Legislatura XLVIII - Año III - Período Ordinario - Fecha 19721115 - Número de Diario 22
(L48A3P1oN022F19721115.xml)Núm. Diario:22ENCABEZADO
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
XLVIII LEGISLATURA
Registrado como artículo de 2a. clase en la Administración Local de Correos, el 21 de septiembre de 1921
AÑO III México, D. F., Miércoles 15 de Noviembre de 1972 TOMO III.-NUM.22
"AÑO DE JUÁREZ"
SUMARIO
Orden del Día
I. Se abre la sesión. Lectura del Orden del Día.
Acta
Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior.
Invitaciones
Del Departamento del Distrito Federal a la ceremonia que tendrá lugar el día 20 de los corrientes, en ocasión del LXII aniversario de la iniciación de la Revolución Mexicana. Se designa comisión.
Del C. licenciado Mario Trujillo García, Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco, a la ceremonia en la que dará lectura al Segundos Informe de su gestión administrativa, el día 20 del actual. Se designa comisión.
Comparecencia del C.
Secretario de Gobernación
El C. licenciado Mario Moya Palencia, Secretario de Gobernación, en cumplimiento del Acuerdo aprobado por esta Cámara de Diputados el día 31 de octubre próximo pasado, se presenta en el Recinto. La Presidencia designa una comisión para que lo introduzca al Salón; a continuación el C. licenciado Moya Palencia da lectura a su exposición relativa a las motivaciones del C. Presidente de la República para enviar la Iniciativa de Ley Federal Electoral. En seguida los CC. J. de Jesús Arroyo Alanís, Raymundo Flores Bernal, Miguel Hernández Labastida, Julio Antonio Gallardo Ortiz, Jesús Luján Gutiérrez, Diamantina Reyes Esparza, Francisco José Peniche Bolio, José Luis Alonzo Sandoval, Francisco Ortiz Mendoza, Miguel López González, Santiago Roel García, Fortino Garza Cárdenas, Guillermo Islas Olguín, Juan Moisés Calleja , Bernardo Bátiz Vázquez, J. Carlos Osorio Aguilar, Emilia Dorado Baltazar, Rafael Castillo Castro, José Melgarejo Gómez y Cuauhtémoc Santa Ana, formulen al C. Secretario de Gobernación, varias preguntas respecto a la Iniciativa en cuestión, a las cuales da debida respuesta.
La Presidencia agradece a los representantes de los Congresos Estatales del país, a los dirigentes de partidos políticos nacionales y demás personas, su asistencia a la sesión. Asimismo expresa su reconocimiento al C. Presidente de la República por haber autorizado la comparecencia del C. Secretario de Gobernación. Y al pro licenciado Moya Palencia, su reconocimiento por la claridad y profundidad dpioe su exposición. La misma comisión que introdujo al alto funcionario lo acompaña al retirarse del Salón. Se levanta la sesión.
DEBATE
PRESIDENCIA DEL C. MARCOS MANUEL SUAREZ RUIZ
(Asistencia de 170 ciudadanos diputados.)
-El C. Presidente (a las 10:45 horas): Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
El C. secretario Melgar Aranda, Enrique: "Cámara de Diputados.
Tercer período ordinario de sesiones.
XLVIII Legislatura.
Orden del Día
15 de noviembre de 1972.
Lectura del acta de la sesión anterior.
El departamento del Distrito Federal invita a la ceremonia para conmemorar el LXII aniversario de la iniciación de la Revolución Mexicana que, con asistencia del C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, tendrá lugar el próximo día del presente mes, en el Monumento a la Revolución, de esta Capital.
Invitación del C. Mario Trujillo García, Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco, al acto en el que se rendirá el Segundo Informe de su gestión administrativa, el día 20 del actual.
Comparecencia del C. licenciado Mario Moya Palencia, Secretario de Gobernación."
ACTA
-El mismo C. Secretario:
"Acta de la sesión de la Cámara de Diputados de la XLVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión celebrada el día catorce de noviembre de mil novecientos setenta y dos.
Presidencia del C. Marcos Manuel Suárez. En la ciudad de México, a las doce horas y veinticinco minutos del martes catorce de noviembre de mil novecientos setenta y dos, se abre la sesión con asistencia de ciento cuarenta ciudadanos diputados, misma registrada en la lista que previamente pasa la Secretaría.
Lectura del Orden del Día.
Sin que motive debate se aprueba el acta de la sesión anterior, efectuada el día nueve del presente.
Se da cuenta de los documentos en cartera:
El C. licenciado Antonio Rocha Cordero., Gobernador Constitucional del Estado de San Luis Potosí, invita a la ceremonia para rendir homenaje al Presidente Juárez y a los Constituyentes de 1857, que tendrá lugar el día 16 del actual , en el Recinto Parlamentario del Palacio Nacional.
Para asistir a ese acto se designa a los miembros de la Diputación Federal del Estado de San Luis Potosí.
El Congreso del Estado de Morelos comunica la clausura de la Diputación Permanente, la inauguración del segundo período ordinario de sesiones correspondiente al tercer año de ejercicio y la elección de su mesa directiva
De enterado.
El C. Miguel Aldama solicita el permiso constitucional necesario para aceptar y desempeñar el cargo de Consúl Honorario de Túnez, en Guadalajara, Jalisco. Recibo, y túrnese a la Comisión de Permisos Constitucionales.
El C. Presidente de la República envía las siguientes iniciativas:
De Decreto que da Bases al Ejecutivo para celebrar Empréstitos sobre el Crédito de la Nación, mediante la Emisión de Bonos de los Estados Unidos Mexicanos para Fomento Económico. Recibo, y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público y Seguros e imprímase.
De Decreto que Reforma el que da Bases al Ejecutivo para celebrar Empréstitos sobre el Crédito de la Nación, mediante la Emisión de Bonos de los Estados Unidos Mexicanos para Fomento Económico, de 28 de diciembre de 1968. Recibo, y a Comisión de Hacienda y Crédito Público y Seguros e imprímase.
Las Comisiones unidas de Defensa Nacional de Marina Nacional, de Hacienda y Crédito Público y Seguros y de Estudios Legislativos, presentan un dictamen con proyecto de Decreto que adiciona los artículos 6o. y 109 de la Ley de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas. Primera lectura.
Dos dictámenes con proyectos de Decreto, suscritos por la Comisión de Permisos Constitucionales, en virtud de los cuales se concede el permiso constitucional necesarios a los ciudadanos Angélica Morales Vda. de Von Sauer y General de Brigada Arturo Corona Mendioroz, para que puedan aceptar y usar las condecoraciones de la Cruz de Honor Austriaca por Artes y Ciencias que le confirió el Gobierno de Austria, a la primera; y, Gran Estrella al Mérito Militar que le otorgó el Gobierno de la República de Chile, al segundo. Segunda lectura.
A discusión.
Sin que motiven debate, se reserva para su votación nominal.
La Comisión de Permisos Constitucionales emite un dictamen con proyecto de Decreto, por el que se concede permiso al señor Michael André Reynoard Baumgarten para aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario del Gobierno de Francia, en la ciudad de Torreón, Coahuila. Segunda lectura.
A discusión.
Sin que se haga uso de la palabra, en votación nominal, se aprueba este proyecto de Decreto y los dos anteriormente reservados por unanimidad de ciento cuarenta y tres votos, pasan al Senado para sus efectos constitucionales.
Las Comisiones unidas de Trabajo de Desarrollo de la Vivienda y de Estudios Legislativos, suscriben un dictamen con proyecto de Decreto, por lo que se reforman y adicionan los artículos 38 y 43 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 constitucional. Segunda lectura.
A discusión en lo general.
Hablan: para hacer consideraciones generales los ciudadanos diputados Bernardo Bátiz Vázquez y Francisco Hernández Juárez; en pro, el C. diputado Raúl Gómez Pedroso.
Suficientemente discutido.
En votación nominal se aprueba en lo general, por unanimidad de ciento cincuenta y cinco votos.
A discusión en lo particular.
Sin ella, en votación nominal se aprueba en lo particular, por unanimidad de ciento cincuenta y seis votos.
Aprobado el proyecto de Decreto, tanto en lo general como en lo particular, pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El C. diputado Juan Manuel López Sanabria hace uso de la palabra para dar lectura a la Iniciativa de Reformas al artículo 60 constitucional para la supresión de los Colegios Electorales y la creación de un Tribunal Federal Electoral, que presentan los diputados miembros del Partido Acción Nacional a la XLVIII Legislatura. Túrnese a las Comisiones unidas de Gobernación en turno y Estudios Legislativos e imprímase.
La Presidencia expresa a los trabajadores al Servicio del Estado y a sus dirigentes, el reconocimiento de la Asamblea por su honrosa presencia en esta sesión.
A las catorce horas se levanta la sesión, y se cita para la que tendrá lugar el miércoles quince del presente, a las diez horas, en la que comparecerá el C. licenciado Mario Moya Palencia, Secretario de Gobernación."
Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Aprobada.
INVITACIONES
-El mismo C. Secretario:
"Escudo Nacional.-Estados Unidos Mexicanos.-Poder Ejecutivo Federal.-México, D. F.-Departamento del Distrito Federal.
México, D. F.,a 13 de noviembre de 1972.
'Año de Juárez.'
C. Diputado ingeniero Marcos Manuel Suárez Ruiz, Presidente de la H. Cámara de Diputados Donceles y Allende.-Presente.
El Departamento del Distrito Federal, por conducto de esta Dirección General, atentamente invita a usted a la ceremonia conmemorativa del LXII Aniversario de la Iniciación de la Revolución Mexicana, que con asistencia del C. licenciado Luis Echeverría Alvarez, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, tendrá lugar el próximo lunes 20 del actual, a las 9.00 horas, en el Monumento a la Revolución, de esta Capital.
Al mismo tiempo, me permito rogarle tenga a bien dictar sus respetables instrucciones con objeto de que una comisión que represente a esa H. Cámara de Diputados, a su digno cargo, asista al acto de su referencia y haga el depósito de una ofrenda floral.
Reitero a usted, con mi reconocimiento, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No reelección.
El Director General, doctor José F. Rivas Guzmán."
El C. Presidente: Se invita a todos los ciudadanos diputados para asistir a esta ceremonia, encabezados por esta Presidencia.
-El mismo C. Secretario:
"Escudo Nacional.-Estados Unidos Mexicanos.-Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tabasco.
Villa hermosa, Tab., noviembre 1o. de 1972.
H. Cámara de Diputados. Donceles y Allende. México, D. F.
Cumpliendo con lo preceptuado en la Constitución Política del Estado de Tabasco, el próximo día 20 del actual el C. licenciado Mario Trujillo García , Gobernador Constitucional del Estado comparecerá ante esta XLVII Legislatura local, para dar lectura al Segundo Informe de Gobierno.
Con tal motivo seremos muy honrados al contar con la presencia de esa H. Representación Popular en este acto, en el que se resumirá el esfuerzo que los tabasqueños estamos haciendo para lograr el desarrollo integral de nuestro Estado.
Nos es muy grato presentar a ustedes las seguridades de nuestras consideraciones y respetos.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Licenciado Voltaire Chán Olán, Diputado Presidente.-Reynolds Madrid Ríos, Diputado Secretario."
El C. Presidente: Para asistir a este acto se designan, en representación de esta Cámara, a los siguientes ciudadanos diputados: Luciano Arenas Ochoa, Octavio Cal y Mayor Sauz, José Casahonda Castillo, Fernando Castillo Castillo, Eloy Morales Espinosa, Rubén Darío Vidal Ramos y la diputación federal del Estado.
COMPARECENCIA DEL C. SECRETARIO DE GOBERNACIÓN
Esta Presidencia se permite informar a la Asamblea que de acuerdo con la solicitud de comparecencia del ciudadano Secretario de Gobernación, que fue debidamente autorizada por el ciudadano Presidente de la República, es como ahora se encuentra a las puertas del recinto, el ciudadano licenciado Mario Moya Palencia.
Para introducirlo a este salón se designan en Comisión a los siguientes ciudadanos diputados: Luis H. Ducoing, Juan Landerreche Obregón, Jorge Cruickshank García y Fortino Garza Cárdenas. Rogándoles a los ciudadanos diputados den cumplimiento a su Comisión.
(La Comisión cumple su cometido.)
El C. Presidente: En sesión efectuada por esta Cámara el pasado día 31 de octubre, con motivo de la presentación de la iniciativa de la Ley Federal Electoral, se conoció de una proposición suscrita por los miembros de la Gran Comisión, en la que expresaron que por la importancia que tiene el sistema electoral para el ejerció de la vida democrática del país, solicitaron y la Asamblea lo aprobó, se le citara a usted, ciudadano Secretario, para que compareciera ante esta Cámara de Diputados, previa la autorización del C. Presidente de la República, e informara a esta Representación Nacional sobre las motivaciones y las cuestiones de interés que dicho documento ha suscitado entre los ciudadanos diputados.
Ciudadano Secretario de Gobernación, cuando usted lo disponga, puede pasar a ocupar la Tribuna.
El C. licenciado Moya Palencia Mario: "C. Presidente de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión:
Ciudadanos Representantes de las honorables legislaturas de los Estados:
Ciudadanos diputados:
Señoras y señores:
Modificar el sistema político para promover el avance, cuando prevalece la paz social, las instituciones operan y el gobierno mantiene su franco y dilatado apoyo popular, es prueba inequívoca de vocación democrática y de inconformidad creadora. Es clara determinación de marchar al frente de las circunstancias, de acelerar la transformación en todos los campos de la vida en común y de dotar a las colectividad, de inmediato, de mejores instrumentos para definir su rumbo.
El Ejecutivo reforma para seguir reformando, impulsa el cambio electoral que se producirá en el mismo período de su mandato, para afrontar la responsabilidad absoluta de sus actos.
Reformada la Constitución de la República para adecuar la base representativa al crecimiento demográfico, ampliar la representación de las minorías y reducir la edad mínima para acceder al Poder Legislativo, ha representado ahora a la consideración del soberano Congreso de la Unión -como lo había anunciado- una iniciativa de Ley Federal Electoral que hoy, por instrucciones del propio ciudadano Presidente de la República, podemos analizar en cuanto a su motivaciones, objetivos y alcances.
El sistema electoral es sólo un medio. Para analizarlo y calificarlo es preciso conocer los fines a los que está destinado a servir. Vistos los principios filosóficos que orientan la acción pública y las instituciones jurídico-políticos que emanan de la Constitución que nos rige, es posible entrar al estudio del articulado de la Ley Federal Electoral.
Este método permite definir las diversas posiciones ante la Iniciativa. Determinar, en primer lugar, si se aprueban los fines para, a continuación, dilucidar si los medios se encuentran adecuados a la consecución de los objetivos. Es preciso partir, entonces, de una definición del pensamiento e instituciones de nuestro régimen político. México es una República democrática y representativa. Democracia es un concepto multidimensional. Es dinámico, es pasado, presente y futuro; es pensamiento y acción; forma y contenido. La democracia es a la vez sistema político y rico haz de ideas y propósitos.
Es multidimensional porque engloba la totalidad de las actividades de la comunidad. Pese a los intentos por disociar su contenido, no hay más democracia que la democracia social. Es ésta un ethos, un modo de vida, un estilo y un estado de la sociedad.
Podemos, para fines analíticos, aislar sus componentes pero nunca divorciarlos , porque, en su sentido auténtico, es un todo indivisible.
Si la democracia política exige igualdad cívica y jurídica y gobierno al servicio de todos, es forzoso concluir que implica igualdad en el disfrute de la riqueza colectiva e igualdad de oportunidades económicas.
Pero la democracia económica no sustituye a la política: es su indispensable complemento. Sin un sistema político democrático, la igualdad económica sería impuesta, ajena a la voluntad de los ciudadanos pasivos y susceptible de ser regulada o sustraída al antojo de quienes la confieren; sería, en consecuencia una falsa igualdad.
No es admisible relegar la democracia política a un futuro utópico, ni aceptable el método autocrático para alcanzar la democracia. Es bien sabido que los medios terminan por desnaturalizar los objetivos. No hay más vía para la democracia que la acción democrática.
El desarrollo económico es sin duda un factor para el desarrollo político, pero no es condición suspensiva que induzca a su aplazamiento. Es preciso ser democrático en la lucha por la prosperidad.
La democracia global presupone una sólida infraestructura. Florece cuando origina y es originada por grupos y asociaciones intermedias que vivan conforme a sus principios.
La democracia es asimismo un ideal. Si en su origen fue la condena de la desigualdad, la injusticia y la coerción, con el triunfo de los principios sigue siendo fuerza motriz para consolidar, vivificar las ideas, en un ajuste y perfeccionamiento constantes.
El deber ser y el ser en una democracia, son tesis y antítesis de una síntesis cotidiana. Existen en la medida en que sus valores van cobrando realidad, objetivándose en normas, instituciones y actitudes democráticas.
Es por ello, también, forma de organización activa: estructura y procedimientos. La democracia requiere de un conjunto de instituciones que normen el método por el cual los ciudadanos decidan la orientación de su comunidad y ejerzan el control efectivo de la acción de sus representantes. La democracia es Constitución, garantías para la libertad integral y sistema colectivo, que preservan en su conjunto el gobierno popular.
No ignoramos los desafíos a que se enfrenta el sistema democrático en todo el mundo. En algunos casos, se invoca la democracia par encubrir la acción de grupos económicamente poderosos. En otros, en nombre de la democracia, se ha postergado flagrantemente la libertad. Pero el sistema representativo es el único que garantiza la expresión fidedigna de la voluntad colectiva. Creer en el voto es pronunciarse por la superioridad del discernimiento humano y tener fe en la libertad, como norma de conciencia. La democracia es el único régimen político que ofrece cabida a todos, incluso a los que creen en ella.
La nuestra es una democracia social en todas sus dimensiones. Tiene un pasado definitivo, un presente dinámico y una vocación de perseverar y acrecentarse. Desde los preludios de nuestro constitucionismo, aparece el concepto de democracia integral. Morelos así lo concibe en los "Sentimientos de la Nación ". En el Constituyente de 1857, Arriaga, Zarco, Ramírez, abogan por superar el formalismo jurídico, y en el Congreso de Querétaro, Jara, Mújica, Victoria, Gravioto y tantos otros exponen en brillantes intervenciones los alcances del concepto que en nuestros días está plasmado con claridad meridiana en el Artículo Tercero, que define la democracia como una estructura
jurídica, un régimen político y un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.
En este marco ideológico y jurídico se inscribe la acción renovadora del Ejecutivo de la nación. La reforma fiscal,la descentralización, el nacionalismo industrial, comercial y tecnológico, y el impulso educativo, son medidas de una misma estrategia que apunta hacia la democracia económica y social. Y en ese mismo marco se sitúa la nueva Ley Federal Electoral, mecanismo que presupone y busca impulsar la infraestructura democrática y que pretende servir de canal a la democracia como ideal y como comportamiento colectivo.
La democracia política es el gobierno acorde a la voluntad del pueblo. La elección es el procedimiento técnico para captar la expresión de esa voluntad. La forma, el momento y alcances de la votación popular son definidos por una legislación que, para lograr con justicia los fines últimos, debe considerar una serie de factores de diversa índole.
El elemento básico es la delimitación del cuerpo electoral, órgano de la colectividad, definido en nuestra Constitución con tal amplitud que se puede afirmar que existe la mayor identidad posible entre la comunidad sociológicamente considerada y la población que elige. Incorporadas las mujeres y la juventud al electorado, su composición garantiza que su voz sea la voz de la nación.
Pero el cuerpo electoral no es entidad monolítica. Es multiplicidad de voluntades, opiniones divergentes que en un régimen de libertad afirman y mantienen su diversidad.
Corresponde al sistema electoral obtener, por medio de la votación, los lineamientos que deben conformar al orden social. Traducir esa variedad de voluntades en una voluntad común capaz de conducir a la colectividad en su conjunto. Esto es establecer un gobierno representativo.
Captar el sentido preciso de esa voluntad general es el objeto central del mecanismo electoral. Lograr que la opinión de los ciudadanos se exprese con la claridad necesaria para ser interpretada con fidelidad y representada con eficacia.
Está superado el liberalismo político que postulaba el funcionamiento espontáneo del cuerpo electoral y la creencia de que la razón individualizada era el motor de la vida pública. Una polvareda de opiniones aisladas es incapaz de tomar iniciativas, de comprender tareas a largo plazo. La votación es un punto de llegada de un largo recorrido de liberación, análisis, recopilación de información que solo las agrupaciones permanentes pueden realizar. La representación de las opiniones demanda de su organización. La acumulación de voluntades atomizadas no produce una voluntad común. Es preciso operar síntesis que aglutinen en grandes corrientes las tendencias del electorado. Por eso la representación, en un sentido real, es la representación que se logra por conducto de los partidos.
Bajo esa perspectiva, el problema técnico es encontrar el mejor sistema para que, por medio de los partidos políticos, la nación mantenga una adecuada representación. La Constitución establece y esta ley reglamenta el sistema de elección mayoritaria, complementada en la Cámara de Diputados con representación de las minorías.
La Ley Federal Electoral, puesta a la consideración de ustedes, recoge lo más positivo de nuestra experiencia política y la más pura doctrina democrática; es un paso en firme hacia adelante para asegurar la cabal y fidedigna representación del cuerpo electoral. La norma que se propone busca la captación precisa de la expresión política de cada ciudadano, sin desatender de los grandes sectores sociales.
Nuevos elementos se sugieren para asegurar con mayor precisión el principio de un voto por cada elector, a la vez que se estimula el fortalecimiento de las asociaciones políticas, que dan sentido orgánico a la opinión del país.
Aportación de trascendencia es la estructura que se propone para los organismos electorales. La fuente del poder político es el cuerpo electoral, su veredicto es el señalamiento de una filosofía, de objetivos determinados y designación de los individuos para llevarlos a cabo.
Sociológicamente el cuerpo electoral es heterogéneo, pero jurídicamente su decisión es unitaria. Esta transmutación se logra por carácter de órgano del Estado, que le permite a la colectividad nacional obtener, mediante la elección, una voluntad unificada. Si el cuerpo electoral no tuviera este carácter no habría más que voluntades divergentes. Si se quiere que la voluntad del pueblo sea la que gobierne, es preciso que alcance la unidad.
No en éste artificio. Ya hemos señalado que, mediante un sistema electoral adecuado y la participación de los partidos, es posible plasmar jurídicamente una auténtica representación sociológica. La representación debe ser la fotografía de lo que representa, y no es otra cosa una Cámara de Diputados en la que están presentes mayoría y minorías, que aglutinan en su interior elementos de todos los sectores nacionales.
A partir de estos dos mismos conceptos: heterogeneidad sociológica y necesidad de acción unitaria, la Iniciativa de Ley Federal Electoral propone la integración de los organismos electorales, precisamente a imagen del cuerpo electoral, cuya voluntad están obligados a captar. Formar un órgano capaz de decisión y de acción, que funda en su seno a los elementos que coexisten en el electorado del país.
La ley vigente ya significa un gran avance en esta concepción, pero mantiene a la Comisión Federal Electoral compuesta sólo con los partidos mayoritarios y no incorpora a ninguno en comisiones locales y comités distritales.
El Ejecutivo de la Unión propone ahora, a su alta consideración, la consumación del carácter representativo del mecanismo electoral, en todos sus niveles.
Los elementos que deben concurrir en estos organismos son los que corresponden a la naturaleza de su función: un comisionado del Poder Ejecutivo, encargado por mandato constitucional de proveer la observancia de las leyes; un comisionado nombrado por la representación popular y otro por el cuerpo legislativo que representa a las comunidades federadas; y asimilados a ello, comisionados de todas las corrientes de opinión organizadas en partidos nacionales. Los organismos locales y distritales, se integrarán también con comisionados de todos los partidos políticos.
De esa manera, de considerarlo así ustedes, se crearán, para organizar el proceso electoral, organismos representativos del cuerpo electoral, dotados de la unidad de acción necesaria para cumplir sus atribuciones de coordinación nacional y conformados de tal manera, que constituyan una sólida garantía para la imparcialidad en la preparación, desarrollo y vigilancia de los comicios populares.
La iniciativa pretende fortalecer el sistema de partidos en beneficio de los ciudadanos de la República. Tomando en consideración la naturaleza de sus funciones, se busca establecer una regulación jurídica que propicie el perfeccionamiento del desempeño de los partidos existentes y facilite la formación de nuevas asociaciones cuando representen auténticas corrientes de opinión nacional.
Los partidos confieren fuerza social a las filosofías políticas. Son instrumentos para convertir los ideales en acción concreta. Por su conducto se articulan posiciones y se definen objetivos generales; refinan y generan nuevas ideas; instituyen la deliberación colectiva; estabilizan las opiniones, les dan continuidad y estructura; son crisoles en los que se funden las opiniones personales para adquirir dimensión global. Son en suma, instituciones de interés público que es preciso que la representación nacional regule para, sin conculcar la libertad de asociación, establecer un mínimo de garantías que preserven su carácter de instrumentos democráticos y democratizadores.
Para ampliar más aún las puertas del pluralismo ideológico, se sugiere la reducción del número de afiliados requerido para su registro, tanto en su exigencia total, como en cuanto a los miembros que se determinan por entidad federativa.
Tomando igualmente en consideración las funciones de interés general de los partidos políticos, se formalizan con mayor precisión los requisitos para su constitución. Se establece la obligación de que los integren ciudadanos respetuosos de sus obligaciones constitucionales; que definan sus principios, que verifiquen asambleas constitutivas de miembros auténticos y que se mantengan como organizaciones efectivas conforme a sus propios estatutos. No se establece requisito alguno que implique una interferencia en su organización y definición interna, sólo se les demanda, como corresponde a un Estado de Derecho, el compromiso de observar la Constitución de la República.
Siendo los partidos opinión organizada y alternativa para el electorado, el Ejecutivo de la Unión cree pertinente se propicie su acceso gratuito y paritario a la radio y a la televisión, a nivel nacional, durante el período de campaña, para abrir con toda amplitud las puertas al debate cívico, a fin de proporcionar al cuerpo electoral el máximo de información acerca de la tesis que pugnan por la dirección de la comunidad.
Plantea también la iniciativa el otorga miento de más amplias facultades al Registro Nacional de Electores. Un padrón moderno y preciso es factor insustituible para los comicios democráticos.
En materia procesal, el proyecto de ordenamiento significa un avance sustancial . La sistematización y claridad de los pasos de operación electiva son la mejor garantía para el respeto y correcta traducción de la opinión que se deposita en las urnas. Las elecciones están en realidad bajo el control del ciudadano y de miles de funcionarios de casillas. Una ley precisa, funcional, es instrumento democrático invaluable en manos del electorado.
Con las reformas a nuestra Carta Magna y con esta iniciativa de la ley electoral, promovidas por el Presidente de la República en uso de sus facultades constitucionales, quedará establecido, de merecer la aprobación del Honorable Congreso, un marco jurídico adecuado para continuar nuestro desarrollo político.
Pero hemos afirmado que la democracia es un concepto multidimensional; que su florecimiento requiere del perfeccionamiento simultáneo de todas sus facetas. El avance en su dimensión institucional: estructura y procedimientos, debe complementarse con un incremento de la infraestructura democrática y del comportamiento cívico individual y colectivo. Repetimos la única forma de democracia es la democracia social.
Corresponde a los partidos una parte importante en el avance político. Serán incorporados con voz y voto el aparato electoral y sus programas de campaña tendrán garantizada su difusión nacional, pero el valor de la medida dependerá, en última instancia, de que sean en realidad opinión organizada, de que mantengan un diálogo constante con afiliados y simpatizantes para conservar su carácter de eslabón entre la representación nacional y las necesidades y anhelos de la base popular. "A la renovación de los mecanismos electorales -ha dicho el Presidente de la República,- debe suceder una renovación de todos los partidos. En los momentos en que el país se transforma, estas instituciones también deben actualizarse para reflejar fielmente la opinión del cuerpo electoral."
Y si la democracia es comportamiento y modo de vida, su plena realización es función de los ciudadanos de la República. Además de actitud invariable en todos los medios en los que se desenvuelve la existencia individual, la democracia exige de un ejercicio responsable del derecho del sufragio. El voto no es operación mecánica ni acción individualista.
No se sufraga atendiendo exclusivamente a intereses personales, sino con la conciencia de pertenecer a una colectividad. Sólo así se conforma una genuina voluntad general.
Nos acompañan, en esta sesión solemne, diputados a las legislaturas de los Estados Libres y Soberanos de la Unión, como muestra del profundo interés de las entidades en el debate que dará origen a nuevas normas de derecho electoral: juntos podemos reflexionar en beneficio de la Federación Mexicana.
Las reformas constitucionales que iniciaron el proceso de renovación política , fueron aprobadas con gran entusiasmo por la totalidad de las legislaturas estatales; y si el Congreso de la Unión, que representa a la Nación en su conjunto, confiere su aprobación a la Iniciativa que hoy comentamos, se habrá reconfortado que nuestra colectividad desea el perfeccionamiento de los mecanismo eleccionarios.
Este clima de renovación general que anima a la Federación y a cada una de sus partes, propicia una revisión de las legislaciones locales electorales que lo requieran, en ejercicio de su soberanía y a la vez como expresión del espíritu solidario nacional. Muchas entidades cuentan con sistemas electorales en verdad modernos, otras, sabemos que han iniciado ya estudios para superar sus leyes vigentes.
Expresamos nuestros respetuosos y fervientes votos para que un análisis objetivo y soberano de las normas electorales locales, las lleve a recoger -a aquellas que aún no lo han hecho- las instituciones fundamentales de la materia y los principios básicos que garantizan la pureza y la representatividad del sufragio, como: la boleta electoral única, que preserva el secreto del voto; la reducción de las edades para el disfrute de los derechos políticos, activos y pasivos, a fin de incorporar plenamente a la juventud al cuerpo electoral y a los órganos representativos; la mejor integración de los organismos electorales, para afirmar la imparcialidad del proceso; la tecnificación de los padrones electorales y la generalización de la credencial permanente; el voto por fórmula que facilita su expresión, en los casos en que proceda; la posibilidad de sustitución de los candidatos que fallezcan o se inhabiliten, para procurar la elección oportuna y cabal de los representantes; la coherencia termino lógica, claridad y sencillez de los ordenamientos, para facilitar el control del proceso por los propios electores y, en general, todas las medidas tendientes a asegurar en el ámbito jurídico y a estimular en la vida práctica la libre concurrencia de los ciudadanos y de los partidos, mayoritarios o minoritarios, a los actos electorales, para así extender cualitativa y cuantitativamente la democracia.
Señores diputados al Congreso de la Unión: Vivimos en uno de los períodos más fructíferos en realización de beneficio general. El Ejecutivo de la Unión apoyado en un sólido consenso nacional está transformando as nuestra sociedad. La Iniciativa que estudiamos es sólo una parte de un inmenso esfuerzo por acelerar la marcha hacia adelante. Recordemos en éste, como en todo momento, cual lo expresara el Presidente Luis Echeverría: "La democracia. es, sobre todo, una forma de convivencia. Concierne a todos los mexicanos convertirla en norma de conducta cotidiana".
El C. Presidente: C. licenciado Mario Moya Palencia, varios diputados han manifestado su deseo de formularle algunas preguntas, a continuación voy a darle lectura a sus nombres: diputado J. de Jesús Arroyo Alanís, diputado Raymundo Flores Bernal, diputado Miguel Hernández Labastida, diputada Diamantina Reyes Esparza, diputado Jesús Luján Gutiérrez, diputado José Luis Alonzo Sandoval, diputado Francisco José Peniche Bolio, diputado Santiago Roel García, diputado Francisco Ortiz Mendoza, diputado Miguel López González, diputado Julio Antonio Gallardo Ortiz, diputado Fortino A. Garza Cárdenas, diputado Guillermo Islas Olguín, diputado Juan Moisés Calleja García, diputado Bernardo Bátiz Vázquez, diputado J. Carlos Osorio Aguilar, diputada Emilia Dorado Baltazar, diputado Rafael Castillo Castro, diputado José Melgarejo Gómez y diputado Cuauhtémoc Santa Ana.
En consecuencia, tiene el uso de la palabra el ciudadano diputado J. de Jesús Arroyo Alanís, del Partido Revolucionario Institucional.
El C. Arroyo Analís, J. de Jesús: Señor licenciado Mario Moya Palencia, Secretario de Gobernación. Es evidente que la iniciativa de Ley Federal Electoral enviada a esta Cámara de Diputados por el Presidente de la República, licenciado Luis Echeverría, reduce los requisitos de la Ley para la constitución de partidos políticos nacionales. Ahora bien, con esa reducción ¿no se corre el riesgo de que se constituyan numerosos partidos y por lo tanto detuvieran el avance democrático del país, de tal manera que llegaran a ser un obstáculo en la estabilidad de las instituciones, como ya ha sucedido en otros países?
El C. licenciado Mario Moya Palencia: Señor diputado Arroyo Alanís, pocos países pueden ufanarse de haber promovido en un lapso tan relativamente corto una serie de reformas a su sistema constitucional y legal como el nuestro, tendientes a ampliar y profundizar la participación y representación democráticas.
De menos de 20 años para acá, México ha incorporado a la mujer al Cuerpo Electoral duplicándolo así y frustrando las premoniciones de quienes aseguraban que la mujer no sería un elemento positivo en la democracia social mexicana; ha creado un sistema complementario de representación de minorías para que éstas se expresen dentro de la Cámara Popular y en esta forma contribuyan a integrar la voluntad mayoritaria de la nación; ha perfeccionado los sistemas eleccionarios, creado la credencial permanente de elector y mejora constantemente el registro electoral, sabedor como está de que este elemento es sustancial para un limpio ejercicio del derecho ciudadano a la decisión; incorporado a los jóvenes a partir de los 18 años a la posibilidad de conjugar la
suya a la voluntad de todos los demás ciudadanos de la República y orientar con su espíritu progresista y crítico la marcha ascendente de nuestro país; ha reducido las edades mínimas de acceso a los foros representativos para que sea también sangre cada vez más nueva la que informe los movimientos políticos de la nación.
Es, pues, nuestro gobierno; es, pues, México en su conjunto una nación que no tiene miedo a los riesgos de la democracia. Por el contrario se enfrenta a ellos con la decisión de que al hacerlo reafirma la huella luminosa de nuestros próceres y los principios que constituyen la esencia misma de nuestra evolución histórica y de nuestra nacionalidad.
El Presidente de la República anunció, al promover reformas constitucionales en materia electoral el año pasado, que dentro de un plan general de revisión del sistema eleccionario en su conjunto, habría también de presentar un proyecto de reformas a la Ley Electoral Federal vigente, a fin de fortalecer a los partidos políticos existentes y a fin de propiciar el acceso de otras organizaciones ciudadanas al campo de la representación, facilitando también su construcción y registro como partidos políticos.
No ignora el Ejecutivo los peligros que acarrea un fraccionamiento, una pulverización excepcional de la opinión pública. Pero cree también que al facilitar a todas las corrientes de opinión que se organicen, que en verdad representen tendencias apreciables e intereses atendibles de la comunidad, y se integren mediante su registro como partido políticos a la dinámica constructiva de la democracia, se está dando un paso adelante en el camino de la plenitud de México.
Al reducirse a 65,000 los afiliados que se requieren para la constitución de un partido político nacional y exigirse sólo 2,000 por cada una de las dos terceras partes de las Entidades Federativas, en lugar de los números anteriores de 75,000 y 2,500, respectivamente, el Ejecutivo está proponiendo al Congreso de la Unión que abra las puertas, pero no a cualquier corriente que no tenga un solidez necesaria tanto en lo ideológico como en lo estructural, para aglutinarse, para coagularse y dar frente a la vida política en realidad de partido nacional registrado.
Por otra parte, nuestro sistema electoral, que es un sistema mayoritario fundamentalmente, tiene, entre otras de sus muchas ventajas, la de propiciar que los partidos, para poder expresarse debidamente en los órganos representativos, independientemente del sistema complementario de las minorías , requiere una porción substancial y considerable de apoyo público.
No creemos, pues, señor diputado, que la iniciativa, tal y como se presenta, en caso de ser aprobada, nos condujera a ese fraccionamiento indebido de la opinión pública. Pero si la democracia tiene riesgos, como lo hemos dicho, con voluntad democrática debemos de correrlos. Estamos abiertos a que las corrientes de opinión organizadas vengan a las Cámaras, se estructuren como partidos, recojan, por los medios democráticos y no fuera de ellos, por las vías pacíficas y no fuera de ellas, el apoyo de sus conciudadanos y de esta manera se integre la voluntad autónoma unitaria y democrática de la nación. (Aplausos.)
El C. diputado: Señor Secretario: Le quedo agradecido por su esclarecedora respuesta.
El C. Presidente: Tiene el uso de la palabra el C. diputado Raymundo Flores Bernal, del Partido Revolucionario Institucional.
El C. Flores Bernal Raymundo: Señor Secretario: El artículo 39 de la iniciativa que motiva su presencia ante esta Asamblea, se establece como una de las prerrogativas de los partidos políticos nacionales, el que tenga acceso a la radio y a la televisión por cuenta del gobierno.
En la propia iniciativa se establece, igualmente, que el tiempo concedido a cada uno de los partidos sea el mismo. Esto durante las campañas electorales. En algunos otros países, en que se ha adoptado e implantado esta modalidad, se observa a mi juicio, un sistema más equitativo o más justo.
En efecto, el derecho al uso de estos medios de comunicación se concede a los partidos políticos nacionales en forma proporcional al número de votos que hayan obtenido en la última elección. En el caso nuestro hay una notoria diferencia entre los votos obtenidos por el partido mayoritario y otros partidos. Aunque la observación la refiero al partido mayoritario en este país, contempla una perspectiva más amplia y se refiere en general al partido mayoritario en un momento dado.
Quiero preguntarle a usted su opinión en este aspecto y saber si el Ejecutivo Federal contempló detenidamente esta disposición que parece que no estimula necesariamente al partido político mayoritario en México.
El C. licenciado Moya Palencia: Señor diputado Flores Bernal: Su pregunta es muy interesante y para responderla he de acudir forzosamente a los antecedentes del Derecho Electoral Comparado.
Mire usted, en algunos países, efectivamente existe ya un procedimiento que permite a los partidos políticos, durante el lapso de las campañas, tener acceso a la radio y a la televisión, como se propone ahora en la iniciativa que ustedes están por estudiar.
Se trata fundamentalemente de países en donde la radio y la televisión, por lo menos la televisión, están manejados exclusivamente por el Estado; y también es cierto, como usted afirma, que en todas, no en casi todas, en todas las legislaciones, por lo menos en las que yo conozco, en que se otorga esta prerrogativa a los partidos políticos, el tiempo de televisión o de radio que se pone a su disposición está en proporción a los votos electorales que han resultado en las últimas elecciones.
El Ejecutivo estudió y vio con minuciosidad esos antecedentes, y a pesar que en México la radio y la televisión no son propiedad del Estado, sino sólo están sujetas a un régimen de
concesión pública, y a pesar también de que el Gobierno ha surgido del partido mayoritario al que usted se refiere, consideró más equitativo y , más conforme a los principios democráticos, ceder el tiempo de la radio y televisión en plan de absoluta igualdad para todos los partidos políticos. ( Aplausos.)
El fundamento último de esta decisión es que con ella no solamente se busca fortalecer a los partidos, individualmente hablando, sino fortalecer la vida democrática de la nación, en su conjunto. Se trata de que, precisamente en un plan de igualdad, el ciudadano tenga oportunidad, una oportunidad más, digámoslo así, de recibir los reclamos, los aportes, las motivaciones, ideológicas y pro gramáticas de los partidos políticos.
Si hubiésemos configurado un sistema como el de esos países extranjeros, a los que usted se refiere, y hubiésemos solicitado de este Congreso que aprobara un artículo en el cual se dijese que el tiempo de la radio y televisión debía otorgarse a los partidos políticos en proporción a sus votos, en realidad alargaríamos una brecha que interesa profundamente llenar y acercar por vía de la opinión más amplia, más libre, más democrática de los ciudadanos.
De otra parte, en esos países se han producido fenómenos como los siguientes: en Inglaterra, por ejemplo, el Partido Conservador y el Partido Laborista, tienen en las elecciones, en el lapso de la campaña, sobre 35 minutos de emisiones cada uno de ellos, que pueden distribuir en varios lapsos, y el Partido Liberal, que es un tercer partido pequeño, sólo tiene un tiempo de 25 minutos.
En Alemania la democracia cristiana tiene 45 minutos distribuidos en 7 sesiones y el Partido Demócrata Liberal sólo tiene tres emisiones de 5 minutos.
En uno de los últimos referendos franceses se hizo incluso crítica cómica en los periódicos de oposición porque a uno de los pequeños partidos le tocaba sólo 1 minuto en la televisión del Estado frente al partido en el gobierno, que tenía casi una hora.
Creemos, entonces, que si hemos de considerar el interés social de la radio y la televisión, por una parte, y por otra parte el interés democrático de una Ley Electoral que busca auténticamente que llegue al Cuerpo Electoral, que llegue a todos los electores el punto de vista de cada partido político para que el elector pueda hacer limpia y concienzudamente su elección, el sistema mexicano que está proponiendo a ustedes el Presidente Echeverría, nacido de nuestra realidad, imbuido de nuestras preocupaciones históricas, a no dudarlo es otro avance más en la mecánica democrática y abre aún más, también, las puertas a la libre decisión ciudadana, por la vía de una propaganda más amplia y de una receptividad más equitativa de los planes de acción y de los programas de todas las asociaciones políticas. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Flores Bernal, Raymundo: Gracias, señor Secretario.
El C. Presidente: Tiene el uso de la palabra el C. diputado Miguel Hernández Labastida, del Partido Acción Nacional.
El C. Hernández Labastida, Miguel: Señor Secretario de Gobernación: Es indiscutible que en una auténtica democracia se vive un régimen de partidos políticos con la amplia libertad dentro de los cauces legales. Pero cuando se advierte la intención de limitar la libertad de acción de los partidos de parte del Gobierno, por medio de ordenamientos estrechos que pretenden sujetarlos a situaciones políticas con las que un partido determinado no está de acuerdo, entonces se duda de las palabras e intenciones del Gobierno para lograr una real apertura democrática. Lejos de lograrla, con esa actitud parece que más bien se busca una mayor cerrazón política. Así nos lo hacen pensar las medidas que se proponen en el proyecto al pretender sancionar a los partidos o la suspensión o cancelación del registro del partido político nacional si éste no designa representante o comisionado ante la Comisión Federal Electoral o si renuncia a este derecho, así como si no asiste comisionado a dos sesiones consecutivas de la mencionada Comisión Federal Electoral o de cualquier Comisión Electoral local. Esto según lo establece el proyecto en los Artículos 74 y del 199 al 204. Desde luego nos parecen desproporcionadas esas sanciones y creemos que tienden a maniatar las actitudes y opciones que pueden adoptar libremente un partido político de auténtica oposición democrática, como Acción Nacional. Esta amenaza se agrava más aún cuando nunca se ha aplicado una sanción a funcionarios electorales de todos los niveles que han utilizado sus cargos para falsear con frecuencia la realidad de la manifestación de la voluntad ciudadana en los comicios, ¿Señor Secretario nos podría usted proporcionar su opinión al respecto?
El C. licenciado Mario Moya Palencia: Ciudadano diputado Hernández Labastida: La iniciativa de Ley Federal Electoral, en su capítulo de sanciones, respeta íntegramente el artículo de la Ley vigente, con la sola excepción del caso que usted afirma, caso que no podía haberse contemplado en el ordenamiento actual, porque es precisamente hasta esta iniciativa que presenta el Ejecutivo a la consideración del H. Congreso de la Unión, que se establece la integración de los organismos electorales y especialmente de la Comisión Federal Electoral, con participación de todos los partidos nacionales registrados.
La filosofía de esta sanción es muy clara. No creo que nadie pueda considerarla ni como una amenaza, ni como una limitante a la acción democrática de los partidos políticos. En primer lugar, todo proceso eleccionario se basa en que su desarrollo, su vigilancia, son corresponsabilidad del Estado, de los ciudadanos y de los partidos políticos. Los partidos políticos han adquirido personalidad constitucional desde la reforma de 1963; los partidos políticos son uno de los tres vertidos de lo que hemos llamado "el triángulo de la democracia"; no pueden, pues, los partidos políticos eludir esa corresponsabilidad que la Ley les otorga, y después de haber solicitado muchos de ellos, en términos muy
amplios, su inclusión en los órganos electorales, decir que por qué se les puede sancionar si no cumplen con su responsabilidad en esos órganos. ( Aplausos.) Pero no sólo el razonamiento es político, sino estrictamente jurídico.
¿Cuál es el papel que tiene el comisionado de un partido político en la Comisión Federal Electoral, en los Comités Distritales Electorales o en las Comisiones Locales Electorales?
Es un funcionario electoral. Se ha integrado con ese carácter a un órgano que ejerce funciones públicas y no partidistas.
¿Y qué dice nuestra Constitución de las funciones electorales?
Que las funciones electorales, como las censales, son de ejercicio obligatorio. ¿Hay alguna inconsecuencia jurídica en pedir a los partidos políticos que cumplan con sus obligaciones constitucionales? (Aplausos.)
El C. Presidente: Tiene el uso de la palabra el ciudadano diputado Julio Antonio Gallardo Ortiz.
El C. Gallardo Ortiz, Julio Antonio: Señor Secretario: En el mismo orden de las ideas que acaba usted de exponer y de acuerdo con el artículo 200 de la iniciativa, que establece que discrecionalmente la Secretaría de Gobernación podrá suspender o cancelar el registro de los partidos cuando éstos, o no registren a tiempo sus comisionados ante la Comisión Federal Electoral o los retiren faltando en dos sesiones consecutivas a estos organismos electorales y faltando así a un deber de interés público, puesto que, como acaba usted de decir, el proceso democrático se establece en corresponsabilidad entre los partidos políticos, los ciudadanos y el Gobierno, me parece a mí que no debe dejarse discrecionalmente a la Secretaría de Gobernación esta situación, sino que pienso que la iniciativa debería contemplar únicamente la cancelación del registro a aquel organismo político que no cumpla con su deber y que se le aplique con todo rigor el peso de la ley por no cumplir con esta disposición reglamentaria. ¿Cuál es su opinión al respecto, señor Secretario?
El C. licenciado Moya Palencia: Abundando en este tema , señor diputado Gallardo, he de recordar que hasta antes de 1963 no existía ninguna consecuencia jurídica, si un partido político ordenaba a sus candidatos que hubiesen resultado electos que no se presentaran a la Cámara de Diputados a tomar posesión de su encargo público y a ejercer, como es su obligación, su función popular; pero en ese año se reformó el artículo 63 de la Constitución y, posteriormente, la Ley Electoral Federal aún vigente para establecer precisamente esa función dual o sea la suspensión del registro o la cancelación del mismo, independientemente de las sanciones que se aplicasen al diputado que no tomase posesión de su cargo, en contra del partido político que le obligara o que le ordenara hacerlo.
Se dijo entonces, por uno de los diputados que tomó parte en el debate, que era el diputado Jesús Reyes Heroles, que se trataba de cerrar así las puertas a las retiradas de Donceles. Hoy se ha tratado de cerrar las puertas a las retiradas del Salón Verde.
La diferencia entre una sanción suspensiva y una sanción de cancelación, no puede estribar más que en el grado de la falta que cometa el partido político . La intención del Ejecutivo al enviar esta ley no es una intención penalizadora. Se busca acelerar, por todos los conductos, el perfeccionamiento de nuestros sistemas democráticos. Pero tiene que ser congruente la ley que eso lo haga con la estructura integral de la normatividad jurídica mexicana. Si un partido político ordenara el retiro de uno de sus comisionados en uno de los 194 comités distritales que hubiese, o en dos o tres, por algunas causas locales; pero cumpliera con sus demás responsabilidades en los otros órganos electorales, es evidente que la consecuencia de este acto, dentro del proceso democrático, sería gradualmente menor a que si el partido político ordenara una retirada general. Y es por eso que la Secretaría de Gobernación, que es es el órgano técnico encargado en aplicar la ley, además de los organismos electorales, tendrá facutlad para discernir la modalidad de la sanción, si es suspensiva o si es de cancelación.
Repito, el artículo no hace más que calcar la misma penalidad que, a raíz de la reforma del artículo 63 constitucional, se dio para el caso de que los partidos políticos retiraran a sus diputados de la Cámara.
Creemos, insisto, en que sólo podrá perfeccionarse y hacerse más sólida nuestra aún joven democracia en la medida en que todos quienes intervenimos en ella, gobernantes, ciudadanos y partidos políticos, asumamos plenamente no solamente nuestros derechos, sino nuestros deberes, nuestras responsabilidades.
No creemos que sea en desdoro de ningún partido político el que se le incluya en un órgano electoral para ejercer una función pública. ¿Cómo es posible que se critique a un ciudadano que no tiene una militancia política específica, o que no es miembro de un partido político, un ciudadano común y corriente, que incumple una pequeña obligación electoral como, por ejemplo, ser escrutador o funcionario en una de las miles de casillas que hay en una elección, y haya una sanción prevista en la Ley para este caso, y haya una sanción también para el ciudadano que no vota, y en cambio se queden sin sanción para el caso de los partidos político que teniendo el privilegio, pero al mismo tiempo la responsabilidad, de integrar con un comisionado los más altos órganos electorales, desdoran de esa calidad, abdican del ejercicio de ese derecho y de esa obligación, y se erigen en censores, fuera de los organismos electorales, de la acción que éstos están desarrollando? Creemos, sí, que cada vez más, los organismos electorales tienen que actuar sin visión partidista, con una amplia capacidad y con un amplio espíritu democrático, frente a los avatares del proceso eleccionario. Que debe haber una imparcialidad naciente de la función pública que desempeñar, la que tenga y presida las deliberaciones y las resoluciones en los órganos electorales; pero de ninguna manera creemos que sea debido que los partidos políticos
puedan abandonar impunemente estos órganos y abstraerse así de sus responsabilidades públicas. (Aplausos.)
El C. diputado Julio Antonio Gallardo: Muchas gracias, señor Secretario.
El C. Presidente: Tiene el uso de la palabra, el ciudadano diputado Jesús Luján Gutiérrez, del Partido Popular Socialista.
El C. Luján Gutiérrez, Jesús: Señor Secretario de Gobernación: Sin desconocer que todo avance democrático es positivo y que la Ley Electoral en su conjunto, aún con las limitaciones que contiene, significa un paso más hacia el fortalecimiento de nuestro sistema democrático, el Partido Popular Socialista insiste en que la mejor forma de dar justa representación a las corrientes políticas mayoritarias y minoritarias de nuestro pueblo en todos los órganos colegiados, entre otros, el Congreso de la Unión, es el establecimiento del sistema de la representación proporcional.
¿Qué opinión tiene respecto al sistema que proponemos y cuáles son, a su juicio, las causas que impiden, por hoy, que se establezca en la legislación de nuestro país la representación proporcional?
El C. licenciado Moya Palencia: Señor diputado Luján Gutiérrez: Los sistemas electorales deben siempre reflejar la realidad histórica de una nación; porque ya hemos dicho que la democracia es pasado, presente y futuro; es al mismo tiempo ideal y práctica; es al mismo tiempo contenido y forma.
Sólo acudiendo al Derecho Constitucional, al método histórico para interpretarlo, a la comparación de nuestro sistema integral de vida con el de otros países y penetrando las causas profundas de la evolución de nuestro pueblo, de todos los aspectos positivos que haya tenido, así como de las serias limitaciones con que se ha encontrado para su desenvolvimiento soberano e independiente, podemos estructurar con un sentido piramidal genuino, que parta de los principios más altos y llegue a los procedimientos más minuciosos, el mecanismo electoral necesario para captar la opinión pública y convertirla en decisión de gobierno.
La Iniciativa de Ley Electoral, que hoy estudiamos, respeta y reglamenta el sistema mayoritario para integrar los órganos representativos, porque ése es el sistema que el pueblo mexicano se ha dado en su Constitución y porque ése es el sistema que históricamente acogió desde que fue fundada la nación en que hoy vivimos. Un sistema mayoritario que lleva como propósito no sólo una representación eficaz de las diversas fuerzas, interese y opiniones de la nación sino también esta otra eficacia, la eficacia del Gobierno, la eficacia de los órganos representativos para que la representación no se diluya y el poder representativo no se fragmente. No podría el Ejecutivo, respetuoso como lo es de la tradición jurídica mexicana y desde luego de las normas constitucionales del país, pretender cambiar en una ley reglamentaria de la Constitución el sistema electoral mayoritario por un sistema de representación proporcional. Pero sí ha hecho el Ejecutivo, en otras etapas de nuestra vida reciente, reformas a ese sistema electoral mayoritario que lo complementa con un sistema de representación de las minorías, apto para integrar con un espectro más amplio esta propia Cámara de Diputados.
Pero eso no quiere decir que ese sistema mixto, que escogió México y que fluyó también de su propia experiencia, que no fue copiado por imitación extralógica de ninguna legislación extranjera, sea un sistema que vaya buscando arribar a algún tipo de la representación proporcional.
Yo creo, señor diputado, que si la mayoría de los países que aceptaron la representación proporcional ya van de reversa o regresando al sistema mayoritario o dándole al sistema mayoritario una segunda vuelta para compensar los desajustes o las inflexibilidades de una elección mayoritaria, nosotros debemos capitalizar las experiencias ajenas y no caer en las que llevaron a otros países a la fragmentación del poder público, a inconsistencias del Gobierno o a que corrientes políticas ínfimamente minoritarias, extremistas que no representaban en realidad el pensamiento legítimo de un pueblo, se adueñaran el poder. Baste recordar que por el sistema de representación proporcional italiano, en la época de los veinte, advino el fascismo y por el sistema de representación proporcional alemán, en la época de los treinta, el nacionalsocialismo se apoderó de ese país.
El sistema de representación proporcional, se ha alegado, que presenta una representación mejor en los órganos colegiados, porque opera por medio de un cociente electoral que se obtiene en términos generales, dividiendo el total de votos, entre el total de curules a repartir y otorgando tantas curules a cada una de los partidos políticos como veces quepa en la propia votación individual de cada uno de los partidos el cociente electoral. Se ha dicho que ese sistema proporciona una representación más firme de las fuerzas políticas. Pero a esto que parece un espejismo, se pueden oponer consideraciones muy serias, opiniones muy sólidas que indican que las pocas ventajas de la representación proporcional contrastadas con sus inconvenientes la hacen totalmente desaconsejable.
En primer lugar, la representación proporcional provoca un desarraigo geográfico del voto; la representación proporcional se tiene que manejar en grandes circunscripciones electorales porque no funcionan los cocientes en pequeñas circunscripciones. Incluso la representación proporcional integral que es el sistema ideal, que considera a toda una nación como una gran circunscripción electoral, se tropieza con el problema: primero, de que los candidatos deben ser presentados en largas, casi interminables listas que el elector no conoce; son personas que difícilmente tienen una vecindad geográfica o un mínimo de arraigo frente al hombre que tiene la boleta o las boletas de representación proporcional en sus manos. Por otra parte, deja la elección de los diputados
prácticamente en manos de los partidos y no de los electores. Por supuesto porque como se aplican tantas curules como veces tenga el cociente electoral de cada lista, y se hacen en favor de los diputados que están o mejor dicho de los candidatos que están colocados en los primeros renglones, en los primeros números de la lista electoral de cada partido, es evidente que la colocación del candidato en la lista, que es un acto propio del partido, condiciona casi apodícticamente la elección de un buen número de los primeros y de esta manera el elector no tiene ninguna oportunidad o la tiene muy escasa de influir verdaderamente en la designación del candidato.
Por otra parte la representación proporcional ha propiciado en los países en que estuvo muy en boga a principios del siglo XX ó a finales del XIX la proliferación de pequeños partidos políticos, de corrientes minoritarias de opinión, partidos coyunturales más que partidos estructurales, que buscaban tener unos cuantos votos para tener uno o dos escaños y así buscar la coalición, la alianza, la manipulación política dentro de los parlamentos, unirse entre ellos y propiciar el desmembramiento de la eficacia de los órganos deliberativos.
Hace poco se preguntaba aquí si la apertura que la ley propicia reduciendo los índices numéricos para la constitución de los partidos políticos no los podían llevar a una proliferación inconveniente de estas asociaciones. Y nosotros reflexionamos, ¿no sería la representación proporcional que invita a pequeñas asociaciones con el señuelo de obtener uno o dos puestos por la mecánica del sistema, la que condujera que fuesen creados una infinidad de partidos políticos que no representaran ninguna opinión seria y trascendente dentro del horizonte nacional?
De otra parte, la representación proporcional implica después de la elección , una serie de operaciones matemáticas que la hacen muy complicada a tal grado que se ha comentado por algunos politólogos que el elector en rigor si quiere seguir el rastro de su voto, debe tener bajo el brazo una calculadora. Esto no es lo que México desea para la mecánica electoral. Lo que México desea para que la expresión política se traduzca en expresión representativa. Creemos, en cambio, que las únicas ventajas de la representación proporcional, que son traducir con mayor fidelidad y exactitud las diversas corrientes de opinión presentes en el acto electoral, se logra injertando como se ha injertado el principio, general de este sistema al sistema mayoritario, y creando, como lo están haciendo ya muchos países - la República Federal Alemana, la más señalada en este aspecto, por ejemplo- un sistema electoral mixto, en que, como el nuestro, se obtengan todas la ventajas de la elección mayoritaria, de la elección democrática, en que cada ciudadano en su distrito electoral, con pleno arraigo geográfico, conociendo a los candidatos que compiten en su circunscripción y no solamente conociendo los programas a las opiniones de su partido, tenga oportunidad de elegir a cualquiera de ellos candidato que sea de un partido mayoritario o minoritario, y que después terminada la elección, en un plano no distrital, sino nacional, al hacerse el cómputo total de los votos se consideran los votos residuales. Es decir todos lo votos obtenidos por los partidos minoritarios y se les atribuyan curules complementarias para integrar, como se hace por medio de los Diputados de Partido, esta Cámara popular, a fin de que estén justamente representadas todas las corrientes minoritarias en el seno de deliberación nacional.
Queremos que en la elección de diputados, especialmente, que es para la que se ha propuesto la representación proporcional en otras épocas, continúe lo que Herriot llama el "combate de gladiadores." Queremos que el elector tenga frente a si no solamente las grandes estructuras de los partidos, con sus grandes programas y sus grandes lineamientos ideológicos, sino a los hombres de carne y hueso a los cuales sepa otorgar su confianza para darles también su representación. Queremos que la ley de la mayoría sea y siga siendo la ley de la democracia mexicana. Porque es una ley incluso física, que un cuerpo se desplaza en el sentido al que lo impulsa el mayor peso que tiene en su interior , y el mayor peso en el interior de la democracia mexicana, debe seguir siendo siempre, el peso de la mayoría. (Aplausos.) -El C. Presidente: Tiene el uso de la palabra la C. diputada Diamantina Reyes Esparza, del Partido Revolucionario Institucional.
-La C. Reyes Esparza, Diamantina: ¿Cree usted que es justo o equitativo que los Partidos nacionales tengan voz y voto por igual en los organismos electorales, independientemente del número de su membresía?
El C. licenciado Moya Palencia: Señorita diputada Reyes Esparza: Es interesante ver cómo dentro de un órgano colegiado como éste, se expresan libremente las opiniones y se traducen con sinceridad las posiciones políticas de los partidos. Esto es un hecho sobre el cual yo llamo la atención, porque es uno de los elementos fundamentales de la sinceridad de una asamblea, y de la fidelidad con que ésta traduce la opinión política en ella representada.
Mientras unos de los partidos aquí han dicho que la Iniciativa de la Ley Federal Electoral le implica serias limitaciones, otros más dicen: ¿por qué se le dan a ciertos partidos especialmente a los minoritarios ventajas que no están en proporción al voto que recluta, a la opinión que generan, producida en el hecho in objetable de las urnas?
Y el Estado, que tiene que colocarse cuando presenta a través del Ejecutivo una Iniciativa al Poder constituyente, o al Congreso Ordinario por encima de cualquier presunción partidista y por encima de lo que podrían ser los derechos legítimos de una parte para ver los derechos legítimos del todo, ha propiciado en el caso al que usted se refiere, señorita diputada, como en el acceso de los partidos a la radio y televisión, del que ya hemos hablado, una participación igualitaria de todos los partidos políticos en la composición de los órganos
electorales. Creemos que independientemente del número de votos reclutados, de su fuerza electoral, los partidos políticos no tan sólo tienen el derecho, sino como decíamos antes, la obligación de ejercer funciones electorales y corresponsabilizarse junto al Estado y a los ciudadanos de la preparación, el desarrollo y de la vigilancia del proceso electoral. Esas son las razones que movieron al Ejecutivo a solicitar la Reforma de los artículos consiguientes, de tal manera que la Comisión Federal Electoral, las Comisiones Locales Electorales y los Comités Distritales, estuviesen integrados con comisionados, de todos y cada uno de los partidos políticos nacionales registrados, sin importar la fuerza numérica de los votos que hubiesen obtenido en las elecciones anteriores.
Esta es una prueba de buena fe del Estado Mexicano y ésta es una prueba, también, de que desea sinceramente unirse a los ciudadanos y a los partidos en la organización de las elecciones. Antes se decía: "el Estado tiene que hacer las elecciones porque si no, ¿quién las hace? Hoy el Estado dice: "queremos hacer las elecciones pero junto con los partidos y con los ciudadanos. "El pueblo es el que manejará el proceso electoral." (Aplausos.)
-La C. diputada Reyes Esparza, Diamantina: Muchas gracias.
El C. Presidente: Tiene el uso de la palabra el C. diputado Francisco José Peniche Bolio, del Partido Acción Nacional.
El C. Peniche Bolio, José Francisco: Señor Secretario, en la exposición de motivos de la iniciativa de reformas a los artículos 52, 54, 55 y 58 de la Constitución, el señor Presidente reiteró, en aquél entonces, enfáticamente, el propósito de que la representación en el Poder Legislativo consolida nuestra estabilidad democrática y abre amplias posibilidades a la expresión legítima de la disidencia ideológica, textual.
Como usted sabe, señor Secretario, el Poder Legislativo se deposita en dos Cámaras, en consecuencia, si el deseo presidencial es, como textualmente se dijo en la exposición de motivos, "que las corrientes de opinión significativas en la vida nacional" estén representadas en el Poder Legislativo, tal deseo no se agota, ni mucho menos se satisface, si únicamente existen en el ámbito de la Cámara Baja diputados de Partido, y deben ser para que sea completa, comprender también la Cámara Alta, toda vez que el Congreso General se constituye no por una sola, sino por ambas Cámaras.
La mencionada exposición de motivos de la iniciativa presidencial, reitera textualmente: "la modalidad de diputados de Partido ha permitido la incorporación de las corrientes minoritarias al trabajo legislativo" y sigue: "la representación de las minorías en el Congreso ha contribuido, a su vez, de manera importante, a la ponderación de los representantes mayoritarios, por tratarse de una presencia actuante que obliga a la fundamentación racional de los proyectos y a debatirlos y contrastarlos, produciendo el procedimiento un avance político general y adquiriendo la ciudadanía la confianza de que sus opciones ideológicas tengan la posibilidad real de manifestarse en el recinto parlamentario", concluyendo esta idea con la expresión de que "ante esta nueva coyontura, dijo el señor Presidente, fieles al propósito de mantener el progreso cívico en marcha, se estimó pertinente estudiar el mecanismo de representación de las minorías, para adecuarlo al avance que su propia introducción produjo, sin conculcar su esencia y propósitos, ya que es posible plantear reformas susceptibles de hacer aún más fecundo su concurso al Poder Legislativo". Nadie pone en duda señor licenciado el valor de los propósitos presidenciales de que las minorías estén representadas en el parlamento mexicano y que deben esas minorías estar incorporadas al trabajo legislativo como felizmente expresó el Presidente Echeverría.
Ahora bien, como se ha visto, no está compuesto el Parlamento mexicano por sólo diputados, sino que éste se integra por diputados y senadores y el trabajo legislativo no es exclusivo de la Cámara de Diputados, sino función de ambas Cámaras y en algunos casos función propia de una sola de ellas, como usted ya sabe. Por tanto, es evidente que el noble propósito presidencial de que las corrientes minoritarias se incorporen al trabajo legislativo y que la representación de las minorías esté en el Congreso, entendiendo por Congreso ambas Cámaras, se malogre y se frustra cuando son solamente legisladores de una de ellas y no de ambas los que tengan oportunidad de representar las corrientes minoritarias, pero que quedan pretéridas al no tener acceso al seno de la Colegisladora, cuando por el voto mayoritario se priva a esa minorías de representantes en el Senado.
¿No cree usted, señor Secretario, que para ser congruente con el propósito presidencial antes aludido, es necesario que se reforme la Constitución, para que paralelamente a la institución de diputados de Partido exista también la de senadores de Partido? Estoy consciente, señor Secretario, de que la cuestión que le planteo no es propiamente directa a la Ley Electoral pero también confío en su amplitud de criterio de que será tan bondadoso en darme su opinión. Muchas gracias.
El C. licenciado Mario Moya Palencia: Con mucho gusto señor diputado Peniche Bolio. Me complace que usted no dude de las intenciones del Ejecutivo Federal respecto a la democratización integral del país. No puede dudarse puesto que el Presidente Echeverría ha impulsado la democracia como antes enfatizábamos en su concepción más integral, tanto en sus aspectos propiamente políticos como en los que implican desarrollo o desenvolvimiento económico y social; mayor participación no sólo de los ciudadanos, sino de todos los habitantes en los beneficios de la cultura, en los de su propio trabajo, en los de la economía en su conjunto.
Esta cuestión de integrar las minorías por medio de algo que podría llamarse "senadores de Partido", es una cuestión que ya ha sido
debatida y que también el Ejecutivo ha tratado en otra exposición de motivos y ha dejado ya apuntado su criterio.
Cuando en 1963 se adoptó el sistema actual para la integración de la Cámara de Diputados, en la exposición de motivos de la iniciativa presidencial se formularon las consideraciones necesarias para contestar lo que hoy es una atenta pregunta de usted.
La diferencia en la integración de las Cámaras, radica en la diferencia de la naturaleza de las Cámaras.
El bicamarismo mexicano que nació en la Constitución de 1824, que se frustró en las Leyes Centralistas de 1836 y 1843, cuando el Senado desnaturalizó su función representativa y se volvió un órgano corporativo (en aquél tiempo le llamaron "el invernadero de las nulidades políticas", porque no eran electos ni siquiera los senadores por votación indirecta) hizo que la Constitución de 1857 escogiera el unicamarismo, y solamente designara como integrante del Congreso a la Cámara de Diputados. Después el Presidente Juárez propuso y el Presidente Lerdo llevó a su feliz realización el proyecto de reincorporación del Senado al Congreso, porque no era justo que lo que el partido conservador había desfigurado y había presentado a la faz nacional como un cuerpo aristocrático no pudiera volver a transformarse, como lo es hoy, en un cuerpo cuyo origen es democrático y que no tiene otra carta de existencia que la propia voluntad de los ciudadanos que eligen a quienes a ese cuerpo van.
Pero cuando se restableció el Senado, así como cuando en la Constitución de 1824 se eligió el bicamarismo, se expresó ante la nación la distinta naturaleza de ambos cuerpos; nuestra República es representativa, democrática y federal, es conveniente "entonces se dijo y se ha seguido afirmando por los más destacados constitucionalistas", que la República tenga un órgano que recoja la voluntad indiscriminada de los habitantes de la nación, el órgano llamado popular, la Cámara de Representantes, la Cámara de Diputados cuya base formativa no sea otra que el índice demográfico, eligiéndose un diputado por determinados miles de habitantes. En cambio, se afirmó, es conveniente que exista otra Cámara, que independientemente de la demografía o sea de la cantidad de pobladores que existan en cada una de las entidades federativas, las represente a éstas en un plan igualitario para salvaguardar, vigilar y preservar el pacto federal.
Desde esta perspectiva el Senado se compone por dos senadores de cada una de las entidades federativas incluyendo al Distrito Federal, independientemente que estas entidades federativas sean grandes o pequeñas y tengan muchos o pocos habitantes. Y de esta manera se conjugan en el Congreso, por una parte la opinión del pueblo en su diversidad y la opinión de las Entidades Federativas en su individualidad.
Así pues, en la medida en que hubiese algo así como "senadores de Partido", y en algunos Estados hubiere tres o cuatro y en otros solamente, dos, se rompería el equilibrio de las Entidades Federativas que en el Senado están representadas, como lo quiso la Constitución, como lo ha venido exigiendo nuestro desarrollo histórico, incluso nuestra doctrina constitucional, es un plan paritario e igualitario. Esta es la razón y no otra por la que el Ejecutivo desde que promovió las reformas al artículo 54 de la Constitución, para incluir a las minorías en la Cámara de Diputados, expresó que no era dable ese sistema, dada nuestra estructura constitucional, para incluir también en el Senado una representación minoritaria.
Creo que ésta es la fundamentación más concisa; pero más válida para contestar su pregunta.
Ahora bien, el Congreso se forma, como usted bien dijo, por las dos Cámaras. Las leyes que se estudian en el Senado, salvo algunas que son competencia directa de esa Cámara, se estudian también aquí. No deja de participar la minoría en la formación de la legislación común. Por otra parte, otros muchos aspectos vitales para la nación se ven exclusivamente en esta Cámara, y aun un artículo constitucional dice que para ciertas cuestiones ésta sea, invariablemente, la Cámara de origen.
De ahí que si lo que se busca con la representación proporcional de las minorías para complementar y corregir el sistema mayoritario es integrar una mejor representación nacional, una mejor representación popular, está perfectamente bien que esas minorías tengan acceso a la Cámara de Diputados. Pero otra cosa sería distorsionar nuestro sistema de equilibrio entre la Federación y las partes que la integran, haciendo que un Estado, grande o chico, tuviera más de dos Senadores y en esa forma lo que fue y ha sido un instrumento de re distribución interna, no sólo de funciones políticas, sino incluso de recursos económicos y sociales como es el federalismo, pudiese verse pervertido o desfasado y se rompiera así la fisonomía de este cuerpo que hoy en día tiene una jerarquía tan alta y una dignidad tan solemne, como es el Senado de la República. (Aplausos.)
El C. Peniche Bolio, Francisco José: Le agradezco, señor Secretario, su respuesta, y me va usted a permitir que no comparta su opinión, ya que los legisladores, senadores y diputados, lo somos de todo el pueblo y no de comarcas específicas. De todas maneras muchísimas gracias por su atención.
El C. licenciado Moya Palencia: Permítame también hacer una observación al margen de la suya.
No hemos afirmado que solamente representen a sus Estados los senadores, y no podía ser así porque, independientemente de su origen, si así fuera, sólo podrían interesarse válida y jurídicamente en los asuntos propios de sus regiones, y esto sería un contrasentido dentro de nuestro sistema legislativo.
Lo que he afirmado es que representan a sus Estados para, los efectos de la vigilancia y la preservación del Pacto Federal. (Aplausos.)
Y tan es así nuestra doctrina constitucional, señor diputado, que a pesar de la nomenclatura usted no es solamente un "diputado de Partido", usted es también un diputado de toda la nación.
(Aplausos prolongados.) -El C. Presidente: Tiene el uso de la palabra el C. diputado José Luis Alonzo Sandoval, del Partido Revolucionario Institucional.
El C. Alonzo Sandoval, José Luis: Señor Secretario de Gobernación: en el artículo 39, fracción II, de la iniciativa de ley que motiva su comparecencia ante esta Cámara de Diputados, se establecen a favor de los Partidos políticos nacionales, franquicias postales y telegráficas para cuyo ejercicio se esperan algunas disposiciones de la Comisión Federal Electoral.
La pregunta en concreto es la siguente: ¿Existe ya algún criterio por parte de la Comisión Federal Electoral para regular el ejercicio de estas franquicias por parte de los Partidos Políticos Nacionales?
El C. Secretario de Gobernación: Señor diputado Alonzo: No existe un criterio de la Comisión Federal Electoral a este respecto, puesto que este documento es una simple iniciativa y apenas está sujeto al juicio del Poder Legislativo. En caso de ser aprobado por ustedes y por lo señores senadores este documento, que viene a sustituir a la Ley Federal Electoral vigente, yo podría adelantar mi criterio personal, con objeto de poder dar respuesta a su gentil pregunta.
El otorga miento de franquicias postales y telegráficas a los partidos políticos, que propone la iniciativa del señor Presidente Echeverría, busca también fortalecer el campo de acción, la profundidad de acción de los partidos políticos constituidos. Busca darle instrumentos igualitarios, para hacer llegar a los ciudadanos y a la población sus puntos de vista, sus programas, las publicaciones que tienen obligación de editar, las plataformas de principios y todo ese equipaje ideológico que es necesario hacer llegar por distintos medios a la ciudadanía.
El hecho de que el proyecto considere la convivencia de que sea la Comisión Federal Electoral la que regule el ejercicio de estas franquicias está basado en que como la Ley, como la iniciativa está proponiendo ya que a la Comisión Federal Electoral se integren todos los partidos políticos sin excepción, sean todos ellos, sean precisamente ellos, los que participen en los detalles de la reglamentación de esta franquicias.
Habría, en la agenda a discutir, algunos puntos esenciales que simplemente a título enunciativo me voy a permitir exponer:
1o. La interpretación de que las franquicias deben ser válidas dentro y fuera de las campañas.
2o. La interpretación si las franquicias postales y telegráficas son válidas solamente para comités nacionales o para comités distritales o locales de los partidos. Es decir, qué funcionarios dentro de los partidos deben tener acceso a las franquicias. Y, por último, si las franquicias telegráficas y postales, especialmente las postales van a comprender y en qué medida, la correspondencia y también la propaganda.
Ha querido el Ejecutivo Federal ser especialmente dedicado en esta materia y proponer, simplemente, el derecho y la prerrogativa de franquicias postales y telegráficas a los partidos políticos en la ley y reservar al órgano en que esos partidos políticos estén integrados, la competencia para determinar las modalidades del ejercicio de este derecho. Pero, en un resumen, mi criterio personal, adelantándolo, sería el siguiente:
Esta prerrogativa debe dársele a los partidos en la forma más amplia que sea posible dentro de nuestra legislación de comunicaciones. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: Tiene el uso de la palabra el ciudadano diputado Francisco Ortiz Mendoza, del Partido Popular Socialista.
El C. diputado Ortiz Mendoza, Francisco: Señor Secretario: En el curso de su intervención se han producido algunas afirmaciones que tocan directamente a la pregunta que había pensado originalmente hacer, es la referente a la prerrogativa que tendrán los partidos políticos de hacer uso de los canales de la radio y televisión, que indudablemente es un paso positivo y democrático de nuestra legislación. Sin embargo, se han hecho algunas afirmaciones que nos interesa aclarar. Con esta medida los partidos políticos aparecen por la primera vez en estos canales, pero no sus ideologías, las ideologías sobre las que se deben sustentar los partidos políticos están en la radio y televisión desde hace mucho tiempo y eso es lo peligroso.
Todos los domingos a primera hora se escuchan lo sermones de las distintas instituciones religiosas; todos los días y a todas horas se escuchan las voces de los comentaristas según cada uno de los patrocinadores, que sirven a las instituciones extra-nacionales o nacionales, enemigas del desarrollo independiente de nuestro país, salvo muy honorosas excepciones. La única ideología que no ha aparecido en la radio y televisión es la ideología de la clase obrera que nosotros sustentamos, pero que sí se maneja distorsionándola o vistiéndose con ella muchos de los que pretenden colocarnos a nosotros como blanco para los ataques del enemigo.
Esa es una preocupación muy profunda del Partido Popular Socialista, porque consideramos que es una de las causas por las cuales la des politización del pueblo mexicano ha llegado a un nivel extraordinario alto y ha dado como resultado también que la juventud mexicana, al no tener las voces que la puedan orientar o que la puedan guiar hacia los intereses nacionales más elevados están cayendo día tras día atrapados por estas difusiones periodísticas o de radio y televisión que los han conducido a situaciones muy graves. Es más todos los que de una u otra manera participamos en la vida política de nuestro país, y en la vida pública, hemos sido víctimas, desde el Presidente
de la República hasta el más humilde de los servidores, de la mofa, de la burla, del trabajo político, y la hacen gentes que no tienen ninguna responsabilidad política porque no pertenecen a ningún partido, por lo menos de una manera pública.
Ahora bien, si la Ley, como es también la intención de todos las organizaciones políticas, establece que los partidos deben tener vida permanente y participar durante todo el tiempo en las actividades de nuestro país, consideramos que deben tener acceso a la radio y la televisión en todo momento en que se deba emitir una opinión que interese al pueblo mexicano.
Por este motivo, señor Secretario, el PPS se permite preguntarle a usted:
¿No cree conveniente que ya que se ha abierto la posibilidad de que se utilice el tiempo del Estado en la radio y la televisión para que los partidos emitan sus juicios, esto se haga en todo tiempo y no se deje en manos de comentaristas que -repito- salvo en muy honrosas excepciones están al servicio de instituciones nacionales o internacionales, enemigas de nuestro desarrollo, independiente y soberano?
El C. Secretario de Gobernación: Señor diputado Ortiz Mendoza: El proyecto de Iniciativa de Ley Federal Electoral que estudiamos, propicia ciertamente el acceso de los partidos políticos a la radio y televisión durante las campañas por cuenta del Estado, es decir, por cuenta del pueblo mexicano. Pero esto no quiere decir, de ningún modo, que ni ésta ni ninguna otra ley cierren , como no lo han cerrado, las puertas de la radio y la televisión mexicana, fuera de las campañas o en cualquier otro momento, a los partidos políticos nacionales o a quienes los representan ideológicamente.
La prerrogativa que se establece en esta iniciativa se base en que el Estado cede parte del tiempo que el propio Estado tiene dentro de la radio y la televisión para un uso de aculturación cívica, para un uso de información en favor de los electores, para contribuir así a un proceso de politización del mexicano al que a usted y a nosotros nos preocupa intensamente. Pero no quiere decir, repito, que los partidos políticos, como lo han hecho, o los miembros destacados de los partidos políticos, como lo han hecho infinidad de veces, tengan acceso a la radio y a la televisión fuera de las campañas, en los términos normales que especifica la Ley de la materia y dentro de los usos comerciales de las empresas que manejan esas estaciones y esos canales.
Hasta hace no muchos años, la Ley de Vías Generales de Comunicación prohibía alusiones políticas y religiosas en las transmisiones de radio y televisión. Cuando en 1960 el Congreso determinó, a sugestión del Ejecutivo, expedir una nueva Ley de Radio y Televisión, esa limitación fue abolida y por el contrario se exigió a las estaciones y canales que dedicaran, como lo hacen, una parte sustancial de su tiempo para difundir la información, las noticias e incluso los aconteceres de tipo político, social y económico de la nación, con objeto de tener interiorizado de su vida integral al pueblo de México.
Creo que como en otros países, la solución mexicana apuntada en esta iniciativa, y que ustedes van a discutir y a debatir oportunamente, hace bien en limitar las transmisiones oficiales que la propia Ley señala en favor de los partidos políticos a los lapsos de la campaña. Podrán hacerse hasta cinco emisiones quincenales, desde la fecha en que se cierra el registro de candidatos hasta 3 días antes de la elección.
Porque tampoco resultaría práctico y tampoco el público lo aceptaría -y tenemos que pensar en él- que todos los días la televisión o la radio fuesen un ágora de debate político. Bien está que en los aspectos informativos y culturales, en lo que se llama política en el sentido más amplio, que es un concepto anglobador, todos los días se traten, como deben seguirse tratando, temas políticos en la televisión. Pero esta prerrogativa de la iniciativa que comentamos va orientada a la política electoral en su sentido específico. Va orientada a promover la aportación de los ciudadanos al proceso electoral, la incorporación del cuerpo electoral al desarrollo de los actos precomiciales y comiciales.
A eso se refiere la Ley Electoral. No podría referirse la ley a algo que saliera de ese ámbito, y es por eso que se ha limitado a establecer esa prerrogativa para los partidos políticos durante los lapsos de campaña.
Coincidimos con usted en la preocupación de que la radio y la televisión cumplan, cada vez más, con sus obligaciones educativas, culturales y de sana recreación. Que no sean instrumentos de desnacionalización ni de la cultura ni del espíritu de la libre competencia mexicana en materia de comercio y de industria, ni que tampoco sirvan de instrumento para que los artículos extranjeros tengan una preeminencia publicitaria frente a los artículos mexicanos. Pero esas preocupaciones se están contemplando en el Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión, que el Consejo Nacional de Radio y Televisión y la Secretaría de Gobernación están preparando por instrucciones del señor Presidente de la República.
Mientras tanto creo que esta aportación de la vida política nacional, y su inmersión dentro del lapso de las campañas, en la radio y la televisión de México, no sólo beneficiará nuestro ambiente democrático, no sólo beneficiará a los partidos y a los ciudadanos, sino contribuirá también a elevar el tono de esos importantes medios masivos de comunicación. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. diputado Ortiz Mendoza, Francisco: Señor Secretario: Únicamente por enriquecer esta información, y no por desconocer las razones por lo que lo hacen los propietarios de radio y televisión, pero desde que el partido existe , ni con dinero en la mano nos dan tiempo para el Partido Popular Socialista. Muchas gracias.
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El C. Presidente: Tiene el uso de la palabra el C. diputado Miguel López González, del Partido Acción Nacional.
El C. López González, Miguel: Señor Secretario de Gobernación: La Iniciativa de Ley Federal Electoral enviada por el Ejecutivo a esta Cámara, en su artículo 22 fracción I, establece que los Estatutos de los partidos políticos deben contener, primero, una denominación propia y distinta, acorde con sus fines y programas políticos, así como el emblema y color o colores que la caractericen y diferencien de otros partidos políticos, todo lo cual deberá estar exento de alusiones religiosas y raciales.
Mi pregunta estriba en que la Ley sobre las Características y el Uso del Escudo, la Bandera y el Himno Nacional, publicada en el Diario Oficial del sábado 17 de agosto de 1968, establece y reglamenta el diseño, uso y protocolo a que deberá sujetarse nuestro emblema patrio. Consideramos que el emblema nacional, por su esencia, pertenece a todos los mexicanos y no puede apropiarse por algún partido. Además, el uso de los colores nacionales, como distintivo electoral, crea confusión entre los votantes, que ilegítimamente aprovechan el partido que los utiliza.
En consecuencia, y con todo respeto, quisiéramos saber si al aprobar la nueva Ley Electoral, en concordancia con la Ley sobre las características y el uso del escudo, la bandera y el himno nacionales, se prohibirá al Partido Revolucionario Institucional el uso de los colores nacionales.
El C. Secretario de Gobernación: Señor diputado López González: Se ha hablado en varias ocasiones de este asunto que hoy le preocupa a usted. Se ha hablado con sus mismas palabras de que un partido político mexicano usa los colores nacionales. Así se podría hablar de que otro partido político mexicano, que usa en su escudo los colores verde y blanco, pro ejemplo, usa los colores de Arabia Saudita, cuya bandera es verde y blanco, o del Paquistán. O que un partido que usa los colores azul y blanco, por ejemplo, emplea los colores de la bandera de las Naciones Unidas o de la bandera griega, o de la bandera argentina, o de la bandera israelí. Y es que los símbolos patrios son distintos de lo que usted llama "colores nacionales".
Efectivamente, existe una ley que organiza y reglamenta las características y el uso de los símbolos nacionales. Y éstos son solamente tres, con una derivante: el escudo nacional, la bandera nacional, que lleva el escudo nacional como parte integrante y que tiene las proporciones de 4 X 7 de que habla la propia ley; su variante que es la banda presidencial -así lo dice expresamente la ley-, que también lleva el escudo nacional, y el himno nacional mexicano. Si cualquier partido político empleara cualquiera de estos emblemas, yo sería el primero en sugerir que se prohibiera específicamente en la ley. Pero ningún partido político mexicano usa ni la bandera nacional, ni su variante, ni el escudo nacional.
Hay un partido que usa un águila en su escudo, pero no es el águila del escudo nacional y nadie podría decirle válida y jurídicamente que la retirara de su emblema.
Los colores verde, blanco y rojo que usa el Partido Revolucionario Institucional son también los colores de otras banderas que no son la mexicana y es evidente que no se comete ninguna infracción a la Ley, a la que usted se refiere, usando esos colores, aparte de que evidentemente ese partido los registró, como un trasunto histórico, por ser el primero de la época moderna que constituyó y por ser auténtica, legítima y genuinamente un partido nacional y un partido mexicano. (Aplausos.)
Se ha oído, en ocasiones, que estos colores como el emblema de ese partido implican una desigualdad frente a los demás, que no los escogieron. Sus motivos tendrían. (Aplausos.)
Se ha afirmado, también, que eso produce una ventaja a su favor, porque el elector se siente impulsado a tachar los colores nacionales en la boleta de elección.
En primer lugar, dentro del terreno de las hipótesis, porque eso no es más que una hipótesis que nunca se ha podido demostrar por algún procedimiento científico o racional; también se ha dicho mucho, que muchos electores se resisten a cruzar el círculo tricolor, precisamente porque piensan que eso puede ser una ofensa a los símbolos patrios. (Aplausos.)
Pero lo que a mí me parece sustancial, de fondo, en un análisis de este problema, ¿cree usted señor diputado que los 10 millones de votos de ventaja que tuvo ese Partido frente al más cercano de sus contendientes, en las últimas elecciones, se debe a los colores de su emblema? (Aplausos.)
El C. diputado López González, Miguel: Señor Secretario, simplemente para aclarar alguna cosa en lo que ve a la antigüedad del Partido Revolucionario Institucional, el Partido Acción Nacional tiene un registro anterior al Partido Revolucionario Institucional y en lo que ve el uso de los colores, así como se dice que todos los partidos deben tener un acceso igualitario, por ejemplo, a los medios de difusión, pues considero que también por equidad y por ser una cosa fundamental un Partido no debe apropiarse lo que es nacional. Muchas gracias.
El C. licenciado Mario Moya Palencia: Solamente repetiría yo que la Ley que regula los símbolos patrios no habla de colores, nacionales. Si ustedes ven todo su articulado en ninguno de sus artículos está el concepto de colores nacionales y no se podría impedir que hubiese, como existe, la combinación de los colores nacionales en muchas expresiones artísticas, arquitectónicas, informativas, pictóricas y, como se ha dicho aquí en un tono festivo, en esta misma tribuna, no podría pensarse que es irrespetuoso comer sandía. (Aplausos.)
El C. Presidente: Tiene el uso de la palabra el C. diputado Santiago Roel García, del Partido Revolucionario Institucional.
El C. Roel García, Santiago: Señor Secretario: De los tres elementos de que se compone nuestra democracia, a que usted se ha referido: gobierno, partidos políticos y ciudadanos,
podemos inferir que al proponer al Ejecutivo de la Unión el Proyecto de Ley Federal Electoral que nos ocupa se pretende, sin duda, dar un paso más para alcanzar el perfeccionamiento de nuestro sistema democrático.
Todos los partidos políticos registrados, incluyendo al mayoritario, canalizan en sus filas a un mínimo total de los ciudadanos mexicanos, y por lo tanto, deben ampliar su base de sustentación, sensibilizando por conducto de sus cuadros al mayor número de compatriotas para que militen en estos organismos políticos, tomando como instrumento de lucha sus declaraciones de principios, programas de acción y estatutos. De esta forma un mayor número de ciudadanos podrán participar activamente en las grandes decisiones políticas del país manifestando su voluntad por medio del sufragio y de esta manera se pueda transformar aceleradamente a México.
Como usted bien sabe, el artículo 36 constitucional les señala, entre otras obligaciones a los ciudadanos inscribirse en los padrones electorales y votar en las elecciones populares y el Proyecto de Iniciativa establece en su artículo 188, que a quien sin causa justificada deje de inscribirse en el Registro Nacional de Electores, y quien reuniendo los requisitos para ello, se abstenga de votar en las elecciones, se le impondrá multa de diez a trescientos pesos, o prisión de 3 días a 6 meses, o ambas sanciones, a juicio del juez y suspensión de los derechos políticos por un año.
Señor Secretario, ¿podría usted darnos algunos datos sobre el abstencionismo político en México, y si considera que por las razones anteriormente expuestas se tendrá que admitir que la mayoría de los ciudadanos son delincuentes por omisión y en todo caso para evitar se les apliquen a éstos las penas alternativas o ambas de que habla el citado artículo 188, el Gobierno y los partidos políticos deberían tomar algunas medidas efectivas para que nuestros conciudadanos se politicen y participen cada día más en nuestros procesos electorales?
El C. licenciado Moya Palencia: Señor diputado Roel: Su pregunta implica una de las preocupaciones más serias de la democracia. En todos los comicios electorales del mundo participa el "partido del abstencionismo". Es un enemigo más a vencer para todas las organizaciones que presentan candidatos. El ausentismo implica la abdicación de un derecho esencial, el derecho al sufragio, que es constitutivo de la ciudadanía y en el caso de países como el nuestro, que recoge la teoría del electorado función, también implica el incumplimiento de una obligación cívica.
Dijo el señor Presidente de la República en su último informe que el abstencionismo sólo labra los cauces de los procedimientos autoritarios, que en la medida en que haya, como debe haber un creciente, una profunda, una abundante, "cuantitativa y cualitativamente" participación de los ciudadanos en las elecciones, en los procedimientos eleccionarios, habrá una vida nacional más sana y más fecunda.
La apatía cívica tiene causas endógenas y exógenas. En algunos casos se da por la inacción de los partidos, por la in adecuación de los sistemas electorales, por las fallas materiales de los padrones y de la organización misma del proceso y por otras causas intrínsecas de la organización electoral Pero el abstencionismo, en su sentido más profundo, previene fundamentalmente de la falta de educación de un pueblo. Y aquí es donde vemos cómo resaltan el concepto integral de la democracia, cómo no es posible hablar solamente de democracia política sin encontrar que ella es recíproca y está íntimamente vinculada a la democracia económica y social.
En la medida en que más mexicanos participen en los beneficios del sistema educativo; en la medida que se construyan, como se han construido, las obras públicas y sistemas de comunicación y se pongan a disposición de los ciudadanos más servicios de transporte, todo lo cual contribuye a la integración física del país; en la medida en que los frutos del ingreso nacional se re distribuyan con más justicia; en la medida en que la seguridad social avance y, en general, que la inversión pública y privada se canalicen mejor, no sólo al aspecto de crecimiento, sino al aspecto auténtico de desarrollo, al desarrollo integral de la nación y del pueblo mexicano en todas sus capacidades, en esa medida habremos de conjugar la vida cívica y vencer en las justas electorales a ese fantasmal "partido del abstencionismo".
Pero si hemos de referirnos a esta lacra de la democracia representativa, con rigor, habremos de convenir que no es ni con mucho un privilegio del sistema mexicano. Por el contrario, en el país se han dado pasos que cada vez han sido mayores en su extensión, para ir conjurando el abstencionismo. No sólo la ampliación del cuerpo electoral, que permite que las mujeres y los jóvenes se incorporen a él y por tanto que haya un mayor número de electores potenciales sino otros procedimientos más mecánicos como la credencial permanente de elector, como el mejoramiento del padrón y de las listas electorales, han ido sembrando una semilla que va fortaleciendo a la democracia mexicana.
En las últimas elecciones presidenciales votaron, en números redondos, el 65% de los ciudadanos empadronados. Es un índice que no nos puede satisfacer porque quisiéramos que la gran mayoría de los ciudadanos votara, pero es un índice que si lo comparamos con el de otros países, más adelantados en el aspecto de desarrollo económico y social, comparativamente hablando, no es de ninguna manera un índice contrastante.
Leía yo hace un par de días el "Time" del 20 de noviembre, de esta semana. Se refería a las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, que tuvieron lugar hace unos días. Hablaba de que nunca, desde 1948 -por aquí tengo el dato- había sido más bajo el número de asistentes a las urnas para estas votaciones. Se hablaba de que al total de votos, incluyendo en números redondos los 31 millones del candidato vencedor y los 16 millones del perdedor,
había sido de 47 millones y medio sobre un cuerpo electoral de alrededor de 90 millones. Que esto equivalía a sólo un 56% del electorado que se había presentado a las urnas de la última elección norteamericana, en la cual se gastaron sumas increíblemente altas de dinero para promover las campañas de los respectivos Partidos y de los respectivos candidatos.
En otros países, como un Suiza, que es una de las cunas de la democracia, las elecciones entre 1947 y 1959 arrojan índices de abstencionismo de entre 30 y 34%; y en Inglaterra, en donde el voto tiene tanta tradición, a lo más que se ha llegado a una elección, "la de 1959", fue a tener un 79% de electores.
Estamos pues, por comprender que el fenómeno del abstencionismo no es un fenómeno estricta y únicamente ligado a las estructuras políticas o electorales de una nación. En la medida en que se amplíen los cauces para la participación ciudadana, que haya más facilidades para el fortalecimiento y la constitución de partidos políticos; que haya más facilidades para el registro de los ciudadanos en el padrón electoral; que haya más posibilidades de los partidos políticos para difundir por la vía postal, por la telegráfica, por la radio, por la televisión, por todos los medios a su alcance, haciendo mitines, realizando giras, en fin, en la medida en que sea más efectivo el estímulo que los partidos políticos y los propios ciudadanos dentro de la justa cívica realicen frente al cuerpo electoral para provocar el voto, en esa medida será más bajo el abstencionismo. Pero sobre todo, en la medida en que el país vaya avanzando en sus aspectos culturales y sociales, se vayan conjurando antiguas y viejas lacras de concentración del ingreso, se vaya reafirmando el proceso de la capilaridad social y no tan sólo por medios geográficos, sino por métodos sociales y económicos se vaya incorporando a todos los vastos sectores de la población mexicana, urbana y rural, al proceso de desarrollo nacional, en esa medida, estoy seguro, habrá menos abastencionismo.
Nos tardamos años en hacer un buen padrón electoral, o un padrón electoral aceptable, años o por lo menos meses; después, en el acto electoral pensamos que todos y cada uno de los registrados en ese padrón podrán ir a depositar su voto en sólo 10 horas.
Las elecciones implican una gran movilización general que, incluso reviste circunstancias de las más variadas y de las más locales o regionales que implican muchas veces una afluencia efectiva de votantes a las casillas. Las elecciones, se hacen siempre en pleno verano, en ocasiones el calor deja desiertas las casillas a mediodía, como ustedes muchos habrán visto, incluso notarán que en el proyecto de ley actual, se sugiere que la hora oficial de cierre de las casillas ya no sea las 5 de la tarde, sino las 6 para dar un lapso mayor al órgano electoral primario para recibir el sufragio, sin perjuicio, desde luego, que de acuerdo con las reglas tradicionales cuando después de esa hora todavía haya electores, se siga recibiendo el voto.
Yo creo que debemos hacer un llamado a la conciencia nacional para que en todas las elecciones y, especialmente en las próximas, derrotemos al "partido del abstencionismo". Lo hacemos con la convicción de que no será una obra de unos meses o de unos años el lograr que la mayoría absoluta de la población, que casi la totalidad de la población, participe en la designación de sus gobernantes y, por ello, en la representación cabal de sus intereses, de sus anhelos y de sus ideas. Pero no debemos de temblar, no debemos de vacilar ante una obra frente a la cual se han enfrentado otros países con niveles superiores de desarrollo y que no la han podido completar tampoco.
Estamos ciertos que en este triángulo de la democracia, al que usted se refería, el que formamos al Gobierno, los partidos, y los ciudadanos, debe salir un estímulo común, una fuerza común, una acción común, para lograr que cada vez mayor número de mexicanos, mayor número de ciudadanos ejerzan sus derechos y cumplan con sus deberes. Es así con una promoción social y económica, con una promoción política y no con sanciones como se logrará que la apatía se conjura, que el abstencionismo sea derrotado y que la democracia culitativa cada vez sea más amplia en este México que deseamos pleno para nuestros hijos. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. diputado Roel García, Santiago: Muchísimas gracias, señor Secretario.
El C. Presidente: Tiene el uso de la palabra el ciudadano diputado Fortino Garza Cárdenas del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
El C. diputado Garza Cárdenas, Fortino: Señor Secretario, se ha insistido desde hace algunos años en el seno de la Comisión Federal Electoral, por algún partido político, que es menester que la credencial de elector lleve el retrato el mismo a fin de hacer posible la identificación del ciudadano en el momento de emitir su voto. Tengo el presentimiento de que esta proposición nunca ha prosperado en el seno de la Comisión mencionada, ni la iniciativa de Ley Electoral contiene alguna disposición al respecto, los motivos para no exigir que la credencial permanente de elector contenga el retrato, son para mí muy claros, pues si bien en los centros urbanos podía satisfacerse esa exigencia, en los medios rurales sería muy difícil su cumplimiento. Sin embargo, deseo conocer cuáles son sus puntos de vista sobre este tema, en su doble calidad de Secretario d Gobernación y Presidente de la Comisión Federal Electoral.
El C. licenciado Mario Moya Palencia: Señor diputado Garza Cárdenas: Efectivamente hace varios años en el seno de la Comisión Federal Electoral se propuso que la credencial de elector tuviese el retrato del elector, y de esta manera, según se afirmó, contribuyera a una mejor identificación del votante . Efectivamente, como usted lo afirma en su propia pregunta, el problema tiene un aspecto técnico muy importante que sería el hecho mismo de reclutar fotografías por cada uno de los 22 o más millones de electores que se encuentran
ya registrado en el Registro Nacional. En este momento, decretar que la credencial permanente de elector debiera llevar una fotografía significa hacer nuevamente el Padrón Electoral del país y tropezarse con lo que usted acertadamente indica, la dificultad de que no solamente en las zonas rurales, sino en muchas zonas urbanas amplias como las grandes capitales, pudiese hacer por un procedimiento fluido y al mismo tiempo que no significara costo para los electores una o varias fotografías de cada uno de ellos, revelarse e imprimirse o adherirse, a la credencial permanente de elector.
Por eso ve usted que la Ley Electoral deja a la Comisión Federal Electoral por si en algún momento es superable ese problema que es técnico y al mismo tiempo social y económico como hemos dicho, la enumeración de los requisitos que deba tener la credencial de elector independientemente de los requisitos consustanciales que sí están marcados en la Ley.
Por otra parte, hay que hacerse esta reflexión:
La fotografía serviría fundamentalmente para una mejor identificación del elector en el momento de emitir su voto. Como usted verá, en el artículo 138, fracción II de la Iniciativa, se sistematiza el actual precepto de la Ley en materia de identificación y se expresa que los electores votarán en orden, exhibiendo su credencial e identificándose por algunos de los siguientes procedimientos: licencia de manejo; credencial o documento diverso a satisfacción de los funcionarios de la mesa directiva; cotejo de la firma que conste en su credencial permanente de elector, con la que escriba en papel separado en presencia de los funcionarios de la mesa y sin tener a la vista su credencial, o por el conocimiento personal que de él tengan los miembros de la mesa. La votación en el país se recluta por circunscripciones geográficas, por distritos, por secciones y dentro de las secciones por casillas. Los electores que acuden a una casilla son precisamente los vecinos del lugar; hay en realidad, dentro de esta gama de posibilidades, muchas para identificar al tenedor de la credencial de elector como el elector al que se refiere esa credencial de elector como el elector al que se refiere esa credencial y que está, aparte, inscrito en las listas nominales. Creo que el desiderátum de una fotografía se vería también contradicho por la permanencia de la credencial: La credencial dura o está hecha para durar 25 años. En 25 años la fotografía de un hombre se desgasta más que cualquier otro de los elementos de identificación. Se desgasta en el sentido de que los rasgos de la fotografía ya no coinciden en lo general en los rasgos de la persona. De esta manera la fotografía implicaría una revisión periódica del padrón no solamente para el aspecto de tener al día el número de todos los electores, sino aun para aquellos electores que no se han cambiado de residencia ni han tenido ninguna alteración en su vida civil que afectara su condición ciudadana,, tuviera que volver a integrar la credencial de elector con nuevos retratos. Todos esos problemas han sido considerados por la Comisión Federal Electoral, y en otras épocas, fueron también tomados en cuenta por el Ejecutivo de la Unión al revisar la Ley Electoral Federal actual. Son las que han hecho decidirse al Ejecutivo por abrir la posibilidad de esta fotografía o de cualquier otro requisito en la credencial para el futuro, siempre y cuando se llenen las condiciones de efectividad y se sobrepasen los obstáculos técnicos y socioeconómicos que hoy existen. Al mismo tiempo ha procurado el Ejecutivo propiciar y presentar en esta Iniciativa un procedimiento más minucioso para la identificación del elector que debe cumplirse rigurosamente por los funcionarios de casillas para integrar así, con toda seguridad, la votación, como una votación limpia, genuina y auténtica. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: Tiene el uso de la palabra el ciudadano diputado Guillermo Islas Olguín, del Partido Acción Nacional.
El C. Islas Olguín, Guillermo: Señor Secretario: Las declaraciones de apertura democrática que han acompañado a la iniciativa de la nueva Ley Federal Electoral, presentada por el Ejecutivo, señalan como principales medios concretos para esa apertura las mayores facilidades para constituir nuevos partidos, reduciendo el número de miembros necesarios y el porcentaje de votos requerido para obtener los 5 primeros diputados de partido, ventaja esta última que a la vez aprovecha a los partidos existentes con anterioridad que no han podido alcanzar el derecho a diputados de partido, lo que, por otra parte, no ha impedido que se les obsequien. En cambio, las facilidades que desde estos puntos de vista se dan a los diputados que, como Acción Nacional han demostrado su fuerza y votaciones ascendentes, no sólo de aumentar de 20 a 25 de tope de diputados de partido que pueden alcanzar, no obstante que a razón de un diputado por cada medio por ciento de la votación, nuestro partido ha superado, desdese hace tiempo, los porcentajes de votos que podrían darle más de los 25 del último tope.
En estas condiciones, tal parece que la apertura democrática se limita a fortalecer y a alentar a los partidos actuales y a los nuevos de poca fuerza, que no pongan en peligro la preponderancia del partido oficial; pero, en cambio , se usan todas las fuerzas del Poder, incluyendo la ley, para mantener dentro de un límite prudente de desarrollo el único partido que ha demostrado independencia, potencialidad de crecimiento y capacidad para enfrentarse con el Partido Revolucionario Institucional.
Confirman esta situación los resultados oficiales de la elección de diputados de 1970 que, independientemente de que, como de costumbre, reducen la votación real a favor de Acción Nacional, dan como resultado lo siguiente: que el PAN obtuvo 1 millón 894 mil 133 votos y tiene 20 diputados, uno por cada 94 mil 706 votos. El partido Revolucionario Institucional obtuvo 11 millones 153 mil 618 votos, y tiene 178 diputados; uno por cada 62 mil 600 votos.
El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana obtuvo 110,890 votos; y tiene 5 diputados,uno por cada 22,178 votos; y el Partido Popular Socialista obtuvo 188,130 votos y tiene 10 diputados, uno por cada 18,803 votos. En consecuencia, no sólo se regalan diputados al PARM y al PPS, sino que los que se reconocen al PAN se le hacen pagar mucho más caros que los que se dan al PRI. Por supuesto que sabemos que todos los partidos tienen la posibilidad teórica de los diputados de mayoría, aunque en la práctica todos los de mayoría, los acapare el partido gobierno; y por supuesto que también estamos de acuerdo en que se facilite la creación de nuevos partidos que representen nuevas corrientes de opinión respetable, pero si se pretende una auténtica apertura democrática. ¿no deberían darse a todos los partidos iguales posibilidades de actuación y de crecimiento, en vez de concederlas de hecho sólo a los menos peligrosos y ponerles topes a los que han demostrado que los pueden superar?
El C. licenciado Moya Palencia: Señor diputado Islas Olguín: El sistema democrático mexicano es un sistema de mayorías. Los partidos fundamentalmente tienen en la Cámara los diputados que han ganado por el voto mayoritario de sus conciudadanos en cada uno de los distritos electorales. (Aplausos.)
En los distritos existe no sólo la oportunidad jurídica, sino la oportunidad real de reclutar esos votos y partidos políticos minoritarios han obtenido triunfos mayoritarios en otras elecciones, compitiendo con el partido mayoritario.
Usted ha hecho una observación de los números electorales, como si tuviéramos un sistema de representación proporcional, pero parece como si se le hubiera olvidado que todos los partidos minoritarios tuvieron en una primera vuelta, en la primera gran opción representativa, la de presentarse en cada uno de distritos a disputar lealmente el voto con los demás partidos, la posibilidad real y efectiva, como digo, de haber podido ganar también todas las curules para mayoría para integrar esta Cámara.
Una ley electoral tiene que contemplar la realidad mexicana. Por eso, la Ley Electoral y la Constitución se reformaron para corregir la inflexibilidad del sistema mayoritario y dar oportunidad a los partidos minoritarios para obtener una corre presentación dentro de la representación nacional. Por eso se realizó esa reforma en 1963, y desde entonces se dijo, y lo dijeron también los partidos, que no aspiraban a conformares con las diputaciones de partido; que aspiraban a que ese sistema fuera un propulsor, un vehículo, un instrumento para sembrar sus métodos operativos, para integrar mejor sus cuadros y ampliar sus bases, llegar más fácilmente al electorado y poder competir dentro de la lid mayoritaria, en un plano de mayor efectividad. Ninguna ley puede transformar el voto de los ciudadanos en algo que no sea su traducción eficiente en términos políticos. Es decir: cuando en un sistema como el nuestro, que es un sistema mixto, un partido político obtiene un número determinado de votos y por tanto un número determinado de diputaciones de partido, pasa a ser un partido mayoritario para el sentido de la ley. No se puede ampliar un tope o dejar abierto un tope como se ha pretendido, para que todos los partidos pudieran tener cuantos diputados de partido fuese dable otorgarles en función de los porcentajes, porque de esta manera sí se cometería una injusticia. Injusto sería que las minorías no estuvieren representadas en la Cámara, pero más injusto sería que la mayoría no tuviera la representación que le da el voto popular. (Aplausos.)
El C. Presidente: Tiene el uso de la palabra el C. diputado Juan Moisés Calleja García, del Partido Revolucionario Institucional.
El C. Calleja García Moisés: Señor Secretario, en el mismo orden de ideas que usted acaba de exponer en este momento, consideramos que la institución de diputados de partido establece un sistema mixto que proporciona a los partidos minoritarios la oportunidad de tener diputados sin haber ganado la elección en ningún distrito electoral, pero creo que se pretende desvirtuar la naturaleza del sistema estatuido constitucionalmente, al aspirar a que los candidatos de los partidos minoritarios tengan todas las ventajas del sistema de elección mayoritaria relativa y uninominal por distrito al mismo tiempo y que se les computen los sufragios como si el nuestro fuera un sistema de representación proporcional. En estas condiciones, el partido mayoritario, mi Partido, se encuentra en una situación de clara desventaja, dado que sus candidatos a diputados sólo tienen una posibilidad de llegar a la Cámara mientras que los candidatos de los otros partidos, disfrutan de una doble oportunidad.
A pesar de ello se argumenta por uno de los partidos minoritarios, como decía, que sólo la desaparición del tope de diputados de partido crearía posibilidades de realizar el avance que persigue la iniciativa que hoy comentamos.
Me gustaría, señor Secretario, conocer su opinión al respecto, tanto más que hemos escuchado la pregunta de un partido que, a nombre de la democracia, niega la democracia. (Aplausos.)
El C. licenciado Mario Moya Palencia: Señor diputado Calleja. Precisamente uno de los objetivos de la reforma constitucional propuesta por el Presidente Echeverría, el año pasado fue aumentar ese tope que entonces era de 20 y hoy ya es de 25 para la obtención de diputados de Partido, funcionando el tope en estos dos sentidos: todo Partido que tenga 25 o más triunfos por mayoría es un partido mayoritario y no entra ya en le reparto mayoritario y no entra ya en el reparto de curules en plan nacional; todo partido que no obtiene 25 curules por mayoría, que no tienen ninguna, o tiene algunas, puede aspirar a obtener diputaciones de partido de acuerdo a obtener con los porcentajes que van desde 1.5% para los cinco primeros hasta medio por ciento por cada uno de los restantes hasta completar 25.
Fue precisamente el espíritu democrático del Presidente Echeverría el que le hizo solicitar y
obtener de este Congreso y de las Legislaturas de los Estados, su aprobación para subir ese tope. Pensó que esto respondía a la dinámica creada por la propia reforma de 63 y a la necesidad también de adaptar en términos más viables de los partidos. De esta manera los partidos minoritarios menos favorecidos por el voto ciudadano tendrán más oportunidad de obtener la primera cuota de diputados de partido y de esta manera también el partido o los partidos minoritarios que ciertamente reclutan un número superior de votos tendrán una oportunidad mayor de obtener diputados de partido. El ascenso no fue escaso, de 20 a 25 es una cuarta parte más de diputados de partido, por otra parte estuvo fundamentada esta iniciativa, que yo tuve el gusto de comentar con ustedes en otra sesión, por el hecho de que al aumentarse las diputaciones en todo el ámbito nacional, como consecuencia de otra reforma constitucional y crearse 16 nuevos Distritos (que por cierto ayer fueron aprobadas por unanimidad en sus circunscripciones geográficas, en la Comisión Federal Electoral), se podía establecer un desbalance entre las fuerzas de la minoría y de la mayoría representadas dentro de la Cámara de Diputados.
De esta manera el régimen electoral mexicano ha estado pendiente de renovarse a sí mismo; ha huido de la petrificación de los cocientes numéricos para buscar: primero, en el cotejo mayoritario, y después en el porcentaje, la posibilidad real de ir adecuando la representación política al voto nacional en su expresión más auténtica y genuina. Hemos oído quejas de algunos partidos minoritarios pensando que el tope es escaso; ahora oímos la queja de un partido mayoritario diciendo que en realidad ellos sólo tienen una oportunidad de ganar las elecciones, en cambio que los partidos minoritarios tienen dos. Esto es precisamente el punto de equilibrio de un sistema mixto que trata en forma desigual a los desiguales. A los mayoritarios les obliga a ganar por mayoría; a los minoritarios les da oportunidad de que sus voces y sus pensamientos se escuchen en esta Cámara Nacional. (Aplausos.)
El C. Calleja García, Juan Moisés: Gracias, señor Secretario.
El C. Presidente: Tiene el uso de la palabra el ciudadano diputado Bernardo Bátiz Vázquez, del Partido Acción Nacional.
El C. Bátiz Vázquez, Bernardo: Señor Secretario:
Estamos de acuerdo con usted en que los avances formales o procesales en el campo electoral son puntos a favor de nuestra joven democracia -yo diría de nuestra democracia por nacer-, pero si bien es cierto que mejores leyes, padrones electorales más precisos y circunscripciones territoriales más realistas, nos acercan a la democracia, también lo es que lo fundamental para que esto surja a la luz, es una decisión firme de respetar en la práctica el voto popular. Hasta ahora, desgraciadamente, no hemos aún hecho que nos hagan suponer una intención seria de reconocer la auténtica voluntad ciudadana, las buenas intenciones expresadas y el anuncio de apertura democrática que se plasma apenas en unas reformas que no son fundamentales, se contradicen crudamente por los hechos que el pueblo y el partido de oposición estamos viviendo y sufriendo en estos momentos. En las campañas electorales, principalmente en provincia, la oposición tiene que enfrentarse con el partido oficial, con las autoridades y, frecuentemente, con la violencia, el amago y el fraude. Así ha sucedido y está sucediendo en los más recientes episodios electorales. En las campañas de los Estados de México e Hidalgo se destruye la propaganda de Acción Nacional, se persigue y amenaza a sus candidatos y se presiona de otras muchas formas; precisamente me acaban de informar que está a la puerta de esta Cámara una manifestación de obreros y campesinos del Estado de México que piden garantías electorales, se negó que se pusiera sonido para ellos, quizá porque no es un público tan propicio; en Tacámbaro se prefirió anular la elección antes de reconocer un triunfo de Acción Nacional; en Nayarit, el triunfo de Acción Nacional en Compostela pretende ser escamoteado con los sistemas tan conocidos de exagerar la votación en las casillas alejadas de las poblaciones. Todo esto, aunque parezca un poco áspero es la realidad; hace que haya una identificación PRI y Gobierno que impide una confortación electoral abierta y equilibrada, lo que obstaculiza y difiere cada vez más la realización de la democracia en México. Todo este panorama que no puede ser negado y dada la intención declarada por el régimen de efectuar una apertura democrática, quisiéramos saber, señor Secretario, además de las reformas procesales, ¿cuáles serán los cambios reales en la política del país y qué puede esperar el pueblo de México de ellos?; esta definición es ahora indispensable, ya que, como usted sabe, hay grupos crecientes que no ven otro camino al cambio, que la violencia que Acción Nacional ha rechazado.
El C. licenciado Moya Palencia: Señor diputado Bátiz: Me da usted una visión pesimista y no partidaria de la democracia, pero sobre todo, me hace usted afirmaciones que yo respeto como tales, pero que no puedo admitir, independientemente de su comprobación, porque se refieren al ámbito del derecho electoral local y no del derecho electoral federal, que es el que regula la ley cuya iniciativa de reformas hoy nos ocupa y que es sobre el que tiene competencia el Ejecutivo Federal y sobre el que pudiera expresar válidamente una opinión el Secretario de Gobernación.
Hemos dicho que no solamente transformando las leyes electorales "y las transformaciones no han sido ni escasas ni poco profundas" va a acelerarse el desarrollo democrático de México. Hemos aseverado ya que la democracia, como un concepto integral, implica un aceleramiento del desarrollo social y económico y también, que los procedimientos mecánicos electorales deben estar cada vez más al acceso de los ciudadanos y de los partidos para que se corresponsabilicen, de hecho y de derecho, con el Estado en la vigilancia de su desarrollo.
Hace apenas unos momentos, con el mayor respecto a su soberanía, y sabiendo que en el seno de las Legislaturas de los Estados y en el pensamiento de muchos señores Gobernadores ya existe este intento, he afirmado que las legislaciones locales electorales deben revisarse -como se que muchas de ellas están siendo revisadas- para ponerse a la altura de la legislación federal. Y he afirmado, al terminar esa parte de mi aseveración -me voy a permitir repetirlo-, que "es conveniente que se tomen todas las medidas tendientes a asegurar en el ámbito jurídico y a estimular en la vida práctica la libre concurrencia de los ciudadanos y de los partidos mayoristas o minoritarios, a los actos electorales par así extender cualitativa y cuantitativamente la democracia."
Yo estoy cierto que dentro del proceso de evolución del país, actos como los que usted afirma se han realizado, en primer lugar son excepcionales y en segundo lugar de ninguna manera coinciden con el espíritu de limpieza del proceso eleccionario que rige el pensamiento, la doctrina y la acción democrática del Presidente Luis Echeverría. (Aplausos prolongados.)
Si el Partido al que usted dignamente pertenece estima que se han cometido en los procesos electorales locales que usted menciona, esas violaciones de hecho o de derecho, bien está que lo reclame ante los organismos electorales competentes, y que ponga toda la influencia de su convicción y todo el talento de sus representantes, que no es poco, en la defensa de esos casos.
Pero el sufragio es la organización política del consentimiento. Nada, ni una reclamación, puede sustituir a la falta de votos. Ninguna ley electoral es ni puede ser una ley de beneficencia política. (Aplausos.)
Es preciso concitar la voluntad del pueblo para obtener realmente el apoyo mayoritario y no acudir al fácil expediente de que las elecciones son limpias cuando se ganan y son sucias cuando se pierden. (Aplausos.)
Al integrar los organismos electorales con la participación de todos los partidos políticos en materia federal, y al exhortar respetuosamente a los Estados para que emprendan una revisión a fondo de sus sistemas electorales, el Gobierno de la República invita a todos los ciudadanos y a todas las asociaciones políticas sin excepción, para que participen en ese proceso. Las fallas del proceso no son solamente fallas del gobierno; son fallas de todos y debemos admitirlas con un amplio y sincero espíritu autocrítica. Pero la única legitimidad política es la legitimidad democrática. Llegamos a la conclusión de que en el fondo de todo el proceso está el ciudadano que llega con su lápiz a la casilla y traza sobre la boleta una cruz para el partido de su elección. Nada hay que pueda restarle trascendencia a ese acto esencial de la vida de los pueblos. Cada voto, en realidad, diputado, cada voto que se deposita en la urna, es como una moneda política que se ahorra en la alcancía de la democracia. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Bátiz Vázquez, Bernardo: Muchas gracias, señor Secretario. Solamente una brevísima observación. Estamos de acuerdo en que el voto es el que tiene un valor trascedental en la democracia, y precisamente en defensa de ese voto y en contra de esos casos que usted dice excepcionales, y que yo espero que cada vez sean más excepcionales, que no sean tan abundantes como son ahora, es que hablamos en favor del voto público, porque estamos viviéndolo. Si puse algunos ejemplos de elecciones locales, es porque son las que están más cercanas, y tenga usted la certeza de que Acción Nacional será el primer partido que reconozca con toda honradez cuando haya una elección limpia.
El C. Presidente: Tiene el uso de la palabra el ciudadano diputado Carlos Osorio Aguilar, del Partido Revolucionario Institucional.
El C. Osorio Aguilar, Carlos: Señor Secretario: Algunos partidos políticos, cuando la ciudadanía no los apoya con su voto en las urnas electorales, tendenciosamente indican que se comete fraude con el voto de los electores, como acaba de suceder en estos momentos. ¿Fuera usted tan amable de informarme cómo intervienen los partidos contendientes y sus representantes en las diferentes fases del proceso electoral, en los términos de la presente incitativa de Ley Federal Electoral para, con su vigilancia, garantizar la fuerza del resultado del voto de la ciudadanía nacional?
El C. licenciado Moya Palencia: Como no, señor diputado Osorio. Ya está expuesta la filosofía de la participación de los partidos políticos en la integración de los órganos electorales. Ya están expresados los motivos que indujeron al Ejecutivo a presentar esta moción que espera sea recogida, con entusiasmo, incluso, por esta Cámara y por la Cámara de Senadores.
La mecánica de la participación de los partidos políticos en los órganos electorales, a partir de la iniciativa, es muy simple pero muy trascendente.
En la cúspide de la organización del proceso electoral se encuentra un órgano: la Comisión Federal Electoral, que será integrada a partir de que esta iniciativa, en su caso, se apruebe, con un representante del Poder Ejecutivo Federal, con un representante de esta Cámara y de la Colegisladora y con un representante de cada uno de los partidos políticos nacionales, que son 4 actualmente y que pueden ser más en lo futuro.
De hecho los partidos políticos están en mayoría dentro de la Comisión Federal Electoral, excepción hecha del voto de calidad del Presidente para el caso del empate.
Esta correspondencia, desde la cúspide, se va extendiendo a los órganos electorales. Las Comisiones Locales Electorales también tendrán 4 representantes de partidos políticos, los 4 registrados por 3 nombrados por la Comisión Federal Electoral, y en igual forma estarán integrados los Comités Distritales. Esto quiere decir que en todas las etapas del proceso
electoral hasta los comicios, existe no sólo una corresponsabilidad teórica, sino factibilidad práctica de que los partidos políticos concurran, como lo han enunciado y como también es nuestro deseo, a la limpieza y sinceridad del proceso. En la medida en que se robustezcan los lazos que unen a la comunidad y se expresen a través del proceso electoral con mayor libertad, en forma más efectiva. En la medida en que se den como se están dando más prerrogativas y facilidades a los partidos políticos y a los ciudadanos para que se expresen dentro de la vida democrática, y en la medida en que sus responsabilidades, en esa vigilancia compartida del proceso electoral, estoy seguro que en esa medida daremos pasos más firmes y avances más substanciosos en el camino de la democracia.
Yo estimo que si en otras ocasiones, como he dicho, se afirmaba que el Gobierno era el que hacía las elecciones, hoy menos que nunca puede hacerse esa afirmación, a no ser que se peque de temerario. En materia electoral, sobre todo a partir de que se apruebe esta iniciativa en su caso habrá una corresponsabilidad íntima de los partidos con los funcionarios públicos incluyendo los que salgan de estas Cámaras para dirigir y conducir el proceso electoral. En cada uno de los escalones habrá comisionados por representantes de los partidos y en último, en el de las casillas, estarán sobre todo los ciudadanos hombres con o sin partido que tendrán la responsabilidad alveolar, de recibir y documentar el voto en su emisión directa el día de los comicios. Se integra así el triángulo de la democracia. Las instituciones públicas, los partidos políticos y los ciudadanos se unen, para formar órganos que tienen áreas estrictas de competencia dentro de la ley y que dentro de ese espíritu democrático y de corresponsabilidad que la forma estarán obligados a actuar no con un criterio partidista, no con un criterio sectario, sino con un criterio que vaya más allá de esas estrecheces y de esas limitaciones, porque en verdad la línea de México pasa muy encima, muy por encima de nuestras cabezas. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: Tiene el uso de la palabra la C. diputado Emilia Dorado Baltazar, del Partido Popular Socialista.
-La C. Dorado Baltazar, Emilia: Señor Secretario: Conforme a la iniciativa de ley de reforma electoral enviada por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados, se establece la participación directa, con voz y voto, a los partidos políticos, tal como usted en estos momentos nos ha explicado, tanto en la Comisión Federal Electoral como en las Comisiones Locales Electorales y Comités Distritales, respectivamente.
Ante cada uno de esos órganos electorales, los partidos disponen del derecho de designar comisionados, no así cuando se trata de la integración de los funcionarios de casillas, ya que sólo se les otorga el derecho de designar representantes.
¿No considera usted, señor Secretario de Gobernación, que para llevar la democratización hasta las casillas, instrumento fundamental para recibir la manifestación de la voluntad popular, sea conveniente al proceso electoral la participación de los partidos con funcionarios en las casillas, integrándose estas con la designación alternada de los funcionarios de las mismas con miembros de los diferentes partidos?
El C. Secretario de Gobernación: Diputada Dorado Baltazar: Precisamente al contestar la pregunta de los tres elementos de la democracia mexicana en los órganos electorales.
Decía que en todos ellos los partidos tienen o comisionados -como es el caso de la Comisión Federal Electoral, de las Comisiones Locales Electorales- o representantes, como es el caso de las mesas directivas de las casillas. En las mesas directivas de las casillas la ley establece que cada partido político, cada candidato o cada fórmula de candidatos, pueden acreditar representantes. Y además establece que todos los partidos políticos tendrán derecho a acreditar una serie de representantes generales llamados así porque sin tener ubicación directa con ninguno de los órganos electorales, pueden actuar en todo un distrito o en toda una entidad. De esta manera, de ninguna forma se ha excluido a los partidos políticos, ni es esa la intención de la integración de las casillas, pero es que allí es en donde entran con mayor vigor y con mayor posibilidad real de actuar esos otros componentes del triángulo democrático que no podemos olvidar y que son los ciudadanos. Los ciudadanos organizados en partidos ya tienen representantes y comisionados en todos los demás órganos. Los partidos no dejan tener representantes en las mesas directivas de las casillas. Pero entonces ¿a qué nivel va a intervenir el ciudadano común y corriente, el elector flotante, la llamada masa neutra de las elecciones, el hombre que no es militante o adherente o ni siquiera simpatizante a un partido, o que si lo es, no es un funcionario o un individuo designado por su partido en la corresponsabilidad del proceso electoral? Sólo allí, en las casillas, y ¡qué bueno que así sea! Porque el hecho de que los ciudadanos independientemente de que puedan tener una simpatía política, pero que no la usen en el ejercicio de su cargo, sean y puedan ser, y deban ser nombrados como miembros y funcionarios de las mesas directivas de las casillas y así se integren al proceso electoral, el hecho de que los ciudadanos estén ejerciendo estos cargos, es un elemento más para la politización del país y para la democratización del proceso electoral.
De no ser así, la Constitución no diría que son obligaciones del ciudadano llevar a cabo y ejercer las funciones electorales; entonces la Constitución diría o debía de reformarse, para decir, que las funciones electorales sólo son obligación y responsabilidad de los partidos políticos.
Por eso es, diputada, que la Ley Electoral no contempla que haya una integración de comisionados de los partidos políticos como funcionarios, como integrantes de la mesa directiva de las casillas; los representantes del partido político están en las casillas para vigilar la limpieza del proceso electoral, pueden hacer notar las irregularidades del proceso a los integrantes de la casilla, pueden presentar las protestas pertinentes para que los órganos electorales superiores las califiquen y en su caso pueda haber una nulidad parcial o general de las elecciones; no esta impedido de ninguna manera el partido político ni los representantes de los candidatos en fórmulas de los partidos a actuar en ese nivel del proceso electoral dentro de las mesas de las casillas.
Una proposición como la de usted de que se nombrara rotativamente o en alguna fórmula semejante a los presidentes, secretarios y escrutadores de las casillas de entre los militantes de los partidos, quizá traería un problema de mayor antidemocratización que ante las ventajas de la posible democratización que pretende aparentemente, porque se diría: ésa es la casilla en que el presidente es del PPS, ésta es la casilla en que el presidente es del PAN, éstas son las casillas de este partido o de este otro. Es más conveniente que de entre todos los ciudadanos de la sección electoral el Comité Distrital Electoral en donde sí tiene comisionados todos los partidos políticos, tienen voz y voto y pueden decidir en las selección y designar a los ciudadanos que van a ser funcionarios de las casillas. De esta manera se integra la red electoral, que es muy amplia en el país; que moviliza a casi un millón de ciudadanos, todos ellos con ánimo de cumplir con su deber y con la posibilidad de hacerlo dando un paso adelante en el camino de la democratización mexicana. Créame usted, diputada, que yo recibo la sugerencia de usted, como seguramente la recibirán los señores diputados para que la estudien cuando se discuta la Ley, pero que la integración de las casillas, de las mesas directivas de las casillas, que son todo un aparato administrativo, para la recepción del voto, es más conveniente que sea con ciudadanos mexicanos, como lo manda la Constitución para hacer más popular y más amplia la participación de dichos ciudadanos en la vida política nacional. Muchas gracias. (Aplausos.)
-La C. diputada Dorado Baltazar, Emilia: Señor Secretario: Agradezco sus reflexiones pero, también voy a hacer un comentario con todo respeto.
En las casillas en donde a mí me ha tocado ir como representante del partido, generalmente coincide con que el presidente de la mesa pertenece al PRI, y además es una persona bastante conocida, porque lo nombran precisamente en donde él habita, por eso yo sí creo que deben hacerse consideraciones cuando venga el debate respectivo. Muchas gracias.
-El licenciado Moya Palencia: Me ayudó usted mucho, diputada. (Aplausos.)
El C. Presidente: Tiene el uso de la palabra el C. diputado Rafael Castillo Castro, del Partido Revolucionario Institucional.
El C. diputado Castillo, Rafael: Señor Secretario: El artículo 23, fracción II, de la Iniciativa de Ley Federal Electoral, dispone que entre los datos que deben figurar en las listas nominales de afiliados que deben exhibirse para acreditar la membresía de la agrupación, que se pretenda constituir y solicitar su registro como partido político nacional, se encuentra el número de la credencial permanente de elector de cada uno de los adherentes.
A primera vista podrá pensarse que la disposición mencionada es violatoria del artículo 9o. Constitucional, dado que éste sólo exige la calidad de ciudadano para formar parte en los asuntos políticos del país.
Independientemente de los anteriores, podría argumentarse que el artículo 23 de la Iniciativa que nos ocupa, lejos de facilitar la formación de nuevos partidos políticos, la entorpece al exigir indefectiblemente que sus miembros presenten la credencial permanente de elector. Se puede dar lugar a que se piense que la Iniciativa confunde las cualidades de ciudadano y elector, por ello me gustaría escuchar su explicación sobre los motivos para introducir la exigencia a que me he referido.
El C. licenciado Moya Palencia: Cómo no, señor diputado Castillo Castro:
La explicación es sencilla. Efectivamente, el derecho de voto como el derecho de asociación política, son derechos políticos ciudadanos, son los consubstanciales al ciudadano. El voto activo o jus sufragio de los romanos y el voto pasivo, o la cualidad de ser candidato, o jus honorem, van imbíbitos en la calidad de ciudadano, y en el mundo moderno cuando aparecen las organizaciones intermedias, es correspondiente también a esa calidad, la de poder asociarse en partidos políticos.
Pero es evidente que debe ser un ciudadano en ejercicio pleno de sus derechos políticos el que se asocie y forme parte de un partido político, porque el que no lo estuviese está impedido por la propia ley a ser parte de una asociación de esta naturaleza. Dicho en otras palabras: la credencial de elector es un elemento de prueba no sólo de la condición de ciudadano, sino del ejercicio de esa condición. Recuerde usted que para ser ciudadano no basta ser mexicano y tener 18 años cumplidos, sino también tener un modo honesto de vivir. Es decir, hay otras condiciones: no haber sido privado de sus derechos electorales, no pertenecer al estado eclesiástico, etc., que pueden impedir a un ciudadano que sí es mexicano y tiene los 18 años cumplidos, para ejercer sus derechos políticos. Es por ello que la ley ha determinado como elemento fundamental de prueba en la constitución de un partido político, y para evitar que quienes sean ciudadanos sin derechos ejercitables puedan constituir o formar una asociación de esta naturaleza.
¿Por qué la ley vigente no exige ese requisito? La respuesta también es sencilla: en la época en que la ley vigente se expidió no existía la credencial permanente de elector. Existían credenciales de elector solamente válidas para unos comicios. entonces, hubiera sido sumamente injusto hacer cargar sobre la
responsabilidad de los organizadores del partido político o de los ciudadanos que intervenían en ello, la conservación de una credencial que en realidad no les había servido más que exclusivamente para emitir su voto en la elección anterior y que no les serviría para probar ningún derecho político en las próximas. Pero con el advenimiento de la credencial permanente de elector que como ustedes saben, está vigente ya en todo el país, esta condición se antoja, si no substancial, un requisito probatorio indubitable.
Por otra parte, no puede haber una queja seria, no puede haber un criterio político serio opuesto a que se aproveche el articulado de la Ley Electoral Federal, sobre todo cuando habla de los requisitos para la constitución de nuevos partidos políticos para promover que los ciudadanos tengan la credencial permanente de elector, esto es para promover que los ciudadanos cumplan con un requisito que también es requisito constitucional, porque si usted recuerda que la Constitución no solamente en su artículo noveno, sino en el artículo 36, dice que son obligaciones del ciudadano inscribirse en los padrones electorales, entonces una ley reglamentaria que simplemente exija la prueba del cumplimiento de una obligación constitucional, de ninguna manera puede considerarse inconstitucional. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Castillo Castro. Rafael: Muchas gracias.
El C. Presidente: Tiene el uso de la palabra el C. diputado José Melgarejo Gómez, del Partido Acción Nacional.
El C. Melgarejo Gómez José: Es principio fundamental del estado democrático y nuestra Constitución lo consagra en los artículos 14 y 16, que toda la actuación estatal debe estar fundada en derecho; que toda la actuación estatal, y que ninguna autoridad puede actuar si no está expresamente autorizada por ley que funde su actuación y que, además, debe ser conforme a la misma ley.
Sin embargo, en el caso de la actuación política del Estado parece que se ha olvidado o que deliberadamente se quiere no tener en cuenta el que los actos políticos estatales, no por ser políticos dejan de estar sujetos a la ley y se dan por justificados aun cuando contradigan las leyes expresas y terminantes , así como en materia de representación política y no obstante que esa representación sólo puede obtenerse por el voto, que es un acto objetivo, reglamentado por la Constitución y por la Ley Electoral y que debe comprobarse conforme a esa reglamentación, a pretexto de una mal entendida soberanía, los Colegios Electorales la califican caprichosamente y lo mismo aumentan votos inexistentes, para reconocer una representación política que no existe; que nulifican votos válidos para rechazar una representación que no quieren aceptar. Quisiéramos saber, señor Secretario, ¿cuál es, en su concepto, la forma de obtener, por parte de las autoridades administrativas, un apego fiel a las disposiciones de la Ley Electoral, ya que hasta hoy ha sido inoperante el sistema de sanciones establecidas por la Ley?
El C. licenciado Mario Moya Palencia: Señor diputado Melgarejo, no sé si su exposición involucra una crítica al sistema de calificación de las elecciones o al sistema de desarrollo y vigilancia del proceso electoral. Quisiera que me lo aclarara para poder contestársela con toda amplitud.
El C. Melgarejo Gómez José: Especialmente calificación, señor.
El C. licenciado Mario Moya Palencia: Calificación de elecciones. Bueno, la calificación de elecciones en nuestro sistema constitucional se basa en el principio de la autocalificación de los órganos cuyos miembros y componentes han obtenido el voto popular y que, por consecuencia dichos órganos tienen también una soberanía derivada de la Constitución.
Los organismos electorales creados en la Ley Electoral no califican las elecciones. La Comisión Federal Electoral, por ejemplo, llega hasta registrar las constancias de mayoría de los señores diputados o no registrarlas si encuentra irregularidades graves en el proceso, y pasa los datos técnicos y el expediente de dicho proceso al verdadero organismo calificador, que es en este caso es la Cámara de Diputados.
Los senadores son calificados por la propia Cámara de Senadores, previo un proceso de declaración de electos por las Legislaturas de los Estados, porque como ya hemos visto hay una representatividad específica de los senadores respecto de los Estados para vigilar la observancia del pacto federal y las elecciones del Presidente de la República son calificadas constitucionalmente por esta Cámara erigida en Colegio Electoral.
Se ha hablado en muchas ocasiones de otros sistemas para calificar las elecciones mexicanas. Incluso el periódico de hoy da cuenta de una iniciativa presentada ayer aquí, por el Partido Acción Nacional, la cual he conocido superficialmente, que implica un cambio en el proceso de calificación de las elecciones de diputados y senadores.
Toda la tradición política mexicana parte de la concepción de la soberanía del Estado y de los Tres Poderes que lo forman; parte de la idea de que el Poder más representativo de la nación, que es el Legislativo, que además de elegirse por el voto popular integra colegiadamente las opiniones del Cuerpo Electoral y representa a toda la población en su conjunto, a los que votaron y a los que no votaron debe ser el único que califique las elecciones de sus miembros. Este viejo principio no sólo parte de la Constitución de Apatzingán y tuvo su matriz en la Constitución Española de Cádiz, sino se repite en las Constituciones de 1824, de 1857 y en la actual de 1917, con la excepción de las famosas leyes Constitucionales Centralistas de 1836, en que se crea, como ustedes recuerdan, el Supremo Poder Conservador, el cual calificaba las elecciones de los senadores, el Consejo ese de notables de que hablábamos hace poco, quien a su vez calificaba a la de los diputados. Este proceso produjo como ustedes recuerdan también, una época de grandes
inestabilidades políticas y unánimemente fue repudiado por los tratadistas de la propia época y ha sido enjuiciado severamente por muchos politólogos actuales.
Ustedes presentan ahora una Iniciativa para crear un Tribunal Federal Electoral eligiendo el medio que algunas legislaciones del mundo que están en franca minoría, han escogido para hacer esa calificación. Y buscando que se abandone el procedimiento tradicional de la autocalificación que parte de la raíz misma, de la esencia misma del desarrollo histórico nacional.
Antes que nada tengo que decir que la Iniciativa de Ley Federal Electoral que estamos discutiendo no presenta ni podría presentar un nuevo sistema para la calificación de elecciones porque esto es materia solamente de la Constitución de la República, y también porque siendo la calificación de diputados y senadores una de las atribuciones de estas respetables Cámaras, el Ejecutivo de la Unión jamás presentaría una iniciativa que disminuyera o lesionara las funciones específicas de las Cámaras, sobre todo para su composición interna. (Aplausos.)
Se ha dicho que la autocalificación es un proceso que deja mucho que desear, porque el juicio para determinar si un representante lo es legítimamente gracias al voto popular o no, queda en manos de una asamblea política que tiene intereses en la propia elección, intereses políticos, se entiende, y que es un órgano inhábil, parcial, o sospechoso de parcialidad por lo menos, para la calificación de las elecciones. Y en ese argumento fundamentalmente y en otros de menor cuantía se hacen basar las ya constantes peticiones de tipo doctrinal o político para que el sistema se varíe, como en el caso de esta iniciativa presentada ayer, y se cree un órgano distinto para calificar las elecciones.
Creo en primer lugar, que la independencia, la soberanía y la respetabilidad de los poderes, "el sistema de frenos y contrapesos", como decía Montesquieu, que se establece entre las ramas Legislativa, Judicial y Ejecutiva de la Nación y por consiguiente la necesaria y debida autonomía del Poder Legislativo, no hacen aconsejable que se cree un tribunal o cualquier órgano ajeno al propio Poder, que fuese en realidad, aunque se pretenda decir que no, un cuarto Poder, para que califique las elecciones de los miembros del Poder Legislativo. (Aplausos.)
Ahora bien, ya que la pregunta partió de ustedes y que creo que no debo soslayar ir al fondo de la misma, sino buscar analizar los procedimientos que ustedes sugieren para un cambio de esta legislación, que tendría que ser en nuestra legislación constitucional, para buscar una distinta calificación a las elecciones de diputados y senadores, si ustedes no tienen inconveniente me voy a referir a la propia iniciativa. (Los diputados panistas asienten.)
Dice ella que la calificación de las elecciones de diputados federales será hecha por la Comisión Federal Electoral, la que se integrará y funcionará en los términos que establezca la ley para ejercitar ésta y las demás funciones que la misma ley le atribuye. Y luego dice que las resoluciones de la Comisión Federal Electoral, de calificación de elecciones de diputados, y las de las Legislaturas de los Estados sobre declaración de electos de senadores dictadas en los términos del artículo 56 de la Constitución, podrán ser recurridas ante el Tribunal Federal de Elecciones por los partidos y candidatos perjudicados; esto es, el sistema no llega a ser ni siquiera un sistema tal como está propuesto, de calificación por un tribunal; la calificación real está propuesta por la Comisión Federal Electoral, que está compuesta, ¿por quién? Por representantes del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y de todos los partidos políticos. Vuelve a estar allí el Poder Legislativo representado. Están ahí los partidos políticos por lo que se supone también pueden tener intención partidista en los actos de la Comisión Federal Electoral, independientemente que no deba ser ésta la norma que rija sus deliberaciones. De tal manera que en realidad se le da a un órgano mixto creado con la integración de representantes de dos Poderes y de los partidos políticos, la calificación de las elecciones de los diputados; y a este Tribunal Federal Electoral que se forma -luego veremos cómo- la facultad de revisar los actos de la Comisión Federal Electoral. ¿Con qué criterio? ¿Con un criterio estrictamente jurídico? ¿Con un criterio de apreciación de hechos a conciencia, como aquí se dice? ¿Con un criterio exento de toda actitud partidista o de toda animosidad política para aplicar estrictamente disposiciones jurídicas? Es decir, ¿qué será el tribunal?., ¿un revisor o un calificador?
Aquí no queda muy claro, a mi juicio, porque, ¿cuál es el sentido de la revisión en los casos objetados?, ¿quién va a dejar de objetar un caso político en el que pierda?, muy pocos candidatos. Seguramente todas las elecciones tendrían que llegar, las de diputados, tarde o temprano, al Tribunal Federal. De hecho vendría a ser un Tribunal calificador; y si tendría que revisar solamente las determinaciones de la Comisión Federal Electoral, ¿cómo la haría? ¿En estricto derecho?, decía yo, ¿supliendo la deficiencia de la queja? El Tribunal se determina que estará formado por cinco Magistrados, insaculados, o sea sacados a la suerte, dentro de la Comisión Federal Electoral, de un total de veinte candidatos propuestos por los cuatro partidos, en el caso como es ahora, de que sólo existen cuatro partidos; de tal manera que cinco que salgan serán los Magistrados.
Son todos los Magistrados propuestos por los partidos políticos. ¿Qué también se piensa que esos Magistrados estarían al margen de todo partidarismo o de toda intención política, habiendo sido propuestos por los propios partidos?
¿Qué sucedería que salieran electos por la suerte -porque esa es la insaculación- cinco de los Magistrados propuestos por uno solo de los partidos políticos? Se someterían los otros partidos lealmente al juicio de un Tribunal que ha sido designado por la Comisión Federal
Electoral, pero sobre miembros propuestos por los partidos o por uno de los partidos contrincantes exclusivamente, sin tener uno solo que los represente o que interprete sus puntos de vista por lo menos? ¿No es esto complicar innecesariamente el procedimiento?
De otra manera se afirma: "Las personas que propongan para magistrados los partidos políticos registrados, deberán ser ciudadanos mexicanos, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, de reconocida probidad, capacidad y preparación y de recto e informado criterio; que hayan destacado en actividades políticas, mayores de 35 años y menores de 65, y que en los tres años anteriores a su designación no hayan desempeñado puestos de elección popular, empleos, cargos públicos o comisiones de la Federación ni de los Estados, ni empleos, cargos o comisiones de los organismos, ni empresas paraestatales y que tampoco hayan sido, durante ese período, funcionarios sindicales, agrarios, ni de partidos políticos." Y yo pregunto: ¿dónde vamos a encontrar estos hombres químicamente neutros?
(Aplausos.)
Y observo también: ¿(No resulta un contrasentido pedir hombres que hayan destacado en actividades políticas, pero que no hayan sido miembros de partidos políticos ni de organizaciones campesinas, ni de organizaciones obreras, ni elegidos en los tres últimos años por elección popular, ni haber desempeñado ningún cargo público en la organización centralizada o descentralizada del Estado?
Entonces todo ello nos lleva a una reflexión: yo siento que esta proposición, como otras que se han hecho, por diversos partidos, son proposiciones de buena fe, que llevan un deseo sincero de mejorar el proceso eleccionario mexicano. Pero no siento sinceramente también, que esta o cualquier proposición que se base en la elección de un tribunal que podría incluso ser reputado dentro del espíritu de la Constitución como un tribunal especial, distinto o ajeno a los órganos representativos para calificar la elección de los miembros de estos órganos, estuviera de acuerdo ni con nuestra tradición jurídica, ni con nuestra realidad política. Piénsese que este tribunal, tal como está en esta iniciativa preconcebido, tendría que integrarse 15 días antes de la elección y tendría que terminar su acción dos meses después de la elección, o sea, sería un tribunal momentáneo, un tribunal que tanto antes de constituirse como después de resolverse no tendría ninguna responsabilidad frente al cuerpo constitucional. Ninguna posibilidad de responder política y socialmente de sus actos, puesto que sólo se había reunido para calificar una elección, ¿no es esto el sentido de los tribunales especiales de que habla nuestra Constitución? ¿qué es lo que se quiere? ¿Un Nuremberg político, que busca hacer tribunales específicos para casos concretos y desestimar la capacidad de juicio de los órganos representativos de la Nación? Si a las Cámaras de Diputados y Senadores el pueblo mexicano les confía no sólo su representación, sino les confía la factura de toda la normatividad jurídica, la hechura de todas las leyes, esto es el andamiaje en el cual se sustenta la vida nacional, ¿los vamos a declarar ahora incapaces de calificar sus propias elecciones? (Aplausos.)
Por otra parte, también se podría hablar de desequilibrio en el necesario equilibrio de poderes si se toma en cuenta que el Poder Ejecutivo intervendría a través de la Comisión Electoral en la calificación de los diputados.
Si se toma en cuenta, como dice también esta Iniciativa, que no deja de ser muy interesante, que los tribunales de circuito, los juzgados de distrito, los de orden común, deberán desahogar dentro de su jurisdicción las diligencias que el tribunal les encomiende, esto es, que también participará el Poder Judicial de alguna manera, aunque sea como delegado del Tribunal Federal, éste que se crea, pero en la calificación de las elecciones, ya tenemos a los partidos políticos, al Poder Legislativo, al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo en la calificación de las elecciones. Tenemos los 3 poderes y un cuarto poder, o un poder como aquel famoso supremo poder conservador(Aplausos.)
Yo siento que dentro de nuestra estructura jurídica y dentro de nuestro proceso constitucional histórico, la autocalificación de las elecciones es el procedimiento más lógico, más viable, más aceptado a nuestra realidad, es el procedimiento en que se respeta íntegramente la autonomía, la soberanía que emana y que tiene los poderes de la República y en especial, en este caso, el Poder Legislativo.
Creo que existe en las Cámaras y creo que existe en los diputados y senadores que llegan a integrar los cuerpos colegiados con el voto popular en sus alforjas, una suficiente capacidad de juicio, una suficiente ecuanimidad dentro de la natural militancia política para valorizar las elecciones de sus propios miembros. Ellos no votan por sí mismos, ellos votan por todos y cada uno de ellos y el hecho de que no hubiese partidarismo político en una calificación realmente no se elimina creando un tribunal que forzosamente está integrado por hombres que carne y hueso, que también tendrían, aunque se les buscara en la estratósfera, algunos atributos de politicidad, que por otro lado son completamente respetables en quienes como dice este propósito, esta iniciativa, fuesen ciudadanos de recto e informado criterio.
Por todo ello, señor diputado, yo creo que todo lo que contribuya a que ventilemos en voz alta nuestras realidades políticas, nuestra legislación, la operatividad de nuestros cuerpos constituidos para vigilar el proceso electoral y en general para desarrollar la marcha de la nación es positivo. Que es positivo también el esfuerzo que ustedes hacen para aportar nuevas ideas aunque algunas de ellas hayan sido ya estudiadas anteriormente a la integración de nuestro horizonte electoral, disiento sinceramente del espíritu y del texto de esta iniciativa y, repito, creo que el Poder Legislativo es ampliamente capaz, constitucional, material y espiritualmente, no sólo para dar las altas normas de la nación sino para también regularse a sí mismo. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Melgarejo Gómez: Solamente señor Secretario, para aclarar que no tiene nada que ver esta Iniciativa con el Supremo Poder Conservador.
El C. Presidente: Para agotar la relación de ciudadanos diputados que se han inscrito para formular preguntas, se concede el uso de la palabra, al ciudadano diputado Cuauhtémoc Santa Ana, del Partido Revolucionario Institucional.
El C. Santa Ana Seuthe, Cuauhtémoc: Señor Secretario: Los partidos políticos concurren a la formación de la voluntad del pueblo; son además órganos de educación cívica y orientación política no sólo de sus miembros, sino de la ciudadanía en general. Su participación en los procesos comiciales es indispensable para fortalecer las instituciones democráticas en que vivimos y acrecentar el desarrollo político del país. Yo creo que si la finalidad de los partidos políticos registrados es esencialmente electoral, deberían aplicarse sanciones para aquellos partidos que no cumplen con su función en los procesos comiciales realizados en aquellas entidades, en donde hubiera acreditado la membresía que la Ley Electoral exige para su constitución. Formar un partido político y abstenerse de participar en los comicios populares, aduciendo pretextos fallidos, es desvirtuar todos los objetivos de su existencia y de su registro y debe proceder por lo tanto, una enérgica sanción. ¿Por qué, la Iniciativa de Ley Federal Electoral que envió el Ejecutivo al Congreso de la Unión no contempló el caso al que me refiero, señor Secretario?
El C. Secretario de Gobernación: Señor diputado Santa Ana: Su pregunta es muy interesante y está ligada de una manera u otra al fenómeno del abstencionismo, al que ya nos hemos referido. Efectivamente si es censurable el abstencionismo en los ciudadanos, lo es más en los partidos políticos, porque si el ciudadano es el mexicano o el nacido en un determinado país, que tiene una determinada edad y que tiene entre otras muchas responsabilidades las políticas el partido político se funda exclusivamente para ejercitar derechos y para asumir obligaciones políticas. Quien esté en contra del abstencionismo electoral de los electores potenciales, quien esté en contra de la apatía ciudadana, forzosamente debe pronunciarse en contra del abstencionismo de los partidos. Casi diríamos que es contrario a su naturaleza misma, a su esencia, a los motivos de su organización que los partidos políticos no presenten candidatos en todas, en varias o en algunas de las circunscripciones electorales según los comicios de que se trate.
Pero la Iniciativa de nueva Ley Federal Electoral que ha presentado el Ejecutivo no ha querido contemplar ninguna sanción a los partidos que no presenten candidatos a las elecciones por dos razones sustanciales; una de carácter jurídico y otra de carácter político. La de carácter jurídico es que en nuestra Constitución no existe en realidad una obligación a los partidos políticos de presentar candidatos y de que dentro de los derechos y obligaciones cívicos de los ciudadanos -y podría entenderse de los ciudadanos organizados en partidos políticos- sería una interpretación analógica y amplificada la de pensar que los partidos políticos estarían obligados por la propia Ley a presentar candidatos indefectiblemente; y la otra es una razón fundamentalmente política; nosotros creemos que la sanción mayor que tiene partido un político que no presenta candidatos es en descrédito de su propia organización y la contribución negativa que con ese hecho da al desarrollo democrático al cual él debe contribuir; el electorado, el público, el ciudadano, suele dar transitoria o definitivamente la espalda a los partidos políticos que no le aportan candidatos para llevarlos a los órganos de representación después de votar por ellos y así asegurar que las ideas de esos candidatos, de ese partido y de esos ciudadanos votantes, se puede expresar y defender en los órganos de gobierno Lamentablemente la sanción, esa sanción política, esa sanción moral que tiene una organización que no cumple con sus deberes políticos en una región determinada o en una ocasión determinada, es una sanción que en realidad se aplica a la nación en su conjunto. A nadie beneficia que un partido político determinado deje de presentar sus candidatos. Y creen mal quienes suponen que a cualquier partido político, por mayoritaria que sea su fuerza, le conviene hacer "rounds de sombra" y no tener enemigo político al frente.
Para la concreción de la democracia, de la democracia mexicana, para el perfeccionamiento de su sistema, para el desarrollo de las vías que ligan al electorado con los gobernantes y traducen la voluntad general que es de por sí heterogénea, en una voluntad homogénea y unitaria en los órganos públicos, es de vital importancia tanto que no haya abstencionismo de los ciudadanos como que no haya abstencionismo de los partidos. Pero nuestra ley no pretende ser una ley penalizadora; pretende ser en cambio una ley promotora de democracia; pretende por varios instrumentos y conductos evitar que los partidos políticos tengan ningún tipo de desaliento para participar en los actos electorales; busca fortalecer a los existentes, abre las puertas a nuevas corrientes de opinión pública, para que se coagulen, se identifiquen y se registren y puedan actuar en la vida democrática nacional. Está abriendo también las puertas de la radio y televisión; está dando franquicias telegráficas y postales a los partidos para que exciten a los ciudadanos y para que ellos mismos aspiren y se responsabilicen y cumplan sus funciones de partidos políticos que son desde luego, intervenir en el proceso eleccionario y son también aculturar cívicamente a la Nación, orientar y capacitar cívicamente no sólo a sus propios miembros, sino a todo el pueblo en general, para que participe así de las grandes decisiones nacionales.
Creemos que la legitimidad democrática es la única legitimidad política como hemos afirmado, y sabemos que ésta sólo se logra con unas elecciones libres y sinceras. Por eso, cuando el ejecutivo de la Unión promueve reformas constitucionales, o reformas legales para mejorar los procedimientos normativos que
rigen esa expresión del sufragio, está poniendo vías de acceso, vías de penetración, vías de participación a los ciudadanos y a los Partidos, para que formen parte de ese triángulo democrático al que tantas veces nos hemos referido en esta sesión.
Donde no existe elección no existe libertad, pero donde no hay clima de libertades es imposible la elección. Por eso dentro de un contexto general, el Derecho eleccionario mexicano se inscribe tomando en cuenta las perspectivas, las instituciones, el derecho y la doctrina política del país en su contexto.
No somos un país sin rumbo ni dejamos de tener fuertes anclas ideológicas que nos ligan a nuestra tradición, pero que al mismo tiempo no nos detienen para superar el presente y abrir un futuro de sólidas esperanzas para la comunidad nacional.
Dentro de ese proceso de cambio con estabilidad o de estabilidad y cambio en que se encuentra el país comprometido, por decisión de la ciudadanía, una decisión que no sólo se expresó en las urnas, sino que se renueva todos los días, cuando la democracia mexicana se ejercita fuera de los actos electorales , en el diálogo constante de los sectores, en la participación de hombres, mujeres y jóvenes en las deliberaciones y aún en las decisiones del Estado. Cuando vemos a un Presidente de la República, incansable, recorrer todos los caminos de México y llevar los polvos de todos los desiertos y las manchas verdes de todas las selvas; cuando vemos cómo el jefe de las instituciones nacionales está haciendo todos los días su parte, y excitándonos a todos a que hagamos la nuestra, en la coordinación de esfuerzos que nos lleva a superar el país, se reafirma nuestra certeza de que el camino democrático es el camino que México encontró y que debe seguir ensanchando y recorriendo para realizar su plenitud integral, para llegar a las metas que como nación supo trazarse y que hoy aspira a entregar intactas para sus hijos.
Creemos que el voto tiene un espíritu igualador dentro de las sociedades, pero que la democracia no se agota en el fenómeno electoral, que como hemos dicho, la democracia tiene un profundo contenido social y económico, y que en la medida en que vamos transformando estructuras, que vamos transformando relaciones humanas, que se defiende con un espíritu nacionalista y soberano lo mismo al campesino que al trabajador, que al industrial progresista, que a todos los mexicanos que producen y tienen derecho a vivir del trabajo que hace posible la producción, y cuando buscamos incorporar por todas las medidas y por todos los medios a los mexicanos marginados, al gran proceso de desarrollo nacional, estamos realizando en una forma u otra la democracia y conjurando así todo tipo de apatía, toda frustración y todo desencanto.
Siento que los partidos políticos, sobre todo los partidos que no sean, como hemos dicho, partidos coyunturales o de ocasión, sino partidos estructurales y de vocación e ideología, pueden colaborar y contribuir profundamente a esas transformaciones cualitativas y también cuantitativas de la sociedad. El Presidente Echeverría ha declarado que quiere liberar las fuerzas populares; que quiere hacer que todos los mexicanos contribuyan al hacer y al quehacer nacionales y que cada quien asuma su responsabilidad. Que la democracia sea una verdad limpia y transparente, no sólo en los órganos electivos, no sólo en los procesos para designar a los representantes del Estado, sino en todas las organizaciones intermedias, lo mismo en una asociación civil que en una liga de comunidades agrarias o en un sindicato. Nuestra fórmula de estabilidad y cambios implica la necesidad de construir todos los días, de amasar las verdades históricas que el pueblo mexicano se dio y que las leyes consagraron para hacer con ellas el pan del futuro.
Es necesario que todos los mexicanos tengamos conciencia de que la hora es una hora muy importante para el país, de que en todos los relojes está marcada ya la hora de México y que, cada uno de nosotros, tenemos la responsabilidad profunda de vivir esa hora intensamente, anteponiendo el interés nacional al interés particular de cada mexicano.
Si la elección es un lazo que une a los gobernantes y los gobernados, si el proceso electoral es solamente un medio para realizar la democracia, la democracia sólo será íntegramente en la medida que lo sea cotidianamente. Todos nosotros tenemos una responsabilidad en ese camino. Todos, las mayorías y las minorías, los ortodoxos y los heterodoxos, los jóvenes y los viejos, los que apoyen y los que disientan. He aquí un llamado, al cual no podrá dejar de prestar su concurso ningún sector serio de la comunidad nacional. Este es el llamado que está imbíbito, que está presente en la incitativa que el Presidente Echeverría ha presentado a la Cámara de Diputados, es el llamado a la gran obra de la democracia, a la obra de todos los días, para que México sea más grande, siendo más grande cada uno de sus hijos. Muchas gracias. (Aplausos nutridos.)
El C. Santa Ana, Cuauhtémoc: Deseo expresarle, señor Secretario de Gobernación, que su exposición inicial y las respuestas que usted ha dado a las preguntas que se le han formulado han enriquecido notablemente las informaciones de las comisiones dictaminadoras y de la asamblea en general. Eso indudablemente redundará en beneficio del trabajo legislativo que la Constitución confiere a esta Cámara de Diputados. Muchas gracias, señor Secretario. (Aplausos.)
El C. Presidente: Agradecemos la presencia de los representantes de las Legislaturas locales del país, de los dirigentes de los partidos políticos nacionales, de los trabajadores, profesionistas, técnicos, estudiantes y en general de los ciudadanos interesados en los asuntos de la nación mexicana. Su concurrencia a esta sesión contribuye a plasmar la dimensión nacional de las actividades que realiza esta Asamblea.
Una vez más, los diputados de la XLVIII Legislatura expresan su agradecimiento al C. Presidente de la República por haber
autorizado a usted, señor Secretario, a comparecer ante esta Asamblea y manifiestan su reconocimiento por la claridad y profundidad de sus exposiciones. Esta representación nacional se congratula de haber tenido una vivencia democrática como ha sido la sesión de hoy y queda con la firme impresión de que los conceptos vertidos por usted ante esta Asamblea plural, han ampliado el conocimiento sobre la iniciativa de la Ley Federal Electoral.
Sus palabras iniciales, en las que afirma que la nueva Ley Federal Electoral es el instrumento jurídico para propiciar el trabajo político de nuestro pueblo, nos obligan a pensar que en nuestro país ninguna Ley debe ser estática y que los preceptos legales son perfectibles. Queremos dejar testimonio de que todos los sectores interesados de todas las ideologías representadas en franco diálogo, habrán de expresar oportunamente sus puntos de vista, lo que nos permitirá entregar un documento veraz y acorde con el sentir de nuestro pueblo en beneficio de la vida democrática de México. Se ruega a la Comisión designada para introducir al ciudadano licenciado Mario Moya Palencia a este salón, lo acompañe cuando él desee retirarse.
(La comisión cumple su cometido.)
(Aplausos.)
El C. secretario Rodríguez Santoyo, Raúl: Señor Presidente, agotados los asuntos en cartera.
El C. Presidente: (a las 15:20 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo martes 21 de noviembre, a las 11:00 horas, en la que se tratarán con los asuntos que la Secretaría dé cuenta. Se les recuerda a los ciudadanos diputados la invitación que la Asociación de Diputados Constituyentes de 1917 formuló a todos los miembros de esta Cámara para el próximo viernes 17, a las 11:00 horas, en el recinto parlamentario de Palacio nacional para rendir homenaje a los Constituyentes del 57 y a don Benito Juárez.
TAQUIGRAFÍA PARLAMENTARIA Y
"DIARIO DE LOS DEBATES"