Legislatura XLIX - Año II - Período Comisión Permanente - Fecha 19750616 - Número de Diario 29
(L49A2PcpN029F19750616.xml)Núm. Diario:29ENCABEZADO
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
XLIX LEGISLATURA
Registrado como artículo de 2a. clase en la Administración Local de Correos, al 21 de septiembre de 1921
AÑO II México, D. F., a 16 de junio de 1975 TOMO II. NÚM. 29
SESIÓN SOLEMNE
SUMARIO
Apertura
Se abre la sesión solemne con objeto de rendir homenaje a la Suprema Corte de Justicia en el CL aniversario de su creación
Invitados de Honor
La Presidencia informa de las personalidades que se encuentran en el Salón Verde y designa una comisión para que los introduzca al Salón de Sesiones. La Secretaría da lectura a la lista de invitados a esta sesión
Bienvenida
La Presidencia da la bienvenida a los miembros del Poder Judicial y exalta la gran labor y responsabilidad que desarrollan
Discursos
Hacen uso de la palabra, el C. diputado Carlos A. Madrazo y el C. senador José Rivera Pérez Campos para expresar la trascendencia que significa para la vida pública del país, las labores desarrolladas por la Honorable Suprema Corte de Justicia. El señor licenciado Euquerio Guerrero López, Presidente de la Suprema Corte, agradece los conceptos de los oradores antes mencionados, y reitera la firme convicción de que la Suprema Corte seguirá aplicando tanto los principios de Derecho como de Equidad
Acta
Se da lectura al acta de la presente sesión. Se aprueba. Se levanta la sesión
DEBATE
PRESIDENCIA DEL C. SENADOR ENRIQUE OLIVARES SANTANA
(Asistencia de 27 ciudadanos legisladores.)
APERTURA
El C. Presidente: (A las 11:10 horas): Se abren los trabajos de esta sesión solemne.
Estando en el salón verde de este Recinto el Representante del señor Presidente de la República, que lo es el señor Secretario de Gobernación, licenciado Mario Moya Palencia, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el señor Presidente de la Gran Comisión de la Cámara de Diputados, se designan en comisión para introducirlos a este Salón de Sesiones a los señores legisladores senador José Rivera Pérez Campos, diputado José Ortiz Arana y diputado Oscar Bravo Santos.
(La Comisión cumple su cometido.)
INVITADOS DE HONOR
El C. Presidente: Se encarece a la Secretaría, dar cuenta con nuestros invitados de honor a esta sesión solemne.
El C. secretario Pascual Bellizia Castañeda: Se encuentran en esta sesión solemne el señor Octavio Hernández, en representación del Jefe del Departamento del Distrito Federal:
General de División Javier Jiménez Segura, Jefe del Departamento de la Industria Militar; licenciado Pedro Ojeda Paullada, Procurador General de la República; licenciado Saturnino Agüero Aguirre, Presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal; licenciado Atanasio González Martínez, del tribunal Fiscal de la Federación; licenciado Horacio Castellanos Coutiño, Procurador General de Justicia del Distrito Federal; licenciado Abel, Treviño Rodríguez, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del D. F.; doctor Renaldo Guzmán O., Subsecretario de Salubridad; licenciado Joaquín Martínez Chavarría, Director del Indeco.
Diputados Constituyentes: Ingeniero Julián Adame y Cándido Avilés Insunza.
Ministros de la Suprema Corte de Justicia: Presidente, licenciado Euquerio Guerrero López, Primera Sala Materia Penal. Presidente, licenciado Manuel Rivera Silva, licenciado Mario G. Rebolledo, licenciado Ernesto Aguilar Alvarez, licenciado Abel Huitrón y A. y licenciado Ezequiel Burguete Farrera.
Segunda Sala Materia Administrativa. - Presidente: licenciado Carlos del Río Rodríguez, licenciado Antonio Rocha Cordero, licenciado Jorge Iñárritu, licenciado Pedro Guerrero Martínez y licenciado Alberto Jiménez Castro.
Tercera Sala Materia Civil. - Presidente: licenciado David Franco Rodríguez, licenciado Enrique Martínez Ulloa, licenciado J. Ramón Palacios Vargas y licenciado Rafael Rojina Villegas.
Cuarta Sala Materia de Trabajo. - Presidente: licenciado Ramón Canedo Aldrete, licenciado Jorge Saracho Alvarez, licenciada Ma. Cristina Salmorán de Tamayo, licenciado Salvador Mondragón Guerra, licenciado Alfonso López Aparicio y licenciada Livier Ayala Manzano.
Sala Auxiliar: licenciado Arturo Serrano Robles, licenciado Raúl Cuevas Mantecón, licenciado Agustín Téllez Cruces y licenciado Fernando Castellanos Tena.
Magistrados de la Suprema Corte.
Tribunal Colegiado en Materia Penal.- Presidente: licenciado Víctor Manuel Franco, licenciado Aulo Gelio Lara Erosa y licenciado Francisco Pavón Vasconcelos.
Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa. - Presidente: licenciado Abelardo Vázquez Cruz, licenciado Jesús Ortega Calderón y licenciado Guillermo Guzmán Orozco.
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa. - Presidente: licenciado Manuel Castro Reyes, licenciado Jesús Toral Moreno y licenciado Juan Gómez Díaz.
Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa. - Presidente: licenciado Angel Suárez Torres, licenciado Felipe López Contreras y licenciado Gilberto Lévania Palma.
Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil: licenciado Ernesto Díaz Infante, licenciado Antonio Vázquez Contreras y licenciada Luz Ma. Perdomo. J.
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil.- Presidente: licenciado Gustavo Rodríguez Berganzo, licenciado Edmundo Elorduy Delgado y licenciado Efraín Ángeles Sentíes.
Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo.- Presidente: licenciado Jorge Enrique Mota Aguirre, licenciado José Martínez Delgado y licenciado Rafael Pérez Miravete.
Magistrados de los Tribunales Unitarios.- Primer Tribunal Unitario del Primer Circuito: licenciado Roberto A. Hoyo Hernández.
Segundo Tribunal Unitario del Primer Circuito: licenciado Santiago Rodríguez Roldán.
Jueces de Distrito: licenciado Ignacio Patlán Romero, licenciado José Joaquín Herrera Z., licenciado Rubén Montes de Oca, licenciado Raúl Murillo Delgado, licenciado Genaro Góngora Pimentel, licenciado Carlos de Silva, licenciado Hugo Chapital, licenciado Juan Díaz Romero, licenciado Rafael García Valle y licenciado Antonio Marmolejo L.
Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal. - Presidente: licenciado Saturnino Agüero Aguirre.
Primera Sala: doctor Abelardo Rojas Roldán, licenciada María Guadalupe Aguirre Soria licenciado Fernando Suárez del Solar.
Segunda Sala: licenciado Moisés Martínez y Alfonso, licenciado Manuel Pedroza Cummings y licenciado Ramiro González Casales.
Tercera Sala: licenciado José Casahonda Castillo, licenciado Jorge Pulido Aguilar y licenciado Armando Vázquez Galván.
Invitados: licenciado Andrés Melo Abarrategui, Presidente de la Liga de Economistas Revolucionarios de la República Mexicana, A. C., licenciado Carlos Bermúdez Limón, Presidente de la Liga de Economistas Revolucionarios de la República Mexicana, A. C., licenciado Enrique de Gortari Pérez, Presidente del Consejo Nacional de Agrupaciones de Veteranos de la Revolución como Servidores del Estado, C. Raúl Lemus García, Presidente del Foro de México Colegiado de Abogados, licenciado Francisco Javier Gaxiola, Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, C. P. Miguel Márquez Verdugo, Director del Instituto Mexicano de Estudios Sociopolíticos y Económicos, licenciado Francisco Reyes Retana, Presidente de Plataforma de Profesionales Mexicanos, A. C., licenciada Guadalupe Rivera Marín, Directora General de Programación y Estudios Económicos del Departamento del Distrito Federal, licenciada Griselda Alvarez, Presidenta del Comité Nacional de Bienestar Social y Jefe de Servicios de Prestaciones del IMSS, licenciado Samuel García Cuéllar, Presidente de la Barra de Abogados Colegio Nacional de Abogados, doctor Jorge Mario Magallón Ibarra, Presidente Abogados Revolucionarios de México, A. C., licenciado Bernardo Gómez Vega, Presidente Asociación Nacional de Abogados de Empresas, licenciado Agustín García López, Presidente Asociación Nacional de Abogados de México.
Magistrados del Tribunal Fiscal de la Federación (Varsovia No. 9).
Presidente: licenciado Atanasio González Martínez.
Primera Sala: licenciado Edmundo Salinas Quinard, licenciado Mariano Azuela Güitrón y licenciado Guillermo Olguín Hermida.
Segunda Sala: licenciado Juan Manuel Terán Contreras, licenciado Lauro Pallares Carrasquedo y licenciado José Antonio Quintero Becerra.
Tercera Sala: licenciada Gabriela Arévalo de Velasco, licenciado Jaime Cadena Rojo y licenciado J. Eucario Lazcano López.
Cuarta Sala: licenciado Alejandro Boeta Vega, licenciado Daniel Pérez Arce y licenciado José Inocente Lugo Lagunos.
Quinta Sala: licenciado Daniel Mora Fernández, licenciada Elvia Yolanda Martagón y Magallón y licenciado Leopoldo Rolando Arreola Ortiz.
Sexta Sala: licenciada Gloria Sánchez Hidalgo Bastidas, licenciado Mario Cordera Pastor y licenciado Eugenio Arriaga Mayes.
Séptima Sala: licenciado Abelardo Covarrubias de la Fuente, licenciado Edmundo Plascencia Gutiérrez y licenciado Francisco Ponce Gómez.
Magistrados del H. Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal: licenciado Raymundo Barragán Ramírez, licenciado Alfredo Beltrán Arreola, licenciado Ignacio Calderón Alvarez, licenciado Salvador Castañeda del Villar, licenciado Eugenio Hnidey Serna, licenciado
José Sánchez Cabrera, licenciado José Alfonso Everardo Alvarez, licenciado Andrés Iturbide Valdez, licenciado Roberto Galeano Pérez, licenciado René González de la Vega, licenciado Francisco Paniagua Chávez, licenciado Ernesto Hernández Pérez, licenciada Gloria León Orantes, licenciado Francisco Rivera Cambas, licenciado Salvador Martínez Rojas, licenciado Eduardo Urzaiz Jiménez, licenciado Rafael Ojeda Guerra, licenciado Javier Ordóñez Farrera, licenciado Tito Ortega Sánchez, licenciado Enrique Navarro Sánchez, licenciado Alberto Sánchez Cortés, licenciada Martha Herrerías de Navarro, licenciado Francisco Miranda Calderón, licenciado Paulino Humberto Valencia Solis y licencia de Jorge Rodríguez, y licenciado Rogelio Toledo Orozco, licenciado Enrique Ríos Hidalgo, licenciado Eduardo Neri Acevedo, licenciada Victoria Adato Vda. de Ibarra, licenciada Eva Castañeda de Zambrana, licenciado Iván Lagunes Pérez y licenciada Hilda Correo Icaza.
Supernumerarios: licenciado Raúl Navarro García, licenciado Santiago Baños Cuevas y licenciada Victoria Morales de García Sáenz.
BIENVENIDA
El C. Presidente: Honorable Asamblea, señores representantes del Poder Judicial de la Federación y del señor Presidente de la República; distinguidos invitados.
En primer término una respetuosa excusa por el retardo con que iniciamos esta sesión solemne; habíamos pedido al señor Presidente de la República fuera muy gentil en recibir a un grupo de legisladores que en misión de trabajo habrán de abandonar el día de hoy el país. El con un gran espíritu republicano determinó la audiencia para el transcurso de las primeras horas del día de hoy.
Presentada esta excusa, muy respetuosamente, pero antes me es muy grato en nombre de esta Corporación Legislativa manifestar:
Esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión se reúne hoy para celebrar una Sesión Solemne plenamente justificada: conmemorar el sesquicentenario de la fundación de nuestro máximo tribunal jurisdiccional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Producto directo y genuino de la Constitución de 1824 que estructuró a México como República Democrática, representativa y federal la Suprema Corte ha sido desde su nacimiento uno de los baluartes de nuestra vida institucional y de nuestros esfuerzos colectivos por vivir permanentemente al amparo de la razón y del Derecho.
Dos grandes revoluciones, la de Ayutla y la de 1910, culminaron con las Leyes Supremas de 1857 y 1917, ambas ratificaron la decisión fundamental de nuestro pueblo para hacer del federalismo su sistema político; ambas, por lo mismo, ratificaron la existencia y el funcionamiento de la Suprema Corte como institución insustituible para velar por la constitucionalidad y por la aplicación puntual y justa de nuestro orden legal.
Al recibir en este recinto de la representación popular a los señores ministros de la Corte, encabezados por su Presidente, licenciado don Euquerio Guerrero, los saludamos con sincera cordialidad y genuino respeto, convencidos de que cada uno de ellos se esfuerza por cumplir su elevada misión con sobriedad republicana, patriotismo militantes y limpio espíritu de servicio público. (Aplausos.)
Al señor licenciado Moya Palencia, representante del señor Presidente de la República, la expresión de nuestro reconocimiento por el honor de su presencia en este recinto. A todos nuestros invitados, bienvenidos. (Aplausos.)
Señores diputados y señores senadores, en la sesión anterior se designó al C. Diputado Carlos Madrazo Pintado y al C. senador José Rivera Pérez Campos, como oradores oficiales para esta sesión solemne. En consecuencia, la Presidencia concede el uso de la palabra al C. diputado Carlos Madrazo y lo invita a pasar a la tribuna.
DISCURSOS
El C. diputado Carlos A. Madrazo: Señor Presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, señor Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señor licenciado Mario Moya Palencia, representante del señor Presidente de la República, señores Ministros, Jueces de Distrito, señor Procurador General de Justicia de la República, señor Presidente de la Gran Comisión de la Cámara de Diputado, señores Presidentes, Magistrados de los Tribunales Superior de Justicia del Distrito Federal, Fiscal de la Federación, de lo Contencioso Administrativo, señores Legisladores, señores representantes de Asociaciones de Abogados, señoras y señores:
Refiere Anatole France, una pequeña historia que se desarrolla en la vieja Galia.
Vivía en una casa lejana un gigantesco hombre. Una noche recibe la súplica de un niño a fin de que lo lleve a través del río. El buen gigante toma serenamente la fácil carga. Pero al atravesar el río ella se hizo cada vez más pesada en sus hombros y ya cree tener que sucumbir bajo el creciente peso, cuando realiza un esfuerzo supremo. Y al alba tendido, exhausto en la orilla, reconoce el gigante que había llevado en sus hombros el sentido del mundo.
Esa es la historia de la Suprema Corte. Esa es la historia toda de México. Ese es el esfuerzo supremo que nos ha llevado a la orilla, a contemplar la alborada de un mundo nuevo, más promisorio.
Nuestra historia se encuentra plena de hermosos ejemplos, en donde se trasluce la tradicional valentía mexicana, y la intensidad con que nuestros prohombres han dedicado su vida a obtener mejores horizontes.
Un pueblo se conforma, no nada más por un conjunto de hombres y por un espacio geográfico delimitado, sino además por un cúmulo de ideas y sufrimientos comunes, y
por la lucha continua por alcanzar metas que en conjunto superen a una Nación.
El hombre es el único fruto de la naturaleza que madura con los golpes, el único que templa su carácter con el sacrificio y lo acera con los embates del destino. No hay nada superior ni en la literatura ni en la historia de la lucha del hombre contra la naturaleza, a su deseo innato de mantener nuevo el ánimo para alcanzar las cimas de inmortalidad. Pero el hombre en la historia, no tiene más que una estatura: aquella que le brindan las ideas que defiende.
El hombre cabal, en sus esfuerzos y en sus angustias creativas, huye del ejemplo del esclavo de la fábula que cavaba una fosa profunda para sepultar en ella su talento.
Es el año de 1824 el receptáculo de las ideas visionarias de los juristas, que emergen desde la Independencia. En marzo de 1825 se instala la Suprema Corte de justicia, y en febrero de 1826 se promulga la Ley que establece las bases de la organización de la Corte.
Nadie ignora las marchas y contramarchas que tuvo que dar este naciente Poder Judicial para mantener su decoro, su limpieza, y su equidad. Fue atacado por el Supremo Poder Conservador en las Siete Leyes Fundamentales expedidas en 1836; y también sus ministros, por la limpieza de las ideas que defendían y por la honestidad de los principios por Gómez Farías, considerando que eran desafectos al orden vigente.
Maltrecho quedó el Poder judicial y reprimido en su efectividad, porque establecían las Siete Leyes del Supremo Poder Conservador, mecanismos insuperables que hacían de la Corte un instrumento al servicio del dictador en turno. Las Siete Leyes Constitucionales otorgaban facultades al Poder Conservador como la de poner Presidentes, suspender congresos, anular leyes y dictar sentencias, arrogándose una de las facultades más importantes, que consistía en poder declarar, excitado por otros poderes, la constitucionalidad de una Ley.
Dejó en consecuencia subordinada a la Suprema Corte de Justicia a este gran poder, y como únicas atribuciones la de conocer los negocios civiles y causas criminales menores.
Se hace necesaria una verdadera revolución intelectual, un empuje continuo de las ideas humanitarias y progresistas de los pensadores de la época; para ir rescatando poco a poco la pureza legítima del poder judicial, limpiándolo de las influencias de los demás poderes, para lograr que en esa forma fuera más clara la administración de justicia, más efectiva y desde luego más justa.
En 1842 se distingue Mariano Otero como autor de diversos proyectos, que buscaban lograr una organización más sensata del poder judicial. Buscó Otero todos los elementos indispensables para asegurar la autoridad de independencia, de la Suprema Corte de Justicia, Escribía en aquella época Otero: "... que la amplitud y la respetabilidad del poder judicial era el más seguro signo de la libertad de un pueblo y que por eso no había vacilado en proponer al Congreso que se elevara a grandes alturas, el poder judicial de la Federación, dándole el derecho de proteger a todos los habitantes de la República en el goce de sus derechos, contra todos los atentados del Ejecutivo o del Legislativo, la de los Estados o de la Unión..."
El Constituyente de 1856-1857 determina que la función específica de la Suprema Corte de Justicia es mantener la concordia entre los poderes y salvar el derecho. Otorga a la Corte esta función para que sea intérprete y que diga la última palabra en todas las cuestiones judiciales. Se convierte en el escudo de los derechos individuales, en el poder equilibrante y limitador de los poderes constituidos a decir de don Emilio Rabasa.
La vieja ambición de los mexicanos de vivir dentro del derecho, con normas buenas y justas que regulen la vida cotidiana, y que sean veneros inagotables del bienestar del pueblo, buscó como forma ideal para obtener una colaboración armoniosa de los tres poderes, que virtualmente rigieron desde los primeros momentos de la vida constitucional del país, la división de funciones.
Todas las ideas convergían en buscar la manera de lograr la convivencia armoniosa entre el ejercicio de los mismos, en beneficio y garantía de las libertades ciudadanas.
Es así como la Corte se constituye en baluarte de esa división, de ese equilibrio entre los poderes, de ese control de la legitimidad en su ejercicio. Se convierte la Corte en un equilibrador de los otros poderes existentes; pero todos los documentos constitucionales se cuidaron de no convertirlo en un poder supremo, que rompería el equilibrio entre ellos; equilibrio que no sólo es el cimiento de nuestra vida institucional, sino también la garantía del libre ejercicio de las libertades a que tiene derecho cualquier hombre.
Aparece así esta gran facultad que la Corte ha mantenido hasta nuestros días: equilibradora, dentro de su jurisdicción, en el ejercicio de las funciones de los poderes que conforman la vida pública de nuestra nación.
Corría el año de 1857 y para nadie era un secreto que el Presidente Comonfort se manifestaba inacorde con la constitución, y que sabiendo que las iniciativas de reforma tenían dilatados trámites prescindió de las vías legales y organizó una basta conspiración militar; que tenía por base la adhesión de la guarnición de México y sobre todo de la brigada Zuloaga. Ya contaba con los gobernadores de Puebla, San Luis, Veracruz, y sería contar con Doblado y otros devotísimos de él.
Juárez desempeñaba en esta época, en su carácter de Presidente de la Suprema Corte la Vicepresidencia de la República.
El golpe de Estado pronunciado por Payno y Zuloaga al que se adhirió Comonfort confina en prisión a Juárez. Pero arrepentido Comonfort el mismo día de su confinamiento lo libera.
Juárez no podía reconocerlo como Presidente y en su calidad de Presidente de la Suprema Corte era el legítimo representante de la Nación y defensor virtual de sus instituciones, de la Constitución y en general de la paz pública. Se abrían las fauces de la tremenda guerra civil de tres años.
Juárez lleva en sí el secreto del éxito porque cumple con los deberes ordinarios de una manera extraordinaria. Siendo un hombre extremadamente cabal entiende que la verdadera libertad consiste en hallar el camino recto y caminar por él sin vacilaciones. Entiende que los hombres son esclavos cuando se ponen al servicio de malas empresas.
Las grandes almas, dice Rolland, son como las cimas altas. Las azota el vendabal, las cubren las nubes, pero se respira ahí más fuerte que en parte alguna. El aire tiene ahí una pureza que limpia el corazón de sus manchas y cuando se disipan las nubes, se mira sobre el género humano.
La vida no es quietud, sino la lucha contra la quietud, es la creación, el eterno empuje contra la gravitación del pasado.
Contaba Juárez, en su carácter de Jefe de Estado con dos armas que en ese momento parecían ineficaces, pero que en manos del caudillo, con el vigor y la entereza que poso para llevar a cabo las empresas nacionales más dignas, se convirtieron en las fuerzas poderosas que restituirían la vida institucional del país: el derecho y la razón. Pero él sabía que la política es toda voluntad y la voluntad es todo fin.
Sin más que estas armas, tenía ante sí la magna tarea de pacificar el país y encauzar su agitada vida institucional.
En este maravilloso ejemplo de valentía y de entrega total al servicio de la patria, surge otra facultad tan importante de la Suprema Corte de Justicia; no nada más ser equilibradora del ejercicio de los poderes públicos, sino además la vigilante eficaz y segura del buen camino de las instituciones públicas.
El pueblo de México se forja en el derecho, cree en el derecho, confía en la justicia y en el ejercicio del derecho. El pueblo de México tiene fe en las normas justas en las que vive el país. Nuestro país pacifista cree en aquella sentencia judía que más vale una onza de paz que cien quintales de victorias.
Nunca como ahora nuestro país progresa revolucionariamente dentro de la legalidad, que supone el derecho emanado de nuestra Revolución.
Nunca como ahora, nuestras instituciones jurídicas, que han preservado al pueblo en el goce de sus derechos, no deben ser resquebrajadas o atacadas demagógicamente, sino fortalecidas en su esencia, porque en su conjunto constituyen la atmósfera fresca que confiere la seguridad, y la tranquilidad que se necesita para seguir progresando revolucionariamente, dentro del derecho emanado de la Revolución, pero en sana paz y concordia.
A través de los años de Gobierno de los regímenes revolucionarios, se crean múltiples tribunales de justicia administrativa, para que ninguna queja o violación quede falta de audiencia y se restituya en el uso del derecho violado.
Se transforma nuestra sociedad no solamente por el impulso de estos regímenes, sino que el poder judicial camina paralelamente en nuestra transformación social y económica, como órgano vigilante del libre ejercicio y de la justicia administrativa de los derechos ciudadanos.
Indiscutible es afirmar que como un organismo integrado por hombres, pueden llegar a adolecer de defectos humanos; mas importantes que sus defectos son los fines que se obtienen a pesar de los defectos. Pero nunca podemos dar la razón a sus detractores en que las deficiencias de tipo humano, lo hagan nugatorio. Todo lo contrario; se hace necesario quizá, revisar su composición interna, o tal vez sus leyes orgánicas para renovarlas o mejorarlas, pero nunca aceptar que es un poder sectorial o ineficaz, sino sostener que es un poder que contribuye a la salvaguarda de la paz, de la justicia y bienestar social.
Ahora más que nunca, nuestra sociedad vive en el respeto absoluto a la Constitución y al régimen jurídico que de ella emanan; esta ha sido la divisa del Presidente Echeverría. Echeverría busca continuamente el remozamiento de nuestras instituciones y de nuestras empresas, en una búsqueda permanente de la perfectibilidad, porque él cree que es necesario cambiar nuestras mentalidades y cambiar nuestras instituciones, amoldándolas al innegable cambio social y el cambio económico que vive nuestro mundo. Cree con Ortega y Gasset, que la revolución no es una barricada, sino un estado del espíritu.
Pero confía Echeverría en el poder transformador de la norma jurídica, en la que el pueblo tiene confianza, y confía el Presidente también en el Poder judicial que es el vigilante del ejercicio de nuestros derechos.
No obstante la contradicción permanente y la crítica insana, que a nuestro juicio se ha hecho cíclica -porque aparece con más intensidad cuando el país más necesita de la concordia de todos nuestros grupos sociales- manejada por pequeños grupos que buscan con esa estrategia ser mecanismos de presión para sus personalísimos intereses; vamos marchando rumbo al progreso, cambiando lo que hay que cambiar, modificando nuevos órdenes válidos para el momento actual, pero conservando la esencia de nuestras instituciones revolucionarias.
Resulta claro que nuestra marcha se hace acorde a los intereses económicos y espirituales de nuestro pueblo, y resulta claro, que por más presiones que se ejerzan no puede variarse el camino, para defender intereses egoístas marcadamente sectoriales.
Es imposible atender a quienes pretenden torcer el camino con la pretensión de que se establezca el criterio que los llene de beneficios y privilegios.
En política una leve chispa provoca un incendio, pero sólo cuando encuentra abundancia de materias primas. Debemos recordarles que las ideas sin conducta son inoperantes y la conducta sin ideas es intranscendente. (Aplausos.)
El C. Presidente: Tiene la palabra el senador José Rivera Pérez Campos.
El C. senador José Rivera Pérez Campos: Señor Presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, señor Presidente, señores Ministros, señores Jueces de Circuito, Jueces de Distrito, integrantes del Poder Judicial de la Federación, señor licenciado Mario Moya Palencia, representante personal del señor Presidente de la República; señor Procurador General de Justicia de la República; señor Presidente de la Gran Comisión de la H. Cámara de Diputados; señores Presidentes Magistrados de los Tribunales Superior de Justicia del Distrito Federal, Fiscal de la Federación, de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal; señores diputados y senadores; honorables representantes de Asociaciones de Abogados y de diversos círculos culturales que nos honran con su asistencia; respetable auditorio:
Hace ciento cincuenta años inició sus funciones la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ha sido y es el máximo tribunal en nuestra patria; pero restringida esta expresión a los negocios de su competencia, pues desde luego es de aclararse que máximo no significa el último tribunal que deba conocer de toda clase de controversias, aunque ciertamente las de sus competencia son las más importantes que pueden presentarse para ser resueltas.
Mas, concomitantemente y al lado de su carácter de tribunal, la Suprema Corte encabeza y es juntamente con los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito, depositaria del Poder Judicial, en que, con el Legislativo y el Ejecutivo, se divide, para su ejercicio, el Supremo Poder de la Federación. Y este Poder no es otro que el soberano que según nuestros preceptos constitucionales reside esencial y originariamente en el pueblo.
Por esto la administración de la justicia, es decir, la derimisión de las controversias, es mucho más que la resultante de un proceso racional o de una polémica resuelta según principios lógicos: es una decisión del poder público y por ello está revestida de imperio y goza de fuerza coercitiva. No titubeamos en afirmar, por tanto, que hacer justicia es una de las formas en que se hace política, entendida ésta en su amplitud de "actividad encaminada al mayor bien de la comunidad"; definición que se vierte en la fórmula de protesta al asumir sus cargos los funcionarios públicos: "mirar en todo por el bien y la prosperidad de la unión".
Y porque es propósito común a todos los poderes públicos mirar en todo por el bien y la prosperidad de la Unión, al coincidir en la finalidad de sus esfuerzos y actividades, sobreviene una necesaria y natural solidaridad entre ellos; pero en ningún momento olvidemos que la solidaridad, porque se da entre iguales, nunca puede significar subordinación ni sumisión. Explican estas reflexiones que unos a otros los poderes públicos se brinden apoyo mutuo para el mejor cumplimiento de sus correspondientes deberes específicos; que unos y otros observen y vigilen entre sí el desempeño de las funciones de la respectiva incumbencia; que como participantes en la función única y suprema del Gobierno de la República, el fiel y acertado desempeño de un poder redunde en beneficio y satisfacción de los otros, así como éstos sufren bochorno y se ven lesionados si el poder del que se trate se ejerce ineficaz, torpe o deslealmente. Pero al mismo tiempo explican que, en cumplimiento de previsiones legales, ningún poder quiera ni deba ceder a favor de otro, atribuciones que le son propias y que cada cual esté alerta a ejercer las que le competan para obligar y circunscribir a los otros a los límites de las normas constitucionales.
En estas formas se practica entre nosotros la doctrina de la división de poderes, que acoge como principio rector el artículo 49 constitucional y que, iniciada por Monstesquieu, se ha sustentado por todos los regímenes que aspiran a garantizar el goce de libertadores y la supresión del riesgo, porque conduce a la tiranía, de que un solo individuo, o cuerpo, u órgano gubernamental, asuma todos los poderes públicos. Por eso se describió la doctrina, breve y acertadamente, como un sistema de equilibrio de fuerzas, de pesos y contrapesos. Y subrayamos: de equilibrio; no de anulación de fuerzas.
Quedan dichas, por tanto, las motivaciones de esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, para celebrar esta Sesión Solemne de homenaje a la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sesquicentenario de la iniciación de su funcionamiento. Expuso el diputado Rogelio García González al proponer esta celebración: "Sin la noble función que realiza, sería imposible el desarrollo social, económico y político de nuestro país, ya que el Poder Judicial es el mejor instrumento para la convivencia humana y la finalidad suprema que persigue al aplicar el derecho, es la paz, el orden y la tranquilidad social como sustituto bondadoso de la justicia. Sin estos valores no es posible la libertad, ni el progreso, ni el desarrollo de nuestro país. La Comisión Permanente es el órgano representativo del Poder Legislativo durante el período de receso. Por esto mismo, como uno de los tres Poderes Federales, debemos sumarnos a esta importante conmemoración".
La proposición del diputado García González fue aprobada de inmediato y por unanimidad de votos; pues, en efecto, la Comisión Permanente palpó que era un apropiado acto político, fundado en el deber ético del reconocimiento, hacer pública su solidaridad como órgano del Poder Legislativo, con el Poder Judicial, rindiendo su homenaje al órgano que lo encabeza, la honorable Suprema Corte de justicia. Y este acto de solidaridad y apoyo
político con plena deliberación lo lleva a cabo la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, para significar que advierte con satisfacción que la Suprema Corte cumple sus atribuciones como "actividad encaminada al mayor bien de la comunidad"; que ha mirado en todo por el bien y la prosperidad de la Unión" y que, en consecuencia, en los labios de este órgano representativo no hay la demanda de incumplimiento que prevé la fórmula constitucional de protesta y que pudiera presentarle la nación.
Lo expresado no implica desconocimiento ni menosprecio, sin embargo, de las voces inconformes de personas y aun de sectores sociales. Son voces que han llegado a las Cámaras Legislativas y que se han escuchado en el Palacio de la Justicia. De ellas descontamos lo que a veces suelen contener de denuesto o invectiva, que cernimos para sólo recoger lo sustancial. Y lo sustancial es la mera diferencia de criterio, que a nadie debe sorprender que exista. Se da inclusive entre los integrantes de un cuerpo colegiado; pues de sobra es sabido que abundan las sentencias aprobadas por mayoría y no por unanimidad de votos. Por eso a nadie puede extrañar que tal diferencia de criterio llegue a existir entre la pretensión de una de las partes y lo resuelto en el fallo. También hemos de descontar aquellas voces que se levantan como propias de grupos de presión. Afortunadamente y debe decirse en elogio de la Suprema Corte de Justicia, los supremos jueces de la nación gozan de aquella virtud de fortaleza que el Espejo de Suabia reclamaba como indispensable en el juzgador y gracias a la cual no ceden ante los intereses parciales, ya que sólo deben resolver conforme a los intereses generales. Y hablamos con elogio de la fortaleza, porque no sólo se corrompe al juez con el soborno y el halago, sino también con la amenaza, el denuesto y la calumnia, y son héroes de la administración de justicia quienes soportan sobrellevar molestos y aun dolorosos sambenitos, a cambio de que su conciencia los limpie de culpa.
Del comentario de la actuación de la Suprema Corte de Justicia sólo reprobamos, cuando se comete, el denuesto o la denigración de nuestro alto tribunal, por cuanto significa falta de respeto y siembra de desconfianza hacia la institución que representa la imparcialidad en la definición de derechos y obligaciones y la igualdad en el trato a los ciudadanos. Mas en modo alguno puede ser reprochable que se le someta a crítica del pueblo. Todo lo contrario. No sólo porque se ha de reconocer al pueblo el derecho democrático de juzgar a sus jueces y a todos sus gobernantes; sino porque los criterios de censura justificada llevan a la enmienda de posibles errores y, en consecuencia, coadyuvan a una mejor administración de justicia.
Y decimos que el pueblo tiene el derecho de juzgar a sus jueces, así como a todos sus gobernantes, porque recordamos que la potestad de que se hallan investidos dimana esencial y originariamente del propio pueblo y tiene por justificación haberse instituido en beneficio de éste; principios de filosofía política que consagra preceptivamente nuestro artículo 39 constitucional. En efecto, porque la potestad es calidad que permanentemente acompaña a su titular, no se agota por investir de ella al representante. Este recibe como en continuo flujo la confianza del pueblo y en continuo reflujo la revierte al pueblo en actos que se ajusten al encargo recibido. Es el momento en que se inicia la formación de la opinión pública sobre el gobernante o el juez, constituyéndose de esa manera el supremo tribunal de la democracia.
Cuando el ciudadano sabe que sus intereses en conflicto con los de otro ciudadano van a ser o ya han sido delimitados por el juez, mediante una resolución firme, inexorable y coactiva; cuando sabe, si ha incurrido en delito, que un juez ha dictado en su contra una sanción que ha de cumplirse indefectiblemente, así sea prisión por breve tiempo y hasta excepcionalmente sea pérdida de la vida, es natural que se pregunte: ¿quién dio tan alta potestad, y si ésta se está ejerciendo dentro de las normas que estableció quien la confiriera?
Coloca Gustavo Radhbruch como epígrafe a su capítulo sobre la pena de muerte, esta dramática interrogante de Margarita en la cárcel: "¿Quién te ha dado, verdugo, ese poder sobre mí?" Haciendo un parangón, imagino otras interrogantes también dramáticas en labios del ciudadano que se considera víctima de una sentencia injusta:" Quién te ha dado, ¡oh juez!, ¡oh Suprema Corte de Justicia!, esa potestad sobre mí?" Imagino a continuación la respuesta exacta: "Tú mismo, porque me la dio el pueblo del que formas parte". Y el ciudadano sentirá en su conciencia que se debe al pueblo del que forma parte; pero aun sometiéndose, su razón querellará si el juez o la Suprema Corte dictaron su sentencia dentro de las reglas que los invistieron de autoridad y podrá publicar su opinión, y la multitud de las opiniones individuales podrán forman una opinión pública.
Esta, la opinión pública es la que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión considera haber recogido y por ello la exalta como la opinión más generalizada: el pueblo de México respeta la alta dignidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En ella deposita su confianza de que en México privará el imperio del Derecho. Ella contribuye a fortalecer su fe en la democracia y en las instituciones que nos rigen. Ella, la Suprema Corte de Justicia, renueva su secular vocación por la Justicia.
Nos ha parecido no sólo justa, sino también conveniente esta exaltación, porque aspira a fortalecer la conciencia política sobre las instituciones nacionales, pues ellas estructuran nuestra organización social, unifican las energías del pueblo y lo conducen a la realización de los ideales que se propone. Por su naturaleza, las actividades de la administración de justicia operan esencialmente en el mundo de los conceptos, sus construcciones son razonamientos, penetran al campo de la conciencia
y norman la conducta del hombre. Nada de esto tiene expresión material. Para encontrar sus valores debemos movernos en la atmósfera inconsútil de las ideas. Para descubrir su influencia hemos de analizar manifestaciones de cultura. Carecen, pues, de la espectacularidad de otras actividades de la administración pública, corren el riesgo de pasar inadvertidas para el grueso de los espectadores, cuando no ignoradas, y sin embargo, caracterizan espiritualmente a un pueblo.
El derecho postula los valores que se han de respetar dentro de la comunidad humana y la administración de justicia conserva coactivamente ese respeto, con lo cual más se asientan y afirman en la conciencia del pueblo, y más se definen los perfiles de la sociedad, y más se acentúan los rasgos de la nacionalidad. Medítese un momento en los valores que consagra el capítulo de las garantías individuales -que incluye preciadas garantías sociales- y que tiene sus antecedentes en todo el movimiento constitucional del siglo XIX, y no se podrá reprimir la resultante admiración al comprobar que nuestra patria se caracteriza por su devoción a las libertades que dignifican la esencia de la persona humana. Desde la inicial prohibición de la esclavitud que recuerda el Bando de 6 de diciembre de 1810 del padre Hidalgo, hasta la previsión del caso excepcional de suspensión de las garantías, pasando por el reconocimiento a los derechos de igualdad, de proceso legal, de oposición a la arbitrariedad, de defensa y trato humano en caso de delito, de educación y de trabajo y apropiación de sus frutos, de tránsito, asociación, derecho a la vida, a la propiedad, a la seguridad, más las preciadísimas libertades de pensamiento, de credo religioso y de comunicación.
Por su veneración a estas libertades y por su esforzada práctica se caracteriza espiritualmente el pueblo mexicano, en tanto que la tutela de las mismas, la definición de sus límites, su defensa y protección, se lleva a cabo sin espectacularidad alguna, pero con tesón y constancia a través de obscuras diligencias curialescas del Poder Judicial, encabezado por la Suprema Corte; pero es allí, mediante la actuación curialesca, donde pacientemente y día a día se va consolidando la conciencia de estos altos valores y de su actividad conformadora de la comunidad humana en que vivimos. ¡Qué justificadamente pudo calificar Henry Sidwick, citado por Harold Laski, "la influencia del poder judicial en la vida política es más profunda que sobresaliente".
Tal como podemos advertirla entre nosotros, extraordinariamente profunda, a través del juicio de amparo, el más trascendental de los campos competenciales de la Suprema Corte. Si los británicos pudieron proclamar que las grandes conquistas de la libertad son consecuencia del Habeas Corpus, con mayor razón podemos decir en México que el goce de las grandes libertades es consecuencia del juicio de amparo. Así lo decimos, sin querer ser absolutos en la expresión; pero reconociendo que es el juicio de amparo el instrumento inteligentemente creado dentro de nuestras instituciones para que, movidas las judiciales por el particular interesado, sea por el imperio de la ley que se le proteja contra la violación de sus derechos. Por ello, obviamente, es más profunda la influencia del poder judicial en nuestra vida política a partir de la instauración del juicio de amparo, lo cual, sin embargo, no resta importancia a la que ha tenido la Suprema Corte desde su creación hace siglo y medio. Desde entonces goza de atribuciones que fueron señaladas por el artículo 137 de la Constitución de 1824 y entre ellas destacan algunas que deseamos mencionar: conocer de controvercias entre dos o más Estados de la Federación; aunque dicho en otras palabras, conocer de los negocios en que la Federación sea parte; dirimir competencias entre tribunales de la Federación y de los Estados y entre los de uno y otro Estado y conocer en la instancia prevenida por la ley, de los casos de infracción a la Constitución y leyes federales, así como de diversos tipos de negocios civiles. Al resultar, pues, el supremo órgano dirimente de disputar entre los Estados y entre los tribunales de éstos, conviene destacar la influencia de la Suprema Corte en la conservación y fortalecimiento de los derechos y obligaciones emanados del Pacto Federal.
Pero permítasenos insistir en que es a través del juicio de amparo como más ha podido influir la Suprema Corte y en general el Poder Judicial de la Federación, en la vida política de México, al haber ido depositando en cada peticionario que justificó su demanda de protección de la justicia, puntos de convicción sobre que el catálogo de las garantías individuales goza de vigencia palpitante, que los tribunales están prontos a ventilar las querellas, que no influye la jerarquía de las autoridades para detener su acto violatorio; en suma, que auténticamente se quiere y se puede vivir dentro de un régimen de derecho y que tal régimen es de respeto a la dignidad del ser humano y de goce de libertades fundamentales. De ahí se deriva la confianza del pueblo de México en lo que orgullosamente puede llamar: Su juicio de amparo; SU Poder Judicial Federal; SU Suprema Corte de Justicia. (Aplausos.)
Señor Presidente y señores Ministros de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación: vosotros a diario renováis la protesta rendida al asumir vuestros cargos: desempeñarlos leal y patrióticamente, guardar y hacer guardar nuestra Constitución y las leyes que de ella emanan, y mirar en todo por el bien y la prosperidad de la Unión. Entonces también a diario podéis escuchar la voz de vuestra conciencia que os dice, como ahora la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión por este modesto conducto: "¡Habéis cumplido. Nada os demanda la Nación!" (Aplausos.)
El C. Presidente: Honorable Asamblea: el señor Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha pedido, respetuosamente, se le permita hacer uso de la palabra, para corresponder a las expresiones de los dos legisladores que han intervenido en esta Sesión Solemne
y a través de la tribuna de esta Representación Nacional, dirigirse a la nación.
Para tal efecto, se concede el uso de la palabra al señor licenciado Euquerio Guerrero López. (Aplausos.)
El C. licenciado Euquerio Guerrero López: Señor Presidente de la H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión; senador y profesor Enrique Olivares Santana; señor Secretario de Gobernación y representante del señor Presidente de la República, licenciado Mario Moya Palencia; señor diputado y licenciado Carlos Sansores Pérez, Presidente de la Gran Comisión de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; señores Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; señores Procuradores de Justicia General y del Departamento del Distrito Federal; señores invitados de honor; señores Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito; señoras y señores:
"Con gran emoción, quienes integramos el Poder Judicial Federal, hemos recibido la invitación para asistir a esta sesión solemne, organizada para celebrar el Sesquicentenario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en que se advierte como uno de los Tres Poderes, en quienes descansa el Gobierno de México, evidencia la solidaridad republicana y democrática que nos une.
Esta ceremonia tiene, en mi concepto, un profundo significado que arranca desde los orígenes de nuestra vida independiente como Estado Federal y demuestra que sigue teniendo vigencia y el principio de que un gobierno democrático se caracteriza por la pluralidad de órganos constitucionales en el vértice de la estructura gubernamental, por la adopción del principio de la división de poderes y por la representatividad de su gobierno.
El 15 de marzo anterior escuchamos la voz del señor Secretario de Gobernación que, por instrucciones del señor Presidente de la República, nos manifiesta que 'a ciento cincuenta años de haberse instalado la Corte Suprema de Justicia, México se siente orgulloso de su Poder Judicial Federal'. Ahora tiene lugar esta solemne ceremonia, en este recinto en que se escucha y se ha escuchado la cálida palabra patriótica de los representantes populares, que en muchas ocasiones de nuestra historia, han demostrado las razones para aprobar leyes fundamentales del país o han expresado el sentir de su representado: el pueblo de México, sobre asuntos de gran trascendencia para nuestro destino, porque el marco de nuestra vida institucional, tiene que ser el legal, como lo estimara el gran patricio de la reforma, en el manifiesto que lanzara a la Nación desde Guanajuato, el 19 de enero de 1858 cuando sostuvo:
'La voluntad general expresada en la Constitución y en las Leyes que la Nación se ha dado por medio de sus legítimos representantes, es la única regla a que deben sujetarse los mexicanos para labrar su felicidad, a la sombra benéfica de la paz.'
Pues bien, señores, quienes integramos el más alto tribunal del país, agradecemos cumplidamente estas demostraciones y creemos que con ellas se da una lección de civismo ante la faz de la nación.
Cuando se hace referencia al Gobierno, entendemos la corresponsabilidad que nos toca, pues respetuosamente los Tres Poderes Supremos: Legislativo, Ejecutivo y Judicial de sus respectivas esferas de acción, no podemos suponer un alejamiento indiferente de quienes los integramos, ya que en último análisis el poder en su unidad, dimana del pueblo. La autoridad es una característica del Estado. El Estado como está constituido por una comunidad de hombres no es el Gobierno, sino el pueblo organizado. Merced al pueblo, el Gobierno tiene poder y se organiza; por ello, existe el Gobierno que descansa en los Tres organismos de la Unión. El Gobierno solamente es un delegado, un representante del pueblo. Por eso el Gobierno es el pueblo, por el pueblo y para el pueblo.
Considero que en forma periódica, principalmente cuando un pueblo sufre crisis de crecimiento o cuando fenómenos mundiales afectan el diario vivir, es saludable ejecutar actos de solidaridad republicana. Por causas complejas, que no es el momento de analizar, el planeta en que vivimos ha llegado a un momento decisivo, quizá proyectado desde que se inició la revolución industrial y en que, al mismo tiempo que despunta la aurora de una nueva centuria, se avizora un panorama que puede ser tempestuoso si los hombres que estamos conscientes de estos hechos, no tomamos medidas que encaucen nuestro desarrollo.
Por ello las graves preocupaciones en todos los órdenes, tanto en lo internacional, como en lo interno; por ello en el primer caso la abrumadora mayoría de países, dentro de la organización de las Naciones Unidas, aprobó un código de conducta económica, que México tuvo el honor de iniciar. En el campo de la vida interna de cada país, se advierten situaciones sumamente alarmantes, pues tal parece que algunos quisieran sepultar todo nuestro pasado y cubrirlo con una loza impenetrable, para iniciar una nueva forma de vida sin brújula. Con ello se olvidan las grandes lecciones de la historia. Somos herederos de las generaciones que nos antecedieron, desde aquellos hombres primitivos que hicieron los primeros instrumentos de trabajo y que redactaron reglas iniciales de conducta individual y social, hasta los hombres de este siglo XX que conquistan el espacio, superan con la electrónica la velocidad del pensamiento humano y tratan afanosamente de estructurar un código ético que respete lo más importante: la dignidad del ser humano.
Los mexicanos somos herederos en el campo socio - político y jurídico de las grandes obras que modelaron nuestros héroes militares y cívicos y así, a golpes de martillo en el cincel de la figura: patria, hemos creado con grandes sacrificios, que los jóvenes de hoy deben entender, el monumento más valioso para la existencia pacífica en nuestro territorio: la Constitución Política de México.
Ya desde 1795 Paterson nos decía, que la Constitución es la forma de Gobierno, delinease establecen ciertos principios de leyes fundada por la poderosa mano del pueblo, en la cual
mentales. Una rápida ojeada a nuestra vida como nación independiente nos demuestra el ideario de quienes, desde 1810 hasta la fecha, han venido contribuyendo, cada uno en su época, a modelar el cuerpo de leyes constitucionales que hoy nos rigen. ¡Con cuánta sabiduría todos nuestros legisladores constituyentes escogieron la forma de garantizar el equilibrio entre los Poderes de la Unión! ¡Con cuánta sensibilidad recogieron el pensamiento del notable jurista Rejón, para establecer el medio más efectivo de asegurar el respeto de las garantías, individuales y sociales, que consagran en nuestro Código Político!
Los pueblos más rudimentarios como los de cultura más avanzada, requieren constituciones que pongan en equilibrio las dos fuerzas que los rodean: La Libertad y La Autoridad; la primera entendida como la capacidad del hombre para obtener su desarrollo intelectual y material dentro de una sociedad democrática; pero para que tal libertad sea una realidad se requiere de la segunda, o sea de la autoridad misma que delimite la órbita de acción y proteja a cada individuo o a cada grupo social. Si nos olvidamos de la primera, caeríamos en un régimen dictatorial, y si descuidáramos la segunda, el caos y la anarquía harían presa de la colectividad.
Es importante que en la mente de cada mexicano quede bien claro el contenido del espíritu constitucionalista que inspira las garantías individuales y sociales que existen en el propio código supremo. Si son las primeras, entendamos nuestras luchas por la libertad, pues ahí están hechas ley la sangre de Hidalgo, de Morelos, de Juárez, de Madero, de Belisario Domínguez, de Carranza. No podríamos concebir la vida en nuestro amado México, si no tuviéramos libertad de pensar, de expresar nuestro esfuerzo, etc., pero es preciso que destaquemos el extraordinario sentido de los artículos 27 y 123 constitucionales y entonces recordemos las figuras de los Flores Magón, de Zapata y de los constituyentes de 17, dos de los cuales quedan como representativos constituyentes que mucho nos honran (aplausos) , superando las limitaciones del pensamiento jurídico vigente en esa época, dieron al campesino y al obrero, individual o colectivamente organizados, el derecho a disfrutar de las tierras; en el primer caso, o de la fuerza de trabajo reconocida dignamente en el segundo. El texto original de ambos preceptos ha sido objeto de modificaciones, acordes con el desarrollo de nuestra sociedad y el disfrute de la tierra ha quedado garantizado para el ejidatario, para el comunero y para el pequeño propietario. En materia laboral se incorporó a los trabajadores al servicio del Estado, se hizo posible la seguridad social, el reparto de utilidades y la adquisición de viviendas para los trabajadores, quedando además garantizada la estabilidad en el empleo, entre otras de las grandes conquistas sociales.
Al contemplar el conjunto de estas garantías entendemos como México, después del movimiento armado de 1910, se presentó a las miradas de cualquier observador como un país con grandes posibilidades de progreso. Pero ello no hubiera sido posible si no existiera el medio adecuado para asegurar la vigencia de aquellas que es, en su enorme grandiosidad, el juicio de amparo. Surge también el importante papel del Poder Judicial Federal, ya que a él se ha encomendado su manejo.
Cualquier persona habla con familiaridad del amparo; pero muchos desconocen el verdadero sentido de este juicio, que nunca debe servir para frenar el ejercicio legítimo de derechos, que no debe utilizarse como mampara para ocultar al infractor de la ley. Como en todo juicio es fundamental el planteamiento claro de la demanda y de los informes previos y justificados de las autoridades responsables, y sobre todo la aportación de pruebas que deben demostrar al juzgador la legitimidad de las peticiones hechas o de la conducta de las autoridades inculpadas. Si tales presupuestos fallan, aun haciendo uso de la suplencia de la queja, cuando proceda, no es posible culpar al juzgador de no adivinar el fondo justiciero de una demanda.
El juicio de amparo es el medio mejor que ha ideado una pléyade de juristas mexicanos, para mantener el equilibrio de poderes, para conservar la esencia del federalismo y para que los habitantes de nuestro suelo disfruten realmente de los derechos que nuestra Ley Suprema les otorga. Conceder un derecho y no otorgar el medio para protegerlo, sería burlar la esencia de nuestro sistema constitucional y democrático.
Tenemos los mexicanos una Ley Suprema que es ejemplar, aunque siempre susceptible de perfeccionarse, siguiendo los procedimientos que ella misma establece.
Tenemos un medio extraordinario, el juicio de amparo, para preservar las dos fuerzas: libertad y autoridad.
Pensemos ahora que con tales medios existiendo una respetuosa, y digna solidaridad republicana y democrática entre los tres Poderes de la Federación, podemos mirar de frente al sol de la mañana.
Que las generaciones venideras se compenetren de estos postulados para que en el futuro, cuando lleguen a integrar estas cámaras, a ocupar los sitiales del juzgador o a manejar las riendas de la administración pública, tengan bases firmes y bien orientadas. Si los requerimientos de la sociedad futura exigen cambios de métodos, de sistemas o de actitudes, la conjunción constante de voluntades de todos, como ocurre en estos momentos, con nosotros, en materias de gran profundidad e inspirados en nuestra Ley Suprema, lleve a México a la realización de su destino superior. (Aplausos.)
- El C. Presidente de la Comisión Permanente:
Señoras y señores:
Antes de concluir esta sesión deseo dejar constancia, en nombre de todos los integrantes de este órgano constitucional, político y popular, del más amplio reconocimiento al señor
licenciado Mario Moya Palencia, Secretario de Gobernación, quien ha traído hasta este recinto la digna representación del señor Presidente de la República, licenciado Luis Echeverría Alvarez.
Nuestro reconocimiento también para las dignas representaciones de organismos profesionales, culturales, sociales y políticos que han querido sumarse a esta ceremonia para recordar el establecimiento de nuestro tribunal más elevado.
En todo caso esta conmemoración ha estado inspirada en hechos históricos importantes, pero al mismo tiempo en consideraciones actuales y de vigencia indiscutible: la confianza que la nación entera tiene en el imperio del orden jurídico y en el trabajo persistente y lúcido de quienes han recibido la encomienda de ser jueces justos al servicio del pueblo y de la grandeza de nuestra patria. (Aplausos.)
- El mismo C. Presidente: A la Comisión designada de origen para introducir a este Recinto al representante del señor Presidente de la República, licenciado Mario Moya Palencia, al Presidente de la Suprema Corte de Justicia a los señores Procuradores, se servirán acompañarlos hasta las puertas de esta Cámara de Diputados en el momento en que ellos deseen abandonar esta sala; a los demás miembros de la Comisión Permanente se les encarece permanecer en sus sitios para continuar el desahogo de los asuntos en cartera.
ACTA
El C. secretario Rodolfo Echeverría Ruiz: "Acta de la Sesión Solemne de la Comisión Permanente de la XLIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, efectuada el día dieciséis de junio de mil novecientos setenta y cinco.
Presidencia del C. senador Enrique Olivares Santana.
En la ciudad de México, a las once horas y diez minutos del lunes dieciséis de junio de mil novecientos setenta y cinco, se abre la sesión solemne con asistencia de veintisiete ciudadanos legisladores.
La Presidencia expresa a la Asamblea los motivos por los que se efectúa esta sesión y designa una comisión para que introduzcan al salón a los CC. licenciado Euquerio Guerrero López, Presidente de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, licenciado Mario Moya Palencia, que asiste con la representación del C. Presidente de la República y al C. diputado Carlos Sansores Pérez, Presidente de la Gran Comisión de la Cámara de Diputados.
La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, da lectura a los nombres de los invitados de honor que con su presencia darán realce a este acto.
A continuación el C. diputado Carlos A. Madrazo y el senador José Rivera Pérez Campos, hacen uso de la palabra para poner de manifiesto la importancia y trascendencia de la creación de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El C. licenciado Euquerio Guerrero López, Presidente de la H. Suprema Corte, usa de la tribuna para abundar en los conceptos de los oradores y agradecer a nombre de todos los integrantes de ese Alto Tribunal, la celebración de esta ceremonia solemne.
La Presidencia da las gracias a los distinguidos invitados por su presencia y ruega a la Comisión que los introdujo, los acompañe al retirarse del recinto.
Está a discusión el Acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba, los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada.
- El C. Presidente (a las 12:35 horas): Se levanta la sesión solemne para abrir, en su oportunidad, la sesión pública ordinaria.
TAQUIGRAFÍA PARLAMENTARIA Y "DIARIO DE LOS DEBATES"