Legislatura LI - Año I - Período Ordinario - Fecha 19791004 - Número de Diario 26
(L51A1P1oN026F19791004.xml)Núm. Diario:26ENCABEZADO
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
"LI" LEGISLATURA
Registrado como artículo de 2a. clase en la Administración local de Correos, el 21 de septiembre de 1921
AÑO I México, D. F., Jueves 4 de Octubre de 1979 TOMO I.-NUM. 26
SUMARIO
SUMARIO
Apertura
Orden del día
Acta de la sesión anterior. Con una aclaración se aprueba
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
Condecoraciones
Tres proyectos de Decreto que conceden permiso a los CC. Jorge Castañeda y Alvarez de la Rosa, Susana Cuadra Galicia y Juan Miguel Ponce Edmonson, para que puedan aceptar condecoraciones de gobiernos extranjeros. Primera lectura
Prestación de servicios
Cinco Proyectos de Decreto que conceden permiso a los CC. Josefa González Gerónimo, Isabel Sansón Zavala de Dueñas, Josefina Vargas Rodríguez, Felipe Jardón González y Ana María Victoria Rodríguez Maciel, para prestar diversos servicios en Embajadas extranjeras acreditadas en nuestro país. Primera lectura.
Dos proyectos de Decreto que conceden permiso a los C. Ramón Sandoval Fernández y Betty Garza Vda. de González, para prestar servicios de carácter administrativo en el Consulado General Americano en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Primera lectura.
Cargo Consular.
Uno con proyecto de Decreto que concede permiso a la C. Rosa María Uribe de Chávez, para desempeñar el cargo de Procónsul en el Consulado Británico en Guadalajara, Jalisco. Primera lectura.
Prestación de Servicios
Uno con proyecto de Decreto que concede permiso a la C. Ofelia Chao Zapata para prestar servicios como Operadora d Teléx en el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América, acreditado en nuestro país. Primera lectura.
Delegación de Defensa de la Paz
La Presidencia informa que se encuentra en el Salón la Delegación del Comité Soviético de Defensa de la Paz encabezada por l señor Eugeniy Fiodorov, miembro de la Presidencia de la URSS. El presidente de la Asamblea los saluda y a nombre de este Cuerpo Legislativo les da cordial bienvenida.
Informe sobre el Viaje del
C. Presidente de la República
Al C. Luis M. Farías, manifiesta que como invitado del Ejecutivo Federal estuvo presente en la comparecencia del Presidente López Portillo ante el Foro de la Organización de las Naciones Unidas y n la entrevista que tuvo con el Presidente Carter. Finaliza haciendo una serie de reflexiones sobre a importancia del viaje efectuado por el Primer Magistrado de la Nación, por lo que considera que merece una felicitación de este Cuerpo Legislativo. Insértese en el Diario de los Debates.
Proposición
Del C. Antonio Becerra Gaytán, a fin de que se revoque el Acuerdo de la Cámara de Diputados sobre el nombramiento de los comisionados de esta Cámara ante la Comisión Federal Electoral. La Presidencia aclara al orador que dichos nombramientos se hicieron con base en el Artículo 74 del Reglamento y en el Artículo Segundo Transitorio de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. A la Asamblea en votación económica, no admite la proposición y se da por desechada.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
Ley del Seguro Social
Proyecto de decreto que reforma el Artículo 168 de la Ley expresada.
Segunda lectura. También se da lectura al voto particular del C. Gerardo Unzueta Lorenzana.
A discusión en lo general. Hacen uso de la palabra, en contra el C. Manuel Terrazas Guerrero; en pro el C. Eduardo López Faudoa; en contra del C. Gerardo Unzueta Lorenzana; en pro el C. Francisco Ugalde Alvarez; en contra el C. Santiago Fierro Fierro; en pro el C. Rafael Alonso y Prieto; en contra el C. Miguel José Valadez Montoya; en pro el C. Hildebrando Gaytán. Después de comprobarse el quórum, se considera suficientemente discutido en lo general el proyecto de Decreto y se aprueba por mayoría.
A discusión en lo particular. Sin que motive debate, se aprueba por mayoría. Pasa al Senado.
Exhortación
El C. Armando Thomae Serna, hace uso de la palabra para referirse a la acelerada alza de los precios que afecta a todos los mexicanos, exhorta a las Comisiones Unidas de Comercio y de Agricultura y Recursos Hidráulicos, para que de inmediato se avoquen al estudio del problema de la carestía de la vida. La Presidencia exhorta a las Comisiones mencionadas en el sentido propuesto por el C. Thomae Serna.
Solicitud de Comparecencia
El C. Graco Ramírez G. Abreu, con base en el artículo 93 Constitucional, solicita se cite al C. Jorge de la Vega Domínguez, Secretario de Comercio para que comparezca ante esta Cámara e informe sobre la política de su ramo, sistema de precios y lo relativo a las Iniciativas presentadas por el Ejecutivo de la Unión. En votación económica, la Asamblea no admite a discusión la proposición y se da por desechada.
Condecoraciones
Cinco proyectos de Decreto que conceden permiso a los CC. Luis Wybo Alfaro (2), Gustavo Maza Padilla, Armando Espíndola Bernal y Jorge Mario Magallón Gómez, para que puedan aceptar y usar condecoraciones de gobiernos extranjeros.Segunda lectura. Se aprueban. Pasan al Senado y al ejecutivo
Orden del día
Se da lectura al Orden del Día de la próxima sesión.
Sesión Secreta Extraordinaria
La Presidencia hace suya la moción del C. Jesús González Schmal, para que se lleve a cabo la sesión mencionada. La Asamblea aprueba la solicitud. Se levanta la sesión y se pasa a sesión secreta extraordinaria.
DEBATE
PRESIDENCIA DEL C. FI DEL HERRERA BELTRAN
(Asistencia de 372 ciudadanos diputados.)
APERTURA
-El C. Presidente (a las 12:00 horas): se abre la sesión.
ORDEN DEL DIA
-El C. secretario José Murat:
"Primer período ordinario de sesiones "LI" Legislatura.
Orden del Día
4 de octubre de 1979.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Dictámenes de primera lectura
Tres de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyectos de Decreto por los que se concede permiso a los CC. Jorge Castañeda y Alvarez de la Rosa, Susana Cuadra Galicia y Juan Miguel Ponce Edmonson, para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros.
Cinco de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyectos de Decreto por los que se concede permiso a los CC. Josefa González Gerónimo, Isabel Sansón Zavala de Dueñas, Josefina Vargas Rodríguez, Felipe Jardón González y Ana María Victoria Rodríguez Maciel, para prestar servicios de carácter administrativo en Embajadas Extranjeras.
Dos de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyectos de Decreto, por los que se concede permiso a los CC. Ramón Sandoval Fernández y Betty Garza Vda. de González, para prestar servicios en el Consulado General Americano, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyecto de Decreto, por el que se concede permiso a la C. Rosa María Uribe de Chávez, para desempeñar el cargo de Procónsul en el Consulado Británico en Guadalajara, Jalisco.
De la Comisión de Gobernación y Puntos constitucionales con proyecto de Decreto, por el que se concede permiso a la C. Ofelia Chao Zapata, par prestar servicios como operadora de Télex en al oficinas que el Departamento
de Agricultura de los Estados Unidos de América, tiene en el Distrito Federal.
INFORME SOBRE EL VIAJE DEL C. LICENCIADO JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.
Dictámenes a discusión
De la Comisión de Seguridad Social con proyecto de Decreto que reforma el artículo 168 de la Ley del Seguro Social.
Cinco de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyecto de Decreto, por los que se concede permiso a los CC. Luis Wybo Alfaro, Gustavo Maza Padilla, Armando Espíndola Bernal y Jorge Mario Magallón Gómez, para aceptar y usar condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros."
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
-El mismo C. Secretario:
"Acta de la sesión de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Primera Legislatura del H. Congreso de la Unión, efectuada el día dos de octubre de mil novecientos setenta y nueve.
Presidencia del C. Fidel Herrera Beltrán.
En la ciudad de México, a las doce horas del martes dos de octubre de mil novecientos setenta y nueve, con asistencia de trescientos setenta y seis ciudadanos diputados, la Presidencia declara abierta la sesión.
Lectura del Orden del Día.
Sin discusión se aprueba el Acta de la sesión anterior llevada a cabo el día veintisiete de septiembre próximo pasado.
Se da cuenta con los documentos de cartera: El Departamento del Distrito Federal suscribe atenta invitación a la ceremonia que tendrá lugar el día 4 de los corrientes, en el edificio que ocupa la Hemeroteca Nacional, con motivo del 155 aniversario de la Promulgación de la Constitución de 1824.
Para asistir a dicha ceremonia con la representación de la Cámara de Diputados, la Presidencia designa a los siguientes ciudadanos: Ernesto Gil Elorduy, Andrés Montemayor, Federico Flores Taváres, Antonio Obregón Padilla Rodolfo Delgado Severino y Pedro René Etienne Llano.
Invitación del propio Departamento del Distrito Federal al acto cívico, que en ocasión del 6 9 aniversario de la Promulgación del Plan de San Luis, que se efectuará el día 5 del presente, ante la estatua del prócer Francisco I. Madero, en la explanada de Los Pinos, Tacubaya.
La Presidencia designa a los ciudadanos Rafael Cervantes Acuña, Enrique Fernández Pérez, Elba Esther Gordillo Morales, Antonio Becerra Gaytán, Felipe Pérez Gutiérrez y Ernesto Rivera Herrera, para que representen a esta Cámara en este acto.
La H. Cámara de Senadores se sirve invitar a la sesión solemne que tendrá verificativo el día 9 del mes en curso, con motivo del 56 aniversario del sacrificio del senador Belisario Domínguez y de la imposición de la Medalla de Honor del Senado de la República, que lleva su nombre.
La Presidencia nombra en Comisión para que representen a este Cuerpo Legislativo en la sesión solemne mencionada, a los siguientes ciudadanos: Luis M. Farías, Fidel Herrera Beltrán, Juan Sabines Gutiérrez, Rafael Corrales Ayala, Yolanda Sentíes Ballesteros, Arturo Romo Gutiérrez, Angel Aceves Saucedo, Porfirio Camarena Castro, Amelia Olguín viuda de Butrón, Alberto Petersen Biester, Gerardo Unzueta Lorenzana, Juan Manuel Elizondo C., Ernesto Rivera Herrera, Ernesto José Guzmán Gómez, Carlos Cantú Rosas y como orador al C. Cuauhtémoc Anda Gutiérrez.
La misma H, Colegisladora comunica la elección de Presidente y Vicepresidente que fungirá durante el presente mes de octubre. De enterado.
Oficio suscrito por el C. Eduardo Aviña Bátiz, comunicando que debido a una enfermedad transitoria, no le fue posible concurrir a las sesiones del Colegio Electoral y de las del Congreso y de esta Cámara de Diputados, como lo comprueba con el certificado médico adjunto.
En tal virtud y estando presente el C. Eduardo Aviña Bátiz, rinde la protesta de Ley como diputado propietario por el Primer Distrito Electoral del Estado de Jalisco.
La Legislatura del Estado de Aguascalientes participa la elección de su Mesa Directiva, correspondiente al período ordinario de sesiones del tercer año de su ejercicio. De enterado.
La Secretaría da lectura a un oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que comunica que el C. Presidente de la República designó a la C. licenciada María Dolores Ovando Conzuelo, Magistrada del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal.
La Presidencia considera este asunto de urgente resolución, y la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, dispensa todos los trámites a este documento, a efecto de que se someta a discusión y votación de inmediato.
A discusión el punto de Acuerdo respectivo. Sin que motive debate, en votación económica se aprueba.
Encontrándose a las puertas del Recinto la C. licenciada María Dolores Ovando Conzuelo, cuyo nombramiento acaba de ser aprobado por esta Asamblea, la Presidencia designa a los ciudadanos Alfonso Zegbe Sanen, Lucía Méndez Hernández, Jorge Montufar Araujo y Juan Manuel Lucía Escalera, para que la introduzcan al Salón y la acompañen a rendir la protesta de rigor. Una vez de la Comisión cumple con su cometido y puestos todos los presentes de pie, la nueva Magistrada rinde la protesta de Ley.
La misma Comisión que introdujo a la C. licenciada María Dolores Ovando Conzuelo, la acompaña al retirarse del Salón.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 78 y 81 de la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, el C. profesor Enrique Olivares Santana, Presidente de la comisión Federal Electoral, solicita a esta Cámara de Diputados se sirva designar sus comisionados ante la propia Comisión Federal Electoral.
A proposición de la Presidencia y con fundamento en el artículo 59 del Reglamento, la Asamblea en votación económica considera este asunto de urgente resolución, por lo que se dispensa todos los trámites.
Como consecuencia de lo anterior, la Secretaría da lectura a una comunicación suscrita por la Gran Comisión de esta Cámara de Diputados, en la que se propone a los CC. Guillermo Jiménez Morales y Humberto Lira Mora como Comisionados de este Cuerpo Legislativo, ante la Comisión Federal Electoral, como propietario y suplente, respectivamente. En votación económica la Asamblea aprueba la proposición.
Al efectuarse la votación, el C. Gerardo Unzueta Lorenzana la interrumpe, solicitando hacer uso de la palabra, misma que le es negada por la Presidencia, en virtud de que se está votando un asunto, comunicándole que después del resultado podrá hacer uso de la tribuna.
En seguida interviene el C. Gerardo Unzueta Lorenzana, para expresar que, precisamente solicitaba hacer uso de la palabra para hacer una proposición distinta a la formulada por la Gran Comisión, relacionada con los Comisionados ante la Comisión Federal Electoral. Agrega que a nombre del Grupo Comunista Coalición de Izquierda, propone al doctor Fernando Peraza Medina como propietario y al profesor Antonio Becerra Gaytán como suplente, ante ese Organismo Electoral, solicitando se someta a consideración de la Asamblea la proposición.
La Presidencia después que la Secretaría da lectura al artículo 58 del Reglamento, ruega al C. Unzueta Lorenzana presente su proposición por escrito, de acuerdo con lo que establece el artículo mencionado.
A pregunta del C. Gerardo Unzueta Lorenzana de que si se considera aprobada la proposición de la Gran Comisión, la Presidencia contesta que efectivamente ha sido aprobada por la Asamblea.
Después de varias mociones de orden de los CC. Hiram Escudero Alvarez, Rafael Corrales Ayala, Gerardo Unzueta Lorenzana, Pablo Gómez Alvarez y Antonio Obregón Padilla, la Presidencia informa a los ciudadanos mencionados, que la Gran Comisión formuló la proposición con base en el artículo segundo transitorio de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 71 y 74 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, ya que la Comisión aprobada es Especial.
No habiendo ninguna otra intervención en relación a este caso, se continúa los asuntos en cartera. La Comisión de Seguridad Social emite un dictamen con proyecto de Decreto que reforma el artículo 168 de la Ley del Seguro Social.
A continuación la Secretaría da lectura al voto particular del C. Gerardo Unzueta Lorenzana, integrante de la Comisión de Seguridad Social de la Quincuagésima Primera Legislatura.
A petición del propio C. Unzueta Lorenzana, la Presidencia ruega a la Secretaría proceda a imprimir este voto particular y distribuirlo entre los ciuadadanos diputados.
El trámite al dictamen anterior es: Primera lectura.
Para hacer consideraciones y externar sus particulares puntos de vista sobre los sucesos acaecidos el día 2 de octubre de 1968, hacen uso de la palabra sucesivamente los ciudadanos Pablo Gómez Alvarez, Carlos Enrique Castillo, Jesús Ortega Martínez, Pedro Joaquín Coldwell, Cuauhtémoc Amezcua, Roberto Blanco Moheno, Eugenio Ortiz Walls, Alejandro Gazcón Mercado, Graco Ramírez G. Abreu, Humberto Pliego Arenas, José Isaac Jiménez, Carlos Sánchez Cárdenas, Jorge Montúfar Araujo y finalmente, para una aclaración, el C. Alejandro Gascón Mercado.
A nombre de la Fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional, hace uso de la palabra el C. Jesús González Shcmal, para solicitar que, por las razones y fundamentos que expresa en la proposición que presenta, se pida al C Presidente de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda y a los demás ciudadanos diputados integrantes de la misma, giren instrucciones al C. Contador Mayor de la Contaduría Mayor de Hacienda, se dé prioridad y urgente realización a la auditoría que se practique a Petróleos Mexicanos. A las Comisiones Unidas de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda y de Gobernación y Puntos Constitucionales.
La Presidencia manifiesta que en relación a esta propuesta, el C. Contador Mayor inicia ya los procedimientos de inspección y vigilancia de operaciones, gastos y costos de Petróleos Mexicanos, en ejercicio de las facultades que por ley le corresponden a la Contaduría Mayor de Hacienda.
Agotados los asuntos en cartera se da lectura al Orden del Día de la siguiente sesión. A las diecisiete horas y treinta minutos se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo jueves cuatro de octubre, a las once horas. Se pasa a sesión secreta." Está a discusión el acta.
El C. Pablo Gómez Alvarez: Pido la palabra.
El C. Presidente: Tiene usted la palabra.
-El C. Pablo Gómez Alvarez:
En discusión sobre la propuesta de la Gran Comisión para el nombramiento de las comisiones en esta Cámara en la Comisión Federal Electoral, el Presidente de la Asamblea
afirmó que se trataba de una propuesta ordinaria a una pregunta que yo mismo le hice, pero que no figura en el acta.
El C. Presidente: Señor diputado, el acta es una síntesis de lo ocurrido en la Asamblea, en el Diario de los Debates, que es en donde figuran las intervenciones completas de todos los ciudadanos diputados, podrá encontrar la referencia que usted solicita.
El C. Pablo Gómez Alvarez: Sí, pero creo que éste es un asunto relevante, puesto que forma parte del Acuerdo tomado.
El C. Presidente: Procederá a hacerse la anotación que usted sugiere.
Ruego a la Secretaría comunicar con los asuntos en cartera.
El C. secretario José Murat: No habiendo ningún otro ciudadano diputado que quiera hacer uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba el acta.
Los que estén por la afirmativa, sírvase manifestarlo...Aprobada.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
Condecoraciones
-El mismo C. Secretario:
"Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea:
En oficio fechado el 6 de septiembre del presente año, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano licenciado Jorge Castañeda y Alvarez de la Rosa, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Boyacá, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de Colombia.
La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del Apartado B) del artículo 37 Constitucional, se permite someter a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano licenciado Jorge Castañeda y Alvarez de la Rosa, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden de Boyacá, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de Colombia.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.- México, D. F., a 24 de septiembre de 1979.-Presidente, Luis M. Farías.- Secretario, Antonio Huitrón Huitrón.-Juan Sabines Gutiérrez.-Rafael Corrales Ayala.-Guillermo Jiménez Morales.-Francisco Javier Gaxiola Ochoa.-Juan Maldonado Pereda.-Guillermo Medina de los Santos.-Eduardo Anselmo Rosas González.-Ignacio Vázquez Torres.-Enrique Sánchez Silva.-Raúl Pineda Pineda .-Humberto Lira Mora.-Pedro Joaquín Coldwell.-Eduardo Aviña Bátiz.-Luis Octavio Porte Petit Moreno.-Juan Manuel Elizondo.-Gilberto Rincón Gallardo.-Ezequiel Rodríguez Arcos.-Abel Vicencio Tovar.-Juan Landerreche Obregón.-Juan Aguilera Azpeitia.-Antonio Gómez Velazco."
-Trámite: Primera Lectura.
-El mismo C. Secretario:
"Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea:
En oficio fechado el 6 de noviembre de 1978, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Susana Cuadra Galicia, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Tesoro Sagrado, en su sexto grado, que le confiere el Gobierno del Japón.
Por acuerdo de la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Diputados, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que se establece la fracción III del Apartado B) del Artículo 37 Constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. se concede permiso a la ciudadana Susana Cuadra Galicia, para aceptar y usar la Condecoración del Orden del Tesoro Sagrado, en su sexto grado, que le confiere el Gobierno del Japón.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.- México, D. F., a 14 de septiembre de 1979.-Presidente, Luis M. Farías.- Secretario, Antonio Huitrón Huitrón.-Juan Sabines Gutiérrez.-Rafael Corrales Ayala.-Guillermo Jiménez Morales.-Francisco Javier Gaxiola Ochoa.-Juan Maldonado Pereda.-Guillermo Medina de los Santos.-Eduardo Anselmo Rosas González.-Ignacio Vázquez Torres.-Enrique Sánchez Silva.-Raúl Pineda Pineda Humberto Lira Mora.-Pedro Joaquín Coldwell.-Eduardo Aviña Bátiz.-Luis Octavio Porte Petit Moreno.-Juan Manuel Elizondo.-Gilberto Rincón Gallardo.-Ezequiel Rodríguez Arcos.-Abel Vicencio Tovar.-Juan Landerreche Obregón.-Juan Aguilera Azpeitia.-Antonio Gómez Velazco."
-Trámite: Primera lectura.
-La C. prosecretaria América Abaroa Zamora:
"Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente con la
solicitud de permiso constitucional necesario para que el ciudadano Juan Miguel Ponce Edmonson, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito, en grado de Caballero, que le confiere el Gobierno de Perú.
La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del Apartado B) del Artículo 37 Constitucional, se permite someter a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Juan Miguel Ponce Edmonson, para aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito, en grado de Caballero, que le confiere el Gobierno de Perú.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. congreso de la Unión.- México, D. F., a 14 de septiembre de 1979.- Presidente, Luis M. Farías.- Secretario, Antonio Huitrón Huitrón.-Juan Sabines Gutiérrez.-Rafael Corrales Ayala.-Guillermo Jiménez Morales.-Francisco Javier Gaxiola Ochoa.-Juan Maldonado Pereda.-Guillermo Medina de los Santos.-Eduardo Anselmo Rosas González.- Ignacio Vázquez Torres.-Enrique Sánchez Silva.-Raúl Pineda Pineda.-Humberto Lira Mora.-Pedro Joaquín Coldwell.-Eduardo Aviña Bátiz.- Luis Octavio Porte Petit Moreno.-Juan Manuel Elizondo.-Gilberto Rincón Gallardo Ezequiel Rodríguez Arcos.-Abel Vicencio Tovar.-Juan Landerreche Obregón.-Juan Aguilera Azpeitia.-Antonio Gómez Velazco."
-Trámite: Primera Lectura.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
-La misma C. prosecretaria:
"Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea:
En oficio fechado el día 2 de octubre de 1978, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Josefa González Gerónimo, pueda prestar servicios como empleada en el Departamento Comercial de la Embajada de la República Democrática Alemana, en México. Por acuerdo de la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Diputados, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que la peticionaria acredita su nacionalidad mexicana, con la copia certificada del acta de su nacimiento.
b) Que los servicios que la propia interesada prestará en el Departamento Comercial de la Embajada de la República Democrática Alemana, serán como empleada.
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido por la fracción II del apartado B) del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana Josefa González Gerónimo, para prestar servicios como empleada, en el Departamento Comercial de la Embajada de la República Democrática Alemana, en México.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.- México, D. F., a 24 de septiembre de 1979.-Presidente, Luis M. Farías.- Secretario, Antonio Huitrón Huitrón.-Juan Sabines Gutiérrez.-Rafael Corrales Ayala.-Guillermo Jiménez Morales.-Francisco Javier Gaxiola Ochoa.-Juan Maldonado Pereda.-Guillermo Medina de los Santos.- Eduardo Anselmo Rosas González.-Ignacio Vázquez Torres.- Enrique Sánchez Silva.-Raúl Pineda Pineda.- Humberto Lira Mora.-Pedro Joaquín Coldwell.-Eduardo Aviña Bátiz.- Luis Octavio Porte Petit Moreno.-Juan Manuel Elizondo.-Gilberto Rincón Gallardo.-Ezequiel Rodríguez Arcos.-Abel Vicencio Tovar.-Juan Landerreche Obregón.-Juan Aguilera Azpeitia.-Antonio Gómez Velazco."
-Trámite: Primera lectura.
-La misma C. Prosecretaria:
"Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea:
En oficio fechado el día 2 de octubre de 1978, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Isabel Sansón Zavala de Dueñas, pueda prestar servicios como empleada en le Departamento Comercial, en la Embajada de la República Democrática Alemana, en México.
Por acuerdo de la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Diputados, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que la peticionaria acredita su nacionalidad mexicana, con la copia certificada del acta de su nacimiento.
b) Que los servicios que la propia interesada prestará en la Embajada de la República Democrática Alemana, serán como empleada.
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido por la fracción II del apartado B) del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana Isabel Sansón Zavala de Dueñas, para prestar servicios como empleada, en la Embajada de la República Democrática Alemana, en México.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de La Unión.- México, D. F., a 24 de septiembre de 1979.-Presidente, Luis M. Farías.- Secretario, Antonio Huitrón Huitrón.-Juan Sabines Gutiérrez.-Rafael Corrales Ayala.-Guillermo Jiménez Morales.-Francisco Javier Gaxiola Ochoa.-Juan Maldonado Pereda.-Guillermo Mediana de los Santos.-Eduardo Anselmo Rosas González.-Ignacio Vázquez Torres.-Enrique Sánchez Silva.-Raúl Pineda Pineda.-Humberto Lira Mora.-Pedro Joaquín Coldwell.-Eduardo Aviña Bátiz.- Luis Octavio Porte Petit Moreno.-Juan Manuel Elizondo.-Gilberto Rincón Gallardo.-Ezequiel Rodríguez Arcos.-Abel Vicencio Tovar.-Juan Landerreche Obregón.-Juan Aguilera Azpeitia.-Antonio Gómez Velazco."
-Trámite: Primera lectura.
-La misma C. Prosecretaria:
"Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea:
En oficio fechado el día 2 de octubre de 1978, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Josefina Vargas Rodríguez, pueda prestar servicios en le Embajada de Indonesia, en México.
Por acuerdo de la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Diputados, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que la peticionaria acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de su nacimiento.
b) Que los servicios que la propia solicitante prestará en la Embajada de Indonesia, serán como empleada.
c) Que la solicitud se ajusta a los establecido en la fracción II del apartado B) del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana Josefina Vargas Rodríguez, para prestar servicios como empleada, en la Embajada de Indonesia, en México
. Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.- México, D. F., a 24 de septiembre de 1979.-Presidente. Luis M. Farías.- Secretario, Antonio Huitrón Huitrón.-Juan Sabines Gutiérrez.-Rafael Corrales Ayala.-Guillermo Jiménez Morales.-Francisco Javier Gaxiola Ochoa.-Juan Maldonado Pereda.-Guillermo Medina de los Santos.-Eduardo Anselmo Rosas González.-Ignacio Vázquez Torres.-Enrique Sánchez Silva.-Raúl Pineda Pineda.-Humberto Lira Mora.-Pedro Joaquín Coldwell.-Eduardo Aviña Bátiz.- Luis Octavio Porte Petit Moreno.-Juan Manuel Elizondo.-Gilberto Rincón Gallardo.-Ezequiel Rodríguez Arcos.-Abel Vicencio Tovar.-Juan Landerreche Obregón.-Juan Aguilera Azpeitia.-Antonio Gómez Velazco."
-Trámite: Primera lectura.
-La misma C. Prosecretaria:
"Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea:
En oficio fechado el 28 de septiembre de 1978, la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Felipe Jardón González, pueda prestar servicios en la Embajada de la República de Indonesia, en México.
Por acuerdo de la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Diputados, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de su nacimiento.
b) Que los servicios que el propio interesado prestará en la Embajada de Indonesia, serán como empleado.
c) Que la solicitud se ajusta lo establecido en la fracción II del apartado
B) del artículo 37 Constitucional.
Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Felipe Jardón González, para prestar servicios como empleado en la Embajada de Indonesia, en México.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.- México, D. F., a 24 de septiembre de 1979.-Presidente, Luis M. Farías.- Secretario, Antonio Huitrón Huitrón, Juan Sabines Gutiérrez.-Rafael Corrales Ayala.-Guillermo Jiménez Morales.-Francisco Javier Gaxiola Ochoa.- Juan
Maldonado Pereda.-Guillermo Medina de los Santos.-Eduardo Anselmo Rosas González.-Ignacio Vázquez Torres.-Enrique Sánchez Silva.-Raúl Pineda Pineda.-Humberto Lira Mora.-Pedro Joaquín Coldwell.-Eduardo Aviña Bátiz.- Luis Octavio Porte Petit Moreno.-Juan Manuel Elizondo.-Gilberto Rincón Gallardo.-Ezequiel Rodríguez Arcos.-Abel Vicencio Tovar.-Juan Landerreche Obregón.-Juan Aguilera Azpeitia.-Antonio Gómez Velazco."
-Trámite: Primera lectura.
-La misma C. Prosecretaria:
"Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea:
En oficio fechado el 2 de agosto próximo pasado la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Ana María Victoria Rodríguez Maciel, pueda prestar servicios como secretaria en la Embajada de Venezuela, en esta ciudad. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión el día 20 de septiembre, se turnó a la Comisión que suscribe para su estudio y dictamen el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que la peticionaria acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de su nacimiento.
b) Que los servicios que la interesada prestará en la Embajada de Venezuela, serán como secretaria.
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado B) del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana Ana María Victoria Rodríguez Maciel, para prestar servicios como secretaria en la Embajada de Venezuela, en esta ciudad.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.- México, D. F., a 24 de septiembre de 1979.- Presidente, Luis M. Farías.- Secretario, Antonio Huitrón Huitrón.-Juan Sabines Gutiérrez.-Rafael Corrales Ayala.-Guillermo Jiménez Morales.-Francisco Javier Gaxiola Ochoa.-Juan Maldonado Pereda.-Guillermo Medina de los Santos.-Eduardo Anselmo Rosas González.-Ignacio Vázquez Torres.-Enrique Sánchez Silva.-Raúl Pineda Pineda.-Humberto Lira Mora.-Pedro Joaquín Coldwell.-Eduardo Aviña Bátiz.- Luis Octavio Porte Petit Moreno.-Juan Manuel Elizondo.-Gilberto Rincón Gallardo.-Ezequiel Rodríguez Arcos.-Abel Vicencio Tovar.-Juan Landerreche Obregón.-Juan Aguilera Azpeitia.-Antonio Gómez Velazco."
-Trámite: Primera lectura.
-La misma C. Prosecretaria:
"Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea:
En escrito fechado el 16 de julio próximo pasado el ciudadano Ramón Sandoval Fernández, solicita el permiso constitucional necesario para prestar servicios como Representante del Seguro Social en el Consulado General Americano en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.
En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión el día 18 de septiembre, se turnó a la Comisión que suscribe para su estudio y dictamen el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de su nacimiento.
b) Que los servicios que el interesado prestará en el Consulado General Americano, serán como Representante del Seguro Social.
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado B) del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Ramón Sandoval Fernández, para prestar servicios como Representante del Seguro Social en el Consulado General Americano en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.- México, D. F., a 24 de septiembre de 1979.-Presidente, Luis M. Farías.- Secretario, Antonio Huitrón Huitrón.-Juan Sabines Gutiérrez.-Rafael Corrales Ayala.-Guillermo Jiménez Morales.-Francisco Javier Gaxiola Ochoa.-Juan Maldonado Pereda.-Guillermo Medina de los Santos.-Eduardo Anselmo Rosas González.-Ignacio Vázquez Torres.-Enrique Sánchez Silva.-Raúl Pineda Pineda.-Humberto Lira Mora.-Pedro Joaquín Coldwell.-Eduardo Aviña Bátiz.- Luis Octavio Porte Petit Moreno.-Juan Manuel Elizondo.-Gilberto Rincón Gallardo.-Ezequiel Rodríguez Arcos.-Abel Vicencio Tovar.-Juan Landerreche Obregón.-Juan Aguilera Azpeitia.-Antonio Gómez Velazco."
-Trámite: Primera lectura.
La misma C. Prosecretaria:
"Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea:
En escrito de fecha 15 de julio de 1975, la ciudadana Betty Garza viuda de González, solicita el permiso constitucional necesario para prestar servicios como secretaria en el Consulado General Americano en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.
Por acuerdo de la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Diputados, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO a) Que la peticionaria acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento.
b) Que los servicios que la propia interesada prestará en el Consulado General Americano, serán como secretaria.
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado B) del artículo 37 Constitucional.
Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana Betty Garza viuda de González, para prestar servicios como secretaria en el Consulado General Americano, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.- México, D. F., a 24 de septiembre de 1979.-Presidente, Luis M. Farías.- Secretario, Antonio Huitrón Huitrón.-Juan Sabines Gutiérrez.-Rafael Corrales Ayala.-Guillermo Jiménez Morales.-Francisco Javier Gaxiola Ochoa.-Juan Maldonado Pereda.-Guillermo Medina de los Santos.-Eduardo Anselmo Rosas González.-Ignacio Vázquez Torres.-Enrique Sánchez Silva.-Raúl Pineda Pineda.-Humberto Lira Mora.-Pedro Joaquín Coldwell.-Eduardo Aviña Bátiz.- Luis Octavio Porte Petit Moreno.-Juan Manuel Elizondo.-Gilberto Rincón Gallardo.-Ezequiel Rodríguez Arcos.-Abel Vicencio Tovar.-Juan Landerreche Obregón.-Juan Aguilera Azpeitia.-Antonio Gómez Velazco.
-Trámite: Primera lectura.
CARGO CONSULAR
-La misma C. Prosecretaria:
"Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea:
En oficio fechado el 13 de los corrientes, la Cámara de Senadores, remite expediente con Minuta Proyecto de Decreto que concede permiso a la C. licenciada Rosa María Uribe de Chávez, para que pueda aceptar y desempeñar el cargo de Pro-Cónsul en el Consulado Británico acreditado en Guadalajara, Jalisco.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, el 20 del actual, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que la peticionaria acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del Acta de nacimiento.
b) Que los servicios que la propia interesada prestará serán como Pro-Cónsul
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del Apartado
B) del artículo 37 Constitucional.
Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la C. licenciada Rosa María Uribe de Chávez, para que pueda desempeñar el puesto de Pro-Cónsul en el Consulado Británico acreditada en Guadalajara, Jalisco.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.- México, D. F., a 24 de septiembre de 1979.- Presidente, Luis M. Farías.- Secretario, Antonio Huitrón Huitrón.-Juan Sabines Gutiérrez.-Rafael Corrales Ayala.-Guillermo Jiménez Morales.-Francisco Javier Gaxiola Ochoa.-Juan Maldonado Pereda.-Guillermo Medina de los Santos.- Eduardo Anselmo Rosas González.-Ignacio Vázquez Torres.-Enrique Sánchez Silva.-Raúl Pineda Pineda.-Humberto Lira Mora.-Pedro Joaquín Coldwell.-Eduardo Aviña Bátiz.- Luis Octavio Porte Petit Moreno.-Juan Manuel Elizondo.-Gilberto Rincón Gallardo.-Ezequiel Rodríguez Arcos.-Abel Vicencio Tovar.-Juan Landerreche Obregón.-Juan Aguilera Azpeitia.-Antonio Gómez Velazco."
-Trámite: Primera lectura.
-La misma C. Prosecretaria:
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
-La C. prosecretaria América Abaroa Zamora:
"Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea:
En oficio fechado el 31 de julio del presente año, la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Ofelia Chao Zapata, pueda prestar servicios en las oficinas que el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América tiene en esta capital.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, el 13 del actual, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que la peticionaria acredita su nacionalidad mexicana, con la copia certificada del acta de nacimiento.
b) Que los servicios que la propia interesada prestará serán como Operadora de Télex, en las oficinas que el Departamento de Agricultura, de los Estados Unidos de América, tiene en esta capital.
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del Apartado B) del artículo 37 Constitucional.
Por lo expuesto esta Comisión se permite someter a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana Ofelia Chao Zapata, para prestar servicios como Operadora de Télex en las oficinas que el Departamento de Agricultura, de los Estados unidos de América, tiene en el Distrito Federal.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.- México, D. F., a 24 de septiembre de 1979.- Presidente, Luis M. Farías.- Secretario, Antonio Huitrón Huitrón.-Juan Sabines Gutiérrez.-Rafael Corrales Ayala.-Guillermo Jiménez Morales.- Francisco Javier Gaxiola Ochoa.-Juan Maldonado Pereda.-Guillermo Medina de los Santos.-Eduardo Anselmo Rosas González.-Ignacio Vázquez Torres.-Enrique Sánchez Silva.-Raúl Pineda Pineda.-Humberto Lira Mora.-Pedro Joaquín Coldwell.-Eduardo Aviña Bátiz.- Luis Octavio Porte Petit Moreno.-Juan Manuel Elizondo.-Gilberto Rincón Gallardo.-Ezequiel Rodríguez Arcos.-Abel Vicencio Tovar.-Juan Landerreche Obregón.-Juan Aguilera Azpeitia.-Antonio Gómez Velazco."
-Trámite: Primera lectura.
DELEGACIÓN DE DEFENSA DE LA PAZ
-EL C. Presidente: Señores diputados, se encuentra entre nosotros la Delegación del Comité Soviético de Defensa de la Paz encabezada por el académico Eugéniy Fiódorov, miembro de la Presidencia del Soviet Supremo de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Su Delegación está integrada además por los señores académicos Vladimir Davydov, Vladimir Zubrev e Ida Kalinina.
Esta Directiva expresa un saludo cordial y afectuosa a esa distinguida Delegación y le desea que su estancia en México y en esta Asamblea, así como las distintas entrevistas que están llevando a cabo, sea para desarrollar y profundizar las relaciones entre nuestros pueblos y la causa de la paz, la justicia y la libertad. Sean bienvenidos.
INFORME SOBRE EL VIAJE DEL C. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.
El C. Presidente: tiene la palabra el señor diputado Luis M. Farías.
El C. Luis M. Farías: Señor Presidente; compañeros diputados:
No haré propiamente un informe sobre el reciente viaje del señor Presidente de la República, pues él mismo a su regreso el lunes pasado al anochecer, desde el balcón central de Palacio Nacional, rindió ese informe; tampoco haré el elogio de la labor desarrollada pues ya en la sesión pasada varios de los señores diputados lo hicieron. Lo que aquí diga será propiamente un testimonio y una opinión; se me hizo la distinción de ser invitado por el señor Presidente de la República para acompañarlo en el importante acto de su comparecencia ante el más elevado Foro Internacional que es el de la Organización de las Naciones Unidas, y posteriormente a su entrevista con el Jefe del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos de América. He tenido así el privilegio de ser testigo de acontecimientos que formarán parte, no sólo de la biografía de un estadista mexicano en lo particular, sino que se insertarán en el sostenido esfuerzo del pueblo mexicano por defender su independencia, libertad y justicia, no como una meta egoísta y aislada, sino como parte y contribución a la concordia de la raza humana, sino como parte y contribución a la concordia de la raza humana. La actitud que observamos en el Primer Mandatario de nuestro país, los conceptos que le escuchamos no sólo en sus discursos oficiales sino en las conversaciones que sostuvo con altos y destacados funcionarios, tanto en Naciones Unidas como en Washington; su comportamiento en general del hombre que tiene la abrumadora responsabilidad de guiar un país, patentizaron en todo momento, aparte de la capacidad para el ejercicio de esa difícil encomienda, la inspiración que el señor López Portillo recogió en todo tiempo de las mejores tradiciones sociales y políticas de nuestro pueblo.
Fue así como puede sentir constantemente que las múltiples expresiones de solidaridad que le fueron transmitidas antes de su viaje fueron siempre correspondidas por un mandatario que se identificó al caminar por el suelo extranjero con el más hondo sentir y pensar de sus mandantes.
Como miembro de esta representación popular, sentí el orgullo de corroborar minuto a minuto la identificación del gobernante con el pueblo y con las instituciones creadas por éste para mantenerlo organizado en el presente y abrirle de manera incesante caminos hacia el porvenir.
José López Portillo, ajustándose al generoso esfuerzo de México de buscar soluciones no únicamente para sí, sino para las más legítimas aspiraciones de todos aquellos seres humanos en situaciones difíciles, habló una vez más en defensa de los intereses legítimos del ser humano
y de las causas justa de todos lo oprimidos. Expuso una visión clarividente del futuro de la humanidad, al poner un plan mundial de energía, pretendiendo en esta forma de plantear el problema de los energéticos en la hora actual, alertar la conciencia del mundo sobre un valor que a todos interesa por su importancia y por ser agotable.
Nuestro Presidente señaló que estamos ante uno de los grandes problemas de fondo de la historia humana: la posibilidad de la subsistencia o la muerte en bloque de la civilización. Con su conciencia y preparación de jurista, como político y como hombre de Estado, tuvo el acierto de decir que "en apariencia nos enfrentamos a problemas de fondo que en realidad son de forma y de modo". Reiteró la reflexión que ha venido efectuando la cultura humana y que justifica los afanes de supervivencia de las mejores estructuras que ha creado, cómo conciliar justicia con libertad, que en el fondo no es sino la búsqueda de soluciones a los ancestrales problemas humanos de subsistencia, de la conservación, de la búsqueda de perfección interior a través de las formas de convivencia.
Cuando el descubrimiento de un mundo nuevo confundió el entendimiento de muchos hombres, haciéndolos dudar de la igualdad de los hombres que habitaban el planeta, la voz de Las Casas se levantó desde el Anáhuac y la de Victoria desde Salamanca para recordar que los conquistados también tenían derechos, cuya solución era cuestión de formas jurídicas y con ello, a la larga, México encontró el imperativo de nuestra integración como pueblo independiente que se proyecta en el plano internacional con vocación eminentemente igualitaria, fundada en la esencial homogeneidad de la raza humana.
En la entrevista con el Presidente Carter volvió a destacar la gallarda postura del Presidente José López Portillo, tocando nuevamente por la sempiterna voz del pueblo mexicano, que muchas veces cuando se alza para hablar por sí, se arriesga en una búsqueda de formas de conciliación internacional. No quiso tratar el asunto tal llevado y traído de los de los posibles daños causados por la fuga del Ixtoc; se hizo eco de la memoria del pueblo mexicano al recordar ciertos daños causados al Valle de Mexicali; pero no al dictado de ningún reproche, sino alumbrado por la luz del derecho, buscando la posibilidad de que se establezca un sistema que prevea estos conflictos, que prevea lo que debe hacerse cuando ocurra y como indemnizar en el supuesto de que haya daños, y en qué condiciones puede establecerse éste y la posible y eventual indemnización. Por su voz, volvió a México a pugnar por su sistema internacional eficaz para dirimir controversias, sustentando sobre principios de universal validez y perdido por un sistema de normas objetivas; propuso convertir la razón en derecho y derecho para todos. Y salió por los fueros del intemporal principio de "nulum crimene sine lege". Reafirmó la validez universal de la No Intervención en que se finca nuestra política internacional. Y dentro de ese contexto, tuvo el acierto de hacer resaltar, que tan malo es que haya tropas soviéticas en Cuba, como que haya tropas estadounidenses en ese país.
Y estuvo señalando otras posibilidades que podrían presentarse y que a todas ellas se opondría siempre México. Como la posibilidad de que hubiera tropas rusas o chinas en Estados Unidos o tropas estadounidenses en México. (Aplausos.)
Tuvo, ante nuestros vecinos con los que compartimos una larga frontera y muchos problemas comunes; no sólo la objetividad del jurista, la dignidad del estadista; sino la franqueza del amigo.
Cuando salió de México nuestro Presidente dijo: me llevo la fuerza y la dignidad de México. Me llevo su confianza y su bandera. Se las regresaré limpias y enriquecidas. ¡Cumplió su palabra! Y más se acrecentó la confianza Y más luminosa y más alta ondeó la bandera, cuando pronunció su vibrante discurso. En ese acto no estuve yo presente; lo despedía en Cancún. Pero todos fuimos testigos, porque lo escuhamos por radio, o lo vimos y escuchamos por televisión.
Y tengo la seguridad de interpretar con justeza el sentimiento general al afirmar que nos conmovió, que nos emocionó su llamado a unir voluntades en Latinoamérica; para que dejemos de ser, como ya a veces se ha dicho, los Estados Desunidos de Latinoamérica.
Citó en esa memorable pieza oratoria, a Martí, cuando decía: "De todos sus peligros se va salvando América". Y así será, si nos sabemos mantener unidos
. No resisto la tentación de evocar otra expresión de Martí, que me viene a la memoria, un poco desdibujada por el tiempo a las lecturas juveniles: "Esta es la hora del recuerdo y de la marcha unida, hemos de ir en fila apretada como la plata en las entrañas de los Andes".
Creo, señores diputados, que con su actuación señera el señor Presidente López Portillo, merece nuestra felicitación, de la misma manera que se ha ganado el respeto de los demás pueblos. Muchas gracias. (Aplausos).
El C. Presidente: Por la transcendencia que reviste el informe presentado a esta Asamblea por el señor diputado Luis M. Farías, esta Presidencia determina que sea insertado en el Diario de los Debates.
Se ruega a la Secretaría continuar con el desahogo de los puntos en el Orden del Día.
PROPOSICIÓN
-EL C. Antonio Becerra Gaytán: Pido la palabra para una proposición.
El C. Presidente: Ruego al señor diputado José Murat Secretario, leer el artículo 58 del Reglamento a efecto de ilustrar el procedimiento que norma las proposiciones.
El C. secretario José Murat: "Artículo 58. Las proposiciones que no sean iniciativas de Ley presentadas por uno o más individuos de
la Cámara, informar los que las suscriben mayoría de diputación, se sujetará a los trámites siguientes:
1o. Se presentarán por escrito y firmadas por sus autores al Presidente de la Cámara, y serán leídas una sola en la sesión en que sean presentadas. Podrá su autor o uno de ellos si fueren varios exponer los fundamentos o razones de su proposición o proyecto.
2o. Hablarán una sola vez dos miembros de la Cámara, uno en pro y otro en contra, prefiriéndose al autor del proyecto o proposición y
3o. Inmediatamente se preguntará a la Cámara si admite o no a discusión la proposición, en el primer paso se pasará a la Comisión o Comisiones a quienes corresponda y en el segundo se tendrá por desechada.
El C. Presidente: Tiene la palabra, señor diputado Antonio Becerra Gaytán.
-El C. Antonio Becerra Gaytán:
C. diputado Fidel Herrera, Presidente de la Cámara de Diputados.- Presente. En la sesión del martes dos de octubre del presente año, la Cámara de Diputados aprobó en votación económica una propuesta de la Gran Comisión para nombrar a los representantes ante la Comisión Federal Electoral. Este acuerdo de la Cámara se adoptó a pesar de que en el Orden del Día no figuraba este punto, sino sólo la comunicación del Presidente de la Comisión Federal Electoral pidiendo el nombramiento de los comisionados, propietario y suplente, de la Cámara.
En relación con estos hechos es necesario observar que hubo las siguientes irregularidades: La Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 47, fracción V, otorga a la Gran Comisión la atribución de proponer a la Cámara de Diputados la designación de las comisiones y de los comités. A su vez, el artículo 50 de la mencionada ley señala que habrá cuatro tipos de comisiones, a saber: de dictamen legislativo, de vigilancia, de investigación y jurisdiccionales. Las comisiones de dictamen legislativo y la de vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda son consideradas por el artículo 51 de la misma ley como comisiones para funcionar con carácter definitivo y se denominan ordinarias. El artículo 54 de la citada ley señala con entera claridad la lista completa de las comisiones ordinarias.
Ahora bien, el Presidente de la Cámara declaró, a pregunta de un diputado, que los comisionados, propietario y suplente, ante la Comisión Federal Electoral se consideraban como una comisión ordinaria. Sin embargo, el nombrado artículo 54 de la Ley Orgánica del Congreso no señala a los representantes ante la Comisión Federal Electoral como comisión ordinaria. Además, no puede establecerse analogía, pues, para la ley, las comisiones ordinarias son, expresa y exclusivamente las de dictamen legislativo y la de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda.
Por otra parte, es necesario establecer claramente que la nueva ley del Congreso ha dejado sin efecto, según su artículo 2o. transitorio, las disposiciones del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, en lo que se refiere al tipo de comisiones que se pueden integrar, pues los artículos 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, y 65 de la mencionada Ley Orgánica son concluyentes al respecto. Por tal motivo no es posible aplicar los artículos 65 y 71 del Reglamento, que posibilitan la integración de comisiones especiales, pues ambos preceptos se oponen a lo establecido en la Ley Orgánica del Congreso.
No sería legítimo, además, haber nombrado una comisión, con el carácter de ordinaria y ahora -ante las protestas- declarar que se trata de una comisión especial, a pesar de que, como ya se señalo, este tipo de comisiones han sido eliminadas por la nueva ley.
Se trata entonces de una insuficiencia de la Ley Orgánica del Congreso, pero ésta no puede ser suplida por una decisión unilateral de la Gran Comisión, sino por el pleno de la Cámara, oyendo la opinión de la Comisión de Reglamento, Régimen y Prácticas Parlamentarias, según lo establece la fracción III del artículo 58 de la citada Ley Orgánica.
Esto último es tanto más necesario debido a que el artículo 153 del Reglamento señala claramente que las votaciones para elegir personas se harán por cédulas que se depositen en una ánfora, lo cual no ocurrió en este caso, en abierta contradicción con el precepto aludido.
Además de los anteriormente señalado, el citado acuerdo tomado en la mencionada sesión del martes dos de octubre, no cumplió a satisfacción los requisitos señalados en los artículos 59 y 60 del Reglamento, pues para algún proyecto o proposición sea considerado como de urgencia u obvia resolución debe calificarse así por las dos terceras partes de los diputados presentes y en esta ocasión no se comprobó dicha mayoría necesaria. Este requisito es indispensable para que cualquier propuesta sea votada sin que previamente pase a comisión o para que pase a discusión inmediatamente después de su lectura sin estar señalado que será abordado.
Junto a lo anterior, es necesario señalar que la proposición de la Gran Comisión no f´úe puesta a discusión como lo señala el Reglamento, lo cual constituye un atropello.
Por todo lo antes expuesto, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propongo que se apruebe, considerándolo de urgente resolución el siguiente acuerdo:
1o. Se revoca el acuerdo tomado por la Cámara de Diputados en su sesión del martes dos de octubre de 1979, referente al nombramiento de los comisionados, propietario y suplente, de esta Cámara ante la Comisión Federal Electoral.
2o. Se solicita a la Comisión de Reglamento, Régimen y Prácticas Parlamentarias que en los términos de la fracción III del artículo 58 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos
Consulta sobre la interpretación de la ley y el reglamento, en cuanto al procedimiento para que la Cámara de Diputados haga el nombramiento de sus comisiones ante la Comisión Federal Electoral.
México, D. F., a 4 de octubre de 1979.
Atentamente:
Antonio Becerra Gaytán."
El C. Presiente: En relación con la proposición que el señor diputado Antonio Becerra Gaytán acaba de hacer a esta Asamblea, en cuanto propone a nuevas personas para representar a esta honorable Cámara ante la Comisión Federal Electoral y revocar acuerdos de esta Asamblea soberana, no es de admitirse porque no se puede votar dos veces un mismo asunto.
En la sesión pasada la Asamblea designó representantes ante la Comisión Federal Electoral. La comunicación de esta Cámara ha sido corrida en término de ley, habiendo entrado nuestros representantes en el ejercicio de sus funciones.
Por otra parte queremos ilustrar al señor diputado Becerra en el sentido de que la Gran Comisión de esta honorable Cámara sí tiene facultades para proponer a la Asamblea comisiones especiales y comisionados, como es el caso.
Esto, fundado en el artículo 74 del Reglamento el Dictamen en favor del aumento pro- General y convalidado por el artículo Segundo Transitorio de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Sin embargo y para dar cumplimiento al reglamento para el Gobierno Interior fundado en el artículo 58, ruego a la Secretaría proceder conforme está normado.
El C. secretario José Murat: En votación económica se pregunta si se admite a discusión la proposición. Los que estén por que se deseche la proposición, sírvanse manifestarlo...
Desechada.
- El C. Presidente. Ruego a la Secretearía continuar con el desahogo de los asuntos del Orden del Día.
El C. Jesús González Schmal (Moción de orden): Solicitamos una sesión secreta para presentar una proposición.
El C. Presidente: Al terminar el desahogo de los asuntos del Orden del Día, pondremos a consideración de la Asamblea su moción, señor diputado.
Continúe la Secretaría.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
Ley del Seguro Social
- El C. secretario José Murat:
"Comisión de Seguridad Social.
Honorable Asamblea: Con fundamento en los artículos 71, Fracción III, y 72 Constitucional, así como en los diversos 60, 63, 87, 88, 95 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, y 50, 51, 54, 56, 62, 64 y 66 de la Ley Orgánica del Congreso, los suscritos integrantes de la Comisión de Seguridad Social presentamos a vuestra soberanía el presente Dictamen a la iniciativa de reforma al artículo 168 de la Ley del Seguro Social, que remitió a esta Cámara el C. Presidente de la República.
A continuación expresamos los argumentos que a nuestro juicio son suficientes para apoyar el Dictamen en cuestión:
I. La Ley Federal del Trabajo establece en el artículo 90: "El salario mínimo es la cantidad menor que debe recibir en efectivo el trabajador, por los servicios prestados en una jornada de trabajo. El salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden familiar, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos'.
Por su parte, la Ley del Seguro Social en su artículo 167, determina que: `Las pensiones anuales de invalidez y de vejez se compondrán de una cuantía básica y de incrementos anuales computados de acuerdo con el número de cotizaciones semanales reconocidas al asegurado con posterioridad a las primeras quinientas semanas de cotización'.
Por lo anterior, se considera que al salario mínimo le corresponde como cuantía básica en caso de pensión el 40% del mismo, es decir $1,656.00, cantidad que resulta paritaria al monto de la cuantía mínima de $1,600.00 que propone la iniciativa tomando como base el salario mínimo del Distrito Federal.
II. Debe agregarse que dicha cuantía mínima no es la única prestación en favor de los pensionados y sus familiares, pues éstos tienen además derecho a prestaciones médicas y maternidad, asignaciones familiares y ayuda asistencial, al aguinaldo, a un incremento periódico de las propias pensiones y a prestaciones sociales de acuerdo a los artículos 92, 99, a 103, 119, 164 a 166, 167, 172, 173, y 234 de la Ley del Seguro Social, provenientes tales prestaciones de los seguros de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte.
III. Asimismo, la iniciativa presidencial considera y así se recoge en el presente dictamen que el Seguro Social como instrumento básico de seguridad social, en este caso, se ha preocupado por mejorar las prestaciones y servicios que le corresponde proporcionar con cargo a sus recursos, actuando en término de solidaridad colectiva, incidiendo el aumento de la pensión a que se refiere la iniciativa en una mejoría de los pensionados, dados los aumentos en el costo de la vida y que el egreso que representa en seguridad social tal concepto no implica aumento alguno en las cotizaciones que percibe el Instituto Mexicano del Seguro Social, ni afecta la estructura financiera de este Organismo Descentralizado, el cual absorbe el costo que representa el incremento de las pensiones de acuerdo al máximo de sus propios estados financieros.
IV. Por otra parte, el monto general de las pensiones se prorratea en 32 Entidades Federativas, de tal suerte que la derrama no se concentra en uno o en escasos puntos de la
República Mexicana, lo que pudiese generar un fenómeno inflacionario en esos sitios.
V. Además, tomando en cuenta la legislación respecto a salario y pensión, el beneficio que representa la iniciativa en favor de los pensionados y sus beneficiarios; que el incremento en el monto de las pensiones no implica un aumento en cuotas obrero- patronales, ni en aportaciones gubernamentales, y que además se beneficia a mayor número de pensionados, se formula el presente dictamen aprobatorio a la iniciativa presidencial, razonando por separado su voto particular los CC. diputados Manuel Terrazas y Gerardo Unzueta.
En virtud de los anterior y con apoyo, además, en los preceptos invocados en el primer párrafo de esta exposición se somete a su honorable acuerdo el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se reforma el artículo 168 de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:
Artículo 168. La pensión de invalidez, de vejez o de cesantía en edad avanzada, no podrá ser inferior a mil seiscientos pesos mensuales.
TRANSITORIOS
Artículo primero. Las pensiones por incapacidad permanente total, de invalidez de vejez y de cesantía en edad avanzada ya otorgadas, inferiores a la cuantía mínima que establece esta reforma, se incrementarán hasta igualar esa cuantía a partir del 1o. de julio de 1979.
Las pensiones de viudez, orfandad y de ascendientes, se incrementarán en la proporción que en cada caso corresponda.
Artículo segundo. Las pensiones por incapacidad permanente del 50% de valuación, se incrementarán a partir del 1o. de julio de 1979, en la misma proporción en que se aumentaría parcial en curso de pago al día inmediato anterior a la fecha en que entre en vigor este Decreto, con un mínimo aumentaría, en los términos del artículo transitorio anterior, la pensión por incapacidad permanente total que sirvió de base para su cálculo.
Artículo tercero. El Instituto Mexicano del Seguro Social, hará efectivas las mejorías derivadas del artículo transitorio anterior, en un plazo no mayor de sesenta días, a partir de la entrada en vigor de este Decreto.
Artículo cuarto. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el "Diario Oficial de la Federación".
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.- México, D. F., a 1o, de octubre de 1979. María Eugenia Moreno Gómez, Presidenta.- Joel Ayala Almeida, Secretario.- Ricardo Castañeda.- Héctor González Guevara.- Alfonso Jesús Armendáriz Durán.- Leonel Domínguez Rivero.- Hugo Eduardo Barba Islas.- Graciela Santana de Benhumea.- Eleazar Camarillo Ochoa.- Roberto Díaz Rodríguez.- Margarita Gómez Juárez.- Enrique González Flores.- Carolina Hernández Pinzón.- Aristeo Roque Jaimes Núñez.- Eduardo López Faudoa.- José Ramón Martell López.- Lucía Méndez Hernández.- Genoveva Medina de Márquez.- Noé Ortega Martínez.- Pedro Reyes Martínez.- Hugo Romero Ojeda.- María Elena Prado Mercado.- Juan Villalpando Cuevas.- Pedro Pablo Zepeda Bermúdez.- Gerardo Unzueta.- Augusto Sánchez Lozada.- Raúl Velazco Zimbrón.- Jesús Guzmán Rubio.- Hildebrando Gaytán Márquez.- José Valencia González.- Francisco Ugalde Alvarez.- Manuel Terrazas. (Rúbricas)."
- El mismo C. Secretario: A petición del diputado Gerardo Unzueta Lorenzana, vamos a leer el voto particular del propio diputado.
"Voto particular de Gerardo Unzueta en la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados (LI Legislatura).
Compañera Presidenta: A nadie escapa que en el momento presente la situación de los pensionados por el Instituto Mexicano del Seguro Social es en extremo difícil. No sólo porque, como todos los trabajadores, sufren las consecuencias del aumento en el costo de la vida, sino porque siempre sus ingresos han sido inferiores a los de cualquier trabajador en activo. Y a causa, además - como se señala en el texto de la iniciativa presidencial de fecha 1o. de septiembre- , de que son `personas que se encuentran sujetas a un ingreso rígido'; que, por tanto, experimentan la disminución de sus ingresos reales durante un período más largo que cualquier trabajador, sin posible compensación (5 años en el lapso que establece la Ley del Seguro Social para la modificación del monto de las pensiones).
Por ello resulta del todo explicable que el Poder Ejecutivo haya considerado "oportuno se proporcione el medio de aliviar la angustiosa situación de dichas personas", y enviado una iniciativa que reforma el artículo 168 de la Ley del Seguro Social, elevando el mínimo de la pensión de invalidez, vejez o cesantía en edad avanzada, la cual, en el texto aprobado en 1973, se fijaba en mil pesos mensuales.
En lo anterior hemos estado de acuerdo los integrantes de la Comisión de Seguridad Social con la iniciativa presidencial, pero en mi caso no ocurre lo mismo con la cuantía del aumento a ese mínimo. La revisión del artículo 168 nos plantea de inmediato el problema de la cuantía de la mínima pensión para un trabajador afiliado al Seguro Social. A juicio nuestro es completamente inexplicable que para fijar el mínimo de la pensión se parta de un principio distinto del que se usa para la fijación del salario mínimo, esto es: "...la cantidad menor que debe recibir en efectivo el trabajador (que) deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden familiar, social y cultural, y para proveer la educación obligatoria de los hijos".
Se trata de la cuantificación de las necesidades mínimas y de la obligación social de propiciar su satisfacción. En este caso la obligación no parte de ningún principio de justicia social, sino sólo de una conveniencia para el funcionamiento del sistema: el que el trabajador "como
jefe de familia" cuente con lo más elemental para subsistir "en condiciones normales", y para que forme una nueva generación de trabajadores.
Mas cuando para el trabajador ha terminado su tiempo vital de trabajo- y hay que decir que la Ley del Seguro Social lo prolonga excesivamente hasta los 65 años- , no desaparece la necesidad de subsistencia "en condiciones normales", sino más bien al contrario, debido a la cantidad de necesidades adquiridas en una larga vida de trabajo.
Por tanto, la pensión no tiene por qué ser menor al mínimo del salario en ningún caso. En nuestro país la situación se agrava, pues los trabajadores de 65 años en adelante no tienen la posibilidad de laborar en más de un lugar como ocurre con gran cantidad de obreros, y por otra parte al dejar su puesto de trabajo pierden la oportunidad de cubrir horas extras, cuestiones ambas que en las condiciones de trabajadores en activo sirven para completar salarios insuficientes.
Esas necesidades deben normar la fijación de los mínimos de salarios y pensiones, y sobre ellas no debe privar ningún criterio técnico, sistema financiero o concepción sobre el funcionamiento de la economía. Esta cuestión ha de ser enfrentada con energía y decisión, pues de otra manera se condenará a un grupo de trabajadores a laborar mucho más allá de su resistencia física o bien a vivir en condiciones de inferioridad notoria respecto de los trabajadores en activo. De mantenerse la injustificable situación actual, el seguro social incumplirá funciones que los trabajadores aspiraron a darle al luchar por su implantación en México.
¿Qué esta cuestión lleva a plantearse los problemas que contiene la Ley del Seguro Social y los de la concepción vigente de la seguridad social? ¿ Qué obliga a revisar las ideas que privan no sólo para la formulación del artículo 168, sino para toda la legislación de seguridad social?
Todo ello es cierto. Y eso y no un aumento intranscendente- o más bien que trasciende para mantener en condiciones de miseria a los pensionados- ,es lo que esta Cámara tiene que discutir y pronto. Por ahora, y sólo en lo que se refiere a la fijación del mínimo de las pensiones, propongo:
Se modifique el texto de la iniciativa presidencial del 1o. de septiembre, en la siguiente forma:
Artículo único. Se reforma el artículo 168 de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:
"Artículo 168. La pensión de invalidez, de vejez o de cesantía en edad avanzada, no podrá ser inferior al monto del salario mínimo, y deberá incrementarse, a cada revisión de éste, en la misma proporción en que se aumente".
Al formular este voto particular y la propuesta transcrita, declaro que estoy consciente de los cambios internos que habrían de hacerse necesarios en el sistema de seguridad social, si ella fuese aprobada y aplicada. A estos cambios debería hacérseles frente, a fin de establecer un signo de igualdad en el trato social hacia los trabajadores que intervienen en la producción y hacia los que han dedicado su vida a esa misma actividad. En ello el Estado tendría funciones que cumplir: aumentar su contribución y hacer cumplir mayores obligaciones a los patrones, para que los fondos destinados a pensiones se acrecentaran a plazo inmediato.
Atentamente.
México, D.F., a 18 de septiembre de 1979.- Gerardo Unzueta."
El C. Presidente: Está a discusión en lo general el dictamen.
Se abre el registro de oradores.
El C. Presidente: Tenemos registrados en contra a los señores diputados:
Manuel Terrazas Guerrero, Gerardo Unzueta Lorenzana, Santiago Fierro Fierro y Miguel José Valadez Montoya.
En pro, a los señores diputados: Francisco Ugalde Alvarez, Rafael Alonso y Prieto, Luis Velázquez Jaacks, Eduardo López Faudoa, Hildebrando Gaytán M. y Ricardo Castañeda Gutiérrez.
Tiene la palabra el diputado Manuel Terrazas Guerrero.
El C. Manuel Terrazas Guerrero: Compañero Presidente;
Compañeros diputados:
La iniciativa presidencial recibida como la primera de esta LI Legislatura, no obstante que toca solamente un aspecto importante desde luego, pero al fin y al cabo un aspecto de la Ley del Seguro Social, tiene una significación más trascendental. Rebasa en mucho su alcance específico y concreto, inevitablemente nos conduce a hacer contacto y a enfrentar uno de los más graves, más candentes problemas nacionales, el de la situación que afecta a cientos de miles de trabajadores mexicanos, a un gran sector de la clase obrera y del pueblo de nuestro país, aquel que percibe pensiones y jubilaciones de hambre, miserables, injustas. La cuestión que trata el Proyecto de Decreto anunciado por el Presidente José López Portillo en su Informe del 1o. de septiembre y enviado a la Cámara inmediatamente después, nos lleva de la mano precisamente a esa situación, a una situación que afecta a trabajadores del Seguro Social, a trabajadores del Estado, a miles de ferrocarrileros, a miles de electricistas, a miles de obreros mexicanos que dieron su vida, que dejaron su vida en la fábrica y que ahora reciben salarios de hambre; nos lleva de la mano a considerar a cientos, a miles de veteranos de la Revolución Mexicana, de participantes en la lucha armada de 1910, de 1913 y de otras jornadas y que ahora reciben salarios verdaderamente inadmisibles si no fuera tan grande su necesidad.
A nadie puede escapar por eso, que los alcances de esta Iniciativa trasciendan más allá de lo concreto, va mucho más allá de la materia y que el Proyecto de Dictamen aprueba y somete a la Cámara para su resolución favorable.
Hemos señalado claramente y sin ambages, en la Comisión, que es meritoria la Iniciativa del
Presidente de la República, que acusa sensibilidad y refleja la preocupación por mejorar la grave situación de un amplio sector de trabajadores, mucho más arriba de la cifra de los cuatrocientos mil y que es una medida y un esfuerzo responsable del Instituto Mexicano del Seguro social, pero que ante la dura, desesperada situación de quienes son y van a ser jubilados con una cuantía mínima de $1,600.00 en el Seguro Social y que se condena indudablemente, cuando menos por un periodo importante, a una jubilación que está mucho muy abajo de la mitad del salario mínimo, a nadie puede satisfacer y en primer lugar a los miembros de la comisión de Seguridad Social, en donde hubo un consenso pleno de que, siendo de aprobarse la medida propuesta por el Ejecutivo, ésta naturalmente no llena las necesidades, grandes necesidades, de un aumento considerable a las pensiones bajísimas que en nuestro país se reciben como una característica de la situación y de la desigualdad social que tenemos.
De hecho hay que señalar también que las pensiones del Seguro Social vienen aumentándose cada dos años en relación a su cuantía, y que, no obstante lo establecido por la Ley del Seguro Social, esta medida se practica, lo que prueba que es posible, aun en los marcos actuales del IMSS, revisarlos no solamente cada cinco años y no solamente cada dos años, sino cada año, como lo demandan las organizaciones sindicales, a tenor con la modificación misma de los salarios mínimos.
Es un hecho también que hay que señalar que el proyecto de aumento propuesto por el Presidente López Portillo es el más importante que se dicta desde 1973 para los pensionados del Seguro Social.
Debo señalar, además, algo que me parece muy importante y valioso para el desempeño de los deberes y de las tareas de esta LI Legislatura de la Cámara.
La acertada y competente dirección de la Comisión, aunada a una clara inteligencia y extraordinaria gentileza, nos ha permitido, en la Comisión de Seguridad Social, hacer un amplio examen de este problema, confrontar puntos de vista e inclusive modificar en dos ocasiones los proyectos de dictamen.
Por otra parte, la disposición de la dirección del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de poner todo al alcance de la Comisión es un hecho que vale la pena mencionar; nada nos ha estado vedado, todo se nos está informando, se está proporcionando la información necesaria a la Comisión para tener un dominio completo de todo lo relativo al Seguro Social.
Es un ejemplo, aunque cabe señalar que no somos ingenuos políticos; no consideramos más de lo que esta Cámara está demostrando en cuanto a lo nuevo ni tampoco escatimamos lo nuevo y decimos que el tipo de trabajo de estilo en una comisión como esta, es un ejemplo que debe seguirse para, precisamente, con base en la información necesaria, poder abordar cuestiones tan importantes como ésta.
Hemos votado en la Comisión, emitiendo un voto particular razonado en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Socialista de los Trabajadores.
¿Por qué este voto particular razonado, firmado el Dictamen en favor del aumento propuesto por el Presidente de la República?
¿Hay una contradicción?
No hay una contradicción. Hemos firmado el Dictamen porque no es posible esperar más para una mejoría a las bajas pensiones y jubilaciones que se pagan en el Seguro Social, que se pagan en el ISSSTE y que se pagan en todo el Sector Público y que se pagan en otras instituciones, porque la cuantía mínima de los pensionados del Seguro Social representa un alivio, como lo señala la Iniciativa del Presidente de la República y nadie tiene derecho a aplazar este mejoramiento; pero, además, porque los trabajadores de México, el movimiento obrero y sindical de nuestro país, demanda que las pensiones básicas sean al nivel cuando menos del salario mínimo y que se revisen cada año, en función precisamente de esa demanda, del movimiento obrero sindical de nuestro país, explicando, planteando y demandando la necesidad de tomar en cuenta esta situación, hemos firmado el Dictamen.
Ya en intervenciones en la Comisión y en la intervención del compañero Unzueta, se ha planteado lo insatisfactorio del aumento, cuestión reconocida por todos; si se ha tratado de atacarse una pensión que es de infrasubsistencia, mil pesos mensuales elevándose a mil seiscientos pesos; el ISSSTE lo hizo apenas hace 15 días, elevando las pensiones mínimas a la cantidad de $1,800.00, eso representa apenas menos de la mitad del salario mínimo en el Distrito Federal.
Es objetivo indiscutible que el costo de la vida, que el deterioro de las pensiones, de los salarios y la pérdida creciente de la capacidad adquisitiva de los mismo, no compensada por la política salarial, no permite a los trabajadores de México pensionados resolver el problema de su subsistencia.
Está muy abajo de las posibilidades que tiene un trabajador jubilado pensionado hacer frente a la carestía de la vida. Ahora mismo, el pueblo de México se ha enterado del aumento en el precio de la leche.
Nosotros queremos decir: es verdad, los pensionados y los jubilados ya no necesitan tomar mucha leche, pero la necesitan sus familias, la necesitan sus hijos, la necesitan sus nietos y ¿qué significa el aumento al precio de la leche, establecidos y acordados por la Secretaría de Comercio? Significa una baja de la ya mermada capacidad adquisitiva del salario; significa un golpe a la economía de los trabajadores; significa una política de conciliación que afecta sobre todo a la clase obrera de México y desde esta Tribuna nosotros queremos expresar claramente nuestra protesta por este nuevo golpe a la economía popular y nuestra solidaridad con los puntos de vista del Congreso del Trabajo al respecto.
Por eso hemos demandado que el salario mínimo sea la base para elevar las pensiones en todo el país. No desconocemos por otra parte, que se eleva, de acuerdo con la Ley del Seguro Social, un 10% a la cuantía diaria de las pensiones y que este 10% por encima del salario mínimo en el Distrito Federal, apenas el día de ayer significaba un aumento a $58.60 diarios, para los trabajadores jubilados del Seguro Social. Hay que ver ahora lo que merma esos $58.60 diarios. Mucho menos del salario mínimo en el Distrito Federal, con el aumento del precio de la leche.
Estamos conscientes que en el Instituto Mexicano del Seguro Social, se realizan importantes proyectos, se modifican y están cambiando positivamente muchas cosas, se elaboran planes nuevos. El IMSS, se ha convertido ya en una gran institución que encara nuevos problemas, que plantea en un plazo relativamente mediano, por razones de situación y reclamos inaplazables a corto plazo extender su cobertura a toda la población trabajadora de México. Ahora mismo se extiende al campo y a las zonas marginadas, existen proyectos COPLAMAR- IMSS.
Con las necesidades, con el crecimiento, con el desarrollo, ante una nueva situación del país que eleva la importancia del Seguro Social, como institución que materializa el derecho del pueblo y de la clase obrera de México, a la salud, como una institución de retribución del ingreso nacional, de justicia social.
Es posible ante esta situación resolver problemas como los que se plantean ante la necesidad de elevar las pensiones al salario mínimo y encarar estos nuevos problemas.
¿Podrá el Seguro Social resolver los problemas a que se enfrenta ya hoy, ante su despliegue y desarrollo, la tarea que tiene encomendada con la actual Ley del Seguro Social?
Con los actuales criterios que solamente ven el equilibrio financiero del Seguro Social, sin buscar otras salidas y otras soluciones, evidentemente que no.
En la comisión que hemos planteado, que es indispensable, a plazo corto y no a mediano plazo, encarar de inmediato una modificación a la actual ley del Seguro Social, para elevar las pensiones buscando nuevas estructuras financieras de la institución, lo que está relacionado con la reforma económica planteada, por los sectores populares, por el Congreso del Trabajo y por la CTM para que precisamente, se encare la necesidad de modificar profundamente la Ley del Seguro Social.
Consideramos que la Legislatura pasada, por iniciativa presidencial, elevó el derecho al trabajo a la categoría de derecho constitucional. El Derecho al Trabajo como norma Constitucional, supone y obliga el Derecho a la Jubilación.
No puede haber jubilación o pensión que no sea cuando menos al nivel del salario mínimo; quien haya tenido derecho al trabajo, debe tener derecho a la jubilación.
Planteamos en este punto, al discutir el examen de la Comisión de Seguridad Social, la necesidad de estudiar la conveniencia de una ley nacional de jubilados para hacerle frente a la situación injusta que hoy tiene que señalarse, porque no basta, no basta de ninguna manera, señores diputados, compañeros diputados, establecer la necesidad de una elevación mayor a lo que hoy se establece como cuantía mínima para los jubilados, sino que es indispensable encarar de frente el problema y disponerse precisamente a discutirlo y a buscarle solución para cambiar la estructura económica del Seguro Social, para cambiar la política económica, para hacer la reforma económica sin lo cual no será posible de ninguna manera enfrentar esta grave situación de los jubilados.
Compañeros diputados:
Esta es la gran reserva que está presente al considerar la iniciativa de decreto elevando la cuantía de las pensiones básicas del Seguro Social; este es uno de los retos más serios que enfrenta esta Legislatura y ante la cual tiene que demostrar su capacidad de respuesta y que ahora evidentemente no se revela en el proyecto de dictamen, porque tiene que ver esto con la elevación y los intereses de todos los trabajadores, porque esto afecta a toda la clase obrera y a las masas trabajadoras de nuestro país, porque evidentemente, aparte de la situación de los jubilados, tenemos que considerar lo que representa; jubilaciones de hambre, jubilaciones injustas que colocan un obstáculo muy serio, que topanan prácticamente la posibilidad de nuevos empleos para los trabajadores porque quienes ahora reciben estos salarios de hambre no quieren jubilarse y no quieren jubilarse porque su destino es el que ahora se presenta ante nuestra consideración; el de jubilaciones bajas, jubilaciones que no corresponden de ninguna manera a lo que está exigiendo hoy la clase obrera de nuestro país."
El C. Presidente: Tiene la palabra el señor diputado Eduardo López Faudoa.
El C. Eduardo López Faudoa: C. Presidente;
Honorable Asamblea:
Para principiar mi intervención en pro de la Iniciativa de Decreto que el Ejecutivo Federal se sirvió enviar a esta LI Legislatura Federal, relacionado con el incremento de la cuantía de las pensiones de Invalidez, Vejez y Cesantía en Edad Avanzada, aspecto éste que cae dentro de los programas de seguridad social que el Estado Mexicano ha implementado, para traducir en realidades las conquistas socio- económicas de los trabajadores, consagradas en nuestra Constitución Política de 1917; quiero pedir a todos ustedes dentro del contexto político de nuestro país que por mandato constitucional adoptó la forma de república representativa democrática y federal, sistema que ha logrado la estabilidad política de la nación al facilitar el acceso al poder a representantes de las más diversas corrientes
ideológicas, propiciando la participación ciudadana en la renovación periódica de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, consolidado el Federalismo Mexicano; y en conjunto, fortalecido el Estado para la consecución de sus fines.
No ubiquemos también dentro del modelo actual de crecimiento económico, en el cual, el Estado asume el papel del promotor del desarrollo económico del país realizando enormes esfuerzos para superar la crisis estructural definida en términos de inflación con recesión, y conducir a la nación hacia una etapa de crecimiento acelerado con inflación controlada y declinante; y que además, tengamos presente que el esquema económico que seguimos corresponde al de un país en desarrollo que trata de ser cada día menos dependiente.
Y, entendamos que, en el aspecto social aún nos falta mucho por realizar para superar la ancestral marginación.
En fin, que desde una óptica real y objetiva, de acuerdo con el modelo actual del país en que vivimos, examinemos con detenimiento y conciencia nacionalista los problemas fundamentales de la República, y abordemos éstos, analizando las diversas variables que se conjuntan, sus conexiones e interrelaciones, desde sus orígenes, evolución y efectos.
Dentro de la política social del régimen, acertamos en promover el incremento de las pensiones por Invalidez, Vejez y Cesantía en Edad Avanzada, de $1,000 a $1,600, aporte modesto pero cuantioso en conjunto, que en el primer año representará una erogación adicional de $1,300 millones aproximadamente, obtenido gracias a una adecuada administración de las entidades públicas y en particular del Instituto Mexicano del Seguro Social, cuyo funcionamiento presenta una tendencia a racionalizar las inversiones en infraestructura; mantener los niveles de gasto corriente e incrementar la recaudación de cuotas Esta política ha permitido al Instituto atender a su propia dinámica, sin afectar su estructura financiera y sin modificar las cuotas obrero patronales, y su administración tripartita ha tenido especial cuidado en que no disminuya la eficacia y eficiencia de los servicios que se prestan a los derechohabientes ya incorporados al régimen obligatorio del Seguro Social, y en no comprometer, dado el crecimiento geométrico de los pensionados, la obligación adquirida a corto, mediano y largo plazo para otorgar nuevas pensiones. Observamos también que el Seguro Social continúa extendiéndose a otras municipalidades e incorporando nuevos sujetos y colaborando en programas de solidaridad social en favor de grupos marginados que aportan trabajos personales de beneficio comunitario.
Esto es, que está llevando a cabo el difícil tránsito del Seguro Social a la seguridad social, partiendo del concepto básico de que nadie disfruta de seguridad mientras las mayorías padezcan de inseguridad, avanzado así cada día, con natural vehemencia hacia el logro de una justicia social integral.
Cabe destacar también que como se inscribe en el dictamen aprobatorio de la iniciativa presidencial sometido ya a su honorable consideración, el monto de las pensiones no originará procesos inflacionarios en determinadas zonas de la República puesto que la derrama será nacional.
Sabemos, por otra parte, que la cuantía de la pensión que se propone, contribuirá sólo a aminorar algo el grado de deterioro económico de quienes no están ya en servicio activo; sin embargo, no olvidemos que el Gobierno Federal dentro de sus programas de seguridad social, colateralmente a esta medida, ha implementado acciones como: la creación del Instituto Nacional de la Senectud, campañas de medicina preventiva; y programas en favor de grupos marginados a través del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (COPLAMAR).
Pero además debemos tomar en cuenta que en la medida en que aprovechemos mejor nuestros recursos naturales, logremos tasas más altas en nuestro crecimiento económico; y avancemos en la reorganización de los Gobiernos Federales, Estatal y Municipal, propiciaremos las condiciones necesarias para efectuar revisiones más frecuentes a las cuantías de las pensiones.
Sin embargo, del capital generado por los trabajadores durante su etapa activa, parte fue enterado al Instituto en forma de cuotas obrero- patronales, que se han venido reinvirtiendo a los trabajadores vía pensiones y, otras prestaciones cuyo monto, si bien no ha crecido paralelamente al incremento de los costos de vida o en relación a los procesos devaluatorios de nuestra moneda, es precisamente porque carecemos de los mecanismos compensatorios más idóneos.
No obstante, tenemos claramente definido nuestro propio modelo de país que ambicionamos, por ello se explica y adquiere mayor dimensión la lucha que todos estamos librando, que está llevando a cabo el Presidente de la República, licenciado José López Portillo quien, al impulsar y conjugar las Reformas: Política, Administrativa Económica, y Fiscal, da sólidos pasos hacia el logro del esquema del país en donde la democracia y la justicia social alcanzarán plena vigencia. Al lado del Primer Mandatario de la Nación, el Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, con lealtad y firmeza contribuye positivamente al logro de este objetivo.
En cuanto a los aspectos de carácter técnico- financiero que involucra el aumento de las pensiones a que se refiere la Iniciativa, estimo conveniente hacer las siguientes consideraciones:
A inicio de esta década la tabla de cotizaciones del Régimen Obligatorio del Seguro Social, partía del grupo "E" que ascendía a 7 pesos diarios y llegaba al grupo máximo de cotización que era el "P" con 80 pesos. Con la reforma del 30 de diciembre de 1970, desaparecen los grupos "E", "F" y "G", quedando como primer grupo el "H", con 13.50, hasta el grupo "U" con $250.00. Posteriormente en el
año de 1973, con la expedición de la nueva Ley del Seguro Social, se modifica nuevamente los grupos de cotización, iniciándose en el "K" con $26.50, al "W" con un límite de 10 veces el salario mínimo general que rija en el Distrito Federal. Actualmente, la tabla de cotización se inicia en el grupo "M" con 45 pesos diarios y termina en el "W" con el límite antes señalado.
Como se puede observar, las cotizaciones de los asegurados durante la primera mitad de la última década, fueron muy bajas en razón de los grupos de salario imperantes y por consecuencia, el importe de esas pensiones ahora resulta insuficiente, puesto que las mismas fueron otorgadas en relación directa al número de semanas cotizadas y al grupo de salario promedio de las últimas 250.
Ahora bien, no hay que olvidar que las pensiones de Invalidez se conceden a partir de un mínimo de 150 semanas cotizadas, por ello, el importe de la cuantía resulta en ocasiones muy inferior al salario registrado.
En cuanto a que el importe mínimo de las pensiones que otorga la Ley del Seguro Social, deba tener una relación directa con la cantidad del salario mínimo vigente, es conveniente señalar que se trata de conceptos correlacionados y con diferente naturaleza y conformación, pues de acuerdo a lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo, el salario mínimo es la cantidad menor que debe recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo; en cambio las pensiones de Invalidez y Vejez se integran con una cuantía básica y se suman incrementos anuales de acuerdo al número de cotizaciones semanales, posteriores a las primeras 500 y, respecto a las de Incapacidad Permanente Total, derivada de un riesgo del trabajo, no se exige un mínimo de semanas. Estos cálculos responden a balances actuariales propios de los sistemas de seguro.
Cabe apuntar también que, el establecer un sistema flexible que permitiera igualar el monto de las pensiones al salario mínimo cada vez que éste se modificara, requeriría primero estructurar la base de su financiamiento, a través de una contribución tripartita más alta, mediante el pago de primas capaces de soportar aumentos en el monto de las pensiones para nivelarlos a los crecientes incrementos en el costo de la vida, pues hay que recordar que estamos frente a un sistema de seguro. Y esto será posible en la medida en que se vaya logrando la consolidación económica y social del país.
Por otra parte, el aumento del 60% no sólo incrementa la cuantía mínima de la pensión, sino también la asimilación familiar que corresponda a la esposa o concubina, la de los hijos o en su caso la de ascendientes; asimismo, repercute favorablemente en el aguinaldo y en los aumentos quinquenales que establece la Ley del Seguro Social, sin olvidar que por la prestación médica, quirúrgica, hospitalaria y farmacéutica los pensionados no cubren cuota alguna. Este incremento es el más alto que se ha concedido desde 1973 y de los 478,588 pensionados, el 76% recibirá los beneficios de esta Iniciativa, es decir 363,740.
Sería deseable que el aumento fuera mayor, pero no sería recomendable ni sano promover beneficios fuera de los límites que permite la capacidad económica de la institución, por otra parte, y en congruencia con esta política, la Asamblea General del Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante Acuerdo número 186 del 22 de agosto del año en curso, aprobó el último Balance Actuarial en el cual se contemplan los compromisos futuros de la institución, y en particular los relativos o pensiones, para cuyo efecto se han constituido las reservas. Es evidente que en una entidad como es el Instituto Mexicano del Seguro Social, su crecimiento dinámico ha implicado cada día la necesidad de aumentar su capacidad de atención y en consecuencia sus reservas patrimoniales, como son, entre otras, clínicas, sanatorios, equipos médicos y centros de bienestar social, por ello, sus inversiones deben estar dirigidas principalmente a esos fines; pero paralelamente a esto, ha cumplido con sus obligaciones frente a los pensionados, no sólo otorgando los beneficios propios de la ley, sino también incrementos periódicos adicionales a los quinquenales como los concedidos en 1973, 1975, 1977 y el actual, sin necesidad de aumentar las cuotas a cargo de los trabajadores, patrones y demás sujetos obligados.
Conforme a los Artículos 1o. y 2o. Transitorios del Decreto, las pensiones por Incapacidad Permanente Total, de Invalidez, de Vejez y de Cesantía en Edad Avanzada, inferiores a la cuantía mínima que establece la reforma, se incrementarán hasta igualar esa cuantía a partir del 1o. de julio de 1979; y, las de Viudez, de Orfandad y de Ascendientes en la proporción que en cada caso corresponda, así como las pensiones por Incapacidad Permanente Parcial con un mínimo del 50% de Evaluación, es decir las que actualmente disfruten las personas que hayan perdido la capacidad para el ejercicio de su actividad profesional o bien que hayan disminuido sus aptitudes para el desempeño de la misma o para ejercer actividades remuneradas semejantes a su profesión u oficio en más de un 50%, estas se incrementarán también a partir del 1o. de julio del año en curso, en la misma proporción en que se aumentaría la pensión por Incapacidad Permanente Total que sirvió de base para su cálculo.
Por último, el Artículo III Transitorio del Decreto establece que el Instituto Mexicano del Seguro Social, hará efectivas estas mejorías en un plazo no mayor de 60 días a partir de la entrada en vigor del Decreto.
Honorable Asamblea: he señalado de manera sucinta los antecedentes inmediatos de las pensiones, el estado actual que las mismas guardan; y, con las síntesis, la propuesta de incremento al monto de las pensiones en los términos que establece la Iniciativa de Decreto que nos ocupa.
Lo anterior, significa el esfuerzo que en este sentido realiza la Nación, ahora, juntos, dentro del marco de la ideología plural que aquí se conjunta, coadyuvemos en el desarrollo social del país, avanzando en cambios cuantitativos para facilitar las transformaciones cualitativas, por tanto, solicito a esta Honorable Asamblea, apruebe la Iniciativa de Decreto en sus términos. (Aplausos.)
El C. Presidente: Tiene la palabra el señor diputado Gerardo Unzueta.
El C. Gerardo Unzueta: Honorable Asamblea:
Antes de iniciar mi intervención, quisiera hacer presente el reconocimiento al esfuerzo que han realizado los funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social para responder positivamente a nuestra demanda de información. Yo pienso - y a eso ya se refería el compañero Terrazas- , que efectivamente en el Instituto Mexicano del Seguro Social hay la disposición a responder con la mayor amplitud posible a nuestra demanda de información. Esto quizá debiera servir para toda clase de instituciones y Secretarías de Estado, a fin de que las Comisiones pudiesen funcionar con pleno conocimiento de los elementos con que tienen que manejarse. Esta información ha sido sistemática y abundante.
Es más, ha sido amable. Hemos de reconocer también las posibilidades de amplia discusión que ha abierto en esta Comisión su presidenta, la diputada Kena Moreno.
Gracias a ello hemos podido formarnos un cuadro de lo que es y de lo que ocurre en la seguridad social. Ello nos permite hacer una discusión más profunda y a ello llamamos a esta Cámara de Diputados.
El asunto a discusión está lejos de circunscribirse al mero problema de las pensiones. Revela todo el conjunto de las condiciones que privan en México para la seguridad social y pone de relieve problemas sociales que reclaman solución urgente, cambios indispensables en la política económica y, en particular, en a política salarial del gobierno.
Quiero llamar la atención a los ciudadanos diputados de que el día de hoy que discutimos el aumento de las pensiones, y en particular quisiera subrayárselos a quienes vienen del movimiento obrero, que cuando discutimos el aumento de las pensiones, es el día en que se ha dado a conocer el aumento al precio de la leche, este sí superinflacionario.
¿En qué consiste la reforma que se propone y cuál es su significación?
Aquí estamos obligados a establecer la relación entre el "salario mínimo" y la "mínima pensión", no por su origen, en esto hay que estar de acuerdo con un criterio que nos señala que la pensión se origina en el salario no pagado, y el salario mínimo es un salario que se paga, se origina de la misma razón, pero tiene mecanismos diferentes, sin embargo, precisamente porque se origina de la misma fuente es necesario discutirlo en esa relación.
La Ley Federal del Trabajo establece en su Artículo 90: "...que el salario mínimo es la cantidad menor que debe recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo. El salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden familiar, social y cultural y para proveer a la educación obligatoria de los hijos".
Según el dictamen, se considera que la salario mínimo le corresponde como cuantía básica, en caso de pensión, el 40% del mismo, es decir 1,656.00 pesos, cantidad, dice el dictamen, que resulta paritaria al monto de la cuantía básica de $1,600.00 que propone la iniciativa tomando como base el salario mínimo del Distrito Federal. Esto es que, según la interpretación del Seguro Social, el punto de partida de las pensiones no será la suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden familiar, social y cultural para proveer la educación obligatoria de los hijos, no, sino sólo el 40% de esta cantidad, sólo el 40% de esta cantidad.
De esta manera la interpretación de la Ley del Seguro Social revela que ésta tiene en su base una concepción antiobrera. El trabajador, por lo menos durante 10 años, ha pagado el 4.5% de sus salarios, o sea, el 25% de estatal que ingresa por cuotas al Seguro Social, lo cual le ha impedido sufragar determinadas necesidades, buscando que al terminar el tiempo de trabajo vital tenga una forma de sostenerse siquiera en las condiciones mínimas que establece la Ley del Trabajo, pero resulta que no, resulta que al jubilarse recibirá solamente el 40% más algunas otras prestaciones, que ya en lo fundamental recibía cuando era obrero en activo y que no llegan ni siquiera a cubrir el 50% del salario mínimo.
Eso descubre la realización en nuestro medio de uno de los principios más característicos del capitalismo y de una realización profundamente reaccionaria, la seguridad o el seguro rige mientras es posible extraer la plusvalía, mas cuando ha alcanzado la edad de 65 años y siempre que haya pagado 500 semanas, la seguridad o el Seguro deja de serlo, el Seguro le ha cobrado como mínimo 183 días completos de salario, ha recibido la parte patronal que el obrero también paga en aumentos de precios y la parte estatal que el obrero paga de dos maneras, en impuestos y en aumento de precios; en impuestos al Estado y en aumentos de precios que los capitalistas usan para descargarse de los impuestos que les cobra el Estado. Así pues, el único que realmente sostiene al Instituto Mexicano del Seguro Social es el obrero, el único que realiza realmente aportación directa al Seguro Social es el obrero y de esta manera, según lo que está programado para 1979, de 65 mil cuatrocientos millones, 126 mil pesos, que recibe el Seguro Social, devolverá por cuestión de jubilaciones solamente 5 mil ciento treinta
y tres millones, o sea, quedarán para otras funciones 60 mil millones de pesos.
Pero esto no es todo, en el curso del desarrollo del Seguro Social se encuentra una concepción muy negativa de devolución de las pensiones, se establece de principio, que los fondos se distribuirán de la siguiente manera:
1. Riesgos de trabajo, 1.84%;
2. Enfermedades y maternidad, 8%;
3. Invalidez, vejez, cesantía y muerte, 6% y,
4. Guarderías para hijos de asegurados 87% (debería decir para hijos de asegurados, puesto que también los hombres tienen hijos).
Pero en virtud de las formas que ha adquirido la fuerza de trabajo en México, el fondo destinado al seguro por invalidez, vejez, cesantía, etc., se ha reducido ostensiblemente. La proporción asignada a este sector sería suficiente para cubrir con holgura una pensión que tuviera como base la cuantía del salario mínimo, pero se dedica a otros órdenes. No se trata ahora de que las prioridades actuales se abandonen pues la situación de la fuerza de trabajo lo impide. A sus enfermedades, debido al tipo de desarrollo social que tenemos en México, ha de dedicarse una parte mayor que la asignada inicialmente.
Vale la pena aquí, hoy, ver en las informaciones del IMSS cuántos trabajadores y qué proporción de trabajadores reciben pensiones por debajo del monto del Seguro Social. En los casos de incapacidad permanente, los trabajadores que reciben pensión por debajo del salario mínimo constituyen el 99.8%. En lo que se refiere a invalidez, el 99.09%; en lo que se refiere a vejez 98.06% y en lo que se refiere a cesantía el 96.64%. Por esto se hace absolutamente necesario, en virtud de las necesidades de la propia fuerza de trabajo dentro de este sistema y no en otro sistema, que se produzcan cambios que le den importancia a las pensiones. Es sabido que hasta hoy, en números redondos, hay 442 mil pensionados entre riesgos profesionales, invalidez, vejez, cesantía y muerte, de los cuales, se ha dicho, al aumentarse a $1,600.00 la pensión, el 75% resultará beneficiado. Hay que saber lo que han pasado ese 75% durante los años en que se ha mantenido como pensión mínima el mínimo, mínimo de mil pesos y hay que saber también que la cantidad de trabajadores que requieren pasar a la condición de pensionados es mucho mayor; se estima en dos veces la cantidad de personas que deberán disfrutar de la pensión, pero son pocos los que se aventuran a solicitar el paso a esa calidad de pensionados, precisamente por el bajo fondo de las pensiones.
¿Quién va a dar ese paso si la pensión mínima será ahora, después de aprobar la propuesta del Presidente, de $53.00 diarios? El kilo de carne se vende a más de $100.00, la leche nos amaneció costando hoy $8.00 el litro, el azúcar cuesta $4.60, el frijol, el jitomate y etc., etc., etc., no permiten esos precios que con $53.00 se pueda sobrevivir en condiciones de infrahumanidad, ni siquiera eso permiten; esto es, que se está conduciendo a los trabajadores pensionados a una condición por debajo de los niveles ya infrahumanos de la mayor cantidad de los obreros y de los trabajadores que aún no ganan el salario mínimo.
Y eso trae como consecuencia una consecuencia en la que debiera meditar cualquier persona que se plantee el problema del desarrollo económico del país, porque trae como consecuencia que se taponen los tabuladores de las empresas; que los jóvenes no tengan posibilidad de pasar a categorías superiores o lo hagan con muchas dificultades; que el nivel de productividad se mantenga en extremo bajo por las condiciones físicas en que tienen que trabajar los obreros de avanzada edad; que en las fábricas, los viejos trabajadores de más de 70 años arrastren una vida miserable en puestos de trabajo mendigados; pero hay razones para no aumentar las pensiones hasta el salario mínimo, las hemos escuchado, tanto en el Dictamen de la Comisión y en ellos y en los argumentos oficiales, se establece que el aumento de las pensiones no debe ser mayor que el propuesto en la Iniciativa Presidencial partiendo de una determinada concepción del Instituto Mexicano del Seguro Social y de sus funciones.
En esta concepción juega un papel determinante la idea de no modificar de ninguna manera las cuotas que actualmente recibe la Institución, considerando que un aumento de ese carácter conduciría a incidir en los fenómenos inflacionarios que actualmente se desarrollan en nuestro país y se reflejaría en un estrechamiento del mercado de trabajo. Se considera igualmente que la modificación de la cuantía de las pensiones, no debe afectar la estructura financiera del Instituto Mexicano del Seguro Social y éste debe "absorber" el costo que representa el incremento de las pensiones, de acuerdo al máximo de sus propios estados financieros del Instituto Mexicano del Seguro Social.
¿De qué se trata en realidad?
Se trata de una expresión concreta de la política salarial del gobierno. Por cuanto se refiere al primer argumento citado, el Gobierno considera que todo aumento de salarios o pensiones, conducirá al desarrollo de procesos inflacionarios, pero es evidente que a pesar de los topes salariales y de los más grandes topes a las pensiones, el fenómeno inflacionario se ha producido y produce una muy significativa reducción del poder de compra de los trabajadores en activo y de los pensionados. El aumento de un 60% en las pensiones mínimas, después de que no recibieron los aumentos necesarios, no alcanza de ninguna manera a reponer el valor de la pensión de 1973, ya por entonces en condiciones muy difíciles.
Esa política salarial que incluye a las pensiones, elimina cualquier razón para considerar al Seguro Social como instrumento de retribución del ingreso por cuanto se refiere a las pensiones mismas. Por lo contrario, hace del Seguro Social, y esto debe ser meditado en función de la lucha por el cumplimiento
de las tareas de las instituciones que han sido creadas en medio de la lucha de los trabajadores, las convierte en instrumentos de concentración del ingreso.
De los 400 mil pensionados del Seguro Social, por lo menos el 75% que han tenido hasta ahora pensiones inferiores a la cantidad de $1,600.00 forman parte de las personas que reciben $50.00 o menos del ingreso diario, lo cual permite que el gran capital siga concentrado en sus manos la parte decisiva de la riqueza nacional que contribuyeron a crear quienes por su edad han debido salir de la producción.
No hay ninguna razón para que un aumento de pensiones al nivel del salario mínimo, que significaría alrededor de 6,500 millones de pesos, se convierta en presión inflacionaria. Si esa cantidad es reunida con aumentos a la cotización patronal y si en particular, dichos aumentos se concentran sobre las grandes ganancias, pasando del sistema de cobro de cuotas por trabajadores el de cobro de cuotas de acuerdo a las ganancias lo cual formaría parte y comenzaría a ser un sistema de verdadera reforma fiscal, pero tampoco hay por qué someter la posibilidad del aumento en las pensiones al sistema actual de financiamiento del Seguro Social, el cual asigna los resultados de la activación de su reserva técnica y de los llamados productos de la inversión técnica al pago de las pensiones. Si actualmente hay 5 mil 400 millones de remanentes, es en esa proporción que deben aumentarse en las pensiones. Se prevén 8 mil para el año próximo, pero no se utiliza, es perspectiva para elevar las pensiones y si hay que hacer cuentas y yéndonos al máximo posible, sólo 2 mil millones más harían falta, para cubrir la elevación hoy. Mas priva un criterio, el criterio que está impreso en la Ley del Seguro Social y en la concepción del Gobierno, de que el Seguro Social debe ser una empresa sin números rojos, que debe actuar como un seguro normal. Ya lo oíamos hace poco, pero ello arrebata al sustantivo su adjetivo: queda seguro, pero se pierde lo social.
En todo ello se hace a un lado la responsabilidad del Estado, que en primer lugar, tiene el deber de preservar la fuerza de trabajo y garantizar que aquélla que ha agotado su tiempo vital, pueda recibir lo necesario para vivir en condiciones mínimamente adecuadas al esfuerzo productivo que realizó - por lo menos así debe ser- , por más de tres décadas, y también tiene el deber de obligar a los capitalistas, a que cumplan con su obligación social de destinar parte de la plusvalía que han acumulado, a pensionar a los viejos obreros que constituyeron con su trabajo el capital de que ellos disfrutan y que ellos, los capitalistas, manejan.
Es evidente que con esos criterios no se pueden aumentar las pensiones, pero esos criterios son adversos al desarrollo mínimamente democrático del país, eliminan del mercado, como compradores, a una parte de los que ya no pueden producir más plusvalías; conducen a un congestionamiento de los puestos de trabajo; niegan posibilidades a las nuevas generaciones obreras; reducen el valor real de los salarios, pues obligan a los pensionados a vivir, en buena parte, a costa de los salarios de los trabajadores en activo.
Es claro que los funcionarios y las autoridades asumen una posición responsable, pero responsable sólo ante un sistema establecido y, en concreto, ante un grupo gobernante, pero no ante la sociedad y ante las necesidades de su desarrollo.
Y sí hay soluciones, sí hay soluciones. Incluso algunas soluciones inmediatas que permitirían aumentar ahora mismo las pensiones mínimas al mínimo del salario mínimo.
Puede pasarse, por ejemplo, de inmediato y eliminar el dispendio y a superar el desperdicio que implica la operación paralela de dos servicios de seguridad social y de una institución de salubridad y asistencia, pasando a tomar medidas que aceleren el proceso de coordinación e integración de los servicios de salud y seguridad social, proceso que produciría de inmediato, y a esto debe tenderse y ello debe planificarse, a la disminución de las erogaciones en las tres instituciones, en particular en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Podría, de inmediato, discutirse la ya muy llevada y muy traída Iniciativa de Ley de la Nacionalización de la Industria Farmacéutica, con lo cual el Estado y el Instituto Mexicano del Seguro Social podrían ahorrarse una cantidad enorme de los gastos en medicina.
Es preciso, naturalmente, para poder entrar a estas tareas, para poder entrar a la tarea de elevar la situación de los pensionados, es preciso cambiar los criterios financieros que ahora presiden la seguridad social; debe reclamarse un apoyo de emergencia del Estado y es necesario entrar inmediatamente a conquistar, a demandar, a reclamar ese apoyo de emergencia.
En fin de cuentas, lo necesario para aumentar las pensiones hasta el nivel del salario mínimo, representa una parte absolutamente ínfima del gasto público y, por otra parte, está abierta la perspectiva de los remanentes por 8 mil millones para el año próximo.
¿Qué significan 10 mil en el caso extremo más alto o 6 mil 500, en los números que nos daban recientemente de 6 mil 500 millones de pesos, frente al billón 200 mil millones de pesos que es el gasto público?
En relación a este gasto público hay que plantearse las tareas del Estado. El Estado no puede colocarse al margen de este problema, es parte de su responsabilidad social, es parte de la responsabilidad por el funcionamiento del sistema, y si hay que operar con números rojos, es preferible que esos números rojos estén en la máquina de contabilidad del Instituto Mexicano del Seguro Social y no en la barriga de los pensionados.
El Instituto Mexicano del Seguro Social, hay que subrayarlo, hay que destacarlo, es un servicio social, no es un seguro estrictamente, es un servicio social, no un seguro capitalista;
es un deber del Estado Mexicano, no una empresa rentable y ya hemos sabido de grandes, de bárbaras fortunas, ahí está Díaz Lombardo con el monopolio del transporte en su época y hay otros, ya hemos sabido de las grandes fortunas que se han hecho con las desviaciones muy bien encubiertas, que muy bien se pueden encubrir de las finanzas del Seguro Social.
El estado puede comenzar ahora mismo a cambiar la dirección que ha seguido por décadas el Seguro Social, que se ha ido convirtiendo cada vez más en el instrumento de concentración del ingreso sustituyendo a la función que, por lo menos, eso nos dijeron que tenía, de la redistribución del ingreso.
Es el primer paso y yo creo que debe adoptarse, nosotros pensamos que debe adoptarse a partir de esta reunión de la Cámara de Diputados y ese primer paso es el de propiciar e impulsar el aumento de las pensiones, señalando una pensión mínima igual al salario mínimo.
Se puede realizar esta función, se puede ir al encuentro de esta solución, sí, cambiando criterios financieros que obstruyen al Seguro Social; sí, cambiando criterios seudocientíficos respecto al funcionamiento de la economía que existen en la dirección gobernante. Se puede, pero también hay que plantearse otro problema, el problema de la Ley del Seguro Social.
Yo pienso personalmente que la Comisión de Seguridad Social tiene la gran oportunidad de entrar al estudio y a la discusión de una nueva Ley del Seguro Social que sustituya a la reaccionaria Ley actual, que cambien los presupuestos de los que se parte para mantener a 400,000 pensionados con pensiones inferiores al salario mínimo y de ahí que subraye nuevamente la proposición hecha en mi voto particular, para lo cual emplearé ya solamente un minuto de su atención:
"Artículo único: Se reforma el artículo 168 de la Ley del Seguro Social para quedar como sigue:
"Artículo 168: La pensión de invalidez, de vejez o de cesantía en edad avanzada no podrá ser inferior al monto del salario mínimo y deberá incrementarse a cada revisión de éste en la misma proporción en que el salario mínimo se aumente".
Muchas gracias." (Aplausos.)
El C. Presidente: Tiene la palabra el señor diputado Ugalde Alvarez, en pro.
El C. Francisco Ugalde Alvarez: Señor Presidente;
Señores diputados:
He pedido la palabra en pro del dictamen para fundamentar brevemente nuestro voto en la Comisión.
Ya desde su fundación hace 40 años, Acción Nacional expresó su preocupación por el establecimiento y desarrollo de instituciones de seguridad social en nuestro país. Los diputados de Acción Nacional, doctor Raúl Velasco Zimbrón, Augusto Sánchez Lozada y Francisco Ugalde Alvarez, miembros de la Comisión de Seguridad Social de esta Cámara, dimos nuestra aprobación al dictamen de la Iniciativa de Decreto del Ejecutivo Federal que reforma el artículo 168 de la Ley del Seguro Social, una vez examinados, en el seno de la Comisión, los argumentos de tipo financiero y los datos contables que limitan actualmente las posibilidades del IMSS a fin de conceder a sus pensionados un aumento que hubiese satisfecho en mayor grado sus requerimientos y sus justas demandas, como fue el sentido de nuestra posición. Dimos nuestra aprobación al dictamen porque advertimos que es alentador avance la buena disposición de revisar las pensiones otorgadas a los asegurados dos años del plazo establecido en los artículos 75, 172 y 173 de la propia Ley, porque se incrementan en un 60% las pensiones básicas mínimas de invalidez, vejez y cesantía en edad avanzada, a partir del 1o. de julio del año en curso y en la proporción correspondiente las pensiones de viudez, orfandad y ascendientes, así como las de incapacidad permanente parcial.
No obstante lo anteriormente expuesto, queremos dejar constancia que consideramos el incremento propuesto por la reforma insuficiente para que las pensiones recuperen sus niveles adquisitivos de hace tres años, pues han sufrido, durante este período, el impacto de una devaluación desproporcionada y el alza incontenible en el costo de la vida.
Asimismo, deseamos manifestar ante esta representación que es ineludible, el compromiso hacia aquellos que en su época activa entregaron su mejor esfuerzo en el doble empeño de servir y engrandecer a México con su trabajo, de plantear lo más pronto posible, las modificaciones necesarias a las estructuras y disposiciones de las leyes que dificultan por el momento que los organismos encargados de realizar la seguridad social sean más justos, más humanos, más dinámicos, acordes con los cambios y las necesidades de nuestro tiempo, para que puedan cumplir ampliamente y a satisfacción, sus fines primordiales; garantizar el derecho humano a la salud y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo.
Qué bueno, señores diputados, qué bueno que en un futuro no lejano estos organismos mejoren para constituirse en instrumentos más aptos y eficaces de justicia económica y social y que esta LI Legislatura, sea la que inicie, durante su gestión, las tareas encaminadas a lograr esa transformación en beneficio, no de unos cuantos, sino de todos los mexicanos. Muchas gracias.
El C. Presidente: Tiene la palabra el señor diputado Santiago Fierro, en contra.
El C. Santiago Fierro: Al analizar el problema de la injusticia que se comete con los trabajadores pensionados, creo que es necesario analizar sus causas, las causas fundamentales y las secundarias. Por las cuales existe esa gran cantidad de hombres que prestaron en un momento dado todo su trabajo físico como colaboración al desarrollo de nuestro país, a su desarrollo económico, social y además, para reconocer que, cuando no solamente tiene la
capacidad física, sino la capacidad mental aumentada por su experiencia, son la vanguardia indiscutible del progreso que apunta las características y los datos fundamentales para que la sociedad siga avanzando con sus nuevas generaciones. En ese momento se le desecha a ese gran ejército de hombres valiosos, como estorbo de la sociedad y se les condena a una vida miserable en la cual, con frecuencia, tienen que andar arrimándose con sus familiares, familiares que por la misma condición de pobreza no saben cómo deshacerse de ellos formándoles, problemas psicológicos de desorientación cuando no encuentran la verdadera causa para ser protegidos y en consecuencia se desaprovecha esa fuerza extraordinaria que representa a un hombre que en cantidad de ocasiones de los 60 a los 80 o a los 75 años, todavía puede ser extraordinariamente útil para el país.
Causas inmediatas, la mala distribución de la riqueza económica generada, el problema esencial de permitir que en ese sistema capitalista que padecemos se substraiga la plusvalía, nos roben millones de pesos que diariamente saca el imperialismo extranjero de nuestro país, de lo poco que se queda, sea todavía distorsionado y vaya a engordar los bolsillos de la corrupción de muchos de los funcionarios en el poder y de una gran cantidad de grandes capitalistas que son los que están dirigiendo en estos momentos los destinos de nuestra nación.
Y en consecuencia, por esa gran dependencia económica de nuestro país, el gobierno ha tenido que hacer acuerdos y buscar soluciones inadecuadas, dados los hechos que se observan para resolver el problema de los pensionados y resolver el problema en general de todos los trabajadores en el país.
Los convenios de facilidad ampliada que celebró nuestro gobierno con el Fondo Monetario Internacional hace unos cuantos años apenas, contemplaban precisamente esa situación, la de prevenir el gasto en los servicios de educación, de salubridad, de salud, etc., y a la vez la necesidad de extender la cobertura de esta salud en función del aumento natural de la población que tenemos actualmente, alrededor de los 70 millones de habitantes, dando como solución para resolver en parte esa situación, la de aumentar la ganancia de los grandes industriales a través de una alianza para la producción y tratar de disminuir la natalidad, manifestándola como responsable de las carencias económicas del país, en un programa de control de la natalidad, para tratar de hacer que México fuera eco de esas ideas neomalthusianas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, encabezado por MacNamara que en varias ocasiones ha dicho que es urgente y necesario impedir el nacimiento de más de cien millones de niños en el mundo, ocultando que la realidad de estas deficiencias y el por qué a los pobres pensionados se les pagan pensiones tan bajas.
No es el aumento y control de la natalidad, el problema, todos sabemos que es un problema económico- social y que no podemos invertirlo.
Si no hubiera desempleados, si no hubiera tanta concentración de riquezas, si no hubiera tanta extracción de capitales del país, si no hubiera tanta dependencia económica, habría más brazos trabajando, millones de brazos trabajando que estarían generando riquezas de todas clases y solucionando las necesidades del país.
En la distribución de los servicios de la salud se han tratado de seguir planes y formular planes por el gobierno, pero nosotros entendemos que está empantanado en una situación insalvable bajo este régimen de la propiedad privada de los instrumentos de la producción económica y no encuentra la salida.
Se formuló el Plan Nacional de la Salud en el sexenio pasado; se pensó, inclusive, con este plan, aumentar la cobertura de la asistencia médica, incluyendo a los pensionados; se pensó, además, dar trabajo a más de 20 mil médicos de los 30 mil que tenemos actualmente desocupados, pero no funcionó.
Se cambió por un programa de pensión de cobertura en este año pasado y presente y el antepasado, pero este plan de cobertura no está cubriendo precisamente las necesidades de la seguridad, de la atención médica y la seguridad social, ni tampoco contempló en serio la necesidad de considerar como un trabajador más en plena actividad de vida a los que cumplieron la edad límite para pensionarse.
En este programa de extensión de cobertura que funcionaría normalmente si al extender la cantidad de servicios asistenciales se diera trabajo a los médicos, a las enfermeras, al personal de administración, al personal de intendencia, y se ampliara en realidad la cantidad de personas que tengan derecho al servicio social aunque no estén con los derechos dentro del Seguro o el ISSSTE porque los puede atender también Salubridad, y si en ese programa de cobertura se hubiera acordado considerar a los pensionados, para que en un mínimo tuvieran como un verdadero aliciente mucho muy pequeño, al disfrutar de un salario mínimo en sus pensiones como sueldo menor que se les pueda dar, ese programa hubiera sido resuelto, hubiera sido satisfactorio, pero no se puede llevar a cabo, ¿por qué? Porque las medidas que existen y las soluciones que existen no se quieren aplicar, hay medidas que se pueden hacer todavía y planes que se pueden hacer todavía dentro de un régimen capitalista como el nuestro, a pesar de su fuerte dependencia del extranjero en la economía. La única condición básica es que el gobierno no descanse sobre los grandes intereses sino descanse con el respaldo de las grandes mayorías, del pueblo más necesitado, del pueblo más ofendido, que es el que realmente necesita que este programa de extensión universitaria sea llevado a sus últimas consecuencias.
Hay el papel y hay la cantidad económica suficiente para desarrollarlo en este momento como única solución inmediata para liquidar este tipo de injusticias que se está cometiendo.
Como una consecuencia más de esto, en una salida más, que el poder público trata de
o:
"Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea:
buscar para resolver estas demandas del hombre que está viviendo apenas de pensionado, se estructura la reforma administrativa, pero, ¿en qué‚ paró esta reforma administrativa? En un instrumento de la política de austeridad, lo repito, la forma de restringir los salarios del Estado, de controlar los aumentos salariales y a través del programa de la Alianza para la Producción aumentar las ganancias que les estaba demandando los grandes industriales, porque insaciables, con ganar en una proporción exagerada como en ninguna otra parte del mundo lo permiten sus gobiernos, todavía querían más. Y en este control de salarios, en el programa concreto de la Seguridad Social donde están incluidos los pensionados, lo estamos viendo diariamente, el gobierno congela plazas, hay la necesidad del aumento de una gran cantidad de plazas en el Seguro Social, en el ISSSTE y en Salubridad, pero no se proporcionan; ha habido veces que incluyendo, o inclusive estando libre la plaza para que sea ocupada por un personal o una persona, no se llena esa plaza; hay delegaciones del Seguro Social y del ISSSTE que tienen cantidades suficientes de plazas para ser llenadas por nuevo personal y no se cumple con este requisito, en función del programa de austeridad dejan crecer lentamente las necesidades, dejan que haya una carencia absoluta de personal calificado en estos centros asistenciales, cuando ya la demanda popular, cuando ya la demanda de los mismos trabajadores de las instituciones no la pueden acallar, entonces empiezan a ampliar plazas y a cubrir plazas de alta calificación técnica con personal de baja calificación técnica, para ahorrarse dinero que debían de pagarle al de alta calidad. ¿Qué sucede con esto?, que el pueblo desorienta su atención y dice que es la seguridad social en sí y que son los médicos en sí los que son negativos, los que son agresivos, los que son déspotas que no quieren atender a las gentes, claro, excluyendo particularidades, pero no se dan cuenta que es el programa general del gasto público organizado por el Estado el que no permite que se aumente la cantidad de plazas para que sean suficientemente distribuidos los servicios a que tiene derecho el pueblo en cada una de las organizaciones que están incluidos o en la seguridad social que atiende a los que no están incluidos en ningún servicio social del Estado.
Con esta política de llenar estos programas dejando una gran cantidad de plazas que son verdaderamente necesarias crear y otras cubrirlas, de meter personal de más baja calificación técnica para pagar menos salarios, tratan de resolver la necesidad indispensable y fundamental de ampliar la cobertura de salud en el país, pero no lo están haciendo a costa del gasto público, que está disminuido en la actualidad, lo están haciendo a costa de lo que dejan de pagarle a los trabajadores en esas dependencias, de las plazas que no se han cubierto y de los pensionados que no se les paga ni siquiera lo más indispensable para que vivan como gentes.
La distribución de los servicios que no podemos menos que mencionarlos porque están directamente ligados con el problema de los pensionados. Se dio para una atención del Seguro Social de un 27% de la población, con un 57% del presupuesto. Según nos informa la Comisión de Seguridad Social, va a haber un remanente para el año próximo de 5,800 millones de pesos. ¿Cómo es posible que se prefiera tener 5,800 millones de pesos en las arcas nacionales o en las del Seguro Social, en lugar de dárselos a esa gran cantidad de ancianos que necesitan alimentación y tranquilidad, en retribución y pago obligado y necesario que debe tener la nación para ellos, puesto que fueron y son la riqueza fundamental del país en un momento dado?
El ISSSTE, no atiende más que al 7% de la población, sin embargo tiene un 30% del presupuesto y la Secretaría de Salubridad, con un 52%, con un 14% del gasto atiende un 52%; entonces este presupuesto compañeros, está pésimamente distribuido; está negado, se les está negando los derechos que tienen estos pensionados que durante toda su vida rindieron lo mejor de su esfuerzo al país y las soluciones, las soluciones están dadas; son también soluciones inmediatas y soluciones futuras; soluciones inmediatas parciales y soluciones futuras definitivas. La solución inmediata la hemos cuestionado ya en varias ocasiones.
¿Por qué no se separan las formas de la prestación de la atención médica y de la seguridad social para que haya un solo organismo que asista a las enfermedades, que haya un solo organismo que prevea a las enfermedades, sobre todo la prevención de las enfermedades que es el problema fundamental que debe tener todo país?
Más vale prevenir siempre que curar, porque al hacer esta separación de las instituciones de asistencia, de las instituciones de Salubridad, el Gobierno se ahorra una extraordinaria cantidad de millones de pesos en edificios, en terrenos, en mobiliario, en personal, etc., distribuye mejor su gasto público de la salud; habrá una mayor cantidad de personas que efectivamente reciban atención de la Seguridad Social y ¿por qué compañeros diputados, por qué no estimulamos, por qué no impulsamos esta necesidad imperiosa que necesita nuestro país de nacionalizar la industria químico- farmacéutica?
Diariamente los monopolios extranjeros, principalmente los norteamericanos, están extrayendo millones de dólares de nuestro país por concepto de medicinas. Si hay un producto que no tenga ningún control y permita ganar enormes cantidades de dinero es el problema de la fabricación de la medicina y ustedes los que tengan alguna relación con ello se darán cuenta que hay medicinas que tienen un costo de elaboración de $3.00, y el comercio y los laborarios los venden a $100.00 y más de $100.00; es absurdo, es criminal el robo que están haciendo con nuestro pueblo, que lo asesinan cuando le niegan los recursos más indispensables para procurar su salud y si acaso el Gobierno no tiene todavía o no siente todavía la fuerza política suficiente apoyada en su pueblo para enfrentarse a los monopolios de la fabricación químico- farmacéutica, cuando menos que se
elabore la medicina del Estado para que
todos los servicios dependientes del Estado dispongan de esos productos; que no se necesitan unos cuantos. Lo que bajará en miles de veces el costo de la producción y que además representará muchos millones de pesos de ahorro.Creo que con este simple hecho habría suficiente para que todo individuo que viva en el país, nacional o extranjero, tuviera el derecho al Seguro Social.
Y la solución definitiva es el mensaje que nosotros enviamos al pueblo de México: en este régimen en el que imperan las formas de la propiedad privada, no se puede tan fácilmente dar esta atención, desde luego si el poder público no lo determina y se impone. Hay una forma natural de conseguirlo: lograr un cambio de régimen social; establecer el régimen de la propiedad socializada; donde, si hay alguien que tenga atención y preferencia, para que su vida la desarrolle normal y humanamente, es el viejo y el niño, y esto es lo que nosotros buscamos, el cambio de las formas de la propiedad privada a la propiedad colectiva con un gobierno de carácter democrático popular, transitorio; a un régimen socialista donde terminaremos para siempre con esto y a nadie le quitarán su dinero, como mentirosamente lo dicen. Solamente se evitará el derecho a seguir explotando el trabajo ajeno.
En consecuencia, compañeros diputados, para terminar, estoy en contra del dictamen que presenta la Comisión Dictaminadora de la Seguridad Social y doy mi voto al dictamen que presentó con su voto popular, el compañero Gerardo Unzueta.
El C. Presidente: Tiene la palabra en pro, el señor diputado Rafael Alonso y Prieto.
El C. Presidente: Es suficiente, señor Secretario. Tiene el uso de la Palabra el señor diputado Alonso.
El C. Rafael Alonso y Prieto: Señor Presidente;
Señores diputados:
Voy a reclamar unos minutos de su paciencia, a pesar de lo avanzado de la hora, para antes de referirme al asunto concreto a discusión, hacer una consideración de orden general, con la formal promesa de que no excederé el tiempo que me adjudica el reglamento en el uso de la tribuna.
La consideración básica es esta:
Esta Cámara de Diputados, pluripartidista y nuestra presencia en ella, tienen un sentido profundo para la historia de México, representan la posibilidad de resolver los conflictos, las contradicciones y las necesidades de la vida de México por la vía del diálogo y de la discusión racional, en lugar de por las vías de la violencia y del ataque sangriento; usando una palabra predilecta del señor Presidente, no resolverlas por las vías de la satanización de los distintos miembros de la sociedad mexicana.
Nuestra presencia en esta Cámara, es efectivamente señores, un acto de fe.Un acto de fe por mi parte, en mi propia capacidad racional de convencer y de ser convencido. Un acto de fe en la propia capacidad racional de todos y cada uno de ustedes, de convencer y de ser convencido. En una palabra, un acto de fe en la capacidad de México, como pueblo y como nación, de resolver sus conflictos y encontrar su camino por la fuerza de la nación y no por la razón de la fuerza.
Sabemos que el camino por avanzar es largo y difícil y que tendremos que enfrentarlo, pero estamos convencidos, de que en México existen hombres que prefieren los caminos abruptos que conducen a las cumbres en vez de los caminos llanos y cómodos que conducen a los pantanos. En esa afirmación, en esa convicción, es como me presento por primera vez en esta Tribuna para discutir una concreta iniciativa de ley.
Coincido con los señores del contra en las afirmaciones básicas de la insuficiencia de los pensionados, de la insuficiencia de los ingresos de la mayoría de nuestra población. Me duele como al que más esa insuficiencia, el anciano, obrero pensionado, que tiene que estirar al último extremo el presupuesto, cómo me duele la angustia del campesino mexicano que vende jaulitas de pájaros en la carretera de San Luis Potosí. Me duelen profundamente todas las injusticias que vivimos en este régimen, pero señores, somos hombres y tenemos que irlas resolviendo paulatina y racionalmente.
Sé, quiero afirmarlo concretamente, que el incremento que en la iniciativa se está dando a las pensiones es raquítico, insuficiente, insatisfactorio; sé perfectamente que eso es una aspirina en la pulmonía fulminante de los pensionados mexicanos; sé que el régimen de seguridad social requiere de una reforma para que sus beneficios se extiendan a capas de la población probablemente las más necesitadas que no son cubiertas por el régimen de seguridad social, pero señores, se preguntarán ustedes: ¿por qué entonces pedí la palabra en pro de la iniciativa y del dictamen?
Por unas cuantas razones sustanciales: cuando plantee la alternativa desde el estudio de la iniciativa, vi una serie de alternativas abiertas en las cuales me han dado la razón y me han reforzado las presentaciones y los argumentos de los oradores del contra y recordé también una frase de un hombre sagrado para mí, como sagrado para todos, mi propio padre: "...lo mejor es siempre enemigo de lo bueno", y ante esa disyuntiva pensé en las probables alternativas que tendría en esta Cámara, como lo pensaron nuestros comisionados en la Comisión de Seguridad Social el rechazo de la iniciativa que se está discutiendo, y lo oímos en todas las exposiciones, hay que modificar la filosofía, hay que modificar las estructuras, hay que modificar los mecanismos y mientras nosotros, señores, modificamos filosofías, estructuras y mecanismos, los pobres pensionados siguen viviendo con mil pesos mensuales.
Por urgencia imperiosa, por razón básica de que es indispensable la llegada de un remedio por raquítico que éste sea a esa vasta población mexicana, víctima de la mayor de las injusticias sociales, creo que en este caso
concreto y siguiendo el régimen que en todo sistema parlamentario existe, debe aprobarse la iniciativa y el dictamen de la Comisión correspondiente, pero esto no quiere decir satisfacción con el resultado obtenido, no vamos a salir con la frente alta sintiéndonos redentores del mundo. Esto significa un compromiso serio y verdadero, de todos y cada uno de nosotros, particularmente de los miembros de la Comisión de Seguridad Social, pero genéricamente de todos y cada uno de los diputados de esta LI Legislatura, de ponernos a trabajar seriamente, concretamente, en las reformas particulares concretas que deben hacerse al régimen de seguridad social.
Ya oímos las exposiciones de la Comisión y las exposiciones de los del contra meteríamos una muy larga discusión, señores, y ante el hambre del pensionado del Seguro Social yo prefiero que le llegue la tortilla de ahora y no encampanarlo con el banquete de mañana. Muchas gracias.
El C. Presidente: Tiene la palabra en contra, el ciudadano Miguel José Valadez.
El C. Miguel José Valadez: Respetable presídium;
Honorable Asamblea:
Aunque a veces parezca que no, la mirada del pueblo está atenta a lo que en esta Cámara hagamos y, señores, mucho se ha dicho que esta LI Legislatura habrá de ser histórica por el pluralismo ideológico que contiene, por los frutos amplios que habrá de dar en beneficio del pueblo. Sin embargo, pesa sobre nosotros el grave riesgo de que nos desencarnemos de la representación popular, de que demos la espalda a los intereses legítimos del pueblo y no resultemos históricos, al menos en sentido positivo; sólo podremos serlo en sentido positivo, insistamos, en la medida en que auténticamente defendamos a fondo los intereses populares.
Estamos iniciando la actividad de lo que es la médula, la substancia de la actividad legislativa; nos ocupa la primera Iniciativa, pero no se trata de que el señor Presidente de la República, de que el Director del Instituto Mexicano del Seguro Social, o nosotros, nos adornemos y quedemos medianamente bien, elevando un poco las prestaciones que hoy reciben los pensionados. Hay que ir a fondo y me extrañó escuchar que oradores del Revolucionario Institucional, que han de ser revolucionarios en esencia, hablaran de estabilidad para justificar la elevación, muy mínima, de las prestaciones a los pensionados. En este asunto consideramos que se debe ir a fondo, con un criterio verdaderamente revolucionario.
Se nos podrá decir "es que se busca una economía sana del Instituto que nos ocupa", pero, mis amigos, cuando vemos que es posible sostener equipos profesionales de fútbol, centros vacacionales costosos, parques de béisbol e inversiones en ese sentido, pensamos- disculpen lo grotesco de la expresión- pensamos como Palillo, a quien conocemos en los teatros por sus sátiras políticas. Cuando él criticó el hecho de que se adornara la ciudad con flores y jardines, dijo "antes que adornar la ciudad, mejor sembremos camote para darle de comer al pueblo". Y aquí, amigos diputados, hay que jerarquizar los gastos de este Instituto.
Se trata de que primero comamos bien y luego seamos espectadores de deportes y luego seamos vacacionistas.
Se nos puede decir también que otros países, en Holanda, en Inglaterra, no se ha podido lograr que el salario mínimo sea el mismo que se otorga a los pensionados. Pero otra vez vayamos a la reflexión.
¿Por qué entonces nos sentimos orgullosos de que el artículo 123 constitucional haya aflorado a la realidad sin que fuera ejemplo ni Inglaterra, ni Holanda, ni Alemania, sino que dijimos "se rompió el sistema clásico constitucional y logramos consignar el derecho social en la Constitución Mexicana"?
¿Por qué no tomar nuevamente una iniciativa revolucionaria que rompa con los esquemas establecidos en el mundo?
Nosotros estamos de acuerdo con el espíritu de la Ley, con el espíritu, no con el texto, porque ahí se asfixia y se mediatiza aquél.
¿Cómo no estar de acuerdo con un espíritu que significa la superación de los sistemas socioeconómicos envejecidos, trasnochados, humillantes como el mercantilismo, como el liberalismo, en que no se entendió la dignidad del hombre, sino que se le concibió como un ente productor nada más, al que se le podía mandar al cúmulo de desechos cuando ya no era productivo?
Estamos de acuerdo con ese espíritu que rebasa una situación tan trasnochada como la que estoy mencionando, un espíritu que implica la apreciación correcta que aun cuando se tuviera un criterio produccionista, se reconoce que el trabajador o sus beneficiarios han de recibir una merecida pensión, no una limosna, sino un producto reivindicativo a un esfuerzo largamente sostenido durante una gran parte de la existencia de quien frecuentemente tiene por único patrimonio su trabajo, su fuerza laboral y resulta que a veces, en vez de ser un premio a quien ha dado su vida, la ha dejado en el trabajo, resulta decía, un castigo la pensión, ¿por qué? Porque nosotros como que queremos constituirnos en una "sui generis" Comisión de Salarios Mínimos, si ya se ha marcado un salario mínimo que inclusive no estamos de acuerdo lo sea para la subsistencia de un jefe de familia y de su familia, cómo nosotros establecemos el mínimo del mínimo, el minimito que sencillamente no puede satisfacer las necesidades de las familias; si ustedes hacen cuentas, los $1,600.00 solamente alcanzan para 6 litros de leche diarios y a esos 6 litros de leche diarios quítenle todas las demás necesidades y probablemente no alcancen ni medio de agua, ese es el grave problema para los pensionados con $1,600.00.
El espíritu implica también un criterio humanista que entiende la dignidad y la calidad humana del trabajador, pero a medias, insistimos en esto. Nosotros no podemos ser legisladores mediocres, mediatizados, buscando
simple y sencillamente pequeños adornos para justificar nuestra actitud, nuestra actividad.
Aprobamos el espíritu de la iniciativa, porque además concuerda perfectamente con la aspiración medular también, máxima del Partido Demócrata Mexicano. Es decir, que el poder sea manifiesto en el pueblo y en este caso específico, el poder económico de la gente.
Se trata también, de que este poder sea patente para todos los mexicanos, con un criterio humanista, respecto de marginados, de débiles, de desvalidos, que hasta hoy, entre otros los pensionados, se les ve como patitos feos, como "chiquitos y orejones".
Ahora, proponemos un criterio que abarque dos aspectos para modificar dicho Artículo, el 168 de la Ley del Seguro Social, uno dinámico, porque es ilógico, no es muy inteligente, que se fije una base rígida, una base rígida para el pensionado y que haya que esperar hasta que la buena voluntad de otro Presidente de la República, la modifique o por lo menos como se dijo, un largo período en el que se está perjudicando esencialmente al trabajador y a su familia. En cambio entonces, debe seguirse el palpitar del movimiento económico del país y no estancarse en tal medida y, por otro lado, que esta medida sea con plenitud real, que sea no a $1,650.00, sino al salario mínimo y ni aclaremos si el salario mínimo con sus evoluciones, porque sencillamente al evolucionar éste habrá de otorgarse al pensionado salario mínimo.
Creemos que no hemos de caer, si de veras queremos ser una legislatura histórica, en el explicacionismo de las cifras, de las cantidades, de los conceptos, sino defender de verdad con afán revolucionario también, no de membrete, sino real defender a la hechura de la justicia para el pensionado. Este deberá ser el verdadero criterio si es que nos interesan los ahora marginados, los ahora "patitos feos".
Esa será realmente justicia plena.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: Tiene la palabra en pro el señor diputado Antonio Gaytán.
El C. Antonio Becerra Gaytán: Señor Presidente;
Honorable Asamblea:
El análisis de la iniciativa sobre la cuantía mínima en las pensiones, indudablemente que nos ha llevado tanto en la Comisión, como en esta Cámara, a tocar aspectos básicos de la economía del país.
Salta a la vista que este tema no pueda separarse del de la injusta distribución de la riqueza que prevalece aún, por otra parte sería también absurdo separarlo del grave problema que como nación tiene México en su dependencia tecnológica con respecto a la metrópoli imperialista, principalmente de los Estados Unidos.
La cuantía mínima a los pensionados, es una parte importante de la seguridad social. La seguridad social en sí tiene un campo más amplio, su base está precisamente en dar seguridad económica, seguridad de salud, seguridad de vivienda, a la clase trabajadora fundamentalmente, porque la seguridad social nace como una formula de respuesta al sistema capitalista que se desarrolla y polariza en dos clases a la sociedad y como un alivio económico en el sistema capitalista y como una respuesta en esencia a lo que es la seguridad del hombre en el sistema socialista, la seguridad social ha venido tomando diversos enfoques y diversas formas de realizarse.
Cada país, diríamos, ha tomado las medidas para ajustarlo a su desarrollo económico, a su sistema de vida, a sus recursos, y en nuestro país, que fue un anhelo del pueblo en armas y después de algunos de sus adalides, como lo fuera el General Obregón, preocupado en este aspecto, estuvo siempre en la mente llevar un sistema de seguridad social, que satisficiera las necesidades del pueblo de México.El Seguro Social, que se crea en 43 y entra a funcionar en 1944, ha venido superando su estructura y su campo de acción; de servir a trabajadores con ingresos fijos, con un patrón fijo, ha tomado un nuevo campo de acción, que para nosotros, miembros del Partido Popular Socialista, no podemos dejar pasar desapercibido, sino reconocerlo y aplaudirlo.El Seguro Social ha venido dirigiendo su acción de seguridad social a los grupos marginados que no cuentan con un patrón permanente.
Y ya desde 1973 ha venido dando servicio a 3 millones y medio de mexicanos, pero lo que es aún más meritorio es que esta institución ha establecido ya una serie de medidas y bases para ampliar la seguridad social a los grupos marginados, por completo, de México.
El plan nacional de zonas deprimidas y grupos marginados que tiene a su cargo el estudio y el mejoramiento de las zonas, particularmente más marginadas y, en este caso hay que señalarlo, de los grupos indígenas del país tan abandonados aún por el desarrollo económico de México, es este plan de Complamar con el Instituto Mexicano del Seguro Social, ya se tiene el planteamiento, el plan para poder llevar la asistencia médica fundamental, básica, a los grupos marginados, y si el Seguro Social hoy da satisfacción a 3.8 millones de estos compatriotas, en los programas de expansión del Seguro Social, está previsto que para 1981 abarque la seguridad social a 10 millones de estos compatriotas que sin tener patrón fijo y sin pagar en absoluto, en lo económico, recibirán asistencia médica. Y esto naturalmente para nuestro partido es motivo de elogio y de aplauso.
Es grave el problema de la seguridad social si tomamos en cuenta que en este año quedan sin este servicio el 38% de la población, 26 millones de mexicanos
La cuantía mínima en las pensiones de vejez, invalidez y cesantía por edad avanzada que se establece hoy en $1,600.00, indudablemente que no es lo deseable, para nosotros, no es lo que queremos, no satisface de ninguna manera nuestras inquietudes y nuestra lucha, pero tomando en cuenta los elementos sobre los que está actualmente basado el Instituto Mexicano del Seguro Social, sus cotizaciones, sus
programas, la misma Ley del Seguro Social, vemos que sería una carga que no agilizara y que no diera dinamismo a las actividades del Instituto.
Es también de percibirse que dentro del enfoque que se ha dado en México para establecer las pensiones, se ha tomado en cuenta a la familia de los pensionados y al hecho de que llegare a faltarles éstos. Por eso las asignaciones familiares, la asignación a los hijos del pensionado o a sus ascendientes o al simple hecho de que si éste ya no cuenta con alguno de estos seres de la familia, de todas maneras se le asigna un porcentaje adicional a los 1,600 que establece esta pensión. Aún así indudablemente que no puede satisfacer este monto que lleguen a recibir los pensionados.
En realidad el tema merece mucho análisis, porque se ha tomado en general el criterio de que el porcentaje de pensión siempre es menor al salario que devenga un trabajador y así en diferente tipo de ocupaciones, de profesiones y de oficios, la pensión siempre parte de un 50% del salario que devenga el trabajador.
Este criterio es el que tiene que reformarse y adicionarse con alguna disposición laboral, para elevar el porcentaje en todos los casos.
La seguridad social que debemos de ver en conjunto, pensamos que sí tendrá que merecer el esfuerzo, la decisión, la dedicación de esta Legislatura para sentar bases que garanticen no solamente establecer una pensión que se pueda satisfacer y que pueda satisfacer las necesidades del trabajador, sino que al mismo tiempo no vaya a detener el desarrollo del país, no vaya a frenar a las instituciones que al respecto existen. La injusta distribución de la riqueza que existe en México, que por supuesto por eso nos hace que veamos lo reducido de está pensión, pero el problema está pues en canalizar el esfuerzo de la Cámara para tomar medidas en el fondo del problema, se ha venido señalando que urge una reforma fiscal, efectivamente, es necesaria ya esa reforma fiscal que eleve el desarrollo económico de México y por lo tanto aumente las fuerzas productivas y el nivel de vida de los mexicanos; para el punto de vista nuestro esta reforma fiscal debe tener como esencia poner un límite a las utilidades de las grandes empresas de la producción y el comercio, esa limitación, ese límite a las utilidades que hoy por hoy es libre y que tiene tres o cuatro veces de obtención mayor que en países como Estados Unidos y en algunas ramas de la producción es inclusive más. Esa reforma fiscal es la que necesitamos.Esa reforma fiscal que dé al Estado más ingresos y que alivie los impuestos que paga la clase trabajadora.
Con una reforma fiscal debe inyectarse al IMSS de mayoresse ingresos. También, para poder desarrollar en forma sustancial la seguridad social en México, pensamos que el interés debe orientarse a romper con la dependencia que en el comercio de las medicinas tenemos todavía hoy. El gobierno ha abierto una comisión para que se registren los laboratorios de medicinas. Hasta hace unos cuantos meses, se dio a conocer que se habían inscrito un poco más de 450 laboratorios de la industria químicofarmacéutica. Pero, de estos laboratorios el 15% de los mismos monopolizan la producción de los medicamentos, y si tomamos en cuenta, además, el origen de su capital, encontramos que corresponden a las transnacionales que en esta materia están dominando el mundo.
Por su parte, el Seguro Social destina en la adquisición de medicamentos más del 50% de sus ingresos; por eso estimamos nosotros que creando el Estado laboratorios de las medicinas se podrán reducir los gastos del Instituto Mexicano del Seguro Social al respecto. Dentro de las informaciones que se nos proporcionaron existe una que nos ha dado gusto en conocerla, que se está creando un Gabinete del Sector Salud para coordinar una serie de planes de trabajo, de programas, de sistemas de información estadística, etc., entre el IMSS y el ISSSTE; esto nos da gusto porque dentro de las demandas que nuestro partido ha presentado desde tiempo atrás, está el crear una Secretaría de la Salud que coordine y que integre a todos los organismos del Estado que hoy existen al respecto; esto también daría fuerza a la seguridad social del Estado elevando su servicio y abaratando sus precios y sus costos.
Nacionalizar los laboratorios de las medicinas, integrar la seguridad social en una Secretaría de Estado, llevar adelante una reforma fiscal, esto se incrusta en el modelo de desarrollo, modelo de país que ha perfilado la Revolución Mexicana.
No se trata de fortalecer al capitalismo clásico, ni se trata de establecer el socialismo. Se trata de andar en el camino del nacionalismo revolucionario que podremos llevar adelante con la unidad de las fuerzas democráticas de México; con la claridad de la clase obrera, del pueblo y de las fuerzas del gobierno; interesados en romper tanto la dependencia del país, como ampliar servicios fundamentales como la seguridad social para el pueblo trabajador.
Tomando en cuenta que esta cuantía mínima se trata de un paso dado en el sentido de favorecer al pueblo, es como lo apoya el PPS, pero que naturalmente nos proyecta a luchar porque se creen las condiciones que superan este aspecto de la seguridad social. Gracias.
El C. Presidente: Señores diputados: han hecho uso de la palabra en contra del dictamen Manuel Terrazas, Gerardo Unzueta, Santiago Fierro, Miguel José Valadez.
En pro, Eduardo López Faudoa, el diputado Ugalde Alvarez, Rafael Alonso y el diputado Gaytán. Faltando de la lista originalmente registrada en esta presidencia, los diputados Ricardo Castañeda y Luis Velázque Jaacks.
Considera esta Presidencia que en lo general el dictamen se encuentra suficientemente discutido. Por ello, de conformidad con el artículo 116, ruego a la Secretaría consultar a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el dictamen en lo general.
- EL C. secretario José Murat: En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el dictamen en lo general.
Los que estén por la afirmativa, manifestarlo... Suficientemente discutido.
Se va a proceder en consecuencia a recoger la votación nominal en lo general.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga lo que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
Su servidor va a tomar la votación de la afirmativa y la secretaria América Abaroa va a tomar los votos de la negativa.
(VOTACIÓN.)
El C. secretario José Murat: Falta algún ciudadano diputado de votar por la afirmativa?
- La C. secretaria América Abaroa: Falta algún ciudadano diputado de votar por la negativa?
Se va a proceder la votación de la mesa.
(VOTACIÓN.)
El C. secretario José Murat: Se emitieron 237 votos en pro y 40 en contra.
El C. Presidente: Aprobado el dictamen en lo general por 237 votos.
El C. Graco Ramírez: Solicito la palabra.
El C. Presidente: ¿Es sobre el dictamen?
El C. Graco Ramírez: No.
El C. Presidente: Lo registramos si es para una proposición. Posteriormente se va a proceder a poner a discusión en lo particular el proyecto de Decreto.
El C. José Murat: Está discusión en lo particular el proyecto de Decreto.
Los diputados que deseen impugnar algún artículo, sírvanse reservarlo.
No habiendo quien haga uso de la palabra, se va a proceder a recoger la votación nominal.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
El C. secretario José Murat: ¿Falta algún ciudadano diputado de votar por la afirmativa? ¿Falta algún ciudadano diputado de votar por la negativa? Se va a proceder a recoger la votación de la Mesa Directiva. Se emitieron 239 votos en pro y 42 en contra.
El C. Presidente: Por tanto, aprobado el proyecto de Decreto que reforma el Artículo 168 de la Ley del Seguro Social, en lo general y en lo particular. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
EXHORTACIÓN
- EL mismo C. Presidente: Tiene la palabra el señor diputado Armando Thomae Serna para leer una proposición.
El C. Armando Thomae Serna: Compañeras y compañeros diputados.
La hora de México es de definición. En las presentes circunstancias se ventila nada menos que, o la prevalencia de un modelo de crecimiento económico favorecedor de los intereses del gran capital, lesivo a las grandes masas populares y por lo tanto antihistórico, o su substitución por un proyecto colectivo de desarrollo, que dé satisfacción a las necesidades materiales y espirituales de las mayorías.
Felizmente, nuestra patria está libre de enclaves militares y ha asumido, una vez más, la defensa de los derechos a la libertad y al desarrollo integral, sin ingerencias externas. El discurso del Presidente de México en Panamá, es el alegato más hermoso y valiente contra el Imperio. Aplaudimos esta intachable presencia de México, al lado de las causas más nobles del pueblo latinoamericano. Sin embargo, padecemos en nuestro país enclaves económicos injustos y coloniajes internos que es preciso combatir hasta erradicar, a fin de sanear las bases de nuestro proceso económico.
Compromiso tras compromiso, la iniciativa privada insiste en su empeño de burlarse del hambre del pueblo, ennoblecido por una paciencia que ya toca a su fin y que sólo se mantiene por un elemental sentido de responsabilidad patriótica, que, por supuesto, los grupos privilegiados no entienden.
"Todas las mañanas, día tras día- según dramática expresión de un destacado varón de las letras- , las mujeres insurgentes del hogar, libran con anónimo heroísmo su batalla en los mercados urbanos."
"Deambulan de puesto en puesto buscando el milagro de los peces y los panes.
Las escasas monedas juegan a la escondida, y en el sube y baja de su angustia casera, la abnegación de las mantenedoras del hogar, trata de hallar el consuelo en las sabias palabras de los economistas: la crisis no es exclusiva de México."
Pero el hambre popular no entiende el lenguaje de los economistas. Sólo entiende que el magro salario no alcanza para comprar ni lo indispensable, en tanto que los poderosos económicamente despilfarran y humillan con su riqueza, la más de las veces ociosa.
Al cúmulo de agresiones a la economía popular se ha sumado una más, tanto más dolorosa y tanto más condenable, cuanto más tiene que ver con la alimentación de los mexicanos, con una de sus artículos básicos para el consumo: la leche.
En cuanto a la leche en polvo, alimento fundamental de la población infantil, el pueblo de México paga el precio más caro del mundo: 30% más alto que el promedio internacional. Es la concentración de la industria en empresas transnacionales; es el absurdo monopolio que aún toleramos. Por lo que concierne a la leche de consumo popular, no hace 2 años se incrementó su precio.
Entonces se alegó que era necesario pagar para garantizar la producción de la industria y estimular su reorganización. Hoy nuevamente se incrementa su precio en un 20% y se argumenta lo mismo. Así continuaremos eternamente de no oponer la tenaz resistencia del pueblo y de sus instituciones más representativas como en esta Cámara. Añádase que a estos abusos, se suman la adulteración del producto y los fraudes en el contenido de los envases. El pueblo, la pequeña parte del pueblo, que aún dispone de recursos para adquirir este producto, no consume leche, sino una rara composición química;
tampoco consume litros completos, sino de 900 o 930 mililitros.
Llamemos a las cosas por su nombre. Mientras que la industria lechera no se reestructure, se reorganice, se planifique y se rescate de las manos ineptas en que hoy se encuentran; mientras que no se cambie su estructura de propiedad monopólica ningún aumento de precio alcanzará para subsidiar sus ineficiencias y sus abusos.
La existencia y la salud de nuestros hijos no puede depender de políticas arbitrariamente impuestas por el gran capital. No dudamos de que el nuevo incremento en el precio de este producto ha sido autorizado después de cuidadosos estudios.
Tampoco ignoramos que son muchas las solicitudes de aumentos que las autoridades correspondientes niegan, por considerar que son injustificados, y que dichas negativas no trascienden al conocimiento de la opinión pública, pero la política de precios no puede limitarse a simples ajustes de costos y precios, mucho menos desvincularse de la necesidad de corregir deficiencias estructurales del aparato económico.
Los diputados del Sector Obrero y el Partido al que pertenecemos, no podemos permanecer impasibles ante la carrera alcista y acelerada de los precios que a todos los mexicanos afecta, pero en especial a los de más bajos ingresos, a los estratos más humildes de la población.
Por ello, consideramos de elemental responsabilidad, advertir a las autoridades del ramo, que tomen medidas enérgicas y ejerciten a plenitud sus atribuciones de Ley para evitar que continúe esta brutal agresión a la economía popular y, desde este momento anunciamos nuestro firme propósito de unir nuestros esfuerzos a los que la Secretaría de Comercio despliegue, para reorientar las directrices de la política de precios con un sentido de protección al interés de las mayorías y de aliento a la producción, con nuevas alternativas que no dependen en exclusiva del capital privado, que incrementen la participación del Estado y estimulen el desarrollo de proyectos sociales.
Asimismo y tomando en cuenta la composición popular de esta Cámara de Representantes del pueblo, y el deber que le corresponde en la defensa de sus derechos vitales, exhortamos a las Comisiones ordinarias unidas de Comercio y de Agricultura y Recursos Hidráulicos, para que de inmediato se aboquen al estudio del problema de la carestía de la vida; al análisis de sus deficiencias estructurales; a la conformación de un criterio que deberá ser sometido a la consideración de esta soberana Asamblea.
En lo que concierne al problema de la leche, igualmente llamamos a la solidaridad de dichas comisiones, para que convoquen de inmediato a las autoridades correspondientes, y en especial a la Comisión Nacional de Precios, a la Comisión Nacional de la Leche, a la Dirección General de Precios de la Secretaría de Comercio, y a las demás dependencias y responsables que se estime prudente, a que aporten la información suficiente para la elaboración de un proyecto de política de precios en esta materia, de reorganización y reestructuración de la industria lechera y de recomposición de su estructura de propiedad.
El Partido Revolucionario Institucional sostiene una tesis muy clara sobre este particular. Pugnamos por el Fortalecimiento creciente del Estado en su función de rector y promotor del desarrollo económico nacional, pues, como representante de los intereses superiores de la nación, tales atributos garantizan que el desenvolvimiento de nuestra economía responda preferentemente a los intereses, necesidades y aspiraciones de las grandes mayorías populares, Asimismo, el Partido proclama que el interés colectivo debe predominar en la adopción de las decisiones económicas que afecten el conjunto de la sociedad o partes vitales de la misma y se opone a que los artículos necesarios para asegurar la alimentación se abandonen al juego ficticio de la oferta y la demanda.
A la defensa y aplicación es de estos principios llamamos los diputados obreros, a los diputados de los sectores agrario y popular, a las fuerzas democráticas representadas en esta Cámara y a todos los compañeros diputados que, con nosotros, coincidan en la necesidad de defender y promover los derechos e intereses de la población consumidora de México.
Atentamente.
México. D.F., a 4 de octubre de 1979. Los diputados del Sector Obrero: Emilio M. González Parra.- Arturo Romo Gutiérrez.- Angel Olivo Solis.- Miguel Castro Elías.- Roberto Díaz Rodríguez.- José Edilberto Vázquez Ríos.- Agustín González Villalobos.- Jaime Coutiño Esquinca.- Enrique Sánchez Silva.- Mario Legorreta Hernández.- Daniel Mejía Colín.- Gonzalo Castellot Madrazo.- Ignacio zúñiga González.- José Herrera Arango.- Leobardo Salgado Arroyo.- Francisco Simeano Chávez.- Carlos Romero Deschamps.- Isabel Vivanco Montalvo.- Luis Velázquez Jaacks.- Miguel Angel Fragoso.- Juan Rojas Moreno.- Martín Montaño Arteaga.- Gilberto Muñoz Mosqueda.- Porfirio Camarena Castro.- Filiberto Vigueras Lázaro.- Agapito Isaac López.- Carlos Martínez Rodríguez.- Gonzalo Pastrana.- Armando Neyra Chávez.- Alberto Rábago Camacho.- Héctor Jarquín Hernández.- Abimael López Castillo.- Armando Thomae.- Francisco Valero Sánchez.- Angel Aceves Saucedo.- Federico Flores Taváres.- Antonio Sandoval González.- Salvador Esquer Apodoca.- Baldomero López Arias.- Pedro Pérez Ibarra.- Ernesto Cerda Ramírez.- Hugo Barba Islas.- Oscar Torres Pancardo.- Carlos Roberto Smith.- Sebastián Guzmán Cabrera.- Gonzalo Navarro Báez.- Manuel Germán Parra P.- Israel Martínez Galeana.- Javier Zepeda Romero.- Salvador de la Torre Grajales.- Joel Ayala Almeida.- Hugo Domenzáin.- Juan Araiza.- Ignacio Villanueva.- Alfonso Armendáriz Durán.- J. Refugio Araujo del A.- José Luis Andrade Ibarra.- Eduardo A. Rosas G.- Elba Esther Gordillo M.- Ofelia Ruiz Vega.- Antonio Ruiz Rosas.- Hugo Romero Ojeda.- Margarita Moreno Mena.- Juan Carlos Camacho Salinas.-
Guillermo Melgarejo Palafox.- José Luis Lemus Solís.- Angel Olivo Solís.- Bonifacio F. Padilla.- Aurelio Mora Contreras.- Eleazar Camarillo Ochoa.- Rafael García Vázquez.- Alfredo Cortez.- Rodolfo Alavez Madrid.- Juan Martínez Fuentes.- Jesús Chavéz Baeza.- Hermenegildo Fernández.- Lorenzo García Zárate .- José Ma. Téllez Rincón.- Miguel Castro Elías.- Roberto Castellanos Tovar.- Enrique Betanzos.- Octavio Rafael Bueno Trujillo.- Felipe López Prado.- Noé Ortega M.- José Antonio Rivas.- Filiberto Villareal.- Juan Villalpando.- Constantino Sánchez Romano.- Lorenzo Valdez peña.- Leonel Domínguez Rivero. Guillermo Olguín Ruiz.- David Reynoso."
El C. Presidente: Esta Presidencia considera el asunto tratado por el señor diputado Thomae de gran importancia, por lo cual acuerda exhortar a las Comisiones Unidas de Comercio, y de Agricultura y Recursos Hidráulicos en el sentido propuesto y den su opinión al respecto.
SOLICITUD DE COMPARECENCIA
- El mismo C. Presidente: Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Graco Ramírez:
El C. Graco Ramírez: Señores diputados, queremos saludar en principio la posición asumida por los diputados obreros del Partido Revolucionario Institucional, pero nos parece que hay fundamentos necesarios, fundamentos claros para poder ir más allá de la iniciativa presentada por los diputados obreros del PRI. Y traemos a esta soberanía una proposición que consideramos, por los últimos acontecimientos, por lo que afirmó el diputado del PRI que son sumamente graves y que están afectando la economía popular:
"México, D.F., a 4 de octubre de 1979.
C. Presidente de la H. Cámara de Diputados.
- Presente.
En ejercicio del Artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General el Grupo Parlamentario del Partido Socialista de los Trabajadores, presentamos la siguiente proposición:
Consideramos que el C. Presidente de la República planteó en su III Informe de Gobierno y ha presentado a consideración de esta Soberanía un Conjunto de Iniciativas de la Ley relacionadas con reformas a la Ley Reglamentaria del Artículo 28 Constitucional y a la Ley de Atribuciones del Ejecutivo Federal en materia económica.
Considerando que el C. ingeniero Jorge Díaz Serrano, Director General de Petróleos Mexicanos, a pregunta expresa de los Diputados del Partido Socialista de los Trabajadores, acerca de la Política de Precios y Subsidios al Sector Privado, afirmó que las cuestiones relacionadas con el sistema de precios es competencia de la Secretaría de Comercio.
Considerando que la situación económica que vive el Pueblo Trabajador se ha agravado, con el alza inmoderada de productos de Primera Necesidad y siendo un hecho grave que la lesiona más a la precaria economía del pueblo trabajador, es la autorización de aumento de precio que la Secretaría de Comercio y la Comisión Nacional de Precios han concedido a los Monopolios Privados Productores de Leche.
Considerando que además de lo antes expuesto, el Artículo 93 Constitucional en su Segundo Párrafo, establece la facultad para que cualquiera de las Cámaras cite a los Secretarios de Estado, para que informen a esta Representación Nacional cuando se discuta una Ley o se estudie un negocio que concierna a su Ramo o actividades.
Por lo tanto proponemos a esta Soberanía, que con base del citado Artículo 93 Constitucional y el Artículo 53 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso Federal:
Unico. Que se cite al C. licenciado Jorge de la Vega Domínguez, Secretario de Comercio, para que comparezca e informe de la Política de su Ramo, Sistema de Precios y en relación con las Iniciativas presentadas por el Ejecutivo Federal así como dé respuesta a todas las preguntas que los CC. diputados consideren necesarias.
Fraternalmente.
Por un Gobierno de los Trabajadores.
El Grupo Parlamentario del Partido Socialista de los Trabajadores.
El C. Presidente: Esta Presidencia considera de gran importancia la proposición hecha por el señor diputado Ramírez. En consecuencia acuerda turnar para dictamen urgente esta proposición a la Comisión de Comercio.
Proceda la Secretaría con el desahogo de los asuntos del Orden del Día.
El C. Graco Ramírez: De acuerdo con el Artículo 58 debe ponerse a consideración.
El C. Presidente: En obvio de tiempo y en uso de las facultades que el Artículo 21 confiere a esta Presidencia, se ha tomado el acuerdo; tomar la votación en el sentido del Artículo 58 conduciría a la misma decisión. Si usted lo desea, señor diputado podemos hacerlo, pero esto ya ha quedado resuelto.
El C. Graco Ramírez: Que se tome la votación.
El C. Presidente: Proceda la Secretaría a consultar a la Asamblea si se acepta a discusión la proposición del Partido Socialista de los Trabajadores. - El C. secretario José Murat: Se consulta si la propuesta de la Fracción Parlamentaria del Partido Socialista de los Trabajadores es aceptada. Los que estén por la afirmativa favor de manifestarlo levantando la mano... Los que estén en contra favor de manifestarlo.
El señor diputado Graco Ramírez solicita que aquellos diputados que estén por la afirmativa.
El C. Pablo Gómez: Una moción. La Presidencia está tomando la votación para que la propuesta sea turnada a Comisión. Que queden claros los términos en que se está votando.
El C. Presidente: De ser aprobada en los términos del Artículo 58 se acepta a discusión y es turnada a Comisión. Los términos están perfectamente claros, señor diputado.
- EL C. Secretario José Murat: los que estén por la afirmativa favor de manifestarlo, poniéndose de pie. Los que estén por la negativa favor de manifestarlo poniéndose de pie.
El C. Presidente: En consecuencia, se tiene por desechada la proposición presentada. Proceda la Secretaría con el desahogo de los asuntos en cartera.
CONDECORACIONES
- La C. prosecretaria América Abaroa Zamora:
"Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Gobernación y puntos Constitucionales que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto aprobado por la H. Cámara de Senadores, por el que se concede permiso al ciudadano Embajador Luis Wybo Alfaro, para que, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito Civil, en grado de Encomienda de Número, que le confiere el Gobierno de España.
La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del Apartado B) del Artículo 37 Constitucional, se permite someter a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso constitucional al C. Embajador Luis Wybo Alfaro, para que, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden del Mérito Civil que, en grado de Encomienda de Número le confiere el Gobierno de España.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. México, D.F., a 24 de septiembre de 1979.- Presidente, Luis M. Farías.- Secretario, Antonio Huitrón Huitrón.- Juan Sabines Gutiérrez.- Rafael Corrales Ayala.- Guillermo Jímenez Morales.- Francisco Javier Gaxiola Ochoa.- Juan Maldonado Pereda.- Guillermo Medina de los Santos.- Eduardo Anselmo Rosas González.- Ignacio Vázquez Torres.- Enrique Sánchez Silva.- Raúl Pineda Pineda.- Humberto Lira Mora.- Pedro Joaquín Coldwell.- Eduardo Aviña Bátiz.- Luis Octavio Porte Petit Moreno.- Juan Manuel Elizondo.- Gilberto Rincón Gallardo.- Ezequiel Rodríguez Arcos.- Abel Vicencio Tovar.- Juan Landerreche Obregón.- Juan Aguilera Azpeitia.- Antonio Gómez Velazco."
Segunda Lectura. Está a discusión el proyecto de Decreto. No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
- La misma C. Prosecretaria:
"Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto aprobado por la H. Cámara de Senadores, por el que se concede permiso al ciudadano Embajador Luis Wybo Alfaro, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de San Carlos, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de Colombia.
La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del Apartado B) del Artículo 37 Constitucional, se permite someter a la consideración de la H. Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al C. Embajador Luis Wybo Alfaro, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de San Carlos que, en grado de Gran Cruz, le confiere el Gobierno de Colombia.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.- México, D.F., a 24 de septiembre de 1979.
Presidente, Luis M. Farías.- Secretario, Antonio Huitrón Huitrón.- Juan Sabines Gutiérrez.- Rafael Corrales Ayala.- Guillermo Jiménez Morales.- Francisco Javier Gaxiola Ochoa.- Juan Maldonado Pereda.- Guillermo Medina de los Santos.- Eduardo Anselmo Rosas González.- Ignacio Vázquez Torres.- Enrique Sánchez Silva.- Raúl Pineda Pineda.- Humberto Lira Mora.- Pedro Joaquín Coldwell.- Eduardo Aviña Bátiz.- Luis Octavio Porte Petit Moreno.- Juan Manuel Elizondo.- Gilberto Rincón Gallardo.- Ezequiel Rodríguez Arcos.- Abel Vicencio Tovar.- Juan Landerreche Obregón.- Juan Aguilera Azpeitia.- Antonio Gómez Velazco" Segunda lectura. Está a discusión el proyecto de Decreto. No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
- La misma C. Prosecretaria:
"Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
A la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente con la solicitud de permiso constitucional necesario para que el ciudadano Ministro Consejero Gustavo Maza Padilla, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito Civil, en grado de Comendador de Número, que le confiere el Gobierno de España. La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del Apartado B) del Artículo 37 Constitucional, se permite someter a la consideración de la H. Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Gustavo Maza Padilla, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito Civil, en grado de Comendador de Número, que le confiere el Gobierno de España.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.- México, D.F., a 24 de septiembre de 1979.
Presidente, Luis M. Farías.- Secretario, Antonio Huitrón Huitrón.- Juan Sabines Gutiérrez.- Rafael Corrales Ayala.- Guillermo Jiménez Morales.- Francisco Javier Gaxiola Ochoa.- Juan Maldonado Pereda.- Guillermo Medina de los Santos.- Eduardo Anselmo Rosas González.- Ignacio Vázquez Torres.- Enrique Sánchez Silva.- Raúl Pineda Pineda.- Humberto Lira Mora.- Pedro Joaquín Coldwell Eduardo Aviña Bátiz.- Luis Octavio Porte Petit Moreno.- Juan Manuel Elizondo.- Gilberto Rincón Gallardo.- Ezequiel Rodríguez Arcos.- Abel Vicencio Tovar.- Juan Landerreche Obregón.- Juan Aguilera Azpeitia.- Antonio Gómez Velazco"
Segunda lectura. Está a discusión el proyecto de Decreto. No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
- La misma C. Prosecretaria:
"Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto aprobado por la H. Cámara de Senadores, por el que se concede permiso al C. Capitán de Navío del Cuerpo General Diplomado de Estado Mayor Naval Armando Espíndola Bernal para que, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional del Mérito, en Grado de Oficial, que le confiere el Gobierno de Francia.
La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del Apartado B) del Artículo 37 Constitucional, se permite someter a la consideración de la H. Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al C. Capitán de Navió del Cuerpo General Diplomado de Estado Mayor Naval Armando Espínola Bernal para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional del Mérito que, en grado de Oficial le confiere el Gobierno de Francia.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.- México, D.F., a 24 de septiembre de 1979.
Presidente. Luis M. Farías.- Secretario, Antonio Huitrón Huitrón.- Juan Sabines Gutiérrez.- Rafael Corrales Ayala.- Guillermo Jiménez Morales.- Francisco Javier Gaxiola Ochoa.- Juan Maldonado Pereda.- Guillermo Medina de los Santos.- Eduardo Anselmo Rosas González.- Ignacio Vázquez Torres.- Enrique Sánchez Silva.- Raúl Pineda Pineda.- Humberto Lira Mora.- Pedro Joaquín Coldwell.- Eduardo Aviña Bátiz.- Luis Octavio Porte Petit Moreno.- Juan Manuel Elizondo.- Gilberto Rincón Gallardo.- Ezequiel Rodríguez Arcos.- Abel Vicencio Tovar.- Juan Landerreche Obregón.- Juan Aguilera Azpeitia.- Antonio Gómez Velazco."
Segunda lectura. Está a discusión el proyecto de Decreto. No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
- La misma C. Prosecretaria:
"Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente con la solicitud de permiso constitucional necesario para que el ciudadano Jorge Mario Magallón Gómez, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden del Sol Naciente, en grado Quinto, que le confiere el Gobierno de Japón.
La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del Apartado B) del Artículo 37 Constitucional, se permite someter a la consideración de la H. Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Jorge Mario Magallón Gómez, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden del Sol Naciente, en grado Quinto, que le confiere el Gobierno de Japón.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.- México., D.F., a 24 de septiembre de 1979.
Presidente Luis M. Farías.- Secretario, Antonio Huitrón Huitrón.- Juan Sabines Gutiérrez.- Rafael Corrales Ayala.- Guillermo Jiménez Morales.- Francisco Javier Gaxiola Ochoa.- Juan Maldonado Pereda.- Guillermo Medina de los Santos.- Eduardo Anselmo Rosas González.- Ignacio Vázquez Torres.- Enrique Sánchez Silva.- Raúl Pineda Pineda.- Humberto Lira Mora.- Pedro Joaquín Coldwell.- Eduardo Aviña Bátiz.- Luis Octavio Porte Petit Moreno.- Juan Manuel Elizondo.- Gilberto Rincón Gallardo.- Ezequiel Rodríguez Arcos.- Abel Vicencio Tovar.- Juan Landerreche Obregón.- Juan Aguilera Azpeitia.- Antonio Gómez Velazco."
Está a discusión el proyecto de Decreto.
No habiendo quien haga uso de la palabra, se va a proceder a recoger la votación nominal de éste y los anteriormente reservados.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el Artículo 161 del Reglamento Interior.
Su servidor por la afirmativa.
La compañera América Abaroa por la negativa.
(VOTACIÓN.)
- El mismo C. Secretario: ¿Falta algún ciudadano diputado de votar por la negativa?
Se va a proceder a recoger la votación de la Mesa.
Se emitieron 219 votos en pro y 16 en contra.
El C. Presidente: Aprobados los proyectos de Decreto por 219 votos.
El C. secretario José Murat: Pasan al Senado y al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
- La C. Prosecretaria América Abaroa: Señor Presidente se han agotado los asuntos en Cartera.
Se va a dar lectura al Orden del Día de la próxima sesión.
ORDEN DEL DÍA
- La misma C. Prosecretaria:
"Primer Período Ordinario de Sesiones.
"LI" Legislatura.
Orden del Día
9 de octubre de 1979.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Oficios de la Secretaría de Gobernación Once por los que se solicita el permiso constitucional necesario para que los CC. Miguel Angel Gómez Ortega, Xavier Olea Muñoz, Roger Díaz de Cossío, Eugenio Villalobos Méndez, Miguel Angel Godínez Bravo, Eligió de Mateo, Carlos Cisneros Montes de Oca, Santiago Salinas Magaña, Alberto Sales Hurtado, Manuel Armendáriz y Jacqueline S. de Zetina, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confieren Gobiernos Extranjeros.
Dictámenes de primera lectura De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyecto de Decreto por el que se concede permiso al C. Ernesto González Carmona para aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República del Perú en los Estados de Morelos y Guerrero.
Tres de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyectos de Decreto por los que se concede permiso a las CC. Rosa García, Beatriz Mañón y Rosa María Soledad Rivas García, para prestar servicios como empleadas en Embajadas Extranjeras, en México.
Cuatro de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyectos de Decreto por los que se concede permiso a los CC. Angélica Asunción Sera Durán, María Adelina Corral González, Martha Angélica Carbajal Bustamante y Luis Hernández y Ramos, para prestar servicios de carácter administrativo en las Oficinas que el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América tiene en México.
Cuatro de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyectos de Decreto por los que se concede permiso a los CC. José Arturo Montaño Robles, Pablo Vázquez Gómez, Oscar Martín Fischer Ruiz y Adolfo Imperial Padilla, para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyecto de Decreto por el que se concede permiso al C. Carlos Montero Galván, para prestar servicios de carácter administrativo en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyecto de Decreto por el que se concede permiso a la C. Beatriz Consuelo Barceló Infante, para prestar servicios de carácter administrativo en las oficinas que el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América, tiene en Guadalajara, Jalisco.
Dictámenes a discusión
Tres de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyectos de Decreto por los que se concede permiso a los CC. Jorge Castañeda y Alvarez de la Rosa, Susana Cuadra Galicia y Juan Miguel Ponce Edmonson, para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren Gobiernos Extranjeros.
Cinco de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyectos de Decreto por los que se concede permiso a los CC. Josefa González Gerónimo, Isabel Sansón Zavala de Dueñas, Josefina Vargas Rodríguez, Felipe Jardón González y Ana María Victoria Rodríguez Maciel, para prestar servicios de carácter administrativo en Embajadas Extranjeras.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyecto de Decreto, por el que se concede permiso a la C. Rosa María Uribe de Chávez, para desempeñar el cargo de Pro- Cónsul en el Consulado Británico en Guadalajara, Jalisco.
Dos de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyectos de Decreto, por los que se concede permiso a los CC. Ramón Sandoval Fernández y Betty Garza Vda. de González, para prestar servicios en el Consulado General Americano en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyecto de Decreto, por el que se concede permiso a la C. Ofelia Chao Zapata, para prestar servicios como Operadora de Télex en las oficinas que el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América, tiene en el Distrito Federal."
SESIÓN SECRETA EXTRAORDINARIA
- EL C. Presidente: Esta Presidencia hace suya la moción del señor diputado González Schmal para que se efectúe una sesión secreta extraordinaria. Se ruega al señor secretario Murat consulte a la Asamblea, en votación económica si se aprueba que se efectúe sesión secreta extraordinaria.
El C. secretario José Murat: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba que se celebre sesión secreta extraordinaria.
Los que estén por la afirmativa ponerse de pie. Aprobado, señor Presidente. - El C. Presidente (a las 17:15 horas): Se levanta la sesión pública y se cita para la que tendrá lugar el martes 9 del presente, a las once horas. Se pasa a sesión secreta extraordinaria.
TAQUIGRAFÍA PARLAMENTARIA Y
"DIARIO DE LOS DEBATES"