Legislatura L - Año II - Período Ordinario - Fecha 19771215 - Número de Diario 44
(L50A2P1oN044F19771215.xml)Núm. Diario:44ENCABEZADO
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
"L" LEGISLATURA
Registrado como artículo de 2a. clase en la administración local de correos, el 21 de septiembre de 1921
AÑO II México, D.F., Jueves 15 de Diciembre de 1977 TOMO II. - NÚM. 44
SESIÓN MATUTINA
SUMARIO
Apertura.
Orden del Día.
Acta de la sesión anterior. Se aprueba.
Presencia del C. Secretario
de Hacienda y Crédito Público
Una Comisión designada al respecto, introduce al salón al C. Licenciado David Ibarra Muñoz, quien de conformidad con la fracción IV, Párrafo Segundo, del artículo 74 constitucional, viene a presentar las Iniciativas de Ley de Ingresos de la Federación y del Departamento del Distrito Federal, para el ejercicio de 1978.
A continuación , el C. Secretario de Hacienda y Crédito Público, hace una exposición relacionada con las Leyes de Ingresos ya mencionadas. La misma Comisión que lo introdujo lo acompaña al retirarse.
Ingresos de la Federación y del Departamento del Distrito Federal
La Secretaría de lectura a las Iniciativas de Ingresos expresadas, enviadas por el Ejecutivo Federal a esta Cámara por conducto del C. Licenciado David Ibarra Muñoz. Se turnan a Comisiones e imprímase.
Orden del Día
Se da lectura al Orden del Día de la siguiente sesión. Se levanta la sesión.
DEBATE
PRESIDENCIA DEL C. GUILLERMO COSÍO VIDAURRI
(Asistencia de 181 ciudadanos diputados.)
APERTURA
- El C. Presidente (a las 10:20 horas): Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
- La C. Secretaria Mirna Esther Hoyos de Navarrete:
"Sesión matutina.
Segundo Período Ordinario de Sesiones.
'L' Legislatura.
Orden del Día
15 de diciembre de 1977.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Presentación por el C. Licenciado David Ibarra Muñoz, Secretario de Hacienda y Crédito Público, de la Ley de Ingresos de la Federación y de la Ley de Ingresos del Departamento del Distrito Federal."
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
- La misma C. Secretaria:
"Acta de la Sesión de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Legislatura del H. Congreso de la Unión efectuada el día catorce de diciembre de mil novecientos setenta y siete.
Presidencia del C. Guillermo Cosío Vidaurri.
En la ciudad de México, a las diez horas y veinte minutos del miércoles catorce de diciembre de mil novecientos setenta y siete, con asistencia de ciento setenta y dos ciudadanos diputados, la Presidencia declara abierta la sesión.
Lectura del Orden del Día.
Sin discusión se aprueba el Acta de la sesión anterior, verificada el día de ayer.
Se da cuenta de los documentos en cartera.
Presidencia del C. Rafael Oceguera Ramos.
Invitación del C. Presidente Municipal de Ecatepec Morelos, Estado de México, al acto cívico que tendrá lugar el día 22 de los corrientes, con motivo de 162 aniversario de la muerte del Generalísimo don José María Morelos y Pavón.
Para asistir a dicho acto con la representación de esta Cámara de Diputados,
la presidencia designa en comisión a los CC. Josefina Esquivel de Quintana y Guillermo Choussal Valladares.
En cumplimiento de lo preceptuado por el artículo 9o. de la Ley General de Deuda Pública, el C. Licenciado David Ibarra, Secretario de Hacienda y Crédito Público, envía el documento que comprende una síntesis de lo acaecido en materia de Deuda Pública en el tercer trimestre del año en curso.
Recibo y resérvese en el archivo para consulta de los ciudadanos diputados.
La Comisión de Permisos Constitucionales presenta un dictamen con proyecto de Decreto, que concede permiso al C. Juan Herrera y González, para que pueda desempeñar el cargo de Cónsul Honorario del Gobierno de Suecia, en la ciudad y Puerto de Acapulco, Guerrero. Primera lectura.
La misma Comisión de Permisos Constitucionales, emite un dictamen con proyecto de Decreto, que autoriza a la C. Laura Virginia Vázquez Murray, para que acepte y desempeñe el cargo de Cónsul Encargada del Consulado de Panamá, en la ciudad de El Paso, Texas. Primera lectura.
Dictamen que finaliza con proyecto de Decreto, signado por la Comisión de Permisos Constitucionales, que concede al C. Juan Pedro López Gallo, permiso para prestar y desempeñar el cargo de Vicecónsul Honorario del Gobierno de Noruega, en Ensenada, con jurisdicción en el Estado de Baja California.
Primera lectura.
Dos dictámenes con sendos proyectos de Decreto presentados por la Comisión de Permisos Constitucionales, que conceden permiso a las CC. María Hilda Guzmán Vega y Virginia G. Alvarado de Tovar, para que puedan prestar servicios de carácter administrativo en el Consulado General Norteamericano en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Primera Lectura.
La Presidencia considera estos asuntos de urgente resolución, y la Asamblea en votación económica, les dispensa el trámite de segunda lectura a fin de que se sometan a discusión y votación de inmediato.
A debate los cinco proyectos de Decreto, no habiendo quien haga uso de la palabra, en votación nominal se aprueban por unanimidad de ciento setenta y ocho votos, habiéndose cumplido previamente con lo establecido por el artículo 121 del Reglamento. Pasan al Senado para sus efectos constitucionales.
La Primera Comisión de Hacienda, Crédito Público y Seguros, somete a consideración de la Asamblea un dictamen con proyecto de Decreto que autoriza una nueva Emisión de Bonos del Ahorro Nacional. Segunda lectura.
A discusión, sin que motive debate, en votación nominal se aprueba el proyecto de Decreto por unanimidad de ciento setenta y ocho votos. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
Dictamen con proyecto de Decreto suscrito por la Segunda Comisión de Hacienda, Crédito Público y Seguros, que reforma el artículo 2o. del Decreto que establece las bases del Convenio Constitutivo del Banco Interamericano de Desarrollo. Segunda lectura.
A discusión en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto, sin ella, en votación nominal se aprueba por ciento setenta votos en favor y ocho en contra. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
Agotados los asuntos en cartera, se da lectura al Orden del Día de la sesión siguiente.
A las once horas y veinte minutos, se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el día de mañana, jueves quince, a las diez horas."
Está a discusión el Acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba... Aprobada.
PRESENCIA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
El C. Presidente: Se encuentra en el Salón Verde de esta Cámara de Diputados, el C. Licenciado David Ibarra Muñiz, Secretario de Hacienda y Crédito Público.
Se designa en comisión para que lo introduzcan a este Recinto, a los ciudadanos diputados Enrique Alvarez del Castillo, Antonio Tenorio Adame y Eduardo Donaciano Ugalde Vargas.
(La comisión cumple su cometido. Aplausos.)
El C. Presidente: De conformidad con la fracción IV, párrafo segundo, del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el C. Licenciado David Ibarra Muñoz, secretario de Hacienda y Crédito Público, viene a presentar las Iniciativas de Ley de Ingresos de la Federación y Ley de Ingresos del Departamento del Distrito Federal. En esa virtud, se concede el uso de la palabra al C. Licenciado David Ibarra Muñoz.
El C. Secretario de Hacienda y Crédito Público, licenciado David Ibarra Muñoz: Señor Presidente de la Cámara de Diputados; señores legisladores; señor Secretario de Programación y Presupuesto; Señoras y señores.
Es una alta distinción el ocupar esta tribuna y tener la oportunidad de exponer a ustedes el contenido y los alcances de la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación correspondiente al año 1978.
El Ejecutivo Federal presenta a consideración del H. Congreso de la Unión esa Iniciativa de Ley acompañada de una exposición de motivos mucho más amplia y detallada que lo que ha sido tradicional. Conforme al espíritu de la reforma política, aparte de presentar las justificaciones estrictas de las propuestas de cambio en los textos legales, se intenta ubicarlas dentro del marco general de la economía nacional. Con tal finalidad, en la propia exposición de motivos se informa de la situación económica que guarda el país, de los problemas de coyuntura y estructura que ha debido atender la administración en el manejo de los asuntos económicos y, singularmente, de los
propósitos centrales que perseguirá la acción del Ejecutivo Federal durante 1978 en materia de política económica y financiera.
De esta manera, señores, confiamos hacer explícito el papel de las propuestas tributarias y de crédito dentro de la política hacendaria y la articulación de esta última con la estrategia económica definida y puesta en marcha por el señor Presidente López Portillo.
La Iniciativa detalla los distintos conceptos mediante los cuales el erario público federal obtendrá los recursos hacendarios para financiar su programa de gasto a realizar durante el ejercicio fiscal de 1978. Asimismo se incorporan ajustes encaminados a lograr su más adecuada coordinación con las medidas previstas en otras áreas de la política financiera, de la política de gastos ya citada y, en general, en relación con las estrategias que se vienen implantando. Se trata, en esencia, de superar los problemas de corto plazo, y cimentar las bases que nos permitan avanzar en el futuro con mayor dinamismo y equidad social.
El planteamiento económico: México ha enfrentado en los últimos años, una doble crisis: la que proviene de haber rebasado una etapa de crecimiento, cuyas vetas principales han mostrado un agotamiento gradual, y la que está asociada a la conjunción de factores internos y externos desfavorables en el corto plazo.
A fines de la década de los 60s, se hizo evidente cierto debilitamiento en las fuerzas impulsoras de crecimiento industrial y agrícola; a la par, se acentuaban los desequilibrios en la Balanza de Pagos, y en las finanzas gubernamentales. Con ello, se volvió incierta la posibilidad de mantener los ritmos elevados de crecimiento alcanzados en décadas anteriores y que habían transformado la fisonomía del país de una economía atrasada y predominantemente agrícola, a una de las más avanzadas dentro de los países de desarrollo intermedio.
Estos avances, señores, es una cuestión fundamental que debe subrayarse. La industria, dentro de los primeros años de este decenio, redujo su ritmo de expansión. La razón de estructura debe encontrarse en los difíciles requisitos que impone el tránsito de producir casi exclusivamente artículos de consumo, o algunos bienes intermedios para el mercado interno, a una situación en que las principales oportunidades de inversión industrial se centran en la elaboración de bienes tecnológicamente completos, que en parte, además, tienen que exportarse.
En este proceso, la magnitud de los proyectos de inversión, los requisitos tecnológicos y de eficiencia y organización, no sólo son mucho más estrictos, sino que entrañas transformaciones cualitativas, que sólo son de absorción gradual entre los diversos grupos empresariales y del propio Estado.
A lo anterior, se añaden otros factores de ajuste, entre los que destaca el imperativo de ir descentralizando la actividad industrial y económica del país, a fin de atender con eficacia los mercados de la provincia y los mercados externos.
Desde mediados del sexenio anterior, la agricultura comenzó a manifestar descentralizando la actividad industrial, la agricultura comenzó a manifestar de su lado síntomas de perder el extraordinario impulso que le había dado la reforma agraria y que con altibajos menores se sostuvo más de un cuarto de siglo. Los efectos de esa reforma fundamental al liberar recursos humanos y recursos de la tierra sobre la producción y la productividad fueron, no cabe duda, notables y se vieron apoyados por las grandes inversiones públicas en obras de infraestructura, sobre todo en el campo de la irrigación.
Debe reconocerse, sin embargo, que no podrían por sí mismos generar año con año los mismos aumentos en la oferta. Por eso, al consolidarse el impacto inicial de la reforma agraria, la evolución del sector fue haciéndose cada vez más dependiente de otros factores y recursos. Y este es un hecho, señores, que debemos reconocer con la mayor claridad.
Surgen entonces obstáculos de diversa naturaleza que frenan su crecimiento, unos ligados a la escasez de tierras aptas para la producción, otros a la insuficiencia de fondos para otorgar créditos, realizar obras de infraestructura y ensanchar en magnitud suficiente el suministro de fertilizantes e insumos mejorados. A ello se suman presiones demográficas que propician la pulverización de la tierra, haciendo más difícil organizar y modernizar las unidades productivas de ejidatarios y pequeños propietarios.
Esta situación de la industria y de la agricultura se refleja en la balanza de pagos, al reducirse las tasas de crecimiento de la oferta y los márgenes de sustitución de importaciones industriales y agrícolas, las compras al exterior inician una marcha ascendente, que no estuvimos preparados para compensar con nuevas y mayores exportaciones.
Aquí nuestro régimen de sustitución de importaciones, nuestra protección muchas veces excesiva, propició ineficiencia, propició localizaciones inadecuadas que en gran medida nos trabaron la posibilidad de exportar en forma dinámica.
Nace entonces, de aquí, el fenómeno de la aceleración del endeudamiento externo, al preferirse éste a la disyuntiva de frenar el desarrollo o acelerar presiones inflacionarias. Por el lado de los factores externos el arranque de la década de los 70's marca el fin de un período de auge de la economía internacional y el inicio de una fase de marcada inestabilidad que afecta desfavorablemente a México y a los demás países en desarrollo. Los efectos de la crisis de la economía internacional apenas pueden vislumbrarse en sus verdaderas dimensiones y alcances, baste señalar que al rompimiento del sistema monetario de Bretón Woods, se añaden presiones inflacionarias sumamente extendidas, desajustes en los mercados de dinero y capitales, déficits de alimentos básicos a escala mundial y el conocido problema de los energéticos. Los países industrializados por lo
demás, entran en una fase recesiva que a la fecha desafortunadamente no ha sido superada en su totalidad. Esos elementos se manifiestan ostensiblemente en la contracción del comercio internacional, principalmente del comercio que realizan los países en desarrollo no exportadores de petróleo y en el crecimiento también de su deuda externa.
México no escapa a esa situación, aunque los descubrimientos petrolíferos, junto con el aprovechamiento de otros recursos y posibilidades del país, nos marca, en mi opinión, una firme senda de solución. De su lado, las finanzas gubernamentales, desde el decenio anterior, han estado sujetas a diversos problemas, son incontrovertibles las necesidades de gasto que derivan principalmente del imperativo de proporcionar servicios sociales que derivan principalmente del imperativo de proporcionar servicios sociales a una población en rápido crecimiento; satisfacer la necesaria ampliación de la infraestructura y promover el desarrollo de actividades básicas. En atenderlas, reside la posibilidad misma de dar cumplimiento a los objetivos mínimos de bienestar social y de crear un clima propicio para el desenvolvimiento de las capacidades productivas de la sociedad mexicana.
Con excepciones, la evolución de los ingresos no ha sido lenta, me refiero a los ingresos públicos; pero sí insuficiente, para alcanzar el ritmo que exigiría atender las necesidades insatisfechas acumuladas, o dar márgenes amplios y no inflacionarios, al manejo del gasto, cuando es necesario reactivar la economía o manipular la demanda agregada total. Se añade a lo anterior, el hecho frecuente de que empresas y organismos del sector paraestatal, además de atender la expansión normal de sus actividades, han debido congelar precios y otorgar subsidios que contribuyen a la lucha contra la inflación; que contribuyen a cumplir con otros objetivos de la política económica y social.
Pero que, en definitiva, pueden lesionar las finanzas de esos organismos y empresas.
Hasta aquí, señores, a vuelo de pájaro he tratado de presentar una síntesis de los problemas de fondo, de los problemas de estructura, a que habremos de dar respuesta sobre las bases y el camino ya adelantado. En esencia, señores, la tarea de estructura que enfrentamos es la de suplir la incapacidad del sistema económico para dar empleo remunerativo a la fuerza de trabajos; elevar los índices de bienestar y corregir desigualdades distributivas; pero también, de otra parte, abrir fronteras a la inversión en campos nuevos que asegure un proceso dinámico y sano de expansión del conjunto del sistema económico.
Para lograrlo no bastaría simplemente crecer con rapidez; será necesario, además, encauzar la dirección del desarrollo; resolver los principales puntos de estrangulamiento económico, y aprovechar al máximo la dotación interna de recursos.
Singularmente es esencial fortalecer sobre la base de la información y discusión públicas, la indispensable solidaridad social que favorezca el predominio de los intereses nacionales sobre los particulares o de grupo.
No debe ser causa de desaliento el hecho de que la economía en proceso de cambio estructural, muy al contrario, esto sólo demuestra la posibilidad abierta de acceder a estudios más avanzados de desarrollo. Esto sólo demuestra, señores, que hemos sido capaces de crecer, de transformar su raíz, pero ahora requerimos dar un paso fundamental hacia adelante.
En paralelo a estos fenómenos de estructura, se ha enfrentado el país a una coyuntura económica particularmente difícil. Los desajustes de la balanza de pago y la sobrevaluación del peso, unidas a presiones inflacionarias, a la retracción de inversiones y a la fuga de capitales, provocaron la devaluación del peso en agosto de 1976.
A partir de esa fecha, se inicia un proceso de ajuste a las nuevas condiciones que con sus características de mayor dificultad, se prolonga hasta la mitad del presente año y abarca al conjunto de los sectores de la población y de la actividad económica.
En este proceso se intensifican las tensiones sobre los precios y la desconfianza en nuestra moneda, la captación de fondos del sistema financiero experimentó una fuerte contracción que redujo sensiblemente su capacidad de otorgamiento de créditos.
Durante algunos meses, el público ahorrador mostró una clara preferencia por activos altamente líquidos e hizo importantes conversiones de moneda nacional a moneda extranjera.
En esta situación, muchas empresas vieron incrementados sus costos y sus necesidades de capital de trabajo, debido al alza de los precios de materias primas y al aumento de los servicios de la deuda contraída en moneda extranjera. A la vez han enfrentado una demanda oprimida en lo interno que ha añadido obstáculos a la toma de decisiones de nueva formación de capital, debido a los factores reales que hemos adoptado o debido a factores psicológicos o a fugas de recursos; la inversión privada se detiene, se estanca, dando origen a un período recesivo y con altas presiones inflacionarias.
Estos mismo hechos favorece el deterioro del poder de compra de los ingresos de los trabajadores y empleados, tanto como la reducción de la demanda de empleos.
En síntesis, esto es el panorama, esto constituye la conjunción de una crisis de crecimiento que estamos en proceso de resolver, con una crisis coyuntural de fines del 76, que define, tipifica el panorama económico que había de enfrentar la administración presidida por el señor Presidente José López Portillo.
La Economía en 1977; aunque no es esta la oportunidad de exponer en todos sus alcances la política que se ha emprendido, conviene, sin embargo, destacar algunos de sus principales elementos.
En primer término, la nueva administración inicia una profunda Reforma Administrativa
que persigue mejorar el funcionamiento del sector público, modificando deliberadamente procedimientos anacrónicos que limitaban su eficiencia. Procura esta Reforma una coordinación cooperativa de la administración a través de una precisa ordenación de funciones, basada en un mecanismo de planeación que contempla el placer público, desde la generación de información, hasta la evaluación y ajuste, permanente de los programas y tareas específicas.
Organiza por sectores de actividad a las entidades administrativas, a fin de que concurran y aporten sus capacidades a un plan general congruente en sus partes y con asignación precisa de responsabilidades.
De esta manera la ordenación de las acciones de la administración pública se finca en el establecimiento de prioridades, objetivos y metas que resulten no sólo coherentes sino además viables.
Del mismo modo incorpora explícitamente el propósito de jerarquizar las acciones del Estado frente a las limitaciones de recursos y otras restricciones de diversa naturaleza.
En segundo término, se promueve una reforma política que en esencia se encamina a perfeccionar el sistema democrático de participación en las diversas esferas de gestión pública y crear correlativamente la solidaridad social interna que exige el avance político, social y económico del país.
Por ello, o para ello, se pretende en pensamiento de todos los grupos, tengan representación y significado político e influya en las decisiones gubernamentales.
En tercer lugar, como complemento de esas dos reformas, surge como necesidad económica y social de primer orden, un programa que unifique la acción de todos los mexicanos: la Alianza para la Producción. Persigue la Alianza organizar las tareas de los agentes de la producción en un esfuerzo conjunto que permita la instrumentación fluida de las políticas económicas, el perfeccionamiento de los sistemas de programación y previsión, y sobre todo, compartir responsabilidades, logros y sacrificios inherentes a nuestro sistema de economía mixta. Corresponde a la Alianza para la Producción el conciliar los objetivos nacionales con propósitos de grupos específicos, a efecto de alcanzar metas de desarrollo y justicia social, niveles mínimos de bienestar para toda la población, estimular la iniciativa individual y lograr una mayor independencia respecto al exterior, acrecentando en este proceso la producción de bienes y servicios social y nacionalmente necesarios, a fin de hacer efectivo el derecho al trabajo y alcanzar un desarrollo social equilibrado.
Dentro de este esquema se concentraron convenios con las ramas consideradas como prioritarias que se encuentran en los sectores agropecuarios, de energéticos, petroquímico, siderúrgico, minero, de bienes de capital, transporte y bienes de consumo popular.
Por último, el Ejecutivo Federal se ha propuesto fortalecer las finanzas públicas con miras a liberar su acción de las trabas del endeudamiento interno y externo y hacer del sistema tributario una herramienta más apta de equidad social y de fomento a la producción.
El manejo de los asuntos económicos no puede darse en el vacío o conforme a los puntos particulares de vista de grupos específicos; por el contrario, debe responder a una visión de conjunto, bien asentada en la identificación de los problemas reales, en el conocimiento de las formas específicas de funcionamiento de nuestro sistema económico y en la fijación de metas asequibles en el corto, mediano y largo plazo.
Por eso, durante 1967 el gobierno, con el concurso de amplias capas de la población, se propuso metas moderadas de crecimiento, si se le compara con las del decenio anterior, pero congruentes con la exigencia de superar el proceso de reajuste postdevaluatorio, combatir la inflación y corregir los desequilibrios financieros de pagos externos. También se ha cuidado, con gran atención, evitar desviaciones en los programas prioritarios de inversión y gasto que más de cerca están asociados a propicias transformaciones estructurales en nuestro aparato productivo. Del mismo modo, ha sido preocupación constante el estímulo al ahorro y a la inversión privada, en tanto constituyen elementos imprescindibles, junto con el gasto del sector público, en nuestra mecánica de desarrollo.
A esos lineamientos, señores legisladores, se ajustó el Presupuesto de la Ley de Ingresos de 1977, como también se pretende ceñir la correspondiente a 1978, con las modalidades apropiadas que dicten, ahora las circunstancias registradas en la situación económica y social.
Los primeros resultados de la gestión económica de 197, ya están a la vista.
En varias materias se han obtenido logros importantes, en otras áreas, los avances son modestos, y subsisten problemas sobre los cuales habrá que poner el énfasis con la mayor tenacidad y disciplina.
Los ingresos brutos del Gobierno Federal alcanzaron 166 mil millones de pesos, en el período enero - septiembre de 1977. Esto representa un incremento del 40% en relación a igual lapso de 1976. La evolución de las recaudaciones, tanto como el comportamiento de la actividad económica, justifican anticipar que los ingresos fiscales superarán en 5% la suma considerada en la Ley de Ingresos expedida y aprobada por ustedes en 1977.
Por su parte, el gasto bruto del propio Gobierno Federal en el período enero - septiembre de 77, ascendió a 192 mil millones de pesos, que representa un 32% de incremento en relación a igual lapso del ejercicio - prueba.
Estos datos y las previsiones de cierre de año permiten prever un progreso significativo en el saneamiento de las finanzas públicas y un monto de déficit financiable sin ocasionar, como lo estamos experimentando ya presiones inflacionarias.
Los elementos de debilidad del panorama económico reciben centralmente, en el bajo nivel de actividad económica, los cálculos
disponibles hasta el momento, sitúan al crecimiento del producto bruto interno en 2.5, 2.6% para fin de este año. Y por tanto, a este bajo nivel de actividad económica ha correspondido una limitada generación de nuevos empleos.
En los hechos, el lapso de absorción de los ajustes postdevaluatorios ha resultado más prolongado, reflejándose en reducciones de consumo y niveles de inversión a las cifras esperadas.
Hay aquí, debe reconocerse con la mayor transparencia un serio problema, que habrá de atenderse con la mayor atención, a fin de que todos podamos asegurar avances firmes en materia de empleo.
Reconocido ese hecho cabe subrayar la presencia de síntomas de recuperación.
El incremento en la producción agrícola se estima en este año será superior al incremento demográfico. Este incremento es, desde luego, inferior al potencial del sector agrícola pero sí es un avance, un incremento mucho más vigoroso al registrado en años previos. Hasta el mes de junio los índices de producción industrial señalaban tasas incrementales negativas; tal situación ha comenzado a corregirse en los últimos meses hasta arrojar cifras netas positivas que fluctúan entre el 1.2 y el 2% para las manufacturas; del mismo modo parece haber tomado cuerpo un repunte en la formación de capital.
La industria de la construcción se recupera progresivamente, aunque es posible que no con la intensidad suficiente para compensar del todo la caída que vino experimentando a partir del segundo semestre de 1976. Fenómenos análogos se observan en las importaciones de bienes de capital y en el fortalecimiento de la demanda interna por productos del mismo género, elaborado en el país como también en otros rubros importantes, como es la demanda de generación de energía eléctrica y el volumen de las cargas transportadas.
Las tendencias al aflojamiento de las tensiones inflacionarias continúan siendo alentadoras. En el mes de octubre se anota por primera vez, un pequeño decremento en el índice de precios al mayoreo, y aumentos moderados de 0.6% y 0.8% en los relativos al índice nacional de precios al consumidor de la ciudad de México. Asimismo con respecto al último trimestre de 1976, en que se obtuvo un crecimiento mensual en el índice de precios al mayoreo del 7%, la cifra se redujo al 1% en el período agosto - octubre del año en curso. En todo esto, señores, ha de ser el reconocimiento más abierto y claro, en todos estos logros ha jugado un papel decisivo la actitud de las organizaciones obreras en las negociaciones salariales y, en segundo lugar, el manejo de las finanzas gubernamentales.
Los desajustes de la Balanza de Pagos, muestra de su lado una corrección apreciable. En efecto, cifras estimadas indican que el déficit en cuenta corriente se situará a fin de año en 1,600 millones de dólares. Esto es, 46.4% abajo de los niveles del año precedente.
El aumento de nuestra competitividad externa, asociada a la devaluación, han sido uno de los factores de aliento en el alza de las exportaciones, si bien en varios renglones no ha sido todo lo intenso que se ha previsto originalmente, debido a factores domésticos o de origen externo.
Por otro lado, el mismo fenómeno devaluatorio provocó desplazamientos que favorecieron a la producción nacional, pero aquí también debe de reconocerse de importaciones, en buena medida estuvo vinculada a los bajos ritmos de actividad económica.
Los esfuerzos dirigidos a fomentar el ahorro interno, revertir el peligroso proceso de debilitamiento en el sistema financiero, y combatir la descapitalización, ha venido fructificando en grado apreciable.
El saldo de captación de moneda nacional en la banca, se sitúa en 453 miles de millones de pesos, volumen considerable y cuya tasa de crecimiento se ha elevado del 3.6 al 9.6% de compararse los períodos de enero - septiembre de 1976 con el de 1977.
En respuesta a la reestructuración de las tasas de interés y otras medidas, se ha logrado también acrecentar los depósitos a plazo fijo, reduciendo la excesiva liquidez del sistema financiero y, a la vez, elevar la proporción de los saldos de la captación de moneda nacional con respecto a las denominadas en moneda extranjera. Estamos avanzando en el proceso de desdolarizar la economía.
Entre enero y agosto de 1977 el medio circulante creció a una tasa anual promedio del 30% para disminuir en septiembre y octubre, según cifras estimadas, a un nivel de 25%.
Aparte de la significación que estos hechos tienen en la política de combate a la inflación, es importante destacar que ha tenido lugar desatesoramiento de billetes, por parte del público como lo demuestra el aumento en la participación de las cuentas de cheques en el medio circulante, pasando del 48 al 54 por ciento entre diciembre de 1976 y octubre del año en curso.
La revitalización del sistema bancario y las medidas adoptadas por el Banco de México, ha permitido acrecentar gradualmente la oferta de crédito y canalizarla con preferencia y selectivamente hacia actividades prioritarias.
En el período enero a octubre el conjunto de la banca otorgó préstamos al sector privado en montos que exceden los 50 mil millones de pesos. En cambio, el financiamiento neto del Banco de México al Gobierno Federal se mantuvo en aproximadamente los mismos niveles del año precedente, esto es, alrededor de 30 mil millones de pesos.
El endeudamiento externo neto del sector público se elevará a fines de 1977 en una cifra que fluctúa en torno a los tres mil millones de dólares, ello refleja el propósito del gobierno federal de disminuir el grado de dependencias financieras con el exterior, sin entorpecer con ello el desarrollo de importantes proyectos de inversión, o el flujo de mercaderías importadas que son indispensables al proceso productivo.
En cumplimiento, que las disposiciones de la ley de deuda pública se ha informado y
continuarán informando a esta soberanía de las características de los financiamientos aludidos. Sólo cabe añadir a estas informaciones, que su cuantía apenas representa la mitad de los incrementos de la deuda registrada durante 1976.
En conjunto la evolución de la economía en 1977, refleja un panorama alentador, singularmente si se le compara con el clima de incertidumbre y la profundidad de la crisis, que culmina con la devaluación monetaria del año previo. Buena parte de los reajustes posteriores se han absorbido y otros se absorberán de mantenerse en una firme disciplina económica, apoyada en la solidaridad de todos los estratos sociales en el esfuerzo compartido en la alianza para la producción.
Debe advertirse abiertamente que no se ha alcanzado la plena consolidación económica del aparato productivo, en especial sin motivo de preocupación los posibles retrocesos en materia de ocupación, de los nuevos contingentes de trabajadores y de sus efectos sobre el bienestar de los grupos sociales menos favorecidos.
Del mismo modo subsisten circunstancias externas que podrían incidir desfavorablemente en nuestro país.
El resurgimiento de tendencias proteccionistas en los países industrializados, o la ampliación del ya lento proceso de recuperación de sus economías, podrían significar un freno a nuestras posibilidades de fortalecer exportaciones.
En igual forma los ajustes que se experimentan en los mercados financieros internacionales pudieran determinar reducciones o condiciones cada vez menos ventajosas a las corrientes de capital que se canalizan a los países en desarrollo.
Paso, ahora, señores, a tratar de explicar cuáles son los enfoques y propósitos fundamentales de la política económica y hacendaria que el Ejecutivo Federal tratará de implantar en el año de 1978. Hemos señalado como puntos débiles de la presente situación económica, el lento ritmo de recuperación de la inversión, el producto y el empegue. El peligro todavía presente de caer de nuevo en una espiral inflacionaria que cancele los avances y sacrificios realizados, para escapar al ciclo de inestabilidad financiera, de estancamiento, desocupación, y por último, la posible influencia de factores económicos externos, sólo en parte previsibles, que podrían afectar desfavorablemente al país. De otra parte es imperativo económico y finalidad expresa del Ejecutivo Federal, el que la atención a las circunstancias de coyuntura no impidan el cumplimiento de los objetivos asociados a la transformación social y de las estructuras de producción que le sirven de apoyo, son esos los principales parámetros en que habrá de desenvolverse la política económica del próximo año; sin duda subsisten riesgos, pese a los sensibles progresos alcanzados y alguno de ellos, debe reconocerse, escapan a la acción directa del Gobierno. En un sistema de economía mixta como el que priva en México, la dirección y conducción de los asuntos económicos corresponde al Estado, de esa manera se establecen los programas de acción de todo el sector gubernamental y se orientan los que corresponden al resto de las actividades productivas. Sin embargo, los resultados de la instrumentación de las políticas no sólo dependen de su bondad intrínseca, sino además de la reacción y grado de aceptación, en tanto son indicativas, que logren entre los diversos grupos sociales involucrados, así como del comportamiento de variables externas.
Esto explica la necesidad de no ajustarse a cartabones rígidos de política, tanto como la de informar con plena transparencia los problemas que enfrentamos y el sentido que se desea imprimir a las estrategias de solución. Sólo en la medida en que se mantenga el consenso político y todos los segmentos de la población se sumen al empeño colectivo de la alianza para la producción, será viable superar definitivamente el proceso de ajuste postdevaluatorio y retomar sobre bases más equitativas y más firmes la senda del desarrollo sostenido.
Satisfechos estos requisitos de unidad nacional, pueda afirmarse, con pleno rigor, que el futuro económico del país es altamente promisorio. Dentro del grupo de economías de desarrollo intermedio, México cuenta con ventajas poco comunes; un tamaño de mercado suficiente para servir de pivote a una amplia gama de nuevas actividades económicas, recursos humanos considerables y cuadros técnicos experimentados, una amplia - quizá la más rica - red de infraestructura y de servicios básicos entre los países de similar nivel de desarrollo, una capacidad industrial diversificada y que ya se adentra en ramas de alta complejidad tecnológica, recursos naturales estratégicos de oferta limitada a escala mundial, que nos brindan oportunidades excepcionales de desarrollo, y, por último, una sólida base institucional que siempre ha facilitado la conciliación interna de intereses y puntos de vista.
Podemos ver también con cierto optimismo, con un optimismo razonable, el futuro inmediato. Ya en la actualidad, la suma de las acciones, de los programas, de los sacrificios, de obreros, campesinos y de muchos empresarios, así como del Gobierno, se han combinado para dar firmes expectativas de solución a la retracción económica.
En función de los hechos y análisis presentados, se ha organizado e interrelacionado los principales propósitos de la política económica del Ejecutivo Federal aplicables al año de 1978, propósitos que tienen expresión concreta en los proyectos de Ley de Ingresos y de Presupuesto, sometidos a la consideración de este alto Cuerpo Legislativo.
Situamos, en primer término, el propósito central de reactivar la producción, en función de alcanzar una tasa media de crecimiento del producto interno bruto, del orden del 5% anual. Ese ritmo de expansión será compatible con la aceleración ordenada de las actividades económicas y del empleo, sin descuidar la asignación de recursos para impulsar los programas estratégicos de cambio estructural, y también es por éste, con la exigencia de
evitar distorsiones inconvenientes en los mercados, los precios y la balanza de pagos.
Confiamos, sin embargo, que la meta de crecimiento puede superarse, y tal vez, con holgura, con latitud, la renovación del impulso privada de capital podría contribuir a lograrlo, como lo manifiestan ya las cifras publicadas por representantes y asociaciones empresariales.
Por lo demás, la existencia, de capacidad ociosa en algunos sectores unida a las ricas oportunidades de inversión en petroquímica secundaria, metalurgia, bienes de capital y turismo, para sólo citar unos cuantos ejemplos, representan enormes posibilidades, tanto al propósito de aumentar la producción en el corto plazo y en el medio, como el de canalizar el ahorro hacia nuevos campos social y económicamente rentables.
En segundo término, está el propósito de continuar combatiendo los desajustes monetarios y financieros que se expresan en el fenómeno inflacionario. La defensa del poder de compra de los trabajadores, como la consolidación de un clima propicio a la inversión productiva, conducen a proponer una meta de reducción de la tasa - inflación a un promedio anual que fluctuaría entre el 12 y 15%, frente al 21% que se estima registrará el año de 1977.
Tal rango resulta congruente con la meta de crecimiento del producto y a la vez permitirá avanzar en el proceso de fortalecer el sistema de intermediación financiera y no crear presiones exageradas sobre las finanzas públicas.
En materia de endeudamiento externo, se mantiene la tesis de reducir gradual y firmemente la dependencia del financiamiento y el desequilibrio externos. Por eso el incremento neto de la deuda del sector público durante 1978 se ha determinado en un monto aproximado de 3 mil millones de dólares; dicho nivel es inferior al de 1976 y prácticamente igual al correspondiente al año en curso. En este caso se ha buscado hacer compatible el aumento de las importaciones vinculadas al mayor ritmo de expansión de la producción con las proyecciones de exportación, y las exigencias complementarias de capital que surgen de una serie de programas del sector público en materia de inversión entre los cuales destaca el de Petróleos Mexicanos. Los volúmenes de crédito que se contratarían durante 1978 se sitúan conservadoramente dentro de los rangos de acceso al país a los mercados internacionales de capitales en las condiciones que prevalecen en la actualidad. Las perspectivas de exportación de nuestros productos tradicionales están sujetas a la incertidumbre de las medidas que adopten los países industrializados para dar mayor impulso y recobrar sus economías, pero aun en caso desfavorable, las posibilidades de exportación de hidrocarburos y de otros productos compensarían paulatinamente la incertidumbre que rodea la venta de los artículos tradicionales mencionados con anterioridad.
En materia social, la mayor tasa de crecimiento respaldaría la generación de nuevas fuentes de trabajo, a los que se añaden programas de gran impacto en la ocupación, como son: los del sector agropecuario, el de vivienda, el de asentamientos humanos y obras públicas y el de Petróleos Mexicanos. Entre otros importantes. Y de la misma manera se piensa orientar el otorgamiento de incentivos especiales a la inversión de alta densidad de mano de obra. Por otra parte, es propósito firme de la administración, atender al ensanchamiento de los servicios sociales básicos, como medio de corregir desigualdades improductivas. Por eso, en la asignación del gasto de la federación, continuarán teniendo esos gastos, esas erogaciones, de carácter social, una altísima ponderación, aun si se les compara con cifras de países de mayor nivel de ingreso.
En concordancia con lo anterior, se han preparado los presupuestos de ingresos y gastos del sector público, procurando satisfacer criterios como son: la jerarquización de un orden estricto de prioridad, la reducción y eliminación de erogaciones superfluas, el fortalecimiento de las finanzas de organismos y empresas públicas, la mejoría en la administración recaudatoria, acompañadas de medidas impositivas, orientadas principalmente a reconstituir ingresos o a mejorar la legislación y procedimientos tributarios y por último el aumento de los recursos estatales destinados a la formación de capital.
El déficit presupuestal entre ingresos y gastos, muestra una nueva corrección, por lo menos, en los proyectos que se presentarán a esta soberanía y es susceptible, pensamos, de financiarse en términos sanos, al concretarse los esfuerzos de ahorro y alcanzarse los ritmos previstos de expansión económica.
Son éstos, en resumen, los grandes objetivos que trataremos de instrumentar con la ayuda de todo el pueblo de México durante 1978, y propósitos que se someten a la consideración de este cuerpo legislativo.
El anunciado de estos propósitos, de la política para 1978, habrá de acompañarse, además, de un conjunto de programas y medidas específicos que recojan y afinen las experiencias del año en curso. Su éxito dependerá, además, de la concertación de importantes esfuerzos y del sostenimiento de una enérgica disciplina financiera.
En 1978 parece indispensable mantener el control a la inflación y, al mismo tiempo, incrementar el gasto público de capital, y con rapidez semejante o aún mayor, aumentar el volumen de la inversión privada. Asimismo, la asignación de tales recursos deben canalizarse hacia actividades productivas, sobre todo a las incorporadas en el sistema de Programación Participativa de la Alianza para la Producción.
En correspondencia a esto último, será indispensable que todos los sectores dentro de sus posibilidades acrecienten la productividad y el ahorro, eliminando gastos innecesarios, mayor ahorro interno para financiar en forma saludable y con menores dependencias el incremento del gasto de inversión, es el ingrediente central en que se sustentarán la expansión de la
producción y el ingreso. Dentro de ese marco de acción el Ejecutivo Federal pondrá en juego el mayor empeño y sus instrumentos de política para propiciar la reactivación de la actividad económica. Cumplir o inducir el cumplimiento de los otros objetivos señalados y cuidar que aquello produzca, esto es la recuperación de la actividad económica, beneficios equitativamente compartidos.
Combinando esfuerzos públicos y privados es factible lograr con bastante celeridad, la recuperación de la inversión en las ramas industriales donde persisten elementos depresivos como también aprovechar nuevas oportunidades de formación de capital en ramas como la minera, la agropecuaria y la pesca y pensamos también que similar impulso debe emprenderse en el campo de las exportaciones y el turismo, como medios de librar restricciones de la balanza de pagos, elevar la eficiencia y complementar los tamaños en algunos casos todavía reducidos del mercado nacional.
Como ha sido expuesto por el Ejecutivo Federal en la asignación de las inversiones públicas, se ha puesto el énfasis en la instrumentación del programa de energéticos. El aprovechamiento adecuado de los recursos petrolíferos es estratégico en sí mismo, constituye además la base de nuevos procesos de industrialización e inversión.
Aquí podrían generarse enormes oportunidades de inversión para que las aprovechase el sector público y el sector privado, pero además esto permitiría alentar un dinámico proceso de desarrollo en zonas tradicionalmente rezagadas y facilitarnos entonces el cumplimiento más sencillo, más accesible de las metas de descentralización industrial.
Añado la importancia, atribuye el Ejecutivo Federal a los planes de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, al fomento agropecuario y sobre todo a la producción de alimentos básicos. Aquí se trata de combinar la asignación de recursos en obras de gran dimensión, con la difusión de proyectos pequeños, que beneficien a un amplio número de campesinos; de igual modo se comprenden mejoras en el uso del suelo y en la composición de los cultivos, el apoyo sistemático al mejoramiento o modernización de las formas de organización de los productores y la ampliación de los servicios complementarios; créditos, asistencia técnica e investigación.
Sólo así con la ayuda de todos México será capaz, de ir llenando con producción nacional la canasta de alimentos básicos para el pueblo de México.
La influencia de estos dos programas, el petrolero y el agropecuario, indudablemente tendrán efectos muy positivos, que se transmitirán a otros sectores de la actividad económica, aparte de que en sí mismos resuelven puntos fundamentales de obstrucción en la estructura de la oferta.
Además el Ejecutivo Federal se propone continuar e implantar otros programas de respaldo, directo e indirecto, al desarrollo económico. En materia de política industrial y comercial, se proseguirán las acciones tendientes a eliminar el proteccionismo excesivo y a utilizar en mayor medida las tarifas arancelarias. Con ello se pretende inducir el mejoramiento que es indispensable en la eficiencia productiva para eliminar las cargas del proteccionismo e inducir además el abatimiento del alza de los precios y preparar el campo o ensanchar el campo para el incremento de las exportaciones.
Desde luego, la eliminación de los permisos de importación, se efectuará con la gradualidad necesaria y con las características y modalidades convenientes para cancelar efectos desfavorables o efectos repentinos en las industrias establecidas, porque de lo que se trata es de ir motivando a la empresa nacional a reducir costos, a abaratar precios y a hacerse más eficiente, pero no pretendemos destruirla. Paralelamente se mantendrá el sistema de certificados de devolución de impuestos, con las modalidades que dicten el fomento apropiado de las exportaciones.
La política de reactivación de la actividad económica se sustentará, además, en la concertación de una segunda etapa de la alianza para la producción, en la que el Ejecutivo Federal habrá de incorporar diversos estímulos crediticios, fiscales y de otra naturaleza, cuando así lo juzgue pertinente y a la vez se organizarán nuevos subprogramas específicos y por rama, entre los que destacan el de la pequeña y mediana industria y el de la fabricación interna de bienes de capital, encaminados los dos programas a multiplicar las oportunidades de inversión y favorecer la generación de nuevos empleos. Planteada la estrategia en 1978, en términos de un crecimiento viable, y teniendo a la vista las restricciones impuestas por la disponibilidad de recursos no inflacionarios, todo indica que será posible reducir las presiones sobre los precios. Esto no significa la congelación de la estructura actual de precios y remuneraciones, que contravendría la dinámica de los mercados donde se dan cambios de muy diverso signo, constantemente. En todo caso, lo importante es conciliar los movimientos de precios, salarios, costos y utilidades, de manera de evitar presiones inflacionarias desordenadas, deterioros en el poder de compra de los trabajadores o estrangulamientos en las empresas que pudieran ocasionar desaliento a la producción. No podría, no puedo soslayar que lograrlo plantea una de las cuestiones de más delicado ajuste en la actual coyuntura económica; sin embargo, la reciente reacción de la Comisión Nacional de Precios junto a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y la Comisión de Precios y Tarifas del Sector Público constituyen mecanismos de coordinación y concertación de acciones que seguramente permitirán avanzar en la búsqueda de soluciones saludables al país. Política hacendaria
La política hacendaria aplicable en 1978, evidentemente forma parte orgánica de la
estrategia económica definida por el Ejecutivo Federal, que se resumió en párrafos anteriores.
Corresponde a la Política Hacendaria cumplir objetivos propios y servir como uno de los núcleos donde se integran y hacen congruente muchas de las medidas de índole económico; así, está dentro de su campo jurisdiccional la promoción y coordinación de las acciones tributarias con respecto a las de orden financiero y crediticio, a fin de lograr que los egresos del sector público guarden la debida correspondencia con las disponibilidades reales del sistema financiero nacional y con el uso proporcionado de fondos de origen externo.
Asimismo, toca a la política hacendaria armonizar el manejo de las finanzas del sector público con las necesidades financieras globales del desarrollo económico, y, en particular, con las vinculadas a las de los sectores privado y social.
En suma, los instrumentos hacendarios sirven de apoyo a las metas sustantivas de la estrategia nacional de corto y largo plazo; por ello, durante 1978, tendrán a misión de coadyuvar a la realización equilibrada de la reactivación económica, la disminución de la inflación y la dependencia financiera del exterior y el fortalecimiento de la posición financiera del sector público, pero, al propio tiempo, contribuirán a articular el combate a los problemas coyunturales con acciones positivas dirigidas a facilitar el cambio estructural. En este sentido la política hacendaria debe abordar la creación de condiciones financieras propicias a la reconstitución de los procesos de ahorro e inversión, al mejoramiento de la productividad de los sectores estratégicos de la economía y a un reparto social más justo de los frutos del desarrollo.
Política tributaria
El Ejecutivo Federal no ha juzgado pertinente elevar a esta honorable Asamblea iniciativas de Ley que modifiquen significativamente la estructura tributaria y la carga fiscal, ya sea de personas físicas o empresas.
La economía, como dije, inicia con buenos auspicios una fase de recuperación que es preciso consolidar a la brevedad posible. En atención a ello no pareció prudente introducir modalidades impositivas que de momento pudieran prolongar ese proceso, sobre todo por la influencia de factores psicológicos que se superpusiesen a sus verdaderos alcances reales.
Sobre esa premisa, solamente se proponen modificaciones en las bases del cobro de algunos impuestos, teniendo en cuenta la proporcionalidad que deben guardar respecto a los precios de bienes gravados, así como ajustes técnicos a diversas disposiciones legales en respuesta a necesidades jurídicas y prácticas que aconseja la experiencia de la administración tributaria.
Se plantea, sin embargo, a la consideración de este alto cuerpo una transformación de fondo al régimen aplicable a la minería que data desde 1956. El sistema vigente se caracteriza por múltiples impuestos y subsidios, por convenios individuales entre fisco y particulares y por un sistema legal y administrativo sumamente complejo, incierto y frecuentemente inequitativo. El nuevo régimen pretende asegurar una fuente estable de ingresos para el Estado, la utilización que hacen los particulares de un recurso no renovable propiedad de la nación, proporcionará una participación mayor a los Estados y municipios donde se encuentran localizados los yacimientos mineros del total de ingresos fiscales obtenidos; promoverá un volumen creciente y sostenido de inversiones mineras buscando la incorporación de nuevos capitales al sector y el crecimiento de 19 pequeños y medianos mineros; fomentará las actividades de prospección y explotación con objeto de ampliar las reservas mineras nacionales y garantizar el desarrollo sostenido de las fuentes de trabajo y fortalecer por último nuestra capacidad para exportar mayores volúmenes de minerales procesados.
Durante 1978 se intensificarán los esfuerzos encaminados a mejorar y modernizar los sistemas de recaudación, administración y fiscalización de los impuestos. Estamos ciertos que por ese camino y poniendo la mayor energía en el combate a los problemas de evasión y defraudación fiscal será posible acrecentar los ingresos públicos y a la par distribuir con mayor equidad entre los causantes la carga tributaria. El Ejecutivo Federal es consciente de que el sistema tributario se ha quedado rezagado frente a la evolución económica y social del país, requiere de revisiones de fondo que le permitan cumplir mejor, objetivos fiscales y de justicia social, tanto como los relacionados a crear condiciones y estimulantes al desarrollo de las actividades productivas y del mismo modo necesita generalizarse, científicarse y aplicarse con mayor eficiencia. Sin embargo, el rezago acumulado en la revisión del sistema impositivo ha creado una serie de circunstancias de hecho que magnifican su incidencia en la presente coyuntura de la economía nacional. por eso, cabe reiterar, que no se ha pretendido llevar a cabo reestructuraciones espectaculares que pudieran alterar el proceso de ajuste post devaluatoria y sobre todo, la consecución de metas estructurales.
Con todo, el Ejecutivo Federal, mantiene el firme compromiso de transformar y adecuar el sistema tributario federal, después de realizar los estudios indispensables, examinar en detalle las repercusiones y efectuar consultas, se propondrán con oportunidad, las modificaciones más convenientes dentro de una estrategia que en adelante deberá concebir a la reforma fiscal, no como un acto súbito y discontinuo, sino como un proceso permanente de actualización y modernización, que sea además congruente con la evolución y el grado de cumplimiento de las metas de desarrollo. Estos son, por lo demás , los sistemas que tienen implantados los países más avanzados en esta materia.
Política de estímulos fiscales
En el año de 1978 proseguirá la revisión y actualización del régimen de estímulos fiscales para ajustarlo al conjunto de prioridades para la Alianza para la Producción.
En términos generales, se intenta acrecentar su contribución al fomento del empleo, la inversión las exportaciones, la sustitución eficiente de importaciones externas, y la descentralización de actividades.
Los criterios rectores que sustentarán ese proceso de revisión, pueden resumirse como sigue:
Elevar la eficiencia y capacidad de fomento real de los incentivos que se conceden, con el sacrificio fiscal menor. Esto supone limitar los beneficios donde los efectos promocionales hayan comenzado o hayan perdido vigencia; y, de otro lado, aumentarlos, aun con sacrificio fiscal, en los casos en que su impacto sea estratégico a las decisiones de producción e inversión.
Modificar la distribución del monto total de recursos asignados a este capítulo de incentivos con la finalidad de poner el mayor énfasis posible en el fomento de las actividades que más aporten ala generación de empleos y a inversiones productivas.
Hacer transparente el sistema, diseñando mecanismos que de un lado den plena información y seguridad a los beneficiarios en cuanto a sus derechos, y de otro permitan administrar con oportunidad y agilidad los instrumentos mediante los cuales se ejercen.
Se diseñarán y expedirán en función de lo anterior, reglas generales a que se sujetará el otorgamiento de los estímulos, método que tendría además la ventaja de disminuir el grado de discrecionalidad con que se conceden todavía actualmente.
Y por último, con esto se perfeccionará la articulación de los incentivos tributarios entre sí y con respecto a otros instrumentos de política económica sobre todo los de índole crediticia.
Política monetaria y de crédito
En 1978 la política monetaria y de crédito perseguirá el propósito de cuidar que la expansión de los medios de pago se ajuste con fluidez a las necesidades de financiamiento de las transacciones económicas del país. Las autoridades monetarias cuidarán que el aumento del circulante resulte proporcionado con la evolución de la actividad económica y de los precios, eliminado la aparición de liquidez redundante que pudiera dar pie a la renovación de tensiones inflacionarias.
Al mismo tiempo se hará el máximo esfuerzo para evitar el financiamiento del sector público, mediante la emisión primaria de medios de pago.
Por otra parte, proseguirán los programas dirigidos a reconstruir la capacidad del sistema de intermediación financiera y acrecentar el volumen de ahorros que maneja. En ese sentido se procurará mantener una estructura sana y un nivel razonable de competitividad entre los diversos instrumentos de captación, tomando en cuenta también en este proceso la evolución de las tasas de interés en el extranjero.
La emisión de petrobonos y el manejo de certificados de Tesorería, recientemente aprobados por el Poder Legislativo, creemos dará flexibilidad al acceso del Estado, a los mercados de dinero y capitales y a la vez ofrecerán una gama más rica de posibilidades al público ahorrador. A más largo plazo los certificados de Tesorería facilitarán las realizaciones de operaciones de mercado abierto y gradualmente liberarán a la banca del uso exclusivo del encaje legal para financiar al sector público.
Por diversas vías el Ejecutivo Federal se propone continuar alentando el desarrollo del mercado de valores, como también modernizar el régimen de las compañías de seguros, a fin de ampliar su mercado, abaratar los costos de sus servicios y mejorar la canalización de sus inversiones.
En forma paralela se persistirá en los esfuerzos para ofrecer a los ahorradores, instrumentos de inversión financiera a plazos más amplios y con rendimientos que premien la permanencia de los recursos en el sistema bancario. Así se logrará reducir la excesiva liquidez de los pasivos financieros y ampliar los volúmenes de fondos disponibles para inversión productiva de largo plazo. Ello es congruente con la reducción de la tasa de inflación que se propone la política de 1978 y con la consecuente normalización de los mercados cambiarios. En instituciones y mecanismos encargados de la canalización selectiva del crédito hacia las áreas proyectadas del desarrollo nacional, se introducirán los ajustes y adaptaciones necesarios para que cumplan con mayor eficiencia ese propósito fundamental. A tal fin, se avanzará en la implantación de reformas administrativas y programáticas en las instituciones nacionales de crédito, y se impulsarán mejoras de productividad en sus sistemas de operación. En torno a estas cuestiones merecerá especial atención de perfeccionamiento de los mecanismos de financiamiento del sector agropecuario y pesquero, de los que corresponden a la pequeña y mediana industria y a los bienes de capital, a las exportaciones y al turismo, sin que por ello, se descuiden los relacionados con los servicios públicos básicos, los transportes y la vivienda.
En la banca privada, se procurará inducir medidas paralelas que, a la vez de mejorar su captación, reduzcan costos y los hagan compatibles con la rentabilidad que actualmente ofrecen las nuevas inversiones, de manera de facilitar la canalización expedida del crédito, sobre todo a la formación de capital y a la reconstitución del capital de trabajo de las empresas.
En suma, la política monetaria y de crédito tendrá los objetivos internos de estimular los hábitos de ahorro e inversión y desalentar el consumo suntuario y la especulación, apoyará, en consecuencia, con mayores disponibilidades de recursos, a la recuperación económica sin
dejar de aplicar medidas percautorias que reduzcan los riesgos de la inflación.
En lo externo, el manejo monetario tendrá el propósito central de afianzar la consolidación de los mercados cambiarios y el mantenimiento del régimen de libre convertibilidad del peso mexicano.
Política de deuda pública
Ha sido principio clave de la administración reducir paulatinamente la dependencia del gasto gubernamental respecto al endeudamiento interno y externo. En atención a ello no se preveen incrementos proporcionales del crédito del sistema bancario al sector estatal, en tanto que se persigue seguir reduciendo el ritmo de crecimiento de la deuda pública externa.
En las circunstancias presentes sería ilusorio pretender el abatimiento en cifras absolutas de la Deuda Pública. En toda economía de mercado los montos del endeudamiento siempre crecen en términos cuantitativos junto, en paralelo, con el resto de las variables económicas. Lo que importa, llegados ciertos límites, es reducir su ponderación con respecto al gasto estatal, la inversión y el producto.
Por lo demás, en el caso específico de México, sigue siendo insuficiente el ahorro interno para financiar un desarrollo compatible con el ritmo de expansión demográfica, y el desequilibrio estructural de la balanza de pagos, determina importaciones y salidas al exterior que superan a los ingresos en cuenta corriente, y a mayor abundamiento, los importantes requerimientos de gastos, vinculados a la prestación de servicios sociales básicos, obliga al Estado a captar recursos financieros de la comunidad, a fin de no intensificar las ya agudas desigualdades en la distribución del ingreso y disminuir los fenómenos de marginalidad social.
Las disponibilidades, las estimaciones sobre las disponibilidades de recursos netos internos para el financiamiento del Sector Público, en 1978 ascienden a 68 mil millones de pesos, de esta suma, se aplicarán a cubrir partidas del presupuesto de egresos de la Federación, 50 mil millones, y 18 mil millones a las de otras entidades y programas del Sector Público
El resto de los recursos generados por el sistema financiero, se utilizará para apoyar la reactivación económica y enriquecer el acervo de activos productivos de la sociedad, todo ello con el propósito central de incrementar la generación de empleos.
En lo relativo a la deuda pública externa, como fue indicado, se propone limitar su aumento neto a la suma de tres mil millones de dólares, lo cual significa reducir su ritmo de incremento.
En general esos recursos servirán para compensar las necesidades de importación de la economía que no puedan cubrirse con ventas y exportaciones de bienes y servicios. En términos más específicos, los fondos se destinarán a complementar el ahorro corriente del sector público que financiará un programa de inversiones, el cual, pese a las dificultades coyunturales, como explicará en detalle mi colega García Sainz esta tarde, registrará un aumento en términos reales del orden de 14%, en relación a las cifras de 1977.
En torno a los esfuerzos por mejorar la evolución de la deuda pública el Ejecutivo Federal ha dado noticias al honorable Congreso de la Unión en los informes trimestrales que demanda la Ley General de Deuda Pública.
Debemos perseverar en esa dirección, ya que el servicio de la deuda gubernamental alcanza proporciones altas del Presupuesto de Egresos de la Federación y de los rubros correspondientes de la balanza de pagos.
Con todo la solución de fondo al problema no reside simplemente en limitar la contratación de nuevos créditos, esto sería engañarnos, la solución de fondo consiste en producir, ahorrar y exportar en mayores cantidades. En consecuencia, se trata de esfuerzos en que el gobierno requiere de la concurrencia responsable de todos los ciudadanos
En virtud de las consideraciones anteriores y en el cumplimiento de lo que dispone el artículo 10 de la Ley General de Deuda Pública, se solicita del honorable Congreso de la Unión que al aprobar la Ley de Ingresos de la Federación para el año de 78, autorice un endeudamiento neto adicional para el financiamiento del Presupuesto de Egresos por 94,500 millones de pesos integrado por 44,547 millones de pesos de endeudamiento neto externo y 50,000 millones de pesos de crédito interno neto. Este financiamiento adicional cuya autorización se solicita, es congruente con el que se deriva de la cuenta doble de las operaciones presupuestales, según su naturaleza económica contenida en la exposición de motivos del Presupuesto de Ingresos de la Federación para 1978. Asimismo se solicita autorización para que en caso de que se presenten condiciones económicas extraordinarias durante 1978 que por ahora no son previsibles, se autorice al Ejecutivo Federal para que, a su juicio y bajo su responsabilidad ejerza o autorice montos adicionales de financiamiento con el objeto de dar a la política financiera del Estado la flexibilidad suficiente para adaptarse a la evolución de la economía. Esto es concordante con las disposiciones y preceptos de la Ley de Deuda Pública.
En definitiva, el financiamiento de la Iniciativa del Presupuesto de Egresos del Gobierno, Empresas y Organismos, se integra como sigue, desde el lado financiero: se estipulan, estiman ingresos corrientes por 601,319 millones de pesos; ingresos de capital por 19,822 millones de pesos e Ingresos derivados del financiamiento bruto al Gobierno Federal, Organismos y Empresas y otras partidas, por 291 mil millones de pesos. De esta última cifra, que es un concepto fundamental contable, hay que deducir gastos que quedarán pendientes de pago al fin del ejercicio de 1978, y que corresponden, como en todo organismo y empresas, al rezago de pagos que pasan al
siguiente ejercicio. Esta partida se estima en un monto de 22,000 millones de pesos. Habrá otra partida de gastos que no se ejercerá y que también corresponde a las prácticas ordinarias que ocurren: las lluvias pueden retrasar obras públicas, pueden ocurrir diversos fenómenos que impiden la contratación del personal previsto, etc., etc. Se estima en esta partida 33,600 millones. Y a esto se añade la amortización de la deuda, que se calcula en 141,000 millones. Deducidas estas partidas, tenemos una cifra de financiamiento adicional neta, que es en los hechos, el incremento real de la deuda, por 94,547 millones de pesos, como expresé anteriormente.
Esta es la cifra que tiene el mayor significado económico, y en lo que aumentará el endeudamiento del sector público.
Departamento del Distrito Federal.
Este mismo día, el Ejecutivo Federal envió a la consideración de esta H. Cámara, la Iniciativa de Ingresos del Departamento del Distrito Federal, correspondiente al ejercicio fiscal de 1978.
Esta iniciativa plasma el esfuerzo de sus autoridades para atender, con recursos propios, las crecientes necesidades sociales y de infraestructura que requiere el aumento de la población de la ciudad de México, la captación de mayores recursos fiscales que hace mediante nuevas fuentes de ingreso; de la ampliación de las existentes y de la reglamentación jurídica de algunas actividades. También se emprenderán programas de reducción de gastos corrientes y de elevación de la eficiencia.
La iniciativa contempla una estimación de ingresos propios, por 20,400 millones de pesos y un endeudamiento neto de 3 mil millones de pesos.
Señores, aunque siempre es riesgoso resumir después de una exposición tan prolongada, quisiera presentar a ustedes una pequeña síntesis de los puntos en que el Ejecutivo Federal desea poner el mayor énfasis en la política que aplicará en el ejercicio de 1978.
Primero: Propiciar la continuación del proceso de recuperación de la actividad económica con índices mayores de inversión, producción y empleo. Ello se expresa en la meta de alcanzar una tasa de crecimiento del producto bruto interno de 5% anual en comparación con un crecimiento estimado del 2.5, 2.6 para 77.
Confiamos, como dije, sin embargo, que la meta de crecimiento pueda exceder a esas cifras.
Segundo: Aprovechar la existencia de capacidad ociosa en algunos sectores, que unida a las importantes oportunidades de inversión en petroquímica secundaria, metalúrgica, bienes de capital, turismo, etc., abre y representa una enorme posibilidad, tanto al propósito de aumentar la producción, como al de canalizar el ahorro hacia nuevos campos de alta prioridad nacional.
Tercero: Aumentar razonablemente el gasto público en términos reales, con una disminución en el crecimiento del gasto corriente y con un aumento más dinámico en el gasto de capital.
Cuarto: Fortalecer la lucha contra la inflación, a fin de proteger el poder de compra de la población, en especial el de la clase trabajadora, así como propiciar con nuevos alientos a la inversión productiva; la meta consiste en reducir el incremento de los precios del 21% que se ha observado en 1977, a una tasa que fructuaría entre el 12 y el 15% en 1978. Esto implicará esfuerzos considerables de todos los sectores de la población.
Quinto: Financiar el gasto público con recursos evitando al máximo el uso de la expansión de medios primarios de pago.
Sexto: Fomentar la inversión de los sectores privados y público en el marco de la Alianza para la Producción, a efecto de aglutinar a todos los estratos de la población en un esfuerzo solidario que permita alcanzar las metas de desarrollo y justicia social; incorporar a los grupos marginados al quehacer nacional; elevar los niveles de bienestar de toda la población; estimular la iniciativa individual, y acrecentar las oportunidades de empleo productivo y fortalecer la independencia económica nacional.
Séptimo: Articular las secciones orientadas al combate de los problemas de coyuntura, de presión económica e inflación, con aquellas dirigidas a facilitar el cambio y modernización de los factores estructurales del desarrollo, particularmente en lo relativo a la productividad del sector agropecuario y pesquero; el patrón y modelo de industrialización; el fomento de las exportaciones y el cambio de sistemas administrativos en el sector gubernamental y de empresas y organismos del sector público.
Octavo: Continuar dando alta prioridad a los planes básicos de energéticos y producción de alimentos de consumo popular, así como enriquecer a la Alianza para la Producción con nuevos programas.
Noveno: Realizar ajustes técnicos a las bases de tributación para avanzar en el perfeccionamiento del sistema impositivo. Ello se combina, con un mayor énfasis en la mejoría y modernización en los sistemas de recaudación, administración fiscal, y fiscalización de los impuestos y combate enérgico a la evasión y a la defraudación fiscal.
Décimo: Continuar los programas encaminados a fortalecer los sistemas institucionales de captación del ahorro público y su canalización al financiamiento de actividades productivas de mayor jerarquía. Producción agropecuaria y pesquera, mediana y pequeña industria, minería, producción de bienes de capital, exportación y turismo. Especial atención merecerá la reconstrucción del capital de trabajo de las empresas y el financiamiento de su crecimiento.
Decimoprimero: Cuidar en el manejo monetario, que la expansión de los medios de pago, se ajuste con fluidez, con agilidad a las necesidades de financiamiento de las transacciones económicas del país. Eliminando los aumentos del circulante, que pudiera renovar o dar pie a que se renueven tensiones inflacionarias,
normalización de los mercados cambiarios y mantenimiento de la libertad de cambios.
Decimosegundo: Reducir la dependencia del gasto gubernamental respecto al endeudamiento interno y externo, el aumento neto de la deuda pública externa, se restringirá a un límite de 3 mil millones de dólares, se ha dicho y continuará la tendencia a la definición de su ritmo anual de crecimiento.
Decimotercero: Fomentar el desarrollo de mercados de valores, para diversificar las fuentes de financiamiento de las empresas públicas y privadas.
Decimocuarto: Reconstruir el excedente de inversión de los organismos y empresas del sector público, a través de un sistema de adecuación y equilibrio de sus ingresos y costos y de programas que hagan más sólida su posición financiara y más eficiente su operación.
Decimoquinto: el régimen de estímulos fiscales, para adecuarlo a las prioridades de la Alianza para la Producción. Esto es empleo, inversión fomento de exportación, substitución eficiente de importaciones y descentralización de actividades productivas.
Decimosexto. Acción coordinada y perseverante de los diversos instrumentos y mecanismos de política económica para el logro eficiente y equilibrado de las metas de desarrollo nacional a corto y largo plazo.
Decimoséptimo. Persistir en los esfuerzos para perfeccionar la Reforma Administrativa y los sistemas de programación participativa, a fin de facilitar, hacer viables las metas antes citadas.
Estos son, señores en un breve resumen, los principales puntos que en mi concepto orientarán la política económica que se propone seguir el Ejecutivo Federal durante el año de 1978.
Señores legisladores: He procurado hasta aquí presentar a su alta consideración, los ingredientes fundamentales que el Ejecutivo Federal ha diseñado para ese año, todavía enfrentamos una tarea difícil, pero vemos con optimismo el futuro porque ya el país cuenta con sólidas bases de consenso social; hay que preservar responsablemente ese consenso, compartiendo todos con equidad, logros y sacrificios; en adelante la tarea es construir, a la vez que reconstruir lo que siendo esencial se ha debilitado; no veamos en el pasado, no veamos al pasado como fuente de discordia, sino como fuente de experiencias que nos faciliten edificar el México que todos deseamos. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: Se ruega a la Comisión designada para introducir a este recinto el licenciado David Ibarra Muñoz, se sirva acompañarlo cuando desee retirarse.
(La Comisión cumple su cometido. Aplausos.)
Se ruega a la secretaria dar lectura a las Iniciativas presentadas por el C. licenciado David Ibarra Muñoz, Secretario de Hacienda y Crédito Público.
INGRESO DE LA FEDERACIÓN Y DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL
- La C. secretaria Mirna Esther Hoyos de Navarrete.
SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO LEY DE INGRESO DE LA FEDERACIÓN PARA 1978
CC. Secretarios de H. Cámara de Diputados. - Presentes.
En ejercicio de la facultad que concede al Ejecutivo Federal el Artículo 71, Fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los Artículos 65, Fracción II y 73 Fracción VII, del mismo ordenamiento, por su digno conducto someto a la consideración de esa H. Cámara de Diputados, la presente Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio de 1978.
El Ejecutivo Federal presenta a la consideración de ese H. Congreso esta Iniciativa con la exposición detallada de los motivos y justificaciones de los textos legales correspondientes, en una forma mucho más amplia que la tradicional. Por ello, la presente Exposición de Motivos no se limita a informar a ustedes en forma estricta de los cambios que se proponen a los textos legales, sino que, de acuerdo con el espíritu de la Reforma Política, ubica la propuesta de modificaciones legales en un contexto mucho más amplio. Con tal objeto, se informa de la situación económica general que guarda el país, de los problemas estructurales y de coyuntura que ha debido afrontar la Administración, en el manejo económico del país, de los logros y deficiencias de la política económica y financiera en 1977 y de los propósitos que persigue la acción del Ejecutivo para 1978 en estas materias. De esta manera se explica, con la amplitud que exige la función constitucional del Poder Legislativo, el papel de las propuestas tributarias dentro del marco de la política hacendaria nacional y ésta, a su vez, se encuadra a la política económica general definida y puesta en práctica por el poder Ejecutivo.
Particular relevancia tiene la innovación de la actual propuesta de ley de Ingresos de la Federación en lo relativo a las autorizaciones que se solicitan del H. Congreso de la Unión en lo que se refiere al endeudamiento público neto adicional que requiere la política de financiamiento del Presupuesto de Egresos de la Federación para 1978; ello en cumplimiento de la disposiciones contenidas en la Ley General de Deuda Pública que aprobó ese H. Congreso, con vigencia a partir del primero de enero de 1977.
Detalla la Iniciativa los distintos conceptos mediante los cuales el Erario Público Federal obtendrá los recursos necesarios para financiar su programa de gastos a realizar en el ejercicio
fiscal de 1978. Asimismo, se incorporan ajustes encaminados a lograr su más adecuada coordinación con las medidas previstas en otras áreas de la política financiera, de la política de gasto ya citada, y en general, con las estrategias que se vienen implantando. Se trata, en esencia, de superar los problemas de corto plazo y cimentar bases que nos permitan avanzar en el futuro con mayor dinamismo y equidad social.
1. El Planteamiento económico.
México ha enfrentado en los últimos años una doble crisis; la que proviene de haber rebasado una etapa de crecimiento, cuyas vetas principales han mostrado un agotamiento gradual en el tiempo; y la que está asociada a la conjunción de factores internos y externos desfavorables en el corto plazo.
A fines de la década de los sesenta, se hizo evidente cierto debilitamiento en las fuerzas impulsoras del crecimiento industrial y agrícola. A la par, se acentuaban los desequilibrios en la balanza de pagos y en las finanzas gubernamentales. Con ello, se volvió incierta la posibilidad de mantener los ritmos elevados de crecimiento, alcanzados con anterioridad, que habían transformando la fisonomía del país de una economía atrasada y predominantemente agrícola, a una de las más avanzadas dentro de los países de desarrollo intermedio.
La industria, desde los primeros años de este decenio, redujo sus ritmos de expansión. La razón de estructura debe encontrarse en los difíciles requisitos que impone el tránsito de producir, casi exclusivamente, artículos de consumo o algunos bienes intermedios para el mercado interno, a una situación en que las principales oportunidades de la inversión industrial se centran en la elaboración de bienes tecnológicamente complejos que, en parte, deben también exportarse.
En este proceso, la magnitud de los proyectos de inversión, los requisitos tecnológicos y de eficiencia y organización no sólo son muchos más estrictos, sino que entrañan transformaciones cualitativas de absorción gradual dentro de los sectores empresariales. A lo anterior se añaden otros factores de ajuste, entre los que destaca el imperativo de la descentralización geográfica, a fin de atender con eficiencia los mercados del interior del país y los mercados externos.
Desde mediados del decenio anterior, la agricultura comenzó a manifestar síntomas de perder el extraordinario impulso que le había dado la Reforma Agraria y que, con altibajos menores, se sostuvo más de un cuarto de siglo. Los efectos de esa reforma fundamental - al liberar recursos humanos y de la tierra - sobre la producción y la productividad fueron, sin duda, notables y se vieron apoyados por las grandes inversiones públicas en obras de infraestructura, sobre todo en el campo de la irrigación. Cabe reconocer, sin embargo, que no podían, por sí mismos, generar año con año los mismos aumentos en la oferta. Por eso, al
consolidarse el impacto inicial de la Reforma Agraria, la evolución del sector fue haciéndose más dependiente de otros factores y recursos.
Surgen, entonces obstáculos de diversa naturaleza que frenan su crecimiento: unos ligados a la escasez de tierras aptas para la producción; otros, a la insuficiencia de fondos para otorgar créditos, realizar obras de infraestructura y ensanchar en magnitud suficiente el suministro de fertilizantes e insumos mejorados. A ello se suman presiones demográficas que propician la pulverización de la tierra, haciendo más difícil organizar y modernizar las unidades productivas de ejidatarios y pequeños propietarios.
Esta situación se refleja en la balanza de pagos. Al reducirse las tasas de crecimiento de la oferta y los márgenes de sustitución de importaciones agrícolas e industriales, las compras al exterior inician una marcha ascendente, que no estuvimos preparados para compensar con nuevas y mayores exportaciones. Nace de aquí el fenómeno de la aceleración del endeudamiento externo, al proferirse éste a la disyuntiva de frenar el desarrollo o acelerar las presiones inflacionarias.
Por el lado de los factores externos, el arranque del decenio de los setentas marca el fin de un período de auge de la economía internacional y el inicio de una fase de marcada inestabilidad, que afecta desfavorablemente a México y a todos los demás países en desarrollo.
Los efectos de la crisis de la economía internacional apenas pueden vislumbrarse en su verdadera dimensión. Baste señalar que al rompimiento del sistema monetario de Bretton Woods, se añaden presiones inflacionarias sumamente extendidas, desajustes en los mercados de capitales, déficit de alimentos básicos a nivel mundial y el conocido problema de los energéticos. Los países industrializados entran en una fase recesiva, que a la fecha no ha sido superada cabalmente.
Estos elementos se manifiestan ostensiblemente en la contracción del comercio internacional, principalmente de los países en desarrollo no exportadores de petróleo y en el crecimiento de su deuda externa. México no escapa a tal situación, aunque los descubrimientos petrolíferos, junto con el aprovechamiento de otros recursos y posibilidades, marcan una firme senda de solución.
Las finanzas gubernamentales, desde el decenio anterior, han estado sujetas a diversos problemas. Son incontrovertibles las necesidades de gasto, que derivan principalmente del imperativo de proporcionar servicios sociales a una población de rápido crecimiento, satisfacer la necesaria ampliación de la infraestructura y promover el desarrollo de actividades básicas. En atenderlas, reside la posibilidad de dar cumplimiento a los objetivos mínimos de bienestar social y de crear un
clima propicio para el desenvolvimiento de las capacidades productivas de la sociedad mexicana.
Con excepciones, la evolución de los ingresos públicos no ha sido lenta, pero sí insuficiente para alcanzar el ritmo que exigirá atender las necesidades insatisfechas acumuladas o dar márgenes amplios y no inflacionarios al manejo del gasto, cuando es necesario reactivar la economía.
Se añade a lo anterior el hecho frecuente de que empresas y organismos del sector paraestatal, además de atender la expansión normal de sus actividades, han debido congelar precios y otorgar subsidios que contribuyen a la lucha contra la inflación y alientan actividades conexas, o cumplir otros objetivos de orden social.
Hasta aquí, se ha presentado una síntesis de los problemas de fondo a que habremos de dar respuesta sobre el camino ya adelantado. En esencia, se pretende, de un lado suplir la incapacidad del sistema económico para dar empleo remunerativo a la fuerza de trabajo, elevar los índices de bienestar y corregir desigualdades distributivas; y de otro, abrir fronteras a la inversión, en campos nuevos que aseguran un proceso dinámico y sano de expansión de la economía.
Para lograrlo, no bastaría simplemente crecer con rapidez, será necesario además encauzar la dirección del desarrollo y sentar prioridades que nos conduzcan a resolver los puntos principales de estrangulamiento económico y aprovechar las ventajas de la dotación interna de recursos. Singularmente es esencial fortalecer, sobre la base de la información y discusión públicas, la indispensable solidaridad social que favorezca el predominio de los intereses de la nación sobre los particulares o de grupo.
En paralelo al proceso de cambio estructural se enfrentó una coyuntura económica particularmente difícil. Los desajustes de la balanza de pagos y la sobrevaluación, del peso unidos a las presiones inflacionarias, la retracción de inversiones y la fuga de capitales, provoca la devaluación del peso en el mes de agosto de 1976.
A partir de esa fecha, se inició un proceso de ajuste a las nuevas condiciones, que perduró hasta la mitad del presente año y abarcó el conjunto de los sectores de la población y la actividad económica.
En este proceso se intensificaron las tensiones inflacionarias y la desconfianza en nuestra moneda; la captación de fondos del sistema financiero experimentó una fuerte contracción, que redujo sensiblemente su capacidad de otorgamiento de crédito; durante algunos meses, el público ahorrador mostró una clara preferencia por activos altamente líquidos e hizo importantes conversiones de moneda nacional, a moneda extranjera.
En esta situación, muchas empresas vieron incrementados sus costos y sus necesidades de capital de trabajo debido al alza de precios de materias primas y al aumento de los servicios de las deudas contraídas en moneda extranjera. A la vez, han enfrentado una demanda comprimida en lo interno que añade obstáculos a la toma de decisiones de nueva formación de capital.
Ya sea por los factores reales anotados o debido a fugas de recursos, la inversión privada se estanca, dando origen a un período recesivo y con altas presiones inflacionarias. Esto mismo favorece el deterioro del poder de compra de los ingresos de trabajadores y empleados, tanto como la reducción de la demanda de empleo.
II. La economía en 1977.
La conjunción de una crisis de crecimiento - no del todo resuelta - con la crisis coyuntural de fines de 1976, define el panorama que habría de enfrentar la nueva Administración.
Aunque no es esta la oportunidad de exponer en todos sus alcances la política que se ha emprendido, conviene destacar algunos de sus principales elementos
En primer término, se lleva a cabo una profunda Reforma Administrativa, que persigue mejorar el funcionamiento del sector público, modificando deliberadamente procedimientos anacrónicos que limitaban su eficiencia.
Procura esta Reforma una coordinación operativa de la administración, a través de una precisa ordenación de funciones basada en un mecanismo de planeación que contempla el quehacer público desde la generación de información hasta la evaluación y ajuste permanente de los programas y tareas específicas.
Organiza por sectores de actividades las entidades administrativas, a fin de que concurran y aporten sus capacidades a un plan general congruente en todas sus partes y con asignación precisa de responsabilidades. De esta manera, la ordenación de las acciones de la administración pública se finca en el establecimiento de prioridades, objetivos y metas, que resulten coherentes y viables. Del mismo modo, incorpora explícitamente el propósito de jerarquizar las acciones del Estado, frente a las limitaciones de recursos y otras restricciones de diversa naturaleza.
En segundo lugar, se promueve una Reforma Política que, en esencia, se encamina a perfeccionar el sistema democrático de participación en las diversas esferas de gestión pública y crear correlativamente la solidaridad social interna que exige el avance político, social y económico del país. Para ello, se pretende que el pensamiento de todos los grupos tenga representación y significado político e influyan en las decisiones gubernamentales.
En tercer lugar, como complemento de esas dos reformas, surge como necesidad económica y social de primer orden, un programa que unifique la acción de todos los mexicanos: la Alianza para la Producción.
Persigue la Alianza organizar las tareas de los agentes de la producción en un esfuerzo conjunto que permita la instrumentación fluida de las políticas económicas, el perfeccionamiento de los sistemas de programación y previsión
y, sobre todo, compartir responsabilidades, logros y sacrificios inherentes a nuestro sistema de economía mixta.
Corresponde a la Alianza para la Producción conciliar los objetivos nacionales con los propósitos de grupos específicos, a efecto de alcanzar metas de desarrollo y justicia social, niveles mínimos de bienestar para toda la población, estimular la iniciativa individual y lograr una mayor independencia respecto del exterior, acrecentando la producción de bienes y servicios social y nacionalmente necesarios para hacer efectivo el derecho al trabajo y alcanzar un desarrollo social equilibrado.
Dentro de este esquema se concertaron convenios con las ramas consideradas como prioritarias, que se encuentran en los sectores agropecuario, energético, petroquímico, siderúrgico y minero, bienes de capital, transportes y bienes de consumo popular.
Por último, el Ejecutivo Federal se ha propuesto fortalecer las finanzas públicas con miras a liberar su acción de las trabas del endeudamiento interno o externo, y hacer del sistema tributario una herramienta más apta de equidad social y fomento a la producción.
El manejo de los asuntos económicos no puede darse en el vacío o conforme a los puntos particulares de vista de grupos específicos. Por el contrario, debe responder a una visión de conjunto, bien asentada en la identificación de los problemas reales y en el conocimiento de las formas de funcionamiento de nuestro sistema económico y en la fijación de metas asequibles en el corto, mediano y largo plazos.
Por eso durante 1977, el Gobierno, con el concurso de amplias capas de la población, se propuso metas modernas de crecimiento, si se le compara con las del decenio anterior, pero congruentes con las exigencias de superar el proceso de reajuste posdevaluatorio, de combatir la inflación y corregir los desequilibrios financieros y de pagos externos. También se ha cuidado evitar desviaciones en los programas prioritarios de inversión y gastos que más de cerca están asociados a propiciar transformaciones estructurales en nuestro aparato productivo.
Del mismo modo, ha sido preocupación constante estimular el ahorro y la inversión privada en tanto constituyen elementos imprescindibles, junto con el gasto del sector público, en nuestra mecánica de desarrollo.
A esos lineamientos se ajustó el Presupuesto, y la Ley de 1977, como también se pretende ceñir los correspondientes a 1978, con las modalidades apropiadas que dicten las circunstancias registradas en la situación económica.
Los primeros resultados de la gestión económica ya están a la vista. En varias materias se han alcanzado logros importantes, en otras áreas los avances son modestos, y subsisten problemas sobre los cuales habrá que poner énfasis con la mayor tenacidad y disciplina.
Los ingresos brutos del Gobierno Federal alcanzaron 166 mil millones de pesos en el período enero -septiembre de 1977. Esto representa un incremento del 40 por ciento en relación a igual lapso en 1976. La evolución de las recaudaciones, tanto como el comportamiento de la actividad económica justifican anticipar que los ingresos fiscales superarán en 5 por ciento la suma considerada en la Ley de Ingresos expedida en 1977.
Por su parte, el gasto bruto del propio Gobierno Federal en el período enero - septiembre de 1977, ascendió a la 192.3 mil millones de pesos que representan un 32 por ciento de incremento en relación a igual lapso del ejercicio previo. Estos datos y las previsiones de cierre del año, permiten prever un progreso significativo en el saneamiento de las finanzas públicas, y un monto de déficit financiable, sin ocasionar presiones inflacionarias.
Los elementos de debilidad del panorama económico residen centralmente en el bajo nivel de la actividad económica -los cálculos sitúan el crecimiento del producto bruto interno en 2.6 por ciento - y por tanto, en la limitada generación de nuevos empleos. El lapso de absorción de los reajustes posdevaluatorios ha resultado más prolongado, reflejándose en reducciones del consumo y niveles de inversión inferiores a las cifras esperadas. Hay aquí un serio problema que habrá de atenderse con la mayor prelación, a fin de asegurar avances firmes en materias de empleo.
Reconocido ese hecho, cabe subrayar la presencia de síntomas de recuperación. El incremento en la producción agrícola se estima en un 4 por ciento que, no obstante ser inferior a su potencial, resulta más vigoroso al registrado en años previos. Hasta el mes de junio, los índices de la producción industrial señalaban tasas increméntales negativas. Tal situación ha comenzado a corregirse en los últimos meses, hasta arrojar cifras positivas que fluctúan entre el 1.2 y el 2 por ciento para las manufacturas. Del mismo modo, parece haber tomado cuerpo un repunte en la formación de capital. La industria de la construcción se recupera progresivamente, aunque probablemente no con la intensidad suficiente para compensar del todo la caída que resintió a partir del segundo semestre de 1976. Fenómenos análogos se observan en la reactivación de las importaciones de bienes de capital y en el fortalecimiento de la demanda satisfecha con producción nacional, de excluirse algunos rubros, como los asociados a la industria automotriz.
Las tendencias al aflojamiento de las presiones inflacionarias continúan siendo alentadoras. En el mes de octubre se anota un pequeño decremento en el índice de precios al mayoreo y aumentos moderados del 0.6 y 0.8 por ciento en los relativos al Índice Nacional de Precios al Consumidor y del Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de México. Asimismo, con respecto al último trimestre de 1976, en que se obtuvo un crecimiento mensual en el índice de precios al mayoreo del 7
por ciento en los relativos al Índice Nacional en el período agosto - octubre del año en curso. En todo esto han jugado un papel decisivo, la actividad de las organizaciones obreras en las negociaciones salariales y el manejo de las finanzas gubernamentales.
Los desajustes de la balanza de pagos muestran una corrección apreciable. En efecto, cifras estimadas indican que el déficit en cuenta corriente se situará a fin de año en 1,611 millones de dólares, esto es 46.4 por ciento abajo de los niveles del año precedente. El aumento de nuestra competitividad externa asociada a la devaluación ha sido uno de los factores de aliento en el alza de las exportaciones, si bien en varios renglones no ha sido todo lo intenso que se había previsto originalmente debido a factores domésticos y de origen foráneo. Por otro lado, el mismo fenómeno devaluatorio provocó desplazamientos que favorecieron a la producción nacional. Pero aquí debe reconocerse que la comprensión de importaciones en buena medida estuvo vinculada a los bajos ritmos de la actividad económica.
Los esfuerzos dirigidos a fomentar el ahorro interno, revertir el peligroso proceso de debilitamiento del sistema financiero y combatir la dolarización, han venido fructificando en grado apreciable. El saldo de captación en moneda nacional de la banca se sitúan en 453.3 miles de millones de pesos, volumen considerable, cuya tasa de crecimiento se ha elevado del 3.6 al 9.6 por ciento de compararse el período enero - septiembre de 1976, con el correspondiente de 1977.
En respuesta a la reestructuración de las tasas de interés y otras medidas, se han logrado también acrecentar los depósitos a plazo fijo, reduciendo la excesiva liquidez del sistema financiero, y a la vez elevar la proporción de los saldos de la captación en moneda nacional con respecto a los denominados en moneda extranjera.
Entre enero y agosto de 1977, el medio circulante creció a una tasa anual promedio del 30 por ciento, para disminuir en septiembre - octubre, según cifras estimadas a un nivel del 25 por ciento. Aparte de la significación que esos hechos tienen en la política de combate a la inflación, es importante destacar que ha tenido lugar desatesoramiento de billetes por parte del publico, como lo demuestra el aumento de la participación de las cuentas de cheque en el medio circulante del 48 al 54 por ciento entre diciembre de 1976 y octubre del año en curso.
La revitalización del sistema bancario y las medidas adoptadas por el Banco de México, han permitido acrecentar gradualmente la oferta de crédito, y canalizarla preferente y selectivamente hacia actividades prioritarias. En el período enero - octubre, el conjunto de la banca otorgó préstamos al sector privado en montos que exceden los 50 mil millones de pesos. En cambio, el financiamiento neto del Banco de México al Gobierno Federal se mantuvo en los mismos niveles del año precedente (alrededor de 30,000 millones de pesos).
El endeudamiento externo neto del sector público se elevará hacia fines de 1977 en una cifra que fluctúa en torno a los 3,000 millones de dólares. Ello refleja el propósito del Gobierno Federal de disminuir el grado de dependencia financiera externa, sin entorpecer el desarrollo de importantes proyectos de inversión o el flujo mercaderías importadas que son indispensables al proceso productivo. En cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Deuda Pública, se ha informado y se continuará informando a esa soberanía de las características de los financiamientos aludidos; sólo cabría añadir que su cuantía apenas representa la mitad de los incrementos de la deuda registrada durante 1976.
En conjunto, la evolución de la economía durante 1977 refleja un panorama alentador, singularmente si se le compara con el clima de incertidumbre y la profundidad de la crisis que culmina con la devaluación monetaria del año anterior. Buena parte de los reajustes posteriores se han absorbido y otros se rebasarán de mantenerse una firme disciplina económica, apoyada en la solidaridad de todos los estratos sociales en el esfuerzo compartido de la Alianza para la Producción. Debe reconocerse abiertamente que no se ha alcanzado la plena consolidación económica del aparato productivo del país. En especial, son motivos de preocupación los posibles retrocesos en materia de ocupación de los nuevos contingentes de trabajadores y de sus efectos sobre el bienestar de los grupos sociales menos favorecidos.
Del mismo modo, subsisten circunstancias externas que podrían incidir desfavorablemente en nuestro país. El resurgimiento de tendencias proteccionistas en los países industriales o la ampliación del ya lento proceso de recuperación de sus economías, podrían significar un freno a nuestras posibilidades de fortalecer exportaciones. En igual forma, los ajustes que se experimentan en los mercados financieros internacionales pudieran determinar reducciones o condiciones cada vez menos ventajosas a las corrientes de capital que se canalizan a los países en proceso de desarrollo.
III. Los propósitos de la política económica en 1978.
Se han señalado como puntos débiles de la presente situación económica, el lento ritmo de recuperación de la inversión, el producto y el empleo; el peligro, todavía presente, de caer en una espiral inflacionaria que cancela los avances y sacrificios realizados hasta ahora para escapar al ciclo inestabilidad financiera - estancamiento - desocupación; y la posible influencia de factores económicos externos, sólo en parte previsibles, que podrían afectar desfavorablemente al país.
De otra parte, es imperativo económico y finalidad expresa del Ejecutivo Federal, el que la atención a las circunstancias de coyuntura no impida el cumplimiento de los objetivos asociados a la transformación social y a las estructuras de la producción que le sirven de apoyo.
Son esos los principales parámetros en que habrá de desenvolverse la política económica del próximo año. Sin duda, subsisten riesgos, pese a los sensibles progresos alcanzados, y algunos de ellos escapan a la acción directa del Gobierno.
En un sistema de economía mixta, como el que priva en México, la dirección y conducción de los asuntos económicos corresponde al Estado. Así, se establecen los programas de acción de todo el sector gubernamental y se orientan los que corresponden al resto de las actividades productivas. Sin embargo, los resultados de la instrumentación de las políticas no sólo dependen de su bondad intrínseca, sino además de las reacciones y grado de aceptación - en tanto son indicativas - que logren entre los diversos grupos sociales involucrados, así como del comportamiento de variables externas.
Esto explica la necesidad de no ajustarse a cartabones rígidos de política, tanto como la de informar con plena transparencia los problemas que enfrentamos y el sentido que se desea imprimir a las estrategias de solución. Sólo en la medida en que se mantengan el consenso político y todos los segmentos de la población se sumen al empeño colectivo de la Alianza para la Producción, será viable superar definitivamente el proceso de ajuste postdevaluatorio y retomar sobre bases más equitativas la senda del desarrollo sostenido.
Satisfechos esos requisitos de unidad nacional, puede afirmarse con pleno rigor que el futuro económico del país es altamente promisorio. Dentro del grupo de economías de desarrollo intermedio, México cuenta con ventajas poco comunes; un tamaño de mercado suficiente para servir de pivote a un amplia gama de nuevas actividades económicas; recursos humanos considerables y cuadros técnicos experimentados; una amplia red de infraestructura y de servicios básicos; capacidad industrial diversificada y que ya se adentra a ramas de alta complejidad tecnológica; recursos naturales estratégicos, de oferta limitada a escala mundial, que nos brindan oportunidades excepcionales de desarrollo; y una sólida base institucional que siempre ha facilitado la conciliación interna de intereses y puntos de vista.
En función de los hechos y análisis presentados, se han organizado e interrelacionado los principales propósitos de la política económica del Ejecutivo Federal aplicable durante el año de 1978; propósitos que tienen expresión concreta en los proyectos de Ley de Ingresos y del Presupuesto, sometidos a la consideración de este alto cuerpo legislativo.
Se sitúa en primer término el propósito central de reactivar la producción, en función de alcanzar una tasa media de crecimiento del producto bruto interno del orden del 5 por ciento anual. Ese ritmo de expansión será compatible con la aceleración ordenada de las actividades económicas y del empleo, sin descuidar la asignación necesaria de recursos para impulsar los programas estratégicos de cambio estructural. También es coherente con la exigencia de evitar distorsiones inconvenientes en los mercados, los precios y la balanza de pagos.
En segundo lugar, está el propósito de continuar combatiendo los desajustes monetarios y financieros que se expresan en el fenómeno inflacionario. La defensa del poder de compra de los trabajadores, como la consolidación de un clima propicio a la inversión productiva, conducen a proponer una meta de reducción de la tasa de inflación a un promedio anual que fluctuaría entre el 12 y el 15, frente al 21 por ciento que se estima registrará 1977. Tal rango resultaría congruente con la meta de crecimiento del producto y a la vez, permitiría avanzar en el proceso de fortalecer el sistema de intermediación financiera y no crear presiones exageradas sobre las finanzas públicas.
En materia de endeudamiento externo se mantiene la tesis de reducir gradual y firmemente la dependencia del financiamiento y el desequilibrio externo. Por eso, el incremento neto de la deuda del sector público durante 1978 se ha determinado en un monto aproximado de 3 000 millones de dólares. Dicho nivel es inferior al de 1976 y prácticamente igual al correspondiente al año en curso. En este caso, se ha buscado hacer compatible el aumento de importaciones vinculada al mayor ritmo de expansión de la producción, con las proyecciones de exportación y las exigencias complementarias de capital que surgen del programa de energéticos, principalmente.
Los volúmenes de crédito que se contratarían durante 1978, se sitúan conservadoramente dentro de los rangos de acceso del país a los mercados internacionales de capitales en las condiciones prevalecientes en la actualidad. Las perspectivas de exportación de algunos productos tradicionales están sujetas a los resultados de las medidas de los países industrializados para dar nuevo impulso a sus economías. Pero aun en caso desfavorable, las posibilidades de exportación de hidrocarburos y otros productos, compensarían paulatinamente la incertidumbre que rodea a la venta de los artículos mencionados.
En materia social, la mayor tasa de crecimiento respaldaría a la generación de nuevas fuentes de trabajo, a lo que se añaden programas de gran impacto en la ocupación, como son los sectores agropecuario, el de vivienda, el de asentamientos humanos y obras públicas y el de Petróleos Mexicanos, entre otros, lo mismo que el otorgamiento de incentivos especiales a la inversión de alta densidad de mano de obra. Asimismo, es propósito firme de la Administración atender el ensanchamiento de los servicios sociales básicos, como medio de corregir desigualdades distributivas. Por eso, en la asignación del gasto de la Federación continuarán teniendo una altísima ponderación, aun si se les compara con cifras de países de mayor nivel de ingresos.
En concordancia con lo anterior, se han preparado los presupuestos de ingresos y gastos del sector público procurando satisfacer criterios como son: la jerarquización de un orden
estricto de prioridades; la reducción y la eliminación de erogaciones superfluas o innecesarias; el fortalecimiento de las finanzas de organismos y empresas públicas; la mejoría en la administración recaudatoria, acompañada de medidas impositivas orientadas principalmente a reconstituir ingresos o a mejorar la legislación y procedimiento tributarios; y el aumento de los recursos estatales destinados a la formación de capital.
El déficit presupuestal entre ingresos y gastos muestra una nueva corrección y es susceptible de financiarse en términos sanos, al concentrarse los esfuerzos de ahorro y alcanzarse los ritmos previos de expansión económica.
El enunciado de los propósitos esenciales de la política de 1978, habrá de acompañarse de un conjunto de programas y medidas específicas que recogen y afinan las experiencias del año en curso. Su éxito dependerá, además, de la concentración de importantes esfuerzos y del sostenimiento de una enérgica disciplina financiera.
En 1978, parece indispensable mantener el control a la inflación y al mismo tiempo incrementar el gasto público de capital y, con rapidez semejante o aún mayor, aumentar el volumen de la inversión privada. Asimismo, la asignación de tales recursos debe canalizarse hacia actividades productivas, sobre todo hacia las incorporadas en el sistema de programación participativa de la Alianza para la Producción.
En correspondencia a esto último, será indispensable que todos los sectores - dentro de lo posible - acrecienten la productividad y el ahorro, eliminando gastos superfluos o innecesarios. Mayor ahorro interno para financiar en forma saludable y con menores dependencias el incremento del gasto de inversión, es el ingrediente central en que se sustentará la expansión de la producción y el ingreso.
Dentro de ese marco de acción, el Ejecutivo Federal pondrá en juego el mayor empeño y sus instrumentos de política para propiciar la reactivación económica, cumplir o inducir el cumplimiento de los otros objetivos señalados y cuidar que aquella produzca beneficios equitativamente compartidos.
Combinando esfuerzos públicos y privados, es factible lograr con bastante celeridad la recuperación de la inversión en las ramas industriales donde persisten elementos depresivos, como también en las actividades mineras, agropecuarias y de la pesca. Similar impulso cabe emprender en el campo de las exportaciones y el turismo, como medio de liberar restricciones de balanza de pagos, elevar la eficiencia y complementar los tamaños del mercado nacional.
Como ha sido expuesto por el Ejecutivo Federal, en la asignación de las inversiones públicas se ha puesto el énfasis en la instrumentación del programa de energéticos. El aprovechamiento adecuado de los recursos petrolíferos - estratégicos en sí mismo -, constituye, además, la base de nuevos procesos de industrialización e inversión, así como medio de alentar un dinámico desarrollo en zonas tradicionalmente rezagadas.
Análoga importancia se atribuye en los planes de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos al fomento agropecuario y a la producción de alimentos básicos. Aquí se trata de combinar la asignación de recursos en obras de gran dimensión, con la difusión de proyectos pequeños que benefician a amplio número de campesinos. De igual modo, se comprenden mejoras en el uso del suelo y la composición del los cultivos, el apoyo sistemático al mejoramiento o modernización de las formas de organización de los productores, y la ampliación de servicios complementarios (créditos, asistencia técnica e investigación).
La influencia de estos dos programas tendrá indudablemente efectos altamente positivos que se transmitirán a otros sectores de la actividad económica, aparte de contribuir a resolver importantes puntos de obstrucción en la estructura productiva.
Además, el Ejecutivo Federal se propone continuar e implantar otros programas de respaldo directo al desarrollo económico.
En materia de política industrial y comercial se proseguirán las acciones tendientes a eliminar el proteccionismo excesivo y a utilizar en mayor medida las tarifas arancelarias. Se pretende con ello inducir el mejoramiento de la eficiencia productiva, abatir el alza de precios y preparar el campo para el incremento de las exportaciones. Desde luego, la eliminación de los permisos de importación se efectuará con la gradualidad y características indispensables para cancelar efectos desfavorables repentinos en las industrias establecidas. Paralelamente, se mantendrá el sistema de Certificados de Devolución de Impuestos, con las modalidades que dicte el fomento apropiado de las exportaciones.
Las política de reactivación de la actividad económica se sustentará, además, en la concertación de una segunda etapa de la Alianza para la Producción, en la que el Ejecutivo Federal habrá de incorporar diversos estímulos - crediticios, fiscales y de otro género - cuando así lo juzgue pertinente. Y a la vez se organizarán nuevos subprogramas específicos por rama, entre los que destacan el de la pequeña y mediana industria y el de la fabricación interna de bienes de capital, encaminados esencialmente a multiplicar las oportunidades de inversión.
Planteada la estrategia de acción en 1978 en términos de un crecimiento razonable y teniendo a la vista las restricciones impuestas por la disponibilidad de recursos no inflacionarios, todo indica que será posible reducir las presiones sobre los precios. Esto no significa la congelación de la estructura actual de los precios y remuneraciones, que contravendría la dinámica de los mercados, donde se dan cambios de muy diverso signo.
En todo caso, lo importante es conciliar los movimientos de precios, salarios, costos y utilidades de manera de evitar presiones inflacionarias desordenadas, deterioros del poder de compra de los trabajadores o estrangulamientos en las empresas que pudieran ocasionar desaliento a la producción. No podría
Soslayarse que lograrlo plantea una de las cuestiones de más delicado ajuste en la actual coyuntura económica. Sin embargo, la reciente creación de la Comisión Nacional de Precios, junto con la Comisión de Precios y Tarifas del Sector Público y la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, constituyen mecanismos de coordinación y concertación de acciones que seguramente permitirán avanzar en la identificación de soluciones saludables al país.
IV. La política hacendaria.
La política hacendaria aplicable en 1978, evidentemente, forma parte orgánica de la estrategia económica definida por el Ejecutivo Federal que se resumió en párrafos anteriores. Corresponde a la política hacendaria cumplir objetivos propios y servir como uno de los núcleos donde se integran y hacen congruentes muchas de las medidas de índole económica.
Así, está dentro de su campo jurisdiccional la promoción y coordinación de las acciones tributarias con respecto a las de orden financiero y crediticio a fin de lograr que los egresos del sector público guarden la debida correspondencia con las disponibilidades reales del sistema financiero nacional y con el uso proporcionado de fondos de origen externo.
Asimismo, toca a la política hacendaria armonizar el manejo de las finanzas del sector público con las necesidades financieras globales del desarrollo económico y, en particular, con las vinculadas a las de los sectores privado y social.
En suma, los instrumentos hacendarios sirven de apoyo a las metas sustantivas de la estrategia nacional de corto y largo plazos. Por ello, durante 1978, tendrán la misión de coadyuvar a la realización equilibrada de la reactivación económica, la disminución de la inflación y la dependencia financiera del exterior, y el fortalecimiento de la posición financiera del sector público. Pero, al propio tiempo, contribuirán a articular el combate a los problemas coyunturales con acciones positivas dirigidas a facilitar el cambio estructural. En este sentido, la política hacendaria debe abordar la creación de condiciones financieras propicias a la reconstitución de los procesos de ahorro e inversión y al mejoramiento de la productividad de los sectores estratégicos de la economía y a un reparto social más justo de los frutos de desarrollo.
Política Tributaria.
El Ejecutivo Federal ha juzgado pertinente no elevar a esta honorable Asamblea, iniciativas de Ley, que modifiquen significativamente la estructura tributaria y la carga fiscal, ya sea de personas físicas o empresas. La economía inicia con buenos auspicios una fase de recuperación que es preciso consolidar a la brevedad posible. En atención a ello, no pareció prudente introducir modalidades impositivas que, de momento, pudieran prolongar ese proceso.
Sobre esa premisa, solamente se proponen modificaciones en las bases del cobro de algunos impuestos indirectos - teniendo en cuenta la proporcionalidad que deben guardar respecto a los precios de los bienes gravados -, así como ajustes técnicos a diversas disposiciones legales, en respuesta a necesidades jurídicas y prácticas que aconseja la experiencia de la administración tributaria.
Se plantea, sin embargo , a la consideración de ese H. Consejo, una transformación de fondo al régimen aplicable a la minería que data de 1956. El sistema vigente se caracteriza por múltiples impuestos y subsidios, por convenios individuales entre Fisco y particulares y por un sistema legal y administrativo sumamente complejo, incierto y frecuentemente inequitativo.
El nuevo régimen pretende asegurar una fuente estable de ingresos para el Estado, por el uso que hacen los particulares de un recurso no renovable propiedad de la Nación. Proporciona una participación mayor a los Estados y Municipios donde de encuentran localizados los yacimientos mineros del total de ingresos fiscales obtenidos; promueve un volumen creciente y sostenido de inversiones mineras, buscando la incorporación de nuevos capitales al sector y el crecimiento de los pequeños y medianos mineros; fomenta las actividades de prospección y exploración con objeto de ampliar las reservas mineras nacionales y garantizar el desarrollo sostenido de las fuentes de trabajo; fortalece nuestra capacidad para exportar mayores volúmenes de minerales procesados y promueve la adquisición de maquinaria y equipo minero nacional.
Durante 1978, se intensificarán los esfuerzos encaminados a mejorar y modernizar los sistemas de recaudación, administración y fiscalización de los impuestos. Estamos ciertos que por ese camino y poniendo la mayor energía en el combate a los fenómenos de evasión y defraudación fiscal, será posible acrecentar los ingresos públicos y, a la par, distribuir con mayor equidad, entre los causantes, la carga tributaria.
El Ejecutivo Federal es consciente de que el sistema tributario se ha quedado rezagado frente a la evolución económica y social del país. Requiere de revisiones de fondo que le permitan cumplir mejor objetivos fiscales y de justicia social, tanto como los relacionados a crear condiciones estimulantes al desarrollo de las actividades productivas. Del mismo modo, necesita generalizarse, simplificarse y aplicarse con mayor eficiencia.
Sin embargo, el rezago acumulado en la revisión del sistema impositivo, ha creado una serie de circunstancias de hecho que magnifican su incidencia en la presente coyuntura de la economía nacional. Por eso, cabe reiterar que no se ha pretendido llevar a cabo reestructuraciones espectaculares que pudieran alterar el proceso de ajuste posdevaluatorio y la consecución de metas estructurales.
Con todo, el Ejecutivo Federal mantiene el firme compromiso de transformar y adecuar el sistema tributario federal. Después de realizar
los estudios indispensables, examinar en detalle las repercusiones y efectuar consultas, se propondrán con oportunidad las modificaciones más convenientes, dentro de una estrategia que concibe a la reforma fiscal no como un acto súbito y discontinuo, sino como un proceso permanente de actualización y modernización, congruente con la evolución y grado de cumplimiento de las metas del desarrollo.
Política de Estímulos Fiscales.
En el año de 1978 proseguirá la revisión y actualización del régimen de estímulos fiscales para ajustarlo al conjunto de prioridades de la Alianza para la Producción. En términos generales, se intenta acrecentar su contribución al fomento del empleo, la inversión, las exportaciones, la sustitución eficiente de compras externas y la de la descentralización de actividades.
Los criterios rectores que sustentarán ese proceso de revisión pueden resumirse como sigue:
a) Elevar la eficiencia y capacidad de fomento real de los incentivos que se concedan, con el sacrificio fiscal estrictamente indispensable. Esto supone limitar los beneficios donde los efectos promocionales hayan comenzado a perder vigencia y, de otro lado, aumentarlos en los casos que su impacto sea estratégico en las decisiones de producción e inversión;
b) Modificar la distribución del monto total de recursos asignados a este capítulo, con la finalidad de poner el mayor énfasis posible en el fomento de las actividades que más aporten a la generación de empleo e inversiones productivas;
c) Hacer transparente el sistema de estímulos fiscales, diseñando mecanismos que, de un lado, den plena información y seguridad a los beneficiarios de sus derechos y, de otro, permitan administrar con oportunidad y agilidad los instrumentos mediante los cuales se ejercen;
d) Estudiar y expedir, en función de lo anterior, reglas generales a que se sujetará el otorgamiento de los estímulos; métodos que tendrían, además, la ventaja de disminuir el grado de discrecionalidad con que se conceden actualmente, y
e) Perfeccionar la articulación de los incentivos tributarios entre sí, y con respecto a otros instrumentos de política económica, sobre todo los de índole crediticia.
Política monetaria y de crédito.
En 1978 la política monetaria y de crédito perseguirá el propósito de cuidar que la expansión de los medios de pago se ajuste con fluidez a las necesidades de financiamiento de las transacciones económicas del país. Las autoridades monetarias cuidarán que el aumento del circulante resulte proporcionado con la evolución de la actividad económica y de los precios, eliminando la aparición de liquidez redundante que pudiera dar pie a la renovación de tensiones inflacionarias. Al mismo tiempo, se hará el máximo esfuerzo por evitar el financiamiento del sector público mediante la emisión primaria de medios de pago.
Por otra parte proseguirán los programas dirigidos a reconstruir la capacidad del sistema de intermediación financiera y acrecentar los volúmenes de ahorro que maneja. En ese sentido, se procurará mantener una estructura sana y un nivel razonable de competitividad entre los diversos instrumentos de captación de recursos del sistema bancario, tomando en cuenta la evolución de las tasas de interés en el extranjero.
La emisión de petrobonos y el manejo de los Certificados de Tesorería - recientemente aprobados por el Poder Legislativo -, flexibilizarán el acceso del Estado a los mercados de dinero y capitales, y a la vez ofrecerán una gama más rica de posibilidades al público ahorrador. A más largo plazo, los Certificados de Tesorería facilitarán la realización de operaciones de mercado abierto y gradualmente liberarán a la banca del uso exclusivo del encaje para financiar al sector público.
Por diversas vías, el Ejecutivo Federal se propone continuar alentando el desarrollo del mercado de valores, como también modernizar el régimen de las compañías de seguros a fin de ampliar su mercado, abaratar los costos de su servicio al público y mejorar la canalización de sus inversiones.
En forma paralela, se persistirá en los esfuerzos para ofrecer a los ahorradores instrumentos de inversión financiera a plazos más amplios y con rendimiento que premien la permanencia de los recursos en el sistema bancario. Así se logrará reducir la excesiva liquidez de los pasivos financieros, y ampliar los volúmenes de fondos disponibles para inversiones productivas de largo plazo. Ello es congruente con la reducción de la tasa de inflación que se propone la política de 1978 y con la consecuente normalización de los mercados cambiarios.
En instituciones y mecanismos encargados de la canalización selectiva del crédito hacia las áreas prioritarias del desarrollo nacional, se introducirán los ajustes y adaptaciones necesarias para que cumplan con mayor eficiencia ese propósito fundamental. A tal fin se avanzará en la implantación de reformas administrativas y programáticas en las instituciones nacionales de crédito y se implantarán mejoras de productividad y en los sistemas de operación. En torno a estas cuestiones, merecerá especial atención el perfeccionamiento de los mecanismos de financiamiento del sector agropecuario y pesquero, a la mediana y pequeña industria y a la de bienes de capital, a las exportaciones y el turismo, sin que se descuide por ello los relacionados con los servicios públicos básicos, los transportes y la vivienda.
En la banca privada se procurará inducir medidas paralelas, que a la vez de mejorar su captación, reduzcan los costos y los hagan compatibles con la rentabilidad que actualmente ofrecen las nuevas inversiones, de manera de facilitar la canalización expedita del crédito sobre
todo a la formación de capital y a la reconstitución del capital de trabajo de las empresas.
En suma, la política monetaria y de crédito tenderá internamente a estudiar los hábitos de ahorro e inversión y a desalentar el consumo suntuario y la especulación. Apoyará, en consecuencia, con mayores disponibilidades de recursos a la recuperación económica, sin dejar de aplicar medidas precautorias que reduzcan los riesgos de la inflación. En lo externo el manejo monetario tendrá el propósito central de afianzar la consolidación de los mercados cambiarios y el mantenimiento del régimen de libre convertibilidad del peso mexicano.
Política de deuda pública.
Ha sido principio clave de la Administración reducir paulatinamente la dependencia del gasto gubernamental respecto al endeudamiento interno y externo. En atención a ello, no se prevén incrementos proporcionales del crédito del sistema bancario al sector estatal, en tanto que se persigue seguir reduciendo el ritmo de crecimiento de la deuda pública externa.
En las circunstancias presentes, sería ilusorio pretender el abatimiento en cifras absolutas de la deuda pública. En toda economía de mercado, los montos del endeudamiento siempre crecen en términos cuantitativos, junto con el resto de las variables económicas; lo que importa, llegados ciertos límites, es reducir su ponderación con respecto al gasto estatal, la inversión y el producto.
Por lo demás, en México sigue siendo insuficiente el ahorro interno para financiar un desarrollo compatible con el ritmo que exige la expansión demográfica. Y el desequilibrio estructural de la balanza de pagos determina importaciones y pagos al exterior que superan a los ingresos en cuenta corriente. A mayor abundamiento, los importantes requerimientos de gasto vinculados a la prestación de servicios sociales básicos, obliga al Estado a captar recursos financieros de la comunidad a fin de no intensificar las ya agudas desigualdades en la distribución del ingreso y disminuir los fenómenos de marginación social.
Las estimaciones más recientes sobre la disponibilidad de recursos netos internos para el financiamiento del sector público en 1978, asciende a 68,000 millones de pesos.
De esta suma se aplicarán a cubrir partidas del Presupuesto de Egresos de la Federación 50 mil millones y 18 mil millones a las otras entidades y programas públicos. El remanente de recursos generados por el sistema financiero se utilizará para apoyar la reactivación económica y enriquecer el acervo de activos productivos de la sociedad, todo ello con el propósito de incrementar la generación de empleos.
En lo relativo a la deuda pública externa, como fue indicado, se propone limitar su aumento neto a la suma de 3,000 millones de dólares, lo cual significa disminuir su ritmo de incremento. En lo general, esos recursos servirán para compensar las necesidades de importación de la economía que no puedan cubrirse con la exportación de bienes y servicios. En términos más específicos, los fondos se destinarán a complementar el ahorro corriente del sector público, que financiará un programa de inversión que, pese a las dificultades coyunturales, registra un aumento real del 14.2 por ciento, en relación a las cifras de 1977.
En torno a los esfuerzos por mejorar la evolución de la deuda pública, el Ejecutivo Federal ha dado noticia al H. Congreso de la Unión, en los informes trimestrales que demanda la Ley General de Deuda Pública. Debemos perseverar en esa dirección, ya que el servicio de la deuda gubernamental alcanza proporciones altas del Presupuesto de Egresos de la Federación y de los rubros correspondientes de la balanza de pagos.
Con todo, la solución de fondo al problema no reside simplemente en limitar la contratación de nuevos créditos, sino en producir, ahorrar y exportar mayores cantidades. En consecuencia, se trata de esfuerzos en que el Gobierno requiere de la concurrencia responsable de todos los ciudadanos.
En virtud de las consideraciones anteriores y en cumplimiento de lo que dispone el artículo 10 de la Ley General de Deuda Pública, se solicita de ese H. Congreso que al aprobar la Ley de Ingresos de la Federación para el año de 1978, autorice un endeudamiento neto adicional para el financiamiento del Presupuesto de Egresos por 94 mil 547 millones integrado por 44 mil 547 millones de pesos de endeudamiento neto externo y 50 mil millones de pesos de crédito interno neto.
Este financiamiento adicional es congruente con el que se deriva de la Cuenta Doble de las operaciones presupuestales, según su naturaleza económica, contenida en la Exposición de Motivos del Presupuesto de Egresos de la Federación para 1978.
Asimismo, se solicita del H. Congreso que, en caso de que se presentaran condiciones económicas extraordinarias durante 1978, que por ahora no son previsibles, se autorice al Ejecutivo para que, en su juicio y bajo su responsabilidad, ejerza o autorice montos adicionales de financiamiento con el objeto de dar a la política financiera del Estado la flexibilidad suficiente para adaptarse a la evolución de la economía.
V. Explicación de las modificaciones a la Ley de Ingresos de la Federación.
Se han realizado algunas modificaciones a la Ley de Ingresos de la Federación de 1978, en relación con la vigente durante el año en curso, como sigue:
En el artículo 1o. que establece los conceptos de ingresos de la Federación, se hicieron ajustes a fin de que algunos de ellos queden en concordancia con las disposiciones de las leyes de la materia.
Se elimina la fracción X del inciso 3, del artículo 1o. donde se hacía mención al impuesto de exportación del 10% sobre el precio oficial de determinados minerales, atendiendo a la iniciativa de Ley que en esta materia someteré a su consideración.
En materia de "Derechos", se incluyen los relativos a exámenes de aptitud para autorizar la instalación y operación de estaciones radioeléctricas de aficionados, así como lo de registro agrario nacional y los que se causen por la expedición de certificados de inafectabilidad en materia agraria.
En "Aprovechamientos", se incluyen los referentes a 5% de días cama a cargo de establecimientos particulares por internamientos de enfermos, para personas de escasos recursos, señalados en el Reglamento para la prestación de los servicios para la salud en materia de atención médica, cuya aplicación corresponde a la Secretaría de Salubridad y Asistencia.
Se introduce un nuevo artículo 2o., en el que se comprenden todas las disposiciones relativas a la materia de "Deuda Pública", autorizándose al Ejecutivo Federal para que por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público contrate, ejerza y autorice créditos, empréstitos y otras formas de ejercicio del crédito público, que no rebasen los montos netos por endeudamiento neto interno y externo que en el propio precepto señala, para el financiamiento del Presupuesto de Egresos de la Federación de 1978, así como para emitir valores en moneda nacional y contratar empréstitos por canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal, para inversiones públicas productivas o con propósitos de regulación monetaria, en cumplimiento de la Ley General de Deuda Pública.
En el mismo artículo, se faculta al Ejecutivo Federal para ejercer o autorizar montos adicionales de financiamientos a juicio del propio Ejecutivo, se presenten circunstancias económicas extraordinarias que así lo exijan de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 de la citada Ley General de Deuda Pública.
En el artículo 3o. el cual se reestructura por la inclusión de algunas de sus fracciones en el artículo anterior, se indica que será el Ejecutivo Federal, con la participación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien ejercerá las facultades contenidas en él, tendientes a mejorar la administración de los impuestos en beneficio de los causantes.
Como resultado de la inclusión anterior, el artículo 2o. de la Ley actual pasa a ser el 3o., corriéndose la numeración de los posteriores.
En el artículo 4o. se incluye como nueva fracción I, la facultad de la Secretaría de Hacienda para operar la compensación en los términos del artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, cuya reforma oportunamente se planteará ante esa Representación Nacional.
En la fracción IV, de ese precepto y en el artículo 10, se incluye la posibilidad de que la Ley, a través de las oficinas recaudadoras de las entidades federativas coordinadas.
Se suprime el precepto relativo a la exención del impuesto que causa la producción de ixtles de lechuguilla y palma, pasándose esta exención a la Ley del Impuesto sobre Explotación Forestal, mediante reforma que por separado también se propondrá a su alta consideración.
En el artículo 6o. se hace una reclasificación de las obligaciones a cargo de Petróleos Mexicanos, con objeto de sistematizar el precepto y darle una mejor comprensión. También se aumenta de 16% a 17% la tasa que deberá aplicarse a sus ingresos brutos que obtenga de las actividades que en el precepto de Ley señala y se adecúa el pago provisional diario que la institución debe cubrir, en atención a la proporcionalidad que debe haber entre éste y el monto definitivo del impuesto a su cargo. El pago provisional se fija en veintisiete millones de pesos diarios. Cabe destacar, también, que en ese precepto se hace mención al posible impuesto que pueda causar Petróleos Mexicanos con motivo de la exportación de gas natural.
Se suprime el artículo 7o., de la Ley vigente, relativo a la no aplicación de franquicia en los impuestos de importación a las empresas productoras de energía eléctrica, ferroviarias, telefónicas y plantas radiodifusoras y de televisión , en atención a que se ha considerado que este precepto debe formar parte del artículo 725 del Código Aduanero, cuya reforma también se propondrá a la consideración del Congreso de la Unión.
En el artículo 8o. se aumentará de 18% a 24% los recargos que se causen en los casos de concesión de prórrogas, en cumplimiento de lo dispuesto en el Código Fiscal de la Federación, en atención a que este último porcentaje guarda correspondencia con los tipos de interés que actualmente rigen en el mercado.
En relación con la anterior, también con la debida oportunidad se propondrá la modificación al artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, para que la tasa de los recargos cuando no se paguen oportunamente los créditos fiscales, sea cincuenta porciento mayor que la fijada en el artículo 3o. que se comenta, a fin de que no rebase el actual 3% mensual.
Se suprime el artículo 14 de la Ley de Ingresos de la Federación vigente, en atención a que sus disposiciones forman parte de la Ley General de Deuda Pública.
Finalmente, se incluyen como artículos 15 al 21, las disposiciones del Presupuesto de Egresos de la Federación que por estar relacionadas con subsidios en materia impositiva y su aprobación; estímulos fiscales, aprobación de devoluciones de impuestos; destino de cuotas impositivas y participaciones, son materias que corresponden a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, haciéndose la supresión correspondiente en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 1978.
Con fundamento en la fracción I del artículo 1o. de la Ley Reglamentaria del párrafo primero del artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ejecutivo creó o suprimió durante
el presente año de 1977, diversas fracciones de las tarifas generales de los impuestos de importación y exportación, anexándose a esta iniciativa un informe y la relación que las contiene, indicándose en aquél los motivos que tuvo el propio Ejecutivo para realizarlas, y proponiéndose a esa H. Cámara la aprobación de las mismas, en los términos contenidos en el Artículo Segundo Transitorio de la presente Iniciativa.
Dado el contexto de esta exposición de motivos y a efecto de informar a ese H. Congreso de la Unión, me permito presentar a continuación la estimación de los recursos disponibles para financiar el Presupuesto de Egresos de la Federación durante 1978.
Millones de Pesos
I. Impuesto sobre la Renta 112 990
II. Impuestos relacionados con la Explotación de Recursos Naturales 5 206
III. Impuestos a las Industrias y sobre la Producción y Comercio, a la Tenencia o uso de Bienes y Servicios Industriales 54 154
IV. Impuestos sobre Ingresos Mercantiles 50 370
V. Impuestos del Timbre 3 085
VI. Impuestos sobre Migración 100
VII. Impuestos sobre Primas Pagadas a Instituciones de Seguros 800
VIII. Impuestos para Campañas Sanitarias, Prevención y Erradicación de Plagas **
IX. Impuestos sobre la Importación 13 400
X. Impuestos sobre la Exportación 32 966
XI. Impuestos sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Juegos Permitidos 67
XII. Impuestos no comprendidos en las fracciones precedentes, causados en ejercicios fiscales anteriores, pendientes de liquidación o de pago 2
XIII. Impuestos sobre las Erogaciones por Remuneración al Trabajo Personal prestado bajo la dirección y dependencia de un patrón 3 255
XIV. Aportaciones y Abonos Retenidos a Trabajadores por Patrones para el Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores **
XV. Cuotas para el Seguro Social a cargo de patrones y trabajadores 40 652
XVI. Derechos por la Prestación de Servicios Públicos 5 300
XVII. Productos 3 760
XVIII. Aprovechamiento 3 792
XIX. Ingresos derivados de ventas de bienes y valores 230
Millones de Pesos
XX. Recuperación de capital 2 770
XXI. Ingresos derivados de Financiamientos 141 453
XXII. Otros ingresos:
a) De Organismos Descentralizados 231 793
b) De Empresas de Participación Estatal 55 846
c) Financiamiento de Organismos y Empresas de Participación Estatal 149 856
Total: 912 450
De acuerdo con las consideraciones anteriores, por el digno conducto de ustedes someto a la consideración de esa H. Cámara de Diputados, la presente
INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 1978
Impuestos, Derechos, Productos
Aprovechamientos y otros ingresos
Artículo 1o. En el ejercicio fiscal de 1978, la Federación percibirá los ingresos provenientes de los conceptos que a continuación se enumeran:
I. Impuesto sobre la renta.
II. Impuestos relacionados con la explotación de recursos naturales.
1. Explotación forestal.
2. Minería.
A. Concesiones mineras.
B. Producción.
3. Petróleo. Petróleo crudo, sus derivados y desperdicios, gas natural, gas licuado y gas artificial.
A. Para consumo interno.
B. Para exportación.
4. Explotación pesquera y buceo.
5. Sal.
A. Para consumo interno.
B. Para exportación.
6. Uso o aprovechamiento de aguas federales.
III. Impuestos a las industrias y sobre la producción y comercio, a la tenencia o uso de bienes y a servicios industriales.
1. Aguamiel y productos de su fermentación.
2. Aguas envasadas y refrescos. Compraventa.
3. Azúcar, mieles incristalizables, alcohol, cabezas y colas, aguardiente y envasamiento de bebidas alcohólicas.
A. Azúcar, compraventa y remanente de precios de venta.
B. Mieles incristalizables: compraventa, remanente de precios de venta y faltantes de mieles incristalizables o asimiladas y posesión ilegal de las mismas.
C. Alcohol: producción, faltante en la producción, compraventa, envasamiento y remanente de precios de venta.
D. Cabezas y colas: envasamiento y remanente de precios de venta.
E. Aguardiente: producción y faltante en la producción .
F. Envasamiento de bebidas alcohólicas.
4. Algodón.
A. Consumo.
B. Despepite.
5. Artículos electrónicos, discos, cintas, aspiradoras y pulidoras.
Compraventa.
6. Alfombras, tapetes y tapices. Compraventa.
7. Automóviles y camiones.
A. Ensamble de automóviles y camiones.
B. Tenencia o uso de automóviles.
8. Benzol, xilol, toluol y naftas de alquitrán de hulla.
A. De procedencia nacional.
B. De procedencia extranjera.
9. Cacao. Compraventa.
10. Cemento, en todas sus variedades y compuestos.
11. Cerillos y fósforos.
12. Cerveza.
A. Producción.
B. Consumo.
13. Energía eléctrica.
A. Producción e introducción.
B. Consumo.
14. Estaciones de radio o televisión.
15. Ixtles de lechuguilla y palma. Compraventa.
16. Llantas y cámaras de hule.
17. Petróleo y sus derivados.
A. Petróleo y sus derivados, gas natural, gas licuado y gas artificial de importación.
B. Gasolina y otros productos ligeros del petróleo.
a) De procedencia nacional.
b) De procedencia extranjera.
c) Adicional sobre consumo de gasolina.
d) Venta de gasolina.
C. Grasas y lubricantes.
a) Sobre la primera reventa de aceites y grasas lubricantes.
b) Sobre la venta de primera mano de aceites y lubricantes importados.
c) Sobre la venta de primera mano de aceites y grasas lubricantes elaborados con aceites usados o regenerados.
D. Petroquímica.
18. Tabacos labrados.
A. De procedencia nacional.
a) Cigarros.
b) Puros.
c) Diversos.
B. De procedencia extranjera.
a) Cigarros.
b) Puros.
c) Diversos.
19. Vehículos propulsados por motores de tipo diesel o acondicionados para uso de gas licuado de petróleo o de cualquier otro combustible que no sea gasolina .
20. 10% sobre entradas brutas de ferrocarriles y empresas conexas.
21. Portes y pasajes.
A. Aéreos.
B. Marítimos.
C. Terrestres.
22. Adicional de 2.5% sobre las cuotas de pasajes en los ferrocarriles, que se cobrará juntamente con el impuesto a que se refiere el inciso anterior.
23. Teléfonos.
24. Vidrio o cristal. Compraventa.
25. Servicios expresamente declarados de interés público por la ley, en los que intervengan empresas concesionarias de bienes del dominio directo de la Nación.
IV. Impuesto federal sobre ingresos mercantiles.
V. Impuestos del timbre.
VI. Impuestos de migración.
VII. Impuestos sobre primas recibidas por instituciones de seguros.
VIII. Impuestos para campañas sanitarias, prevención y erradicación de plagas.
IX. Impuestos sobre la importación.
1. General, en los términos de la Tarifa respectiva.
2. 2% sobre el valor más alto, entre el oficial y el comerciante de la mercancía que se importe.
3. Adicionales.
A. 3% adicional sobre el impuesto general.
B. 10% sobre el impuesto general en importaciones por vía postal.
X. Impuestos sobre la exportación.
1. General, en los términos de la Tarifa respectiva.
2. Adicionales.
A. 2% adicional sobre el impuesto general.
B. 10% sobre el impuesto general en exportaciones por vía postal.
XI. Impuestos sobre loterías, sorteos y juegos permitidos.
XII. Impuestos no comprendidos en las fracciones precedentes, causadas en ejercicios fiscales anteriores, pendientes de liquidación o de pago.
XIII. Impuesto sobre las erogaciones por remuneración al trabajo personal prestado bajo la dirección y dependencia de un patrón.
XIV. Aportaciones y abonos retenidos a trabajadores por patrones, para el Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
XV. Cuotas para el Seguro Social a cargo de patrones y trabajadores.
XVI. Derechos por la prestación de servicios públicos.
1. Aduanales.
A. Almacenaje.
B. Maniobras de mercancías dentro del recinto oficial.
C. Análisis.
D. Servicios extraordinarios.
E. Vigilancia de importaciones temporales.
F. Tránsito por territorio nacional.
a) Fluvial.
b) Terrestre.
G. Otros.
2. Comunicaciones.
A. Correos.
B. Telecomunicaciones.
a) Servicio Telex.
b) Servicio internacional.
c) Servicio de enlace y conducción de señales.
d) Uso de canales telefónicos.
e) Canales de Televisión.
f) Canales vía Satélite.
g) Canales vía cable, telex, telegráfico.
h) Canales audio.
i) Servicios diversos.
C. Telégrafos.
a) Servicio telegráfico.
b) Servicio telefónico.
c) Servicio internacional.
d) Servicios diversos.
D. Marítimas y portuarias.
a) De puerto.
b) De atraque.
c) De muellaje.
d) De revisión, certificación, comprobación, expedición de suprema patente
de navegación, matrícula, registro y placa.
e) De arqueo.
f) De franco bordo.
g) 10% adicional sobre las cuotas de los derechos anteriores, que se causará
en la forma y términos del derecho principal, siempre que el monto de éste último sea mayor de $0.05.
E. Aéreas.
a) Tránsito aéreo.
b) Servicio que se presta en el Registro Aeronáutico Mexicano.
c) Exámenes médicos y de aptitud del personal aeronáutico.
d) 10% adicional sobre las cuotas de los derechos anteriores, que se causará en la forma y términos del derecho principal, siempre que el monto de éste último sea mayor de $0.05.
e) Uso de aeropuertos.
f) Otros servicios.
F. Exámenes médicos y de aptitud del personal de transporte público federal.
G. Exámenes de aptitud para instalar y operar estaciones radioeléctricas de aficionados.
H. Expedición de placas para vehículos automotores de servicio público federal.
I. Uso de placas federales de traslado.
J. Certificados de pesos y dimensiones de vehículos.
K. Verificación de pesos y dimensiones de vehículos.
L. Perforación de blocks de boletos y conocimientos de embarque de autotransportes de carga.
M. Otros servicios.
3. Relaciones exteriores.
A. Consulares:
a) Certificados.
b) Expedición, refrendo y visa de pasaportes.
c) Legalización de firmas.
d) Actos notariales.
e) Visa de facturas comerciales.
f) Visa de listas de menaje de casa a extranjeros y de manifiestos de carga.
g) Actos especificados en otras disposiciones y otros servicios.
B. Permisos conforme a las fracciones I a IV del artículo 27 Constitucional.
C. Otros.
4. Del ramo de educación.
A. Revisión, registro, expedición, y certificación de documentos.
B. Exámenes.
C. Expedición de certificados y otorgamiento de diplomas, títulos y grados.
D. Revalidación y equivalencia de estudios, certificados, diplomas, títulos y grados.
E. Acreditación de conocimientos.
F. Derechos de autor.
G. Registro y ejercicio profesional.
H. Inspección y vigilancia de instituciones educativas.
I. Reconocimiento de validez oficial de estudios.
J. Registro de establecimientos educativos.
K. Registro de particulares que impartan estudios sin reconocimientos de validez oficial
L. Registros, permisos y dictámenes relativos a monumentos y zonas arqueológicos e históricos.
M. Otros servicios.
5. Inspección, vigilancia y verificación.
A. Industrias de azúcar, alcoholes, aguardientes y envasamiento de bebidas alcohólicas.
B. Animales, semillas, frutas, plantas, y cereales.
C. Inspección, vigilancia y protección del ganado.
D. De supervisión, cinematográfica, incluyendo los gastos de proyección.
a) Para exhibición comercial.
b) para exportación.
E. Industrias exentas conforme a la Ley de Fomento de Industrias Nuevas y Necesarias y otras disposiciones para el fomento industrial.
F. Aparatos e instalaciones eléctricas a cualquier tensión, planos y memorias.
G. 10% adicional sobre las cuotas de los derechos por servicios de inspección, vigilancia y verificación de aparatos e instalaciones eléctricas a cualquier tensión, que se causarán en la forma y términos del derecho principal, siempre que el monto de este último sea mayor de $0.05.
H. Instalaciones telefónicas, radioeléctricas y de televisión.
I. Pesas y medidas.
J. Revisión y autorización de planos de instalaciones para aprovechamiento de gas.
K. Instalaciones y equipos de gas.
L. Equipos de gas, para su reposición.
M. Motores eléctricos, generadores de vapor y recipientes sujetos a presión.
N. Contratos y de obras públicas,
Ñ. Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal.
O. Servicios de Comunicaciones y Transportes.
P. Instalaciones aeronáuticas, ferroviarias, funiculares y análogas.
Q. Sello Oficial de Garantía.
R. Empresas productoras de cerveza.
S. Ferrocarriles.
T. Servicios prestados por la Junta de Revisión y Arbitraje del Algodón.
U. Instituciones de Fianzas.
V. Fijación de precios por variación de costos.
W. Especiales y otros servicios.
6. Registro.
A. Extranjeros en los términos de la Ley General de Población.
B. Federal de vehículos.
C. Público de Minería.
D. Propiedad industrial.
E. Expedición y reposición de cédulas de registro a causantes y retenedores de impuestos federales.
F. Contratistas y proveedores del Gobierno Federal.
G. Público Cinematográfico.
H. Público del Sello Oficial de Garantía.
I. Nacional de Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas.
J. Nacional de Inversiones Extranjeras.
K. Máquinas con motores eléctricos portátiles y su refrendo.
L. Productos biológicos; químicos farmacéuticos y alimenticios para animales.
M. Agrario Nacional.
N. Otros servicios.
7. Relacionados con recursos naturales.
A. Gaza.
B. Inspección y verificación de la producción de petróleo y sus derivados.
C. Minería.
a) Amonedación.
b) 10% adicional sobre las cuotas de los derechos por servicios de amonedación, que se causará en la forma y términos del derecho principal, siempre que el monto de este último sea mayor de $0.05.
c) Empresas que se acojan al régimen de estímulos fiscales establecido en la Ley de Impuestos y Fomento a la Minería.
d) Ensaye.
e) Fundición.
f) Inspección y verificación de contenidos metálicos en minerales de baja ley.
g) Inspección y verificación por producción y muestreo de minerales metálicos y no metálicos, metales y compuestos metálicos.
D. Pesca y conexos.
E. Explotación de bosques y maderas pertenecientes al Gobierno Federal.
F. Servicios relacionados con el uso y aprovechamiento de aguas nacionales, prestados por la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos.
G. Otros servicios.
8. Salubridad.
A. Certificación, registro y revisión de productos de tocador y belleza, comestibles, bebidas y similares.
B. Desinfección y desinsectización.
C. Inspección y certificación.
D. Registro, revisión y certificación de medicinas de patente y especialidades.
E. Matanza de ganado y otros animales.
F. Sello de carnes.
G. Control de carnes preparadas.
H. Expedición de licencias, permisos o tarjetas de control sanitario y su refrendo.
I. Revisión de planos (ingeniería sanitaria.)
J. Registro de títulos o certificados de especialización profesional.
K. Registro de autoridades provisionales o definitivas para el ejercicio de la medicina y ramas conexas.
L. Registro de personas, establecimientos, fuentes emisoras de contaminantes, servicios, productos o documentos y su refrendo.
M. Reposición de autorizaciones o registros y certificaciones.
N. Vacunación antirrábica animal.
Ñ. Autorización de transportes sanitarios de alimentos y varios.
O. Aprobación de análisis de agua de pozo.
P. Autorización de libros para registro de exámenes médicos y de actas de la
Comisión Mixta de Higiene y Seguridad.
Q. Autorización de traslado y embalsamamiento de cadáveres.
R. Otros servicios.
9. Trabajo.
A. Exámenes de jefes de plantas, operadores y fogoneros de las diversas industrias del país.
C. Otros servicios.
10. Diversos:
A. Aportaciones a los Comités Asesores de Importación.
B. Copias de Constancias del Archivo General de la Nación.
C. Fomento al turismo.
D. Identificación.
E. Inserciones en publicaciones oficiales.
F. Migración.
G. Relativos a obras de riego.
H. Relativo al consumo de algodón para sufragar los gastos consignados en el contrato colectivo obligatorio de la Industria Textil del Algodón.
I. Timbre.
J. Registros eléctricos en los pozos.
K. Obras Públicas.
a) Asesoramiento técnico.
b) Pruebas de laboratorio.
c) Servicios de proyecto y control técnico de construcciones.
d) Servicios diversos.
L. Certificación y copias de documentos.
M. Legalización de firmas.
N. Acuñación de moneda solicitada por el Banco de México, S. A.
Ñ. Licencias y permisos en materia de armas y explosivos.
O. Expedición de certificados de inafectabilidad en materia agraria.
P. Otros servicios.
XVII. Productos.
1. Derivados de la explotación de bienes del dominio público.
A. Espacio Aéreo.
B. Mar territorial.
C. Playas y zonas federales.
D. Corrientes, vasos, lagunas y esteros y zonas federales correspondientes.
E. Puertos, bahías, radas y ensenadas.
F. Presas, canales y zanjas para irrigación y navegación.
G. Ferrocarriles de propiedad nacional.
H. Reservas mineras.
I. Teatros, edificios, museos, zonas arqueológicos e históricos y estacionamientos anexos a éstos, así como uso de aparatos o instrumentos.
J. Arrendamiento de inmuebles.
K. Regalías y otros ingresos similares derivados de bienes de dominio privado de la Nación.
L. Reinhumación en los templos o dependencias de los mismos.
M. Uso y explotación de canales radioeléctricos.
N. Otros.
2. Derivados de la explotación de bienes del dominio público.
A. Arrendamiento de tierras y explotación de tierras y aguas.
B. Arrendamiento de locales y construcciones.
C. Bienes vacantes.
D. Bosques.
E. Venta de bienes producidos en establecimientos del Gobierno Federal y prestación de servicios en los mismos establecimientos.
F. Venta de desechos de bienes del Gobierno Federal.
G. Utilidades de organismos descentralizados y de empresas de participación estatal.
H. Aparatos de control de elaboración de alcohol y aguardiente.
I. Otros.
3. Utilidades, dividendos e intereses.
A. Utilidades de la Lotería Nacional.
B. Dividendos.
C. Intereses de valores.
D. Intereses sobre créditos concedidos con fondos constituidos en fideicomiso.
E. Intereses a cargo de organismos descentralizados y empresas de participación estatal.
F. Devolución de intereses sobre bonos emitidos por el Gobierno Federal.
G. Otros.
XVIII. Aprovechamientos.
1. Multas.
2. Recargos.
3. Indemnizaciones.
4. Reintegros:
A. Sostenimiento de las Escuelas Artículo 123.
B. Servicio de vigilancia forestal.
C. Otros.
5. Participaciones en los ingresos derivados de la aplicación de leyes locales sobre herencias y legados expedidas de acuerdo con la Federación.
6. Participaciones en los ingresos derivados de la aplicación de leyes locales sobre donaciones, expedidas de acuerdo con la Federación.
7. Aportaciones de los Estados, Municipios, y particulares para el servicio del sistema escolar federalizado.
8. Cooperación del Departamento del Distrito Federal por servicios públicos
locales prestados por la Federación.
9. Cooperación de los Gobiernos de Estados y Municipios y de particulares para obras de irrigación, agua potable, alcantarillado, electrificación, caminos y líneas telegráficas, telefónicas y para otras obras públicas.
10. 5% de días de cama a cargo de establecimientos particulares para internamiento de enfermos, y otros destinados a la Secretaría de Salubridad y
Asistencia.
11. Participaciones a cargo de los concesionarios de vías generales de comunicación y de empresas de abastecimiento de energía eléctrica.
12. Participaciones señaladas por la Ley Federal de Juegos y Sorteos.
13. Regalías provenientes de fundos y explotaciones mineras.
14. Aportaciones de contratistas de obras públicas.
15. Destinados al fondo forestal.
A. Cuotas de reforestación.
B. Multas forestales.
C. Aportaciones al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales.
D. Otros Conceptos.
16. Hospitales Militares.
17. Participaciones por la explotación de obras del dominio público señaladas por la Ley Federal de Derechos de Autor.
18. Otras.
XIX. Ingresos derivados de ventas de bienes y valores.
1. Venta de bienes inmuebles.
2. Venta de bienes muebles.
3. Venta de valores emitidos por entidades federativas y empresas públicas.
4. Venta de valores emitidos por empresas y organismos privados.
XX. Recuperación de capital.
1. Fondos entregados en fideicomiso, en favor de entidades federativas y empresas públicas.
2. Fondos entregados en fideicomiso, en favor de empresas privadas y a particulares.
3. Inversiones en obras de agua potable y alcantarillado.
4. Otros.
XXI. Ingresos derivados de financiamiento.
1. Emisiones de valores.
A. Internas.
B. Externas.
2. Otros financiamientos.
A. Para el Gobierno Federal.
B. Para organismos descentralizados y empresas de participación estatal.
C. Otros.
XXII. Otros ingresos.
1. Enteros que efectúen los organismos descentralizados.
2. Enteros que efectúen las empresas de participación estatal.
Artículo 2o. Se autoriza al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para contratar, ejercer y autorizar créditos, empréstitos u otras formas del ejercicio del crédito público que no rebasen los montos netos de 50,000 millones de pesos por endeudamiento interno y de 44,547 millones de pesos por endeudamiento externo, en los términos de la Ley General de Deuda
Pública, para el financiamiento del Presupuesto de Egresos de la Federación para 1978.
Asimismo se faculta al Ejecutivo Federal a ejercer o autorizar montos adicionales de financiamientos cuando, a juicio del propio Ejecutivo, se presenten circunstancias económicas extraordinarias que así lo exijan.
También queda autorizado el Ejecutivo para que, a través de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, emita valores en moneda nacional y contrate empréstitos para canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal, para inversiones públicas productivas o con propósitos de regulación monetaria, en los términos de la referida Ley General de Deuda Pública.
Del ejercicio de estas facultades dará cuenta el Ejecutivo oportunamente al Congreso de la Unión, especificando las características de las operaciones realizadas.
Artículo 3o. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, queda facultado para:
I. Dictar las medidas relacionadas con la administración, control, forma de pago, y procedimientos señalados en las leyes tributarias, sin variar las disposiciones relacionadas con el sujeto, el objeto, la cuota, la tasa o la tarifa de los gravámenes, las infracciones o las sanciones de las mismas, a fin de facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los causantes.
II. Crear, suprimir o modificar las cuotas, tasas o tarifas de los derechos, productos o aprovechamientos, con la participación de las dependencias que corresponda.
Las cuotas de los derechos serán iguales para quienes reciban servicios análogos, y para su determinación se tendrá en cuenta el costo de dichos servicios o el uso que se haga de ellos.
III. Establecer o modificar las compensaciones que deben cubrir los organismos descentralizados y empresas de participación estatal, respecto a los bienes federales aportados o asignados para su explotación, o en relación con el monto de los productos o ingresos brutos que perciban.
Artículo 4o. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público queda facultada para:
I. Operar la compensación en los términos del artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, con objeto de reducir al mínimo los pagos en numerario entre las partes. Para este efecto abrirá registro de entidades y de crédito y deudas con base en la cual se realizará la compensación y sus efectos.
II. Determinar contractualmente las compensaciones que deben pagar las personas o empresas a las que se autorice la explotación de recursos naturales en tierras o aguas nacionales.
III. Fijar periódicamente, para efectos fiscales, el valor o precio al público, de los productos atendiendo a las cotizaciones de los mismos en mercados nacionales o extranjeros, o establecer los precios mínimos en los casos en que las leyes especiales establezcan este requisito como base para determinar los impuestos.
Si el último día del período de vigencia de los precios a que se contrae el párrafo anterior no se les hacen variaciones, serán aplicables los que se hubieran señalado en la última publicación.
IV. Autorizar la recaudación de los ingresos a que esta Ley se refiere, por conducto de Instituciones de Crédito y por las oficinas recaudadoras de las entidades federativas coordinadas.
V. Aplicar como pago total y definitivo los enteros que se reciben por concepto de impuestos a la producción y exportación de azufre y regularizar y aplicar los enteros recibidos durante el año de 1977.
Artículo 5o. En materia de impuesto sobre la renta al ingreso global de las empresas, causantes mayores, al causante que invierta en maquinaria nueva, destinada a realizar actividades industriales nacional o socialmente necesarias, conforme a reglas de carácter general que para estos fines expida la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se le otorgará un crédito equivalente al 10% del importe de la inversión realizada, el cual sólo podrá hacerse efectivo compensándolo contra el impuesto al ingreso global de las empresas en cantidad que no exceda de la cuarta parte de dicho crédito, en cada ejercicio, a partir de aquél en que se efectúe la inversión, hasta que dicho crédito se compense totalmente contra el impuesto al ingreso global gravable a cargo del causante.
Podrá depreciarse en lo términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el valor total de la inversión sin que se afecte por el crédito citado.
Artículo 6o. Las actividades que desarrolle Petróleos Mexicanos se sujetarán al siguiente régimen fiscal:
I. Impuestos:
A. Petroquímica básica. Se gravará con tasa de 12% sobre sus ingresos brutos, que se aplicará a la proporción de sus ingresos totales que por acuerdo determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
B. Importación y Exportación de Petróleo crudo y gas natural, y sus derivados. Se gravarán con las tasas que establezcan las tarifas de los Impuestos Generales de Importación y Exportación. En este último caso las tasas se aplicarán sobre los precios oficiales que fije una comisión formada por las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Patrimonio y Fomento Industrial, de Comercio y por Petróleos Mexicanos.
C. Producción y otras que desarrolle en su carácter de causante directo de impuestos establecidos en leyes federales. Se gravarán con la tasa de 17% sobre el importe total de sus ingresos brutos, de los que sólo podrá deducir los obtenidos por los conceptos señalados en los incisos A y B anteriores.
D. Sobre venta de gasolina. De acuerdo con las disposiciones de este gravamen.
II. Derechos por la prestación de servicios públicos. Incluidos en la cuota señalada en el inicio C de la fracción anterior.
III. Pagos por servicios extraordinarios. Los que deba realizar conforme a las disposiciones respectivas, por servicios extraordinarios prestados por empleados aduanales.
IV. Multas . Las que se impongan por infracciones a los ordenamientos fiscales y administrativos.
V. Gravámenes locales y municipales. Los que sean compatibles con las normas legales vigentes, entre las que se encuentra el impuesto del 2% sobre los ingresos brutos por las operaciones mercantiles de venta de gasolina y demás derivados del petróleo, autorizado en el artículo 21 de la Ley del Impuesto sobre Consumo de Gasolina.
VI. Forma de pago:
A. Pago provisional. Por los impuestos señalados en los inicios A y C de la fracción I anterior, Petróleos mexicanos enterará diariamente incluyendo los días inhábiles, veintisiete millones de pesos como mínimo por concepto de pago provisional. El Banco de México, S. A., deducirá dicha cantidad de los depósitos que Petróleos Mexicanos debe hacer en dicha institución conforme al artículo 43 de la Ley Orgánica del propio Banco y la concentrará en la Tesorería de la Federación.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público queda facultada para variar el monto de este pago provisional, cuando exista un incremento en los ingresos de Petróleos Mexicanos que así lo amerite.
B. Pago definitivo. Dentro de un plazo que concluirá el 15 de marzo de 1979, Petróleos Mexicanos declarará sus ingresos brutos, sin deducción alguna, que haya obtenido en el año anterior. Secretaria de Hacienda y Crédito Público, dentro de los ocho días siguientes, formulará la liquidación de los impuestos causados por la empresa para ajustar las diferencias que resulten, mismas que, en su caso, deberán ser cubiertas a más tardar el 31 del propio mes y año.
C. Pago de los Impuestos Generales de Importación y Exportación. Se efectuarán en las aduanas correspondientes.
VII. Régimen legal. Los preceptos legales que norman la recaudación de los impuestos a que se refiere el artículo 1o. de esta Ley continuarán en vigor, con excepción de las disposiciones de este precepto, pero la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá dispensar a Petróleos Mexicanos del cumplimiento de requisitos y obligaciones de control, cuando lo considere conveniente.
VIII. Participaciones. Las entidades federativas y los municipios percibirán participaciones en la proyección y términos que establecen las leyes tributarias respectivas.
IX. Remanentes líquidos. Los remanentes líquidos de Petróleos Mexicanos, después del pago de los impuestos a que este precepto se refiere, deberán ser invertidos en valores que señalen y autoricen las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Programación y Presupuesto, para lo cual aquella institución dará a conocer a dichas Secretarías sus estados financieros mensuales dentro de los primeros diez días de cada mes.
X. Financiamiento de proyectos de inversión. En los casos en que el Gobierno Federal considere necesaria la expansión de Petróleos Mexicanos mediante la realización de proyectos adicionales a los autorizados en el presupuesto de Egresos de la Federación para 1978, se expedirán las autorizaciones indispensables para su financiamiento, conforme a las disposiciones de las Leyes Generales de Deuda Pública y de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.
Artículo 7o. En los casos de concesión de prórrogas para el pago de créditos fiscales, se causarán recargos al 24% anual, sobre saldos insolutos, durante el año de 1978.
Artículo 8o. Se ratifican los acuerdos expedidos en el Ramo de Hacienda, por los que se hayan dejado en suspenso total o parcialmente el cobro de gravámenes e igualmente se ratifican las resoluciones dictadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre la causación de tales gravámenes.
Artículo 9o. Cuando una Ley impositiva contenga además de las disposiciones propias del gravamen, otras que impongan una obligación tributaria distinta, ésta última se considerará comprometida en la fracción del artículo lo. de esta Ley, que corresponde a dicho gravamen.
Artículo 10. La recaudación proveniente de todos los conceptos previstos en el artículo 1o. de esta Ley, aún cuando se destinen a fines específicos, se hará en la Tesorería, las oficinas exactoras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en las oficinas recaudadoras de las entidades federativas coordinadas, en el Banco de México, S. A., cuando así lo establezcan las leyes o en las Instituciones de Crédito autorizadas al efecto. Para que tenga validez el pago de las diversas prestaciones fiscales que establece esta Ley de Ingresos por los conceptos antes mencionados, el causante deberá obtener en todos los casos de la oficina recaudadora el recibo oficial o la forma valorada expedidos y controlados exclusivamente por la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público o la documentación que en las disposiciones respectivas se establezcan, en la que conste la impresión original de la máquina registradora. Las cantidades que se recauden por estos conceptos se concentrarán en la Tesorería de la Federación y deberán reflejarse, cualquier que sea su forma o naturaleza, tanto en los registros de las oficinas recaudadoras y de la propia Tesorería como en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.
Artículo 11. Se aplicará el régimen establecido en la presente Ley, salvo lo dispuesto en el artículo anterior, a los ingresos que perciban los Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal Mayoritaria que estuvieran sujetos a control presupuestario en los términos del Decreto de Presupuesto de Egresos
de la Federación, entre las que comprende a: Petróleos Mexicanos.
Comisión Federal de Electricidad.
Compañía de la Luz y Fuerza del Centro, S.A.
Ferrocarriles Nacionales de México.
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos.
Aeropuertos y Servicios Auxiliares.
Ferrocarril del Pacífico S. A de C. V:
Ferrocarriles Chihuahua al Pacífico S.A. de C.V.
Ferrocarriles Unidos del Sureste, S.A. de C.V.
Ferrocarriles Sonora Baja California, S.A. de C.V.
Aeronaves de México, S.A
Compañía Nacional de Subsistencias Populares.
Instituto Mexicano del Café.
Productos Forestales Mexicanos.
Forestal Vicente Guerrero.
Guanos y Fertillizantes de México, S.A.
Productos Pesqueros Mexicanos, S.A. de C.V.
Instituto Nacional para el Desarrollo de la Comunidad Rural y de la Vivienda Popular.
Instituto Mexicano del Seguro Social.
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Lotería Nacional para la Asistencia Pública.
Instituto Mexicano de Comercio Exterior.
Diesel Nacional, S.A.
Siderúrgica Nacional, S.A.
Constructora Nacional de Carros de Ferrocarriles, S.A.
Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas, S.A.
Productora e Importadora de Papel, S.A.
Artículo 12. Cuando los organismos y empresas propiedad del Gobierno Federal comprendidos en esta Ley incrementen sus ingresos como efecto de aumentos en la productividad o modificación en sus precios y tarifas, los recursos así obtenidos serán aplicados, prioritariamente a reducir el endeudamiento neto del organismo o empresa considerado en la propia Ley, o a los programas a que se refiere el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Artículo 13. El impuesto a la exportación, así como sus adiciones, se aplicarán invariablemente en los casos del algodón; café; camarón; y petróleo crudo y gas natural, y sus derivados, con base en su precio oficial. Igualmente serán aplicables en esa forma en los casos en que el Ejecutivo Federal lo determine mediante dispositivos de carácter general.
Artículo 14. El pago de la cuota establecida en el inciso 2 de la fracción IX del artículo 1o. de esta Ley, será aplicable a todas las fracciones de la Tarifa del Impuesto General de Importación, salvo las siguientes:
01.02.A.001 01.02.A.002 01.03.A.001
01.04.A.001 01.04.A.002 01.05.A.001
02.01.A.004 04.01.A.001 04.01.A.999
04.02.A.001 04.02.A.002 04.02.A.003
04.02.A.004 04.02.A.005 04.02.A.006
04.02.A.999 04.05.A.001 04.05.A.002
04.05.A.999 05.04.A.999 05.08.A.001
05.14.A.002 05.15.A.001 05.15.A.002
05.15.A.999 07.01.A.001 07.01.A.002
07.01.A.003 07.01.A.004 07.01.A.006
07.01.A.007 07.01.A.008 07.01.A.999
07.02.A.001 07.02.A.999 07.05.A.001
07.05.A.002 07.05.A.003 07.05.A.004
07.05.A.999 10.01.A.001 10.01.A.999
10.02.A.001 10.03.A.001 10.03.A.002
10.04.A.001 10.04.A.002 10.05.A.001
10.05.A.002 10.05.A.004 10.07.A.001
10.07.A.002 12.01.A.001 12.01.A.002
12.01.A.003 12.01.A.005 12.01.A.006
12.01.A.007 12.01.A.008 12.01.A.009
12.01.A.999 12.02.A.001 12.02.A.999
12.03.A.001 12.03.A.002 12.03.A.003
12.03.A.004 12.03.A.005 12.03.A.006
12.03.A.007 12.03.A.008 12.03.A.009
12.03.A.010 12.03.A.011 12.03.A.012
12.03.A.013 12.03.A.014 12.03.A.015
12.03.A.016 12.03.A.017 12.03.A.018
12.03.A.019 12.03.A.020 12.03.A.021
12.03.A.022 12.03.A.023 12.03.A.999
12.10.A.001 12.10.A.999 22.01.A.001
23.01.A.002 23.01.A.999 23.02.A.001
23.03.A.002 23.03.A.999 23.04.A.001
23.05.A.001 23.06.A.001 23.07.A.001
23.07.A.002 23.07.A.004 23.07.A.005
23.07.A.006 23.07.A.007 23.07.A.008
23.07.A.009 23.07.A.010 23.07.A.999
27.11.A.001 27.11.A.002 27.11.A.003
27.11.A.004 27.11.A.005 27.11.A.999
27.17.A.001 31.01.A.001 31.02.A.001
31.02.A.002 31.02.A.003 31.02.A.004
31.02.A.005 31.02.A.999 31.03.A.001
31.04.A.001 31.04.A.002 31.04.A.003
31.04.A.999 31.05.A.001 31.05.A.002
31.05.A.003 31.05.A.004 31.05.A.999
31.09.A.001 32.11.A.001 31.13.A.004
37.05.A.001 37.05.A.002 41.01.A.001
41.01.A.002 41.01.A.003 41.01.A.004
41.01.A.005 41.01.A.006 41.01.A.007
41.01.A.999 .................. 47.02.A.002
48.01.B.004 49.01.A.001 49.01.A.002
49.01.A.003 49.01.A.004 49.01.A.005
49.01.A.007 49.01.A.008 49.01.A.999
49.02.A.001 49.05.A.001 49.05.A.002
49.07.A.001 49.07.A.002 49.07.A.003
49.07.A.004 49.11.A.001 49.11.A.003
49.11.A.008 ................. 49.11.A.011
71.07.A.001 73.03.A.001 73.03.A.002
73.03.A.003 73.03.A.004 73.03.A.005
73.03.A.999 75.06.A.002 84.06.A.010
84.06.B.019 84.10.A.006 84.10.B.008
84.11.A.010 84.11.B.005 84.18.B.008
84.18.C.003 84.22.A.013 84.23.A.020
84.24.A.001 84.24.A.002 84.24.A.003
84.24.A.004 84.24.A.005 84.24.A.006
84.24.A.999 84.24.B.001 84.24.B.002
84.24.B.999 84.25.A.001 84.25.A.002
84.25.A.003 84.25.A.004 84.25.A.005
84.25.A.006 84.25.A.007 84.25.A.008
84.25.A.009 84.25.A.010 84.25.A.011
84.25.A.012 84.25.A.013 84.25.C.001
84.61.A.007 84.61.B.004 84.62.A.006
84.62.B.006 84.63.A.008 84.63.B.004
84.64.A.003 84.65.A.005 86.05.A.001
86.06.A.001 86.06.A.002 86.07.A.003
86.09.A.009 7.01.A.002 87.03.A.004
87.06.A.010 87.08.A.001 89.01.A.004
89.04.A.001 92.12.A.006 92.12.A.012
93.03.A.001 93.04.A.001 93.06.A.003
93.07.A.001 93.07.A.004 99.01.A.002
99.02.A.001 99.04.A.001 99.05.A.001
99.05.A.002 99.05.A.003 .................
................. ................. .................
................. .................
Asimismo, se exceptúan del pago de esta cuota las importaciones provenientes y originarias de países miembros de la ALALC, cuando se realicen por fracciones en las que se concede tratamiento preferencial en virtud del Tratado de Montevideo; las mercancías importadas temporalmente para incorporarse a bienes de producción nacional destinados a la exportación; aquella importación se haga por las empresas o centros comerciales establecidos en las zonas fronterizas, previo el otorgamiento de los subsidios señalados en los incisos A y B de la fracción XII del artículo 15 de esta ley y las que se importen para el consumo de las zonas libres que se rigen por el Código Aduanero de los Estados Unidos Mexicanos, salvo las gravadas conforme a lo dispuesto por el artículo 654 del mismo Código.
Esta exención comprenderá también el equipo y aditamento para evitar controlar o diminuir la contaminación ambiental, cuya importación disfrute del subsidio a que se refiere el inciso C) de la fracción XII del citado artículo 15 de esta ley.
Artículo 15. Sólo se otorgarán subsidios con cargo a impuestos federales, incluyendo los de importación, de acuerdo a las disposiciones de los artículos 31 y 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley Orgánica del artículo 28 Constitucional en Materia de Monopolios y de las Leyes Fiscales relativas. En ningún caso se concederán subsidios para el pago de impuestos sobre loterías, rifas, sorteos y juegos permitidos, causados por la obtención de premios. Si las leyes impositivas establecen afectaciones destinadas a constituir el patrimonio de organismos descentralizados, participaciones a entidades federativas o a fines específicos, los subsidios comprenderán únicamente el rendimiento para la Federación.
Ningún subsidio se concederá o hará efectivo en proporción que exceda del 50% de las cuotas de tarifas o de las tasas consignadas en los respectivos ordenamientos. En situaciones excepcionales, a juicio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el subsidio podrá llegar hasta el 75%.
Se exceptúan de los dispuesto en el párrafo anterior los siguientes subsidios:
I. - Los que se otorguen con cargo a los impuestos sobre aguamiel y productos de su fermentación, a los ejidatarios de insolvencia manifiesta, cuya producción individual no exceda de 75 litros semanarios; sobre operaciones de compraventa de primera mano de ixtle de lechuguilla y palma y la importación de papel para periódico. En estos casos se estará a la proporción que determinen las disposiciones que regulen dichos gravámenes.
II. - Los que se otorguen con cargo a los impuestos a la producción, a la compraventa de primera mano o sobre ingresos mercantiles, a los industriales productores de artículos manufacturados que exporten directamente, una vez satisfechas las necesidades del mercado nacional, o transporten productos para su consumo a las zonas fronterizas.
III. - Los que se conceden a las empresas mineras estatales o a las empresas de servicio público de participación estatal.
IV. - Los que se conceden para formato a empresas mineras que industrialicen parte de su producción en el país, para propiciar nuevas exportaciones o para incrementar sus reservas. Su otorgamiento se regirá por las reglas que conjuntamente establezcan las Secretarías de Hacienda y Crédito público, Patrimonio y Fomento Industrial y Comercio, respecto a trámite, resolución y requisitos de estructura de capital y contribución al equilibrio de la balanza de pagos.
V. - Los que conceden a empresas mineras que de acuerdo con lo que establece la Ley de Impuestos y Fomento a la Minería, industrialicen sus productos en territorio nacional. Su otorgamiento se regirá por las reglas que conjuntamente establezcan las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, Patrimonio y Fomento Industrial y Comercio, respecto a trámite resolución y requisitos de estructura de capital y contribución al equilibrio de la balanza de pagos.
VI. - Los que se otorguen con cargo al impuesto sobre uso y aprovechamiento de aguas federales, a empresas públicas que generen fuerza motriz destinada al servicio público.
VII. - Los que se concedan con cargo a los impuestos sobre alcohol y compraventa de cacao.
VIII. - Los que se concedan con cargos a los impuestos que gravan la exportación del café.
IX. - Los que se otorguen con cargo al Impuesto sobre la Renta, a los causantes dedicados exclusivamente a la edición de libros, de acuerdo con las reglas que fije la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la reinversión de las utilidades correspondientes al ejercicio de 1977, en la promoción de la industria editorial dentro del territorio nacional, así como los que se otorguen en los términos del Decreto que creó el Comité para el Desarrollo de la Industria y Comercio del Libro.
X. - Los que se concedan respecto de los impuestos de importación, que causen los siguientes efectos:
A. Los artículos de consumo que se importen a las zonas fronterizas del país, por las empresas o centros comerciales establecidos en ellas.
B. El equipo y maquinaria que se importen a la franja fronteriza norte y en las zonas y perímetros libres del país, por las empresas o centros comerciales establecidos en ellas para instalarlos en dichas empresas o centros comerciales.
C. - El equipo y aditamento para evitar controlar y disminuir la contaminación ambiental, que se importen directamente por los industriales nacionales para instalarlos en sus fábricas.
D. - Maquinaria y equipo destinado a la producción de manufacturas para la exportación o para la elaboración de bienes de capital.
E. Materias primas para el desarrollo industrial del país.
XI. - Los que se concedan a las empresas declaradas de utilidad nacional conforme a los Decretos de 23 de noviembre de 1971 y 12 de marzo de 1974.
XII. - Los que se otorguen respecto del impuesto del Timbre y Sobre la Renta, con motivo de operaciones, en las que intervenga el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores.
XIII. - Los que se otorguen respecto del impuesto sobre venta de gasolina.
XIV. - Los que se otorguen a las exportaciones de artículos primarios y productos manufacturados.
Se aprueban los subsidios otorgados en relación con los siguientes impuestos: sobre aguamiel y productos de su fermentación, despepite de algodón, azúcar, aguas envasadas, exportación de algodón, café y artículos primarios y productos manufacturados, timbre, herencias y legados, loterías y rifas, ixtle de lechuguilla y palma, minería, renta, tabacos labrados, venta de gasolina, general de importación respecto del papel periódico, de maquinaria de empresas siderúrgicas, de equipos de perforación para Petróleos Mexicanos e impuestos a las mercancías nacionales que para su consumo se hayan transportado a las zonas fronterizas, maquinaria y equipo destinado a la producción de manufacturas para la exportación o para la elaboración de bienes de capital y materias primas para el desarrollo industrial del país en el porciento que se hayan otorgado o pagado, en su caso, con anterioridad a la vigencia de esta Ley.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público expedirá las disposiciones necesarias para el cumplimiento de lo establecido anteriormente y en el artículo 17 de esta Ley.
Artículo 16. El otorgamiento de los estímulos fiscales a que la Ley de Impuestos y Fomento a la Minería, se regirá por sus disposiciones y por las que expida el Ejecutivo Federal; dichos estímulos podrán ser aplicados en su totalidad en el momento de causarse los impuestos de producción, a partir de la fecha en que se aprueben para cada caso en particular.
Artículo 17. Se faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para conceder a las empresas de la industria automotriz terminal. que considere como fabrica de automóviles hasta de 10 pasajeros o de camiones de carga hasta 12 toneladas de capacidad, subsidios por el 100% del Impuesto General de Importación que causen los materiales de ensamble complementarios para fabricación de vehículos y la maquinaria y equipo no producidos en el país. Asimismo, se faculta a dicha Secretaría de Hacienda, para conceder subsidios hasta por el importe de la participación neta federal del impuesto sobre automóviles y camiones ensamblados en el país.
Las empresas de la industria automotriz deberán maquinar los motores y ensamblar los automóviles y camiones que fabriquen; operarán con un 60% de incorporación nacional, como mínimo, y no fabricarán las partes o componentes automotrices para el mercado interno susceptibles de producirse por la industria de autopartes, ni podrán efectuar labores propias de la industria carrocera nacional.
Las empresas fabricantes de autopartes podrán obtener, por resolución de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, devoluciones hasta por la totalidad de los impuestos indirectos causados por el producto automotriz exportado, atendiendo al incremento del valor de sus exportaciones conforme a las disposiciones aplicables, de cuyas devoluciones podrán también ser beneficiarios los fabricantes finales cuando realicen tales exportaciones. También podrá conceder reducciones del impuesto general de importación sobre maquinaria, equipo, materias primas o auxiliares, partes y piezas no producidas en el país a los fabricantes de autopartes que elaboren productos nuevos que vengan a sustituir importaciones.
Las empresas fabricantes de autopartes sólo serán beneficiarios de estos estímulos si el 60% de su capital, como mínimo, es propiedad de mexicanos y está representado por acciones nominativas; además, su grado de integración nacional, en relación con el costo directo de producción, en ningún caso será menor de 60%.
Artículo 18. Se aprueban las devoluciones de impuestos que se hayan concedido con anterioridad a la vigencia de la presente a los exportadores de manufacturas nacionales, por los montos autorizados en los términos de las disposiciones de carácter general respectivas. En los mismos términos se aprueban las otorgadas a los exportadores mexicanos de tecnología y servicios, a las empresas de comercio exterior, a las empresas navieras mexicanas, a las que promueven la exportación de tecnología y servicios mexicanos y a los fabricantes de productos manufacturados por sus ventas a la zona norte y a las zonas y perímetros libres del país.
Artículo 19. El producto de la cuota de 2% establecido en el inciso 2 de la fracción IX del artículo 1o. de esta Ley, se destinará a incrementar, en los términos del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación, los fideicomisos constituidos por ella en el Banco de México, S.A., para el fomento de las exportaciones de productos manufacturados y para el equipamiento industrial, así como para la realización de otras operaciones análogas que señale la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los contratos de fideicomiso respectivos.
Artículo 20. Los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, participarán por los conceptos especificados en este artículo, en las proporciones siguientes:
I. 25% sobre los productos que la Federación obtenga por concepto de venta o arrendamiento de terrenos nacionales, ubicados dentro de dichas entidades.
II. 50% sobre los productos que la Federación obtenga por concepto de exportación de los terrenos o bosques nacionales, ubicados dentro de sus respectivas circunscripciones.
De la participación a que se refieren las dos fracciones anteriores, corresponderá a los Municipios el 50%.
Para efectos de las dos fracciones que anteceden se consideran terrenos nacionales a los que con este nombre señale la Ley de Terrenos Baldíos, Nacionales y Demasías.
III. 50% sobre la rendimiento que la Federación obtenga por concepto de impuestos o derechos la exportación de caza, que se realice dentro de dichas entidades.
De estas participaciones corresponde a los Municipios el 15% que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público les cubrirá directamente de acuerdo con la distribución que señale al efecto la legislatura local respectiva. Entre tanto las legislaturas locales decretan esta distribución, se hará en proporción al número de habitantes que el último censo figure en cada municipio.
Igual procedimiento se seguirá en los demás casos en que las leyes concedan participaciones por concepto de consumo a los municipios.
Si la legislación tributaria de alguna entidad federativa establece gravámenes locales o municipales, cualquiera que sea su denominación que sean contrarios a preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o si se ocurre para el cobro de prestaciones fiscales o prácticas prohibidas por la propia Constitución, la Secretaría de Programación y Presupuesto suspenderá de inmediato a la entidad de que se trate, la ministración de toda clase de subsidios acordados por el Gobierno Federal.
Para este efecto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público quedará obligada a dictar las medidas conducentes tan pronto como compruebe las violaciones constitucionales a que se refiere el párrafo anterior.
El Banco de México, S.A., por cuyo conducto se recauda el Impuesto sobre Llantas y Cámaras de Hule informará a las entidades federativas, al cubrirles las participaciones que les corresponden en este impuesto, acerca de la cantidad deducida de esa participación, destinada a caminos vecinales, que ha de concentrarse a la Tesorería de la Federación.
Las cantidades correspondientes al patrimonio indígena del Valle del Mezquital y al Patronato del Maguey, de acuerdo con la Ley del Impuesto sobre Aguamiel y Productos de su Fermentación se cubrirá por la Tesorería de la Federación con cargo a la partida respectiva del Presupuesto de Egresos de la Federación , con base en las liquidaciones que para el efecto formule la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Artículo 21. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público no inscribirá en el registro a que se refiere el Decreto de 20 de junio de 1935. los compromisos que las entidades federativas o los municipios pretendan contraer para fincar la construcción de obras públicas, cuando los mismos en sus ordenamientos locales tengan establecidos gravámenes tributarios, sea cual fuere el aspecto que se les dé, con violación de los artículos 73, fracción XXIX, 117 fracción V y 131 de la Constitución General de la República, sobre las fuentes de imposición privativas de la Federación, mencionadas en esta Ley en su artículo 1o., fracciones II, III, incisos, 1, 8, 11 , 12, 13, 14, 15, 17 subincisos A, B Y D, 18, 20, 21, 22, 23 y 25, VI, VII, IX y X.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público comunicará a la Secretaría de Programación y Presupuesto, cuando exista violación a este precepto, para los efectos legales correspondientes.
Artículo 22. Los subsidios con cargo a impuestos federales; los estímulos fiscales; las devoluciones de impuestos; y las participaciones que sobre impuestos y productos federales corresponden a los Estados, Distrito Federal y Municipios, que otorgue la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los términos de los artículos 15 a 21 de esta Ley, los comunicará la Secretaría de Programación y Presupuesto, a fin de que ésta realice la afectación presupuestal correspondiente.
TRANSITORIOS
Artículo primero. Esta Ley entrará en vigor en toda la República el 1o. de enero de 1978.
Artículo segundo. Se aprueban las modificaciones a las Tarifas de Impuestos a la Exportación y a la Importación efectuadas por el Ejecutivo durante el año de 1977, a las que se refiere el informe que en cumplimiento de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131 Constitucional y su Ley Reglamentaria, ha rendido el propio Ejecutivo al H. Congreso de la Unión.
Ruego a ustedes CC. Secretarios se sirvan dar cuenta de esta Iniciativa a la H. Cámara de Diputados para los efectos constitucionales correspondientes.
México, D.F., a 14 de diciembre de 1977. - El presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. - José López Portillo."
El C. Presidente: Acúsese recibido al ejecutivo de la Unión de la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación con la que se acaba de dar lectura.
-Trámite: Túrnese a las Comisiones Unidas de Presupuestos y Cuenta; de Hacienda, Crédito Público y Seguros en turno e imprímase.
- La C. secretaria Mirna Esther Hoyos de Navarrete.
"LEY DE INGRESOS DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL PARA 1978
CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Presentes.
Se informa a esa honorable representación nacional que en el marco de los conceptos que contiene esta iniciativa, se lleva a cabo un intenso esfuerzo tendiente a procurar que los recursos del fisco local atiendan las crecientes necesidades sociales y de infraestructura que requiere una población en aumento constante como la del Distrito Federal.
Los ingresos ordinarios para el año de 1978, se estiman ascenderán a $20,400.000,000.00, lo que significa $3,400.000,000.00 adicionales sobre la recaudación de 1977 la cual llegará probablemente a $17,000.000,000.00, misma que será superior en un 36.1% a la registrada durante 1976.
El mencionado incremento ha sido determinado, principalmente, por una profunda Reforma Operativa consistente en la descentralización de la función recaudadora en 1,000 lugares distintos de cobro; las facilidades otorgadas al causante para el pago de sus obligaciones fiscales; el mejoramiento de los sistemas de apremio y ejecución en materia de rezagos que han permitido atacar el problema de la morosidad, omisión y evasión fiscal conforme a la iniciativa por el Ejecutivo Federal. En la Tesorería del Distrito Federal han tenido relevante significación los programas que han permitido facilitar el trámite administrativo para el contribuyente, con el consecuente ahorro de tiempo para el mismo; distribuir equitativamente las cargas de trabajo y elevar la productividad y eficacia de la administración pública, todo ello en beneficio de un incremento en la recaudación fiscal.
La preocupación fundamental de la actual administración para cumplir con las finalidades expuestas radica en simplificar el sistema tributario haciéndolo fácilmente adaptable a las exigencias sociales, y que la legislación tenga la debida flexibilidad y simplicidad requerida por el causante y la autoridad fiscal.
Las reformas fiscales previstas en la Ley de Ingresos del Departamento del Distrito Federal para el ejercicio fiscal de 1978, son las siguientes: se adiciona el impuesto sobre honorarios por actividades profesionales, se reubica el impuesto sobre fraccionamientos, subdivisiones, relotificaciones y conjuntos habitacionales que contempla como aportación la Ley de Desarrollo del Distrito Federal y se sustituye el impuesto de panificación por el de Desarrollo Urbano, el cual conserva su estructura vigente.
Se crean los Derechos por la venta de Boletos en el Servicio Público de Boletaje Electrónico, por la Autorización de Ampliación de Horario a Giros Reglamentados, por Servicio en el Archivo General de Notarías, y por Regularización de Precios.
Como consecuencia del proceso económico que atraviesa el país, se hizo indispensable modificar algunas tarifas con el fin de actualizarlas, ya que, en algunos casos rigen desde 1960.
Para facilitar el examen de esta Iniciativa, a su muy digna consideración, se presentan los siguientes cuadros:
I. Ingresos Ordinarios en el año de 1976, comparándolos con los que se esperan obtener en 1977, y con los que se estiman para 1978, con el desglose de cada uno de los renglones de los conceptos de Impuestos, Derechos, Productos, Aprovechamientos y Participaciones en Impuestos Federales.
II. Ingresos Extraordinarios que se estima obtendrá el Departamento del Distrito Federal para 1978 por concepto de Crédito, aportaciones del Gobierno Federal para conservación de escuelas y para servicios públicos de la Unidad Nonoalco Tlatelolco.
III. Ingresos Ordinarios que se estima obtendrán en 1978 el Sistema de Transporte Colectivo, Servicios de Transportes Eléctricos del Distrito Federal, e Industrial de Abastos, Organismos Descentralizados del Departamento del Distrito Federal.
IV. Ingresos Extraordinarios que se estima obtendrán para 1978 los organismos descentralizados a que se refiere el punto anterior.
V. Estado consolidado de los Ingresos Ordinarios y Extraordinarios del Departamento del Distrito Federal y Organismos Descentralizados para el año de 1978, cuyo monto total coincide con el importe del presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal para ese año.
Por lo expuesto y en ejercicio de la facultad que me concede la fracción I del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del honorable Congreso de la Unión, por el digno conducto de ustedes, la siguiente iniciativa de
LEY DE INGRESOS DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 1978
Artículo 1o. Los Ingresos del Departamento del Distrito Federal en ejercicio fiscal de 1978, serán los que se obtengan por los siguientes conceptos:
I. Impuestos
a) Predial.
b) Sobre traslación de dominio y otras operaciones con bienes inmuebles.
c) Sobre productos de capitales.
d) Para obras de desarrollo urbano.
e) Mercados.
f) Sobre loterías, rifas, sorteos, concursos y obtención de premios, recompensas y ganancias en apuestas permitidas.
g) Sobre explotación de diversiones, espectáculos, juegos y aparatos mecánicos.
h) Sobre la venta en el Distrito Federal de boletos y tarjetas de derecho de apartado para diversiones y espectáculos públicos foráneos.
i) Sobre la venta de gasolina destinada al consumo en el Distrito Federal y sobre vehículos que no consumen gasolina.
j) Sobre matanza de ganado y otros animales.
k) Sobre enajenación de alcohol o aguardiente.
l) Sobre honorarios por actividades profesionales.
m) Sobre fraccionamientos, subdivisiones, relotificaciones y conjuntos habitacionales.
n) Por uso de agua de pozos artesianos.
o) Adicional del 15%.
p) Sobre herencias y legados, cuando la muerte del autor de la sucesión haya ocurrido antes del 1o. de enero 1962.
q) Sobre donaciones hechas antes del 1o. de enero de 1964.
II. Derechos
a) Por servicio de agua potable.
b) De cooperación para obras públicas.
c) Por instalación o reconstrucción de tomas de agua.
d) Por instalación o reconstrucción de albañales.
e) Por limpia de desazolve de albañales, fosas sépticas particulares y tanques de sedimentación.
f) Por desagüe de sótanos de predios particulares inundados por causas no imputables al servicio público de aguas y saneamiento.
g) Por servicios de verificación e inspección de carnes frescas y de control de carnes preparadas.
h) Por licencias, registros, placas, constancias, inspección, verificación y supervisión.
i) Por empadronamientos o registros.
j) Por inscripción, anotación, cancelación, expedición y demás servicios que preste el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.
k) el Registro Civil.
l) De legalización de firmas, certificaciones, certificados, constancias, informes y expedición de copias de documentos.
m) Por servicios en panteones.
n) Por servicios de la Dirección General de Policía y Tránsito.
ñ) Por servicios de alineamiento de predios y de números oficiales.
o) Por copiado de planos, avalúos y servicios catastrales.
p) Por revisión y verificación.
q) Por la supervisión de obras.
r) Por servicios en el Archivo General de Notarías.
s) Por venta de boletos en el Servicios Público de Boletaje Electrónico.
t) Por autorización de ampliación de horarios a giros reglamentados.
u) Por construcción de cercas.
v) Por inscripción en el régimen de empresas y expertos en el ramo de la
construcción.
w) Por autorización de libros, documentos y otros similares.
x) Por servicios generales en los rastros.
y) Por placas y botones.
z) Por regularización de predios.
III. Productos
a) Renta, explotación o enajenación de bienes inmuebles, propiedad del Departamento del Distrito Federal.
b) Ocupación y aprovechamiento de la vía pública o de otros bienes de uso común, propiedad del Departamento del Distrito Federal.
c) Del arrendamiento, explotación o enajenación de bienes muebles, propiedad del Departamento del Distrito Federal.
d) De publicaciones del Departamento del Distrito Federal.
e) De almacenaje de bienes en bodegas o locales del Departamento del Distrito Federal.
f) De capitales y valores, propiedad del Departamento del Distrito Federal.
g) De establecimientos y empresas que dependen del Departamento del Distrito Federal.
IV. Aprovechamientos
a) Recargos.
b) Donativos e indemnizaciones.
c) Rezagos.
d) Multas.
e) Gastos de ejecución.
f) Concesiones y contratos.
g) Reintegros y cancelación de contratos.
h) Subsidios.
i) Multas impuestas por autoridades judiciales y reparación del daño renunciada por los ofendidos.
j) Donaciones en especie a cargo de propietarios de fraccionamientos de terrenos.
k) Aportaciones de la Federación para gasolina de administración de los siguientes impuestos federales:
1. Sobre Ingresos Mercantiles.
2. Sobre la Renta
3. Sobre producción de aguardiente y envasamiento de bebidas alcohólicas, alcohol, cabezas y colas en envases menores.
4. Sobre tenencia o uso de automóviles.
5. Otros Impuestos Federales.
l) Otros no especificados.
V. Participaciones en impuestos federales
1) Aceites, grasas y lubricantes.
2) Aguamiel y productos de su fermentación.
a) Producción.
b) Consumo.
3) Aguas envasadas.
4) Benzol, Toluol, Xilol y Naftas de Alquitrán de Hulla.
5) Caza. pesca, buceo y similares.
6) Cemento.
7) Cerillos y fósforos.
8) Cerveza.
a) Producción.
b) Consumo.
9) Compraventa de primera mano de alfombras, tapetes y tapices.
10 Compraventa de primera mano de artículos de vidrio o cristal.
11) Compraventa de primera mano de artículos electrónicos, discos, cintas, aspiradoras y pulidoras.
12) Energía eléctrica.
13) Envasamiento de bebidas alcohólicas.
14) Explotación forestal.
15) Gasolina.
a) Consumo.
b) Venta.
16) Ingresos procedentes de la venta de automóviles ensamblados en el país.
17. Llantas y cámaras de hule.
18) Minería.
19) Sobre Ingresos Mercantiles.
20) Sobre la Renta al Ingreso Global de las Empresas, Causantes Menores.
21) Sobre producción de aguardiente y envasamiento o venta de primera mano en envases menores de alcohol potable, desnaturalizado, cabezas y colas.
22) Tabacos.
23) Tenencias o uso de automóviles.
24) Otros que autorizan las Leyes Federales.
VI. Extraordinarios
a) Del Departamento del Distrito Federal.
1. Fiscales.
2. Financieros.
A) Empréstitos.
B) Emisiones de bonos y obligaciones.
b) De organismos descentralizados del Departamento del Distrito Federal.
c) Aportaciones del Gobierno Federal.
1. Para conservación de escuelas.
2. Para servicios públicos de la Unidad Nonoalco Tlatelolco.
VII. Otros ingresos
Del Departamento del Distrito Federal y de los organismos descentralizados y empresas del Departamento del Distrito Federal.
Artículo 2o. Los ingresos autorizados por esta Ley se causarán, liquidarán y recaudarán de acuerdo con lo establecido en el Código de Hacendario del Departamento del Distrito Federal y con las disposiciones de las demás leyes, reglamentos y circulares aplicables.
Artículo 3o. Se autoriza al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con la participación del Departamento del Distrito Federal, para contratar y ejercer créditos, empréstitos y otras formas del ejercicio del crédito público que no rebasen los montos netos de 2,000 millones de pesos por endeudamiento interno y de 1,000 millones de pesos por endeudamiento externo para el financiamiento del Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal para 1978, en los términos y condiciones que ordena la Ley General de Deuda Pública.
TRANSITORIO
Artículo único. Esta ley entrará en vigor el primero de enero de mil novecientos setenta y ocho.
México, D.F., a 14 de diciembre de 1977. Sufragio Efectivo. No Reelección.
El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, José López Portillo."
ANEXOS
ANEXO I
DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL
TESORERÍA DEL DISTRITO FEDERAL
INGRESOS ORDINARIOS
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ANEXO II
INGRESOS EXTRAORDINARIOS QUE SE ESTIMA OBTENDRÁ EL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL EN 1978
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ANEXO III
ESTIMACIÓN PARA 1978 DE LOS INGRESOS ORDINARIOS DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL
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ANEXO IV
ESTIMACIÓN PARA 178 DE LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL
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