Legislatura LI - Año I - Período Ordinario - Fecha 19791031 - Número de Diario 34
(L51A1P1oN034F19791031.xml)Núm. Diario:34ENCABEZADO
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
"LI" LEGISLATURA
Registrado como artículo de 2a. clase en la Administración Local de Correos, el 21 de Septiembre de 1921
AÑO I México, D. F., miércoles 31 de Octubre de 1979 TOMO I. NUM.- 34
SUMARIO
SUMARIO
Apertura.
Orden del Día.
Acta de la Sesión Anterior. Se aprueba.
Invitación
Al Quinto Informe de la administración del C. Gobernador del Estado de Veracruz, el día 30 de noviembre. Se designa Comisión.
Comunicación
De la Legislatura del Estado de Guanajuato, participando la elección de la Mesa Directiva para el mes de noviembre. De enterado.
Mesa Directiva
Elección, por medio de cédula, de Presidente y Vicepresidente de esta Cámara para el mes de noviembre próximo. Votación. Escrutinio. Resultado. Declaratoria.
DICTAMEN DE PRIMERA LECTURA
Condecoración
Proyecto de Decreto que concede permiso al C. Raúl Alcalá Martínez, para aceptar una condecoración del Gobierno del Perú. Primera lectura.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
Reformas al Código Penal
Proyecto de Decreto que reforma los Artículos 253 y 254 y deroga el 253 bis del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal. Segunda Lectura.
A discusión en lo general. Usan de la palabra, en contra el C. Pedro René Etienne Llano, en pro el C. Ernesto Rivera Herrera; en contra el C. Juan Manuel Rodríguez, quien solicita regrese el dictamen a discusión para nuevo estudio; en pro el C. Juan de Dios Castro y el C. Alejandro Gascón Mercado; para presentar una moción suspensiva el C. Juan Manuel Elizondo; para impugnar la moción el C. Carlos Amaya Rivera. La Asamblea desecha la moción suspensiva.
Continúa el debate en lo general. Hablan, en nombre de la Comisión el C. Luis Octavio Porte Petit Moreno; para hechos los CC. Arturo Romo Gutiérrez y Alejandro Gazcón Mercado. Se aprueba en lo general por mayoría.
A discusión en lo particular. Intervienen, para presentar una modificación al enunciado del Artículo 253, el C. Rafael Alonso y Prieto; por la Comisión el C. David Jiménez González; también para presentar una modificación al enunciado de este Artículo, el C. Fernando de Jesús Canales Clariond. Se desechan las modificaciones presentadas.
A debate el inciso e), fracción I del Artículo 253. Intervienen, para proponer que se modifique el inciso y quedar en los términos de la Iniciativa, el C. Carlos Amaya Rivera; en pro el C. Pablo Gómez Alvarez; en contra el C. Pedro Etienne Llano, quien formula al C. Antonio Rocha Cordero, Presidente de la Comisión dictaminadora, tres preguntas a las cuales el C. Rocha Cordero da su particular punto de vista. La Asamblea desecha la proposición del C. Amaya Rivera.
A discusión la fracción V del Artículo 253. Usan de la palabra, para proponer una modificación, el C. Loreto Hugo Amao González; a nombre de la Comisión el C. Jesús Murillo Karam, acepta en parte la modificación del C. Amao González y para el efecto, da lectura a una nueva redacción para la fracción V. La Asamblea acepta la modificación de la Comisión dictaminadora.
Se aprueba el Artículo 253 con la modificación por mayoría. Los Artículos no impugnados se aprueban por mayoría. Pasa el proyecto de Decreto al Senado.
Condecoraciones
Cuatro proyectos de Decreto que conceden permiso a los CC. Juan Arturo Villasana Castillo, Roberto Bernardo Huicochea Alonso, María Emilia Téllez Beinot y Antonio Villalba, para aceptar condecoraciones de gobiernos extranjeros. Segunda lectura. Se aprueban. Pasan al Senado.
Solicitud
Formulada por el C. Hildebrando Gaytán, para que se integre una Comisión de diputados que investigue cómo operan los controles de calidad de las medicinas del Seguro Social a fin de que se haga justicia a los familiares de las nueve personas que fallecieron en el Hospital de Ginecología del Instituto Mexicano del Seguro Social en la ciudad de Monterrey, a consecuencia de la aplicación de un suero contaminado. Se turna a Comisiones.
Abstención
La C. Cecilia Martha Piñón Reyna manifiesta, a nombre de la Diputación del Partido Acción Nacional, que sus diputadas invitadas para asistir a la toma de posesión de la C. Griselda alvarez Ponce de León, como Gobernadora del Estado de Colima, se abstienen de hacerlo en señal de censura al procedimiento electoral mediante el cual asume el cargo de Gobernadora.
Agradecimiento
La Presidencia, a nombre de la Mesa Directiva expresa su reconocimiento a la Asamblea, por la confianza y estímulo manifestado durante su gestión.
Orden del día
Se da lectura al Orden del Día de la próxima sesión. Se levanta la sesión.
DEBATE
PRESIDENCIA DEL C. FIDEL HERRERA BELTRAN
(Asistencia de 335 ciudadanos diputados.)
APERTURA
- El C. Presidente (a las 11:40 horas): Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
- El C. secretario Ismael Orozco Loreto:
"Primer Período Ordinario de Sesiones.
"LI" Legislatura.
Orden del Día
31 de octubre de 1979.
Lectura del acta de la sesión anterior.
La H. LI Legislatura del Estado de Veracruz, invita a la Sesión Solemne en la que el C. Licenciado Rafael Hernández Ochoa, Gobernador del Estado, rendirá su Quinto Informe de Gobierno, la que tendrá lugar el próximo 30 de noviembre.
Comunicación del Congreso del Estado de Guanajuato.
Elección de Mesa Directiva para el mes de noviembre.
Dictamen de primera lectura
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales relativo a la solicitud de permiso del C. Raúl Alcalá Martínez, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Cruz Peruana al Mérito Naval en grado de Gran Oficial con Distintivo Blanco, que le confiere el Gobierno del Perú.
Dictámenes a discusión.
De la Comisión de Justicia con proyecto de Decreto que reforma los Artículos 253 y 254 y deroga el 253 Bis del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal.
Cuatro de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales relativos a solicitudes de permiso de los CC. Juan Arturo Villasana Castillo, Roberto Bernardo Huicochea Alonso, María Emilia Téllez Beinot y Antonio Villalba, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confieren Gobiernos
Extranjeros."
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
- El mismo C. Secretario:
"Acta de la Sesión de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Primera Legislatura del H. Congreso de la Unión, efectuada el día treinta de octubre de mil novecientos setenta y nueve.
Presidencia del C. Fidel Herrera Beltrán.
En la ciudad de México, a las once horas y cuarenta y cinco minutos del martes treinta de octubre de mil novecientos setenta y nueve, la Presidencia declara abierta la sesión una vez que la Secretaría manifiesta una asistencia de trecientos veintiséis ciudadanos diputados.
Lectura del Orden del Día y del Acta de la sesión anterior verificada el día veinticuatro de los corrientes, misma que sin discusión se aprueba.
Se da cuenta con los documentos en cartera:
La legislatura del Estado de Tabasco comunica la elección de su Mesa Directiva que funcionará durante el presente mes. De enterado. El C. Presidente de la República envía iniciativa de reforma al párrafo segundo del Artículo 34
de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado "B" del artículo 123 Constitucional. Recibo y a la Comisión de Trabajo y Previsión Social e imprímase.
El C. Carlos Stephano Sierra hace uso de la palabra para hacer comentarios acerca del desorden y el poco interés de parte de los ciudadanos diputados en los asuntos que se tratan en la sesiones de este Cuerpo Legislativo. Hace una serie de consideraciones al respecto y expresa que con base en la Constitución y en el Reglamento, formula la más cordial y amistosa excitativa a todos los señores diputados para que en lo sucesivo se conduzcan con compostura y corrección durante el desarrollo de las sesiones, conservando el orden y guardando silencio durante las intervenciones tanto de los ciudadanos diputados como de los Secretarios, prestando la debida atención a los asuntos que se están tratando.
También invita a los señores periodistas, que en lo posible realicen sus actividades antes o después de las sesiones y por último, solicita atentamente a la Presidencia cumpla con la obligación que le impone la fracción II del Artículo 21 del Reglamento.
La Presidencia recoge la excitativa del C. Stephano Sierra y turna su petición a la Comisión de Regimén, Reglamento y Prácticas Parlamentarias.
Agrega que dicha Comisión ya está trabajando en la elaboración del Reglamento para el Gobierno Interior de esta Cámara.
Oficio de la Secretaría de Gobernación relativo a la solicitud de permiso para que el C. Raúl Alcalá Martínez, pueda aceptar una condecoración que le confiere el Gobierno de la República del Perú. Recibo y a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
El C. Gumercindo Magaña Negrete, a nombre de la Fracción Parlamentaria Democráta, presenta y da lectura a una Iniciativa de Decreto, tendiente a reformar la fracción VII del Artículo 371 de la Ley Federal del Trabajo, adicionándole un inciso h), así como el Artículo 395 de la misma Ley, al que se adiciona con un tercer párrafo. A la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
A su vez C. Gilberto Rincón Gallardo, hace uso de la tribuna para mencionar que en los primeros días del mes de septiembre, se denunciaron aquí hechos que tenían lugar en el Municipio de Villa de las Rosas, del estado de Chiapas, en los cuales había resultado un miembro del Partido Comunista, muerto.
Añade que se han hecho las gestiones necesarias, que ha sido probada la culpabilidad, aceptada también por las autoridades del Estado y sin embargo, los asesinos siguen libres.
Agrega que esta situación creó otras peores que tuvieron lugar el domingo pasado, donde murió otro miembro del Partido comunista.
Expresa que el día de ayer el Ejército se posesionó de la ciudad y en sus manos están tres compañeros secuestrados, que es la segunda vez que esto ocurre en proceso electoral. Por lo anterior, solicita al C. Presidente de la Cámara se turne este asunto a la Comisión de Justicia a efecto de que se nombre una Comisión integrada por diversos partidos, a efecto de que se traslade al lugar de los hechos a investigar y a colaborar para encontrar cauces normales de solución a un conflicto que ya es muy grave, pero que amenaza serlo más el día de las elecciones. A las Comisiones Unidas de justicia; de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Se continúa con los asuntos en cartera.
Siete dictámenes con sendos proyectos de Decreto, suscrito por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, que conceden permiso a los CC. Leonardo Cirilo Contreras Vargas, Armando Neyra Ortiz, José de Jesús Mendoza Plascencia, Patricia Magdalena Grosvenor Ibarra, María Guadalupe Castellanos y Mason, Sergio Arturo Juárez Robles y Ramón Juárez Juárez, para que puedan prestar servicios como empleados en el Consulado General de los Estados Unidos de América en la ciudad de Tijuana, Baja California, y en la Embajada del mismo país acreditada de México. Primera Lectura.
La Presidencia informa a la Asamblea que se encuentra en un palco del Salón de Sesiones, el señor doctor Oscar Allende, Presidente del Partido Intransigente de la República Argentina. Agradece su visita y hace votos porque su estancia en nuestro país y las entrevistas que está realizando con diferentes organismos, profundicen y desarrollen más la amistad entre nuestros pueblos.
La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, emite cuatro dictámenes que conceden permiso a los ciudadanos que a continuación se mencionan para que puedan aceptar y usar condecoraciones de gobiernos extranjeros en el siguiente orden:
Juan Arturo Villasana Castillo, Roberto Bernardo Huicochea Alonso, la Cruz del Mérito Aeronáutico con Distintivo Blanco, del Gobierno de España; María Emilia Téllez Beinot y Antonio Villalba, la Orden Nacional de León en Grado de Oficial, del gobierno de Senegal.
Primera lectura.
El C. Armando Neyra Chávez, da lectura a un dictamen con punto de Acuerdo presentado por la Comisión de Trabajo y Previsión Social, en virtud del cual y por las razones expresadas en el cuerpo del dictamen determina que se designe Comisión de entre los miembros de la propia Comisión del Trabajo y Previsión Social, para que investigue los hechos que motivan este dictamen, y que la Comisión se integre con diputados de todos los partidos políticos, y solicita se considere este asunto de obvia resolución.
Para el efecto de lo anterior propone para integrar la mencionada Comisión a los CC. Hermenegildo Fernández Arroyo, Gonzalo Navarro Báez, Antonio Becerra Gaytán, Alberto
Rábago Camacho, Mario Legarreta Hernández, Angel Olivo Solís, Enrique Betanzos Hernández, Ezequiel Rodríguez Arcos, Pedro René Etienne, Luis Alberto Gómez Grajales, Francisco Javier Aponte Robles, Armando Avila Sotomayor y Armando Neyra Chávez.
La Asamblea en votación económica aprueba el punto de Acuerdo y la proposición del C. Neyra Chávez.
Cuatro dictámenes con proyectos de Decreto que autorizan a los CC. Tranquilino López Sustaita, Hugo Camacho Alfaro, César Garza Guzmán y Romeo Hernández Cruz, para prestar diversos servicios en el Departamento de Agricultura que los Estados Unidos de América, tienen en México.
A discusión los proyectos de Decreto. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación nominal se aprueban por trescientos un votos en pro, veinticinco en contra y una abstención. Pasan al Senado para sus efectos constitucionales.
La Secretaría da lectura a un dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores que concluye con un punto de Acuerdo que expresa por los motivos que entraña el propio dictámen, lo siguiente:
`Puede considerarse que la propuesta de la Fracción Parlamentaria del Partido Popular Socialista quedó plenamente satisfecha en los términos de las recomendaciones de la Unión Parlamentaria que han quedado transcritas; por lo que esta Comisión considera desahogada la materia de la proposición de dicho Partido, y reitera su propósito del mayor respeto a los derechos humanos y condena cualquier violación que se cometa a los mismos.'
A discusión, sin que motive debate, en votación económica se aprueba el punto de Acuerdo.
La Secretaría da lectura a una solicitud de la profesora Griselda Alvarez Ponce de León, Gobernadora Electa del Estado de Colima, para que se incluyan en la Comisión que representará a esta Cámara de Diputados, en la Ceremonia de la protesta de Ley, el día 1o. de noviembre a las CC. diputadas:
América Abaroa Zamora, Graciela Aceves de Romero, Amparo Aguirre Hernández, Leticia Amezcua Gudiño, Rebeca Anchondo viuda de Rodríguez, Rosa María Campos Gutiérrez, Ofelia Casillas de Ontiveros, Margarita Gómez Juárez, Guadalupe Gómez Maganda de Anaya, Elba Esther Gordillo Morales, María del Rosario Hernández Barrón de Armenta, Adelaida Márquez Ortíz, Genoveva Medina de Márquez, Lucía Méndez Hernández, Margarita Moreno Mena, Aurora Navia Millán, María Amelia Olguín viuda de Butrón, Cecilia Martha Piñón Reyna, María Elena Prado Mercado, Elizabeth Rodríguez de Casas, Ofelia Ruiz Vega, Graciela Santana Benhumea, Yolanda Sentíes de Ballesteros e Isabel Vivanco Montalvo.
La Comisión antes nombrada se adiciona a la ya citada para acompañar a la profesora Griselda Alvarez Ponce de León, en la toma de posesión, como Gobernadora Constitucional del Estado de Colima.
Agotados los asuntos en cartera se da lectura al Orden del Día de la próxima sesión.
A las trece horas y quince minutos se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el día de mañana, miércoles treinta y uno del actual, a las once horas."
Está a discusión el acta. no habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba... Aprobada.
INVITACIÓN
- El mismo C. Secretario:
"La Honorable Quincuagésima Primera Legislatura del Estado Libre y Soberano de Veracruz llave, invita a usted a la Sesión Solemne en la que el ciudadano licenciado Rafael Hernández Ochoa, Gobernador Constitucional del Estado rendirá su Quinto Informe de Gobierno. El acto tendrá lugar el viernes 30 de noviembre, a las 11:00 horas, en el Teatro del Estado Ignacio de la llave de esta ciudad, declarado recinto oficial.
Xalapa Enríquez, Ver. 1979."
El C. Presidente: Para asistir a este acto en representación de esta H. Cámara se designan a los siguientes ciudadanos diputados: licenciado Luis Octavio Porte Petit Moreno, Marco Antonio Muñoz, Fidel Herrera Beltrán, Hesiquio Aguilar de la Parra, Jesús Murillo Karam, Ricardo Castañeda Gutiérrez, Eugenio Rosales Gutiérrez, Leonel Domínguez Rivero, Humberto Pliego Arenas, Adolfo Mejía González, Carlos Enrique Cantú Rosas, Carlos Roberto Smith, Sebastián Guzmán Cabrera, Amador Hernández González, Humberto Hernández Haddad, Miguel Castro Elías, Oscar Torres Pancardo, Rosa Ma. Campos Gutiérrez y José Murat.
COMUNICACIÓN
- El C. secretario Ismael Orozco Loreto:
"A la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.- México, D. F.
La H. Quincuagésima Primera Legislatura del Estado, en acatamiento a los dispuesto por los artículos 10 y 11 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso tuvo a bien elegir, en sesión celebrada hoy, a los ciudadanos diputados Raúl Robles Alvarez, José López Martínez y Jaime Hernández Alcalá, como Presidente, Vicepresidente y Prosecretario, respectivamente, para integrar la Mesa Directiva que funcionará durante el siguiente mes de ejercicio, comprendido del 15 del mes en curso al 14 de noviembre próximo.
Lo que comunicamos a ustedes para su conocimiento y efectos consiguientes, reiterándoles nuestra atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Guanajuato, Gto., 11 de octubre de 1979.- Rafael Zamudio Núñez.- Alfonso Montero Aguilera."
- Trámite: De enterado.
MESA DIRECTIVA
- EL C. secretario José Murat: De conformidad con el artículo 30 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se va a proceder a la elección de Presidente y Vicepresidentes para el mes de noviembre. Se ruega a los ciudadanos diputados pasen a depositar su cédula conforme se menciona su nombre.
(Elección y escrutinio.)
Se les ruega a todos los ciudadanos diputados, a efecto de dar a conocer el resultado de la votación, tomen sus asientos.
El C. secretario José Murat: Propuestas que obtuvieron un voto para integrar la Mesa Directiva durante el mes de noviembre.
Un voto para Presidenta, María Jiménez de Avila; Vicepresidentes, Elizabeth Rodríguez de Casas, Rafael Morelos Valdez, Rafael Alonso y Prieto, Carlos Stephano y Luis Calderón Vega.
Un voto para la Mesa Directiva, como Presidente, Jorge Montufar; Vicepresidentes, Carolina Hernández, Jorge Díaz de León, María del Carmen Jiménez de Avila, Benito Hernández García, Juan Manuel Lucia Escalera.
Un voto para la siguiente planilla, como Presidente, Gilberto Muñoz Mosqueda; Vicepresidentes, Carolina Hernández Pinzón, Jorge Díaz de León, María del Carmen Jiménez de Avila, Benito Hernández y Pedro Reyes Martínez.
Un voto para la planilla que integraría como Presidente, el diputado Antonio Vázquez del Mercado; Vicepresidente, Enrique Peña Bátiz, Ricardo Flores Magón, Luis A. Gómez, Ramiro Lupercio Medina, General Rodolfo Delgado Severiano.
Un voto, como Presidente, para Luis Cárdenas Murillo; Vicepresidente, Felipe Felipe Pérez, Ernesto Guzmán López, Adelaida Márquez, Juan Aguilera Azpeitia y Gumersindo Magaña.
Dos votos como Presidente, Gilberto Muñoz Mosqueda; Vicepresidentes, Carolina Hernández Pinzón, Jorge Díaz de León, Francisco Simeano y Chávez, Oscar Torres Pancardo e Isabel Vivanco.
Cuatro votos para la Mesa Directiva, que quedaría como Presidente, José Valencia González; Vicepresidentes, Felipe Pérez, Luis Cárdenas Murillo, Ernesto Guzmán Gómez, Adelaida Márquez Ortiz, María Eugenia Moreno.
Cinco votos para la siguiente planilla. Como Presidente, Antonio Gómez Velazco Vicepresidentes, Juan Manuel Lúcia Escalera, Enrique Peña Bátiz, Rodolfo Delgado, Ramiro Lupercio y Ricardo Flores Magón.
Ocho votos para la siguiente planilla. Como Presidente, Jesús Ortega; Vicepresidentes, Antonio Carrillo Flores, Lauro Ortega, Fernando Canales, Gómez Velazco y Navia Millán.
Trece abstenciones.
Veintiocho votos, incluido el que dimos al principio, para la siguiente planilla: Como Presidente, Carmen Jiménez de Avila; Vicepresidentes, Elizabeth Rodríguez de Casas, doctor Rafael Morelos Valdez, Rafael Alonso y Prieto, Carlos Stephano y Luis Calderón Vega.
Doscientos trece votos para la siguiente planilla: Como Presidente, Gilberto Muñoz Mosqueda; Vicepresidentes, Carolina Hernández Pinzón, Jorge Díaz de León, María del Carmen Jiménez de Avila, Benito Hernández García y Juan Manuel Lucia Escalera.
El C. Presidente: Se declara que han sido electos para integrar la Mesa Directiva en el próximo mes de noviembre, los siguientes ciudadanos diputados: Presidente, Gilberto Muñoz Mosqueda; Vicepresidentes: licenciada y profesora Carolina Hernández Pinzón, ingeniero Jorge Díaz de León, María del Carmen Jiménez de Avila, Benito Hernández García y Juan Manuel Lucia Escalera.
(Aplausos.)
DICTAMEN DE PRIMERA LECTURA
CONDECORACIÓN
- El C. secretario Ismael Orozco Loreto:
"Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente con la solicitud de permiso constitucional para que el ciudadano Vicealmirante del Cuerpo General, Raúl Alcalá Martínez, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden Cruz Peruana al Mérito Nacional, en el grado de Gran Oficial con Distintivo Blanco, que le confiere el Gobierno de Perú.
La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del Apartado B) del artículo 37 Constitucional, se permite someter a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente. PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Vicealmirante del Cuerpo General, Raúl Alcalá Martínez, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Cruz Peruana al Mérito Nacional, en grado de Gran Oficial con Distintivo Blanco, que le confiere el Gobierno de Perú.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.- México, D. F., a 31 de octubre de 1979.- Presidente, Luis M. Farías.- Secretario, Antonio Huitrón Huitrón.- Juan Sabines Gutiérrez.- Rafael Corrales Ayala.- Guillermo Jiménez Morales.- Francisco Javier Gaxiola Ochoa.- Juan Maldonado Pereda.- Guillermo Medina de los Santos.- Eduardo Anselmo Rosas González.- Ignacio Vázquez Torres.- Enrique Sánchez Silva.- Raúl Pineda Pineda.- Humberto Lira Mora.- Pedro Joaquín Coldwell.- Eduardo Aviña
Bátiz.- Luis Octavio Porte Petit Moreno.- Juan Manuel Elizondo.- Gilberto Rincón Gallardo.- Ezequiel Rodríguez Arcos.- Abel Vicencio Tovar R.- Juan Landerreche Obregón.- Juan Aguilera Azpeitia.- Antonio Gómez Velazco."
- Trámite: Primera lectura.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
REFORMAS AL CÓDIGO PENAL
- El mismo C. Secretario:
"Comisión de Justicia"
Honorable Asamblea:
Con fundamento en el artículo 56 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 87, 88 y 94 de su reglamento, La Comisión de Justicia, después de estudiar y analizar la Iniciativa de Adiciones y Reformas al Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, que remitió a esta Cámara el C. Presidente de la República, de acuerdo con las facultades que legalmente le corresponden, se permite presentar a la H. Cámara de Diputados las siguientes consideraciones:
De la Iniciativa del Ejecutivo Federal, se desprende la preocupación de dar protección jurídica a la economía pública y especialmente en relación a la producción y consumo nacionales.
Dentro de esta esfera de protección, se denota el particular interés de promover y estimular la producción de artículos de consumo necesario y generalizado, de las materias primas necesarias para elaborarlos y en general de aquellos esenciales para la actividad de la industria nacional y se busca proteger y propiciar la creación de canales idóneos para la mejor distribución y comercialización de los productos básicos.
Por ello, se destaca el propósito del Ejecutivo de dotar a nuestra legislación de instrumentos jurídicos que protejan la sana comercialización de esos productos y evitar perjuicios a la economía de la mayoría de los núcleos de población.
Es obvio que si la Ley vigente contempla alguno de esos aspectos, requiere adecuarse a la realidad social presente y resulta inobjetable que con las reformas y adiciones se incorporan nuevas hipótesis delictivas de conductas que la dinámica socioeconómica moderna genera y que por su impacto social, es conveniente sancionar con penas más elevadas, pues afectan a los grandes núcleos del pueblo de México. Sobre el particular, el mismo Constituyente del 17, considera la necesidad de sancionar con toda severidad este tipo de ilícitos.
La Iniciativa en cuestión además de contemplar nuevas hipótesis delictivas, supera aspectos técnicos, encaminándose a proteger la economía de los integrantes del pueblo de México; así el nuevo marco jurídico da más seguridad a la producción, que representa fuentes de trabajo y se extiende hasta el abasto, que significa el tener acceso a los satisfactores indispensables para vivir y que son de interés nacional.
Por una parte, la norma tiende a garantizar la seguridad en la producción, en la libre concurrencia en los mercados y el abasto nacional y se hace una ampliación respecto del bien jurídico tutelado, al considerar materia de este tipo de delitos no sólo los artículos de primera necesidad, sino todos los de consumo necesario o generalizado, consideración que responde a una realidad actual, en que el individuo está compelido a adquirir toda clase de artículos sean o no de primera necesidad; en la reforma se sanciona a quienes envasan y empacan mercancías en cantidad inferior a la indicada como contenido neto a quienes entreguen repetidamente cantidades menores a las convenidas y se considera punible las acciones de envasamiento de productos sin indicación de su precio máximo al público.
En algunos casos, se propone la instauración del procedimiento que permita a la autoridad el depósito de mercancías sobre las que se realicen los supuestos de conductas descritas en la Ley de esa manera no se produzcan los efectos económicos que se trata de evitar.
La frecuente incidencia en los procesos de comercialización de granos básicos, de conductas reprochables conocidas en el medio rural como 'coyotaje' y que afectan a la economía de los productores y entorpecen las acciones de regulación y abasto que el Estado debe realizar, se incorporan como delictivas en la Ley, respondiendo así a una exigencia popular.
Al respecto, cabe señalar que el Estado para fomentar la producción y proteger la economía de campesinos y productores de alimentos, establece precios de garantía y lamentablemente al amparo de esta medida, hay quienes aprovechando la ignorancia de las personas o la falta de medios de comunicación de la zona, adquieren a precios ínfimos esos productos y sin ningún riesgo, los revenden a los organismos públicos obteniendo ganancias indebidas a costa de la necesidad de muchos.
La reforma satisface la voluntad popular de actuar severamente contra personas improductivas que lesionan la economía de quienes poco o nada tienen y desvirtúan políticas de apoyo a la producción por parte del Gobierno de la República. De esta manera se tutela más ampliamente la economía y consumo nacionales al tipificar conductas que no estaban contempladas y se superan aspectos técnicos de la legislación actual.
Al aumentar la penalidad mínima de 6 meses y establecer la de dos años de prisión, conservando la máxima en los términos anteriores de 9 años y elevar la pecuniaria hasta 250 mil pesos, se es congruente con el artículo 28 Constitucional y esencialmente al interpretarse un sentimiento popular de reproche a los abusos que se dan en materia de precios. No es permisible tener contemplaciones a quienes al amparo de un sistema de libertad, abusan y se
enriquecen injustamente en detrimento del pueblo de México.
Ahora bien, dada la relevancia de la reforma propuesta por el Ejecutivo Federal los integrantes de esta Comisión considerán conveniente hacer algunas modificaciones y adiciones a la Iniciativa de referencia, por las siguientes razones:
De la fracción I del artículo 253 se modifica en parte el inciso d), al sustituir el concepto de empresarios de transportes por el de transportistas, que es más amplio y al establecer que la acción punible en esta hipótesis se realiza cuando `traiga como consecuencia' que los consumidores o usuarios paguen precios exagerados, en lugar de usar el término 'obligar' por ser más difícil de comprobar en la práctica. En ambos casos, se conserva el espíritu del proyecto.
En el inciso e), de la misma fracción, se señala también la protección para evitar la suspensión no sólo en la producción, procesamiento, oferta o venta de mercancías, sino también en la `distribución, factor determinante en la economía y consumo nacionales. Asimismo, para evitar problemas de interpretación cuando se habla de situaciones 'fuera de los casos permitidos por la Ley y siguiendo el sentido de la iniciativa, de acuerdo con el bien jurídico tutelado, se precisa que estas conductas sean con el objeto de obtener un alza en los precios o se afecte el abasto de los consumidores'.
En el párrafo segundo de este inciso se aumenta la sanción privativa de libertad para quedar de 6 meses a 3 años de prisión y en la pecuniaria se establece una mínima de 10 mil pesos, que incrementa la inicialmente propuesta y se extiende en estos términos a otros casos.
Estando relacionado en términos de justicia el lucro con la pena, proponemos que cuando éste no exceda al equivalente a 60 días del salario mínimo general de la región donde se cometa el delito, la sanción sea de 6 meses a 6 años de prisión y multa de mil a 5 mil pesos.
No se establece una cantidad fija por la depreciación que tienen las monedas y se prefiere señalar una cantidad móvil como punto de referencia, para evitar así, injusticias o una gran severidad de la norma a corto plazo.
Respecto a la fracción II y III, por comprender conductas semejantes, se subsumen en una sola, sin afectar su contenido.
La segunda hipótesis de la fracción II que se refiere a un contenido diferente, se separa de su texto original y se propone como fracción independiente.
Tomando en consideración que el artículo 253 bis del Código Penal contempla la alteración de los productos o la reducción de sus propiedades, se incluye esta hipótesis como una nueva fracción y se adiciona a la iniciativa del Ejecutivo Federal, con el objeto de que la misma pena que se pretende aplicar ahora con mayor severidad, abarque este tipo de ilícitos de naturaleza tan grave como las anteriores y de esa forma se logra una superación técnica sobre la actual legislación.
Uno de los avances de la Iniciativa del C. Presidente de la República es el de proteger a los productores agrícolas y evitar que se desvirtúe el apoyo que se les da a través de los precios mínimos de garantía. Esta hipótesis legal, se traslada como fracción V del artículo 253 del proyecto final, por considerar que está íntimamente vinculada a los procesos de comercialización y además, por la gravedad de la conducta, es conveniente que quienes incurran en este ilícito, se hagan acreedores a esta nueva penalidad.
Por otra parte, buscando una mayor protección a los bienes que se trata de tutelar, se amplían las hipótesis de la fracción V y hacia los funcionarios que se coludan en estos ilícitos o que propicien situaciones de desventaja a los productores en la venta de sus productos.
En el caso del depósito que plantea el Ejecutivo, se amplía el texto del proyecto para mencionar no sólo el artículo 281 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, sino que también se hace referencia al artículo 282 de la misma Ley, relacionado con el depósito de productos perecederos.
Por virtud de las reformas a estudio, los casos previstos en el artículo 254 del Código Penal, se sancionarán en lo sucesivo con las penas contenidas en el artículo 253 a que se refiere este dictamen.
Como se observa, todos estos planteamientos son coincidentes con el propósito del Ejecutivo Federal y conforman un conjunto de normas estrechamente vinculadas con el sentir nacional.
Por lo anteriormente expuesto y con apoyo en los preceptos invocados, se somete a su honorable acuerdo el siguiente.
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se reforma el artículo 253 del Código Penal para Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, para quedar en los términos siguientes:
Artículo 253. Son actos u omisiones que afectan gravemente el consumo nacional y se sancionarán con prisión de dos a nueve años y multa de diez mil a doscientos cincuenta mil pesos, los siguientes:
I. Los relacionados con artículos de consumo necesario o generalizado o con las materias primas necesarias para elaborarlos, así como materias primas esenciales para la actividad de la industria nacional, que consistan en:
a) El acaparamiento, ocultación o injustificada negativa para su venta, con el objeto de obtener un alza en los precios o afectar el abasto a los consumidores.
b) Todo acto o procedimiento que evite o dificulte, o se proponga evitar o dificultar la libre concurrencia en la producción o en el comercio.
c) La limitación de la producción o el manejo que se haga de la misma con el propósito de mantener las mercancías en injusto precio.
d) Todo acuerdo o combinación, de cualquiera manera que se haga, de productores,
industriales, comerciantes o transportistas, para evitar la competencia entre sí y traiga como consecuencia que los consumidores o usuarios paguen precios exagerados.
e) La suspensión de la producción, procesamiento, distribución, oferta o venta de mercancías o de la prestación de servicios, que efectúen los industriales, comerciantes, productores, empresarios o prestadores de servicios, con el objeto de obtener un alza en los precios o se afecte el abasto de los consumidores.
Si se depone la conducta ilícita dentro de 24 horas hábiles siguientes al momento en que la autoridad administrativa competente lo requiera, la sanción aplicable será de 6 meses a 3 años de prisión o multa de diez mil a cien mil pesos.
f) La exportación, sin permiso de la autoridad competente cuando éste sea necesario de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.
g) La venta o ventas con inmoderado lucro, por los productores, distribuidores o comerciantes en general. En los casos de operaciones en que el lucro indebido sea inferior al equivalente a 60 días del salario mínimo general vigente en la región en el momento donde se consuma el delito, se sancionará con prisión de seis meses a seis años y multa de mil a cinco mil pesos.
h) Distraer, para usos distintos, mercancías que hayan sido surtidas para un fin determinado, por una entidad pública o por sus distribuidores, cuando el precio a que se hubiese entregado la mercancía sea inferior al que tenga si se destina a otros usos;
II. Envasar o empacar las mercancías destinadas para la venta, en cantidad inferior a la indicada como contenido neto y fuera de la respectiva tolerancia o sin indicar en los envases o empaques el precio máximo oficial de venta al público, cuando se tenga la obligación de hacerlo.
III. Entregar dolosa y repetidamente, cuando la medición se haga en el momento de la transacción, mercancías en cantidades menores a las convenidas
IV. Alterar o reducir por cualquier medio las propiedades que las mercancías o productos debieran tener.
V. Revender a un organismo público, a precios mínimos de garantía, productos agrícolas adquiridos a un precio menor. Se aplicará la misma sanción al empleado o funcionario del organismo que los compre a sabiendas de esa situación o propicie que el productor se vea obligado a vender a precios más bajos a terceras personas.
En cualquiera de los casos señalados en las fracciones anteriores, el juez podrá ordenar, además, la suspensión hasta por un año o la disolución de la empresa de la que el delincuente sea miembro o representante, si concurren las circunstancias mencionadas en el artículo 11 de éste Código.
En los casos de los incisos a), f) y h), de la fracción I y de la IV de este artículo, la autoridad que tenga conocimiento de los hechos procederá de inmediato a depositar los artículos de consumo necesario o generalizado, las materias primas para elaborarlos o las materias primas esenciales para la actividad industrial nacional.
El depósito se efectuará en un almacén general de depósito que sea organización nacional auxiliar de crédito y los bienes serán genéricamente designados, en los términos del artículo 281 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; cuando se trate de bienes cuya especial naturaleza no permita el depósito genérico, se constituirá el específico, señalando asimisno el plazo y condiciones en que habrá de procederse a su venta o destrucción conforme a lo que establece el artículo 282 de la misma Ley.
El certificado de depósito que se expida tendrá el carácter de no negociable y será remitido al Ministerio Público o, en su caso, al Juez que conozca del proceso, para los efectos que procedan.
Lo dispuesto en este artículo se aplicará sin perjuicio de las medidas y sanciones administrativas que establezcan las leyes correspondientes.
Artículo segundo. Se deroga el Artículo 253 bis del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal.
Artículo tercero. Se reforma el Artículo 254 del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, para quedar en los siguientes términos:
Artículo 254. Se aplicarán igualmente las sanciones del artículo 253:
I..................................................................................;.
II. ..............................................................................;
III. ..............................................................................;
IV. ...............................................................................;
TRANSITORIO
Único. Este Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el "Diario Oficial" de la Federación.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.- Presidente, Antonio Rocha Cordero.- Secretario, Luis O. Porte Petit Moreno.- Adolfo Castelán Flores.- Fortino Gómez Mac Hatton.- Guadalupe Gómez Maganda de Anaya.- Carlos Hidalgo Cortés.- Antonio Huitrón Huitrón.- David Jiménez González.- Hermenegildo Israel Martínez Galeana.- Héctor Moreno Toscano.- Jesús Murillo Karam.- Raúl Pineda Pineda.- Gonzalo Salas Rodríguez.- Carolina Hernández Pinzón.- Hiram Escudero Alvarez.- Fernando Peraza.- David Alarcón Zaragoza.- Juan de Dios Castro Lozano.- Ernesto Rivera Herrera.- Jorge Amador Amador."
Segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de Decreto en lo general.
El C. Presidente: De conformidad con el artículo 98 y el artículo 100 del Reglamento se abre el registro de oradores.
Esta Presidencia informa que se han inscrito para hablar en contra los siguientes diputados: Pedro Entiende Llano y Juan Manuel Rodríguez. En favor el ciudadano diputado Juan de Dios Castro Lozano, Alejandro Gazcón Mercado y Ernesto Rivera Herrera; por la Comisión el ciudadano diputado Luis Octavio Porte Petit.
En consecuencia tiene la palabra el señor diputado Pedro Etienne Llano.
El C. Pedro René Etienne Llano: Señor Presidente:
En relación al dictamen que somete a la consideración de esta Asamblea la Comisión de Justicia, hemos solicitado la palabra para hablar en contra del mismo por considerar que los delitos que se pretende tipificar contra la economía nacional y el consumo popular, no están suficientemente establecidos con las hipótesis delictivas, las sanciones, las atenuantes y agravantes que contemplan la Iniciativa.
En efecto, partimos de la consideración fundamental de que es absolutamente indispensable legislar para proteger la economía nacional y el consumo de la mayoría de los mexicanos y esta necesidad nos ha llevado a la consideración de que las hipótesis contempladas en el dictamen no son suficientes para hacer frente a las nuevas realidades que estamos viviendo en una economía en donde los monopolios han aumentado considerablemente su fuerza y su capacidad de presión; consideramos que la Iniciativa debe de partir tomando en cuenta la realidad sobre la cual se pretende legislar, tanto en lo que respecta a las prácticas monopolistas que se han desarrollado en el sistema económico mexicano, como también algunas de las prácticas como el coyotaje. En la propia exposición de motivos se establece, como un propósito de la Iniciativa, evitar estas prácticas que lesionan la economía popular.
Es por eso que la fracción parlamentaria del Partido Socialista de los Trabajadores tiene varios señalamientos que hacer y, reservándonos el derecho de profundizar sobre los mismos en la discusión en particular, quisiéramos establecer dos consideraciones de carácter general que fundamentan nuestra proposición en contra del dictamen.
Por principio de cuentas, cuando en la Iniciativa, en el Artículo 253 se contemplan las hipótesis delictivas de la suspensión de la producción y distribución de los artículos de consumo, se está estrictamente contemplando la intención económica de elevar los precios cuando precisamente en estos días los grupos empresariales de Puebla nos están dando un claro ejemplo de cuáles son las nuevas realidades a las que nos enfrentamos; me refiero al ilegal paro de actividades que debería estar también contemplado en la iniciativa porque en esta situación no es sólo la búsqueda de un alza en los precios, sino más allá, es la presión directa de los empresarios para obtener ventajas políticas de grupo. Pensamos nosotros que México ha hecho suya la tesis establecida por la OIT de que el paro no es un derecho de los empresarios; el paro en un derecho de los trabajadores y pensamos que es sumamente grave que en la iniciativa no se contemple esta situación en donde no sólo se trata de elevar los precios, sino que pretenden presionar para conquistar ventajas políticas en una estrategia que el paro de Puebla ha evidenciado; la estrategia del gran capital de utilizar su poder económico para asediar el poder político.
Más aún, nos parece que dentro de este supuesto no son aceptables las atenuantes que se establecen en el Artículo 253 y por si fuera poco, la agravante que se establece en el caso de que concurra la circunstancia del Artículo 11 del Código Penal, llevan a reforzar y a legitimizar la intención delictiva al suspender o parar la producción, porque en la misma se establece que de concurrir la circunstancia del Artículo 11, el juez podrá ordenar la suspensión hasta por un año o la disolución de la empresa, es decir, se convalida la intención delictiva de paralizar la economía.
Es por esta razón que nos ha parecido que en lo general la iniciativa y el dictamen de la Comisión debería de Contemplar estas nuevas realidades. No se puede permitir este tipo de concesiones a los grupos empresariales, sobre todo a los grandes monopolistas que han demostrado de manera clara cuáles son las intenciones políticas detrás de la actitud de paro como la que se está actualmente llevando a cabo en la ciudad de Puebla.
Lo mismo podría argumentarse en lo que respecta a las medidas contra el coyotaje contempladas en el propio Artículo 253, en donde la hipótesis delictiva al ser sumamente específica y concreta deja fuera una serie de acciones, de prácticas comunes, que lesionan la economía de los pequeños productores de México. Consideramos que si la Iniciativa ha tratado de establecer unas primeras normas para impedir el coyotaje, éstas deberían de abarcar toda la gama de las prácticas conocidas en el campo de México, precisamente para lesionar la economía popular, la economía social de los pequeños productores.
Por estas razones, consideramos que en lo general deberían de profundizarse tanto en lo que respecta a las hipótesis delictivas contempladas en el Dictamen, sobre todo, como a las sanciones en donde no es lógico que se supongan atenuantes que vengan a convalidar esta situación delictiva.
Nos reservamos la argumentación ya en particular sobre cada artículo cuando se llegue ese momento.
El C. Presidente: Tiene la palabra para hablar en favor del dictamen, el señor diputado Ernesto Rivera Herrera.
El C. Ernesto Rivera Herrera: Señor Presidente;
Señoras y señores diputados:
A nombre de la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, queremos condenar el paro empresarial producido el día de ayer en la ciudad de Puebla, porque constituye una escalada más de los grupos
oligárquicos de México, cuyo arranque se ubica desde la reunión de Acapulco en donde la COPARMEX y otros círculos de las finanzas el comercio comprometidos con las transnacionales ha iniciado una escalada que tiene como objetivo final el asalto al poder en México. El Partido Popular Socialista no puede dejar pasar este suceso y dada la trascendencia, la repercusión del hecho, condena este grave brote que constituye un reto al poder público en México por parte de los sectores empresariales.
En su tercer Informe de Gobierno, el Presidente de la República anunció que enviaría al Congreso de la Unión una iniciativa de reformas al Código Penal Federal con Objeto de castigar con mayor severidad a los que especulan y trafican con las necesidades de nuestro pueblo.
En efecto, el Primer Mandatario ha cumplido esa promesa y ahora esta Cámara tiene la oportunidad de examinar dicha iniciativa, así como el dictamen de la Comisión de Justicia.
El propósito de tales modificaciones legislativas ciertamente, como lo explica el proyecto de ley, es positivo; esta reforma con estricto apego a la realidad, constituyen decisiones que se ubican en el campo de la superestructura jurídica y no directamente en el ámbito de la producción económica, pero no por eso no son relevantes. Se trata de configurar nuevos delitos contra la economía popular; se pretende dotar a nuestra legislación de instrumentos que protejan la sana comercialización de los productos de consumo necesario y evitar perjuicios a la mayoría de los núcleos de población. Aun cuando estas reformas no son la solución adecuada y definitiva, por las graves fallas imputables al sistema a la concentración del ingreso en unas cuantas manos, el Partido Popular Socialista saluda su advenimiento en los términos conocidos, pues buscan detener el alza inmoderada del costo de la vida, equilibrar el fenómeno de la oferta y la demanda y satisfacer la demanda nacional de alimentos manteniendo el justo poder de compra del pueblo.
Estas reformas son un avance, pues estamos convencidos de que en México, una de las causas más importantes de la carestía de la vida radica tanto en la inadecuada estructura económica, la intervención de las empresas transnacionales, así como en la extrema deformación del sistema de distribución y comercialización de los productos que los encarecen en forma desorbitada, sin justificación concreta de no ser el ilícito enriquecimiento.
El alza permanente de los precios ha desatado en forma profunda una lucha de clases tenaz y reiterada, en cuyo combate el proletariado nacional, hasta ahora, ha sacado la peor parte y sin que hasta ahora también, se aplique por parte del Estado, con energía, ninguna medida que frene este desequilibrio.
El sector empresarial y algunos funcionarios que consciente o inconscientemente sirven a sus intereses siguen defendiendo el sacrosanto principio de la libertad de comercio, de la supuesta capacidad irrestricta de las personas para concurrir en el mercado sobre la base de la propiedad y los bienes que poseen.
Todavía entre algunos funcionarios, altos empleados de la Secretaría de Comercio se cree que el mejor señuelo para estimular la producción es el respeto que debe mantener el Estado al libre juego de las leyes de la oferta y la demanda, que una mayor intervención del Estado, desalentaría la lucha por la calidad y la eficiencia y, en todo caso, la función del Estado ha de ser de carácter indicativo o regulador.
Este es un neoliberalismo económico que cada día es rechazado por el funcionamiento concreto de esta sociedad que la rigen las fundamentales leyes del capitalismo.
En México, como en todo el país capitalista, rige la ley de la concentración del capital. Históricamente el estado ha querido proteger a la industria nacional entregándole el dominio y el usufructo del mercado frente a la voracidad y la competencia del capital extranjero, pero el vacío que ha dejado aquella lo ha cubierto éste o en su caso las empresas estatales y los organismos descentralizados, pero, por fortuna, no toda la economía se ha dejado en manos de los particulares nacionales o foráneos que, en último caso representan la misma política, porque la Constitución establece algunas áreas fundamentales que son atribuciones exclusivas del Estado.
La nación tiene en todo tiempo el derecho de darle a la propiedad las modalidades que dicte el interés público y su dominio se ejerce sobre todos los recursos que se hallen en el territorio nacional, es decir, la nación tiene facultades para resolver esta cuestión de interés general.
Son esta reforma y adiciones al Código Penal, un esfuerzo del Estado para ampliar las atribuciones que tiene jurídicamente en el campo de la comercialización y para combatir distintas agresiones a la economía popular proveniente de los especuladores y hambreadores coludidos con empresas transnacionales, tras de los cuales se halla inevitablemente el imperialismo.
Hemos afirmado muchas veces que la salida a la actual crisis económica que se manifiesta entre otras formas por el enorme descenso del poder adquisitivo de los salarios y de los recursos de las masas populares, como la de los campesinos que no tienen un salario fijo, no tiene otra solución democrática y revolucionaria que reorientar positivamente, ampliar y profundizar nuestro desarrollo económico con una intervención más firme y decidida del Estado.
Representa esta posición una forma de capitalismo del Estado, aplicado en un país semicolonial en vías de desarrollo, que lleva que la nación se apropie de las fuerzas productivas que están en manos del imperialismo y organice programadamente su desarrollo económico nacional independiente.
Por otra parte, el capitalismo de Estado en México se caracteriza por el desplazamiento del capital privado de las actividades
económicas principales, sin que al pasar a manos del Estado reciban beneficios permanentes sus antiguos propietarios. En nuestro país se basa en la nacionalización de la riqueza del territorio de la República, punto de partida para la nacionalización de las fuentes básicas de la producción económica y los servicios.
La ideología que ha impulsado este desarrollo económico, es una ideología nacional revolucionaria, un conjunto de principios que defienden a México de la intervención del capital extranjero y de los sectores de la burguesía que le sirven de instrumento.
No debe, no puede confundirse esto con el capitalismo monopolista de Estado, donde los gobiernos de los países altamente desarrollados, expresión del sistema imperial han intervenido en la economía para fortalecer a los grandes intereses económicos y por otra parte siguen pagando utilidades y regalías a los particulares, pero en un país como México, nacionalizar tiene otra connotación, quiere decir que el Estado recoge para la nación el control de las fuentes básicas para nuestro desarrollo económico nacional con independencia sin obligaciones con los particulares.
Aquí nacionalizar es descolonizar, nada tiene que ver con el capitalismo monopolista de Estado, cuestión muy propia de países de elevado desarrollo industrial y en la cima del sistema capitalista; aquí las empresas paraestatales, son un elemento importante para la defensa de la independencia nacional, en tanto la iniciativa privada por sí misma y la que se asocia al capital extranjero persigue las mayores utilidades.
El Partido Popular Socialista desde que surgió, ha impulsado la intervención del Estado en la economía nacional, preconizando la vía de las nacionalizaciones y hoy es demanda nacional el control de las industrias de la alimentación, de la fármaco- química por el Estado, sin olvidar la nacionalización de los recursos financieros, de la programación de la radio y la televisión, de la industria automotriz y de otras ramas fundamentales; la mejor lucha contra los monopolios, como decía el maestro Vicente Lombardo Toledano, es nacionalizándolos y poniéndolos bajo el control del Estado, por eso somos partidarios del capitalismo del Estado. La liberación de precios es dejar manos libres a los sectores comerciales y financieros junto a los consorcios yanquis, para que logren ílicito enriquecimiento a costa del hambre del pueblo.
Finalmente, reiteramos que la razón de la carestía de la vida no es nada más un problema de especulación ni de atenuarlo con simples medidas administrativas más o menos hábiles, sino que se trata de algo más profundo, el problema de la carestía de la vida es un problema más complejo, de saqueo de los recursos del pueblo y de la nación, de intervención cada día más profundamente en nuestro desarrollo económico de las fuerzas del imperialismo, de crisis estructural que está amenazando gravemente nuestro desarrollo económico nacional y haciendo más difícil el tránsito de nuestra patria hacia formas superiores de la vida social.
Por estas consideraciones reiteramos que en la discusión en lo general, el voto de la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista será afirmativo.
Muchas gracias.
El C. Presidente: Tiene la palabra el señor diputado Juan Manuel Rodríguez para hablar en contra del dictamen.
El C. Juan Manuel Rodríguez: Señor Presidente;
Señoras y señores diputados:
Efectivamente, los grandes empresarios, los monopolistas que siempre han estado enriqueciéndose con la miseria del pueblo, han lanzado una ofensiva, una ofensiva grave en contra del pueblo y no sólo eso, sino hasta se han atrevido a culpar al Gobierno de desquiciamiento en el orden establecido, cuando son en realidad ellos quienes desquician el orden público.
Ahí están los empresarios de Puebla que para no cumplir con los derechos de los trabajadores, establecidos por la Ley Federal del Trabajo, hacen un paro y culpan al Gobierno de los sucedido. Por esta razón la fracción parlamentaria del Partido Socialista de los Trabajadores considera, suyos los planteamientos de la OIT, de que el derecho al paro sólo corresponde a los trabajadores.
Cuando el dictamen no lo considera así o lo toca vagantemente en el Inciso e) del artículo 123 que se reforma, así como también se divaga sobre el concepto de lucro inmoderado, no se señala cantidad líquida para precisar el monto de lucro, de lucro indebido. Por esta razón y por lo que expuso mi compañero diputado Pedro Etienne, nuestro punto de vista es que el dictamen regrese a la Comisión dictaminadora para que precise lo señalado.
Debemos estar alertas contra los enemigos del pueblo, contra los que se inconformaron con las posiciones de la fracción obrera en lo señalado en la prensa el día de ayer y si ahora, con la reforma al Código Penal, que nuestra Fracción aplaude, pero que piensa que es necesario aprovechar para ir al fondo del asunto, debemos poner el alto, de una vez por todas, a estos enemigos. Por eso consideramos que este Dictamen debe regresar a la Comisión Dictaminadora para que se precise, para que se precisen los conceptos a que nos hemos referido y se amplíen en todo caso, en todo lo que hemos señalado.
Me reservo para señalar con precisión en cada inciso nuestros puntos de vista en la discusión en lo particular.
Muchas gracias.
El C. Presidente: Tiene la palabra el ciudadano diputado Juan de Dios Castro para hablar en pro del dictamen.
El C. Juan de Dios Castro: Señor Presidente;
Señores diputados:
Hemos iniciado la discusión de un Dictamen relacionado con la Iniciativa que reforma
el capítulo de Delitos contra la Economía Nacional, contenidos en nuestro Código Penal. Es importante y trascendente el tema, debe interesar a todos y cada uno de los señores diputados de esta Cámara y tiene que ser importante y despertar interés digo, sobre todo porque el tema fundamental a que se refiere la Iniciativa, es precisamente la economía Nacional y si consideramos a la economía como la actividad cultural de sustentación humana que debe armonizar dinámicamente las necesidades de la persona con la producción, la distribución y el consumo de los bienes y servicios que la satisfacen y de esta manera crear o mantener para el hombre una base material estable y suficiente para la realización de la libertad en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de las obligaciones.
Es indudable que despierte interés este debate en el que se discute cuestión tan importante como lo es la economía; la que tiene esta doble función: mantener y desarrollar la vida humana integral y crear el fundamento para que se puedan desarrollar todos los demás aspectos de la vida social humana.
La riqueza nacional es una de las condicionantes de la salud y del bienestar del pueblo de México y constituye entre otros, el objeto jurídico de los delitos a que se refiere la iniciativa, sin embargo, hay que realizar, señores diputados, algunas acotaciones en este tema.
La prensa nacional y algunos señores diputados que me han precedido en el uso de la palabra, han hablado de esta iniciativa como un instrumento del que va a disponer el Gobierno para tratar de paliar o para tratar de reducir ostensiblemente el sacrificio del sector más débil del pueblo, que sufre con el encarecimiento de los precios.
No es nueva esta iniciativa señores diputados, ya nuestro actual Código Penal vigente, contempla en ese mismo dispositivo que se reforma, el Artículo 253, una serie de conductas que están encuadradas en gran parte en el contenido de la iniciativa remitida por el Ejecutivo Federal.
Aquí protestamos guardar y hacer cumplir la Constitución General de la República. La fuente contra esos delitos se encuentra en el Artículo 28 de la Constitución General de la República; ese artículo ya nos habla de que se castigarán severamente el acaparamiento de artículos de consumo necesario; de que se castigará severamente todo acto o procedimiento que evite o tienda a evitar la libre concurrencia de la producción, del comercio y de la industria. Este dispositivo constitucional en su contenido está presente en el vigente Artículo 253 y, señores diputados, podrán ustedes conocer el dato desde la vigencia de este Código en cuantas ocasiones el Ministerio Público que es el representante de la sociedad ha ejercitado acción penal en contra de los acaparadores y monopolistas que no son de ahora, sino que han existido en la últimas décadas de la historia de México, en tanto ha estado vigente este Código Penal. No es tanto, señores diputados, el problema de legislación; es problema de impunidad.
Nos ha dado noticia la prensa de cuántos procesos se han radicado en los tribunales; nos podría informar el representante social, persona moral que es el Ministerio Público, cuántos de esos procesos han concluido en sentencia y a cuántos de los procesados se les han aplicado las sanciones que establece el 253 que esta bien las doy a conocer, señores diputados. El vigente artículo señala penas hasta de nueve años de cárcel, entonces no es nueva la Iniciativa; la apoyamos porque consideramos que conforme lo ordenado en el Artículo 28 Constitucional, estas conductas son graves y deben ser severamente castigadas.
Por otro lado queremos también manifestar que no es éste el único elemento idóneo para resolver este mal que aqueja al pueblo de México. Se requiere un saneamiento en la economía nacional; se requiere que quienes tienen en sus manos como rectores la economía del país, actúen en forma honesta y en forma responsable y se requiere también, señores diputados, que la política social del gobierno vaya complementada con una adecuada y urgente intervención del pueblo a través de todas las sociedades intermedias.
Pensemos, por ejemplo, para no alargar, la influencia que puede tener para la reforma social la actividad responsable de los trabajadores y de los obreros. No hablo de los líderes obreros, señores diputados, sino de la participación activa de la clase trabajadora, personalmente considerados cada uno de los trabajaodres que la integran, una actuación encaminada para exigir los respetos a la persona humana; respecto a su libertad de acción política, para que su derecho al trabajo no signifique, como hoy, para muchos de ellos, renuncia a los derechos políticos consagrados por la naturaleza humana y por la Constitución.
Que los sindicatos y aquí hay diputados que corresponden a los sindicatos del país, en un ambiente de dignidad y de respeto se interesen por el desarrollo económico y social de nuestra patria; que pidan aumentos responsable de productividad a los trabajadores; que exijan también con energía a las empresas, no sólo el trato justo para el obrero en lo personal, no sólo, señores diputados, una dosificación de prestaciones para el proletariado, sino todo un plan de reforma social, sensata y realista, que tienda a convertir al obrero sindicalizado en propietario mediante un cambio estructural y profundo de la sociedad mexicana y que se exija también, señores diputados, que esa influencia de la clase trabajadora se sienta también en el resto de las organizaciones intermedias.
En nuestra sociedad tenemos suficientes carencias, desigualdades y tareas para ocupar en objetivos de reforma social la buena voluntad, los propósitos de justicia y la entrega abnegada de todos los mexicanos. Este es un elemento,
pero se requieren muchos m s, responsabilidad en el ejercicio del poder, control del circulante, insistimos de nuevo, señores diputados, incremento de la producción, insistimos de nuevo, para poder atacar la inflación.
Cuando ustedes y nosotros que formamos parte de esta Legislatura cuando el Congreso, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, cuando el pueblo de México todo, actuemos con responsabilidad y con conciencia plena de las obligaciones que la Constitución nos impone como representantes de la nación y cuando el gobierno se constituya en verdadero gestor del bien común, empezaremos o se dará el inicio de la resolución de estos problemas que aquejan a nuestro pueblo.
Estamos en pro de la iniciativa por las razones indicadas, no solamente, señores diputados, estamos en favor de los trabajadores, también estamos todavía por esa clase económicamente más débil que aún no tiene la calidad de trabajadora porque está desempleada, de los marginados, de los desempleados, de los pensionados, de muchos otros que están sufriendo terriblemente los efectos de la carestía de la vida, por eso estamos en pro de esta iniciativa.
La mayor parte de ustedes, señores diputados, están aquí representando la nación, debemos ver por los intereses del pueblo de México todo, para que en una sociedad con orden y con justicia se pueda lograr, señores diputados, el bien común. Muchas gracias.
El C. Presidente: Tiene la palabra el señor diputado Alejandro Gazcón Mercado.
El C. Alejandro Gazcón Mercado: Nosotros votaremos en pro del dictamen que adiciona y reforma el Código Penal para el Distrito Federal en materia del fuero común para toda la República en materia del fuero Federal, a fin de aumentar las sanciones a los acaparadores, a los que oculten los productos para aumentar los precios, a quienes limiten la producción, a quienes se pongan de acuerdo para evitar la competencia entre sí, a quienes exporten sin permiso, a quienes envasen o empaquen mercancía a una cantidad inferior a la que indica el envase o empaque, a quienes alteren el peso o las propiedades de las mercancías, a quienes revendan a un organismo público productos agrícolas adquiridos a un precio menor al precio de garantía.
Votaremos en pro porque todas las medidas que se tomen para castigar a los especuladores puedan llegar a ser útiles, pero claro, que este es un efecto, no es la causa principal de la miseria, de la carestía de la vida que sufre nuestro pueblo; si vamos a llevar a la cárcel a los especuladores y ponerles penas de diez años, a lo mejor resultaría más duro para ellos imponerles el salario mínimo durante un año; claro, no proponemos que estén un año en las condiciones de los desocupados porque esto sería un acto de crueldad sin precedente que no está en nuestra naturaleza.
¿Cuál es la causa principal de las condiciones que vive nuestro pueblo?
Nosotros insistiremos siempre: la causa principal de las condiciones que vive el pueblo de México es el sistema capitalista en el que vivimos, esa es la causa principal; el 3% de la población en México concentra en sus manos el 55% de la riqueza nacional, frente al 97% de la población que sólo recibe un 45%; según el censo de 1970, más del 50% de las familias de nuestro país percibían $500.00 mensuales o menos. Por otra parte, los precios aumentan sin cesar en este sistema nuestro; en 1977 aumentaron en un 29%, en relación con el año anterior y los salarios sólo aumentarón en un 11%; en 78, en un 23% y los salarios en un 13%; las ganancias de los capitalistas en México, en 77 fueron de un 113%; aumentaron en relación con 76 y en 78 en un 117%, respectivamente. Esta es la razón de la miseria de nuestro pueblo; no vamos a modificarla con leyes de carácter jurídico, sino aplicando las leyes de carácter económico, cambiando el sistema que estamos viviendo.
A todo eso hay que agregarle nuestra dependencia de país capitalista respecto del imperialismo norteamericano. Más del 80% de la industria alimenticia en manos de los norteamericanos; más del 60% de la industria que produce aparatos electrodomésticos en manos de norteamericanos; casi la totalidad de la industria automotriz, en manos de extranjeros; el 70% de la petroquímica secundaria; el 90% de la química-farmacéutica; el 90% de los hoteles más importantes dedicados a recibir al turismo -y en este renglón contribuye mucho a encarecer la vida del país-, en manos de norteamericanos; casi el 100% de la maquinaria más importante agrícola, en manos de norteamericanos; en un 60% las inversiones extranjeras se financian con recursos de bancos mexicanos; las ganancias de las empresas extranjeras en su país van del 10 al 12, al 15%; en México van del 100%, al 200%, al 300%.
De 1971 a 1977, se invirtieron 1873 millones de dólares de las empresas extranjeras y sacaron del país en ese mismo período por concepto de utilidades, 4023 millones de dólares. En 1976 según el Anexo del Informe Presidencial, la Deuda Externa en México creció en 4.3 veces en comparación con 1970 y 6.2 veces en 1978 en relación con el mismo año, actualmente, todos lo sabemos, casi nos acercamos al billón de millones de pesos. En 1970 se pagaron por intereses de la Deuda Externa 2 159.5 millones de pesos por concepto de la Deuda Externa insisto, en 75, 9 031 millones de pesos; en 78, 41 984 millones de pesos. El Presidente López Portillo dijo que el 70% de nuestro comercio exterior es con los Estados Unidos; el 81% de nuestras importaciones, dijo también, son de maquinaria, herramientas y refacciones.
Vendemos productos agropecuarios sin industrializar; en un 30% de nuestras exportaciones están integradas por el petróleo crudo, somos parte, naturalmente, que se da en el mundo capitalista y por vía de los Estados Unidos la devaluación del dólar nos llega a nosotros también la devaluación tenemos una dependencia tecnológica, pagos por patentes, marcas, etc. Todo esto ha producido una gran inflación, el circulante en moneda metálica, billetes y cuenta de cheques se multiplicó por 6, de 1969 al primer trimestre de 1979; el valor de la
producción total que tuvimos los mexicanos en un año promedio de 1969 a 77 fue de 1.8; esto quiere decir que se estuvieron emitiendo billetes, monedas, simplemente porque se tenía la posibilidad de hacerlo pero no porque correspondiera a la realidad. Los precios se multiplicaron en 3.36% de 69 a 78; el costo de la edificación de la vivienda con interés social que le llaman, creció en un 126%, se multiplicó 2.26 veces, de 74 a 78 en 4 años. Creo que estas son razones suficientes para entender que las causas que generan la pobreza y la miseria de nuestro pueblo no están en hacer una iniciativa de ley para reformar algunos aspectos del Código Penal del Distrito Federal.
Efectivamente el Artículo 28 constitucional prevé estas cuestiones y la realidad que tenemos después de 1917 es la que hemos descrito a grandes rasgos.
Tenemos que cambiar de política económica y en esto no se va a cambiar por decreto; se va a cambiar con la organización de los trabajadores; la organización del pueblo. Cambiando nuestra conciencia y nuestra organización y enfrentándola a aquellos que están explotando a nuestro pueblo y que agudizan su explotación constantemente; así es como se tiene que cambiar.
Tenemos que cambiar nuestra política económica. Se defiende que nosotros estamos produciendo en el campo para vender al extranjero; para exportar nuestros productos; nosotros tenemos que resolver los problemas concretos de la alimentación del pueblo de México y es inferior la producción agrícola ahora, que hace 10 años.
La devaluación de la moneda ha quitado en tres productos a los campesinos; el maíz, el trigo y el frijol, en los últimos años, cuando menos 50 mil millones de pesos, ¡cómo no se va a agudizar la miseria del campo! Pero además todo mundo entiende que la fruta, las legumbres, cambian de precio del pruductor al consumidor cuando menos de diez veces, productos agrícolas que valen tres pesos, valen en el mercado 30 pesos. Eso es un hecho. ¿Por qué no establecer una escala móvil de precios para los productos del campo? Porque mientras los campesinos no ganen dinero con lo que producen, van a seguir en las mismas condiciones.
Esa es la realidad y no se les puede estar haciendo llamamientos patrióticos.
Son los héroes de la patria, si, pero si esto les diera comida, si comieran palabras de elogio... No podemos seguir resolviendo los problemas de manera verbal, hay que resolverlos en la práctica.
Tenemos que cambiar la orientación de nuestra política económica y en el campo tenemos que mirar a la solución concreta de la alimentación de nuestro pueblo. Se dice que el maíz es barato, se dice que el frijol es barato, que los productos agrícolas son baratos y que vendiendo al extranjero otro tipo de productos podemos nosotros comprar para la alimentación del pueblo. Si estuviéramos en otro tipo de país, esto podría parecer lógico, donde la economía es planificada, donde se puede compensar un renglón con otro, pero en México, ya lo dijo alguna vez el Papa Juan XXIII, que los tres peores negocios eran las mujeres, el vino y la agricultura. En cuanto a las mujeres y el vino no tenía la razón, pero en cuanto a la agricultura, francamente sí.
Ha sido siempre muy mal negocio y mientras no se haga una equiparación entre los precios de los productos del campo y de la ciudad, no vamos a poder resolver los problemas de la tierra.
En el último año, los precios de los insumos de los agricultores aumentaron un 20 % y los precios de la producción se mantuvieron estables. Este año, por razón de la irregularidad de las lluvias habrá sequía, más se acentuará la miseria de los campesinos mexicanos y mientras no se resuelva este problema, creo que es muy difícil que nosotros podamos castigar ¿a quién?, a nadie, porque evidentemente los especuladores han encontrado los mecanismos para eludir la acción de la justicia, primero porque la mayoría de los que están en el Gobierno no quieren hacer justicia, y en segundo lugar porque los inspectores, siempre, en lo general, debe haber alguno extraterrestre, siempre están dispuestos a recibir una compensación, por eludir sus responsabilidades, para llamarle en buenos términos a las cosas.
¿Por qué no darle acción popular al pueblo, por qué no hacerlo coadyuvante del Ministerio Público?
Que el pueblo tenga la posibilidad realmente de descubrir y de sentenciar y de condenar en un tribunal popular. Así cambiarían las cosas porque el pueblo teniendo facultades... Me pueden decir que el agente del Ministerio Público es el representante de la sociedad, así debiera ser, pero en la práctica es representante en lo general de una minoría, que es la que interpreta a su saber y bien entender los asuntos de la sociedad.
El valor de las exportaciones mexicanas de la agricultura y silvicultura fue de la siguiente manera: en 1969 fue de 6 251 millones de pesos. En 1972, 6 366. En 1973, 7 809. En 1974, 7 523. En 1975, 7 715. En 1976, 14 264. En 1977, 24 085 millones de pesos. En 1978, 25 254.
¿Dónde está el alimento de nuestro pueblo? Se lo llevaron los norteamericanos Son datos tomados del anexo del informe. Mientras que en la producción agrícola de 1978, disminuyó en 1% en comparación con 1970, las exportaciones en 1977 fueron 4.5 veces mayores que las de 1970.
Como no hay una política económica correcta, bueno entonces son las leyes de la oferta y la demanda como en la edad media las que determinan el desarrollo económico de México y, claro, los industriales invierten para vender a quienes tienen capacidad de compra, a quienes les pueden vender radios, refrigeradores, estufas, estéreos y eso no compra la gente que no tiene dinero.
Por eso la Industria de esos artículos de consumo ha aumentado en un 15% en relación con el año anterior y la industria de los alimentos a aumentado en 2.5, en un incremento menor que el desarrollo demográfico de
nuestro país. Así se explica, claro, los grandes problemas que tiene nuestro pueblo. Y aquí nos dicen que la disponibilidad de carne en canal, per capita, en 1972 fue de 10.55 kg. al año; en 1973, de 11.24; en 1974, de 11.71; en 1975 de 12.40; en 1976, 12.49; en 1977, 12.36, y en 1978, se lograron, por cada uno de los mexicanos teóricamente hablando, 12.34%. Lo que equivale a 36 gramos por mexicano al día. Si de verdad tuvieran la posibilidad todos los mexicanos equitativamente de comer carne, pero hay mexicanos que no comen carne en años, hay mexicanos que no conocen la leche. Ustedes lo saben muy bien, pero en estas condiciones cómo es posible que nosotros estemos tomando medidas así tan concretas, como si de veras fueran los encarecedores, los acaparadores, sólo por un acto moral de buena fe, como aquí se dice, muchas veces en las tribunas, como si pudieran acatar llamados al bien común.
No, aquí se ha dicho muchas veces y aquí en la Cámara se dijo alguna vez, que "los ricos son sordos y también son ciegos a veces. No escuchan los llamados". Y se dijo alguna vez en la Cámara, que ya "Jesucristo les hizo un llamado hace más de dos mil años y no lo escucharon". No quieren. Por eso en su tiempo, él decía que primero entraría por el ojo de una aguja un camello, que un rico se salvara. Y además decía que lo que había que hacer y lo dispuso en la magnífica, es dejar a los pobres llenarlos de bienes y a los ricos dejarlos sin cosa alguna. No es que la lucha de clases es muy concreta, no se refiere a un deseo ni a actitudes sentimentales, es cómo está distribuida la riqueza por eso el único camino es la movilización de masas en nuestro pueblo. Nosotros los de la coalición de izquierda, junto con los sindicatos democráticos del país ya estuvimos en una manifestación por las calles de México.
Nosotros apreciamos las consideraciones a las reflexiones que las organizaciones más importantes de la clase obrera han hecho en el país respecto de la economía nacional. Pensamos que el único camino realmente es cambiar la correlación de fuerzas políticas en este país para poder transformar esta realidad.
No tienen derecho los empresarios de Puebla de estar paralizando las actividades, es cierto, pero también esta realidad no la podemos cambiar más que con la fuerza de la organización. Decir que es el Partido Comunista el que está detrás de esto dándole una actitud misteriosa, detrás de todos los problemas de México está la miseria, la angustia, la inseguridad por la vida.
No hay responsabilidades concretas en esto, más de quienes han conducido durante décadas la política económica de nuestro país y que han llevado nuestro pueblo a la desesperanza.
Como ven, yo vine a hablar en pro de este dictamen.
Muchas Gracias.
El C. Presidente: Ha solicitado hacer uso de la palabra el señor diputado Juan Manuel Elizondo sin haberse inscrito previamente, sin embargo, de acuerdo con el artículo 114 del Reglamento Interno se le concede el uso de la palabra.
El C. Juan Manuel Elizondo: Ya escuchamos las variaciones sobre un tema penal en la Cámara de Diputados, también algún oratorio, pero creo que nosotros no venimos que a eso, sino a discutir una Iniciativa del Poder Ejecutivo del país.
Vengo a confirmar la proposición formulada aquí por el diputado Juan Manuel Rodríguez, en el sentido de que esta Incitativa regrese a la Comisión Dictaminadora que lo formula para que lo adecue a la nueva situación que vive el país, para que profundice el problema de acaparamiento, ocultación y carestía artificial de los productos necesarios para la subsistencia y nos proponga algo que no sea, ni constituya solamente un tolerable rasguño o regaño a esos acaparadores.
Yo quiero preguntar, y convierto esta pregunta en una moción suspensiva en apoyo a la proposición a la que aludí, a los diputados del Partido Acción Nacional, a los Diputados del Partido Comunista, a los diputados del Revolucionario Institucional y a los diputados de los demás partidos, si el paro patronal de Puebla, que cae dentro de cada uno de los preceptos de esta Iniciativa, que son unibles, constituye un delito, y un delito grave porque es un delito contra el Estado, o no; yo quiero que cada uno de los partidos, si es honesto consigo mismo, nos diga si este delito debe ser contemplado también en el dictamen de la Comisión encargada de juzgar la iniciativa presidencial. El delito cometido por los comerciantes de Puebla, por los industriales de Puebla, es un delito peor que cada uno de los que se enumeran en esa iniciativa, porque es un delito que no se limita únicamente a privar de alimentos o a aumentar los precios de las mercancías, es un delito que tiende a convertir a la clase patronal del país -porque así fue declarado en Puebla-, en la rectora del Estado Mexicano.
No es, por supuesto, la primera vez que la clase empresarial o patronal recurre a estos medios; todos sabemos que la crisis de 76 fue una crisis política y que la crisis económica, la devaluación de nuestra moneda, fue la consecuencia de esa crisis política. ¿Y cómo se inició esa crisis política? Se inició fundamentalmente a través de la serie de paros que la industria y en el comercio de Monterrey, de Puebla, de Guadalajara, de Oaxaca, paros instigados y dirigidos personalmente por algunos comerciantes y jefes de comerciantes de la ciudad de Monterrey.
¿Estos jefes de comerciantes de Monterrey, tenían ellos suficiente autoridad y suficiente personalidad para haber creado esa horrible crisis en el país, de la cual aún no sale nuestra nación? Es obvio que no la tenían. Esa personalidad la estaban recibiendo del grupo director de los industriales, de los financieros y vía las finanzas de los comerciantes que integran la mayoría del país. Ese grupo ha retado en Puebla nuevamente el poder del Estado Mexicano, no solamente ha fraguado un paro de 24 horas,
porque la declaración de su dirigente máximo dice que están dispuestos a recurrir a medidas aún más drásticas que el paro de 24 horas, el hecho de que él mismo señale que el problema es nacional y no solamente poblano, ya está involucrado la amenaza de que hoy, mañana, dentro de 30 días, pero probablemente dentro de algunos meses, utilizarán esa fuerza coactiva para obligar al Estado a someterse a sus intereses o a su capricho, ¿cuáles son las razones que alegan los comerciantes de Puebla para haber creado esta intranquilidad en todo el país y, estoy seguro, este escándalo internacional respecto de México? Hay un secuestro de 8 o de 10 camiones, el Rector de la Universidad protege a uno o a dos a que digan discursos en aulas universitarias y este uno o dos son comunistas, estos hechos son suficientes para que la clase patronal prive a la nación de la producción y distribución de mercancías, valuadas es no sé cuántos millones de pesos por lo que concierne únicamente a Puebla y ponga en jaque al Estado Mexicano, ¿por qué razón y con qué autoridad la clase empresarial y la clase patronal osa enfrentarse de esta manera al Estado Mexicano?
Estas prácticas son prácticas aventureras en el principio. Poco a poco se convierten en prácticas des estabilizadoras y después se convierten en una verdadera subversión de las instituciones públicas nacionales. Así opera el fascismo en la actualidad; siguiendo las mismas directrices con que operó el fascismo antes de la Segunda Guerra Mundial. Primero enloquecer al pueblo mediante una política de alza de precios. Las canciones líricas de algún diputado de Acción Nacional acerca de que, "debe de haber más honestidad en el Poder Público" y toda la cantinela que ya conocemos, no viene a cuento en esta reunión. Los precios en México están elevándose constantemente de una manera deliberada, como instrumento de presión política, de des estabilización del régimen y además como un medio para gravar el estado de miseria y de angustia de la mayoría nacional, para que en cualquier momento hacer estallar esa angustia conforme al siguiente postulado de la práctica del fascismo.
El segundo es el desprestigio del Estado. Un Estado que no es capaz de poner orden en una economía que están hundiendo cada día más en la miseria a su pueblo, es un Estado ineficaz, es un Estado que debe desaparecer, es un Estado que debe ser sustituido por un Estado más enérgico. Sí claro, por un Estado más enérgico, pero una energía entendida dentro de la práctica del bien común, del derecho para todos, de la felicidad universal, etc., o sea dentro de toda la lírica de los partidos de la oposición de derecha.
El problema central de este país, desde hace varios años, es que los industriales han dejado de ser industriales. Yo quiero preguntar a cada uno de los presentes que me diga ¿en qué parte del país, desde hace 8 o 10 años se ha creado una industria de la magnitud de Fundadora de Monterrey o de Altos Hornos de México? Quiero que me digan ¿dónde está, no solamente su aportación a la Alianza para la Producción, sino dónde está su aportación concreta al progreso, al desarrollo del país, aunque esta aportación sea para su propio beneficio?
No la ven por ninguna parte; ninguna industria de esta categoría.
Decía un industrial de Monterrey amigo mío:
-`El destino de los mexicanos es hacer enchiladas y vender tacos en las calles, porque este abandono en que nos encontramos está siendo aprovechado por las industrias norteamericanas para instalarse en el país; al final, nosotros los industriales mexicanos seremos el peonaje calificado de esas industrias.
Lo que ha ocurrido es que los industriales se han convertido en financieros.
Por eso no establecen industrias. En cambio brotan como hongos las sociedades financieras y los grupos financieros que se dedican a una tarea más cómoda, a explotar a la mediana y pequeña industria para que trabajen para ellos.
No crean, pero explotan a los otros. La carga del 3%, del 4% y del 5% de interés que dejan caer sobre los hombres de la mediana industria a la cual explota, se trasmite a los consumidores o a los usuarios y el proceso de degradación de la economía popular tiene su explicación en este fenómeno.
Alguien decía que la única solución es aumentar la producción. Es cierto.
Yo pregunto, ¿quién la ha aumentado? ¿El Sector Industrial? Los índices indican que de una caída casi al 1% del producto bruto nacional, nos hemos elevado al 5% o 6%. Las industrias no aparecen por ninguna parte, pero lo que sí aparece es la ciudad de México y todas las ciudades convertidas en una enorme lonchería, en una enorme taquera que al registrarse aumentan los índices de los registros públicos y aparece para orgullo del Sector Privado, como su gran contribución al desarrollo del país. Esta es la verdad, no hay otra.
En consecuencia, para limitarse a este tema, puesto que lo vamos a discutir en lo particular, propongo una moción suspensiva en el estudio de este dictamen, para el efecto de que se vote nuestra proposición, en el sentido de que regrese a la comisión para que perfeccione e influya también en ella, el delito político cometido por los industriales cuando paran sus actividades en perjuicio de consumidores, de usuarios y colocan al Estado en la situación en que, supongo, está colocado en estos momentos.
Ni quiere atropellar a los industriales, ni quiere tampoco que la ley o el Estado mismo resulte atropellado a su vez por los propios industriales.
Creo que sólo en tanto que podamos calificar este delito e impedir que se vuelva a presentar en México, podremos lograr un poco de tranquilidad. Lo que aparece en la Iniciativa son pequeñeces. Bienvenidas las pequeñeces, para nosotros ese no es el problema fundamental, el problema fundamental es el que estoy señalando:
Estamos discutiendo una Iniciativa de sanciones contra quienes suspenden la producción.
Bueno, ahí tenemos ante los ojos un delito
objetivo y confeso. Si nosotros lo pasamos por alto, creo que volveremos otra vez a las variaciones líricas y a los oratorios en relación con motivo de la iniciativa presidencial.
No venimos a hacer lírica, ni a cantarle fechas al poder público, ni mucho menos al Sector Patronal. Venimos a exigir, en este caso, se incorpore el delito cometido por los comerciantes de Puebla, se tipifique por la Comisión y se incorpore en el dictamen.
(Aplausos.)
El C. Presidente: Aunque rogaría a la Secretaría para normar el criterio de la Asamblea antes da dar lectura al artículo 110 del Reglamento Interior.
El C. Daniel Mejía Colín (desde su cuculí): Pido la palabra.
El C. Presidente: ¿Con qué objeto?
El C. Daniel Mejía Colín: Solicito que también se lea el 109.
El C. Presidente: El 109 en su fracción V y el 110.
El C. secretario José Murat: "Artículo 109. Ninguna discusión se podrá suspender sino por estas causas: Primera. Por ser la hora en que el Reglamento fija para hacerlo a no ser que se prorrogue por acuerdo de la Cámara. Segunda.
Porque la Cámara acuerde dar preferencia a otro negocio de mayor urgencia o gravedad. Tercera. Por graves desordenes en la misma Cámara. Cuarta. Por falta de quórum la cual si es dudoso se comprobará pasando lista y es verdaderamente notoria bastará la simple declaración del Presidente. Quinta.
Por proposición suspensiva que presente alguno o algunos miembros de la Cámara y que ésta apruebe."
"Artículo 110. En el caso de moción suspensiva se leerá la proposición y sin otro requisito que oír a su autor si la quiere fundar y algún impugnador si lo hubiese. Se preguntará a la Cámara si se toma en consideración inmediatamente, en caso afirmativo se discutirá y votará en el acto, pudiendo hablar al efecto tres individuos en pro y tres en contra, pero si la resolución de la Cámara fuese negativa, la proposición se tendrá por desechada."
El C. Presidente: En consecuencia se concede el uso de la palabra al señor diputado Carlos Amaya Rivera para hablar en contra de la moción presentada.
El C. Carlos Amaya: Señor Presidente; Señores diputados:
En ocasiones anteriores hemos escuchado a los miembros de un determinado partido político tomar la palabra para referirse no a las cuestiones en debate sino al Partido Acción Nacional. Efectivamente el Partido Acción Nacional tiene una serie de principios que algunos diputados pueden parecerles cínicos.
Nosotros sí luchamos por el bien común y a nosotros eso no nos parece lírico Se han escuchado hace unos momentos conceptos muy similares a los que se oían hace alrededor de tres años, cuando el sistema, cuando el gobierno de ese momento acusaba a sus enemigos graciosamente, sin presentar más pruebas que el uso y el mal uso del término de fascista, no basta con decir que uno es fascista, es necesario comprobarlo, para nosotros los del Partido Acción Nacional que sí tenemos una ideología, que sí tenemos una serie de principios que nos permiten entender la economía, no es posible la serie de contradicciones que se escuchan tan seguido como las que acabamos de oír hace unos momentos, en donde un industrial amigo habla de que todos vamos a ser taqueros en México y que el producto nacional bruto aumento 5% o 6% más porque aumentaron las taquerías en México, esto es una falta de seriedad intelectual que no debe mencionarse en esta Tribuna, es necesario usar datos señor diputado. Para nosotros la situación de Puebla es muy compleja y muy preocupante y no llegamos a la simplicidad de considerar que los señores de Puebla, todo Puebla son delincuentes y que hay que meter a la cárcel a todo Puebla, nosotros requeriríamos saber qué está sucediendo y qué ha sucedido en Puebla, porque no fueron precisamente seis u ocho camiones y una o dos personas que hablaban en las aulas, necesitaríamos enterarnos de lo que ha sufrido la ciudadanía de Puebla que pidió que en alguna forma se pusiera coto a esa situación. El paro, señores, no es de los comerciantes de Puebla, aunque algunos periódicos pueden mencionarlo así, el paro es de Puebla, en donde están incluidos también diputados de Puebla. Es muy sencillo el mencionar algo sin dar los datos correctos y exactos. Para nosotros, lo que está sucediendo en Puebla es preocupante porque es un síntoma de una falta de decisión de un gobierno que no quiere hacer uso de su autoridad y que tiene a toda la ciudadanía molesta y preocupada al grado de que toman la decisión de realizar ese paro para demostrar, a nivel nacional, lo mucho que les preocupan los acontecimientos.
Así como se tomaron decisiones el año pasado en Ciudad Obregón, Sonora que fue donde se inició el paro de tractores, no en Monterrey; no fue en Monterrey señor diputado, fue en Ciudad Obregón, Sonora donde de tomó la decisión de hacer un paro ciudadano en donde los tractores eran solamente un símbolo para hacer saber al país que en esa región del país se estaba atacando al Sector Agrícola productivo, y tres años después estamos sufriendo los mexicanos esos ataques; tres años después estamos los diputados en esta Cámara tratando de legislar para encontrarle solución al problema de la escasez de alimentos, problema que fue creado más que nada por el gobierno anterior que desestabilizó, ese sí, des estabilizó el campo mexicano.
Aquí se ha mencionado que la OIT tiene prohibido el paro patronal. Para el PAN tampoco es esto un problema sencillo porque el paro ciudadano es al final de cuentas violento, un mecanismo que debe respetárseles a los ciudadanosnos para que hagan saber lo que les está preocupando en un momento dado.
No es tan sencillo, estamos en contra de esa proposición.
Muchas gracias.
El C. Presidente : Consulte la Secretaría a la Asamblea, si se admite o se desecha la
moción suspendida presentada por el señor diputado Elizondo.
El C. secretario José Murat: En votación económica, se pregunta si se acepta o se desecha la moción presentada por el ciudadano diputado Juan Manuel Elizondo. Los ciudadanos diputados que estén porque se acepte, favor de manifestarlo poniéndose de pie...
Aquellos diputados que estén porque se deseche, favor de manifestarlo poniéndose de pie...Desechada.
El C. Presidente: Desechada. En consecuencia se concede el uso de la palabra al diputado Luis Porte Petit a nombre de la Comisión, reanudándose la discusión del dictamen en lo general.
El C. Luis Porte Petit: Señor Presidente; Honorable Asamblea:
La Iniciativa del Ejecutivo Federal tiende a coadyuvar a la solución de los problemas económicos y a proteger a las clases populares de los fenómenos inflacionarios que padece el país. No es una acción única y aislada, es parte coherente de un programa de acción orientado al fortalecimiento de los procesos de producción, distribución y consumo de los bienes y servicios necesarios para nuestro sano crecimiento y bienestar social.
Es indiscutible el hecho de que la Alianza para la Producción ha logrado elevar la productividad y constituye un esfuerzo en el que estamos involucrados todos los mexicanos. Cada día son menos los que permanecen al margen de este esfuerzo y con satisfacción vemos próximas algunas metas que todavía no alcanzamos. En general México ha elevado su producción y ha aumentado su riqueza de bienes y servicios disponibles. Esto no es una novedad, pero nos sirve de aliento en lo mucho por hacer, por consolidar y por impulsar y reafirmar nuestra fe y seguridad en que saldremos adelante.
Una forma de aumentar nuestra riqueza es trabajar utilizando nuestros recursos racionalmente; la única manera de garantizar la tranquilidad y seguridad social e individual, es compartir esa riqueza. Es actuar con justicia y equidad, cumpliendo las formas de bienestar social y hacerlas llegar al mayor número de mexicanos.
Ciertamente somos capaces de producir, pero aún tenemos problemas en la distribución, por eso, adicionalmente a los programas de fortalecimiento de los procesos de producción, el Estado Mexicano ha realizado muchos otros de fortalecimiento a los procesos de distribución y consumo.
Consideramos la distribución y la comercialización como fases importantes del que hacer económico. Son un eslabón imprescindible que facilita la localización oportuna para la adquisición de los bienes y servicios en los lugares donde debe consumirse, establece sistemas de actividades para llevar desde los centros productores las mercancías, transportarlas, almacenaras y distribuirlas en los mercados; genera empleo e ingreso para miles de personas facilita el intercambio y desde luego agrega valor y aumenta la riqueza.
Nadie puede negar la importancia de esta actividad, así como tampoco se puede negar el derecho que tienen todos los que en ella participan a obtener beneficios y utilidades justas. Tampoco se puede negar el hecho de que el comercio al igual que otras actividades, debe recibir el apoyo del Estado para su correcto y sano desarrollo.
Por esta razón, el Estado Mexicano ha intervenido substancialmente brindando estímulos y canalizando recursos de que ha dispuesto, porque el comercio cuando es sano y honesto, cuando es justo en la obtención de sus beneficios y utilidades, no daña el ingreso del pueblo, más bien contribuye a corregir las deficiencias de los mercados, influyendo en la fijación de los precios, disminuyendo la escasez y fortalecimiento el poder de compra de los consumidores. Sin embargo, tanto el hecho de que seamos capaces de producir más como de que el Estado está dispuesto a fortalecer y consolidar las diferentes actividades económicas como el comercio, en ocasiones no sólo se ha desvirtuado totalmente, transformándolo en una actividad de rápido y fácil enriquecimiento de especulación, de lucro inmoderado y de explotación misma, sino que ha traído como consecuencia el deterioro de los ingresos familiares y la pobreza e insatisfacción de grandes sectores populares. Hay quienes en un afán sumamente egoísta y falto de solidaridad social pretenden convertirse en los modernos exponentes de un colonialismo interno que tiene como base la explotación y la ignorancia; hay quienes a través de la especulación, el remarcare de los precios y la intermediación coercitiva, han descubierto el "Paraíso Terrenal" en donde prolifera la fortuna rápida sin importarles las consecuencias sociales que provoca no pocas veces su inhumano proceder.
Esta nueva actitud de quienes abusan de las libertades de que gozan, tiene desde luego sus motivos y fines. Con sus excesos pretenden afianzar privilegios basados en el hambre y la miseria de millones de mexicanos; pretenden sabotear la Alianza para la Producción y convertirla en el instrumento de su enriquecimiento personal; pretender subordinar y eliminar a todos los comerciantes honestos cuyo alto sentido de solidaridad social los mantiene en actitudes de colaboración como el de mantener precios estables y mantener beneficios de utilidades justas y pretenden, por todos los medios, detener las acciones reivindicativas del Gobierno de la República que es históricamente el representante institucional de la voluntad del pueblos mexicano.
Reiterada mente se ha manifestado el deseo del régimen de ampliar las formas de participación y fortalecimiento de la libertad dentro del proceso evolutivo de nuestra democracia. A esta tarea estamos convocados todos los mexicanos, gobernantes y gobernados, que
hemos de aportar lo mejor de nosotros mismos para asegurarnos un sistema social cada vez más representativo y participativo.
Sabemos que no es posible hablar de libertad si no generamos continuamente nuevas alternativas y consolidamos las disponibles, como también sabemos que no puede hablarse de libertad cuando las carencias y las necesidades nos conducen al sojuzga miento, explotación y servidumbre. La libertad entraña autosuficiencia. Sin ésta, aquello se vuelve concepto y en el mejor de los casos un derecho. Lo fundamental de ser y estar en la libertad es volverla un hecho que todos realicemos cotidianamente.
No nos hemos constituido en una nación para asegurar la opulencia de unos cuantos y la pobreza de muchos. Ni la miseria ni la explotación, la injusticia y el abuso se consideran como hechos normales que tengamos que soportar.
Ante estos hechos y sus consecuencias no podemos permanecer callados. La indiferencia no cabe en nuestras intenciones y menos en nuestras acciones.Dentro de ese programa de acción del Estado Mexicano al mismo tiempo que considera estímulos y apoyos para los que con la mejor intención quieren contribuir con sus esfuerzos y buena voluntad, también establece sanciones para todos aquellos que afectan, dañan los procesos de producción y comercialización de bienes y servicios, básicos para el consumo de los grandes núcleos de población.
Diversos ordenamientos se han modificado, otros se han creado y sin duda alguna más se preparan para normar estas actividades, sancionar a todos los que causen serios perjuicios a la economía popular.
En esta ocasión, tratamos en referencia las adiciones y reformas al Código Penal, independientemente de la aplicación de otras leyes. Es imprescindible tratar penalmente las conductas que hacen del acaparamiento, ocultación, injustificada negativa de ventas, un negocio redituable. De la misma manera se deben sancionar todas aquellas conductas delictivas que entorpecen deliberadamente los procesos de producción y libre competencia, o aquellas que se concretan en la venta de productos con lucro inmoderado. Si todos estos hechos delictivos causan daños irreparables para miles y tal vez millones de mexicanos, lo menos que podemos hacer es legislar para frenarlos. La conducta delictiva de algunos sujetos sin conciencia social, está lesionando la libertad de muchos y no sólo eso, a través de su ilícito enriquecimiento, sojuzgan, explotan y mantienen en situaciones paupérrimas a miles de familias mexicanas.
Hay cadenas que no se ven y denigran la dignidad del hombre. Rompámoslas.Estos modernos exponentes del colonialismo entero, desvirtúan una actividad trascendente y establecen no sólo el comercio que solicita el país, sino su comercio, el que más les favorece; generan riqueza y opulencia de la cual sólo ellos disfrutan a costa del sufrimiento y la desesperanza de muchos mexicanos; establecen mecanismos de desarrollo y consolidación de sus personales intereses a través de préstamos leoninos, de acaparamiento e intermediación coercitivos y de reventas cuyas ganancias son fabulosas; desplazan y aniquilan a honrados productos y comerciantes y, en pocas palabras, tienen un sistema de dominación y colonialismo interno que, en circunstancias inflacionarias del país, hacen de sus "modus vivendi" un emporio de beneficios y ganancias insospechadas.
No olvidemos que generalmente la riqueza mal habida es la pobreza acumulada de muchos.
Ahora bien, esta reforma no es la panacea, es un mecanismo legal para sancionar a quienes vulneran normas de convivencia social que operan dentro de todo un marco jurídico y que debemos de aprobar.
Hay otros planteamientos del Ejecutivo que se estudian en otras Comisiones como la de Comercio. No queremos señalar que con esta reforma vayamos a resolver todos los problemas, es un instrumento más dentro de todo un marco jurídico.
La sociedad es dinámica y el derecho debe serlo también, yo quisiera que los planteamientos que se hagan se concreticen en iniciativas de ley, hemos venido trabajando en la Comisión de Justicia con la presencia de la mayoría de los partidos que firmaron este documento. Qué bueno y qué oportuno hubiera sido, porque es lo que queremos, oír la voz de todos, que en su oportunidad hubieran hecho otros planteamientos, pero quiero decirles que el derecho es dinámico, el campo está abierto y estamos aquí para legislar. Si las normas de hoy son inoperantes, mañana estaremos legislando nuevamente, pero no podemos detenernos en este proceso, cuando una medida de carácter de esta naturaleza, una iniciativa presidencial puede ayudarnos a resolver de inmediato muchos problemas. Si mañana es obsoleta, mañana la reformamos.
El mal en cuestión tiene una raíz más profunda, es falta de solidaridad y responsabilidad por ello, debemos, a través del derecho, crear el clima adecuado para que en la libertad, en el trabajo, en el respeto a los demás, formemos la nación grande y justa que aspiramos ser en un país como el nuestro, que vive y practica la democracia; es indispensable tomar conciencia de nuestros derechos y nuestras obligaciones; formamos una sociedad que crecerá sana en la medida que todos participemos y sólo se fortalecerá con la acción ciudadana.
En el campo del derecho penal tenemos instituciones de buena fe que representan el interés social como lo es el Ministerio Público, ello es una garantía de los derechos ciudadanos, sin embargo, no basta que el Poder Legislativo haga buenas leyes, es necesario que se cumplan, el ciudadano debe hacer a un lado la indolencia y denunciar los hechos delictivos, utilizar los cauces legales y exigir su cumplimiento; no nos ahorremos molestias cuando se trate de engrandecer a México, cuando con
el ejemplo demos una lección de civismo a nuestros hijos, no demos la espalda a la administración de justicia, dejemos el anonimato de la crítica destructiva y emprendamos el camino de la Ley, hagamos las denuncias y aportemos pruebas, coadyuvemos con el Ministerio Público y no permitamos arbitrariedades sean de autoridades o particulares.
El derecho nace junto con la sociedad y ésta muere cuando muere el derecho.
El único precio que habremos de pagar será un poco de nuestro tiempo. Si otros dieron su vida por alcanzar la libertad y la justicia , iniciemos la jornada, demos parte de nuestro tiempo y merezcamos la justicia.
En esta materia no está sólo en juego de por medio el patrimonio del pueblo, está en juego el respeto a la ley, a nosotros mismos y a nuestra comunidad nacional. Se ha dicho que esta iniciativa no contempla algunos aspectos. Tal vez por la rapidez de la lectura no se hayan percatado de lo que establece el inciso d) de la fracción primera del Artículo 253 que en lo conducente dice:
"La suspensión a la producción, procesamiento, distribución, oferta o venta de mercancías o de la prestación de servicios que efectúen los industriales, comerciantes, productores, empresarios o prestadores de servicios con el objeto de tener una alza en los precios o se afecte el abasto de los consumidores."
Cualquier conducta de esta naturaleza, con este nuevo precepto que contiene la iniciativa, como los que se han comentado, quedaría comprendida. Por eso pedimos a esta Asamblea que esta iniciativa presidencial, que es realista, que corresponde a una realidad social, a un clamor popular, sea apoyada, sea aprobada y que en respuesta el pueblo de México, los diputados, los partidos, hagan todas las denuncias que a su juicio procedan, porque en un país como el nuestro, de libertad y de democracia, la responsabilidad es de todos, no sólo del Gobierno; la ley nos da las pautas, nos da los cauces, así es que, compañeros, después de haber transitado dentro de la libertad política y económica y que hace un mecanismo más difícil pero que nos lleva con firmeza a alcanzar nuestras metas y la historia lo prueba, ante esta Iniciativa, ante este llamado presidencial, la responsabilidad es de todos, ustedes tienen la palabra.
(Aplausos.)
El C. Presidente: Tiene la palabra el ciudadano diputado Arturo Romo Gutiérrez.
El C. Arturo Romo Gutiérrez: compañeras y compañeros diputados:
Los compañeros integrantes de la diputación obrera hemos solicitado hacer uso de la palabra para puntualizar algunos conceptos que nos parecen fundamentales para clarificar el rumbo de nuestra política económica a que aquí se ha hecho alusión y en especial para dejar sentadas algunas tesis para nosotros importantes, en materia de política de precios cuya vinculación con la iniciativa a discusión, está fuera de duda.
Desde que allá en el año de 1973 se agudizó el proceso inflacionario, el movimiento obrero organizado juzgó conveniente plantear al Ejecutivo de la República un conjunto de medidas dedicadas a la superación de la estructura del problema y a la satisfacción de algunas de sus aristas más relevantes en la época. Así fue como surgió una institución fundamental para la protección de los consumidores nacionales: la Ley Federal de Protección al Consumidor. Esta ley marcó un hito para un sistema que, como efectivamente se ha dicho aquí, estaba empeñado en arrebatar por la vía de la inflación, del encarecimiento artificial de los productos, las mejoras económicas obtenidas por los trabajadores y otros sectores de ingresos fijos al través de sus instrumentos de lucha.
Pero no fue sólo la Ley de Protección al Consumidor. Yo quiero aquí ser extremadamente preciso.
El señor Presidente de la República no es un ingenuo;el señor Presidente de la República ha sido claro en lo que quiere respecto del problema que nos ocupa.
No exageremos la importancia de esta Iniciativa de Ley, pero tampoco menospreciemos los indudables esfuerzos en la materia que está realizando el régimen de la República.
Dijo el Presidente en su Tercer Informe de Gobierno al anunciar que enviaría a esta Soberanía la Iniciativa a discusión, que de ninguna manera, y de ello estamos plenamente conscientes, es lo ideal controlar los procesos comerciales con el Código Penal.
"Nuestra acción no está dirigida- dijo el Presidente- contra los comerciantes sino contra los agiotistas, los acaparadores, los traficantes parásitos que se enriquecen hasta ahora impunemente con la miseria del pueblo y con los esfuerzos que hace el Gobierno para remediarla."
Aquí está de manera concreta, precisado el alcance que el Presidente de la República le concede a esta Iniciativa de Ley.
El problema es de índole estructural y como tal tenemos que contemplarlo.Tiene que ver, en efecto con el sistema de la producción; tiene que ver con los modos y las modas y las relaciones de producción; tiene que ver con las formas sociales de distribución del ingreso; tiene que ver con la distribución de las mercancías; tiene que ver con la comercialización de las mismas; tiene que ver con la política de precios y la política de salarios, incluida en estos por supuesto la política de subsidios al consumo; tiene que ver también con la superestructura administrativa en la forma en que ésta responde o no a los requerimientos estratégicos planteados por la política económica del Presidente.
Es en esta amplitud donde nosotros efectivamente debemos contemplar el problema que nos ocupa.
¿Cuáles son las medidas que en concreto está poniendo en práctica el Presidente de la República dirigidas a la estructura?
La primera de ellas a la producción. Estemos de acuerdo o no con el método, técnicamente puede ser correcta esta solución. La celebración de convenios con determinados sectores de la Iniciativa Privada para elevar la producción; el apoyo por medio de asistencia técnica de crédito oportuno, de planteamiento de estrategias administrativas a la producción agropecuaria, y es en este sentido que debemos reconocer como un gran acierto de esta política el hecho de que por primera vez en muchos años la producción agropecuaria ha excedido en crecimiento al 5.5%.
El transporte es también uno de los más importantes cuellos de botella que impiden el desarrollo de una política de mayor profundidad y aquí el gobierno de la República está poniendo en marcha toda una estrategia de reestructuración sobre todo de los transportes ferrocarriles, la construcción de terminales y de estaciones para pasajeros, y junto con esto la multiplicación de un conjunto de bodegas que permitirán -ya van, me parece, arriba de seis mil, 70 por ciento, propiedad del Gobierno Federal -captar en el mismo sitio donde se producen los productos, comercializarlos por el Estado y llevarlos directamente para el abastecimiento popular y, por último, hay una importante política de subsidios al consumo que si bien pueden acusar en determinadas circunstancias algunas deficiencias en materia económica, sin embargo, sí reflejan el propósito del Ejecutivo de atender prioritariamente el consumo de las clases necesitadas. Y aquí tenemos el azúcar y tenemos el maíz, el arroz pulido y algunos otros productos esenciales para la satisfacción de las necesidades fundamentales de nuestro país.
Es cierto, así contemplamos nosotros, a pesar de las medidas de estructura, a pesar de los propósitos de concentrar las atribuciones administrativas en áreas de responsabilidad, el problema aún es insoluble por lo menos en sus aristas más importantes.
¿Qué es entonces lo que está ocurriendo? ¿Cuál es nuestro papel como legisladores responsables para coadyuvar al cambio, al mejoramiento a la superación de dicha estrategia económica?
Aquí se ha mencionado que es necesario cambiar de política económica.
Estamos de acuerdo pero en rigor, ¿qué política económica no cambia por sí misma? Si no cambia deja de ser política económica. Lo importante es saber en qué sentido queremos que cambie la política económica. ¿Cuáles son los interés prioritarios que debe tutelar el gobierno de la Revolución para dar satisfacción concreta a las necesidades de consumo básico de la población, a los requerimientos y reclamos de afirmar nuestra soberanía y autonomía nacional, de consolidar nuestra independencia económica?
Este es el problema.
Hemos pedido hacer el uso de la palabra, en primer lugar, para que no se pierda el esfuerzo loable, legítimo que en esta materia ejemplar mente está realizando el Gobierno de la República, pero también para que entendamos el llamado del Presidente de la República. ¿Qué es lo que él nos dijo en su Tercer Informe de Gobierno?
Vamos a tomar esas banderas, él explicó como una de las causas de estructura el hecho de que el Gobierno, el Estado Mexicano, a pesar de que las facultades constitucionales están plenas, no interviene en el proceso de la producción.
Esto es, el proceso de la producción y por consiguiente el abastecimiento de artículos de consumo se encuentra en manos frecuentemente ajenas a los intereses del pueblo, ahí es donde tenemos que encaminar nuestros esfuerzos.
Por eso el planteamiento que hemos formulando, compañeros diputados, los miembros representantes del Sector Obrero, no sólo en nuestro programa de acción legislativo publicado apenas ayer sino que hemos sostenido a lo largo de todo un proceso que ha seguido paso a paso el camino para su realización.
Es precisamente el planteamiento estratégico de que es necesario invertir la tendencia de acumulación del capital en favor del Estado y del sector social de la economía, y esto quiere decir que nosotros concedemos al Estado Mexicano la facultad constitucional de representar los intereses del pueblo mexicano, de regular las fuerzas productivas y de re distribuir con justicia la riqueza y el ingreso nacionales.
Y ésta, que es una conquista de la Revolución de México, tenemos que reivindicarla en esta ocasión para plantear correctamente nuestras estrategias ¿Qué ocurriría, compañeras y compañeros diputados, si en una interpretación quizás mecánica respecto de la naturaleza del Estado nosotros lo responsabilizamos exclusivamente de la crisis que agobia todavía en algunos aspectos a nuestro país? Que estaríamos aislando a esta entidad importante para conducir los destinos del país y que la estaríamos dejando a merced de las presiones del gran capital monopólico interno y externo, al contrario, tenemos que fortalecer la alianza con el Estado revolucionario de México y plantear con éste las estrategias propicias para el cambio de la política económica en el sentido que interesa y conviene a las mayorías y éste es el propósito precisamente de los diputados del Sector Obrero.
Hay muchas cuestiones en materia, por ejemplo, de política de precios que se podrían argumentar, en primer término como lo dijimos, es un problema de estructura, es cierto, vamos a buscar entonces soluciones dirigidas a la estructura; hace ya tiempo que tenemos el propósito y es oportuno plantearlo hoy, de elevar a la consideración de esta Honorable Asamblea un conjunto de iniciativas de ley, entre ellas y como consecuencia de los planteamientos que hemos formulando en nuestro plan de trabajo legislativo, se encuentra precisamente la expedición de nuevas leyes, ante ellas una nueva Ley Federal del Consumidor, pero esta nueva ley, acompañada, como lo
dije, de las medidas de estructura, necesitamos y aquí se plantea que el Estado participe en la producción de alimentos, que lo haga conjuntamente con los campesinos, que lo haga con los obreros, que se establezcan mecanismos eficaces para la comercialización social de los productos y si es preciso convertir a la comercialización de ciertos productos básicos para la población en un monopolio del Estado, nosotros estaríamos de acuerdo con esa propuesta. La formularíamos incluso. Y junto con el establecimiento de tales mecanismos valdría la pena también plantear aquí la necesidad de que el Estado Mexicano reivindique para su control exclusivo el manejo de todo el proceso productivo de comercialización y distribución de algunas áreas importantes de la economía directamente vinculadas con la satisfacción de las necesidades básicas de la población y con la necesidad de afirmar nuestra soberanía e independencia económica; me refiero concretamente a la industria alimenticia, a la químico-farmacéutica, a la textil y a la de la construcción. Así está planteado, compañeros, en nuestro programa, y nos ha parecido conveniente puntualizar esta situación.
Junto con esta idea es preciso que estas industrias así reivindicadas para el Estado, se sometan a un verdadero sistema de planeación, pero un sistema de planeación democrático, en el que se incorpore la participación de las fuerzas fundamentales de la sociedad y donde se excluya, hasta donde sea posible, a quienes hasta hoy siguen detentando el poder económico e influenciado de manera determinante el poder político.
Claro, nosotros sabemos cuales son los instrumentos; pueden ser discutibles pero estamos abiertos a que se discutan.
Desde luego rechazamos de manera categórica, aunque estemos de acuerdo con el principio, el método que aunque no se dice se sugiere para concretar dicho objetivo. Se ha dicho, por ejemplo, nosotros postulamos la propiedad de las empresas para los trabajadores, pero no se dice cómo se postula, cómo se concretaría tal objetivo. Nosotros lo sabemos, por el camino de la caridad, por el camino de la armonía, por el camino del convencimiento y la persuasión cristiana; nosotros no estamos en ningún sentido de acuerdo en que, bajo estos subterfugios teóricos, tienen su fundamento, no son líricos,son teóricos, se pretenda desplazar de la historia a la lucha de clases como motor fundamental de ella y por ese camino vamos a seguir, compañeros.
Yo los exhorto a que estos puntos de vista que aquí se han expresado, aquellos que tienen vinculación con el tema a discusión contenidos en el planteamiento formulando por los trabajadores, legisladores hoy, sean contemplados fundamentalmente por las Comisiones que en este momento realizan estudios exhaustivos en la materia de política de precios y los incorporen en lo conducente e invitamos de manera muy cordial, a todas las fuerzas democráticas, representadas en esta Cámara; en primer término, a nuestros compañeros campesinos, a nuestros compañeros del Sector Popular y a quienes se ha expresado al principio, a que retomen los puntos sustanciales de esta discusión, a que los incorporen a su táctica de lucha y a que juntos demos un jalón histórico para cerrar el paso el creciente poder de las fuerzas oligárquicas representantes del capital monopólico interno y externo y hagamos avanzar las mejores tesis de la revolución social de México.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: Señor diputado Gazcón, para hechos se le conceden 5 minutos.
El C. Alejandro Gazcón Mercado: Ciudadanos diputados:
En México se ha elevado la producción. Nosotros deseamos que se eleve más; mucho más. Para nosotros el problema es el reparto de lo producido. Esto es lo que estamos discutiendo ahora y es claro que no es con esta iniciativa que hoy se discute, como se puede cambiar substancialmente el reparto de la riqueza en México.
En su oportunidad habrá otras iniciativas de ley que examinaremos, que se relacionan a la reforma fiscal. Cuando examinemos la Cuenta Pública, para ver qué destino y qué orientación deben tener las inversiones del Estado a fin de solucionar los grandes problemas de nuestro pueblo.
Nosotros pensamos que para resolver los problemas de la especulación de algunos comerciantes voraces, empresarios que suspendan la producción arbitrariamente, esta iniciativa de ley sí da los recursos necesarios para evitarlo.
Lo que es muy importante dejar claro y no sólo estamos aquí hablando de cuestiones de orden jurídico, sino de lo que se desprende desde el punto de vista político de estas argumentaciones jurídicas, que el Estado Mexicano debe modificar su orientación política-económica.
Las empresas del Estado no deben seguir subsidiando a los industriales de este país, deben orientar todos sus recursos para en todo caso entregar las posibilidades de que el pueblo pueda resolver sus problemas.
Cuando la Comisión Federal de Electricidad ha dejado de cobrar a los industriales de Monterrey cuatro años, como se dijo hace algún tiempo, por sus servicios se está cometiendo una injusticia en contra del pueblo de México. Son miles de millones de pesos con los que se subsidia a los industriales privados y no sólo mexicanos, sino directa o indirectamente a los extranjeros y esta política tiene que variar.
Nosotros en su oportunidad presentaremos, ya de manera estructural, nuestras opiniones ante la Cámara, pero es claro que desde hoy tenemos que insistir en cuanta ocasión se discuta algún aspecto de la política económica del país, sobre cuáles deben ser los objetivos que deben cumplir las empresas del Estado, porque hablar del Estado como algo que no cambia; como algo que no garantice plenamente la orientación de una política en favor
del pueblo, me parece que esto no sería justo, porque el Estado tiene intereses concretos y lo que nosotros demandamos es que el Estado actual de México sirva a los intereses del pueblo de México y abandone la protección extraordinaria que se ha dado a la Iniciativa Privada y a los grandes especuladores de este país y no cabe duda que muchos de los que están en el Gobierno forman parte de estos grandes industriales o grandes hombres de negocios que no están preocupados exactamente por lo que le pasa a la clase obrera y a los campesinos del país.
Nosotros estamos de acuerdo en la Alianza para la Producción. Sí, pero que el Presidente y el Gobierno en su conjunto hagan la Alianza para la Producción con los obreros y los campesinos de México, porque en última instancia son ellos los que producen, no son los que ganan más de un ciento por ciento en sus negocios y para empezar con la alianza para la producción, lo primero que habría que hacer es quitarle el tope a los salarios; claro que esto no depende sólo de López Portillo ni depende sólo del Gobierno, depende de la clase obrera fundamentalmente y del pueblo, por eso nosotros estamos planteando esta necesidad no como una solicitud romántica hacia el aparato del Estado, sino como un llamamiento a todos los hombres revolucionarios y progresistas demócratas de este país, para cambiar la correlación de fuerzas que se da en México.
Hay un trato distinto de parte del Gobierno a los obreros respecto de los empresarios muchas veces. Ahora, con motivo de lo de Puebla, podríamos nosotros decir que el Gobierno debiera intervenir rápidamente para poner en paz a los empresarios ante esta actitud reaccionaria, porque en el fondo se esconde la defensa de los intereses de la clase trabajadora que se inició con un problema obrero-patronal y si ellos tienen capacidad de movilizarse, creo que el pueblo de México ha mostrado que tiene mucho mayor capacidad que esta minoría para movilizarse e imponer sus decisiones, porque no cabe duda que el pueblo de México ha respondido siempre al Gobierno cuando el Gobierno ha estado defendiendo los intereses del pueblo.
Aquella movilización que Cárdenas promovió para expropiar el petróleo, que no tiene precedente, se puede repetir en cualquier momento, sobre todo ahora que ya la mayoría, la enorme mayoría de esta Cámara somos de izquierda, según se ha expresado en recientes eventos.
Ya todos somos de izquierda, ya no hay problema. La cuestión es instrumentar nuestro trabajo juntos. Hay algunas expresiones aquí dichas por diputados de la mayoría que nosotros compartimos. Lo que necesitamos hacer es llevarlas a la práctica, porque si bien es cierto que durante un período largo tenemos que pensar, analizar, estructurar, organizarnos, han pasado ya muchos años y creo que llegó el momento de tomar medidas de otro tipo.
A veces cuando se dicen en esta tribuna en nombre de la mayoría algunas condensaciones hacia los explotadores de este pueblo, si un extranjero las escuchara, diría "en México cambiará la realidad que se está viviendo".
Nosotros necesitamos abandonar la marcha de la política para entrar a actuar de manera muy concreta y muy precisa.
Todos estamos pensando en que nuestro país debe ser un país libre, en que los mexicanos deben ser libres, pero la libertad se sustenta sobre bases económicas. No puede ser libre un prisionero de la miseria; no puede ser libre un hombre que no tiene siquiera para comer. En México, los que son absolutamente libres son los millonarios, quienes están aprovechando las riquezas de nuestra tierra, de nuestros recursos, ellos sí tienen libertad.
Nadie nos prohibe viajar al extranjero, pero la mayoría del pueblo no puede viajar al extranjero porque no puede ejercer esa libertad por falta de dinero.
Nadie le prohíbe a nadie en México comprar almacenes de comida, pero no tienen la posibilidad de ejercer esa libertad. Nadie les prohibe comprar vestidos, zapatos, pero no pueden ejercer esa libertad. En México, la libertad está sujeta a las estadísticas claras, muy precisas de cuánto ingresa a cada hogar mexicano, de cuanto se está especulando por una minoría y eso es lo que nosotros venimos aquí a combatir. Nacionalizar los recursos de México, sí, pero nacionalizarlos y también estructurar una forma de que se garantice de que estos recursos nacionalizados van a servir al pueblo de México y en las empresas del Estado, que son empresas de la nación, se dé participación a la clase trabajadora y a quienes están directamente vinculados en ello, para vigilar la aplicación correcta de una política que sirva a la colectividad de nuestro país y no a una minoría. En última instancia, es un problema de término.
Al Estado Mexicano pueden desestabilizarlo depende de qué actitud asuma el Gobierno. Nosotros no podemos defender "a priori" las instituciones en abstracto. Ahora ya llegó el momento de concretizar las cosas, a quién se sirve, y ahí entonces nos ubicamos todos. Si se sirve a los intereses del pueblo, en la práctica diaria, en una actitud cerrada como debiera ser frente a los grandes peligros que corre este país, frente a la gran crisis que se da en este país, allí estaremos muchos mexicanos y depende del Gobierno quiénes se ubiquen a su lado.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: Consulte la Secretaría si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.
El C. secretario José Murat: En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el dictamen en lo general.
Los que estén por la afirmativa, ponerse de pie. Suficientemente discutido.
En consecuencia, se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general.
-El C. secretario Ismael Orozco Loreto:
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
-El C. secretario Ismael Orozco Loreto:
Señor Presidente, se emitieron 259 votos en pro y 8 en contra.
El C. Presidente: Aprobado en lo general por 259 votos.
-El C. secretario Ismael Orozco Loreto:
Está a discusión en lo particular el proyecto de Decreto. Los ciudadanos diputados que deseen impugnar algún artículo, sírvanse reservarlo.
El C. Presidente: Se abre el registro de oradores.
Tiene la palabra el ciudadano diputado Rafael Alonso y Prieto.
-EL C. Rafael Alonso y Prieto: Señores diputados:
Por temperamento y por formación profesional soy no solamente inmune sino alérgico a las diarreas verbales, de tal manera que me voy a limitar a discutir estrictamente el punto a discusión para el que me he inscrito.
El cambio en el enunciado general del Artículo 253 consiste en una modificación de las sanciones impuestas para las figuras delictivas enunciadas en el texto de la ley. El cambio tiene dos manifestaciones, un aumento de las sanciones pecuniarias, que no es sino un ajuste más o menos razonable al proceso de la inflación y una modificación en las sanciones estrictamente penales, es decir, en las que consisten en la privación de la libertad.
En esta última el efecto de la modificación que se propone en el proyecto y en el dictamen es doble, por un lado se eleva la sanción mínima, observemos que no se eleva la sanción máxima. Esto tiene como consecuencia y eso es probablemente el efecto buscado, impedir la libertad caucional para las personas acusadas de estos delitos. Quiero hacer constar, aunque esto forme parte de nuestro sistema, que a mí personalmente la prisión preventiva me parece una soberana injusticia, eso de aprehender a una persona, meterla a la cárcel, mantenerla varios meses, absolverla después y dejarla ir con un usted dispense, insubordina mi sentido básico de justicia, pero en finesa es la situación, entonces el efecto será impedir la libertad caucional, la sanción tendrá como consecuencia que las personas acusadas de estos delitos no podrán obtener la libertad caucional.
Ahora bien, yo creo que la finalidad óptima y última de una ley es inhibir la acción delictiva que se está contemplando a través de la sanción, la finalidad no tiene que ser ni puede ser imponer sanciones y castigos a diestra y siniestra; una ley penal ideal sería una ley que por su propia estructura inhibiera de tal manera la acción penal que nunca hubiera necesidad de hacer una sola consignación. Esta inhibición de la acción penal es para mí una esencia fundamental en todos los propósitos penales y de las sanciones; no soy de los que creen que las leyes penales y las sanciones deban ser para dar vía de desahogo a las reacciones neuróticas y a las venganzas psicóticas de quienes padecen paranoia crónica. Sin embargo, para que el efecto inhibido de una sanción penal funcione, se requiere que reúna dos condiciones extremas: la primera, que no se da en este caso, es que la sanción no sea tan leve que carezca de efecto significativo; en algunos casos de las sanciones pecuniarias que todavía existen en algunas leyes y que han quedado obsoletas por el fenómeno inflacionario, esa es la situación actual, la sanción es tan pequeña que no es inhibida de la acción delictiva contemplada, pero se requiere que la sanción no sea tan grave, tan draconiana, que haga suponer fundamente que nunca será aplicada o que el delito no será perseguido.Cuando las amenazas son tan grandes, tan fuertes, que se sabe que no van a ser aplicadas, el efecto inhibido también se nulifica. Es como la situación de la mamá que furiosa regaña al hijo y lo amenaza con que si sigues haciendo tal cosa te mato a palos. El hijo se ríe; no lo va a matar a palos.
Probablemente sería más efectivo si lo amenaza con suprimirle la salida del domingo.
En estas condiciones es en las que yo no estoy satisfecho de que el cambio vaya a tener efectos prácticos. A pesar de haber votado en contra en lo general, la ley, está aprobada por la Cámara y la acepto porque yo discuto mucho porque soy muy disciplinado. Está aprobada, pero debemos buscar la efectividad de la acción y para mí ese exceso en la sanción me temo mucho que va a producir la in efectividad práctica de la sanción. ¿Porqué? Porque he vivido en la realidad, porque sé cuando las sanciones y las amenazas son muy fuertes, excesivamente fuertes en el sentir popular, se despierta simpatía popular hacia los presuntos delincuentes; porque sé que cuando esta situación existe, surge una renuencia consciente o inconsciente de los propios miembros encargados de aplicar la ley para hacer la aplicación y porque sé también, por la observación de la vida práctica, que un exceso en las sanciones amenazadas fomenta extraordinariamente las ocasiones de corrupción en el sistema de ejecución de las sanciones.
En tales condiciones considero que este paso va a producir una ineficacia práctica en las aplicaciones, tanto más cuanto que nuestra historia en este aspecto, como ya se expresó aquí, es que en los casos en que ya existía -y va aquí existía sanciones- no existe experiencia histórica, por lo menos en grado suficiente de que haya habido consignaciones y mucho menos de que haya habido sentencias.
¿Por qué la actitud del Ministerio Público?
Corrupción, complicidad, no lo sé, pero ese es el hecho. Si vamos a dar una arma señores, vamos a dar una arma que sea efectiva, no los gritos despavoridos de: Te mato a palos. (Aplausos.)
Como consecuencia me permito presentar oficialmente por escrito, de acuerdo con el artículo 124 del Reglamento, una reducción alternativa que fundamentalmente consiste en modificar el que se diga en vez de "de 2 a 9 años...",se diga:"...de 1a 9 ...¨",años estableciendo la posibilidad de la libertad caucional.
El C. Presidente: Muchas gracias, señor diputado.
Tiene la palabra primero por las Comisiones el Diputado David Jiménez y después lo pondremos a votación.
El C. David Jiménez: Señor Presidente:
Honorable Cámara de Diputados:
Se ha planteado aquí la severidad de la sanción que establece desde luego el proyecto y el Dictamen de la Comisión de Justicia. Ya se ha discutido la situación real que padece el pueblo de México, debido al acaparamiento, al ocultamiento y a todo tipo de maniobras, tanto de personas físicas como de personas morales, que tratan de obtener una alza en los precios de los productos necesarios o de consumo necesario y desde luego, también en algunos de los casos, obtener un muy justo precio, Si al compañero diputado le aflige mucho la severidad de la sanción, debemos de ser congruentes a lo que dice la propia Constitución en su Artículo 28, en donde la expresión es tan clara, tan diáfana que no deja lugar a dudas a ninguno de nosotros para establecer dentro del proyecto del dictamen, de dos a nueve años de prisión.
La Constitución dice:
"La ley castigará severamente y las autoridades perseguirán con eficacia esos actos".
Estos actos de estas personas físicas o morales, nos lleva razonablemente al terreno punitivo o por lo menos, nada nos impide situarnos en la zona jurídica que se caracteriza precisamente por la severidad de los castigos y la eficacia de la persecución. Al hacerlo así, estamos llevando a la esfera penal los actos de los sujetos físicos, de las sociedades, de las corporaciones o empresas que dañan a la economía pública; de amplia satisfacción por consiguiente, a un principio consignado en un precepto constitucional.
Pensamos pues, que estas personas que están lucrando con la angustia y las necesidades del pueblo de México, no se les puede permitir de ninguna manera, que lleguen a enriquecerse a costa de nuestras propias necesidades.
No estamos de ninguna manera de acuerdo, en que se rebaje la sanción; en que se rebaje la pena. Tenemos conocimiento de que grandes empresas, grandes industriales, llegan y se ponen de acuerdo para ocultar los artículos de primera necesidad ¿con que objeto?, para obtener una alza inmoderada en el precio de los artículos; para obtener un lucro indebido.
Nosotros que representamos al pueblo de México, nosotros estamos aquí en esta Cámara de Diputados discutiendo aquellas leyes que van a garantizar la economía también del pueblo, no podemos dejar inadvertido que por medio de pequeñas sanciones, vayamos nosotros a decirle al industrial o al empresario que por favor corrijan su actitud, que nada más esto va siendo un paliativo para que en futuras ocasiones no lleguen a cometer el mismo delito.
Señores:
Con sanciones duras, con sanciones que sean ejemplares solamente podemos detener la voracidad de todos estos grupos minoritarios que llegan a enriquecerse a costa de las necesidades del pueblo de México.
Estamos totalmente de acuerdo con la Iniciativa del señor Presidente de la República y estamos también conscientes de la responsabilidad que se tuvo en la Comisión de Justicia para que la penalidad fuera de 2 a 9 años para que no puedan tener libertad caucional los sujetos que lleguen a encuadrarse dentro de este tipo de delitos.
Por último quiero decir a ustedes que esta severidad a la que el compañero diputado dice que es extrema, viene siendo como lo anunciaba ya el señor Presidente de la República, debido a que con la anterior sanción, con la anterior penalidad, con la que actualmente tiene vigencia en el Código Penal actual, se siguen cometiendo todo este tipo de actos y de acciones, por eso la severidad que nosotros hemos puesto en este proyecto de Dictamen espera prevenirnos desde el primer momento, desde esta vez, que aquellos que lleguen en un momento dado a especular con las necesidades del pueblo, no multas, independientemente que se les aplicarán, pero principalmente cárcel; cárcel a los hambreadores del pueblo de México (Aplausos.)
El C. Fernando de Jesús Canales: Pido la palabra señor Presidente, para un enunciado.
El C. Presidente: Cuando usted dijo enunciado ¿se refería al mismo asunto, señor diputado?
El C. Fernando de Jesús Canales: Sí, señor.
El C. Presidente: se le ruega pasar a la Tribuna.
El C. Fernando de Jesús Canales: Señor Presidente;
Honorable Cámara de Diputados:
En debates anteriores se sentó el precedente de formular interpelaciones personales, precisamente en un caso de una intervención del que habla. Con base en ese precedente hago una interpelación personal al diputado que me antecedió en el uso de la palabra.
Dice él que en defensa del pueblo de México estamos aquí para aumentar las penas, que él conoce un número importante de empresas y de personas físicas que defraudan al pueblo encareciendo sus productos. Señor diputado, ese delito ya está establecido en el actual código penal. ¿Por qué si usted se ostenta como defensor del pueblo no presentó la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público para que de acuerdo con los procedimientos penales se ejercitara la acción penal?
¿Me permite, señor Presidente, esta interpelación personal?
El C. Presidente: Procede conocer inicialmente su proposición concreta, señor diputado.
El C. Fernando de Jesús Canales: En caso de no obtener una respuesta concreta a esta interpelación personal quedará manifestada la mentira manifestada por el diputado anterior.
El C. David Jiménez González: Quisiera preguntarle, al señor diputado de Acción Nacional si es una mentira que cuando una vez que el Gobierno Federal autorizó el aumento del huevo aparecieron por todos lados los huevos.
Quisiera preguntarle al señor diputado si está consciente de esa situación real que sucedió hace unos cuantos días aquí en el país, no solamente en la ciudad de México.
El C. Presidente: Prosiga el señor diputado.
- El C. Fernando de Jesús Canales Clariond:
Se ha hecho referencia, por otra parte, en muchas ocasiones, al caso de Puebla.
Yo también condeno los hechos acaecidos en Puebla, pero no los del día de ayer. Los del día de ayer los aplaudo porque son una manifestación que el pueblo de México no está dormido; que todavía... tiene energía para repulsar...
El C. Presidente: Señor diputado, estamos discutiendo en lo particular el artículo 253, que fue reservado por el señor diputado Canales, se le ruega expresar su proposición concreta.
El C. Fernando de Jesús Canales: (continúa) De manera que ese pueblo se manifestó ayer en un repudio a aquellos que tratan realmente de desestabilizar al régimen. Y yo sé quiénes son, todos sabemos quiénes son y, por otra parte, el otro causante de eso es un gobierno que está cansado ya de ejercitar el poder y que no aplica las leyes que salen de los poderes legislativos.
En cuanto a la manifestación en concreto, del punto que nos ocupa en la tribuna, me permito hacer la siguiente proposición:
En mi carácter de diputado de la LI legislatura, manifiesto ante esta Asamblea, que estoy en contra del Dictamen rendido por la Comisión de Justicia, relativa a la Iniciativa Presidencial para adicionar y reformar el Artículo 253 del Código Penal para el Distrito Federal en materia del fuero común y para toda la República en materia del fuero federal, en la parte correspondiente a la penalidad.
En consecuencia, propongo que la pena para la comisión de los ilícitos a los que se refiere el Artículo de referencia, sea de prisión hasta de 9 años y multa de 100 a 50 mil pesos, por lo que en lo conducente el Artículo 253 deberá quedar redactado de la siguiente manera:
"Artículo 253. Son actos u omisiones que afectan gravemente el consumo nacional y se sancionarán con prisión hasta de 9 años y multa de 100 a 50 mil pesos, los siguientes..." continúan las fracciones.
Las razones, además de las expuestas por el diputado Alonso y Prieto, son las siguientes:
"Estas iniciativas presidenciales que hemos recibido obedecen a un esfuerzo legítimo de las autoridades para frenar el alza del costo de la vida. El alza del costo de la vida, señores, no termina, o no se decrementa con una modificación al Código Penal. Si tan sólo un décimo de punto del índice de inflación se abatiera con aumentar las penas, yo estaría de acuerdo en que las penas se aumentaran, pero no, se trata de una postura de periódico, de dejar tranquilos a aquellos que tienen acceso a los medios de difusión para que con estas reformas el pueblo crea que ya se van a solucionar sus problemas del encarecimiento de la vida.
Si ya existían la mayor parte de los tipos establecidos en la reforma que estamos estudiando, ¿por qué el Ministerio Público no ejercitó la acción penal para que el pueblo pudiera disfrutar de artículos de consumo a precios más reducidos?
Los precios, señores, se abaten con el aumento de la producción y con una eficiente distribución de bienes y servicios, para eso necesitamos trabajadores que trabajen, funcionarios que funcionen, empresarios que emprendan proyectos de beneficio para el pueblo, legisladores que legislen.
Llevamos dos meses y un artículo aprobado.
Muchas gracias.
El C. Presidente: Se ruega a la Secretaría consulte a la Asamblea si admite primeramente la modificación propuesta por el señor diputado Rafael Alonso Prieto al Artículo 253.
El C. secretario José Murat: En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta. Los que estén por que se acepten ponerse de pie.
Los que estén por que se deseche ponerse de pie... Desechada, señor Presidente.
El C. Presidente: Desechada. Se ruega a la Secretaría consulte a la Asamblea si se admite la modificación propuesta por el diputado Canales Clariond al artículo 253.
El C. secretario José Murat: En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta. Los que estén por que se acepte ponerse de pie.
Los que estén por que se deseche ponerse de pie. Desechada.
El C. Presidente: Desechada. Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Carlos Amaya Rivera.
El C. Carlos Amaya: Señor Presidente:
Señores diputados:
Para reafirme al inciso e), fracción primera del Artículo 253, La iniciativa Presidencial decía:
"Son actos u omisiones que afectan gravemente, etc., los relacionados con artículos de consumo necesario, etc. Inciso e): La suspensión de la producción, procesamiento, oferta o venta de mercancías, o de la prestación de servicios que efectúen los industriales, comerciantes, productores, empresarios o prestadores de servicios, fuera de los casos permitidos por la Ley".
Repito: la Iniciativa Presidencial señalaba que cometerían delito quienes suspendieran la producción, etc., fuera de los casos permitidos por la Ley; se respetaba el sentido jurídico al excluir lo que legalmente estuviera permitido.
La comisión hizo un cambio desafortunado en esta última frase y en lugar de mantener la frase "fuera de los casos permitidos por la Ley", incluyó dos frases, una de ellas ambigua, que dice: La suspensión de la producción, etc., con el objeto de obtener una alza en los precios o se afecte el abasto de los consumidores. Al decirse "o se afecte el abasto de los consumidores", yo quisiera preguntar a la Comisión, ¿cuándo la suspensión de la producción etc., no va a afectar el abasto?
Por lo tanto, si siempre va a afectarse el abasto, siempre que se suspenda la producción se caerá en ilícito que se está queriendo describir; por lo que mi proposición consiste en que se respete la proposición de la Iniciativa Presidencial en la frase que sostiene que esta suspensión no se castigará en los casos permitidos por la Ley. Muchas gracias.
El C. Pablo Gómez: Señores diputados:
Esta es quizá una de las partes de este proyecto de ley que tienen más importancia, puesto que tienen una serie de implicaciones de diverso tipo; no estaba contenido antes en el Artículo 253 del Código Penal, es completamente nuevo. Hasta cierto punto, puesto que ya en la Constitución se establecen las condiciones en las cuales un empresario puede hacer el paro, es decir, por carácter económico.
Creo que la Comisión de Justicia introdujo aquí una modalidad, una modificación muy afortunada en relación con el proyecto del Presidente. Creo que la Comisión de Justicia trabajó muy intensamente, que introdujo cambios en el proyecto que envió el Ejecutivo y en este caso, sin lugar a duda, se trata de un cambio que mejora el texto de la ley.
Esta es una cuestión que se refiere de manera directa a la actividad de los empresarios y exclusivamente de los empresarios, puesto que el texto se refiere a actos que efectúen los industriales, comerciantes, productores, empresarios o prestadores de servicios, y puesto que se trata de la suspensión de la producción, procesamiento, distribución, etc., oferta o venta de mercancías o de prestación de servicios, evidentemente se trata de aquellos casos en los cuales el empresario en cuestión no haya acreditado ante el organismo correspondiente, que existen necesidad de realizar el paro que señala la Constitución. Se trata aquí evidentemente, de una suspensión ilegal. Decir, "fuera de los casos permitidos por la Ley", en realidad no agrega nada y sí en cambio impide que se precise, como lo dice el texto del proyecto de la Comisión, en cuáles casos sí y no deja exclusivamente para que señale de manera general los casos en los cuales el precepto no debe aplicarse.
La modificación de la Comisión, entiendo, establece entonces exactamente: "en el caso en la que dicha suspensión se convierte en un ilícito, que son cuando se tiene por objeto obtener una alza de los precios o se afecte el abasto de los consumidores".
Ahora bien, se trata de una prohibición penal al paro patronal como el que ocurrió el día de ayer en Puebla. Curiosamente ambas cuestiones han coincidido en el tiempo, la discusión de este inciso en el Código Penal y la realización de un paro patronal. Creo que es una muy directa respuesta en cierta forma a ese paro patronal, un paro patronal, directamente anti- obrero, dirigido por la burguesía poblana en contra de una acción reivindicatoria de los trabajadores de un grupo de trabajadores; se trata entonces de ejercer la fuerza económica de la gran burguesía poblana para justificar, para imponer una actitud completamente injustificada, arbitraria, persecutoria, de una empresa camionera contra los trabajadores de transportes; ése es el significado del paro de ayer en Puebla y va más lejos desde luego; se trata de evitar que solamente en este caso la lucha reivindicatoria de los trabajadores, sino también el desarrollo de esas luchas reivindicatorias de los trabajadores de la ciudadanía poblana.
¿Qué acaso la ciudadanía poblana está compuesta de empresarios?
¿Así se define la ciudadanía de este país o de cualquier otro país?
No, se trata evidentemente de una clase minoritaria. Dirigida por su capa más alta, la gran burguesía, que desgraciadamente es capaz todavía de comandar a los pequeños y medianos productores y comerciantes. Y este precedente en el Código Penal, establece de manera completamente clara, que el paro patronal es ilegal.
Yo creo que nosotros debemos apoyarlo, porque mientras que el derecho de huelga es un derecho que los trabajadores de todos los países han conquistado; mientras el derecho de huelga es el recurso de los asalariados frente al capital, el paro patronal no tiene desde ningún punto de vista justificación alguna.
No es el problema de que a la huelga se le establezca en el mismo rango la contrapartida del paro patronal. El paro patronal es un recurso en primer lugar de una pequeña minoría, en segundo lugar es la acción en contra de los productores, es decir, de los trabajadores, en tercer lugar el paro patronal no busca de ninguna manera la reivindicación del sector que tiene sobre sus hombros la producción material, sino el aumento de las condiciones de explotación que privan en la sociedad y de los cuales son víctimas los trabajadores.
No puede haber entonces una "justicia", igualitaria de tal manera que le conceda a los trabajadores el derecho a la huelga y a los patrones el derecho del paro, porque esto no es efectivamente una condición de igualdad entre unos y otros.
Yo creo que el establecer por primera vez en el Código Penal un precepto que claramente impida o pretenda impedir y perseguir este tipo de actos ante obreros, fundamentalmente ante obreros, es, me parece a mí, un avance muy importante. Y hay que decir que el paro de Puebla no va dirigido contra el Estado, puesto que
la burguesía poblana está conforme con el régimen jurídico prevaleciente y con el Estado actual, como lo está la burguesía regiomontana y toda la burguesía; va dirigida contra la acción reivindicadora de los trabajadores.
Yo creo que no se puede, por lo tanto, o por esa razón, dejar simplemente en términos vagos o imprecisos, un precepto de esta naturaleza como lo proponen los señores de Acción Nacional.
Y por último, hay una cuestión que también está relacionada con esto: algunas de las cuestiones incluidas en este proyecto de Decreto sobre el Artículo 253 del Código Penal, están actualmente vigentes en el actual Código y ciertamente no son muy conocidos por lo menos los casos en los cuales el Artículo 253 se ha aplicado.
¿Qué quiere decir esto? Que esta parte, el inciso "e" del 253 correrá la misma suerte que otras partes que ya están incluidas actualmente en el 253, penados con una pena máxima de 9 años.
Es posible que eso ocurra. Es posible que no se apliquen estas sanciones y que no se persiga la comisión de estos delitos, como no se ha hecho hasta ahora.
Puede ser que el Gobierno piense en que aumentar la amenaza puede llevar a cierto tipo de empresario a modificar su conducta, pero yo creo que algún día estos preceptos se podrán cumplir y junto con la acción efectivamente organizada de los trabajadores, efectivamente organizada de los trabajadores, con una acción efectivamente autónoma de los trabajadores este tipo de cuestiones podrían ponerse al servicio de esa acción organizada de los trabajadores puesto que la justicia en nuestro país no tiene una dinámica por sí misma, responde invariablemente a la relación de las fuerzas políticas y sociales, y estos preceptos que penalizan una serie de actos que frecuentemente realizan industriales y comerciantes de diverso tipo podrán ser por lo tanto puestos en vigor real en el momento en que esas condiciones se vayan madurando en nuestro país.
Por eso nosotros vemos con buenos ojos estas modificaciones del Código Penal. Algún día, repito, podrán ser instrumento real de los trabajadores de nuestro país y servirán entonces para desarrollar su lucha.
Ahora es el Gobierno que no va desde luego a modificar las condiciones de la carestía con la actual política económica y tampoco creemos aplicar íntegramente lo que ahora se puede aprobar, es decir, el Artículo 253 del Código Penal, pero de todas maneras puede tener importancia.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: Se ha inscrito en contra el señor diputado Pedro Etienne
Tiene la palabra.
El C. Pedro Etienne: Señor Presidente:
Ciudadanos diputados:
A nosotros también nos parece que ha sido afortunado el cambio que ha hecho la Comisión al presentar el dictamen y nuestra objeción a diferencia de los que aquí se han opuesto a esta iniciativa, ha sido por considerarla todavía insuficiente frente a la gravedad de la situación que se vive en el país y que, como decía el diputado Elizondo, pueden conducir a situaciones todavía de más gravedad en los próximos meses.
En relación a la discusión en particular de este inciso, tenemos una proposición que hacer, pero antes quisiera preguntarle al señor diputado Rocha Cordero, en su calidad de Presidente de esta Comisión, si las acciones de suspensión de producción, de paro de labores, como la que se está realizando actualmente en Puebla, quedan contempladas en este inciso, toda vez que afecta el abasto de los consumidores.
El C. Antonio Rocha Cordero (desde su curul): Mi opinión sería una simple opinión que no constituiría ni obligación para la Cámara ni garantía para usted, pero desde mi punto de vista la lectura del precepto del párrafo sí se refiere a aquellos actos que paralizan la actividad económica y merman el abastecimiento.
El C. Pedro Etienne Llano: Como el caso que estamos comentando de Puebla.
El C. Antonio Rocha Cordero (desde su curul): Porque el caso tendría que ser precisado en sus detalles, yo no podría emitir un juicio respecto de aquello que no conozco detalladamente. Si usted plantea un ejemplo hipotético de una circunstancia, yo le podría dar una opinión, pero referido a hechos que pasen en otro lugar y cuyas informaciones de prensa son un poco difusas y confundidas no podría hacerlo.
El C. Presidente: Continúe señor diputado.
El C. Pedro Etienne Llano: Entiendo la respuesta y las limitaciones de la misma. Me parece que se deduce de cualquier suspensión de actividades que caigan en el supuesto de afectar el abasto de los consumidores quedarán incluida dentro del tipo del delito.
El C. Presidente: La Comisión en su momento puede dar respuesta a sus planteamientos, señor diputado, el Reglamento impide este tipo de diálogos directos. Se le ruega a usted exponer su punto concreto.
El C. Pedro Etinne Llano: Hice una interpelación concreta porque me parece que esto resuelve el problema del alcance.
El C. Presidente: Y esta presidencia determina que sea la Comisión la que dé respuesta.
El C. Antonio Rocha Cordero (desde su curul): Yo a lo que quiero referirme es a lo siguiente: el precepto sí sanciona los hechos, pero lo restringe respecto de las personas que pueden resultar responsables, o sea, a industriales, comerciantes, productores, empresarios o prestadores de servicios y probablemente en mi modo de pensar lo sustrae a los ajenos a esas actividades de las reglas generales del Artículo 13 del Código Penal sobre coparticipación, complicidad y encubrimiento.
El C. Carlos Amaya: Me limito entonces a proponer a la presidencia que tanto la
pregunta formulada como la respuesta, quede consignada en el Acta de esta Asamblea.
El C. Presidente: Acordado. En consecuencia se ruega a la Secretaría consultar a la Asamblea si se acepta la proposición hecha por el señor diputado Amaya a esta fracción, a este inciso e) del Artículo 253.
El C. secretario José Murat: En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta. Los que estén por que se acepte, ponerse de pie... Los que estén por que se deseche, ponerse de pie... Desechada.
El C. Presidente: Tiene la palabra el señor diputado Juan Manuel Rodríguez, quien hizo la reserva de los incisos f) y g) del Artículo 253. En contra.
El C. Juan Manuel Rodríguez: Declino la palabra, señor Presidente.
El C. Presidente: Declina. Tiene la palabra el señor diputado Amao, quien hizo la reserva de la fracción V del Artículo 253.
El C. Loreto Hugo Amao González: Señor Presidente:
Señores diputados:
Voy a ser muy concreto.
Quisiera agregar, que el proyecto de decreto contemple el castigo a ése género de la fauna silvestre conocido como coyote y que así se trate de proteger a los pequeños productores. Mi intervención en contra no es por lo que establece sino por lo limitado, porque considero que deja en abandono a un sector de la clase trabajadora, los pescadores, que están expuestos a la fauna marina, a los tiburones, en que se han convertido los armadores, los que explotan y abusan de ese grupo abandonado de nuestros mares. Estos coyotes, en ocasiones llegan hasta la Cámara y pasean orondos por los pasillos, con su cola enredada en el brazo, pero de repente es tan larga que todavía se les pisa y cuando se les pisa empiezan a aullar. Creo que es necesario que en la fracción V quede contemplado no solamente las penalidades para la fauna silvestre, sino también para los tiburones que abusan de los trabajadores del mar.
Quisiera proponer que esta fracción quedara de la siguiente manera:
"Revender a un organismo público a precios mínimos de garantía productos agrícolas y marinos adquiridos a un precio mayor. Se aplicará la misma sanción al empleado o funcionario del organismo público que lo compre a sabiendas de esa situación o propicie que el productor, el recolector y el cazador se vea obligado a vender a precios más bajos a terceras personas".
Gracias.
El C. Presidente: Tiene la palabra el C. Jesús Murillo Karam, por las Comisiones.
El C. Jesús Murillo Karam: Señor Presidente;
H. Cámara de Diputados:
Es criterio de la Comisión el considerar aceptable la proposición del compañero diputado para agregar a la fracción V la palabra "y marinos"; sin embargo considera que no es prudente señalar al recolector ni al cazador porque quedaría perfectamente claro con la simple inclusión de la primera palabra y para ser muy breve así simplemente lo expongo.
El C. Presidente: Al haber aceptado la Comisión agregar "agrícolas y marinos" y eso satisfacer el planteamiento del diputado Amao, ruego a la Secretaría consultar a la Asamblea si es de aceptarse, en primer lugar, la adición que propone la Comisión y, en segundo lugar, si es de aceptarse o no la proposición del diputado Amao, sobre adicionar "recolector y cazador". La primera debe ser entonces consultada.
El C. Presidente: Entonces, aceptada en sus términos. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se acepta esta adición al artículo.
El C. secretario José Murat: En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta por la Comisión, los que estén por que se acepte, ponerse de pie... Aceptada.
El C. Presidente: Consulte la Secretaría a la Asamblea si el artículo 253 se encuentra suficientemente discutido.
El C. secretario José Murat: En votación económica, se pregunta si está suficientemente discutido el artículo 253. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Suficientemente discutido.
En consecuencia se va a proceder a recoger la votación nominal del artículo 253 con la modificación propuesta, se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 261 del Reglamento Interior. El diputado Orozco tomará la negativa y un servidor la afirmativa.
(Votación.)
El C. secretario José Murat: Se emitieron 199 votos en pro y 2 en contra
El C. Presidente: Aprobado el artículo 253 con la modificación propuesta por el señor diputado Amao, por 199 votos.
- El mismo C. Secretario: Se va a proceder a recoger la votación nominal de los artículos no impugnados.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
Se emitieron 203 votos en pro y uno en contra.
El C. Presidente: Aprobados los artículos no impugnados, por 203 votos.
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto que reforma los artículos 253 y 254 y deroga el 253 bis del Código Penal para el Distrito Federal en Materia del Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal.
El C. secretario José Murat: Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
CONDECORACIONES
- El C. secretario Ismael Orozco Loreto:
"Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe fue turnado por su estudio y dictamen, el expediente con la solicitud de permiso constitucional para que el ciudadano Mayor FAPA. DEMA. Juan Arturo Villasana Castillo, pueda aceptar y usar la condecoración de la Cruz del Mérito Aeronáutico, con Distintivo Blanco, que le confiere el Gobierno de España.
La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del Apartado B) del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Mayor FEPA. DEMA. Juan Arturo Villasana Castillo, para aceptar y usar la condecoración de la Cruz del Mérito Aeronáutico, con Distintivo Blanco, que le confiere el Gobierno de España .
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.- México, D. F., a 24 de octubre de 1979.- Presidente Luis M. Farías.- Secretario, Antonio Huitrón Huitrón.- Juan Sabines Gutiérrez.- Rafael Corrales Ayala.- Guillermo Jiménez Morales.- Francisco Javier Gaxiola Ochoa.- Juan Maldonado Pereda.- Guillermo Medina de los Santos.- Eduardo Anselmo Rosas González.- Ignacio Vázquez Torres.- Enrique Sánchez Silva.- Raúl Pineda Pineda.- Humberto Lira Mora.- Pedro Joaquín Coldwell.- Eduardo Aviña Bátiz.- Luis Octavio Porte Pettit Moreno.- Juan Manuel Elizondo.- Gilberto Rincón Gallardo.- Ezequiel Rodríguez Arcos.- Abel Vicencio Tovar R.- Juan Landerreche Obregón.- Juan Aguilera Azpeitia.- Antonio Gómez Velazco."
Segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de Decreto.
No habiendo quien haga uso de la palabra se reserva para su votación nominal en conjunto.
- El mismo C. Secretario:
"Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente con la solicitud de permiso constitucional para que el ciudadano Capitán 2o. FAPA. DEMA. Roberto Bernardo Huicochea Alonso, pueda aceptar y usar la condecoración de la Cruz del Mérito Aeronáutico, con Distintivo Blanco, que le confiere el Gobierno de España.
La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del Apartado B) del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Capitán 2o. FAPA. DEMA. Roberto Bernardo Huicochea Alonso, para aceptar y usar la condecoración de la Cruz del Mérito Aeronáutico, con Distintivo Blanco, que le confiere el Gobierno de España.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.- México, D.F., a 25 de octubre de 1979.- Presidente, Luis M. Farías.- Secretario, Antonio Huitrón Huitrón.- Juan Sabines Gutiérrez.- Rafael Corrales Ayala.- Guillermo Jiménez Morales.- Francisco Javier Gaxiola Ochoa.- Juan Maldonado Pereda.- Guillermo Medina de los Santos.- Eduardo Anselmo Rosas González.- Ignacio Vázquez Torres.- Enrique Sánchez Silva.- Raúl Pineda Pineda.- Humberto Lira Mora.- Pedro Joaquín Coldwell.- Eduardo Aviña Bátiz.- Luis Octavio Porte Pettit Moreno.- Juan Manuel Elizondo.- Gilberto Rincón Gallardo.- Ezequiel Rodríguez Arcos.- Abel Vicencio Tovar R.- Juan Landerreche Obregón.- Juan Aguilera Azpeitia.- Antonio Gómez Velazco."
Segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de Decreto.
No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
- El C. secretario Ismael Orozco Loreto:
"Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe fue turnado para estudio y dictamen, el expediente con la solicitud de permiso constitucional para que la ciudadana licenciada María Emilia Téllez Benoit, Subsecretaria de esta Secretaría, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional del León, en grado de Oficial, que le confiere el Gobierno de Senegal.
La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del Apartado B) del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana licenciada María Emilia Téllez
Benoit, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional de León, en grado de Oficial, que le confiere el Gobierno Senegal.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.- México, D. F., a 25 de octubre de 1979.- Presidente, Luis M. Farías.- Secretario Antonio Huitrón Huitrón.- Juan Sabines Gutiérrez.- Rafael Corrales Ayala.- Guillermo Jiménez Morales.- Francisco Javier Gaxiola Ochoa.- Juan Maldonado Pereda.- Guillermo Medina de los Santos.- Eduardo Anselmo Rosas González.- Ignacio Vázquez Torres.- Enrique Sánchez Silva.- Raúl Pineda Pineda.- Humberto Lira Mora.- Pedro Joaquín Coldwell.- Eduardo Aviña Bátiz.- Luis Octavio Porte Pettit Moreno.- Juan Manuel Elizondo.- Gilberto Rincón Gallardo.- Ezequiel Rodríguez Arcos.- Abel Vicencio Tovar R.- Juan Landerreche Obregón.- Juan Aguilera Azpeitia Antonio Gómez Velazco."
Segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de Decreto.
No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
- El mismo C. Secretario:
"Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente con la solicitud de permiso constitucional para que el ciudadano Antonio Villalva, Embajador de México, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del León, en grado de Oficial, que le confiere el Gobierno de Senegal.
La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece las fracción III del Apartado B) del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE CONCRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Antonio Villalva, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional del León, en grado Oficial, que le confiere el Gobierno Senegal.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.- México, D. F., a 25 de octubre de 1979.- Presidente, Luis M. Farías.- Secretario Antonio Huitrón Huitrón.- Juan Sabines Gutiérrez.- Rafael Corrales Ayala.- Guillermo Jiménez Morales.- Francisco Javier Gaxiola Ochoa.- Juan Maldonado Pereda.- Guillermo Medina de los Santos.- Eduardo Anselmo Rosas González.- Ignacio Vázquez Torres.- Enrique Sánchez Silva.- Raúl Pineda Pineda.- Humberto Lira Mora.- Pedro Joaquín Coldwell.- Eduardo Aviña Bátiz.- Luis Octavio Porte Pettit Moreno.- Juan Manuel Elizondo.- Gilberto Rincón Gallardo.- Ezequiel Rodríguez Arcos.- Juan Aguilera Azpeitia.- Juan Landerreche Obregón.- Abel Vicencio Tovar R.- Antonio Gómez Velazco."
Segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de Decreto.
No habiendo quien haga uso de la palabra, se va a poner en votación nominal éste y los anteriormente reservados.
(Votación.)
Señor Presidente: Se emitieron 195 en pro y hubo 10 abstenciones.
El C. Presidente: Aprobados estos proyectos de Decreto por 195 votos. Pasan al Senado para sus efectos constitucionales.
El C. secretario José Murat: Señor Presidente se han agotado los asuntos en cartera.
El C. Presidente: Se concede el uso de la palabra al C. diputado Hildebrando Gaytán del Partido Popular Socialista.
SOLICITUD
El C. Hildebrando Gaytán: Dentro del ambiente producido por la aprobación de las reformas al Código Penal donde ha quedado de manifiesto la posibilidad de unidad, de acción y coincidencia de las fuerzas democráticas, revolucionarias y de izquierda, nuestra fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista viene a presentar la siguiente proposición:
Señor Presidente;
Honorable Asamblea:
Un lamentable hecho que ha calado en la sensibilidad del pueblo se ha registrado en los últimos días. El deceso de nueve conciudadanas en el Hospital de Ginecología y Obstetricia del IMSS en la ciudad de Monterrey, a consecuencia de la aplicación de un suero contaminado. Este hecho irreparable que sin duda ha lamentado sinceramente toda la LI legislatura de esta H. Cámara, ha puesto de relieve, una vez más, el estado que guarda la industria de los medicamentos en México, controlada en su mayor parte por los laboratorios extranjeros, filiales de las grandes corporaciones transnacionales
Evidentemente que en la condición del estado deficiente del suero que ha tenido estas consecuencias fatales, está involucrada la empresa Laboratorios A.H.S. de México, división Farviosa de Cuernavaca, donde tuvo lugar su producción y envasamiento en condiciones sanitarias muy elementales, como se ha conocido por las investigaciones realizadas.
La conducta de esta H. Cámara al respecto, además de exigir no sólo la investigación profunda del caso, a lo cual se han comprometido las autoridades competentes, y la sanción más enérgica a los responsables, debe ir más allá.
Debe llevarnos a reflexionar que la producción de los medicamentos, substancias y equipos que deben garantizar la recuperación de
la salud de los mexicanos, deben contar con la más alta calidad y confiabilidad en todos los aspectos, buscando que éstos cumplan con su objetivo y no el de ser simples factores de enriquecimiento, donde se altera la caducidad de los mismos y su procesamiento se hace sin el rigor profesional.
El Estado Mexicano ha creado instituciones y dispuesto mecanismos tendientes a vigilar, promover y regular la producción de los medicamentos, como la Comisión de Estandarización de substancias de referencia para la industria Químico- Farmacéutica; la Comisión intersecretarial de la Industria Farmacéutica y, más recientemente, el acuerdo que establece los requisitos mínimos de industrias y sistemas de producción de la industria Farmacéutica pero, evidentemente estos logros no bastan. Por esa razón, y en vista de la importancia que conlleva para mejorar la seguridad social, la fracción parlamentaria de mi Partido, el Partido Popular Socialista, en atención y conforme a los artículos 58, 94, 87 y demás relativos del reglamento interior del Congreso General, presenta la proposición de que la Comisión de Patrimonio y Fomento Industrial dictamine, a la brevedad posible, la iniciativa presentada por el PPS ante la 'L' Legislatura y otra iniciativa semejante, referente a la Creación de un Organismo Público Descentralizado para la fabricación de medicamentos, pues la única forma de resolver esta contradicción, de los propósitos del gobierno por ampliar sus actividades médicosociales y la acción de los laboratorios privados, consiste en la nacionalización de esta industria, sometiéndola a condiciones que permitan al gobierno de la República controlarla y desarrollarla en provecho de la salud y el bienestar de los mexicanos y como factor positivo de la economía nacional.
Que la comisión competente de esta Cámara de Diputados investigue cómo operan los controles de calidad de las adquisiciones de medicamentos por parte del IMSS; qué exigencias ha establecido respecto a normas que deban llenar sus proveedores; cómo procede cuando no se satisfacen esas normas.
Demandar la justicia a que tienen derecho los familiares de la compatriotas que perdieron su vida y, asimismo, la aplicación de las sanciones más enérgicas a los laboratorios involucrados en este hecho.
Señor Presidente, esperamos de usted se permita turnar a la comisión o comisiones a que corresponda esta proposición de la Fracción Parlamentaria del P.P.S."
El C. Presidente: Como se pide, esta presidencia acuerda turnar la proposición del señor diputado Gaytán a las Comisiones Unidas de Salubridad y de Seguridad Social y a la de Patrimonio y Fomento Industrial.
Se concede el uso de la palabra a la diputada Cecilia Martha Piñón Reyna.
ABSTENCIÓN
- La C. Cecilia Martha Piñón Reyna: Señor Presidente:
Honorable Asamblea:
La fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional ha resuelto que sus diputadas, invitadas a asistir a la toma de posesión de la señora Griselda Alvarez, como Gobernadora del Estado de Colima, se abstengan de hacerlo en señal de censura al procedimiento electoral viciado, mediante el cual asume su gestión la gobernadora.
En efecto el proceso referido tuvo los vicios tradicionales de abuso de los recursos y diversos medios del poder público en apoyo de la candidata del partido oficial, lo que de suyo, viola el principio de igualdad y legalidad que impiden la validez del resultado, pero además, a pesar de los obstáculos y presiones que limitaron las garantías y derechos de los candidatos de Acción Nacional, la candidata local por el Partido Acción Nacional, profesora María de los Remedios Olivera Orozco, logró con la demostración objetiva del resultado a su favor que la Comisión Local Electoral le reconociera el triunfo y por consiguiente se le otorgara la constancia de mayoría.
Este hecho que parecía hablar de imparcialidad del organismo electoral por lo que se refiere a ese distrito, fue arbitrariamente rectificado por el Congreso Local emitiendo un dictamen contrario a las evidencias y al derecho.
Seguramente en manifestación de obediencia servil a la nueva gobernadora, que prefiere gobernar con la menor representación posible de la oposición auténtica, emulando la conducta de todavía muchos gobernadores que prefieren vivir de espaldas a la reforma política y al avance democrático.
Por estas razones, por el más elemental respeto al pueblo de Colima que quiere el progreso político, Acción Nacional no sancionará con su presencia actos que son precisamente el origen del atraso y abandono de tantas regiones del país que se constituyen en ínsulas de los gobernadores, sometiendo congresos serviles y haciendo nugatorios el sistemas de división de poderes y representatividad que prescriben nuestros más altos ordenamientos legales y el consenso nacional.
Quede este testimonio, miembros de esta honorable Cámara de Diputados y en particular, señoras y señoritas diputadas, para que susciten una reflexión seria y no se oculten los hechos que ensombrecen y denigran la vida política de nuestra provincia.
(Aplausos.)
AGRADECIMIENTO
- EL C. Presidente: Señores Vicepresidentes;
Señores Secretarios;
Señores diputados:
La Directiva que me he honrado en presidir expresar su reconocimiento a esta honorable Asamblea, por su confianza y estímulo y expresar su convicción de que en esta Cámara la Reforma Política impulsada por la Revolución toma consistencia y razón definitiva. La vida parlamentaria de México
se ha revitalizado con esta representación pluripartidista y multiideológica.
A nombre de los grupos parlamentarios representados en esta Directiva, hacemos votos porque los trabajos a realizar en el mes de noviembre confirmen la calidad histórica de la LI Legislatura. (Aplausos.)
- El C. secretario Ismael Orozco Loreto:
Se va a dar lectura al Orden del Día de la próxima sesión.
ORDEN DEL DÍA
"Primer período ordinario de sesiones.
'LI' Legislatura.
Orden del Día
6 de noviembre de 1979.
Lectura del acta de la sesión anterior.
El C. Oscar Flores Tapia, Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila, invita al acto en el que rendirá su IV Informe Administrativo, que tendrá lugar el próximo 15 de noviembre.
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el C. Secretario de Gobernación remite el informe de Labores correspondiente al período del 1o. de septiembre de 1978 al 31 de agosto de 1979.
Dictámenes a discusión
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales relativo a la solicitud de permiso del C. Raúl Alcalá Martínez, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Cruz Peruana al Mérito Naval, en grado de Gran Oficial con Distintivo Blanco, que le confiere el Gobierno de Perú.
Siete de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales relativos a solicitudes de permisos de los CC. Leonardo Cirilo Contreras Vargas, Armando Neyra Ortiz, José de Jesús Mendoza Plascencia, Patricia Magdalena Grosvenor Ibarra, María Guadalupe Castellanos y Mason, Sergio Arturo Juárez Robles y Ramón Juárez Juárez, para que puedan prestar servicios a gobiernos extranjeros.
Sesión secreta."
- El C. Presidente (a las 16:30 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo martes 6 de noviembre, a las once horas.
TAQUIGRAFÍA PARLAMENTARIA
Y "DIARIO DE LOS DEBATES"