Legislatura XLVIII - Año II - Período Ordinario - Fecha 19711130 - Número de Diario 27
(L48A2P1oN027F19711130.xml)Núm. Diario:27ENCABEZADO
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
XLVIII LEGISLATURA
Registrado como artículo de 2a. clase en la Administración Local de Correos, el 21 de septiembre de 1921.
AÑO II México, D.F., Martes 30 de Noviembre de 1971 TOMO II.- NUM. 27
SUMARIO
Orden del Día
Se abre la sesión. Lectura del Orden del Día
Acta
Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior
Comunicación
De la Legislatura del Estado de Chiapas, participando la apertura y clausura del primer período extraordinario de sesiones, correspondiente al primer año de ejercicio. De enterado
Informe de Labores
Para los efectos del artículo 93 constitucional el C. licenciado Hugo Cervantes del Río, Secretario de la Presidencia de la República, envía el informe de las labores desarrolladas por la Dependencia a su cargo, en el lapso de un año. Recibo, y resérvese en el Archivo para consulta de los ciudadanos diputados y córrase traslado a la H. Cámara de Senadores
Informe
De la Comisión de Diputados designada para hacer entrega al C. Secretario de Gobernación, el oficio que, con base en el artículo 93 mencionado, se solicita la comparecencia ante esta Cámara del C. licenciado Hugo B. Margáin, Secretario de Hacienda y Crédito Público. De enterado
Oficio de la Secretaría de Gobernación
Por el que comunica que el C. Presidente de la República ha autorizado al licenciado Hugo B. Margáin, Secretario de Hacienda y Crédito Público para que comparezca a la Sesión que tendrá lugar el día 2 de diciembre próximo. El C. Presidente señala las 12:30 horas de esta fecha para recibirlo
INICIATIVA
Reformas al Código Civil
El C. Juan Manuel López Sanabria da lectura a una Iniciativa de Reformas al Código Civil del Distrito y Territorios Federales en Materia Común, y para toda la República en Materia Federal, suscrita por los ciudadanos diputados miembros del Partido Acción Nacional. A las Comisiones correspondientes e imprímase
Elección de Presidente y Vicepresidentes para el mes de Diciembre Elección por medio de cédula, de Presidente y Vicepresidentes de la Cámara, que fungirán durante el próximo mes de diciembre. Votación. Escrutinio. Declaratoria
Primer año de Gobierno del Presidente Echeverría
Con objeto de hacer un análisis sobre el primer año de Gobierno del C. licenciado Luis Echeverría Alvarez, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, hacen uso de la palabra los CC. Humberto Hiriart Urdanivia, Abel Salgado Velasco y Alejandro Gascón Mercado
DICTAMEN DE PRIMERA LECTURA
Adición del Artículo 389 bis del Código Penal Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia, Primera Sección, y de Estudios legislativos, Sección Penal, con proyecto de Decreto que adiciona el Código Penal para el Distrito y Territorios Federales en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, con el artículo 389 bis. Primera lectura. Se levanta la sesión
DEBATE
PRESIDENCIA DEL C. SANTIAGO ROEL GARCÍA
(Asistencia de 135 ciudadanos diputados.)
- El C. Presidente (a las 11:45 horas): Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
- El C. secretario Herrerías Montoya, Ignacio F.:
"Cámara de Diputados Segundo Período Ordinario de Sesiones. XLVIII
Legislatura.
Orden del Día
30 de noviembre de 1971.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicación del Estado de Chiapas.
El C. Secretario de la Presidencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 93 constitucional, envía el Informe de Labores de la Dependencia a su cargo, correspondiente al lapso que comprende desde septiembre de 1970 al 31 de agosto de 1971.
Informe de los CC. diputados designados para entregar al C. Secretario de Gobernación, el oficio solicitando la comparecencia del C. licenciado Hugo B. Margáin, Secretario de Hacienda y Crédito Público.
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Uno por el que se comunica la autorización del C. Presidente de la República, para que el C. licenciado Hugo B. Margáin, Secretario de Hacienda y Crédito Público, comparezca ante esta H. Cámara de Diputados el próximo 2 de diciembre.
Elección de Mesa Directiva
Dictamen de Primera Lectura
Uno de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos con Proyecto de Decreto, por el que se reforma y adiciona el artículo 389 del Código Penal para el Distrito y Territorios Federales en Materia de Fuero Común y para toda la República en materia de Fuero Federal."
ACTA
- El C. secretario Delgado, Celso H.:
"Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del H. XLVIII Congreso de la Unión celebrada el día veinticinco de noviembre de mil novecientos setenta y uno.
Presidencia del C. Santiago Roel García.
En la ciudad de México, a las doce horas y cinco minutos del jueves veinticinco de noviembre de mil novecientos setenta y uno, se abre la sesión con asistencia de ciento setenta y ocho ciudadanos diputados, según consta en la lista que previamente pasa la Secretaria. Lectura del orden del Día.
Sin discusión se aprueba el acta de la sesión anterior, celebrada el día veintitrés del presente.
Se da cuenta de los documentos en cartera:
El Departamento del Distrito Federal, por conducto de la Dirección General de Acción Cultural y Social del Departamento del Distrito Federal, invita al acto que tendrá lugar el día 28 del actual, ante la estatua erigida a la memoria del General Emiliano Zapata, en la Glorieta de Huipulco de la Calzada de Tlalpan de esta Ciudad, en ocasión del 60 aniversario de la promulgación del Plan de Ayala.
Se designa en comisión para llevar la representación de esta Cámara a ese acto, a los CC. diputados Tarsicio González Gutiérrez, Jorge Arellano Amezcua y Genaro Cornejo Cornejo.
El C. ingeniero Felipe Rivera Crespo, Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, invita a las ceremonias que se efectuarán el día 28 de los corrientes, en las poblaciones de Chinameca y Villa de Ayala, Mor., para conmemorar el 60 aniversario de la promulgación del Plan de Ayala.
Para asistir a ese acto llevando la representación de esta Cámara, se designa en comisión a los CC. diputados Marco Antonio Ros Martínez, Filomeno López Rea y María Guadalupe Urzúa Flores.
Invitación del C. licenciado Rafael Murillo Vidal, Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz, a la sesión solemne que se llevará a cabo el día 30 del presente, en la cual rendirá el tercer informe de su gestión administrativa.
Se designa en comisión a los CC. diputados Rodolfo Martínez Moreno, Cirilo Rodríguez Guerrero y Francisco Cerda Muñoz, para llevar la representación de esta Cámara a ese acto.
El C. doctor Luciano Huerta Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado de Tlaxcala, invita a la sesión solemne que se efectuará el día primero de diciembre próximo, en la que dará lectura al segundo informe de su Gobierno.
Se designa en comisión para asistir a ese acto con la representación de esta Cámara a los siguientes ciudadanos diputados: Darío Pérez González, Melquiades Trejo Hernández, Aurora Fernández Fernández y J. Jesús Yáñez Castro.
Invitación del C. licenciado Roberto Gómez Reyes, Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, a la ceremonia que tendrá lugar el día primero de diciembre próximo, en la que rendirá el segundo informe de su Administración.
Se designa a los CC. diputados Salvador Díaz Coria, Celso H. Delgado, Hernán Pastrana Pastrana, Bonifacio Ibarra Morales, Alejandro Ríos Espinosa y Alejandro Gazcón Mercado, para llevar la representación de esta Cámara a ese acto.
La Acción Cívica Mexicanista General Francisco Villa, en colaboración con el Gobierno
del Estado de Hidalgo, el Partido Revolucionario Institucional y la Confederación de Veteranos Revolucionarios de la División del Norte, invitan al acto conmemorativo que se efectuará el día 28 del presente, en el Panteón Municipal de la Ciudad de Pachuca, Hgo., en ocasión del 52 aniversario del fallecimiento del General Felipe Angeles.
Para asistir a ese acto en representación de esta Cámara, se designa en comisión a los siguientes CC. diputados: Enrique Soto Reséndiz, Humberto Cuevas Villegas y Salvador Hernández Vela.
La Presidencia, en cumplimiento del Acuerdo que esta H. Cámara de Diputados aprobó en sesión del día 11 del presente mes, para recibir en esta fecha al C. Secretario de Gobernación, licenciado Mario Moya Palencia, y conforme a lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, designa en comisión, para introducirlo al Salón, a los siguientes ciudadanos diputados: Luis H. Ducoing, Jorge Cruickshank García, Juan Landerreche Obregón y Juan Barragán Rodríguez.
El C. Presidente manifiesta que en sesión efectuada el día 11 del presente mes, con motivo de la presentación de la Iniciativa de Reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 52, 54. fracciones I, II y III; 55, fracción II, y 58, fue aprobada una proposición en la que se solicitó la comparecencia del C. Secretario de Gobernación, con el propósito de que tuviera a bien informar a esta Representación Nacional acerca de los motivos y diera respuesta a las cuestiones de interés respecto a la iniciativa antes mencionada; y previo el Acuerdo favorable del C. Presidente de la República, recaído a dicha solicitud, es como ahora comparece ante esta H. Cámara de Diputados el C. Secretario de Gobernación, licenciado Mario Moya Palencia, a quien se concede el uso de la palabra. A continuación los CC. diputados Julio Antonio Gallardo, José Luis Alonzo, Ernesto Velasco Lafarga, Antonio Melgar Aranda, Francisco Ortiz Mendoza, Abel Salgado Velasco, José Blas Briseño, Marco Antonio Espinosa Pablos, Manuel Stephens García, Juan Barragán Rodríguez, Abelardo Carrillo Zavala, Guillermo Islas Olguín, Roberto Sánchez Dávalos, Guillermo Baeza Somellera, Santiago Villalvazo Márquez, Inocencio Sandoval Zavala, Alejandro Gazcón Mercado, Salvador Esquer Apodaca y J. Jesús Arroyo Alanís, previa solicitud que hacen a la Presidencia, por conducto de los CC. Secretarios, formulan al C. Secretario de Gobernación diversas preguntas relacionadas con la Iniciativa mencionada, y a las que en cada caso expone los puntos de vista del Ejecutivo. La Presidencia, por conducto de la Secretaría, consulta a la Asamblea si se considera suficientemente agotado el tema objeto de la comparecencia del C. Secretario de Gobernación.
Esta, en votación económica, da su aprobación en sentido afirmativo. La Presidencia, en nombre de la Cámara de Diputados de la XLVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, expresa el reconocimiento de este Cuerpo Legislativo al C. Presidente de la República, por haber autorizado la comparecencia del C. Secretario de Gobernación, ante esta Representación Nacional, en los términos y circunstancias previstos en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En la misma forma expresa su complacencia al C. licenciado Mario Moya Palencia, por las amplias consideraciones expuestas acerca de la Iniciativa anteriormente mencionada.
La misma Comisión que introdujo al alto funcionario lo acompaña al retirarse del salón.
Iniciativa de Ley que Reforma y Adiciona Diversas Disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, enviada por el C. licenciado Luis Echeverría Alvarez, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Recibo, a las Comisiones unidas de Hacienda, Crédito Público y Seguros, y de Estudios legislativos e imprímase.
El C. diputado Salvador Reséndiz Arreola da lectura a una proposición de esta fecha, suscrita por los ciudadanos diputados Luis H. Ducoing, Cuauhtémoc Santa Ana S., Salvador Reséndiz Arreola, José María Serna Maciel, Humberto Hiriart Urdanivia, Guillermina Sánchez Meza de Solís, Marcos Manuel Suárez, Roberto Suárez Nieto, J. Jesús Arroyo Alanís, Marco Antonio Ros, Enrique Soto Reséndiz, Antonio Melgar Aranda, Ramiro Robledo Treviño, Alberto Hernández Curiel, Juan Moisés Calleja y Manuel Orijel Salazar, relacionada con la Iniciativa a la que se acaba de dar lectura, que a la letra dice:
Proposición:
"Primero. Que se libre atento oficio al C. Secretario de Gobernación, para que con base en lo dispuesto por el artículo 2o., fracción VII, de la Ley de Secretarías y Departamentos del Estado. se sirva recabar del C. Presidente de la República, la autorización correspondiente para que en fecha próxima comparezca ante esta Cámara el C. Secretario de Hacienda y Crédito Público, a efecto de que informe a la Asamblea sobre las motivaciones de la Iniciativa y responda a las cuestiones de interés que se susciten en torno a la misma.
"Segundo. Que se nombre una comisión de ciudadanos diputados para que haga entrega del oficio al C. Secretario de Gobernación, y establezca con dicho alto funcionario la fecha de la comparecencia solicitada.
"Tercero. De conformidad con el artículo 59 del Reglamento Interior para el Gobierno del Congreso General, solicitamos a la Asamblea considere esta proposición de urgente y obvia resolución y se sirva aprobarla en sus términos."
La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consulta a la Asamblea si considera el asunto de obvia resolución.
A discusión, no habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se aprueba en sus términos la proposición.
La Presidencia dicta el siguiente Acuerdo:
"Primero. Sírvase la Secretaría girar atento oficio al Secretario de Gobernación para que en los términos y por los fundamentos de la proposición aprobada, sea el conducto para recabar del C. Presidente la autorización que corresponda, a fin de que el C. Secretario de Hacienda y Crédito Público, comparezca ante esta H. Cámara de Diputados en fecha próxima, a fin de que informe a esta Asamblea sobre las motivaciones, y responda a las cuestiones de interés que se susciten entre los ciudadanos diputados en relación con la Iniciativa de Ley que Reforma y Adiciona Diversas Disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, enviada por el C. Presidente de la República.
"Segundo. Se nombran en comisión a los diputados signatarios de la proposición para hacer entrega del oficio que se ordena, debiendo informar oportunamente a esta Presidencia del resultado del encargo que se les confiere."
A las dieciséis horas y quince minutos se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el martes treinta de los corrientes, a las once horas."
Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Aprobada.
COMUNICACIÓN
- El C. secretario Herrerías Montoya, Ignacio:
"Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Estado Libre y Soberano de Chiapas.- Poder Legislativo.
Cámara de Diputados.
C. Presidente de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. México, D.F.
La H. Quincuagésima Primera Legislatura Constitucional del Estado, abrió y cerró hoy, su Primer Período Extraordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de su Ejercicio, a que fue convocada por su Comisión Permanente, después de estudiar y resolver los asuntos que fueron sometidos a su consideración.
Lo que nos permitimos participar a usted (es), reiterándole (s) las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Tuxtla Gutiérrez, Chis., a 6 de octubre de 1971.- Profesora Cándida Torres Ruiz, D. S.- Profesor Galdino Ríos Clemente, D. S."
Trámite: De enterado.
INFORME DE LABORES
- El mismo C. Secretario:
"Palacio Nacional, a 26 de noviembre de 1971.
C. licenciado y diputado Santiago Roel presidente de la H. Cámara de Diputados. Ciudad.
En cumplimiento del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me complace enviar a usted 350 ejemplares de la Memoria de Labores de la Secretaría de la Presidencia, que da cuenta del estado que guardan los asuntos encomendados a esta Dependencia del Ejecutivo Federal, en el período comprendido del 1o. de septiembre de 1970 al 31 de agosto último.
Me es grato aprovechar esta oportunidad para reiterar a usted las seguridades de mi atenta consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El Secretario, licenciado Hugo Cervantes del Río."
-Trámite: Recibo, y resérvese en el Archivo para consulta de los CC. diputados y córrase traslado a la H. Cámara de Senadores.
INFORME
- El C. secretario Delgado, Celso H.:
"C. Presidente de la H. Cámara de Diputados.- Presente.
"Los suscritos, ciudadanos diputados, fuimos designados por esta H. Cámara para hacer entrega al C. Secretario de Gobernación de un oficio conteniendo la transcripción de los acuerdos tomados en la sesión de fecha 25 del actual, relativos a la solicitud de comparecencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público para ampliar la información y las motivaciones de la Iniciativa que enviará el C. Presidente de la República, de reformas a diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
Nos es muy grato informar que la comisión conferida fue cumplida oportunamente y en sus términos.
Ya en oficio por separado el C. Secretario de Gobernación se sirve informar a esta H. Cámara sobre la autorización concedida por el C. Presidente de la República para que, en observancia del mandamiento constitucional, comparezca el C. Secretario de Hacienda y Crédito Público ante esta Representación Nacional.
Atentamente.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.
México, D.F., a 29 de noviembre de 1971.- Diputado Luis H. Ducoing.- Diputado Cuauhtémoc Santa Ana S.- Diputado Salvador Reséndiz Arreola.- Diputado José María Serna Maciel.- Diputado Humberto Hiriart Urdanivia.- Diputada Guillermina Sánchez Meza de S.- Diputado Marcos Manuel Suárez.- Diputado Roberto Suárez Nieto."
-Trámite de enterado.
OFICIO DE LA SECRETARIA
DE GOBERNACIÓN
- El mismo C. Secretario:
"Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Poder Ejecutivo Federal.- México, D.F.- Secretaría de Gobernación.
CC. secretarios de la Cámara de Diputados. Presente.
En relación a su oficio librado el día 25 del mes en curso, por el que solicitan, con fundamento en el artículo 2o., fracción VII, de la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado, se tramite por esta Secretaría el citatorio hecho por esa Honorable Cámara, al C. Secretario de Hacienda y Crédito Público, para que comparezca a la misma e informe sobre las motivaciones, y responda a las cuestiones de interés que se susciten entre los ciudadanos diputados en relación con la iniciativa de Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
Enterado el señor Presidente de la República de su atento citatorio, y en observancia a los dispuesto por el artículo 93 constitucional, ha autorizado, desde luego, al C. Secretario de Hacienda y Crédito Público para que comparezca a la sesión de ese Honorable Cuerpo Legislativo, correspondiente al jueves 2 de diciembre próximo, con el propósito de que ilustre con amplitud a los CC. diputados acerca de los motivos y alcances de la iniciativa a que se hace referencia.
Lo que comunico a ustedes para sus efectos constitucionales, reiterándoles las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 29 de noviembre de 1971.- El Secretario, licenciado Mario Moya Palencia."
El C. Presidente: De enterado y se señalan las 12:30 horas para recibir en esta Honorable Cámara de Diputados, el día 2 de diciembre al ciudadano Secretario de Hacienda y Crédito Público, licenciado Hugo B. Margáin. Para tal efecto, líbrese atenta comunicación al ciudadano Secretario de Gobernación para que por su digno conducto, se le haga saber lo anterior.
INICIATIVA
Reformas al Código Civil
El C. López Sanabria, Juan Manuel: Pido la palabra, señor Presidente.
El C. Presidente: ¿Con qué propósito?
El C. López Sanabria, Juan Manuel: Para presentar una Iniciativa de Ley de Reformas al Código Civil.
El C. Presidente: Tiene la palabra el señor diputado Juan Manuel López Sanabria.
El C. López Sanabria, Juan Manuel: Señor Presidente, estimados compañeros:
"Desde la promulgación del Código Civil para el Distrito y Territorios Federales, en materia común, y para toda la República, en materia federal, el Capítulo V del Título Primero de la Primera Parte del Libro Cuarto lleva la denominación: 'De las obligaciones que nacen de los actos ilícitos'. Tal nomenclatura no corresponde exactamente al contenido que regula dicho capítulo, en virtud de que, si bien es cierto que se ocupa de las obligaciones generadas por hechos ilícitos, también lo es que abarca otro tipo de obligaciones que nacen de la ejecución de actos o hechos compatibles con la ley, con efectos productores de obligaciones a cargo de quienes efectúan esos actos o se benefician con tales hechos.
En el último tercio del siglo XIX, debido al desarrollo industrial, comenzaron a multiplicarse los accidentes de trabajo en que naturalmente eran víctimas los obreros. Por ese entonces, y de acuerdo con la tradicional teoría de la responsabilidad, les tocaba a los trabajadores probar, para obtener indemnización, que el accidente le era imputable al patrón, por culpa o negligencia de éste. Los resultados de la aplicación de esta teoría, no podía ser más desastrosa para los trabajadores en virtud de la dificultad para demostrar en la mayoría de los casos la culpa o negligencia del patrón.
Ante la situación, principalmente en Francia, algunos tratadistas intentaron invertir la carga de la prueba, de modo tal, que fuera el patrón quien debía demostrar la ausencia de culpa en tales casos. Aunque esta teoría no se aceptó de inmediato, fue el principio para que la doctrina jurídica sustituyera la noción de culpa con la de riesgo creado, mediante la cual se impone la obligación de reparar los daños y perjuicios ocasionados por mecanismos, instrumentos, aparatos o substancias peligrosas por sí mismas, a los dueños o poseedores legales de ellas, aun cuando se haya obrado en forma lícita. Esta teoría, bien pronto se amplió a todo el campo del derecho civil, rebasando los límites de los accidentes laborales en los que tuvo origen.
La teoría del riesgo creado o responsabilidad objetiva, no es extraña a nuestro derecho, ya que el Código Civil de 1870, en su artículo 1595, se avisoran los elementos del riesgo creado, pero circunscritos a establecimientos industriales, a cuyos dueños hacía responsables civilmente, por los daños causados, ya en razón del peso y movimiento de las máquinas, ya en razón de las exhalaciones deletéreas. Idéntica disposición a la anterior, existió en el artículo 1479 del Código Civil de 1884; pero no es sino hasta el Código de 1928 actualmente en vigor, cuando se adopta en forma más amplia y definitiva la teoría del riesgo creado o responsabilidad objetiva, a través del artículo 1913, que se encuentra dentro del capítulo V, del Título Primero, de la Primera Parte del Libro Cuarto del Código Civil, capítulo que por tanto regula no solamente las obligaciones nacidas por los actos ilícitos, si no que también lo hace con las obligaciones que genera el riesgo creado. En tal virtud, la nomenclatura que actualmente tiene el capítulo citado, no corresponde a la amplitud de la materia que sistematiza, por lo que proponemos que en adelante se denomine en la forma siguiente: 'De las obligaciones que nacen de los Actos Ilícitos y del Riesgo Creado'.
Por otra parte, no se justifica una iniciativa de Ley, para ampliar la denominación de un capítulo del Código Civil, que aun cuando introduce claridad y técnicamente mejora el Código, en nada modifica la materia normativa, esta proposición, principalmente tiende a la reforma de los artículo 1915 y 1916 del Código Civil, de acuerdo con el siguiente orden de ideas.
Entre los problemas que presenta la reparación de daños y perjuicios causados por actos
contrarios a la Ley, el más complejo y difícil es seguramente el de los daños causados a la persona en su integridad física y moral, así como en caso de muerte, sea que la causa del daño tenga o no carácter delictuoso.
Desde luego, hemos de aclarar que en la presente exposición y la iniciativa correspondiente nos referimos exclusivamente a hechos u omisiones de carácter civil y no al caso de delitos.
La reparación del daño, dice la Ley, debe consistir en el restablecimiento de la situación anterior al mismo; y cuando ello no sea posible, en el pago de daños y perjuicios.
El restablecimiento de la situación anterior al daño es prácticamente imposible en la gran mayoría de los casos, aun tratándose de daños materiales; pero si la reparación pecuniaria puede restablecer situaciones patrimoniales anteriores en forma más o menos completa, en los de daño a las personas y de muerte, la imposibilidad de ese restablecimiento es radical y definitiva, dados el valor inapreciable e insustituible de la vida y de los atributos del ser humano.
De todas maneras, es indispensable la indemnización pecuniaria por daños a las personas, en primer término, por la obligación moral y jurídica de reparar el daño; en segundo lugar, porque la compensación pecuniaria es la única forma de que puede disponer la ley para reparar, aunque sea indirecta y parcialmente, los daños causados a las víctimas y a sus familiares y, por último, porque el pago de esa compensación puede y debe constituir un freno para los que pueden causar el daño y una sanción para quienes lo han causado.
El principio fundamental en materia de reparación del daño, es que la indemnización debe ser proporcional a los perjuicios sufridos por la víctima y suficiente para reparar esos perjuicios, cuando menos lo más cercana a esa suficiencia.
Algunos autores, se inclinan en el sentido de que la ley no debe imponer taxativas ni al mínimo ni al máximo de la indemnización, sino que sea la autoridad judicial la que determine, en vista de los elementos probatorios que las partes le alleguen, la cuantificación de la indemnización.
No obstante lo anterior, la indemnización por daño a las personas, no puede ni debe ser ilimitada; puesto que ni aún siendo ilimitada podría ser proporcional a las pérdidas sufridas; y, en cambio, hay razones importantes en favor de limitar el importe de la reparación, de las que mencionaremos las principales.
En primer término, la vida social impone de por sí riesgos a que están sujetos todos los hombres quienes, sin culpa, pueden convertirse lo mismo en víctimas que en causantes de los daños que originan esos riesgos, los que, en consecuencia, todos deben compartir en cierto grado; en segundo lugar, las personas tienen una capacidad de causar daños mucho mayor que sus posibilidades de repararlos, posibilidades siempre limitadas y, por último, cualquiera que sea la responsabilidad del causante de un daño, las indemnizaciones que se le impongan deben dejar abierta la posibilidad de que el obligado pueda reincorporarse a la normalidad una vez reparado el daño conforme a la ley.
Además, hay que impedir que las facilidades que se deben procurar para obtener una reparación adecuada del daño a la persona, se conviertan en instrumento de mera explotación de esos daños y den lugar a un mercado de indemnizaciones, lo que desvirtuaría completamente los propósitos humanos y sociales de un genuino sistema de reparación.
A lo anterior, debe agregarse que todas las indemnizaciones por daños, incluyendo los seguros contratados y pagados expresamente para prevenir aquéllos, son limitados: de manera que por mayoría de razón se deben limitar las indemnizaciones por riesgos propios de la vida actual.
También hay que tener en cuenta que los progresos técnicos de la vida moderna han multiplicado el uso y aprovechamiento de mecanismos, elementos y substancias peligrosos que, si bien son de gran utilidad, crean riesgos adicionales que multiplican los accidentes con todas sus consecuencias dañosas; y que esos riesgos los corren más generalmente empresas de servicios públicos, cuya subsistencia, que es de interés general, se podría ver en peligro si tuvieran sujetas a reclamaciones ilimitadas que afectaran su equilibrio financiero, de manera que esas reclamaciones deben limitarse en su cuantía, a fin de evitar tales desequilibrios.
Hay que aclarar que la limitación de las indemnizaciones por daños debe regir en cuanto esos daños no son intencionales ni de mala fe; pues si los daños son premeditados, por más que la indemnización debe tener necesariamente un límite, no se deben limitar las bases para fijar aquélla.
También hay que aclarar que, si las indemnizaciones por daño no intencional a las personas deben ser limitadas, no por ello pueden reducirse en formas irrisoria, sino que, en todo caso, deben ser suficientes para cubrir aunque sea indirectamente un mínimo de los daños que resienten la víctima y, en su caso, los seres que de ella dependen.
En este aspecto, es conveniente recordar que en los últimos años, se ha venido repitiendo con frecuencia el "secuestro" de vehículos, que han causado daño a las personas, por grupos de individuos, principalmente estudiantes que en esta forma presionan a los dueños de esas unidades a pagar a víctimas indemnizaciones mayores que las fijadas por la ley, porque éstas resultan inadecuadas, y como ya se dijo, a veces irrisorias. Tales actitudes, en el fondo podrán tener algo de razón, pero no es posible permitir que por más tiempo, los particulares tomen justicia de sus manos, ya que aparte del quebranto que sufre el orden jurídico, continuar tal estado de cosas sería regresar a las épocas primitivas de la venganza y la justicia privada.
Por estos motivos, es urgente revisar la legislación federal, y para el Distrito y Territorios Federales, en materia de indemnización por daño a las personas, cuyas reglas rígidas,
fijadas en algunos casos hace más de treinta años, establecen indemnizaciones francamente insuficientes y, por tanto, injustas, que de ninguna manera cumplen la función que les corresponde reparar el daño.
Antecedentes Históricos.
La antigua Ley Federal del Trabajo promulgada en agosto de 1931, estableció en sus artículo 293, 294, 298 y 301, que la base para calcular las indemnizaciones por riesgos profesionales sería el salario diario del trabajador; que cuando el salario excediera de doce pesos, esta suma se consideraría como máxima para fijar la indemnización; y que la indemnización, en caso de muerte de un trabajador, sería el equivalente de 612 días de salario y, en caso de incapacidad total permanente, de 910 días de salario, o sea el importe de los días hábiles de dos y tres años respectivamente.
A su vez, el artículo 327 de la misma Ley del Trabajo, estableció una tabla minuciosa para valuar las incapacidades parciales a base de porcentaje de la indemnización por incapacidad total permanente.
Por su parte, el Código Civil para el Distrito y Territorios Federales, aplicable en materia federal, que se promulgó en 1928, y entró en vigor en octubre de 1931, en sus artículos 1910 y siguientes, estableció inicialmente un régimen de indemnización abierto y sin limitaciones para el caso de daños a las personas por actos ilícitos y riesgos creados; pero en vista de que esto desató una lluvia de reclamaciones por accidentes en contra de empresas, especialmente de transportes, por cantidades muy elevadas, las empresas afectadas gestionaron y obtuvieron, el año de 1940, la reforma del artículo 1915 en el sentido de que las indemnizaciones por causa de muerte deberían fijarse de acuerdo con las cuotas establecidas por la Ley Federal del Trabajo, sobre la base de la utilidad o salario diario de la víctima; pero sin que esa base pudiera exceder de veinticinco pesos diarios.
A su vez, en enero de 1956, se reformaron los artículos 294, 298 y 301 de la Ley del Trabajo, elevado a veinticinco pesos diarios el límite máximo del salario base para fijar indemnizaciones; y las indemnizaciones por muerte y por incapacidad total permanente se aumentaron respectivamente a 730 y 1035 días de salario, o sea el importe de dos y tres años naturales de sueldo.
Estas disposiciones estuvieron justificadas en la época en que se dictaron ya que, por ejemplo, cuando en 1933 se implantó por primera vez el salario mínimo, el de la ciudad de México era de $ 1.50 diarios, de manera que para entonces, una indemnización basada en un salario de $ 12.00 significaba una cantidad de cierta importancia. Asimismo, cuando en 1956 la Ley del Trabajo igualó con el Código Civil el salario base tope de $ 25.00 para las indemnizaciones, todavía ese tope podría ser aceptable con relación al salario mínimo en la capital que era entonces de $ 11.00; aparte de que, a la vez, se aumentó aproximadamente en cerca del 20% el número de días de salario computables para la indemnización.
En la nueva Ley Federal del Trabajo se nota un avance en relación con la responsabilidad objetiva, ya que, en su artículo 486 establece como base para las indemnizaciones no una cantidad fija, sino un módulo variable basado en el salario mínimo vigente, y establece otro punto de referencia que es el de $ 50.00 como base para el caso de que el doble del salario mínimo sea inferior a esa cantidad.
Situación actual:
En cambio, por lo que se refiere al Código Civil de 1956 a la fecha, en cuanto que la situación social y económica ha variado fundamentalmente y el costo de la vida ha aumentado en tal forma que actualmente el tope de $ 25.00 diarios de utilidad o salario fijado para las indemnizaciones es insuficiente e injusto, como lo prueba el hecho de que el salario mínimo, en el Distrito Federal ha alcanzado y, en algunos lugares de la frontera norte, lo ha sobrepasado.
En vista de lo anterior, venimos a plantear la reforma de las disposiciones del Código Civil relativa a la reparación por daños a las personas, a fin de establecer bases más justas y equitativas, en consonancia con las situaciones actuales, y sustituir las vigentes reglas rígidas sobre el asunto, por otras más flexibles que normalicen la situación, sin requerir una revisión constante.
No desconocemos que aparte del Código Civil y de la Ley del Trabajo hay otros ordenamientos que requieren también una revisión de esta materia, como son desde luego la Legislación Penal y la de Vías Generales de Comunicación; pero aparte de que la base del sistema está en el Código Civil, consideramos que la resolución total de este asunto puede hacerse en etapas sucesivas, que es nuestro propósito estudiar y plantear posteriormente.
El problema que tratamos de resolver ya fue considerado y una solución fue propuesta por la C. diputada a la XLVII Legislatura señorita María Guadalupe Soria, mediante una iniciativa de 26 de diciembre de 1969.
Sin embargo la solución propuesta es incompleta y no contempla la variedad de situaciones que deben de resolverse y que hemos tratado de incluir en la Iniciativa.
Bases de la Reforma.
A continuación se analizan las principales bases concretas que propone la reforma, materia de esta iniciativa, bases que serán aplicables en materia civil y del trabajo, aunque con modalidades particulares en cada una de estas ramas.
En primer término, se parte del principio de que las indemnizaciones por daños a las personas, deben tener una base limitada, salvo cuando los daños derivan de culpa grave o dolo, pues entonces no sólo no debe haber limitaciones en las bases para fijar la indemnización, sino que se establecerán mínimos de cierta cuantía, a fin de facilitar la reparación que se trata de obtener.
La base para determinar la indemnización por daños a las personas, se fija, no de una
manera rígida, sino en función del salario mínimo por cuerpos especializados en las diversas regiones del país, asegura que las indemnizaciones sean siempre proporcionadas a la cambiante situación económica y social.
Después de varias consideraciones se concluyó que en materia civil, la base tope para fijar las indemnizaciones sea dos veces y media el salario mínimo general vigente en la zona donde la víctima del daño tenga su domicilio.
Asimismo se establece que la indemnización base sea susceptible de aumento por las causas principales que pueden concurrir para determinar el monto de la indemnización, a saber: por el daño moral ajeno al daño material; por la culpa del responsable o, tratándose de daño causado por mecanismos, instrumentos, aparatos o substancias peligrosas, por ser el responsable una empresa que tenga por objeto la operación de dichos elementos y que, por ese motivo, está obligada a tomar precauciones especiales; y, por último, porque la víctima no hubiera utilizado los elementos peligrosos agentes del daño, pues si una persona utiliza esos elementos peligrosos, lógica y necesariamente acepta compartir el riesgo que ellos implican. En cambio, quien sufre el daño sin aprovechar tales elementos peligrosos, es decir, siendo completamente ajeno a su utilización, tiene título para una indemnización mayor.
La apreciación de todos estos elementos se deja a juicio del Juez, a quien se autoriza para aumentar la indemnización base, teniendo en cuenta las circunstancias mencionadas; ya que se considera que esta es la mejor manera de apreciar estos elementos concretos, pues si se pretendiera reglamentarlos, se caería en un casuismo contrario a una buena técnica legislativa.
Por lo demás, se conservan las actuales disposiciones del Código Civil en el sentido de que la indemnización se fije de acuerdo con las cuotas de la Ley del Trabajo, en función del salario o utilidad de la víctima, computando el salario mínimo cuando la víctima no perciba utilidad o salario o no pueda determinarse éste; se impone como regla general la intransferibilidad del derecho a las indemnizaciones; se precisa el principio de que cuando la víctima sea un trabajador, las indemnizaciones se cubrirán preferentemente en forma de pensión o pagos sucesivos, siempre que el obligado los garantice en forma suficiente; y se declaren aplicables las disposiciones anteriores a los casos de los porteadores.
Por lo anterior expuesto y con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución General de la República, y con apoyo además en los artículos 55, fracción II y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos la siguiente Iniciativa de Reformas al Código Civil del Distrito y Territorios Federales aplicables en Materia Federal.
Artículo primero. Se reforma la denominación del capítulo V, del Título Primero de la Primera Parte del Libro Cuarto del Código Civil, para quedar como sigue:
Capítulo V.
De las obligaciones que nacen de los Actos Ilícitos y del Riesgo Creado.
Artículo segundo. Se reforman los artículos 1915 y 1916 del Código Civil para el Distrito y Territorios Federales, para quedar como siguen:
Artículo 1915. La reparación del daño debe consistir en el restablecimiento de la situación anterior del mismo; y, cuando ello no sea posible, en el pago de daños y perjuicios.
Cuando el daño derive de un hecho ilícito, el Juez podrá acordar en favor de la víctima, o de su familia, si aquélla muere, una indemnización adicional equitativa que deberá pagar el responsable, a título de reparación moral, en los términos del inciso c) de la fracción II del artículo 1916.
Si el daño se causa por culpa grave o dolo, la indemnización será la necesaria para reparar las que se hayan ocasionado sin estar sujeta a las limitaciones que establece el artículo que sigue y deberá decretarse, cuando menos, por el doble de la responsabilidad civil que resulte conforme dicho artículo 1916.
En los casos de daños causados por mecanismos, instrumentos, aparatos o substancias peligrosas, se presumirá que existe culpa grave o dolo si el responsable usa los elementos mencionados a sabiendas de que pueden ocasionar por defectos de los objetos mismos, por falta de mantenimiento adecuado o por notoria incapacidad de quienes intervienen en su manejo.
Artículo 1916. Cuando el daño se cause a las personas y produzca la muerte o la incapacidad parcial o total, la responsabilidad civil se fijará aplicando las cuotas que establece la Ley Federal del Trabajo a la utilidad o salario diario que la víctima perciba, de acuerdo con las reglas que siguen:
I. Cuando la utilidad o salario exceda dos veces y media al salario mínimo general vigente en la zona donde la víctima tenga su domicilio, sólo se tomará en cuenta esa suma para fijar la indemnización. En todo caso, la base que se tome no podrá ser inferior al salario mínimo, aun cuando la víctima no perciba utilidad o salario o no pudiere determinarse éste.
II. La indemnización que previene el inciso anterior se podrá aumentar en conjunto hasta en un 50% a juicio del juez, en vista de una o varias de las circunstancias que siguen:
a) Cuando la víctima no hubiere utilizado los mecanismos, instrumentos, aparatos o substancias peligrosas que hayan ocasionado el daño.
b) Cuando haya culpa del responsable o éste sea una empresa que tenga por objeto operar los mecanismos, instrumentos, aparatos o substancias peligrosas causantes del daño y no demuestre haber tomado las precauciones especiales necesarias para impedirlo.
c) En atención al daño moral causado a la víctima y a sus familiares, en los casos a que se refiere el párrafo segundo del artículo 1915;
III. El derecho a las indemnizaciones que establece este artículo es intransferible; y cuando la víctima sea un trabajador, dichas indemnizaciones se cubrirán preferentemente en forma de pensión o de pagos sucesivos, siempre que el obligado los garantice conforme a la Ley, y
IV. Las anteriores disposiciones se observarán en el caso del artículo 2647 de este Código.
Artículo transitorio. Las reformas que anteceden entrarán en vigor a los cinco días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Salón de Sesiones de la H. Cámara de Diputados.- Noviembre 30 de 1971.- Diputado licenciado Guillermo Baeza Somellera.- Diputado licenciado Bernardo Bátiz Vázquez.- Diputado Mayo Arturo Bravo Hernández,- Diputado profesor José Blas Briseño Rodríguez.- Diputado licenciado Hiram Escudero Alvarez.- Diputado doctor Roberto Flores Granados.- Diputado licenciado Jorge Garabito Martínez. - Diputado Magdaleno Gutiérrez Herrera.- Diputado Miguel Hernández Labastida.- Diputado doctor Guillermo Islas Olguín.- Diputado licenciado Juan Landerreche Obregón.- Diputado licenciado Miguel López González P.- Diputado doctor Juan Manuel López Sanabria.- Diputado ingeniero José Melgarejo Gómez.- Diputado Alfonso Orozco Rosales.- Diputado licenciado Francisco Peniche Bolio.- Diputado licenciado Guillermo Ruiz Vásquez.- Diputado Inocencio Sandoval Zavala.- Diputado profesor Jesús Rojo Pérez.- Diputado ingeniero Ernesto Velasco Lafarga."
-Trámite: A las Comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos e imprímase.
ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTES PARA EL MES DE DICIEMBRE
Se va a proceder a elección del Presidente y vicepresidentes para el mes de diciembre; se ruega a los CC. diputados pasen a depositar su voto, conforme se mencione su nombre. (Votación. Escrutinio. Declaratoria.)
El C. secretario Herrerías Montoya, Ignacio F.: Señor Presidente: En favor de la planilla integrada por Guillermo Baeza Somellera para Presidente, y para vicepresidentes Juan Manuel López Sanabria y Jesús Rojo Pérez, 19 votos.
Señor Presidente: en favor de la planilla integrada por Juan Moisés Calleja para Presidente y diputados Marcos Manuel Suárez Ruiz y Francisco Ortiz Mendoza, se emitieron 122 votos.
El C. Presidente: En consecuencia, es Presidente de esta Honorable Cámara de Diputados durante el próximo mes de diciembre, el C. diputado Juan Moisés Calleja y vicepresidentes, durante el mismo lapso, los CC. diputados Marcos Manuel Suárez Ruiz y Francisco Ortiz Mendoza. (Aplausos.)
PRIMER AÑO DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE ECHEVERRIA
El C. Hiriart Urbanivia, Humberto: Pido la palabra, señor Presidente.
El C. Presidente: ¿Con qué propósito?
El C. Hiriart Urbanivia, Humberto: Para hacer comentarios sobre el primer año de gobierno del señor licenciado Echeverría.
El C. Presidente: Tiene el uso de la palabra el C. Diputado Humberto Hiriart Urdanivia.
El C. Hiriart Urdanivia, Humberto: Señor Presidente, ciudadanos diputados:
Hay años, meses, y aún instantes esenciales en el devenir de un hombre o de una nación. El Gobierno del Presidente Luis Echeverría es crucial para México. Año de redefinición nacional, de reencuentro de caminos y prosecución incesante de metas, de apertura democrática, de cambio substancial de estructuras. En este año la historia nuestra gira sobre nuevos goznes y franquea para los mexicanos un orden de difícil precedente y máximos propósitos.
Nuestro país confronta una dicotomía que a nadie honesto le es ajena: desarrollo y justicia distribuida; la búsqueda primordial del Gobierno del Presidente Echeverría ha sido conjugarlas armoniosamente para bien de todos los mexicanos. La definición del actual régimen se funda en un principio y en una estrategia revolucionarios: la reafirmación y el fortalecimiento de la soberanía nacional entendida como participación real y responsable de los ciudadanos en la vida pública, mediante la clara conciencia de lo que significa nuestra estructura social y nuestro devenir, solo comprensible por el ejercicio cotidiano de la reflexión y la acción política que la Constitución General de la República consagra dinámicamente. Durante los últimos años México ha experimentado un ritmo de racional crecimiento en su producto interno real. Este incremento obedece a varios factores, entre los que han sido decisivos: la inversión pública orientada al desarrollo de la infraestructura y a la atención de necesidades sociales; el clima de estabilidad y confianza que genera incentivos para la actividad del sector privado; la oferta abundante de fuerza del trabajo y el ensanchamiento del mercado interno. El desarrollo económico fue logrado sin una franca expansión monetaria, lo que permitió un incremento sin presiones en los precios y manteniendo irrestricta la libre convertibilidad del peso.
A raíz de diversas causas, al cambio de mando en nuestro régimen institucional, se acentuaron situaciones en nuestra economía, que han venido dificultando parcialmente nuestro desarrollo; el sostenimiento de precios y tarifas de los bienes y servicios que proporciona el sector público por debajo de su costo, lo que merma la disponibilidad de recursos propios para financiar la inversión y el gasto estatal; lo que orilla a una recurrencia al crédito externo; las difíciles condiciones del mercado internacional para varios productos de exportación, y la disminución en la oferta nacional, con su obligada repercusión en la balanza comercial; por otro
lado, se observa la adopción de tecnologías que utilizan intensamente capital y demandan, por lo mismo, escasa fuerza de trabajo; cabe agregar que en muchas industrias como la azucarera, prevalecían situaciones artificiales respecto a precios y costos; a lo anterior debemos sumar crisis internacionales en múltiples renglones de la economía mundial, la magnitud de los problemas enunciados y el interés del Gobierno del señor Presidente Echeverría, por extender los beneficios del desarrollo económico a los grupos mayoritarios de la población, dieron lugar a una nueva estructura para resolver estos problemas y fortalecer las bases del crecimiento, dando lugar a cambios substanciales en la política fiscal, monetaria, crediticia, agraria y laboral; vigorizar y adecuar nuestro marco institucional, para promover el desenvolvimiento de nuestra infraestructura, así como reordenar el sector externo de nuestra economía.
Al panorama económico que presenta la década de los setenta, el Gobierno de la Revolución responde fincando un crecimiento económico nacional, con redistribución de ingresos, impulsando el fortalecimiento de nuestras finanzas públicas, racionalizando el desarrollo industrial, remodelando las transacciones internacionales; al momento histórico que vivimos responde la renovadora madurez del Presidente Echeverría. (Aplausos.)
A días de iniciado su Gobierno se expide la Ley Federal de Reforma Agraria, que tiende a integrar el ejido como unidad de producción. Se encauza el ejido revolucionario dentro del marco de condiciones competitivas que prevalecen en el país; la proyección que se otorga al ejido, no sólo es para aprovechar cabalmente la tierra y el agua, sino todos los recursos naturales de que se dispone, con el fin de superar sus niveles de producción y consumo, y fortalecer la prestación de servicios, lo que significa nuevas perspectivas y más amplios horizontes para aquellos mexicanos que han sido beneficiados con la política agraria, de reparto de tierras que entraña la Revolución.
El Gobierno, atendiendo las necesidades agrarias y para mejorar las condiciones productivas de quienes trabajan la tierra, dicta medidas para intensificar los desmontes agrarios y poner en producción nuevas áreas en el régimen del país que permiten establecer explotaciones agrícolas y ganaderas cada vez más productivas. El esfuerzo nacional de la Ley Echeverría de Reforma Agraria, comprende no sólo la roturación de tierra, su nivelación, el otorgamiento de créditos y asistencia técnica: cubre además aspectos de comercialización e industrialización por los ejidatarios, eliminando intermediarios. A una razón histórica preconizada por el sector rural mexicano para significar todos nuestros anhelos agrarios, respondió el Presidente Echeverría con los ordenamientos de la Ley Federal de Reforma Agraria, que hoy es trinchera y vanguardia de los campesinos de México.
Otorgar condiciones de vida con decoro a grupos marginados es preocupación fundamental del ejecutivo; se han establecido programas de acción en la Región Huicot, Chamula, Huave, atendiendo no sólo aspectos culturales y de salud, sino propiciar, en forma abierta, una actividad productiva capaz de generar niveles adecuados de ocupación e ingreso para estos núcleos de mexicanos.
El desempleo del medio rural constituye uno de los problemas más difíciles de la Nación, lo enfrenta el Presidente Echeverría a través de diversas líneas de acción; por su importancia conviene subrayar: por una parte, la creación de la Comisión Nacional de Zonas Áridas, y por otra, la ejecución de un programa intensivo de inversiones en obras de mano.
La tarea que el Gobierno ejecuta en el desierto se orienta a buscar métodos y sistemas más eficientes para aprovechar todos los recursos, principalmente el agua, que permitan modificar los patrones de vida y de producción. Obras de pequeño riego, tareas de conservación del suelo, construcción de bordos y jagüeyes, unidos a un intenso programa de caminos, escuelas y centros de salud, contribuyen a modificar estados de vida y estructuras mentales de quienes habitan en las porciones semiáridas de la Nación.
La electrificación rural es un programa nuevo de la Revolución Mexicana. La electrificación es un factor decisivo para que fructifique la Reforma Agraria, es urgente requerimiento para llevar las industrias al campo y superar los niveles de vida de agricultores, mineros, pescadores; 1971, registra un incremento en la producción de energía eléctrica en el sector rural; por esta actitud se está creando la infraestructura que fomenta el desarrollo industrial y agrícola del campo mexicano.
El desarrollo de nuevas tareas en el campo, se ha acompañado, además de una mayor flexibilidad al crédito agrícola, con objeto de auspiciar una mayor producción de bienes exportables, principalmente algodón, caña de azúcar, café y frutales; destaca entre las modalidades, el interés por prestar asesoría técnica a los sujetos de crédito y resolver los problemas de tenencia de la tierra que obstaculizaban, con frecuencia, el flujo de recursos hacia núcleos ejidales.
Paralelamente, el Sector Público ha mantenido un alto nivel de inversión en beneficio de los distritos de riego, la construcción de nuevos sistemas y el aprovechamiento de más tierras mediante su habitación.
Asimismo, se ha intensificado la investigación y la extensión agropecuaria y los servicios de fomento a la ganadería; así como la investigación en material forestal, con el fin de definir el tipo de actividades que convienen impulsar para aprovechar los importantes recursos forestales de que se dispone en el país.
La ampliación de políticas para favorecer la formación de ejidos turísticos y el aprovechamiento de los recursos litorales en beneficio directo de sus propios pobladores, significa un paso hacia adelante.
El desarrollo integral de México implica, obligatoriamente fomentar y adecuar la actividad de nuestros puertos. A esta exigencia responde la labor desarrollada en 1971 por la Comisión Nacional Coordinadora de Puertos.
En la Constitución General de la República, está el germen de un derecho del pueblo mexicano, un derecho universal que el Gobierno consagra y defiende sin transigencias: el derecho de todo hombre y de toda familia, a tener en propiedad o alquiler razonable, una casa, una vivienda decorosa y saludable que le sirva de hogar; a esta orientación presidencial responde la actitud vigorosa del Instituto Nacional del Desarrollo de la Comunidad Rural y la Vivienda Popular; órgano del poder público para dotar de un sistema ambiental consecuente con nuestra historia a todos los mexicanos. En el Gobierno del Presidente Luis Echeverría, las palabras han sido confirmadas con hechos; al lenguaje de propósitos, la conducta de las realizaciones, se ha abandonado todo aquello que signifique un propósito sin realización, una promesa no cumplida, un programa insatisfecho, un proyecto no ejecutado.
A la plataforma ideológica del régimen, el Presidente Echeverría responde la acción de su Gobierno, que conlleva día con día la construcción armónica de la República.
La política del primer año de gobierno del Presidente Echeverría tiene un profundo contenido social reflejado en decisión por superar carencias en las ciudades y en pueblos pequeños. Las comunidades disponen cada vez en mayor número de agua, energía eléctrica, caminos, escuelas, centros de salud y de créditos y auxilio técnico para lograr mayores niveles de productividad en su trabajo y mejores condiciones generales de vida.
En la política económica gubernamental se finca en métodos que amplían las tareas de planificación e inversión, la estrategia del desarrollo alienta el trabajo en un régimen de libertad, sin transgresiones a la Ley. La Reforma Administrativa para el ejercicio del Poder Público, es una exigencia del estado moderno, se adquieren los elementos necesarios para que los programas de gobierno se efectúen en forma mediata, seria y reflexiva; planes de desarrollo con trazamiento justo y conveniente, con productividad y rendimiento en los refuerzos institucionales.
En materia industrial se ejecuta una política que tiende, a través de la descentralización de la industria, a la redistribución del ingreso. La creación de fraccionamientos y parques industriales, que dan acomodo a las nuevas empresas, es instrumento adecuado para lograr la relocalización industrial. En esta tarea la Federación ha respondido afirmando los procesos de desarrollo estatales dentro de un marco nacional de unidad revolucionaria en el esfuerzo. Se aspira a crear polos de crecimiento que hagan partícipes a todos los Estados de la República de los beneficios del desarrollo general de la nación. Vinculado a lo anterior cabe subrayar la expedición del decreto presidencial que declara de utilidad nacional el establecimiento y ampliación de empresas que se ha estimado necesario fomentar mediante incentivos fiscales; esto sin duda redundará en la creación de nuevas fuentes de trabajo y en la ampliación del aparato industrial a niveles que le permitan una mayor eficiencia productiva. Alcanzar niveles de desarrollo convenientes y cabalmente estructurados exige sostener una estrecha relación con la economía internacional; sin embargo, esta relación debe estar asentada en bases sólidas; es preocupación del Gobierno elevar la productividad de la industria para fortalecer nuestra autosuficiencia; abrir nuevos canales de desarrollo hacia el exterior, sosteniendo invariablemente nuestra independencia económica.
Preocupa al Gobierno de la República, ampliar las relaciones económicas con todos los países del mundo, para diversificar nuestros mercados y evitar la peligrosa dependencia de nuestro comercio exterior en pocos productos y pocas naciones compradoras, lo que nos haría depender de decisiones unilaterales.
A la política proteccionista que naciones desarrolladas imponen a su comercio, en perjuicio de países como el nuestro en proceso de desarrollo, responde el Presidente Echeverría defendiendo los derechos de equidad comercial entre las naciones; haciendo vigoroso llamado a la unidad latinoamericana y a la solidaridad de todas las naciones en desarrollo para protegerse de las desigualdades internacionales y compensar los desequilibrios económicos; a la conservación de privilegios financieros, debe oponerse el esfuerzo comunitario de las naciones en desarrollo.
No es válido el dilema entre la expansión económica y la distribución del ingreso, la reforma fiscal que encara el Gobierno de la República trata con vigor de evitar que se siga acumulando en forma acelerada la riqueza en unos cuantos y la pobreza en los muchos; no se reduce a limitar las ganancias de los particulares sino que les señala orden en su aplicación.
El Estado requiere captar recursos de capital, disminuir el endeudamiento; la política fiscal se plantea en razón de necesidades y con una clara perspectiva, en que se considera la conveniencia de contar con un sistema tributario capaz de participar en forma activa en el proceso nacional; la aplicación de la política fiscal tiene relación con las disposiciones monetarias y crediticias, ambas van de conforme en el trazamiento hacendario del país. La reforma fiscal del señor Presidente Echeverría tiende a aumentar el patrimonio de las mayorías e imposibilitar la concentración ilimitada de la riqueza en una minoría privilegiada. La reforma fiscal, señores diputados, significa redistribución de riqueza, fortalecimiento del Sector Público y justicia económica para las mayorías nacionales. (Aplausos.)
Voces aisladas reclaman e intentan criticar al sector Paraestatal del Gobierno Mexicano, no reconocen que el desarrollo socioeconómico de la Nación depende substancialmente, de la actividad de las empresas del Sector Público; no justiprecian la contribución fundamental que estas empresas tienen en el proceso redistributivo de ingresos y en la producción nacional.
A la eficiencia con criterios patronales de ganancias inmediatas y de utilidad privada, el Gobierno opone criterios sociales de beneficio que contemplan realizaciones mediatas e inmediatas
y planes de inversiones de carácter nacional.
La diputación mayoritaria de la XLVIII Legislatura, reafirma con convicción su solidaridad para que las empresas del Estado sigan cumpliendo las tareas para las que fueron creadas por los Gobiernos de la Revolución. (Aplausos.)
En un año de gobierno se ha fortalecido el sector Paraestatal, se logra el propósito de mexicanizar empresas, como la Compañía Minera de Cananea, la más importante productora de cobre en el país. Se impulsa el proyecto de la Siderúrgica Benito Juárez - Peña Colorada y se desarrolla el Plan Industrial de la Siderúrgia Lázaro Cárdenas - Las Truchas, consolidando la independencia económica del país, al salvaguardar nuestros recursos naturales básicos para el patrimonio de la nación.
En este esfuerzo se reúnen en patriótica decisión el Gobierno de la República y el sector privado progresista de México. CC. Diputados:
En un año de gobierno se ha revitalizado la tradicional política internacional de México. En su trascendental discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Presidente Echeverría señaló la necesidad de que el mundo ingrese en una era de descolonización económica, con el fin de conjurar los graves peligros entrañados en que se acreciente la desigualdad entre países ricos y pobres.
En esta solemne ocasión el ciudadano Presidente ratificó la tesis de la universidad de la representación en la máxima organización internacional, pronunciándose porque en ella se escucharan voz y razones de la cuarta parte de la población del mundo, hasta este año excluida de ese foro primordial.
El Gobierno de la República busca acortar la distancia que nos separa de los países desarrollados y que nos somete a vasallajes económicos, tecnológicos y culturales; medidas tendientes a vigorizar nuestra capacidad de exportación, tales como la reorganización de los representantes del Servicio Exterior Mexicano, y la creación del Instituto Mexicano de Comercio Exterior, son pruebas en lo económico de este propósito inaplazable.
Somos conscientes de que el mundo moderno es resultado de la ciencia y la tecnología, y el Gobierno de la República está resuelto a terminar con el coloniaje que padecemos en este orden ante países más ricos y poderosos. El Consejo nacional de Ciencia y Tecnología, creado en el presente año de gobierno, busca incrementar y organizar la investigación pura y sus aplicaciones. Estrechamente ligado a estos propósitos está el trabajo en los centros de educación superior.
El Gobierno de la República entiende que la labor de los estudios sólo puede fructificar donde prevalezca la máxima libertad, por ello vigila atentamente el cabal cumplimiento de la autonomía de universidades y otros lugares de instrucción superior. Ahora bien, para fomentar el ejercicio de la autonomía real, el Gobierno del Presidente Echeverría les ha destinado derramas económicas sin precedente en la historia de la educación mexicana. En un país pobre, acosado por urgentes problemas, este hecho es prueba inequívoca de la confianza con que se enfrenta el futuro, prueba de la certidumbre de que habremos de mexicanizar la ciencia y el saber y construir al final una cultura genuinamente nuestra que responda a los problemas y aspiraciones mexicanas.
CC. Diputados:
El 17 de marzo, con clara aptitud legislativa, se afirmó desde esta tribuna republicana, nuestra intención mayoritaria de concurrir con sincera solidaridad al esfuerzo que el Presidente de México hace por renovar cada día las posibilidades creadoras de los mexicanos; hoy, a un año de gobierno del Presidente Echeverría, afirmamos el acierto de haber concurrido solidariamente: es difícil imaginar qué pueda hacerse más por una nación en tan breve lapso, México marcha y lo que lo hace marchar es la Revolución y la guía del Presidente Echeverría. (Aplausos.)
El C. Salgado Velasco, Abel: Pido la palabra señor Presidente.
El C. Presidente: ¿Con qué propósito señor diputado?
El C. Salgado Velasco, Abel: Para hacer consideraciones del actual año de Gobierno del Ejecutivo.
El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado Abel Salgado Velasco.
- El C. Salgado Velasco, Abel:
"Señor Presidente. Honorable Asamblea:
Agradezco a la Presidencia y a la Asamblea permitirme hacer uso de la tribuna para intentar algunas breves consideraciones, alusivas al primer año de ejercicio que hoy se cumple, del actual Ejecutivo Federal.
Somos un país joven, al que un año de vida le representa una posibilidad de ascenso en su programa de acción y de afirmación en su ser nacional.
No hace ni cinco centurias que apenas nacimos al contacto universal; surgimos después como una nueva raza, integralmente distinta a la opresora y a la oprimida que nos dieron origen; padecimos tres siglos del coloniaje y expoliación; surgimos a una incipiente vida independiente con la concepción de nacionalidad, que hoy todavía buscamos y debemos diariamente confirmar y fortalecer.
Desde entonces la dirección de este joven país fue punto convergente de luchas y disputas entre las corrientes ideológicas resultantes. Nuestro pueblo resolvió darle país las características de república, federal y democrática; sistema interrumpido sólo por algunas lamentables ocasiones en que las fuerzas minoritarias pudieron imponerse, distorsionando el sistema; los desviados y los traidores edificaron formas de gobierno, a las que el pueblo había ya dado la espalda, y el mismo pueblo se encargó de aniquilar.
Con Juárez se reafirma la república y se perfecciona nuestra democracia con la abolición de fueros y privilegios; a la par que el poder civil
se consolida, como rector de los asuntos públicos, separando de la función del estado a perniciosas ingerencias mediante la acción decidida e inercible de la Reforma.
El mundo individualista del siglo XIX pudo influir en nuestro país, pero en ese momento histórico en que se estableció la preeminencia de las tesis liberales, el caso mexicano no fue concebido como mero espectador del acontecer nacional, a diferencia de los estados liberales de la Europa Occidental. No sucedió lo que algunas corrientes expresan para intentar darnos como antecedente un "Estado policía" y poder sustentar sus tesis caducas, que pretenden limitar la ingerencia del estado en el desarrollo del país. A ellos les contestamos que desde ese episodio liberal de nuestra existencia nacional, fue el estado legítimo quien junto con el pueblo, supo defender nuestra soberanía de la intervención extranjera; fue el mismo estado, el que supo y pudo liberar la riqueza de los mexicanos que se encontraba acumulada en manos muertas. Este acto repercutió benéficamente en la economía del país, y califica desde entonces al estado, como un director del desarrollo económico.
Sumergido el país, en la noche porfirista y sustentado el poder público por la tiranía, el positivismo creó una filosofía reaccionaria que manejaba las tesis del "cientificismo", y estableció una estructura social y económica injusta.
En esta estructura surgió una minoría privilegiada, entrevista al extranjero, que tenía el acceso a la riqueza concentrada, al conocimiento y a la cultura, y se consideraba la única capaz de dirigir a la nación; frente a ésta, estaba la gran masa popular empobrecida y explotada, que era cada vez, más lejana y más ajena al poder dictatorial. Por fortuna el pueblo quiso, y lo logró, destruir esas estructuras por el único camino, que tienen los pueblos, contra las tiranías políticas y económicas, la Revolución.
Surge del triunfo de ésta, un nuevo estado; un estado revolucionario, moderno, de profunda raigambre popular, en la que radica su fuerza; con una filosofía que define al poder público como dimanación del pueblo e instituido para su beneficio y que sitúa al interés colectivo, por encima del interés particular.
Al diseñar el pueblo su nueva estructura, reconoce en la nación el origen de la propiedad privada y el derecho que tiene para imponer a ésta, las modalidades que dicte el interés público; reafirma el sistema federal; establece popular la educación; apunta vigorosamente la justa distribución de la propiedad y garantiza el derecho del trabajo. En síntesis, se da un programa y al estado le confiere la obligación del cumplirlo y el derecho de hacerlo cumplir, dentro del marco constitucional.
Al cumplimiento de este programa, con renovados afanes, corrigiendo desvíos, motivando la conciencia nacional y en estrecha comunicación con el pueblo, se ha estregado en su primer año de gobierno el Presidente Luis Echeverría.
Hombre de su tiempo, pero que siente y tiene tras de sí, todo ese gran caudal de principios, experiencias y decisiones, que durante nuestro proceso histórico, ha sabido forjar el pueblo.
El tiene como preámbulo de su gestión al frente de los destinos nacionales, una profunda, agobiadora y real confrontación popular, que significó su campaña política, en demanda del sufragio. Profundizando en el conocimiento los problemas del país; palpándolos, escuchándolos de labios del pueblo; dialogó en toda la extensión de nuestro territorio con trabajadores del campo y la ciudad, intelectuales, estudiantes, hombres de la empresa, maestros, jóvenes de todos los estratos, es decir, estableció el diálogo con mexicanos de todas las condiciones sociales y económicas; de todos los matices ideológicos y representativos de todas las áreas del quehacer nacional.
En ese encuentro el Presidente Echeverría redefinió la orientación histórica que tendría su gobierno; fue entonces que descubrió su vocación de reformador que el pueblo demandaba.
El crecimiento económico que había padecido el país durante prolongado tiempo, propició la concentración del ingreso, favoreciendo a minorías privilegiadas, descapitalizando a una gran parte de la población y manteniendo marginados a grandes grupos de nacionales en condiciones de infrasubsistencia.
El presidente Echeverría, inició desde los primeros días de su mandato una nueva estrategia de nuestro desarrollo, tendiente a corregir el rumbo, a evitar la excesiva concentración del ingreso y la marginación de grupos humanos; a reducir los desequilibrios sectoriales y geográficos, equivaliendo esto, a lograr un reparto más equitativo del ingreso, replanteando con profundo sentido de justicia social las prioridades que nuestro desarrollo debe alcanzar.
Para lograr lo anterior el régimen corrige los métodos tributarios que debilitan nuestro sistema fiscal y fomentaban el endeudamiento exterior. La nueva política ha abarcado la descentralización industrial, programas especiales de apoyo a zonas y regiones deprimidas, la extensión de los programas de salud pública y asistencia social, del desarrollo rural y la vivienda popular.
Para lograr el objetivo de la política distributiva, es necesario no sólo la acción de transferencia del sector público a los grupos de más bajos ingresos, sino, también hay que modificar los mecanismos que generan la concentración del ingreso, con una organización económica que la impida. Este objetivo es el que el régimen actual, ha venido procurando reiteradamente.
Se ha fortalecido la participación del Estado en la economía nacional; la presencia de éste en tal actividad, a pesar de las voces que en contrario se han levantado, las mayorías del mexicano la respaldan; su intervención en la economía es garantía para el pueblo, contribuye a la paz social y al fortalecimiento de nuestra soberanía, preservándola del neo-colonialismo del exterior y de los pro-colonialismo del interior.
Atendiendo al proceso del remozamiento de nuestras estructuras orgánicas, y a la necesidad de crear una instrumentación jurídica más
ágil y adecuada al momento actual, el Ejecutivo de la Unión, dentro del marco constitucional que les permite participación en la tarea legislativa, ha sido fecundo, en la proposición de Iniciativas que ha sometido al consenso del Poder que integramos, lo que ha dado por resultado, que responden -y habrán de responder las que se encuentran en proceso-, a sus necesidades de avance en lo económico, social y político.
Lo anterior reafirma que, la división de Poderes, no es divorcio, incomunicación o separación entre éstos, sino complementación y concurrencia, para alcanzar el objeto esencial del gobierno de la república; servir leal y eficientemente a los intereses del pueblo.
Los mecanismos jurídicos que no se ejercitan, pierden funcionalidad y se atrofian; la acción renovadora del Primer Mandatario, al permitir la comparecencia ante las Cámaras de los miembros de su gabinete, ha producido una funcionalidad dinámica de nuestro orden constitucional; vigoriza nuestra esencia republicana y alienta la confianza del pueblo en sus instituciones.
Consciente de que sólo habremos de lograr nuestro integral desarrollo, desterrando la ignorancia y haciendo accesible a todo el pueblo la educación y la cultura, el presente gobierno ha realizado importantes esfuerzos para canalizar un mayor número de recursos en este renglón, mismos que habrán de intensificarse.
Ha trazado al mismo tiempo, una acorde actitud para estimular la participación de todos los sectores en el proceso educativo y propiciar los cambios y ajustes que responden a una dinámica reforma educativa. Ha mantenido vigente una honesta apertura democrática con el sector estudiantil; ha aumentado notablemente los subsidios a los centros populares de educación superior de la provincia y ha mantenido un consciente y absoluto respeto a la autonomía de las universidades.
Vivimos un mundo de constantes definiciones, en el que va perdiendo vigencia el bipolarismo de las fuerzas internacionales, en el que los países débiles buscan romper la barrera del subdesarrollo, sacudirse la tutela impuesta por los poderosos y preservar su economía de nocivas influencias extrañas.
Atento a ello, el pueblo ha respaldado y se siente orgulloso de la política internacional ejercida por el Primer Mandatario, circunscrita a los principios tradicionales de nuestra doctrina. Luis Echeverría los ha vigorizado con una clara actitud de solidaridad latinoamericana; se ha definido en favor de nuestra absoluta independencia económica; por un trato económico justo entre las naciones con las cuales negociamos; por la búsqueda libre de mercados para nuestros productos; y por el derecho de mantener inviolable y respetada nuestra soberanía, respetando la soberanía ajena y reconociendo la indivisibilidad jurídica de las demás naciones.
Somos un pueblo que reconoce en su pasado histórico su máxima lección y de él nos sentimos orgullosos; por eso la gran mayoría del pueblo y de esta Cámara en particular recibió con agrado y solidaridad, las iniciativas que el Presidente Echeverría, seguro del valor de nuestra Historia y de la capacidad cívica del pueblo mexicano, remitió al Congreso de la Unión, para celebrar dignamente el 150 Aniversario de la Consumación de la Independencia; hecho que motivó la incomodidad de la reacción, la que una vez más demostró su génesis ideológica, lo impopular de sus prohombres y las taras históricas que la aquejan. De igual forma, la nación se apresta a honrar durante el siguiente año en forma especial, la memoria del Gran Juárez en el primer centenario de su desaparición física.
Graves son todavía los problemas para lograr el desarrollo del campo, en donde se encuentran los más numerosos grupos de mexicanos marginados, situación que se refleja en la polarización de la producción agrícola como resultado de la concentración en unas cuantas zonas de cultivo y en una minoría privilegiada de los avances agricultores, durante un largo período; de los avances agrícolas, como la irrigación, el uso de semillas mejoradas, fertilizantes, insecticidas, mejoras técnicas de cultivo, y aplicación de recursos financieros.
Lo anterior, había obedecido a diversas causas, entre otras, a la atenuación -con excepciones- del reparto agrario a partir de 1940; a la pulverización de la tendencia de la tierra en algunas regiones del país; a la concentración de áreas de cultivo en distritos de riego: a la escasa participación del sector financiero privada en la canalización de recursos de los grandes grupos de productores agrícolas y a la insuficiencia de los recursos crediticios del Estado para atenderlos.
Ante esta perspectiva, el Presidente Echeverría responde con las medidas que establecen la nueva estrategia de nuestro desarrollo. Y de las demandas campesinas que recogiera en su campaña surgió su histórica iniciativa, hoy convertida en Ley Federal de Reforma Agraria, como instrumento de lucha por la justicia, en respuesta a las aspiraciones de los campesinos de México.
La concepción transformadora del Ejecutivo al diseñar la Iniciativa de la Nueva Ley Agraria, hace que entre otros avances, dicha Ley aliente el reparto agrario, en base al válido principio de que aún hay tierras, legal y físicamente, susceptible de ser distribuidas; activa la expedición de certificados de inafectabilidad agrícola, y crea la inafectabilidad agropecuaria; descentraliza los trámites agrarios, haciéndolos expeditos; fortalece la democracia en el ejido, al instituir el voto secreto y limitar la reelección de sus autoridades; fomenta la capitalización del campo garantizando a los ejidatarios y a sus núcleos, las justas indemnizaciones a que tienen derecho en los casos de expropiación de sus terrenos; los hace partícipes del desarrollo que ellos generan como en el caso concreto del complejo turístico que habrá de realizarse en Bahía de Banderas; establece además los mecanismos
para programar los cultivos en cada ejido o comunidad y estimula la organización económica para la producción.
Congruente con el funcionamiento de los nuevos mecanismos de la Ley, destacan en el primer año del nuevo gobierno, la entrega a ejidatarios y comuneros, de más de tres millones de hectáreas; se han ejecutado resoluciones presidenciales dictadas por anteriores regímenes; se han intensificado la expedición de certificados de derechos agrarios a campesinos, y de inafectabilidad agrícola a verdaderos pequeños propietarios. Esto pone de manifiesto el respeto del régimen para el orden constitucional, que ha venido respetando a la pequeña propiedad, con sus actuales características durante una ya larga etapa de nuestro proceso histórico.
Las obras de beneficio social en ejidos y comunidades así como la creación de empresas ejidales, se han visto impulsadas notoriamente, gracias a las reformas que la nueva ley agraria introdujo a los mecanismos de captación y financiamiento, en la estructura del Fondo Nacional de Fomento Ejidal.
Así es como el régimen de la revolución en marcha fortalece su estrecha solidaridad con la clase campesina del país. (Aplausos).
El titular del Poder Ejecutivo, consecuente con la necesidad de un justo y adecuado aprovechamiento de nuestros recursos, ha enviado al Congreso, la Iniciativa de Ley Federal de Aguas, que habrá de robustecer el marco jurídico de nuestro desarrollo agrícola, y que en su oportunidad esta Cámara habrá de analizar.
De singular importancia ha sido la intención del presidente, para descentralizar las funciones de autoridad administrativa y de la justicia en beneficio de los gobernados, mediante las Iniciativas correspondientes a las Leyes Orgánicas, del Departamento del Distrito Federal y de la Procuraduría de Justicia del Distrito y Territorios Federales.
La iniciativa de reformas y adiciones a nuestro texto constitucional, promovidas por el Presidente Echeverría ante esta Asamblea, que habrá de discutirlas en breve término; han sido calificadas certeramente, por la opinión pública y el consenso nacional como medidas adecuadas para perfeccionar nuestro sistema político, fortaleciendo la participación de las corrientes minoritarias, a través de una mayor presencia y actuación de diputados de Partido en esta Cámara; adecúan nuestra estructura electoral al actual momento, modificando la base de la representación, y amplía la base democrática, abriendo aún más los caminos institucionales, para que la juventud participe en las decisiones de carácter nacional, al reducir el requisito de la edad, para ingresar a las Cámaras de Diputados y Senadores.
Luis Echeverría reafirma con esto, su identifación con los impulsos renovadores de la juventud responsables de México, que desde el inicio de su Gobierno, encontró en el Presidente Echeverría a un fiel abanderado y a su aval más solidario. (Aplausos).
Su mentalidad dispuesta al cambio que ha sacudido la conciencia de los mexicanos, se ha identificado con las ansias de transformación de los jóvenes, y ha encontrado a ellos, sus más a fines correligionarios. El Presidente Echeverría modela la mentalidad de una nueva generación, y dentro de ésta habrá de surgir, así lo reconocemos, una nueva generación de hombres públicos, forjados al calor de su acción y su lección transformadora.
Son los anteriores, entre otros muchos, los actos y decisiones del presente régimen en su primer año de ejercicio. Está, pues, justificado, el respaldo consciente y razonado que le otorga la nación, fundamentalmente las mayorías proletarias.
Seguirá el país avanzando con la dirección del Presidente Luis Echeverría; y en torno de él, un creciente respaldo nacional.
Marchamos por el camino que conduce al reencuentro con las originales metas y objetivos del pueblo; redefinimos conceptos y corregimos pasadas desviaciones; a pesar, o por encima -si persisten-, de aquellos que detentan despóticamente el poder económico y tratan en forma insolente, de influir en las decisiones públicas. Estos deben saber que sobre el poder económico de unas minorías, está el interés y el poder del pueblo, para decidir sus propios caminos.
Conscientes de la oportunidad que significa el momento histórico; ejerciendo la auténtica y honesta autocrítica; modificando obsoletas estructuras de pensamiento; oponiéndonos a todas las injusticias; hagamos congruente nuestra conducta y pensamiento, avancemos, decididos y solidarios con el Presidente Echeverría, hacia una nueva forma de vida; a la que sólo podremos arribar, si vigorizamos y aceleramos permanentemente nuestro proceso de cambios revolucionarios". (Aplausos).
El C. Gazcón Mercado, Alejandro: Pido la palabra.
El C. Presidente: ¿Con qué objeto?
El C. Gazcón Mercado Alejandro: Para hacer consideraciones alrededor del primer año de Gobierno del licenciado Echeverría.
El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado Alejandro Gazcón Mercado.
El C. Gazcón Mercado, Alejandro: Señor Presidente; señoras y señores diputados:
Los revolucionarios estamos de acuerdo en nuestro país, en que el movimiento popular que se inició en 1910 tenía objetivos muy claros, muy concretos. Nuestra Revolución fue una revolución antifeudal, antiimperialista, nacionalista, democrática y popular. En eso hemos coincidido los revolucionarios mexicanos.
Por esos objetivos, lo hemos repetido muchas veces, murieron más de un millón de mexicanos.
En el curso de más de 60 años nuestro pueblo, con quienes los interpretaron adecuadamente desde el poder público, construyó cerca de 25 mil ejidos, pero todavía hoy -después de 60 años- hay latifundios, hay latifundistas con la vieja mentalidad porfiriana que están obstruccionando el paso de la Revolución Mexicana y por eso es que tenemos que seguir cumpliendo
esta demanda de liquidar las formas feudales de nuestro país, con nuestra revolución.
Nuestra revolución, como una revolución nacionalista, luchó por la independencia económica de nuestro país en contra de quienes estaban oprimiendo a México.
A pesar de que los mexicanos hemos estado luchando en contra del capital extranjero, que saquea a nuestro país; a pesar de que nuestro pueblo ha dado grandes batallas como la Expropiación Petrolera para garantizar nuestra independencia, todavía hay miles de millones de pesos del imperialismo norteamericano sobre todo, que están empobreciendo a nuestro pueblo. Nuestra revolución se propuso elevar la vida democrática del país. En lo general, se ha respetado el principio de la No Reelección, pero hemos comentado desde esta tribuna pública que no siempre los mexicanos tienen la posibilidad de expresar su voluntad electoral para hacer efectivo el sufragio plenamente.
Y el otro objetivo de la revolución que era el de servir al pueblo, también ha sufrido en el curso de los años transgresiones, porque minorías privilegiadas se han apoderado de la mayoría del producto de nuestro país, mientras nuestro pueblo en lo general tiene graves carencias y limitaciones.
No somos nosotros los que desconocen la capacidad creadora de esta revolución, no son muchos los beneficios que la revolución mexicana ha dado a nuestro pueblo, pero todos los del campo revolucionario en distintas ocasiones hemos reconocido que esta es una revolución inconclusa, que esta revolución se ha cumplido a medias. Y son más de 60 años los que han transcurrido y no podemos esperar otros 60 años para cumplirla cabalmente. De ahí que ahora que nuestro pueblo, por sus luchas, está produciendo cambios en la vida nacional, cambios a los que se ha solidarizado el Presidente México, haya tantos que se opongan a estos cambios.
Este año a sido un año fructífero para la Revolución Mexicana. Nuestro pueblo, y en este caso interpretado justamente por el Presidente de la República, ha impulsado un gran debate de los problemas nacionales. Todo este año se ha estado revisando la vida nacional en los distintos aspectos, la vida económica, la vida social, la vida política, pero algunos acostumbrados a las defecciones revolucionarias se han convertido en verdaderos obstáculos para que marchemos aceleradamente, pero los mexicanos todos están entendiendo que el único lenguaje de los que quieran representar al pueblo pueden utilizar, es el lenguaje que nuestro pueblo construyó y que simbolizaron sus líderes fundamentales, el lenguaje de Francisco I. Madero en la demanda de una vida democrática, el lenguaje de Emiliano Zapata en la lucha por la tierra, el lenguaje de Pancho Villa, el más representativo de los trabajadores del campo y la ciudad en este movimiento popular; el lenguaje y la acción de Lázaro Cárdenas; por eso cuando encuentran coincidencias en el lenguaje que expreso el licenciado Luis Echeverría en la ONU, con este lenguaje y estos actos revolucionarios del pasado, los enemigos del pueblo se ponen tan preocupados, tan mortificados; el discurso de la ONU de Echeverría se ajusta indudablemente al lenguaje que quiere oír nuestro pueblo de sus dirigentes; allí se salvaron los principios antiimperialistas de nuestra Revolución, allí se salvaron en ese discurso los principios antifeudales de nuestra revolución; allí se expresó el nacionalismo de nuestro pueblo y se le llamó al combate para no ser cercenado otra vez por el extranjero recordando el episodio de que habíamos perdido la mitad de nuestro territorio en el pasado; se ha vuelto al impulso democrático cuando se llevan a la Cámara enmiendas a la Constitución General de la República, a fin de garantizar una mayor participación de nuestro pueblo en la vida política, en la vida electoral del país. Se ha impulsado una lucha antifeudal cuando se liquidan los latifundios en manos de influyentes del pasado como los de Chihuahua, como algunos de Sonora que en parte de ha empezado a destruir y que deben destruirse totalmente. Y cuando se afecta a algunos influyentes como en Acapulco, donde el nombre nefasto de Alemán aparece junto con alguno de sus colaboradores y que se les entrega nuevamente a los campesinos, así sí podemos liquidar las formas de feudalismo que nos queden del pasado, y así sí podemos impulsar los cambios revolucionarios que nos son necesarios.
Se orienta la política hacia la actitud popular de 1910, hacia los objetivos de la Revolución, cuando se hacen proposiciones para reformar el sistema fiscal, a fin de que el ingreso no sea tan injusto como ha sido hasta hoy. Y se está cumpliendo con principios de la Revolución Mexicana cuando ya no sólo se mira hacia Wall Street, sino que se mira a todo el mundo queriendo comerciar con todos los países de la tierra.
Se está en el camino de la Revolución Mexicana cuando se defiende a las empresas del Estado y se lucha por poner en su sitio a esta minoría majadera con nuestro pueblo, que cree que puede seguir explotándonos inmisericordemente de manera irracional.
Las empresas del Estado han sido el motor para el desarrollo económico de nuestro país -esto ha quedado claro-, y en este nuestro pueblo no va a dar marcha atrás. No se tiene temor cuando apoyamos moralmente a un hombre que también es fruto de un pueblo que realiza cambios, para que dirija a las Naciones Unidas, a un chileno; no se tiene temor cuando estamos quitando verdaderos fantasmas para poder comerciar con los países más progresistas de la tierra. Es decir, estamos re-encauzando otra vez, para que aceleradamente marchemos por el camino de la Revolución Mexicana.
A mí me parece que si pensamos en todo esto podemos considerar que este primer año de gobierno de Luis Echeverría, ha sido un año fructífero; pero todavía hay mucho por realizar. Todavía hay muchas cosas que derrumbar, muchas cosas que construir en México. Todavía muchos Secretarios de Estado no entienden la actitud presidencial o están francamente en contra. Muchos Gobernadores de los
Estados no comprenden que vivimos en un período nuevo, de rectificaciones y que debemos imponer cambios que nuestro pueblo exige. Muchos presidentes municipales tampoco entienden que van en serio los cambios que se están proponiendo, porque los exige la vida de la nación y porque estamos más convencidos que nunca de que tenemos que garantizar el camino pacífico de la Revolución, si no queremos que los provocadores sigan llenando de nubarrones la vida nacional.
Hay algunos que se dicen revolucionarios y piensan que las acciones de aventurerismo pertenecen a este mismo campo. No. Hay que reflexionar en los hechos últimos y pensar que precisamente hoy, cuando nuestro pueblo, está en la posibilidad de marchar aceleradamente, es cuando los provocadores empiezan a exigir la libertad de algunos trotskistas que han sido probados agentes de la policía norteamericana.
Tenemos que reflexionar y estar muy pendientes de que no quiera la CÍA organizarnos un motín con el nombre de una nueva revolución, porque entonces nuestro pueblo va a tener grandes tropiezos.
Otros son partidarios de que a la violencia se le responda con la violencia, también haciendo el juego a la provocación.
Nosotros, lo que tenemos que hacer, es desaparecer las causas, no los efectos de nuestros graves problemas. Repartir la riqueza de México pronto, elevar la vida democrática, acelerar la marcha, cumplir los objetivos de la Revolución Mexicana en poco tiempo. Eso es lo que nuestro pueblo exige y eso es lo que podría liquidar a los aventureros que están pretendiendo, consciente o inconscientemente, crear un clima que puede favorecer al imperialismo en nuestro país
Por eso el Partido Popular Socialista saluda desde esta tribuna al Presidente de México con satisfacción, con motivo de su primer año de gobierno.
(Aplausos).
El C. Presidente: Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
DICTAMEN DE PRIMERA LECTURA
Adición del Artículo 389 bis del Código Penal
- El C. secretario Delegado Ramírez, Celso H.:
"Comisiones Unidades de Justicia, Primera Sección y de Estudios Legislativos, Sección Penal.
Honorable Asamblea:
A las Comisiones que suscriben, les fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa presentada por el ciudadano diputado Ignacio F. Herrerías Montoya del Partido Revolucionario Institucional, para reformar y adicionar el artículo 389 del Código Penal para el Distrito y Territorios Federales en materia de fuero común y para toda la República, en materia de fuero federal.
Estas Comisiones se permiten formular su dictamen, de acuerdo a las siguientes consideraciones:
Primera. La iniciativa a estudio, en su exposición de motivos contiene argumentaciones sólidas que resumen, de manera objetiva, la problemática que aqueja a una gran parte de la población del Distrito Federal, residente en su periferia, en lo que se refiere a la inseguridad en la tenencia de predios y a la falta de servicios.
En efecto, el crecimiento acelerado de la ciudad de México por la migración de la población rural a la zona urbana, ha provocado un desarrollo que evidentemente ha quedado fuera de control de la planificación urbanística y, si bien es cierto que existen disposiciones para regular y controlar el establecimiento de fraccionamientos, como lo son la Ley de Planificación del Distrito Federal y el Reglamento sobre Fraccionamientos de Terrenos en el Distrito Federal, también lo es, que las sanciones administrativas previstas no son suficientes para frenar la actividad de fraccionadores que operan al margen de la Ley, por lo que se hace necesaria la sanción del orden normativo penal.
La conducta del fraccionador clandestino, ha provocado efectos alarmantes en la ciudad de México: Se han multiplicado los asentamientos urbanos carentes de los servicios públicos esenciales como son el agua y drenaje lo que provoca enfermedades y agudiza males sociales.
Subdividir un terreno sin la previa autorización de la autoridad administrativa competente, causa un grave daño al Estado y a la colectividad, reparable sólo a largo plazo y a un costo muy elevado, ya que se altera en forma anárquica la planeación urbana y se afecta la prestación de servicios públicos programados.
Es frecuente el fraccionamiento de un terreno que por sus condiciones topográficas o de ubicación, no reúne los requisitos elementales para la fácil introducción de los servicios municipales, o el costo de tales obras, rebasa los precios razonables para esos trabajos.
Segunda. La iniciativa en cuestión, por lo tanto, responde a una necesidad sentida de la ciudad de México y de otras zonas urbanas de la República; no será posible planificar para el futuro ni resolver los problemas urbanos actuales, si no se frena definitivamente a los que fraccionan sin la autorización previa de la autoridad administrativa competente.
Cualquiera que sea el esfuerzo requerido para elaborar la estructura jurídica que permita el desarrollo armónico del Distrito Federal, valdrá la pena hacer menos onerosa la carga que actualmente sostiene el Gobierno de la República, a consecuencia de la excesiva concentración demográfica, anárquica y dispersa en su periferia.
La experiencia ha demostrado que con el fin de proteger a los colonos, el Gobierno de la República ha venido afrontando y haciendo suyas las responsabilidades y las obras, que sin lugar a dudas, corresponden al fraccionador subrepticio; y así se contempla que la política social que ejercita el Departamento del Distrito Federal, para beneficio de las familias económicamente
desamparadas, ha sido aprovechada por el fraccionador clandestino, para obtener exageradas ganancias, como resultado de los servicios municipales que se introducen y de la necesidad de miles de familias, que anhelan contar con un patrimonio familiar.
En la iniciativa a estudio se contiene la respuesta al reto que el fraccionador furtivo ha lanzado a las autoridades y a la comunidad entera; completa el mecanismo jurídico que seguramente pondrá fin a la inicua explotación de aquellos que tienen la necesidad de contar con un techo; llevan intrínseco el pensamiento del Presidente Echeverría, cuando señala que "El patrimonio familiar es un bien supremo que garantiza el desenvolvimiento del individuo y del grupo; por lo tanto, debe ser objeto de protección y vigilancia del poder público. Donde se viola el derecho a la vivienda, donde se lesiona el interés de la colectividad, se atenta contra México..."
Tercera. Se propuso, para fines comentados en el interior considerado, reformar y adicionar el artículo 389 del Código Penal para el Distrito y Territorios Federales y creando dos incisos que contemplen otras tantas conductas que se equiparan al delito de fraude; la primera ya existe en dicho artículo y la segunda, se refiere al acto de fraccionar o comerciar por sí o por interpósita persona un terreno -urbano o rústico, propio o ajeno, con o sin construcciones- para enajenar o en alguna forma transferir la propiedad o cualquier otro derecho de los lotes o partes de ellos, sin la previa autorización de las autoridades administrativas competentes, o cuando existiendo la autorización no se han satisfecho los requisitos en ella señalados.
Se propuso la pena de tres a quince años de prisión y multa hasta de cien mil pesos.
Respecto a lo anterior, las Comisiones expresan las siguientes reflexiones: Se trata de una conducta que conforme a la sindéresis jurídica configura un delito equiparable al fraude; requiere la sanción del orden normativo penal; exige el establecimiento de una penalidad específica y en consecuencia debe elevarse al rango de un artículo adicional que sería el 389 bis, en vez de ser sólo una adición al artículo 389 de la Ley actual que típica también un delito equiparable al fraude.
Además, con el objeto de evitar que se eluda la aplicación del precepto que se propone, aduciendo la falta de entrega de dinero como pago con motivo de la venta de lotes, las comisiones estiman conveniente determinar que el delito se configura aun cuando no se haya hecho efectivo pago alguno por la compraventa de las fracciones.
Por otra parte se estima conveniente que la penalidad que se imponga al que cometa este fraude equiparado, sea la misma que establece el artículo 386 del Código Penal en vigor y que regula el fraude genérico, con excepción de lo dispuesto en su fracción III, por lo que a la multa se refiere, que consideramos ser hasta de cincuenta mil pesos.
Se propone una graduación en la pena por razones de equidad, que beneficiará únicamente a aquellos iniciados, que obtengan un lucro indebido cuando éste no exceda de tres mil pesos.
En otras palabras, la penalidad que se postula en la iniciativa, resulta ser elevada, si se compara con el sistema de sanciones de nuestro ordenamiento y no da margen a la libertad provisional y la condena condicional, para las situaciones francamente leves.
De todas formas, aun con la penalidad de tres a doce años, quienes hubieren obtenido un lucro indebido que exceda de los tres mil pesos, no tendrán derecho a la libertad provisional.
Por todo lo expuesto y fundado, las suscritas Comisiones proponen a esta honorable Asamblea el siguiente proyecto de Decreto:
Artículo único: Se adiciona el Código Penal para el Distrito y Territorios Federales en materia de Fuero Común y para toda la República en materia de Fuero Federal, con el artículo 389 bis para quedar como sigue:
Artículo 389 bis. Comete el delito de fraude equiparado, el que por sí o por interpósita persona, en cualquier forma fraccione y transfiera o prometa transferir la propiedad, la posesión o cualquier otro derecho sobre un terreno urbano o rústico, propio o ajeno, con o sin construcciones sin el previo permiso de las autoridades administrativas competentes, o cuando existiendo éste no se hayan satisfecho los requisitos en él señalados. Este delito se castigará aun en al caso de falta de pago total o parcial.
Para los efectos penales se extiende por fraccionar la división de terrenos en lotes.
Este delito se sancionará con las penas previstas en el artículo 386 de este Código, con la salvedad de la multa mencionada en la fracción III de dicho precepto, que se elevará hasta cincuenta mil pesos.
Transitorio:
Artículo único: El presente Decreto entrará en vigor a los tres días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.- México, D. F., a 29 de noviembre de 1971.- Justicia. Primera Sección.
Alejandro Ríos Espinosa.- Roberto Estrada Salgado.- Luciano Arenas Ochoa.- Alberto Canseco Ruiz.- José Casahonda Castillo.- Francisco José Peniche Bolio. Estudios Legislativos. Presidente, Cuauhtémoc Santa Ana S.- Secretario, Ramiro Robledo Treviño. Tercera Sección Penal. Ramiro Salas Granados.- José Casahonda Castillo.- Hiram Escudero Alvarez.- Roberto Estrada Salgado.- J. Jesús Yáñez Castro".
- Trámite: Primera lectura.
- El mismo C. secretario: Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera.
- El C. Presidente (a las 15:05 horas): Se levanta la sesión y se cita para la próxima, que se efectuará el 2 de diciembre, en la que tendrá lugar la comparecencia del ciudadano Secretario de Hacienda y Crédito Público, licenciado Hugo B. Margáin; y en los que también se tratarán los asuntos con los que la Secretaría dé cuenta.
TAQUIGRAFÍA PARLAMENTARIA Y
"DIARIO DE LOS DEBATES"