo está cada vez más adentrándose en el conocimiento de los asuntos públicos. Pero sin duda alguna no deja de extrañar tampoco la posición del diputado Zorrilla de Acción Nacional, que pretende reducir las funciones de la Cámara de Diputados en materia de revisión de la Cuenta Pública, a una verificación contable y administrativa; le parece excesivo que un dictamen sobre la Cuenta Pública pretenda ser en forma global, el análisis del cumplimiento de los objetivos de la política económica del Poder Ejecutivo. En todas las asambleas y parlamentos del mundo, la discusión del presupuesto, entendido esto como Ley de Ingresos y Presupuestos de Egresos al inicio del ciclo presupuestal y la discusión de la Cuenta Pública, es decir el resultado del ejercicio de ese presupuesto es la oportunidad de analizar la política económica del Poder Ejecutivo. Así lo entendemos quienes hemos participado en los trabajos de la Comisión y no admitimos que se reduzca el dictamen, como lo pretende el diputado Zorrilla, de Acción Nacional, a la verificación contable, a la verificación de los comprobantes, para ver si se ajustó el presupuesto a los gastos inicialmente presupuestados. Obviamente, esa es una de las labores que tiene que realizar la Cámara de Diputados, a través de sus instrumentos técnicos, como es la Contaduría Mayor de Hacienda; pero aquí, señores diputados de Acción Nacional, queremos entender que el Presupuesto y la Cuenta Pública son en realidad los instrumentos, a través de los cuales, el Poder Ejecutivo pone en ejecución la política económica. Y nosotros, apreciar y analizar la Cuenta Pública, a través del cumplimiento de esos objetivos de la política económica.

Quisiera referirme a algunas de las objeciones que la diputación de Acción Nacional ha propuesto al dictamen que está sometido a la consideración de la soberanía de esta asamblea.

En primer lugar, el diputado Hinojosa señalaba, - y a este punto se han referido ya los miembros de la Comisión que me han antecedido en el uso de la palabra -, al problema del superávit.

Conviene insistir, porque resulta realmente sorprendente, que después del estudio del dictamen se afirme que no hubo superávit en la Cuenta Pública, sino más bien un déficit; esto, no cabe duda que sólo puede ser producto tal vez del estudio superficial de los documentos. Porque un punto al que no se ha referido - y es indispensable señalarlo desde este lugar -, es al hecho de que la cuenta corriente consolidada del Gobierno Federal y los organismos descentralizados, arroja un superávit de más de cinco mil millones, que permite pasar a la cuenta de capital para ser utilizada en inversiones y que una vez analizada la cuenta corriente y la cuenta capital, resta un superávit de más de quinientos millones en el presupuesto consolidado del Gobierno Federal y los organismos descentralizados; es inadmisible la objeción del señor diputado Hinojosa.

Un poco extrañamente el señor diputado Ituarte Servín hablaba de una cifra de cincuenta mil millones como el monto del presupuesto del Gobierno Federal, que se señala en el documento de la Cuenta Pública. Yo solamente quisiera señalarle al diputado Ituarte Servín que hay error de concepto allí. Al referirse a cincuenta mil millones de pesos seguramente él estaba tomando la cifra de los ingresos y egresos consolidados en cuenta corriente exclusivamente y no el resultado total de los ingresos y egresos consolidados, que alcanza la cifra de 66 mil millones de pesos en números aproximados. Por otro lado, el señor diputado Ituarte Servín ante estas cifras que seguramente debería llenarnos de satisfacción, porque revelan la forma cómo está creciendo la economía de México, pone una señal de advertencia y afirma que revelan de hecho, un proceso de centralización económica. Yo sólo quisiera decirle al diputado Ituarte Servín que el presupuesto, entendido como el ejercicio de los egresos consolidados del Gobierno Federal y los organismos descentralizados, creció en el año que se analiza de 1966, a una taza de 3.2% que en realidad es una tasa relativamente más baja que el crecimiento de la economía en su conjunto, pero que en cambio, el 90% de los presupuestos de los gobiernos estatales crecen a un ritmo superior al crecimiento de los egresos de todo el Gobierno Federal.

Se muestra también sorprendido el diputado Ituarte Servín, de una cifra de tres mil millones de pesos como cifra de inversión que da Petróleos Mexicanos y al mismo tiempo señala que en otros países existe una proporción de mano de obra por capital empleado mucho más baja que lo que existe en Petróleos Mexicanos; pero precisamente señor diputado, uno de los procesos que permiten la absorción rápida de la mano de obra, es el proceso de capitalización; una inversión de tres mil

millones de pesos significa que Petróleos Mexicanos se está convirtiendo rápidamente en una empresa que se denomina de intensión de capital que hace uso intensivo de capital y que probablemente se traduzca, precisamente, en reducción de la mano de obra utilizada por capital invertido.

El diputado Zorrilla señala que el análisis de la Cuenta Pública, que ha hecho la Comisión, no parece ajustarse a los preceptos constitucionales; por el contrario, pienso yo, que la gran cantidad de información contenida en el dictamen que a Acción Nacional le pareció largo y aburrido, permite a esta honorable asamblea formarse un juicio objetivo certero, con fundamento estadístico y científico, sobre la conducción de los asuntos públicos y permite apreciar hasta qué punto se están cumpliendo los objetivos de la política económica.

Pero aún más, como ya se leyó desde esta tribuna, el dictamen que se está sometiendo a su consideración admite la Cuenta Pública y, además, propone enviar la Cuenta Pública de la Federación al instrumento técnico de esta Cámara que es la Contaduría Mayor de Hacienda, con el propósito de que haga esa verificación contable y administrativa a la que el diputado se refería, y que se cumpla lo preceptuado por la ley. En otras palabras, que si de esa revisión pudieran surgir responsabilidades y fijarse responsabilidades, que así se haga.

Entonces, me parece que el argumento esgrimido por el diputado Zorrilla carece de base y quisiera que él tomara en consideración el esfuerzo que se está haciendo para formar elementos de juicio a esta honorable Cámara y permitirle captar la forma como el Poder Ejecutivo, que es quien debe revisar la Ley de Ingresos y Presupuestos de Egresos, está cumpliendo a través del instrumento técnico que es el presupuesto, los objetivos de política económica.

Y simplemente citaremos algunas cifras generales que nos van a permitir apreciar si esto se está cumpliendo o no, si el Ejecutivo ha utilizado la herramienta el instrumento técnico que es el presupuesto, la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, en el cumplimiento de los objetivos básicos de la política económica de México. ¿Cuáles son esos objetivos básicos? En primer lugar, el desarrollo de todos los sectores de la economía.

Y es posible afirmar, con base en las cifras que están a disposición de todos, que los sectores en conjunto de la economía crecieron en el año que se analiza de 1966 armónica y rápidamente; que hubo sectores, como el de la industria de la construcción, que creció a un ritmo de más del 15% al doble del crecimiento general de la economía; que hubo sectores, señores diputados de Acción Nacional, como el sector de la industria manufacturera, que ocupa más del 25% del producto nacional bruto, que es un sector básico para el desarrollo del país, que creció a un ritmo del 11%, superior al crecimiento total de la economía; que la gran mayoría de la producción agrícola creció también a un ritmo superior al de la economía; que pocos países que están en el estado de desarrollo en que se encuentra México, pueden tener la posibilidad de afirmar que la oferta de productos agrícolas crece más rápidamente que el crecimiento de la población; que en México - y este es un caso que podría considerarse excepcional - el crecimiento económico de nuestro país ha sido un crecimiento económico con estabilidad de precios. Hay países en vía de desarrollo que logran un crecimiento forzado, utilizando técnicas que traen como consecuencia la inflación, pero es muy satisfactorio constatar que en 1966, año que estamos analizando, en el cual el crecimiento global de la economía fue de 7.5%, como dijera el señor diputado González Rubio, mucho más alto que el promedio histórico de crecimiento del país, se consiguió sin que hubiera habido presiones inflacionarias serias de ninguna especie. Y basta considerar el índice de precios de la alimentación para ver que ésta ha crecido en un moderado 3%, que muchos países desarrollados quisieran lograr ese crecimiento económico con la estabilidad de precios; que en el sector externo nuestras exportaciones crecieron el 8%, en tanto que nuestras importaciones, gracias a la política de substitución de las mismas, crecieron en sólo un 2%, porque, entre otras, la industria automotriz ha podido substituir un gran número de importaciones.

Finalmente, que nuestro desarrollo económico es un desarrollo económico acelerado, y, lo que es más importante y ha sido ya señalado tan bien, que no basta con que México esté creciendo a un ritmo impresionante de 7.5% como lo hizo en el año de 1966, como prueba de que los objetivos de la política económica sí han sido cumplidos; sino que estamos creciendo a ese ritmo, sin dejar a un lado en ningún momento las preocupaciones fundamentales de la justicia social.

Yo pido a esta honorable asamblea que apruebe el dictamen que ha sido presentado por la Comisión, con la convicción de que, al aprobar este dictamen, estamos en realidad dando un voto de confianza a la política económica y a la conjunción de los asuntos públicos del señor Presidente Gustavo Díaz Ordaz. Gracias.

El C. Presidente: Para hablar, en pro del dictamen, tiene la palabra el ciudadano diputado Adrián Tiburcio.

El C. Tiburcio González, Adrián: Señor presidente de la H. Cámara, señores diputados: Es un alto honor y privilegio que mi partido, el supremo consejo y su presidente, así como los miembros del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, que se encuentra aquí, me hayan señalado para venir a intervenir en este debate que lo considera mi partido, como todos los demás aquí lo han considerado, sumamente importante y nacional.

Antes de todo, quiero expresar, en nombre de mi partido, que nunca como ahora se ha dicho tanta verdad. Un hombre que sin cortapisa alguna le dijera a su pueblo, el día primero de septiembre, que todavía no había terminado la Revolución cuando hay en México más de 40 mil, más de 40 por ciento - perdón - de niños desnutridos.

Qué verdad dijo ese hombre; ese gran mexicano que aunque aquí me digan que vine a quemar incienso, lo acepto, porque Díaz Ordaz sí es un gran mexicano y un hombre que le habla con verdad a su pueblo (aplausos).

Hace mucho tiempo, hace años, pensé exponer el pensamiento en esta tribuna. Hasta ahora lo voy a hacer, o lo hago, mejor dicho.

No, señores de Acción Nacional, aquí venimos con la dignidad de hombres libres de bien nacidos, a defender la verdad.

Para el Partido Hombres de la Revolución, primero serán los intereses de la comunidad, y del pueblo, que los partidos mismos, porque estamos aquí obligados a representar dignamente a nuestros pueblos y a defender al pueblo de México. Y a estar con el Presidente Díaz Ordaz, porque defiende a su pueblo. La prueba está que el día primero de septiembre no hubo quien, de todos nosotros, que no lo aplaudiésemos con frenesí en esta misma tribuna, en este mismo recinto, cuando conocimos todos el gasto público que el mismo Presidente de la República pone ahora en consideración. Y que el dictamen que ha hecho la Comisión que encabeza el licenciado González Rubio, el Partido Auténtico de la Revolución está de acuerdo con él, porque está de acuerdo; y no es como dicen los compañeros de Acción Nacional, que es obscuro ese dictamen y que no está apegado a la Constitución.

Depende, licenciado Zorrilla, con qué cristal lo ha visto usted; si con el cristal obscuro, o el cristal limpio de su conciencia y de su revolucionarismo.

Ahora, de ese dictamen que lo hemos escuchado con todo detenimiento, como lo dijera el diputado del PP, y los demás diputados que han hecho uso de la palabra, de la Comisión, en la que asienta aquí que por mi conducto mi partido que está de acuerdo con él.

No venimos a hacerle, como dije yo hace un mes o mes y medio, en esta misma tribuna; no venimos a hacerle el caldo al partido mayoritario.

No, señor. Cuando haya cosas en que no estemos de acuerdo, con toda dignidad, con toda entereza alzaré mi voz aquí en este mismo recinto, porque eso es lo que ha trazado mi propio partido, el supremo consejo, su presidente y los diputados que me escuchan de mi partido.

Quiero en este debate; escuché aquí con toda emoción en el que habla, el propio gasto público, presentado por la Comisión Dictaminadora, en el aspecto de marina; y digo que me ha conmovido, porque soy marino y aquí también viene a representar, por el partido en el poder en su distrito de Campeche, otro connotado miembro de la Marina Nacional. De manera que aquí se alzará la voz de los marinos para defender no sólo los problemas marítimos de México; ¿los de pesca? ¡no!, los problemas que atañen al pueblo de México, porque somos diputados para servir a la comunidad y al pueblo mexicano.

Quiero aprovechar, sinceramente, cuando dijo el diputado González Rubio que 80 millones era de lo que disponía la Marina; es muy poco, sí, señores. Está al frente de esa dependencia un hombre que conoce los problemas de México y que interpreta fielmente al primer Presidente, al Presidente Díaz Ordaz.

Creo, señores, que es la oportunidad para, desde aquí, hacer el homenaje, como marino que soy, a esos hombres que velan por las instituciones: la Marina y el Ejército, como lo dijera González Rubio.

También quiero hacer patente, desde aquí, que las empresas descentralizadas, las empresas descentralizadas como Petróleos, que adquirió un crédito de 3 mil millones de pesos para la construcción de barcos, ésa, ese negocio fue uno de los grandes que se hicieron, que hizo México, porque ahí estamos viendo los frutos de los nuevos barcos que llevarán nuestro petróleo; ya no saldrán divisas del país, no, señores, se quedarán aquí, y ese crédito, que el Japón otorgó a México, será pagado de inmediato.

Creo, señores, con toda sinceridad, sin regateo alguno, que al aprobar el dictamen de la Comisión que encabeza el licenciado Rubio, es aprobar lo que el señor Presidente dijera en esta tribuna cuando informara al pueblo en su informe Presidencial.

El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana respalda, sin cortapisas, el dictamen de la Comisión y pide a esta honorable asamblea que lo apruebe por ser un dictamen correcto, por ser un dictamen que el pueblo mexicano lo respaldó también, porque unánimemente felicitó al Primer Magistrado de la Nación, que tuvo la certeza y la gran sobriedad, para presentarle al pueblo de México un dictamen de grandes realizaciones llenas de patriotismo y de dignidad, con la verdad en la mano, como lo supo hacer Díaz Ordaz (aplausos).

El C. Hinojosa Hinojosa, Juan José: Una brevísima intervención, sólo para contestar algunas frases deslizadas a través de este interesantísimo debate que ha provocado la Cuenta Pública.

Apuntaba el colega, creo que no le va a caer muy bien, procediendo del PAN Pichardo Pagaza, que yo dije que el dictamen era largo y aburrido. Yo no dije que era largo y aburrido; ciertamente no es una novela de Hitchcock pero yo no afirmé que era largo y aburrido; dije, simplemente, que llevaba un propósito muy claro y muy deliberado de elogiar toda la política del Ejecutivo, y para acabarla de amolar, no sólo el dictamen, sino que el dictamen remacha y clava y, a través de todo el debate, se continúa por la misma línea, y francamente yo considero que cuando se gastan 66 mil millones de pesos - como usted ve Pichardo -, yo no regateé de los 16 que mi colega Ituarte hizo; cuando se gastan 66 mil millones de pesos ni con intervención personal y directa de la Providencia, no es posible que no se cometa un solo error; es absurda esta actitud de afirmar que todo, absolutamente todo, y sin excepción, está bien; lo que nosotros dijimos desde la iniciación del debate, es que esta actitud es incorrecta. Todavía más resalta una incongruencia; los estados que mandó el Ejecutivo reconocen, en ese reconocimiento austero de los números, problemas muy graves que en el debate y en el dictamen se eluden; lo que nosotros afirmamos, y no fue destruido en todo el debate, es que es necesario enfrentarnos valientemente a la verdad. Damos la impresión de que somos más papistas que el Papa. Los estados que manda el Ejecutivo reconocen graves problemas, en los informes presidenciales se admiten párrafos en que se pide la cooperación y el sacrificio del pueblo, y el Poder Legislativo afirma que se gastaron 66 mil millones de pesos en un maravilloso y divino cuento de hadas. Contra eso es contra lo que estamos en este debate. Que el próximo año sea un enfrentamiento a la verdad; yo no sé porque se le dio importancia

a lo del superávit; todo eso, como dijo el último diputado que habló, según el color del cristal con que se mira. Es problema de matiz y yo sigo afirmando que si se pide dinero hay que pagarlo, sigo afirmando que si eso provino en cuenta corriente, como lo determina el dictamen, se empleó para pagar dinero y que lo que se paga por préstamo no es un superávit. Creo que no destruyeron mi argumento, si ustedes quieren ingenuo, simplista, pero al alcance de todos, de que si yo gano mil pesos y pido prestados otros mil y recibo dos mil y gasto dos mil trescientos, no hay motivo para ser ni vanidoso ni presumido, de que soy un gran administrador. Los trescientos que me sobraron, me guste o no me guste, proceden del dinero que pedí prestado. Por lo tanto sigo entendiendo que no hay superávit; simplemente indico que nos enfrentemos al problema, admitamos que hay un déficit en verdad, de que tenemos que pagar lo que hemos pedido prestado y que lo señalado al pueblo, las consecuencias reales, correctas, de la deuda pública, no es cierto que no estemos hipotecando a las generaciones venideras que tienen que pagar dinero que esta generación pide prestado. Sí estamos poniendo sobre sus espaldas una carga y es preferible que abandonemos el criterio de cuentos de hadas para decir a las generaciones venideras: vas a tener que pagar y fundamentar esa carga.

No la venimos a criticar, simplemente a subrayar que no escamoteamos un problema, sino que nos enfrentemos con valentía, honradamente, a esos problemas reales de aquí, de ahora, que se proyectarán después.

Habló también el diputado de que hay un intensivo esfuerzo en Pemex para disminuir mano de obra. Qué bueno. Lo único que me parece un poquito desbordado y exagerado es el dato de intensivo, porque subsiste la proporción de 79 a 20, y anda bastante lejos de esa posibilidad. Pero qué bueno que se inicie ese esfuerzo, qué bueno que esos 3 mil millones de pesos contribuyan a generar mejores utilidades. Es correcto el problema y ojalá que se continúe intensamente en ese esfuerzo.

Por lo demás, qué bueno que hubo este interesante debate, que hubo este chocar de ideas, que hubo discrepancias y coincidencias. Que cada quien, desde su trinchera, afirmó su punto de vista, y ojalá que recojamos la experiencia de este debate, que con buena voluntad recojamos lo que vino de allá para acá, lo que fue de aquí para allá, para que el año que viene, yo espero - sin que me mencionen, soy muy humilde - que realmente el que haga el dictamen recoja los puntos de vista que nosotros hemos aportado y haga un dictamen en que, valientemente, afirme aquellos datos en que el pueblo los pueda recoger. El pueblo de México es capaz de aceptar el reto. No hay porqué subestimarlo, no hay porqué mantenerlo entre algodones, no hay porqué ponerle muletas para que camine. Este pueblo maravilloso acepta el reto y acepta el sacrificio, y esperamos que el año que viene se afirme con verdad honradez y justicia la parte buena, cuyo aplauso no regatearemos, la parte que no sea positiva, que no critiquemos con propósito de criticar, sino de aportar nuestra contribución para construir el México bueno que mañana a todos nos cobije (aplausos).

El C. Presidente: Para hablar, en pro del dictamen, tiene la palabra el señor diputado Carlos Sánchez Cárdenas.

El C. Sánchez Cárdenas, Carlos: Señor presidente, señores diputados: Opino que la discusión de la Cuenta Pública da oportunidad para hacer un debate de política económica del Estado, para hacer un debate alrededor de las finanzas públicas. Sólo así la discusión de la Cuenta Pública por la Cámara de Diputados puede tener auténtica trascendencia. Porque los juicios que aquí se expongan, las conclusiones que se expresen, así sean en nombre de la Cámara de Diputados en su conjunto o en nombre de las diputaciones particulares, servirán para orientar la política de finanzas públicas en el futuro. La crítica que se haga de los hechos consumados servirá para presionar en dirección a una correcta orientación de la elaboración de los presupuestos futuros.

Si aceptamos esta, tenemos que reflexionar acerca de 2 cuestiones que se derivan inmediatamente de esa consideración. La primera de ellas es la siguiente: algo anda mal en relación con cada una de las 3 funciones básicas que debe cumplir por disposición constitucional la Cámara de Diputados. La que se relaciona con la Cuenta Pública. Algo anda mal porque año con año se elaboran documentos semejantes, las objeciones y los argumentos de apoyo son idénticos y después de una sesión más o menos prolongada de la Cámara de Diputados, el examen de la Cuenta Pública cae en el olvido sin rendir provecho de ninguna especie. El documento que conocimos hace una semana tuvo una virtud, cayó en la Cámara de Diputados como piedra en rueda de pájaros, no interesó, aparte de por la forma, por el lenguaje, se busca, parece, la elaboración de un documento esotérico. También, hasta por el detalle de lo mal leído, y pienso que acaso debemos nosotros recomendar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta que para el futuro, procure hacer documentos de verdadero balance de política económica, accesibles no sólo a los especialistas en la contabilidad, sino accesibles también a los sectores, a las fuerzas políticas del pueblo mexicano. El examen de la Cuenta Pública, el dictamen alrededor de la Cuenta Pública, debería tener la virtud de producir pronunciamientos también en la calle, en las organizaciones del pueblo mexicano, en apoyo o en censura a una política de finanzas públicas, aplicando a un ejercicio fiscal. Solicitaría yo, pues, en nombre de la diputación del Partido Popular Socialista, mayor sencillez, claridad y accesibilidad en la elaboración del dictamen sobre la Cuenta Pública. Muy relacionado con este problema está el del procedimiento que se sigue para elaborar el dictamen; habrá que encontrar también una forma de realizar este dictamen apoyado en el análisis suficiente de los documentos que se ponen a la disposición de la Cámara de Diputados. No tengo una proposición que hacer, se me ocurre que pudiera servir para resolver el problema, una proposición que ya ustedes, es decir, no esta Cámara de Diputados, no esta Legislatura, sino la anterior, rechazó, presentada por el Secretario General del Partido Popular Socialista, en relación con un segundo periodo de sesiones de la Cámara de Diputados o bien un periodo extraordinario de sesiones. En fin, algún procedimiento para garantizar que el dictamen

sobre la Cuenta Pública no va a ser elaborado a la carrera en el trabajo de un solo mes. Por otra parte, pienso que cuando examinemos esta clase de documentos, más ayudaremos a una política popular y democrática del Gobierno de la República si nos ubicamos en el sitio que nos corresponde, como parte fundamental del Poder Legislativo, y no reducimos nuestra labor a simplemente votar aprobatoriamente todas las iniciativas, acciones que juzguemos de parte de los diversos organismos del Poder Ejecutivo. Si se gobierna para el pueblo, mucho ayudará a la obra del Ejecutivo una Cámara de Diputados que sea capaz de expresar con franqueza sus críticas. Y si se gobierna contra el pueblo, no podemos privar a éste del derecho de que cuenta con un instrumento para su defensa que sea capaz, con calor también, de enfrentarse a la obra del Gobierno.

Hagamos, pues, actuar, a la Cámara de Diputados según corresponde a su categoría y no juzguemos que cualquier crítica, que cualquier censura que aquí se exprese, en relación con la obra del Gobierno, en cualquiera de sus dependencias, corresponde a inconfesables propósitos de regresión o a también mal escondidas pretensiones de subversión futurista.

Guiándome por esa manera de pensar se me ocurre exponer los siguientes juicios en relación con el dictamen sobre la Cuenta Pública; uno que se refiere al aspecto de los ingresos y otro que toca la cuestión de los gastos. Para mencionar el primero, es necesario, sí, hacer notar que la diferencia entre el presupuesto ejercido y el presupuesto originalmente calculado, es tan grande que debe ser objeto de un llamado de atención de la Cámara de Diputados, no porque nos opongamos, de ningún modo, a que el gobierno de la República pueda ejercer presupuestos, mucho mayores a los calculados, sino porque creemos que el cálculo debe acercarse mucho más a la previsión del desarrollo y no existir entre ambos una diferencia tan grande.

¿Por qué existe esta diferencia? Examinar la cuestión a fondo requeriría, en primer lugar, tomar algunos días para preparar una intervención, y en segundo lugar, solicitar de ustedes un tiempo amplio para exponerla. Pero quiero referirme sólo a uno de los factores que, a mi juicio, han influido para que el cálculo resulte tan fallo en relación con las posibilidades. Y esto es lo que atañe al renglón de los ingresos.

Creo que una de las causas es una inseguridad en cuanto a la política impositiva que ha aplicado el gobierno de la República: las fuentes de ingreso. No alcanza a definirse todavía una firme política, sobre todo en uno de los renglones más importantes de las cuentas de ingresos, que este renglón del impuesto sobre la renta.

El impuesto sobre la renta adolece de dos graves defectos: El primero, que existe una concepción mezquina sobre el papel que debe desempeñar el impuesto sobre la renta en relación con el conjunto del ingreso. Sigue registrando en México la proporción de apenas un 8 o un 9 por ciento, magnitud que representa el ingreso por concepto de impuestos sobre la renta en relación con el producto nacional bruto.

Y si hemos de continuar nuestra política de desarrollo, como algún Presidente de la República lo dijo, sin prisas; pero sin pausas, la magnitud del impuesto sobre la renta debe crecer en proporción con el producto nacional bruto.

Y de otra falla adolece el impuesto sobre la renta: El criterio que se ha venido aplicando, en relación con el impuesto sobre la renta, es de una injusta distribución de las proporciones que pagan los diversos sectores de la población en México. Simplemente menciono como un ejemplo, como un hecho, la incorporación automática del 1 por ciento, que todos los de bajos ingresos y los de los altos ingresos estuvimos pagando como impuesto para la educación, a la suma global del impuesto sobre la renta, cuando lo correcto consiste en aplicar un impuesto sobre la renta claramente inverso al volumen de los ingresos. Sí existe esto, efectivamente, pero no es, digamos, valga el término, lo suficientemente inverso el volumen de los ingresos.

A este respecto, el Partido Popular Socialista presentará a la consideración de ustedes un proyecto de ley del impuesto sobre la renta.

Sobre el renglón de los ingresos, de los egresos, de los gastos, una pura reflexión, una sola pregunta llamándolos a ustedes a meditar junto con nosotros. ¿El volumen destinado a gastos para el desarrollo, es el correcto en un país que está exigiendo el desarrollo y realizándolo? Sí; pero debe realizarlo en escala mayor, es correcto frente al volumen que se destina a gastos de administración o a servicios sociales, ¿o si es preciso variar, en beneficio, en apoyo de los gastos para desarrollo económico, la proporción de ese presupuesto?

Nos preocupa el desarrollo económico independiente de México. No rechazamos los empréstitos interiores o exteriores sobre la base de la capacidad para pagar debidamente y de la absoluta independencia económica y política del país.

Si creemos que el desarrollo sano de la economía nacional debe seguir conservando, como marginales o complementarias, las sumas que ingresan al Presupuesto como resultado de financiamientos exteriores, y al rechazar, por una parte, una tesis postulada por una de las grandes instituciones bancarias privadas de México, que consiste en que las inversiones extranjeras privadas son benéficas al país, al rechazar esa tesis porque nosotros consideramos que la inversión extranjera debe ser reglamentada, porque de otro modo se convierte en un factor de descapitalización, y al rechazar, por otro lado, una tendencia a contener el desarrollo del sector estatal de la economía, elevando el grado de intervención del sector privado en la inversión y en la vida económica de México, establecemos dos de las afirmaciones en que descansa nuestro criterio acerca de en qué consiste un desarrollo sano de la economía nacional.

Son pues estas dos observaciones sobre política económica, sobre finanzas públicas, que se me ocurre hacer alrededor del dictamen sobre la Cuenta Pública, presentado por la Comisión respectiva.

Hemos dicho que votaremos a favor de ese dictamen, porque los términos en que está redactado permiten hacerlo, no obstante que en relación con la Cuenta Pública se tengan proposiciones que presentar, digamos, objeciones que hacer.

El artículo segundo, que es el básico del dictamen, dice que "se encontró que las cantidades gastadas concuerdan con las partidas autorizadas y, en

consecuencia, se aprueban, considerando asimismo los resultados satisfactorios logrados en el desarrollo económico y social del país, mediante la correcta aplicación de la política de ingreso y gasto público seguida por el Jefe del Poder Ejecutivo Federal".

Si no corresponden en números absolutos, las cantidades gastadas con las partidas autorizadas, según lo ordena la Ley, sí corresponden desde el punto de vista de la tendencia general, y esto es lo que a nosotros nos importa. Corresponden, según puede observarse en el cuadro número 5, que fue puesto en nuestro conocimiento por la Comisión que elaboró el dictamen en relación con la Cuenta Pública.

Esta es la razón por la cual nosotros votaremos en favor de la aprobación de ese dictamen, insistiendo en la necesidad de que, para el futuro, la Cámara de Diputados conozca documentos más claros, sencillos y accesibles y aproveche el examen de la Cuenta Pública para exponer juicios que influyan en una más correcta elaboración de los presupuestos posteriores. Muchas gracias (aplausos).

El C. Presidente: Por último, en nombre de la Comisión, hará uso de la palabra el C. diputado Ignacio González Rubio.

El C. González Rubio, Ignacio: Honorable asamblea: Voy a ser breve y a referirme única y exclusivamente a las tesis y a las objeciones de importancia que ha formulado el Partido de Acción Nacional y las que ha planteado el Partido Popular Socialista.

Hay una coincidencia entre ambos partidos: el documento lo califican de que no es accesible. Efectivamente, el documento requiere una preparación especial y no es atribución de la Comisión de Presupuestos y Cuenta hacer accesible y facilitar su entendimiento en materia de finanzas públicas, cuando no se tienen siquiera los conocimientos elementales para comprenderlas.

Este problema no es problema, ni de la Comisión, ni del dictamen.

El Partido Acción Nacional presenta una objeción de tipo constitucional: objeta que no se siguió el procedimiento constitucional. Ituarte Servín pide que en el dictamen se diga que se "admite" la Cuenta Pública. El artículo primero del Decreto que se propone dice: "Se admite la Cuenta Pública". Salen sobrando los comentarios.

Con posterioridad, el diputado Zorrilla pidió que se hiciera el examen y justificación de las partidas gastadas, para aprobarlas o exigir las responsabilidades correspondientes en su caso.

El proyecto de decreto dice que al admitir la Cuenta Pública se ponen a consideración de la asamblea los estados contables, la revisión, glosa y justificación se harán por conducto de la Contaduría Mayor de Hacienda.

Esta revisión y glosa implica una auditoría, es decir, estar examinando, documento por documento, cada una de las partidas que se han gastado. Para que se tenga una idea el diputado Zorrilla de los documentos que hay que revisar, y que es imposible que se revisen en sesión de Cámara, le digo que pasan de los 27 millones los documentos que hay que revisar. Evito posteriores comentarios.

El Partido Popular Socialista planteó varias objeciones; pero, entre todas las objeciones, plantea una que hay que afrontarla con realidad: plantea el problema de las inversiones extranjeras: al hablar de las inversiones extranjeras quiero sentar los siguientes precedentes:

En países que se encuentran en desarrollo económico son dos los caminos que se tienen para promover el desarrollo y la distribución del ingreso. Un camino implica procurar el desarrollo económico de los pueblos a costa de la libertad de los individuos. El otro camino que exponen, es provocar el desarrollo económico basado en la intervención extranjera.

Estas son las dos tesis que se encuentran en pugna. Nosotros hemos seguido la tesis que es nuestra; la tesis de la Revolución Mexicana. Los mexicanos no concebimos el bienestar popular si se le sacrifican sus libertades que le son inherentes a la dignidad de la persona humana; si se sacrifican las libertades inherentes a la persona humana, no puede existir el bienestar ni el progreso popular.

En materia de inversiones extranjeras, las aceptamos, pero como medida auxiliar y medida complementaria. Las inversiones extranjeras en México no son excesivas y no han sido la base para promover el desarrollo económico de México, y al efecto, he aquí los datos:

En 1955 la inversión extranjera en México fue de 1,317 millones; representaba el porcentaje del 10.4 del ingreso nacional.

En 1965, es decir, 10 años después, la inversión extranjera se duplicó: son 2,673 millones de pesos, pero como el producto, nacional y el desarrollo del país creció a una velocidad superior, el porcentaje de la inversión extranjera en México es menor, porque llega al 5.7 por ciento. Es decir, la inversión extranjera no ha sido factor determinante para el desarrollo económico del México (aplausos).

Y como nos estamos refiriendo al año de 1966, la inversión extranjera en México disminuyó, tomando como dato comparativo el año anterior. Disminuyó la inversión extranjera directa. En 1965, fueron 213 millones de dólares; en 1966, fueron 186 millones de dólares; en cambio el crecimiento y el desarrollo económico del país crecieron del 6 por ciento al 7.5 por ciento, es decir, el desarrollo económico de México se ha hecho con sus propios recursos, y la tesis de México viene a demostrar por bajo la doctrina económica de la Revolución Mexicana es posible que la justicia social y la democracia impliquen el desarrollo de un país.

Honorable asamblea: Me da gusto haber escuchado la divergencia de criterios en torno de un problema tan interesante, tan apasionante como es el de los manejos de los dineros del pueblo. Dentro de este diálogo hay divergencias, porque nuestro régimen democrático acepta las divergencias, pero también hay una unidad de propósitos: es, la del engrandecimiento y el progreso de México, el progreso y el desarrollo, pero con el respeto de los valores fundamentales de la persona humana, dentro de la justicia y la independencia, la paz y la dignidad del hombre. Propugnemos y esforcémonos por que cada uno de los atributos del hombre sea un símbolo de civilización y una marca de progreso. Muchas gracias (aplausos).

El C. Medina Valdez, Gerardo: Para preguntarle al orador si me permite una interpelación.

El C. González Rubio, Ignacio: Los diálogos están prohibidos. Le permito las que quiera, abajo de la tribuna.

El C. Medina Valdez, Gerardo: Pido la palabra para hechos.

El C. Presidente: Tiene la palabra 5 minutos nada más.

El C. Medina Valdez, Gerardo: Menos de los 5 minutos, Señores diputados: Se ha planteado aquí, aunque sea en forma marginal, el asunto de la inversión extranjera. El señor diputado González Rubio se sirvió informarnos que de 1955 a 65 esa inversión extranjera se duplicó; que sin embargo, el porcentaje disminuyó frente a la inversión total del país y que, en consecuencia, no es factor determinante. Sin embargo, el hecho de que el diputado González Rubio se haya negado a responder desde la tribuna a una interpelación, me obliga a plantearla desde aquí y es ésta: ¿la duplicación de la inversión pública de 1955 a 65 fue inversión extranjera directa o indirecta?

El menciona también el hecho de que en 1966 la inversión extranjera directa disminuyó. El asunto es demasiado grave, cuando, a través de la prensa nacional, se ha venido ya planteando el crecimiento de la inversión pública extranjera, a través de la compra más o menos subterránea, más o menos pública, de diversas empresas mexicanas. Queda planteada esta interpelación y yo sugeriría al señor diputado que no lo hiciera abajo de la tribuna, sino desde arriba. ¿La inversión pública extranjera, que se duplicó de 55 a 65 fue sólo la directa o se engloba también la indirecta?

Y el dato de 66 menciona solamente la inversión extranjera directa. ¿Nos podría decir el diputado González Rubio cuál es el monto en 66 de la inversión pública extranjera?

El C. Presidente: Tiene la palabra la Comisión.

El C. González Rubio, Ignacio: Señor Presidente, honorable asamblea: Vuelvo a insistir en que esta materia es complicada, y que se necesitan conocimientos aunque sean elementales. El que acaba de intervenir no puede distinguir entre la inversión privada y la inversión pública. Inversión pública extranjera no hay más que la que está considerada en la deuda pública. La inversión pública privada es el dato que acabo de dar. Concurren al desarrollo económico del país tanto la inversión pública, como la privada.

Creo que está suficientemente contestado; si no está suficientemente contestado, le doy una explicación con los datos que traigo a la mano. Estoy aquí para contestarle.

Pase a decir, porque yo no soy adivino.

El C. Medina Valdez, Gerardo: Mi pregunta, señor diputado, es muy concreta. ¿A cuánto asciende la inversión pública extranjera indirecta, en 1966?

La otra pregunta también me parece que es muy concreta. Si subió, si se duplicó de 1955 a 1965. Lo que quiero que explique, o que aclare, es si se trata de inversión extranjera directa o indirecta.

El C. González Rubio, Ignacio: Mire usted, el dato que le acabo de dar es la inversión extranjera directa. Inversión privada. Y se duplicó de 1,317 a 2,673. Y el producto nacional creció. En 1955 era 80 mil millones. En 1965, 272 mil. Es decir, creció más de tres veces el producto nacional, y la inversión privada extranjera se duplicó.

Esto confirma la tesis que les había dicho, que la inversión extranjera no ésta marcando el desarrollo económico de México, sino que no obstante que el país sigue su marcha de crecimiento, los recursos externos van disminuyendo proporcionalmente.

¿Alguna otra pregunta?

El C. Peraza Medina, Fernando: Quiero hacer una aclaración al compañero. Nada más que yo dije que eso lo íbamos a debatir después, porque lo que se va a debatir ahorita es si aprobamos o no la cuenta del dictamen de la Comisión. Ya tendremos tres años para debatir eso.

El C. González Rubio, Ignacio: Esa intervención se la agradece toda la asamblea, porque el debate estaba terminado (aplausos).

El C. secretario Pavón Bahaine, Manuel: En votación económica se pregunta a la asamblea si se considera el proyecto de decreto suficientemente discutido, en lo general. Los que estén de acuerdo, sírvanse manifestarlo. Suficientemente discutido. En consecuencia, se va a proceder a recoger la votación nominal del dictamen en cuanto a lo general. Por la afirmativa.

El C. secretario Berlanga Juan, Manuel: Por la negativa.

(Votación.)

El C. secretario Pavón Bahaine, Manuel: ¿Falta algún ciudadano diputado de votar por la afirmativa?

El C. secretario Berlanga, Juan Manuel: ¿Falta algún ciudadano diputado de votar por la negativa?

Se procede a recoger la votación de la Mesa.

(Votación.)

El C. secretario Pavón Bahaine, Manuel: Por 128 votos por la afirmativa, y 18 en contra, se aprueba en lo general.

Está a discusión, en lo particular, el proyecto de decreto. Los ciudadanos diputados que deseen impugnar algún artículo, que se sirvan anotarlo.

No habiendo quien haga uso de la palabra se va a proceder a tomar la votación nominal, en lo particular. Por la afirmativa.

El C. secretario Berlanga, Juan Manuel: Por la negativa.

(Votación.)

El C. secretario Pavón Bahaine, Manuel: ¿Falta algún ciudadano diputado de votar por la afirmativa?

El C. secretario Berlanga, Juan Manuel: ¿Falta algún ciudadano diputado de votar por la negativa?

Se procede a recoger la votación de la mesa.

(Votación.)

El C. secretario Pavón Bahaine, Manuel: Por 128 votos a favor, y 18 en contra se aprueba el proyecto de decreto de la Cuenta Pública del año de 1966, en lo particular. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

VIII

El C. secretario Berlanga, Juan Manuel: De la primera Comisión de la Defensa Nacional.

El C. Obregón Padilla, Antonio: Pido la palabra sobre lo que se va a tratar. Una proposición de modificación.

Antes de la segunda lectura, quiero hacer la proposición. El Reglamento no dice a qué horas se va a hacer la proposición.

El C. Mora Plancarte, Norberto: Señor presidente, para una moción. Aún no está a discusión el proyecto de decreto. En el momento en que está a discusión se hacen las proposiciones y adiciones del caso, pero no antes de que conozcamos el decreto (aplausos).

El C. Presidente: La Secretaría tiene la palabra.

- El C. secretario Berlanga, Juan Manuel:

"Primera Comisión de la Defensa Nacional.

Honorable Asamblea:

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Honorable Congreso de la Unión, se turnó a la Primera Comisión de la Defensa Nacional la iniciativa del C. Presidente de la República por la cual se adiciona, con el artículo 98, la Ley Orgánica del Ejército, de fecha 11 de marzo de 1926.

En cumplimiento de la comisión que nos fue conferida, nos avocamos, al estudio de la Iniciativa de referencia, a fin de emitir el dictamen correspondiente, el cual se formula de acuerdo con las siguientes consideraciones:

Primera. Motiva el proyecto del Ejecutivo Federal, el hecho jurídico de que la Ley Orgánica del Ejército no establece los casos en que el personal de las Fuerzas Armadas de la Nación deban causar baja de las instituciones respectivas.

Segunda. Se señala, asimismo, en la iniciativa, como una causa de la reforma que se propone, la circunstancia de que el mismo ordenamiento no contiene disposición alguna que determine la situación legal de los miembros del Ejército que hayan desaparecido o sustraído a la acción de la Justicia.

Tercera. La Comisión que suscribe, hecho el análisis de la 'adición' que se propone, ha llegado a la conclusión de que es procedente por estar apegada a Derecho; su aprobación permitirá resolver jurídicamente las lagunas que sobre la materia señala el Ejecutivo Federal, en las consideraciones que fundan el proyecto.

Cuarta. Estimamos, asimismo, que los problemas de tipo administrativo y jurídico, que por las fallas de la Ley de la materia, se han presentado en la organización de las Fuerzas Armadas y a sus autoridades superiores, encontrarán una solución adecuada y legal, con la adición del artículo 98 a la Ley Orgánica del Ejército; por lo tanto, procede un dictamen aprobatorio al proyecto del Ejecutivo de la Unión.

Quinta. Encontramos que en la fracción cuarta del artículo 98 que se adiciona, se comprenden dos casos distintos de causas de baja del Ejército o Fuerza Aérea. Por lo tanto, para mayor claridad y precisión jurídica de los conceptos que contiene la fracción, consideramos pertinente subdividirla, sin modificar su contenido.

Con la reforma que se sugiere en este considerando, es de aprobarse la Iniciativa del Ejecutivo Federal, por la cual se adiciona, con el artículo 98, la Ley Orgánica del Ejército de 11 de marzo de 1926.

Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, 56, 60, 65, 66, 87, 88, 94 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de la Unión, sometemos a la consideración de vuestra soberanía, el siguiente proyecto de decreto:

Artículo Único. Se adiciona el Título III 'Disposiciones Generales' de la Ley Orgánica del Ejército, con el artículo 98, en los siguientes términos:

Artículo 98. La baja del Ejército o Fuerza Aérea, es la separación definitiva de los miembros de dichas instituciones y podrá ordenarse por el Secretario de la Defensa Nacional, en los siguientes casos:

I. Por defunción;

II. Por sentencia ejecutoria, dictada por Tribunal competente;

III. Por solicitarla el militar y concedérsele;

IV. Por ser declarado el militar, prófugo de la Justicia por el Tribunal al que hubiere sido consignado, sin perjuicio del proceso que se le siga y dure en esa situación más de tres meses;

V. Por haber desaparecido el militar, comprobada esta circunstancia mediante los partes oficiales, siempre que dure en esa situación más de tres meses;

VI. Tratándose del personal de tropa, además de las causas señaladas en las fracciones que anteceden, podrá ser dado de baja por observar mala conducta, determinada por el Consejo de Honor de la Unidad o Dependencia a que pertenezca; o por colocarse en situación de no poder cumplir con sus obligaciones militares por causas no imputables a la Secretaría de la Defensa Nacional, y

VII. Los militares auxiliares serán dados de baja cuando ya no se consideren necesarios sus servicios, a juicio del Secretario de la defensa nacional.

Transitorio.

Artículo Único. Este decreto entrará en vigor en la fecha de su publicación en el 'Diario Oficial' de la Federación.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. - México, D. F., a 16 de octubre de 1967. - Celso Vázquez Ramírez. - Félix Riojas Rivera. - Fernando Vázquez Ávila. - Pánfilo Orozco Alvarez. - Antonio Bernal Tenorio."

Trámite: Segunda lectura.

Está a discusión el proyecto de decreto.

El C. Presidente: Se abre el registro de oradores.

Tiene la palabra el ciudadano diputado Antonio Obregón.

El C. Obregón Padilla, Antonio: Ciudadano presidente, honorable Asamblea: En realidad son loables los propósitos que animan al Ejecutivo al presentar esta iniciativa; fundamentalmente coincidimos con esos razonamientos que fundan la iniciativa precisamente en la exposición de motivos.

Se pueden dar casos muy graves en los que un militar que se ha separado del Ejército por indigno pueda acudir inclusive al juicio de garantías y ser restituido, porque no hay, no existe fundamento legal - hasta ahora - para determinar las bajas. Sin embargo, ya el artículo propiamente que compone la iniciativa tiene una redacción defectuosa, carece de técnica y carece del agrupamiento para las bajas, de acuerdo con la técnica jurídica.

Por tal motivo, la diputación de Acción Nacional presenta a la consideración de esta asamblea

una modificación a la iniciativa. Dicha modificación la proponemos en los términos siguientes:

"H. Cámara de Diputados:

Los suscritos, diputados al XLVII Congreso de la Unión, miembros del Partido Acción Nacional, con apoyo en el artículo 124 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, proponemos la modificación que a continuación se inserta, a la Iniciativa, que adiciona con el artículo 98, la Ley Orgánica del Ejército, de 11 de marzo de 1926.

Artículo Único. Se adiciona el Título III, 'Disposiciones Generales', de la Ley Orgánica del Ejército, con el artículo 98, en los siguientes términos:

Artículo 98. La baja del Ejército o Fuerza Aérea, es la separación definitiva de los miembros de dichas instituciones, y procederá por Ministerio de Ley o por orden del Secretario de la Defensa Nacional, en los siguientes casos:

I. Procede por ministerio de Ley:

a) Por muerte;

b) Por sentencia ejecutoria dictada por tribunal competente del fuero militar;

c) Por sentencia ejecutoria dictada por tribunal competente del fuero común, que imponga una pena de prisión mayor de dos años, siempre que se trate de delitos intencionales, y

d) Por ser declarado el militar prófugo de la justicia, por el tribunal al que hubiere sido consignado, sin perjuicio del proceso que se le siga.

II. La baja por orden del Secretario de la Defensa Nacional, podrá decretarse a juicio de éste:

a) Por solicitud del interesado.

b) Por incapacidad, física o mental, debidamente comprobada, para cumplir con sus obligaciones militares.

c) Por haber desaparecido el militar, comprobada esta circunstancia mediante los partes oficiales, siempre que la ausencia dure más de tres meses.

d) Por observar mala conducta, cuando así lo determine el Consejo de Honor de la Unidad o Dependencia a que pertenezca.

e) Tratándose de militares auxiliares, cuando no se consideren necesarios sus servicios, a juicio de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Transitorio.

Artículo Único. Este decreto entrará en vigor en la fecha de su publicación en el 'Diario Oficial', de la Federación.

Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, a 20 de octubre de 1967. - Graciela Aceves de Romero. - Alfonso Ituarte Servín. - Francisco Javier Aponte Robles. - Rigoberto López Sedano. - Javier Blanco Sánchez. - Abel Martínez M. - José Ángel Conchello Dávila. - Gerardo Medina Valdez. - Octavio Corral Romero. - Antonio Obregón Padilla. - Enrique Fuentes Martínez. - Adrián Peña Soto. - Manuel González Hinojosa. - Astolfo Vicencio Tovar. - Juan Manuel Gómez Morín. - Rafael Preciado Hernández. - Efraín González Luna Morfín. - Ramiro González Luna. - Felipe Gutiérrez Zorrilla. - Juan José Hinojosa Hinojosa."

El C. Presidente: Tiene la palabra el C. diputado Juan C. Peña Ochoa.

El C. Peña Ochoa, Juan C.: Señor presidente, señoritas, señoras y señores diputados:

"Ha sido sometida a la consideración de esta honorable cuadragésima séptima Legislatura por el señor Presidente de la República, la iniciativa de Ley que adiciona el título tercero 'Disposiciones Generales' de la Ley Orgánica del Ejército, con el artículo 98 que establece los casos en los que el señor Secretario de la Defensa Nacional podrá ordenar la baja, o sea la separación definitiva de los miembros del Ejército o de la Fuerza Aérea.

Hemos escuchado con toda atención el proyecto de Decreto contenido en el dictamen elaborado por la Comisión correspondiente y aplaudimos los diputados representantes del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, tanto la acertada iniciativa presidencial como el dictamen rendido por nuestros compañeros diputados, ya que al aprobarse la adición propuesta a la Ley Orgánica de Ejército se acabará con la anarquía que antes imperaba en asunto de tan vital importancia para la organización del Ejército, estableciendo la forma clara y precisa los casos en que podrá decretarse la baja de los miembros de las Fuerzas Armadas de la República y facultando al señor Secretario de la Defensa Nacional para que en cumplimiento de la Ley sea el que tome los acuerdos respectivos.

Interesa al prestigio y dignidad de nuestro Ejército, la forma en que sean dados de baja los elementos que, por una u otra causa, no pueden seguir siendo sus componentes, ya que sólo así podrá velarse en una forma efectiva porque el glorioso Ejército Mexicano continúe siendo, como hasta ahora lo ha sido, el celoso guardián de nuestras instituciones revolucionarias.

Los casos de baja enumerados por la iniciativa y aprobados por el dictamen que se discute son claros y concretos, estamos plenamente de acuerdo en su aprobación; pero el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, compuesto en sus cuadros directivos principalmente por militares que participamos en la etapa armada de la revolución Mexicana y que por tanto, con más interés que nadie debemos velar por la pureza de nuestro Ejército Revolucionario, queremos proponer a esta honorable Legislatura que se aumente a la iniciativa, y por tanto se modifique el dictamen en su parte relativa, una causa de baja para los miembros del Ejército y la Fuerza Aérea.

Si la disciplina, elemento insoslayable, por imprescindible, de la Fuerza Armada reguladora del orden social y mantenedora de las instituciones políticas y de su correcto funcionamiento, ocupa un destacadísimo lugar en todas las leyes y reglamentos del Ejército, la lealtad, suprema virtud del soldado y del ciudadano cabal, constituye la base misma de la institución armada.

En efecto: Característica fundamental del Ejército Mexicano emanado de la Revolución, es la lealtad a la patria, lealtad a nuestras instituciones y lealtad a quienes las representan. No es digno de ser miembro de las fuerzas armadas de la República, y debe ser dado de baja, quien no haga de la lealtad la primera de sus obligaciones militares. Proponemos que se adicione el proyecto a que nos venimos refiriendo, declarando motivo de baja el revelarse en cualquier ocasión, de hecho o de palabra, en contra de los gobiernos legítimos de la

República Mexicana, emanados de la Constitución de 1917.

Al Partido Auténtico de la Revolución Mexicana interesa, en esta hora en que se trata de la organización de la primera y más genuina de nuestras instituciones revolucionarias, el glorioso Ejército Mexicano, dejar constancia de su preocupación porque la lealtad siga siendo su principal característica. Muchas gracias, señores diputados.

México, D. F., a 20 de octubre de 1967. - T. Coronel. - Juan C. Peña Ochoa."

El C. Presidente: Por la Comisión hará uso de la palabra el C. diputado Celso Vázquez Ramírez.

El C. Vázquez Ramírez Celso: Señor Presidente, honorable asamblea: La Comisión estima, en vista de la importancia de las observaciones que han hecho los señores diputados de Acción Nacional y del Auténtico de la Revolución, al proyecto que presentó la Primera Comisión de la Defensa a vuestra consideración, no se someta a votación el proyecto de referencia y se devuelva a la misma para considerar las proposiciones que ustedes acaban de escuchar, y presentar en otra sesión a vuestra consideración un nuevo proyecto. Es todo (aplausos).

El C. Presidente: Se recomienda a la secretaría consulte a la asamblea si está de acuerdo con la proposición de la Comisión.

El C. secretario Pavón Bahaine, Manuel: En votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen vuelve a la Comisión. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Vuelve a la Comisión.

Señor presidente, se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura a la Orden del Día de la próxima sesión.

IX

"Primer periodo ordinario de sesiones.

XLVII Legislatura.

Orden del Día.

24 de octubre de 1967.

Lectura del acta de la sesión anterior.

El Congreso del Estado de Chiapas invita a esta Cámara a la sesión solemne que se efectuará el día 1o. de noviembre y en la que el ciudadano licenciado José Castillo Tielemans, gobernador constitucional del Estado, rendirá el tercer informe de su gestión administrativa.

El ciudadano Max Harry Greenman Roth solicita el permiso constitucional necesario para aceptar el cargo de agregado comercial ad honórem del gobierno de Guatemala.

Dictámenes de primera lectura.

De la Primera Comisión de la Defensa Nacional, que termina con un punto de acuerdo que ordena archivar el expediente relativo a la solicitud de pensión formulada por el ciudadano Filiberto Velázquez Muñoz.

De la Segunda Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano Juan S. Farías García para aceptar y usar una condecoración que le confirió el gobierno de Bélgica.

Dictamen a discusión.

De la Primera Comisión de la Defensa Nacional, con proyecto de Decreto, que concede pensión vitalicia a la señora María de los Ángeles Zambrano, viuda del ciudadano general de división Pablo Quiroga Escamilla."

- El C. Presidente (a las 15:20 horas): Agotados los asuntos de la Orden del Día se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo martes 24 de los corrientes, a las 10 horas.

TAQUIGRAFÍA PARLAMENTARIA Y

"DIARIO DE LOS DEBATES"