Legislatura L - Año II - Período Ordinario - Fecha 19771024 - Número de Diario 21
(L50A2P1oN021F19771024.xml)Núm. Diario:21ENCABEZADO
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
"L" LEGISLATURA
Registrado como artículo de 2a. clase en la Administración Local de Correos, el 21 de septiembre de 1921
AÑO II México, D. F., Lunes 24 de Octubre de 1977 TOMO II. - NUM. 21
SUMARIO
SUMARIO
Apertura
Orden de día
Acta de la sesión anterior. Se aprueba
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
Comparecencia del C. Director de PEMEX
Puntos de Acuerdo que determinan se invita al C. Director de Petróleos Mexicanos para que comparezca ante la Cámara de Diputados e informe sobre el proyecto de construcción del gasoducto troncal de Chiapas a Tamaulipas. Igualmente, que se gire oficio al C. Secretario de Gobernación a fin de que recabe del C. Presidente de la República la autorización correspondiente. Segunda lectura. Se aprueban
Reformas Constitucionales
Proyecto de Decreto que contiene los artículos 10, 11 y 13, que reforman y adicionan diversos artículos Constitucionales
A discusión el artículo 10 que reforma el 73 de la Constitución. Usan de la palabra, para una modificación, la C. María Elena Alvarez de Vicencio; en pro el C. Eugenio Soto Sánchez; en contra el C. Francisco Ortiz Mendoza; por las Comisiones, el C. Enrique Alvarez del Castillo; para aclaraciones el C. Ortiz Mendoza y el C. Alvarez del Castillo, miembro de las Comisiones; para hechos el C. Francisco Ortiz Mendoza. Se desechan las modificaciones propuestas por la diputada Alvarez de Vicencio y por el diputado Ortiz Mendoza. Se aprueba el artículo 10 en sus términos, por mayoría
A debate el artículo 11, que reforma el 74 de la Constitución. Intervienen, para proponer modificaciones el C. Miguel Hernández Labastida; en pro el C. Roberto Olivares Vera; en contra el C. Hector Ramírez Cuéllar; en pro el C. Julio Zamora Bátiz; nuevamente el C. Ramírez Cuéllar y el C. Zamora Bátiz Se desechan las propuestas de los CC. Hernández Labastida y Ramírez Cuéllar. Se aprueba en sus términos el artículo 11, por mayoría
A discusión el artículo 13, que adiciona el 93 de nuestra Constitución. Hablan, para una modificación, el C. Jorge Garabito Martínez; en pro la C. Ifigenia Martínez de Navarrete; para proponer nueva redacción el C. Armando Labra Manjarrez; por segunda ocasión el C. Garabito Martínez y la C. Martínez de Navarrete; por las Comisiones, el C. Miguel Montes García. Se desecha la propuesta del C. Garabito Martínez y en cambio, se aprueba la del C. Labra Manjarrez. Se aprueba el artículo 13 con la modificación aceptada, por mayoría
Orden del día
Se da lectura al Orden del Día de la sesión próxima
Aclaración
Del C. Francisco José Peniche Bolio sobre el Orden del Día al que se acaba de dar lectura. Se levanta la sesión
DEBATE
PRESIDENCIA DE LA C. MARTA ANDRADE DE DEL ROSAL
(Asistencia de 178 ciudadanos diputados)
APERTURA
- La C. Presidenta (a las 10:20 horas): Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
- La C. prosecretaria Lucía Betanzos de Bay:
"Segundo Período Ordinario de Sesiones. `L' Legislatura.
Orden del Día
24 de octubre de 1977.
Lectura del Acta de la Sesión anterior.
Dictámenes a discusión.
De la Comisión de Desarrollo de los Recursos Naturales y Energéticos Sección Petróleo, relativo a la solicitud del Partido Acción Nacional para que comparezca el C. ingeniero Jorge Díaz Serrano.
De las Comisiones unidas Primera de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 6o., 41, 51, 52, 53, 54, 55, 60, 61, 65, 70, 73, 74, 76, 93, 97 y 115."
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
- El C. secretario Alberto Ramírez Gutiérrez:
"Acta de la Sesión de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Legislatura del H. Congreso de la Unión efectuada el día veintiuno de octubre de mil novecientos setenta y siete.
Presidencia de la C. Marta Andrade de Del Rosal.
En la ciudad de México, a las diez horas y veinte minutos del viernes veintiuno de octubre de mil novecientos setenta y siete, con asistencia de ciento noventa y seis ciudadanos diputados, la Presidencia declara abierta la sesión.
Lectura del Orden del Día y del Acta de la sesión anterior, verificada el día de ayer, misma que sin discusión se aprueba.
Se da cuenta de los documentos en cartera:
El C. Daniel Nogueira Huerta, integrante de la Comisión de Desarrollo de los Medios de Comunicación. Secciones radio y televisión de lectura al Informe relativo a la proposición de la diputación del Partido Popular Socialista, a fin de que las sesiones de la Cámara de Diputados en que se traten proyectos de Ley y proposiciones de importancia sean transmitidas por radio y televisión .
Al respecto, el Informe que es del conocimiento de los señores diputados, que a partir del día diecinueve del mes en curso se han transmitido parcialmente por televisión, las sesiones efectuadas por esta Cámara de Diputados.
En tal virtud, queda debidamente cumplimentada la solicitud del Partido Popular Socialista. De enterado. Archívese el expediente.
La propia Comisión de Desarrollo de los Recursos Naturales y Energéticos, Sección Petróleo, suscribe un dictamen que concluye con puntos de Acuerdo, que determinan se cite al C. Director de Petróleos Mexicanos, para que comparezca ante esta Cámara de Diputados e informe sobre el proyecto de construcción del gasoducto que partirá de Chiapas a Tamaulipas. Asimismo se gire oficio al C. Secretario de Gobernación, a fin de que recabe del C. Presidente de la República la autorización correspondiente. Primera lectura.
La Presidencia informa a la Asamblea, que de conformidad con el Acuerdo aprobado en la sesión del día diecinueve del actual, están a discusión los Artículos 6o., 7o., 8o y 9o. del proyecto de Decreto que reforma varios artículos Constitucionales.
A discusión el Artículo 6o. del proyecto de Decreto, que reforma el Artículo 60 Constitucional.
Se abre el registro de oradores.
A moción del C. Antonio Riva Palacio López, la Asamblea aprueba que se discutan los cuatro párrafos de que consta el Artículo 6o. del proyecto, mismo que reforma el mencionado Artículo 60 Constitucional, párrafo por párrafo.
Hacen uso de la palabra, en contra el C. Francisco José Peniche Bolio; en pro el C. Manuel Hernández Alvarado; para proponer una nueva redacción, el C. Román Ramírez Contreras; para rebatir las argumentaciones de los oradores que hablaron en contra, intervienen los CC. Guillermo Cosío Vidaurri y Enrique Alvarez del Castillo, miembros de las Comisiones dictaminadoras.
Suficientemente discutido el primer párrafo del artículo, se reserva para su votación nominal en conjunto.
A discusión el párrafo segundo.
Usan de la Tribuna, en contra, el C. Jorge Garabito Martínez; por las Comisiones, el C. Guillermo Cosío Vidaurri.
Suficientemente discutido, se reserva para su votación nominal en conjunto.
A debate el cuarto párrafo.
Hablan, para una aclaración y proponer una modificación, el C. Francisco José Peniche Bolio; por las Comisiones, el C. Enrique Alvarez del Castillo, rebate al orador.
Se considera suficientemente discutido el cuarto párrafo y se reserva para su votación nominal en conjunto.
La Asamblea en votación económica, desecha la proposición presentada por el C. Román Ramírez Contreras, al primer párrafo del artículo a debate.
Lo propio hace la Asamblea, en lo relativo a la adición propuesta al párrafo cuarto, por el C. Francisco José Peniche Bolio.
A continuación se procede a recoger la votación nominal del artículo 6o. del proyecto de Decreto que reforma el artículo 60 constitucional, resultando aprobado por ciento sesenta y cinco votos de la afirmativa, por veinticinco de la negativa.
A las catorce horas y cincuenta minutos, la Presidencia declara un receso.
A las diecisiete horas y quince minutos se reanuda la sesión, con asistencia de ciento sesenta y ocho ciudadanos diputados.
A discusión el artículo 7o. del proyecto de Decreto. No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
A discusión el artículo 8o., que reforma el artículo 65 constitucional.
Hacen uso de la palabra, en contra el C. Héctor Ramírez Cuéllar; en pro el C. Héctor Hernández Casanova; el C. Carlos Manuel Vargas Sánchez declina su turno en la tribuna; nuevamente en contra, el C. Héctor Ramírez Cuéllar; en pro el C. Carlos Manuel Vargas Sánchez; para una aclaración, el C. Héctor Ramírez Cuéllar y finalmente, por las Comisiones Dictaminadoras el C. Miguel Montes García.
Suficientemente discutido el artículo 8o., en votación nominal se aprueba por unanimidad de ciento setenta y dos votos.
A discusión el artículo 9o. del proyecto de Decreto que adiciona el artículo 70 de la Constitución General de la República.
Intervienen en contra el C. José Francisco Peniche Bolio; por las Comisiones Dictaminadoras, los CC. Ángel Sergio Guerrero Mier y Luis Priego Ortiz.
Suficientemente discutido se aprueba en sus términos el artículo 9o. por ciento sesenta y cinco votos en pro y trece en contra, en votación nominal.
Agotados los asuntos en cartera, se da lectura el Orden del Día de la próxima sesión.
A las diecinueve horas se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el lunes veinticuatro de los corrientes, a las diez horas."
Está a discusión el Acta... No Habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba...Aprobada.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
Comparecencia del C. Director de Petróleos Mexicanos
- La C. prosecretaria Lucía Betanzos de Bay:
"Comisión de Desarrollo de los Recursos Naturales y Energéticos, Sección Petróleo.
Honorable Asamblea:
En sesión celebrada el 20 de los corrientes, se turnó a la Comisión de Desarrollo de los Recursos Naturales y Energéticos, Sección Petróleo, para su estudio y dictamen, la Proposición presentada por los ciudadanos diputados integrantes del Partido Acción Nacional, relacionada con el proyecto de construcción de un gasoducto.
Los miembros de la Sección Petróleo, al estudio de la mencionada proposición, llegaron a la conclusión de que efectivamente, es necesaria la comparecencia del ciudadano Director de Petróleos Mexicanos, ante esta Cámara, para que la opinión pública esté debidamente informada y con veracidad, respecto de la construcción del mencionado gasoducto.
Por lo anterior y con fundamento en lo que dispone la segunda parte del artículo 93 Constitucional y el artículo 53 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a la consideración de esta honorable Asamblea los siguientes
PUNTOS DE ACUERDO
Primero. Cítese al ciudadano Director de Petróleos Mexicanos, para que comparezca ante esta H. Cámara de Diputados e informe ampliamente sobre el proyecto de construcción del gasoducto que partirá del Estado de Chiapas hasta el Estado de Tamaulipas.
Segundo. Sírvase la Secretaría girar atento oficio al Secretario de Gobernación, solicitándole sea el conducto para recabar del C. Presidente de la República, la autorización que corresponda, a fin de que el propio Director de Petróleos Mexicanos comparezca ante esta Representación Nacional.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. - México, D. F., a 21 de octubre de 1977. - Desarrollo de los Recursos Naturales y Energéticos: Jesús Alberto Mora López. - Sección Petróleo: Emilio Salgado Zubiaga. - Manuel Villafuerte Mijangos. - Francisco Rabelo Cupido. - Efraín Mera Arias. - Abelardo Carrillo Zavala. - Guillermo Islas Olguín. - Julio Dolores Martínez Rodríguez. - Juan Meléndez Pacheco. - Mario Martínez Dector. - Ezequiel Rodríguez Otal. - José de las Fuentes Rodríguez. - Crescencio Herrera Herrera."
Está a discusión el punto de Acuerdo...No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueban los puntos de Acuerdo...Aprobados señora Presidenta.
REFORMAS CONSTITUCIONALES
- La C. Presidenta: En cumplimiento del Acuerdo tomado en sesión del 19 de los corrientes, están a discusión, en lo particular, los Artículos 10, 11 y 13, del proyecto de Decreto, que fueron reservados.
Se abre el registro de oradores para la discusión del Artículo 10 del proyecto de Decreto...
Esta Presidencia informa que se han inscrito, para hablar en contra del Artículo 10 del proyecto, que reforma el 73 Constitucional, María Elena Alvarez de Vicencio y Francisco Ortiz Mendoza, en contra. En pro, Eugenio Soto Sánchez, Enrique Alvarez del Castillo y Enrique Ramírez y Ramírez.
Tiene la palabra la diputado Alvarez de Vicencio.
- La C. María Elena Alvarez de Vicencio: Señora Presidenta; señoras y señores diputados. Me he inscrito para hablar en contra en el artículo décimo de la iniciativa de reformas y adiciones a la Constitución solamente en lo que se refiere a la primera parte, o sea a adicionar con una base segunda la fracción VI.
Desde que el Ejecutivo anunció que se venía gestando en la República una reforma política, todos los ciudadanos conscientes de la nación nos sentimos expectantes y esperanzados, pero ningún ciudadano responsable del Distrito Federal pudo permanecer impasible y su expectación y esperanza se acrecentó más que en el resto de los ciudadanos porque las necesidades de reforma política en el Distrito Federal se han convertido al presente en una angustiosa necesidad que reclama una solución adecuada y profunda. Por eso los ciudadanos
del Distrito Federal recibimos pues la reforma política con gran esperanza.
Es justificable esta ansiedad, esta necesidad de reformas políticas en el Distrito Federal porque toda la historia de nuestra gran comunidad ha sido un proceso de acontecimientos que han llevado a nuestra comunidad siempre de más a menos. Desde 1824, en que se creó el Distrito Federal, se han visto cada vez más disminuidos los derechos políticos de los ciudadanos del Distrito Federal, hasta que a la fecha han desaparecido totalmente en todo lo que se refiere a la elección de autoridades locales y a su intervención en las decisiones de gobierno de la entidad federativa que habitan.
En el Constituyente de 1857, al discutir la fórmula para la integración de la autoridad local en el Distrito Federal, sede de los poderes de la Unión, se llegó a decir que a esta entidad no le quedaba ni la más remota esperanza de que dejara de ser el paria de la Federación y cada día se fue comprobando y ahorita podemos ver que es una realidad. El Distrito Federal es el paria de la Federación en cuanto a derechos políticos se refiere. Ahí mismo, en 1857, se retiró al pueblo la posibilidad de elegir a su gobernante. Se le otorgó al Congreso de la Unión la facultad de arreglar el régimen interior del Distrito Federal, reservando al pueblo sólo la organización municipal.
Pero en 1903, Porfirio Díaz, en uso de facultades extraordinarias y en un acto dictatorial, disminuyó la autoridad de las municipalidades, estableciendo que al Gobernador del Distrito Federal lo nombrara el Secretario de Gobernación, y que ejerciera su mandato como en equipo, con el Secretario de Salubridad y con el Secretario de Obras Públicas. Las autoridades municipales, afortunadamente, todavía se siguieron eligiendo popularmente en 1903.
En 1911 brilló para el Distrito Federal una esperanza de rectificación, pues con el gobierno de don Francisco I. Madero, los ayuntamientos fueron rehabilitados.
En 1917, se aprueban en el artículo 73 de la Constitución nuevamente bases semejantes a las de la Constitución de 1857 sobre la elección popular de los ayuntamientos, pero ya se establece que el gobernador del Distrito Federal lo nombre el Presidente de la República.
En 1928 se reforma nuevamente el artículo 73. Se suprimen totalmente los ayuntamientos de elección popular, con el pretexto de poner de acuerdo la realidad con las disposiciones legales y se creó en el Departamento del Distrito Federal, de acuerdo con la Ley Orgánica que acompaño a esta Reforma, se crearon 13 delegaciones foráneas, encomendadas a un Delegado, a quien no le daban mando de fuerza ni manejo de hacienda pública, con lo cual los Delegados llegaron a tener casi solamente un carácter decorativo.
El poder se concentró, pues, en la persona del Jefe del Departamento: se crearon los Consejos Consultivos Central y de las Delegaciones, que pasaron a ser órganos de simple opinión, que ninguna autoridad estaba obligada a consultar, mucho menos a obedecer el resultado de las consultas.
En 1941, cuando la necesidad de una revisión a fondo era evidente por los problemas que se observaban, se presenta un proyecto de Ley Orgánica con una exposición de motivos de escasas dos cuartillas, en las que se le pide al Congreso que sea aprobado de inmediato, sin ninguna discusión, por considerarse de obvia y urgente resolución.
Vemos que un problema que era de tanto fondo y tanta trascendencia, se trata de resolver con una ley aprobada a la ligera por ser de obvia y urgente resolución. De esta ley se suprimen los Consejos de las delegaciones y sólo subsiste el consejo central. Se le da a este consejo consultivo una nueva fachada, una fachada como de carácter fascista, pues se le integra con representantes de diferentes sectores: juvenil, obrero, empresarial, etc., y se sigue atribuyéndole las mismas e inútiles facultades; sólo un órgano de opinión al que ninguna autoridad está obligada a consultar y desde luego, tampoco obligada a tener en cuenta el resultado de sus consultas.
En 1970, la nueva ley establece las juntas de vecinos, nombradas por los Delegados y con cuyos presidentes, que de entre ellos mismos se elige, se forma el consejo consultivo.
Aquí sí viene para el Distrito Federal el retroceso definitivo. Parece que le ponen a nuestro Distrito Federal una copia fiel del Virreinato de la Colonia. La audiencia que celebraba el virrey nombrado por el rey, la integra para pedirle consejo y si él quiere seguir el consejo, lo sigue y si no quiere, no lo sigue.
En estas juntas de vecinos que, al formarlas, creo que se pensó que sería la solución a los problemas que aquejaban al Distrito Federal, vimos, con pesar, que lejos de resolver los problemas del Distrito Federal, los agravaron. Fue muy significativo que en la gira presidencial, el mayor número de quejas que recibió el candidato, eras presentadas por anomalías ocurridas y causadas por las juntas de vecinos. Esto lo publicaba la prensa, no es cosa que nosotros nos podamos imaginar. Y no podría ser de otra manera, porque estas juntas son designadas desde una forma unilateral en las cuales no participará para nada la voluntad del pueblo, aunque sus miembros sean extraídos del pueblo. Son un grupo de cortesanos formados por los delegados que ninguna relación tienen con este pueblo. Antes, en los pueblos que estaban gobernados por el rey, solamente les quedaba a los súbditos la solución de pedir a Dios que el rey les saliera bueno y que los tratara con algo de misericordia, pero a los habitantes del Distrito Federal que vivimos en el siglo XXI en un país que se precia y tiene como gran título una gran democracia, a los habitantes del Distrito Federal, en el momento presente, a veces casi sólo nos queda el único recurso de pedirle a Dios que nuestro virrey o que nuestro Jefe del Departamento nos salga bueno y nos trate bien porque no tenemos recurso de poder cambiar de autoridad o exigirle, porque nosotros no lo
hemos elegido. En el Distrito Federal sentimos que hay una gran anarquía, que el caos administrativo aumenta día a día presionado por el aumento de habitantes, porque cada día llegan al Distrito Federal entre nacimientos y gente de la provincia que se viene a establecer mil personas. Hace más de 30 años que se siente que no hay reglamentos efectivos y que los que hay son casi desconocidos por la mayoría de los ciudadanos. Toda esta evidencia de necesidad de soluciones nos mueve a pensar en que el Distrito Federal necesita una reforma a fondo, una reforma profunda que cambie totalmente las raíces de este conflicto que está ocasionando como base el hecho de que los habitantes del Distrito Federal no tienen autoridades a quien exigir y a quien obligar que cumplan con los requerimientos que la comunidad necesita. Se sigue pues comprobando, que los habitantes del Distrito Federal, que son los que tienen más acceso a fuentes de cultura y preparación, que son los ciudadanos mexicanos de quienes más se podía esperar que respondieran con espíritu comunitario, con gran responsabilidad al cumplimiento de sus obligaciones para con la patria y la comunidad en que viven, que en la mayoría de los casos son estos ciudadanos los que manifiestan menos espíritu comunitario, menos espíritu de responsabilidad, ¿no se puede pensar que el origen de estas fallas ciudadanas, sean origen de que se les ha privado el ejercicio de sus derechos políticos? Yo pienso que mucho tiene que ver y estoy convencida de que a los ciudadanos se les lesiona su dignidad prohibiéndoles el ejercicio del derecho ciudadano más importante, como es el derecho a la elección de sus gobernantes .
Vamos a tener que seguir lamentando, que los habitantes del Distrito Federal, sigan caminando por este camino de disimulo, por este camino de salirse por la tangente, por este camino de querer sacar sólo provecho personal y no pensar para nada en el beneficio de la comunidad. Los ciudadanos del Distrito Federal, seguirán anteponiendo el beneficio propio al beneficio de la comunidad, si no les enseñamos, ejercitando sus derechos ciudadanos, a anteponer el bien común, por convencimiento del bien de su comunidad.
Se esgrimieron también, para llegar a este estado de cosas en el Distrito Federal, argumentos tecnocráticos, en los que se fundaron para privar de los derechos electorales a los ciudadanos, reduciéndolos a su actual condición. Esos argumentos tecnocráticos ya no resultan suficientes. Si ese criterio técnico, tuviera que aplicarse para ser congruente con los argumentos de los legisladores de 1928, habría que ir suprimiendo paulatinamente, a las autoridades municipales de las ciudades de la República, cuyo crecimiento se aproximara al que representaba el de la ciudad de México en ese año de 1928 y ya se haría necesario en este momento, suprimir los ayuntamientos de elección popular en las ciudades de Guadalajara y de Monterrey y a este paso, poco a poco se implantaría como camino necesario el de la supresión del derecho del pueblo a elegir a sus autoridades más cercanas que como tales requieren una especial vinculación democrática con sus gobernantes. También se esgrimió la supuesta inconveniencia de que coexistan los poderes federales con una autoridad local autónoma y democrática so pretexto de la unidad de mando que se representa cono necesariamente monolítica y que se fundó en consideraciones inexactas, pienso yo, porque es normal la coexistencia de mando como es evidente en muchos otros países, que en las capitales de los Estados - y también aquí en la República lo vemos - , pueden coexistir los gobiernos locales y los gobiernos de los ayuntamientos.
Entonces, pensamos que tampoco es vigente ese argumento en el que se fundó esta supresión de derechos a los ciudadanos del Distrito Federal.
Convencidos en Acción Nacional de que este estado de cosas debía cambiarse de raíz totalmente, hemos presentado en dos ocasiones iniciativas de reformas constitucionales a este artículo 73.
Presentamos una en 1964, las cuales no han sido todavía dictaminadas.
En nuestra iniciativa de 1974 exponíamos muy claramente y dejamos sentado, quedando a salvo en los derechos democráticos de los ciudadanos del Distrito Federal, y sin mengua de la unidad y decisiones que requieren la administración para toda la entidad federativa, era posible restituirle al Distrito Federal la calidad de ciudadanos de un país democrático.
En nuestra proposición, el Consejo Consultivo se convertiría en verdadero órgano de gobierno, en un verdadero consejo que participa de gobierno de la entidad, que la comparte con el Jefe del Departamento, que puede y debe seguir siendo nombrado por el Presidente, pero que estaría auxiliado y que le llevaría directamente el mensaje de la opinión pública a través del Consejo elegido por el pueblo del Distrito Federal.
Se dejaba muy claro y se ponía de manifestó que no se estaba invadiendo atribuciones de funcionarios, sin que solamente en forma institucional se podría recibir continuamente el juicio popular a través de los Consejeros que ellos mismos habían elegido.
Ahora nuevamente, con motivo de esta reforma, Acción Nacional presenta su exigencia de que sea revisado a fondo el problema del Distrito Federal, de que se den soluciones totales y completas para que no siga existiendo en el Distrito Federal este caos que nos hace sentir que vivimos en una jungla, en una jungla contaminada por ruido, basura y smog; nosotros pensamos que si se pudiera corregir a fondo la vida de los habitantes en el Distrito Federal, podría ser agradable a pesar de los grandes problemas que como toda ciudad grande no va a dejar de tener.
¿Y cuál fue la respuesta que a estas exigencias nos da el Proyecto de Reforma Política?
La sentimos totalmente tibia, completamente insuficiente, el agregado a la base segunda de
la fracción sexta, no responde para nada a la magnitud del problema del Distrito Federal y estamos en contra de ella, no porque estemos en contra en esencia de lo positivo que puede ser un referéndum, estamos en contra porque eso no es la respuesta a las necesidades del Distrito Federal; estamos en contra porque el Distrito Federal necesita soluciones totales, no solamente componendas con fracciones de enmienda.
Nos salta a la vista, al leer esta adición del referéndum, nos saltan a la vista muchas preguntas y se nos hubiera ocurrido siquiera pensar en algo que si no fuera de fondo, por lo menos fuera un paso, un avance más importante. No se nos ofrece siquiera una consulta para que el habitante del Distrito Federal reafirme si está de acuerdo o no con el nombramiento que el Ejecutivo hace de su gobernante, eso no entra, desde luego no es materia de referéndum, pero podía ser de una consulta. El referéndum solamente plantea rectificaciones en leyes o reglamentos, pero aunque esto llegara a ser positivo, dada la situación actual del Distrito Federal, se nos ocurre preguntarnos: ¿Qué leyes y qué reglamentos va a determinar la ley respectiva que se sometan a referéndum? ¿Serán las que interesan al pueblo o serán solamente las que interesan al gobierno?
En el mecanismo del referéndum ¿se va a seguir aplicando las mismas prácticas viciadas de elecciones al estilo PRI, con votos cautivos, con presiones, con padrones falseados?
En este cuadro, ¿tiene algún sentido el referéndum? Es una pregunta que nosotros nos hacemos. ¿Se podrá pensar que es algo prometedor al referéndum?
Realmente yo no lo siento prometedor. Todo lo contrario. Lo siento incongruente con la situación real del Distrito Federal y lo siento incongruente porque la definición de referéndum es: el acto de someter al voto popular directo las leyes o actos administrativos para la ratificación por el pueblo de lo que votaron sus representantes y los ciudadanos del Distrito Federal. No tenemos representantes directos electos por nosotros, entonces ¿Cómo vamos a refrendar los actos que estos representantes hayan votado?
La única persona que ha sido electo a nuestro representante es el Presidente, bastaría con que él haga el referéndum. El referéndum, nosotros entendemos, es un complemento a la democracia. Por eso la rechazamos para el Distrito Federal, porque el Distrito Federal exige democracia, no exige sustitutos de la democracia.
Y un argumento último.
Por razones de orden práctico no sería posible estar sometiendo a referéndum todas las leyes y las disposiciones reglamentarias del Distrito Federal. Entonces, ¿qué sentido tiene que se haga alguna vez un referéndum para un punto que al final será el que le interese al gobierno someter? Y viene también en esta visión un segundo punto: Donde dice que se va a permitir que los ordenamientos legales y los reglamentos sean objeto de iniciativa popular nos surge la duda en primer lugar de que esto sea operante en la práctica y más bien pensamos que lo que va a suceder va a ser que esto es instrumento con apariencia de iniciativas populares pero que en realidad sólo oculten organismos para - gubernamentales que lancen las iniciativas con apariencia de populares.
Es realmente triste que en esta reforma política que nos hizo abrigar tan grandes esperanzas, se compruebe al final que no hay ninguna reforma que realmente ayude a solucionar los problemas del Distrito Federal.
Son más de 10 millones de mexicanos, más de la sexta parte de la totalidad nacional que esperábamos una respuesta adecuada, que estábamos anhelantes de una reforma política que reivindicara nuestros derechos y sinceramente, nos hemos sentido defraudados con la respuesta que nos han dado.
Me hace pensar que es como si el Distrito Federal estuviera gravemente enfermo, gravemente enfermo de cáncer, y que en vez de hacerse un análisis de su mal, aplicarle una cirugía, una radiación, se le diera solamente una aspirina, y ¿y el pueblo? ¿qué tiene que hacer el pueblo? Tomarse la aspirina.(Aplausos.)
- La C. Presidenta: Tiene la palabra el diputado Soto Sánchez, del PARM.
El C. Eugenio Soto Sánchez: Con el permiso de la Presidencia; honorable Asamblea.
La iniciativa popular responde al procedimiento legislativo de una democracia directa y tiene lugar bajo la cooperación directa de todos los ciudadanos con derecho a voto. Dicha participación directa puede tener diversos grados o volumen, por lo que debemos distinguir distintas especies de procedimiento legislativo.
Procedimiento de legislación popular en sentido propio. Aquí, el procedimiento legislativo comienza por una iniciativa popular y el acuerdo de ley se adopta por una votación popular y se caracteriza porque en él no participan, o participan sólo como órganos auxiliares, las autoridades del Estado y la Representación Popular.
Acuerdo de ley por decisión popular a iniciativa del Gobierno, éste es el caso según el cual el Gobierno, dependiente de la confianza del pueblo, somete directamente a su decisión un proyecto de ley, sin que una representación popular entienda en él, como Cuerpo Legislador. Esto es raro en la democracia moderna, toda vez que son casos rudimentarios que se daban en la Roma antigua.
Existen otros tipos de iniciativa popular, como el que se contempla en la Legislación o Constitución alemana y algunos más.
Por lo tanto, consideramos que la Iniciativa a estudio, constituye la más directa intervención del pueblo en la elaboración de sus leyes, en dar a conocer a sus gobernantes cuáles son sus inquietudes, necesidades, anhelos, y el reclamo porque se le dé leyes sabias y justas, acorde a la realidad del momento histórico de su época y a la mayor realización del principio democrático de identidad popular y que
constituye en suma, para la ciudadanía del Distrito Federal, un sólido avance democrático depurado en el proceso de legislación directa que responde en sí misma a la mayor participación y satisfacción del pensamiento popular.
El referéndum en sentido estricto, es la votación popular sobre confirmación o no confirmación de un acuerdo del cuerpo legislativo. Debemos reservar la expresión "referéndum" adecuadamente al caso que se somete a los ciudadanos con derecho a voto, para su decisión definitiva, un acuerdo de la representación popular.
Existen varios casos de referéndum: Referéndum general obligatorio. En este procedimiento la ley surge mediante el acuerdo de un cuerpo deliberante que fije el proyecto y mediante la confirmación de ese acuerdo por el cuerpo electoral, cobra vigencia, a pesar de reconocérsele el método democrático más importante, este procedimiento es raro por razones prácticas; se le hace depender por cualquier iniciativa, mientras que en los demás se supone el asentamiento de los demás ciudadanos con derecho a voto, cuando esa iniciativa no se produce, se prevé en la Constitución Jacobina de 1793, cuyo artículo 59 dice:
"Cuando 40 días después del envío del proyecto de ley a todos los municipios no haya surgido reclamación ninguna en más de la mitad de los departamentos o en una décima parte de las asambleas de los primitivos electores, se considera aceptado el proyecto y queda convertido en ley."
Referéndum obligatorio: Para determinadas clases de leyes, sobre todo para revisiones constitucionales. Ejemplo: la Constitución Suiza del 29 de mayo de 1874 donde se establece el referéndum obligatorio para leyes constitucionales, ya que en su artículo 123 señala: "La Constitución Federal revisada o en su caso la parte revisada de la misma, entra en vigor cuando la acepta la mayoría de los ciudadanos que participan en la votación y la mayoría de los cantones.
Referéndum facultativo. ¿A quién compete aquí la iniciativa de referéndum? Puede ser al mismo cuerpo legislativo que tiene interés en someter a la confirmación de los electores su acuerdo; al Gobierno, al Presidente de la República, una minoría del cuerpo legislativo y una parte de los ciudadanos con derecho a voto. Este último caso implica una iniciativa popular de referéndum que supone una iniciativa popular para introducir un procedimiento de legislación popular. Este tipo de referéndum se presenta en los estados federales, también países y cantones teniendo como ejemplo la Constitución Federal Suiza. Es necesario, dada la cierta confusión a que se pudiera prestar, establecer con toda claridad que hay referéndum por iniciativa popular, no hay iniciativa popular por referéndum y que una iniciativa popular sí puede aprobarse por referéndum.
En consecuencia, con base en los antecedentes ya mencionados y con apoyo en los resultados satisfactorios obtenidos en los países en los que se ha puesto en práctica tanto la iniciativa popular como el referéndum y pensando que dichas prácticas, debidamente adecuadas a la idiosincrasia del pueblo mexicano darán óptimos resultados en nuestro proceso democrático, la diputación parmista apoya en lo particular el artículo 10 del dictamen, que adiciona el artículo 73 constitucional, porque al establecer el referéndum, los ordenamientos legales que se prevén para tener plena vigencia después de haber sido acordados tendrán que ser sometidos a la consulta de todos los ciudadanos con derecho a voto y así la ciudadanía del Distrito Federal, en pleno ejercicio de sus derechos, tendrá plena intervención en lo relativo a sus leyes y será decisiva para que regulen, de conformidad a su propia voluntad, los actos y hechos de su vida cotidiana y que dichos ordenamientos contemplen, rechazando así lo que los pueda perjudicar y aprobando o respaldando todo aquello que los beneficie, lo que permitirá una mayor identificación entre gobernantes y gobernados y más aún, propiciando el diálogo tan necesario y útil en esta metrópoli de más de diez millones de mexicanos, y siendo fundamental para nosotros dichos diálogos, toda vez que estamos firmemente convencidos que la mejor forma de gobernar es estableciendo el diálogo permanente entre pueblo y gobierno, lo mismo que para estrechar fuerzas que para disminuir diferencias; lo mismo en la tranquilidad que cuando se pretenda quebrantar la paz.
Este es el principio definidor de la verdadera democracia. Con ella se reafirma una vez más el destino democrático de México. Muchas gracias.(Aplausos.)
- La C. Presidenta: Tiene la palabra el diputado Francisco Ortiz Mendoza, del PPS.
El C. Francisco Ortiz Mendoza: Con el permiso de la señora Presidenta; honorable Asamblea:
El 19 de noviembre de 1965, la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, dirigida entonces por el maestro Vicente Lombardo Toledano, presentó una iniciativa para elaborar una nueva Ley del Departamento del Distrito Federal.
Esta iniciativa pasó a Comisiones y no ha sido dictaminada. En aquella ocasión estábamos en vísperas de la Olimpiada. Hicimos sentir en nuestra intervención, con motivo de la aprobación del presupuesto del año siguiente, que la ciudad de México era una de las ciudades más importantes de América Latina, y señalábamos que quizá era la más populosa, la más grande de las ciudades del mundo, sin ser ésta un puerto fluvial o marítimo; es decir, una de las más grandes, si no es que la más grande ciudad de tierra adentro.
Dimos una serie de datos que apuntalaban nuestra demanda de que se planificara el desarrollo de la ciudad de México, que no era posible que siguiéramos creciendo de la manera anárquica en lo que hacíamos, que era un caso extraño el de la solución del Distrito Federal, ya que no estaba en su seno la solución misma, sino que estaba fuera de ella; que era
menester crear polos de atracción hacia el interior de la República a efecto de impedir que siguiera creciendo macrocefálicamente nuestra ciudad.
No se tomó ninguna de estas medidas. Se han creado polos de desarrollo, o se están programando polos de desarrollo industrial, que ameritan un juicio muy serio de parte nuestra. Para nosotros, lo más importante es el hombre; para desarrollar la industria se necesita además de infraestructura, mover materia prima, materia terminada, producto terminado hacia los centros de mercado, y también al ser humano. Lo que les ha parecido más fácil siempre, es la traslación del ser humano, porque él lo tiene que hacer por necesidad.
Ahora se habla de un plan de polos de desarrollo industrial en las capitales de los Estados, creyendo que con eso no se desarraiga a la gente; pero lo que va a suceder, como ya está sucediendo, es que estamos creando polos de desarrollo macrocefálico también, como son Monterrey y Guadalajara y en próximo tiempo otras ciudades, donde aglomeremos a la industria, en lugar de llevar a la industria a los centros de menor población donde ya está precisamente la población que necesita trabajo; pero será motivo de otra discusión. El hecho real es que aquella ciudad de México de la que hablábamos hace ya cerca de doce años es ahora muchísimo más grande.
Sobre la ciudad de México se cimenta toda la zona metropolitana del Valle, sin solución de continuidad desde el poniente con Atizapán, hasta el oriente en Ecatepec de Morelos; desde el norte o del noreste con Tlalnepantla o Lechería hasta el sur en Xochimilco; más de 1600 kilómetros cuadrados abarca prácticamente ya la zona metropolitana de la ciudad de México.
Son ya casi 12 millones de habitantes; ya no podemos pensar ahora nada más en la ciudad de México. Aquí se produce casi cerca del 50% de la producción industrial del país y el 31% de producto íntegro bruto; ¿a dónde va a dar esta zona metropolitana?
Es el momento en que todavía a estas alturas, no se coordinan las dos zonas, las dos entidades, que cubre esta zona metropolitana de la ciudad de México y que son el Estado de México y el Departamento del Distrito Federal.
Sigue llegando gente; nuestro crecimiento demográfico es de 5.6%, casi el doble del crecimiento demográfico promedio de la República Mexicana.
Cuando hicimos nuestra proposición, subieron varios oradores a demostrarnos que había programas, planes, tesis, puntos de vista y que no teníamos razón. A doce años de distancia esperamos que no suba otra vez un orador de la mayoría a tratar de demostrarnos que todo está programado y planeado y que no va a pasar nada y tengamos que subir en 1990, doce años después, a demostrar que tenemos 30 y tantos millones de habitantes y que qué vamos a hacer.
¿Cuál fue la respuesta de entonces? Cinco, seis años después de nuestra proposición se presentó la modificación a la Ley Orgánica del Distrito Federal. Modificación, no una nueva ley orgánica; no cambios de fondo.
No es posible que sigamos gobernándonos en esta gran ciudad con una anacrónica Ley Orgánica del Distrito Federal. Se nos dijo entonces, cuando subimos varias veces a la tribuna, al discutirse esas enmiendas, que ahora sí iba a tener opinión y voz el pueblo mexicano en el Distrito Federal, y que dejarían de ser ciudadanos de tercera clase porque iban a crearse los comités de manzana y las juntas de vecinos designados por los delegados.
Y, ¿cuál ha sido la realidad? Estamos ya a más de siete años de haberse aprobado esa iniciativa. ¡Comités de manzana electos por el pueblo! Ni uno solo, que yo sepa, ha sido electo por el pueblo.
En toda la región en que hemos podido hacerlo los miembros de mi partido, hemos consultado cómo se integran los comités de manzana. Yo no necesitaba hacerlo porque tenía experiencias directas; un familiar mío era Presidente de un Comité de Manzana, pero se enteró de ello cuando le llevaron los documentos a firmar, porque era Presidente de Manzana "por aclamación". El no sabía nada, nunca asistió a una Asamblea. Aquello me preocupó y entonces fui a investigar a muchas manzanas; se repetía el caso uno tras otro, pero las autoridades menores engañaban a la autoridad superior diciéndole que había sido todo electo por la base y las juntas de vecinos designadas por los delegados y el Consejo Consultivo, que ni aconseja ni es consultado; ¿por qué?, porque es designado por el Jefe del Departamento del Distrito Federal entre los hombres prominentes del Distrito Federal. El resultado es que si seguimos sin plan de desarrollo del Distrito Federal, sin programa de desarrollo del Distrito Federal, enriqueciéndose cada vez más mucha gente a costa de las obras del Distrito Federal y las colonias proletarias, cada vez más a la orilla, cada vez más sin servicios y cada vez más sin posibilidades de avance. Se podrá responder, y con justicia, que se ha hecho un gran esfuerzo, que hay muchos grupos de viviendas, muchos edificios adonde ha ido a vivir la clase trabajadora, y es justo, nosotros votamos por eso y lo defendemos; pero sin plan, sin programa. Cada uno de los sectores que construye lo hace donde quiere , y en las condiciones que quiere y puede, pero no hay ningún organismo que regule, ningún organismo que planifique el desarrollo de la ciudad. La Ley Orgánica que lo rige es inoperante, el pueblo mexicano no tiene opinión, los ciudadanos del Distrito Federal siguen siendo ciudadanos de tercera clase; ni siquiera sus propios dirigentes de manzana designó, salvo algunas excepciones que quizá existan; quisiera yo reconocer lo positivo de la medida si es que se produjeron. ¿Qué nos propone ahora la iniciativa? Un referéndum e iniciativa popular. Nosotros vamos a votar en favor, lo advertimos,
pero porque el Reglamento nos obliga a inscribirnos en pro o en contra. Que bueno que ya vamos a hacer otro. No hay ninguna posibilidad de hacer nada. Nosotros estamos de acuerdo en que si se da un milímetro de avance, lo apoyamos. Queremos que sean kilómetros de avance; pero un milímetro, cuando uno va caminando vale mucho. Es mejor tener referéndum a no tener nada; es mejor tener iniciativa popular que no tener nada. ¿Pero es lo que realmente necesita esta ciudad de México que hemos, a grandes trazos, diseñado? Parece que no.
El referéndum no tiene raíces históricas en México, en ciudades como la nuestra. ¿En dónde hay referéndum o referenda, como dicen algunos, para mí es referéndums o plebiscitos? En las zonas indígenas, en los municipios pequeños, donde se reúne el pueblo y decide si hace una escuela, decide si hace un puente, decide en qué invierte los pocos fondos que tienen; determinan las cuotas que les corresponde dar a cada quien, deciden entre ellos cómo van a pagar esas cuotas; con dinero, con producto, con trabajo, y es muy positivo. Esta es una honda raíz histórica de plebiscitos más que de referéndum, y es positivo; pero en el campo jurídico yo lo desconozco, no sé hasta hoy que exista una norma jurídica en México que establezca el referéndum, y más aún en poblaciones grandes, y más todavía en una ciudad donde hay 5 millones de ciudadanos, ¿cómo lo irán a resolver? Yo no me lo puedo explicar. ¿Cómo van a discutirse las cosas? Si para votar en el Distrito Federal, para ponerle una crucecita a un círculo electoral se produce más del 15% de votos nulos porque la gente no supo votar, ¿cómo va a ser el referéndum, cómo se va a movilizar el pueblo mexicano para dar su voto ?
Me imagino, por ejemplo, un reglamento, el reglamento de la construcción, por proponer alguno; en primer lugar, un reglamento de la construcción tiene muchos aspectos técnicos. ¿Cómo se le va a explicar al pueblo? Simplemente para que los 5 millones de ciudadanos, aproximadamente se enteren del Reglamento, lo tienen que leer, lo tienen que estudiar para poder dar su voto a favor o en contra de ese Reglamento. ¿Será operante esto? Yo lo dudo. A mí me parece que es un simple paso para satisfacer un tanto el deseo de participación del pueblo mexicano.
Los teóricos de esta cuestión la han de conocer mucho mejor, o la conocen mejor que uno. Esto es una forma semidemocrática de gobierno, o de democracia semidirecta porque aun cuando parezca directa, el pueblo sólo va a aprobar lo que otros hicieron, una ley que otros hicieron; el pueblo no va a decir: modifiquen este artículo o háganlo de esta otra manera. No, a mi manera de entender, según sé yo lo que son los referéndums, simplemente va a decir: está bien o está mal; vota así o no, pero no participa en la elaboración del documento.
Eso es lo que nosotros queremos para el Distrito Federal. Queremos ser ciudadanos de primera, queremos participar en la elaboración de los reglamentos, que haya representantes nuestros, que discutan cómo debe hacerse el reglamento, cómo debe hacerse una ley interna; el reglamento de espectáculos, el reglamento de construcción; todos los reglamentos a que estamos sujetos, y no que nada más los elabore un grupo de gente, casi todo con los mismos intereses.
La iniciativa popular, muy buena; pero hay una contradicción con lo que estamos discutiendo ahora; le estamos dando una gran relevancia a los partidos políticos; le damos hasta rango constitucional; y ¿el Distrito Federal? Otra vez son ciudadanos de tercera, sus partidos políticos no operan para nada. Que se pongan a juntar no sé cuántas firmas se vayan a necesitar para la Iniciativa Popular, ¿por qué? Pues porque los partidos no existen. En la ley actual se establece, siendo esto el colmo de los absurdos, que para ser miembro de un Comité de Manzana no se debe ser de ningún partido político. Y estamos empujando para que los partidos políticos se desarrollen. Yo no me explico cómo va a ser la Iniciativa Popular; cómo va a operar en la práctica la Iniciativa Popular. Es muy bueno que el pueblo opine, pero, ¿por qué no a través de sus partidos? ¿Por qué si son organismos constitucionales, por qué los partidos no participan? ¿Por qué si lo son de derecho, si son organismos constitucionales por qué los partidos no participan? Me imagino que en el Distrito Federal se da la más alta votación de la República; es en donde está el centro político de México, y aquí no operan los partidos. Que el pueblo, una fracción pequeña, recoja firmas, el 15% de 15 millones, setecientas y tantas mil firmas para tener derecho a que lo escuchen en una iniciativa que quiera presentar. Me parece que no operará. Precisamente por eso nosotros nos hemos inscrito en contra porque queremos algo mejor.
¿Qué está sucediendo ahora mismo en el Distrito Federal? Hoy, ayer, antier; leamos los periódicos: Se desarrollará el Metro. ¿Quién lo determina? Un grupo de técnicos, nada mas. Pero el pueblo no tiene opinión para determinar hacia dónde se amplía. Sólo a juicio de estas personas, a su criterio técnico. Muy capaces, por cierto, pero ¿y el pueblo? ¿Qué no cuenta? ¡Que el Servicio de Transporte Colectivo será el surtidor del Metro! ¡Bonito chiste! Subsidiado el Metro por el Estado, por cada pasajero según dieron datos, $1.80 de subsidio, para que los señores del negocio, los transportistas, partan en dos sus rutas, y lo que antes tenía un solo precio para ir de extremo a extremo de la ciudad, ahora costará el doble. ¿Para qué? ¡Para vadear todo el pasaje en el Metro! Y el que quiera seguirse de frente que pague otra tarifa. Y entonces lo que antes costaba ochenta centavos, ahora con los delfines, las ballenas, los tiburones, etcétera, ahora dividido en pedazos, costará el doble; pero no ha subido la tarifa, no, no ha subido. Pero hay que ver lo que paga un ciudadano que viaja en transporte colectivo, y como no hay plan, los centros habitacionales
que construyen los hacen lejos de los centros de trabajo, porque no hay plan. Ahí está la Alianza Popular Revolucionaria, un centro habitacional extraordinario. Miles de gentes en esa unidad habitacional; pero en torno a esa zona urbana no hay centros de trabajo. Entonces la gente tiene que pagar - qué bueno que le venden ahí un departamento o una casa aunque trabaje en Azcapotzalco - cinco o seis o doce pesos diarios de transporte urbano, porque como no hay ningún plan para el desarrollo de la vivienda, en lugar de hacer diez o quince centros urbanos pequeños cerca de los centros de trabajo para que la gente escoja el departamento que le otorga el gobierno o que le otorga su sindicato, cerca de su fábrica, no, obligadamente acumularlo en montones. Y además, mientras más pobre es la gente, así es la construcción y en las zonas más insalubres. Ahí está el Departamento del Distrito Federal, que ha hecho una buena obra, ahí está el centro urbano Vicente Guerrero y el centro Ejército de Oriente, no sé si ustedes los conocen, pero sería bueno que nos diéramos una vuelta y que a eso de las seis de la tarde, después de la lluvia, anduviéramos por ahí. Ahí están los basureros, las moscas miden dos centímetros, y cuando sopla el viento y están comiendo nuestros trabajadores. Sería bueno que lo sufriéramos; pero como son compañeros trabajadores, pues a los basureros; no tiene mayor importancia, porque no hay un plan. Una magnífica tarea del Departamento, construir unidades urbanas: pero, ¿por qué no se saneó antes el ambiente? Bueno, se llegó al colmo; se descubrió la estatua de Vicente Guerrero, se le rindió homenaje, pero era de yeso, y ya está destruida. ¿A qué se deben todas esas cosas? A que el pueblo no opina, a que el pueblo se tiene que estar tragando sus dificultades y sus problemas en el Distrito Federal, porque no tienen conductos para opinar.
Esos son los problemas que tenemos hoy; ahora mismo se está diciendo que en noviembre se inicia la más grande de las obras de cirugía urbana: 18 avenidas que atravesarán la ciudad de lado a lado, por el norte, y por el sur, y por todas partes. Bueno, y ¿quién opinó? Un grupo de gentes que yo sé quienes son, pero entre otros, los comerciantes. Esos sí opinan, desde hace mucho tienen derecho de iniciativa los comerciantes. ¿A través de quién? ¿A través del Consejo Consultivo; están cerca del Jefe del Departamento del Distrito Federal. ¿Quiénes más opinan? ¡Ah! los que compraron los terrenos que supieron que se iban a abrir por ahí las calles. Se va a abrir una calle, yo estoy enterado, y millones de pesos invertidos en los terrenos aledaños - y que no pregunten nombres, yo los sé - porque cuando se abrió la Avenida Universidad y Reforma, etcétera, recuerdo que vino un señor, estábamos discutiendo la Ley de Reforma Agraria, y dijo: Señor, nosotros sabemos que ustedes están en contra de la pequeña propiedad y yo quiero saber si lo que yo tengo es pequeña propiedad o no.
Señor, pues depende de cuanto tenga usted. - Pues tengo tres hectáreas.
No, hombre, vayase, no se preocupe, pues no tiene ninguna importancia, y ¿dónde las tiene?
- Aquí en Reforma Sur ¡Pues claro, eso es muy claro, eso es muy fácil hacerlo! (Me quedan cinco minutos, ni modo, el problema del Distrito Federal es tan grave.)
Pero ya presentaremos el proyecto de iniciativa de modificación de la Ley, mejor dicho de una nueva ley.
¿Quién dijo, quién determinó, a qué plan corresponde esta nueva idea, de abrir avenidas por todos lados? Nadie sabe si se van a conectar con los circuitos internos y externos - con todo respecto al Jefe del Departamento del Distrito Federal, pero no se trata de personas, sino de hechos históricos. Llega un Jefe del Departamento del Distrito y no tiene que consultar con nadie, más que con el Presidente, al que le llevan ya las cosas hechas. Hay que abrir un viaducto - Miguel Alemán se llama - , ¡que se abra!, porque va a resolver el problema de la región. Termina su período y se acabó el viaducto y el que sigue dice. No, pues cómo voy a seguir yo con el viaducto, ahora hay que hacer un periférico. Pues, ¡correcto! ¡El periférico, millones de pesos! Los que se hinchan son los que dicen que no tienen dinero, pero que tienen alguna cantidad de compañías, todas, del mismo grupo. Esos son los que hacen las obras del Distrito Federal y son los que sí tienen derecho de opinión, y viene otro Jefe del Departamento y dice: no, lo que hay que hacer es un circuito interior. ¡Entrele al circuito interior! Y parten a la ciudad, y unidades como Tacubaya, que era toda una zona urbana, con una unidad de todo carácter, la partieron por la mitad. ¿A quién le interesó eso? A nadie.
Hoy, en el periódico de hoy, leo que van a hacer remodelaciones en la Zona Rosa porque los comerciantes dicen que hay que remodelar para el turismo, para el turismo de tercera. ¿Quién dijo que ahí se debe remodelar, y porqué precisamente ahí? ¿Por qué no se remodela lo que el maestro Lombardo planteó aquí en esta Cámara en la última sesión de 1964, esa zona tan hermosa desde el punto de vista histórico que el maestro Lombardo calificaba como la calle más hermosa del mundo? Ahí en Moneda, donde está la primera Universidad, la primera imprenta, las casas gemelas del mayorazgo, donde está la Academia de San Carlos, el Hospital de Bufas, la iglesia de La Santísima. Son tres cuadras ¿Cuánto constaría remodelar eso para elevarlo de rango? ¿Qué es lo que hay ahora donde estuvo la primera Universidad de América Latina, la Universidad Real y Pontificia? ¡Una cantina!
¿Qué no se podrá comprar esa cantina y convertir en un centro adecuado la Real y Ponficia Universidad? No, pero ahí no importo porque ahí no están los grandes comerciantes; que sí piden que se modifique, que se remodele y que se gasten millones de pesos. Pero, ¿por qué sucede eso? ¿Por qué el pueblo no tiene opinión?
Desde aquí le pedimos al Jefe del Departamento - y claro, es una simple opinión de un
diputado - que remodelen la calle de Moneda y toda esa zona histórica extraordinaria.
Por ese motivo, señoras y señores diputados - se me acabó el tiempo -, yo ruego a la Secretaría dé lectura a nuestra proposición, y ojalá los hayamos convencido y podamos votar a favor de esta iniciativa, y no de la que nos ha propuesto el Ejecutivo, aun cuando si la rechazan, votaremos a favor de la del Ejecutivo.
El C. secretario Alberto Ramírez Gutiérrez: Dice así:
"Proposición de la Fracción Parlamentaria del Partido Popular Socialista para el contenido de la base II, Fracción VI, del Artículo 73 de la Constitución.
Artículo 73.
Fracción VI...
II. El órgano que directamente se encargue del gobierno del Distrito Federal se auxiliará, para el desarrollo de las funciones de gobierno correspondientes y el otorgamiento de servicios públicos, de un Consejo de Participación Ciudadana electo a través de votación universal y directa, que estará constituido, mediante representación proporcional, por miembros de los partidos políticos con registro nacional. El número de sus miembros será precisado por la Ley respectiva.
La actividad del consejo estará orientada a tener derecho de iniciativa constitucional; discutir y aprobar en su caso el orden normativo del gobierno del D. F.; dictaminar acerca de las acciones del órgano encargado del gobierno del Distrito Federal vigilando, entre otras cuestiones, la prioridad en la atención de las necesidades de la población, así como a proporcionar opiniones al Congreso de la Unión sobre las mismas y en relación a la legislación del Distrito Federal.
México, D. F., a 24 de octubre de 1977."
- La C. Presidenta: Tiene la palabra el diputado Alvarez del Castillo.
El C. Enrique Alvarez del Castillo: Señora Presidenta; compañeras, compañeros diputados:
Todo gobierno supone la existencia de un territorio como sede propia de sus autoridades y en los que podrá ejercitar sus funciones; este territorio puede ser designado en razón de una tradición histórica o por un acto legislativo especial. Esta idea es inherente, implícita y fundamental en el ejercicio del principio federal.
No es factible concebir un Estado Federal sin que exista una sede de los poderes federales, sede en la cual esos poderes han de ejercitar con toda libertad el ejercicio de sus funciones y de su poder.
Es también cierto, en la historia de esta institución Distrito Federal, que la misma fue concebida por razones propias de inexistencia de una tradición histórica, por la Constitución los Estados Unidos de América y que la fundamentación teórica y práctica del Distrito Federal se dio desde los primeros albores en la marcha hacia un Distrito Federal, en los Estados Unidos que tuvo quizá la mayor serie de vicisitudes posible en la organización de un sistema de gobierno, que recaude país alguno.
Se explica muy claramente su razón de ser en un párrafo pequeño que me permito leer y referir a ustedes contenido en los comentarios a la Constitución de los Estados Unidos de América, de Stove. Nos dice: "La primera fue la necesidad indispensable para el Congreso de que su poder fuera entero y exclusivo sobre el lugar asiento del gobierno; es de una evidencia incontestable, es el poder ejercicio por cada legislatura en la Unión y podría decirse en todo el país, como una consecuencia de su supremacía. Sin esta autoridad no solamente los funcionarios públicos podían ser insultados y su marcha interrumpida impunemente, sino que los archivos estarían en peligro de ser violados o destruidos y los miembros del gobierno nacional se verían obligados a recurrir a autoridades de otro Estado para hacerse proteger en el ejercicio de sus funciones. Esta dependencia haría dudar muy pronto de la imparcialidad de los consejeros de la nación y aun podría exponer la vida de los funcionarios en tiempo de disturbios.
"Por otra parte, la cesión de un fragmento de territorio no puede debilitar en nada al o los Estados que la hacen, ni convertirse en motivo de celos para los demás. El territorio cedido es de muy pequeña extensión y el Estado es dueño absoluto de decidir si le conviene hacerlo. Es, sin embargo, fuera de duda que los habitantes de ese territorio recibirían con entusiasmo ese honor, porque su importancia se vería aumentada, sus intereses mejor defendidos y sus dueños colocados bajo la protección inmediata de toda la Unión". Es claro que cuando este esquema de Distrito Federal ocurre en México en función de la aceptación del principio federal, tiene que adecuarse a las circunstancias propias de un país con la más alta tradición histórica de todos los de América. Y ocurre entonces que la sede de esos poderes federales tiene y debe ser y se ha discutido mucho en los diferentes constituyentes que hemos tenido, en 24, en 57 y en 17, si es o no de establecerse una sede en algún otro lugar de la República. Se pensó en Querétaro, se pensó en Aguascalientes, o si es indispensable realizar una construcción propia como sede del Distrito Federal, solución que en el tiempo se vio como absurda por la inversión económica, por la tradición política y por muchas otras razones, pero que en un país que en plena evolución y marcha como el nuestro, ya habría que irla contemplando, recontemplando de nueva cuenta con seriedad.
Pues bien, nuestro Distrito Federal arranca en 1824, en que Fray Servando Teresa de Mier defiende con todo entusiasmo en una defensa que es un verdadero poema, un poema hacia la ciudad de México, de por qué, política, cultural, social y artísticamente habría de ser ésta la sede de los poderes.
¡Qué circunstancias tan ajenas a las que vivimos! Ello nos obliga a considerar el problema del Distrito Federal, no sólo dentro del esquema del interés de una ciudadanía formada por toda la nación, puesto que aquí convivimos, aquí nos hemos formado, aquí hemos
encontrado ocupación, instrucción y posibilidad de una vida digna y decorosa, muchos que no somos nativos de este Distrito Federal.
Pues bien, eso obliga a hablar de qué ha sido el Distrito Federal en la vida de México; qué es el Distrito Federal en nuestra actual circunstancia y qué será el Distrito Federal en un futuro próximo. No es posible reducir el problema y buscar la solución del Distrito Federal, simplemente en el rescate de unos derechos políticos inmediatos y directos para determinar la elección de consejeros o diputados locales del propio Distrito Federal.
Sería irnos un poco con la finta y pensar que, si a lo largo de nuestra historia , los problemas del Distrito Federal en vez de resolverse se han ido agravando día con día, pese a los distintos esquemas políticos que a lo largo de la historia se han sentido en su acción en el Distrito Federal, sería tanto como pensar que esa solución, como otras que se apuntan, es la panacea que resolverá no el problema actual del Distrito Federal, sino el problema futuro e inclusive dará pauta para una explicación histórica adecuada de errores imputables a quienes ejercen la autoridad.
El Distrito Federal ha sido en la historia, la capital política, pero no exclusivamente de los ciudadanos que viven en el Distrito Federal, sino la capital política de la nación y del pueblo de México. Ha sido - y nos viene desde la Colonia - la capital cultural de México. Ha sido la posibilidad de la investigación y el acceso a la cultura y a la técnica que mejor ha podido impulsarse en un país como el nuestro, escaso de recursos e inclusive con el sacrificio de todos, pero no de todos los ciudadanos del Distrito Federal, sino de todos los ciudadanos de México, ha podido establecer las mejores estructuras para que éstas sean aprovechadas y aprovechables, con una generosidad inaudita no sólo por los ciudadanos del Distrito Federal, sino por todos los ciudadanos de la República.
Esto es una condición, una situación derivada no sólo del esquema político de gobierno, sino del esquema económico y sociológico de nuestra evolución, de lo que ha sido México, de sus luchas, de sus posibilidades de desenvolvimiento, de su consolidación política que en el siglo XIX exigía, antes que nada, la consolidación política de la nación del Estado mexicano y después considerar los de cada entidad federativa y los problemas concretos del Distrito Federal, donde los poderes federales tenían su sede.
Pues bien, ese Distrito Federal también ha sido -y no deseo hacer hincapié en la historia y en la problemática y en los debates tan importantes que nuestros constituyentes han dado a este problema porque han sido recordados por la diputada Alvarez de Vicencio - el Distrito Federal, en el pasado inmediato ha sido evidentemente el polo fundamental ya no sólo del desarrollo cultural, ya no sólo del desarrollo educativo, sino también el polo fundamental de nuestro desarrollo económico.
¿Qué ha ocurrido cuando se inicia y se realiza una estructura industrial y comercial indispensable para el progreso del país?
Qué éste no ha tenido, desafortunadamente, un trabajo equivalente en todas las entidades que permitiera al del Distrito Federal escaparse de este fenómeno evolutivo y escaparse, escaparse con razón, simplemente la razón de no disponer en el altiplano del agua suficiente para un desarrollo conveniente, pero sin embargo, ha tenido que ir soportando esa carga y esa carga se ha realizado con la comparecencia inmediata de los ciudadanos del Distrito Federal pero mediata, y también importante de todos aquellos que por razones de desenvolvimiento global del país, han debido acudir a la ciudad y han acudido y aportado su esfuerzo, aun cuando siempre, como ha ocurrido desde la época de Fray Servando Teresa de Mier, siempre con la añoranza de regresar a su ciudad natal y siempre, quienes por primera vez migran hacia el Distrito Federal, no adquieren la conciencia del ciudadano del Distrito Federal, no la adquieren en su conjunto, pero ya sus hijos sí son del Distrito Federal, y se preocupan por la problemática propia del Distrito Federal con mayor ansiedad y angustia que sus padres.
Sin embargo, el proceso es constante, porque cada día acceden a la ciudad de México nuevos mexicanos de otras partes que tienen ese problema y ese problema en el fondo es de una subjetividad sociológica imposible de dejar a un lado; es el problema de la no identificación completa y total con el terruño, con la tierra en que se nace y lo vemos en todas las áreas de espectáculo del Distrito Federal, cómo aquí la provincia tiene quizá mayor número de partidarios que en sus propias áreas y todo ello, todo este espíritu conforma el Distrito Federal desde un punto de vista social, sociológico, en una manera muy diferente al solo esquema de la política de un Distrito Federal con concejales, elegidos directamente.
No es precisamente que impugnemos la no existencia de este ejercicio, se ha ejercitado en el Distrito Federal, se ha realizado cuando la ciudad era pequeña y cuando quizá los esquemas eran más propicios, para aceptar gobiernos municipales y ayuntamientos, pero ahora en las condiciones actuales, ¿cómo es posible pensar, que la problemática del Distrito Federal, que es mucha la problemática de la nación, se va lisa y llanamente a resolver, porque los ciudadanos del Distrito Federal, elijamos autoridades de consejo? Porque autoridades ejecutivas, evidentemente que se cuentan y se eligen, porque no hay que perder de vista que el electo como Poder Ejecutivo del Distrito Federal, es el Presidente de la República y es así como se hace concordar la acción del Ejecutivo, la acción del Ejecutivo Federal, que es nacional, con la acción de un ejecutivo local, dependiente de manera directa por el funcionario elegido para desempeñar la suprema Magistratura de la Nación.
El Distrito Federal, en el momento, contempla una situación, como se ha insistido, verdaderamente angustiosa, y me atrevería a decir
que en muchos renglones caótica, pero para resolverla debemos aplicar toda la voluntad, todo el ingenio, toda la creatividad que supone una ciudad que tiene algo más de 10 millones de habitantes y que se piensa que inclusive no hace nada para el efecto de disminuir este crecimiento demográfico insospechado, insospechable en el mundo. Llegará hacia el año dos mil o sus primeros años con 25 millones de habitantes, hagamos o no hagamos política de control demográfico, de todas maneras el Distrito Federal habrá de llegar a esa suma.
Y me pregunto: ¿Es oportuno que en este momento, cuando la visión del problema es inmediata, le demos una u otra solución de manera definitiva? ¿Y qué acaso la solución es una elección directa de sus autoridades? ¿O qué acaso no debemos imaginar un proceso diferente de solución de los problemas políticos del Distrito Federal?
Y así, como hemos ensayado y hemos conservado en mucho tiempo de nuestra historia el ayuntamiento que arrastra desde 1521; y así como por razones de carácter pragmático lo hemos suprimido algunas veces entre 1824 y 1857 y hemos centralizado el poder; y así como después hemos recuperado la posibilidad de gobiernos municipales y de la misma forma en que se propuso en 17 hacerlo desaparecer y los diputados Constituyentes, Jara a la cabeza, lograron hacer prevalecer la idea municipal y la elección directa de los ciudadanos del Distrito Federal, de esa misma forma del desarrollo, el crecimiento incontrolado e incontrolable (porque sería egoísta que el Distrito Federal no recibiera a los ciudadanos del país); ese crecimiento propiciaría también que, por razones de tipo pragmático, desaparecieran en un momento dado los municipios, pero entonces, habremos de rasgarnos las vestiduras y habremos de integrar un coro de plañideras porque no tenemos el voto inmediato sobre nuestro funcionarios.
¿Debemos por ese solo hecho considerarnos en ese desafortunado slogan comercial que llama a los ciudadanos del Distrito Federal de segunda, de tercera y ya no sé qué renglón ocurre a la mente de muchas personas?
¿Habremos, pues, de ser ciudadanos de segunda porque tenemos en el Distrito Federal el acceso a la mejor cultura, el acceso a una mejor vida, el acceso a mejores fuentes de trabajo, el acceso en sí a una vida que nos protege, el Gobierno de la Unión? ¿O habremos de considerar todo esto dentro de un contexto que permita el ejercicio de la libertad, de la libertad política de los ciudadanos del Distrito Federal, en todo lo que ello implica, con la posibilidad de participar en la acción gubernamental, en la acción legislativa y, por qué no decirlo también, de cierta manera en el control judicial? ¿Habremos pues entonces, de encasillarnos dentro de dos esquemas o debemos imaginar algún otro esquema que pueda ser propicio para que sobre un material humano fundamental para este ejercicio, sobre un material humano que tiene en México el mayor índice educativo de la nación, donde cerca del 85% de los ciudadanos del Distrito Federal, de los jóvenes del Distrito Federal concluyen la Secundaria, donde en nuestras comunidades rurales escasamente se llega a la primaria elemental? ¿No es este elemento humano con acceso a la cultura, con acceso a la educación superior fácilmente determinado para aquellos que son capaces; no es este elemento humano, enriquecido quizá con la sangría de la provincia, con los provincianos que tienen la aspiración de ser algo más y llegan a la ciudad de México con esa idea o con la idea de la miseria para combatirla y alcanzar los niveles todavía apreciables y apreciados de la ciudad de México?
¿No es todo ese conglomerado, no es todo ese conjunto el que da pauta y base a una solución que se ha de experimentar, que ha de tener aciertos y ha de tener desaciertos, pero que debemos imaginar y que debemos propiciar como es quizá la más alta dentro del ejercicio político en el mundo, la más alta del gobierno no de ahora, no de la Suiza de ahora, sino de la Grecia de antes, que es la posibilidad de una democracia directa?
¿Qué no es el caso de imaginar dentro del Distrito Federal la posibilidad de este tipo de soluciones? ¿Y qué no es factible que este tipo de soluciones nos alcancen y nos ajusten a una mejor democracia, con una participación del pueblo y con una enseñanza hacia el pueblo, con una posibilidad de que el pueblo en última instancia sea el vigilante y fiscal de la política, de la economía y de la cultura del país?
Pienso que aceptar soluciones del pasado, que permanecer ajenos a una imaginación creadora, pudiera arrastrar a este Distrito Federal y a sus ciudadanos a una condición política más lamentable que la que ahora se apunta. Pudiera ser para un régimen todavía más centralizado, tecnocratizado e inclusive jerarquizado, y se usó aquí una palabra muy desagradable, jerarquizados dentro de un corporativismo fascistoide. No, no es eso lo que aspira el país de su Distrito Federal. No es eso lo que quieren las autoridades del Distrito Federal para conducir el destino del mismo.
Es, por otra parte, la vía y no hay ruta ni camino que en México se hubiere recorrido sin angustia, sin tragedia, sin desaciertos, sin mala fortuna, pero también, en todo ese esquema, apunta siempre la voluntad de hacer del mexicano, la voluntad de rehacerse y levantarse en un país que, por muchas circunstancias, de incomunicación, de sometimiento y subordinación a una frontera de 3,000 kilómetros, circunstancia que en el pasado nos han hecho cada vez más difíciles las cosas del presente.
De esta manera tenemos que, y pensamos, es posible, perfectamente posible, que en el Distrito Federal auspiciemos en la reforma política una nueva visión que va hacia el futuro, prefundada en nuestra realidad actual.
No simplemente recurrir a una tradición y reclamar un derecho que quizá históricamente partiría de 1521, rescatar un ayuntamiento de mucha prosapia, pero, ¿qué tanta efectividad tendría en este momento en México y qué tanta eficacia se lograría hacia el futuro?
Ahí es en donde surgen una multitud de dudas y si es cierto que al pueblo del Distrito Federal hay que otorgarle derechos políticos, ¿por qué no como pretende la reforma, otorgarle de más amplios, los que van por encima de la designación de un representante o de un consejero? Ese representante, como bien sabemos, o consejero, tendrá también multitud de limitaciones en el ejercicio del derecho de sus presentados y de ahí entonces ¿por qué no propiciar y resolver con trabajo y buena voluntad el problema en función del ejercicio directo de los derechos del pueblo, vía la Iniciativa popular o vía el Referéndum?
Referéndum que consiste, de acuerdo con el sistema general, no vamos a discutir particularidades, que consiste en solicitar, ya sea de manera facultativa u obligatoria, la opinión del cuerpo electoral que es el decisivo en la vida de un país que reconoce como base de sus instituciones la soberanía del pueblo, recurrir, pues, a ese pueblo, a efecto de que dicte opinión y en muchos casos solución sobre una medida tomada o por tomar y esa consulta hacia el pueblo, puede ser meramente éso, consulta; pero que puede ser también una decisión imperativa.
¿Que cuál es el procedimiento? ¿Que cuántos pueden solicitar el Referéndum? ¿Que qué objeto ha de tener, si ya está limitado por la reforma no al área constitucional, sino al área legal y reglamentaria que es la más difícil de manejar? ¿Que cómo se organizará el Referéndum? ¿Que cómo habrá de hacerse la presentación al elector y no demandarlo a leer el reglamento de la Constitución?
Eso es prácticamente elemental. Habrá de plantearse en fórmulas fáciles para una decisión de tipo político y todo ello nos lleva a la computación de los votos, a la limpieza de procedimientos que también la Reforma Política habrá de propiciar en la ley reglamentaria de la Iniciativa Constitucional que ahora estamos examinando y de la misma manera habremos de preocuparon todos porque así se organice el Referéndum en el Distrito Federal y todo aquello que queda fuera del esquema del Referéndum, habrá que caer también en su complemento.
La iniciativa popular, iniciativa que otorga a una fracción del cuerpo electoral - y hay que tener eso siempre presente -, una iniciativa popular siempre ha de ser minoritaria por esencia. Iniciativa popular que permitirá que un número determinado de ciudadanos reforme, modifique, adicione o proponga una ley o un reglamento y en esa iniciativa también habrán de tenerse y hemos de discutir aquí multitud de problemas para hacerla eficaz con una reglamentación que trataremos que sea la óptima, pero que no se nos esconde que en un futuro cercano quizá amerite reformas, adiciones o modificaciones de acuerdo con su operancia en nuestra realidad.
Pues bien, todo ello es el esquema de solución que nos plantea la reforma y que tenemos de inmediato que resolver. No quisiera concluir esta intervención sin hacer referencia a una situación que me parece profundamente fuera de lugar. ¿Cómo es posible que un partido vote con nosotros por la reforma, si promueve a la vez una iniciativa contraria a la reforma? ¿Cómo es factible que se señalen ineficacias y dudas sobre la utilidad de tal reforma, pero se vote por la reforma? ¿Cómo es posible además, que se recurra fuera del tema de la discusión, a una serie de situaciones particularizadas de gobierno municipal, en las cuales la acción de la diputación del Distrito Federal está inmersa día con día en el Departamento del Distrito Federal y sus autoridades están también tratando de resolver dentro de una escasez de recursos, porque nunca habrá los suficientes en una ciudad que cambia día con día merced al crecimiento demográfico, al crecimiento económico y en fin, a todo ese desarrollo y desenvolvimiento tremendo que soportamos? ¿Cómo es posible que no se consideren todo este tipo de acciones y se piense que podemos llegar de un momento a otro a una solución absoluta del problema porque tengamos concejales electos por la población de México?
Creo, definitivamente, que debemos propugnar porque esa Reforma alcance los ideales y los fines que el Ejecutivo se ha propuesto al iniciarla ante nosotros; que esa Reforma permita que este Distrito Federal se desarrolle en mejores condiciones dentro de lo que ya está proyectando que tendremos en muy corto tiempo y que esa Reforma permita ser la semilla, incipiente ahora, de una mejor democracia para todos los mexicanos. Gracias. (Aplausos.)
- La C. Presidenta: Tiene la palabra el diputado Ramírez y Ramírez.
El C. Enrique Ramírez Ramírez: Rehuso hacer uso de la palabra sobre este tema.
El C. Francisco Ortiz Mendoza: Pido hacer uso de la palabra, señora Presidenta, en mi segundo turno.
- La C. Presidenta: Tiene la palabra el diputado Francisco Ortiz Mendoza, en su segundo turno.
El C. Francisco Ortiz Mendoza: Con el permiso de la señora Presidenta; honorable Asamblea: No puedo dejar pasar inadvertidos dos problemas que a mí me parecen lógicos, más bien ilógicos, de los planteados por el compañero diputado que me acaba de anteceder en el uso de la palabra.
En primer lugar, nosotros no estamos pidiendo que el Ejecutivo no designe al Jefe del Departamento del Distrito Federal, esto está establecido en la parte uno del sexto apartado del artículo 73; estamos pidiendo, nada más, que se encuentren caminos para que el pueblo del Distrito Federal, dé sus opiniones. Nada más.
La historia del Departamento del Distrito Federal la expusimos en su oportunidad, noviembre de 65 y volveremos a exponerla en la próxima iniciativa que haremos llegar a esta Cámara, pero no está eso a debate, lo que estamos pidiendo, nada más, es que en una ciudad como la nuestra, el pueblo mexicano tenga derecho a opinar, a influir en las decisiones del Departamento del Distrito Federal, ni siquiera los diputados del Distrito Federal - yo soy
diputado de Distrito Federal -, somos consultados. Sí nos atienden, como no, cuando formulamos una demanda. A mí, particularmente, el Jefe del Departamento del Distrito Federal, con el que estoy reconocido, no agradecido -porque es un vicio malísimo de la política mexicana, y así lo hice notar, agradecer a las autoridades por lo que tienen obligación y es su deber resolver, pero sí reconocido de la prontitud con que resolvió el problema que planteé. Pero no me preguntó nada de la creación del CODEURBE y de cómo va a ser CODEURBE, ni de cómo va a ser esa sociedad de permisos municipales, ¿cómo van a trabajar?
Ya nos han dicho lo que van a ser, pero a mí me da la impresión, que se van a canalizar por ahí los empréstitos, para muchos gastos, para muchas obras y va a aparecer el Departamento del Distrito Federal, en un momento sin déficit, sin deudas, porque el Departamento, sólo será aval. - Yo estoy simplemente planteando cuestiones que conozco por la prensa y de las que no tengo antecedente - pero ¿cómo van a manejar estas dos empresas a las que están cediendo funciones propias del Departamento del Distrito Federal? ¿y a dónde conduce la Ley de Servicios Municipales?
Esa famosa esquina de oro, de la que tanto hablan, se va a constituir en un estacionamiento y en un centro comercial, ¿quién dijo que se hiciera así? Ah, pues servicios municipales, pero ¿quiénes están ahí, quiénes lo forman? ¿Con quiénes están ligadas estas personas? ¿quiénes están dentro de estos problemas?
Con esas famosas avenidas viales que nosotros hemos mencionado se tocan múltiples problemas del Distrito Federal.
El Distrito Federal tiene que atender problemas de la vivienda, problemas de estacionamiento, problemas de cultura, problema de escuelas, etc. No sólo de viabilidad.
¿Se debe concebir todo el conjunto del problema vial, o simplemente facilitar que transiten los coches? Es lo que pedimos poder opinar, que se tome en cuenta la opinión del pueblo del Distrito Federal.
Y el problema que me parece ilógico, es que no somos -y perdón, por que no me parece justo que una persona de la cultura del compañero diputado que me antecedió en el uso de la palabra utilice el término de "slogan" en esta alta tribuna de ciudadanos de segunda o de tercera.
Que no nos podemos quejar porque tenemos la mejor cultura, la mejor educación; vamos entonces a generalizar esta afirmación. Que el pueblo no vote, y que tenga la mejor cultura, la mejor educación, y todas las facilidades que tiene el D. F.
Esa es la mejor solución, que el pueblo no vote, y encantados de la vida. Que no tenga Cámara de Diputados. ¡Me parece un razonamiento un tanto sofístico!
Compañeros diputados, nosotros no estamos más que demandando que busquemos caminos para que el pueblo opine. Si el referéndum tiene todas estas atribuciones que se le dan y atributos extraordinarios, bueno, vamos a aplicar la lógica, cambiemos la Cámara de Diputados y vamos aplicar el referéndum nacionalmente ya que es la mejor manera, según se acaba de expresar, para que el pueblo opine.
A mí me parece que no es razonable.
Yo reconozco en el compañero diputado, que me antecedió en la tribuna niveles elevados de conocimiento del derecho, yo no los tengo, pero simplemente pide mi Partido, el Partido Popular Socialista, vías, caminos, para que se tome en cuenta la opinión del pueblo del Distrito Federal y no se sigan tomando medidas que le afectan y que dentro de pocos años vamos a estar sufriendo las consecuencias negativas de muchas de esas medidas que hoy se toman. Eso es todo. (Aplausos.)
- La C. Presidenta: Tiene la palabra el diputado Alvarez del Castillo, en su segundo turno.
El C. Enrique Alvarez del Castillo: Señora Presidenta:
Precisamente la intervención de nuestro compañero Ortíz Mendoza me permite ratificar ante esta Asamblea, mi duda válida no fundada en el derecho ni en la política sino en la lógica, si por fin el PPS está en pro o en contra de la Iniciativa, porque evidentemente la Iniciativa lo que está proponiendo es la posibilidad de consultar y tomar en cuenta la opinión y la decisión de los ciudadanos del Distrito Federal, que de esta manera habrán de influir en las decisiones del Departamento del Distrito Federal, como influye la acción actual de los diputados del Distrito Federal y seguirá influyendo conjuntamente con este derecho de iniciativa popular y de referéndum, pero de todas maneras sí creo y es conveniente que se precisen posiciones; por simple lógica y de esta manera yo quisiera solicitar a la Asamblea, que aprobando la Iniciativa o como condición para aprobar la Iniciativa, se rechace desde luego la proposición que en este momento ha planteado el PPS y también los argumentos que contra la Iniciativa ha hecho valer el PAN y que no pensamos tengan eficacia en esta oportunidad. Muchas gracias.
El C. Ortiz Mendoza: Pido la palabra.
- La C. Presidenta: ¿Con qué objeto?
El C. Ortiz Mendoza: Para hechos.
- La C. Presidenta: Tiene la palabra el C. diputado Ortiz Mendoza.
El C. Francisco Ortiz Mendoza: En respuesta a la pregunta que me acaba de hacer el señor Alvarez del Castillo, le recordaré que con ella inicié mi intervención. El Reglamento que tenemos es obsoleto y está muy mal hecho, hace muchos años que se hizo. Aquí o se inscribe uno en pro o en contra y no hay otra. Y eso no está bien. Hay muchas cuestiones, casi todas las que contiene la Iniciativa que nosotros aceptamos, porque son un paso hacia adelante. Pero esto no quiere decir que por el hecho de que estemos a favor, no tenemos derecho a decir nada. ¡No es así! Antes de subir a la tribuna, consulté con las
autoridades de la Cámara "Señores: yo voy a pedir la palabra, me van a preguntar en pro o en contra y yo les voy a contestar: yo voy a proponer una reforma, estoy a favor de la Iniciativa porque es un paso hacia adelante, pero quiero proponer hacer adiciones. Inscríbame donde usted guste, en pro o en contra. vamos a proponer adiciones".
Ahora, quieren que votemos en contra a fuerza, pero no lo vamos a hacer, vamos a votar a favor. (Aplausos.)
- La C. Presidenta: Consulte la Secretaría si se acepta o se desecha la modificación propuesta por el diputado Francisco Ortiz Mendoza, del P.P.S.
El C. secretario Alberto Ramírez Gutiérrez: Se pregunta a la Asamblea si se acepta la propuesta hecha por el diputado Ortiz Mendoza. Los que estén por la afirmativa sírvanse indicarlo...
Los que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Desechada.
- La C. Presidenta: Consulte la Secretaría a la Asamblea si el artículo 10 se encuentra suficientemente discutido.
El C. secretario Alberto Ramírez Gutiérrez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si está suficientemente discutido el artículo 10.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido.
Se va a proceder a recoger la votación nominal del artículo 10. (Votación.)
Se emitieron 152 votos en pro y 13 en contra.
- La C. Presidenta: Ha sido aprobado el artículo 10 en lo particular.
El C. secretario Alberto Ramírez Gutiérrez: Está a discusión el artículo 11 del proyecto de Decreto, que reforma y adiciona la fracción IV del artículo 74 Constitucional.
- La C. Presidenta: Se abre el registro de oradores para la discusión del artículo 11.
Esta presidencia informa que se han inscrito para hablar en contra, los diputados Miguel Hernández Labastida, del PAN, y el diputado Héctor Ramírez Cuéllar, del PPS; en pro, el diputado Roberto Olivares Vera y el diputado Julio Zamora Bátiz.
Se concede la palabra al diputado Hernández Labastida.
El C. Miguel Hernández Labastida: Señora Presidenta; señoras y señores diputados:
Este artículo 11 que reforma el 74 Constitucional, en mi opinión es el menos político de la Reforma Política, pues más que todo se refiere a las facultades que en exclusividad esta Cámara.
Ya hemos conocido, hemos palpado el criterio que se tienen en esta Asamblea, de estar decididos de antemano a aceptar la Reforma tal cual viene; lamentablemente todavía no se ha podido observar un índice de apertura, de reconocimiento de la razón; tal parece que ya vienen, por consigna, con un convencimiento previo, pero el hecho es que hasta ahora todo ha sido aprobado tal cual se ha presentado, con algunas adiciones de las comisiones.
Las facultades que ya estaban establecidas en el artículo 65 como parte de las facultades del Congreso General y que han sido transferidas al 74 Constitucional, para quedar como funciones exclusivas de esta Cámara, son en esencia las que ya el maestro Tena Ramírez señalaba como facultades hacendarías del Congreso o de la Cámara. Estas facultades que son de aprobación, discusión en su caso de la Iniciativa de ley de ingresos, de la Iniciativa del presupuesto de egresos y de la revisión, examen y aprobación de la Cuenta Pública, ya están en el artículo 65 y han pasado al 74 como facultades exclusivas de esta Cámara. Ojalá y que dentro de lo que les vamos a proponer no abdiquemos o renunciemos a las facultades que ya nos concede la Constitución, como ha sido el caso de facultades que tuvimos tan solo la semana pasada y que ya fueron rechazadas por esta Cámara, como fue el caso concreto de la calificación de las elecciones de los Senadores del D.F.
En el párrafo 2o. del artículo 74, se propone que esta Cámara reciba del Ejecutivo las iniciativas de leyes de ingresos del presupuesto de egresos, a más tardar el último día del mes de noviembre. En este caso concreto, la diputación de Guanajuato proponía que estas iniciativas fuesen presentadas a este cuerpo colegiado a más tardar el día 10 de septiembre. La Iniciativa presidencial ya proponía que fuese el 30 de noviembre de cada año, el último día del mes de noviembre.
Nosotros creemos que si el argumento de inmediatez que alegaron las comisiones para no adelantar la recepción de estas Iniciativas se refiere a que tengamos exclusivamente 30 días para revisar lo que ya en su argumentación daban la diputación de Guanajuato como argumentos totales para acelerarlo, es sumamente indispensable que veamos que se solicitaba que se adelantara la recepción de las Iniciativas de Ingresos y de el Presupuesto de Egresos, a fin de que esta Cámara tuviese tiempo suficiente para realizar un estudio profundo, a fondo, sobre el futuro del país, y sobre todo en lo que se refería a la Ley de Ingresos, se argüia que era indispensable adelantar la recepción de esta Iniciativa en función de ver si se está posibilitando una debida redistribución del ingreso.
Creemos que 30 días que otorgan las Comisiones para la recepción, estudio, examen, análisis de los presupuesto de Egresos y de las Contribuciones o Ley de Ingresos que vamos a autorizar, exclusivamente en el mes de diciembre, es un tiempo sumamente limitado para que en serio y a fondo podamos estudiarlos.
De ahí que nosotros pensemos que el 10 de octubre es la fecha indicada, pues podría darle, tanto a la Secretaría de Hacienda que prepara el proyecto, la Iniciativa de Ley de Ingresos, como a la de Programación y Presupuesto que prepara el Presupuesto de Egresos, 30 días más para presentar junto con lo que ya de antemano establece la Ley General de Deuda
Pública, un estado de la situación y movimiento de la deuda que se presenta trimestralmente a esta Cámara. Puede unirse la presentación de dichas Iniciativas con ese estado de la situación de la Deuda y de sus movimientos.
Creemos que sólo estamos adelantando 60 días de lo que las comisiones han previsto, y que sí es factible que la Secretaría de Programación y Presupuesto pueda presentárnosla a la fecha solicitada del 10 de octubre. Recuerden que la semana pasada la prensa mencionaba que ya, al 20 de octubre, el Presupuesto estaba preparado, las cifras de los presupuestos.
Esto puede ser sólo noticia pero sí creemos que se cuentan en la Secretaría de Programación y Presupuesto con los elementos esenciales, prueba de ello son los reportes estadísticos y análisis que nos están mandando bimestralmente, para que en un momento dado se pueda presentar en esa fecha y entonces conceder a esta Asamblea el tiempo suficiente para estudiar a fondo, ambas Iniciativas.
En el tercer párrafo de este artículo 74, fracción cuarta, se establece que no podrá haber otras partidas secretas, fuera de las que se consideren necesarias con ese carácter en el mismo presupuesto, ya que serán empleadas por los secretarios previa autorización del Presidente de la República.
Nosotros creemos que este concepto, es sumamente atrazado, que es indispensable que eliminemos de nuestra constitución y de nuestros presupuestos, todas las partidas secretas. Creo que todo debe de saberse, que el pueblo debe estar enterado en qué se gasta su dinero, y no tenemos por que ocultarle nada y establecer partidas secretas. En este sentido consideramos y estamos conscientes, de que sí pueden haber partidas imprevistas o contingentes de hechos que pueden suceder, de gastos probables y posibles, pero que de ninguna manera deben de tener el carácter de secreto, ya que esto da la impresión de estar ocultándole al pueblo algo.
La proposición es muy sencilla; es que no se acepten las partidas secretas, pero que en el presupuesto se pueden prever, predeterminar aquellas partidas contingentes de hechos que puedan suceder o que sean imprevistas, pero que eliminemos estas palabras que aparentemente han sido "tabú", en la revisión y aceptación de todas nuestras constituciones que siempre las han traído.
La última objeción que encontramos a este artículo 11 fue el último párrafo, pues si nosotros estamos autorizando y ordenando al Ejecutivo de la Nación que al presentar las Iniciativas de la Ley de Ingresos, del Presupuesto de Egresos, y de la Cuenta Pública a fechas determinadas, es incongruente que en el mismo texto constitucional pongamos la excepción, pues entonces podrá el Ejecutivo retrasar la llegada de esas Iniciativas.
Creo que de ser así, sería abdicar de una de nuestras facultades, pues si ya estamos fijando al Ejecutivo una fecha determinada para la presentación de Iniciativas de Ley de Ingresos, del Presupuesto de Egresos y de la Cuenta Pública, éstas deben cumplirse.
Estamos conscientes que el año que entra, será el primer año en que se presente la Cuenta Pública al 10 de junio, que por cierto es uno de los avances de este artículo, pero no estamos de acuerdo en que se atrase tampoco la presentación del Presupuesto de Egresos ni la Ley de Ingresos, que si se aprueba como las comisiones lo piden al 30 de noviembre, deja tan solo el mes de diciembre para estudiarlas.
Al presentarse tenemos la obligación de estudiarlas y aprobarlas antes de que éstas sean ejercitadas. Es definitivo que en diciembre se tengan que discutir y aprobar, en su caso, estas dos Iniciativas.
De ahí que nosotros vemos que no es factible que el Ejecutivo, por cualquier razón que considere, retrase la llegada de estas Iniciativas porque limitaría las posibilidades de estudio a fondo, y de una toma de decisión adecuada.
Por tal motivo, nosotros nos permitimos presentar la siguiente proposición a esta Asamblea. Leería así:
Artículo 74, fracción 4a., el párrafo segundo: El Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara las correspondientes Iniciativas de Leyes de Ingresos y los proyectos de presupuesto, a más tardar el día 10 del mes de octubre, debiendo comparecer el Secretario del Despacho correspondiente, a dar cuenta de los mismos". Exclusivamente estamos adelantando la fecha al 10 de octubre. Párrafo tercero: "No habrá partidas secretas y las partidas contingentes o imprevistas que como tal se consideren necesarias en el mismo presupuesto, serán empleadas por los Secretarios por acuerdo escrito del Presidente de la República". Solicitamos la supresión, la desaparición de éste último párrafo, en el que se autoriza al Ejecutivo a retrasar los plazos de presentación de estas dos Iniciativas y de la Cuenta Pública, pero proponemos un artículo transitorio que dice como sigue: "Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación de la Cuenta Pública en 1978, cuando medie solicitud del Ejecutivo suficientemente justificada, a juicio de la Comisión Permanente, debiendo comparecer, en todo caso, el Secretario del Despacho correspondiente, a informar de las razones que lo motiven". En este caso nosotros estamos eliminando el retraso de las Iniciativas de Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, pues ya de, por sí tenemos muy poco tiempo para su estudio y estamos aceptando el probable retraso de la Cuenta Pública que sería entregada, si se aprueba como propone la Iniciativa, al 10 de junio, ésta se entregaría a la Comisión Permanente puesto que estaría el Congreso y esta Cámara en receso. En tal virtud, nos permitimos hacer esta proposición a la Asamblea. Muchas gracias. (Aplausos.)
- La C. Presidenta: Tiene la palabra el diputado Olivares Vera.
El C. Roberto Olivares Vera: Con su permiso, señora Presidenta. H. Asamblea: El régimen de la revolución mexicana no ha escogido el camino de la claudicación ni está de
rodillas ante la historia; surgido de un movimiento social del pueblo, por el pueblo, para el pueblo y con el pueblo, sigue siendo vía para resolver nuestras contradicciones e impulsar institucionalmente los cambios sociales.
México, como el resto del mundo, vive una severa crisis en lo económico, descansó durante mucho tiempo en la estabilidad política, en un ajuste bianual de salarios y un aumento moderado de los precios así como una paridad fija del peso frente al dólar.
Después de un tiempo, al aumentar los precios y reajustarse los salarios, se desató la inflación y finalmente perdimos esa paridad fija.
De todo ello, nos ha quedado la estabilidad política. Nos ha quedado una estabilidad política que, como ha dicho el Presidente de la República"... en ella, pese a los quejidos apocalípticos, los lamentos catastrofistas, las gesticulaciones demagógicas y los disparos extremistas, que exportaron capitales o solidaridad a otros sistemas, seguimos actuando y construyendo el país conforme a los valores y principios que nos unen.
No nos hundimos ni nos derrumbamos, cada día amanece, y seguimos en el camino con paso firme.
Esto que ha sido la respuesta del Presidente López Portillo, ha venido a nuestra representación nacional como primera parte de la reforma política. La Reforma Política, es, pues, la respuesta del régimen de la Revolución Mexicana ante la crisis, a fin de ensanchar nuestra democracia, y preservar, precisamente, la estabilidad política. Me he inscrito para defender el dictamen en lo referente al artículo 74, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al artículo 11 del Decreto, por que estoy convencido que significa un paso importante en nuestra evolución, porque estoy convencido, indudablemente que ensanchará nuestra participación como Cámara y como representantes del pueblo, en la Constitución y en la vida de la Nación.
Sin embargo, hace un momento, me llamó la atención la afirmación que hizo el diputado Hernández Labastida, del PAN, que dice, si no mal recuerdo, señor diputado, que hemos venido aquí a "aceptar la Reforma tal cual viene". Esto no es cierto, sobre todo, en este artículo es un caso patente y claro de que no es cierto.
El artículo 74, en su fracción IV, de la Iniciativa, ha sido modificado sustancialmente, ha sido modificado por la acción inteligente de las comisiones, por la diputación de Guanajuato, y por la acción inteligente de la mayoría. Yo en esto, señor diputado, difiero, y categóricamente digo que no es cierto.
He venido, fuera de esta disgresión, a defender el dictamen, porque representa en este artículo 74, fracción IV, en primer lugar, un reordenamiento lógico de las facultades económico hacendarias de la Cámara de Diputados, un reordenamiento lógico porque artículos que antes estaban dispersos, facultades que estaban dispersas en nuestra Constitución, concretamente en el artículo 65 y 74 del texto vigente, la Iniciativa los reagrupa en un solo artículo: El artículo 74, fracción IV, y las comisiones van más allá incorporando la opinión de la mayoría y la opinión de la diputación de Guanajuato, para fortalecer las facultades exclusivas económico hacendarias de la Cámara de Diputados.
Indudablemente que la Iniciativa destaca también, y esto es sumamente relevante, porque da como facultad, o regresa como facultad exclusiva a la Cámara de Diputados, el análisis y revisión de la Cuenta Pública; la Cuenta Pública que es uno de los temas fundamentales de nuestra Constitución, le es regresada a la Cámara que más directamente está vinculada a la representación popular, y es regresada además por un argumento tan sencillo como que la Cámara de Diputados, que es aparte la que tiene la Contaduría Mayor de Hacienda y posee los elementos administrativos y de representación suficientes para que revise la Cuenta Pública de nuestro país.
Por otro lado, - y esto viene a colación también por la proposición del compañero Hernández Labastida -, difiero de él en su segunda afirmación. Creo que la Iniciativa, y concretamente ya las de las Comisiones, el dictamen de las Comisiones, mejora los tiempos de presentación de los presupuestos y de la Iniciativa de Ley de Ingresos. Los mejora porque hasta la actualidad, y si leemos el texto del artículo 20 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, daba para la presentación el presupuesto, el día 15 de diciembre del año inmediato anterior al de la fecha de su correspondiente ejercicio. Y ahora la Iniciativa lo fija en el día último de noviembre del año inmediato anterior. Es decir, 15 días más de la oportunidad a esta representación nacional para que discuta, con base en los lineamientos de la Cuenta Pública, para que discuta, con base a los lineamientos de los diputados, precisamente el alcance, la intención y la fundamentación del presupuesto, que es uno de los instrumentos fundamentales de política económica de nuestro país.
Igualmente mejora el texto original del artículo 65 en su fracción 1a., donde dice que la cuenta pública debe recibirla la Cámara de Diputados los primeros diez días de la iniciación de su período de sesiones. La iniciativa conserva esto; sin embargo, y aquí es donde precisamente diputado, yo trataba de hacerle entender que se justifica aún más y su aseveración no es cierta, porque aquí se toma en cuenta la iniciativa de la diputación de Guanajuato, se toma en cuenta la opinión de la mayoría de los diputados, y se solicita que la Cuenta Pública del año anterior, como se precisa, sea recibida por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en los primeros 10 días del mes de junio, lo que nos da un período de más de 5 meses, o equivalente a 5 meses, para que, primero la Contaduría Mayor de Hacienda, y después la Comunión Inspectora de esa Contaduría, y posteriormente la Comisión de Presupuesto y Cuenta, nos presentan a la Asamblea General, un dictamen lo suficientemente claro,
ajustado al espíritu de esta reforma, y ajustado al espíritu de la Constitución, para que el pueblo vea con claridad, cómo se gastó el dinero y cómo se ejerció el Presupuesto.
Yo creo que todas estas cosas fundamentan aún más la profundidad de nuestra Reforma Política, que también defiere en esto, señor diputado, creo que este artículo no es el menos político de los artículos de la Reforma, creo que la política está precisamente en que podemos revisar con mayores instrumentos lo importante que es la Cuenta Pública y el Presupuesto de la Nación.
Por otro lado, establece algo que es muy importante, que es singularmente importante le da majestad al Poder Legislativo de nuestro país; le da majestad porque, gracias a la visionaria Iniciativa de Guanajuato, solicita, y así lo tienen a bien las Comisiones, que modifican la Iniciativa Presidencial, que vengan aquí el Secretario del despacho respectivo, a fundamentar cuáles son los motivos, las razones por las cuales se emite así el presupuesto en tal o cual manera.
Por las cuales se emite así la Iniciativa de Ley de Ingresos en tal o cual manera y si por alguna causa, porque hay causas administrativas, que todos comprendemos, de la Secretaría respectiva, de la elaboración del Presupuesto y la Ley de Ingresos; tendrá que venir aquí, el Secretario del despacho respectivo, ante la majestad de esta Cámara y del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, a explicar por qué no viene en la fecha como lo manda la Constitución.
Si estos no son avances importantes a la iniciativa, si estos no son fundamentales hacia la democracia, hacia la consolidación del Poder Legislativo, entonces no sé qué son los pasos fundamentales. Por otro lado en el párrafo tercero de las Comisiones dictaminadoras, incorpora los artículos 2o., 13 y 43 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, lo incorpora de una manera definitiva al texto constitucional y dice así:
La revisión de la cuenta pública tendrá por objeto conocer los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha aceptado a los criterios señalados por el presupuesto y el cumplimiento de los objetivos contenidos en el programa.
Esto es muy simple y muy sencillo, al incorporar estos artículos de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público eleva al rango constitucional o de ley fundamental, precisamente en que consiste la revisión de la Cuenta Pública.
En el párrafo cuarto de la misma iniciativa, incorpora igualmente -y esto es también igualmente - los artículos 7o., 8o., 26, 27 y 28 de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda que a la letra dice:
Si en el examen que realice la Contaduría Mayor de Hacienda aparecieren discrepancias, entre las cantidades gastadas y las partidas respectivas del presupuesto o no existiera esa actitud o justificación en los gastos hechos, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la ley.
Esto es, no deja suelto o al garete o a la interpretación de la Comisión de Presupuestos y Cuenta Pública o a las de las comisiones unidas o a quien le corresponda, la revisión de la cuenta pública y en qué consiste. Las precisa. Incorpora los textos de dos leyes secundarias a una ley primaria, que es la Constitución. Y esto es otro avance en este artículo fundamental de la Constitución y de la iniciativa.
Por otro lado, es indudable que el lenguaje jurídico mejora del texto de la iniciativa al texto final de las comisiones. Mejora en muchos sentidos.
Si vemos el primer párrafo de la iniciativa presidencial, ahí habla de examinar, discutir y aprobar el presupuesto de egresos de la Federación, pero descarta el tiempo: "anualmente". Si regresamos al artículo de la Constitución tal como está actualmente, tal como está vigente, en el artículo 74 habla de que será anualmente y la iniciativa de Guanajuato lo confirma. Es por lo cual, las Comisiones, en atención a la claridad del texto constitucional, lo incorpora, y de allí en adelante precisamente, dirá "aprobar anualmente el presupuesto de egresos de la Federación". Otros ejemplos de esos es precisamente en el primer párrafo al referirse a "decretar los impuestos", dice la iniciativa presidencial y en esto defiere del espíritu original de la Constitución que habla de que "discutiendo primero las contribuciones", que por otro lado ratifica y amplía en su exposición de motivos la Iniciativa de Guanajuato, por lo cual regresa al texto constitucional y habla de que, "discutiendo primero las contribuciones", allí otra palabra que se le cambia del texto de la Iniciativa al texto final de las Comisiones. ¿Por qué? porque "contribuciones" es una palabra más genérica que "impuestos", contribuciones quiere decir no sólo impuestos, quiere decir productos, derechos, aprovechamientos y otros conceptos que ustedes saben que están contenidos en las Leyes de Ingresos, y que indudablemente recoge la parte, el espíritu de otros artículos de la Constitución. Toda esta claridad en el manejo de conceptos jurídicos que finalmente determina o ha determinado las Comisiones unidas que se encargaron de hacer el dictamen final, es otro avance positivo y significa igualmente una modificación importante al texto original de la Iniciativa Presidencial.
Por último, es indudable que la Iniciativa es reformada por las Comisiones unidas en la adecuación de los tiempos, estos es, nos da una mayor margen para revisar la Cuenta Pública, nos da un mayor margen y en esto no estoy de acuerdo con usted tampoco, señor diputado Hernández Labastida. Considero que en este país, sobre todo en los momentos actuales que vivimos, con una moderada alza de precios o una moderada inflación y con una serie de datos que necesitan corresponderse al día tendría la Secretaría de Programación y Presupuesto, encargada precisamente por Ley de elaborar el presupuesto, que tender los datos más frescos para poder que al llegar aquí el texto de la iniciativa no fuera ya nugatoria
o invalidada por el cambio de las condiciones. Por ello yo acepto y defiendo que sea el día último de noviembre el último día para el cual se venza el plazo de la presentación del presupuesto.
Creo que está en el espíritu de usted o de la iniciativa que usted presentó, el que la Cámara esté mejor informada de esta situación; creo que con el último de noviembre tendrá un mes para discutir con suma atención y aparte teniendo los instrumentos de la elaboración de la cuenta pública o del dictamen de la cuenta pública para discutir el presupuesto respectivo.
Por otro lado, al establecer e incorporar en el último párrafo de la iniciativa que también se estudie la cuenta pública ahí en este último párrafo y solicitar que sólo a petición del Presidente de la República, mediando una exposición de motivos del Secretario del Despacho respectivo se podrá diferir el tiempo de la presentación del presupuesto y, por supuesto, también de la Cuenta Pública, no da oportunidad a que esta Constitución se viole o se violente. Creo que es algo que está en el espíritu de nuestra Constitución y que tiene que ver con el ejercicio en sí de la programación del presupuesto respectivo.
Tenemos que darle al Ejecutivo en turno, en ese caso, a la Secretaría de Programación y Presupuesto, el tiempo suficiente para elaborar el presupuesto, porque éste es, por su elaboración, y por su importancia, precisamente uno de los instrumentos importantes de política económica.
Todas estas razones me hacen venir a solicitar la aprobación respectiva del Dictamen de las Comisiones unidas de Presupuesto y Cuenta Pública. Creo, indudablemente, que representa un avance singular en nuestra vida constitucional. Creo que indudablemente contribuirá a profundizar aún más y a darle aún mayor vigor a la fuerza del poder legislativo.
Compañeros diputados: Por encima de las naturales diferencias que nos separan, pero que contribuyen singularmente al fortalecimiento de esta representación nacional, y teniendo en cuenta que el texto de la iniciativa ha sido modificada sustancialmente por las Comisiones respectivas y por la Iniciativa de Guanajuato, y a que aquí, la mayoría, ha prevalecido el deseo de ampliar esas facultades, es por las cuales vengo a solicitarles que unánimemente respaldemos este artículo 74 en su fracción IV de las Comisiones unidas de Legislación y Puntos Constitucionales. Muchas gracias. (Aplausos.)
- La C. Presidenta: Tiene la palabra el diputado Ramírez Cuéllar, del PPS.
El C. Héctor Ramírez Cuéllar: Señora Presidenta; Compañeros diputados: El artículo 74 de nuestra Carta Magna, es sin duda, uno de los artículos más importantes de nuestra ley fundamental; en él están contenidas las atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados.
En la Iniciativa del Presidente de la República, cuyo dictamen hoy discutimos y aprobamos, se presenta el interés del Ejecutivo, de sistematizar y de concentrar en un solo artículo de la Constitución, las atribuciones que en materia económica tiene la Cámara de Diputados.
Como todos sabemos, estas atribuciones habías estado dispersas, aisladas, en diversos artículos de nuestra Carta Magna.
El interés del Ejecutivo por sistematizar y unificar las atribuciones económicas de la Cámara de Diputados, refleja el interés que tiene el pueblo de México por conocer a profundidad los grandes problemas económicos de México y del mundo, y refleja también la preocupación que tiene nuestro pueblo por examinar las causas de la carestía de la vida, del desempleo o de los efectos del gasto público del gobierno. Este interés y esta preocupación cada vez más generalizada, se agudiza en épocas de crisis cuando el pueblo sufre de manera directa los efectos sociales de los fenómenos económicos.
Esta tendencia de fortalecer las atribuciones económicas de la Cámara de Diputados ya empezó a expresarse el año pasado, cuando aprobamos distintos ordenamientos legales que son de una gran importancia. El año pasado, esta representación nacional aprobó una importante reforma administrativa, a virtud de la cual nació la Secretaría de Programación y Presupuesto, que tiene la finalidad de racionalizar, de unificar y de planear el ejercicio del presupuesto. Aprobamos también la Ley del presupuesto y del gasto público, y finalmente la Ley de la Deuda Pública, estableciéndose el compromiso del Poder Ejecutivo de informar trimestralmente a esta soberanía sobre el monto y el ritmo de la deuda pública. En esta iniciativa que hoy comentamos, también refuerza el interés porque la Cámara de Diputados tenga una ingerencia política mayor en la elaboración, en la aplicación de la política económica del gobierno federal, y porque los mecanismos de control legislativo que consagra la Carta Magna y que otorga a la Cámara de Diputados se depuren, se perfeccionen para que la política económica del gobierno federal tenga una amplia base popular y un sólido respaldo de carácter político.
En primer lugar, el dictamen que hoy comentamos contiene progresos muy sensibles que se derivan de la Iniciativa del Presidente.
Algunos apartados del Artículo 65 de la Carta Magna, que se referían a las facultades económicas, pasan al Artículo 74. Ese es un progreso de carácter legislativo y jurídico realmente importante.
Por otra parte las Comisiones eliminan en forma definitiva, la práctica contraproducente que venía operando en nuestro país; el hecho de que la Cámara de Diputados compartiera la facultad de revisar y aprobar la Cuenta Pública con el Senado. Cuando la Cuenta Pública llegaba al Senado de la República esto era demasiado tarde durante el Período Ordinario de Sesiones, y por lo tanto, los senadores no tenían los elementos de información de que contaba la Cámara de Diputados para la discusión de la Cuenta Pública. De esta manera, las Comisiones señalan, con toda
razón, que existe una relación indisoluble entre quien aprueba el Presupuesto o los Presupuestos y quien aprueba a su vez la Cuenta Pública, porque la Cuenta Pública no es sino el resultado de la aplicación del Presupuesto y del Gasto del Gobierno.
Ha quedado entonces muy claro que, si la Cámara de Diputados discute y aprueba las leyes de Ingreso, los Impuestos, las Contribuciones, aprueba el presupuesto del Gobierno Federal y del Distrito Federal, era lógico que también aprobase en forma exclusiva la Cuenta Pública de esos dos organismos.
En este interés que ha expresado el Ejecutivo porque la Cámara de Diputados intervenga cada vez más en la elaboración de la política económica, es sobre el cual nos basamos la fracción parlamentaria de mi Partido, para presentar distintas adiciones, distintas sugerencias que enriquecen el contenido del Artículo 74.
En el fondo de este interés que comparte el Poder Legislativo, existe nuestra preocupación porque sea una práctica saludable, que a partir de ahora las grandes obras públicas, las grandes decisiones económicas, no sean una facultad exclusiva del Presidente de la República. No sean sólo consultadas con lo equipos de especialistas y de técnicos que deben estudiarlas y dictaminar sobre su vialidad, sino que las grandes obras públicas y las grandes decisiones de carácter económico, deben contar con el conocimiento y con el consenso del Poder Legislativo.
Esto de ninguna manera pretende limitar o restringir las atribuciones que el Presidente de la República tiene en materia económica y que están muy claras en la Constitución General de la República.
Si las grandes decisiones económicas del país, se conocen, se discuten y se apoyan en esta representación nacional obviamente que contarán con un mayor apoyo político y popular. Ha sido hasta ahora, una práctica derivada del régimen presidencialista de México, el hecho de que las grandes decisiones en materia económica se toman en la cúspide del Gabinete, o especialmente entre un merecido grupo de especialistas.
Este fenómeno ha sido históricamente natural, pero ha llegado el momento de que el Poder Legislativo, participe en forma más efectiva y directa en la elaboración y aplicación de la política económica, como corresponde a un estado capitalista en ese grado de desarrollo en el que vive nuestro país.
Está claro que en ese momento en la vida de México a la vez que existe un Poder Ejecutivo fuerte, debe existir un Poder Legislativo poderoso, realmente representativo de las masas del pueblo.
Actualmente existen distintas anomalías, que impiden que esta representación nacional, discuta exhaustivamente los Presupuesto y en consecuencia la Cuenta Pública que es el resultado final de ella. Nosotros aprobamos el presupuesto, pero entre la aprobación y la aplicación del presupuesto, y la presentación de la cuenta pública, no existe ningún mecanismo que permita a la Cámara de Diputados ir supervisando, ir controlando, ir regulando el ejercicio de este presupuesto, sino que tenemos que esperar a que la Cuenta Pública se presente al año siguiente para poder emitir nuestra opinión.
Consideramos que es necesario empezar a pensar sobre la forma o las modalidades que habrá de tener este mecanismo de regulación y de supervisión de la Cámara de Diputados entre la presentación y aprobación del presupuesto, y la presentación de la cuenta pública.
Por otro lado, ha sido notorio que la cuenta pública hasta hoy se ha reducido a un documento fundamentalmente de carácter estadístico y contable, cuando que lo que interesa a esta representación nacional es examinar los aspectos cualitativos de la obra del gobierno federal, los aspectos esenciales de la Cuenta Pública y sobre todo su repercusión en la vida económica del país y no conformarnos con un documento estadístico de carácter contable, que reconocemos cada año se perfecciona y se mejora. Si el Presidente de la República informa a esta representación nacional del estado de la deuda pública cada tres meses, con este mecanismo esta representación nacional ha podido conseguir en forma paulatina el ritmo y el ejercicio de la deuda pública, por lo que consideramos que, tratándose del ejercicio del Presupuesto en el cual se va de por medio no sólo la vida económica del Gobierno Federal sino la vida económica del país en su conjunto; tratándose del factor económico más importante de nuestra economía, es necesario que el Ejecutivo Federal informe a esta representación nacional por medio de la Secretaría de Programación y Presupuesto, con carácter trimestral, acerca del ejercicio y del ritmo que tiene la aplicación del presupuesto durante el año de su ejecución. De esta manera, la Cámara de Diputados estará informada periódicamente si el presupuesto se ha restringido, si las variaciones son sustanciales y no tener que esperar la Cuenta Pública para decir que hay grandes variaciones entre lo que aprobamos y lo que se ejerció realmente, e incluso llegar a plantear que cuando se trate de variaciones importantes entre lo aprobado y lo ejercido, el Ejecutivo recabe la autorización de esta Cámara, para que esta Cámara sea corresponsable de la acción del Presidente de la República.
La Secretaría de Programación y Presupuesto tiene los recursos técnicos suficientes para informarnos sin ninguna dificultad técnica acerca del ejercicio del presupuesto en el año en curso, por lo que esta exigencia no tendría dificultades importantes.
De esta manera, la Cámara de Diputados podría ir siguiendo el curso de la aplicación del presupuesto y, en virtud de otras reformas que veremos posteriormente para investigar a las empresas del Estado, esta representación nacional podría iniciar importantes tareas de investigación conducentes a examinar los avances del presupuesto y del gasto del Estado.
Igualmente consideramos y esto ya lo planteamos el año pasado al examinar y aprobar
la Ley de Deuda Pública. Nosotros, en esta ocasión, no queremos discutir si esto es deuda pública en el sentido estricto o no; ese debate no interesa a nuestra fracción parlamentaria. Nos referimos a que el Ejecutivo Federal también debe informar a esta representación nacional acerca de los convenios de regulación monetaria que actualmente suscribe con diversos organismos financieros internacionales, convenios que no conocemos o que sólo conocemos en forma indirecta o a través de la prensa nacional o internacional.
Actualmente la Cámara de Diputados sólo aprueba los incrementos de las cuotas de México al Fondo Monetario Internacional y a otros grandes bancos internacionales; sin embargo, desconocemos cuáles son las condiciones sobre las cuales operan los empréstitos que México recibe de esas entidades, a qué monto ascienden esos empréstitos, por lo que se crea una situación particularmente conflictiva. Recientemente, como ha sido de la opinión pública, México suscribió un importante convenio financiero con el Fondo Monetario Internacional, y, sin embargo, esta representación nacional no tiene información alguna acerca del alcance, del contenido y de los puntos fundamentales de este convenio.
Lo conocemos en forma indirecta, y, sobre todo, porque es similar al que han aplicado en otros países. Pensamos, entonces, que sería saludable que el Poder Ejecutivo informara sobre esos convenios de regulación monetaria.
Para nosotros hay un progreso importante: El hecho de que los Secretarios de Estado comparezcan a esta representación nacional para informar acerca de las finalidades de su presupuesto. Sin embargo, no dejamos de advertir que, pese a que se aumenta el tiempo para revisar la Cuenta Pública, aún existe un mecanismo que nos parece que es necesario superar en parte.
Según el dictamen, la Cuenta Pública se presentará en junio a la Oficina Mayor de la Contaduría de Hacienda, para que emita su dictamen técnico.
Sin embargo, consideramos nosotros que, dado que en ese momento no existe período de sesiones ordinario, si no sólo está reunida la Comisión Permanente; durante dos meses o tres, la oficina técnica de esta Cámara producirá su dictamen.
Consideramos que a la hora en que se presente la Cuenta Pública a la Comisión Permanente, ésta debería presentarse también a todos los diputados en su conjunto, para que éstos tengan el anteproyecto a partir de ese momento, y puedan conocer y valorar más ampliamente el estudio que haga nuestra oficina técnica; es decir, de esta manera, habría un estudio correlativo entre los diputados, estaría en receso en ese momento, y el trabajo de la Contaduría Mayor de Hacienda, lo que enriquecería notablemente la actividad de esta oficina.
Con lo que proponemos a ustedes las siguientes modificaciones: "El Poder Ejecutivo enviará trimestralmente a la Cámara de Diputados, un informe acerca de la aplicación y del ejercicio del Presupuesto". Este párrafo podría quedar redactado en cuarto lugar en el dictamen que estamos discutiendo.
Proponemos que en seguida continúe el párrafo siguiente: "El Poder Ejecutivo enviará a la Cámara de Diputados, el estado de la Cuenta a más tardar el último día del mes de junio a la Comisión Permanente, y a los diputados en su conjunto correspondiente al ejercicio del año anterior".
Después del 5o. párrafo del dictamen, proponemos que se establezca la siguiente obligación del Ejecutivo: "Los convenios de regulación monetaria, también serán objeto de informe a la Cámara de Diputados".
Señores diputados, estas proposiciones no afectan en lo esencial al dictamen que ha recaído sobre el artículo 74 de la Constitución, y si tiene la finalidad de continuar reforzando nuestra presencia y nuestra participación en la elaboración de la política económica del gobierno federal. Démos un paso, compañeros diputados, en la intervención del pueblo, en algo que le afecta de manera fundamental, en sus problemas económicos. Muchas gracias. (Aplausos).
- La C. Presidenta: Tiene la palabra el diputado Zamora Bátiz.
El C. Julio Zamora Bátiz: Con su venia, señora Presidenta; honorable Asamblea: Hemos escuchado con sumo interés las observaciones que tanto el Partido de Acción Nacional como el Partido Popular Socialista, ha merecido el dictamen de las Comisiones unidas que hemos venido considerando.
Antes de entrar a referirme en detalle a las objeciones presentadas, quisiera hacer algunas consideraciones de orden general, que me parece precisan el carácter plenamente político de las reformas que aquí estamos discutiendo.
Dar mayores facultades y sistematizar el ejercicio de las que ya están encargadas a esta H. Cámara, es entregar a un poder político una parte importante de la función económica. Creo que con ello queda más que justificado el carácter político, plenamente político, de estas reformas. Al modificar el artículo 74 constitucional, no sólo se toman en cuenta otras reformas que se han hecho al artículo 65 y a algunas leyes en el transcurso de los últimos meses, sino que se sistematiza la actuación del Poder Legislativo; se concentran en la Cámara los elementos de política fiscal y hacendaria, temas que por lo demás solicitó el Partido Popular Socialista en su voto particular con referencia a este dictamen; se adecúan las funciones y las disposiciones constitucionales a los avances logrados tanto en lo técnico, cuanto en la reforma administrativa y, lo que es fundamental en una reforma de carácter político, se reitera el respeto a la soberanía del Poder Legislativo y en particular a esta H. Cámara de Diputados, como representante directo de la población que paga los impuesto y que por lo tanto debe conocer su uso.
El Partido Popular Socialista, por voz del Diputado Ramírez Cuéllar. ha hecho algunas consideraciones que afectarían el segundo
párrafo del artículo 74. Al hablar de los plazos, ha señalado la necesidad de que se informe trimestralmente del ejercicio del Presupuesto para analizarlo y autorizar cualquier variación.
A este respecto también el Partido de Acción Nacional sugirió un cambio en el plazo que establece el Dictamen para la presentación de las iniciativas de ley en materia de Ingresos y de Presupuesto de Egresos.
Quiero señalar, en primer término, que la mayoría es consciente de que al aprobar este Dictamen, tendrá que modificar otras leyes. El diputado Olivares se refirió a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y señaló que ahí se fija el 15 de diciembre como plazo para que el Ejecutivo entregue a esta soberanía las leyes a que he hecho mención.
Estas disposiciones tendrán que ser ajustadas al plazo que se fije, que nosotros proponemos que sea el 30 de noviembre, y en consecuencia, oportunamente presentaremos una Iniciativa de Reforma a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público.
Voy ahora a explicar por qué, en nuestra modesta opinión no se debe adelantar el plazo que las Comisiones han planteado. El Presupuesto de Egresos se empieza a elaborar a nivel de las unidades administrativas del Poder Ejecutivo, hacia la mitad del año. A esa fecha, cuando aún la mayor parte de la acción que la ha sido encomendada a cada una de ella por el Presupuesto que está rigiendo está apenas en proceso, pocos resultados se pueden evaluar, hay que ya proyectar hasta el año siguiente, precisar los alcances que ha de tener la autoridad que les ha sido encomendada.
Todo este acopio de datos llega a la Secretaría de Programación y Presupuesto alrededor del mes de septiembre. Claro que podría ser posible adelantar esos plazos; nada es imposible cuando se trata de utilizar la latida económica y otros instrumentos tan finos para proyectar, ni aún con el auxilio de computadoras, en esta coyuntura económica que vive el mundo. ¿Es posible predecir cuál va a ser el comportamiento, por ejemplo, de los países productores de maquinaria, cuya importación indudablemente afecta substantivamente el presupuesto de egresos, puesto que es el sector público el que mayor capital invierte en nuestro país?
Pensar cómo se va a comportar el Presupuesto en lo que hace a remuneraciones salariales es también muy aventurado hacia la mitad del año. El proceso inflacionario - que no depende únicamente de nuestro país, y de las condiciones internas, sino del reflejo externo - es prácticamente impredecible en la situación inestable en que vive el mundo.
Existe además la legítima lucha de los compañeros obreros por mejorar su nivel de salario; existen las condiciones tecnológicas que determinan la productividad, que según los patrones es el límite que debe tomarse en cuenta para mover los salarios. Existe pues, un conjunto de variantes, variables que se interrelacionan y hacen prácticamente imposible que hacia la mitad del año se pudiera prever con un margen de seguridad y certidumbre, cuál va a ser la necesidad presupuestal del año siguiente, cuando recibimos aquí en diciembre el presupuesto de egresos; efectivamente disponemos de un plazo muy corto para su análisis, pero recibirlo el treinta de noviembre es fijar una fecha realista, para que este presupuesto venga fundado en consideraciones lo más apegado posible a la realidad.
Y esto concomitante con la otra ley que se demanda sea presentada en esta fecha. La ley de ingresos no puede fundarse exclusivamente en el conocimiento de todas las disposiciones contributivas que el Congreso de la Unión haya fijado; para establecer en la iniciativa las reforma que el Ejecutivo considere pertinente o aún para plantearlas como iniciativa propia del legislativo, habría que conocer en detalle el comportamiento de nuestra economía. Porque del comportamiento de nuestra economía depende la capacidad tributaria de todo el conjunto nacional; esta capacidad solamente se puede conocer hacia el último trimestre del año, porque entre otras cosas -y en esto no hay desdoro en reconocer fallas - tenemos una deficiente estadística, culpa de todos nosotros, no del gobierno que la recauda. También son culpable los individuos que se niegan o que falsean o que retrasan el envió de la información.
Entonces, ¿cómo se puede plantear una iniciativa de Ley de Ingresos sin conocimiento adecuado de cómo se ha comportado el conjunto económico nacional?
El criterio social, el criterio político que existe, subyacente, para procurar la redistribución del ingreso en la ley de que me ocupo, existe en todo momento, pero la factibilidad, la viabilidad real de ésta solamente se puede hacer si se conoce en el mayor detalle posible la situación económica y ésto no se puede hacer antes de que se inicie el último trimestre del año.
Por eso es que consideramos que adelantar 50 días al plazo propuesto actualmente la presentación de las iniciativas de Ley de Presupuesto y de Ingresos, resulta aventurado.
El Partido Popular Socialista también se refirió a que el presupuesto debe ser analizado trimestralmente por la Cámara.
Yo encuentro una cierta incongruencia - lo confieso - en tratar por un lado de ampliar los plazos para que podamos analizar la cuenta pública, que ampliemos los plazos para la presentación de las leyes, de las iniciativas de ley, a fin de que podamos estudiarlas y que por otra parte nos planteemos el casi imposible procedimiento de trimestralmente analizar el Presupuesto y autorizar sus aumentos; yo creo que ni en las empresas más pequeñas que se pudieran manejar casi individualmente, es factible estar haciendo este reacomodo trimestral de las partidas, de su uso y de sus autorizaciones.
La vigilancia a que se refiere el Partido Popular Socialista en cuanto al ejercicio del Presupuesto (habló de que se debe analizarse no sólo cuantitativamente sino cualitativamente),
está planteada precisamente en los párrafos cuarto y quinto del dictamen; y yo quería precisamente referirme a esos párrafos, no en función de lo que ha dicho el señor diputado Ramírez Cuéllar, sino del avance importante que estos párrafos contienen en cuanto a la actividad que compete a la Cámara. Anteriormente, la Constitución preveía una función meramente contable, exclusivamente una compulsa de haber y debe, una compulsa financiera que preveía también el ejercicio, la aplicación de las responsabilidades en el ejercicio de estas cuentas; pero ahora, tomando en consideración precisamente las reformas que se han hecho a la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, tomando en cuenta las disposiciones de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y, sobre todo, la necesidad de que el Poder Legislativo esté casa día más interiorizado, en cumplimiento de su responsabilidad popular, de la marcha y de la forma en que se ejecutan los actos económicos del gobierno, se precisa en la iniciativa, en el párrafo cuarto, que deben examinarse los criterios que se han aplicado. Dice: "Comprobar los resultados de la gestión financiera", tarea que se encomienda, en el siguiente párrafo, a la Contaduría Mayor de Hacienda, que es el órgano técnico de esta Legislatura; "comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el Presupuesto y al cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas".
Aquí se da un paso muy importante hacia el moderno proceso administrativo de los presupuestos por programa que son, a su vez, el paso inicial hacia la planificación que todos entendemos debe ser la norma consistente de gobierno que es deseable que se aplique.
Antes de seguir adelante, yo quisiera que me escucharan un momento sobre la argumentación que presentó el compañero Hernández Labastida en relación a las partidas secretas.
No son realmente secretas las partidas que por tradición así se denominan. En 1857 se incluyó el término en nuestra Constitución, la iniciativa del Primer Jefe Constitucionalista la incluía y el Congreso Constituyente la adoptó y ha permanecido a lo largo de los últimos años en nuestro texto fundamental.
No son secretas fundamentalmente por que quien tiene la autoridad para conocer el uso de los fondos públicos, esta soberanía, la Cámara de Diputados, sí conoce el uso de estas partidas. Obviamente no se detallan para el consumo público, no figuran en las publicaciones con la acuciosidad de utilización y de distribución con las que se presentan otras partidas que integran el presupuesto, pero no existe en forma alguna desorden ni desconocimiento de la ejecución de estas partidas; son, como dijo atinadamente el compañero Hernández Labastida, gastos que se prevén pero no en cuanto a su momento y cantidad; son gastos diríamos contingentes, pero están sujetas a presupuesto.
Cuanto nosotros aprobamos el presupuesto de egresos, ahí figuran y está establecido también por ley, la Constitución lo dice, se mantiene en esta Reforma, está establecido que ha de ser bajo la firma del señor Presidente de la República como los Secretarios de Estado pueden utilizar estas partidas.
El uso que de ellas se hace se conoce al analizarse la Cuenta Pública, se conoce por la Comisión Inspectora de Hacienda, se conoce por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara, y, por lo tanto, al emitir Dictamen, al proponer a la consideración de ustedes una aprobación o un rechazo, un conocimiento o un desconocimiento del movimiento financiero del Gobierno, se está involucrando el análisis del uso de esas partidas.
El señor diputado Ramírez Cuéllar sugiere que hagamos algunas modificaciones que impliquen que las decisiones económicas y las obras públicas, no serán materia sobre las cuales se pronuncie en exclusiva el señor Presidente y sus técnicos.
Plantea que exista el conocimiento y consenso del Legislativo para así tener mayor apoyo popular en estas obras o en estas decisiones.
Yo creo que existe suficiente y reiterado apoyo popular para la acción del Ejecutivo, en ésta y en cualquier otra materia. Estamos en un régimen que, por consenso nacional, ha adoptado la forma de dominante presidencial. Contamos en esta Cámara con representación de corrientes importantes de opinión pública y al entrar en vigor estas reformas, tendremos todavía mayor oportunidad para que los diferentes sectores de opinión se hagan representar, si el pueblo les otorga un respaldo, por mínimo que éste sea.
No tratemos, entonces, de introducir por esta vía de una aparentemente inocua adición al dictamen, un régimen parlamentarista en México.
La verdad es que los regímenes parlamentaristas no han sido efectivos más que cuando tienen, de alguna manera, un ejecutivo predominante. Las experiencias que se citaron cuando hablábamos aquí de la proporcionalidad o la no proporcionalidad en la representación, son válidas con respecto a la necesidad de un Ejecutivo que pueda tomar decisiones, y, como lo indica su nombre, ejecutarlo.
Yo me pregunto ¿cuánto tiempo tendríamos que deliberar, cuánto tiempo tendríamos que estudiar si vamos a cumplir con nuestra misión, con el criterio justo de responsabilidad hacia los electores; cuánto tiempo tendríamos que dedicar para aprender sobre estas materias especializadas? Tenemos en la Cámara representantes de muchos sectores de la actividad, pero dudo mucho que pudiéramos rechazar o aprobar, el caso es igual, alguna obra pública o una decisión de orden económico inmediato, que muchas veces es de carácter coyuntural y tiene que tomarse en materia de horas, sin debate largo, que convenciera a los no iniciados en cada una de estas materias de la bondad de lo que propone el Ejecutivo o de la conveniencia de rechazarlo.
Me parece, pues, que esto sería complicar el procedimiento administrativo de materias que nuestra Constitución, nuestra tradición y
nuestra necesidad de desarrollo, reservan para un Ejecutivo que realmente tiene en sus manos los elementos para ejecutarlas, para cumplirlas debidamente.
También el compañero Ramírez Cuéllar señaló que sería conveniente adicionar el dictamen para que no fuera sólo la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la que recibiera el 10 de junio, o a más tardar el 10 de junio, la información sobre la Cuenta Pública que ha de remitir el Ejecutivo.
A mí me parece que, en primer lugar, la Comisión Permanente es representativa de todo el Poder Legislativo, no es un cuerpo aparte; pero, a mayor abundamiento, en función del reglamento que todavía rige nuestra actividad y que ha de regirla hasta que aprobemos la ley que se refiere a una de las modificaciones constitucionales que ya se han aprobado, la Comisión Inspectora de Hacienda tiene encomendada -como representación también de esta legislatura - el conocimiento y la recepción inmediata de este material que ha de enviar el Ejecutivo.
La idea de que paralelamente a que lo reciba la Comisión Inspectora a través de la Comisión Permanente sea también esto conocido, todo este material, todo este acopio de datos, por el resto de los diputados, es interesante. Pero me permito sugerir al compañero Ramírez Cuéllar que esta idea se proponga y se realice en el contexto en que debe discutirse, que a mi entender es el de la ley que rija el reglamento y la operación del Congreso de la Unión.
El compañero Hernández Labastida también sugirió que el dictamen se modifique de manera que la excepción a que se refiere el último párrafo de este artículo, sea tansformada a un transitorio. A primera vista, su sugestión tiene plena validez. Pero si la examinamos detalladamente encontraremos varias razones que avalan su permanencia en donde está actualmente colocada.
Por una parte, si bien es cierto que es un año, como él propone, un plazo bastante amplio para realizar los ajustes administrativos y contables que este nuevo procedimiento, que se inició en realidad desde la ley que aprobamos el año pasado sobre presupuesto, contabilidad y gasto público, se implemente, se lleve a cabo por las oficinas responsables del Ejecutivo, y para que nuestra propia Contaduría Mayor de Hacienda se adecué y se modernice lo suficiente; esto, en primer lugar, no es de entera certeza. Probablemente no se alcance a hacer un proceso tan complicado en un año. Pero todavía más grave; yo encuentro que pueden existir en un momento dado situaciones económicas o sociales que ameriten que el Ejecutivo necesite excederse, por días, pero excederse al fin, en el plazo que se le fija en este mismo artículo para presentar esas leyes Resultaría sumamente difícil que estuviéramos poniendo al Ejecutivo, de inicio, en la situación casi cierta de tener que violar esta disposición constitucional sin darle una salida jurídica a un problema del cual por lo menos yo estoy consciente y espero que todos ustedes también lo estén.
En cualquier momento en que se presentaran circunstancias que exigieran algunos días más para este ajuste, se tendría que dar una autorización, con base ¿en qué? En un transitorio no puede ser, porque de acuerdo con la sugestión de Hernández Labastida este transitorio sólo sería vigente para 1978. Pero todavía más, cada seis años nos enfrentamos a la toma de posesión de una nueva administración que toma a su cargo la responsabilidad nacional el 1o. de diciembre: ¿Vamos a poner a cada nuevo Presidente en la obligación de respetar y atenerse a un Presupuesto de Egresos y a una Ley de Ingresos preparada por un régimen que va saliendo, preparada por un régimen con el que quizá no tiene mayor relación? ¿O le vamos a poder dar la oportunidad de presentarse aquí oportunamente para explicar su nueva política económica, porque esto es lo que en realidad, lo que se explica con la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, la política económica de corto plazo del gobierno, sin que haya violado la disposición constitucional?
Creo que el mantenimiento del último párrafo en la situación y condiciones en que está en este momento, nos pone a salvo de estos dos peligros.
Me indican que me quedan cinco minutos; no creo excederme más de ellos. pero quisiera solicitarle, señora Presidenta, si pudiera excederme unos cuantos minutos más de esos cinco minutos.
- La C. Presidenta: Consulte la Secretaría a la Asamblea.
El C. secretario Alberto Ramírez Gutiérrez: Se consulta a la Asamblea si se concede el tiempo necesario al señor diputado para que haga uso de la palabra. Los que estén por la afirmativa, sírvanse indicarlo... Aceptado.
El C. Zamora Bátiz (continuando): Muchas gracias. Hay una de las manifestaciones del Partido Popular Socialista que no quiero dejar pasar sin referirme a ella, y es la que se refiere a la adición de que se informe a la Legislatura sobre los convenios de regulación monetaria que celebre el Ejecutivo. Se mencionó aquí como antecedente, que cada vez que es necesario aumentar la cuota en el Fondo Monetario Internacional, y para el caso en todos los organismos internacionales de esta índole en que participa nuestro país, se viene al Legislativo para pedir autorización. No se pide autorización, ni se conocen por esta soberanía las condiciones en que se pactan los empréstitos y los créditos, ni los convenios de regulación monetaria.
En primer lugar debo recordar que la Ley General de Deuda Pública, en su artículo 9o., previene específicamente que los empréstitos contratados con fines de regulación monetaria, son contabilizados en la deuda pública; no son objeto del límite de endeudamiento que autoriza este Congreso, pero sí son incluidos en la Deuda Pública y por lo tanto conocemos trimestralmente la situación respectiva. No es lo
mismo el contraer un compromiso de participación en un organismo, que en el caso del fondo monetario implica la capacidad de votación y de participación y contratar un crédito con condiciones de uso o para regulación monetaria.
Nuevamente podría ser que esta sugestión fuera digna de un examen más minucioso y acucioso. A mí manera personal de ver es conveniente que examinemos con más profundidad la sugestión de informar al Legislativo sobre las condiciones en que se pactan estos empréstitos; porque no son empréstitos comunes, puesto que conllevan no solo el compromiso del pago del empréstito, sino también la adopción de determinadas medidas de política económica, que en el ejercicio de la soberanía el gobierno del país que está pactando acepta o no. Pero no éste nuevamente, el punto de nuestros debates en que debe incluirse una disposición de esta naturaleza, en el caso de que la aprobáramos.
Las disposición en cuanto a endeudamiento está prevista, la información sobre el monto y condiciones de esa deuda está prevista; ahora la otra parte de la propuesta del PPS, no entra dentro del ámbito de esta responsabilidad que estamos trabajando de acuerdo con la iniciativa del señor Presidente.
En resumen, me parece que el dictamen fundado en la iniciativa enviada por el señor Presidente pone a la Constitución a tono con las necesidades actuales de nuestro país, con los derechos del pueblo a conocer del manejo de sus finanzas y de aplicar para ello la técnica más avanzada que esté a nuestra disposición.
Tiene la virtud de que sistematiza el enunciado de obligaciones; hace muy claro y muy patente el respeto al Poder Legislativo y concentra en la Cámara Popular, la más vinculada directamente al pueblo, la función de señalar contribuciones, de decidir su uso, de examinar su aplicación y de fijar las responsabilidades a quien esté encargado de estas materias.
Se da, en resumen, un paso fundamental para que el pueblo participe por la vía de sus legítimos representantes en los aspectos económicos del manejo del gobierno, y se responsabilice a quienes estén encargados directamente de este manejo.
Por todas estas razones, yo les solicito a todos mis honorables compañeros que votemos en favor del dictamen tal como fue presentado por las Comisiones Unidas, sin aceptar las adiciones y modificaciones propuestas, porque creo que con mi exposición he respondido suficientemente a ellas y he reforzado el dictamen de las Comisiones. Muchas gracias. (Aplausos.)"
- La C. Presidenta: Tiene la palabra el diputado Ramírez Cuéllar, en su segundo turno.
El C. Héctor Ramírez Cuéllar: Señora Presidenta; señores diputados: Quisiéramos hacer algunas aclaraciones respecto a mi intervención anterior: nosotros en el programa de nuestro partido, siempre hemos justificado la existencia de un Poder Ejecutivo fuerte; ningún miembro de nuestro partido concibe que en México pudiera establecerse un régimen parlamentario. En mi intervención inicial, yo no me refería a que todas las decisiones económicas pasaran por la Cámara de Diputados, no me refería a que todas las obras públicas pasaran por esta representación nacional, puesto que consideramos que las atribuciones económicas del Presidente de la República, que consagra la Constitución General de nuestro país, son atribuciones que deben permanecer. De ninguna manera pensamos que deberían pasar por la Cámara de Diputados para ser discutidas y aprobadas. Pero yo quisiera poner un ejemplo, se ha debatido mucho la importancia económica del gasoducto de Chiapas a la frontera con los Estados Unidos sería muy importante que obras de esta envergadura, actividades económicas de una gran importancia, por lo menos se conocieran en la Cámara de Diputados en forma, si no reglamentaria, sí como una práctica saludable, para que al ejecutarse estas obras, además del apoyo político que tendría por parte del Presidente de la República, tuvieran el apoyo de esta representación nacional. No pensamos que esto se haga para que la Cámara apruebe tal o cual obra, sino simplemente para que las conozca previamente y se pronuncie en torno de ellas. No hemos pretendido limitar en forma alguna las facultades económicas del Presidente de la República, sino de incrementar la corresponsabilidad que debe tener en forma cada vez más creciente la Cámara de Diputados.
Cuando hemos propuesto que el presupuesto sea informado a esta representación nacional en forma trimestral, no hacemos nuestra la proposición que tradicionalmente ha hecho el PAN en el sentido de que sería este informe para aprobar las variaciones de éste. Consideramos que, efectivamente, en un país capitalista moderno como es el nuestro, cualquier forma incipiente de planeación económica por lo menos debe tardarse un año en su elaboración y en su gestación; este informe trimestral no sería para aprobar o para rechazar tal o cual variación al presupuesto, sino simplemente, tal y como lo hacemos con el informe de la Deuda Pública, tendríamos una información trimestral acerca del ejercicio global. Nos informarían al detalle del ejercicio del presupuesto, pero sí tendría esta representación nacional una información general acerca del ejercicio general - perdónese la redundancia del presupuesto.
Hay una incongruencia. Mientras, el año pasado, discutimos la Ley de la Deuda Pública y se aprobó que el informe trimestral de la Deuda Pública fuese para todos los diputados, ¿por qué en el caso de otros ordenamientos no es posible que los diputados sí lo conozcan y por qué en el caso de la Deuda Pública así es? ¿Por qué en un caso se permite que los diputados en general conozcan estos informes y por qué en otro caso esto no se puede?
En cuanto a los convenios de regulación monetaria, consideramos que si bien no se trata de Deuda Pública, en sentido estricto, habría que discutir ampliamente sobre si estos convenios son o no deuda.
A nuestro juicio, estos convenio forman parte de la Deuda Pública de México, porque si bien es cierto que México tiene recursos en el Fondo Monetario Internacional, siempre solicita más de los recursos que tiene, en consecuencia, siempre implica un compromiso de parte de México, al solicitar mayores recursos.
No vemos por qué se nos informa de una parte de la Deuda Pública, y no se nos informa de otra, siendo que no habría problemas de carácter técnico para que esto se hiciera. En forma indirecta, por la prensa nacional o internacional, nos enteramos de las condiciones de los convenios y de los montos de éstos.
¿Por qué, si nos enteramos en forma indirecta, por qué no debemos enterarnos en forma directa, a través de un informante que se rinda a esta Representación Nacional?
Creemos, señores diputados, que en nada afecta las proposiciones que hacemos al dictamen del artículo 76, y sí, por el contrario, tienen la finalidad, de enriquecerlo, es decir, que no sólo los órganos de la Cámara de Diputados reciban los informes a que nos referimos, sino los diputados directamente. Muchas gracias. (Aplausos.)
- La C. Presidenta: Tiene la palabra el diputado Zamora Bátiz.
El C. Julio Zamora Bátiz: Muchas gracias, señora Presidenta.
Yo quisiera referirme, en este segundo turno, a las consideraciones que acaba de hacer el compañero Ramírez Cuéllar.
Indudablemente ninguno de nosotros supuso que todas y cada una de las decisiones de política económica y de obras públicas sería hecha objeto del debate que aquí se estaba proponiendo; pero yo quisiera llamarles la atención a ustedes sobre dos expresiones que usó el compañero Ramírez Cuéllar. Dijo que no sería reglamentario que las decisiones económicas fueran debatidas y contaran con el consenso y colaboración de la Cámara de Diputados para su ejecución. Bueno, si no son reglamentarias, menos tienen que ser constitucionales; entonces no hay objeto en la adición que proponían a este dictamen.
Quiero hacer notar que el Decreto que crea los Comités de Promoción del Desarrollo Económico de cada estado, fue enmendado específicamente, a gestión de los diputados de esta Legislatura, para incluir en él la participación de diputados y senadores como miembros plenos de estos comités, que son los que preparan los programas de obras públicas de cada uno de los estados en lo que hace la acción federal. Además, el señor Presidente de la República, ha enfatizado la necesidad de que los legisladores ejerzan la función de gestión popular, de procuradores del pueblo, que ha sido tradicional y que se ha venido reforzando y sistematizando al paso del tiempo. Creo que entre la participación formal, oficial, en estos comités y la acción de gestoría, de la cual el señor diputado Ortiz Mendoza nos acaba de hacer mención hace rato al considerar los problemas del Distrito Federal, está cubierto precisamente el interés de conocer estas obras. Ahora, hay obras muy particulares. Se refirió el señor diputado al gasoducto de Chiapas a Tamaulipas. Pues precisamente, atendiendo a una iniciativa del Partido Acción Nacional, hemos acordado convocar al responsable de Petróleos Mexicanos para que le podamos hacer aquí todas las preguntas y para que sea informada esta soberanía de todos los aspectos que se refieren a esta obra fundamental. Pues lo mismo podemos hacer en todos los demás casos. No existe limitación alguna, más que el propio criterio de los miembros de esta Cámara, en cuanto a qué obras o qué decisiones económicas han de ser examinadas por los representantes populares.
Cuando yo hablé de introducir el parlamentarismo, estaba precisamente señalando que llevado a su extremo este procedimiento de consulta continua del Ejecutivo hacia el Legislativo, en materias que son de su privacia, nos llevaría al empantanamiento que ha caracterizado los regímenes parlamentarios
Respecto a la información de la deuda por trimestres y el presupuesto de egresos por trimestres, es muy fácil conjuntar la información de la deuda pública, porque sólo hay una entidad del sector público que tenga la responsabilidad de contraer esa deuda. Nadie puede hacerlo sin autorización expresa de la Secretaría de Hacienda, que es la responsable en la materia, y se trata de un solo concepto, la deuda exterior del país. En cambio el egreso se realiza por muchas organizaciones administrativas del gobierno; abarca muchos conceptos y probablemente se realiza con tal desfasamiento en cuanto a los tiempos de información, que harían sumamente compleja, cuando no atrasada, la información. Por otra parte, en la información que bimestralmente la Secretaría de Programación y Presupuesto reporte, hay datos que nos permiten tener una idea de la marcha del ejercicio gubernamental, mucho más accesible, más realista que la idea de tener cada trimestre un informe del Presupuesto de Egresos.
Finalmente, referencia al Fondo Monetario. Cuando autorizamos un aumento de la participación en el capital del Fondo Monetario, estamos autorizando al Gobierno o otorgar a un organismo internacional una cierta suma, pero al mismo tiempo estamos recabando para nuestro país, por virtud de esa aportación, una disponibilidad crediticia que se ejerce en dos formas, en moneda y en lo que se llama derecho especial de giro, que es una moneda de cuenta creada por el propio Fondo Monetario. Pero existe un límite en lo que México puede girar contra esas posibilidades de crédito, y nunca podemos rebasar ese límite; el Fondo Monetario no puede prestar más que apoyo, que no dinero, no presta en efectivo; la deuda que se contrae no es en efectivo, sino se contrae un aval, y ese aval no puede exceder de lo que tenemos derecho de acuerdo con nuestra participación en el Fondo Monetario. Sin embargo, al ejercer parte de ese aval, si contraemos una deuda y esa deuda inmediatamente es
reflejada en los datos que trimestralmente recibe esta Cámara sobre el monto de la Deuda Pública. No forma parte del límite que le fijamos a la Deuda Pública, porque así lo expresa la ley en el artículo noveno que ya cité, pero sí forma parte de la deuda que contraemos.
En cuanto a la otra parte de los acuerdos que se celebran con el Fondo, la parte que se refiere a compromisos de política económica, ya cité mi criterio personal de que estos deben ser conocidos y examinados, pero soy consciente de que no es esta la ocasión ni la ley donde debe figurar esta responsabilidad. Muchas gracias. (Aplausos.)
- La C. Presidenta: Consulte la Secretaría a la Asamblea, si se acepta o se desecha la proposición de modificación presentada por el diputado Hernández Labastida.
- La C. presecretaria Lucía Betanzos de Bay: Se consulta a la Asamblea si se acepta o se desecha la proposición presentada por Acción Nacional, por el diputado Hernández Labastida. Los que estén porque se acepte sírvanse manifestarlo.
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señora Presidenta.
- La C. Presidenta: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se acepta o se desecha la modificación propuesta por el diputado Ramírez Cuéllar.
- La C. prosecretaria Lucía Betanzos de Bay: se consulta a la Asamblea si se acepta o se desecha la proposición presentada por el diputado Ramírez Cuéllar. Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo.
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señora Presidenta.
- La C. Presidenta: Consulte la Secretaría a la Asamblea si el articulado decimoprimero se encuentra suficientemente discutido.
- La C. prosecretaria Lucía Betanzos de Bay: En votación económica se pregunta si está suficientemente discutido el artículo 11. Los que decidan que está suficientemente discutido, sírvanse manifestarlo. Suficientemente discutido.
Se va a proceder a recoger la votación nominal del artículo 11.
(Votación.)
Se emitieron 147 votos en pro y 14 en contra.
- La C. Presidenta: Aprobado el artículo 11 en lo particular que reforma el artículo 74 constitucional, fracción cuarta.
- La C. Secretaria: Está a discusión el artículo 13 del proyecto del Decreto, que adiciona con un tercer párrafo el artículo 93 constitucional.
- La C. Presidenta: Se abre el registro de oradores para discusión del artículo 13 del proyecto de Decreto.
- La C. Presidenta: Esta Presidencia informa que se han inscrito para hablar en contra del artículo 13 el diputado Jorge Garabito Martínez.
Para hablar en pro del artículo 13, se han inscrito la diputada Ifigenia Martínez de Navarrete y Armando Labra Manjarrez.
Tiene la palabra el diputado Garabito.
El C. Jorge Garabito Martínez: Señora Presidenta, señoras y señores diputados:
Esta discusión va a ser breve, espero, ya que fundamentalmente se trata de un problema de tipo gramatical, no jurídico ni político.
Para entender el problema quiero referirme brevemente a los antecedente de la modificación propuesta por el Ejecutivo.
El artículo 92 de la Constitución establecía la obligación de los Secretarios de Despacho, de informar al Congreso del estado que guardaban sus respectivos ramos y la facultad del Congreso de pedirles que informaran cuando se discutía una ley o se estudiaba un asunto relativo a su ramo.
Vino luego un aumento de las facultades del Congreso cuando se amplió a los directores y administradores de los organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria dentro de la jurisdicción del Congreso para pedirles que informen cuando el Congreso lo considere necesario.
Ampliando aún más y siguiendo el camino trazado por los antecedentes, ahora se propone por el Proyecto del Ejecutivo, la posibilidad de que la Cámara de Diputados y la de Senadores, integren comisiones que investiguen el funcionamiento de los organismos descentralizados y empresas de participación estatal. El camino trazado es lógico y es correcto, más aún, la Cámara de Diputados ya empezaba a caminarlo, el año pasado con motivo de la revisión de la Cuenta Pública, la Cámara designó comisiones de diputados que hicieron algunas investigaciones en los organismos descentralizados, yo recuerdo perfectamente por haber formado parte de ellas, que asistimos a Petróleos Mexicanos, investigamos, preguntamos; acudimos a la Siderúrgica Lázaro Cárdenas, hicimos una investigación a nuestro alcance y éste es el camino adecuado, porque le da facultades a la Cámara no sólo en relación a la investigación de la Cuenta Pública, que fue el caso del año pasado, sino simplemente cuando la Cámara decida conocer el funcionamiento de un organismo paraestatal.
La situación es correcta, la duda surge de la redacción del texto que se propone. Dice: "Las Cámaras, a pedido de una tercera parte de sus miembros, tratándose de los diputados y de la mitad, si se trata de los senadores, tienen la facultad de integrar comisiones para investigar el funcionamiento de dichos organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria; los resultados de las investigaciones se harán del conocimiento del Ejecutivo Federal".
La explicación la da muy claramente el proyecto enviado en su exposición de motivos, cuando dice expresamente "con el fin de que el Congreso de la Unión coadyuve de manera efectiva en las tareas de supervisión y control que realiza el Poder Ejecutivo sobre las corporaciones descentralizadas y empresas de participación estatal se agrega al artículo 93 de la Constitución un nuevo párrafo que, en caso de ser aprobado, abre la posibilidad de que
cualquiera de las dos Cámaras pueda integrar comisiones que investiguen su funcionamiento, siempre y cuando lo solicite la tercera parte de sus miembros, tratándose de los diputados y de la mitad, si se trata de los senadores".
Esta facultad se traducirá en nuevos puntos de equilibrio entre la administración pública y el Poder Legislativo. Los resultados de las investigaciones se harán del conocimiento del Poder Ejecutivo Federal, Este será el que determine las medidas administrativas y el deslinde de las responsabilidades que resulten, de esta manera se conservan intactas las facultades del Poder Ejecutivo relativas a la dirección del sector paraestatal de la administración pública, sin que resulte quebrantado el principio de separación de poderes. Esto es muy claro. La única duda surge en la palabra "solicite" o "a pedido de una tercera parte" se trata de que solamente cuando la tercera parte de la Cámara haga la solicitud se puedan integrar estas comisiones. Resulta incongruente porque la solicitud la puede hacer un solo individuo. De acuerdo con el Reglamento, un solo individuo puede formular la solicitud y además es facultad de la Gran Comisión, que no es la tercera parte, sino mucho menos de la tercera parte del Congreso. Es facultad de la Gran Comisión, el proponer la integración de esta clase de Comisiones Especiales, porque serían comisiones especiales. Yo pienso interpretar el espíritu de esta disposición en el sentido de que ésta es exactamente una garantía a las minorías en todo tipo de sociedades, en las sociedades por acciones, pues se establece la minoría, que no toma determinaciones, las determinaciones las toma la mayoría, pero la minoría, para garantizarse sus derechos, tiene la facultad de nombrar un comisario, es decir, alguien que investigue, nada más, no que tome determinaciones, que investigue.
Es este derecho de las minorías el que se está tratando de cristalizar en este precepto para decir: cuando las minorías constituyan la tercera parte del Congreso, pueden tomar la determinación, de que se integren Comisiones que investiguen las empresas paraestatales, que no van a tomar ninguna determinación, las determinaciones las tomará el Ejecutivo.
Las Comisiones investigadoras solamente analizarán y le dirán al Ejecutivo sus punto de vista. Responsabilidad exclusiva del Ejecutivo será el tomar las determinaciones que crea convenientes.
Si es así, como pienso que este es el espíritu de la disposición, entonces está mal empleada la palabra: "A pedido de una tercera parte", y debe sustituirse esta palabra por la correcta que sería: "La Cámara por resolución de una tercera parte de los miembros, tratándose de los diputados y de la mitad si se trata de los senadores, tiene la facultad de integrar comisiones para investigar el funcionamiento de dichos organismos". ¿Por qué de la mitad en la de senadores y una tercera parte en la de diputados? Es lógico. Los senadores tienen unas funciones un poco más específicas y no hay ahí una representación específica de minoría; la representación específica de minoría es exclusivamente en la Cámara de Diputados, entonces en la de Senadores basta la mayoría simple, la mitad más uno para que se tome esta determinación: en la de Diputados se necesita una tercera parte.
La misma Reforma Política está constituyendo en una cuarta parte a la minoría disidente como un mínimo, como mínimo van a ser cien diputados de minoría, de tal manera que para poder acceder a este derecho, las minorías tienen que esforzarse por crecer de una cuarta parte a una tercera parte; es decir, las minorías tienen que tener por lo menos 34 diputados de mayoría para que, junto con los cien diputados de representación proporcional, puedan constituir la tercera parte y tomar ese tipo de determinaciones, lo cual es lógico y comprensible.
En consecuencia, brevemente, tratando de interpretar el espíritu de la disposición del Proyecto, solicito de las Comisiones, que substituyan la palabra "ha pedido", por las palabras "a resolución", para que quede clara y sin ambigüedades la interpretación del precepto que diría concretamente: Artículo 93; párrafo III: Las Cámaras por resolución de una tercera parte de sus miembros, tratándose de diputados, y de la mitad si se trata de los senadores, tienen la facultad de integrar comisiones para investigar el funcionamiento de dichos organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria; los resultados de las investigaciones se harán del conocimiento del Ejecutivo Federal. Es todo. (Aplausos.)
- La C. Presidenta: Tiene la palabra la diputada Ifigenia Martínez de Navarrete.
- La C. Ifigenia Martínez de Navarrete: Señora Presidenta; honorable Asamblea.
He pedido subir a esta tribuna para hablar en pro de la reforma y destacar su importancia y dejaremos para la siguiente persona, para el diputado Armando Labra contestar la propuesta que nos acaba de hacer el compañero Garabito.
Yo quisiera, ante todo, que tuviéramos a estas alturas una idea precisa de la reforma política que hemos estado aquí discutiendo y de su relación con la economía pública, de lo que debamos entender por reforma política, puesto que de este concepto dependerá necesariamente el enfoque que se pretenda dar no sólo a las modificaciones constitucionales presentadas por el Ejecutivo ante esta "L" Legislatura, sino a todo el orden jurídico vigente.
Si por política hemos de entender la actividad dirigida a organizar y ejercer el poder social, quedando comprendida toda la actividad el Estado como depositaria del poder del pueblo, incluyendo su actividad económica, una reforma política consistirá en todos aquellos cambios que tiendan a favorecer y reestructurar los órganos de poder que dimana del pueblo para su beneficio y proteger a las entidades asociativas de los ciudadanos para que éstos puedan participar en la vida pública.
En el caso particular de nuestro país, el pueblo ha elegido constituirse en una República Representativa Democrática y Federal y ejercer su soberanía por medio de los Poderes de la Unión. El gobierno es constitucional y esto significa ante todo, que la autoridada que posee tiene como base de sustentación la voluntad del pueblo y es por ello que deben acatarse sus mandatos, los que están limitados y legitimados por la Constitución.
De aquí la enorme trascendencia de modificar la Carta Magna, porque de nuestra constitución, la constitución general, la de todos los regímenes que tienen a la constitución como gobierno, lo mismo a una República que a una monarquía; a un gobierno federal que a uno central, a un régimen parlamentario que a uno presidencialista. En México, por mandato constitucional, el Supremo Poder de la Federación que es único, se divide para su ejercicio en este orden: Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial, poderes que se depositan respectivamente en el Congreso General de la República, en el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y en la Suprema Corte de Justicia, Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito.
Siguiendo este mismo razonamiento, una reforma política debe, consecuentemente, comprender los cambios necesarios, tanto en el funcionamiento mismo de los poderes como en las relaciones que privan entre ellos para que funcionen mejor la representación de la voluntad popular en el aparato gubernamental y para que exista una equitativa distribución del poder en beneficio de los gobernados.
Las medidas de una reforma política en México, pueden estar encaminadas a los siguientes aspectos fundamentales:
Primero: Lograr una mayor participación de los ciudadanos en las actividades políticas del país:
Segundo: Contribuir a mantener el equilibrio entre los Poderes de la Unión, principalmente fortaleciendo el Poder Legislativo en sus verdaderas funciones dentro de una época en la que, por razones históricas y de carácter técnico, el presidencialismo se ha fortalecido.
Tercero: Fortalecer la vigencia auténtica del Federalismo en nuestra vida institucional, para permitir en las entidades federativas desarrollar su rango, categoría y dignidad y con ello su libertad para cooperar a la realización de los fines nacionales.
El contenido de la Reforma Política que nos ha venido ocupando durante todas estas sesiones, es pues, auténtico y capaz de desencadenar una respuesta adecuada a las necesidades actuales de nuestro país y de cambiar, dentro del Derecho, las estructuras económicas, sociales y políticas de la nación, si así lo quiere la voluntad popular.
Tal como el propio Presidente de la República José López Portillo lo expresa, una verdadera Reforma Política no es un acto, así sea este de la mayor relevancia legislativa, son muchos actos y no es un momento, sino todo un proceso que exige por igual reformas jurídicas y modificaciones que culminen en una vida más democrática, pero la búsqueda del progreso político y social a través de mejoras en el orden jurídico para lograr una mayor participación popular en la contienda cívica, reside en la acción responsable, consciente y permanente de todos los ciudadanos, son de ellos los que darán la medida del éxito de esta Reforma Política que estamos aquí discutiendo. Muy especialmente tienen un papel significativo quienes como nosotros son elegidos como representantes populares.
Y así la importancia y la necesidad de que a riesgo de ser imperativa insisto en destacar el sentido integral de las Reformas y adiciones que nos ocupan, ya que en verdad el ejecutivo ha enviado una Reforma Política que contiene modificaciones y adiciones a la Constitución, relacionadas con el proceso electoral, a fin de establecer una nueva actitud de apertura, que posibilite la participación de todas las corriente políticas en la representación popular.
Sin embargo para lograr que las Reformas Constitucionales en materia electoral se apliquen, es menester propugnar, por que las leyes reglamentarias se transformen, de tal manera que sean el instrumento adecuado para la consecución de los objetivos consagrados en la ley fundamental es decir no podemos, por ser muy importante lo que hemos aprobado aquí, no podemos sino reconocer que es el principio y las fases iniciales de las Reformas Políticas y que las leyes reglamentarias, de muchas de las importantes reformas que ya hemos pasado, que de estas leyes reglamentarias en la forma como se instrumenten, dependerá el verdadero avance en el proceso de democratización del país, pues si el orden jurídico no es congruente, las reformas constitucionales no pasarán de ser un primer intento para hacer frente al gran desafío de un desarrollo social y económico y cultural, basado en un sistema de auténtica democracia y libertad.
Cabe, pues, preguntarnos si la reforma política se ajusta a las necesidades del país en el momento actual. Habremos de concluir coincidiendo con la opinión de muchos participantes que tomaron parte en las audiencias públicas que al efecto se celebraron, que el término político es de un contenido tan amplio, que no obstante que una reforma electoral es condicionante de la reforma política, ésta debe contemplarse en estrecha relación con una reforma económica y con una reforma social y con una reforma cultural, de eso aquí se habló cuando se trató el derecho a la información, que estas reformas deben integrar en un sentido definido, la enorme voluntad de cambio y de progreso que se manifestó en forma abierta y entusiasta por el pueblo de México, cuando acudió a las urnas en las últimas elecciones presidenciales y de Congreso, en las que tuvieron el honor de participar.
Ante la enorme necesidad de hacer extensiva la reforma política, al aspecto económico, las innovaciones planteadas en el Artículo 93 al
que ahora me referiré, representan una magnífica oportunidad para establecer y fortalecer una auténtica función de fiscalización, evaluación y vigilancia por parte de las Cámaras en el sector paraestatal.
El Artículo 93 que nos ocupa claramente "amplía la facultad del Congreso, tanto de la Cámara de Diputados como la de Senadores, para integrar comisiones para investigar el funcionamiento de los organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria, cuyos resultados deberán de hacerse del conocimiento del Ejecutivo Federal".
En el Derecho Mexicano, el primer antecedente que encontramos en relación con la obligación de los Directores y Administradores de los organismos descentralizados federales o de las empresas de participación estatal mayoritaria para informar a las Cámaras del Estado que guardan sus entidades o rama de actividad, es el del texto vigente del Artículo 93, que se incluyó por reforma publicada en el Diario Oficial del 31 de enero de 1974.
La obligación de informar anteriormente a esta fecha únicamente se limitaba a los secretarios de Estados y Jefes de Departamento. Podemos pues decir, que esta facultad es reciente y que ahora en estas reformas se fortalece de acuerdo con el desarrollo que ha tenido el sector paraestatal.
El gobierno de México, desde la época de los 30s fue uno de los primeros que utilizó en forma deliberada y consciente el poder del Estado para cambiar las estructuras económicas del país. De entonces a acá, el crecimiento del sector público ha sido en realidad y en verdad impresionante. Las primeras medidas que trataron de modernizar la economía con la creación de un banco central, con la creación de la Comisión Nacional de Irrigación, con la creación de un sistema de banca nacional que tenían como fundamento y como filosofía que el gobierno debería emprender un basto programa de obras públicas no para combatir el desempleo, sino para crear la infraestructura económica que el país necesitaba y que nadie más iba a llevar a cabo si no era la acción colectiva del nuevo estado revolucionario.
De igual manera se crearon después entidades para llevar a cabo funciones económicas. Este poder económico del Estado para transformar la estructura de manera de satisfacer las necesidades básicas, se fortaleció con los actos de expropiación y de nacionalización que se llevaron a cabo con los Ferrocarriles Nacionales y con la empresa Petróleos Mexicanos. Continuó después cuando se creó la Comisión Federal de Electricidad, cuando se creó todo un sistema de banca nacional y de ahí hasta que llegamos a la época actual en la cual sabemos que se cuenta con 867 organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y minoritaria y fideicomisos. Los datos que tengo aquí a la mano que son simples datos estadísticos pero que revelan muy bien la importancia que ha adquirido el Estado son: Existen 120 organismos descentralizados, tanto que pertenecen al sector de política económica como al sector agropecuario y forestal, al sector industrial, ahí está PEMEX, ahí está la Comisión Federal de Electricidad, entre las más importantes empresas del país, tanto a comercio, donde destaca CONASUPO, Turismo, Comunicaciones y Transportes, Salud y Seguridad Social, Asentamientos Humanos, Educación, la Procuraduría, los administrativos son los que tienen menos.
Existen 483 empresas de participación mayoritaria, 59 empresas de participación minoritaria y 187 fideicomisos, que hacen un total de 867 organismos del sector paraestatal. No todos de igual importancia. Algunos de una importancia fundamental, porque tienen en exclusividad la explotación de esa actividad económica, como es el caso de Petróleos Mexicanos. Otros, de una importancia muy secundaria y de capital también muy secundario, pues, para mi sorpresa me encontré, cuando revisé esta lista, con muchas empresas ejidales que creó el Fondo Nacional de Fomento Ejidal y que están mencionadas como participantes del Sector Público Federal.
La importancia, pues, de que se puedan hacer análisis objetivos, serios, por parte de los auténticos representantes populares, como son los miembros del Poder Legislativo y también de los miembros que representan el Pacto Federal, como son los Senadores, es de una importancia que indica y que inicia que se puede ya pensar en que todos estos esfuerzos que han surgido a través del tiempo y que ahora se están concretizando como nunca con esta "L" Legislatura, por las leyes tan importantes que hemos probado, para el mejor funcionamiento y la reorganización y reordenación del sector público, puedan por fin desembocar en una planeación económica y social, es decir, en un plan de desarrollo económico y social, que, claro, tendrá que ser un plan a mediano y largo plazo en el cual también puedan participar los representantes populares al Congreso.
La planeación democrática y participativa que es de la que ha hablado y a la que se ha referido el señor Presidente y es la que finalmente le dará sistematización y congruencia a todo el sector público federal, se caracteriza por las siguientes condiciones:
Que existe una participación activa de los ciudadanos en la elaboración, ejecución y control del Plan Nacional. Para el cumplimiento de este objetivo, es necesaria la plena conciencia de la ciudadanía acerca de los objetivos del Plan.
Segunda: Que se imprima al proceso productivo una dirección precisa para que mediante el establecimiento de prioridades, se satisfagan las necesidades sociales básicas de toda la población del país: alimentación, energéticos, educación, salubridad, seguridad, seguridad social, vivienda, planeación urbana, equipamiento social urbano y mejoramiento de las comunidades rurales.
Esto implica la adopción de una política de redistribución del producto nacional que facilitaría la implantación de la igualdad de
oportunidades para todos los mexicanos y el disfrute armónico de los beneficios del Plan.
Tercero: La consecución de metas específicas de interés nacional en los distintos sectores de la economía. Por ejemplo: creación de la industria pesada nacional, electrificación total del país, participación estatal en las industrias básicas, modernización del sector agrícola atrasado, no del moderno, reducción de la dependencia económica externa, desarrollo de potencial económico en las distintas regiones y otras metas específicas que habrá de incluirse en el Plan Nacional.
Estoy leyendo de un libro que se publicó hace 12 años y que se llama: "Bases para la Planeación Económica y Social de México", que con profunda satisfacción he vuelto a releer porque he visto todo el camino andando y que con esta reforma del artículo 93, damos un paso más para constituir este sistema de planeación del que aquí se habla: Condiciones esenciales o prerrequisitos para hacer posible y eficaz la planeación en México, citándose en lo siguiente: Mayor participación política de la población, la Reforma Política que estamos discutiendo y aprobando, nos da este camino.
Segundo: Información precisa, veraz y pública. El derecho a la información que también acabamos de aprobar, también nos dará esta información veraz y objetiva para que podamos adoptar y tener una opinión, de saber por qué luchamos y estoy segura que lograremos un consenso que se ha venido logrando y que se podrá manifestar ya en metas cuantitativas sobre los altos objetivos que queremos para el país en estos momentos.
Tercero. Reformas indispensables para adecuar la administración pública a las necesidades de la planeación. También, mediante el paso de la ley orgánica de la administración pública y de todas las demás medidas que han venido conformando para reordenar la administración y para hacerla más eficaz.
Por último, necesidad de establecer un mecanismo eficaz de control del sector público e incorporar al sector público local y al sector privado a la planeación.
La planeación, en nuestro sistema de economía mixta no es una planeación en donde no haya lugar para la empresa privada ni para la empresa social, entendida la empresa social como aquella que es propiedad de los trabajadores. Al contrario. El sistema de planeación y nuestro régimen de economía mixta significa fortalecimiento, ordenamiento de un sector público que habrá de ser el rector, porque sólo el Estado es el que puede conjugar los intereses de todos los grupos y darle la decisión y el sentido que marca el interés nacional, pero también hay campo suficiente para estimular al sector privado, especialmente a la empresa privada nacionalista, al sector social que es un sector débil todavía, pero que habrá de fortalecerse como aquellas empresas organizadas por los trabajadores con el apoyo de todo el sector público, para que ellos trabajen como miembros de esa empresa y no nada más como trabajadores de la empresa y como propietarios de la empresa y también organizaciones de consumidores y en fin, reactivar toda la dinámica y toda la capacidad de la población para tener un México, un país más democrático, porque eso es lo que queremos y sí sabemos qué es lo que queremos, más democrático en lo político, en lo económico, en lo social y en lo cultural.
Por todo lo anterior, pido que se apoyen y que se apruebe unánimemente las reformas al artículo 93 constitucional. Muchas gracias.
(Aplausos.)
- La C. Presidenta: Tiene la palabra el diputado Armando Labra.
El C. Armando Labra Manjarrez: Con su venia, señora presidenta; amable Asamblea: Quisiera, antes de tomar en consideración la propuesta que nos hace don Jorge Garabito, hacer unas reflexiones de esta adición al artículo 93 constitucional, porque considero que es de suma importancia y no podemos quedarnos en la apreciación estrictamente formal de su texto; tiene implicaciones, pienso yo, fundamentales para el desarrollo de este país y creo que debemos dejarlas claras desde un principio.
Además de los antecedentes que mencionaba el diputado Garabito, de la evolución de estas facultades que nos hemos venido confiriendo para evaluar el avance de las entidades del Sector Público y de las empresas y organismos del Estado, cabe mencionar que el propio artículo 93 de la Constitución, los artículos 53, 89 y 90 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, convergen y son en realidad los antecedentes concretos, inmediatos de esta adición que se propone.
Yo sugeriría la lectura de estos artículos a todos los presentes. La adición que ya fue leída en esta tribuna, habilita al Congreso a investigar, como decía don Jorge Garabito, todo asunto relativo al funcionamiento del sector paraestatal; esto, pienso yo que es sumamente importante porque rebasa el nivel de apreciación estrictamente presupuestal y contable que se ha venido dando en torno al desenvolvimiento de las empresas estatales. Esto le da una dimensión política a la apreciación que pueda tener el Congreso de la Unión como efectivo representante del pueblo mexicano, para vigilar y supervisar el avance de la propiedad del pueblo que son las empresas estatales.
Esta nueva dimensión y la responsabilidad que hasta ahora no hemos ejercido plenamente, implica para el Congreso, siento yo, dos consideraciones fundamentales: Siento que es nuestra responsabilidad ahora, revisar con mucha responsabilidad, valga la redundancia, el sentido ideológico y político de las empresas estatales; creo que tenemos que redefinir de nueva cuenta la estrategia que debe seguir la empresa pública de nuestro país y al efecto tenemos que hacer, que darnos una ubicación histórica consecuente con la realidad; tenemos que ubicar, pues, a la empresa pública dentro del marco de nuestro sistema capitalista subdesarrollado y
dependiente en el que el Estado, como responsable de mediar en la lucha de clases y de proveer las condiciones que históricamente no se dan en forma espontánea para el desarrollo del capital, ha vertebrado, el Estado, su conducción de la economía a través de organismos descentralizados, fundamentalmente en empresas estatales, entre otros, la empresa del Estado ha proveído al capital de insumos básicos suficientes y baratos, a costa de su propia rentabilidad contable que no debe ser el único elemento de elemento de adquisición de la empresa pública porque es con frecuencia socorrida para el juicio de la empresa estatal.
Así el Estado ha atendido áreas en las que la ausencia, ineficiencia o insuficiencia del capital privado, no ha logrado desarrollar en beneficio de los mexicanos. Esto lo estamos observando hoy más que nunca en forma creciente y evidente.
Por ello quienes desde la óptica de interés minoritario enjuician a la empresa pública, olvidan que en la economía cuando alguien pierde, otro gana, pero que a fin de cuentas todo contribuye a la riqueza social. Por lo que la expatriación y la especulación de esta riqueza configurada, fundamentalmente con base al sacrificio del salario, exhibe la incapacidad histórica de sectores privilegiados para aportar soluciones solidarias con el interés de las mayorías.
Afortunadamente con ello se nutre la debilidad de los privilegiados, porque se administra de esta manera a los sectores populares y fortalece opciones nuevas para nuestro país. De las crisis obtendremos, si les buscamos, caminos que amainen la injusticia y la iniquidad y que se manifiesta hoy por hoy en el desempeño creciente de obreros y campesinos de nuestro país.
Por lo anterior siento que la empresa - estado, amerita una supervisión estrecha desde el punto de vista político ideológico, porque hoy como nunca la empresa estatal, fungirá como la osamenta de nuestro sistema. Vivimos una crisis severa cuyo punto neurológico es la ausencia de inversiones social y económicamente productivas.
Sigue ausente la inversión privada, a pesar de que toda la apreciación subjetiva en torno a la confianza o a la incertidumbre, ha quedado plenamente subsanada. Esto es así porque el único factor subjetivo que determina la inversión privada es la tasa de ganancias, y ahora, en nuestro país, ya no podemos arropar con ganancias extraordinarias a los empresarios nativos como en décadas anteriores, especialmente si, como antaño, implica demeritar el salario o sacrificar el erario.
No podemos seguir con una política de congelación de salarios, ni podemos seguir posponiendo una reforma fiscal progresiva para nuestro país.
Por estas consideraciones, en la medida en que no se da la posibilidad histórica de arropar ganancias extraordinarias para el sector público, por ello no es posible esperar la afluencia espontánea, el regreso de estos "capitales golondrinos", de por sí indeseables.
No serán ellos quienes financien el desarrollo ni nos harán salir del estancamiento. Históricamente hoy en nuestro país si alguien debe y puede invertir en términos económicos y socialmente productivos, es el Estado, porque no hay evidencia que el interés privado nacional o extranjero puede ofrecer los empleos, alimentos y divisas que demanda una población crecientemente improductiva y desempleada, pero ya no es suficiente ni deseable acudir a un mayor gasto público administrativo.
Es preciso orientar todo esfuerzo de los recursos del pueblo hacia inversiones estrictamente generadoras de empleos social y económicamente productivos, bien remunerados y permanentes, para redistribuir el ingreso, ampliar el mercado y estimular al productor y al inversionista público y privado con mejores perspectivas de ganancia, las que hoy no tienen ni tendrán si continuamos esperando a que retorne el capital especulativo que por su naturaleza no acudirá a inversiones productivas en nuestro país y por tanto no contribuirá de todas formas a sacarnos de la recesión.
Creo que los mexicanos tenemos hoy la necesidad vital de desmitificarnos, entre muchos otros, la ineficiencia de la empresa pública es un mito: bien sabe el capital que sin ella no habría habido la acumulación que goza y que sin los subsidios vía precio no habría industria nacional; bien saben los sectores sociales que solamente tienen acceso a bienes, salario y a una serie de servicios gracias a la intervención del Estado; entendemos que hoy por hoy, sin inversión pública en empresas productivas que inicien la reanimación de la economía, ni el interés privado, no el mayoritario, tienen opción democrática porque en el ciclo depresivo sólo se agudiza el desempleo y la represión y la mejor muestra de ello son los países latinoamericanos.
Que no se caiga en el error de que la capacidad investigadora que podemos hoy conferirnos será instrumento de negación y hostilidad a la empresa pública, por contra, el Congreso habrá de tener siempre presente la nueva condición de ser una instancia calificada que oponga a los ataques manipulados desde los medios de comunicación masiva, una versión institucional sobre el desempeño de toda empresa que opere fondos del pueblo, para proceder al señalamiento de responsabilidades, no solamente de los funcionarios públicos, sino en su caso, de quienes difamen o busquen demeritar la presencia del Estado en la economía movido por intereses antipopulares y por el abuso de concesiones que el propio Estado les confiere para informar, que no para manipular a la opinión pública. Asumamos, pues, nuestra responsabilidad de conductores de la empresa pública como componente vital del sistema y como vía para garantizar el retorno de los dineros del pueblo a sus legítimos dueños a través de inversiones, impuestos y servicios que redunden en beneficio popular.
La adición que se propone representa una vía de articulación entre la reforma política
y la reforma económica que mencionaba la maestra Navarrete y en cuya necesaria indicación estamos apenas iniciando el camino, ambos procesos debemos entenderlos como uno solo y apenas estamos cruzando el umbral de ambos. De aprobar esta adición, propone que investiguemos toda desviación económica, ideológica que encauza el sector paraestatal hacia rumbos ajenos al interés de las mayorías; protejamos el patrimonio productivo del pueblo de la sagacidad irresponsable de la reacción que escala sistemáticamente contra la empresa pública, intentando sosloyarlo como puntal del desarrollo para todos y tengamos presente que la democratización política sólo avanza con la democratización económica.
Entendamos que no tenemos opción histórica distinta al fortalecimiento de la empresa estatal como cauce ideológico y técnico de un sustento menor injusto para el único sistema que tenemos. Técnica, política, ideológicamente, pienso que es preciso aprobar la adición al artículo 93 Constitucional, pero más aún, más trascendental aún, será responsabilizarnos en el ejercicio de esta potestad y grave compromiso político y social anteponiendo a las investigaciones que realice el Congreso sobre las empresas públicas el interés popular a cualquier otro. Debemos apuntalar la construcción de una sociedad democrática popular independientemente que no tenemos y por la cual siento que ahora debemos luchar en todo foro al lado de los sectores mayoritarios de este país.
Esta consideración general, disculpen ustedes, pienso que es muy importante haberla dejado asentada.
Volviendo al punto concreto de la propuesta del diputado Garabito, nos sugiere que en vez de usar la palabra "pedir" se hable de "Resolución" "las Cámaras, a resolución de una tercera parte de sus miembros". Esta propuesta yo creo que no tiene vía porque va en contra de los artículos 158 y 159 de este reglamento y deteriora el sistema de votación mayoritaria que rige este Congreso. De suerte que tengo la impresión de que no procede. A mí me extraña mucho que el diputado Garabito, que siempre hace consideraciones muy de fondo sobre las cuestiones que aquí se debaten, no nos haya hecho una propuesta de cambios más de fondo. Yo quisiera hacer una. Siento que si en efecto queremos ejercer plenamente este sentido de representación proporcional que estamos discutiendo, pienso que una tercera parte de la representación es insuficiente para pedir la investigación del funcionamiento de alguna empresa estatal. Pienso que tenemos que rebajar esa proporción. Pienso que tenemos que rebajarla a algo que tenga alguna congruencia con la estructura de la futura, del futuro Congreso de nuestro país. Si estamos configurando un Congreso en el que del 25% de los diputados provienen de partidos minoritarios, ¿por qué no consideramos que ese 25%, no una tercera parte, sino una cuarta parte, esté habilitado dentro del Congreso para pedir la investigación de las empresas del Estado, del funcionamiento de las empresas del Estado?
Yo concretamente hago esa propuesta a las Comisiones, que se reduzca de una tercera a una cuarta parte la proporción de diputados que pueden pedir la investigación de las empresas del Estado. Muchas gracias, muy amables. (Aplausos.)
El C. Jorge Garabito: Pido la palabra, señora Presidenta.
- La C. Presidenta: Tiene la palabra el diputado Garabito, en su segundo turno.
El C. Jorge Garabito Martínez: Señora Presidenta; señoras y señores diputados:
Muy brevemente, pero muy categóricamente, deseo expresar mi total desacuerdo con las exposiciones expresadas aquí por los ilustres economistas que me antecedieron en el uso de la palabra.
Pienso que están rebasando, definitivamente, el ámbito del Congreso. No le corresponde al Congreso, ni determinar la política económica del país, ni mucho menos tomar la serie de determinaciones que vinieron sugiriendo.
Eso es la responsabilidad fundamental y exclusiva de la administración y nosotros somos el Congreso. Claro que los señores economistas, que tienen mucho tiempo de prestar sus servicios, valiosos servicios, a la administración general, se siguen sintiendo parte de la administración general y olvidando que son representantes del pueblo; y no de la administración. (Aplausos.)
En cuanto al fondo, podríamos discutir aquí lo que ya hemos planteado en otras ocasiones: en un régimen de economía mixta, cuáles son los límites de esta Economía Mixta. Un 1% de economía privada y un 99% de economía estatal, ¿cuál es la participación real de la sociedad en una economía mixta? Tampoco le corresponde al Congreso determinarlo. Esto le corresponde fundamentalmente a la Administración General. Nosotros solamente exponemos la necesidad de que el Gobierno, de que la administración defina estas situaciones, pero no vamos a ser los diputados, porque no es de nuestra jurisdicción, ni es el área de la
Cámara de Diputados el determinar los límites de una economía mixta.
Claro que es muy importante, nadie ha disminuido la importancia de esta adición que permite al Congreso que es el representante de los intereses populares, entrar al análisis a fondo de la situación de las empresas paraestatales.
Decía el diputado Labra, que nos olvidemos de que la visión minoritaria de las empresas de Estado que siempre estamos pensando en sentidos de utilidad como en las empresas particulares; y que olvidamos que en las empresas del Estado siempre alguien gana. Claro que alguien gana; pregúntenselo a las empresas del FONAFE quién fue el que ganó; pero de esto se trata, de la facultad de integrar comisiones y el diputado Labra, mañosamente se está guardando esa facultad para una decisión mayoritaria, si la decisión es mayoritaria, pues, se están reservando la facultad de hacer o no hacer esta investigación; que rebajemos de la tercera parte a la cuarta parte en la facultad de pedir, es absurdo; la podemos rebajar a la cuatrocientava parte del Congreso, porque un
solo diputado puede hacer la solicitud; no se trata de esto, no se trata de la facultad de solicitar, se trata de la facultad de resolver y mientras no se aclare el sentido anfibológico de la redacción del texto, la mayoría se está reservando la facultad de hacer o no hacer la investigación cuando convenga a los intereses mayoritarios y no a los intereses populares que no siempre coinciden.
La redacción que yo propongo, sí hace coincidir la facultad de determinar la investigación en la minoría y que es el derecho de investigar, y que siempre se les reconoce a las minorías. No se les está dando facultades decisorias, simplemente facultades de investigación y esto es lógico y lícito, por lo tanto, insisto, en que se reforme la redacción del texto. (Aplausos.)
- La C. Presidenta: Tiene la palabra la diputada Ifigenia Martínez, en su segunda intervención.
- La C. Ifigenia Martínez de Navarrete: Señora Presidenta, honorable Asamblea, honorable diputado Jorge Garabito:
Me voy a referir únicamente a la referencia que él hizo acerca de los economistas, concretamente el diputado Armando Labra y su servidora.
La acusación o las acusaciones de tipo general y abstracto, son precisamente las que yo quisiera que desterráramos de esta Cámara y fuéramos ya más específicos, más concretos.
Aquí nos sentimos y venimos como representantes populares y cuando hemos trabajado y ejercido funciones en el Ejecutivo, también siempre nos hemos sentido no representantes legitimados por el voto, pero sí parte del pueblo, porque cuando menos, por lo que a mí toca, yo crecí, fui formada en un hogar y en un ambiente en donde siempre los intereses del pueblo y la necesidad de tener un país más democrático, siempre han sido los que han normado nuestras investigaciones, nuestros estudios, nuestras propuestas y nuestras críticas.
(Aplausos.)
Por lo tanto, rechazo que tanto el poder Ejecutivo como el poder Legislativo deban, deban - estoy hablando de la norma -, tener otra autoridad y otro objetivo que no sea como base el bienestar del pueblo y el interés nacional.
Cuando el Ejecutivo, el Legislativo o el poder Judicial se apartan de esta norma, están violando, están desviando, deformando y traicionando el sentido histórico de nuestra lucha social, que ha sido precisamente la de hacer que asciendan a la categoría de seres con posibilidades de satisfacer sus necesidades materiales, su derecho de participación y su acceso a la cultura a toda nuestra población, especialmente recordando las duras batallas que ha tenido que pasar el pueblo sojuzgado; sojuzgado por los conquistadores, sojuzgado después durante la época de Independencia por criollos y mestizos; sojuzgado después durante el porfiriato y ahora todavía nos encontramos con una gran proporción del pueblo mexicano que sigue viviendo en condiciones insatisfactorias.
Precisamente el sentido de esta reforma son reformas que permiten, que amplían, que dan una mayor apertura política y que le dan una mayor participación al Congreso, para que la economía pública satisfaga plenamente su papel de promotoras y vigilantes de los intereses populares y de los intereses nacionales, sólo un desarrollo como lo mencionó el diputado Labra, un desarrollo democrático, queriendo decir por esto, participativo de todos los grupos; popular, queriendo decir por esto que tenga en cuenta los intereses de la mayoría antes que los intereses de los grupos privilegiados e independientes, queriendo decir por esto un fortalecimiento de nuestra economía para hacernos menos dependientes de las viscisitudes y la coyuntura internacional, será por lo que estamos luchando y lo que hemos de pedir.
Considero yo, que todos los que estamos en esta Cámara, los de las fracciones minoritarias también, hay un consenso que nos une, y que ese consenso está alrededor de los grandes objetivos que acabo de mencionar. Así pues, yo quisiera que las objeciones y las críticas fueran precisas y concretas y no abstractas y generales porque así no avanzamos.
El diputado Labra creo que se referirá posteriormente a la propuesta del compañero Garabito. Muchas gracias. (Aplausos.)
- La C. Presidenta: Tiene la palabra el diputados Montes García, por las Comisiones.
El C. Miguel Montes García: Ciudadana Presidenta; compañeros diputados. Se ha clarificado en este debate que en realidad la razón por la que se reservó el texto de la reforma que se propone en el artículo 93, no era meramente gramatical; se trata de dos conceptos muy diferentes.
En nuestro Reglamento, por todos es sabido, se establece con meridiana claridad, quizá sea de las cosas más claras de nuestro Reglamento. Como, de qué manera la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, debe tomar resoluciones y eso no está a discusión en este momento todos lo sabemos, sabemos que en este caso se requiere, perdón, sabemos en que caso se requiere para tomar una resolución de una mayoría simple y sabemos en que caso se requiere de una mayoría calificada.
Lo que pasa es que en esta reforma constitucional, se concede a un grupo de diputados, que se quiere que siempre sean representantes auténticos de una también auténtica corriente popular, de una opinión no generalizada, pero si que se pueda tomar en consideración, ya por la cantidad que representa, se les concede a este grupo de diputados una facultad nueva, la facultad de pedir que se investiguen las empresas de participación estatal.
Sería provocar quizá un tanto cuanto, el escándalo, que algunas minorías utilizan, para calar quizá llevar un poco de agua a su molino, del pueblo no muy versado, en lo general de estos aspectos de tipo técnico de empresas estatales, el posibilitar que todos los días cualquier diputado por capricho, pidiera la investigación cuyo humor la dictará, se trata aquí de una cosa muy clara en la iniciativa, no se nos diga luego que pueda ser algo que se trae de contrabando, es una cosa muy simple; una corriente calificada en su número, calificada
constitucionalmente en su número tendrá la nueva facultad de pedir la investigación de los organismos estatales.
Me parece muy interesante la posición del compañero Labra, me parece congruente con el sentido general de la Reforma, si por lo menos que en la Cámara que continúe la nuestra, siempre habrá un 25% de diputados que representen a las minorías de este país, parece lógico que ese 25% tenga el derecho en un momento determinado, y me refiero al porcentaje mínimo de diputados que pueda haber de minorías, de pedir a la Cámara la integración de esas comisiones.
La resolución del pedimento de esta minoría calificada dentro de la Cámara quedará a las reglas generales de resolución de la propia Cámara. A nombre de las comisiones, yo acepto la modificación que propone el compañero Armando Labra y, en consecuencia, ruego a la Presidencia que en el momento en que se pase a votación el texto de la adición al artículo 93 Constitucional, se considere el siguiente:
"Las Cámaras, a pedido de una cuarta parte de sus miembros tratándose de los diputados y de la mitad si se trata de los senadores, tienen la facultad de integrar comisiones para investigar el funcionamiento de dichos organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria."
"Los resultados de las investigaciones se harán del conocimiento del Ejecutivo Federal."
Creo que esta reforma dejará muy claro ante la opinión pública el sentido democrático de la totalidad de la propia reforma, y la solidaridad de los integrantes de esta Cámara con ese espíritu. Gracias. (Aplausos.)
- La C. Presidenta: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se acepta o se rechaza la modificación propuesta por el diputado Garabito.
El C. secretario Alberto Ramírez Gutiérrez: Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a la Asamblea si se acepta o se rechaza la propuesta del diputado Garabito. Los que estén por que se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se rechace... Rechazada.
- La C. Presidenta: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se acepta o se desecha la propuesta del diputado Labra, ya aceptada por las Comisiones.
El C. secretario Alberto Ramírez Gutiérrez: Se consulta a la Asamblea si se acepta o se rechaza la propuesta del diputado Labra. Los que estén porque se rechace...
Los que estén porque se acepte... Aceptada.
- La C. Presidenta: Consulte la Secretaría a la Asamblea si el artículo 13 se encuentra suficientemente discutido.
El C. secretario Alberto Ramírez Gutiérrez: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si el artículo 13 se encuentra suficientemente discutido... Suficientemente discutido.
Se va a proceder a recoger la votación nominal del artículo 13.
(Votación.)
Hay una votación de 147 en pro por 16 en contra.
La C. Presidenta: Aprobado el artículo 13 del Proyecto, que adiciona el artículo 93 Constitucional con un tercer párrafo, con la modificación propuesta por el diputado Labra.
El C. secretario Alberto Ramírez Gutiérrez: Señora Presidenta, se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al Orden del Día de la próxima sesión.
ORDEN DEL DÍA
- El C. secretario Alberto Ramírez Gutiérrez:
"Segundo Período Ordinario de Sesiones.
'L' Legislatura.
Orden del Día
25 de octubre de 1977.
Lectura del Acta de la sesión anterior.
Dictamen a discusión
De las Comisiones unidas Primera de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 6o., 41, 51, 52, 53, 54, 55, 60, 61, 65, 70, 73, 74, 76, 93, 97 y 115."
ACLARACIÓN
El C. Francisco José Peniche Bolio: Señora Presidenta, faltaron los transitorios en el Orden del Día de la sesión próxima.
- La C. Presidenta: Se toma nota. A las 13:40 horas: Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar, mañana martes 25 de octubre, a las diez horas.
TAQUIGRAFÍA PARLAMENTARIA Y "DIARIO DE LOS DEBATES"