Legislatura L - Año II - Período Ordinario - Fecha 19771020

Legislatura L - Año II - Período Ordinario - Fecha 19771020 - Número de Diario 19

(L50A2P1oN019F19771020.xml)Núm. Diario:19

ENCABEZADO

DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

"L" LEGISLATURA

Registrado como artículo de 2a. clase en la Administración Local de Correos, al 21 de septiembre de 1921

AÑO II México D.F. Jueves 20 de Octubre de 1977 TOMO II. - NÚM. 19

SUMARIO

Apertura

Orden del Día

Acta de la sesión anterior. Se aprueba

Solicitud de Comparecencia

el Director de PEMEX

Presentada por la Diputación del Partido Acción Nacional, a efecto de que informe sobre el gasoducto proyectado que partirá desde el Estado de Chiapas al de Tamaulipas. Se acepta. Se turna a Comisión

DICTAMEN A DISCUSIÓN

Reformas Constitucionales

Proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos 6o., 41, 51 al 55, 60, 61, 65, 70, 73, 74, 76, 93, 97 y 115 de la Constitución General de la República

A discusión el artículo 2o. del Proyecto, que reforma el 6o. Constitucional: Interviene la C. Marcela Lombardo de Gutiérrez para proponer una adición. Después de varias mociones de orden, usan de la palabra, en pro, los CC. Manuel Villafuerte Mijangos, Saúl Castorena Monterrubio y Carlos Ortiz Tejeda. La C. Marcela Lombardo retira su adición. Se aprueba por unanimidad en sus términos

A debate el artículo 3o. del Proyecto, que reforma el 41 constitucional: Propone modificaciones el C. Gonzalo Altamirano Dimas; en pro, el C. Artemio Iglesias Miramontes; la C. Marcela Lombardo propone modificaciones; en pro, el C. Pedro González Azcuaga; por las Comisiones el C. Miguel Montes García propone se cambie el orden de los párrafos. Nuevamente intervienen los CC. Altamirano Dimas, Montes García y González Azcuaga. Se desechan las modificaciones, no así la propuesta de las Comisiones que es aceptada. Previa aclaración del diputado Garabito sobre la votación, se aprueba el párrafo 2o del artículo 41 por mayoría y, por aclaración de varios diputados, queda de manifiesto la aceptación por unanimidad del artículo 3o. en cuestión, con el orden de párrafos propuestos y aceptados

A discusión el artículo 4o. del Proyecto, que reforma los artículos 51 al 54 constitucionales: Se debate el artículo 51, proponiendo al mismo nueva redacción el C. Jesús Luján Gutiérrez; en pro, el C. Enrique Gómez Guerra. Se desecha la proposición. Se reserva el artículo para su votación nominal en conjunto. Receso

Se reanuda la sesión. A debate los artículos 52, 53 y 54 constitucionales: en contra, el C. Jorge Garabito Martínez; en pro, el C. Enrique Soto Izquierdo; en contra, el C. Jesús Luján Gutiérrez; en pro, el C. Hugo Roberto Castro. Aclaraciones de los CC. Garabito Martínez, Luján Gutiérrez y de Pedro González Azcuaga; en pro Enrique Ramírez y Ramírez; el C. Luján Gutiérrez retira su propuesta. Aclaración del C. Miguel Campos Martínez y, en pro, Miguel Montes García. Los artículos constitucionales 51 reservado para su votación y 52, 53 y 54, se aprueban por mayoría en sus términos

A discusión el artículo 5o. del proyecto que reforma el 55 constitucional: en contra de su fracción III, se manifiesta el C. Jorge Garabito Martínez, expresando que se consideren las mismas argumentaciones que emitió en contra de la representación proporcional. Se aprueba por mayoría

Orden del Día

Se da lectura al Orden del Día de la sesión próxima. Se levanta la sesión

DEBATE

PRESIDENCIA DE LA C. MARTA ANDRADE DE DEL ROSAL

(Asistencia de 181 ciudadanos diputados.)

APERTURA

- La Presidenta (a las 10:25 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DÍA

- La C. secretaria Mirna E. Hoyos de Navarrete:

"Segundo Período Ordinario de Sesiones.

'L' Legislatura.

Orden del día

20 de octubre de 1977.

Lectura del Acta de la sesión anterior.

Solicitud del Partido Acción Nacional.

Dictamen a discusión

De las Comisiones unidas Primera de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 6o., 41, 51, 52, 53, 54, 55, 60, 61, 65, 70, 73, 74, 76, 93, 97 y 115.

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

- La misma C. Secretaria:

"Acta de la Sesión de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Legislatura del H. Congreso de la Unión, efectuada el día diecinueve de octubre de mil novecientos setenta y siete.

Presidencia del C. Augusto César Tapia Quijada.

En la ciudad de México, a las diez horas y veinticinco minutos del miércoles diecinueve de octubre de mil novecientos setenta y siete con asistencia de ciento noventa y ocho ciudadanos diputados, la Presidencia declara abierta la sesión.

Se da lectura al Orden del Día y al Acta de la sesión anterior, verificada el día de ayer, misma que sin discusión se aprueba.

El C. Presidente informa a la Asamblea que el C. diputado Edilio Hinojosa López se encuentra internado en el Hospital de la Raza por lo que, designa en comisión para que informen sobre su estado de salud, a los CC. diputados Efrén San Pedro Sales, J. Fernando Correa Suárez y Lucía Betanzos de Bay.

Se da cuenta de los documentos en cartera: Comunicaciones de las Legislaturas de los Estados de Aguascalientes, Oaxaca y Veracruz, por las que participan actos inherentes a sus funciones legislativas. De enterado.

Las Comisiones unidas de Estudios Legislativos y Primera de Puntos Constitucionales, suscriben un dictamen con proyecto de Decreto, en virtud del cual se reforman y adicionan los artículos 6o., 41, 51, 52, 53, 54, 55, 60, 61, 65, 70, 73, 74, 76, 93, 97 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En virtud de que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los ciudadanos diputados, la Asamblea, en votación económica dispensa la segunda lectura del mismo, a fin de que se someta de inmediato a discusión en lo general.

A debate el proyecto de Decreto en lo general.

Hace uso de la palabra, en contra el C. Ramón Garcilita Partida.

Presidencia de la C. Marta Andrade de Del Rosal.

Continúa el debate: Intervienen, en pro el C. Eduardo Andrade Sánchez; en contra el C. Jorge Garabito Martínez; en pro los CC. Francisco Ortiz Mendoza, Augusto César Tapia Quijada, Eugenio Soto Sánchez y Pericles Namorado Urrutia.

Suficientemente discutido en lo general, se aprueba el proyecto de Decreto por ciento noventa y un votos en favor y diecisiete en contra.

A discusión en lo particular.

El C. Ramón Garcilita Partida en nombre de la Diputación del Partido Acción Nacional, reserva los artículos 3o., 4o., 5o., 6o., 9o., 10, 11, 13, 14, y 15.

A su vez, el C. Jesús Luján Gutiérrez, en nombre del Partido Popular Socialista, reserva los artículos 2o., 3o., 4o., 5o., 6o., 7o., 8o., 9o., 10, 11, 13, 14, 15 y Primero y Segundo Transitorios.

En virtud de lo anterior, la Presidencia propone, para que la discusión en lo particular se lleve a cabo en la mejor forma posible, que en la sesión de mañana jueves, se pongan a consideración de la Asamblea, los artículos 2o., 3o., 4o., y 5o

En la sesión del viernes, 21, los artículos 6o., 7o., 8o., y 9o.

En la sesión del lunes 24, los artículos 10, 11 y 13.

En la sesión del martes 25, los artículos 14, 15 y Primero y Segundo Transitorios.

A discusión la proposición, no habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se aprueba.

Agotados los asuntos en cartera, se da lectura al Orden del Día de la sesión que se efectuará el día de mañana, jueves veinte de los corrientes.

A las catorce horas y quince minutos se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana a las diez horas."

Está a discusión el Acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba...Aprobada.

SOLICITUD DE COMPARECENCIA DEL DIRECTOR DE PEMEX

El C. de Carcer Ballescá: Tiene la palabra para una proposición.

- La C. Presidenta: Tiene la palabra el ciudadano diputado De Carcer Ballescá.

El C. Guillermo de Carcer Ballescá: Señora Presidenta; señoras y señores diputados: El pasado primero de septiembre, el Presidente de la República, confirmó a esta representación nacional lo que ya anteriormente había sido informado por la prensa. El proyecto de un gasoducto que partirá de la población de Cactus, Chiapas, hacia la ciudad de Monterrey, con dos ramales: uno hacia Chihuahua y otro a Reynosa, para de allí exportarlo a los Estados Unidos. En su Informe el Titular del Poder Ejecutivo mencionó que, hasta el mes

de mayo nuestra producción de petróleo llegó a un millón de barriles diarios y que la relación reserva - producción se calcula para 27 años. Por los resultados de las más recientes exploraciones en diversas partes del país, podemos hablar de nuestra gran potencialidad petrolera; estamos de acuerdo con el Ejecutivo en que no podemos cerrar las válvulas hasta ahogarlas en el absurdo ni abrirlas como nuevos ricos hasta la extinción. A través de la prensa y la televisión se han conocido las diversas opiniones en relación al proyectado gasoducto, algunas muy encontradas, que han provocado inquietud en muchos sectores de la población

Si bien es cierto que el Ejecutivo enunció a grandes rasgos y defendió la conveniencia de llevar adelante este proyecto, es necesario que se informe a la opinión pública de todos los detalles técnicos y sus posibles explicaciones económicas y políticas.

Estamos discutiendo en esta Cámara la Iniciativa del Ejecutivo que reforma diversos artículos de la Constitución, en lo que se ha denominado Reforma Política, donde se influye como una garantía constitucional el derecho a la información.

La opinión pública está reclamando una información oficial más amplia del proyectado gasoducto; en esta virtud, es imperativo que esta Cámara de Diputados solicite en representación del pueblo, esta información suficiente que permita restablecer la confianza entre gobernantes y gobernados.

Por las consideraciones anteriores, y con fundamento en los artículos 93 de la Constitución y 53 del Reglamento Interior para el Gobierno del Congreso General, la diputación del Partido Acción Nacional somete a la consideración de esta Asamblea, el siguiente proyecto de Acuerdo:

Único: Solicítese al C. director del Petróleos Mexicanos, comparezca ante esta H. Cámara de Diputados, e informe ampliamente sobre el proyecto del Gasoducto que partirá del Estado de Chiapas al Estado de Tamaulipas.

Salón de Sesiones, 20 de octubre de 1977.

(Firmas de la Diputación de Acción Nacional.)

- El C. secretario Héctor Ximénez González:

En votación económica se pregunta a la Asamblea si se acepta o se desecha la modificación propuesta por el ciudadano diputado Guillermo de Carcer Ballescá ...Aceptada.

El C. Montes García: Faltó el trámite.

- La C. Presidenta: Tiene razón, señor diputado.

El trámite es: A la Comisión de Desarrollo de los Recursos Naturales y Energéticos, Sección Petróleo.

DICTAMEN A DISCUSIÓN

Reformas Constitucionales

"Comisiones Unidas de Estudios Legislativos y Primera de Puntos Constitucionales.

Honorable Asamblea:

A las Comisiones Unidas de Estudios Legislativos y Primera de Puntos Constitucionales, les fue turnada para su estudio y dictamen, la Iniciativa de Ley presentada por el C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado José López Portillo, mediante la cual promueve reformas y adiciones a los artículos 6o., 41, 51, 52, 53, 54, 55, 60, 61, 65, 70, 73, 74, 76, 93, 97 y 115 de la Constitución General de la República.

También se les turnó , para efectos similares, la iniciativa de los nueve ciudadanos que integran la Diputación del Estado de Guanajuato a la Quincuagésima Legislatura del H. Congreso de la Unión, para que se reformen y adicionen los artículos 65, fracción I; 74, fracción IV; 79, fracción VIII Y 89, fracción IX, del Ordenamiento legal aludido.

Las iniciativas tienen una correlación evidente. Por ello, las Comisiones dictaminadoras han considerado lógico, en pro de la congruencia y de la resolución expedita que merecen analizarlas y resolverlas de consuno.

Los pueblos del mundo procuran abrir su propio camino con el propósito de transitar por él hacia el logro de sus metas, concebidas como proyecto pero anheladas como realidad.

Ese camino viene a ser interminable, porque la facultad creadora y recreadora de los seres humanos, los impulsa en cada etapa de su evolución histórica a imaginar e introducir innovaciones para alcanzar niveles de vida superiores a los ya obtenidos.

Es explicable que cuando los pueblos prosperan al amparo de una paz creadora, con libertad y justicia, tienden a la estabilidad; pero no debe perderse de vista que, aun cuando parezca contradictorio, la estabilidad sólo puede asegurarse al través de cambios profundos, racionales, lógicos, planeados; que no rompan con el pasado tajantemente, sino que tomen de él lo que es debido conservar; porque, con razón se ha dicho que: "Una sociedad sólo se conserva en la medida en que pueda cambiar, pero a la vez, una sociedad sólo cambia en la medida que pueda conservar".

Por lo demás, si queremos justificar la satisfacción y el orgullo que sentimos por nuestras instituciones y aspiramos a que nuestro país conquiste la felicidad y el respeto a que tiene derecho no debemos olvidar los basamentos sobre los cuales se ha organizado nuestra comunidad nacional.

La conquista de su libertad y su defensa; el disfrute de un mínimo de justicia social y la seguridad que emana del Estado de Derecho, han sido las constantes ideológicas de las tres grandes revoluciones, merced a las cuales la nación mexicana ha adquirido su fisonomía propia y distinta. Esas revoluciones han sido: la de Independencia, la liberal de Ayutla y la social de 1910; de las que, a su vez ha surgido las tres Constituciones fundamentales que hemos tenido a lo largo de nuestro devenir histórico: la del 4 de octubre de 1824; la del

5 de febrero de 1857; y la del 5 de febrero de 1917.

La parte orgánica de esas tres Constituciones, revela la voluntad indeclinable del pueblo mexicano para fortalecer la estructura democrática de la Nación, y dejar al Estado sujeto a un régimen de gobierno republicano, representativo y federal, por estimarlo el más idóneo para garantizar la libertad política de todos los hombres y de todas la regiones del territorio patrio.

Mas es debido precisar que, si en las dos primeras el acento fue principalmente político, en la última es de naturaleza político - social; porque consagró por así decir, junto a los derechos públicos subjetivos del individuo, los derechos colectivos o sociales.

El constituyente de Querétaro recogió con emoción patriótica y con sensibilidad política, las demandas populares que, por insatisfechas, dieron causa legítima a la Revolución de 1910 y les otorgó concreción y síntesis en normas que, apartándose en algunos casos de la ortodoxia jurídica imperante, liquidaron la añeja concepción liberal que tuvo a los ciudadanos como entidades humanas iguales, para dar paso al reconocimiento de una realidad incontrovertible: la sociedad mexicana es una sociedad plural en la que, si no es posible igualar a los desiguales, sí lo es la nivelación de las desigualdades.

Su postulado toral es, seguramente, el relativo a la función social de la propiedad; pues se apartó definitivamente de las prescripciones del Derecho Romano y del derecho democrático burgués yacente en la legislación civil: y ese postulado constituye la substancia legítima de la Reforma Agraria, de la Reforma Social, de la Reforma Educativa, de la Reforma Fiscal y de la Reforma Política en la que, desde hace cuatro sexenios, estamos empeñados particularmente.

La Reforma Política, esencialmente democrática se puso en marcha para hacer más digna y eficaz la participación de los ciudadanos en el proceso electoral y, por esta vía, en la decisión sobre los grandes problemas nacionales. Al reconocerse a la mujer los derechos políticos que en nuestro país, hasta esa época, se tuvieron como patrimonio del hombre, no sólo se le rescató de una marginación injustificada y aberrante, sino que se ampliaron las bases de nuestro proceso democrático y se abrieron las puertas para la cabal integración de aquélla a la vida de la República.

Después, para que los Partidos minoritarios participantes en la actividad electoral pudieron sostener en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión sus tesis y la viabilidad de sus soluciones, respecto a los problemas que padece la comunidad nacional, se puso en práctica, algo que ahora valoramos en plenitud: si en la mayoría radica fundamentalmente el poder decisorio, las minorías deben ser escuchadas y respetadas en sus opiniones, porque sólo de ese modo pueden constituirse en factores activos para propiciar el progreso del país. Se reformaron por lo consiguiente, los artículos 54 y 63 de la Constitución Federal, institucionalizando un sistema mixto en el que el principio de mayorías quedó complementado por otro, "yuxtapuesto", de representación minoritaria, de tal manera que además de diputados logrados por el sistema de mayorías, cada uno de los partidos, si no obtuvo un mínimo de triunfos electorales directos, cumpliendo determinados requisitos, tiene derecho a un número proporcional de representantes denominados diputados de Partido".

Posteriormente se consideró que ninguna actividad tendiente a favorecer el progreso del país, podría obtener óptimos resultados si no se contaba con el concurso de la juventud que es, por naturaleza, factor determinante del cambio social. Así, fue abolida la limitación condicionada por el estado civil y desde entonces, quienes han cumplido dieciocho años están capacitados para intervenir en el proceso electoral.

La participación responsable de los jóvenes, no sólo en el proceso electoral, sino en los quehaceres legislativos, fue promovida sucedáneamente mediante la reforma constitucional que los dejó habilitados para tener acceso como diputados o senadores al H. Congreso de la Unión a los 21 y 30 años de edad respectivamente.

La relación sucinta de las reformas políticas llevadas al cabo durante los cuatro últimos sexenios, es más que suficiente para demostrar que todo sistema democrático es esencialmente perfectible y sus instituciones nunca deben tomarse como obra concluida; y que el Presidente José López Portillo ha tenido razón al afirmar, como lo hizo al rendir su primer informe de gobierno ante la Representación Nacional que "Una verdadera reforma política no es un acto, así sea éste de la mayor relevancia legislativa; son muchos actos, y no es un momento, sino un proceso que exige, por igual, reformas jurídicas y modificaciones que culminan en una vida mejor".

El Primer Magistrado de la República, ahora, no sólo continúa la Reforma Política. La amplía y la mejora. Ha expresado textualmente en la exposición de motivos de su iniciativa, que con ella busca "...una mejor integración del sistema de libertades y del sistema democrático que nos rigen, respetando el derecho de las minorías a preservar su identidad y a manifestarse sin cortapisas".

El planeamiento es diáfano y honesto: por fidelidad a las esencias nacionales es debido que persistan en nuestro sistema de gobierno sus dos grandes cualidades distintivas: El presidencialismo, producto de la organización constitucional que el pueblo de México ha querido darse; y el principio rector de que las mayorías no tienen por qué compartir el poder público del que no deben abusar, habida cuenta de que, teniendo las minorías garantizados sus derechos pueden, por la bondad de sus tesis, la eficacia de sus soluciones y la

tenacidad lícita de su lucha, polarizar el consenso de la nación.

La iniciativa presidencial propone la modificación del artículo 6o. Constitucional. Este precepto dice:

"La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público."

A este texto, la iniciativa agrega: "...el derecho a la información será garantizado por el estado".

La historia de nuestro Derecho Constitucional ofrece catorce antecedentes, desde el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, hasta el Mensaje y Proyecto de Constitución de Don Venustiano Carranza. De su estudio es válido concluir que siempre fue propósito de los legisladores mexicanos, preservar como libertad política la libre manifestación de las ideas desde el punto de vista de quien las emite; sin considerar el derecho de quien las recibe para no ser víctima de lo que actualmente conocemos por "manipulación informativa".

Que así haya sido es perfectamente explicable, por que la información propiamente dicha, producto de la sociedad moderna, ha venido a convertirse en factor de primera importancia en la modelación de la opinión pública.

Si no se disfruta de un grado aceptable de cultura general a la vez que de educación política, y de posibilidad de consulta y comprobación en las fuentes emisoras, la información cae en el ámbito de la deformación. Como las condiciones apuntadas están muy lejos de pertenecer al común, surge la necesidad de instituir el derecho a la información como garantía social.

Lo escueto de la expresión: "...el derecho a la información será garantizado por el estado", puede originar la crítica de que no se precisa lo que debe entenderse por "derecho a la información", ni a quien corresponde su titularidad, ni los medios legales que hará valer el Estado para hacerlo respetar.

No debe olvidarse sin embargo, que "la característica esencial de la Constitución debe ser máxima brevedad posible; y que, en rigor jurídico, sólo le corresponde el enunciado y principios de las normas imperativas cuyas formas de operatividad serán objeto y materia de la ley reglamentaria respectiva.

De donde las Comisiones dictaminadoras concluyen que es oportuna y pertinente la adición al artículo 6o. que propone en su iniciativa el depositario del Poder Ejecutivo.

III

El artículo 41 Constitucional dice:

"El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del pacto federal".

La Iniciativa Presidencial propone la adición de los siguientes cinco párrafos:

"Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.

"En los procesos electorales federales los partidos políticos nacionales deberán contar, en forma equitativa, con un mínimo de elementos para sus actividades tendientes a la obtención del sufragio popular.

"Los partidos políticos tendrán derecho al uso en forma permanente de los medios de comunicación social, de acuerdo con las formas y procedimientos que establezca la ley.

"Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las formas específicas de su intervención en el proceso electoral.

"Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones estatales y municipales."

El ejercicio de la libertad de asociación, legitima la formación de los partidos políticos, considerados justamente como una de las piezas maestras de las democracias contemporáneas, puesto que son el instrumento más eficaz para "encuadrar y canalizar la voluntad popular" (Burdeau).

Si bien es cierto que lato - sensu todo partido político es una asociación política, strictu - sensu no toda asociación política puede conceptuarse como partido político. Aquélla es, generalmente, eventual, transitoria, carente de ideología definida, y de programa de gobierno destinado a la resolución de los grandes problemas nacionales. Este, requiere necesariamente de los siguientes elementos: el humano, el ideológico, el programático, el de permanencia y el de organización, tanto mejor si se hallan coordinados dentro de un contexto jurídico.

EL artículo 9o. Constitucional garantiza la libertad de asociación, reconociendo como derecho subjetivo público de los ciudadanos mexicanos, el de asociarse para tomar parte en los asuntos políticos del país. De primera intención parece que esa libertad, irrestricta en la norma constitucional, resulta limitada por la ley secundaria -en este caso la Ley Federal Electoral - en cuanto que, en este Ordenamiento se precisan los elementos indispensables para la integración de un partido político a fin de que pueda ostentarse y ser reconocido como tal. (Artículos 18 a 28.)

La contradicción no existe. Ya el artículo 54 Constitucional en su texto vigente alude en su

fracción IV " a los Partidos Políticos Nacionales que hubieren obtenido su registro conforme a la Ley Electoral Federal, por lo menos con un año de anticipación al día de su elección", como a los únicos que pueden acreditar Diputados de Partido.

"Esta remisión a dicho ordenamiento legal secundario entraña una complementación que la propia Constitución establece a la libertad de asociación que instituye su artículo 9o. La citada complementación estriba en que, para que una agrupación política se conceptúe como partido político nacional es menester que se forme y organice de conformidad con lo dispuesto en la invocada ley."

Obviamente, al amparo del artículo 9o. Constitucional no hay impedimento para organizar asociaciones políticas, posibilidad que no coarta en modo alguno la Ley Electoral Federal. Si bien es cierto que declara explícitamente que el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente para tomar parte en los asuntos políticos del país es privativo de los ciudadanos mexicanos, "de esta declaración no se infiere que el legislador ordinario no pueda, respetando ese derecho, es decir, no impidiendo su ejercicio, establecer la forma, término o manera como deba desempeñarse en ciertos casos, o sea a través de partidos políticos nacionales cuya estructura se determine en la legislación que al efecto se expida". (Burgoa.)

Si bien, dentro de nuestro orden constitucional, la coexistencia de las asociaciones políticas formadas al amparo del artículo 9o. de la Carta Magna con los partidos políticos integrados conforme a la Ley Electoral Federal es factible y legal, la reforma que promueve el Presidente sobre este particular es afortunada en cuanto que define de una vez por todas aquella compatibilidad y delimita, por el señalamiento de su naturaleza y de sus elementos peculiares , el ámbito estructural de la asociación política y del partido político nacional, amén de que recoge los mejores pronunciamientos doctrinarios de distinguidos juristas mexicanos, externados en el Primer Congreso Nacional de Derecho Constitucional, celebrado en Guadalajara, Jalisco, durante los días cinco a diez de noviembre de mil novecientos setenta y tres.

De capital importancia es el carácter de interés público que la iniciativa otorga a los partidos políticos, porque implica la obligación para el Estado de asegurar las condiciones indispensables para que se desarrollen, entre las que se cuentan la disponibilidad de medios para difundir sus declaraciones de principios, sus programas de acción, sus tesis, sus opiniones, sus razonamientos en torno a los problemas de la Nación, mediante el acceso permanente a la radio y la televisión, sin limitarlo, como hasta ahora sucede, a los períodos electorales.

Como bien se dice en la exposición de motivos: "esta prerrogativa de los partidos tiene el propósito de dar vigencia en forma más efectiva al derecho de información, incorporado, como ya quedó dicho, al artículo 6o. Constitucional"; derecho que será fundamental para mejorar la conciencia política del pueblo, lo que es necesario para que pueda actuar con conocimiento de causa en la tarea diaria de obtener su propio bienestar.

Es lógico que si los partidos políticos son el mejor instrumento para la acción política del pueblo, no intervengan únicamente en los procesos electorales federales, y se reconozca que pueden hacerlo sin la satisfacción de nuevos requisitos o de otros registros, en las elecciones para renovar los Poderes Estatales o Municipales.

Por todo lo expuesto, las Comisiones dictaminadoras concluyen que es procedente adicionar, como lo propone la Iniciativa Presidencial, con los cinco párrafos transcritos, el artículo 41 de la Carta Magna.

De significación especialísima es la reforma que se propone a los artículos 51, 52, 53 y 54 Constitucionales, actualmente en vigor.

El artículo 51 mantiene el texto actual pero con la adición de lo dispuesto por el artículo 53 vigente, quedando así:

"La Cámara de Diputados se compondrá de representantes de la Nación, electos en su totalidad cada tres años. Por cada diputado propietario se elegirá un suplente."

Este reacomodamiento de los textos, consecuente por otra parte, no da materia a ninguna objeción, y, por ende, las Comisiones dictaminadoras lo aprueban.

Los artículos 52, 53 y 54 eliminan radicalmente el régimen de Diputados de Partido en la composición de la Cámara respectiva, régimen que ha operado al través de cinco procesos electorales, porque la experiencia demuestra fuera de toda duda razonable que "agotó sus posibilidades para atender los requerimientos de nuestra cada vez más dinámica y compleja realidad política y social, y dar paso a un sistema con denominante mayoritario en el que se incluye el principio de representación proporcional, articulada conforme al método orgánico de cociente electoral simple, de modo que "en la Cámara de Diputados esté presente el mosaico ideológico de la República".

Los problemas generados por los modos de llevar al cabo los escrutinios electorales, en orden a la autenticidad de la representación popular, han sido motivo de reflexiones profundas y de análisis diligentes, tanto por parte de juristas como por parte de politólogos y políticos pragmáticos, aun cuando las razones de su preocupación tengan diverso origen.

La polémica en torno a las ventajas y desventajas de los diversos tipos de escrutinio electoral agrupados en dos grandes campos: Elección por Mayoría y Representación Proporcional, está muy lejos de quedar clausurada; no obstante , se aprecia una propensión al abandono de esos campos para llegar a otro, donde concilien las conveniencias y se excluyan las inconveniencias, porque en realidad tanto el escrutinio mayoritario relativo o absoluto, como la representación proporcional considerada al través

de métodos empíricos de voto limitado, acumulado, graduado, alternativo o de cuota fija; o de métodos orgánicos de cociente electoral, cifra repartidora o cociente rectificado, por el ejemplo, tienen muchas de aquéllas y muchas de éstas.

Sin ánimo de entrar a la consideración exhaustiva de esos modos de escrutinio, podemos decir, respecto al mayoritario, que si su virtud es la simplicidad, la simplicidad es su pecado porque puede resultar injusto.

Mal pueden los epígonos de la Representación Proporcional traer a cuento la prosapia de ese sistema, invocando la autoridad de Aristóteles, Saint-Just, Mirabeau o Condorcet; o sostener con criterio moderno, que satisface mejor el pluralismo democrático, que es "un escrutinio de ideas" y no "un escrutinio de hombres", porque cada Partido llega a la contienda electoral presentando su programa político de gobierno con "banderas desplegadas"; o que la elección no está fundada sobre mezquinas consideraciones de interés local, y el elegido, como lo exige el principio de la soberanía nacional, no representa ya algunos mandatos egoístamente impregnados de espíritu localista, sino al país entero;..." (Cotteret y Emeril); o bien que es el modo más honesto de escrutinio, si bien esa honestidad no aparece comúnmente en el momento de confeccionar las listas de candidatos por parte de los mayores de los partidos. En su contra militan graves impugnaciones particularmente válidas en México, por ejemplo: su implantación lisa y llana significa abandonar "un principio estructural de nuestro régimen constitucional: la soberanía popular"; el difícil manejo de los cocientes electorales, tanto más grave por la ausencia de educación política de las grandes masas populares; la preterición de la lucha entre los candidatos para dar margen a la negociación de los dirigentes.

Dejando a un lado críticas como la de Hermens, para quien ahí donde reina la representación proporcional muere la democracia y triunfa la anarquía; o las de Duguit y Capitant, en el sentido de que favoreció la ascensión del fascismo y el nazifascismo; las que incitan a la meditación cuidadosa son las que gravitan sobre la acción de tal sistema en la opinión pública. Se dice que al favorecer la expresión de todas las opiniones sublima la función de las oposiciones sin matices y el carácter conflictual de las sociedades políticas. Las fuerzas políticas que rechazan las reglas del juego pueden ir agravando las discrepancias entre las fuerzas políticas "democráticas" al presionar sobre el proceso de decisión intentando paralizarlo. La fragmentación de la opinión pública, si es cosa natural, queda acentuada por la representación proporcional.

A los mexicanos se nos imputa una tendencia innata hacia la imitación extralógica, no obstante que la historia de nuestro país revela cómo el Estado ha sido capaz de llevar al cabo, las síntesis constructivas y eficaces que demanda la realidad social en que nos desenvolvemos. El sistema de Diputados de Partido fue una solución en mucho original. Pero la norma que los creó ha quedado vacía y por ello debe reemplazarse. No existiendo un modo de escrutinio perfecto, la única solución es acogerse a un sistema mixto y así lo hace la iniciativa a examen, mas cabe establecer, desde luego, que tanto las magnitudes aritméticas que maneja como las condiciones de viabilidad, no se han establecido arbitrariamente, sino en función de una operatividad óptima.

El aumento de diputados de mayoría para llegar a un número de trescientos, no sólo hace posible el sistema, sino que hará más estrecha la relación entre el Diputado y sus electores. Es cierto que el Diputado representa la voluntad nacional y ésta es su función constitucional; pero no se olvide que en nuestra tradición política eso no basta. Debe ser legislador y gestor. Debe actuar entregando su esfuerzo a la Nación, sin olvidar los intereses del Distrito donde fue electo.

La supresión del factor demográfico como elemento determinante de la división territorial electoral, en efecto, precave a la Constitución de reformas que iría imponiéndose como resultado de la explosión demográfica. El artículo 52, por ende, merece la aprobación de las Comisiones dictaminadoras.

Los artículos 53 y 54 que establecen las normas imperativas atinentes a la distribución de los distritos electorales uninominales entre las entidades federativas, precisan que en ningún caso la representación de un Estado podrá ser menor de dos diputados por mayoría y que, para la elección de los cien diputados según el principio de la representación proporcional y el sistema de listas regionales, se constituirán hasta cinco circunscripciones electorales plurinominales en todo el país, dejando naturalmente a la ley secundaria la forma de establecer los límites de dichas circunscripciones. Finalmente se establecen las bases para la elección de esos cien diputados conforme al principio y sistema susodichos, con la salvedad de que las particularidades corresponderán asimismo a la ley secundaria.

Es debido que para obtener el registro de sus listas regionales, el partido nacional que lo solicite, acredite que participa con candidatos a diputados por mayoría relativa en por lo menos la tercera parte de los trescientos distritos uninominales, porque se trata de estimular la participación constante y verdadera de los partidos minoritarios y de que no vegeten en la insuficiencia ideológica ni en el conformismo de la negociación por parte de sus dirigentes. Si la ley no consignara esta exigencia, la reforma estaría destinada a perecer en tiempo más breve del en que ha perecido de hecho el sistema de los Diputados de Partido.

Equitativos son los márgenes requeridos para la atribución de diputados electos por el sistema de representación proporcional: que el partido contendiente no haya obtenido sesenta o más constancias de mayoría pero que alcance por lo menos el 1.5% del total de la votación emitida por todas las listas regionales en las circunscripciones plurinominales.

Si no se consignaran estas exigencias, se estaría abriendo la puerta de la Cámara de Diputados a grupúsculos sin valor ni fuerza dentro de las corrientes modeladoras de la opinión pública. No estaríamos generando, sino degenerando la vida democrática a la que aspiramos.

De ahí que las Comisiones Dictaminadoras se pronuncian por la aprobación de los artículos 53 y 54 de la Iniciativa Presidencial que se han comentado.

Se promueve también la adición de un segundo párrafo a la fracción III del artículo 55, para que quede en los siguientes términos:

I II III

"Para poder figurar en las listas de las circunscripciones electorales plurinominales como candidato a diputado, se requiere ser originario de alguna de las entidades federativas que comprenda la circunscripción en la que se realice la elección, o vecino de ella con residencia efectiva de más de seis meses anteriores a la fecha en que la misma se celebre."

La adición se justifica por la congruencia y complementariedad lógica, respecto al párrafo primero de la fracción del precepto en examen.

Ya está dicho: el diputado representa la voluntad de la Nación; pero tiene a la vez para con los electores de su Distrito, y ahora también, para con los de la circunscripción territorial, si es el caso, deberes y obligaciones que no le es lícito abandonar.

Debe haber una eficaz vinculación entre el uno y los otros. La mejor procede del paisanaje o de la residencia, porque generalmente conllevan una identificación de intereses. Si el diputado conoce las ideas, los sentimientos , los propósitos de sus electores, seguramente sabrá representarlos y defenderlos. Si los electores conocen al diputado por su origen, por su capacidad, por su vocación de servicio, por su sentido de solidaridad social, pueden estar seguros de haber hecho una elección apropiada. Por eso siempre será conveniente que el representante popular sea oriundo o cuando menos residente por un tiempo mínimo, de la región por la que pretende ser electo.

Ahora bien: observando las Comisiones que en el texto de la fracción III del artículo 55 vigente, que con la adición propuesta vendría a quedar en párrafo primero, se precisa:

"La vecindad no se pierde por ausencia en el desempeño de los cargos públicos de elección popular", circunstancia que no se toma en cuenta en la adición susodicha, y considerando que tal situación debe regir en ambos casos se propone suprimir la última parte del primer párrafo, cuyo texto se ha transcrito, traerlo como párrafo tercero de la fracción III, quedando el texto así:

Artículo 55. Para ser diputado se requieren los siguientes requisitos:

III. Ser originario del Estado en que se haga la elección o vecino de él con residencia efectiva de más de seis meses anteriores a la fecha de ella.

Para poder figurar en las listas de las circunscripciones electorales plurinominales como candidato a diputado, se requiere ser originario de alguna de las entidades federativas que comprenda la circunscripción en la que se realice la elección, o vecino de ella con residencia efectiva de más de seis meses anteriores a la fecha en que la misma se celebre.

La vecindad no se pierde por ausencia en el desempeño de cargos públicos de elección popular.

En esas condiciones, las Comisiones dictaminadoras consideran que se acoge la reforma y se aprueba sin más ajuste que el introducido por estimarlo complementario.

La reforma propuesta en la Iniciativa Presidencial alcanza al artículo 60 Constitucional, cuyo texto vigente dice:

"Cada Cámara calificará las elecciones de sus miembros, y resolverá las dudas que hubiese sobre ellas.

"Su resolución será definitiva e inatacable. El texto sometido a nuestra consideración, dice:

"La Cámara de Diputados calificará la elección de sus miembros a través de un Colegio Electoral que se integrará por los sesenta presuntos diputados que, de acuerdo con las constancias de mayoría que registre la Comisión Federal Electoral, hubieren obtenido mayor número de votos y por cuarenta presuntos diputados que resultaren electos en la o las circunscripciones plurinominales que obtuviesen la votación más alta.

En la Cámara de Senadores el Colegio Electoral se integrará con los presuntos senadores que obtuvieren constancia de mayoría en las Legislaturas de los Estados.

Procede el recurso de reclamación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contra las resoluciones del Colegio Electoral de la Cámara de Diputados.

Si la Suprema Corte de Justicia considerara que se cometieron violaciones substanciales en el desarrollo del proceso electoral o en la calificación misma, lo hará del conocimiento de dicha Cámara para que emita nueva resolución, misma que tendrá el carácter de definitiva e inatacable."

Las Comisiones dictaminadoras tienen una observación que hacer sobre el párrafo segundo. Debe ser modificado porque las Legislaturas de los Estados no expiden constancias de mayoría, a más de que el artículo 56 Constitucional se mantiene intacto y resultaría una contradicción que debe evitarse, por lo que desde luego proponen que dicho párrafo diga:

"En la Cámara de Senadores el Colegio Electoral se integrará con los presuntos senadores que obtuvieren declaratoria de senador electo

de las Legislatura de la entidad federativa correspondiente y de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en el caso del Distrito Federal."

Tras esta observación, cabe decir que las notas peculiares de la reforma al artículo 60 Constitucional, son las siguientes:

a) Se conserva el principio de autocalificación, conforme al cual cada Cámara aprecia y determina la validez de la elección de sus miembros;

b) Se modifica la composición del Colegio Electoral en la Cámara de Diputados;

c) Se crea un recurso de reclamación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para cuestionar las resoluciones del Colegio Electoral de la Cámara de Diputados; y

d) La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá el recurso declarando con criterio jurídico si han existido o no violaciones substanciales durante el proceso electoral o en la calificación del mismo.

Examinados cuidadosamente estos presupuestos, las Comisiones dictaminadoras han concluido:

a) Es correcto que se preserve el principio de autocalificación, porque es congruente con el principio de autonomía del Poder Legislativo; y

b) Porque está consagrado por nuestra tradición constitucional y no hay razón válida para vulnerarla.

No ignoramos que se ha discutido la atingencia de ese principio en sí y en la validez del sistema que legal y reglamentariamente se haya establecido para aplicarlo.

Los impugnadores sostienen que entregar la calificación a las mayorías políticamente triunfantes, convierte a cada Cámara en juez y parte del proceso mismo de su integración, lo cual es contrario a la naturaleza de la impartición de justicia.

Sostiene también, que la reglamentación del principio, además de ser consecuencia del vicio de origen, cae en el error de otorgar, no precisamente a las Cámaras constituidas, sino a organismos previos, la calificación autogenerada de sus propios miembros.

Frente a esas objeciones sostenemos que desde un punto de vista político, el Poder Legislativo debe ser su propio juez en cuanto a la calificación de sus miembros, porque cuando esta operación se lleva al cabo, aquéllos han obtenido ya el voto popular y son depositarios de un poder que la Nación les ha delegado como sus representantes directos; en consecuencia su capacidad es plena para decidir si en los comicios en que fueron electos cada uno de sus integrantes se apegó o no a las disposiciones de las leyes aplicables.

El principio de autocalificación está legitimado también desde un punto de vista constitucional. Según los artículos 41 y 49 de nuestra Carta Fundamental la estructura del Estado Mexicano descansa sobre el postulado de la división de poderes, que implica un sistema de competencias y facultades expresas apto para coordinar y respetar las atribuciones de cada poder de modo que puedan cumplir los fines constitucionales de justicia y democracia. Pero la independencia no excluye la posibilidad de coordinación y la respetabilidad de los Poderes, y por consiguiente, la autonomía del Poder Legislativo tiene su origen en su calidad soberana, pues su integración es resultado de la decisión popular emitida a través del sufragio universal y directo.

La historia de nuestro Derecho Constitucional confirma la validez del principio de autocalificación que nos ocupa, cuyas raíces están fincadas en los artículos 113 a 116 de la Constitución Política de la Monarquía Española, promulgada en Cádiz el 19 de marzo de 1812 y, salvo un período de siete años , cuando las Leyes Constitucionales Centralistas de 1836 establecieron el llamado "Supremo Poder Conservador", se ha mantenido sin solución de continuidad hasta el presente.

Las razones vertidas sobre la capacidad ética de las personas ungidas por el voto popular para calificar su elección, son las mismas que todos los días se traen a colación para poner en entredicho la idoneidad de los jueces. No son de ahora. Son y serán de siempre. Por tanto no hay motivo ni fundamento para conculcar un principio de eficacia avalada por el derecho y por la historia.

Para obtener un más alto grado de objetividad y de certeza en la captación de la voluntad ciudadana, la iniciativa presidencial propone que el Colegio Electoral de la Cámara de Diputados se integre con sesenta presuntos diputados de mayoría y cuarenta presuntos diputados electos según el principio de representación, que hayan logrado la más alta votación en los distritos y en las circunscripciones plurinominales, respectivamente.

La solución es adecuada por las siguientes razones:

a) Conserva, en su esencia, las ventajas del sistema de autocalificación ya analizado;

b)Destierra el exclusivismo y permite por el consiguiente la composición plural del órgano calificador.

c) No puede haber manipulación ni favoritismo para la selección de los integrantes del órgano calificador, porque su inclusión en él depende de la votación obtenida.

d) La presencia de los partidos minoritarios está garantizada con cuarenta plazas, que pueden aumentarse si sus candidatos, en los distritos uninominales, logran altas votaciones.

La introducción del recurso de reclamación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contra la resoluciones del Colegio Electoral de la Cámara de Diputados, lleva al tema, apasionadamente discutido sobre si el más alto Tribunal de la República debe tener injerencia en los asuntos políticos del país.

Un esclarecido jurista mexicano ha opinado, por ejemplo: "...la mejoría de los procesos políticos en un régimen democrático es en contra de lo que pensó ingenua o muy prematuramente Iglesias, también una tarea de orden político; es la ciudadanía quien debe incitar, inclusive presionar, a los poderes políticos por excelencia y a los partidos, para que hagan

posible la mayor participación del pueblo en el funcionamiento de la democracia, inclusive en la vida interior de los partidos. A la ciudadanía que se interese en participar naturalmente, pues los silenciosos no cuentan mucho en política. En suma, me parece, apoyado en las elecciones de nuestra historia, que es irreal, tal vez nocivo, esperar que la Suprema Corte se convierta en centro de luchas saludables y necesarias, pero que deben librarse en otros palenques". (Carrillo Flores.)

Frente a opiniones como la transcrita, indudablemente respetables, las Comisiones dictaminadoras piensan que en el caso a estudio la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación vendrá a ser real y benéfica, pero, sobre todo, cabalmente legítima.

"La tripartición de imperio en el dogma político, trino de Montesquieu" como principio de gravitación universal del derecho público, ha sido superado en su prístina y única concepción separatista de poderes, por una doctrina de singularización de funciones, consiguientemente robustecida por una discreta, racional y necesaria colaboración de todos los poderes en su afán de coordinación y equilibrio tendiente a la necesaria unidad político - jurídica, como reflejo ineludible y forzoso de la unidad cósmica".(Olea y Leyva.)

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al conocer del recurso que propone la iniciativa, actuará como lo que es en la estricta esfera de su competencia y sin invadir la competencia ajena: como un Tribunal de Derecho.

Y debe hacerlo, dejando a un lado suspicacias o dubitaciones, porque no debe olvidarse que los tres Poderes de la Nación son corresponsables del gobierno del país; y que no le es lícito negar su colaboración para racionalizar jurídicamente el orden político.

Que el examen del recurso concluya con una decisión declarativa, que más bien será una opinión calificada, no menoscaba su autoridad ni minimiza su función, porque al ponderar los hechos, la Corte Suprema va a establecer la certeza jurídica que permitirá, en su caso, corregir cualquier desviación de la verdad real, material e histórica de aquéllos.

La calificación de un procedimiento electoral por el Colegio respectivo puede naufragar en un momento dado en la "duda legal" de que habla Rocco. En nuestro sistema de gobierno ¿a quién corresponde disipar las dudas legales? La respuesta es obvia: a los tribunales de justicia Luego entonces, ¿por qué dudar de los efectos reales y benéficos que tendrá la intervención del más alto Tribunal de la República?

El solo peso moral de la opinión de la Corte Suprema, será más que suficiente para que el Colegio Electoral depure sus procedimientos y cuide su actuación, so pena de quedar en entredicho ante la faz de la República. El solo peso moral bastará para evitar desvíos e injusticias, porque si la opinión de la Corte no se tomara en cuenta, no sería ella la que cayera en el desprestigio y la vergüenza, sino quien sin razón fundada la eludiera.

La frase medular de Montesquieu tiene vigencia: "Para que no pueda abusarse del Poder, es preciso que por disposición misma de las cosas, el Poder detenga al Poder".

El escrúpulo deberá extremarse en la Ley secundaria, a fin de que se precisen los requisitos de procedibilidad del recurso y se definan las violaciones sustanciales que serán su materia, a fin de que, "se evite la interposición de reclamaciones notoriamente infundadas cuyo propósito sea el de entorpecer las instancia de la calificación".

Por lo anterior las Comisiones dictaminadoras se pronuncian, con la modificación del párrafo segundo, por la aprobación de la reforma examinada.

VII

El artículo 61 de la Constitución en vigor dice:

"Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargas y jamás podrán ser reconvenidos por ellas."

La Iniciativa propone que se le adicione un párrafo que exprese:

"El Presidente de cada Cámara velará por el respeto al fuero constitucional de los miembros de la misma, y por la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar."

A juicio de las Comisiones dictaminadoras, la reforma se impone por el peso de su bondad y su propósito.

La función legislativa requiere de absoluta independencia para su ejercicio. Es por el consiguiente, necesario que se preserve el respeto al fuero constitucional tanto de los legisladores, como la inviolabilidad de los recintos donde sesionan. Por ser esto indiscutible, las Comisiones consideran que la reforma es justificada y merece la aprobación.

VIII

El artículo 65 vigente de nuestra Constitución Política Federal dispone que el Congreso de la Unión se reunirá el día 1o. de septiembre de cada año para celebrar sesiones ordinarias en las cuales se ocupará entre otros asuntos de revisar la Cuenta Pública del año anterior, que será presentada a la Cámara de Diputados dentro de los diez primeros días de la apertura de sesiones; y de examinar, discutir y probar el Presupuesto del año fiscal siguiente y decretar los impuesto necesarios para cubrirlo.

Como el artículo 73, fracción XXVIII Constitucional, otorga al Congreso la facultad de examinar la Cuenta Pública, y el siguiente artículo 74, en su fracción IV, reserva a la Cámara de Diputados la facultad exclusiva de aprobar el presupuesto anual de egresos, "lo cual no es muy comprensible, ya que se escinde el conocimiento de dos cuestiones que por su naturaleza se hallan plenamente vinculadas", la Iniciativa Presidencial propone que tanto la revisión de la Cuenta Pública, como la votación del Presupuesto, sean facultades

exclusivas de la Cámara de Diputados, y como las facultades del Congreso quedan reguladas en el artículo 73, se dé una nueva redacción al precitado artículo 65 en la siguiente forma:

"El Congreso se reunirá a partir del día primero de septiembre, de cada año, para celebrar sesiones ordinarias, en las cuales se ocupará del estudio, discusión y votación de las iniciativas de ley que se le presenten y de la resolución de los demás asuntos que le correspondan conforme a esta Constitución."

La reforma tiene indudablemente asidero lógico y jurídico, porque dejar a la Cámara de Diputados la facultad exclusiva de revisar la Cuenta Pública y votar el Presupuesto anual de egresos, es ciertamente conforme a nuestro sistema de competencias y a la técnica de las finanzas públicas, pues el control de la administración pública debe ejercerlo ciertamente la Cámara más estrechamente unida a la representación popular, que es la de Diputados. Así, las Comisiones Dictaminadoras concluyen que debe aprobarse el texto que propone la Iniciativa.

Por lo consiguiente, queda desechada la Iniciativa de la Diputación de Guanajuato, proponiendo la modificación de la fracción primera del artículo 65 Constitucional vigente, porque este precepto ya no quedará con fracciones, en la inteligencia de que lo sugerido (época de presentación de la Cuenta Pública, forma en que deberá hacerse la revisión, etc.) será discutido y resuelto al considerar las reformas al artículo 74 Constitucional.

La Iniciativa de Reformas del depositario del Poder Ejecutivo Federal advierte que el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de ya larga vida, ha tenido que sufrir reformas impuestas por las circunstancias, pero conservando sus principales lineamientos de tal modo que ahora carece de unidad sistemática, y como de la reforma política nacerán nuevas exigencias, obviamente habrá que poner en vigor un nuevo ordenamiento que responda a las necesidades sobrevenidas.

Las Comisiones dictaminadoras reconocen que es plausible el propósito de la Iniciativa Presidencial para adicionar con dos párrafos el artículo 70 Constitucional, y acogen las razones que para fundamentarlo se traen a colación en la exposición de motivos; pero estiman que el contenido del artículo propuesto debe permitir mayor flexibilidad para que ambas Cámaras organicen su funcionamiento interno, sin olvidar, por lo que hace principalmente a la Cámara de Diputados, salvaguardar la nueva composición plural que la Iniciativa propone. Se considera pertinente el texto que sigue:

Artículo 70. ..........................................

El Congreso expedirá la Ley que regulará su estructura y funcionamiento internos.

La Ley determinará las formas y procedimientos para la agrupación de los diputados, según su afiliación de partido, a efecto de garantizar la libre expresión de las corrientes ideológicas representadas en la Cámara de Diputados.

Esta Ley no podrá ser vetada ni necesitará de promulgación del Ejecutivo Federal para tener vigencia.

Respecto al artículo 73 Constitucional, la Iniciativa propone que se adicione con una base segunda en su fracción VI y se deroguen las fracciones XXIII y XXVIII.

La aludida base segunda se halla redactada de la siguiente manera:

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I a V. ................................................

VI. Para legislar en todo lo relativo al Distrito Federal, sometiéndose a las bases siguientes:

1a. ....................................................

2a. Los ordenamientos legales y los reglamentos que en la ley de la materia se determinen, serán sometidos al referéndum y podrán ser objeto de iniciativa popular, conforme al procedimiento que la misma señale.

Esta reforma da vida a dos instituciones propias de la democracia directa: el referéndum y la iniciativa popular. Por referéndum se entiende el acto de someter al voto popular directo las leyes o actos administrativos del gobierno. Si los habitantes del Distrito Federal carecen de Legislatura Local propiamente dicha, como la tienen las demás entidades federativas, justo es que puedan votar cierto tipo de ordenamientos legales, especialmente aquellos que tienen por objeto la organización o prestación de los servicios municipales y que, según la iniciativa quedarán indicados en la Ley secundaria, la que por otra parte, reglamentará el procedimiento para ejercer la iniciativa popular.

Es plausible la reforma en este aspecto, porque con estos medios de búsqueda directa del consenso popular, seguramente se alentarán las actividades cívicas y políticas de los ciudadanos del Distrito Federal.

La derogación de las fracciones XXIII y XXVIII resulta consecuente en razón de lo expresado al tratar de la reforma al artículo 65 y de lo que se tratará al resolver sobre las reformas al artículo 74.

En la Iniciativa Presidencial se plantea la reforma y adición del artículo 74, fracción IV Constitucional. También la solicitan los integrantes de la Diputación del Estado de Guanajuato.

Las Comisiones han ponderado ambas proposiciones y conciliándolas, optan porque la adición y la reforma se lleven al cabo pero con el texto siguiente:

Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:

I a III. .....................................................

IV. Examinar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación y el del Departamento del Distrito Federal, discutiendo primero las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlos; así como revisar la Cuenta Pública del año anterior.

El Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara las correspondientes Iniciativas de Leyes de Ingresos y los Proyectos de Presupuesto a más tardar el día último del mes de noviembre, debiendo comparecer el Secretario del Despacho correspondiente a dar cuenta de los mismos.

No podrá haber otras partidas secretas, fuera de las que se consideren necesarias con ese carácter, en el mismo presupuesto; las que emplearán los Secretarios por acuerdo escrito del Presidente de la República.

La revisión de la Cuenta Pública tendrá por objeto conocer los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el Presupuesto y el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.

Si del examen que realice la Contaduría Mayor de Hacienda aparecieran discrepancias entre las cantidades gastadas y las partidas respectivas del Presupuesto o no existiera exactitud o justificación en los gastos hechos, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la Ley.

La Cuenta Pública del año anterior deberá ser presentada a la Comisión Permanente del Congreso, dentro de los diez primeros días del mes de junio.

Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación de las Iniciativas de Leyes de Ingresos y de los Proyectos de Presupuesto de Egresos, así como de la Cuenta Pública, cuando medie solicitud del Ejecutivo suficientemente justificada a juicio de la Cámara o de la Comisión Permanente, debiendo comparecer en todo caso el Secretario del Despacho correspondiente a informar de las razones que lo motiven.

Como puede advertirse, se sigue básicamente el proyecto de la iniciativa presidencial, pero se complementa con ideas aportadas en la iniciativa de la diputación de Guanajuato, como son las siguientes:

En la iniciativa presidencial se dice: "Examinar, discutir y aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación y el del Departamento del Distrito Federal y decretar los impuestos necesarios para cubrirlos."

En los términos de la proposición de la diputación guanajuatense, y atendiendo además al texto expreso de la fracción VII del artículo 73 de la Constitución, que confiere como facultad al Congreso de la Unión, la de imponer las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto, se considera pertinente dejar precisado en la fracción IV del artículo 74 de la Iniciativa, que la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados debe consistir en discutir primero las contribuciones que a su juicio procedan, para después aprobar el presupuesto. Es indispensable conservar este concepto, incluido actualmente en la fracción IV del artículo 74, para establecer congruencia con la fracción VII del artículo 73 mencionado, que otorga al Congreso la facultad de imponer contribuciones: impuestos, derechos, aprovechamientos, productos y otros. Además porque de acuerdo con el artículo 31, fracción IV, de la propia Constitución, las contribuciones a cargo del pueblo deben imponerse en leyes; también el artículo 75 de la Constitución establece que solamente el Congreso de la Unión puede emitir leyes o decretos.

No es ocioso comentar que de esta manera ha venido interpretándose y aplicándose el texto de las dos disposiciones constitucionales citadas: 73, fracción VII, y 74, fracción IV, tanto por los Tribunales como por los particulares y las autoridades en general. Si el propósito fuera cambiar el sistema y conferir a la Cámara de Diputados la facultad exclusiva de decretar los ingresos se requerirían otras reformas al texto constitucional.

La iniciativa del Ejecutivo clarifica el contenido de lo que era la fracción II del artículo 65 constitucional.

Se admite de la Iniciativa Presidencial que el Ejecutivo Federal haga llegar a la Cámara los proyectos de Leyes de Ingresos y Presupuestos de Egresos, respectivamente; a más tardar el último de noviembre, pero se toma de la iniciativa de la diputación de Guanajuato el mandato para que esa entrega la haga el Secretario del Despacho y explique los motivos y fundamentos de aquéllos. De esta ultima iniciativa se desecha la proposición de que el envío de referencia se llevará al cabo "a más tardar el día diez de septiembre del año anterior al en que deben regir la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos que se propongan"; porque es evidente que el principio de inmediatez no debe ignorarse. Estos ordenamientos, para tener un mayor margen de factibilidad y ponerse hasta donde es posible a cubierto de fluctuaciones económicas que los harían nugatorios, al menos parcialmente, requieren ser elaborados casi a punto de ejercerse.

Los párrafos tercero, cuarto y quinto de ambas iniciativas coinciden en el fondo y casi en los términos. Para admitirlos se tomó en cuenta básicamente que mejorando el texto vigente se establecen las finalidades de la revisión de la Cuenta Pública, que son: conocer los resultados de la gestión financiera; comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados en el Presupuesto y si se han cumplido los propósitos establecidos en los programas.

El sexto párrafo se tomó de la iniciativa de la diputación de Guanajuato, para que la Cuenta Pública del año anterior sea presentada a la Comisión Permanente del Congreso, dentro de los diez primeros días del mes de junio y no hasta los diez primeros días de la apertura de sesiones ordinarias como se dice en la Iniciativa Presidencial.

Como en el mes de junio, la Cámara de Diputados no está en sesiones deberá recibirla obviamente la Comisión Permanente y, bajo su

más estricta responsabilidad, enviarla por conducto de la Comisión Inspectora a la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados a fin de que pueda rendir el informe a que está obligada por su Ley Orgánica.

De esta manera, la Contaduría Mayor de Hacienda dispondrá de cinco meses, no sólo de dos, comprendidos entre la fecha de presentación de la Cuenta Pública y los primeros diez días del mes de noviembre que señala su Ley Orgánica, para analizar y hacer la revisión legal, numérica y contable del gasto público federal y rendir un informe suficiente con el objeto de revisar la Cuenta Pública, dictaminar con verdad sobre ella, y señalar, con base en los datos aportados, desviaciones y gastos injustificados, que hagan necesarias investigaciones específicas y concretas, a fin de que, en su caso, se finquen responsabilidades con oportunidad.

XII

Se propone la reforma de la fracción I del artículo 76 para quedar como sigue:

Son facultades exclusivas del Senado:

1. Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales que el Presidente de la República y el secretario del despacho correspondiente rindan al Congreso; además aprobar los Tratados Internacionales y Convenciones Diplomáticas que celebre el Ejecutivo de la Unión.

II a X. ...................................................

Siendo como lo es, que actualmente el Senado de la República tiene como facultad exclusiva aprobar los Tratados Internacionales y las Convenciones Diplomáticas que celebre el Presidente de la República, el análisis de la política exterior viene a redondear aquella facultad que es congruente con su naturaleza orgánica, que justifica su intervención en los asuntos concernientes al sistema federal en su integridad.

XIII

La Diputación de Guanajuato propuso que se adicionara el artículo 79, que se refiere a las atribuciones de la Comisión Permanente, con una fracción VIII que dijera: "Recibir la Cuenta Pública que envíe el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados y turnarla de inmediato a la Contaduría Mayor de Hacienda , por conducto de la Comisión Inspectora y dar conocimiento de la misma a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados"; y el artículo 89 que relaciona las facultades y obligaciones del Presidente, con un fracción IX que dijera: "Presentar a la consideración del Congreso de la Unión y de la Cámara de Diputados, respectivamente, la Cuenta Pública y el proyecto de presupuesto por los conductos y dentro de los plazos que fija esta Constitución".

Las Comisiones consideran que esas adiciones son innecesarias, en virtud de lo ya establecido en el artículo 79, párrafo inicial y su fracción III, en relación con la reforma aprobada para el artículo 74, y por lo tanto las desechan.

XIV

El C. Presidente en su Iniciativa propone la adición de un tercer párrafo al artículo 93 en los siguientes términos:

"Las Cámaras, a pedido de una tercera parte de sus miembros, tratándose de los diputados, y de la mitad si se trata de los senadores, tienen la facultad de integrar Comisiones para investigar el funcionamiento de dichos organismos descentralizados y Empresas de participación Estatal Mayoritaria. Los resultados de las investigaciones se harán del conocimiento del Ejecutivo Federal."

La medida es altamente saludable. Es una expresión más de la colaboración de los Poderes y de su corresponsabilidad para resolver con eficacia aspectos trascendentales de la administración pública y por lo consiguiente, merece la opinión aprobatoria de las Comisiones dictaminadoras.

La Iniciativa Presidencial se ocupa del artículo 97 Constitucional para definir la naturaleza de la función que en su párrafo tercero se confiere a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y establecer las causas específicas en que esa función debe ser ejercida.

En realidad no se está confiriendo una nueva función, sino dando una ordenación lógica y de mejor factura gramatical al precepto para aclarar su sentido. Se sugiere en la iniciativa que el numeral a examen diga:

"Podrá también la Suprema Corte de Justicia de la Nación nombrar Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito Supernumerarios, que auxilien las labores de los Tribunales o juzgados donde hubiere recargo de negocios, a fin de obtener que la administración de justicia sea pronta y expedita; y nombrará alguno o algunos de sus miembros o algún juez de Distrito o Magistrado de Circuito, o designará uno o varios comisionados especiales, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiera el Ejecutivo Federal o alguna de las Cámaras de la Unión o el Gobernador de algún Estado, únicamente para que averigüe la conducta de algún Juez o Magistrado Federal; o algún hecho o hechos que constituyan la violación de alguna garantía individual.

La Suprema Corte de Justicia está facultada para practicar de oficio la averiguación de algún hecho o hechos que constituyan la violación del voto público, pero sólo en los casos en que a su juicio pudiera ponerse en duda la legalidad de todo el proceso de elección de alguno de los Poderes de la Unión. Los resultados de la investigación se harán llegar oportunamente a los órganos competentes para su calificación".

La facultad que la Carta Magna concede a la Corte Suprema de Justicia para que investigue la violación del voto público, ha sido

severamente cuestionada aunque más con razones subjetivas que jurídicas. Se dice, por ejemplo:

a) Que se trata de un dislate del Constituyente.

b) Se trata de un concepto obscuro.

c) Se trastoca sin ningún objeto práctico la actividad jurisdiccional que es la razón de ser del más Alto Tribunal de la República.

d) Se da margen a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación quede en un papel desairado.

No son todas las objeciones pero sí las más reiteradas. Una reflexión serena lleva a las siguientes conclusiones:

No se trata de dislate alguno. En la exposición de motivos que a la Constitución de 1917 hizo don Venustiano Carranza, con referencia expresa a don Hilario Medina sobre trabajos de distinguidos juristas e intelectuales agrupados en la Confederación Cívica Independiente se alude, como dignas de ser emuladas, a falta de antecedentes nacionales, a las instituciones inglesas, protectoras de las libertades civiles y políticas, pero sin imitar a éstas.

No se trata de ningún precepto obscuro. Salvo para quienes cegados por la luz del purismo jurídico o la sombra del prejuicio se resisten a entenderlo. Claramente se dice que la función de la Corte es de investigación. Investigar es hacer diligencias para descubrir o conocer una cosa. Se trata de un vocablo unívoco.

Si bien es cierto que la finalidad suprema de un Tribunal de Justicia es decir el derecho, nada impide que la Suprema Corte en colaboración de poderes y, como ya se dijo, para racionalizar el poder público, limite su función al solo esclarecimiento de los hechos.

No es cierto que la Corte o el Poder Legislativo queden en papel desairado. El Ministro Manuel Bartlett, en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, llevado a cabo el 7 de agosto de 1946, lo dejó esclarecido al afirmar :"No es precisamente un papel desairado, no, el papel que le asigna la Constitución es un papel importante pero secundario". A nuestro entender es importante y no es secundario si se recuerda, como lo ha hecho el también ex Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Teófilo Olea y Leyva:" ... la naturaleza jurídica de 'la sentencia subjetivamente compleja' en la que intervienen para formar la cosa juzgada dos o más jueces, compartiendo las diversas funciones sin que por ello dejen de ser jueces (juez instructor, consejo de guerra y juez asesor, por ejemplo)".

En la iniciativa presidencial, la atribución cuyo examen nos ocupa se define dentro del marco el equilibrio de los Poderes Federales como un medio de control horizontal que tiene el objeto de preservar el orden institucional.

Nadie impondrá a la Corte Suprema La obligación de intervenir. Lo hará a su juicio consiente de su corresponsabilidad en el acto de gobierno ante un hecho trascendental como es el cuestionamiento de la legalidad de todo el proceso de elección de las Cámaras del Congreso Federal o del depositario del Poder Ejecutivo Federal.

La precisión de la iniciativa aunada a la adición al artículo 60, que instituye el recurso de reclamación, servirán para salvaguardar el voto público. La Corte sólo examinará la legalidad de la elección. No cuestionará la investidura de los integrantes del Poder Legislativo o Ejecutivo en funciones, ni podrá analizar la competencia de origen de los mismos, cerrando el paso a la actualización de añejos problemas.

Las Comisiones estiman que este aspecto de la reforma es verdaderamente trascendental y servirá para que el pueblo acreciente su confianza en los procesos electorales y participe en ellos con la seguridad de que un alto cuerpo caracterizado por su sapiencia, ponderación y probidad, investigará hechos que impliquen la violación del voto público, de tal manera graves, que sea obligado despejar cualquier duda de legalidad.

XVI

La Iniciativa Presidencial toca finalmente al artículo 115. Propone la adición de un último párrafo a la fracción III para que quede en los siguientes términos:

"Los Estados adoptarán para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el Municipio Libre conforme a las bases siguientes:

I. y II. ...........................................................

III. ................................................................

a) ............................ b) ..............................

"De acuerdo con la legislación que se expida en cada una de las entidades federativas se introducirá el sistema de diputados de minoría en la elección de las Legislaturas Locales y el principio de representación proporcional en la elección de los Ayuntamientos y Municipios cuya población sea de trescientos mil o más habitantes."

Hallándose en los Municipios los elementos básicos de la estructura del Estado y constituyendo la célula primordial de nuestro gobierno republicano, democrático y federal, la reforma propone en cuanto al fondo que la voz de las minorías sea escuchada en las comunas municipales.

Fortalecer al Municipio en su aspecto democrático es tarea esencial y particularmente importante de toda administración pública, desde la primera y mas simple, la propia municipal, hasta la más compleja y difícil que corresponde al Ejecutivo de la Nación, considerando naturalmente la que se ubica en el nivel estatal.

Una auténtica orientación política que lleve al reconocimiento de los verdaderos valores morales e intelectuales de los miembros de los Ayuntamientos, deberá fructificar para encontrar en cada período electoral a los mejores ciudadanos para integrarlos, lo cual permitirá cotidianamente el avance en los propósitos de

éstos, la cohesión social, la resolución de problemas, la tranquilidad política y social que conlleve a una notable superación nacional.

La reforma que se comenta, obligará a los Partidos Políticos a seleccionar a sus mejores exponentes para el logro del triunfo electoral, siendo justo que la minoría se halle representada, siempre y cuando se fijen las normas mínimas para que sean legítimos representantes de ellos en realidad. Por ahora el sistema es lógico que sólo opere en aquellos municipios que tengan trescientos mil o más habitantes, dado que por su densidad poblacional permite la operatividad del sistema, amén de que se trata, evidentemente, de municipios con población seguramente más politizada.

Debe hacerse, sin embargo, una observación que no va al fondo, sino a la redacción gramatical. El texto dice: "Y el principio de representación proporcional en la elección de los ayuntamientos y municipios..." Obviamente la elección es de integrantes de los ayuntamientos, no elección de municipios. La conjunción copulativa "y" debe ser substituida por la preposición "de": "Ayuntamiento de Municipios cuya población sea de 300,000 o más habitantes".

La Ley secundaria tendrá que precisar seguramente que esa representación proporcional será operativa sólo en cuanto a regidores y no en cuanto a Presidentes Municipales y Síndicos Procuradores, porque no podría haber dualidad en un puesto que constitucionalmente sólo debe recaer en una persona.

Elevar a la norma constitucional el sistema de diputados de minoría en la elección de las Legislaturas Locales, se impondrá por razón natural, como se fueron imponiendo las reformas para dar entidad a los Diputados de Partido.

Los artículos transitorios se estiman procedentes tal como están en la iniciativa.

Las reformas examinadas quizá parezcan precipitadas a las mentes conservadoras y tibias a las mentes consumidas por la impaciencia. No tienen ninguna de esas características. Son equilibradas y acordes con la realidad presente de la Nación Mexicana y las previsibilidades del futuro inmediato. La Constitución no es intangible; pero la modificación de las leyes, sobre todo de la ley Suprema de un país debe ser determinada por la fuerza real de los acontecimientos.

Estamos seguros de que el genio político innato del pueblo mexicano, dará como hasta ahora lo ha hecho, las pautas para nuestro progreso y que seguirá siendo mérito del Poder Público reconocerlas oportunamente para someterlas a la interpretación crítica de la realidad, sin la presión de los juicios a priori o de las reticencias conservadoras, pues subjetivismos e impaciencias de la lucha revolucionaria en las que no habremos de incurrir. Buscaremos siempre la preservación de la verdad de la vida republicana, que es estéril si le falta la idea y se consume si pierde el ritmo histórico.

Por todo lo expuesto, las suscritas Comisiones Unidas de Estudios Legislativos y Primera de Puntos Constitucionales, respetuosamente someten a la elevada consideración de esta honorable Asamblea el siguiente

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 6o. 41, 51, 52, 53, 54, 55, 60, 61, 65, 70, 73, 74, 76, 93, 97, Y 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Artículo primero. Se reforman y adicionan los artículos 6o., 41, 51, 52, 53, 54, 55, 60, 61, 65, 70, 73, 74, 76, 93, 97 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes términos:

Artículo segundo. Se modifica el artículo 6o., en la forma que a continuación se indica:

"ARTÍCULO 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho a la información será garantizado por el Estado." Artículo tercero. Se adiciona el artículo 41, para quedar en los términos siguientes:

Artículo 41. ....................................................

En los procesos electorales federales los partidos políticos nacionales deberán contar, en forma equitativa, con un mínimo de elementos para sus actividades tendientes a la obtención del sufragio popular.

Los partidos políticos tendrán derecho al uso en forma permanente de los medios de comunicación social, de acuerdo con las formas y procedimientos que establezca la ley.

Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las formas específicas de su intervención en el proceso electoral.

Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones estatales y municipales".

Artículo cuarto. Se reforman los artículos 51, 52, 53 y 54, para quedar como sigue:

Artículo 51. La Cámara de Diputados se compondrá de representantes de la nación, electos en su totalidad cada tres años. Por cada diputado propietario, se elegirá un suplente".

"Artículo 52. La Cámara de Diputados estará integrada por 300 diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales y hasta 100 diputados que serán electos según el principio de representación

proporcional, mediante el sistema de listas regionales, votadas en circunscripciones plurinominales".

"Artículo 53. La demarcación territorial de los 300 distritos electorales uninominales será la que resulte de dividir la población total del país entre los distritos señalados. La distribución de los distritos electorales uninominales entre las entidades federativas se hará teniendo en cuenta el último censo general de población, sin que en ningún caso la representación de un Estado pueda ser menor de dos diputados de mayoría.

Para la elección de los 100 diputados según el principio de representación proporcional y el sistema de listas regionales, se constituirán hasta cinco circunscripciones electorales plurinominales en el país. La Ley determinará la forma de establecer la demarcación territorial de estas circunscripciones".

"Artículo 54. La elección de los 100 diputados, según el principio de la representación proporcional y el sistema de listas regionales, se sujetará a las bases generales siguientes y a lo que en lo particular disponga la Ley:

I. Para obtener el registro de sus listas regionales, el partido político nacional que lo solicite, deberá acreditar que participa con candidatos a diputados por mayoría relativa en por lo menos la tercera parte de los 300 distritos uninominales;

II. Tendrá derecho a que les sean atribuidos diputados electos según el principio de representación proporcional, todo aquel partido que: A) no haya obtenido 60 o más constancias de mayoría, y B) que alcance por lo menos el 1.5% del total de la votación emitida para todas las listas regionales en las circunscripciones plurinominales;

III. Al partido que cumpla con los supuestos señalados en las fracciones I y II de este artículo, le serán asignados por el principio de representación proporcional el número de diputados de su lista regional que corresponda al porcentaje de votos obtenidos en la circunscripción plurinominal correspondiente. La Ley determinará las fórmulas electorales y los procedimientos que se observarán en dicha asignación; en todo caso, en la asignación se seguirá el orden que tuvieron los candidatos en las listas correspondientes; y

IV. En caso de que dos o más partidos con derecho a participar en la distribución de las listas regionales obtengan en su conjunto 90 o más constancias de mayoría, sólo serán objeto de reparto el 50% de las curules que deben asignarse por el principio de representación proporcional".

Artículo quinto. Se adiciona con un segundo párrafo la fracción III del artículo 55, en los siguientes términos:

Artículo 55. Para ser diputado se requieren los siguientes requisitos:

I Y II. ....................................................

III. Ser originario del Estado en que se haga la elección o vecino de él con residencia efectiva de más de seis meses anteriores a la fecha de ella.

"Para poder figurar en las listas de las circunscripciones electorales plurinominales como candidato a diputado, se requiere a ser originario de algún de las entidades federativas que comprenda la circunscripción en la que se realice la elección, o vecino de ella con residencia efectiva de más de seis meses anteriores a la fecha en que la misma se celebre."

IV a VII. ...............................................

Artículo sexto. Se reforma el artículo 60 para quedar como sigue:

"Artículo 60. La Cámara de Diputados calificará la elección de sus miembros a través de un colegio electoral que se integrará por los 60 presuntos diputados que de acuerdo con las constancias de mayoría que registre la Comisión Federal Electoral hubieran obtenido mayor número de votos y por 40 presuntos diputados que resultaren electos en la o las circunscripciones plurinominales que obtuviesen la votación mas alta.

En la Cámara de Senadores el Colegio Electoral se integrará con los presuntos senadores que obtuvieron declaratoria de senador electo de la Legislatura de la entidad federativa correspondiente y de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en el caso del Distrito Federal.

Procede el recurso de reclamación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra las resoluciones del Colegio Electoral de la Cámara de Diputados.

Si la Suprema Corte de Justicia considerara que se cometieron violaciones sustanciales en el desarrollo del proceso electoral o en la calificación misma, lo hará del conocimiento de dicha Cámara para que emita nueva resolución, misma que tendrá al carácter de definitiva e inatacable.

La ley fijará los requisitos de procedencia y el trámite a que se sujetará este recurso."

Artículo séptimo. Se adiciona con un segundo párrafo el artículo 61 en los siguientes términos:

Artículo 61. ......................................................

"El Presidente de cada Cámara velará por el respeto al fuero constitucional de los miembros de la misma y por la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar'''.

Artículo octavo. Se reforma el artículo 65, para quedar como sigue:

"Artículo 65. El Congreso se reunirá a partir del día 1o. de septiembre de cada año para celebrar sesiones ordinarias, en las cuales se ocupará del estudio, discusión y votación de las iniciativas de ley que se le presenten y de la resolución de los demás asuntos que le correspondan conforme a esta Constitución.

Artículo noveno. Se adicionan dos párrafos el artículo 70, en los siguientes términos:

Artículo 70. ......................................................

"El Congreso de la Unión expedirá la Ley que regulará su estructura y funcionamiento internos.

La Ley determinará, las formas y procedimientos para la agrupación de los diputados, según su afiliación de partido, a efecto de garantizar la libre expresión de las corrientes

ideológicas representadas en la Cámara de Diputados.

Esta Ley no podrá ser vetada ni necesitará de promulgación del Ejecutivo Federal para tener vigencia".

Artículo décimo. El artículo 73 se adiciona con una base segunda en su fracción VI; se derogan las fracciones XXIII y XXVIII, para quedar como sigue:

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I a V. ..................................................

VI. Para legislar en todo lo relativo al Distrito Federal, sometiéndose a las bases siguientes:

1a. ......................................................

"2a. Los ordenamientos legales y los reglamentos que en la Ley de la materia se determinen, serán sometidos al referéndum y podrán ser objeto de iniciativa popular, conforme al procedimiento que la misma señale."

3a. ......................................................

4a. ......................................................

5a. .......................................................

VII a XXII. ...............................................

"XXIII. Derogada".

XXIV a XXVII. .........................................

"XXVIII. Derogada".

XXIX a XXX. ............................................

Artículo decimoprimero. Se reforma y adiciona la fracción IV del artículo 74 para quedar en la forma siguiente:

Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:

I a III. .............................................................

"IV. Examinar, discutir y aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación y el del Departamento del Distrito Federal y decretar los impuestos necesarios para cubrirlos; así como, revisar la cuenta pública del año anterior.

El Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara las correspondientes iniciativas de leyes de ingresos y los proyectos de presupuesto a más tardar el día último del mes de noviembre, debiendo comparecer el Secretario del Despacho correspondiente a dar cuenta de los mismos.

No podrá haber otras partidas secretas, fuera de las que se consideren necesarias, con ese carácter en el mismo presupuesto; las que emplearán los secretarios por acuerdo escrito del Presidente de la República.

La revisión de la cuenta pública tendrá por objeto conocer los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados en el presupuesto y el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.

La Cuenta Pública del año anterior deberá ser presentada a la Comisión Permanente del Congreso, dentro de los diez primeros días del mes de junio.

Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación de las iniciativas de leyes de ingresos y de los proyectos de presupuesto de egresos, así como de la Cuenta Pública cuando medie solicitud del Ejecutivo suficientemente justificada a juicio de la Cámara o de la Comisión el Secretario del Despacho correspondiente a Permanente debiendo comparecer en todo caso informar de las razones que lo motiven.

V a VIII. .....................................................

Artículo decimosegundo. Se reforma la fracción I del artículo 76, para quedar como sigue:

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:

"I. Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales que el Presidente de la República y el Secretario del Despacho correspondiente rindan al Congreso; además, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que celebre el Ejecutivo de la Unión".

II a X. ...........................................................

Artículo decimotercero. Se adiciona un tercer párrafo al artículo 93 en los siguientes términos:

Artículo 93. ..................................................

"Las Cámaras, a pedido de una tercera parte de sus miembros, tratándose de los diputados, y de la mitad, si se trata de los senadores, tienen la facultad de integrar comisiones para investigar el funcionamiento de dichos organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria. Los resultados de las investigaciones se harán del conocimiento del Ejecutivo Federal".

Artículo decimocuarto. Se reforma el tercer párrafo del artículo 97 y se subdivide en dos párrafos y se corre el orden de los subsecuentes párrafos, para quedar como sigue:

Artículo 97. ................................................................ ......................................................................................

"Podrá también la Suprema Corte de Justicia de la Nación nombrar Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito Supernumerarios, que auxilien las labores de los Tribunales o juzgados donde hubiere recargo de negocios, a fin de obtener que la Administración de Justicia sea pronta y expedita; y nombrará alguno o algunos de sus miembros, o algún Juez de Distrito o Magistrado de Circuito, o designará uno o varios comisionados especiales, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal, o alguna de las Cámaras de la Unión, o el Gobernador de algún Estado, únicamente para que averigüe la conducta de algún Juez o Magistrado Federal; o algún hecho o hechos que constituyan la violación de alguna garantía individual.

La Suprema Corte de Justicia está facultada para practicar de oficio la averiguación de algún hecho o hechos que constituyan la violación del voto público, pero sólo en los casos

en que a su juicio pudiera ponerse en duda la legalidad de todo el proceso de elección de alguno de los Poderes de la Unión. Los resultados de la investigación se harán llegar oportunamente a los órganos competentes para su calificación".

Artículo decimoquinto. El artículo 115 se adiciona en la fracción III, con un último párrafo, en los siguientes términos:

Artículo 15. Los Estados adoptarán, para su régimen, interior la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el Municipio Libre conforme a las bases siguientes:

I y II. ............................................................

III. ................................................................

a) ..................................................................

b) ..................................................................

"De acuerdo con la legislación que se expida en cada una de las entidades federativas se introducirá el sistema de diputados de minoría en la elección de las legislaturas locales y el principio de representación proporcional en la elección de los ayuntamientos y municipios cuya población sea de 300 mil o más habitantes."

TRANSITORIOS

Artículo primero. Dentro de los seis meses posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, los Estados de la Federación iniciarán las reformas constitucionales necesarias para adoptar lo establecido en el artículo 115 último párrafo de la Constitución General de la República.

Artículo segundo. Las presentes adiciones y reformas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. - México, D. F., a 17 de octubre de 1977. - Primera Comisión de Puntos Constitucionales: Rodolfo González Guevara, Guillermo Cosío Vidaurri, Maximiliano Silerio Esparza, Víctor Manzanilla Schaffer, Antonio Riva Palacio López, Víctor Alfonso Maldonado Moreleón, Manuel Gutiérrez Zamora Zamudio, Porfirio Cortés Silva, Reynaldo Dueñas Villaseñor, Raúl Caballero Escamilla, Ramírez y Ramírez, Angel Sergio Guerrero Mier, Ricardo Eguía Valderrama, Fernando Moreno Peña, Augusto César Tapia Quijada, Lucía Betanzos de Bay, Pericles Namorado Urrutia, Carlos Manuel Vargas Sánchez, Crescencio Herrera Herrera, Eduardo Andrade Sánchez, Roberto Leyva Torres, Raúl Bolaños Cacho Guzmán, Enrique Alvarez del Castillo Labastida, Ricardo Pedro Chávez Pérez. Estudios Legislativos: Presidente, Miguel Montes García. - Secretario, Pericles Namorado Urrutia. Sección Constitucional: Antonio Riva Palacio López, Enrique Alvarez del Castillo, Raúl Lemus García, Manuel Villafuerte Mijangos, Porfirio Cortés Silva, Luis Priego Ortiz, Héctor Terán Torres, Roberto Leyva Torres, Pastor Murguía González, Héctor Ramírez Cuéllar, Saúl Castorena Monterrubio."

- La misma C. Presidenta: Ha pedido la palabra la diputada Marcela Lombardo, para proponer modificaciones en el dictamen.

- La C. Marcela Lombardo de Gutiérrez: Señora Presidenta, honorable Asamblea:

La iniciativa de Reforma Política, de reformas y adiciones al actual texto de la Constitución, que el Presidente López Portillo envió al Congreso de la Unión, nos permite a los partidos políticos expresar nuestras opiniones acerca de los cambios que consideramos deberían operarse en el sistema político del país, para que éste realmente sea el que corresponda a nuestro desarrollo político actual.

A pesar de que se ha incrementado la participación política del pueblo, de que se ha incrementado la madurez cívica y el conocimiento de los grandes problemas nacionales e internacionales, a partir de la Revolución de 1910, esa participación aún es muy deficiente, y es deficiente, entre otras cosas, porque no se ha tenido acceso a la información

La lucha de clases que se da en los países capitalistas como el nuestro, no solamente se produce en el campo de las relaciones económicas, sino también en el terreno filosófico, en el terreno de las ideas y por tanto en el terreno político. Existe una batalla ideológica entre los partidarios de quienes desean mantener sus privilegios y los que desean transformar la sociedad en beneficio de la mayoría que son los trabajadores.

La educación, la formación cultural y por tanto la información objetiva a las masas populares, ha sido una de las permanentes preocupaciones de nuestro partido.

Los medios de información siempre han estado en poder de la corriente conservadora, y por tanto ésta desvirtúa la información real y verdadera que debería llegar a la población.

A través de los medios de información se expresan las tesis filosóficas, económicas, políticas y educativas que corresponden a la clase social que detenta la propiedad y usufructo de esos medios de información que los utiliza para defender sus intereses, que siempre trata de justificar.

Actualmente, con honrosas excepciones, los medios de información están en manos de las fuerzas más oscuras del país, las ligadas al imperialismo norteamericano.

Como lo especifica el dictamen de las Comisiones unidas de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, existe una "manipulación informativa", que en lugar de contribuir a reforzar la conciencia cívica y política del pueblo, desorienta permanentemente y es contraria a la formación de la conciencia nacionalista, constituyendo un verdadero atentado a la salud mental de niños, jóvenes y adultos.

Sabemos que para evitar que la información se manipule en favor de intereses ajenos al desarrollo independiente de la nación, y ajenos al pueblo en su conjunto, es necesaria una

intervención vigorosa del Estado. Deben ser nacionalizadas la radio y la televisión.

El sentido de la adición propuesta por el Ejecutivo el texto vigente del artículo sexto de la Constitución, es correcto, ya que consideramos que el derecho a la información es una garantía del ciudadano, así como lo es la manifestación de las ideas. Aquélla, la información, es complemento de la manifestación de las ideas y como lo dice la iniciativa en su exposición de motivos, el gobierno debe actualizarse y enriquecerse en su actuación, para que se propicie una mayor participación del pueblo.

Cuando éste tenga la posibilidad de conocer todas las opciones que le presenten los partidos que participan en la vida nacional, y las soluciones que éstos ofrecen a los problemas nacionales, los ciudadanos adecuadamente informados, por los partidos políticos, podrán participar con mayor seguridad y firmeza en la contienda cívica, impulsando a su partido, al partido que defenderá sus concepciones ideológicas y defenderá sus intereses de clase.

El derecho de acceso a los medios de información, garantizado por el Estado constituye un avance indiscutible que contribuirá a ampliar la conciencia cívica y política del pueblo.

La necesidad de "instituir el derecho a la información como una garantía social ", ha nacido de las grandes y graves deficiencias y deformaciones que hasta hoy se han mantenido en los medios de difusión masiva, debido a la posición ideológica y política de quienes los detentan.

Sabemos que en la Constitución sólo debe establecerse en enunciado y principios de las normas imperativas y que éstos deben ser la más breves posible, sin embargo, pensamos que dentro de esa brevedad, también deben ser lo más preciso posible; por esta razón consideramos que la adición propuesta por el Ejecutivo, al texto original al artículo sexto de nuestra Carta Magna, debe completarse para responder al espíritu de la iniciativa.

Señoras y señores diputados; proponemos a la consideración de esta honorable Asamblea, una adición al texto del artículo sexto de la Constitución, para quedar como sigue:

"La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público, el derecho a la información será garantizado por el Estado, oportunamente, en toda circunstancia y sin cortapisas". Muchas gracias.

El C. Miguel Montes García: Para una moción. Se empezó a discutir un punto del dictamen se haya abierto a discusión en lo particular. Sería distinto el trámite reglamentario de abrir el dictamen a discusión en lo particular; se inscriban oradores en pro o en contra, y lo que ha expresado la compañera diputada se tome en cuenta en su oportunidad.

- La C. Presidenta: Gracias, diputado. Ha pedido la palabra el diputado Jesús Luján.

El C. Miguel Montes García: Moción de orden. Yo quisiera que la Presidencia pusiera el proyecto a discusión en lo particular, y posteriormente nos informara qué artículo están reservados para discutirse y quiénes son los oradores en pro y en contra.

- La C. Presidenta: Consulte la Secretaría a la Asamblea para que sigamos con el Orden del Día.

El C. secretario Héctor Ximénez González: En el correspondiente Orden del Día toca a usted, señora Presidenta, abrir el debate en cumplimiento del Acuerdo tomado en la sesión de ayer.

- La C. Presidenta: Se consulta a la Asamblea si podemos ya seguir con el Orden del Día, por la moción que ha presentado el diputado Montes, sírvanse manifestarlo como es costumbre... Aprobado .

En cumplimiento del Acuerdo tomado en la sesión de ayer, están a discusión en lo particular los artículos 2o., 3o., 4o. y 5o del proyecto del Decreto, que fueron reservados.

Se abre el registro de oradores para la discusión del artículo 2o. del proyecto de Decreto...

En pro, Manuel Villafuerte Mijangos, Saúl Castorena Monterrubio y Carlos Ortiz Tejeda.

El C. Hugo R. Castro Aranda: Moción de orden. De hecho la diputada Marcela Lombardo ya se pronunció en contra.

- La C. Presidenta: Ella va a hacer uso de la palabra en su turno si es necesario.

El C. Jesús Luján Gutiérrez: Que se tome en cuenta la intervención de la compañera Marcela Lombardo para cuando se discuta el artículo 2o.

- La C. Presidenta: Ya la compañera Marcela presentó su propuesta de adición. Entonces, tiene el uso de la palabra del diputado Villafuerte Mijangos.

El C. Manuel Villafuerte Mijangos: Señora Presidenta; honorable Asamblea; respetable concurrencia. La institución y defensa de derechos fundamentales del pueblo, la encontramos como una nota característica en nuestro pasado histórico como país independiente. El 16 de septiembre del presente año, el diputado González Guevara, con erudición y elocuencia demostró que la guerra de independencia iniciada en 1810, fue la primera revolución social del Continente Americano, porque tanto Hidalgo como Morelos fueron radicales defensores de derechos de las clases desposeídas del pueblo, esos derechos fueron la semilla que regada con la sangre de los que la sembraron germinara y llegara a producir lo que ahora denominamos "derechos o garantías sociales" pero sin desdoro de nuestro pasado histórico, podemos advertir que hasta 1917 México fue ferviente defensor de los derechos individuales y preservó dentro de la Constitución todos aquellos derechos que tradicionalmente se consideran como fundamentales del ser humano, acorde naturalmente con el individualismo y el liberalismo imperantes en aquella época.

Sin embargo, en 1917, México se colocó a la cabeza de los países civilizados de la tierra, porque, rompiendo los moldes del derecho constitucional tradicional, y contra toda opinión de los devotos del derecho en aquel entonces, introdujo en nuestra Carta Magna los derechos fundamentales de la sociedad, o sean las Garantías Individuales.

Esos derechos que a partir de 1917 quedaron consagrados dentro de nuestra Carta Magna han adquirido ya carta de ciudadanía; no sólo en nuestro país, sino en otros países que también llegaron a aceptar que por encima de los derechos del individuo están los derechos de la sociedad, porque no es posible que los derechos individuales puedan ser disfrutados plenamente en una sociedad en donde no se respetan los derechos fundamentales de la colectividad.

La Iniciativa del señor Presidente de la República que contiene una adición al artículo 6o. de nuestra Constitución, viene, precisamente, a enriquecer el acervo de nuestras garantías sociales.

No podemos interpretarlo en otra forma. El antecedente de esta iniciativa que sin titubeo alguno fue aceptada por las Comisiones dictaminadoras, lo encontramos en el discurso que pronunció el señor Presidente de la República, licenciado José López Portillo, el día 7 de junio del presente año, al conmemorar la libertad de la prensa.

Voy a permitirme darle lectura a uno de sus párrafos, en donde, en mi concepto, se manifiesta con toda claridad y precisión, la conciencia del señor Presidente respecto a la necesidad de garantizar uno de esos derechos, que es el que está siendo objeto de este debate, el derecho a la información. El señor Presidente, después de referirse al derecho individual de libertad de expresión, dijo:

"Debemos meditar en que si el derecho a la libertad de expresión, lo es del individuo, está por inscribirse, y debe garantizarse el derecho de una sociedad a ser informada, a ser bien informada, una sociedad que debe esperar de los medios de comunicación, no solo la información, sino la distracción de su ocio, y la perfección por medio de la cultura, información, distracción y cultura son las exigencias de un derecho social, que debemos reconocer como compromiso, aunque no esté escrito en la Constitución."

Ahora, se trata precisamente de inscribir ese derecho fundamental en nuestra Carta Magna.

La información es un bien del pueblo, no es una mercancía; en consecuencia debemos reconocer que este derecho debe consignarse en la Carta Magna en forma irrestricta sin modalidad alguna. Los derechos constitucionales, entre ellos la libertad de expresión, no son irrestrictos. El artículo 6o. objeto de este debate, establece las limitaciones del individuo en el ejercicio de ese derecho. Pero la Iniciativa Presidencial y el artículo 2o del Dictamen que aprobó en sus términos el texto propuesto para el artículo 6o incluye el derecho a la información en forma irrestricta.

Decía que los derechos a pesar de ser considerados como garantías individuales pueden ser objeto de restricción; todos tenemos derecho de expresar nuestro pensamiento con libertad. El Estado no puede practicar ninguna inquisición, ni judicial ni administrativa en persecución de ese derecho, salvo cuando se trate de que hagamos uso de la libertad de expresión atacando a los derechos de tercero, atacando a la moral, provocando algún delito o alterando el orden público. En esos casos no tenemos el derecho de expresar nuestro pensamiento porque ocasionaríamos perjuicio a la colectividad, pero el derecho que se está proponiendo precisamente de la colectividad a la información, no tiene libertad alguna ni en la Iniciativa Presidencial, ni en el artículo 2o. aprobado en el Dictamen que emitieron las Comisiones. Entonces, si convenimos, por tratarse de un derecho social, en que este derecho debe ser irrestricto, sería un grave error el introducir algunas notas que, como tales, a la postre resultarían restrictivas.

Creo que no es adecuada la proposición que acabamos de escuchar del Partido Popular Socialista, porque ningún concepto, ningún elemento es adecuado para restringir la garantía social, que estamos discutiendo para incluirla dentro de nuestra Constitución.

Los preceptos constitucionales deben tener entre otras características su concisión o sea que deben ser breves y precisos, tratando de evitar que se introduzcan conceptos que puedan llegar a sembrar confusión al ser interpretados. Salvo como decía hace un momento, cuando el propósito del legislador es precisamente introducir restricciones al derecho constitucional de que se trate, pero el presente caso no está en esa hipótesis, nosotros consideramos y así lo analizaron las comisiones, que el derecho social, que propone el señor Presidente de la República, se incluya en el artículo sexto constitucional ha de ser un derecho irrestricto aparentemente si le agregamos algunos conceptos como los propone la diputación del Popular Socialista, daríamos una mayor garantía en el ejercicio de este derecho, pero es a la inversa porque como acabo de expresar y así lo saben los que tienen conocimiento del derecho, cuando no se va a restringir un derecho constitucional debe expresarse lisa y llanamente, sin mayores notas, sin mayores conceptos que lleguen a restringirlo.

Este derecho a la información, es tan importante, es un factor de tanta importancia para todos los pueblos, que a través del ejercicio de la información es posible impulsar a los pueblos en su desarrollo, pero es posible también frenar el desarrollo de los pueblos, entonces no debemos, repito, buscar palabras que vengan a limitar el derecho constitucional que estamos discutiendo, debe introducirse en el texto de nuestra Carta Magna y así lo pido a la H. Asamblea que se apruebe en sus términos el dictamen para que así en lo futuro

quede bien claro que el derecho a la información es un derecho irrestricto del pueblo mexicano y que no habrá argumento válido para tratar de vulnerar esta garantía social que esperamos sea de la Quincuagésima Legislatura la satisfacción de introducirla como garantía constitucional. Muchas gracias.

- La C. Presidenta: Tiene la palabra el diputado Castorena Monterrubio.

El C. Saúl Castorena Monterrubio: Con la venia de la señora Presidenta; honorable Asamblea:

Una teoría revolucionaria sin una práctica revolucionaria es una utopía; una práctica revolucionario sin una congruente aplicación de una teoría revolucionaria, es una rutina.

Este principio ortodoxo interpretado y materializado en los propósitos y en la voluntad del señor licenciado José López Portillo, al llevar y al realizar y concebir un anhelo popular, una necesidad del desarrollo de nuestro país y al proponer una Iniciativa de Ley de Reforma Política de las más avanzadas a nivel de los países desarrollados de una actividad civilizada, el señor Presidente establece en su propuesta y ratifica en el artículo segundo por la Comisión respectiva, el derecho a información como una garantía constitucional.

Hay que analizar - y mi partido lo hace serenamente con un gran sentido de importancia social - la acción nueva que esto significa y los resultados trascendentales que para el desarrollo en todos sus aspectos tendrá nuestro país.

El derecho a la información, tiene una gran oportunidad para que todo el pueblo, en todos sus sectores, en todos sus niveles, tenga acceso a la cultura, a los conocimientos en el arte, en la literatura, en las ciencias, en la política. Esto, de una y otra forma, permite una participación de los ciudadanos mexicanos informados en los problemas nacionales.

Consideramos que el desarrollo de los medios de comunicación, es un factor fundamental en el proceso de la civilización.

En la técnica de comunicación existen tres elementos: La fuente, el mensaje y el destino. Esto es quién comunica, qué y cómo comunica y a quién lo comunica. La fuente puede ser una persona o una organización que hable, que escriba, que dibuje, que accione un aparato; el mensaje se identifica como un medio de expresión; el destino es la persona o grupo de personas que escucha, observan o leen.

Es importante en este país hablar en relación a la técnica de la comunicación, el destino; quiénes adquieren la información. Por ejemplo: En un proceso electoral, por ignorancia, muchas veces por vicios, pero fundamentalmente por ignorancia, en este proceso participan hombres y mujeres de todos los niveles sociales, de todos los niveles culturales y es por ignorancia, inclusive por analfabetismo, que tienen limitaciones y vicios en la participación por no estar informados y participar en este proceso electoral.

También se requiere que en la actividad de nuestro desarrollo económico, social y cultural, estemos informados para participar en la ciencia y en la tecnología, en la medida que se disponga de un banco de datos de acceso de información, de un medio fundamental como es el lenguaje para poder adquirir conocimientos de los países más desarrollados en la transferencia de tecnología, es importante establecer los mecanismos para fortalecer la información y este derecho constitucional que queda establecido en el artículo 6o., es una gran oportunidad para lograr nuestra independencia económica a formar recursos humanos más adecuados que participen en el desarrollo de nuestra educación, de nuestra cultura, de nuestra política.

La influencia masiva de los medios de comunicación electrónica, la radio y la televisión, han dado una nueva dimensión a la evolución social del hombre. Ahora estamos en posibilidad de escuchar y ver cosas que ocurren simultáneamente en cualquier parte del mundo.

Vista la sociedad como un todo, volvería a ser considerada como un circuito de canales de información para conocer ideas, demandas y decisiones; el Estado moderno requiere de sus ciudadanos una activa e informada participación en los asuntos de la sociedad, los medios masivos de comunicación de vital importancia para esto son fundamentales en nuestra vida democrática. El conocimiento político requiere, como enunciado previo, de la precisión del lenguaje. Esta exigencia es de elemental necesidad en la interrelación social, además de estas consideraciones políticas primera y principal, el lenguaje debe ser estimado como una de las grandes manifestaciones sociales, dirigirnos a un interlocutor concreto, abstracto o tangible o imaginarnos en el modo primario de la intercomunicación, es el inicio de la asociación humana; es aquí donde se fundamentan los principios de la interacción, base de la sociedad política.

Para concluir, la fracción parlamentaria del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, por mi conducto, aprueba y está en pro del dictamen, del artículo 2o., porque considera que esta decisión constitucional establece las condiciones para promover el desarrollo político en nuestro país, porque cuando un mayor número de mexicanos esté informado de los problemas nacionales, tendrá una mayor participación en las decisiones que lo afectan como ciudadano, como productor, y como consumidor. Muchas gracias. (Aplausos.)

- La C. Presidenta: Tiene la palabra el diputado Ortiz Tejeda.

El C. Carlos Ortiz Tejeda: Compañera Presidenta compañeros diputados:

En primer término quiero solicitar de ustedes un favor y presentar una disculpa: el favor de su atención para el análisis de un problema de tan significada importancia, y como lo es el derecho de la información, disculpa por el tratamiento, tal vez agresivamente denso, con que haya de exponerlo.

Consciente de que mis limitaciones personales podrían llevarme a exponer o callar ideas al margen de mi propósito, he preferido elaborar algunas notas, a manera de hipótesis de trabajo, sobre el fenómeno de la información. En atención a un elemental rigor metodológico he ordenado mis ideas en 6 rubros:

- Existencia e Información

- Ser es Comunicar

- Información y Sociedad

- Información y Clases Dominantes

- Información y Estado

- Información y Cambio Social

I. EXISTENCIA E INFORMACIÓN

Desde el bellísimo libro de Rostand sobre "El Hombre y la Vida" hasta las recientes investigaciones de Eduard Frankel, la biología del siglo XX sostiene que sería absolutamente imposible el estudio, la vida misma de cualquier organismo, aislándolo de su habitat. Esta biología, descubridora atónita del ácido desoxirribonucleico, y la molécula DNA, realiza constantes esfuerzos por descifrar los mensajes ocultos en el ácido, transmisor de la herencia, del género, del carácter, de la adaptabilidad al mundo, de la propia evolución hacia formas más complicadas de vida del propio ser.

En la teoría de los sistemas generales, Von Bertalenffy afirma que hay principios válidos para toda formación, y los organismos son precisamente estructuras abiertas, que si bien por una parte mantienen su estabilidad, por otra, tienden a evolucionar hacia un estado más complejo. Esto no surge del autárquico desenvolvimiento de sus propios elementos, sino de una interrelación permanente de energía e información con su medio. La mera y llana subsistencia de cualquier organismo, necesita no sólo de las substancias que su metabolismo exige, sino que también, y de manera fundamental, de información oportuna y suficiente sobre su mundo circundante. El medio es una fuente ininterrumpida de señales, que son transmitidas a todo organismo para su conservación y desarrollo. La información entonces, y la existencia, son binomio indisoluble; representan la relación directa entre un organismo y cuanto lo rodea.

Por ello, tan hermosa como veraz resulta la afirmación de Norbert Wierner: "El mundo es una miríada de mensajes del tipo a quien correspondan, a quien puedan interesar".

En este orden de ideas, se antoja diferenciar que una computadora está capacitada para "entender" cabalmente un programa, porque se le alimenta con un lenguaje que le es propio y conocido; en cambio los organismos vivos tienen que descifrar, decodificar, los mensajes de su habitat. Pero, esto no es todo; ese organismo que interpretó y asimiló la información, se transformó con ella, y habrá de transformar, a su vez, al medio en el que está inserto y del cual forma parte. La información es entonces, a la vez que elemento fundamental de la existencia, factor esencial de transformación.

II. SER ES COMUNICAR

La vida es información. A partir de esta premisa, podemos inferir que la comunicación se da incluso al margen del lenguaje. Si la comunicación es antes que otra cosa una presencia., una manera de ser, una interacción o según la tesis de Watlzlawick, una conducta, podemos concluir que SER, es comunicar.

De aquí deducimos corolarios innegables: nadie puede abstenerse voluntariamente de decir algo. Un mensaje se transmite en actos y omisiones. Pero, toda información provoca una respuesta. La información no requiere, así concebida, de eficacia ni actitud volitiva. La inacción, que en este orden de pensamiento puede entenderse como un silencio postural, informa tanto como un discurso.

Ya en otra ocasión hemos mencionado la curiosa coincidencia del criterio conductista con el pensamiento del filósofo cristiano Eduardo Nicol, quien sostiene que el hombre, antes que ser un ser social, es "ser expresivo", silente o no, deliberado o no, en todo momento, "expresión".

Para el pensamiento marxista expresado por Adam Schaff, el hombre puede llegar aun a proporcionarse información a sí mismo, autocomunicarse en la medida en que el lenguaje es pensamiento e instrumento para integrar su concepción del mundo. Hablar - nos dice - es actualizar el lenguaje; porque éste, no es sino la abstracción del fenómeno general del hablar.

A la fisiología neurológica se remite la explicación de que, en la medida en que nuestro acto de pensar es un "hablar consigo mismo", la "conversación interna" es la autotransmisión de información, la utilización del lenguaje, entendida como proceso intercerebral.

La teoría de la comunicación humana de Hermich y Jackson nos agrega la posibilidad del hombre de comunicarse aun con sus propias fantasías. Otros estudiosos del problema manifiestan que incluso existe un lenguaje preverbal; pero que cualquier forma de pensamiento implica el uso de un lenguaje formado y apropiado por el individuo en el curso de la comunicación interhumana.

A este respecto, André Lwoff, en su trabajo sobre El Concepto de Información en la Biología Molecular, señala: "La palabra información es algo muy material, desprovista de poesía: es un conglomerado de pequeñas moléculas y el conjunto de funciones que ellas regulan. Para los biólogos, la información es lo que determina la vida".

III. INFORMACIÓN Y SOCIEDAD

Pues así identificamos vida e información, hombre y expresión, lenguaje y pensamiento, de igual manera podemos afirmar que la sociedad humana representa la síntesis de todos los mensajes que - aceptados, rechazados inconclusos, contradictorios - se iniciaron con el primer hálito de vida, y que subsisten, enriquecidos, multiplicados, hasta

nuestros días. Es una interacción fecunda entre el organismo primigenio y su medio lo que ha permitido no sólo el desarrollo biológico, sino también, su conformación social Simplemente no podríamos imaginar a la sociedad humana, cualquiera que ésta fuera, marginada de la forma más elemental de comunicación, incluso se antoja referirse a la sociedad y al lenguaje como una relación de causa y efecto. Recordemos a Eduard Sapir, quien señalo la, conexión entre lenguaje y sociedad: "El hombre tiende a considerar el habla tan natural como la respiración o el caminar. El niño está preparado por su herencia biológica para caminar; la conformación de los músculos de su sistema nervioso están, desde el principio, adaptados en tal sentido. Hoy, un hombre sólo podrá aprender a caminar, pero no a comunicar ideas".

Podemos decir, entonces, que desde los mensajes iniciales que un hombre proporciona, gracias a su fisonomía, su comportamiento, su actitud, su técnica corporal, su acción y, fundamentalmente su expresión escrito - hablada, el lenguaje ha sido, sin lugar a dudas, un cocreador de la sociedad. Las modificaciones de las estructuras sociales, constituyen el lenguaje de los revolucionarios del mundo.

Por otro lado, debemos agregar que la información satisface un requerimiento vital, existencial del individuo, que lo convierte en sujeto responsable de su momento, de su realidad. Tal vez coincidimos, señores diputados de Acción Nacional, en que la necesidad, está en la naturaleza precaria del hombre, quien no llega nunca a serlo con plenitud, ajeno a los demás.

El hombre necesita la respuesta, las respuestas a sus interrogantes esenciales. La información lo sitúa en el nivel que su razón requiere para la evaluación, el juicio, la creación. Un hombre informado no es por este solo hecho un mejor hombre, pero sí alguien con mayor probabilidad de llegar a serlo.

IV. INFORMACIÓN Y CLASES DOMINANTES

La información ha sido desde siempre en la sociedad humana, factor de diferenciación e instrumento de control y dominio. Vázquez Montalbán, en su estudio sobre los métodos utilizados en la antigua Roma, durante el imperio de Julio César, sostiene que la información, como fenómeno social, aparece sólo en las sociedades que son conscientes de la importancia de orientar la opinión pública.

Y Francisco de Ayala, en su libro "Tecnología y Libertad", considera a la información como una criatura burguesa, que nace como un negocio al servicio de los negocios. Prueba de ello es que dentro de los tesoros del Vaticano se encuentren aquellos manuscritos noticiosos de la colección Ulrich Fugger, en los cuales los banqueros del Renacimiento habían pretendido ya convertir la información en mercancía.

La información manuscrita - dice Fernaud Terrou - se remonta a la alta edad media, cuando en Italia se fundan los avisi y en Alemania los zeifungen, primeros escritos redactados por los profesionales de ese tiempo. Ya desde entonces los mercaderes habían empezado a tasar la inteligencia.

Pero, si hemos de rastrear la huella de la información, no podemos dejar de mencionar a los profetas hebreos o a los upasnishads de la India como auténticos informadores verbales.

La escritura misma, desde sus inicios, se manifiesta como gran diferenciadora de individuos, y el grupo que la maneja detenta las posibilidades del desarrollo humano. Quizá en esto pensaba Fortin, al desarrollar los conceptos de "conciencia constituyente" "conciencia audaz" y "conciencia excluyente". En los orígenes - nos dice - cuando el pensamiento mágico dominaba la mente humana y era explicación de la vida y el universo; cuando prevalecía la convicción de que las leyes que regulaban las relaciones entre los hombres se hallaban fuera de la propia naturaleza humana, era inevitable la existencia de una casta privilegiada, que podía comunicarse con las fuerzas divinas, superiores, inaccesibles para las mayorías.

Hubieron de transformarse las relaciones de producción, alterarse estructuras mentales, descubrirse los "porqué" esenciales, aparecer el pensamiento científico; es decir, avanzar la historia, para que, al encontrar dentro de la misma sociedad humana respuesta a sus interrogantes vitales, el hombre pudiera liberarse no sólo de las imágenes que su ignorancia había creado, sino de los manipuladores de falsos datos, intérpretes de símbolos equívocos, deformadores de verdades, a las que desde entonces permanecía ajeno, no siempre a voluntad.

El triunfo de la conciencia audaz sobre la conciencia constituyente se había dado; pero, ¿y los nuevos poseedores de la información y el saber serían acaso diferentes? Infortunadamente no fue así, y a la discriminación inicial ha seguido otra más deplorable aún.

Hoy en día, la información ha tomado un giro nuevo, pero no distinto. Sabemos que toda actividad y todo producto en la sociedad capitalista participan del orden y la lógica de la mercancía; así, el producto comunicacional no escapa a la relación social dominante; éste adopta los caracteres de cada estructura socioeconómica que la produce.

Por ello, en el negocio de la información existe la misma tendencia integradora de la industria capitalista para ser autosuficiente; los grandes consorcios tienen sus propias empresas productoras de información que, en la lucha por lograr un mayor beneficio económico, se alían y se refuerzan formando poderosos monopolios transmisores de noticias que acaparan canales, instrumentos, recursos, etc.

El lucro es el objetivo inmediato, pero éste no excluye los objetivos políticos. Se produce en busca de un rédito; pero, lo que se produce (noticias, comentarios, entretenimiento, instrucción) son vehículos, instrumentos idóneos

para la confirmación de los intereses de sus propietarios.

La ideología de los poseedores de los medios masivos es evidente; pero, existe, además, la presión de otro factor vital: los arrendadores de estos medios para la publicidad de sus productos.

Son ellos quienes se han encargado de vender a lo largo y a lo ancho del mundo subdesarrollado los mismos sueños que han conseguido colocar en el mundo industrial. Estos sueños buscan estimular el consumo en los países de baja renta y acomodar los gustos locales a los productos mundialmente distribuidos, lo que es fundamental para el desarrollo de un gran centro comercial mundial.

Ciertamente, el lucro es el objetivo manifiesto; la información es una mercancía, un negocio por sí mismo, generador de grandes dividendos, tanto que en los Estados Unidos existe la convicción de que otorgar una concesión para el establecimiento de cualquier radio emisora, equivale a otorgar un permiso para imprimir moneda. Pero, además sabemos que estas empresas productoras de información son subsidiarias de los grandes trusts fabricantes de artículos suntuarios, diversiones infantiles, cosméticos, bisutería desechable, medicamentos, alta tecnología electrónica e interespacial y por supuesto napalm, sicocirugía política y bomba de neutrones. Al beneficio del producto publicitario en sí, se agregan, multiplicados, los réditos de las ventas que genera la permanente inducción al consumismo en los receptores de esos mensajes, elaborados con las técnicas más depuradas de la sicología, la computación electrónica o la mercadotecnia.

El consumo es connatural a la vida; pero, el consumismo es la degeneración, el abuso, la irracionalidad. Inaceptable en las metrópolis, por cuanto que allí se consume lo que en los países surtidores dependientes se produce, en los nuestros significa, además del crimen de agotar un patrimonio que sólo a las generaciones futuras corresponde, empeñarnos en convertir nuestro destino en fatalidad. Pero, quedarse en este aspecto del problema, es permanecer en la superficie. La función primordial de la información es ahora, trasmitida a través de las ondas electromagnéticas, de las rotativas electrónicas, de los cables coaxiales o vía satélite, igual que en sus orígenes: instrumento de control y dominio. Ningún mensaje es ideológicamente inocuo. Los de carácter comercial provocan en la población la certeza de que su realización humana; su triunfo social está directamente ligado con sus posibilidades de consumo y sirven para reforzar las relaciones de producción que son base de un sistema que primero explota la fuerza de trabajo y después, por la fuerza del condicionamiento conductual, induce a pagar caro la obra de ese trabajo.

Los contenidos destinados a la diversión, el esparcimiento, la recreación y la cultura no son simplemente ramplones, estultos o cursis; son ejemplos, enseñanzas con un alto índice de peligrosidad, por cuanto que inscritos plenamente dentro de la teoría del efecto - demostración de Duesenberry, provocan una esquizofrenia colectiva al enfrentar el mundo irreal del aparato publicitario y el del habitat cotidiano, pleno de miseria, ignorancia, desempleo, insalubridad.

Los mensajes noticiosos y los comentarios socio - políticos responden siempre al interés clasista de quien detenta los instrumentos de emisión. Allí es natural que no tengan cabida la voz de los estudiantes protestarios, los obreros huelguistas, los campesinos sin tierra, los consumidores burlados o los hombres sin empleo. Se puede contrainformar, mintiendo; desinformar, sacando de contexto un hecho; tornando en anécdota un problema; refiriéndose a efectos, sin hacerlo a las causas socioeconómicas esenciales. Pero, todavía más, se puede permitir una presencia dosificada de disidencia vacua, que tiene un efecto más enajenante, que motivador; tolerancia que es, al final de cuentas, la mejor legitimación de un sistema general de valores.

Milliband sostiene que esta información no puede garantizar un acuerdo pro - conservador; pero, sí fomentar una atmósfera de conformismo, no mediante la supresión total de la disidencia, sino a través de la presentación de opiniones que caen fuera del consenso a la manera de curiosas herejías o absurdas excentricidades, a las que personas serias y razonables no pueden dar mayor importancia.

En suma, que la función de la información es filosófica, ideológica, política.

Filosófica por cuanto pretende dar al hombre respuesta a sus interrogantes vitales. Es: un consumidor; viene: de la masa, y va: al triunfo social.

Es ideológica en cuanto no sólo tiende a la legitimación del status quo, sino porque pretende convencer a las mayorías de que las desigualdades sociales son la forma natural de la organización social; que la existencia de poseedores y desposeídos no es resultado de las injustas relaciones de producción existentes, sino ley inexorable, frente a la cual la única posibilidad es la promoción individual, que exige previamente la aceptación del sistema de valores impérente.

Y es política, porque, a partir de los supuestos anteriores, anula el interés de participación ciudadana; desmoraliza a la persona; mella su sentido de responsabilidad y su gana de organizarse para la participación consciente en las tareas colectivas. Así, en esta posición insular, en esta atomización, que socava el espíritu comunitario, las grandes mayorías de la población quedan totalmente vulnerables, inermes, frente a los embates de las élites dominantes. Carente de conciencia crítica que permita la aprehensión de su realidad, el pueblo es sólo una masa amorfa, desarticulada, pugna de intereses individuales que ocultan la verdadera, la única y real contienda: la lucha de clases.

La relación entre el acceso a la información y el ejercicio del poder es una verdad históricamente comprobable. Richard Fagen sostiene que la información puede ser tan directa y manifiesta como cuando el hombre de las

cavernas "A" amenaza con golpear al hombre de las cavernas "B", para quitarle su presa; o, agregamos nosotros, tan sutil como cuando una gran potencia, defensora de los derechos humanos, se compromete a respetar la soberanía de un país, al tiempo que mantiene bases y enclaves militares en su territorio.

En los Estados modernos la información - dice Alfred Savñy - ocupa en la jerarquía de los instrumentos de poder, un lugar preferente al ejército o la policía. Y Louis Wiztn agrega que el hecho de que los nazis casi triunfaran en la guerra y el resto del mundo tuviera que pagar un precio terrible en sangre y riquezas para impedir su dominio, podría servir de advertencia a quienes reducen al mínimo la importancia de la comunicación y recordarles que el manejo de los medios constituye la fuente más importante de poder en el universo social.

V. INFORMACIÓN Y ESTADO

Es frente a esta realidad que el Estado surge como única posibilidad efectiva para salvaguardar un derecho fundamental de la persona.

No es de ahora que el poder político comprendió la función e influencia de la información; ya Richelieu fue el primero en ponerla al servicio del Estado absolutista y Napoleón la utilizó para sustentar el naciente Estado burgués. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano la consagra como prerrogativa esencial del individuo en su artículo 19, y más adelante, en 1948, la hace suya la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y lo mismo hace la Doctrina Social de la Iglesia Católica, tanto en la Encíclica Pacem in Terris, como en el Concilio Vaticano II, a través de los Decretos de Medios de Comunicación Social y Constitución Pastoral de la Iglesia en el mundo.

Pero, situar el problema dentro de la delimitación precisa de nuestro contexto histórico estructural, nos lleva a la formulación de algunas premisas conceptuales: el Estado surge de la sociedad, es un producto, su modo de expresión y de organización, su resumen oficial y simbólico. En nuestros países el Estado Nacional emerge y se constituye a través de un lento y penoso proceso, hasta afirmarse como expresión de la sociedad, como regulador de las relaciones entre las clases y grupos que lo integran, y como clave e instancia definitiva frente a las metrópolis.

Pero, un Estado revolucionario no puede ser permanentemente árbitro imparcial en el enfrentamiento inevitable de poseedores y desposeídos. Su razón de ser y su compromiso es el aprovechamiento lúcido de las coyunturas internas y externas, que le permitan proveer a las mayorías que lo legitiman de un ámbito favorable para su toma de conciencia y su eficaz organización política.

Dentro de un proceso político así concebido, el rol que al Estado corresponde en la actual etapa de su desarrollo es, al tiempo que mantener la estabilidad dentro del cambio y evitar que la sociedad se consuma en un enfrentamiento entre los grupos que lo conforman y cuya correlación de fuerzas amenaza con cancelar las posibilidades democráticas, ampliar sus bases de sustentación y procurar el acceso creciente del pueblo a los instrumentos de poder. Hacerlo, no sólo justifica su existencia histórica y lo fortalece, sino que multiplica las opciones y eleva el grado de factibidad de su proyecto de nación.

En este orden de ideas, el compromiso del Estado para garantizar el acceso del pueblo a la información debe ser contemplado como parte de una estrategia integral de desarrollo; pero, haciendo trascender este concepto, a la manera de Fortin, del nivel económico - social, comúnmente manejado, al del desarrollo concebido como la capacidad de una sociedad para autodeterminarse colectivamente, para escoger, pero sólo de esta manera, colectiva, los objetivos que espera conseguir y según los medios más eficaces para alcanzarlos. Esta definición implica que se les reconozcan a todos los individuos y a todos los grupos, una aptitud para definir los objetivos esenciales de la sociedad, independientemente de su capacidad para definir los medios. Es necesario distinguir con claridad entre objetivo y medio, porque la selección de un objetivo constituye un juicio de valor irreductible a todo cálculo de tipo científico, y precisamente porque no es científico, el poder que tiene la sociedad de autodeterminarse se convierte en un poder compartido por todos sus miembros.

Así concebida la garantía del Derecho a la Información, tiene para el Estado el valor de una definición ideológica, de una alianza política con sus mayorías; es la voluntad de confiar en ellas la toma de decisiones que afecten y determinen su devenir histórico.

En el orden individual, a la información significa la única posibilidad de que el hombre sea actor consciente de su propio destino. Solamente se puede razonar, aprender, aprender a partir del dato cierto, del conocimiento de un hecho y sus consecuencias. En verdad, un hombre sólo puede amar lo que conoce y sólo puede luchar por lo que ama.

VI. INFORMACIÓN Y CAMBIO SOCIAL

La información es el punto a partir del cual el individuo está capacitado para desentrañar los procesos sociales que se dan en su contorno. Percibir la existencia de clases sociales no es difícil, pero sí lo es el conocer el origen de ellas, y sobre todo, los métodos científicos para resolver ese conflicto insalvable.

La información tiene una función liberadora capaz de nutrir con elementos nuevos los razonamientos viejos. Informar es transformar: cada paso de esta ciencia es producto de una información eficaz que cuestiona la anterior: la revolución copernicana; el salto de la mecánica de Newton a la teoría de la relatividad de Einstein; la distinción entre conciencia real y conciencia posible; el enfrentamiento de la plusvalía y la propiedad social.

Por eso, "un hombre desinformado es un hombre a ciegas, y un mundo desinformado no

puede ser solidario, democrático, consciente. La información es cultura y posibilidad de convivencia. La ignorancia es oscuridad; pero, desinformación e incomunicación son el camino cierto al desastre", afirmó José López Portillo.

"El derecho a la información constituye un patrimonio del pueblo para rechazar los métodos enajenantes de la sociedad de consumo, para garantizar la efectividad de los procesos democráticos y consolidar el sistema de libertades. Y las libertades - continúa el pensamiento del maestro universitario a quien la voluntad popular dio el encargo de la conducción nacional - no son abstracciones. Recordemos que vivir fuera de libertad significa que el espacio corre el riesgo de convertirse en cárcel; que el tiempo se convierte en la historia de la servidumbre; que el pensamiento se convierte en dogma; que el trabajo se convierte en enajenación; que la ciencia se convierte en prepotencia y la política en sumisión".

Por eso, frente a la abstracción de una libertad de expresión convertida en privilegio de minorías, en "poder" de unos cuantos hombres, que poseen los recursos y los instrumentos requeridos para expresarse y hacerse oír, tenía que surgir el derecho a la sociedad, "de una sociedad en la que se da nuestra acción, en la que se ejerce nuestra libertad; una sociedad plural, abierta, llena de intereses en contradicción, en constante ebullición y cambio, en la que tenemos que actuar con nuestra propia voluntad. Una sociedad que también tiene derechos. Porque no sólo en el individuo como titular de ellos y en el Estado como obligado a garantizarlo, se agota la estructura de la libertad".

Ya desde el 7 de junio de este año, el Presidente de la República nos había invitado a meditar en que, "si el derecho a la libertad de expresión lo es del individuo, estaba por inscribirse y debía garantizarse el derecho de una sociedad a ser informada, a ser bien informada; una sociedad que debe esperar de los medios de comunicación, no sólo la información, sino la distracción de su ocio y la perfección por medio de la cultura".

En esa ocasión se definió con claridad que una garantía constitucional de ninguna manera representa sólo una prohibición a los gobernantes, sino que es, y de manera fundamental, la afirmación de un principio que a todos los ciudadanos alcanza.

Esto tiene importancia definitiva porque si hemos dicho que información es poder, y en un Estado revolucionario todo poder corresponde al pueblo, si titulares de los derechos son los ciudadanos, y al Estado corresponde la correlativa obligación de su garantía, tenemos que definir también el papel que a los medios de difusión compete.

Durante un mensaje a la nación el 1o de diciembre de 1976, el Titular del Ejecutivo afirmó: "Asumimos un compromiso: transitar por la verdad hacia la justicia. Y transitar por la verdad hacia la justicia es, necesariamente, informar, informar con decencia, informar con honestidad".

Yo opino que la responsabilidad de los órganos de difusión y de los profesionales la de comunicación social, es precisamente el ejercicio irrestricto de la libertad; pero, asumir, al tiempo, el imperativo implícito de comprometerse con esa libertad. Ya lo dijimos en alguna ocasión, órganos de difusión independientes del poder, de cualquier poder; pero, comprometidos abiertamente y sin tapujos con los objetivos esenciales de la nación: no existen, no deben existir libertades contra las causas populares, contra la democracia, la independencia, la lucha antiimperialista y la igualdad de los hombres y los pueblos.

Y que no se aproveche la libertad de expresión para propalar la insidia de que la garantía social que pretendemos significa una forma de manipulación estatal de la información. Desde aquí rechazamos el agravio; desde aquí reafirmamos nuestra vocación por la libertad, con todos los riesgos que ella implique. Con gusto haríamos nuestro el reclamo de Eugéne Ionesco ante la UNESCO: "un artista - un transmisor de ideas diríamos nosotros - es un inventor, un creador de mundos nuevos, un descubridor que debe cuestionar la organización de la sociedad, la cultura, la misma civilización. Imaginen lo que habría pasado si se hubiera limitado a Joyce, a Kafka, a Proust, si se hubiera pedido a Marx no ser enemigo de la sociedad; si la verdad de Galileo no hubiese triunfado; si Rimbaud y Artaud no se hubieran planteado los problemas fundamentales de nuestra condición existencial". Desde aquí, nos anticipamos a la insidia: rechazamos la censura, exijimos la verdad, porque, a la manera de Martí, estamos convencidos: el saber nos hará libres.

Señores diputados:

Vamos a inscribir el derecho social de la información al más alto rango jurídico, hagámoslo también con la mayor fuerza política posible: con el voto unánime de esta soberanía, con el respaldo absoluto de la representación popular.

El Presidente López Portillo señalo que "una verdadera Reforma Política no es un acto, así sea éste de la mayor relevancia legislativa; son muchos actos, y no es un momento, sino un proceso".

Ayer el diputado Garcilita Partida afirmó que la Constitución es sólo principio, por eso, a nosotros toca, a cada partido, según sus específicas concepciones ideológicas y sus estrategias particulares, procurar la reglamentación pertinente, la operacionalización de los conceptos generales que la Constitución establece.

A nosotros toca continuar la obra legislativa para conseguir que esta garantía social se constituya en un derecho incluyente del ciudadano que le permita participar activamente en la creación de la información. Transformar un status funesto de interlocutor silente y convertirlo en participante vivió y responsable del proceso comunicacional.

A partir de este principio nos corresponde conseguir el acceso real y efectivo del pueblo a los sistemas de comunicación social; y no se trata en lo más mínimo de plantear su estatización, ni menos pretender nacionalizar lo que a

la nación pertenece; pero, a lo que sí estamos obligados, es a entender que no se puede seguir aceptando, como lo hace el artículo 4o. de la Ley de Radio y Televisión, que esta actividad sea considerada de interés público, cuando es evidente que su definitiva importancia en la vida del país la hacen, por encima de artificios legaloides, materia que debe ser considerada como auténtico "servicio público".

Tenemos que legislar sobre los mensajes que diariamente penetran en nuestros hogares. Al plantear el Plan Nacional de Educación, se reconoció que la quinta parte de nuestra población es analfabeta, que el promedio de escolaridad nacional es de cuarto grado, y que de los 32 millones de mexicanos mayores de 15 años, sólo uno de cada cinco terminó la secundaria. Frente a estos datos ciertos y dolorosos, sabemos que todo niño, al llegar a la enseñanza elemental, lo hace con 5 mil horas previas de televisión, que según el "estudio Cremoux", sobre alumnos de escuela secundaria diurna matutina, éstos dedican 198,333 horas frente a su aparato receptor. Y dado que las series y películas de la televisión doméstica son en su gran mayoría repetición de las trasmitidas en Estados Unidos, no es aventurado reconocer como muy cercano a nosotros, el estudio del Senado Norteamericano que reconoció el hecho terrible de que un adolescente medio, al llegar a los 14 años, ha presenciado 11 mil asesinatos por televisión.

Debemos legislar sobre ésto porque el radio llega a todas las poblaciones de más de 5 mil habitantes, porque está presente en un 75.7 de los hogares mexicanos, y porque la televisión cubre las 80 ciudades más importantes de la República, y a 31.2% alcanza el número de hogares que cuentan con un aparato receptor. Y tenemos que legislar sobre ésto, porque quienes disponen del tiempo de esos canales, que aprovechan el medio de propiedad nacional, son en primer término agencias transnacionales de publicidad, porque en 1973 el gasto publicitario nacional alcanzó la suma de 4,500 millones de pesos, que representa más que todos los presupuestos de las universidades públicas, seis veces más que las obras de pequeña irrigación y seis que la inversión federal en actividades ganaderas, forestales o pesqueras. Es decir, que de cada cien pesos ganados por cualquier mexicano, uno se destinó al quehacer publicitario.

Tenemos que legislar sobre esto para que, respetando en nuestro régimen de economía mixta, de libre empresa, economía de mercado, el negocio que representa el uso de las ondas electromagnéticas a través del espacio propiedad de la nación, seamos nosotros, los mexicanos, quienes decidamos que debe entrar a nuestros hogares para informarnos, divertirnos, cultivarnos. Que lo decidamos todos, no el gobierno, ni siquiera el Estado, sino todos: partidos políticos, organizaciones obreras y también organismos empresariales y clubes de servicio, y por supuesto, las universidades, las instituciones culturales y los institutos de cultura superior. Legislemos sobre esto con imaginación y patriotismo, concibamos algún organismo de derecho público, una corporación independiente del Estado pero, fincada por encima del negocio lucrativo en los intereses de colectividad.

Tenemos que legislar para que la moderna tecnología de la cablevisión no convierta, al margen de la Ley, la razón y el mero instinto de conservación, amplias zonas de nuestra ciudad en enclaves coloniales, en objetivos de penetración ideológica y cultural. Regiones sometidas a una extraterritorialidad del lenguaje, la cultura y los valores nacionales.

Tenemos que legislar para que la comunicación vía satélite no sea violación de nuestra soberanía, radiografía impune de nuestros recursos naturales y materias primas, sino instrumento de la confraternidad universal y comprensión humana. Legislemos, sí, a partir de estos dos renglones que hoy, espero por unanimidad, agregamos a uno de los más bellos artículos de nuestra Carta Fundamental. Legislemos, sí, para el siglo XXI, ojalá que con la misma lucidez y patriotismo que lo hicieron los hombres de la Reforma para nosotros, los mexicanos de este siglo. Señor don Jorge, legislemos para el siglo XXI, para estos chamacos que están ahí, para nuestros hijos y los de ellos, convencidos que ni unos ni otros son con exclusividad el futuro de México, sino convencidos, responsables y ufanos, que todos somos el futuro de México. (Aplausos.)

- La C. Marcela Lombardo: Pido la palabra, señora Presidenta.

- La C. Presidenta: ¿Con qué objeto?...Bueno. Se le da la palabra a la señora diputada.

- La C. Marcela Lombardo de Gutiérrez: Señora Presidenta; compañeros diputados. En base a la intervención del diputado Carlos Ortiz Tejeda, el compromiso que ha expresado de que legislaremos en el sentido de las proposiciones que mi partido había hecho, retiramos nuestras proposiciones (aplausos) para contribuir a que la aprobación sea unánime y el texto quede íntegro, como fue propuesto en la iniciativa del Ejecutivo. Muchas gracias. (Aplausos.)

- La C. Presidenta: Consulte la Secretaría a la Asamblea si el artículo 2o. se encuentra suficientemente discutido.

El C. secretario Héctor Ximénez González: En votación económica se pregunta si está suficientemente discutido el artículo 2o. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido.

Se va proceder a recoger la votación nominal del artículo 2o. del proyecto de Decreto que reforma el artículo 6o. constitucional.

(Votación.)

Aprobado el artículo 2o. por 218 votos, o sea por unanimidad. (Aplausos.)

Está a discusión el artículo 3o. del proyecto de Decreto.

- La C. Presidenta: Se abre el registro de oradores para la discusión del artículo tercero del proyecto de Decreto que comprende la adición al artículo 41 constitucional.

Esta Presidencia informa que se han inscrito para hablar en contra del artículo 3o. del Decreto, los siguientes diputados: Gonzalo

Altamirano, del PARM; Marcela Lombardo, del PPS; en pro: Miguel Montes García por las Comisiones; Pedro González Ascuaga del PARM y Artemio Iglesias Miramontes del PRI.

Se concede la palabra al diputado Gonzalo Altamirano.

El C. Gonzalo Altamirano Dimas: Señora Presidenta; señoras y señores diputados; señoras y señores: A nombre del Partido Acción Nacional, me he inscrito en contra del artículo tercero del Decreto, referido concretamente al artículo 41.

Quiero aclarar que básicamente la objeción se refiere al párrafo segundo del mismo, y propongo, al mismo tiempo, simplemente una modificación de estilo a los párrafos primero y cuarto.

Antes de pasar a esto, quiero mencionar muy brevemente los antecedentes de esta Reforma Política que estamos discutiendo en esta ocasión.

El primero de abril del presente año, el C. Secretario de Gobernación, en la ciudad de Chilpancingo, Gro., en un discurso pronunciado en la Legislatura Local, anunció la intención del Ejecutivo de introducir reformas políticas que faciliten la unidad democrática del pueblo, abarcando la pluralidad de ideas e intereses que lo conjugan.

Más adelante, agregó el C. Secretario de Gobernación que la unidad democrática supone que la mayoría prescinda de medios encaminados a constreñir a las minorías, e impedirles que puedan convertirse en mayorías.

Posteriormente, en un comunicado del C. Presidente de la República al propio Secretario de Gobernación le pidió que a través de la Comisión Federal Electoral, por ser ésta un organismo que está presente en los aspectos políticos electorales del país, convocará a sesiones para escuchar las diversas corrientes y opiniones, tanto de los partidos políticos registrados, como de aquellos que pretenden su registro de organizaciones académicas, y de ciudadanos interesados en ello.

El primero de septiembre, en su Informe, el señor Presidente de la República anunció a esta representación nacional que enviaría a la misma un Proyecto de Reforma, mismo que ha sido turnado oportunamente, y mismo que se discute.

Es importante destacar que el Presidente de la República es este Informe, en sus diferentes aspectos de la información al pueblo de México a través del Congreso de la Unión, destacó la Reforma Política en varios párrafos y, concretamente, cuando habló de que la Reforma Política fortalecerá a la sociedad es la manera de alcanzar un nuevo consenso que nos de fuerza para seguir; obliga, simultáneamente, a desterrar abusos y cambiar usos y requiere responsabilidad, honestidad y sentido crítico de los líderes.

Nosotros acogemos tanto las palabras del ciudadano Presidente de la República, como del Secretario de Gobernación, y en esta actitud consciente y crítica, nos avocamos al estudio de la misma.

Quiero mencionar, en primer término, como ya dije, sin el ánimo de formar un debate por la exposición que haga de los párrafos, que considero, simplemente, de forma. Voy a leer las modificaciones que proponemos. Quiero aclarar que desgraciadamente no las pudimos hacer llegar oportunamente a las Comisiones; si es de considerarse, así lo manifestará la Asamblea, y si no, nos acogemos al sentir de la misma.

El primer párrafo del artículo 41 establece: "Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan, mediante el sufragio universal libre, secreto y directo". La redacción que proponemos sería en los siguientes términos, ya incorporando el artículo, perdón, el párrafo 4o del citado artículo:

"Los partidos políticos son instituciones de interés público, tienen como fin promover la participación democrática de los ciudadanos en la vida pública, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder, contribuir a la integración de la representación nacional de acuerdo con los principios y programas que postulan, mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. La ley determinará las formas específicas de su intervención en el proceso electoral.

El asunto que más nos inquieta de este artículo y por lo cual pedimos la supresión de su segundo párrafo, el que establece lo siguiente:

"En los procesos electorales federales, los partidos políticos nacionales deberán contar en forma equitativa con un mínimo de elementos para sus actividades tendientes a la obtención del sufragio popular."

De la lectura de este artículo nos asaltan diversas dudas: ¿Qué se quiere decir con esto de que los partidos políticos deberán contar "con un mínimo de elementos" para sus actividades? Primera: ¿Debemos entender como un requerimiento a los partidos políticos para que demuestren contar con un mínimo de elementos propios para sus actividades? Y si es afirmativa esta respuesta, ¿A qué clase de elementos se refiere?

Segunda: Debe entenderse que esta clase de elementos son recursos para la participación de los Partidos, en campaña; siguiendo esta segunda hipótesis, ¿a qué clase de recursos se refiere?, ¿a recursos propios, obtenidos por medios lícitos o bien recursos provenientes de terceros? El primer caso se justifica, ya que los medios obtenidos por los partidos en forma lícita, se justifican por sí mismos. Pero en el segundo caso, nos preguntaríamos si son recursos de otros; ¿qué otros? ¿quiénes?

En caso de tratarse del Estado o de otras fuentes, más o menos inconfesables, tendríamos que sostener, y con razón, que sería el camino hacia la pérdida de la independencia y de la dignidad de los partidos políticos. Por que es incongruente aceptar recursos de un

sistema político que se combate, así sean destinados estos recursos a través del mismo Estado. Y aquí nos asalta esa duda, porque siguiendo las comparecencias en la Comisión Federal Electoral, escuchamos algunos requerimientos concretamente de dos partidos, uno de ellos registrado y el otro en trámites de registro, de un requerimiento para ser subsidiados y es en este sentido, que se quiere colar el subsidio a través de este artículo el Partido Acción Nacional lo combate y lo rechaza categóricamente, porque aquellos partidos políticos que quieran ser independientes y que quieran seguir sosteniendo su dignidad, deben rechazarlo siguiendo su criterio honesto y contribuyendo a perfeccionar la democracia en México, porque de otro modo estaríamos dando un paso atrás y no sería ningún beneficio para la Reforma Política.

Porque si aceptáramos este subsidio, entonces sí, vergonzosamente se estaría escondiendo el rabo, y no por cierto debajo de la sotana.

Hay, otras dudas: ¿sobre qué criterios se va a establecer "en forma equitativa " ese mínimo de elementos?, ¿quién va a establecer esta forma equitativa? Nosotros suponemos que sea el Estado, pero ¿sobre qué bases?, ¿sobre la votación obtenida en la última elección?, ¿sobre las dos últimas elecciones?, ¿o sobre las tres últimas elecciones?

No lo sabemos, y en caso de ser esto, se estaría subsidiando no al esfuerzo mismo de los Partidos, sino se estaría subsidiando el voto mismo de los ciudadanos, porque a mayor número de votos mayor subsidio, y esto no puede ser concebido. Pero, repito, estamos haciendo conjeturas, ya que el mismo párrafo no es claro.

Partiendo del supuesto de que estos elementos sean equitativos, nos hacemos otras preguntas: ¿Esto quiere decir que los partidos no oficiales podrán reclamar al gobierno estatal y municipal parte de lo que ahora dan al partido oficial para sostener sus oficinas, pagar sus teléfonos y la renta, si es que los locales no son del gobierno mismo?

¿También esto lo pudiéramos entender como que los partidos de oposición deberán recibir una parte de lo que algunos organismos y empresas del Estado dan al partido oficial para sus campañas?

¿O también podríamos interpretar que cuando los candidatos independientes lleguen a un lugar, podrán exigir a las autoridades locales parte de la contribución que éstas destinan para recibir a los candidatos oficiales?

¿O también podríamos pensar que las secretarías y organismos descentralizados tendrían que dividir equipos y personal entre el partido oficial y los partidos independientes?

¿O también que de las tesorerías sindicales no todos los fondos serían dedicados a apoyar las campañas electorales del partido oficial, sino también a los candidatos de oposición, a los partidos de oposición? ¿O qué cualquier otro partido no oficial pueda solicitar en un momento determinado a alguna Secretaría de Estado que le faciliten algún avión, por ejemplo, para poder emprender una campaña en forma equitativa?

¿También podríamos entender que las escuelas oficiales, a través de las autoridades correspondientes, van a obligar a los niños de primaria o de secundaria que hagan valla durante varias horas para recibir también a los candidatos de oposición? ¿Esto también sería equitativo?

En fin, señores diputados, podríamos seguir haciendo una innumerable serie de conjeturas, tratando de interpretar este párrafo oscuro; y por estas mismas razones, yo les pediría a todos ustedes que reflexionen serenamente, si es que se quiere dar un paso trascendente en la vida democrática del país. Si queremos un gobierno fuerte, respetable y respetado, si queremos partidos de oposición que sean verdaderamente independientes al gobierno, entonces debemos rechazar este párrafo, porque México ya no necesita de partidos que estén dependiendo del gobierno, ni del partido oficial; México necesita verdaderos partidos que contribuyan a engrandecer la democracia en México, y que contribuyan a perfeccionar la armonía entre todos los mexicanos Muchas gracias. (Aplausos.)

- La C. Presidenta: Tiene la palabra el diputado Artemio Iglesias, del Partido Revolucionario Institucional.

El C. Artemio Iglesias Miramontes: Señora Presidente o señora Presidenta. El diputado del Partido Acción Nacional, a través, aparentemente de un cambio de estilo, viene a proponer que se modifique el dictamen de las Comisiones Unidas en la forma un poco tardía, por cierto, un poco tardía. Sin embargo, el Partido Revolucionario Institucional puede salir avante temprano o tarde a todos los albazos que pudieran, en un momento dado, presentar los Partidos de la reacción. En este caso fue muy rápida la lectura que él hizo, está de acuerdo en términos generales en utilizar todas las palabras excepto una, si mal no recuerdo, en donde dice que los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo "en la vida democrática" - reza la iniciativa -, él la cambia "en la vida pública". Quiero manifestar que la palabra "democracia" es un concepto unívoco, históricamente demostrable, que todo mundo conoce, quien se precie de tener el más elemental, el más mínimo conocimiento de política. La palabra "pública" tiene inclusive connotaciones que, por pudor no me atrevería compañeros de Acción Nacional, a dar el significado en esta Cámara de Diputados. (Aplausos.)

De ahí, democracia es pueblo, es para el pueblo, es por el pueblo, consecuentemente el término democracia es una sombrilla más amplia que definitivamente tiene que ser pública y no todo lo público definitivamente compañeros de Acción Nacional, tiene una connotación democrática. Por ello para que de una vez los diputados del Partido Revolucionario Institucional se ajusten a la iniciativa original y al dictamen de las Comisiones, porque

desde el punto de vista jurídico, política y gramatical, está bien razonada, bien redactada y contempla el contenido que quiso dársele a esta reforma política.

Hace alusión el diputado de Acción Nacional, sobre el discurso de Chilpancingo del señor Secretario de Gobernación; hace alusión a que estaban destinadas una serie, un tiempo del régimen para escuchar a la ciudadanía, en lo individual, a las organizaciones políticas y a los partidos políticos. Esta actitud, ahí estuvieron inclusive sus representantes, se la menciono porque sé que se dio cumplimiento a ello, prueba es de que aquí existen, él no dijo que no se hubiera dado cumplimiento, pero mencionó todo lo que el régimen había propuesto originalmente como para dejar un poco turbio el aire, como si no se hubiese cumplido con este propósito del régimen que preside López Portillo. Aquí están, compañeros, todos los partidos, y aproximadamente 50 ciudadanos calificados, porque el hecho de participarles da una calificación; aproximadamente 100 ciudadanos, organizaciones y partidos políticos que participaron en un debate público para cumplimentar, para implementar lo que habría de ser la proposición, la Iniciativa de Ley del señor Presidente de la República, recogiendo de su pueblo, recogiendo de las gentes pensantes, recogiendo de los partidos políticos, aquellas angustias, aquellas necesidades, aquellos propósitos que los animaba para revitalizar, para democratizar este país, al margen de que esta Reforma, compañeros de Acción Nacional, nos pueda llevar al poder; así lo queremos y vamos a empeñarnos en ello los del Partido Revolucionario Institucional, por conservar el poder, aún más allá del año dos mil (Aplausos.).

Creo, compañeros, que hay una confusión de parte del diputado que me antecedió en la palabra; hay dos momentos en la vida de un partido político: primero su vida propia, independientemente del Estado y, segundo, el instante en que entra en relación con el Estado como medio e instrumento para la renovación de los poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado Mexicano, a través del proceso electoral, en tanto los partidos buscan el ascenso al poder por la vía de las urnas y éstas han cumplimentado todos los requisitos legales, sólo en ese momento establecen los partidos políticos una relación concurrente entre el Estado y esos mismos partidos políticos.

¿Qué significa esta adición al artículo 41 constitucional? ¿Es una continuidad lógica, es una continuidad política, es congruente esta adición y responsable con la forma de gobierno definida por nuestra Constitución al Estado Mexicano?

Y al estructurarlo en su artículo 40 como una República democrática, representativa y federal y entendiendo la República como el gobierno en que la jefatura del Estado no es vitalicia, sino de renovación periódica, para la cual se consulta la voluntad popular, con esta adición, el Estado Mexicano asume el compromiso de proporcionar a esta voluntad popular, ciudadanos todos, los medios necesarios, donde se haga posible su participación activa en la elección de sus gobernantes, es decir, en el ejercicio, en la materialización de sus derechos políticos que, dentro de las reglas del juego aceptadas en este país, son las urnas electorales.

Siendo los partidos políticos instrumentos, intermediarios o vehículos, esta participación se hace real y efectiva, el Estado, por ello, la eleva, la eleva a rango constitucional la obligación de proporcionarles en forma equitativa los elementos mínimos que garanticen que los procesos electorales, repito, procesos o contiendas electorales, que es donde el Estado asume un papel activo, porque de aprobarse esta adición, así lo habrá de mandar el constituyente al Estado Mexicano, para que en esos procesos se desarrollen en igualdad de condiciones para todos los partidos contendientes, sin que esto signifique, compañeros diputados, que el Estado tenga además la obligación de hacer prosélitos vía recursos económicos, para incrementar el número de afiliados a tal o cual partido.

Compañeros diputados, creo que las cuestiones que se planteaba el diputado quedan muy claras, quedan definitivamente con una amplitud y no es a razón de criterios, comprendidas por todo el pueblo de México. El Presidente de la República expresó aquí en su Informe Presidencial "que había de proporcionarse a los partidos políticos los elementos necesarios de tal manera que no fueran vergonzantes, así lo expresó, las actitudes que asumieran al aceptar el compromiso del Estado por garantizar la vida democrática de estos partidos y de este país.

"Tres aspectos fundamentales de orden eminentemente político, subyacen en la adición al artículo 41 constitucional. Primero: El que en un régimen republicano, democrático, representativo y federal como el nuestro, al margen del partido político que esté en el poder, el Estado debe y tiene que proporcionar los elementos mínimos necesarios para que las diferentes ideologías dadas en el mosaico nacional, conformadas en partidos políticos organizados, tengan acceso al proceso electoral en igualdad de circunstancias y existiendo las mismas garantías para todos aquellos que en forma política organizada busquen, como lo dice la Iniciativa 'el ascenso al ejercicio del poder'. Segundo: A lo que aspira lo que dice, lo que expresa esta Iniciativa, a asegurar que aún después del año 2000 en el supuesto caso que la prehistoria política volviera a este país y obtuvieran el poder, obtuvieran es ascenso a determinar la política de este país, advierto, si se diera el hecho de que la historia o la prehistoria política volviera a renacer, la ideología, los principios y la vida misma de los partidos sean producto de libre consentimiento de sus militares y aún más que se siga considerando, como un deber original que tienen esos militares de sostener a sus partidos y estando y evitando que los partidos políticos sean una platea de apoyo y respaldo populares.

Y tercero: Lo que expresa y lo que dice la iniciativa, proporcionar a los partidos políticos, de la forma más equitativa y nunca vergonzante como lo expresó el Presidente López Portillo, los medios permanentes para apoyar las actitudes, los principios, la ideología, las tácticas y estrategias, como vehículos esenciales en su propósito de conquistar el poder por vía democrática, a través de los medios de comunicación social, cuyo tiempo puede razonarse en pesos y centavos, pero estando muy lejos de representar, compañeros diputados, una dádiva, una regalía que ofende a quien la recibe y denigra a quien la otorga.

Por todos estos conceptos, compañeros diputados, me permito proponer a su amable consideración que la iniciativa quede en los términos que las Comisiones Dictaminadoras han presentado a esta Asamblea. Muchas gracias. (Aplausos.)

- La Presidenta: Tiene la palabra la diputada Marcela Lombardo del Partido Popular Socialista.

- La C. Marcela Lombardo:

"Señora Presidenta;

Honorable Asamblea:

Otro aspecto importante que contiene la Iniciativa de Ley que el Presidente López Portillo enviara al Congreso de la Unión, la cual promueve reformas y adiciones a nuestra Carta Magna es el que se refiere a la elevación de los partidos políticos a rango jurídico, es decir, el darles jerarquía constitucional.

Resumiendo nuestra historia podemos decir que ésta es la historia de la lucha ininterrumpida del pueblo; del afán popular por lograr la independencia plena de la nación, por establecer un régimen democrático que facilite el progreso del país y la elevación de las condiciones de vida de todos los mexicanos.

A raíz de la Independencia y de la organización del país como República, hasta 1910, han sido patentes dos corrientes de opinión en nuestro desarrollo político; la corriente conservadora que siempre se ha empeñado en mantener sus privilegios y la corriente política avanzada, la liberal.

Esas dos corrientes han representado a las clases sociales existentes, la conservadora representaba los intereses de los propietarios de las haciendas, primero en poder de la Iglesia y después de los propietarios laicos; y la corriente liberal representada los intereses del pueblo.

En la Guerra de Independencia esas corrientes fueron la de los realistas y la de los insurgentes; en la Guerra de Reforma eran los conservadores y los Liberales.

Pero la última guerra civil, la Revolución Mexicana, tuvo ya otro sentido, destruir el régimen feudal existente y la creación de una nueva economía, y por lo tanto el establecimiento de las instituciones que fueran acordes con ella.

Podemos decir que hasta 1910 en México no había partidos políticos, no se habían formado partidos políticos propiamente dichos. Existía un gobierno personal, el porfirismo, que fue la dictadura de un caudillo, ésta se basaba en la esclavitud de los campesinos y obreros y en la ausencia de las garantías individuales y eso fue precisamente lo que engendró y motivó la guerra civil, la Revolución Mexicana.

Ningún partido político verdadero se formó durante la época porfirista. Los caudillos que habían surgido del seno del pueblo, eran los exponentes de las demandas populares, y al mismo tiempo los ejecutores de las leyes que se dictaban en la guerra, para satisfacer esas demandas del pueblo.

Alrededor de los caudillos se formaron agrupamientos que se nombraban partidos, pero que sólo eran movimientos políticos, y no organizaciones permanentes.

La Constitución de 1917 al recoger los anhelos de las masas populares del país, dio por resultado el cambio en el desarrollo económico del país, surgiendo nuevas fuerzas sociales; se realiza entonces el tránsito a la economía precapitalista y más tarde a la capitalista, es entonces cuando se agudizan las contradicciones sociales y se definen más las clases sociales, que son las que desarrollan y consolidan a los partidos políticos.

Los partidos políticos son resultado de la estructura del régimen capitalista, son la expresión de las contradicciones materiales e ideológicas entre las clases sociales, por lo que en nuestro país, al definirse las clases sociales surgieron los partidos que los representan, así como a sus intereses e ideologías.

Este desarrollo del país propiamente capitalista, ha hecho necesario que las leyes que nos rigen estén de acordes con los avences que se han logrado. Por eso constituyó un paso muy importante en el desarrollo político de México la reforma que implantó los diputados de partido, porque por primera vez en nuestra historia llegaron a la Cámara de Diputados los voceros de los partidos políticos nacionales que representan las diferentes clases sociales, y por primera vez también, los partidos políticos fueron considerados sujetos del derecho electoral; ya no solamente a los individuos como ciudadanos se les reconocía ese derecho.

Las reformas y adiciones propuestas por el Presidente López Portillo, amplían y consolidan el concepto de los partidos políticos al reconocer la personalidad jurídica de los mismos y elevarlos a rango constitucional.

Efectivamente, los partidos políticos son entidades de interés público porque éstos son los que defienden los intereses de sus miembros y señalan los cambios por los que luchan. Cada uno quiere llegar al poder, pero lo importante es señalar para qué se requiere el poder; el cambio que se desea hacer; decir en qué consiste el cambio que se propone, y no proponerlo en forma abstracta. Nosotros los miembros del Partido Popular Socialista Luchamos por el establecimiento del socialismo en nuestro país, y todos los pasos que damos son en esa dirección, con ese objetivo final, y esperamos que el tercer milenio ya nos encuentre en el socialismo.

Las reformas propuestas por el Ejecutivo son de una gran trascendencia, pero a nuestro juicio todavía son insuficientes y limitantes. Por eso, referirnos a las adiciones propuestas al artículo 41 de la Constitución, en lo general decimos que son correctos, pero proponemos algunas modificaciones que tienden a proporcionar a todos los partidos políticos las mismas garantías y derechos para una mejor y más activa participación en la vida política y así impulsar con mayor fuerza el progreso del país.

Nosotros afirmamos que las minorías son corresponsables del ejercicio del poder público, por lo que no compartimos la parte del Dictamen de las Comisiones relativa a este tema - primer párrafo de la página 7 - pero sí estamos de acuerdo en que el Poder Ejecutivo se deposita en una sola persona y es indivisible, pero el poder público, es el poder de todo el pueblo.

Debe establecerse un gobierno que no se diga jactanciosamente de la mayoría, de un solo partido. Debe ser un gobierno de unidad nacional, integrado por todas las corrientes progresistas, nacionalistas y antiimperialistas. La reacción desde luego, no tiene lugar en este gobierno.

Proponemos una alteración en el orden de los párrafos porque consideramos que un concepto debe definirse de lo general a lo particular, y lo general y más importante de la definición, es la afirmación de que los partidos políticos son entidades de interés público.

En cuanto al segundo párrafo, consideramos que los elementos necesarios con que deben contar estas organizaciones serán en forma equitativa y para todas sus actividades.

Pero consideramos también que corresponde a los propios miembros militantes de cada Partido determinar el régimen de sus vida interna, así como su independencia, dado que el derecho a contar con los elementos necesarios en forma equitativa, en ningún caso podría interpretarse como el otorgamiento de un subsidio o regalía que mediatice sus actividades.

El derecho al uso en forma permanente de los medios de comunicación social, ha sido aplaudido por todos. En breves días mi Partido, el Partido Popular Socialista, presentará la iniciativa de reformas y adiciones a la Ley de Radio y Televisión.

Muy importante también es el reconocimiento y el establecimiento de la facultad de los Partidos Políticos nacionales para participar en las elecciones estatales y municipales. Sería incongruente que siendo éstos la expresión de toda una corriente nacional, tuviera que satisfacer otros requisitos políticos para participar en las elecciones por la renovación de los poderes estatales o municipales.

Señores diputados: Por las razones que hemos expuesto, insistimos en hacer las proposiciones que oportunamente fueron presentadas en las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, por nuestro comisionado, y proponemos las siguientes modificaciones:

Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía, por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos y por los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores en los términos respectivamente establecidos por la Constitución Federal y por las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del pacto federal.

Primera reforma propuesta:

Los partidos políticos son entidades de interés público, y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática; contribuir a la integración de la representación nacional, y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan, y mediante el sufragio universal: Libre, secreto y directo.

Segunda reforma:

Los partidos políticos nacionales, deberán contar en forma equitativa con los elementos necesarios para todas sus actividades.

El tercer párrafo queda igual.

Tercera reforma:

La Ley determinará las formas específicas de la intervención de los partidos políticos en el proceso electoral. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones estatales y municipales.

Firma la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista. Muchas gracias. (Aplausos.)

- La C. Presidenta: Tiene la palabra el señor diputado González Azcuaga del PARM.

El C. Pedro González Azcuaga: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros diputados: Se me ha encargado el venir a esta tribuna a participar con las opiniones de mi Partido en torno a este histórico momento en el desarrollo político de México. Me han indicado que señaladamente traiga a esta Asamblea una reflexión, una necesaria reflexión sobre lo que todos aquí reunidos pudimos observar hace aproximadamente 15 o 16 meses en el acontecer político nacional; vimos entonces el esforzado afán de un mexicano honesto y capaz por provocar la participación de todos los mexicanos, vimos la intención repetida de hacer de la política una actividad de todos, observamos que fuimos testigos de su esfuerzo cotidiano en una campaña histórica por obtener la opinión de todos y con ella hacer un plan de gobierno para todos, que es la mejor manifestación, la mejor expresión de una auténtica y nítida democracia. Dentro de esa intención, el titular de Poder Ejecutivo, a breves meses de haber tomado posesión por mandato popular de la más alta magistratura del país, convocó nuevamente a todas las corrientes políticas del país para que manifestaran sin taxativas de ninguna especie y aún más, alentando las opiniones quizás contradictorias de los más diferentes sectores sociales en una gran consulta nacional sobre la Reforma Política.

En esa gran consulta escuchamos las opiniones más diversas y vimos cómo todo el país expresaba con libertad irrestricta sus

opiniones sobre el México que queremos para nuestros hijos , sobre el país que deseamos construir, sobre las formas que deseamos implementar para el desarrollo de nuestras instituciones. Mayor interés y afán democrático no habíamos observado mucho tiempo atrás.

Es necesario señalar que en la historia reciente de nuestro desarrollo político, esta Cámara de Diputados ha podido ver las reformas fundamentales que en su momento provocaron reacciones similares a las que ahora se han provocado y que de alguna manera, y en mucho, contribuyen al México en el que hoy vivimos.

Cabe hacer mención, desde luego, en este proceso democratizador en el que estamos inmersos, de la actitud ejemplar del expresidente Adolfo Ruiz Cortines, al ampliar al derecho ciudadano para que las mujeres pudieran participar en los procesos electorales. Cabe también señalar, desde luego, la reforma política que el Presidente López Mateos presentó y que hizo posible la estructura actual de esta Cámara de Diputados y que hizo posible que las opiniones hasta entonces condenadas al amarillismo de la prensa, llegaran aquí a formar parte de la voluntad nacional, de la opinión nacional, en la más alta tribuna de la Patria.

Gracias a ello, la voz de Vicente Lombardo Toledano, la voz de Adolfo Christlieb Ibarrola, la voz de Juan Barragán García, estuvieron en esta Cámara de Diputados.

Un nuevo intento por la democratización y por el desarrollo político de México, lo vimos, desde luego, en las reformas constitucionales y en la nueva Ley Federal Electoral, que el Presidente Echeverría presentó en su momento y hoy José López Portillo, en su afán de hacer de la tarea de Gobierno una verdadera tarea democrática, un Gobierno del Pueblo, es decir, de todo el pueblo, de todos, todo el pueblo, por todo el pueblo, por todos y, consecuentemente, para todo el pueblo, para todos integra en este esfuerzo de Reforma Política todo un conjunto de medidas fundamentales que, desde luego, van a cambiar el rostro de la política mexicana.

Es una reforma que afecta realmente las estructuras de nuestro sistema, que recoge las mejores posibilidades para nuestro desarrollo político y que resumen también, de alguna manera, lo mejor de nuestras instituciones democráticas.

Este afán de considerar junto a la legítima opinión de las mayorías la de las minorías políticas, queda francamente manifiesta en la Iniciativa que el Ejecutivo presentó y que respecto al artículo 41 de nuestra Constitución es hoy motivo del presente debate.

Quiero brevemente, mencionar a ustedes lo que expresamos en nuestra comparecencia del día 28 de abril del presente año ante la Comisión Federal, Electoral, en la que propusimos, precisamente, que el artículo 41 constitucional fuese modificado. Ahí, pedimos que ese artículo fuera adicionado con tres párrafos, que son los siguientes:

El derecho a la participación a través de los partidos políticos registrados no podrá ser coartado por los ordenamientos constitucionales de los Estados de la Federación. Los partidos políticos concurren a la formación de la voluntad nacional y se integran por ciudadanos en pleno ejercicio de sus derechos. Es obligación del Estado protegerlos y propiciar su cabal desarrollo democrático. La ley fijará los requisitos para el registro de los partidos.

Hasta aquí la propuesta que en esa ocasión hicimos ante la Comisión Federal Electoral y es para nosotros motivo de profunda satisfacción, de verdadera satisfacción, el hallar que la Iniciativa del Ejecutivo no sólo recoge propuesta de un grupo minoritario, sino que la amplía, la fortalece y la presenta ante esta Asamblea para el desarrollo democrático de México. ¿Cómo no vamos a estar entonces en pro de dictamen y de esta Iniciativa? ¿Cómo no vamos a apoyarlo si ha considerado en su totalidad los puntos que presentamos en nuestra comparecencia ante la Comisión Federal Electoral? Pero más aún, lo que incluye la Iniciativa del Ejecutivo y el Dictamen de las Comisiones no sólo recogió el texto y el contenido de nuestra comparecencia en la Comisión Federal Electoral, sino los reclamos sostenidos que durante algún tiempo hicimos a través de la prensa nacional en otros aspectos. Es necesario señalar que la constitucionalización del sistema de partidos políticos es un paso fundamental en el desarrollo del derecho constitucional mexicano. Es un paso que nos coloca a nivel internacional en una de las posiciones más avanzadas del derecho constitucional, el consagrar dentro de nuestra Carta Magna la vida política de los partidos como eje y como parte fundamental del sistema democrático es una medida que coloca de inmediato a nuestro país en la avanzada del derecho político y del derecho constitucional.

Es pues no sólo un paso fundamental, en el desarrollo constitucional mexicano, sino también, por qué no señalarlo: un avance que nos pone muy por delante del desarrollo constitucional de otros países, en similares o parecidas circunstancias a las nuestras.

Hay algo que dentro de esta iniciativa y dentro del dictamen cabe también reiteradamente, porque particularmente los militantes de los partidos minoritarios, hemos sentido en innumerables ocasiones la grave dificultad que se presenta para la participación en las elecciones locales. Hemos sido múltiples ocasiones víctimas de los estrechos criterios que todavía en algunos lugares se aplican para la participación política.

La inclusión en nuestra Carta Magna del derecho a participar en elecciones estatales y municipales una vez que se han cumplido los registros como partido político nacional, es un paso fundamental que abre las puertas de la participación política. Porque hay Estados de la República donde todavía no puede participar prácticamente ningún partido minoritario,

En esas condiciones vivimos una verdadera apertura, una profunda reforma, una medida que nosotros debemos compartir, sí, para cambiar, para modificar, progresiva y positivamente la vida política de México.

Es esta la responsabilidad fundamental que estamos resumiendo en este momento, porque el rostro político de México, cambiará fundamentalmente a partir de esta reforma, la transcendencia, la importancia, la hondura con que se ha planteado por parte del Ejecutivo y el método mismo con el que se llegó a ella, sin una plena garantía de una auténtica apertura democrática en la intención de José López Portillo y que ha sido recogida claramente por las comisiones, está hacer de la democracia mexicana, un gobierno no de las mayorías, sino de todos, un gobierno que nos concierne a todos, que debe de preocuparnos a todos y en el que debemos de participar todos, minorías y mayorías, cada quien en la medida de sus posibilidades, aportando su cuota del esfuerzo que les corresponde, y con auténtico sentido de responsabilidad.

José López Portillo nos ha puesto - hay que aceptarlo -, en la coyuntura de hacer historia para el desarrollo político de México.

Hay dos formas de obstaculizar la adopción de medidas positivas y revolucionarias. Una de ellas es la oposición, es manifestar abiertamente una oposición tenaz, empecinada a todo aquello que signifique avance, pero hay otra forma de obstaculizar el desarrollo, y es el de querer correr cuando apenas estamos dominando la caminata, es el de querer dar muchos más pasos adelante cuando los que se dan deben de contar con la unidad de todas las fuerzas progresistas y revolucionarias.

Es explicable, ampliamente explicable, la actitud de Acción Nacional con respecto a éstas y a otras reformas. Y en ésta en especial se explica también por las implicaciones políticas del problema.

El argumento fundamental contra el dictamen y contra la iniciativa del Ejecutivo es el que se relaciona con el párrafo segundo en el que se señala que los partidos políticos nacionales deberán contar en forma equitativa con un mínimo de elementos para sus actividades tendientes a la obtención del sufragio popular.

Yo observo en la actitud del Ejecutivo, desde la campaña en la que José López Portillo convocó la voluntad de todos los mexicanos, un deseo sumamente claro por el que los mexicanos vayamos eliminando de nuestra vida cotidiana y de política y de todas las tareas que tenemos los mitos tradicionales. Uno de ellos es precisamente el que señala la independencia de Acción Nacional en virtud de que ellos no reciben subsidio del gobierno. Y es un mito porque todos los dirigentes políticos de todos los partidos saben que la política se hace con esfuerzo, con capacidad y con la voluntad del pueblo, pero también se hace con un mínimo o un máximo pero finalmente una cantidad cualquiera de recursos. Y precisamente, si estos recursos no llegan claramente, por canales claramente establecidos, a las directivas de los partidos, ¿cómo es que llegan a ellas? ¿Qué compromisos y con qué grupos, industriales, financieros, clericales o de qué índole se establecen para el financiamiento de las campañas políticas? ¿No compromete esto la independencia y la movilidad de las organizaciones políticas? ¿No es esto un lastre significativo en la verdadera libertad de los organismos para adoptar decisiones plenamente democráticas? ¿Cuántas veces y en cuántos lugares se ha tenido que optar por el candidato de mayores recursos y no quizá por el mejor candidato, en virtud del costo de las campañas políticas? Y ¿cuántos recursos se mueven detrás de las campañas? Esto, aunque no lo piense así Acción Nacional, aunque no lo sienta así Acción Nacional, es un paso fundamental en el que José López Portillo, quiere también, a su propio partido, al Partido Revolucionario Institucional, fijarle una reglas, unas reglas que son para todos y en las que la campaña y el costo de la misma será claramente establecido. Esta es una vía fundamental, infraestructural para el desarrollo político de México.

Quizá haya una visión estrecha del problema. Esta la visión del confesionario, está la visión de que tendremos, en un momento determinado, que señalar cuáles son nuestros compromisos económicos y cuáles también, en consecuencia, nuestros compromisos políticos; pero si vamos a destruir los mitos en este país, tenemos que actuar con lucidez, con capacidad y con responsabilidad y entender esta medida del Poder Ejecutivo como el paso más sincero, más honesto en ese sentido.

En 1973, en un curso para capacitación de funcionarios electorales, José González Torres, ex candidato a la Presidencia de la República e ideólogo distinguido de Acción Nacional, hizo, por comparación, un encendido elogio de las democracias de otros países en contraste con la pobre vida democrática de México. En aquella ocasión mencionó reiteradamente cómo países tan pequeños, también latinoamericanos como Costa Rica, pueden tener una cierta vida democrática, aparentemente mucho más firme que la nuestra y otros países en Europa, como son Alemania Federal, Suiza, mencionó, y los Estados Unidos, pues precisamente, una de las razones fundamentales de esto, es que desde hace mucho tiempo, en todos estos países, existen sistemas oficiales del Estado para el financiamiento de los partidos políticos, así han podido construir una democracia, incluyendo Costa Rica en donde el sistema fue adoptado hace más de 18 años.

Creemos que, por otra parte, esos recursos de campaña son, desde luego, un instrumento fundamental para la democracia nacional, ¿por qué? Porque los partidos en forma equitativa, y luego podremos ver dentro de la ley todos los detalles de esto, así como poder discutirlo ampliamente, los partidos podrán tener un mejor acceso, una mejor posibilidad de llegar a los electores, a los ciudadanos, a la opinión nacional.

Con las nuevas responsabilidades que se están atribuyendo a los partidos políticos, requieren tener mínimos elementos para su funcionamiento; requieren tener unos mínimos elementos, incluso, para ese acceso permanente a la radio y televisión nacionales, porque hasta ahora lo está señalando en tiempos de campaña únicamente en lo que se refiere a costos para tiempos de campaña, pero todavía no se ha determinado nada en ese acceso permanente que vamos a tener y esto lo saben los expertos del ramo, la producción en estos medios de difusión es algo costoso, es algo oneroso, que algunos partidos no estarían en posibilidades de afrontar.

Ante estas nuevas responsabilidades, sin duda el Estado debe contribuir, aunque sea con elementos mínimos, para el sostenimiento y el desarrollo de los partidos que ahora es también el desarrollo político de México, pero en el aspecto interno los partidos políticos ganan en democratización si hay recursos para que el partido apoye las campañas de todos los candidatos, serán los que tengan más capacidad, los que tengan más militancia, los que tengan mejores posibilidades y no aquellos que puedan aportar más para su campaña.

Por estos motivos, mi partido apoya decididamente tanto la iniciativa del Ejecutivo como el dictamen de las Comisiones sobre el particular. Creemos que, como lo decía con anticipación José López Portillo, nos ha puesto en la coyuntura de hacer historia, hagámosla bien, hagámosla por el desarrollo democrático de México, un voto por la reforma política sentimos nosotros que hoy más que nunca es un voto por México. Muchas gracias. (Aplausos.)

- La C. Presidenta: Tiene la palabra el diputado Miguel Montes.

El C. Miguel Montes García: Con su permiso, ciudadana Presidenta; compañeros diputados. Quiero dividir mi intervención en dos grandes aspectos: el meramente técnico legislativo, jurídico y el político, para contestar, como miembro del Partido Revolucionario Institucional, algunas de las imputaciones que con la forma de preguntas se han hecho a mi Partido.

En primer lugar, quiero señalar que desde el punto de vista jurídico, esta reforma constitucional de aplicación futura, contiene los elementos generales que posteriormente deberán reglamentarse por nosotros mismos. No debe preocupar, desde el punto de vista meramente jurídico a ningún partido minoritario, el que reciba elementos necesarios para lograr una mayor y más fluida comunicación con la ciudadanía cuyo voto pretende.

En primer lugar, esto no es novedoso en los sistemas democráticos; en derecho comparado podemos afirmar que existen muchas naciones del mundo, aquí se han citado varias, podríamos agregar, España, en que este sistema está operando, pero además, dentro del contenido mismo del Artículo 41 Constitucional, cuya reforma se propone, podemos encontrar un elemento total y significativo que nos lleva a afirmar la congruencia del Ejecutivo al proponer la Reforma y la congruencia de las Comisiones Dictaminadoras.

Se propuso y aceptó ya con beneplácito por parte de ustedes, el derecho a la información. Dentro de este mismo Artículo 41 y nadie lo ha objetado, se establece que los partidos políticos tendrán derecho al uso en forma permanente de los medios de comunicación social de acuerdo con las formas y procedimientos que establezca la ley.

¿Por qué todo mundo aceptó que esto era positivo? Porque indudablemente es una manera de que los partidos políticos logren una mayor comunicación con la ciudadanía, tengan elementos de comunicación con la ciudadanía, todos ellos tendientes a captar la voluntad de la ciudadanía y aspirar legítimamente al poder.

Creo que el párrafo impugnado por el Partido de Acción Nacional, en los procesos electorales federales, el párrafo segundo del Dictamen: "En los procesos electorales federales los partidos políticos nacionales deberán contar en forma equitativa con un mínimo de elementos para sus actividades, tendientes a la obtención del sufragio popular", tiene la misma razón de ser que el otro, esto es, facilitar a los partidos políticos, con limpieza, con dignidad, que tengan los elementos que les permitan una mayor comunicación con la ciudadanía cuya voluntad quieren captar, se quieren captar y esto no es vergonzante, ni contra la dignidad, y cuando esté establecido constitucionalmente, será una obligación estatal cuyo cumplimiento deberán y podrán exigir con toda limpieza todos los partidos políticos.

Creo que esto no va contra la dignidad de ningún partido político, lo creo con toda sinceridad, con toda honestidad, pasará a ser un derecho constitucional. En cuanto a que la reforma plantea dudas de la equidad de la repartición, que es el tema que aquí se ha tratado, esa equidad de la repartición indudablemente que será motivo de la Ley reglamentaria, hay muchos sistemas de repartición en este sentido, indemnización por votos, siempre la equidad consistirá en que estos elementos se proporcionen a los partidos políticos que más ciudadanos capten, de otra manera, si estuviera nada más establecido el derecho, sin reglamentarse, se dificultaría su operación, creo que se reglamentará con toda oportunidad y que ustedes mismos, nosotros mismos, participaremos en otra reglamentación.

Pero hay un argumento quizá de más fondo, derivado del contenido del propio artículo, señala el artículo en su actual párrafo cuarto: "Los partidos políticos son entidades de interés público".

Si los partidos políticos, constitucionalmente se definen como entidades de interés público, el Estado tiene interés también en el apropiado funcionamiento, en el justo funcionamiento de los partidos políticos, el interés y obligación, por su característica de interés público, de darles los elementos necesarios para que realicen

su trabajo político y esto lo contiene el Proyecto. Es absolutamente congruente: si los eleva al grado de organismos de interés público, ¡ah!, inmediatamente, por razón lógica, por razón jurídica, adquieren la obligación de que estos organismos de interés público funcionen adecuadamente.

Por eso yo creo que está jurídicamente fundado, el que el Estado se imponga la obligación de dotar a los partidos políticos de los elementos necesarios, de los elementos que le permitan captar la voluntad ciudadana. Luego me referiré a otros aspectos de la opinión del Partido Acción Nacional por voz del diputado Altamirano, quizá jugando un poco con las palabras, quizá también un poco preocupado porque este debate debe mantenerse en una altura de discusión serena y no en el afán de exhibiciones que pretendidamente quieren ser irónicas y que al final sólo son torpes.

Yo quisiera señalar también que es cierto algo de lo que propuso la diputada Marcela Lombardo a nombre del Partido Popular Socialista.

Honestamente pienso que la nota, por llamarla de alguna manera y para el solo efecto de hacerme entender, de que los partidos políticos sean de interés público, merece destacarse y creo que una manera de destacarla, que el artículo no perderá nada, que al contrario quizá ganará ese destacamiento, sería colocar esta característica en primer orden dentro de la reforma. Difiero de algunas otras posiciones que propuso la diputada Marcela Lombardo, quizá no por razón de fondo sino de oportunidad. La reforma política es un principio, el Estado va a dotar a los partidos políticos, en este momento como obligación, de los elementos necesarios durante las campañas, es el primer paso que está dando

No quiero argumentar razones de fondo porque quizá lo deseable en una sociedad democráticamente perfecta, fuese que estos organismos de interés público contasen con todo lo necesario para todas sus actividades, quizá fuese lo deseable, pero me refiero a razones de oportunidad en tiempo y quizá de capacidad económica del propio Estado, y, además, con limitantes que propondría el concepto expresado por la diputada Lombardo.

Primero, todos los partidos políticos, todas sus actividades, quizá también aquellos partidos políticos que como aquí ingenuamente se ha señalado, luchan contra el sistema, porque en esta mañana en esta tribuna alguien dijo que un partido político luchaba contra el sistema del que quiera o no formar parte, porque todos los partidos políticos forman parte de nuestro sistema.

Podrán tener mayor o menor grado de poder, pero todos integran nuestros sistemas y sucede que ese partido político está en lucha contra ese sistema ¿sería también válido que el Estado diera recursos para destruir el sistema que él preside, que él dirige? Esta es una duda que apunto.

Yo creo que coincidiríamos y que la diputada Lombardo quizás coincida conmigo, en que la oportunidad en este momento sólo posibilita el que el Estado Mexicano otorgue estos elementos - y digo que el Estado Mexicano los otorgue - en los momentos de campaña, porque el texto mismo de la Reforma, en su texto no lo expresa; pero todos los que conocemos la manera de interpretación del derecho, sabemos que una de las fuentes a que se acude y más válidas de interpretación es la primaria, la propia legislativa y en La motivación de la Ley, con toda claridad se expresa que el Estado es el que adquirirá la obligación de dar estos servicios.

Como proposición de las comisiones, quisiera sujetar la siguiente: Que sin modificar la redacción del texto del artículo 41, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los párrafos se ordenen de la siguiente manera: los párrafos del Dictamen de la Reforma; quedará vigente el actual párrafo primero del artículo 41, que no se modifica.

El segundo párrafo del artículo 41, sería el primero del proyecto del dictamen, diría: Los partidos políticos son entidades de interés público. La Ley determinará las formas específicas de su intervención en el proceso electoral.

El siguiente párrafo diría: Los Partidos Políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática. Contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos hacer posible en acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios, e ideas que postulan y mediante el sufragio universal secreto y directo.

El tercer párrafo diría: Los Partidos Políticos tendrán derecho al uso en forma permanente de los medios de comunicación social, de acuerdo con las formas de procedimientos que establezca la Ley.

El cuarto párrafo siguiente diría: "En los procesos electorales federales, los Partidos Políticos nacionales deberán contar en forma equitativa con un mínimo de elementos para sus actividades tendientes a la obtención del sufragio popular".

Y el párrafo final diría: "Los Partidos Políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones estatales y municipales".

Esto es una proposición de las Comisiones dictaminadoras, que oportunamente y en términos reglamentarios ruego a la presidencia sujete a la votación de los compañeros diputados constituidos en asamblea.

Quiero ahora solicitar su venia para dentro del dictamen, y sin salirme del orden, porque creo firmemente en el orden parlamentario que facilita las discusiones, en esta forma que es la única que posibilita que lleguemos a acuerdos, quisiera hacer con todo vigor, con convicción, con la militancia en mi Partido que me ha permitido llegar a esta representación popular, una defensa de los principios de mi Partido.

En primer lugar, es fácil utilizar esta tribuna para venir, con el pretexto de hablar sobre un tema, siempre, casi siempre, a criticar la organización interna de un partido político. Es algo que se hace con suma frecuencia y generosamente, la mayoría parlamentaria deja pasar algunas cosas, no las contesta, eso parece ser lícito para las minorías que después de todo no tienen la responsabilidad de decisiones, por lo que demagógicamente en muchas ocasiones, sin responsabilidad plena en otras, vienen a proponer muchas cosas, a sabiendas de que no se van aprobar y a futuro dicen:

Nosotros lo propusimos desde hace 25 años y se olvidan de la responsabilidad política que tienen los Partidos de sólo proponer lo que es social y políticamente viable.

Aquí se puede proponer un mundo ideal; aquí se puede proponer que todos seamos santos, pero eso simplemente no se puede conseguir.

Yo quisiera invitar a las minorías parlamentarias para que las proposiciones que hagan en esta tribuna tengan ese carácter de viabilidad.

Que se analice la viabilidad; que se analice la posibilidad de su realización. Después de todo, la política es la ciencia de lo posible, socialmente hablando.

Por ejemplo, qué hubiera pasado - y es una mera hipótesis - si esta Asamblea convencida por las brillantes falacias expuestas en esta tribuna por un representante de la minoría parlamentaria, hubiera rechazado en lo general la reforma política. Porque eso propuso aquí; se dio un voto en contra, en lo general. Si se vota en lo general en la Reforma Política no lo hubiéramos discutido en lo particular. Seguramente quien propuso, quien sostuvo el voto en contra, estaría muy satisfecho de que este país no avanzara políticamente. Esto definitivamente me parece que es grave y me parece que debe meditarse y que debe tratarse con prudencia.

Por otro lado aquí solamente voy a leer, voy a repetir lo que mi Partido ha dicho en su declaración de principios, en su plan básico de gobierno y lo que han dicho los dirigentes de mi Partido en el momento de que han tenido la dirección del mismo, lo que es mi Partido, lo que es el Partido Revolucionario Institucional: un Partido dirigente, no por accidente de este país; dirigente porque ganó con mayorías y por las armas el derecho a dirigirlo. No lo vamos a perder por las armas; eso es lo que no quieren el Partido. Lo que quiere es un avance pacífico, gradual, democrático, auténticamente democrático.

Somos el Partido en el gobierno, pero no somos el gobierno. Participamos responsablemente de el. Nacimos desde el gobierno, para juntar y organizar a los vencedores. Nacimos de un poder de hecho que pugnaba por ser poder de derecho; nacimos para dirimir las contiendas internas, evitando el derramamiento de sangre.

En los momentos inmediatos al triunfo de la revolución armada, el Partido operó como tenía que operar: partido dominante hegemónico, surgido de una revolución ya en el gobierno, apoyando en las fuerzas reales armadas. Poco después pasó a ser partido mayoritario, sostenido por las fuerzas reales sociales, por la mayorías de la nación. Una revolución que había roto un orden jurídico, que había acabado con las fuerzas de la dictadura, ni pidió permiso para su realización, ni bendiciones legales para estructurar los instrumentos que le permitieran seguir gobernando, tuvo, en cambio, la conciencia de tratar de convertirse en un gobierno jurídico, de institucionalizar la vida nacional, de pretender que su partido dejara de ser dominante para convertirse en mayoritario, de convalidar sus actos con el consenso general de la nación, de institucionalizarse y de buscar la institucionalización de las fuerzas que se le oponían. Pocas revoluciones en el mundo pueden vanagloriarse de estas finalidades y de las realizaciones de ellas derivadas. Esto es una verdad. (Aplausos.)

No cabe duda que teorizar con ironía y sin sapiencia, compasión e ignorancia, es un modo muy efectivo sin calumniar sin pretenderlo.

Nuestro Partido ha sufrido y sufre la calumnia permanente; la ironía sin límite ni proporción, los expertos de fuera ayudados por los ingenuos de dentro han formado leyendas y mitos sobre nuestro partido; mitos y leyendas que van desde aquellas que nos consideran un clan con un consejo de ancianos en la cúspide de la pirámide, hasta que, aquellos que ignoran los términos, nos califican de partidos totalitarios, y mediante frases que en la política son peligrosas extrapolaciones, hablan de integración corporativa por nuestro dual sistema de integración territorial y sectorial.

Somos un partido mayoritario. Ni autoritario, ni totalitario. Fuimos un partido hegemónico, dominante, cuando surgimos de los revolucionarios en el poder. Hoy, simple y sencillamente, somos mayoritarios. No somos cómplices o socios repartiéndonos un botín, somos continuadores de una obra revolucionaria, con flujos y reflujos que, en medio de tropiezos y retrocesos, luchamos por que se consolide y avance, creyendo tener un camino propio y aspirando a elaborar un modelo propio. Somos como cualquier Partido Político en el mundo: Un conjunto de hombres aglutinados, agrupados, persiguiendo ideales, intereses y legítimas ambiciones, únicamente nos distinguimos de otros partidos por haber nacido de una revolución en el poder y por pretender seguir revolucionando con las leyes y con las instituciones. (Aplausos.)

Una de nuestras tesis, una de nuestras afirmaciones fundamentales, es que creemos en la posibilidad, en viabilidad de múltiples, numerosos caminos o vías y también en la necesidad y posibilidad de múltiples, de numerosos modelos, tanto caminos como pueblos distintos, y dentro de esta afirmación creemos haber

encontrado nuestra ruta y estamos decididos a construir nuestro propio modelo en que convivan distintos modos de pensar, sin mengua de la unidad en lo esencial, en que las libertades espirituales y políticas imperen, en que avancemos hacia la justicia social ininterrumpidamente, pues sin justicia social no se concibe la libertad en que la decisión esté en manos de la mayoría y dispongamos cada vez de una mayor y mejor democracia.

Esto lo pretende la Reforma Política que actualmente discutimos y esa Reforma Política es congruente con las pretensiones y finalidades del Partido Revolucionario Institucional. Tan es congruente con las pretensiones del Partido Revolucionario Institucional, que con la Reforma Política, aparte de cumplirse la declaración de principios de nuestro Partido, parcialmente, se está cumpliendo también el Plan Básico de Gobierno, se está cumpliendo en los aspectos precisos de la Reforma Política, plan elaborado institucionalmente por nuestro Partido y como no quiero hablar de memoria y como quiero ser muy serio en la intervención, es bueno que me permitan leer lo relativo al Plan Básico que está cumpliendo el régimen emanado del Partido Revolucionario Institucional.

En el capítulo relativo al Estado de derecho y a la Constitución, la democracia y la política, se estableció, primero, el derecho a la información, el respeto y el impulso al ejercicio de las libertades ha sido y es postulado de la Revolución Mexicana, el derecho a la información constituye una nueva dimensión de la democracia, es una fórmula eficaz para respetar el pluralismo ideológico, esto es, la diversidad y riqueza en la expresión de ideas, opiniones y convicciones. El derecho a la información significa superar la concepción exclusivamente mercantilista de los medios de comunicación; significa renovar la idea tradicional que entiende el derecho de información como equivalente a la libertad de expresión, es decir, libertad para el que produce y emite, pero que se reduciría si ignora que tienen los hombres como receptores de información; segundo, habla también de la función social de información, pero hay un párrafo muy claro, el que se refiere al pluralismo político que es finalidad de un partido político de mayoría y por eso un partido democrático, porque tenemos vocación democrática, mantenemos la certidumbre de que el pluralismo político permite y auspicia la constante transformación de las estructuras sociales.

Proseguir el camino de la democracia implica el más amplio respeto a las libertades públicas y a los derechos políticos de las personas y de las organizaciones.

Consideramos a la autocrítica como una obligación del gobierno y la crítica como un derecho de los particulares que el Estado debe auspiciar y garantizar permanentemente.

La democracia se sustenta en la libertad de expresión, de reunión y de asociación, así como en el ejercicio del sufragio y en las organizaciones políticas que le dan vida y movimiento.

Partidos Políticos y Participación. El Estado debe continuar el impulso al desarrollo de los partidos políticos y el aliento a sus participación, para que expresen libremente las diversas tendencias ideológicas como contribución al fortalecimiento de la democracia. A efecto de estimular la acción y la participación política, preservar las libertades y ampliar e impulsar la democracia, el Plan Básico propone: A) Incrementar hasta un máximo total de 400 el número de representantes de la Cámara de Diputados, mediante el aumento numérico de los distritos electorales. Esta medida propiciará un mejor equilibrio entre el número de representantes y el número de representados. El cambio en la composición de la Cámara de Diputados propiciaría y estimularía asimismo la actualización y modernización de sus procedimientos, órganos directivos, comisiones en sus servicios técnicos. Además se propiciaría al reducirse las dimensiones de los distritos electorales un contacto más cercano entre representados y representantes, así como una mejor atención a los problemas y a las aspiraciones de las colectividades.

B) Porque consideramos que en el ámbito de la libertad política es posible realizar todas las aspiraciones de los mexicanos, ésta debe ser firmemente protegida. Estimamos pertinente instituir una Comisión del Congreso para la salvaguarda política de las libertades públicas y de los derechos políticos.

Basta esto, creo, para ejemplificar la congruencia en principio, propósito, acción y resultados del Partido Revolucionario Institucional, mi Partido actualmente en el poder y quizás, lo deseo, lucharé por ello, por muchos años, por voluntad siempre de la mayoría ciudadana. Muchas gracias. (Aplausos.)

- La C. Presidenta: Se concede el uso de la palabra al diputado Altamirano en su segundo turno.

El C. Gonzalo Altamirano Dimas: Señora Presidenta; compañeros diputados:

Quisiera hacer en este mi segundo turno, tratar de hacer por lo menos, el debate como lo planteó el diputado Montes, en los dos aspectos que él menciona. Primero me referiré al aspecto técnico. Antes de entrar a esta materia, quiero que quede clara la posición del Partido Acción Nacional, en referencia a lo que se ha dicho aquí en esta tribuna; que estamos interesados en penetrar, en inmiscuirnos en la vida interna del Partido Revolucionario.

Esto no es cierto. Acción Nacional ha sostenido como principio, y lo sostiene ahora, nuestro cuestionario al sistema político imperante en México; no estamos en contra de un partido político; estamos en contra de un sistema empeñado en igualar la categoría de partido y gobierno a la vez, porque es muy distinto un partido en el gobierno a que exista un partido del gobierno, y eso es precisamente lo que criticamos: que el gobierno emplee todo

su aparato para sostener a un partido y a sus satélites. Esto no es concebible, señores. Esta es la posición del Partido Acción Nacional.

Se me dijo por parte de diputado de Partido Revolucionario, el primero que tomó la palabra, que estaba cuestionando que no se había recibido con la anticipación debida este proyecto de reformas en la Cámara; tal vez él no escuchó o no estaba en el salón, porque fue todo lo contrario. Yo dije que sí nos llegó oportunamente todo esto.

El diputado del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana dice que nosotros pudiéramos recibir subsidios de empresarios o del clero; nosotros reiteramos en esta ocasión la independencia de allegarse los recursos económicos y materiales por otra parte de los partidos, y rechazamos categóricamente esto porque los empresarios, señores diputados, ustedes saben bien a qué partido político pertenecen. Pero el diputado del Partido Auténtico probablemente conozca mejor la fuente de estos subsidios que él dice que se reciben; él dice que a través de los Presidentes de los Partidos, él nos lo podría explicar mejor cuando era presidente de sus partido. Porque además, el subsidio no solamente se ha traducido en aspecto económico, el subsidio ha tomado otros matices, como el regalar registros a determinados partidos políticos. Hasta allá ha sido el subsidio de parte del gobierno.

Coincidimos con el diputado Montes en que en los sistemas democráticos, los partidos obtengan elementos en forma lícita. Este ha sido nuestro planteamiento: no estamos cuestionando que los partidos políticos se alleguen de recursos, lo que estamos proponiendo es que estos recursos sean propios, que no sean ni por parte del Estado, ni por parte de ninguna otra fuente que se pueda considerar vergonzosa. Esto es lo que rechazamos categóricamente.

Se nos da aquí un adelanto a lo que preguntábamos, en qué sentido se iba a determinar la equidad para proporcionar a los partidos políticos estos elementos. Se nos habla de una posible indemnización por voto: ¿qué, vamos a entender estos como daños y perjuicios? ¿quiénes van a ser los más beneficiados en esto?

Es el cuestionamiento mismo que estábamos haciendo al artículo; creemos que éste debe ser más explícito, por encontrarse en nuestra Carta Fundamental. Si queremos salirnos muy ligeramente y decir que todo vendrá en la Ley Electoral, pues, señores, no estamos cumpliendo como legisladores. Las leyes, una de sus finalidades, debe ser el que traten de ser claras para que no haya lugar a tantas conjeturas que hacen luego, hay que ser claros.

Aceptamos, efectivamente, el derecho a la información, no como una dádiva; aceptamos el derecho a la información como un elemento importante para que los partidos políticos puedan trasmitir sus tesis y sus principios a todos los electores y para que éstos sean en última instancia los que determinen qué partidos políticos deben ser los de su preferencia.

No estamos cuestionando el artículo 41; al contrario, lo vemos con buenos ojos. Solamente estamos impugnando el párrafo segundo, el que abre la posibilidad de que se subsidie a los partidos políticos; eso es lo que estamos cuestionando únicamente.

Nosotros vemos que con todo esto lo que se está pretendiendo, en esta Reforma, es concretamente institucionalizar lo que ha sido una práctica común: que el Estado subsidie a su partido oficial y a sus satélites. Pero esto lo rechazamos categóricamente en Acción Nacional; queremos seguirnos considerando como partido independientes, queremos considerarnos una opción digna para el pueblo de México, y en estos términos no aceptamos este párrafo impugnado, porque reiteramos en esta ocasión, como siempre lo hemos hecho, todo subsidio, dádiva, que prevenga que en alguna forma implique o se interprete como dependencia, no la hemos de recibir, y creo que tampoco el pueblo de México, menos en estos momentos en que la suspicacia se ha dado rienda suelta, en que el pueblo de México quiere recobrar la confianza en sus instituciones.

Señores diputados: no es una actitud facciosa, es una actitud de sentido común, es una actitud razonable que la ley quede bien clara.

Vayamos ahora a examinar el aspecto técnico que nos requería. Yo impugné el artículo 41 en el segundo párrafo, que a la letra dice:

"En los procesos electorales federales, los partidos políticos nacionales deberán contar en forma equitativa, con un mínimo de sus elementos para sus actividades tendientes a la obtención del sufragio popular."

Yo decía en mi primera intervención que este artículo no era claro, porque daba lugar a muchas conjeturas, no se hablaba si estos recursos debían de ser propios o no; después se me vino a replicar en la tribuna que no, que las intenciones eran que el Estado suministrara esos elementos, tal y como lo establece la parte introductiva del dictamen y la propuesta del Poder Ejecutivo, pero no estamos discutiendo intenciones, señores diputados; . estamos discutiendo concretamente el aspecto legal de ese párrafo, porque ese párrafo definitivamente no concuerda con la introducción que se nos presenta. No vamos a legislar sobre intenciones; vamos a legislar sobre hechos.

En la parte introductiva del Ejecutivo refiriéndose al artículo 41, nos dice lo siguiente :

"El carácter de interés público que en la iniciativa se reconoce a los partidos políticos, hace conferir al Estado la obligación de asegurar las condiciones para su desarrollo, y de propiciar y suministrar el mínimo de elementos que éstos requieran en su acción destinada a recabar la decisión ciudadana."

Esto es totalmente no concordante la intención y el artículo mismo. Por eso lo estamos impugnando.

Y aun más grave: si se trata de llevar a cabo esta intención que se menciona en la parte introductiva, pues, señores, entonces con mayor energía estamos impugnando este párrafo.

Yo apelo a la conciencia de todos los compañeros diputados, que se sientan lo que ya repetí hace un momento; que sientan que si queremos contribuir a un fortalecimiento democrático, a una confianza entre gobernantes y gobernados, a un gobierno fuerte, respetado, a un pueblo digno, respetable, pues entonces rechacemos este párrafo y demos la categoría de independientes a los partidos políticos. Muchas gracias. (Aplausos.)

- La C. Presidenta: Tiene la palabra el diputado Montes, por las Comisiones.

El C. Miguel Montes García: C. Presidenta; compañeros diputados: Seré muy breve. Realmente quien exige claridad en esta tribuna ha sido muy poco claro. Les doy mi palabra de que estoy confundido. Por un lado señala que rechaza a nombre de su Partido cualquier tipo de elementos que quiera serle entregado el Estado, y luego exige que si el Estado desea entregar elementos lo diga con claridad. Pero a continuación dice que aunque lo diga con claridad no los quiere. Ahora sí ya lo entendí. Discúlpenme ustedes. Es necesario ver qué técnica se ha seguido en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, para saber que cuando se trata del interés público, del orden público, las obligaciones correlativas de los derechos que se establecen en la Constitución son a cargo del Estado. Esto es elemental; aunque no lo señale la Constitución. Una norma de orden público que establece un derecho colectivo, un derecho general o que establece un derecho individual, es a cargo del Estado.

Ahora bien, yo quisiera simplemente señalar lo siguiente: No pretendo convencer al compañero que me antecedió en el uso de la palabra, sino dejar muy claro que el dictamen y la iniciativa son correctos. No pretendo convencer al compañero - y perdóneme que lo diga con esta franqueza, yo solamente hablo así a quienes considero estimables, no es un signo de desprecio de mi parte sino todo lo contrario -, si yo no he podido desbaratar sus dudas, si usted continúa con sus dudas, lo más que yo puedo hacer, de verdad, es darle el domicilio de la Universidad y de la Escuela de Leyes de este país. Con permiso. (Aplausos.)

- La C. Presidenta: Tiene la palabra el C. Diputado González Azcuaga.

El C. Pedro González Azcuaga: Señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados.

Dice un viejo refrán que "satisfacción no pedida, acusación manifiesta". Yo diría, yo dije, que posiblemente, refiriéndome al problema del financiamiento de los partidos políticos, podría haber detrás compromisos, señalando qué clase de compromisos, con qué grupos, incluso con el clero, pueden estar detrás de este mito, de uno de los grandes mitos de esta política mexicana y que es la independencia de Acción Nacional.

La respuesta que el señor diputado nos da, desde luego, la idea de que al sentirse aludido, han tenido muy de cerca, muy de dentro este grave problema y es algo que en ocasiones anteriores se ha mencionado y es algo que, desde la misma manera, él viene a poner en mi boca palabras que yo no dije; muchas veces ha sido usado con la misma artimaña por oradores mucho más brillantes de Acción Nacional, también siendo la misma actitud con la que pretenden ocultar lo que es inocultable.

Es o no cierto que en su convención nacional del año pasado, Acción Nacional, la Dirección de Acción Nacional se enfrento de repente a la opinión mayoritaria de sus delegados y, teniendo pues todos esos recursos internos que la propia Dirección tiene, no presentó candidato a la Presidencia de la República, porque el candidato y quienes habían hecho su campaña o su precampaña interna, eran destacados, prominentes industriales, abogados y publicistas del Grupo Monterrey; es o no cierto que este problema los dejó en la pasada campaña sin candidato a la Presidencia de la República; y es o no cierto que de esta manera muchos Estados de la República prefirieron no participar en la elección, en la campaña federal y abstenerse de presentar candidato y gracias a ello, la representación de Acción Nacional en esta Cámara de Diputados se ha visto disminuida en la presente Legislatura.

Hay o no, o ha habido o no un compromiso con estos grupos.

Sin duda esto es lo que debemos dejar de lado, esto es lo que debemos de superar, esto es lo que debemos conjuntamente, incluso con Acción Nacional, de meditar.

Se trata de que no sean las burguesías de las ciudades, medianas o grandes de provincia, las que tengan, por sus propios recursos, un partido político nacional; se trata de que aunque lo tengan, puedan tener en forma equitativa, los recursos del pueblo de México para sostener sus muy legítimas aspiraciones políticas y también para sostener sus campañas y llegar al elector.

Lamento que en la intervención del diputado Dimas, haya pretendido hacer descender este debate a una situación personal, lo lamento profundamente, porque creo que éste no es el momento, definitivamente, para enfrascarnos en una discusión que no va a llevar a ningún lado.

El consenso mayoritario pero también de muchos, de muchos miembros de Acción Nacional en todo el país, es por la Reforma Política. Creo que de todas formas no se puede llamar satélite a un partido que ha dado las más enconadas luchas electorales de los últimos meses y de los últimos años al partido mayoritario en el poder, y esta Cámara y ustedes mismos, y todos ustedes, son testigos de esto.

Estamos en una alianza de grupos revolucionarios y nacionalistas; estamos definitivamente con José López Portillo, pero lo expresamos desde la campaña, más que nada, estamos con ese afán del Presidente de la República de gobernar para todos y que por estrechez de criterio desaprovechemos esta magnífica oportunidad, esta oportunidad de abrir las puertas a la participación política, que será benéfica sin

duda para Acción Nacional también, me parece sumamente grave, me parece cuando no ceguera, sí francamente, lo debo decir de nuevo, un criterio estrecho de confesionario.

Acción Nacional ha incrementado su participación, ha incrementado su membresía en la medida en que la Cámara de Diputados tuvo una voz más coherente, más amplia que pudiera defender sus posiciones, y Acción Nacional también, muy recientemente, algunos de sus dirigentes más destacados, han criticado, abiertamente el sistema de diputados de partido que fue el que permitió que tuvieran esas posiciones y esa penetración.

Yo siento que están una vez más remando contra sus propios intereses, contra sus intereses de clase, contra sus intereses de grupo y contra los intereses de sus miembros. Estamos tratando de dar un paso fundamental en el desarrollo democrático de México; yo los invito, con alteza de miras, con la capacidad indiscutible que muchos de ustedes tienen, a que reflexionemos sobre el particular, y a que en búsqueda de la solución efectiva, que sea, sí, para que el partido mayoritario, en tanto represente a las mayorías, pues siga en el poder, ese es el secreto de la democracia, pero también que los partidos minoritarios participen del poder, de las obligaciones y de las responsabilidades del gobierno, y para incrementar esto, necesitamos estar unidos en lo fundamental, creemos que lo fundamental es luchar por la democracia en México y este paso, siento que en conciencia para todos nosotros, es un paso fundamental en ese sentido. Muchas gracias. (Aplausos.)

- La C. Presidenta: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se acepta o se desecha la primera modificación presentada por el diputado de Acción Nacional.

- La C. secretaria Mirna Esther Hoyos de Navarrete: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se acepta o se desecha la modificación propuesta por el diputado Altamirano Dimas.

Los que estén por que se acepte. . .