Legislatura XLVII - Año II - Período Ordinario - Fecha 19681107 - Número de Diario 19
(L47A2P1oN019F19681107.xml)Núm. Diario:19ENCABEZADO
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
XLVII LEGISLATURA
Registrado como artículo de 2a. clase en la Administración Local de Correos, el 21 de septiembre de 1921.
AÑO II MÉXICO, D. F., JUEVES 7 DE NOVIEMBRE DE 1968 TOMO II.- NUMERO 19
SUMARIO
SUMARIO
Orden del día y acta
Se abre la sesión. Lectura del orden del día. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior
Comunicación
De la Quincuagésima Legislatura del Estado de Chiapas participando su instalación y la apertura del primer período ordinario de sesiones. De enterado
Representantes ante la Gran Comisión
Chihuahua
La Diputación Federal del Estado de Chihuahua designa su representante ante la Gran Comisión de la Cámara de Diputados, al C. Mariano Valenzuela Ceballos. De enterado
Oaxaca
La Diputación Federal del Estado de Oaxaca designa su representante ante la Gran Comisión de la Cámara de Diputados, al C. licenciado Dagoberto Flores Betancourt. De enterado
Querétaro
La Diputación Federal del Estado de Querétaro designa su representante ante la Gran Comisión de la Cámara de Diputados, al C. profesor Enrique Redentor Albarrán García. De enterado
DICTAMEN A DISCUSIÓN
Cuentas Públicas de 1967
Dictamen de la Comisión de Presupuestos y Cuenta, con proyecto de Decreto, emitido en relación a las Cuentas de la Hacienda Pública del Gobierno Federal y del Departamento del Distrito Federal para el ejercicio de 1967. Se dispensa la segunda lectura. A discusión en lo general. Hacen uso de la palabra, sucesivamente: para fundar el dictamen, el C. Ignacio Vázquez Torres; en contra, el C. Alfonso Ituarte Servín; en pro, la C. María Guadalupe Aguirre Soria; para hechos, los CC. Alfonso Ituarte Servín y Guillermo Morfín García ; en pro, el C. Fernando Peraza Medina; en contra el C. Juan José Hinojosa Hinojosa, por la Comisión, el C. Ignacio Pichardo Pagaza; para hechos, el C. Juan José Hinojosa Hinojosa; en pro, el C. Indalecio Sayago Herrera; en contra, el C. Felipe Gutiérrez Zorilla; en pro, los CC. Fausto Zapata Loredo y Adrián Tiburcio González. Se aprueba en lo general. A discusión en lo particular. Sin que motive debate se aprueba en lo particular. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales
Orden del día
Lectura del orden del día de la próxima sesión. Se levanta la sesión
DEBATE
PRESIDENCIA DEL C. JOSÉ ARANA MORÁN
(Asistencia de 140 ciudadanos diputados.)
- El C. Presidente (a las 11:40 horas): Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
- El C. secretario Suárez del Solar, Fernando:
"Cámara de Diputados.
Segundo Período Ordinario de la XLVII Legislatura.
Orden del día.
7 de noviembre de 1968.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicación de la Legislatura del Estado de Chiapas.
Comunicaciones de los ciudadanos diputados de los Estados de Chiapas, Oaxaca y Querétaro, por las que se designan nuevos representantes a la Gran Comisión de esta H. Cámara de Diputados.
DICTAMEN A DISCUSIÓN:
De la Comisión de Presupuestos y Cuenta, con proyecto de Decreto, emitido en relación con las Cuentas de la Hacienda Pública Federal y del
Departamento del Distrito Federal del año próximo pasado."
ACTA
- El mismo C. secretario:
"Acta de la sesión efectuada por la Cámara de Diputados del XLVII Congreso de la Unión, el día cinco de noviembre de mil novecientos sesenta y ocho. Presidencia del C. José Arana Morán.
En la ciudad de México, a las once horas y cuarenta y cinco minutos del martes cinco de noviembre de mil novecientos sesenta y ocho, se abre la sesión con asistencia de ciento cuarenta ciudadanos legisladores según declara la Secretaría una vez que pasa lista.
Lectura del orden del día y aprobación del acta de la sesión anterior, celebrada el día treinta y uno de octubre próximo pasado.
Se da cuenta de los documentos en cartera:
La H. Cámara de Senadores comunica la designación de la Mesa Directiva que funcionará durante el presente mes. De enterado.
Invitación del Congreso del Estado de Guerrero a la sesión pública y solemne que tendrá lugar el día 6 del actual, en la ciudad de Chilpancingo, Gro., en conmemoración del 155 aniversario de la Promulgación del Acta de Independencia de México.
Para asistir a ese acto con la representación de la H. Cámara de Diputados se designa a los CC. Juan Pablo Leyva Córdoba, Mario Trujillo García y Humberto Acevedo Astudillo.
Circular de la Legislatura del Estado de Nuevo León por la que participa la elección de su Mesa Directiva. De enterado.
Comunicación del Parlamento de la República de Nicaragua por la que condena y deplora el golpe de Estado producido en contra del Presidente Constitucional del Perú. De enterado.
El C. diputado Octavio Corral Romero da lectura a la iniciativa de Ley que, para crear la Comisión Nacional de Crédito Escolar, presentan los CC. diputados miembros del Partido Acción Nacional a la XLVII Legislatura. Recibo, y a las Comisiones Unidas de Estudios Legislativos y de Educación en turno, e imprímase.
De acuerdo con la fracción VI del artículo 25 del Reglamento para el gobierno interior del Congreso General, la Secretaría presenta el estado que manifiesta el número de expedientes tramitados en el mes de octubre del presente año por las Comisiones Permanentes de la Cámara de Diputados del XLVII Congreso de la Unión. Insértese en el `Diario de los Debates'.
Dictamen con proyecto de Decreto suscrito por la Primera Comisión de Puntos Constitucionales, que concede permiso al C. Jorge Pulford Nuñez para aceptar y usar la condecoración de la Orden Real de Danneborg que, en el grado de Caballero, le confirió el gobierno de Dinamarca.
Con base en el Acuerdo tomado por la Asamblea el 22 de septiembre de 1967, se somete a discusión el proyecto de Decreto. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación nominal se aprueba por unanimidad de ciento treinta y ocho votos. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
Lectura del orden del día para la próxima sesión.
A las doce horas y cuarenta minutos se levanta la sesión pública y se pasa a sesión secreta."
Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Aprobada.
COMUNICACIÓN
- El C. prosecretario Briceño Ruiz, Alberto:
"Telegrama.
Tuxtla Gtz, Chis. Oct. 31
C. Pdte. de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.
México, D. F.
Satisfácenos participar a usted que H. Quincuagésima Legislatura Chiapas, quedó hoy legalmente instalada y mañana abrirá primer período ordinario sesiones, correspondiente segundo año ejercicio. Atte. el presidente.
Diputado profesor Romeo Ruiz Armento.- Licenciado Enrique Lara González, D. S. - Doctor Didier Cruz Fuentevilla, D. S."
- Trámite: De enterado.
REPRESENTANTES ANTE LA
GRAN COMISIÓN
CHIHUAHUA
- El mismo C. prosecretario:
"XLVII Congreso de la Unión.
Correspondencia particular de los ciudadanos diputados.
México, D. F.
A los CC. secretarios de la H. Cámara de Diputados. Presente.
Los suscritos, miembros de la diputación por el Estado de Chihuahua, se permiten comunicar que hemos designado como representante de dicho Estado ante la Gran Comisión, a partir de esta fecha, al C. diputado Mariano Valenzuela Ceballos.
México, D. F., a 10 de septiembre de 1968.- Diputado Pablo Picharra Esparza. - Diputado Guillermo Quijas Cruz.- Diputado Armando B. Chávez Montañez. - Diputado Armando Bejarano Pedroza.- Diputado Everardo Escárcega López."
- Trámite: De enterado.
OAXACA
- El mismo C. prosecretario:
"XLVII Congreso de la Unión.
Correspondencia particular de los ciudadanos diputados.
México, D. F.
Octubre 15 de 1968.
Señor licenciado Luis M. Farías, Presidente de la Gran Comisión. Presente. En virtud de la quebrantada salud del diputado licenciado Juvencio Molina Varela, actualmente jefe de la diputación federal del Estado de Oaxaca, los suscritos, miembros de dicha diputación, hemos acordado nombrar al diputado licenciado Dagoberto
Flores Betancourt para que lo substituya ya que prácticamente se encuentra acéfala nuestra diputación.
Atentamente.
Diputado doctor Macedonio Benítez Fuentes.- Diputado doctor Manuel Hernández y Hernández.- Diputado Jorge Fernando Iturribarría.- Diputado Rodrigo Bravo Ahuja .- Diputado Diódoro Carrasco Palacios.- Diputado licenciado Manuel Iglesias Meza.- Diputada profesora Hortensia Rojas V.- Diputado doctor Fernando Moncada Díaz."
-Trámite: De enterado.
QUERÉTARO
- El mismo C. prosecretario:
"XLVII Congreso de la Unión.
Correspondencia particular de los ciudadanos diputados.
México, D. F.
4 de octubre de 1968.
C. licenciado diputado Luis M. Farías, Presidente de la Gran Comisión de la H. Cámara de Diputados. Presente.
La representación popular del Estado de Querétaro, como diputados federales ante la H. XLVII Legislatura del H. Congreso de la Unión, al iniciarse el primer año de su representación y función legislativa, convenimos en que la representación ante la H. Gran Comisión sería alternada, en vista de que solamente somos dos diputados por la entidad queretana, en tales circunstancias y habiendo tenido la representación en el primer año el C. licenciado diputado José Arana Morán, corresponde en el segundo año dicha representación al C. profesor y diputado Enrique Redentor Albarrán García.
Rogamos a usted tomar nota de lo anterior y aceptar nuestro reconocimiento y atención distinguidas.
Atentamente.
Diputado licenciado José Arana Morán.- Diputado profesor Enrique Redentor Albarrán García."
- Trámite: De enterado.
DICTAMEN A DISCUSIÓN
Cuentas Públicas de 1967
- El C. secretario Suárez del Solar, Fernando:
El C. presidente: Como ya se dio lectura al dictamen y este se encuentra impreso y distribuido entre los señores diputados, ruego a la Secretaría consulte a la asamblea si es de dispensarse la segunda lectura.
El C. secretario Suárez del Solar, Fernando: En votación económica se pregunta a la asamblea si se dispensa la segunda lectura del Dictamen. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Aprobado. Se dispensa el trámite.
En consecuencia, está a discusión en lo general el proyecto de la Cuenta Pública para el año de 1967.
El C. presidente: Tiene la palabra, para fundar el dictamen, la Comisión.
El C. Vázquez Torres, Ignacio: Señor presidente, honorable asamblea:
La Comisión de Presupuestos y Cuenta, al pedir el voto aprobatorio del dictamen sujeto a vuestra consideración, se funda en la convicción de que las finanzas del sector público federal se manejaron correctamente.
La Administración Pública fue respetuosa de las leyes que reglamentan el ingreso y el gasto, marco dentro del cual se realizó una política cuyos resultados económicos son positivos. La presentación de las cuentas de la Hacienda Pública y del Departamento del Distrito Federal es jurídicamente válida, porque contiene en regla todos los estados contables.
Corresponde a vuestra soberanía, previa ponderación y análisis de los puntos de vista esgrimidos por los oradores inscritos en pro y en contra de lo propuesto por el dictamen, decir lo que legalmente procede. El basamento normativo de esa decisión lo constituyen los artículos 65, fracción I; 73, fracción 28; 126 de la Constitución y los relativos de las leyes orgánicas reglamentarias. Hasta aquí el ámbito jurídico demarca la esfera de competencia de la Cámara.
Vayamos al fondo. El artículo 65 de la Constitución, señala que el Congreso se reunirá el primero de septiembre de cada año para celebrar sesiones ordinarias, en las cuales se ocupará de los asuntos siguientes - dice el 65, en su fracción I -: revisar la Cuenta Pública del año anterior que será presentada a la Cámara de Diputados dentro de los diez primeros días de la apertura de sesiones, y la revisión no se limitará a investigar si las cantidades gastadas están o no de acuerdo con las partidas del presupuesto, sino que se extenderá al examen de la exactitud y justificación de los gastos hechos, y de las responsabilidades a que hubiere lugar.
La fracción 28 del 73 constitucional de línea como facultad del Congreso, lo previsto en la fracción I del 65, y por su parte el 126 de la Constitución, establece que no podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido dentro del presupuesto, o determinado por la ley posterior.
El texto de las anteriores disposiciones abre algunas interrogantes: ¿A qué criterio se sujeta la revisión de la Cuenta Pública? ¿Qué objetivos persigue el ejercicio de esta facultad que la Constitución otorga al Congreso? ¿Cuál es el alcance de las disposiciones constitucionales relativas?
La Constitución habla de que el examen de la Cuenta Pública tendrá por objeto comprobar si las cantidades gastadas corresponden o no a las partidas autorizadas; si existe exactitud, y si el gasto se justifica.
Los criterios que sujetan el ejercicio de la facultad comentada, son varios: contable, administrativo económico y político.
La revisión contable relativa al examen de los libros de contabilidad, y a la glosa de los documentos justificativos y comprobatorios es facultad que esta honorable Cámara de Diputados ejerce a través de su órgano técnico, la Contaduría Mayor de Hacienda, en los términos de la Ley Reglamentaria del 73, fracción 24, de la Constitución.
En su punto resolutivo número 3, el dictamen sometido a vuestra consideración propone que se ordene a la Contaduría Mayor de Hacienda que realice la glosa contable, y proceda en los términos de ley.
Se está cumpliendo, pues, con lo previsto por las disposiciones de la materia.
El examen administrativo de la Cuenta tiene por objeto analizar hablando Ignacio Vázquez Torres si las cantidades gastadas corresponden a las partidas autorizadas tal como lo previene el 126 constitucional, del cual dimana el artículo 3o. del Presupuesto de Egresos aprobado para ser ejercido durante 1967.
A juicio de la comisión, el 126 se cumplió. El anexo 2 del Dictamen contiene la presentación administrativa de la Cuenta Pública federal, como prueba evidente de la afirmación anterior. Con el mismo objeto el dictamen lleva algunos otros anexos. El anexo número 15 habla de la forma en que se realizó el ejercicio del presupuesto del Departamento del Distrito Federal. Los excedentes, cifras que resultan de restar lo estimado de lo finalmente ejercido tuvieron aplicación de acuerdo con las normas reglamentarias previstas en el artículo 3o. del Presupuesto de Egresos. El anexo 17 que acompaña el dictamen a discusión contiene también la forma en que se hicieron estas erogaciones. Consideramos que la estimación es técnicamente adecuada. Lo ejercido en aquellos ramos en donde prever es factible, sólo rebasa a lo calculado en un 10%. El excedente es mayor en aquellos renglones que enmarcan ramos de déficit pronóstico tanto por las circunstancias que los rodean en el orden económico como por su carácter aleatorio.
Al respecto hay que recordar que una estimación debe ser necesariamente conservadora. Grave sería prever más allá de lo posible como también absurdo resultaría, sobre todo en un país en desarrollo, dejar de erogar los excedentes de lo previsto. En México, la práctica de estimar conservadoramente, ha corrido al parejo con el perfeccionamiento de los métodos presupuestales. La justificación económica del gasto debe responder a una valoración del resultado de la política ejercida en este campo. Hagamos un análisis. El Estado Mexicano sigue siendo un vigoroso motor del desarrollo económico. El producto nacional bruto a precios constantes creció durante 1967 a una tasa de 6.4% superior a la del crecimiento de la población que fue de 3.6%. Se mantuvo, pues, la condición elemental para la elevación del ingreso per capita.
Los ingresos captados por la Hacienda Pública Federal, representan el 26.4% del producto nacional bruto y el gasto público, cuya cifra casi coincide con la suma del ingreso, representa una proporción más o menos semejante. Estas cifras son significativas, no sólo por representar una parte importante de la suma de bienes y servicio, sino porque revelan, dada la ubicación que el sector público federal en las áreas estratégicas de la economía, que el Estado Mexicano es un poderoso motor impulsor y orientador de la política económica.
Indudablemente que los mecanismos de captación son cada día más eficaces y justos. El gasto público, a su vez controlado adecuadamente, está contribuyendo poderosamente a un desarrollo pujante que beneficia a los grandes sectores de la población.
El análisis del presupuesto y de su correlato la Cuenta Pública, nos permite tener la medida de los adelantos tenidos en materia de política económica. La clasificación económica de la Cuenta y del Presupuesto que es una de las presentaciones que hace el dictamen, tiene por objeto separar los gastos corrientes de los gastos de capital, con el objeto de saber cuál es la situación económica y financiera de la Administración Pública.
Gastos corrientes son aquellas erogaciones que no significan aumento en el activo fijo de la Federación. Gastos de capital son aquellos que representan acrecentamientos en los activos físicos y financieros de las entidades del sector público federal; en relación con los primeros, en relación con los gastos corrientes podemos dar algunos ejemplos: gastos de administración, transferencias, intereses de deuda; en relación con los gastos de capital nos encontramos con las inversiones que son inversiones físicas, e inversiones financieras. La captación del ingreso del sector público federal en 1967 fue de 79,459 millones, creció con relación a 1966 en 12,840 millones, 19.4%, el 57% del crecimiento es de ingreso corriente ordinario. Ciertamente, pues, como habíamos afirmado anteriormente, los métodos de recaudación son cada día mejores. De la misma manera las fuentes de ingreso ordinario son cada día más amplias porque se sustentan en una economía que es vigorosa. El gasto del sector público federal alcanzó la cifra de 79,452 millones, erogación que comprende al subsector gobierno federal y al subsector paraestatal sujeto a control presupuestal. Este último está representado por 22 organismos que manejan el 80%, o probablemente más, de la economía de las entidades de esta naturaleza.
Aquí es importante recordar que la incorporación de este sector al control presupuestal, incorporación que fue hecha a partir de 1965, permite apreciar el relieve de los organismos y empresas del Estado dentro de la economía. Estas entidades son enérgicos alicientes al desarrollo económico y contribuyen fundamentalmente a una equitativa distribución del ingreso. Su aportación se ha elevado del 44.8% que fue en 1965, al 49% que representa en 1967.
El destino de su gasto ha cumplido la patriótica finalidad de acrecentar la riqueza nacional que debe ser patrimonio de disfrute colectivo. El gasto público consolidado acusó un aumento de 13,398 millones con relación a 1966, es decir, el 20.3%. El gasto corriente se elevó con relación a 1966. En ese año el gasto corriente de él fue de 45,447 millones de pesos, 48%, y el de capital, de 20,577 millones, 31.2%; en tanto que en 1967 fue de 48,740 para gasto corriente, 61.3%; mientras que el de capital fue de 30,712 millones, 38%.
Estas cifras significan, como lo destaca de manera relevante el dictamen, que el gasto de capital sigue siendo un poderoso instrumento para acrecentar la capitalización del país, por una parte; por otra parte, el gasto corriente se solventa con ingresos de la misma naturaleza y arroja un respetable superávit que se destina a los gastos de capital. El superávit en cuenta corriente en 1966 fue de 5,215 millones, mientras que el de 1967 fue de 9,271 millones, es decir, se incrementó en más del 90%. Esto quiere decir que hay una administración sana, fruto de una política económicamente correcta.
En materia de gasto público los progresos logrados son manifiestos. La inversión pública, columna vertebral del desarrollo, se ha ampliado. Sin falso
optimismo se puede informar que las erogaciones de capital destinadas a la inversión crecieron aceleradamente al pasar del 17.9% del gasto total, porcentaje que representaba, en 1966, al 22.4% en 1967. Esto es muy positivo y loable.
La inversión pública, por su importancia, merece comentario especial. Su notable repercusión en el desarrollo económico obedece a su cuidadoso manejo. La política de control de inversiones respondiendo a planes de inversión, ha tenido evoluciones que resulta importante comentar.
El control de inversiones, no obstante que en años anteriores había obtenido importantes logros, puesto que las bases normativas de la planeación se han venido sentando al correr de la última década, en 1967 tiene un señalado efecto en el aumento del correspondiente porcentaje de los gastos del capital con relación a los gastos corrientes. Esto obedece a que la aplicación del programa inversión - financiamiento 1966-70, comenzó a producir los resultados apetecidos.
Por ser la Cuenta Pública de 1967 el primer documento que detecta las bondades de la ejecución del Programa inversión - financiamiento, queremos, allende el análisis técnico, hacer algunas breves consideraciones por la evolución administrativa en materia de política de control de inversiones.
En 1954 se creó la Comisión de Inversiones como dependencia directa de la Presidencia de la República. Tuvo por objeto integrar las inversiones de todas las secretarías, departamentos de Estado, organismos descentralizados y empresas estatales a un programa conjunto, coordinado y jerarquizado.
La Comisión de Inversiones que se creó en 1954, es uno de los principales esfuerzos por institucionalizar la planeación en México, y constituye el antecedente inmediato de la Secretaría de la Presidencia, creada a principios de 1959.
Tanto la Ley de secretarías de Estado y de departamentos, como los acuerdos del 29 de junio relativo a Inversiones Públicas, y del 7 de julio de 1961 sobre planeación del desarrollo económico y social del país, el del 1o. de marzo de 1962, que creó la Comisión Internacional de Hacienda y de Presupuesto para la formulación de planes de desarrollo son todos estos documentos , repito, fundamentos normativos de planeación.
A partir de ellos se han ido produciendo algunos otros documentos de gran relevancia. El más importante de ellos, el ya comentado Programa de inversión - financiamiento, anunciado oportunamente por el señor Presidente de la República que tiene por objeto fijar directrices para el desarrollo económico y social del país, y señalar cuál es la participación concreta que corresponde al sector público federal para impulsar el desarrollo de manera conveniente.
Al amparo de las normas precitadas, se ha ido creando la estructura administrativa para la planeación y control de inversiones. Dentro de los organismos más importantes está la Comisión Intersecretarial, constituida según Acuerdo publicado el 2 de agosto de 1962, integrada por representantes de la Secretaría de Hacienda y de la Secretaría de la Presidencia, con el fin de formular programas de desarrollo a corto y a largo plazo. Está la Secretaría de la Presidencia que autoriza las inversiones de las entidades del sector público federal. Está la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que elabora y autoriza el ejercicio de los presupuestos de los poderes: Ejecutivo, legislativo y Judicial; así como de algunos organismos y empresas del Estado de aquellos sujetos a control presupuestal. La Secretaría del Patrimonio Nacional, que tiene encomendadas funciones de vigilancia y supervisión de inversiones en algunos organismos descentralizados.
Hay importantes avances obtenidos en materia de control de inversión. El uniformar el concepto de inversión definiéndolo en la parte última del artículo 2 del acuerdo de 1959, como todos aquellos gastos tendientes a mejorar e incrementar el capital nacional. Es en sí mismo, por establecer los cimientos de la planeación, un logro sumamente importante. Conquista plausible también es la de la anualización de los programas de inversión. Se ha establecido el principio de que los programas de inversión de las entidades del sector público federal deberán corresponder a lo que tanto desde el punto de vista físico, como financiero es posible realizar en un año. Desde luego, previa evaluación no sólo de carácter técnico, sino en función de los beneficios sociales que la inversión representa.
En suma, pues, se tiene en esta materia una más amplia visión de conjunto de la inversión. Una menor integración de programas; una más adecuada jerarquización de obras; y una más satisfactoria planeación financiera; todo ello en función de las grandes necesidades nacionales.
El Presidente de la República al anunciar el programa de inversión - financiamiento, fijó objetivos concretos económicos para ser realizados durante el lapso de la aplicación del programa. Esos objetivos se sintetizan en: alcanzar un crecimiento económico que rebase el 6% y acelerar el desarrollo y fortalecer el mercado interno, impulsar la industrialización y mejorar la eficacia productiva de la industria; atenuar y corregir desequilibrios tanto en lo regional como por actividad. Mantener la estabilidad en el tipo de cambio y combatir presiones inflacionarias. Distribuir con mayor equidad el ingreso nacional. El análisis económico de la Cuenta Pública revela claramente que en 1967 se están conquistando los objetivos que se propuso el plan inversión - financiamiento 66-70. El ejercicio de la Cuenta pues, se justifica económicamente en el orden dentro del cual estamos haciendo el análisis, por ser reflejo de una administración eficaz, inteligente y patriota.
Honorable asamblea: La cuenta Pública es la expresión del rumbo de la política económica general. La política económica se valora a través de los principios de doctrina que la orientan. La presentación de la Cuenta Pública es viva expresión de la naturaleza del estado mexicano y de la filosofía que inspira su gobierno. En el destino mismo de las cantidades, en la confrontación de los porcentajes, en la naturaleza de los conceptos, late la emoción de un régimen que ve al hombre y a la sociedad y su cabal desarrollo en todos los órdenes, por encima de cualquier otra consideración.
Una infraestructura poderosa es la condición elemental para que la comunidad se desarrolle íntegramente. Nuestro país tiene que fortalecer su andamiaje económico para dar al mexicano un medio atractivo en el cual logre su cabal realización. El
ejercicio funcional del gasto, permite ver que el gobierno de México tiene especial preocupación por ampliar el basamento económico del país, por ser éste condicionante de los beneficios de orden social y cultural. Los problemas según lo revela el destino de los egresos se han atacado de acuerdo con la jerarquía de su gravedad y el potencial de recursos disponibles. El fomento económico, los actos de beneficio social, la Deuda Pública, los gastos de administración general, los gastos de defensa nacional, como lo señala el dictamen, tienen en sus porcentajes argumentos suficientes para confirmar la veracidad de estos asertos.
La justicia social tiene como contenido la justicia económica. Ambas son la síntesis conceptual que sirve de fundamento para el ejercicio de la democracia, concebida ésta no solamente como una estructura jurídica o un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el mejoramiento económico social y cultural del pueblo.
La finalidad del gasto público en el ejercicio de 1967 es la clara manifestación de la conducta de un gobierno justo y demócrata que lucha porque el hombre sea plenamente libre en un régimen en donde la riqueza, la educación, la cultura, la salud y la justicia sean patrimonio común de todos los mexicanos.
(Aplausos.)
Honorable asamblea: Creo que existen razones suficientes para aprobar el dictamen sujeto a vuestra consideración. La Comisión, por mi conducto, les pide vuestro voto aprobatorio. (Aplausos.)
(Se abre el registro de oradores.)
El C. presidente: Se han inscrito, se han registrado los siguientes oradores: en contra: el ciudadano diputado Alfonso Ituarte Servín, Hinojosa Hinojosa y Felipe Gutiérrez Zorrilla. En pro: el señor profesor y diputado Medina Peraza, Guillermo Morfín García, el señor profesor Sayago, el señor diputado Adrián Tiburcio, la señorita diputada Guadalupe Aguirre Soria, la Comisión, el señor diputado licenciado José del Valle de la Cajiga y el señor diputado Fausto Zapata.
Tiene la palabra para hablar en contra, el señor diputado Alfonso Ituarte Servín.
El C. Ituarte Servín, Alfonso: Señoras y señores: quiero referirme expresamente a la primera parte de la ordenada exposición del joven diputado Vázquez Torres.
Completamente de acuerdo en que el marco constitucional en que se debate este asunto de la Cuenta Pública se refiere a los artículos que citó tanto de la Constitución como del Reglamento. De acuerdo también que el examen de la Cuenta Pública debe examinarse a la luz de cuatro criterios: político y económico, evidentemente preponderantes. Pero también contable y administrativo, digno de tomarse en cuenta. Quiero referirme especialmente a estos dos últimos criterios.
Es cierto que en torno de esta cuestión se han expresado repetidas veces muchos puntos de vista. En este caso me veo en la necesidad de reiterar mi posición personal de debates anteriores. Me parece que el sistema, la mecánica establecida por la Constitución y por sus leyes reglamentarias para examinar los aspectos contables y administrativos son de una claridad meridiana. Además del artículo expresamente citado por el diputado, mi antecesor en la tribuna, que establece la función de supervisión administrativa de esta Cámara, cabe recordar la disposición expresa también de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, que regula el funcionamiento de este organismo técnico, dirigido y supervisado por una comisión importante de la Cámara de Diputados. La Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda dice en su artículo primero: "El examen de la cuenta anual que debe presentar el Poder Ejecutivo al Congreso de la Unión y la glosa de dicha cuenta, de acuerdo con las facultades otorgadas por la fracción XXVIII del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se llevará a cabo por la Contaduría Mayor de Hacienda, de acuerdo con esta ley y su reglamento."
Sé que me dirán ustedes que se está cumpliendo el trámite en tanto que en el proyecto de Decreto que presentan se ordena que una vez aprobada la Cuenta Pública aquí, se turne a la Contaduría Mayor de Hacienda para su revisión y glosa. Creo que es de sentido común, de lógica elemental, que si un instrumento tan importante como la Cuenta Pública se aprueba con toda la autoridad de la Cámara de Diputados, disminuye evidentemente la importancia de la revisión por el organismo técnico. Lo lógico es de nuestro acuerdo, nuestro dictamen se funde en el estudio que haga el organismo técnico auxiliar de la Cámara de Diputados.
Hace un año nuestro colega González Rubio, en un momento de euforia y de suficiencia intelectual, nos mandó a la escuela para aprender lo relativo a este asunto. Ya no estoy en edad de ir a la escuela; pero sí he revisado los textos que sirven para enseñarle a las generaciones nuevas, en las facultades de cultura superior, de derecho y de economía, lo que entienden en la materia sobre este particular.
No quiero repetir una cita que se ha hecho muchas veces aquí, de un distinguido constitucionalista, de Felipe Tena Ramírez, aunque quizá valdría la pena asistir. Felipe Tena habla de la dificultad de orden práctica que tiene la Cámara de Diputados para cumplir con la fusión que le establece el Artículo Constitucional. Habla de la multiplicidad de asuntos que se presentan a la Cámara, del volumen e importancia de los estados que se presentan con la Cuenta Pública, incluso de la situación real de muchos individuos de la Cámara, que no tienen posibilidad de acceso a los estados ni la información suficiente para normar su criterio y entonces justifica: por eso existe un organismo técnico auxiliar de la Cámara, que rinde su dictamen a la Comisión Inspectora, que es la comisión indicada en la Cámara, para recibirlo, y a su vez esto sirve de base para el dictamen que formule la Comisión de Presupuestos y Cuenta.
Un distinguido economista autor de una interesante obra de las finanzas del sector público en México, y es propaganda de un distinguido catedrático universitario y funcionario de la Secretaría de Hacienda, el licenciado Roberto Anguiano Equigua, dice: "La Cámara de Diputados para revisar la Cuenta que le rinde el Poder Ejecutivo, dispone de una oficina denominada Contaduría Mayor de Hacienda, que recibe los libros y documentos presentados por la Secretaría de Hacienda y practica las labores de depuración y glosa correspondiente."
Los dictámenes de la Contaduría Mayor de Hacienda son rendidos a una Comisión especial de la
Cámara de Diputados, la que a su vez debe presentarlos a la consideración de la Cámara.
En estas condiciones, yo acepto que haya diferentes criterios. Respeto incluso el de los diputados de la mayoría que pretenden en este dictamen realmente modificar en forma definitiva el sistema establecido por la Constitución, pero permítanme hacer uso de mi derecho para insistir en mi punto de vista.
Esta insistencia probablemente tenga algo que ver con la insistencia nuestra en la militancia en Acción Nacional. En el campo de la política, con frecuencia escuchamos censuras inspiradas en la incomprensión o en la ignorancia, en la que se nos dice:
- "Si el PRI siempre gana. ¿Qué objeto tiene que ustedes sigan militando? ¿Qué objeto tiene que ustedes sigan concurriendo en la misma política?"
Y es, señores, diputados, en cierto modo una concordancia de nuestra motivación para insistir en la lucha política, la que manifiesto aquí respecto a este punto concreto. Es que soñando en que alguna vez nuestro hijos puedan vivir en un país democrático, en donde se puedan manifestar libremente las opiniones; ser oídas con respeto, y al mismo tiempo escuchar con respeto las de los demás, es que estamos insistiendo en esta labor que justifica nuestra presencia aquí, de diputados de un partido; de un partido sí, que es una parte de la patria; pero un partido que aspira a convivir con los otros partidos, buscando - coincidiendo en esto - el engrandecimiento de México para que se convierta en una patria generosa para todos nuestros hijos.
Entiendo que en este punto concreto de la Cuenta Pública, el dictamen que hoy se presenta, sí ya implica una modificación definitiva del sistema. Todavía el año pasado González Rubio al iniciar la redacción de su dictamen, siquiera para cumplir con la formalidad que inspira este criterio, en la primera incluyó un párrafo que en cierto modo era el reconocimiento de esta tesis que estoy sosteniendo.
A la letra, en su dictamen, formuló el siguiente párrafo: "En acatamiento a la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, la Comisión Inspectora rindió su informe, previo examen de los estados contables que integran ambas cuentas públicas y que sirven de base para el presente dictamen." En esta ocasión, señores diputados, definitivamente se suprimió esta referencia y se establece que la Comisión de Presupuestos y Cuenta entre de lleno a examinar los estados y sobre ese examen que hace rinde su dictamen.
A mayor abundamiento, destacando la importancia de esa función contable administrativa de la Contaduría Mayor de Hacienda, nuestro organismo técnico - recuerden ustedes que incluso la Cámara hace un esfuerzo y dedica un porcentaje importante de su presupuesto para el funcionamiento de este organismo técnico, si mal no recuerdo antier aprobamos el presupuesto del orden de ciento treinta y tantos mil pesos para el sostenimiento de este organismo técnico, no se si estoy en lo justo, señor presidente -, que representan cerca de nueve millones de pesos al año, y que justifican pues, que técnicamente tengamos el auxilio de este organismo y nos oriente para atender los dictámenes relativos a la Cuenta Pública.
Quiero destacar dos casos concretos, además de esta consideración general, y someterlos a la consideración de los señores de la Comisión Dictaminadora, con buen propósito, sin deseo de plantear situaciones difíciles, sino simplemente para señalar y robustecer la razón de lo que digo. Tanto la Comisión de Presupuestos y Cuenta como la Contaduría Mayor de Hacienda, recibieron un ejemplar de la Cuenta Pública, constituido por 3 voluminosos tomos que contienen cerca de 300 estados, en los que se examina la Cuenta Pública Federal, la del Distrito Federal y la de las empresas de participación estatal propiedad del Estado y la de los organismos descentralizados. Quiero referirme concretamente a los estados de pérdidas y ganancias de las empresas de participación estatal y organismos descentralizados. Estado de pérdidas y ganancias que desde luego he tenido oportunidad de examinar y de los que he destacado solamente un dato: el que se refiere a la administración de esas empresas, a los casos de administración de esas empresas. Claro que en el dictamen los señores diputados se refieren al estado consolidado y mencionan el porcentaje que representa el gasto de administración de esas empresas y organismos; pero tengo aquí a la vista de lo que representan los gastos de administración, el porciento, en relación con los recursos manejados por todas y cada una de las empresas.
Y la cuestión que planteo a los señores de la Comisión, como una mera observación de tipo contable administrativo, es ésta: De todos los mexicanos pueden mantener su importante aparato administrativo con un costo de 3.6% en relación con sus ingresos. La Compañía de Luz por contra necesita destinar un 14% de sus ingresos para administración.
Y en este orden las veinte empresas y organismos fluctúan en el orden del 11, del 4, del 3, del 9, del 7, del 11, del 5, del 13 y sube hasta el 19% en algún caso. Una cuestión sencillísima. Aceptado, desde luego, que las empresas, este tipo de empresas no son de carácter lucrativo. No vamos a discutir el punto.
Pero esto no implica el que se espere que los administradores de estas empresas que forman parte del patrimonio del pueblo, que se esmeren en lograr el mayor índice de eficacia. Yo no señalo, en este momento cuál debe ser ese índice, pero sí me extraña la diferencia enorme que hay entre unas y otras. Obviamente habrá algunas que exijan, que necesiten un aparato mayor de administración; pero son las diferencias tan grandes que fluctúan, repito, entre 1.2 y 19.4, valía la pena presentarlo como observación, y vean ustedes, si nuestro organismo técnico contable funcionara, hubiéramos tenido ocasión de ver esto e incluso antes de rendir el dictamen, considerarlo, e incluso incorporarle en el cuerpo del dictamen alguna explicación. Esto no quiere decir que yo entienda que la Cámara de Diputados deba erigirse en fiscalizadora de los organismos ejecutivos; ya mi partido, en debates anteriores ha fijado las tesis sobre este particular. Aceptamos que el Ejecutivo debe ser un órgano fuerte, un país en desarrollo que tiende a alcanzar grandes metas, necesita contar pues con un organismo fuerte, también la Cámara de Diputados debe cumplir con su función, con la función que nos permita con todo respeto, con todo comedimiento, pero pedir observaciones a quienes deba pedírseles.
Creo básicamente las diferencias sustanciales de la actitud nuestra de los diputados de Acción Nacional y los diputados de la mayoría estriba en este criterio.
Yo no veo por qué con toda claridad no podamos señalar al Ejecutivo, a cualquiera de los secretarios de Estado, a cualquiera de los directores de empresas descentralizadas, de organismos descentralizados y empresas de participación estatal, con todo respeto pedirles, señalarles como observación y pedirles alguna explicación.
Creo que esto es tan concreto y tan obvio que me permito planteárselos a los señores de la Comisión para ver qué explicación podamos tener sobre este particular que se refiere a los gastos de administración de las empresas y organismos.
Otro punto concreto que también se refiere a un importante organismo descentralizado, al Instituto Mexicano del Seguro Social, de antemano quiero dejar establecidas las tesis de mi partido sobre la seguridad social; tesis establecidas no ahora a propósito de la discusión de la Cuenta Pública, sino hace muchos años, que se reiteraron en diciembre de 65 a propósito también de la discusión de la Cuenta Pública, en un documento suscrito por los diputados de la diputación de esta fecha, leído por el diputado Jorge Garabito: "Entendemos que al Estado, a los trabajadores y a los empresarios corresponde cuidar con celo excepcional este patrimonio de las generaciones futuras de México, cuya importancia resulta indiscutible en esta época en que, con razón, se reconoce plenamente que la organización social debe fundarse en este trabajo o en los derechos fundados sobre el trabajo, con preferencia a los derechos que pudieran fundarse en el capital o en los ingresos derivados del mismo." Después, a propósito del régimen de reservas que establece la Ley del Seguro Social, Acción Nacional ve con satisfacción que tal y como lo propuso en el año de 1948 en esta Cámara se ha anunciado ya tanto el establecimiento de una comisión para estudiar la reestructuración del Instituto Mexicano del Seguro Social como el cambio de los sistemas básicos del mismo para adoptar, en lugar del régimen de reservas, el régimen de presupuestos o reparto, que resulta más apropiado para un país que antes que la formación de capitales para hacer frente a necesidades futuras, deberá atender con sus recursos limitados los requerimientos inmediatos e inaplazables de su población actual.
Dejo sentado el criterio del partido por delante para que se vea que la objeción que voy a presentar no tiene otro sentido que referirse a la importancia de la presentación contable de los estados financieros del Seguro Social y la Cuenta Pública, que ciertamente son muy distintos en su presentación, y en su interpretación y en su alcance y significado a los que rinde el director del Seguro Social a la Asamblea.
Saben ustedes, quienes hayan leído la Ley del Seguro Social, que el Seguro Social sí vive de este aspecto un régimen de reservas. Recuerden ustedes que hay tres tipos de seguros, el cual, uno de ellos, representa obligaciones diferidas que justifican el sistema de reservas. Este tipo de seguros, el de vejez, invalidez, cesantía y muerte, se pagan en forma tripartita: el Estado, trabajadores y patrones en la proporción de una parte el Estado, dos partes el trabajador y cinco partes el patrón, son las cuotas que se refieren a esta obligación diferida del Seguro Social.
En números, en el estado que se incluye en la Cuanta Pública, estamos comentando este tipo de cuotas, suben al orden de los dos mil millones de pesos . Dos mil millones de pesos que, según alguna disposición de la Ley del Seguro Social también, solamente pueden ser disminuidos con el importe de las prestaciones que por estos conceptos se paguen o por los gastos de administración que este manejo representan, artículo 93, me parece, del Seguro Social.
Con base en este artículo del Seguro Social, el director del Seguro, en sus informes a la Asamblea, siguiendo este marco legal, presente los sobrantes, los ingresos y los egresos como cantidades que deben constituir estas reservas, reservas actuariales que, según la Ley del Seguro Social, en un capítulo expreso, deben estar sujetas a ciertas reglas para su inversión. Repito, Acción Nacional no está de acuerdo con este sistema y deseamos, por todas las razones expuestas, el otro sistema, el de presupuesto de reparto.
Pero el caso es que para los fines de presentación y de interpretación en la Cuenta Pública que recibimos, se consideran este tipo de cuotas simplemente como un concepto de utilidad. Se reducen los gastos, y el sobrante aparece simplemente como utilidad. Así se incorpora en el balance, y así se consolidan en los balances generales.
Evidentemente vean ustedes que hay una diferencia fundamental entre este concepto de reserva que deben estar garantizadas con inversiones. En realidad casi todas las inversiones del seguro social, en edifícios clínicas, hospitales. Todo su activo, representa la inversión de ese tipo de cuotas que representan el ahorro del pueblo.
En la cuenta pública pasa esa cantidad como concepto de utilidad; como concepto de utilidad. Entonces, el activo, el activo del Seguro Social se relaciona con el pasivo, y arroja un porcentaje que mencionan los jóvenes diputados en su dictamen.
Menciono estos casos concretos simplemente para destacar la importancia de que respetemos el sistema constitucional establecido para que la Cámara de Diputados con criterio suficientemente informado, pueda opinar y votar sobre este importante asunto de la Cuenta Pública. Muchas gracias.
El C. presidente: Se concede el uso de palabra para hablar en pro, a la señorita diputada María Guadalupe Aguirre Soria.
-La C. Aguirre Soria, María Guadalupe: Señor presidente, honorable asamblea: Voy a referirme concretamente a la objeción que el compañero Ituarte Servín ha planteado ante su consideración.
Espero que él no considere mi actitud como una actitud que posiblemente le pareció desagradable el año pasado, y la establezca como una clase, que no pretendo de ninguna manera darle.
Dice el compañero Ituarte Servín que el dictamen, de la Comisión cambia el sistema constitucional a que debe sujetarse el análisis de la Cuenta Pública. La Cuenta Pública, como saben todos los compañeros, es un documento en el cual el Poder Ejecutivo informa al Congreso del ejercicio del presupuesto aprobado para el año anterior. El artículo 65, fracción I de la Constitución dice que se le enviará a la Cámara en los primeros diez días de su período ordinario de sesiones ese informe; el reglamento interior de la Cámara dice, en su artículo 80, que inmediatamente que se reciba la Cuenta Pública se turnará
a la Comisión de Presupuestos y Cuenta, de manera que no puede ser turnada a la Contaduría Mayor de Hacienda que es un órgano técnico para el análisis contable, puesto que ya está establecido por una disposición aprobada por esta honorable Cámara, que se turne a una comisión específica la cual según, el artículo 81, deberá revisar y dictaminar la Cuenta Pública. De acuerdo con la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, realizará el análisis contable de ese documento. Entonces en su artículo 27 señala que cuenta con un plazo de un año para revisar ese análisis. Si la Cámara tiene la obligación de realizar la revisión y el dictamen del documento llamado Cuenta Pública del año anterior, y la Contaduría Mayor de Hacienda tiene la competencia para hacer este análisis durante un año, con un plazo de un año, no es posible pensar que primero lo examine la Contaduría Mayor de Hacienda y luego lo dictamine la Comisión, puesto que cuenta con un mes después de recibido para hacer ese dictamen. Entonces, si analizamos el orden de prelación establecido por el texto constitucional, no podemos deducir, como dice el compañero Ituarte Servín, que se ha modificado en el dictamen el orden constitucional de su presentación. Seguramente el diputado Ituarte Servín se refiere a la ley de 1904 reglamentaria y que establecía precisamente el informe previo de la Contaduría Mayor al dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta. Yo creo que no amerita mayores aclaraciones y sí creo que es importante para nosotros, viviendo nuestro país en un régimen de derecho, examinar su permanencia y perfeccionamiento. Es muy loable la tributación, pero creo que sería siempre conveniente analizarlo a la luz de todas las disposiciones que rigen un funcionamiento determinado y no deducir solamente de una parte de las disposiciones reglamentarias de la tarea encomendada a esta Cámara.
Se refiere también, se refirió el compañero Ituarte Servín a la diferencia a los problemas que, según él, presenta el hecho de que no se mande primero a la Contaduría para el análisis contable, y al respecto señala la diferencia en los gastos de administración de los organismos y empresas; pero creo que es evidente para cualquiera de nosotros que haya tenido acceso - todos hemos recibido una copia del dictamen -, que se trata de empresas diferentes.
El menciona los casos muy característicos de Petróleos Mexicanos de 3.3% en gastos de administración; la Compañía de Luz tiene un 14%. Parece ser que es necesario, como en este caso, que pasen a poder del Gobierno las empresas privadas para que tengan una buena administración, puesto que Petróleos Mexicanos que es el organismo público con mayor tiempo en administración del Gobierno Federal, tiene el más bajo índice de gastos administrativos. No puede haber una proporción ideal para gastos administrativos. Es necesario considerar cada una de las empresas y la relación interna de acuerdo con la función que tienen. No podemos, lo mismo, clasificar los gastos administrativos de la operación de Petróleos Mexicanos, que de la operación del Seguro Social o que de la operación de la CONASUPO. Cada uno de ellos tiene una función diferente.
Creo, como decía en un principio, que es muy importante para esta honorable Cámara, analizar los aspectos jurídicos que fundan el análisis de la Cuenta Pública; pero referidos a las disposiciones que la rigen, referidos a las disposiciones vigentes y no a disposiciones que ya han sido derogadas por regímenes posteriores.
En esta materia es muy importante tomar cuenta para el análisis del debate, de la continuación del debate, lo que previene el presupuesto de egresos. Si el ejercicio, como dije en un principio, es el que de la Cuenta Pública. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. presidente: Tiene la palabra el señor diputado Alfonso Ituarte Servín.
El C. Ituarte Servín, Alfonso: Para informarles que la ley a que mucho me he referido es la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda de 1936, cuando yo tenía la Oficialía Mayor que me proporcionaba un ejemplar de la Ley Orgánica, es el que me ha proporcionado, que supongo está en vigor.
El C. presidente: Se concede el uso de la palabra al diputado Morfín García, para hechos.
El C. Morfín García, Guillermo: Señor presidente, señores diputados: Unica y exclusivamente he venido a la tribuna para hacer una aclaración respecto a la objeción o duda que tenía el señor diputado Ituarte Servín acerca del balance del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Quiero decir a usted, señor diputado Ituarte Servín, que consideramos que es correcta la presentación del balance del Seguro Social en la Cuenta Pública, pero que consideramos que no es la única forma que pudiera considerarse, también correcta, que se ha hecho así, porque haya que realizar una cierta uniformidad en todos los balances. Lo que el señor director del Seguro Social hace es un balance de acuerdo con sus propias necesidades para informar a la Asamblea del Seguro Social. Pero también quisiera agregar que, la forma en que se presentó el balance en la Cuenta Pública no es definitiva, que no es la última palabra; que además, diferentes contadores que han analizado este punto, no se han puesto aún de acuerdo; quiero además dejar claramente asentado que para los fines de análisis financiero que es lo que realmente debe interesarnos a nosotros, la presentación es correcta, pues el rubro al que se refiere se encuentra enmarcado en la cuenta de capital; así pues, sentido de las cosas no cambia.
Usted señor diputado puede hacer ese análisis en la forma que lo crea más conveniente.
Por ejemplo, mire usted, en la Cuenta Pública, el balance del Seguro Social y de todos los organismos y empresas de participación estatal sujetas a control presupuestal, primero se ha puesto Activo Circulante; y en el balance que el Seguro Social presenta a su respectiva asamblea tenemos primero otro activo; ve usted, es una manera diferente de hacer el mismo balance, pero que nos conduce a los mismos resultados, si hacemos el análisis correcto desde el punto de vista financiero. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. presidente: Se concede el uso de la palabra al señor diputado Fernando Peraza Medina, para hablar en pro.
El C. Peraza Medina, Fernando: Señor presidente, honorable asamblea:
"Por designación de la diputación de mi Partido vengo a esta tribuna a hacer un juicio crítico del dictamen que se discute, dictamen que contiene una serie de pronunciamientos y reflexiones muy valiosas sobre cuestiones de gran interés para
nuestro país, juicio crítico que servirá para fundamentar nuestro voto.
Por supuesto que ningún juicio crítico puede hacer mi Partido sin tomar en cuenta, fundamentalmente, sus tesis sobre el desarrollo histórico de México, especialmente su desarrollo económico. Por otra parte, a mi Partido le interesa hacer un juicio crítico de la Cuenta Pública desde el punto de vista político y no contable.
Dos líneas se destacan hoy en esta cuestión:
Primera: La del liberalismo clásico, la de la no intervención del Estado de el desarrollo económico, la de entregarle a la iniciativa privada el desarrollo económico con el consiguiente peligro de que sea suplantada por el capital extranjero.
Segunda: El camino construido por la Revolución Mexicana con el apoyo constante y el sacrificio del pueblo, que se caracteriza por el acrecentamiento del poder económico del Estado, teniendo como base la nacionalización de los recursos naturales y de las industrias y servicios que pueden condicionar las demás actividades productivas, comerciales y financieras.
Las fuerzas regresivas del país sostienen la primera tesis. Esta tendencia conduce a enajenar la soberanía nacional al extranjero y se propone crear y desarrollar empresas privadas que van tras el mayor lucro posible, razón por la cual no contribuyen a construir las bases para mejorar las condiciones de vida del pueblo. Esta línea conduce al desarrollo de México con dependencia del extranjero, especialmente del imperialismo norteamericano, porque la empresa privada fácilmente se entrega al extranjero y porque la inversión extranjera directa, no capitaliza, sino descapitaliza al país; no lo enriquece, como creen muchos, sino lo empobrece; y porque hoy, en México, en la época de los monopolios financieros y de la producción y de la decidida intervención del Estado de la economía, la libre empresa es una pura ficción.
La segunda tesis es una de la Revolución Mexicana. Es el fruto de la experiencia de los tres siglos del período colonial, de cien años de intentos en la aplicación de la doctrina económica de liberalismo y de otros hechos de nuestra Historia Patria como los 35 años del régimen de Porfirio Díaz, que otorgó concesiones y privilegios ilimitados al capital extranjero. Los fracasos de esta política encauzaron, a partir de la Revolución Mexicana de 1910, el desarrollo económico de nuestra patria de acuerdo con nuevas ideas y nuevos propósitos.
El cumplimiento inicial de la Reforma Agraria y el respeto a los derechos de la clase trabajadora mejoraron el poder de compra y estimularon el nacimiento de nuevos centros de la industria. La necesidad de reconstruir las obras materiales, los bienes y servicios destruidos durante los años violentos de la Guerra Civil, decidieron a los gobiernos surgidos de la Revolución, a abandonar la doctrina de la no intervención del Estado en el desarrollo económico y a tomar a su cargo las principales tareas para hacer posible el progreso de México.
Al principio no hubo un plan que viera al futuro, etapa por etapa. Ante cada problema insoluto, ante cada caso concreto, intervino el gobierno; y de esta manera se fue perfilando el programa de la nacionalización de las actividades económicas fundamentales y de los servicios.
Si se examina con atención este proceso, que se inició en 1917 con el primer gobierno constitucional, es fácil advertir que el camino seguido por la Revolución Mexicana es el resultado de la experiencia histórica del pueblo y de la necesidad imperiosa de hacer progresar al país con independencia del extranjero.
Sería prolijo mencionar, una a una, las medidas dictadas por el poder público que han contribuido a darle al Estado la autoridad y la fuerza económica de que hoy disfruta para hacer frente a las demandas crecientes del pueblo, a los apremios nacionales y a las presiones provenientes del exterior. Basta la consideración de que, además de las actividades de promoción económica y de los servicios, que la administración realiza, como parte de sus funciones directas, los organismos descentralizados y las empresas del Estado y de participación estatal, tienen tal importancia en la vida de México, que sin ellos no habría llegado nuestra patria a la etapa en que hoy se encuentra, de país en franco desarrollo, a pesar de sus grandes problemas sociales insolutos, en contraste con la etapa que vivió toda su historia como país agrario, primitivo y exportador de minerales y de otras materias primas.
Entre esos organismos destacan por su influencia en los diversos campos del desarrollo económico Petróleos Mexicanos, que es una de las cien más grandes empresas del mundo; la Comisión Nacional de Electricidad y las empresas eléctricas propiedad de la nación; Altos Hornos de México, Guanos y Fertilizantes, los Ferrocarriles, los diversos Bancos del Estado: de México, de Crédito Agrícola, de Crédito Ejidal, Agropecuario, Hipotecario y de Obras Públicas y de Servicios, de Comercio Exterior y otros; la Nacional Financiera, los Almacenes Nacionales de Depósito, la CONASUPO, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE, la Lotería Nacional, Aeronaves de México, Caminos y Puentes Federales de Ingreso, Aeropuertos y Servicios Auxiliares, el complejo industrial de Ciudad Sahagún y muchos otros que, en 1963 eran ya 429 y que hoy ya son más. Entre ellos está CORDEMEX, empresa de vital importancia para la economía y la vida del pueblo yucateco; la empresa que acaba de constituirse para producir alimentos para aves y ganado y PROFORMEX (Productos Forestales Mexicanos) que esta semana comenzó a operar con los recursos forestales del país, iniciando sus operaciones en el Estado de Durango. Esta institución, pequeña todavía, comienza en la misma forma en que se inició la Comisión Federal de Electricidad. Dentro de algunos años controlará y explotará racionalmente en beneficio del pueblo todos los recursos forestales del país y entonces se acabarán las talas inmoderadas, la destrucción de los bosques y del suelo, la explotación de los campesinos propietarios de ejidos forestales y otros muchos daños que hemos padecido.
Contra esta ruta revolucionaria y patriótica se levantan los partidarios de la libre empresa, afirmando que la prosperidad alcanzada por las naciones más desarrolladas se debe al esfuerzo de sus hombres de negocios, esfuerzo nunca interferido por el Poder Público y nos aconsejan que imitemos su ejemplo. Afirman los propagandistas de la libre empresa que el nacionalismo exagerado de México, impide su rápido progreso, que sólo se puede lograr
con la ayuda de los países que tienen grandes recursos en inversiones indirectas; porque sin capitales no es posible que los pueblos atrasados puedan resolver sus graves problemas. Pero parten de la ocultación de un hecho fundamental: la evolución histórica de México, que es diferente a la evolución de los EE UU. de N.A., y de las naciones altamente industrializadas de otros continentes, a tal grado de que sin la Revolución de 1910, nuestro país sería hoy una colonia del extranjero. La revolución destruyó la vieja estructura semifeudal y las relaciones sociales esclavistas, decretó la reforma agraria, la legislación del trabajo, la orientación y el control de la educación por Estado y comenzó a emprender las obras y a crear las instituciones de las últimas décadas que han permitido fortalecer la independencia económica y la soberanía nacional, dándoles una base real. El nacionalismo de los débiles es diferente del nacionalismo de los poderosos. Por eso, nacionalizar las fuentes y los instrumentos esenciales de la producción y de los servicios públicos en un país como el nuestro, equivale a descolonizarlo.
Por eso es urgente y patriótico marchar por el camino surgido de la Revolución Mexicana, reafirmarlo e intensificar la labor que la Revolución le ha señalado al poder público. Sólo sobre estas bases será posible resolver los problemas que afligen a nuestro pueblo y preocupan a nuestra nación y asegurar para el porvenir una situación mejor que la de hoy.
Naturalmente también que nuestro juicio crítico sobre el dictamen tiene que tomar en cuenta fundamentalmente las tres tareas programáticas por las que mi Partido lucha hoy: el desarrollo de México con independencia del extranjero, el mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo mexicano y la ampliación de nuestro régimen democrático.
Ahora, entremos al análisis del dictamen. De su lectura y estudio se desprende que contiene las siguientes tesis:
a) El Sector Público Federal tiene un importante peso específico en la economía de México.
b) El Sector Público Federal constituye uno de los elementos básicos del impulso del crecimiento de la economía nacional y, por ende, del bienestar material de nuestro pueblo.
c) El Gobierno Federal ejerce el presupuesto con la firme intención de movilizar y canalizar el máximo de recursos públicos al fomento del desarrollo económico y social del país.
d) El sector de las empresas descentralizadas y de propiedad federal ha aumentado en los últimos años. Su patrimonio ha crecido de 41,923 millones de pesos en 1965 a 46,332 en 1966 y a 51,191 millones en 1967, ritmo que equivale a un incremento anual promedio de 10%. Su participación en el ingreso total del sector público federal ha venido aumentando en los últimos años. En 1965 ascendía a sólo 44.3%. En 1967 ascendió al 49% (38,942 millones de pesos).
Su importancia, tanto dentro de las actividades del sector público como dentro de la economía en su conjunto es creciente.
Aquí debe considerarse que en estas cifras sólo están incluidos los datos correspondientes a 14 empresas de esta índole y que éstas son más de 430, como se dijo antes.
e) El gasto público es, en México, un instrumento básico de desarrollo económico y, en no menor grado, una palanca destinada a elevar las condiciones de bienestar social de las grandes mayorías de nuestro pueblo. Las erogaciones del sector público federal destinadas a beneficio social se incrementaron en 3,001 millones de pesos: pasaron de 14,080 millones de pesos en 1966 a 17,081 millones en 1967. Esto permitió por ejemplo, que se incorporaran al régimen de seguridad social.
f) El acelerado crecimiento del gasto de beneficio social pone de relieve la decidida voluntad de hacer participar a las mayorías en los beneficios del desarrollo económico del país.
g) El gasto destinado a la defensa nacional es pequeño como corresponde a un país amante de la paz como el nuestro, que tiene un ejército, no para agredir a otros países, sino para la defensa de su territorio y de la paz interior. El incremento de este gasto tiende a mejorar las condiciones de vida de los miembros de nuestro Instituto Armado y no a la adquisición de implementos bélicos costosos e innecesarios para un país pacífico como México.
h) El aumento del gasto público fue financiado esencialmente con base en aumentos de los recursos ordinarios del sector público que crecieron un 19.3% respecto de 1966 y sólo complementariamente con apoyo en el crecimiento del endeudamiento público.
i) México practica la política de basar el crecimiento de cualquier sector de nuestra economía, incluido el sector público federal, en los recursos propios y en acudir a los ajenos sólo en la medida que sea necesario complementar los primeros.
j) El Gobierno Federal estima conservadoramente los ingresos del sector público federal no sólo como una medida precautoria ante posibles eventualidades, sino como una práctica de administración financiera responsable y sana.
k) En términos de desarrollo económico y social, el país no puede darse el lujo de mantener ingresos ociosos. Por esta razón el superávit de 23,925 millones de pesos obtenido en los ingresos sobre el monto calculado incrementó el gasto público en la misma cantidad.
l) El sistema fiscal mexicano evoluciona en el sentido de basarse cada vez más en impuestos progresivos al ingreso de los individuos y de las empresas y en el sentido de darle cada vez mayor importancia a los impuestos directos. El efecto distributivo, la equidad y el impulso al progreso de esta política está más allá de toda discusión.
ll) México sigue la política de mantener un equilibrio entre la colocación de empréstitos y su amortización, con una tendencia a disminuir el incremento anual neto de la deuda.
m) Los objetivos de los organismos descentralizados y de las empresas del Estado responden a la política de beneficio colectivo y de consolidación de la economía nacional y no a un criterio exclusivo de lucro.
Estas aseveraciones y pronunciamientos reafirman los hechos por el Presidente Díaz Ordaz en su Informe al Congreso de la Unión rendido el 1o. de septiembre próximo pasado. En ese documento afirmó que el Estado Mexicano es factor importante y positivo en el proceso de nuestro desarrollo, tanto por la producción que realiza y los servicios que imparte como por su capacidad para construir las
grandes obras de la infraestructura; afirmó también que la idea del desarrollo abandonado a la acción espontánea de las fuerzas privadas de la producción es actualmente inaceptable; que el desarrollo debe ser el resultado de la acción consciente de la voluntad del pueblo que, racionalmente se propone alcanzar determinadas metas para satisfacer necesidades de las mayorías; y que por eso no puede prescindirse de la acción del Estado como su principal impulsor, y como la única entidad capaz de armonizar los diferentes intereses de la comunidad, de tal manera que se logre evitar injustas concentraciones de riqueza y el aprovechamiento indebido de nuestros adelantos para beneficio de grupos minoritarios.
Después hizo una apología de la nacionalización del petróleo y afirmo que, con este acto, la patria no sólo robusteció su plena soberanía, sino el dominio directo sobre las riquezas de nuestro subsuelo y que el desarrollo económico del país se hizo posible gracias a que entonces se ampliaron las bases de una autonomía e independencia que nadie puede ya discutir.
Esas aseveraciones y pronunciamientos señalan claramente también cuál es, para el Presidente de la República y su gobierno, la línea de desarrollo de México: el nacionalismo revolucionario y el ejercicio democrático del poder.
Las cifras anteriores significan, en buen castellano, que el peso específico del sector estatal de la economía mexicana está en un rápido ritmo de crecimiento, que debe incrementarse aceleradamente, marchando por el camino construido por la Revolución Mexicana para garantizar el desarrollo del país con independencia del extranjero y alcanzar nuestra plena independencia económica y política.
Gracias a la existencia y a la actividad de las empresas descentralizadas y de propiedad federal, el Estado Mexicano se convirtió en promotor directo de la producción y de los servicios y en impulsor de la economía para multiplicar las fuerzas productivas y poder sobrepasar el ritmo de crecimiento demográfico. Gracias también a ese sector, el Estado Mexicano puede dirigir con relativa independencia del extranjero la marcha económica y política del país. La nacionalización y las empresas del Estado han sido el camino elegido para enfrentar la fuerza económica del país a las inversiones extranjeras, que dominan sólo las actividades secundarias, fáciles de expropiar, nacionalizar o suprimir, a pesar de que en su conjunto representan todavía capitales cuantiosos. Además muchas de las empresas extranjeras dependen de materias primas producidas por el Estado. La intervención de los capitales extranjeros, especialmente de los norteamericanos, han llenado nuestra evolución histórica de obstáculos y han impedido su desenvolvimiento normal.
El desarrollo de México no ha sido autónomo. Si queremos que México se desarrolle con independencia del extranjero y en beneficio de las grandes masas del país y que se amplíe el régimen democrático de nuestra nación, el camino revolucionario y patriótico ha sido trazado ya por la Revolución Mexicana y es el que ha sido expuesto con anterioridad.
Por esta posición en defensa de la soberanía de México y de los intereses del pueblo mexicano, por esta política positiva se combate al Presidente Díaz Ordaz y no por los errores de su gobierno. Las fuerzas reaccionarias de afuera y de adentro tratan de que la obra válida del actual Presidente de la República se rectifique. A lo que aspiran las fuerzas contrarrevolucionarias, no importa el nombre que ostenten, es, por lo menos, a que el futuro Presidente sea un individuo que llegue a transacciones previas o posteriores con los adversarios de nuestro desarrollo histórico independiente y a que el gobierno rectifique la política internacional propia que ha merecido el respeto de todos los países del mundo.
Reconociendo en justicia que el propósito del gobierno es emplear el gasto público en elevar las condiciones de bienestar social de las grandes mayorías de nuestro pueblo, muchos ejemplos demuestran que, en la práctica, este propósito no se logra, por diversas causas. Cabe señalar, por ejemplo, que el mismo régimen ha reconocido que no se ha mejorado sensiblemente el nivel de vida de millones de campesinos mexicanos, con los cuales la Revolución todavía está en deuda. Una de esas causas es la nefasta acción de muchos de los encargados gubernamentales de manejar los recursos que el Poder Público destina a los campesinos, encargados que se enriquecen descarada, ilegítima e impunemente con esos recursos, lo que obligó al mismo Presidente a expresar hace poco tiempo: "Fájense los pantalones y denuncien a los ladrones." Otra causa es la falta de una planeación nacional adecuada que impida la duplicidad y aun multiplicidad de instituciones destinadas a manejar esos recursos y que evite el despilfarro y los latrocinios. De esta planeación debe desprenderse también "...reformas adecuadas a la administración pública", anunciadas por el Presidente Díaz Ordaz y urgentemente necesarias; pero que aun no se llevan todavía a la práctica. Combatir estas causas y otras semejantes es tarea fácil y el Poder Público dispone de los medios para hacerlo. De realizarse, se dispondrá de mayores sumas para servicios sociales que mejoren de verdad las condiciones de vida de las grandes masas de la población de nuestro país.
Entre estas grandes masas hay que considerar a las decenas de millares de maestros de educación primaria y pre-escolar que prestan sus servicios a la Federación, a los gobiernos de los Estados y a los municipios, maestros que disfrutan de salarios ínfimos en unos casos; en otros, reciben salarios distintos por el mismo trabajo violándose el principio constitucional de "A trabajo igual, salario igual". Esta es la situación de discriminación y pobreza en que se encuentran miles y miles de maestros que prestan sus servicios a los gobiernos de los Estados y a los municipios, cuyos salarios son inferiores a los raquíticos salarios de los maestros federales y cuya situación se agrava porque ni siquiera reciben las prestaciones sociales que el ISSSTE proporciona a los maestros federales. Doble situación de inferioridad que el régimen surgido de la Revolución debe corregir de inmediato en un acto de justicia.
Mi Partido sostiene que las contribuciones que establezca el Congreso tendrán por objeto cubrir los gastos de la administración. Al fijarse se tenderá a la supresión de los impuestos indirectos, hasta llegar a un impuesto único basado en el principio de la aportación creciente, de acuerdo con el monto y la rentabilidad del capital invertido.
O sea que los ricos paguen más impuestos y que se controle más eficazmente el pago de ellos porque, en México, los únicos que pagan rigurosamente sus impuestos son los miembros de las clases trabajadoras porque el patrón se los descuenta sin remedio. Y ha habido casos en que los patronos los descuentan, pero no los ingresan a las arcas del gobierno.
La diputación del PPS presentará un proyecto de reforma fiscal. Veremos entonces, señores diputados de la mayoría, si los hechos corresponden a las palabras. Si votan como votaría Pancho Villa o como votaría Trouyet.
Respecto de la Deuda Pública reconocemos que la política enunciada es correcta. México necesita préstamos para desarrollarse económicamente, pero indirectos, no atados, que no sobrepasen la capacidad de pago del país y que sean autoliquidables y a bajo interés y de diferentes fuentes extranjeras, diversificados.
Y ahora, señores diputados, permítanme algunas palabras sobre la democracia, para terminar esta larga y molesta intervención.
El artículo 39 de nuestra Constitución establece que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo; que todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo manifiesta su voluntad por medio de las elecciones de sus representantes. El origen del poder público es la voluntad popular. Pero una vez manifestada la voluntad popular democráticamente y designados en esta forma los titulares del Poder Público, éste puede ejercerse democrática o antidemocráticamente, cualquiera que sea su origen. No sólo es esencial que el poder público tenga un origen legítimo basado en la voluntad popular libremente expresada en forma democrática, sino para que haya un régimen democrático es necesario que el poder público se ejerza en beneficio del pueblo. Por eso, el artículo 3o. de nuestra Constitución define a la democracia "no solamente como una estructura jurídica o un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.
Hitler llegó al poder por el voto mayoritario del pueblo alemán. El origen de su poder fue aparentemente democrático. Pero no ejerció el poder para una democracia, sino para una dictadura que llevó al mundo a la hecatombe de la Segunda Guerra Mundial.
Los gobernantes de los EE.UU. de N.A. son electos por el voto mayoritario del pueblo norteamericano en elecciones aparentemente libres y democráticas. Pero en los EE.UU. no existe una verdadera democracia. Porque el poder lo controlan los grandes monopolios imperialistas y lo ejercen, no precisamente en beneficio del pueblo norteamericano.
En México, el gasto público tiene una tendencia democrática que debe acentuarse, si para juzgarlo tomamos en cuenta los anteriores conceptos sobre la democracia.
Esta tendencia debe ampliarse, lo cual significa no sólo hacer más democrático el régimen electoral existente, lleno de trabas, obstáculos y omisiones que hacen difícil el respeto al voto de los ciudadanos y la formación y el desarrollo de los partidos políticos, sino consiste en algo mucho más importante que garantizar el funcionamiento del sistema basado en la mayoría de los sufragios para designar a los integrantes de los cuerpos representativos del pueblo y a los titulares del gobierno. El régimen democrático nacional debe descansar en un gobierno en el cual participen todas las fuerzas democráticas y patrióticas de México; en incorporar a la dirección del Estado a las fuerzas democráticas de México, a las fuerzas antiimperialistas y progresistas para el régimen político tenga como base un amplio apoyo popular, que frustre la acción negativa de la fuerzas reaccionarias y conservadoras y los planes del imperialismo de subordinar la vida de México sus intereses materiales y su política exterior. El gobierno de México debe integrarse con los representantes de las clases partidarias del progreso y no del retroceso histórico, clases que constituyen la mayoría de la población y que, por consiguiente, ejercerán el poder en beneficio de ésta.
En uno de sus escritos dice el maestro Lombardo Toledano: "Seguir afirmando que la democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo -tesis que corresponde a la etapa inicial del ascenso histórico de la burguesía, cuando las clases sociales no tenían aún el carácter que habrían de lograr después-, es empeñarse en promesas demagógicas. El pueblo no es homogéneo, sino está integrado por clases y sectores sociales diferentes y con intereses antagónicos. En consecuencia tiene que ser un régimen de selección de las clases sociales; y en México, como en todo país semejante al nuestro, las clases y los sectores que deben manejar el Poder Público son los que se propongan hacer avanzar al pueblo hacia sistemas de la vida social todavía más altos."
Porque el dictamen y sus puntos resolutivos tienen un carácter nacionalista y descolonizador, porque señalan que México debe ir por la ruta trazada por la Revolución Mexicana y porque tienen una tendencia democrática, por mi conducto la diputación del PPS les da su voto favorable y, para finalizar, ante los peligros reales y no imaginarios que a esta hora amenazan a nuestra patria, hace un nuevo llamado a todas las fuerzas patrióticas, democráticas y revolucionarias de México para cerrar filas y hacer imposible los propósitos de las fuerzas contra-revolucionarias, sólo así contribuiremos consciente y decididamente a la grandeza de México y al bienestar de los mexicanos."
El C. presidente: Se concede el uso de la palabra al señor diputado Juan José Hinojosa Hinojosa, para hablar en contra del dictamen.
El C. Hinojosa Hinojosa, Juan José: Ciertamente el dictamen rendido por la Comisión este año está mejor estructurado que el del año pasado. Se advierte un pensamiento más ordenado por parte de los dictaminadores. No hay en este caso el infantilismo y la ingenuidad de afirmaciones que observamos en el de 1967. Sin embargo, el dictamen a discusión adolece del mismo defecto del de el año pasado, y de el antepasado y de todos los años anteriores. Un desbordado elogio sin reservas al Ejecutivo. Hoy como hace un año, el dictamen asegura, entre perfumes de elogio, que se gastaron 80 mil millones de pesos sin un solo error. Todo es perfecto; con evidente inspiración, por supuesto reaccionaria, del Espíritu Santo, se administraron magistralmente, sin una sola desviación, en una ortodoxia impresionante, los ingresos y
egresos de la Federación. No hay una sola censura, ni un asomo de crítica, ni una sugestión. Un reconocimiento amoroso y devoto a quienes administraron con perfección de brujería 80 mil millones de pesos sin cometer -cosa maravillosa- un solo error en administración. Si hemos de entender el dictamen como informe al pueblo que paga los impuestos, podemos ir a los cuatro vientos de la geografía mexicana, disfrazados de profetas, para afirmar que el pueblo de México no tiene por que preocuparse, porque realmente los ingresos que recibió la Federación, se administraron a la perfección, con precisión matemática, con iluminado criterio político, con genio financiero. Cada centavo se ha gastado bien, inteligente y maravillosamente bien.
Sin embargo, si hemos de ser sinceros, esta actitud tiene dos graves inconvenientes. La primera, que la perfección llevada a los límites de la santidad o de la participación divina, nadie lo cree; y la segunda, despierta sospechas, porque en el mejor de los casos, procura, provoca una actitud conformista, dispara a encerrarse en los capullos de la perfección y resta posibilidades al esfuerzo, al reto, a la lucha, a la participación activa en los problemas reales de México.
Esa es la diferencia entre la hamaca y la intemperie. Todo el dictamen pretende llevar al pueblo de México a la actitud suave, tranquila y quieta de la hamaca; pero esta actitud es terriblemente peligrosa, porque la vida no es esa perfección ni esa quietud, ni esa tranquilidad. La intemperie es lucha, es esfuerzo, es reto, es caer y levantarse, es tener problemas y resolverlos, es superar el fracaso mediante la victoria.
Es muy malo, gravísimo, para el futuro de México, mantenernos indefinidamente en esta actitud de suave hamaca que nos mece tranquilamente; es gravísimo decir al pueblo de México: "Paga los impuestos, que hay divinidades y brujos y profetas y gente maravillosa y genios políticos que te los van a administrar a la perfección y a la maravilla."
No es posible que nadie crea y admita esta perfección. Sólo por ilustrar con algunos ejemplos esta actitud elogiosa, amorosa y devota de los dictaminadores hacia el Ejecutivo. Citaremos del propio dictamen algunas afirmaciones.
Empezaremos, por ejemplo, con el simplismo del diputado Morfín que nos viene a hablar de los balances según las necesidades. Los balances no son problemas de necesidades, el balance es uno real y nada más. En el caso concreto del Instituto Mexicano del Seguro Social cualquier aprendiz de contador no estaría de acuerdo en que las reservas se llevaran a las utilidades, y es grave porque en el balance consolidado que con tanta devoción y ternura de los dictaminadores apuntan, incluyen como utilidades de las empresas descentralizadas y de participación estatal las cuotas correspondientes a reservas y cuando las reservas incrementan las utilidades, se está distorsionando el balance. No hablemos de balances según necesidades, expliquemos con honradez, con honradez, con sinceridad, con sentido de reto y de participación, la situación real del Seguro Social, sin torturas de llevar a utilidades lo que debe llevarse a reservas, sin desviaciones de pretender aparecer en ese balance que viene a la asamblea legislativa para su aprobación, una utilidad inexistente porque no es técnica contable, e insisto, cualquier aprendiz de contador lo entiende, que las reservas incrementen utilidades del Seguro Social, porque pagamos las cuotas al Seguro Social, tenemos derecho a saber su situación real y verdadera: si es mala, para participar en el reto de componerla; si es buena, para tranquilidad de todos, pero sin torturas ni desviaciones, sin actitudes de hamacas, sino con actitud de intemperie para aceptar las realidades como son. Yo no creo que la Revolución Mexicana que tanto se invoca aquí y de quien ustedes se declaran herederos universales, se deteriore porque se afirma que hubo un error o un fracaso, por el contrario, el pueblo de México debe participar en ese esfuerzo, para que gobierno y pueblo reunidos se proyecten a transformar los fracasos en victorias.
Dice el dictamen: "de este modo se comprueba una vez más..." - Esta una vez más es muy buena, porque es una vez más cada año, que el sector público federal constituye uno de los elementos básicos del impulso de crecimiento de la economía nacional y, por ende, del mejoramiento del bienestar material de nuestro pueblo. No necesitan hacer esta afirmación. Si el sector público gasta 80 mil millones de pesos, realmente sería incongruente que no constituyera un elemento en el impulso del crecimiento de la economía nacional, porque 80 mil millones de pesos, dicho en términos muy fáciles, son un demonial de pesos y entonces para qué venimos aquí en actitud demagógica a decir que representa un impulso a la economía nacional. Es infantil e ingenuo afirmarlo. Claro que 80 mil millones de pesos -y eso no tiene duda- pues tiene que representar un impulso a la economía nacional.
En la página 7 el dictamen indica, textualmente, "al aprobar la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio de 1967, se realizó una estimación conservadora de ingresos del sector público federal, que estimaba un total de 55 mil millones de pesos. Los ingresos efectivamente percibidos superaron esa estimación en 24 mil millones de pesos. La mayor parte del aumento respecto de las cantidades originalmente estimadas se encuentra en dos subsectores del gobierno federal. Y añade: "Estimar conservadoramente los ingresos del sector público es no sólo una medida precautoria ante posibles eventualidades, sino una práctica financiera responsable, quizá."
Los que saben de presupuestos, lo repetimos una vez más, porque el año pasado se hizo el mismo elogio, afirman que técnicamente los errores a un año de plazo, que no es una planeación extraordinaria, deben andar entre el 10 y el 15%. Si se equivocan en 43% con respecto a los ingresos o refleja una pésima técnica de quienes hacen los presupuestos, o una distorsión deliberada de los números. Dice en términos sencillos, como debieran decirse estas cosas de la Cuenta Pública, que no son para mayorías selectas, sino para el pueblo que milita en la Revolución Mexicana, es como si yo gano 100 mil pesos al año, me saco una lotería de 43 mil pesos. De acuerdo con la técnica del dictamen, afirmación expresa y subrayada, el gobierno debe gastar lo que recibe.
Entonces se me presenta un problema terrible. Yo planeé lógicamente el dinero: gastar cien mil pesos: tanto para renta, tanto para seguros de vida, tanto para diversión. De repente me encuentro con 43 mil pesos adicionales. Y aquí está lo grave
de esas diferencias, y de esos brincos y de esos errores de la técnica presupuestal.
El gobierno, se supone que hizo su presupuesto sobre cien, como lo hice yo. Tiene que gastar los 43 mil restantes. Entonces rompe toda la estructura de lo que debe ser el presupuesto. Rompe la estructura del programa y la técnica. Y le pasa lo mismo que a mí cuando me saqué la lotería: tiene que improvisar para jugar al rico y ver cómo demonios gasta, antes del 31 de diciembre, los 43 mil pesos adicionales que cayeron en mis manos.
No es tan sencillo como se plantea. Un error de 43 por ciento en el presupuesto rompe todas las estructuras. No es razón de elogio. En última instancia, si ustedes quieren que no sea siquiera de censura, sino que debe ser ocasión de pensar seriamente en rectificar las técnicas presupuestales. Se supone que ya hemos adquirido suficiente experiencia y no es correcto ni técnico ni justo ni mucho menos ocasión de elogio, el que se equivoquen cada año en un 43 por ciento y luego nos vengan a decir que los errores, lejos de ser errores, son genio político, económico de la Revolución Mexicana.
En la página 10 afirma el dictamen: que entre los dos últimos años, 66 y 67, el monto de recursos destinados a gastos de beneficio social registró un incremento de 3 mil un millones de pesos, que equivalen a un incremento de 21.31 por ciento. Sigue diciendo el dictamen: este acelerado, subrayo el acelerado crecimiento del gasto de beneficio social, pone de relieve la decidida voluntad de hacer participar a las mayorías en los beneficios del desarrollo económico del país. No es justo el adjetivo, acelerado, porque debe tomarse en consideración que el crecimiento de los ingresos totales del gobierno fue de un 19.4.
Frente a esta relación los gastos de beneficio social se incrementaron sólo en 1.9 por ciento, que francamente me parece muy excedido el adjetivo de "acelerado" frente a un crecimiento de 1.9 por ciento.
Perdonan que insista en la técnica de poner el lenguaje sencillo y fácil, porque esta debe ser obsesión. La Cuenta Pública no es para iniciados ni para brujos; es para el pueblo de México. Es igual que si yo gano semanariamente cien pesos, y le doy de domingo a mi hijo un peso. Después gano 120 pesos, y le doy de domingo un peso veinte centavos. No van a decir que soy exageradamente generoso con mi hijo, ni se va a hablar de un crecimiento acelerado de mi generosidad. Simplemente estoy participando en el domingo a mis hijos, del incremento normal que tuve en mis ingresos.
¿Por qué razón torturar los números para todo aparecerlo angelical, en cuento de hadas, en genio político, y en maravilla financiera? Aceptamos las cosas como son. No vengo a censurar si es o no acelerado el crecimiento.
Simplemente vengo a afirmar la tortura de los números en favor del Ejecutivo.
En la página 11: "La Comisión dictaminadora afirma que los gastos de administración general requirieron en 1967 la erogación de 3,724 millones de pesos. Magnitud equivalente al 4.7 por ciento del gasto total del sector público federal."
Sigue diciendo el dictamen: "en 1966 el gasto por este concepto había ascendido a 2,857 millones de pesos, con participación relativa en el total del gasto de este año de 4.3 por ciento".
De la comparación de ambas cifras, queda de relieve. "Relieve", "acelerado"; adjetivos amorosos, y tiernos. La comparación de una política de restricción razonable de los gastos por concepto de administración.
En realidad los gastos de administración general crecieron de 1966 a 1967 en 864 millones de pesos. 864 millones de pesos son muchos pesos. A veces, hablando de 70 mil millones de pesos como que perdemos la proporción y la jerarquía, pero en cualquier parte del mundo 864 millones de pesos son muchos pesos. Ciertamente ninguno de nosotros tenemos siquiera una partecita de esa cantidad y no obstante que subieron 864 millones de pesos de un año a otro se afirma que "se pone de relieve que disminuyeron los gastos de administración".
¿Dónde está la disminución, si una simple y elemental resta demuestra que crecieron en 864 millones de pesos?
En la página 17, por supuesto en términos de elogio, se afirma que no es posible en términos de desarrollo económico y social que el país se dé el lujo de mantener ingresos ociosos. Claro que no nos podemos dar ese lujo, si debemos un demonial de millones, pues cómo nos vamos a dar el lujo de tener dinero guardado. Equivaldría a que yo tengo una cuenta en el banco de $20,000 y deba al mismo banco $40,000.
No censuro de ninguna manera ni entro en detalles de la Cuenta Pública. Lo que me parece es que el elogio es demasiado desbordado. ¿Por qué elogiamos diciendo que es ocioso afirmar que no debemos tener dinero guardado, si todo el mundo sabe que debemos mucho dinero? En última instancia, esas consideraciones quisiera que siquiera sirvieran para que el año que viene el dictamen cuidara de estos deslices tan evidentes que demuestran o deterioran la afirmación del Espíritu Santo participando en la administración del gasto público.
En la página 25 se afirma: "Esta Comisión desea resaltar el hecho de que el Ejecutivo ha cuidado de mantener un equilibrio entre la colocación de empréstitos y su amortización, con una tendencia a disminuir, a disminuir, el incremento anual neto de la deuda." Trayendo a mi hato lo que dice el párrafo , podemos hacer esta afirmación: en 1965 nos endeudamos con $13.758,000 y pagamos $7.938,000.00. En 66 nos endrogamos con $8.794,000 y pagamos $4.475,000. Y en 67 nos volvimos a endrogar con 13,069 millones y pagamos 9,000 . En los tres años nos endrogamos con 35,621 millones de pesos y pagamos 21,500. ¿Dónde está la tendencia a la distribución? ¿Es real? Lo que los números dicen es que la deuda en los tres años creció 14,000 millones de pesos.
Perdonen la insistencia No digo que sea bueno o malo que haya crecido en 14,000 millones de pesos. No tenemos elementos de juicio. Lo que sí es malo es que el dictamen hable de disminución de la droga o tendencia a disminuirla y mantenerla equilibrada, y con los mismos números del dictamen se demuestra que la droga creció en 14,000 millones de pesos.
Y 14,000 millones de pesos son muchos pesos. Sólo por citar un caso de subsidio a empresas descentralizadas. La CONASUPO recibió mil millones de pesos de subsidio. ¿Por qué una cantidad cerrada de mil millones de pesos?
¿Por qué mejor no 900, ó 1,200 ó 750? ¿A qué programa, a qué razones, a qué estructura, a que planeación corresponde que se llegue exactamente a la cifra cerrada de mil millones de pesos?
Es grave que se haga esta afirmación sin justificarla. Quiero advertir que quede muy claro, que no me vayan a contestar diciendo que yo vine aquí a proteger a los acaparadores y a proteger a la CONASUPO. Y les juro que no vamos a traer a Maximiliano para acabar con la CONASUPO. ¡No!, simplemente queremos subrayar por qué se hace una afirmación así, a priori, cerrada, de mil millones de pesos, y no se hace la explicación correspondiente para determinar cómo se llegó a esa cifra, cuánto se destinó al subsidio del frijol, del maíz o del arroz; cuánto se destinó a la administración o cómo fue posible, en rigurosa técnica contable y administrativa qué la CONASUPO recibiera precisa y exactamente mil millones de pesos.
Creo que es una pregunta que nos debe inquietar. En la página 37, correspondiente a Comunicaciones y Transportes, subraya, por supuesto en términos de elogio, que Caminos y Puentes Federales de Ingreso ganó 18 millones de pesos, 37 millones de pesos. Se subraya también, claro que se subraya, que con respecto al año anterior se ganó 12 millones 600 mil pesos más que el año anterior, citan los aeropuertos y servicios auxiliares y subraya, claro que lo subraya, que ganó dinero y a renglón seguido mencionan a Aeronaves de México y no dice que el año pasado perdió 91 millones de pesos. Insisto, yo no sé si son buenos o son malos los 91 millones de pesos que perdió Aeronaves de México, a la mejor es correcto, a la mejor por competencia internacional o por prestigio nacional o en función de un programa y de una planeación fue conveniente que Aeronaves perdiera 91 millones de pesos. Pero yo pregunto, por qué en el mismo capítulo se subrayan tierna y amorosamente las utilidades y por otra parte se omiten y escamotean graciosamente las pérdidas. Que se hable de las utilidades, muy bien, pero que también se hable de las pérdidas para que sepamos lo que al país le cuesta esa empresa en concreto y se explique por qué cuesta ese dinero. Simplemente, queremos subrayar que la actitud mental de los dictaminadores es la de cortar en el jardín de la vanidad flores para ponerlas en la solapa del gobierno y de escamotear los datos que pudieran resultar polémicos o negativos.
En varias ocasiones el dictamen precisa, subraya, insiste, se apasiona, en elogios a la Cuenta Pública. Podríamos citar interminablemente todos esos elogios, basta leerlo para entenderlos. Pero yo quiero preguntar a la Comisión Dictaminadora, por qué tanto elogio y tanto aplauso al gobierno y ningún elogio y ningún aplauso ni ninguna mención a este pueblo maravilloso de México que fue capaz de aportar 80 mil millones de pesos al gasto público, muy bien que se elogie al gobierno y a su administración, pero por qué los dictaminadores omiten este dato básico y fundamental, porque al fin de cuentas, que hizo en términos sencillos y fáciles los 80 mil millones de pesos, representa el esfuerzo apasionado, constante, rutinario, amoroso, de entrega a
México, de los mexicanos que lo generamos, no los mexicanos divididos en facciones o fracciones, que al fin de cuentas lo único que nos une independientemente de la Revolución Mexicana es el que tenemos que azotar con los impuestos, seamos reaccionarios o seamos revolucionarios. A mí me parece que hay una grave omisión -y sugiero para el año próximo este dato a los dictaminadores-: vamos a elogiar al pueblo de México; él generó estos 80 mil millones de pesos. Demuestra la dimensión de su responsabilidad para entender que entre las obligaciones ciudadanas está la de pagar, puntual, correcta y eficazmente los impuestos. Y desde aquí, supliendo la laguna que los dictaminadores dejaron, rendimos, ya no es jurar, porque creo que a pesar de las discrepancias nadie va a estar en mi contra, rendimos testimonio de admiración sincera y de corazón al pueblo de México que contribuye con sus impuestos, que salen de sus bolsillos, al desarrollo y el crecimiento de esta patria que todos amamos.
Voy a hacer algunas preguntas, sueltas. Los Ferrocarriles Nacionales de México tienen un ingreso anual, por venta y servicios, venta de servicios, de 1,867 millones de pesos. Su costo de venta es de 2,426 millones de pesos; deben añadirse 173 millones de otros gastos y 113 correspondientes a gastos de administración. En total, la pérdida de los Ferrocarriles, en 1967, fue de 846 millones de pesos. Con un dato más grave todavía, que el año anterior fue de 694 millones de pesos, en cuyo caso la pérdida se incrementó en 21.8%. No vamos a discutir, no hay elementos de juicio suficientes. Si los 860 millones son correctos, si es la aportación de los Ferrocarriles al desarrollo de México, pero no les parece que valdría la pena preguntarnos y preguntar más adelante si es correcto que haya 864 millones de pérdidas en los Ferrocarriles; que se incrementen de un año a otro en 160 millones. ¿No sería correcto, justo y conveniente que el pueblo mexicano supiera, porque aporta de sus impuestos una fracción importante al sostenimiento de este cargo, por qué se pierden 864 millones de pesos. Cuándo se va a dejar de incrementar la pérdida. En qué momento se va a llegar al punto de equilibrio en que, por lo menos, la pérdida ya no ascienda y a qué años se tiene establecido que esa pérdida vaya disminuyendo, para que el subsidio que se tiene que otorgar a Ferrocarriles se dedique a otras obras que México requiere con exigencia?
Vuelvo a insistir: no quiero que la Comisión me responda razones. En este momento sé que no las tiene. Sé que sería ocasión de un examen profundo y completo. No quiero que me vengan a decir que hay un balance de circunstancias para justificar los 864 millones. Simplemente tenemos derecho a saber por qué se pierden 864 millones de pesos. No queremos ser ni jueces ni fiscales, sino simples socios en el esfuerzo que México requiere de todos nosotros.
Se pagan 11 mil 814 millones de pesos a la deuda pública. Se ha hablado mucho de nuestra capacidad de endeudamiento. Ya es, como dice la gente de radio, televisión y publicidad, el slogan. Correcto. Pueda ser que esa sea nuestra capacidad de endeudamiento. Pueda ser que se esté manejando equilibrada y correctamente esa cosa tan difícil que es la deuda pública. Pero ¿qué no sería conveniente saber en detalle, no en un estudio para anunciados o grupos, sino para el pueblo de México, para que lo entienda cualquiera, cómo se proyectaron estos 11 mil 814 millones. Los 42 mil millones que representa la deuda pública. Hasta qué año estamos endrogados. Cómo vamos a ir pagando año por año esa deuda. Cuándo va a dejar de crecer y cuál va a ser el punto de su disminución?
Creo que esto traería a todas las mentes una gran tranquilidad. Recordemos que no sólo esta
generación, sino cuando se habla de 42 mil millones de pesos también la que viene está gravitando sobre ella esta carga. Formémosla. Que esa generación que viene esté enterada de la carga que sobre sus hombros estamos poniendo para cubrir el desarrollo de México.
Podríamos seguir citando ejemplos, haciendo preguntas. Pero surge el mismo denominador común. No es posible en este México, de aquí, de ahora, usando terminología olímpica, en el México del 68, seguir tercos a la idea de que como se aprobó una Cuenta Pública en 1940, tiene que ser aprobada en 1968. El crecimiento económico de México implica un crecimiento en la dimensión ciudadana de los mexicanos. Que no sea, que no se repita esta misma situación; que entendamos y nos proyectemos a más aliento. Que entendamos lo es la Cuenta Pública.
En última instancia, yo pienso que si el Poder Legislativo se asoma a esos problemas, y hace preguntas, indaga, para luego informar al pueblo, caeríamos frente al Ejecutivo en la afirmación de la sabiduría popular, que al fin de cuentas está inmediatamente después de la sabiduría divina: 4 ojos ven más que dos.
El pueblo de México no es menor de edad para tragarse el panorama de paraíso que los dictaminadores dibujan con los pinceles del elogio. Los números de la Cuenta Pública reflejan sin lugar a dudas la madurez alcanzada por el pueblo de México. Un pueblo que es capaz de generar en un año para el sector público 80 mil millones de pesos, no puede ser tratado como un niño a quien se le impone el dogma de la infalibilidad de papá. No se puede tratar como adulto para los efectos del pago de impuestos, y como menor en el examen de la Cuenta Pública.
Es grave desperdiciar su capacidad. El pueblo quiere participar en el recto del crecimiento, no como fiscal ni como juez, sino como socio. Que la Cuenta Pública deje de ser en repetición rutinaria, ocasión para un dictamen almibarado; motivo para el lucimiento oratorio; molestia para quienes prefieren las breves sesiones retocó, sobre las sesiones con debate prolongado. Y por supuesto "happy end" en la aprobación de la abrumadora mayoría contra el voto negativo de la minoría. Y se convierta en instrumento de información al pueblo; en invitación para que aporte puntos de vista y opiniones; en herramienta valiosa para el diálogo entre gobernantes y gobernados en invitación al reto; en participación activa en la vida de la nación.
El C. presidente: Tiene la palabra la Comisión.
El C. Pichardo Pagaza, Ignacio: Señor presidente, honorable asamblea. Tiene razón aunque se contradice el señor diputado Juan José Hinojosa Hinojosa, de que el debate sobre la cuenta pública que hoy estamos celebrando, no debe ser motivo para el lucimiento oratorio. Se contradice porque abundando en una serie de datos incorrectos, de datos falsos o dolosamente mal leídos, viene a presentarnos argumentaciones que por falsas caen por su propio peso. Para comenzar diremos que probablemente el texto del dictamen que esta Comisión elaboró no es el mismo texto del dictamen que el señor diputado hojeó, porque cualquiera, con un criterio objetivo, los honorables diputados de esta asamblea que han tenido la oportunidad de hojear el texto del dictamen en sus 45 cuartillas y 20 cuadros estadísticos de anexo, habrán visto que en ningún momento emana de él, como lo dijera el diputado, perfumes de elogio, sino un análisis que ha querido ser un análisis hecho a base de las técnicas que la teoría económica y la teoría política nos imponen.
No ha habido ortodoxia impresionante, no ha habido intención de llegar a la perfección. Lo que sí ha habido es una intención sana, técnicamente honesta por encontrar el resultado y el sentido de los ingresos y de los egresos del sector público federal. No ha habido espíritu de santidad al redactar el dictamen. No hemos contado con ayudas sobrenaturales a las que usted se refirió, sino simplemente con los alcances que a estos miembros de la Comisión le han permitido hacer su trabajo, con la intención sería de tratar de desentrañar el sentido que en el manejo de las finanzas públicas el Gobierno Federal se ha propuesto conseguir.
Pero usted, señor diputado, hizo una larga serie de objeciones a la que quisiéramos referirnos de manera concreta y específica. En primer término, habló imputando palabras que no dijo uno de los diputados que hicieron uso de la palabra, de balances que se presentan según necesidades.
Señor diputado: las reservas a las que se refiere el balance del Instituto Mexicano del Seguro Social, son reservas que forman parte de las cuentas capital no de sus utilidades, porque si a los organismos y empresas del Estado no cabe manejarlas con un criterio de contabilidad entendida en su sentido estrecho, si a las empresa o a los organismos descentralizados no cabe medirlos con la pauta y con los criterios con los que se mide a las empresas de la iniciativa privada, me refiero particularmente al patrón de obtención o no obtención de utilidades, al Instituto Mexicano del Seguro Social, piedra angular de la política de beneficio social de los gobiernos de la Revolución, no se le puede juzgar por los resultados de su utilidad, porque el Instituto Mexicano del Seguro Social no mide su eficiencia ni mide sus apuraciones a través de la utilidad, para usar los términos contables a los que usted se refirió, no mide su eficiencia a través de la utilidad que hubiera podido obtener.
Sería tanto como preguntar cuál es la utilidad que obtiene el Gobierno Federal al desarrollar las tareas de progreso e impulso en la economía de México. La respuesta, como se lo digo, es que estas reservas forman parte de las cuentas de capital en el balance, y no hay balances que sean presentados, según necesidades, sino una presentación uniforme para efectos de la Cuenta Pública.
Ochenta mil millones de pesos es el ingreso y el egreso consolidado del sector público federal. Si al señor diputado Hinojosa le parece esta cifra y el impacto que tiene en la economía no debería mencionarse en el dictamen, me llama poderosamente la atención este argumento. Si no vamos a mencionar los efectos que sobre la economía y el desarrollo del país tienen las finanzas públicas de México; si no vamos a hacer el análisis del impacto que sobre los distintos sectores del sistema económico tienen los ingresos y los egresos del sector público federal, ¿sobre qué debe examinar la Comisión de Presupuestos y Cuenta?
Pero hay algo más, no sale sobrando la mención en el dictamen de que las finanzas del sector público federal son una palanca poderosa del desarrollo e influyen como promotores en el desarrollo
económico porque, señor diputado, al mencionar esta cifra, estamos al mismo tiempo dando a entender la doctrina económica de la Revolución Mexicana que asigna al Estado un papel de participación en el desarrollo económico de México. Y sólo, para recordárselo, en el programa mínimo de acción política del Partido Acción Nacional, cuando se refieren al análisis de las relaciones entre el Estado y el sector privado en la economía, ellos sí que no mencionan la participación que el Estado debe tener en la vida económica de México, el Estado debe ser de orientación y tutela, se dice, el Estado tiene sólo una misión supletoria, subsidiaria, pero para la teoría económica de la Revolución Mexicana, el Estado tiene una participación significativa en la vida económica de México, por eso es que sí hay necesidad de mencionar que 80 mil millones de pesos que son las finanzas públicas, que son los ingresos y los egresos del sector público federal tienen un impacto definitivo como palanca promotora del desarrollo económico y social de nuestro país. (Aplausos.)
Página 7 del dictamen, nos dice el señor diputado. Al aprobar la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio de 1967, se realizó una estimación conservadora de ingresos del sector público federal y estimaba un total de 55,528 millones. Los ingresos efectivamente percibidos superaron esa estimación en 23,931 millones que efectivamente son el 43% más. Pero si el señor diputado se hubiera tomado la molestia de analizar el dictamen y sus anexos y los libros de la Cuenta Pública, los estados que resumen la Cuenta Pública que estuvieron a disposición de los honorables miembros del partido de oposición y de sus representantes, porque en ocasiones no fueron ellos los que se tomaron la molestia de asistir a revisarlos, se habrían dado cuenta que una parte sustancial de estos ingresos fueron incremento en los ingresos ordinarios producto de un mejor manejo de los gastos corrientes, porque los gastos corrientes del gobierno federal se incrementaron sólo en 404 millones respecto de 1966, lo que apenas significa un aumento del 4%, en tanto que los ingresos corrientes tuvieron un aumento mucho más considerable, aproximadamente del 12%, para dejar con superávit en el caso del gobierno federal, de 5,500 millones, y en el caso del presupuesto consolidado, que incluye a organismos y empresas, de 9,000 millones. Pero habría visto también el señor diputado que un aumento considerable de los ingresos fue vía colocación de empréstitos. Que no se alarmen los señores diputados de la oposición ni se alarme el pueblo de México, porque no hay ninguna razón, de un aumento considerable de los ingresos ordinarios, vía la colocación de empréstitos. Para comenzar debo decir que el total del endeudamiento del gobierno federal la mayor proporción es endeudamiento interno, es captación del ahorro interno. En seguida debo decir que el uso que se dio a este aumento considerable de los ingresos fue para conseguir la reconversión de la deuda externa de México que conforme ha ido avanzando el tiempo se ha ido convirtiendo en una deuda pública mejor estructurada a más largos plazos, a mejores tazas de interés. Y si el señor diputado no está de acuerdo con esta política, le recomendaría que releyera el programa mínimo de acción política del Partido Acción Nacional, aprobado en el año de 1939, por que allí, en el párrafo octavo, sobre su capítulo de las doctrinas económicas, se señala precisamente un lineamiento general como el que acabo de mencionar para el manejo de la deuda pública.
Que no nos digan que el gobierno no sabe qué hacer cuando tiene un aumento de 43% en sus ingresos. El gobierno no tiene aumentos de 43% en sus ingresos porque no juega a la lotería, señor diputado. Tiene el aumento del 43% en su ingreso porque han sido ingresos producto del aumento de sus ingresos ordinarios y en parte captación de ahorro exterior, vía colocación de empréstitos, que a su vez han servido para refinanciar la deuda, dándole una estructura mejor a nuestra deuda exterior.
El genio político, dijo el señor diputado, de los miembros de la comisión que emitieron el dictamen. Le parece que este genio político cometió un error enorme al hablar de que el aumento en los gastos de beneficio social habría crecido aceleradamente y leyó unas cifras que no sé en dónde las encontró. Me voy a permitir, honorable asamblea, referirme a la página 10 del dictamen, que mencionó textualmente, donde se hace el análisis de estas cifras.
Como ustedes saben en la clasificación del presupuesto hay tres presentaciones: la presentación administrativa, la presentación económica y la presentación funcional. En la presentación funcional del presupuesto, el análisis se hace por el destino del gasto público. Se compara el destino del gasto público. para fomento económico con el destino del gasto público para obras de beneficio social, para comunicaciones y transportes, para ejército y armada y para administración.
Nos interesa en este momento ver lo que se dice sobre el aumento de las erogaciones para gastos de beneficio social (página 10 del dictamen).
Las erogaciones del sector público federal destinadas a beneficio social, son las que tienen un efecto redistributivo más acusado y las que, por la naturaleza misma del destino del gasto, dice el dictamen, alcanzan en sus efectos positivos a los sectores más necesitados del país. Llegaron en 1967 a 17 mil 081 millones de pesos. 17 mil 081 millones de pesos. En 1966 se elevaron a la cifra de 14 mil 080 millones. De esta suerte, así lo dijo la Comisión, entre los dos últimos años el monto de recursos dedicados a gastos de beneficio social, registró un incremento absoluto, que es la diferencia entre 17 y 14 mil, de tres mil un millones de pesos, que equivale a un incremento de 21.3 por ciento. El señor diputado habló de que el crecimiento de todo el gasto público fue de 20 por ciento.
Esta sí fue una cifra correcta. Y dijo que los gastos de beneficio social habían crecido sólo 1.9, si no recuerdo mal, y que esto no podría llamarse crecimiento acelerado.
Obviamente 1.9, en este caso, no pudo haber sido un crecimiento acelerado. Pero usted leyó otra página del dictamen, porque la cifra correcta es la que acabo de explicar.
Se dice, el diputado de oposición, que en este mismo genio político y espíritu de perfume de que nos acusó, habíamos hablado de que un aumento de 801 millones de pesos en los gastos de administración no existía. De que habíamos hablado de que, por el contrario, había habido una disminución en los gastos de administración. Yo me pregunto: ¿qué dictamen o en qué condiciones fue leído ese dictamen, porque lo que se dice en el mismo es completamente lo contrario de lo que usted afirmó (página 11.)
"Los gastos de administración general requirieron en 1967, 3,224 millones de pesos, magnitud equivalente a 4.7%, 4.7% del total de las erogaciones del gobierno federal, se destinan a la administración."
En 1966 por este concepto había; el gasto había ascendido a 2,857 millones, con participación relativa del 4.3. Para comenzar, el dictamen reconoce que en la composición del gasto hubo un aumento de cinco puntos, de 4.3 a 4.7, de cuatro puntos en la participación del gasto de administración dentro del gasto total.
Debo afirmar que 4.7 destinado a gastos de administración dentro de un aparato de administración pública como el de México, que tiene sobre sus hombros, para usar una figura, una parte importante del peso del desarrollo económico del país, no parece un gasto excesivo.
Pero además, se dice: "De la comparación entre ambas cifras, que arroja un aumento relativo, entre los dos años, queda de relieve la aplicación de una política de restricción racional de los gastos por concepto de administración."
Se reconoce que hay un aumento en los gastos de administración, y a renglón seguido se da la explicación que estuvo al alcance de esta Comisión encontrar sobre las razones de ese aumento.
Creo, señor diputado, que no es honesto imputar a la Comisión de Presupuestos y Cuenta, cifras y razonamientos que en ningún momento se han hecho. (Aplausos.)
Es como si yo -dijo el señor diputado- tengo en el banco 20 pesos, y debo 40, y me siento satisfecho por lo mismo.
Señor diputado, su ejemplo en materia de deuda pública está equivocado. No es posible afirmar que las finanzas del gobierno público federal, por lo que a deuda pública toca, se asemejen a la situación de un particular que tiene en el banco 20 mil pesos, y debe 40 mil pesos. No sé qué cifras manejó usted para llegar a este ejemplo, que sí, reconocemos, es muy sencillo, está al alcance de todos, pero tiene la enorme desventaja de estar equivocado. Porque de la deuda pública del gobierno federal, y esto se dice textualmente en el dictamen, en el capítulo de deuda pública, se habla de que el incremento neto de la deuda en 1968, disminuyó respecto a 1966 y 1965. Y no se trata de hacer magia, sino de tomarse la molestia de estudiar el dictamen de la Cuenta Pública de 1966, y el dictamen de la Cuenta Pública de 65, que son documentos públicos al alcance de todo el mundo, también de los diputados de oposición, para entender que no obstante que los aumentos de contratación se elevaron, los pagos se elevaron concomitantemente entre 66 y 67, arrojando una disminución en el incremento neto de la deuda pública.
Señor diputado: aceptamos que deban usarse ejemplos sencillos en la medida de lo posible al hablar de las finanzas públicas del sector público federal, pero que esos ejemplos no distorsionen, para usar su palabra (me falla la memoria) que estos ejemplos que usted utiliza no distorsionen la realidad, sino al contrario, procuren explicarla. Al señor diputado le llama la atención poderosamente que a la CONASUPO, que es uno de los pilares, uno de los organismos que son pilares en el desarrollo agrícola del país, porque basta comparar la forma como ha crecido de la producción, de los productos en los que la CONASUPO ha intervenido, que hace 14 años México era importador neto de trigo, y ahora no solamente cubrimos nuestras necesidades, sino ocasionalmente tenemos excedentes de trigo para la exportación, la CONASUPO, que ha venido a evitar el acaparamiento en el campo, la CONASUPO, que es uno de los instrumentos más precisos que ha diseñado el gobierno federal para evitar la intermediación de los productos del campo; la CONASUPO, que es una institución que otros países de América Latina han venido a observar y que han pedido asesores para instalar instituciones semejantes, le extraña al señor diputado que haya obtenido una transferencia del orden de mil millones. Está de acuerdo, en principio, por lo menos así lo dejó entender, con sus objetivos, pero lo que le molesta es que no hayan sido 987 millones, ó 1,002 en lugar de mil millones cerrados. No hay detalle, falta el detalle en el dictamen. Señor diputado, tiene usted razón: no hay suficiente detalle en el dictamen, pero yo me pregunto, ¿cuarenta y cinco páginas de texto de análisis sobre las finanzas del sector público federal, 20 cuadros estadísticos, no son una dimensión razonable, manejable para una asamblea que debe fundamentalmente dedicarse al análisis de los efectos que en el campo general de la economía han tenido las finanzas públicas? ¿Qué acaso los tres libros con los estados que resumen la cuenta y como dijo correctamente el diputado Ituarte Servín, alcanzan a más de 300 estados, en donde detalladamente se analizan las erogaciones y los ingresos de cada organismo descentralizado, no es material suficiente? ¿Qué no estuvo a la disposición de los señores diputados los libros de la Cuenta Pública? ¿O de qué se trata? ¿De hacer un dictamen que repita los 200 o los 300 estados de la cuenta?
Creo que un poco de interés real, auténtico, para desentrañar el sentido de las finanzas públicas de México había llevado fácilmente al diputado por el camino para descubrir de qué manera fueron aplicadas las transferencias de este importante organismo descentralizado.
Otro tanto puede decirse de los organismos que él mencionó: Caminos y Puentes Federales de Ingreso y Aeronaves de México. Efectivamente, Aeronaves de México, por diversas razones, consideraciones que no pueden incluirse en el dictamen, hacer un documento prácticamente inmanejable, como empresa que en el ejercicio del 67 obtuvo pérdidas. Pero es una empresa, una empresa mexicana, del Estado, que está surcando los cielos de México, que está impulsando al turismo que, a su vez, es una de las fuentes principales de divisas. Es una empresa a la que hay que apoyar y hay que, efectivamente, ir elevando, ir fortaleciendo sus finanzas para que alcance una operación superavitaria.
El señor diputado se refirió a algunas preguntas específicas sobre ferrocarriles, sobre deuda pública, en las que nos reservamos los miembros de la Comisión y otros diputados de la mayoría, el derecho de contestar, las contestaremos; pero requiere una explicación tan amplia como la pregunta misma y simplemente antes de terminar esta intervención, señor diputado, yo quisiera, así como usted nos pide que los próximos dictámenes olvidemos el perfume de la cantidad y el elogio que,
a mi juicio, repito, no existe en este dictamen, que sea usted, señor diputado, el que evite considerar en esta asamblea, un jardín florido para venir a cortar su propia flor de la vanidad. Aquí estamos discutiendo con responsabilidad, creo yo, el sentido de las finanzas públicas de México y para la Comisión de Presupuestos y Cuenta es satisfactorio constatar que después de un análisis cuidadoso de los estados que resumen la Cuenta Pública, podemos afirmar que las finanzas del sector público de México están siendo manejadas no sólo con honestidad técnica, sino con un profundo sentido social (aplausos), como en toda su trayectoria, con sus obligaciones constitucionales, a fin de reprimir la violencia, salvaguardar las libertades del pueblo mexicano y establecer el orden público. (Aplausos.)
El C. presidente: Se concede el uso de la palabra al señor diputado Juan José Hinojosa Hinojosa.
El C. Hinojosa Hinojosa, Juan José: Sólo para dos aclaraciones. La primera, creo que el diputado Pichardo Pagaza se puso muy vanidoso diciendo que yo le atribuía la condición genio político. De ninguna manera le atribuí genio político, atribuí que la Comisión atribuía genio político al Ejecutivo de la Unión. Por lo tanto, quise hacer la aclaración porque francamente creo que fue extremadamente vanidoso el licenciado Pichardo Pagaza al afirmar que le dimos el mérito de genio político. Sí dijimos, y qué bueno que el diputado lo precisó, lo del jardín perfumado, lo de los elogios y todo lo demás. En lo demás me contestó con el método Lendorf pero debemos ser constructivos, queda un dato positivo, qué difícil es tratar desde la tribuna problemas tan importantes como son los de la Cuenta Pública y ojalá que recojamos esta experiencia, que se dediquen a la discusión de la Cuenta Pública no una, sino cuatro, diez, quince sesiones, las que sean necesarias, que haya no dos ejemplares de la Cuenta Pública sino que hubiera muchos más ejemplares, no para imprimirse a posteriori, que eso ya no tiene chiste, sino que se imprimieran con anterioridad para poder discutir con mucho más tiempo todos los problemas que la Cuenta Pública determine. Sólo estas dos aclaraciones quise hacer y francamente que lo del método Lendorf es formal, lo demás dicen los que saben que es parlamentario, subrayan: yo no le atribuí a la Comisión, porque además, honrada y sinceramente no lo creo, que me perdone, que tenga genio político. (Aplausos.)
El C. presidente: Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Indalecio Sayago.
El C. Sayago Herrera, Indalecio: Señor presidente: señores diputados:
"El Partido Popular Socialista por conducto de su fracción parlamentaria viene a ocupar esta tribuna para insistir otra vez más sobre su tesis expresada en otras ocasiones y que se refiere a la consideración de que la Cuenta de la Hacienda Pública del Departamento del Distrito Federal debe ser, eminentemente, un documento político que exprese la orientación que se imprima a los gastos del Gobierno del Departamento Central. Lo importante para la fracción parlamentaria del PPS es el destino que se da al alto presupuesto del cual dispone el Departamento Central y no como se afirma constantemente en el sentido de que este primordial aspecto de la vida del Distrito Federal debe tratarse, simplemente, como una investigación de tipo contable.
Los diputados del Partido Popular Socialista hemos revisado la Cuenta Pública contenida en este legajo. Se trata de números secos, poco elocuentes, y sería estéril ocuparnos de algo que es ya prácticamente un hecho consumado.
Por eso nuestra intervención tiene el propósito de que sirva de base para la elaboración del presupuesto que se aplicará en el próximo año de 1969 y que dentro de algunas semanas será presentado a esta H. Cámara de Diputados.
En razón de lo anterior queremos señalar que el gasto en el Distrito Federal se sigue realizando sin una adecuada y bien reflexionada planeación de conjunto sobre el desarrollo de una ciudad tan importante como es la nuestra. Los viejos procedimientos, anarquizantes, siguen imperando en su mayoría sin recoger, sin meditar siquiera acerca de las opiniones de los organismos políticos y sociales más representativos de la gran población del Distrito Federal. Es censurable que la ciudad de México, con aproximadamente siete millones de habitantes no tenga una política administrativa planeada y coordinada. La ciudad de México adolece de esta deficiencia que trae aparejada una distribución del gasto público que muy poco beneficia a la mayoría de la población que habita en las colonias populares, integrada por millones de trabajadores, cuya enorme masa sufre, además, de bajos salarios.
Esta intervención es un llamado a las autoridades del Departamento Central y a los técnicos dependientes del mismo, para que planifiquen con sentido popular los gastos del Distrito Federal.
Nuestro partido estará vigilante de que esto se cumpla para bien de la clase trabajadora que habita esta región del Valle de México. Nuestra opinión es fácilmente comprobada. Algunos ejemplos bastan para mostrar nuestro aserto. En el renglón dedicado a la elevación de las percepciones del personal de la Jefatura de Policía, notamos que el año pasado tuvo un aumento del 42%.
¿Cuál ha sido el papel de la policía? Nada digno hemos visto en ese cuerpo del Servicio Público. Sólo sabemos de malos tratos al pueblo, de atropellos a los derechos ciudadanos y a las garantías individuales; de persecuciones y de constante represión a los trabajadores y a los estudiantes. Esto no quiere decir que estemos en contra de que la policía esté bien remunerada; al contrario, creemos que debe estar mejor pagada y debe gozar de todos los servicios sociales; pero debe hacerse sentir, hacerse conciencia en este personal en el sentido de que es un organismo de servicio social, de seguridad para el pueblo y cuya conducta debe guiarse por lo que señalan nuestras leyes y la propia Constitución General de la República. Porque si la policía no llena estos requisitos y carece de buen pago y de seguridad social, se ve infiltrada por la inmoralidad, por el chantaje, por la corrupción y, si además, se encuentra mal instruida, se le expone a ser influida por agentes extraños que la hacen actuar al servicio de intereses ajenos como sospechamos ha sucedido actualmente. ¡Qué bueno que el gasto sea mayor al destinado para lograr en verdad un Cuerpo de Policía que realmente garantice la seguridad y la vida de los ciudadanos!
La fracción parlamentaria del PPS considera que debe ampliarse la partida dedicada a la acción social, deportiva y cultural, con el objeto de conservar, arreglar y multiplicar los campos deportivos en las colonias populares y de que se intensifiquen los eventos y los centros de difusión cultural que nuestro pueblo aplaude con tanto entusiasmo. Además, así encontraremos solución al grave problema que se presenta a nuestra juventud que obliga por la carencia de campos deportivos, emplea las calles para la práctica de sus juegos favoritos.
En relación a la política de vivienda, según ha informado la prensa, se había iniciado un plan de construcción de habitaciones baratas. Este plan de construcciones populares debe proseguir aceleradamente pero no sólo enfocado a dotar de casas a los trabajadores del Departamento Central que bien las merecen, sino a otros sectores de la población y sobre todo a aquellos que perciben bajos salarios a efecto de que desaparezcan las barracas y tugurios en que habitan nuestros compatriotas en la parte periférica del Distrito Federal. Al respecto es necesario que las autoridades del Departamento Central limiten la propiedad urbana para impedir que la concentración, el acaparamiento y la especulación monopolistas e ilícitas sobre los bienes raíces y terrenos para la edificación, sigan siendo un obstáculo en la construcción de la vivienda popular; y para eliminar el peso parasitario de la elevación de la renta territorial que constituye una ventaja exclusiva, indebida, a favor de una pequeña minoría y que provoca el alza exagerada de los alquileres, las inversiones públicas y productivas y la anarquía urbanística. El límite de la propiedad privada urbana deberá estar relacionado con las necesidades familiares la extensión del terreno y el valor patrimonial debido a las inversiones públicas, formando parte de los bienes que de acuerdo con la ley que se expida debe constituir el patrimonio familiar.
Otro aspecto: Pululan por la ciudad de México miles y miles de trabajadores desplazados. Obreros calificados cuya edad oscila entre los 35 y 40 años, en la plenitud de sus facultades, que han sido expulsados por las empresas privadas y las empresas extranjeras. Esta mano de obra alcanza cifras alarmantes. El Departamento Central en lugar de dedicar inversiones para obras suntuosas y decorativas, debe canalizar una buena parte de su presupuesto para fuentes productivas, desprendiendo toda una política de formación de empresas que permitan la asimilación de esta mano de obra. Que el gobierno federal amplíe y se dedique a invertir más todavía en la provincia para propiciar el desarrollo de la misma y sacarla del atraso secular en que se le mantiene por causa de una política de inversión desigual y hasta discriminatoria, y que el Distrito Federal promueva con sus propios recursos, fuentes de producción que abatan la desocupación y sus serias consecuencias. En este aspecto aplaudimos la fundación del Hospital para Trabajadores no Asalariados. ¡Ya es tiempo de que dejemos de ser candil de la calle y obscuridad de nuestra propia casa!; pero también que el Departamento Central deje para siempre de contratar con empresas constructoras que parasitan en su presupuesto y que propician la corrupción de funcionarios; y que por su propia cuenta se dedique a construir las grandes obras que requiere la ciudad de México. Por ejemplo: invertir en empresas productivas de materiales de construcción como son: cemento, cal, tabique, lámina, etcétera.
Nuestro partido aplaude y pide que se pongan en marcha las cooperativas de taxis y transportes públicos cuyos proyectos ya han sido anunciados por la prensa y que tiende, por el momento, a resolver el gravísimo problema que soporta con estoicismo sin límites la clase trabajadora del Distrito Federal.
Asimismo sugiere que se trace toda una política de coordinación con el gobierno del Estado de México para que poblaciones tan grandes como el Municipio de Netzahualcóyotl, víctima hasta la fecha de fraudes perpetrados por voraces fraccionadores en su mayoría extranjeros, y sin dejar de exigir a éstos la grave responsabilidad en que han incurrido, disponga de los servicios que como mexicanos tienen derecho.
Estas y otras cuestiones que en su momento expresaremos, son nuestros puntos de vista hechos alrededor de la Cuenta de la Hacienda Pública del Departamento del Distrito Federal.
La fracción parlamentaria del PPS con las reservas expresadas la aprueba, pero deja advertida su inconformidad de que se siga gastando el dinero del pueblo sin planificación ninguna."
El C. presidente: Se concede el uso de la palabra al señor diputado Felipe Gutiérrez Zorrilla.
El C. Gutiérrez Zorrilla, Felipe: Señores diputados: Venimos a fundar nuestro voto negativo después de haber escuchado las afirmaciones de los miembros de la Comisión y de los diputados de la mayoría, que tratan de sostener el dictamen y el voto afirmativo. La Comisión, a través del diputado Vázquez, ha venido en esta tribuna a contestar, o a tratar de contestar, las objeciones que hicimos el año pasado al dictamen de la Cuenta Pública. Las objeciones fundamentales que hicimos fueron de tipo constitucional. El diputado Vázquez, leyó los artículos constitucionales, y además de leerlos, trató de fundamentar la cuenta en el texto del artículo 65 de la Constitución en su fracción I. También habló de algo que Acción Nacional ha insistido: de la planeación. Y habló de la Comisión Intersecretarial y de los programas de inversión financiera. Esto siempre lo hemos apoyado: planeación bien presentada, con bases y con tesis fundamentales en beneficio de México. La planeación económica es indispensable y estamos nosotros pidiendo, estamos exigiendo, que la Cuenta Pública sea el resultado de una correcta planeación.
Se nos ha dicho también desde esta tribuna que algunos artículos reglamentarios, el artículo 80 y el 81 del Reglamento Interior del Congreso y algunos artículos reglamentarios pretenden o quieren que la Cuenta Pública se turne inmediatamente a Comisión, y una vez turnada a Comisión sea dictaminada y esto, para ser aprobada o rechazada por esta asamblea.
Estas objeciones se deben contestar. En primer lugar, el artículo citado por el señor diputado Vázquez es el aplicable. El artículo 65, fracción I de la Constitución. Los reglamentos, las leyes secundarias, que en contrario del precepto constitucional se han esgrimido, no son valederas y esto de acuerdo con el artículo 133 de la Constitución que
establece que es Ley Suprema y sobre esta ley no valdrá ninguna ley secundaria que pueda modificar o pueda alterar su contenido.
Analizamos, pues, el precepto supremo constitucional y no los artículos secundarios, reglamentarios, que aun cuando puedan diferenciar o distinguir la norma constitucional, no son valederos. El artículo 133 de la Constitución es definitivo en este sentido y es la protección misma de la Ley Suprema de nuestro país.
En octubre de 67 votamos en contra de la Cuenta Pública, votamos en contra por dos argumentos: primero, la relativa a los números y su correcta interpretación. Sobre esto hablamos extensamente el año pasado y ahora hemos traído aquí argumentos sobre los números y su correcta interpretación; segundo, la referente a los procedimientos constitucionales que deben seguirse por esta Cámara de Diputados.
En aquella ocasión se nos contestó con estas objeciones: el diputado Pichardo Pagaza nos dice lo siguiente: "Que pretendíamos reducir las funciones de la Cámara de Diputados en materia de revisión de la Cuenta Pública, a una verificación contable y administrativa. Que el dictamen de la Cuenta Pública en forma global es el análisis del cumplimiento de los objetivos de la política económica del Poder Ejecutivo."
Se nos contestó también que los documentos que hay que revisar y que es imposible que se revisen en función de Cámara, pasan de 27 millones, manifestando quien lo dijo que evitaba posteriores comentarios.
Consideramos que estas dos objeciones que ahora se han tratado de contestar no son valederas. La primera objeción es contraria al artículo 65, fracción I, de la Constitución. Este artículo leído ya aquí pide lo siguiente:
Primero. El acuerdo de lo gastado con las partidas respectivas del presupuesto.
Segundo. La revisión de las cantidades gastadas.
Tercero. La extensión del examen de la exactitud de cada partida gastada.
Cuarto. La justificación de cada gasto hecho, y
Quinto. La fijación de responsabilidades a que hubiere lugar.
Esto pide la norma suprema constitucional que no es valedero decir, que no se aplica en esta forma y con esta claridad porque hay artículos secundarios o artículos reglamentarios que hablan de una Comisión de Presupuestos y Cuenta y de un dictamen que se debe aprobar y discutir o reprobar. Todas éstas son facultades de esta Cámara de Diputados. La segunda de las objeciones del año pasado ya la contestamos.
La Contaduría Mayor -lo volvemos a repetir aquí- es el órgano que en esta Cámara debe cumplir su función previa para revisar cada partida con exactitud y su justificación. Claro que son muchos documentos que hay que revisar y claro que son muchos los documentos que deben ser justificativos de los gastos públicos. Pero estos gastos públicos también son muy elevados, son 80 mil millones de pesos, son pagados o contribuye a ellos el pueblo de México. Creemos, ya lo hemos reiterado mucho en esta tribuna, que se ha invertido el sistema constitucional.
Nos dice el dictamen: "Se admite la Cuenta Pública. 2o. Revisados los estados contables y concordando las cantidades gastadas por las partidas autorizadas, se aprueba. Se ordena a la Contaduría que examine los libros y glose los documentos." Consideramos que el punto segundo del dictamen no es correcto. No es correcto porque no se puede afirmar que todas las partidas gastadas han coincidido con las partidas autorizadas. En 80 mil millones de pesos y en más de 300 estados financieros no es posible hacer esta afirmación si no se tiene previamente un análisis técnico de la Contaduría Mayor de Hacienda.
Se habla de superávit. Siempre se ha insistido en el superávit. Creemos que en realidad se puede hablar de un déficit por haber incluido en los ingresos los empréstitos. Es correcto el incluirlos. Pero es incorrecto el señalar que esto es un superávit. Estos empréstitos fueron de 13,069 millones de pesos.
Por lo que se refiere a la conformidad de los gastos con partidas presupuestales, la diferencia es muy grande. Se estimó un total de 55,528 millones de pesos y en realidad se gastaron 79,459 millones de pesos. Creemos que no tiene sentido decir que hay concordancia entre lo autorizado y lo gastado cuando hay una diferencia de esta naturaleza. Se me podrá decir que con base en la ley del presupuesto aquí aprobada y en particular el artículo tercero, todo lo que ingresa debe ser gastado. Es correcto. Pero el artículo tercero señala condiciones y requisitos para gastar lo que se percibe de más, por el sector público. Y señala cuál debe ser el presupuesto, qué se debe hacer con sus excedentes; en qué forma se deben aplicar y cuándo y cómo se debe gastar. Considero aquí que la Comisión Dictaminadora no examinó los requisitos y las condiciones que señala el artículo tercero del presupuesto para comprobar que todo lo que ingresó debió ser gastado, sujeto a esta norma legal.
Encontramos algunos puntos de vista que queremos que aclare la Comisión o que pedimos que aclare la Comisión. En 1966 se afirmó que el efecto del gasto público en dicho año fue factor de importancia para que el producto nacional bruto creciera en términos reales en 7.5%. El incremento de egresos presupuestales fue del 3.2%. En 1967, el producto nacional bruto subió el 6.4 por ciento, y el gasto del sector público federal se incrementó en un 20.3 por ciento. Creemos, viendo esta cifra y esta comparación, que no se puede atribuir al gasto público todo el crecimiento del producto nacional bruto. Hay otros factores, hay una serie de elementos que también se deben examinar y no solamente el gasto del sector público, también el esfuerzo del pueblo de México y la realización positiva económica de millones de mexicanos contribuye, indudablemente, al incremento del producto nacional bruto.
Cuando se trata de minimizar un gasto que indudablemente es pequeño de por sí; pero de todas maneras se le trata de minimizar, se le compara con todo el gasto del sector público. En la página 12, en Defensa Nacional, un 2.3 se compara con el gasto total de 80 mil millones de pesos. Creemos que no debe compararse en esa forma, ya que el sector público se divide, indudablemente, en lo que es gobierno federal y en empresas descentralizadas y organismos estatales.
Una afirmación reiterada es la capacidad de endeudamiento. Sobre la capacidad de endeudamiento encontramos lo siguiente: Actualmente debemos 42 mil 732 millones. Este adeudo no se explica en forma alguna si está o no dentro de esa capacidad nuestra para endeudarnos. En otras palabras: ¿podemos o no podemos nosotros, como país económicamente en
desarrollo, podemos pagar estos compromisos o no podemos pagar estos compromisos?
El subsector paraestatal, y a este sector el gobierno le entregó 5 mil 240 millones de pesos. La Comisión dice que cumple la función de complementar los ingresos autorizados y que esto lo pudo constatar. Francamente, ¿en qué forma pudo constatar la Comisión no la entrega, sino que esto fue necesario para que se cumpliera la función de complementar los ingresos autorizados? Para esto se hubiera requerido el examen minucioso, completo y perfectamente interiorizado, de la Contaduría Mayor de Hacienda.
Hay una aparente contradicción o diferencia que también quisiéramos asentar en este debate. En el informe presidencial se afirma que la deuda pública al 31 de diciembre de 1967, ascendía a 42,393 millones de pesos. En la Cuenta Pública se señala que en la contabilidad la cantidad anotada es de 42,732 millones de pesos. Hay una diferencia que quisiéramos se aclarara, no para nosotros, sino para beneficio del pueblo de México.
Por lo que se refiere a los organismos descentralizados, y a las empresas del sector público, hemos encontrado que la Comisión desestima que esta empresas o que estos organismos, tengan balances satisfactorios; tengan utilidades, o por lo menos resultados positivos. En un cuaderno obrero denominado "Nuestro Petróleo", y que comenta por el sindicato, el informe de Petróleos Mexicanos, se afirma lo siguiente: "En términos generales las empresas nacionalizadas se administran conforme a los lineamientos de la empresa privada tanto por lo que se ve a la forma como al fondo." "Es urgente combatir errores tan graves como el de las empresas nacionalizadas operen antieconómicamente con la supuesta justificación de que no se trata de empresas lucrativas, porque con tan engañosa teoría, se tiende una cortina de humo para justificar despropósitos económicos y técnicos de administradores públicos deshonestos o incapaces."
No estoy ciento por ciento de acuerdo con esta tesis, pero indudablemente que los organismos estatales, que las empresas de participación estatal y los descentralizados, deben tender a mejorar su administración. Y debe ser preocupación nuestra como representantes del pueblo para que esto se logre y se obtenga. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. presidente: Se concede el uso de la palabra para hablar en pro del dictamen el diputado Fausto Zapata.
El C. Zapata, Fausto: Señor presidente, señores diputados: las objeciones que formuló el señor diputado que me antecedió en el uso de la palabra, creo yo que más que esa denominación podrían llamarse dudas acerca de algunos aspectos del dictamen de la Comisión de Presupuestos y Cuenta.
Considero innecesario referirme ya a la fundamentación legal del dictamen o a la razón jurídica que le asistió a la Comisión, porque pienso que la compañera diputada Aguirre respondió amplia y satisfactoriamente a todos estos puntos. Sin embargo, hubo preguntas de interés que formuló el diputado de Acción Nacional -no alcancé lamentablemente a tomarlas todas porque es muy rápido para formular sus dudas, pero a mi juicio las más importantes fueron en el orden en que las intentaré mencionar. La referente primero a la planeación que si mal no recuerdo señaló como una de las preocupaciones de su partido y como una de las deficiencias de la acción gubernamental. La planeación del gobierno de México, la planeación de su acción económica, ha sido uno de los logros más efectivos de la Revolución Mexicana. Arranca la acción planificadora del gobierno de México desde la Comisión de Programación de 1933, hasta la actual Comisión Intersecretarial y los programas de inversión-financiamiento de la Secretaría de la Presidencia y la Secretaría de Hacienda conjuntamente; pasan por todo ello e intentaré mencionarlos sin mayores referencias para no hacer cansada mi intervención, pasan por el Comité Asesor Especial, por el Fondo de Fomento Industrial, por la Comisión Federal de Fomento Industrial, y por la Comisión Nacional de Inversiones hasta alcanzar su actual expresión en la Comisión Planificadora Intersecretarial a la que yo hacía referencia. Señala después el diputado de la oposición su duda acerca de si se está cumpliendo con la ley o si existe una congruencia económica cuando se señala una cantidad como posible para un egreso y en realidad se ejerce otra. Yo creo que él no ignora que por aprobación unánime en la que obviamente participó su fracción parlamentaria esta honorable Asamblea aprobó en el Presupuesto de Egresos, en el artículo 3o. que hacía referencia hacia el sistema cómo deberían ser gastados los excedentes en el Presupuesto de Egresos.
Únicamente para dejar satisfecha a esta pregunta me interesaría referirme a un análisis del artículo 3o. del Presupuesto de Egresos. La comisión dictaminadora tuvo la responsabilidad de elaborar un dictamen que no podía excederse más de sus consideraciones sobre el ingreso y gasto del Gobierno Federal. Y quizás no fue por eso todo lo amplio que los señores diputados hubieran querido.
La comisión tuvo el cuidado de examinar esos excedentes del ingreso que se utilizaron de la siguiente manera. Los ingresos efectivamente percibidos llegaron a la cifra de 40,516 millones, en tanto que los egresos presupuestales estimados en 22,108 millones. Hubo, pues, un excedente de 18,407 millones.
Del total del excedente y aquí está el análisis, 6,855 millones se destinaron a cubrir el aumento habido en el gasto corriente y transferencia.
Los restantes 12,562 millones fueron usados para la amortización de deuda y para la inversión. A la amortización correspondió la cantidad de 8,475 millones y a la inversión física y financiera los 3,414 millones restantes.
En una de las consideraciones que a mi juicio fueron las de mayor relevancia que formuló el señor diputado de la oposición, hizo una alusión más a la política de endeudamiento del Gobierno Federal. En realidad, considero que este es uno de los aspectos de mayor importancia que se da en la Cuenta Pública, porque no únicamente refleja una tendencia del Gobierno Federal, sino que lleva implícita la preocupación genuina de los gobernantes por no exceder ni la capacidad de pago ni distraer tampoco el monto de lo adquirido hacia gastos corrientes o gastos que caracterizaron en un momento de nuestra historia los ingresos por deuda del Gobierno Federal. En realidad en muchas personas, algunas veces por falta de información suficiente y otras quizá por indiferencia hacia este problema, suele identificarse la deuda pública del Gobierno de México con aquella vieja deuda del siglo 19 que bajo la imperiosa necesidad de cubrir con ella los gastos corrientes y los gastos que imponía el déficit
presupuestal, solía contratar el gobierno de México con entidades europeas bajo las peores condiciones. La historia de nuestra deuda arranca, como ustedes lo saben, de la necesidad que tenía el gobierno para estos gastos y de su aceptación de otorgar garantías específicas por la deuda contratada que comprendían desde la enajenación de parte del territorio nacional hasta el control directo de aduanas o el ingreso que directamente produjera o determinara un puesto para cubrir con ella como garantía lo contratado por deuda. Quizás para hacer un análisis breve del asunto de la deuda, interesaría partir de los datos que nos proporciona el propio dictamen.
Dice el dictamen en su página 24: "Que la deuda contratada, la deuda consolidada por el Gobierno Federal, ascendía a 42,732 millones, 35 mil millones de los cuales, el 84% correspondían a deuda interna y el resto, 16% a la deuda externa." La deuda interna del Gobierno Federal que forma la mayor parte de lo contratado dentro de la composición general de lo que debemos, en realidad no puede considerarse más que como un mecanismo de captación que el Gobierno Federal ejerce para allegarse fondos y recursos que le permitan junto con lo captado por el sistema impositivo, integrar sus recursos para la aplicación de inversión física.
De lo que me quedó alguna duda es de los frecuentes ataques que se hicieron o si no ataques por lo menos observaciones, a la capacidad de nombramiento del Gobierno Federal.
Decía que me produjo alguna duda porque fue justamente una Comisión de la que formaban parte dos diputados del Partido de Acción Nacional, la que aprobó la contratación de empréstitos por el Gobierno Federal. En efecto, los señores diputados Efraín González Luna Morfín y Alfonso Ituarte participaron en el proyecto de Decreto, en la elaboración del proyecto de Decreto que se aprobó en noviembre de 1967 y al participar en este proyecto de Decreto hicieron suyas las siguientes opiniones que se exponían en él. Decían -cito textualmente-:
"Aquellos países que como México se encuentran en proceso ascendente de desarrollo económico, deben adoptar como un principio de sana política económica la obtención de recursos financieros adicionales y complementarios provenientes del mercado internacional de capitales que coadyuven a la realización de inversiones productivas, condición esencial de este principio que en el caso de México se cumple ampliamente. Es que tales inversiones generan ingresos suficientes no sólo para pagar dichos financiamientos, sino para obtener un significativo remanente de riqueza adicional. Cuando estas circunstancias sean la realidad, en ningún momento se está debilitando la capacidad de pago del país."
Es evidente que tanto la recomendación como las consideraciones hechas por quienes formularon el proyecto de Decreto, personas entre las cuales se encontraban los dos diputados de la oposición que he mencionado, es evidente que esas recomendaciones y esas consideraciones se han cumplido cabalmente por el sector público federal. Nuestra contratación de deuda ha estado destinada a inversiones o altamente productivas o a la reconvención de deudas, que nos permite una más sana estructura de ésta; mayores plazos para pagarla y cada día tasas de interés más bajas. Quizá deberíamos reparar aquí en una consideración que por repetida, por formularse con tanta frecuencia parece que ya pasa inadvertida para la mayor parte de los señores diputados de oposición.
La capacidad de pago del gobierno en cuanto a su contratación de deuda sólo está determinada por el destino que le dé a los recursos que obtiene mediante la contratación. Si lo contratado -y trataré de ser claro en este aspecto- si en lo contratado México destinara los recursos a cubrir gastos corrientes, a cubrir déficit presupuestal; a gastos no directamente productivos, la capacidad de pago nuestra se iría estrechando cada día. Si lo contratado por deuda lo dedicamos en un 82%, como ocurre en el caso del gobierno federal, a financiar inversiones netamente productivas o a reconvertir deudas que nos permitan ampliar los plazos, en este caso la capacidad de pago del gobierno federal sólo opera en razón directa a la productividad de las inversiones formuladas o hechas con cargo a deudas.
En realidad no creo que pueda haber duda a este respecto. El prestigio y el crédito de México, en los mercados internacionales de capital, ha llegado a un momento en que se expresa en la absoluta confianza que las casas de mayor prestigio universal, en cuanto a la proporción de crédito otorgan al gobierno mexicano. No se exige ninguna garantía específica, y en los casos de los organismos descentralizados, no se exige muchas veces ni siquiera el aval del Gobierno Federal o el aval de la Nacional Financiera.
Creo, entonces, que la deuda pública del gobierno de México es congruente con su capacidad de pago y se emplea en inversiones productivas que no debieran despertar sospechas o preocupaciones graves en los señores diputados de oposición. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. presidente: Se concede el uso de la palabra al señor diputado Adrián Tiburcio.
El C. Tiburcio González, Adrián: Señor presidente, señores diputados:
Agradezco el aplauso del diputado panista si es sincero. Y si es en forma de ironía protesto en esta tribuna, porque debemos merecer respeto cualquier orador y de cualquier partido que sea. A mí me causan profundo respeto también tanto los de Acción Nacional, como los del Partido Popular Socialista y como los del Partido Revolucionario Institucional. Por eso suplico a los diputados respeto también en esta tribuna. En múltiples ocasiones yo he manifestado y he dado lugar a quien lo merece y a quien le corresponde.
(Aplausos.) Muchas gracias.
Yo se que la asamblea está cansada. Pero es un deber, como representante de mi Partido, venir a exponer aquí de un asunto de tan vital importancia como es el gasto público. En qué se gastan los ingresos del pueblo. Y en eso, señores diputados, estoy completamente de acuerdo. Para qué vamos a repetir lo que en verdad hemos leído; lo que trae el dictamen de referencia.
Yo pondré una flor a esos jóvenes que hicieron el dictamen; al compañero diputado que encabeza la Comisión; al licenciado Pagaza; al licenciado Pascoe, y a todos los demás que formularon ese dictamen. Mi Partido está de acuerdo, y lo aprueba íntegramente porque ese gasto público, es decir el dictamen, ya lo conocíamos de antemano cuando el Presidente de la República en su informe último de septiembre, lo escuchamos aquí y lo aprobamos, señores diputados.
(Aplausos.)
Quiero también, porque sería injusto el no aclarar aquí, porque así como el que habló, el diputado de Michoacán, el diputado Morfín, un joven talentoso, que no es señores diputados, un aprendiz de contador, como no lo soy tampoco.
Pero inspirado aquí como mexicano, y como defensor del dictamen del gasto público, que el compañero diputado del PAN cometió una cosa injusta. Sí, señores, porque él es abogado, y no es contador. Pero entiende de estas cuestiones, como muchos que no son contadores ni licenciados en Economía ni en Derecho, que también conocen, porque la lógica y el sentido común acusan también para saber de estas cuestiones, porque no somos eruditos en estas cosas del gasto público y de cantidades que son contabilizables. Por eso desde aquí también hago justicia a ese joven diputado de Michoacán, que me merece el profundo respeto como todos los diputados jóvenes que integran esta Legislatura.
Diputado Hinojosa: Tengo de usted el concepto más elevado porque si se lo merece usted, a pesar de que usted siempre habla en una forma irónica, pero para mí es muy respetable su opinión porque debo respetar las opiniones aunque no esté yo de acuerdo con ellas, pero usted sabe perfectamente bien, cuando hablara del caso de los ferrocarriles, que ningún ferrocarril del mundo gana dinero; todos pierden y están subvencionados, hasta los ferrocarriles particulares los subvencionan los gobiernos como en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Esa es una cosa que quise yo refutar aquí porque creo que sí lo sabe, pero lo hizo usted en una forma dolosa, señor diputado. Señores y señoras, señores diputados: como dije que estaban muy cansados en esta asamblea, voy a terminar aunque quería yo haber hablado de muchas cosas que mi Partido por conducto mío iba a exponer aquí ante este asamblea, pero me voy a concretar únicamente, un nombre de mi Partido, a apoyar ante ustedes, el respaldo absoluto a favor del dictamen que ha formulado esta Comisión de la Cámara de Diputados. (Aplausos.)
El C. presidente: Se ruega a la Secretaría que en votación económica consulte a la asamblea si considera suficientemente discutido en lo general el dictamen.
El C. secretario Suárez del Solar, Fernando: Por instrucciones de la presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si considera el proyecto de Decreto suficientemente discutido en lo general.
(Suficientemente discutido.) En consecuencia, se va a proceder a recoger la votación del proyecto de Decreto en lo general, por la afirmativa.
El C. prosecretario Briceño Ruiz, Alberto: por la negativa.
(Votación.)
El C. secretario Suárez del Solar, Fernando: ¿Falta algún ciudadano diputado de votar por la afirmativa?
El C. prosecretario Briceño Ruiz, Alberto: ¿Falta algún ciudadano diputado de votar por la negativa?
Se va a proceder a recoger la votación de la Mesa.
(Votación.)
El C. secretario Suárez del Solar, Fernando: Aprobado en lo general por de 113 votos en favor y 18 en contra.
Está a discusión en lo particular el proyecto. No habiendo quien haga uso de la palabra, se va a proceder a recoger la votación nominal. Por la afirmativa.
El C. prosecretario Briceño Ruiz, Alberto: Por la negativa.
(Votación.)
El C. secretario Suárez del Solar, Fernando: ¿Falta algún ciudadano diputado de votar por la afirmativa?
El C. prosecretario Briceño Ruiz, Alberto: ¿Falta algún ciudadano diputado de votar por la negativa?
Se va a proceder a recoger la votación de la Mesa.
(Votación.)
El C. secretario Suárez del Solar, Fernando: Aprobado en lo particular por 114 votos en favor y 17 en contra.
Aprobado el proyecto de Decreto de las Cuentas de la Hacienda Pública Federal y del Departamento del Distrito Federal por el ejercicio fiscal de 1967, tanto en lo general como en lo particular. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
ORDEN DEL DÍA
- El mismo C. secretario:
"Cámara de Diputados.
Segundo período ordinario de la XLVII Legislatura.
Orden del día.
12 de noviembre de 1968.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Circulares de las Legislaturas de los Estados.
El Congreso del Estado de Coahuila invita a la sesión en la que el C. gobernador de ese Estado rendirá el quinto informe de gestión administrativa.
Comunicación de la Asamblea Legislativa de Costa Rica."
El C. presidente (A las 15.35 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo martes 12 de los corrientes, a las diez horas.
TAQUIGRAFÍA PARLAMENTARIA Y
"DIARIO DE LOS DEBATES"