Legislatura L - Año III - Período Ordinario - Fecha 19780927 - Número de Diario 15
(L50A3P1oN015F19780927.xml)Núm. Diario:15ENCABEZADO
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
"L" LEGISLATURA
Registrado como artículo de 2a. clase en la Administración Local de Correos, al 21 de septiembre de 1921
AÑO III México, D.F., Miércoles 27 de Septiembre de 1978 TOMO III.- NÚM. 15
SUMARIO
Apertura
Orden del Día
Acta de la Sesión Anterior. Se aprueba
Invitaciones
Al Primer Informe de la gestión administrativa del C. Gobernador del Estado de Baja California, el día 1o. de octubre. Se designa Comisión
Al 213 aniversario del natalicio del Generalísimo José María Morelos y Pavón, el día 30 de los corrientes, en esta ciudad capital. Se designa Comisión
A los actos que tendrán lugar los días 29 y 30 del actual, en el Estado de Morelos para conmemorar el 213 aniversario del natalicio del Generalísimo José María Morelos y Pavón. Se designa Comisión
Al mismo aniversario de José María Morelos y Pavón que tendrá lugar en Ecatepec Morelos, Estado de México, el día 30 del mes en curso. Se designa Comisión
INICIATIVA DEL EJECUTIVO
Ley de Recompensas de la Armada de México
El C. Presidente de la República envía la Iniciativa mencionada. Se turna a Comisiones e imprímase
DICTAMEN A DISCUSIÓN
Adición al Artículo 123 Constitucional
Proyecto de Decreto que adiciona un párrafo inicial al Artículo mencionado. Segunda lectura
A discusión en lo general y en lo particular el Artículo Único. Hacen uso de la palabra en pro los CC. Ezequiel Rodríguez Otal, Juan Torres Ciprés, Enrique Ramírez y Ramírez y Juan José Osorio Palacios. Se aprueba. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales
Orden del Día
Se da lectura al Orden del Día de la siguiente sesión. Se levanta la sesión
DEBATE
PRESIDENCIA DEL C. RODOLFO GONZÁLEZ GUEVARA
(Asistencia de 165 ciudadanos diputados.)
APERTURA
- EL C. Presidente: (a las 11:25 horas):
Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
- El C. prosecretario Héctor González Lárraga:
"Tercer Período Ordinario de Sesiones.
('L' Legislatura.)
Orden del Día
27 de septiembre de 1978.
Lectura del acta de la sesión anterior.
El Congreso del Estado de Baja California, invita a la Sesión Solemne en la que el C. Roberto de la Madrid Romandía, Gobernador Constitucional del Estado, rendirá su 1er. Informe Administrativo, que tendrá lugar el próximo día 1o. de octubre.
El Departamento del Distrito Federal invita a la ceremonia que para conmemorar el 213 aniversario del Natalicio del Generalísimo José Ma. Morelos y Pavón, tendrá lugar el 30 de los corrientes.
El Gobierno del Estado de Morelos invita a las ceremonias que para conmemorar el 213 aniversario del Natalicio del Generalísimo Don José María Morelos y Pavón tendrán lugar los días días 29 y 30 de los corrientes.
El H. Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, Estado de México invita a la ceremonia que para conmemorar el 213 aniversario del Natalicio del Generalísimo Don José María Morelos y Pavón, tendrá lugar el próximo 30 del presente.
Iniciativa del Ejecutivo
De Decreto que adiciona la Ley de Recompensas de la Armada de México, presentada por el C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado José López Portillo."
Dictamen a Discusión
De las Comisiones unidas Primera de Puntos Constitucionales, Tercera de Trabajo y de Estudios Legislativos con proyecto de Decreto que adiciona un párrafo inicial al Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
- El mismo C. Prosecretario:
"Acta de la Sesión de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Legislatura del H. Congreso de la Unión, efectuada el día ventiléis de septiembre de mil novecientos setenta y ocho.
Presidencia del C. Rodolfo González Guevara
En la ciudad de México, a las once horas y veinte minutos del martes veintiséis de septiembre de mil novecientos setenta y ocho, con asistencia de ciento setenta ciudadanos diputados la Presidencia declara abierta la sesión.
Lectura del Orden del Día y del Acta de la sesión anterior verificada el día veintiuno del actual, misma que sin discusión se aprueba.
Se da cuenta con los documentos en cartera:
El Departamento del Distrito Federal, suscribe atenta invitación al acto cívico que tendrá lugar el día 27 de los corrientes, ante la estatua del Benemérito General Vicente Guerrero, ubicada en el Jardín de San Fernando de esta capital, con motivo del 157 aniversario de la Consumación de la Independencia.
La Presidencia designa en Comisión para que, en representación de la Cámara de Diputados concurran a dicho acto, a los CC. Héctor Hernández Casanova y Alfonso Argudín Laria.
Los CC. Luis Priego Ortiz, Roberto Madrazo Pintado y Francisco Rabelo Cupido, integrantes de la Diputación Federal por el Estado de Tabasco, asignan una Iniciativa que contiene la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda. A las Comisiones unidas Primera de Puntos Constitucionales; Segunda de Hacienda, Crédito Público y Seguros, y de Estudios Legislativos e imprímase.
Oficio de la Dirección General de Gobierno de la Secretaría de Gobernación al que se acompaña otro de la Secretaría de Relaciones Exteriores, por el que se da a conocer que la Delegación Parlamentaria Mexicana integrada por los CC. senador Jesús Cabrera Muñoz Ledo, diputado Víctor Manzanilla Schaffer, diputado Enrique Alvarez del Castillo y senador Ignacio Castillo Mena, participaron en la sesión plenaria de la 65 Conferencia Interparlamentaria Mundial, llevada a cabo los días 6, 7 y 8 del mes de septiembre del año en curso, De enterado.
Dictamen con proyecto de Decreto presentado por las Comisiones unidas Primera de Puntos Constitucionales; Tercera de Trabajo, y de Estudios Legislativos, que adiciona un párrafo inicial al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Primera Lectura.
Las Comisiones Unidas Primera de Desarrollo de la Seguridad Social y Salud Pública, Sección Estupefacientes, y de Estudios Legislativos, Sección Penal, suscriben un dictamen con proyecto de Decreto que reforma los Artículos 85, 194, 195, 196, 197 y 198 del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia Federal.
A proposición de la Presidencia y en virtud de que el dictamen en cuestión ha sido ya impreso y distribuido entre los ciudadanos diputados, la Asamblea en votación económica, dispensa el trámite de segunda lectura.
A discusión en lo general el proyecto de Decreto.
A petición de la Presidencia, la Asamblea, de conformidad con el Artículo 122 del Reglamento, aprueba que hagan uso de la palabra, en pro los cuatro oradores previamente inscritos.
A continuación, para hacer consideraciones sobre la importancia que entraña este asunto y en apoyo del dictamen, hacen uso de la palabra los CC. Mirna Esther Hoyos de Navarrete, Ildefonso Reyes Soto, Jorge Garabito Martínez y Augusto César Tapia Quijada.
Suficientemente discutido en lo general, en votación nominal se aprueba por unanimidad de ciento setenta y dos votos.
A discusión en lo particular.
A moción de los diputados Jorge Garabito Martínez y Antonio Riva Palacio López y por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría de lectura al Artículo 120 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General.
De acuerdo con este precepto se somete a discusión el Artículo Único del Dictamen, que consta de varias proposiciones.
A debate la primera proposición, que contiene el artículo 85 del Código Penal. Intervienen, en contra, el C. Manuel Hernández Alvarado; por las Comisiones el C. Ricardo Eguía Valderrama. El C. Augusto César Tapia Quijada, inscrito para hablar en pro, declina hacerlo.
Suficientemente discutida la primera proposición, en votación nominal se aprueba el artículo 85, en sus términos, por ciento setenta y siete votos en pro y tres en contra.
A discusión la segunda proposición, que contiene el primer párrafo del artículo 194 del Código Penal. Hacen uso de la palabra, para proponer una redacción el C. Jorge Garabito Martínez; por las Comisiones los C. Jesús González Balandrano y Miguel Montes
García; en pro el C. Augusto César Tapia Quijada; los dos últimos para proponer que regrese a las Comisiones Dictaminadoras exclusivamente el párrafo a debate, para nuevo estudio.
Por su parte el C. Jorge Garabito Martínez acepta la proposición de las Comisiones.
Por disposición de la Presidencia la Secretaría da lectura, en primer término, al artículo 125 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, y en seguida, al nuevo texto propuesto por el C. Garabito Martínez para el primer párrafo del artículo 194. Consultada por la Secretaría, la Asamblea, en votación económica, admite a discusión la proposición del C. Garabito Martínez.
A sugerencia de la Presidencia, la Asamblea, en votación económica, aprueba que se suspenda la discusión del resto del Dictamen, a partir del primer párrafo del artículo 194, para nuevo estudio, en virtud de que fue aprobado el Dictamen en lo general así como el artículo 85, contenido en la primera proposición del propio Dictamen.
Se continúa con los asuntos en cartera.
Dictamen con proyecto de Decreto signado por las Comisiones Unidas Primera de Desarrollo de la Seguridad Social y Salud Pública, y de Estudios Legislativos, Sección Penal, que adiciona el párrafo segundo del artículo 541 del Código de Procedimientos Penales.
Tomando en consideración que el Dictamen ha sido ya impreso y distribuido a todos los ciudadanos diputados, a petición de la Presidencia, la Asamblea dispensa el trámite de segunda lectura a este asunto.
A discusión en lo general y en lo particular el Artículo Único de que consta el proyecto de Decreto. Sin que motive debate, en votación nominal se aprueba en lo general y en lo particular por unanimidad de ciento y setenta y un votos, Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
Las Comisiones Unidas Primera de Hacienda, Crédito Público y Seguros; Segunda de Trabajos, y de Estudios Legislativos, Sección Obrero, presentan un dictamen con sendo proyecto de Decreto, en virtud del cual se reforma el artículo 42 bis de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado.
Por las mismas razones expresadas en relación al Dictamen anterior que acaba de aprobarse, la Asamblea dispensa la segunda lectura a este dictamen.
A discusión en lo general y en lo particular el artículo Único de que consta el proyecto de Decreto. No habiendo quien haga uso de la palabra en votación nominal se aprueba en lo general y en lo particular por unanimidad de ciento setenta y un votos. Pasa al senado para sus efectos constitucionales.
Agotados los asuntos en cartera se da lectura al Orden del Día de la sesión próxima.
A las dieciséis horas y cinco minutos se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el día de mañana, miércoles veintisiete, a las once horas."
Esta a discusión al Acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba... Aprobada.
INVITACIONES
- El mismo C. Secretario:
"C. Presidente de la H. Cámara de Diputados. -México, D.F.
El H. Congreso del Estado de Baja California invita a usted a la Sesión Solemne en la que el ciudadano Roberto de la Madrid Romandía, Gobernador Constitucional del Estado de Baja California presentará su Primer Informe de Gobierno, el día primero de octubre de mil novecientos setenta y ocho a las diez horas, en el teatro del Estado que ha sido declarado recinto oficial de la Cámara de Diputados.
Mexicali, Baja California."
El C. Presidente: Para asistir a este acto en representación de la H. Cámara de Diputados, la Presidencia designa a los siguientes ciudadanos diputados: Alfonso Ballesteros Pelayo, Ricardo Eguía Valderrama, Alfonso Garzón Santibáñez y José Mendoza Padilla.
- El C. prosecretario Héctor González Lárraga:
"Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Poder Ejecutivo Federal.- México D.F.- Departamento del Distrito Federal.
México, D. F., a 12 de septiembre de 1978.
C. diputado licenciado Rodolfo González Guevara, Presidente de la H. Cámara de Diputados.- Donceles y Allende.- Presente.
Con motivo de conmemorarse el CCXIII Aniversario del Natalicio del Generalísimo José María Morelos y Pavón, el Departamento del Distrito Federal por conducto de esta Dirección General, hace a usted una cordial y atenta invitación al acto cívico que tendrá lugar a las 10:30 horas, del próximo sábado 30 del actual frente a la estatua erigida a su memoria en la plaza de la Ciudadela de esta capital.
Al propio tiempo, me permito rogarle tenga a bien dictar sus respetables instrucciones con objeto de que una comisión asista al acto de referencia y efectúe el depósito de una ofrenda floral, con la representación de esa H. Cámara de Diputados que usted preside.
Reitero a usted, con mi reconocimiento, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El subdirector de Acción Cívica, licenciado Jorge Escobosa."
El C. Presidente: Con el objeto de que esta H. Cámara de Diputados esté representada en dicho acto, la Presidencia designa en comisión a los siguientes ciudadanos diputados: Jorge Mendicutti Negrete y Alfonso Rodríguez Rivera.
- El C. prosecretario Héctor González Lárraga:
"Escudo Nacional.- Poder Ejecutivo.
Cuernavaca, Mor., 10 de septiembre de 1978.
C. licenciado diputado Rodolfo González Guevara, Presidente de la H. Cámara de Diputados.- México, D.F.
Mes es grato hacer de su conocimiento que este Gobierno, a fin de conmemorar dignamente el CCXIII Aniversario del Natalicio del Generalísimo Don José María Morelos y Pavón, ha organizado para el día 29 de los corrientes a las 20:00 horas, una Velada Literario-Cultural que se verificará en el Cine "Robles 70', así como la Ceremonia Oficial que tendrá lugar a las 10:00 horas del día 30, frente al Monumento erigido a la memoria del Héroe Insurgente, prosiguiendo un Desfile Cívico-Militar, en la H. ciudad de Cuautla, Mor.
La presencia de su distinguida personalidad con motivo de esta celebración, constituirá un honor para esta Entidad Federativa, por lo que a nombre propio, del pueblo y Gobierno de Morelos, me permito hacer a usted la más atenta y cordial invitación para que se digne asistir a las ceremonias mencionadas.
Agradezco a usted la atención que tenga a bien dar a la presente y aprovecho la oportunidad para reiterarle una vez más las seguridades de mi más respetuosa y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El Gobernador Constitucional del Estado, doctor Armando León Bejarano Valadez.- El Secretario de Gobierno, licenciado Fausto González Hernández."
El C. Presidente: Para asistir a este acto en representación de la H. Cámara de Diputados, la Presidencia designada a los siguientes ciudadanos diputados: Antonio Riva Palacio López y Filomeno López Rea.
- El C. prosecretario Héctor González Lárraga:
H. Ayuntamiento Constitucional.- Ecatepec Morelos, Estado de México.- Secretaría. Ecatepec de Morelos, México, septiembre 21 de 1978.
C. diputado licenciado Rodolfo González Guevara.- Presidente de la H. Cámara de Diputados.- México, D. F.
Con toda atención y respeto, este H. Ayuntamiento se permite invitar a usted y a los distinguidos integrantes de esa H. Cámara de Diputados, a la Ceremonia que habrá de realizarse en esta Cabecera Municipal, con motivo de la Conmemoración del CCXIII Aniversario del natalicio del Insigne Patricio Generalísimo Don José María Morelos y Pavón, el día 30 de septiembre en curso, a las 10:00 horas.
Esperando vernos honrados con la relevante presencia de ustedes en tan significado acto, les expresamos las seguridades de nuestro reconocimiento por su fina consideración a la presente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El presidente Municipal P.M. de L.- Profesor Jorge Benítez Barbosa.- El Secretario Municipal Gustavo Minuttis."
El C. Presidente: Para asistir a este acto que acaba de dar cuenta la Secretaría en representación de la H. Cámara de Diputados, se comisiona a los siguientes ciudadanos diputados: Fernando Del Moral Bermúdez, Josefina Esquivel de Quintana y Víctor Manuel Carrasco.
INICIATIVA DEL EJECUTIVO
Ley de Recompensas de la Armada de México
- El C. secretario Abelardo Carrillo Zavala:
"Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Poder Ejecutivo Federal.- México, D. F.- Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. - Presentes.
Anexa el presente les envío, para los efectos constitucionales, Iniciativa de Decreto que adiciona la Ley de Recompensas de la Armada de México, documento que el C. Presidente de la República somete a la consideración del H. Congreso de la Unión, por el digno conducto de ustedes.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 20 de septiembre de 1978.
- El secretario, licenciado Jesús Reyes Heroles"
"Escudo Nacional.- Presidencia de la República.
CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Presentes.
Sabemos que quienes dirigen, sienten la necesidad de premiar en alguna forma a quienes han acumulado en su trabajo determinado tiempo. En el caso de la Armada de México, la Ley de Recompensas establece cinco condecoraciones de perseverancia: La de Primera Clase, por treinta y cinco años en el Servicio Activo; la de Segunda, por treinta; la de Tercera, por veinticinco; la de Cuarta, por veinte y la de Quinta por quince.
Sin embargo resulta que existe personal en la Institución que, sin llegar al límite de retiro, sobrepasan los treinta y cinco años aunque al llegar a los treinta años de servicio, podrían haberse retirado, sin ningún problema, pero, no obstante lo atractivo que pudiera resultarles una situación así, prefieren continuar dentro de la Armada en el Servicio Activo.
Al personal que piensa y actúa así, debe reconocérsele el despego hacía sí mismo, al igual que su tenacidad y lealtad que los acredita como dignos elementos representativos de la Armada de México.
Los razonamientos anteriores nos motivan a proponer la creación de tres nuevas condecoraciones de perseverancia, en forma siguiente:
1. Condecoración de Perseverancia Excepcional de Primera Clase.
2. Condecoración de Perseverancia Excepcional de Segunda Clase.
3. Condecoración de Perseverancia Excepcional de Tercera Clase.
Para los trámites legales que correspondan y con fundamento en la fracción I del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la soberanía del H. Congreso de la Unión, por el digno conducto de ustedes, la siguiente iniciativa de
DECRETO
Artículo único. Se adiciona la fracción X al artículo 1o., un tercer párrafo al artículo 2o., un segundo párrafo a la fracción I del artículo 6o. de la Ley de Recompensas de la Armada de México, así como el artículo 33 al mismo ordenamiento, como sigue:
Artículo 1o.
I al IX.
X. Perseverancia Excepcional
Artículo 2o.
Se crea la condecoración de Perseverancia Excepcional, de Primera, Segunda y Tercera Clase.
Artículo 6o.
I.
Las condecoraciones de Perseverancia Excepcional de Primera, de Segunda y de Tercera Clase y se concederán respectivamente al personal de la Armada de México que haya servido cincuenta y cinco y cuarenta años en el Servicio Activo.
II. a V.
Artículo 33. Las condecoraciones de Perseverancia Excepcional serán confeccionadas en tamaño original y miniatura.
Fracción I. Las condecoraciones en tamaño original constan de:
Gafete.
Listón.
Joya.
El Gafete será confeccionado en seda de popotillo en color amarillo oro para la de 1a. Clase, en color rojo bandera para la de 2a. Clase y verde para la de 3a. Clase. Será en forma rectangular de 9 mm. de alto por 30 mm. de largo y llevará de derecha a izquierda en forma diagonal un listón de 9 mm. de ancho con los colores nacionales debiendo quedar el verde hacia arriba.
El listón del que pende la Joya, será de 30 mm. de ancho y de 40 a 45 mm. de largo pudiendo acortarse o alargarse según convenga terminando en punta, en la cual llevará hecha firme una pequeña argolla, sobre la que quedará sobrepuesta la Joya. Los colores del listón serán amarillo oro, rojo bandera y verde bandera para las condecoraciones de 1a., 2a. y 3a. Clase respectivamente. Llevarán sobrepuesto un listón de derecha a izquierda en forma diagonal de 9 mm. de ancho con los colores nacionales, debiendo quedar el verde hacia arriba.
La Joya estará constituida por una Cruz de Molina, confeccionada en metal dorado e inscrita en un círculo imaginario de 45 mm. de diámetro; en los brazos llevará un campo esmaltado en azul marino, rojo o verde bandera para las condecoraciones de la 1a., 2a. y 3a Clases respectivamente, siguiendo sensiblemente la Cruz de Molina y al Centro del campo esmaltado llevará un campo dorado en la forma del campo antes descrito. La cruz, estará sobrepuesta a una corona de laurel, confeccionada en metal dorado, de 35 mm. de diámetro exterior y 22 mm. de diámetro interior. En el brazo superior de la Cruz, llevará el escudo de la Armada de México, inscrito en un círculo imaginario de 15 mm., por la parte posterior tendrá una grapa para afirmarse a la argolla del listón, del que penderá la Joya. Sobrepuesta a la Cruz y al centro llevará una galleta de 18 mm. de diámetro, la galleta será esmaltada en azul marino, rojo bandera o verde bandera según corresponda. Sobrepuesta a la galleta irá una corona de laurel y encino confeccionada en metal dorado para la condecoración de la 1a. Clase y en metal plateado para las condecoraciones de 2a. y 3a. Clase. La corona estará abierta en su parte superior por un sector, de 6 mm. de abertura máxima y 4 mm. mínima por su parte inferior, sobre puesta en el campo interior de la corona llevará una ancla de patente con arganeo, inscrita en un rectángulo imaginario de 9 x 13 mm. El ancla será dorada para las condecoraciones de 1a. y 2a. Clase y plateada para las condecoraciones de 3a. Clase.
Por el reverso, las Joyas llevarán realzada sobre a corona de laurel en la parte superior de la corona la palabra Perseverancia y en la parte inferior, la palabra Excepcional, las letras serán de molde y de 3 mm. de alto al centro llevará una galleta en metal dorado de 18 mm. de diámetro con la leyenda: 50 años de Servicio, 1a. Clase; 45 años de Servicio, 2a. Clase y 40 de Servicio, 3a. Clase.
La condecoración miniatura constará de listón y joya confeccionada en los mismos colores y metales que el original, reducidas las medidas al 50%.
El color oro será el de este metal ley 18 kilates y pulido. El plateado será el de plata de ley 0.925 y pulido.
TRANSITORIO
Único. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Palacio Nacional, a 20 de septiembre de 1978.- El Presidente de la República." (Rúbrica.)
- Tramite: Recibo y a las Comisiones Unidas de Estudios Legislativos y de Marina Nacional e imprímase.
DICTAMEN A DISCUSIÓN
Adición al Artículo 123 Constitucional
- El mismo C. Secretario:
"Comisiones Unidas Primera de Puntos Constitucionales, Tercera de Trabajo y Estudios Legislativos.
Honorable Asamblea:
Las Comisiones Unidas Primera de Puntos Constitucionales, Tercera de Trabajo y de Estudios Legislativos, han recibido la iniciativa suscrita el 13 de septiembre de 1978, por el C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, José López Portillo, que tiene por objeto promover la adición de un párrafo inicial al Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En los y términos de la Iniciativa, el texto inicial del Artículo 123 habrá de quedar como sigue:
"Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la Ley.
El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:
A.
B.
Incorporar en la Constitución la base fundamental de un nuevo derecho social, el derecho al trabajo, es un imperativo inaplazable de la justicia social requerida por una clase populares eminentemente desprotegidas y por la necesidad urgente de garantizarles, en beneficio de la comunidad, normas mínimas que permitan a sus miembros acceder al empleo, organizarse y desenvolverse con eficacia, dentro del proceso de la producción nacional, y al mismo tiempo, y como consecuencia, llegar a más altas calidades de vida.
La Constitución Política de 1917 fue y sigue siendo el fundamento institucional de la nueva organización social y económica en que decidió vivir el pueblo mexicano, como resultado de su esfuerzo revolucionario y de su vocación histórica de libertad y justicia social. En el texto constitucional fueron aceptados, por primera vez en la historia, los derechos mínimos de clase, que tienen como característica especial la posibilidad de extenderse, ampliarse o proyectarse en beneficio de todos aquellos que se han identificado socialmente por la carencia y la necesidad.
La teoría constitucional occidental se enriqueció en México con la figura de los derechos sociales: el nuevo Derecho Agrario, el Derecho de Trabajo y el Derecho a la Seguridad Social. Mediante ellos dirimió en beneficio de los débiles, la pugna entre lo económico y lo social, y los erigió en instrumentos permanentes de integración de la vida política, social y cultural del país.
Del propio desarrollo del país han emanado también nuevos desequilibrios y contradicciones, nuevas causas que tienen como efecto la formación de nuevos grupos y de nuevos derechos sociales. Los cambios estructurales, traducidos fundamentalmente en mejores condiciones de la salud y bienestar para el pueblo mexicano, favorecieron los incrementos demográficos que han llegado a alterar en forma sustancial la composición interna y la distribución geográfica de la sociedad mexicana. Además, al proceso de industrialización se auna graves limitaciones que aún subsisten en el campo, en el cual se concentra hoy cerca de la mitad de la población del país, atormentada en su mayor parte, por el desempleo y el subempleo.
En el seno de nuestras poblaciones urbanas ha aflorado manifiestas desigualdades y evidentes contrastes sociales que no sólo constituyen un marco inaceptable de injusticia, sino representan también un obstáculo perturbador al propio desarrollo nacional y un desafío a los propósitos de instaurar una auténtica democracia social. El continuo crecimiento de la población urbana, al desbordar la capacidad ocupacional de las ciudades, ha dado lugar a que varios millones de mexicanos carezcan de empleo fijo y remunerado, y se vean forzados a obtener ingresos inferiores a los mínimos de subsistencia, mediante trabajos y servicios prestados en forma personal, directa y ocasional a quienes puedan solicitarlos eventualmente, y en multitud de casos a hundirse en la catástrofe del desempleo abierto y sin esperanza inmediata.
Sin empleo o bien sin un empleo seguro y permanente, sin salarios fijos ni relaciones vinculatorias de trabajo que le garanticen los beneficios y prestaciones sociales que establecen la Constitución y otros ordenamientos jurídicos en favor de los trabajadores asalariados, esta gran población ha formado una nueva clase social, desorganizada y dispersa, pero identificada por realizar la mínima productividad -definitivamente nula en ocasiones- de las actividades que desarrollan.
Es un propósito del sistema normativo laboral de nuestro país proteger y organizar, cada vez más, la actividad productiva del hombre que vive de su trabajo, con independencia del vínculo jurídico que lo subordine necesariamente a la figura de un patrón determinado, pues no puede desconocerse, en una sociedad de economía mixta, que el hombre de trabajo, en tanto cuenta solamente con su propia actividad como medio para subsistir, aunque no esté subordinado a un patrón, siempre lo estará al imperio de la economía.
En semejantes condiciones, si deseamos ser congruentes con el sistema político -económico que hemos adoptado, requerimos, como sociedad y Estado, organizarnos para garantizar socialmente el trabajo y procurar, como lo propone la iniciativa, empleo a todas las personas que accedan al universo laboral, o que constituyen, actualmente, nuestro rezago social de
mayor injusticia, formado por quienes se encuentran sin empleo, situación en cuyo fondo hay una ausencia de solidaridad social y humana.
Las personas que desempeñan actividades libres en función de las complejas estructuras económicas y sociales concomitantes al desarrollo del país, integran también una clase social titular de un verdadero derecho al trabajo, que debe otorgarles las bases de organización y las garantías mínimas que propicien el desarrollo de las prestaciones y los beneficios colectivos que como trabajadores debe reconocerles nuestro régimen jurídico.
Insistimos en que el espíritu del artículo 123 ha sido y es proteger al hombre que vive de su trabajo, no solamente al que se encuentra subordinado en el trabajo. Ahora que, el presupuesto indispensable, en uno y otro caso, supone la existencia suficiente de fuentes de trabajo, de empleos libres o asalariados que la sociedad en su conjunto está obligada a crear, en tanto que el Estado asume la responsabilidad de promover y organizar socialmente el trabajo con el concurso de todos. En consecuencia, debe reconocerse el derecho al trabajo y es preciso que se consignen las bases esenciales de un régimen de garantías, derechos y obligaciones de todos los mexicanos -la sociedad y el Estado -bajo la forma de un estatuto mínimo consagrado en el más elevado nivel institucional.
Es también un decidido propósito del Presidente de la República en su Iniciativa, anunciada y propuesta a la nación en su Segundo Informe, promover la incorporación de la fuerza de trabajo de los desempleados y los subempleados al proyecto orgánico de la producción nacional, racionalizando y optimizando la actividad de todos, mediante el apoyo decidido de la sociedad en general y la promoción y coordinación del Estado para lograr solidaridad efectiva, organización adecuada y desarrollo dentro de las formas más eficaces de realización individual y colectiva. Y deben, en fin, promoverse los instrumentos y organismos adecuados para la creación, la protección y el desenvolvimiento de los derechos de los mexicanos a ser trabajadores, sin distinción de credo, raza, sexo o ideología.
La fórmula que propone la Iniciativa cumple un propósito anhelado por el pueblo revolucionario de México y responde al pensamiento certero del Presidente de la República, cuando expuso ante esta Soberanía una evidente necesidad: "organicemos a nuestra sociedad, para enaltecer lo que tiene de más valioso: su capacidad de trabajo, esencia misma de su dignidad" La Iniciativa, de aprobarse por el Poder Constituyente, permitirá que, por medio de leyes secundarias, se organice a la sociedad en su estructura y funciones para hacer efectivo el derecho al trabajo.
Por lo expuesto, estas Comisiones Unidas proponen el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
DE ADICIÓN DE UN PÁRRAFO
INICIAL AL ARTÍCULO 123 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Artículo único. Se adiciona un párrafo inicial al Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la Ley.
El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:
A.
B.
TRANSITORIO
Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente del de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.- México, D.F., a 25 de septiembre de 1978. Primera de Puntos Constitucionales: Maximiliano Silerio Esparza.- Víctor Manzanilla Schaffer.- Antonio Riva Palacio López.- Víctor Alfonso Maldonado Moreleón.- Manuel Gutiérrez Zamora Zamudio.- Gonzalo Armando Esponda Zebadúa.- Reynaldo Dueñas Villaseñor.- Raúl Caballero Escamilla.- Porfirio Cortés Silva.- Enrique Ramírez y Ramírez.- Ángel Sergio Guerrero Mier.- Ricardo Eguía Valderrama.- Fernando Moreno Peña.- Augusto César Tapia Quijada.- Lucía Betanzos de Bay.- Pericles Namorado Urrutía.- Carlos Manuel Vargas Sánchez.- Crescencio Herrera Herrera.- Eduardo Andrade Sánchez.- Roberto Leyva Torres.- Raúl Bolaños Cacho Guzmán.- Enrique Alvarez del Castillo L.- Mirna Esther Hoyos de Navarrete.- Ricardo Pedro Chávez Pérez.- Jaime Alberto Ramírez Gil. Tercera de Trabajo: Raúl Caballero Escamilla.- José Ramírez Gamero.- Antonio Jesús Hernández Jiménez.- Venustiano Reyes López.- Juan Torres Ciprés.- Enrique Alvarez del Castillo L.- Arturo Martínez Legorreta.- Enrique Gómez Guerra.- José Luis García García. Estudios Legislativos: Presidente, Miguel Montes García; Secretario, Pericles Namorado Urrutia".
Segunda Lectura.
Está a discusión en lo general y en lo particular el Artículo Único del proyecto de Decreto.
El C. Presidente: Se abre el registro de oradores.
Esta Presidencia informa a la Asamblea que se han inscrito para hablar en pro del dictamen, los siguientes ciudadanos diputados:
Ezequiel Rodríguez Otal, Juan Torres Ciprés, Enrique Ramírez y Ramírez y Juan José Osorio Palacios.
El C. Presidente: En virtud de que el Artículo 122 del Reglamento Interior, solamente autoriza dos diputados oradores, sírvase la Secretaría, en votación económica, consultar a la Asamblea si por esta vez se autoriza que hagan uso de la palabra la totalidad de los oradores inscritos.
El C. secretario Abelardo Carrillo Zavala: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se permite el uso de la palabra a todos los oradores inscritos.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado.
El C. Presidente: Tiene la palabra el C. diputado Ezequiel Rodríguez Otal.
El C. Ezequiel Rodríguez Otal: Señor Presidente, compañeros diputados:
La Fracción Parlamentaria del Partido Popular Socialista manifiesta su más solidario apoyo al Dictamen presentado por las Comisiones, pues consideramos que de esta manera se da un paso más para aumentar los derechos elementales de la clase trabajadora, de la ciudad y del campo, que fue la que hizo y ha sostenido la Revolución Mexicana, pero también queremos hacer algunas reflexiones, porque consideramos importante razonar este voto aprobatorio.
El trabajo ha sido y seguirá siendo la actividad más importante del ser humano, pues no tan sólo sirve para transformar la naturaleza y ponerla al servicio de la sociedad sino que también ha servido para hacer que el hombre evolucione biológica e intelectualmente.
Es precisamente esta actividad de producción lo que ha impulsado con más fuerza a la sociedad humana; es precisamente el trabajo lo que ha ocasionado el perfeccionamiento de los órganos naturales del hombre, como son su posición, la mano y el cerebro, pero también son los instrumentos de producción los medios de que se vale el hombre como brazos de extensión, para hacer más eficiente la productividad, y esto a su vez representa el exponente del nivel de desarrollo económico de la sociedad, pero por muy grande que sea la importancia de los instrumentos en el proceso de producción de los bienes materiales y en el desarrollo de la sociedad, de por sí desligados de los hombres, no constituye nunca la fuerza de producción social.
Los instrumentos de producción los crean y ponen en servicio los hombres, los productores de los bienes materiales, por tanto, la fuerza productiva más importante son los trabajadores.
El segundo aspecto necesario de todo modo de producción, son las relaciones que existen entre los hombres.
Los hombres dedicados a producir no mantienen determinadas relaciones solamente con la naturaleza, sino también los unos con los otros. No pueden producir de una forma aislada, sino que tienen que ponerse en contacto, asociándose de un cierto modo para actuar en común y establecer un intercambio de actividades y el estado en que se encuentren estas relaciones de producción serán las que definan perfectamente el tipo de sociedad en que se desarrollan los pueblos.
En el caso concreto de nuestro, país, que ha mantenido un desarrollo social, peculiar, por la vía capitalista, con una cada vez mayor participación del Estado, es en donde debemos encuadrar el análisis de la iniciativa que hoy nos ocupa.
Introducir el párrafo inicial que ahora consigna el derecho al trabajo, al artículo 123, es un hecho altamente positivo, pues en la revolución de Independencia, en la de Reforma y en la de 1910, fue precisamente el pueblo trabajador el motor que hizo cambiar en estas tres grandes etapas las condiciones de vida de los mexicanos.
La lucha de nuestro pueblo, fue primero por la independencia política, ahora es por la independencia económica, ayer como hoy estas batallas han estado llenas de un profundo anhelo de justicia social. Hemos perseguido y alcanzado objetivos concretos, que al elevar nuestras condiciones se han convertido en realidades, para emprender de inmediato una nueva lucha, primero por la libertad de nuestra patria, luego por los derechos democráticos, para llegar finalmente a una etapa plena de soberanía, que será conseguida al alcanzar nuestra independencia económica.
Para el Partido Popular Socialista el introducir este párrafo en nuestra Carta Magna significa un importante paso más de la larga lucha por transformar las estructuras socioeconómicas que nos lleven a una realidad, en donde los trabajadores mexicanos y en particular la juventud, tenga a salvo este derecho elemental. Porque el desempleo no es un fenómeno legal, sino estructural, ya que es producto del sistema en el cual nos desarrollamos, pues por este medio, el capital cuenta con una oferta mayor de trabajo no calificado, que la demanda de fuerza de trabajo, y así puede abaratar su precio.
Este fenómeno no sólo ocurre en los países semicoloniales, como el nuestro, sino también en los grandes países desarrollados como es el caso de Estados Unidos de Norteamérica, la República Federal Alemana, Japón, Francia, etc.
O sea, esto sucede en todos los países de la esfera capitalista.
* El Banco Mundial ha estimado que en 1974-1975, unos 650 millones de personas vivían "en la indigencia", es decir, que sus ingresos fluctuaban entre 50 y 90 dólares al año. Otros 500 millones se encuentran en "una gran pobreza", o sea con ingresos que variaban entre 100 y 150 dólares al año.
Los cálculos para 1985 cifran en 750 millones el número de los que estarán en situación de hambre.
En estas condiciones, unos 2,000 millones de personas, la mitad del globo, sufren de desnutrición.
¿No es esto, compañeros diputados, aberrante, al ver el derroche y la inutilización de las fuerzas de trabajo causadas por el creciente desempleo? Sabemos que el fenómeno del desempleo sólo se ha resuelto en los países de sociedades socialistas de producción y hacia la instauración de ese sistema social es a donde apunta y lucha nuestro Partido, pero somos congruentes con nuestro momento histórico. Por eso es que para nuestra realidad concreta nos parece que la lucha por el derecho al trabajo para todos, es una de las más importantes y urgentes tareas a resolver, siempre y cuando esto no se refleje en la disminución de los ingresos salariales.
Hay otras reivindicaciones, evidentemente, que se desprenden de esta reivindicación principal del derecho al trabajo, que no abordaremos aquí para no extendernos.
También consideramos que este somero análisis no sería completo si no lo hacemos en el contexto de nuestro continente. En esta América Latina, que es azotada por los huracanes económicos, y en donde por nuestro propio desarrollo la clase obrera es la más lastimada.
Este párrafo que se añade a nuestra Constitución pone de manifiesto la intención de proteger los derechos proletarios. Derechos que son violados inhumanamente en la mayoría de los países de Centro y Sudamérica.
Ahí tenemos los ejemplos más recientes, para citar solamente algunos, de países que presionados por el Fondo Monetario Internacional acuden al despido de sus trabajadores para seguir el modelo de desarrollo que más conviene al imperialismo norteamericano. Tal es el caso de Perú, Nicaragua, Chile, Bolivia y otros más.
El caso concreto de nuestro país es dramático porque podemos advertir que a 60 años de la Revolución Mexicana, cuando tanto se han incrementado los medios de producción, la miseria flagela a millones de familias cuyos jefes carecen de preparación y de trabajo, en donde más del 70 por ciento de nuestros compatriotas ganan menos del salario mínimo, y en donde el promedio de estudios no rebasa el cuarto año de primaria.
Por estas reflexiones, el Partido Popular Socialista sigue insistiendo en sus tesis fundamentales: -que el estado mexicano siga aumentando su esfuerzo económico en este proceso, que se refleja en la política de nacionalizaciones de los sectores fundamentales de la industria y los servicios, que es un factor determinante en el desarrollo de la nación, que con todos sus errores ha hecho posible que México transite por una vía que aunque llena de obstáculos y dificultades, se avance por el camino de la liberación económica.
Que es urgente y necesario para garantizar que se siga por esta vía, sin desandarse el camino y sin rectificaciones contrarias al pueblo; que la clase trabajadora participe con la responsabilidad de la dirección política y administrativa del sector estatal de la economía y de la administración pública. Que el desarrollo económico de los esfuerzos productivos del país sirvan para elevar de manera sistemática el nivel de vida del pueblo; incrementar el capital nacional y distribuir la riqueza pública. Que todos los actos económicos, tanto del Estado como de los particulares se sujeten a un plan de desarrollo. Que el Estado tenga atribuciones exclusivas en la promoción, organización y administración de las empresas industriales de servicio, monetarias y financieras que sean necesarias y determinantes para el desarrollo de las fuerzas productivas del país. Que sea atribución exclusiva del Estado regular el mercado interno. Que el comercio exterior se desarrolle sobre las bases de un plan integral y bajo la vigilancia, control y dirección del gobierno federal. Que el crédito del país se sujete al plan de desarrollo económico. Que al sector privado se le señale las áreas de las actividades económicas en que podrán participar, y se especifique y determinar la participación del capital extranjero. Que las inversiones del sector público tengan finalidades sociales y económicas.
Para concluir, quiero hacer una cita del maestro Vicente Lombardo Toledano, este gran hombre que se distinguiera en la historia nacional e internacional por su entrega ilimitada a la lucha por las reinvindicaciones de la clase obrera, que sería prolijo numerar aquí, una cita que encierra concretamente su gran visión de revolucionario cuando dijo: "Sin embargo, establecido el derecho del trabajo, la tarea fundamental será hacer cumplir la ley y mantener vigente este derecho. Muchas gracias".
El C. Presidente: Tiene la palabra el C. Juan Torres Ciprés.
- El C. Juan Torres Ciprés:
Señor Presidente:
Señoras y señores diputados:
El dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Trabajo y Estudios Legislativos, propone la aprobación en todos sus términos a la iniciativa del Ejecutivo Federal para la adición de un párrafo inicial al Artículo 123 de la Constitución General de la República declarando y reconociendo el derecho que tiene toda persona al trabajo digno y socialmente útil. Esta declaración la consideramos inobjetable porque es una consecuencia natural de la concepción de la persona humana, base de nuestra cultura occidental que ha inspirado y conformado toda la corriente ideológica del Derecho Constitucional Mexicano. Si el hombre tiene una eminente dignidad y un destino espiritual y material que cumplir, es lógico que la colectividad y sus órganos deben asegurarle el conjunto de libertades y de medios necesarios para cumplir dignamente ese destino.
Es indudable que entre esos medios necesarios debe figurar en primer lugar el derecho al trabajo. Por eso nuestro Partido, Acción Nacional, en sus principios de doctrina declara que desde el punto de vista nacional, como desde el punto de vista de la persona, es
necesario proclamar la santidad del Derecho y de la Obligación del trabajo. El Estado y la comunidad entera deben garantizar el libre ejercicio de ese derecho y hacer fecundo el cumplimiento de esa obligación.
El derecho al trabajo es prerrogativa común de todos los hombres porque, en última instancia, se funda en el derecho a la vida y a la libertad. De aquí que el derecho al trabajo no puede quedar sujeto ni por el sindicato, ni por el patrón, ni por la autoridad a la imposición de criterios ideológicos o políticos.
El trabajo, actividad inmediata de la persona, tiene preeminencia como principio ordenador de la economía social, sobre los bienes materiales e instrumentales que son objeto de propiedad. Considerar al trabajo humano como mercancía o como simple elemento de la producción, atenta contra la dignidad del trabajador y contra el orden de la comunidad.
Toda persona apta para el trabajo debe tener oportunidad constante de realizarlo y constituye una obligación primordial para el Estado de dictar todas las condiciones que sean indispensables para que cada uno de los miembros de la comunidad tenga la oportunidad de realizar su vocación natural, propiciando de esta manera que la comunidad pueda contar con la suficiente producción de bienes y servicios para la satisfacción de las necesidades de una manera digna de cada uno de los hombres y de las familias.
Es obligación de la comunidad -Estado y particulares- promover la creación de fuentes de trabajo para hacer posible en la realidad el ejercicio del derecho y el cumplimiento de la obligación de trabajar. Es derecho del trabajador la estabilidad en su trabajo, mientras lo desempeña con lealtad y eficacia. Quienes hayan cumplido su deber de trabajo y tengan mermada o agotada por cualquier causa su capacidad de trabaja, deben seguir contando con los recursos necesarios para vivir dignamente y no dejar en desamparo a los suyos. El Estado tiene el deber de urgir las actividades y de crear o fomentar las instituciones necesarias para garantizar el cumplimiento de estos principios y para evitar con gestión oportuna, o para resolver con justicia eficaz, los conflictos por razón de trabajo.
Debe promoverse la creciente integración en el funcionamiento en la propiedad, en las ganancias y en las decisiones de la empresa, de todos los que en ella colaboran con inteligencia, mano de obra o capital, con el fin de llegar a tipos de empresa organizados de tal manera que todos participen equitativamente de sus beneficios, al mismo tiempo que procuran transformarla en una auténtica comunidad de vida y de trabajo y en un servicio eficiente para responder a las necesidades de la colectividad.
El Estado debe respetar la libertad de los campesinos, trabajadores, profesionales y empresarios, para organizarse en defensa de sus intereses. Las organizaciones que los mismos formen, deben funcionar con verdadera democracia interna sin que el Estado intervenga directa o indirectamente en la designación de sus dirigentes; asegurar la representación auténtica de los agremiados mediante elecciones directas y secretas, sin aceptar presiones políticas o económicas; establecer un sistema objetivo y eficaz para exigir responsabilidades a sus dirigentes y proscribir cualquier tipo de sanciones por razones políticas o ideológicas.
Los sindicatos y en general todas las organizaciones formadas por razón de ocupación o de trabajo, tienen derecho de actuar en la vida pública para gestionar, frente al Estado y a la opinión, las medidas generales o particulares que reclamen el bien común o el interés profesional de sus agremiados y de recomendar las opciones electorales que consideren más convenientes para los mismos; pero deben abstenerse de actuar directamente en cuestiones políticas, principalmente en las electorales, y respetar la libertad y los derechos políticos de sus miembros.
Es antidemocrática y desvirtúa la naturaleza del sindicato, la utilización del movimiento sindical y de los recursos y sanciones sindicales, para imponer la afiliación individual o colectiva de los trabajadores a un partido político.
Las organizaciones agrarias formadas en razón del trabajo del campo, sean ejidatales, de pequeños propietarios o comunidades de cualquier tipo deben también funcionar democráticamente y ser respetadas en su libertad de decisión, sin que el Estado les imponga dirigentes y sin que puedan ser utilizadas como instrumento para presionar a la población rural, y lograr su afiliación a partidos políticos, a cambio de promesas de tierras o de ayudas de cualquier clase.
Deben conservarse y promoverse económica y técnicamente, la empresa artesana y la empresa agrícola de dimensiones familiares, y dotarlas de un régimen jurídico para el cumplimiento de sus fines.
Si juzgamos necesario comentar que la sola declaración contenida en el párrafo inicial del artículo 123 de nuestra Carta Magna no será motivo para la creación automática de fuentes de trabajo que sean el remedio real y eficaz para combatir el problema del desempleo que en el momento actual mantiene marginados y en condiciones de miseria a muchos millones de mexicanos. En la misma iniciativa se declara que se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo.
Tal promoción no debe enfocarse exclusivamente a normas de carácter legal, sino debe ser ocasión para que el Estado promueva y organice toda una maciza política socioeconómica con base en el sistema de economía mixta que informa nuestra organización económica, establecimiento dentro de un orden riguroso de Derecho, la seguridad necesaria para crear la confianza de las fuerzas productivas con la política del Estado, estimulando el ahorro para la formación de capitales y la inversión de éstos en las actividades productivas más
importantes para la producción de bienes y servicios.
Desde luego el Derecho al trabajo supone asimismo el derecho a percibir el producto de él, fortaleciendo el poder adquisitivo de salarios no sólo con miras a la satisfacción de las necesidades individuales del trabajador, si no tomando igualmente en consideración las necesidades de la familia que depende económicamente del trabajador.
Finalmente debe ser objeto de preocupación por parte de todos los diputados pensar en una reforma fiscal a fondo para cambiar las bases de la sustentación del ingreso fiscal y no mantener la carga, explosivamente y en mayor cantidad para el productor del trabajo. Cualquier distinción que se opere en las tasas impositivas que gravan al producto del trabajo dará margen a una mayor disposición de recursos que eleven el nivel de vida y a una efectiva disponibilidad de medios para fomentar el hábito del ahorro entre todos los mexicanos.
Ojalá que la declaración del derecho al trabajo traiga también consigo el esfuerzo de todos los mexicanos por organizar nuestra vida social con base en el bien común y hacer de México una patria ordenada y generosa. Muchas gracias.
El C. Presidente: Tiene la palabra el C. diputado Enrique Ramírez y Ramírez.
- El C. Enrique Ramírez y Ramírez:
Con la venia de usted señor presidente:
Honorable Asamblea:
Quizá la reforma constitucional que hoy va a ser aprobada por esta Cámara de Diputados, sea la más importante, la más grávida de contenido social e histórico que se haya introducido a nuestra Carta Fundamental desde su promulgación en el año de 1917.
Se está incorporando a la Constitución de la República, como lo ha hecho notar la Exposición de Motivos del Presidente de la República, el Dictamen de las Comisiones y alguno de los oradores que me han antecedido en esta Tribuna, un derecho tan vital como el derecho a la vida misma.
Ciertamente el trabajo no es un derecho nada más, no es sólo una obligación, es una parte indispensable de la condición humana.
Acompaña al hombre desde los tiempos más remotos, como parte de su naturaleza misma, de su estructura de ser superior entre todos los conocidos.
Participa el trabajo de la cualidad superior del pensamiento, del soplo elevado de la conciencia porque en realidad no ha habido, ni hay, ni puede haber, ningún trabajo inconsciente, ningún trabajo en el que no participe la condición intelectual de la persona.
¡Hasta el más rudimentario y humilde de los trabajos llamados manuales supone la participación de la conciencia!
En la teoría de la dialéctica de la naturaleza invocada aquí hace unos momentos, el trabajo ayuda decisivamente a la evolución del hombre, transforma la mano del hombre y al transformar la mano del hombre para hacerla apta a la producción material, también está transformando y desarrollando el cerebro del hombre. Este es el principio de la conversión de ese antiguo ser desamparado de las selvas prehistóricas, en la nueva aparición sobre la tierra, de un ser consciente que por consciente es trabajador y productor. El trabajo es una alta actividad consciente, una actividad pensante, una alta actividad moral, social y política; el trabajo es la calidad superior del ser humano y por eso incorporar el derecho del trabajo a la Constitución, equivale a incorporar el derecho a una vida superior, el derecho a una nueva calidad a la vida, el derecho a la dignidad del ser que trabaja, produce y crea, obtiene lo necesario para su existencia individual y contribuye a la existencia social, simbiosis del interés por la propia persona y del espíritu de solidaridad social que mira por el bienestar del conjunto, de la colectividad.
Por esto que esta reforma iniciada por el Presidente representa un paso adelante, muy adelante, de nuestro derecho constitucional, del llamado con razón constitucionalismo social mexicano, que partiendo de los trazos fundamentales el derecho constitucional occidental ha desarrollado y sigue desarrollando toda una extensa estructura de un derecho peculiar de devolución política de nuestro pueblo, de nuestras grandes luchas sociales.
En los últimos años el derecho social se ha desarrollado en Italia, se ha desarrollado en un pasado anterior a la dictadura franquista en España; se desarrolló en algunos aspectos en Argentina, se ha desarrollado en los países escandinavos, pero yo creo que es incompatiblemente más avanzado el derecho social mexicano y con esta reforma, la de introducir al Código Supremo de la República, el derecho al trabajo, el Derecho Social Mexicano vuelve a situarse sólidamente a la vanguardia del Derecho Constitucional, de la mayor parte de los países democráticos.
Está avanzando el Derecho Social Mexicano y por consiguiente se está manifestando el derecho en nuestro país, como un agente del cambio social.
Los avances del Derecho se traducen en la realidad, en avances de las conquistas tangibles, palpables, de las clases mayoristas populares y trabajadores de la sociedad mexicana.
Asistimos hoy, participamos hoy, con un altísimo honor, en la ejecución de esta reforma iniciada por el Presidente López Portillo, pero al mismo tiempo qué grande, qué magna responsabilidad estamos asumiendo, qué responsabilidad tan grande del Presidente López Portillo, al enviar esta Reforma al Congreso de la Unión y qué responsabilidad tan grande la de nosotros, los miembros del Congreso de la Unión que la estamos deliberando y vamos sin duda a aprobarla y qué responsabilidad junto con la del Presidente y la del Congreso, de todas las fuerzas sociales y políticas
decisivas del país al aprobar esa Reforma, por que analicemos los elementos fundamentales de la Reforma:
"Toda persona tiene derecho al trabajo"
¿Quién tiene que garantizar ese derecho?
La Sociedad y el Estado, es decir, la Nación en su integridad, porque sería increíblemente irresponsable y burlesco que estuviéramos incorporando a la Constitución el texto de un derecho que no va a ponerse en práctica, que no va a ejercerse.
El Estado desde su función se obliga con esta Reforma a proveer la organización social del trabajo y todas aquellas medidas que contribuyan junto con la actividad social y nacional enteras, al ejercicio real del Derecho al Trabajo.
Estamos aprobando una decisión histórica, política fundamental del Estado Mexicano, quizá más trascendente que ninguna otra de las decisiones que están contenidas en la Constitución de la República.
Consideramos a la luz de la Historia esta cuestión. ¿Han podido los mexicanos disfrutar del Derecho al Trabajo?
En cantidad y en calidad no han podido disfrutar del derecho al trabajo.
En los últimos años el desempleo aumenta y el subempleo y algo de lo que no se habla a veces más que con rubor y disimulo, la proliferación de las formas viles y envilecedoras de la ocupación, algo que no merece ni siquiera el nombre de trabajo: el trabajo de la prostitución, el trabajo del vicio.
"Trabajos" antinacionales, antisociales, usada la palabra entre estos últimos casos entre comillas, millones de mexicanos en edad de trabajar sin trabajo y otros millones en la condición llamada por los economistas de subocupación, trabajos a medias, desocuapación disimulada, holgazanería apenas encubierta, mendicidad enmascarada, éste no es el trabajo necesario a una sociedad ni a un ser humano.
Inmensas multitudes de niños y adolescentes, arrancados a los hogares y a las escuelas, perdiendo toda esperanza de desarrollo sometidos a las tareas más pobres, más tristes, más destructivas de la persona humana, como mocitos, como mandaderos, vendiendo periódicos a las doce de la noche en la lluvia, bajo el frío, casi desnudos.
Este es el balance en cuanto al derecho al trabajo de la sociedad que hasta ahora existe en México del tipo de estructura social que hay en el país.
Cuando cierta capa social se pavonea y se jacta, dice: "somos nosotros los creadores de fuentes de trabajo, cuidado y que se nos toque, nos iremos otra vez", habría que preguntarles:
¿No es que han fracasado ustedes en esta tarea que supuestamente se han asignado?
Ahí esta el déficit del trabajo en la sociedad mexicana, esa es la consecuencia del régimen en que las palancas fundamentales de la economía han estado en el pasado en manos de la llamada iniciativa privada.
¿Sería razonablemente creíble que con esas estructuras sociales, en el futuro para los próximos cinco, diez, quince, veinte años, se va a garantizar el derecho al trabajo a todos los mexicanos?
La prueba de la historia es irrefutable:
No, si los dueños fundamentales de la economía siguen siendo los que hasta ahora son los dueños fundamentales de la economía, no va a haber derecho al trabajo ejercido y realizado según el texto de la Constitución.
Pero hay otro elemento en la reforma; el derecho al trabajo no viene expresado solamente en un sentido cuantitativo, viene expresado clarísimamente con un sentido cualitativo.
Dice:
"Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil." "Y socialmente útil."
Es decir, no cualquier trabajo; no al trabajo envilecido; no al trabajo superexplotado; no al trabajo burlado; no al trabajo menospreciado; no al trabajo mal pagado o mal recompensado o mal reconocido, sino al trabajo digno de la persona humana. Al trabajo que ni dé vergüenza ostentar, ni sea rebajado o postergado, sino al trabajo digno y dignificado. Al trabajo socialmente útil, útil a la sociedad.
Y es este trabajo en la cantidad necesaria para los 80 millones de mexicanos que habrá dentro de cinco años. Y este trabajo digno y útil socialmente es el que va a garantizar una sociedad en la que prive una distribución de la riqueza, tan injusta como la que hay en el país y una distribución del ingreso tan injusta.
Es el trabajo social, total, digno, constructivo el que van a garantizar los miembros de una iniciativa privada incapaz de emprender ninguna empresa de aliento nacional, porque todo lo que supone exponer, arriesgar, una inversión magna, lo deja siempre al Estado; en cambio va tras los negocios fáciles y la especulación, el contratismo fácil. ¡No!
La realización, la cristalización del derecho al trabajo que hoy estamos aprobando, supone, este es mi parecer, esto está dicho en la Iniciativa Presidencial, y está dicho en el 1o. de septiembre, una gran transformación de la sociedad mexicana.
¿Qué dijo el Presidente el 1o. de septiembre al anunciar que enviaría al Congreso esta reforma histórica?
Dijo: "Organicemos una sociedad para enaltecer lo que tiene más valioso: Su capacidad de trabajo, esencia misma de su dignidad. Organicemos -dice-, a nuestra sociedad, para eso, para enaltecer al trabajo, es decir, no para deprimirlo, no para seguirlo degradando".
Hace años el derecho al trabajo se planteaba aquí como una declaración de buenas e irrealizables intenciones. Es llegado el momento, una afirmación de carácter histórico y político, es llegado el momento, no es una afirmación abstracta de afirmar que esa aspiración es viable, que puede plantearse sin demagogia, como meta nacional a la que deberemos llegar antes de finalizar esta centuria.
Ahora trazando una empresa histérica para varias décadas, lo que reflejaba la dimensión histérica de la reforma que se proponían ya y así como la justicia distributiva y conmutativa se expresa constitucionalmente en el derecho del trabajo, corresponde ahora otorgarle ese rango al derecho al trabajo y consagrar en nuestra Carta Magna la justicia social que él extraña.
Estas aseveraciones vienen a continuación del anuncio grave que el Presidente hizo en ese mismo Informe cuando dijo en la parte última de su documento:
"Vamos ahora a afrontar lo más importante, lo más serio que ha vivido México en toda su historia, la crisis de fondo, el problema social."
¿Cuál es el problema social?
El problema social es el problema de la desigualdad social tan tremenda que hay en este país; no de una desigualdad matizada, moderada, sino particularmente de esa desigualdad que enfrenta a los dos polos de la sociedad mexicana, no a la gran zona intermedia de clase media y capas medias, sino a los dos polos, a una minoría constituida quizá por un 5% de la población, menos, casi seguramente menos del 5% que vive en niveles altísimos de opulencia, de despilfarro y una enorme masa de 30 o 40% de mexicanos del campo, especialmente del campo, de las sierras, de las montañas, indígenas y de las llamadas ciudades perdidas, de las grandes ciudades que viven en condiciones tristísimas, vergonzosas, desoladoras de existencia; ese es el problema social y de su fondo, de ese fondo aparentemente pura contradicción económica, que no es sólo contradicción económica, es contradicción social, cultural, humana, moral, surgen todas las contradicciones explosivas de la sociedad mexicana; todas nuestras vergüenzas, todas nuestras penas y todas las amenazas.
¿Cómo va a resolverse el problema de México, el problema de la democracia; cómo va a haber una democracia auténtica, política, si hay una tremenda antidemocracia en el campo de la vida económica?
Para mí eso es el sentido fundamental de esta reforma, que es el enclave en la Constitución, el nuevo enclave en la Constitución, de la gran Reforma Social a la que el Presidente López Portillo se refiere como ya inaplazable, inaplazable con toda razón y visión a mi juicio.
La sociedad mexicana no puede marchar más adelante de una manera normal, subsistiendo esa tremenda desigualdad. Todos los otros problemas nacionales son subsidiarios de este problema básico de la desigualdad social tan grave.
Llevar el Derecho al Trabajo, con esa connotación, a la Constitución es darle apoyo a la Constitución a la Reforma Social, es darle apoyo a un nuevo empuje de la Revolución Mexicana, es darle base legítima, histórica y jurídicamente legítima, a la Revolución pacífica en las nuevas comisiones del país.
Ese es el sentido de la Reforma que estamos apoyando, por tanto, la saludamos como la saludamos desde el 1o. de Septiembre, con gran alegría, como la saludó el Congreso y el auditorio de la Nación, porque lo entendió el pueblo con su gran instinto.
¿De qué se trata?
Se trata de consagrar como el mayor valor de la persona y de la Sociedad, al trabajo; se trata de darle más garantías al trabajo.
Sí, efectivamente, Derecho al Trabajo quiere decir también respeto a la organización de los trabajadores, y quiere decir también independencia de los sindicatos independencia de los sindicatos respecto a cualquier fuerza extraña a los sindicatos, respecto al poder público, sí, y también respecto a cualquier otro Partido y también respecto a cualquier Iglesia.
Soberanía de las organizaciones de trabajadores; Autonomía sindical, dignidad y dignificación cada día mayores de las organizaciones del trabajo; respeto al trabajo; unidad de los trabajadores para que se hagan respetar.
Todo esto supone esta reforma, esta incorporación del derecho al trabajo, al texto más alto de la República. Es una victoria de la clase trabajadora, sí, del movimiento obrero, pero no sólo de la clase trabajadora y del movimiento obrero. Percibamos su amplitud mayor, es una victoria de todas las fuerzas del trabajo, como lo dicen también el dictamen y la iniciativa, de los trabajadores subordinados y de los no subordinados, de los que dependen de un patrón y de los que no dependen de un patrón, de los trabajadores asalariados y de los no asalariados, de los trabajadores a domicilio, de los pobres trabajadores ambulantes, de todos los que con su trabajo buscan la vida, la dignidad, la educación para sus hijos y contribuyen también a la grandeza y a la libertad de México.
Es una victoria de todo el pueblo de México y particularmente es un mensaje de aliento, de esperanza, una promesa a las nuevas generaciones del país, la promesa que la nación enseña a través de sus órganos responsables, de que en el futuro México no será un país de pequeños mocitos miserables, de cerillos, de pequeños voceadores, de vendedores de la lotería; promesa de que la sociedad mexicana se organizará de tal modo, no solo jurídica, sino económicamente, realmente, que hará posible que haya trabajo digno y útil para todos sus hijos y las generaciones del porvenir.
Esa es la gran promesa de esta reforma, que vamos a comprometernos a hacer realidad en los próximos años.
Sin adulación, sólo por el derecho histórico que le corresponde, saludemos, saludemos diputados de todos los partidos, al Presidente de la Reforma Social: José López Portillo. (Aplausos.)
El C. Presidente: Tiene la palabra el C. diputado Juan José Osorio Palacios.
El C. Juan José Osorio Palacios: El Presidente José López Portillo dijo: "Nos negamos a pensar en el hombre como un recurso más de la sociedad". Valor fundamental del
hombre es su trabajo". "El problema más grave que padecemos es el desempleo." "La conciencia ideológica del movimiento obrero le ha permitido atravesar crisis políticas y económicas sin claudicar".
"Queremos que haya trabajo socialmente productivo para todos y que todo el que lo pretenda este capacitado para trabajar; que asegure alimento suficiente, viviendas dignas, acceso a la educación y a la cultura, participación en los sistemas de seguridad social, recreación y bienestar para el trabajo y los suyos. Los obreros afirmamos: Principio clave para reestructurar la vida social, es el de hacer posible el derecho al trabajo, nos congratulamos de la decisión del Presidente López Portillo, de dar cima a este propósito medular de los trabajadores organizados y ratificamos nuestro compromiso de luchar, junto con el Gobierno, para que esta finalidad se consume.
Revalorar el trabajo, asegurarlo a quienes lo necesitan, elevar el derecho de trabajar a nivel constitucional, subordinar a esta aspiración legítima la propiedad de los bienes de producción; producir más y distribuir con justicia, constituyen elementos medulares de un orden social más justo.
El trabajo es un derecho y un deber sociales y aspiramos a construir una sociedad de trabajadores, por la valoración del trabajo. La necesidad de una política de trabajo para todos los mexicanos, que concilie los objetivos de un alto ritmo de crecimiento con la necesidad de ampliar las necesidades de ocupación productiva y distribución más equitativa de los beneficios del progreso, provoca el hecho de que ninguna organización política y económica podrá prevalecer si no asegura, por el trabajo, el poder creativo de los hombres y la equidad de las relaciones sociales.
La iniciativa de reforma a la Constitución General de la República que ahora analizamos reviste, sin duda, la mayor trascendencia política, social y económica. No es ésta, sólo una fórmula retórica para cumplimentar a una promoción del Presidente de la República. Es, en verdad, la expresión del sentir del movimiento obrero en tanto que esta reforma, no sólo viene al encuentro de uno de los compromisos más significados entre el Ejecutivo Federal y las clases trabajadoras del país formulada desde la lucha electoral, sino porque fundamentalmente, incide sobre el eje mismo de las más graves cuestiones que determinan y determinarán para los años inmediatos por venir, el desarrollo todo de la Nación.
El sector obrero ha pugnado por la realización de una reforma económica como el basamento indispensable para dar viabilidad social y aun política al proyecto del país que la sociedad mexicana aspira a conformar. En el centro de esta reforma, como núcleo esencial, imprescindible, se encuentra el derecho al trabajo, el derecho de todo mexicano en edad y en aptitud de laborar para exigir hallar de parte de la sociedad, una respuesta eficaz a su necesidad de trabajador, lo que es lo mismo, de su derecho a vivir decorosa, digna útil y productivamente. El derecho, en suma a ser, en toda su latitud, ciudadano pleno de esta República.
Ha sido y es convicción también, de los trabajadores, el respeto a las libertades individuales fundamentales del hombre, como pensar, escribir, expresar, transitar; vivir en un estado garantizado por el orden jurídico positivo; gozar, inclusive, de la propiedad siempre que sea utilizada en función social. La condición de estas libertades, su eficacia dentro de nuestra realidad, estamos convencidos, es su ejercicio dentro del amplio marco de los derechos sociales.
No ignoramos, que desde el año de 1971, durante la Revolución Francesa, se inicia la garantía inalterable a la libertad de trabajo; que este derecho del hombre, se entiende opuesto a toda intervención administrativa o autoritaria del Estado en la contratación; tampoco ignoramos que la injusticia de esta abstención estatal tuvo como consecuencia el uso inmoral de la libertad de trabajo en la relación individual del obrero frente al patrón.
Sabemos que dicha libertad fue ilusoria, y que quedó sujeta a las leyes del mercado; que fue indispensable que ocurriera en el Siglo XIX, la confrontación ideológica y revolucionaria de las clases sociales desposeídas frente a los poseedores de la riqueza; que el Estado tuvo que intervenir y aceptar, y hacer aceptar a los dueños de los intereses económicos, las restricciones a esa libertad convertida en libertinaje, que significaron en la época, el nuevo derecho del trabajo Nadie duda que el movimiento obrero al organizarse, encabezó y encabeza en México, pese a defectos, imaginarios o reales, la más fuerte y positiva de las luchas en el desenvolvimiento y en el desarrollo de nuestra patria.
Después de la primera guerra y, fundamentalmente, después del segundo holocausto mundial, hacia el año de 1945, se hizo sentir, con mayor inquietud la necesidad de la intervención activa positiva, del Estado en los problemas de la capacitación y del empleo en garantizar el acceso a la instrucción y a la formación profesional de los trabajadores.
En los sistemas políticos, que de alguna manera controlan las libertades, fue factible, casi de inmediato y con buenos resultados que debemos reconocer, organizar y planificar la ocupación de la población trabajadora.
En los sistemas que, como el nuestro por su muy propio camino, desean conjuntar una esfera individual de libertades y un grupo decisivo de derechos sociales, las soluciones para resolver el derecho al trabajo resultan de mayor complejidad, y necesariamente, son propias a cada comunidad.
México tiene su proceso. Vive, en el contexto de las naciones una época de crecimiento, desarrollo y estabilidad política por su propia estructura y organización, que responden y siguen respondiendo, a los postulados fundamentales que las clases populares y trabajadoras, del campo y de la ciudad inscribieron en la
Constitución; y que siempre, ha respetado el movimiento sindical y los gobiernos de la Revolución, como lo demuestran los hechos: la objetividad con que ha sido conducida la política obrera y ahora, la limpieza de propósitos, que sobre posibilidades prácticas y no teoremas de geometrías abstractas está significada en la Iniciativa, medida, seria y posible, de un hombre limpio despojado de prejuicios que es José López Portillo.
Saludamos entonces, ahora, la Iniciativa de Ley que incorpora a la vida social del país uno de los principios más revolucionarios, de su propia transformación. Asistimos a uno de los avances evidentes de la historia en que somos testigos afortunados del logro de una de las mayores reivindicaciones de nuestro pueblo en su lucha infatigable por el bienestar y la justicia.
Vieja, y a la vez renovada aspiración de las clases trabajadoras mexicanas, este derecho fundamentalmente significa y proyecta el desarrollo y el cumplimiento de una sociedad, más justa y más equitativa a la que todos aspiramos.
Cravioto, Macías y Manjarrez, constitucionalistas ilustres, sostuvieron, en su momento, que:
"El problema de bienestar de las clases populares, es el problema de su sufrimiento, es el problema de sus miserias, es el problema de sus deficiencias para enfrentarse contra el empuje fiero de la catástrofe económica inevitable, de los desequilibrios industriales, del espantoso mal del capitalismo". Y "concluyen" es indispensable establecer y resolver, en beneficio de las clases populares, su derecho indiscutible a obtener, un jornal "bastante remunerador" que les garantice su vivir dentro de todo lo útil, dentro de todo lo humanitario, dentro de todo lo bueno; que les permita la formación, la organización, la constitución y el sostenimiento de una familia mexicana.
No hay críticas, no hay ataques que logren romper la unidad inconmovible de la clase trabajadora organizada en torno de estas metas. Es objetivo fundamental que tenemos, sin distinción de centrales, garantizar a los desposeídos, a las clases populares, su derecho al trabajo.
Los trabajadores de México comparecemos en el impulso del derecho al trabajo, con los siguientes antecedentes: hemos garantizado la estabilidad en el empleo, desde el año de 1960, cumpliendo el propósito original del Constituyente de 1917; hemos garantizado las indemnizaciones por la rescisión y despido de trabajadores en ejercicio. En los años de 1969 y 1970, luchamos por la incorporación en la Nueva Ley Federal del Trabajo de un derecho que entonces, muchos pensaron como hipotético, como un buen deseo, como un propósito declaratorio con fines políticos, y obtuvimos que el artículo 3o. de la Ley, dispusiera el trabajo como un derecho y un deber sociales, que no es artículo de comercio; que exige respecto para las libertades y dignidad de quien lo presta; que debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso para el trabajador y su familia; y, finalmente, que no caben distinciones entre los trabajadores por motivo de raza, sexo, edad, credo religioso, o, lo que es trascendente, en homenaje al respeto de las libertades cívicas del mexicano, sin diferencias por doctrina política o por condición social.
Es innegable que la disposición comentada es resultado de la evolución y de la visión revolucionaria de los trabajadores; si el trabajo es un derecho y es una obligación social de quienes lo prestan, resulta una noble consecuencia, para los patrones y para la sociedad, de un lado, proporcionar condiciones dignas a cambio de desempeño, y ¡somos todos! ¡es la sociedad!, los obligados responsables de crear y promover las oportunidades de trabajo; garantizar la permanencia de quienes lo tienen, y otorgar la posibilidad a quienes carecen de él.
El movimiento obrero organizado, al apoyar la iniciativa, renueva su concepción de siempre: es un deber, de elemental solidaridad, unirnos para lograr, la ocupación racional de los trabajadores mexicanos, asalariados y no asalariados. Es un mandato de la conciencia, aceptar con alegría al lado de las clases trabajadoras de México, que la lucha por el trabajo, es la lucha de nuestros días; es el combate por la nación, que nos dio suelo, que nos otorgó imagen y que nos garantizó patria.
En el año de 1977, esta Cámara de Diputados, por iniciativa del Presidente López Portillo, concluyó, un proceso iniciado y gestado por el movimiento revolucionario; al reconocer como un derecho constitucional, sin lugar a dudas, la capacitación para el trabajo que los patrones y la sociedad, están obligados a cumplir. Era un presupuesto indispensable para el establecimiento del derecho al trabajo, para planear, con mejores medios la ocupación de la fuerza de trabajo mexicana.
Es cierto que iniciamos un programa, que resultados y beneficios han de construirse con el tiempo; los trabajadores tenemos la virtud de la espera consciente; pero, sólo cuando existen bases estructurales indispensables y sólidas.
Pero ahora, el movimiento obrero de México, aspira a que este extraordinario postulado de redención social no corra el riesgo de permanecer en el ámbito declarativo. Las urgencias nacionales demandan, imperativamente, que de los principios constitucionales, este reclamo popular se plasme en los textos reglamentarios de la ley y se convierta, definitivamente y de manera permanente e irreversible en un auténtico programa nacional.
Se requiere que la voluntad política y la intención del primer mandatario y las demandas de las clases trabajadoras se conviertan en realizaciones plenas de sentido, de concreción y de bienestar verdadero y tangible. En suma, los trabajadores de México aspiramos a que tan nobles propósitos del guía de las instituciones republicanas -que hoy sin ambages aplaudimos- sean sólo el principio de una etapa para hacer el derecho de los mexicanos a la
ocuretribuida, la realidad indiscutible que defina a la nueva sociedad.
Existe la necesidad de definir las atribuciones del Ejecutivo Federal a fin de que queda facultado para orientar, de manera sistemática, el crecimiento de las fuerzas productivas, la satisfacción del derecho al trabajo, subordinando el papel de la propiedad de la riqueza a la obtención de este objetivo.
Es hoy la ocasión propicia para solicitar que la estrategia de desarrollo futura se base en una efectiva generación y redistribución de las oportunidades de empleo.
Todo lo que se haga a fin de mejorar las posibilidades de ocupación productiva las condiciones de vida, las capacidades intelectuales, las destrezas, la salud y la dignidad de los hombres, constituye la mejor inversión para el presente y el porvenir, la única, por cierto, que nos permitirá mantener la paz social, preservar la autonomía y acrecentar el bienestar de la sociedad.
El derecho al trabajo constituye un derecho social irrenunciable porque el trabajo del hombre y de la mujer, en cualquier sistema económico es el único medio de ingresos para sí y para su familia, en consecuencia: la vía para asegurar las satisfacciones de las necesidades y acrecentar un mayor bienestar de la población.
De ahí que no pueda estar ausente de las garantías sociales aquella que dé pleno acceso a la participación económica y social.
En un momento histórico como el presente, en que se ha adquirido clara conciencia de que la elevación de los niveles de vida de las grandes mayorías es condición indispensable para un verdadero y equitativo desarrollo, se da la coyuntura apropiada para que, el derecho al trabajo, adquiera mandato constitucional y sea mecanismo fundamental para el logro de objetivos de naturaleza económica y social en la que el hombre es el objetivo, medio y fin de todo el proceso.
Los mandatos constitucionales, al establecer al lado de las garantías individuales las bases jurídicas en que se finca una economía mixta, propician a través de la acción conjunta del Estado y los particulares un proceso más efectivo para aplicar la capitalización nacional al desarrollo económico y social del pueblo, lo que aumenta las posibilidades para crear formas más justas de organización social, por caminos democráticos que faciliten la continuidad de los esfuerzos por alcanzar un mayor bienestar colectivo fincado en el derecho al trabajo.
Parece ser necesario reiterar una vez más la responsabilidad que tiene el movimiento obrero en la tarea de desarrollar y edificar el nuevo modelo de país al que aspiramos y hacer congruente la democracia social que define nuestra Constitución Política con a estrategia para erradicar la pobreza, producir una distribución más equitativa del ingreso y, en general, elevar los niveles de vida y bienestar del pueblo mexicano.
Ello sólo será posible al ir estableciendo los principios de una economía de interés general, o más sencillamente, de una economía de trabajadores como punto de partida para la instauración de una verdadera democracia económica.
Compañeros diputados: La sesión de hoy es histórica, ésta "L" Legislatura al aprobar el dictamen que está a discusión, abre una puerta más hacia el progreso de México.
El Gobierno de la República -lo sabemos- ha venido trabajando con denodado énfasis en la configuración de un programa nacional del empleo. Sabemos que en él reside, en última instancia, la posibilidad cierta de condensar los mejores anhelos de los marginados. Sabemos que esta intención no sólo contempla una serie de acciones estratégicamente concertadas para generar ocupación, abatir el subempleo y reducir la cesantía, sino que, esencialmente contempla los mecanismos jurídicos y legales que constituyen, por el mandato de las normas, las únicas garantías ciertas de que el derecho al trabajo devendrá una realidad operante que inducirá al Estado Revolucionario Mexicano a asumir, sin titubeos, su responsabilidad histórica en el aseguramiento de las oportunidades de ocupación a todos los mexicanos.
Estamos ciertos de que la función social de la riqueza, el papel rector del Estado en la economía nacional y la programación de las acciones del sector público, más la coordinación, bajo la conducción de las autoridades de la nación de las actividades de los sectores social y privado son, en realidad, las únicas posibilidades ciertas de dar vigencia absoluta a este derecho social magno cuya gestación hoy discutimos. Con estos principios en mente, el movimiento obrero organizado del país, agradece al Presidente López Portillo, el gesto de honor con el que, cabalmente, ahora, de nuevo, reasume sus más límpidos compromisos con los trabajadores y con el pueblo entero de México. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: Habiéndose agotado el turno de oradores, sírvase la Secretaría consultar a la honorable Asamblea en votación económica, si el dictamen se estima suficientemente discutido.
El C. secretario Abelardo Carrillo Zavala: En votación económica se pregunta si está suficientemente discutido el dictamen. Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido.
Se va a proceder a recoger la votación nominal del Artículo Único del Proyecto. Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(VOTACIÓN.)
El C. Presidente: Aprobado en proyecto de Decreto por 168 votos. (Aplausos.)
El C. secretario Héctor González Lárraga: Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al Orden del Día de la próxima sesión.
ORDEN DEL DÍA
- El C. prosecretario Héctor González Lárraga:
"Tercer período ordinario de sesiones.
'L' Legislatura.
Orden del Día
28 de septiembre de 1978.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Ocho por los que se solicita el permiso constitucional necesario para que los CC. Juan
Manuel Ramírez Gómez, Agustín Flores González, Juan González Alpuche, Alfredo Reguero Iza, Manuel Hernández Obregón, Ricardo Cházaro Lara, Fernando Meixueiro
Ramírez y Homero Aridjis, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros.
Doce por los que se solicita el permiso constitucional necesario para que los CC. Evangelina D. Belloc Bustamante, Hermandí Núñez Hernández, Carlota Amalia Gómez de Madrazo, Lilia Aidé González Soto, Acela Ramos de Magaña, Emma Norma Silvia Guzmán Lozano, Olga Saldamando de Peña, Teresa de Jesús Ferman Hernández, Guillermo Alfonso Magaña Olvera, Bertha Salazar Segura de Pellat, Juan José González Cervantes y Efrén Castañeda Castañeda, puedan prestar servicios de carácter administrativo en Consulados Generales de gobiernos extranjeros.
Veintiuno por los que se solicita el permiso constitucional necesario para que los CC. Raúl Gómez Lapier, Lorenzo Covarrubias, Melchor Villegas Sánchez, Dagoberto Holguín Figueroa, Georgette Mondragón, Arnulfo Solano Castillo, Galdino Fierros Canseco, Juan Teodoro Berlanga Espinosa, Arcadio Hernández Vega, José Rubén Solórzano García, Valente Téllez Domínguez, Mario Abrego Ruelas, Facundo Vázquez Arvizu, María Virginia Vázquez Carlos, Juan Manuel Durazo Samaniego, Antonio Ayala Martinet, Germán de León Briones, Cruz Garza Villa, Gerardo Emiliano Díaz Castellanos, Rodolfo Elizondo Hernández y Francisco Burrola Morales, puedan prestar servicios de carácter administrativo en Embajadas de Gobiernos Extranjeros.
Elección de Mesa Directiva.
Informe de la Contaduría Mayor de Hacienda.
Proposición de la Diputación del Partido Acción Nacional, para que comparezca el Jefe del Departamento del Distrito Federal.
Dictamen de primera lectura
De las Comisiones Unidas Segunda de Puntos Constitucionales, de Estudios Legislativos y Primera de Fomento Cooperativo con proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos 28, 73 y 123, Apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
- El C. Presidente (a las 13:35 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el día de mañana jueves 28 de septiembre, a las once horas.
TAQUIGRAFÍA PARLAMENTARIA Y
"DIARIO DE LOS DEBATES"