Legislatura XLIX - Año III - Período Ordinario - Fecha 19751030 - Número de Diario 20
(L49A3P1oN020F19751030.xml)Núm. Diario:20ENCABEZADO
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
XLIX LEGISLATURA
Registrado como artículo de 2a. clase en la Administración local de Correos, el 21 de septiembre de 1921
AÑO III México, D. F., Jueves 30 de Octubre de 1975 TOMO III. -NUM.20
SUMARIO
SUMARIO
Apertura
Orden del Día
Acta de la sesión anterior. Se aprueba
Comparecencia del C. Secretario de Hacienda
Precia lectura de los invitados a esta sesión, una comisión designada al respecto introduce al C. licenciado Mario Ramón Beteta, Secretario de Hacienda y Crédito Público
Exposición
El C. Secretario de Hacienda da lectura a la exposición relativa a la Ley General de Crédito Rural, motivo de su presencia en esta Cámara
Interpelaciones
Los CC. diputados Rafael Tristán López, Feliciano Calzada Padrón, Juan Báez Guerra, Luis Dantón Rodríguez, Juan José Hinojosa Hinojosa, Telésforo Trejo Uribe, Javier Heredia Talavera, María Martínez Rivera, Alejandro Cervantes Delgado, Francisco Javier Gutiérrez Villarreal, José de Jesús Martínez Gil, Hernán Morales Medina, Angel Rubio Huerta, Julián Montejo Velázquez, Alicia Mata Galarza, José Nataret Escobar, Octavio Peña Torres, Angel González Estrada, Héctor Castellanos Torres y Matilde del Mar Hidalgo, formulan al C. licenciado Mario Ramón Beteta varias preguntas en relación a la Iniciativa en estudio, a las cuales éste da respuesta
Agradecimiento
La Presidencia agradece la presencia del C. Secretario de Hacienda y Crédito Público y lo felicita por la claridad y precisión de sus respuestas. La misma comisión que lo introdujo lo acompaña al retirarse. La Secretaría a su vez, agradece la presencia de los distinguidos invitados
Orden del Día
Lectura del Orden del Día de la próxima sesión. Se levanta la sesión
DEBATE
PRESIDENCIA DEL C. DIPUTADO JULIO CAMELO MARTÍNEZ
(Asistencia de 158 ciudadanos diputados.)
APERTURA
- El C. Presidente (a las 11:20 horas): Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
- El C. secretario José Luis Estrada Delgadillo:
Cámara de diputados. Tercer Período Ordinario de Sesiones. XLIX Legislatura.
Orden del Día
30 de octubre de 1975
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comparecencia del C. licenciado Mario Ramón Beteta, secretario de Hacienda y Crédito Público."
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
- El mismo C. Secretario:
"Acta de la sesión efectuada por la Cámara de Diputados de la XLIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, el día veintiocho de octubre de mil novecientos sesenta y cinco.
Presidencia del C. diputado Julio Camelo Martínez.
En la ciudad de México, a las once horas y cincuenta minutos del martes veintiocho de octubre de mil novecientos setenta y cinco, se abre la sesión una vez que la Secretaría declara una asistencia de ciento sesenta y tres ciudadanos diputados.
Lectura del Orden del Día.
Con una aclaración del C. diputado Fernando Estrada Sámano se aprueba el Acta de la sesión anterior, efectuada el día veinticuatro de los corrientes.
Se da cuenta de los documentos en cartera:
Elección, por medio de cédula, de Presidente y Vicepresidentes de la Cámara de Diputados para el mes de noviembre próximo.
Llevada a cabo la votación y hecho el escrutinio correspondiente, arroja el siguiente resultado:
Ciento cincuenta y un votos para la planilla integrada por los CC. diputados Mariano Araiza Zayas, para Presidente; Feliciano Calzada Padrón y Salvador Castañeda O' Connor, para Vicepresidentes.
También se registraron, respectivamente, uno, cuatro, tres, tres, ocho votos, para otras tantas planillas.
En virtud de lo anterior la Presidencia hace la declaratoria de rigor. Oficio de la Secretaría de Gobernación por el que comunica que el señor Presidente de la República, en acatamiento del artículo 93 constitucional, dio instrucciones al C. licenciado Mario Ramón Beteta, Secretario de Hacienda y Crédito Público, para que comparezca ante este Cuerpo Legislativo en la sesión del jueves 30 del actual, e informe sobre las cuestiones relacionadas con la Iniciativa de Ley General de Crédito Rural.
Sobre el particular, la Presidencia dicta el siguiente Acuerdo: De enterado, se señalan las once horas para recibir al C. licenciado Mario Ramón Beteta. Para tal efecto, gírese atenta comunicación al C. Secretario de Gobernación para que, por su digno conducto, se le haga saber lo anterior.
La Comisión de Permisos Constitucionales presenta dos dictámenes, con proyectos de Decreto, que conceden permiso al C. Joaquin Mercado Flores para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional Miguel Larreynaga en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de Nicaragua, y al C. doctor Manuel Velasco Suárez, la condecoración Nacional de la Orden de Vasco Núñez de Balboa en grado de Gran Cruz, que le otorga el Gobierno la República de Panamá.
Primera lectura.
Las Comisiones unidas Segunda de Gobernación, y de Estudios Legislativos, emiten un dictamen con proyecto de Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles. Primera lectura.
El C. diputado Carlos Dufoo López da lectura al dictamen suscrito por las Comisiones unidas de Transportes y Vías Generales de Comunicación; de Hacienda, Crédito Público y Seguros y de Estudios Legislativos, en virtud del cual se adiciona y reforman los artículos 29 y 127 de la Ley de Vías Generales de Comunicación. Primera lectura.
Cuatro dictámenes con proyectos de Decreto, presentados por la Comisión de Permisos Constitucionales, que conceden permiso para que puedan aceptar y usar condecoraciones que les fueron conferidas por gobiernos extranjeros a los siguientes ciudadanos:
Eva Sámano Vda. de López Mateos, la Orden Mahaputra Adipurna en Primer Grado, del Gobierno de Indonesia; Ignacio Villaseñor Arano y Carlos A. de Icaza, la Orden Alistiqlal en grado de Comendador, del gobierno de Jordania, y Salvador M. Bravo y Magaña, la Orden Nacional del Mérito en grado de Comendador del Gobierno de Francia. Segunda Lectura.
A discusión en su orden, sin que motiven debate, en votación nominal se aprueban los cuatro proyectos de Decreto, por unanimidad de ciento setenta y dos votos. Pasan al Senado para los efectos constitucionales.
La C. diputada Graciela Aceves de Romero, a nombre de la Diputación del Partido Acción Nacional, hace uso de la palabra para solicitar que el C. presidente de la Asamblea hagan una excitativa a las comisiones correspondientes, a efecto de que dictaminen la Iniciativa presentada por los CC. diputados de Acción Nacional en el pasado periodo legislativo, en la cual se proponía la Ley que crea la Comisión Nacional de la Educación Rural.
El C. diputado José Ortiz Arana, en nombre de las comisiones de Desarrollo Educativo Extraescolar, de Estudios Legislativos y la Segunda Sección de Administrativo, usa de la tribuna para expresar a los CC. diputados del Partido Acción Nacional, que las comisiones en cuestión ya tienen e dictamen relativo a la Iniciativa de Ley a que se ha hecho referencia, asimismo solicita la autorización de la Presidencia para presentar el dictamen en la sesión del martes próximo.
Concluye invitando a los diputados de Acción Nacional se sumen a las Comisiones para intercambiar puntos de vista, siguiendo la tónica que se ha implantado en esta Legislatura de practicar democráticamente el ejercicio de las ideas y de las opiniones.
La Presidencia ruega a la Secretaría incluya en el Orden del Día de la sesión del martes la lectura del dictamen de la Iniciativa mencionada.
Para dar lectura a una proposición signada por la Fracción Parlamentaria del Partido Popular Socialista, hace uso de la palabra el C. diputado Ezequiel Rodríguez Arcos.
Dicha proposición consiste en lo siguiente:
Primero. Solicitar de la Unión Interparlamentaria que sugiera a los Parlamentos afiliados, soliciten de cada uno de sus gobiernos exijan a la Junta Militar Chilena la libertad de todos los detenidos, particularmente de los diputados y senadores.
Segundo. Que la propia Unión Interparlamentaria haga gestiones por los conductos debidos, para que la Junta Militar autorice que un grupo de médicos mexicanos que lo han solicitado, visiten al señor senador Luis Corvalán, cuyo estado de salud es preocupante, a fin de atenderlo en sus padecimientos.
El propio diputado Rodríguez Arcos fundamenta la proposición.
La Asamblea, en votación económica, admite la proposición y por instrucciones de la Presidencia se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.
El C. diputado Jaime Coutiño Esquinca, miembro del sector de los trabajadores del Partido Revolucionario Institucional, integrantes de la actual Legislatura, da lectura a una
Iniciativa de Ley que reforma y adiciona la Ley Federal del Trabajo, en el Título Once, con el Capítulo XIV, con el objeto de crear el Instituto de Fisiología, Psicología y Toxicología del Trabajo.
Por acuerdo de la Presidencia, se turna la Iniciativa a las Comisiones unidas de Trabajo en turno, y de Estudios Legislativos e imprímase.
Los miembros del Partido Acción Nacional suscriben una proposición a la cual da lectura el C. diputado Lorenzo Reynoso Ramírez, quien manifiesta a la Asamblea que los diputados representantes de los trabajadores al servicio del Estado, se integren en una Comisión Especial que se dedique exclusivamente a elaborar un proyecto de nueva Ley de Seguridad Social de los Trabajadores al Servicio del Estado, para que sea discutido y en su caso, aprobado en este último periodo de sesiones de la XLIX Legislatura.
La Asamblea en votación económica admite la proposición y se turna a las Comisiones unidas de Trabajo en turno y de Estudios Legislativos.
Agotados los asuntos en cartera, a las quince horas se levanta la sesión y se cita para la próxima, que tendrá lugar el jueves treinta del presente, a las diez treinta horas, en la que comparecerá el C. Secretario de Hacienda y Crédito Público, licenciado Mario Ramón Beteta."
Está a discusión el Acta.. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba... Aprobada.
COMPARECENCIA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA
- El mismo C. Secretario: Compañeros, se encuentran entre nosotros distinguidos invitados, a cuyos nombres me voy a permitir dar lectura.
Ciudadano licenciado Miguel Lamadrid Hurtado, Subsecretario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (aplausos); ingeniero Gilberto Ruiz Almada, Secretario de Investigación y Ejecución Fiscal (aplausos); C. Ramón Aguirre Velázquez, Subsecretario de Egresos (aplausos); licenciado Enrique Velasco Ibarra, Oficial Mayor (aplausos); licenciado Miguel Franco Gutiérrez, Secretario Particular del Secretario de Hacienda y Crédito Público (aplausos); licenciado Mario Jorge Yáñez, Secretario Auxiliar del C. Secretario (aplausos); C. Francisco Merino Rábago, Director General del Banco de Crédito Rural (aplausos); ingeniero José Gascón Mercado, Director General de Fomento Ejidal (aplausos); licenciado Rodolfo Echeverría Alvarez, Director General del Banco Cinematográfico (aplausos); licenciado Plácido García Reynoso, Director General de la Asociación Hipotecaria Mexicana (aplausos); licenciado Julio Sánchez Vargas, Director General de SOMEX (aplausos); licenciado José Sáez Arroyo, de la Comisión Nacional Bancaria (aplausos); licenciado Francisco Cano Escalante, de la Comisión Nacional de la Industria Azucarera (aplausos); licenciado Atanasio González Martínez, Presidente del Tribunal Fiscal de la Federación (aplausos); doctora Ifigenia Martínez de Navarrete, Subdirectora de Finanzas de FONAFE (aplausos); ingeniero Emilio Zorrilla Vázquez, Subdirector General de Promoción y Proyectos de FONAFE (aplausos); C. Jorge F. Ochoa, Subdirector General de Administración de FONAFE (aplausos): ingeniero Efraín Miembro, Subdirector de Operación de Crédito Rural (aplausos); contador Mario Highland, Subdirector General de Control del Banco de Crédito Rural (aplausos); licenciado Fernando Serna Segura. Subgerente Fiduciario del Banco de Crédito Rural; ingeniero Mario Carrillo, Gerente de Organización Económica de Acreditados del Banco de Crédito Rural (aplausos); ingeniero Simón Nava, Gerente de Crédito para Ejidatarios Comunales del Banco de Crédito Rural (aplausos); licenciado Jorge de la Vega Domínguez, Director General de la CONASUPO (aplausos); doctor José Guevara Calderón, Director General de la Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera (aplausos); y el ingeniero Raúl Tajonar Urquidi, Jefe de Departamento de Crédito Agrícola de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
El C. Presidente: Me permito informar a la Asamblea que se encuentra a las puertas de este recinto el licenciado Mario Ramón Beteta, Secretario de Hacienda y Crédito Público. Para introducirlo a este salón de sesiones se designa en comisión a los siguientes CC. diputados: Luis Dantón Rodríguez, Telésforo Trejo Uribe, Gerardo Medina, Ezequiel Rodríguez Arcos y Juan C. Peña Ochoa.
(La Comisión cumple con su cometido.)
(aplausos).
En cumplimiento del punto de Acuerdo aprobado por esta Cámara de Diputados el 24 de presente mes, hoy comparece ante esta representación nacional el licenciado Mario Ramón Beteta, Secretario de Hacienda y Crédito Público, a fin de que informe y conteste preguntas en relación a la iniciativa de Ley General de Crédito Rural.
Una vez que el señor Secretario de Hacienda y Crédito Público haga una exposición referente a esta iniciativa, para formular preguntas se han registrado ante esta mesa directiva los siguientes CC. diputados:
Rafael Tristán López, Feliciano Calzada Padrón, Juan Báez Guerra, Luis Dantón Rodríguez, Juan José Hinojosa Hinojosa, Telésforo Trejo Uribe, Javier Heredia Talavera, María Martínez Rivera, Alejandro Cervantes Delgado, Francisco Javier Gutiérrez Villareal, José de Jesús Martínez Gil, Hernán Morales Medina, Angel Rubio Huerta, Julian Montejo Velázquez, Alicia Mata Galarza, José Nataret Escobar, Octavio Peña Torres, Angel González Estrada, Héctor Castellanos Torres, Francisco Rodríguez Ortíz y Matilde del Mar Hidalgo.
Tiene el uso de la tribuna el licenciado Mario Ramón Beteta, Secretario de Hacienda y Crédito Público.
EXPOSICIÓN
- El C. licenciado Mario Ramón Beteta:
Señor Presidente de la Cámara de Diputados; señores diputados:
Con verdadera satisfacción ocupo esta tribuna, hecho que constituye una singular distinción para cualquier mexicano. Esta comparecencia, que tanto me honra, responde a la instrucción del C. Presidente de la República que he recibido para atender el citatorio enviado por esta honorable Cámara y aportar elementos de juicio adicionales que le permitan un conocimiento más cabal de las consideraciones que motivaron el envío de la Iniciativa Presidencial para una nueva Ley General de Crédito Rural.
El C. Presidente de la República sostiene la tesis de que "un Estado revolucionario debe mantener su estructura jurídica siempre acorde a las etapas por las que transita. Congelar el derecho es siempre tendencia conservadora; revisarlo permanentemente a la luz de los principios de justicia social, es un imperativo revolucionario consagrado en nuestra Carta Magna.
El ejercicio por parte de ustedes, señores diputados, de la facultad constitucional que hoy permite mi presencia en este recinto, es un ejemplo más de la voluntad de los poderes Ejecutivo y Legislativo de proseguir por el camino del diálogo y de la apertura democrática dentro del marco jurídico que nos rige. En efecto, el artículo 93 de la Constitución ha cobrado plena vida, se ha enriquecido durante la administración actual y la práctica que establece ha sido incorporada definitivamente a nuestro sistema presidencialista.
Esta revitalizada práctica constitucional de permitir la comparecencia de los Secretarios de Estado a las Cámara del Congreso de la Unión es congruente con el principio de la división de Poderes, que es una de las decisiones políticas fundamentales del constitucionalismo mexicano. En efecto, la división de poderes, técnica limitativa del riesgo que implica la concentración de las funciones del Gobierno, consiste en ubicar las tareas básicas del Estado en órganos diferentes. Sin embargo, división, señores, no es divorcio ni separación infecunda; es colaboración recíproca y respetuosa.
El proceso gubernamental es un flujo permanente y dinámico de acciones en donde se entrelazan y condicionan mutuamente las funciones de creación y aplicación del derecho, de manera armónica. Es la tarea de creación de normas, donde las relaciones entre en Poder Ejecutivo y el Legislativo adquieren su mayor relevancia, es donde se persigue el fortalecimiento de otro principio básico de nuestro sistema político: El Estado de derecho, sin el cual, no se consigue ni la libertad ni la justicia y es imposible el ejercicio auténtico de la democracia.
En virtud de la idea del Estado de derecho, se somete el ejercicio de todo poder a las normas jurídicas que el pueblo se impone libremente a través de sus representantes y sin su respeto esencial, las naciones se arriesgan a los peligros de la tiranía o del totalitarismo.
Sujetar nuestra acción a las normas jurídicas es cumplir la vocación fundamental del pueblo mexicano: Vivir en la libertad y en la justicia dentro de un régimen de derecho.
Esta colaboración de poderes, señores diputados, se manifiesta que en la comparecencia de los funcionarios federales ante las cámaras del Congreso de la Unión no implica un riesgo de obstrucción a la acción del Poder Ejecutivo en los actos de creación y aplicación de normas, sino que es muestra concreta de la corresponsabilidad que, en el ejercicio de la autoridad delegada por el pueblo a través de la Constitución, ejercen los Poderes Federales.
La Constitución de 1917 refleja un acuerdo social básico, logrado después de profundas y violentas convulsiones. Muestra cómo la voluntad política de un pueblo puede influir en la transformación de las estructuras jurídicas y, a través de ellas, fijarse normas y objetivos para la organización de su vida económica.
Este acuerdo básico constituye sin duda un cuerpo de preceptos a los que tiene que sujetarse la evolución social y un programa de desarrollo y transformación. Por ello, y por tanto tiempo, la sociedad mexicana ha podido encontrar en la Constitución, una guía común para concertar sus energías, para armonizar esfuerzos y para rectificar el cauce cuando cualquier fenómeno pone en peligro ese fundamental consenso.
Pienso que esta convicción en base de nuestra historia posrevolucionaria y, particularmente, de la intensa evolución de las instituciones, de la actividad legislativa y de la política económica durante los últimos cinco años.
Se ha señalado con frecuencia, aunque nunca demasiada, que el papel decisivo y de mayor sacrificio en nuestra Revolución fue el que jugaron los hombres del campo. La Constitución reconoció esa participación en capítulos trascendentales, entre los cuales destacan los que se refieren al derecho del campesino a la posesión de la tierra y a impedir la concentración de ésta en pocas manos. La actualización ulterior de los gobiernos revolucionarios prosiguió de acuerdo con este propósito, más intensamente en unas etapas que en otras, pero de modo continuo hasta nuestros días.
Cada vez se hizo más patente, sin embargo, que la mera posesión de las tierras por parte de los campesino no se traduce necesariamente en un beneficio sustantivo para ellos. La limitación en el acceso a otros factores, igualmente esenciales que la propia tierra, les impedía realizar una producción adecuada: El agua, el crédito, la técnica, los fertilizantes, la organización, el equitativo mercadeo de los productos.
El C. Presidente de la República expresó repetidamente en su campaña electoral y reiteró en su Segundo Informe de Gobierno, que "la Reforma Agraria Mexicana nunca se ha concebido, exclusivamente, como un reparto de tierras. Ha sido y es -dijo el Presidente- reparto de agua, de crédito, de técnicas, de caminos y de escuelas. Hoy la entendemos, esencialmente, dijo, como reparto de ocupación en el campo".
Para auxiliar al agro en esos aspectos ha ido desarrollándose también un vasto y complejo sistema de apoyo por parte del Estado: En forma sucesiva fueron creadas instituciones de financiamiento destinadas de manera exclusiva al campesino, así como instituciones de protección al productor agrícola.
No obstante, en una sociedad que emprendía con gran dinamismo un proceso de desarrollo industrial, en el cual los mecanismos económicos afectaron negativamente la economía campesina, estos esfuerzos no bastaron para dar acceso a un nivel decoroso de vida y hacer justicia efectiva a la abrumadora mayoría de la población rural. Esa población, además, como consecuencia del abatimiento de la tasa de mortalidad, se vino multiplicando a una velocidad cada vez mayor, hasta alcanzar la acelerada tasa de crecimiento que experimenta a partir de la década de los años sesenta.
La situación del campo reviste asimismo particular importancia porque incide de modo decisivo y determinante en todos los procesos económicos y sociales de nuestro país. No sólo representa la desigualdad más injusta en la distribución de la riqueza, sino que alcanza extremos de suma gravedad en el desempleo o subempleo de grandes núcleos de campesinos.
Además, a consecuencia de una baja productividad, restringe la producción nacional y las posibilidades de ampliación del mercado interno y genera una emigración masiva hacia las grandes ciudades, provocando en ello la marginación, el congestionamiento y los terribles problemas de todo orden que trae consigo el gigantismo urbano.
La economía nacional tiene una gran dependencia respecto del sector agropecuario. Hasta hace muy poco hemos podido experimentar las graves consecuencias que puede tener en la balanza de pagos una insuficiente producción de alimentos. La industria requiere de numerosas materias primas de origen agropecuario que, al restringirse, contribuyen a la inflación y deterioran el equilibrio de las relaciones comerciales con el exterior. Una buena parte de nuestras, exportaciones descansa también en los productos agropecuarios. Sólo un campo fortalecido para dotar al país de los productos suficientes en materia de alimentación, de materias primas y divisas nos permitirá alcanzar y alentar un crecimiento económico sostenido. Distribuir mejor y tener más que distribuir sólo podrá lograrse dando atención prioritaria a los problemas rurales.
Estas consideraciones, señores diputados, llevaron al Presidente Echeverría a reorientar el rumbo del desarrollo para lograr una mejor distribución del ingreso y dar bases más sólidas a nuestra economía.
El actual Gobierno dio renovado impulso a la justicia social y al desarrollo en el campo con dos tipos de acciones: La reforma institucional y el establecimiento de normas jurídicas, por una parte y medidas directas de apoyo económico por la otra. De esta manera, en este cuerpo colegiado fueron aprobadas las iniciativas del Ejecutivo de nuevas Leyes de Reforma Agraria y de Aguas, que expeditan el reparto de la tierra y promueven la organización colectiva y el mejor aprovechamiento de la auténtica pequeña propiedad, así como la equitativa distribución y conservación de los recursos hidráulicos del país. En estas leyes encontramos explicada, parcialmente, la necesidad de expedir la Ley de Crédito Rural, al propugnar la resolución integral del problema agrario.
Dentro de este propósito, fueron creadas asimismo, varias comisiones de promoción y coordinación de los diversos instrumentos del sector público que actúan en el ámbito agropecuario.
En cuanto al apoyo económico, los recursos destinados al campo aumentaron de modo más que proporcional frente a los que recibieron otros sectores. El aumento abarca, además, practicamente todos los renglones: Educación, vivienda, saneamiento ambiental, desmonte, irrigación, construcción de caminos, precios de garantía, servicios de apoyo a la producción, capacitación campesina, asistencia técnica, fertilizantes.
El Sector Público Federal que en 1971 destinaba al campo el 14% del presupuesto total de inversión, en este año de 1975 destinará más de diecinueve mil millones, lo que representa un 20% de ese presupuesto.
En la promoción de este sector, se ha venido impulsando la política crediticia oficial de modo paralelo. Esto se ha reflejado, en primer lugar, en el incremento en el volumen de los financiamientos de los planes agrícolas, de los planes agro - industriales y de tecnificación otorgados por la Banca Nacional. Se trata de un esfuerzo, señores diputados, de magnitud inusitada en términos financieros: de 5,800 millones, cuando arranco la presente administración, a cerca de 23,000 millones previstos para 1975, o sea que se han triplicado los recursos financieros al campo en casi cuatro veces en el periodo de cinco años.
Este enorme esfuerzo cuantitativo demanda cada vez más, uno similar en materia de vigilancia de la aplicación y destino de los fondos, pues el Estado no cuenta con los recursos para continuar incrementando al mismo ritmo, las sumas que destina al campo.
Es deber de la administración implantar los procedimientos necesarios para lograr que los recursos proporcionados al campo no sólo lleguen a su destino, sino que generen una mayor producción y eleven realmente la productividad al campesino. Debemos concentrarnos en aumentar el rendimiento, en lo económico y en lo social, de cada peso que se destine a este sector.
Permítaseme recordar con ustedes que los recursos crediticios no constituyen, en sí mismos, riquezas; que los bancos públicos o privados no son manantiales de los que el dinero brote con sólo establecerlos. Lo que hacen estas instituciones es transferir recursos ahorrados por la colectividad a las actividades económicas que los requieren para su operación y para su expansión.
Me parece importante reiterar, asimismo, que la Banca no puede ni debe relegar de modo alguno su responsabilidad de preservar los ahorros que ha recibido de otros que no son de ella. Para que sea tal, el crédito debe recuperarse de acuerdo con lo convenido, pues de otra manera deja de ser crédito para convertirse en mera donación o en subsidio. El funcionamiento crediticio tiene estas características en todas las naciones del mundo, independientemente de su signo ideológico o de su organización social; en todas partes, para poder seguir prestando, los bancos requieren recuperar sus créditos.
Conviene destacar algunas de las medidas tomadas por el actual gobierno directamente vinculadas con la formulación de la presente iniciativa y que constituyen en cierta medida, su antecedente directo, algunas de ellas de carácter administrativo y de gran importancia.
El proyecto de Ley que ahora nos ocupa.
Pretende consolidar y complementar muchas otras medidas y disposiciones, que basan la participación más equitativa del campesino en la vida económica sobre la única forma verdaderamente sólida; una mayor eficiencia productiva. Desde el inicio de la administración del Presidente Echeverría, en efecto, se buscó con empeño una mayor coordinación de las entidades del sector público que tienen a su cargo la puesta en práctica de la política agropecuaria del país. Este esfuerzo se hizo no sólo necesario, sino urgente, a causa de que esas numerosas entidades, a las que antes hicimos referencia, surgieron debido a las diversas circunstancias históricas en que tuvieron su origen y a la compleja dinámica de la administración pública. Así, pudo observarse que no solamente no existía una coordinación adecuada entre ellas, sino en ocasiones había falta de entendimiento y hasta de conocimiento de lo que hacían unas con respecto a las otras, siendo que todas eran corresponsables del mismo sector. Con el propósito de corregir esa situación se formó, en este régimen, una Comisión de Coordinación del Sector Agropecuario, que ha venido arrojando importantes resultados y ha adquirido vida institucional a través de un reciente decreto.
Se afrontó asimismo con racionalidad y con valentía el difícil problema que presentaba a los bancos nacionales la situación crítica de las carteras vencidas. Esta situación fue resuelta gracias a la depuración de los sujetos de crédito de la banca oficial mediante un manejo adecuado para reducir las vencidas, esto es, para reducir los adeudos que por muchos años tuvieron insolutos grandes grupos de campesinos. La política realista que se adoptó, tanto para obtener la mayor recuperación posible como para rehabilitar financieramente a los productores, fue la de permitirles absorber gradualmente sus adeudos en función del cumplimiento de sus nuevos compromisos crediticios.
Otras medidas y mecanismos han acompañado la elevación del financiamiento. Entre ellas destaca la creación, en 1972, del Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios, destinado a superar los críticos obstáculos que constituye la inexperiencia de los ejidatarios y campesinos de bajos ingresos en la preparación técnica de sus proyectos y las reticencias de la banca privada respecto a las garantías que aquéllos podían ofrecer. Al impulsar de esta forma los tratos entre ejidatarios y banca privada, el Fondo, establece firmes nexos fundados en experiencias satisfactorias, que eliminan la necesidad de subsidios permanentes.
Deseo subrayar ahora alguno de los puntos fundamentales que contiene el proyecto de ley que nos ocupa, no con el ánimo de repetir los conceptos que están, a mi manera de ver, bien expresados en el proyecto, sino con el propósito de hacer hincapié en algunos de los temas que, a mi juicio, constituyen la esencia del proyecto de ley que se encuentra a la consideración de ustedes.
Estas materias son básicamente las siguientes:
Necesidad de unificación de la política crediticia; concepción integral del problema campesino; descripción del nuevo sistema de financiamiento al campo; relación de los sujetos de crédito; preferencias en el otorgamiento de los préstamos, ventajas de las innovaciones contempladas por la ley en las operaciones crediticias; operaciones especiales; participación de los productores en el funcionamiento del sistema y señalamiento de los avances en las modalidades de las operaciones crediticias.
Unificación de la política crediticia en el sector rural.
Todos recordamos, señores, que hasta hace poco tiempo existían 3 instituciones que dirigían recursos crediticios al campo: - El Banco Nacional de Crédito Agrícola, el Banco Nacional de Crédito Ejidal y el Banco Nacional Agropecuario-, que junto con los fideicomisos de fomento y redescuento a estas actividades atendían las necesidades del campo siguiendo cada uno políticas propias en materia de crédito. Esta diversidad de mecanismos obstaculizaba la aplicación de criterios uniformes que permitieran adecuar las necesidades del agro a los imperativos de una política de desarrollo armónico del sector.
Así, el proyecto de Ley General de Crédito Rural que ahora está a la consideración de ustedes, aprovecha las numerosas y muy intensas experiencias de la política crediticia del Estado Mexicano durante los últimos años en varias materias: En la creación de nuevos instrumentos que superen los obstáculos para el funcionamiento del aparato crediticio en el campo; el mejoramiento administrativo y el saneamiento financiero de la banca nacional agropecuaria; la asignación de recursos para su canalización por la banca privada; la apertura de nuevas áreas de financiamiento bancario, y la capacitación de receptores potenciales.
Aun cuando el crédito constituye solamente uno de los factores de la producción agropecuaria es, sin duda alguna, un elemento muy importante que opera como catalizador al propiciar la conjugación de todos los demás.
La Ley de Crédito Rural intento de solución integral al problema campesino.
Deliberadamente se ha llamado a esta ley de crédito rural y no de crédito agrícola o ganadero, pues no sólo ocupa del crédito agropecuario, sino de complementar la producción con la industrialización y la comercialización de los productos rurales, para que el campesino integre su actividad económica y pueda elevar efectivamente, sobre base sólidas y perdurables, su productividad y su nivel de vida. Trata el proyecto no únicamente de dar recursos al campesino, sino de contribuir a que éste adopte mejores formas de organización económica, a que se capacite, y que se convierta en sujeto de crédito para cualquier banco y participe en las decisiones de las nuevas instituciones oficiales de crédito destinadas a atenderlo, al mismo tiempo que el proyecto institucionaliza el crédito al consumo familiar e impulsa las operaciones especiales de apoyo para la infraestructura, la asistencia técnica y la organización.
¿En qué consiste, este nuevo sistema de Crédito Rural?
La creación del nuevo sistema institucional de crédito rural obedece a la necesidad de adaptar los diferentes esquemas de política financiera, de organización y de operación existentes a una estructura idónea que permitirá al sector consolidar en forma paulatina un desarrollo equilibrado y eficaz.
El nuevo sistema concentra el crédito agropecuario en el Banco Nacional de Crédito Rural, sus doce Bancos Regionales y la Financiera de Fomento Ejidal e Industrial Rural y asimismo en los fondos nacionales de fomento y de redescuento a las actividades agropecuarias establecidas por el Gobierno Federal en instituciones nacionales de crédito. De esta manera, se hace posible unificar los diferentes esquemas existentes; abatir costos de administración; plantear la política de crédito en función de las prioridades que señale la demanda nacionales e internacional de alimentos y materias primas; integrar verticalmente las actividades productivas del campesino promoviendo, en especial, la industria rural; racionalizar los cultivos; y asegurar, en fin, una eficaz canalización de recursos financieros a este sector.
La conformación integral del sistema de crédito rural, presupone una delimitación de las áreas de actividad de sus distintos componentes. Así, el Banco Nacional de Crédito Rural y los bancos regionales estarán encargados de financiar la producción primaria, su beneficio y comercialización cuando la efectúe el productor mismo. Por su parte, la Financiera Nacional de Fomento Ejidal e Industrial Rural, que absorbe las funciones y el patrimonio del Fondo Nacional de Fomento Ejidal, se dedicará al financiamiento de las actividades industriales y, en general, de transformación de la producción agropecuaria cuando constituya la actividad principal del acreditado, así como la explotación de recursos naturales no agropecuarios.
Este es otro punto que merece subrayarse como una iniciativa de valor singular. Al efecto, la iniciativa dispone que la financiera coordinare de manera estricta, sus programas con las demás instituciones crediticias y entidades públicas que participan en esta área.
Otro apartado fundamental de la ley es el que reglamenta a los sujetos de crédito, a través de los ordenamientos incluidos en el proyecto a estudio, se define la naturaleza de los sujetos de crédito de sistema, se conforma de manera precisa la estructura económica y social del campo en torno al ejido y a la comunidad.
El ejido y la comunidad, son piedras angulares de la sociedad rural producto de la Revolución, no se han integrado plenamente al proceso de desarrollo, por carecer de ciertos atributos de los sistemas modernos de producción y por enfrentarse a una organización urbana que aprovecha esa situación a costa del campesino.
En efecto, la ausencia de una tecnología adecuada, la insuficiencia en materia de extensionismo agrícola, las carencias en materia de administración y de organización económica, constituyen algunos de los factores que han provocado la muy reducida capitalización del sector y su falta de garantías reales.
Ante estas circunstancias, la banca privada ha contribuido poco al financiamiento del sector rural de más bajos ingresos, resistiéndose a considerarlo como buen sujeto de crédito.
Por lo que respecta a la banca oficial, las características de atraso económico del campesino no han originado que el financiamiento se otorgue en ocasiones sobre bases endebles y aun con escasas posibilidades de recuperación.
Las formas jurídicas que consagra la Ley Federal de Reforma Agraria fueron respetadas en el diseño de la nueva Ley de Crédito Rural, utilizando su terminología para definir a los sujetos de crédito. El proyecto especifica, de manera enunciativa, no limitativa, que tales sujetos comprenden ejidos y comunidades, sociedades y uniones de producción rural, uniones de ejidos y de comunidades, asociaciones rurales de interés colectivo y colonos y pequeños propietarios.
Las uniones de ejidos, de comunidades, así como las uniones de sociedades de producción rural, tendrán facultades como sujetos de crédito directo y como entidades distribuidoras del crédito entre sus asociados, siempre que éstos trabajen colectivamente.
Por su parte, las sociedades de producción rural estarán integradas por colonos y pequeños propietarios. Dichas sociedades, a su vez, estarán capacitadas para integrarse en uniones.
Finalmente, las asociaciones rurales de interés colectivo se constituirán por ejidos, comunidades o sociedades de producción rural, conjunta o independientemente, con miras no a la explotación directa de la tierra, sino a desarrollar actividades económicas secundarias y a prestar los servicios de interés común.
De esta suerte, se plantea la posibilidad jurídica de asociación entre los sectores ejidal y comunal con grupos organizados de colonos y con pequeños propietarios. Se propicia, también el trabajo colectivo y la convivencia armoniosa
entre el sistema de la pequeña propiedad y la organización ejidal.
En el caso de ciertas organizaciones campesinas existentes, como las sociedades locales de crédito ejidal y los grupos solidarios, deberá efectuarse un ajuste gradual a las nuevas formas de organización en un proceso que no trastorne a los campesinos que están agrupados de manera distinta a la que se prevé en la nueva legislación. Se trata fundamentalmente de evitar que dentro del mismo ejido prevalezca una pulverización de los deudores y que sean el ejido o la comunidad, y no grupos o subgrupos de los mismos, quienes respondan directamente por las obligaciones contraídas. Hay además, en el proyecto de ley un sistema de preferencias en el otorgamiento de los créditos.
Conforme a la premisa de fomentar las formas colectivas del trabajo, se estableció un régimen de preferencias que consiste, básicamente, en que el sistema nacional de crédito otorgue una atención prioritaria a cualquiera de los sujetos de crédito organizados para explotar colectivamente la tierra y, en un segundo orden, a estos mismos sujetos cuando no se organicen en esa forma nuevas modalidades de operación del sistema.
Una de las principales fallas del sistema oficial de crédito rural que ha venido operando hasta la fecha radica en que, salvo el Banco Nacional Agropecuario, este tipo de banca no contemplaba dentro de su esquema la captación de recursos del público. El sistema actual siempre se ha visto limitado en sus posibilidades de crecimiento, al no tener acceso al ahorro de los inversionistas institucionales y del público en general.
El proyecto de Ley estipula que el sistema pueda realizar las operaciones pasivas previstas en la Ley General de Instituciones de Crédito, incluyendo las operaciones autorizadas para la banca de depósito, ahorro, financiera e hipotecaria.
El nuevo sistema propiciará, en consecuencia, que los productores dispongan de recursos crediticios en condiciones apropiadas para planear su actividad en forma integral, derivando beneficios de la explotación primaria, la conservación, la industrialización, al mercado de sus productos.
Este esquema ha sido diseñado para proteger el ingreso real del productor y del consumidor final, ya que permitirá estabilizar los precios en las diferentes secuencias del proceso de compraventa; conservar los productos excedentes, evitando distorsiones en los diferentes mercados regionales; imprimir un importante valor agregado al producto primario mediante su industrialización; y finalmente, abatir los altos costos derivados de una excesiva intermediación comercial.
Sabemos, sin embargo, que la nueva ley no es la panacea que resolverá todos los problemas ancestrales que confronta al agro. La iniciativa sólo pretende dotar al campesino del marco institucional que permita conjugar su propio esfuerzo, el de los campesinos con el de los funcionarios y empleados de las instituciones responsables para que, en el medio plazo puedan obtenerse los frutos de acciones coordinadas y honestas.
Uno de los principales obstáculos para la adecuada operación del crédito agrícola ha sido la desviación del objetivo que lo justifica. Ha resultado lógico que, tratándose de un sector en el que a menudo no se cubren las necesidades más elementales, en ciertos casos el campesino haya empleado estos fondos para satisfacer su consumo cotidiano.
Ante esa necesidad de evitar la desviación en el empleo de los recursos crediticios, para la producción, se realiza un avance de singular importancia al institucionalizar los créditos que se denominarán para el consumo familiar, esencialmente para alimentos, que se extenderán por un plazo no mayor al del periodo de cultivo. De este modo se garantiza que el crédito destinado a la producción se aplique a la finalidad para la que fue otorgado.
La falta de capitalización del sector rural a la que me he referido, ha constituido un cuello de botella en el proceso de desarrollo agropecuario. Por ello la actual administración viene canalizando fuertes volúmenes de recursos al sector, a través, fundamentalmente, de erogaciones presupuestales en inversión pública federal.
Esta creciente ayuda se verá complementada ahora con operaciones especiales de apoyo a los sujetos de crédito por parte del nuevo sistema nacional de crédito rural. Dichas operaciones atenderán a las necesidades en infraestructura, capitalización rural, comercialización, organización, capacitación, asistencia técnica, integración y consolidación productiva de las unidades económicas.
A fin de hacer congruentes las metas de política y de administración en materia de crédito agropecuario, se establece una participación de los productores en el funcionamiento de las instituciones, lo que les permite orientar las decisiones de los consejos de administración y establecer la identidad entre sus necesidades concretas y la política financiera oficial.
Hasta ahora un gran número de campesinos no ha reunido todas las características que integran a un sujeto de crédito desde un punto de vista estrictamente técnico. Por tanto, ha sido necesario diseñar mecanismos que garanticen la afluencia crediticia a todo el sector agropecuario, mediante la capacitación del campesino como sujeto de crédito y la adaptación de las normas bancarias a sus necesidades.
Las modalidades de operación del crédito, de acuerdo con el proyecto que estudiamos, se ajustan a las demandas de la clase campesinas. Con ese fin, la iniciativa prevé una serie de normas por lo que hace al monto de los préstamos en relación con el valor de su garantía, o con el costo de producción de la cosecha. Corresponderá a la Secretaría de Hacienda determinar las tasas de interés, teniendo en cuenta la debida flexibilidad en los niveles de las mismas, en función del costo del dinero, de las características del sujeto de crédito y del destino de los recursos.
Para finalizar, señor Presidente, señores diputados, estimo que puede ser útil resumir en unas pocas palabras lo que considero son las finalidades y los objetivos principales del proyecto que he venido examinando.
La Ley, el proyecto de Ley pretende establecer un sistema de crédito integrado de tal manera que sea posible superar las limitaciones que hasta ahora han existido dentro de un plan en el que el crédito se ha hecho asequible al campesino sólo para financiar la producción agrícola y la ganadera. Se quiere ahora permitir la integración de la actividad económica del campesino proporcionándole recursos para financiar también las actividades complementarias de su producción tales como la industrialización y como el mercadeo; se pretende al mismo tiempo capacitarlo para emprender otras actividades no necesariamente conexas a las agropecuarias y que le permitan explotar los recursos naturales que le brinda el medio en que se desenvuelve.
En la redacción del proyecto se tuvo en consideración que al lado de otros factores limitantes existe ya el de la extensión de las buenas tierras laborales al lado de una explosión demográfica en el sector rural que determina que la disponibilidad de tierra sea cada vez menor para el creciente número de miembros de la familia campesina. También se consideró señores diputados, que junto a los componentes del núcleo familiar se encuentran los avecindados, que junto a los titulares de los derechos ejidales se encuentran sus hijos y sus nietos y que éstos y los avecindados aunque puedan carecer de derechos dentro de la norma tradicional, son mexicanos con potencialidad productiva y con carencia de un empleo que es indispensable proporcionarles. Es por esto que el esfuerzo de apoyo crediticio lo extiende el proyecto de Ley a toda la actividad del sector rural, lo mismo agrícola que ganadero, avícola que turística, silvícola como de piscicultura. Sólo así, mediante la explotación racional, inteligente y organizada de todos estos recursos, podrá el campesino elevar su nivel económico y disfrutar de la vida digna a la que tienen derecho todos los mexicanos.(Aplausos.)
INTERPELACIONES
El C. Presidente: Para formular preguntas, tiene el uso de la palabra en primer término, el diputado Tristán López.
El C. Rafael Tristán López: Señor Secretario, como representante campesino ante esta honorable Cámara de Diputados, he escuchado con profundo interés su atinada exposición sobre la Iniciativa de Ley General de Crédito Rural; sin embargo, si usted me lo permite, quisiera hacer algunas consideraciones, usted ha manifestado que el gobierno ha canalizado recursos al sector agropecuario en una proporción tal que éstos se han cuadruplicado en lo que va de la presente administración. Yo me permito preguntar, si es propósito del Estado continuar canalizando recursos financieros al campo a este ritmo y si es así, lo cual sería deseable para nuestros compañeros campesinos, si se cuenta con los fondos necesarios para seguir por este camino.
- El C. licenciado Mario Ramón Beteta:
Creo que su pregunta es muy pertinente, señor diputado Tristán López, en efecto es difícil para el Estado continuar canalizando mayores volúmenes de recursos al ritmo en que ha venido haciéndolo durante los últimos años. Ya hemos visto que en la administración del Presidente Echeverría se han cuadruplicado los financiamientos al campo. Hemos visto también que hay una tasa de recuperación no siempre elevada, de ahí el esfuerzo que se expresa en el proyecto de Ley que hemos venido estudiando, para no solamente seguir aumentando en el aspecto cuantitativo los recursos que se canalizan hacia el campo, sino para incrementar la eficacia en su aplicación.
Decía yo hace un momento, que es indispensable y que es responsabilidad de la administración del gobierno, establecer los mecanismos para que cada peso que se dedique a financiar a los campesinos, llegue en efecto a los campesinos, pero que además, se vigile que su aplicación sea la adecuada, la adecuada para incrementar la productividad, no solamente la producción, sino la productividad, lo que cada campesino en cada hora de trabajo es capaz de crear con su propio esfuerzo.
Es ahí en donde tiene que ponerse el énfasis, y quizás, señor diputado, yo diría que no solamente en el sector campesino sine en toda la actividad nacional, resulta aconsejable, no sólo aumentar el monto de los recursos, sino aumentar la eficacia de su aplicación, vigilar que el gasto se realice no solamente con creciente ajuste a los ingresos, sino que en su aplicación a los proyectos a que está destinado, alcance el mayor grado de eficacia productiva; que el gasto sea controlado en su monto, pero que sea aplicado inteligentemente sin desperdicio en su cualidad, en su calidad.
La respuesta a su pregunta de si el gobierno se propone seguir canalizando al mismo ritmo recursos hacia el campo y si cuenta con los recursos indispensables para hacerlo sin limitación, es en sentido negativo. No tiene el Estado todos los recursos que sería indispensable canalizar al campo, es por eso que hace el mayor esfuerzo, por una parte para mantener un flujo correspondiente de esos recursos, pero sobre todo, y de ahí el énfasis del nuevo proyecto, de aumentar la productividad, el uso racional e inteligente del gasto. (Aplausos.)
El C. Presidente: Se le concede el uso de la palabra al diputado Calzada Padrón.
El C. Feliciano Calzada Padrón: Hace unos cuantos días, señor Secretario, con motivo de las firmas de los derechos de reestructuración de la industria cañera, hizo usted declaraciones en el que comentaba la importancia de dicha reestructuración. ¿Sería usted tan amable, señor Secretario, de ampliar algunas de esas ideas así como que nos diga cómo encajan las medidas de reestructuración de la industria azucarera dentro del espíritu y los
propósitos de la Ley General de Crédito Rural?
El C. licenciado Mario Ramón Beteta: Con mucho gusto, señor diputado Calzada. Yo creo que su pregunta es muy pertinente porque me de la oportunidad de hacer ver la congruencia que existe entre las diversas medidas que en el ámbito agropecuario ha tomado la presente administración.
En efecto, decía yo que de ninguna manera el proyecto de Ley General de Crédito Rural es un esfuerzo aislado, sino que es el producto de la recapitulación de una serie de aportaciones que en el orden jurídico y administrativo se han venido haciendo durante la actual administración gubernativa.
Los decretos que recientemente firmó el señor Presidente de la República para reestructurar la actividad azucarera, en todos sus diversos aspectos, encajan dentro de ese marco general del que forma parte el Proyecto que estamos estudiando.
¿Cuáles son las principales características de estos decretos? Yo señalaríados fundamentales: La primera, que terminan con una asociación forzosa que no siempre ha resultado ideal entre el campesino, entre el productor de la caña y el industrial que le extrae el jugo para convertirlo en azúcar. Se trata ahora de que el campesino tenga en el contenido de sacadoras de la caña la base de su liquidación, y por tanto, la fuente de sus ingresos y que no dependa de la habilidad extractiva del industrial para determinar éstos.
Cuando el campesino recibe su liquidación, de acuerdo con el contenido de sacarosa de la caña, se verá sin duda estimulado a realizar los cultivos y adoptar las medidas indispensables para incrementar ese contenido. Esto sin duda elevará la productividad del campesino y la producción total de caña molible.
Por otra parte, el campesino recibirá de ahora en adelante, el crédito de avío directamente, sin que tenga que pasar por el industrial -dueño del ingenio- que al lado de industriales muy respetables, que manejaron estos créditos con estricto rigor y los aplicaron a la producción, ha habido otros que no han procedido en la misma forma; que han distraído recursos; que los han limitado por su legítima aplicación al incremento de la producción nacional y que además, han abusado y engañado al campesino.
Estos dos elementos, conjugados, por una parte, dan independencia al campesino y también se la dan al industrial; capacitan al campesino y lo estimulan para que aplique su esfuerzo a incrementar la producción; pero sobre todo, le dan un estímulo permanente para basar su superación económica en su propio esfuerzo, en un esfuerzo que además se le entregan los instrumentos para realizarlo con creciente eficacia. Creo que es útil en este momento en que estamos pasando una vista panorámica al paisaje agropecuario de México, mencionar como lo ha hecho usted señor diputado, el avance tan importante que los recientes decretos -que con estos recientes decretos-, ha dado el señor Presidente en materia de la actividad azucarera nacional. (Aplausos.)
El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado Báez Guerra.
El C. Juan Báez Guerra: Como diputado del Sector Campesino, quiero preguntarle, señor Ministro: ¿Que ventajas tiene para el campesino el que exista un sistema de crédito rural? ¿Se trata de introducir alguna mayor forma de administración o de ventaja económica que pueda redundar en beneficio del campesino sobre la tasa de interés del crédito que recibe el productor agrícola?
El C. Lic. Mario Ramón Beteta: Señor diputado; yo creo que el proyecto es altamente benéfico para el campesino en todos sus aspectos. Representa para él, en primerísimo lugar, una aplicación muy importante de su campo de actividad. Decíamos, que no solamente se trata de darle crédito para la explotación agrícola y ganadera, sino para poder explotar los recursos naturales del medio que lo rodea y de esta manera incrementar las fuentes de trabajo para él, para sus hijos, para su creciente familia. Pero, además, en la obtención del crédito se le permite acudir a una sola institución, en vez de a 3 o 4 que lamentablemente en épocas pasadas resultaba en ocasiones conflictivas.
Parecía una paradoja que frente a tan escasos recursos prestables, el Banco Agrícola, el Ejidal y el Agropecuario en cierta medida se disputarán la clientela.
Y contribuía esta disputa a desorientar al campesino. Daba lugar también a que un campesino que realmente no lo fuera sino, que se ostentara como tal para obtener crédito de una institución con la que no cumplía, fuera a otra para ver si ahí podía recibir un nuevo crédito.
El tener una sola institución, el tener concentrada la responsabilidad, el tener criterios unificados de acción, el tener operaciones uniformes, el que las operaciones se ajusten a un plan nacional de crédito agrícola, representa para el campesino un enorme avance.
Representa también para él una gran ventaja el esfuerzo que se ha hecho para simplificar los trámites, para evitar hasta donde sea posible el engorroso manejo de papeles y el uso de un lenguaje que el campesino no entiende.
Se trata precisamente de darle facilidades auténticas, reales, no de promovérselas, sino de dárselas.
Por lo que respecta a la tasa de interés, ésta depende de muchas cosas. En primer lugar, depende del costo del dinero, como decía yo hace un momento. Los bancos no lo inventan, no lo crean, sino que tienen que pedirlo a su vez prestado, y eso cuesta dinero.
Es un factor limitante para bajar la tasa de interés. Yo creo que si las cosas salen como lo deseamos, si procedemos con la actitud optimista que debe caracterizar nuestra acción, debemos esperar que la centralización en una sola institución de todo este esfuerzo administrativo,
que repito , en ciertos momentos ha resultado innecesariamente pesado y desperdicioso, la concentración en una sola entidad va a permitir ahorros muy importantes en el manejo, es decir, tiene que costar menos dinero en materia de administración llevar cada peso de crédito al campesino, en la medida en que esos ahorros se vayan realizando y representen recursos disponibles adicionales, yo no dudo que en un momento dado puedan ellos permitir una tasa de interés más cómoda para el campesino. (Aplausos.)
El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado Luis Dantón Rodríguez.
El C. Luis Dantón Rodríguez: Cuando en su exposición amplia y bien informada, nos dice que la iniciativa pretende consolidar y completar muchas medidas e instituciones que se fueron creando debido a circunstancias históricas, viene a nuestra memoria el esfuerzo renovado de la Revolución Mexicana en materia de crédito en los últimos 50 años, a través de las decisiones de los gobiernos de Calles, de Cárdenas y de Díaz Ordaz, y que ahora la iniciativa que presenta el Presidente Echeverría resume ese intento de solución integral de la que también usted nos hablaba, para recoger todas estas amplias y valiosas experiencias. Así lo entendemos y entendemos que el Ejecutivo evaluó motivos y ventajas que tiene para nuestros días la creación de un solo sistema de crédito nacional rural. Sin embargo, señor Secretario, advertimos en la iniciativa que se propone transformar el Fondo de Fomento Ejidal en una Sociedad Financiera. ¿No resulta contrario al objetivo de unificar medidas y sistemas, cuotas de crédito, distribución de áreas geográficas, que la criatura nazca con una hija financiera? ¿No se correrá el riesgo de caer en una operación múltiple precisamente creando los problemas que se tratan de evitar en todo el Proyecto de Ley? En una palabra, no entendemos cómo es posible convertir por la sola iniciativa un fondo que originalmente fue fondo común de inversión en una financiera complementaria. Muchas gracias. (Aplausos.)
- El Lic. Mario Ramón Beteta: Muy inteligente su pregunta, señor diputado, pero creo que tiene una clara respuesta. Creo que sus temores podrían resultar fundados si de alguna manera la creación de la financiera de Crédito Rural no estuviera absolutamente vinculada e integrada dentro del mismo sistema con el Banco Nacional de Crédito Rural. Dice usted que es una hija; creo que es una hija que tendrá que ser miembro de una familia muy bien avenida, porque Banco y Financiera forman una unidad conceptual, tendrán el mismo consejo, se regirán por idénticos criterios y tendrán la obligación de encauzar su actividad dentro del Plan Nacional de Desarrollo Agrícola. Pero además, la creación de la financiera responde muy fundamentalmente no a una separación conceptual ni mucho menos a una oportunidad de acción caprichosa, sino fundamentalmente a una división de trabajo. Mientras que el Banco está destinado a dar crédito al campesino para que produzca y para que el mismo beneficie y para que él comercialice sus productos. La financiera, como las financieras en general, tienen el propósito de financiar la actividad industrializadora independiente del campesino productor, la actividad del campesino en cuanto a industrialización; pero, además, en cuanto al comerciante o en cuanto a explotador de otros recursos que no sean propiamente agrícolas o ganaderos. Se ve, se anticipa en el proyecto de Ley que hay una serie de recursos naturales de los que el campesino puede echar mano para explotarlos racionalmente y aprovecharse de manera legítima de esos recursos que rodean el ambiente en el que vive, y que por falta de recursos económicos no ha podido hacerlo. Entonces se trata de dárselo, de capacitarlo, para que pueda ser un pequeño, modesto desarrollo turístico, parecería que resulta exagerado y casi ingenuo pensar que el campesino puede ser promotor turístico. No es así, la práctica en este mismo momento demuestra que no es así, hay modestos y hermosísimos parajes domésticos atendidos por campesinos que los explotan en su provecho legítimo, y lo que le digo a usted de esta actividad turística le digo de la explotación de los bosques, o de la apicultura, o de la piscicultura, que presenta oportunidades y que el campesino no puede aprovechar por falta de una orientación adecuada y de un mínimo de financiamiento. La financiera tendrá la obligación de atenderlo. Qué más que otras ventajas se obtienen con la transformación del FONAFE, del Fondo Nacional de Fomento Ejidal en financiera. Una muy importante, creo yo, es la delimitación, clara precisa de sus funciones, será una institución que tenga una línea de actividad marcada por las normas, vigilada por la Comisión Nacional Bancaria y tendrá que ajustar su funcionamiento a ese marco jurídico institucional.
Tiene, como todos sabemos, ha tenido hasta ahora, una serie de actividades conexas, múltiples, y yo diría polifacéticas. Esta será necesario depurarlas para ver cuáles de ellas encajan dentro de su nueva naturaleza jurídica, de tal manera de apartar las otras y darles un manejo distinto.
En síntesis, señor diputado, no podemos pensar de manera alguna que estas dos instituciones vayan a proceder de manera ajena, separada, y ya no digamos por rumbos diferentes, pero no les podemos siquiera suponer falta de coincidencia en la acción, yo creo que deberá ser responsabilidad de sus directores, aquí presentes, de quienes de una manera u otra, somos corresponsables de que las leyes se respeten y de que haya eficacia en la administración pública y que proceda en la forma que corresponde.
El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado Juan José Hinojosa.
El C. Juan José Hinojosa Hinojosa: Una brevísima introducción a la pregunta, porque a veces se supone que en este tipo de eventos,
cuando la interpelación procede de las bancas de la oposición, hay deseo de buscarle los prietitos al arroz o los agujeros el queso y, honestamente, no es el caso.
La oposición es ciertamente contrapeso de opinión, denuncia de desviaciones, pero es también, debe ser, solidaridad en la búsqueda angustiosa de reencuentro de caminos, ofrecimiento de alternativas al pueblo de México, posibilidades de opción; si la entendemos así debemos entenderla como avidez apasionada de conocimiento para nutrir y orientar correctamente la crítica en la búsqueda de soluciones.
En este marco de ideas, de puntos de vista, en este aprovechamiento del 20 -para hacerle un sport a la oposición-, valdría la pena pensar en lo que los estudiosos del campo insisten frecuentemente el precio de la infrasubsistencia que se cuenta con millones de tierras escasas y normalmente malas, se hable de que por lo escaso de la tierra en ocasiones una hectárea de su calidad, cualquier forma de colectivización se vuelve difícil cuando no imposible; se habla de que puede haber más de un millón, dos millones, de este tipo de predio que difícilmente pueden tener acceso al crédito. ¿Qué mecanismo prevé el proyecto de ley y que discutimos, qué posibilidades reales se eficacia ofrece para hacer productivas e incrementar la producción en este tipo de predio de infrasubsistencia que representan millones de destinos que buscan un buen lugar para realizarse en esta tierra buena que se llama México y donde les tocó vivir?
- El C. licenciado Mario Ramón Beteta:
Muchas gracias por su pregunta, señor diputado Hinojosa, y gracias también por el preámbulo a ella.
Sé que no es la intención, pero afortunadamente no hay este "prietito" en nuestro arroz. Creo que la preocupación que usted expresa está muy bien fundada, pero está contemplada con toda precisión en el proyecto de Ley.
En uno de los títulos del proyecto, que ustedes han venido considerando, se habla de los créditos normales, del otorgamiento de líneas de crédito para el avío, para la refacción, y en un aparato distinto, en un título diferente, se tratan los créditos especiales.
Dice usted con razón, señor diputado, que tenemos muchos campesinos que no son sujetos de crédito. Lamentablemente esto es cierto. Pero en las operaciones especiales, que está contemplado en el proyecto de Ley, se trata de acudir a la solución parcial de algunas de sus necesidades y de irlos capacitando gradualmente, para hacer frente a ello.
Deliberadamente, señores, se ha querido separar el ámbito de los créditos normales de estas operaciones que la situación de algunos núcleos campesinos demanda. La operación crediticia, propiamente tal, como decíamos hace un momento tiene -que tener- una fuente de recuperación y debe recuperarse oportunamente, sólo así el banco puede seguir operando como tal. Pero, hay sectores campesinos que no pueden, por su extrema pobreza, dar el crédito en un solo periodo de cultivo.
Hay que darles más plazo. Porque no pueden pagar la tasa de interés prevaleciente en los mercados y hay que subsidiarlos, cuando menos parcialmente.
Hay otros que no pueden ni siquiera cubrir estas necesidades y estas demandas de un crédito de los que se llaman "blandos", de créditos privilegiados más fáciles; y es necesario también atender a esos sectores. Pero no puede haber un criterio absolutamente general o generalizado para atenderlos, es indispensable proceder de una manera un poco casuística. La Ley, el proyecto de Ley, como usted verá, señor diputado Hinojosa, contempla la posibilidad de que se manejen estos casos a través de fideicomisos específicos; que se manejen en el banco en un sistema de contabilidad separada de tal manera que las operaciones propiamente bancarias no se confundan y no suceda lo que lamentablemente ha sucedido en el pasado, que algunos sectores pudiendo pagar no pagan escudándose en aquellos otros que no tienen capacidad para pagar. La Ley deja la puerta abierta, el proyecto de Ley, para una reglamentación posterior y para un manejo casuístico. La idea no es que se pueda convertir este sector de operaciones especiales en un barril sin fondo, sino todo lo contrario, que sea una oportunidad para el campesino que no puede pagar en las condiciones estrictas de la operación bancaria, pero que sí puede hacerlo con condiciones más flexibles en un plazo mayor y con una tasa de interés menor, pague, pague en condiciones que no le sean demasiado pesadas; pero, además, en los momentos en que no pueda recibir créditos, hay que darle recursos, pero hay que dárselos también de manera racional y organizada. A eso aspira la Ley, a que tengan una posibilidad adicional los campesinos que hasta ahora no han recibido crédito.
Por otra parte, se trata de promover la organización colectiva de alentar a los campesinos para que unan su esfuerzo en el trabajo y puedan capacitarse recíprocamente para hacer frente, con menor limitación, a sus necesidades. Esta es otra forma de contribución de la ley que los orienta y los estimula y, sobre todo, los organiza, trata de hacer un esfuerzo en este sentido. De tal manera que, en síntesis, su preocupación muy bien fundada, está prevista en la ley, tiene un capítulo especial , se tratará casuísticamente, se manejará a través de fideicomisos, en unos casos propiamente crediticios, en otros como aportación con recursos federales, pero, sobre todo, se tratará de que este sector de campesinos incapaces de recibir ni aun estos créditos privilegiados, vaya disminuyendo cada vez más. (Aplausos.)
El C. Presidente: Tiene el uso de la palabra el diputado Trejo Uribe.
El C. Telésforo Trejo Uribe: Señor licenciado Mario Ramón Beteta, Secretario de Hacienda y Crédito Público: Los campesinos del país sabemos demasiado que en los últimos tres
años, no tiene precedente los volúmenes de recursos presupuestales y crediticios que se han dedicado al campo.
En relación a los recursos crediticios sabemos también que no obstante que el campesino ha demostrado ser responsable y cumplidor de sus obligaciones como sujeto de crédito, hay sin embargo un regular marco de préstamos no recuperados.
Yo quisiera preguntar a usted, con todo respeto, señor licenciado, ¿qué medidas se aplicarán en el futuro para abatir el porcentaje de estos créditos a que me he referido, y que en muchas ocasiones no son solamente imputables a la falta de responsabilidad de nuestros compañeros campesinos?
- El señor licenciado Mario Ramón Beteta:
Yo no sé, señor diputado, si capté con toda precisión su inquietud, y si se refiere usted a cómo se van a manejar en el futuro las carteras vencidas que vayan surgiendo.
Yo quiero recordar a usted que en esta administración se ha hecho un manejo que yo califiqué de racional y de valiente. De las carteras que se acumularon en el pasado y que se acumularon como consecuencia, dice usted, de causas no siempre imputables a los campesinos, los campesinos, y así lo demuestra la práctica, dejan de pagar cuando no tiene más remedio; pero cuando tienen la oportunidad de pagar porque se les ha facilitado su proceso productivo, se les han dado las facilidades de comercialización de sus productores, son escrupulosos cumplidores de sus obligaciones crediticias, ejemplares.
En esta Administración, decía yo, se decidió que esas carteras vencidas que se fueron acumulando por largos años, dentro de estas razones no imputables a los campesinos, entre otras causas porque se registraba en la contabilidad el crédito a cargo del campesino, no solamente los recursos que se le daban para el proceso productivo del ciclo, ni tampoco solamente el crédito de avío o de refacción, sino además se hacía cargar sobre el crédito individual del campesino una parte proporcional de las obras de infraestructura que corresponde al Estado hacer. Este era un error evidente que el nuevo proyecto de ley quiere superar. No debe cargarse a un campesino que apenas puede pagar el crédito de su ciclo agrícola, obras que ni le corresponde pagar ni en justicia deben exigírsele. Al eliminar estas cargas que tradicionalmente se imponían al campesino, y que se registraban en los adeudos a su cargo, al darle las facilidades de las operaciones especiales a las que me acabo de referir hace un momento, estoy seguro que los adeudos vencidos y no pagados disminuirán muy importantemente, y que no tendremos la necesidad de acudir de nuevo a procedimientos como los que con tanto tino se adoptaron en esta administración para rehabilitar el nombre de los campesinos que aparecían injustamente como deudores, morosos, cuando repito, el campesino capacitado económicamente, es un deudor de crédito ejemplar. (Aplausos)
El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado Heredia Talavera.
El C. Javier Heredia Talavera: Señor licenciado Mario Ramón Beteta, Secretario de Hacienda y Crédito Público: Sabemos de los enormes recursos financieros que necesita el campo para elevar y diversificar la producción en todos sus aspectos. Para el Partido Popular Socialista está claro que el problema del crédito, por tanto, mientras no se haya realizado la capitalización interior que ha de lograrse sólo cuando la industrialización alcance un grado importante en sus ramas fundamentales y beneficie únicamente a México, es una de las preocupaciones y cuestiones que hay que resolver con verdadera urgencia. Señor Secretario. ¿Considera usted que este Proyecto de Ley motivo de su comparecencia, concede al Estado Mexicano capacidad y facultades para disponer en un momento dado que se haga necesario, de los enormes caudales ahorros del pueblo que capta la banca privada, y en esa forma darle máximo impulso al desarrollo integral del campo?
El C. licenciado Mario Ramón Beteta: Yo entiendo, señor diputado, que en su pregunta está implícita, aunque no lo ha dicho usted en esas palabras, la idea de la nacionalización de la banca. Yo le respondería a esa pregunta que encuentro innecesaria en México esa medida; hemos dicho y repetido en diversos foros los funcionarios de la Secretaría de Hacienda, que la Banca es un servicio público concesionado por el Estado, que los banqueros manejan recursos ajenos de los que son responsables, pero dentro de normas que el propio Estado le señala; normas que no solamente son muy rígidas en su aplicación jurídica y administrativa, sino que además dotan al Estado de los mecanismos indispensables por una parte para controlar el panorama bancario general y por la otra para canalizar los recursos que la banca capta de los ahorradores privados hacia las áreas prioritarias de la economía seleccionadas por el gobierno. Hay en la banca, como en cualquiera otras actividades ha habido, quienes no se han conducido adecuadamente, pero eso de ninguna manera justificaría una medida de la trascendencia que usted señala. En general lo que se pide por el gobierno a la banca es el estricto cumplimiento de las normas jurídicas y de las medidas administrativas y de selección cualitativa del crédito, de tal manera que ese servicio público concesionado por el Estado, llamado la banca, adquiere un creciente sentido social y beneficie auténticamente a los sectores, a los diversos sectores de la población que requieren de ese importantísimo servicio clave.
En México, en este sistema de economía mixta que caracteriza nuestra forma de organización, existe al lado de la banca privada la banca pública y se ha desarrollado recientemente la banca mixta que es un resumen, una manifestación en el ámbito bancario de esta actitud de política fundamental de mantener en México un sistema de economía mixta en que coexistan armoniosamente los esfuerzos del Estado con los de los particulares.
La banca pública tiene una serie de encomiendas específicas que le señalan las leyes en este caso, ya que estamos discutiendo con toda precisión posible cómo debe proceder el Banco Nacional de Crédito Rural, la Financiadora de Crédito Ejidal, pero además en este mismo proyecto de Ley se le impone a la banca privada una conducta, una conducta, que tiene ineludiblemente que ajustar en cuanto a financiadora del sector agropecuario, a las grandes metas señaladas por el sector público al plan de desarrollo económico del país, al plan de desarrollo agrícola nacional y a las normas generales, quienes somos corresponsables del financiamiento del sector agropecuario hayamos diseñado. De tal manera, señor diputado, que yo creo que la respuesta a su pregunta debe ser en sentido negativo.
El C. Presidente: Tiene el uso de la palabra la diputada Martínez Denegri.
- La C. Rosa María Martínez Denegri: Señor ministro, quisiéramos saber en qué consiste ese crédito especial para el consumo familiar, del que usted nos habló. Quisiéramos saber cómo se paga y cómo se compra con las demás llamadas operación de apoyo, o sea, que distinga usted los créditos especiales, normales o propiamente bancarios.
El C. licenciado Mario Ramón Beteta: Muchas gracias, señorita diputada. Yo creo que el punto que usted toca tiene una enorme importancia, no solamente desde el punto de vista económico sino desde el punto de vista humano, familiar y moral. Tiene una importancia económica porque en la medida que se den al campesino los medios para que sobreviva, desde el momento en que siembre y coseche y pueda vender su cosecha, se le capaciten también todos los recursos que se ponen a su disposición para efecto de su eficiencia, su productividad.
Pero además, desde el punto de vista familiar y personal y aún moral, se le permita legítimamente contar con recursos que no se ve obligado a distraer sino que se le han dado para esos fines, para que pueda sobrevivir él y su familia, para que pueda ejercer su demanda de los bienes elementales de consumo que está habituado, según su estilo de vida a demandar, sin que sienta en su fuero interno que está realizando algo que es indebido, que es la distracción de una parte de los recursos para fines distintos a aquel para el que fue otorgado el crédito.
¡Qué bueno! y no me extraña que sea precisamente una mujer quien subraye este aspecto tan constructivo de la Ley pero al mismo tiempo tan humano y de tanta significación familiar.
Se le dan recursos para que consuma, y los paga en el mismo ciclo agrícola. ¿Cómo compara con los otros dos tipos de operaciones? Bueno, tenemos, digamos el Departamento propiamente Bancario, en donde da un crédito de avío que se otorga al principio del ciclo, y se cobra en el momento de la realización de la cosecha, y que queda garantizado con la propia cosecha.
Tenemos una posibilidad de un Crédito Refaccionario a un plazo más largo que permita al campesino adquirir bienes que incrementen su patrimonio y que también tienen un régimen perfectamente establecido para su liquidación oportuna, y tenemos el campo de las operaciones especiales, que me permití explicar hace un rato al señor diputado Hinojosa, con motivo de la pregunta del señor diputado Hinojosa, de tal manera que podríamos decir que tenemos estos tres grandes rubros que representan otros tantos esfuerzos de la administración por atender tres aspectos fundamentales de la vida del campesino.
Yo la felicito por haber hecho esta pregunta de tanto contenido humano. (Aplausos)
El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado Cervantes.
El C. Alejandro Cervantes: Señor Secretario, hay una disposición en el Proyecto de Ley General de Crédito Rural que si no contradictoria cuando menos es de dudarse la congruencia que pueda tener tal disposición en relación a ciertas necesidades nacionales y a ciertas políticas aplicadas. En efecto, hay un artículo mediante el cual se exime del pago del impuesto sobre la renta a un sector importante de campesinos. Sabemos muy bien que el impuesto sobre la renta no afecta al costo, sino cuando hay oportunidad y obligación de pagarlo, es porque se tuvo éxito en la empresa industrial, agrícola o comercial.
Por otra parte, somos conscientes de que el recurso fiscal es escaso en comparación con tantas necesidades públicas qué satisfacer. Además, existe una política por parte de las autoridades hacendarías para concientizar a las gentes.
En atención a esto, ¿no hay cierta incongruencia con los hechos antes señalados y sobre todo no es incongruente esta disposición con el principio de generalidad que debe caracterizar a los impuestos?
El C. licenciado Mario Ramón Beteta: Esta pregunta, señor diputado Cervantes, la juzgo también muy inteligente. En efecto, quizá en estricto rigor jurídico y en técnica legislativa deberíamos comenzar por no reglamentar la materia fiscal dentro del cuerpo de esta Ley General de Crédito Rural. Creo que esa es una observación muy pertinente.
Por otro lado, el campesino en México ha tenido un régimen fiscal de preferencia, dadas las condiciones de extrema penuria que han caracterizado sus actividades económicas, que a paso y medida; que la productividad aumente; que la organización del campesino lo capacite para elevar sus ingresos que la explotación colectiva; la reunión de esfuerzos de los trabajadores del campo en forma tal que les permita superar las limitaciones tremendas del minifundismo y vayan haciéndose sujetos de crédito crecientemente, deberán ser también causantes fiscales.
Usted me pregunta si no pugna esto con la tendencia general de crear conciencia fiscal, de hacer que los mexicanos se sientan absolutamente responsables del cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
Yo le diría que hay una explicación clara en el caso de los campesinos -y ya acabo de referirme a la forma de superar esta situación- pero, ¡qué bueno que mencione usted, y que me dé la oportunidad de reiterar la necesidad ineludible que el ciudadano mexicano tiene de considerar como parte de su responsabilidad normal, de sus negocios, de su actividad económico en general, la de cumplir con sus obligaciones fiscales! Y qué bueno, además, que me dé usted la oportunidad de expresar mi convicción de que para el causante fiscal tenga, no solamente esta conciencia de su obligación, sino una disposición clara de cumplirla, debe tener además, la impresión bien fundada de que los recursos que él paga al gobierno, que entrega al gobierno como impuestos están bien manejados; están bien manejados, no solamente con honestidad, sino con el máximo de eficiencia. Muchas gracias.
(Aplausos.)
El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado Gutiérrez.
El C. Francisco Javier Gutiérrez: Señor Secretario: Cuando usted ha afirmado que es propósito de la ley impulsar la organización colectiva del campo, ¿ha querido significar que hay una tendencia hacia la colectivización de la economía mexicana? ¿Significa acaso esto, que nos vamos a retirar del principio de economía mixta?
El C. licenciado Mario Ramón Beteta: No, señor diputado, no ha sido esa mi intención; mi intención ha sido subrayar lo que yo considero una característica altamente positiva de la ley, el dar preferencia y mediante esta preferencia estímulo, a la organización del trabajo que permita explotar en común la tierra. Es decir, para superar lo que decía yo hace un momento, las enormes limitaciones que impone el minifundio, para superar las limitaciones que tiene un campesino aislado y que un grupo de campesinos pueden rebasar. Dificilísimo que un campesino aislado pueda mecanizar la explotación de su tierra, muy difícil también que pueda fertilizarla adecuadamente; pero sí es factible que un esfuerzo común de un grupo de campesinos permita iniciar un esfuerzo de mecanización y de procedimientos adecuados de cultivo que eleven la productividad y el ingreso. Hasta ahí el sentido del vocablo colectivización; se trata de explotar en conjunto, de reunir los esfuerzos del trabajo, no de colectivizar la economía, no de abandonar nuestro sistema en que el Estado convive con la libre empresa, en donde el sector privado encuentra por parte del Estado no solamente apoyo, sino estímulo, no solamente reconocimiento del empresario nacionalista, consciente de su responsabilidad social y consciente también de la importancia que su función tiene como inversionista, como promotor del incremento de la riqueza social.
Nuestras leyes marcan ésta como una actividad absolutamente legítima que en el estado de derecho en que vivimos es amplia, rigurosamente respetada, y como materia de política económica es además alentada.
Y al lado de esta actitud, está el complemento de nuestra economía mixta, el estado participante activo en el proceso económico con una aspiración creciente a la eficacia.
Cada vez es menos aceptada, porque es menos aceptable, la ineficiencia en las empresas del sector público. El sector público debe manejar sus empresas eficiente y honestamente, y para esto necesita la opinión pública general tener conciencia también de que los precios y las tarifas que cobra el sector público por los bienes que vende y por los servicios que presta, deben ser suficientemente remunerativos para que haya un equilibrio entre los ingresos y los egresos de estas empresas.
Esto, señor diputado, creo yo que puede combinarse muy armónicamente en nuestra economía mixta, en la que establece nuestra Constitución, y en la que crea el Presidente Echeverría, y la que ha servido de base al desarrollo económico reciente de México. (Aplausos).
El C. Presidente: Tiene la palabra el ciudadano diputado Martínez Gil.
- C. José de Jesús Martínez Gil: Señor Secretario, el Partido Acción Nacional, al cual pertenezco, se permite por mi conducto formular a usted la siguiente pregunta, la cual va acompañada de una previa y breve introducción.
Ante las críticas justificadas de los casos recuperación de los créditos oficiales concedidos a los campesinos, la iniciativa de Ley contempla la posibilidad de una mayor recuperación en términos usuales del préstamo bancario en este tipo de operaciones, y establece diversas formas para garantizar la necesidad del crédito, el empleo mismo, la planeación de la producción y el otorgamiento de garantías, llegando hasta la posibilidad de una planeación de la producción con los pertinentes estadios de vigilancia.
Creemos que este aspecto de la ley es sumamente positivo, por cuanto a que las operaciones de crédito, a través de los organismos de Estado, no deben ser deformadas y convertirse en beneficiario, ya que los recursos disponibles del Estado son limitados y notoriamente insuficientes para satisfacer las necesidades normales del crédito, como usted expresamente lo ha reconocido el día de hoy. Nos preocupa que todas estas previsiones razonables para garantizar el buen uso del crédito y su recuperación no correspondan a la capacidad de servicio del sector público, para hacer efectivas estas previsiones. Se trataría de organizar los servicios suficientes para 28,000 ejidos, gran número de comunidades agrarias y más de un millón y medio de pequeños propietarios minifundistas, a nivel de programación de la producción, estudio de las necesidades de crédito, vigilancia del uso de éste,
estimación de las cosechas, constitución de garantías y aparte de todo eso, la organización productiva de los ejidatarios, comuneros y minifundistas.
Preguntamos por lo tanto a usted, señor Secretario, ¿la capacidad de servicio técnico y administrativo del Estado en la actualidad, en un futuro próximo permite creer que se pueda cumplir con las previsiones de ley, de tal manera que se garantice realmente el buen uso del crédito, y un índice de recuperación razonable?
El C. licenciado Mario Ramón Beteta: Yo entiendo por sus palabras, señor diputado, que el enfoque que usted presenta no es pesimista, y qué bueno que no lo sea porque creo que lo peor que nos podría pasar a los mexicanos es adoptar una actitud de pesimismo o derrotismo.
Yo he dicho, he estado hablando durante un buen rato, tratando de poner de manifiesto frente a ustedes, una serie de ventajas importantes que yo encuentro en el Proyecto de Ley que estudiamos; y he dicho también que de ninguna manera la juzgo como una panacea capaz de resolver por sí misma todos nuestros problemas, todos nuestros problemas en el sector agropecuario; pero sí creo que representa un enorme avance y que marca un derrotero que debemos de empeñarnos en seguir con un creciente grado de eficiencia, no solamente los mexicanos que trabajamos en el sector público, no solamente los administradores del crédito rural, no solamente los técnicos que ayudan a administrarlo, sino todos los mexicanos. Me pregunta usted si existe la capacidad administrativa y técnica en el sector público que garantice la eficacia cabal, el cumplimiento total y estricto, yo creo que el vocablo "garantice" es excesivo, yo creo que estamos frente a un intento bien intencionado y bien concebido, que tiene buena fe y buena técnica, y que tiene que ir incrementando el grado de rendimiento cotidianamente. En el momento de aplicarse tendrán que ser crecientemente responsables desde el Director del Banco Nacional de Crédito Rural y de la Financiera de Crédito Ejidal, hasta el último de los inspectores de campo; desde los economistas y los agrónomos que diseñen el plan, hasta todos y cada uno de los campesinos acordados que lo pone en práctica.
Yo más bien que pensar en si el Estado puede de inmediato garantizar por sí mismo la eficacia de este esfuerzo, yo diría que tengo una gran fe en que todos los mexicanos juntos, el sector público y el sector privado, el campesino y el agrónomo oficial, el Director del Banco y el jefe de campo en la parcela, uniendo patriótica y honestamente nuestro esfuerzo, imponernos sin duda alguna en que este esfuerzo realmente fructifique.
El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado Morales Medina.
El C. Hernán Morales Medina: Ha afirmado usted que el nuevo Banco de Crédito Rural dará créditos para la comercialización de tal manera que el campesino pueda librarse de acaparadores y de intermediarios. Sobre el particular deseo hacerle dos preguntas: La primera es si el campesino dispone de medios, y cuenta con la organización adecuada para que pueda acudir a los mercados y por qué no también a la industrialización.
Y la segunda es si la comercialización directa va a sustituir la labor de CONASUPO, si la va a complementar y si no corremos el riesgo de que la contraríe.
El C. licenciado Mario Ramón Beteta: Yo creo, señor diputado Morales Medina, que como usted lo implica en su pregunta, en este momento el campesino no está capacitado para llevar con eficiencia sus productos al mercado.
Sabemos que en México hay lamentablemente un mecanismo distribuidor en el comercio que es pesado, que es complicado y poco flexible; precisamente porque creemos que el campesino no está capacitado en este momento, estamos tratando de capacitarlo a través de las normas que contiene el proyecto de Ley que estudiamos. No es una actitud ingenua pensar que el campesino si se empeña puede tener un acceso ordenado, razonable a los mercados, ya en ciertos lugares y en escala modesta se está haciendo. Pero que importante es que se organice y se le financie para poder fortalecerlo en el esfuerzo, no es de los esfuerzos fáciles ni de realizaciones plena a corto plazo. Pero se trata con esta capacitación y estas facilidades para la comercialización, un poco también de lo que se trata con los créditos al consumo sobre los que platicábamos con la señorita Martínez Rivera, el crédito que da el gobierno además de tener una estructura técnica que le permita su recuperación por un lado, tiene que tener por otro lado un claro sentido social; se trata al mismo tiempo de liberar al campesino del agiotista que le compra su cosecha al tiempo, del que le da el crédito como anticipo para comprarle su cosecha a precio, en ocasiones vial, y también se trata, dándole crédito para el consumo, de sacarlo del poder del comerciante que le vende artículos de primera necesidad a precio de usura.
Es necesario, señor diputado, creo yo, capacitar al campesino en su actividad comercial doblemente, como sujeto pasivo y como sujeto activo del comercio; como vendedor y como comprador, para que no tenga que vender demasiado barato ni se vea obligado a comprar demasiado caro.
Me pregunta usted ¿cómo afecta este esfuerzo de convertir al campesino en comerciante, o dicho en forma más modesta, en capacitarlo para comercializar con equidad sus productos? qué ¿cómo afectó esto a la labor de CONASUPO, que si no la contraría?
Yo diría que no, que la complementa. CONASUPO es una Institución muy compleja, que maneja enormes volúmenes de crédito y que lo hace con gran eficiencia.
Que ha jugado un papel de singular importancia durante la administración actual, en que se ha multiplicado enormemente sus responsabilidades y los recursos que el Gobierno le da, le entrega para capacitarla, para hacer
frente a esas responsabilidades, porque le ha tocado a la actual CONASUPO actuar en un medio de inflación pertinaz y acelerada, y ha sido el mecanismo más cabal con que ha contado el Gobierno Mexicano para evitar a los consumidores de bajos recursos el impacto dramático de la inflación. CONASUPO tiene una relación permanente de cordialidad y de entendimiento con el campesino mexicano, y lejos de estar frente a él está con él. Es el elemento complementario del esfuerzo del campesino, no solamente es CONASUPO el mecanismo gubernamental a través del cual se revisan los precios de garantía, que significa una transferencia de recursos de la ciudad al campo; no solamente es CONASUPO el mecanismo gubernamental que tiene que estar pendiente de que estos precios sean remunerativos para el campesino, sino que además es el mecanismo a través del cual el campesino distribuye entre la población su producción agrícola en términos equitativos. No es posible, concebir siquiera, un choque entre el interés o la acción de CONASUPO y el interés y la acción del mecanismo mexicano, porque si bien CONASUPO es una enorme servidora del consumidor de escasos recursos en el campo y en la ciudad, es el instrumento más eficiente a través del cual en la actualidad el campesino lleva su cosecha a vender. Por eso repito, señor diputado, nunca podemos pensar en CONASUPO frente al campesino porque es la institución que está más cerca y está con el campesino.
El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado Rubio Huerta.
El C. Angel Rubio Huerta: Señor Secretario: Usted ha afirmado que la nueva ley regirá, no solamente a la banca pública agropecuaria, sino también a la banca privada.
¿Significa esto que el régimen jurídico fundamental del sistema bancario mexicano dejará de ser la Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares?
De no ser así, ¿no hay en las disposiciones de la Iniciativa de Ley, que estamos examinando, el peligro de que la banca privada tenga una doble regulación jurídica que en algún momento resulte contradictorio?
Muchas gracias.
- El señor Secretario de Hacienda:
La reglamentación que el proyecto de Ley General de Crédito Rural tiene para la banca privada, se limita a la banca privada en cuanto financiadora de la actividad agropecuaria; de tal manera que todo el régimen jurídico general, de la banca privada, seguirá estando basado en la Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares; seguirá, naturalmente, vigilada por la Comisión Nacional Bancaria como lo estará también, en cuanto financiadora del sector rural. En realidad lo que se pretende al incluir a la banca privada dentro de este esquema general, es lograr que su esfuerzo no se contraponga en algún momento, con el general del sector público, sino que al contrario, que la actividad de la banca privada encaje con toda claridad y armonía dentro de un mecanismo que debe funcionar de manera fluida. Qué malo sería que si por alguna razón se encuentra adecuado por quienes son responsables de la agricultura mexicana, que debe desalentarse un producto determinado, desalentarse el cultivo de un producto, que la banca privada estuviera financiando la producción de ese bien, o qué malo que sucediera lo contrario, que cuando se quiere alentar la producción de un bien de primera necesidad, respecto de que hay gran demanda y relativa escasez, la banca privada se negara a aunar sus esfuerzos por satisfacer esa necesidad de índole nacional. Es solamente en ese contexto que se agrega un capítulo especial para que la banca privada ordene su actividad financiadora del sector agropecuario dentro del esquema general nacional, pero la banca privada seguirá con su Estatuto Jurídico fundamental en la Ley General de Instituciones de Crédito. (Aplausos.)
El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado Montejo Velázquez.
El C. Julián Montejo Velázquez: Señor licenciado Mario Ramón Beteta; Ministro de Hacienda y Crédito Público: Antes de que lo importune con mi pregunta, quiero expresar mi complacencia por el proyecto de la nueva Ley General de Crédito Rural, y permitirme hacerle una breve reseña del fenómeno que ya nos preocupaba a los campesinos.
La Ley de Crédito Agrícola que indudablemente va a dejar de tener vigencia al aprobarse esta Iniciativa, autorizaba la constitución de sociedades locales de crédito ejidal hasta con un mínimo de diez personas. Esto naturalmente implicaba la posibilidad de que en un mismo ejido pudieran haber 2 y hasta 3 sociedades locales de crédito.
Ocasionaba, naturalmente, la desintegración física y productiva del ejido.
Finalmente, el Banco Agropecuario venía operando de la misma manera a través del sistema de grupos solidarios.
Ahí en la base se generaba la confusión administrativa interna de las autoridades del ejido porque había socios delegados, consejos de vigilancia del ejido, comisariados ejidales y jefes de grupos solidarios, y era un ajetreo que no se podía entender.
Esto lógicamente queda superado con esta ley, esta nueva ley, pero mi pregunta, señor licenciado, es la siguiente: Es del conocimiento público la existencia de numerosos organismos, instituciones, comités que participan en el fomento y desarrollo agropecuario.
Se ha observado en algunas ocasiones que hay repetición de facultades, desperdicio de recursos, y hasta la falta de información de una entidad con la otra.
¿Podría usted decirnos, señor licenciado, si con la promulgación de esta importante y relevante ley, habrá una mejor coordinación de las entidades del sector público, incluyendo los
fideicomisos que tienen a su cargo la aplicación de la política agropecuaria del país?
- El C. licenciado Mario Ramón Beteta:
Creo con usted, señor diputado, que la descoordinación crea desorden, y que el desorden produce ineficiencia y desperdicio. Y creo que tiene usted mucha razón en decir que la presencia de estos factores dentro del sector agropecuario ha sido motivo de preocupación para los campesinos. Uno quizá de los más importantes objetivos que persigue el nuevo proyecto, es precisamente el de eliminar el desorden y lograr la coordinación. La sola eliminación de tres grandes bancos para fusionarlos en uno, es ya en sí mismo un gran avance. La coordinación esencial de origen, desde su nacimiento, que tendrá que tener la Financiera con el Banco para que no sean sino dos brazos de un mismo cuerpo, no deja tampoco lugar a dudas respecto al propósito de ordenarse uno con los otros, que es lo que realmente quiere decir la coordinación.
Pero, además, me pregunta usted y creo que hace una reflexión muy pertinente, ¿cómo juegan en todo esto los más importantes fideicomisos que el gobierno federal mantiene en las instituciones nacionales de crédito y que han venido operando como Bancos de segundo piso? Se refiere usted al Fondo Nacional de Garantía, al Fondo para la Agricultura, la Ganadería y la Avicultura, que desde hace un número de años existe en el Banco de México. Se refiere usted al Fondo Especial para créditos refaccionarios que existe en el propio Instituto Central.
Piensa usted sin duda también en el fondo para financiar la asistencia técnica que también tiene como fideicomiso del gobierno federal el Banco de México. Como usted habrá visto, en el artículo 3o. del Proyecto se establece que estos fideicomisos forman parte del sistema general del financiamiento agropecuario, pero luego el artículo 161 habla de cómo se seguirán rigiendo por las disposiciones que actualmente los norman; esto es así por la naturaleza especial de estos fideicomisos, operan como banco de segundo piso, es decir, son organismo para redescontar la cartera tanto de la banca pública como de la banca privada y darle una resolvencia más acelerada a los recursos y capacitar al sector financiero público y privado a prestar más. La razón por la cual permanecen en el Banco Central es que estos fideicomisos son parte del Instrumental con que cuenta el Banco de México para realizar la labor que le es propia, la de la banca central; uno de los tres principales instrumentos de acción de la banca central, además de los encajes obligatorios, además de las políticas en el mercado abierto, está fundamentalmente la política de redescuento y ésta en el sector agropecuario la realiza precisamente a través de estos tres mecanismos que han tenido una experiencia que me atrevería a calificar de ejemplar en el medio financiero rural. Quizás tenga usted en mente algo con lo que yo coincido, la convivencia de que estos tres organismos pudieran volverse uno, y que en ellos tuviéramos también un reordenamiento que nos permitiera una función administrativa más útil. Creo que debemos tender a eso, que hay ciertos problemas de carácter legal porque unos tienen un estatuto jurídico derivado de una ley y otros simplemente de la constitución de un fideicomiso, porque son deudores de acreedores sin cuyo consentimiento no podríamos cambiar su naturaleza, etc., pero sí creo que tiene usted razón en pensar que deben reorganizarse convirtiéndose estos fideicomisos en uno solo; estos tres organismos, tres fondos, y además pensar si está debidamente coordinada la acción del banco y de la financiera rurales; rural y ejidal, con estos tres fondos, y la respuesta, para sintetizar, es que sí. Solamente que esta coordinación se logra manteniendo estos organismos que operan como instituciones de redescuento en la ubicación funcional y administrativa que les es propia, que es la del Banco Central. (Aplausos.)
El C. Presidente: Tiene la palabra la diputada Mata Galarza.
- La C. Alicia Mata Galarza: Señor Secretario: Cuáles son, en su opinión, las medidas que el sector público ha tomado no sólo con el fin de aumentar los recursos al campo sino de mejorar las condiciones de opinión, de eficiencia y honestidad en su administración y manejo?
El C. licenciado Mario Ramón Beteta: ¡Qué bueno que al hacer su pregunta pone usted la organización eficiente al lado de la honestidad! Yo soy un convencido de que la ineficiencia tiene ciertos tintes de falta de probidad; que si bien la deshonestidad moralmente es inestable, la ineficiencia en el manejo de los recursos ajenos es económica y socialmente también inaceptable. Se ha estado insistiendo con razón en la necesidad de incrementar el grado de eficiencia con que operan las instituciones oficiales de crédito, sus niveles de recuperación, sus sistemas generales de manejo y se ha hablado también de la necesidad ineludible de castigar, como debe hacerse de la manera más estricta a quien de manera deliberada haga mal uso de los fondos ajenos que le son confiados, si nadie puede disponer de los fondos públicos en su propio provecho, el que lo hace en perjuicio de los campesinos es criminal. Hay todo un programa de reorganización, un programa de capacitación de personal de las instituciones oficiales de crédito al campo. Hay un programa, pero no solamente un programa, sino una práctica ya en operación, de que el personal que trabaja en las instituciones oficiales de crédito no esté en sus oficinas en la ciudad de México sino que esté en el campo, donde le corresponde estar. El porcentaje en que ha variado el grupo de funcionarios de oficina con respecto al campo, ha hecho que disminuya enormemente el de las primeras y aumente de manera muy importante el que va al campo mismo. Se están reforzando los mecanismos de control interno y externo de las instituciones, quizás parecerá
cosa de detalle impropia de este foro tan respetable, sin embargo, por su importancia, me voy a atrever a decirlo. En la última reunión del Banco Nacional de Crédito Rural, me mostró el director unas grandes hojas de papel en donde aparecen el nombre del inspector de campo, el número de las hectáreas que tiene bajo su cuidado, el producto que en ellas se está cultivando, el monto de la cosecha que se recaudó, la proporción de producto por hectárea, la cuota de crédito por hectárea, el monto total del crédito y el monto total de la recuperación.
Esto, señora diputada, es la primera vez en la historia de México que lo tenemos.
Hay además, una creciente participación de los campesinos en la administración nacional y regional de las instituciones de Crédito Agropecuario.
En esta ley, en este Proyecto de ley, participaron no solamente los funcionarios y los técnicos de la Secretaría de Hacienda que tiene la responsabilidad financiera, sino la de Reforma Agraria, la de Agricultura, la CONASUPO, la Aseguradora Agrícola y Ganadera, etc., todos los organismos que de una manera u otra tienen una participación en este delicadísimo proceso, pero además, todas las organizaciones campesinas tuvieron un vocero y expresaron una opinión generalmente calificada y muy acertada. Hay también mecanismos de evaluación que se están poniendo en práctica, y debe haber una creciente actitud de vigilancia por parte de todos los poderes respecto, repito, no sólo de la honestidad sino de la eficacia con que se lleva el crédito al campo.
La propia CONASUPO tiene dentro de sus empresas filiales, centros CONASUPO de capacitación campesina, que encajan un poco dentro de la pregunta que usted me hace, y otro poco dentro de la pregunta que se me hizo hace un momento por el diputado Morales Medina.
El esfuerzo, en síntesis, de reorganización administrativa, de vigilancia en la aplicación de los recursos y de demanda de exigencia firme, de una conducta honesta y técnicamente calificada en todos los funcionarios responsables de esta actividad, es una decisión no solamente administrativa sino una decisión política tomada por el Presidente de la República.
El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado Nataret Escobar.
El C. José Nataret Escobar: Señor licenciado Mario Ramón Beteta: Secretario de Hacienda y Crédito Público: El Partido Popular Socialista siempre ha demandado en materia de crédito al campo que éste debe ser oportuno, barato y bastante. Consideramos que la iniciativa de ley que nos ocupa contiene y establece alguna disposición orientada hacia ese propósito.
Señor Secretario de Hacienda: Solicitamos en esta su comparencia se sirva ilustrarnos en qué forma o normas aplicarán tanto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México, S. A., a efecto de que el crédito otorgado por la banca privada vía Sistema de Crédito Rural, S. A., no resulte tan caro en sus tasas de interés para los campesinos.
- El C. licenciado Mario Ramón Beteta:
La aspiración de que el crédito sea oportuno, abundante y barato, creo que no solamente es del Partido Popular Socialista sino también del Secretario de Hacienda y creo que lo es de todos los que de alguna manera nos detenemos a pensar en estas cosas.
Que el crédito sea oportuno, que sea abundante y que sea barato.
Lamentablemente esta aspiración encuentra una serie de limitaciones en la práctica. No tanto la primera. Creo que respecto de que de crédito llegue con oportunidad y quizá ningún crédito demanda mayor oportunidad que el agrícola, porque el ciclo agrícola no espera. Debemos de esforzarnos por hacer avances reales, porque es factible y porque las circunstancias lo demandan.
Que sea abundante el crédito. Creo que puede serlo en un momento dado, para un fin específico. Pero nunca puede ser abundante el crédito en relación con las necesidades totales de crédito que existen; siempre hay más necesidades de crédito que recursos disponibles para otorgarlo.
En cuanto a que sea barato, creo que tiene que serlo, si es crédito, razonablemente barato.
Y digo, que si es crédito, no subsidio, no donación, y en algunos casos debe haber los unos y las otras: Subsidios y donaciones -como decíamos hace un rato- para atender ciertos sectores, especialmente poco privilegiados, especialmente desamparados; digo que el crédito, no puede ser más barato de un límite que le imponen las circunstancias de su costo mismo.
El crédito es una intermediación, realmente la función crediticia es una intermediación entre quienes tienen un ahorro disponible y quien tiene una actividad financiable.
El banquero, público o privado, está en el medio recogiendo esos ahorros y canalizándolos hacia su inversión productiva. Pero recoger ese ahorro le cuesta, le cuesta dinero, el ahorrador lo demanda; el ahorrador demanda el precio más caro posible de su ahorro, en cambio, el inversionista demanda el precio más barato posible de su financiamiento.
El equilibrio que tiene que hacer el intermediario, está pues, en el medio, pero para llevar un volumen de recursos, un verdadero caudal de recursos al campesino, que sean crediticios, tienen que captarse en alguna parte, y para captarse, necesitan pagar un interés; ese interés, más un pequeño costo, es el mínimo que en términos, digamos ortodoxos pueden darse al campesino. Naturalmente que debe haber tasas de interés diferenciales, naturalmente que no se puede lucrar con la actividad financiera cuando ésta va a financiar al campesino; pero no puede el campesino, sujeto de crédito, aspirar a una tasa más baja que la que existe en el mercado para quien lo acredita. Por otra parte, es indispensable dar en ciertos momentos tasas subsidiadas, es legítimo hacerlo y es conveniente
y es útil no solamente para el campesino subsidiado sino para lograr un propósito de interés nacional, y hay que hacerlo, y como decía yo hace un rato, quizá en la medida en que logremos ahorrar en la administración, en los costos de la operación general del sistema financiero público agropecuario, en esa medida podremos achicar el costo y por lo tanto disminuir la parte que se agrega al interés y que el costo final para el campesino también sea bajo. Esa es mi respuesta. (Aplausos.)
El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado Peña Torres.
El C. Octavio Peña Torres: Con beneplácito hemos observado cómo el sistema nacional bancario ha simplificado la forma de otorgar los créditos aún aquellos destinados al consumo personal reduciendo sin duda costos y riesgos.
Hace unos momentos al contestar al compañero diputado Báez Guerra, expresó usted que esta nueva ley facilitaría al sector agropecuario el trámite de los créditos evitando en consecuencia pérdidas de tiempo y trámites innecesarios. Para agilizar aún más estas operaciones crediticias en el campo, ¿sería posible, señor Secretario, pensar en el establecimiento de una tarjeta de crédito agrícola para la compra de fertilizantes y semillas, así como para el uso de préstamos para el consumo familiar del campesino?
- El señor licenciado Mario Ramón Beteta: Yo creo, señor diputado, que tal vez podría pensarse en ello, pero no creo que sea tan importante si se acude o no al mecanismo directo, específico de la tarjeta de crédito que usted menciona.
Lo que sí es importante es que haya un sistema tan fluido como el que pudiera dar la tarjeta de crédito, quizás sin sus costos para que el campesino adquiera los insumos indispensables para su producción.
Uno de los avances muy importantes en la simplificación de la operación crediticia a la que yo me referí hace un rato, está no sólo en disminuir el papeleo, no sólo en una redacción simple y llana de los documentos, sino de no obligar al campesino a repetir gestiones innecesarias.
Habitualmente el campesino tenía que ir a una de las múltiples instituciones de crédito agropecuario a hacer gestiones en cada ciclo agrícola para resultar acreditado. Ahora el Banco Nacional de Crédito Ejidal le abrirá una línea de crédito, que irá el campesino usando anualmente, o si tiene dos cosechas, dos veces al año, pero no necesitará ir cada vez a que nuevamente se inicie el proceso burocrático de abrirle un crédito, porque ya lo tiene abierto, y va a estarlo operando, y dentro de ese crédito, naturalmente que se incluyen los insumos requeridos para el cultivo de sus tierras. Entonces no necesita propiamente una tarjeta de crédito. Tiene un sistema que se debe ir depurando, que se debe ir haciendo cada vez más eficiente, más rápido y menos complejo, pero ya existe, ya arrancó un sistema en que no requiere de una tarjeta de crédito para ser absolutamente fluido, para servir adecuadamente las necesidades crediticias del campesino. (Aplausos.)
El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado González Estrada.
El C. Angel González Estrada: Señor Secretario de Hacienda: En mi carácter de diputado del sector agrario por el Estado de Chihuahua, he contestado el fideicomiso de los campesinos por las medidas que está tomando el gobierno de la República para mejorar en todas sus manifestaciones sus formas de vida. Traigo conmigo un breve apunte, con el propósito de que mi memoria no me falle, y que voy a poner a su amable consideración.
Todos los esfuerzos del país, y particularmente los que se canalizan a través del sector público, están encaminados a aumentar la producción de alimentos y garantizar el autoconsumo del país en los próximos años. ¿En consecuencia, considera usted, señor Secretario, que la Ley de Crédito Rural permitirá destinar mayores recursos del Estado y del sector bancario al fomento de las actividades productivas del campo? ¿Existe algún programa o plan nacional para lograr la autosuficiencia de los alimentos básicos del consumo popular y de transformación industrial y que implique la canalización de recursos financieros en grandes volúmenes? ¿Es suficiente el personal técnico para garantizar las inversiones que el gobierno federal dedicará al fomento de la actividad agropecuaria? Y por último, ¿podrían señalarse las superficies que será necesario refaccionar y a cuántos ascendería el monto para lograr estos propósitos? Muchas gracias, señor.
- El C. licenciado Mario Ramón Beteta:
Respecto del plan, del plan general, existe y es responsabilidad de la Secretaría de Agricultura adecuarlo dinámicamente a las circunstancias por las que atraviesa el país, pero no solamente eso sino que desde el principio de la actual administración, el señor Presidente de la República se preocupó porque existiera el mayor grado de coordinación posible entre todas las entidades que de alguna manera tienen que ver con la actividad agropecuaria, de tal forma que hubiera primero un conocimiento de parte de todas, de lo que todas hacen, y una armonización de sus esfuerzos. Con este propósito estableció el señor Presidente la Comisión Coordinadora de la Actividad Agropecuaria, que al ser institucionalizada recientemente, se le designó Comisión Coordinadora de política agropecuaria. Dentro de esa Comisión están los Secretarios de Estados responsables de la agricultura y la ganadería, de la Reforma Agraria, de Recursos Hidráulicos, de Hacienda y Crédito Público, los Directores de CONASUPO, de la Aseguradora Agrícola y Ganadera, de todos los organismos que de alguna manera tienen una participación en este esfuerzo de
elevación de la producción agropecuaria nacional, y en reuniones periódicas llevadas con estricto rigor, se coordina el esfuerzo de todo este grupo dentro de un plan para que este plan en efecto sea un programa de acción y haya una acción que corresponda a ese programa.
Este es el esfuerzo que se está haciendo en lo administrativo para hacer frente no solamente al problema de la alimentación, sino también al problema de las materias primas de origen agropecuario y a la necesidad imposponible de aumentar la exportación mexicana. (Aplausos.)
El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado Castellanos Torres.
El C. Héctor Castellanos Torres: Como representante de una parte del sector agropecuario de este país y comprometido con la solución del desarrollo del mismo, creo oportuno, señor Secretario, hacer un asentamiento de justicia para el señor Presidente de la República por la visión de entregar a esta nueva estrategia en el crédito oficial entregarle una función primordial que es la de fortalecer firme y definitivamente la organización rural que ya nos es tan cara e indispensable en todo nuestro país.
Después de esta obligada disertación quisiera yo presentar, señor Secretario, dos preguntas.
Hace un momento usted nos comentaba que 3 bancos han venido, como lo es, prestando los servicios de crédito en el campo. Esta nueva ley que estructura un solo organismo financiero seguramente va a sustituir la operación de los demás bancos. Nuestra pregunta es la siguiente:
¿En qué estado quedan y qué estado van a guardar los créditos que se han contraído con fecha anterior a esta ley y, desde luego como consecuencia de ello cuál será el procedimiento para la liquidación de estas instituciones bancarias?
- El C. licenciado Mario Ramón Beteta:
Como usted bien dice, el Banco Nacional de Crédito Rural sustituirá al de Crédito Agrícola, al de Crédito Ejidal y al de Crédito Agropecuario y los fusionará en una sola institución, pero como corresponde al régimen de derecho en que vivimos, la aplicación de las nuevas normas no puede tener un carácter retroactivo ni tampoco se pueden liquidar instituciones sin hacer frente a sus pasivos ni disponer de sus activos, y entre los activos de las instituciones que van a ser absorbidas están muy principalmente los adeudos de los campesinos a su favor, el hecho de que estas instituciones desaparezcan, de ninguna manera significa que los créditos que tiene a su favor podrían cancelarse o que los adeudos insolutos de los campesinos podrían dejar de cubrirse. No, el proceso de liquidación tiene un mecanismo jurídico conocido, pero que implica repito, que se cumplan las obligaciones y que se ejerzan los derechos, es decir, que se haga frente al pasivo y se ejerciten los derechos que significan contablemente el activo. El Banco Nacional de Crédito Rural recibirá para sí la clientela del Agrícola, del Ejidal y del Agropecuario, tendrá la obligación de atenderla, pero además tendrá el derecho de cobrarle lo que le debe.
El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado Rodríguez Ortiz.
El C. Francisco Rodríguez Ortiz: Señor Secretario de Hacienda y Crédito Público. En virtud de que la pregunta que había pensado formularle ya fue contestada en forma bastante amplia y satisfactoria, declino el honor de formularla, no sin antes permitirme felicitarlo por el gran esfuerzo que está haciendo usted al frente de esa Secretaría, como una respuesta a los esfuerzos del señor Presidente de la República, que desde el primer día que asumió el mando de la Nación, ha mostrado siempre en forma apasionada y revolucionaria, un vivo interés por todo lo que representa un adelanto para el sector campesino. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: La última pregunta registrada está a cargo de la diputada Del Mar Hidalgo. Tiene la palabra.
- La C. Matilde del Mar Hidalgo: Señor Secretario de Hacienda y Crédito Público: Tenemos entendido que los Bancos Oficiales dedicados al financiamiento agrícola, han apoyado sus operaciones, salvo algunas escasas excepciones, en fondos de la percepción federal. La pregunta que quisiéramos hacerle es la siguiente: ¿La Iniciativa de Ley contempla la posibilidad de que el nuevo Banco se sostenga con recursos propios? ¿Cree usted que serán suficientes los fondos que pueda captar el ahorro público, y se prevé, en qué forma la emisión de Certificados o Bonos Financieros a través de los cuales pueda completar sus recursos para sus operaciones? Muchas gracias.
- El C. licenciado Mario Ramón Beteta:
Muchas gracias a usted, señorita diputada.
En efecto, los Bancos que han servido al sector agropecuario, ha recibido sus recursos fundamentalmente del Gobierno Federal. Fue hasta la creación del Banco Nacional Agropecuario que se dotó a una Institución Nacional de Crédito de este carácter, con la facultad de recibir depósitos del público.
El nuevo Proyecto de Ley de Crédito Rural contempla la posibilidad de que las Instituciones que mediante ella se crean, tengan todas las facultades que corresponden a la Banca de Depósito, de Ahorros, Financiera e Hipotecaria, lo que las capacita para recibir recursos del público por esos cuatro canales, ya sea recibiendo depósitos a la vista o de ahorro, o emitiendo valores que pueda colocar entre el público.
Sabemos muy bien que este no será un mecanismo de eficacia total de la noche a la mañana y que no podrá transformar la estructura financiera de estas instituciones, esencialmente de un día para otro; sabemos que el gobierno tendrá que seguir dotando de capital, a estas instituciones, pero que gradualmente
ellas no solamente en vista de las facultades que la ley les otorga, en caso de aprobarse, sino en vista de su creciente prestigio, en vista de su buen manejo, de su administración ordenada, serán capaces de proyectar a la opinión pública una imagen que induzca al ahorrador a confiarles a ellas sus recursos. Si bien, repito, no es un proceso inmediato, estoy seguro que estamos sentando las bases para establecer una estructura financiera mucho más sana de estas instituciones y una menor dependencia respecto del gobierno federal.
Si me permiten, señores diputados, al terminar de contestar esta pregunta -que según anuncia el señor Presidente es la última que se presentará-, deseo expresar una vez más a ustedes mi reconocimiento por haberme brindado la oportunidad excepcionalmente honrosa para mí de acudir a esta Cámara para dialogar, como lo he hecho, con distinguidos miembros del Poder Legislativo y hacer mi más leal esfuerzo por aclarar algunas ideas relacionadas con el Proyecto, con la Iniciativa del Proyecto, para una nueva Ley de Crédito Rural.
El apoyo que ustedes, señores diputados, otorguen a este Proyecto y las aportaciones que ustedes hagan para enriquecerlo, que estoy seguro de que serán muchas, permitirán dar un paso muy importante hacia la realización de la verdadera Reforma Agraria en nuestro país; y además, consolidarán el esfuerzo verdaderamente histórico que el Presidente Echeverría realiza por servir lealmente al campesino mexicano. Muchas gracias. (Aplausos.)
AGRADECIMIENTO
El C. Presidente: Señor licenciado Mario Ramón Beteta, Secretario de Hacienda y Crédito Público: Para conocer con mayor amplitud los fundamentos de la Iniciativa de la Ley General de Crédito Rural, esta Cámara de Diputados, donde están representados los partidos políticos nacionales, solicitó su comparecencia en esta sesión.
Por la forma en que se ha desarrollado este diálogo, consideramos logrado el propósito de informar detalladamente a esta Asamblea y de precisar conceptos y motivos del contenido de este trascendente Proyecto de Ley a las Comisiones que están realizando el estudio de la misma para la elaboración del Dictamen de esta Iniciativa que busca resolver uno de los más graves problemas del campo, haciendo llegar a los campesinos de México crédito suficiente, barato y oportuno, propósito legítimo del Presidente Echeverría que compartimos plenamente. Lo felicitamos por su brillante exposición, por la claridad y precisión de sus respuestas a las preguntas que le fueron formuladas, le reiteramos nuestro agradecimiento por la información tan amplia que nos proporcionó. Muchas gracias, señor Secretario. (Aplausos.)
Se ruega a la comisión designada anteriormente, acompañe al señor licenciado Mario Ramón Beteta, Secretario de Hacienda y Crédito Público, cuando él desee retirarse de este recinto.
(La comisión cumple su cometido.) (Aplausos.)
La Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados agradece atentamente la presencia de todos nuestros invitados.
Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
El C. secretario Rogelio García González: Señor Presidente, agotados los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al Orden del Día de la próxima sesión.
ORDEN DEL DÍA
- El mismo C. Secretario:
"Cámara de Diputados.
Tercer periodo ordinario de sesiones.
XLIX Legislatura.
Orden del Día
Lectura del Acta de la sesión anterior.
De conformidad con el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, la Secretaría presenta el informe que manifiesta el número de expedientes tramitados en el mes de octubre de 1975, por las Comisiones Permanentes y Especiales de la Cámara de Diputados.
Oficio de la H. Cámara de Senadores, comunicando la Mesa Directiva para el mes de noviembre.
Comunicaciones de los Congresos de los Estados de Baja California, Campeche, Chiapas, Puebla, Tabasco y Zacatecas.
Oficios de la Secretaría de Gobernación.
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario, para que el C. general brigadier diplomado de estado mayor, Ramón Mota Sánchez pueda aceptar y usar la condecoración que le confirió el gobierno de Senegal.
Proposición de las Comisiones Unidas Primera de Trabajo, de Productividad del Comercio Interior y de Estudios Legislativos.
PROPOSICIÓN DE LA GRAN COMISIÓN
Dictámenes a Discusión
De las Comisiones Unidas de Desarrollo Educativo y de Estudios Legislativos, relativo a la Iniciativa de Ley que crea la Comisión Nacional de Educación Rural.
De las Comisiones Unidas Segunda de Gobernación y de Estudios Legislativos con Proyecto de Ley de Primeros, Estímulos y Recompensas Civiles.
Dos de la Comisión de Permisos Constitucionales con proyecto de Decreto, por los que se concede permiso a los CC. Joaquín Mercado Flores y doctor Manuel Velasco Suárez, para aceptar y usar condecoraciones que les fueron conferidas por gobiernos extranjeros.
SESIÓN SECRETA
- El C. Presidente (a las 14:45 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar, el próximo martes 4 de noviembre, a las 11:00 horas.
TAQUIGRAFÍA PARLAMENTARIA Y "DIARIO DE LOS DEBATES"