Legislatura XLIX - Año III - Período Ordinario - Fecha 19751023 - Número de Diario 17
(L49A3P1oN017F19751023.xml)Núm. Diario:17ENCABEZADO
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
XLIX LEGISLATURA
Registrado como artículo de 2a. clase en la Administración Local de Correos, el 21 de septiembre de 1921
AÑO III México, D. F., Jueves 23 de Octubre de 1975 TOMO III. - NÚM. 17
SUMARIO
SUMARIO
Apertura
Orden del Día
Acta de la sesión anterior. Se aprueba
Visita de Parlamentarios y Funcionarios del Gobierno de Costa Rica
La Presidencia informa que se encuentran en el Salón Verde de esta Cámara las personalidades antes mencionadas. Designa una comisión para que los introduzcan al Salón de sesiones. La Secretaría da lectura a la lista de invitados, a continuación el C. Angel Rubio Huerta, a nombre de la Cámara de Diputados, da cordial bienvenida a los distinguidos visitantes. Para agradecer los conceptos del orador, hace uso de la palabra el señor diputado Elías Soleil, Vicepresidente de la Cámara de Diputados de Costa Rica. La Presidencia agradece la presencia de los distinguidos invitados
Comparecencia del C. Secretario del Patrimonio Nacional
La Secretaría da lectura a los nombres de los distinguidos invitados que, con motivo de la comparecencia del C. Francisco Javier Alejo. asisten a esta sesión. La Presidencia designa comisión para introducir al Salón al C. Secretario del Patrimonio Nacional. A continuación la propia Presidencia informa que varios ciudadanos diputados formularán preguntas a dicho Secretario. La Presidencia concede el uso de la palabra al C. Francisco Javier Alejo, quien da lectura a la exposición de motivos que se tuvo para reformar la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia minera y la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica. A continuación los CC. diputados Hugo Manuel Félix, Leonardo Rodríguez Alcaine, Filiberto Soto Solís, Manuel González Hinojosa, Ezequiel Rodríguez Arcos, Margarita García Flores, Juan C. Peña Ochoa, Salvador Robles Quintero, Antonio Torres Gómez, Abel Vicencio Tovar, Jorge Armando Gaitán Gudiño, Abraham Talavera López, Pánfilo Orozco Alvarez, Mariano Araiza Zayas, Alfredo Rodríguez Ruiz y Mario Ruiz de Chávez, interrogan al C. Secretario del Patrimonio Nacional, sobre las Iniciativas en cuestión. Los CC. diputados Humberto Lira Mora, Gilberto Ortiz Medina y Luis Dantón Rodríguez, declinan hacer sus preguntas por considerar que ya han sido contestadas. La Presidencia agradece la presencia del C. Francisco Javier Alejo, así como a los distinguidos invitados
Orden del Día
Lectura del Orden del Día de la próxima sesión. Se levanta la sesión
DEBATE
PRESIDENCIA DEL C. DIPUTADO JULIO CAMELO MARTÍNEZ
(Asistencia de 156 ciudadanos diputados.)
APERTURA
- El C. Presidente (a las 11:05 horas): Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
- El C. secretario Rogelio García González:
"Cámara de Diputados.
Tercer Período Ordinario de Sesiones.
XLIX Legislatura.
Orden del Día
23 de octubre de 1975.
Lectura del acta de la sesión anterior.
11:00 horas. Comparecencia del C. licenciado Francisco Javier Alejo, Secretario del Patrimonio Nacional."
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
- El mismo C. secretario:
"Acta de la sesión efectuada por la Cámara de Diputados de la XLIX Legislatura del H.
Congreso de la Unión del día veintiuno de octubre de mil novecientos setenta y cinco.
Presidencia del C. diputado Julio Camelo Martínez.
En la ciudad de México, a las once horas y cincuenta minutos del martes veintiuno de octubre de mil novecientos setenta y cinco, se abre la sesión una vez que la Secretaría declara una asistencia de ciento cuarenta y ocho ciudadanos diputados.
Lectura del Orden del Día.
Aprobación, sin debate, de la sesión anterior, llevada a cabo el día dieciséis de los corrientes.
La Secretaría por instrucciones de la Presidencia informa a la Asamblea de la presencia en el Salón de sesiones de distinguidos familiares y amigos del señor general Plutarco Elías Calles, ex Presidente de México, entre los que destacan los ciudadanos Plutarco Elías Calles; Gustavo Elías Calles; Alicia Elías Calles; Artemisa Elías Calles; Alicia Elías Calles de Almada; Titina Elías Calles de Aranda; Miguel Aranda Díaz; Fernando Torreblanca; Elisa S. de Elías Calles; Emilia L. de Elías Calles; Guillermina Guajardo de Elías Calles; Olivia S. de Villalón y Jesusita Sáenz.
Para ponderar la personalidad y exponer sus puntos de vista en torno a la figura del estadista sonorense, general Plutarco Elías Calles, en ocasión del trigésimo aniversario de su fallecimiento, hacen uso de la palabra los CC. diputados: José Castillo Pombo, Gilberto Ortiz Medina y Feliciano Calzada Padrón.
La Presidencia designa en comisión para que acompañen a los distinguidos visitantes en el momento en que deseen abandonar el Salón, a los CC. diputados José Ortiz Arana, Matilde del Mar Hidalgo, Efrén Ricárdez Carrión y Jesús Dávila Narro.
Se continúa con los asuntos en cartera:
El Departamento del Distrito Federal, formula la atenta invitación, al acto cívico que tendrá lugar el miércoles veintidós del actual, en la Plaza de la Ciudadela de esta capital, con motivo del (161) aniversario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingán.
Para asistir a dicho acto con la representación de esta Cámara de Diputados, la Presidencia designa a los siguientes ciudadanos legisladores: Daniel Mejía Colín, Simón García Rodríguez, Carlos Dufoo López, Alejandro Mújica Montoya y Belisario Aguilar Olvera.
Oficio suscrito por el C. licenciado Mario Moya Palencia, Secretario de Gobernación, por el que comunica que el C. Presidente de la República ha dado instrucciones para que comparezca ente esta Cámara de Diputados el C. licenciado Francisco Javier Alejo, Secretario del Patrimonio Nacional, a efecto de que informe sobre los motivos y alcances de la Iniciativa de Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia minera.
La Presidencia dicta el siguiente Acuerdo: De enterado, y se señalan las 10:30 horas del próximo 23 de los corrientes para recibir al C. Secretario del Patrimonio Nacional.
Para tal efecto, líbrese atenta comunicación al C. Secretario de Gobernación, para que por su conducto, se le haga saber lo anterior.
Para los efectos constitucionales, el C. Presidente de la República envía Iniciativa de Ley General de Crédito Rural. A las Comisiones unidas de Asuntos Agrarios; de Hacienda, Crédito Público y Seguros, y de Estudios Legislativos e imprímase.
Para poner de manifiesto la importancia de la Iniciativa en cuestión, hace uso de la palabra el C. diputado Telésforo Trejo Uribe.
Con el mismo objeto, usa de la tribuna el C. diputado Diódoro Carrasco Palacios, quién después de hacer consideraciones sobre el particular, propone, con base en la fracción VII del artículo 2o. de la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado, se solicite, por los conductos debidos, la autorización del C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, para que C. Secretario de Hacienda y Crédito Público comparezca ante esta Representación Nacional, a fin de que informe y conteste sobre las cuestiones de interés relacionadas con la Iniciativa de Ley General de Crédito Rural.
La asamblea, en votación económica, admite la proposición. A las Comisiones unidas de Asuntos Agrarios; Hacienda, Crédito Público y Seguros, y de Estudios Legislativos.
Iniciativa de Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, enviada por el Ejecutivo Federal, para los efectos constitucionales. Recibo y a las Comisiones Unidas del Patrimonio Nacional, y de Estudios Legislativos e imprímase.
El C. diputado Mariano Araiza Zayas hace uso de la palabra para proponer que aprovechando la comparecencia ante esta Cámara del C. Secretario del Patrimonio Nacional, amplíe su exposición y responda al cuestionario correspondiente a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.
En votación económica, la Asamblea aprueba la proposición del C. diputado Araiza Zayas.
Las Comisiones Unidas de Desarrollo Educativo y de Estudios Legislativos suscriben un dictamen con proyecto de Ley del Consejo del Sistema Nacional de Educación Técnica. Primera Lectura.
Veinte dictámenes con proyectos de Decreto, presentados por la Comisión de Permisos Constitucionales, que conceden permiso para que puedan aceptar y usar las condecoraciones que les han sido conferidas por el Gobierno de Jordania, a los ciudadanos que a continuación se expresan:
Euquerio Guerrero López, Enrique Olivares Santana, Carlos Sansores Pérez y Emilio O. Rabasa, la Orden Al - Kawkab Al - Urduni en grado de Gran Cordón; Eliseo Mendoza Berrueto, Julio Faesler Carlisle, Fernando Gutiérrez Barrios, Mario Ramón Bateta, José S. Gallástegui, Fausto Zapata Loredo, Jorge Martínez y Gómez del Campo, Manuel Tello, Joaquín Bernal, Jesús Castañeda Gutiérrez, Eduardo Echeverría Alvarez, Jesús Cabrera Muñoz Loredo y Juan Pellicer, la Orden Al - Istiqlal en
grado de Gran Cordón; Carlos Ascencio López y Manuel Alonso, la misma condecoración en grado de Gran Oficial, y Jorge Carrillo Olea, la misma condecoración en grado de Comendador. Segunda lectura.
A discusión en su orden, no habiendo quien haga uso de la palabra, en votación nominal se aprueban los veinte proyectos de Decreto, por unanimidad de ciento cuarenta y siete votos. Pasan al Senado para los efectos constitucionales.
Agotados los asuntos en cartera, a las trece horas y cincuenta minutos se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo jueves veintitrés, a las diez treinta horas, en la que comparecerá el C. Secretario del Patrimonio Nacional, para que informe en lo relativo a las iniciativas de Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional en Materia Minera, y Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica."
Está a discusión el Acta ... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba... Aprobada, señor Presidente.
VISITA DE PARLAMENTARIOS Y FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO DE COSTA RICA
El C. Presidente: Se encuentra en el Salón Verde una misión de diputados y funcionarios del Gobierno de Costa Rica. Se designa en comisión, para que los introduzca a este Salón de Sesiones, a los ciudadanos diputados Carlos Sansores Pérez, Jesús Dávila Narro, Antonio Jiménez Puya y Silvestre Pérez Lorenz.
(La comisión cumple su cometido.) (Aplausos.)
- El Presidente: Sírvase la Secretaría dar lectura a la lista de integrantes de la misión que nos visita.
El C. secretario Rogelio García González: Forman parte de la misión de Costa Rica, las siguientes personas: Licenciado Edgar Arroyo, Secretario de Gobernación de Costa Rica (aplausos); diputado Elías Soleil, Vicepresidente de la Cámara de Costa Rica (aplausos); diputado Orlando Araya (aplausos); diputado Juan de Dios Fernández (aplausos); diputado Alvaro Suárez (aplausos); señor Víctor Margon, Director de la Asociación Demográfica de Costa Rica (aplausos); y señor Miguel Gómez, Demógrafo (aplausos).
El C. Presidente: Para darles la bienvenida, esta Presidencia ha designado al C. diputado Angel Rubio Huerta.
Tiene la palabra el diputado Rubio Huerta.
El C. Angel Rubio Huerta: Señor Presidente, señores funcionarios y diputados de la hermana República de Costa Rica, compañeros diputados, señoras y señores: he recibido el encargo de transmitir el afectuoso saludo de esta Cámara a los funcionarios y diputados de la República de Costa Rica que hoy nos honran con su visita y desearles grata estancia en este país que, como el de ellos, labora diariamente con madurez institucional y claros objetivos de justicia social. Observamos con verdadero optimismo la visita de ustedes porque nos da oportunidad de realizar el intercambio parlamentario que ha sido propósito permanente de esta Cámara, y de ahondar en el tema demográfico que sabemos es objeto de su investigación en este viaje; tema que ciertamente México aborda con interés dada su alta tasa de crecimiento poblacional. Por ello y porque Costa Rica es país con vasta experiencia en este campo, en cuya capital, San José, se celebró en abril de 1974 la Reunión Latinoamericana Preparatoria de la Conferencia Mundial de Población, reitero que su visita es altamente positiva para México.
Costa Rica y México forman parte de los países tercermundistas que plantean en sus justos términos el problema del crecimiento demográfico, estableciendo que la política poblacional debe ser un elemento integral fundamental del desarrollo socioeconómico de los pueblos, de ninguna manera un sustituto de éste.
Coinciden también en afirmar que el objetivo de toda política demográfica es el de mejorar la calidad de la vida de los hombres, así como en la circunstancia de que a las autoridades nacionales corresponde la responsabilidad de la política y programas demográficos sin ingerencias externas, pero reconoce también que la cooperación internacional desempeña un papel primordial en el éxito de estas tareas.
Esta conducta humanista ha sido sostenida por ambos países, tanto en San José de Costa Rica como en Bucarest; esta última, sede de la Conferencia Mundial sobre Población a que convocó la Organización de Naciones Unidas y ratificada en la Segunda Conferencia Latinoamericana de Población, celebrada recientemente en este país. Con esta postura, el Tercer Mundo ha evitado que se confundan los términos del problema y en esa virtud, el Presidente de México, Luis Echeverría, ha dicho: "rechazamos la idea de que un puro criterio demográfico orientado a reducir la natalidad pueda substituir a la compleja empresa del desarrollo. Pero cometeríamos un grave error si no adquiriéramos conciencia de la gravedad que tiene el incremento de la población y de las necesidades que genera; ratificamos nuestro humanismo nacionalista y revolucionario; sostenemos que todo el proceso social debe tener como ejemplo al hombre concreto y que mejorar su condición implica siempre preservar su dignidad y su libre albedrío. Afirmamos que los recursos humanos constituyen el núcleo dinámico de todo cambio trascendente y que el fundamento del progreso es el poder transformador de la comunidad comunitaria.
En efecto, México atiende este fenómeno social, proyectando su interés al más alto nivel jurídico para regularlo constitucionalmente tal como lo establece el artículo 4o. en nuestro Código Político.
Nuestro país conoce ya, interpreta e instrumenta su política demográfica inspirándose exclusivamente en sus necesidades y realidades,
apoyándose en el respeto por la libertad y la dignidad humana para crear mejores condiciones de vida para nuestro pueblo. Así, disponemos de una ley general de población que define con claridad sus excesivos al señalar que regula los fenómenos que afectan a la población en cuanto a su volumen, estructura, dinámica y distribución en el territorio nacional con el fin de lograr que participe justa y equitativamente de los beneficios del desarrollo económico y social.
Esta ley prevé que el fenómeno demográfico no sólo repercute sobre la capacidad de ahorro, la educación popular, la generación de empleos y la multiplicación de servicios municipales, sino sobre otros muchos renglones de la vida nacional, y norma en consecuencia, que al formularse las políticas de empleo, de redistribución del ingreso, la población deba ser considerada como elemento fundamental.
Característica importante en esta materia es la que se consagra en el artículo 4o. de nuestra Constitución al preservarse la libertad más absoluta de la pareja en la decisión sobre el número y esparcimiento de los hijos; se define claramente la postura humanista de México, inclinándose por la planeación familiar.
El tema del desarrollo socioeconómico de los pueblos dentro de cuya estrategia está considerado como elemento integral el aspecto demográfico, víncula estrechamente a los pueblos de Costa Rica y México. En esta tarea común, observamos con aliento y esperanza que los Estados, a través de la Organización de Naciones Unidas, cuentan con un Documento cuyo objetivo es el establecimiento de un orden económico justo mediante la creación de un Código que regula las relaciones económicas de los Estados, basado en principios de equidad, justicia, igualdad soberana, interdependencia, interés común y de cooperación: la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados que México propuso al mundo con estos fines.
Señores visitantes: Sean ustedes bienvenidos. Les reiteramos nuestro fraternal afecto y agradecemos esta oportunidad de intercambiar experiencias. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: Para dar un saludo a esta Asamblea, ha solicitado hacer uso de la tribuna el señor diputado Elías Soleil, Vicepresidente de la Cámara de Diputados de Costa Rica.
Tiene la palabra el diputado Elías Soleil.
- El señor diputado Elías Soleil: Señor licenciado don Julio Camelo Martínez, Presidente de esta Cámara. Señores diputados de la Cámara del H. Congreso de la Unión. Señoras y señores: alguna tarde de tantas, un escritor costarricense que definió a México en lo que siempre he considerado la exacta dimensión de la amistad y de la admiración cuando dijo: México y Costa Rica son como ramas de un mismo árbol, como las estrellas del mismo cielo y muy igual a las gotas de la misma fuente.
Pensamiento que vale la pena repetir hoy aquí, que nos encontramos dentro de una reunión de fraternidad, amistad y estudio, para Costa Rica todo lo mexicano nos es común, amanece la mañana sobre las sierras, páramos, montañas y arenales costeños de mi patria dentro del son mexicano, que difunden las radios. Y es la música mexicana, es lo primero que llegamos aprender en nuestras campiñas, bueno es que México nos ha sido siempre común.
Entre las reliquias históricas de un pasado glorioso del pueblo que hoy habita el Valle de México, alguna vez heredaremos parte de su herencia cultural olmeca, luego teotihuacana. En las tierras del norte de Costa Rica, donde existió y se multiplicó la raza chorotega mange, se han encontrado vestigios de la cerámica de la herencia olmeca. Y cuando el horizonte de los technocas, el actual pueblo del Valle de México entendió su mirar cultural por todos los territorios en lo que conformó el mundo azteca, nuestra patria y hoy, fue parte del patrimonio de este mundo de los aztecas.
Y hoy, en nuestra habla, existen más de dos mil palabras comunes en las dos tradiciones lingüísticas en nuestros pueblos y que son básicamente de origen nahuatl. El tiempo, las guerras, la conquista, la muerte de las religiones y el entierro del 90% de una de las más hermosas culturas del mundo, como fue la que sorprendió a los conquistadores en el Valle de México, ha sobrevivido en nuestra lengua en mil y un detalles.
En nuestra patria, Costa Rica, el indio poco a poco fue desapareciendo en un 95%, pero su lengua está en nosotros como una venganza silenciosa y dulce de una raza que no debió haber muerto nunca, y a la par que la vigorosa Tenochtitlan, todavía perdura el gran empuje espiritual de los sabios de Texcoco, donde se escribió la primera poesía cumbre de tiempos precortesianos.
Siempre he pensado que cuando ustedes los mexicanos construyeron el Museo de Antropología, lavaron una mancha que ya pesaba sobre el corazón de esta tierra americana, y nos hicieron grandes ante los ojos del mundo.
También se me ensancha el corazón en esta tierra de Benito Juárez, que desde antes nos dio un gran pensamiento "El respeto al derecho ajeno es la paz". (Aplausos.)
"Tan sencillo pensamiento, nunca en la historia del pensamiento humano, una sola oración ha tenido tanto significado y tan hermosa proyección de amor sobre la raza del hombre, y repito, sobre la raza del mundo, cuando es negro, cobrizo, azul o colorado". Esta raza del hombre que inventó divisiones y subdivisiones que luego costaron ríos de sangre. La Carta de vuestro Presidente, el licenciado Echeverría, está fundada en esas palabras de don Benito Juárez, y hoy que le tememos a la guerra, que hacemos un recuento de ellas para saber que ha habido cuarenta mil guerras en la historia de la humanidad, y que ninguna de ellas logró erradicar la ambición del hombre, el miedo a las armas y el amor a la paz, esa oración de don Benito Juárez se nos hace inmensa, tangible, cierta dentro de un mundo de incertidumbre donde impera el desamor.
Además, hemos tenido alguna inspiración en el Cura Hidalgo de ustedes, el hombre que fue algo más que el sacerdote que salía a repartir el pan de la conciencia a los espíritus humillados y ofendidos.
Hidalgo, que no fue solamente el hombre que monta a caballo y se lanza en pos de una guerrilla libertatoria ya sin cruz, ya sin espada, pero con la tea encendida del corazón. Yo quiero decir que esto no sea de mérito para otros iniciadores de la Independencia de América, que en el Cura Hidalgo hemos visto a un intelectual de primer orden siempre. Como político, siempre he buscado aliento y enseñanza en el ejemplo de algunos hombres dentro del albor de la lucha mexicana. Por eso recuerdo, en su cumbre, no ante el pelotón de fusilamiento ni tampoco en el privilegio horizontal de la historia, lo recuerdo en la historia desde los tiempos del Colegio de San Nicolás, que está en una población muy bella de esta tierra que ustedes hoy llaman Morelia, pero que antes llevó el nombre de Valladolid, a la que el gran poeta Rafael Alberti ha dedicado uno de sus mejores poemas. En esa ciudad existió lo que puede llamarse una segunda universidad de México. Vuestra Universidad data de 1551, y es contemporánea de la de San Marcos, en Lima. Pero antes existió el Colegio de San Nicolás, semi universitario, de gran prestigio, fundado por un español llamado Vasco de Quiroga. En este colegio, Hidalgo fue primero alumno, maestro después y por último su Rector. Y aquí fue donde Hidalgo empieza a leer las obras de la enciclopedia francesa, y se le enciende otra fe grande como la cristiana, y que se llamó la Independencia de México. Eso le trajo como una consecuencia lógica de aquellos tiempos, que se le vigilara primero y degradara después hasta pasar de Rector de una casa de estudios de gran calidad como era el Colegio de San Nicolás, a simple cura de un pueblo pequeño. Y en ese pueblo, Hidalgo inició toda una obra socioeconómica de esa pobre gente, ahí construyó un taller de alfarería, un taller de carpintería y otro de herrería, y el último para hacer pieles. Y otra serie de artesanías, en tanto que seguía bullendo en su cabeza la gran idea de la libertad del pueblo mexicano.
Me gusta recordar en mi patria - y perdonen si esto lo hago ante ustedes, señores mexicanos, amigos míos-, este pasado humilde de un glorioso gestor de la libertad de mi pueblo, Costa Rica, ¿y por qué digo gestor de la libertad de mi pueblo, Costa Rica? ¡Ah! mis amigos mexicanos, es que nosotros tenemos una historia muy curiosa que contarles: que durante los 10 días que empiezan el 6 de abril de 1823, todos los niños que nacieron en Costa Rica fueron mexicanos, pero no crean que estos hijos mexicanos costarricenses descienden de los soldados o hermanos de los soldados que cayeron con Hidalgo el día 30 de julio de 1811, es que las ideas también suelen engendrar hijos y tras el Grito de Dolores se fueron liberando una a una de las Repúblicas de América Central, mejor decir, los pueblos que hoy constituyen la América Central. Costa Rica es declarada libre, dicen que sin derramar una sola gota de sangre, unos pocos meses después de que los españoles escuchan el Grito de Iguala, 24 de febrero de 1821, pero sucedió que también los mexicanos dominados por el imperialismo francés, declararon a Iturbide Emperador de los mexicanos en mayo de 1822, y entonces señores, Costa Rica se divide en dos: unos que no estaban de acuerdo con los españoles y otros que quieren ser parte del territorio mexicano, y así están las cosas cuando la capital de Costa Rica, Cartago, declara en abril de 1823 que Costa Rica pertenece a México y por lo tanto al Imperio Mexicano.
Desde ese momento, todos los niños que nacen en el Estado de Costa Rica, son parte del Imperio de México, súbditos de Iturbide. Al día de hoy, en que yo me siento honrado y feliz de compartir este cielo mexicano, esta tierra mexicana, este sentido amable y bueno de ser hijo de México, también tengo un recuerdo del ejemplo que nos brindan los jóvenes maestros de penitenciarismo mexicano en el campo de la reforma penitenciaria, señor Sergio García Ramírez, doctor Antonio Sánchez Galindo, doctor Luis Rodríguez Manzanera, como también en nuestra representación nos hemos sentido inspirados en el ejemplo de la política penitenciaria de México, que ha inculcado con grandes méritos el actual Presidente don Luis Echeverría y vuestro Ministro Moya Palencia. Para mí el programa de Toluca es un ejemplo de América en el campo de la penitenciaría. Tenía razón el escritor José León Sánchez, tan querido y conocido de ustedes al extremo de que algunas veces ha sido llamado un escritor chiapaneco, de Chiapas, porque él habla con acento de Chiapas que México y Costa Rica son como estrellas de un mismo cielo. Y como estrellas de un mismo cielo hemos transitado por los canales complicados y difíciles de la política internacional. México y Costa Rica, según lo ha expresado en repetidas oportunidades nuestro canciller, licenciado Gonzalo Facio, han tenido una política exterior paralela en muchos campos. Los acuerdos logrado en ocasión de los viajes del señor Presidente Nixon a Moscú y Pekín y durante las visitas a Washington de altos diplomáticos chinos y sobre todo del secretario general del Partido Comunista Soviético, pruebas evidentes de que la confrontación de las grandes potencias ha sido sustituida por la era de negociación. La Conferencia de Helsinski ha abierto nuevas alternativas mediante acuerdos entre las naciones socialistas del Pacto de Varsovia y las naciones capitalistas del Tratado del Atlántico Septentrional.
La República Popular de China ha sido admitida en las Naciones Unidas y después de casi un cuarto de siglo de aislamiento abre sus puertas a las relaciones diplomáticas y comerciales con el mundo occidental. Alemania Federal ha superado las hondas diferencias que la separaban de la Unión Soviética; los acuerdos de Berlín condujeron al reconocimiento recíproco de las dos Alemanias, y a que el Consejo de Seguridad recomendará unánimemente su
ingreso en la ONU. La tesis de los fanáticos ya que no tiene preponderancia; según ellos no pueden coexistir pacíficamente en un mismo mundo, naciones con ideologías distintas, porque tarde o temprano una forma de sociedad habrá de dominar completamente a la otra. La idea, aceptada ya unánimemente de que diversas ideologías pueden tener simultáneamente vigencia en el campo político y el convencimiento de que no sólo es conveniente, sino también imposible que una nación determine lo que es mejor para toda la humanidad, constituye la base del sistema democrático que Costa Rica ha adoptado en su vida interna y de la universalidad de relaciones diplomáticas que su actual gobierno ha fijado como norma de su política internacional.
Hemos adoptado claramente el pluralismo político en nuestras relaciones exteriores. Esto nos ha producido ataques de los grupos fanáticos, pero reconforta saber que en ese campo estamos marchando paso a paso y hombro a hombro con la gran nación mexicana, que aún antes de que se produjera lo que se ha dado en llamar el deshielo, ha venido practicando con independencia su derecho soberano de mantener relaciones diplomáticas con gobiernos de diversas ideologías.
Costa Rica desde 1948 abolió el ejército y viene abogando en todos los foros por el desarme completo y general internacionalmente controlados. En ese empeño, también se ha encontrado a la par de México, el tratado para la proscripción de las armas nucleares en América Latina conocido como el Tratado de Tlatelolco es uno de los mayores avances en el largo camino que es necesario recorrer para llegar a esa meta común de México y Costa Rica: "El desarme total". La mayor amenaza para la paz que producirá el fin de la guerra fría es la extrema pobreza prevaleciente en las grandes masas de la humanidad.
Más de dos millones de seres humanos viven miserablemente en los países en vías de desarrollo, ése es el mayor reto de esta última parte del siglo XX, sacar de la miseria extrema a esos millones de seres que viven en condiciones infrahumanas en donde todas o casi todas las latitudes de nuestro planeta.
Cada vez se hace más evidente a los países en vías de desarrollo que sin un comercio equitativo complementado por una cooperación exterior auténtica, cómo no le será posible romper el anillo de miseria que lo rodea.
En 1960 los países que hacemos referencia logran un gran éxito a través de la Asamblea General de las Naciones Unidas, un mínimo de objetivos alcanzan en lo que se llama la primera década para el desarrollo.
Se da como meta la de precios más elevados y más estables para los exportadores de productos básicos; preferencias arancelarias para las manufacturas de los países en desarrollo y eliminación de restricciones no arancelarias; financiamiento apropiado por un monto no inferior al 1% del producto nacional bruto de los países industrializados.
Ni los países industrializados, capitalistas o socialistas, han contribuido satisfactoriamente al logro de esas metas. El peso de la injusticia en las relaciones económicas entre los países ricos y pobres, es más fuerte que en 1960.
México comprendió ese grave problema, y el Presidente don Luis Echeverría lanzó la Iniciativa de que se redactara y aprobara una Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados. En ella, habría de recogerse los principios rectores de una economía mundial que no perpetúe la explotación que sufren los países en desarrollo, por parte de los desarrollados.
Esa Iniciativa se hace realidad el 12 de diciembre de 1974, cuando se aprueba su texto mediante el voto de 120 países contra 6 y 10 abstenciones. La razón de ser de esta Carta, se explica con la cita de un párrafo del Informe que el Presidente de México presentó al Congreso de la Unión, el 1o. de septiembre último.
Asistimos al choque de dos grandes fuerzas: por una parte, los que persiguen una organización internacional autocrática, apoyada en la concentración del poder económico y militar; por otra parte, las que aspiran a la estructuración de una convivencia democrática que se sustente en la redistribución de la riqueza y del trabajo.
El Tercer Mundo lo integran naciones que se hallan en diversos grados de desarrollo, con ideologías e idiosincrasias diferentes y con intereses de corto y mediano plazo distintos. Sin embargo, la magnitud de los problemas a que se hacen frente, y su propia condición de marginados, los conducen irremisiblemente a un proceso de integración solidaria. Hasta ahí la cita.
En efecto, los países del Tercer Mundo que componen el 70% de la población, subsisten con sólo 30% del ingreso mundial. De los 2,600 millones de habitantes del mundo en desarrollo, 800 millones son analfabetos; mil millones tienen un ingreso diario inferior a 30 centavos de dólar de los Estados Unidos. La lectura de esas cifras nos llevan rápidamente a la conclusión de que es inaceptable que se perpetúe esa injusticia. Necesariamente anda algo mal en el sistema económico. Los países desarrollados han podido fijar a voluntad, tanto los precios de los productos básicos que adquieren de nuestros países, como los precios de los bienes que nos proporcionan. La decisión de los estados que forman la OPEP, en el sentido de multiplicar los precios del petróleo, constituye un reto serio al orden económico mundial prevaleciente. A las naciones desarrolladas les preocupa más que el alza de los precios el antecedente histórico. Su decisión puso de manifiesto que la dependencia en que han vivido nuestros pueblos respecto a las políticas de los grandes centros industriales del mundo, puede transformarse cuando los países en desarrollo como México y Costa Rica actúan coordinada y decididamente en defensa de sus legítimos intereses.
Para lograr esa finalidad, el señor Presidente Echeverría ha propuesto la formación de un sistema económico para el desarrollo del Tercer Mundo, que Costa Rica apoya con el
mismo entusiasmo con que ha apoyado su equivalente regional el sistema económico latinoamericano.
Podemos seguir citando las concordancias de nuestras políticas exteriores, en el campo interno también se dan las similitudes, ambos países dirigidos sabiamente por el Presidente Echeverría y el Presidente Oduer, luchan desde el campo de la democracia por eliminar la desigualdad social, la miseria de muchos de nuestros compatriotas y de producir una sociedad cada vez más justa, con pan y libertad para nuestros habitantes.
De ahí, que cada vez surge con más auténtico realismo la frase de José León Sánchez, el autor de la Isla de los Hombres Solos, de que México y Costa Rica son como estrellas de un mismo cielo.
Señor Presidente, señores diputados, yo creo que de no ser por el apoyo que el H. Congreso de la Unión ha dado a aquellas iniciativas del señor Presidente Echeverría, con el sentido de dar mensaje a los países que como el de Costa Rica y muchos otros, nos encontramos en vías de desarrollo; de no ser el aliento y el apoyo real y formal que esta Cámara de Representantes, de diputados, le ha dado, no hubiera avanzado Latinoamérica en la forma que lo ha hecho por iniciativa del Presidente Echeverría, y por el apoyo que ustedes le han dado.
Reciban en nombre de la Asamblea Legislativa del pueblo de mi país, el sentimiento que brota de lo más profundo de nuestro ser, de cariño, respeto y consideración al pueblo mexicano y a su Gobierno. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señores diputados. (Aplausos.)
El C. Presidente: La Cámara de Diputados de México agradece profundamente la presencia de nuestros distinguidos visitantes. Se ruega a la comisión designada para introducirlos a este salón, los acompañe cuando deseen retirarse.
(La comisión cumple su cometido.) (Aplausos.)
COMPARECENCIA DEL C. SECRETARIO DEL PATRIMONIO NACIONAL
El C. Prosecretario Francisco Javier Gutiérrez Villarreal: Se encuentran en esta Sala de Sesiones, como invitados de honor, las siguientes personas:
Licenciado Arsenio Farell Cubillas, Director General de la Comisión Federal de Electricidad; ingeniero Antonio Dovalí Jaime, Director General de Petróleos Mexicanos; doctor Fernando Alba Andrade, Director General de Instituto Nacional de Energía Nuclear; licenciado Fernando Raful Miguel, Subsecretario del Patrimonio Nacional; licenciado Jorge Leyten, Subsecretario de Recursos no Renovables de la Secretaría del Patrimonio Nacional; arquitecto Pedro Moctezuma, Subsecretario de Bienes Muebles y Urbanismo de la Secretaría del Patrimonio Nacional; contador público José Merino, Oficial Mayor de la Secretaría del Patrimonio Nacional; Comité Ejecutivo del Sindicato Mexicano de Electricistas; Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana; representantes de la Cámara Minera de México; funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad; ingeniero Adolfo Orive Alba, Director General de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas - Las Truchas; licenciado Miguel Alessio Robles, Director del Consorcio Minero Benito Juárez, Peña Colorada; licenciado Carlos Prieto; licenciado Pablo Padilla, Director General de Azufrera Panamericana; licenciado Gerardo Bueno Zirión, Director General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y licenciado Benjamín Trillo, Director General de la Comisión Coordinadora de la Industria Siderúrgica.
El C. Presidente: Me permito informar a la Asamblea que se encuentra a las puertas de este recinto el señor licenciado Francisco Javier Alejo, Secretario del Patrimonio Nacional. Para introducirlo al Salón de Sesiones, se designa en comisión a los siguientes ciudadanos diputados: Salvador Robles Quintero, Antonio Carrillo Huacuja, Alejandro Mújica Montoya y José Nataret.
(La comisión cumple su cometido.) (Aplausos.)
El C. Presidente: En cumplimiento del acuerdo de esta Cámara de Diputados, de fecha 14 del presente mes, hoy comparece ante esta representación nacional el licenciado Francisco Javier Alejo, Secretario del Patrimonio Nacional, a fin de que informe y conteste preguntas en relación a las Iniciativas de Ley Reglamentarias del Artículo 27 Constitucional y del Servicio Público de Energía Eléctrica.
Se han registrado para formular preguntas, una vez que el Secretario del Patrimonio Nacional haga una exposición, los siguientes señores diputados:
Hugo Manuel Félix, Leonardo Rodríguez Alcaine, Filiberto Soto Solís, Humberto Lira Mora, Manuel González Hinojosa, Ezequiel Rodríguez Arcos, Margarita García Flores, Juan C. Peña Ochoa, Salvador Robles Quintero, Antonio Torres Gómez, Abel Vicencio Tovar, Jorge Armando Gaytán Gudiño, Abraham Talavera, Pánfilo Orozco Alvarez, Gilberto Ortiz Medina, Mariano Araiza Zayas, Alfredo Rodríguez Ruiz, Luis Dantón Rodríguez, Fernando Estrada Sámano, Gustavo Nabor Ojeda, Diódoro Carrasco y Mario Ruiz de Chávez.
Tiene el uso de la palabra el ciudadano Secretario del Patrimonio Nacional. Se le ruega pase a la tribuna.
El C. licenciado Francisco Javier Alejo, Secretario del Patrimonio Nacional: Con su venia, señor Presidente. Deseo, ante todo, manifestar ante ustedes una respetuosa disculpa por haber preparado una exposición relativamente extensa, pero siento que la importancia que para la nación tienen las áreas que hoy se consideran lo amerita.
"C. Presidente de la H. Cámara de Diputados; C. Presidente de la Gran Comisión; honorable Cámara de Diputados:
En cumplimiento de las disposiciones constitucionales respectivas, me complace comparecer ante esta soberanía a fin de ampliar la información y aportar las explicaciones que fueren necesarias sobre las iniciativas de leyes reglamentarias del Artículo 27 Constitucional que, en materia minera y eléctrica se han sometido a su consideración.
Entiendo esta comparecencia como reafirmación adicional de la vigencia de las instituciones democráticas del país, entre las que la actuación soberana de la representación nacional y popular ocupa lugar de primera importancia.
Las Iniciativas de Ley en materia minera y sobre el servicio público de energía eléctrica que el Ejecutivo a puesto ha consideración de la soberanía popular por conducto de esta honorable representación tienen claros fundamentos constitucionales e históricos; y corresponden a la necesidad de modernizar y dotar de mayor contenido social a la política económica, tarea que tiene el más amplio contenido constitucional.
La política económica debe promover el desarrollo y asegurar el equilibrio de las fuerzas sociales, dando mayor importancia al beneficio de la comunidad. El objetivo es avanzar hacia la construcción de un nuevo orden social, con un sentido más estricto de la responsabilidad gubernamental, presidido por un humanismo más amplio y generoso, sustentado por la participación creciente de las mayorías.
Si bien el sector privado y el Estado comparten la responsabilidad de administrar los recurso nacionales, es éste quien debe rendir cuenta al pueblo y evitar que algún interés particular pueda prevalecer sobre los del país y los de las grandes mayorías. Su responsabilidad fundamental de dirigir el desarrollo económico y la transformación social de la nación no puede delegarse a grupos minoritarios.
El Estado es el representante indiscutible de la voluntad mayoritaria de los ciudadanos y como tal es el que debe cuidar y proteger el interés público. El Congreso Constituyente dejó asentado, a la par que la inviolabilidad de determinados derechos individuales, la limitación de los mismos cuando éstos entran en choque con los intereses de la comunidad nacional.
El desarrollo económico requiere de un marco jurídico visionario que dé cabida a los cambios estructurales, sociales y económicos, necesarios para que el crecimiento de la economía no se concentre en beneficio de una minoría privilegiada.
En su reciente informe a la nación, el Presidente Echeverría señalaba que 'Un Estado revolucionario debe mantener su estructura jurídica acorde con las exigencias de las etapas en que le corresponde actuar. Congelar el derecho es siempre tendencia conservadora; revisarlo permanentemente a la luz de los principios de justicia social, es un imperativo revolucionario consagrado en nuestra Carta Magna".
La legislación debe recoger la voluntad popular para convertirse en eficaz instrumento de reforma social y permitir que los cambios se realicen y perduren por medio del derecho. Su contenido debe reflejar los avances sociales que el pueblo mexicano ha logrado, consolidar las transformaciones en marcha e incorporar las nuevas exigencias de la voluntad mayoritaria de la nación como expresión de su soberanía. De ella debemos desprender lo que falta por cumplir para alcanzar los objetivos que libremente nos hemos impuesto.
Las iniciativas propuestas continúan y perfeccionan el mandato histórico que impulsa al progreso de la estructura social y económica del país. Aportan un requisito fundamental a nuestra evolución social que tiende a proseguir la estrategia de desarrollo compartido e independiente.
La Constitución es reflejo fiel de las luchas y aspiraciones que a lo largo de su historia ha sostenido el pueblo mexicano. Su esencia es la mejor expresión de los más altos propósitos nacionales convertidos en norma y programa de desarrollo económico y social. La Carta Magna orienta y dirige nuestras acciones. Además de recoger las aspiraciones populares que definieron el proyecto histórico de México como nación señala los instrumentos para luchar por ellos y alcanzarlas. No sólo indica hacia dónde debemos avanzar, sino que constituye el camino para cumplir los objetivos trazados. Pueblo y gobierno encuentran en ella una fuente propia de estímulo y apoyo al esfuerzo de renovación nacional para transformar la realidad, incorporarla a la legalidad y avanzar en el proceso revolucionario.
Los elementos determinantes de la validez y vigencia de una Constitución son la equidad y el vigor con que se interpreten y se apliquen sus preceptos y la capacidad del pueblo y el gobierno para utilizarla como instrumento de transformación social. La experiencia nos indica que el trato igual a desiguales sólo agudiza las diferencias sociales, impide la auténtica solidaridad social y hace imposible la verdadera libertad.
Ha sido preocupación constante y fundamental del Gobierno de la República reafirmar los principios nacionalistas, democráticos y sociales contenidos en la Constitución, consciente de que las contradicciones y antagonismos deben resolverse dentro de la ley y no en su contra, de que es posible cambiar radicalmente la realidad social y cumplir al mismo tiempo el orden jurídico.
Al modernizar y revitalizar el conjunto de instrumentos jurídicos de la nación, construiremos una sólida estructura para hacer fructífero el trabajo común en los años venideros. Debemos prepararnos para afrontar con mayor capacidad las dificultades, para conservar la esencia de nuestra vida colectivo y alcanzar el progreso con respecto a las libertades. La consolidación de una nueva moral revolucionaria hace imperativo que sin menoscabar los valores individuales del hombre, éste se comprometa en la tarea de transformar la sociedad.
Construir una democracia social requiere apoyarse en la reforma de las instituciones y en la transformación de la conducta, haciendo de la libertad patrimonio común de todos los mexicanos.
La construcción del México, moderno surge de la aplicación decidida de los principios constitucionales sobre la propiedad, en los que se basa el rescate por parte de la nación de las principales riquezas naturales y actividades básicas, y su utilización con sentido social.
La Constitución establece que corresponde a la nación la propiedad originaria de las tierras y aguas de su territorio y el dominio de sus recursos naturales. Afirma el principio de que la propiedad privada es una creación social -en esta materia- por la que el Estado transfiere bienes a los particulares o les concede su uso, por el reconocimiento que hace del poder creador del trabajo personal, para que los aprovechen de manera compatible y concordante con la conveniencia colectiva. En consecuencia, la propiedad no es un derecho inherente a la persona humana -en este caso- sino a la sociedad, por lo que está sujeta a las modalidades que dicte el interés público en acatamiento de la soberanía popular. La posesión privada de los medios de producción provenientes de las riquezas naturales cuando tiene como última finalidad lograr el beneficio social.
La concurrencia de todos los miembros de la sociedad en la producción y consumo de la riqueza debe, además de ser más equitativa, crear una estrecha solidaridad entre ellos.
La evolución de la minería y del sector eléctrico confirman las tesis anteriores y sitúan a estos sectores como dos capítulos fundamentales de la historia del México contemporáneo como nación en lucha permanente por su independencia económica, consciente de que sólo su esfuerzo creador, realizado con eficacia y oportunidad, le permitirá consolidar una sociedad más próspera y justa. Las formas de propiedad y explotación de los recursos naturales han sido motivo sobresaliente de este batallar incesante por la dignidad nacional. A lo largo de él, hemos incluso sufrido el menoscabo de la integridad física del territorio, pero hemos mantenido incólumes los principios de nuestra soberanía para decidir la orientación y llevar a cabo el proyecto de desarrollo surgido de la voluntad popular como expresión de nuestra tradición revolucionaria.
La minería es una de las actividades económicas con mayor tradición en México. Su evolución íntimamente ligada a la historia nacional, refleja, quizás más que ningún otro caso, los diferentes mecanismos de explotación colonial y semicolonial a que nos hemos visto sometidos, y que si bien atenuados, aún perduran. Es necesario erradicarlos para dar paso a una sociedad donde la acumulación del capital y las innovaciones tecnológicas sean factores para lograr un auténtico desarrollo y no sólo el mero crecimiento de la producción.
La minería fue la actividad más dinámica e importante durante la Colonia, y mantuvo su papel preponderante en el primer siglo de independencia política del país y al principio del México posrevolucionario como fuente principal de recursos de la Hacienda Pública a través de la exportación de sus productos. Sin embargo, estuvo siempre sujeta al predominio de intereses extranjeros y de grupos óligarquicos nacionales, situación que al prolongarse redujo considerablemente su significación económica y social en la época contemporánea.
Las secuelas derivadas de una larga y hasta hace pocos años ininterrumpida penetración extranjera, han hecho que la minería se caracterice, en las últimas décadas, por su lenta e irregular expansión, exageradamente dependiente de las fluctuaciones de los mercados internacionales; por su falta de integración al desarrollo económico y social del país.
El análisis del valor de la producción minera a precios constantes desde 1890 muestra claramente que los períodos de auge se alternan con otros de disminución o estancamiento.
El punto de partida para su crecimiento durante la época porfirista fue la existencia de grandes distritos mineros, ya conocidos desde la Colonia, pero nunca antes explotados intensivamente y por métodos modernos para su época. Además, era posible extraer minerales importantes de los grandes terreros dejados por las explotaciones españolas. Estas condiciones materiales coincidieron con un acelerado aumento de la demanda mundial de minerales industriales, con lo cual se inició la dependencia de la minería respecto de factores y circunstancias ajenos. Penetración casi total del capital extranjero, comportamiento de los mercados exteriores y aplicación de avances tecnológicos desarrollados en otros países, fueron las características sobresalientes de su desarrollo. La minería tenía lugar en México pero era mexicana en ninguno de sus aspectos. Muchos menos podía esperarse que sirviera a propósitos nacionales de beneficio social. De 1880 a 1933, México se convirtió en un importante abastecedor de minerales para los países industrializados, bajo el control de intereses extranjeros. A fines del porfiriato, el 28% de la inversión extranjera total que había en el país se encontraba en la minería. El control extranjero y la orientación hacia el exterior dieron lugar a una explotación altamente irracional, a un verdadero saqueo de los recursos no renovables del país. La minería se caracterizaba por ser un enclave dentro de la estructura productiva; desligada de otras actividades y de las necesidades del país poco a poco aportó a su desarrollo.
Tal problemática fue propiciada por el Código Nacional Minero de 1884 y la Ley Minera de 1892, que contrariando una tradición legislativa proveniente desde la Colonia, consideró como de propiedad privada importantes recursos del subsuelo; además, favoreció la concentración de la riqueza minera nacional y la intervención del capital extranjero. Dichas leyes hicieron retroceder la evolución
jurídica del dominio que la nación tiene sobre el subsuelo; de hecho enajenaban el patrimonio nacional el otorgar el derecho de propiedad absoluta, irrevocable y perpetua del subsuelo a particulares mexicanos o extranjeros.
Durante la década de los años veinte la minería experimentó una fuerte expansión como resultado de las condiciones favorables en el mercado internacional y de la intensificación en los trabajos de explotación. En el período 1929-1938 el sector minero sufre en cambio un deterioro a consecuencia de los efectos negativos derivados de la crisis económica mundial y la consiguiente reducción de la inversión en este campo de actividad. A partir de entonces hasta 1960 permanece estancado el sector por falta de exploración y explotación de nuevos yacimientos. Esto demostró el crimen histórico cometido en 1884.
En 1961 se inició la mexicanización de la minería, en respuesta al acelerado crecimiento de la demanda interna de materias primas, incompatible con la política tradicional de las compañías extranjeras de exportar los minerales en bruto o con escaso grado de elaboración. A partir de entonces, la inversión extranjera en esta actividad comenzó a disminuir en términos absolutos, hasta representar menos del 5% del total de inversión extranjera que hay en el país. Ahora, casi el 99% de su producción corresponde a empresas mexicanizadas. Al 1o. de septiembre pasado, las únicas compañías mineras activas no mexicanizadas eran seis, dedicadas a la explotación de fluorita, yeso, grafito y carbón. Sin embargo, la ley actual permite que el capital mexicano sea mayoritario no siempre en términos netos, lo que aunado al poder financiero, tecnológico y comercial de las compañías extranjeras deteriora el control nacional de la minería.
Con la mexicanización se inicia una progresiva recuperación de la producción que apenas en 1967 alcanzó el nivel de 1929. A partir de 1970, con la participación del Estado en su desarrollo, creció a una tasa media anual del 6% en términos reales. Este crecimiento debe sostenerse para garantizar el desarrollo industrial, por lo que constituye una meta importante e inmediata de la política económica que la Ley propuesta hace posible.
La participación estatal en esta nueva fase de crecimiento de la minería no se ha reducido a la inversión directa. Los subsidios fiscales al sector pasaron de 275 millones de pesos en 1965 a 1,163 en 1974. Los créditos otorgados por instituciones públicas aumentaron a más de tres y media veces de lo que era originalmente. Adicionalmente, muchas inversiones privadas han sido avaladas en su totalidad o en un alto porcentaje por el Estado. Sin embargo, el estancamiento del sector minero a largo plazo y el crecimiento y diversificación de la estructura productiva que promovió el movimiento revolucionario, han deteriorado su importancia relativa dentro del programa de la economía.
La participación del sector en el producto interno experimentó una disminución persistente, del 4% que era en 1940, a menos del 2.1% que es en la actualidad. Esta situación carece de justificación económica puesto que significa desaprovechar una de las ventajas comparativas más importantes de que el país dispone en la escena internacional. La ley propuesta proporcionará los mecanismos para utilizar mejor el amplio potencial natural.
La actividad minera ha mostrado un menor dinamismo en relación al registrado por los sectores industriales que consumen una importante proporción de minerales como materia prima. La explotación de minas y canteras en la fase extractiva creció en el período 1964-1974 a una tasa media de 3.8% a precios constantes, mientras que la fabricación de productos minerales no metálicos lo hizo a más del 10.6%, la industria metálica básica en 9.0% y la producción de bienes hechos de minerales metálicos en 9.8%. De continuarse con esta tendencia a largo plazo el sector perderá capacidad para satisfacer la demanda interna, lo que obligaría a reducir los volúmenes de exportación e incrementar la importación de algunos de ellos.
Esto en parte ya ha sucedido, el Superávit minero externo disminuyó de más de 2,000 millones en 1964, a sólo 986 en 1970. Aunque para 1974, por ciertos aumentos de precios, alcanzó 2,171 millones; su contribución al financiamiento del comercio exterior del país se redujo sustancialmente al bajar de más del 33% del déficit comercial que era, a sólo el 5% que es hoy.
La tasa de crecimiento de la minería deberá ser aún mayor del 6% anual en el futuro, si queremos que vuelva a ocupar una posición importante como factor de equilibrio en nuestras transacciones externas. Además, su papel como principal fuente de materias primas para la industria hace indispensable tomar las medidas necesarias para asegurar que sea un factor dinámico integrador de la economía y que propicie una mejor distribución social de sus beneficios.
Para lograr tal impulso es importante evitar que la falta de exploración sistemática, la especulación con fundos ociosos, su acaparamiento, el uso de técnicas obsoletas de explotación, la poca transformación interna de los productos y la carencia de mecanismos propios de comercialización, impidan la creación de centros estables de trabajo productivo y sólo den lugar a auges transitorios que benefician exclusivamente a grupos y zonas reducidos de la comunidad nacional.
La minería está llamada a ocupar un lugar de mayor importancia en el contexto nacional, para la cual deberá aumentar su participación en las exportaciones, garantizar el suministro nacional de los insumos industriales que requiere el desarrollo y continuar generando aceleradamente nuevos empleos.
Cerca del 75% del territorio nacional es susceptible de contener minerales. Sin embargo, sólo se encuentra explorado de manera general menos del 20% y sólo 4% es lo que se conoce en detalle. Existen grandes posibilidades de descubrir nuevos yacimientos que incrementen
sustancialmente las reservas mineras del país. Así lo confirman los primeros resultados obtenidos por el Consejo de Recursos Naturales No Renovables en cuanto pudo disponer de mayores recursos financieros para el desempeño de sus funciones. En 1970 su presupuesto para inversión era de sólo 20 millones de pesos, en la actualidad supera los 80.
En la actualidad, se tienen localizados importantes prospectos en materia de fosfatos, carbón, hierro, bauxita y muchos otros materiales y substancias. Su desarrollo, requerirá de inversiones adicionales en trabajos de exploración. Sin embargo, será insuficiente lo que el Estado pueda destinar a esta tarea. Se requiere que directamente las empresas mineras inviertan una mayor proporción de sus recursos en exploración. En los principales países mineros las empresas canalizan a esta actividad alrededor del 6% de sus ingresos, en tanto que los establecimientos mineros del país, sólo destinan en promedio cerca del 1.5% de sus ventas a labores de exploración.
La minería necesita cuantiosas inversiones en exploración para programar a largo plazo su desarrollo y el de las industrias que procesan su producción. Con frecuencia, esto resulta contradictorio con el comportamiento de la empresa privada que desea obtener altas utilidades de inmediato. A pesar de que se conocen numerosos depósitos de mineral de fierro sin cuantificar, las reservas positivas sólo son suficientes para quince a veinte años a la tasa de crecimiento proyectada y la estructura actual de nuestro consumo. Este plazo se reducirá sustancialmente si el país inicia una etapa de producción acelerada de bienes de capital, con lo cual podría retrasarse o impedirse la integración de nuestra estructura industrial básica. En esas condiciones se corre el riesgo de que el crecimiento y diversificación de la capacidad productiva acentúen la dependencia en lugar de ser un instrumento de liberación. El caso del carbón ofrece aún mayores limitaciones, pues no basta intensificar la exploración, sino que es necesario superar numerosos problemas de técnicos para poder desarrollar su aprovechamiento.
Hace falta intensificar la exploración del territorio nacional, y también es necesario incrementar la explotación moderna y racional de los yacimientos ya conocidos. En particular, se requiere avanzar en las técnicas de explotación de grandes yacimientos de baja ley, para aprovechar con mayor amplitud los recursos minerales. Mientras que alrededor del 70% de la extracción mundial de minerales se realiza mediante explotaciones a cielo abierto, en México este tipo de explotación sólo aporta el 10% de la producción mineral del país. Por otra parte, mientras que en otros países son numerosas las minas con capacidad de procesar más de 5,000 toneladas diarias de mineral, sin considerar las de hierro y carbón, México sólo posee una de esta magnitud en operación, e incluso de las que podrían considerarse como de mediana magnitud que operan entre las 2,000 a 5,000 toneladas diarias, nuestro país sólo cuenta con 8.
La mayor parte de las operaciones mineras son obsoletas y sus unidades sumamente antiguas, por lo que tienen problemas agudos de productividad. Aunque parte de los proyectos en marcha con la participación estatal contribuirán a corregir esta deficiencia del desarrollo minero, no podemos ocultar que en muchos sentidos nos hemos quedado en una minería que corresponde a la que existía en los años 30. Esta es una realidad que el proceso de mexicanización no ha podido resolver por sí mismo, por lo que es imperativo dar nuevos pasos en el desarrollo de esta actividad. Su promoción no puede basarse en salarios bajos o subsidios crecientes; se requiere incrementar la magnitud y eficiencia de las operaciones, sobre todo porque la competencia internacional incluye la participación de naciones altamente desarrolladas que además de poseer la tercera parte de las reservas minerales mundiales, cuentan con mayores recursos financieros, tecnológicos y humanos para su explotación.
Incrementar la escala de producción es imperativo para reducir los costos unitarios de explotación, en particular los de equipamiento. Pero el establecimiento de grandes unidades no debe conducir a una mayor concentración de la riqueza y del ingreso, que determina que tan sólo diez compañías representen el 62% del capital invertido actualmente en este sector y una proporción aún mayor de la producción.
Es particularmente importante, aunque parezca paradójico, preservar y acrecentar la participación del pequeño y mediano empresario que contribuye al aumento de la producción, crea empleos en las zonas aisladas con poca inversión por trabajador y realiza importantes tareas de exploración.
Los objetivos anteriores sólo podrán conciliarse mediante una mayor participación y regulación del Estado en la minería, para evitar el desplazamiento o desaparición de quienes por su debilidad económica trabajan en condiciones precarias. Se requiere fomentar el establecimiento de nuevas formas de organización que propicien la participación de los propios trabajadores mineros, de ejidos y comunidades agrarias, a través de cooperativas y empresas de participación estatal o entidades que cuenten con asistencia técnica oficial. Por otra parte, la participación del Estado hará posible la realización de grandes proyectos integrados a la economía de la región donde se establezcan, con lo cual se fomentará el desarrollo paralelo de pequeñas y medianas unidades que podrán completar el abastecimiento de mineral o procesar su producción en ellos.
Será necesario también extender con mayor amplitud la mexicanización de la minería hacia la comercialización. Si bien se ha avanzado en forma sustancial en este terreno con la participación del Estado en diversos proyectos, todavía diversos consorcios transnacionales aprovechan su influencia y poder mundial para realizar operaciones de triangulación del comercio, manipular los precios a su conveniencia
y efectuar especulaciones que no favorecen a los países productores.
La intervención del Estado en los términos que propone la ley, en las actividades de comercialización, es de particular trascendencia para los pequeños mineros, que en la actualidad carecen la posibilidad alguna de negociación con quienes manejan tales actividades y ni siquiera pueden aspirar a asociarse con ellos, como es el caso de las grandes empresas que han realizado importantes progresos en esta materia y deben reconocerse así; en tales circunstancias, se presenta una situación típica de mercados en que domina uno solo o muy pocos compradores, en la que se extrae al pequeño minero hasta el último excedente de producción y se le mantiene en los más estrictos términos de subsistencia. Es evidente que la conveniencia de la intervención del Estado en las actividades de comercialización se justifica no sólo por su importancia social y de protección a la minería nacional, pública o privada, sino también debido a las altas utilidades que simplemente se están transfiriendo en la mayor parte de los casos a empresas extranjeras que no dejan nada sustancial a cambio.
Se requiere, además, hacer un mayor esfuerzo por producir el monto de las exportaciones sin procesar y sustituirlas por las de minerales afinados e industrializados con un mayor contenido de valor agregado y con precios más elevados en el mercado internacional. En 1973, alrededor del 30% de las exportaciones mineras correspondió a productos con casi nulo grado de elaboración.
La evolución histórica de la minería hace patente la necesidad de dos de las propuestas principales de la iniciativa en estudio: la explotación de recursos por el Estado, directamente a través de empresas de participación estatal; y la regulación de las concesiones a los particulares.
El país ha logrado importantes avances con la participación del Estado en áreas estratégicas como es el caso también del sector energético. Su consolidación demanda ampliar y perfeccionar la propiedad social de aquellas actividades productivas que, como la exploración, explotación y beneficio de minerales, son indispensables para alcanzar un desarrollo económico independiente.
El cambio de la estructura socioeconómica del país exige la transformación de la minería y del sector energético. Su consolidación demanda ampliar y perfeccionar la propiedad social en aquellas actividades productivas que, como la exploración, explotación y beneficio de minerales, son indispensables para alcanzar un desarrollo económico independiente y autosostenido.
El cambio de la estructura socioeconómica del país exige la transformación de la minería y del sector energético, lo que a su vez requiere la modificación de la actual legislación con estricto apego a la Constitución.
La Carta Magna, entre sus más importantes innovaciones, da lugar a la aparición y desarrollo de nuevas fuerzas productivas y formas de producción bajo el estímulo y la dirección del Estado, como instrumento para reivindicar el derecho del pueblo mexicano a decidir soberanamente sobre la utilización de sus recursos y el destino de su esfuerzo.
El derecho de cada Estado a disponer plena y soberanamente de sus recursos naturales, ha sido elevado a la categoría de principio normativo de las relaciones internacionales por la gran mayoría de las naciones, al aprobar la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados. Debemos preocuparnos ahora por mejorar en lo interno los mecanismos de que disponemos para ejercer esa soberanía. Esta, junto con nuestra capacidad de desarrollo, se ve seriamente amenazada por la inestabilidad comercial y monetaria de una economía mundial dominada por los grandes espacios económicos y la concentración del poder.
La crisis del sistema económico internacional ha dado lugar a medidas proteccionistas por parte de los países desarrollados, capaces de agravar y extender la recesión económica, cuyos efectos negativos sobre nuestra economía se agudizarán. Es imperativa una mayor y más eficaz intervención de las autoridades a fin de impedir que se lesione el bienestar común por el libre juego de las fuerzas del mercado y los intereses particulares. Estos, conforme al espíritu constitucional, deben en todo momento, sin mengua de sus legítimos derechos, coordinarse y subordinarse al interés general de la nación.
El carácter aleatorio de la minería y la irracionalidad en el uso de los recursos naturales de la nación sólo podrán desaparecer cabalmente cuando su aprovechamiento se efectúe por y para beneficio de todos los mexicanos, mediante una mayor participación estatal que haga posible integrar nacionalmente las diferentes fases de su proceso productivo, subsanar la ausencia de una tradición tecnológica propia y la carencia de infraestructura, así como alcanzar las escalas de producción necesarias para competir a nivel mundial.
Con la intervención del Estado se busca un auténtico desarrollo económico y social y no sólo el mero poder de la producción. Esto implica superar los mecanismos ordinarios de distribución del ingreso que impiden que el progreso beneficie a quienes más lo necesitan. Al actuar sobre la distribución del ingreso, el Estado tiene como objetivo dar al ahorro social el mejor destino económico y evitar la descapitalización o el abandono de las actividades por motivo de lucro que caracterizan algunas de las fuerzas del mercado.
Para alcanzar un desarrollo dinámico es necesario extender el ámbito de la soberanía nacional; poner en práctica formas de organización de los factores productivos capaces de enfrentarse con éxito al reto que significa lograr un desarrollo pleno y soberano en una sociedad cuya población crece aceleradamente y tiene además que superar carencias ancestrales; actuar como empresario innovador y audaz ante el riesgo; aumentar y hacer más
eficaz el ámbito de la participación estatal a través de la explotación de recursos básicos y aprovechar la capacidad de actuar con autonomía respecto del mercado, lo cual hace posible que la inversión pública sirva para impulsar y transformar cualitativamente la estructura productiva y no sólo su mero crecimiento.
La economía mixta es la respuesta de la Constitución a las tesis del Estado concebido como una entidad indiferente a los problemas sociales, que son contrarias a los principios que rigen. El fortalecimiento de ella además de necesario, es congruente con las altas finalidades y es obligación del Estado de mantener la paz colectiva en un clima de libertades individuales, garantizar el desarrollo y que éste tenga las características exigidas por los principios sociales que rigen la vida colectiva.
Hasta la década de los años sesenta, la intervención estatal en minería se reducía, en términos generales, con la excepción parcial de las compañías azufreras que aún mantenían una administración extranjera, a empresas que el Estado había adquirido por razones sociales, generalmente abandonadas por sus dueños extranjeros una vez agotada la etapa de fácil explotación; y a pequeñas unidades mineras de tipo local, en cuya creación participó el Estado, a veces totalmente, como forma de estimular la actividad económica en zonas deprimidas. Por su escala reducida de producción y su atraso tecnológico son empresas cuyo desarrollo tiene serias limitaciones.
A pesar de ello, la intervención estatal las ha revitalizado. En 1971 las empresas mineras de participación estatal tuvieron ventas totales por 1,178 millones de pesos y pérdidas conjuntas por 72 millones. Sólo una empresa registró utilidades en ese año. En cambio en 1974, las ventas totales de esas empresas paraestatales ascendieron a 3,662 millones y hubo utilidades de 500 millones. Sólo una empresa registró pérdidas. Varias de ellas estaban condenadas a cerrar por el agotamiento de los yacimientos. Importantes programas de exploración aseguran ahora su mantenimiento y aun expansión.
Lo anterior es un ejemplo de la capacidad administradora del Estado y de su eficiencia para elevar la productividad de empresas tradicionalmente deprimidas, hasta el punto de generar utilidades sin perder de vista su función social.
Demuestra además que no hay razón alguna para que en principio las empresas del Estado sean ineficientes. Se requiere, en todo caso, garantizar que los sistemas que las creen, dirijan y controlen, hagan posible su funcionamiento eficiente, coordinado y dinámico. Debe cuidarse que no surjan con vicios de origen desde el punto de vista administrativo, financiero y técnico. Para ello es fundamental fomentar el desarrollo de recursos humanos de alta capacidad con convicciones nacionales y sociales apropiadas para la conducción y operación de las empresas estatales, así como establecer un sistema de organización y consolidación sectorial de las mismas y desarrollar mecanismos de captación y generación de recursos financieros que permitan la autosuficiencia y su aplicación con eficiencia y honestidad, como garantía de la expansión sostenida de su capacidad productiva.
La explotación directa por la nación de los principales recursos minerales, en particular aquellos dispensables para la creación de nuevas fuentes energéticas, la expansión siderúrgica y la producción de fertilizantes, son fundamentales para mantener la capacidad de decisión soberana sobre la conducción del desarrollo y evitar que, dada la indiscutible importancia estratégica de esas riquezas naturales, por su carácter básico en el desarrollo industrial, su explotación quede al arbitrio y en beneficio de unos cuantos. Sólo así podrá el gobierno responder a los intereses de las mayorías sin que sus acciones se vean impedidas o limitadas por unos cuantos individuos.
La intervención estatal será la mejor garantía de un abastecimiento continuo y suficiente de materias primas a precios adecuados para el desarrollo industrial del país, hasta el límite de la disponibilidad de recursos. La creación de empresas de participación estatal en las cuales tengan cabida los consumidores de los productos como es el caso del Consorcio Minero Benito Juárez - Peña Colorada, S. A., será un mecanismo apropiado y muy conveniente para la producción minera.
La Ley propuesta, lejos de significar un desplazamiento de la inversión privada en minería, crea las condiciones para su participación eficiente en el desarrollo de grandes proyectos, que conjuntando el capital mexicano, público y privado, podrán realizarse sin menoscabo de la soberanía y de los beneficios sociales que deben generar. En muchos casos, el desarrollo de los proyectos minero metalúrgicos requiere enormes masas de inversión y tecnologías muy complejas, e implica riesgos considerables. Todos estos elementos, hacen que la iniciativa privada por sí sola carezca de recursos suficientes para poner en marcha proyectos de esta magnitud, a menos que reciban cuantiosos subsidios y apoyos financieros por parte del erario, en detrimento de otras necesidades sociales. El único mecanismo capaz de materializarlos es la asociación con el Estado. Esto hace que también con frecuencia las empresas privadas requieran el apoyo directo del Estado para poder seguir adelante. En ausencia de esta participación, de esta intervención, por llamarla claramente, y de esos apoyos del Estado al desarrollo minero, sólo el capital extranjero podría llevar a cabo los esfuerzos que se requieran, lo que por la desproporción de magnitud y poder, significaría el inicio de una nueva dominación extranjera de esta actividad. La alternativa es desarrollarse con participación del Estado en las actividades productivas básicas, o acentuar la dependencia y la injusticia que se deriva de la concentración de beneficios.
Además, esa participación es la mejor forma de llevar al máximo posible la inversión en minería, pues permite conciliar los rendimientos privados de la actividad con sus rendimientos sociales.
Este esquema de asociación de ambos sectores en el desarrollo de grandes proyectos, que corresponde a nuestro sistema de economía mixta, constituye la mejor manera de garantizar la soberanía nacional, el suministro de insumos básicos, la creación de economías externas, la capacidad de competencia en el mercado internacional, el avance técnico y la correcta distribución de los beneficios del desarrollo.
Será posible así reorientar el desarrollo industrial hacia la transformación de los recursos naturales, cuyo desaprovechamiento ha significado un importante desperdicio de oportunidades de creación de empleo o ingreso para los habitantes de las zonas rurales. La consecuencia ha sido una estructura productiva distorsionada que utiliza más los recursos escasos que los abundantes, desaprovecha las posibilidades de competencia en el mercado internacional y origina un desequilibrio crónico de la balanza de pagos.
Las medidas que forman parte de estas iniciativas de ley buscan sentar las bases materiales para replantear desde su fondo las políticas de sustitución de importaciones y de industrialización a fin de orientar la transformación de nuestros recursos naturales abundantes hasta llegar a la fabricación de bienes de capital que puedan producirse eficientemente, eliminando además la protección excesiva. El objetivo es lograr una estructura industrial integrada verticalmente que permita aumentar en cinco o más veces el número de empleos por unidad de producto final que los que se generan en la actualidad y revertir la tendencia de deterioro de nuestra balanza comercial.
De ahí que en el caso de la minería, la Iniciativa de Ley propuesta tiene entre sus principales objetivos regular las concesiones a particulares para que sirvan con mayor eficiencia a los propósitos nacionales. Entre estos se encuentra estimular la explotación racional de numerosos fundos mineros que se encuentran ociosos, muchos de ellos concentrados en unos cuantos concesionarios, por encima de sus necesidades reales de garantizar la continuidad de los trabajos, a pesar de que la mayoría se localizan en zonas carentes de otras alternativas de empleo, que no sea la minería. Por ello, se busca regular la explotación por los particulares para evitar el acaparamiento y la especulación con concesiones mineras y la transferencia arbitraria de las mismas.
El sistema actual prácticamente no limita el número y la extensión de las concesiones, establece inversiones muy reducidas para mantenerlas vigentes y no sujetas éstas a programas específicos ni a una verificación precisa. Esto propicia que en la mayoría de las concesiones ni siquiera se conozca con exactitud la cantidad y tipo de recursos minerales existentes. Se limita así la tarea de explorar y se retrasa, a veces indefinidamente el aprovechamiento de nuestras riquezas naturales.
En la esfera administrativa, el Gobierno ha tomado acciones para que se pongan a trabajar concesiones antiguas, como el caso, por ejemplo, de la Minera La Verde, concesionada en 1953 y que hasta ahora será explotada cuando el Estado propició el cambio de concesionario y la formación de una empresa de participación estatal minoritaria. Estas acciones se ven limitadas por la legislación actual que resulta inapropiada frente a las crecientes demandas que impone el desarrollo económico y social.
Uno de los propósitos centrales de esta legislación, es el de propiciar un volumen de inversiones más elevado y más cercano al socialmente óptimo, a través de un régimen de concesiones más específico y racional, que al mismo tiempo esté sujeto a reglas de comprobación más efectivas.
Las medidas propuestas equivalen a una auténtica desamortización de la riqueza minera y conservan de todas formas, el principio del derecho a la propiedad en esta actividad. Es decir, amplían las oportunidades de que un mayor número de mexicanos participe en la actividad minera, en lugar de favorecer la concentración improductiva de esa riqueza en unos cuantos poseedores. De hecho, las concesiones se transformarían, de aprobarse la iniciativa que se ha propuesto a su consideración en verdaderos certificados de inversión y producción. Con ellas se fomenta el conocimiento de nuestras riquezas naturales al establecerse que para tener derecho a explotar una concesión es necesario primero haber realizado trabajos de exploración; asimismo, se sientan las bases para sostener y aún acelerar el crecimiento de la minería logrado en los últimos años al inducir un mayor ritmo de trabajo y de inversión en las concesiones mineras. El derecho a disfrutar de una concesión se sujeta a la obligación de destinarla a un fin productivo, conforme al interés nacional. Para salvaguardar éste se pone en vigor plenamente lo dispuesto por la Constitución en relación a la propiedad originaria y el dominio de la nación sobre las riquezas del subsuelo.
El significado de una concesión es otorgar el uso y usufructo de un recurso, pero no en el abuso de él. De ahí la necesidad de sujetarlas a condiciones que garanticen los objetivos sociales que se buscan al otorgarlas. Por otra parte, una concesión no puede significar un derecho de propiedad absoluta y perpetua, porque se otorga sobre bienes en los que la propiedad de la nación es imprescriptibles e inalienable.
Las concesiones deben entenderse como una facultad discresional del Estado de constituir la propiedad privada cuando así convenga al interés público, pero no como una obligación incondicional de hacerlo. Ello equivaldría a enajenar riquezas que son patrimonio nacional, privando a la mayoría del beneficio derivado de su explotación para ventaja de unos cuantos.
Nuestra legislación dispone de manera inequívoca que las concesiones mineras son por su naturaleza jurídica, concesiones administrativas, y que como lo reconoce la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tales concesiones no representan derechos reales ni personales para los particulares, sino sólo derechos
subjetivos que nacen en el momento de que se les otorgan dichas concesiones en los títulos correspondientes, en virtud de un acto de autoridad administrativa. Los únicos derechos reales son el de expropiación y el de servidumbre sobre terrenos ajenos para cumplir con los fines de la concesión.
Los autores y tratadistas mexicanos más eminentes, como Lucio Mendieta y Núñez, Felipe Tena Ramírez, Gabino Fraga y Andrés Serra Rojas, así lo han sostenido.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos distingue con toda claridad el dominio eminente del dominio directo. El primero es el concepto en el que se expresa el mandato constitucional que determina que corresponde originariamente a la nación la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de su soberanía, y que es la nación misma la que ha tenido y tiene el derecho de trasmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. El Constituyente, en virtud de lo anterior, adoptó el principio y la noción de que el derecho del Estado, sobre el territorio del que es soberano, es un derecho real de naturaleza pública que le pertenece.
Respecto al dominio directo que ejerce la nación sobre sus riquezas, enumeradas en los párrafos cuarto y sexto del artículo 27 Constitucional, la legislación vigente establece con toda claridad que los bienes de dominio público y los bienes de dominio privado de la Federación, forman parte y se integran en el patrimonio nacional, como lo estatuye y declara la vigente Ley General de Bienes Nacionales.
La legislación propuesta pretende apegarse al espíritu original de la Constitución, cuyo objetivo anticipó su principal promotor, Venustiano Carranza, al señalar: "no es sólo repartir las tierras y las riquezas nacionales, no es el sufragio efectivo, no es abrir más escuelas, no es igualar y repartir las riquezas nacionales; es algo más grande y más sagrado; es establecer la justicia, es buscar la igualdad, es la desaparición de los poderosos, para establecer el equilibrio de la conciencia nacional."
Por su parte, el ilustre Diputado Constituyente, ingeniero Pastor Rouaix, redactor principal del artículo 27 de la Constitución, claramente precisa que: "el derecho de propiedad absoluta de la nación sobre todos los minerales y sustancias que ocultara el subsuelo, distintos de los componentes naturales de las tierras"... "era sólo la confirmación constitucional de una propiedad indiscutible, que había figurado en la legislación colonial desde la Conquista y que había regido a la República Mexicana en la totalidad de sus preceptos hacia el año 1884, cuando combinaciones torcidas de un gobierno protector del latifundismo, cedió el derecho de propiedad a los terratenientes en lo referente al carbón y al petróleo, por medio de una simple ley dictada por el Congreso, ley que seguramente estaba afectada de nulidad original, pues ningún gobierno puede tener facultades para ceder en general y perpetuamente, los derechos que corresponden a una nación sobre los bienes que forman y han formado siempre el acervo de su patrimonio. Para impedir en el futuro abusos semejantes, propusimos, y el Congreso de Querétaro aceptó de plano, que en el artículo 27 constitucional constara una enumeración completa de los bienes de la nación sobre los que ejercía, además de dominio eminente, el dominio directo, y de los que jamás podría desprenderse, porque se hacía constar su carácter de inalienable e imprescriptibles y sólo podría conceder la explotación de ellos a particulares y sociedades mexicanas mediante concesiones administrativas del gobierno federal y sujetándolos a las condiciones que fijaran las leyes".
Las reformas propuestas son base de una nueva estrategia para el desarrollo de la minería y tienen su fundamento en la necesidad de proteger mejor los recursos de la nación y de impulsar el desarrollo de las fuerzas productivas, para aprovecharlas con eficacia y atender con oportunidad los urgentes requerimientos de satisfactores básicos de las grandes mayorías. Asimismo, expresan la voluntad indeclinable del Gobierno de defender la integridad económica del país, de que todos los factores de la producción coadyuven al beneficio social y de lograr una política independiente y nacionalista.
Son el resultado, y a la vez el mejor impulso, del esfuerzo realizado por la administración del Presidente Echeverría, que desde su inicio se ha preocupado por avanzar en la mexicanización de la producción minera y de su administración, por iniciar acciones para extenderla al campo de la comercialización, y por promover proyectos nuevos y grandes que permitan obtener altos niveles de productividad, ocupación y divisas.
Estos esfuerzos han sido realizados directamente por entidades paraestatales o en asociación con grupos privados, pero siempre con un criterio invariable de desarrollo compartido. El propósito ha sido garantizar que la mexicanización de la minería sea una realidad inmediata y permanente y que los recursos no renovables se utilicen en beneficio de las mayorías y en la forma que mejor convenga a los intereses nacionales. La participación del sector público en la minería ha pasado de menos del 15% del valor total de la producción en 1970 al 35% en la actualidad, tendencia que se verá incrementada con la realización de los proyectos en marcha y de los que se inicien al amparo de la legislación que se propone.
El desarrollo de la minería como fórmula de generar ocupación y crear infraestructura básica en regiones aisladas se ha fortalecido con el decidido apoyo estatal a la pequeña y mediana minería, la que aporta más del 15% de la producción total. Su estabilidad y crecimiento quedarán garantizados por la nueva ley propuesta ya que obliga a los concesionarios de plantas de beneficio a tratar el mineral de pequeñas y medianas unidades mineras. Establece además que la Secretaría del Patrimonio Nacional tenga la responsabilidad de apoyar
a los pequeños mineros mediante exenciones al pago del arancel por servicios de las agencias de minería; relevándolos de la obligación de presentar programas de exploración y explotación; y a través de asistencia técnica para sus trabajos y para la comercialización de sus productos, además de las medidas generales de promoción.
Bajo esta concepción, los avances en la explotación de nuestra vasta y variada riqueza lograrán proporcionar ocupación productiva a miles de habitantes de zonas, como las desérticas, en que difícilmente pueden crearse otras fuentes de empleo a un costo tan bajo. Por su localización, esta actividad requiere que la infraestructura llegue a zonas apartadas del país, con lo que contribuye a integrar zonas hoy marginadas. Se logrará que la minería apoye los avances de la industria y de la agricultura, y contribuya al equilibrio en las relaciones comerciales con el exterior.
El establecimiento de reglas precisas de explotación de las substancias que tienen un papel estratégico en el proceso de desarrollo del país es indispensable para garantizar su adecuado aprovisionamiento. Su administración debe tomar en cuenta no sólo las utilidades que generen en un plazo inmediato, sino también la posibilidad de que en un plazo no remoto se extingan. Su explotación requiere determinar exhaustivamente las reservas que existen en el país de cada una de ellas y considerar su verdadero precio de escasez, para regular su aprovechamiento de acuerdo a los mejores intereses del país y no a los márgenes de rentabilidad privada.
En suma la legislación sobre minería propuesta, busca, en su esencia, cuidar el interés de la nación como superior que es a cualquier interés particular. Entre sus objetivos están, reafirmar la soberanía del país sobre sus recursos naturales; promover una cabal mexicanización de la minería en sus diferentes etapas; evitar que los estímulos concedidos por el Estado se concentren en un número reducido de grandes empresas; desarrollar y modernizar las explotaciones mineras y su integración hacia etapas de mayor transformación de los productos, para hacerlos más competitivos a nivel mundial y lograr un mayor impacto en la elevación de los niveles de vida y condiciones de trabajo de los mineros.
Reserva para su explotación exclusiva por el Estado, recursos que se consideran básicos para el desarrollo económico y social del país; se regulan las concesiones en su operación y vigencia, y se establecen las facultades necesarias para que la participación del sector público pueda ampliarse conforme al interés nacional. Los fines son que los recursos propiedad de la nación se exploten racionalmente, que se propicie su industrialización, que los resultados de la actividad minera sean instrumento para lograr el desarrollo compartido e independiente del país y que se garantice que esta actividad no se desnacionalizará.
Con la aplicación de la iniciativa será factible realizar de mejor forma y con los mayores beneficios sociales el amplio programa quinquenal de inversiones por 19,000 millones de pesos, puesto en marcha por el Estado en asociación con inversionistas privados para el período 1974-1978. Los grandes proyectos que arrancarán a partir de 1977 permitirán que la minería genere exportaciones por 13,000 millones de pesos anuales y más de 10,000 empleos directos adicionales. Los estímulos a la pequeña y mediana minería y los mecanismos de promoción minera reforzarán esta tendencia y el papel de la minería como fuente importante de empleo.
El proyecto de nueva Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica constituye la culminación de una de las luchas históricas de México por el rescate de sus recursos y sus industrias fundamentales.
La generación y suministro de energía eléctrica en el país fue, durante más de medio siglo, campo dominado por empresas privadas extranjeras, las cuales al amparo de un régimen de concesiones explotaban con exclusividad la prestación del servicio en áreas determinadas Esto propició la limitación de las zonas atendidas, la proliferación de sistemas eléctricos aislados y un servicio deficiente cuyo desenvolvimiento se rezagó con respecto al desarrollo general del país. Fue evidente que los particulares no podían satisfacer las necesidades de electrificación ni orientar el servicio en la dirección socialmente requerida.
La participación del Estado en el sector eléctrico data de 1937, con la creación de la Comisión Federal de Electricidad que hasta 1959 había instalado una capacidad de generación superior a la de los dos grupos extranjeros juntos desde principios de siglo, demostrando su mayor capacidad de responder a las necesidades del país. A fines de 1959, la capacidad total de generación llegó a 2.8 millones de kilowats. Del total, el sector público manejaba casi la mitad, pero el 70% de su producción era adquirido por las empresas extranjeras para su reventa.
En esas condiciones, el Estado decretó en 1960 la nacionalización de esta actividad. La nacionalización preparó, material y jurídicamente, una nueva era de la industria eléctrica mexicana que permitió iniciar tareas de desarrollo de la misma, de conformidad con los intereses del país. La legislación reglamentaria consecuentemente con el nuevo régimen de propiedad, la reestructuración administrativa, la interconexión de los distintos sistemas, la formación de industrias derivadas con fines de integración económica nacional, la transformación de las relaciones con los trabajadores de la industria, la planificación del servicio público de electricidad, fueron medidas cuyo propósito era alcanzar la consolidación y desarrollo de la industria. Los logros obtenidos hasta la fecha han sido alentadores, pero insuficientes ante las necesidades sociales y los fines revolucionarios del Estado Mexicano. La cabal realización de esas tareas en inaplazable y debe cumplirse con decisión y firmeza. El porvenir del país depende del uso de su potencia energética.
Es necesario que un sector fundamental de la actividad económica como el de generación de energía eléctrica, sea capaz de resolver los problemas que origina la diversidad y lo complejo de las actividades que hay que desarrollar para construir y operar los actuales sistemas eléctricos. Satisfacer el rápido crecimiento de la demanda de energéticos, propiciado por la expansión industrial y el fuerte incremento de la población, requiere superar problemas originados en el acelerado crecimiento de los gastos de explotación sobre los ingresos, motivado en parte por el estancamiento de tarifas de 1962 a 1973, que redujo gradualmente la disponibilidad de recursos del sector, ocasionando que éste recurriera con mayor intensidad al financiamiento externo. La elevación de los precios relativos de los factores, la dependencia tecnológica y la falta de una planeación cabal de las diversas actividades a realizar, agudizan el desafío del crecimiento del sector en los próximos años.
El sostenimiento del desarrollo socioeconómico del país exige que la generación de energía eléctrica crezca más rápidamente que el resto de la actividad económica. En los últimos 15 años, el producto interno bruto a una tasa promedio de 6.7% en términos reales, mientras que el sector eléctrico lo hizo casi al doble (12.4%). Será necesario en el futuro inmediato mantener y aun superar ese tasa de crecimiento para subsanar la falta de una reserva de capacidad suficiente para cubrir el retiro por fallas del equipo y los trabajos indispensables para su mantenimiento. Ello deberá hacerse a la vez que se reduce la dependencia respecto de los hidrocarburos mediante cuyo uso se genera casi más de la mitad de la electricidad. Será indispensable desarrollar nuevas fuentes energéticas que como el carbón tienen una participación mínima en la oferta total y la energía nuclear en la que apenas nos estamos iniciando.
Para enfrentar ese reto, la administración actual incrementó la capacidad de generación en casi 50% de 1970 a 1974 y tiene obras en proceso y programas para duplicar la capacidad inicial del período para 1976 y para llevarla a poco menos de 14 millones de kilowats instalados en 1978. La inversión acumulada en el período 1970-74 fue de más de 25 mil millones de pesos, con un incremento anual de 12.6%. En este año se ejerce un presupuesto de inversión de casi 9 mil millones de pesos y el próximo seguramente superará los 12 mil millones. La mayor proporción de las inversiones en construcción de plantas se destina a obras en proceso, entre las cuales se encuentra la nucleoeléctrica de Laguna Verde, a fin de asegurar el crecimiento sostenido a largo plazo de la capacidad instalada.
El proyecto de ley sobre el sector eléctrico se orienta a lograr que el organismo encargado de la prestación del servicio sea ejemplo de lo que dentro de un sistema de economía mixta debe caracterizar a una entidad pública descentralizada.
Las industrias nacionalizadas pertenecen a la colectividad; son empresas patrimoniales del pueblo, son parte de las conquistas materiales de la Revolución. No es suficiente que se produzca en ellas un cambio en el régimen de propiedad; es indispensable reorganizarlas y replantearse su funcionamiento integral para que estén en condiciones de desempeñar el elevado papel que el país les asigna y les reclama. Esta circunstancia pone a prueba la capacidad natural y práctica de las nuevas generaciones de mexicanos para perfeccionar incesantemente, en extensión y profundidad, el proyecto constitucional de desarrollo.
Es imperativo exigir a las empresas del Estado que, por su naturaleza, se conviertan en prototipo de nuevas y mejores formas de organización y funcionamiento; de dirección, promoción y participación directa en la investigación científica y en la innovación tecnológica; de formas más racionales y democráticas de relaciones laborales y sociales; de mecanismos de estímulo y de refuerzo a las posibilidades de una mayor participación de los trabajadores en la conducción del proceso productivo.
Por ello, se amplía el objeto social de la Comisión Federal de Electricidad, para superar la etapa en que se reducía a la prestación del servicio y transformarla en un instrumento de desarrollo. Con ese fin se le asignan las funciones de promover la investigación científica y tecnológica en materia de electricidad, el desarrollo y la fabricación nacional de equipos y material utilizables en el servicio público de energía eléctrica; así como el adiestramiento técnico y la capacitación profesional de sus trabajadores para mejorar sus conocimientos, la productividad, la responsabilidad y la seguridad en el trabajo. Se le faculta para prestar servicios científicos, tecnológicos y de asesoramiento.
Para el mejor cumplimiento de esas funciones y a fin de lograr el progreso integral y el crecimiento de la industria, se prevé en el proyecto de ley la obligación de formular planes de operación, inversión y financiamiento a corto, mediano y largo plazos. Con ello, se logrará ubicar la expansión del sector eléctrico en la perspectiva superior del desarrollo nacional, considerando en particular sus implicaciones regionales y las necesidades de aquellas ramas de actividad y núcleos de población que tienen mayor necesidad del servicio.
La Comisión Federal de Electricidad deberá realizar con su propio personal técnico el diseño del máximo posible de obras e instalaciones; procurar la normalización de equipos y accesorios y abastecerse, preferente, con productos manufacturados por instituciones que ya sean descentralizadas, empresas de participación estatal y empresas totalmente privadas, pero mexicanas.
Las tarifas se sujetan en este proyecto de Ley a una planeación racional, al establecerse los criterios para fijarlas en atención al estado patrimonial y financiero de la industria, conciliando la salvaguardia de los intereses de las mayorías con la obtención de los recursos necesarios para el mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico. Tal es la política tarifaria
que debe aplicarse en un sector básico y fundamental como éste. A falta de ella se propiciaría su estancamiento y la escasez de energéticos, lo que equivaldría a cancelar las posibilidades de crecimiento, a prolongar el atraso, la inflación y el desequilibrio externo. El desarrollo exige la movilización de cuantiosos recursos materiales, financieros y humanos, una férrea voluntad de lucha y creatividad y la adhesión de las mayorías nacionales. A fin de intensificar el uso de las instalaciones y racionalizar el consumo de electricidad, se establece el concepto de tarifas diferenciales para las horas de demanda mínima y máxima.
Los trabajadores tienen el derecho indiscutible de participar en la toma de decisiones administrativas dentro de una empresa pública. Este proyecto de Ley prevé que los trabajadores electricistas que tanto hicieron, además, para el rescate de la industria en el país, participen en la organización y funcionamiento de la Comisión Federal de Electricidad. La participación propiciará el aumento de la productividad y la reafirmación de la conciencia y capacidad profesional de todos los integrantes de la industria.
Las relaciones sociales dentro de esta industria se basarían en un concepto de la responsabilidad compartida. Esta es una exigencia y una posibilidad de la civilización contemporánea, que reclama esquemas de organización empresarial dinámicos, especialmente en industrias que son propiedad del pueblo.
Las formas de participación mencionadas y las que eventualmente surjan en el futuro garantizan la sobrevivencia de la propia industria eléctrica nacional y de todos sus integrantes, así como la expresión y defensa de los intereses de la sociedad y el Estado. Son mecanismos de construcción de la economía sobre bases de justicia y equidad, que deben acompañarse, como lo previene este proyecto de Ley, de acciones para fomentar la preparación de recursos humanos de alta capacidad técnica y convicciones nacionales y sociales apropiadas para la conducción de las empresas estatales.
En forma consecuente, el sistema eléctrico nacional se concibe con un sentido integral y coordinado. Se asigna a la Comisión Federal de Electricidad la responsabilidad de realizar su planeación integral y la de llevar a cabo todas las actividades relacionadas con la generación, conducción, transformación, distribución y venta de energía eléctrica, así como las obras, instalaciones y trabajo que requieran su adecuada planeación, ejecución, operación y mantenimiento.
Al unificar el servicio eléctrico en una sola entidad se facilitaría la tarea de garantizar que el crecimiento de la capacidad productiva supere permanentemente al de la demanda, para que esta industria cumpla su papel promotor del desarrollo; sería posible también mejorar las condiciones técnicas de seguridad y eficiencia en el suministro de energía; aumentar el grado de normalización de los equipos y materiales y adecuar más satisfactoriamente la distribución geográfica de las plantas generadoras a las necesidades regionales.
La centralización de la responsabilidad del buen desempeño del sistema eléctrico nacional es indispensable para obtener los máximos beneficios de la unificación de frecuencias, tarea que será completada en esta administración y que permitirá un mayor aprovechamiento de la capacidad instalada, ahorros considerables en los costos de operación y una distribución más adecuada del fluido eléctrico. Sólo así se extenderá el servicio a la totalidad de la población, se impulsará la industria productora de equipo y se elevará la eficiencia general del sistema. De no desarrollarse la fabricación de equipo pesado para plantas generadoras, las importaciones de este tipo de bienes ascenderán a 72 mil millones de pesos entre 1978 y 1990.
En la propuesta se establecen las bases para que el servicio público de energía eléctrica se preste dentro del marco de una política nacional de energéticos, la cual se encomienda a la Secretaría del Patrimonio Nacional, que tendrá atribuciones para fijar los lineamientos generales a los que deberá ajustarse tanto la Comisión Federal de Electricidad, como las demás instituciones que operan en el sector. A ésta se le obliga a someter la consideración del Ejecutivo Federal, los programas y proyectos necesarios para la prestación del servicio público de energía eléctrica. De esta manera, se integra la fijación de políticas en materia de energéticos y la vigilancia de su aplicación en una sola dependencia, con lo que se propicia una mayor racionalidad en el uso del conjunto de recursos energéticos disponibles y en la producción de los insumos y equipos requeridos para su aprovechamiento.
Honorable Cámara de Diputados:
La sociedad mexicana evoluciona hacia una situación de mayor justicia y equidad en lo interno e independencia en el ámbito internacional. La libertad del individuo y de la nación no serán cabales sin su liberación económica completa.
En una sociedad mixta en lo económico y plural en lo político, la determinación y cumplimiento de las responsabilidades de los diversos grupos y sectores garantiza la conservación de la soberanía nacional y evita que intereses particulares lesionen a los grupos más débiles de población y a los intereses generales de la nación.
El sistema de economía mixta tiene desde su concepción una gran capacidad de cambio. Las políticas y estructuras se modifican en atención a los problemas populares y a las necesidades del país.
El Gobierno de la República ha confirmado su voluntad y capacidad de conducir al país hacia un mayor desarrollo, sin sacrificar libertades ni soberanía. Frente a quienes postulan un orden basado en la fuerza y la conservación de los privilegios de una minoría, así como un crecimiento económico logrado mediante la claudicación de los principios revolucionarios, el Estado ha reiterado su convicción de que la paz interior sólo es duradera cuando resulta del progreso compartido y de que éste es el mejor sustento para el ejercicio de nuestros derechos
soberanos, permitiendo decidir internamente la forma, contenido y orientación de la vida nacional en lo político y en lo económico.
El país se encuentra en una etapa difícil de su historia. Lejos de interpretarla como una imposibilidad para el desarrollo, debe considerarse como un reto para el cambio. Con este enfoque, el presente gobierno ha logrado sostener el crecimiento e iniciar políticas de redistribución, eficiencia y justicia.
Los principales peligros que amenazan la consecución del desarrollo compartido y soberano son la crítica situación internacional y la persistencia de los desequilibrios internos. Sobre estos tenemos la capacidad de actuar para defendernos de los efectos negativos de aquellos. Frente a la magnitud de los problemas por resolver hay quienes, con insensibilidad social, proponen reducir el crecimiento del país y renunciar a profundizar los cambios en marcha para equilibrar las variables económicas en el corto plazo, sin importar las consecuencias en materia de desempleo y el retraso indefinido en el logro de las grandes metas colectivas. Olvidan que el solo crecimiento demográfico hace que la magnitud de los problemas sea cada vez mayor.
En lugar de detener nuestra marcha por temor, o en busca de beneficios transitorios, debemos avanzar por el camino iniciado para lograr un desarrollo más dinámico y compartido. Los objetivos que el país se ha propuesto no podrán alcanzarse a menos que se adopten las debidas previsiones para acelerar aún más el crecimiento económico, y al mismo tiempo, distribuir las oportunidades y los beneficios que genere la expansión. Alejarse de soluciones fáciles, como retrasar el crecimiento económico, y por el contrario acelerar las transformaciones necesarias, es el mejor camino para garantizar una sana estabilidad política y la construcción de un sistema económico capaz de satisfacer las necesidades populares y enfrentarse con buen éxito a la cada vez más difícil coyuntura internacional.
La experiencia histórica demuestra que la democracia social es imposible sin éxitos en las tareas de desarrollo, pero también que éste no se da sin la apertura de un proceso ininterrumpido de democratización. La falta de desarrollo implica la imposibilidad de obtener los recursos y de producir los bienes y servicios que demanda el bienestar social, de superar conflictos destructivos y de mantener el equilibrio y continuidad del sistema político, así como la independencia nacional frente a las crisis y amenazas de dominación que provienen del orden mundial.
México debe fortalecer y mejorar sus instituciones para proseguir, sin desviación ni retraso, hacia la consolidación de las conquistas revolucionarias y el logro de nuevas metas. Los riesgos son altos pero, en todo caso, menores a los derivados de actitudes conformistas que aconsejan detener la marcha. Esto sólo serviría para perpetuar los privilegios de los beneficiarios del inmovilismo social y de políticas desarrollistas.
Debemos avanzar en la dirección que señalan los principios de la Constitución, con la firme convicción de que esa es la mejor forma de cumplir con el destino de México: construir una sociedad donde las clases populares sean las protagonistas del desarrollo y no sus víctimas y donde se viva en la verdadera libertad, que sólo tiene un significado pleno cuando se garantiza la igualdad de oportunidades económicas, políticas y sociales para toda la población. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado Félix García.
El C. Hugo M. Félix García: Señor Secretario, la representación nacional ha escuchado con profundo interés su intervención para ampliar la exposición de motivos de las iniciativas de Ley que presentó a esta Cámara el señor Presidente de la República. Su exposición ha sido el desarrollo de un trabajo bien documentado, serio, objetivo, que revela el profundo interés y la importancia que significa para el desarrollo de nuestro país estas iniciativas. Sin embargo, deseo insistir sobre una cuestión que nos preocupa, de una situación de congelamiento de tarifas, el país no ha evolucionado acertadamente hacia la aplicación de tarifas acordes con nuestra realidad. Los artículos 11 y 30 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, establecen el criterio a seguir en este aspecto. Si bien es cierto que ajustes y reestructuración de tarifas pueden y deben fortalecer la estructura de Comisión Federal de Electricidad, no considera usted que puede ser contraproducente el impacto sobre el nivel general de precios y sobre el bienestar de la comunidad y al mismo tiempo ¿no considera usted, señor Secretario que antes que la anualidad del ajuste tarifario que se contempla en la iniciativa, debiera pensarse en mejorar la productividad de Comisión Federal de Electricidad?
El C. licenciado Francisco Javier Alejo: Muchas gracias, señor diputado. Encuentro y se lo agradezco más porque la pregunta, sin duda, recoge la inquietud más generalizada de la población respecto del sector eléctrico. Diríamos que son dos: uno, tener la electricidad y, otro, que no le resulte a uno demasiado cara. Creo que es importante distinguir dos problemas o dos fenómenos dentro de esta cuestión.
Los que se establece en la Iniciativa de Ley que se ha sometido a su consideración, es la obligación, el deber del Director de la Comisión Federal de Electricidad y de todos los miembros de su Junta de Gobierno, de estudiar anualmente el nivel y la estructura de las tarifas del Organismo.
¿Por qué la obligación, el deber para los Cuerpos Directivos del Organismo?
Precisamente porque se desea evitar con esta legislación, que se vuelva a incurrir en el error en que se incurrió en el pasado, de dejar inmovilizadas las tarifas eléctricas durante un número excesivo de años. De esta manera se deja perfectamente clara la responsabilidad pública de los Administradores de la Comisión
Federal de Electricidad ante la nación, de preocuparse continuamente por mejorar la situación financiera del Organismo.
Se dice ahí, que deberán realizarlo anualmente. Pensamos que deberían hacerlo anualmente porque si se establecieran como principio general que deberían revisar continuamente las tarifas, entonces los Directivos del Organismo se sentirían en la posibilidad de mover las tarifas en cada momento.
Se consideró que era mejor, que era preferible ponerle un plazo fijo a los fines de darle cierta seguridad a los particulares, a fin de que los usuarios supieran que las revisiones, en caso de traducirse en verdaderos movimientos de tarifas, se realizarían sólo cada año y no en el momento en que, al arbitrio del Director o de la propia Junta Directiva se considerase necesario.
Esa es la primera parte de la cuestión.
La segunda parte es que en la propia Iniciativa de Ley no sólo se conserva, sino además se precisa la autoridad de la Secretaría de Industria y Comercio en materia de tarifas eléctricas, correspondiendo a su atribución general de autoridad en materia de precios y tarifas en el país.
De esta suerte, el hecho de que se obligue a la Comisión Federal de Electricidad y Cuerpos Directivos, a revisar y estudiar anualmente, las tarifas y problemas financieros generales del organismo, como una responsabilidad por cuidar de su salud financiera, esto no quiere decir ni implica necesariamente que las tarifas vayan a aumentar, porque dependería de que la Secretaría de Industria y Comercio, que es la autoridad en materia de precios y tarifas, lo considerase prudente y apropiado o conveniente para el país.
Por otra parte, es cierto que si se autorizan aumentos de precios o tarifas a un organismo público que vende un servicio general para toda la población como es este del servicio eléctrico, lo que significa que cada uno de nosotros, habitantes, ciudadanos del país, vamos a pagar más por el servicio, es lógico y natural que a todos nosotros nos pase por la mente la idea de cuán eficiente es el organismo. Probablemente en este caso, como en ningún otro, esté presente en la mente de todos nosotros, de todo ciudadano del país, la preocupación por la eficiencia del organismo.
Durante la presente administración se ha hecho un esfuerzo considerable por elevar la eficiencia de Comisión Federal de Electricidad. Todavía ayer se comentaba en una reunión que frente a aumentos habituales de 10 a 12%, a veces más, del personal de Comisión Federal de Electricidad en la actualidad se encuentra prácticamente congelada la contratación, sin que esto haya dado lugar a que se redujese la generación, sino al contrario, se registraran los aumentos que eran de esperarse. Esto es aumento de eficiencia. Pero además se trabaja en programación de las actividades, se trabaja en mejoramiento de la administración, de almacenes, en mejoramiento de la administración financiera general del organismo, y en general, en una mejoría de todos los sistemas de generación, distribución y operación del sistema eléctrico nacional considerando en conjunto.
Sin embargo, todo esto no quiere decir que para poder considerar un refinanciamiento de un organismo, cualquiera que este sea, si es que se llega a la conclusión de que un organismo tiene problemas financieros, como es el caso de la Comisión Federal de Electricidad, que tiene problemas financieros en su mayor parte porque se le mantuvo, porque se le congeló su fuente de ingresos, que son precisamente los niveles de las tarifas.
Cuando se llega a esta conclusión, eso no nos debe forzar; el hecho de que nos preocupemos por la eficiencia, no nos debe conducir a poner como precondición el que la eficiencia se mejore porque la ineficiencia en ocasiones también es producto de la carencia de recursos financieros, y entonces caemos en un círculo vicioso si adoptamos esa posición.
El organismo es ineficiente porque no tiene suficiente dinero, y no se le aprueban las tarifas porque es ineficiente.
Si nos basamos en este razonamiento, entonces nunca saldríamos de un círculo vicioso, y probablemente correríamos el terrible peligro, el grave peligro de que nuestro sistema de generación, distribución y abastecimiento de energía eléctrica entrara en una crisis de la que nos costará mucho trabajo sacarla.
No sé si eso responde a la inquietud del señor diputado.
El C. Hugo Manuel Félix (desde su curul): Muchas gracias, señor secretario.
El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado Rodríguez Alcaine.
El C. Leonardo Rodríguez Alcaine: Señor secretario, además de la participación que los trabajadores derivan de su presencia en la junta de gobierno de la Comisión Federal de Electricidad, todo el capítulo tercero de la Iniciativa se refiere a la participación y capacitación de los trabajadores en la empresa, a través de las Comisiones Consultivas Mixtas en operación industrial. Conociendo las peculiaridades de nuestro desarrollo económico y social, ¿cómo caracterizaría usted la modalidad de participación obrera que propone la Iniciativa y cómo se plantea este tipo de participación obrera a la luz de la lucha de clases?
El C. licenciado Francisco Javier Alejo: Muchas gracias, muchas gracias señor diputado. Creo que ha tocado usted uno de los puntos medulares de la Iniciativa que se ha sometido a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, y es la introducción dentro de la Legislación que rige al sector eléctrico, a la industria eléctrica, el principio, el concepto, el ordenamiento relativo a la necesidad de participación de los trabajadores de la industria eléctrica en su administración; esa es principalmente la modalidad que tiene el concepto considerado en la Ley, es una participación de los trabajadores en la administración de la industria con todo lo que el concepto
de administración implica, por supuesto. Creo, estoy cierto más bien, de que de aprobarlo esta honorable Legislatura, hará la parte de un cambio fundamental revolucionario en la concepción de la participación de los trabajadores en las empresas del Estado, un reconocimiento al carácter revolucionado que han tenido siempre los trabajadores electricistas, al sentido de responsabilidad con que siempre los trabajadores de la industria eléctrica han concebido, han tenido para determinar sus actividades dentro de la industria.
Debemos recordar que en la lucha por limitar, reducir y después eliminar las actividades de las empresas eléctricas extranjeras en México, tocó a los trabajadores probablemente el papel más destacado; si eso no denota una profunda, fundamental preocupación por el interés nacional, difícilmente sería posible encontrar actividad que lo fuese. ¿Qué significa entonces que participen los trabajadores en la administración de la industria eléctrica?, significa incorporar a ese enorme cuerpo, a ese enorme conjunto de hombres responsables, nacionalistas, revolucionarios, preocupados por la eficiencia de su industria, a la toma de decisiones que llevan a la conducción de la misma. Significa también que los trabajadores que tan importante papel juegan en el desarrollo de la industria, dispongan de toda la información relativa a su conducción.
A fin de crear un verdadero ambiente por un lado, de corresponsabilidad de los dirigentes y de todos los trabajadores ante la nación por la correcta marcha de la industria, y por otro lado la posibilidad de que los propios trabajadores sirvan como permanente vigilante de la correcta conducción de la industria que se ha puesto en manos de un determinado individuo o conjunto de trabajadores.
Es tal la confianza, la certeza que se tiene respecto a su responsabilidad, que se juzga que no hay ya para qué no participen en las labores de administración. Esto se encuentra actualmente como lo señalaba el diputado Rodríguez Alcaine, estrechamente ligado a otras disposiciones que se encuentran en la Iniciativa de ley, relativas al desarrollo de los propios trabajadores.
Se espera en el proyecto, como obligación del organismo, como deber, el realizar todas las labores y los esfuerzos necesarios para desarrollar a sus trabajadores desde el punto de vista de sus conocimientos, de su eficiencia técnica, de su capacitación profesional en general.
Siendo que estos son 2 elementos que se encuentran estrechamente e indisolublemente vinculados. Al participar los trabajadores en la administración, podrán ayudar a la propia administración e identificar con mayor claridad los problemas de desarrollo que los trabajadores mismos tienen y en la medida que éstos desarrollen su contribución al organismo, será mucho más rico, más responsable y más eficiente.
Si bien es cierto que no podemos decir que en este tipo de industrias como la industria eléctrica, que es una industria patrimonial del pueblo mexicano, que es una industria patrimonial de la nación; existen relaciones obrero patronales, convencionales que, por el contrario, existen implícitamente aunque no haya alguna disposición jurídica al respecto. Que implícitamente existen relaciones obrero - patronales peculiares, porque hay un conjunto grande o pequeño de trabajadores cuyo patrón es todo el pueblo y ellos a su vez son parte del pueblo. Por eso es que entendemos que son relaciones obrero - patronales peculiares, pero por esa razón, una disposición como la que se incluye en esta Iniciativa de ley que tendría por qué servir, como algunas ocasiones se dice ante este tipo de cuestiones como mediatizador o como neutralizador si queremos llamarle de esa manera de lo que comúnmente se entiende como lucha de clases.
El hecho de que los trabajadores participen en la administración del organismo, no coarta ninguno de sus derechos comerciales, al contrario el simple hecho de que los trabajadores puedan conocer con precisión todas las particularidades de la conducta del organismo en que trabaja hará posible que con mucho mayor conocimiento hagan valer sus derechos en todo momento.
Es cierto que siendo nuestra economía mixta un fenómeno en pleno desarrollo, en continuo cambio, su maduración en el futuro, en el largo plazo, probablemente llevará la aparición de nuevas formas de asociación, de vinculación, de relación entre las empresas del Estado y sus trabajadores, pero eso es algo que la experiencia hará surgir. Eso es algo que será producto del desarrollo de la conciencia revolucionaria y nacionalista de todos y cada uno de los actores que participan en las empresas del Estado.
Lo que pretende, con esta Iniciativa de ley, es solamente que los trabajadores participen en la administración de la Industria Eléctrica. (Aplausos.)
El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado Soto Solís.
El C. Filiberto Soto Solís: Me refiero a la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica.
El carácter innovador de la Iniciativa en estudio, consiste en que extingue de plano el sistema de concesiones a particulares, regulado por la Ley de la Industria Eléctrica y su reglamento aún en vigor. Pregunto, señor Secretario del Patrimonio Nacional, ¿esta tendencia de la nueva Ley, que ciertamente consolida la mexicanización de la industria eléctrica, efectúa en alguna forma la eficacia de la Comisión Federal de Electricidad?
El C. Secretario del Patrimonio Nacional: Gracias, señor diputado Soto Solís.
Podríamos responder de la manera más sintética diciendo que no. Pero creo que hay algunos elementos que convendría considerar. Es decir, evidentemente no perjudicaría a la Comisión Federal de Electricidad -esto-; sino al contrario, va a beneficiar a la industria eléctrica de servicio público en su conjunto, al permitir que en el futuro no sea posible que se desarrollen nuevos fenómenos de dispersión en la industria; nuevos fenómenos de
participación de empresas, organizaciones, que a la larga demuestran ser ineficaces para prestar el servicio; que a la larga sólo conducen, aparte de la dispersión misma, a la falta de productividad general de la industria y a la falta de desarrollo del abastecimiento de energía en las zonas del país, en donde estas actividades se establecen.
Pero es conveniente quizá también aclarar que lo que se hace en la Iniciativa de Ley es proponer la extinción del régimen de concesiones, no de las concesiones, éstas están en proceso de liquidación, siguiendo su proceso normal, siguiendo el proceso jurídico o administrativo, según el caso, según de qué se trate en cada una de ellas. Lo que se hace en la iniciativa es extinguir respondiendo a lo establecido en la propia Constitución en su artículo 27 del régimen de concesiones como tal.
En ese sentido lo que hace la disposición es darle seguridades a su organismo en su desarrollo futuro. Plantearle ya así un horizonte claro en cuanto a lo que va a poder o no va a poder hacer en el futuro, en la medida en que se cancela de esta manera en adelante toda posibilidad de otorgar concesiones a empresas o a organizaciones que no sean la Comisión Federal de Electricidad.
Es de esperarse que esto, junto con la aceleración de la liquidación de las concesiones en vigor -que son además unas cuantas- termine ya de aclarar por completo el panorama del desarrollo de la industria eléctrica. Perdón, no se si fue satisfecha su pregunta. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: Tiene la palabra la diputada García Flores.
-La C. Margarita García Flores: Señor Secretario del Patrimonio Nacional, me refiero a la iniciativa de Ley sobre Minería, ¿puede interpretarse que esta iniciativa contribuiría a limitar la inversión privada en la actividad minera, o acaso pretende el gobierno establecerse como único inversionista en esta materia, o podría pensarse también en que la Ley, la nueva iniciativa nos conduciría a un monopolio de Estado para el desarrollo de la industria minera de México?
El C. licenciado Francisco Javier Alejo: Muchas gracias. Encuentro que su pregunta es de una enorme importancia, porque sin duda recoge una preocupación de numerosas personas en el país. Por alguna razón extraña que nunca he acertado a calificar plenamente, sobre todo con precisión, cuando en México se habla de intervención del Estado, cuando en México se habla de que el gobierno intensifique sus operaciones a su intervención en una determinada actividad, cuando se recuerda a alguien de que algo pertenece originalmente a la nación, y además se le recuerda que lo dice el artículo 27 de la Constitución desde 1917, y que además si se trata de minería esto corresponde a una viejísima tradición hispánica, yo no se por qué extraña razón, numerosos grupos de personas empiezan a temblar.
No sé si lo que ocurre es que en algunos grupos de personas hay una desconfianza fundamental, una desconfianza profunda y nunca confesada en las instituciones públicas de México.
Ojalá que sólo sea nerviosismo: ojalá que sólo sea falta de información; ojalá que no sea un verdadero apego, una falta de verdadero apego, de verdadera aceptación de las instituciones que rigen nuestra vida colectiva.
Francamente yo tengo mucha más confianza en las decisiones de mi Gobierno, la tuve antes también, y la tengo ahora, que en las decisiones de cualquier particular (aplausos), sobre todo cuando se trata de usar, aprovechar, utilizar, usufructuar recursos de la Nación.
Sin embargo, y respondiendo directamente a su pregunta que por estas razones la encuentro tan pertinente y tan útil no hay ninguna razón para pensar que por el hecho de que se proponga una iniciativa de ley, que recoge con toda precisión el espíritu del artículo 27 de la Constitución, se vaya a eliminar para siempre la participación de los particulares en una actividad. Si ese fuera el caso, lo único que necesitaríamos sería un artículo que dijese, a partir del día de hoy, o sea de la fecha de publicación de este artículo - ley: "Sólo el Estado podrá disponer, explotar, utilizar recursos generales en el país, y queda prohibida la participación a cualquier particular, cualquiera que sean sus características", y después de eso sería simplemente un reglamento de instalación de empresas mineras y técnicas mineras y demás. Pero no es así. Lo que se hace en la ley, es que en lugar que -como tenemos oportunidad de decirlo recientemente con alguna figura-, en lugar de sacar a los particulares, que no es eso lo que se pretende con la Ley, se está metiendo al Estado. Los particulares están en la minería y lo están además gracias a la ayuda que les ha proporcionado el Estado. En muhos casos, en numerosos casos, no hay razón para pensar que por el hecho de que el Estado desee que ya se sienta capacitado porque ha desarrollado sus cuerpos técnicos, su capacidad financiera, utilizar la facultad que le da la Constitución, de explotar los recursos que son de la nación, quiera participar, y que por esa razón se vaya a sacar a los particulares de la actividad. No es así. Pensamos que lo que ocurrirá una vez que se asimilen las ideas, que se medite con serenidad, que se vea que la iniciativa de Ley no pretende más que desarrollar la minería, se verá entonces que sus disposiciones, lo que buscarán precisamente, será acicatear a los particulares para que trabajen con toda intensidad. Y se verá que sí hay un aspecto de la ley por el que se pretende sacar a los particulares de la minería, a determinado tipo de particulares, que es el aspecto de la ley por el cual se cambia la naturaleza misma del régimen de concesiones, a los fines de que éstas se otorguen, y permanezcan en manos de únicamente aquellas personas que trabajen las concesiones.
Creo que corresponde de manera indiscutible a la nación, al Estado, el derecho de regular
las concesiones que otorgue de esta manera.
Durante mucho tiempo lo que se ha hecho para estimular el desarrollo de la minería es dar enormes subsidios fiscales, avales de Nacional Financiera, créditos a plazos largos y a tasas de interés bajas, y eso ha servido para desarrollar algunas empresas privadas, de manera muy reciente, pero no ha sido suficiente para desarrollar la minería al ritmo y en la magnitud que el país lo necesita.
Por eso, entre otras razones, en esta iniciativa de ley se propone, primero, que la concesiones se otorguen primero para fines de exploración. Y ahí se amplían considerablemente las superficies que serán concesionables o concesibles para fines de exploración.
De los niveles muy recudicos en que nos encontramos en la actualidad con la ley vigente, pasamos a concesiones de exploración que podrán ser hasta de 50 mil hectáreas, precisamente porque el país requiere que se haga exploración. Y se establece, además, que nadie podrá explotar un yacimiento minero si no ha explorado antes. Por eso se separan conceptualmente la concesión de exploración y la concesión de explotación a los fines de que las autoridades que tienen precisamente la obligación de velar porque se cumpla el espíritu de la Constitución en esta materia, de que se usen bien los recursos nacionales, tengan la seguridad de que aquellos yacimientos o superficies que concesiones se cometen a trabajo efectivo. Además, se establece y esto por supuesto podría decir que implica la eliminación de algunos particulares, si lo implica, sin duda, que las concesiones de explotación aparte de cumplir el requisito de que se haya explorado antes, se darán a aquellos particulares que presenten un programa de desarrollo del yacimiento que satisfaga a la Secretaría del Patrimonio Nacional, no como tenemos que hacer ahora, que se lo tenemos que dar al primero que cruza por la puerta, sin tener la seguridad de que después lo va a trabajar, de que no va a especular con él, que no lo va a mantener ocioso como ocurre ahora durante 20, 30 y hasta 100 años. Eso sin duda, eliminará a algunos particulares de la minería, pero creo que para el beneficio de otros particulares y de toda la nación en su conjunto.
Se establece también en la Ley, un cambio importante en esta Iniciativa de Ley respecto al régimen de concesiones, cuya lógica es evidente, en la situación actual, las concesiones que se otorgan, aparte de no estar sujetas a ninguna condición, son prácticamente concesiones ad - perpetuam. Yo quisiera preguntar a los honorables diputados, si como representantes nacionales populares, no se sienten intranquilos por el hecho de que por un lado el artículo 27 de la Constitución diga que esa riqueza del nacional es inalienable e imprescriptibles y por otro lado, un señor burócrata en la Secretaría del Patrimonio Nacional otorga concesiones para toda la vida. Desde mi punto de vista esa es una violación al espíritu de la Constitución. Las concesiones deben ser por tiempo determinado, deben ser a plazo fijo, por supuesto que el plazo debe ser razonable, porque si se embarca a un particular en una inversión, pues se le debe de dar un plazo para que la recupere y además establece un mecanismo por el cual un particular que tenga una concesión a precio fijo puede obtener otra después. Eso no es sacar a los particulares de la minería, sino simplemente regular su actividad dentro de la minería. Así es como nosotros lo entendemos y nos da la impresión de que al considerar en su conjunto todas estas cuestiones, junto con las disposiciones que se establecen en la ley que harán posible que las empresas estatales participen más intensamente en la actividad, hará posible que en los próximos 10 años vivamos nuevamente un nuevo y nuca antes conocido auge de la actividad minera. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado González Hinojosa.
El C. Manuel González Hinojosa: Señor Secretario, antes de plantear algunas cuestiones relativas a los temas que sugieren las iniciativas que están presentándose a la Cámara, quisiera protestarle a usted bajo palabra de honor, que no pertenezco a ningún grupo de tembladores, que no me espanta el dominio originario y eminente que tiene el Estado sobre sus recursos naturales y por supuesto el papel que debe desempeñar el Estado en la explotación, utilización y aprovechamiento de esos recursos.
Estas iniciativas sugieren una serie de temas que a su vez sugieren una serie de preguntas. Se habla de mexicanización y de participación del Estado; de una posible estatización y de economía mixta. Desde luego debo protestar también que mi Partido está totalmente de acuerdo con un proceso de mexicanización no solamente en los aspectos de la minería, sino en la de cualquier otro recurso importante de México y que apoyamos decidida y categóricamente este proceso de mexicanización.
Nuestro patrimonio y nuestros recursos deben ser nuestros, de los mexicanos. Cuando surge alguna pregunta en relación con esto, es cuando se entiende que la mexicanización sólo puede realizarse a través de la actividad del Estado en el proceso económico, porque yo pienso que la mexicanización más profunda puede lograrse a través de hacer mexicanos los recursos en el mayor número de mexicanos y no forzosamente a través del Estado.
Por lo que se refiere a la participación del Estado en todo el proceso económico, creo que tampoco habrá gran motivo de discrepancia si se entiende que esta participación es de recursos económicos, la de orientador, la de promotor, propulsor, de acuerdo con principios de subsidiaridad y complementaridad que, en este orden de ideas el Estado no es dueño de la economía, sino un agente activo del desarrollo económico de un país.
En cuanto al economista, que ha adoptado el Estado mexicano, creo que existe una serie de problemas desde un punto de vista teórico,
y llevando la teoría a extremos absurdos, se podría considerar que existe economista, cuando por ejemplo el sector privado interviene en un 1% en el desarrollo, en el proceso económico y el sector público en el 99% restante. Ya hay ahí una economía mixta, o puede darse el caso al revés, en el que el 99% está en manos del sector privado y el 1% en manos del sector público. Entonces el problema de la economía mixta es el cuánto, en un momento dado y en un país dado, debe de representar en orden a la inversión, a la producción, y al empleo, la actividad del Estado para que ésta sea razonable y justa, y cuánto debe corresponder al sector privado.
Entonces es problema de cuantificación, yo no creo que haya economista; yo no soy quien puede decir teóricamente esto son los límites ideales para la intervención del sector privado y del sector público; pero, como toda política, la política económica debe estar ajustada a realidades concretas de un país, a posibilidades reales y, tener un mínimo de cuantificación, en cuanto a la participación que ya tiene en la nación, en el proceso económico de un Estado y, cuánto se propone intervenir aumentando, incrementando o retirándose del proceso económico.
Creo que en todos los países en donde se reconoce esta participación necesaria y evidente del Estado, existe una cuantificación y existe una planeación de qué impacto va a sufrir la participación del Estado en la economía general, en el orden general de la economía por sectores, por regiones.
Entonces, surge una pregunta obligada: ¿El Estado Mexicano tiene cuantificado su impacto de participación en el proceso económico general del país hasta este momento, y con Iniciativas de Ley, como las que estamos estudiando, tiene cuantificado con cuánto más o en cuánto más va a participar en ese proceso económico?
Esa sería una cuestión interesante.
Por otra parte, se señala una decidida intervención del Estado en aspectos estratégicos de la economía como por ejemplo en el de suministro de energía eléctrica, en el aspecto de minería consustanciales entre una y otra materia. Evidentemente todo proceso eléctrico, económico- Eléctrico de México, es un punto neurálgico estratégico de la economía general del país. No todas las explotaciones mineras tienen las mismas características. Habrá algunas que las pueden tener, sin embargo, en la Ley se deja abierta la posibilidad del Estado para intervenir en todo tipo de exploraciones y de explotaciones mineras. Y no en áreas estratégicas de la producción minera.
En esas condiciones, la pregunta es: ¿El Estado, -cuando lo juzgue conveniente- intervendrá en todas aquellas explotaciones y exploraciones aun cuando no sean estratégicas? Por lo demás, hay una intervención del estado que preocupa -sin que me ponga a temblar- de que toda la explotación minera la sujeta a un plan quinquenal. Con todo respeto yo no tengo mucha confianza, ni mucha certeza de que toda decisión proveniente del Estado es mejor a la decisión proveniente en el sector privado. Eso, habría muchos ejemplos en pro y en contra, obliga por otra parte, a los particulares explotadores de minas a ceder en un momento dado, a vender a los organismos estatales hasta el 50% de su producción sin señalar de qué producto se trata, simplemente de todos puede ser; y esta participación del Estado en cuanto a su cuantificación es lo que creo que podría aclararse, si es tan amable, Para terminar, perdonando que haya sido tan largo, quisiera hacerle una consideración que los licenciados en leyes nos hacemos respecto a la bondad del sistema de demanda, contestación, réplica y duplica. Si usted, como licenciado en economía, está de acuerdo con nosotros, licenciados en derecho, en la bondad de este sistema, ¿me concedería el derecho de réplica?
El C. licenciado Francisco Javier Alejo: Yo estaría dispuesto a concedérselo, en cualquier foro público que usted desee. Lo que sí me parecería un abuso, sería disponer de la libertad de los demás señores que se encuentran presentes, pero a partir de mañana donde usted quiera. Creo que es extremadamente interesante todo su razonamiento, hay una premisa en todo ello que creo que conviene detenerse un poco en ella. Decía usted al principio que aparte de todas las coincidencias, muy bien planteadas, coincido básicamente el enfoque general, que a usted le gustaba la mexicanización en el sentido de que participe el mayor número posible de mexicanos.
Aquí es donde puede estar implicada una premisa, no expresada, que a mí me gustaría hacer explícita. Si lo que esto implica es que el Estado representa a un individuo, entonces sí, sin duda, la peor manera de hacer que participe el mayor número de mexicanos en algo es que intervenga el Estado.
Hay algunos países en donde creo que este concepto tiene un correlativo bastante claro, en donde el Estado es un individuo, pero tengo la impresión, y ese es mi punto de vista, de que en México ya hay una Constitución al respecto, y hay una práctica política diaria en este sentido, el Gobierno, elegido por votación popular, el Congreso, elegido de la misma manera, representan si no a la totalidad, a la mayoría de los mexicanos. De manera que surgiría un desacuerdo en las premisas, que puede llevarnos a un desacuerdo en las conclusiones.
Dice usted que en atención a esto, entonces es preocupante que el Estado pueda participar mucho, que se abran mecanismos que dejen indefinida su participación.
Hay una discusión, indudablemente mundial sobre toda esta cuestión, y siempre se ha dicho que es necesario definir el punto de participación del Estado, en los países en donde preocupa. Creo que puede haber innumerables definiciones de la participación del Estado, según del área de la cual esté uno hablando.
Si se quiere pensar por ejemplo en que participa México en los recursos financieros del país, el Estado de México en los recursos
financieros del país, eso nos dirá que por la vía fiscal participa del 12% o 14% cuando mucho, pero si me pregunta ¿en cuánto participa en la industria petrolera?, pues entonces le diré que participa en el 100%, y así varía según el ámbito social a que nos estamos refiriendo, o el ángulo de observación de las actividades económicas o el sector de actividad económica e incluso a la región a que nos referimos. Las razones para que el Estado participe en un caso o en otro son extremadamente variables. Creo que - y hacia ahí apuntaba en algún sentido su exposición-, no podemos tener un criterio válido universalmente para todos los casos respecto hasta qué punto o porcentaje debe participar el Estado. Esto más bien es algo que se debe ir decidiendo en la práctica, y me da la impresión de que usted se inclinaba a pensar en criterios generales más que en porcentajes.
Yo podría plantearle lo siguiente, cuya significación no se escaparía sin duda a su muy fina inteligencia: ¿Como participan mas mexicanos en la minería, teniendo 4 empresas que controlan el 80%, o con el Estado? Esa es una interrogante que se nos presenta a muchos y que debemos resolver algún día. Esta ley, por supuesto, no impedirá que esas cuatro empresas sigan en la miseria, pero sin duda incrementará la participación del Estado, que suponemos, por lo menos yo supongo conceptualmente, que implica la participación de toda la población, aunque sólo sea de manera implícita.
Creo que lo que se hace en la iniciativa no es abrir un abanico indefinido de participación del Estado. Lo que se hace es crear ciertos mecanismos para poder poner en marcha otros mecanismos jurídicos, para poder poner en práctica de actividad. Se habla de la necesidad de crear empresas mayoritarias o minoritarias del Estado, que con un mecanismo de asignación en el caso de las mayoritarias puedan explotar en gran escala fundos, yacimientos, zonas que requieran la explotación en gran escala. Ahí tienen un caso muy característico de intervención del Estado. Cuando la escala llega a ser tan enorme, entonces resulta prácticamente forzoso que el Estado participe, incluso casi que sea el único en la explotación de un yacimiento. ¿Por qué? Si para explotar un yacimiento usted va a necesitar invertir diez mil millones de pesos o veinte mil millones de pesos y no los tiene, pues resulta por lo menos divertido, si no es que reprobable, que llegue usted con las autoridades y les diga, pues oye, dame este yacimiento, pero como requiere diez mil millones de pesos la inversión, necesito que me des subsidios fiscales por el 50% de mis ingresos durante los próximos 25 años, y dame avales para poder conseguir 9 mil millones de pesos de crédito.
Pues, francamente yo no siento que sea por lo menos el camino a seguir en todos los casos. Si en estos casos de la grande escala lo que se va hacer con este tipo de acciones de que estábamos hablando, es enriquecer a un particular, con dineros que son de todos, y yacimientos que son de la nación, pues mejor que los explote la nación.
Hay así un caso, creo que muy puro. Creo que ahí tenemos un caso muy puro donde se delimitan con toda claridad las cosas.
Ahora, hacia el final de su intervención, había, creo, un error de interpretación de la iniciativa que sí quisiera de inmediato disipar. Hablaba usted de que se dispone que las empresas queden obligadas a entregar el 50 por ciento de su producción al Estado. ¿No es así? Si hablamos de toda la minería y de todas las substancias. Esto se dispone exclusivamente para el hierro y para el carbón. Y no se dice que estén obligados a entregar el 50 por ciento de su producción siempre, sino hasta el 50 por ciento de su producción si fuese necesario.
Si otras empresas necesitaran esos elementos, son materias primas escasas, muy escasas en México, cuya distribución en los mercados siderúrgicos y energéticos del país será necesario regular cada vez con más rigor. Entonces, en cuanto a una actitud, aquí sí de responsabilidad, se requiere que el Estado se prepare para poder participar en esos mercados, a fin de asegurarle a todos los factores que puedan seguir trabajando en industrias que son sin duda vitales para el país, como son la del acero y la de los energéticos. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado Rodríguez Arcos.
El C. Ezequiel Rodríguez Arcos: Señor licenciado Francisco Javier Alejo: Antes de expresarle mi preocupación, en forma de pregunta sobre las leyes motivo de su comparecencia, yo quisiera manifestarle, a nombre de la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, nuestra congratulación por su estupenda, yo diría, magnifica interpretación del artículo 27 constitucional que usted hizo en su exposición primera. Creo que en su planteamiento estuvo presente el espíritu del Constituyente del 17 de una manera plena y categórica, es decir, estuvo presente en cuanto al sentido democrático de ese artículo, en cuanto al sentido revolucionario del propio artículo, en cuanto a su sentido profundamente nacionalista y en consecuencia implícitamente antiimperialista. Le reitero las consideraciones de nuestra fracción parlamentaria, señor licenciado Alejo, por su magnífica exposición. (Aplausos.)
La pregunta que deseo formularle es la siguiente: Partiendo de las argumentaciones contenidas en la exposición para fundamentar el proyecto de Ley que es motivo de su comparecencia, ponderamos en muchos aspectos su sentido nacionalista dentro de un contexto de economía mixta. Nuestro Partido sostiene la tesis de que tratándose del desarrollo económico nacional en su actual etapa, lo inaplazable debe ser aumentar las fuerzas productivas utilizando los recursos naturales y humanos de que disponemos para elevar de una manera sistemática el nivel de vida del pueblo, incrementar el capital nacional, garantizar la independencia de la nación, distribuir de manera
equitativa la riqueza pública. Es vieja demanda del PPS de que tratándose de la creación de empresas industriales para la explotación de materias primas no renovables, como en el caso de los minerales, su aprovechamiento debe hacerlo exclusivamente el Estado. Pero nuestra pregunta está relacionada con la duración de las concesiones mineras por 25 años que contempla el proyecto, tiempo que nos parece excesivo dada la tecnología hoy usada, tanto para la exploración como la explotación e industrialización de muchos minerales.
Señor Secretario, bastaron solamente 15 años para que una empresa minera agotara los ricos yacimientos de manganeso que en aquel entonces existieron en la región de Autlán y El Gruyo, Jalisco. Esto explica nuestra preocupación en cuanto al tiempo de duración de una concesión, rogándole a la vez nos dé los argumentaciones que se tomaron en cuenta para considerar en el proyecto al tiempo equivalente a un cuarto de siglo. Muchas gracias.
El C. Licenciado Francisco Javier Alejo: Muchas gracias, señor diputado, le agradezco muchos sus conceptos que me alientan.
Respecto a la duración podríamos hablar primero de duración y luego del agotamiento de yacimientos; creo que usted ha tocado un punto de gran importancia. Por lo que hace a la duración se estuvieron analizando diversos períodos, en efecto. De hecho podría decirle a usted que dentro de los grupos técnicos de la Secretaría del Patrimonio había el partido de los 99 años, y el de los 10 y el de los 15 y el de los 40, desde el punto de vista técnico, por supuesto. Son cosas que hay que analizar con cuidado y el señor Presidente de la República decidió finalmente, después de considerar los argumentos, al firmar su iniciativa, que fuera 25 años porque hay innumerables razones que dan lugar a que el desarrollo inicial de los yacimientos lleve períodos relativamente prolongados. Por lo general el plazo promedio para echar a andar un yacimiento de cierta importancia, es más o menos de 8 años, en ocasiones le lleva de 10 a 12 años desarrollar un yacimiento.
Entonces se necesitaba dejar después de ese período inicial de desarrollo del yacimiento, un período adicional para recuperación de la inversión, como es lógico.
Es natural que si en México hay empresa privada y la hay, y esto está permitido por nuestra Constitución, la empresa privada y aun la pública tiene que trabajar sobre la base de recuperar su inversión. También la pública, y se necesita entonces que el plazo de duración de la concesión sea suficiente para poder recuperar la inversión. Ese es un primer punto. Otro segundo punto, es que se necesita que el horizonte de temporal a que se enfrenta una empresa minera, sea pública o privada, esto regiría tanto para las empresas públicas como para las privadas, sea suficientemente amplio, como para hacer los programas de desarrollo del yacimiento de manera sensata, de manera apropiada para los intereses del país.
Si le diera a usted una concesión de 10 años a una empresa y no tuviera por lo menos alguna esperanza de poder obtener otra después, pues agotaría el yacimiento si puede en 9 o podemos mencionar cualquier otro período.
Entonces primero se necesita cierta amplitud, por eso se decidió 25 años por las dos razones que le exponía. Segundo: Es necesario disponer de los mecanismos apropiados y de los criterios apropiados para cuidar que los yacimientos no se exploten de manera irracional, como el caso que usted mencionaba en Autlán. Para eso es precisamente entre otras razones, para lo que se le va exigir un programa a las empresas concesionarias, a la hora de otorgarles la concesión, tendrán que entregar un programa de desarrollo del yacimiento al cual tendrán que apegarse y solamente lo podrían cambiar en el caso de que le den a la Secretaría del Patrimonio Nacional una serie de razones suficientes para cambiar el programa, ¿verdad? De manera que no queda a su total libre albedrío el desarrollo del yacimiento, porque puede darse el caso de explotaciones irracionales. Es un primer aspecto.
Además, pensamos en la conveniencia de que cada cinco años, en algunos casos por lo menos, cada cinco años se puede decir: ¿por qué no cuatro, por qué no seis? Eso es un poquito arbitrario de todas maneras. De cualquier manera, cinco es un submúltiplo de 25. Y podríamos partir los 25 años en cinco períodos exactos. Entonces, cada cinco años se presentarán con la Secretaría del Patrimonio Nacional a mostrarle el desarrollo de sus trabajos en el plazo siguiente de cinco años, a los fines de que la Secretaría en casos especiales, pueda ir vigilando de cerca el desarrollo de ciertas explotaciones, precisamente para evitar el tipo de problemas que usted mencionó. Gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado Lira Mora.
El C. Humberto Lira Mora: La pregunta que tenía pensado formular, ha recibido respuesta con la amplitud, tanto en su exposición previa, como en las respuestas anteriores; así que declino formularla. Muchas gracias.
El C. Presidente: En el uso de la palabra, el diputado Peña Ochoa.
El C. Juan C. Peña Ochoa: Señor Secretario, después de escuchar a usted con toda atención las afirmaciones revolucionarias de sus conceptos; afirmando también la iniciativa enviada, las dos iniciativas enviadas por el señor Presidente a este Congreso de la Unión, me voy a permitir preguntar a usted lo siguiente:
¿Cuál es la importancia económica y social del nuevo régimen de concesiones que establece el proyecto de Ley por lo que hace a los sujetos de las mismas, su tipo y vigencia, sus mecanismos de renovación y sus requisitos de otorgamientos?
¿Podría referirse al régimen de reservas mineras y cómo se modifica en la nueva iniciativa de Ley?.
El C. licenciado Francisco Javier Alejo: Muchas gracias. Son, sin duda el régimen de concesiones y el régimen de reservas minerales nacionales, dos de las piezas centrales de la Ley Minera, de la vigente y de la iniciativa que se ha sometido a esta Legislatura. En algún sentido habíamos explicado ya antes como cambiaría el régimen de concesiones, pero quizá convenga sistematizar. En primer término, como decíamos, se establecen tres tipos de concesiones en la iniciativa: la concesión de exploración que se otorgaría por un plazo de tres años renovables a otros tres años pero por una superficie menor; la concesión de explotación por un plazo de 25 años, con la posibilidad de obtener otra concesión por 25 años si se justifica; y la concesión de plata de beneficio que esa sí es obviamente por plazo indefinido, aunque hay un mecanismo de revisión en el tiempo, para dar ya la concesión definitiva. Por lo que hace a las concesiones de exploración, como decíamos, se otorgan por una superficie mucho mayor que la que rige actualmente, con la idea de estimular el estudio, la investigación, el reconocimiento de las riquezas minerales de que el país dispone y que todavía desconocemos en una enorme proporción; concesión por tres años o hasta por 50.000 hectáreas. que entonces al cabo de los tres años y por razones técnicas se demuestran no fueron suficientes, se podrá obtener una nueva conseción por otros tres años, concesión exploración también, pero ya por una superficie menor, que tenga como máximo y que se le otorgaría con la concesión de explotación. Después de eso viene, como decíamos, la concesión de explotación, que se otorgaría a los particulares exclusivamente si han realizado exploración antes, hasta por un máximo de 5,000 hectáreas en el total de las concesiones que tengan y además sujeto a la presentación de un programa de inversión y desarrollo del yacimiento o yacimientos que apruebe la Secretaría del Patrimonio Nacional.
Se precisa además, por supuesto, del conjunto de causas que pueden dar lugar a la cancelación o caducidad de las concesiones, puesto que la Ley vigente todavía tenía ciertas vaguedades en esta materia, y finalmente las concesiones de plantas de beneficio que se establecen, pues para fines de control y regulación por parte de las autoridades en materia de política minera.
Después se refería usted, creo que con gran acierto, a uno de los aspectos de mayor importancia de la legislación en materia minera, que es el régimen de reservas mineras nacionales.
Lo que se propone en la Iniciativa es perfeccionar los criterios, terminación de las reservas mineras nacionales en primer término. Se definen tres tipos de reservas mineras nacionales. Aquellas reservas mineras que no podrán ser explotadas de ninguna manera, y que se conservan de esa forma para su uso por las futuras generaciones; aquellas otras reservas mineras nacionales que sólo podarán ser explotadas por la Comisión de Fomento Minero o por empresas mayoritarias del Estado, y finalmente reservas mineras nacionales, que puedan ser explotadas mediante concesiones especiales con características también muy especiales, por los particulares o por empresas minoritarias del Estado, según sea el caso.
Ese es el primer elemento, además, se fijan algunas reglas para evitar que, pues por error o mala fe, algún funcionario pudiera utilizar los mecanismos de las reservas mineras nacionales para estar haciendo juegos dentro de las actividades mineras incorporando y desincorporando superficies al régimen de reservas mineras nacionales. Establece plazos y mecánicas para poder realizar este tipo de actividades.
Y finalmente, se establecen dentro del régimen de reservas mineras nacionales, dos regímenes especiales, específicos, para dos grupos de substancias el primero de ellos es un grupo de substancias que son el fósforo, el azufre, y el potasio que según la iniciativa quedarían ya permanentemente, invariablemente, dentro de las reservas mineras nacionales y lo mismo se establece respecto del hierro y del carbón, pero diferenciando el tipo de empresas o de entidades que pueden participar de manera diferencial en la explotación de unos y de los otros, considerando por supuesto que el fósforo, el azufre y el potasio, son las materias primas esenciales para la fabricación de fertilizantes, que a su vez son vitales para el desarrollo de la actividad agropecuaria, y que por eso deben tener tratamiento especial y considerando también que el hierro y el carbón son las dos materias primas críticas fundamentales para el desarrollo de la industria siderúrgica, y por eso también deben tener tratamiento especial.
Esos son los elementos principales, señor diputado. Muchas gracias.
El C. Presidente: Tiene la palabra el señor diputado Robles Quintero.
El C. Salvador Robles Quintero: C. Secretario del Patrimonio Nacional, primero, un comentario para hacer un reconocimiento y buscar la reiteración de un compromiso hacia el futuro. Es plausible y coherente que el Estado amplíe su proceso de intervención en la actividad minera, porque los minerales no son bienes sin dueño; son bienes de la nación. Es plausible y conveniente, a mi juicio, seguir con el proceso de mexicanización de la actividad minera, y desde luego es plausible también reconocer que ha habido un resurgimiento en la actividad minera en los últimos años, como consecuencia de la combinación de varias políticas del Estado y de los particulares.
Ahora quisiera preguntar que dado el hecho de que la explotación moderna de la minería por el avance tecnológico, requiere de grandes proyectos y por ende de grandes inversiones, para hacerla competitiva a nivel mundial, ¿cómo hacer esto compatible con el necesario fomento que requiere la pequeña y mediana minería, que es la empresa nacionalista por excelencia; indispensable para crear empleos, y un útil instrumento para integrar zonas físicamente apartadas de la economía y del país? Muchas gracias.
El C. licenciado Francisco Javier Alejo: Muchas gracias, amigo diputado Robles Quintero.
Este es uno de los temas más apasionantes de la minería, sin duda. El relativo a la pequeña y mediana minería.
Sin lugar a dudas resulta aparentemente paradójico el que por un lado se diga que es necesario aumentar la escala de las explotaciones mineras para poder reducir los costos unitarios de producción, para desarrollar a más velocidad la minería, para poder competir en los mercados internacionales; y que por otro lado se diga también que es necesario fomentar a la pequeña y mediana minería.
Parecería que son dos propósitos mutuamente excluyentes. Sin embargo, no es así, porque son dos ámbitos completamente distintos de la minería. Por un lado se encuentra los grandes yacimientos que requieren grandes escalas de explotación. Las grandes plantas de beneficio que permiten obtener economía por la gran escala precisamente.
Y, por otro lado, se encuentran innumerables pequeños y medianos yacimientos, que no merecen una explotación de otro tipo.
Por todo el País hay innúmeros depósitos minerales de distintas sustancias; de manera muy particular en el caso de la plata, de fluorita, de los fosforitos y algunas otras sustancias -también el mercurio, tengo entendido-, que solamente son explotables económicamente por una pequeña empresa, sólo tienen sentido para una pequeña empresa, mas bien. Sin embargo, ocurre que casi todos los depósitos o una proporción importante de estos depósitos, se encuentran diseminados a lo largo y a lo ancho de toda la zona semidesértica del país, en los Estados de Guanajuato, en el norte de Zacatecas, Aguascalientes, Durango, Coahuila, en fin, San Luis Potosí, en donde señalábamos antes prácticamente no hay otras alternativas de empleo, por lo menos es difícil crear empleos con inversiones tan bajas como las que hay que hacer en las actividades de minería pequeña y mediana; de esta suerte, fomentar la pequeña y mediana minería salvo contadas excepciones y casos especiales, en nada afecta a la gran minoría que es necesaria por lo que hablábamos antes también, y en cambio abre la posibilidad de tener una fuente adicional de aumento de la producción minera propiamente dicha y además de generar empleos en las zonas más pobres y atrasadas de México. Esa es la razón por la que es tarea prioritaria y objetivo prioritario fomentar la actividad de los pequeños mineros por eso se establece en la Ley, la iniciativa de Ley, un conjunto de disposiciones especiales para los pequeños y medianos mineros, un conjunto de salvedades que les quitan obligaciones muy fuertes que se ponen para las empresas grandes precisamente, y al mismo tiempo se imponen mayores obligaciones a las plantas de beneficio concesionadas a los fines de que traten con más amplitud, con más generosidad a los pequeños mineros en el beneficio de los minerales que extraigan. También se sugiere que se amplíen las facultades de la Comisión de Fomento Minero, a fin de que ésta pueda suscribir en forma temporal proporciones del capital de empresas pequeñas y medianas de la minería, para darles la ayuda financiera con dinero barato precisamente bajo la suscripción de capital en la época de su desarrollo que más lo necesiten. Estos y algunas otras disposiciones incluidas a lo largo del texto de la iniciativa, junto con la política misma de ayuda técnica, asistencia técnica y financiera que pone en práctica la Comisión de Fomento Minero, conforman un esfuerzo de tipo general, un esquema de tipo general para asegurar que la pequeña y mediana minería no sufra angustia por el apoyo en que se encontró durante muchos años. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado Torres Gómez.
El C. Antonio Torres Gómez: Señor Secretario, algunas organizaciones de productores mineros nos han manifestado su preocupación, porque al configurar la iniciativa que comentamos amplias y discrecionales facultades a las autoridades encargadas de aplicar la ley, se crearán así graves motivos de inseguridad de los derechos de los mineros, lo que traerá como consecuencia, desaliento tanto en las inversiones de las empresas que ya están en operación como en el de aquellas mismas inversiones que pudieran canalizarse hacia este campo de actividades. Muchas gracias.
El C. licenciado Francisco Javier Alejo: Casi cada y que se hace una ley sobre materias públicas, sobre materias de orden público, surge esta discusión. Recuerdo que cuando se estaba elaborando la ley sobre inversiones extranjeras, es decir, sobre estímulos a la inversión mexicana y control a la inversión extranjera, se hablaba también de lo mismo, y así, cada que se discute una ley de orden público. Parecería como si algunas personas pensasen que el gobierno o las autoridades que administran leyes están integradas por especies de enemigos públicos o cosas por el estilo, o seres irracionales no sujetos por supuesto tampoco a controles de tipo jurídico también en su acción.
Por eso es que en México el derecho de amparo es una de las más sagradas instituciones de nuestro orden jurídico.
El recurso administrativo y acciones similares le dan a los particulares las coberturas que se requieran cuando éstos se enfrenten a arbitrariedad injustificada de las autoridades.
Habida cuenta de todas estas garantías que el particular tiene en México frente a todas las autoridades, que venturosamente no hay razón para hacer de las leyes un conjunto de enumeraciones de casos particulares que tendrían que darse por supuesto enumeraciones omnicomprensivas, enumeraciones universales, para poder entonces tener alguna posibilidad de aplicación en la práctica.
Las leyes no pueden ser sino generales, en sus conceptos los casos particulares se deben
prever en los reglamentos o resolverse en la administración. Si la autoridad no administra con apego al espíritu de los conceptos generales de la ley, entonces el particular tiene derecho a recurrir a los mecanismos judiciales apropiados que establece nuestra legislación.
De otra suerte, toda administración estaría sujeta a una camisa de fuerza de la cual no podría salir.
En toda legislación hay discrecionalidad para el administrador, aun en el derecho penal, materia tan delicada vinculada a la libertad de los particulares. Si revisamos nuestra legislación, artículo por artículo, encontraremos innumerables manifestaciones de discrecionalidad venturosamente. La administración no podría considerar el caso particular; siento que el grado de justicia que se introduciría en la administración diaria de la ley, sería muy considerable si el administrador no estuviera en condiciones de considerar las particularidades de cada caso individual.
Se puede beneficiar exageradamente a algunos y perjudicar exageradamente a otros si no se le deja cierto margen de juicio, de albedrío a las autoridades. No hay en esa iniciativa ningún caso de flexibilidad administrativa, que es como llamaría yo a la discrecionalidad, que se oponga al espíritu de la propia Ley en ninguna de sus partes, ni que se oponga- por lo menos desde mi punto de vista- al marco jurídico en que vivimos en el país. (Aplausos.)
El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado Vicencio Tovar.
El C. Abel Vicencio Tovar: Señor Secretario, de los diputados de Acción Nacional siempre hemos considerado positivo el uso que la facultad de participar en una discusión, o en un cambio de impresiones, con los Secretarios de Estado de la Constitución al Congreso de la Unión. En este caso concreto me parece positivo, no solamente porque tendremos oportunidad -y la estamos teniendo- de conocer a fondo los aspectos de una Ley que con responsabilidad debemos enjuiciar y aprobar en su caso; sino también, según la secuela de las preguntas y respuestas que aquí se han sucedido, creo que estamos teniendo la oportunidad de precisar un poco las facultades del Poder Legislativo y las del Poder Ejecutivo, integrantes ambos del organismo Jurídico - Político, llamado Estado.
Se relaciona un poco mi preocupación con lo expresado en la pregunta del compañero diputado que me antecedió, pero creo que hay algunas cuestiones que me gustaría que se precisarán.
En México, con toda franqueza, y en Latinoamérica, se ha señalado, y no por políticos, sino por estudiosos, como un obstáculo a la vigencia amplia de una orden constitucional, una tendencia, por parte del Poder Ejecutivo, a hacer uso de facultades que por su naturaleza corresponderían al Poder Legislativo, y la consecuente mengua de la práctica, de las facultades del Poder Legislativo.
Hago esta reflexión, motivado por la lectura de algunos artículos de la Ley, en materia minera -reglamentaria del 27 en materia minera-, que simplemente como ejemplo propongo a usted. Me refiero, en primer lugar, al artículo 3o., que hace una enumeración de los depósitos minerales que van a quedar regidos por la Ley y concretamente a la fracción IV de la misma, en la cual se dicen que quedan incluidos dentro de esta reglamentación del Estado aquellos elementos o sustancias minerales que por acuerdo del Ejecutivo Federal puede considerar conveniente que queden sujetos a las disposiciones de la presente Ley. Yo comparto con usted, señor Secretario, su criterio de la discrecionalidad que en la aplicación de casos concretos debe tener el Ejecutivo fundamentalmente a través de una reglamentación eficaz, pero también pienso que ese criterio de discrecionalidad, si hemos de guardar el orden jurídico que un Estado de derecho demanda, debe partir de criterios generales que deben ser establecidos en la Ley, pues si por un lado se habla de una serie de elementos que van a quedar sujetos a la vigencia de la Ley y esa enumeración se hace con criterio no simplemente ejemplificativo, sino preciso, limitativo, realmente, además si el Ejecutivo Federal puede señalar todos los demás no tiene objeto entonces la reglamentación y precisión de aquellos que sí van a quedar bajo el imperio de la Ley. Y si pasamos al otro párrafo, en el que el Ejecutivo tiene facultad para excluir de la numeración las sustancias que por sus características debieren quedar fuera, pero aun, es decir, simplemente ya no tendría caso una enumeración que parece que se hace con criterio limitativo y no simplemente ejemplificativo. Por otro lado, en el artículo 9o., esto en alguna forma está relacionado con lo que decía el compañero diputado que me antecedío, el Ejecutivo Federal aun cuando se hayan cumplido todos los requisitos que señala la Ley para el otorgamiento de una concesión, puede negarlo cuando lo considere conveniente para los intereses de la nación, etc. Y obviamente lo que es inconveniente para los intereses de la nación no debe concederse, pero en todo caso, ¿cuándo se considera inconveniente o cuándo se considera conveniente? Y eso es precisamente el punto que me inquieta un poco y que quisiera aclarar o que usted tuviera la bondad de aclarar, porque yo siento que en ello hay cierta inseguridad jurídica, es decir no hay seguridad, en tanto la seguridad, es la precisión entiendo yo, pues la precisión de las consideraciones que el Estado, a través de los órganos respectivos, impone para conceder o no un derecho, y una vez que se cumple con esos requisitos, pues obviamente surge una espectativa. Entendiendo, también la diferencia, señor licenciado, entre la espectativa de derecho que crea una relación de Derecho Civil, y la que se crea dentro del Derecho Administrativo, me refiero a su criterio, que también comparto sobre las concesiones administrativas, pero ahí hay un principio de seguridad que en todo caso podría acondicionar el otorgamiento de la concesión a condición más estricta o a decisiones de comisiones que calificaran la conveniencia
o inconveniencia desde el punto de vista nacional.
Creo que, y ésta es la razón fundamental de mi preocupación por un lado, siento que hay cierta invasión de las facultades que corresponden al Poder Legislativo por parte del Poder Ejecutivo, y por otro, esa inseguridad que ciertamente puede dar lugar a una equivocada aplicación de los principios, que deben ser para defensa de todos, no para unos nada más. Muchas gracias. - El C. Secretario del Patrimonio Nacional: Creo que ha plantado, usted una cuestión muy importante en el primer punto, con la cual me siento inclinado y coincido con usted.
Ya la Comisión respectiva de la Cámara nos había planteado su preocupación por este punto de la inclusión y exclusión de substancias en la lista del artículo correspondiente. Creo que hubo un exceso de celo de nuestra parte ahí de parte de las autoridades, y así se lo habíamos manifestado a la Comisión correspondiente, que por nuestra parte no había ningún inconveniente, y además el Poder Legislativo es soberano en ese sentido, en que se limitase a uno de los aspectos la cuestión.
Es cierto que debe despertar cierta preocupación al Poder Legislativo el hecho de que el Ejecutivo por simple publicación en el Diario Oficial, más bien que la autoridad respectiva, ni siquiera el Ejecutivo Federal, o sea el Presidente, pueda excluir substancias de la lista que fueron incluidas por el Legislativo. Creo que hay mucha razón en eso.
Ahora, respecto a la inclusión, más bien se pensaba en una facilidad. La investigación puede dar lugar a que se descubran nuevas substancias, se encuentren nuevas substancias, y a nadie perjudica, sino más bien beneficia a todos, el hecho de que nuevas substancias se incorporen a la jurisdicción de la ley minera. Siento que ésta sería un poco el criterio con el que me sentiría más inclinado a coincidir.
Ahora, por lo hace a las concesiones, mi opinión y la de innumerables tratadistas sobre esta materia, es que las concesiones son una gracia que el Estado otorga a los particulares. No hay ningún derecho a las concesiones, original; como usted claramente decía, son concesiones administrativas. Si no se aclara en la ley, va aparecer como aparece ahora que el Estado está obligado a darle concesiones a quien se las solicite, en cualquier circunstancia, aun cuando circunstancias extraordinarias no previstas por la ley, pudieran hacer que aun cuando se cumplan ciertos requisitos técnicos y administrativos establecidos en la ley, aconsejar que no se dé una determinada concesión. Creo que no podemos, incluso respondiendo al propio criterio constitucional, dejar de lado eso. Hay algunos tratadistas en la materia, incluso algunos especialistas que se encuentran en este propio recinto como diputados, que piensan que las concesiones deben ser siempre una facultad arbitraria. Lo único que se hizo en esta Iniciativa fue cubrir la posibilidad de circunstancias especiales. Y precisamente porque muchos particulares piensan que eso les da cierta inseguridad, que los induce al nerviosismo, fue que se propuso en la Iniciativa, que el propio Presidente propuso en la Iniciativa, que fuera sólo el Presidente quien pudiera negar las concesiones. El Ejecutivo Federal, además para acuerdo del Secretario del Patrimonio, es obvio, siento que es obvio que una negativa pública del Presidente de la República que se tenga que publicar en el Diario, Oficial, debe ir acompañado de una argumentación suficientemente clara y amplia.
No veo, entonces, la razón por la que una vez aclarados todos los elementos del régimen de concesión, se pretendiera limitarle al administrador de los recursos mineros, según lo establece la propia Constitución, que es el Ejecutivo, la posibilidad de acatar, ante circunstancias no previstas.
Siento que esto corresponde a toda lógica, a toda lógica, elemental además. El que se prevea esta situación. Creo que sería poco responsable, por lo menos, por decirlo de una manera oblicua, el que no se le diera al Ejecutivo la posibilidad de actuar ante circunstancias no previstas por el legislativo.
En todo caso se pueden establecer algunas otras limitaciones, pero yo siento que en la Iniciativa misma se ha expresado con toda claridad que se refiere en casos especiales de interés nacional, etc., que por supuesto deberán ser argumentados con toda claridad por el propio Ejecutivo. (Aplausos.)
El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado Gaitán Gudiño.
El C. Jorge Armando Gaitán Gudiño: Señor Secretario, por el tiempo, tenía el propósito de reducir mis cuestiones, pero en atención a que no se ha tocado la participación de los ejidos, quiero insistir en ello. ¿No estima usted que al autorizarse a particulares concesiones de explotación y exploración minera en terrenos ejidales, aunque se trate del subsuelo de los mismos, se está discriminando a los campesinos de esas zonas, esta actitud no repercutirá negativamente en la producción del campo?, y por último, ¿qué opinión tiene usted respecto a la participación del ejido en la explotación minera?
El C. licenciado Francisco Javier Alejo: Muchas gracias. Por alguna razón extraña, en la Legislación Minera que ha estado vigente hasta ahora, en las legislaciones más bien, que han estado vigentes, en el pasado y la que rige ahora, nunca se previó la posibilidad de participación de los ejidatarios en la actividad minera; honestamente yo ignoro la causa porqué esto era así, también ignoro la razón por la que siempre que se habla de la posibilidad de que un núcleo ejidal participe en la explotación minera, se produce una especie de alarma al respecto, no sé qué tengan de malo los ejidatarios, deben ser algún tipo especial de hombre que causan tanto miedo, la verdad es que el hecho de que no se previera que los núcleo ejidales tuvieran la posibilidad de ser sujetos de concesión minera, de recibir concesiones
mineras, habría evitado que los núcleos ejidales pudieran solicitar la explotación de yacimientos depositados, en el subsuelo de su área ejidal; incluso esto ha dado lugar a numerosas discusiones sobre la materia. Se dice que por qué el ejidatario no tiene un derecho preferente o tiene un derecho real sobre las substancias depositadas en el subsuelo; bueno, hay un concepto constitucional claramente establecido en la materia, la substancia corresponde originalmente a la nación, el ejidatario tiene sólo derecho superficiario, pero podemos preguntarnos por qué no va a poder obtener concesiones por lo menos, ya que no tiene derechos originarios sobre el subsuelo, él que es el superficiario, por qué no va atener derechos a obtener una concesión para explotar las sustancias que se encuentran en esa área. Por esa razón se introdujo en la Iniciativa de la Ley la propuesta de que los núcleos ejidales como tales puedan obtener concesión, a fin de ir desarrollando empresas mineras ejidales que pueden ser, según las circunstancias y con el debido apoyo de las autoridades, del gobierno del Estado, empresas pequeñas, modestas o incluso muy grandes. ¿Cuál es la razón que los excluya de la actividad minera por principio? Ninguna. A menos que alguien estuviese dispuesto a plantear que son una especie de ciudadanos de segunda, entonces sí podría empezarse a discutir la cuestión. Por esa razón y precisamente porque el país está necesitado de que se multipliquen, de que se diversifiquen y se consoliden las fuentes de empleo permanente en el campo, se le propone a su consideración un conjunto de 2 ó 3 disposiciones que abrirán innumerables posibilidades de participación de los núcleos ejidales en su conjunto, considerados en su conjunto de la explotación de yacimientos mineros.
Al mismo tiempo se precisan las disposiciones relativas a la indemnización y la forma de recibir a la indemnización que le corresponde a los superficiarios cuando las explotaciones mineras inutilizan o perjudican de alguna manera clara sus terrenos. También -y esto es muy importante- se propone que se excluya de la lista de sustancias sujetas a la jurisdicción de la Ley minera los caolines. Los caolines, los depósitos de caolín, por lo general ahora están siendo explotados por ejidatarios y hay demandas de toda la República de núcleos ejidales para explotar esos yacimientos.
A fin de resolver numerosas complicaciones que podrían surgir por una falta de coordinación o por complejidad de los propios fenómenos, se propone que deje de ser materia de la ley minera la explotación de los depósitos de caolín para que pase a quedar bajo la jurisdicción y los organismos administrativos correspondientes de la Ley de la Reforma Agraria.
Sentimos que son estas medidas, de ser aprobadas por ustedes, recibirían los núcleos ejidales del país un gran impulso y beneficio que se reflejará en los próximos años. (Aplausos.)
El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado Talavera López.
El C. Abraham Talavera López: Señor secretario, uno de los objetivos fundamentales de la presente administración ha sido reducir los márgenes de dependencia respecto del exterior, en el caso del sector eléctrico se nota un evidente rezago en las tareas de crear una tecnología propia y en la tarea también fortalecer la fabricación nacional de equipos y materiales. El artículo 8 de la Iniciativa Eléctrica se refiere a las obligaciones de la C. F. E. y entre estas obligaciones señala explícitamente la de desarrollar una tecnología propia y la de propiciar la fabricación nacional de equipos y de materiales.
Yo quisiera preguntarle ¿a través de qué acciones específicas espera la Comisión Federal de Electricidad alcanzar estos importantes objetivos? ¿Qué grado de asimilación tecnológica y de desarrollo propio se considera óptimo para este sector? ¿Cuál será la repercusión financiera de estas dos obligaciones para la C.F.E.? Y finalmente, ¿Cuál será el papel del sector privado en la consecuencia de estos objetivos?
El C. Secretario del Patrimonio Nacional: Probablemente una de las más graves consecuencias que tuvo para el país la exageradamente prolongada presencia de las empresas extranjeras en el sector eléctrico mexicano y la desorganización y desarticulación del sector eléctrico que esa presencia motivó y que prolongó todavía durante los últimos años, ha sido precisamente la falta de la capacidad de nuestra industria eléctrica para tener un desarrollo tecnológico propio. Además, se refleja también, como consecuencia del mismo fenómeno, el hecho de que Comisión Federal de Electricidad, la industria eléctrica de servicio público en general, es probablemente hasta muy recientemente, el sector o el área del sector paraestatal, que menos a contribuido al desarrollo de la industria nacional a base de la adquisición de sus compras en el interior del país.
También es cierto que la congelación de las tarifas de que hablamos antes, que cubrió un período de prácticamente 11 años, colocó a Comisión Federal de Electricidad en una situación de debilidad financiera tal que tuvo que financiar proporciones crecientes de sus inversiones con créditos internacionales; créditos internacionales que en muchas ocasiones no fue posible evitar que fueran atados; créditos internacionales que se otorgaban con la condición de que se adquiriesen equipos en el país que otorgaba el crédito. En estas circunstancias la Comisión, el sector eléctrico en su conjunto, nunca pudieron desarrollar una actividad sistemática de estímulo de fomento de la industrialización del país a través de sus compras. Como comparación debemos mencionar que Petróleos Mexicanos adquiere en el interior del país cerca del 70% de todos los elementos que requiere para la realización de sus inversiones y que a lo largo de los años que siguieron a la expropiación petrolera, Petróleos Mexicanos, de manera creciente, fue desarrollando proveedores en el interior del país. Por supuesto, que el principio esto podía
haber causado problemas y los causó. En Petróleos Mexicanos con mucha frecuencia se comenta el ejemplo del primer oleoducto que se instaló con tubería mexicana, la cual hubo que hacerle algunos pocos parches después, creo que tres mil más o menos. Pero el hecho es que después de instalado ese primer ducto se desarrolló en México una industria de la fabricación de tubería para estos propósitos que hoy compite en los mercados internacionales, cuando las inversiones no son suficientemente grandes como para darle su capacidad de producción, como es el momento actual. Por estas razones, es que se propone en la Iniciativa de Ley que se considere como una obligación de La Comisión Federal de Electricidad, de nuestra industria eléctrica de servicio público, primero el hacer su propio desarrollo técnico, los diseños de las instalaciones de generación que realiza la misma hasta hace muy poco tiempo, en que se empezó a modificar esa situación se realizaban en su totalidad, fuera de Comisión Federal de Electricidad. ¿Esto qué quiere decir?, que quien sabe o sabía más bien hasta fecha muy reciente de la tecnología, de los conocimientos técnicos, altamente, técnicos que se requiere acumular para poder desarrollar con eficiencia programas de instalación de plantas generadoras de todo tipo era cualquier gente excepto la Comisión Federal de Electricidad. Había, por consiguiente, una continua descapitalización tecnológica de la Comisión Federal de Electricidad, proponemos a su consideración que se establezca por Ley que esto nunca más vuelva a suceder; que nuestro desarrollo eléctrico no tenga que depender de la buena voluntad de diseñadores de Tokio, de Berlín o de Nueva York, o de cualquier empresa privada en México. Que dependa fundamentalmente de la Comisión Federal de Electricidad, que haga sus propios diseños y desarrollos tecnológicos.
En la medida que esto ocurra, entonces la Comisión Federal podrá realizar otras acciones que son necesarias y convenientes. Primero normalizar los equipos que instala a lo largo de todo su sistema. No es posible manejar eficientemente una industria de estas dimensiones y de esta importancia si es una ensalada tecnológica.
Se requiere urgentemente la normalización de los equipos y las instalaciones. Si se logra esta normalización, entonces también será posible fomentar la producción nacional de los equipos y materiales que se utilizan para las instalaciones, porque se podrán fabricar en la escala apropiada, y es indudablemente conveniente para el país, para el desarrollo industrial, económico y general del país, que se fabriquen en México, los equipos que utiliza la Comisión Federal de Electricidad, que se hagan los equipos de generación, los equipos de distribución, etc.
Esto significará mucho más demanda para la industria del acero, mucho más demanda para la industria del hierro, mucho más demanda para los talleres de pailería, de fundición, talleres mecánicos en general.
Ni siquiera se piense que la tecnología que se requiere para fabricar la inmensa mayoría de los equipos necesarios en las instalaciones eléctricas es extremadamente compleja; es conocida en muchas partes del mundo, y se compra en el mercado internacional, y además está muy competida y se puede comprar relativamente barata; es un problema fundamentalmente de movilización de masas relativamente grandes de recursos financieros, que indudablemente podrán ser dispuestas si la Comisión Federal de Electricidad y el sector eléctrico en general asegura a las empresas que se instalen, sean públicas o privadas, una demanda estable en un plazo razonablemente largo.
Esos son, diría, estimado diputado Talavera los elementos que informan la propuesta que se ha planteado a la consideración de la Cámara, respecto a la necesidad y obligación por supuesto, de la Comisión Federal de Electricidad, se involucre en el desarrollo tecnológico necesario para el desarrollo del sector y propicie por mecanismos de diversa naturaleza, la fabricación en México, obviamente hasta los limites de la eficiencia, de la eficiencia en términos económicos, la fabricación en México de los equipos y materiales que utiliza para el desarrollo de sus funciones. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: Tiene la palabra el ciudadano diputado Orozco Alvarez.
El C. Pánfilo Orozco Alvarez: Señor licenciado Francisco Javier Alejo, Secretario del Patrimonio Nacional. Al examinar el proyecto de ley reglamentaria del artículo 27 Constitucional en materia minera, tanto en su exposición como en el contenido de los artículos 18, 20 y 74, así como en el capítulo 8o. del proyecto que nos ocupa, se reafirma el derecho que tiene el Estado Mexicano para otorgar asignaciones y concesiones de explotación y explotación de los recursos minerales a los mexicanos.
El Partido Popular Socialista está de acuerdo con esas afirmaciones, ya que esta actitud representa un paso y un avance muy importantes, aunque no definitivos, porque a juicio del Partido Popular Socialista, la promoción, la organización y administración de industrias, la explotación del carbón mineral, la carboquímica, la siderurgia, la afinación y refinación de los metales no ferrosos y los demás elementos o compuestos minerales que requiere el desarrollo industrial, deben ser atribuciones exclusivas del Estado Mexicano.
En la actualidad, hay extranjeros que, por medio de fideicomisos, por Decreto Presidencial del 29 de abril de 1971, están usufructuando concesiones por 30 años de predios y terrenos en las playas, no obstante la prohibición expresa de la fracción I del artículo 27 Constitucional. Y coincide que estas concesiones están legalizadas en la zona marítimo - terrestre, que establece la fracción I del artículo 18 del proyecto de la ley que comentamos.
Señor Secretario, ¿qué conflicto internacional se puede presentar, y cómo lo afrontará
nuestro gobierno en el caso de rescatar los minerales, que se encuentran en terrenos ocupados por los extranjeros, donde existen yacimientos de minerales incluso radiactivos, y que sabemos están siendo saqueados particularmente de los Estados del Norte y Sur de la Península de la Baja California?
Porque esta ocupación y actividad de los extranjeros que el Partido Popular Socialista rechaza, por considerar que lesiona la soberanía nacional, sería el pretexto, para la invasión directa del exterior, cuando los extranjeros solicitan la protección de su gobierno.
La amarga experiencia histórica es muy elocuente a este respecto.
El C. licenciado Francisco Javier Alejo: Yo coincidiría con su preocupación si el fenómeno a que se refiere tuviera alguna magnitud digna de consideración. Tengo la impresión de que puede haber alguna información errónea a este respecto.
En efecto, hay un conjunto de concesiones otorgadas a través del mecanismo de fideicomiso en la Península de Baja California pero no son concesiones mineras; son derechos de uso que se han otorgado por plazos determinados que tienen el propósito de fomento del turismo. Se le otorgan a extranjeros que vienen a situarse en el lugar que se les autoriza, pues sea con el propósito de construirse una vivienda de retiro o alguna actividad de tipo hotelero o algo por el estilo. Es algo que se promovió desde principios del presente gobierno con el propósito - implicó alguna reforma jurídica específica que ahora no recuerdo, con el propósito de fomentar el turismo de nuestras costas y en la Península de Baja Californias respetando, por otro lado el principio constitucional de prohibición de la propiedad en su sentido absoluto de extranjeros en la faja marítimo - terrestre. Y para cuidar en lo general la Península de Baja California en el caso de que uno de esos terrenos concesionados o como se quiera llamarle, fideicomitivos, se encontrare en el subsuelo un yacimiento mineral, no habría ningún obstáculo para su explotación por mexicanos, puesto que tal como lo establece la legislación minera, la explotación de los recursos naturales es uso preferente a cualquier otro cuando se localice y determina que conviene su explotación. En ese sentido, creo que puede disiparse su preocupación al respecto Las concesiones que quedan en manos de extranjeros, como mencionábamos antes, son unas cuantas, están en proceso de mexicanización, sentimos que en un plazo muy breve revertirán a manos mexicanas, y que a partir de entonces no volveremos a otorgar, porque además quedará ya expresamente prohibido por las leyes, concesiones a ningún extranjero para fines de explotación de recursos minerales. Muchas gracias (Aplausos.)
El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado Ortiz Medina.
El C. Gilberto Ortiz Medina: Señor Secretario, en la exposición que usted ha dado quedó ya contestada la pregunta que pensaba formarle por lo que lo felicito y muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: En el uso de la palabra el diputado Araiza Zayas.
El C. Mariano Araiza Zayas: Señor Secretario, la industria siderúrgica es fundamental para el desarrollo del país. La producción actual de acero es aproximadamente de seis millones de toneladas, en 25 años más es probable, se calcula, tendremos que producir 50 millones de toneladas aproximadamente; los yacimientos de carbón y hierro localizados en la actualidad son escasos, tenemos mineral suficiente sólo para unos cuantos años más; los recursos necesarios para localizar y explotar estos yacimientos son generalmente cuantiosos .Mi pregunta es: ¿Qué previciones hace el Proyecto de Ley en materia minera para que se utilicen todos los recursos disponibles que permitan localizar y explotar los yacimientos de hierro y carbón necesarios, para que la industria siderúrgica esté en condiciones de satisfacer la demanda de acero en los próximos años?
El C. licenciado Francisco Javier Alejo: Muchas gracias señor diputado Araiza, éste es indudablemente uno de los temas que más preocupación han despertado en las autoridades que tienen funciones y responsabilidades en el área industrial, y específicamente en la administración de la industria básica; tal como lo dijo usted, en efecto, en México será necesario realizar enormes inversiones en el desarrollo de la producción siderúrgica en los próximos 15 y 25 años, se requiere para 1990 producir entre 35 y 40 millones de toneladas de acero, y para el año 2000, como usted lo dijo, 50 millones de toneladas por lo menos. Ha llegado venturosamente nuestro país a una fase de su desarrollo industrial en el que el crecimiento de las industrias básicas empiezan a dar saltos, empieza a producirse a saltos, para decirlo de mejor manera. ¿por qué? Porque la propia acumulación de desarrollos dentro de la estructura industrial del país, en una enormidad de ramas de actividades industriales específicas, llega un momento que genera una masa crítica de demanda que hace que las industrias básicas, el petróleo, la electricidad, el cemento, la petroquímica básica tengan que empezar a crecer a saltos. Ese es, como decíamos venturosamente en algún sentido, el caso en el que nos encontramos ya en la actualidad. Venturosamente por un lado, desafortunadamente por otro, porque se ha dado simultáneamente en todas esas industrias que mencionábamos antes. La producción de petróleo se necesita aumentarla al doble cada 8 años, si bien nos va. La producción de electricidad debe crecer entre 12 y 14% por año, si queremos más o menos atender las necesidades que planteará el desarrollo industrial. Deberemos producir 40 millones de toneladas de cemento para 1990; y las que usted mismo mencionó en el caso siderúrgico.
Todo eso va a requerir, para poder estar seguros de que ocurra, como usted mismo dijo, que las autoridades, que el Estado como
responsable por el desarrollo del país ante la mayoría de la población, intervenga para regular y para garantizar que las cosas ocurran precisamente de esa manera. En el caso del hierro y el carbón el problema se nos complica un poco más porque, como usted mismo dijo, tenemos pocas reservas de hierro, por lo menos hasta el momento. Segundo, porque las reservas de carbón no son muy abundantes, a pesar de lo que creen algunos, sino que además hay un uso competitivo del carbón respecto a sus usos siderúrgicos, que es la necesidad que tendremos en el futuro próximo y ya prácticamente inmediato, a partir de principios del año próximo, de utilizarlo para producir energía eléctrica.
En esta suerte, se consideró necesario que el Estado dispusiera de los mecanismos necesarios para estar presente de manera más clara en el campo del hierro y del carbón, pero sí, por supuesto, no excluir por completo a los particulares del área. Están operando en el área del hierro casi todas nuestras grandes empresas siderúrgicas integradas, no lo suficiente, pero lo hacen bien, suficiente en cuanto a magnitud; se encuentran operando en el área del carbón varias de nuestras empresas mineras privadas, las siderúrgicas, también lo hacen bien, aunque no en la magnitud suficiente.
Respecto de las perspectivas que nosotros necesitamos para el futuro y de ahí la necesidad de cuidar de eso primero, poner las reservas nacionales y segundo estableciendo.
Creo que con esto, más los programas de inversión que se están terminando y que se han ido dando a conocer poco a poco, nos permitirá con la creación de las empresas estatales corresponder cuando fuera necesario, garantizar con mucho esfuerzo y mucho trabajo que no vayamos a tener enormes déficit de abastecimiento de acero hasta finales de siglo, que, señores, en materia de siderurgia pasado mañana... (Aplausos.)
El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado Rodríguez Ruiz.
El C. Alfredo Rodríguez Ruiz: Señor Secretario, aun cuando usted ya mencionó someramente algunas de las substancias a las que me voy a referir, considero que se impone una amplia aclaración al respecto. La pregunta es la siguiente: ¿Con qué criterio el Estado se ha reservado explícitamente la explotación del fosfato, el azufre y potasio?
El C. Secretario del Patrimonio Nacional: Hay varias razones para que se proponga que se reserve en exclusiva para el Estado la explotación del azufre, del fosfato y del potasio, que son las materias primas esenciales para la producción de fertilizantes.
La primera razón es que ya están totalmente en manos del Estado y se está proponiendo a su consideración el dejarlo establecido de manera definitiva: el Estado tiene el control casi absoluto de los yacimientos de azufre en el país tiene el control total de su explotación y de su comercialización. Lo mismo ocurre con el único yacimiento, con perspectivas más o menos claras, de potasio que se ha encontrado en la República; y lo mismo ocurre con los yacimientos de roca fosfórica que se han descubierto en Baja California, dejando por supuesto de lado, los yacimientos de fosforita que en pequeña escala se encuentran en la zona semidesértica, y que explotan numerosos grupos campesinos de esa región.
Se hacía necesario que el Estado, como responsable fundamental de la producción y abastecimiento de fertilizantes para el desarrollo agropecuario de México, pudiera coordinar de manera congruente, unitaria e inequívoca, la producción de las materias primas necesarias para el desarrollo de la industria de los fertilizantes.
Es un hecho que a pesar de los enormes esfuerzos que se han hecho hasta ahora por desarrollar la producción de fertilizantes, todavía nos falta mucho camino por recorrer. Hasta ahora lo que se ha logrado en una proporción importante, es satisfacer las necesidades de fertilizante de los agricultores de más alto ingreso y de ingreso medio. Pero falta todavía mucho por lograr en el abastecimiento de necesidades de fertilizantes a la enorme cantidad de parvifundistas que hay en el país; la modernización de nuestra agricultura, la elevación de la productividad agropecuaria en el futuro, dependerán fundamentalmente de la extensión del uso de los fertilizantes en el campo mexicano.
Por esa razón, y a fin de tener todas las garantías necesarias, y consolidar una situación que de hecho ya existe, es que se solicita, se propone que se declaren ya en definitiva como exclusivas para el Estado estas tres materias primas fundamentales e insustituibles para la fabricación de fertilizantes. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado Luis Dantón Rodríguez.
El C. Luis Dantón Rodríguez: Dada la amplia y bien fundada información que hemos escuchado, tanto en la exposición inicial como en sus respuestas, la pregunta que tenía intención de hacerle la he recibido en su respuesta por anticipado, por lo que cedo el uso de la palabra a otro diputado. Muchas gracias.
El C. Presidente: En el uso de la palabra el diputado Ruiz de Chávez.
El C. Mario Ruiz de Chávez: Señor Secretario, estas dos iniciativas, tanto la Reglamentaria del artículo 27 referente a la minería como la de la Industria Eléctrica contribuyen significativamente a definir la imagen del Gobierno del señor Presidente Echeverría, ¿podría usted abundar en las motivaciones y sustentación ideológica que las animan?
El C. licenciado Francisco Javier Alejo: Como no. Muchas gracias. Para decirlo de una manera sintética podríamos plantear que probablemente el elemento doctrinario esencial que sustentan las dos iniciativas de Ley, sometidas a la consideración de su Soberanía, ha sido el que las dos leyes respectivas correspondan
de manera más estricta al espíritu y a la letra del artículo 27 de la Constitución. La Ley Minera vigente, la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional en Materia Minera que se encuentra vigente, en algún sentido es una ley tutelar del interés de los particulares. La iniciativa que se propone a su consideración, es una iniciativa que creemos tiene como espíritu y esencia el que podría ser una ley tutelar, esencialmente del interés de la nación.
Es nuestro convencimiento que el espíritu del artículo 27 de la Constitución en Materia Minera es tal, que la legislación reglamentaria respectiva, debe velar ante todo por el interés nacional, y secundariamente por otros intereses.
Al mismo tiempo, desde el inicio de la administración del Presidente Echeverría, diría yo en términos doctrinarios, desde su campaña electoral, se inició en México la modificación de las ideas prevalecientes sobre el desarrollo económico y social de nuestro país.
Vivimos durante 30 años un difícil, discutible ciclo de nuestra historia, que pretendió olvidar el sentido de solidaridad, de solidaridad militante, profunda, irrenunciable e irreductible, que los beneficiarios del desarrollo económico del país debemos a las clases todavía menesterosas y abandonadas por los beneficios del desarrollo, de ese desarrollo, si no egoísta, por lo menos sí despreocupado por la problemática y el sufrimiento y la postración de las mayorías; desde la campaña de Luis Echeverría como candidato a la Presidencia de la República, se redefinió, se pasó a una nueva ideología del desarrollo que se sintetiza o se ha sintetizado recientemente bajo el lema de "Desarrollo Compartido". Es la búsqueda de mecanismos, de sistemas, de conceptos jurídicos que permitan al Estado trabajar de manera permanente, creciente, en beneficio de las mayorías populares del país, garantizando en todo tiempo que de manera sistemática, indeclinable, busquemos no sólo la justicia social en el interior, sino también consolidar la soberanía nacional.
Resulta preocupante cuando lee uno por ahí manifiestos y tesis doctrinarias, firmadas por grupos pequeños, que pretendiendo renovar la ideología nacional se olvidan de que México existe porque es un país que nunca ha olvidado las agresiones que sufrió; que México existe porque es un país con tenacidad, con tozudez, se ha empeñado en ser soberano y que todo mecanismo, todo sistema que consolide las formas de conservación y fortalecimiento de esa soberanía, deben buscarse de manera incansable en beneficio de los mexicanos de hoy y de siempre. Muchas gracias (Aplausos.)
El C. Presidente: Señor licenciado Francisco Javier Alejo, Secretario del Patrimonio Nacional. Esta Cámara pluripartidista solicitó su comparecencia a efecto de conocer con más detalle los fundamentos de las iniciativas de Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional en Materia Minera, y de Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.
Hemos escuchado con atención la exposición clara que usted ha hecho sobre las iniciativas de ley. Estamos seguros, señor Secretario, que los conceptos por usted expresados servirán para informar de manera amplia el criterio de las comisiones que están avocándose al estudio de las citadas iniciativas.
Creemos que el objetivo que se propuso esta representación nacional al invitarlo a dialogar con nosotros, se logró plenamente.
Al agradecer su presencia, lo felicitamos por la precisión de sus conceptos, y la claridad de sus explicaciones. Muchas gracias, señor Secretario.
Se ruega a la comisión designada anteriormente acompañe al señor licenciado Francisco Javier Alejo cuando él desee retirarse de este recinto.
(La comisión cumple su cometido.) (Aplausos.)
El C. secretario Rogelio García González: Agradecemos atentamente la presencia de todos nuestros invitados.
ORDEN DEL DÍA
- El mismo C. Secretario:
"Cámara de Diputados.
Tercer Período Ordinario de Sesiones.
XLIX Legislatura.
Orden del Día
Lectura del acta de la sesión anterior.
Telegrama del C. Presidente de la República, licenciado Luis Echeverría Alvarez.
El Congreso del Estado de Oaxaca, invita a la Sesión Solemne en la que el C. licenciado Manuel Zárate Aquino, Gobernador del Estado, rendirá su Primer Informe de Gobierno, que tendrá lugar el 30 de los corrientes.
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Por el que se transcribe otro de la de Relaciones Exteriores, que comunica la petición de un intercambio parlamentario entre México y Argentina.
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario, para que el C. Joaquín Mercado Flores pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de Nicaragua.
Cuatro con los que remite solicitud de pensión de gracia de los CC. Juan y Manuel Morelos León. Elmira Castellanos de Espinoza, Ruth D. de Villa y Juan González Villa.
Por el que se transcribe carta que la C. Celia Treviño Carranza ha dirigido al C. Presidente de la República, solicitando pensión de gracia.
Minutas
La Colegisladora remite proyecto de Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles.
La H. Cámara de Senadores, envía Minuta proyecto de Decreto, que concede permiso al
C. doctor Manuel Velasco Suárez para aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de la República de Panamá.
Comunicaciones de los Congresos de Chihuahua, Guerrero, Hidalgo, Tabasco y Veracruz.
Telegrama de la senadora licenciada Aurora Ruvalcaba Gutiérrez.
Dictámenes de primera lectura
Cuatro de la Comisión de Permisos Constitucionales con Proyectos de Decreto, por los que se concede permiso a los CC. Eva Sámano Vda. de López Mateos, Ignacio Villaseñor Arano, Carlos A. de Icaza y Salvador M. Bravo y Magaña, para aceptar y usar las condecoraciones que les fueron conferidas por gobiernos extranjeros.
Dictámenes a discusión.
De las Comisiones Unidas de Asuntos Agrarios; de Hacienda; Crédito Público y Seguros y de Estudios Legislativos.
De las Comisiones Unidas de Desarrollo Educativo y de Estudios Legislativos con proyecto de Ley del Consejo del Sistema Nacional de Educación Técnica."
- El C. Presidente (a las 16:15 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrán lugar, mañana viernes 24 de octubre, a las 11:00 horas.
TAQUIGRAFÍA PARLAMENTARIA Y "DIARIO DE LOS DEBATES"