Legislatura L - Año I - Período Ordinario - Fecha 19761127 - Número de Diario 41

ENCABEZADO

DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

"L" LEGISLATURA

Registrado como artículo de 2a. clase en la Administración Local de Correos, el 21 de septiembre de 1921

AÑO I México, D.F., Sábado 27 de Noviembre de 1976 TOMO I. - NÚM. 41

SUMARIO

SUMARIO

Apertura.

Orden del Día.

Acta de la sesión anterior. Se aprueba.

Comunicaciones del H. Senado

Dando a conocer las comisiones de cortesía para el acto de transmisión del Poder Ejecutivo Federal, el día 1o. de diciembre. De enterado. Participando la elección de su Mesa Directiva para el próximo mes. De enterado.

OFICIO DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

Condecoración

Relativo a la solicitud de permiso para que el C. Víctor Bravo Ahúja pueda aceptar una condecoración del Gobierno de Venezuela. Se turna a Comisión.

INICIATIVA DEL EJECUTIVO

Ley del Seguro Social

El C. Presidente de la República envía Iniciativa de Decreto que reforma el artículo 168 de la Ley citada. A las Comisiones correspondientes e imprímase.

DICTAMEN A DISCUSIÓN

Cuentas Públicas de 1975

Proyecto de Decreto relativo a las Cuentas Públicas de la Federación y del Departamento del Distrito Federal, correspondientes al año fiscal de 1975. Segunda lectura. El C. Jesús Puente Leyva usa de la palabra para hacer una explicación relacionada con el asunto a debate.

A discusión en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto. Intervienen, en contra, el C. Francisco Pedraza Villarreal; en pro, la C. Ifigenia Martínez de Navarrete; en contra, el C. Ramón Garcilita Partida; en pro, el C. Enrique Alvarez del Castillo; en contra, el C. Guillermo De Carcer; en pro, el C. Ezequiel Rodríguez Otal; por la Comisión, el C. Armando Labra Manjarrez y el C. Jesús Puente Leyva.

Después de un receso, se reanuda la sesión y continúan en el uso de la palabra, en contra el C. Sergio Lujambio Rafols; por la Comisión, la C. Ifigenia Martínez de Navarrete; en contra, el C. Fausto Alarcón Escalona; en pro, el C. Pedro González Azcuaga; por la Comisión los CC. Armando Labra Manjarrez, Antonio Tenorio Adame, Arturo Martínez Legorreta y Héctor Ximénez González; en contra, Jorge Garabito Martínez; en pro, Héctor Ramírez Cuéllar; por la Comisión, Enrique Alvarez del Castillo y Jesús Puente Leyva; en contra Jacinto Guadalupe Silva; por la Comisión, Julio Zamora Bátiz; para aclaraciones, Jorge Garabito Martínez e Ifigenia Martínez de Navarrete; por la Comisión, Enrique Soto Izquierdo; en contra, José Luis Martínez Galicia; en pro, Marcela Lombardo de Gutiérrez; por la Comisión Jaime Aguilar Alvarez, y finalmente en pro, Enrique Ramírez y Ramírez. Se aprueba en lo general y en lo particular por mayoría. Pasa al Senado.

Consideraciones

Hechas por la Presidencia en relación a este debate demás de doce horas, que tuvo siempre la atención de los CC. diputados. Se felicita por ello y hace votos por que en lo futuro la Cámara se oriente en idéntico sentido.

Hechos

La C. Celia Torres usa de la palabra para hacer consideraciones sobre la Prestación y Operación de los Servicios Urbanos del D.F.

INICIATIVA DE LEY

Instituto Mexicano para la Infancia y la Familia

Varios CC. diputados suscriben la Iniciativa de Ley mencionada. A las Comisiones correspondientes e imprímase.

Para ponderar la Iniciativa anterior, usa de la Tribuna la C. María Hilaria Domínguez Arvizu.

Orden del Día

Se da lectura al Orden del Día de la sesión próxima. Se levanta la sesión.

DEBATE

PRESIDENCIA DEL C. JOSÉ RAMÍREZ GAMERO

(Asistencia de 198 ciudadanos diputados.)

APERTURA

- El C. Presidente (a las 9:30 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DÍA

- El C. secretario Cresencio Herrera Herrera.

"Primer Período Ordinario de Sesiones.

'L' Legislatura.

Orden del Día

27 de noviembre de 1976.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Oficio de la Cámara de Senadores por el que se comunica haber designado Comisiones de Cortesía y Ceremonial, en relación con el acto de transmisión del Poder Ejecutivo Federal, que tendrá lugar el próximo 1o. de diciembre.

La Cámara de Senadores comunica haber elegido la Mesa Directiva que funcionará durante el mes de diciembre.

Oficio de la Secretaría de Gobernación

Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que, el C. ingeniero Víctor Bravo Ahúja pueda aceptar y usar la Condecoración que le confirió el Gobierno de Venezuela.

Iniciativa del Ejecutivo

Con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 168 de la Ley del Seguro Social.

Dictamen a discusión

De la Comisión de Presupuesto y Cuenta, relativo a las Cuentas de la Hacienda Pública Federal y del Departamento del Distrito Federal.

Iniciativa de diputados

Ley que crea el Instituto Mexicano de la Infancia y la Familia".

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

- El mismo C. Secretario:

"Acta de la Sesión de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Legislatura del H. Congreso de la Unión efectuada el día veinticinco de noviembre de mil novecientos setenta y seis.

Presidencia del C. José Ramírez Gamero.

En la ciudad de México, a las doce horas y treinta minutos del jueves veinticinco de noviembre de mil novecientos setenta y seis, se abre la sesión una vez que la Secretaría declara una asistencia de doscientos ocho ciudadanos diputados.

Lectura del Orden del Día y del Acta de la sesión anterior celebrada el día veintitrés de los corrientes, mismo que sin discusión se aprueba.

Se da cuenta de los documentos en cartera:

Cuatro oficios de la Secretaría de Gobernación, relativos a las solicitudes de permiso para que los CC. Guillermo Bonfil Batalla, Gilberto Saldívar Torres, Jaime Abarca Illa y Francisco Javier Alejo, puedan aceptar y usar condecoraciones que les fueron otorgadas por gobiernos extranjeros. Recibo y a la Comisión de Permisos Constitucionales.

Previa autorización de la Asamblea y en virtud de que el dictamen relativo a las Cuentas Públicas de la Federación y del Departamento del Distrito Federal, correspondientes al ejercicio fiscal de 1975, ha sido debidamente distribuido entre todos los ciudadanos diputados, la C. Ifigenia Martínez de Navarrete, que preside la Comisión de Presupuestos y Cuenta, da lectura a las partes medulares y a las conclusiones del dictamen, haciendo asimismo, consideraciones sobre el particular. Primera lectura.

Para hechos, hacen uso de la palabra los CC. Maximiliano Silerio Esparza, Eugenio Soto Sánchez, Raúl Caballero Escamilla, Francisco Ortiz Mendoza, Gonzalo Altamirano Dimas, y Guillermo Cosío Vidaurri.

En virtud de lo anterior, la Presidencia acuerda se gire a la Procuraduría General de la República, oficio acompañando la versión taquigráfica de esta sesión, para los efectos legales a que haya lugar.

Agotados los asuntos en cartera, se da lectura al Orden del Día de la sesión siguiente.

A las quince horas y cinco minutos se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el día veintisiete del actual, a las nueve horas".

Está a discusión el Acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba... Aprobada.

COMUNICACIONES DEL H. SENADO

- El C. secretario Pastor Murguía González:

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. - Presentes.

Para conocimiento de esa H. Colegisladora, tenemos el honor de comunicar a ustedes que en sesión pública ordinaria celebrada hoy, fueron designadas las siguientes Comisiones de Cortesía y Ceremonial, en relación con el acto de transmisión del Poder Ejecutivo Federal, que de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 83 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tendrá lugar el próximo 1o. de diciembre.

I. Para acompañar al C. Presidente de la República, licenciado Luis Echeverría, de su residencia al Auditorio Nacional de la ciudad de México:

Senador licenciado Salomón González Blanco, senador licenciado Hugo Cervantes del Río, senador ingeniero Celestino Salcedo Monteón, senador Fausto Zapata Loredo, senador profesor Carlos Jongitud Barrios, senador Daniel Espinosa Galindo, senador general Eliseo Jiménez Ruiz y senador profesor Arnulfo Villaseñor Saavedra.

II. Para recibir al C. Presidente de la República, licenciado Luis Echeverría Alvarez, en el pórtico del Auditorio Nacional e introducirlo al recinto oficial:

Senador doctor Gustavo Baz Prada, senador licenciado David Gustavo Gutiérrez Ruiz, senador licenciado Eliseo Mendoza Berrueto, senador licenciado Sergio Martínez Mendoza, senador contraalmirante José Blanco Peyrefitte, senador licenciado Jorge Gabriel García Rojas, senador licenciado Gustavo Guerra Castaños, senador profesor Héctor Hugo Olivares Ventura y senador general Mario Carballo Pazos.

III. Para acompañar el C. Presidente electo, licenciado José López Portillo, de su residencia al Auditorio Nacional de la ciudad de México:

Senador licenciado Alejandro Cervantes Delgado, senador licenciado Rodolfo Landeros Gallegos, senador licenciado Humberto Lugo Gil, senador licenciado Joaquín Gamboa Pascoe, senador licenciado Horacio Castellanos Coutiño, senador Jorge Cruickshank García, senador J. Guadalupe Cervantes Corona y senador Alberto Alvarado Arámburu.

IV. Para recibir en el pórtico del Auditorio Nacional al C. Presidente electo, licenciado José López Portillo, e introducirlo al recinto oficial:

Senador general Federico Amaya Rodríguez, senador ingeniero Manuel González Cosío, senador ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, senador Leonardo Rodríguez Alcaine, senador Rafael Camacho Guzmán, senador licenciado Jesús Cabrera Muñoz Ledo, senador licenciado Morelos Jaime Canseco González, senador José María Martínez Rodríguez y senador Marcelo Rubio Ruiz.

V. Para acompañar al C. licenciado José López Portillo, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, del Auditorio al Palacio Nacional:

Senador licenciado Roberto de la Madrid Romandía, senador arquitecto Guillermo Rosell de la Lama, senador Blas Chumacero Sánchez, senadora Martha Chávez Padrón, senador licenciado Javier Rondero Zubieta, senador coronel Antonio Salazar Salazar, senador licenciado Ignacio Castillo Mena, senador licenciado Rafael Minor Franco y senador doctor Jorge Soberón Acevedo.

VI. Para acompañar el C. licenciado José López Portillo, Presidente Constitucional de los Estado Unidos Mexicanos, de Palacio Nacional a su residencia:

Senador licenciado Carlos Sansores Pérez.

VII. Para acompañar al C. licenciado Luis Echeverría Alvarez, del Auditorio Nacional y de ahí a su residencia:

Senador ingeniero Gilberto Ruiz Almada, senador licenciado Fernando Rafful Miguel, senador licenciado Euquerio Guerrero López, senador Napoleón Gómez Sada, senador general Graciliano Alpuche Pinzón, senador Silverio Ricardo Alvarado Alvarado, senador licenciado Guillermo Morfín García, senador Tomás Rangel Perales y senador profesor Leobardo Ramos Martínez.

VIII. De cortesía, para atender a las señoras María Esther Zuno de Echeverría y Carmen Romano de López Portillo:

Senadora profesora Griselda Alvarez Ponce de León, senador licenciado Oscar Ornelas Kuchle, senador Carlos Pellicer Cámara, senador Víctor Manuel Cervera Pacheco, senador licenciado Adolfo de la Huerta Oriol, senador licenciado Horacio Labastida Muñoz, senador licenciado Ángel Ventura Valle, senador Jesús Hernández Rojas y senador Vicente Coral Martínez.

Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.

México, D. F., 25 de noviembre de 1976.

Senador Arnulfo Villaseñor Saavedra, Secretario. - Senador Mario Carballo Pazos, Secretario."

- Trámite: De enterado.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados al Congreso de la Unión. - Presentes.

Para conocimiento de esa H. Colegisladora, tenemos el honor de comunicar a ustedes que esta H. Cámara, en sesión pública ordinaria de esta fecha, eligió la siguiente Mesa Directiva que funcionará durante el mes de diciembre próximo.

Presidenta: Hilda Anderson de Rojas; Vicepresidentes: Oscar Ornelas Kuchle y Rafael Minor Franco.

Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.

México, D. F., 25 de noviembre de 1976.

Senador Mario Carballo Pazos, Secretario. - Senador Arnulfo Villaseñor Saavedra, Secretario."

- Trámite: De enterado.

OFICIO DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

Condecoración

- El mismo C. Secretario:

"Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Poder Ejecutivo Federal. - México, D. F. - Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Cámara de diputados del H. Congreso de la Unión. - Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se ha dirigido a ésta de Gobernación, con fecha 24 del actual, manifestando lo siguiente:

'Ruego a ustedes atentamente tenga a bien solicitar del H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiera la fracción III Apartado B, del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para que el C. ingeniero Víctor Bravo Ahúja, Secretario de Educación Pública, pueda aceptar y usar la Condecoración de la 'Orden Francisco de Miranda' que en grado de Primera Clase, le confirió el Gobierno de Venezuela.'

Lo que transcribe a ustedes, para su conocimiento y fines legales procedentes, reiterándoles en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D. F., a 24 de noviembre de 1976. - El secretario, licenciado Mario Moya Palencia."

- Trámite: Recibo y a la Comisión de Permisos Constitucionales.

INICIATIVA DEL EJECUTIVO

Ley del Seguro Social

- El mismo C. Secretario:

"Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Poder Ejecutivo Federal. - México, D. F. - Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. - Presentes.

Por instrucciones del C. Presidente de la República y para efectos constitucionales, con el presente les envío la Iniciativa de Decreto por el que se Reforma el Artículo 168 de la Ley del Seguro Social, documento que el C. Titular del Ejecutivo Federal somete a la consideración H. Congreso de la Unión, por el digno conducto de ustedes.

Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D. F. a 26 de noviembre de 1976. - El secretario, licenciado Mario Moya Palencia."

- El mismo C. Secretario:

"CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. - Presentes.

Entre las diversas prestaciones económicas establecidas por la Ley del Seguro Social las pensiones tienen una singular relevancia. Por ello en las iniciativas de reformas sometidas a la consideración de ese H. Congreso de la Unión en diciembre de 1970, febrero de 1973 y diciembre de 1974, se contempló la modificación o adición de diversos artículos de la Ley a efecto de que las pensiones fueran beneficiadoras con aumentos en sus cuantías mínimas, en el valor de sus cuantías básicas y de los incrementos adicionales, así como con la creación de nuevas asignaciones familiares y ayudas asistenciales, la supresión de limitaciones anteriormente impuestas, la ampliación de los sujetos protegidos, el incremento periódico de las pensiones y el pago de un aguinaldo anual.

Dado que las pensiones del Seguro Social han sufrido un deterioro en su poder adquisitivo, se considera necesario adecuar equitativamente el monto de sus beneficios a las necesidades económicas actuales.

En la presente Iniciativa se propone la modificación del artículo 168 de la Ley para elevar de $ 850.00 a $ 1,000.00 mensuales la cuantía mínima de las pensiones de invalidez, de vejez y de cesantía en edad avanzada, lo que significa un incremento del 17.46%.

En el Artículo Segundo Transitorio se determina que todas las pensiones por incapacidad permanente total, invalidez, vejez y cesantía en curso de pago serán aumentadas en 15% cuando su importe sea hasta de $ 5,000.00 mensuales y con $ 750.00 al mes para las superiores a ese importe, estableciéndose que tales aumentos se otorguen con efectos retroactivos a partir del 1o. de septiembre del presente año.

Las pensiones de viudez, orfandad y de ascendentes en curso de pago se beneficiarán con aumentos proporcionales a partir del mismo 1o. de septiembre, así como las pensiones por incapacidad permanente parcial con un mínimo del 50% de valuación.

Con el propósito de que los incrementos mencionados alcancen a todos los pensionados por incapacidad permanente total invalidez, vejez y cesantía, en el Artículo Tercero Transitorio se señala que los mismos procederán independientemente de las limitaciones señaladas en el Artículo 169 de la Ley.

En los artículos Quinto y Sexto Transitorios se introducen disposiciones con objeto de que los pensionados por incapacidad permanente con anterioridad al 1o. de abril de 1973, puedan obtener, en su caso, los beneficios de los artículos 66 y 125 de la Ley vigente.

A efecto de que los beneficios económicos que implican las modificaciones antes señaladas favorezcan en el menor tiempo posible a los pensionados y sus beneficiarios, el Artículo Séptimo Transitorio dispone que las mejorías consignadas en los artículos Segundo y Cuarto Transitorios deberán cubrirse por el Instituto Mexicano del Seguro Social en un plazo no mayor de 60 días a partir de que entre en vigor el Decreto.

En vista de las razones expuestas y en uso de la facultad que me confiere la fracción I del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter al H. Congreso de la Unión, la siguiente.

INICIATIVA DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 168 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL

Artículo único. Se reforma el artículo 168 de la ley del Seguro Social, para quedar como sigue:

La pensión de invalidez, de vejez o de cesantía en edad avanzada, no podrá ser inferior a mil pesos mensuales.

TRANSITORIOS

Artículo primero. Este Decreto entrará en vigor en toda la República al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo segundo. Las pensiones en curso de pago al día inmediato anterior a la fecha de entrada en vigor de este Decreto, por incapacidad permanente total, vejez y cesantía en edad avanzada, se beneficiarán a partir del primero de septiembre de 1976, con los siguientes incrementos:

a) Las pensiones con cuantía hasta de $5,000.00 mensuales, se incrementarán en un 15%, sin que ninguna pueda ser inferior a $1,000.00.

b) Las pensiones con cuantía mensual superior a $5,000.00, recibirán un incremento de $750.00 mensuales.

Las pensiones de viudez, orfandad y de ascendientes, se incrementarán en la proporción correspondiente.

Artículo tercero. Los incrementos a las pensiones de invalidez, vejez y cesantía en edad avanzada, a que se refiere el artículo transitorio anterior, se otorgarán sobre la cuantía de la pensión correspondiente al 31 de agosto de 1976, independientemente de las limitaciones que respecto de la suma con las asignaciones familiares y ayudas asistenciales se hubieren aplicado con base en el artículo 169 de la Ley, las citadas asignaciones y ayudas continuarán pagándose, en su caso y en tanto procedan, con las cuantías que tenían antes de incrementarse la pensión de la cual derivan. Por lo que hace a las pensiones que junto con las asignaciones y ayudas asistenciales derivadas no llegaban a los límites establecidos por el artículo citado, pero que con el aumento consignado en el artículo segundo transitorio de este Decreto rebasaran esos límites, se continuarán pagando dichas prestaciones accesorias con la cuantía calculada sobre el importe anterior de la pensión.

El incremento para las pensiones de incapacidad permanente total, incluido en el artículo transitorio anterior, también será independiente de las limitaciones que por aplicación del artículo 169 de la Ley se hubiesen efectuado en el importe de las diferencias que les corresponda, en su caso, derivadas del artículo 66 del mismo ordenamiento, por lo que las citadas diferencias continuarán pagándose, en tanto procedan con la cuantía anterior.

Artículo cuarto. Las pensiones por incapacidad permanente parcial en curso de pago al día inmediato anterior a la fecha en que entre en vigor el presente Decreto, con un mínimo del 50% de valuación, se incrementarán a partir del 1o. de septiembre de 1976, en la misma proporción en que aumentaría, en los términos del artículo segundo transitorio, la pensión por incapacidad permanente total que sirvió de base para su cálculo.

Artículo quinto. Las pensiones de incapacidad permanente total otorgadas con anterioridad al 1o. de abril de 1973 y que se encuentren vigentes al 31 de diciembre de 1976, serán revisadas en los términos del artículo 66 de la Ley, para aplicarles en su caso los beneficios que pudieran corresponderles, a partir del 1o. de enero de 1977.

Artículo sexto. Las pensiones por incapacidad permanente, total o parcial, que se encontraren recibiendo el abono de diferencias respecto de pensiones provenientes del Seguro de invalidez, vejez, cesantía y muerte por aplicación del artículo 86 de la Ley que estuvo vigente hasta el 31 de marzo de 1973, serán beneficiadas con las disposiciones del artículo 125 de la Ley, a partir del 1o. de enero de 1977.

Artículo séptimo. El Instituto Mexicano del Seguro Social deberá efectuar el pago de las mejorías económicas consignadas en los artículos segundo y cuarto transitorios de este Decreto, en un plazo no mayor de sesenta días, a partir de la entrada en vigor del mismo.

Reitero a ustedes, CC. Secretarios, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Palacio Nacional, a 25 de noviembre de 1976. - El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Luis Echeverría Alvarez."

- Trámite: Recibo, y a las Comisiones unidas de Desarrollo de la Seguridad Social y la Salud Pública; de Trabajo en turno, y de Estudios Legislativos. Imprímase.

DICTAMEN A DISCUSIÓN

Cuentas Públicas de 1975

El C. Presidente: En virtud de que el dictamen correspondiente a las Cuentas de la Hacienda Pública Federal y del Departamento del Distrito Federal ha sido impreso y distribuido profusamente, consulte la Secretaría a la Asamblea si únicamente se da lectura a los Artículos del Decreto.

- E. C. secretario Cresencio Herrera Herrera: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se pregunta a la Asamblea si únicamente se da lectura a los artículos del Decreto. Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo... Aprobado.

Se va a proceder a dar lectura a los artículos del Decreto:

DICTAMEN SOBRE LAS CUENTAS DE LAS HACIENDA PUBLICA FEDERAL Y DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL

CONTENIDO Pág.

Introducción. 6

I. La Economía Nacional y la Acción del

Sector Público Federal en 1975. 7

1. La situación económica internacional. 8

2. El crecimiento del PIB y de los sectores

de actividad económica en México durante 1975. 8

3. Los desequilibrios estructurales de la economía. 15

3.1 Inversión - Ahorro. 15

3.2 Ingreso - Egresos del Sector público. 15

3.3 Balanza de Pagos. 19

3.4 Oferta y demanda de mano de obra. 21

4. Inflación e inestabilidad. 23

II. Las Finanzas del Sector Público: Gobierno

Federal y Organismos Descentralizados y

Empresas de su Propiedad. 23

1. Gastos e Ingresos Totales. 23

2. Destino del Gasto Total. 25

3. La Inversión Pública. 26

4. Resultado Presupuestal en 1975, Déficit y

Deuda Pública. 27

III. Las Finanzas del Gobierno Federal. 29

1. Presupuesto Original y Ejercido. 29

2. Clasificación funcional del gasto del

Gobierno Federal. 32

3. Ingresos Fiscales. 35

4. Resultado Presupuestal y Deuda Pública. 37

IV. Las Fianzas de los Organismos

Descentralizados y Empresas de Propiedad

del Gobierno Federal. 40.

1. Análisis consolidado. 40.

1.1 Aspectos Generales. 40.

1.2. Ingresos y egresos de los organismos y

empresas estatales. 40

1.3 Presupuesto original y ejercido. 44

1.3.1 Ingresos. 44

1.3.2 Egresos. 46

1.4 Resultado del Ejercicio Presupuestal,

Déficit. Endeudamiento, aportaciones.

Subsidios e Impuestos. 46

1.5 Análisis funcional del Gasto. 50

2. Análisis Sectorial. 52

2.1 Sector Agropecuario. 52

2.2 Sector Industrial. 60

2.3 Sector Comunicaciones y Transportes. 75

2.4 Sector Comercio Exterior. 88

2.5 Sector de Bienestar Social. 89

V. Las Finanzas del Departamento del

Distrito Federal. 98

1. Presupuesto Original y Ejercido. 98

2. Ingresos Fiscales. 106

3. Deuda y Financiamiento del Gasto. 108

Industrial de Abastos. 110

Servicio de Transportes Eléctricos. 112

Servicio de Transporte Colectivo (Metro). 114

CONCLUSIONES. 115

PROYECTO DE DECRETO. 117

Comisión de Presupuesto y Cuenta.

Honorable Asamblea:

En cumplimiento a los dispuesto por los artículos 65, fracción I, y 73, fracción XXVIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ejecutivo de la Unión envió a esta H. Cámara de Diputados, las Cuentas de la Hacienda Pública Federal y del Departamento del Distrito Federal correspondientes al año de 1975.

En los términos de los artículos 80 y 81 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los documentos mencionados fueron turnados a la Comisión de Presupuesto y Cuenta, la cual procedió a examinarlos y a hacer el análisis pormenorizado de los estados contables y presupuestales en ellos contenidos, amplió la información mediante visitas a empresas y organismos en operación y a obras públicas en proceso y sostuvo entrevistas con los titulares y funcionarios de algunas secretarías, organismos descentralizados, empresas de participación estatal y Departamento del Distrito Federal. Asimismo, la Comisión consideró los informes recibidos por la Contaduría Mayor de Hacienda de esta H. Cámara de Diputados y otros documentos e informes que le hicieron llegar con toda oportunidad varias instituciones. Con base en los análisis realizados y los informes recibidos se elaboró el presente dictamen que hoy se somete a la alta consideración de esta H. Asamblea, de acuerdo con los ordenamientos legales correspondientes.

INTRODUCCIÓN

La Comisión de Presupuesto y Cuenta recibió las Cuentas de la Hacienda Pública Federal y del Departamento del Distrito Federal para revisar, analizar y explicar la forma y condiciones en que el Ejecutivo ejercitó la autorización que le fue concedida por el Congreso de la Unión, al aprobar los

presupuestos del Gobierno Federal y del Departamento del Distrito Federal para el ejercicio fiscal de 1975.

Los documentos explicativos, elaborados por la Secretaría de Hacienda y por el Departamento del Distrito Federal, respectivamente, cumplieron en forma satisfactoria sus propósitos de hacer más compresible y de fácil acceso los estados analíticos y contables que se sometieron a la consideración y estudio de esta representación popular.

Además de los estudios ya mencionados, se tomaron en cuenta los estados de resultados que con toda oportunidad envió la Contaduría Mayor de Hacienda por conducto de la Comisión Inspectora de la misma, así como numerosos informes, reportes y documentos adicionales que varias Secretarías, Organismos y Empresas remitieron, a solicitud de esta Comisión, para facilitar el examen y la labor de análisis que legalmente tiene encomendados.

Con un orden similar al de dictámenes anteriores, los capítulos se dedican a analizar el comportamiento de la economía nacional e internacional y la acción del sector público en 1975, Capítulo I), las finanzas consolidadas del sector público federal (Capítulo II), las del gobierno federal (Capítulo III), las de los organismos y empresas estatales (Capítulo IV), y las del Departamento del Distrito Federal y empresas dependientes, (Capítulo V), en un enfoque en el cual las transferencias intergubernamentales reciben especial atención.

En esta ocasión la Comisión de Presupuesto y Cuenta ha incorporado un enfoque sectorial del ejercicio presupuestal, porque así resaltan aspectos estratégicos del desarrollo que pudieran pasar desapercibidos dentro del contexto tradicional de análisis. Con ese mismo espíritu, se ubica la Cuenta Pública de 1975 como secuencia de los cuatro años previos, correspondientes a la administración del C. Presidente Luis Echeverría.

En el capítulo VI la Comisión presenta las conclusiones y recomendaciones derivadas de la información, análisis y discusión razonada y objetiva de sus grupos de trabajo.

Por lo expuesto y teniendo en cuenta:

Que el Ejecutivo de la Unión ha enviado a esta H. Cámara de Diputados las Cuentas de la Hacienda Pública Federal y del Departamento del Distrito Federal correspondientes al año de 1975, según lo dispuesto por los artículos 65, fracción I y 73, fracción XXVIII de la Constitución General de la República.

Que los documentos son claros y denotan un avance técnico por la facilidad con que presentan la información para su análisis.

Que los documentos aludidos fueron turnados, por conducto de vuestra soberanía y en los términos de los artículos 80 y 81 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta.

Que esta Comisión ha examinado y hecho el análisis de los estados contables y presupuestales en ellos contenidos, ampliando dicha información mediante entrevistas sostenidas con los titulares y funcionarios de algunas secretarías, organismos descentralizados y empresas propiedad del Gobierno Federal y de visitas a los lugares donde se están llevando a cabo importantes proyectos de desarrollo económico y social.

Que habiéndose contado con los informes presentados por la Contaduría Mayor de Hacienda, dependiente de esta H. Cámara de Diputados y de conformidad con los ordenamientos legales correspondientes.

La Comisión de Presupuesto y Cuenta somete, a la alta consideración de la H. Cámara de Diputados, el presente dictamen.

I. LA ECONOMÍA NACIONAL Y LA ACCIÓN DEL SECTOR PUBLICO EN 1975

Puede afirmarse que el desarrollo económico y social de México, se origina en un proceso deliberado de modernización y cambios en la estructura económica del país, proceso en el cual el Gobierno asume la responsabilidad de construir la infraestructura productiva básica (caminos, presas, transportes, escuelas), de apoyar la expansión del crédito al establecer un sistema de banca nacional de fomento rural y urbano; de mejorar y extender la educación popular y capacitar a la fuerza de trabajo y, en fin, de crear instituciones de regulación y apoyo a este proceso de desarrollo.

Este proceso tiene sus raíces en la Constitución de 1917; se afina y consolida durante los Gobiernos de Obregón y Calles y recibe un impulso decisivo y una orientación popular y de participación democrática durante el Gobierno de Lázaro Cárdenas. La expropiación petrolera y la de los Ferrocarriles Nacionales, la creación de la Comisión Federal de Electricidad y el reparto agrario fueron, sin duda, bases para la futura expansión industrial y agrícola de México.

Después de la Segunda Guerra Mundial continuó el proceso constructivo de modernización del aparato productivo, con un enfoque neocapitalista propulsor del crecimiento industrial, apoyado en el Gobierno y asociado, siempre que fue posible, con capital del exterior.

Esta política dio como resultado, por más de dos décadas, un crecimiento sostenido del Producto Interno Bruto a una tasa del 6.5% anual en promedio. Sin embargo, el rezago del desarrollo social derivado de este modelo favoreció una evidente concentración del ingreso, que tendió a agudizarse cada vez más y a provocar desequilibrios sociales vinculados a necesidades básicas de gran interés colectivo.

Pueden distinguirse dos etapas del período de desarrollo que abarca de 1940 a 1970. En su primer etapa, 1940 - 1957, el desarrollo

estuvo acompañado de un proceso inflacionario que registró un incremento, medio anual de precios, del 13% y dos devaluaciones (en 1947 y en 1954). El énfasis dado a la inversión directamente productiva elevó favorablemente el coeficiente de inversión del 9%, en 1939, al 18%, en 1957, y aumentó la importancia de la actividad industrial como fuente generadora del producto y del empleo. Sin embargo, inspirado en un modelo convencional de sustitución de importaciones, el perfil industrial no se integró adecuadamente, ni desarrolló eficiencia competitiva a nivel internacional.

En la segunda etapa, 1958 - 1970, el incremento medio anual en los precios fue del 4% y se mantuvo el tipo de cambio fijo de 12.50 por dólar. En esta etapa, el moderado crecimiento de precios implicó una relativa estabilidad de los salarios; por otro lado, no crecieron suficientemente los ingresos fiscales, como contrapartida a las necesidades del gasto público. Se dio al preferencia al fomento del ahorro y de las utilidades sobre la inversión productiva, política que si bien contribuyó a disminuir la presión inflacionaria, mantuvo estancado el coeficiente de inversión, aproximadamente al nivel que había alcanzado en 1957.

La inversión pública fue insuficiente frente a las necesidades del sector agropecuario y para la industria básica nacionalizada; en tanto, favoreció la expansión del sector financiero, y a la industria privada. Es muy importante mencionar que, en esta etapa, las condiciones internacionales favorecieron la estabilidad económica general del país.

Los déficit sociales inherentes al énfasis que se dio a la industrialización, agravados por la presión demográfica, indujeron al Gobierno de la República a una adecuación de la estrategia de desarrollo. Se destacó el objetivo de rehabilitar la base productiva del país; para ello se organizó la canalización de amplios recursos financieros, físicos y humanos al sector agropecuario; se propuso la ampliación y fortalecimiento de la economía pública y se proyectó el crecimiento acelerado de las industrias básicas de energéticos, fertilizantes, acero y transportes, entre otros.

La estrategia del desarrollo sustentada por el Presidente Echeverría encontró serios obstáculos de carácter internacional y doméstico, que la Cámara de Diputados debe exponer con objetividad para tomar las medidas que procedan, dentro del ámbito de su competencia, y se pueda sostener el avance del proceso revolucionario en favor del pueblo de México.

La desfavorable coyuntura internacional propició y agudizó las presiones inflacionarias de la economía; el receso mundial impidió el crecimiento acelerado de las exportaciones, y el coeficiente de inversión que subió al 22% del producto interno bruto requirió una cuantiosa importación de maquinaria y equipo, que implicó un creciente desequilibrio en el área fiscal y con el exterior.

A continuación se describen los principales acontecimientos económicos del año de 1975, a la luz de los cuatro años anteriores, para destacar mejor la acción del Gobierno Federal en el logro de los grandes objetivos nacionales.

1. La situación económica internacional.

El período 1971 - 1975 se caracteriza por una gran inestabilidad en las relaciones económicas internacionales. La concentración del avance tecnológico y la penetración financiera y económica de las grandes corporaciones transnacionales, agudizan cada vez más la dependencia de los países subdesarrollados respecto de las economías industriales. Las medidas unilaterales tomadas por los grandes países industriales para salir de la recesión y resolver los conflictos económicos existentes entre ellos, afectaron en forma negativa el ritmo de desarrollo de la actividad económica de los países no industrializados.

Al principiar esta década se evidenciaron síntomas de una crisis económica internacional. A pesar de la situación inflacionaria la mayor parte de los países industrializados experimentaron una disminución de su demanda interna y una consecuente elevación del nivel de sus inventarios; por tanto, redujeron su producción y su nivel de empleo.

De esto derivó una contracción general del comercio internacional, principalmente por el descenso del volumen de importaciones de los países desarrollados, que redundó en una baja de los precios de las materias primas básicas y en el encarecimiento de los bienes de capital que importan los países en desarrollo.

Los excedentes de liquidez, concentrados en un reducido número de países, la crisis del sistema monetario internacional y el alza de precio del petróleo, entre otros factores, provocaron una severa inflación que se extendió a casi todos los países de economía de mercado; Estados Unidos redujo su ritmo de crecimiento del producto e impuso una sobretasa del 10% ad - valorem sobre las importaciones; en tales circunstancias, persiste el déficit de su balanza de pagos, que culminó con la primera devaluación del dólar en 1971.

La continuación de políticas unilaterales implica desajustes en los tipos de cambio y provoca una nueva devaluación del dólar en 1973 que, al disminuir las importaciones y alentar las exportaciones, fortalece la posición de los Estados Unidos a fines de ese año.

Al elevarse el precio del petróleo mejora la posición de la balanza de pagos de los países productores de crudo e incide severamente sobre los precios internacionales. Por otra parte, el incremento de la demanda y de la producción industrial se acompaña de una fuerte elevación de los precios y, aunque el comercio mundial registra tasas de incremento muy altas, esto se debe más al alza de los precios que a un mayor volumen real de comercio.

En 1974 la producción global de los países industriales se estancó en términos reales. Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, se incrementó el desempleo y la inflación llegó a niveles altos sin precedente. Por otra parte, aumentó el déficit de la balanza de pagos en los países subdesarrollados, con excepción de los exportadores de petróleo, y la imposibilidad de efectuar el reajuste de fondos hizo enfrentar a las economías nacionales la experiencia recisiva de inflación.

En el primer semestre de 1975 se agudizó la recesión mundial, hasta convertirse en la más grave en varias décadas. La situación económica de los países industriales más importantes se vio afectada en forma substancial por la disminución de los gastos de consumo. Las presiones inflacionarias persistentes y el aún cuantioso excedente de inventarios; se registraron importantes bajas en la producción y el desempleo se elevó aún más; la crisis de energéticos y los desequilibrios externos acentuaron la inestabilidad económica mundial. El mercado financiero internacional se caracterizó por altas tasas de interés y una gran limitación en el volumen de los recursos disponibles, no sólo a largo plazo, sino también para los plazos corto y mediano.

En el segundo semestre de 1975 se presentaron signos de recuperación. En los países industriales el aumento de precios fue menos acelerado; los inventarios, que se encontraban en su nivel máximo empezaron a disminuir, y fue notorio el incremento de las ventas; sin embargo, la producción industrial descendió a su nivel más bajo y el desempleo ascendió a su punto más alto. En conclusión, a finales de 1975 se contempló una mejoría en las balanzas comerciales de los países industrializados; por tanto redujeron su déficit, observando mejores perspectivas para el comercio mundial; pero continuó gravitando sobre la mayoría de los países de bajos ingresos, el peso de un elevado y creciente endeudamiento y dependencia, abriéndose cada vez más la brecha, también creciente, con el nivel de vida de los países industrializados.

2. El crecimiento del Producto Interno Bruto y de los sectores de actividad económica en México durante 1975

De 1971 a 1975 el Producto Interno Bruto creció, en términos reales, a una tasa ligeramente superior al 6% anual, pasando de 306 800 a 390 900 millones de pesos. En este período se observan marcadas fluctuaciones en el PIB que de 1971 a 1972 creció al 7.3%, de 1972 a 1973 el 7.6%, en tanto que para 1975 creció sólo en 4.2% (Véase cuadro 1.)

Del PIB generado por la economía mexicana en el período de análisis, el sector público contribuyó con el 8.9% en 1971, participación que se elevó paulatinamente hasta alcanzar en 1975 el 11.5% (véase cuadro 2 y gráfica 1). La recuperación que se registró a partir de 1972, se debió en gran medida al sensible aumento de la demanda agregada, provocada entre otras cosas por niveles más altos de gasto público, tanto en los renglones de consumo como de inversión, además del crecimiento de las exportaciones.

El consumo total (a precios corrientes) creció entre 1971 y 1974 a una tasa media anual de 20%, como consecuencia conjunta de los incrementos observados tanto en el consumo del sector público que fue de 28.0%, como del sector privado que fue de 19.3%.

La inversión pública a precios corrientes creció a más del doble durante los mismos años; es decir se observó un crecimiento del 44% anual, en tanto que la inversión privada solamente creció al 9.2% durante los mismos años.

En el período de referencia la participación del sector agrícola en el PIB total ha sido decreciente, ya que de 11.5% que representaba en 1971 disminuyó al 9.6% en 1975, no obstante que en términos absolutos pasó de 35 200 a 37 700 millones de pesos. Consecuentemente el sector industrial incrementó su contribución, ya que pasó de 34.1% a 36.1%, en tanto que el sector servicios mantuvo su participación en 54.4% (Véase cuadro 1 y gráfica 3).

La disminución de la participación del sector primario en el PIB total se debió principalmente al lento crecimiento de las actividades que componen al propio sector. Durante el período señalado el producto de esta actividad se incrementó en promedio al 1.7% anual, en virtud sobre todo de las desfavorables condiciones climáticas.

El sector industrial por su parte, ha registrado un crecimiento paralelo al de la economía en general; así, derivado del receso general de la actividad económica en 1971, dicho sector creció solamente 2.7%, recuperándose en los tres años siguientes en que creció 9.1% en 1972, 8.4% en 1973, y 9.5% en 1974; en 1975 las condiciones desfavorables le permitieron crecer, apenas, al 5%. En general se observó un crecimiento promedio para el período 1971 - 1975 del 7.6% anual.

Las ramas del sector industrial que colaboraron en forma sustancial a la recuperación de los años 1972 a 1974, fueron la petroquímica con un crecimiento medio anual de 9.3%, la industria de la construcción con 11.2% y la producción de energía eléctrica y el subsector manufacturero, que crecieron al 8.7% y 6.6% respectivamente. (Véase cuadro 1).

Dentro del producto industrial, la participación del sector público en los años 1971 - 1975 se ha incrementado paulatinamente; en efecto del 4.4% con que contribuía a la producción minera en 1971, se elevó al 9.7% en 1975. En el subsector de manufacturas cabe destacar la fabricación y reparación de productos metálicos, donde el sector público aumentó su participación del 4.9% a 7.1% en los años de estudio. En los renglones de las industrias metálicas básicas y productos

químicos, la participación del sector público también observó un ligero aumento, ya que de 15.6% en 1971 pasó a 19.8% para 1975 en el primer renglón y de 6.0% a 6.7% para el segundo, en los años considerados.

La generación de energía eléctrica observó un incremento sostenido. La participación del sector público en la producción total pasó del 74.7% en 1971 al 80.0% en 1975 estimando que actualmente su contribución será aproximadamente de 83% el resto se genera por los propios usuarios, principalmente empresas.

Por su parte, el sector terciario aumentó el valor de su producción, pasando de 166 800 a 212 500 millones de pesos en el período; es decir un crecimiento medio anual de 6.2%, igual al registrado por el PIB total en el mismo período. El renglón de comunicaciones y transportes fue el más dinámico del sector, ya que registró una tasa media de crecimiento de 10.4% en los años mencionados. (Véase cuadro 1.)

Vale la pena destacar que en el período que se analiza, el sector público ha participado en forma creciente dentro del sector servicios, como puede observarse en el aumento de 12.2% a 16.0%, en su contribución. Esta misma tendencia se evidenció en los renglones de comercios y transportes en los cuales la aportación del sector público ha sido creciente, ya que sus porcentajes se elevaron de 3.3% a 5.8% y de 30.9% a 33.5%, en el período 1971 - 1975.

En el renglón de comunicaciones, la participación del sector público también ha sido creciente; en 1972, fue del 65.4%, y en 1975 del 74.2%. (Véanse cuadro 2 y gráfica 1.)

El sector paraestatal, generó en 1975 el 11.5% del PIB contra el 8% en 1970. Una idea aproximada de la productividad del empleo en este sector, la da el hecho de que genera el 11.5% del producto interno bruto y emplea solamente el 4% de la población económicamente activa, lo que equivale a casi el triple de la media nacional.

La relación de ventas sobre activos es casi del 50%; es decir que por cada peso invertido se obtienen 50 centavos de ventas, a pesar de que muchas entidades mantienen precios subsidiados, o prestan su servicio gratuitamente; a pesar, también, de que las principales ramas del sector (energéticos, comunicaciones y transportes, industria de transformación, etc.), tienen elevados requerimientos de inversión determinados por factores técnicos.

La contribución del sector paraestatal a los ingresos tributarios federales es del 12%, ligeramente superior a su participación en el producto. Si excluimos la recaudación proveniente de las personas físicas, la contribución de los organismos y empresas del Estado es sensiblemente mayor, 16.5%.

Finalmente, en 1975 el 7% de los ingresos de operación provinieron de exportaciones, lo que bastó para que, este sector contribuyera con el 33% de las exportaciones mercantiles, en beneficio del equilibrio externo de México y de sus reservas de divisas.

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CUADRO 2

PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PARAESTATAL EN EL PRODUCTO INTERNO BRUTO, POR RAMAS DE ACTIVIDAD 1970-1975

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3. Los desequilibrios estructurales de la economía.

3.1 Inversión - Ahorro.

Junto al crecimiento económico sostenido que se ha observado en México en el último cuarto de siglo, y durante el cual su población se ha más que triplicado, persisten varios desequilibrios estructurales de la economía, especialmente entre el ahorro y la inversión, en las finanzas del sector público, y en la balanza de pagos. El aumento del contingente demográfico ha ampliado la brecha entre la oferta y la demanda de mano de obra y los diferenciales de productividad sectorial, afectando la actividad agropecuaria y las desigualdades económicas regionales e impidiendo el mejoramiento en la distribución del ingreso nacional.

A partir de 1950 comienza a aparecer un déficit de ahorro privado en relación al monto de la inversión privada.

Este mismo fenómeno se ha manifestado en el coeficiente de ahorro - inversión pública; en 1950 la diferencia entre el ahorro y la inversión pública era de 0.9%, para 1970 esta diferencia fue del 3.1% del PIB y para 1975 se registró un 6.1% del PIB. Esto significa que, crecientemente, los requerimientos de inversión los satisface el sector público e indica la necesidad de fortalecer sus ingresos y capacidad de ahorro.

La inversión pública que representaba el 6% del PIB en 1950, pasó al 7% en 1970; durante los últimos años, en un sistemático esfuerzo por superar los diversos desequilibrios estructurales comentados, esta inversión ha crecido hasta representar casi el 10% del PIB (véase cuadro 3.)

La inversión privada, que representaba el 10.8% del PIB en 1965, llegó al 11.9% en 1970, estimando que dicho coeficiente se mantiene a un nivel ligeramente menor.

En ambos sectores - público y privado - se ha tenido que recurrir a otras fuentes, principalmente el crédito, para financiar la inversión.

CUADRO 3

COEFICIENTE DE INVERSIÓN Y AHORRO PÚBLICOS, 1970-1975

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1 Incluye el ahorro del Gobierno Federal más el de los 26 organismos y empresas sujeto a control presupuestal.

3.2 Ingresos y egresos del Sector Público.1

En los últimos años las autoridades hacendaria han diseñado nuevas estrategias, encaminadas a incrementar los ingresos del sector público a través de reformas legales y administrativas; aumentando las bases y tarifas tributarias; acentuando la progresividad del sistema fiscal; robusteciendo las finanzas públicas de los estados y municipios al aumentar sus participaciones en impuestos federales y mejorar la coordinación en el aspecto administrativo; reduciendo además la evasión fiscal, mejorando la administración tributaria, sobre todo en lo que se refiere a descentralización administrativa y control de los gastos de las empresas.

Con estas medidas de tipo general se han alcanzado entre 1971 y 1975 aumentos substanciales en la recaudación. Los ingresos ordinarios brutos del Gobierno Federal en 1971 eran de 44,521 millones de pesos y en 1975 se triplicaron alcanzando la cifra de 132,427 millones. (Véase Cuadro 4.)

El gasto corriente del Gobierno Federal, en 1971 (33,018 millones de pesos) representó el 7.3% del PIB y se han venido elevando hasta alcanzar el 11.4% (112,986 millones) en 1975.

1 En este contexto, el sector público queda definido incluyendo exclusivamente al Gobierno Federal y a 26 organismos y empresas de participación estatal sujetos a control presupuestal del Gobierno Federal.

Este incremento obedece a la inflación registrada en los últimos años, que motivó el alza de precios en las compras y el aumento de sueldos y salarios pagados por el gobierno. El tradicional ajuste que se realiza cada dos años en sueldos y salarios se hizo normalmente en enero de 1974. En septiembre de 1974 se llevó a efecto un aumento extraordinario del 22% para compensar el alza acelerada en el costo de la vida y hacia julio de 1975 se ajustó de nueva cuenta en un 16%.

Otro factor que explica el acentuado incremento del gasto corriente del Gobierno Federal en 1975, fue el de las transferencias corrientes hechas por el gobierno a los sectores público y privado por 56,146 millones de pesos. (Ver Cuadro 5.)

Por último, los gastos de capital del sector público en 1975 fueron de 123,950 millones de pesos, el 12.5% del PIB; esta última cifra contrasta con 7.1% del PIB en 1971. El incremento en este renglón fue consecuente con la política del gobierno de seguir impulsando el desarrollo del país, mediante la inversión pública como elemento compensador de la escasa afluencia de inversión privada. En efecto, desde 1972 el gobierno decidió incrementar su gasto con el objeto de superar las circunstancias adversas que se presentaron en 1971. A partir de entonces se observa una clara tendencia al alza en el nivel del gasto y en particular, de la inversión. (Véase Cuadro 5.)

Si bien en los últimos años se logró incrementar la recaudación fiscal, esto ha sido insuficiente para cubrir los niveles de gasto público, imprescindibles para atender las demandas sociales básicas del país. Esto generó un consiguiente déficit que se agudizó, entre otras cosas, porque las empresas públicas más importantes habían mantenido artificialmente bajos, durante años, los precios y tarifas de sus bienes y servicios producidos. Esto a su vez hizo necesario que el Gobierno Federal las apoyara financieramente, mediante transferencias, a fin de sostener su operación y expansión productivas.

A pesar de los aumentos sustanciales en los ingresos de las empresas, su déficit financiero creció en conjunto 32% durante 1974 y 168% en 1975. Esto se explica, en buena parte, por los gastos de capital que se realizaron en tales años, los cuales crecieron 44%, y 86% respectivamente. Esto planteó, una vez más, la necesidad de actualizar precios y tarifas de los bienes y servicios producidos por el sector público, que son la base del desarrollo industrial del país, de tal suerte que las empresas del Estado cubran los gastos de operación y se satisfagan adecuadamente los requerimientos de inversión.

En lo que respecta a las cifras del déficit financiero del sector público se observa que en 1970 era de 8,448 millones de pesos, situándose en 89,851 millones en 1975 (véase cuadro 6). La magnitud del déficit, expresado como porcentaje del PIB, pasó de 2.0% en 1970 a 9.1% en 1975. Por otra parte la relación del mencionado déficit respecto a los ingresos totales registró marcados incrementos a partir de 1972. En 1973, fue de 28.4%; en 1974 descendió al 25.8% (hecho que se explica, en cierta medida, por el alza de los precios en las empresas públicas, autorizado en 1973). En 1975 la relación volvió a elevarse hasta el 34.8%.

Durante los años recientes, el déficit del sector público se ha financiado en mayor proporción a través del crédito interno. En efecto, durante el período 1970-1975, en promedio, el 83.3% del déficit fue financiado con crédito interno y el 16.7% restante, con recursos del exterior.

Hacia 1973, la tasa del crecimiento de los depósitos bancarios descendió marcadamente y las autoridades monetarias se vieron obligadas a financiar el déficit presupuestal expandiendo la oferta monetaria. (Véase Cuadro 7.)

El déficit financiero del Gobierno Federal registrado en 1975, asciende a 48,574 millones de pesos. Este tuvo que ser financiado aumentándose el endeudamiento neto, a largo plazo, en 50,877 millones de pesos.

Por otra parte, conviene mencionar que la aportación del sector paraestatal a los ingresos tributarios totales ha ascendido del 7.7% en 1971, a 9.9% en 1975. (Cuadro 13.)

CUADRO 4

INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL DEL GOBIERNO FEDERAL Y DE LAS EMPRESAS Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, 1971-1975

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CUADRO 5

GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL DEL GOBIERNO FEDERAL Y DE LAS EMPRESAS Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, 1971 - 1975

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CUADRO 6

DÉFICIT FINANCIERO DEL SECTOR PUBLICO FEDERAL.1 1960-1975

(Millones de Pesos)

Déficit de los Organismos y Deficit de Empresas del Gobierno

Deficit Gobierno

Años Total Federal Federal

1960 2170 2170 N. D.

1961 1518 1518 N. D.

1962 1468 1468 N. D.

1963 1920 1920 N. D.

1964 3527 3527 N. D.

1965 4835 6710 (+) 1875

1966 3242 3570 (+) 328

1967 6296 4341 1955

1968 5454 3630 1824

1969 8383 7263 1120

1970 8448 6627 1821

1971 12059 6166 5893

1972 22030 17260 4770

1973 38780 27126 11654

1974 49935 34513 15422

1975 89851 48574 41227

N. D. No Disponible.

FUENTE: S. H. C. P., Contaduría de la Federación, Cuentas de la Hacienda Pública Federal, 1960-1975.

1 Incluye Gobierno Federal y Organismos Descentralizados y Empresas propiedad del Gobierno Federal.

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3.3 Balanza de Pagos

La mayoría de los países en desarrollo sufre desequilibrios persistentes de sus balanzas comerciales con el exterior. En México, la política de sustitución de importaciones ha sido insuficiente para aliviar al país de este problema.

El desequilibrio externo se genera principalmente por la baja productividad, que impide participar competitivamente a México en los mercados internacionales; por otra parte, la estructura de sus importaciones favorece a los países desarrollados, ya que los bienes que el país compra en el exterior corresponden en un elevado porcentaje a bienes de producción, de los cuales no es posible prescindir. Además la dependencia tecnológica del país sigue operando como factor negativo.

Por todo ello las importaciones han mantenido un crecimiento más dinámico que las exportaciones, lo cual ha provocado que el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos, en crecimiento acelerado, haya tenido que financiarse con capitales provenientes del exterior. En efecto, en 1970 el déficit en cuenta corriente fue de 908.8 millones de dólares y para 1975, llegó a 3,768.9 millones de dólares. Una vez más, la contracción de la demanda externa y el deterioro de los precios de nuestros productos de exportación determinó estancamiento de las exportaciones. La importación, en tanto, tuvo un gran incremento para llegar en 1975 a 10 071.9 millones de dólares. Ello está determinado tanto por los requerimientos de inversión para el desarrollo como por los de materias primas y auxiliares empleadas por la planta industrial del país. Del total de importaciones nacionales, el monto que correspondió al sector privado representó el 64.8% (véase cuadro 8).

La industria privada, incluyendo la dependiente de empresas transnacionales, se ha mostrado incapaz de sustituir importaciones con la celeridad, condiciones de calidad y precio, que el desarrollo económico del país y la competencia internacional requieren.

Por su parte las empresas y organismos del Sector Público han desarrollado un esfuerzo sin precedente para acrecentar el volumen de sus exportaciones. En 1971 estas representaron el 8.7% del total de las exportaciones, para 1975 llegaron aproximadamente al 16%; en términos absolutos se multiplicaron más de 3.5 veces.

En 1975 la exportación de mercancías del Sector Público fue de más de 12 mil millones de pesos, representando la tercera parte de las exportaciones del país en este ramo.

Es notorio el hecho de que el Sector Paraestatal ha logrado un ritmo anual promedio del 34% en el incremento de su exportación de bienes, frente al promedio nacional del 17% en el período 1970-1975.

Para afrontar las dificultades del desequilibrio externo y sostener el nivel de la reserva de divisas en el banco central, el sector público ha contratado el mayor volumen de créditos externos, los cuales llegaron a 3 859.4 millones de dólares en 1975; de esta cifra, deduciendo las amortizaciones por 805.6 millones, se obtuvo una disponibilidad neta de 3 053.8 millones de dólares.

En el cuadro nueve se observan los movimientos netos de capital y la variación de la reserva del Banco de México; sólo hasta 1972 el ingreso neto de capital a corto plazo contribuyó a incrementar la reserva del Banco de México, necesaria para sostener la paridad del peso frente a otras monedas. En los años 1973, 1974 y 1975 los ingresos de capital a largo plazo no sólo financian el déficit en cuenta corriente, sino además, la salida de capitales a corto plazo. Si bien las inversiones directas han aumentado, los préstamos a largo plazo lo han hecho a una velocidad mayor, como puede apreciarse en el cuadro 10.

El deterioro del sector externo ha obedecido, en parte, a que los precios relativos han evolucionado desfavorablemente para México respecto a sus principales mercados.

CUADRO 8

BALANZA DE MERCANCÍAS Y SERVICIOS

(Millones de dólares)

1960 1970 1975

Exportaciones 1 371.8 3 147.7 6 303.0

Importaciones 1 672.3 4 056.5 10 071.9

S a l d o 300.5 -908.8 -3 768.9

FUENTE: Banco de México, S.A., Informes Anuales 1961 y 1971.

CUADRO 9

MOVIMIENTOS NETOS DE CAPITAL Y VARIACIÓN EN LA RESERVA

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CUADRO 10

MOVIMIENTO DE CAPITAL A LARGO PLAZO

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GRÁFICA 4

DÉFICIT DE LA BALANZA DE PAGOS EN CUENTA CORRIENTE

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3.4 Oferta y demanda de mano de obra.

El desequilibrio entre la oferta y demanda de mano de obra es otro de los desajustes más importantes que se han manifestado en la economía mexicana.

Factores muy importantes de la desocupación han sido, básicamente, el extraordinario crecimiento demográfico del país, la composición de edades de la pirámide poblacional en la que 50% del contingente humano es menor de 15 años de edad; las fuertes corrientes de emigración del campo hacia las zonas urbanas; la insuficiencia de la inversión productiva; el propio modelo de tecnología implícito en las actividades económicas fundamentales que han propendido, sistemáticamente, al ahorro de mano de obra; la falta de tecnologías intermedias con posibilidades de generación de empleo productivo y adecuadamente remunerado, y la insuficiencia de los niveles de escolaridad y de capacitación específica para el trabajo de la población económicamente activa (véase cuadro 10).

La relación de población económicamente activa la población total se ha mantenido relativamente constante, aunque en 1970 esta proporción disminuyó. En efecto, en 1950 era del 32.1% en 1960 del 32.2% y para 1970 del 26.9%. A pesar de ello el sector paraestatal ha aumentado su participación, sobre todo en los últimos cinco años, ya que pasó de ocupar el 3.1% de la población económicamente activa en 1970, al 4.2% en 1975, en tanto que la producción del sector se elevó en proporción mucho mayor (véase cuadros 12 y 13).

Por su parte el empleo generado por el Gobierno Federal aumentó de 604 mil plazas en 1971 a 1 millón 44 mil en 1975, o sea un incremento de 440 mil, de las cuales 284 mil fueron de personal docente y de apoyo para la educación pública.

CUADRO 12

DESEQUILIBRIO DE LA OFERTA Y DEMANDA DE MANO DE OBRA

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4. Inflación e inestabilidad.

A partir de 1973 se ha registrado un acentuado incremento en el nivel de precios que refleja una nueva experiencia para México. De 1960 a 1972 se observó una tendencia moderada; en este período los precios crecieron solamente en 35%. Entre 1969 y 1971 se registra un mayor incremento, promediando 7% anual que pasó a tasas de 13% y 11%, respectivamente, en 1974 y 1975. (Índice general de precios al mayoreo de la ciudad de México; véase cuadro 14).

En este proceso han influido varios factores, entre otros el cuello de botella en la producción de materiales básicos para la industria de la construcción, productos siderúrgicos y cemento, principalmente. Similar efecto tuvo el lento crecimiento de los productos agropecuarios básicos.

No ha sido ajeno a esto el proceso de inflación recesión que ha caracterizado en los últimos años a la economía estadounidense, y cuyos efectos han encarecido el costo del dinero, de los equipos productivos y de los productos intermedios que requiere la industria mexicana.

Entre los factores internos que han influido en este proceso cuenta mucho, en general, el desequilibrio productivo estructural de nuestra economía.

Para ampliar la capacidad instalada en materia de alimentos, energéticos, fertilizantes, minerales y siderurgia, hubo necesidad de financiar los nuevos proyectos mediante el endeudamiento.

Para contrarrestar el impacto inflacionario el gobierno ha contado con el control del crédito, por medio del cual se puede regular el volumen del dinero en circulación y, al mismo tiempo limitar el nivel de la demanda agregada. Sin embargo a pesar de la política restrictiva de crédito, la coyuntura internacional y los defectos y falta de flexibilidad del aparato productivo interno, han hecho difícil controlar adecuadamente el alza de precios.

La inestabilidad de la economía se acentuó con la existencia de un mercado financiero de alta liquidez y de capitales de gran movilidad.

Ante este proceso inflacionario y los desequilibrios estructurales de la economía mexicana, agravados por la retracción de la inversión privada y la inestabilidad económica internacional, fue necesario que las autoridades manejaran el instrumento del endeudamiento externo, público y privado, para sostener el nivel de la reserva de divisas.

CUADRO 14

ÍNDICE GENERAL DE PRECIOS AL MAYOREO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 1960-1965

(210 artículos)

Base Base

Años 1954-100 1960-100

1960 137.5 100.0

1961 138.8 100.9

1962 141.3 102.8

1963 142.1 103.3

1964 148.1 107.7

1965 150.9 109.7

1966 152.8 111.1

1967 157.2 114.3

1968 160.2 116.5

1969 164.3 119.5

1970 174.1 126.6

1971 180.6 131.3

1972 185.7 135.1

1973 214.9 156.3

1974 263.2 191.4

1975 290.9 211.6

FUENTE: Banco de México, S. A., Indicadores Económicos.

II. LAS FINANZAS DEL SECTOR PUBLICO: GOBIERNO FEDERAL Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS DE SU PROPIEDAD.

1. Gastos e Ingresos Totales.

Para el ejercicio fiscal de 1975 se presupuesto un gasto total de 346 659 millones de pesos, de los cuales corresponden 53.7% al gobierno federal y el 46.3% restante a organismos y empresas estatales, habiéndose señalado en la exposición de motivos que el nivel del gasto en dicho año sería 25% mayor al ejercido en 1974.

Los ingresos ordinarios para financiar el gasto total de 1975 fueron estimados en 260 174 millones de pesos y en 86 484 millones los correspondientes a colocación de empréstitos. El ingreso ordinario estimado equivalía a una recaudación 29% superior a la obtenida en 1974; esto es, ligeramente mayor al incremento previsto para el gasto total.

En relación con estas estimaciones, y con base en los cuadros que integran la Cuenta Pública de 1975, referentes a las cifras efectivamente ejercidas, se aprecia lo siguiente:

- El total del gasto del gobierno federal y de los 26 organismos y empresas que se incluyen en la Cuenta Pública, fue de 391 146 millones de pesos; esto es, superior en 12.8% al nivel presupuestado originalmente.

De acuerdo con el cuadro que se intercala a continuación, el gasto ejercido respecto a la asignación original fue bastante mayor (24.7%) en los organismos y empresas, que en el gobierno federal (2.6% únicamente), aún considerando las transferencias que se hicieron de éste, tanto a los organismos y empresas sujetas a control presupuestal, como a aquéllos que hasta la fecha no lo están

CUADRO 15

GOBIERNO FEDERAL Y ORGANISMOS Y EMPRESAS FEDERALES PRESUPUESTO ORIGINAL Y EJERCIDO AÑO DE 1975

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1 Difieren en 9 579 millones con las cifras presentadas en el Estado No 14, debido a que 9 504 millones aparecen duplicados por transferencias del Gobierno Federal a Organismos y Empresas, y 75 millones son devoluciones de ingresos percibidos indebidamente en ejercicios fiscales anteriores. Los mencionados 9 504 millones están registrados en el renglón de organismos y empresas, por ser éste su destino final.

Para 1975, se previó un aumento de 29% en los ingresos; esta meta se superó, ya que los ingresos aumentaron en 32.6%. Sin embargo, este incremento no fue suficiente para cubrir la diferencia de 114 663 millones, que se produjo entre el gasto ejercido de 1974 y el de 1975.

Los ingresos fiscales ordinarios, o sean los del Gobierno Federal, aunque tuvieron un mayor dinamismo, al incrementarse en 38 350 millones de pesos (40.8%), no fueron suficientes para contrarrestar el menor incremento (24.0%) de los ingresos de operación de los organismos y empresas (Véase los cuadros 16 y 17).

CUADRO 16

GOBIERNO FEDERAL Y ORGANISMOS Y EMPRESAS FEDERALES INGRESOS ESTIMADOS Y EJERCIDOS 1975

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1 Véase nota del cuadro anterior.

CUADRO 17

GOBIERNO FEDERAL, ORGANISMOS Y EMPRESAS FEDERALES RESUMEN DE OPERACIONES PRESUPUESTALES

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2. Destino del Gasto Total

Por lo que hace al destino del gasto ejercido por el Sector Público Federal en 1975 puede afirmarse que, en términos generales, correspondió a la estructura de la asignación presupuestal original, según puede apreciarse en el cuadro referente a la clasificación sectorial presentada por la Secretaría de Hacienda. De acuerdo con estas cifras se aprecian los mayores incrementos en el Sector Industrial y en el Agropecuario, habiéndose registrado también incrementos en el sector Desarrollo Social y Administración, Defensas y Poderes; en tanto, hubo disminución en los sectores Transportes y Comunicaciones y en el Turismo, con la circunstancia de que este último tiene una importancia menor dentro del total de Gastos.

CUADRO 18

GOBIERNO FEDERAL, ORGANISMOS Y EMPRESAS FEDERALES CLASIFICACIÓN SECTORIAL DEL GASTO 1975

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3. La Inversión Pública.

Por considerar que el monto y la estructura de la inversión Pública Federal es uno de los indicadores más representativos de la política económica y fiscal, se incluye su análisis en el presente dictamen, tal como se hizo para el año de 1974, con las salvedades que se advierten en el dictamen correspondiente a dicho año, o sea que, por razones técnicas y de registro contable, las cifras de la Secretaría de la Presidencia no coinciden con los datos relativos a los gastos de capital que contiene la Cuenta Pública.

Del examen de las cifras correspondientes a 1975, contenidas en el Cuadro 19, se pueden hacer las siguientes observaciones:

La inversión pública federal en 1975 fue de 95 767 millones de pesos; superior en 47.7% a la realizada en 1974, año en que fue de 64 817 millones de pesos.

Por sectores, el aumento más importante se registró en el industrial, con más de 16 000 millones de pesos en relación a 1974; esto hizo que el sector industrial haya representado, en 1975, el 41.5% de la inversión pública total

Al observar por separado los renglones que integran las diversas ramas específicas, se tiene que las actividades a las que se concedió mayor prioridad en la asignación de recursos en 1975, respecto al año anterior, fueron la electricidad con 5 259 millones de pesos, la siderurgia con 4 797 millones, petróleo y petroquímica con 4 503 millones de pesos y la agricultura con 4 109 millones. No obstante, se puede considerar que este último renglón ocupa el segundo lugar, si se agregan a la cantidad mencionada en último término 1 045 millones de pesos, correspondientes al Programa de Inversiones Públicas para el Desarrollo Rural (PIDER); sumando ambas cifras se tiene que la inversión pública en agricultura fue superior en 5 154 millones de pesos en 1975 respecto a 1974.

De hecho, durante el presente sexenio ha ido aumentando consistentemente la importancia del sector agropecuario dentro de la inversión pública total; en 1973, representó el 14%, en 1974, el 17% y subió al 18%, en 1975.

El sector de Bienestar Social registró un mayor incremento en 1975, que en 1974. Igual sucedió con el sector Transportes y Comunicaciones.

CUADRO 19

INVERSIÓN PUBLICA FEDERAL POR OBJETO DEL GASTO

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4. Resultado Presupuestal en 1975. Déficit y Deuda Pública.

Los ingresos corrientes del Sector Público Federal (incluidos organismos y empresas) fueron en 1975 de 258 038 millones de pesos, frente a un gasto corriente total de 232 264 millones de pesos; por tanto, se obtuvo un ahorro en cuenta corriente de 25 774 millones. En la cuenta de capital, por su parte, se incurrió en un déficit de 115 625 millones de pesos, ya que el gasto respectivo fue de 123 950 millones y los ingresos de sólo 8 325. Esto significa que el ahorro público (25 774 millones) fue insuficiente para cubrir el déficit en la cuenta de capital (115 625 millones), por lo que el déficit financiero ascendió a 89 851 millones de pesos. Dicho déficit se financió con un incremento neto de la deuda de 92 742 millones de pesos, resultado de una colocación de empréstitos por 127 674 millones y de una amortización de deuda de 34 932 millones, quedando una disponibilidad en efectivo de 2 891 millones de pesos.

Al comparar el resultado real con el previsto en el presupuesto original se observa lo siguiente: el déficit estimado fue de 50 610 millones de pesos, en tanto que el efectivo ascendió a los mencionados 89 851 millones de pesos, o sea, superior en 39 241 millones al déficit presupuestado. Esto es resultado de que el aumento efectivo del gasto total fue 45 482 millones de pesos, superior al presupuestado originalmente; en tanto, los ingresos reales fueron superiores a los presupuestados en sólo 6 241 millones de pesos, insuficientes para compensar el aumento de los gastos, que fue precisamente igual al aumento del resultado deficitario, 39 241 millones de pesos. (Véase Cuadros 20 y 21.)

CUADRO 20

GOBIERNO FEDERAL Y ORGANISMOS Y EMPRESAS RESULTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 1975

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CUADRO 21

COLOCACIÓN DE EMPRÉSTITOS Y AMORTIZACIÓN GOBIERNO FEDERAL Y ORGANISMOS Y EMPRESAS

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Como resultado de lo anterior, el endeudamiento neto en 1975, produjo un saldo total de la deuda pública a cargo del Gobierno Federal y de los organismos y empresas, al 31 de diciembre, de 326 034 millones de pesos, de los que 66.5% correspondió al Gobierno Federal y 33.5% a los organismos y empresas; desde el punto de vista de su origen, aproximadamente dos terceras partes representan deuda interna y la tercera parte el saldo de la externa, según se aprecia en el siguiente cuadro 22.

CUADRO 22

DEUDA PUBLICA CONSOLIDADA GOBIERNO FEDERAL, ORGANISMOS Y EMPRESAS FEDERALES AÑO DE 1975

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El considerable incremento de la Deuda Pública registrado en 1975, respecto al año anterior, se debió principalmente a la deuda contraída por los organismos y empresas, tanto por lo que se refiere a la interna, que aumentó en 27 890 millones (o sea un 225.8%), como a la externa que aumentó en 22 783 millones, equivalente al 49.3% respecto al saldo del año de 1974. En la estructura de la deuda de organismos y empresas predomina la externa, que representa el 63.2% del total. (Véase Cuadro 23.) CUADRO No. 23 DEUDA PUBLICA DE ORGANISMOS Y EMPRESAS 1 1974-1975

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III. LAS FINANZAS DEL GOBIERNO FEDERAL 1. Presupuesto Original Ejercido. A partir de la Cuenta Pública de 1972 se ha hecho notar cómo cada vez se acercan más las cifras presupuestadas a las ejercidas. Esto es consecuencia tanto del proceso de perfeccionamiento en las técnicas presupuestales, como en atención a las recomendaciones que se han hecho en el sentido de que el presupuesto original presentado a esta H. Cámara de Diputados para su aprobación, se ajuste cada vez más al realmente ejercido.

En 1975, en lo referente a los gastos directos del Gobierno Federal, incluyendo las transferencias y apoyos al resto del sector público, la variación entre el presupuesto ejercido y el original se redujo notablemente, ya que sólo fue de 4,804 millones de pesos que representaron el 2.6% del presupuesto ejercido sobre el original, no obstante que se registró un importante aumento en el ramo de Inversiones (7,362 millones de pesos, o sea 66.8% de aumento).

El otro ramo general que tradicionalmente registraba una diferencia considerable entre lo ejercido y lo presupuestado, que es el de erogaciones adicionales, solamente muestra una variación en 1975 de 3,246 millones de pesos (5.0% de más respecto a lo presupuestado originalmente). Otros ramos que registran variaciones entre lo ejercido y lo presupuestado fueron el de Educación Pública, Salubridad y Asistencia, Obras Públicas y Reforma Agraria.

En conjunto también hubo diferencias de más en los presupuestos de los Poderes Legislativo y Judicial, y en los ramos encargados de la Administración, Defensa y Marina. Variaciones de menos las tuvieron los ramos de Deuda Pública, Recursos Hidráulicos, Comunicaciones y Transportes, Agricultura y Ganadería; con la salvedad de que, con excepción del ramo de Deuda Pública, los sectores relacionados con los otros ramos recibieron apoyos importantes a través de los ramos generales, XXII y XXIII.

Las cifras que comparan las variaciones entre el presupuesto original y el ejercido, de acuerdo con la clasificación administrativa, se muestran en el cuadro respectivo para los años de 1974 y 1975. Se incluye el primero de estos años debido a que hubo una variación importante (19%) entre el presupuesto ejercido y el original.

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A continuación se presentan las diferencias más importantes entre el presupuesto original y el ejercido de 1974 y 1975.

CUADRO 25

DIFERENCIAS DE MAS RESPECTO AL PRESUPUESTO 1974 Y 1975

PRINCIPALES RENGLONES DEL GASTO

(Millones de pesos)

CONCEPTOS 1974 1975

Aportaciones y subsidios a organismos y

empresas sujetos a control presupuestal 10,597 10,724

Servicios Personales 3,987 5,544

Subsidios al Banco de Crédito Rural 5,166

Fomento Agrícola, Forestal y Ganadero 3,194 4,048

Otras Transferencias de Capital 2,253 2,491

Adquisición de Bienes para Fomento y

Conservación 812 946

Subsidios a los Bancos Agrícola y

Ejidal 1,168 914

Subsidios a Estados y Territorios 110 654

Compra de Bienes para Administración 648 540

Participaciones en Ingresos Federales 6,930 492

Intereses de la Deuda 2,316 85

Cabe mencionar que en 1975 la única variación importante fue el subsidio al Banco de Crédito Rural, en virtud de que fue creado en el transcurso de ese año y, por tanto, no existía para esta dependencia un presupuesto original.

Las demás diferencias no son cuantiosas, llamando la atención el hecho de que las participaciones en ingresos federales a las entidades federativas registraron una diferencia muy escasa, debido a que con la coordinación de todas las entidades federativas con el Gobierno Federal y los adelantos administrativos operados en éste, ya se estimaron con mayor precisión las participaciones.

La variación de 4048 millones de pesos registrada en el renglón de fomento agrícola y forestal, está integrada casi en su totalidad por el subsidio que se da a la Unión Nacional de Productores de Azúcar, compensada con el impuesto sobre el excedente en los precios netos de azúcar de la zafra de 1973-1974, o sea que se trata de un egreso virtual.

Si se observan comparativamente las aportaciones y subsidios a organismos y empresas por sectores y dependencias, en los años de 1974 y 1975, se tiene que solamente fueron más importantes, en este último año, los otorgados al Complejo Industrial Sahagún y a Siderúrgica Lázaro Cárdenas "Las Truchas", según puede verse a continuación en el cuadro 26.

CUADRO 26

APORTACIONES Y SUBSIDIOS A ORGANISMOS Y EMPRESAS POR SECTORES Y DEPENDENCIAS 1974-1975

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Se excluyen 9 504 millones de pesos, que aun cuando fueron inversiones financieras del Gobierno Federal, se incluyen en los gastos de los organismos y empresas a los que fueron transferidas (principalmente la Comisión Federal de Electricidad y, en menor grado, CONASUPO y Complejo Industrial Sahagún. (Véase Cuadro 15 y 38.)

2. Clasificación Funcional del Gasto del Gobierno Federal, 1974-1975.

Por considerarla de fácil comprensión, se utiliza la Clasificación Funcional para hacer un breve análisis de los gastos del Gobierno Federal, con la advertencia de que se trata de cifras brutas; o sea, que incluye egresos virtuales, que están compensados con impuestos u otro tipo de ingresos ordinarios, participaciones en impuestos federales al Distrito Federal, estados y municipios, y amortización de deuda pública.

De acuerdo con las cifras que se presentan en los cuadros siguientes, el gasto de 190 912 millones de pesos que correspondió ejercer al Gobierno Federal, en forma directa y a través de transferencias al resto del sector público, y aun al sector privado, se desglosó en 1975 en los siguientes grupos funcionales: Fomento Económico, 44.1% (84 197 millones de pesos); Inversión y Protección Sociales, 24.2% (46 243 millones de pesos); Ejército, Armada y Servicios Militares, 3.5% (6 739 millones de pesos); Administración General, 6.8% (12 847 millones de pesos); Ayuda y Participaciones a las Entidades Federativas, 9.0% (17 248 millones de pesos), y Deuda Pública, 12.4% (23 631 millones de pesos).

CUADRO 27

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO FEDERAL EJERCIDOS 1974-1975

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El grupo de Fomento Económico está integrado por los siguientes subgrupos: Comunicaciones y Transportes que representó en 1975 el 8.2% (15,519 millones de pesos) del gasto total del Gobierno Federal; Fomento y Conservación de Recursos Naturales Renovables, que participó con el 21.9% (41,795 millones de pesos), y Fomento, Promoción y Reglamentación Industrial y Comercial, con el 14.0% (26,883 millones de pesos).

El grupo de Inversión y Protección Sociales está integrado por los siguientes subgrupos, que registraron respectivamente, las siguientes magnitudes: Servicios Educativos y Culturales 15.5% del total (29,552 millones de pesos); Salubridad, Servicios Asistenciales y Hospitalarios 3.6% (6,851 millones de pesos) y Bienestar y Seguridad Social 5.1% (9,839 millones de pesos).

Como puede verse en el cuadro de referencia, individualmente en 1975 y también en 1974, fue el renglón de Servicios Educativos y Culturales el más importante, ya que si bien en el Estado correspondiente de la Cuenta Pública aparece el de Administración General con proporciones mayores en ambos años, en la clasificación que aquí se presenta se han sacado de ese grupo, para integrar uno diferente, las ayudas a estados y territorios y las participaciones de ingresos federales.

La importancia otorgada a la educación se intensificó en 1975 al registrarse un incremento de 50.8% (9,960 millones de pesos) en relación con 1974, correspondiendo el aumento mayor al rubro de Enseñanza Primaria, por la obligación constitucional que tiene el Estado de proporcionarla en forma gratuita. En tal virtud los gastos en enseñanza primaria vienen a ocupar el segundo lugar de todos los rubros en que se desglosan los diferentes grupos funcionales, después del renglón Fomento Agrícola que, incluyendo el de Riego, representó el 18.8% de los gastos totales en 1975 y el 15.8% en 1974. El rubro de participaciones de

ingresos federales no debe tomarse en cuenta para fines comparativos, con otros renglones, ya que la mayor parte corresponde al impuesto sobre ingresos mercantiles, que no es propiamente una participación a las entidades federativas de un impuesto federal, sino un gravamen también de jurisdicción legal recaudado en forma coordinada por el Gobierno Federal y las entidades federativas.

Lo mismo puede decirse del renglón de Apoyo a Empresas Comerciales e Industriales que siendo el 7.1% del total en 1975 (el 8.6% en 1974) supera el 5.3% de Enseñanza Primaria, debido a que aquél incluye una cantidad importante que corresponde a subsidios compensados con impuestos, o sea que se trata de egresos virtuales.

Otro rubro importante es el denominado Universidades, Escuelas e Institutos de Enseñanza Técnica Profesional y Cultural y el de Construcciones y Conservación de Edificios Escolares.

En lo que respecta el rubro que ocupa el primer lugar en importancia, o sea el de Fomento Agropecuario ("Fomento y Conservación de Recursos Renovables", según la clasificación funcional) al que debe sumársele además el de Riego, es muy explicable su preponderancia dentro del Gasto Total del Gobierno Federal, por el simple hecho de que todavía en 1975 el 37.9% de la población económicamente activa se dedicó a las actividades agropecuarias.

El grupo funcional que sigue en importancia al de Fomento Agropecuario, y al de Educación es el denominado "Fomento, Promoción y Reglamentación Industrial y Comercial" con un 14% de total de gastos del Gobierno Federal; en él destaca el apoyo a empresas industriales, que no obstante incluir, como ya se dijo, egresos virtuales, también contiene gastos efectivos que no son transferencias de capital al resto del sector público federal, principalmente al sector eléctrico.

Por otra parte, en el sector industrial predominan los gastos de los organismos descentralizados y empresas propiedad del Gobierno Federal.

En orden decreciente de importancia se tienen los siguientes grupos funcionales, con sus respectivas proporciones dentro del total de gastos: Comunicaciones y Transportes, 8.2%; Administración General, 6.8%; Bienestar y Seguridad Social, 5.1%; Salubridad, Servicios Asistenciales y Hospitalarios, 3.6%; y Ejército, Armada y Servicios Militares, 3.5%. Todos los renglones aumentaron en 1975 respecto a 1974, y algunos registraron variaciones en cuanto a su importancia dentro del gasto total del Gobierno Federal.

Debe tenerse en cuenta el carácter del renglón de deuda pública, ya que la amortización de capital no constituye propiamente un gasto efectivo de operación. Los intereses de la deuda representaron 7.1% del gasto total.

3. Ingresos Fiscales.

Los ingresos ordinarios del Gobierno Federal en 1975 fueron de 132,502 millones de pesos, superando en 38,370 millones a la recaudación lograda en 1974; este aumento, equivalente a un 40.8%, supera a los incrementos anuales obtenidos en los años anteriores. En general aumentaron todos los renglones, tanto los ingresos corrientes como los de capital, y dentro de los primeros tuvieron incrementos los tributarios y los no tributarios; estos últimos habían registrado un descenso en 1974 respecto a 1973.

El Impuesto Sobre la Renta continúa siendo el renglón más importante, ya que representó el 37.1% de los ingresos totales ordinarios y el 39.7% de los ingresos tributarios; en total este gravamen registró un incremento de 35.1% en 1975 respecto al año anterior, destacando el renglón de impuestos al ingreso derivado del trabajo con un aumento de 49.6%. El aumento procedente de las personas físicas que obtienen ingresos del trabajo se debió principalmente a la elevación de las tarifas de los artículos 75 y 86 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, decretada a fines de 1974.

También registraron aumentos de cierta importancia los impuestos a los ingresos derivados del capital, como resultado de las reformas que hicieron a la misma Ley, consistentes en la acumulación de todos los ingresos percibidos por los arrendadores y subarrendadores de inmuebles, aun tratándose de rentas de 1 a 700 pesos mensuales, que anteriormente no eran acumulables y no se les aplicaba, por tanto, la tarifa progresiva; asimismo, en la fijación de una tasa de 21% aplicable a los rendimientos de valores de renta fija y variable, cuando el tenedor de los títulos guarde el anonimato. Si el tenedor se identifica fiscalmente, la retención es del 15% y se obliga a la acumulación con un límite que impida que el gravamen exceda de la tasa de 21%.

Cabe destacar que el aumento relativo más importante se obtuvo en los impuestos sobre producción y comercio (68.5%), haciendo que su participación dentro de los ingresos totales fuera de 23.1% en 1975 frente a 19.3% en 1974.

En la elevada recaudación de 1975 influyó en forma preponderante la obtenida en los renglones de petróleo y sus derivados y en el de energía eléctrica.

CUADRO 28

INGRESOS ORDINARIOS DEL GOBIERNO FEDERAL 1974-1975

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El impuesto sobre Ingresos Mercantiles, en la parte que corresponde a la Federación, también tuvo un aumento de cierta consideración, así como los impuestos al comercio exterior, destacando el aumento del impuesto a la exportación, causada principalmente por las exportaciones de petróleo.

4. Resultado Presupuestal y Deuda Pública.

En 1975 los ingresos del Gobierno Federal fueron de 131,175 millones de pesos y los gastos corrientes de 112,986 millones, por lo que se obtuvo un ahorro en cuenta corriente de 18,189 millones de pesos (consúltese en cuadro 29).

CUADRO 29

GOBIERNO FEDERAL PRESUPUESTO ORIGINAL Y EJERCIDO 1975

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Los gastos de capital por su parte ascendieron a 68 015 millones de pesos, en tanto que los ingresos del mismo tipo fueron solamente de 1252 millones; por tanto, el déficit en cuenta de capital ascendió a 66 763 millones de pesos. Al restar el superávit en cuenta corriente del déficit en cuenta capital, se llega a un déficit financiero de 48 574 millones de pesos, superior en 14 060 millones al déficit de 1974, de 34 514 millones.

El déficit previsto originalmente para el Gobierno Federal fue de 33 487 millones de pesos, por lo que el déficit real fue superior en 15 087 millones (45.1%).

Como resultado, al término del ejercicio fiscal de 1975, la deuda pública del Gobierno Federal ascendió a 207 282 millones de pesos, 50 877 millones (32.5%) mayor que la cifra acumulada un año antes. Asimismo puede obtenerse que la deuda externa continúa perdiendo importancia relativa dentro de la deuda total acumulada, ya que en 1975 representó el 14.9%, frente a un 19.0% en el año anterior, según puede verse a continuación:

CUADRO 30

DEUDA PUBLICA DEL GOBIERNO FEDERAL A LARGO PLAZO 1974-1975

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Si se observa el período de 1971 a 1975, se tiene que en este último año es cuando ha sido mayor la proporción que representa la deuda interna de la total, llegando a ser el 85.1%, magnitud que no había alcanzado en años anteriores.

No obstante, en términos absolutos la deuda externa acumulada siguió aumentando en 1975, pasando de 12 619 millones de pesos en 1971 a 30 921 millones en 1975 (un incremento del 153% durante el período).

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Por otra parte, el incremento neto de la deuda del Gobierno Federal continúa descendiendo relativamente, toda vez que en 1975 aumentó en 28.4%, tasa inferior a las de 43.4% y de 67.1%, que se registraron respectivamente en los años de 1974 y 1973, según puede verse a continuación:

CUADRO 32

COLOCACIÓN DE EMPRÉSTITOS Y AMORTIZACIÓN GOBIERNO FEDERAL

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El aumento neto de la deuda en 1975, 51 133 millones, es elevada; por tanto se fortalece el imperativo de sustentar el ejercicio del gasto público, cada vez en mayor proporción, en la captación de ingresos internos mediante una tributación más justa y eficiente.

IV. LAS FINANZAS DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS PROPIEDAD DEL GOBIERNO FEDERAL

1. Análisis Consolidado

1.1 Aspectos Generales

Los organismos descentralizados y empresas estatales sujetos a control presupuestal realizan funciones con objetivos sociales y económicos fundamentales para asegurar la producción de bienes y servicios básicos para la economía y la adecuada prestación de servicios para asegurar el bienestar social de la población. Su finalidad es armonizar el crecimiento económico con el bienestar social y político del país. La producción de bienes y servicios del sector público se localiza fundamentalmente en el área industrial, de energéticos, petroquímica, siderurgia, fertilizantes; en el de la seguridad social, en el abastecimiento de subsistencias populares, forestal y de pesca y comunicaciones y transportes.

El sector paraestatal tiene una contribución creciente en el desarrollo económico del país: en su conjunto, aportó 11.5% al producto interno bruto en 1975, frente a 8.3% en 1970.

El sector de organismos y empresas es muy numeroso, pero no todo ellos están sujetos al control presupuestal debido a razones tanto de índole legal como operativo. Sin embargo, los 26 organismos y empresas más importantes, que representan más del 90% de las operaciones del conjunto, quedan bajo el control presupuestal y registran sus operaciones en la Tesorería de la Federación.

Las razones fundamentales que justifican la participación del Estado en la economía son:

a) Establecer los objetivos del desarrollo nacional y sentar las bases y mecanismos para lograrlos.

b) El establecimiento de una planta industrial básica y de servicio social indispensables, requiere inversiones cuantiosas y continuas, que no pueden quedar sujetas a móviles de lucro y a las posibilidades financieras de los particulares; que, por otra parte, dada su complejidad técnica, y de operación y en virtud de su dimensión económica, deben tener el apoyo, el aval y seguridad del Gobierno.

A continuación se hace un análisis de la situación de los organismos y empresas consignados en la Cuenta Pública, dentro de un enfoque sectorial con base en los datos del Presupuesto en Cuenta Doble. También se utilizan algunos datos contables proporcionados directamente por las empresas.

1.2 Ingresos y egresos de los organismos y empresas estatales

La operación consolidada de los organismos descentralizados y empresas propiedad del Gobierno Federal presenta un cuadro de gran dinamismo en cuanto a sus niveles de ingreso y gasto.

La contabilidad presupuestal fue diseñada básicamente para las dependencias y ramos administrativos del Gobierno Federal. En el caso de las empresas y organismos descentralizados, sujetos a condiciones coyunturales, aplicando controles efectivos al ejercicio de los recursos humanos, financieros y físicos. (Ver nota metodológica en la pág. 98)

Los ingresos en cuenta corriente se incrementaron a una tasa media anual del 25% y los de capital 19.3% entre 1970 y 1975;

en las cuentas señaladas. En términos absolutos los ingresos corrientes se incrementaron considerablemente, al pasar de 41 526 millones de pesos en 1970 a 126 863 millones en 1975. La misma tendencia sigue el total de ingresos propios.

Los recursos totales a disposición de los organismos y empresas -incluidos los financiamientos - ascendieron a 200 566 millones de pesos en 1975; fueron superiores en 20% a lo presupuestado y en 42.8% a lo ejercido en 1974.

Los egresos totales, sin incluir amortizaciones, ascendieron a 175 213 millones de pesos en 1975; 119 278, y 55 935 millones en cuenta corriente y de capital, respectivamente. Esto equivale a un aumento de 28.6% en cuenta corriente y del 86.1% en los gastos de capital; estos últimos crecieron a un ritmo sin precedentes, como consecuencia de la situación inflacionaria y del aumento de los precios de los bienes de inversión que el país aún no produce. Sin embargo, aun expresado en términos reales, el aumento en el gasto de inversión fue del 53%.

En 1975 el gasto global de 200 234 millones de pesos -incluyendo amortización de deuda - fue superior en 42.3% al realizado en 1974, que fue de 140 688 millones de pesos. Los aumentos más significativos se registraron en Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, Instituto Mexicano del Seguro Social, CONASUPO, Compañía de Luz y Fuerza del Centro, ISSSTE, Siderúrgica Lázaro Cárdenas "Las Truchas", Diesel Nacional, Ferrocarriles Nacionales de México y Productos Pesqueros Mexicanos.

De las cifras comentadas resulta que el ahorro en cuenta corriente fue de 7 585 millones de pesos; con esto se logró financiar 13.4% de los gastos de capital en conjunto. Por tanto, el déficit en cuenta de capital fue de 48 862 millones de pesos. Considerando el ahorro, el déficit financiero fue de 41 277 millones de pesos.

De esta manera, la contratación de empréstitos por el grupo de organismos y empresas ascendió a 66 630 millones de pesos en 1975. En el mismo año se amortizaron 25 021 millones, resultando un incremento neto de la deuda de 41 609 millones de pesos; de ellos, 21 208 millones fueron de endeudamiento interno y 20 401 millones del externo.

El saldo de la deuda de organismos y empresas al 31 de diciembre de 1975 fue de 109 433 millones de pesos.

El endeudamiento neto del año, se destinó prioritariamente a sectores estratégicos para el desarrollo económico, como son el eléctrico (39.9%), Petróleos Mexicanos (31.9%), a la primera de las cuatro etapas programadas del polo industrial de desarrollo Siderúrgica Lázaro Cárdenas "Las Truchas" (8.9 %); a CONASUPO 10%, para coadyuvar al cumplimiento de sus funciones de reguladora y abastecedora del mercado interno, 7.6% al sector ferrocarriles, para sus planes de modernización de la red básica y renovación simultánea del sistema de telecomunicaciones.

NOTA METODOLÓGICA SOBRE LA CONTABILIDAD PRESUPUESTAL Y CONTABLE

Para el análisis del sector paraestatal, se utilizó fundamentalmente la contabilidad presupuestal de ingresos y egresos en cuenta doble, por ser la que refleja en forma más asequible el nivel de operaciones y de inversión pública que realizaron los organismos y empresas sujetos al control presupuestal, y además para hacerla comparable y susceptible de consolidar con las operaciones del Gobierno Federal. Los estados presupuestales registran los movimientos de fondos de los organismos y empresas que se enteran y retiran a través de la Tesorería de la Federación. Se agrupan según las partidas del presupuesto de Egresos y las fracciones de la Ley de Ingresos, y se clasifican económica y funcionalmente como todas las operaciones presupuestales.

Cuando fue necesario se complementó la información de los estados presupuestales, con la de los estados contables (de balance y de resultados) reportados por los propios organismos y empresas y también consignados en la cuenta pública.

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CUADRO 34

SECTOR PUBLICO FEDERAL INGRESOS Y EGRESOS EN CUENTA DOBLE 1975

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1.3 Presupuesto original y ejercido

1.3.1 Ingresos

En 1975 se logró superar en 25% el presupuesto de ingresos de los organismos y empresas estatales, que era de 160 551 millones de pesos.

Los ingresos propios en 1975 (133 936 millones de pesos) registraron un incremento de 24.7% en relación a 1974. Respecto a los presupuestado para 1975 fueron 4% mayores.

Los ingresos corrientes tuvieron una variación de 3 861 millones de pesos (3%, sobre la estimación), habiendo ascendido a 126 863 millones de pesos; las ventas de bienes y servicios significaron un ingreso de 92-195 millones de pesos, ligeramente superior a lo presupuestado, registrando también aumentos los ingresos por cuenta de terceros y los diversos. Los ingresos de capital, poco significativos en el total, alcanzaron un nivel 35% superior a lo presupuestado.

Las variaciones importantes se presentaron en el renglón de financiamiento que, en proporciones iguales para los internos y externos, significaron un ingreso de 66 630 millones de pesos. Es el sector industrial el que incrementó considerablemente los financiamientos, los cuales ascendieron a 44 409 millones de pesos, correspondiendo 21 296 a la Comisión Federal de Electricidad, 17 027 millones de pesos a Petróleos Mexicanos, 3 336 a SICARTSA y 2 720 al Grupo Sahagún.

Los rubros de ingresos propios que tienen variaciones de importancia y que ameritan comentarios son:

En el sistema eléctrico, el aumento en relación de lo presupuestado en 1975, se origina principalmente por recuperaciones de préstamos otorgados por la Comisión Federal de Electricidad a sus empleados, para la adquisición de viviendas y a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, S.A.

En el sistema ferroviario se registró un incremento del 17% entre los ingresos propios estimados y los obtenidos en 1975, ocasionado por el aumento tarifado en fletes y en tonelaje transportado.

En CONASUPO los ingresos por ventas fueron inferiores en 2 082 millones en relación a lo presupuestado.

Productos Pesqueros Mexicanos refleja un alza ocasionada por la mayor venta de camarón y por la recuperación del precio del mismo producto en el mercado norteamericano en el segundo semestre del año, así como reintegros por préstamos a cooperativas pesqueras.

En el sector seguridad social y vivienda, los ingresos se incrementaron por la incorporación de mayores núcleos de población y por recuperación de préstamos a corto plazo.

En el Combinado Industrial Sahagún, la variación se debe a la mayor producción y venta de unidades, alza en los precios de venta en la línea ferroviaria y automotriz, e introducción de nuevas líneas de venta.

Los mayores financiamientos obtenidos por Petróleos Mexicanos obedecieron, entre otras causas, a la necesidad de ampliar las exploraciones para localizar nuevos mantos petroleros, desarrollar los ya existentes, incrementar la planta industrial y las obras en proceso.

En el sistema eléctrico la diferencia fue motivada por la urgencia de elevar la capacidad de producción de energía para proseguir los programas de electrificación integral del país.

El aumento en CONASUPO se debió al incremento en las compras de alimentos básicos para fortalecer sus inventarios.

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1.3.2 Egresos

Los organismos decentralizados y empresas públicas, ejercieron en 1975 un egreso total de 200 234 millones de pesos (gasto corriente, de inversión y amortización de deuda), 24.7% por encima de lo presupuestado. La diferencia obedece a los sensibles incrementos en los gastos de operación y capital ocurridos en 1975. Tales incrementos se originan en los aumentos de sueldos, salarios y prestaciones, así como el alza considerable del precio de importados; en el mayor volumen y costo de los insumos intermedios y bienes de capital los créditos a corto plazo. Por otra parte, la contención antiinflacionario que se aplica a los precios de los bienes y servicios producidos por las empresas del Estado, frente a elevaciones continuas de sus costos tiende a disminuir su superávit o aumentar su déficit.

Igual que en 1974, los aumentos más significativos se registraron primordialmente en los sectores estratégicos de la economía (energéticos, transporte ferroviario, manufacturas, alimentos básicos) y en los servicios de seguridad social.

Así, de las erogaciones totales de los organismos y empresas en 1975, el 27.1% correspondió a Petróleos Mexicanos, 19.8% a la Comisión Federal de Electricidad y a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, S. A.; 17.9% al IMSS e ISSSTE, 9.3% a la CONASUPO; 5.0% a Ferrocarriles Nacionales de México; 4.3% al Complejo Industrial de Ciudad Sahagún (Diesel Nacional, Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril y Siderúrgica Nacional, S. A., y demás empresas menores del Complejo); 3.4% a Guanos y Fertilizantes; 2.6% a la Lotería Nacional; 2.6% a Productos Pesqueros Mexicanos, S. A. de C. V., y 2.0% a SICARTSA.

1.4 Resultado del Ejercicio Presupuestal, Déficit, Endeudamiento, Aportaciones, Subsidios e Impuestos*

En lo relativo a la cuenta corriente, el aumento de los ingresos inferior al de los gastos, resultó en un volumen de ahorros menor a lo presupuestado.

En lo que atañe a la cuenta de capital los gastos sobrepasaron 29.5% al presupuesto. De esta manera, el déficit financiero previsto originalmente en 17 123 millones de pesos se incrementó a 41 277 millones. Tal déficit obligó a un aumento similar en el endeudamiento neto, que llegó a ser de 41 609 millones de pesos, repartidos por igual entre la deuda interna y externa (Véanse cuadros 37 y 39.)

El endeudamiento neto global se explica, como se ha señalado repetidamente, por la necesidad imperiosa de expandir las operaciones de las empresas y organismos a fin de estimular la producción de los sectores básicos de la economía.

El monto del endeudamiento externo de los organismos y empresas se explica en virtud de la insuficiencia de los ingresos corrientes y de capital derivados de sus operaciones normales. Además su expansión siempre ha requerido de un alto contenido de importaciones (bienes de capital e insumos intermedios) que, ante la insuficiencia de nuestro sistema para generar el volumen, requerido de divisas, vía la exportación de bienes y servicios, hizo necesario acudir al crédito externo para cubrir tales necesidades.

El monto de las transferencias del Gobierno Federal a los organismos descentralizados y empresas estatales, en 1975 ascendieron en términos netos a 29,218 millones de pesos. Al observar individualmente las empresas y organismos, destacan las transferencias recibidas por la Comisión Federal de Electricidad, CONASUPO, los institutos de seguridad social y el sector ferrocarrilero.

PEMEX, por su parte, paga 8,598 millones de impuestos y sólo recibe transferencias de 3,162; resulta así aportando a los fondos del Gobierno Federal, 5,436 millones de pesos.

Se ha constatado que, por razones de manejo contable, existen discrepancias entre los resultados que presentan las contabilidades individuales de las empresas y organismos del Estado y el consolidado que registra la Cuenta Pública, si bien el análisis detallado permite afirmar

* Datos de la Cuenta Pública.

C U A D R O 36

EGRESOS DE

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS PROPIEDAD DEL GOBIERNO FEDERAL

PRESUPUESTO ORIGINAL Y EJERCIDO 1975

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C U A D R O 37

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS PROPIEDAD DEL

GOBIERNO FEDERAL RESULTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

(PRESUPUESTO ORIGINAL Y EJERCIDO)

1975

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con certeza que no hay diferencias de fondo entre ambos tipos de estados contables.

El análisis que en adelante se realiza incluye los resultados presupuestales de Cuenta Pública, debidamente fundados con elementos obtenidos de los registros contables de cada empresa en lo individual. (Ver nota metodológica en la página 41.)

C U A D R O 38

TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL A ORGANISMOS Y EMPRESAS

1975

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C U A D R O 39

ENDEUDAMIENTO NETO ANUAL DE ORGANISMOS Y EMPRESAS

1974-1975

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1.5. Análisis Funcional del Gasto

En la presentación funcional del Presupuesto de Organismos y Empresas el rubro mayor fue el de Fomento Económico el cual se ejerció por la cantidad de 129,190 millones de pesos, 64.5% del total del presupuesto ejercido en 1975. Dentro de este mismo agregado, el renglón de Fomento, Promoción y Reglamentación Industrial y Comercial absorbió el 45.2% del gasto total, con un monto global en números absolutos de 90,515 millones de pesos. Asimismo, se aplicó el 11.1% y 8.2% a fomento y conservación de recursos naturales renovables y, a comunicaciones y transportes, respectivamente.

Correspondió el 19.7% del total del ejercicio a la inversión y protección sociales, equivalente, a 39,366 millones de pesos, los cuales se distribuyeron de la siguiente forma: 34,048 millones de pesos (17.0%) correspondientes a Bienestar y Seguridad Social, y 5,318 millones (2.7%) a Salubridad, Servicios Asistenciales y Hospitalarios.

La amortización de la deuda interna y externa fue para 1975 de 31,678 millones de pesos, equivalente al 15.8% del total del ejercicio, correspondiéndole a la deuda pública exterior 16,382 millones (8.2%), y 15,296 millones a la deuda pública interior (7.6%).

Las diferencias absolutas de mayor cuantía entre el presupuesto original y el ejercido se localizan en primer término en fomento, promoción y reglamentación industrial y comercial, habiéndose incrementado en 22,000 millones, 32.1% superior a la cantidad originalmente asignada.

En segundo lugar, aparece la colocación de deuda, la cual aumentó en 10,694 millones de pesos, 51.0% por arriba del presupuesto original.

El renglón de bienestar y seguridad social experimentó un aumento sobre el presupuesto de 3,099 millones (10.0%).

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2. Análisis Sectorial.

2.1 Sector agropecuario.

La necesidad de actuar eficientemente en el sector agropecuario hace imperativo que la acción del Estado, a través de los organismos y empresas públicas, coordine cada vez más sus actividades. A estos fines , se hizo necesario desarrollar los instrumentos que harían viables y congruentes las tareas de planeación y programación no sólo con el comportamiento real del sector, sino congruentes con la política económica del estado a nivel global.

A partir de 1973, en que se incorporan al control presupuestario el Instituto Mexicano del Café, Productos Pesqueros Mexicanos y Forestal Vicente Guerrero, este sector presenta un gran dinamismo.

Contabilidad Presupuestal.

La naturaleza de las actividades que desarrolla este sector, implica un déficit en cuenta corriente y en cuenta de capital, que llegó a 2,679 y 1,417 millones de pesos, respectivamente, en 1975. Esta característica secular en un sector dedicado a garantizar el abastecimiento alimenticio a precios populares, y la contingencia de condiciones climáticas desfavorables ha obligado a la contratación de créditos en montos importantes. La amortización de la deuda en 1975 fue de 10,666 millones de pesos. Los dos factores mencionados han hecho necesaria una colocación de deuda de 15,321 millones de pesos en ese año.

El ingreso total de este sector registra aumentos considerables, llegando a 34,513 millones de pesos en 1975, año en que ya se reflejan las cifras de las entidades incorporadas al control presupuestario.

Más del 50% del total de los ingresos del sector está representado por el correspondiente a CONASUPO, cuyas operaciones están orientadas a la protección del consumo popular, especialmente deteriorado por la coyuntura económica. Dicho ingreso registró un aumento con origen en el financiamiento, de 8,106 millones de pesos en 1975. Sus ingresos propios se incrementaron en 12.1% para alcanzar un total de 10,731 millones de pesos en ese año.

El gasto total con cargo a recursos propios de los organismos y empresas estatales correspondientes a este sector llegó a 23,288 millones de pesos en 1975, lo que implica 31.2% de aumento sobre el año anterior.

COMPAÑÍA NACIONAL DE SUBSISTENCIAS POPULARES

Las funciones de la CONASUPO, responden a la necesidad eminentemente social de contribuir al desarrollo de las actividades agrícolas mediante el pago de adecuados precios de garantía para los productos de primera necesidad. En el período se modifica entre otros, el del maíz, que de 940 pesos por tonelada en 1970 se elevó a 1,900 pesos en 1975; el frijol pasó de 1,750 a 5,000 pesos por tonelada en tanto que la soya, arroz y ajonjolí se incrementaron por tonelada en 169,173 y 140%, respectivamente .

Para poder abastecer a la población de los productos básicos para su alimentación, CONASUPO amplió su red de centros distribuidores en 910 unidades a través de un nuevo sistema de bodegas rurales, bodegas de ANDSA y bodegas temporales.

Los 1,200 expendios de venta al menudeo con precios populares existentes en 1971, se aumentaron a 6,000 hacia 1975, siendo en su mayoría rurales y de propiedad de ejidatarios, sus operaciones benefician aproximadamente a 3,800 comunidades en el país.

Durante 1971-1975, CONASUPO realizó compras de 22.5 millones de toneladas con un importe de 41,529 millones de pesos. De estas, las más importantes corresponden a maíz, 36%. con 10.5 millones de toneladas y a trigo, 6.7 millones de toneladas que representan el 20%. Lo anterior ha favorecido un aumento de los inventarios, con lo que prevé el abastecimiento suficiente de alimentos para atender las necesidades básicas de la población.

Por lo que se refiere a las ventas alcanzaron la cifra de 33,427 millones de pesos con un total de 20.6 millones de toneladas principalmente de maíz y trigo, que representan el 39% y el 25% del total respectivamente.

En 1975 CONASUPO contribuyó a la oferta nacional con un volumen total de compra de 6.3 millones de toneladas. La oferta nacional fue deficitaria básicamente en maíz, requiriendo importaciones por 4.0 millones de toneladas. El grueso de las compras de CONASUPO (92%) se concentró en granos básicos (5.8 millones de toneladas) y en menor proporción (0.5 millones de toneladas) en grasas y aceites.

CONASUPO intervino en la comercialización de los siguientes productos en relación a la producción total del país: arroz 12%, frijol 55%, maíz 28%, sorgo 20%, trigo 100%, cártamo 87%, frijol soya 23%.

Los ingresos totales de esta entidad ascendieron a 18,837 millones en 1975 frente a 12,292 millones logrados en 1974. La cifra absoluta para 1975 significó un incremento del 53% con respecto al año anterior. Del total de ingresos el 56% corresponde a ingresos corrientes, 1% lo constituyen ingresos de capital y 43% a financiamientos. Dichos porcentajes fueron en 1974 de 76%, 2% y 22% para ingresos corrientes de capital y financiamiento, en su orden. Cada una de estas partidas experimentó en 1975 un incremento de 12%, 32% y 197%, respectivamente, con relación al año anterior.

El crecimiento medio anual experimentado por los ingresos totales para el período 1970-75 fue de 39%.

Por lo que toca al gasto, el total ejercido en 1975 fue de 18,761 millones de pesos que representan una diferencia del 15% del monto presupuestado.

El gasto total queda integrado por gasto corriente (70%), gasto en cuenta de capital (5%) y amortización de la deuda (28%).

De los datos de la cuenta de ingresos - egreso que se han señalado, en 1975 CONASUPO refleja un déficit financiero de 3,351 millones de pesos (2,665 en cuenta corriente y 686 en cuenta de capital); para cubrirlos, se contrajo una deuda neta de 3,427 millones de pesos, aumentando en 76 millones de pesos las disponibilidades de efectivo.

En 1975 la producción industrializada alcanzó un valor de 1,475 millones incrementada en 132% respecto a la producción de 1974, que fue de 633 millones de pesos y 6.3 veces mayor al de 1970. De esta producción industrializada el renglón más importante lo representó Industrias CONASUPO (INCONSA) cuya cifra de producción de 587 millones de pesos (40% total de productos industriales CONASUPO) significó un punto de arranque del complejo industrial adquirido para CONASUPO por el Gobierno Federal de lo que fuera Empresa Longoria, S.A. para cuya evaluación posterior deberá considerarse que los programas de producción en 1976 significan una triplicación de volúmenes. Por lo que hace a Leche Industrializada CONASUPO (LICONSA) el valor de la producción fue de 528 millones de pesos (36% de la producción industrial CONASUPO); registró un volumen 4.8 veces mayor al de 1971 y 40% mayor al de 1974. El déficit nacional explica la importación de 30,000 toneladas de leche en polvo.

Por otra parte CONASUPO ha venido sosteniendo un programa de apoyo y fomento a nuevas cuencas lecheras que implica, entre otras acciones, la captación de grandes volúmenes de leche fluida y un programa de compra de leche en polvo al precio de garantía de 30 pesos kilogramo.

MINSA incrementó su producción a 308 millones en 1975 de 216.5 millones de pesos en 1974 y de 114.5 millones de pesos en 1970. En TRICONSA se quintuplicó la producción de 1970 pasando de 9.6 millones a 51.2 millones de pesos en 1975, superior en un 35% a la de 1974.

La reforma administrativa de CONASUPO se orientó principalmente a transformar a fondo las estructuras de la Compañía para adaptarlas a las nuevas orientaciones de políticas y ajustarlas a las necesidades de los sectores populares.

Esta transformación comprendió básicamente un conjunto de actividades de programación, proyectadas a ampliar y profundizar los estudios sobre el marco de acción de la Compañía, someter sus operaciones a la cuantificación previa de resultados, para evaluar sistemáticamente la jerarquización de los objetivos y metas perseguidos y el volumen de recursos que deben destinarse a su cumplimiento, así como de dotar a la Institución de las medidas y sistemas administrativos más adecuados al cumplimiento de sus objetivos y programas.

CUADRO 41

COMPAÑÍA NACIONAL DE SUBSISTENCIAS POPULARES INGRESOS Y EGRESOS

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GUANOS Y FERTILIZANTES DE MÉXICO, S.A.

GUANOMEX es actualmente la más importante productora de fertilizantes en el mercado nacional, abasteciéndole en 82.1%. Para su operación dispone de 11 unidades productoras de fertilizantes nitrogenados, fosfóricos y potásicos, así como insecticidas y otros plaguicidas. Sus principales objetivos son coadyuvar al desarrollo y la modernización del sector agropecuario e incrementar la producción y productividad del mismo mediante el abastecimiento oportuno, y una política regular de precios para el mercado de fertilizantes, complementados con el desarrollo de una amplia investigación científica y asistencia técnica.

En 1975 se fertilizaron 8.6 millones de hectáreas, 63% de la superficie de labor fertilizase. En términos generales se considera que no existió déficit de fertilizantes en 1975.

En 1970 se tuvo una demanda real estimada de 1.3 millones de toneladas y una demanda potencial de 2.2. Para 1980 se tiene estimada una demanda real de 3.9 millones de toneladas y una demanda potencial de 4.7 millones de toneladas.

El total de productos elaborados por Guanos y Fertilizantes de México fue en 1975 de 2.8 millones de toneladas contra 2.6 millones en 1974, o sea, 7.6% de aumento. Dicha producción significó, respecto a la producción total nacional de fertilizantes en el año de 1975 el 82.1%.

Los ingresos propios de esta entidad ascendieron a 4,189 millones de pesos en 1975 frente a 2,613 millones de pesos en 1974, o sea un incremento de 20%. Además se obtuvieron financiamientos por 3,079 millones de pesos. Los recursos disponibles de la empresa se elevaron a 7,268 millones, 55% de aumento con respecto al año anterior. Del total de ingresos, 57% corresponde a ingresos corrientes, 1% para ingresos de capital y 42% para financiamiento, en su orden. Cada una de estas partidas experimentó en 1975 un incremento de 61% y 49%, respectivamente, con relación al año anterior.

El crecimiento medio anual experimentado por los ingresos totales para el período 1970-1975 fue de 37%.

Por lo que toca a gastos, el total ejercido en 1975 fue de 6,994 millones de pesos que representa una diferencia de 11% sobre el monto presupuestado.

El renglón de gastos total queda integrado por gasto corriente (59%), gasto en cuenta de capital (6%) y amortización de la deuda (35%).

El déficit financiero de Guanos y Fertilizantes para 1975 llegó a 333 millones de pesos, como consecuencia de un nivel de gasto de 4,522 millones de pesos, superior a los 4,189 millones de pesos de ingresos propios.

Aunque el ahorro en cuenta corriente llegó a 84 millones de pesos, los gastos de inversión determinaron un déficit de capital de 417 millones de pesos.

Para cubrir el déficit y aumentar las disponibilidades de efectivo en 274 millones de pesos, se incrementó la deuda en términos netos en 607 millones de pesos.

México cuenta con las suficientes reservas de insumos básicos para la producción de fertilizantes, que garantizan el consumo en los próximos 40 años; tales reservas, además del azufre, comprenden yacimientos de roca fosfórica y de sales de potasio.

Se ha fijado como objetivo para la industria lograr el autoabastecimiento y hacer que la producción estatal de los fertilizantes se refleje crecientemente en beneficios sociales al sector campesino. La solución será un programa amplio de inversiones en la industria que permita cubrir la demanda real y potencial, programa que se estima quedará configurado para 1977.

El Gobierno Federal ha emprendido un programa de expansión industrial en GUANOMEX, con inversiones por 4,000 millones de pesos, que terminará en 1978. Este programa comprende nuevas plantas productoras, la rehabilitación y ampliación de las existentes, a fin de satisfacer las necesidades del país en 1977, y tener la capacidad de exportar fertilizantes en 1978. Las metas del programa son incrementar la producción de fertilizantes nitrogenados en 1,895.0 miles de toneladas métricas anuales y de fertilizantes fosfatados por 765.0 miles de toneladas métricas anuales.

CUADRO 42

GUANOS Y FERTILIZANTES DE MÉXICO, S.A.

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PRODUCTOS FORESTALES MEXICANOS

Su objetivo social consiste en organizar y planear el racional e integral aprovechamiento de los recursos forestales en el noroeste de Durango, promover obras de infraestructura, coadyuvar al mejoramiento del nivel de vida e impulsar la industrialización de productos forestales.

Para llevar a cabo su actividad, le fueron asignadas 2.5 millones de hectáreas al organismo que contienen aproximadamente 141 millones de metros³ de madera y que pueden generar 1.5 millones de metros³ de madera al año.

En su estado de ingresos y egresos para el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 1975, la empresa reporta 54.0 millones de pesos en costos de ventas, que representan el 93.1% de los ingresos propios que ascendieron a 58 millones de pesos. Esta cifra significa un aumento de 32% con relación a 1974.

El monto total de los ingresos quedó constituido durante 1975 por ingresos corrientes en un 100%; lo mismo aconteció en 1974. Por otra parte, el crecimiento medio anual de este rubro fue de 125% durante los años 1970-1975.

Por lo que toca a gastos, el total ejercido en 1975, fue de 54 millones de pesos que representa una diferencia de 76% del monto presupuestado y una variación porcentual de 13% con relación a lo ejercido en 1974. El total lo constituyeron gastos corrientes.

Dado que esta empresa no tiene movimiento de capital, el análisis de su estado de ingresos y egresos se reduce al movimiento en cuenta corriente, que ante ingresos de 58 millones de pesos y egresos de 54 implicó un superávit de 4 millones de pesos.

En cuanto a perspectivas de desarrollo, el organismo tiene proyectado a corto plazo la creación de un aserradero con capacidad de aserrío de 135 mil pies - tabla al día; a mediano y largo plazo las instalaciones de un conjunto industrial en el cual participarán coordinadamente ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios, con la intervención de industriales y del Estado. Dicho proyecto comprende una fábrica con capacidad para producir 200 mil toneladas de papel kraft.

Por otra parte, se continúa el programa de construcción de las instalaciones de Celulósicos Centauro, S.A. DE C. V., empresa de participación estatal minoritaria que se dedicará a la fabricación de papel a base de celulosa de madera.

Productos Forestales Mexicanos logró en el período 1971-1975 las siguientes realizaciones: el volumen real extraído de madera ascendió a 366 millones de metros³ y ha contribuido al mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes del Estado de Durango a través de la prestación de servicios de tipo educativo, médico y asistencial. En materia de caminos, ramales y brechas, se construyeron 859 kilómetros que han beneficiado a las poblaciones que anteriormente se encontraban aisladas de la actividad económica del Estado. El conjunto de sus actividades implicó la erogación de 55 millones de pesos, cifra muy inferior a la presupuestada de 226 millones de pesos debido a las dificultades de explotación.

CUADRO 43

PRODUCTO FORESTALES MEXICANOS

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FORESTAL VICENTE GUERRERO

El proyecto forestal "Vicente Guerrero" se inició en el año de 1972, con una inversión de 1 200 millones de pesos, constituyendo el primer paso para incorporar al desarrollo de extensiones boscosas por medio del establecimiento de una industria forestal integrada.

El aprovechamiento de los recursos forestales tuvo un incremento en el período 1970-1975 de 1 000 millones de metros cúbicos aproximadamente. El valor de estos productos pasó de 1 356 millones a 3 575 millones de pesos.

Así, el nivel de extracción de la Forestal "Vicente Guerrero" en 1975 fue de 107 959 metros cúbicos de madera en rollo, lo que representó un incremento del 48.5% respecto al volumen extraído el año anterior.

Este hecho pone de manifiesto el esfuerzo por aprovechar los recursos forestales, cuya explotación fue autorizada por la Secretaría de Agricultura y Ganadería por conducto de la Subsecretaría Forestal y de la Fauna, previa opinión de la Comisión Forestal del Estado de Guerrero.

Los ingresos totales de esta entidad ascendieron a 111 millones de pesos en 1975 frente a 115 millones de pesos en 1974, lo cual significó un decremento del 3%. Del total de ingresos el 72% corresponde a ingresos corrientes, 13% la constituyen ingresos de capital y 15% financiamientos. En 1974 dichos porcentajes fueron de 15 %, 15% y 70% para ingresos corrientes, de capital y deuda, en su orden. Cada una de estas experimentó en 1975 una variación de 371% -18%, y -79% respectivamente, con relación al año anterior.

El crecimiento medio anual experimentado por los ingresos totales para el período 1973-1975 fue de 99%.

Por lo que toca a gastos, el total ejercido en 1975 fue de 108 millones de pesos que representa una diferencia de -11% del monto presupuestado y una variación porcentual de -9% con relación a lo ejercido en 1974.

El renglón de gasto total queda integrado por gasto corriente 66%, y gasto en cuenta de capital 34%.

El déficit financiero de la Forestal Vicente Guerrero fue de 14 millones de pesos, dado un ahorro en cuenta corriente de 9 millones y un déficit de capital de 23 millones de pesos. El incremento neto de la deuda (20 millones de pesos) permitió absorberlo y aumentar las disponibilidades de efectivo en 6 millones de pesos.

La finalidad de coadyuvar a través de sus objetivos sociales al mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de las zonas forestales hace destacar los siguientes puntos:

- Captar y dar ocupación en las tareas de explotación de los bosques preferentemente a los ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios y poseedores de los predios comprendidos en las zonas forestales.

- Celebrar contratos o convenios procedentes, conforme a las leyes aplicables, con los ejidos, comunidades, propietarios y poseedores de los bosques, para adquirir los árboles en pie o los productos maderables.

- Industrializar o contratar el aprovechamiento de materias primas con otras industrias conforme a las disposiciones del decreto que la creó.

El organismo tiene planeado ampliar los niveles de extracción de madera en trozo, con lo cual se incrementará el volumen de madera aserrada. En el ejercicio de 1975 se aserraron 7.6 millones de pies - tabla.

CUADRO 44

FORESTAL VICENTE GUERRERO

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PRODUCTOS PESQUEROS MEXICANOS

Esta empresa tiene una relevancia especial por explotar una actividad económica de gran futuro para el país y que constituye una fuente de recursos para la alimentación de la población. En 1975 realizó programas de inversión para la rehabilitación de la flota pesquera y de las plantas Industrializadora, por 499 y 291 millones, respectivamente.

La producción de congelados aumentó de 12,049 toneladas en 1970, a 15,301 toneladas en 1975. En productos enlatados incrementó su producción de 86 a 139 millones de latas en el mismo período.

Los ingresos totales de la empresa sumaron 5,265 millones de pesos en 1975 frente a 4,565 millones de pesos logrados en 1974. La cifra absoluta para 1975 significó un incremento del 15% con respecto al año anterior. De los ingresos totales, 49% corresponde a ingresos corrientes. 6% lo constituyen ingresos de capital y 45% financiamiento. Dichos porcentajes fueron en 1974 de 39%, 9% y 52% para ingresos corrientes, de capital y financiamiento, en su orden. Cada una de estas partidas experimentó en 1975 una variación de 44%, -17% y 1%, respectivamente, con relación al año anterior.

El crecimiento medio anual experimentado por los ingresos totales para el período 1973-75 fue de 30%.

Por lo que toca a gastos, el total ejercido en 1975 fue de 5,200 millones de pesos que representa una diferencia de 17% del monto presupuestado, y una variación porcentual de 15% con relación a lo ejercido en 1974.

El renglón de gasto total queda integrado por gasto corriente (47.7%), gastos en cuanta de capital (8.3%) y, amortización de la deuda (44%).

Habiendo ascendido los ingresos propios a 2,895 millones de pesos (2,560 corrientes y 335 de capital) y los egresos totales, sin incluir amortización, a 2,905 millones de pesos (2,483 en cuenta corriente y 422 en la de capital), para financiar el déficit financiero de 10 millones de pesos y aumentar la disponibilidad de efectivo en 65 millones de pesos, se acudió a un endeudamiento neto de 75 millones de pesos.

En 1975 esta empresa absorbió 138,392 toneladas de pescado, que representa el 30.7% de la captura nacional. Su producción de congelados ascendió a 15,301 toneladas, 3.4% más que en 1971, en tanto que la producción de enlatados fue de 139 millones de latas; en lo que se refiere a productos secos - salados, frescos y otros, en 1975 se alcanzó la cantidad de 22,905 toneladas, superior en 87.3%.

El personal ocupado en 1975 en su casa matriz y 21 filiales fue de 6,614 personas, integrado por 1,838 empleados de confianza y 4,776 obreros. En 1971, al constituirse P. P. M. la entidad contaba con cinco profesionistas, actualmente cuenta con 184.

La política de precios que se ha seguido consiste en la fijación de precios estables, procurando que sean menores a los prevalecientes en el mercado, contando con almacenes para hacer frente a demandas extraordinarias. En materia de distribución de productos de exportación se adopta la política de retención racional de inventarios, con el propósito de realizarlos cuando las condiciones del mercado sean más favorables.

El programa integrado de Desarrollo Pesquero México - BID contempla las inversiones necesarias en embarcaciones y en el de centros de distribución, para procurar el fortalecimiento de la infraestructura básica de la empresa con el propósito de incrementar la producción y la productividad del sector pesquero del país.

El monto total de financiamiento concentrado por la empresa ascendió a 2,370 millones de pesos, de los cuales el 66.5% (1,575 millones) provienen del exterior.

De los recursos externos se destinaron 1,453 millones de pesos a la explotación de camarón y 122.0 millones de inversiones. Los restantes 795 millones constituyen el financiamiento interno de diferentes bancos y del Gobierno y representan el 33.5% del financiamiento total.

La participación de Productos Pesqueros Mexicanos en la pesca nacional alcanzó un 35%. Por lo que corresponde a la red de distribución propia, en 1975 se operó un total de 52 centros distribuidores contra 13 en 1971. La capacidad de almacenamiento para distribución y venta de productos congelados se multiplicó por 10, pasado de 380 toneladas en 1971 a 3,800 que se tienen en 1975; por otra parte, se utilizan canales de distribución ajenos.

CUADRO 45

PRODUCTOS PESQUEROS MEXICANOS

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INSTITUTO MEXICANO DEL CAFÉ

A través del Instituto Mexicano del Café se ha impulsado al consumidor de este producto tanto en el mercado nacional como en el mundial, beneficiando a más de dos millones de mexicanos que viven de esa actividad. La Institución ha organizado al cafeticultor en unidades económicas de producción y comercialización, que agrupan a más de 80 mil productores en una superficie superior a la de 300 mil hectáreas.

Sus principales centros de operación se encuentran en los Estados de Chiapas, Oaxaca, Puebla, Guerrero, Hidalgo, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Tabasco, Colima y Michoacán. De su actividad depende el 10% de la población rural del país.

Los ingresos totales del IMECAFE ascienden a 2,974 millones de pesos en 1975 frente a 1,903 millones en 1974, la cifra absoluta para 1975 significó un incremento del 56% respecto del año anterior. Del total, 40% lo constituyen ingresos corrientes, el 1% ingresos de capital y 59% por endeudamiento concertados por la institución. En 1974 dichos porcentajes fueron de 48% y 52% para ingresos corrientes y financiamiento, respectivamente. Cada una de estas partidas registró en 1975 un incremento de 34%, y 77% en su orden con relación al año anterior.

El crecimiento medio anual experimentado para los ingresos totales para el período 1973-1975 fue de 64%.

Con relación a gastos, el toral ejercido en 1975 fue de 2,837 millones de pesos que representa una diferencia de 31% del monto presupuestado y una variación porcentual de 50% con relación a lo ejercido el año anterior.

El renglón de gasto total queda integrado por gasto corriente (49%), gasto en cuenta de capital (8%) y, amortización de la deuda (43%).

Del estado de ingresos y egresos correspondiente a 1975 se obtiene un déficit corriente de 188 millones de pesos y uno de capital por 204, lo que representa un déficit financiero de 392 millones de pesos. Para absorberlo se incrementaron las disponibilidades de efectivo en 137 millones de pesos y aumentó la deuda en 529 millones de pesos.

En 1971, el instituto generó 700 empleos, mismos que aumentaron a 1,704 para 1975;a su vez, el personal eventual para época de

cosecha pasó de 1,270 a 2,000 jornaleros. El total de las remuneraciones que pagó el organismo aumentó en el mismo período de 12.7 a 93.7 millones de pesos; es importante resaltar que el ingreso anual promedio por cafeticultor pasó de $20,171.41 a $46,270.44.

De 1970 a 1972 el Instituto exportaba solamente a 15 países; a partir del ciclo de 1972-1973 logró introducir y colocar grano a 33 países. El ingreso de divisiones al país por concepto de exportación de café, que al principio del sexenio no sobrepasaba los 1,000 millones de pesos ha aumentado notablemente, ya que para 1976 se espera un monto superior a los 4,000 millones de pesos, con lo cual el grano se coloca en el segundo lugar después del rubro de hidrocarburos.

En el ciclo de 1970-1971 el instructivo obtuvo un total de 113,0 millones de pesos por exportaciones y se estima que esta cifra sea superior a los 1,300 millones de pesos en el presente ciclo.

La participación del IMECAFE dentro del mercado nacional entre el período 1970-1971 y de 1974-1975 ha aumentado considerablemente al pasar de 1.0 a 29.1%, que representan 16,752 y 397,417 sacos, respectivamente. En forma conjunta con el CONACYT, el Instituto Mexicano del Café está desarrollando un programa de investigaciones a ocho Estados cafetaleros a través de su centro de ecodesarrollo.

Podemos observar el incremento en la captación de la oferta nacional de café que pasó de 6.4% en 1970 a 38.8% en 1975. El IMECAFE organizó a más de 78 mil productores en 2,111 unidades de producción y comercialización a quienes, además del incentivo económico que significan el anticipo a cuenta de cosecha, brinda asistencia técnica y distribuye plantas de café habiéndose producido 161 millones y establecido 18 mil viveros. Por otro lado, los rendimientos por hectárea se han incrementado en un 26% a una tasa anual de 5%.

CUADRO 46

INSTITUTO MEXICANO DEL CAFÉ

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2.2 Sector Industrial

El sector público industrial se ubica en tres actividades relacionadas con necesidades básicas para el desarrollo económico, energéticos, acero y bienes de capital.

El costo económico, político y social que soportaría el país, de no realizar el estado estas operaciones básicas, sería permitir la infiltración del capital extranjero en perjuicio de la soberanía e independencia económicas a que aspiramos todos, o en la falta de oferta de productos básicos del desarrollo.

Las principales empresas y organismos estatales están localizadas en la rama industrial, Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de

Electricidad y Compañía de Luz y Fuerza del Centro, las que cuentan con institutos de apoyo tecnológico (Instituto de Investigaciones Eléctricas, Instituto Mexicano del Petróleo, Consejo de Recursos Naturales no Renovables, Instituto Nacional de Energía Nuclear y Comisión Nacional de Energéticos). También integran este sector el Complejo Industrial Sahagún, constituido por Diesel Nacional; Siderúrgica Nacional y Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril y, finalmente la Siderúrgica Lázaro Cárdenas - Las Truchas. Por tanto, se pueden agrupar los subsectores de energéticos (petróleo y energía eléctrica) industria pesada y semi - pesada, la siderurgia.

Especialmente el subsector de energéticos había mantenido precios y tarifas sumamente bajos para la realidad económica del país y de sus propias finanzas, situación que determinó una tendencia decreciente del ahorro en cuenta corriente y creciente de los déficit financieros y en cuenta de capital. Se buscó revertir dichas tendencias en 1973 con una elevación de las tarifas en el servicio de energía eléctrica y en los precios e impuestos a la gasolina. Las medidas surtieron su efecto, de tal manera que de 1973 a 1974 los ingresos corrientes del subsector pasaron de 31,793 a 49,364 millones de pesos y a 60,052 en 1975 (incrementos anuales de 55.3% y 21.7% respectivamente).

El aumento de los gastos corrientes debido fundamentalmente a la elevación de los sueldos, salarios y prestaciones en el mismo periodo, necesario para restituir el poder de compra real de los trabajadores, la necesidad de elevar el volumen de empleo ante una planta industrial en aumento, contribuyeron a que el gasto pasara de 27,831 millones de pesos en 1973 a 42,489 y 53,563 millones de pesos en 1974 y 1975.

En consecuencia, si bien de 1973 a 1974 el ahorro en cuenta corriente aumentó de 3,962 a 6,875 millones de pesos, de 1975 fue de 6,489 millones de pesos. Es decir, el incremento de los gastos absorbió los incrementos de los ingresos, dada la elevación de los costos.

Por su parte los requerimientos de inversión siguieron creciendo como consecuencia de la evolución general de la economía y el rezago acumulado, lo que se determina en términos reales por las necesidades de ampliar las plantas industriales. La elevación de los precios de los bienes de capital como efecto de la presión inflacionaria mundial impidió atenuar el ritmo de crecimiento de los déficit de capital y financiero, los cuales llegaron en 1975 a 39,182 y 32,693 millones de pesos, respectivamente. En cuanto a la rama eléctrica, es necesario precisar que si bien las

reestructuraciones tarifarias de 1973 y de 1975 tendieron a incidir más fuertemente en las tarifas industriales y comerciales, ante el tratamiento preferencial y subsidiario que recibían, éste no ha sido eliminado. En términos absolutos los efectos acumulados de las dos sucesivas modificaciones tarifarias han afectado más al consumidor doméstico que a los usuarios de la energía eléctrica en actividades productivas que derivan utilidades. De esta forma, la política de precios en el sector eléctrico significa una doble transferencia del Gobierno Federal y del consumidor doméstico, en beneficio de la industria y el comercio.

El Sector Industrial contribuye con más del 50% en los ingresos totales de los organismos y empresas estatales, con 106,447 millones de pesos, de los cuales 62,038 son ingresos propios y 44,409 derivados de financiamientos.

El gasto total de los organismos y empresas estatales en este sector llegó a 106,632 millones de pesos, 29% más del presupuesto de 103,147 millones de pesos y que significan un aumento del 48% sobre el ejercicio anterior. Las actividades en este sector, la necesidad de expandir la planta productora nacional de energéticos y la de la industria pesada, requieren un alto nivel de capitalización, si se desea garantizar el abastecimiento suficiente y oportuno a las ramas industriales y para el servicio particular doméstico.

PETRÓLEOS MEXICANOS

El crecimiento de la producción de petróleo y derivados durante 1970 - 73 fue difícil, debido principalmente a la falta de recursos suficientes de PEMEX para invertir una exploración y expansión de la planta, resultado de 15 años de congelamiento en el precio de sus productos para subsidiar la expansión industrial en sus primeras etapas. Esta política cambió en diciembre de 1973, cuando los precios de sus principales productos se incrementaron mejorando consecuentemente la situación financiera de la empresa en correspondencia al nivel alcanzado por la industria nacional.

En mayo de 1973 los trabajos de explotación realizados por PEMEX llevaron al descubrimiento de importantes mantos petrolíferos en la región de la Reforma, Estado de Chiapas, con extensiones en el Estado de Tabasco al sur de Villahermosa.

Estos mantos empezaron a ser explotados a principios de 1974, y a finales de este año ya constituían cerca del 40% de la producción nacional (650,000 barriles diarios de petróleo crudo).

Como resultado de estos descubrimientos, la escasez de petróleo que México experimentó desde 1971, desapareció en el último trimestre de 1974 cuando el país dejó de importar crudos. Lo mismo aconteció en 1975. La exportación de crudos progresó notablemente ya que aumentó de cero, en los primeros nueve meses de 1974, a 553,000 M3 valuada en 37.0 millones de dólares en el último trimestre de dicho año, a 6.2 millones de M3 en 1975 con un valor de 435 millones de dólares.

El volumen de la producción petrolera y derivados aumentó en 10% de 1970 a 1973; creció en 16.4% en 1974 y en 10.3% en 1975. La retracción en 1975 se debe a que la

producción se desenvuelve en forma insuficiente en las actividades de refinación por la falta de capacidad en la industria.

Sin embargo, México todavía presenta un déficit en productos derivados de petróleo. Así, mientras las importaciones de crudo disminuyeron a cero en el último trimestre de 1974 y durante 1975, las importaciones de todos los derivados del petróleo, exceptuando la gasolina, aumentaron en 1975, a la vez que las exportaciones de los derivados de petróleo bajaron en un 70% en ese año. El problema parece radicar en la insuficiente capacidad de refinación. PEMEX ha tratado de aligerar los estrangulamientos de la oferta mediante la inversión de grandes cantidades dirigidas a la expansión de la capacidad de refinación.

Los indicadores de volumen de la industria petrolera y petroquímica encabezan los índices de la producción industrial; así en 1975, el petróleo y derivados registró un incremento de 10.2% y la petroquímica uno de 12%, que supera con creces el ritmo de crecimiento de la producción industrial que fue de 5.3%. Concretamente la producción total de líquidos se incrementó en un 16%, pasando de 806 mil a 935 mil barriles diarios mientras el gas tuvo un incremento menor (5.6%) al pasar de 2,040 a 2,155 millones de pies cúbicos por día. Al igual que el gas, hubo algunos otros indicadores que mostraron crecimiento leve como el petróleo crudo procesado y las gasolinas refinadas (3.0%).

La participación de petróleo y derivados en el producto interno bruto fue de 28,681 millones y representó el 2.8% del P.I.B. total, el 3.1% en 1970 y el 3.1% en 1974, y el 8.2% del P.I.B. industrial en 1975.

Durante el año de 1975, las exportaciones totales de productos petrolíferos ascendieron a 5,750.0 millones de pesos (3.3 veces más que en 1974); las importaciones realizadas por Petróleos Mexicanos ascendieron a 3,637 millones, con lo cual se tuvo un saldo favorable de la balanza comercial petrolera de 2,113.0 millones de pesos. Las ventas totales se incrementaron en un 20%, al pasar de 30,228 a 36,330 millones, representando en 1974 el 81% y en 1975 el 67% de los ingresos globales.

PEMEX, es la principal empresa del país, tanto por el monto de sus ventas, como por la magnitud de sus activos, para 1975 los ingresos propios de este organismo fueron de 36,614 millones de pesos; en tanto que los gastos totales sin incluir amortización fueron de 50,207 millones; como consecuencia el ahorro corriente resulta insuficiente, por lo que se hace necesario recurrir a la deuda a fin de cubrir los programas de inversión.

En este año se obtuvieron 17,029 millones de financiamiento y un total de recursos 43.5% mayor que en 1974, o sea 53,641 millones.

La empresa experimentó un deterioro paulatino de su situación financiera debido a que sus costos crecieron a un ritmo anual promedio de 13%, en tanto que los ingresos a una tasa media del 10%. El gasto corriente, tuvo un incremento de 171.6% entre 1971 y 1975.

Del presupuesto ejercido en 1975, (54,267.0 millones de pesos), el 31.4% fue cubierto con crédito.

La situación de endeudamiento es consecuencia de la estrechez financiera por la que ha pasado la empresa, debido en buena parte a la congelación de precios de sus productos, con lo cual disminuye la capacidad para realizar las inversiones necesarias para abastecer la demanda de petróleo crudo.

Cabe señalar que debido a la falta de recursos no se han construido las instalaciones necesarias para aprovechar los mantos gasíferos del país. Este hecho resulta particularmente crítico, si consideramos que el país, en 1975, realizó importaciones de gas por 115 millones de pesos, destinados fundamentalmente a cubrir las necesidades en las ciudades fronterizas, que se abastecen en un 45% por los Estados Unidos.

El gobierno federal ha recurrido a ciertos paliativos para apuntalar la situación financiera de la empresa. Sin embargo, para realizar una reestructuración financiera verdaderamente efectiva se tuvo que compensar con transferencias del gobierno, ya que la carga de impuestos especiales que soporta PEMEX (20% sobre los ingresos brutos y 15% sobre el valor de la exportación), merma los excedentes generados por la empresa, en detrimento del proceso interno de capitalización.

Los primeros tres años del sexenio mostraron un serio deterioro de la situación financiera, ya que correspondieron a los últimos de un período de 15 años en que los precios de lo productos se mantuvieron inalterables.

En este sentido, a partir de diciembre de 1973, se aumentaron los precios de gasolina y lubricantes en un tanto por ciento que varía entre el 75% y el 100% y con esta medida PEMEX obtuvo ingresos adicionales durante 1974, del orden de 12,000 millones de pesos evitando en buena parte que esta industria se convirtiera en un cuello de botella para la economía del país, pues como es sabido el 91.7% de las necesidades de energía son satisfechas con productos derivados del petróleo, aportando la diferencia restante el carbón con 4.2%, y la energía eléctrica con el 4% del total de las necesidades.

En el análisis de los estados financieros de la empresa merece especial mención la reducción del costo de lo vendido que representaba el 79.4% de las ventas en 1974, y pasó a representar el 75.5%. La utilidad antes de impuesto se incrementó en un 104% al pasar de 4,051.5 a 8,273.8 millones de pesos. Las inversiones, que en 1974 se elevaron a 10,180.5 millones de pesos llegaron a 11,593.9 millones de pesos y representó aproximadamente el 12.1% de la inversión pública y el 35% de la inversión pública industrial, que se destinó fundamentalmente para acelerar la explotación de yacimientos en el sureste del país.

Respecto a la deuda, cabe señalar que del pasivo titulado a fines del año pasado, el 60.0%

registra vencimiento hasta 1979 quedando el resto para cubrirse a plazos de 5 años o más. Al respecto debemos hacer énfasis en la carga adicional que representa el pago de la deuda, tanto en la amortización como intereses, por el hecho de que el 95.9% de esta deuda está contratada en moneda extranjera.

El perfil de la deuda ha mejorado en esta administración, alcanzando un promedio de vida de 5 años por la obtención de capital a largo plazo, emisiones públicas y colocaciones privadas en diversos países del mundo que incluyen Alemania, Francia, Holanda, Kuwait, Estados Unidos, Inglaterra y Japón. No obstante las limitaciones presupuestales originadas por la difícil situación durante los primeros tres años del sexenio, las inversiones efectuadas son de considerable magnitud.

En el caso de PEMEX, hay que tomar en cuenta que el grueso del consumo de la gasolina es realizado por estados de la población de la clase media o alta; el grueso de transporte de mercancías y pasajeros es realizado a través del consumo de diesel, lo cual permitiría mayor discriminación en los precios, para evitar la posible piramidación del efecto del aumento; el precio de la gasolina en el país en 1975 siguió siendo menor al de otros países y es preferible afrontar un aumento de precios ante la alternativa de la escasez de ese producto y, finalmente, que el gobierno federal financia en una medida importante al transporte carretero a través de la construcción y mantenimiento de vías de comunicación.

En el logro del desarrollo y la independencia económica destaca PEMEX como contribuyente, en tanto la empresa arrojó resultados rentables que comparte casi totalmente con el erario para circular sus beneficios hacia la colectividad. En efecto, como se ha señalado, de la utilidad bruta de PEMEX que llegó en 1975 a 13,750 millones de pesos, representando 40.0% de las ventas, 7,955 millones de pesos son captados por el fisco, es decir, 23.1% del valor de las ventas.

Vale la pena reiterar que 86.6% de las ventas de PEMEX son efectuadas en el país y el resto se exporta, lo que en 1975 significó divisas por 5,314 millones de pesos, cifra superior a la de 1974 en 230%. A pesar de un aumento de 39.2%, el costo de la mano de obra representa 21% de las ventas totales.

CUADRO 47

PETRÓLEOS MEXICANOS

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SECTOR ELÉCTRICO

La Comisión Federal de Electricidad fue creada con objeto de satisfacer los requerimientos de energía eléctrica del país, sin afán de lucro, para abastecer la demanda industrial, la prestación del servicio eléctrico doméstico de una creciente población urbana y rural y lograr la total independencia energética del país.

Con la nacionalización de la industrial eléctrica se sientan las bases para llevar a cabo un desarrollo integral de los sistemas eléctricos que permiten una adecuada planeación de la industria.

En 1975 se ordena la disolución y liquidación de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y Asociadas como etapa final para la consolidación del sector eléctrico en un solo organismo.

En octubre de 1973 se actualizaron las viejas tarifas que habían permanecido sin cambio durante cerca de 12 años; el objeto fue restituir gradualmente la capacidad financiera del sector, habilitándolo para la realización de su impostergable y cuantiosa expansión. Sin embargo, a medida que se presentaron las presiones inflacionarias internas y externas hubo necesidad de adecuar la corriente de ingresos a una nueva situación. En agosto de 1975, se adoptó un factor de ajuste, cuyos principios fueron recogidos posteriormente por la Ley de Servicio Público y Energía Eléctrica, en la cual se establece la obligación de estudiar anualmente el precio de la energía eléctrica para ajustarlo a los requerimientos patrimoniales y financieros del sector.

La capacidad instalada del sistema eléctrico en 1970 era de 6,068 megawatts, correspondiendo a 3,229 a la hidráulica y 2,839 a la térmica. Estas cifras en 1975 se elevaron a 9,830 megawatts, lo que representa un incremento aproximado del 62% en relación a 1970, correspondiendo 4,045 a la hidráulica y 5,785 a la térmica.

La política acerca de la tecnología de generación eléctrica que habrá de predominar en el mediano y largo plazo, enfatiza el aprovechamiento intensivo de nuestro recursos hidroeléctricos y carboníferos y tiende a sustituir en lo posible el empleo de derivados del petróleo.

La capacidad de transformación de la subestaciones en 1970 era de 20,258 megavolts amperes, mientras que en 1975 fue de 30,264; las líneas de transmisión se aumentaron aproximadamente en un 40%.

Entre 1970 y 1975 fueron electrificadas 8,124 poblaciones que beneficiaron a más de 4 millones de mexicanos. En el período, los consumidores de energía eléctrica aumentaron en 2 millones, que representa un incremento cercano al 38%.

En el programa de unificación de frecuencia se logró un adelanto sustancial, al grado que se espera terminar los trabajos de unificación en noviembre de 1976, anticipándose a la fecha prevista de 1979.

COMISIÓN FEDERAL

DE ELECTRICIDAD

Los ingresos de esta entidad ascendieron a 29,840 millones de pesos en 1975 frente a 19,750 millones logrados en 1947. La cifra absoluta para 1975 significó un incremento del 51.1% con respecto al año anterior. Los ingresos corrientes, los de capital y el financiamiento necesario experimentaron en 1975 un incremento de 22.6%, 156.3% y 71.4%, respectivamente, con relación al año anterior.

Los egresos en 1975 ascendieron a 29,928 millones de pesos, que representan una diferencia de 27.0% del monto presupuestado y una variación porcentual de 51.1 % con relación a lo ejercido en 1974.

El renglón de gasto total queda integrado por gasto corriente 41.1%, gasto en cuenta de capital 43.0% y amortización de la deuda 15.9%.

Los aumentos de ingresos por concepto de mayores ventas de energía y por los ajustes de tarifas realizados en octubre de 1973 y en agosto de 1975, resultaron insuficientes para compensar el incremento de costos derivado de las presiones inflacionarias que provocaron un alza en lo precios de los hidrocarburos, de la mano de obra, de lo bienes de capital y de los principales insumos que utiliza el sector.

La incidencia de los factores mencionados sobre las operaciones de ese organismo deterioraron sus resultados al presentar un déficit en cuenta corriente de 1,089 millones de pesos.

El resultado anterior se explica debido a que, no obstante contar con un remanente neto de explotación de 872 millones, el costo financiero con cargo a la operación ascendió a 2,041 millones de pesos; si a la diferencia de los conceptos anteriores se les deducen otros beneficios menores se llega al déficit señalado.

COMPAÑÍA DE LUZ Y FUERZA

DEL CENTRO

(en liquidación)

Los ingresos totales de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro sumaron 9,928 millones de pesos en 1975 frente a 7,369 millones de pesos alcanzados en 1974, o sea un aumento de 34.7%. Del total de ingresos el 54.9% correspondió a ingresos corrientes, el 4.4% a ingresos de capital y 40.7% a financiamiento proveniente en su totalidad de Comisión Federal de Electricidad.

Cada una de estas partidas experimentó en 1975 un incremento del 12.1% y 20.6% y 88.2%, en su orden, en comparación con el año anterior.

En cuanto a los egresos, el total ejercido en 1975 fue de 9,765 millones de pesos (27.9% mayor que el monto presupuestado y una variación porcentual de 33.6% con relación a lo ejercido en 1974).

El renglón de gasto total queda integrado por gasto corriente, gasto en cuenta de capital y

amortización de la deuda, que en su orden representaron el 60.6%, 23.0% y 16.4 % de dicho total. El déficit en cuenta corriente ascendió a 473 millones de pesos.

Las causas que explican la situación financiera de la industria eléctrica en 1975, son tanto internas como externas.

Una de las causas internas reside en la necesidad que tuvo el sector eléctrico de crecer a una tasa del 12% anual acumulativo hasta 1974, una de las más altas del mundo, cumpliendo con las metas señaladas en un plazo mucho menor al presupuesto.

La estructura financiera del sector eléctrico se ha visto afectada en los últimos años por el efecto combinado de varios fenómenos: el cambio cualitativo de las fuentes energéticas primarias (mayor énfasis en plantas hidroeléctricas y de carbón cuya densidad de capital es mayor que las térmicas convencionales); aumento de los gastos de operación y de los componentes de las inversiones por presiones inflacionarias internas y externas; reducción en los plazos de crédito y elevación de las tasas de interés; recuperación acelerada de los plazos de entrada en operación de las obras.

Los movimientos financieros netos del sector eléctrico entre el 31 de diciembre de 1970 y el 31 de diciembre de 1975 se caracterizaron por un considerable aumento de los activos fijos y por la insuficiencia de las fuentes a largo plazo para atender el incremento de los bienes de capital y materiales de construcción. En ese período fue necesario destinar una importante porción de fondos obtenidos del corto plazo para financiar recursos a largo plazo.

Históricamente el consumo de la energía eléctrica ha sido subsidiada por el Estado; la ubicación de tarifas a niveles cooperativos y rentables para las empresas generadoras del fluido es la única vía para sanear las finanzas del sector eléctrico y del erario, que por sus crecientes requerimientos de inversión económica y social ya no pueden ni deben sacrificar su elemental rentabilidad, porque con ello se provoca la incapacidad de crecer y seguir atendiendo las demandas ya diferidas del desarrollo industrial y el consumo, tanto público como privado.

CUADRO 48

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

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CUADRO 49

COMPAÑÍA DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO

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COMBINADO INDUSTRIAL SAHAGÚN

Una expresión clara de la dependencia tecnológica y financiera del exterior, es la incapacidad de producir los bienes de capital que demanda el desarrollo industrial del país.

El estado participa en diversas áreas de la industria metalmecánica, en la automotriz con 10% del mercado de camiones, 20% del de automóviles y 97% en autobuses integrales y, en forma importante, en la industria auxiliar automotriz; así como en etapas intermedias como la producción de harramientas, equipo minero, máquinas - herramientas, forjas, torres de transmisión, entre otras. Aun así, en 1975 importamos 29,500 millones de pesos en equipo y maquinaria.

El Complejo Industrial Sahagún comprende 11 empresas, de las que tres son básicas, Diesel Nacional, Siderúrgica Nacional y Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril y son eje del resto de la planta industrial de esta unidad productiva. Vale la pena indicar que las empresas filiales controladas por las tres empresas básicas, producen tractores industriales, ejes automotrices, motores diesel, instrumental médico, barrenas de acero y se ensamblan las camionetas "pick - up".

Dina produce automóviles, camiones y autobuses, motores diesel y, plásticos. Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril produce carros de ferrocarril y vagones para el Metro. Siderúrgica Nacional produce hierro gris, aceros especiales, ensambles y fabricación de tractores agrícolas.

El valor de la producción de estas tres empresas mencionadas fue de más de 5,000 millones de pesos. Por el valor de sus operaciones el combinado se encuentra ubicado entre las 12 empresas más importantes del país y en el octavo lugar del capital invertido dentro de las empresas paraestatales. Su aportación a la generación de empleo y al producto industrial constituyen un apoyo definitivo a la acción pública dentro de la economía nacional.

Aparte de la contribución estratégica a la economía nacional (0.6% del PIB) a través de las líneas productivas de bienes de capital y la significativa generación de empleo 17,300 en forma directa y 10,000 empleos secundarios.

Precisa destacar que durante 1975 fue contrarrestado el ritmo de endeudamiento del Complejo y asimismo se congeló la tendencia negativa de los resultados contables en Dina.

El grueso de la carga financiera de las empresas del Complejo, más de 90%, se debe a pasivos contratados con Nacional Financiera o en moneda nacional, por lo que existe, del punto de vista del sector público una circulación de recursos, fortalecida por el pago de 590 millones de pesos en impuestos en 1975.

Los costos del Complejo, se vieron severamente afectados porque sus insumos, provenientes de proveedores privados, sufrieron elevaciones sustanciales de precios cerrados la brecha de utilidades hasta nulificarla. La alternativa hubiera sido financieramente a los proveedores o descongelar precios de venta en detrimento del poder adquisitivo de la industria y del consumidor nacionales. Así como en otros ramos del sector público, es necesario replantear la política de precios de los bienes de capital producidos por el Estado en Ciudad Sahagún, porque si bien, ahora se contribuye a satisfacer una demanda del desarrollo industrial, ello acarrea el deterioro financiero de la empresas, disminuyendo su potencial de crecimiento y acumulación para satisfacer los requerimientos futuros de la economía.

La industria metalmecánica o de bienes de capital contribuye con el 7.9% de la producción industrial, cifra que llega al 10.4% en Brasil y al 17.4% en EUA . El estado mexicano, que aporta 56% de la inversión nacional, participa en una quinta parte de la inversión en actividades industriales.

DIESEL NACIONAL

Diesel Nacional, empresa que representa el 69% del valor total de la producción del Combinado, ha registrado un incremento del 81% en su producción de 1970 a 1975, ya que de 23,339 unidades se aumentó a 42 - 221, como sigue: en camiones, de 4,015 a 8,833; en autobuses integrales, de 327 a 754; en los automóviles, la producción se elevó de 14,892 a 20,509, y los motores diesel, de 4,105 a 12,125.

El gasto ejercido durante 1975 llegó a 5,584 millones de pesos, 22% superior al presupuesto, con un incremento de 1,693 millones de pesos sobre 1974.

Los ingresos totales de esta entidad ascendieron a 5,700 millones de pesos de 1975 frente a 3,936 millones de pesos logrados en 1974. La cifra absoluta para 1975 significó un incremento del 44.8% con respecto al año anterior. Del total de ingresos el 69.4% corresponde a ingresos corrientes, el 1.5% lo constituyen ingresos de capital y 29.0% financiamiento. Dichos porcentajes fueron de 1974 de 62.1%, 0.7% y de 37.2% para ingresos corrientes, de capital y financiamiento en su orden. Cada una de esta partidas experimentó en 1975 un incremento de 61.8%, 200.0% y 12.8%, respectivamente, con relación al año anterior.

El crecimiento medio anual experimentado por los ingresos totales para el período 1973 - 1975 fue de 40.8%.

Por lo que toca a gastos, el total ejercido en 1975 fue de 5,584 millones de pesos que representa una diferencia de 21.8% del monto presupuestado y una variación porcentual de 43.5% con relación a lo ejercido en 1974, explicable en el aumento en los precios de los insumos, la mano de obra y los costos financieros, frente a precios relativamente estables por decisión oficial y mercados decrecientes por el decaimiento general de la demanda y la economía. El renglón de gasto total queda integrado por gasto corriente (60.0%), gasto en cuenta de capital (25.2%), amortización de la deuda (14.8%).

El monto de la deuda registrada en 1975 ascendió a 3,495 millones de pesos de principal y 190 millones de pesos de intereses, de los cuales 424 millones tienen un vencimiento superior a los 5 años, en tanto que el 88.5% de la misma vence de 1976 hasta 1979 lo cual condujo a la renegociación de la deuda para facilitar la situación de liquidez de la empresa Dina.

Diesel Nacional en el mercado en competencia con empresas privadas en automotrices, principalmente en automóviles compactos, autobuses de pasajeros, autobuses de servicio público y camiones de carga, además de participar en el capital de varias empresas como Motores Perkins, Maquiladora Automotriz Nacional, Renault Mexicana, S.A., Dikona y Dina Rokwell, S.A.

En 1975 Diesel Nacional inauguró una nueva fábrica de automóviles con una inversión de 400 millones de pesos. En su totalidad Diesel Nacional tiene una capacidad instalada para producir 50 mil automóviles anualmente, sin embargo, su producción está programada para 30 mil debido a las restricciones del mercado y a la proliferación excesiva de marcas y modelos de empresas netamente extranjeras, cuya oferta debe ser contraída en beneficio del consumidor mexicano al lograrse el pleno uso de la capacidad instalada DINA, con el consecuente abatimiento de costos. En la fabricación de partes de plástico se ha invertido 35 millones de pesos y 92 millones en la nueva planta de camiones.

CONSTRUCTORA NACIONAL DE

CARROS DE FERROCARRIL

Esta compañía incrementó su producción en la línea ferroviaria de 1 271 unidades en 1970 a 2 553 en 1975; se inició también la fabricación de carros para el Metro. En la línea automotriz y agrícola la producción alcanzó la cifra de 9 960 unidades, y se inició la fabricación de carros tanque de 20 000 galones de capacidad. Todo ello significó una erogación ligeramente menor al presupuesto alcanzando una cifra de 2 408 millones de pesos. Sus ingresos totales fueron de 2 544 millones de pesos en 1975 frente a 1 507 millones de pesos en 1974; un incremento del 68.8% con respecto a 1974. Del total de ingresos, el 61.5% lo cubren ingresos corrientes, el 1.3% de capital y 27.2% financiamientos. Estos porcentajes fueron durante 1974 de 45.7%, 4.9% y 49.4% para ingresos corrientes, de capital y financiamiento, respectivamente. Estos conceptos experimentaron en 1975 una variación de 127.5%, - 56.8% y 27.1%, en su orden, con relación a 1974.

El crecimiento medio anual de los ingresos totales para el período de 1973 - 75 fue de 65.0%.

Por lo que se refiere a gastos, el total ejercido en 1975 fue de 2 408 millones de pesos, o sea una diferencia de - 0.7% del total presupuestado y una variación porcentual de 59.5% con relación a lo ejercido el año anterior. El renglón de gasto total para 1975 queda integrado por gasto corriente, en cuenta de capital y amortización de la deuda, correspondiendo a cada uno el 66.0%, 7.7% y 26.3% respectivamente, del total.

Sin embargo, la empresa opera sus ventas con el sistema ferroviario nacional sobre acuerdos de costo - plus, con lo cual se trata de equilibrar su situación financiera.

Cabe tener en cuenta el carácter atado que tienen las operaciones de C.N.C.F. respecto al sistema ferroviario, pues su producción se realiza en función de los presupuestos de cada empresa ferroviaria, que en su totalidad son públicas y sujetas a revisiones administrativas de corto plazo, que frecuentemente soslayan el ritmo industrial de las empresas productivas, imponiéndoles severas limitantes que repercuten negativamente en los resultados. Para 1975 la Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril dio empleo a 4 805 personas entre obreros y empleados, lo cual representó una derrama de 200 millones de pesos entre sueldos y salarios, a lo que hay que agregar los 110 millones de pesos que cubrió por concepto de impuestos, tanto a nivel federal como a nivel local y municipal, contribuyendo así a fortalecer la economía de esa región antiguamente muy marginada del Estado de Hidalgo. En 1975 se fabricaron 2 556 unidades ferroviarias, entre tolvas, carros tanque y góndolas metaleras y en el presente año se ha iniciado la producción de carros tanque de 20 000 galones en combinación con Altos Hornos de México, S.A. Finalmente debe hacerse énfasis en la imperiosa necesidad de mantener esta fuente de producción y de trabajo la cual para los próximos años se puede ver afectada debido a la reducción de pedidos nacionales por parte del sistema ferroviario en gran medida por ajustes presupuestales de corto plazo, así como por el arrendamiento de unidades del exterior que realizan numerosas empresas del sector público con la consiguiente salida de divisas.

SIDERÚRGICA NACIONAL S.A.

El reajuste en los programas de producción de los clientes de esta empresa determinó que la suma de ingresos totales fuera de 596 millones de pesos en 1975 en contraste con 624 millones de pesos en 1974 o sea un decremento de 4.5% de un año a otro.

Del monto total de ingresos, 79.2% corresponde a ingresos corrientes, 1.3 por concepto de capital y 19.5% por financiamiento para 1975; dichos porcentajes fueron de 74.8%, 3% y 24.8% respectivamente para 1974.

El crecimiento medio anual experimentado por los ingresos totales para el período de 1973 - 1975 de 21.4%

Los gastos totales ejercidos en 1975 fueron de 607 millones de pesos, es decir, una diferencia de - 20.5% con lo presupuestado y una variación porcentual de - 0.6% con relación al gasto ejercido en 1974.

El gasto total quedó integrado por gasto corriente (92.3%) gasto de cuenta de capital (5.8%) y, amortización de la deuda (1.9%).

En 1975 respecto a 1974 SIDENA registró un aumento en los volúmenes de ventas como sigue: fundición 7%, tractor ligero, a la vez que una notable reducción en las líneas de aceros especiales 21% y transmisiones 92%.

Esta empresa dio empleo en 1975 a 3 272 personas entre empleados y obreros que resultaron beneficiados con 225 millones de pesos entre salarios, sueldos y prestaciones, 54% más de la derrama en 1974.

SIDENA ha logrado incrementar su producción de acero y hierro gris de 8 299 toneladas en 1971, año en que se inició esta actividad, a 15 857 en 1975. En el mismo período se produjeron 8 188 toneladas de acero especiales, 9 300 tractores agrícolas, 91 471 transmisiones, así como 100 talladoras de lechuguilla, 502 máquinas Chetumal y 1 300 motores Ford Export.

CUADRO 55

DIESEL NACIONAL

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CUADRO 56

CONSTRUCTORA NACIONAL DE CARROS DE FERROCARRIL

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CUADRO 57

SIDERÚRGICA NACIONAL, S.A.

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SIDERÚRGICA LÁZARO CÁRDENAS

LAS TRUCHAS

La indiscutible importancia de la producción siderúrgica como sustento del desarrollo industrial independiente y la enorme escala de recursos naturales y tecnológicos requeridos, han reclamado una determinante intervención del Estado a través de inversiones masivas en esta rama de actividad.

El sector paraestatal acrecentó sus inversiones en la industria siderúrgica, de 3 739 millones de pesos en 1970 a 33311 millones de pesos(764.2% en 1975), mientras el sector privado aumentó las suyas de 6 778 millones de pesos a 11 617 millones de pesos (71.4%) en el mismo período.

La composición del capital invertido en la siderurgia nacional ha cambiado estructuralmente: el Estado contribuía con 35.6% en 1970 a través de Altos Hornos de México; actualmente aporta 74.1% a través de AHMSA (39.2%), SICARTSA (33.4%) y el Consorcio Minero de Peña Colorada (1.5%).

La producción de aceros, en 1975 que fue de 5 250 millones de toneladas, superior en 35% a las de 1970; llegará a 9.7% millones de toneladas en 1980 y a 11 millones en 1985. Aún así somos y seremos deficitarios en acero; solo entre 1977 y 1980 tendremos algún equilibrio entre la oferta y la demanda internas, sin embargo, para 1985 se estima que nuestro deficiente sea de casi 4 millones de toneladas.

México ha venido importando cantidades considerables de productos de acero. Ante esta situación el gobierno decidió expandir la producción nacional de acero, en forma programada y teniendo en cuenta factores de eficiencia, selección de tecnología, creación de empleos, localización y tamaño de la planta y descentralización de la industria. Después de estudiar estos factores cuidadosamente el Gobierno decidió construir el complejo integrado Lázaro Cárdenas - Las Truchas, en la región de la Costa del Pacífico del Estado de Michoacán.

Esta entidad se constituyó el 25 de julio de 1969 con un capital social de 50.0 millones de pesos, mismos que al 31 de diciembre de 1975 ascendía a 4 750 millones de pesos, constituidos en un 99.7% por el Gobierno Federal y empresas paraestatales y la proporción restante por el sector privado. Las actividades de esta empresa tienen por objeto la explotación beneficio, industrialización y comercialización de toda clase de productos de acero, tales como palanquilla, barras, varillas y perfiles (productos no planos), planchas, láminas, etc.

La realización del proyecto de SICARTSA, permitió convertir una zona marginada en el cuarto polo de desarrollo del país. Su crecimiento ha sido tan acelerado, que la población del Municipio Lázaro Cárdenas que en 1970 era poco más de 19 mil habitantes se estima que en 1975 sea de cerca de 100 mil habitantes.

La primera etapa de este proyecto, que requirió de una inversión de aproximadamente 12 500 millones de pesos, tiene una capacidad aproximada de 1.3 millones de toneladas. La segunda etapa, que se espera esté terminada para 1980, añadirá 2.35 millones de toneladas a la capacidad inicialmente instalada.

Finalmente, SICARTSA contará con una capacidad instalada de 6.5 millones de toneladas en 1988 y una producción anual probable de casi 5.9 millones de toneladas y del orden de 11 millones de toneladas hacia mediados de la década de 1990.

La operación del complejo siderúrgico dará lugar a la creación de industrias complementarias y afines, para la fabricación de refractarios, ferroaleaciones, materiales de construcción, productos químicos, estructuras, tubería etc., que proporcionarán insumos y transformarán los productos y subproductos de SICARTSA.

La infraestructura regional contempló la construcción de un puerto marítimo de altura, que será el más importante del país y ofrecerá las mejores condiciones y oportunidades para la industria y la exportación; una vía férrea de Nueva Italia a Ciudad Lázaro Cárdenas, que comunicará a la región con la red ferroviaria nacional. Asimismo, se instalará un astillero para la construcción de embarcaciones de gran calado.

Con el fin de lograr el mejoramiento social de los habitantes de la región, se ha puesto especial énfasis para impulsar facilidades en materia educativa, tanto primaria como secundaria, técnica a nivel inferior; así como nuevas zonas deportivas; la ampliación de instalaciones comerciales por parte de CONASUPO, para abatir el incremento en el costo de la vida la instalación de una nueva clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, etc.

Las disponibilidades totales de esta entidad ascendieron a 4 198 millones de pesos en 1975 frente a 1 194 millones de pesos en 1974, o sea un incremento del 251.6%

Debido a que SICARTSA está en proceso de construcción todavía no tiene ingresos por ventas.

Por lo que toca a gastos, el total ejercido en 1975 fue de 4 073 millones de pesos que representa una diferencia de 102.9% del monto presupuestado por incrementos en el valor de los insumos importados y una variación porcentual de 248.7% con relación a lo ejercido en 1974, derivada del aceleramiento de los trabajos para atender la demanda interna.

El renglón de gasto total para 1975 quedó integrado por gasto corriente (0.5%), y gasto en cuenta de capital (99.5%).

El pasivo se integra fundamentalmente a través de la deuda pública a largo plazo que ascendió en diciembre de 1975 a 8 415 millones (capital e intereses) de la que el 27.5% presenta un vencimiento entre 1976 y 1979, en tanto que el 72.5% a períodos mayores de cinco años; un 77% de esa deuda es en moneda extranjera.

Las pequeñas empresas agrícolas e industriales también tienen cabida en el desarrollo de este nuevo centro de actividad económica. Habrán de cobrar importancia todas aquellas que proporcionen los servicios requeridos por la actual población que tiene un alto nivel de ingresos y que demanda bienes y servicios acordes con ese nivel. Todos estos aspectos permiten prever que en los próximos 25 años SICARTSA sea un polo de desarrollo en el país, que propiciará el aprovechamiento de los recursos de la costa mexicana del Pacífico.

CUADRO 58

SIDERÚRGICA "LÁZARO CÁRDENAS" LAS TRUCHAS

INGRESOS Y EGRESOS

1974 - 1975

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2.3 Sector Comunicaciones y Transportes.

Las empresas públicas deben considerarse no como entidades aisladas, sino como un conjunto, donde cada una de ellas cumplan con aspectos particulares de la política económica y social.

Para el desarrollo del país, en todos los órdenes, es indispensable integrar la infraestructura de comunicaciones y transportes, y la vialidad terrestre y aérea suficiente para el apoyo a los sectores agropecuarios, industrial, social y turístico.

Las medidas que el Ejecutivo Federal acordó en campos estratégicos de la actividad económica nacional, como son: energéticos, minería, acero, fertilizantes, petroquímica, no hubieran sido todo lo positivo que han resultado, si no fuere que, a la par, se realizaron las obras básicas de comunicaciones y transportes para la construcción de los complejos industriales, en forma primaria, y posteriormente, para el abastecimiento de materia prima, insumos, etc.; y por último la distribución de los productos a los centros de consumo.

En este renglón, han sido trascendentales las obras realizadas para el desarrollo agropecuario ya que el Ejecutivo dio primacía a la construcción de caminos alimentadores; carreteras que sirvieran para la distribución de insumos a los campesinos, así como para que los productos llegaran a los mercados en forma oportuna y rápida, adicionalmente a los beneficios de orden social obtenidos por las comunidades rurales que fueron ligadas a nuestra red de carreteras.

La infraestructura incrementó el turismo nacional y extranjero, dada la red que proporciona, a unos y a otros, facilidad de traslado a los centros turísticos del país, contribuyendo con ello al desarrollo.

Después de una tendencia ligera al alza, tanto en los ingresos como en los egresos corrientes, ambos aumentan considerablemente de 1973 a 1974 y en forma mucho más acentuada hacia 1975, en que respectivamente alcanzan 13 330 y 12 401 millones de pesos en 1975, y de 7 908 a 7 405 millones de pesos en el año anterior. El ahorro corriente subió de 503 millones de pesos en 1973 a 627 y 929 millones de pesos en 1974 y 1975, respectivamente.

La colocación de deuda se incrementó en 1975 al llegar a 4 485 millones de pesos sobre 1 459 millones de pesos en el año anterior.

SISTEMA FERROVIARIO MEXICANO

En la actualidad la organización administrativa y operacional de la red ferroviaria nacional consta de 5 empresas independientes dirigidas por un solo Consejo de Administración, lo cual permite una mejor coordinación de la operación y además, la adopción de medidas político - económico a nivel de todo el sector.

El sector en conjunto dejó de operar con utilidades desde 1945, y desde entonces ha sido un instrumento de promoción económico - social del Gobierno Federal en apoyo a diversos sectores de la economía.

Las 5 empresas que conforman el sistema ferroviario son: Ferrocarriles Nacionales de México, Ferrocarril del Pacífico, S.A. de C.V., Ferrocarril Sonora Baja California, S.A. de C.V., Ferrocarriles Unidos del Sureste, S.A. de C.V., Ferrocarril de Chihuahua al Pacífico, S.A. de C.V. En la situación económica y financiera del sistema y de sus empresas constitutivas influye decisivamente el hecho de que las redes ferroviarias existentes tienen en su mayoría gran antigüedad y, nuevamente, a la insuficiencia de los ingresos obtenidos dadas las tarifas actuales.

FERROCARRILES NACIONALES DE

MÉXICO

La construcción de líneas férreas y el mejoramiento de las ya existentes es de vital importancia para el desarrollo de la nación.

En cuanto a Ferrocarriles Nacionales de México debe hacerse notar que a pesar de la situación financiera deficitaria que presenta (3 136 millones en el ejercicio) logró aumentar su capacidad productiva de servicios, generando en 1975, 26 520 millones de toneladas kilómetro, cifra mayor en 46.5% a la obtenida a principios del sexenio que fue de 18 099 millones.

Para lograr lo anterior, fue necesario adquirir nuevo equipo que garantizara eficiencia y seguridad. En lo sucesivo, debe incrementarse la inversión para modificar las líneas actuales, en cuanto a curvas y pendientes que redundará, sin duda, en un servicio más rápido y eficaz.

Los ingresos totales de esta entidad ascendieron a 10 350 millones de pesos en 1975 frente a 5 484 millones de pesos logrados en 1974. La cifra absoluta para 1975 significó un incremento de 89% con respecto al año anterior. Del total de ingresos 67% corresponde a ingresos corrientes, 1% lo constituye ingresos de capital y 32% endeudamiento. Dichos porcentajes fueron en 1974 de 89%, 1% y 10% para ingresos corrientes, de capital y de deuda en su orden. Cada una de estas partidas experimentó en 1975 un incrementó de 43%, 44% y 47.9%, respectivamente, con relación al año anterior.

Por lo que toca a gasto, el total ejercido en 1975 fue de 10 164 millones de pesos que representa una diferencia del 10% respecto al monto total presupuestado y una variación porcentual de 85% con relación a lo ejercido en 1974.

El renglón de gasto total queda integrado por el gasto corriente (67%) y gasto en cuenta capital (33%).

El ahorro en cuenta corriente fue de 104 millones y el déficit en cuenta de capital de 3 240, para un déficit financiero de 3 136 millones de pesos, cubierto con un endeudamiento neto de 3 322 millones de pesos.

Para el ejercicio del programa de inversiones de 1975, se autorizó a este organismo la adquisición de locomotoras y carros de carga por 1 992.8 millones de pesos; vías y estructuras 482.9 millones de pesos; construcciones 100.4 millones de pesos; telecomunicaciones y señales 78.7 millones de pesos; estudios y proyectos 2.4 millones de pesos; lo que alcanza un monto total de 3 651.4 millones de pesos.

FERROCARRIL DEL PACIFICO,

S.A. DE C.V.

En 1975 el volumen de tráfico de carga movilizó 5 802 355 toneladas y 4 419 millones de toneladas - kilómetro, con ingreso 582.6 millones de pesos que representan un aumento de 13.0%, 19% y 36%, respectivamente, en relación con 1974.

De lo anterior los productos agrícolas representan 58.5%, destacando la movilización de trigo, cártamo, maíz, milo - maíz, semillas oleaginosas, frijol, tomate, legumbres y verduras.

Los productos industriales ocuparon el segundo renglón en importancia, consistiendo 26.2% en fertilizantes, azúcar y miel de caña.

El movimiento de petróleo y sus derivados representó 8.0%.

El comportamiento de tráfico de carga fue ascendente, superando en todos sus renglones los anteriores ejercicios.

El tráfico de pasajeros fue decreciente en 11.2%, no repercutiendo económicamente por el alza de tarifas.

Los ingresos totales de esta entidad ascendieron a 1 599 millones de pesos en 1975, frente a 1 032 millones de pesos logrados en 1974. La cifra absoluta para 1975 significó un incremento de 55% con respecto al año anterior. Del total de ingresos 74% corresponde a ingresos corrientes, 1% lo constituyen ingresos de capital y 25% endeudamiento. Dichos porcentajes fueron en 1974 de 94%, 1% y 5% para ingresos corrientes de capital y deuda en su orden.

Por lo que toca a gastos, el total ejercido en 1975 fue de 1 594 millones de pesos que representa una diferencia de 5% del monto presupuestado y una variación porcentual de 54% con relación a lo ejercido en 1974.

El renglón del gasto total en 1975 quedó integrado por gasto corriente (73%), y gasto en cuenta de capital (27%).

El Ferrocarril del Pacífico realizó inversiones, en 1975, por 592.7 millones de pesos, destinados a la construcción de puentes de concreto en substitución de los provisionales de madera; en adquisiciones de equipo de señalización en los patios de Ciudad Obregón y Hermosillo, en el Estado de Sonora; construcción de un nuevo taller y hospital en Mazatlán, Sinaloa para los trabajadores y sus dependientes, y primordialmente, en el capítulo de adquisiciones; compra de 10 locomotoras diesel eléctricas, 550 furgones, 100 plataformas para servicio de remolques, 35 carros - tanque, guía de rescate y accesorios que permitieron garantizar un tráfico seguro y contar con una vía aceptable para su operación.

FERROCARRIL SONORA BAJA

CALIFORNIA, S.A. DE C.V.

En 1975 los ingresos totales alcanzaron la cifra de 233 millones de pesos, lo cual representó un incremento del 8% con relación a 1974 (215 millones de pesos). En 1975 el 78% correspondió a ingresos corrientes y 22% a financiamiento (deuda); en cambio, durante 1974 ambos conceptos representan 89% y 11% de los ingresos totales.

Los gastos totales fueron de 227 millones de pesos, 4% inferiores a los del año anterior, reduciéndose en 13% los gastos corrientes y aumentando en 110% los de capital, que alcanzaron 42 y 20 millones de pesos, respectivamente.

El déficit financiero en 1975 fue de millones de pesos y el endeudamiento neto de 52 millones de pesos.

FERROCARRILES UNIDOS DEL

SURESTE, S.A. DE C.V.

Los ingresos totales de esta entidad ascendieron a 361 millones de pesos en 1975 frente a 229 millones en 1974. La cifra absoluta para 1975 significó un incremento de 58% con respecto al año anterior. Del total de ingresos 74% corresponde a ingresos corrientes, 1% lo constituyen ingresos de capital y 25% endeudamiento. Dichos porcentajes fueron, en 1974, de 92%, 2% y 6% para ingresos corrientes, de capital y deuda en su orden. Cada una de estas partidas experimentó en 1975 una variación de 27%, - 40% y 585%, respectivamente, con relación al año anterior.

Los ingresos totales sufrieron incrementos debido a los aumentos en tarifas, tanto de fletes como de pasajes, así como la utilidad obtenida en el cobro por el paso en el Puente de Coatzacoalcos.

Por lo que toca a gastos, el total ejercido en 1975 fue de 340 millones de pesos que representa una diferencia de 14% del monto presupuestado y una variación porcentual de 40% con relación a lo ejercido en 1974.

El renglón de gasto total queda integrado por gasto corriente (62%), gasto en cuenta de capital (33%) y, amortización de la deuda (5%).

El déficit financiero en 1975 fue de 50 millones de pesos y el endeudamiento neto de 71 millones de pesos.

FERROCARRIL DE CHIHUAHUA AL

PACIFICO, S.A. DE C.V.

Contó en 1975 con mayores recursos con relación al ejercicio anterior como consecuencia principalmente de la incorporación y adición de diversas propiedades, planta y equipo.

Los ingresos totales de esta entidad ascendieron a 419 millones de pesos en 1975 frente

a 269 millones de pesos en 1974. La cifra absoluta para 1975 significó un incremento del 56% con respecto al año anterior. Del total de ingresos el 64% corresponde a ingresos corrientes, y 36% financiamiento. Dichos porcentajes fueron en 1974 de 84%, 1% y 15% para ingresos corrientes, de capital y deuda, en su orden. Cada una de estas partidas experimentó en 1975 una variación de 19%, - 75% y 275%, respectivamente, con relación al año anterior.

Por lo que toca a gastos, el total ejercido en 1975 fue de 412 millones de pesos que representa una diferencia de 8% del monto presupuestal y una variación porcentual de 53% con relación a lo ejercido en 1974.

El renglón de gasto total queda integrado por gasto corriente (63%) y, gasto en cuenta de capital (37%).

Estos movimientos determinaron en 1975 un déficit financiero de 143 millones de pesos, cubierto con un endeudamiento neto de 150 millones de pesos.

CUADRO 50

FERROCARRILES NACIONALES DE MÉXICO

INGRESOS Y EGRESOS

1974 - 1975

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CUADRO 51

FERROCARRIL DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.

INGRESOS Y EGRESOS.

1974 - 1975

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CUADRO 52

FERROCARRIL CHIHUAHUA AL PACIFICO, S.A. DE C.V.

INGRESOS Y EGRESOS

1974 - 1975

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CUADRO 53

FERROCARRILES UNIDOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

INGRESOS Y EGRESOS

1974 - 1975

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CUADRO 54

FERROCARRILES SONORA BAJA CALIFORNIA, S. A. DE C.V .

INGRESOS Y EGRESOS

1974 - 1975

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AERONAVES DE MÉXICO, S. A.

Dentro del contexto de las comunicaciones el transporte aéreo reviste una gran importancia, por esta razón ha sido necesario operar una empresa estatal como instrumento de desarrollo del país, Aeronaves de México permite mediante rutas aéreas la unión de centros de producción y de consumo e integra núcleos de población cuya marginación se deriva de las condiciones geográficas del país.

Esta empresa cuentan en la actualidad con 23 aviones con motor de reacción y 11 turbohélice, lo que permite manejar 35% del tráfico nacional.

Durante el periodo 1970 - 1975 esta empresa ha efectuado estudios que han permitido adoptar reformas administrativas y de operación, a fin de elevar la eficiencia en la prestación del servicio; esto se ha realizado mediante un moderno sistema de reservaciones, capacitación de personal, organización administrativa, contable, etc., estando pendiente aún el alcance de los resultados finales pretendidos.

Aeronaves de México ha incrementado significativamente su operación general en el curso de los últimos años.

En relación al transporte se puede afirmar que la empresa ha duplicado sus operaciones; en efecto, mientras que en 1970 desplegó un servicio de 51,000 horas en total, en 1975 voló 97,000 horas. En términos más significativos, multiplicó por 2.5 los kilómetros pasajero - transportados entre 1970 y 1975 (1.2 millones en 1970 y 3.2 millones en 1975); en lo que toca a carga, en 1970 transportó 1.5 millones de toneladas y en 1975 transportó 4.0 millones.

Los ingresos totales de esta entidad ascendieron a 2,966 millones de pesos en 1975 frente a 2,484 millones de pesos logrados en 1974. La cifra absoluta para 1975 significó un incremento de 19% con respecto al año anterior. Del total de ingresos 90% corresponde a ingresos corrientes y 10% a financiamiento.

Dichos porcentajes fueron en 1974 de 79% y 21% para ingresos corrientes y financiamientos en su orden; cada una de estas partidas experimentó en 1975 una variación de 35% y 43%, respectivamente, con relación al año anterior. Por lo que toca a gastos, el total ejercido en 1975 fue de 2,874 millones de pesos que representa una diferencia de 12% del monto presupuestado y una variación porcentual de 18% con relación a lo ejercido en 1974.

El renglón de gasto total queda integrado por gasto corriente (84%), gasto en cuenta de capital (8%), y amortización de la deuda (8%).

Finalmente, se hace necesario mencionar que esta empresa inició en 1975 la reestructuración de servicios nacionales e internacionales con la finalidad de aumentar el número de vuelos y la capacidad de servicio ofrecida a las poblaciones en donde la demanda es más alta, realizando un ajuste para aquellas rutas deficitarias, sin detrimento a los servicios de carácter social que están encomendados a esta entidad.

Aeronaves de México no es una empresa con fines mercantilistas; como empresa estatal realiza una función de carácter económico y social al integrar cada día nuevas rutas hacia poblaciones del interior de la República en vías de desarrollo, apoyando, como consecuencia, su desarrollo.

CUADRO 59

AERONAVES DE MÉXICO, S. A.

INGRESOS Y EGRESOS

1974 - 1975

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AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES

Al término de 1975 este organismo contaba con 46 aeropuertos de los cuales 26 se consideran internacionales y 20 nacionales destacando por su importancia y tráfico aéreo los de México, Distrito Federal; Acapulco, Guerrero; Guadalajara Jalisco; Monterrey, Nuevo León; Mérida, Yucatán; Can - Cún y Cozumel, Quintana Roo.

En 1975 entraron en operación el aeropuerto de Can - Cún que cuenta con una pista de 2,600 metros, con capacidad para recibir aviones con motor de reacción y fuselaje ancho; el de Cozumel con una pista de 2,500 y 2,130 metros, también para aviones de retro impulso.

Asimismo, también quedó terminado el nuevo aeropuerto de Zihuatanejo con pista de 2,500 metros. Este aeropuerto es parte del programa de desarrollo turístico e incorpora una extensa zona de la costa de Guerrero antes desaprovechada.

Se iniciaron obras de construcción de aeropuertos en las ciudades de Minatitlán, Coatzacoalcos, Villahermosa, Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Poza Rica, Tuxpan y en el Estado de Sinaloa. Iniciándose también terminales para pasajeros con plataformas de operación más amplias, nuevas torres de control y obras complementarias en los aeropuertos de Hermosillo y Oaxaca. En la ciudad de México el Aeropuerto Internacional fue objeto de importantes ampliaciones y mejoras.

Por otra parte, los trabajos de conservación de pistas, plataformas y rodaje se realizaron en 59 aeropuertos.

Entre los diferentes problemas que enfrenta este organismo destaca la existencia de períodos de saturación en algunos aeropuertos, lo que da lugar a demoras que repercuten en pérdidas para el organismo. Se pretende crear una estructura aeroportuaria integral, capaz de satisfacer las crecientes necesidades de transportación aérea nacional e internacional.

Los ingresos totales del organismo ascendieron a 841 millones de pesos en 1975, cifra que contrasta con 485 millones alcanzados en 1974 que representó un incremento del 73%.

Del total de ingresos 89% corresponde a ingresos corrientes y 11% lo constituyen ingresos de capital. En 1974, 100% de los ingresos quedó constituido por conceptos corrientes. Así, en 1975 estos ingresos tuvieron un incremento de 55% con relación al año anterior.

El gasto total ejercido en 1975 fue de 897 millones de pesos que representa una diferencia de 35% del total presupuestado y una variación porcentual de 45% con relación a lo ejercido el año anterior.

El renglón de gasto total para 1975 quedó integrado por gasto corriente (60%) y gasto en cuenta de capital (40%).

El déficit financiero determinado por estos movimientos fue de 56 millones de pesos, cubierto con una disminución de efectivo.

CUADRO 60

AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES INGRESOS Y EGRESOS

1974 - 1975

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CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE

INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

En la actualidad las vías de comunicación constituyen la columna vertebral de toda infraestructura económica y social, por su contribución a las actividades productivas del país.

Es indudable que tanto en países altamente industrializados como en países de desarrollo se requiere fundamentalmente de un sistema eficiente de carreteras y puentes que permitan integrar la actividad productiva a la totalidad de su territorio. Sin embargo, ante el elevado costo que tiene este tipo de obras, se hace necesaria la captación de recursos suficientes que permitan su realización. Ante este hecho, se requiere contar con vías de comunicación de cuota, que hagan posible canalizar estos recursos en la ampliación y mejoramiento de nuestra red de carreteras libres, ya que a través de las cuotas impuestas en algunas vías, se recupera su costo permitiendo, además, su conservación, operación y administración.

A la fecha este organismo administra seis autopistas y once caminos directos, con una extensión total de 1,682 kilómetros, en donde se localizan también 17 gasolineras de su propiedad; opera 27 puentes y 14 transbordadores, dos fábricas de emulsión asfáltica y una de pintura, establecidas a lo largo del país, con el propósito de atender las necesidades que demandan la construcción y conservación de autopistas.

Los ingresos totales de esta entidad ascendieron a 1,252 millones de pesos en 1975, frente a 1,071 millones de pesos logrados en 1974.

La cifra absoluta para 1975 significó un incremento de 17% respecto al año anterior. Del total, 85% corresponde a ingresos corrientes, 1.0% lo constituyen ingresos de capital y 14% financiamiento. Dichos porcentajes fueron en 1974 de 78%, 1% y 21% para ingresos corrientes, de capital y financiamiento en su orden.

Cada una de estas partidas experimentó en 1975 una variación de 28%, 55%, y _25%, respectivamente, con relación al año anterior.

Por lo que toca a gastos, el total ejercido en 1975 fue de 1,243 millones que representa una diferencia de 20% superior al monto presupuestado y una variación porcentual de 14% mayor a lo ejercido en 1974.

El renglón de gasto total queda integrado por gasto corriente (64%), gasto en cuenta de capital (23%) y, amortización de la deuda (13%). El superávit financiero fue de ocho millones de pesos.

El tránsito de vehículos y personas en territorio nacional y zonas fronterizas se incrementó en casi 10.2% y en 1.1%, respectivamente, con relación a 1974. Por lo que se refiere a la circulación de vehículos en autopista y caminos directos, fue 9.6% mayor que en 1974. Este organismo de ocupación a 4,650 personas, 1,645 más que en 1970.

CUADRO 61

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y

SERVICIOS CONEXOS

INGRESOS Y EGRESOS

1974 - 1975

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2.4 Sector Comercio Exterior

INSTITUTO MEXICANO DE

COMERCIO EXTERIOR

Es un organismo que se creó para apoyar nuestro intercambio comercial a nivel internacional, fungiendo como organismo asesor del Gobierno Federal y de apoyo a empresas particulares en este campo.

Sus actividades las realiza a través de sus áreas de promoción nacional e internacional, servicios al exportador, planeación y estudios, productividad, tecnología y centro de diseño.

Durante sus seis años de vida,* el IMCE ha desarrollado actividad a través de sus consejerías y representaciones comerciales en el extranjero (las que actualmente son 30 y cubren en sus promociones a 48 países en los cinco continentes) y de las comisiones estatales y regionales de comercio exterior, de las cuales cuenta con 44. La finalidad de estas últimas es vincular las demandas del exterior con ofertas potenciales internas que, a su vez, pueden dar origen a proyectos concretos de inversión diversificando así las actividades de las diferentes regiones del país.

Mediante el impulso que se da a las exportaciones, se estima que más de un millón de mexicanos vinculan sus ingresos al comercio exterior, al cual se ha tratado de consolidar como uno de los factores determinantes del desarrollo del país.

Los ingresos totales de esta entidad ascendieron a 486 millones de pesos en 1975. Del total de ingresos el 70 por ciento corresponde a ingresos corrientes y el 30 por ciento, lo constituyen ingresos de capital. El renglón de gasto total representó para 1975, 483 millones de pesos, el cual se integró por gasto corriente (57 por ciento) y gasto en cuenta de capital (43 por ciento).

* A partir de 1975 este organismo quedó sujeto a control presupuestal y por tanto, se incluye en este año por primera vez en el análisis de la Cuenta Pública.

CUADRO 62

INSTITUTO MEXICANO DE COMERCIO EXTERIOR

1975

(Millones de pesos)

Ingresos 486

Ingresos Propios 486

Ingresos Corrientes 338

Vta. Bs. y Servs. 300

Otros Ingresos 38

Ingresos de Capital 148

Por Erog. Recup. 99

Otros 49

Financiamiento -

Interno -

Externo -

Egresos 483

Suma Cta. Corriente y Cta. de capital 483

Cuenta Corriente 274

Serv. Pers. de Op. 107

Adq. Bs. de Op. 21

Otras Erogaciones 134

Impuestos Federales 12

Cuenta de Capital 209

Serv. Pers. de Inv. -

Adq. Bs. de Inv. 109

Otras Erogaciones 100

Amortización de Pasivo -

Interno -

Externo -

Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal del Departamento del Distrito Federal.

2.5 Sector de Bienestar Social

El análisis de la Cuenta Pública correspondiente al Sector de Desarrollo Social y durante la coyuntura tan especial que representa el año de 1975, cobra un interés particularmente relevante. El sector que se examina comprende las actividades del Sector Público en las que desde el punto de vista cualitativo, se condensan los esfuerzos del Estado Mexicano en la promoción de su política de desarrollo.

Salud, educación y vivienda constituyen, sin duda, tres demandas sociales y políticas de primera magnitud, considerada aparte, por supuesto, la demanda fundamental del aseguramiento de los niveles satisfactorios de alimentación para la población rural y urbana del país.

El comportamiento del sector dentro del presupuesto de egresos de la Federación y el análisis de los resultados obtenidos evidencian los esfuerzos de una estrategia para resignar al desarrollo su sentido social, fundamentada en una profunda revaloración de nuestros recursos humanos. De hecho, el fortalecimiento de los otros cinco sectores que constituyen la Cuenta Pública conforman el basamento material y operativo en el que el Gobierno ha sustentado su política de bienestar social.

Al analizar globalmente los egresos del sector, no puede bajo ninguna circunstancia dejar de considerarse el plan de Once Años y sus implicaciones sobre el gasto educativo.

En efecto, las demandas que la administración federal enfrentó durante el lapso que se examina y, especialmente, en el año de 1975 no sólo se vieron afectadas por los déficit sociales que se habían acumulado previamente a causa de diferir su atención que implicó el esfuerzo nacional de industrialización, sino que se vieron incrementadas por la presión del propio crecimiento demográfico que fue incorporado rápidamente, año con año, un contingente creciente de niños y jóvenes en edad de aptitud de realizar estudios en cada uno de los ciclos y niveles del sistema educativo nacional. La incidencia en la demanda global de educación del Plan de Once Años para la expansión de mejoramiento de la Enseñanza Primaria iniciando en 1959, empezó a hacerse sentir con particular agudeza justamente a partir del 1970. Esta presión se prolonga e intensifica a lo largo del quinquenio siguiente.

Bastaría esta consideración para explicar el imperativo del gobierno federal para incrementar acelerada y considerablemente el financiamiento de la educación nacional, como condición indispensable para evitar _por falta de atención de las exigencias educativas - un grave despropósito que hubiese frustrado los enormes esfuerzos nacionales, comprometidos durante los años anteriores en la realización del Plan de Once Años.

El conjunto de todas estas circunstancias esencialmente cuantitativas condujeron al Gobierno a plantearse de inmediato la decisión de emprender una vasta reforma educativa que se significaría, entre otros, por la expansión y el mejoramiento de la enseñanza media y, sobre todo, por el fortalecimiento de la educación superior y la instrucción técnica, aspectos todos ellos que reclamaron la canalización de 88,255 millones de pesos entre 1971 y 1975.

En materia de salud y de seguridad social y vivienda las demandas acumuladas se intensificaron por la presión demográfica, estrechamente vinculada a su evolución. Pero además, influyeron sobre su magnitud, los efectos de las legítimas reivindicaciones del movimiento obrero organizado en materia habitacional y el impulso que el Ejecutivo Federal decidió dar a la extensión del sistema del Seguro Social a los trabajadores rurales y a otros grupos no amparados anteriormente.

Como en el caso de la educación, el incremento acelerado de la demanda, de servicios directos planteó la urgencia de ampliar la infraestructura material, la organización, los servicios complementarios de administración y sobre todo la planta de personal competente a diversos niveles. Estos requerimientos básicos se vieron a su vez afectados, a partir de 1973, por los ajustes de precios de los diversos materiales y, especialmente, por los incrementos de salarios que han tenido lugar en el país, debido a que en una alta proporción las erogaciones del sector corresponden al pago de servicios personales. En materia de salud pública, el Gobierno de la Federación realizó durante el quinquenio que se inicia en 1971 un esfuerzo extraordinariamente relevante.

Los recursos canalizados entre 1971 y 1975 prácticamente se quintuplicaron. Y, en lo particular, a partir de 1974 y de 1975, en los cuales se empezó a desarrollar la primera etapa del Plan Nacional de Salud, se observan, acusadamente, los incrementos más sensibles. En 1971, el Gobierno Federal canalizó hacia este Ramo 1,701 millones de pesos. En 1975, las erogaciones se elevaron a 5,088 millones. Entre 1973 y 1974, el presupuesto ejercido experimentó un incremento superior a 23% y entre este último año y el de 1975, el aumento fue de 30% (5,088 millones contra 3,892).

En el reencuentro del equilibrio buscado entre el aspecto social del desarrollo y su correlato económico, un instrumento fundamental por su carácter redistributivo, sectorial y geográfico, ha sido señaladamente en este sexenio, el Seguro Social. El avance efectuado por el IMSS durante este período encuentra su punto de partida en las reformas a la Ley de 1970 y en la nueva Ley de 1973.

Con las disposiciones de la nueva legislación y mediante la instrumentación de los esquemas de solidaridad social que ésta contiene, ha sido factible extender el marco de cobertura y protección a millones de mexicanos que dentro de las normas tradicionales de extensión de la seguridad social, hubieran permanecido marginados.

Al abrirse grupos de cotización vinculados a grupos dinámicos de salario, se establecieron bases firmes para el crecimiento de la seguridad social con estabilidad financiera.

Innovando, más allá de los moldes usuales de seguridad social, se logró enriquecer el sistema tradicional y se extendieron sus beneficios a zonas sumamente deprimidas, ya fuera con todos los derechos y beneficios o bien con parte de ellos. Este ha sido particularmente el caso con los ejidatarios de las explotaciones forestales de la Tarahumara; de los candelilleros de Coahuila, Chihuahua, Durango y Zacatecas; en Yucatán con los trabajadores del henequén; en Oaxaca, Puebla y Guerrero con los de la palma; en Tabasco con los que laboran en el Plan Chontalpa; con los productores de tabaco en Nayarit; con los ejidatarios de la Comarca Lagunera y con los cafeticultores en diversas partes del país.

Dentro del Sector de Desarrollo Social, las variaciones del presupuesto y del ejercicio correspondientes a cada una de las entidades y los rubros que lo componen, deben considerarse en función de las fluctuaciones de costos, precios y salarios que han caracterizado, mes tras mes, a los últimos tres años como una etapa de fuerte variabilidad económica.

Dentro de la clasificación sectorial de la Cuenta Pública, el sector de desarrollo social está integrado por los siguientes organismos descentralizados:

_ IMSS

_ ISSSTE

_ LOTERÍA NACIONAL

_ INDECO

La acción gubernamental ha estado dirigida, desde el inicio de la administración y muy singularmente durante el año de 1975, a cumplimentar los dos compromisos fundamentales asumidos por el Ejecutivo Federal desde diciembre de 1970: el desarrollo de los sectores y estratos menos favorecidos y la conducción del proceso de desarrollo nacional de manera integral y armónica en forma sostenida.

En este sentido, el análisis de la Cuenta Pública correspondiente al Sector de Desarrollo Social y durante la coyuntura tan especial que representa el año de 1975, cobra un interés particularmente relevante. El sector que se examina comprende las actividades del Sector Público en las que, desde el punto de vista cualitativo, se condensan los esfuerzos del Estado Mexicano en la promoción de su política de desarrollo.

El incremento acelerado de la demanda de servicios directos plantea la urgencia de ampliar la infraestructura material, la organización, los servicios complementarios de administración, y sobre todo la planta de personal competente a diversos niveles. Estos requerimientos básicos se ven a su vez afectados, a partir de 1973 por los ajustes de precios de los diversos materiales y, especialmente, por los incrementos nivelatorios de salarios que han tenido lugar en el país, debido a que en una alta proporción las erogaciones del sector corresponden al pago de servicios personales.

Para valorar, objetivamente, las variaciones del presupuesto y del ejercicio correspondientes a cada uno de los rubros que lo componen, deben considerarse las fluctuaciones de costos, precios y salarios que han caracterizado, mes tras mes, a los últimos tres años como una etapa de fuerte variabilidad económica.

Por su naturaleza, este sector presenta una situación económica y financiera más sana que los restantes.

La administración de las cuotas de patrones y trabajadores y de 49950071 las aportaciones del gobierno federal ha permitido incrementar los servicios de asistencia médica y bienestar social a los trabajadores en general, incorporando a una gran cantidad de trabajadores agrícolas en especial, y a los burócratas.

49950070

Los ingresos propios del sector ascendieron a 38,685 millones de pesos y ante egresos ordinarios de 39,367 millones de pesos se tuvo para 1975 un déficit financiero de 682 millones de pesos.

La naturaleza de la prestación de los servicios de salud y seguridad social y el carácter que asumen en él las aportaciones del Estado determina que este sector tenga remanentes que se incorporan a sus reservas técnicas.

INSTITUTO MEXICANO DEL

SEGURO SOCIAL

El área de influencia del organismo abarca a una población amparada para 1975 de 16.3 millones, que representaron el 27% de la población nacional y de los cuales 4.4 millones fueron asegurados directos y representaron el 28% de la población económicamente activa. La población total amparada por el Instituto crece a un ritmo aproximado de 8.6% anual contra 3.5% de crecimiento de la población total.

En 1975 el IMSS realizó trabajos de ampliación, remodelación y construcción quedando concluidas la mitad de 175 obras de las que 66% se destinaron a unidades médicas para beneficio del 7.6 millones de derechohabientes. La totalidad de las obras serán concluidas en 1976 ya que se destinaron 2,800 millones de recursos libres a la ampliación de la capacidad existente. Las unidades médicas a diciembre de 1975 sumaban 1,106 superiores en 1.4% al año anterior. El número de médicos empleados fue de 17,000 en relación a 11,709 en 1970.

Las prestaciones médicas proporcionadas por el IMSS, también se elevaron considerablemente. Las consultas externas que en 1970 fueron un poco más de 37 millones, para 1975 ascendieron a 45.8 millones; las intervenciones quirúrgicas en 1975 fueron de poco más de 463 mil, y los partos correspondieron a 530 mil en total.

Con respecto a las prestaciones en dinero, el organismo erogó en 1975 4,289.6 millones, superior en 196.7% respecto a 1971 que fueron 1,445.6 millones. Las prestaciones incluyen pensiones, subsidios, ayudas e indemnizaciones.

Las actividades de bienestar social beneficiaron a 3.3 millones de personas. Los programas de prestaciones sociales recibieron un gran impulso proyectándose también al medio rural, ascendiendo al beneficio a 8.0 millones de usuarios atendidos en 242 unidades. A los centros de capacitación teórico - práctica acudieron 2,286 campesinos.

Los ingresos totales de esta entidad ascendieron a 24,993 millones en 1975 frente a 19,734 millones en 1974. La cifra absoluta para 1975 significó un incremento de 27% con respecto al año anterior. Del total de ingresos 89% corresponde a ingresos corrientes, 1% lo constituyen ingresos de capital y 10% a financiamiento. Dichos porcentajes fueron en 1974 de 87%, 2% y 11% para ingresos corrientes, de capital y financiamiento en su orden. Cada una de estas partidas experimentó en 1975 una variación de 30%, 25% y 11% respectivamente, con relación al año anterior.

Con un gasto de 25,064 millones de pesos, superior en 5,298 millones de pesos al del año anterior y en 2,472 millones de pesos (11%) al presupuesto, durante 1975 el Instituto Mexicano del Seguro Social continuó su labor en materia de salud y bienestar.

El déficit en cuenta de capital, menos el ahorro en cuenta corriente arrojan la suma de 440 millones de déficit financiero, el cual fue financiado con una colocación de deuda por 2,415 millones de pesos. Se aplicó la cantidad de 2,046 millones de pesos en el renglón de amortización de deuda, por lo que el endeudamiento neto sumó 369 millones de pesos.

La incorporación de municipios ha tenido un considerable incremento, ya que de 574 que se encontraban beneficiados en 1970, pasaron a ser 689 en 1975.

En 1970 operaban 953 unidades médicas; en 1975 su número asciende a 1,958. El renglón de gasto total queda integrado por gasto corriente (86%), gasto en cuenta de capital (6%) y amortización de la deuda (8%).

El personal del Instituto ascendió en este ejercicio a 119,458 trabajadores, superior en 15.9% a 1974 debido a una mayor demanda de servicios, derivada del incremento de la población derechohabiente. Cabe comentar que dentro del personal activo se consideraron 8,700 becarios, los cuales son médicos recién egresados que prestan sus servicios y a los que se les cubre una beca de 3,000 pesos mensuales aproximadamente.

El Instituto Mexicano del Seguro Social ha coadyuvado intensamente en la consecución de los objetivos de la política que en esa metería ha seguido el presente régimen. Así tenemos que de 9.8 millones de derechohabientes que tenía en 1970, aumentaron a 16.3 millones en 1975. Este incremento se debe a que en la nueva ley de esta institución, que entró en vigor en la presente administración, extiende el servicio del seguro social obligatorio a áreas que en forma tradicional no contaban con él: cerca de 422 mil habitantes de zonas rurales, entre henequeneros, tabacaleros, agricultores y candelilleros de varios estados, fueron incorporados al régimen de seguridad social.

C u a d r o 63

I. M. S. S.

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INSTITUTO DE SEGURIDAD Y

SERVICIOS SOCIALES DE LOS

TRABAJADORES DEL ESTADO

Ha sido una preocupación del actual régimen, la incorporación de mayor número de núcleos de población y los servicios de seguridad social. Esta entidad, en coordinación con la Secretaría de Salubridad y Asistencia y el Instituto Mexicano del Seguro Social, cumple con las normas de la Comisión Mixta Coordinadora de Actividades en Salud Pública, Asistencia y Seguridad Social, ampliando su cobertura asistencial a mayor número de derechohabientes (3.4 millones en 1975), intensificando en forma programada la actividad de enseñanza en todos niveles del personal paramédico y administrativo.

Los ingresos totales de esta entidad para 1975 ascendieron a 10,694 millones, frente a 9,415 millones en 1974. La cifra absoluta para 1975 significó un incremento del 13.6% respectivo al año anterior. Del total de ingresos 65% corresponde a ingresos corrientes y 35% a ingresos de capital. Dichos porcentajes fueron en 1974 de 53 y 45%, respectivamente. Cada una de estas partidas experimentó en 1975 un incremento de 40% y 12.7% con relación al año anterior.

Por lo que toca a gastos, el total ejercido en 1975 fue de 10,858 millones de pesos, que representa una diferencia de 25.1% del monto presupuestado y una variación porcentual de 15% con relación a lo ejercido en 1974. El renglón de gasto total queda integrado por gasto corriente (48%) y gasto en cuenta de capital (52%), el cual permitió mejorar los servicios de salud y bienestar proporcionados a los derechohabientes y aumentar el número de beneficiarios.

Con base en lo anterior, el Instituto registró un remanente en sus operaciones corrientes por 1,791 millones; por el contrario sus gastos de inversión fueron de 1,955 millones por lo que se concluye que la diferencia entre resultado corriente y de capital, o sea $164 millones, es una aportación patrimonial del Gobierno Federal.,

No se concertaron financiamientos ni hubo aplicación en amortización de deuda.

Con cargo al programa de inversiones para 1975, realizó la construcción de nuevas unidades hospitalarias en: el área metropolitana de la ciudad de México, Guadalajara, Pachuca, Colima, Tuxtla Gutiérrez, Mexicali, Cd. Juárez , Nuevo Laredo, Matamoros, Aguascalientes, Tapachula, Sahuayo, Balancán y Puebla. Ampliación y remodelación de hospitales y clínicas en: Cd. Juárez, Monterrey, Tepic, Tampico, Veracruz y Mérida.

La población derechohabiente aumentó en más de 2 millones en el período 1970 - 1975; el número de unidades médicas, de hospitales, clínicas y consultorios, pasó de 682 y 748 unidades con 2,740 y 3,718 camas disponibles, respectivamente.

En 1975 el número de tiendas fue de 85 y realizaron ventas por 2,005 millones de pesos a 13.5 millones de consumidores.

Cuadro 64

I. S. S. S. T. E.

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LOTERÍA NACIONAL PARA

LA ASISTENCIA PUBLICA

Esta institución se encuentra ubicada por sus características de Asistencia Social, dentro de la rama de actividad servicios en virtud de que el 65% de sus utilidades se destina a las Secretarías de Salubridad y Asistencia y de la Presidencia, quienes canalizan dichos recursos, básicamente a campañas de salud pública y de desarrollo regional.

Los ingresos totales de esta entidad ascendieron a 5,241 millones en 1975 frente a 4,380 millones de pesos logrados en 1974. La cifra absoluta para 1975 significó un incremento de 20% con respecto al año anterior. Del total de ingresos 98% corresponde a ingresos corrientes y 2% lo constituyen ingresos de capital.

Dichos porcentajes fueron en 1974 de 98% y 2% para ingresos corrientes y de capital. Cada una de estas partidas experimentó en 1975 un incremento de 20% y 15% respectivamente, con relación al año anterior.

Por lo que toca a gastos, el total ejercido en 1975 fue de 5,319 millones de pesos que representa una diferencia de 20% del monto presupuestado y una variación porcentual de 24% con relación a lo ejercido en 1974.

El renglón de gasto total queda integrado por gasto corriente (93%) y gasto en cuenta de capital (7%).

La aportación de esta empresa al Gobierno Federal fue de 767 millones de pesos , 83 millones más que en 1974.

El número de empleados con que cuenta la entidad es de 1,717 hasta 1975. Por su parte las remuneraciones pagadas mantuvieron un ritmo de crecimiento mayor al del personal.

Cuadro 65

LOTERÍA NACIONAL

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INSTITUTO NACIONAL PARA EL

DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

RURAL Y DE LA VIVIENDA POPULAR

El crecimiento desordenado de los núcleos urbanos generó uno de los graves problemas con que se enfrentó el actual gobierno: el habitacional. Por esto, se buscó a través de una política de desarrollo de la comunidad y la vivienda mejorar las condiciones de vida en las zonas rurales y en las áreas urbanas. En este marco se ubica el Instituto Nacional para el Desarrollo Rural y de la Vivienda Popular, que de 155 casas que vendió en 1971 aumentó a 18,482 en 1975; ha construido 16 conjuntos habitacionales que proporcionaron 7,000 viviendas y llevó a cabo la reparación de más de 20,000.

Los ingresos totales de esta entidad ascendieron a 172 millones de pesos en 1975 frente a 328 millones en 1974. La cifra absoluta para 1975 significó una disminución del 48% con respecto al año anterior. Del total de ingresos el 73% corresponde a ingresos corrientes y el 27%, lo constituyen ingresos de capital.

Dichos porcentajes fueron en 1974 de 89%, 5% y 6% para ingresos corrientes, de capital y financiamiento en su orden. Cada una de estas partidas experimentó en 1975 una variación de - 57%, 194% y - 100% respectivamente, con relación al año anterior.

Por lo que toca a gastos, durante 1975 el presupuesto de 92 millones de pesos fue insuficiente para cubrir su labor, debiendo ejercerse 172 millones de pesos que representa una diferencia de 87% del monto presupuestado. El renglón de gasto total queda integrado por gasto corriente 59% y gasto en cuenta de capital 41%.

Actualmente el déficit global de la vivienda en el país para personas con capacidad de pago es de 1.5 millones; el déficit total, es superior a los tres millones de viviendas en el medio urbano, que se incrementa anualmente en un orden de 400 mil unidades.

Desde su creación en 1972 el INDECO ha participado en la construcción de 58,765 viviendas de las cuales 19,303 corresponde a programas urbanos, 14,378 a los rurales y 25,084 a los especiales con una inversión ejercida del orden de 1,293.1 millones beneficiando a 313,600 habitantes aproximadamente. La generación de empleos fue del orden de 1,294 correspondiendo 425 empleados de planta y 869 a eventuales, a quienes se cubrió 90.0 millones por concepto de remuneraciones.

La contribución por concepto de impuestos alcanzó la cifra de 6.0 millones, de los cuales, el 85% correspondió al impuesto retenido sobre productos del trabajo y el resto básicamente al 1% sobre las remuneraciones pagadas.

Cuadro 66

INSTITUTO NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA

COMUNIDAD RURAL Y DE LA VIVIENDA POPULAR

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V. LAS FINANZAS DEL DEPARTAMENTO

DEL DISTRITO FEDERAL

1. Presupuesto Original y Ejercido

Del estudio y análisis financiero realizado a los Estados Contables que integran la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal, correspondiente al año de 1975, se observa que el gasto ejercido registró un incremento de 1,284 millones respecto a la cifra presupuestada originalmente, al ascender a la cantidad de 13,609 millones de pesos, siendo que la asignación presupuestada para ese año fue de 12,325, o sea que la diferencia equivale a un 10.4%.

Cabe destacar que esta diferencia disminuyó en relación con las que se registraron en años anteriores. En ejercicios pasados las diferencias entre la asignación original y el gasto realizado alcanzaron promedios del 25% en los años de 1967 a 1973 y 14.5% en 1974 en relación con el año anterior. La diferencia observada en 1975 del 10.4% indica que las técnicas empleadas para presupuestar los gastos se han depurado y que se utilizaron criterios más adecuados (véase cuadro número 67).

Como puede apreciarse en el cuadro de referencia, en tanto la amortización tuvo una disminución de 12.5%, los gastos corrientes y de capital tuvieron un incremento de 753 millones de pesos y 692 millones de pesos equivalentes, al 58.6% y al 53.9% respectivamente, de la diferencia total de 1,284 millones de pesos entre el presupuesto original y el ejercido, que se vio reflejada principalmente en:

CUADRO 67

DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL

Diferencia entre asignación y Presupuesto Ejercido

1975

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Servicios Personales y Erogaciones Especiales, con incrementos de 301 y 410 millones de pesos, que representan el 23.4 y 31.9% respectivamente, del incremento de 1,284 millones; obedecen fundamentalmente a la creación de 5,502 plazas necesarias para atender el aumento de los servicios en las siguientes dependencias:

Policía y tránsito 1,212

Servicios Médicos 168

Servicios Urbanos 680

Delegaciones 2,302

Procuraduría 750

Otras dependencias 390

y en la estimación original del gasto que por concepto de servicios personales y su repercusión directa en prestaciones a los trabajadores por concepto de aportaciones al ISSSTE, FOVISSSTE y Cajas de Previsión, que se ubican en el capítulo de transferencias; se ve afectada por los incrementos habidos en los sueldos, decretados con fecha posterior a la aprobación del presupuesto, en el mes de agosto de 1975, donde los incrementos fueron del 16% en salario menores a los $ 6.100.00 mensuales y 13% para ingresos superiores.

Por lo anterior, se resume que el incremento en servicios personales y erogaciones especiales es de 711 millones en pagos directos y de 59 millones en transferencias, lo que sumado al incremento de 13 millones de pesos en servicios generales, explica el incremento en gasto corriente, dadas las disminuciones en adquisiciones e intereses.

El gasto total registrado para erogaciones especiales en 1975, asciende a 695 millones de pesos en los que se reflejan las diferencias de sueldos, horas extras y sobresueldos para trabajos catastrales; en éstos, los gastos de emergencia, diversos y complementarios representan niveles equivalentes a los de 1974.

Durante 1975 los principales pagos realizados directamente con cargo a la partida de complementarios fueron los siguientes: Servicios de Comedores y Víveres, Muebles, Alquileres, Gastos de Propaganda, Subsidios Diversos, Refacciones, Aportaciones de Capital al Sector Público e Imprevistos.

En gastos de capital, se registró un incremento de 692 millones de pesos, que representa el 53.9% de los 1,284 millones de pesos diferencia del presupuesto original y el presupuesto ejercido: este aumento se vio reflejado principalmente en la inversión física.

Como puede apreciarse en el cuadro número 68, el gasto del Departamento del Distrito Federal en 1975, de 13,609 millones de pesos fue superior en 2,857 millones (26.6%) al realizado en 1974. Los aumentos en los gastos corriente y de capital fueron de 1,526 y 1,261 millones de pesos, 30.3 y 23.8% respectivamente, en relación a las erogaciones de 1974.

CUADRO 68

DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL

Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica

1974 - 1975

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Hubo incremento en todos los renglones de gasto corriente, destacando los registros en servicios personales, cuyas causas ya fueron explicadas.

En materia de adquisiciones, el incremento de 135 millones de pesos se da principalmente por el aumento en el precio de la gasolina. El incremento en el gasto por servicios generales de 130 millones se origina en el pago de agua en bloque que se recibe de la Comisión de Aguas del Valle de México.

En razón de lo anterior, el gasto corriente en conceptos de apoyo a la administración ha sido realizado en forma adecuada y refleja el cuidado del Gobierno de la ciudad en los gastos de adquisición y servicios generales. Los pagos de cancelación de pasivo por Deuda Pública consolidada se incrementaron en 301 millones de pesos, como consecuencia de los créditos contratados a partir de 1972, así como por las variaciones registradas en las tasas de intereses y gastos financieros.

El aumento de los gastos de capital también fue importante, ya que ascendió en 1975 a 1,261 millones de pesos, o sea 23.8% en relación con 1974, destacando el registro en la inversión física que fue de 1,029 millones de pesos, equivalente a un incremento de 25.5% sobre lo erogado el año anterior.

En Obras Públicas y Construcciones se gastaron durante 1975, 4,941 millones de pesos de acuerdo con el cuadro de referencia. Sin embargo, y debido a los procedimientos contables establecidos por el Gobierno Federal, se registran únicamente las operaciones pagadas, quedando pendientes de registro aquellas estimaciones de obra ejecutada hasta el 31 de diciembre de 1975 que por los diferentes trámites administrativos no pueden ser liquidados en las mismas fechas. Por lo tanto, la estructura de la inversión del Departamento del Distrito Federal, ejecutada en 1975, comparada con la del año anterior fue como sigue:

Cuadro 69

Inversión Pública del Departamento del Distrito Federal

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Como se aprecia en el cuadro anterior, durante 1975 recibió atención preferente el desarrollo de los Programas Institucionales, que benefician a la gran mayoría de la población; asimismo, en forma importante y a fin de concluir las Obras de Drenaje Profundo con lo cual se evita el riesgo de inundaciones catastróficas de la ciudad, se incrementó el ritmo de trabajos en el segundo semestre de 1974 y el primero de 1975, repercutiendo esto en una gran inversión que cubrió las obras de ese año y como ya se mencionó, las realizadas en el último trimestre de 1974.

Ante la imperiosa necesidad de aligerar el tránsito en la ciudad y área metropolitana, durante 1975, se continuaron los planes para la construcción del Circuito Interior y Vías Radiales. Así, de la inversión total en 1975, el 23.6% se destinó a la continuación de estos programas, al haberse invertido 1,180 millones de pesos.

En atención al beneficio social que constituye la construcción de viviendas para los sectores de población de escasos recursos se invirtieron, en 1975, 138 millones de pesos en diferentes unidades habitacionales, su correspondiente urbanización y equipamiento complementario.

En el renglón de Delegaciones y Reclusorios durante 1975 y con objeto de dar debido cumplimiento a la Ley de normas mínimas para sentenciados, aplicable a los procesados en lo conducente, se invirtieron 340 millones de pesos en obras de los Reclusorios Norte y Oriente, así como del Centro Médico de los Reclusorios del Distrito Federal que cumple ampliamente con los objetivos de rehabilitar al individuo y buscar su integración a la sociedad.

La inversión en 1975 para las obras de introducción de agua potable, sin incluir su distribución fue del orden de 83 millones de pesos para el Sistema de Aguas del Norte y algunas obras auxiliares y complementarias que aseguran un caudal suficiente de abastecimiento, aunado a los esfuerzos de la Comisión de Aguas del Valle de México. Dentro de los programas institucionales se continuó la extensión de servicios para abastecer a las colonias populares.

El gasto total en servicios educativos y culturales fue de 1,724 millones de pesos, equivalentes al 16.5% del gasto total financiado con recursos propios; o sea, que la erogación efectuada en este renglón fue superior al mínimo establecido por el artículo 30 de la Ley Federal de Educación Pública vigente, según puede apreciarse en el cuadro número 70.

En la inversión financiera se registró un incremento de 176 millones de pesos que representa 13.7% del incremento de 1,284 millones de pesos entre el presupuesto original y el ejercido. La diferencia en el renglón de Aportación a Organismos se distribuyó como sigue: 105 millones al Sistema de Transportes Eléctricos para cubrir aumentos de sueldos y salarios, energía eléctrica y aumentos del 16% sobre sueldos, gratificaciones y proveedores y 71 millones a Industrial de Abastos para sueldos y salarios de trabajadores de la empresa, así como para la compra de ganado.

En amortización de la deuda el gasto ascendió a 492 millones de pesos, 161 millones (24.6%) menor a los 653 millones estimados, en virtud de que se amortizaron algunos créditos puente para la construcción de vivienda mediante contratos de mutuo con interés del 6 y 9% anual a un plazo de 15 años; asignados a los adquirentes de las viviendas de interés popular y social respectivamente.

Finalmente, se presenta a continuación la Clasificación Funcional de los gastos del Distrito Federal:

CUADRO 70

DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL, GASTOS EN SERVICIOS

EDUCATIVOS Y CULTURALES

1975

(Millones de pesos)

Concepto Millones

Total Ejercido 1,724

1) Adquisición de Terrenos para Escuelas 190

2) Jardines de Niños 19

3) Escuelas Primarias 81

4) Escuelas Secundarias y Técnicas, 1a. etapa 127

Escuelas Secundarias y Técnicas, 2a. etapa 99

Centro de Estudios Tecnológicos de especialidades

Administrativas, especialidades electromecánicas

y metodológicas, construcción de talleres,

administración, gimnasio, biblioteca, cafetería, etc. 22

5) Escuela Técnica "Rafael Donde" terminación 6

6) Escuela Nacional de Educación Física 5

7) Terminación Obras años anteriores 42

8) Reconstrucción y Terminación 20

9) Mantenimiento y conservación de escuelas 131

10) Aportación en efectivo a la S.E.P. según

convenció de fecha 15 de mayo de 1968 69

11) Subsidios para educación 5

12) Fomento de deporte 10

13) Erogaciones para educación física 6

14) Erogaciones educadoras, maestros, en

centros sociales, deportivos y albergues infantiles 32

15) Mantenimiento y diversos gastos en

instalaciones deportivas 34

16) Artículos para bibliotecas y escuelas 7

17) Audiciones, conciertos, y espectáculos

culturales 28

18) Materiales adicionales de construcción 82

19) Mobiliario y equipo 95

20) Estudios y proyectos para escuelas 4

21) Erogaciones y becas y cursos de actualización 20

22) Materiales para talleres 10

23) Costo indirecto de obras y administración 580

Fuente: Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal, documento anexo año de 1975.

CUADRO 71

DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL

RESUMEN FUNCIONAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, 1975

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2. Ingresos Fiscales.

Los ingresos ordinarios del Departamento del Distrito Federal fueron de 10,429 millones de pesos en 1975, cifra superior en 2,443 millones (30.6%) a la recaudación ordinaria de 1974. Los incrementos observados se deben principalmente al impuesto sobre ingresos mercantiles, siendo la recaudación por este concepto en 1975 de 3,953 millones de pesos, o sea 785 millones (24.7%) superior a los 3,168 millones recaudados en 1974. Un mayor nivel de precios por el efecto inflacionario en dicho año y un mejor control de los causantes, explican principalmente el aumento logrado.

Otro de los impuestos cuyo aumento en su recaudación fue importante en 1975, es el impuesto predial, que con relación al año anterior aumentó en 58.4%, debido fundamentalmente a la modificación de tarifas que entraron en vigor en 1975, al mayor número de causantes y a las revaluaciones de las propiedades que son la base del gravamen en un gran número de casos.

Por lo que se refiere al renglón de derechos, fue el relativo a Servicios de Aguas el que incrementó en mayor proporción su recaudación, en 215 millones de pesos, ya que en 1975 fue de 539 millones de pesos, superior a los 324 millones de pesos correspondiente al año de 1974, lo que significa un incremento del 66.3%.

La disminución de productos se debe fundamentalmente a la venta de terrenos y unidades habitacionales a instituciones como el FOVISSSTE e INFONAVIT, en virtud de que por trámites legales las cantidades pagadas a la Tesorería del Distrito Federal se contabilizaron como depósitos diversos sin afectar la fracción correspondiente de la Ley de Ingresos.

A reserva de regularizarse mediante las escrituras de traslación de dominio correspondientes. El mismo caso se presenta en la venta de casas o departamentos a particulares. (Véase Cuadro 72).

En 1975 se obtuvo una recaudación adicional por concepto de participaciones que el Gobierno Federal concedió al Departamento del Distrito Federal en el impuesto sobre la renta (causantes menores) y en el de tenencia o uso de automóviles, lo cual representó junto con otros aprovechamientos, un ingreso de 764 millones de pesos adicionales a lo recaudado en 1974, lo que significa un incremento de 50.7%. Las principales participaciones fueron los siguientes impuestos federales: gasolina, 158 millones de pesos; cerveza 113; y automóviles y camiones ensamblados en el país, 66 millones de pesos.

CUADRO 72

DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL

Ingresos Efectivos

1974 - 1975

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3. Deuda y Financiamiento del Gasto.

Los gastos corrientes del Departamento del Distrito Federal fueron en 1975 de 6,559 millones de pesos, en tanto que los ingresos corrientes alcanzaron la cifra de 10,418 millones de pesos obteniéndose un superávit en cuenta corriente de 3,859 millones de pesos. (Véase cuadro 73).

Este superávit fue, sin embargo, insuficiente para financiar las necesidades en cuenta de capital , que ascendieron a 6,558 millones de pesos, por lo que se registró una diferencia financiera total de 2,699 millones de pesos, que no pudo ser cubierta con ingresos por recursos propios .

El financiamiento de estas necesidades en 1975 se cubrió con un endeudamiento neto de 1,802 millones de pesos, resultado de una contratación de empréstitos por la suma de 2,294 millones de pesos y de una amortización de deuda de 492 millones de pesos, más un resultado superavitario de operaciones no presupuestales de 897 millones de pesos, dada la disminución de efectivo por 87 millones de pesos.

Del total de los créditos recibidos en 1975, o sean 2,294 millones de pesos, 1,057 millones corresponden a créditos no recibidos en 1974, 943 fueron destinados a financiar programas de inversiones, 290 millones al programa habitacional, de los cuales 162 millones corresponden a créditos para vivienda autorizados en años anteriores y no recibidos por el Departamento y 128 millones a los programas habitacionales de 1975. Por último 4 millones de pesos fueron destinados a financiamiento de trabajos técnicos del Plan Director.

Todos estos créditos fueron autorizados con posterioridad a la aprobación del presupuesto de egresos de 1975.

De lo expuesto se concluye que:

a) El monto global de las necesidades de recursos financieros, no cubiertos con los recursos propios del Departamento del Distrito Federal (ahorro en cuenta corriente menos déficit en cuenta de capital) para el ejercicio de 1975 , fue superior en 347 millones de pesos (14.7%) al del año inmediato anterior, ya que en 1974 tal déficit ascendió a 2,352 millones de pesos en tanto que para 1975 fue de 2,699 millones de pesos.

b) La contratación de empréstitos en 1975 con relación a 1974 presenta un decremento de 274 millones, en tanto que la amortización de deuda aumentó en 71 millones de pesos.

c) Consecuentemente, el endeudamiento neto del Departamento del Distrito Federal en 1975 fue de 1,802 millones, inferior al del año anterior, que fue de 2,147 millones de pesos (Véase cuadro 73), a pesar de que en 1975 se recibieron créditos por 1,057 millones que debieron ser recibidos en 1974.

d) Los ingresos del Departamento del Distrito Federal en 1975 fueron mayores que los del año anterior; y en lo que respecta al total de egresos presupuestados y ejercidos, se registró una diferencia menor entre ambos que en años anteriores. Se incrementó la inversión pública, asignando un 27.2% de ella a la ejecución de obras integradas en el Programa Institucional; 23.6% a la construcción del Circuito Interior y otras vías radiales y se concluyeron las obras del Sistema del Drenaje Profundo.

En resumen, la situación financiera del Departamento del Distrito Federal es consistente con ejercicios anteriores, si bien el déficit sufrió un ligero incremento en 1975 en relación con el año anterior, lo que se explica por el hecho de que las necesidades en materia de servicios públicos que demanda la población capitalina son cada vez mayores, así como a los aumentos en los sueldos y en los precios de las materias primas, combustibles y artículos de consumo.

CUADRO 73

DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL

RESULTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

1974 - 1975

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INDUSTRIAL DE ABASTOS

Las funciones de Industrial de Abastos son básicamente regular el abasto de carne, con el objeto de evitar la especulación con este producto y prestar el servicio público de matanza de animales destinados al consumo humano.

Desde 1965, I.D.A. dejó de controlar toda la carne que se consumía en la Ciudad de México al crearse otros rastros en la periferia de la Ciudad, a fin de complementar la acción de esta empresa. La intervención de la empresa en el mercado durante 1975 originó ingresos de operación por 362 millones de pesos, que significaron una reducción de 145 millones con respecto al año anterior.

En términos generales la situación financiera de la empresa es de carácter deficitario a partir del decreto de la libre introducción de carne al Distrito Federal, cuya consecuencia es la disminución en la matanza y por ende en los ingresos, como ya se ha visto, lo que ha originado mano de obra excedente, costos fijos elevados y los efectos de aumentos de sueldos, salarios y prestaciones.

Antes de la disposición citada, la matanza llegó a alcanzar un promedio de tres mil cabezas de bovinos diarias y a la fecha asciende aproximadamente a 400 reses como promedio; la matanza de aves, porcinos y ovicaprinos, no registra un decremento importante.

La planta industrial, fue diseñada para una matanza de 5,000 cabezas de ganado al día. Los ingresos propios ascendieron a 362 millones de pesos en 1975, frente a 507 millones de pesos en 1974.

La cifra para 1975 significó una disminución de 145 millones, 28,6% con respecto al año anterior. Del total de ingresos el 100.0% corresponde a ingresos corrientes.

Por lo que toca a gastos, el total ejercido en 1975 fue de 641 millones de pesos, que representa una variación de 156 millones, 20% menor con relación a lo ejercido en 1974.

En consecuencia, este organismo tuvo una diferencia entre ingresos y egresos totales de 275 millones, 3.5% menor a la correspondiente a la del año anterior. Esta se cubrió con las aportaciones del Departamento del Distrito Federal.

CUADRO 74

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

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SERVICIOS DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL DISTRITO FEDERAL

Durante el año de 1975 la empresa Servicio de Transportes Eléctricos continuó con el programa de restauración de sus equipos; con tal propósito se invirtieron 5.9 millones de pesos. Sin embargo, los programas de inversión sólo pudieron cubrirse parcialmente, debido a la falta de recursos económicos; así se adquirieron dos subestaciones para operar la nueva frecuencia de 60 ciclos y se abrió la línea de trolebuses Iztacalco - Metro San Antonio Abad.

En promedio, el Sistema de Transportes Eléctricos subsidia con 90 centavos a cada pasajero transportado, esta aportación permite contar con un sistema de transporte cuyas tarifas están al alcance de los sectores económicamente más necesitados, política que explica el resultado financiero deficitario de esta empresa.

Este organismo concurre a satisfacer la demanda de transporte de un promedio de 245 millones de pasajeros anuales, localizados en los núcleos de población dentro del área del Distrito Federal con escasos recursos económicos y que por sus reducidas posibilidades requieren de un servicio eficiente y a bajo costo.

Esta acción al subsidiar otros sectores de la población, permite que los servicios indispensables de transportación masiva queden al alcance del grupo marginado de nuestro desarrollo.

Los ingresos de operación de esta entidad ascendieron a 134 millones de pesos en 1975 frente a 113 millones logrados en 1974, lo que significó un incremento del 18.6% con respecto al año anterior.

Este aumento puede atribuirse al mayor volumen de pasajeros transportados y al incremento de tarifas en tranvías y trolebuses de 15 centavos en todas las unidades, y a partir del 6 de junio de 1975, de 10 centavos adicionales en las unidades restauradas.

Por lo que toca a gastos, el total ejercido en 1975 fue de 362 millones de pesos que representa una variación porcentual de 15% con relación a lo ejercido en 1974.

El renglón de gasto total queda integrado por gasto corriente (94.2%) gasto de capital (0.8%) y pago de pasivos (5.0%).

Habiendo ascendido los ingresos totales a 143 millones de pesos y los egresos totales a 362 millones, se generó una pérdida neta de 219 millones de pesos. En 1974 la pérdida neta fue de 196 millones.

Cuadro 75

SERVICIOS DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS

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SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

(METRO)

En el año de 1975 los ingresos por servicios fueron de 565 millones de pesos, registrando un incremento de 12.8%, con respecto al año de 1974. Esto fue consecuencia del aumento de pasajeros movilizados, que ascendió a 551.3 millones, superior en 27.5% a la afluencia de 1974.

El incremento en la demanda determinó que la empresa decidiera ampliar sus servicios, incorporando a sus actuales rutas un mayor número de carros para elevar la eficiencia de las mismas, al permitir una mayor frecuencia entre corridas.

Con este fin, se contrató con Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril, la adquisición de 345 carros, erogándose como anticipo 107 millones de pesos por este concepto.

Comparando la tarifa del metro de la Ciudad de México, con las de los otros países, tenemos que ocupa el sexto lugar considerando el recorrido pagado por el boleto. El precio por kilómetro recorrido promedio, es de 13.6 centavos.

Para complementar esta información mencionaremos que el usuario del Metro de París paga el equivalente de 53.5 centavos por kilómetro y el Montreal 87 centavos mexicanos.

Ambos sistemas son idénticos al nuestro.

El beneficio social que presta este Organismo es el de proporcionar transporte rápido, barato y seguro a grandes núcleos de la población de escasos recursos lo que trae como consecuencia un ahorro en el tiempo de traslado y los beneficios que este presenta.

En 1975 se transportó un promedio de 1,850.000 pasajeros diarios. Los ingresos por venta de servicios de esta entidad ascendieron a 565 millones en 1975 frente a 501 millones logrados en 1974.

La cual significó un aumento de 64 millones, 13% respecto al año anterior. Por lo que toca a gastos, el total ejercido en 1975 fue de 1,189 millones de pesos que representa un incremento de 178 millones, 18% con relación a lo ejercido en 1974.

Habiendo ascendido los ingresos totales a 590 millones y los egresos totales a 1,189 millones, se alcanzó un déficit de 599 millones.

Cuadro 74

INDUSTRIAL DE ABASTOS

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CIUDADANOS DIPUTADOS:

Con base en el análisis desarrollado, la Comisión de Presupuesto y Gasto Público presenta las siguientes:

C O N C L U S I O N E S:

1. Los documentos elaborados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y por el Departamento del Distrito Federal, que acompañan a la Cuenta de la Hacienda Pública correspondiente al ejercicio fiscal de 1975, constituyen a juicio de esta Comisión, una valiosa información que facilitó el análisis y compresión de la forma como se ejerció el presupuesto que en su oportunidad, autorizó esta H. Cámara de Diputados al Poder Ejecutivo Federal. Es también de reconocer, que el Ejecutivo ha ampliado y sistematizado la información disponible sobre el manejo de los recursos públicos, destinados a cumplir los objetivos aprobados por la representación popular, para que ésta, a su vez los haga del conocimiento público.

2. La acción del sector público en 1975, contribuyó al crecimiento de la economía a una tasa del 4.2%, que si bien fue inferior a la de 1974, se mantuvo por encima de la tasa de crecimiento de la población, pese al estancamiento de las exportaciones, la desfavorable situación económica internacional de recesión - inflación, la persistencia de algunas deficiencias estructurales en nuestro aparato productivo y el retraimiento de la inversión privada en años recientes.

3. La dinámica demográfica del país, cuyas causas tienen profundas raíces sociológicas y culturales en el pueblo, impone al Estado la tarea de sostener un ritmo de crecimiento económico compatible con las necesidades y demandas sociales, consciente de su deber histórico de proteger el interés nacional y el de los sectores mayoritarios de la población.

4. Esta Comisión encuentra, por tanto, justificados la estructura y el nivel alcanzado por el gasto público, porque impulsó la actividad económica en el corto plazo, al actuar como elemento compensador del receso económico, amplió los servicios educativos y de salud para

atender las demandas de la población, y por los efectos favorables que para el futuro inmediato tendrán las inversiones productivas, con períodos largos de maduración, realizadas en el sector agropecuario y de industrias básicas, entre otros.

5. El retraimiento de la inversión privada no puede atribuirse al gasto público, cuyos efectos favorecieron indudablemente la demanda global y el nivel de empleo. El retraimiento se origina en las desventajas que enfrentan los medianos y pequeños industriales y comerciantes para emprender actividades productivas, frente a los elementos monopólicos de la economía; en la debilidad del mercado interno condicionado por la inequitativa distribución del ingreso; en las desfavorables condiciones del mercado de dinero y capitales, dentro y fuera del país, y en la desventajosa relación de intercambio con el exterior, entre otros.

6. Una evaluación del ejercicio presupuestal en 1975, en función de los objetivos que le fueron asignados, permite concluir lo siguiente:

a) Es evidente la importancia que el sector público y la asignación del gasto dieron a las actividades primarias a fin de abastecer la alimentación popular y el suministro de materias primas para la industria. La modificación de los precios de garantía de los productos agrícolas básicos fortaleció el ingreso de los trabajadores del campo y constituyó, al mismo tiempo, un incentivo a la producción.

b) La expansión de las industrias básicas (acero, energéticos, petroquímica, etc.) fue también un objetivo realizado, junto con el impulso a la educación, salud, transportes y comunicaciones.

c) El objetivo de modelar el alza de los precios en 1975, llevó a adoptar medidas monetarias y crediticias que contribuyeron a combatir la inflación.

7. El Presupuesto de Egresos del Gobierno Federal y de los organismos y empresas de su propiedad, autorizado para 1975, 346,659 millones de pesos, fue superado en 12.8% al ejercerse un gasto de 391,146 millones. De esta cifra, correspondió 48.8% al Gobierno Federal y 51.2% a los organismos y empresas estatales.

El presupuesto que ejerció el Gobierno Federal ascendió a 190,912 millones de pesos, superior en 4,804 millones al presupuesto originalmente autorizado por este H. Congreso de Unión. La diferencia de 2.6% se debió fundamentalmente a aumentos en los ramos de educación, de administración pública y de salubridad, así como a las aportaciones que el Gobierno está obligado por ley a proporcionar a los institutos de seguridad social, y a los apoyos que brindó a la CONASUPO y a otros organismos descentralizados. En conjunto, la discrepancia es mínima y revela una mejoría en las proyecciones y el control del gasto público federal.

La inversión pública que, en 1975 se elevó a 95,767 millones de pesos registró un aumento considerable al sobrepasar en 48% a la ejercida en 1974. Esto pone en relieve el esfuerzo del sector público por fortalecer la base productiva del país. Los gastos de inversión pública se canalizaron a sectores estratégicos como petróleo y petroquímica (15%), agricultura y ganadería (18%), electricidad (13%), siderurgia (9%), transportes y comunicaciones (21%), etc.

Entre los principales factores que ocasionaron el aumento del Gasto Público Federal están el proceso inflacionario interno y externo, el escaso crecimiento de la inversión privada, la urgencia de elevar el nivel de empleo y de ampliar la planta productiva interna.

8. La atención de las necesidades sociales de la comunidad implicó la expansión del gasto público para mantener niveles adecuados de actividad económica e inversión, y para absorber el impacto inflacionario en el gasto corriente, lo cual indujo un incremento del déficit del sector público federal, en relación a los niveles previstos.

El incremento en los ingresos del sector público fue insuficiente para financiar el registrado en los gastos a pesar de que: la carga fiscal del Gobierno Federal aumentó del 7.9% del PIB en 1971 al 10.9% en 1975; las cuotas al IMSS aumentaron, a su vez, del 2.0% al 3.2% y las participaciones de las Entidades Federativas en impuestos federales del 0.7% al 1.7% durante el mismo período.

La carga tributaria conjunta de este grupo de ingresos aumentó, por consiguiente, el 10.6% del PIB en 1971 al 15.8% en 1975 lo que revela el aumento en los impuestos, así como los resultados del esfuerzo realizado por la administración tributaria, en materia de descentralización administrativa, entre otras medidas.

También contribuyó a la generación de dicho déficit el mantenimiento por largos lapsos de los precios y tarifas en los bienes y servicios que produce el sector público, con el consecuente deterioro en la capacidad de autofinanciamiento en el sector paraestatal. La incidencia fue mayor por diversos precios y tarifas preferenciales que se mantienen en beneficio de algunos grupos de consumidores industriales y comerciales.

9. El excedente de egresos del sector público federal hizo necesaria la contratación de empréstitos superiores a lo previsto, no obstante que en 1975 sus ingresos ordinarios fueron superiores en 32% a los del año anterior. Por separado, los ingresos del Gobierno Federal aumentaron 40.7% y los organismos y empresas 21.7%.

En consecuencia, el endeudamiento neto del sector público en 1975 fue de 92,742 millones de pesos; esto es 42,131 millones sobre los 50,611 originalmente previstos.

10. La revisión de la Cuenta Pública de 1975, objeto de este dictamen, y el análisis de la evolución económica del país, indican que para cumplir los grandes objetivos del desarrollo democrático, popular e independiente, resulta imperativo refrendar en compromiso del Estado en una política de beneficio social, sobre las siguientes bases:

a) Incrementar la participación del Estado en la economía con criterios de beneficio social, económicamente factibles e ideológicamente orientados a reivindicar al pueblo por encima de intereses oligárquicos y de minorías privilegiadas. En particular, orientar la inversión pública hacia actividades que aumenten el empleo, fortalezcan la base productiva del país y eleven su capacidad competitiva en el mercado externo.

b) Avanzar en los procesos de reforma fiscal y monetaria con el fin de reestructurar la magnitud y el origen de los recursos financieros nacionales, gravando en mayor proporción a quienes tengan mayor capacidad económica, mejorando la administración fiscal, especialmente ajustando las deducciones improcedentes. Simultáneamente, tomar medidas para adaptar los instrumentos de la política monetaria y de crédito a las necesidades de la economía nacional, fundamentalmente en los aspectos de captación de recursos, nivel de tasas de interés, canalización selectiva del crédito y mejoría de la liquidez, de tal manera que el sistema bancario mexicano esté en aptitud de canalizar mayores recursos financieros hacia el sector público, sin menoscabo de los recursos necesarios para fortalecer la inversión interna de carácter prioritario a cargo de los particulares.

c) Mejorar sustancialmente la situación económica y financiera del sector paraestatal, eliminando los subsidios implícitos en algunos precios y tarifas. Mejorar asimismo el control de operación de los organismos públicos descentralizados y empresas de participación estatal, en lo que concierne al Poder Ejecutivo, y actualizarlo a través de la Cuenta Pública, en lo referente al H. Congreso de la Unión.

d) Vincular en mayor medida los programas y presupuestos de organismos y empresas estatales con los objetivos de generación de empleo, sustitución de importaciones y ahorro de divisas, y aumento en la producción y en la productividad. Esto implica planificar con mayor eficiencia y productividad la inversión del sector público y hacer los mayores esfuerzos para mejorar la estructura de plazos de la deuda pública interna y externa del mismo, con el fin de mantener los coeficientes del servicio de la deuda ajustados a la capacidad de pago del propio sector. Igualmente, definir compromisos y orientación explícitos para la inversión privada.

e) Mejorar la administración de las entidades públicas, fortalecer la capacidad técnica de los cuadros dirigentes y enriquecer su convicción ideológica para lograr, cada vez en mayor medida, organismos y empresas de auténtico beneficio público.

f) Revisar las disposiciones legales vigentes sobre atribuciones del Estado en materia económica, a fin de proteger a las clases populares, fortalecer la acción responsable del Estado, en las actividades económicas, alentar a los empresarios nacionales, apoyar la modernización de las unidades productivas del sector agropecuario, ejidal y de pequeños propietarios, expandir el empleo productivo y, en consecuencia, afirmar la unidad nacional.

11. Finalmente, el examen de los estados contables y presupuestales que integran la Cuenta Pública materia del dictamen, así como las investigaciones complementarias realizadas, indican que la ejecución de los Presupuestos del Gobierno Federal y del Gobierno del Departamento del Distrito Federal, así como la operación de los organismos descentralizados y de las empresas de participación estatal, sujetos al control presupuestal, correspondientes al ejercicio fiscal de 1975, se ajustaron a las disposiciones legales en vigor.

Atentos a lo anterior y con fundamento en los artículos 65, fracción 1 y 73, fracción XXVIII de la Constitución General de la República y demás disposiciones legales relativas, los suscritos, miembros de la Comisión de Presupuesto y Cuenta, someten a la consideración de esta H. Asamblea siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo 1o. Se admite la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal de 1975 que comprende la de Gobierno Federal y la de sus organismos descentralizados y empresas de participación estatal, así como la del Departamento del Distrito Federal y de sus organismos descentralizados, a que se refieren los estados contables que las resumen y que fueron presentadas por el Ejecutivo Federal dentro del término de ley.

Artículo 2o. Revisadas las cuentas a que se refiere el artículo anterior, se encontró que las cantidades gastadas están de acuerdo con las partidas respectivas del presupuesto y las autorizaciones concedidas respectivamente por el H. Congreso de la Unión y esta H. Cámara de Diputados al Poder Ejecutivo Federal y que los gastos hechos están debidamente justificados y, por lo tanto , se aprueban.

Artículo 3o. Ordénese a la Contaduría Mayor de Hacienda que examine los libros de contabilidad y glose los documentos justificativos y comprobatorios que integran las cuentas y proceda en los términos de ley.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.- México, D. F., 11 de noviembre de 1976.

Comisión de Presupuesto y Cuenta, Presidenta Ifigenia Martínez de Navarrete.- Jesús Puente Leyva.- Antonio Tenorio Adame.- Jorge Efrén Domínguez Ramírez.- Manuel Villafuente Mijangos.- Enrique Alvarez del Castillo.- Armando Labra Manjarrez.- Víctor A. Maldonado Moreleón.- Eduardo Thomae Domínguez.- Gustavo Salinas Iñiguez.- Carlos Ortiz Tejada.- Roberto Olivares Vera.- Carlos Riva Palacio Velasco.- Carlota Vargas de Montemayor.- Raúl Bolaños Cacho Guzmán.- Jesús Alberto Mora López.- Isaías Gómez Salgado.- José Antonio Zorrilla Pérez.- Ricardo Castillo Peralta.- Artemio Iglesias Miramontes.- Juan Madera Prieto.- Ericel Gómez Nucamendi.- Luis José Dorantes Segovia.- Héctor Ximénez González.- Silvia Hernández de Galindo.- Jaime Aguilar Alvarez y Mazarrasa.- Julio César

Mena Brito Andrade.- Ricardo Pedro Chávez Pérez.- Fernando Moreno Peña.

- Trámite: Segunda lectura.

El C. Presidente: Esta Presidencia informa a la Asamblea que el diputado Puente Leyva, miembro de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, ha solicitado el uso de la palabra para dar una explicación en relación al asunto a debate. Tiene la palabra el diputado Jesús Puente Leyva.

El C. Jesús Puente Leyva: Señor Presidente; compañeros diputados: La sociedad mexicana evoluciona hacia estadios de mayor justicia y equidad en lo interno e independencia en el ámbito internacional. En una sociedad mixta en lo económico y plural en lo político, la determinación de responsabilidades de los diversos grupos y sectores garantiza la conservación de la soberanía nacional y evita que intereses particulares lesionen a los grupos más débiles de la población y a los intereses generales de la nación.

A pesar de que el desarrollo de México ha tenido, durante los últimos 40 años, como principio rector la justicia social, esta meta está lejos de alcanzarse de manera satisfactoria.

El sistema de economía mixta tiene desde su concepción, una gran capacidad de cambio, sus compromisos políticos y estructuras se modifican en atención a los problemas populares y a las necesidades de la nación.

Ningún interés particular puede prevalecer sobre los del país y los de las grandes mayorías. Ante la experiencia del crecimiento económico de tres décadas, que se fundó en el estímulo al ahorro y en la acumulación de capital en manos del sector privado y provocó la concentración de la riqueza generada en un reducido sector de la población, el régimen del Presidente Echeverría rompió con lo establecido, modificando patrones de conducta social que parecían perpetuarse en búsqueda de un nuevo esquema de desarrollo que incluye a las masas marginadas.

Este nuevo esquema se caracteriza por la ruptura de moldes tradicionales que propendían a la implantación de una sociedad cada vez más polarizada. En los últimos años se han expuesto y discutido públicamente grandes problemas nacionales que antes se soslayaban en la gestión administrativa o simplemente se expresaban a media voz.

El país en nuestros días un esfuerzo sin precedente por determinar con claridad la escala y gravedad de sus problemas y se inicia un movimiento social coordinado para evitar la aparición de crisis y de violencia que serían dolorosas y pondrían en peligro los logros alcanzados en las últimas décadas.

Esta nueva actitud política y social abarca a todas las regiones del país y a todos los sectores de la vida nacional. La superación de actitudes tradicionales que ocultaban los problemas reales en el cobijo de una engañosa estabilidad para beneficio de unos cuantos, ha sido acompañada de una apertura creciente a la crítica y a la participación de grupos hasta hace poco marginados de la toma de decisiones, ruptura y apertura han sido características, las más importantes de la administración de Echeverría, que no sólo evitó la aparición de crisis dramáticas, sino además ha consolidado un marco integrado de política de largo plazo, fundamento de las decisiones cotidianas que en el futuro tome el país para solución de sus problemas sociales.

Los cambios e incompatibilidades generados por la gestión del Estado entre las diferentes fuerzas sociales y grupos económicos, pueden sin embargo invertir su sentido cuando se conciben y efectúan de manera coyuntural.

Cuando un reformismo extremo e inconsecuente, encubre los objetivos de largo plazo, sólo concibe afianzar la estructura del sistema vigente; en la administración se rompieron las relaciones tradicionales de poder y se inició la realización de un nuevo proyecto nacional que tiene como objetivos principales consolidar la soberanía del país e implantar relaciones de justicia y equidad entre los miembros de la sociedad.

Después de Echeverría el pueblo mexicano no aceptará desviaciones de su trayectoria histórica progresista. El propósito ha sido desentrañar los problemas e iniciar el cambio, plantear su necesidad, apuntar y poner en marcha las soluciones. No todo ciertamente ha fructificado y muchos proyectos son de maduración a largo, plazo, pero el camino que se ha señalado con decisión y con indudable acierto.

Algunos problemas económicos y sociales se han agudizado en la transición hacia un nuevo concepto del desarrollo, en medio de una coyuntura mundial y nacional que obstruye y retarda las soluciones.

No se ha detenido, en cambio la creación de bases materiales e industriales necesarias que hagan posible plantear soluciones integrales a la problemática nacional y se ha hipotecado el futuro en aras de una estabilidad económica mal entendida.

Alejarse de soluciones fáciles como retrasar el crecimiento económico, por el contrario acelerar las transformaciones necesarias, es el camino para garantizar una sana estabilidad política y la construcción de un sistema económico viable, capaz de satisfacer las necesidades populares, así como enfrentar con éxito la cada vez más difícil situación económica y política en el ámbito internacional.

El gobierno de México ha conformado su voluntad y capacidad de sostener el crecimiento económico sin sacrificar libertades ni soberanía frente a quienes postulan un orden sustentado en la fuerza y conservación de privilegios de minorías, así como un crecimiento económico logrado mediante la claudicación de los principios revolucionarios, el Estado ha reiterado su convicción de que la paz interior sólo es duradera y sólo es legítima cuando conduce al progreso compartido y de que éste es el mejor sustento para el ejercicio de nuestros

derechos soberanos, permitiendo decidir internamente la forma continuada y orientación de la vida nacional en lo político y en lo económico.

En los próximos años, México deberá fortalecer y mejorar sus instituciones, para proseguir sin desviación ni retroceso, hacia la consolidación de las conquistas revolucionarias y hacia el logro de nuevas metas.

Los riesgos son altos, pero en todo caso, menores a los derivados de actitudes conformistas que aconsejan detener la marcha.

Ello sólo serviría para perpetuar privilegios de los beneficiarios del inmovilismo social y de las políticas de desarrollistas, en las que ya nadie, el pueblo fundamentalmente, confía.

A avanzar en la dirección que apuntan los principios de la Constitución, se está cumpliendo con el destino de México: construir una sociedad donde las clases sociales son las protagonistas del desarrollo y no sus víctimas, y donde se vive la verdadera libertad que sólo tiene significado pleno cuando se garantiza la igualdad de oportunidades económicas, políticas y sociales, entre la población.

En los países desarrollados la intervención del Estado tiene principalmente, el propósito de garantizar la estabilidad económica en los países en desarrollo; en cambio, su finalidad esencial es garantizar el crecimiento económico, la transformación social y la creciente participación política; el fundamento de la estrategia para el desarrollo de México, consecuentemente descansa en el fortalecimiento del sistema de economía mixta que la Constitución establece con un claro predominio del interés nacional sobre el particular y el del extranjero en México.

Sin embargo, el responsable del desarrollo es sin duda, el Estado como depositario y guardián de la soberanía que radica en el pueblo, la propiedad es un producto social, regulable y cambiante conforme al interés popular y nacional; las empresas privadas y el Estado, comparten la responsabilidad de los recursos nacionales, pero es éste el que finalmente debe rendir cuentas a la nación, el pueblo tiene el derecho inalienable de exigir la correcta administración de la riqueza; al Estado corresponde cuidar y garantizar que nunca se lesione el bienestar común.

El análisis de nuestra historia demuestra, sin lugar a dudas, la coincidencia en los períodos de bienestar y la existencia de un Estado fuerte que interviene en forma activa en la vida nacional.

Los períodos de confusión y de retroceso histórico, coinciden invariablemente con la existencia de propósitos reaccionarios de des estabilización social y de franca provocación política. En esta perspectiva el papel del Estado en la vida económica de México, ha sido esencial y al calor de su iniciativa creadora, ha florecido un sector privado que utiliza la infraestructura, la capacidad de compra, la organización y los efectos positivos de sus obras, inversiones y empresas. Los principales beneficiarios de la intervención estatal de México, ha sido hasta ahora sin embargo, el sector empresarial, que disfrutando de protecciones exageradas y beneficios de la acción directa del Estado, ha logrado amasar enormes fortunas que sólo en pequeña proporción reinvierten o revierten a las actividades productoras de nueva riqueza y creadoras de empleo.

Surge así la necesidad de reorientar desde su base, la actividad del Estado con objeto de que su iniciativa y esfuerzo en el área económica, beneficie principalmente a las mayorías marginadas y nunca de manera exclusiva a sectores ineficientes y privilegiados. La asociación con el sector privado, y la protección y estímulo de sus actividades, sólo puede admitirse dentro de una política real de desarrollo compartido.

A este respecto es indudable que los últimos años expresan con claridad el propósito de crecer con mayor justicia, propósito instalado en la menos favorable coyuntura internacional de las últimas tres décadas. Enfrentado al embate incontenible de una población que entre 1970 y 1975, creció en más de 10 millones de habitantes; que en ese mismo lapso acrecentó su potencial de fuerza de trabajo de 4 millones de personas y que aumentó en casi dos millones a la población infantil demandante de educación primaria.

En esta perspectiva de demandas de empleo, de alimentación y vivienda, de servicios educativos y asistenciales, se ha dado un evento inconsecuente de retracción de la inversión privada que finalmente se ha refugiado en un sospechoso recurso moral, llamado de desconfianza, pero que no ha abatido hasta ahora, más bien acrecentado su margen de rentabilidad a recursos propios.

Sin alternativa histórica, en el marco de esta inhibición irresponsable, se inició un esfuerzo, un esfuerzo en gran escala, para consolidar el sector productivo en manos del Estado. Porque después de todo el Estado es el único responsable ante el hecho que previsiblemente los problemas de empleo se habrán de complicar aun más en los próximos años, y dicha responsabilidad no puede ni debe delegarse en el entusiasmo o en la desconfianza, según sea el clima del llamado sector privado.

En estos años, se ha tratado de que los sectores públicos y paraestatales tengan una estructura administrativa acorde con el objetivo de intervenir en la economía en forma más eficiente y directa. Se ha dado mayor preferencia a los sectores más dinámicos y estratégicos que además tengan la capacidad de producir excedentes que a su vez puedan destinarse a la solución de los problemas sociales. En los últimos años se ha consolidado en el ámbito económico internacional, un sistema de poder basado en la dinámica y fuerza de economía continentales, como la de Estados Unidos de América, la Unión Soviética y la Comunidad Europea, tal penetración se ha basado en las empresas transnacionales que son en sí mismas fenómenos de concentración de enorme poder financiero y tecnológico, que rebasan la

capacidad negociadora de la mayoría de los países no industrializados.

Los empresarios de países en desarrollo difícilmente pueden enfrentarse a un mundo dominado por las grandes escalas y la concentración del poder, sólo el Estado tiene capacidad para crear los sistemas y estructuras que puedan enfrentarse eficientemente a los fenómenos internacionales del mundo contemporáneo. En otras condiciones, la soberanía y la capacidad de desarrollo de los países atrasados se ven seriamente amenazadas, varios países de nuestro Continente dan dramático testimonio de ello. La verdadera democracia económica, pre - requisito de la democracia política, requiere de que el Estado mantenga su capacidad de decisión sobre los aspectos esenciales de la vida económica de la Nación; sólo así podrá el Gobierno responder a los intereses de las mayorías sin que sus acciones se vean impedidas o limitadas por intereses de grupos privilegiados. Adquiere así la alta prioridad que el Estado refuerce su capacidad financiera y administrativa, con objeto de poner en práctica las decisiones de extrema gravedad que requiere la solución de los problemas nacionales.

El sistema de economía mixta no debe ser un mecanismo para que la mayoría cubran por sí solas y a su costo, los elevados costos del desarrollo. El Estado debe además participar en los beneficios de su propia acción a fin de garantizar su distribución equitativa en beneficio de las mayorías populares. Su responsabilidad no puede delegarse a la voluntad de una minoría, estimular el crecimiento del ingreso y mejorar su distribución, sólo es posible cuando el Estado asume plenamente su papel de gestor del desarrollo.

Esta fue la responsabilidad que asumió conscientemente el Gobierno de la República en los últimos 5 años en que se enfrentaron difíciles condiciones de inflación recesiva en los mercados internacionales, se enfrentó el irresponsable retraimiento de la inversión privada, y el peligro político y social de una recesión general en el país.

Responsablemente el Sector Público decidió reanimar la actividad económica con su capacidad de demanda y con su capacidad productiva echando mano de los recursos disponibles a tal fin, vedada la posibilidad de obtener los recursos necesarios tributariamente, por consideraciones de aliento a la actividad productiva de otros sectores cuyos resultados son en el mejor de los casos, dudosos, se hizo necesario recurrir a un mayor endeudamiento interno y externo.

Este expediente permitió a la economía salir adelante, creciente a una tasa muy por encima de la correspondiente a la mayoría de los demás países industrializados y subdesarrollados del mundo.

A este respecto la información estadística es irrevocable. En 1975 el producto interno de muchos países aun los industrializados, no solamente no creció sino que descendió afectando los niveles de bienestar de población y agudizando los problemas de desempleo.

Esto aconteció en Estados Unidos, en que el producto interno descendió 2%. En Inglaterra, Francia, Alemania Occidental e Italia, la disminución promedió un 3%.

En esta dramática coyuntura hubiera parecido ciertamente más sencillo permitir a la inversión extranjera fluir irrestrictamente en áreas básicas de nuestra economía como lo han solicitado reiteradamente. Esto hubiera equivalido a hipotecar el futuro del país.

Por contra, mientras las inversiones a que se ha dedicado el endeudamiento público tanto interno como externo, generen electricidad, produzcan acero, petróleo y productos de la petroquímica, entre otras muchas cosas, está asegurada la capacidad de pago para cubrir los empréstitos y garantizar la soberanía nacional sobre los sectores básicos de la economía.

Todo esto habiendo evitado una gravísima recesión con sus incalculables consecuencias económicas y sociales, que no quieren tomar en cuenta los críticos de la inestabilidad.

En ese contexto se ha iniciado una mejor coordinación sectorial de las actividades, evitando en lo posible que la política de inversión tenga solamente un carácter compensatorio de deficiencia del sector privado, multiplicando por contra la potencialidad de sus recursos al combinar los que disponen las diversas empresas del sector paraestatal.

La empresa colectiva, agropecuaria, la participación mayoritaria del Estado en empresas productoras de bienes de capital, el control de las industrias productoras de energéticos, la intensificación del crecimiento de todas las actividades integrantes o componentes de la industria básica, mediante una actividad más intensa de las empresas del Estado, la modernización del aparato comercial mediante la acción directa de intermediarios del sector público, el fortalecimiento de las empresas financieras y bancarias del Estado y un control más efectivo de la banca privada, constituyen metas mínimas a que debe aspirarse en cuya dirección se ha dado ya los más importantes primeros pasos.

Industrializar la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la pesca y la minería hasta sus últimas consecuencias es y será en el futuro objetivo de la más alta prioridad para el sistema de empresas del Estado. La transformación definitiva de nuestro modelo de industrialización hasta ahora exageradamente protegido e ineficiente, exige una participación programada e intensa de las empresas del Estado para impulsar actividades con capacidad de multiplicación de fuentes de empleo productivo, de las posibilidades de exportación y de estímulo al consumo popular.

Corresponde al Estado suplir cuando se haga necesario al empresario innovador y audaz que construyó las economías capitalistas hoy desarrolladas, pues es evidente que las virtudes del espíritu empresarial y audacia responsable ante los riesgos no ha florecido en los medios privados de nuestra economía que se desarrollan y fructifican cuando tienen confianza a

la sombra de protección: subsidios, preferencias y concesiones.

La presencia del Estado en las fuerzas del Estado modernas debe subsanar la ausencia de una dinámica tecnológica propia. La carencia de infraestructura e industria básicas, la incapacidad del sector privado de generar por sí solo empleos en número suficiente para absorber el crecimiento de la fuerza de trabajo y además prestar atención a la necesidad de distribuir adecuadamente el ingreso y el bienestar.

Los instrumentos tradicionales de política económica, como son la fiscal y la monetaria, así como la política comercial respecto al sector externo, no bastan para cumplir las responsabilidades que tiene el Estado en la sociedad moderna.

Por lo tanto es preciso acudir a la solución directa de una producción plena de bienes y de servicios, a fin de garantizar la soberanía nacional y el suministro de insumos básicos.

La disponibilidad de energéticos, la creación de economías externas, la capacidad de competencia en el mercado internacional, el avance técnico, y la correcta distribución de los beneficios del desarrollo.

Una misión especial corresponde al Estado en la Economía mixta del mercado; el avance tecnológico y los cuantiosos volúmenes de recursos que deben ponerse en juego en la industria moderna, si como la protección frente al exterior, conducen, ineludiblemente a una organización monopólica de los mercados, que solamente en manos del Estado puede operar con criterio de prioridad colectiva.

Con tales premisas, México contempla hoy la discusión de la cuenta pública correspondiente al año 1976. Y sabe, sabe bien, que en 5 años de esfuerzo nacional, popular, casi se quintuplicó la inversión pública en el sector agropecuario. Sabe, y lo sabe bien, que se abrieron al riego más de medio millón de hectáreas de cultivo entre 1971 y 1975.

Que se logran fertilizar casi 9 millones de hectáreas, 2 terceras partes de la superficie de labor fertilizable en el país.

Es significativo señalar, que durante los primeros 5 años del actual régimen, se hayan destinado más de 75 mil millones de pesos en crédito al desarrollo agrícola y ganadero, por la banca oficial, cifra que supera en más de 50% al monto total acumulado en las 3 décadas anteriores.

Se han incorporado 2 y medio millones de niños más a la educación primaria; en 1975 México exportó casi mil millones de pesos en petróleo -y es en el mundo, uno de los pocos países autosuficientes en energéticos -. En 1975 la capacidad de generación de energía eléctrica se incrementó 65% sobre el nivel existente en 1970, convencidos de que nadie sino el Estado es responsable del destino nacional, la inversión pública total en 1975, se elevó a casi 96 mil millones de pesos, tres y medio veces el monto correspondiente a 1970; en 1975 la seguridad social amparó a casi 20 millones de habitantes, 33% de la población total, incorporó y viene incorporando a un 8 y medio por ciento adicional anualmente; México sufre un desequilibrio estructural de comercio externo que le pone en situación difícil, cotidianamente, desde lustros viene padeciendo este desequilibrio, no obstante ha logrado acrecentar el volumen de sus exportaciones, gracias al dinamismo de las empresas y organismos del sector público; en las condiciones desfavorables de 1975, la exportación total de mercancías de dicho sector, del sector público, ascendió a casi 12 mil millones de pesos, equivalente a la tercera parte de la exportación total del país; la capacidad de exportación del sector privado por su parte, prácticamente no creció en dicho año, por tanto, una vez más el sector público tuvo que afrontar el problema de equilibrio en balanza de pagos, por vía de sus propias exportaciones, y con un margen de endeudamiento, simultáneamente a la instalación de la nueva capacidad del país, sostener el nivel de divisas del país.

Si el déficit presupuestal en 1975, dio lugar a un endeudamiento neto de 95 mil 740 millones de pesos, por otra parte el volumen de la inversión pública aumentó casi 40 mil millones en el sector industrial, petróleo, petroquímica, electricidad y siderúrgica básicamente; casi 20 mil millones en transportes y comunicaciones; más de 17 mil millones en fomento agropecuario y desarrollo rural y casi 17 mil millones de pesos en diversas áreas de inversión social. Estos rubros de la inversión pública del país, junto al gasto corriente que satisface las demandas sociales de una población creciente, son la garantía de una vida económica independiente de México y de un proyecto nacional socialmente justo. Constituyen en suma, la plataforma histórica desde la cual se niega toda posibilidad al vaivén pendular de nuestra vida política y se conjuran desde los más altos muros de la República, el fetichismo funerario con que la reacción suspira, por un futuro de inequidades que en México no habrá de acontecer. Para esto, estamos comprometidos. Muchas gracias. (Aplausos.)

El C. Presidente: Esta Presidencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 97 por mayoría de razón, 132 interpretada a, contrario sentido, y 134 igualmente aplicado por analogía y a contrario senso, y toda vez que el proyecto de Decreto a discusión consta solamente de tres artículos recíprocamente vinculados, esta Presidencia, por razones de carácter práctico y funcional; con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21, fracción VI del Reglamento, solicita a la Secretaría consulte a la Asamblea, a efecto de que acuerde si en un mismo debate y en un solo acto respectivamente, se incluye la discusión en lo general y en lo particular, y la votación del proyecto también en lo general y en lo particular.

El C. secretario Crescencio Herrera Herrera: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si en un mismo debate y en un solo acto,

respectivamente, se incluyen las discusiones en lo general y en lo particular, y la votación del proyecto, también en lo general y en lo particular.

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado.

El C. Presidente: Esta Presidencia con fundamento en lo dispuesto por el artículo 96 del Reglamento, informa a la Asamblea que se ha inscrito para hablar, en contra, los siguientes ciudadanos diputados: Francisco Pedraza Villarreal, Ramón Garcilita Partida, Guillermo de Carcer Ballezca, Sergio Lujambio Rafols, Fausto Alarcón Escalona, Jorge Garabito Martínez, J. Guadalupe Silva y José Luis Martínez.

Para hablar en pro, la Comisión y los ciudadanos diputados, Ezequiel Rodríguez Otal, Pedro González Azcuaga, Héctor Ramírez Cuéllar, Arturo Martínez Legorreta, Marcela Lombardo de Gutiérrez, Julio Zamora Bátiz, Eduardo Andrade Sánchez, Gonzalo Esponda, Víctor Manzanilla Schaffer, Rodolfo González Guevara y Enrique Ramírez y Ramírez.

Tiene la palabra el ciudadano diputado Francisco Pedraza Villarreal.

El C. Francisco Pedraza Villarreal: Señor Presidente, señores diputados, señoras y señores. Los diputados miembros de Acción Nacional, consideran como una de las principales funciones de su labor legislativa, revisar la Cuenta Pública del año anterior que se presenta a la Cámara de Diputados. La revisión no debe limitarse a investigar si las cantidades gastadas están o no de acuerdo con las Partidas respectivas en el Presupuesto, sino se debe extender al examen de la exactitud y justificación de los gastos hechos y a las responsabilidades a que hubiere lugar, según lo establece la Fracción Primera del Artículo 65 Constitucional.

Con profunda preocupación por los graves problemas que afronta en estos momentos nuestro país, destacando el problema económico, hemos llevado a cabo la revisión de la Cuenta Pública que a esta Legislatura ha sido presentada con su documentación correspondiente. Una copia de esta Cuenta se nos facilitó contando así con un mayor tiempo para su estudio y para enterarnos del ejercicio del Presupuesto, aún este lapso es insuficiente para realizar un examen a fondo. Algunos miembros de la diputación de Acción Nacional asistieron a las visitas que realizaron los miembros de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara a diversas instalaciones de PEMEX, Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas, y algunas de las obras realizadas por el Departamento del Distrito Federal que nos permitieron completar nuestro juicio de propia mano. Queremos afirmar que el examen que hemos llevado a cabo lo hemos realizado con el propósito de presentar al final de esta exposición algunas medidas correctivas que nos ayuden a salir de esta crisis económica agravada por la devaluación de nuestra moneda más que por una mentalidad puramente crítica.

Primero: De la Cuenta Pública del Gobierno Federal correspondiente a 1975, la importancia del gasto público en comparación con algunos datos de la economía nacional; el examen del gasto público debe ser visto con el mayor interés por cuanto representa un enorme impacto dentro de la economía nacional. El análisis específico de los propósitos del presupuesto y los logros realizados, la aptitud e inteligencia de la toma de decisiones técnicas, la probidad de los encargados de su manejo, deben ser motivo de nuestra mayor preocupación.

En 1975 el gasto público ascendió a la suma de 391,146 millones de pesos, y si consideramos que en este mismo año el producto bruto interno a precios corrientes fue de 928,800 millones, resulta que el sector público ejerció un gasto del 42% comparado con el total de nuestro producto bruto interno.

Estas cifras se refieren al gasto del Gobierno y a 25 de los Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal, que son motivo de control presupuestal, pero si consideramos que según el Diario Oficial del 8 septiembre de 1976, el Gobierno tiene un total de 124 Organismos Descentralizados, 387 Empresas de Participación Estatal Mayoritaria y 53 Empresas de Participación Minoritaria, que totalizan 564, además de aproximadamente 200 fideicomisos, si todas estas Instituciones fueran motivo de control presupuestal y conociéramos de su gasto de operación, este porcentaje de 42% seguramente subiría en cuando menos un 4 ó 5%. El sector público ha crecido de 1970 a 1975 a un incremento anual promedio del 14.5% y la economía nacional en lo general lo ha hecho a un ritmo creciente del 5.6% tan solo.

En 1971 el producto bruto interno fue de 452,500 millones y el gasto fue de 121,331 millones, es decir que representó un 27% y en 1975 como expresamos anteriormente esta proporción se ha elevado al 42%.

El gasto público en 1971 fue en total 121,331 millones, en 1975 alcanzó la cifra de 391,146 millones es decir, creció en forma constante hasta representar en 1975 el 323% del gasto efectuado en 1971. El producto bruto interno que en 1971 fue de 452,400 millones creció también en forma constante hasta alcanzar la cifra en 1975 de 928,800 millones de pesos, representando tan sólo el 205 por ciento del producto bruto interno en 1971.

Todas estas cifras nos muestran la importancia que en la economía del país tiene el gasto público, en los propios del gobierno y de sus organismos y empresas y la tendencia de representar un volumen creciente en términos de la economía nacional, consideraciones todas ellas que nos obligan a analizarlo con gran sentido de responsabilidad, pues se trata del dinero de nuestro pueblo, que tenemos que

manejar en su beneficio con un sentido de equidad y justicia.

La devaluación de nuestra moneda que ha perdido más de la mitad de su capacidad de compra en los mercados internacionales, fue propiciada en buena medida por nuestra inflación interna y ésta tiene su origen en una proporción muy importante por la operación permanentemente deficitaria del gobierno federal que lo obliga a recurrir al endeudamiento interno y externo, a los incrementos en el encaje legal, a la emisión de dinero, consideraciones todas ellas que son inevitablemente inflacionarias.

Nuevas formas de operación hemos de realizar para superar esta crisis que debe ser preocupación de todos los mexicanos, es nuestro propósito, al final de este examen de la Cuenta Pública hacer expresión de estas posibilidades.

Segundo: Las variaciones al presupuesto autorizado por esta Cámara en relación a lo ejercido, el presupuesto de egresos para 1975 de todo el sector público previa una erogación total de 346,607 millones y en su ejercicio se vio alterado en 44,539 millones que no estaban autorizados que representan un 13% de lo presupuestado.

Las variaciones muestran porcentajes muy distintos según los canales de distribución, hacia el sector industrial se canalizó la mayor parte de esta variación pues se destinaron 30,062 millones que no estaban presupuestados y que representan un 29% de variación sobre lo calculado en el presupuesto.

Se canalizaron $8,744 millones no previstos, y que tan solo representan un 14% sobre el presupuesto.

Hacia el Sector del Desarrollo Social, la variante fue de 5,467 millones, que representa un 7% sobre lo previsto, y hacia el sector de Administración, 2,386 millones adicionales, que representan el 4% de lo calculado originalmente.

Por el contrario, destinamos 1,993 millones menos al sector de comunicaciones y transportes, 5% y 137 millones menos al sector turismo, que representa el 10% de lo previsto.

Hubiéramos deseado, puestos en el caso de una variante en reserva que esta se hubiera canalizado hacia el área agropecuaria, pues nuestro sector campesino y rural sigue siendo el menos favorecido.

Por supuesto, el financiamiento de estas variaciones tuvo su origen en cantidades que aumentaron nuestra deuda fuera de los presupuestado. Analizando las variaciones, del presupuesto del sector público, observamos:

1. En ingresos totales se presupuestaron 346 mil millones, y se recibieron 394 mil millones, 48 mil millones más de lo presupuestado.

Pero este exceso no es debido fundamentalmente, a mayores ingresos en cuenta corriente, sino se aprobó un ingreso por endeudamiento de 86 mil millones, y se colocó deuda por 127 mil millones, es decir, por 41 mil millones, no autorizados por la Cámara de Diputados. Estos no son ingresos sanos.

2. Esta variación en el endeudamiento del sector público, si analizamos separadamente, vemos que el Gobierno Federal tenía autorizadas deudas por 54 mil millones y se aumentó por 70 mil millones, y las empresas y organismos paraestatales de 32 mil millones autorizados, a más del doble: 66 mil millones, y todavía podemos establecer variaciones analíticas dentro de cada grupo o sector.

3. Asimismo si analizamos los egresos, como comentamos líneas arriba, hay variación contra el presupuesto de la diferencia entre 346 mil millones autorizados al sector público y 391 mil millones ejercidos. Hay diferencia en cuenta corriente, en cuenta de capital, pero en amortización de deuda, quisiéramos hacer notar que el sector paraestatal se autorizó amortizar deuda por 15 mil 182 millones, y se pagó 25 mil 21 millones, es decir se pagó un 65% más contrastado con lo que sucedió en el gobierno, que tenía aprobado un pago de deuda de 20 mil 693 millones, y pagó solo 9 mil 911 millones, con una variación de casi 70% de menos.

Esto puede explicarse por la necesidad que tuvieron las empresas de adelantar pagos por 10 mil millones, para poder pedir prestados, 34 mil millones y a su vez, el gobierno como tal, dejar de pagar 10 mil millones y endeudarse por 16 mil millones más de lo presupuestado.

Tercero: Exposición de los propósitos del presupuesto para 1975, en los que la diputación del Partido Acción Nacional de la 49 Legislatura, dio su voto aprobatorio, y de la comparecencia del señor Secretario de Hacienda, en funciones a la Cámara de Diputados en diciembre del 74, para solicitar su aprobación, en comparación con los logros efectivamente alcanzados.

a) En su comparecencia el Secretario de Hacienda fundamentó las razones por las cuales el Congreso debería aprobar el presupuesto para el año 1975.

Comparar los objetivos del presupuesto, expuestos por el Secretario de Hacienda, con los resultados producidos, nos brinda un elemento de juicio para evaluar el éxito o fracaso de la política gubernamental en la economía nacional, durante 1975 y para normar el criterio de los diputados federales frente a la gran responsabilidad que implica el aprobar o no la Cuenta Pública de dicho año.

Señalaremos a continuación algunos datos fundamentales del desarrollo de nuestra economía en 1975, comparándolos con los objetivos del presupuesto: En su comparecencia ante la 49 Legislatura, señaló el Secretario de Hacienda: " ...queremos que por el presupuesto se siga creando ocupación, se continué el esfuerzo de distribuir mejor el ingreso, para que el desarrollo sea sostenido y para que el desarrollo sea compartido, esos son los propósitos estructurales del presupuesto, propuesto a ustedes

señores diputados". Más adelante se preguntaba: "y ¿cuál es el problema ancestral que todos conocemos, que debemos resolver con este presupuesto que ahora proponemos?", y a continuación respondió: "contribuir al combate de la inflación, primera exigencia fundamental que tiene que resolver el Presupuesto de 1975, en la medida que el gasto público pueda influir de una u otra manera en el incremento, en el decremento y control de la inflación. La siguiente exigencia sería la de que al combatir la inflación, el gasto público no retraiga la economía de modo tal que con los países industrializados entráramos de lleno a una etapa recisiva que significaría, como lo hemos dicho, para nuestro México el peor de los mundos posibles: precios altos y falta de empleo".

Más adelante dijo:

"El esfuerzo del sector público debe de ser de tal modo concebido que ni contribuya a inflar la economía ni provoque recesión. Sabemos manejar nuestras decisiones en materia comercial para no importar la inflación que todavía en el exterior se forma. Manejarnos inteligentemente en la crisis comercial; manejarnos con decisión y valentía en la crisis monetaria para mantener nuestra libertad cambiaria y para mantener la paridad de nuestra moneda".

A continuación señaló:

"Estamos con instrumentos suficientes para dar respuesta a estos problemas y una de esas respuestas, una de esas importantes respuestas es el presupuesto".

Párrafos más adelante nos dice el señor Secretario; según consta en el Diario de los Debates, refiriéndose a la llamada adecuación fiscal que fue aprobada por el Congreso poco tiempo antes de esta comparecencia: "El Poder Legislativo tomó la decisión que a su representación popular correspondía. Nos ha dado a quienes administramos, los elementos para resolver los problemas. Es ahora responsabilidad del Ejecutivo el señalar el camino, el proponerlo a la Legislatura para que ésta, al aprobar el Presupuesto, nos permita seguir por este perfil difícil, pero posible perfil, el de caminar entre las vertientes de la inflación, de la recesión, búsqueda constante de nuestros objetivos". Posteriormente afirmaba: "El instrumento más útil e idóneo de la justicia social es el Presupuesto Anual de la Federación". En relación con el problema más importante que tenía que resolver el Presupuesto de 1975, nos explicó el Secretario de Hacienda, que consistía en saber cuánto gastar, en qué gastarlo y cómo pagarlo. En cuanto al monto señaló, sería de 298 mil millones de pesos que realmente se van a gastar, este presupuesto es un 25% mayor que el año de 74, en esta cuantía se incrementa la inversión en 30% y el gasto corriente en la mitad, en 15%; creemos que éste es uno de los aciertos del presupuesto, un mayor incremento de gasto de inversión frente al gasto corriente. Señalando las prioridades del gasto de acuerdo con el Presupuesto, dijo: "Pero sobre lo que directamente y con el Presupuesto debemos de actuar, es sobre estos capítulos: alimentos, alimentos, alimentos para el pueblo de México". Posteriormente, insistiendo, señalo que esto soló se cumple si damos prioridad al sector agropecuario. Precisando señalo que el 20.1% de los recursos se destinarían al sector agropecuario. Por último, en relación con esta prioridad dijo: "Ratificamos aquí, lo reiteramos, hemos dicho, los servidores públicos, en 1975, el pueblo de México no pasará hambre. A ese propósito está otorgada la prioridad fundamental del presupuesto para 1975: alimentos para poder ser".

Posteriormente procedió a señalar la siguiente prioridad: el área industrial, particularmente la de energéticos. Al Sector Industrial se le destinarían 83 mil millones de pesos de los cuales a PEMEX, Comisión Federal de Electricidad, Guanos y Fertilizantes, Disel, Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril, Siderúrgica Lázaro Cárdenas, Las Truchas, y Siderúrgica Nacional, vamos a destinar 76 mil millones y a apoyos a organismos y empresas 7 mil millones. El 90% de los recursos destinados al sector industrial lo es en materia de energéticos.

A continuación señaló la importancia de los energéticos al afirmar: "Gracias a que con oportunidad tenemos petróleo, hemos podido salir de la crisis de corto plazo que significó 1974, y con la misma condición y apoyo habremos de salir de la crisis que significa 1975. Los propósitos en este renglón son: ser autosuficientes y exportadores".

Por último, presentó un resumen de prioridades, alimentos, energéticos, petroquímica, fertilizantes, acero, transportes, ferrocarriles, sin descuidar los aspectos sociales básicos en que está comprometido el destino de México: educación y salud.

El final de la comparecencia lo dedicó el Secretario de Hacienda a explicar el financiamiento del gasto. Afirmó: "Tengo la satisfacción, señores diputados, de expresar ante ustedes que gracias al respaldo que el Legislativo le dio al Ejecutivo, el Presupuesto de Egresos para 1975 podrá financiarse con el 90% de recursos propios, sólo el 10% va a ser de crédito. En 1974 el 75% fue con recursos propios".

Posteriormente señaló: "La carga fiscal que está soportando el país y que le permite resolver el problema de la inversión pública no inflacionaria, no recesionaria, en 1975 permitirá liberar recursos para que la iniciativa privada y el sector social dispongan de mayores volúmenes de crédito que ya no requerirá el gobierno".

Casi para terminar dijo: "Yo no sé que sería de nuestro país si no hubiéramos tomado la decisión conjunta de aumentar la carga fiscal. El presupuesto sería la confesión del más espantoso de nuestros fracasos, porque hubiera tenido que ser financiado con recursos externos, lo que ya es muy difícil o limitado a tal extremo que la ruina para 1975 estaría a la vista".

b) Ahora procederemos a señalar según fuentes oficiales, cuál fue la realidad económica en los aspectos más importantes en el año de 1975.

A pesar de la adecuación fiscal que según el Secretario de Hacienda permitiría financiar con recursos propios el 90% del presupuesto, tenemos que enfrentarnos a la siguiente realidad. El déficit presupuestario crece a 116,800 millones en 1975. Este crecimiento fue el más dramático del sexenio, pues en los años anteriores podemos observar los siguientes datos: 1971, 28,300 millones, 20.9% en relación al año anterior. En 1972, 37,900 millones, 33.9% en relación al año anterior, 1973, 65,900 millones, 74% en relación con el año anterior, 1974, 75,100 millones, 14% en relación con el año anterior: 1975, 116,800 millones, 55% más en relación con el año anterior.

También señaló el Secretario de Hacienda que el endeudamiento se reduciría al mínimo en 1975, pues sólo el 10%, 29 millones, procederían de recursos del exterior. La realidad: el endeudamiento en 1975 creció más que en ningún año del sexenio, llegando a 216,000 millones de pesos con todo y la adecuación fiscal.

Durante el sexenio se observa los siguientes datos en relación con el endeudamiento. 1971, 71,400 millones; 1972, 88,100 millones, un 23.4% más que en 1971; 1973, 116,200 millones, 31% sobre 1972; 1974, 156,400 millones, 34.5% sobre 1973; 1975, 216,000 millones, 38.5% más sobre 1974.

También señaló el Secretario de Hacienda la importancia de recursos sanos para financiar nuestro desarrollo y por ende el inconveniente que implica el lanzar moneda en exceso a la circulación. A pesar de lo manifestado el circulante, factor inflacionario, aumentó en 1975, en la mayor proporción del sexenio.

Podemos señalar los siguientes datos: aumento de circulante, en 1971, 53,000 millones, 8% más que en 70.

En 1972, 64 mil millones, 20% más que en el año anterior, 1973, 80 mil millones, 25% más que en 1972.

1974, 97 mil millones, 22% más que en 73.

1975, 118 mil millones, 35% más que 1974.

Igualmente, había señalado en varías partes de su comparecencia, que el presupuesto de 1975 sería antiinflacionario.

Veamos la realidad.

El C. Presidente: Me permito hacer notar al orador que le faltan 3 minutos para terminar su tiempo.

Voy a suplicar a todos los ciudadanos diputados que se han inscrito como oradores, que nos ajustemos al tiempo que nos marca el Reglamento Interior de este Congreso.

El C. Francisco Pedraza Villarreal (continuando): Solicito a la Presidencia se consulte si, por la importancia del debate, se nos permite exceder el tiempo que señala el Reglamento.

El C. Presidente: Consulte la Secretaría sobre la petición que ha hecho el ciudadano diputado Pedraza Villarreal.

El C. secretario Crescencio Herrera Herrera: Se consulta a la Asamblea si se aumenta el tiempo reglamentario permitido a los oradores.

Los que estén por la afirmativa..................

El C. Guillermo Cosío Vidaurri: El compañero debe dar lectura a las cantidades del proyecto del Dictamen para que podamos comprenderlo.

El C. secretario Crescencio Herrera: Se pregunta a la Asamblea si al orador en turno se le concede aumento del término reglamentario para su intervención... Aprobado.

El C. Pedraza Villarreal (continuando): Muchas gracias.

Se registró una inflación de 17%, habiéndose registrado en los Estados Unidos de América, un 9.8%, por lo tanto no es cierto que el total de la inflación sea importado. La inflación obedece a diversas causas, entre otras, aumento de circulante, déficit presupuestario y obstáculos estructurales de otra índole contra la producción.

También señaló el Secretario de Hacienda, que nuestra balanza comercial mejoraría, sobre todo, gracias a la influencia del petróleo y a la exportación de excedentes en productos agropecuarios. La realidad, nuestra exportación de productos de la agricultura y silvicultura se mantuvieron prácticamente igual a 1974; y en producto de la ganadería, agricultura y pesca, ganamos sustancialmente.

En cuanto al sector agrario en el período 1973-1974, la participación del mismo en el producto interno bruto, fue del 3.2% en relación a la participación en el año de 1974-1975 fue de 3.4% a pesar de la adecuación fiscal, o sea aumentó sólo un 0.2%.

Todos sabemos la importancia del turismo en el equilibrio en nuestra balanza de pagos, este ha tenido el siguiente comportamiento en los últimos 3 años: 1973, 1,931 millones de dólares; 1974, 2,215 millones de dólares; 1975, 2,320 millones de dólares; el turismo descendió en 1975 un 15%; la cifra de 2,320 millones de dólares incluye las transacciones fronterizas, por eso es mayor que la del año anterior, a pesar de que el turismo sí bajó.

Señalaba el Secretario de Hacienda que el presupuesto de 1975 generaría empleos. La realidad es la siguiente: en 1950 el 58% de los trabajadores en posibilidad de trabajar, tenía empleo. En 1970 bajó al 50.9%. En 1976 se calculó en 47%. Se piensa que en 1980 sólo el 40% estará empleado. México necesita 800 mil nuevos empleos anuales. En el sexenio se crearon 300 mil anuales, existe pues un déficit de 500 mil empleos anuales. A pesar de las reiteradas menciones de respetar el presupuesto, éste se vio violentado en 44 mil 539 millones de pesos, de los cuales al sector industrial se canalizaron 30 mil 062 millones que representan el 30% sobre que teníamos presupuestado, y naturalmente que el origen de estos recursos, fue por incremento de nuestra deuda. Definitivamente el ejercicio del gasto público no ha propiciado una correcta distribución de la riqueza, pues la tendencia de nuestra

economía sigue siendo un enriquecimiento de los ricos y un empobrecimiento de los pobres. No influyó el ejercicio del presupuesto de lo que nos fue anunciado, que ayudaría a mantener la paridad de nuestra moneda, pues es de todos conocida la devaluación de 1976, donde hicimos crisis y nuestro peso sigue flotando. No se llevó a cabo la anunciada prioridad al sector agropecuario, pues como hemos mencionado, se sigue favoreciendo principalmente al sector industrial, no se llevó a cabo la liberación de recursos de nuestros ahorradores, porque el Estado mantuvo sus exigencias de disponer del ahorro interno, finalmente el presupuesto sí fue financiado en gran medida por recursos externos, por parte del gobierno y sus empresas se financiaron con 50 mil 294 millones en el exterior, que si ya parecía difícil y limitado en 1974, en 1975 llegó a extremos muy peligrosos que seguramente bajo la misma tendencia en 1976, llegó a un punto tan grande nuestro endeudamiento externo, que fue un ingrediente muy importante para la devaluación de nuestra moneda en este año.

Cuarto: Examen de los ingresos del gobierno federal, de acuerdo con su procedencia. El total de los ingresos del gobierno federal que fueron de 202,975 millones, del total, sólo 132,427 millones, o se el 65 por ciento, corresponden a sus ingresos normales, y el resto, 35 por ciento, corresponden a dinero prestado.

Quiere decir que para poder realizar en 1975 un gasto público federal por parte del gobierno sin endeudamiento, se debió teóricamente haber aumentado el ingreso por impuestos, productos y aprovechamientos en un 53 por ciento.

Y para pagar la deuda pública del gobierno federal que es en 1975 de 216,786 millones, se necesitaría usar los ingresos fiscales totales de casi dos años para saldar la deuda, sin llevar a cabo ningún otro gasto, lo cual sería imposible pero nos da una idea de la magnitud de nuestra deuda al cierre del ejercicio fiscal de 1975. Se había presupuestado tener ingresos por financiamientos por valor de 54,180 millones y se hizo por 70,548 millones, es decir, se financiaron con 16,368 millones que no estaban autorizados por el Congreso. Si la tendencia en el manejo de los dineros prestados es no respetar el presupuesto ni el endeudamiento previsto ni el gasto ni el pago de la deuda, debemos de admitir que la Secretaría de Hacienda sí funciona por otra parte, óptimamente, en el cálculo previsto de ingreso por impuestos, derechos, productos y aprovechamientos. Entre la previsión de ingresos por este concepto y lo cobrado, existe una variante que no llega ni al medio por ciento de diferencia. De los 132,427 millones de pesos de ingresos por estos conceptos, los porcentajes son como sigue: Impuestos: Sobre la renta, 37%. Sobre ingresos mercantiles, 18%. A las industrias y sobre la producción y comercio 23%. Sobre la importación, 8%. Sobre exportación, 2%. Otros impuestos, 5%. En total 93% por concepto de impuestos, más 6% por concepto de derechos, productos y aprovechamiento y un 1% de ingresos de capital. Todos estos ingresos normales representan 132,427 millones que en comparación con los logrados en 1974 que fueron 94,077 millones, representan un incremento de un 40%, pues la recaudación en 1975 superó con 38,350 millones a la de 1974. Es necesario pensar en una adecuada reforma fiscal que contemple todas las actividades, y recaude en términos de equidad y justicia para cumplir con el objetivo de distribuir la riqueza.

Además, tenemos que pensar en términos realista que la solución de nuestros problemas económicos no pueden ser sino el aumento de nuestra producción y productividad, sobre todo agropecuaria, y el manejo técnico y honesto de nuestros escasos recursos en función de nuestras necesidades crecientes; aptitud, honestidad, decisiones técnicas, productividad o vamos a la ruina económica.

Quinto: Examen de los egresos del Gobierno Federal con enfoque de su destino hacia los gastos e inversiones que le son propios y naturales, y los destinados a Empresas de Participación Estatal y su posible justificación, así como su comparación presupuestal.

Del total de los egresos del Gobierno Federal que fueron de 200,416 millones de pesos, el 55% se realizaron con recursos propios, y el 40% con dinero prestado, y sólo se destinó el 4% de los egresos para pagar la deuda.

Se había presupuestado realizar egresos de nuestros recursos por 103,536 millones, y se realizaron 112,986 millones, y del dinero prestado se había presupuestado gastar 61,826 millones, erogándose 77,519. En total, habiendo presupuestado egresos por ingresos por 165,354 millones, se hizo por 190,505 millones, brincando el presupuesto 27,141 millones y por el contrario, habiendo presupuestado amortizar la deuda del Gobierno en 20,693 millones, sólo se amortizó 9,911 millones.

Las partidas más significativas de variaciones al presupuesto están representadas en los siguientes conceptos: A la Comisión Federal de Electricidad, 9,208 millones, al Banco Nacional de Crédito Rural, 5,116 millones, a CONASUPO 4,968. Sueldos a la Burocracia 5,544 millones, a Petróleos Mexicanos, 1,060 millones, a Diesel Nacional, 1,140, a la Siderúrgica Lázaro Cárdenas, 1,130 millones.

Por mencionar algunas partidas que ni siquiera estaban en el presupuesto. Esto quiere decir que se improvisó, que se decidió de última hora, que no se planeó realmente el gasto público y que no conocemos de nuestras posibilidades económicas reales, y que esperamos que se presente como generación espontánea los necesarios incrementos de productividad que nivelen nuestra economía.

Del total del gasto del Gobierno Federal que fue de 200,416 millones, es decir, de nuestros impuestos y el dinero que el Gobierno consigue prestado, la división según su destino que

conviene analizar con el mayor cuidado y que nos puede mostrar cuál ha sido la filosofía económica política durante esta administración y particularmente en 1975 es la siguiente:

Destino del Egreso: Subsidio a Estados y Territorios, 818 millones, 0.5% del total.

Participación estados en ingresos federales, 16,224 millones, 8%; intereses, comisiones y gastos de la deuda, 13,720 millones, 6%; amortización, pago de capital de la deuda, 9,911 millones, 5%; deuda pública por pagar, obras de ejercicios anteriores, 2,380 millones, 1%; subsidios al comercio, industria, importaciones y exportaciones, 7,532 millones, 4%; inversiones, transferencias, apoyo, ayuda a empresas del Estado, 55,845 millones de pesos, 28% del total; gastos de inversiones propias de la labor del gobierno, secretarías, organismos, etc., 42,033 millones, 21%; servicios personales, costo de la burocracia, 32,754 millones, 16%; partidas no identificadas, 20,813 millones, 10.5%.

Dentro de esta clasificación destacan los egresos 28% por concepto de inversiones, transferencias y apoyo a empresas del Estado y en seguida los gastos de la labor propia del Gobierno a Secretarías, organismos, etc., que fue de 21%.

En tercer término, con 16%, el costo de la burocracia; mientras que para el pago de la amortización de deudas se utiliza el 5% y para la participación de Estados en ingresos federales el 8%.

Sobre las partidas no identificadas que importan 20,813 millones de pesos se podrían definir parcialmente los siguientes conceptos de egresos: al CAFCE, 3,696 millones, a la Comisión Constructora e Ingeniería Sanitaria, 1,033 millones. Secretaría de Recursos Hidráulicos, 1,842. Secretaría del Patrimonio Nacional, 394 millones.

Subsidios a Estados y Territorios, 75 millones. Instituto Mexicano de Asistencia a la Niñez, 45 millones. En total, se podrían integrar 7,085 millones de los 20,813 no identificados. O sea, que quedan por identificar 13,728 millones de pesos.

Sexto: De los recursos del Gobierno que entrega a Empresas, por concepto de inversiones, transferencias, apoyo, subsidios, etc., tenemos los siguientes datos: PEMEX, 3,162 millones, Comisión Federal de Electricidad, 11,261 millones. Las Empresas Ferrocarrileras, 3,676 millones. Aeronaves, 338 millones. CONASUPO, 7,957 millones. Instituto Mexicano del Café, 212 millones. Guanos y Fertilizantes, 404 millones. Empresas Forestales, 196 millones. Productos Pesqueros Mexicanos, 1,025 millones. Fomento Agrícola, Forestal, Ganadero y Riego, 6,090 millones. Banco Agrícola y Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera, 11,536 millones. Aeropuertos y Servicios Auxiliares, 58 millones. Diesel Nacional, 1,140 millones. CIPARCA, 1,421 millones. CONCA, 318 millones. Siderúrgica Nacional, 481 millones.

Otras inversiones financieras, 6,570 millones.

Total de entrega a empresas, 55,845 millones destinados a empresas, que si fueran operadas óptimamente, buscando su productividad, eficiencia en la toma de decisiones técnicas a precios reales dentro de una economía sana, el Gobierno podría muy bien limitar estas transferencias a las empresas que no tienen una operación de interés eminentemente social.

Gastos e inversiones propias de la labor del Gobierno. Entrega a organismos y secretarías: INDECO, 419 millones; Seguros Social, 3,521 millones; ISSSTE, 3,712 millones; INPI, 336 millones; Instituto Mexicano de Asistencia a la Niñez, 167 millones; CONACYT, 286 millones; Secretaría de Educación Pública , 11,754 millones; Secretaría de Salubridad, 3,444 millones; Secretaría de Recursos Hidráulicos, 8,255 millones; Secretaría del Patrimonio Nacional, 517 millones; Secretaría de Agricultura y Ganadería, 2,177 millones; Secretaría de Marina, 939 millones; Secretaría de Obras Públicas, 4,892 millones; total, 42 mil 33 millones.

Destacan las entregas a la Secretaría de Educación Pública, por 11,754 millones; Recursos Hidráulicos, con 8,255 millones; Obras Públicas, con 4,892 millones. Cabe señalar que, aunque todas estas erogaciones son propias de las funciones del Gobierno, debe buscarse también la utilización integral de los recursos del dinero del pueblo que tiendan a solucionar nuestros crecientes problemas, y eliminar el exceso en los gastos administrativos, principalmente burocráticos.

Séptimo. Consideraciones sobre la distribución del gasto del Gobierno Federal según su destino:

a) Participación a Estados por ingresos federales. Dentro de esta danza de millones de pesos, casi para todos somos espléndidos, somos capaces de absorber la deuda acumulada del Banco Nacional de Crédito Rural, por 5,166 millones que no estaban presupuestados; entregarle 9,207 millones a la Comisión Federal de Electricidad, que tampoco estaba presupuestados; o 3,153 millones a CONASUPO y 1,939 millones al Grupo Sahagún; para que todos pierdan dinero; pero en el renglón de la participación de los Estados, en los ingresos federales, ahí sí somos inflexibles, se respeta al presupuesto y se les entregan 16,224 millones que les corresponde. Estos 16,224 millones, representan un 12% de los ingresos naturales del Gobierno Federal, pero al mismo tiempo un 8% sobre total de erogaciones del Gobierno y un 4% del total de las erogaciones del sector público, cantidad tan raquítica, nos muestra con toda claridad, la filosofía económica política del Estado, de mantener deliberadamente empobrecidos a los municipios que tendrán que acudir al Gobierno de sus Estados, para que den soluciones a sus menores exigencias y al mismo tiempo mantener a los Gobiernos de los Estados en tal penuria económica que tenga que acudir al Ejecutivo Federal para que les solucione sus problemas económicos.

Es decir, el más severo control político desde el Gobierno Federal, a través de sus economías, eliminando toda posibilidad para que nuestra provincia se desarrolle en forma

autónoma e independiente, quedando sometido a la decisión del Gobierno Federal.

Si la participación en lo general de los Estados en los impuestos federales entraña una gran injusticia, por su poco monto, en lo particular se vuelve profundamente dramático porque no existe ningún criterio técnico formal para su aplicación.

Esta participación en lo particular a cada entidad federativa no está en función de su población, ni de su particular presupuesto de egresos, ni de sus propias necesidades, ni de sus posibilidades de desarrollo. No es posible identificar con un criterio técnico administrativo que nos permite justificar la distribución de estos 18,224 millones. Por ejemplo, al Distrito Federal se le entregan más de 6 mil millones; al Estado de México, dos mil millones; a Nuevo León, 1,500 millones; a Jalisco, 1,100 millones. En cambio a Colima, 30 millones; a Tabasco, 60 millones; a Tlaxcala, 50 millones; a Guerrero, 132 millones; a Oaxaca, 67 millones; a Zacatecas, 40 millones.

Es decir, a unos Estados, miles de millones, a otros centenas de millones, a otros decenas de millones, nada más injusto por cuanto ha propiciado un desarrollo inarmónico del país, el Estado ha ayudado a crear esta enorme diferencia entre nuestros conciudadanos por área geográfica, pues decir aspectos económicos es decir salubridad, cultura, empleos y posibilidad de desarrollo. Para confirmar esta injusta situación basta observar la ejecución del gasto público estatal por habitante. En el Distrito Federal la distribución corresponde a 1,400 pesos anuales por ciudadano; en el Estado de México a 550 pesos por ciudadano; Nuevo León, 480 pesos; estos son los más altos, en cambio al Estado de Hidalgo le tocaría 60 pesos por habitante al año; Oaxaca, 70 pesos; Querétaro, 100 pesos por habitante al año. Pretendiendo contrarrestar esta injusta distribución de la riqueza nacional, el Estado va al rescate de las áreas deprimidas a través de sus organismos federales, pero impide al mismo tiempo cualquier posibilidad de que los propios habitantes de estas áreas con sus recursos propios, superen sus bajas condiciones de origen, teniendo que admitir la protección y tutela del Gobierno Federal. Nuevas políticas económicas han de ser puestas en práctica para que, a pesar de perder el control político de las áreas deprimidas, el Estado propicie el desarrollo de las comunidades más atrasadas.

b) Inadmisible para cualquier economía sana el haber pagado más intereses que amortización de la deuda en 1975.

c) Muy lamentable que habiendo destinado 55,845 millones de pesos en inversiones, transferencias, apoyos y ayudas a las empresas del Estado, no hayamos estado en posibilidad de hacer frente a nuestros compromisos del pago de la deuda pública, pues existía el compromiso de pagar 20,692 millones, algunos de los cuales correspondían a años anteriores, y sólo se pagaron 9,911 millones.

d) Los servicios personales o costo por sueldo de la burocracia, representan un 16% sobre el total de la erogaciones del Gobierno, pero al mismo tiempo un 25% del total de nuestros ingresos naturales por impuestos, es decir, en pagar sueldos de los burócratas se nos va un peso de cada cuatro que cobra el Estado en impuestos.

Tenemos que optimizar su costo y funcionamiento, porque representa un enorme porcentaje de nuestro gasto nacional. Teníamos pensado en el presupuesto erogar por este concepto 27,210 millones y se gastaron 32,754 millones, es decir, se excedió en lo presupuestado 5,544 millones durante 1975.

e) Se destinaron 55,845 millones a las empresas del Estado, que si hacemos caso al informe anual del Banco de México y a las declaraciones del señor Tello Macías, Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, en el sentido que nuestros ingresos recaudados efectivamente en 1975, fueron 103,078 millones, resulta que a las empresas del Estado les fueron entregados más de la mitad de los ingresos efectivos del Gobierno recaudado en forma de impuestos.

f) Existen diversos conceptos de erogaciones no identificados por la cantidad de 20,813 millones de pesos de los cuales profundizando en el análisis se podrían tal vez integrar, tal vez a lo sumo 7,885 millones, sin embargo, resulta casi imposible identificar los 13,728 millones restantes.

Saludable sería en la próxima presentación de la Cuenta de la Hacienda Pública que se hiciera a esta Cámara de Diputados una expresión concreta de todos los conceptos de gastos para cuando menos poder hacer una definición total.

Hasta aquí el análisis de la Cuenta Pública del Gobierno Federal correspondiente a 1975. Muchas gracias.

El C. Presidente: Tiene la palabra la diputada Ifigenia Martínez de Navarrete.

- La C. Ifigenia M. de Navarrete: Señor Presidente.

Honorable Asamblea: quisiera hacer algunos comentarios de carácter general a la intervención del compañero Francisco Pedraza, que es más bien un contradictamen; por eso le llevó tanto tiempo hacerlo, una hora. Me hubiera gustado mucho que el documento que elaboró la diputación panista, por haber dispuesto de la cuenta pública y de más documentos el mismo tiempo del cual dispuso la Comisión de Presupuesto y Cuenta que me honro en presidir, lo hubieran distribuido con algunos días de anticipación para que hubiéramos podido darle debida consideración.

La gran cantidad de cifras y porcentajes que contiene, francamente no es aquí el lugar para estarlas debatiendo una a una. Quisiera por tanto, referirme a algunos errores o discrepancias que capté en el dictamen mientras lo escuchaba.

Una de ellas, las primera, dice el señor diputado Pedraza que el Gasto Público en 1975 aproximadamente de 369 millones de pesos, representa cerca del 4.0% del producto interno de 985 millones de pesos. Aquí se

hace una comparación totalmente errónea, porque relaciona una cifra de gasto bruto con una cifra neta. La demanda total de bienes y servicios que ejerció el Gobierno Federal y el del Departamento del Distrito Federal junto con sus organismos descentralizados y empresas incluye los pagos por amortización de deuda, que desde el punto de vista económico no son gastos efectivos, puesto que son erogaciones para pagar demandas que se ejercieron en otros períodos y que en cualquier cuenta de gasto hay que depurar. El producto interno bruto, en cambio es una cifra ya totalmente depurada, es una cantidad neta a la cual se le han deducido compras intermedias e insumos para no duplicar e inflar la producción. El producto interno bruto representa de un lado todos los pagos que recibieron los factores de la producción: sueldos, salarios, intereses, rentas, regalías, utilidades.

Y como contrapartida registra el gasto neto en consumo final e inversiones que se realizaron en la economía nacional; esto es quitándole toda clase de duplicaciones.

Por ejemplo: el trigo, que entró a formar parte del pan, nada más se contabiliza como gasto de consumo el pan, porque si también le sumamos el valor del trigo, estamos inflando el valor neto de la Producción Nacional. Esta es una técnica aceptada, y que tiene muchos años de estar en vigor. Por tanto la relación hecha es improcedente.

La verdadera relación entre gasto público efectivo, y el producto interno bruto sí aumentó mucho durante este sexenio.

No hemos hecho los cálculos del gasto, pero sí tenemos los datos del ingreso. La carga fiscal subió durante el sexenio aproximadamente de un 11 a un 16%, o sea que el gobierno realizó un esfuerzo tremendo para aumentar los ingresos públicos, aumentando los impuestos, y mejorando la administración fiscal. El gasto público que es mayor que el ingreso, debe representar más de un 22% del producto interno bruto.

Esta sería la relación correcta, la que nos mostraría la verdadera importancia del gasto público en la economía en el año del 1975.

Esta magnitud no es para espantar a nadie. Uno de los acontecimientos más significativos que ha ocurrido en este siglo, ha sido precisamente la extensión y ampliación de las actividades del sector público en las economías del mercado.

Algunos países - entre ellos Alemania Federal, Suecia, Inglaterra - el gasto público representa del 50 al 60% del gasto nacional total. Después de la guerra estos países tenían un 28 o un 30%; las presiones sociales han motivado que también el gasto público llegue al 48% del PIB. De manera que nosotros apenas estamos en un 22% aproximadamente. Esa es una apreciación que quería hacer.

Respecto a las variaciones que presenta el gasto presupuestado en relación al ejercido sí hay efectivamente una variación, imputable sobre todo a los organismos y empresas el aumento en el gasto ejercido, afirma el compañero que deformó la estructura de los egresos del presupuesto originalmente aprobado. Sin embargo, los datos que nosotros tenemos de acuerdo con la presentación sectorial del presupuesto, clasificación que nos indica cuál es el destino del gasto, cuánto va al sector agropecuario, al sector industrial, al social, al administrativo, no registra desviaciones significativas, y se mantuvo la importancia asignada originalmente al sector agropecuario.

El cuadro en cuestión es el número 18 de la página 58, para los que traigan su documento previamente repartido por esta comisión, en donde claramente se observa... ...que el porcentaje del sector agropecuario, se mantiene. Claro que a un nivel mayor de gasto (15%) porque hubo aumentos en los costos. Sin embargo, la prioridad asignada originalmente al sector agropecuario (17.4% del gasto total) se mantiene. ¿Que por qué no se le dieron más recursos que a la industria? El sector industrial tenía presupuestado el 29.8% del gasto total y el ejercido fue de 34%; fue mayor. Esta desviación en parte se explica por la actividad de las empresas más importantes del Estado que están clasificadas en este sector, que son: PEMEX y C.F.E. Realmente en estas empresas se hace una asignación, una previsión muy aproximada de ingresos y egresos, pero no es posible ser exactos. Porque si a la mera hora hay mayor producción, y la gente llega a comprar más gasolina, más gas, más combustible, no es posible decirles, ya no te vendo porque te estás saliendo del presupuesto. En una empresa que vende bienes y servicios, esto es absurdo, de manera que por estas razones el presupuesto finalmente ejercido por los organismos y empresas es mayor.

En donde hay diferencia de menos, es en los sectores de comunicaciones, transportes y comunicaciones, y muy ligerísimamente en el sector turismo.

Esta desviación se puede explicar porque la enorme extensión de la red de carreteras, que en este sexenio se triplicó, probablemente se juzgó que se podían tomar recursos de comunicaciones y reducir... ...el kilometraje de caminos y destinarlo a otros sectores.

De manera que esta puede ser la explicación; pero como dije, lamentamos mucho que no hayamos tenido el documento de la representación panista para haber podido hacer un análisis detallado.

Otro punto en el que se pone mucho énfasis, es en que los ingresos corrientes, o sea los ingresos por impuestos y por otros conceptos ordinarios, casi no aumentaron. Respecto a lo previsto hubo un aumento de 0.4 por ciento. Aquí podríamos decir que qué bien estuvieron calculados y estimados los ingresos, y felicitar a los economistas y técnicos que en la Secretaría de Hacienda hacen la previsión de cuánto va aumentar la recaudación puesto que casi les salió al centavo.

La discrepancia de más - y en eso sí tiene razón el diputado - está en que los ingresos por endeudamiento aumentaron un 30 por

ciento sobre lo previsto. Antes quisiera decir que los ordinarios, o sea los ingresos que no significan endeudamiento, aumentaron un 40 por ciento, respecto a 1974. Estuvieron cerca de duplicarse. Esto otra vez nos da idea del esfuerzo realizado. Claro, esta elevación es consecuencia de muchas cosas, de los reajustes en las tarifas y en los impuestos, de la mejor administración de la inflación que aumenta la recaudación, etc.

Un aumento en la recaudación superior al 40% estoy segura hubiera motivado las protestas de grandes sectores del público, porque hubiera empezado a quejarse de la pesada carga fiscal. Por tanto, en ese año, con la Ley de Ingresos aprobada se tuvo que recurrir al endeudamiento como un expediente de corto plazo que nos permitiera cumplir con los programas previstos, no en pesos y centavos, sino en términos reales. Porque si el gobierno se compromete a dar crédito para que se puedan producir más alimentos, si se compromete a excavar pozos, a hacer refinerías, a hacer productos, a establecer una industria petroquímica, ¿cuál es el verdadero compromiso con el pueblo?, ¿hacer las cosas o que el gasto no se exceda aunque las obras no se cumplan? Si las cosas le cuestan más de lo previsto, ¿debe parar las obras y al final encontrarse con que no realizó el programa? ¿Qué es lo que aprobamos? Aprobamos programas de obras que tienen costo determinado, a los precios vigentes al principio del año, pero si durante el ejercicio aumentan los precios, ¿va el gobierno a dejar de hacer las cosas que se comprometió a hacer como tal? He aquí una explicación de por qué se recurre a la deuda.

Y este es un dilema con que se han encontrado los gobiernos desde hace mucho tiempo, el presupuesto deficitario es un presupuesto que prácticamente se utiliza en todos los países del mundo. Claro que estamos de acuerdo en que hay que tener cuidado en qué tanto aumenta la deuda y que hay que tener cuidado también en que el endeudamiento total no rebase la capacidad de pago del país , aquí sí es bastante concreta en cuanto al destino de esa deuda, y se procura que esa deuda siempre sea para financiar empresas productivas que generen su propio ingreso con el cual pagar.

No me quiero referir más a este asunto porque sé que va a ser tratado más adelante en el Dictamen, y además, muchas cuestiones que el diputado Pedraza también trató en su amplia intervención le serán contestadas por los diferentes oradores a medida que vayan tratando los temas que están ahorita asignados para tratarse.

Quizá valga la pena alguna otra cuestión. El diputado Pedraza considera el crecimiento de la deuda refiriéndose a la colocación de la misma, el endeudamiento bruto, pero no toma en cuenta la amortización o sea lo que se pagó, de manera que la cifra que verdaderamente nos indica en qué tanto quedamos comprometidos, no es todo lo que pedí prestado, sino todo lo que pedí prestado menos lo que pagué, ese es el endeudamiento neto. El endeudamiento neto también a crecido muy rápido, pero en cantidades inferiores a las que mencionó el compañero Pedraza.

Otro problema que quizá valdría la pena llamar la atención es el que se refirió a las transferencias. El pudo identificar: 55,185 millones de transferencias del Gobierno Federal a los organismos y empresas. Nosotros, en el cuadro 38 de la página 111, tenemos perfectamente identificados 39 millones de transferencias del Gobierno Federal... que pasaron en parte como aportaciones de capital por ser empresas de propiedad pública. El gobierno hace su aportación con recursos provenientes de la tributación o de empréstitos para que las empresas se capitalicen; se trata de una aportación como la que haría cualquier accionista privado a su empresa, nada más que en este caso, como no son empresas privadas, la aportación tiene que venir o sea de la Tesorería de la Federación para estas empresas. Estas sumaron 21,504 millones. Nada más están aquí consignadas a los organismos y empresas bajo control presupuestal o sea 26. Hay otra columna con transferencias para gasto corriente y gasto de capital, algunas de ellas estatutarias, como por ejemplo cada vez que aumenta el número de empleados federales, el gobierno como empleador tiene que aportar su contribución al ISSSTE, cada vez que aumenta el volumen de empleo, y qué bueno que aumente, el gobierno tiene que dar una aportación al Seguro Social.

Entonces aquí tampoco se puede hacer un cálculo muy exacto porque eso depende de en qué tanto aumente el empleo, los salarios y las categorías de salario.

Las transferencias a los 16 organismos y empresas aumentaron a 39,306 millones, probablemente el resto para los 55 mil millones de que hablaron fueron aportaciones a otros organismos que no registra la Cuenta Pública, pero que todas están controladas por algunas dependencias administrativas y que cumplen para ejercer con todos los requisitos del control previo que se ejerce en Hacienda y Patrimonio.

Algunas cantidades también pueden duplicarse, por ejemplo se mencionó al CAPFCE; bueno, esta institución aparece en el presupuesto de la Secretaría de Educación en la clasificación administrativa y probablemente aparece también en la clasificación económica en donde el rubro de transferencia tiene mucha importancia.

En todo eso hay que tener mucho cuidado para no inflar cifras y no duplicar y dar una idea así alarmista de que las cosas se están haciendo a niveles mayores de las que realmente se hacen.

Lamento no poder precisar más por la falta del documento, pero creo que con esto es suficiente. Muchas gracias (Aplausos.)

El C. Presidente: Tiene la palabra el ciudadano diputado Ramón Garcilita Partida.

El C. Ramón Garcilita Partida: Con la venia de usted, señor Presidente. Ciudadanos

diputados, señoras y señores. Estamos en presencia de uno de los debates más importantes que debe tener la Cámara de Diputados. En efecto, el Constitucional de Querétaro, juzgó el examen de la Cuenta Pública tan vital, tan importante, tan trascendental para un régimen auténticamente democrático, que colocó esa obligación a la cabeza del artículo 65 de la Constitución , que habla de los asuntos que debe ocuparse el Congreso de la Unión, en el Período Ordinario de Sesiones.

Lástima que a este trascendental debate no se le dé la amplitud necesaria para que, realmente, la Cámara de Diputados, el Congreso de la Unión, pudiera cumplir con esa obligación que tiene ante el pueblo de que su dinero ha sido manejado en forma correcta.

No estoy de acuerdo con el principal punto resolutivo que presenta la Comisión, que textualmente dice: "Al revisar las cuentas se encontró que las cantidades gastadas están de acuerdo con las partidas del presupuesto, y las autorizaciones concedidas respectivamente por el Honorable Congreso de la Unión y esta Honorable Cámara de Diputados, al Poder Ejecutivo Federal, y que los gastos hechos están debidamente justificados y, por lo tanto, se aprueban.

Si la comisión, que me merece todo respeto, hubiera estudiado realmente en una forma acuciosa la Cuenta Pública de 1975, y la hubiera conectado con el presupuesto aprobado por la misma representación nacional para 1975 y hubiera tomado en consideración los objetivos que fueron expuestos por el Ejecutivo Federal en su iniciativa de la Ley del Presupuesto de Egresos, y que fueron también ratificados y ampliados por la comparecencia del C. Secretario de Hacienda, y a la cual se refirió mi compañero el diputado Pedraza, indudablemente que no hubieran emitido el dictamen en la forma en que fue presentado.

En efecto, se dijo que el monto total del presupuesto sería por la cantidad de 298 mil 400 millones de pesos que se distribuirían de la siguiente forma: 159 mil 412 millones de gasto del Gobierno Federal y 139 mil 8 millones del gasto de los organismos descentralizados y empresas de participación estatal. Ahora bien, en la ejecución del presupuesto, y hay que recordar, señores diputados, la importante función que tiene el presupuesto en todo gobierno constitucional, como es el de promover el desarrollo del país en una forma programática. En una forma inmediata, en una forma equilibrada, haciendo una selección de necesidades urgentes de gastos que pueden presentarse en una forma imprevista; de estructuras que hay que construir para el desarrollo. Ese presupuesto programa en su realización, condición indispensable que se realice en la forma en que fue aprobada por la Cámara de Diputados. Ya que es tan estricto el sistema constitucional de la observancia del presupuesto tal como fue aprobado por la Representación Nacional, que la misma Constitución en el artículo 126 previene que no podrá hacerse pago alguno que no esté autorizado por el presupuesto o por ley posterior. Y en cambio, en la Cuenta Pública, estamos en presencia de un alud de gastos que se realizaron fuera del presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados, y que precisamente provocó ese superávit o ese déficit entre la cantidad aprobada y la cantidad realmente ejercida.

Y si la obligación de la Comisión al emitir su dictamen es precisamente comprobar que las distancias partidas aprobadas por la representación nacional coinciden con la cantidad gastada, los señores de la Comisión han pasado por alto esta grave irregularidad que presenta la Cuenta Pública.

Por otra parte, en la exposición de motivos que el Ejecutivo Federal planteó al presentarse el presupuesto de egresos, dijo que el presupuesto para 1975 es austero y realista. Condiciona el monto del gasto a la cantidad de recursos que se piden, sin afectar los objetivos de corto y largo plazo y a las posibilidades de financiar nuestro desarrollo con recursos sanos.

Y no obstante de que en el presupuesto, obedeciendo a la técnica de un programa de gobierno, se fue señalando la forma en que se había de distribuir el gasto público, sin embargo, a pesar de lo que acaba de afirmar en esta tribuna la señora diputada Martínez de Navarrete, el Ejecutivo, en el ejercicio del gasto público, no se sujetó al programa tal como fue planteado en el presupuesto.

En efecto, para el sector agropecuario -y quiero hacer un paréntesis para hacer resaltar la importancia que tiene en la economía nacional el proporcionar al pueblo los alimentos necesarios para su sostenimiento, a pesar de la importancia que tiene para el desarrollo de la industria agropecuaria para poder hacer frente a esa tremenda explosión de población que presenta nuestro país, es natural que si se fortalece el sector agropecuario, puede éste ser la base de la sustentación económica para el desarrollo de la actividad industrial. Esto es, en un principio, de una economía sana. Ahora bien, en el presupuesto para el sector agropecuario, se aprobó la cantidad de 60,397 millones y lo que realmente se ejerció fue 69,141, es decir un aumento de 8,744 millones de pesos. Para la actividad industrial se presupuestó 103,147 millones y realmente lo que se gastaron fueron 133,209 millones, es decir, hubo un excedente de 30,062 millones contra el excedente de 87,044 millones para el sector agropecuario. ¿Cuál fue el resultado de esta política? No fue otra más que bajó la productividad del campo, principalmente los alimentos básicos que tiene el pueblo, el frijol y el maíz, tuvo entonces que cubrirse ese déficit por un aumento en el sector de alimentos que precisamente vino a desnivelar nuestra balanza comercial. Por otra parte, el exceso del gasto público, señores diputados, y esto lo quiero hacer marcar perfectamente claro, ya que fue precisamente cuantificado en el documento leído por el diputado Pedraza, produjo además ese exceso de gasto precisamente la devaluación monetaria y el alza general del nivel de precios.

Entonces, con motivo de esa alza del nivel de precios, los bienes de producción nacional con el aumento de gasto en energéticos, en salarios, en impuestos, etc., tuvo un aumento considerable que lo colocó en la imposibilidad de competir en el mercado internacional con los productos elaborados en el extranjero, es decir a esas condiciones se debió también el aumento desorbitante de la deuda pública que contrajo el Gobierno Federal, y el más alto en el sexenio.

Si nuestra Constitución marca sobre todo en el Artículo 65, los requerimientos legales indispensables para ser examinada la Cuenta Pública y para ser aprobada por esta Representación Nacional, el dictamen de la Comisión no se sujeta a esas condiciones constitucionales, y por lo tanto, señores diputados, debemos rechazar este dictamen, y aún más, exigir responsabilidades en que ha incurrido el Gobierno Federal al destrozar la economía del país. Muchas gracias. (Aplausos).

El C. Presidente: Tiene la palabra el C. diputado Enrique Alvarez del Castillo, por la Comisión.

El C. Enrique Alvarez del Castillo: Señor Presidente. Señores diputados: La intervención del diputado Garcilita Partida renova en un aspecto el interés que tenemos por comprobar que el cumplimiento en el ejercicio por el gobierno federal del gasto público derivado tanto de la Ley de Ingresos como del Presupuesto de Egresos, se ha ajustado no sólo en el aspecto de la política económica emprendida y programada y realizada durante este sexenio, sino también se ajusta rigurosamente a las disposiciones constitucionales así como a las disposiciones legales reglamentarias, como a la tradición parlamentaria que ha venido creando un sistema adecuado, flexible, propio de toda una administración moderna y, por ello, quisiera yo, por razones de método, dividir esta intervención en tres puntos fundamentales a mi entender.

Uno relacionado con una fase quizá suelta del diputado Pedraza, por cuanto a que el Poder Ejecutivo no se encontraba autorizado para en un momento dado, si las circunstancias económicas así lo exigían, contraer endeudamiento , a efecto de satisfacer el gasto público, indispensable para la realización de las obras y de los servicios a que quede comprometido.

Creo que esto es muy claro, la Constitución previene con toda claridad que es facultad del Congreso de la Unión, dispuesta por el artículo 73, fracción VIII, el otorgar las bases a fin de que el Ejecutivo pueda contratar o contraer endeudamiento.

Fija allí mismo las limitaciones correspondientes, esto es, los empréstitos deben tener como destino fundamental el incremento en el ingreso público. Estas bases, hemos de recordar, fueron reguladas a partir de 1964, y, concretamente, para el ejercicio de 1975, en la Ley de Ingresos se establece esa posibilidad: las condiciones de respeto a las limitaciones constitucionales y las condiciones del propio Congreso estima necesario imponer para el efecto de obtener un correcto ejercicio en el desempeño de tal facultad, y tanto la Ley de Ingresos, debemos recordar, cómo el posterior Presupuesto de Egresos del año de 1975, fueron aprobados unánimemente en esta Cámara de Diputados.

Quiere esto decir que el Ejecutivo sí está desde luego autorizado para realizar empréstitos, para cumplir con las finalidades en virtud de autorización que el propio Congreso le otorgó.

Los artículos precisos son, tanto el 2o. de la Ley de Ingresos, como el 3o. del Presupuesto.

En segundo término, y ya refiriéndome concretamente a la intervención del diputado Garcilita, me parece que abordó dos temas diversos en razón del ejercicio del gasto y de la política económica.

Por una parte también, se refiere a la naturaleza del presupuesto, al ejercicio mismo del presupuesto, y a que este ejercicio ha de corresponder a disposiciones de la Constitución y de las leyes reglamentarias, y quiero decir que el presupuesto es una ley indudablemente de la facultad exclusiva de la Cámara, como acto legislativo de la Cámara, dispone la forma, la manera, el sistema en que el Ejecutivo debe realizar el gasto, siempre en función de la satisfacción de los programas previamente establecidos, y es absolutamente falso, que no existan estos programas y que estos programas no fundamenten precisamente las partidas a que se refiere el presupuesto.

Debemos entender también que el propio Congreso ha legislado en materia de atribuciones de las distintas dependencias del Ejecutivo, las obligaciones y facultades que estas tienen, y concretamente en el caso de la Secretaría de la Presidencia, para el efecto de programar y planear la inversión, y eso no viene, ni tan siquiera del año de 1975, viene, afortunadamente para nosotros, de muchos años antes, y ha sido también una programática específica que se ha cumplido y que se ha venido cumpliendo y satisfaciendo en este sexenio.

El presupuesto - y esto quizás sea ya una discusión vieja, suscitada en otras ocasiones en esta Cámara -, el presupuesto, un presupuesto moderno, no puede ser de naturaleza absolutamente rígida, tiene que ser de naturaleza flexible y de esta manera es como ha sido reglamentado por la Ley del Presupuesto del año de 75, aprobada unánimemente por la Cámara. Quiere decir, que en el presupuesto se han comprendido las posibilidades de gasto de acuerdo con las partidas establecidas, pero también, en el propio presupuesto se ha previsto la posibilidad de que los programas por satisfacer requieran de ingresos adicionales , los cuales autorizados por la Ley de Ingresos, la Ley de Egresos establece la forma y términos en que el propio Ejecutivo puede disponer de la posibilidad de hacer erogaciones de carácter adicional.

La propia Ley del Presupuesto previene también la posibilidad y autoriza concretamente las transferencias indispensables a realizar,

para obtener una correcta administración y gasto de los fondos. Estas transferencias a las que se les ha dado singular importancia, están autorizadas, desde luego, por el artículo 1o. de la Ley del Presupuesto aprobado a través de los ramos de inversiones, erogaciones adicionales, deuda pública y erogaciones adicionales de organismos descentralizados y empresas de propiedad federal.

En artículos subsecuentes, la propia Ley del presupuesto determina cómo opera todo el sistema tanto para efectos de disponer de los ingresos excedentes sobre el ingreso ordinario de la Federación, como también de los ingresos de carácter extraordinario a los que se puede recurrir legalmente, en función precisamente de la autorización que la Ley de Ingresos y la Ley del Presupuesto otorgan al Poder Ejecutivo.

Quiero recalcar, por otra parte, que este sistema de ninguna manera pretende exceder los límites de la Constitución.

Se referían hace un momento a la limitación que por razón de orden desde 1917, y en la propia Constitución de 1857 prevenía y previene en el artículo 126 la limitación a realizar gastos fuera del presupuesto, salvo en aquellos casos en que una ley posterior los autoriza o determina. Quiero yo referirme a este tema, para de una buena vez dejarlo liquidado. Debe ser la interpretación de este precepto en función de los distintos preceptos que en materia económica establece nuestra Constitución, interpretado de una manera integral y, no como un simple cerrojo al Ejecutivo para que no pueda realizar su obra de gobierno.

Es cierto, y debemos nosotros también entenderlo así, que fue una petición casi unánime de la Cámara el que a partir de 1964-65 fueran incluidos los organismos públicos descentralizados y empresas de participación estatal dentro del control presupuestal que se ejercita a través de la ley correspondiente. Este clamor, que fue aceptado, que en la ley de ingresos se proponía inicialmente a 20 organismos, los cuales han sido aumentando con el tiempo, viene a ser indudablemente un factor más para intentar una interpretación integral de la Constitución y del artículo 126, y también, como posteriormente me referiré, del propio Artículo 65 de la Constitución en su fracción primera, y seríamos contradictorios si por una parte queremos engrosar el Presupuesto, el control presupuestal con una serie de organismos y empresas del Estado, que muy justificadamente deben controlarse, pero si queremos al aumentar esa carga y ese volumen impresionante de trabajo que significa el control de tales organismos, si queremos nosotros en una contradicción que me parecería evidente en la realidad, por otra parte, limitar al Ejecutivo tanto en el ejercicio de sus partidas como también no entender la función de la Cámara en razón del cúmulo de trabajo, el aumentar el control en los organismos descentralizados que evidentemente significa. En la Ley del Presupuesto, desde 1964, se aceptó un sistema inicial para el control de los organismos; se aceptó en la propia Ley del Presupuesto la posibilidad de realizar erogaciones adicionales que desde luego habrían estas erogaciones de satisfacernos vía ingresos extraordinarios del Gobierno Federal y realizarse en un sistema fiscal mediante transferencias, para el efecto de conservar la unidad presupuestaria. El Artículo 126, lo que nos está diciendo es que debe existir un solo presupuesto, y aun cuando el mismo precepto hable de pagos determinados por ley posterior, esto simplemente significa que la modificación consecuente en el egreso es parte integrante del presupuesto general; no son varios presupuestos, es uno solo y de ahí entonces que se deriven estas posibilidades. Primero: Leyes o decretos posteriores cuya ejecución requiera un desembolso de fondos públicos que o bien, se pueden dejar al año siguiente, o se hacen dentro del presupuesto vigente como una erogación adicional.

Por otra parte, ampliaciones de partidas provenientes de ingresos extraordinarios que pueden ser excedentes en el ordinario o contraídos por la vía del préstamo, para el efecto de realizar la erogación adicional consecuente, no detener la ejecución del trabajo público, y desde luego satisfacer las necesidades de carácter social que la comunidad viene exigiendo cada vez más.

Vuelvo a insistir en que, tratándose de un solo presupuesto, lo cual es indudablemente importante, las facultades que otorga el Congreso y la Cámara al Ejecutivo, son consecuentes con la interpretación correcta del Artículo 126, puesto que el gasto excedente se realiza precisamente dentro del presupuesto que es uno solo y no fuera del presupuesto.

Con estas facultades quiero insistir, no son abiertas ni arbitrarias como al quejarse en el caso del gasto presupuestal, parece haberse afirmado en esta tribuna, son facultades que están controladas por la propia Ley del Presupuesto, por la Ley Orgánica del Presupuesto, que sujetan su ejercicio a una serie de reglas y limitaciones del propio sistema, que deriva de las facultades de la Secretaría de Hacienda, de la Secretaría del Patrimonio Nacional y de la Secretaría de la Presidencia están estableciendo, para que precisamente el gasto público corresponda a programas, a controles y autorizaciones que, consecuentemente, al obedecer reglas jurídicas establecidas en leyes expedidas por este Congreso, asientan la legalidad en el ejercicio de las facultades del propio Ejecutivo.

Por último, es importante considerar cuál es la interpretación integral actual, no literal, del artículo 65, fracción I, de nuestra Constitución, que nos exige y a la vez nos faculta a revisar la Cuenta Pública, a analizarla, desde luego, justificar y comprobar la exactitud del gasto frente a las partidas autorizadas, y, por último previene las posibilidades de establecer responsabilidades.

Este artículo 65, no hay duda que debe contemplarse en dos aspectos, que, asimismo, han sido históricamente debatidos en la Cámara.

Un aspecto de juicio político sobre porcientos, el cual estamos haciendo, se hace en el

dictamen con una profundidad que dice no había alcanzado en los años anteriores y se está realizando en este debate.

Por otro, la circunstancia de carácter administrativo de contabilidad en gastos, confrontar el gasto frente al ejercicio mismo, acreditar que el gasto estuvo bien realizado.

Pienso que, en lo general, el artículo 65 ha sido cumplido por el dictamen de la Comisión de Presupuestos y Cuenta Pública, puesto que se han repasado todos los documentos que anexos al informe de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público llegaron a nosotros, que la Contaduría Mayor de Hacienda ha realizado el análisis inmediato de los documentos que es factible y posible hacer dentro de la circunstancia de considerar Gobierno Federal y organismos descentralizados, han analizado los estados financieros, ha producido las opiniones consecuentes y otorgado los informes correspondientes a la Comisión de Presupuesto y Gasto Público.

Consecuentemente se ha cumplido en su esencia el artículo 65 en su fracción 1a. Restaría y así se previene en el artículo III del decreto que hemos sujetado a la aprobación de esta Asamblea, acreditar y glosar los documentos particulares y específicos que puedan en lo particular justificar cualquier gasto, pero estos documentos que indudablemente fundamentan los estados financieros y el análisis realizado por el dictamen de la Comisión, no pueden materialmente glosarse en el término que la Constitución previene, esto sería ir contra una realidad, pero además, llegaríamos a absurdos de este tipo, la Ley de la Contaduría Mayor previene que la recepción de la Cuenta Pública ha de realizarse en el año subsecuente a su ejercicio. Y después previene también en el artículo 28 en concreto, que esa Contaduría dispone del término de un año para el efecto de hacer la glosa correspondiente, la de carácter contable, llegaríamos al absurdo de aceptar que en un término de dos años, se revisara la cuenta de un año. Esto es, que una cuenta del 75, si se glosaran los documentos, pasaría a dictaminarse hacia fines del año de 77. Este sistema evidentemente que no es congruente con una interpretación racional del artículo 65 en su fracción I.

Se habla también de excesos en el gasto público, producto de una serie de factores que han sido analizados, tanto en el dictamen de la cuenta como en la exposición adicional que la Comisión hizo en esta tribuna hace unos momentos, y que pretenden exagerarse, justificarse o ser el planteamiento de una crítica de fondo al gobierno, en el documento que escuchamos del compañero Pedraza.

Creo que nunca como en esta ocasión ese exceso en el gasto público ha sido en total mucho más reducido que en años anteriores.

Pero creo también que los argumentos que se han expuesto en el dictamen, las exposiciones que escuchamos de la doctora Navarrete, justifican plenamente la razón de ese excedente.

Y al justificarse la razón de ese excedente, también se está cumpliendo con el artículo 65, con la Ley de Ingresos, y con la Ley del Presupuesto en cuanto establece la forma y términos en que debe ejercitarse el gasto, y la forma y términos en que el Ejecutivo debe justificar ese gasto excedente, precisamente ante la Cámara de Diputados.

Creo que entonces están satisfechos los requisitos constitucionales y legales de toda índole, previstos en nuestros textos en el dictamen de la cuenta. Por ello, esa cuenta debe aprobarse por las razones también expuestas, los artículos, concretamente el 1o., que ha sido objetado, se encuentra en términos constitucionales.

El C. Presidente: Recuerdo al orador que está por terminársele su tiempo.

El C. Alvarez del Castillo: Me parece que en el fondo únicamente agrego esta consideración, lo que existe es, por una parte, una posición de interpretación y de aplicación de un concepto estricto de una democracia política, que todos estamos totalmente de acuerdo en respetar, al través de las garantías individuales, al través de la organización nacional de nuestros poderes, el Legislativo en concreto, el Ejecutivo, y por otro fin, el programa, el presupuesto, que nuestro Partido tiene como meta final alcanzar una democracia social, una democracia social que se define por sus objetivos. La satisfacción de derechos, el carácter social que exigen ahora más que nunca la acción pública del Estado y de la sociedad para su satisfacción, y esa acción pública, entendiendo el presupuesto dentro de este contexto, dentro de esta meta de alcanzar la democracia social, sólo es factible si interpretamos e integramos la Constitución, la disposición del gasto público dentro de las finalidades que ahora nos proponemos y que habremos de alcanzar algún día. Muchas gracias. (Aplausos.)

El C. Presidente: Tiene la palabra el C. diputado Guillermo de Carcer.

El C. Guillermo de Carcer Ballezca: Señor Presidente, señores diputados: Procederé al examen de las empresas propiedad del Gobierno Federal y de sus organismos. Para el estudio de las empresas del gobierno hemos usado términos de: justificación del gasto, operación óptima, costo - beneficio, objetivo - logros, utilidad - pérdida, por cuanto se requieren recursos del Erario para hacer permanente la operación o sus posibilidades de desarrollo. Y cuando hablamos de productividad o rentabilidad, no lo hacemos en términos de ver al Estado metido a empresario en busca de utilidades con todas sus consecuencias, sino que dentro de una economía mixta capitalista como la que vivimos, hemos de usar términos económicos y contables convencionalmente aceptados.

Consideraciones generales. El Gobierno tiene, según se mencionó en el examen en su operación, más de 700 instituciones en forma de organismos, empresas, fideicomisos, institutos, comisiones, juntas, patronatos, consejos, etc. De este gran total solo 26 son objeto del presupuesto, por lo cual solamente de esto podemos tener informaciones de operación y

referido a este análisis, por la naturaleza misma de sus funciones disímbolas, no es conveniente hacer un estudio de sus circunstancias desde el mismo punto de vista, ya que las hay de interés eminentemente social, circunstancia que nos hace observarlas bajo este criterio, y otras de estricto carácter económico que nos obligan a valorizar su operación con un sentido de funcionamiento.

Consideramos que debían ser motivo de presupuesto otras empresas y organismos del Estado que tienen una importancia superior a algunas que sí están contempladas en él. Casos concretos el CAPFCE, a quien se entregaron 3,696 millones de pesos en 1975, la PIPSA, muchas de las comisiones que mueven cifras muy importantes del erario público, las 48 Juntas de Mejoras Materiales, la Algodonera Comercial, Altos Hornos de México, las Compañías Mineras, las de Tabaco, los Ingenios, el INFONAVIT, y Teléfonos de México, por citar las más importantes de las que el pueblo desearía estar informado, y que deben sujetarse a control presupuestal.

Pedimos por tanto se incluyan en los próximos presupuestos y Cuenta Pública esas empresas.

De los ingresos de la empresa, el total de los organismos y empresas del Estado, motivos del presupuesto, tuvieron ingresos propios en forma de ventas de productos y venta y otorgamiento de servicios, por un total de 133,936 millones de pesos, y acordes con la tónica marcada por esta Administración, obtuvimos préstamos por 66,630 millones, con los cuales sumaron 200,566 millones de ingresos totales.

A pesar de haber obtenido sus propios financiamientos internos y externos, el gobierno les destinó 39,301 millones a los que son motivo de presupuesto, y a los que no lo son, como la Banca Agrícola y los Fideicomisos del Azúcar y otras inversiones, el gobierno otorgó transferencias e inversiones extranjeras por otros 24,196 millones que totalizan 63,497 millones propios de la Hacienda Pública.

El destino de esos 24,196 millones se desconoce al no ser objeto de control presupuestal y consideramos que en gran parte representan pérdidas, por los resultados que conocemos de las operaciones del Banco Agrícola y el fideicomiso del azúcar.

Pero todo esto se aclararía si fuera motivo de control presupuestal. De los 39,301 millones que el gobierno destinó a los organismos y empresas que son motivo del presupuesto, sólo se ven representados incrementos en sus capitales contables por 23,320 millones. Los 15,981 millones restantes fueron considerados como subsidios en su mayoría y una parte está dividida en sus estados financieros.

Estas enormes cantidades de dinero que el gobierno destina a sus organismos y empresas en forma de transferencias, inversiones financieras y apoyos, tiene su origen en las siguientes principales causas:

1. Operación deficiente debida en muchos casos a servicios personales excedentes e incapacidad para la toma de decisiones técnicas de administración óptima, por anteponer el interés político a la sana e inteligente decisión en orden al bien común, al manejar los dineros del pueblo.

2. Venta de productos o servicios de las empresas por debajo de sus costos reales de operación, originada por una insana política de precios, apoyada en una filosofía de subsidios, que se ha vuelto a la postre de una dudosa acción de beneficio social.

3. Incrementos severos en los costos de operación, de suyo, bastante elevadas por intereses y costos en servicio de la deuda.

4. Inversiones sin respuesta productiva a corto plazo, como sería lo deseable en una economía pobre como la nuestra.

De los egresos de las empresas en general, en total, las empresas del Estado realizaron erogaciones por 119,278 millones de sus recursos propios; 56 mil millones de los que pidieron prestado y amortizaron 25 mil millones en pago de sus deudas, interna y externa, con lo que totalizaron erogaciones por 200 mil millones, cantidad sensiblemente igual al total de erogaciones propias del Gobierno Federal, por lo cual su impacto en nuestra economía tiene una relevancia parecida a la del Estado por cuanto se refiere a la derrama de dinero, aunque su destino no sea el mismo.

No pedimos que el presupuesto sea inflexible, pero que sí su variación sea como en el caso del presupuesto de Egresos de las empresas y organismos que estoy tratando de una variación del 25%, como lo fue en 1975.

De los resultados de su operación consolidada, de los balances de las Empresas y Organismos a diciembre de 1975, los activos de todas las Empresas y Organismos sujetos a control presupuestal, suman 266 mil millones y sus capitales contables, 120 mil millones, es decir, de cada peso, 45 centavos es patrimonio, y se deben 55 centavos.

Existen casos, como Disel Nacional y la Constructora de Carros de Ferrocarril, en las que de cada peso de sus activos, 13 pesos son propios, y 87 se deben.

Sólo Petróleos Mexicanos que ganó después de impuestos 266 millones, Caminos y Puentes, que ganó 28 millones, Aeropuertos y Servicios, que ganaron 46 millones, y Guanos y Fertilizantes, que tuvo utilidades por 66 millones, todas las demás pierden dinero por muchos millones de pesos.

El activo circulante consolidado representa el 34% del activo total, el fijo el 64% y el diferido el 22%, pero hay que hacer notar que dentro de este 34% de activo circulante, sólo contamos con el 5% del activo total -perdón- representado por efectivo, es decir, sólo el 5% del total del activo está representado en líquido en caja.

El pasivo circulante es de más de 55 mil millones, y el fijo de 91 mil millones, dentro de éstos hay pasivos titulados por 120 mil millones de capital, y 45 mil millones de intereses, en 67 se deben pagar 22 mil millones de capital y 24 mil millones de intereses. La mayor parte de este titulado corresponde al sector industrial

con el 80% de las deudas de organismos y empresas descentralizadas, y dentro de este sector, la Comisión Federal de Electricidad con 51 mil millones de deudas por concepto de capital y 20 mil millones por concepto de intereses representa casi el 60% de la deuda del sector industrial; Petróleos Mexicanos tiene más del 25% total de la deuda del sector industrial.

Resumiendo el pasivo titulado de organismos y empresas, está dividido así: el sector industrial 95 mil millones por concepto de capital del 80% y 38 mil millones por concepto de interés, 86%. El sector transportes, 13 mil millones por concepto de capital, 11% y 5 mil millones de intereses, 11%. El sector agropecuario 10 mil millones por concepto de capital el 8% de intereses de un mil millones. El sector de desarrollo y seguridad social, un mil millones por concepto de capital 1% y prácticamente no tiene intereses. Es decir que los organismos y empresas que más se han endeudado, son las del sector industrial. Mientras que la correspondiente al sector agropecuario, lo ha hecho en proporción diez veces menor al mismo sector industrial. En el balance general consolidado, se nos presenta la deuda pública externa e interna, en los siguientes montos: 23 mil millones como deuda interna y 86 mil millones como deuda externa. El pasivo titulado del sector paraestatal, está programado a pagarlo en 62%, 74 mil, entre 1976 y 1979 o sean cuatro años. El 37%, 45 mil millones, con vencimiento a más de 5 años y mil millones sin fecha de vencimiento. Considerando sólo capital. Por concepto de intereses entre 1976 y 1979, se debe pagar el 73,32 mil millones. A más de 5 años el 25% restante. Resumiendo capital e intereses, en 1976 se debe de pagar de 30 mil millones, en 1977 más 22 mil millones, en 78,28 mil millones, y en 79,24 mil millones, es decir que el costo financiero del pasivo, si observamos el estado consolidado de pérdidas y ganancias, es el que determina el monto principal del gobierno federal.

En el estado consolidado de pérdidas y ganancias correspondiente a 1975, observamos que los ingresos sumaron 125 mil millones; el costo de ventas y operación, 108 mil millones; el 85 por ciento del total de los ingresos.

Los gastos administrativos fueron de 8 mil millones; el 6 por ciento, y los de ventas y servicios, de 9 mil millones, o sea el 7 por ciento.

Así, la utilidad en operación consolidada fue de sólo 279 millones, de un 2 por ciento sobre los ingresos totales de las empresas y los organismos.

Pero los otros gastos fundamentalmente en éstos el costo financiero fue de 6,597 millones de pesos, lo que hizo necesario que el gobierno federal entregara un subsidio de 9,230 millones de pesos para cubrir la pérdida de 1975, que ascendía a 6,319 millones.

Existen, además, 15,981 millones que el gobierno entregó al sector paraestatal que no se reflejan en el estado de pérdidas y ganancias, pero que al no considerarse tampoco dentro del incremento de los capitales contables, es que se han absorbido como pérdidas de operación.

Si analizamos los subsidios entregados a los sectores, tenemos lo siguiente:

Al sector industrial se le entregaron 154 millones, 17%; sector transportes, 3,020 millones, 33%; al sector agropecuario, 4,519 millones, 49%; sector desarrollo social, 150 millones y al de administración, no tiene subsidio. En total, 9,230 millones de subsidio del gobierno federal a las empresas y organismos. Casi la mitad se canalizó al sector agropecuario, principalmente a CONASUPO, a quien se le dieron 93% del subsidio del sector, y más del 45% del total del subsidio del gobierno federal.

A la Comisión Federal de Electricidad se le entregó el total del subsidio del sector industrial, 1,54 1/2 millones, el 17% del total de subsidios entregados por el gobierno.

A Ferrocarriles Nacionales de México, el 62% del sector, 1,877 millones, y el 25% del total de subsidios entregados por el gobierno. Es decir, tres entidades absorben el 82% del total de los subsidios: CONASUPO, Comisión Federal de Electricidad y Ferrocarriles Nacionales de México.

Este rápido análisis de los estados financieros consolidados de organismos y empresas propiedad del gobierno federal, sujetos a control presupuestal, nos llevan a las siguientes principales conclusiones:

1. El control de venta y operación representa un porcentaje muy alto sobre los ingresos obtenidos.

2. Si no se aumentan por un lado los ingresos, haciendo más productivas las empresas, y por otro, si no se bajan los costos y gastos, no se podrá cubrir el costo financiero que representa el pasivo titulado.

3. De esta forma se necesitará siempre que el gobierno federal aporte subsidios que provienen en gran parte de préstamos que a su vez el gobierno contrata.

4. Es necesario ir abandonando la política de subsidio y adoptando la de precios reales.

5. En esta consolidación están integrados 26 organismos y empresas que en conjunto, antes del costo financiero ganaron 279 millones, lo que representa que la gran mayoría tiene números rojos.

6. Hay que hacer notar que el total de organismos y empresas propiedad del gobierno federal así como fideicomisos existentes suman más de 800 y la cuenta pública sólo contempla 26 de ellas, que indica que se presentaron resultados del total de ellas, el resultado consolidado antes del subsidio seguramente arrojaría un déficit en mayor cantidad.

7. Existe urgencia de que estas empresas conviertan sus pérdidas en utilidades puesto que el subsidio a que obligan al gobierno federal a entregarles, representa para éste incremento substancial de deuda, distracción de recursos con repercusiones en inversiones más necesarias. A fin de cuentas, quienes cubren estas pérdidas son los causantes que pagan impuestos.

Es decir, el pueblo es el que está pagando las pérdidas de las empresas.

Los ingresos por conceptos de impuestos deben tener un límite. Lo que sí debe exigirse en mayor productividad y mejores resultados en la operación de las empresas paraestatales.

8. Por esta razón va a ser importante verificar si el gobierno, como lo anunció, hace una depuración de estas empresas y organismos para irnos sacudiendo el lastre que muchas de ellas representan a la economía nacional.

9. El Gobierno y las empresas deben dar prioridad a las inversiones productivas informando al pueblo cuál es su monto, de dónde se va a obtener el financiamiento, a qué plazo se contrata, y cuál es el plazo estimado para que dicha inversión se recupere.

Todo esto requiere una planeación adecuada, jerarquización de inversiones, sin olvidar el contexto económico en que vive el país.

10. Sería conveniente que se proporcionara como información adicional, dentro de esta Cuenta Pública, los dictámenes de Auditores Independientes que dictaminaron a estas empresas, que proporcionaría datos muy importantes para conocer la situación financiera que guardan.

11. Que se liquiden todos aquellos organismos y empresas estatales que no tienen las características de servicio público ni de interés popular, que si se quieren, se vendan a particulares para que el Gobierno dedique sus esfuerzos al gran orden de conjunto de interés público como son Petróleos, Ferrocarriles, Electricidad, etc. Esta es una forma en que el Estado cuenta para allegarse recursos sin perturbar la desequilibrada economía del país.

El vender las empresas estatales no significa disminución de soberanía, puesto que un régimen de economía mixta como el que vivimos, es indispensable que todos ayuden a afirmar nuestra economía, venderlas principalmente a los trabajadores de las mismas; los que piensan en que el Estado debe absorber e interferir en todas las áreas de la economía mexicana, son los que tratan de fortalecer el capitalismo de estado.

Insistimos en que debe definirse claramente el régimen de economía mixta que consiste en la división de competencia mediante el señalamiento de bases para lograr el equilibrio justo y la complementaridad recíproca de funciones de los sectores público y privado, que garantice la prosperidad económica, la ocupación plena la estabilidad monetaria y la participación responsable de la prosecución del bien común.

Este principio de economía mixta debe fincarse en el bien común, en los principios de solidaridad y subsidiaridad, en el servicio público y en el respeto a la legítima iniciativa individual y social.

El Estado sólo puede ser propietario de aquellas empresas que requieren el bien común y explotar transitoriamente áreas que corresponden al sector privado, indispensables para el desarrollo, mientras no sean atendidas por particulares.

12. Que se reajuste el personal sobrante al no reponer vacantes que se originen por renuncia, jubilación o fallecimiento, que no se contrate mayor personal que el necesario, para que el aparato burocrático tenga mayor eficiencia desde el punto de vista de la inversión.

13. Insistimos en que las empresas descentralizadas que su naturaleza propia exige que operen como reguladoras marginales lo hagan así precisamente y no como monopolios exclusivos, para que en esta forma se garantice la libertad de productores y consumidores.

XIV. Dentro de los Estados Financieros de los organismos y empresas descentralizadas, al integrar el capital contable, debería presentarse con gran claridad, el patrimonio original de las mismas, y los aumentos, año con año, producto de las aportaciones del Gobierno Federal, las utilidades o pérdidas acumuladas para tener una idea más clara de los resultados de las empresas y de las transferencias y apoyos que el Gobierno de otorga.

Para conocer si cumplen, con sus objetivos de utilidad y de servicio social, las entregas para apoyos e inversiones del Gobierno se traducen en la mayoría de las empresas y organismos, no en aumentos de inversión, que se reflejan en sus activos, sino en la recuperación de pérdidas de operación.

Dentro del Sector Paraestatal, en nuestro país, ocupa el lugar más destacado Petróleos Mexicanos. Su patrimonio es poseído en su totalidad por el Gobierno Mexicano y controlado por éste, a través de diversas Secretarías.

En esta ocasión, me referiré a PEMEX como integrante de la cuenta pública correspondiente a 1975.

México es importante productor de hidrocarburos, principalmente por el descubrimiento y explotación de 59 campos en la zona queretásca , con 31 campos de aceite y 28 de gas, que significan reservas adicionales por 2,559 millones de barriles, es decir, el 23% del total de reservas descubiertas en los últimos 35 años.

La inversión autorizada por el Gobierno de 1971 a 1975, fue de 39 mil 866 millones, y se ejercieron 41 mil 431; se perforaron 2,131 pozos, de los cuales 1,375 fueron productivos, un poco más del 60;219 de gas y 1,157 de aceite; según datos proporcionados por el Banco de México, el aumento en el precio del gas se mantuvo a tasas elevadas a 18.4% aunque menores a las del año de 1974, en que fueron el 20.6% en tanto que la refinación redujo su crecimiento al 12.3%, al 3.8%. Por tanto la recuperación en la tasa de crecimiento experimentada por la industria petrolera durante 1974 que fue de 14.6 en 1975 se mantuvo a un ritmo menor de 11.4%; por las inversiones realizadas en los últimos años para aumentar la capacidad de refinación del petróleo, que estarán en servicio a corto plazo, se permitirá la recuperación de la tasa de crecimiento, pero en 1975 fue decreciente.

En cuanto a la petroquímica, el índice de producción registró un aumento del 11.3%, por las necesidades de mejorar la balanza de pagos y por el aumento internacional del precio del petróleo, se hizo necesario explotar los pozos de la zona cretácica de la zona sur durante cuatro años se invirtieron 15 mil millones de pesos y se incrementó la producción de 200 mil a 600 mil barriles diarios.

Se tuvo que extraer, sin contar con las maquinarias necesarias y sin inversiones correctas, se tuvieron que hacer tanques de almacenamiento, red de distribución, puertos, etc. Hay que hacer notar que en 1975, las inversiones de perforación disminuyen o en algunos casos permanecen constantes para producir el número de barriles diarios por falta de instalaciones adecuadas se ha quemado gas, por cada unidad de crudo se extraen 300 unidades de gas; se calcula que se quemaron 5 mil millones de pesos al año de gas natural por falta de inversión y esta es una de la razones para la importación de gasolina. Con la explotación de la zona cretácica, para aprovechar el crudo y tener excedentes para la exportación, se quemó gas a la atmósfera, en volúmenes crecientes durante casi 4 años; con las instalaciones que han empezado a operar y con las que lo harán próximamente, se disminuirá esta pérdida. En refinación a pesar de la construcción de tres plantas más, y a la ampliación de las existentes, se tiene déficit en la producción de gasolina, que nos obliga a importar. En la petroquímica, actualmente somos deficitarios, pero con la construcción de nuevas plantas, se cubrirá en gran parte la demanda nacional...

El C. Presidente: Se le recuerda al orador, que está por terminársele su tiempo.

El C. Guillermo de Carcer: Me faltan unos cuantos minutos, señor Presidente, quisiera que me diera tiempo para terminar.

Reservas. Es muy delicado su cálculo, no todo el territorio nacional es petrolífero, las reservas exactamente no se conocen. Se sabe el tamaño del yacimiento el número de pozos, etc., pero en reservas probadas, se estima en todo el país, 6 mil millones de barriles, lo que de seguir con la explotación actual, representa casi 20 años de reserva. Pero según estudios de PEMEX, en menos de 10 años, deberá duplicar la producción, lo que nos reduce a la mitad de las reservas probadas y obliga a la localización y explotación de mayor número de pozos o de aumentar la producción.

Exportaciones e importaciones: En 1974 se exportaron productos derivados del petróleo y aceite por valor de 1,540 millones de pesos; y en 1975, 5 mil 750 millones. El aumento se debió a la exportación de aceite crudo, que en 1974, fue de 471 millones y en 1975 de 5 mil 437 millones. Esto debido a la política señalada por el Gobierno para recuperar divisas, se calcula que se exportan 87 mil barriles diarios de crudo, el 10% de la producción nacional.

Exportaciones e Importaciones. En 1974 se exportaron productos derivados del petróleo y aceites por valor de 1,540 millones de pesos.

Y en 1975, 5,750 millones. El aumento se debió a la exportación de aceite crudo que en 1974 fue de 471 millones, y en 1975 de 5,437 millones. Esto debido a la política señalada por el Gobierno para recuperar divisas.

Se calculan que se exportan 87 mil barriles diarios de crudo, el 10 por ciento de la producción nacional. Por cada barril que se exporta, se entrega a la Federación el 50 por ciento por concepto de impuestos.

Es sumamente importante este renglón de la exportación, puesto que se está exportando petróleo crudo, que es un recurso natural no renovable, y que por ser producto primario no lleva adicionado el costo del producto elaborado petroquímico.

Es necesario terminar las instalaciones petroquímicas, descubrir petróleo en las proporciones o extracción para no disminuir las reservas, pero sobre todo controlar las exportaciones de crudo que representa en México uno de los recursos que debemos cuidar, puesto que cada vez será factor más determinante en la economía del país.

El C. Presidente: Se le terminó su tiempo que le concede el artículo 103 del Reglamento, señor diputado.

El C. Guillermo Carlos de Carcer Ballescá: Señor Presidente, quiero consultar con usted para que me dé permiso; me faltan unos cuantos minutos. Que consulte a la Asamblea.

El C. Presidente: Ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si le concede al señor terminar con su intervención por habérsele agotado el término.

El C. secretario José Salvador Lima Zuno: Se pone a consideración de la Asamblea si el asunto tratado por el señor Presidente se aprueba. Los que estén por la afirmativa, que levanten la mano... Continúa el orador en el uso de la palabra.

El C. de Carcer Ballescá: Importación. En 1974 se importó 1,558 millones de pesos de aceite crudo, y en 1975 no se importó cantidad alguna por este concepto. Se ha aumentado las importaciones de derivados del petróleo y de otros hidrocarburos, y disminuido el de la gasolina.

Cuenta Pública de 1975, y su relación con Petróleos Mexicanos: Dentro de los ingresos del Gobierno por impuestos a las industrias sobre la producción y el comercio, tenencia, uso de bienes y a servicios industriales, correspondientes al año de 1975, por un total de 30,566 millones, Petróleos Mexicanos aportó 9,928 millones, que representaron el 32.48%. Y del total de ingresos del Gobierno por impuestos durante 1975, que fue de 123,771 millones, PEMEX aportó el 8.02%. Con esos datos comprueba que PEMEX es el causante número uno del Gobierno, aunque no hay que perder de vista que se aumentó el precio de la gasolina para que los usuarios cubrieran este aumento que representaba el aumento de impuestos. Es decir, PEMEX es el causante número uno, pero todos los mexicanos que consumen gasolina aportan parte de ese impuesto.

Egresos del Gobierno. El Gobierno Federal para fortalecer la industria energética y petroquímica de los ingresos por cuenta corriente, transfirió a tener 1,691 millones, cifra sólo superada por CONASUPO a quien se le transfirieron 4,315 millones y al ISSSTE con 3,712 millones. Por inversiones financieras que efectuó el Gobierno en PEMEX, se le entregaron 1,471 millones, cantidad que no estaba presupuestada dentro del presupuesto de 1975. En ingresos propios se tenía presupuestado 37,000 millones y se recibieron 36,000. Del total de ingresos propios de los organismos descentralizados y empresas propiedad del Gobierno Federal en 1975, por 134,000 millones, Petróleos representa 21.27%. El primer lugar de ingresos principalmente por el aumento en la producción y en los precios de venta. Los ingresos por financiamiento fueron de 17,000 millones y no se tenía presupuesto autorizado para endeudamiento. Del total de financiamiento de las empresas y organismos descentralizados por 76,000 millones, PEMEX representa el 25%, este endeudamiento no presupuestado que quiere explicar o justificar por la necesidad de ampliar las operaciones para localizar nuevos mantos petrolíferos, desarrollar los existentes y en general incrementar los fines de producción y obras en proceso, pero creo que el programa de PEMEX debió estar estudiado antes que se presentó el Presupuesto de 1975, puesto que la explotación de la zona cretácica se inició en el año de 1974 y con ella se debió haber iniciado la planeación de los costos y de los gastos inminentes. Este aumento de la deuda repercute fuertemente en Petróleos, ya que como explicamos líneas arriba, se incrementó la exportación, pero el 50% de los ingresos por ella van directamente al Gobierno y PEMEX que recibe sólo el otro 50% con el que tiene que cubrir el costo de explotación, los gastos de venta y además pagar su endeudamiento. De los egresos, según clasificación económica por cuenta corriente, PEMEX tiene 29,823 millones de los 119 mil que forman el total de organismos y empresas, o sea el 25% y para este renglón se había presupuestado 21 mil, por lo tanto la variación fue del 41% de más. Este aumento se debió al aumento en los salarios, adquisición de materiales y de bienes de producción.

En los egresos por cuenta del capital PEMEX tiene 20 mil millones de pesos de un total de los organismos y empresas de 56 mil o sea el 36%. Se había presupuestado 15,518 y se desvió en un 31% debido según se dice, a sus programas de obras y compra de acciones a las empresas filiales.

Amortización de pasivo: En 1975 PEMEX amortizó 4 mil millones y se tenían presupuestados 1,216, existió una amortización de más de 234%. Esta amortización mayor de la deuda puede explicarse por cuanto a necesitar mayor financiamiento, se obligó a pagar la mayor cantidad del adeudo, es decir, se pagó parte del préstamo viejo y se sustituyó por préstamos nuevos.

En resumen, los egresos de PEMEX en el año de 75 fueron de 54,267 millones, contra un presupuesto aprobado de 37,765, lo que hace una variante del 44%.

Estados Financieros de PEMEX al 31 de diciembre de 75.

Si examinamos los estados financieros de Petróleos Mexicanos al 31 de diciembre de 1975, sin profundizar mucho encontramos los siguientes aspectos que destacan:

1. PEMEX tiene un patrimonio de 34,809 millones de pesos y un pasivo por 34,100 millones contra un activo total de 68,909 millones, es decir, por cada peso de activo se deben cincuenta centavos y se tiene en patrimonio los otros cincuenta centavos.

2. El patrimonio de PEMEX por 34,809 millones produjo una utilidad en 1975 de 266 millones, poco menos del 1%, el 0.76%. Ese rendimiento es bajísimo para una empresa de las características de PEMEX.

3. Si comparamos la utilidad con los ingresos propios de PEMEX por venta de bienes y servicios, el porcentaje es casi el mismo. Se tuvieron ingresos por 39,710 millones contra una cantidad de 266 millones, por cada cien pesos de venta se ganaron sesenta y siete centavos de utilidad. Se dice que al pagar impuestos PEMEX al Gobierno, está transfiriendo recursos por 7,954 millones. Creemos que eso no es una transferencia, sino una contribución al Estado que cualquier empresa hace al obtener utilidades.

Los intereses de la deuda pagada sumaron 709 millones y PEMEX distribuyó participación de utilidades a trabajadores, de 53 millones.

Señores diputados: Este ha sido un análisis somero de lo que representa PEMEX y de su integración a la cuenta pública. Nos interesa destacar esta industria, por ser la número uno en todos los campos, en el manejo de recursos, en su contribución al gasto, en el pago de impuestos, en el número de empleados, etc., por lo que creemos que debe manejarse con todos los elementos técnicos y con una escrupulosa planeación y control de sus operaciones, ya, que representa para todos los mexicanos una gran reserva que nos permitirá, en cuanto sea manejado más con carácter rentable y sin extraerle mayor cantidad de recursos de los que técnica y financieramente pueda dar, hacer frente al futuro difícil que se nos plantea, y que, por lo tanto, tenemos la grave responsabilidad de velar por las generaciones futuras.

El presupuesto de PEMEX debe ser manejado técnicamente, se deben programar y jerarquizar las inversiones, se debe contar con el personal técnico capacitado y adecuado, suprimiendo el exceso que prevalece en sus nóminas y que representa una carga grave en sus gastos.

El Gobierno debe otorgar el apoyo que necesita PEMEX sin distraer otras áreas importantes como fertilizantes, energía eléctrica, etc., pero sí puede dejar de manejar empresas que obligan a distraer fondos como son negocios

de terrenos, telas, bicicletas, cines, restaurantes, cabarets, etc., y con estos fondos apoyar a las áreas de mayor importancia nacional.

PEMEX debe pensar seriamente qué cantidad va a seguir exportando y por cuánto tiempo de petróleo crudo, pues que es un recurso no renovable con gran costo de extracción y con pérdidas por la quema de gas natural. Además, insisto, en que se trata de una reserva que es patrimonio de todas las generaciones de mexicanos.

Las inversiones en el área petroquímica son básicas y debe dárseles prioridad, se debe pensar en mejorar la balanza de pagos con las exportaciones, no sólo de petróleo, sino de estos productos y no con el alto precio que significa exportar petróleo crudo.

El programa de explotación debe ser racional, y la orientación al pueblo constante, para que mientras no se cuente con otra fuente de energía sustituta, racionalice también su uso, ya que por menos de 10 años se debe duplicar la producción para satisfacer la demanda nacional.

PEMEX debe redituar más y con sus propios recursos financieros, hacer su programa de inversiones y pagar su costo de operación y reducir al mínimo el endeudamiento que en la actualidad tiene, ya que es una puntal importante de la economía del país, por el manejo eficiente de esta Empresa, se refleja el manejo eficiente de todo gasto público.

Este es, señores diputados, el análisis de las empresas en la cuenta pública de 75 y la referencia de PEMEX en ella, que hace la diputación de Acción Nacional. Muchas Gracias". Aplausos.

El C. Presidente: Esta Presidencia se permite recordar a los oradores inscritos, que su duración en la tribuna, de acuerdo con el reglamento, no será mayor de media hora, salvo que la Asamblea se los conceda.

Tiene la palabra, para hablar en pro, el ciudadano diputado Ezequiel Rodríguez Otal.

El C. Ezequiel Rodríguez Otal: Señor Presidente, compañeros diputados, señoras y señores.

Si de alguna manera pudiéramos definir la Historia de México, se diría que ha sido la lucha de un pueblo por conquistar su independencia nacional, y una vez lograda, mantenerla y hacerla cada vez más vigorosa.

Esa historia es semejante a la de todos los pueblos coloniales y semicoloniales del mundo. Hoy, el proceso de nacionalización de los recursos naturales del territorio, de todas las ramas de la transformación básica y de otros instrumentos de la producción y de los servicios públicos, para descolonizar a México, la ampliación del régimen democrático para nacionalizar el Estado y dar un nuevo impulso a la política internacional independiente, que permita participar a nuestro país en la solución de los problemas del mundo como iguales y entre iguales, es la etapa histórica de nuestro país.

Cuando la economía de una país depende de fuerzas del extranjero que la controlan, y no de factores internos, la población laboriosa queda a merced de ellos, y las conquistas logradas pueden perderse súbitamente.

El nivel de vida de los pueblos que carecen de independencia económica pueden estabilizarse o descender a voluntad de las potencias que ejerzan el control sobre su vida material.

En un país como México, descapitalizado por la acción de los monopolios extranjeros, la iniciativa privada por su debilidad financiera y por su incapacidad como promotora del desarrollo económico, no podía haber asumido el papel de factor decisivo en la multiplicación de las fuerzas productivas y menos aún en la creación de la industria básica con independencia exterior, ni en los fundamentales servicios públicos.

Esta incapacidad se ha demostrado palpablemente en este último sexenio, ya que su participación ha disminuido en los momentos más difíciles para nuestro país, buscando con esta actitud frenar la distribución equitativa de la riqueza generada por las clases trabajadoras, por eso el Estado es el que ha tomado a su cargo esta tarea, y gracias a él, la electricidad, el petróleo, la petroquímica, y muchas industrias más, son de la nación, o influidas por el gobierno de una manera determinante.

El maestro Vicente Lombardo Toledano, muchas veces afirmó que en un país como el nuestro, "nacionalizar es descolonizar" y las estadísticas lo demuestran. Tanto en el orden económico como en el social y en el humano, estos resultados provienen de una sola causa: de que las empresas estatales, no han sido organizadas para lograr utilidades, sino principalmente, para servir a los intereses de la colectividad, a diferencia de las empresas privadas que persiguen siempre, y esta es la ley objetiva de la producción capitalista, la mayor garantía posible. Fortalecer la economía estatal, y ampliarla sistemáticamente, es la tarea más importante en la actualidad, de la Revolución Mexicana, y de todos los partidos políticos que luchan por la emancipación de nuestro país respecto al extranjero, pero las presiones del imperialismo norteamericano hacia nuestro gobierno han sido frecuentes y han utilizado todos los medios a su alcance para frenar cualquier acción encaminada a impedir la liquidación de antecedentes históricos negativos para los esfuerzos tendientes a lograr nuestra independencia económica.

Las devaluaciones de nuestra moneda, son un claro ejemplo de la forma como tratan de desviar nuestro camino marcado por la Revolución Mexicana, en virtud de que nuestro gobierno ha mejorado y puesto en práctica el artículo 27 constitucional, que es adverso a los intereses de los monopolios norteamericanos, El chantaje y los golpes de Estado, han proporcionado grandes utilidades a las transnacionales estadounidenses, en todo el mundo, principalmente en América Latina. A través de nuestra

Historia podemos constatar que el petróleo es una de las materias primas que más interés han tenido por el imperialismo norteamericano, y hoy con orgullo podemos afirmar que todo lo concerniente al petróleo, lo controla con un gran acierto, una empresa nacional del Estado.

Al expropiar los bienes de las empresas extranjeras del petróleo, el 18 de marzo de 1938, se planteó por nuestro gobierno la cuestión relativa a la suerte de la industria, porque bien pudo haberse expropiado sin nacionalizarla, entregándola a empresas privadas mexicanas, o bien nacionalizar la industria creando un organismo público descentralizado para que el Estado tomara a su cargo esa rama fundamental de la economía.

La cuestión quedó inmediatamente resuelta, expropiando y nacionalizando el petróleo, al mismo tiempo. Así surgió la empresa denominada Petróleos Mexicanos.

¿Qué ha ocurrido en Petróleos Mexicanos desde su expropiación hasta el presente régimen? Es necesario divulgar por todos los medios posibles el avance que ha experimentado, pues las empresas petroleras que operaban en México, y que poseen y manejan el petróleo en algunos países latinoamericanos, prosiguen en su labor de desacreditar a nuestra industria nacionalizada, diciendo que ha sido un fracaso.

También es útil precisar los rasgos principales del panorama actual de la industria, para algunos mexicanos que en lugar de examinar desde el punto de vista histórico las repercusiones de la nacionalización en el desarrollo contemporáneo de nuestro país, se fijan sólo en detalles secundarios para afirmar que no ha sido un éxito completo la nacionalización del petróleo porque faltan muchas cosas que corregir y otras por hacer.

A unos y otros, desentendiéndonos de las cosas secundarias, prestamos la situación de la industria petrolera mexicana, espina dorsal de nuestra economía y baluarte de las empresas estatales.

La relativa abundancia de crudo producido en exceso de la capacidad de las plantas de refinación existentes, ha colocado a México en la satisfactoria posición de país exportador, generador de divisas valiosas que han significado considerable alivio a la balanza de pagos.

En el período de 1971 a 1975, se perforaron 1,569 pozos de desarrollo, correspondiendo 266 al año de 1975. Del total, 1,424 fueron terrestres, 86 marinos y 59 lacustres; 1,087 produjeron aceite y 169 gas. La producción de crudo líquido de absorción lograda en 1975, fue de 294.3 millones de barriles, la más alta en la historia de PEMEX, cifra que representa un incremento del 66% con respecto a 1970.

Se estima que para fines del año de 1976, la producción diaria será de 1.020,000 barriles; con ello se habrá logrado un aumento del 110%, la media que se obtuvo en 1970

La capacidad instalada de destilación primaria y de fraccionamiento de líquido de absorción, se elevó de 592,000 barriles diarios en 1971, a 785,000 barriles en 1975. En el año de 1975, se erogaron en el área de refinación 3,124 millones, en los 5 años anteriores, entre 1970 y 1974, fue de 3,167.6 millones.

Se ha iniciado en La Cangrejera, Veracruz, la construcción del complejo petroquímico más audaz que haya emprendido PEMEX, con el que se podrá a la cabeza de los países latinoamericanos en esta actividad. Sumados a estos hechos debemos de mencionar los grandes avances de carácter tecnológico que han sido posibles con la valiosa contribución del Instituto Mexicano del Petróleo. A manera de ejemplo podemos citar la creación de procesos originales que han rebasado los límites de nuestras fronteras y la ayuda tecnológica proporcionada conjuntamente con la Institución a Entidades Petroleras de otros países que justifican la creación de este Instituto. A la vista de su producción, de la firmeza de sus objetivos y del mérito de sus programas futuros, podemos afirmar que han conquistado un sitio inamovible en el panorama internacional y nacional. A la vista de las realizaciones logradas podemos asegurar que significan adelantos firmes en el largo y difícil camino de crear tecnología propia que conduzca a una independencia creciente en el campo intelectual. Se cumplió satisfactoriamente el compromiso contraído con la Corporación Estatal Petróleo Ecuatoriano, para el estudio de optimización de los transportes de hidrocarburos; a la Refinadora Costarricense de Petróleos, S.A., se hizo un estudio de factibilidad de un complejo de amoniaco - urea; con el Consejo Petroquímico Venezolano y el Instituto Cubano del Petróleo se negocian formas de colaboración en planeación de petroquímica y aspectos petroleros. Para la formación de estas actividades se concertaron 34 convenios con Petróleos Mexicanos. Ante esta situación, compañeros diputados, en donde desde una manera objetiva estamos palpando los avances de la industria petrolera, que al nacionalizarse se dio impulso muy grande a la política de las nacionalizaciones que sin él nuestro país desde hace varias décadas habría suspendido su desarrollo progresivo por la vía autónoma y se habría convertido de hecho en una colonia del extranjero. Lo fundamental de PEMEX consiste en haber sustituido la política de servir al extranjero por la política de servir a México.

La nacionalización de la industria ha permitido y propiciado la creación de muchas instituciones públicas descentralizadas que abarcan a todas las ramas de la producción y de los servicios incluyendo a diversas empresas estatales de crédito. Sin la industria nacionalizada del petróleo no hubiera sido posible multiplicar las plantas productoras de energía eléctrica, ni los ferrocarriles, las carreteras, y otros servicios de gran trascendencia.

Las tesis individualistas de la primera etapa del siglo pasado que afirma que el Estado es un mal administrador, han también quedado relegadas al olvido, en la teoría y en la

práctica. Las nacionalizaciones, compañeros diputados, se multiplicaron más todavía, no por razón doctrinaria sin apoyo en la realidad, sino por necesidades nacionales apremiantes porque sin fortalecer la economía del Estado los consorcios extranjeros irían invadiendo más y más nuestro mercado interior y dominando la política de nuestras exportaciones.

Las fuerzas políticas organizadas partidarias de la independencia económica de la nación y de la elevación del nivel de vida del pueblo, han sido un factor determinante en esta evolución, pero hoy tenemos una nueva faceta de los tradicionales enemigos del desarrollo independiente de nuestro país, aquellos que ayer manejaron la tesis de que el estado sólo debía servir como árbitro de las empresas particulares y que debía dejar al libre juego de éstas el tránsito del camino histórico de la Nación.

Aquellos que ayer manejaron que el Estado era un mal administrador. Esas fuerzas tratando de cambiar su imagen, utilizando un lenguaje seudorrevolucionario, hoy pretenden presentar al gobierno como el enemigo del pueblo, por estar forjando y robusteciendo el capitalismo de Estado.

¡Veamos el valor de esta tesis! Es evidentemente correcta cuando recuerda el proceso de los monopolios en los grandes países capitalistas. El papel que éstos desempeñan en la economía nacional y su influencia decisiva en el aparato y en las funciones del Estado.

Es indudable que las nacionalizaciones en los países altamente desarrollados que se encuentran en la etapa del imperialismo, utilizan al Estado para sus diversos propósitos como instrumento propio; pero el querer hacer una copia extralógica de las condiciones de un país imperialista con las condiciones de un país qué como el nuestro lucha por su independencia económica, es infantilismo político.

El mundo de hoy no está formando exclusivamente por las grandes potencias capitalistas y por los países socialistas, está constituido también por una mayoría de países en distinto grado de su evolución histórica que no han llegado a la etapa de concentración del capital y a la centralización de la economía y que sufren efectos de la exportación de capitales de las naciones altamente desarrolladas a su territorio.

Esos países son los que todavía luchan por su emancipación política respecto al imperialismo, los que han logrado ya su independencia y los que teniéndola se esfuerzan por progresar con autonomía, aumentando sus fuerzas materiales internas y limitando sistemáticamente la influencia del imperialismo sobre su vida económica y política.

En este caso se encuentra México y por eso la nacionalización en nuestro país se plantea de un modo distinto que el que tiene para la clase obrera en los países imperialistas. En los países coloniales o semi - coloniales la lucha se enfoca en contra de los monopolios extranjeros, por el saqueo de las fuentes de materias primas que éstos generan por la exportación de ganancias obtenidas.

Por lo tanto, compañeros diputados, repeler a los monopolios extranjeros, evitar que se formen los monopolios privados nacionales y establecer empresas de Estado, constituyen acciones defensivas y progresivas de los países que no han alcanzado su plena independencia económica.

Las fuerzas reaccionarias están lanzando una fuerte embestida en contra del frente democrático y patriótico, pero es necesario desenmascararlos, es indispensable descubrir su verdadero rostro, ellos no están en contra del déficit presupuestal, sino en contra de los renglones en que se ha gastado.

El gasto deficitario hasta 1970 por lo general no fue combatido por la iniciativa privada, hoy con el gobierno de Luis Echeverría, a pretexto de un aumento considerable de la deuda pública que señalan como causante inflacionario, la iniciativa privada junto con sus representantes reaccionarios en esta Cámara han concentrado sus ataques al gasto público, ya que ha sido acompañado de una fuerte inversión pública, lo que se combate es la inversión pública y no la inflación. El déficit presupuestal se justifica en la medida en que dicho déficit se destina a cubrir áreas eminentemente productivas, que contribuyen a eliminar cuellos de botella e incrementan la formación de capital consolidando la independencia nacional.

Pero el Partido Popular Socialista también quiere dejar claro desde esta tribuna, que la experiencia nos indica que los crecientes niveles de endeudamiento también obedecen a la finalidad de mantener una carga tributaria a niveles bajos y a una política de precios y tarifas subsidiarias del capital privado.

Así, esta situación, en lugar de coadyuvar a la expansión del gasto productivo del sector estatal, se destinó a cubrir las áreas que tradicionalmente tenían asignadas, es decir para el deterioro financiero de las Empresas Públicas, tales como PEMEX, la Comisión Federal de Electricidad, FERRONALES, etc., esto, en lugar de constituir un estímulo, se ha convertido en un freno de la expansión de las fuerzas productivas, en virtud de que se ha aumentado la ineficiencia de las empresas privadas ante un mercado protegido de la competencia externa elevando sus utilidades sin costo alguno y además implica el desperdicio de recursos financieros.

No podemos aceptar la alternativa: o invierte la iniciativa privada, o lo hará el Estado.

El pueblo espera que la riqueza que se genere, sirva para generar al máximo más riqueza en fuentes de trabajo remunerador. Así como no podemos permitir tierras ociosas, tampoco se puede permitir el capital ocioso. Esto no puede permitirlo el Estado, el gran responsable de los destinos del pueblo.

Tampoco es posible seguir permitiendo que las adecuaciones fiscales recaigan

principalmente sobre las clases trabajadoras y la pequeña burguesía, a través de los impuestos indirectos y no de los directos al gran capital, como los demuestran los siguientes datos.

En el período de 1970-1975 la recaudación del impuesto sobre la renta, aumentó en 2.2 veces. En el mismo período los ingresos mercantiles aumentaron en 4.5 veces. En los mismos años a los impuestos a la industria, al comercio, a la producción, aumentaron en 3.5 veces.

Por tanto, podemos decir que las tres cuartas partes de la recaudación de nuestro país conservadoramente hablando, provienen de los trabajadores y consumidores que en su gran mayoría son trabajadores manuales e intelectuales.

El Partido Popular Socialista, desde esta tribuna, sostiene la tesis de la reforma fiscal a fondo; abogamos por medio de nuestra participación que los que más ganen, más paguen, incluyendo a los grandes monopolios nacionales, seguirá aumentando la crisis financiera en nuestro país.

Hacemos un llamado a todas las fuerzas patrióticas y revolucionarias para consolidar el frente democrático y patriótico y cerrar el paso a los monopolios, que anteponiendo sus intereses personales tratan de seguir frenando la necesaria distribución justa de la riqueza.

La fracción parlamentaria de mi Partido apoya el dictamen, pero también debemos de hacer un esfuerzo para que con una crítica constructiva, aportemos nuestra colaboración revolucionaria y positiva para ir saneando a las empresas estatales de lacras, que durante décadas han hecho más lento el avance de esas industrias.

Estos obstáculos ya han sido mencionados en repetidas ocasiones por el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, al cual yo pertenezco en su Sección Número 24.

En esta ocasión como diputado del PPS y como un miembro de base de mi sindicato, quiero señalar dichos problemas: estamos en contra del contratismo en las empresas; estamos en contra de los malos administradores que escudándose en el puesto que están desempeñando, han creado empresas particulares que se nutren y aportan grandes fortunas a algunos gerentes de rama, administradores reaccionarios que no entienden la función de las empresas de Estado, las perciben como su feudo, frenando la verdadera labor social de dichas empresas; estamos en contra del aprovechamiento tan bajo de las experiencias acumuladas, por los obreros y técnicos de la industria; estamos en contra del exceso del personal de confianza que en el mayor de los casos sólo contribuye a aumentar la burocracia en las empresas de Estado.

Compañeros diputados: Tenemos en nuestras manos la responsabilidad de hacer más funcionales las empresas estatales; luchemos juntos por eliminar los obstáculos existentes; pues luchar en pro de las empresas del Estado es luchar por la economía independiente de nuestra nación. Muchas gracias (Aplausos.)

El C. Presidente: Tiene la palabra el C. diputado Armando Labra Manjarrez, por la Comisión.

El C. Armando Labra Manjarrez: Con su venia, señor Presidente. Quiero empezar por felicitar realmente, sinceramente, al diputado De Carcer, por el esfuerzo que ha hecho, de realizar un análisis exhaustivo, detallado de la situación de las industrias que controla el sector estatal. Sin embargo, no me quedo tranquilo sin decir desde ahora, que discrepo y creo que todos discrepamos profundamente de las conclusiones a las que llega, a pesar de que las recomendaciones técnicas o tecnocráticas pudieran tener alguna validez. Mencionaré después con detalle estos asuntos, pero quiero adelantar un dato y es que en realidad de lo que dijo el compañero De Carcer no se puede desprender que las empresas, que todas las empresas estatales y los organismos, no estén sujetas a control; que solamente las que estén en la cuenta pública están controladas. Eso: es falso. Si bien solamente 26 empresas están controladas en la cuenta pública, todas las empresas están controladas por el Estado administrativo.

Y tampoco puedo dejar de mencionar desde ahora que discrepo profundamente del compañero De Carcer porque su tesis fundamental se resume en que a fin de cuentas debemos vender las empresas estatales, debemos limitar la intervención del Estado, y debemos desempeñar a mexicanos que ahora requieren trabajo.

También quiero manifestar mi total coincidencia con las apreciaciones del compañero Rodríguez. Incluso en todos estos juicios que ha externado respecto a las críticas a la administración del Estado, muy especialmente, y quiero subrayarlo, en cuanto a la necesidad de erradicar no solamente de las empresas del Estado, sino de toda la administración pública, a los elementos reaccionarios que la oligarquía ha infiltrado dentro del Estado. (Aplausos.)

Yo creo que no se puede hacer el análisis de las empresas estatales sin ubicarlas en su gran contexto porque corremos el riesgo de perdernos entre los árboles y no poder ponderar realmente qué es lo que está sucediendo con este sector de organismos y empresas estatales, que es del pueblo. Y dentro de esa gran consideración, dentro de ese gran contexto, es como debemos apreciarlas y enjuiciarlas.

Yo siento que en términos generales, se engañan quienes afirman que es el exceso o la desviación del gasto público lo que precipita la inflación, los incrementos de precios o el caos administrativo. Debe quedar bien claro que en nuestro país es la insuficiencia del gasto público productivo, generador de empleos, divisas e impuestos, lo que ha determinado el decaimiento general de la economía. Y esto, frente a la ausencia de inversiones privadas, que tienen históricamente la responsabilidad de llevar adelante el proceso productivo de

este país y no lo han hecho. Esta insuficiencia de inversiones productivas por parte del Estado mexicano, lo dice el dictamen, obedece al raquitismo fiscal en que ha tenido que operar el Estado, a la insuficiencia de los recursos que ha dejado de captar por subsidiar y por estimular el crecimiento de otros sectores que no han asumido su responsabilidad y que son, en realidad los últimos responsables de cualquier deficiencia de la economía, la sociedad y la política en nuestro país. (Aplausos.)

Creo que una de las grandes responsabilidades que tenemos en este parlamentario, que es fundamental, es tratar de erradicar aquí el gasto público es por definición improductivo, que es inflacionario y que no redunda en el beneficio popular; si no es por el ejercicio del gasto público como se ha dado en este sexenio, el abatimiento de la tasa de crecimiento, el crecimiento del desempleo, la concentración del ingreso hubiera sido mucho mayor. Y hay una correlación directa entre el gasto público y el detenimiento del desplome de los sectores productivos de este país. Creo que debemos erradicar esos mitos, especialmente porque hoy, en la prensa, han salido apreciaciones, incluso de diputados norteamericanos, de agentes financieros del imperialismo, de intelectuales preimperialistas, en el sentido de que aquí debemos desandar el camino que hemos recorrido, debemos centrar el gasto público porque es inflacionario, que hemos equivocado el camino al llevar a cabo una estrategia de desarrollo para la distribución del ingreso. Y quienes aquí afirmen que el gasto público es irracional, es improcedente que fue inflacionario, le están haciendo el juego al imperialismo y a los peores intereses nacionales. Creo que debe saber el pueblo que al subsidiar durante décadas las empresas estatales a las privadas, se ha fungido el apuntalamiento del crecimiento económico, pero eso ya no se puede seguir dando por los costos financieros que existen y los mismos compañeros del Partido Acción Nacional han mencionado, ahora corresponde al Estado seguir siendo el puntal del desarrollo, pero en la medida que sus empresas sean rentables o sean económicamente hablando, para que se les justifique plenamente ante la sociedad. A pesar de la justificación del compañero De Carcer de la necesidad de hacer un análisis contable, yo sigo pensando en remitir el análisis de las empresas estatales a su nivel contable, pues es bien intranscendente, especialmente en las empresas que él mencionó, porque se soslaya que las empresas productoras de energéticos , por ejemplo, son empresas cuya actividad es requerida por el país y ningún empresario privado hubiera emprendido esa acción. Son estratégicas por defender los intereses del pueblo y tampoco existe un interés privado. Y por otra parte, desde un punto de vista más técnico, el monto de la inversión, el financiamiento y el mercado no son apetecibles no posibles de realizar por el empresario privado.

Creo que aquí es importante, porque de la conclusión del compañero De Carcer se desprende la opción que podemos tener los mexicanos de las sendas de la economía mixta. Yo siento que la senda de la economía mixta será cada vez ineficiente si predomina el subsidio a las empresas privadas, si se privatiza a las empresas estatales.

Creo que ahora más que nunca es cuando debe fortalecer la participación del Estado porque estamos evidenciando la irracionalidad y la ineficiencia de dejar al predominio y a la tónica de la inversión privada el desarrollo nacional.

¿Cómo se puede justificar entonces ahora, reprivatizar empresas, vender empresas del Estado aun con el argumento demagógico de que se venderían a los trabajadores?, no se justifica, porque los trabajadores son mexicanos, y los mexicanos somos dueños de las empresas estatales, y no nos pueden vender lo que ya es nuestro.

Yo creo que enjuiciar a las empresas estatales fuera de su contexto económico más amplio, es una verdad a medias, y como toda verdad a medias, es una mentira. Yo creo que para ubicar plenamente el sentido de las empresas estatales tenemos que ubicarlas con mucha precisión, valga la redundancia, dentro de la economía en su conjunto.

No voy a abundar con muchas cifras pero sí quisiera mencionar algunas: entre 71 y 75, el producto bruto interno creció en ese período en 117%; el producto del sector paraestatal creció en 231%. De esta suerte que contribuyen las empresas estatales participan en el 11.5%, es decir, en 75, ahora en 76 es de 12.5% y eso a pesar de la precaria situación, de la patética situación que mencionaba el compañero Carcer, a pesar de esa gravísima situación tan lamentable, los ingresos tributarios del gobierno federal, pasaron de 40 mil a 123 mil millones de pesos, es decir crecieron el 208% entre 71 y 75. La aportación a esos ingresos por parte del sector paraestatal aumentó en 303% al pasar de 3 mil a 12 mil 138 millones; con ello de contribuir en 71 con el 7.5% en 75 casi aportó el 10% de los ingresos tributarios.

También es importante mencionar que mientras la población económicamente activa del país en ese período de 13.7 pasó a casi 16 millones de mexicanos, es decir, aumentó en 16 por ciento, el sector paraestatal generó empleos en ese período para 684 mil personas, es decir creció el 52% dado que al principio del período estaba en 438 mil mexicanos. De esta suerte, de la población económicamente activa, el Estado, que cubría el 3.2% ahora contribuye con el 4.2% y aquí no valen argumentaciones de que si la burocracia o la ineficiencia están detectando en estas cifras, porque lo que tenemos en nuestro país es una grave deficiencia de empleos y ésta es una contribución muy importante a la economía de sectores productivos del país.

Pero sigamos más adelante con este sector de empresas estatales tan ineficiente y tan gravoso para el país según el compañero De Carcer. Las exportación nacionales que en 1971 fueron de casi 40 mil millones de pesos,

llegaron a 78.8 miles de millones de pesos creciendo casi el cien por ciento. El sector estatal aumentó sus exportaciones en 262 por ciento, de tal suerte que pasaron de 3,400 a 12,400 miles de millones. Con ello de contribuir con 8.7% a la generación de divisas en 1971, para 75 aportó el 15.7%, de tal suerte que esta participación aumentó en 80%, para ser empresas deficientes no está mal señor compañero.

Creo que también es muy importante mencionar en este renglón de generación de divisas, que el Estado Mexicano contribuye con 30% de las exportaciones del país en 1975, habiendo vendido al extranjero 12,000 millones de pesos. Este nivel se alcanzó después de crecer la presente década 30% frente a solamente 15% de las exportaciones del sector privado, quien según la tesis del compañero De Carcer recogería estas empresas para hacerlas más eficientes que como operan actualmente.

El sector paraestatal cuenta con activos por 460 mil millones de pesos y aporta ahora en 76,12.5% al producto interno bruto y contribuye con más del 50% de la inversión.

Todas estas consideraciones me hacen suponer que no existe justificación técnica, ni económica, social, política, para proceder a dar marcha atrás al crecimiento del sector paraestatal en México. Menos aún se justifica históricamente la liquidación o venta de empresas estatales, porque siendo del pueblo no se puede privar a éste de su propiedad para invertirla en intereses ajenos del propio interés público.

Se habló en un momento dado de burocratización en eficiencia de las empresas estatales, yo quisiera tocar este punto porque sentimos, yo siento al menos, que tanto la ineficiencia como la burocratización, o la corrupción, no sólo se encasillan dentro del sector público, del sector paraestatal, en todo el ámbito de nuestro sistema y requiere de una acción conjunta de todos los mexicanos para erradicarlo.

Creo que sería una deformación identificar burocracia, ineficiencia, corrupción, al sector público, hay una burocracia privada tan ineficiente, en muchos casos, como la pública, pero también hay niveles de eficiencia, de honestidad y cumplimiento en ambos sectores que hay que reconocer.

Creo que es importante señalar que en 1975 el patrimonio de las empresas estatales ascendió a 168,000 millones de pesos y generó resultados positivos por 3,888.7 millones, habiendo movilizado recursos totales por 366.6 miles de millones.

Esto es muy importante, porque refleja el volumen general de actividades del sector público, dentro del cual existe, como ustedes lo saben, la participación también del sector privado, que ha sido socio del sector público en muchas actividades, que ha sido un socio eficiente también, junto con el sector privado, con el sector público, perdón.

Es por tanto interesante destacar los resultados de las empresas del Estado en las que participa en forma minoritaria, el Estado, respecto al interés privado , por recursos por 9,552 millones de pesos, se obtuvieron resultados netos, positivos, por casi 230 millones de pesos de utilidad, se dio empleo a 11,500 mexicanos y se derramaron 653 millones de pesos en sueldos y salarios; se generaron 805 millones en impuestos y 213 millones son exportaciones.

Creo que esto indica que el Estado, por sí mismo, y asociado con el interés privado, puede ser eficiente, es eficiente y debemos hacer un ejercicio, porque no solamente las empresas privadas, sino la jurisdicción de las privadas, crecientemente tengan una mejor administración y de ahí estaremos de acuerdo con el compañero De Carecer.

Sin embargo, creo que es importante mencionar que para 1975, el sector privado mexicano contrajo en 11% la inversión, que pasó de 116 mil a los 103 mil millones de pesos. La inversión extranjera aumentó en 10% con 4,979 millones, y el Estado lo hizo en 47.7%, invirtiendo 95 mil millones de pesos. Esto quiere decir que si bien la mixtura de nuestra economía tiene posibilidades en la medida en que la inversión privada no responda a los requerimientos del país, el Estado tendrá que tomar su responsabilidad e invertir las cantidades que sean necesarias para garantizar los niveles de vida de los mexicanos y el desarrollo integral de nuestro país. (Aplausos.)

Quisiera simplemente mencionar algunos datos de PEMEX que fue una de las empresas a las que se refirió el compañero De Carcer para redondear su apreciación y que todos tengamos elementos de juicio más amplios para poder evaluar su impacto en la economía nacional.

PEMEX contribuye al 4 y medio por ciento del producto interno bruto; la producción percapita de petróleo, ha venido creciendo de 1970 a 1975 en un índice de 100% en 1970; a 138.7 en 1975.

Tenemos un problema, es cierto en el abatimiento de nuestras reservas. En 1970 teníamos 18 años de reservas y actualmente tenemos 15 años de reservas, pero eso más que nada justifica, más que deteriora, la argumentación de un presupuesto creciente para PEMEX si queremos ampliar nuestro margen de reservas y el abastecimiento seguro de energéticos en el país en los próximos años.

Creemos también que es muy interesante ver la contribución que hacen los trabajadores de PEMEX a la producción. En 1970, se producían del orden de 850 mil barriles diarios por 71,737 empleados en PEMEX, la relación de la productividad era del 11.8% que ha aumentado, para 1975 en 13.3%.

El costo de la mano de obra por barril en PEMEX, ha decrecido. En 1970 era de 12.42 pesos y ahora es de 11.12 por barril; hay otro indicador de eficiencia de PEMEX, y es que las ventas en los 5 años que estamos tratando, aumentaron en 116% en tanto que los sueldos, salarios y prestaciones totales a precios corrientes, aumentaron en 84.8%. Creo que esto es importante porque se puede argumentar que hay una gran ineficiencia en PEMEX por el alto número de trabajadores

que tiene y por el nivel de salarios que perciben. Sin embargo, esa es una apreciación sumamente superficial. Creo que también es muy importante, dado que aquí se ha mencionado el déficit financiero de Petróleos Mexicanos que es por demás cierto. Creo que valdría la pena hacer una reflexión: ¿qué hubiera pasado si PEMEX, no incurre en ese déficit? ¿Qué hubiera sacrificado el pueblo mexicano en el caso de que hubieran prevalecido criterios eficientes en la erogación de las inversiones en PEMEX? Baste mencionar que no se hubiera llevado a cabo el proyecto de la Cangrejera y eso hubiera implicado que no satisficiéramos nuestros requerimientos por el orden de 9,500 millones de pesos. Hubiéramos tenido que importar. Tampoco se hubiera podido llevar a cabo el proyecto de la refinería de Tula y eso nos hubiera costado 8,500 millones de pesos. Eso es muy importante porque nos revela el costo de oportunidad, como dirían los economistas, en que hubiéramos incurrido frente a la contracción del gasto de inversión de PEMEX.

Si la inversión de PEMEX no se hubiera llevado a cabo, la producción de crudos en el área cretácica de la zona sur no se hubiera llevado a cabo y, por lo tanto la pérdida económica que se hubiera sufrido, que hubiéramos sufrido los mexicanos en 1975, hubiera sido del orden de 1,300 millones de dólares.

Esto para 1976 equivaldría a 1,800 millones de dólares. Se hubiera retrasado también las obras que mencioné de la Cangrejera y Tula, que ya no tanto por el costo de lo que nos hubiera costado importar los productos, sino en la pérdida en el retraso de las inversiones hubiera sido la orden de 71 millones de pesos.

En términos generales hubiéramos dejado de producir gas natural, gas licuado, gasolinas, querosenas, diesel, combustibles, amoníacos, productos químicos y crudos por el orden de 41,200 millones de pesos, y entonces sí que la crisis financiera de PEMEX sería grave.

No quisiera abundar más en esta información cuantitativa de las empresas estatales. Siento que para entender cabalmente y en su más amplio sentido de papel que juegan las empresas de Estado en la economía, sin duda debemos revisar el nivel contable.

Tenemos que entender también que éste ya no es el país seriamente comprometido con la estabilidad desarrollista. A pesar de que el 80 por ciento de los mexicanos hemos vivido 22 años de estabilidad. Tenemos que entender que éste ya no es el país que debe regirse por criterios monetaristas a cambio del bienestar del pueblo. Sin embargo, también es preciso reconocer que nuestro país sigue siendo dependiente, sigue siendo el país del estancamiento económico, sigue siendo el país donde hay una sociedad injusta, el de una cultura mediatizada, y el país de la despolitización. Es un país despolitizado el nuestro porque se conmueve aún por el rumor y eso lo estamos viendo. Se deja victimar por la guerrilla de la chequera, se deja lastimar por voces dimensuales de diatribas y de golpes que a nadie benefician.

Creo, en función de la cuenta que estamos analizando, que poco contribuye a enjuiciarla, una crítica superficial o la excesiva simplificación descriptiva de los datos. Esto tampoco contribuye, este enfoque, a la mejor politización de los mexicanos. Tampoco contribuye a la politización concebir a esta Cámara, a esta Legislatura, como un grupo de infantes que no entiende el significado profundo de la política económica si nos remitimos al simple manejo de cifras.

Creo que a fin de cuentas, la conclusión a la evolución de las empresas estatales a la evolución de las empresas estatales, nos lleva a asegurar que no podemos seguir avanzando mediante el predominio de las libres fuerzas del mercado y que especialmente hoy, si lo logramos entender esto, si no logramos entender el papel político, económico y social del Estado, y si la unidad no se da en torno al Estado, entonces se contribuye al entreguismo ciego a intereses ajenos a los del pueblo y a la violencia no revolucionaria. Yo siento que más allá de las consideraciones numéricas que aquí se están haciendo, debemos tomar en cuenta que la Cuenta Pública de 75, la estructura económica que implica, esta relacionada a lo que nos está pasando hoy y lo que nos pasará en el futuro, y a lo que nos estamos enfrentando seguramente es a nuestra última oportunidad histórica hacia la democracia popular e independiente que deseamos. Y hacia ese modelo que deseamos que implica mayor desarrollo económico, una sociedad justa con mejor distribución del ingreso, una política más abierta, una cultura realmente popular, no hay límite para el interés del Estado que el propio interés del pueblo. Muchas gracias (Aplausos.)

El C. Presidente: Habiendo transcurrido el término de cuatro horas que fija el Reglamento para la duración de las sesiones, esta Presidencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 28 del mencionado Reglamento, tomando en cuenta la importancia del asunto, dispone que la sesión se prorrogue hasta agotar el Orden del Día.

Tiene la palabra el ciudadano diputado Jesús Puente Leyva, por la Comisión.

El C. Jesús Puente Leyva: Señor Presidente: Compañeros Diputados: a riesgo de parecer reiterativo, y de hecho incurrir en lugares que ya nos son comunes, he decidido que conviene esto de ocurrir a los lugares comunes, porque son ciertamente las reiteraciones relevantes, como diría alguna vez Carlos Fuentes , lugares de encuentro común.

Un lugar común, un lugar de coincidencia, de encuentro ha sido desde hace tiempo ese significado ataque al sector público paraestatal, a las empresas y a los organismos del Estado y creo que debemos cambiar el signo, el tono y el calificativo de ese lugar común.

Parecerá insistente hablar de PEMEX, por ejemplo, pero lo cierto es que Petróleos

Mexicanos representa el 35%, más de la tercera parte de todo el presupuesto ejercido por los organismos y empresas del sector público, y que en esa tercera parte está reflejada y de buena manera, las virtudes, los defectos de lo que es el empresario público, la empresa nacional de México.

Aquí dijimos hace algunos días, en esta misma tribuna, que aunque con cierto comedimiento respecto a Petróleos Mexicanos, se le ha querido ubicar fuera de los márgenes tolerables o recomendables de la eficiencia, nos bastaba recordar y señalar en aquel entonces que el presente sexenio, en los últimos años, se han invertido casi 63 mil millones de pesos y que en los próximos años se requieren 240 mil millones más para poder hacer frente a las necesidades que existen de explotación, de manera que México pueda mantener una reserva probada de diez años en el curso de dos décadas, y descubrir en poco tiempo unos 50 mil millones de barriles y que éste es calificadamente el esfuerzo al que demanda la unidad nacional en torno a las premisas fundamentales, ideológicas y socialmente utilitarias del Estado.

Este esfuerzo de descubrir 50 mil millones de barriles de crudo o su equivalente, representa un esfuerzo superior a cuatro veces todo lo descubierto como reserva probada desde que nació en nuestro país la industria petrolera. En el futuro previsible, esto es lo que PEMEX ya desde ahora está significando para el país. No sólo en términos del petróleo como tal, sino en términos de la generación de energía eléctrica que depende fundamentalmente del propio petróleo.

PEMEX, y que se haga también lugar común a nuestro país para calificar las virtudes y el acierto de las empresas del sector público, ha elevado su producción al doble de la que tenía el arranque de esta década.

En los últimos años, nada más esto es lo relevante, es importante que si en otros países la rentabilidad de las empresas del sector público es más alta que en México, comparativamente más alta, es por el hecho que se consideran como empresas lucrativas desde el punto de vista convencional, algunos países del Cono Sur dan buen ejemplo de esto.

Pero en México no solamente se vende barato con un subsidio implícito ciertamente, sino que se produce a un costo bajo, eso es lo importante, la gasolina regular que en 1975 costaba en México $2.10 y cuyo precio sin impuesto era aproximadamente de $1.28 el litro, en otros países costaba y cuesta entre $4.50 o $5.00 el litro. Esto significa que se está vendiendo barato y que se está produciendo a un costo verdaderamente bajo, en virtud del desarrollo tecnológico y de la eficiencia que ha desarrollado el propio Estado Mexicano a través de sus empresas.

Mientras aquí en México, Petróleos Mexicanos recibía $1.28 por litro vendido y $2.10 incorporado al impuesto, en unos países como Alemania costaba y cuesta la gasolina regular $4.50, en Australia $4.50, en Bélgica $4.60, en Francia $4.50, en Inglaterra $3.00, en Italia $5.77, en Suiza $5.00 y en Brasil, en donde es un bonito negocio el de la gasolina, cuesta $10.50 el litro.

En petroquímicos nuestra eficiencia productiva y nuestro costo son competitivos y no superan sino en muy pocos renglones y no por márgenes significativos a los precios internacionales.

Y esto lo ha logrado hacer México, cuando su capacidad de refinación es apenas de 800 mil barriles diarios, cuando otros países en Europa tienen 1/2 capacidad que va de 2 a 3 millones diarios de refinación, o EE. UU. el gigante, con 15 millones diarios de capacidad para refinación. Y algo más: Por cada barril que un esfuerzo importante, Petróleos Mexicanos exporta en estos momentos, el 50%, efectivamente, se paga de impuestos.

Esto es muy importante, porque a nivel más general, las empresas y organismos del Sector Público, que apenas intervienen representando el 12% de la actividad económica en que se ubican, generan la 3a. parte de todas nuestras exportaciones de bienes y servicios; es decir generan casi 3 veces en proporción, su representación en la producción nacional, respecto a las exportaciones, en términos de exportaciones.

Decíamos que Petróleos Mexicanos exporta, y por cada barril que exporta, acredita el 50% de impuestos.

La producción industrial fuera del Estado, en manos de la actividad privada, sólo exporta en México cuando recibe subsidios fiscales, porque de otra manera no es competitiva. PEMEX genera más del 8% de los ingresos tributarios en México, ya se dijo aquí en la tribuna.

Y algo que se ha señalado como un defecto, expresa, sin duda, una virtud, es decir, el de que las empresas del Sector Público no estén suficientemente capitalizadas.

Efectivamente, estas empresas del Sector Público, esas empresas nuestras que tienen que arrastrarse difícilmente, por falta de capital propio, trabajan con un mínimo de capital, lo cual, desde el punto de vista técnico, financiero, contable, de operación, es de todo punto de vista inconveniente. Destaca el hecho de que las empresas del sector público a diferencia de las privadas son tan eficientes tan sobradamente eficientes que pueden al mismo tiempo pagar impuestos, generar utilidades al capital propio y pagar necesariamente aunque no tenga utilidades, pagar los intereses por el capital propio que no se les ha dado, que nunca ha tenido y que tienen que alterar a través del crédito.

Un caso concreto -volvamos a Pemex -, la deuda total de Pemex según los registros contables de 1975 de 23 mil millones de pesos cifra elevada, la podría liquidar Pemex con el equivalente de su utilidad en menos de 4 años, tal vez con la utilidad de los próximos 3 años que no se convierte en utilidad, porque el gobierno hasta eso les exige a sus empresas, que

se conviertan en eficientes recaudores de impuestos y les quita la utilidad a través de los impuestos indirectos, es decir, los que paga el consumidor en la bomba de gasolina.

Nada más para señalar el hecho, los ingresos totales de PEMEX, reportados en el estado comparativo de pérdidas y ganancias en 1975, eran de casi 40 millones de pesos, una utilidad bruta de casi 14 mil, gastos de operación de poco más de 5 mil, y un dato que es el que nos resulta relevante a nosotros, una utilidad de operación de casi 8 mil 500 millones de pesos de los cuales el gobierno, el fisco, le quita por concepto de impuesto al ingreso bruto.

PEMEX, pues, tal vez esa sea la realidad cuando lo que se llama una transferencia que debería ser bien calificada ante el público. De qué se tratan esas transferencias, a PEMEX, a C.F.E., a Guanos y Fertilizantes, cuando acontece, etc., no es una transferencia gratuita, no es un subsidio a la ineficacia necesariamente; aunque reconocemos que hay que aumentar la eficiencia y la capacidad de generación de producto costo bajo por parte de las empresas del Estado. Esas transferencias se han manejado como una concesión gratuita a la ineficiencia y la burocracia de las empresas del sector público. No es ese el caso, es entregar a las empresas el patrimonio que nunca se les ha entregado; el patrimonio que al no habérseles entregado les genera intereses porque tiene que constituirse a través de crédito y esto es otra de las virtudes de las empresas del sector público, como ya lo hemos mencionado. Que pueden pagar los intereses del capital que no tienen. En cualquier caso, es cierto, repetimos, que PEMEX debe capitalizarse y no exigírsele, lo que de ninguna manera se les exige a ninguna empresa convencional integrada, desde el punto de vista financiero, con cierta nacionalidad. Esto es, que trabaje con proporciones irrisorias de capital propio. Es importante desde luego, que aumente la eficiencia, pero el solo dato de que las entidades de operación de Petróleos Mexicanos, o los impuestos que genera anualmente permitirían pagar toda su deuda, toda en tres o cuatro años, hace explícito el razonamiento que nosotros hemos querido transmitir, en esta tribuna, a ustedes. Y es importante señalar, como entiendo que aquí como en alguna otra información se ha dicho, que si en 1975 existían en Petróleos 86 mil trabajadores, en los últimos años en que se ha prácticamente duplicado la capacidad de extracción y de refinación, solamente ha crecido la planta laboral en un 20 por ciento.

Qué bueno que el comedimiento, que la convicción revolucionaria de los trabajadores de México al servicio del Estado, no demandan un aumento de salarios en proporción al aumento de suficiencia y de su capacidad productiva.

El Estado también tiene que felicitarse de eso. (Aplausos.)

Esto tiene que ver también con el propósito que nos imponemos desde esta tribuna de hacer un lugar común en la opinión pública del país, que no todo el que es burócrata es ineficiente; que no todo el que sirve al Estado está al servicio de una causa que por no expresarse en el estado de resultados y en el balance convencional, financiero y contable, es un objetivo que no se puede calificar.

Los mejores objetivos de la utilidad nacional con carácter social indiscutible e incuestionable están en la educación, en la seguridad social, en la extracción del petróleo, en la producción de energía eléctrica, y aun en la salvación de empresas en quiebra a las que el Estado tiene que rescatar eventualmente por razones de prioridad colectiva y que si hay algún responsable, ante el desempleo masivo que la ineficiencia general en su ámbito, propio, el Estado, aun en ese sentido y en esa oportunidad, esta cumpliendo un oficio para lo cual fue concebido el burócrata y para el cual fue concebido el papel del Estado.

No quiero desaprovechar la oportunidad de referirme, como lo hiciera mi compañero Armando Labra, a esta nota perdida pero sin duda dispuesto para ser leída por todo el mundo, en México, recientemente, de que se preparan estas vísperas de inhibición del sector público en la actividad económica y social del país, y que a este propósito, para que lo hagamos menos mal los hombres de la burocracia habremos de poner, de revertir a las manos de la ineficiencia a un costo que ya hemos corrido todos los habitantes de México.

No hemos de admitir, desde esta tribuna, que se vuelva atrás el proceso iniciado hace décadas en México, de poner bajo control del Estado ciertas empresas, que si muchas veces aparentemente no tiene sentido de prioridad social, que las maneje el Estado, sí es importante que las maneje para que el Estado esté informado, de primera mano, cuáles son los conflictos que existen y los problemas que hay que resolver desde el punto de vista económico y social en determinadas ramas de producción. De que manera sabría el Estado cuál es problema que se plantea en estos momentos entre los productores de algodón de La Laguna y los obreros de la industria textil si no supiera, si no estuviera dentro de la industria textil y supiera cuál es el efecto que tiene el aumento del precio del algodón sobre la industria nacional y cuál es el efecto que tiene sobre el patrimonio que en promedio explotan en La Laguna de una y media hectáreas por ejidatario los hombres que viven del algodón. Pues esto lo sabemos porque estamos metidos en la industria textil; y cuando hablamos de los problemas de la selva y del monte alto, hablamos de ello porque hemos vivido los problemas junto con los campesinos, con los comuneros; y cuando hablamos de la industria siderúrgica y vamos al rescate de Fundidora Monterrey, capitalizando todos los créditos que le ha dado el Estado, sabemos que estamos actuando con un sentido de responsabilidad ante una y frente a una actividad fundamental del desarrollo del país, pero estamos al mismo tiempo haciendo

mérito a nuestra necesidad de conocer desde dentro la actividad económica del país para conducir las decisiones de política económica, de política social y de legislación inclusive, a los propósitos que mejor convengan por rama industrial, no habrá de dar México un paso atrás en su intervención de Estado cuando las circunstancias lo ameriten y de eso estamos haciendo también compromiso los diputados de la mayoría de esta Cámara. (Aplausos.)

La actividad del Estado y de las empresas del Estado, ciertamente tiene defectos y los tiene graves, es indudable que en algunas áreas hay burocratización, es cierto que se produce con ineficiencia en algunas ramas de la actividad industrial en que intervienen las empresas paraestatales, pero éste es el mal común de un país en el que en todos los sectores hay eficientes y hay ineficientes. No pedimos el mérito de la empresa de Estado para calificar todo lo que ella hace de eficiente y acertado, pero no aceptamos, ni podemos aceptar, ni lo haremos en el futuro, que todo lo que huele a burocracia tiene el signo de lo negativo.

Y no podemos aceptarlos, menos todavía, desde dentro del poder y desde dentro del Estado, porque repitiendo y ampliando lo que dijo Armando Labra, si quienes servimos, quienes militamos en un partido que es el mayoritario del país, que se nutrió de los mejores antecedentes y experiencias históricas que tiene México, no somos vergonzantes del Estado al que servimos. Hemos de denunciar públicamente a aquellos que incrustados en el Estado se han convertido eventual y frecuentemente, en sus verdaderos opositores. No admitiremos mirar desde dentro. (Aplausos.)

Son algunos burócratas vergonzantes del Estado los que inventaron aquel lugar común de que las transferencias significan dádivas graciosas y ineficientes. Son los burócratas vergonzantes del Estado, muchos de ellos los que hacen causa común con quienes desde el área de la actividad privada, denuncian la ineficiencia del Estado y su actividad económica. No podremos cooperar en el planteamiento de estas premisas si antes no compartimos entre todos los sectores del país, campesinos y obreros, sector público y sector privado, las responsabilidades que impone a México el próximo sexenio y los próximos años, y esta misma década en que habremos de vivir los momentos más difíciles, pero más comprometidos que vivió México en su más reciente historia. Muchas gracias. (Aplausos.)

El C. Presidente: Esta Presidencia decreta un receso de 15 minutos, para continuar la sesión.

(Receso.)

- El C. Presidente (a las 14:45 horas): Se reanuda la sesión.

Tiene la palabra el C. diputado Sergio Lujambio Rafols.

El C. Sergio Lujambio Rafols: Mi participación se referirá en concreto al examen de la Deuda Pública y a la obra de infraestructura, sin embargo, hay tres aclaraciones que deben ser hechas con referencia a la intervención de mi compañero De Carcer.

No dijimos indiscriminadamente que se vendan las empresas del Estado. El texto del punto 11, decía: "Que se liquiden todos aquellos organismos -que se liquiden - y empresas estatales que no tienen las características de servicio público ni de interés popular, que si se quiere, se vendan a particulares, para que el gobierno dedique sus esfuerzos al gran orden de conjunto del interés público como Petróleos, Ferrocarriles, Electricidad, etc." Al fin de este punto decía: "Venderlas sobre todo a los trabajadores".

Tres o cuatro cuartillas adelante dijo: "El gobierno debe otorgar el apoyo que necesita PEMEX -nadie discute esto - sin distraer otras áreas importantes como son fertilizantes, energía eléctrica, pero sí puede dejar de manejar empresas que le obligan a distraer fondos como son negocios de terrenos, telas, bicicletas, cines, restaurantes, cabarets, y con estos fondos aportar a las áreas de mayor importancia nacional, esto es lo que se dijo, que quede bien claro.

Si se pretende defender el capitalismo de Estado que nosotros condenamos, pues que no se use deliberadamente una expresión de nosotros y que se defienda abiertamente.

En el orden del necesario incremento de nuestra productividad, Labra hizo una mención del crecimiento de nuestro producto bruto del orden del 115%, pero esto es manejado a precios corrientes y yo creo que para valorizar cómo anda nuestra producción en lo general, tendríamos que hablar de precios constantes.

El informe anual del Banco de México, nos hace una referencia de nuestro producto nacional en 1970 cerrando en números 300,000, en 1975 cerrando en números 400,000, de hecho el incremento de nuestra producción es del orden de un 33% nada más.

Esto yo pienso que debe de ser preocupación de todos y que nosotros mencionamos en el orden que lo representa en el incremento de producción real durante mil novecientos, de 1970 a 1976.

Muchas otras cosas que aquí se han dicho podrían ser motivo de debate. En una sola sesión no es posible debatir en su totalidad la Cuenta Pública. Nosotros hemos pedido insistentemente que esto fuera motivo de varias sesiones; se nos ofreció que sería de 4 y 5; estábamos condicionados para un debate de 4 o 5 sesiones; lamentablemente han limitado a ésta y hay mucho que decir y no podemos ir a los casos concretos, pero la mención de nuestra participación, por cuanto toca a las empresas del Estado y a nuestra producción que debe de preocuparnos a todos, considero elemental considerarlo.

Bien, entramos al estudio de la Deuda.

Problema económico más severo que en estos momentos debe afrontar nuestro país, es, sin duda, la respuesta a los compromisos contraídos por el gobierno echeverrista. Observar el comportamiento de la deuda, hacer un

examen de cooperación e incrementos y valorización el 31 de diciembre de 1975, hacer una valorización de la carga de intereses contratados.

Los efectos que por la devaluación de nuestra moneda inciden en nuestro incremento, deben ser motivo de nuestra mayor preocupación, y debemos informarlo al pueblo.

Es obvio que para dar respuesta a estos requerimientos, vamos a tener que sacrificar al pueblo, algunos sectores que ya no pueden sacrificarse más, todos tenemos que sacrificarnos en el interés de superar esta crisis económica severa en que estamos metidos.

El dictamen de Comisión contempla la deuda de página 62 a la 67, inclusive, y de la 86 a la 92, inclusive. Las cifras expresadas en el dictamen no concuerdan exactamente con las obtenidas por los diputados de Acción Nacional. Pero siendo las diferencias no sustanciales, manejaremos las nuestras para esta exposición.

Muy valiosa aportación técnica para este estudio, sería la proyección de la deuda al 27 de noviembre de 1976, para esto, cuánto debemos hoy. Siguiendo su tendencia y las nuevas contrataciones de deuda, las recientemente anunciadas por el Banco Interamericano de Desarrollo, con el Banco Monetario Internacional, y los eurodólares que yo en lo particular considero peligrosos por estar condicionados. Pero esto podría ser demagogia o amarillismo, actitud que en Acción Nacional siempre hemos condenado, por cuanto se usa esta tribuna para esos propósitos.

Sin embargo, la importancia de esta valorización y trascendencia para la vida económica de México, no debe escapar a la Cámara de Diputados, y bien podría el Secretario de Hacienda hacérnosla saber.

Visto que nos concretaremos al estudio de la deuda al 31 de diciembre de 1975, pasaremos a hacer el siguiente examen. Sobre su crecimiento en comparación con nuestros ingresos efectivos y la deuda acumulada. En 1971 los ingresos efectivos del gobierno fueron de ... 44,521 millones de pesos, y el déficit presupuestal 28,300 millones. La deuda entonces era 71,476 millones para el gobierno federal, para 1973 los ingresos efectivos suben a 71,996 millones de pesos, aumentó el déficit presupuestal 51 millones y aumentó la deuda 196,229 millones exclusivamente para 1974 los ingresos efectivos 94,067 millones el déficit presupuestal 75,100 millones, la deuda sube a 156,405 millones, y la deuda de las empresas 69,442 millones de dólares la deuda total del sector público 225.847 millones. Para 1975 ingresos efectivos, 132,427 millones; déficit presupuestal 116,800 millones; deuda del gobierno 216,786 millones; deuda de empresas 111,051 millones; deuda total del sector público 327,837 millones de pesos al 31 de diciembre de 1975.

Una operación económica permanente deficitaria que inevitablemente nos crea una economía de artificio. Sin entrar en grandes consideraciones de tipo económico, esta permanente derrama de dinero que no es propia, nos hace vivir una economía definitivamente artificiosa. Estamos viviendo como un pobre que quiere vivir como hombre de la clases media o como un hombre de la clase media que quiere vivir como un rico, y esto no se puede quedar así. Vamos a hacer un examen de la Deuda Pública en su manejo, en su comportamiento. En la Cuenta Pública nos dicen: del comportamiento de la deuda. Alguno de mis compañeros hizo un chiste del mal comportamiento de la deuda; pero desde luego esto no tiene nada de chistoso. Un examen de la Deuda Pública del gobierno federal, de su incremento, de su carga de interés y gastos, la deuda interna y externa, siendo México un país en desarrollo, lleno de carencia y necesidades no satisfechas por parte de nuestros sectores mayoritarios, y con una urgente necesidad de crear una obra de infraestructura capaz de incrementar nuestros niveles de productividad, sobre todo agropecuaria e industrial, a corto y mediano plazo, se admite pensar en términos de una operación deficitaria razonable para el gobierno federal, desde su presupuesto.

El presupuesto para 1975 la diputación de Acción Nacional lo aprobó, creemos, creemos en un presupuesto deficitario. Pero esto es cosa de grado, de límite, es cosa de hasta cuándo, hasta cuánto vamos a deber y cuánto nos cuesta esto.

Sin embargo se había presupuestado financieramente 54,180 millones de pesos por este año, y se realizó por 70,548 millones en 1975. Es decir, se tuvo que financiar con 16,368 adicionales que no estaban presupuestados, que no estaban autorizados por el Congreso en los términos del artículo 73, fracción VIII, de nuestra Constitución Política.

De la Deuda Pública que el gobierno federal tenía en 1974, que era de 156,405 millones -estamos hablando exclusivamente del gobierno - se había programado pagar 20,692 millones en 1975. De esta cifra correspondían 9,505 que debíamos de ejercicios fiscales anteriores y 11,187 que correspondía pagar en 1975.

De los que debíamos pagar ya vencidos, sólo abonamos 3,743, teniendo que negociar nuevamente 5,762 millones. Y de lo que correspondía pagar este año, sólo pudimos pagar 9,911, dejando pendientes de liquidar 1,276 millones.

En resumen debiendo 20,692 millones sólo pagamos 13,654 y volvimos a negociar 7,038 millones de pesos, y los dejamos pendientes de pago.

Lo que nos costó la deuda del gobierno en intereses tan sólo en 1975, fueron 13,720 millones. 13,720 millones de intereses que se habían presupuestado en 13,690. Los 30 mil millones adicionales pueden ser intereses moratorios o gastos por la renovación de los documentos.

Quiere esto decir que pagamos en 1975 más dinero de intereses que para amortizar nuestra Deuda Pública. Mal síntoma. Estos 13,720 millones de pesos representan el 10% del total de los ingresos normales del gobierno federal

en 1975, que fueron de 131,175 millones de pesos. La Deuda Pública del gobierno federal en 1974 fue de 156,405 millones, subió en 1975 en 60,381 millones. Es decir tuvo un incremento del 38%. Al cierre de 1975, la deuda alcanza la cifra e 216,786 millones de pesos exclusivamente para el gobierno federal.

De 1971 a 1975, la Deuda Pública del gobierno ha subido un 300.3%; del total que adeuda el gobierno al 31 de diciembre de 1975, 176,361 millones corresponden a deuda interna, y en esta forma creciente, deja el Estado con capacidad reducida a cualquier persona o empresa pequeña o mediana para procurarse financiamientos para su desarrollo.

El dictamen dice que no debemos imputar al ejercicio del gasto público la limitación de las posibilidades de desarrollo del sector privado. Nosotros, cuando decimos sector privado, nos referimos a las personas; cualquier persona que quiera desarrollarse o hacer una inversión o una compra. No pensamos en un sector privado de alta burguesía. Eso para nosotros es la burguesía capitalista, tan condenable como el capitalismo de Estado.

Pues ya sabemos que los grandes empresarios mexicanos o transnacionales encuentran posibilidad de financiarse en el exterior. Por lo que corresponde a la deuda externa, que son 40,425 millones, la devaluación le representa al gobierno una erogación adicional de 40,425 millones. Si nuestra moneda ha perdido la mitad de su capacidad de pago, pues tenemos que ver duplicada la deuda externa.

Dada la cuantía de estas obligaciones externas por la devaluación, no sólo en el orden exclusivo del gobierno, sino de las empresas también, pensamos que conveniente sería la presencia en esta Cámara de Diputados del señor Secretario de Hacienda para que nos explicara cuáles van a ser los mecanismos necesarios para la redocumentación de la deuda, pues a la lógica no escapa que no vamos a poder afrontar su pago oportunamente, pues cuando se trataba de pagos de deudas normales antes de las devaluaciones, no cumplíamos a sus vencimientos, con las devaluaciones mucho menos.

Unas declaraciones del señor Subsecretario de Hacienda, Tello Macías, nos dice que estamos al corriente en el pago de la deuda externa, quiere decir que donde no estamos al corriente es en el pago de la deuda interna; en esas mismas declaraciones ha sido una mención de cuáles fueron nuestros ingresos efectivos que no se ajustan a lo que dice la Cuenta Pública, durante 1975 y la diferencia es notable, treinta y tantos mil millones de pesos. Vamos a seguir pensando en términos de que la Cuenta Pública es la que tiene información correcta y las declaraciones del señor Tello Macías no se ajustan a la realidad.

Pasaremos ahora a un examen de la deuda de las empresas del Estado, interna y externa; al 31 de diciembre de 1974 las empresas del Gobierno tenían una deuda de 69,442 millones de pesos, de la cual correspondían 21,760 millones a interna en pesos, 47,682 millones era deuda externa en moneda extranjera. Hemos estado estudiando los estados financieros y nos encontramos deuda con bancos americanos, canadienses, franceses, alemanes, ingleses, belgas, en todos los tipos de moneda y cuando hablamos, oímos hablar que se revalúa el marco, nos ponemos a temblar porque, de lo que debemos en marcos cuánto más nos va a tener que costar. Las monedas fuertes se revalúan, la nuestra se devalúa, pues a este paso, durante 1975 las empresas consiguieron financiamientos por 66,630 millones, se hicieron amortizaciones por 25,021 millones. Al 31 de diciembre de 1975 la deuda sube en 41,609 millones hasta alcanzar en esta fecha la cifra de 111,051 millones de pesos, de los cuales 42,968 corresponden a deuda interna y 68,083 a deuda externa que se multiplica por la pérdida de valor de nuestra moneda a menos de la mitad de su valor anterior, la devaluación obliga a pagar a las empresas del Estado 68,083 millones de pesos adicionales, con base en la cotización que tenía nuestro peso que sigue flotando hará dos o tres días a 24.80. Desde luego, las empresas también tienen que pagar intereses por que nos prestan dinero, pero el dinero cuesta, la carga que tuvieron que soportar las empresas por concepto de intereses pagados durante 1975 fueron aproximadamente de 9,500 millones. Quiero ser muy concreto porque aquí se ha dicho que los de Acción Nacional manejamos alegremente las cifras, no las manejamos alegremente, estas son cifras tristes, y cuando las manejamos es porque nos hemos informado bien. Dije aquí muy concreto, aproximadamente 9,500 millones de pesos, porque no nos ha sido posible identificar cien por ciento cuánto pagaron las empresas en forma de intereses, y al no tener esta certeza no menciono las cifras como reales.

Bien, la deuda cuesta al sector público como mencionamos hace un momento, el Gobierno tuvo que pagar 13,720 millones de intereses en 1975 y las empresas estos 9,500 adicionales, pues dan más de 23,000 millones de pesos de intereses; amortizamos 38,675 entre 13,654 del Gobierno y 25,021 de empresas y tuvimos que pagar más de este costo del manejo de la deuda con cualquier otra partida de gastos es muy valiosa, en el interés de cada uno de ustedes que quiera compararla con cuánto invertimos en cualquier sector y podamos valorar lo que nos está costando la deuda, porque una cosa es endeudarnos, pero la deuda cuesta dinero. Y la devaluación, nos hace pedazos.

El C. Presidente: Se ruega al orador concretarse al tema sin estar mencionando la devaluación ya que estamos analizando la Cuenta Pública de 1975, y en cuanto tengamos los nuevos presupuestos para el 77, sabremos como se va a cubrir, si se devaluó o no.

El C. Sergio Lujambio Rafols: Ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si está interesada en conocer cuál es efectivamente la incidencia en la deuda propia de las devaluaciones y lo que efectivamente debemos de pagar ahorita.

El C. Cosío Vidaurri (desde su curul): Señor Presidente, una moción: Venimos a discutir en esta sesión la Cuenta Pública de 1975, Suplicamos a usted conmine al orador se concrete al tema y centrar nuestra discusión en el análisis de 1975.

El C. Presidente: Ruego al orador, tal como se lo indicó esta Presidencia, ajustarse al tema, al análisis de la Cuenta Pública de 1975.

El C. Sergio Lujambio Rafols: Muy bien señor Presidente, señores diputados: Si esto no es una crisis severa de nuestra Hacienda Pública como se ha mencionado en esta Cámara, no sabemos que tendría que presentarse para que se hiciera un reconocimiento de la quiebra de nuestra economía y nos decidiéramos finalmente a llevar a cabo nuevas actividades que propician superar esta conflictiva situación. Paso al término de infraestructura, obedeciendo la instrucción de la Presidencia.

La diputación del Partido Acción Nacional considera que debe tener preeminencia la obra de infraestructura para la producción del sector agropecuario, de donde obtendremos los recursos necesarios para alimentar nuestra creciente población y la posibilidad de penetrar a los mercados internacionales con nuestros productos, que nos permitan al mismo tiempo generar paulatinamente el ingreso de divisas necesarias para la importación de los bienes de producción indispensables, para el gradual proceso de industrialización necesario y generar los empleos que también en demanda creciente serán indispensables.

Deficiencias estructurales básicas para la producción del campo representan enormes riesgos si pretendemos como hasta ahora se ha hecho, un proceso de industrialización acelerado que no teniendo su origen en nuestra propia riqueza se ha fundamentado en la consecución de financiamientos en lo interno y en lo externo.

Consideramos que es prerrogativa del Gobierno la propiedad industrial y el desarrollo de los energéticos básicos, los servicios de interés social, ferrocarriles, educación, salubridad, etc., pero que esto debe ser fundamentado en el gradual enriquecimiento nacional derivado de la producción agropecuaria y la paulatina industrialización posible.

Obviamente necesitamos crear un crecimiento económico que guarde un paralelismo con nuestro crecimiento demográfico, pero justo es reconocer que no puede pretenderse un proceso acelerado de nuestra estructura industrial, si antes no hemos desarrollado la infraestructura necesaria del campo que permita, ausente de todo interés político, predominio o control que nuestra capacidad de producción agropecuaria alimente a nuestra población y nos permita exportar.

La infraestructura necesaria para la educación deberá tener también este paralelismo, abundante educación media para nuestras clases campesinas aplicadas a la producción del campo y no la realizada que genera una fuga de talentos con educación superior que no encuentran en nuestro país la aplicación de sus conocimientos, dejando al mismo tiempo enormes áreas de población rural desatendidas en su educación básica.

Somos un país en desarrollo, pero debemos intentar un desarrollo armónico para toda la población y el Estado debe establecer las bases de que éste sea compartido y propicie el bien común. La creación de una infraestructura acelerada para la industrialización ha generado una mala distribución de la riqueza al tiempo que nos ha creado un endeudamiento creciente. Muchas gracias".

El C. Presidente: Tiene la palabra la ciudadana Ifigenia Martínez de Navarrete, por la Comisión.

-La C. Ifigenia Martínez de Navarrete: Señor Presidente. Honorable Asamblea. Hemos llegado a un punto del debate de los más delicados y también de los más importantes. El problema podría titularse a grandes rasgos: el financiamiento deficitario del desarrollo. Si tratamos de comprender qué es lo que significa el financiamiento deficitario del desarrollo, podríamos también derivar la conclusión de que éste es necesario en una etapa del proceso de desarrollo, para pasar, de una estructura productiva eminentemente rural y agrícola a una estructura industrial.

Reconocer que el Gobierno tiene responsabilidades y compromisos históricos y políticos que se concretizan en un programa de obras de infraestructura, cuyo monto es superior a los recursos que tiene a su disposición.

Con este dilema, se han encontrado todos los Gobiernos en diferentes épocas del tiempo.

O bien nos limitamos a hacer la obra que nos permiten los recursos financieros a nuestra disposición, o bien nos endeudamos y hacemos las obras que demanda el país en un momento dado.

El caso más dramático de esta opción y toma de decisiones ocurre en épocas de guerra. Es obvio que durante una guerra el gobierno no posee todos los recursos financieros para transformar una economía de paz en una economía bélica para poder defenderse. Entonces el gobierno recurre a la deuda. En épocas de paz, quizás sea más difícil decidirse, pero también se presenta el mismo dilema: dejar al país sumido en la crisis económica, el desempleo, la miseria, como durante la gran crisis norteamericana del año de 1929, cuando el número de desempleados era enorme, el producto nacional había disminuido en términos absolutos a niveles sin precedente, había malestar en toda la sociedad norteamericana, y al Presidente Roosevelt se le planteó el problema: dejar que el país se recuperara solo o bien recurrir a un presupuesto deficitario, y mediante un amplio programa de obras públicas, empezar a recuperar a la economía.

El efecto estimulante del gasto público la captó perfectamente bien el economista Keynes, y lo plasmó con todo el rigor y sistematización del caso en su teoría general, dando nacimiento a la famosa economía keynesiana, la cual ha servido para apuntalar a todo el sistema

capitalista después de la Segunda Guerra Mundial, a transformarlo en un sistema más flexible, con mayor atención a los aspectos sociales que requieren una ampliación de las instituciones y organismos del sector público.

A los países en proceso de desarrollo se nos planteó el mismo dilema. No era para hacer la guerra, no era para afrontar crisis económicas y emplear a gentes que habiendo estado empleadas, de buenas a primeras se quedaban desocupadas. Era para transformar la economía del país, era para modernizar al país y elevar su nivel de vida y su nivel de ingresos. Si el Gobierno asume esta responsabilidad de promotor del desarrollo debe recurrir al endeudamiento, puesto que de otra manera los ingresos ordinarios que recibe, no le alcanzan para invertirlos en obras de infraestructura necesarias para aumentar la producción. Esta gran decisión, en forma deliberada y consciente la tomó en México, el general Lázaro Cárdenas.

Los presupuestos anteriores a 1934, arrojaban déficit minúsculos o relativamente pequeños. Es a partir de 1934, cuando se empieza a recurrir al financiamiento deficitario y cuando los déficit del Gobierno van en aumento.

Es cierto que con el transcurso del tiempo muchos economistas y muchos ciudadanos se han preocupado, por aumentar los ingresos ordinarios del gobierno para que el desarrollo sea financiado con mayor proporción de recursos propios y con menor endeudamiento. Tenemos que reconocer que se han hecho esfuerzos que no habían cuajado, sino hasta en esta administración; con las llamadas adecuaciones fiscales. Es cierto que no se ha llegado todavía a una reforma fiscal que capte los ingresos personales en la forma progresiva y con acumulación única, como aconseja la técnica fiscal, pero sí se han incrementado los ingresos en forma muy significativa, procurando que su incidencia recaiga sobre todo en los grupos de clase media y clase alta y liberando a las clases populares. Pero a pesar de que se ha recurrido a una mayor recaudación, no ha bastado para financiar el programa de obras del gobierno. De aquí la deuda.

Ahora bien, la deuda puede ser interna o externa. La deuda interna realmente no tiene mucha importancia desde el punto de vista nacional porque es una simple transferencia en el uso de los recursos. Los recursos que están dentro del país, pueden estar ociosos o subocupados y en ese caso, el gobierno puede movilizarlos, recurriendo a la deuda, elevando el Producto Interno Bruto, en beneficio de toda la economía.

El gobierno puede pedir prestado a los particulares directamente, es el caso mejor, o bien, como lo hace el gobierno en México, utilizar el sistema bancario. Se utiliza el depósito legal para captar ahorro de los particulares, y financiar el gasto público.

Hay un asunto delicado en los efectos de la deuda interna y, en eso tiene mucha razón el compañero Lujambio, cuando se ha referido insistentemente a la distorsión que presenta el pago de intereses.

En el caso de la deuda interna son los intereses los que precisamente preocupan, o sea el pago por el uso de recursos financieros. Porque los intereses que paga el gobierno por la deuda interna pueden significar dos cosas: uno, que no han captado los suficientes impuestos dentro de la economía nacional, de manera que en vez de sufragar el gasto público con impuestos, lo hace con deuda que le cuesta, por lo cual tiene que pagar intereses; o bien, que tiene que captar en etapas posteriores ingresos corrientes, impuestos, para pagarlos vía intereses a los tenedores de la deuda.

Entonces, en este caso ocurre un traspaso de poder adquisitivo de todos los que pagamos impuestos a los que reciben los intereses. Y, ¿quiénes son los que reciben los intereses, quiénes son los que tienen la deuda interna del gobierno? Son los bancos. Y los bancos no están prestando al gobierno gratis. Este es quizá uno de los pocos países en donde por el depósito legal se pagan intereses, en la medida en que sean particulares, empresas, instituciones o individuos los que adquieran los títulos y valores públicos serán ellos los que reciban los intereses de los contribuyentes.

Fuera del efecto a quien se le paga el servicio de la deuda no hay ningún problema grave. La deuda interna es una movilización de recursos internos que el gobierno utiliza, y se supone que en fines de mayor prioridad social que si se dejaran en manos de los particulares.

De paso queremos contestar el argumento de que el crédito al gobierno agota el crédito disponible para los particulares. Según declaraciones de las autoridades monetarias, y del banco central, en particular, el crédito privado se da selectivamente, y selectivamente para todos aquellos proyectos que tienen vialidad económica. Claro está que la política de crédito se podría manejar con mayor liberalidad, bien sea reduciendo el depósito legal, reduciendo las tasas de interés, aumentando los plazos, mejorando los requisitos y condiciones para otorgarlo de manera que alcanzara para satisfacer las demandas de los empresarios privados. Pero para eso tendríamos, primero que nada, ver que realmente existe una demanda de crédito privado, que es viable, y que es redituable.

Creemos que en las condiciones en que se ha desenvuelto la economía, especialmente con las condiciones de crédito prevalecientes que haya habido oportunidades de inversión redituables, que no se hayan atendido. En este caso el volumen de depósitos que ha utilizado el gobierno para movilizarlo en proyectos redituables y de gran prioridad social no se le ha arrebatado de las manos a los particulares; no ha sido competitivo con sus demandas.

Si por otro lado nos referimos a la inversión nacional, que asciende al 21% del productos nacional bruto, la mitad la realiza el sector público y la otra mitad, los particulares. Es cierto que el sector público ha aumentado también en este sexenio la inversión que realiza. Por todas las grandes obras de infraestructura que ya se han mencionado aquí y

que han permitió duplicar la producción de petróleo crudo, duplicar la generación de energía eléctrica, fabricar fertilizantes en gran escala, establecer la industria petroquímica, triplicar los caminos de México, y en fin, muchas otras obras que aumentaron la capacidad productiva básica del país.

Sin embargo, el sector público no ha aumentado su ahorro en la misma proporción.

En términos del producto interno bruto, que me parece los más significativos, ha disminuido el ahorro público. Entonces tenemos que, por un lado, el gobierno invierte el 10% del producto y ahorra el 3%; ahí está lo dramático del déficit. Pero ¿que pasaría si el gobierno no hiciera esta inversión? por un lado, los particulares invierten otro diez por ciento del producto y, según toda la evidencia disponible, ahorran más de lo que invierten. No quisiera precisar exactamente cuánto más, pero es muy probable que el ahorro privado sea 2 ó 3 puntos mayor que la inversión en relación al PIB. Entonces quiero ser clara: el gobierno ahorra poco e invierte mucho; los particulares ahorran mucho e invierten poco. Si el gobierno no hubiera invertido el 10% del PIB y se hubiera atendido únicamente a su ahorro, entonces la inversión nacional, en vez de haber sido el 21% del producto, hubiera sido el 13% del producto. Nada más quiero que por un momento se pongan a pensar en las consecuencias que esto hubiera tenido sobre la actividad económica, sobre el volumen de empleo, sobre la producción y sobre el bienestar de todos los mexicanos. De esas realidades son de las que tenemos que estar conscientes con toda objetividad; que la capacidad de inversión del Gobierno Federal, de sus organismos y empresas y del Departamento del Distrito Federal es mucho mayor que la de los particulares en relación al ahorro generado.

Si los particulares tienen una capacidad de ahorro mayor que la inversión que realizan, ¿qué hacen con su ahorro excedente? En gran parte lo atesoran, o lo que es peor, tienden a invertirlo en el extranjero, puesto que también los depósitos en dólares y los depósitos en el extranjero forman parte del ahorro nacional invertido en el extranjero. Entonces estamos en una grave contradicción que es necesario tener en cuenta.

Ahora bien, si en la deuda interna hay el problema de la transferencia de ingresos de los que pagan los intereses que son todos los contribuyentes o quienes padecen el alza de precios si el déficit es inflacionario a quienes son poseedores de la deuda interna, en el caso de la deuda externa los efectos son totalmente distintos. La deuda externa presenta también el problema de las transferencias, de convertir el servicio de la deuda de moneda nacional a moneda extranjera.

Nosotros generamos riqueza nacional, en moneda nacional, que tenemos que transformar en moneda extranjera para pagar la deuda. De aquí la importancia de que la deuda externa sirva para aumentar la capacidad de exportación del país y, de esa manera obtener las divisas para pagarla o bien que sirva para sustituir importaciones, de manera que liberemos uso de divisas y las podamos pagar al exterior.

Respecto a la deuda externa, es una de las características del proceso de desarrollo, la necesidad de modernizar al país adaptando tecnologías generadas en el exterior. El avance tecnológico debería ser patrimonio común de los países del mundo; está monopolizado por aquellos países que tienen la estructura productiva avanzada y que son los que nos presentan el dinero para poder adaptar su tecnología. En el proceso mismo de desarrollo, está implícita una tendencia al déficit de la balanza de pagos; tendencia de que nuestras importaciones aumentan más que nuestras exportaciones, esta brecha entre importaciones y exportaciones se cubre mediante capital del extranjero. Y el capital del exterior asume determinadas características y modalidades. El ahorro externo puede ser en diversas formas: ¿Que clase de ahorro externo? ¿En qué proporción? ¿Y por cuánto tiempo? Estas son preguntas que debemos contestar.

Inversión extranjera directa, dicen los partidarios de las inversiones extranjeras directas, es la mejor forma de que el ahorro externo complemente al ahorro interno. ¿Por qué es la mejor forma ésta? Dicen sus partidarios (después no vayan a decir que lo digo yo), que es la mejor forma porque nos trae la tecnología, nos aumenta el ingreso y porque no hay que pagar más que los dividendos, el principal se queda en el país. No sólo se queda el principal en el país, sino que muchas veces buena parte de los dividendos también se quedan en el país cuando se reinvierten. Pero ya la experiencia canadiense nos ha demostrado el peligro de que cada vez un volumen en creciente de activos nacionales, pasan a manos extranjeras. Este hecho a muchos mexicanos no nos gusta, por tanto, aun cuando en el caso de la inversión extranjera no haya que pagar el principal, pero sí cuantiosos dividendos, preferimos tener dicha inversión limitada en ciertos campos y bajo ciertas condiciones, respecto del capital nacional; que sea lo estrictamente indispensable para hacer avanzar al país y siempre que se comprometa a participar con capital nacional.

Entonces sí tiene límite la inversión extranjera directa, económicos, políticos, límites de idiosincrasia nacional, de nacionalismo, ¿de qué otra manera podemos traer ahorro externo? Con las famosas inversiones de cartera o sean los préstamos; estos préstamos pueden ser institucionales. Otorgados por gobiernos extranjeros y organismos internacionales, el Banco Mundial fundamentalmente, otros bancos regionales como el Banco Interamericano, o bien por instituciones privadas que son bancos privados o consorcios bancarios privados.

En los últimos años las disponibilidades de capital institucional se han tendido a agotar y han invertido más las instituciones internacionales de crédito privadas, los grandes bancos multinacionales y transnacionales, que

son los que están surtiendo de capital a los países desarrollados.

En mi opinión, y en eso concuerdo con el compañero Lujambio, los intereses de este capital son excesivos, las tasas de interés en el mercado mundial han alcanzado límites, que no habían tenido nunca en la historia económica mundial. De allí la insistencia en liberarse de la dependencia tecnológica y financiera y toda la lucha que el Presidente Echeverría ha hecho por establecer un nuevo orden.

El Presidente Echeverría no ha estado solo porque la gran mayoría de los países miembros de las Naciones Unidas lo han apoyado y hasta muchos países industrializados, conscientes del desarrollo histórico de la economía, también lo han apoyado en la necesidad de cambiar las relaciones económicas para facilitar la transferencia de recursos de los países acreedores a los países que necesitan capital para complementar su desarrollo.

Quien no entienda estas características de la deuda externa y del endeudamiento externo, realmente no puede sino condenar el endeudamiento externo.

Lo que importa es utilizarlo para aumentar la capacidad productiva y que los plazos de la deuda sean los más convenientes del mercado y el interés el más bajo posible.

En ese sentido sí creo que México ha tenido hasta ahora un gran cuidado por cuanto los préstamos que ha solicitado, han sido los más favorables y porque a la fecha nunca ha dejado México de pagar un solo compromiso internacional.

El compañero Lujambio señaló varias veces que se dejaron de pagar compromisos; eso no es así, quisiera que él pudiera precisar exactamente a qué se refiere, porque México siempre ha cumplido escrupulosamente con todos sus compromisos internacionales.

Ahora bien, desde luego, que estoy completamente de acuerdo, que es preferible financiar el desarrollo con recursos propios o con recursos internos, y no con recursos externos.

Y esa es la estrategia del desarrollo, fortalecer la economía del país, fortalecerlo en su capacidad exportadora, para que poco a poco podamos ir disminuyendo la proporción de ahorro externo.

También estoy completamente de acuerdo, y soy partidaria de que los intereses deberían ser una carga menor, que el precio del capital debería de ser mucho más barato, creo que sería una gran bendición para la humanidad si pudiéramos influir para que bajaran las tasas mundiales de interés. Muchas gracias. (Aplausos.)

El C. Presidente: Tiene la palabra el C. diputado Fausto Alarcón Escalona.

El C. Fausto Alarcón Escalona: Con la venia del señor Presidente, de los señores diputados, señoras y señores: observar y analizar el gasto del sector público, por sectores, nos muestra la valiosa posibilidad de apreciar cuál ha sido la filosofía, económica, política de la actual administración en su aplicación al gasto durante 1975.

Hacer un análisis de estos distintos canales de distribución del gasto en lo propio del gobierno, en sus organismos y empresas, observar los apoyos y propósitos de las erogaciones, evaluar sus aportaciones económicas o sociales, según el caso al interés del bien común, sus pérdidas o utilidades, sus políticas de financiamientos y sus deudas, etc., nos brindan la oportunidad de ver en la elocuencia de los números, cuáles son las áreas favorecidas, qué logros y cuál es el área no favorecida y su resultado.

Sector industrial. El presupuesto para 1975 observaba una erogación del sector industrial por 103,147 millones entre gobierno y empresas de Estado.

Lo realmente ejercido fue de 133,209 millones, brincando 30 mil 62 millones sobre lo presupuestado, a sea un 29%. Desde luego, esta erogación adicional, fue posible gracias a obtener financiamientos adicionales a presupuestados. De estos 133,209 millones las empresas del Estado realizaron de sus propios recursos egresos por 113 mil 626. Y el gobierno las apoyó con 19 mil 583 millones entregando las cifras más importantes a la Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos, el grupo Sahagún y Siderúrgica Lázaro Cárdenas - Las Truchas.

El sector industrial visto desde el punto de vista del gasto de todo el sector público, representa el 34% del total, las empresas y organismos que integran el sector industrial del Estado, tienen activos por 169,909 millones, y capitales contables por 58,467 millones. Es decir, somos dueños del 34% de sus activos. Este sector tuvo en lo general pérdidas por 3,957 millones, cifra que no es realmente representativa de lo general porque en el sector industrial, se encuentra Pemex, que es la única empresa industrial que tuvo utilidades, estas empresas recibieron transferencias e inversiones financieras del erario por valor de 17,783 millones, y repercutieron incrementos en sus capitales contables por valor de 12,087 millones. La simple observación de las cifras expuestas, dentro de este sector industrial, nos muestra la intención del gobierno de llevar a cabo una industrialización de ritmo acelerado, que lamentablemente no dio respuesta a la eficiencia y operación óptima.

La presencia de Petróleos Mexicanos, pilar fundamental de nuestra economía, no permite una denominación común de nuestra ineficacia y en el tono general no nos deja observar el gran problema de nuestra economía nacional que es la Comisión Federal de Electricidad. Su operación unitaria es tratada dentro del inciso "Empresas del Estado", y su posible aportación a la infraestructura será tratado en el inciso de este concepto.

Sector agropecuario: este sector representa un gasto de 69,141 millones, 42,179 millones por parte del gobierno, y 26,962, por parte de las empresas del Estado con sus propios recursos; básicamente CONASUPO y Productos Pesqueros, y el Instituto Mexicano del Café.

Los 42,179 millones que destinó el gobierno a este sector, no pueden considerarse como apoyos para la productividad, pues incluyen 15,577 millones, entregados a la banca agrícola para cuentas incobrables que estaban presupuestadas en 10,218.

El gasto total del sector agropecuario representa el 18 por ciento del total. Se había presupuestado un 20 por ciento antes de la contingencia de absorber los 5,166 millones de deuda acumulada en el Banco Nacional de Crédito Rural, por lo cual este sector fue el menos favorecido en la realización del presupuesto, con miras a la producción.

Las empresas del Estado sujetas a control presupuestal en este sector tuvieron pérdidas por 5,786 millones. Recibieron transferencias e inversiones financieras por 9,794 millones, que se reflejan en incrementos de esos capitales contables, nada más por 2,819 millones. Estas empresas manejan activos por 24,546 millones, y tienen capitales contables por 8,040 millones. Es decir, somos propietarios del 32 por ciento de nuestros activos.

A pesar de haber presupuestado erogaciones por 60,397 millones, y haberlas realizado por 69,141, creando un incremento del 14 por ciento, conviene analizar los capitales de esta distribución dentro del sector agropecuario para poder valorizar lo óptimo de esta operación. A la Secretaría de Agricultura se le dieron 248 millones menos. A la Secretaría de Recursos Hidráulicos 1,536 millones menos, que son las que podían realizar una obra de infraestructura de producción intensa. En cambio, a la CONASUPO se le entregaron 7,957 millones para su operación, que con un campo productivo podía abatir precios y no necesitarlos. Pero lo que en modo alguno puede justificarse, es el excedente no presupuestado entregado al Banco Nacional de Crédito Rural, de 5,166 millones. En total, apoyos y subsidios a la CONASUPO, 7,602 millones; apoyos a la banca, fondos y seguros agropecuarios, 15,577 millones; apoyos y subsidios a productos pesqueros, 844 millones; apoyos y subsidios a organismos forestales, 201 millones; apoyo al campo azucarero, 3,507 millones, otros 889 millones, en total, 28,620 millones. Del total que el gobierno destina a este sector, que es de 42,179 millones, 28,620 millones se van en apoyos y subsidios, con lo cual permanecemos dentro del contexto de ver al campo con un sentido paternalista, en lugar de crear los necesarios esquemas de producción con los que eliminaríamos estos apoyos.

Esta elocuencia de los números, nos da la oportunidad de observar hasta qué punto nuestra administración pública se sigue empeñando en mantener al campesino bajo tutela, sumida en la improductividad, la ineficacia, la ignorancia, la pobreza y la insalubridad, muy propio para dar respuesta por la afirmativa en un proceso electoral, pero muy distante de generar los niveles de producción que el país requiere. Son ellos, nuestros campesinos, los que hicieron la Revolución, y son a ellos hacia quienes menos justicia se les ha hecho . La respuesta en la productividad salta a la vista; CONASUPO en el período 1971-1975 ha realizado compras por 41,529 millones y sólo el 40% son compras internas, el resto, o sea el 60% de sus compras han sido en el extranjero fundamentalmente de maíz y trigo; no estamos en principio contra esto; si hay necesidad de alimentos, hay que traerlos de donde sea, pero si debemos cuestionarnos con seriedad; si no es al campo y al campesino hacia donde debemos canalizar recursos materiales y humanos para la producción y la justicia social en el bien común de nuestra gran comunidad nacional.

Por lo que corresponde al año que analizamos, seguimos importando arroz, leche, maíz, por 2.620,000 kilos, habiendo duplicado la importación que hicimos el año pasado; algo de trigo, grasas y aceites minerales y vegetales; sorgo donde en 1975 también duplicamos la importación de 1974, papel, cebada, etc., etc., productos que obviamente no debíamos importar si tuviéramos un campo productivo.

La participación de este sector a nuestro producto bruto interno, tuvo el siguiente comportamiento: agricultura del 3.2 en referencia a 1974 sube en 0.2 en 1975; ganadería, del 1.7 en referencia a 1974 sube en 3.5 en 1975; silvicultura, del 6.4 con referencia a 1974 baja al 0.0 en 1975; pesca, del 1.1 en referencia a 1974 sube en 3.4 en 1975, y nuestro producto bruto interno en general baja del 5.9 al 4.2. Sector Desarrollo Social. Este sector, Desarrollo Social realiza un gasto de 85,241 millones que representa un 22% en el gasto público; de recursos del gobierno 43,828 millones representados en su mayor parte por el gasto de la Secretaría de Educación y de Salubridad y por recursos propios de los organismos por 41,413 millones básicamente el Seguro Social y el ISSSTE. Contra todo lo que pudiera pensarse, los organismos estatales de este sector operan con utilidades importantes, pues tuvieron saldos favorables en su operación por 6,977 millones, quedaron representados en sus incrementos al capital contable por 6,861 millones. Estos organismos tienen activos por 42,512 millones y capitales contables por 29,450 millones, es decir, somos dueños del 69% del total de sus activos.

El Gobierno hizo transferencia al Seguro Social de 3,521 millones, pero se podía haber ahorrado, pues el Seguro Social ganó más que esa cantidad. AL ISSSTE le hizo transferencia por 3,712 millones que tampoco lo hubiera necesitado, pues ganó más o menos lo mismo.

La Lotería Nacional, lógicamente tuvo utilidades por 767 millones con su correspondiente transferencia a Salubridad en forma parcial.

Vivimos dentro de una eterna paradoja: Estos organismos del sector desarrollo - social que por su propia naturaleza podrían muy bien justificarse una enorme operación deficitaria, obtienen superávit operacional; o las cuotas que pagamos son muy altas, o el Seguro Social y el ISSSTE podrían dar mas y mejores servicios y no lo hacen así. Este

sector incluye a trabajo y previsión social al INDECO, CONACYT y otros, pero es urgente que en alguna forma se observara la operación del INFONAVIT que ha resultado un enorme fracaso.

Sector turismo: Este sector representa un gasto de 1,276 millones que en comparación del total del Sector Público es de 0.3%, cantidad tan raquítica dentro del gasto público y que la habíamos presupuestado en 1,413 millones, evidencia la falta de visión de nuestras autoridades en este concepto, que podía ser una fuente de ingreso de divisas extranjeras; dinero sano con una derrama general en interés de todos los sectores de nuestra población. Conveniente sería una nueva política que incremente el flujo de los extranjeros y nacionales.

Sector Administrativo, Defensa y Poderes. Este sector realiza un gasto de 66,924 millones, es decir, un 17% del total, por su naturaleza destina no es posible un denominador común, pues incluye el gasto de los poderes, defensa nacional e industria militar, ramos administrativos, pagos de la deuda y participación a Estado y gastos contingentes. Consideraciones que son motivo de análisis particular en otros capítulos de estos trabajos.

Basta hacer mención de las comparaciones con lo ejercido en 1974 de algunos grandes conceptos. La defensa nacional y la industria militar que habían ejercido un gasto en 1971 de 1,796 millones, suben año con año hasta representar un gasto de 4,679 millones en 1975. Consideración aprobada por la diputación de Acción Nacional, por cuanto represente una mejor forma de vida para nuestras fuerzas armadas y no simplemente privilegios especiales.

Los ramos administrativos de este sector suben el gasto de 1974 que fue de 5,735 millones a 8,233 millones.

Sector Transporte y Comunicaciones. Este sector realiza un gasto total de 35,355 millones que representa un 9% del total. Está representado por 17,604 millones del gobierno en forma de sus Secretarías de Comunicaciones, Marina, Obras Públicas, etc., y sus apoyos a las empresas. Básicamente los Ferrocarriles más 751 mil millones de recursos propios. Las empresas del Estado en este sector tuvieron pérdidas por 3,565 millones y recibieron transferencias e inversiones financieras del gobierno por 4,072 millones que quedaron representados en incrementos a sus capitales contables en 1,206 millones nada más.

Las empresas del sector transportes tienen activos por 38,875 millones y capitales contables por 23,192 millones, es decir, somos propietarios del 59% de sus activos.

En el presupuesto habíamos pensando en erogaciones por valor de 37,348 millones que no lo realizamos en su totalidad. Este sector es analizado en el área de empresas por su funcionamiento y será estudiado en el área de inversiones de las Secretarías en que podremos valorizar la obra de infraestructura.

Dentro de este sector se encuentra un apoyo para Teléfonos de México por 600 millones de pesos, que en tratándose de una empresa con utilidades bien pudiera haberse financiado sola y no parece tener justificación.

De la situación consolidada, todo el sector público de su gasto total, del total de la Deuda Pública al 31 de diciembre de 1975, sacamos la siguiente conclusión: todo el sector público representó una derrama de dinero de nuestra economía, propia de sus egresos por la cantidad de 391,146 millones que en comparación con la cifra ejercida en 1974 que fue 276,483 millones, representa un incremento del 43%.

La deuda del sector público que era de 225,847 millones sube en un 44% hasta llegar a 327,837 millones de pesos, de los cuales 219,329 millones de pesos son deuda interna y 108,508 millones son deuda externa que se duplica por las devaluaciones y nos obliga a pagar 108,682 millones de pesos de más. Muchas gracias. (Aplausos.)

El C. vicepresidente Pedro González Azcuaga: Solicito permiso para abandonar la vicepresidencia y poder hacer uso de la palabra.

El C. Presidente: Tiene la palabra el C. diputado Pedro González Azcuaga.

El C. Pedro González Uzcanga: Con su venia, señor Presidente, honorable Asamblea, señoras y señores:

En verdad, este debate trasciende el mero análisis de los datos y de las cifras, por importantes que sean, para traer a esta alta tribuna una reflexión, una confrontación, sobre los objetivos, sobre la estructura, sobre las finalidades de la política económica del Estado revolucionario.

Ha sido notable, y quiero felicitar muy sinceramente por ello a los compañeros de Acción Nacional, el esfuerzo realizado para describir, para analizar el aspecto cuantitativo, el aspecto contable de nuestra situación económica y financiera. Lo que han descrito por otra parte, no es nuevo para nosotros o para cualquiera preocupado por nuestros problemas nacionales.

Baja productividad general, no sólo en el sector público, sino baja productividad general; endeudamiento creciente; desempleo; inflación, e incluso corrupción bastante generalizada, son problemas que no se generaron en este sexenio, que no se presentaron súbitamente en 1975, sino que devienen de nuestro pasado de dependencia, que devienen de nuestra situación de subdesarrollo, que devienen del colonialismo, del imperialismo que hemos padecido.

Ante estos problemas, el tema fundamental, el verdadero tema a debate y fundamental es el criterio con el que hemos de analizar la política económica y sus frutos. ¿El criterio, empresarial quizá?, el que en términos contables nos dice que estamos endeudándonos peligrosamente, o un criterio más amplio en el que podamos observar las posibilidades y las relaciones auténticas de la política económica del Estado revolucionario con la política social y con la política del Estado revolucionario.

Parece ser que no han tomado todavía conciencia o no la han querido tomar, de que a partir de 1970 hubo un viraje significativo en la política económica del estado revolucionario; que hubo la intención definitiva de abandonar el desarrollismo estabilizador que por otra parte fue causante de la magnitud de muchos de estos problemas, para empezar por un nuevo camino de solidaridad social; por un nuevo camino de nacionalismo revolucionario; por un nuevo camino de ajuste de nuestras estructuras económicas, políticas y sociales. Ese nuevo camino que hemos recorrido no sin sobresaltos, ese nuevo camino de difícil explicación para quienes estaban acostumbrados a una estabilidad ficticia, es un camino que ha requerido de ajustes, de muy serios ajustes. Pero es el único camino que podría garantizar para el Estado revolucionario el avance con independencia y con fortalecimiento de nuestras estructuras democráticas.

Los objetivos de nuestro desarrollo económico, son sin duda políticamente, preservar, que no ha sido fácil, e históricamente así podemos comprobarlo, nuestra soberanía nacional; preservar a México como país; preservar sus instituciones democráticas; y el objetivo social de nuestro desarrollo, creo que es claro para todos nosotros, lo es sin duda obtener una vida digna y humana, para todos los mexicanos.

De 1970 a 1975, vimos y pudimos observar un esfuerzo significativo del gobierno revolucionario por ampliar su actividad para obtener una vida digna para todos los mexicanos.

Se recorrieron dos vías fundamentales; se acudió a dos formas fundamentales; por una parte, siendo el desempleo, como lo es, un problema sumamente grave en todos los países, de nuestra situación económica, a incrementar, a fomentar la actividad industrial y agropecuaria, pero, por otra parte, también el Estado mismo a generar dentro de su mismo seno el mayor número de empleos posibles, de empleos necesarios, social y productivamente necesarios, para así preservar también la tranquilidad pública.

Tomando por cierto algunos de los datos que los compañeros de Acción Nacional han señalado, de 1971 a 1975, dicen, se generaron un promedio de 300 mil empleos anuales. Esto es, millón y medio de empleos en este lapso, pero también tomando los datos del dictamen, es muy significativo localizar que el gobierno federal generó en su propio seno, de 1971 a 1975, 440,000 empleos yendo de 604,000 en 1971, a 1.444.000 en 1975. Pero hay algo en lo que vale la pena detenerse, en lo que vale la pena reflexionar, y este algo sumamente significativo, sobre todo para un país joven como es México, con nuevas generaciones emergentes, necesitadas antes que nada de educación, y esto es, que el propio Estado generó en este lapso 284,000 plazas para personal docente. Si consideramos también el apoyo dado a la Universidades y los empleos generados por el sector privado y por particulares en el área educativa, nos encontramos con que uno de cada cuatro o de cada cinco empleos generados, cuando menos, es para la educación. Qué bueno que así se incremente el gasto público y que así se utilice el dinero del pueblo. (Aplausos.)

Ante los serios, ante los graves problemas que tuvo, que tiene y que tendremos, el Estado revolucionario, y señaladamente el Presidente Echeverría, comprendió que no podía estar condicionado nuestro crecimiento a las caprichosas fluctuaciones del mercado de inversiones, que había que invertir, que había que acelerar el paso, porque el sector privado o los particulares no había entendido el ajuste necesario habían contraído gravemente a la inversión y ante estas circunstancias y la necesidad de solidaridad nacional con las grandes mayorías era necesario acelerar el gasto, dar empleos productivos, corresponder a las expectativas de la mayoría en materia de solidaridad social, en materia de empleos, en materia de educación. Los objetivos de un Estado revolucionario no pueden estar sacrificados a los intereses de una clase social. De esa clase social, la burguesía, señalada por el compañero Lujambio, que veía en la estabilidad el motivo fundamental y el objetivo primero de nuestro desarrollo económico; estabilidad en nuestra moneda, en la paridad cambiaría; estabilidad desde luego en los salarios; estabilidad en los impuestos; estabilidad en la deuda y en la relación entre lo que debemos y lo que tenemos; estabilidad en la explotación, en la miseria, en la ignorancia, porque los precios no se mantenían estables; los propios productores particulares, la propia iniciativa privada tenía que hacer ajustes significativos de precios a cada rato porque la materia prima y la tecnología importada, esa no la podrían mantener eternamente estable. Ante esa estabilidad que sacrificaba los intereses fundamentales de las grandes mayorías, hubo que decidirse por una economía dinámica, por una economía revolucionaria que comprometiera los recursos del pueblo en las causas del pueblo, no para fortalecer un capitalismo de Estado, pero tampoco para seguir llevando agua al molino del capitalismo puro por el que estábamos verdaderamente transitando. (Aplausos.)

Se ha hablado, por otra parte, se ha insistido en algunos términos que nos revelan que el verdadero enfoque que estamos teniendo sobre la economía nacional; relación costo - beneficio; relación costo de operación; relación utilidad - pérdida; necesidad de aptitud, de honestidad, capacidad de decisión técnica, funcionamiento óptimo; toda una serie de categorías tecnocráticas aplicadas seguramente con un gran éxito en el ramo de la economía privada, pero que verdaderamente se desdoran cuando tratamos sobre la economía de un Estado revolucionario, de un país en crecimiento. Se mencionó aquí también la necesidad de que algunos de los estados de cuenta, de los balances, fuesen firmados o fuesen respaldados para que los diputados pudiéramos confiar en ellos, por la firma de auditores independientes.

La intención de esto es sin duda que fuesen seguramente los bufetes, los grandes bufetes de

administración y contabilidad que hay en nuestro país, los que de alguna manera nos fueran a dar confianza sobre los resultados que nos están presentando las empresas estatales. Yo creo que todos estos bufetes de administración y contabilidad, se encuentran en una gran medida ligados, si no a la gran burguesía nacional, sí a la gran burguesía imperialista y a las empresas transnacionales. Para nosotros, los estados de cuenta que han sido aceptados y analizados por los señores diputados de la Comisión, nos inspiran confianza, confiamos en ellos más que en los testimonios ajenos. (Aplausos.)

Los egresos del sector Público han sido prolijamente analizados, y se encontró por lo que se refiere al Gobierno Federal, una desviación de exactamente el 2% con respecto al presupuesto autorizado por esta Cámara de Diputados.

Ojalá que definitivamente muchos empresas privadas, pudieran también ejercer un presupuesto con ese margen, pudieran al final de un ejercicio anual, tener una desviación de un 2% entre lo autorizado y lo ejercido.

Coincidimos por otra parte, en que algunos de los recursos canalizados fuera de la aprobación de esta Cámara, hubiera sido preferible que lo hubiera sido al sector Agropecuario. Coincidimos en que es necesaria una mejor planeación de las actividades económicas del Estado. Coincidimos en que es necesario poner coto a la corrupción, no sólo en el sector privado, sino en el sector público, en el gobierno federal y en las empresas paraestatales. Creemos que esta es una obligación urgente, no sólo de esta Cámara, sino de todas las instituciones del sector público y de todos los sectores, de todas las gentes del sistema, si no detenemos la corrupción, gravemente y difícilmente podremos seguir adelante. Pero entendemos también que esto no debe de ninguna manera detener el impulso de solidaridad social en el gasto público, que no debe detener el impulso de una economía nacionalista y revolucionaria.

Quiero señalar muy brevemente por lo que se refiere al sector paraestatal, que ha quedado suficientemente claro que en las empresas fundamentales del mismo hay una operación de una muy alta productividad, que están contribuyendo significativamente al desarrollo de México, que si no tienen utilidades como resultados finales en sus balances, sí las tienen ellos y las tenemos todos como resultado de su operación cotidiana, que si nosotros y los empresarios y los usuarios de todos estos servicios tan fundamentales, estamos siendo beneficiados por tarifas artificialmente bajas, la utilidad de estas empresas la estamos de alguna manera obteniendo todos.

Este es el sentido de la utilidad social de su funcionamiento, ojalá que así puedan seguir funcionando todas las empresas estatales. Ha habido un significativo esfuerzo en la creación de una infraestructura para promover el desarrollo industrial, para con ello facilitar la actividad de este sector privado, de esta iniciativa privada, que se lamenta una y otra vez de los cambios de política oficial pero que se beneficia una y otra vez de estos mismos cambios.

Sin duda la inversión en energéticos, la inversión en fertilizantes, la inversión en acero traerá beneficios sumamente significativos al sector privado, y dentro de 10 o 15 años podrán decirnos una vez más y llevarnos a la comparación, las empresas privadas tienen altos márgenes de utilidad, las estatales tienen pérdidas constantes. Este es el mejor sentido que pueden tener unas y otras, creo yo.

Ha habido transferencias significativas a la Comisión Federal de Electricidad, pero aquí cabe también señalar dos cuestiones fundamentales que por sí mismas siento que justificarían ante cualquier persona bien intencionada los gastos para algunos excesivos de esta empresa.

Quienes hemos recorrido el país y hemos visto la magnitud de la obra de electrificación rural, entendemos por qué ha sido, es y será necesario incrementar el apoyo del Estado a esta tarea.

Quienes de alguna manera hemos visto, también, el crecimiento de una institución oficial como la CONASUPO, que llega a los lugares mas distantes y evitar la nociva tarea de los intermediarios, entendemos que es necesario seguir apoyando esta tarea.

Y ha aparecido, finalmente, la intención; se pide que aquellas empresas que no sean de servicios públicos, sean puestas a la venta.

Sean puestas a la venta a los trabajadores, ¿y quién financiará esto? pues el sector privado, posiblemente, o en última instancia, los capitales que de primera mano pueden llegar para ir absorbiendo las empresas mexicanas:

Los capitales transnacionales. Sentimos que esto sería un error sumamente grave. Sentimos que si estas empresas fueron adquiridas en situación difícil, han sido subvencionadas, y algunas están saliendo a flote significativamente, sería una tradición al pueblo, al dinero del pueblo que se empleó para ello, que ahora fuesen graciosamente trasladadas al sector privado para que pueda obtener éste altas utilidades dentro de ellas mismas.

Y respecto a la baja productividad del sector paraestatal, hay en el dictamen un elemento, un índice significativo, que nos puede dar una orientación sobre el particular: el 11.5% del producto interno bruto, es generado, precisamente, en el sector paraestatal, el que emplea, actualmente, solamente el 4% de la población económicamente activa.

Esa es la alta productividad de este sector y su posición estratégica en el desarrollo de México.

Para finalizar, quiero expresar la solidaridad de la fricción parlamentaria de mi Partido, con el espíritu crítico de la Comisión Dictaminadora que en sus recomendaciones está señalando verdaderas vías por las que debe de transitar una economía revolucionaria. Nosotros nos solidarizamos con la intención de incrementar la participación del Estado en la economía con criterios de beneficio social, con el señalamiento de que es necesario avanzar

en los procesos de reforma fiscal y monetaria, con el fin de reestructurar la magnitud y el origen de los recursos financieros nacionales gravando en mayor proporción a quienes tengan mayor capacidad económica, mejorando la administración fiscal y ajustando las deducciones improcedentes. Estas deducciones que se fabrican en los despachos de administración que nos están recomendando para que vengan a firmar los balances de las empresas estatales. (Aplausos.)

Nos solidarizamos con la intención de mejorar sustancialmente la situación económica y financiera del sector paraestatal, eliminando los subsidios, la necesidad de vincular también los programas y los presupuestos de los organismos y las empresas paraestatales a una política de empleo, con la urgente necesidad de mejorar la administración de la entidades públicas; no podemos dejar pasar por alto este señalamiento: de ninguna manera los miembros del Partido Autentico de la Revolución Mexicana podemos estar de acuerdo en que dentro del Gobierno Federal y del sector paraestatal siga habiendo prácticas sumamente corruptas de concesiones, de contratos, cuando no se ha llegado a mencionar incluso, de venta de plazas. Esto nos parece sumamente grave, creemos que es necesario atajarlo definitivamente, y también nos solidarizamos con la recomendación final de la Comisión; creemos que es necesario revisar las disposiciones legales vigentes, sobre atribuciones del Estado en materia económica, a fin de proteger a las clases populares; fortalecer la acción responsable del Estado en las actividades económicas; alentar a los empresarios nacionales; apoyar la modernización de las unidades productivas del sector agropecuario; ejidal y de pequeños propietarios; expandir el empleo productivo, y en consecuencia, afirmar la unidad nacional. Muchas gracias. (Aplausos.)

El C. Presidente: Tiene la palabra el C. diputado Armando Labra Manjarrez, por la Comisión.

El C. Armando Labra Manjarrez: Con su venia, señor Presidente:

Antes de hacer algunos comentarios sobre la intervención del compañero Alarcón y del compañero González Azcuaga, yo quisiera referirme a dos observaciones que hizo el compañero Lujambio respecto a unas cifras que mencioné. En efecto, al referirme al crecimiento del producto bruto interno, hice una referencia a precios corrientes, pero igualmente de los demás indicadores que se comparaban de tal suerte que no es inválida la argumentación.

De otra parte, quisiera repetir - aquí está la versión taquigráfica de las palabras del compañero De Carcer - el sentido de que propone que se liquiden todos aquellos organismos y empresas estatales que no tienen características de servicio público ni de interés popular. Y eso quiero repetir porque coincido totalmente con el compañero González Azucara. No es dable la reversión al interés privado de ninguna empresa estatal, aunque no tenga ninguna relación con el servicio social, como la producción de bicicletas que mencionaba el compañero Lujambio y el compañero De Carcer.

Todas estas son empresas que han intervenido en el Estado ante la ineficiencia, la ausencia o la insuficiencia del interés privado. Se han sacrificado recursos públicos ahí, y de ninguna manera es justo desde el punto de vista social y popular regresar al esfuerzo público a intereses privados.

Y quiero aunarme al criterio del compañero González Azucara en este punto.

De otra parte, en relación a la venta de las empresas, creo que es interesante considerar que si existiesen los recursos privados para la adquisición de empresas, sería a todas luces deseable que esos recursos se canalizaran a nuevas empresas que generaran nueva producción y nuevos empleos, y no a la simple transferencia de recursos entre sectores que nada nuevo aportarían a la economía y a la sociedad en nuestro país.

De otra parte, quisiera simplemente mencionar que el compañero De Carcer habló de fortalecer el capitalismo de Estado. Eso por definición, es una contradicción, no es una categoría histórica o un concepto que es totalmente contradictorio desde todo punto de vista.

Yo en realidad, agradezco al compañero Alarcón toda la gran afluencia de datos y cifras que ha presentado, aunque un poco reiterativas con las del compañero Lujambio y el compañero De Carcer, son las mismas, porque todas ellas sirven precisamente para argumentar la tesis del dictamen. Todos estos argumentos, todas estas cifras, nos están conduciendo, en cuanto a las empresas de Estado, a considerar que sí, que están descapitalizadas. Claro; el mismo dictamen lo dice. Que es preciso revisar la política de precios. Pues sí el propio dictamen lo dice, que tienen costos crecientes derivados de las presiones inflacionarias. El propio dictamen lo dice. De suerte que yo solamente quisiera agradecer el apoyo que han venido dando los compañeros de Acción Nacional a la tesis fundamental del dictamen, y simplemente quisiera referirme a algunos conceptos que expresó el compañero Alarcón, en el sentido de los excedentes que tuvieron las empresas de servicio social como el Seguro Social y el ISSSTE, puestos remanentes que tienen, son reservas técnicas propiedad de los derechohabientes, de tal manera que no hay utilidades, y creo que también es un poco superficial la afirmación en el sentido de que el INFONAVIT es un fracaso, y creo que se debe de sustentar eso en todo caso, y de otra parte es a todas luces improcedente que el propio INFONAVIT sea controlado por la cuenta pública, porque uno es una empresa de Estado, es una empresa del pueblo directamente, de los trabajadores, de suerte que no procede su incorporación a esta cuenta pública.

Quisiera sí abundar un poco más, dado que se insistió por el compañero Alarcón, en cuanto a la rentabilidad o a la eficiencia o a la productividad de las empresas estatales.

simplemente quisiera hacer una referencia a los resultados generales de algunos sectores del sector público, subsectores del sector público en los años de la presente Administración.

Vale la pena mencionar que en el renglón de materias primas y energéticos se duplicó el ritmo de la producción petrolera, de suerte que para el presente año se llegó a más de un millón de barriles diarios, la capacidad instalada en petroquímica básica aumentó de 1.5 a 4 millones de toneladas; se duplicó también la capacidad instalada en la generación de energía eléctrica, que en este año llegará a 12 millones de kilovatios; en siderurgia, la producción de las entidades paraestatales casi se triplicó, de fines de 76 la capacidad instalada nacional llegará al doble; el valor de la producción minera del sector paraestatal se duplicó llegando a 15 mil millones de pesos y la producción de fertilizantes aumentó de 1.8 a 2 y medio millones de toneladas anuales.

Yo creo que estos son datos muy interesantes que permiten apreciar más allá del número frío el impacto de estas empresas en nuestra sociedad.

En Seguridad Social, la población amparada por entidades del sector paraestatal llegó casi a 26 millones de personas, más del doble que en 1970; las labores del sector paraestatal en materia de construcción, incluyendo casas, viviendas, aulas, laboratorios y talleres, duplicaron a las realizadas durante los 20 años anteriores.

En cuanto a subsistencias básicas los ingresos de operación del total del sistema CONASUPO pasaron de 5 mil a 35 mil millones de pesos, incrementándose la red de establecimientos distribuidores de 1,100 a 11 mil establecimientos.

Por otra parte, las ventas de productos pesqueros se cuadruplicaron y los ingresos de amplias capas de productores agrícolas, en especial de cafeticultores, cañeros y tabacaleros, mejoraron sustancialmente.

La importancia del sector público se detecta a lo largo de estos últimos cinco años en la contribución a la formación bruta de capital fijo en nuestro país, en forma de acumular 71- 75 la inversión pública representó 44.2% del total de la inversión bruta fija y su mayor dinamismo comparado con la inversión privada significó un aumento de la participación del Estado, como ya se mencionó en la otra presentación que tuve el honor de hacer en esta Asamblea. Sin embargo, hay una prolongada transferencia de recursos al resto de la economía por parte del sector estatal y hacia otros sectores básicos, el desplazamiento masivo de unos factores a otros, de riquezas provenientes de la región y del fruto de trabajo, pues en realidad lo que ha convertido al sector estatal en, desde este punto de vista limitado, eficiente; pero hay que pensar siempre en esta contribución tan importante que hace el sector público al sacrificar recursos en beneficio de los demás sectores. Aquí volvemos nuevamente a las apreciaciones del compañero Alarcón, con las cuales coincidimos, ha habido una política tarifaría de precios que consideramos equivocada, eso lo decimos también en el dictamen, pero no está por demás subrayarlo porque quizás la piedra de toque de la política económica del sector paraestatal deberá ser ahora ya no seguir subsidiando a través de precios y a través de costos artificiales, a otros sectores, como tampoco debe seguir siendo política del Estado sacrificar ingresos tributarios a través de una estructura fiscal inequitativa; beneficia a quienes más tienen y sacrifica a los mexicanos de menores ingresos.

Tengo una gran cantidad de cifras sobre la contribución de todas las empresas estatales a la economía nacional y al desarrollo social del país, y creo que sería en realidad reiterativo de mi parte, insistir en ella. Si creo que es muy importante mencionar, eso sí, que las críticas que se puedan hacer a las desviaciones presupuestales de las empresas estatales en función de lo que se presupuestó y lo que se ejerció originalmente, tiene un fondo de cierto, y cabe aquí hace algunas consideraciones al respecto.

Tenemos que reconocer que la estructura presupuestal de las empresas estatales es muy rígida, y que está diseñada, ha sido concebida para una función administrativa, no para una función industrial, y por eso vamos a encontrar siempre, y en la medida en que sea más complejo nuestro sistema industrial mayores serán las desviaciones, nos encontraremos siempre que esa rigidez presupuestal, insisto, diseñada para controlar una función administrativa, ocasiona desviaciones permanentes por parte de las operaciones industriales del Estado, y creo que bastante contribuiríamos nosotros los miembros de esta Legislatura, especialmente la Comisión de Presupuesto, y creo que valdría la pena invitar a los compañeros de todas las compañeros de todas las fracciones minoritarias de esta asamblea, para ayudar en este aspecto, mucho contribuiríamos si nos pusiéramos a trabajar en el diseño de una estructura presupuestal dinámica, programada - ya se mencionaba aquí - para las empresas estatales que permita efectivamente su control y la mejor asignación de recursos humanos físicos y financieros en esas actividades industriales, y abandonemos esta estructura administrativa bastante aniquilosada que siempre ha dado mucho material para discusión en las Cámaras, pero que no refleja en realidad la situación efectiva de las empresas.

Yo quisiera decir también que esta apreciación del déficit de las operaciones relacionadas a transportes, de las empresas que proporcionan energéticos como la Comisión Federal de Electricidad, pues es en realidad un subsidio a otros sectores de la población y aquí creo que también debemos ser muy rigurosos para evitar que dentro de la política económica que nosotros sabemos habremos de estructurar a través de los próximos presupuestos, estemos muy pendientes de tratar de abatir al máximo los subsidios y transferencias a otros sectores, sobre todo cuando son sectores minoritarios que no revierten a la comunidad el sacrificio del

erario. Y me refiero muy especificamente, aquí creo que vale la pena mencionar una cifra, a los subsidios que realiza la Comisión Federal de Electricidad. En el período 71- 75 aproximadamente la C. F. E. subsidió en más de 13 mil millones de pesos a diversos consumidores. De ese monto de subsidio, más de 4 mil millones corresponden a la llamada tarifa 12, que a su vez corresponde a 51 empresarios en México. Creo que debemos y esto ha sido superado ya por la nueva reestructuración de tarifas, pero creo que es muy importante tenerlo en cuenta para avanzar en ese sentido en las próximas medidas de política económica que nos toca participar.

Yo quisiera para terminar hacer un llamado a quienes tomen la palabra en esta tribuna, a efecto de no seguir realizando una crítica mecánica, a través de cifras que no tienen mucho significado, fría, simplemente nos está indicando un subir y bajar de indicadores que en esencia no tienen ningún proceso efectivamente, profundamente analizado.

Creo que ya está claro que esta Legislatura no es una Legislatura convencional , no es una Legislatura tradicional, no valen los argumentos que tradicionalmente se han venido acarreando por parte de la oposición a lo largo de muchos años y creo que si todos, por el respeto que nos merecemos, debemos profundizar en los elementos esenciales que nos permitan comprender los procesos efectivos, sociales, políticos y económicos que aquí estamos analizando a través de un instrumento contable que es la Cuenta Pública. Yo creo que debemos caer en la reiteración de posiciones tradicionales.

Yo creo que debemos todos aquí, los miembros de esta Legislatura, concebir una política económica a partir de este análisis de la Cuenta Pública, que en efecto nos permita lograr un avance del desarrollo democrático, popular, independiente, que evidentemente no tenemos, ya sabemos todos que no lo tenemos , que lo estamos viendo en la Cuenta Pública. Y creo más contribuiremos haciendo propuestas específicas de cómo rebasar estos problemas que con la simple reiteración de una crítica cuantitativa, mecánica y a mi juicio estéril. Muchas gracias."

El C. Presidente: Tiene la palabra el C. diputado Antonio Tenorio Adame, por la Comisión.

El C. Antonio Tenorio Adame: Señor Presidente, compañeros diputados, tomo el compromiso que deja aquí el compañero Labra.

Creo que es necesario profundizar en el análisis de la cuenta pública y no solamente emitir cifras, guarismos y estadísticas.

Ya sería un éxito que la corriente impugnadora de la Cuenta Pública asumiera una responsabilidad economista dentro del manejo de las cifras.

Propiamente hemos escuchado lo que puede ser el contabilismo, que con toda la utilidad que esto representa para el examen de los problemas sociales, se queda en la superficie; que con toda la utilidad que representa en el avance que la fracción del PAN realiza, es insuficiente.

Ha habido avances, tanto por la presentación de la Cuenta Pública, como por la discusión de este documento, que a más de situar los fenómenos económicos permiten el análisis político, pero creo que incluso el economismo puro nos impide el examen social y la penetración profunda de la situación en que se desenvuelven los hombres en sus relaciones. A ello entonces, vengo a aclarar algunas de las aseveraciones asumidas por el diputado de Acción Nacional Fausto Alarcón.

El nos dice que hay improductividad en el campo, que hay ineficiencia en el manejo de los recursos públicos, que hay una actitud paternalista por parte del Estado en relación con los campesinos. En este examen contable que nos presentó, refiere cómo ha habido secretarías que han disminuido sus partidas, y en cambio organismos que las han aumentado, y referido también las cifras que nos connotan la importancia de productos agrícolas que hemos tenido que adquirir del exterior.

Por lo que se refiere al hecho de que el Banco Agropecuario, la Banca Ejidal, la Banca Agrícola que antes de 1975 estaba dividida, nosotros tenemos que dejar asentado el avance de la integración de la Banca para ser un uso integral de los recursos, una mayor eficiencia en el manejo; de menor reducción en el costo de administración y un mejor aprovechamiento de los medios económicos a disposición de los campesinos. Pero es bueno recordar que la Banca Oficial Agropecuaria, inició sus operaciones con el Banco de Crédito Agrícola, en 1926; el Banco de Crédito Ejidal en 1936; y el Banco Nacional Agropecuario en 1965.

Los créditos otorgados a partir del inicio de sus operaciones de 1926 a 1975, prácticamente media canturía, fueron del orden de 108 mil millones de pesos.

El apoyo del gobierno federal a las operaciones de crédito, a esos 5 mil millones de pesos que se refiere de subsidio, promediados en el transcurso del tiempo en que ha operado la Banca Oficial, son solamente el 4.5%, sobre el monto total del crédito operado. Sin duda es también un subsidio, una transferencia que ha llegado a los campesinos y que ha sido utilizado para poder equilibrar su ya precaria economía. Pero debe destacarse que se realizan operaciones de crédito en regiones marginadas, donde la banca privada no entra, porque los campesinos no son sujetos de crédito.

En estas zonas marginales como Durango, Chihuahua, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tlaxcala, Oaxaca y otras, en donde la precipitación pluvial y las heladas originan que de diez cultivos que se programen, sólo se levanten tres cosechas regulares.

Además se atiende el problema henequenero de Yucatán donde en la actualidad viven 89 mil familias henequeneras y solamente hay trabajo en las actuales formas de organización social, para 35 mil familias.

Es conveniente para satisfacción de los señores diputados, del PAN, que sepan que el

ejercicio de 1975 fue examinado por un despacho de contadores privados, contadores públicos independientes, Navarro y Ceniceros, quienes emitieron un dictamen sin salvedades habiéndose publicado oportunamente en los periódicos de esta capital; documento que fue enviado a las autoridades para su aprobación.

La banca oficial en 1975 ascendió a un millón 130 mil habilitados, siendo el 90 por ciento ejidatarios y minifundistas, y una superficie de alrededor de 4 millones, 400 mil hectáreas.

Además, en cultivos básicos la participación de los campesinos minifundistas y pequeños propietarios habilitados por la banca, lleva al maíz sobre la producción total nacional, el 38 por ciento; el frijol, el 42 por ciento, en el ajonjolí, el 50 por ciento.

Son estos algunos de los datos que sirven para aclarar lo que preocupaba en esta tribuna al diputado Alarcón. Por lo que se refiere a la cifra que asigna a la CONASUPO, se tiene que la dotación de estos recursos permitió a la empresa subsidiar la venta por tonelada de maíz en $193.00, la de trigo en la misma cantidad y la de frijol en $213.00, y otros productos que aumentados en sus costos de operación llegan para el maíz a un subsidio de 1,594 millones, para el trigo 950 millones, 22 mil pesos; tenemos entonces que el subsidio que se otorga a la CONASUPO ha sido un subsidio que también sirve para que el productor agrícola mejore su precaria economía y no se deteriore.

Pero por otra parte, se atiende el consumo urbano. Durante el período considerado de 1975, las empresas filiales de CONASUPO operaron dentro de tres sectores económicos: de nuestro país: el comercial, el industrial y el de los servicios; percibió un subsidio de 294 millones 350 mil pesos, mismos que se canalizó dentro del renglón de ventas al menudeo, a la atención aproximadamente de 7 millones de mexicanos, proporcionándoles ahorros en el consumo superiores a los de 600 millones de pesos y generando más de 7,500 empleos, distribuidos en toda la República.

Hay que destacar la venta de la leche industrializada CONASUPO cuya función primordial es la de producir leche re - hidratada que requirió de un subsidio por 164 millones 257 mil pesos, originando básicamente en el precio de venta de 1.25 centavos por litro. Es esto lo que nos explica el hecho de que el Gobierno transfiera recursos, subsidios, al sector descentralizado, subsidios que se convierten en que el pueblo mexicano, las más bajas capas de poder adquisitivo puedan adquirir la leche a un precio de $1.25. (Aplausos.)

Por otro lado dentro del campo de la producción de pan, del que nutre, CONASUPO contó con su filial TRICONSA que se requirió de un subsidio de $1.873,000.00 propiciado como en el caso anterior por lo bajos precios de venta de sus productos por lo que al sector servicio se refiere en este desarrollo de sus actividades la filial de Bodegas CONASUPO.

Son estos los casos que nosotros aclaramos y dejamos limpios desde esta tribuna.

Por otra parte se refirió el diputado Alarcón al hecho de que el sector agropecuario disminuye su participación en el producto interno bruto, pero no señaló las causas, solamente impugnó, calificó, adjetivizó, que es la ineficiencia lo que ocurre en este país por lo que no somos autosuficientes en alimentos.

El fenómeno agrícola es un fenómeno complejo, está en las venas de cada mexicano, está en los sucesos de la historia de nuestro país, arranca con la fundación misma de este pueblo; no es un fenómeno simple, es un fenómeno histórico, legal, de producción, de organización y en esa razón nosotros queremos señalar que en el examen de la Cuenta Pública se hiciera un esfuerzo por explicar lo que ocurre dentro de nuestra economía a través de los desequilibrios sectoriales. Hubiera sido conveniente y eso escapó a la Comisión, que hubiéramos referido el desequilibrio sectorial de la producción, ¿por qué el campo produce con dificultades? ¿Por qué su capacidad de respuesta para emitir mayores volúmenes de producción, para un pueblo que tiene una tasa de crecimiento acelerado en su población? ¿Por qué ese sector se ve precisado a crecer con dificultades y con obstáculos? Parte de la respuesta, no podemos analizarla toda, se debe al desigual crecimiento de la economía, al desequilibrio intersectorial de nuestra propia economía; tenemos dificultades de orden natural, somos un pueblo situado en la altitud de la franja de los desiertos. Somos un pueblo que colinda con el trópico, las posibilidades de producción son difíciles, solamente un 15%, 30 millones de hectáreas son la base principal para nuestras posibilidades de desarrollo agrícola en cuanto a superficie se refiere. Y en esa geografía difícil, en esa naturaleza de comportamiento irregular, los mexicanos hemos desarrollado un gran esfuerzo que nos ha valido el mérito para poder desarrollar no solamente nuestra agricultura, sino auxiliar a los hermanos pueblos del Tercer Mundo, como es el caso del trigo y del maíz, en donde hemos elevado nuestra productividad.

Somos una economía desequilibrada donde el sector menos favorecido, el de la agricultura, tiene que pagar una cuota por su rezago y por su atraso a los otros sectores que tienen la posibilidad de capitalizar. Somos un sector agrícola que contribuye al desarrollo de los demás sectores, y sin embargo cuando los otros sectores se rezagan, cuando los otros sectores tampoco tienen crecimiento, no se hace alusiones a que dichos sectores se han rezagado o no han crecido.

¿Por qué no se hace esa connotación? Porque en el fondo hay un planteamiento ideológico, porque se quiere llevar a nuestra difícil geografía, a nuestra difícil situación de la tenencia de la tierra, heredada desde la Colonia, y en la que hemos logrado importantes avances, en la dificultad de explotar racionalmente nuestros recursos, se quiere llevar toda la responsabilidad de los fracasos, dicho así entre comillas, del crecimiento del sector agrícola, a la

responsabilidad de que es la Reforma Agraria la que no permite el crecimiento de dicho sector.

Pero en eso hay una equivocación. Nosotros sabemos que 1975 fue un año de dificultades meteorológicas, que significaron que la producción agrícola se viera afectada en un 25%. Sin embargo, hubo crecimiento en cuanto a granos y a oleaginosas que tuvieron un crecimiento del 8%, claro, dicha tasa no fue suficiente, no fue suficiente en virtud de que aparte de que tenemos demandas crecientes, también estamos modificando nuestra estructura de consumo, lo que hace que se incrementen los consumos industriales, los consumos forrajeros, ahora la industria y la ganadería, compiten con las necesidades humanas de los mexicanos.

Ha habido cambios en el uso del suelo, en el uso de los recursos, ha habido modificaciones en la estructura de producción agrícola, no obstante de los incrementos operados, nosotros reconocemos que el crecimiento ligeramente superior en la producción agrícola, no fue suficiente para satisfacer todas las demandas alimentarias de este país, pero por otra parte, lo que también es cierto es que nuestra exportación siempre ha tenido saldo favorable, quiere decir que nosotros exportamos mayor cantidad, mayor volumen, mayor valor de productos de origen agropecuario que lo que importamos. Y esto es muy importante, porque parte de la responsabilidad de la falta de crecimiento y dinamismo del sector agropecuario, se ha debido al comportamiento del mercado externo.

En 1975 a pesar de haber sido un año de inundaciones, de heladas, ciclones, también un año adverso en los precios internacionales, sobre todo para el algodón y para la carne, para la exportación de ganado en pie y la carne deshuesada que nosotros exportamos al mercado fronterizo.

Allí está explicada parte de la baja tasa que operó para ese año. Los logros que se han obtenido a través del gasto público son logros que están debidamente expresados en satisfacción de demandas satisfechas. Hay un incremento en la superficie irrigada que significa alrededor de un millón de hectáreas que han sido aprovechadas en forma óptima por la modificación de la mano del hombre al llevarle el curso líquido.

Existen cuatro millones más de mexicanos que tienen la posibilidad del agua potable, 4 millones de mexicanos que significa descenso en las enfermedades hídricas, tasa que fue sustancialmente disminuida en el período del actual gobierno.

Y este logro, este logro debe estar debidamente recogido, porque no es solamente, a más del manejo honesto, responsable y eficiente de los recursos, los resultados que tenemos con la población.

Si no hubiera un manejo adecuado de los recursos del Estado, nuestra población no hubiera mejorado su estado sanitario; no hubiera mejorado su dieta alimentaria, y eso lo vemos porque el pueblo de México, en la actualidad, consume 2,500 calorías diarias que le permiten un equilibrio en su metabolismo y una existencia digna de su condición de seres humanos. (Aplausos.)

Es importante concluir este debate que por limitaciones de tiempo necesariamente no agota las posibilidades hasta el último argumento, es conveniente solamente leer una página de quien fuera el fundador de la ciencia política.

Muchos imaginaron repúblicas y principados que no se vieron ni existieron nunca.

Hay tanta distancia entre saber cómo viven los hombres, y saber cómo deberían vivir, que quien abandona para gobernarlos el estudio de lo que se hace o el estudio de lo que sería más conveniente hacer, aprende más bien, lo que debe de producir su ruina.

Muchas gracias, señores. (Aplausos.)

El C. Presidente: Tiene la palabra el C. diputado Arturo Martínez Legorreta, por la Comisión.

El C. Arturo Martínez Legorreta: Señor Presidente; honorable asamblea: se han hecho a lo largo de las intervenciones de los CC diputados del PAN, varias referencias de orden administrativo relativas fundamentalmente al exceso de burocracia o de empleo dentro del sector público y yo quisiera en forma muy breve ilustrar a ustedes sobre algunas consideraciones del uso en las plazas aprobadas que participaron en la diferencia del gasto administrativo.

Se ha analizado ya que el presupuesto ejercido por parte del Gobierno Federal tuvo una discrepancia mínima con el presupuesto general autorizado del 2.6 y que esta diferencia se debió fundamentalmente a los aumentos habidos en los ramos de educación, de administración pública y de salubridad , amen de las aportaciones que por disposiciones de ley proporcionó a los institutos de seguridad social y a los apoyos que brindó a diversos organismos descentralizados.

Esto, como también se ha indicado revela una mejoría en las proyecciones y en el control del gasto público, pero sí es importante analizar en forma detallada, y tratando de contestar la inquietud del Partido Acción Nacional, las cifras que muestran analíticamente la situación real sobre este asunto.

En 1971 el total de plazas del Gobierno Federal en su estructura central, era de 608,992 plazas; para 1975 el ascendió a 1 millón 44,250 plazas; es decir, un incremento en números absolutos, de 435,258, cifra que para efectos explicativos, se integró en cuatro grupos fundamentales: educación y servicios asistenciales, 45%; construcción, ampliación y mantenimiento de la infraestructura, 28%; seguridad nacional, 15%; servicios de control y administración, 12%.

El análisis somero de esta cifra, nos lleva a considerar la enorme importancia en la cantidad de servicios sociales prestados en el nivel de educación impartida y también en el logro de muy importantes aspectos sanitarios y preventivos de la medicina asistencial y social. Porque es importante recordar que la inscripción en el

sistema educativo, se incrementó de 11 millones en 1970, a 15 millones en 1975.

El número de niños bilingües que asistieron a primaria este año, de 200 mil, tiene proyecciones inmediatas a cinco mil niños indígenas más que terminarán su enseñanza elemental.

La matrícula para los que asistieron a la primaria se incrementó en el sexenio, de 9.25 millones, a más de 12 millones. Y en el incremento de la contratación de maestros de primaria fue de 15,500.

Las oportunidades para que los jóvenes mexicanos asistieran a escuelas de educación superior se vio notablemente incrementada en 27,542 estudiantes. O sea que la asistencia a estas instituciones se incrementó en más del cien por ciento.

Las escuelas para trabajadores, las técnicas agropecuarias e industriales tuvieron un desarrollo importante. Tal vez la ayuda más directa al campo y la más efectiva para elevar la productividad sea esta importante acción.

De 16 mil alumnos en 1970, para este año más de 131 mil jóvenes pasaron por los talleres y los campos especializadores de estas técnicas agropecuarias.

En 1970, la mortalidad por mil habitantes era de 9.9. Para el ciclo que estamos analizando, la mortalidad por mil habitantes se redujo a 7, lo que implica una acción coordinada que no tiene precedentes no sólo en nuestra patria sino en los países más avanzados en este campo.

La población amparada por la Seguridad Social, aumentó de 11 millones que había en 1970, a 25 millones, lo que significa que han quedado incorporados a los beneficios de la seguridad social campesinos, mineros, candelilleros, apicultores, resineros, etc., y en poco tiempo más de 21 millones de mexicanos estarán protegidos por el Seguro Social, y cerca de 4 millones por el ISSSTE, dando protección a trabajadores de raya que injusta y tradicionalmente habían quedado marginados de este servicio.

Si para 1970 eran 609,000 los servicios públicos del aparato central del gobierno, y servían en aquel entonces a una población de 48 millones de personas, esto representaba el 1.2%. No es dable creer que el aparato burocrático del propio gobierno creció a niveles innecesarios para el año de 1975, ya que asciende a 1.044,000 empleados y que dio un servicio para 58 millones de habitantes representando sólo el 1.8% demostrando a las claras que creció entonces 6 décimas en el período que se analiza.

Es claro, señores diputados, que el cuidado con que siempre el Estado ha tenido para no caer en el exceso de empleos no necesarios, está implícito en las cifras que ustedes acaban de conocer. Muchas gracias." (Aplausos.)

El C. Presidente: Tiene la palabra el ciudadano diputado Héctor Ximénez González.

El C. Héctor Ximénez González: Señor Presidente, honorable Asamblea: Hace unos momentos el compañero diputado Alarcón se refirió dentro de su intervención al sector de Comunicaciones y Transportes. No estando de acuerdo como integrante de la Comisión Dictaminadora, he solicitado hacer el uso de la palabra para hacer algunas consideraciones respecto a este determinado sector.

Los argumentos a que se ha referido el diputado Alarcón pienso que parten de una premisa falsa, parten de considerar estrictamente en las empresas privadas como igualitarias de empresas públicas; con un sentido similar el señor diputado Alarcón iguala a estas empresas; pienso que es un criterio eminentemente mercantilista basado fundamentalmente en costos y beneficios, en pérdidas y ganancias.

Creo que se niegan a reconocer que las empresas del sector público constituyen servicios y como tales, no deben considerarse como fines en sí mismos, sino instrumentos para superar niveles de vida de todos los mexicanos.

Por ese motivo vengo a hacer esta intervención somera de lo que hizo el Ejecutivo en 1975 respecto al sector de comunicaciones y transportes, no debemos desconocer que el incremento demográfico y la consecuente multiplicación de núcleos urbanos y rurales, han terminado una buena expansión de las necesidades socioeconómicas del país, que conlleva al imperativo de acrecentar los medios de comunicación y transporte para mejorar el funcionamiento de su estructura. Nuestra red de comunicaciones y transportes está íntimamente vinculada al producto interno bruto y debe tener la capacidad necesaria para ser un factor importante en el desarrollo nacional. Debemos mencionar que nuestras vías de comunicación y transporte en la época del porfiriato, no fueron realizadas para propiciar nuestro desarrollo social, lo fueron para facilitar a nuestra costa el enriquecimiento de potencias extranjeras, fue en los regímenes post - revolucionarios cuando esta política cambió, cuando las carreteras, los aeropuertos, los ferrocarriles han servido y siguen sirviendo como apoyo a nuestra estructura económico - social de nuestro país.

Quisiera referirme someramente a varios de estos organismos que integran el sector de comunicaciones y transportes. El sistema ferroviario, bien es cierto y tiene razón el señor diputado Alarcón, que se maneja con índices deficitarios, pero también es cierto que nuestras vías fueron construidas a fines del siglo XIX, bien es cierto que los servicios que ha prestado Ferrocarriles, o sea el sistema ferroviario a nuestro país, es de apoyo a la industria. ¿Qué fuese de la industria si no recibiera los subsidios que a través de esta entidad del gobierno federal recibe? Bien es sabido que el transporte de las materias primas de la industria se encuentra subsidiada; bien es sabido que en un apoyo más a la industria privada, las exportaciones se encuentran igualmente subsidiadas; bien es sabido que nuestra clase más humilde es la que utiliza en toda nuestra República las vías férreas o sea el

sistema ferroviario, mejor dicho, los trenes de pasajeros.

Es cierto que es un servicio social, que eso constituye un servicio a nuestra industria, un apoyo al agro. ¿Cómo es posible que los insumos lleguen a nuestros campos y cómo regresen a nuestros centros de distribución y de consumo si no es precisamente abatiéndose los precios con el poco flete que pagan esos insumos y esos productos? Ese es el servicio que presta a nuestro desarrollo económico nuestro sistema ferroviario.

Por lo que respecta también a nuestro sistema aéreo, que ocupa como subsector un tercer lugar en nuestros medios de transportación, desarrollándose principalmente el de pasajeros. En este subsector es necesario destacar además del objetivo permanente, de elevar los niveles de seguridad en el tránsito aéreo, dos finalidades de amplio alcance: la revisión del Programa Nacional de Aeropuertos en constante confrontación con las necesidades del mercado interior, el turismo y el comercio exterior, y el apoyo a las Compañías Mexicanas Nacionales para mejorar su operación y sus resultados financieros fortaleciendo de esta manera su capacidad para fomentar el turismo.

El incremento del tráfico aéreo ha deteriorado la necesidad de ampliar, consolidar y actualizar las redes nacionales de radioayudas a la navegación aérea y de radiocomunicación, no sólo adecuándola al ritmo de crecimiento del transporte aéreo, sino a características del equipo de vuelo y del tráfico de los principales aeropuertos del país.

Aeroméxico como una empresa eminentemente estatal, también coadyuva al desarrollo de nuestro país, basta mencionar que Aeroméxico sirve a 56 poblaciones nacionales y a 12 extranjeras. También se podrá decir que Aeroméxico opera con un déficit. Creo que es indispensable mencionar que el apoyo que da a las poblaciones como son las aperturas de centros turísticos, de centros comerciales, es fundamental, eso no lo hace ninguna empresa con sentido eminentemente mercantilista, eso debe hacerlo el Estado para seguir apoyando el desarrollo y abrir nuevos polos de este mismo desarrollo en nuestra República.

Es por eso que Aeroméxico también presta un servicio fundamental para la economía de nuestro país.

Aunado a lo anterior, se realizaron las construcciones y modernizaciones de los aeropuertos, para las operaciones de largo, mediano y corto alcance, que deben de cumplir y cumplen con las normas y especificaciones para la utilización de toda clase de aeronaves. Por ello el Ejecutivo desarrolló en este renglón un esfuerzo financiero sin precedente para mejorar la infraestructura en el transporte aéreo y terrestre, equipando adecuadamente los medios para llegar a su completo objetivo.

Este crecimiento no debe ser solamente un crecimiento espectacular, sino debe ser un crecimiento y un desarrollo que implique una distribución más justa del ingreso, es decir, equitativo, armónico, tanto sectorial como geográficamente. Debe ser un crecimiento como lo está aplicando nuestro Ejecutivo eminentemente nacionalista, en el sentido de que en todo momento debe esta dirigido y controlado por mexicanos y este proceso de nacionalismo debe ser constantemente vigilado para que no se desvirtúe ni deforme ante presiones extrañas.

Los sistemas nacionales de comunicaciones y transportes están estrechamente vinculados, repito, al producto interno bruto, por eso se ha tenido siempre presente la necesidad de equilibrar la magnitud y calidad de los servicios que se ofrecen con el grado general de desarrollo del país, para lograr una mejor productividad y mantener los costos al nivel de la capacidad adquisitiva del pueblo. Para alcanzar estos propósitos se ha procurado extender los beneficios de las comunicaciones y los transportes, a los lugares más apartados del país, especialmente, a las zonas rurales; es por eso que se invirtió un gran apoyo financiero, se dio para que se triplicaran nuestras carreteras.

Por eso fue, también que se realizaron muchos caminos de mano de obra para dar empleo a muchos compatriotas que lo necesitaban; es por eso que se ha triplicado, repito, nuestras redes de comunicaciones terrestres.

En síntesis, la política del Gobierno Federal en este sector, ha concentrado sus objetivos en la planeación y en el uso óptimo en la adecuación y ampliación de su infraestructura, conforme a los requerimientos actuales y previsibles de todos sus servicios, dentro de un marco de superación social y bienestar colectivo, que hagan coincidir lo posible con lo deseable para nuestro país.

En el período 1971- 1975, la contribución del producto interno bruto de las comunicaciones y transportes, fue de 94,198 millones de pesos, de los cuales, 61,036 pertenecen a los transportes, 23,165 a las comunicaciones. La inversión pública federal, fue de 81,457 millones de pesos, las obras básicas que el Ejecutivo acordó en campos estratégicos de la actividad económica nacional, como son: los energéticos, la minería, los aceros, fertilizantes, petroquímica, no hubiese dado todo el resultado positivo que fue, sino fuere que a la par se realizaran las obras básicas de comunicaciones y transportes para la construcción de complejos industriales, abastecimiento de materia prima, insumos y para la distribución de los productos a los centros de consumo.

Por todas estas consideraciones que las cifras no manifiestan, lo positivo que se realizó en este sector por el Ejecutivo, en nombre de la Comisión solicito a la honorable asamblea, que en su oportunidad voto porque el dictamen emitido por la Comisión se apruebe en todas sus partes. (Aplausos.)

El C. Presidente: Tiene la palabra el C. diputado Jorge Garabito Martínez, para hablar en contra.

El C. Jorge Garabito Martínez: Señor Presidente, señoras y señores diputados, señoras y señores:

Hago la aclaración previa de que todo lo que yo diga se refiere exclusivamente a la Cuenta de 1975 y cualquier expresión que pudiera considerarse de actualidad, es simple coincidencia; porque el privilegio de hacer referencia a situaciones actuales, corresponde sólo a la mayoría.

Antes de entrar en materia, quiero hacer una aclaración solicitada por la maestra Navarrete, en relación a una afirmación hecha por el diputado Lujambio. El diputado Lujambio, se refería a que del presupuesto de 75, se pagaron intereses, estaban presupuestados, pagarse intereses por 13,689 millones, y se pagaron 13,720, es decir, se pagaron todos los intereses. Y estaba considerado amortizar deuda por 20,693 millones y sólo se amortizó por 9,911 es decir, hay una diferencia de más de 10 mil millones de pesos de deuda que no se pagó. Entonces, el diputado Lujambio decía: si se pagó íntegramente lo correspondiente a la deuda exterior, entonces algo dejó de cubrirse de la deuda interna.

Es cierto, y qué bueno que se mencionó la declaración del Subsecretario de Hacienda, de que nuestra deuda exterior está al día, y se ha cubierto con toda puntualidad.

Es muy bueno esto porque más o menos en el mes de abril se publicó una noticia en el sentido de que estaba atrasado el pago de la deuda. Y hace una semana se publicó la noticia en la prensa nacional en forma destacada de que en Wall Street había inquietud porque los gobiernos de México y Brasil tenían dificultades para cubrir su deuda. Y a mí me preocupa que a ellos les preocupe que el gobierno pueda cubrir sus deudas. Pero esto es de actualidad, y no he dicho nada.

Para satisfacción del compañero Labra, voy a manejar muy pocas cifras porque ciertamente hemos hecho un esfuerzo por presentar un análisis técnico de la cuenta pública, gracias a la decisión del Jefe de la Gran Comisión de entregarnos con mayor oportunidad - no toda la que tuvieron la Comisión de Presupuesto y Cuenta, conste - , pero sí tuvimos ocasión de analizar con más profundidad la cuenta pública y tratamos de presentar un análisis lo más técnico posible de esta cuenta.

Desgraciadamente no pudimos terminar nuestro contradictamen con la anticipación necesaria porque el dictamen apenas si nos lo entregaron hace 48 horas.

En el análisis político de la cuenta de 1975, sí quiero dejar muy claras estas afirmaciones: nosotros, en Acción Nacional, somos partidarios de un régimen presidencial claro, definido, fuerte; consideramos - y episodios históricos no muy recientes pero si que están presentes en la historia de México - , nos demuestran los graves inconvenientes de una dictadura parlamentaria de las situaciones en que el Congreso se excede de sus funciones y limita al Ejecutivo y nulifica los programas de gobierno, máxime que en muchas ocasiones los vaivenes parlamentarios están determinados por intereses y coaliciones minoritarias que no van siempre con los intereses primordiales de la nación.

Somos partidarios de un régimen presidencial determinado, claro, fuerte, pero dentro de las normas constitucionales. En este sentido y por ser éste el sistema establecido por la Constitución Mexicana, el Congreso tiene una importantísima función de control que es lo que estamos tratando de realizar precisamente en esta sesión.

No coincido, discrepo definitivamente, de la interpretación absolutista que se pretende dar al artículo 2o. de la Ley de Ingresos para 1975, aprobada en diciembre de 1974. Este precepto debe interpretarse dentro de los límites estrictos que marca la Constitución en el artículo 73, fracción 8a., que dice: "El Congreso tiene facultad para dar las bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos sobre el crédito de la nación, para aprobar esos mismos empréstitos y para reconocer y mandar pagar la deuda nacional. Ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos, salvo los que se realicen con propósitos de regulación monetaria. Las operaciones de conversión y los que se contraten durante alguna emergencia declarada por el Presidente de la República, en los términos del artículo 29". En consecuencia, estos son los límites de la actividad del Ejecutivo en materia de empréstitos y esta es la obligación que tiene el Congreso. El Ejecutivo, durante 1975, para no referirme al 76, en ningún momento declaró estado de emergencia que le permitiera realizar contratación de empréstitos para ese estado de emergencia; en consecuencia, los empréstitos realizados tienen que estar sujetos a las normas generales de la Constitución.

Ahora bien, de acuerdo con el presupuesto aprobado se fijó una cantidad determinada para formar parte del presupuesto proveniente de financiamiento, de deuda pública, y hay una serie de escaladas en la deuda pública, en donde el Secretario de Hacienda propone un presupuesto y nos habla de que se financiará sólo con un 10% de empréstitos. Nosotros pensamos entonces que eran 29 mil millones de pesos, pero luego resulta que parece ser que se refería sólo a empréstitos colocados en el exterior, y que en definitiva se habían aprobado empréstitos por cincuenta mil millones de pesos, pero que el Ejecutivo tuvo que ejercer por 94 mil millones de pesos según datos del Dictamen.

Esta es una de las desviaciones que nosotros tratamos de hacer notar precisamente para indicar que el Ejecutivo se excedió de sus facultades y que es obligación del Congreso controlar esas facultades del Ejecutivo para que se reduzcan a las limitaciones que la Constitución le marca.

De acuerdo con la Constitución esta Cámara tiene que aprobar los empréstitos

contratados, es decir, independientemente de la autorización dada para que se contratara empréstitos, ahora tenemos que aprobar los empréstitos contratados y una vez aprobados mandar pagar la deuda, es decir en este momento, tenemos que aprobar una deuda de $326,034 millones, según el dictamen, y $327,837 millones, la diferencia no tiene importancia según nuestras cuentas.

En la Cámara, esta es la función que le corresponde, que tiene que aprobar esa deuda de 326 millones, y mandarla pagar.

Nosotros queremos que el Ejecutivo, se limite a las facultades constitucionales, y que se ejerzan las facultades de control del Congreso, de poder vivir en un régimen de derecho y no en una dictadura.

Se nos replica que el Ejecutivo tuvo que excederse en las facultades que tenía por necesidad de atender al desarrollo del país, es decir, se sigue una filosofía determinada que es precisamente el meollo de la discrepancia, que es precisamente el meollo de la oposición.

Independientemente de lo que el Ejecutivo haya dicho o haya expresado, importa lo que el Ejecutivo realizó. Nosotros pensamos y así lo denunciamos que la filosofía seguida por el régimen ha sido simplemente la de un desarrollisimo capitalista, en la que se dio preferencia extraordinaria a la industria y se postergó los intereses prioritarios del campo.

Se dijo que se iba a impulsar el campo pero se impulsó la industria. Y los excedentes, los excesos que se realizaron sobre el presupuesto fueron precisamente para apoyar la industria.

Todavía acabamos de escuchar, hace un momento, la explicación de que el retroceso en el sector agropecuario se debe a los malos elementos climáticos, al mal cielo que tiene México; de nuevo el dios Tlaloc se presenta contra los intereses del pueblo mexicano.

La verdad es, y nosotros los sentimos así, que durante muchos años el campo estuvo financiando a la industria, que gracias a la postergación del campo creció la industria y que es hora de que se reviertan definitivamente, los terrenos.

Nosotros postergamos una filosofía social de solidaridad que permita elevar el nivel de vida de los campesinos, incluso disminuyendo el nivel industrial, porque es preferible deje de crecer el país, a seguir creciendo en esta forma dispareja, en un México elitista, privilegiado y capitalista a la sombra del poder, va creciendo desmesuradamente y dejando muy atrás al México pobre, marginado, depauperado, que vive en el campo y en los cinturones de miseria.

Es necesario que se defina lo que es economía mixta, porque se habla mucho de economía mixta, y economía mixta es lo mismo puede ser uno por ciento de actividad privada y 99% de actividad estatal; se habla de economía mixta, que es lo mismo puede ser una simple yuxtaposición de sectores económicos que viven bajo una convivencia de terror o de retraimiento o de denuncia por parte del sector privado y de avance individual en áreas que no le corresponde del sector estatal.

Cuando se habla de las empresas de Estado y nos apuntamos la necesidad de que se defina el campo y los límites de la actividad estatal y de la actividad privada, y que se liquiden aquellas empresas que no tienen una función social y que solamente son una carga para el sector público, se está ya aquí, estableciendo un tabú, no se puede hablar de privatización de empresas que están en el sector público, porque es atentar contra toda una filosofía, sí, contra la filosofía del capitalismo estatal que es la que sustenta el régimen actual.

Yo veo que en otros países en que se nacionalizan y se estatizan determinadas industrias, cuando su operación lo hace conveniente, se privatizan determinados aspectos de ellas; sin que cause ningún asombro ni ninguna zozobra en el pueblo.

Nosotros pensamos que economía mixta no es la simple yuxtaposición de actividades económicas del sector estatal y del sector privado en una convivencia de miedo, terror y amenazas. Nosotros pensamos que la economía mixta es el comprendió, la mezcla, la organización de todas las actividades económicas del país, en un programa perfectamente establecido, en que haya una solidaridad de intereses, en que el Estado, no como propietario, sino como rector, como director de la economía, oriente y fije los límites de la actividad estatal, de la actividad privada, teniendo como meta esencial el bien público de México.

No es un simple afán de oposición el de los diputados de Acción Nacional, cuando mencionamos las deficiencias del sector paraestatal.

Nos interesa con mucho que las empresas del Estado funcionen con eficiencia.

Reconocemos la enorme importancia que para la economía del país tiene la empresa número uno que es Petróleos Mexicanos. Sobre Petróleos Mexicanos se basa gran parte de la economía. Es un enorme pilar de la economía, por su trascendencia en la industria, por sus consecuencias dentro de la economía, como aportador de impuestos, como causante que es, que debe aportar sus impuestos al Estado.

Mucho se ha hablado aquí de Petróleos Mexicanos. Simplemente con un afán de superación; exclusivamente con un afán de superación, quiero hacer referencia a estos datos.

En 1975 Petróleos Mexicanos ocupó 85 mil trabajadores, siendo la tercera empresa en el mundo en el número de trabajadores ocupados, ya que la primera fue la de Royal Dodge, con 161 mil trabajadores, y la italiana con 99,000 trabajadores. La siguen en número menor de trabajadores empresas que desde el punto de vista de su volumen de producción son mucho más importantes que Petróleos Mexicanos, como la Bristol Petroleum Iranium, Oil, Petro Brass del Brasil, Yacimientos Petrolíferos Argentinos, la compañía francesa de Petróleo, que tiene 44,000 trabajadores, etc. El hecho de que ocupemos el tercer lugar en

el mundo en número de trabajadores empleados, debiera ser índice del tamaño de nuestra empresa, que sin embargo, ocupa el décimo segundo lugar en importancia de ventas. Mientras la Royal Dutch Streel vende 32,000 millones de pesos al año, PEMEX y perdón por la cifra actual - , está alcanzando apenas los tres mil millones de dólares.

Las utilidades que obtiene Petróleos Mexicanos son también muy bajas: mientras las personas obtienen utilidades de 89 centavos por cada peso que venden, Petróleos Mexicanos apenas obtiene nueve décimas de centavo por cada peso que venden, y el rendimiento es también muy bajo: mientras los árabes obtienen un rendimiento anual de 356,000 dólares por obrero, Petróleos Mexicanos obtiene 37,000 dólares por obrero.

Estamos, pues, muy lejos de alcanzar niveles satisfactorios en la operación de nuestras principales empresas del sector público. Para no referirme a Ferrocarriles, que opera con una pérdida de 9 millones de pesos diarios, ni a la Comisión Federal de Electricidad que está en quiebra, que su pasivo supera a sus activos, y que tiene dificultades para pagar sus intereses; para no referirnos a la siderúrgica Las Truchas, que ha sido planeada definitivamente como empresa deficitaria, y simplemente para competir, no para colaborar, no para complementar a la industria siderúrgica, sino para competir con ella.

Las Truchas que se planteó a un costo de 6 mil millones de pesos, se viene terminando la primera etapa, a un costo superior a los 11 mil millones, para producir apenas un millón y medio de toneladas de alambrón.

Cuando la industria siderúrgica nacional ya está produciendo alambrón suficiente para satisfacer las necesidades del país, y ahora Las Truchas tiene el problema de mercado, de dónde colocar el alambrón que va a producir, cuando lo necesitamos.

El C. Presidente: Se le informa al orador que le quedan dos minutos.

El C. Jorge Garabito: En dos minutos termino, señor Presidente. La Deuda Pública a la que tanto se hizo referencia aquí es un problema muy grave, pero yo quiero destacar simplemente estos dos aspectos: La filosofía del régimen ha sido simplemente de endeudamiento, no ha habido la menor intención de pagar, se endeuda por un año y al año siguiente se endeuda por una cantidad mayor para cubrir la amortización y tener una deuda mayor. ¿A dónde nos va a llevar esta filosofía? Pero por último, discrepo profundamente de las expresiones de la maestra Navarrete cuando dijo que la deuda interna no tiene mayor importancia más que el problema de los intereses y que lo único preocupante es la deuda externa; discrepo porque tiene una trascendencia enorme, la deuda interna es simplemente la desviación de grandes volúmenes de capital que se toma del sector privado para manejarlos el Estado y manejarlos, como lo dijo la maestra Navarrete, garantizando a los banqueros el pago de intereses. La deuda interna, señores diputados significa sencillamente que el Estado, socio de los capitalistas banqueros que son los acreedores y los dueños del capital, el Estado es simplemente administrador de ese enorme volumen de capital, y los capitalistas deben estar muy tranquilos porque sus intereses están garantizados y les serán pagados puntualmente como hemos visto, y en cuanto la deuda exterior, es colonialismo y dependencia, y yo estoy totalmente en contra de la inversión extranjera directa que a estas fechas nos ha descapitalizado porque salen más dólares de los que entrán, según informes del Banco de México. Es todo. (Aplausos.)

El C. Presidente: Tiene la palabra el C. diputado Héctor Ramírez Cuéllar, para hablar en pro.

El C. Héctor Ramírez Cuéllar: Señor Presidente, compañeros diputados. La fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional desea felicitar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública por el trabajo colectivo realizado a efecto de sistematizar el amplio contenido de las finanzas del Estado, aspecto esencial que interesa al pueblo.

En el examen de la actual situación internacional, el dictamen señala las características más graves de esta nueva crisis económica, sin embargo deseamos afirmar que se trata de una crisis del sistema capitalista mundial y no de los países industrializados en general. Los países socialistas no conocen ni han conocido la inflación, la recesión económica o el desempleo.

Ya en otras ocasiones hemos examinado que los países socialistas especialmente la Unión Soviética, supera la producción industrial conjunta de los países capitalistas y han logrado participar en forma más decisiva en la economía internacional.

En 1974 se registró la recesión económica más grave del sistema capitalista en los últimos 30 años y esta situación repercutió desfavorablemente en la economía nacional, la que sólo creció el año pasado en 4.2% en tanto que en 72 había crecido el 7.5% y en 73 el 7.6%.

Este gobierno se caracterizó por una particular política para atraer recursos financieros del exterior a efecto de promover importantes programas de desarrollo económico.

Los países de América Latina han tenido una incapacidad histórica de movilizar importantes recursos financieros de origen interno para impulsar el progreso económico con sentido equitativo y de independencia. La situación de dependencia económica de nuestro país, ha generado una gigantesca deuda externa que afecta seriamente la soberanía y autonomía. Este nivel de dependencia se ha agravado por las condiciones extremadamente desfavorables y con que se otorgan los créditos internacionales y por el uso improductivo que muchas veces se dan a éstos recursos.

Los países capitalistas industrializados y las agencias financieras internacionales dominadas por el imperialismo, han alardeado siempre sobre la supuesta ayuda exterior que presta a los países en vías de desarrollo.

Por los hechos económicos demuestran que no existe tal benevolencia. El 23 de octubre próximo pasado el Presidente de la Cámara Americana de Comercio, violando la soberanía nacional declaraba a la prensa nacional al referirse a la devaluación del 31 de agosto que las causas esenciales de esta medida, habían sido el excesivo gasto público y la enorme cantidad de circulante monetario.

El día 3 de ese mismo mes el Director General del Fondo Monetario Internacional, Johannes Witheen, declaró en Manila, Filipinas que la devaluación se había debido al fuerte déficit presupuestal del gobierno federal.

Obsérvese que en el transcurso de esta sesión, las opiniones de la diputación del partido Acción Nacional, han coincidido con los diagnósticos económicos de estos representantes de las agencias financieras del imperialismo.

Desde luego, no han señalado para nada la incidencia que ha provocado en la devaluación, el proceso de descapitalización que experimentó el país en los últimos años.

La solución para las entidades internacionales dominadas por el imperialismo y para el Partido Acción Nacional, es obvia: Limitar y restringir el Gasto Público.

Ciertamente, ha existido un incremento en el circulante monetario, pero este circulante no puede adjudicarse, en relación estrecha y directa, entre la expansión del gasto público y este circulante.

Se pretende ocultar que en gran medida, la inflación y la devaluación en nuestro país, tuvo un carácter estrictamente especulativo.

Hace 5 días, el periódico New York Times informó que el Fondo Monetario Internacional, condicionaría la mitad del reciente empréstito de 800 millones a la necesidad de que José López Portillo reduzca drásticamente el gasto público, y regrese a la empresa privada, muchas empresas estatales que operan con pérdidas, para reducir la población excesiva ocupada en el Sector Público.

Ya resultan muchas coincidencias programáticas entre el Partido Acción Nacional y las tesis del Fondo Monetario Internacional.

Este esquema ya ha sido aplicado con éxito en Chile y en otros países en donde se ha producido un grave proceso de desnacionalización total de la economía, habiendo trasladado distintas actividades fundamentales y de carácter secundario a los particulares, y en consecuencia al imperialismo; este modelo de desarrollo económico, que propugna el Fondo Monetario Internacional, y el Partido Acción Nacional, ha sido ya repudiado por el pueblo de México.

Entidades financieras de corte imperialista como las ya señaladas agregando al Banco Mundial y al Banco Interamericano de Desarrollo, cuyo accionista mayoritario es el Gobierno de los Estados Unidos, y que por lo tanto ejerce el derecho de veto que significa la posibilidad de su orientación fundamental, afirma experimentar una grave carencia de recursos económicos para satisfacer las exigencias de los países en vías de desarrollo.

En 1975 los Estados Unidos sólo destinaron para la asistencia al desarrollo el 0.27% de su producto nacional bruto. Los fondos de la Agencia Internacional para el Desarrollo, organismo encargado de aprobar distintos programas de ayuda financiera, ya se han consumado, y los países capitalistas se niegan a reponer , o por lo menos a aumentar esos recursos. El Banco Mundial continúa otorgando empréstitos al 8.9% anual, obligando a los países solicitantes a informar periódicamente sobre su estado económico general imponiendo, además, programas y medidas de política económica no aprobadas por los pueblos y por sus órganos representativos. En este aspecto, se está aplicando una doble política: por un lado escasean los créditos imponiendo medidas de austeridad económica, tratando de reducir los gastos del Estado y creando condiciones más favorables para la inversión de sus monopolios.

La deuda externa del llamado Tercer Mundo, ascendió en 1975, a 200 mil millones de dólares y el déficit de su Balanza de Pago, fue de más de 40 mil millones de dólares.

La elevación de los precios energéticos y de los alimentos, ha hecho más grave aún la situación de los países que no los producen.

En el mundo capitalista, los Estados Unidos, la República Federal Alemana, Gran Bretaña y Japón, son los principales exportadores de los bienes de capital que se requieren para promover la industrialización y la modernización de la agricultura.

Algunos ideólogos, al servicio de la dominación imperialista, han difundido la tesis de que los países en vías de desarrollo, están condenados al endeudamiento externo perpetuo y creciente, a continuar siendo países exportadores de materias primas, o a consolidar la situación de zonas de reservas alimenticias, y de metales industriales.

Más recientemente, el imperialismo ha promovido las recetas neoliberales de la escuela de Chicago que proclama la vuelta al carácter indiferente del Estado, respecto de la vida económica. La entrega de las empresas propiedad del Estado a los particulares, o directamente al capital extranjero, y a la utilización de los instrumentos monetarios, al margen de los otros mecanismos de la economía nacional y extranjera, otorgando condiciones excepcionales de seguridad, de tranquilidad para la inversión productiva.

Estas afirmaciones encuentran eco en nuestro país en distintos representantes ideológicos de la burguesía reaccionaria, e incluso en altos funcionarios Mi partido condena en consecuencia, estas tesis que tienen la finalidad esencial de hacer volver al país a etapas ya superadas.

Este proyecto económico - social del imperialismo y de sus aliados nacionales, pretende perpetuar la dominación, imperialista, mantener intactas las altas utilidades de las empresas privadas, nacionales y extranjeras, y continuar incrementando el proceso de descapitalización de la economía.

En tanto, ha crecido notablemente la deuda externa, las necesidades económicas y sociales del pueblo observaron un crecimiento sobresaliente y que han requerido volúmenes crecientes de financiamiento.

Se presentó una disyuntiva: o se posponen indefinidamente las exigencias y las necesidades sociales de las empresas estatales, o se recurre al financiamiento externo ante la negativa de poner en marcha una auténtica y profunda reforma fiscal.

Con frecuencia se examina el endeudamiento externo como un fenómeno aislado del resto de los otros factores de la dominación. Estos factores son de carácter objetivo porque son los que se derivan del atraso y de la insuficiencia de la estructura económica y de la explotación histórica que nuestros recursos naturales y humanos ha impuesto el imperialismo a nuestro pueblo.

Las zonas de la agricultura moderna de Sonora y Sinaloa se han dedicado fundamentalmente a la exportación hacia el mercado de los Estados Unidos. Por ello, estos agricultores capitalistas han desarrollado una mayor lealtad hacia el imperialismo porque nunca han pensado en satifacer un mercado nacional tan importante como el nuestro. Los fértiles Valles del Yaqui y del Mayo han sido con los Estados Unidos como zonas de reservas alimenticias para su economía. Naturalmente el imperialismo está interesado en continuar incrementando la deuda externa de los países en vías de desarrollo, porque de esta manera continúa asegurando mercados para sus inversiones y para una explotación exhaustiva de los recursos naturales y humanos. La causa central del creciente endeudamiento externo del país ha sido la necesidad imperiosa de adquirir equipos y maquinaria para promover la industrialización nacional con sentido popular, para fortalecer la capacidad financiera de las empresas estatales y para desarrollar las regiones más pobres del país. Durante 30 años la industria privada nacional y extranjera fue protegida y estimulada por el Estado, para satifacer el mercado interno y para competir con dignidad en el exterior. Ahora podemos hacer el balance objetivo de que estas finalidades no se han cumplido plenamente.

Durante muchos años el Estado casi les regaló el petróleo, la energía eléctrica, los fletes del transporte, la tranquilidad social y sindical; y en cambio, la inversión privada ha evolucionado en los últimos años. Por ello resultan absurdas las exigencias para recuperar la "confianza", la "credibilidad", a efecto de estimular la inversión productiva generadora de empresas. Con frecuencia declaramos con satisfacción que México es un firme sujeto de crédito internacional, pero olvidamos que el país experimenta una gigantesca y permanente descapitalización por la salida de remesas de las empresas extranjeras, por pagos de regalías o de uso de la tecnología, los precios de los artículos que importa México se han elevado notablemente en el mercado internacional, lo que ha agravado el déficit de la balanza comercial; la falta de desarrollo de la industria pesada ha hecho crisis en los últimos años ante la necesidad imperiosa de promover el desarrollo de la industria petrolera y de la energía eléctrica, el país tuvo que recurrir a crecientes y costosísimas importaciones. Esta situación lesiva para industrias tales como la química, la petroquímica, textil, de la construcción y del calzado, que elevaron sus costos nacionales ante los crecientes valores de los artículos importados. Mi partido considera que el Estado debe asumir con responsabilidad y decisión la promoción de la industria pesada, real columna de la independencia económica de cualquier país. Ya existe la base material para ello: autosuficiencia en materia de energéticos, de energía eléctrica y de acero.

Quienes censuran el nivel de endeudamiento del sector público pretenden hacer olvidar distintas deformaciones estructurales que tiene la economía nacional, en las cuales la llamada Iniciativa Privada tiene una gran responsabilidad histórica.

Para mi partido, la obtención de recursos financieros externos no puede considerarse como un sustituto de la necesidad nacional de obligar al sector privado a invertir en actividades realmente productivas generadoras de empleo, de reducir los graves extremos de la concentración de la riqueza nacional, y de hacer menos inequitativa la estructura tributaria del país.

La ausencia de una auténtica reforma fiscal, ha impulsado al sector público a buscar niveles crecientes de endeudamiento externo que en 1974 constituyeron el 33% del gasto total, y en 1975 el 23%.

El endeudamiento neto del sector público federal, acumulado durante los años de 1971 a 1975, fue de 216,786 millones de pesos.

La colocación de empréstitos del Gobierno Federal y del Sector Paraestatal, aumentó de 27,598 millones en 1971 a una cifra aproximada de 130,606 millones en 1975. La obtención de recursos del crédito externo, hace aumentar notablemente los ingresos del gobierno federal durante el período 1971- 75, lo que permitió hacer frente a problemas tales como la autosuficiencia en materia de energéticos y de alimentos.

Este aumento considerable de la deuda externa se aleja del propósito patriótico de continuar captando recursos en el interior del país. No somos enemigos de concertar créditos en el exterior, sino que éstos créditos deben guardar proporción equilibrada respecto de los recursos internos. Una política indiscriminada en esta materia, es más peligrosa aun si tomamos en cuenta las imposiciones funestas de las autoridades del Fondo Monetario Internacional.

Ahora mismo se exige al Presidente López Portillo cambios radicales en la política económica: reducción drástica del gasto público, restricción de la demanda, congelación de salarios, decrecimiento del sector estatal, sobre la base de su supuesta inoperancia o ineficiencia.

Nosotros deseamos señalar una vez más la similitud de las críticas fundamentales del Partido Acción Nacional y las proposiciones programáticas del Fondo Monetario Internacional. ¿A qué se reducen estas impugnaciones?: a quebrantar la intervención del Estado en el proceso económico. En tanto el Fondo Monetario Internacional otorga ayuda financiera abundante a los regímenes reaccionarios de Chile, Brasil, Argentina y otros, ejerce presiones internas y externas, que son verdaderamente inadmisibles para el pueblo de México.

En los últimos 30 años se han formado en nuestro país poderosos grupos financieros como el grupo Monterrey, que durante el gobierno de Lázaro Cárdenas tenía recursos realmente modestos y hoy controla más de 200 empresas, entre ellas el monopolio de concesiones llamado TELEVISA, S. A., y que tiene activos superiores por más de 50 mil millones de pesos.

Mientras el Estado recurría al endeudamiento externo y al incremento notable de la inversión pública, se experimentaba una fuerte retracción de la inversión privada y una despiadada descapitalización.

En tanto el Gobierno Federal adquiría compromisos económicos en el exterior para fortalecer la industria petrolera o para impulsar la productividad en el campo, la mayoría de la Iniciativa Privada invertía en el renglón de bienes raíces, en artículos suntuarios, innecesarios en el comercio o en viajes de placer.

La presencia del Estado en proceso económico fue realmente significativo en los últimos años.

Se incrementó la participación del Sector Público en el producto interno bruto; el Sector paraestatal, a pesar de que sólo emplea el 14% de la población económicamente activa, generó el 11.5% del producto interno bruto, reafirmando la utilidad social y popular de las empresas estatales y organismos descentralizados.

El déficit financiero del Sector Público se agudizó ante la prevalencia de tarifas y precios especiales para la industria, la agricultura y el comercio, que, por su parte, aumentó sensiblemente sus precios.

En la lucha por la conducción de la economía fue justificado el aumento a los precios de los energéticos, para que se restableciera la competitividad de las empresas estatales frente al sector privado y frente al imperialismo.

El déficit financiero del sector paraestatal creció en forma conjunta en 168% hasta 1975, lo que obliga a buscar una mayor rentabilidad social de esas empresas, a mejorar y consolidar su situación financiera, y asentar las bases para un desarrollo ulterior más impetuoso.

Este déficit no puede continuar recayendo sobre los ingresos del Gobierno Federal, sino que se necesita imponer una estructura de tarifas que incidan básicamente en las grandes empresas privadas, nacionales y extranjeras. Mi partido considera que ha llegado el momento de liquidar el parasitismo económico de la empresa privada, que en conjunto, en los últimos días ha demostrado que impulsa un proyecto político - social contrario al programa de la Revolución Mexicana.

Del total del endeudamiento neto del sector público, que hasta el 31 de diciembre ascenderá a 326 mil 34 millones de pesos en 66% correspondiente al Gobierno Federal y el 33% a las empresas estatales y organismos descentralizados.

Los niveles de endeudamiento de este subsector de mayor importancia se registran en el sector eléctrico. Petróleos Mexicanos y Ferrocarriles Nacionales de México.

De las principales aportaciones y subsidios del Gobierno Federal se destacan las proporcionadas a la CONASUPO, al Complejo Industrial Sahagún y al Sistema de Seguridad Social. Todo esto indica que los recursos externos, se destinaron, básicamente, a impulsar el desarrollo de las actividades fundamentales de al economía nacional. En consecuencia, no se puede combatir el endeudamiento externo, o el déficit presupuestal, sin señalar sus repercusiones en la economía nacional. Lo que importa realmente de los créditos externos, es en qué condiciones se obtienen en las entidades bancarias: en qué ramas de la economía se invierte, y con qué resultados económicos y sociales. Por ello, resulta absurdo preconizar una política de austeridad económica, y de reducción del gasto público, en un país como México en el que sólo conocen el derroche y el despilfarro, un reducido y privilegiado sector social. Y antes bien, el pueblo de México en general, conoce insuficiencias, carencias y traiciones políticas.

La austeridad la deben observar los grandes industriales, banqueros, comerciantes, terratenientes y los funcionarios y políticos enriquecidos.

¿Como se le puede pedir austeridad a millones de mexicanos que no tienen empleo estable y bien remunerado, que ven con indignación cómo los salarios están siendo erosionados por la inflación y la especulación a los desnutridos permanentes y a quienes no tienen acceso a los más elementales beneficios del desarrollo del mundo moderno? En un país capitalista como el nuestro constituye una auténtica utopía conquistar el objetivo de un presupuesto equilibrado; progreso que sólo conocen los países socialistas.

Estamos de acuerdo en la disciplina en el gasto público, en la racionalidad y en la planeación de su estructura, evitando la pérdida o el uso incorrecto de los recursos económicos que con su trabajo crea el pueblo.

Las restricciones deben observarse en las actividades de carácter secundario, pero de ninguna manera en las actividades de carácter secundario, pero de ninguna manera en las actividades fundamentales de la economía nacional.

Las diferencias y variaciones en el gasto público no fueron de ninguna manera la causa esencial de la inflación y de la devaluación, como afirman los diputados del Partido Acción

Nacional. Esta tiene que buscarse en el proceso de descapitalización que el país ha sufrido en el último decenio.

El C Presidente: Me permito informarle al orador que se le ha agotado el término reglamentario.

El C. Héctor Ramírez Cuéllar: Le ruego que me permita continuar.

El C. Presidente: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se le permite al orador en turno continuar en el uso de la palabra.

- El C. secretario J. Refugio Mar de la Rosa:

Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a la Asamblea si se le da oportunidad al orador de terminar con el tema...Aprobado.

El C. Héctor Ramírez Cuéllar: El sector público tiene responsabilidad en estos trágicos fenómenos económicos, no por lo que hace en la vida económica, sino por las acciones que no implementó o por las medidas que no tomó.

Mi partido considera que México debe dejar de ser una región paradisíaca y libérrima para el capital extranjero y para el libre cambio de acciones y divisas. Un país absolutamente ajeno a los mecanismos de control, de intercambio de divisas, es casi una excepción en el mundo moderno, y esta excepción ha sido negativa para el pueblo y para la nación. Dejar que se fije la paridad de nuestra moneda al libre juego de los grupos económicos y financieros, ha propiciado una grave agresión de los especuladores y de los hambreadores contra el pueblo. Sin la intervención del Estado, ha regido en las últimas semanas la ley de la máxima ganancia con el menor tiempo posible y al menor esfuerzo en las instituciones de la Banca Privada y en la Bolsa de Valores. Por ello, saludamos la decisión de restringir la compraventa.

Este control debe llevarse hasta sus últimas consecuencias, abarcando las fugas de capital que producen las empresas extranjeras en las regalías y pagos en el exterior y en las transacciones fronterizas. Debemos señalar también que mientras aquellas empresas coludidas con las privadas nacionales, se lamentaban que en México existía un estado de turbulencia social y política, como afirmó el 30 de octubre el Presidente de la Cámara Americana de Comercio, por otra parte, obtenían las utilidades más altas de la historia reciente, incluso durante los años más difíciles de la economía internacional y nacional.

La actual legislación en la materia ha sido un progreso sensible: ahora el pueblo reclama reglamentar las utilidades y la reinversión de esas empresas.

El Partido Popular Socialista, observa con entusiasmo patriótico el comportamiento positivo de la inversión pública en la economía nacional; en 1965 representó el 38% de la inversión total y en 1975 se elevó hasta el 51%; en tanto la inversión privada en 1965 aportó el 61% y en 1973 llegó al 48%, es decir, la inversión pública consolidó su posición de palanca fundamental del desarrollo económico. Este es el fondo más profundo de los ataques al Presidente Echeverría y la política desestabilizadora que han impulsado recientemente los grupos económicos y políticos más reaccionarios. Por ello, también exigen una drástica reducción en el gasto público a efecto de que se vuelva a la situación prevaleciente en 1965. La inversión pública se ha canalizado a las actividades básicas de la economía nacional, a las que ni por asomo puede concurrir la burguesía reaccionaria. Esta burguesía es, por lo demás, de las más atrasadas del mundo desde el punto de vista ideológico; ha perdido para siempre, o quizá nunca lo ha tenido, el espíritu emprendedor y modernizador que caracterizó a la burguesía durante su etapa de ascenso en Europa. La clasificación de los egresos del Gobierno Federal muestra que se favorecieron básicamente las actividades del fomento económico, la protección social, la promoción de las actividades industriales y de energía eléctrica, en el aspecto de los servicios culturales, se estimuló la enseñanza primaria, secundaria, superior, y la construcción de edificios escolares.

En el renglón de la Salubridad, se destacan las aportaciones a los servicios hospitalarios y a la construcción de hospitales. En cuanto al bienestar y seguridad social, deben señalarse las aportaciones del Gobierno Federal al Seguro Social y a los Servicios Médicos.

En el Ejército y la Armada sobresalen los gastos en haberes y remuneraciones del personal. En cuanto a la transferencia de recursos deben señalarse las otorgadas para modernizar el sistema de los Ferrocarriles Nacionales de México y el incremento notable en la inversión en las telecomunicaciones.

En el fomento Agropecuario, se observa un salto financiero realmente significativo, producto de la necesidad de asegurar el abastecimiento alimenticio del país. En efecto, mientras en 1970 apenas se invirtió el 6% del presupuesto, en 1975 llegó al 19%.

Mi partido desea resaltar los importantes esfuerzos del Gobierno Federal para unificar la Banca Agrícola del país, organizar la producción selectiva de la tierra y reiniciar la lucha contra el latifundismo abierto y simulado.

El déficit financiero del Gobierno Federal en 1975 asciende a 48,574 millones de pesos; el total del gasto público fue de 391,146 millones, esto es un aumento del 12% respecto de lo presupuestado.

Examinando la designación de estos egresos, observamos que la inversión en el sector industrial constituyó el 41.5% de la inversión pública, las principales variaciones del presupuesto se observaron en educación, en el bienestar y seguridad social, en la administración pública y en las obras públicas. Se observa, ciertamente, un crecimiento sostenido del déficit presupuestal, pero esto no puede considerarse como desastroso para el país, tomando en cuenta las repercusiones económicas y sociales que ha generado la ampliación de la inversión pública.

A propósito de las afirmaciones del señor diputado Garabito, que considera que el

énfasis debe otorgarse al sector agropecuario, nuestro partido desea señalar que no existe país en el mundo que base un progreso, un desarrollo independiente y democrático, sobre la base de la producción agrícola. Lo fundamental, para promover la independencia económica de un país, es la formación de la industria de bienes de capital, de la industria pesada.

Naturalmente que existe una relación dialéctica entre la agricultura y la industria, la agricultura genera alimentos y materias primas para la industria pero el énfasis observado en la inversión en el sector industrial debe continuar fortaleciéndose porque sólo promoviendo la industrialización nacional puede el país progresar con justicia social e independencia.

El Estado no puede ser rector de la economía si no es precisamente propietario o empresario; no vemos cómo el Estado pueda tener este carácter rector si no asume el papel fundamental en la economía nacional.

Este carácter rector sería simplemente indicativo por lo que consideramos que la inversión pública debe continuar aumentando hasta el único límite, el de las necesidades sociales del país.

Durante el régimen del Presidente Echeverría observamos importantes progresos en la estructura de los ingresos directos del sector público que pese a las recientes medidas de política fiscal aun la estructura tributaria del país siguió siendo de las más bajas del mundo.

Proporcionalmente el factor trabajo ha hecho las aportaciones más significativas a los ingresos del Gobierno Federal. PEMEX, por encima de todo, continuó siendo el principal contribuyente del Estado. Ahora, la política tributaria que antes pretendía incrementar el ahorro y estimular la inversión debe tener una finalidad distinta.

Establecer impuestos progresivos al capital y a las utilidades, principalmente las que se derivan de la inflación y de la especulación.

Mi partido considera que en la actual etapa de reajuste económico que vive el país, es necesario continuar fortaleciendo la autonomía financiera del Gobierno Federal y del Sector Paraestatal; canalizar los recursos externos hacia las actividades productivas fundamentales; continuar impulsando el desarrollo de los energéticos y de los alimentos; promover la ampliación del gasto público, en virtud del sensible crecimiento de las necesidades sociales; aplicar rígidos controles de precios de compraventa de divisas, evitando la fuga de capitales; diversificar las líneas de crédito internacional, buscando condiciones menos desfavorables y diversificar también el comercio exterior. Reforma Fiscal auténtica, profunda, redistribuidora de la riqueza nacional; eliminación de los puestos públicos, de los funcionarios educados por el Fondo Monetario Internacional y por la Escuela Chicago, reestructuración general de la Administración Pública.

Finalmente, nuestro partido considera que, en esencia, la política económica del Presidente Echeverría, se orientó a consolidar la presencia del Estado en el proceso económico.

Este esfuerzo está en el camino de quienes luchamos por la liberación del país y por la construcción de una nueva sociedad. Muchas gracias. (Aplausos.)

El C. Presidente: Tiene la palabra el C. diputado Enrique Alvarez del Castillo, por la Comisión.

El C. Enrique Alvarez del Castillo: Señor Presidente; señores diputados: quiero referirme en esta intervención, de manera concreta y precisa a algunos conceptos de carácter constitucional y legal vertidos en esta tribuna por el señor diputado Garabito.

Vuelvo a insistir que este tema de las facultades económicas que corresponden en nuestro sistema de separación de funciones, de división de poderes, al Congreso de la Unión, a la Cámara de Diputados en alguna forma exclusiva, y al Poder Ejecutivo, son una confluencia necesaria para obtener una correcta realización de la administración pública - por una parte - y también un control frente al pueblo del gasto de sus dineros.

Es afortunada la coincidencia - no de ahora, sino desde hace algunos años - que existe entre la concepción de nuestro régimen presidencialista, entre los diputados de las fracciones minoritarias del Partido Acción Nacional y del Partido de las Mayoría. Es cierto que hemos superado al través - a veces de luchas cruentas - , aquellas pretendidas facultades exclusivas del Congreso, que pretendía establecer una dictadura hacendaria en el país y no sólo hacendaria, sino también en los renglones político y administrativo.

Es cierto que esa lucha concluyó y concluyó prácticamente en forma definitiva en 1917. Que hemos concedido en la indispensable necesidad de una presidencia fuerte, que tenga la posibilidad de gobernar al país en todos los órdenes.

Hace algunos años, al suscitarse comentario y debate sobre la decisión de otorgar y reglamentar facultades de carácter económico constitucionales pertenecientes al Congreso para su mejor ejercicio por el Ejecutivo, un diputado, entonces desaparecido desafortunadamente, buen amigo y compañero de magisterio, Adolfo Christlieb, expresaba aquí en esta tribuna, que él ya no creía que un gobierno pudiera concebirse ya bajo la idea mecánica de que el Presidente está contrarrestado por el Congreso y que el Presidente y Congreso están a su vez contrarrestados por la Suprema Corte. Un gobierno no es ni puede ser, un conjunto de fuerzas ciegas, un conjunto de hombres, con funciones ciertamente diferenciadas pero con propósitos comunes.

Y agregaba: pienso también como la mayoría, que cuando un Presidente llega al poder, debe llevar consigo las aspiraciones y problemas de sus partidarios y y del pueblo todo. Un presidente tiene poderes políticos no escritos en la Constitución. Poderes que son capaces de mover la opinión nacional y la internacional. Y de los que surge un poder de dirección mediante el cual se imprima carácter a

la administración y se haga frente a los problemas nacionales.

Que conste, decía, estoy poniéndome en los puntos de vista que comparto sobre la concepción presidencial, de la mayoría.

Parece ahora contradictorio que reglamentadas esas facultades, ejercitadas durante algo más de 10 años, nos rasguemos las vestiduras frente al temor de que las mismas sean excesivas. Y lo que es todavía más grave, que el uso de las mismas sea inconstitucional. En qué quedamos: ¿somos un régimen presidencial o queremos rescatar para el Congreso toda una serie de facultades de carácter económico que, por razón misma del ser del Congreso estaríamos imposibilitados para realizar?

Es indudable entonces esa confluencia que en lo económico comparte el Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo. Y nadie pone en duda la enorme importancia que reviste la función del control de la Cuenta Pública. Nadie, de todos nosotros, piensa que el Congreso alguna vez hubiere delegado en lo absoluto su posibilidad de fiscalizar el gasto. Estaríamos fuera de la Constitución.

Ahora bien, no hay coincidencia con el señor diputado Garabito en lo que llama "interpretación absolutista" que se pretende dar al artículo 2o. de la Ley de Ingresos para 1975, aprobada en diciembre de 1974 por unanimidad de los miembros de la 49a. Legislatura. No creo que se trate de un caso de interpretación absolutista, creo que ahí simplemente es una aplicación literal del texto en sí mismo; y permítaseme a riesgo de distraerlos un poco, encuadrar en definitiva la temática jurídicoconstitucional de este problema trascendente de la realización de las facultades económicas por parte del Ejecutivo.

La Constitución, en su artículo 73, fracción VII, faculta precisamente al Congreso General para imponer las contribuciones necesarias, a efecto de cubrir el Presupuesto. La propia Constitución, en su artículo 74, fracción IV, dispone como facultades exclusivas de la Cámara de Diputados, las de aprobar el Presupuesto Anual de Gastos, discutiendo primero las contribuciones, que a juicio de la Cámara deban decretarse para cubrir el Presupuesto. Finalmente, la Constitución en su artículo 73, fracción XXVIII, faculta al Congreso para examinar la Cuenta Anual de Gasto que debe presentarle al Ejecutivo, comprendiendo en su examen la conformidad de las partidas gastadas con el presupuesto, la exactitud y la justificación de tales partidas.

Complementa el sistema el artículo 72 en su inciso h, que precisamente por la importancia y las características que reviste el ejercicio económico, ordena que todos aquellos proyectos que versen sobre empréstitos, contribuciones, impuestos, deben discutirse primero por la Cámara de Diputados. De la misma manera en el artículo 65, fracción 1a. en que se produce la fracción vigésima octava del 73 con relación a la facultad de aprobar la Cuenta Pública por parte del Congreso de la Unión, se complementa la función del Congreso con la posibilidad de fincar las responsabilidades a que hubiere lugar. Ahora bien, las facultades fundamentales que en materia económica son de la competencia del Congreso y debe delegar sobre el Ejecutivo frente a su propia imposibilidad de ejecutarlas, lo que distorsionaría nuestro sistema de separación y competencia de poderes, establece tres fundamentales que relato rápidamente, la fracción 8a. del artículo 73, cuya aplicación se reclama en el debate en que estoy participando, faculta al Congreso para dar bases, reglas, normas, a efecto de que el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos para aprobarlos y para mandar pagar la deuda nacional, y los empréstitos como se leyó el artículo, y simplemente lo recuerdo, deben tener dos limitaciones: Una, el objeto incrementar el ingreso público; otra, en el estado de emergencia pueden dictarse discrecionalmente por el Ejecutivo, y finalmente, un caso de excepción que es contraer empréstitos para efectos de regulación monetaria.

En el propio artículo 73, en la fracción XVIII para tener el panorama completo, se faculta al Congreso de la Unión para fijar las condiciones de la moneda, establecer casas de moneda, determinar el valor de la extranjera, y adoptar el sistema de pesas y medidas.

Pero no es el caso adelantarnos a lo que la aplicación de esa facultad debe dar lugar.

Finalmente, en el segundo párrafo del artículo 131, el Congreso puede facultar al Ejecutivo para aumentar, disminuir, crear cuotas de importación y de exportación, restringir importaciones y exportaciones, siempre que sea necesidad, para regular la economía y en todos estos casos está obligado a dar cuenta al Congreso de la Unión del uso de estas facultades por el Ejecutivo.

En este cuadro debemos pues nosotros precisar el encuadramiento de las facultades económicas de Congreso y Ejecutivo.

El primer problema es que vía la Ley del Presupuesto no sería posible dar las bases ni reglamentar las facultades del Ejecutivo en materia de empréstitos, impuestos o derechos, puesto que son facultades del Congreso General.

La Cámara de Diputados, establecidas las bases referidas por el Congreso, vía la Ley de Ingresos , sí puede, constitucionalmente, reglamentar para efectos del gasto la forma y términos en que puede el Ejecutivo disponer de los recursos obtenidos por la vía ya sea de los ingresos ordinarios, como impuestos, derechos, aprovechamientos, etc., o por la vía de los ingresos extraordinarios como son los empréstitos y los financiamientos.

Corresponde al presupuesto, a la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados.

Ahora bien, en la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal de 1975, es conveniente puntualizar, aprobada por unanimidad vigente, que otorga facultades al Ejecutivo, pero no sólo, sino que le obliga a cumplir con sus disposiciones.

Se previene en al artículo 1o., Ramo XXII, ingresos derivados de financiamientos como emisiones de bonos u otros financiamientos para el Gobierno, sus organismos descentralizados, empresas de participación estatal.

En el artículo 2o. que tanto asusta, la fracción IV, reglamentaria, las bases Constitucionales que deben cumplirse para contraer empréstitos con el Ejecutivo, el uso de esas facultades habrá de dar cuenta oportunamente al Congreso.

Volveré sobre este artículo, pero la propia Ley de Ingresos establece todo un sistema, intervención de la Secretaría de Hacienda, para hacer uso de este tipo de facultades.

Dispone los organismos descentralizados, sujetos a control, la forma en que éstos puedan obtener financiamiento, el control sobre alguno más en que el Estado tiene participación y que inclusive están incluidas en el control presupuestal de la Cámara.

También reglamenta las bases para manejar las tarifas de exportación e importación y en los transitorios, una vez revisado el ejercicio de esta facultad, aprueba tales facultades y tal ejercicio.

Pero el artículo 2o. fracción IV, dice textualmente: EL Ejecutivo Federal queda facultado para emitir valores en moneda nacional y contratar empréstitos para canje y refinanciamiento de obligaciones del erario federal, para inversiones públicas productivas o con propósitos de regulación monetaria; las amortizaciones se harán en plazos que no excederán de 25 años, y la tasa de los intereses y demás condiciones, se determinarán de acuerdo con las exigencias que prevalezcan en los mercados.

Del ejercicio de esta facultad dará cuenta el Ejecutivo oportunamente al Congreso de la Unión, especificando las características de las operaciones realizadas.

Quiero aquí hacer hincapié que en el caso de la Cuenta que estamos revisando, el uso de esta facultad, me refiero al aspecto constitucional y legal, que fue realizado en los términos en que dispone precisamente esta fracción IV, se contrataron empréstitos, no es posible pensar si la autorización expresa dice: contratar empréstitos, que ello significara la necesidad del Ejecutivo de pedir alguna autorización previa, porque eso dejaría sin efecto la facultad que se esta concediendo, pero el ejercicio de la facultad precisamente es la Cuenta Pública en donde el Ejecutivo da cuenta al Congreso y a esta Cámara, y especifica - como consta en toda la documentación - que nos fue enviada, ¿cuales han sido las características de las operaciones realizadas?

Otro problema habría de ser examinar si es o no constitucional el otorgamiento de estas facultades, por parte del Congreso al Ejecutivo, y habría tres aspectos: 1. Primero que viene de la realidad social económica que tiene que gobernar el Ejecutivo, y es indiscutible que estas facultades no pueden realizarse por el Congreso. La flexibilidad, la complejidad, el crecimiento, son razones más que suficientes para reafirmar que son funciones ejecutivas que por naturaleza corresponden al Ejecutivo y no puede ser de otra manera, si queremos vivir una democracia social y popular donde nuestro gobierno presidencial fuerte tiene que dominar los embates de la economía internacional, y nacional, a efecto de que ésta se sujete al servicio de los hombres y no los hombres al servicio de la economía.

La segunda situación es, como ha quedado aclarado, que en el otorgamiento de tales facultades sí se respetaron las bases constitucionales y se agregaron disposiciones pertinentes para su ejercicio final.

Por último, para los efectos del ejercicio de 1975, vuelvo a insistir, provienen tales facultades de una ley vigente que al Ejecutivo no sólo le conferían facultades, sino que lo obligaban también a cumplir con las disposiciones relativas.

En el Presupuesto de Egresos, se repite la situación comentada por cuanto al gasto proveniente de ingresos ordinarios como impuestos, derechos, aprovechamientos y extraordinarios como empréstitos, financiamientos.

Están comprendidos y autorizados en el artículo 1o. de la Ley del Presupuesto . Los financiamientos se autorizan en los ramos 23 y 25, como erogaciones adicionales tanto del gobierno federal como de los organismos descentralizados y empresas de propiedad estatal.

Y en el artículo 3o. de la propia Ley del Presupuesto, se autoriza al Ejecutivo para hacer erogaciones adicionales sobre los ingresos excedentes federales, y de organismos, y sobre los ingresos por empréstitos. Y previene las reglas para hacerlo, todas ellas sujetas a la Ley Orgánica del Presupuesto, por una parte; al control de la Secretaría de Hacienda, del Patrimonio y de la Secretaría de la Presidencia a efecto de que se conserven los objetivos para los cuales estos ingresos excedentes deben destinarse y han sido previamente programados.

Es necesario recalcar que en el artículo 22 de la propia Ley del Presupuesto, se prohibe a todo tipo de funcionarios públicos y de organismos, la posibilidad de excederse en el gasto presupuestado de origen. Sin embargo, debemos entender cuál es la naturaleza jurídica del presupuesto. En la mañana insistíamos en su unidad, lo que significa que los ingresos adicionales forman parte para efectos del caso, del mismo presupuesto. La necesidad de su flexibilidad, en la que también aquí, en esta tribuna, han convenido algunos de los compañeros del Partido Acción Nacional, pero principalmente debemos recalcar que el presupuesto no es una orden que debe cumplirse exacta y formalmente en el centavo y en el peso por parte del Ejecutivo. Negaríamos entonces el por qué le otorgamos facultades. Sería contradictorio de sí mismo. El presupuesto simplemente autoriza partidas, pero en el caso puede haber excedente o puede haber a veces la imposibilidad de gastar absolutamente todo lo presupuestado, y eso obviamente no puede ser contrario a la Constitución, contrario al espíritu de la Ley de Ingresos, de

la Ley del Presupuesto, porque sería también desconocer entonces cuál es la técnica presupuestal y el manejo de las finanzas públicas y de la economía política actual.

Desprendemos una última conclusión, mediante la propia Ley del Presupuesto, también aprobada en 1974, con las facultades de disposición de carácter económico que la misma previene hacia el Poder Ejecutivo, aprobada por la unanimidad de esta Cámara, se está facultando al Ejecutivo para realizar las celebraciones adicionales provenientes tanto de ingresos ordinarios excedentes como de ingresos extraordinarios para realizar transferencias y todo ello con el objeto de conservar, como decía la unidad presupuestal, pero también para ordenar el ejercicio del gasto y de estas facultades otorgadas en el Presupuesto por la Cámara, ha de rendirse debida cuenta de su ejercicio; no son, en consecuencia, facultades abiertas de las que en ningún momento se tenga que rendir cuentas, ni tampoco son facultades arbitrarias, porque tanto la propia ley del Presupuesto las señala cuál es su encuadramento, como la Ley Orgánica del Presupuesto establece las normas que han de regir este tipo de gasto adicional, y finalmente, insisto la Ley de Secretarías de Estado que también proviene del Congreso, implica limitaciones, regulación al ejercicio de las facultades de disposición de fondos por parte del Ejecutivo . El propio Ejecutivo........

El C. Presidente: Me permito informar al orador que está por terminarse su tiempo.

El C. Enrique Alvarez del Castillo: Ya voy a terminar señor Presidente. El propio Ejecutivo, como una característica inherente al Poder, debe y de hecho lo hace, autolimitar el ejercicio de ese poder para respetar los derechos individuales y sociales que la propia Constitución otorga. No cabe, obviamente, discutir la legalidad de las facultades otorgadas al Ejecutivo para el año 75, porque procede de una Ley que ha sido expedida por esta propia Cámara, plenamente vigente, puede discutirse quizás el ejercicio que es lo que desde el punto de vista económico han venido realizando nuestros compañeros tanto de la oposición como de la mayoría. Quiero insistir que es indispensable pues, la vigilancia correcta del gasto público, eso es incuestionable, pero también debemos comprender la responsabilidad que el Estado tiene y que realiza al través del Poder Ejecutivo, fundamentalmente en el cumplimiento de las grandes metas sociales que nos hemos señalado y que requieren multiplicidad de recursos para proveer a su mantenimiento, a su cumplimiento y a la satisfacción de necesidades colectivas, y esta política, señores, no puedo extenderme ya más, ha sido sobre todo en este sexenio, encaminada hacia las clases populares, sin necesidad quizá de ir a caer en un quizá impulso, quizá fisiócrata de 200 años que nos haría ir exclusivamente al campo. Tenemos que conservar y promover nuestra industria porque es la fuente de trabajo que ha de hacer mejores mexicanos, más dignos en su condición que merecen como tales. Gracias. (Aplausos.)

El C. Presidente: Tiene la palabra el C. diputado Jesús Puente Leyva, por la Comisión.

El C. Jesús Puente Leyva: Una última oportunidad en esta tribuna, en este largo día de debate, quisiera confesar que a nombre de las Comisiones vengo a tratar de que esa azarosa exposición que hiciera el diputado Garabito sobre temas que corren del petróleo a los perfiles laminados y varilla pasando por el sector agropecuario y por la deuda pública, no se quede sin la pena o sin la gloria que le corresponde.

La deuda es creciente, dice Acción Nacional, pero también es creciente el volumen de nuestra economía, el producto nacional, la masa demográfica del país y aunque estamos de acuerdo en que no es nada recomendable elevar los límites de la deuda pública doméstica y externa, por eso creemos identificar como consenso de Cámara, en la que hay participación de diferentes Partidos, el propósito de llevar a cabo el esfuerzo último de una auténtica reforma fiscal, que conduzca al sector público los recursos que requiere para sostener las demandas sociales crecientes que el país tiene que enfrentar ahora y en los próximos años.

Pero hay algo interesante, se insiste en que la deuda o alguna deuda se dejó de pagar, es simplemente falta de información técnica respecto de ciertos registros de la Deuda Pública, en las áreas respectivas del Ejecutivo Nacional.

El presupuesto señalaba para amortización de la deuda, 20,693 millones y aparentemente se ejercen 9,911, dejando por aplicar aparentemente o como dijo Acción Nacional, por el equivalente de 10,782 millones. En realidad 9,505 millones de esos 10,782 fueron liquidación de pasivos que no constituyen efectivamente deuda documentada sino adeudos a proveedores y contratistas, por ejemplo; que no tienen por qué ser autorizadas en Cuenta Pública. Este pasivo al liquidarse disminuye adeudos efectivamente, pero que no son adeudos que se integren a la deuda pública documentada, por lo tanto no reducen la deuda pública documentada pero sí reducen el pasivo, parte del revolvente que tiene el sector público.

En realidad no hay discrepancia significativa entre el presupuesto para amortización de adeudo y el ejercicio efectivamente en la amortización de la deuda.

Quisiera superar la sospecha personal de que esta deuda que según Acción Nacional aparentemente no se paga, refleja la ubicación histórica de la oposición panista, se refiere probablemente a la deuda que México, la República efectivamente se negó a pagar en el siglo pasado y que se recuerda con cierto regocijo romántico, ubicación histórica de Acción Nacional como el evento de la Guerra de los Pasteles.

De entonces a nuestros días, uno de los grandes méritos de México es que jamás, en ningún momento, la vigilancia cotidiana para

estos propósitos se deja de pagar con oportunidad la deuda doméstica o externa que se ha comprometido. (Aplausos.)

Coincido absolutamente, con el diputado Garabito de Acción Nacional, en cuanto a la importancia que le ha dado al Sector Agropecuario. En esta Legislatura nos hemos querido instalar en la realidad y hacerla consecuente de que de ninguna manera somos sectarios.

Por lo tanto, quiero señalar que teórica y empíricamente discrepo del Partido Popular Socialista, cuando señala que hay que dar prioridad a la industria sobre el sector agropecuario.

Esto, en realidad, equivaldría a no conocer la evidencia histórica de que ninguna revolución industrial, ningún crecimiento sostenido del sector industrial en ningún país del mundo, se ha dado sin una verdadera revolución agraria, sin una profunda reforma agraria y una profunda transformación tecnológica en el sector agropecuario.

La historia lo confirma. No hay un solo caso en que esto haya acontecido. México hizo una reforma agraria ejemplar y en realidad, ha instalado en ella al país hasta mediados de los años sesentas, pudo señalarse en el mundo como el único país que en alguna ocasión solamente tuvo paralelo a Japón y a Israel, el único país del mundo en que creció sostenidamente y a largo plazo por dos décadas al menos, el producto agropecuario por encima de la tasa de crecimiento demográfico, bastante por encima de la tasa de crecimiento demográfico. Pero México, en aquellos años de los 40s. y de los 50s. fue la solución fácil del problema técnico agropecuario con el sentido pragmático que le da carácter a la Revolución hecha instituciones, se fueron a las grandes cuencas de los pocos recursos de capital existentes, los pocos recursos financieros del país se fueron al noroeste, lugar en donde no había presión demográfica, en donde el excedente de la producción agropecuaria fácilmente se canalizaría a las áreas comerciales del país, generaría oferta de alimentos y de materias primas en las áreas urbano - industrial y por lo mismo habría de generar excedentes exportables al nivel que lo requería el país. Pero a mediados de los 60s. deforma de la Revolución hecha instituciones sin duda, hay que aceptarlo, se supuso, se pretendió que el sector agropecuario habría dado de sí con tanta facilidad que casi por inercia habría de seguir abasteciendo adecuadamente a la exportación, a los alimentos y a las materias primas; a mediados de los 70s. se aplanó prácticamente la inversión pública, y por lo tanto se estancó la propiedad privada y el sector agropecuario y de ahí arrancó el problema de nuestro crecimiento agropecuario nacional.

A partir de 1971 se introdujeron cambios importantes de política económica en México, tales cambios que se canalizaron estructurales, como era evidenciado desde mediados de la década pasada, un crecimiento no consecuente del sector industrial y de servicios respecto del crecimiento en el sector rural.

El reconocimiento de tales problemas, reorientó la acción del Estado, dando un giro radical a sus programas de fomento económico en general.

El gobierno de Echeverría ha puesto énfasis especial en el sector agrícola, no solamente tratando de expandir aquellos programas tradicionales de inversión, irrigación, crédito para pequeños agricultores,. etc., sino comprometiéndose a promover su crecimiento, através de otros programas específicos, entre los cuales destaca el programa para el desarrollo rural integrado, el PIDER, si no entendemos de qué manera, sin respetar la tiranía de las palabras, de los hechos y de las cifras, se puede señalar que se ha dejado abandonado o que se ha menospreciado el carácter prioritario del sector agropecuario.

No es posible que se diga esto con certeza, o se han manejado cifras que no corresponden a las que tenemos reales.

En 1975 el presupuesto original total de gastos del sector público, contemplaba un egreso, un gasto de 60 mil 397 millones de pesos, equivalente al 17.4% del gasto total. Lo efectivamente ejercido, en este año, fueron alrededor de 6 mil millones más, dando un total de 69 mil millones gastados en el sector agropecuario, con un porcentaje de 7.7% del gasto total, que excede a lo que se había aprobado originalmente.

El sector agropecuario visto en perspectiva el asunto, incrementó su participación dentro de la inversión pública, pasando del 12 y medio por ciento que tenía en 1970, y de porcentaje de participación menores en los años sesentas, al 18 por ciento, inversión repito, en 1975. 18 centavos de cada peso que el sector público federal gasta en inversiones productivas, las canaliza al sector agropecuario.

La inversión en este sector creció a una tasa anual de aproximadamente 37 por ciento a precios corrientes en el curso de 1971, a 1975. En estos años se ha ampliado la superficie irrigada en más de un millón de hectáreas. Se ha logrado fertilizar las dos terceras partes de la superficie total fertilizable, sujeta al uso de fertilizantes en el país.

En cinco años se han destinado más de 75 mil millones de pesos en crédito agropecuario oficial; una y media veces todo lo que crediticiamente se canalizó al campo en las tres décadas anteriores.

No puede decirse, pues, con certeza, que se haya despreciado la prioridad que corresponde social y económicamente hablando al sector agropecuario de México.

En realidad es un hecho conocido que en la década actual de no haberse llevado a cabo todo esto que se reseña, el sector agropecuario no hubiera crecido prácticamente; se hubiera estancado. La única razón explícita para que haya habido un aumento muy discreto ciertamente menor al necesario en los últimos años, es la tarea de gasto y de fomento al sector agropecuario por parte del gobierno federal. El comportamiento del producto del sector agrícola mostró entre 1970 y 1974 un cierto

deterioro debido a condiciones climatológicas adversas y al desequilibrio reflejado en los precios de varios cultivos. Por otra parte, la tierra cultivada disminuyó en superficie. Esto se tradujo en un aumento substancial de las importaciones de ciertos productos agrícolas básicos, que agravó nuestra situación difucultaría respecto del exterior.

Pero es un hecho que si bien no se crece aceleradamente en el sector agropecuario, la razón no está en que no se haya gastado suficientemente en los últimos años, sino en que las inversiones en el sector agropecuario, por definición conocida de todos nosotros, son inversiones de maduración a mediano y largo plazo. La mejor cosecha de la inversión agropecuaria del régimen de Echeverría la va a tener el país en los próximos 5 años.

La información para 1975 señala que la producción de algunos cultivos efectivamente se incrementó, ya se logró incrementar. El aumento general del producto para este año, se atribuye a condiciones climatológicas menos desfavorables, pero no óptimas, a un aumento de las siembras y a los más altos precios de garantía pagados para algunos productos; a pesar de esto, se considera que la recuperación experimentada por el producto agrícola no es consecuente para satisfacer la creciente demanda por alimentos. Algunas estimaciones que hemos realizado indican que la demanda por alimentos y materias primas de origen agropecuario habrá de crecer, está creciendo ya anualmente, a una tasa que oscila entre el 4 y el 5 y medio por ciento anual, tasa que se ha calculado suponiéndola como una función del crecimiento de la población y del producto, así como de la elasticidad de ingreso de la demanda por alimentos, en virtud del crecimiento del ingreso per capita de la población; en los últimos años, se ha incrementado pues, la inversión pública en el campo; y esto, sin duda, que es la convicción que hizo diseñar este tipo de proyecto de gasto y de inversiones, obedece fundamentalmente al propósito deliberado, nada azaroso, deliberado y comprometido socialmente con México de superar el desequilibrio que existe entre la producción del sector agrícola y la mayor demanda de alimentos, a la creciente tasa de desempleo y subempleo rural y a la urgente necesidad de expandir y mejorar los sistemas de riego.

Antes de pensar en una reducción relativa o absoluta del gasto del sector agropecuario, tenemos que preparar nuestros mejores argumentos y los tenemos para lograr que los próximos proyectos de presupuesto para el gasto público, se incluya con orden de máxima prioridad, desde esta Cámara, la que corresponde al sector agropecuario y a a población rural del país; en esa campaña, en ese propósito, iremos de la mano con Acción Nacional y con el Partido Popular Socialista, porque son las causas comunes de México. Muchas gracias. (Aplausos.)

El C. Presidente: Tiene la palabra el C. diputado Jacinto Guadalupe Silva.

El C. Jacinto Guadalupe Silva: Señor Presidente: señores diputados de la nación mexicana: Sólo una brevísima referencia a lo que se dijo aquí, quiero manifestar que Acción Nacional todavía no es tan poderoso para manejar el Fondo Monetario Internacional, probablemente la posición subjetiva del señor diputado del Partido Popular Socialista haya sido traicionada por el subconsciente, porque ellos sí se dicen brazo del otro imperialismo. Hay en la Cuenta Pública de 1975, un renglón, y no voy a manejar muchas cifras, una o dos solamente para no acabar de cansar a esta Asamblea.

El trabajo en el sector público para organismos y empresas descentralizadas y Gobierno Federal, significó en 1975 un gasto de 64 mil millones de pesos. Podríamos plantear esto con sentido polémico, pero creo que es absurdo e innecesario plantearlo así.

Yo quiero plantearlo desde un punto de vista totalmente distinto, desde lo que piensa cada uno de los mexicanos que observan y ven todos los días el comportamiento de quienes del sector público viven.

Además, quiero apoyarme en la declaración del propio Instituto de Estudios Políticos, Económicos y Sociales del PRI. Según él, sobran el 40% de la burocracia, y esto que se dice por distintos funcionarios, por líderes obreros del sector industrial, que no pertenecen al gobierno. Cada mexicano lo va pensando y lo va midiendo y esto creo yo que está desdibujando, que está deformando el rostro republicano de México.

Yo pienso que la República, que un gobierno republicano, tiene que ser austero y eficaz en el gasto, para precisar con definiciones rígidas lo que es un verdadero gobierno republicano.

Cuando los mexicanos comunes y corrientes de ese otro México, del México que no es el México oficial, del México que no vive del presupuesto, ven, saben que a los electricistas no se les cobra la luz, que a los petroleros se les dan concesiones en precios para el gas y la gasolina que los empleados públicos tanto de los organismos como del gobierno usan indiscriminadamente vehículos y bienes que son propiedad del pueblo para servicio particular.

Y si alguien quisiera, podría darse una vuelta por la estación Tacuba de los Ferrocarriles Nacionales, donde los 20 o 25 elementos asignados a esa estación, llegan, checan y se dedican a jugar baraja y beber, pero eso sí, cada semana cada uno de ellos saca entre 15 y 50 horas extras por semana.

Todos los que hemos ido a las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad, vemos cómo los empleados llegan, checan, y se van a desayunar al café, y vuelven a subir a trabajar 2 o 3 horas; pero también salen siempre con horas extras.

No con sentido político; con un sentido al que me siento obligado de pedir rectificaciones fundamentales en la eficacia del Sector Público en el trabajo; hay aquí un diputado que ha logrado en empresas del Estado, hacerlas rentables.

Me refiero al diputado Puente Leyva, que como Presidente del Consejo de Administración de varias empresas textiles, ha llamado a una Comisión, a una compañía profesional para establecer y cronometrar tiempo en las fábricas y de recibirlas quebradas, al menos 2 o 3 de ellas, ya son rentables y las otras se están nivelando, y este ejemplo viene a demostrar categórica, y rotundamente, que no es cierto que los organismos en manos del gobierno tengan que ser deficitarios por necesidad. Porque los demás son deficitarios; ¿hasta cuándo va a seguir el Gobierno Federal tolerando y apapachando al personal del sector público? No entendemos que en ese deformar el rostro republicano estamos deformando al propio gobierno, cuando los empleados públicos que sí cumplen con su deber son involucrados y envueltos injustamente en los vicios que todo el pueblo de México contempla.

No, Acción Nacional no afirma que todos los empleados al servicio del gobierno y los sectores sean malos empleados. Pero viene la contestación del Partido Revolucionario Institucional, es necesario generar empleos no le hace que en el interior de los organismos y las empresas se subvertir el orden y la productividad.

Señores diputados: los desocupados en México pueden ser motivo de la creación de un seguro del desempleo.

Tiene el gobierno otros caminos para no pervertir al sector público, con personal excedente que encima de no cumplir, pervierte las funciones de los empleados honrados de ese sector.

Son muchos millones de pesos, los que se han gastado. Si queremos restañar, recobrar, que acéptese y reconózcase o no, todo el pueblo de México no oficial, no al servicio del gobierno, siente que es una necesidad y lo dice y lo afirma todos los días, restañar el rostro de la República con un servicio burocrático más eficaz, más honrado y de menos despilfarro.

Piénsese en la posibilidad cierta de que la creación del gigantismo burocrático, sin medida, sin reglamentación, puede significar riesgos incluso para la estabilidad del gobierno.

Se va a contestar: no, el sector obrero y campesino es revolucionario y estará siempre del lado de la Revolución.

No estamos pensando en este año; estamos pensando en un México que con nosotros, después con nuestros hijos, tendrá que seguir viviendo.

El detener, el frenar, el establecer con claridad hasta dónde debe concederse canongías y privilegios, es de sentido estrictamente patriótico para el futuro de nuestra patria.

Y pienso que hay en el futuro de México una herramienta que puede ser definitiva par lograr esto, es la herramienta de la indiscutible legitimidad del Presidente electo.

Ojalá y el ofrecimiento de este Presidente de rectificar, de acabar con la inmoralidad pública sea un hecho.

Diputados de México, no podemos dejar de decir esto: nos vamos a dividir en la votación: ustedes votarán defendiendo lo indefendible; nosotros votaremos por un pueblo mal gobernado. Muchas gracias. (Aplausos.)

El C. Presidente: Tiene la palabra el C. Julio Zamora Bátiz.

El C. Julio Zamora Bátiz: Con su venia, señor Presidente, honorables compañeros: Resulta curioso que el compañero diputado Jacinto Guadalupe Silva afirme, como corolario de su exposición, que votará por el pueblo y no como lo haremos los de la mayoría, por lo indefendible. Curioso resulta que a lo largo de casi 10 horas, y todavía pedían que fuera más largo el debate, pero no han podido convencernos de que haya puntos indefendibles en el dictamen rendido por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública; resulta así muy fácil, refugiarse en una pretendida defensa del interés popular, que no se conlleva en nada con las manifestaciones que a lo largo del debate, ha hecho como expresión de su postura, la fracción parlamentaria de Acción Nacional.

Dijo el diputado Garabito, que el análisis que había hecho la fracción parlamentaria de su Partido era un análisis técnico, si así hubiese desarrollado su trabajo se habría dado cuenta de que el dictamen de la Comisión es defendible, y que nada tiene de defendible y que atiende perfectamente a la encomienda que la Constitución otorga a esta Cámara de Diputados. En cambio, un Partido de reconocida doctrina derechista, que a últimas fechas ha dado en llamarse socialista, los herederos históricos de Miramón, quieren que ahora vayamos a Wall Street en busca de contadores para las empresas del pueblo, en vez de estar buscando aquí en México los técnicos que sí pueden hacer y que hacen ya esa revisión contable de las empresas del Estado. No queremos detener más el curso del debate, pero no podemos dejar de referirnos a algunos puntos que de ser captados en la forma en que los planeó la fracción de Acción Nacional, darían una falsa imagen a la opinión pública. Es cierto, como dijo el compañero Jacinto Guadalupe Silva, que hay quienes abusan de ciertos elementos de trabajo que el sector público pone en sus manos para el servicio del pueblo.

Compartimos la indignación que esto le causa; ha habido en varias ocasiones sistemáticos esfuerzos por disminuir y quizá eliminar esta lacra. Pero no hay que confundir ese abuso con el pago de prestaciones que él citó como ejemplos de esta cuestión de abuso.

El que reciban algunos trabajadores de ciertos organismos del Estado a precios menores, determinados servicios que produce su propio organismo, es una prestación obtenida por lucha contractual que se da también en las organizaciones privadas, y yo lo invito a que vaya el señor diputado, a las puertas por ejemplo de la Colgate Palmolive los días de quincena, y verá que junto con su sueldo reciben una serie de los productos que ahí mismo se manufacturan.

Qué bueno que se aprecie la racionalización que el compañero Puente Leyva logró de algunas fábricas, fábricas que el sector privado

por cierto, abandonó diciendo que eran incontables, fábricas que no pudo seguir produciendo con ese mismo rigor de productividad y sobre todo de utilidades, que se exige sistemáticamente a las empresas del sector público, sin tomar en cuenta muchas veces su alta función social.

No sólo racionalizó el trabajo de los obreros, racionalizó ante todo las líneas de producción de esas fábricas, esa es la racionalización que el sector privado de la industria textil se ha negado a efectuar y por eso es que muchas de sus fábricas necesitan de los subsidios y de los estímulos del gobierno federal para poder continuar trabajando y no desocupar a cientos de miles de obreros.

Creo que a lo largo de los últimos años se ha realizado una serie de medidas que enfocan precisamente el problema que tocó el diputado Guadalupe Silva. Hay una reforma administrativa en marcha, se hizo por primera vez en mucho tiempo un censo de los recursos humanos del gobierno del Distrito, del gobierno Federal y de los organismos, y yendo al fondo del problema, fue estas régimen el que promovió una Ley de Población que en última instancia va al fondo del asunto que provoca el excedente de mano de obra que a veces tiene que absorber el gobierno y que a veces no encuentra ocupación.

En cuanto a la intervención del señor diputado Garabito, él hizo algunas comparaciones de PEMEX con otras entidades productoras de petróleo en el mundo. Quiero recordar a ustedes cómo se creó PEMEX, PEMEX absorbió la totalidad de las empresas que operaban en nuestro país en el año 38 y consecuentemente absorbió también los contratos colectivos que los luchadores petroleros, que el combativo Sindicato del Petróleo había logrado en cada una de esas empresas. De allí viene la estructura de plazas que se han ido nacionalizando a lo largo del tiempo pero que naturalmente incide de todas formas junto con el criterio social que es consustancial a PEMEX.

Comparar el volumen de empleo de PEMEX con el de otras empresas y después relacionar los ingresos de una y otras es un sofisma, porque PEMEX realiza sus ventas a precios pensados en función del mercado mexicano, para PEMEX la exportación a precios internacionales es puramente marginal, sus precios de venta están en muchas ocasiones subsidiando la operación de industrias, de campesinos y de las clases más débiles económicamente del país.

Resulta así imposible compararlo con la Iranian Oil Company, no es iranesa, es un consorcio de empresas norteamericanas y de la Shell Oil, en la cual el gobierno de Irán tiene una participación pero es una empresa que opera exclusivamente para la exportación a precios internacionales, y eso resulta totalmente indefendible la comparación que se hiciera hace algunos minutos.

Se afirmó aquí que la Comisión Federal de Electricidad está en quiebra.

Eso, enfáticamente, no es cierto. Es verdad que ha venido a contraer deudas cuantiosas; de alguna manera tenía que financiar la ampliación de 62% en la capacidad instalada que ha logrado en 5 años.

Tenía que afronta, al mismo tiempo, cuantiosos subsidios a los cuales ya citó Armando Lara, que benefician a los grandes usuarios de energía eléctrica de alta tensión, a los industriales de México que después se quejan de que la Comisión Federal no sea rentable.

Pero, pese a eso, el activo de la Comisión de Electricidad, supera 72 mil millones de pesos; y sus deudas no llegan más que a 53 mil, tomando la interna, la externa, la de corto plazo, las deudas que tiene con algunos trabajadores , etc., su posición financiera es sana.

También se dijo que Las Truchas, que la Siderúrgica Lázaro Cárdenas - Las Truchas, estaba planeada como empresa deficitaria; que estaba hecha para competir con la industria siderúrgica, que costó demasiado y que apenas producirá millón y medio de toneladas de alambrón, producto que, la empresa privada produce en cantidad suficiente.

Yo quiero hacer algunas consideraciones al respecto.

En primer lugar, no produce millón y medio de toneladas de alambrón - ni cuando esté funcionando toda la primera etapa va a llegar a un millón 300 mil. Ahora, por qué se está produciendo alambrón, por qué se dirigió la primera etapa de la Siderúrgica, alternó planes livianos, porque en el momento en que se tuvo que tomar la decisión respecto a qué maquinaria instalar primero, carecíamos de suficiente alambrón para las necesidades nacionales, en ese momento se hicieron estudios que probaron que si no existiera SICARTSA estaríamos importando dentro de 4 años apenas, 1.9 millones de toneladas de alambrón, precisamente, que valdrían 356 millones de dólares.

Al haberse puesto en marcha la primera etapa de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas - Las Truchas, tendremos sí un excedente de alrededor de 20% sobre la demanda nacional de alambrón, porque en el lapso de gestación de la Siderúrgica Las Truchas, las empresas integradas ampliaron su producción de alambrón, pero ese alambrón puede exportarse, porque Lázaro Cárdenas - Las Truchas, no es una empresa planeada deficitariamente, es una empresa competitiva que el año que entra va a estar colocando sus productos en el mercado de exportación a 2,040 dólares la tonelada, que es el precio que actualmente priva en el mercado de la Costa Oeste del Pacífico.

Como ven ustedes, no es solamente una empresa que trata de competir con la siderúrgica ya establecida, sino funcionando SICARTSA, nuestra capacidad de producción de acero en pocos años, nos colocaría en gastos casi tan importantes como los que hoy hacen algunos países para importar petróleo y siendo un sector estratégico, la producción de acero, estaríamos abriendo un flanco muy peligroso para la penetración imperialista y para detener, ahí sí, detener el desarrollo nacional.

Un dato más, SICARTSA costó efectivamente más de lo planeado, pero pensemos al analizar el caso que cuando se estaba realizando la inversión en la Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas, llegó a su máximo el proceso inflacionario mundial, pese a esto el costo de inversión por la tonelada producida en la primera etapa, es apenas de 9 mil pesos. Y quiero mencionar aquí que estudios de Estados Unidos, contabilizan en 12 mil 500 a 13 mil pesos, el costo normal de tonelada producida. Creo que con estos elementos ha quedado claro que algunas de las afirmaciones que aquí se hicieron por la fracción parlamentaria de Acción Nacional no se ajustan enteramente a las cifras que todos los miembros de esta Cámara tuvimos oportunidad de examinar.

Ojalá que habiendo examinado con tanto rigor contable muchas de estas cifras, admitan, como muchas veces hemos admitido los miembros del Partido de la mayoría, con espíritu autocrítico, fallas que como toda obra humana tiene las que México lleva a cabo, admiten con este espíritu de autocrítica, que se han equivocado en muchos de sus planteos, y respalden un dictamen que por su detalle, por su acuciosidad, por su valentía y autocrítica es un orgullo para esta "L" Legislatura. (Aplausos.)

El C. Jorge Garabito Martínez: Pido la palabra para una aclaración.

El C. Presidente: Tiene la palabra.

El C. Jorge Garabito Martínez: Señor Presidente, señoras y señores diputados: Muy brevemente, pero no quiero que se queden en el ámbito las afirmaciones que el señor diputado que me antecedió en el uso de la palabra asentó en el sentido de que eran falsas las afirmaciones que yo había hecho.

Independientemente de que yo le aseguro al señor diputado que nosotros no trajimos a Maximiliano, ni le quemamos los pies a Cuauhtémoc, pero cuando yo dije que la Comisión Federal de Electricidad estaba quebrada, me atuve a los datos que vienen en la cuenta pública, Datos a los que el señor diputado hizo mención aquí pero omitió hacer referencia a un dato que también viene en la cuenta pública sobre los saldos insolutos al 31 de diciembre de 1975, por 20,536 millones de intereses. En consecuencia la situación contable de la Comisión Federal de Electricidad es así: activos por 72,466 millones; pasivos al 31 de diciembre de 1975, por capital, 53,460. Intereses vencidos al 31 de diciembre de 1975, por 20,536 millones que suman en consecuencia más de 73 mil millones de pesos contra 72 mil de activos: la empresa está quebrada.

Por lo que hace a SICARTSA, también es un punto muy difícil de defender, porque cuando se planeó la primera etapa para producir alambrón, se estaba consciente de que la planta siderúrgica nacional ya instalada, también se estaba preparando para producir alambrón, y en este año, yo no me referí a que ya se estaba produciendo millón y medio de toneladas de alambrón, sino que la primera etapa de SICARTSA se hizo para producir millón y medio de toneladas de alambrón, y que para llegar a producir laminados, que es lo que la industria nacional necesita, se requiere una inversión todavía mucho mayor del doble de la que ya se hizo actualmente, y que laminados es precisamente lo que estamos necesitando, independientemente de otras muchas consideraciones de detalles sobre SICARTSA; la necesidad de importar coke, la necesidad de arrastrar el mineral, en fin, una serie de detalles que hacen que SICARTSA sea una empresa organizada desde un principio, con una inversión mucho muy alta y cuyo rendimiento va a ser muy difícil que obtengamos en mucho tiempo. Nada más. (Aplausos.)

- La C. Ifigenia Martínez de Navarrete: Pido la palabra, señor Presidente.

El C. Presidente: ¿Con qué objeto?

- La C. Ifigenia Martínez de Navarrete: Para hacer una aclaración.

El C. Presidente: Tiene la palabra de diputada Ifigenia Martínez de Navarrete por la Comisión, para hacer aclaraciones.

- La C. Ifigenia M. de Navarrete: Mi aclaración puede resultar una cuestión semántica, pero considero que es importante hacerla. No se puede aplicar el mismo criterio de pérdida a una empresa privada que a una empresa del sector público, patrimonio del pueblo, ya que está apoyada plenamente por el Gobierno. Y el Gobierno no puede estar nunca en quiebra ni tampoco su empresa porque siempre se les puede reponer su capital y esto se puede hacer porque el Gobierno como máximo poder tiene la facultad de recurrir, si es necesario, a la emisión de dinero para poder cubrir sus gastos. Y esto no es ningún secreto; que muchos gobiernos lo han hecho. Esa es la razón por la cual no pueden estar nunca en quiebra.

No negamos que la Comisión Federal de Electricidad tiene una situación financiera difícil; lo admitimos, y la tiene difícil por la sencilla razón de que ha tenido que realizar cuantiosas inversiones para duplicar su capacidad instalada cada 6 años, que necesita importar equipo, y otra vez volvemos al mismo problema: que los ingresos de operación que recibe no le bastan para cubrir todo su programa de inversiones; que mucho lo hace con deuda; que los mercados internacionales se han encarecido; que los intereses que se cobran son muy altos, y por allí le seguimos. Por otro lado la estructura de precios y tarifas de la Comisión era muy inadecuada. No quisiéramos referirnos tampoco, por ser un acuerdo entre caballeros a lo ocurrido en el año de 1976, con su permiso la Comisión acaba de revisar toda la estructura de tarifas.

Sí quisiera en cambio referirme a una conclusión que han manejado los diputados de Ación Nacional en varias ocasiones, con la cual estamos completamente de acuerdo: que la política de precios y tarifas de las empresas del sector público, especialmente de aquellas que

constituyen una industria básica, estén adecuadas y adaptadas para cubrir sus gastos de operaciones y generar un excedente con el cual puedan capitalizarse en una mejor forma. Muchas gracias.

El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado Enrique Soto Izquierdo.

El C. Enrique Soto Izquierdo: Con su venia, señor Presidente: Honorable Asamblea. Deseo antes que nada, al iniciar esta intervención, hacer un reconocimiento expreso - que entiendo de elemental justicia - , de la altura que ha prevalecido en el debate de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 1975. (Aplausos.)

Las diversas fracciones parlamentarias, aun quienes en algunas ocasiones han enarbolado una agresividad notable, un sentido polémico a ultranza, han colaborado en el sentido más profundo del término al buen éxito de los trabajos de la glosa de esta Cuenta Pública del año de 1975. La serenidad, la seriedad de los planteamientos, independientemente de las diferencias de criterio que son notoriamente legítimas por eso somos de partidos distintos - , el respeto mutuo que ha privado en las intervenciones es una muestra de sensibilidad para los momentos que está viviendo el país, y además de notable madurez política en la conducción de los debates.

En lo que concierne a algunos de las objeciones enderezadas por la posición respecto del ejercicio del presupuesto de 75, del cual aquí examinamos la Cuenta, y por lo que concierne particularmente a la buena aplicación, a la buena administración de los fondos que el pueblo contribuye para satisfacer sus propias necesidades, quiero hacer hincapié en un aspecto que quizá no ha sido subrayado - al menos suficientemente - en el curso de estos trabajos.

En realidad, sin ponernos en un plano de elogio indiscriminado y excesivo, sin enorgullecernos vanamente los miembros de la mayoría parlamentaria de los logros que al respecto ha tenido el gobierno - los cuales son de todas maneras limitados - , hubo y hay un proceso de avance fácilmente registrable en la administración pública.

En primer lugar porque la sujeción a controles de la operación y las actividades de los distintos organismos que constituyen el sector público, así como las dependencias del gobierno propiamente dicho, avance cuantitativa y cualitativamente en el ejercicio que examinamos. Las facultades de examen de los distintos aspectos de su actividad y operación por las Secretarías encargadas de ese contralor - la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de la Presidencia, la del Patrimonio Nacional - , se han extendido efectiva y prácticamente a todas las dependencias gubernamentales, instituciones descentralizadas y empresas de participación mayoritaria estatal.

Se han establecido en un número ya muy considerable, no en todas las entidades del sector público, pero sí en las principales sin duda, unidades de organización y métodos que contribuyen con sus trabajos técnicos, sus útiles sugestiones, su investigación y su relación con el aparato administrativo, a depurar los procedimientos, a mejorarlos, a tecnificarlos.

Se han logrado avances en los métodos de control mismos, en los de programación, en los de evaluación de la obra realizada, en el adiestramiento de personal y su recalificación, en la introducción de tecnologías modernas - de computación, de análisis de puestos, etc.- , en la administración toda en este aspecto operativo que contribuye a que, cada vez más, los dineros del pueblo que el Estado administra, se utilicen con eficacia y con educación con los fines para los que el pueblo contribuye.

Pero más allá de este aspecto, que es el aspecto operativo de la administración, creo que es muy importante que levantemos la mirada hacia lo que finalmente debe constituir el de nuestro juicio sobre el ejercicio presupuestal y la cuenta pública de 1975, que es su adecuación, su fidelidad o no a los objetivos de nuestro proyecto nacional, a los compromisos torales del ejecutivo en el señalamiento de prioridades, en la atención de problemas y necesidades a la hora de aplicar el presupuesto de la Federación.

De diversas maneras se ha argumentado, se ha señalado que con la forma como esta administración se ha conducido al concertar empréstitos en lo interno y en lo externo, los cuales han elevado, notoriamente, sin duda, la deuda pública, se estaba pretendiendo vivir, siendo pobres, como si fuésemos de calse media, o siendo de clase media, como si fuésemos ricos.

Pero no es un afán de presunción o de imitación extralógica de patrones de vida más elevados, lo que ha conducido al Gobierno de la República a concertar un endeudamiento considerable para financiar el gasto público.

Es, por el contrario, la necesidad de satisfacer las necesidades prioritarias de nuestro país, y, en especial, las necesidades populares.

El ejercicio del presupuesto tiene un objetivo primordial que no es de equilibrio contable, sino de eficacia global del proceso del desarrollo. Es un instrumento compensador de las omisiones de otros sectores y dinamizador, a la vez, de este desarrollo; y su aplicación - sin que desestimemos u olvidemos los problemas de déficit, y los problemas contables, y de cómo solventar este endeudamiento- , tiene que juzgarse políticamente, en relación con su concordancia con los fines últimos de la sociedad mexicana.

Y tiene que juzgarse además - me parece que esto es muy importante - no en abstracto, idealmente, sino dentro del marco de la situación económica y social en general, prevaleciente en el mundo y en le país, en cada momento, y sus antecedentes mediatos e inmediatos que condicionaron ese ejercicio presupuestal, sus orientaciones, y las decisiones que hubieren de adoptarse. Esas circunstancias no

se eligen, no se escogen arbitraria o caprichosamente: están fuera del control y, a veces, de la previsión del gobierno, de todo gobierno y en el mundo entero. Una vez que se presentan, hay que afrontarlas. Lo importante es si se afrontaron adecuadamente; si las disyuntivas posibles, las disyuntivas factibles en el momento, fueron bien discernidas y se escogió el camino adecuado y congruente con las prioridades señaladas a corto y largo plazo, según un determinado proyecto social.

Y yo digo, y soy eco de la opinión de la mayoría parlamentaria, que este camino fue bien escogido, que entre las opciones que en los momentos en los cuales hubieran de tomarse decisiones respecto al ejercicio del presupuesto de 1975 se presentaban al gobierno de la República, se eligieron las mejores, las que mejor satisfacían los requerimientos de nuestro desarrollo inmediato y el más largo plazo.

Teníamos en realidad - y es quizá bueno contribuir a hacer conciencia de ello - , una deuda no monetaria, un déficit que no se contabilizaba en dinero: deuda y déficit en bienes y en servicios para el pueblo. Rezago, no en el pago del endeudamiento, sino en la ampliación de la infraestructura económica y social al ritmo exigido por las realidades históricas y el desarrollo del país.

El gobierno de la República bajo la presidencia de Luis Echeverría en 75 como en otros años anteriores de su régimen se empeño a fondo en cubrir esa deuda, ese déficit, ese rezago infraestructural, económico y social; aun cuando condujera, como ha conducido, a un endeudamiento y un déficit monetario. Pero de no haberlo hecho así, veámoslo con claridad, tendríamos rezago y estancamiento socio - económico, un tremendo déficit de factores básicos para proseguir el desarrollo nacional y, en consecuencia, después, posteriormente, también un endeudamiento monetario en términos contables, interno y externo, igual o superior al ya registrado. Porque sin la infraestructura indispensable no puede crecer el aparato productivo, ni, por la tanto, la producción, de modo que se tendría finalmente y de todas maneras, que importar, en primer lugar, alimentos en una cuantía muchísimo mayor; en segundo, energéticos o directamente energía generada en el extranjero. Y lo mismo hierro y acero, y fertilizantes y transportes. Todo ello a precios enteramente fuera de nuestro control en medio de la inflación galopante en los mercados internacionales; sin casi ningún poder de negociación frente a nuestros vendedores, en una situación de agravada dependencia, y sin generación del empleo y la actividad económica interna que este endeudamiento nos ha dado para apoyar nuestro desarrollo económico y social.

En 1975 tenemos la duda monetaria, pero hemos cubierto una parte importante del déficit económico y social. Y generamos empleo y actividad productiva. Y construimos una vasta, una vital infraestructura en la cual apoyar en lo sucesivo un desarrollo nacional más vigoroso e independiente.

En lo que concierne a la productividad que este gasto y estas inversiones públicas así financiadas tengan, y al juicio que nos merezca su resultado en estos términos, señalemos que la baja productividad siempre se juzga con relación, en estos casos, al resultado contable del ejercicio de las empresas paraestatales; el cual, al fin y al cabo, refleja ingresos y egresos monetarios, o sea una estructura de costos y precios. Pero, ¿es realista este juicio, en el fondo? No, en tanto y en cuanto los precios han sido bajos por una decisión deliberada de apoyar, a través suyo, todo el resto del aparato de la producción de bienes y de servicios. Es decir, que como ya se ha señalado, los precios bajos subsidiaron indirectamente toda la actividad productiva, y por eso ha habido que subsidiar y refinanciar a determinadas empresas estatales y paraestatales. En cambio, si adoptamos como lo estamos haciendo una nueva política de precios de estas empresas, elevándolos para ajustarlos a sus costos, habrá y en parte ha habido ya, un desvanecimiento de esta apariencia de baja productividad, y entonces se registran utilidades incluso cuantiosas, y puede verse reflejada monetariamente la productividad de estas empresas.

Lo que ha ocurrido es que dejamos en manos de otras fuerzas económicas la utilización de este subsidio indirecto por la vía de los precios bajos. Un cambio de política, en materia de precios, traerá de nuevo a las manos del Estado las posibilidades de decisión y de conducción en la aplicación de los excedentes económicos que se generen por esa otra estructura de precios, por una estructura de precios más remuneradora para la producción del aparato empresarial estatal y paraestatal. De esta manera podrá rescatarse, una vez más, su aplicación directa en beneficio de las mayorías populares.

En lo que se refiere a la adscripción de prioridades de la atención de los distintos sectores económicos y sociales, la cuenta pública que examinamos refleja la fidelidad a la prioridad del sector agropecuario.

Por un lado han habido - no obstante - quejas de que CONASUPO recibe subsidios muy cuantiosos; por otro lado, hay quejas en el sentido de que no hay un apoyo suficiente al sector agropecuario; parecería haber una cierta incongruencia en estos dos puntos de vista, supuesto que los subsidios a CONASUPO han tenido por objeto el pagar en primer lugar, a través suyo, a los productores del campo precios más justos y remuneradores por sus productos; precios que se retabularon en 1975 en varios renglones, con objeto de asegurar más adecuados incentivos a la producción agropecuaria y de modelar una más justa política de ingresos en beneficio de las mayorías campesinas. Lo cual representa, por otra parte, un reajuste en las relaciones entre el campo y la ciudad en nuestro país en beneficio del medio rural, con objeto de que el apoyo

indudablemente vigoroso e importante, pero extenuante por momentos, que el medio campesino ha prestado a nuestro desarrollo general y a nuestra industrialización, se vaya matizando y revertiendo en beneficio al medio rural.

Desde todo punto de vista ésa ha sido la función primordial de CONASUPO, junto con la realización de adquisiciones, éstas, en alguna proporción inclusive en el mercado exterior, de alimentos indispensables, de subsistencias básicas para el pueblo mexicano. De tal manera que se justifica ampliamente y desde todo punto de vista la aplicación de estos subsidios importantes a la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, uno de los grandes instrumentos para la aplicación de la política social y económica del gobierno.

No es paternalismo. No es paternalismo el pagar precios justos, precios remuneradores de su trabajo a los campesinos de nuestro país: es un acto de estricta y elemental justicia. Simultáneamente, por lo demás, no solamente se ha dado una mayor remuneración al trabajo campesino, sino por otro lado se ha procedido a un esfuerzo de reestructuración de la producción en el agro, buscando formas más organizadas y elevadas de la producción agropecuaria, organizando también para la producción al campesinado nacional, tarea que es inherente a los estadios más altos de una verdadera reforma agraria.

Se ha dejado de lado (quizás es un descuido que compartimos), se ha dejado de lado el señalamiento de una de las circunstancias no escogidas ciertamente, una de las circunstancias históricas en que este Presupuesto y la Cuenta Pública consecuente se han ejercido y que responde a los efectos acumulados del crecimiento demográfico en nuestro país. Desde luego, éste no es un fenómeno del año de 75, es un fenómeno que tiene largos años operando en nuestro país e incidiendo sobre las realidades de la nación. Pero es un fenómeno indudablemente acumulativo y, precisamente ante la omisión en años anteriores de ciertas inversiones productivas y de infraestructura absolutamente prioritarias, básicas, y ante la posposición de gastos sociales de primer orden para asegurar el desarrollo ulterior del país - primordialmente en educación, pero también en seguridad, salud y asistencia social - , hizo indispensable en estas condiciones un esfuerzo adicional para recuperar en estos aspectos el campo que habíamos dejado vacío, para recuperar una parte del tiempo perdido.

El desarrollo estabilizador al que correspondió un esquema de aplicación de los recursos y de la política del Estado Mexicano en años todavía recientes, independientemente de su crítica de fondo, fue una estrategia viable o factible en las condiciones históricas de una expansión notablemente sostenida de la economía mundial, de un orden fundamentalmente estable - injusto sin duda, pero fundamentalmente estable - en el orden monetario y en el comercio internacionales. Esa era, esa época, terminó, llegó a su fin. Y habiendo llegado a su fin pretender manejarse con la estrategia de entonces, implicaría, más allá de una desviación de nuestros grandes fines nacionales y populares, simple y llanamente un inmovilismo en la vorágine, es decir, un suicidio.

En una era de cambios dramáticos y acelerados, incluso de crisis, no podemos aparentar o pretender que vivimos en un compartimiento estanco dentro del cual prive la estabilidad, mientras en torno rugen las tormentas. Teníamos que cambiar de estrategia como lo hemos hecho, a través del ejercicio presupuestal, respondiendo ágilmente a esos cambios, usando del presupuesto como un motor y un timón para navegar en aguas agitadas y difíciles.

Hay dos grandes corrientes de pensamiento sobre la estrategia del desarrollo para nuestra Nación: una sostiene que "primero hay que hacer el pastel", dicen "para poder repartirlo". Es una visión doméstica, de cocina, para el complejo fenómeno del desarrollo. La otra corriente sostiene que la generación de la riqueza de una nación - lo cual no puede compararse con ningún fenómeno doméstico y estático - ,es el resultado de un ritmo, adecuado en cada momento, de incremento de la producción y de redistribución de sus beneficios, simultánea y constantemente.

El desarrollo estabilizador según lo llamamos, fue una estrategia en la cual, sin dejar de redistribuirse una porción sustancial de la riqueza producida en el país en beneficio de una parte de las clases populares, se dejó caer en una marginación creciente a otros numerosos grupos del pueblo, y se permitió en cambio crecer excesivamente y con apoyos y facilidades múltiples, la riqueza de algunos grupos reducidos de los que se esperó, sin resultados satisfactorios, que cumplieran la función social de acumular para invertir en renglones requeridos por el país.

No fue, tal vez no sea ocioso señalarlo, una estrategia enteramente ciega a los requerimientos populares y al progreso de las mayorías, pero sí de confianza - defraudada de hecho y frustrada al fin - en la eficacia social y económica de los grupos a los cuales se les dio la oportunidad de acumular para contribuir a la inversión y al desarrollo.

La estrategia de 1971- 75 reflejada en el ejercicio presupuestal del 75 y en la Cuenta que analizamos, la estrategia del desarrollo compartido, es también un resultado y una reacción a la ineficacia de la fórmula precedente, al agotamiento de sus posibilidades reales, de su viabilidad histórica. Y significa una reasunción plena por el Estado, no sólo de sus funciones generales de promoción, de impulso a la producción, sino de sus funciones de redistribución justiciera de la riqueza y de orientación productiva, por vía presupuestaria, hacia los fines más altos de la Revolución Mexicana : hacia la democracia social, hacia el constante mejoramiento económico, social y cultural de todas las clases populares mayoritarias. Muchas gracias. (Aplausos.)

El C. Presidente: Tiene la palabra el C. diputado José Luis Martínez.

El C. José Luis Martínez: Señor Presidente. Señoras y señores diputados. Durante mi intervención voy a referirme a dos puntos, por un lado haré un breve análisis. de la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal y al finalizar éste daré lectura a las conclusiones de mi Partido relativa a la Cuenta Pública Federal y al proyecto de Decreto que se desprende de dichas conclusiones.

Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal. En la misiva de envío de este documento se dice que en la exposición de motivos tiene como finalidad mostrar la vinculación del presupuesto autorizado por la Cámara con el ejercicio del mismo y la canalización en obras y servicios de los recursos. Puesto que repetidas veces quienes han defendido el dictamen han insistido en la flexibilidad del presupuesto, no insistiré mayormente la falta de hilación del presupuesto autorizado con su ejercicio.

Simplemente haré notar que en el caso del Departamento del Distrito Federal, nos encontramos con que, por un lado, los ingresos ordinarios fueron inferiores en un 22% a lo presupuestado, mientras que en los egresos se excedieron en un 11%. No pretendemos que esas variaciones sean absolutamente injustificadas, o que no tenga una explicación.

El decremento en los ingresos se debió, fundamentalmente a una recaudación menor a la prevista del impuesto predial, debido a que la revaluación catastral que se contemplaba en el presupuesto, apenas se llevó a cabo durante 1975, mientras que el impuesto adicional del 15% fue derogado en la revaluación de los predios.

Otra causa de la mencionada disminución, fue el hecho de que las nuevas tarifas de agua empezaron a ser cobradas hasta el segundo bimestre de 1975; también hubo una baja en los ingresos del Departamento del Distrito Federal, en virtud de que disminuyó la venta de cervezas y gasolina, debido al alza de precios, con lo que se contrajo la demanda.

En cuanto a los egresos, hay que reconocer de la variación del 11%, función de los presupuestado es menor al 14% de variación del año anterior, mas esta leve mejoría no llega a modificar sustancialmente el hecho de que entre la baja de los ingresos y del aumento de los egresos, la deuda sigue creciendo en proporción considerable y hasta tenemos que la deuda del Departamento del Distrito Federal aumentó de 917 millones de pesos en 1971, a 9,445 millones en 1975.

Lo particularmente grave de esta situación, es que dada la naturaleza de los problemas del Distrito Federal, tanto la deuda como el presupuesto pueden crecer indefinidamente como lo reconoció hace unos días el Regente, sin que se resuelvan los problemas de la capital.

La razones de este problema son las siguientes:

a) Lo importante no es sólo la cantidad de recursos, sino la forma en que se manejan. Junto a obras de indiscutible utilidad y beneficio público como fue la construcción del drenaje profundo, se han realizado obras cuya conveniencia para decir lo menos, es bastante discutible.

¿Cómo es posible que habiendo quedado inconcluso un servicio que beneficia a un inmenso número de capitalinos - como es el METRO - se abandone esta inversión y en cambios se dediquen los recursos a la realización de una obra cuyos beneficios se reducen al grupo minoritario de los automovilistas? Nuevamente contestamos la discrepancia entre palabras y obras. Por una parte se habla de invertir para mejorar la situación de las grandes masas, y por la otra, las obras que se realizan son en beneficio de una pequeña élite. Por un lado se habla con continuidad revolucionaria y por otro lado, cada gobierno prefiere distinguirse con una obra original por la cual será conocido por la posteridad.

Antes que rebajarse a continuar la obra inconclusa del predecesor a pesar de que esto es necesario y de indiscutible beneficio popular.

b) No basta ningún presupuesto para resolver los problemas del Distrito Federal, ya que su naturaleza no es tal que puedan ser resueltos únicamente con dinero. La corrupción de las autoridades a todos los niveles, las condiciones angustiosas de misería, insalubridad y constante opresión en que viven millones de capitalinos, que contrastan con la prosperidad de un pequeñísimo grupo de mexicanos, que nominalmente pueden pertenecer al sector público o privado, pero que siempre medran al amparo del poder. En fin, la deshumanización de la ciudad que hace que la vida sea cada vez más intolerable, no sólo para los desposeídos, sino también para los miembros de la clase media, que sin tener las mismas angustias económicas de aquéllos, sufren diariamente las consecuencias de un crecimiento urbano caótico.

c) Finalmente, no basta ningún presupuesto para resolver los problemas del Distrito Federal, porque estos se originan fuera del mismo, así por ejemplo, ninguna solución al problema del crecimiento demográfico será posible, mientras no sea un hecho la descentralización por un lado y la solución libre de demagogias del problema agrario.

Una vez expuestos algunos de los problemas que representan la Cuenta Pública del Distrito Federal, procederé a dar lectura a las conclusiones generales sobre el dictamen y el proyecto de decreto que se desprende de las mismas.

Conclusiones.

1o. Efectivamente, en este año se entregó la cuenta pública de 1975, con un mayor análisis en comparación de años anteriores. Además, se nos proporcionó un ejemplar de la misma por primera vez, con un tiempo que hizo posible su estudio y un mayor conocimiento.

Aunque hacemos notar que la presentación tiene todavía varias deficiencias que sería conveniente que se corrigieran.

Quisiéramos efectivamente que el análisis de la cuenta pública fuera conocido por el pueblo, que es el principal afectado por el manejo de los fondos públicos.

2. Acción Nacional considera indispensable que por la importancia que para todo el país representa el análisis y discusión de la cuenta pública se le debe conceder un tiempo mayor del período legislativo para debatir ampliamente los capítulos que la integran. Y se le dé mayor publicidad usando los medio de difusión incluyendo radio y televisión, para darle mayor importancia y así el pueblo conocería el destino y la aplicación que se le da a sus impuestos. 3. Sabemos que un problema importante es el crecimiento demográfico, pero este no debe ser motivo para que decrezca el porcentaje de producción de la economía nacional. Antes bien, debe ser motivo para lograr que se mantengan los porcentajes de aumento adecuados para dar a la población mexicana las posibilidades económicas y sociales que cualquier mexicano tiene derecho.

4. El monto del gasto fijo se ha incrementado año con año para atender las necesidades crecientes de nuestra población, pero creemos que es muy importante que se respete la constitución y éste se ajuste a lo autorizado por la Cámara de Diputados, y no estamos de acuerdo en que éste se apoye fundamentalmente con recursos financieros, porque esto nos lleva a una dependencia económica muy grave, que nos obliga a pagar una deuda a pagar una deuda creciente y a invertir el producto de los préstamos en los renglones que indiquen las condiciones en que fueron concedidos los mismos, creando una prosperidad artificial que trae graves desajustes económicos que estamos heredando a las generaciones futuras.

5. La expansión acelerada en renglones como acero, petroquímicas, energéticos y de electricidad, obligó a invertir grandes cantidades del gasto público para tratar de solventar en un solo sexenio las grandes carencias de un país en proceso de desarrollo como es México, lo que puede estar justificado en países con un poder económico mayor, pero que no se justifican en México, cuando lo que necesitamos hacer es planes a corto y mediano plazo, a la medida de nuestras posibilidades, para no forzar el desarrollo y poder avanzar en la solución de nuestras necesidades más apremiantes.

6. Es indispensable la creación de empleos, aumentando la producción principalmente en el campo agropecuario, sin descuidar el sector industrial, pero también es indispensable, que tanto el Gobierno Federal como las empresas paraestatales se ajuste la burocracia a la indispensable mano de obra, para no seguir distrayendo el gasto público con personal innecesario.

7. Creemos que es importante que el sector público cuente con ingresos producto de los recursos de deuda interna, pero conservando la proporción adecuada para que el sistema bancario cuente a su vez con recursos que dan oportunidad a la expansión de las actividades particulares; de lo contrario el sistema de economía mixta se convertiría en otro buen deseo no llevado a la práctica.

8. Es necesario que los Estados y municipios participen en mayor porcentaje los ingresos federales por concepto de impuestos, productos, derechos y aprovechamiento para fortalecer la economía estatal y municipal con objeto de darles la autonomía que la Constitución les otorga.

9. Se concuerda en un punto fundamental: se gastó en exceso; unos lo califican como derroche y otros como inversión; el derroche es por ineptitud o por malos manejos y se debe entender que aunque se haya gastado con buena intención en algunos casos, no justifica el endeudamiento en demasía porque está contra el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados y si no, ¿para qué se presenta a su aprobación? Para que el formulismo de aprobación ante el Poder Legislativo que representa al pueblo y que se supone debe cuidar de la sana aplicación de los dineros que el pueblo aporta al sector público y que éste tiene la obligación de devolver en bienes y servicios necesarios para la comunidad. Hasta ahora no existe instrumento que limite al Ejecutivo cuando gasta de más, se conoce del gasto hasta que se presenta a la Cámara para su dictamen, pero mucho tiempo después de dado, y si hubo derroche el pueblo como siempre es el que paga las consecuencias de la mala administración y el fracaso del sistema. Modificaciones al Proyecto de Decreto. Con base en la exposición anterior, sometemos a la consideración de esta Asamblea, las siguientes modificaciones al proyecto de Decreto: artículo 1o. Se recibe la Cuenta Pública que comprende la del Gobierno Federal y la de organismos descentralizados propiedad del Gobierno Federal, así como la del Departamento del Distrito Federal y de sus organismos descentralizados. Artículo 2o. Practicada la revisión de los estados contables que integran la Cuenta a que se refiere el artículo anterior, se verificó que el ejercicio de los gastos no se ajustó a las disposiciones legales relativas, por lo que no son de aprobarse aquéllas, considerando además que no son suficientemente positivos los efectos de los gastos en el desarrollo económico y social del país. Artículo 3o. Ordenes a la Contaduría Mayor de Hacienda, examine los libros de contabilidad y acto seguido glose los documentos justificativos y comprobatorios que integran las mencionadas cuentas, y se proceda en los términos de Ley.

México, D. F., 27 de noviembre de 1976.

Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados.

- Sección Parlamentaria del Partido Acción Nacional. Muchas gracias. (Aplausos).

El C. Presidente: Tiene la palabra la C. diputada Marcela Lombardo de Gutiérrez, para hablar en pro.

- La C. Marcela Lombardo de Gutiérrez: Con su venia, señor Presidente: honorable Asamblea: Antes de referirme al dictamen que nos ocupa, me veo precisada de hacer dos aclaraciones a algunas opiniones que se dieron aquí.

En primer lugar, preciso aclarar que el Partido Popular Socialista nunca ha sostenido la tesis como aquí se dijo, que el desarrollo industrial puede producirse sin que exista un desarrollo agrícola. La mención que hizo mi compañero Héctor Ramírez Cuéllar fue en el sentido de que el desarrollo es dialéctico, esto quiere decir que uno se desarrolla con base en el otro, y éste a su vez impulsa el desarrollo del anterior.

La tesis que se combate, es la sostenida por el diputado de Acción Nacional que afirmó que había que desarrollar la producción agrícola aun cuando fuera diminuyendo la producción industrial. Con la infraestructura creada por el Estado, esto aunque se quisiera, ya no pueden acontecer, porque al impulsarse el desarrollo de la agricultura, y a eso tiende el gran impulso dado a la explotación colectiva de la tierra, y a la fuerte paralización que el Estado está dando y debe ser cada vez mayor, de crédito y tecnología a la agricultura, al impulsarse así el desarrollo de la agricultura, repito, ésta requerirá tractores, trilladoras, segadoras, combinados agrícolas, etc., requerimientos que sólo se podrán satisfacer creando una industria pesada propia, si no queremos seguirnos endeudando más y es claro que al desarrollarse así la agricultura, crecerá el mercado interno, porque los trabajadores del campo tendrán recursos económicos suficientes para comprar y esto desarrollará aún más la industria.

En eso radica lo dialéctico del desarrollo agrícola e industrial del que habló mi compañero Ramírez Cuéllar.

Y al otro señor diputado de Acción Nacional, deseamos aclararle que nosotros no sostenemos que ellos manejan al Fondo Monetario Internacional, lo que decimos es que el Fondo Monetario Internacional los maneja a ellos. (Aplausos.)

Ahora bien, refiriéndome al análisis del dictamen que nos ocupa.

El análisis del gasto del ingreso fiscal y la disposición de recursos extraordinarios del Departamento del Distrito Federal nos permite apreciar la trayectoria que en materia de política económica y social ha ejercido la actual administración. Es por esto, que el examen del dictamen que ahora nos ocupa, no consiste solamente en confrontar cantidades de ingresos y egresos, sino en ver si los primeros provienen de una equitativa carga fiscal y si los últimos se han orientado a resolver los problemas más importantes del Distrito Federal y hasta qué punto se han utilizado para promover el desarrollo económico de la entidad. Es una cuestión fundamentalmente de orientación política, de economía política.

La orientación que se debe dar a la inversión pública, a juicio del Partido Popular Socialista, debe ser para impulsar el desarrollo independiente de México, con mayor participación del Estado en la producción, tanto nacionalmente como tratándose del Distrito Federal.

Esto es lo que vamos a examinar, debemos saber a qué sectores del pueblo han ayudado los gastos del Estado, ya que el ingreso que éste recibe, es verdad que proviene de todos los sectores sociales, pero principalmente de la gran mayoría del pueblo trabajador, porque en el régimen social en que vivimos, el pueblo es el que aporta casi todos los recursos del Estado.

El Distrito Federal, como todos sabemos, es la entidad política más importante de la República, no sólo porque en ella se concentra la sexta parte de la población nacional, sino porque es también la región que contribuye con mayor volumen al producto interno de la nación, además de que en ella se ubican los poderes federales. Aquí se encuentran las sedes de los organismos políticos y sociales nacionales, incluyendo las de la clase patronal y de los inversionistas extranjeros, con sus correspondientes voceros políticos.

Como consecuencia de esto, es en el Distrito Federal donde más se acentúa la presión de las fuerzas que pretenden detener el desarrollo progresivo de México, como lo hemos visto recientemente.

No obstante la importancia que representan las inversiones privadas nacionales y extrajeras ubicadas en el Distrito Federal, en relación con el total nacional y del volumen de producción aportado al Producto Interno Bruto, es justamente aquí donde estos empresarios contribuyen con la menor proporción a los recursos del Estado, y donde más reclamos, exigencias y protestas formulan ante algún intento del Gobierno para aumentar su captación de recursos, o promover medidas con una orientación democrática y popular.

Por su relativo alto nivel de producción y por la densidad de población, el Distrito Federal es la entidad federativa en donde se manifiestan las formas más complejas y desarrolladas de la problemática nacional, y donde es más la inconsecuente e injusta distribución del ingreso.

En un país capitalista, que se basa en la propiedad privada de los instrumentos de la producción y del cambio, no es posible planificar la economía en beneficio exclusivo del pueblo, pero en un país con las características del nuestro, donde la política de nacionalización es revolucionaria, ha permitido configurar al Estado Mexicano como la fuerza rectora de la economía nacional y una garantía de que podemos desarrollarnos con independencia, la planificación económica se ha convertido en una necesidad inaplazable para consolidar y acentuar nuestro desarrollo en general. Por estas razones la Cuenta Pública del Distrito Federal refleja en determinada forma las consecuencias del crecimiento de la población y la multiplicación de sus fuerzas productivas que son las más desarrolladas del país. Por lo tanto,

es imperativo que las erogaciones del Departamento del Distrito Federal se orienten a satisfacer las medidas y necesidades fundamentales de la población.

El Partido Popular Socialista ve con satisfacción que el Gobierno del Distrito Federal exponga juicios severos sobre la insuficiencia de recursos para resolver los problemas urbanos - como recientemente lo declaró el Regente de la ciudad de México - , pero considera que estas preocupaciones debe acompañarlas un proyecto o plan mínimo para mejorar, para optimizar el uso de los recursos actuales y allegarse los medios que le hagan falta.

Es positivo que el Departamento del Distrito Federal, además de sus programas fundamentales haya continuado y terminado la construcción de obras como la del Drenaje Profundo, obra que resuelve un viejo y difícil problema.

Por esta razón consideramos adecuada la política de financiamiento que la hizo posible.

Sin embargo, las reformas al sistema impositivo, principalmente las que se refieren al impuesto predial y de los derechos por servicios de agua, fueron insuficientes y son insuficientes para proveer de los recursos necesarios al Departamento del Distrito Federal, en la ejecución de la obra mencionada y de las que deben realizarse en lo subsecuente.

Por estas razones, consideramos que el endeudamiento que el Departamento del Departamento del Distrito Federal adquirió para financiar y complementar el financiamiento del drenaje profundo, es justificable puesto que permite liberar recursos presupuestales para el cumplimiento del programa de gastos públicos, consideramos que por la magnitud de esta obra y de las que tendrán que realizarse en el futuro, algunas de las cuales ya son inaplazables, debe formularse un plan de financiamiento interno y externo, aprovechando las fuentes de crédito al máximo y en las mejores condiciones posibles.

Por otro lado, el Partido Popular Socialista estima que "para lograr el establecimiento de mejores y más eficaces medios de acción, a través de una mayor colaboración ciudadana, y de la participación comunitaria", como se dice en la Exposición de Motivos de la Cuenta de la Hacienda Pública del Departamento del Distrito Federal, es necesario informar y hacer participar más ampliamente a la ciudadanía de la entidad en el programa de obras y en la política general del Distrito Federal, para que se conozca el estado de avance en que se encuentran los nuevos programas de inversión, cuáles se han concluido y a qué porcentaje de la población van a servir para que se comprenda la justeza o lo inadecuado de esos planes.

Las únicas medidas que real y efectivamente podrán ir resolviendo los problemas crecientes de la población más numerosa y necesitada del Distrito Federal, o sea de los trabajadores, serán aquéllas que tiendan a proveer de mayores recursos al Departamento del Distrito Federal para que pueda hacer frente a los gastos también cada vez mayores.

Es positiva la política adoptada por el Gobierno Federal al conceder mayor participación al Distrito Federal de los impuestos federales; aunque esto haya sido todavía insuficiente, permitió el incremento de la capacidad económica del mismo.

Además de las reformas impositivas planteadas, mi partido considera que para hacer frente a los crecientes gastos necesarios para satisfacer a una población que constituye la sexta parte de la del país, con una densidad de 8,000 habitantes por kilómetro cuadrado, que es 228 veces la densidad media nacional. Siendo la concentración de casi 12 millones de habitantes en el área urbana, se hace urgente, como decíamos, el tomar medidas para resolver los graves problemas, como son el transporte urbano, la desocupación, la vivienda, salud pública, abastecimiento, educación, deterioro ambiental, que por falta de recursos y planeación definida y adecuada, hacen que cada vez se agudicen más los contrastes entre riqueza y miseria. Esta planeación de Distrito debe, desde luego, estar vinculada a la política económica nacional.

La inflación, problema nacional, nuestro y de todo país capitalista, beneficia a los monopolios y a los sectores de la población de mayores recursos, que son los que más se quejan, haciéndose las víctimas y diciéndose los efectuados, siendo precisamente lo contrario; una medida para evitarlo, es controlar los artículos de primera necesidad: la industria alimentaria debe estar en poder del Estado; de igual manera, la comercialización y distribución de estos mismos artículos, debe estar a cargo de CONASUPO, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, del Instituto Mexicano del Seguro Social y de todas las tiendas de los trabajadores, en coordinación con el Departamento del Distrito Federal, sin otorgarlas a concesionarios, ya que éstos, en sistemas como el nuestro, en muy corto tiempo se convierten en intermediarios, especuladores, que hacen descender el ya menguado poder adquisitivo del pueblo trabajador y por lo tanto su nivel de vida.

El abastecimiento de alimentos a bajo precio para la población del Distrito Federal, sólo se podrá realizar, organizando la producción agropecuaria en la vecindad del mismo, creando centros regionales de abasto, coordinados nuevamente con el Departamento del Distrito Federal y CONASUPO para surtir a las tiendas del Estado que habrán de multiplicarse por toda la entidad y para surtir también al pequeño comercio.

El Estado debe manejar el total de la producción de la carne por conducto de un organismo único; se deben establecer establos y empresas lecheras que empleen la técnica más moderna para bajar costos en la producción de la leche y distribuirla por los mismos canales que ya hemos mencionado.

La salud y la alimentación de los menores de edad debe ser preocupación permanente de

todos los mexicanos. En la actualidad, prácticamente sólo los privilegiados pueden tomar leche, lo que hace que un alimento que es indispensable para los niños, para el desarrollo de los niños, no llega a la inmensa mayoría de ellos debido al alto costo del producto y a su constante alza.

Por lo que se refiere a la vivienda, no solamente es deseable sino indispensable que se cree un sólo organismo que planifique la vivienda, para que dé solución a los problemas urbanos que actualmente existen, y que el Departamento del Distrito Federal establezca sus propias compañías constructoras y de la industria productora de materiales de la construcción, ya que en este renglón se ahorrarían grandes sumas de dinero que actualmente la reciben las compañías particulares, contratistas y concesionarios, como es el caso, ejemplo, de los adoquines que se han empleado en la construcción y reconstrucción de calles - por mencionar simplemente un dato - . Además, con esto se abriría una gran fuente de trabajo.

En 1975 el gasto de obras públicas y construcciones ascendió a 4,941 millones , un aumento del 11% en relación a lo estimado; de esta cantidad, 2,647 millones fueron de recursos propios, y 2,294 millones de crédito interno.

La política de endeudamiento debe aplicarse para aprovechar las fuentes de financiamiento de acuerdo a un plan de inversiones altamente productivas, económica y socialmente.

Otro de los problemas importantes del Distrito Federal es el del transporte. En el ejercicio fiscal que nos ocupa se construyó el Circuito Interior para tratar de aliviar la circulación en el centro de la ciudad de México y de reestructurar globalmente el transporte del Distrito y de su área metropolitana. Esta inversión, que pretende resolver el problema de la circulación de automóviles, aunque es importante, no se jerarquizó y a nuestro juicio debe estudiarse el uso más racional de los automóviles y aumentar el transporte colectivo.

Pensamos que debe constituirse una sola empresa del Estado que controle, planifique y desarrolle el servicio en beneficio de la población y no de los permisionarios, que siempre tratan de obtener mayores ganancias a costa de los trabajadores y de los usuarios, a pesar de estar subsidiados por el Estado en el precio de la gasolina y en la compra de refacciones y de nuevas unidades. De esta manera los trabajadores del transporte no serían explotados como actualmente lo son y tendrían salarios justos y prestaciones de las que carecen.

Debe tenerse en cuenta que los transportes son un servicio que no son un fin en sí mismos, sino que son un importante instrumento complementario del desarrollo económico general.

Mi partido considera que las inversiones en el problema del transporte deben ser fundamentalmente para resolver cada vez en mayor grado el servicio colectivo, única solución para este problema. En este sentido, deberá ampliarse la red del Metro y el número de vagones para aumentar su frecuencia de circulación.

Esta inversión es prioritaria y justificable por la importancia del servicio social que prestará y resolverá.

Compañeros diputados, mi partido, el Partido Popular Socialista, considera que para garantizar la sana estabilidad política, el único camino del gobierno de México y, por lo tanto, del Gobierno del Distrito Federal, es continuar avanzando por la vía de la Revolución Mexicana hacia etapas superiores del desarrollo económico, político y social hasta que nuestro país haya abolido la explotación de los hombres, y exista igualdad de posibilidades para todos sus habitantes.

Esa etapa llegará pronto, no por capricho o deseos de alguien en particular, ni por el deseo de mi partido, el Partido Popular Socialista, sino en virtud de las leyes del desarrollo histórico.

La disyuntiva histórica en que se haya México ante las grandes transformaciones que exigen los pueblos y que se están realizando en todas las regiones del planeta, es, o caer en el retroceso, renunciando a nuestro progreso económico y a nuestra independencia, o marchar adelante hacia un futuro luminoso. Muchas gracias. (Aplausos.)

El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado Jaime Aguilar.

El C. Jaime Aguilar Alvarez: Señor Presidente; honorable Asamblea:

Quise venir a esta tribuna para puntualizar algunos puntos que el diputado José Luis Martínez, del Partido Acción Nacional, expresó con ligereza algunos de ellos, con desconocimiento algunos otros, y creo, fundamentalmente, que alguno, especialmente refiriéndose a la corrupción en todos los niveles del Gobierno del Distrito Federal, con una actitud profundamente demagógica.

El diputado José Luis Martínez hace una referencia al principio de su exposición, sobre el problema de la deuda del Departamento del Distrito Federal.

La deuda del Departamento del Distrito Federal, decreció en un 10, casi 11% del año anterior, y sin embargo amortización de esta propia deuda aumentó casi en un 17% con relación el otro año.

Se hace también alguna referencia a los cambios fundamentales de los programas de obras que realiza el gobierno de la ciudad de México a través de todos los regímenes revolucionarios. Creo, en este sentido, que en ningún momento el gobierno de la ciudad de México ha dejado de seguir adelante con la ampliación del Metro puesto que es esta ampliación la que reviste dos características: una de ellas la ampliación física en cuanto al mayor número de kilómetros de las líneas, y otras, que es la que está realizando el gobierno de la ciudad en cuanto a la eficiencia de los sistemas ya instalados

Esto es importante porque ha tomado en cuenta la estrategia general que se a planteado el gobierno de la República, se está ampliando el Metro, ampliando sus corridas, fabricando y usando la tecnología a través de

una empresa del Estado Mexicano, evitando de esta forma, primero, la salida de divisas, y segundo: creando una planta de técnicos que pueda resolver en las futuras ampliaciones de las líneas la existencia de carros del Metro hecho y construidos por mexicanos y en México. El Circuito Interior no es una obra que sea diferente en su sentido, al propio sistema de transporte colectivo.

El Gobierno del Distrito Federal ha creado y ha ideado un plan general para el movimiento de la ciudad de México. En este orden de prioridades, en esta mexicanización de la construcción de los carros del Metro; en las inversiones necesarias para ampliar posteriormente estas líneas y en la ejecución de un sistema de transporte de superficie que no es de élite, puesto que existen registrados en el Distrito Federal, un millón y medio de automóviles y en los camiones de la ciudad de México, se manejan 7 millones y medio de viajes pasajero al día, están complementados los sistemas de transporte de la ciudad de México.

Creo que esto es importante aclararlo, porque en lugar de crear una diferencia entre las obras de los gobiernos revolucionarios, marcan claramente la continuidad que existe dentro de un esquema de planeación general y pensando también en las inversiones y en la deuda a la que se ha referido muy ampliamente en este debate.

De 400 millones de pesos el kilómetro del Metro, que era su costo hasta hace unos meses, el Circuito Interior costaba 70 millones de pesos el kilómetro. Esto crea un sistema integrador de todo el movimiento de la cuidad de México.

Por otro lado, precisamente para que como lo decía muy acertadamente la diputada Lombardo Toledano, la población esté más cerca de la autoridad para conocer y para influir con sus decisiones en el programa de gobierno de la ciudad de México, se ha fortalecido fundamentalmente la desconcentración administrativa del Distrito Federal.

Creo que este programa de la desconcentración dentro del plan general de desarrollo del Distrito Federal, da una profunda participación en las decisiones políticas y en las decisiones de inversión al ciudadano de la ciudad de México, junto a sus propias autoridades.

Esto, aunado a los profundos programas de sentido social del Departamento, a las 35 mil viviendas que ha construido el Departamento del Distrito Federal, a los esfuerzos, a donde tuvimos el gusto de que nos acompañasen a visitarlos los compañeros de la diputación de Acción Nacional, titánicos que el Departamento del Distrito Federal hace para resolver los problemas de la ciudad de México, para poder tener la suficiente agua potable, para resolver este problema del transporte, para poder resolver el desalojo de las aguas de la ciudad de México.

Creo que todo esto enmarcado en una cuenta como la que se presenta del Departamento del Distrito Federal y con un 10 por ciento de diferencia solamente entre el gasto y lo presupuestado, dan una idea clara de que la administración de la ciudad de México está en manos de técnicos y de funcionarios que actúan con una absoluta probidad en el manejo de los fondos públicos.

Coincidimos en que los problemas del Distrito Federal no podemos verlos aislados de los problemas de todo el país y esto viene a reforzar lo que durante ya muchas horas se ha debatido en esta Asamblea: lo importante que ha sido que el gobierno de la República, que el gobierno de la revolución cada día tenga mayores inversiones en todas las áreas productivas de México; qué importante es para este planteamiento de no ver sola a la ciudad de México, el que cada día se hagan mayores inversiones en obras de infraestructura; en que cada día se haga una mayor inversión para beneficiar la producción en el medio rural; qué importante es el que todos los días se hagan obras de infraestructura e invierta el Estado en la industrialización del país, en muy diferentes zonas del mismo para así resolver integralmente el problema del crecimiento y de urbanización en el cual estamos inmersos, como están inmersos absolutamente todos los países del mundo.

Esto, este gran marco - y quiero ser breve - , este gran marco de referencia sobre los problemas y las soluciones que en la ciudad de México se están dando y sobre lo que esto significa dentro del gran marco de referencia en la inversión pública del Estado en todo el país, creo que es lo que hace sentir claramente que la intención de los problemas urbanos del Distrito Federal se resuelvan, sí, desde el propio Distrito Federal, pero se resuelvan también con un profundo interés nacional a lo largo de todo nuestro territorio.

Sentimos que este problema, y ya no es sólo del Distrito Federal, sino de todas las grandes ciudades, tiene que verse en conjunto, y sentimos ante esta afirmación, por cierto muy clara del diputado José Luis Martínez, que viene a encajar perfectamente todo el problema y la Cuenta del Distrito Federal dentro de lo que el Gobierno de la República ha orientado para las inversiones productivas en el resto del país.

Creo que hacer un análisis muy profundo de la Cuenta del Distrito Federal nos llevaría un buen tiempo, pero creo que con estas acotaciones que hemos hecho, que con esta idea sobre la continuidad de las obras en el Distrito Federal, de la planeación que existe para un sistema de movimiento, de la participación que se propicio a través de la desconcentración administrativa, de la comunidad y de todos los mexicanos que viven en esta ciudad, en las decisiones políticas y sociales del Distrito Federal, que el haber entendido la inversión general del país como parte de la solución a los problemas de urbanización, es lo que nos da un marco real sobre el esfuerzo que el Gobierno de la Federación está haciendo con un profundo sentido revolucionario, creo que esto nos da claramente la idea de que en esta ciudad está en manos de buenos mexicanos, de estupendos

gobernantes y de estupendos técnicos. Muchas gracias. (Aplausos.)

El C. Presidente: Tiene la palabra el C. diputado Enrique Ramírez y Ramírez.

El C. Enrique Ramírez y Ramírez: (Aplausos): Con la venia de usted, señor Presidente; honorable Asamblea: Han pasado ya 12 horas desde que iniciamos nuestro trabajo esta mañana en esta sesión, no obstante, robándole un esfuerzo más a la Asamblea y un poco de energía a nuestro natural cansancio, quiero hacer algunas reflexiones en torno a este debate y a algunos de los puntos tratados dentro de la amplísima temática que nos ocupa. Quiero decir que a mi profunda simpatía por el Poder Legislativo se agrega hoy un dato de esperanza, cualquier observador imparcial, sagaz, y entre mis colegas de la Prensa Nacional los hay muchos, informadores o comentaristas capaces y preparados, cualquier observador sagaz podría encontrar en este debate un elemento de aliento respecto al desarrollo político del país.

Este debate es diferente a muchos del pasado; a otros sobre el mismo tema siempre tan arduo y debatido de la Cuenta Pública, de que hemos tenido conocimiento en el pasado o en los que hemos participado, y a muchos de los debates comunes y corrientes en una Cámara integrada por diputaciones de diferentes y aun opuestos partidos.

En este debate, largo pero tan interesantísimo, se han puesto de manifiesto más claramente las diferencias, pero también los acercamientos y las coincidencias, y se ha puesto a mi juicio, de relieve, un comportamiento edificante de las cuatro diputaciones de los Partidos en esta Cámara, por qué no decir, por qué no reconocer, señores de Acción Nacional, que también, además de que en esta vez la Cuenta Pública se le proporcionó a todos los Partidos con tiempo adecuado para su examen previo, la mayoría, al través de su Comisión respectiva, la Comisión encabezada por la doctora Ifigenia Navarrete y con el acompañamiento de otros muchos miembros de esa mayoría, llevó a cabo, para la elaboración de su dictamen, un largo, profundo, objetivo, crítico y autocrítico examen de la Cuenta Pública del Gobierno Federal y de las empresas del Estado, y que este solo documento, de 280 páginas, es ya un documento que honra a esta Legislatura por su cuidado, por su escrúpulo, por su rigor analítico, porque es el fruto de un trabajo de muchas semanas en el seno de la mayoría, trabajo en el cual, y esto no es ahora indiscreto decirlo, sino al contrario, también positivo, se expresaron las diferencias entre la propia mayoría, ese es trabajo parlamentario.

Ha habido aquí muy importantes esclarecimientos, yo he seguido paso a paso el debate y he llegado a la conclusión, por ejemplo, de que Acción Nacional, Acción Nacional no mantiene hoy una posición de radical oposición al régimen de gobierno establecido en México.

Difiero de algunos juicios que todos nos formamos en el pasado, difiero de algunas afirmaciones que hemos repetido, por lo menos difiero en este momento preciso ante este debate.

En su conjunto, en su mayor parte, los argumentos de Acción Nacional en contra de la Cuenta Pública y de la política gubernamental, interior y exterior que esta cuenta refleja, no son críticas radicalmente opuestas.

Y yo tampoco podría suscribir en esta ocasión, la afirmación de que en este debate, Acción Nacional haya mantenido posiciones reaccionarias.

No las ha mantenido.

Y se ha manifestado en medio de las oposiciones formales o accesorias, se han manifestado las coincidencias.

¿ Por qué, por qué nos va a molestar a nosotros, los diputados del Partido Revolucionario Institucional, que se trata de escudriñar en el manejo de las empresas del Estado que se trata de analizar su cuenta y su operación y que se señalen defectos y errores que todos hemos reconocido, que todos hemos señalado, empezando por los miembros del Partido Revolucionario Institucional? Porque hay algo que aquí ha quedado subyacente, en este debate, debido a su encausamiento por razones de tiempo y de espacio del debate.

Está subyacente, y yo quiero sacarla a la superficie que este es un documento en el que se hacen críticas a la actitud del Estado en algunos aspectos y en la que se presenten propósitos, recomendaciones para fortalecer la política económica del Estado, que sinceramente después han venido a repetir con debilidad, pálidamente los miembros de Acción Nacional. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Entonces esa crítica no nos puede molestar a nosotros, es positiva, que puede haber despilfarros en algunas empresas, o en algunas obras, o en algunas tareas, vamos a señalarlas y vamos a pedir que no se cometan.

¿ Qué ejecución de una política dada es perfecta? ¿En qué país, en qué época de la historia? Tenemos que ver las cosas con naturalidad y con realismo.

Particularmente y personalmente coincido con algunas de las críticas aquí vertidas por el diputado Guadalupe Silva, respecto a ciertos hábitos de ocio de mal empleo del tiempo, de recargo sobre los costos del trabajo, de algunos núcleos de trabajadores.

Supongo que ni él, ni menos yo, pretenderíamos extraer de estas observaciones, conclusiones contrarias a la clase trabajadora. Pero es verdad que una de las condiciones de un desarrollo acelerado del país y más equilibrado, consiste en que nuestro pueblo, el mexicano, todos nosotros, aprendamos a trabajar mejor. La educación para el trabajo, la organización para el trabajo, es una de las condiciones para salir del subdesarrollo del país. Entonces no debió tener ningún temor el diputado Jacinto Guadalupe Silva, cuando denunciaba estas fallas. Pero el debate se ha referido a algunas de las cuestiones capitales y decisivas de la vida nacional. Qué bueno que trascendió del mero análisis contable, para elevarse a la

consideración en determinados momentos, de los problemas de más trascendencia para la vida del país, y es aquí, donde quizá está la materia más importante del debate y de la perspectiva. Si, en el enfrentamiento de diferentes concepciones sobre el desarrollo del país, para ver si las diferencias se eliminan, o se amortiguan, o se hacen más claras y contundentes.

De todas maneras esto será en beneficio del desarrollo político del país, porque lo negativo es la confusión. Es aquí donde yo he advertido hoy otra vez una cierta, dramática circunstancia del Partido Acción Nacional. Algunos de los diputados de Acción Nacional incluso han hablado hoy o pretendido hablar el lenguaje marxista.

Se ve que algunos dirigentes del Partido Acción Nacional - y yo no los critico por eso - tienen su Lenin y su Marx escondido quizá en un buró, pero lo tienen. Y lo sacan a relucir regocijadamente a veces.

Odiamos - dijo alguno de ellos - o despreciamos o combatimos o detestamos - alguna palabra de sabor bíblico - tanto a la burguesía capitalista como el capitalino de Estado.

Por eso, por el empleo de esas palabras, es por lo que hablo de este Marx y de este Lenin escondidos por algunos dirigentes de Acción Nacional, porque la teoría marxista del Estado es la que da un contenido de clase al Estado, es la que afirma que todo Estado representa a la clase dominante. El Estado, como instrumento de una clase, concepto de pura creación marxista. Y fue Lenin quien manejó más y agudamente el término de capitalismo de Estado.

Pero hay una cuestión: la teoría marxista sobre el Estado es una teoría general, es una tesis general, que no se puede aplicar indiscriminadamente porque eso es precisamente contrario al método marxista de conocimiento, que es el método del materialismo dialéctico, que tiene como condición el tratar siempre todas las cuestiones de una manera concreta. En todas partes y en todas las épocas de la historia y de la prehistoria así llamado, de la historia primitiva, y antes de ahora y en el futuro, el Estado representará a la clase dominante. Yo lo niego, porque esa es una abstracción teórica. En determinados momentos el Estado puede no representar una clase dominante, sino puede representar a una coalición de capas sociales, incluso no totalmente dominantes, yo niego desde el punto de vista teórico, que el Estado Mexicano actual sea un estado típico representativo del capitalismo. (Aplausos.) ¿Por que? porque este Estado, este Estado Mexicano que conocemos actualmente, es producto de un proceso complejo de la historia mexicana, de un complejo proceso de la historia mexicana; este estado es el estado que ha surgido de una Revolución que se inicio a principios del siglo y que es una Revolución, ha sido una Revolución no de una sola clase social, sino de varias clases sociales - y perdónese que por contradecir Acción Nacional esté en realidad polemizando con algunos dogmáticos de la izquierda - , pero es que a veces coinciden los neo - marxistas con los dogmáticos de la derecha también. La Revolución Mexicana no fue una Revolución proletaria, pero tampoco fue una Revolución típica burguesa.

A lo largo de todo el proceso de la Revolución Mexicana, están entrelazadas, luchando entre sí, influyéndose, venciendo a veces una y a veces otra, las dos grandes influencias, la de una tendencia a crear una nueva sociedad mexicana o una sociedad no nueva, sino conforme a los moldes del capitalismo clásico, es decir, una Revolución puramente burguesa, capitalista, y la otra tendencia profunda, popular, que viene de los mejores orígenes y de las mejores fuerzas de la Revolución, que tiende a crear una nueva sociedad no típicamente capitalista, una nueva sociedad democrática, nacional y popular. (Aplausos.)

¿Que esto es complejo? Sí es complejo, pero lo defectuoso es querer encerrar la realidad compleja dentro de fórmulas estrechas, fabricadas en otro tiempo, en otros países, existentes en los libros y que resultan demasiado rígidas para contener dentro de ellas una realidad tan compleja.

Recuerdo a este respecto una antigua frase de uno de los grandes intelectuales del pasado: "Odio las definiciones. ¿Por qué? Porque las definiciones son simplificaciones arbitrarias". ¿Qué cosa es entonces la Revolución Mexicana? Pues en lugar de una definición que halague a los espíritus liberescos y dogmáticos, hay que analizarla y describirla en todo su contenido y su curso y no tratar de simplificarla. ¿Por qué es importante esto?

Porque si se acepta que el Estado Mexicano es simplemente el representante del capitalismo, entonces sí, entonces sí, señor diputado Garabito, usted que es neosocialista y yo que antes he tenido mucha inclinación al socialismo y la sigo teniendo, entonces sí habría que oponerse a que este Estado, de ser representante puro y simple del capitalismo, tuviera una intervención tan importante en la economía y en la vida del país.

Pero no, no hay que hacer una abstracción, no todos los estados son iguales.

¿Qué fuerzas están reflejadas en el Estado Mexicano, auténticamente?; ¿qué fuerzas están representadas?

Está reflejada en su cumbre incluso, una clase media, de la que han venido saliendo los directores del Estado, clase media intelectual, clase media profesional, clase media de políticos, profesionales, clase media. Algunos miembros de esa clase media han desertado hacia las filas del capitalismo, han claudicado de la Revolución Mexicana.

Y ¿qué otras fuerzas tienen influencias en ese Estado? Es indudable que tienen influencia en ese Estado los campesinos, las capas medias populares, y la clase trabajadora, y tienen también influencia en el Estado los elementos de la clase empresarial surgida del propio desarrollo generado por la Revolución Mexicana.

En el Estado Mexicano también están en lucha las dos tendencias, la tendencia a que México sea un país de pura explotación capitalista y la tendencia a modelar la sociedad de la democracia social, de la que habla nuestro Partido, el Partido Revolucionario Institucional.

Es diferente, es diferente: ¿qué solamente hay dos polos para México en el momento actual?, o capitalismo plutocrático superexplotador, o socialismo de tipo marxista ortodoxo en este momento. Yo niego que ese sea un dilema absoluto. Yo afirmo por mi Partido, que hay un camino de México, dictado por su propia historia y por su propia experiencia, que no es ni el capitalismo que ha llegado a su esplendor y también a su decadencia, en los grandes países capitalistas, ni el socialismo de tipo soviético o chino, que corresponde a otros estadios de la historia, en otros países, en otras latitudes de la tierra.

No tenemos necesidad de calcar, calcar quiere decir copiar, regímenes de otras épocas o de otras situaciones históricas. Tenemos que hallar nuestro propio camino, de nuestra experiencia, de nuestra historia. Alguna vez Luis Cabrera decía: "la mejor fuente de experiencia para México es la Nueva España". Se refería a ir a buscar en las propias fuentes históricas, sin que esto quiera decir que un país deba cerrarse a toda experiencia o inspiración del desarrollo internacional.

Pero nosotros sí tenemos un camino propio, no es capitalismo típico el de México, si fuera capitalismo típico no hubiera sido expropiado y analizado el petróleo, no hubiera sido nacionalizada le industria eléctrica, no estaría nacionalizada en su mayor parte la industria siderúrgica, no estaría nacionalizado el azufre, no estaría nacionalizada la tierra, que es entregada de acuerdo con el Artículo 27 Constitucional en dominio nada más a los particulares, o en posesión a los grupos ejidales, o a las comunidades indígenas.

Hay formas de la organización económica en el país: el ejido, las cooperativas, la propiedad nacional estatal que se apartan notablemente del capitalismo típico.

El C. Presidente: Me permito hacer notar al orador que se le ha agotado el término reglamentario.

El C. Enrique Ramírez y Ramírez: Le ruego a usted pregunte a la Asamblea si me concede 10 minutos más.

- El mismo C. Presidente: Pido a la Secretaria, consulte a la Asamblea si le conceden el término de continuar haciendo uso de la palabra que ha solicitado el ciudadano diputado.

El C. secretario Crescencio Herrera Herrera: Se consulta a la Asamblea si al orador en turno se le concede el aumento del término reglamentario. Aprobado.

El C. Enrique Ramírez y Ramírez: Muchas gracias.

Esto de que estaba yo hablando hace unos instantes, es lo que a mi juicio constituye la filosofía medular del régimen político existente en México, y de nuestro Partido.

No la filosofía del endeudamiento, sino un nuevo modelo de desarrollo. No típicamente capitalista; no calzados, de regímenes socialistas, sino desarrollo de una economía nacional independiente, lista con un gran sello popular, democrática y cooperativa.

Desarrollo de economía estatal nacional. Desarrollo de la economía estatal, asociada a los grupos populares.

¿Por qué no participación de los sindicatos en las grandes empresas del Estado, como Las Truchas? Desarrollo de una economía múltiple que nuestros economistas y nuestros administradores deben ayudar a perfilar que haga realidad la existencia de una economía más democrática, una economía que sirva para independizar al país, para dar base a la democracia política, porque se ha hablado de todos nuestros errores, de los errores inferiores, pero se habla poco de los tropiezos y los aciertos de la economía mexicana y de la política económica en el Estado se desarrollan en el cuadro de una lucha encarnizada y abnegada de la nación y de sus gobiernos patrióticos. En el cuadro de la dependencia y de la amenaza de las fuerzas imperialistas del extranjero. (Aplausos.) Hay que hablar de eso, hay que tenerlo en cuenta.

Ayer nada más el Presidente Echeverría en respuesta a una pregunta, dijo: "Los obstáculos más graves con los que se ha encontrado mi gobierno y el pueblo de México, para llevar adelante su política de desarrollo provienen de un orden económico internacional injusto. Es decir de un orden económico dominado todavía por las grandes fuerzas de la prepotencia económica militar y política y eso es lo que nos debe preocupar, fortalecer la economía, no debilitar la economía del Estado, fortalecerla, criticarla sí, vigilarla sí, pero para mejorarla y no hacer a propósito de los errores o de las fallas de la economía del Estado y de las empresas del Estado, no hacer otra vez, la apología o la defensa del capital privado, cuyo balance el del capital especulativo, comercial privado, es el balance de la impotencia, del desastre y del saqueo de los recursos y de la mano de obra del pueblo mexicano. (Aplausos.)

Muy interesante este debate, ojalá podamos reproducirlo, extenderlo y profundizarlo en lo medular, por hoy, quiero subrayar que la posición de la mayoría, no es triunfalista, no es soberbia, es objetiva, es crítica. Por eso, aunque en el programa internacional se acumulan las sombras y a veces parece que el interior del país las amenazas también se acrecientan, teniendo conciencia de que nuestro pueblo se enfrenta a fuerzas exteriores con sus aliados interiores; teniendo gran conciencia de las dificultades, como se pedía, y porque a pesar de todo en medio de este panorama sombrío entrevemos las fuertes luces de la voluntad y de la aspiración de nuestro pueblo, y tenemos confianza en el genio de su pueblo, en el genio de su Revolución, en la probidad de los grupos dirigentes de la revolución popular, yo pido a

la Cámara de Diputados, incluso a los miembros de Acción Nacional que aprueben la Cuenta Pública de 1975, como un reconocimiento sereno y leal a la obra del vilipendiado, del calumniado, del gran Presidente Echeverría. (Aplausos.)

Que aprobemos esta Cuenta Pública, este dictamen no como una obra de perfección, política, sino como una obra de lucha de un pueblo y de un gobierno que han estado en pie en medio de la tormenta.

¿Por qué no se habló aquí con el suficiente énfasis de la tremenda crisis económica internacional, cuyas repercusiones han operado tan negativamente sobre la economía de este pueblo; por qué no se habló aquí de la servidumbre que todavía se nos impone, de los precios de los artículos que debemos comprar en el exterior, y de los precios bajos a los que tenemos que vender los productos del trabajo de nuestro pueblo? ¿Por qué no se señala al enemigo verdadero que está afuera y de sus aliados inconscientes o miserables de adentro? ¿Por qué no se hace un llamado a la unidad de la nación, para resistir juntos los años tempestuosos que ya se han iniciado?

Aprobemos la Cuenta Pública como un tributo de respeto sencillo pero profundo al presidente generoso que ya se va, y que algún día van a extrañar los patriotas, con un saludo también al que va a continuar su obra llena de aliento y de esperanza. (Aplausos.)

El C. Presidente: Consulte la Secretaría si se encuentra suficientemente discutido el dictamen con proyecto de Decreto, correspondiente a las Cuentas de la Hacienda Pública Federal y del Departamento del Distrito Federal.

El C. secretario Crescencio Herrera Herrera: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se pregunta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido. Suficientemente discutido.

Se va a proceder a recoger la votación nominal.

(Votación.)

El C. secretario Crescencio Herrera Herrera: Aprobado en lo general y en lo particular, por 156 votos a favor y 16 en contra. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales. (Aplausos.)

CONSIDERACIONES

El C. Presidente: Señores diputados: hemos debatido por más de doce horas sin que la atención de la Asamblea haya decaído por un solo momento y sin que la cordura se haya alterado en lo más mínimo. Esto nos demuestra que cuando las discusiones se orientan positivamente, es posible confrontar ideas, incluso apasionadamente, sin llegar a establecer fricciones innecesarias. Enhorabuena que esta sesión haya transcurrido de manera tan satisfactoria, nos felicitamos de que se haya logrado realizar así y hacemos votos para que en lo futuro, todo el trabajo de esta Cámara se oriente en idéntico sentido. Reafirmamos la idea que tenemos respecto de que diferir no debe ser sinónimo de reñir; de que discutir no entraña pelear y de que, entre hombres civilizados a quienes mueve el interés de ser útiles a la colectividad, el diálogo y la confrontación ideológica son vitales para encontrar la verdad. Que la buena fe, que la altura de miras, que el más claro patriotismo sean siempre los factores que nos permitan como integrantes de esta Legislatura, superarnos en el esfuerzo de ser cada día más útiles a la colectividad de la que formamos parte y a que, como patria, debemos servir con nuestra mayor voluntad. (Aplausos.)

HECHOS

- La C. Celia Torres: Pido la palabra, señor Presidente.

El C. Presidente: ¿Con qué objeto?

- La C. Celia Torres: Para hechos.

El C. Presidente: Tiene la palabra la compañera diputada Celia Torres.

- La C. Celia Torres:

Señor Presidente, compañeros diputados:

La Revolución Mexicana, se singulariza en el ámbito de los movimientos sociales, de este siglo, por el justo equilibrio logrado, entre los principios políticos de libertad y justicia social.

La prestación y operación de los servicios urbanos, por parte del Departamento del Distrito Federal, se sustenta en un programa general, en donde su característica esencial, se resume en la coincidencia efectiva entre humanismo y racionalidad práctica, la tendencia de la ciudad a crecer en amplitud territorial, y en densidad demográfica, ha obligado al gobierno capitalino a crear nuevas políticas de administración pública, y a perfeccionar, nuevas técnicas de operación, que tienden, como objetivo principal, al aprovechamiento máximo de la capacidad de trabajo, de los servidores públicos, así como, a la utilización y rendimiento total del equipo, cuidando, desde luego, que el gasto público, se aplique en la forma más racional y consecuente con los objetivos de carácter humanístico y de justicia social, que son esencia misma de la prestación de los servicios públicos.

La presente administración, del gobierno capitalino, ha estado conscientemente de que es necesario el control del crecimiento de nuestra ciudad, así como, que la prestación de los servicios urbanos esté de tal forma planeada, que puedan llegar tales servicios, al mayor número de habitantes, con el costo mínimo de operación y el aprovechamiento máximo de la capacidad de los empleados y del equipo, por tal motivo decidió, como la mejor opción para lograr tal objetivo, la estructuración de un sistema, con base en la desconcentración administrativa por medio de la cual se polarizan y multiplican la prestación de servicios urbanos, en forma más accesible, económica y efectiva para los habitantes de nuestra gran metrópoli. Para lograr dicha desconcentración fue necesario crear una infraestructura administrativa, que se adecuara a la nueva

forma de resolver los problemas, ya que la inmediatamente anterior, era caduca y había creado una centralización directa de los problemas concretos, de las diversas localidades del Distrito Federal, en tal virtud, la nueva administración, que se inició en 1970, afrontó y afronta viejos problemas con una nueva mentalidad, con una moderna forma de trabajo, y con objetivos esencialmente humanos, los problemas de recolección, concentración y transformación de la basura, están siendo tratados de acuerdo a una nueva metodología: el funcionamiento y administración de los centros de abastos, como son los mercados públicos, se atienden con una renovada y racional administración; el agotamiento y terminación de las reservas territoriales para la creación de parques y jardines, obligación al gobierno capitalino a un cambio de conceptos, en este aspecto, y se programó una actividad tendiente al aprovechamiento máximo de terrenos para tales fines: se regeneraron los parques y jardines ya existentes, y el gran territorio que ocupan los panteones se va transformando en zonas verdes, cambiándose la mentalidad en cuanto a las inhumaciones, adecuándose tal costumbre a un nuevo enfoque de carácter social, esto, en virtud del agotamiento de la tierra disponible para inhumaciones.

La densidad demográfica, que caracteriza a las grandes metrópolis les imprime, a estas, una fisonomía cruel y deshumanizada, la presente administración del gobierno capitalino, desde sus inicios, propició el establecimiento de una política de humanización de la ciudad, de una administración en el gasto público, donde el hombre y su máxima expresión que es la familia, son su principal y esencial objetivo partiendo de esta base; se estableció que en el planteamiento, resolución y ejecución de los programas de nuestra ciudad, el hombre, el grupo social o la comunidad participen en una forma activa y sus objeciones, sus proyectos y sus evaluaciones, se han tomado en forma determinante como base para realización de las obras y programas del gobierno capitalino; y así, se crearon como órganos de consulta popular para el Departamento del Distrito Federal, las juntas de vecinos, que integradas por los más representativos grupos y ciudadanos de las delegaciones, son activos participantes en las decisiones de las mismas, asimismo se propició la participación masiva y básica de la población, mediante la creación de las jefaturas de manzana; que constituyen el elemento humano que directamente vive y soporta los problemas de la gran ciudad.

Dentro de la multitud de elementos que integran la problemática del Distrito Federal, merece especial atención la recolección, eliminación y transformación de la basura a tal efecto el gobierno capitalino crea, incorpora y perfecciona sistemas de trabajo que tienen por objetivo aprovechar al máximo la disponibilidad del equipo, y la ampliación máxima de la prestación del servicio; esto mediante la capacitación técnica y responsable del personal, así como la introducción de eficientes sistemas de supervisión y evaluación que permiten, mediante la creación de estaciones de transferencia en que las unidades no tengan que recorrer grandes distancias para ir a los lugares de tiro, y esta forma, permite que los camiones realicen mayor número de viajes, además, la supervisión estricta impide que las unidades se empleen en provecho de particulares. La modernización y agilización en la prestación del servicio de recolección de basura, han encontrado su máxima expresión, en la creación de una planta industrializadora de derechos sólidos, que como planta piloto, funciona desde hace tiempo, y en donde se corrigen defectos y se perfeccionan métodos para que las próximas que se instalen, permitan un amplio rendimiento. Es oportuno señalar que el problema no está resuelto, que se hace necesario que las autoridades multipliquen su actividad y afinen sus métodos, pero también es sumamente importante que el pueblo, mediante una campaña integral de motivación, de cooperación, participen responsablemente en la solución del grave problema de los desechos producidos por una población de 11 millones de habitantes; los centros de abasto de la metrópoli, constituyen aspecto importantísimo de la administración pública relativa a la prestación de este servicio, ya que los mercados por su específica función de centros distribuidores de la producción alimenticia deben ser considerados en una planeación integral que al mismo tiempo incluya el funcionamiento adecuado a uno de los más modestos mercados de barrio, los mercados, ya sean de tipo fijo, concentraciones, tianguis, mercados sobre ruedas, u otro tipo realizan una función social de suma importancia, ya que se convierten en reguladores de los precios de los productos alimenticios, y por tal motivo varias dependencias gubernamentales intervienen en los mismos, ya sea administrándolos, supervisándolos o refaccionándolos económicamente. El grave problema de nuestra metrópoli en relación a los mercados lo constituye la necesidad de retirar de la zona céntrica de la ciudad, el antiquísimo mercado de La Merced, para tal fin se decidió la construcción de una Central de Abastos en la zona oriente del Distrito Federal, lo que permitirá resolver el problema de vialidad en la zona de La Merced; así como propiciar una mayor y más libre oferta de mercancía al concentrarse todas ellas en la Central de Abastos; el programa para tal fin se encuentra totalmente terminado y es de desearse en el más breve plazo posible funcione la nueva Central de Abastos del Distrito Federal; por todo lo expuesto, deseo, como representante popular de esta entidad, afirmar, en conclusión, que la cuenta pública aplicada por el Departamento del Distrito Federal en servicios urbanos ha sido, con toda efectividad que tomando en consideración la densidad demográfica de la ciudad, la prestación de los diferentes servicios ha sufrido un avance positivo, aunque hay que reconocer que aún es

posible obtener mejores resultados, por los que, en consecuencia, y tomando en cuenta que ya existen la infraestructura, los programas y la metodología adecuada, sólo resta incrementar, y esto de manera definitiva, la capacitación y el espíritu de responsabilidad de los servidores públicos, así como también la participación activa de todos los habitantes del Distrito Federal, para que juntos, autoridades y pueblo, hagamos del Distrito Federal una ciudad ejemplar, en donde el hombre y la familia alcancen su máximo grado de bienestar y solidaridad social.

Rechazando los rumores y confusión criminales por traidores a la patria, enemigos del pueblo de México, que en contra de nuestro Presidente patriota Luis Echeverría y de nuestro Presidente electo. (Aplausos.)

INICIATIVA DE LEY

Instituto Mexicano para

la Infancia y la Familia

En virtud de que la iniciativa presentada por un grupo de diputados, relativa al proyecto ley que crea el Instituto Mexicano de la Infancia y la Familia, ha sido impreso y distribuido profusamente entre todos los CC. diputados Consulte la Secretaría a la Asamblea si autoriza que únicamente se dé lectura a la exposición de motivos, al resultar obvia la lectura del articulado.

El C. secretario Crescencio Herrera Herrera: Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a la Asamblea si únicamente se lee la exposición de motivos. Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...Aprobado.

"Honorable Asamblea:

De conformidad con el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, venimos a presentar iniciativa de Ley que crea el Instituto Mexicano para la Infancia y la Familia.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Es evidente que el país ha vivido a partir de 1970, un proceso evolutivo, donde destacan señalados rasgos característicos que se han ido incorporando en el campo que nos ocupa, dentro del ámbito del desarrollo social. Especialmente, en el bienestar social de la niñez, la familia y las comunidades de menor desmvolvimiento relativo. Tales elementos singulares, han contribuido a crear y establecer las condiciones para una nueva fase en la concepción y ejercicio de una política social, cada vez más ajustada al planteamiento objetivo y resolución de las necesidades sociales.

El alcance de cambios estructurales que identificaron desde el principio al Gobierno del Presidente Echeverría, propiciaron la necesaria creación de superestructuras sociales más actualizadas y propias para nuevas estrategias de acción dentro del universo del bienestar social.

Las acciones institucionales en el área del bienestar social de la niñez hasta 1970, parecían estar generadas en forma íntegra dentro del seno gubernamental en toda la extensión de la palabra. Es decir, se apelaba únicamente y en forma limitativa, al buen juicio de quienes dirigían las instituciones, tanto en la planeación de las actividades y servicios, como en la ejecución de los programas, Como si la relación entre Gobierno y gobernados fuera la síntesis de "un hacer" y "un recibir". Se hacían y se suministraban los servicios con un carácter eminentemente asistencial, respondiendo así solamente a las carencias y necesidades del bienestar social popular. Y aun cuando el solo planteamiento de esas necesidades constituía preocupación permanente del Gobierno, tal como lo demuestra el conjunto de medidas adoptadas hasta ese entonces, parecía levantarse una barrera infranqueable que impedía llegar con toda claridad al origen y solución de los problemas. Las decisiones que se tomaban eras diversas y de variada índole. Los objetivos y los medios normalmente se atropellaban entre sí, porque ambos carecían de consistencia. Y es que en rigor, faltaba algo que el Presidente Echeverría vendría a impulsar ganando en forma dinámica un gran trecho en nuestro proceso democrático: la iniciativa histórica y práctica del pueblo organizado en el campo del bienestar social.

Una iniciativa popular que salía a la luz, justamente dentro del marco democrático e institucional propiciado por el Gobierno de Echeverría y que se traducía en la realidad de la participación popular organizada en las tareas sociales. Su incorporación gradual, como más adelante se señala, permitió comprobar por los primeros resultados obtenidos de su acción que había que profundizar en la organización para discutir y analizar en forma colectiva y democrática, la naturaleza y alcance de las necesidades sociales, materia del campo que se trata, para así llegar a una toma de conciencia que vino a remover y transformar las actitudes que parecían hasta ese entonces inconmovibles.

En tales circunstancias, no se hicieron esperar cambios fundamentales en el antes llamado Instituto Nacional de Protección a la Infancia. El replanteamiento de los problemas del bienestar social de la niñez, se hizo necesario de acuerdo con la secuencia lógica para la concepción y realización de un gran proyecto. El propio Instituto dentro de una nueva fase, era ya ese proyecto como factor de apoyo múltiple a la política social que desarrolla el Ejecutivo Federal.

Atrás quedaban las acciones y formas de aplicación aislada y dispersa, que sin objetivos amplios y definidos, sucumbían desbaratándose gran parte de ellas en el mundo complejo de las necesidades sociales. Atrás quedaban también las actividades accidentales y contingentes, que aun cuando querían expresar propósitos de bienestar social, sólo recorrían la superficie de los problemas, renunciando desde su formulación y origen, a la penetración

profunda, objetiva y real de la causa de esos problemas. El derrumbamiento del paternalismo caduco en la política de la Institución, junto con las demás medidas adoptadas, hizo vislumbrar desde sus principios nuevos horizontes. El objeto de lo que fue antes el Instituto Nacional de Protección a la Infancia, se rebasó con mucho, ya que su propósito fundamental consistía únicamente en "suministrar a los alumnos de las escuelas primarias y preprimarias del Distrito Federal, cuya situación económica lo amerite, servicios asistenciales complementarios, en especial mediante la distribución de desayunos, y extenderá estos mismos servicios a las demás entidades de la República en los términos de los convenios de cooperación que al efecto celebre con los Gobiernos locales". Estos últimos señalamientos quedaron establecidos por el Artículo Segundo del Decreto de 31 de enero de 1961.

La Presidencia del Patronato del Instituto - compañera María Esther Zuno de Echeverría- se propuso orientar con la mayor precisión y decisión las acciones del mismo, tomando como centro de gravedad y como punto de arranque, la realidad objetiva de la infancia en México, con una visión global sobre el problema. Reconociéndolo ahora en toda su magnitud, como una interrelación de los sectores económicos y sociales que exige medidas y decisiones precisamente en lo económico y en lo social. Conceptos éstos, que fueron reiterados, desenvueltos y enriquecidos, a través del nuevo trato directo y permanente que se inició junto con los grupos mayoritarios populares. La participación de éstos en el cuestionamiento de las necesidades sociales, permitió ensanchar en forma definitiva las posibilidades de acción.

Un análisis exhaustivo y juicios generales previos, fueron desarrollados con la mayor objetividad posible, es decir, se llegó a establecer mediante los mecanismos correspondientes, un diagnóstico amplio y detallado de la situación; se asociaron los elementos para un pronóstico sólido; hasta desembocar propiamente en la formulación de un Plan Nacional Coordinado, donde participaron las representaciones de los Institutos de Protección a la Infancia de todas las Entidades Federativas de la República.

La estrategia para el bienestar social que se contiene en el Plan Nacional Coordinado, obedeciendo a ese verdadero encuentro con las realidades nacionales y a su expresión coherente y revolucionaria, había de contemplar a la niñez dentro de las relaciones sociales donde se desenvuelve, en forma global. Ya no era admisible caer en la simplificación tradicional de considerar al niño como a un miembro aislado de la sociedad, restándole importancia a todo lo que lo rodea. Y en ese sentido, el Plan Nacional Coordinado señalo con toda claridad el tratamiento unitario de los tres conceptos fundamentales: niño, familia y comunidad.

Todos los programas que forman parte del Plan, encauzan sus acciones dentro de esa tónica general, por lo que el Instituto hubo de profundizar en la problemática familiar, así como en las comunidades donde se desenvuelve. El trabajo práctico y cotidiano al elevarse a nivel popular, permitió por otra parte, alimentar en forma abundante las investigaciones socioeconómicas que ya se habían puesto en marcha.

Con todo lo anterior, el concepto de protección a la infancia fue excedido con mucho en relación a sus límites tradicionales que en diversos sentidos impedían ver la verdadera dimensión del problema.

Los trabajos se multiplicaron en tantas direcciones, como programas, funciones y actividades asumió el Instituto materialmente en el área del bienestar social. De tal manera que el ordenamiento jurídico que lo regulaba, había sido rebasado con la justificación y explicación práctica incontestables. La realidad se imponía así definitivamente a las formas jurídicas. En esas circunstancias el Presidente Echeverría consideró inaplazable la expedición de un nuevo Decreto que no únicamente se ajustara a la realidad vivida ya por el Instituto, sino que además permitiera su desenvolvimiento dinámico como un proyecto efectivo de dimensión social.

El nuevo Decreto fue expedido el 24 de octubre de 1974 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 30 del mismo mes y año.

Con el cambio total de la Institución, ésta tiene por objeto: promover en el país el bienestar social; fomentar y apoyar la integración del bienestar familiar, así como su estabilidad y óptimo grado de seguridad, considerando los diversos elementos que lo componen; la formación educativa cultural extraescolar y la preescolar descentralizadas; fomentar el sano crecimiento físico y mental de la niñez y la orientación crítica de su conciencia cívica; la prestación de servicios complementarios para la atención social; y promover el desarrollo de la comunidad, como una de los medios para el alcance de los fines propios de la Institución.

Para el alcance de esos objetivos, se le asignaron el Instituto un conjunto de diversas acciones, como: programar sus actividades para la selección de los medios y realización del objeto del Instituto, en consonancia con los planes de desarrollo nacional; fungir como organismo técnico de consulta del poder público y de los particulares cuando así lo soliciten, en materia de familia y de la infancia; promover la difusión educativa, cultural, cívica y técnica, para beneficio de la infancia y de la familia, por los medios que el Instituto considere más eficaces y convenientes; planear, apoyar y fomentar la nutrición de los lactantes, madres gestantes y en general de la infancia entre otros medios, a través del suministro idóneo de desayunos infantiles, alimentos complementarios y raciones alimenticias; prestar de manera complementaria, servicios de atención social, médicos, de higiene familiar y comunal y de salud en general; prestar los servicios complementarios en materia de

de rehabilitación físico integral de la niñez, incluyendo la orientación psicológica en sus diversas modalidades; desarrollar complementariamente el fomento del deporte para el desarrollo físico atlético de la niñez; planear y organizar sistemas recreativos para la niñez, que se articulen con la cultura, las necesidades objetivas nacionales y la comunicación en sus diversas modalidades; formular y desarrollar programas de orientación de la conciencia cívica de la niñez, partiendo de la evolución histórica del país; realizar en coordinación con las autoridades competentes, la formulación y ejecución de los programas de desarrollo de la comunidad que el Instituto considere idóneo para transformar el ámbito social en que participan el niño y la familia, a efecto de contribuir plenamente a su mejor formación y a su incorporación íntegra al desarrollo nacional; prestar complementaria, organizada y permanentemente, los servicios de existencia jurídica a los menores, para la atención de los asuntos que el Instituto juzgue necesaria y compatible con sus fines; organizar cursos de especialización o postgrado a profesionales y técnicos dedicados a la materia que aborda la Institución; promover y realizar la investigación científica y técnica en las diversas áreas que componen el objeto del Instituto, con el propósito de mantener actualizada su actividad programática y la metodología aplicable; impartir educación descentralizada preescolar; y extraescolar en sus diversos tipos; formular, ejecutar y controlar su presupuesto con apego a las disposiciones legales aplicables a los organismos descentralizados; adquirir, construir y operar los bienes muebles e inmuebles necesarios y adecuados para el cumplimiento de su objeto; y las demás necesarias para el desarrollo de sus programas y el eficaz cumplimiento de su objeto.

Debe advertirse, que para el cumplimiento de esos objetivos y el desarrollo de las funciones, todo el Sector Público y especialmente los Gobiernos de los Estados de la Federación con sus Institutos y los Comités y Subcomités Municipales, son factores también determinantes. La coordinación cada vez más estrecha con ellos, es una realidad. El Federalismo Constitucional se fortalece al consolidarse una vez más los esfuerzos de los Estado, en la realización de una tarea nacional en favor de todos los mexicanos.

El Plan Nacional Coordinado del Instituto, ha permitido llevar a la práctica social y en evolución constante, la aplicación de diversos programas, que ya operan como factores dinámicos impulsando a la niñez, a las familias y a las comunidades del país hacia el bienestar social. Tales programas cubren con sus acciones a la infancia y la familia, sin pasar por alto a las comunidades donde se desenvuelven, lo cual constituye el enfoque más realista para superar las necesidades sociales, porque no se contempla al ser humano como a un ente aislado. Al problema de la niñez y la familia se le da un tratamiento global y sistemático, partiendo de las circunstancias en que se dan las relaciones económicas y sociales que existen en México y dentro de la dinámica institucional de la Revolución Mexicana, proyectando los cambios requeridos. De ahí que de acuerdo con ese proceso evolutivo, fue necesario ampliar aún más las funciones por las diversificación gradual de las actividades; así hubo de expedirse por el Ejecutivo Federal un nuevo Decreto. EL DECRETO ECHEVERRÍA PARA LA INFANCIA Y LA FAMILIA, el día 30 de diciembre de 1975, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 2 de enero de 1976, en vigor el día 3 del mismo mes y año. En el contenido de este ordenamiento, se señalo en lógica y estrecha relación con la nueva política de la Institución, su cambio de nombre para quedar: "INSTITUTO MEXICANO PARA LA INFANCIA Y LA FAMILIA". Además se incorporaron como nuevos covales del Patronato, los Secretarios de Estado de: Gobernación, Presidencia y Reforma Agraria, que vinieron a sumarse con se esfuerzo y especialidad a ese cuerpo colegiado ya integrado también por su Presidenta, señora María Esther Zuno de Echeverría, y por los titulares de la Secretaría de Educación Pública; Secretaría de Salubridad y Asistencia; Secretaría del Patrimonio Nacional; así como el Director General del Banco de México, S.A., que es el Tesorero. Por otra parte y para acelerar el alcance de los objetivos generales, se diversificaron las funciones del Instituto agregándose las siguientes: "Fomentar y desarrollar actividades de tipo productivo para elevar el nivel de vida familiar y comunal, promover la realización, regularización y la inscripción en su caso, de los actos o hechos inherentes al Registro Civil, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, especialmente cuando se trate de nacimientos y matrimonios; fomentar la formación y capacitación de grupos de promotores sociales voluntarios, para su participación organizada tanto en los programas del Instituto, como en otros afines, debiendo mantener también en este último caso la coordinación de sus acciones y la información necesaria para las mismas; desarrollar en forma íntegra, organizada, sistemática y permanente, con la participación masiva popular, los programas y actividades relacionados con el bienestar y orientación familiar, especialmente en las comunidades rurales del país."

Asimismo se establece en este último Decreto, en forma expresa, una Procuraduría de la Defensa del Menor, cuya organización y funcionamiento, quedan sujetos a las disposiciones administrativas internas del Instituto.

La estructura jurídica que se describe permitió consolidar la ejecución del Plan Nacional Coordinado, máxime si se considera que todos los Gobiernos de los Estados han adecuado en forma admirable los ordenamientos jurídicos que rigen sus institutos; así como los programas en acción que manejan al amparo de los convenios de coordinación celebrados al efecto de todos ellos.

Las realizaciones que se han alcanzado al llevarse a la práctica el conjunto de Programas que contiene el Plan Nacional Coordinado, van de acuerdo con la esencia de un humanismo de vanguardia que no admite paliativos enajenantes o de imagen. Rebasan toda consideración superficial, por emotiva que ésta sea, porque van al encuentro de lo que crea las necesidades sociales; y sientan las bases para la solución de los problemas de una manera global, coordinada, sistemática, coherente y revolucionaria.

En base a todos estos antecedentes y motivos y considerando la amplitud y generalidad del bienestar social que promueve el Instituto Mexicano para la Infancia y la Familia, así como la coordinación global que caracteriza al contenido de sus acciones en el país, como uno de los factores fundamentales que deben mantenerse dentro de una dinámica creciente para su superación constante en todos los renglones, se ha determinado presentar ante la "L" Legislatura de la H. Cámara de Diputados, la siguiente

INICIATIVA DE LEY QUE CREA EL INSTITUTO MEXICANO PARA LA INFANCIA Y LA FAMILIA

Artículo 1o. Se crea el Instituto Mexicano para la Infancia y la Familia, como un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, con domicilio en la ciudad de México.

Artículo 2o. El Instituto tiene por objeto: I. Promover en el país el bienestar social;

II. Fomentar y apoyar la integración del bienestar familiar, así como su estabilidad y óptimo grado de seguridad, considerando los diversos elementos que lo componen;

III. Impulsar y desarrollar la Promoción Social Voluntaria;

IV. La formación educativa cultural extraescolar y la preescolar descentralizadas;

V. Fomentar el sano crecimiento físico y mental de la niñez y la orientación crítica de su conciencia cívica;

VI. La prestación de servicios complementarios para la atención social; y

VII. Promover el desarrollo de la comunidad como uno de los medios para el alcance de los fines propios de la Institución.

El objeto del Instituto es de interés público por lo que en el desarrollo de sus actividades y funciones podrá solicitar la asesoría y el auxilio de las autoridades federales, estatales y municipales.

Artículo 3o. Para el eficaz cumplimiento de los fines antes señalados, el Instituto tendrá las siguientes funciones:

I. Programar sus actividades para la selección de los medios y realización del objeto del Instituto, en consonancia con los planes de desarrollo nacional;

II. Fungir como organismo técnico de consulta del poder público y de los particulares cuando así lo soliciten, en materia de familia y de la infancia;

III. Promover la difusión educativa, cultural, cívica y técnica, para beneficio de la infancia y de la familia, por los medios que el Instituto considere más eficaces y convenientes;

IV. Planear, apoyar y fomentar la nutrición de los lactantes, madres gestantes y en general de la infancia entre otros medios, a través del suministro idóneo de desayunos infantiles, alimentos complementarios y raciones alimenticias;

V. Fomentar y desarrollar actividades de tipo productivo para elevar el nivel de vida familiar y comunal;

VI. Prestar de manera complementaria, servicios de atención social, médicos, de higiene familiar y comunal y de salud en general;

VII. Prestar los servicios complementarios en materia de rehabilitación físico integral de la niñez, incluyendo la orientación psicológica en sus diversas modalidades;

VIII. Desarrollar complementariamente el fomento del deporte para el desarrollo físico atlético de la niñez;

IX. Planear y organizar sistemas recreativos para la niñez, que se articulen con la cultura, las necesidades objetivas nacionales y la comunicación en sus diversas modalidades;

X. Formular y desarrollar programas de orientación de la conciencia cívica de la niñez, partiendo de la evolución histórica del país;

XI. Realzar en coordinación con las autoridades competentes, la formulación y ejecución de los programas de desarrollo de la comunidad que el Instituto considere idóneos para transformar el ámbito social en que participan el niño y la familia, a efecto de contribuir plenamente a su mejor formación y a su incorporación íntegra al desarrollo nacional;

XII. Prestar complementaria, organizada y permanentemente, los servicios jurídicos a los menores, para la atención de los asuntos que el Instituto juzgue necesaria y compatible con sus fines; entre otros medios, a través de una Procuraduría de la Defensa del Menor, para cuya organización y funcionamiento se estará a lo previsto por las disposiciones administrativas internas del Instituto;

XIII. Promover la realización, regularización y la inscripción en su caso, de los actos o hechos inherentes al Registro Civil, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, especialmente cuando se trate de nacimientos y matrimonios;

XIV. Organizar cursos de especialización o postgrado a profesionales y técnicos dedicados a la materia que aborda la Institución;

XV. Fomentar la formación y capacitación de grupos de promotores sociales voluntarios, para su participación organizada tanto en los programas del Instituto, como en otros afines, debiendo mantener también en este último caso, la coordinación de sus acciones y la información necesaria para las mismas;

XVI. Promover y realizar la investigación científica y técnica en las diversas áreas que componen el objeto del Instituto, con el propósito de mantener actualizada su actividad programática y la metodología aplicable;

XVII. Impartir educación descentralizada preescolar y extraescolar en sus diversos tipos;

XVIII. Desarrollar en forma íntegra, organizada, sistemática y permanente, con la participación masiva popular, los programas y actividades relacionados con el bienestar y orientación familiar, especialmente en las comunidades rurales;

XIX. Formular, ejecutar y controlar su presupuesto con apego a las disposiciones legales aplicables a los organismos descentralizados;

XX. Adquirir, construir y operar los bienes muebles e inmuebles necesarios y adecuados para el cumplimiento de su objeto; y

XXI. Las demás necesarias para el desarrollo de sus programas y el eficaz cumplimiento de su objeto.

Artículo 4o. El patrimonio del Instituto, se integra con:

I. Los bienes muebles e inmuebles que le sean propios y los que el Gobierno Federal destine a los fines del Instituto;

II. Los subsidios, las subvenciones, las aportaciones y demás ingresos que el Ejecutivo Federal le ministre;

III. Los rendimientos y las recuperaciones que obtenga de la inversión de los recursos a que se refieren las fracciones anteriores, así como los bienes o recursos que adquiera por cualquier título;

IV. Las aportaciones en efectivo, así como donaciones o legados que hagan instituciones públicas u otras personas físicas o morales; y

V. En general los demás derechos y obligaciones de la Institución que entrañen utilidad económica y sean susceptibles de estimación pecuniaria.

Artículo 5o. Las autoridades internas del Instituto son:

I. El Patronato;

II. La Presidencia del Patronato; y

III. La Dirección General.

Contará además, con las unidades técnicas y de administración que determinen las mismas autoridades del Instituto indistintamente.

Artículo 6o. El Patronato es la máxima autoridad del Instituto y se integra con un Presidente que será designado por el Presidente de la República; por los titulares de las Secretarías de Gobernación, del Patrimonio Nacional, de Educación Pública, de Salubridad y Asistencia, de la Presidencia y de la Reforma Agraria, que serán los vocales; y por el Director del Banco de México, S.A., que será el Tesorero.

Los miembros del Patronato serán substituidos en sus ausencias, por los representantes que al efecto designen.

Artículo 7o. El Patronato celebrará sesiones ordinarias cada seis meses y extraordinarias cuando lo estime necesario su Presidente. Funcionará con la asistencia, por lo menos de cinco de sus miembros y sus resoluciones se tomarán por mayoría de votos de los asistentes, teniendo la Presidencia del Patronato voto de calidad en caso de empate.

El Director del Instituto será el Secretario de Actas del Patronato y concurrirá a las sesiones con voz informativa sin voto.

Las sesiones ordinarias a que alude el párrafo primero de este artículo, se llevarán a cabo en los meses de marzo y septiembre de cada año, con las formalidades y fecha que al efecto señale la Presidencia del Patronato. Artículo 8o. Corresponde al Patronato:

I. Señalar los lineamientos básicos generales para la planeación de los servicios que debe prestar y desarrollar el Instituto;

II. Vigilar el patrimonio de la Institución en la aplicación a su objeto, procurando el incremento en sus relaciones activas;

III. Nombrar y promover con la aprobación del C. Presidente de la República, al Director General del Instituto;

IV. Expedir el reglamento interior del Instituto y las demás normas y disposiciones de carácter general encaminadas a la mejor organización y funcionamiento técnico y administrativo de la Institución;

V. Conocer de los asuntos que de acuerdo con las normas y disposiciones generales a que se refiere la fracción anterior, le sean sometidos; y

VI. En general, conocer de cualquier asunto que no sea de la competencia de alguna otra autoridad del Instituto.

Artículo 9o. Son atribuciones de la Presidencia del Patronato:

I. Planear y dirigir los servicios descentralizados que debe prestar y desarrollar el Instituto;

II. Planear y hacer ejecutar las obras que sean necesarias para los fines del Instituto;

III. Coordinar el desarrollo de las actividades del Instituto, señalando al efecto los procedimientos para su ejecución, mediante los acuerdos correspondientes;

IV. Proveer al cumplimiento de los acuerdos del Patronato;

V. La fiscalización y análisis presupuestarios del Instituto; y

VI. Autorizar la presentación ante las autoridades competentes, de los proyectos del presupuesto para el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 10. Corresponde a la Dirección General:

I. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones generales y los acuerdos del Patronato del Instituto, y de la Presidencia del mismo;

II. Extender los nombramientos y celebrar los contratos relativos al personal de la institución, de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables, así como delegar esta atribución a la dependencia del Instituto que considere conveniente;

III. Dirigir el funcionamiento general de la institución en todos sus aspectos y ejecutar los programas inherentes al objeto del Instituto;

IV. Proponer al Patronato y a la presidencia del mismo, las medidas más eficaces para la articulación programática de las acciones del Instituto, obedeciendo a una política coordinada en la prestación de los servicios que proporciona;

V. Rendir al patronato en la segunda sesión ordinaria a que se refiere el último párrafo del artículo séptimo, del presente ordenamiento, un informe general de las actividades del Instituto y de las cuentas de su administración;

VI. Rendir al Patronato los informes y cuentas parciales cuando sea requerida por el Patronato o su Presidencia;

VII. Formular, ejecutar y controlar el presupuesto en los términos de este ordenamiento y demás disposiciones jurídicas aplicables;

VIII. Suscribir los convenios de coordinación o de otra naturaleza para el cumplimiento de los fines del Instituto;

IX. Celebrar todos los actos jurídicos de administración y de dominio necesarios para el funcionamiento del Instituto, en el entendido de que la Presidencia del Patronato deberá fijar los límites de esta facultad y determinar en qué casos debe ser necesaria su previa y especial aprobación y también en qué casos puede sustituirse el poder que al efecto se le otorgue;

X. Suscribir títulos de crédito, con sujeción a las disposiciones legales aplicables y previa aprobación de la Presidencia del Patronato;

XI. Representar al Instituto como mandatario general para pleitos y cobranzas, con todas las facultades generales y las que requieran cláusula especial conforme a la ley;

XII. Desistirse del juicio de amparo; sustituir y delegar en uno o más apoderados, para que ejerzan individual o conjuntamente, los mandatos generales para pleitos y cobranzas; y en general, ejerce todos los actos de representación y mandato que para la eficacia del cargo sean necesarios; y

XIII. Las demás atribuciones que se señalen en este ordenamiento o que se contengan en las reglas internas de la institución, o en las disposiciones o acuerdos generales o concretos expedidos por el Patronato o la Presidencia del mismo.

Artículo II. Para ser Director General, se requiere:

I. Ser mexicano por nacimiento;

II. Ser casado y tener 30 años cumplidos a la fecha de su nombramiento;

III. Tener la experiencia profesional, administrativa y técnica comprobadas; y

IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado en sentencia ejecutoriada por delito intencional.

Artículo 12. El Instituto Mexicano para la Infancia y la Familia, procurará en todo momento mediante recomendaciones técnicamente formuladas, ante las autoridades competentes de las Entidades Federativas, la instauración de instituciones que presten en forma descentralizada servicios análogos, similares y compatibles en relación a los que proporciona el Instituto Mexicano para la Infancia y la Familia.

Artículo 13. El Instituto Mexicano para la Infancia y la Familia, para el eficaz cumplimiento de su objeto, procurará establecer la coordinación idónea con las instituciones similares de las Entidades Federativas, mediante la celebración de los convenios respectivos, en armonía con los programas generales coordinados.

Artículo 14. Cuando el Instituto haga aportaciones u otorgue subsidios o subvenciones a las instituciones a que alude el artículo décimo de la presente Ley, como consecuencia de los convenios respectivos celebrados con apego a las disposiciones jurídicas aplicables, vigilará el destino de los recursos a las finalidades convenidas, mediante los procedimientos que al efecto se establezcan en los propios convenios.

Artículo 15. El Instituto, independientemente de la comunicación permanente que sostenga con las instituciones a que se refiere el artículo décimo segundo, convocará a las reuniones regionales que sean necesarias para el desarrollo coordinado de sus actividades.

Asimismo, convocará una vez al año a las instituciones coordinadas de las Entidades Federativas, a la Reunión Nacional sobre la Infancia y la Familia, en la que concurran las Delegaciones de dichas Instituciones.

Artículo 16. Las relaciones de trabajo entre el Instituto y sus trabajadores, se regirán por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado "B" del artículo 123 Constitucional.

Se consideran empleados de confianza: los miembros del Patronato, el Director, los Subdirectores, Asesores, Jefes de Departamento, los Secretarios Particulares y el demás personal que efectúe labores de inspección y vigilancia a que se refiere el artículo 5o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Artículo 17. Los trabajadores del Instituto Mexicano para la infancia y la Familia, quedan incorporados al régimen de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

TRANSITORIOS

Artículo primero. Esta Ley entrará en vigor, al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo segundo. El Instituto Mexicano para la Infancia y la Familia, continuará con todos sus derechos y obligaciones adquiridos.

Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.- México, D.F., a 27 de noviembre de 1976. - Maximiliano Silerio Esparza.- Aurora Cruz de Mora.- Ricardo Castillo Peralta.- Ma. Hilaría Domínguez Arvizu.- Heladio Ramírez López.- Josefina Esquivel de Quintana.- Artemio Iglesias Miramontes.- Antonio Riva Palacio López."

- Trámite: Recibo y a las Comisiones Unidas de Acción Social y de Desarrollo de la Comunidad Social y de la Salud Pública e imprímase.

- La C. Ma. Hilaría Domínguez Arvizu: Pido la palabra señor Presidente.

El C. Presidente: ¿Con qué objeto?

- La C. Ma. Hilaría Arvizu: Sobre la Iniciativa que acaba de leerse.

El C. Presidente: Tiene la palabra la diputada Ma. Hilaría Domínguez Arvizu.

- La C. María Hilaría Domínguez Arvizu:

Honorable Asamblea:

Hoy se ha presentado ante la soberanía de esta honorable Asamblea, una iniciativa que debe tener rango de ley: la Ley que crea el Instituto Mexicano para la Infancia y la Familia.

Qué importante es destacar en estos momentos que vive México y a punto de culminar todo un sexenio de acciones reivindicativas, el trabajo incansable realizado en esta Institución en beneficio de la niñez y de la familia mexicana.

Desde el 1o. de diciembre de 1970, el INPI se propuso desplegar una acción sin precedente y merced a una vigorosa definición de la moral revolucionaria, incorporó los grupos de Promotores Sociales Voluntarios a un proceso de paternidad responsable; de reivindicación infantil, de rescate de la economía familiar, através de los Centros de Orientación Nutricional y de Promoción Rural con los huertos familiares y las parteras empíricas.

Corresponde al formidable talento y emoción social cristalizados en la acción del Instituto Mexicano para la Infancia y la Familia que, en los últimos años, está transformando predios antes estériles, en huertos familiares; mujeres otrora entregadas a trivialidades, en madres responsables y trabajadoras sociales para el bienestar de sus propios hijos y de su comunidad. En suma, el INPI va cambiando el rostro y la mentalidad de una sociedad ociosa, en una sociedad productiva y en ello se ha destacado el temple y la voluntad de la compañera María Esther Zuno de Echeverría.

Esta Iniciativa de Ley, viene a cumplir un antiguo anhelo de las clases populares para poder instrumentar mejor sus actividades de beneficio colectivo. Con ello reafirma aún más su vocación humanista para abatir los viejos estigmas de la inequidad y ascender al nivel de justicia que ya es un reclamo general.

Vencer el reto de la pobreza y atraso, es conjugar el esfuerzo colectivo del poder público con el esfuerzo de una sociedad que debe emplear su trabajo voluntario para sanear el ambiente, para alfabetizar, para el desarrollo integral de la comunidad en una nueva moral que nos obligue a la solidaridad.

El despertar de una conciencia voluntarista llegó a consolidarse en un movimiento social que hizo posible que el INPI se transformara en Instituto Mexicano para la Infancia y la Familia. Al frente de la nueva filosofía social de voluntarismo, está la ideología revolucionaria de María Esther Zuno de Echeverría.

El trabajo voluntario es una de las más altas expresiones de humanismo social. Va más allá de actitudes caritativas o de la clásica vanidad de la burguesía. Especialmente en países donde privan hondas desigualdades sociales como el nuestro, la entrega voluntaria de brazos y mentalidades de jóvenes y mujeres, es una necesidad impostergable.

Al haber propuesto esta Iniciativa de Ley, México avanza en el sano impulso de liberación de la mujer, del despliegue de energías físicas e intelectuales que la juventud, los maestros, los trabajadores y los campesinos conjugan para servir a su propia comunidad y salir del subdesarrollo.

Frente a las carencias y la economía de autoconsumo de marginadas poblaciones rurales; frente a la postergación y el abandono en que se encuentran regiones de pobreza cuya hambre es secular y moderna; ante el dramatismo de niños que deambulan por los cinturones de miseria de las ciudades, en busca de un mendrugo de pan y exigiendo el respeto de una paternidad responsable, el estado revolucionario ha colocado como prioridades sociales el rescate de la marginación y la cancelación de las inequidades.

La gran inversión pública destinada a este objetivo no ha sido suficiente. No obstante, la duplicación del presupuesto federal destinado al desarrollo rural, a la educación en todos sus niveles, a la vivienda, la salud pública, la seguridad social, subsisten aún grandes zonas de miseria frente a unos cuantos feudos de la opulencia.

Sólo la solidaridad social, a través del trabajo voluntario, puede ayudarnos a salir del subdesarrollo. No basta el esfuerzo del Estado. Es preciso hacer un llamamiento a todas las capas de la población para aportar los recursos humanos que, muchas veces ociosos, deben aplicarse al trabajo voluntario. En condiciones de atraso y pobreza, se hace imprescindible la conjugación de esfuerzos. Hacer de una comunidad, el nido de una acción colectiva, es realizar la libertad personal en la libertad de la sociedad.

Es preciso coordinar con una planeación adecuada todas aquellas actividades que captan el apoyo de la ciudadanía. Esta ley es el punto de partida de una acción organizada a nivel nacional que será la mejor respuesta del pueblo, frente a las carencias materiales, del hábitat y de la convivencia social.

Hoy se levanta una firme voluntad de las mujeres, los jóvenes y los trabajadores manuales e intelectuales para hacer efectivo, en el plano de una moral revolucionaria, el anhelo de una alianza para la producción y para el bienestar.

La compañera María Esther, rompió los viejos tabúes, de que nosotras las mujeres, sólo teníamos derecho a la procreación, pero teníamos velada nuestra actividad en los problemas que confronta nuestra sociedad. Conjunta la filosofía de aquellas luchadoras por la liberación de la mujer, que cuando le preguntaron cuál sería la inscripción que pondría en su tumba como epitafio, contestó sencillamente: Cuando nací, era una mujer, cuando fallecí era simplemente un ser humano.

En un país donde una imitación extralógica derrumba los valores morales, qué importante es haber encontrado en la actitud de la compañera Echeverría, el rescate de nuestras más claras tradiciones; de nuestro limpio y rico folklore. El encuentro con sectores antes ignorados como son los indígenas y sus culturas; la atención a una niñez que necesita el calor y cariño de una política que les inspire el amor al trabajo y a la patria.

Qué importante fue encontrar en María Esther a la energía, creadora, combativa siempre, inconforme, organizando la tesis de la unidad de la familia y de la paternidad responsable. Desde todos los rincones de México, en lo más alto de la sierra, como en las más pequeñas comunidades del valle o del desierto, hay una multitud de mujeres que han encontrado nuevas perspectivas en su vida. Son las parteras empíricas y las trabajadoras voluntarias, quienes con tesón y esfuerzo, están cambiando las reglas del juego de una comunidad indiferente y fría, a una sociedad inconforme y participativa.

Esta ley vendrá a cristalizar sin duda un viejo sueño de nuestro estado revolucionario: proteger con más eficacia a la niñez y a la familia. Tenemos que reconocer que en este sentido, México apenas está sentando las bases para proteger lo que significa la permanencia de nuestra sociedad. Por ello, qué justo es reconocer a quien entregó parte de su vida a una tarea apasionada; como mexicana, como madre, como esposa y compañera de un gran Presidente de la República.

La vemos amorosa besar la frente de una humilde anciana indígena o trabajar con sus propias manos, sin descanso, el desarrollo de toda una comunidad en Valle de Banderas, Nayarit; la sentimos cantando al lado de los niños inválidos por la naturaleza y la observamos vistiendo los trajes típicos de las tehuanas oaxaqueñas, en las reuniones de las canciones y las esperanzas.

La ley asegura la permanencia de viejos sueños e ideales, pero significa un reconocimiento amplio a quien se entregó con desinterés; sin reservas mentales; sin medir el tiempo, las distancias o el descanso que nunca tuvo.

Hoy le rendimos, las mujeres mexicanas, nuestro más cálido reconocimiento a la que dirigió con tanto empeño, con coraje con pasión, con inteligencia, el trabajo fecundo, humano en favor de los niños y de la familia mexicana, nuestro reconocimiento sincero, nuestra gratitud, en nuestras mentes, en las mentes, no sólo de las mujeres mexicanas sino de hombres compatriotas, estará vigente, seguirá vigente, latente, actuante, vigorosa la llama que la compañera y amiga de todos, luchó sin descanso y sin desvelo para hacer posible dicha creación. Vaya pues mi reconocimiento desde esta tribuna a la compañera patriota María Esther Zuno de Echeverría. Muchas gracias. (Aplausos.)

El C. secretario Crescencio Herrera: Señor Presidente, se han agotado los asuntos del Orden del Día.

Se va a dar lectura al Orden del Día de la próxima sesión de Cámara.

ORDEN DEL DÍA

- El mismo C. Secretario:

Primer Período Ordinario de Sesiones.

"L" Legislatura.

Orden del Día

30 de noviembre de 1976.

Lectura del Acta de la sesión anterior.

Elección de la Mesa Directiva para el mes de diciembre.

Designación de Comisiones Reglamentarias y de Cortesía.

Dictámenes de primera lectura

De las Comisiones unidas de Acción Social y de Desarrollo de la Seguridad Social y la Salud Pública con proyecto de Ley que crea el Instituto Mexicano de la Infancia y la Familia.

De la Comisión de Permisos Constitucionales con proyectos de Decreto que conceden permiso a los CC. Francisco Javier Alejo, Víctor Bravo Ahuja, Guillermo Bonfil Betalla, Jaime Abarca Illa y Gilberto Saldívar Torres, para aceptar y usar las condecoraciones que les fueron conferidas por Gobiernos extranjeros.

- El C. Presidente (a las 23:00 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo 30 de noviembre, a partir de las once horas.

TAQUIGRAFÍA PARLAMENTARIA Y

"DIARIO DE LOS DEBATES"