Legislatura LI - Año I - Período Ordinario - Fecha 19791122 - Número de Diario 40
(L51A1P1oN040F19791122.xml)Núm. Diario:40ENCABEZADO
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
"LI" LEGISLATURA
Registrado como artículo de 2a. clase en la Administración Local de Correos, el 21 de septiembre de 1921
AÑO I México D. F., jueves 22 y lunes 26 de noviembre de 1979 TOMO I. - NÚM. 40
SUMARIO
SUMARIO
APERTURA
ORDEN DEL DÍA.
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. SE APRUEBA
INVITACIONES
Al Quinto Informe de la administración del C. Gobernador del Estado de Quintana Roo, el día 24 de los corrientes. Se designa Comisión.
Al Quinto Informe de la gestión administrativa del C. Gobernador del Estado de Sinaloa, el 1o. de diciembre. Se designa Comisión.
INFORME DE LABORES
Llevadas a cabo por la Secretaría de Programación y Presupuesto, durante el lapso de un año. Resérvese en el Archivo.
INICIATIVAS DEL EJECUTIVO
MONEDAS DE CINCO Y VEINTE PESOS
De Decreto que modifica las características de las monedas mencionadas. Se turna a la Comisión e imprímase.
LEY DE PREMIOS, ESTÍMULOS Y RECOMPENSAS CIVILES
De Decreto que adiciona la Ley expresada. Se turna a Comisión e imprímase.
LEY MONETARIA, LEY ORGÁNICA
Y LEY DE INSTITUCIONES
De Decreto que reforma la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Banco de México y la Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares. Se turna a Comisión e imprímase.
MINUTAS
CONDECORACIONES
La H. Colegisladora remite siete Minutas con proyectos de Decreto que conceden permiso a los CC. Roberto Bravo G; Guillermo Soberón Acevedo, Adrián Lajous, José Gómez Gordoa, Edmundo Flores, Fernando Rafful Miguel y Miguel Angel Godínez Bravo, para aceptar condecoraciones del Gobierno de la República Popular de Polonia. Se turna a Comisión.
DICTÁMENES DE PRIMERA
LECTURA
CONDECORACIONES
Proyecto de Decreto que concede permiso al C. Jorge Castañeda para aceptar una condecoración del Gobierno del Reino de Bélgica. Primera lectura.
Siete proyectos de Decreto que conceden permiso a los CC. Javier Solana, Jesús Cabrera Muñoz Ledo, Edmundo O'Gorman, Juan José Bremer, Héctor Hernández Cervantes, Jorge Enrique Zambrano Villa y Luis Rivera Terrazas, para aceptar condecoraciones del Gobierno de la República Popular de Polonia. Primera lectura.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Proyecto de Decreto que autoriza al C. Francisco Manuel Sáenz Moreno, para prestar sus servicios como Asesor Jurídico para el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, en el Consulado General Americano, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Primera lectura.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Proyecto de Decreto que concede permiso al C. Eduardo Assad Abdala, para prestar servicios en el Consulado General de los estados Unidos de América en Tijuana, Baja California. Segunda lectura. Se aprueba. Pasa al Senado.
CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA FEDERAL
Proyecto de Decreto relativo a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, correspondiente al ejercicio fiscal de 1978. Se dispensa la segunda lectura.
A discusión en lo general el proyecto de Decreto. Después de aclaraciones de la Presidencia y de los CC. David Bravo y Cid de León y Rafael Alonso y Prieto hacen uso de la palabra los siguientes diputados: Para fundamentar el dictamen el C. José Ignacio Pichardo Pagaza; en contra el C. Rafael Alonso y Prieto; en pro el C. Humberto Lira Mora; en contra el C. Juan Antonio García Villa; en pro el C. José Merino Mañón; en contra el C. Graco Ramírez G. Abreu; en pro el C. Belisario Aguilar Olvera; en contra el C. Pablo Gómez Alvarez y en pro el C. Porfirio Camarena Castro.
SE SUSPENDE LA SESIÓN
La Presidencia informa que varios diputados desean intervenir en la discusión, y para ello necesitan recabar mayor información. En tal virtud y a proposición de la Presidencia, la Asamblea aprueba se suspenda la discusión para continuar en la próxima sesión.
HECHOS
Para referirse a varios hechos vertidos en las intervenciones anteriores, usa de palabra el C. Carlos Stephano Sierra. Se suspende la sesión.
CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA FEDERAL
De conformidad con lo aprobado en la sesión del día 22, hoy lunes 26 se reanuda la discusión en lo general del proyecto de Decreto a debate. Intervienen, en contra el C. Manuel Arturo Salcido Beltrán; en pro el C. Gumercindo Magaña Negrete; en contra la C. Cecilia Martha Piñón Reyna y en pro el C. Cuauhtémoc Anda Gutiérrez.
Suficientemente discutido el proyecto de Decreto en lo relativo al Sector Central, se somete a discusión en lo correspondiente a Organismos Descentralizados y Empresas Paraestatales. Usan de la palabra, para aportar datos que sirvan de marco de referencia para el debate, el C. José Merino Mañón; el contra el C. Fernando de Jesús Canales Clariond; en pro el C. Rafael Carranza Hernández; para aclaraciones nuevamente el C. Merino Mañón; en contra el C. Carlos Amaya Rivera; en pro el C. Amado Tame Schear; para contestar alusiones el C. Roberto Blanco Moheno; en contra el C. Juan Landerreche Obregón y por último el C. Ignacio Pichardo Pagaza, Presidente de la Comisión dictaminadora. Se considera suficientemente discutido en lo general. Se reserva para su votación nominal.
A discusión en lo particular. Sin que motive debate y después de una aclaración de la Secretaría al C. Landerreche Obregón, se aprueba el proyecto de Decreto en lo general y en lo particular, por mayoría. Pasa al Ejecutivo.
INVITACIÓN
A la ceremonia que tendrá lugar el día 28 del actual, en Ayoxuxtla en el Estado de Puebla, con motivo del 68 aniversario de la firma del Plan de Ayala. Se designa Comisión.
INICIATIVAS DEL EJECUTIVO
CÓDIGO PENAL
Dos iniciativas de Decreto que reforman los artículos 219, 220 y la fracción I del artículo 283 del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal. Se turnan a Comisión e imprímase.
FONDO MONETARIO
INTERNACIONAL
De Decreto que reforma el artículo 3o. del Decreto del 26 de diciembre de 1945 que autorizó al Ejecutivo Federal para suscribir el Convenio sobre el Fondo Monetario Internacional. Se turna a la Comisión e imprímase.
ORDEN DEL DÍA
Se da lectura al Orden del Día de la siguiente sesión. Se levanta la sesión.
DEBATE
PRESIDENCIA DEL C. GILBERTO MUÑOZ MOSQUEDA
(Asistencia de 353 ciudadanos diputados).
APERTURA
- El C. Presidente (a las 11:25 horas): Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
- El C. secretario Sabino Hernández Téllez:
"Primer periodo ordinario de sesiones.
"L" Legislatura.
Orden del Día.
22 de noviembre de 1979.
Lectura del acta de la sesión anterior.
El H. Congreso del Estado de Quintana Roo, invita a la Sesión Solemne en la que el C. licenciado Jesús Martínez Ross, Gobernador del Estado, rendirá su Quinto Informe Administrativo, y que tendrá lugar el próximo 24 de noviembre.
Invitación del Congreso del Estado de Sinaloa, a la Sesión Solemne en la que el C. licenciado Alfonso G. Calderón, Gobernador del Estado, rendirá el Quinto Informe de su gestión administrativa, y que tendrá lugar el próximo 1o. de diciembre.
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el C. secretario de Programación y Presupuesto remite el informe de labores correspondientes al periodo del 1o. de septiembre de 1978 al 31 de agosto de 1979.
Iniciativas del Ejecutivo.
De Decreto que modifica las características de las monedas de cinco pesos y señala las relativas a las de veinte pesos.
De Decreto que propone adiciones a la Ley de Premios y Estímulos y Recompensas Civiles.
De Decreto que reforma la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Banco de México y la Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares.
Minutas
Con proyectos de Decreto que concede permiso a los CC. Roberto Bravo G; Guillermo Soberón Acevedo, Adrián Lajous, José Gómez Gordoa, Edmundo Flores Fernando Rafful Miguel y Miguel Angel Godínez Bravo, para aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el Gobierno de la República Popular de Polonia.
Dictámenes de primera lectura
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyecto de Decreto por el que se concede permiso al C. licenciado Jorge Castañeda, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Corona, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno del Reino de Bélgica.
Siete de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales relativos a las solicitudes de permiso de los CC. Javier Solana, Jesús Cabrera Muñoz Ledo, Edmundo O'Gorman, Juan José Bremer, Héctor Hernández Cervantes, Jorge Enrique Zambrano Villa y Luis Rivera Terrazas para que puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el Gobierno de la República Popular de Polonia.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales relativos a la solicitud de permiso del C. licenciado Francisco Manuel Sáenz Moreno, para que pueda prestar servicios como asesor jurídico para el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica, en la Oficina del Servicio de Inmigración y Naturalización agregado al Consulado General Americano en la ciudad de Monterrey, N. L.
Dictámenes a discusión
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyecto de Decreto por el que se concede permiso al C. Eduardo Assad Abdala, para que pueda prestar servicios en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.
De la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública relativa a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al Ejercicio Fiscal de 1978."
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
- El C. secretario José Murat:
"Acta de la sesión de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Primera Legislatura del H. Congreso de la Unión, efectuada el día veintiuno de noviembre de mil novecientos setenta y nueve.
Presidencia del C. Gilberto Muñoz Mosqueda.
En la ciudad de México, a las doce horas y diez minutos del miércoles veintiuno de noviembre de mil novecientos setenta y nueve, con asistencia de trescientos treinta y cinco ciudadanos diputados a la Presidencia declara abierta la sesión.
Lectura del Orden del Día.
Sin discusión se aprueba el Acta en la sesión anterior llevada a cabo el día quince del actual.
Se da cuenta con los documentos en cartera:
La Gran Comisión de la Cámara de Diputados, de conformidad con los Artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 52 y 47 fracción IV de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, propone el funcionamiento de una Comisión de Investigación, integrada por los siguientes ciudadanos diputados:
Juan Sabines Gutiérrez, Manuel Rangel Escamilla, Jesús Murillo Karam, Rodolfo Alvarado Hernández, Pablo Gómez Alvarez, Hiram Escudero Alvarez y Hugo Amao González.
La Asamblea en votación económica aprueba la proposición.
La Legislatura del Estado de Nuevo León, comunica la elección de la Mesa Directiva que funcionará durante el presente mes. De enterado.
La C. Elizabeth Rodríguez de Casas, hace uso de la palabra para hacer una serie de consideraciones y manifestar la importancia de la Revolución Mexicana, con motivo de conmemorarse el 69 aniversario de su origen.
Entre otros conceptos rinde homenaje a los líderes, caudillos y estadistas que la hicieron posible. Madero, los Hermanos Serdán, Carranza, Obregón, Villa, Zapata, Calles y Cárdenas; pero sobre todo el pueblo mexicano que hizo ayer la Revolución y que la sigue haciendo para lograr, en la democracia, en la libertad y en la paz, desarrollo económico con justicia social.
Agrega que México ha superado la etapa de desigualdad entre el hombre y la mujer, ya que las mujeres participan en la actualidad, en todas las esferas de la vida social, económica y política de México. Finaliza invocando a mujeres de alta significación a lo largo de la historia, como Josefa Ortiz de Domínguez, Margarita Maza de Juárez, Lucrecia Toriz y Carmen Serdán, que con sus hermanos Aquiles y Máximo, encendiera la llama permanente de la Revolución.
En seguida usa de la Tribuna el C. José González Schmal, para referirse a hechos atentatorios, por parte del C. Gobernador del Estado de Nuevo León, Alfonso Martínez Domínguez, a los principios revolucionarios y a la propia Reforma Política que promueve el señor Presidente de la República. Expresa que la Cámara de Diputados no puede quedar indiferente ante lo que acontece en el Estado de Nuevo León.
Manifiesta una relación de hechos que él considera atentan contra los principios constitucionales, contra el orden jurídico y contra la democracia.
Concluye externando que espera de esta Cámara y de las conciencias de los señores diputados, haya un interés y una respuesta de censura a la dictadura gubernamental del Estado de Nuevo León.
Para rebatir los conceptos del orador, hace uso de la palabra el C. Andrés Montemayor Hernández.
Para abundar en los hechos expresados por el C. González Schmal, interviene el C. Francisco Gurza Villareal, quien también se refiere a los problemas que has confrontado el Partido Acción Nacional en el Estado de Coahuila, con motivo de las pasadas elecciones en dicha Entidad.
A continuación hacen uso de la palabra sobre el mismo tema los CC. Jorge Masso Masso, Juan Antonio García Villa, Luis Medina Peña y Lázaro Rubio Félix.
Se continúa con los asuntos en cartera:
Oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el C. Jorge Castañeda, pueda aceptar y usar una condecoración que le confiere el Gobierno del Reino de Bélgica, Recibo y a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
La H. Cámara de Senadores remite siete Minutas con sendos proyectos de Decreto, que conceden permiso a los CC. Javier Solana, Jesús Cabrera Muñoz Ledo, Edmundo O'Gorman, Juan José Bremer, Héctor Hernández Cervantes, Jorge Enrique Zambrano Villa y Luis Rivera Terrazas, para que puedan aceptar y usar una condecoración que les confiere el Gobierno de la República Popular de Polonia. Recibo y a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
A su vez el C. Francisco Manuel Sáenz Moreno, solicita la autorización correspondiente para prestar sus servicios como asesor Jurídico para el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, en la Oficina del Servicio de Inmigración y Naturalización, agregado al Consulado General Americano, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Recibo y a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
La Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública emite un dictamen relativo a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, correspondiente al ejercicio fiscal de 1978. Primera lectura.
La Propia Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública suscribe un dictamen en relación a la Cuenta de la Hacienda Pública del Departamento del Distrito Federal, correspondiente también al año de 1978. Primera lectura.
El C. Humberto Romero Pérez hace uso de la palabra para manifestar la importancia que entraña para el Comercio Exterior de México, la adhesión al Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio. Estima que esto ha provocado la exposición de criterios y opiniones encontrados, en torno a impedir que México ingrese al GATT.
Considera que esto plantea la necesidad de un debate en el cual los señores diputados integrantes de las diferentes fracciones parlamentarias expresen sus puntos de vista que clarifique y puntualice todo aquello que se relacione con este asunto. Agrega que es importante que este debate tenga toda la seriedad necesaria que reclama el Comercio Exterior de la República.
Por último, a nombre de la Comisión de Comercio propone que se autorice a la propia Comisión de Comercio, para designar una Subcomisión que entre en contacto con el grupo de trabajo que envió México a Ginebra, en relación con el GATT y que la misma, en su
oportunidad, rinda su informe a esta H. Cámara de Diputados.
Después que la Presidencia toma nota de los CC. diputados inscritos para hablar sobre este tema, hacen uso de la palabra los CC. Amado Tame Shear, Miguel José Valadez Montoya, Jorge Amador Amador, Manuel Arturo Salcido Beltrán, quien solicita se turne la proposición del señor diputado Romero Pérez a las Comisiones Unidas de Comercio, de Hacienda y Crédito Público, de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y de Relaciones Exteriores, para que después de un análisis de este importante asunto, emitan su opinión al respecto.
Continúan en el uso de la palabra, los CC. Rafael Alonso y Prieto, Cuauhtémoc Anda Gutiérrez, Ernesto Rivera Herrera, Ernesto José Guzmán Gómez, Graco Ramírez G. Abreu, Gilberto Rincón Gallardo, Jesús González Schmal y Lidia Camarena Adame.
Agotados los asuntos en cartera, se da lectura al Orden del Día de la sesión próxima.
A las diecinueve horas y quince minutos se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el día de mañana, jueves veintidós, a las diez horas."
Está a discusión el Acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba... Aprobada.
INVITACIONES
- El C. secretario Sabino Hernández Téllez:
"C. Presidente de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. - México 1, D. F.
La II Legislatura del H. Congreso del Estado de Quintana Roo invita a usted a la Sesión Solemne en la que el C. Gobernador Constitucional del Estado, licenciado, Jesús Martínez Ross dará lectura a su Quinto Informe de Gobierno el próximo 24 de noviembre a las 10:00 horas en el Palacio de los Deportes declarado Recinto Oficial.
Ciudad de Chetumal, Q. R., octubre de 1979."
El C. Presidente: Para asistir a este acto en representación de esta H. Cámara, se designa a los siguientes ciudadanos diputados: Primitivo Alonso Alcocer, Pedro Joaquín Coldwell, Roberto Castellanos Tovar, Daniel Mejía Colín, Miguel Martínez Martínez, Beatriz Elena Paredes Rangel, Guillermo Jiménez Morales, Federico Granja Ricalde, Roger Milton Rubio Madera, José Murat, Belisario Aguilar Olvera, Rafael Armando Herrera Morales, Héctor Moreno Toscano, Guillermo González Aguado, Carlos Smith Veliz, Lázaro Rubio Félix y Amelia Olguín viuda de Butrón.
- El mismo C. secretario:
"C. Presidente de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. - México 1, D. F.
La XLIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, invita a usted a la Sesión Solemne en que el C. Alonso G. Calderón, Gobernador Constitucional del Estado dará lectura al Quinto Informe de su gestión administrativa, a partir de las 11:00 horas del día 1o. de diciembre del presente año, en el Cine Diana de esta ciudad, declarado Recinto Oficial y en la que se contará con la honrosa asistencia del C. profesor Enrique Olivares Santana, secretario de Gobernación y representante personal del C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
Culiacán, Sin., diciembre de 1979."
El C. Presidente: Para asistir a este acto en representación de esta Honorable Cámara, se designan a los siguientes ciudadanos diputados: Jorge Díaz de León, Salvador Esquer Apodaca, Francisco Alarcón Fregoso, Jesús Enrique Hernández Chávez, Héctor González Guevara, Palemón Bojórquez Atondo, Fortino Gómez Mac Hatton, Baldomero López Arias, María del Rosario Hernández, José Carlos de Saldaracho, Sebastián Guzmán Cabrera, Armando Thomae Cerna, Juan Manuel Elizondo, Luis Uribe García, Lázaro Rubio Félix, Arnoldo Martínez Verdugo, Arturo Salcido Beltrán, Enrique Peña Bátiz, Esteban Zamora Camacho, Jorge Flores Vizcarra, Ismael Orozco Loreto y Ernesto Gil Elorduy.
INFORME DE LABORES
- El C. secretario Sabino Hernández Téllez:
"Escudo Nacional. - Secretaría de Programación y Presupuesto.
Palacio Nacional, 14 de noviembre de 1979.
CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. - Presentes.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me es grato presentar por el digno conducto de ustedes, al Honorable Congreso de la Unión, el informe que da cuenta del estado que guarda el despacho de los asuntos que le encomendó a esta Secretaría el C. Presidente de la República, durante el periodo comprendido del 1o. de septiembre de 1978 al 31 de agosto de 1979.
Reitero a ustedes mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
EL secretario Miguel de la Madrid H."
- Trámite: Recibo y resérvese en el archivo para consulta de los CC. diputados y córrase traslado a la H. Cámara de Senadores.
El C. Hugo Amao: Señor Presidente, pido la palabra para hechos.
El C. Presidente: Señor diputado, tan pronto terminemos el Orden del Día hará usted uso de la palabra.
INICIATIVAS DEL EJECUTIVO
MONEDAS DE CINCO Y VEINTE PESOS
- El C. secretario José Murat:
"Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos, Poder Ejecutivo Federal. - México, D. F. - Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.- Presentes.
Por instrucciones del C. Presidente de la República y para los efectos constitucionales, con el presente les envió INICIATIVA DE DECRETO QUE MODIFICA LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS MONEDAS DE CINCO PESOS Y SEÑALA LAS RELATIVAS A LAS DE VEINTE PESOS.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D. F., a 16 de noviembre de 1979.
- El Secretario, profesor Enrique Olivares Santana."
CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.- Presentes.
Es iniciativa diversa, el Ejecutivo a mi cargo propone a Vuestra Soberanía la modificación, entre otros preceptos, del artículo 2o. inciso b) de la Ley Monetaria de los Estados Unidos de América con el objeto de incorporar al sistema monetario las monedas de veinte pesos en consideración a que resulta pertinente emplearlas por la facilidad de circulación que alcanzan las piezas de esa denominación.
Consecuente con esta reforma se propone señalar las características de esta moneda, así como modificar las que corresponden a la moneda de cinco pesos con el propósito de reducir su peso y diámetro y facilitar al público el manejo de las diversas piezas que se encuentran en circulación.
Por lo expuesto, en ejercicio de la facultad que me confiere la fracción I del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la Soberanía del H. Congreso de la Unión por el digno conducto de ustedes la siguiente
INICIATIVA DE DECRETO
QUE MODIFICA LAS CARACTERÍSTICAS
DE LAS MONEDAS DE CINCO PESOS Y
SEÑALA LAS RELATIVAS A LAS DE
VEINTE PESOS
Artículo primero. Las características de las monedas de cinco pesos, a que se refiere el inciso b) del artículo 2o. de la ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, serán las siguientes:
VALOR: CINCO PESOS
Diámetro: 27.0 mm. (veintisiete milímetros).
Composición: 0.750 (setecientos cincuenta milésimos) de cobre. 0.250 (doscientos cincuenta milésimos) de níquel.
Tolerancia en la composición: 0.015 (quince milésimos en más o menos).
Peso: 10.2 g. (Diez gramos dos décimos).
Tolerancia en peso por unidad: 0.300 g. (trescientos miligramos) en más o en menos.
Cuños:
Anverso: Al centro el Escudo Nacional en relieve escultórico con la leyenda en el exergo "ESTADOS UNIDOS MEXICANOS". El marco liso de forma interna heptasectorial, con gráfila en forma de puntos.
Reverso: Al centro ligeramente, desfasada a la derecha, una reproducción en relieve escultórico de la cabeza de una serpiente emplumada, perteneciente a la cultura Teotihuacana; en el campo superior izquierdo el número "5"; en el campo izquierdo y abajo del número 5, el signo de pesos "$"; en el campo superior el símbolo de la Casa de Moneda de México, "M"; en el campo inferior izquierdo la palabra "QUETZALCOATL" y en el campo inferior el año de acuñación; el marco liso en forma interna heptasectorial y gráfila paralela en forma de greca.
Canto: la leyenda en hueco "INDEPENDENCIA Y LIBERTAD"
Artículo segundo. Las características de las monedas de veinte pesos, a que se refiere el inciso b) del artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, serán las siguientes:
VALOR: VEINTE PESOS
Diámetro: 32 mm. (treinta y dos milímetros).
Composición: 0.750 (setecientos cincuenta milésimos) de cobre. 0.250 (doscientos cincuenta milésimos) de níquel.
Tolerancia en la composición: 0.015 (quince milésimos) en más o menos.
Peso: 15.1 g. (quince gramos un décimo).
Tolerancia en peso por unidad: 0.400 g. (cuatrocientos miligramos) en más o menos.
Cuños:
Anverso: Al centro el Escudo Nacional en relieve escultórico con la leyenda en el exergo "ESTADOS UNIDOS MEXICANOS". El Marco, liso con gráfila en forma de puntos.
Reverso: Al centro ligeramente desfasada a la derecha la reproducción en relieve escultórico de una escultura Maya que representa a un jugador de pelota; en el campo izquierdo y sobreponiéndose a la reproducción de la escultura el número "20"; a la izquierda del número 20, el signo de pesos "$"; en el campo superior izquierdo las palabras "CULTURA MAYA"; en el campo inferior el símbolo de la Casa de Moneda de México "M" y en el campo inferior izquierdo el año de acuñación; el marco liso con gráfila en forma de greca que remata
horizontalmente del lado izquierdo en la parte inferior del signo de pesos.
Canto: la leyenda en hueco "INDEPENDENCIA Y LIBERTAD"
TRANSITORIOS
Artículo primero. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el "Diario Oficial" de la Federación.
Artículo segundo. Se deroga el Artículo Unico del Decreto de 26 de diciembre de 1969, publicado en el "Diario Oficial" de la Federación de 30 del mismo mes y año, en su parte relativa a las características que fijó para las monedas de cuproníquel de cinco pesos.
Artículo tercero. Desde la fecha en que entre en vigor el presente Decreto, la Casa de Moneda de México deberá iniciar los ajustes que requieran sus instalaciones a efecto de estar en condiciones de llevar a cabo la acuñación de las monedas a que se refiere el presente Decreto.
Hasta la conclusión de dichos trabajos, se podrán seguir acuñando las monedas de cinco pesos, cuyas características se establecieron en el Decreto que se menciona en el artículo precedente.
Artículo cuarto. Las monedas a que se refiere el segundo párrafo del artículo que antecede, continuarán en circulación hasta el 31 de diciembre de 1981, con el poder liberatorio que les señala el artículo 5o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos.
El Banco de México, directamente o a través de sus corresponsales, canjeará las antiguas monedas de cinco pesos por la que en sustitución de ellas establece el presente Decreto, o por otras de distintas denominaciones, sin limitación alguna en cuanto a plazo y cantidad.
Ruego a ustedes CC. Secretarios se sirvan dar cuenta de esta iniciativa a la H. Cámara de Diputados para los efectos constitucionales correspondientes.
México, D. F; a 16 de noviembre de 1979.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, José López Portillo.
-Trámite: Recibo y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público e imprímase
LEY DE PREMIOS, ESTÍMULOS
Y RECOMPENSAS CIVILES
- El C. secretario Sabino Hernández Téllez:
"Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Poder Ejecutivo Federal. - México, D. F. - Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.- Presentes.
Para los efectos constitucionales y por instrucción del C. Primer Magistrado de la Nación, con el presente les envió Iniciativa de Decreto que propone adiciones a la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D. F; a 15 de noviembre de 1979.
- El Secretario, profesor Enrique Olivares Santana."
CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.- Presentes.
La Reforma Administrativa del Gobierno Federal se concibe como uno de los medios más importantes para acceder al modelo de país que queremos ser en los próximos años y para lo que se requiere, entre otras cosas, abrir nuevos cauces a la participación, adecuar o mejorar los instrumentos de ejecución de las decisiones gubernamentales simplificando los procedimientos administrativos y volviendo más sencilla y transparente para la población en su conjunto la acción del Estado.
La Reforma Administrativa entraña un mecanismo de planeación integral de participación que contempla el quehacer público desde la generación de información, hasta la evaluación y ajuste permanente de las tareas individuales y colectivas.
El Gobierno Federal está consciente de que el servidor público es el principal actor en la realización de tareas de reforma administrativa, pues pone la información, la experiencia y la responsabilidad y debe tener la conciencia y la orientación, por lo cual es menester promover su participación decidida y entusiasta en estas actividades.
Conforme a la política del diálogo, participación y corresponsabilidad que promueve el Gobierno de la República es conveniente que los trabajadores al servicio del Estado participen en la configuración de las reformas y que sus opiniones y esfuerzos encuentren canales institucionales.
Las complejas tareas del Gobierno Federal, requieren cada día de mayores esfuerzos y espíritu de colaboración del personal, por lo que se deben otorgar incentivos a aquellos que destaquen en la realización de las actividades propias de su puesto.
Para alcanzar la coherencia entre los objetivos deseados y las acciones requeridas, existe de manera invariable la necesidad de contar con la participación activa del personal que presta sus servicios en las dependencias y entidades de la Administración Pública.
Con el fin de reconocer a los servidores públicos sus esfuerzos de superación y desempeño en las actividades que tienen encomendadas, es conveniente el establecimiento de un Premio Nacional de Administración Pública para que se percaten de que sus esfuerzos por contribuir a elevar la eficiencia de la Administración Pública en general, son objeto de reconocimiento por parte del Gobierno Federal.
Con la misma finalidad, se considera también conveniente modificar las disposiciones que en
materia de estímulos y recompensas se contienen en la Ley de Premios, Estímulos y recompensas Civiles, para acercar y hacer más transparente la selección que se haga de los servidores públicos merecedores de tales incentivos.
Por lo anteriormente expuesto, y en ejercicio de la facultad que al Ejecutivo Federal a mi cargo confiere el artículo 71, fracción I de la Constitución General de la República, por el digno conducto de ustedes me permito someter a la elevada consideración del Congreso de la Unión, el siguiente
DECRETO
Artículo primero. Se adiciona con una fracción XI el artículo 6 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, como sigue:
Artículo 6o..................................................
I a X..................................................
XI. De Administración Pública.
.....................................................................
Artículo segundo. Se adiciona la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, con un capítulo XIV bis, denominado Premio Nacional de Administración Pública, como sigue:
Capítulo XIV bis.
Premio Nacional de Administración Pública.
Artículo 91-A. El Premio Nacional de Administración Pública se concederá a los seleccionados de entre los servidores públicos que prestan sus servicios en las dependencias o entidades cuyas relaciones laborales se rigen por el apartado B) del artículo 123 Constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 98 de la presente ley.
Artículo 91-B. El Premio Nacional de Administración Pública se otorgará en tres grados y consistirá en medalla que será de clase correspondiente al grado y se adicionará con la cantidad que fije el Presidente de la República.
La entrega se hará en solemne ceremonia que se celebrará el 5 de diciembre de cada año, fecha en la que se conmemora la publicación del primer Estatuto de los Trabajadores al servicios de los trabajadores al servicio de los Poderes de la Unión.
El Premio será con cargo al Presupuesto de la Presidencia de la República.
Artículo 91-C. La selección de los servidores públicos con merecimientos para el Premio Nacional de la Administración Pública, se hará por un jurado integrado por el Coordinador General de Estudios Administrativos quien lo presidirá y sendos representantes de la Coordinación General del Sistema Nacional de Evaluación y de la Comisión de Recursos Humanos del Gobierno Federal.
Al efecto, la Comisión Interna de Administración y Programación, en funciones de Comisión Evaluadora en cada dependencia o entidad deberá turnar a dicho jurado el expediente del servidor público seleccionado de conformidad con el artículo 98 de la presente Ley.
Artículo 91-D. El Premio Nacional de Administración Pública podrá ser declarado desierto por el jurado.
Si falleciere la persona a quien debe otorgarse el Premio, dicha entrega se hará a los beneficiarios designados ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado o a quien expresamente se hubiere designado.
Artículo 91-E. La Coordinación General de Estudios Administrativos de la Presidencia de la República tendrá bajo su custodia el libro de honor en el que se asentarán anualmente los nombres de los servidores públicos que hayan obtenido el Premio Nacional de Administración Pública.
Artículo tercero. Se reforman los artículos 92 a 100 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, como sigue:
Artículo 92. Los estímulos y recompensas se otorgarán a los servidores públicos seleccionados de entre aquellos que prestan sus servicios en las dependencias y entidades cuyas relaciones se rigen por el apartado B) del artículo 123 Constitucional.
Para el otorgamiento de los estímulos y Recompensas a que se refiere el párrafo anterior, se seleccionará de entre los servidores públicos a aquellos que hayan realizado alguna de las siguientes acciones:
a) Desempeño sobresaliente de las actividades encomendadas.
b) Aportaciones destacadas en actividades relativas al programa de reforma administrativa.
c) Elaboración de estudios e iniciativas que aporten notorios beneficios para el mejoramiento de la administración pública en general.
d) Iniciativas valiosas o ejecución destacada en materia técnica jurídica.
e) Iniciativas valiosas o ejecución destacada en materia de financiamiento de proyectos o programas.
f) Iniciativas valiosas o ejecución destacada en materia de sistemas de consumo, de mantenimiento de equipos, de aprovechamiento máximo de recursos humanos y materiales y otras aportaciones análogas.
g) Estudios y labores de exploración, descubrimiento, invención o creación en los campos técnico o científico que redunden en notorios beneficios para la administración pública o para la nación.
Los empleados de confianza podrán participar en los casos establecidos en los incisos b) a g) del presente artículo.
Artículo 93. Las recompensas consistirán en:
a) La cantidad de veinticinco mil pesos para cada uno de los tres servidores públicos seleccionados en cada Dirección General o Unidad Administrativa equivalente.
b) La cantidad de cincuenta mil pesos y diploma al que resulte elegido por cada dependencia o entidad.
Los estímulos consistirán en cinco días de vacaciones extraordinarias para el servidor público que haya sido seleccionado en cada departamento o unidad administrativa equivalente, en las dependencias o entidades.
Dichos estímulos y recompensas serán otorgados por el titular en la fecha de abanderamiento del grupo que represente a la dependencia o entidad en la ceremonia del 20 de noviembre.
Artículo 94. Los estímulos se tramitarán a propuesta de los superiores jerárquicos, el interesado, de su representante sindical o de los compañeros de labores.
Las recompensas podrán no ser otorgadas cuando a juicio de la Comisión Interna de Administración y Programación, en funciones de Comisión Evaluadora, no se hubieren satisfecho los requerimientos establecidos en esta Ley.
Artículo 95. La Comisión Interna de Administración y Programación, en funciones de Comisión Evaluadora, con el apoyo técnico del titular de la Unidad administrativa encargada de la administración del personal, expedirá durante el mes de julio la convocatoria para iniciar la selección de los servidores públicos merecedores de los estímulos y recompensas.
Artículo 96. Para el otorgamiento de los estímulos establecidos en el penúltimo párrafo del artículo 93 se formará un Comité de Evaluación en cada Dirección General o unidad administrativa equivalente, estará formado por el Director General o equivalente quien lo presidirá y tendrá un voto de calidad, un representante del titular de la dependencia o entidad, un representante de la Unidad de Organización y Métodos, el delegado sindical correspondiente y un representante de la Unidad Administración de Personal quien fungirá como Secretario Técnico del Comité.
Dicho Comité de Evaluación, durante la segunda quincena del mes de septiembre de cada año, seleccionará entre de los servidores públicos a aquellos que por haber realizado alguna de las acciones a que se refiere el artículo 92 de la presente Ley se hagan acreedores a los estímulos establecidos.
Artículo 97. Dentro de los tres días hábiles siguientes a la adopción de las resoluciones por el Comité de Evaluación, éste deberá proporcionar a la Comisión Interna de Administración y Programación correspondiente, los expedientes de los servidores públicos acreedores a estímulos para que ésta, dentro de la primera quincena del mes de octubre, seleccione de entre ellos a los que se debe otorgar la recompensa establecida en el inciso a) del artículo 93 de esta Ley.
Artículo 98. Una vez concluida la selección a que se refiere el artículo anterior, la Comisión Interna de Administración y Programación en funciones de Comisión Evaluadora, seleccionará al servidor público que por sus méritos se haga acreedor a la recompensa a que se refiere el inciso b) del artículo 93 de la presente Ley, el que será propuesto además como candidato de la dependencia o entidad para el Premio Nacional de Administración Pública ante el jurado a que se refiere el artículo 91-C de esta Ley.
Artículo 99. En cada dependencia del Ejecutivo la Unidad de Administración de Personal deberá llevar un libro de honor en el que se asentarán los nombres de los servidores públicos que hayan obtenido los estímulos y recompensas.
Artículo 100. Si falleciere la persona a cuyo favor se hubiere resuelto otorgar alguna de las recompensas, la entrega se hará a los beneficiarios designados ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a quien expresamente se hubiere designado.
TRANSITORIO
Artículo único. EL presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial.
Reitera a ustedes las seguridades de mi atención y distinguida consideración
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Palacio Nacional, a 15 de noviembre de 1979.
- El Presidente de la República, José López Portillo.
-Trámite: Recibo y a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales e imprímase.
LEY MONETARIA, LEY ORGÁNICA
Y LEY DE INSTITUCIONES
- El mismo C. secretario:
"Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Poder Ejecutivo Federal. - México, D. F. - Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. - Presentes.
Por instrucciones del C. Presidente de la República y para sus efectos constitucionales, con el presente les envió INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY MONETARIA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA LEY ORGÁNICA DEL BANCO DE MÉXICO Y LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y ORGANIZACIONES AUXILIARES.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D. F.; a 16 de noviembre de 1979.
- El Secretario, profesor Enrique Olivares Santana."
CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.- Presentes.
La presente iniciativa de reformas y adiciones a la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley Orgánica del Banco de México, tiene por principal propósito ajustar el sistema monetario y estatuto jurídico de dicha Institución, a los actuales requerimientos del país, por tanto en lo interno, como en algunos aspectos internacionales.
La reforma del artículo 2o. inciso b) de la Ley Monetaria prevé que, mediante los correspondientes decretos del Congreso de la Unión, puedan acuñarse monedas metálicas con las denominaciones de cincuenta y veinte pesos. Ello con el propósito de proveer en mayor medida a la satisfacción de las necesidades del sistema monetario, ya que, atendiendo a la durabilidad comparativa de monedas metálicas y billetes y según la experiencia internacional, a circulación de monedas con valores como los indicados se lleva a cabo en forma más económica y conveniente con piezas metálicas que exclusivamente con billetes. Al incorporarse el sistema de piezas metálicas de veinte pesos resulta conveniente suprimir las de veinticinco pesos, por lo que se propone asimismo modificar en este sentido el citado precepto.
Tomando en cuenta las oportunidades que los mercados externos ofrecen a la colocación de monedas de oro o de plata mexicanas, las posibilidades de ahorro interno en dichas piezas y los beneficios obtenidos por otros países con la venta de monedas de metal fino, la iniciativa propone adicionar la Ley Monetaria con el artículo 2o. bis conforme al que formarían parte del sistema, monedas de oro o de plata, sin valor nominal y con las demás características que fije el Congreso de la Unión a través de los decretos relativos. La obligatoriedad de aceptación de esas monedas estaría limitada a determinado número de piezas en un mismo pago y referida a la cotización diaria que alcancen en base de su contenido de metal fino.
A efectos de salvaguardar el régimen nominalista que, desde 1905, ha venido constituyendo una de las características fundamentales de nuestro derecho monetario, corresponde evitar que el monto en pesos de obligaciones pecuniarias quede sujeto a fluctuaciones de la cotización de oro o de plata; con tal propósito, la iniciativa comprende una reforma al artículo 7o. de la Ley, conforme a la que las estipulaciones nominadas en pesos puedan cumplirse entregando, ya sea billetes o monedas metálicas con valor nominal o bien piezas de oro o de plata de las antes referidas, por el valor que alcance su cotización en pesos, el día en que se haga el pago. Si la obligación se asume en dichas monedas de metales finos, el pago deberá hacerse necesariamente en piezas con valor nominal y a la cotización que para aquéllas haya regido en la fecha en que se contrajo la correspondiente obligación.
Complementando la adecuada integración del sistema, la adición al artículo 24 de la Ley Orgánica del Banco de México, con la fracción XXIX, comprendida en la iniciativa, prevé expresamente la posibilidad de acuñar y comercializar, para efectos numismáticos, monedas metálicas con acabado o empaque especial. La acuñación de estas piezas así como la de monedas de metales finos, sin valor nominal, darán una mayor oportunidad de aprovechar el tradicional prestigio de nuestra Casa de Moneda, en beneficio del país.
Los artículos 2o. bis, último párrafo, que se propone adicionar a la Ley Monetaria, y 14 de la Ley Orgánica del Banco de México, cuya reforma se incluye en la iniciativa, modifican el régimen de canje de las piezas en circulación, permitiendo al Banco de México llevar a cabo dicho canje directamente o a través de sus corresponsales. En esta forma, se establece un sistema para el intercambio de instrumentos legales de pago que permita, no sólo en las oficinas del Banco de México sino en toda la República, satisfacer los requerimientos del público de manera más eficaz y oportuna.
Ante la imposibilidad que representa obligar, tanto al Banco Central como a sus corresponsales, a mantener a disposición del público, para su canje, cuantiosas y permanentes existencias de todas y cada una de las piezas que integran la circulación monetaria, el proyecto prevé que cuando los obligados al canje no dispusieren de billetes o monedas de las denominaciones requeridas, el intercambio pueda hacerse entregando monedas de las denominaciones de que se dispongan, que más se aproximen a las solicitadas.
De este régimen general se exceptúan, por sus características particulares, las piezas que tengan un empleo exclusivamente numismático, así como aquellas de oro o de plata, sin valor nominal. Respecto a estas últimas se establece la obligación del Banco de México de recibirlas ilimitadamente a su valor de cotización, entregando a cambio de ellas, billetes o monedas metálicas con valor facial. Dichas excepciones obedecen, en ambos casos, a la necesidad de limitar las acuñaciones; en el primero, para apoyar su valor numismático y, en el segundo, en consideración a que el monto de las acuñaciones de piezas de oro o de plata debe estar referido a la posibilidad y conveniencia de destinar dichos metales a tales fines.
Asimismo, se propone adicionar la Ley Monetaria con disposiciones tendientes a
salvaguardar el uso monetario de las piezas metálicas, dar una mayor seguridad en la circulación de la moneda y prever la desmonetización de los billetes. Por otra parte, se propone aclarar el régimen para la acuñación de moneda metálica.
Para lo primero, se agrega un segundo párrafo al artículo 10, en el que se prohíbe alterar o transformar dichas piezas mediante su fundición o cualquier otro procedimiento que tenga por objeto aprovechar su contenido metálico, estableciendo sanciones pecuniarias que desalienten posibles infracciones.
En cuanto a lo segundo, se adicionará a la Ley el Capítulo IV, con un articulado que sólo permite la imitación o reproducción de moneda, nacional o extranjera, cuando así lo autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por tratarse de dibujos, imágenes u objetos cuyo uso no propicie engaño o confusión en el público; prohíbe la fabricación de piezas nacionales o extranjeras, que hubieren tenido el carácter de moneda, exceptuando de esta prohibición a las reproducciones de antiguas monedas mexicanas que lleve a cabo el Banco de México con autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y establece procedimientos mas idóneos para evitar la circulación de moneda falsa o alterada, tanto nacional como extranjera.
El nuevo régimen que se propone en materia de imitación de reproducción de moneda, hace necesario reformar el párrafo segundo del artículo 144 de la Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares.
En un régimen de moneda fiduciaria como el nuestro, la composición del circulante en cuanto a las denominaciones de los billetes y de las monedas metálicas, debe adecuarse a los costos de fabricación de unos y otras, a su duración y a las cambiantes necesidades del público. Actualmente, el régimen para la emisión de billetes no prevé la desmonetización de los mismos, por lo cual, al dejarse de emitir piezas de ciertas denominaciones, atendiendo a los criterios enunciados, el Banco de México, tiene que mantener registrado indefinidamente, como pasivo a su cargo, el importe de los billetes de las denominaciones que han dejado de emitirse y que no han vuelto a su poder mediante el canje normal. Atento a ello se propone adicionar a la Ley Monetaria los artículos 22 y 23, que permitirían al Banco de México retirar de la circulación billetes, para integrar el sistema conforme a los criterios antes señalados. Tales retiros sólo podrían hacerse en términos que salvaguarden los intereses del público, mediante la debida publicidad de las resoluciones respectivas, la obligación irrestricta de canje por otras piezas del sistema y el señalamiento de plazos suficientes para ese efecto.
La reforma del artículo 13 de la Ley Monetaria y la derogación del artículo 16 de la Ley Orgánica del Banco de México, comprendidas en la iniciativa, mantiene el régimen vigente, que confiere al Instituto Central la facultad exclusiva de ordenar acuñaciones de monedas, estructurándolo en un solo precepto para su mayor claridad. Asimismo, se reconoce que la fabricación de las monedas metálicas sólo puede llevarse materialmente a cabo por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o por las personas que al efecto autorice la propia Secretaría; esto último con objeto de asegurar en todo tiempo la producción de piezas monetarias, indispensables a la vida económica de la República. En ambos casos, quienes realicen la fabricación de que se trata deberán ajustarse estrictamente a las órdenes de la acuñación que reciban del Banco de México.
Las modificaciones que la iniciativa propone hacer a la Ley Orgánica del Banco de México tienen, además de los fines antes mencionados, el de dotar a éste con un estatuto más idóneo al ejercicio de sus funciones, permitiéndole regular la moneda, el crédito y los cambios, así como sostener el sistema general crédito, en términos que se adecuen con la mayor efectividad a los requerimientos económicos y financieros del país.
Para ello, se propone ajustar los regímenes aplicables a las reservas que debe mantener el Instituto Central, a las operaciones financieras que éste lleve a cabo y a la realización de otras actividades necesarias o convenientes al empleo eficiente de los recursos humanos y materiales con que se cuente.
En el artículo 20, se incluyen diversos ajustes al régimen aplicable a la composición de la reserva monetaria, para hacer explícito que pueden formar parte de la misma los derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional, los valores con alta liquidez de mercado, emitidos por entidades financieras internacionales, así como otros activos sobre el exterior y pagaderos en moneda extranjera que, independientemente de los plazos formales para su exigibilidad, sean realizables con sólo ajuste de intereses o descuentos de escasa significación.
La modificación al artículo 60 de la aludida Ley Orgánica, tiene por objeto facilitar al Instituto Central la creación e incremento de las reservas complementarias de activo que requiera para el adecuado ejercicio de las funciones de regulación monetaria, crediticia y cambiaría que la Ley le encomienda, así como para previsiones que, conforme a sanas técnicas contables, sea conveniente registrar a efecto de cubrir pérdidas derivadas de la estimación del activo. Estas reservas no deben considerarse como utilidades gravables por ser indispensables a la operación peculiar de todo banco central, cuyos resultados financieros están necesariamente expuestos a una gran variabilidad.
Complementando el estatuto aplicable a las reservas del Banco Central, la reforma al artículo 61 de su Ley Orgánica fusiona el fondo complementario de estabilización al fondo especial de previsión, tomando en cuenta que ambos se integran actualmente con recursos cuyos orígenes son los mismos, así como la conveniencia de simplificar su registro y aplicación.
Para aclarar el alcance de algunos preceptos, ajustar las operaciones financieras que el Banco de México puede llevar a cabo y adecuarlas al nuevo estatuto de la banca múltiple a que se refiere el Decreto de reformas y adiciones a la Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares de fecha 22 de diciembre de 1978, la iniciativa que ahora someto a su consideración, incluye algunos cambios en los artículos 24, 26 y 27 de la Ley Orgánica del Banco de México, que permitirán a éste contar con instrumentos más idóneos al estatuto previsto para el sistema bancario nacional, así como a la realización de aquellas operaciones de carácter financiero con fideicomisos públicos, que requiera llevar a cabo en el ejercicio de sus funciones.
El proyecto comprende la reforma al artículo 24 fracción XXII de la citada Ley, a efecto de establecer un régimen más apropiado en materia de inversiones en bienes inmuebles destinados a instalar en ellos las oficinas del Banco así como en acciones de sociedades propietarias de tales inmuebles, ya que el precepto vigente relaciona el monto de tales inversiones al que alcance el capital autorizado de la Institución, concepto que, al referirse solamente al límite máximo susceptible de alcanzarse por el capital suscrito y pagado, no corresponde en realidad a recursos con que cuenta el Banco Central.
La reforma a la fracción XXVII del propio artículo 24 y la adición a la fracción XXX del citado precepto, prevén, en forma expresa, que el Banco pueda prestar servicios y realizar otras operaciones a través de las cuales optimice la utilización de sus recursos materiales y técnicos en áreas que, por la naturaleza y características de dichos recursos, estarían vinculadas a las funciones y operaciones propias del Banco de México.
La reforma al artículo 43, ajusta el régimen a que deben sujetarse las dependencias y entidades de la administración pública federal, en cuanto al mantenimiento en el Banco de México de los fondos que posean o manejen, a fin de dar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público facultades que le permitan adecuar dichas inversiones a los requerimientos y necesidades de las dependencias y entidades respectivas, a quienes, por otra parte, se sujeta al requisito de llevar a cabo sus operaciones con divisas conforme a las orientaciones políticas que les dé a conocer el Banco Central, el que, en esta forma, contará con un instrumento de particular efectividad e importancia para la regulación del mercado de cambios y evitar, en lo posible, perturbaciones inconvenientes.
La iniciativa comprende asimismo, reformas a los artículos 6o., 30 y 57, la adición de un segunda párrafo al artículo 53, y la derogación del artículo 35 de la mencionada Ley Orgánica del Banco de México.
La reforma al artículo 6o. tiene por objeto modificar el régimen de asociación a dicho Instituto Central por parte de las sucursales de bancos extranjeros. Ello atendiendo a que la ley vigente no permite ya el otorgamiento de nuevas concesiones para la operación de dichas sucursales, así como a que las características particulares del nuevo tipo de sucursales de bancos extranjeros que prevé la propia Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares, no justifica mantener para las sucursales que en el futuro pudieran llegar a establecerse, el régimen de asociación a que se ha hecho referencia. La única sucursal de banco extranjero que existe actualmente en el país, podría continuar asociada al Instituto Central.
La modificación del segundo párrafo del artículo 30, relativo a las hipotecas a favor del Banco por los préstamos que éste otorga a sus empleados y funcionarios, obedece a la conveniencia de permitir una mayor adecuación de estas operaciones al régimen laboral aplicable en la materia.
Se estima conveniente adicionar el artículo 53 para prever la asistencia del Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros a las juntas del Consejo de Administración del Banco, dada la relación que existe entre las atribuciones que por ley competen a dichas entidades en materia de instituciones de crédito.
A fin de permitir a la Asamblea la determinación de los honorarios a percibir por los miembros del Consejo de Administración, se propone modificar el artículo 57 de la citada Ley Orgánica del Banco de México, ya que el actual honorario fijo de $100.00 por junta
AÑO I. T. I. No 40 CÁMARA DE DIPUTADOS NOVIEMBRE 22 Y 26, 1979
que prevé‚ dicho artículo, data de 1947 y resulta anacrónico. Tal facultad de la Asamblea se ejercería sin perjuicio de las autorizaciones específicas que el Banco, como entidad de la administración pública federal, requiere obtener de las autoridades competentes.
Finalmente se propone derogar, el artículo 35, en atención a que lo establecido en él, se encuentra actualmente modificado por el artículo 94 bis de la Ley General de instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares.
Por lo expuesto, con fundamento en la facultad que me confiere la fracción I del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la soberanía del H. Congreso de la Unión, por el digno conducto de ustedes, la siguiente iniciativa de
DECRETO QUE REFORMA LA LEY MONETARIA
DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, LA LEY ORGÁNICA DEL
BANCO DE MÉXICO Y LA LEY GENERAL
DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO
Y ORGANIZACIONES AUXILIARES
Artículo primero. Se reforman los artículos 2o., inciso b), 7o. y 13 de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos; y se adicionan los artículos 2o, bis, 10 con los párrafos segundo y tercero y los capítulos IV y V que contienen de los artículos 17 al 23 inclusive, de y a la propia Ley, para quedar como sigue:
"Artículo 2o..................................................
a)......................................................
b)Las monedas metálicas de cien, cincuenta, veinte, diez, cinco, y un pesos, y de cincuenta, veinte y diez centavos con los diámetros, composición metálica, pesos, cuños y demás características que señalen los decretos relativos.
c)................................................
"Artículo 2o. bis. También formarán parte del sistema, las monedas metálicas, acuñadas en oro y en plata, cuyo peso, cuño ley y demás características señalen los decretos relativos.
Estas monedas:
I. Gozarán de curso legal por el equivalente en pesos de su cotización diaria;
II. No tendrán valor nominal;
III. Expresarán su contenido de metal fino; y
IV. Tendrán poder liberatorio limitado en un mismo pago a diez o a cien piezas según se trate, respectivamente, de monedas de oro o de plata.
El Banco de México determinará diariamente la cotización de estas monedas, con base en el precio internacional del metal fino contenido en ellas.
El Banco de México, directamente o a través de sus corresponsables, estará obligado a recibir ilimitadamente estas monedas, a su valor de cotización, entregando a cambio de ellas billetes y monedas metálicas de los mencionados en el artículo 2o. de esta ley".
"Artículo 7o. Las obligaciones de pago en moneda mexicana se solventarán, salvo lo dispuesto en el párrafo siguiente, entregando hasta el límite de su poder liberatorio, en su caso, billetes o monedas metálicas de curso legal, por su valor nominal o al valor de cotización que rija en la fecha en que se efectúe el pago, según éste se haga, respectivamente, con las monedas a que se refieren los artículos 2o. o 2o. bis de esta ley.
Las obligaciones de pago en las monedas a que se refiere al artículo 2o. bis, deberán solventarse entregando monedas de las señaladas en el artículo 2o., a la cotización que hubiere regido para las primeras en la fecha en que se contrajo la correspondiente obligación".
"Artículo 10..........................................
. Se prohíbe alterar o transformar las monedas metálicas en circulación, mediante su fundición o cualquier otro procedimiento, que tengan por objeto aprovechar su contenido metálico. Los infractores serán sancionados administrativamente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con multas hasta de un tanto del valor del metal contenido en las piezas alteradas o transformadas. El importe de la multa correspondiente se fijará oyendo al Banco de México y tomando en cuenta el valor y el número de las piezas utilizadas, el destino que se haya dado o pretendido dar a las monedas o a sus componentes, la utilidad percibida por el infractor, las circunstancias peculiares de éste y el daño producido a la circulación monetaria.
La prevención del párrafo anterior en cuanto al aprovechamiento del contenido metálico de las piezas, no es aplicable al Banco de México".
"Artículo 13. La acuñación de monedas metálicas sólo podrá ser ordenada por el Banco de México, en los términos de su Ley Orgánica, por resolución que tome su Consejo de Administración en votación secreta, por mayoría de siete votos, cuando menos, quedando tal resolución sujeta al veto del Secretario de Hacienda y Crédito Público.
La acuñación que se haga en forma distinta a la prevenida en esta ley será causa de destitución inmediata y de responsabilidad civil para los consejeros y funcionarios del Banco que la ordenen y para los funcionarios y empleados que la ejecuten. Quienes lleven a cabo acuñaciones deberán, bajo su
responsabilidad más estricta, observar los acuerdos que el Banco de México dicte conforme a este artículo, no vetados por el Secretario de Hacienda y Crédito Público, cualesquiera que sean las órdenes que en contrario reciban y la autoridad de que procedan.
El Banco de México sólo podrá ordenar la fabricación de moneda metálica a quienes previamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público haya autorizado para ese efecto".
CAPITULO IV
De la Seguridad de la Circulación
Monetaria
"Artículo 17. Queda prohibida la imitación o reproducción total o parcial, de monedas metálicas o de billetes, nacionales o extranjeros, en rótulos, viñetas, anuncios o en cualquiera otra forma, salvo en aquellos casos en que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oyendo previamente al Banco de México. lo autorice expresamente, por tratarse de imágenes de monedas que carezcan de idoneidad para engañar, que no conduzcan o puedan conducir a la falsificación de dichas piezas ni, en general, afecten la seguridad de la circulación monetaria.
Queda igualmente prohibida la comercialización de reproducciones o imitaciones no autorizadas.
Las personas que contravengan lo dispuesto en este artículo, serán sancionadas administrativamente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con multa hasta de un millón de pesos. El importe de la multa respectiva se fijará oyendo al Banco de México y tomando en cuenta el número de las imitaciones o reproducciones, los efectos de éstas en la seguridad de la circulación monetaria, la utilidad percibida por el infractor y las circunstancias de éste."
"Artículo 18. Queda prohibida la fabricación de piezas nacionales y extranjeras que hubieren tenido el carácter de billetes o de monedas metálicas. Los infractores serán sancionados administrativamente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oyendo al Banco de México, con multa hasta de un tanto del valor de mercado de las piezas reproducidas, o de no existir éste, del valor que les fije la propia Secretaría.
El Banco de México, con autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, podrá fabricar piezas mexicanas de las señaladas en el párrafo anterior".
"Artículo 19. Cuando exista presunción de que una moneda nacional o extranjera es falsa o ha sido alterada, su tenedor podrá pedir al Banco de México, directamente o por conducto de cualquiera institución de crédito del país, verificar esas circunstancias, contra la entrega del recibo correspondiente. En el caso de que tal petición se formule por conducto de una institución de crédito, ésta deberá remitir al Banco de México, en los términos que el mismo señale y en un plazo no mayor de un día hábil, contando a partir de la fecha de su recibo, las piezas que le sean entregadas para su análisis.
Cuando las piezas sean auténticas serán devueltas a su tenedor, si por el contrario resultaren falsas, estuvieren alteradas o no se pudiera determinar la autenticidad de las mismas, el Banco de México procederá a dar parte de inmediato a las autoridades competentes, poniéndolas a su disposición para el aseguramiento correspondiente".
"Artículo 20. Si las monedas respecto a las cuales exista presunción de que son falsas o han sido alteradas llegan a poder de una institución de crédito por medio diverso al previsto en el artículo anterior, dicha institución, como auxiliar del Ministerio Público y de la Policía Judicial, deberá dar parte de inmediato a las autoridades competentes, poniendo las piezas respectivas a su disposición. Las citadas autoridades deberán remitir al Banco de México, para su análisis, las piezas objeto de la averiguación o instrucción, quedando las mismas al cuidado y bajo la responsabilidad de éste último.
Cuando, en los términos previstos en este artículo, se proceda al aseguramiento de monedas, su tenedor tendrá derecho a que la institución de crédito respectiva le extienda un recibo provisional en el que se identifiquen plenamente las piezas de que se trate, en tanto la autoridad competente le entrega, por conducto de la propia institución, el recibo definitivo.
El carácter de auxiliar del Ministerio Público y de la Policía Judicial que se atribuye a las instituciones de crédito, es exclusivamente para los propósitos señalados en este artículo".
"Artículo 21. Las sanciones previstas en esta ley se aplicarán sin perjuicio de las responsabilidades que resulten por haberse cometido alguno o algunos de los ilícitos previstos en el Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal".
CAPITULO V
De la Desmonetización
"Artículo 22. Para la adecuada integración del sistema monetario, en función de las necesidades del público y de la duración y costo de los materiales relativos, el Banco de México podrá sustituir los billetes que forman parte de dicho sistema por otros nuevos o dejar de emitir los de cierta denominación.
Las resoluciones que al efecto adopte esa Institución deberán de publicarse en el "Diario Oficial" de la Federación y especificar los billetes a que estén referidas, así como el término durante el cual éstos conservarán su poder liberatorio, mismo que no será inferior de doce meses contado a partir de la fecha en que se publique la resolución correspondiente".
"Artículo 23. El Banco de México, dentro del plazo a que refiere el artículo anterior, directamente o a través de sus corresponsales, canjeará ilimitadamente y a valor nominal los billetes que se retiren de la circulación conforme a ese artículo".
Artículo segundo. Se reforman los artículos 6o., 14, 20, fracciones II y III, 24 primer párrafo y fracciones V, VIII y X primer párrafo e inciso c), XXII y XXVII, 26, 30 párrafo segundo, 43, 57 párrafo primero, 60 párrafo primero, 61 y 62 párrafo primero de la Ley Orgánica del Banco de México; se adicionan una fracción V al artículo 20, las fracciones XXVIII, XXIX, XXX y XXXI del artículo 24 y un segundo párrafo al artículo 53, de la propia Ley, y se derogan el artículo 16, el último párrafo de la fracción X del artículo 24, el tercer párrafo del artículo 27 y el artículo 35 de la citada Ley, para quedar como sigue:
"Artículo 6o. Las instituciones de crédito que gocen de concesión del Gobierno Federal, en los términos del artículo 2o. de la ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares, para recibir del público depósitos bancarios de dinero, están obligadas a suscribir acciones del Banco de México.
A las Instituciones nacionales de crédito no les será aplicable la obligación señalada en este artículo".
"Artículo 14. El Banco, por sí mismo o a través de las instituciones de crédito con quienes tenga celebrados contratos de corresponsalía, deberá cambiar a la vista los billetes y a las monedas metálicas que ponga en circulación, indistintamente por monedas o billetes de la misma o de otras denominaciones, sin limitación alguna y a voluntad del tenedor.
Si dicho Banco o sus corresponsales no dispusieren de billetes o monedas metálicas de las denominaciones requeridas, la obligación de canje señalada podrá cumplirse entregando billetes o monedas metálicas de las denominaciones de que dispongan, que más se aproximen a las solicitadas.
Se exceptúan de esta disposición las monedas a que se refieren la fracción XXIX del artículo 24 de esta ley y el primer párrafo del artículo 2o. bis de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos".
"Artículo 16. (Se deroga)".
"Artículo 20......................................
II. Los cheques, órdenes de pago, aceptaciones, giros, letras de cambio y demás efectos literales a no más de siete días vista, así como los de inmediata realización con sólo ajuste de intereses, o con descuento de escasa significación, suscritos por firmas de primer orden y pagaderos sobre el exterior, en moneda y por entidades del extranjero;
III. Los depósitos retirables a la vista, a plazo o con previo aviso de no más de catorce días y los de inmediata devolución con sólo ajuste de intereses, o con descuento de escasa significación, constituidos en bancos de primer orden del extranjero y pagaderos también en moneda extranjera;
........................................................................................................................................................................................
V. Los derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional y los valores con alta liquidez de mercado, emitidos por entidades financieras internacionales".
"Artículo 24. El Banco, en las condiciones que fije su Consejo de Administración y de acuerdo con esta ley, podrá:
.................................................................................................................................................................
V. Recibir depósitos a la vista y a plazo en moneda nacional y extranjera de instituciones de crédito, dependencias y entidades que integran la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados y de los Municipios, así como los demás depósitos expresamente previstos en la ley. Dichos depósitos podrán ser con o sin causa de intereses;
...............................................................................................................................................................
VIII. Descontar títulos de crédito a las instituciones de crédito, ya sea que actúen por cuenta propia o en ejecución de fideicomisos en los que el Gobierno Federal sea fideicomitente, cuando ello sea necesario o conveniente para el ejercicio de las facultades y funciones que esta ley le encomienda y siempre que tales descuentos se hagan con la responsabilidad de la institución descontataria y satisfagan los requisitos de seguridad propios de una sana técnica bancaria. El Banco podrá negociar los títulos de crédito así adquiridos;
.............................................................................................................................................
X. Abrir créditos y conceder préstamos a las instituciones de crédito, ya sea que actúen por cuenta propia o con el carácter de fiduciarios en fideicomisos en los que el Gobierno Federal sea fideicomitente, exigiendo, de ser necesario a la debida seguridad de las operaciones, que éstas se garanticen con:
...........................................................................................................................................
c) Depósitos bancarios de dinero, así como valores emitidos o garantizados por instituciones de crédito. Cuando las garantías consistan en valores, la institución de crédito que
los emita o garantice deberá ser diversa de aquella que efectúe el descuento u obtenga el crédito o préstamo.
..................................................................................................................
(Se deroga el último párrafo de esta fracción).
.....................................................................................................................
XXII. Invertir hasta un 20% de su capital pagado y de las reservas con que cuente, en la instalación de sus oficinas, en la adquisición de bienes inmuebles y de mobiliario para su uso o, en su caso, en la suscripción o compra de acciones o participación en sociedades propietarias de tales bienes inmuebles o constituidas con ese objeto;
.......................................................................................................................................
XXVII. Actuar como fiduciario cuando por ley le haya sido encomendada esa función; o en los casos de notorio interés público, previa aprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El Banco podrá canalizar recursos a los fideicomisos en los que tenga el carácter de fiduciario, a través de las operaciones financieras que esta ley le autoriza a realizar.
XXVIII. Elaborar y compilar estadísticas económicas y financieras y operar sistemas de información basadas en aquéllas.
XXIX. Ordenar, en los términos del artículo 13 de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, la acuñación de monedas metálicas con acabado o empaque especial, llevando a cabo su comercialización.
XXX. Utilizar en la prestación de servicios y en la fabricación de bienes terceros, la maquinaria y equipo de que disponga para el ejercicio de las funciones que esta ley le encomienda desempeñar, que por su alto costo y especialización no convenga mantener improductivos, y siempre que no estén siendo utilizados total o parcialmente para esos fines.
XXXI. Garantizar la recuperación de financiamientos que se otorguen para el fomento de actividades económicas prioritarias".
"Artículo 26. El Consejo de Administración, atendiendo a las condiciones económicas de la República, podrá fijar, para situaciones de carácter general, regímenes de tasas de interés, así como de plazos, que deban aplicarse en las operaciones de descuento, de préstamo y de apertura de créditos que celebre el Banco de acuerdo con esta ley".
"Artículo 27....................................................
........................................................................
(Se deroga su tercer párrafo)".
"Artículo 30...................................................
Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior las hipotecas constituidas a favor del Banco por los préstamos con plazo máximo de 20 años que otorgue a sus empleados y funcionarios para resolver sus problemas de casa habitación".
"Artículo 35. (Se deroga)".
"Artículo 43. Las dependencias y entidades que integren la Administración Pública Federal, deberán:
I. Mantener los fondos que por cualquier concepto posean o manejen, invertidos en depósitos en el Banco de México o, previa autorización de la Secretaría de hacienda y Crédito Público, en valores de Estado.
Dicha Secretaría podrá determinar los fondos que, para el adecuado manejo de las operaciones financieras de las correpondientes entidades y dependencias, no deban sujetarse a esta disposición, señalando, en su caso, la aplicación que deba dárseles.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público ejercerá las facultades que le confieren los dos párrafos anteriores en coordinación con el Banco de México;
II. Realizar sus operaciones con divisas sujetándose a las orientaciones y políticas que, para propiciar un mercado de cambios ordenado, les dé a conocer el Banco de México en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Al efecto, las dependencias y entidades proporcionarán a la citada Secretaría y al Banco la información que les sea solicitada respecto a sus operaciones con divisas".
"Artículo 53......................................................
El Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros podrá asistir con voz a las juntas del Consejo de Administración".
"Artículo 57. Los consejeros tendrán derecho al honorario que les fije la Asamblea, por cada junta del Consejo o de las comisiones a las que asistan. No podrán percibir cantidad alguna a título de gratificación, ni tendrán participación en las utilidades del Banco.
........................................................................................................
"Artículo 60. Al cierre de cada ejercicio social se procederá a estimar los elementos del activo y del pasivo del Banco, de acuerdo con las disposiciones aplicables de esta ley y de la Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares, hecho lo cual se pasará a determinar las utilidades obtenidas. No se considerarán utilidades las cantidades que se hayan llevado a reservas complementarias de activo, para el adecuado ejercicio de las funciones de regularización monetaria, crediticia y cambiaría que esta ley encomienda al Banco o para previsiones que, conforme a sanas técnicas contables, sea conveniente registrar a efecto de cubrir pérdidas derivadas de la estimación del activo.
I......................................................................................
II......................................................................................
III...................................................................
IV.........................................................................
"Artículo 61. Con las utilidades que se deriven de la acuñación de moneda y con los intereses penales a que se refiere la fracción IX del artículo 94 bis de la Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares, el Banco constituirá un fondo especial de previsión, al cual se cargarán, desde que se causen, los gastos que origine la acuñación de monedas y su emisión. Dicho fondo reportará, además, cuando el Consejo lo decida, los saldos deudores de las cuentas de resultados relativos a las operaciones con metales y divisas, sin incluir los gastos generales correspondientes".
"Artículo 62. La diferencia que resulte entre el costo de la plata destinada a la acuñación y el valor de inventario que se designe deberá abonarse directamente al fondo especial de previsión. Esta diferencia no se considerará como utilidad del Banco para efectos fiscales.
................................................................................."
Artículo tercero. Se reforma el segundo párrafo del artículo 144 de la Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares, para quedar como sigue:
"Artículo 144.......................................................................
Se prohíbe la imitación de títulos de crédito en rótulos, viñetas o anuncios o en cualquier otra forma. Los infractores serán castigados administrativamente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con multa hasta de $10,000.00 sin perjuicio de las acciones que contra ellos puedan intentarse ante los Tribunales del Orden Federal".
TRANSITORIOS
Artículo primero. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el "Diario Oficial" de la federación.
Artículo segundo. Las monedas metálicas de veinticinco pesos continuarán en circulación hasta el 31 de diciembre de 1981, con el poder liberatorio que les señalaba el artículo 5o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos.
El Banco de México, directamente o a través de sus corresponsales, canjeará las citadas monedas, a su valor nominal, por otras de distinta denominación, sin limitación alguna en cuanto a plazo y cantidad.
Artículo tercero. Los recursos que a la fecha en que entre en vigor este Decreto integren el fondo complementario de estabilización, constituido en el Banco de México, pasarán a formar parte del fondo especial de previsión del propio Instituto Central.
Ruego a ustedes CC. Secretarios, dar cuenta de esta Iniciativa a la H. Cámara de Diputados para los efectos constitucionales correspondientes.
México, D. F., a 16 de noviembre de 1979.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.- José López Portillo."
- Trámite Recibo y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público e imprímase
MINUTAS
CONDECORACIONES
- El mismo C. Secretario:
"CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados al Congreso de la Unión.- Presentes.
Para los efectos constitucionales, con el presente tenemos el honor de remitir a ustedes el expediente con la minuta proyecto de decreto por el cual se concede permiso al ciudadano licenciado Roberto Bravo G., para aceptar y usar la Condecoración de la Orden al Mérito que, en grado de Encomienda, le confiere el Gobierno de la República Popular de Polonia.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.
México, D. F., 15 de noviembre de 1979.- Antonio Ocampo Ramírez, S. S.- Rafael A. Tristán López, S. S."
"MINUTA
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano licenciado Roberto Bravo G., para que pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden al Mérito que, en grado de Encomienda, le confiere al Gobierno de la República Popular de Polonia.
Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores. - México, D. F., 15 de noviembre de 1979. - Silverio R. Alvarado, S. P. - Antonio Ocampo Ramírez S. S. -Rafael A. Tristán López, S. P."
- Trámite Recibo y a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
- El mismo C. Secretario:
"CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados al Congreso de la Unión.- Presentes.
Para los efectos constitucionales, con el presente tenemos el honor de remitir a ustedes el expediente con la minuta proyecto de decreto por el cual se concede permiso al ciudadano doctor Guillermo Soberón Acevedo, para que pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden al Mérito que, en grado de Encomienda, le confiere el Gobierno de la República Popular de Polonia.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.
México, D. F., 15 de noviembre de 1979. - Antonio Ocampo Ramírez, S. S. -Rafael A. Tristán López, S. S."
"MINUTA
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano doctor Guillermo Soberón Acevedo, para que pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden al Mérito que, en grado de Encomienda, le confiere el Gobierno de la República Popular de Polonia.
Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores. - México, D. F., 15 de noviembre de 1979. - Silverio R. Alvarado, S. P. - Antonio Ocampo Ramírez, S. S. -Rafael A. Tristán López S. P."
- Trámite Recibo y a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
- El mismo C. Secretario:
"CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados al Congreso de la Unión.- Presentes.
Para los efectos constitucionales, con el presente tenemos el honor de remitir a ustedes el expediente con la minuta proyecto de decreto por el cual se concede permiso al ciudadano licenciado Adrián Lajous, para que pueda aceptar y usar la Condecoración de la orden al Mérito que, en grado de Encomienda, le confiere el Gobierno de la República Popular de Polonia.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.
México, D. F., 15 de noviembre de 1979.- Antonio Ocampo Ramírez, S. S.- Rafael A. Tristán López, S. S."
"MINUTA
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único . Se concede permiso al ciudadano licenciado Adrián Lajous, para que pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden al Mérito que, en grado de Encomienda, le confiere el Gobierno de la República Popular de Polonia.
Salón de Sesiones de la H., Cámara de Senadores. - México, D. F., 15 de noviembre de 1979. - Silverio R. Alvarado, S. P. - Antonio Ocampo Ramírez, S. S. -Rafael A, Tristán López S.S."
- Trámite: recibo y a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
- El mismo C. Secretario:
"CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados al Congreso de la Unión.- Presente.
Para los efectos constitucionales, con el presente tenemos el honor de remitir a ustedes el expediente con la minuta proyecto de decreto por el cual se concede permiso al ciudadano licenciado José Gómez Gordoa, para que pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden al Mérito que, en grado de Encomienda, le confiere el Gobierno de la República Popular de Polonia.
Reiteramos a ustedes la seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.
México, D. F., 15 de noviembre de 1979. - Antonio Ocampo Ramírez, S. S. - Rafael A. Tristán López, S. S."
"MINUTA
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano licenciado José Gómez Gordoa, para que pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden al Mérito que, en grado de Encomienda, le confiere el Gobierno de la República Popular de Polonia.
Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores. - México, D. F., 15 de noviembre de 1979. - Silverio R. Alvarado, S. P. - Antonio Ocampo Ramírez, S. S. - Rafael A. Tristán López, S. S."
- Trámite: Recibo y a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
- El mismo C. Secretario:
"CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados al Congreso de la Unión.- Presentes.
Para los efectos constitucionales, con el presente tenemos el honor de remitir a ustedes el expediente con la minuta proyecto de decreto por el cual se concede permiso al ciudadano doctor Edmundo Flores, para que pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden al Mérito que, en grado de Encomienda, le confiere el Gobierno de la República Popular de Polonia.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.
México, D. F., 15 de noviembre de 1979. - Antonio Ocampo Ramírez, S. S. - Rafael A. Tristán López, S. S."
"MINUTA
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano doctor Edmundo Flores, para que pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden al Mérito que, en grado de Encomienda,
le confiere el Gobierno de la República Popular de Polonia.
Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores. - México, D. F., 15 de noviembre de 1979. - Silverio R. Alvarado, S. P. - Antonio Ocampo Ramírez, S. S. Rafael A. Tristán López, S. P."
-Trámite: Recibo y a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
- El mismo C. Secretario:
"CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados al Congreso de la Unión.- Presentes.
Para los efectos constitucionales, con el presente tenemos el honor de remitir a ustedes el expediente con la minuta proyecto de decreto por el cual se concede permiso al ciudadano licenciado Fernando Rafful Miguel, para que pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden al Mérito que, en grado de Encomienda, le confiere el Gobierno de la República Popular de Polonia.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.
México, D. F., 15 de noviembre de 1979. - Antonio Ocampo Ramírez, S. S. - Rafael A. Tristán López, S. S."
"MINUTA
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano licenciado Fernando Rafful Miguel, para que pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden al Mérito que, en grado de Encomienda, le confiere al Gobierno de la República Popular de Polonia.
Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores. - México, D. F., 15 de noviembre de 1979. - Silverio R. Alvarado, S. P. - Antonio Ocampo Ramírez, S. S. - Rafael A. Tristán López, S. S."
"CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados al Congreso de la Unión.- Presentes.
Para los efectos constitucionales, con el presente tenemos el honor de remitir a ustedes el expediente con la minuta proyecto de decreto por el cual se concede permiso al ciudadano general Miguel Angel Godínez Bravo, para que pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden al Mérito que, en grado de Encomienda, le confiere el Gobierno de la República Popular de Polonia.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.
México, D. F., 15 de noviembre de 1979. - Antonio Ocampo Ramírez, S. S. - Rafael A. Tristán López, S. S."
"MINUTA
PROYECTO DE CONCRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano general Miguel Angel Godínez Bravo, para que pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden al Mérito que, en grado de Encomienda, le confiere el Gobierno de la República Popular de Polonia.
Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores. - México, D. F., 15 de noviembre de 1979. - Silverio R. Alvarado, S. P. - Antonio Ocampo Ramírez, S. S. Rafael A. Tristán López, S. S."
- Trámite: Recibo y a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
DICTÁMENES DE PRIMERA
LECTURA
CONDECORACIONES
- El C. secretario José Murat:
"Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente con la solicitud de permiso constitucional para que el ciudadano licenciado Jorge Castañeda, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden de la Corona, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno del Reino de Bélgica.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del Apartado B) del Artículo 37 Constitucional, se permite someter a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano licenciado Jorge Castañeda, para que pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden de la Corona, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno del Reino de Bélgica.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. - México, D. F., a 21 de noviembre de 1979. - Presidente, Luis M. Farías. - Secretario, Antonio Huitrón Huitrón. - Juan Sabines Gutiérrez. - Rafael Corrales Ayala. - Guillermo Jiménez Morales. - Francisco Javier Gaxiola Ochoa. - Juan Maldonado Pereda - Guillermo Medina de los Santos. - Eduardo Anselmo Rosas González.-
Ignacio Vázquez Torres. - Humberto Lira Mora. - Pedro Joaquín Coldwell. - Eduardo Aviña Bátiz. - Luis Octavio Porte Petit Moreno. - Juan Manuel Elizondo. Gilberto Rincón Gallardo. - Ezequiel Rodríguez Arcos. -Abel Vicencio Tovar R. Enrique Sánchez Silva. - Raúl Pineda Pineda. - Juan Landerreche Obregón. - Juan Aguilera Azpeitia. - Antonio Gómez Velazco."
-Trámite: Primera lectura.
- El C. secretario Sabino Hernández Téllez:
"Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto aprobado por la H. Cámara de Senadores, por el que se concede permiso al ciudadano Javier Solana, para que pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden al Mérito que, en grado de Encomienda, le confiere el Gobierno de la República Popular de Polonia.
La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la Fracción III del Apartado B) del Artículo 37 Constitucional, se permite someter a la consideración de la H. Asamblea el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Javier Solana para que pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden al Mérito que, en grado de Encomienda, le confiere el Gobierno de la República Popular de Polonia.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. - México, D. F., a 21 de noviembre de 1979. - Presidente, Luis M. Farías. - Secretario, Antonio Huitrón Huitrón. - Juan Sabines Gutiérrez. - Rafael Corrales Ayala. - Guillermo Jiménez Morales. - Francisco Javier Gaxiola Ochoa. - Juan Maldonado Pereda. - Guillermo Medina de los Santos. - Eduardo Anselmo Rosas González. - Ignacio Vázquez Torres. - Enrique Sánchez Silva. - Raúl Pineda Pineda. - Humberto Lira Mora. - Pedro Joaquín Coldwell. - Eduardo Aviña Bátiz. - Luis Octavio Porte Petit Moreno. - Juan Manuel Elizondo. - Gilberto Rincón Gallardo. - Ezequiel Rodríguez Arcos. - Abel Vicencio Tovar R. - Juan Landerreche Obregón. - Juan Aguilera Azpeitia. - Antonio Gómez Velazco."
- Trámite: Primera lectura.
- El mismo C. Secretario:
"Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto aprobado por la H. Cámara de Senadores, por lo que se concede permiso al ciudadano licenciado Jesús Cabrera Muñoz Ledo, para que pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden al Mérito que, en grado de Encomienda, le confiere el Gobierno de la República Popular de Polonia.
La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la Fracción III del Apartado B) del Artículo 37 Constitucional, se permite someter a la consideración de la H. Asamblea el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano licenciado Jesús Cabrera Muñoz Ledo, para que pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden al Mérito que, en grado de Encomienda, le confiere el Gobierno de la República Popular de Polonia.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. - México, D. F., a 21 de noviembre de 1979. - Presidente, Luis M. Farías. - Secretario, Antonio Huitrón Huitrón. - Juan Sabines Gutiérrez. - Rafael Corrales Ayala. - Guillermo Jiménez Morales. - Francisco Javier Gaxiola Ochoa. - Juan Maldonado Pereda. - Guillermo Medina de los Santos. - Eduardo Anselmo Rosas González. - Ignacio Vázquez Torres. - Enrique Sánchez Silva. - Raúl Pineda Pineda. - Humberto Lira Mora. - Pedro Joaquín Coldwell. - Eduardo Aviña Bátiz. - Luis Octavio Porte Petit Moreno. - Juan Manuel Elizondo. - Gilberto Rincón Gallardo. - Ezequiel Rodríguez Arcos. - Abel Vicencio Tovar R. - Juan Landerreche Obregón. - Juan Aguilera Azpeitia.- Antonio Gómez Velazco."
- Trámite: Primera lectura.
- El mismo C. Secretario:
"Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe, le fue turnado su estudio y dictamen el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto aprobado por la H. Cámara de Senadores, por el que se concede permiso al ciudadano doctor Edmundo O'Gorman, para que pueda aceptar y usar
la Condecoración de la Orden al Mérito que, en grado de Encomienda, le confiere el Gobierno de la República Popular de Polonia.
La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la Fracción III del Apartado B) del Artículo 37 Constitucional, se permite someter a la consideración de la H. Asamblea el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano doctor Edmundo O'Gorman, para que pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden al Mérito que, en grado de Encomienda le confiere el Gobierno de la República Popular de Polonia.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. - México, D. F., a 21 de noviembre de 1979. - Presidente, Luis M. Farías. - Secretario, Antonio Huitrón Huitrón. - Juan Sabines Gutiérrez. - Rafael Corrales Ayala. - Guillermo Jiménez Morales. - Francisco Javier Gaxiola Ochoa. - Juan Maldonado Pereda. - Guillermo Medina de los Santos. - Eduardo Anselmo Rosas González. - Ignacio Vázquez Torres. - Enrique Sánchez Silva. - Raúl Pineda Pineda. - Humberto Lira Mora. - Pedro Joaquín Coldwell. - Eduardo Aviña Bátiz. - Luis Octavio Porte Petit Moreno. - Juan Manuel Elizondo. - Gilberto Rincón Gallardo. - Ezequiel Rodríguez Arcos. - Abel Vicencio Tovar R. - Juan Landerreche Obregón. - Juan Aguilera Azpeitia. - Antonio Gómez Velazco."
- Trámite: Primera lectura.
- El mismo C. Secretario:
"Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto aprobado por la H. Cámara de Senadores, por el que se concede permiso al ciudadano licenciado Juan José Bremer, para que pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden al Mérito que, en grado de Encomienda, le confiere el Gobierno de la República Popular de Polonia.
La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la Fracción III del Apartado B) del Artículo 37 Constitucional, se permite someter a la consideración de la H. Asamblea el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede el permiso al ciudadano licenciado Juan José Bremer, para que pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden al Mérito que, en grado de Encomienda, le confiere el Gobierno de la República Popular de Polonia.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. - México, D. F., a 21 de noviembre de 1979. - Presidente, Luis M. Farías. - Secretario, Antonio Huitrón Huitrón. - Juan Sabines Gutiérrez. - Rafael Corrales Ayala. - Guillermo Jiménez Morales. - Francisco Javier Gaxiola Ochoa. - Juan Maldonado Pereda. - Guillermo Medina de los Santos. - Eduardo Anselmo Rosas González. - Ignacio Vázquez Torres. - Enrique Sánchez Silva. - Raúl Pineda Pineda. - Humberto Lira Mora. - Pedro Joaquín Coldwell. - Eduardo Aviña Bátiz. - Luis Octavio Porte Petit Moreno. - Juan Manuel Elizondo. - Gilberto Rincón Gallardo. - Ezequiel Rodríguez Arcos. - Abel Vicencio Tovar R. - Juan Landerreche Obregón. - Juan Aguilera Azpeitia. - Antonio Gómez Velazco."
- Trámite: Primera lectura.
- El mismo C. Secretario:
"Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe, le fue turnado para sus estudio y dictamen el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto aprobado por la H. Cámara de Senadores, por el que se concede permiso al ciudadano licenciado Héctor Hernández Cervantes, para que pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden al Mérito que, en grado de Encomienda, le confiere al Gobierno de la república Popular de Polonia.
La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de cuerdo con lo que establece la Fracción III del Apartado B) del Artículo 37 Constitucional, se permite someter a la consideración de la H. Asamblea el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano licenciado Héctor Hernández Cervantes, para que pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden al Mérito que, en grado de Encomienda, le confiere al Gobierno de la República Popular de Polonia.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. - México, D. F., a 21 de noviembre de 1979. - Presidente, Luis M. Farías. - Secretario, Antonio Huitrón Huitrón. - Juan Sabines Gutiérrez. - Rafael Corrales Ayala. - Guillermo Jiménez Morales. - Francisco Javier Gaxiola Ochoa. - Juan Maldonado Pereda. - Guillermo Medina de los Santos. - Eduardo Anselmo Rosas González. - Ignacio Vázquez Torres. - Enrique Sánchez Silva.
Raúl Pineda Pineda. - Humberto Lira Mora. - Pedro Joaquín Coldwell. - Eduardo Aviña Bátiz. - Luis Octavio Porte Petit Moreno. - Juan Manuel Elizondo. - Gilberto Rincón Gallardo. - Ezequiel Rodríguez Arcos. - Abel Vicencio Tovar R. - Juan Landerreche Obregón. - Juan Aguilera Azpeitia. - Antonio Gómez Velazco."
- Trámite: Primera lectura.
- El mismo C. Secretario:
"Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto aprobado por la H. Cámara de Senadores, por el que se concede permiso al ciudadano arquitecto Jorge Enrique Zambrano Villa, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito que, en grado de Encomienda, le confiere el Gobierno de la República Popular de Polonia.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la Fracción III del Apartado B) del Artículo 37 Constitucional, se permite someter a la consideración de la H. Asamblea el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano arquitecto Jorge Enrique Zambrano Villa, para que pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden al Mérito que, en grado de Encomienda, le confiere al Gobierno de la República Popular de Polonia.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. - México, D. F., a 21 de noviembre de 1979. - Presidente, Luis M. Farías. - Secretario, Antonio Huitrón Huitrón. - Juan Sabines Gutiérrez. - Rafael Corrales Ayala. - Guillermo Jiménez Morales. - Francisco Javier Gaxiola Ochoa. - Juan Maldonado Pereda. - Guillermo Medina de los Santos. - Eduardo Anselmo Rosas González. - Ignacio Vázquez Torres. - Enrique Sánchez Silva. - Raúl Pineda Pineda. - Humberto Lira Mora. - Pedro Joaquín Coldwell. - Eduardo Aviña Bátiz. - Luis Octavio Porte Petit Moreno. - Juan Manuel Elizondo. - Gilberto Rincón Gallardo. - Ezequiel Rodríguez Arcos. - Abel Vicencio Tovar R. - Juan Landerreche Obregón. - Juan Aguilera Azpeitia. - Antonio Gómez Velazco."
- Trámite: Primera lectura.
- El mismo C. Secretario:
"Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto aprobado por la H. Cámara de Senadores, por el que se concede permiso al ciudadano ingeniero Luis Rivera Terrazas, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito que, en grado de Encomienda, le confiere el Gobierno de la República Popular de Polonia.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B) del Artículo 37 Constitucional, se permite someter a la consideración de la H. Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano ingeniero Luis Rivera Terrazas, para que pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden al Mérito que, en grado de Encomienda, le confiere al Gobierno de la República Popular de Polonia.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. - México, D. F., a 21 de noviembre de 1979. - Presidente, Luis M. Farías. - Secretario, Antonio Huitrón Huitrón. - Juan Sabines Gutiérrez. - Rafael l Corrales Ayala. - Guillermo Jiménez Morales. - Francisco Javier Gaxiola Ochoa. - Juan Maldonado Pereda. - Guillermo Medina de los Santos. - Eduardo Anselmo Rosas González. - Ignacio Vázquez Torres. - Enrique Sánchez Silva. - Raúl Pineda Pineda. - Humberto Lira Mora. - Pedro Joaquín Coldwell. - Eduardo Aviña Bátiz. -Luis Octavio Porte Petit Moreno. - Juan Manuel Elizondo. - Gilberto Rincón Gallardo. - Ezequiel Rodríguez Arcos. - Abel Vicencio Tovar R. - Juan Landerreche Obregón. - Juan Aguilera Azpeitia. - Antonio Gómez Velazco."
- Trámite: Primera lectura.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
- El mismo C. Secretario:
"Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea:
En ocurso fechado el 27 de septiembre del presente año, el ciudadano licenciado Francisco Manuel Sáenz Moreno, solicita el permiso constitucional necesario para que pueda prestar servicios como Asesor Jurídico para el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, en la Oficina del Servicio de Inmigración y Naturalización, agregado al Consulado General Americano en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.
En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión el día 21
de noviembre , se turnó a la Comisión que suscribe para su estudio y dictamen el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que el interesado prestará en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, en la Oficina del Servicio de Inmigración y Naturalización, agregado al Consulado General Americano en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, serán como Asesor Jurídico;
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del Apartado B) del Artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano licenciado Francisco Sáenz Moreno, para prestar servicios como Asesor Jurídico para el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, en la Oficina del Servicio de Inmigración y Naturalización, agregado al Consulado General Americano en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. - México, D. F., A 19 de noviembre de 1979. - Presidente, Luis M. Farías. - Secretario, Antonio Huitrón Huitrón. - Juan Sabines Gutiérrez. - Rafael Corrales Ayala. - Guillermo Jiménez Morales. - Francisco Javier Gaxiola Ochoa. - Juan Maldonado Pereda. - Guillermo Medina de los Santos. - Eduardo Anselmo Rosas González. - Ignacio Vázquez Torres. - Enrique Sánchez Silva. - Raúl Pineda Pineda. - Humberto Lira Mora. - Pedro Joaquín Coldwell. - Eduardo Aviña Bátiz. - Luis Octavio Porte Petit Moreno. - Juan Manuel Elizondo. - Gilberto Rincón Gallardo. - Ezequiel Rodríguez Arcos. - Abel Vicencio Tovar R. - Juan Landerreche Obregón. - Juan Aguilera Azpeitia. - Antonio Gómez Velazco."
- Trámite: Primera lectura.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
- El mismo C. Secretario:
"Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea:
En oficio fechado el 26 de octubre del año en curso la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Eduardo Assad, Abdala, pueda prestar servicios como empleado en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Tijuana, Baja California.
En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión el día 13 de noviembre se turnó a la Comisión que suscribe para su estudio y dictamen el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del Acta de nacimiento;
b) Que los servicios que el interesado prestará en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California, serán como Empleado;
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del Apartado B) del Artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Eduardo Assad Abdala, para prestar servicios como Empleado en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. - México, D. F., a 14 de noviembre de 1979. - Presidente, Luis M. Farías. - Secretario, Antonio Huitrón Huitrón. - Juan Sabines Gutiérrez. - Rafael Corrales Ayala. - Guillermo Jiménez Morales. - Francisco Javier Gaxiola Ochoa. - Juan Maldonado Pereda. - Guillermo Medina de los Santos. - Eduardo Anselmo Rosas González. - Ignacio Vázquez Torres. - Enrique Sánchez Silva. - Raúl Pineda Pineda. - Humberto Lira Mora. - Pedro Joaquín Coldwell. - Eduardo Aviña Bátiz. - Luis Octavio Porte Petit Moreno. - Juan Manuel Elizondo. - Gilberto Rincón Gallardo. - Ezequiel Rodríguez Arcos. - Abel Vivencio Tovar R. - Juan Landerreche Obregón. - Juan Aguilera Azpeitia. - Antonio Gómez Velazco."
Segunda Lectura.
- La C. Graciela Aceves de Romero: Pido la palabra.
El C. Presidente: ¿ Con qué objeto ?
- La C. Graciela Aceves de Romero: Para hechos.
El C. Presidente: Tan pronto se termine con la Orden del Día. Para concluir todavía faltan algunos dictámenes con proyectos de Decreto que desahogar, ¿ de acuerdo ?
Está a discusión el proyecto de Decreto.
No habiendo quien haga uso de la palabra se va a proceder a recoger la votación nominal. Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Su servidor tomará la votación afirmativa y el diputado Sabino Hernández tomará la negativa.
(Votación.)
Se emitieron 263 votos en pro, 17 en contra y 34 abstenciones.
El C. Presidente: Aprobado el proyecto de Decreto por 263 votos.
El C. secretario José Murat: Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
CUENTA DE LA HACIENDA
PUBLICA FEDERAL
"Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública. Cuenta de la Hacienda Pública Federal.
Honorable Asamblea:
Con la oportunidad prevista en las disposiciones legales aplicables, el Ejecutivo de la Unión envió a la H. Comisión Permanente de esta Cámara de Diputados, la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al Ejercicio de 1978, y que comprende la gestión financiera del Gobierno y de los Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal incorporados al presupuesto; los documentos respectivos fueron turnados a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, de conformidad con lo establecido por los artículos 56 y 57 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y a la Contaduría Mayor de Hacienda, por conducto de la Comisión de Vigilancia, de acuerdo con lo ordenado por el artículo 10 de la Ley Orgánica respectiva.
Dando debido cumplimiento a lo preceptuado por el artículo 3o., fracción II, inciso "a", de su Ley Orgánica, la Contaduría Mayor de Hacienda envió en tiempo el informe previo correspondiente, formulando los comentarios generales que la disposición invocada ordena.
La Comisión Dictaminadora procedió al examen de la Cuenta Pública y del informe de la Contaduría Mayor de Hacienda, aplicando los procedimientos adecuados para determinar si las cantidades gastadas corresponden a las partidas aprobadas en los presupuestos y a las autorizaciones concedidas al Poder Ejecutivo Federal y que los gastos hechos estuvieran debidamente justificados, así como que los ingresos percibidos fueran los previstos por la Ley de Ingresos para 1978.
La Ley Orgánica de la Contaduría Mayor entró en vigor el 29 de diciembre del año anterior; por lo tanto la Cuenta Pública de 1978 es la primera que se examina al amparo de sus disposiciones. El nuevo texto legal ha fortalecido considerablemente la capacidad revisora de la Contaduría Mayor y sistematizado sus atribuciones. El resultado inmediato se refleja en el informe previo que representa un avance considerable en materia de revisión.
Contiene comentarios generales respecto al acuerdo entre los principios de contabilidad aplicables al sector gubernamental y los estados de la Cuenta Pública; en relación a la situación de la gestión financiera y sobre la comprobación del ajuste de las entidades a los criterios señalados en la Ley de Ingresos y en las demás leyes aplicables en la materia, así como en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
El mismo documento hace comentarios generales acerca del cumplimiento de los objetivos y metas de los programas y subprogramas aprobados; en torno al análisis de los subsidios, las transferencias, los apoyos de operación e inversión, las erogaciones adicionales y otras; y en cuanto al análisis de las desviaciones presupuestales en que se incurrió en el ejercicio.
El informe previo expresa que los estados que forman la Cuenta Pública reflejan las operaciones efectuadas y que éstas constan en los libros y registros de contabilidad de las entidades del sector público que, para efectos de la Cuenta, fueron consolidadas por la Secretaría de Programación y Presupuesto.
Por lo que mira al cumplimiento de los objetivos y metas de los principales programas y subprogramas aprobados se formuló una evaluación de carácter financiero y con el auxilio de los anexos programáticos del Informe Presidencial y otra información relevante, se analizó el cumplimiento de objetivos y metas de los más significativos.
Después de analizar cuidadosamente la documentación entregada y como resultado del proceso de revisión, la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública somete a la alta consideración de esta H. Asamblea el siguiente:
DICTAMEN
LA POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL
EN 1978
En la medida en que las finanzas públicas son una de las variables principales del sistema económico y que a su vez están condicionadas por el nivel de la propia actividad, es indispensable describir los rasgos sobresalientes de la economía mexicana en 1978 para dar un marco adecuado al análisis de la gestión financiera del ejercicio.
El comportamiento del sector externo de la economía mexicana está particularmente vinculado a las economías de algunos países
desarrollados, por lo que resulta conveniente referirse someramente a ellas.
LA ECONOMÍA MUNDIAL EN 1978
Durante 1978, la actividad económica en los países industrializados continuó creciendo a un ritmo moderado, notándose en los últimos meses una paulatina desaceleración en la economía norteamericana mientras que los países europeos y Japón se mostraron ligeramente más dinámicos. Para el conjunto de los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), la tasa de crecimiento del producto nacional bruto fue de 3.5% ligeramente inferior a la del año anterior (3.7%) y se estima que para 1979 la tasa será de sólo 3.0% debido, en buena parte, al menor dinamismo previsto para la economía de Estados Unidos.
Cabe señalar que la inversión privada, que había sido el renglón menos dinámico en los países industrializados desde la crisis de 1974, manifestó una recuperación, aunque no fue lo suficientemente sólida dado el clima de incertidumbre e inestabilidad cambiaría.
Asimismo, en conjunto el desempleo se redujo ligeramente, pasando de una tasa de 5.5% en 1977 a una de 5.3% en 1978. En Estados Unidos la tasa de desempleo disminuyó en un punto porcentual (de 7.0 a 6.0%), mientras que en los países europeos y Japón continuó en aumento, a pesar de que dichas economías lograron un crecimiento en su producto ligeramente superior al del año anterior.
En lo que a inflación se refiere, el panorama en los países industriales mejoró al reducirse la tasa de crecimiento en los precios al consumidor de 7.8% en 1977 a aproximadamente 6.8% en 1978, lo que se debió en gran medida a los programas antiinflacionarios aplicados en buen número de países. Ocurrieron reducciones importantes en Japón, Italia y el Reino Unido, en tanto que en los Estados Unidos se incrementó la tasa de inflación al pasar de 6.8% en 1977 a 9.1% en 1978.
En lo que se refiere a países en desarrollo no miembros de la OPEP, éstos registraron en conjunto una tasa de crecimiento del producto de 5.1%, similar a la de 1977, debiendo señalarse que hubo diferencias importantes entre países. Así, mientras que las economías de Asia experimentaron una notable actividad económica - especialmente Taiwan, Corea del sur y Hong Kong -, crecieron 6.0%, los países africanos permanecieron virtualmente estancados, registrando un incremento en el producto de 3.0%.
En contraste con el crecimiento manifestado por el conjunto de esos países, el desempleo manifestó un nivel elevado y la inflación llegó a una tasa de 24.7%.
Los países de América Latina, registraron una tasa de crecimiento del producto de 4.1%, cifra inferior a la observada el año anterior (4.5%). Dentro de este grupo, países como Argentina y Perú no lograron salir de la recesión y en muchos otros el empleo, la inflación y la deuda externa alcanzaron niveles muy elevados, baste como ejemplo citar los niveles de precios que se registraron en: Argentina (175%), Uruguay (46%) y Brasil (38%).
Por lo que hace al comercio internacional, la reducida actividad que se manifestó en términos generales, las medidas proteccionistas implementadas por los países desarrollados para que sus industrias no se vieran afectadas, así como los programas de estabilización instrumentados en muchos países en desarrollo, determinaron un modesto crecimiento del 5.0%, tasa similar a la del año anterior, pero muy inferior a la registrada en 1976 (12.0%). Dado el poco dinamismo de la demanda agregada en la mayoría de los países industrializados, es probable que este lento crecimiento continué en 1978.
La evolución de las balanzas de pagos de los países industriales mejoró en 1978, pues su déficit en cuenta corriente se redujo de 27.5 miles de millones de dólares en 1977 a sólo 500 millones de dólares estimados para 1978. Cabe hacer notar, que la cifra anterior oculta notables diferencias entre los países de este grupo.
La mejoría observada en la balanza en cuenta corriente del grupo de países industriales tuvo su contrapartida en una disminución del superávit de los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) de 31.5 miles de millones de dólares en 1977 a 11.0 miles de millones estimados en 1978 y en la elevación del déficit conjunto de los países en desarrollo no exportadores de petróleo, de 24.0 miles de millones a 34.0 miles de millones de dólares en los mismos años. Este último grupo de países recibió el impacto de un deterioro en sus términos de intercambio, resultado, por un lado, de las buenas cosechas en algunos productos agrícolas, lo que se tradujo en una reducción de sus precios, y por el otro, de la baja cotización en dólares que sufrieron muchas materias primas, situación agravada por la caída del valor internacional de dicha divisa.
En el mercado internacional de capitales, durante 1978 al igual que en el año previo, se observó una gran actividad. El mercado de eurocréditos mostró una gran liquidez y registró un nuevo récord en el otorgamiento de créditos.
El crédito otorgado a los países industrializados registra un aumento de 157% entre 1976 y 1978 y el canalizado a los países en desarrollo no miembros de la OPEP, una tasa de 144% en el mismo periodo; dentro de este grupo, Brasil y México continúan siendo los principales prestatarios.
En cuanto a los mercados cambiarios, tuvieron una gran inestabilidad propiciada por la caída del dólar, tendencia que se inició en 1977 y en octubre de ese año registró la cotización más baja. En el debilitamiento del dólar, influyeron en forma determinante las considerables diferencias en la tasa de crecimiento del producto, en el nivel de inflación y en la posición de la balanza de pagos de los Estados Unidos respecto a algunos países industriales, principalmente Alemania, Japón y Suiza.
En un principio las autoridades norteamericanas no sólo se abstuvieron de intervenir para detener la caída del dólar, sino que incluso la favorecieron, permitiendo que un fuerte flujo de capitales saliera de los Estados Unidos.
De tal manera, durante 1978 el dólar se devaluó 27% en relación al franco suizo, 26% con respecto al yen japonés y 23.0% en relación al marco alemán. Ante esta situación, los principales países europeos y Japón presionaron al gobierno norteamericano a que interviniera en el mercado internacional para estabilizar su moneda y evitar así que sus socios comerciales continuaran viendo disminuida su competitividad en el mercado mundial.
El 1o. de noviembre, la administración Carter instrumentó un programa de emergencia para estabilizar su moneda en el exterior. Estas medidas extraordinarias incluían la movilización a nivel internacional de cerca de 30,000 millones de dólares para apoyar al dólar; la elevación por la Reserva Federal de su tasa de descuento de 8 a 9.50%, así como el aumento del encaje legal.
Este conjunto de medidas se tradujo, en el último bimestre de 1978, en una recuperación parcial del dólar contra las principales divisas internacionales.
La actividad económica en los Estados Unidos, que en el segundo trimestre se vio impulsada por un incremento del gasto de consumo, ya para el segundo semestre había perdido su dinamismo. Ello se explica por la debilidad en la demanda agregada y por la implementación de políticas monetarias y crediticias restrictivas cuyo objetivo fue combatir la inflación y apoyar al dólar en el exterior. Durante el año, el crecimiento de la economía norteamericana fue de 3.9%.
El aumento en la inflación (6.5% en 1977 y 9.1% en 1978), también fue un elemento negativo en la actividad económica, lográndose, sin embargo, reducir el desempleo en un punto porcentual, situándose la tasa en 6.0% a fines de 1978.
El alza de los precios de petróleo, aunados a los efectos negativos que se manifestaron en la economía norteamericana, así como la fuerte inestabilidad del dólar y la pérdida de competitividad en los mercados internacionales, provocaron un deterioro en la balanza en cuenta corriente, alcanzando un déficit de 18,000 millones de dólares, que es el más alto que han registrado los Estados Unidos en las últimas décadas y que contrasta con los superávit de otros países desarrollados.
Algunas de las medidas tendientes a la recuperación del dólar, como la elevación de la tasa de descuento repercutieron en alzas de las tasas de interés en México.
LA ECONOMÍA MEXICANA EN 1978
Dentro del contexto mundial descrito, caracterizado por el lento crecimiento en las economías de la gran mayoría de los países tanto desarrollados como subdesarrollados, la economía mexicana, en marcado contraste, experimentó un impulso que ocasionó un incremento de la tasa del producto interno bruto del 7.0%, que duplicó el promedio de los tres años anteriores (3.2%), volviendo a la tasa promedio histórica del periodo 1965- 1974.
Asimismo, según se vio antes, la tasa obtenida en México en 1978 casi duplicó la obtenida por los países integrantes de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), todos ellos desarrollados, que crecieron en promedio a una tasa de 3.7%, y a los países de América Latina que incrementaron su producto interno en 4.1%.
Es de señalarse además, que el crecimiento mencionado fue acompañado por una disminución moderada del ritmo de la inflación cuya tasa media en términos de precios al consumidor pasó de 20.7% del año anterior a 16.2%.
Uno de los objetivos coyunturales de la política económica del país en 1978 fue alcanzado: crecer a un ritmo mayor que el de años anteriores con una tasa un poco menor de inflación. Cabe recordar que en la Exposición de Motivos del Presupuesto de Egresos de la Federación de 1978, se fijaba como meta cuantitativa para el quinquenio 1978-1982, un crecimiento del producto interno bruto entre 6.0 y 7.0% anual en promedio.
La acción del Gobierno Federal se concentró en 1978 en la solución de los problemas urgentes que afectaron a la economía, adoptando medidas conducentes a crear las condiciones necesarias para la viabilidad de una estrategia de mayor alcance, que logre encauzar el desarrollo futuro sobre bases más sólidas en lo económico y más justas en lo social.
Sin embargo, es de señalarse que en 1978, todavía se avanzó un poco en cuanto a la solución de problemas estructurales, tales como el desempleo y subempleo que obviamente impiden el mejoramiento en la distribución del ingreso, y la presencia de factores que dan rigidez a la oferta, cuya persistencia ha condicionado que la economía nacional se vuelva a enfrentar al crecimiento de los precios.
Debe señalarse que la recuperación experimentada por la actividad económica en el año
de 1978 fue determinada, básicamente, por el gran dinamismo en la demanda efectiva y dentro de ésta, fundamentalmente, por el aumento en la inversión, tanto pública como privada, que permitió que la formación bruta de capital fijo superara en 15.8% a la del año de 1977. La inversión pública creció 44.1% sobre 1977 y la privada 35.0%. El consumo público y el consumo privado tuvieron también un comportamiento positivo, y las ventas al exterior de mercancías y de servicios se situaron en 28.1% por encima de las correspondientes a 1977, destacando el incremento en las exportaciones de hidrocarburos (75.3%) y otros productos manufacturados.
En cuanto al desenvolvimiento sectorial de la economía debe enfatizarse el aceleramiento experimentado en el renglón industrial, que se incrementó a una tasa de 10.0%; el sector de servicios creció a un ritmo de 5.7% y se observó una reanimación del sector agrícola (4.0%), que por segundo año consecutivo superó al crecimiento de la población.
El considerable ascenso de la producción industrial estuvo determinado en gran medida por la elevación de la producción en la industria manufacturera (9.0%), que registró la tasa más alta desde 1973 y en la industria petrolera (15.1%), que tuvo un fuerte impulso multiplicador en el resto de la economía.
Las industrias petroquímicas (18.0%), construcción (13.3%) y la de electricidad (9.0%), se movieron en el mismo patrón ascendente, contrastando con la minería cuya tasa de crecimiento (2.1%), estuvo muy por debajo de la expansión general observada en el año.
En la recuperación de la industria manufacturera, destacan la industria automotriz (32.9%), y la de bienes de consumo duradero (18.4%); incrementos que en parte reflejan el bajo nivel de producción que en términos generales se registró en 1977. Asimismo, sobresale el importante aumento en la producción de bienes de capital (22.6%), tasa que además de ser la más alta registrada en los últimos cinco años, refleja favorables perspectivas de un continuado ascenso en la actividad económica, y el avance hacia uno de los objetivos fundamentales de la actual política de industrialización.
En las industrias básicas destacan los incrementos de la industria siderúrgica (18.3%), la del cemento (6.2%) y la del vidrio (13.7%).
Las cifras del sector manufacturero evidencian que la recuperación de la industria del país se movió al impulso de la demanda de bienes de inversión, la cual junto con la de automóviles provocó aumento significativo en todas las ramas metal mecánicas que a su vez estimularon la producción del resto de la industria. Las industrias productoras de bienes de consumo popular también crecieron, pero más lentamente.
En relación con el sector agrícola hay que enfatizar también un cambio cualitativo en su producción, que en el año de análisis se orientó prioritariamente hacia la de los alimentos básicos. En efecto, la producción de maíz y trigo aumentó en 7.5% y la de frijol aproximadamente en 27.0%. Esto se logró a pesar de una reducción de la superficie sembrada, de maíz y de frijol, debido a un notable incremento de los rendimientos, especialmente los del ciclo primavera verano.
La oferta agregada respondió con una elasticidad adecuada al incremento en la demanda efectiva, gracias al crecimiento cuantitativo y cualitativo del sector agrícola y a la existencia de excedentes de la capacidad instalada e inventarios acumulados en las principales ramas productivas. Esta pauta, sin embargo, como antes se anotó pareció agotarse a fines del año que se comenta, resurgiendo las presiones inflacionarias que hasta la fecha son motivo de preocupación.
El mayor dinamismo de la actividad productiva hizo posible mejorías en el mercado de trabajo, que se mantienen. Así, se estima que de una tasa negativa de -0.8%. en 1977, el crecimiento del empleo en la industria manufacturera en 1978 fue del orden de 4.7%. En 1978 el crecimiento de la economía que, como ya se dijo, no solo supera la meta prevista sino, incluso la tasa histórica para alcanzar un incremento de 7% en términos reales, implica un crecimiento de empleo que superó a los incrementos a la demanda de trabajo, logrando reducir el crecimiento del desempleo abierto que se venía observando desde mediados de esta década.
La participación de los salarios en el ingreso disponible se ha mantenido en los últimos dos años en 43%.
No obstante, el crecimiento del empleo en la rama manufacturera, en donde se agrupa el grueso de los trabajadores sindicalizados, la participación de las remuneraciones al personal ocupado dentro del valor de la producción, descendió del 16.2% en 1976 al 15.4% en 1977 y al 14.5% en 1978, regresando así al nivel de 1972.
Conviene consignar una comparación de las principales variables presupuestales del gobierno Federal, en relación al producto interno bruto, en el ejercicio que se examina.
Los ingresos corrientes que en 1976 representaron el 12.3% del P. I. B se ubicaron en 13.0% en 1977 y llegaron en 1978 a 14.4%, los gastos corrientes, por su parte, pasaron de 14.1% en 1976 a 11.7% en 1977 y significaron un 11.2% en 1978.
Como consecuencia de lo anterior, fue posible que se pasara de un déficit corriente de 1.8% del P. I. B en 1976 a un superávit corriente de 1.9% en 1977, que se duplicó para el año de 1978, llegando esta proporción al 3.2%. En otras palabras el Gobierno Federal logró recuperar su capacidad de generar ahorro en 1977 y aumentarla en 1978, para financiar crecientemente sus gastos de capital.
Por otra parte, el déficit financiero presupuestal en su relación con el P. I. B. también ha mostrado una clara tendencia descendente, pasando de 8.3% en 1976 a 5.9% en 1977 y de sólo 2.8% en 1978. En adición, el endeudamiento neto también registró una sensible disminución, al pasar de 9.2% del P. I. B. en 1976, a 5.9% en 1977 y a 3.3% en 1978. Cabe hacer la aclaración que el endeudamiento neto externo disminuyó de 2.8% del P. I. B. en 1977 a sólo 0.3% en 1978.
Durante el año de 1978, la captación de ahorro del público, registró un crecimiento real del 18.3%, que es la tasa más elevada desde el inicio de la década de los 70's debiendo señalarse además, que la mayor parte de los recursos captados fue de moneda nacional y a plazos mayores de un año. De esta manera, la recuperación de la economía tuvo si obvia incidencia en el sistema bancario, agilizando la utilización de la capacidad crediticia. Además de este crecimiento inducido, el sistema financiero nacional se vio impulsado por una serie de ajustes y reformas, entre las que se destacan la reglamentación de la Banca Múltiple y la diversificación de su capital; la internacionalización de la banca, la modificación de los cajones selectivos de crédito, los aumentos en las tasa de intereses pasivas en moneda nacional y la disposiciones tendientes a mejorar el flujo de crédito en el último trimestre del año.
El financiamiento bancario total aumentó en 173.6 miles de millones de pesos (23.1% superior al saldo de 1977), de los cuales la banca privada y mixta aportó 78.1 miles de millones, correspondiéndole 33 mil millones a la banca nacional y el resto (62.5 mil millones) al Banco de México. Esto fue una justa respuesta al aumento en las demanda por crédito, que indefectiblemente se asocia con mayores niveles de la actividad económica.
Las actividades de la bolsa de valores también manifestaron un rápido crecimiento. Durante el año se colocaron nuevas emisiones de acciones por un monto de 6,944 millones de pesos y nuevas emisiones de obligaciones de renta fija por 3,060 millones de pesos. Asimismo, el valor de las operaciones realizadas con acciones quintuplicó al registrado en 1977 y el nivel del Índice de Precios y Cotizaciones al finalizar diciembre fue más del doble del observado un año antes.
Resulta importante destacar el movimiento relativo a los certificados de Tesorería, valores a través de los cuales el gobierno mexicano se asoma por primera vez, a las operaciones de mercado abierto, las cuales junto con otros instrumentos tradicionales, permiten ejercer un manejo más preciso del medio de circulante. En 1978 se colocaron 23 emisiones de CETES por un monto total de 86.2 miles de millones de pesos, de los cuales 53 mil millones fueron suscritos por las casas de bolsa y el resto por el Banco de México.
Desde principios de año y alcanzando su punto máximo en el mes de agosto, el medio circulante creció a tasas elevadas, como consecuencia de incrementos en el multiplicador y la base monetaria, terminando el año con un aumento de un 32.7%, que representó un saldo de 260 mil millones de pesos.
Esta evolución del medio circulante se considera compatible con el rápido crecimiento en la oferta real de bienes y servicios con su consecuente mayor demanda de liquidez.
El aceleramiento en el ritmo de crecimiento de la economía mexicana en 1978 trajo como consecuencia lógica, vía mayores importaciones, un déficit en cuenta corriente que ascendió a 2,611 millones de dólares, esto es mayor en 61% respecto del año anterior. En efecto, el agudo incremento (38.2%) experimentado por las importaciones, aunado a las cargas asociadas a servicios de la deuda externa, provocó egresos de divisas en la cuenta corriente, que no pudieron ser compensados en su totalidad por el aumento registrado en los ingresos en cuenta corriente (28.2%) derivado de mayores ventas de mercancías y servicios, concretamente petróleo y turismo.
REVISIÓN DE LA CUENTA PUBLICA
Como se ha expresado en dictámenes anteriores, la acción económica total del sector público federal se integra con la que ejerce el Gobierno Federal en forma directa y con la realizada por los organismos descentralizados y empresas de su propiedad.
Se examinarán, en primer término, las operaciones financieras -ingresos, gastos y deuda - del Gobierno Federal, a continuación las mismas operaciones de los Organismos Descentralizados y Empresas Paraestatales sujetos a control presupuestal; y finalmente el análisis consolidado del sector Público Federal, o sea de las operaciones conjuntas del Gobierno Federal y de los Organismos y Empresas de su propiedad.
En los tres casos se procederá a examinar el resultado financiero del ejercicio de los presupuestos de ingresos y egresos, así como su financiamiento, señalado las desviaciones respecto a las previsiones originales, y las diferencias en relación con el año anterior; se continuará con un análisis por separado, de los ingresos, de los egresos y de la deuda. Conviene subrayar que en el ejercicio de 1978 las variaciones global y por renglones entre la asignación original aprobada en el Presupuesto y la ejercida, han sido las menores en los últimos años.
1. Gobierno Federal.
1.a. Ahorro corriente; Déficit Financiero y Monetario.
Durante el ejercicio fiscal de 1978, las finanzas del Gobierno Federal reflejaron un ahorro corriente de 66,350 millones de pesos, monto que fue ligeramente superior al doble de lo
obtenido el año precedente, y mayor en 24.8% a la cifra que se había presupuestado originalmente, este importante aumento en el ahorro se debió fundamentalmente a la favorable evolución de los ingresos corrientes, los cuales crecieron en 32.0% con respecto al año anterior y superaron la tasa de crecimiento registrada en los gastos corrientes, que fue de 19.9%. Las diferencias con respecto al presupuesto original, sin ser tan elevadas fueron también significativas ya que el ingreso corriente resultó mayor en 4.3% (12,463 millones), en tanto que el gasto corriente se ejerció dentro de los niveles previstos (-0.34%).
El déficit de capital, por su parte, fue de 124,352 millones de pesos, monto similar al registrado el año anterior y menor en 5.9% al presupuesto originalmente. (Véanse Cuadros números 1.1 y 1.2).
GOBIERNO FEDERAL
RESULTADO FINANCIERO DEL PRESUPUESTO ORIGINAL Y EJERCIDO, 1978
(Millones de pesos y porcientos)
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FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 1978. Exposición de Motivos, p. p. 13, 23 y 29.
GOBIERNO FEDERAL
RESULTADO FINANCIERO DEL PRESUPUESTO EJERCIDO, 1977-1978
(Millones de pesos y porcientos)
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Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 1978. Exposición de Motivos, p. p. 13, 23 y 29.
De la combinación del ahorro corriente con el déficit de capital, se obtuvo un déficit financiero presupuestal del orden de 58,002 millones de pesos, inferior en 37.9% al correspondiente del año anterior y 26.5% con respecto al presupuesto.
Cabe advertir que el déficit financiero sufre modificaciones originadas por operaciones que no constituyen movimientos efectivos de fondos, y que deben ajustarse para obtener el déficit monetario presupuestal del Gobierno Federal, que para 1978 ascendió a 67,467 millones de pesos con un incremento de 10.4% en relación con el de 1977, tal como se observa en el cuadro No. 1.3.
GOBIERNO FEDERAL
DÉFICIT MONETARIO PRESUPUESTAL, 1977-1978
(Millones de pesos)
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*Incluye devolución de ingresos por CEDIS.
Si bien en el financiamiento del déficit financiero, el Gobierno Federal recurrió a un endeudamiento neto por 69,861 millones de pesos, que resultó inferior en 11.5% al del presupuesto original, y también menor en 28.7% al registrado en 1977, debe tomarse en cuenta que para los efectos monetarios, es necesario efectuar los ajustes correspondientes a la intermediación crediticia y a la asunción de pasivos que se hicieron para el déficit financiero. Dicha afectación muestra que el endeudamiento neto pasó de 56,143 en 1977 a 68,216 millones de pesos en 1978, que equivale a un aumento de 21.5%, tal como se observa en el siguiente cuadro:
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*En la página 30 de la Exposición de Motivos de la Cuenta Pública, esta cifra está equivocada ya que aparece por 7,749 millones de pesos.
1.b. Los ingresos del Gobierno Federal.
El año de 1978 se caracterizó porque las decisiones de política económica adoptadas permitieron mantener la confianza del sector privado lográndose superar las tendencias que mostraron los indicadores más importantes el año anterior. Asimismo, se logró el apoyo crediticio del exterior que fuera necesario para cuadyuvar al proceso de evolución de la economía mexicana.
La Reforma Fiscal se concibió como un proceso permanente de actualización y modernización congruente con la evolución y grado de cumplimiento de las metas del desarrollo. En este contexto, se juzgó conveniente que las modificaciones fiscales en 1978 fuesen enfocadas principalmente a actualizar algunos impuestos con el fin de no perder capacidad impositiva y realizar ajustes técnicos a diversas disposiciones jurídicas. Adicionalmente, en ese año se puso énfasis en la mejoría y modernización de los sistemas administrativos buscando luchar contra la evasión y defraudación fiscales acrecentando así los ingresos tributarios y proporcionando mayor equidad al sistema impositivo.
Lo anterior, así como los mayores niveles de actividad económica, propiciaron que la recaudación ordinaria del Gobierno Federal alcanzara un nivel de 309 180 millones de pesos, que significa un incremento de 33.4% con respecto a 1977, y excedió en 5.6% a la estimación del año.
Del total de los Ingresos Ordinarios, 302,168 millones de pesos, correspondieron a Ingresos Corrientes y 7 012 millones a Ingresos de Capital, es decir, 97.7% y 2.3%, respectivamente.
Ahora bien, los ingresos corrientes se clasifican en tributarios y no tributarios. Los primeros sumaron en 1978, 290 547 millones de pesos, o sea un 4.9% más que lo estimado y un 33.3% por encima de lo recaudado en el año anterior.
En orden de importancia, los principales rubros de recaudación durante el ejercicio fueron los impuestos: sobre la Renta, sobre Producción y Comercio, Ingresos Mercantiles y los Impuestos al Comercio Exterior. En conjunto estos impuestos representan el 89.5% del total de Ingresos Ordinarios y el 95.2% de los Ingresos Tributarios.
Por su crecimiento con respecto a la recaudación de 1977 destacan el Impuesto sobre la Renta con 41.5%; los Impuestos al Comercio Exterior con tasas de 37.5% en Importación y de 33.4% en Exportación; los Impuestos sobre la Explotación de Recursos Naturales con 37.0% y el Impuesto sobre Ingresos Mercantiles con 30.1%. (Véase Cuadro No. 1.4).
GOBIERNO FEDERAL
RECAUDACIÓN DE INGRESOS BRUTOS EN 1978, Y SU COMPARACIÓN CON 1977
Y CON LA ESTIMACIÓN ORIGINAL
(Millones de pesos)
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La evolución favorable en la recaudación del impuesto sobre la Renta, se debe a los mayores niveles de actividad económica y de precios y salarios y de manera muy significativa a los efectos de los programas permanentes tanto de mejoramiento administrativo como de orientación a causantes, de sus renglones el Impuesto a las Empresas aumentó con respecto al año anterior en 43.2% y elevó su participación dentro del total de 49.6% en 1977 a 50.2% en 1978.
El Impuesto sobre Productos del Trabajo se incrementó en 40.4%, debido fundamentalmente a la recaudación obtenida de los trabajadores dependientes de terceros, en virtud de las revisiones salariales, así como del mayor número de causantes, resultado de mayores niveles de empleo.
El Impuesto sobre Productos o Rendimientos de Capital se incrementó en 37.2% con respecto a 1977 y fue superior 8.9% a lo previsto, con ello mantuvo su participación dentro del total del Impuesto sobre la Renta. En este resultado influyó la mayor captación de recursos del sistema bancario, principalmente en inversiones a plazo fijo que se vieron estimulados con aumentos en la tasa de interés.
El establecimiento de la nueva Ley del Impuesto y Fomento a la Minería, reflejó sus efectos en un crecimiento de 61.7% en la recaudación de los Impuestos sobre Concesiones Mineras y sobre Producción de Minerales, lo cual, repercutió en la recaudación de los Impuestos sobre la Explotación de Recursos Naturales, que fue superior en 37% a la de 1977 y en 5.1% al nivel estimado en la Ley de Ingresos.
El monto de los ingresos por concepto de Impuestos a la Producción y Comercio fue de 56,405 millones de pesos, superior en 17.8% a lo captado el año anterior y 4.2% mayor a la recaudación estimada. Este incremento estuvo determinado por el aumento de el volumen y valor de la producción de los principales productos gravados y por el aumento al pago diario de PEMEX, así como por los efectos de las modificaciones fiscales en vigor a partir de enero de 1978 y que afectó a los Impuestos sobre Envasamiento de Bebidas Alcohólicas y a la Producción de Cerveza, con la sustitución de la cuota fija por una tasa advalorem, que permite adecuar la carga fiscal a los cambios en los precios de estos bienes.
La recaudación de Impuestos sobre Ingresos Mercantiles fue superior tanto a la estimación original del año como a la de 1977, las diferencias son de 4.6% y 30.1%, respectivamente. El aumento en el nivel general de precios y en el nivel de actividad comercial durante 1978 explican dichos resultados.
El Impuesto a la Importación cuya recaudación ascendió a 14,756 millones de pesos, superó en 37.5% a lo obtenido en 1977, y en 10.1% a lo previsto, como efecto de la reactivación económica, que propició una mayor importación de insumos y bienes de producción. También influyó la sustitución de permisos de importación por aranceles.
El Impuesto a la Exportación alcanzó una cifra de 20,683 millones de pesos, superior en 33.433.4% a la registrada en 1977, pero menor en 37.3% a la previsión de Ley de Ingresos; esta baja se debió a que el volumen y precio del petróleo crudo exportado en 1978 fueron menores a los que originalmente había previsto PEMEX. También influyó de manera importante la disminución en los ingresos derivados de la exportación de café que se vieron afectados por la baja de su precio internacional, de tal manera que su participación dentro del total recaudado bajó de 19.4% en 1977 a 5.1% en 1978.
El total de los Ingresos no Tributarios fue de 11 621 millones de pesos, resultando superior en 716 millones (6.6%) a la cifra de 1977 y menor en 9.6% a lo presupuestado. Dentro de esta clasificación destaca el rubro de Derechos, por medio del cual se captaron 5,445 millones que representan el 46.1% de estos ingresos. Se considera que los ingresos no tributarios constituyen un rico potencial recaudatorio que debe ser cabalmente explotado.
Los Ingresos de Capital, tuvieron un monto de 7 012 millones de pesos, que comparados con los de 1977 significan un aumento de 4 065 millones de pesos. Dentro de este rubro tiene gran relevancia el concepto de recuperaciones de Capital al captar 6 920 millones de pesos, que equivalen al 98.7% del total de este renglón.
Por último, conviene destacar que dentro de los Ingresos del Gobierno Federal mención especial merecen los impuestos que PEMEX paga como causante directo, tanto por ventas internas como por las externas. En efecto, la empresa enteró durante 1978 un total de 30 294 millones de pesos por concepto de impuestos, equivalente al 9.8% del total de ingresos ordinarios. PEMEX contribuye de manera importante a los ingresos ordinarios y, consecuentemente, al ahorro corriente.
1.c. Los Egresos del Gobierno Federal.
Los egresos que se podían llamar ordinarios, es decir los que excluyen los pagos de amortización de capital y de los Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS), pueden analizarse utilizando varias clasificaciones.
Para efectos de este documento se tratarán someramente en su naturaleza económica, mencionando su agrupación en ramos o entidades administrativas; y en forma un poco más amplia de acuerdo con la clasificación sectorial para hacer mención de algunas modalidades del presupuesto programático.
1978 constituye el segundo año que se intenta, perfeccionando mecanismos de acción, un presupuesto programático. En efecto, en congruencia con el Artículo 13 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, se establece el propósito de programar el gasto público federal estipulando que los presupuestos se formulen con apoyo en programas que señalan objetivos, metas y unidades
responsables de su ejecución; además, que los presupuestos se elaboren para cada año calendario y se fundamenten en costos.
Dentro de este contexto, el Gobierno Federal realizó erogaciones ordinarias, esto es excluyendo amortización de deuda y pagos de ADEFAS, por 367 182 millones, cifra inferior a la presupuestada en tan sólo 1.2% y que significa un aumento de 12.9% en relación a 1977.
Los gastos corrientes representaron el 64.2% de los gastos totales, llegando a un monto de 235 818 millones de pesos, es decir, fueron mayores en 19.9% a los efectuados en 1977, e inferiores en 0.3% a los previstos.
Dentro de los gastos de esta naturaleza destacan las transferencias corrientes que importaron 98 738 millones de pesos (41.9%) de los gastos corrientes, y consisten en las erogaciones que el Gobierno Federal transfiere a otras entidades del sector público y privado para atender necesidades de consumo o para sufragar gastos de operación.
En 1978 del total de transferencia correspondieron a los organismos y empresas incorporados en el presupuesto 29 737 millones de pesos. A otras entidades públicas y al sector privado se les asignó el resto o sean 69 001 millones.
Dentro de estas últimas predominan los subsidios al consumo, que agrupan asignaciones destinadas al sostenimiento, ayuda o fomento de actividades de interés general, que desarrollan entidades de los sectores público y privado.
En materia de educación figuran la U. N. A. M., otras instituciones de educación media y superior, el C. A. P. F. C. E. y el Consejo Nacional de Fomento Educativo; en materia de salubridad y asistencia, los servicios coordinados de salubridad pública en los Estados; para fomento agropecuario el Banco Nacional de Crédito Rural; en desarrollo Social, el Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia. Asimismo son importantes los subsidios a los Estados de la Federación y los que se conceden al comercio y a la industria y a los exportadores e importadores (sector privado).
Además hay transferencias que consisten en ayudas culturales y sociales y pagos de seguridad social.
Las transferencias a organismos y empresas incorporados se destinan fundamentalmente a la regulación de precios a través de la CONASUPO; a apoyar los servicios de seguridad social a través del I. M. S. S. y del I. S. S. S. T. E; a mantener a precios bajos el transporte terrestre proporcionado por ferrocarriles, y a beneficiar a la agricultura a través de Fertimex.
Otro renglón importante de gasto corriente es el de servicios personales que llegó a un nivel de 80 938 millones de pesos, significando el 34.3% del total de erogaciones corrientes. El gasto en este rubro superó en 8.2% a lo presupuesto y se explica por los aumentos salariales al personal federal, principalmente a los maestros, aumentos decretados con el propósito de restituir el poder adquisitivo de los trabajadores al servicio del Estado.
Para finalizar el análisis de los gastos corrientes del Gobierno Federal, nos referiremos al pago de los intereses y gastos de la deuda, que ascendió a 44 608 millones de pesos, cifra superior en 31.8% a los efectuados en 1977, pero inferior en 12.5% a lo estimado, debido a las medidas tomadas para la reestructuración de la deuda.
Por lo que respecta a los gastos de capital que son aquellos que consisten en la construcción de obras de infraestructura y, en general, en la adquisición de activos físicos y financieros por parte del Gobierno Federal, alcanzaron la cifra de 131,364 millones de pesos. Significando el 35.8% de los gastos ordinarios totales. Los gastos de inversión fueron superiores en 2.2% con respecto a 1977, e inferiores en 2.8% a los estimados.
Los gastos de capital pueden ser divididos en inversiones físicas e inversiones financieras.
La inversión física, en el año de análisis, fue de 97 835 millones de pesos, efectuándose el 42.5% en forma directa por el Gobierno Federal y el 57.5% restante a través de organismos y empresas pertenecientes al sector paraestatal de la economía. Estas inversiones están constituidas por obras y construcciones y la conservación de ellas, que se realizaron mayoritariamente en los sectores agropecuario, de comunicaciones y transportes y de energía eléctrica, a fin de evitar o atenuar estrangulamientos en la oferta y cuellos de botella, que afectan a todo el sistema económico.
Las inversiones financieras, por su parte, se situaron en un nivel de 33 529 millones de pesos, menores en 32.9% a las efectuadas en 1977. Dentro de este capítulo merecen destacarse las aportaciones de capital a los organismos y empresas incorporados al presupuesto, en particular las otorgadas a la C. F. E., FF.CC. Y FERTIMEX. Entre las no incorporadas reciben inversiones financieras significativas, Teléfonos de México, S.A. y la Comisión Nacional de la Industria Azucarera.
La clasificación administrativa del gasto del Gobierno Federal muestra que el 40.4% se ejerció a través de las Secretarías y Departamentos de Estado, y el 59.6% restante correspondió a los Ramos Generales, incluyendo en éstos el ramo de Deuda Pública.
El gasto realizado por las Secretarías y Departamentos de Estado superó la cifra programada en 2,248 millones de pesos observándose las diferencias más significativas en los Ramos de Educación con un aumento de 3,189 millones, y en Agricultura y Recursos Hidráulicos que disminuyó en 1,060 millones.
En los Ramos Generales se observa un aumento global con respecto al presupuesto de 5 628 millones. Rebasaron el presupuesto los Ramos de Inversiones y Deuda Pública, por las mayores transferencias y amortizaciones. (Véase Cuadro No. 1.5).
AÑO I. T. I. Nº 40 CÁMARA DE DIPUTADOS NOVIEMBRE 22 Y 26, 1979
GOBIERNO FEDERAL
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO PRESUPUESTAL
(Millones de Pesos)
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A fin de profundizar un poco más en el examen del gasto del Gobierno Federal, se considera conveniente dar un enfoque sectorial al análisis, combinando los datos correspondientes con la clasificación económica.
Así, se puede observar que el sector educación, cultura y ciencia y tecnología, recibió recursos con una cuantía de 79.154 millones de pesos, destinándose el 90.6% (71,743 millones de pesos), a gasto corriente y el 9.4% (7,411 millones) a gasto de capital. Las erogaciones se canalizaron por las siguientes unidades administrativas: Secretaría de Educación Pública, UNAM y CONACYT. Además todos los gastos se realizan con cargo al presupuesto del Gobierno Federal, ya que no hay transferencias a organismos y empresas sujetos a control presupuestal en este sector.
El sector agropecuario y forestal, recibió recursos del Gobierno Federal, por 48,988 millones de pesos, cifra que refleja la importancia que se da a la producción del campo y en especial a la de alimentos. Del total erogado, correspondió 54% a gastos de capital y 46% a gastos corrientes, ejerciéndose directamente a través de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, y con apoyos al Banco Nacional de Crédito Rural y a diversos fideicomisos agrícolas y ganaderos. El gasto propio de los organismos y empresas incluidos en el presupuesto equivale solamente al 0.6% del total del sector (285 millones de pesos).
Se ha dado importancia estratégica al sector comunicaciones y transportes. En consecuencia, el Gobierno Federal canalizó a esta actividad 27,555 millones de pesos, correspondiendo el 55.7% a gastos de capital y el 44.3% a gastos corrientes. En este sector las entidades paraestatales incorporadas erogaron, con recursos propios, una cantidad similar (25,302 millones de pesos).
Con el objeto de fomentar el desarrollo de actividades productivas prioritarias, tales como energéticos, bienes de capital, siderurgia, fertilizantes y minería, se canalizó al sector industrial en 1978 la suma de 25,888 millones de pesos, correspondiendo el muy elevado porcentaje de 84.6% a gastos de capital y el 15.4% restante a gastos corrientes. La importancia de este sector es mucho mayor en los organismos descentralizados y empresas propiedad del gobierno, ya que su erogación fue de 212,742 millones de pesos (89.2% del total del sector).
Al sector comercio, por su parte, se destinaron 11,516 millones de pesos, 89.3% de gasto corriente y 10.7% de gasto de capital; sus erogaciones estuvieron encaminadas a dar solución a los problemas derivados de la lucha contra la inflación y a propiciar el abastecimiento satisfactorio de productos básicos. Resultan en el sector los subsidios y aportaciones a Conasupo para el abastecimiento de maíz y trigo, así como para el sostenimiento de precios; los otorgados al Instituto Mexicano del Café y las erogaciones de la Secretaría de Comercio. Las entidades paraestatales mencionadas así como el IMCE realizan también importantes erogaciones con recursos propios (33,442 millones de pesos equivalentes al 74.40% del total del sector).
El sector salud y seguridad social orientó sus esfuerzos para incrementar básicamente los servicios en materia preventiva y de protección social ejerciendo 20,584 millones de pesos, 16,449 millones de pesos (79.9%) de gasto corriente y 4,135 millones (20.1%) de gasto de capital; erogaciones canalizadas por la Secretaría de Salubridad y Asistencia, IMSS, ISSSTE y DIF. En este sector son también muy importantes las erogaciones con recursos propios del subsector paraestatal, en el que sobresalen el IMSS y el ISSSTE, que representan el 78.7% (76,174 millones de pesos) del total del sector.
En el sector asentamientos humanos, se efectuaron erogaciones por 4,660 millones de pesos, fijando las bases de planeación urbana que se consignan en el Plan Nacional de Desarrollo Urbano y en forma especial cubrir la necesidad de agua potable y alcantarillado y vivienda; a los gastos de capital, correspondió el 65.9% y a los gastos corrientes el 34.1%. Los gastos propios de los organismos y empresas incorporados son de escasa importancia en el total del sector (350 millones de pesos que equivalen al 7.0%).
Procurar un mayor aprovechamiento y exportación de nuestros recursos pesqueros, fue meta que trazó el Gobierno Federal, canalizando al sector pesca 2,630 millones de pesos; 72.6% de gastos de capital y 27.4% de gastos corrientes, que se erogaron a través de aportaciones al Banco Nacional de Fomento Cooperativo, Productos Pesqueros Mexicanos y Productos Pesqueros del Noroeste y gastos del propio Departamento de Pesca. Los egresos, financiados con recursos propios de las entidades controladas son superiores a los directos del Gobierno Federal (5,297 millones de pesos, o sea 66.8% del total del sector.
Promover el turismo mediante la instalación de una estructura adecuada fue el principal objetivo que se planteó en el sector turismo; ejerciendo 2,115 millones de pesos, 50.6% de gasto de capital y 49.4% de gasto corriente, cantidades que se erogaron por la Secretaría de Turismo y mediante aportaciones al Fondo Nacional de Fomento al Turismo. Todas las erogaciones estuvieron a cargo del presupuesto del Gobierno Federal.
Coadyuvar a la generación de empleos productivos y la solución favorable para el trabajador fundamentalmente en los conflictos obreropatronales, ha sido la política observada por el sector laboral, al que el Gobierno Federal destinó directamente 1,092 millones de pesos; 88.9% de gasto corriente y 11.1% de gasto de capital.
El sector administrativo y defensa se integra por las erogaciones de las Secretarías de Estado encargadas de la Administración Pública y de la seguridad nacional, así como por los subsidios que se otorgan a los Estados, el importe de las pensiones militares, y otros. Las erogaciones del Gobierno Federal fueron por 46,834 millones de pesos que representaron el 83.9% del total de gastos del sector, ya que las de los
organismos y empresas controladas fueron solamente de 8,975 millones de pesos.
1.d. Cumplimiento de programas.
El aspecto financiero de los programas se puede conocer con un análisis de los más importantes de cada uno de los ramos o entidades específicos del presupuesto de egresos de la Federación, así como de los programas relevantes de los sectores incluidos en los ramos generales, 22 Inversiones y 23 Erogaciones Adicionales.
En los Ramos Específicos del 4 al 21 y el 25, hay coincidencias entre las cifras del Presupuesto de Egresos de la Federación y las de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, en lo que se refiere a lo presupuestado.
La información contenida en la Cuenta Pública permite hacer la evaluación de los programas desde el punto de vista exclusivamente financiero, con algunas salvedades en los ramos generales.
Por lo que respecta a un análisis programático de metas medibles en unidades físicas, la Cuenta Pública no da elementos de juicio para tal propósito.
Sin embargo, el anexo programático II - A 1978 del Tercer Informe Presidencial contiene cifras que, aun cuando no están clasificadas en forma similar a las de la Cuenta Pública, se refieren a programas desarrollados por las dependencias del Ejecutivo Federal en el año correspondiente; comprendiendo no solamente el aspecto financiero, sino también el físico o de metas. Por otra parte el Informe Previo de la Contaduría Mayor de Hacienda se hace la comparación entre metas programadas y realizadas a cargo del Gobierno Federal, de programas relevantes.
Con base en la información disponible se puede afirmar que durante 1978 hubo cumplimiento satisfactorio de metas en los programas del Ejecutivo Federal.
Es necesario avanzar en el diseño de un sistema de análisis y de indicadores cuyos resultado queden incorporados a la propia Cuenta Pública para comparar en base a objetivos, metas y costos el avance real y financiero de lo presupuesto con lo realizado, así como para detectar desviaciones en el cumplimiento de las metas y de la eficiencia consignadas en los programas identificando claramente los niveles y unidades administrativas responsables.
1.e. La Deuda del Gobierno Federal.
Las opciones a seguir para el financiamiento del déficit son de distinta naturaleza y puede afirmarse que las adoptadas por el Gobierno Federal, al tomar en cuenta la situación por la que atraviesa el país, han sido sanas. Logrando de esta forma, una mejor captación de recursos del sistema financiero tanto interno como externo, mejorando además substancialmente la estructura de la deuda así como lo relativo a los plazos de amortización.
La política de endeudamiento es un elemento importante dentro del manejo de las finanzas públicas. Los efectos de la deuda pública dependen más que del monto y de su estructura, del destino que a tales recursos se dé, lo que en el caso del presupuesto de 1977 fue considerado por esta Soberanía.
En 1978 la amortización de deuda, considerados los adeudos de ejercicios fiscales anteriores 22,032 millones de pesos), llegó a 74,852 millones de pesos, superior en 153.3% a 1977. La colocación de la deuda ascendió a la cifra de 144,713 millones de pesos, superior en 13.5% a 1977 y en 2.3% a su estimación original. De acuerdo a su fuente de financiamiento, el 79% de la captación de los recursos provino de créditos internos y tan sólo el 21% de crédito externo.
El resultado aritmético de restar la amortización de deuda a la colocación, se conoce como endeudamiento neto, que para el año de estudio fue de 69,861 millones de pesos, cantidad inferior en 28.7% a 1977 y en 11.5% respecto a lo presupuesto, cifra que al efectuar ajustes por la intermediación crediticia del gobierno y la asunción de pasivos representa un endeudamiento neto real de 68,216 millones de pesos, superior en 21.5% al obtenido en 1977.
En cuanto al origen de la deuda pública del Gobierno Federal, cabe destacar que al 31 de diciembre de 1978, la deuda interna ascendía a 401,666 millones de pesos y la exterior a 173,725 millones de pesos, haciendo un total de 575,391 millones de pesos.
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y
EMPRESAS PROPIEDAD DEL GOBIERNO
FEDERAL
Con el propósito de sustentar debidamente los puntos resolutivos del Dictamen, esta Comisión organizó metodológicamente el trabajo de análisis de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal en la parte correspondiente al Sector de organismos descentralizados y empresas propiedad del Gobierno Federal, conforme a los siguientes criterios básicos:
1. Para evaluar si en el ejercicio presupuestal del sector paraestatal se dio cumplimiento a las políticas implícitas o explícitas en el presupuesto que lo norma y que fue aprobado en su oportunidad por esta soberanía, se requiere analizar tanto las variaciones presupuestales como los resultados de operación y los cambios en la posición financiera de las entidades.
Este supuesto de racionalización del control, no considerado en las disposiciones legales correspondientes, implica adicionar al estudio de lo estados y anexos de la cuenta, formulados conforme a criterios de contabilidad gubernamental para propósitos meramente presupuestales, el examen detallado de los estados que muestran la posición y los resultados de operación de las entidades determinados conforme a principios de contabilidad generalmente aceptados y sometidos ya a labores de auditoría profesional para los efectos del control administrativo que ejerce el Ejecutivo Federal.
2. Los organismos descentralizados y las empresas de propiedad federal constituyen un
conjunto de entidades con propósitos y características formales y operativas muy diferentes entre sí, que obligan a utilizar modalidades de evaluación específica para examinar íntegramente a cada una de ellas en lo particular.
Desde otro punto de vista se hace necesario consolidarlos para evaluar el comportamiento sectorial y su impacto en el conjunto de las finanzas públicas.
Para conciliar ambos aspectos se incluyen en el Dictamen, análisis relativos al sector incorporado y análisis particulares de las entidades que lo integran.
3. Las variaciones en el ejercicio presupuestal del sector de organismos y empresas no tienen forzosamente el mismo significado que los que se presentan en el Sector Central, dadas las diferencias funcionales y operativas de las entidades que los integran.
En el caso del Gobierno Federal, excepto cuando se trata de partidas de ampliación automática, los incrementos entre los renglones de gasto e ingreso no tienen vinculación directa y las ampliaciones a los egresos requieren formalmente de autorización expresa, independientemente de que aumentos en los ingresos pudieran cubrir las asignaciones correspondientes.
En cambio, en el sector de organismos y empresas es frecuente que los incrementos en los renglones de egresos mantengan una relación funcional directa con la generación de excedentes en ingresos como consecuencia de su aplicación a las actividades productivas propias de su objeto.
En esos casos la rigidez presupuestal constituirá, más que un elemento de orden financiero, una limitante al desarrollo eficiente del organismo o empresa y un obstáculo a su objetivo de satisfacer demandas de bienes y servicios a cambio de retribuciones compensatorias.
En estas instituciones parece más conveniente mantener los controles presupuestales en la relación que debe existir entre los ingresos y los gastos independientemente de las variaciones individuales en los renglones.
Conforme a ello, en los análisis elaborados para la formulación de los puntos resolutivos del Dictamen, se insistió más en el examen de las variaciones observadas en los conceptos integradores de relación (ahorro en cuenta corriente, déficit en cuenta de capital, resultado financiero, endeudamiento neto y resultados de operación), que en los renglones individuales que los condicionan, (ingresos, egresos, financiamientos y liquidaciones al pasivo), sin dejar por ello de formular las observaciones que en lo particular éstos provoquen por la importancia relativa de su impacto en los resultados globales.
4. Se procuró que el estudio individual de cada entidad abarque en un proceso integrador, al mayor número de indicadores de resultados, posición y comportamiento presupuestal, incluyendo alcance de metas y objetivos.
La evaluación de posición financiera y resultados de operación requiere de bases de comparación con períodos similares o a fechas determinadas, para ese propósito se utilizaron los datos correspondientes al ejercicio inmediato anterior.
5. La consideración de las condiciones de la economía durante el ejercicio en estudio constituye un elemento de juicio indispensable para evaluar el comportamiento de los organismos y empresas, en este sentido se tomaron en cuenta los factores analizados en la primera parte de este Dictamen.
Conviene mencionar que no obstante los importantes avances en materia presupuestal durante los últimos años, los trabajos de análisis se enfrentaron a ciertas limitaciones derivadas de los criterios de contabilidad gubernamental y presentación de la cuenta, que no consideran a los organismos y empresas con el enfoque de Contabilidad Financiera antes descrito.
ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO
PRESUPUESTAL
Déficit Financiero
Debe tenerse presente que el déficit financiero es un concepto presupuestario derivado de los movimientos efectivos de fondos en ingresos y egresos, por lo tanto, es independiente de los resultados de operación definidos en términos de utilidades o pérdidas, los cuales se analizan, para efectos del Dictamen en un apartado específico posterior.
El ejercicio presupuestal consolidado de las 27 entidades incorporadas mostró variaciones en los distintos renglones de ingresos y egresos en relación a las estimaciones preliminares. Sin embargo, el déficit financiero pudo sostenerse en un nivel casi equivalente al previsto, como consecuencia de compensaciones en la relación entre el ahorro en cuenta corriente y el déficit en cuenta de capital. Esta situación permitió a su vez, que el endeudamiento neto se incrementara en sólo 1.8% en relación a lo presupuestado, conservando así la posición financiera proyectada.
En efecto, durante 1978, los organismos y empresas incorporados presupuestalmente, incrementaron su déficit financiero consolidado en sólo 168 millones, equivalentes al 0.3% de lo previsto, y aumentaron su endeudamiento en 1,122 millones, 1.8% más de lo previsto, para cubrir el propio déficit financiero y generar un superávit presupuestal de 954 millones, conforme al detalle del siguiente cuadro analítico.
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS PROPIEDAD
FEDERAL
VARIACIONES PRESUPUESTALES. EJERCICIO 1978
(Millones de pesos)
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Es importante destacar que individualmente 18 de las entidades incorporadas lograron disminuir sus déficit financieros estimados para el ejercicio presupuestal de 1978. En 15 de ellas, como consecuencia básicamente, de incrementos en sus niveles de ahorro en cuenta corriente según se desprende de los análisis que más adelante se formulan.
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS DE PROPIEDAD
FEDERAL.
DISMINUCIONES AL DÉFICIT FINANCIERO PRESUPUESTO
EJERCICIO 1978.
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El resultado favorable en términos financieros presupuestales de este grupo de entidades incorporadas representó una disminución al déficit financiero previsto, del orden de los 7,077 millones equivalentes al 11.5% de la estimación original.
Por contra, en el caso de las otras nueve entidades, las variaciones en las estimaciones del ahorro en cuenta corriente, originadas por disminuciones en los importes de ventas o por aumentos en los niveles de egresos que no pudieron ser compensados, produjeron incrementos al déficit financiero presupuestal. Estas situaciones, que también serán analizadas más adelante, afectaron de manera muy significativa a CONASUPO, Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad.
Destaca igualmente la variación desfavorable en el caso del ISSSTE, originada principalmente por la disminución en los niveles de captación de ingresos recuperables de capital, si bien esta situación es compensable en ejercicios posteriores.
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AHORRO EN CUENTA CORRIENTE
Diecinueve de las entidades incorporadas lograron mejorar durante el ejercicio su relación ingreso - gastos corrientes generando un ahorro en cuenta corriente superior en 6,374 millones al originalmente previsto. Ocho de ellas, por su parte, tuvieron variaciones desfavorables en 17,954 millones, de los que 11,733 o sea el 65% provienen de Petróleos Mexicanos. Consolidando a las 27 se obtiene una disminución neta en el ahorro en cuenta corriente presupuesta, de 11,570 millones de pesos, 22.8% de la estimación original.
Las variaciones favorables se producen en ocho casos por haberse incrementado el volumen de ingreso, en ocho por reducciones más que proporcionales en los montos de egreso y en tres por presentarse conjuntamente ambas condiciones.
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS DE PROPIEDAD FEDERAL CON
INCREMENTO AL AHORRO CORRIENTE PRESUPUESTADO
EJERCICIO 1978
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Tres de las entidades con variaciones desfavorables en el ahorro en cuenta corriente, no alcanzaron los volúmenes de ingreso previstos y las otras cinco incrementaron sus egresos presupuestales.
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS DE PROPIEDAD
FEDERAL CON DISMINUCIÓN EN EL AHORRO EN CUENTA
CORRIENTE.
(Millones de Pesos)
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Las variaciones desfavorables más significativas se explican como sigue:
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS DE PROPIEDAD
FEDERAL
VARIACIONES PRESUPUESTALES EN CUENTA CORRIENTE
EJERCICIO 1978
(Millones de pesos)
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DÉFICIT EN CUENTA DE CAPITAL
El déficit previsto en cuenta de capital disminuyó durante el ejercicio en 11,405 millones, 10.2% de la estimación original, compensándose en esa forma la disminución en el ahorro corriente, para no afectar, como ya ha sido mencionado, al déficit financiero estimado.
La variación sufrida proviene de 912 millones de incrementos en las erogaciones recuperables no compensadas con aumento en los ingresos correspondientes, diferencia casi absorbida por los incrementos en los ingresos provenientes de venta de inversiones que ascendieron a 925 millones y, fundamentalmente, por una disminución en el importe de las inversiones presupuestales, que alcanzó a 11,394 millones, equivalentes al 10% de lo previsto inicialmente.
Individualmente las variaciones más significativas se dieron en las siguientes entidades.
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS DE PROPIEDAD
FEDERAL
VARIACIONES EN CONCEPTOS DE CUENTA DE CAPITAL.
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Como puede observarse de entre las principales entidades ocho disminuyeron significativamente sus erogaciones de capital y tres lo incrementaron. Desde el punto de vista individual PEMEX que registra la mayor variación, logró compensar una buena proporción de su disminución el ahorro en cuenta corriente al reducir su volumen de inversión en cantidad casi equivalente. El ISSSTE que incrementó sus inversiones en la proporción más considerable pudo financiar el 68.5% del aumento con los excedentes logrados en su ahorro corriente.
ENDEUDAMIENTO NETO.
El endeudamiento neto consolidado se excedió durante el ejercicio en 1,122 millones, 1.8% sobre lo previsto, variación que resulta en su conjunto poco significativa. Sin embargo, los montos ejercidos en financiamiento y liquidación de pasivos que determinan el endeudamiento neto mostraron en lo individual variaciones importantes de carácter compensatorio.
El financiamiento se excedió en 22,857 millones, equivalentes al 15.30% de la previsión original, por contra la amortización de pasivos se incrementó en 21,755 millones, 24.6% de la estimación produciendo al compensarse la variación neta de 1,122 millones ya referida.
Esta situación obedece a diversas razones. Por una parte, las condiciones del mercado de capitales obligaron a la contratación de créditos puente que se liquidan en el propio ejercicio al asumir los pasivos definitivos los que por su registro contable específico abultan los montos en los dos conceptos, no obstante su carácter compensatorio.
Por otra, se realizaron movimientos crediticios de sustitución de acreedores con el propósito de mejorar el perfil de la deuda en su conjunto, situación que provoca también registros contables compensables pero que incrementan los movimientos de ambos conceptos.
Finalmente debe destacar que los organismos y empresas contribuyen a la variación neta consolidada en diversas proporciones, aumentando su endeudamiento neto 9 de ellas y disminuyéndolo las otras 18, conforme al resultado de su déficit financiero, ya que las que tuvieron disminución en éste disminuyeron también su endeudamiento neto, con excepción de Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril, el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Forestal Vicente Guerrero que no obstante ese hecho ejercieron sus financiamientos con un pequeño excedente de 12, 55 y 11 millones respectivamente, sobre lo previsto.
Las variaciones individuales en el endeudamiento neto y su relación con el déficit financiero se obtuvieron como se indica en el siguiente cuadro.
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS DE PROPIEDAD FEDERAL
VARIACIÓN EN EL ENDEUDAMIENTO NETO Y SU RELACIÓN CON
LAS VARIACIONES EN EL DÉFICIT FINANCIERO.
(MILLONES DE PESOS)
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Otro hecho significativo es la modificación en el endeudamiento neto por origen, toda vez que la deuda interna sufrió un incremento de 12,715 millones en relación a los volúmenes presupuestos mientras que la exterior se disminuyó en 11,593 millones, como consecuencia de la sustitución de fuentes de financiamiento de acuerdo a los lineamientos de política señalados por las autoridades monetarias, tendientes a la optimización de las estrategias de captación de divisas para la totalidad del sector público y para reducir el endeudamiento externo global aprovechando el fortalecimiento del mercado interno de capitales.
Contribuyeron de manera especial a este cambio cualitativo las variaciones observadas en la Comisión Federal de Electricidad que contrajo endeudamiento neto de fuentes internas por 14,991 millones más de lo previsto, dejando de concurrir a fuentes externas por 14,395 millones originalmente previstos.
Las variaciones en este campo, se presentan consolidadamente como sigue:
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SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS
El Gobierno Federal transfiere a los organismos descentralizados y empresas de su propiedad, diversas cantidades para apoyo de sus actividades, como inversión financiera de carácter patrimonial o en cumplimiento de obligaciones legales para cubrir prestaciones en favor de los trabajadores. El total de esas transferencias durante el ejercicio de 1978, ascendió a 52,887 millones distribuidos como sigue:
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS DE PROPIEDAD FEDERAL
TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS DEL GOBIERNO FEDERAL. DURANTE 1978
(MILLONES DE PESOS)
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Los subsidios y transferencias de apoyo persiguen facilitar a las entidades receptoras la prestación de servicios o el abastecimiento de bienes de alta prioridad nacional como los alimentos y el transporte en condiciones de precios y tarifas reducidas para incidir finalmente en beneficio de sus consumidores que son la gran masa de la población del país, particularmente los sectores con menor ingreso relativo.
Eso explica que el sector comercio absorba el 52.3% del total, básicamente CONASUPO y que el sistema ferroviario se beneficie con el 27.4%.
Destaca igualmente la transferencia a FERTIMEX que satisface demanda de sectores campesinos.
El subsidio a PEMEX está relacionado con la transferencia de impuestos en favor de las entidades federativas, canalizado a través de ese organismo descentralizado.
Organismos descentralizados y empresas de propiedad federal
Asignación de Subsidios y transferencias de apoyo
Ejercicio 1978
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Por su parte las transferencias derivadas de disposiciones legales se efectúan a las instituciones de seguridad social que atienden al cumplimiento de las obligaciones patronales del Estado con sus trabajadores o de su obligación en el régimen global del Instituto Mexicano del Seguro Social, distribuyéndose como sigue:
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL A SUS ORGANISMOS
DE SEGURIDAD SOCIAL EN CUMPLIMIENTO DE SUS
OBLIGACIONES LEGALES
EJERCICIO 1978 (Millones de pesos)
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Las inversiones financieras del Gobierno Federal en los organismos descentralizados y las empresas de su propiedad responden a propósitos patrimoniales para dotarlas de recursos que financian su desarrollo y hagan posible las satisfacciones de sus objetivos sociales.
La mayor proporción de esas transferencias durante 1978, correspondió a la Comisión Federal de Electricidad a la que se aportó para incrementar el patrimonio, la cantidad de 10,669 millones de pesos, equivalentes al 63.5% del total de las inversiones de este tipo.
Otra inversión considerable, se destinó a los Ferrocarriles Nacionales de México, que requirieron de aportaciones patrimoniales para incrementar su inversión fija en equipo ferroviario. A este organismo se transfirieron por ese concepto 3,244 millones, 18.1% del total del renglón.
Desde el punto de vista de las variaciones presupuestales de Subsidios y Transferencias el ejercicio mostró un excedente de 6,504 millones sobre la estimación original, equivalente al 14.0%.
Las variaciones incrementales más significativas se localizan en CONASUPO y Fertilizantes Mexicanos, como consecuencia básicamente de las fluctuaciones de los precios y en los volúmenes de los productos que manejan.
Por contra, un buen número de entidades ejercieron importes menores a los presupuestos, liberando en esa forma al Gobierno Federal de la erogación correspondiente.
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS DE PROPIEDAD FEDERAL.
VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL EJERCICIO DE SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS
1978.
EJERCICIO 1978
(MILLONES DE PESOS.)
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El 88.1% de las variaciones correspondió a las transferencias de apoyo, principalmente en el caso de Conasupo que absorvió el 59.5% del total del grupo. En relación con el año precedente la variación del renglón representó el 37.2%.
Las variaciones en el renglón de transferencias en cumplimiento de Ley, representaron un incremento del 6.8% en relación a 1977.
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS DE PROPIEDAD FEDERAL
VARIACIONES PRESUPUESTALES EN EL EJERCICIO DE SUBSIDIOS Y
TRANSFERENCIAS. 1978
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EVOLUCIÓN HISTÓRICA
Estructura
La estructura del ejercicio presupuestal del sector durante el ejercicio de 1978, muestra signos positivos en relación al promedio de los tres años anteriores.
El ahorro corriente fue 3 puntos mayor que el promedio como consecuencia de la menor participación de los gastos corrientes en el total del presupuesto.
Igualmente, el déficit financiero mejoró su posición al representar al 12.3% del total en comparación con el 15.2% del promedio, situación derivada del mejoramiento en el ahorro corriente que permitió financiar con recursos de operación una proporción mayor del déficit en cuenta de capital.
Gracias a lo anterior y a una mayor participación efectiva en la amortización de pasivos el endeudamiento neto representó igualmente una participación menor en el total del presupuesto, pasando del 14.7% al 12.5%.
En relación el producto interno bruto, el endeudamiento neto de 1978, representó el 2.9%, porcentaje mayor al de 1977 que fue de 1.9% pero equivalente al promedio de los tres últimos años.
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS PROPIEDAD FEDERAL. ESTRUCTURA
PRESUPUESTAL.
PARTICIPACIÓN PORCENTAL INTEGRAL EN RELACIÓN AL TOTAL DE INGRESOS.
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Crecimiento
Los distintos renglones presupuestales muestran variaciones considerables en su crecimiento en relación al promedio de los tres años anteriores. Destacan favorablemente los incrementos en el ahorro en cuenta corriente y el decremento en gastos corrientes.
El endeudamiento neto mostró un crecimiento mayor que el obtenido en años anteriores, pero fue destinado básicamente al financiamiento de inversiones, renglón que mostró el mayor crecimiento durante el periodo.
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS DE PROPIEDAD FEDERAL
TASAS DE CRECIMIENTO DE LOS RENGLONES PRESUPUESTALES
(Porcentajes)
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La tendencia de crecimiento durante los cuatro últimos años muestra los siguientes índices.
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS DE PROPIEDAD FEDERAL
EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL
(ÍNDICES)
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Variaciones
Las variaciones presupuestales durante el ejercicio de 1978, son menores a las de los tres años anteriores, lo que indica, por una parte, una mejor estimación presupuestal y por la otra un más eficiente control administrativo de su ejercicio.
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ANÁLISIS DE RESULTADOS
Durante el ejercicio de 1978, los organismos y empresas del gobierno federal mejoraron muy significativamente sus resultados en comparación con los del año precedente.
La utilidad bruta se incrementó en un 36.1% como consecuencia de los incrementos en ingresos por venta a un ritmo mayor que los costos.
Este hecho, unido a una disminución relativa en los gastos operativos que representaron el 19.3% de los ingresos contra 20.69 en el ejercicio anterior, permitió generar una utilidad de operación consolidada de 18,940 millones, superior en un 125% a la del ejercicio de 1977.
Adicional a ese remanente los organismos y empresas recibieron subsidios consolidados por 17,271 millones de pesos, y cubrieron impuestos especiales por 30,295 millones, generando una utilidad neta consolidada de 5,916 millones, que frente a la pérdida alcanzada en 1977 de 62 millones, ya considerados también subsidios e impuestos, representa un incremento de 9,642% .
Los impuestos específicamente cubiertos por PEMEX al Gobierno Federal fueron mayores en 10,508 millones, 53% sobre los de 1977.
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS PROPIEDAD DEL GOBIERNO
FEDERAL
COMPARATIVO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS
( MILLONES DE PESOS )
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Conviene aclarar que los subsidios recibidos por las empresas y organismos, que afectaron a sus resultados, según se muestra en sus estados financieros dictaminados, presentan alguna variación en relación a los registrados en cuenta pública como consecuencia de la diferencia en la oportunidad de los registros de ambas contabilidades, pues mientras en la contabilidad gubernamental se afectan los conceptos en el momento de la asignación presupuestal, en algunos organismos y empresas se registran hasta el momento de la recepción efectiva, y a los criterios de presentación contable que en algunos casos los consideran una disminución de costos y en otros como ingreso específico.
En conjunto, los organismos y empresas recibieron en subsidios una cantidad equivalente al 57% de lo que cubrió por impuestos específicos, una sola de ellas, Petróleos Mexicanos.
Este pago específico de impuestos de Petróleos Mexicanos representó, por otra parte, el 10.9% del total de los ingresos fiscales de fuente impositiva recaudados por el Gobierno Federal durante el año.
Juzgando individualmente los resultados netos se observó que 10 organismos y empresas obtuvieron remanentes favorables que en conjunto ascendieron a 19,538 millones. Por contra 17 sufrieron pérdidas con un importe consolidado de 14,622 millones, sin embargo 10 de estas últimas mejoraron su resultado en comparación con 1977 disminuyendo en términos absolutos el importe de sus pérdidas.
De hecho el mejoramiento de resultados se dio en 20 entidades, diez que aumentaron comparativamente sus utilidades y 10 que disminuyeron sus pérdidas.
La variación favorable ascendió a 8,464 millones y la desfavorable a 2,486 millones.
El renglón favorable más importante en términos absolutos correspondió a las entidades del sector salud con 4,597 millones de variación conjunta, 28.3% sobre 1977 y el desfavorable a la Cía. de Luz y Fuerza del Centro que tuvo una pérdida 43.4% mayor que la de 1977 con 1,540 millones de variación negativa.
En el caso de PEMEX, conviene recordar que su carga fiscal específica representa 50 veces el monto de su utilidad y que creció durante 1978 a un ritmo mayor que la utilidad neta, 53.1% frente a 20.1%.
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS DE PROPIEDAD FEDERAL
COMPARATIVO DE RESULTADOS NETOS
EJERCICIO 1978 Y 1977
(Millones de Pesos)
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Los subsidios reportados por los organismos y empresas mejoraron el resultado negativo de 13 de las empresas deficitarias, provocando utilidad en 3 de ellas y disminuyendo las pérdidas en otras 10.
Seis empresas deficitarias, (Productos Pesqueros Mexicanos, Dina, Sidena, Ferrocarriles, Cía. de Luz y Fuerza del Centro y Aeronaves de México no recibieron durante el ejercicio apoyos vía subsidios de operación.
IMPACTO DE LOS SUBSIDIOS EN LOS RESULTADOS DE
LOS ORGANISMOS Y EMPRESAS
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Los resultados financieros, sin embargo, no constituyen el único ni el mejor criterio evaluatorio para los organismos descentralizados y las empresas de propiedad federal, dado que sus objetivos sociales no pueden identificarse con propósitos meramente mercantiles, independientemente de que por conveniencia operativa adopten en algunos casos estructuras propias de una empresa comercial.
En efecto, algunos de los organismos y empresas atienda básicamente a garantizar el abastecimiento de bienes y servicios prioritarios o estratégicos para una gran masa de población, con precios y tarifas preferenciales para propiciar el desarrollo equilibrado del país y contribuir a la distribución del ingreso.
Otros asumen funciones reguladoras de precios para garantizar niveles de ingreso a productores de los sectores menos favorecidos, especialmente en el caso de la compra de productos agrícolas.
Los de seguridad social atienden a la prestación de un servicio asistencial y de apoyo en favor de los trabajadores y sus familiares.
Conviene entonces, por eso, analizar su comportamiento en relación a metas cualitativas relacionadas con los programas que les fueron asignadas al aprobar sus presupuestos.
Esta función de control legislativo, contemplada hasta ahora en la legislación de la materia, reviste una particular importancia, y deberá incrementarse en la medida en que avancen los procesos programáticos presupuestales. No obstante las limitaciones actuales esta Comisión pudo contar con una evaluación de los principales programas, contenida en el Informe Previo de la Contaduría Mayor de Hacienda, de los que se desprende que durante 1978, los organismos y empresas alcanzaron un satisfactorio cumplimiento de metas programáticas, algunas de las cuales, inclusive, pudieron rebasarse.
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS DE PROPIEDAD
FEDERAL.
CUMPLIMIENTO DE METAS PROGRAMÁTICAS.
PRINCIPALES PROGRAMAS 1978.
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Unidad
de
medida
M e t a s
Programado Realizado Alcance
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Unidad
de
Medida
M e t a s
Programado realizado Alcance
%
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Unidad
de
medida
M e t a s
Programado Realizado Alcance
%
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Unidad
de
medida
M e t a s
Programado Realizado Alcance
%
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Unidad
de
medida
M e t a s
Programado Realizado Alcance
%
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Unidad
de
medida
M e t a s
Programado Realizado Alcance
%
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El satisfactorio cumplimiento de metas programáticas no se corresponde en la mayoría de los casos con resultados financieros favorables, entre otras razones, pero con un peso específico muy considerable, porque en lo general los precios y tarifas de los organismos y empresas se mantienen en niveles bajos, transfiriendo con ello sus beneficios a la población en general.
ANÁLISIS DE POSICIÓN
FINANCIERA
La posición financiera consolidada de los organismos y empresas de propiedad federal, incorporadas presupuestalmente, se mejoró de manera significativa durante el ejercicio de 1978 en relación al de 1977.
La autonomía financiera medida en términos de la relación de patrimonio a activos totales, indica que en el conjunto se poseen patrimonialmente 42.5 centavos de cada peso de activo, frente a 34.4 que existían en 1977, con una mejoría de 7.5 centavos para cada peso de activo.
La relación de endeudamiento estimada por la parte de inversión financiada con pasivo total en relación a la cubierta con patrimonio, indica que consolidadamente se tienen invertidas 1.35 de acreedores por cada peso de inversión patrimonial mejorando la relación de 1977 que era de 1.98.
El volumen más importante de endeudamiento, constituido por los pasivos a largo plazo, mantiene una relación conveniente con las inversiones fijas, toda vez que se cuenta con 2.12 pesos de activo fijo por cada peso que se debe a largo plazo. En 1977 esta relación era de 1.80.
La relación de activos circulantes a pasivos circulantes indica que conjuntamente se cuenta con 1.07 pesos para cubrir cada peso de exigibilidad inmediata. En 1977 la relación era de 1.11 ligeramente mejor que la de 1978.
Sin embargo, desde el punto de vista individual la mayor parte de los organismos y empresas sufrió un deterioro en su autonomía financiera, porque el crecimiento se financió con endeudamiento sin nuevas aportaciones patrimoniales o sin reestablecer el capital perdido. Este hecho es particularmente importante en el caso de la Cía de Luz y Fuerza del Centro, Aeronaves de México, Dina y Sidena que operan desde hace varios años con capital negativo.
CUENTA PUBLICA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO DE ORGANISMOS
DESCENTRALIZADOS Y
EMPRESAS PROPIEDAD DEL
GOBIERNO FEDERAL
COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1978 Y 1977
(MILLONES DE PESOS)
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ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS DE PROPIEDAD FEDERAL
ÍNDICES DE POSICIÓN FINANCIERA DE 1978 Y VARIACIÓN SOBRE 1977
RAZONES FINANCIERAS
Patrimonio
Activo Total
(Autonomía Financiera)
1978 Variación/1977
Pasivo Total
Patrimonio
(Endeudamiento)
1978 Variación/1977
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PASIVO TITULADO CONSOLIDADO
En total de pasivo titulado consolidado de organismos y empresas incorporadas ascendía al 31 de diciembre de 1978 a 367 295 millones de pesos, 81 545 más que en 1977, incremento equivalente al 22.2%
El perfil de la deuda desde el punto de vista de la exigibilidad mostró mejoría de acuerdo a los porcentajes de participación de las amortizaciones en el tiempo, principalmente porque la exigibilidad en plazos mayores de 5 años representa en 1978 el 40.9% del total de pasivo, mientras en 1977 alcanzaba solamente el 30.9%.
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS DE PROPIEDAD
FEDERAL EXIGIBILIDAD DEL PASIVO TITULADO CONSOLIDADO
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La mayor participación en el total del pasivo titulado corresponde al Sector Industria, con el 87.1%, debido al peso específico de PEMEX, Comisión Federal de Electricidad y la Cía. de Luz y Fuerza Eléctrica del Centro, que aportan respectivamente el 32.0%, 37.9% y 7.7%.
Los plazos de exigibilidad por sector mantienen por lo general la misma proporción que el total titulado, con un adecuado equilibrio, excepto en el caso de CONASUPO donde los vencimientos a un año representan el 48.2% de su deuda titulada.
PARTICIPACIÓN DE LOS ORGANISMOS Y EMPRESAS EN EL PASIVO
TOTAL TITULADO Y SU DISTRIBUCIÓN POR EXIGIBILIDAD
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Sector Público Federal Consolidado; Gobierno Federal, Organismos Descentralizados y Empresas Propiedad del Gobierno Federal.
3.a. Déficit Financiero y Monetario.
Durante el ejercicio fiscal de 1978, el desarrollo de la actividad financiera del sector público dio como resultado un ahorro corriente de 105 541 millones de pesos, equivale al doble del registrado en 1977 y superior en 1 592 millones al monto previsto en el presupuesto presentado a la Cámara. Este notorio incremento en el ahorro del sector público presupuestal fue consecuencia de la mayor captación de ingresos derivados de la ejecución de la Ley de Ingresos del Gobierno Federal, y de la venta de bienes y servicios de los organismos y empresas; que se vieron favorecidos por los crecientes niveles de actividad económica, las modificaciones fiscales aprobadas por el Congreso y en menor medida por la revisión de precios y tarifas de algunas entidades incorporadas.
El ahorro corriente generado en este ejercicio permitió financiar el 41.6% del programa de inversiones del Sector Público Federal, y elevó su participación porcentual respecto al PIB del 2.9% en 1977 al 5.0% en 1978.
Estos resultados reflejan avances significativos dentro de la política de saneamiento de las finanzas del sector público, iniciada con la actual administración.
Por su parte, el déficit financiero presupuestal en cuenta de capital ascendió a 224 997 millones de pesos, mayor en 26.9% en relación al de 1977, e inferior en 19 157 millones de pesos (7.9%) al consignado en el presupuesto.
(Véanse Cuadros Nos. 3.1 y 3.2)
En consecuencia, el déficit financiero presupuesto fue de 119 456 millones de pesos, menor en 7.3% al registrado en 1977 y en 14.8% al monto previsto en el presupuesto. Sin embargo, a efecto de determinar el impacto monetario de este déficit presupuestal tanto para 1977 como para 1978, hay que incorporarle ajustes de ingresos y gastos por operaciones virtuales sujetas a registros contables, las asunciones de pasivo mediante aportaciones de capital, las transferencias crediticias a entidades paraestatales derivadas de intermediación financiera, los subsidios para pagos de pasivo y la contabilización de menores ingresos federales por el otorgamiento de Cedis para estimular la actividad privada.
Con estos ajustes, el déficit monetario compatible con el movimiento de recursos financieros que experimentó el país durante 1978, asciende a 121 681 millones de pesos, que significan un aumento de 25.9% con respecto al de 1977, y representan el 5.8% del PIB. El Cuadro No. 3.3, muestra el ajuste al déficit financiero presupuestal del ejercicio de 1977 y 1978.
SECTOR PUBLICO FEDERAL
GOBIERNO FEDERAL, ORGANISMOS Y EMPRESAS PROPIEDAD DEL GOBIERNO
FEDERAL RESULTADO FINANCIERO DEL PRESUPUESTO ORIGINAL Y EJERCIDO,
1978.
(Millones de pesos y porcientos)
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1/ La amortización de la deuda incluye pago de ADEFAS.
FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 1978. Exposición de Motivos, p.p. 13,
23, 29, 38, 39 y 44.
SECTOR PUBLICO FEDERAL
GOBIERNO FEDERAL, ORGANISMOS Y EMPRESAS PROPIEDAD DEL GOBIERNO
FEDERAL
RESULTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO EJERCIDO, 1977-1978.
(Millones de pesos y porcientos)
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1/ La amortización de la deuda incluye pago de ADEFAS.
FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal, Exposición de Motivos, p.p. 13, 23,
,29, 38, 39 y 44
cuadro 3. 3
SECTOR PUBLICO FEDERAL
DÉFICIT MONETARIO PRESUPUESTAL, 1977-1978.
(Millones de pesos)
*/ incluye devolución de ingresos por CEDIS
**/ En 1977 se dedujo el apoyo para pago pasivo por $6,137 millones
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RESUMEN DE LAS FINANZAS DEL SECTOR PUBLICO FEDERAL
1978
(Millones de Pesos)
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El financiamiento del déficit financiero del sector público presupuesto requirió recursos provenientes del crédito por 317 446 millones de pesos, que deducida la amortización arrojó un endeudamiento neto por 132 270 millones de pesos, monto similar al de 1977. A esta última cifra hay que efectuarle también los ajustes ya señalados en el Cuadro 3.3 con lo que se obtienen un endeudamiento neto para el financiamiento del déficit monetario de 122 635 millones de pesos en 1978.
Un resumen de las Finanzas del Sector Público Federal se muestra en el Cuadro No. 3.4, en el que se separan los ingresos y egresos ordinarios de las operaciones de deuda, los cuales se consideran como financiamiento.
3.b. Los Ingresos Consolidados del Sector Público Federal.
Los ingresos totales ordinarios del Gobierno Federal y de su organismos y empresas fueron en 1978 de 632 765 millones de pesos y la clasificación económica de los ingresos presupuestales del Gobierno Federal y de los Organismos y Empresas de su propiedad, muestra que los ingresos corrientes fueron de un monto de 605 420 millones de pesos (Ver Cuadros Nos. 3.1 y 3.2),
Millones
CONCEPTOS de pesos %
Impuestos al Ingreso 132 183 21.8
Impuesto sobre Transferencias 4 425 0.7
Impuestos que afectan al Ingreso
o al Gasto 26 156 4.3
Impuestos al Gasto 128.220 21.2
Otros Ingresos Corrientes 11.621 1.9
Venta de Bienes 176 203 29.1
Venta de Servicios 52 403 8.7
Ingresos Diversos 7 215 1.2
Ingresos por Cuenta de Terceros 23 287 3.8
Aportaciones al Seguro Social 44 144 7.3
Devolución de Ingresos Percibidos
en Años
Anteriores ( 437) -------
SUMAN LOS INGRESOS DE
CORRIENTES: 605 420 100.0
Los ingresos de capital por su parte fueron, también de acuerdo con los Cuadros No. 3.1 y 3.2 de 27 345 millones de pesos y se integraron como se expresa a continuación:
FUENTE: Misma de los ingresos corrientes.
Millones
CONCEPTOS de pesos %
Venta de Bienes Muebles e Inmuebles 92 0.3
Recuperación de Capital 6 920 25.3
Venta de Inversiones 1 259 4.3
Ingresos Derivados de
Erogaciones recuperables 19 074 69.8
SUMAN LOS INGRESOS DE
CAPITAL: 27 345 100.0
Al examinar los montos de los ingresos consolidados del sector público federal se tiene, como ya se observó al tratar el sector de Organismos y Empresas, que incluyen dos renglones que en realidad son ajenos a los presupuestales: Los ingresos por cuenta de terceros, dentro de los corrientes, así como los ingresos derivados de erogaciones recuperables, dentro de los ingresos de capital.
No obstante, sumados ambos (42,361 millones de pesos), representan solamente el 6.7% de los ingresos ordinarios totales, frente al 93.3% que representan los 590 404 millones de pesos, monto que alcanzan los ingresos que pueden considerarse ordinarios y propios del sector público federal.
Del total de ingresos ordinarios del sector público federal, los que obtuvo el Gobierno Federal (309,180 millones de pesos) representaron el 48.9%, en tanto que los de los organismos y empresas (323 585 millones) fueron equivalentes al 51.1%. Por otra parte los ingresos corrientes consolidados constituyen la mayor parte del total: 95.7%, frente al 4.3% de los ingresos de capital.
Los ingresos corrientes ejercidos excedieron solamente en 0.7% (4 246 millones) a los estimados, y dentro del total de ellos, destacan por su importancia, los provenientes de la venta de bienes (29.1%), que corresponden al sector de organismos y empresas, y los impuestos al ingreso (21.8%) y al gasto (21.1%) que son recaudados por el Gobierno Federal. Los ingresos de capital, por su parte, son pocos relevantes.
Para terminar, se tiene que los ingresos ordinarios consolidados de 1978 superaron en 148 981 millones (30.8%) a los del año anterior, correspondiendo el incremento a los ingresos corrientes (33.4%), toda vez que los de capital fueron inferiores en 2 440 millones de pesos (8.2%).
En 1978 los ingresos totales consolidados representaron el 30.1% del PIB y en 1977 el 28.9%.
3.c. Los Egresos Consolidados del Sector Público Federal.
Los egresos totales ordinarios del Gobierno Federal y de sus organismos y empresas fueron en 1978 de 752 221 millones de pesos y de
acuerdo con la clasificación económica de los mismos, los egresos corrientes alcanzaron la cifra de 509 581 millones de pesos, correspondiendo a los capítulos que los integran las cantidades siguientes:
Millones
CONCEPTOS de pesos %
Gastos de Administración 314.757 62.1
Intereses de la Deuda Pública 167 078 13.2
Transferencias 98 738 19.5
Erogaciones Especiales Corrientes 1 380 0.3
Erogaciones Derivadas por Cuenta de
Terceros 24 758 4.9
SUMAN LOS EGRESOS
CORRIENTES 506 711 100.0
Por lo que hace a los egresos de capital, su importancia es de consideración, ya que ascendieron a 245 510 millones de pesos, distribuidos en los siguientes capítulos:
FUENTE: Misma de los ingresos consolidados.
Millones
CONCEPTOS de pesos %
Inversión Física 190 252 77.5
Inversiones Financieras 33 584 13.7
Erogaciones Recuperables 21 674 8.8
SUMAN LOS EGRESOS
CORRIENTES 206 711 100.0
Al examinar los montos de los egresos consolidados del sector público federal también, como en el caso de los ingresos, se tienen que incluir dos renglones ajenos a los presupuestales: las erogaciones derivadas por cuenta de terceros, dentro de los egresos corrientes, así como las erogaciones recuperables dentro de los de capital; la suma de ambos es de 46 405 millones de pesos (ligeramente superior a la de los ingresos), representando el 6.2%; en tanto que los ordinarios y propios alcanzaron la cifra de 705 816 millones de pesos (93.8%).
1. Se agregaron a los intereses de operación (60,246 millones de pesos, 6,832 millones de pesos de intereses con cargo a inversiones.
Del total de egresos ordinarios del sector público federal, los que erogó el Gobierno Federal (367 182 millones de pesos), representaron el 48.8%, en tanto que los de los organismos y empresas (385 039 millones) fueron equivalentes al 51.2%.
Por otra parte, los egresos corrientes consolidados significan el 67.4% del total y los de capital el 32.6% restante.
Los egresos corrientes ejercidos excedieron solamente en 0.5% a los presupuestos y dentro del total de ellos destacan por su importancia los gastos de administración (62.1%), con predominio de los erogados en servicios personales que alcanzaron la cifra de 151 469 millones de pesos; también tienen cierta importancia las transferencias (19.5% de los gastos corrientes) y los intereses de la deuda (13.2%).
Dentro de los egresos de capital predominan los destinados a inversión física 77.5% del total de gastos de capital), y le siguen las inversiones financieras (13.7%).
Por último, los egresos ordinarios consolidados de 1978 superaron en 139 560 millones, 22.8% a los del año anterior, con incrementos similares en los corrientes y en los de capital (Véase Cuadro No. 3.2).
En relación con el PIB los egresos ordinarios federales consolidados representaron el 35.7% en 1978 y el 36.6% en 1977.
De acuerdo con la clasificación sectorial, el gasto del sector público federal se distribuyó en 1978 tal como se presenta en el Cuadro No. 3.5, en el que se compara con el ejercido en 1977 y con el presupuesto original.
De los once sectores destaca el industrial que en 1978 representó el 37.7% del total, y aunque inferior en 2.7% al presupuesto original, fue superior en 34.6% (61 363 millones de pesos) al del año anterior. Le siguen en importancia decreciente los siguientes: salud y seguridad social con 15.3%; educación, cultura, ciencia y tecnología con 12.5% y administración y defensa con 8.3% en todos estos sectores hubo aumentos del gasto ejercido en relación con el presupuesto original y con el año de 1977; así como en el de comercio que representó el 7.1%, un poco menos que el agropecuario y forestal que fue equivalente al 7.8% con la modalidad que aun cuando superó al de 1977 en 30.8%, fue inferior al presupuesto en 7.6%.
Como se observa en el Cuadro de referencia, el gasto sectorizado no constituye la totalidad del egreso bruto ni del ordinario. Para llegar al primero hay que agregar los siguientes conceptos no sectorizables:
SECTOR PUBLICO FEDERAL
CLASIFICACIÓN SECTORIAL
(Millones de Pesos)
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Intereses, comisiones y gastos de la deuda
Gobierno Federa 44 608
Organismos y Empresas 22 470
Amortización de deuda
Gobierno Federal 52 820
Amortización de Adeudos de años anteriores 22 032
Amortización de Deuda de Organismos y Empresas 110 324
Otros conceptos no sectorizables:
Apoyos a organismos y empresas para pago de pasivo e intereses 7 666
Participaciones a Estados en ingresos Federales 28 678
Subsidios al Comercio e Industria, Importadores y Exportadores 7 871
Fideicomiso Fondo de Financiamiento del Sector Público ( para canalizar recursos crediticios captados por el Gobierno Federal a diversas entidades paraestatales) 7 245
Por lo que hace al gasto ordinario su total no debe incluir las amortizaciones de capital de la deuda y las ADEFAS.
El gasto total no sectorizado fue de 303,814 millones en 1978, que sumado al monto de 633,583, que es el clasificado sectorialmente, da 937,397 millones de pesos de gasto total bruto. Si al gasto no sectorizable se le excluye la amortización consolidada de la deuda (185,176 millones), queda un remanente de 118,638 millones de pesos, que sumados a los gastos sectorizables (633,583 millones) arrojan un total de 752,221 millones de egresos federales ordinarios.
Dentro de esta última cifra figura en la clasificación económica, vista con anterioridad, la inversión física con un monto de 190,252 millones de pesos; esta cifra no constituye el total de la inversión pública, ya que debe agregarse la inversión del sector paraestatal no incorporadas presupuestalmente, financiada con recursos propios y con créditos, para tener la inversión pública federal realizada que se presenta en el Cuadro No. 3.6 La inversión pública realizada se incrementó, de acuerdo con los datos consignados en los anexos del Tercer Informe de Gobierno del Presidente de la República, en un 55.1%, al pasar de 149,102.1 millones de pesos en 1977, a 217,381.6 millones en el año motivo del análisis. Del total, se canalizó la mayor parte (48.0%) al sector industrial y concretamente a la actividad del petróleo y la petroquímica, lo cual concuerda con la necesidad coyuntural de impulsar este renglón estratégico. Lo anterior provocó la relativamente baja asignación al sector agropecuario y pesquero (19.4% del total), al de transportes y comunicaciones (14.5%), y el de desarrollo social, al que se dirige el 16.0% del total; rubros que aun así fueron superiores a los del año precedente, sobre todo el agropecuario y pesquero que creció el 61.8%.
3.d. La Deuda Pública del Sector Público Federal.
En el ejercicio de 1978 el sector público federal incluido en el presupuesto, utilizó financiamientos brutos por un total de 317,446 millones de pesos, que comparados con los del presupuesto original significan un aumento de 9.0% y en relación a 1977 la colocación experimentó un incremento de 27.0%.
Del total de la colocación, el 54.4% correspondió al sector paraestatal y el 45.6% al Gobierno Federal, observándose que la participación de este último disminuyó con respecto al que tenía en 1977. (Véase Cuadro No. 3.7).
En la estructura de la colocación se refleja un cambio importante en cuanto a la fuente, ya que los recursos provenientes de fuentes internas elevaron su participación de 45.4% en 1977 a 50.3% en 1978; y los externos lo disminuyeron de 54.6% a 49.7%. En este cambio de perfil de la deuda sobresale el comportamiento de la del Gobierno Federal, que utilizó en mayor medida los recursos derivados del mercado interno para financiar su déficit, en una proporción de 79.0%, porcentaje muy por encima del 60.1% del año anterior; el sector paraestatal por su parte recurrió en mayor proporción a los recursos del crédito externo, con el fin de no presionar la disponibilidad del mercado interno y cuidando de no rebasar los límites señalados en la Ley de Ingresos.
La amortización de capital fue de 185,176 millones de pesos, mayor en 22.6% con respecto a lo programado. De esta cifra 74,852 millones de pesos correspondieron al Gobierno Federal y el resto (110,324 millones) a los Organismos y Empresas.
Los intereses, gastos y servicios de la deuda (67,078 millones de pesos) se ejercieron por abajo de los niveles programados, lo que significó economías por 11,034 millones de pesos.
Comparados con 1977 reflejan un incremento de 34.1%. Del total el 66.5% fueron erogados por el Gobierno Federal y el resto por las entidades.
El endeudamiento neto en que incurrrió el sector público federal fue de 132,269 millones de pesos, correspondiendo el 52.8% (69,861 millones) al Gobierno Federal y el 47.2% (62,408 millones) al sector de organismos y empresas.
INVERSIÓN PUBLICA REALIZADA
(1977-1978)
Millones de pesos.
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1) Por su forma especial de recuperación no figura en el total.
CUADRO No. 3.7
ENDEUDAMIENTO NETO DEL SECTOR PUBLICO FEDERAL
(Millones de Pesos)
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CONCLUSIÓN
Las recomendaciones generales que se desprenden del análisis de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal se han incorporado a los puntos resolutivos del proyecto de Decreto. Se refieren a normas y medidas contables y financieras que permitirán mejorar el control legislativo sobre las dependencias y entidades.
Esta Comisión ha considerado que las recomendaciones de política económica que la H. Cámara de Diputados estime conveniente formular al Ejecutivo Federal se harán, en su caso, en el Dictamen del Presupuesto de Egresos para 1980.
De conformidad con lo anterior y de acuerdo con los datos y comentarios generales a que se refiere el Informe Previo rendido por la Contaduría Mayor de Hacienda, la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública con fundamento en los artículos 65, 70 y 74, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 56 y 57 de la Ley Orgánica del Congreso; 11 y 1o. transitorio de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda; 4o. transitorio de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y demás relativos aplicables, somete a la consideración de esta H. Asamblea, el siguiente.
PROYECTO DE DECRETO
Artículo 1o. Se revisó la cuenta pública de la Hacienda Federal, y se conocieron los resultados de la gestión financiera correspondiente al ejercicio presupuestal de 1978.
Artículo 2o. Se comprobó que la gestión aludida en el numeral anterior y que comprende la del Gobierno Federal, la de los organismos descentralizados y la de las empresas de participación estatal incorporadas al presupuesto, se ajustó a los criterios señalados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para ese ejercicio.
Artículo 3o. Se evaluó el cumplimiento satisfactorio de los objetivos y metas contenidas en los principales programas previstos en el presupuesto, en la medida en que la evolución de las prácticas implantadas en el área administrativa lo permitió.
Artículo 4o. Instrúyase a la Contaduría Mayor de Hacienda en los términos del artículo 11 de su Ley Orgánica, por conducto de la Comisión de Vigilancia, para el efecto de que recomiende a la Secretaría de Programación y Presupuesto las normas, procedimientos, métodos y sistemas que con su implantación permitan mejorar el análisis programático, financiero y de metas, para lo cual se sugiere:
a) Intensificar los esfuerzos para mejorar la presentación de la Cuenta Pública haciendo compatibles, las técnicas en que se apoya la formulación del presupuesto por programas, con las de elaboración de la Cuenta.
b) Incluir en la Cuenta Pública información detallada adicional a la que ya se presenta, acerca del destino final dado a recursos federales por los beneficiarios de transferencias y subsidios.
c) Intensificar los trabajos para el mejoramiento de la contabilidad gubernamental, la desconcentración contable y la implantación de un sistema de archivo contable, así como la incorporación del registro de las operaciones de organismos y empresas públicas, de acuerdo con los criterios de contabilidad que éstos manejen.
d) Detallar en el Presupuesto y en la Cuenta el mayor número de las asignaciones presupuestales contenidas en ramos generales, especialmente las del denominado "erogaciones adicionales", para que se incluyan en el marco de los programas y subprogramas sectoriales a que correspondan.
Artículo 5o. Remítase el presente dictamen a la Contaduría Mayor para todos los efectos legales instruyéndola para que dentro del término de ley rinda el informe de resultados correspondiente.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión; México, D. F., a 21 de noviembre de 1979.
Los diputados miembros de la Comisión de Programación, Presupuestos y Cuenta Pública: Licenciado Ignacio Pichardo Pagaza, Presidente.- Licenciado Juan Ugarte, Secretario.- Doctor Ángel Aceves Saucedo.- Licenciado Humberto Lira Mora.- Licenciado Belisario Aguilar Olvera.- Juan Martínez Fuentes.- Licenciado Cuahutémoc Anda Gutiérrez.- C.P. José Merino Mañon.- Licenciado Porfirio Camarena Castro.- Beatriz Paredes Rangel.- Licenciado Enrique Chavero Ocampo.- Licenciado Graco Ramírez.- Licenciado Jorge Flores Viscarra.- Licenciado Fernando Riva Palacio Inestrillas.- Licenciado Antonio García Villa.- Licenciado Arturo Romo Gutiérrez.- Licenciado Pablo Gómez.- Licenciado Ignacio Vázquez Torres.- Licenciado Jesús Guzmán Rubio.- Licenciado Alfredo Zegbe Sanen.- Licenciado Miguel Lerma Candelaria."
El C. Presidente: En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los ciudadanos diputados, ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la segunda lectura y se pone a discusión en lo general.
El C. secretario Sabino Hernández Téllez: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se pregunta si se dispensa la segunda lectura al dictamen y se pone a discusión en lo general. Los que estén por la afirmativa, se ponen de pie. Se dispensa la segunda lectura al dictamen.
El C. Presidente: En consecuencia está a discusión en lo general.
Se abre el registro de oradores.
El C. secretario José Murat: Se han inscrito en contra los siguientes ciudadanos diputados: Alonso y Prieto, Juan Antonio García Villa, Graco Ramírez, Pablo Gómez y Arturo Salcido.
En pro, los diputados, Rafael Carranza, Belisario Aguilar, Alfonso Zegbe, Ignacio Pichardo, Miguel Lerma, Humberto Lira Mora, Delgado Navarro, el diputado Magaña, el diputado Anda Gutiérrez, el diputado Merino Mañón, el diputado Mauricio Valdés, la diputada Beatriz Paredes, el diputado Juan Ugarte y el diputado Porfirio Camarena.
El C. Presidente: El diputado Ignacio Pichardo que haga su intervención ahora y que nos disculpe el diputado Alonso y Prieto, en virtud de que el compañero Ignacio Pichardo participa por la Comisión.
El C. David Bravo y Cid: Señor Presidente, moción de orden. El Reglamento establece que en un debate la discusión empezará hablando en contra y después la Comisión hará uso de la palabra para defender su dictamen.
Procesalmente está usted en un error.
El C. Presidente: Señor diputado tiene usted razón. El orden del Reglamento lo establece precisamente así; pero la Comisión también, el Reglamento lo antepone la circunstancia para que pueda la Comisión hacer una explicación.
Estamos en lo ordenado.
El C. Rafael Alonso: Yo les pido a mis compañeros de diputación que retiren la objeción, con mucho gusto acepto que el señor Pichardo inicie su intervención.
El C. Ignacio Pichardo Pagaza: Señor Presidente;
Compañeros diputados:
Agradezco en primer término al señor diputado de Acción Nacional que me haya cedido en el uso de la palabra y quiero indicar que he pedido hacer uso de la palabra en primer término, porque es mi intención dar un marco de referencia para el debate que enseguida habrá de tener lugar, en la medida en que no obstante que fue distribuido el documento voluminoso que contiene el dictamen de la Cuenta Pública de la Hacienda Federal, creo que es conveniente sintetizar los aspectos fundamentales del mismo.
Quisiera comenzar recordando que la función de control financiero sobre el Ejecutivo forma parte de la esencia misma de la tarea parlamentaria; que desde la Constitución del 24, después las Siete Leyes del 33, las Bases Orgánicas del 42, la Constitución del 57, había establecido un segundo período ordinario de sesiones destinado exclusivamente al análisis de la Cuenta Pública de los gastos del Gobierno Federal y al análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos. En la Constitución del 17, el Artículo 65 hablaba sobre las facultades de la Cámara de Diputados y del Congreso, para analizar la Cuenta Pública. Este Artículo estuvo en vigor hasta hace apenas dos años en que hubo una modificación constitucional, como ustedes recordarán, señores diputados, en virtud de la cual tanto el Presupuesto de Egresos como la Cuenta Pública son ahora facultades exclusivas de la Cámara de Diputados, por considerar, a mi juicio acertadamente, que es la Cámara más ligada a la representación popular la que debe conocer el ejercicio del gasto público y aprobar el presupuesto.
Estamos pues, señores diputados, en una función que aunque posiblemente parezca prolija, tenemos la convicción de que es una de las funciones definitorias del Poder Legislativo.
En esta Cámara contamos afortunadamente con una amplia experiencia financiera.
Existen señores diputados que han sido tesoreros municipales, señores diputados que ha sido expresidentes municipales, señores diputados que han sido tesoreros de los Estados, exgobernadores y contamos con la presencia honrosa de un señor ex Secretario de Hacienda, esta Cámara tiene pues calificación suficiente para analizar con detalle los aspectos financieros que hoy nos involucran.
Me interesa señores diputados, definir el alcance de la revisión que implica el Dictamen que hemos puesto a la consideración de la Cámara. Para algunos señores diputados podría parecer extraño que a lo largo del Dictamen no se señalen errores, omisiones o irregularidades en el manejo de los cuantiosísimos recursos del Gobierno Federal.
Efectivamente no se señalan omisiones, errores o irregularidades y esto no es así porque estemos afirmando que no existen, pueden existir, posiblemente existan, pero la función revisora de la Cámara de Diputados sobre la Cuenta Pública no se agota con la presente discusión en el presente Dictamen, ésta es una de las instancias, uno de los momentos de la revisión de la Cuenta Pública. La Constitución señala en el Artículo 74 que la Cámara debe revisar y analizar si el gasto se ajustó al presupuesto; si se cumplieron los programas satisfactoriamente y posteriormente, a través del órgano técnico de la propia Cámara que es la Contaduría Mayor de Hacienda, la Cámara habrá de analizar en detalle, el nivel de las auditorías, si el ejercicio del gasto se ajustó estrictamente a lo expuesto en cada una de las partidas o subpartidas del Presupuesto.
Esta función revisora de detalle, la función de auditoría sobre las finanzas públicas del Estado la ejercita la Cámara por conducto de
su órgano técnico, hoy considerablemente fortalecido, que es la Contaduría Mayor de Hacienda y en septiembre próximo habrá de rendir a esta Asamblea lo que denomina el Informe Definitivo, el informe de resultados en donde habrán de consignarse los posibles errores, omisiones o irregularidades y consecuentemente, en su caso, las responsabilidades legales conducentes.
Nos toca aquí, señores diputados, cumplir con los propósitos que señala la Constitución para este dictamen de la cuenta pública. En primer lugar, dice la Constitución, revisar el ejercicio del gasto, segundo, analizar si el ejercicio financiero se ajustó a lo señalado en el presupuesto, y tercero, señalar si se cumplieron los objetivos contenidos en los programas del propio presupuesto.
Estas son las tres funciones que debe cumplir el dictamen de la Cuenta Pública.
Hemos propuesto en la Comisión, a los distintos partidos que la integran, y quiero señalar que por primera vez en la historia de esta Comisión está representada la gran mayoría de los partidos nacionales, y nos hemos puesto de acuerdo para dividir el debate en tres partes. Hoy habremos de analizar las cuentas del sector central del Gobierno Federal; en una segunda sesión, los organismos descentralizados y finalmente, la cuenta del Departamento del Distrito Federal.
Me referiré brevemente a esto último.
Señores diputados:
Quisiera subrayar el primer hecho y es que la Cuenta Pública de 1978 ha sido la Cuenta Pública que más se ha ajustado al ejercicio presupuestal. Algunos compañeros diputados que integran esta Asamblea, de distintos partidos, recordarán que ésta era una de las tesis que en la Cámara se reiteraba y por las que habíamos venido -me refiero como Poder Legislativo- planteando recomendaciones en otras épocas, que se mejorara la técnica presupuestal de manera que el presupuesto y la cuenta estuvieran ajustados. Hoy, señores, comunico a ustedes con satisfacción que el ejercicio de la Cuenta Pública se desvió apenas en 1.8 sobre lo que en su momento esta Cámara de Diputados aprobó como presupuesto de Egresos de la Federación para 1978, incluso internamente, dentro de las transferencias de partida hubo un ajuste presupuestal mucho más cercano que en lo que otras ocasiones había ocurrido.
Analizando en forma sintética las principales variables financieras, quisiera mencionar lo siguiente:
El Presupuesto contiene dos grandes variables, la variable de los ingresos y la variable de los egresos, son de alguna manera dos caras de la misma moneda.
Los ingresos del Gobierno Federal se han clasificado en ingresos corrientes y en ingresos de capital que forman la masa de los ingresos ordinarios. En el año de 1978 el Gobierno Federal tuvo 309 mil millones de ingresos ordinarios, divididos en 302 mil millones de ingresos corrientes y 7,000 millones de ingresos de capital, los llamados ingresos de capital son simplemente la venta de activo fijo, tuvo una colocación de deuda de 144 mil millones; por el lado de los egresos se gastaron 442 mil millones y ahora, si me permiten brevemente analizar la partida doble, diríamos lo siguiente: por el lado de los ingresos corrientes el Gobierno obtuvo 302 mil millones de pesos, integrados básicamente por impuestos, aprovechamientos y derechos; por el lado del gasto corriente que es el gasto fijo administrativo, el Gobierno erogó la cantidad de 265 mil millones, dando un superávit corriente de aproximadamente 66 o 68 mil millones de pesos.
Es satisfactorio señalar que el gasto corriente del Gobierno Federal fue controlado de tal manera que permitió generar esto que podemos llamar que es un ahorro para financiar inversión y pago de deuda. Este hecho es importante porque en el año anterior el ahorro corriente era apenas el 50% de lo que fue en 78 y hay que señalar que un año antes, en 1976, infortunadamente parecía que el Ejecutivo Federal habría perdido la capacidad para generar ahorro. Por esto me he detenido en este punto, para reiterar que en dos años se ha recuperado en forma significativa la capacidad de generar ahorro de parte del Gobierno Federal, para poder financiar con ello tanto el pago de deuda como la inversión.
En la cuenta de capital decíamos que los ingresos son muy escasos, apenas 7 mil millones de pesos, porque son ventas de activos fijos, pero en cambio, en los egresos de capital es donde se concentra la inversión del Gobierno Federal y fueron 132 mil millones de pesos, de donde se reduce que hay un déficit en la cuenta de capital de 124 mil millones que se financia parcialmente con el ahorro que obtuvo el Gobierno Federal, al que hice referencia hace un momento y con la contratación de empréstitos.
La contratación de empréstitos en 78 por parte del Gobierno Federal llegó a la suma de 144 mil millones parte de lo cual sirvió para financiar el déficit en cuenta de capital, que fueron 69 mil millones y las amortizaciones de deuda, que ascendieron a 74 mil millones. Quisiera también señalar dos hechos, uno es que el incremento en la amortización de deuda fue muy importante. El Gobierno Federal tomó la decisión de pagar deuda en 78 por una cantidad considerablemente superior a la que había pagado el año anterior e incluso hubo un aumento en amortización a lo que originalmente se había previsto porque las condiciones de los mercados de capital así lo permitieron y que el resto de la colocación de deuda se destinó al financiamiento parcial de las obras públicas, del gasto de inversión, del gasto directo y del gasto financiero de inversión que, como ya dije, ascendió a 132 mil millones.
Para terminar el análisis de la cuenta doble del Gobierno Federal podríamos decir que hay rasgos en las finanzas públicas que todavía dejan preocupación y que habrá que corregir a corto plazo y hay otras variables que son satisfactorias y marcan, definitivamente, un punto que es conveniente subrayar en forma positiva. Los rasgos alentadores son la recuperación de
la capacidad de ahorro del propio Gobierno Federal y el incremento en el pago de la deuda. Los rasgos preocupantes son que todavía necesitamos por cada peso de ingresos propios un endeudamiento del orden de $0.47.
Ha habido épocas en que esta proporción es mayor y definitivamente ha habido épocas en que es más sana. Esperamos que en el futuro la recuperación de la capacidad de ahorro permita financiar cada vez una proporción mayor del gasto de inversión con recursos propios.
Los ingresos del Gobierno Federal crecieron en conjunto 33%; creció el Impuesto Sobre la Renta en 43%; crecieron los grandes "impuestos indirectos" por una modificación fiscal que permitió sustituir la cuota fija por una tasa "ad valorem"; el Impuesto de Ingresos Mercantiles creció también en un 30%; este Impuesto que llegó a 57 mil millones, es importante, porque como ustedes recordarán, de aquí viene la participación hacia los Estados y crecieron también los impuestos a la exportación y a la importación.
Infortunadamente los impuestos a la exportación crecieron en 12 mil millones menos de lo previsto, debido fundamentalmente a que el Programa de Exportación de Crudo de Petróleos Mexicanos fue previsto en exceso y las exportaciones no llegaron a los límites previstos. Los impuestos a la importación crecieron también satisfactoriamente. En síntesis, los ingresos del Gobierno Federal en 1978, se comportaron razonablemente en forma positiva al crecer en términos corrientes arriba del 30%.
El Gasto del Gobierno Federal, ya lo habíamos mencionado, tiene como principal característica su ajuste estricto al Presupuesto que esta Cámara aprobó en su debido tiempo.
Analizando, desde el punto de vista de la clasificación administrativa, los cuatro grandes grupos de gasto del Gobierno Federal, que son el Gasto de la Secretaría de Estado, las Erogaciones Adicionales, la Inversión y la Deuda Pública, cada uno de estos renglones conservó razonablemente su variación frente a lo que la Cámara aprobó originalmente.
Perdón por insistir en este tema, pero ha sido motivo de reflexión durante muchos años dentro de este recinto, el hecho de que el Presupuesto del Ejecutivo fuera observado estrictamente durante el ejercicio de su aplicación.
Este análisis que está contenido en el Dictamen que nosotros hemos sometido, responde al punto número uno que la Constitución exige de la Cámara de Diputados, que se analice el Gasto Financiero y que se indique si el Gasto se ajustó a los criterios contenidos en el Presupuesto. Así, el Dictamen responde a la exigencia constitucional con esta síntesis que yo he formulado apretadamente aquí, pero a partir de 1978, del primero de enero de 1978, la Fracción IV del nuevo Artículo 74 Constitucional, exige a la Cámara una acción que no tenía antecedentes en nuestra tradición constitucional. Esa acción es que la Cámara debe evaluar si el Gobierno Federal cumplió con los programas objetivos y las metas que aprobamos en el presupuesto.
Este enfoque programático, este enfoque evaluatorio del presupuesto y de la Cuenta Pública son una novedad técnica, introducida en las modificaciones al Artículo 74 de la Constitución y es aquí, señores, donde quisiera señalar el punto de vista de la Comisión que ha quedado reflejado en los resolutivos que se dieron a conocer el día de ayer.
El Presupuesto de Egresos de la Federación viene ya estructurado con el criterio programático, el Presupuesto de Egresos de 78, el de 79 y el que ustedes conocerán en breve para 1980, viene ya, señores diputados, estructurado en forma programática, señalando objetivos, señalando programas y señalando metas cuantitativas a alcanzar.
Sin embargo, es indispensable señalar, así lo ha hecho la Comisión en los puntos resolutivos, que la Cuenta Pública del Gobierno Federal no está estructurada todavía para responder a una evaluación de carácter programático. Se han dado ya algunos avances porque se analizan en términos financieros los programas y las partidas, pero es indispensable reconocer, así lo ha hecho el dictamen, que se requiere avanzar en la contabilidad gubernamental para que éstas reflejen y permitan a la Cámara cumplir con el dispositivo constitucional de evaluar los programas en términos del alcance de las metas.
Sin embargo, la Comisión pese a reconocer este limitante, hizo un esfuerzo a través de distintos medios para evaluar el cumplimiento de los programas del Gobierno Federal. Esos medios indirectos fueron en primer término los anexos programáticos del Informe del Presidente de la República, que fueron distribuidos a cada uno de ustedes, en los cuales se contiene ya la estructura evaluatoria que permitió en forma indirecta a la Comisión, señalar el cumplimiento de los programas y de los objetivos contenidos en el presupuesto, pero, además, nuestro órgano técnico en cumplimiento por primera vez de su nueva Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, hizo una investigación cuyos resultados constan en el informe previo que rindió a la Comisión de Programación y Presupuesto y Cuenta Pública y queda en poder de todos los partidos; rindió también un informe de carácter programático.
Realmente el análisis de los resultados de la economía de 1978 permitió a la Comisión llegar a la conclusión de que con las limitaciones existentes todavía (que por cierto tienen un fundamento legal porque el Artículo 4o. Transitorio de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público le permite al Gobierno Federal ir modificando gradualmente la contabilidad para conseguir este proceso programático), llegó a la conclusión de que se cumplieron satisfactoriamente los programas, los objetivos y las metas señaladas en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Señores diputados:
Esta es la gran síntesis del contenido del Dictamen. Me estoy refiriendo naturalmente a los efectos intrínsecos del gasto público. En
otras palabras, el Presupuesto de Egresos de la Federación es la principal herramienta a disposición del Gobierno Federal para influir en la evolución de la economía mexicana; la economía mexicana en 1978 tuvo un comportamiento notable, que no dudaría yo en calificar y en su momento habremos de ver por qué fue un comportamiento extraordinario en la mayor parte de sus variables, con problemas muy graves todavía tanto de coyuntura como estructurales a los que nos habremos de referir en su momento.
Aquí hemos hecho el análisis o la descripción intrínseca del presupuesto, los efectos de las finanzas públicas tal como nos los pide la Constitución, pero sin la menor duda siendo el presupuesto la principal herramienta para influir en la economía del país, habrá que también, a lo largo del debate, poner de relieve de qué manera el ejercicio del gasto público influyó en la notable recuperación económica que en 1978 experimentó nuestro país.
Yo quisiera, señores, para terminar, este marco de referencia al que me he referido, suplicar a ustedes que las variables financieras aquí mencionadas constituyen la esencia del Dictamen y se fundamentan los puntos resolutivos que fueron leídos y que en síntesis dicen que la Comisión y la Cámara en su momento, revisó el gasto del Gobierno Federal; que el gasto del Gobierno Federal se ajustó a lo presupuestado. Finalmente, que el ejercicio de los programas y de las metas fue satisfactorio.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado Rafael Alfonso y Prieto, del Partido Acción Nacional, para hablar en contra.
El C. Rafael Alonso y Prieto: Señor Presidente;
Compañeros diputados:
Siempre da buenos resultados ser gente decente; me alegro mucho de haber oído previamente la exposición del diputado Pichardo, entre otras cosas, porque en su habilidosa introducción me dio la razón previamente, a la mayoría de las objeciones que voy a presentar al dictamen de la Comisión.
Quiero desde luego hacerles una advertencia y ponerlos en guardia a ustedes sobre esto; en este tema, subo a la tribuna con una muy fuerte, un muy fuerte condicionamiento de deformación profesional. Soy contador público, cuarenta años de vida profesional, 27 de ellos como auditor, 30 de ellos participando en los cuerpos directivos y en las comisiones técnicas de nuestros colegios profesionales en nuestra Federación de Colegios Profesionales, lógicamente deben producir un congestionamiento tremendo de lo que se ha dado en llamar deformación profesional. En cierto grado me encuentro como aquel amigo que comentando con otros compañeros decía: "en realidad yo soy una gente modesta y tiene su mérito, porque es muy difícil ser modesto cuando uno es un genio como yo".
Mi inscripción en contra del dictamen, y mi decisión de votar en contra, se deben a una acumulación sucesiva de datos y de objeciones, el primero, es el que el diputado Pichardo mencionó expresamente, un problema de semántica.
El dictamen, el proyecto de dictamen que estamos discutiendo empieza en su primer punto con las palabras: "Se revisó la Cuenta Pública de la Hacienda Federal", y yo afirmo que no se revisó la Cuenta Pública de la Hacienda Federal. Simple y sencillamente.
Nos ha hecho una exposición muy larga el diputado Pichardo, muy hábil, muy inteligente, de qué fue lo que se hizo y toda esa descripción y la lectura un poco rápida, en casi 24 horas, de 144 páginas, me llevan a la conclusión que lo que la Comisión hizo fue analizar e interpretar la Cuenta Pública, pero no revisarla. Revisar en el sentido profesional y en el sentido que le da la misma Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, implica revisar a través de procedimientos especiales de prueba, de comprobaciones, de toda una serie requisitos, la autenticidad de las operaciones reflejadas en las cifras; la veracidad de los datos, la adecuación con que son reflejadas, los criterios conceptuales con que se hacen las agrupaciones, los elementos todos que constituyen el material subyacente de la información que se está presentando.
Y eso, señores, no se ha hecho. No se ha hecho entre otras cosas porque no le ha alcanzado el tiempo a la Contaduría Mayor de Hacienda, ni los recursos. No se ha hecho además porque la propia Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, en el inciso B de la Fracción II del Artículo 3o., en el Artículo 26 y en la fracción V del Artículo 10, establece que el resultado de esa información, de esa revisión rendirá a la Cámara dentro de los primeros días de septiembre del año siguiente en que sea recibida por la Cámara. Eso quiere decir, para la Cuenta de 1978, el 10 de septiembre de 1980, no de 79.
Lógico, para darle el tiempo, la oportunidad y la ocasión de efectuar esa revisión. Entonces pues, el problema real es que la Cuenta no está revisada, que se están haciendo análisis e interpretaciones sobre datos de cuya seguridad no estamos absolutamente o razonablemente seguros y vuelvo por prejuicio profesional, yo me resisto a hacer análisis e interpretaciones sobre datos sobre los cuales no tengo todavía una razonable seguridad. Imaginen usted, señores, el problema que se presentaría a la Cámara de Diputados si hoy aprobamos que se revisó la Cuenta Pública y dentro de un año, lo que es posible aunque no probable, la Contaduría Mayor de Hacienda nos sale con que la Cuenta Pública está tan chueca como los automóviles de la policía de Monterrey, y perdónenme, señores la alusión regional, y perdónenme también una pequeña disgresión pero no resisto a relatar una cosa que es una perla de la picaresca política municipal de nuestro país.
En Monterrey se descubrió que los policías usan en gran parte automóviles chuecos,
entendiendo por automóviles chuecos, automóviles pasados de contrabando y pasados por la ciudad a ciencia y paciencia del Registro Federal de Automóviles. Eso lo hizo notar insistentemente la prensa, con la insistencia de que por la situación irregular ni siquiera tenían placas. El inefable Presidente Municipal que nos impusieron hace tres años, encontró la facilísima solución, inventó unas placas nuevas distintas de todas las demás, se las regaló gratuitamente a quienes tenían los autos chuecos y el asunto ha quedado definitivamente solucionado por el procedimiento de "placas chuecas para automóviles chuecos". (Aplausos.)
Pero volvemos a nuestro tema, la Cuenta Pública no está revisada, y no se crean que la duda sobre su corrección es una mera suspicacia de auditor profesional, existen, lo mencionó el diputado Pichardo y dijo que no habían querido referirse a ello, existen errores graves en la Cuenta Pública Federal y existen partidas altamente sospechosas en la Cuenta Pública Federal; simplemente en un repaso, en el Balance de la Hacienda Pública Federal, bajo el rubro Acreedores, por favor fíjense bien, Acreedores Diversos, se presenta un saldo deudor de 7,218 millones de pesos, esto equivale a decir que mis acreedores me deben a mí dinero. Se presenta un rubro de Remesas de Numerario, Cuenta de Activo, con un saldo acreedor negativo de 2,860 millones de pesos, lo que equivale a decir que yo tengo en la bolsa menos 200 pesos; se presenta un rubro de Fondos Especiales provenientes del sector público, pendientes de regularización, con un saldo de 2,613 millones de pesos. Eso por lo que hace a una muestra de errores. Por lo que hace a ciertas partidas sospechosas, se presenta un rubro de Adquisiciones de Bienes de Inventario pendientes de conciliar, por 61,284 millones de pesos y otro rubro bajo el nombre Altas en el Inventario pendientes de conciliar, con un saldo acreedor de 16,731 millones de pesos.
En resumen, olvidándonos de la terminología técnica, las terminologías técnicas tienen un problema, ayudan a entenderse a los peritos pero confunden a los que no son peritos (los doctores nos hablan de un epitalioma, cuando se trata de un vulgar callo), aquí es el mismo problema. Estos rubros quieren decir que hay 88 mil millones de pesos que se pagaron y que ahorita no se sabe qué demonios pasó con ellos, simple y sencillamente.
Claro que hay otro problema; la Cuenta Pública, los tomos esos impresionantes que nos entregaron, tampoco me satisfacen como instrumento informativo. Una información no es simplemente acumular cifras y amontonarlas discriminadamente una información requiere un criterio selectivo de agrupación, de concentración, de orientación a las necesidades del usuario y ¿quién es el usuario de la Cuenta Pública? El usuario de la Cuenta Pública es el pueblo mexicano y, en representación de ellos, nosotros los diputados y honradamente creo que la comunicación que se hace a través de la Cuenta Pública no llega al pueblo y no llega a muchos de los señores diputados. Hay un problema de ruptura de comunicación por ineficacia de los medios utilizados para transmitir esa comunicación.
Pongamos un ejemplo. El famoso anexo, libro 3, Analítico de ingresos de las entidades, que no son sino copias de las listas de computadora enunciadas bajo base de claves numéricas que necesitan interpretación para saber de qué se trata y totalizaciones y subtotalizaciones y parciales y agrupaciones de todas esas cifras que requieren un trabajo de negros para acabar de entender qué es lo que quieren decir y qué es lo que significa.
Toda comunicación-y la información financiera es un vehículo de comunicación-, debe hacerse no en función de quien prepara la información, debe hacerse en función de quien la recibe y la va a utilizar para sus finalidades propias y francamente ni los estados financieros, ni tampoco los anexos correspondientes me parecen a mí satisfactorios en este sentido, como vehículo de comunicación. A mayor agravante, en la introducción; bueno, la ley establece que si en el dictamen se dirá si la Cuenta Pública, Artículo 3o., fracción II, inciso 1o si la Cuenta Pública esta presentada de acuerdo con los principios de contabilidad aplicables al Sector Gubernamental. Eso exige la Ley. En la introducción, página 2 y 3, se dice que el Informe de la Contaduría Mayor de Hacienda contiene comentarios generales respecto al acuerdo entre los principios de contabilidad aplicables al Sector Gubernamental y los estados de la Cuenta Pública.
Da la maldita casualidad, compañeros diputados, de que esos principios de contabilidad aplicados a la Contabilidad Gubernamental, no existen. En octubre pasado, en la Convención Nacional de Contadores Públicos, celebrada en esta ciudad de México, se destino una sesión especial de estudio técnico al problema de la Contabilidad Gubernamental. A esa sesión asistieron, entre otras personas, el Contador Mayor de Hacienda y el primer punto fundamental de ello, es que los principios aplicables al Sector Gubernamental no existen. Mi profesión se dio golpes de pecho en ese caso, arrepintiéndose de no haberle puesto debida atención, pero el hecho registrado esencialmente, es que no existe.
En otros países que en estas técnicas se suponen más adelantados, es lo mismo. En los propios Estados Unidos de Norteamérica, la Oficina General de Contabilidad, está en el mismo problema, tratando de desarrollar a base de un presupuesto a lo bestia como lo hacen los gringos y de un trabajo negro, principios de contabilidad aplicables al Sector Público. Me niego a aceptar que haya coincidencia entre la contabilidad, entre la información que se nos presentó y unos principios que no existen.
Por último, señores, en las recomendaciones y en esto hizo énfasis el diputado Pichardo, se señala que se recomiende una coordinación entre los programas presupuestales por programa y la información de la Cuenta Pública.
No podía yo estar en más desacuerdo que con estas recomendaciones. La contabilidad es una técnica doble, por un lado recoge datos,
forma lo que antiguamente se llamaban los registros, lo que actualmente se llama banco de datos y los elabora después para información. Se reconocen dos tipos de información, la información que se rinde a quienes están encargados de manejar la operación y que en contabilidad de empresa privada se llama contabilidad administrativa y, en este sentido, la contabilidad presupuestal y la contabilidad para presupuesto por programas es uno de los recursos más fundamentales y la otra, la que se llama contabilidad de información financiera, se da el exterior que es para informar a los extranjeros a la entidad de los resultados de la entidad. Son los mismos datos, pero por necesidades de los usuarios son presentados en forma distinta.
Yo me resistiría que aquí, que somos el usuario externo de la información se nos presentaran los datos con los mismos requisitos y condiciones que se les presentan y los necesitan, los Secretarios, los Oficiales Mayores, los Jefes de Departamento, todo el escalafón de la unidad administrativa del Gobierno Federal.
Como ustedes ven señores diputados, el problema es un problema fundamental de duda sobre los datos de la información, de desacuerdo con la información como instrumento de comunicación informativo y lógicamente de una duda de regular importancia sobre las interpretaciones y análisis que puedan hacerse de esos datos y la confiabilidad, por lo menos para mí, tiene una interrupción de relativa magnitud.
Muchísimas gracias.
El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado Humberto Lira Mora del Partido Revolucionario Institucional.
El C. Humberto Lira Mora: Señor Presidente;
Compañeros diputados:
Enhorabuena por la intervención de nuestro compañero el señor diputado y Contador Alonso Prieto, porque nos brinda oportunidad de precisar en la medida en que nuestras modestas posibilidades lo permiten, las del que habla, el marco general de carácter jurídico de este debate que se refiere a la revisión de la Cuenta Pública.
Yo creo que lo que ha expresado el diputado, en lo que se refiere al inicio de su exposición, es razonable; digo que es razonable, porque todos deberíamos tener presente en este momento, que por primera ocasión en la revisión de la Cuenta Pública que hoy estamos llevando a cabo, se aplican las disposiciones legales que entraron en vigor precisamente el año pasado.
Traigo a colación este hecho porque inclusive por primera ocasión se está aplicando, por primera y única por cierto, el dispositivo transitorio de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público que ordena a esta Cámara hacer la revisión de la Cuenta de 1978 precisamente con fundamento en las normas de esa Ley y obviamente en las normas de otras disposiciones que son afines como la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor.
Pongo de relieve este hecho, porque no podemos dejar de entender la significación que esta Legislación tiene en materia de la administración del gasto público y la revisión del mismo, y particularmente poner de relieve que ambas legislaciones, la del presupuesto y la de la Contaduría, han sido promovidas por la actual Administración del Poder Ejecutivo Federal ante el Congreso de la Unión. En decir, que atrás de todo esto, hay un esfuerzo por cada día mejorar, como de hecho se está haciendo, las mecánicas, los procedimientos y los controles del gasto a cargo tanto del Ejecutivo como en especial de la Cámara de Diputados en este caso. Creo por tanto que vale la pena que otra vez retomemos el tema y ubiquemos de alguna manera, cuál es, a nuestro modo de entender, el alcance, los efectos jurídicos y obviamente los efectos políticos que la revisión de la Cuenta Pública entraña, particularmente a la luz de la nueva legislación: ya no estamos al amparo de la legislación anterior, no estamos al amparo del artículo 65 de la Constitución que ya no se refiere a la Cuenta Pública en particular; ya no estamos al amparo de la vieja Ley Orgánica de la Contaduría Mayor; no estamos tampoco al amparo de esa vieja colección de normas que se referían al Gasto Público y a su revisión.
Por primera vez estamos al amparo de una serie sistematizada de normas jurídicas que ha emitido el Congreso y que han permitido ciertamente con las limitaciones que ese inicio de vigencia determina, hacer una revisión en forma completamente diferente a todas las que se han hecho con anterioridad. Me refiero obviamente a la de 77 y todas las que hayan quedado con anterioridad; esta es repito, la primera ocasión que al amparo de la nueva legislación estamos haciendo la revisión de la Cuenta Pública.
Conviene pues, por tanto, revisar rápidamente el marco jurídico.
Tendríamos que recordar primero que la disposición constitucional que previene el trabajo que ahora estamos realizando, es el artículo 74 Fracción IV de la Constitución, que me parece que tenemos la obligación de interpretarlo en el sentido que el legislador le quiso dar.
En efecto, el artículo 74 previene en uno de sus párrafos, que es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, revisar la Cuenta Pública del año anterior; pero también previene, y esa es la invocación fundamental, y es el párrafo inmediato siguiente, establece que la revisión de la Cuenta Pública tiene diversos objetos -así lo dice el artículo-, acaso debiera decir: objetivos; el caso es que dice: objetos, tiene por objeto decía, la revisión de la Cuenta Pública, dice esa fracción, tendrá por objeto conocer los resultados de la gestión financiera; comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados en el Presupuesto y al cumplimiento de los objetivos contenidos en el Programa.
Es decir, que la Constitución nos está llevando por así decirlo, de la mano por el camino en el cual debemos orientar nuestra revisión; la revisión que estamos haciendo aquí; la
Constitución no previene ningún criterio como los que señalo el señor diputado Alonso Prieto, sino que nos está diciendo con toda precisión a qué debemos constreñir nuestra revisión.
Ahora bien, ese mismo dispositivo constitucional señala, párrafo enseguida, otro tipo de criterios para la revisión, éstos sí, coincidentes con los que expresó el diputado Alonso Prieto y que son de la competencia de la Contaduría Mayor, precisamente Contaduría Mayor que es el órgano técnico al que se refirió Pichardo hace un rato, considerablemente revitalizado en la actual administración.
Ese siguiente párrafo dice: Artículo 74, Fracción IV, Quinto Párrafo, de la Constitución dice: Que si de tal revisión aparecieran discrepancias entre las cantidades gastadas y las partidas respectivas del Presupuesto o no existiera exactitud o justificación en los gastos, se determinarán las responsabilidades resultantes con acuerdo a la Ley.
Yo desprendo de la interpretación del texto constitucional que resulta muy claro que la revisión de la Cuenta Pública es un acto jurídico complejo, no es un acto jurídico que se agote en un solo instante y en un solo momento, sino es un acto jurídico que se realizan a través del tiempo y que está conformado a su vez por otros actos jurídicos.
Si quisiera ensayarse una cronología o una aproximación a la cronología de la nueva revisión de la Cuenta Pública, podríamos quizás intentar decir que esta nueva revisión de la Cuenta Pública se realiza en dos etapas, más bien en 3 diversas etapas, cada una de estas etapas constituida a su vez por diversos pasos.
Haré un paréntesis para decir que en estas etapas de revisión de la Cuenta Pública cronológicamente coincide sólo en una parte el Período Ordinario de Sesiones.
Diría pues, que si intentamos una aproximación a la cronología de la Cuenta Pública, resultarían diversas etapas: la primera se inauguraría con la recepción de la Cuenta Pública, que hace el 10 de junio, durante el Receso del Congreso, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Ese sería un paso de la primera etapa.
El siguiente paso, podríamos ubicarlo entre el 10 de junio que la Ley obliga a remitir al Ejecutivo la Cuenta Pública a la Comisión Permanente, y el día 1o de septiembre que es el día en que se inaugura el Período Ordinario de Sesiones. En ese período 10 de junio- 1o. de septiembre, la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados comienza a realizar su trabajo de revisión, aquél que se refiere el quinto párrafo de la Fracción IV del Artículo 74 Constitucional y desde luego, junto con su revisión, ésta de la Contaduría, que sí coincide con lo que dijo el diputado que habló hace un rato, comienza a preparar sus documentos que habrá de rendir un poco más adelante en el informe previo.
Podríamos abrir un segundo período o una segunda etapa de la revisión de la Cuenta Pública, que estaría dado por el que estamos viviendo ahora aquí, durante el período de sesiones.
La primera parte de esta segunda etapa, de este segundo período de revisión, sería entre el primero de septiembre y el día diez de noviembre.
Entre ese día primero de septiembre y el día diez de noviembre, la Contaduría Mayor prosigue su revisión, obviamente elabora su informe previo, y rinde su informe previo al pleno de la Cámara de Diputados.
Durante ese mismo tiempo, entre el diez de junio y los primeros diez del mes de noviembre, la Contaduría Mayor tiene otra obligación: la obligación de rendir el informe de resultados que haya hecho del análisis de la Cuenta Pública, en este año, la de 1977, y que no pudo ser analizada a la luz de la legislación actual, no sólo por imposibilidad de tiempo sino porque la propia ley sólo se refiere a que la nueva legislación se aplicará a partir del ejercicio del presupuesto de 1978. El día 10 de noviembre, como ya todos lo sabemos, recibimos el informe previo de la Contaduría Mayor, estamos pues, después del día 10 de noviembre, y con base entre otros elementos, en el informe previo de la Contaduría Mayor, se hace el análisis, es decir la parte de revisión, dijéramoslo así, que corresponde al Pleno de la Cámara de Diputados.
Esta es la tarea que estamos cumpliendo en este momento. La tercera etapa que aquí no referiré ampliamente sino simplemente mencionaré, será la que siga después de este debate hasta nuevamente el 10 de junio, fecha de inicio de revisión de la nueva Cuenta Pública, ésta la correspondiente a 79, pero obviamente ésta no será la materia de este instante.
Todo este proceso significa que la revisión de la Cuenta Pública se realiza por la Cámara de Diputados, por este Órgano soberano del pueblo mexicano, y para ello lo hace de dos maneras: por la vía de la Contaduría Mayor y la fundamental, por la vía del Pleno de la propia Cámara de Diputados. La revisión de la Contaduría Mayor, por tanto, la revisión a la que se refiere el diputado Prieto, se puede ubicar con sustento en dos grandes propósitos formales: -obviamente los ya mencionados de elaborar y rendir, así lo dice la Ley, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el Informe previo con los comentarios generales sobre la revisión practicada, en este caso, la que haya alcanzado a hacer, no lo dice así la Ley, pero es lo que tenemos que interpretar, entre el 10 de junio y el día que presente el Informe que es el día 10 de noviembre; es una parte de la revisión de la cual rinde informe previo a esta Asamblea la Contaduría Mayor; después, la propia Contaduría Mayor en paralelo hará la revisión o hace la revisión pormenorizada de la propia Cuenta Pública, con todo el grado de desagregación o de detalle que pide el diputado, en el período a que ya me referí entre el 10 de noviembre y otra vez el 10 de septiembre en que rinde el informe de resultados. Tanto para el informe previo como para el informe de resultados que se rinden en
diversas fechas, la Ley establece requisitos precisos. De lo anterior, pues, se desprende que los efectos de la revisión realizados por la Contaduría Mayor son constitutivos de derecho en cuanto a que vinculan jurídicamente a quienes resulten, en su caso, responsables del manejo de fondos federales, toda vez que la propia Contaduría Mayor, en los términos de su Legislación, Artículo 3o. fracción 9, 17, 20, 27, 36 y etc., de su Ley Orgánica, es la entidad, y no el pleno de esta Asamblea, quien tiene competencia para promover ante las autoridades competentes el fincamiento de responsabilidades, si éstas resultaran, de esa revisión.
Por lo que toca a los efectos de la revisión practicada por la Comisión de Presupuesto y que hoy aquí debatimos, éstos tienen otra naturaleza jurídica; sobre todo significan un juicio, una evaluación de carácter político sobre la administración de los recursos federales. Tal es el sentido de esa parte de la fracción IV del Artículo 74 de la Constitución, donde se presentan in genere los requisitos de esa revisión a cargo del pleno de esta Asamblea.
Expresado de otra manera lo criterios generales para la revisión de la Cuenta Pública establecidos constitucionalmente, atribuyen a la Cámara y, por consiguiente tanto a la Contaduría Mayor, en su cargo en calidad de órgano técnico, como a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, facultades para efectuar esa revisión, pero por lo que toca a la que realiza la Contaduría, ésta se sustenta, además de los criterios constitucionales, en otros criterios de carácter reglamentario consignados en la Ley del Presupuesto y cuya mecánica previene la Ley de la Contaduría Mayor.
Se puede explicar todo lo anterior por el hecho de que la Comisión de presupuesto, en efecto, dispone de un tiempo menor para estos propósitos fiscalizadores, dado que inicia sus funciones formalmente en un período de tiempo posterior a aquel en el cual se inició la revisión por la Contaduría Mayor. Por eso la Contaduría Mayor es el apoyo técnico, es el órgano auxiliar de la Cámara de Diputados, porque en efecto, no sería posible que la Comisión de Presupuesto pudiera hacer ella sola esta revisión, para esto tiene a la Contaduría Mayor que debe rendir sus informes, etc., etc.
De esto podemos desprender, pues, que los efectos del dictamen de la cuenta no son puramente declarativos, son también constitutivos de derecho, vinculatorios, por la circunstancia de que, si el dictamen como es el caso que ahora estamos debatiendo, contiene recomendaciones, éstas obligan al destinatario de las recomendaciones. En este caso la propia legislación previene el camino de las recomendaciones, que tal como se contienen en el proyecto del dictamen, es la Contaduría Mayor la que hace llegar a la entidad de la administración pública central responsabilizada de la presentación y la elaboración de la Cuenta Pública.
Por tanto, me parece que el problema planteado por el diputado Prieto, en el sentido de que se trata de un problema de carácter semántico, no lo es semántico, es jurídico. Yo comprendo las dificultades que pueda haber para aplicar por primera ocasión unas normas, distintas, a las que no estabamos acostumbrados, pero no es semántico, porque el contenido del concepto "revisión", no sólo tenemos que entenderlo e interpretarlo gramaticalmente, estaríamos incurriendo en un error, tenemos que interpretarlo -con permiso de los constitucionalistas- gramatical y jurídicamente, y cuando la propia Constitución nos permite la interpretación y nos distinga una cosa de otra, mayor obligación tenemos en entenderlo así.
Otra cosa importante. En ningún lugar del dictamen, muchísimo menos en el contenido del decreto propositivo, se dice que se aprueba la Cuenta Pública.
Hace muchos años que no se utiliza en el lenguaje de la revisión de la Cuenta Pública el término "aprobar", porque no estamos aprobando la Cuenta Pública, estamos revisando la Cuenta Pública, que es una cosa sustancialmente diferente. Por consiguiente no se ha sometido a votación la aprobación, se ha sometido a revisión la Cuenta Pública. A eso se refiere la Constitución, eso hemos propuesto.
Por consiguiente, me parece que las circunstancias de que por primera ocasión se aplique nueva legislación sobre la materia; que por primera ocasión la Cámara tenga oportunidad de hacer esta aplicación, a caso justifique las observaciones del diputado que me ha antecedido en el uso de la palabra. Pero una cosa es evidente: el esfuerzo pluripartidista en el seno de la Comisión, por entender, por comprender estas nuevas formas, esfuerzo del cual obviamente no estamos plenamente satisfechos todos los integrantes de la Comisión, en especial los del Partido Mayoritario, por la circunstancia muy obvia de que hemos advertido que a esta Legislación es muy necesaria complementarla, adecuarla, esta pasando su primera prueba de fuego; este examen al que la sometemos seguramente habrá de ser muy útil para enriquecerla en el futuro y este es el sentido de las recomendaciones que propone el propio dictamen.
Muchísimas gracias.
El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado Juan Antonio García Villa del Partido Acción Nacional.
El C. Juan Antonio García Villa: Señor Presidente;
Señoras y señores diputados:
Efectivamente de acuerdo con las modificaciones que se introdujeron a la Constitución, en esta ocasión toca a la Cámara revisar la Cuenta Pública en tres aspectos fundamentales que la propia Constitución señala.
En primer lugar, verificar si el gasto se ajustó al presupuesto aprobado. Si se cumplieron las metas y objetivos señalados y cual fue el resultado de la gestión financiera.
Por el Volumen de recursos que maneja el Estado Mexicano es indudable, y así se asienta en el dictamen, que influye de manera importante si no es que determinante en la marcha de la economía del país. Ya lo señalaba el
presidente de la Comisión, el señor diputado Pichardo, que la importancia de las finanzas públicas en la evolución general de la economía es muy grande.
De tal manera, que en primer lugar, habremos de referir el resultado, el impacto, el efecto de las finanzas públicas del país en la economía en general.
Es cierto que en la explosión de motivos tanto del Presupuesto de Egresos para 1978 como en el proyecto de Ley de Ingresos para ese mismo ejercicio, el Ejecutivo Federal señalaba que estaba estructurado, tanto el Presupuesto como la Ley de Ingresos, con el propósito de lograr un crecimiento del producto interno bruto del orden del 5% por lo menos. Este 5% propuesto como objetivo, indudablemente era conservador con respecto, al menos, a la tasa histórica de crecimiento que, durante una década anterior, estuvo observando la economía del país en su conjunto. Por eso tal vez, agregaba que el objetivo era lograr un expansión económica del orden del 5% por lo menos.
De acuerdo con las cifras disponibles, el crecimiento del producto interno bruto en 78 fue del orden del 7% aceptable desde luego con respecto a lo que se había estimado, pero no es de ninguna forma aceptable- y aquí discrepo de la expresión del señor diputado Pichardo en el sentido de que fue un crecimiento aceptable-. El Banco de México, que es quien determina este tipo de indicadores, es un poco menos optimista y señala que fue una recuperación, nada más, pero agrega el Banco de México, tal vez el crecimiento de 7% con respecto al 5% esperando sea a cambio de un mayor incremento en el índice de precios y efectivamente, también el proyecto de Presupuesto y de Ley de Ingresos enviado por el Ejecutivo señalaba una tasa del orden del 12% al 15% como máximo de aumento en el índice general de precios.
La verdad es que no creció al 15% como máximo sino al 16.2% en promedio nacional y aunque parezca pequeña la diferencia entre 15% y 16.2% tenemos que recordar dos cosas, primero, que se trata de un promedio de carácter nacional y curiosamente también de acuerdo con la información del Banco de México, el incremento en el índice de precios al consumidor, registró mayores aumentos en aquellos lugares del país con una situación más deprimida.
Pongo por caso, entre las ciudades donde se recoleccionan datos para la formulación del índice de precios, que en la ciudad de Morelia, fue del orden del 18.5%; en Mérida del 18%; en Monterrey del 16% y en la ciudad de México, fue incluso menor el crecimiento en los precios, con respecto al promedio nacional, fue del orden del 15% y aquí en la ciudad de México, de acuerdo también con indicadores del Banco de México, se erosionó durante 78 el poder de compra de los asalariados del Distrito Federal, en algo así como 3.7% con respecto al que tenían en el año anterior.
Significa que si en el Distrito Federal donde el crecimiento del índice de precios fue menor, se registró este deterioro en la capacidad de compra de los trabajadores, en Morelia, en Mérida, en otras partes del país, fue sensiblemente mayor y esto, señores diputados, refleja un crecimiento tanto de la economía como un deterioro del poder de compra que también es desigual; es decir se afectan más aquellas regiones menos dotadas de posibilidades y de recursos para el desarrollo que aquellas concentraciones humanas como el Distrito Federal que tienen un tanto de privilegiados.
Para Acción Nacional constituye una grave preocupación el hecho de que el Gasto Público se esté concentrando cada vez más en mayor medida en el sector paraestatal de la economía.
En el ejercicio de 78 el Gobierno Federal manejó gasto o recursos por 442 mil millones de pesos, en tanto que el sector paraestatal sujeto a control presupuestal, es decir 27 organismos y empresas de un total de más de 800, manejó 495 mil millones de pesos, 53% del total de los recursos que manejó el Gobierno Federal, considerando sector central y sector paraestatal y si tomamos en cuenta los apoyos que recibieron los organismos y empresas del Gobierno Federal por 53 mil millones de pesos, resulta que los recursos que manejó el Sector Paraestatal se elevan a 548,000 millones de pesos y esto es ya muy singnificativo.
Por otro lado, por lo que se refiere a la clasificación administrativa del gasto efectuado directamente por el Gobierno Federal, también es de preocupar que 42,475 millones se destinen a inversiones financieras que a su vez forman parte de lo que se conoce como ramos generales y que en el ejercicio de 78 representaron más de la mitad del gasto directo del Gobierno Federal, pero en inversiones financieras, que es uno de los tres ramos llamados generales, junto con deuda pública y con transferencias o con erogaciones adicionales, se dedicaron 26,156 millones para la compra de bonos, acciones, títulos y demás inversiones realizadas directamente por el Gobierno Federal, y en Acción Nacional consideramos que una cantidad de este orden de 26,000 millones de pesos gastadas o invertidas por el Gobierno Federal en la adquisición de bonos títulos y acciones, definitivamente no se justifica cuando existen otras necesidades más urgentes por satisfacer y cuyas prioridades señalaba incluso la propia Exposición de Motivos del Presupuesto para 78.
En este orden de ideas acerca de las prioridades del Gobierno Federal, no podemos dejar de referirnos a lo que aconteció en el sector agrícola.
Es cierto que creció en una tasa superior al incremento de la población. Se registró un aumento en el sector agrícola del orden del 4%. La población como sabemos, crece a un ritmo de aproximadamente 3.2 a 3.3%, de tal manera que en 78 los mexicanos tuvieron a su disposición bienes agrícolas por una pequeñísima parte, por un pequeñísimo aumento con respecto a 1978, pero, conviene analizar que el objetivo fundamental del Gobierno Federal en materia agrícola, y especialmente de alimentos, tiende hacia la satisfacción completa de las necesidades alimenticias con producción propia en el país
y esto, aunque es un objetivo planteado hasta 1982, la verdad es que durante 1978 no hubo avance significativo. Así, en materia de maíz se importaron un millón 418 mil toneladas, cuando el propio presupuesto establecía o preveía la importación de un millón, trescientas mil toneladas, es decir, por lo menos se importaron 118 mil toneladas adicionales a las previstas, lo que podrá parecer un monto insignificante, pero que no debemos perder de vista que el objetivo es llegar a la satisfacción con producción nacional de las necesidades alimenticias hasta 1982; en trigo se produjeron 2 millones 643 mil toneladas y no hemos alcanzado la producción de 1975 que fue superior a la de 78 y lo mismo aconteció en frijol, ya que solamente se produjeron 940 mil toneladas y en 75 la cantidad fue superior a un millón de toneladas.
Todo esto tiene que ver con el gasto destinado al sector agrícola, es significativo que la gran mayoría de las Secretarías y Departamento de Estado se excedieron en el ejercicio del gasto, aunque algunas ciertamente no, pero nos preocupa, en Acción Nacional, que el gasto destinado a la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos no se haya ejercido en su totalidad y quedaron 1,060 millones de pesos disponibles en esta Secretaría.
Si consideramos al sector agrícola en su conjunto, tanto a la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos como a los organismos descentralizados sujetos o no a control presupuestal, resulta que a la agricultura se destinaron o dejaron de utilizarse recursos autorizados por casi 4 mil millones de pesos y esta falta de ejercicio en los recursos que el Congreso autorizó para el sector agrícola y que no se ejercieron, y por otra parte, que se observaron deficiencias en la producción agrícola nacional, no nos parece a la diputación de Acción Nacional que haya sido satisfactorio. Dentro del sector agrícola existen también algunos fideicomisos, muchos de ellos sospechosos, en la medida, al menos, de que su operación y sus resultados no son conocidos por esta representación nacional por no ser incluidos en la Cuenta Pública, esos fideicomisos destinados al sector agrícola sí ejercieron el presupuesto que les fue autorizado y hasta en otro tanto adicional.
En materia de minería -como ya es crónico, como ya es tradicional durante las últimas décadas-, el crecimiento fue del orden del 1.8%, pero todavía muy relacionado con la agricultura.
¿Qué sucedió en materia de fertilizantes?
La producción nacional decreció en casi 8%. Sin embargo, en la exposición de motivos con que la Secretaría de Programación remitió la Cuenta Pública, señala que el incremento de la productividad en el campo fue posible por el apoyo del Estado a la producción de fertilizantes. No es cierto que haya habido tal producción adecuada de fertilizantes. La meta del sector público en materia de crecimiento de la producción de fertilizantes durante los cinco años de 78 a 82 se estableció en 14% y en 78 disminuyó en menos 8%. La meta de producción de fertilizantes, insecticidas y productos químicos, según el proyecto de Presupuesto, era alcanzar un volumen de 3 millones 700 mil toneladas.
Según la Contaduría Mayor de Hacienda en el informe previo que remitió a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, fue de 2 millones 75 mil, por lo que entre una cifra y otra hay una discrepancia grave que debe ser claramente explicada.
En materia de turismos prácticamente se ejerció el presupuesto y no evolucionó la afluencia de turistas, en especial los del exterior, que dejan sus divisas en esta importante rama de la actividad económica, ya que en el Presupuesto de 1978 se previó o se estimó una meta de 4 millones de visitantes y visitaron el país un cuarto de millón menos.
Capítulo especial requiere el análisis del Sector Petrolero.
Es indudable y está reiterado en múltiples documentos oficiales, que a este energético se le considera oficialmente como el eje y pivote para el desarrollo; como la palanca que habrá de provocar el despegue de la economía mexicana y en esto no estamos de acuerdo los diputados de Acción Nacional.
En primer lugar, porque mientras sigamos exportando crudo, significa un grave sacrificio para un recurso valiosísimo de carácter no renovable, sacrificando el futuro de las generaciones que nos sucederán, de tal manera que con esta advertencia, en cuanto a la posición de Acción Nacional, con respecto al carácter que a la explotación del petróleo se está dando por parte del Gobierno Federal, tenemos que ver que las exportaciones con las que ciertamente no estamos de acuerdo, porque se trata de crudos fundamentalmente, y por los volúmenes que se han estado programando, hay que recordar que el objetivo durante el quinquenio es aumentar la exportación de crudos en 45% anual en promedio. En 1978 fue del 80%, y a pesar de eso, no se consiguió exportar el volumen que se había previsto, en virtud de haberse dejado de exportar algo así como 20 o 22 millones de barriles de petróleo crudo con respecto a lo que se había previsto y, a pesar de que no se cumplió el objetivo, al aumento en la exportación de petróleo crudo en 1978 con respecto a 1977, fue del orden del 80%, es decir, superior a la tasa anual estimada del 45%. A pesar de eso, como ya lo mencionaba el diputado Pichardo, hubo una disminución de ingresos por concepto de impuesto a la exportación entre lo recaudado con respecto a lo que se tenía previsto en algo así como 12,200 millones de dólares menos, lo que representa el 4% de los ingresos ordinarios del Gobierno durante 78.
El porcentaje no podrá ser significativo, pero es significativo que la gran parte de estos 12,200 millones de pesos que se dejaron de recaudar nada más por concepto de impuesto a la exportación, porque los volúmenes de venta al exterior de petróleo crudo, no fueron los esperados, significó indudablemente un gran sacrificio fiscal para el Gobierno, lo que es más importante si se hubiera dispuesto de ese monto de recursos
esperados, habría regresado el país a financiar su déficit en cuenta de capital en la tasa que ya era historia del orden 75%, lo que indudablemente no se alcanzó aunque si hubo mejorías en ese sentido.
Algunas otra cuestiones que nos parece interesante señalar, se refieren al manejo de la Deuda Pública. A este respecto existen cifras discordantes. Por un lado la Cuenta Pública señala que considerando el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores, y aquí me sumo al señalamiento que hacía mi compañero el diputado Alonso y Prieto en que se simplifique al máximo la terminología y la conceptualización de los distintos datos que se manejan en la hacienda pública, ya que de esto de adefas no deja de causar confusión.
Nada más para poner un ejemplo, es un hecho que durante los primeros meses de 1978 el Gobierno reactivó la economía mexicana mediante la emisión de cetes para el pago anticipado de las adefas, suena como a desenlace de tragedia o de comedia griega esto de cetes, de adefas y obviamente no son conceptos que con toda claridad entienda el destinatario de la Cuenta Pública, que es el pueblo de México, pero decíamos que en materia de endeudamiento, el Congreso de la Unión autorizó para 1978, un endeudamiento neto externo en dólares hasta por 3 mil millones, de dólares; los documentos que se han manejado, en la Exposición de Motivos de la Cuenta Pública, el Informe previo de la Contaduría Mayor de Hacienda y el Dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, hacen referencia y estamos de acuerdo a que se mejoró la estructura y el perfil de la deuda pública pero en este punto sí se rebasaron en endeudamiento netos los 3 mil millones de dólares que se habían estimado, previsto y aprobado, ya que de acuerdo con los datos del Banco de México, la diferencia entre los financiamientos internacionales y las amortizaciones ascendieron en términos netos a 3,573 millones de dólares, es decir, 573 millones de dólares adicionales a los que había autorizado el Congreso.
Por todas estas observaciones y señalamientos, con respecto a cumplimiento de metas y objetivos señalados en el presupuesto, por lo que se deriva de una gestión financiera en el ejercicio del gasto que tendría muchos objeciones, porque no se orientó en verdad el gasto público a la atención de sectores prioritarios, señalamos el caso concreto de la agricultura mexicana que sigue creciendo a un ritmo lento y que sigue siendo descuidada y desatendida por el Gobierno Federal, la diputación de Acción Nacional no está de acuerdo en términos generales con los puntos resolutivos del proyecto de Decreto. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado José Merino Mañón, del Partido Revolucionario Institucional.
El C. José Merino Mañón: Señor Presidente:
Señores diputados:
Quisiera que me permitan hacer primero una referencia quizá anecdótica pero que tiene sentido porque de alguna manera expresa criterios de análisis.
Decía el maestro Alonso y Prieto, que hablaba quizás con deformación profesional. Yo creo que es cierto. Yo también soy contador, ciertamente no genio y creo que había en realidad una deformación profesional.
Pienso sin embargo que aportará su luz, su conocimiento en algo que la Comisión ha recomendado y la Contaduría Mayor de Hacienda habrá de resolver en cumplimiento del Resolutivo de este dictamen si así es aprobado, pero recuerdo que en alguna ocasión discutía con mis colegas y que efectivamente, como decía el maestro Alonso y Prieto, a veces problemas que son de fondo, se interpretan como problemas de semántica.
Recuerdo que en mi agrupación profesional se discutió para pronunciarse sobre el criterio con el que, contablemente, debieran tratarse las participaciones que la ley otorga a los trabajadores de la utilidades de las empresas. Tuvimos un debate acalorado. Mis colegas llegaron a la conclusión de que contablemente eso debiera registrase como un gasto; que la utilidad era exclusiva de los dueños de la empresa. Eso dice el boletín que aprobó mi organización; con lo que no estoy de acuerdo ciertamente y lo menciono porque a veces estamos discutiendo algo que puede mencionarse como una discusión semántica y que en el fondo encierra un criterio y un principio.
El señor diputado García Villa, ha venido a la tribuna y ha hecho un análisis minucioso - nos tiene acostumbrados a ello-, trabajó lo reconozco, con intensidad y con responsabilidad en la Comisión y ha tocado diversos puntos a los que yo quisiera referirme.
Creo que el análisis por él formulado, no es totalmente válido; me da la impresión de que nos ponemos a discutir la enfermedad en lugar de discutir el tratamiento que se está aplicando para resolverla. Lo que está a debate es la Cuenta Pública. Compartimos con él y con muchos mexicanos de muchos partidos en esta Cámara pluripartidista, nuestra preocupación porque el desarrollo del país se alcance con mayor justicia; compartimos, creo yo. mi partido lo sostiene, por ello lucha, es uno de sus principios que este país crezca en condiciones que garanticen mayor bienestar para todos. Todavía no lo hemos alcanzado, esa es la enfermedad que se está combatiendo. Lo que aquí ahora debemos debatir es, si los remedios, si las políticas adoptadas para resolverlo han sido o no han sido eficaces, si están o no alcanzando ese propósito.
Creció el país, como dice el diputado García Villa, al 7% Este es un crecimiento aceptable es un crecimiento mayor que el que alcanzaron en este año, en esa economía mundial que estamos sufriendo, los países latinoamericanos; es mayor que el que alcanzaron los países miembros de la OPEP; es mayor que el que alcanzaron los países desarrollados del mundo, representa sin duda un crecimiento.
Padecemos inflación, esto es cierto, sin embargo, durante el año de 1978 el índice de inflación se redujo en comparación con 77, pasamos de algo más del 20% al 16%. La diferencia entre ese índice de inflación alcanzado y el que se preveía en el Presupuesto, es solamente un porcentual. Creo que debe reconocerse que no es válido escatimar un reconocimiento o un esfuerzo, un esfuerzo de todo el país por tratar de atenuar y controlar este problema.
Ciertamente que existen desigualdades, que existen desigualdades entre zonas del país y que existen desigualdades entre los distintos sectores del propio país, esta también la enfermedad que tratamos de combatir.
Se ha expedido un Plan de Desarrollo Industrial, se ha elaborado un Plan de Desarrollo Urbano, que tienden con políticas claras, con políticas que pretenden establecer compromisos entre todos los mexicanos, desarrollar zonas y regiones del país que hasta ahora padecen mayor atraso. En ese propósito está trabajando el Gobierno de la República, en ese propósito está trabajando el Presidente de la República.
Es cierto que los salarios han sufrido un deterioro. Esto, que es lamentable, no nos extraña, no nos extraña porque en la enfermedad que tratamos de resolver es nuevamente como lo ha sido a través de toda la historia de México, el sector de los trabajadores el que aporta su esfuerzo y su responsabilidad para lograr el desarrollo. Es el que sabe responsabilizarse de su función y de su papel para que el país alcance los niveles de desarrollo que todos deseamos. Estamos conscientes de ello, estamos conscientes de que el país está en deuda con sus trabajadores.
Decía yo que me parecen existir contradicciones en el análisis del diputado García Villa. Por un lado, él critica la falta de crecimiento de algunos sectores, pero por el otro critica la inversión y los apoyos del Gobierno Federal a las instituciones que pueden lograr el desarrollo; menciona él que el sector paraestatal ha recibido subsidios cuantiosos y piensa que injustificados, vuelve a incurrirse en el error de confundir términos, de no analizarlos con precisión Ayer leía por cierto en la prensa una nota que refleja esta situación, se confundía el monto de la deuda con el monto del déficit presupuestal; aquí pasa algo igual, las cantidades transferidas por el sector central a los organismos, a otras entidades, a los Estados de la República y a los particulares, se engloban en un renglón que se llama Subsidios y Transferencias, éstos no son subsidios en el sentido que aquí se pretendió dar, o sea de apoyos graciosos para financiar deficitarias operaciones, incluyen partidas de diversa naturaleza y para distinto objeto; la Cuenta Pública muestra con detalle cuál es el ejercicio de esos subsidios, al sector paraestatal como subsidios de apoyo se le transfirieron 23,576 millones, junto con inversiones que no son subsidios, son inversiones, representan un derecho patrimonial del Estado; la transferencia total al sector paraestatal incorporado y no incorporado al sector paraestatal y productivo, representó el 30.5% en esta partida; a entidades del sector paraestatal y a otras entidades que prestan servicios asistenciales, se les transfirió el 11.2% del total de subsidios y transferencias, éstas no tienen la misma naturaleza que las primeras, se refieren en buena medida al cumplimiento de obligaciones del Estado en el régimen de seguridad social de sus trabajadores y de los trabajadores de México, no son subsidios graciosos, es el cumplimiento de una obligación de ley que tiende a garantizar el cumplimiento de prestaciones en favor de sus trabajadores. En esta partida de subsidios y transferencias, se incluyen también las transferencias a los centros educativos, 26,713 millones durante el año de 77, básicamente las universidades e instituciones de educación superior representan el 15% de la partida; se incluyen también en el renglón de Subsidios y Transferencias, las transferencias a los Estados que importaron en el año 41,428 millones y que son el 23.3% del total de transferencias, subsidios e inversiones, se transfirieron a los particulares en subsidios que las leyes establecen, subsidios contra impuestos, subsidios de fomento a la inversión, particularmente cuando ésta persigue creaciones de empleos, 10,135 millones, que son 5.7% del total de esta partida; se constituyeron como apoyos financieros que maneja la banca nacional otros 7.8% y el 4 restante son subsidios de otra naturaleza, entre ellos los que se otorgan a través de los fideicomisos a los que también se refirió el Diputado García Villa.
Decía que se critica el que el Estado dé estos apoyos y luego se lamenta que existan todavía rezagos en algunos sectores, que existan todavía inequidades en la distribución del ingreso en las distintas zonas del país, cuando son precisamente estos organismos y estas empresas públicas el mecanismo idóneo, el que está realmente tratando de resolver el problema.
Ciertamente habrá pocos empresarios que decidan ir a realizar su actividad mercantil, particularmente en el caso de comercio, y que además la realicen a un precio conveniente a zonas del país donde, como aquí se ha mostrado, la inflación pega más fuerte. CONASUPO lo hace, las empresas públicas lo hacen, son las que pueden resolver este problema.
Compartimos con el diputado García Villa una preocupación por el crecimiento del sector agrícola; creemos que no es suficiente, sin embargo, debemos reconocer que por segundo año consecutivo el sector agrícola ha crecido; que ha carecido a una tasa mayor que la tasa de crecimiento de la población; que la inversión en el sector agropecuario es la segunda en importancia, la inversión y el gasto, dentro del presupuesto federal, solamente rebasado por las asignaciones al sector educativo. Esto refleja una preocupación del Presidente López Portillo, refleja una preocupación del Gobierno de la República por atender a este sector.
En el plan de desarrollo industrial del país, la prioridad número uno está en la elaboración de alimentos; los estímulos diseñados para incentivar la actividad industrial tienen mucho mayor peso específico cuando están destinados
al sector agropecuario. Es un sector en el que concurren el Estado, los particulares y el sector social; el crecimiento de la agricultura es responsabilidad de todos. El Estado mexicano ha definido, ha señalado , ha establecido políticas, instrumentos y mecanismos para lograr que este sector muestra un rezago, es cierto, acelere su crecimiento, no sólo con el otorgamiento de financiamientos preferenciales, sino apoyar al sector agrícola con fertilizantes, lo apoya con asistencia técnica, lo apoya con precios de garantía, lo apoya con otros mecanismos, básicamente manejados a través de las empresas públicas, con el propósito, justamente, de lograr que ese crecimiento sea más rápido, sea más acelerado. Confiamos en que así se logre, el mal que no crezca, lo que aquí estamos discutiendo es el esfuerzo del Estado por que lo logre.
Como simple referencia, la mención de las cifras del turismo, pronunciadas por el diputado García Villa, contienen algún error, cierto, seguramente involuntario, no incluyó en una de ellas al turismo fronterizo y por eso le resulta una diferencia.
Mencionaba igualmente, aquí aparente hay otra contradicción, ¿por qué Petróleos Mexicanos nos exporta crudo y nos exporta productos elaborados productos derivados del petróleo o petroquímica?
No es la razón, pero podríamos contestarle que él critica que existan inversiones cuantiosas en el Sector Paraestatal y para convertir los crudos en productos habría que invertir más dinero en la industria petroquímica, pero el problema en realidad no es ése, la exportación de hidrocarburos se realiza de esa manera, pues es como económicamente resulta más favorable. Existe capacidad instalada en muchos países del mundo en la fabricación de productos petroquímicos, particularmente la petroquímica básica. Elaborar esos productos en México requeriría, por una parte, una inversión cuantiosa a los precios de hoy e implicaría un costo de producción también determinado, difícilmente competitivo con los costos de plantas que tienen funcionando muchos años, que tienen montos de inversión amortizadas, y que tienen otras características. Desde un punto de vista económico, resulta mucho más conveniente la exportación de crudos. Esto fue manifestado aquí por el Director de Petróleos Mexicanos, está señalado incluso por la referencia del mercado internacional, que están disponibles y que todo mundo puede consultarlo.
Quisiera hacer una referencia final sobre otro aspecto que mencionó el señor diputado García Villa:
Las adefas constituyen, todos ustedes lo saben, la transferencia de un adeudo fiscal para el ejercicio inmediato siguiente, constituyen de hecho una obligación de pago, lo que se llamaría técnicamente un pasivo circulante.
Corresponden al ejercicio presupuestal de aquellos gastos por alguna razón no pueden ser cubiertos, pagados en efectivo, durante el ejercicio y que se pagan en los primeros meses del ejercicio siguiente, es una práctica normal, lógica necesaria en cualquier funcionamiento de un sistema presupuestal.
Cada año consecuentemente hay que pagar algunas cantidades correspondientes al ejercicio presupuestal anterior que efectuaron a los gastos y se registraron en la Cuenta Pública como gastos, obviamente no cubiertos, no significaron una salida de dinero, con una contrapartida de compensación en un pasivo que se llama adefas. Por contra al final del año se transfiere para el año siguiente la obligación de pago de algunos gastos que se registraron como tales en la cuenta, que afectan al ejercicio presupuestal pero que están pendientes de liquidar en efectivo. Cuando una adefa se paga, estoy de acuerdo en que el nombre es feo, no afecta a una partida de egresos, lo que afecta simplemente a una cuenta de efectivo, es un movimiento de caja, pero el aspecto importante era recordar que, si bien en el presupuesto se estableció con claridad una autorización para que el Estado contrajera deuda en dólares americanos hasta tres millones de pesos, en el propio presupuesto se dejó establecida la facultad para que el Ejecutivo ejerciera, lo voy a leer textualmente, o autorizara "montos adicionales de financiamiento, cuando a juicio del propio Ejecutivo se prestaran circunstancias económicas extraordinarias que así lo exigieran."
Se ha dado cuenta aquí del cambio cualitativo importante que el perfil de la deuda reportó durante el ejercicio de 1978, fue un año en el que fue posible renegociar pasivos, restablecer compromisos, fijar con mayor conveniencia montos de intereses, plazos de amortización. Esto obligó a la celebración de operaciones financieras que en la Cuenta Pública se registran, esto explica el incremento en el renglón de financiamientos y el incremento compensatorio en el renglón de amortización de pasivos, porque significó renegociaciones, redocumentaciones que si bien en términos estrictos de renglón presupuestal muestran variación, lo que implican es una composición nueva de la deuda.
El excedente es el financiamiento total autorizado no es de ninguna manera significativo, es en el monto total del presupuesto una cantidad muy reducida.
Creo que este es un debate, lo decía el licenciado Pichardo, de gran importancia, pero creo que en él debemos actuar pensando siempre que lo importante es continuar en este esfuerzo que el país realiza por desarrollarse con justicia y por que este desarrollo alcance a todos los mexicanos.
Preocupémonos por eso.
Gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado Graco Ramírez, del Partido Socialista de los Trabajadores, en contra.
El C. Graco Ramírez: Compañero Presidente;
Señores diputados:
Hablando de deformaciones profesionales, creo que yo tengo una, la de ser político y por ello entiendo que la economía es la política concretizada. Esto me obliga a ir a fondo de la orientación política que tiene el gasto y no ver sólo en los números el problema moral
del ejercicio del presupuesto de 1978. Estamos revisando la Cuenta Pública de un presupuesto que no discutimos y en consecuencia no aprobamos nosotros. Por lo tanto nuestra intervención se orienta a sentar las bases de lo que debe ser el presupuesto de 80 y de la necesidad de que la Cuenta coincida con los programas y evaluemos justamente el cumplimiento de ellos. Afortunadamente la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública recoge en el proyecto de Decreto, en su Artículo 4o., estas orientaciones para que la Contaduría Mayor de Hacienda corrija en lo futuro la dependencia, correspondencia y el manejo de la Cuenta Pública de acuerdo con los programas, porque es muy difícil poder enfrentar el análisis de la Cuenta Pública cuando ésta no coincide con los programas que es la forma en que se ha realizado el presupuesto.
Al documento al cual voy a dar lectura hace señalamientos acerca de la administración central y de los sectores en que está estructurada la administración pública, esto sin menoscabo de que en la próxima sesión profundicemos nuestras opiniones acerca de los organismos públicos y descentralizados.
La ausencia de producción explica las precesiones inflacionarias; la inflación a fin de cuentas refleja la lucha de clases, no una circunstancia monetaria o de regulación de precios; la falta de producción sólo puede solventarse con el cumplimiento de los objetivos de gobierno que, habiendo sido expuestos como motivos, a fin de cuentas, se expresan en desviaciones graves que desorientan al destino de los recursos. La producción de granos en 1978 se estancó a pesar de una climatología extraordinariamente favorable, por la orientación que existe de seguir manteniendo la esperanza en el sector privado en el campo, en las transnacionales que siguen orientando la producción agrícola para una producción de exportación y sobre todo por el abandono y el temor de desarrollar un programa a fondo de organización y de agroindustria en el campo en manos de los campesinos, en manos de los trabajadores agrícolas.
Por otro lado nuestras importaciones de bienes de capital aumentaron en 34% pero en casi 55% en las de bienes intermedios incluidos materias primas y particularmente alimentos.
El crecimiento de los ingresos en 4.5%, refleja un estancamiento virtual de más de 10 puntos en la medida en que la tasa de inflación fue superior al 16% en 1978. Ello quiere decir que la tributación, como fuente de financiamiento público, tiende a decrecer en la medida en la que la economía sigue estancada y las actividades no generan ingresos gravables suficientemente importantes, o bien que sigue predominando una política de sacrificio del erario público para fortalecer al sector privado.
El estímulo a los explotadores y la evidencia de una oferta exportable cada vez menor explica que los impuestos a las exportaciones hayan sido 37% inferiores a lo previsto. Ello quiere decir que no ha sido eficaz ni la política de fomento a la exportación diversificada, ni la política de captación de las ventajas derivadas de los estímulos a la venta de productos del mercado internacional Seguimos manteniendo el espejismo en el Sector Privado, que no está invirtiendo y que es incapaz de desarrollar un mercado nacional.
El crecimiento de los ingresos por concepto del Impuesto sobre la Renta fue 17%. Prácticamente equivale la tasa de inflación. La estructura de este impuesto conforme a lo previsto, mantiene en equilibrio los montos percibidos por los impuestos a las empresas, 50%, respecto a los ingresos provenientes de impuestos a las personas físicas, 50%.
Vale la pena recordar que conforme a la más reciente encuesta de ingreso- gasto familiar recabada por la Secretaría de Programación y Presupuesto, que por cierto es muy eficiente para esas cosas técnicas, el 70% de los mexicanos perciben ingresos por sueldos y salarios por lo que evidentemente que la carga fiscal sobre el impuesto sobre la renta recae en ellos, es proporcionalmente mayor a las de quienes perciben ingresos de capital. Nuestra política fiscal sigue gravando la de los trabajadores, sigue protegiendo al gran capital.
Siendo México un país con una oferta decreciente de alimentos, exacerbados cuellos de botella en materia de transportación y comunicaciones y de la oferta de bienes de capital, resulta alarmante que los recursos destinados a agricultura, recursos hidráulicos, comunicaciones, transportes, pesca, fomento industrial y asentamientos humanos y obras públicas, hayan arrojado cifras negativas en función de lo presupuestado. Particularmente llama la atención que en materia de pesca se haya ejercido un presupuesto 26% menor a lo previsto.
La incapacidad de ejercer los recursos presupuestados del orden del 3.8% en el caso de la agricultura y los recursos hidráulicos y del 5.5% en comunicaciones y transportes y del 5.5% en asentamientos y obras públicas.
Conforme a los anexos que ha venido presentando el Ejecutivo a los informes a la nación, de primero de septiembre, se observa que es común que no se ejerza plenamente el presupuesto de inversiones. En 1978 no fue excepción: de 107 mil millones, se ejercieron 97.8 miles de millones. Ello es grave en la medida en que es fundamental la aplicación de las inversiones públicas o privadas, para atender el problema del desempleo en forma estructural; quizás la única explicación se deba al empeño por aumentar el servicio de la deuda, que de 113.7 miles de millones de pesos pasó a casi 120 mil millones de pesos. Este empeño que reduce en una pequeña proporción el servicio de la deuda externa, resulta de interés compararlo con los saldos de la deuda gubernamental en 1978. Los saldos de la deuda del gobierno federal llegaron a 575,391 millones de pesos, de este saldo sólo el 30%, casi 174 mil millones, corresponden a colocaciones de deuda pública externa, el resto corresponde a financiamientos concedidos por el Banco de México, Banobras, Nafinsa y financiamientos directos obtenidos por el Gobierno Federal.
Cabe destacar en esto, compañeros diputados, que estos organismos públicos, que estas financieras, están financiando al sector privado en las inversiones más importantes, más especulativas, como son las de los servicios; es por la vía de Nacional Financiera como el Grupo ALFA ha desarrollado entre otras cosas, complejos turísticos y podremos ver en otra oportunidad quién está facilitando financiamiento el Gobierno Federal por la vía de sus instituciones.
Es interesante mencionar que los ingresos del Gobierno Federal en 1978, ascendieron a 454 mil millones, en tanto su deuda asciende a 575 mil millones.
En efecto, será preciso conocer los plazos y términos de esta deuda para poder relacionarla con la solvencia del Gobierno Federal para atenderla, o bien establecer la política de endeudamiento público congruente con nuestras posibilidades de desarrollo político, desarrollo futuro. Eso tiene que ver, compañeros diputados, con que la próxima ley de ingresos tengamos la atención de revisar esta política de endeudamiento, que tengamos ahora nosotros como responsabilidad observar esto para que después no estemos revisando la Cuenta sin haber observado en la Ley de Ingresos y Egresos cuál es la política de endeudamiento que tiene el Gobierno Federal.
La desviación más relevante del sector paraestatal consiste en que sus ventas resultaron ser un 5.2% menos a lo previsto y sus ingresos diversos menores en 51.3%, respecto a lo presupuestado. Ello quiere decir que el mercado no pudo absorber los productos que venden esas empresas y que, por otra parte, los apoyos que configuran los llamados ingresos diversos que consisten en transferencias, subsidios del Gobierno Federal para que no aumenten los precios las empresas estatales, decreció mucho más que proporcionalmente. En consecuencia, fue necesario que las empresas estatales obtuvieran financiamientos mayores a los que se había presupuestado. De esta manera los recursos ajenos que se previeron por el orden de 150,000 millones hubieron de ser de 173 mil millones de pesos; 15.3% más de lo presupuestado, porque sigue el sector privado ejerciendo la dinámica del mercado en nuestro país y no del Estado, compañeros, y esto implica entonces la transferencia de recursos a las empresas para estatales.
Al igual que en el caso del Gobierno Federal, llama la atención que haya sido menor la actividad en aquellas entidades del sector estatal relacionadas al sector agropecuario y a la pesca. En efecto, en las entidades relacionadas al sector agropecuario y forestal, los egresos reales fueron 42% menores a lo presupuestado y de casi 31% del sector de pesca. En este último renglón tal desviación equivale a 2.134 millones de pesos que no se erogaron por Productos Pesqueros Mexicanos y con ello, sin duda, se puede explicar la falta de oferta de productos pesqueros para los sectores populares. Es relevante también que Fertilizantes Mexicanos haya dejado de egresar 1,379 millones de pesos, 14.5% menos que la cifra autorizada por esta soberanía.
En general, de la Cuenta Pública de 1978, llama poderosamente la atención del grado de desatención del sector agropecuario y forestal, cuya asignación original había sido de 53 mil millones pesos, casi 42% más de lo ejercido en 1977. Resultó que la cifra fue 7.6% menos que la presupuestada, lo que quiere decir que no fueron aplicados al sector 4 mil 79 millones de pesos. Ese monto equivaldría a más de un millón de toneladas de maíz, que no sólo permitirían cancelar las importaciones sino aumentar la oferta, de tal manera que evitásemos las presiones inflacionarias sobre este alimento básico.
El sector pesquero arroja también un saldo desalentador en la medida en que el fuerte incremento presupuestado para 1978, y que llegó a 10 mil 231 millones de pesos, fue superior en casi 68% a la asignación del 77, con toda certeza con el fin de promover tan importante actividad; sin embargo, en 1978, sólo se ejercieron 7 mil 297 millones, 22.8%, con 2,344 millones menos que lo previsto.
Sin duda refleja la pérdida del dinamismo del principal instrumento productor y distribuidor del sector Productos Pesqueros Mexicanos.
Por su parte, el sector Industrial tenía previsto ejercer 245 mil millones de pesos, 38% más que en 1977, año en el que se ejercieron 177 mil millones. En 1978 el ejercicio fue 2.7% menos que lo previsto, con lo cual se dejaron de egresar 6,737 millones de pesos, suponiendo un costo promedio por hombre ocupado de 375 mil pesos en el sector industrial, como monto requerido para crear un empleo, la cantidad no erogada canceló la oportunidad de empleo a casi 18 mil mexicanos en edad y posibilidad de trabajar y por tanto un modo de sobrevivencia a más de cien mil personas que integran la familia de esos 18 mil mexicanos.
Vale la pena señalar que el esfuerzo realizado en materia educativa por el sector correspondiente, implicó una desviación de 3.6% del monto presupuestado, que fue de 76.3 miles de millones de pesos y que finalmente llegó a 79,154 millones de pesos.
Esto es muy saludable e importante, quiere decir que se empeña el Gobierno Federal por mejorar los niveles educativos de la mayoría de la población, pero nos preguntamos, ¿qué pasará con todo este flujo de mexicanos cada vez más educados que confronta una sociedad en la que el impulso a la producción de alimentos y bienes de capital es cada vez menor y por lo tanto las oportunidades de empleo y bienestar decrecen?
El saldo político del análisis de la Cuenta Pública de 78 se pueden expresar como sigue, el cumplimiento con los propósitos esenciales de la administración pública de estimular y garantizar la producción y el empleo social y económicamente necesario, para alcanzar los mínimos de bienestar que reclaman los sectores mayoritarios del país.
En efecto es cierto que ha aumentado, particularmente en lo que va del presente año,
la producción de energéticos y el empleo del sector manufacturero; sin embargo, no es en la producción de alimentos de bienes -salarios y de bienes de capital donde se refleja el mayor estímulo productivo; más aún, estos sectores tienden a estancarse o decrecer como lo reflejan las cifras de la balanza de pagos que indican importaciones espectaculares de granos y oleaginosas, de bienes intermedios y de bienes de capital, los cuales no son producidos en el país a pesar de los estímulos concedidos en materia tributaria, financiera, arancelaria y administrativa a la proliferación de inversiones privadas, el sector privado, a pesar de todo esto, no está invirtiendo, donde debe invertir, está especulando.
Si aunado a lo anterior se registra, como sucedió en 1978, inhibición por parte del sector público para propiciar las actividades fundamentales que garantizan el bienestar de los mexicanos, se crea un peligroso vacío político y económico que se sintetiza en el incumplimiento de los compromisos fundamentales que soportan la legitimidad del Estado Mexicano, apoyados en los grupos populares cuyos intereses cotidianos se ven inmersos en un proceso de deterioro constante frente a la elevación de los precios, derivados de una oferta de bienes de consumo cada vez más estrecho.
Yo quisiera tocar en esto, compañeros diputados, e insistir, que es necesario que esta Legislatura aborde el problema de la reforma económica, necesario porque el gasto público y la orientación del presupuesto requiere instrumentos en manos del Estado que permita romper la hegemonía en muchos de los sectores de la producción de la economía del sector privado transnacional y, sobre todo, rompamos el círculo en el que estamos metidos sin que tengamos la posibilidad, como lo puede plantear y lo señala el proyecto de reforma económica convertir al Estado en un verdadero rector de la economía.
Quisiéramos por último (ya que la atención de muchos de los diputados es significativa, su interés por el ejercicio legislativo es evidente a pesar de ello), hacer observaciones, como decía al principio de mi intervención, a nombre del Partido Socialista de los Trabajadores, de su fracción parlamentaria, para algo que tendremos que abordar próximamente en esta Cámara de Diputados.
Las desviaciones trascendentes del ejercicio presupuestal de 1978, aunadas a la evidente crisis inflacionaria que vive el país en 1979, nos obliga a tomar en consideración que, para 1980, debemos tomar providencias no sólo para que el presupuesto conlleve un fuerte contenido de impulso al sector agropecuario e industrial bajo la responsabilidad del Estado, sino para vigilar que en efecto se cumplan los montos presupuestados y no vuelva a suceder la situación de 1968.
Se refiere particularmente, compañeros, a la orientación del Gasto Público del 80, pero se refiere al punto IV que la Comisión de programación y Presupuesto ha señalado.
La Contaduría Mayor y la Secretaría de Programación y Presupuesto tienen que hacer realmente un esfuerzo por que la contabilidad corresponda a los programas. Es casi imposible poder revisar la Cuenta Pública si no ésta orientada también en funciones de los programas que plantea el presupuesto. No estamos argumentando por un Gasto Público simplemente mayor, sino radicalmente mejor, en términos de que en efecto se vincule a la producción de alimentos y abastos del consumo popular, bienes- salario y bienes de capital que no están siendo producidos espontáneamente por la economía.
La única forma de garantizar el interés común de las mayorías, pero también necesariamente en la realidad en que nos encontramos, la de las minorías, es adecuado. Me refiero a minorías económicas, oligárquicas, no a las minorías que podemos estar aquí en la Cámara de Diputados; es adecuado el pacto social a efecto de que el Estado introduzca su capacidad de gestión dentro del ámbito de la producción de alimentos, a menos que optemos por volvernos en importadores dependientes de todo lo que no producimos y aprovechemos la capacidad de negociación y los excedentes de divisas para cubrir los pagos por esa dependencia que estamos exportando petróleo y estamos importando alimentos, que siga viendo en el Gobierno y en las dependencias que están realizando el presupuesto, al sector social de la producción como una carga ineficiente, como a una carga a la cuál no se le debe dar mayor inversión porque eso puede ser populista. Sin duda esta es la peor perspectiva para nuestro país si queremos conservar la identidad histórica que nos ha convertido en una nación con salidas históricas.
Compañeros diputados:
Apelamos a esta Soberanía para que nos sea explicado con detalle el razonamiento del no ejercicio del gasto público conforme a los presupuestos que la anterior Legislatura aprobó y que reflejaban las prioridades que el Ejecutivo confirió al interés de los sectores mayoritarios.
Si revisamos la exposición de motivo del Presupuesto de ese año vamos a ver que en el ejercicio de este Presupuesto desvió lo que se planteó en el Presupuesto en los objetivos señalados.
Si esos gastos no se realizaron, debemos saber por qué, pero más aún, debemos evitar que ello siga sucediendo; queremos invertir, de ya, en las grandes prioridades del Presupuesto para 1980 y proseguir su vigilancia meticulosa a lo largo del ejercicio correspondiente; que sigamos el ejercicio del presupuesto durante todo este año y no esperamos darnos el lujo de que en 1981 a estas alturas del año a ver por qué no se cumplieron nuestras disposiciones en materia de gasto público.
Nosotros queremos insistir en la función de la Comisión de Vigilancia a la Contaduría Mayor de Hacienda; en la información periódica del ejercicio del gasto para que en próximo período a estas fechas del año que viene tengamos, o a otro año más, tengamos que ver qué pasó con la Cuenta Pública, y "a palo dado ni Dios lo quita", Gracias.
El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado Belisario Aguilar del Partido Popular Socialista, en pro.
El C. Belisario Aguilar: Señor Presidente; Compañeras y compañeros diputados:
Quiero en primer lugar reconocer que las reformas a la Constitución en base a la reforma política, en cuanto se refieren a la facultades de la Cámara de Diputados y que fueron ampliadas en el Artículo 74 de la propia Constitución tienen sin lugar a dudas grandes repercusiones en cuanto a la vida democrática del país se refiere.
Esa reforma y la aplicación por primera vez de la nueva Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, significan un paso importante para el control por parte de esta Cámara, de la gestión económica del Poder Ejecutivo; de esa manera, la discusión de la Cuenta Pública del Gobierno Central, que hoy emprendemos, no finaliza aquí, sino que abre una nueva etapa en la que esta Cámara, a través de su órgano técnico, la Contaduría Mayor de Hacienda, habrá de examinar con mayor acuciosidad la Cuenta Pública que finalizará los primeros días, en los primeros diez días del mes de septiembre del año próximo. En base a lo anterior, y porque la diputación del Partido Popular Socialista coincide en lo fundamental con el dictamen, daremos nuestro voto afirmativo al mismo, pero queremos hacer algunas reflexiones sobre la situación económica que incide en la economía de las grandes masas populares y en especial en los trabajadores urbanos y en las masas campesinas.
A pesar de que el dictamen en su descripción de la economía nacional encuentra aspectos positivos, los cuales compartimos, es de señalarse que refleja una situación difícil de carácter económico que se manifiesta a través de la escasez y encarecimiento de alimentos, depreciación del poder adquisitivo popular, aumento constante e irrefrenable de los precios y la grabación de las condiciones en que viven grandes masas de la población mexicana.
En el año de 1954, el fundador e ideólogo de mi Partido, el Popular Socialista, el maestro Lombardo Toledano, expresó:
"El progreso interior con independencia ha sido el anhelo de los grandes movimientos populares a lo largo de nuestra historia. La Revolución de 1910, el tercer tiempo de la Revolución que se inicia exactamente un siglo antes, es una revolución democrática antifeudal y antiimperialista; no es una revolución democrática- burguesa como las revoluciones ocurridas en Europa durante los siglos XVII o XVIII. Es esas revoluciones las fuerzas del progreso, la burguesía naciente y las masas populares sólo tenían como adversario a las fuerzas del feudalismo. La nuestra es un movimiento popular que lucha a la vez contra las fuerzas de la reacción interior y contra las fuerzas de la opresión exterior. De aquí que cada período gubernamental se caracterice de modo necesario por una política económica nacional y una política económica internacional que tienden a la armonía perfecta, porque en la situación peculiar de México no puede haber una política que tienda a elevar el nivel de vida de las masas populares y, al mismo tiempo, subordine el desarrollo económico del país a los monopolios extranjeros. De la misma suerte que no puede existir una política que luche contra el imperialismo en defensa de la independencia económica de la nación y al mismo tiempo, aumente la explotación de las masas populares. A mayor dependencia de nuestro país respecto al extranjero, más pobreza a la mayoría del pueblo; a mayor pobreza del pueblo menor autonomía de la nación.
"La Constitución política de la República de 1917 recogió el anhelo histórico del pueblo mexicano de progresar con independencia para acelerar el progreso; estableció principios trascendentales que despojados de su forma jurídica pueden enunciarse así: preferencia a los campesinos para el aprovechamiento de la tierra; destrucción del latifundismo, la tierra para quien la trabaja; preferencia también para la utilización de los bosques y las aguas; explotación de los minerales y el petróleo en beneficio de la nación; sometimiento del capital extranjero al desarrollo económico propio del país; salario vital para las familias obreras; derechos sociales con la misma categoría que los derechos individuales; facultad del Estado de imponerle a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público.
"Cuando la política económica del gobierno se ha apartado de esos principios, se presenta la crisis de la economía nacional, porque el crecimiento demográfico y la intervención del imperialismo en este desarrollo histórico, obligan al Estado a acelerar el tránsito de la etapa agrícola del país a la etapa industrial independiente.
"En el régimen de la producción hay también un drama. El progreso con independencia nacional o la disminución de la Independencia con mayor miseria para el pueblo. Ya la producción industrial es más importante por su volumen que la producción minera y agrícola juntas, pero su ritmo ha descendido en los últimos años porque la pobreza del campo a restringido el mercado interior, porque la baja del poder de compra de clase obrera y los sectores de recursos fijos han restringido el mercado doméstico, porque nos hemos empezado a industrializar sin producir máquinas, porque tenemos que adquirir los bienes de capital en el extranjero y no los pagamos totalmente con lo que exportamos, porque, en suma, queremos progresar sin el progreso del pueblo y sin el progreso de la nación. Este es el gran drama de nuestro sistema productivo", expresaba el maestro Lombardo Toledano.
Como pueden ver, compañeros diputados, la opinión en muchas de sus partes sigue siendo válida. En 1978 el incremento del producto interno bruto fue del 7.0%, lo cual no deja de ser significativo y es de desear que se sostenga. Sin embargo, dada la calidad de país dependiente, fundamentalmente de los Estados Unidos, debemos de reconocer que nuestro
ciclo económico se mueve con retraso al ciclo norteamericano y las repercusiones para nosotros son más graves porque son amplificadas.
Por otra parte, parece que se adoptan medidas para crear condiciones que encausen el desarrollo de los años venideros, pero esto sólo se logrará con algunas transformaciones en las relaciones de producción a favor del Estado, que deben fortalecer su papel rector en la economía, avanzando por vía de la independencia nacional y aplicando una política más dinámica de nacionalizaciones de empresas estatales y paraestatales y fortalecimiento de las existentes.
El crecimiento en un 44.1% de la inversión pública en relación con 77, propició una recuperación de economía nacional, favoreciéndose consecuentemente al sector privado, hecho que confirma la validez y necesidad nacional del Estado encargado de promover nuestro desarrollo económico, a pesar del incremento.
Lo que es positivo para el destrabamiento de las fuerzas productivas, a juicio del PPS, es insuficiente. La inversión pública de 78 no alcanzo su verdadera magnitud, porque los límites que deben tener no se pueden establecer en forma contable sino en atención a las necesidades sociales vinculadas a la capacidad administrativa del Estado. Cuando el PPS demanda el crecimiento del sector público en la economía nacional, no lo hace por prejuicio ideológico ni de partido, sino por la necesidad que tiene nuestro pueblo para elevar sus condiciones generales de vida y atendiéndonos a la experiencia histórica que demuestra la insolvencia e incapacidad de los empresarios privados para hacer frente a estos problemas.
Los primeros y casi inmediatos efectos de la inversión pública son claros, la elevación de la producción petrolera en un 15.1% relacionada con 77, ha permitido fortalecer muchas actividades económicas en las que también se han y seguirán beneficiándose muchas empresas privadas durante un largo lapso. En el rubro de la minería su descenso relativo es producto de la fluctuación en los precios internacionales y a la crisis en la que se debate el sistema capitalista, así como el limitado mercado interno derivado del escaso desarrollo de la industria pesada. Sin embargo, es positivo lo que el Estado tiene en ese renglón y lo será más en la medida en que esta actividad económica se vincule directamente a resolver nuestras necesidades sin intervención extranjera, ya que poseemos los medios técnicos, financieros y humanos, para que el Gobierno y empresarios nacionalistas se hagan cargo totalmente de la minería.
En cuanto a lo que la Cuenta Pública se refiere, refiriéndonos a ingresos ordinarios, el Partido Popular Socialista tiene las siguientes opiniones: en lo concerniente al Impuesto sobre la Renta es necesario resaltar el mejoramiento de la administración tributaria, fundamentalmente en lo que concierne a los gravámenes a los altos ingresos personales, ya que es necesario alcanzar un equilibrio en los ingresos más altos hacia los más bajos. Estos ingresos gubernamentales, no obstante que se incrementaron, siguen siendo bajos en comparación con los países capitalistas más desarrollados. Es conveniente que la política tributaria para que sea redistribuidora de la riqueza social, se oriente a gravar en forma creciente a los ingresos provenientes de actividades no productivas y favorecer a los sectores de bajos ingresos. Por otra parte, el impuesto a la producción y al comercio, que ascendió a 56,405 millones de pesos, no obstante que se incrementa en grado importante, representa menos del 3% del producto interno bruto, del cual una gran parte proviene de las empresas estatales, lo que significa que existe un alto grado de protección a los empresarios.
Es tiempo de que las fuerzas democráticas y patrióticas se detengan a reflexionar si es justo y equitativo este procedimiento tributario y si es la hora de revisar a fondo el tratamiento fiscal que se da a los empresarios nacionalistas en todos los niveles, que los hace subordinados a los grandes monopolios foráneos. En esta crisis de la que aún no salimos totalmente, los pequeños y medianos empresarios mexicanos han sido afectados en una proporción inversa al tamaño de su capital, mientras que los grandes capitalistas, principalmente extranjeros, no solamente han resistido los embates de la crisis, sino que su perspectiva inmediata es la de salir fortalecidos.
En cuanto a los ingresos mercantiles, cuyo monto también aumentó, consideramos este hecho como positivo y esperamos que su sustitución por el nuevo Impuesto al Valor Agregado (IVA), grave con mayor equidad las transacciones comerciales a fin de que se acorte la brecha entre los que pagan más y los que pagan menos. Los ingresos provenientes del comercio exterior, a pesar de su incremento, todavía no adquieren la magnitud que requiere nuestro desarrollo económico, ya que, como es sabido, nuestro papel comercial internacional depende en gran parte de un solo mercado.
El financiamiento que obtuvo el Gobierno Federal de 144 mil 713 millones de pesos, refleja una política de endeudamiento cautelosa, que nosotros podríamos ubicar por debajo de la verdadera capacidad de endeudamiento, ya que esta cantidad constituye una parte relativamente pequeña de capacidad de inversión y recuperación del Gobierno Federal. Además las tasas de ganancias y el beneficio social que representan las inversiones efectuadas con deuda, están muy por encima de las tazas de interés que hay que pagar.
No es lo mismo contraer una deuda para inversiones productivas, que la deuda que contraía Porfirio Díaz para pagar los haberes del ejército y los salarios de los empleados públicos.
Cuando la deuda tiene fines productivos, no es una deuda insana.
Alrededor de los egresos del Gobierno Federal, considerando el sector central es decir al propiamente administrativo, alcanzaron la suma de 442 mil 34 millones de pesos, 24.6% superior al ejercicio anterior, incremento a penas similar al grado de inflación alcanzado
ese mismo año, que hace que se conserve casi en el mismo nivel que el año anterior. De acuerdo con la línea general del Gobierno, estos egresos reflejan el carácter redistribuidor del ingreso nacional, como se puede observar en algunas cuentas, principalmente en las transferencias, que ascendieron a 98 mil 738 millones de pesos, de los cuales la CONASUPO absorbió una parte importante.
Los servicios educativos constituyeron también una parte apreciable. Estamos de acuerdo en esa distribución, sin embargo, las necesidades de servicios y subsidios al consumo popular fueron insuficientes.
Por el lado de las inversiones, que alcanzan la cifra de 42,457 millones de pesos, nos parece que se canalizaron correctamente sobre todo en los apoyos a la Comisión Federal de Electricidad y Ferrocarriles Nacionales, ya que esto les ha permitido cumplir con su papel de proveedores de servicios básicos a la producción. No obstante, se requiere que a partir de un plazo inmediato estas empresas se hagan suficientes financieramente y además generar excedentes para su desarrollo acelerado que aporten recursos al desarrollo social.
Otro aspecto importante que nos parece necesario destacar, es el que se refiere al apoyo a las entidades federativas, ya que éstas absorbieron 101,416 millones de pesos, cifra que refleja un alto grado de planificación central y al mismo tiempo manifiesta la necesidad de coordinar a los gobiernos estatales bajo un plan Central de Desarrollo Económico Nacional.
Por lo que respecta a la promoción de nuestro desarrollo económico, el Partido Popular Socialista considera en un solo rubro las erogaciones que se efectuaron a través de las Secretarías de Estado y Departamento de Pesca, las que tienen relación con actividades económicas, cuyo monto rebasa el 50% del presupuesto total del 78.
Nos parece que es positivo el propósito federal de impulsar directamente nuestro desarrollo económico y estamos de acuerdo en la canalización de esos recursos; lo que debe resaltar es el carácter patriótico de las inversiones federales, gasto corriente, pago de la deuda pública y demás erogaciones de apoyo a los sectores productivos y socialmente necesarios que impulsa el propio Gobierno Federal.
Destaca particularmente el Plan Nacional de Desarrollo Industrial elaborado recientemente y cuyos prolegómenos parten del propósito revolucionario que precisamente culminan en el año de 1978.
Es claro, compañeros diputados, que la Cuenta Pública nos conduzca al debate de la política económica del país.
El desarrollo de México entendido como autoimpulso constante del aparato productivo en extensión y profundidad acompañado de una elevación sistemática del nivel de vida de los mexicanos. Aún no se han podido garantizar, por las grandes trabas de la penetración de los monopolios y la interferencia constante del gobierno norteamericano representante de ellos que han mantenido a nuestro país en la dependencia y en el subdesarrollo.
Los lazos de dependencia que lo sujetan a la economía y los intereses de los Estados Unidos han convertido a México en esfera de inversión de sus capitales y mercado para sus productos, imponiendo, con la ayuda de sus socios menores y agentes internos, una estructura económica que ha asegurado elevadísimas ganancias y, consecuentemente, una acelerada concentración de la riqueza nacional en enorme proporción, en unas de las cuantas manos que sacan en gran parte del país provocando descapitalización y frenando la reproducción ampliada de la riqueza con la consecuente agudización del desempleo.
El Partido Popular Socialista ha planteado una reforma económica que debe conducir a eliminar los procesos negativos y contrarrevolucionarios en la vida económica. No depender ya de las inversiones extranjeras directas o indirectas ni de la importación de una tecnología inadecuada y obsoleta, liquidar la política de sustitución de importaciones de artículos de consumo no socialmente necesarios y pasar a la sustitución de importaciones de maquinaria herramientas y materias primas industriales, limitar la acelerada concentración de la riqueza en manos de particulares, terminar con el yugo del comercio con los Estados Unidos, cerrar el paso a la descapitalización y fuga de capitales, combatir el desempleo y la inflación y, sobre todo, la injusta distribución de la riqueza, expresión elocuente de la bárbara explotación del capital extranjero nacional sobre nuestro pueblo.
Muchas gracias.
El C. Presidente: Tiene la palabra para hablar en contra, el diputado Pablo Gómez del Partido Comunista.
El C. Pablo Gómez: Señores diputados:
Como se ha explicado anteriormente, el análisis que esta Cámara debe hacer en estos momentos sobre la Cuenta Pública, se refiere principalmente a dos aspectos: verificar que lo ejercido corresponde a lo prepuesto, y verificar también el cumplimiento de los principales programas contenidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año de 1978.
Debe, por lo tanto, manifestarse un juicio no sobre la forma en que se ejerció ni sobre la política que está implícita en el ejercicio, puesto que se supone que dicha política fue decidida por la Cámara de Diputados en el mes de diciembre de 1977, para el ejercicio del año de 1978. Sin embargo, existen aquí algunas suposiciones que son simplemente eso, suposiciones.
La Cámara de Diputados aprobó una Ley de Egresos, presupuesto para 1978, en el que se conviene simplemente el apoyo a la política económica del gobierno, pero de ninguna manera en sí misma, eso es una política económica. Se le aprobó al Presidente un presupuesto y la Cámara no tuvo más que esta participación, aprobable al Presidente un proyecto, pero debería elevarse la participación
de la Cámara de Diputados en la elaboración de los principales aspectos de la política económica. Debido a esa situación, en este momento la Cámara de Diputados está en la situación, no de discutir la política económica implícita en el ejercicio presupuestario de 1978, sino simplemente verificar que se ajusta a una cifra global y eso es todo.
A esas cuestiones me referiré al final.
Esto nos lleva necesariamente a tener que hacer algunas referencias sobre la situación económica de 1978 y a la forma en que el gasto público ejerció una determinada influencia como parte muy importante de la política económica del Gobierno durante dicho año de 1978.
El costo de las llamadas recuperación económica siguió recayendo sobre las clases trabajadoras, para las cuales dicha reactivación sólo ha representado un mayor sacrificio en los niveles de ingreso y bienestar. Así, una visión somera de lo acontecido en 1978, muestra que la inversión total experimentó una apreciable tasa en el crecimiento. El producto interno bruto recobró sus tasas históricas de crecimiento, la actividad del sector industrial y, en especial, en el subsector de energéticos, se constituyó en el motor de la reactivación económica; la captación y el financiamiento bancario presentaron un dinamismo apreciable, el Gasto Público, aun dentro de la austeridad que lo viene caracterizando, jugó también un papel importante en la composición de la demanda efectiva global, y las fianzas públicas continuaron su proceso de desarrollo.
Este es un lado del asunto, pero existe otro. La tal recuperación está acompañada de serios desequilibrios sectoriales y ramales del Sector Agrícola, en especial la economía campesina, sigue presentando una actitud de estancamiento que se refleja en el hecho de que el volumen de la producción en 1978 fue inferior al nivel de 1975.
La autosuficiencia alimentaria sigue postergándose en aras de una dudosa política agraria que propicia la sustitución de los cultivos básicos por aquellos de alto valor comercial dirigidos a los mercados externos, o al consumo de las capas privilegiadas de la población nacional.
La política agraria del régimen ha demostrado su incapacidad para solucionar no sólo los problemas sociales que dicen atacar, sino incluso para lograr los objetivos de producción que garanticen la alimentación del pueblo mexicano.
En el sector industrial los logros se concentran en aquellas ramas ligadas al consumo productivo e improductivo de la minorías privilegiadas. Baste señalar que mientras que la producción de automóviles creció en 28.7% durante el año anterior, la producción industrial de alimentos a penas hizo en 4.4%.
¿No podríamos hacer una moción de orden a los que están allí?
El C. Presidente: Continúe, diputado, por favor.
El C. Pablo Gómez: Ello muestra que el crecimiento de la economía se sigue fincando, sólo que de una manera agudizada, en el mismo patrón estructural que condujo a la crisis, cuyo nivel más alto se sintió en el año de 1976 y que hoy el Gobierno Federal dice que está en vías de solucionar.
Esto quiere decir que del desarrollo que venía llevándose a cabo en los años anteriores a 1977 es, en sus rasgos fundamentales, la misma situación de la que nos habla la llamada recuperación de la economía y que ha arrojado el muy llevado y traído 7% de aumento en el producto interno bruto durante el año de 1978.
Ahora en 1979 se demuestra, además, que la inflación no puede ser manejada con esa política económica y, sobre todo, que los efectos inflacionarios afectan principalmente a quienes viven de su trabajo. Los salarios reales de los trabajadores continuaron sufriendo un implacable deterioro que se traduce en el descenso creciente del nivel de amplios grupos de asalariados.
Baste señalar que, a pesar del leve crecimiento del empleo en la producción manufacturera del sector industrial en donde se agrupa el grueso de los trabajadores sindicalizados, la participación de las remuneraciones al personal ocupado dentro del valor de la producción, descendió del 16.2% en 1976 al 15.4% en el 77 y al 14.5% en el 78, es decir regresando al nivel que se había alcanzado en el año de 1972, y para mayo de 1979 ese porcentaje de 14.5% que constituye una regresión al año de 72, ha disminuido al 13.4%, según datos oficiales de la Secretaría de Programación y Presupuesto en una encuesta realizada en la industria manufacturera. Esto quiere decir que las ganancias aumentan y la participación de los trabajadores en el producto continúa disminuyendo de manera incesante y persistente.
Ahora bien, se dice que se logró reducir la tasa de desempleo abierto, pero es necesario considerar que tal tasa está muy lejos de reflejar la verdadera situación, ya que según estadísticas confiables, más del 45% de la población en activa se encuentra en una situación de subempleo con ingresos muy por debajo de los salarios mínimos legales. Tal situación es especialmente grave en el campo, en donde millones de campesinos sin tierra han visto cancelada toda posibilidad de sobre vivencia, siendo empujados a emigrar a las grandes urbes o convertirse en obreros agrícolas sujetos a una explotación feroz, sin poder contar, en la mayoría de los casos, con instrumentos de defensa, puesto que el Gobierno también impone restricciones en el registro de los sindicatos agrarios.
Un análisis más detallado que el de simples cifras agregadas que se manejan, principalmente, por voceros gubernamentales y del partido oficial, anunciando una nueva época de prosperidad y felicidad para el pueblo mexicano permite vislumbrar el tipo y perfil verdaderos de la reactivación económica de 1978 y hacer algunas consideraciones preliminares en torno a la influencia de la política
AÑO I. T. I. No 40 CÁMARA DE DIPUTADOS NOVIEMBRE 22 Y 26, 1979 Económica en dicho año. Al influjo de una recuperación significativa de la inversión que alcanzó una tasa de crecimiento del 14%, el producto interno bruto recuperó su tendencia histórica al crecer en términos reales en 7.0%.
Dentro de la inversión total la inversión pública siguió siendo el componente principal; en tanto que la inversión privada, después de mostrar tasas negativas en los últimos años, logró una reanimación apreciable. La composición sectorial del producto, de una primera idea de cómo la reactivación de 1978 se basó en el agudizamiento de los desequilibrios estructurales de la economía mexicana.
Así, el Sector Primario presentó un crecimiento del 3.6% aportando el 9.4% del producto; el Sector Industrial creció en 10%, situándose su aportación al producto en 38% del total en tanto que las cifras correspondientes del Sector Servicios fueron 5.7% de crecimiento y 53.8% de aportación al producto, en un país donde la economía se basa en los servicios.
Si avanzamos un poco más en la desagregación de las cifras, el perfil desequilibrado del que antes hablamos, adquiere mayor significado. Dentro del Sector Primario, la agricultura creció en 4.0% en términos reales, sin embargo, el volumen de producción, y esto es lo más importante, fue inferior al de 1975, tanto en lo que hace a la producción total, como en lo referente a alimentos básicos; la ganadería creció por su parte 2.5%, la silvicultura 6.3% y sólo la pesca el 7.1%. Dentro del sector industrial la producción de petróleo y sus derivados presentó una variación positiva del 15.1% siendo superado sólo la petroquímica, que creció el 18.0%, la industria de la construcción, después de la severa crisis por la que atravesó en los años recientes, alcanzó el 13.3% como resultado del mayor gasto público y privado en tal actividad; la energía eléctrica aumentó 9.0%, tasa igual a la que creció el subsector manufacturero, en tanto que la minería continua estancada y presenta una magra tasa de crecimiento del 2.1%. La combinación de tales crecimientos dio por resultado un aumento del volumen de la producción industrial del 10% en 78.
El crecimiento de la industria manufacturera, principal impulsor junto con Petróleos de la reactivación en 1978, se debió básicamente al incremento ocurrido en las ramas metalmecánicas, que ascendieron con gran rapidez, destacando dentro de ellas la producción de la industria automotríz y conexas que creció al 32.9%. Otras actividades lo fueron la producción de bienes de inversión, que creció 22.6%; dentro de las industrias básicas la siderúrgica, cuya producción creció 18.3%; el vidrio 13.7% y la cementera 6.2%, pero a estos niveles de desagregación de las cifras todavía no es posible darse cuenta el nivel de los desequilibrios en la producción industrial. Comparemos las cifras siguientes:
Si distinguimos dentro de la producción manufacturera cuatro grandes tipos de bienes, podemos comprobar que en tanto que la producción de bienes de inversión creció en 22.6%, la de bienes de consumo durable lo hizo en 18.4%, pero la de bienes no durareros alcanzó apenas un crecimiento de 5.0% y la de materias primas de 8.9%. Esto revela que el dinamismo de 1978 se apoyó en aquellas ramas ligadas al gasto de inversión y consumo de la burguesía y de los sectores privilegiados de la sociedad, en tanto que las ramas ligadas al consumo de las grandes masas presentaron un estancamiento relativo como producto de la contracción en el poder adquisitivo de aquéllas.
Así, pues, bien es innegable la reactivación económica durante 1978 y la tasa del 7.0% de incremento del producto, ella estuvo lejos de presentar las características que hubiesen sido deseables en los marcos de la mejoría en el nivel y calidad de la vida del grueso de los habitantes del país. Se cree para la burguesía mientras que las clases populares mantienen su situación.
En tales circunstancias, es previsible que de no corregirse tal perfil, se presentarán a corto plazo situaciones tales como escasez y encarecimiento de productos básicos, en detrimento de una población ya de por sí golpeada por los efectos de una crisis de la que no es responsable y una reactivación de la que no es beneficiaria.
Veamos algunos problemas de salarios.
En 78 continuó la política gubernamental de prescripción a los aumentos salariales. Acorde con tal política de aumento promedio de los salarios mínimos, en 78 fue del 12% según datos del Banco de México. En ese año los salarios reales en el Distrito Federal decrecieron en 3.7% con relación al año anterior, sin embargo, todo parece que esa cifra está considerada subvaluada, puesto que ya nadie cree en los datos oficiales respecto a esos problemas; simple y sencillamente en México no hay un organismo hoy día que pueda confiablemente calcular los efectos reales de la inflación. En canastas, que considera para tales efectos el Banco de México, donde todavía hay velas para el consumo de los trabajadores de la industria y en la que no se toma en cuenta, por cierto, no solamente cuáles son las mercancías que se consumen los distintos niveles de la población, que no toma en cuenta la cantidad de cada uno de los productos en promedio que cada uno de estos niveles de ingreso consumen. En tales condiciones no se puede hablar en cifras confiables, el Banco de México da unas cifras y nosotros sostenemos que son cifras por debajo de la realidad. La disminución en términos reales de salarios está desgraciadamente muy por encima de las cifras oficiales que a este respecto elabora el Banco de México, pero aun tomando en consideración dichas cifras la tasa de incremento en los precios al consumidor fue reducida un 16.2% en 78; los conceptos que presentaron mayor variación fueron el de prendas de vestir, calzado y accesorios, con 22.3%; educación, esparcimiento y diversión aumentó 19.9%; alimentos, bebidas y tabaco 15.4%; arriendos brutos, combustible y alumbrado 15.2%.
De acuerdo a su incidencia sobre el comportamiento del índice nacional de precios al consumidor, fueron los precios de alimentos, bebidas y tabacos los que mayor influencia ejercieron al contribuir con 38.3% al incrementos, cuyos precios subieron 17.6% en el mayoreo en la Ciudad de México creció de diciembre de 1977 a diciembre de 78, en 15.8%; el renglón que mayor incremento presentó a lo largo del año fue el de artículos de consumo, que creció en 16.7% y, dentro de él, los alimentos, cuyos principios subieron 17.6% en el año de 78, pero para el año de 79 esta situación será seguramente mucho más difícil y mucho más dramática para la mayoría, la inmensa mayoría de los trabajadores mexicanos.
Como puede observarse, la inflación siguió concentrándose en los artículos de consumo masivo, lo que revela la incapacidad del sistema productivo y de la política económica del gobierno para remontar esa situación.
Esta rápida, muy breve, revisión de lo sucedido en la economía en algunos aspectos de la economía mexicana del año de 78, permite extraer algunas consideraciones centrales o del papel jugado en dicho año por la política económica y en especial por la política de ingreso- gasto llevada a cabo por el Gobierno Federal.
Una primera cuestión que salta a la vista, es que el repliegue de la actividad económica del Estado, manejado en el lento crecimiento del Gasto Público, se ha traducido en una dinámica de reactivación, comandada por la gran burguesía mexicana y extranjera que privilegia el desarrollo de las ramas y sectores en donde la tasa de rentabilidad de capital ofrece mayores perspectivas.
Bajo el criterio, la reactivación económica del año pasado se explica por el apreciable crecimiento del sector manufacturero, la producción petrolera y por la recomposición del sector financiero de la economía. En el primero de éstos, el crecimiento fue impulsado por las ramas ligadas al consumo de los capitalistas, en tanto que la tasa de ganancia del capital financiero se restableció y aun aumento considerablemente.
Señores diputados:
La conclusión más general que hay que sacar del análisis de la política económica del Gobierno durante el año de 1978, que es el período que se supone estamos analizando, nos lleva a considerar en primer lugar, que la tasa del 7% de aumento del producto interno bruto ha cumplido satisfactoriamente con los fines para la cual fue impulsada y programada tanto por el gobierno como por las empresas y esos fines eran fortalecer la ganancia a costa de los salarios, aumentar la producción de bienes de consumo de los capitalistas y de los empleados de altos ingresos y mantener deprimidos los renglones de bienes de consumo masivo.
Esta situación en poco tiempo se va a convertir en un conjunto de fenómenos similares a los que ocurrieron durante el año 74, 75 76 y 77. Es la misma plantilla, el mismo camino que la burguesía de este país ha recorrido, ya y que ha hecho padecer en gran medida a los trabajadores mexicanos. Ese mismo camino conocido por el país es el que está emprendiendo el Gobierno con la actual política, económica, 7% de incremento del producto, tasa a la que México había llegado en años anteriores, antes del desplome, no puede ser ningún augurio de que los próximos años serán mejores para la inmensa mayoría de los trabajadores mexicanos.
Es criticable por todos los conceptos la actitud triunfalista de los voceros gubernamentales en el sentido de que la economía ha restablecido su ritmo porque hemos llegado al 7%. Los trabajadores de hoy día consumen menos que lo que consumían en los años previos al famoso derrumbe, la situación para ellos no se ha modificado, 7% de incremento del producto no es ninguna manera a algo que haya que aplaudir en sí mismo.
La economía sigue creciendo de manera completamente deformada y desequilibrada en contra del interés de la inmensa mayoría de la población. Este crecimiento no es deseable, este crecimiento está llevando al país a una situación de mayores desigualdades, de una mayor desigualdad en la distribución del ingreso. No queremos por tanto ese crecimiento, un 7% sobre otra estructura representaría un avance para los trabajadores, pero con la estructura de 78 que se repite en términos generales durante el año de 79 y que promete para las calendas griegas la superación de las condiciones de miseria de la mayoría del pueblo trabajador, es un crecimiento que México ni debe aplaudir ni debe desear.
Por último, es necesario aclarar algunas cuestiones en relación con el Dictamen. Nosotros estamos de acuerdo con el punto 4 del Dictamen; en cuanto al artículo 1 y artículo 2 contienen lo que pudiéramos decir las cuestiones de cajón o de rigor; se revisó la cuenta, no tenemos inconveniente, se decreta que se comprobó que la cuestión del 78, la cuenta de la Hacienda Pública Federal de la Hacienda Federal, correspondió en términos de ley al Presupuesto de Egresos de la Federación para ese ejercicio del 78. No está dicho pero se entiende, no tenemos nada en contra de ese artículo. Estamos en contra del Artículo 3o., que señala que se evalúa el cumplimiento satisfactorio de los objetivos y metas contenidas en los principales programas previstos en el Presupuesto, en la medida en que la evolución de las prácticas implantadas en el área administrativa los permitió. ¿Cuál es esa medida? ¿2%, 3%, 10%, 50%? Quizás es difícil precisarlo.
La dificultad en precisar en qué medida se evalúe, lo permitieron las condiciones, no nos puede llevar a considerar que se evalúe el cumplimiento y menos el cumplimiento satisfactorio.
Veamos lo que dicen a este respecto algunas de las cosas de la Cuenta Pública:
¿Se puede evaluar en realidad el cumplimiento de los programas? ¿Puede alguien, Gobierno, Cámara de Diputados, empresas privadas o lo
que sea evaluar en plural los programas principales contenidos en el ejercicio de 1978?
Definitivamente no se puede. No es posible hacer la evaluación. La evaluación no solamente es, por cierto, decir: se programaron la producción de 20 camiones y se produjeron 21; no es simplemente eso y aunque lo fuera habría que hacerse algunas preguntas en relación precisamente con los datos contenidos en la Cuenta Pública. Esto lo comprende al parecer la Contaduría Mayor de Hacienda, que la evaluación se trata también de una evaluación cualitativa.
¿Y qué dice nuestra Contaduría Mayor de Hacienda?, cito el informe previó -no tiene página-: "es de señalar que dentro de este análisis también se tomaron en cuenta los aspectos cualitativos y subjetivos de las metas programadas originalmente por estas entidades, sin llegar a profundizar en cuanto a su eficacia, eficiencia y la congruencia, y la congruencia con lo realmente realizado, ya que esta situación se podrá medir, una vez terminado el proceso de trabajo de las auditorías que se realizarán en algunas entidades de organismos sujetos a control."
Pero nosotros ya decimos que sí, que ya evaluamos. La Contaduría todavía no se considera suficientemente capacitada para poder hacer la evaluación completa. No hemos evaluado realmente.
Veamos algunos ejemplos, simplemente ejemplos: La forma en que se programa en este país es muy curiosa y la forma en que se da cuenta de la realización de los programas es todavía más curiosa. Se dice, por ejemplo, en algunas partes del Informe previo de la Cuenta donde vienen estas cosas, cuestiones como las siguientes: "perforar pozos exploratorios". La unidad de medida son los pozos. ¿Cuántos se programaron? 93 pozos exploratorios. ¿Cuántos se perforaron? 208. Estamos sobrados; hemos superado el programa en 123.7% y ¿eso es bueno, o malo? ¿Por qué se habían programado 93? ¿Por qué no había la suficiente maquinaria, o por qué se había previsto comprar una determinada cantidad? ¿Por qué se compró más? ¿Por qué es mejor perforar 208 pozos en relación con perforar 93? ¿Cuál es la razón? ¿Es mejor? ¿Este programa se ha cumplido satisfactoriamente?
Es muy discutible que en las actuales condiciones si se programan 93 pozos y se perforan 208, quiere decir que se cubrió el programa y que hay que dar un aplauso al organismo encargado de tal cosa. Es muy discutible. Perforar pozos de desarrollo, 300. Quiere decir que Petróleos Mexicanos estaba considerando la necesidad de 300 pozos para alcanzar una determinada producción, cuando se perforaron 402. ¿Esto es bueno o es malo? Yo digo que es malo, pero manejado así en términos cuantitativos, si queremos 300 y obtenemos 402, estamos superando las metas. No estamos superando las metas, estamos haciendo algo que no estaba programado y probablemente de manera indebida e inconveniente.
Hay cosas curiosas. Se produjo crudo: se programó producir 76, 656, medido en millares de metros cúbicos, según está aquí medido eso. Se produjo 70,366. Desviación 8.2%, negativo. Se perforaron más pozos de exploración, más pozos de producción, se produjo menos crudo del programado, quiere decir que la relación entre la programación de la perforación de pozos en función de la producción no tenía ningún vínculo estudiado.
¿Qué es lo que está mal aquí?
Se puede analizar un programa, ¿Cómo se llama el programa? Perforar pozos: hay otro programa, producir crudo; pero están relacionados, ¿dónde está su conexión? ¿Qué nos están diciendo estas cifras? ¿Puede una persona hacer una evaluación de estos programas simplemente con leer lo que está aquí escrito? No puede, es imposible, absolutamente imposible ¿Cómo entonces podemos declarar que hemos hecho la evaluación? Y voy a poner un ejemplo simplemente para que se tome en cuenta:
Producir energía eléctrica, menudo programa, es una de las cosas más importantes de la participación del sector público en la industria, se programó 54,820 medido en gwh, está en inglés, se cumplió 53,988 unidades de gwh, desviación 1.5% en relación con lo programado, no se alcanzó el programa, podemos reponer; por lo menos en esto que es una cosa fundamental de los programas del Gobierno, no se cumplieron satisfactoriamente, como dice: "no se hizo el cumplimiento satisfactorio", como dice el Artículo 3o. del Proyecto de Decreto. Al parecer, en aras de cubrir el expediente de que la Constitución y la Ley dicen que la Cámara debe hacer la evaluación, debemos hacerla, la Cámara muy bien puede decir no evaluamos porque no pudimos evaluar, hagan los programas correctamente, por eso nosotros apoyamos el Artículo 4o., pero el Artículo 4o. del Decreto, si se lee con detenimiento, a pesar de que está redactado en forma muy diplomática y muy cuidadosa, niega el contenido principal del Artículo 3o. del Proyecto de Decreto, de tal manera que no podemos estar de acuerdo con este Artículo 3o., y consideramos que la Cámara debe, por lo tanto, no votar por él, eliminarlo, simple y sencillamente porque no se ha podido hacer la evaluación.
Es todo. (Aplausos.)
El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado Porfirio Camarena Castro, del PRI, en pro.
El C. Porfirio Camarena Castro: Señor Presidente: H. Asamblea:
En forma breve voy a ocupar algunos minutos quizá para señalar algunas curiosas cifras o para expresar algunos curiosos conceptos que se derivan del dictamen que ha sido puesto a debate en esta sesión.
No hay duda de que los varios oradores han ocupado la tribuna y nos han remitido, en varias ocasiones, a recordar ese frecuente anuncio de la televisión para citar el carácter pesimista u optimista con el que tenemos que ver nuestra situación. Aquí a veces encontramos el vaso
medio lleno y a veces lo encontramos medio vacío. Pero de alguna u otra manera, existe una afirmación, diría yo irrefutable, en el sentido de que el año de 1978 ha sido un año de notable recuperación.
El 7% que se ha aceptado reiteradamente en esta Asamblea, como crecimiento de este producto, de nuestro producto, crecimiento sin duda alguna envidiable por muchos otros países en el mundo, y aquí se citaron a los países de América Latina, a los países de la OPEP, a los países altamente industrializados de la famosa OCD y de muchos otros países de radicales diferencias en su estructura económica, socialistas o capitalistas, más o menos imperialistas, más o menos desarrollados, pero unos y otros no lograron en su esfuerzo nacional de desarrollo, lo que se logró en México en 1978. Y no es la cifra del 7%, es el valor de haber alcanzado por este esfuerzo la superación de una importante crisis en el orden económico y social. Eso es lo que más importancia tiene ahora, diría yo, el 7%, porque finalmente ¿para qué buscamos asegurar las cifras de crecimiento del producto, sino para alcanzar con ello categorías de superación social, avances en el orden del bienestar, avances en el orden de las relaciones políticas de nuestro país?
Para ello queremos concitar el esfuerzo de los sectores de la producción; para ello necesariamente tenemos que recurrir al expediente de la inversión.
No creo que exista ningún técnico, ningún economista, ningún político que pudiera negar que es precisamente con apoyo a la inversión como se logra el desarrollo de la producción, como se logra la generación de los empleos, como se logra resolver los avances en el orden de la estructura económica de un país.
¿Que cómo vamos a lograr distribuir los resultados de la producción? ¿Que cómo vamos a buscar la equidad en el reparto? ¿Que cómo vamos a distribuir la productividad del esfuerzo nacional? Ese es otro asunto importante, pero en este momento tenemos que aceptar que la inversión, que en 1978 estuvo fundamentalmente orientada por el esfuerzo del Estado y apoyando sin duda alguna un aparato industrial que en buena medida ha sido condenado en varias ocasiones en esta tribuna, un aparato industrial, un modelo de desarrollo económico, que uno y varios grupos importantes de nuestra sociedad, dentro de ellos el Sector Obrero del Partido Revolucionario Institucional, en una reciente reunión condenó y no solamente lo enjuicio, hizo clara petición al Presidente de la República de que ese modelo, totalmente caduco y agotado, un modelo económico que había sido promotor fundamentalmente de condiciones de injusticia y que no había alcanzado los elevados propósitos de generación del empleo remunerado y permanente que se requiere para nuestra sociedad, este modelo económico tenía que ser cambiado, tiene que ser cambiado.
Esto compañeros, que estamos analizando sucedió en 1978 y el modelo que condenamos es un modelo de más de 40 años y la medida para resolver la coyuntura económica y para sacar a nuestro país de las condiciones de crisis era de acuerdo a la estructura económica y social de 1978, y era aquí, en México, en un país que por virtud de su Constitución permite la participación en la actividad económica del Estado que indudablemente pedimos que sea una participación más activa, más rectora de nuestra actividad económica, pero también participa la economía social, aquí mismo dicho, una economía social vituperada, menospreciada pero que es, finalmente, en donde descansa la esencia real de las aspiraciones de nuestra sociedad, una sociedad que aspira a ser una sociedad de trabajo.
También acepta nuestra sociedad la participación en la economía del sector privado y con la participación de ellos y de acuerdo con el peso y participación de cada uno de esos sectores económicos se orientó la política económica de nuestro gobierno en 1978 y fue en México y no en Kuwait o en Guam o en cualquiera otra parte del mundo en donde se aplicaron las medidas económicas que era necesario aplicar.
Esto es el valor del 7% no solamente por haber ganado una importante ventaja en relación al 77 con una diferencia de más del 3%, es el hecho de haber ganado, con un alcance todavía mayor para el futuro, posibilidades de un desarrollo que tenga por características no una estabilización a la medida del modelo desarrollista, no, una estabilización que garantice fundamentalmente que nuestros trabajadores, que el pueblo de México, tenga capacidad de poder alcanzar estudios superiores en el orden social; que podamos producir los artículos socialmente necesarios; que logremos la autonomía económica a través del fortalecimiento del sector de los bienes de capital; que alcancemos por supuesto la independencia necesaria en el orden económico a que aspira nuestro propio legado constitucional y en fin, a que podamos alcanzar condiciones de elevada justicia.
Así pues esta notable recuperación, compañeros, tiene su elevado valor y así porque se dio en México en esas condiciones y así porque se dio aprovechando las condiciones propias de nuestro sistema y porque además ha permitido enfrentar de nueva cuenta una crisis, que puso en evidencia la necesidad de modificar estructuralmente nuestra economía.
Yo lo diría, no en las palabras de ninguno de los oradores que han ocupado en esta tribuna; yo lo diría con la expresión y los conceptos de uno de los organismos más prestigiados en materia de investigación económica y de análisis del desarrollo económico de nuestro país.
El Banco de México señaló con toda claridad el hecho de que nuestro país necesita fundamentalmente cambios en el orden estructural. No tengo precisada la nota en este momento, pero si el Banco de México, a quien se responsabiliza en buena medida de orientar un renglón importante de nuestra economía y a quien le conferimos ese respeto en el análisis económico, señala estas necesidades para reorientar
el aparato productivo de nuestro país y para señalar con claridad que lo que nos hace falta es una producción de un mayor volumen de bienes y servicios para los grandes grupos de nuestra población y que busquemos garantizar una independencia y un equilibrio fundamentalmente en el orden interno de nuestra economía; estamos hablando en voz de quien puede ser calificado como de alto respeto en materia del análisis económico.
Muchas afirmaciones han sido señaladas en esta tribuna en relación a las desviaciones que nuestro desarrollo económico ha sufrido. Sin embargo, como en esta ocasión nos ocupa fundamentalmente el análisis de la Cuenta, no estaría por demás señalar cuáles son las concepciones que fundamentalmente animan al Gobierno Federal en esta materia.
En su Tercer Informe de Gobierno el señor Presidente de la República señalaba que, ante los desafíos a que se enfrenta México, cuya economía está ya en franco proceso de expansión, y vamos a señalar las cifras del por qué, el gasto público es sin duda el instrumento más activo para orientar su desenvolvimiento; de su tamaño, composición, financiamiento para sufragarlo y sobre todo del destino que se le dé, depende nuestro acceso a un desarrollo sano.
Esto reviste un especial interés y adquiere su mayor importancia gracias a la afirmación que el orador anterior hacía en esta tribuna, cuando señalaba si ya la Cámara de Diputados cumple con elevado honor revisar la Cuenta Pública, asegurarse de que no han existido desviaciones cuantitativas fundamentales. Debemos preocuparnos por los aspectos cualitativos: ¿qué programa, qué metas, qué objetivos se trazó en 1977 el Gobierno de la República para impulsar el desarrollo económico y social de nuestro país, y cómo se han cumplido estas? Ahora, en un debate tan importante y trascendente porque nos ha permitido señalar con toda claridad cuál ha sido el honesto esfuerzo de nuestro Gobierno y la forma cómo han participado, destacada y respetablemente importantes sectores de nuestra economía como han sido los trabajadores en este esfuerzo de desarrollo. Y si es tan importante el gasto público y esta orientación que ha dado el Estado que las cifras claramente lo señalan, nuestro conducto así fue creciendo.
Tenemos renglones del producto varias veces citados aquí, pero de todos ellos solamente podemos considerar dos que descendieron en sus cifras y el resto de la economía logró importantes avances.
Hace un momento pensaba yo que, si no nos ocurría como muchas veces les ocurre a aquellos que llegan frente al vendedor de billetes de lotería, frente a la lista y están buscando comprar un billete cuyo número no tiene la vendedora.
Buscamos las cifras que no están: buscamos las cifras que no se señalan, y aquí con toda claridad en el Informe del Banco de México, en el propio dictamen de la cuenta que la Comisión propuso, se dice: la ganadería creció 2.5%, la silvicultura 8.3%; la pesca 7.1%; la minería 1.8%; la petroquímica 18%; las manufacturas 8.8%; la construcción 13.3%; la electricidad 9.0%; los transportes y las comunicaciones 10.2%; el comercio 6.5%, otros servicios 3.0%. Esto es, existe una clara demostración de que se han logrado avances importantes en nuestra economía y cuando un punto más en un sector económico se da, cuando se genera un empleo más, estamos asegurando la protección de una familia, estamos asegurando no sólo el ingreso, estamos asegurando los bienes que habrán de satisfacer necesidades, estamos asegurando cotizaciones en el Seguro Social, cotizaciones en el INFONAVIT, estamos asegurando viviendas, servicios médicos y tantos otros de los servicios que miden necesariamente el nivel de bienestar de nuestra población. Y si no es a través de estos puntos de incremento en los sectores, si no se traducen en empleos y si no esos empleos son los que garantizan el bienestar, pues es difícil pensar en otros órdenes de tipo cualitativo que no tengamos necesariamente que valorar.
Queremos aceptarlo o no, en estas cifras estamos consignando un avance importante de nuestro país y en ese avance no solamente está logrando el desarrollo económico, no solamente habrán de garantizarse condiciones de bienestar, condiciones de ingreso, condiciones de mejoramiento, sino también garantizando una condición de estructura que habrá de permitir a más largo plazo, con más largo alcance, condiciones de mayor independencia y más duraderas para el futuro de nuestra sociedad.
Por ello, compañeros diputados, sentimos que muchas de las afirmaciones que aquí se han hecho relevantemente pueden ser en su orden altamente respetadas. ¿Por qué no va a respetar la opinión de un diputado de cualquiera de los partidos minoritarios, preocupado porque los avances de nuestra economía no sean mayores?
Y no es el tono triunfalista, claro que tendríamos que aplaudir en lugar de un 7 un 9, en lugar de un 9% de crecimiento del empleo el 15%, pero ha quedado claro que esto necesariamente tendrá que ser de acuerdo a los esfuerzos del propio desarrollo, a la participación de los sectores económicos y al cuadro de medidas económicas que sin duda alguna y bien se ha dicho, importante es que esta misma Cámara tome participación en ellas, en el diseño, en la formulación de la política económica.
El sector obrero del PRI lo ha pedido en su reunión de reforma económica; ha pedido que exista la participación de la Cámara en la orientación de la política de desarrollo, pero no como ahora sino en el principio del proceso, cuando tengamos que definir hacia dónde nuestro Gobierno quiere orientar la actividad económica y coincidimos, indudablemente, con el compañero que me antecedió en esta tribuna, pero ahora, en este momento, analizamos los resultados de una política económica que sin duda alguna es relevante, sin duda alguna está registrando un importante esfuerzo nacional.
Quisiera finalmente, compañeros, volver a citar, porque lo creo necesario, el pensamiento.
del Presidente de la República. El dijo, en su última comparecencia ante esta H. Asamblea:
"Enfrentar problemas no es hacer alardes, es plantearlos y definirlos, es identificar deficiencias y sumar esfuerzos, es persuadir y proponer tiempo y tareas, es ratificar la convicción de nuestra capacidad, es conocer el sistema y el ritmo que nos conviene. Sabemos cómo y tenemos con qué. No se construye con quejas y complacencias, sino con valor; no con anarquía sino con leyes, detectando fallas y señalando errores, sin llevar al país a la historia o al derrotismo, en pos de justicia y no de su apariencia."
Creo compañeros, que las diversas intervenciones de los diputados que me han antecedido en el uso de la palabra se acercan muy estrechamente a esta preocupación de nuestro Ejecutivo Federal y ese punto IV del Transitorio que señala las recomendaciones para el futuro de la política económica, ya es una primera, concreta, participación de la Cámara de Diputados en el futuro desarrollo de nuestro país.
Muchas gracias. (Aplausos.)
Se suspende la sesión.
El C. Presidente: Esta Presidencia ha recibido solicitud de varios compañeros diputados para intervenir en la discusión de la Cuenta Pública de la Hacienda Federal, sólo que para ello necesitan recabar mayor información. En virtud de la importancia que esto reviste, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica, si esta discusión se continúa en la próxima sesión.
El C. Carlos Stephano: Pido la palabra para hechos.
El C. Presidente: ¿Con qué objeto?
El C. Carlos Stephano: Para un comentario sobre esto.
El C. Presidente: Señor diputado, estamos en proceso de votación, le rogamos que sea inmediatamente después.
Continúe, señor Secretario.
El C. secretario José Murat: Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a la Asamblea en votación económica si se continúa con el debate de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal en la próxima sesión.
Los que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo.
Aprobado, señor Presidente.
HECHOS
El C. Presidente: Se concede el uso de la palabra al C. diputado Carlos Stephano.
El C. Carlos Stephano: Señor Presidente; Señores diputados:
Desde luego vengo yo a esta tribuna, probablemente también con una ligera deformación profesional, no porque sea un perito en cuestiones contables económicas, sino porque quizá también el haber sido contribuyente durante más de treinta años me haya hecho un profesional de pagar contribuciones. Hemos escuchado exposiciones brillantísimas, defensas y ataques bien fundados en todos los sentidos, pero a mí me preocupa en una forma muy especial, una cosa que hasta ahora me ha parecido que se ha soslayado y que ojalá en las reuniones siguientes, se trate con la profundidad necesaria.
Hay aquí una fraccioncita del artículo 74, párrafo 5, en donde dice:
"Si del examen que realice la Contaduría Mayor de Hacienda aparecieran discrepancias entre las cantidades gastadas y las partidas respectivas del presupuesto o no existiere exactitud o justificación en los gastos hechos, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la ley."
Esa palabrita, "o justificación", es la que me preocupa, porque nadie ha tocado ese punto, son muchos millones de pesos, son muchos porcentajes de aumento, se ha incrementado el ingreso bruto de la República Mexicana. Hemos oído muy bonitas cifras, pero a mí me preocupa en una forma muy especial, ¿efectivamente se han gastado esos millones de pesos en lo que nos están diciendo? Yo tengo la amarga experiencia, allá en mi pueblo, en Fresnillo del Estado de Zacatecas, de una carretera que en los informes presidenciales la inauguraron tres o cuatro veces, que costó una cantidad exhorbitante de millones de pesos y que apenas el año pasado pudimos disfrutar porque durante más de 25 años cada sexenio se estaba inaugurando esa famosa carretera con el gasto correspondiente anotado en los egresos.
El año pasado, el antepasado, en que nuestros impuestos están trabajando, y apareció en la televisión que estaban componiendo los jardines de Fresnillo, el Jardín Hidalgo y el Jardín del Obelisco y nos dicen que se gastaron tres millones de pesos en cada jardín y así sucesivamente podemos seguir haciendo o diciendo cosas que han resultado con un costo exhorbitante que no eran esencialmente necesarias y que lo más probable es que las cantidades que se gastaron no hayan sido destinadas en su totalidad para aquello que se había dicho.
Sucede que tenemos ahorita muy gravemente agudizado el problema del agua potable, se hizo un proyecto ahí de 100 millones de pesos y resulta con que no fueron suficientes los 100 millones de pesos que se habían presupuestado y que se necesitan otros 30 millones de pesos y lo que pasa es que todas esas cosas, a medida que van pasando de mano en mano, los contratistas que a veces son compadres, amigos o parientes de los señores gobernadores, se llevan la mejor tajada y al pueblo le juegan el dedo en la boca.
Entonces yo pido muy encarecidamente a esta Cámara de Diputados que tengamos muy presente eso, que sean efectivamente aplicadas a las necesidades que se dice que se van a resolver, las cantidades que se aprueban en el presupuesto. De otra manera, seguiremos en lo mismo, qué es lo que recibe el pueblo de México a
cambio de los impuestos que paga, me refiero yo en la clase baja, en la clase media, esa clase media que tanto han llevado y traído y que no recibimos por regla general más que muy poquito a cambio de los impuestos que hemos estado pagando durante toda la vida.
Les encarezco que tomemos eso en cuenta y muchas gracias por su atención y por haberlos entretenido esto más.
- El C. Presidente (a las 16:05 horas): En consecuencia, se levanta la sesión se cita para continuarla el próximo lunes 26 de noviembre a las diez horas.
CUENTA DE LA HACIENDA
PUBLICA FEDERAL
El C. Presidente: Se reanuda la sesión. Se continúa la discusión en lo general de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, del ejercicio fiscal de 1978.
El C. secretario José Murat: Señor Presidente, se quedaron pendientes de hacer uso de la palabra en la sesión por el dictamen de la Cuenta Pública, Sector Central, los siguientes ciudadanos diputados: Arturo Salcido, en contra; Gumercindo Magaña, en pro; Martha Cecilia Piñon, en contra; Cuauhtémoc Anda en pro, y el diputado Ignacio Pichardo Pagaza por la Comisión.
El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado Manuel Arturo Salcido Beltrán.
El C. Manuel Arturo Salcido Beltrán: Señor Presidente; Señores diputados:
Al hacer una comparación muy simple entre la magnitud de las cuentas que estamos estudiando hoy y alguna otras a las que nos hemos enfrentado en este mismo recinto, resulta conveniente señalar que cuando hablábamos del aumento de la pensión a los jubilados, el monto de $ 1 600.00 mensuales para ésta, dado que representaba un aumento del 60%, nos resultaba un aumento muy importante y considerable. El día de hoy, un aumento del 1.8% en la Cuenta Pública, pues pudiera parecer una insignificancia y sin embargo estamos hablando de una cuenta billonaria y no es el billón al estilo norteamericano, son millones de millones y es importante señalarlo exclusivamente por lo que puede representar para nuestro pueblo, variantes de ese tipo y por supuesto la ligereza que en un momento dado se tiene para llegar a estas conclusiones. El dictamen plantea en una primera introducción, cuestiones de política mundial y social, señala la vinculación de la economía mexicana a la de países desarrollados, pero lo hace de una manera más general y casi de aspectos culturales que para derivar conclusiones válidas en torno a nuestro país y adolece entre otras cuestiones, de las siguientes:
No señala las repercusiones que para México tiene esa situación internacional y la política gubernamental para sortear la crisis se encadena a Estados Unidos y olvida prácticamente lo que sucede en el mundo; los fenómenos de la crisis mundial no se traen a colación con los problemas que padece nuestro país en el aspecto económico y la política gubernamental, se olvida de ellas; se reconoce en el dictamen que la crisis de Estados Unidos es más grave que la existente en Europa y Japón, por ejemplo, pero no se analizan diversas posibilidades y, sobre todo, no se trata de desarrollarlas; por todos los medios seguimos encadenados a la economía norteamericana e incluso se reconoce la devaluación constante del dólar.
Los señores diputados traen muchos asuntos de qué platicar el día de hoy. Una devaluación del 27% con relación al franco suizo; una devaluación del 26% con respecto al yen; una devaluación del 23% con respecto al marco y aunque el peso mexicano sigue más flotante que nunca, no se nos señala que el peso mexicano se está devaluando frente a las monedas extranjeras y en estos mismos porcentajes y aún más porque si leemos en las distintas páginas financieras de los diversos periódicos los futuros del peso mexicano, veremos que éste continúa devaluándose incluso con respecto al dólar.
Al mencionar la política mexicana, se nos habla de un crecimiento mayor, con menos inflación y aunque se habla con muchas ilusiones de un crecimiento del 7% y se reconocen los niveles de inflación, sería conveniente señalar que el CEMLA habla de un crecimiento económico para México en el año anterior del 6% y no es por nada, pero en algunas cosas le creemos más al CEMLA, pero se reconoce que ese crecimiento es con inflación.
El día de hoy el licenciado Ortiz Mena vierte en los periódicos algunas declaraciones en las cuales señala que el crecimiento con inflación es ficticio y señala lo ficticio, vale la pena precisar aquí, que ese tan alardeado aumento del 7% se obtiene al comparar 1978 con un momento grave de crisis que atravesó la economía mexicana junto con la economía capitalista internacional y que ese aumento del 7%, si lo aceptamos, es aún bastante raquítico en comparación a los niveles, tanto de desarrollo económico que pudiera tener el país en estos momentos, con un mejor aprovechamiento de las actuales circunstancias y que en la forma en que se está manejando, insistimos, además de tener mucho de "blof" no se aplica como debiera; y si aceptamos ese crecimiento no podemos menos que preguntarnos, lo hemos dicho aquí, ¿quiénes crecieron?, ¡crecieron todos parejo!
Nosotros sabemos que este proceso de crecimiento en el cual en la sesión anterior el diputado Marino Mañon señalaba: ¡El salario ha bajado, pero no nos extraña!
Vaya, nada más eso faltaba que les extrañara, si han hecho hasta lo imposible por favorecer la ganancia de los explotadores a costa del nivel de vida de los trabajadores mexicanos y en tres años del Gobierno de López Portillo, los trabajadores mexicanos han visto disminuir su nivel de vida en el equivalente a siete años.
El nivel de vida de los trabajadores mexicanos, actual, con sus propios datos, es el de 1972, y esto no es que los trabajadores hayan aceptado, los llamaron un día al pacto social y los trabajadores dijeron: "...en aras de la patria estamos de acuerdo".
No, señores, ustedes lo saben, jamás se les convocó, jamás hubo tal consulta en esos términos. A los trabajadores se les ha impuesto una política económica que los hunden en la miseria, porque, desde Miguel Alemán, esta burguesía no encuentra otro modelo de desarrollo que el de crear una riqueza con métodos mediocres, bastante mediocres, para después repartirla y en esa mediocridad está el atraso del país y en esa mediocridad está el bajo nivel de los trabajadores y el sometimiento principalmente el político, que en estos momentos permite que las condiciones se mantengan de esa manera.
Para precisarlo con los propios datos, en la rama manufacturera la participación de los salarios respecto al valor de la producción descendió del 16.2% en 76 al 15.4% en 77 y al 14.5% en 78 tan como estaba en 1972. El aumento de los salarios mínimos y en todos los diversos salarios ha sido menor al de los precios. ¡Ah!, pero los trabajadores siguen aceptando el pacto.
Y decimos, ¿quiénes se beneficiaron?
Se ha fortalecido el capital financiero monopolista de distintas maneras, se ha restringido el consumo interno para favorecer la exportación, lo cual hace que los precios aumenten y existen curiosas disposiciones legales que permiten y propician estos mecanismos. Se ha restringido el gasto social proporcionalmente, se otorgan mayores subsidios "legales" que violan claramente el artículo 28 constitucional, aunque existe una ley reglamentaria de este artículo claramente anticonstitucional.
Esto obviamente ha traído a nivel nacional un mayor desequilibrio sectorial que afecta fundamentalmente a los pequeños productores y comerciante, pero ¿cómo se ha conseguido además ese muy mediano y muy parcial 7.5 de crecimiento? Se ha conseguido a través, por más que se le dé vueltas, de un mayor endeudamiento del Gobierno Federal.
Y hay cifras que se nos disfrazan y que el pueblo no entiende, un endeudamiento neto de tres mil millones de dólares al año. ¿Qué significa eso de neto? ¡Ah! pues que va a ser la diferencia entre lo nuevo que pidamos prestado y los pagos que hagamos, pero el tal endeudamiento es mucho mayor. Así llegamos a una deuda global de 575 391 millones de pesos, son cifras que ya resultan difíciles de concebir, ¿qué cosas podrían comprar los trabajadores con eso? Esta política de crecimiento se basa también en una política que al tiempo que permite esas mayores exportaciones, que propicia la mayor exportación tiene que aumentar las importaciones, aumentándolas considerablemente.
¿Ha pensado el Gobierno Mexicano a dónde conduce esta Política? Indudablemente que lo ha pensado, tan lo ha pensado que por eso la aplica, es la solución que encuentra a los problemas y conflictos sociales existentes en nuestro país, el fortalecimiento de la ganancia y el sostenimiento en la miseria de los trabajadores, una política económica exclusivamente favorecedora de los monopolios.
En cuanto al gasto público, se ha restringido, está creciendo en términos reales, sí, a precios corrientes y aún así está creciendo apenas por encima de la tasa de inflación. Las inversiones del Gobierno Federal disminuyeron de 62 000 a 42 000 millones de pesos, están disminuyendo pues también, las inversiones del Gobierno Federal.
En cuanto a la política de ingresos, aparte del endeudamiento, se basa fundamentalmente en los aumentos tributarios y ¿a quién?, desde luego que a los trabajadores. Apenas antier recibimos la noticia de que se exentarán de impuestos los inventarios, inventarios que posean los diversos empresarios, y eso es una cuantiosa suma de impuestos que dejan de recibirse y es una nueva acción favorecedora de la ganancia, ampliamente, pero se aumentaron el Impuesto sobre la Renta y en especial los Impuestos sobre Productos del Trabajo en 78, los Impuestos sobre Ingresos Mercantiles que hoy tratan de cambiarnos e indudablemente cambiarán convenciendo al pueblo mexicano de que 10 es menos que 4.
Interesante política tributaria en la que indudablemente ante las mayores necesidades del Gobierno Federal por captar nuevos montos de ingresos, sin sacrificar la ganancia, pues tienen que sacrificar fundamentalmente al consumo y para eso se recurre al Impuesto al Valor Agregado que indudablemente traerá hondas repercusiones inflacionarias; y eso, obviamente, lo resolverá y aprobará la práctica y se acude por supuesto también a la exportación de petróleo y para exportar más petróleo se sacrifican las posibilidades de un importante número de hectáreas que no pueden ser cultivables, se sacrifica la producción de alimentos y se fortalece el círculo vicioso de exportar encareciendo en el mercado interno para poder importar.
En especial dentro de este aspecto señalábamos: al favorecer al capital financiero se tomaron medidas muy patrióticas como las siguientes:
Se favoreció la Banca Múltiple; se aumentó la tasa de interés, con un maravilloso argumento: en nuestro país existen 25 millones de ahorradores; y al aumentar la tasa de interés, ¡ah!, pues vamos a favorecer a los 25 millones de ahorradores. Nada más que según las propias palabras del Director del Banco de México, son sólo 50 mil personas, 50 mil ahorradores, los que poseen más de un millón de pesos en ahorros, en ahorro bancario. ¿A quién se está favoreciendo pues? A los pulpos financieros.
Por supuesto se internacionaliza la Banca, se conceden amplios privilegios en la Bolsa, de los que ya hemos hablado y se disminuye el
encaje legal; lo cual permite a los bancos prestar más veces el dinero que reciben, de los ahorradores nacionales; aunque sea de esos 50 mil.
En cuanto a la Cuenta Pública tal como la presentan, podemos decir así, con esa salvedad del 1.8%, que representa muchos millones de pesos, se ajusta a lo programado en el aspecto contable, estrictamente en el aspecto contable. Habría que felicitarlos, sí, porque es hasta donde yo recuerdo una de las pocas veces, en que se hace un esfuerzo por más o menos ajustar lo que se presupuesta con lo que se gasta.
Y claro, una de las fórmulas es inflar el presupuesto por adelantado como se hizo a fines de 1977, pero en fin, se cumplió lo programado; pero, el que se ajusten estos datos a lo presupuestado, ¿qué programas ha significado abandonar? ¿Se han cumplido todos los programas? ¿Se han cumplido en el orden en que se plantearon? ¿Se ha precisado de qué manera y cuál es su avance? ¿Se ha cumplido lo que se presupuestó con los objetivos?
Esto no lo sabemos. No lo sabemos y aunque en el decreto existe un buen punto, un buen acuerdo, aparentemente positivo, se hace la recomendación a los diversos organismos públicos, para que en lo futuro procure presentar, de una manera más completa, sus cuentas y señalen los avances programados. Pero a esto ya están obligados, y lo vamos a ver dentro de un momento.
Dentro de este proceso existe algo que se nos informa en la Cuenta Pública, extraño, muy extraño.
Todos sabemos que nuestro país tiene una gran deuda y a la par que nos hablan de un endeudamiento neto de tres mil millones de dólares, nos encontramos que se están haciendo pagos adelantados de la Deuda, pero son pagos adelantados sin menoscabo del endeudamiento neto, es decir estamos pagando un poco más para poder pedir más. ¿En dónde está el secreto de esto, qué pasa?
Esto está raro, definitivamente está raro.
Si estamos hablando en estos momentos de niveles de inflación mundial bastante grave, si sabemos la situación en que se encuentra la economía norteamericana, ¿qué significa pagar por adelantado dólares que dentro de poco valdrán menos, si además de pagarlos por adelantado, lo estamos haciendo para pedir nuevos préstamos? ¿Por qué no se consolida la deuda y se empiezan a hacer pagos adecuados en torno a lo que se debe y se deja de pedir prestadas nuevas cantidades? Porque todos sabemos que todos los préstamos inciden sobre la economía nacional, e insistimos en eso, eso definitivamente está raro y se presta a muy malas interpretaciones y no sólo a malas interpretaciones, se presta a malos manejos, e insistimos, de eso se debe hablar con claridad. ¿Por qué a la par que se conserva esa gran tasa de endeudamiento se paga por adelantado?
La importancia de la Deuda Pública en la Cuenta, ha crecido del 18% de 77 al 27% de 78, y esto en combinación con lo anterior, es innecesario, o al menos no está suficientemente explicado.
Y ahora nos dicen; con base en esto, que el Gobierno Mexicano ha aumentado su capacidad de ahorro. ¿qué significa aumentar la capacidad de ahorro del Gobierno?
Ya veíamos que por un lado ha aumentado considerablemente las ventajas y prerrogativas, como lo llaman los funcionarios, de la burguesía. Por otro lado ha congelado los salarios y trabajadores que se defienden de la injusticia salarial, atentan contra el país, por país entienden la burguesía. Comprometen al petróleo en esta política y materias primas y para ello inician un proceso de incorporación al GATT para los que optimismo es confiar en el Presidente.
Nosotros no podemos tener esos niveles de confianza, puesto que lo estamos señalando, aun cuando indudablemente no existe tal pacto de alianza para la producción, no con los trabajadores, sino imposición de esa alianza, esta política está hundiendo cada día más a los trabajadores en la miseria. Se habla de grandes ventajas en este aspecto en cuanto al ahorro interno y la capacidad de ahorro del Gobierno y también se les olvida un efecto comparativo, la devaluación.
¿Por qué existe capacidad de ahorro gubernamental, y en ese sentido entiéndase fundamentalmente los resultados de la política económica de nuestro país con el extranjero?
No es tanto que el gobierno de la República tenga un depósito determinado, sino que tiene mayores condiciones de concertar préstamos y convenios con el extranjero y desde luego a lo interno; fue la devaluación trajo para nuestro país, así, entendido en términos de territorialidad y establecimiento de barreras económicas, trajo grandes ventajas, porque si en 1975 los consumidores mexicanos trajeron de los Estados Unidos alrededor de 46 mil millones de pesos en mercancías diversas, que salía más barato comprar allá que producirlas en México, la devaluación, conservando los bajos salarios, les impide comprar al doble ese producto o le sale casi tan caro como el nacional. Entonces eso ha aumentado en alguna medida la capacidad de ahorro y por supuesto la utilización del petróleo.
Señores diputados:
Considerando que el documento de referencia dice:
"Con base en la información disponible se puede afirmar que durante 1978 hubo (escúchese bien), cumplimiento satisfactorio en los programas del Ejecutivo Federal", y después señala... "por lo que respecta a un análisis programático de metas medibles en unidades físicas, la cuenta pública no da elementos de juicio", y segundo, que el párrafo cuarto de la fracción cuarta del Artículo 74 Constitucional dice: "La revisión de la cuenta pública tendrá por objeto conocer los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados en el presupuesto y el cumplimiento de los objetivos y contenidos en los programas", cosa que el propio documento
señala que no fue posible realizar y que el capítulo 5 de la revisión de la Cuenta Pública del Gobierno Federal dice: "Artículo 4o. Para los efectos de esta Ley la Cuenta Pública del Gobierno Federal y la del Departamento del D. F., están constituidas por los estados contables y financieros y demás información que muestran el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de las leyes de ingresos y del ejercicio de los presupuestos de egresos de la Federación y del DDF, la incidencia de las mismas operaciones y de otras cuentas en el activo y pasivo totales de la hacienda pública federal y del Departamento del D. F., y en su patrimonio neto, incluyendo el origen y aplicación de los recursos así como el resultado de las operaciones del Gobierno Federal y del Departamento del D. F. y los estados detallados de la cuenta pública federal". El Artículo 20 dice: "La revisión de la cuenta pública del Gobierno Federal y del DDF precisará el ingreso y el gasto público, determinará el resultado de la gestión financiera, verificará si el ingreso deriva de la aplicación de las leyes de ingresos y de las leyes fiscales especiales y reglamentos que rigen en la materia, comprobará si el gasto público se ajustó a los presupuestos de ingresos de la Federación y del DDF y si se han cumplido los programas y subprogramas aprobados", y en la fracción tercera del Artículo 21 señala: "Revisar si las entidades alcanzaron con eficacia los objetivos y metas fijados en los programas y subprogramas."
Por si no fuera suficiente, el primer artículo transitorio dice: "Esta ley entrará en vigor a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. La revisión de la cuenta pública del ejercicio de 1978 se ajustará a las disposiciones de este ordenamiento."
En consecuencia, solicitamos que se rechace el dictamen y que se elabore uno que cumpla con tales objetivos. Aprobarlo en las actuales circunstancias constituiría una nueva violación constitucional que -habrá que aclararlo- no dudamos que se cometa.
Señalamos que la política económica del gobierno, a diferencia de como se encuentra ahora, por haberlo abandonado, debe orientarse al aumento del gasto productivo y social, principalmente educación, salud, alimentación e industrias de bienes de capital; deben suprimirse los subsidios, al menos a los monopolios; la política salarial debe ser acorde al costo de la vida y a los derechos de los trabajadores, decretándose de inmediato un aumento general de salarios de emergencia; debe controlarse la amortización de la deuda y ese extraño pago por adelantado; debe ponerse un alto al endeudamiento si pueden pagar por adelantado, y se debe reformar la Ley Fiscal para beneficio, fundamentalmente, de los trabajadores y consumidores de escasos recursos de maneras reales, y no como pretexto para favorecer aún más a los monopolios. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado Gumercindo Magaña, del Partido Demócrata Mexicano.
El C. Gumercindo Magaña: Compañeras y compañeros diputados:
Se han hecho diversas exposiciones sobre el Dictamen relacionado con el análisis de la Cuenta Pública.
Ha habido desde luego críticas al Dictamen, pero muchas de ellas son surgidas de una posición apriorística por el hecho simple de estar en contra de un dictamen, no son derivadas del análisis consciente, detenido, específico, del documento, sino que ya existe una predisposición de estar en contra y, lógico, es fácil encontrar cualquier argumento que pudiera servir para fundamentar la oposición.
Se ha hablado, por ejemplo, y se han traído argumentos como los que hemos oído, de que el Dictamen es oscuro y que no se entiende porque se habla de "adefas", de "cedis", para referirse a adeudos fiscales, de ejercicios fiscales anteriores, de certificados de devolución de impuestos, etc.; se ha hablado también de la duda, de la cifra que contiene el documento, pero necesitamos precisar que debe existir un punto de referencia que nos lleve a establecer, a determinar un juicio, respecto de lo que se está analizando, otros oradores han establecido y han previsto para el futuro mayores desgracias económicas para el país, mayores desgracias económicas para las clases débiles, para los marginados.
Nosotros no somos profetas del desastre, queremos y somos optimistas y creemos que puede mejorar la situación económica de todos lo mexicanos inclusive de los marginados, porque el Partido Demócrata Mexicano quiere que se realice un programa nacional que beneficie principalmente a esta clase de personas. Al analizar un documento como éste, no puede haber una posición absoluta de apoyar o de rechazar en una forma global, en todo documento y sobre todo en uno como éste, existen puntos positivos que son orientadores de una política económica y fiscal. Existen también puntos y aspectos negativos que es necesario corregir.
Apoyar el dictamen no impide hacer observaciones que puedan derivar hacia recomendaciones que el Ejecutivo debe tener en cuenta para ejercicios posteriores. No es posible decir "estoy en contra absolutamente del dictamen", porque hay cosas, elementos positivos, pero tampoco se puede decir, "estoy en forma absoluta a favor del mismo", porque hay aspectos que a nosotros nos parecen que deben modificarse. Y esta postura se deriva del análisis del documento y no de una posición apriorística, no de una posición tomada previamente, antes incluso de conocerlo.
Tomando en cuenta las condiciones sociales del país, es indiscutible que los principios, que nuestro tiempo debe seguir al gasto público, deben referirse y orientarse a alcanzar con los gastos públicos el nivel más alto posible de ocupación y de ingreso y una mejor distribución de la riqueza y el ingreso. El principio del máximo beneficio creemos que se está cumpliendo, porque ha habido un mayor crecimiento que el manifestado en la Exposición de Motivos del Presupuesto de
Egresos que se fijó, como meta cuantitativa para el quinquenio 78-82, un crecimiento del producto interno bruto entre el 6% y el 7% anual, ha habido también un incremento en la tasa del producto interno bruto del 7% que duplicó el promedio de los tres años anteriores que era del 3.2% volviendo a la tasa histórica del 75 al 74. Por otra parte un aspecto positivo es la inversión pública, que creció 44.1% sobre la de 77 y aquí es necesario precisar que la inversión privada solamente aumentó el 35%.
Es indiscutible que existe de parte del sector privado una recesión y una rémora que no pretende sacar al país del subdesarrollo y para resolver los problemas económicos del país. En este sentido el sector público debe incrementar la inversión con objeto de resolver graves problemas del país. No obstante que la iniciativa privada ataque al sector público precisamente por ello.
Ya Lord Keynes elogió a los antiguos egipcios por la construcción de las pirámides, porque una vez que éstas estuvieron terminadas proporcionaron servicios que la iniciativa privada de la construcción no tenía interés alguno en proporcionar. El Estado por tanto debe incrementar la inversión para que se beneficien todos los demás.
Se cumplió además con el principio consagrado en la Constitución, en la Fracción IV del Artículo 74 de la especialidad del Gasto Público al reducirse las variaciones entre la asignación aprobada en el Presupuesto y la ejercida. Ciertamente hubo esas variaciones, pero es un principio que se puede adecuar y condenable el actual Dictamen y los resultados de la Cuenta Pública porque las variaciones fueron inferiores a ejercicios anteriores.
El déficit financiero presupuestal por otra parte, de 58 002 millones de pesos, fue inferior en 37.9% al correspondiente al año anterior y 26.5%, con respecto al presupuesto. Sin duda influyó en ello el aumento del ahorro corriente del 24.8% superior al presupuesto, ya que el déficit de capital fue menor en 5.9% al presupuesto original. También influyó en esta circunstancia el mejoramiento de los ingresos, que fue de 309 180 millones de pesos, incremento que tuvo del 33.4% con respecto a 1977 y excedió en 5.6% a la estimación realizada previamente.
Por otra parte, también queremos señalar, como un principio positivo, el que los ingresos ordinarios por 302 168 millones que fueron los tributarios fueron mayores también que los estimados para el año que se analiza.
La amortización de la deuda incluidos los adefas, fueron por 74 852 millones, superior también en 153.3%, a 1977.
Restando la amortización de la deuda a la colocación de la misma por 144 713 millones, resulta que el endeudamiento neto fue de 69 861, inferior en 28.7% a 1977 y en 11.5% respecto a lo presupuestado.
Este análisis merece la aprobación de la Cámara en virtud de que si bien no estamos en iauia existe la disposición, se releva la idea del Gobierno actual de mejorar las condiciones económicas del país, de hacer que los gastos públicos realmente beneficien a la mayor parte de la población.
El Partido Demócrata apoya el dictamen que emitió la Comisión de Programación y Presupuesto y Cuenta Pública, tomando en consideración que en sus líneas generales se siguen los principios que nuestra Constitución establece y porque en sus marcos globales se cumplen los presupuestos de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, en función de la cual, éste es el primer análisis que se hace de la Cuenta Pública, ya que, por otra parte, se cumplen las reglas que presiden la estructura del presupuesto, como son la universalidad, la unidad y la especialidad previstas por nuestra Constitución.
No obstante debemos considerar que, en concepto del Partido Demócrata, diversos renglones de la Cuenta Pública requieren de serias observaciones, pues no estamos plenamente de acuerdo con la forma en que se desarrollaron y, por ello, nos permitimos presentar nuestros puntos de vista que en su oportunidad deberán tomarse en cuenta para la elaboración, por esta Cámara, de las recomendaciones generales que sobre política económica podrá formular al Ejecutivo Federal.
Decía que no podemos simplemente decir: "estamos de acuerdo en forma absoluta con el documento", pero tampoco podemos decir: "rechazamos íntegramente el documento", y queremos pues precisar algunas cuestiones que nos parece que es necesario señalar para que se recomienden nuevas políticas que beneficien y que incrementen el desarrollo económico nacional.
Consideramos que existen dentro de la Cuenta Pública, algunos aspectos que no han tenido el apoyo que el país necesita y que, por otra parte, otros sectores han recibido auxilios y apoyos financieros que no merecen, debido a la mala administración con que se han venido manejando. Previamente al señalamiento de los aspectos que merecen estudio para la elaboración de recomendaciones, nos parece necesario precisar algunas cuestiones generales que inciden en la economía del país.
Es incuestionable que la economía mexicana, con todo y lo que en contrario pueda decirse o pensarse, gira en torno a la economía del dólar norteamericano. Se menciona en el Dictamen que durante 1978 el dólar se devaluó 27% en relación al franco suizo; 26% con respecto al yen japonés; 23% en relación al marco alemán, como ya lo mencionó el orador que me antecedió en el uso de la palabra. Estas devaluaciones afectaron también a México, que en otras proporciones vio devaluada su moneda frente a los patrones mencionados, lo que influyó en el deterioro de la economía mexicana y dentro de ella, perjudicando especialmente a las clases económicas con menores recursos.
La inflación, por otra parte, ha tenido efectos desastrosas para las clases populares, asalariadas y desocupadas, porque mientras los
salarios se mantuvieron estables durante el año, la inflación alcanzó un aumento del 9.1% que determina, por lo menos, la base en que se deterioró el poder de compra de la clase trabajadora.
No puede desprenderse como un elemento extraño, la política económica de la política salarial porque entraña un debilitamiento de quienes son elemento indispensable de la producción nacional y por tanto la influencia de los fenómenos económicos externos y los índices mismos de la inflación interna tienen que ser compensados para que no afecten, ni pesen sólo sobre los sectores económicamente débiles. En este contexto, no podemos menos que pedir que, para evitarlo, se instrumente un sistema que permita al trabajador recuperar, en el mismo momento en que se produce, su poder de compra y, para ello, no hay otro medio que establecer la escala móvil de salarios.
Es indiscutible que en el ambiente económico nacional los sectores público y privado establecen las posibilidades de desarrollo nacional, pero en este aspecto y conforme al dictamen, la inversión creció 44.1%, y la privada 35%, lo que significa la falta de audacia y decisión de este último sector, que no respondió a las políticas de la alianza para la producción, ni al parecer le interesa contribuir a resolver los problemas nacionales, sino ante todo seguir amasando fortunas no importando los medios.
Un aspecto de importancia lo representa el desenvolvimiento sectorial de la economía observándose que el industrial creció 10%, el de servicios 5.7% y el agrícola 4%. Sin entrar en consideraciones específicas, estos índices reflejan que uno de los renglones más importantes para la solución de los problemas nacionales y ante todo el problema de la alimentación, no tuvo el crecimiento que requiere el país, como es el sector agrícola, que mantuvo la más baja tasa de crecimiento; esto se agrava por el hecho de que dentro del sector industrial el manufacturero fue el de los más activos con el 9% y dentro de este renglón se destacó el automotriz con 32.9% de consumo duradero 18%, de estos datos se desprende que los sectores marginados no han tenido el apoyo necesario y que estamos desarrollando una política que favorece a las clases altas y medias, olvidándonos de una multitud que carece de lo indispensable para conservar la vida, mientras producimos automóviles, estufas, refrigeradores, etc., en altas cantidades, el sector agrícola no ha logrado superar la crisis.
La minoría, por otra parte, tuvo un incremento de 2.1%, aunque aumentaron los ingresos del gobierno por impuestos y derechos a concesiones en 61.7%, pero los medianos y pequeños mineros se quejan de una disminución de sus ingresos y de que se les está tratando de una manera diversa respecto de las grandes industrias mineras debido a que hay un trato diferente en el aspecto fiscal.
Queremos mencionar también lo relacionado con los subsidios que se prestan a empresas paraestatales, a las entidades de servicio público prioritario que operan con limitaciones tarifarías y que se les dio un subsidio por 5 791 millones de pesos; aportaciones patrimoniales a Ferrocarriles Nacionales de México por 3 044 millones; estos son subsidios que no se recuperan y que prácticamente vienen a incidir sobre la economía nacional.
El petróleo ha servido en gran parte para subsidiar a las empresas que no tienen utilidades, creemos que debe seguirse una política diferente de manera que el petróleo no sirva exclusivamente para ello, sino para que venga a reorientar la política económica nacional.
Estos son algunos de los aspectos negativos y que consideramos deben ser analizados para que se conviertan en referencias y en recomendaciones para que el Ejecutivo los tome en consideración en próximos presupuestos.
Apoyamos, pues, el dictamen en sus líneas generales porque consideramos que se han cumplido los presupuestos y los programas y se cumplió con el proyecto que inicialmente se había elaborado.
El Partido Demócrata no toma una postura absolutista de oposición o simplemente de apoyar todo lo que llegue a nuestras manos. Queremos que la crítica y los análisis que se hacen de los documentos y de las iniciativas, respondan a un análisis perfecto, a un análisis concienzudo y de ahí obtener el criterio que cada partido debe dar en esta tribuna. Apoyamos, pues, el dictamen.
Nuestro voto será afirmativo pero con las salvedades y con las recomendaciones que hemos expuesto en esta tribuna. (Aplausos.)
El C. Presidente: Tiene la palabra, para hablar en contra, la diputada del PAN Cecilia Martha Piñón Reyna.
- La C. Cecilia Martha Piñón Reyna: Señor Presidente;
H. Asamblea:
Se ha hablado mucho ya en esta tribuna de la importancia del tema que nos ocupa, por lo tanto no repetiré qué tan importante es. Sin embargo, es necesario aclarar algunos datos sin que, por esto, queramos incurrir, como lo aclaró perfectamente uno de nuestros compañeros en legislatura anterior, convertir la discusión de la Cuenta Pública por parte nuestra en una auditoría mezquina que paralice y dificulte la tarea del Ejecutivo y tampoco en un debate de elogios desmedidos, porque creemos que debemos ser capaces de encontrar el equilibrio en la verdad.
Los números pueden se aburridos y poco comprensibles, pueden ser desagradables, pero los números, como los espejos, sólo reflejan la realidad. Se ha dicho aquí, es verdad, que existe gente capaz y hábil para manejar los números, las cuentas, que se han tratado, y también algunos otros que no entienden ni quieren entender lo que significa el reflejo de estos números; habemos otros que tratamos de analizar, de comprender, de obtener datos más claros, porque no olvidamos que venimos aquí a representar a un pueblo que quiere saber qué pasa con sus impuestos. Cómo es que sus impuestos están trabajando. Y no sería una respuesta clara
el decir, llegar ante ellos y expresar: "...no entendí ni quise entender, pero sí aprobé la Cuenta Pública".
Por eso no podemos aprobarla.
Se ha hablado que ha habido avances, recuperación, empezamos a salir de la crisis, aumento del producto interno bruto, sí, ¿pero a qué costo social? No podemos cerrar ante esto los ojos. Hay muchas cosas que pueden señalarse, sin embargo, brevemente sólo tomaré estos tres renglones:
En La Cuenta Pública se nos señala que, para apoyo a las empresas paraestatales, se entregaron, a las que son sujetas al control presupuestal, 52,887 millones y a las que no son sujetas a control presupuestal, 92,636 millones, lo que hace un total de apoyos de 145,523 millones. La burocracia, los pagos personales en el área del Gobierno, 80,983 millones; en las empresas paraestatales, 81,492, que hacen un total total de 162,475 millones. La Deuda Pública, en amortizaciones, 185,176 millones, e intereses de la Deuda, 77,079, lo que nos da un total de 252,225 millones.
Estos tres renglones, compañeros diputados, nos dan un total de 560,253 millones, que representan un poco más del 60% del gasto total del sector público. Esto, aunado que habiendo pedido 317,000 millones prestados para el desarrollo del país, de eso tal vez utilicemos 252,000 para pagar la misma deuda, quedándonos únicamente 65,000 para el desarrollo de nuestro país. Estos datos sentimos que se convierten en un terrible lastre que no permiten que el gobierno programe adecuadamente para un auténtico desarrollo.
Y en Acción Nacional no solamente tenemos fe, creemos en que la economía mexicana puede mejorarse. Creemos, sentimos y exigimos que debe mejorarse y por eso, para poder mejorar tenemos que situarnos primero en la realidad, después empezar a subsanar los malos datos, los malos actos dentro de esta economía mexicana.
Con estos datos también podemos ya llegar y decir al pueblo que por cada 100 pesos de su impuesto, un poco más de 60 se dedican exclusivamente a pagar lo que debemos a la burocracia y apoyo a las paraestatales y solamente un poco menos de 40 pesos son dedicados al desarrollo del país.
Ante esta situación, compañeros diputados, no elogiamos, sino que exigimos que las cosas mejoren, que las cosas sean cada vez mejor en beneficio de un pueblo que exige su superación y que nosotros tenemos que cuidar que esa superación sea una realidad. Tenemos que programar que esa burocracia que tanto nos cuesta sea dedicada a áreas más productivas, que esas paraestatales trabajen de manera que no se conviertan en tan terrible carga al presupuesto gubernamental y como ya se ha dicho no pidamos tanto prestado y menos aún para lo que ya debemos.
Muchas gracias.
El C. Presidente: Tiene la palabra en pro el diputado Cuauhtémoc Anda.
El C. Cuauhtémoc Anda: Señor Presidente:
Compañeros Diputados:
La compañera que me antecedió en el uso de la palabra francamente me hace coincidir en muchos aspectos que ella menciona; nos dice por ejemplo que la revisión de la Cuenta Pública no es una auditoría mezquina, tiene toda la razón, tiene toda la razón; nos dice que quiere que las cosas se hagan mejores y que el gasto vaya a parar a áreas productivas, estamos totalmente de acuerdo.
La verdad es que estos puntos centrales torales de la intervención anterior fueron registrados como en contra, pero creo que representan el punto de vista generalizado en todos los compañeros en la Cámara, yo creo que todos nos damos cuenta que no es una auditoría mezquina, sino un trabajo profesional sobre los intereses de nuestro pueblo y creo que todos queremos que las cosas estén mejor, todos, no creo que sólo un partido, de todos los partidos, pero, porque en algún momento puede haber una confusión. ¿Qué es lo que nos pide la Constitución que hagamos?
El Artículo 74 en su Fracción IV dice:
"La revisión de la Cuenta Pública tendrá por objeto conocer los resultados de la gestión financiera", conocer los resultados de la cuestión financiera, si ustedes me tienen dos minutos de paciencia, quizás les pueda comentar que hubo un gasto total de 442,000 millones que están consignados en el dictamen, que únicamente se desvió 1.8% sin precedente en la historia parlamentaria de nuestro país.
Hace poco tuve la oportunidad de hacer un estudio en el que se analizaron 75 años, de 1900 a 1975. Les aseguro a ustedes que no hubo desde 1900 hasta 1975 ningún ejercicio en que la diferencia haya sido sólo de 1.8%. Los ingresos ordinarios crecieron en un 33%; la renta creció 41%; la producción y el comercio 37%; los ingresos mercantiles 34%, hasta el impuesto a la exportación creció 33.4%.
Bueno, ¿creen ustedes que estas cifras están mal?
No se trata de usar un tono triunfalista, de ninguna manera, pero la verdad es que los datos que nos refleja nuestra Cuenta Pública, denotan un año de intensa actividad en nuestro país a diferencia de otros países, porque para información generalizada, mientras que la economía creció al 7% en México; aunque con toda razón algunos la critican, porque la distribución de este crecimiento no nos deja muy satisfechos; pero a nadie, ni al mismo Presidente de la República, quien ha dicho claramente que hemos aprendido a crecer, pero todavía no a distribuir.
En efecto, ni el Presidente ni ninguno de nosotros estamos conformes con la forma en que se distribuye el crecimiento del producto nacional bruto, pero de eso a pensar que un 7% es malo, la verdad esto sí que no tiene sentido. Y no tiene sentido porque los países ricos en el mismo año crecieron 3.5%, porque América Latina en su conjunto creció 1.4% ¿qué les parece malo el 7% de México?
Porque es bueno que nos quejemos cuando la verdad estemos muy mal; pero cuando estamos en un proceso de recuperación, lo menos que podemos hacer es, con toda racionalidad es analizar nuestras cifras.
¿Qué si conocemos, como nos dice la Constitución, los resultados de la gestión financiera? Están marcados en el documento que todos tenemos.
Se obtuvo un ingreso corriente de 302 mil millones de pesos, contra un gasto corriente de 235 mil; todos los tenemos ahí; hubo 67 mil millones de superávit corriente; se hicieron inversiones por 132 mil millones, que fueron financiadas en parte por el superávit de la Cuenta Corriente y en parte por empréstitos.
¿Por qué estamos recurriendo a empréstitos? simple y sencillamente porque necesitamos invertir; tendremos buen cuidado todos los que estamos aquí de, en un unos días más, revisar que lo que se vaya a pedir prestado para el año que entra sirva para invertir, porque en la medida en que haya inversión productiva, como dijo nuestra compañera del PAN, mientras haya inversión productiva estaremos de acuerdo. Es necesario que la inversión sea productiva; estamos de acuerdo. Y si pedimos prestado y nos prestan de otras partes, es porque nos creen. Crédito viene de creer; solamente le prestan a quien tiene crédito, es decir en quien creen. Muchos de nosotros somos ahora sujetos de crédito aunque sea de cantidades muy modestas, en los bancos nacionales, porque somos diputados, antes de esto, quizá no éramos sujetos de crédito, así es nuestro país, nuestro país es sujeto de crédito en el mercado internacional porque se cree en él; el problema no es cuánto se pide prestado, sino qué es lo que se hace con lo que se pide prestado y ahí debemos ser vigilantes todos.
Se nos decía aquí, también por ejemplo, que el Artículo 28 era anticonstitucional o inconstitucional. Esto seguramente obedece a la idea de que quien lo afirmó no coincide con la interpretación de la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia en ningún caso ha declarado inconstitucional dicha Ley, según revisión acuciosa que nuestros compañeros abogados hicieron sobre las atribuciones que tiene la propia Cámara, en la Suprema Corte de Justicia y en el Semanario Judicial de la Federación. Así pues, no se puede venir a esta tribuna a decir que tal artículo es inconstitucional sin ofrecer alguna prueba por la menos. Se nos dice también en la Constitución, y debemos ser conscientes de ello.
Creo que con los datos y con los números que tenemos no nos cabe la menor duda de que hay una gestión financiera conocida, se nos pide también ver que se hayan cumplido con los objetivos que tengan los programas.
Ahora bien, la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, en su Artículo cuarto que aquí alguno de mis compañeros invocó, me voy a permitir leerlo, dice "La implantación de los presupuestos elaborados con base en programas que señalen objetivos, metas y unidades responsables, cuyas cifras estén fundadas en costos a que se refiere el Artículo 13 de la Ley, se hará paulatinamente, de acuerdo con las posibilidades técnicas de las entidades".
Esto, compañeros diputados, significa lo siguiente: el Presupuesto se nos presenta de una manera programática; viene por programas y la Contabilidad todavía no se ha ajustado a este procedimiento, en consecuencia los resultados contables que recibimos nosotros no se ajustan estrictamente a una posibilidad real en función a lo que está presupuestado, pero el Artículo 4o. Transitorio nos dice que esto se irá haciendo paulatinamente, porque el propio legislador se da cuenta que no se iba a cambiar a Contabilidad Programática de la noche a la mañana y, además, con toda honestidad profesional, esto que estamos diciendo desde la tribuna, está consignado en el propio dictamen, en el propio dictamen estamos mencionando el alcance limitado que tenemos para hacer este trabajo en función a la propia Constitución.
Así pues, señores, me he permitido leer algunas de las cifras y leer a qué nos obliga la Constitución en tratándose de la revisión de la Cuenta Pública. En base a lo que la Constitución nos obliga; en base a las circunstancias que nos encontramos; en base a este Artículo 4o. Transitorio y en realidad, si tomamos en consideración las circunstancias mundiales en el año 78 y la recuperación obvia de nuestro país, sin que seamos de ninguna manera triunfalistas, creo que estamos, o tenemos a la vista en esta Cámara, por primera vez, uno de los mejores trabajos profesionales y de acuerdo que se hayan hecho en términos del presupuesto autorizado y el presupuesto ejercido por el Ejecutivo. Muchas gracias.
El C. Presidente: Habiendo quedado suficientemente discutido el dictamen de la Cuenta Pública, Sector Central, se abre el registro de oradores para analizar el propio dictamen sobre Organismos Descentralizados y Empresas Paraestatales.
El C. secretario José Murat: Señor Presidente, se han inscrito en contra, el diputado Amaya, el diputado Canales Clariond y el diputado Landerreche Obregón.
En pro, el diputado Tame Shear Amado, el diputado Riva Palacio, el diputado Ignacio Pichardo, por la Comisión; el diputado Merino Mañón, la diputada Adelaida Márquez, el diputado Carranza, el diputado Mauricio Valdez, el diputado Humberto Lira Mora, por la Comisión; el diputado Blanco Moheno y la diputada Beatriz Paredes, por la Comisión.
El C. Presidente: Se concede el uso de la palabra al C. diputado José Merino Mañón.
El C. José Merino Mañón: Señor Presidente;
Señores diputados:
Pedí la palabra por la Comisión en los términos del Reglamento Interior, con el propósito de aportar algunos datos que sirvan de marco de referencia a este debate.
En nuestro proceso de desarrollo, el sector público ha sido el principal impulsor de las transformaciones fundamentales en lo social y en lo económico; el crecimiento y la diversificación de la economía nacional, se explican en buena medida por las acciones que el Estado ha realizado para el reparto de la tierra y el incremento de la productividad agrícola; la protección, desarrollo y explotación de nuestros recursos naturales; la construcción de obras de infraestructura; la estructuración de sistemas de transportes y comunicaciones; el abastecimiento de los artículos básicos para el consumo popular y de los insumos estratégicos para la industria; el otorgamiento de estímulos a la producción industrial y la canalización del ahorro interno y externo a actividades productivas, entre otras acciones.
En lo social nuestro desarrollo está íntimamente vinculado a las acciones públicas para elevar los niveles de educación y cultura, mejorar los de salud, propiciar el desarrollo social, la vida comunitaria y ordenar los procesos de desarrollo urbano. Para el cumplimiento de esa responsabilidad histórica, el Estado Mexicano que avanza en un proceso de modernización, ha desarrollado un sector paraestatal vigoroso que complementa la acción de los instrumentos tradicionales de política económica dentro de los principios de la economía mixta que nuestra Constitución por voluntad soberana del pueblo de México, consagra y respeta.
Sólo con la intervención directa e indirecta del Estado en la economía, concertando la voluntad de los sectores privado y social en un estadio de libertad y de justicia, es posible garantizar el predominio de los intereses mayoritarios sobre los individuales o de grupo; la explotación racional de los recursos naturales y su preservación en favor de las generaciones futuras, la facultad de decidir nuestro desarrollo de acuerdo exclusivamente a los intereses nacionales; la presencia del Estado en los esfuerzos de industrialización debe subsanar la ausencia de una dinámica tecnológica propia; la carencia de infraestructura e industria básica, la limitación en la generación de empleos para absorber la fuerza de trabajo y la atención a la demanda de redistribución del ingreso y del bienestar.
En esos propósitos, corresponde a las empresas públicas acudir a la producción directa de bienes y servicios para garantizar el suministro de insumos básicos, la disponibilidad de energéticos la creación de economías externas la capacidad de competencia en los mercados internacionales, el avance técnico, la producción de los consumidores frente a la organización monopolística de algunos mercados y la directa distribución de los beneficios del desarrollo.
Las empresas públicas asumen un carácter instrumental en la conducción de la economía; no son un fin en sí mismas, son un medio, propiedad del pueblo de México, al servicio de sus aspiraciones de bienestar y de justicia.
Con esos criterios, la Comisión de Programación Presupuesto y Cuenta Pública analizó el comportamiento del sector de organismos y empresas durante el ejercicio de 1978 de que informa la cuenta de la Hacienda Pública que hoy debatimos. Confiamos que esos criterios sean compartidos y aceptados por esta Asamblea pluripartidista.
Creemos conveniente, para informar el debate, reiterar algunos indicadores que contiene el dictamen sometido a su consideración y proporcionar algunos datos adicionales que configuran un marco de referencia a las deliberaciones que conforman esta importante función parlamentaria.
El 53% del gasto público, total de que informa la Cuenta Pública, se ejerció por los organismos descentralizados y las empresas de propiedad federal incorporadas al presupuesto. Esto pone en evidencia la importancia cualitativa y cuantitativa del sector en las finanzas públicas. Su impacto en la economía fue también particularmente significativo, constituyó, sin duda, un factor determinante en el crecimiento y desarrollo del país.
Las entidades paraestatales incorporadas presupuestalmente realizaron inversiones físicas durante 1978 por 99,000 millones de pesos; el resto de entidades del sector paraestatal ya incorporadas presupuestalmente por otros 66,000 millones más. Con ello la inversión física del sector paraestatal significó el 36% de la inversión total realizada en el país durante 1978.
Por cada peso invertido por los sectores privado y social de la economía, el sector paraestatal invirtió 69 centavos; el Gobierno Federal, de manera directa, otros 23. El gasto total, corriente y de inversión realizado por el sector paraestatal incorporado, ascendió a 385,000 millones; el de los no incorporados, a otros 108,000. Si a esos importes agregamos las transferencias que por conductos del sector paraestatal canaliza el Gobierno Federal, el total sector paraestatal gastó 565,000 millones de pesos, esta cantidad equivale al 27% del producto interno bruto.
Por su monto y naturaleza, esas inversiones generan un número considerable de empleos y tienen un efecto multiplicador. Una buena proporción del crecimiento del sector privado, particularmente la inversión destinada a la producción de bienes de capital, de equipos y de insumos que abastecen a las empresas públicas influyen también de manera indirecta en la creación de otros empleos.
Desde un punto de vista funcional, los organismos y empresas incorporados presupuestalmente atienden al suministro de energéticos, a funciones de salud y seguridad social, a prestación de servicios de transporte, al abastecimiento de artículos básicos y la regulación de sus precios, a la comercialización de productos agrícolas y la justa retribución a los agricultores productores, a la fabricación de bienes de capital, especialmente ferroviarios y automotrices, a la producción de aceros y fertilizantes. Todas ellas son actividades de alta prioridad nacional. Claro, destaca entre ellas por su peso específico, PEMEX, entidad pública con exclusividad absoluta en los términos de la
Constitución, para realizar las funciones de exploración y explotación de los recursos petrolíferos.
Conviene mencionar aquí que el conjunto del sector paraestatal, o sea, el incorporado presupuestalmente y el no incorporado, se orientan con similares criterios de funcionalidad sectorial prioritaria. Si bien, en algunas ocasiones, algunos de ellos fueron asimilados por razones de coyuntura, relacionadas con la conservación de fuentes de trabajo, por ejemplo, importantes para algunas zonas o regiones, o por razones de índole financiera para conservar recursos públicos, patrimoniales o por razones jurídicas específicas.
En el presente, la Administración Pública Federal, así lo informa la Cuenta Pública, está reorientando la permanencia de estas empresas con criterio de rentabilidad social y económica, mediante secciones, reagrupamiento y extensión de aquellas que han satisfecho sus fines.
Como parte de ese proceso de revisión, durante 1978 se liquidaron 65 empresas, se fusionaron 15, se incorporaron al sector público otras 12 y se crearon para mejorar estructuras de organización o satisfacer nuevas demandas 28 nuevas empresas.
La Comisión, señores diputados, organizó metodológicamente su trabajo de revisión en este sector, analizando esfecíficamente los resultados presupuestales, los resultados de operación incluyendo en ellos el alcance de metas y la posición financieras de las entidades. Utilizó como aquí se ha mencionado, la información contenida en la Cuenta y en sus anexos, especialmente los dictámenes de auditoría de todas y cada una de las entidades. Utilizó también el informe previo de la Contaduría Mayor de Hacienda, la información complementaria contenida en los reportes que produce el Sistema Nacional de Información, las memorias de labores de las entidades, los anexos del Informe Presidencial y otros datos solicitados y obtenidos de las dependencias federales involucradas. En esta Comisión en la que participaron miembros de los distintos partidos se trabajó intensamente en el análisis de la Cuenta Pública.
Del análisis practicado desde el punto de vista presupuestal, destaca el hecho de que la variación en el déficit financiero representa solamente un tercio de 1% de lo previsto; que el endeudamiento neto del sector rebasó en solo 8.0% al estimado y que los ahorros de inversión, compensaron las variaciones en el ahorro corriente, sin modificar ni alterar las previsiones financieras.
Estas variaciones presupuestales, también se ha dicho, fueron en todos los casos menores a las de los tres últimos años, lo que significa, por una parte, una mejor estimación presupuestal y, por la otra, un más eficiente control administrativo en el ejercicio del presupuesto.
Veinte de las veintisiete entidades incorporadas presupuestalmente lograron durante 1978 incrementar su ahorro corriente por encima de lo estimado, esto como consecuencia de aumento en sus volúmenes de venta o lo que es muy importante, de disminuciones en sus volúmenes de gasto de operación. Con ello pudieron disminuir el déficit financiero y compensar en el proceso de consolidación las variaciones desfavorables de aquella entidades (7 de las 27), que no pudieron alcanzar los volúmenes de ventas previstos, especialmente, en este caso, Petróleos Mexicanos y el INMECAFE que se enfrentaron a limitantes de origen externo y CONASUPO que se vio afectada por problemas de precios.
La revisión de Cuenta Pública por el Poder Legislativo contempla en este caso por primera vez el ejercicio de facultades de revisión sobre el cumplimiento de metas y programas. La propia Ley, en disposición transitoria, establece el avance paulatino en este campo en la medida en que la contabilidad gubernamental evolucione para alcanzar concordancia plena con el sistema presupuestal programático que tiene en vigor apenas tres años y que está aún en un proceso de evolución y perfeccionamiento.
La Comisión, no obstante esta limitación, procuró satisfacer esa responsabilidad con el análisis de información de diversas fuentes, pudo concluir después de su examen, que los principales programas, como el Dictamen lo indica, se cumplieron satisfactoriamente.
Esta evaluación de primordial importancia, pensamos nosotros, no debe involucrar el simple ejercicio técnico, frío, de manejo de cifras y de indicadores. La opinión fundamental en materia de cumplimiento de los programas, la expresa del pueblo de México que es el beneficiario de los mismos. Los juicios más importantes en esta materia los dan los trabajadores y las clases populares que pueden adquirir a precios más bajos artículos en las tiendas de CONASUPO; los juicios los dan los beneficiarios de nuestras instituciones de seguridad social que reciben de ellas prestaciones y beneficios; los dan los pueblos que se electrifican; los dan también las industrias que pueden desarrollarse con insumos, con fletes, con energéticos.
Nosotros los diputados debemos recabar esos juicios para, con base en ello, orientar nuestras evaluaciones. Los diputados del PRI que estamos en contacto con el pueblo, así los hacemos.
En relación a resultados de operación medidos en términos financieros, pudo observarse una sensible mejoría sobre 1977.
La utilidad bruta consolidada fue de 36.1% mayor que ese año; de una pérdida neta global de 62 millones de pesos sufrida el año anterior, se pasó a una utilidad neta de 5,916 millones en 1978. De esta utilidad PEMEX sólo aportó el 10%, si bien se recibieron subsidios y transferencias por un importe superior en 39% a los de 1977.
Se cubrieron por otra parte impuestos federales en una proporción también mayor a la del año anterior. Particularmente Petróleos Mexicanos contribuyó con 30 mil millones de pesos en impuestos federales, 53% más que en 1977.
Ellos por si solos, representan casi el doble de los subsidios y transferencias del conjunto y equivalen a algo más del 10% de los ingresos tributarios del Gobierno Federal.
Veinte de las entidades mejoraron en lo individual sus resultados; diez incrementaron sus ganancias; otras diez disminuyeron el volumen de sus pérdidas; seis de las siete empresas deficitarias no recibieron subsidios de apoyo durante 1968.
El conjunto del sector paraestatal, todo él, incorporado y no incorporado, logró sus resultados favorables pasando de una utilidad consolidada de 28 mil millones de pesos alcanzada en 1977, a una de 50 mil millones de pesos en 1978.
No obstante, debe mencionarse, algunas entidades soportan aún pérdidas de operación. Influyen en esa situación en forma significativa, decisiones de política económica que les asignan la función de trasladar subsidios a los consumidores de sus bienes y servicios, vía precios y tarifas en la adquisición y venta de los mismos. Convendría ciertamente, así lo pensamos, que esas circunstancias se hicieran explícitas en los reportes contables, aspecto éste que está contemplado en las recomendaciones formuladas en el dictamen.
Afecta igualmente a algunas de ellas, la insuficiencia de su capital frente a los requerimientos de su operación y de su desarrollo, los cuales se financian en una proporción considerable con recursos crediticios que implican una carga financiera pesada. Esta situación lleva implícita una decisión en materia de financiamiento que habremos de analizar sin duda, en ocasión del debate del presupuesto.
Con la revisión de la Cuenta a que este Dictamen se refiere, no se agota, como ya se expresó por el diputado Pichardo al inicio de los debates, el proceso de control legislativo. En realidad éste se inició con el proceso de aprobación del Presupuesto. Ahí, con carácter preventivo se señalan metas y programas de acción a que deben sujetarse los organismos y empresas. Su operación durante el año está regulada por un conjunto de disposiciones legales tendientes a promover la eficiencia, garantizar la integridad patrimonial y el buen manejo de los fondos públicos.
Destacan de entre ellas la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, la Ley de Deuda Pública y la Ley de Adquisiciones, ordenamientos objeto de Iniciativa del Gobierno Federal actual en este momento, el último de ellos materia de una iniciativa en el Senado de la República.
La Revisión de la Cuenta que informa del ejercicio presupuestal dentro de este proceso de control, atiende a verificar el cumplimiento de todas las disposiciones legales aplicables, el alcance de metas y programas y la justificación de los ingresos y gastos. Comprende, por una parte, la revisión global a que este examen se refiere y, por otra, el análisis detallado de los resultados que compete éste a la Contaduría Mayor de Hacienda y que habrá de desahogarse en los próximos meses, fincando en su caso las observaciones y responsabilidades a que haya lugar. No se justifica de manera alguna la ineficiencia ni la corrupción en el manejo de las empresas públicas.
Para el adecuado ejercicio de las funciones de revisión de la Contaduría Mayor de Hacienda, su reciente Ley Orgánica prevé facultades y procedimientos, y la administración de esta Cámara la ha dotado de los recursos técnicos necesarios.
En un proceso perfectible sería deseable contar con mejores elementos de información y juicio. En ese sentido se han formulado recomendaciones contenidas en los resolutivos del informe del Dictamen; en ese sentido también la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta, seguirá trabajando durante los próximos meses.
Se menciona en ocasiones que un buen número de organismos y empresas no están sujetos a control alguno por no encontrarse incorporadas presupuestalmente.
Conviene aclarar este concepto. Los organismos y empresas incorporados al control presupuestal, representan aproximadamente el 85% del gasto total del Sector Paraestatal. Son, desde ese punto de vista, la mayor parte de ellas.
No obstante que por su número sean solamente 27, en realidad lo que acontece es que son las 27 con un mayor peso específico. Sin embargo el resto, el resto de las entidades está también sujeto a las disposiciones legales que rigen la operación de las empresas públicas y, por otra parte, la transferencia de recursos federales a su favor, vía subsidios y transferencias, se analiza y se revisa en ocasión del debate presupuestal y del debate de la Cuenta Pública. Esta Cámara tiene conocimiento de esos movimientos.
Debe destacarse también que todos los organismos se someten a control administrativo que el Ejecutivo Federal ejerce de manera sectorial y global y que implican, en el marco de la reforma administrativa actual, procedimientos afinados de racionalización y evaluación.
Comprende acciones previas de carácter preventivo, acciones durante el ejercicio de la operación y posteriormente, y con un carácter externo, dictámenes de auditoría por profesionistas independientes.
Sería deseable, lo pensamos, coincidimos en ello todos, que esta representación popular, de acuerdo al proceso de democratización de las decisiones, conozca también con detalle los programas y resultados de estas empresas. A nosotros pues, a la representación popular nos corresponde sugerir la forma de lograrlo.
Fortalecer las empresas públicas, incrementar su eficiencia, racionalizar su operación, es, señores diputados, un requisito para su adecuada utilización en orden a los objetivos que ellas persiguen, objetivos de desarrollo y de justicia; a nosotros, a esta Cámara nos compete una tarea de alta significación en este sentido, en ella se inscribe el debate que hoy nos ocupa; en base a esas consideraciones la Comisión propone a ustedes, señores diputados, la aprobación del dictamen.
Muchas gracias.
- El C. Presidente: Tiene la palabra en contra, el diputado de Acción Nacional Fernando de Jesús Canales Clariond.
- El C. Fernando de Jesús Canales Clariond: Señor Presidente;
Honorable Asamblea:
Los orígenes históricos de los parlamentos, recinto en el cual estamos debatiendo este interesante tema, fueron donde el que el monarca, forma de gobierno acostumbrada hace unos siglos en este planeta, negociaba, con la representación de sus súbditos, las garantías y derechos de los ciudadanos; fue la contraparte del soberano para la formación de los ejércitos y hacer las guerras con países extranjeros y la contraparte del soberano para definir la cantidad del patrimonio particular de los súbditos que pasa al Estado para que éste lo administre en beneficio de todo el Estado.
Esta tradición histórica de los parlamentos en las disposiciones constitucionales que nos rigen, se ha respetado, y así reza la fracción cuarta del Artículo 74 de la Constitución, que nos otorga en exclusividad facultades para la revisión de la Cuenta Pública, la que tendrá por objeto conocer los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el presupuesto y el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas. Resultado de la gestión financiera del Gobierno es lo que analizamos en la Cuenta Pública. Esto implica el concepto general de todos los recursos que de manera directa, a través de los impuestos, derechos, productos o aprovechamientos, o indirecta, a través del sector, pasan al Gobierno para que éste los administre de acuerdo con los criterios legales y políticos, en beneficio de toda la población.
Pero veamos qué dicen las disposiciones reglamentarias. El artículo 1o. de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público señala:
"El presupuesto, la contabilidad y el gasto público federal se norman y regulan por las disposiciones de esta Ley, la que será aplicada por el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Programación y Presupuesto."
El segundo señala que:
"El gasto público federal comprende las erogaciones por concepto de gasto corriente, inversión física, inversión financiera, así como pago de pasivos a deuda pública que realizan el Poder Legislativo, el Judicial, la Presidencia de la República, las Secretarías de Estado y Departamentos Administrativos, Procuraduría General, Departamento del Distrito Federal."
Fracción 6a. "Los organismos descentralizados; 7a. las empresas de participación estatal mayoritaria, y 8a. los Fideicomisos y en los fideicomitentes sea el gobierno federal".
No restringe, no limita a 27.
Veamos qué dispone el artículo 16 de la propia Ley.
"El presupuesto de egresos de la Federación comprenderá las previsiones de gasto público que habrán de realizar las entidades a que se refieren las fracciones, 1, 4 del Artículo 2o. de esta Ley. El presupuesto de egresos de la Federación comprenderá también, en capítulo especial, las previsiones de gasto público que habrán de realizar las entidades relacionadas en las fracciones 6a. a 8a. que son descentralizadas, empresas de propiedad mayoritaria del Gobierno Federal y Fideicomisos que se determine incluir en el presupuesto."
Esta Ley, la de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, remite a otra ley al presupuesto. Esto es, vamos a analizar en esta Cuenta Pública aquellas empresas descentralizadas y de participación estatal que se determine en el presupuesto.
Por otra parte, el artículo 10 del Presupuesto de Egresos de la Federación, que tuvo vigencia durante el año de 1978 y que es el que analizamos, señala: "Artículo 10. Se faculta al Ejecutivo Federal para incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación, otros organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria, además de los señalados en el Artículo 2o. de este Decreto, así como para fijar la fecha a partir de la cual se sujetarán al control presupuestario."
Delegamos, en esta disposición legislativa, al Ejecutivo Federal para que incluya en el Presupuesto de Egresos a los organismos descentralizados que tenga a bien incluir y el Ejecutivo Federal tuvo a bien incluir en su Proyecto de presupuesto que posteriormente fue una ley, al haberse aprobado en esta Cámara 27 organismos descentralizados. Cierto, como lo dijera el diputado que me antecedió en el uso de la palabra, que si bien esos 27 que es apenas el 3% de las 900 y tantas empresas descentralizadas, manejan el 85% de los recursos paraestatales, sin embargo, como los diputados normales, los que no estamos de alguna manera inmersos en el sistema, no conocemos las cifras globales del aparato paraestatal, no dudo de la palabra del diputado que me antecedió en el uso de la palabra, no tenemos elementos suficientes para señalar si ese 85% corresponde a una realidad o no.
Independientemente de ese peso específico, la responsabilidad que tenemos en este cuerpo legislativo, como lo dice la Constitución, como lo dice la tradición histórica de los parlamentos, es analizar el total del manejo financiero por parte del Ejecutivo, no tenemos, señores, facultades para delegar, como en esta ley se hizo, al Ejecutivo para que incluya únicamente a aquellos que tenga a bien incluir.
¿Por qué 27 y no 50 o los 900 y tantos?
El Partido Acción Nacional ha pugnado y pugna haciendo un llamado en esta ocasión para que en el Presupuesto de Egresos y posteriormente en la Cuenta Pública y en el análisis correspondiente, se incluyan todos. Sabemos que es un problema complejo, administrativo, pero sabemos que la burocracia con la que cuenta la Secretaría de Programación y Presupuestos y la de Hacienda y Crédito Público con el ámbito de sus competencias, es lo suficientemente grande para entregarnos un documento de manera que esta representación popular
pueda juzgar a las luces de las necesidades del pueblo con el cual sí estamos en contacto los diputados de Acción Nacional, si ese presupuesto ha sido manejado bien o si ha sido manejado mal. Por otra parte, existe una ley expedida durante el régimen del licenciado Echeverría, que es la llamada para el control, por otra parte del Gobierno Federal, de los organismos descentralizados y empresas de participación estatal, en la que señala en su artículo 1o. que:
"Quedan sujetos al control y vigilancia del Ejecutivo Federal en los términos de este capítulo, los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal con excepción de:
Primero. De las instituciones nacionales de crédito, organismos auxiliares de crédito y las institucionales nacionales de seguros y fianzas."
Esta ley continúa en vigor haciendo la correlación con la nueva Ley de Administración Pública Federal, en que la competencia que para la vigilancia del apartado paraestatal tenía anteriormente la del Patrimonio Nacional y ahora la tiene la de Patrimonio y Fomento Industrial, pero, por una sospechosa excepción, todo el sector financiero, propiedad del Gobierno Federal incluyendo el Banco de México y Nacional Financiera, están exentos de ese control de la llamada entidad globalizadora que es la Secretaría de Programación y Presupuesto.
Cierto es que existe una serie de acuerdos y disposiciones administrativas del Ejecutivo Federal que han sectorizado todas las empresas paraestatales y puesto bajo la responsabilidad de una determinada Secretaría las 900 y tantas descentralizadas. Es cierto, sí existe desde ese punto de vista un control por parte del Ejecutivo para, juntamente a lo que hago referencia, las entidades financieras; los bancos oficiales están bajo control de Secretaría de Hacienda pero en virtud de la vigencia de esta ley por razones sospechosas y como única salvedad, el aparato financiero del Estado no pasa a la llamada entidad globalizadora que es la Secretaría de Programación y Presupuesto y mucho menos, los que hemos leído el proyecto de la Cuenta Pública, los documentos relativos, mucho menos ese aparato financiero tan grande y tan complejo pasa a revisión por parte de esta representación del pueblo de México. De manera que el juicio que aquí hagamos sobre las paraestatales será parcial en el sentido de que no es el todo lo que aquí estamos analizando y, por lo tanto carecemos de elementos para, a través de estos comentarios, poder llegar a informar al pueblo de México si consideramos buena o mala, repito, el manejo por parte del Gobierno Federal de ese sector tan importante que ya rebasa a más del 50%, como lo ha dicho el diputado que me antecedió en el uso de la palabra, de los recursos en manos del Gobierno Federal.
Con este marco de referencia veamos algunos puntos concretos de tipo general, que en el propio dictamen se señalan y me quiero referir al Estado Consolidado de Resultados.
Los ingresos del sector paraestatal controlado por Presupuesto, 27 empresas, tuvieron ingresos por 291,461 millones de pesos, costo de ventas 216 mil millones de pesos, lo que representan un 64% un comentario que hace en el análisis de los resultados del propio dictamen señala que la utilidad bruta se incrementó en un 36.1% como consecuencia de los incrementos en ingresos por venta a un ritmo mayor de los costos. ¿Qué quiere decir esto? Que el Gobierno, a través de su sector paraestatal, incrementó los precios en una proporción mayor a sus costos. De manera que el Gobierno ha sido también un elemento en esta materia de administración de que ha contribuido a la inflación, puesto que los precios de venta de sus productos y servicios los ha aumentado en proporción mayor a sus costos.
Continuando con el análisis de este Estado de Resultados Consolidados, encontramos cifras como la de 30,295 millones de pesos que significa casi el 10% de los ingresos que pagaron estas 27 entidades como impuestos especiales y encontramos asimismo, que el 5.7% de las ventas, 16,671 millones de pesos lo recibieron como subsidio. De todo esto queda una utilidad neta de 5,916 millones antes de la participación a los trabajadores y de 5,695 millones después de la participación a los trabajadores de las empresas descentralizadas sujetas a control presupuestario.
Sobre las ventas esta utilidad significa utilidad de "un 1.9%". Si relacionamos esta rentabilidad con el patrimonio que manejan las descentralizadas e insisto en este concepto de patrimonio, porque el pueblo de México, a través de nuestro aparato jurídico, hemos puesto en manos del Gobierno un patrimonio que en este caso de las descentralizadas, es del orden de 356,663 millones, pues bien ese patrimonio manejado por el Gobierno nos produjo la utilidad mencionada de 5 mil 695 millones de pesos, lo que significa un 1.5% de rendimiento sobre el patrimonio que el pueblo de México puso a disposición de su Gobierno para que lo manejara en su propio beneficio, propio del pueblo de México. Esto, señores, es muy bajo, es inaceptable. Un 1.5% de rendimiento sobre ese patrimonio sería una cifra de 53 mil millones de pesos por lo que hay un déficit en este ejercicio aritmético, de 48 mil millones de pesos.
Cierto, como dicen muchas gentes, defensores de la administración de nuestro Gobierno, de las paraestatales, que los juicios de valor sobre las descentralizadas no deben hacerse exclusivamente a la luz de criterios contables o financieros o económicas, porque su objetivo no es producir una utilidad, con lo cual parcialmente estoy de acuerdo.
Dicen, estos voceros del sector público paraestatal, que las empresas descentralizadas fueron creadas precisamente para la prestación de un servicio público de beneficio social que no necesariamente debe producir una utilidad al patrimonio que les fue encomendado para su administración. Sin embargo, si analizamos esto, este beneficio social por el cual ellos, los administradores de las paraestatales, no nos han podido dar un rendimiento, pero sí un gran beneficio social, como muestra señalaré tres o cuatro
casos: Ferrocarriles Nacionales de México, perdió grandes cantidades de dinero. Diría un defensor de las paraestatales: "pero nos dio un gran servicio social; ha comunicado por las vías férreas a todo el país"; sabemos que esto es absolutamente falso. Si algún problema tenemos actualmente en este país de índole económica es justamente el de comunicaciones ferroviarias.
Todos los puertos de entrada a nuestro país, todos los centros de producción de artículos industriales o agropecuarios, están abarrotados de producción que Ferrocarriles Nacionales no ha podido llevar a los centros de consumo porque esta paraestatal no ha cumplido ni su finalidad económica ni su finalidad social.
CONASUPO, fue creada para regular el abasto entre la oferta y la demanda de productos básicos y propiciar, de esta manera, que los productos básicos se vendan a las clases más necesitadas a precio bajos.
¿Ha logrado su objetivo social ya que no lo logró desde el punto de vista económico, CONASUPO?
Evidentemente que no, porque esa función social de regulador del abasto y el consumo no la ha cumplido CONASUPO, ni muchos menos el propiciar que los productos básicos lleguen a las clases más necesitadas a precios bajos, porque justamente los productos básicos son los que, desde el punto de vista de la inflación, han tenido una participación mayor en esos índices tan dolorosos últimamente para nuestro pueblo.
De manera que ni ese argumento de defensa de las paraestatales es básico, que si bien no producen un rendimiento puesto que no fueron creadas para eso, sino para prestar un beneficio social, pues estamos en contra y no quiero ser absolutamente negativo, quiero reconocer también algunos logros, principalmente en materia de servicios médicos, y tal vez algunas otras, o quiero reconocer también los logros que el año 78 fueron muy superiores a los de 77. Eso es evidente, pero como dijera una diputada que me antecedió en el uso de la palabra, que además lo ha dicho el Presidente de la República en múltiples ocasiones: el primer punto para resolver un problema es reconocer la situación real en la que estamos y la situación real en la que estamos, como integrantes del Gobierno de México en cuanto a administración de paraestatales es malo; es malo desde el punto de vista de administración financiera y los números que he leído anteriormente lo justifican y es malo desde el punto de vista de prestación de un servicio de beneficio a la colectividad porque la mayor parte de los organismos no están prestando el beneficio por los que el pueblo de México, a través de su Constituyente o de su Legislador Ordinario, ha creado un cúmulo de organismos y empresas descentralizadas, justamente para prestarle esos servicios.
Es más, si adicionamos elementos de las técnicas contables en épocas inflacionarias, como es la revaluación de activos; si le damos un valor contable en el estado financiero de PEMEX, por ejemplo, a los 40 194 millones de barriles que forman las reservas probadas, encontramos que el patrimonio de esta descentralizada debería de incrementarse en $ 18 000 490 000.00, cantidad que escapa a la proporción y a la ubicación de cualquiera de los mortales pero que divididos entre los aproximadamente 70 millones de mexicanos que somos, nos da eso, y que nada más por este concepto el pueblo de México hemos puesto en manos de la administración de PEMEX 265 mil pesos.
De manera, señores, que los administradores de nuestras paraestatales, porque son nuestras, no son del Gobierno, son del Estado Mexicano que lo conformamos también el pueblo, tienen un patrimonio enorme que debe utilizarse en una explotación eficiente desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista social, para producir beneficios, bienes y servicios que se reviertan en favor del pueblo de México, que hasta la fecha y en este año de 1978 a la luz de los datos que hemos reconocido, no estamos de acuerdo, repito, con los resultados de esa administración.
Como datos aislados, y que se refieren no únicamente a las paraestatales, encontramos lo relativo al endeudamiento.
Como sabemos, una de las disposiciones que debe contener la Ley de Ingresos, la correspondiente al año de 1978, en su Artículo 2o. dice:
"Se autoriza al Ejecutivo Federal, por conducto de Hacienda y Crédito Público, para contratar, ejercer y autorizar créditos, empréstitos u otras formas del ejercicio del crédito público que no rebasen los montos netos de 50 mil millones de pesos por endeudamiento interno y de 44 500 millones de pesos por endeudamiento externo"; en total 94 000 millones de pesos de endeudamiento interno y externo fue lo que autorizó la Legislatura pasada al Ejecutivo para ejercer en el año de 1978. ¿Qué sucedió?
En el año de 78 el endeudamiento neto de las empresas paraestatales fue de 81 mil millones de pesos y el del Gobierno Federal de 69 mil millones de pesos, total 150 mil millones de pesos contra 94 mil millones autorizados, un excedente de 56 mil, lo que es aproximadamente un 54%.
Señores, esta es una violación a la Ley de Ingresos del año de 78 y de acuerdo con las disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Federal y de la Ley de Deuda Pública, es competencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público controlar la contratación de créditos que realiza el Ejecutivo Federal a través de sector central, a través de las paraestatales y en el ejercicio que comentamos se excedió en un 54% sobre nuestra autorización. Señores, aquí hubo una violación a la Ley por la cual es otra de las razones por la que nos hemos opuesto al dictamen. Es de extrañarse sin embargo, que esto no haya sido de un comentario aislado siquiera en el dictamen que es objeto de este análisis.
Los resolutivos a los que tanto hemos hecho referencia, establecen que primero se revisó la
Cuenta Pública de la Hacienda Federal y se conocieron los resultados de la gestión financiera correspondiente al año presupuestal de 78; se comprobó que la gestión aludida en el numeral anterior y que comprende la del Gobierno Federal, la de los organismos descentralizados y la de las empresas de participación estatal incorporadas al presupuesto, se ajustó a los criterios señalados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para ese ejercicio. Busqué afanosamente cuáles eran los criterios establecidos en el presupuesto de egresos de 1978 y no encontré un solo criterio. Podría interpretarse que el hecho de establecer un número para que gastará la Secretaría de Agricultura o de PEMEX, eso implica un criterio. Estoy de acuerdo que eso es un criterio, pero se necesita una gran labor de interpretación que no debemos, no estamos por qué dejarlo a simplemente interpretar cómo vamos a gastos esos "X" millones de pesos en tal o cual secretaría o en tal o cual descentralizada. De manera que esos criterios no existen en el Presupuesto de Egresos y hace referencia así la Cuenta Pública de que se ajustó a esos criterios siendo que no existen, repito, en el presupuesto de egresos.
Por estas razones - y hago referencia aquí principalmente a los diputados del PRI porque sabemos que conforman la mayoría numérica de esta Cámara y que, por lo tanto, sus decisiones, al menos en las que hemos tomado, son las que cuentan - , que no aprobemos este presupuesto de egresos porque no está apegado a una realidad. La realidad es otra bien diferente a las que en algunos casos aislados me he referido; la realidad es que en la administración paraestatal estamos mal y por más criterios de eficientización meramente técnica, por más que traigamos a graduados de universidades extranjeras a administrar estas paraestatales, no vamos a mejorarlas mientras no haya una verdadera apertura democrática, no sólo en la Cámara Diputados, que en cierta forma ya la hay, sino en la administración pública en su conjunto, particularmente en la paraestatal en la que tanta importancia tiene, por su peso específico en la economía de este país, - y me refiero a administración democrática en una empresa, no a la participación de los partidos como tales, sino a la participación de todos aquellos que tienen algo qué decir en una empresa pública y quienes son, son desde luego el pueblo de México en primer lugar porque somos los dueños; son los proveedores, son los clientes, son los administradores - , hasta entonces que lleguemos a una verdadera democratización de todo nuestro país, específicamente en lo que ahora nos ocupa de las empresas paraestatales, podremos realmente estar en franca vía de mejorar nuestro sector público paraestatal.
Mientras tanto, los invito a todos a que votemos en contra de la aprobación de este dictamen.
Muchas gracias. (Aplausos).
El C. Presidente: Tiene la palabra el Diputado del PARM Rafael Carranza Hernández en pro.
- El C. Rafael Carranza Hernández: Señor Presidente:
Honorable Asamblea:
A través de estas dos sesiones que se ha venido comentando, discutiendo, lo referente a la Cuenta Pública, creo que ha sido suficientemente debatido y quiero, más que nada, aclarar que lo que voy a tratar de comentar con ustedes, es ya lo observado a través de esta sesión.
La lucha contra la inflación no se ha podido detener en el mundo y nosotros no hemos podido sustraernos a este fenómeno económico como lo hacen países con sólida posición interna, como lo son Alemania, Suiza y Japón, con políticas monetarias expansivas, determinando factores de entorpecimiento en la lucha contra la inflación. Examinemos brevemente la tasa de crecimiento del producto bruto mundial:
Los países en desarrollo, no miembros de la OPEP, registraron en conjunto un crecimiento de 5.1% y países como Taiwan, Corea del Sur y Honk Kong, crecieron en su tasa en un promedio de un 6%; sin embargo, los nuevos países africanos registraron sólo un 3% con una inflación de un 24% mayor a la que habían tenido en los años anteriores; en los países de la América Latina, la tasa de crecimiento del producto interno bruto, en 1978, fue de 4.1%; inferior al año anterior, que fue de 4.5%; dentro de este grupo, México se recuperó alcanzando una tasa del 7%, y Argentina, Uruguay y Brasil, tuvieron un aumento considerable en el costo de la vida en un 175%, un 46% y un 38% respectivamente. Los Estados Unidos ha sufrido deterioro en la balanza de cuentas corriente con un déficit de 18 mil millones de dólares en 1978, el más alto registrado en las últimas décadas en ese país Para la República Federal Alemana, su producto nacional bruto en 1978 fue de 3.4%, pero detuvo la inflación de 3.9% en 1977 a 2.8% en 1978 y con un superávit de 8 037 millones de dólares. El Japón tuvo un producto interno bruto en el año de 1978 de 5.5%, es la tasa más alta entre los países capitalistas desarrollados. El Reino Unido de 1977 a 1978 su producto interno bruto aumentó de 2.5% a 3.5% y la tasa de inflación se redujo del 15.9% al 8.2%. Francia, esta nación tomó medidas de carácter selectivo para estimular la inversión, incrementar prestaciones sociales a los grupos de menores ingresos y promover el empleo especialmente ente la juventud, la economía creció a una tasa de 3.2% y el desempleo afectó a un 5% de la fuerza de trabajo y la tasa de inflación fue de 9.2%; sufrió en 1977 un déficit en su cuenta corriente de 3 329 millones de dólares, pero en 1978 recuperó teniendo un superávit de 4 300 millones de dólares.
Estos variados fenómenos de política económica mundial, nos reflejan la compleja economía de cada país, sean desarrollados, en desarrollo o subdesarrollados y nos hacen meditar sobre los problemas socioeconómicos de México y que el Gobierno de la República afronta y resuelve dentro de sus posibilidades.
Analizaremos ahora brevemente la Cuenta Pública.
Ya ha sido muy comentado aquí que el ingreso obtenido de la hacienda pública en este año que examinemos fue de 434 058 millones de pesos. Las erogaciones ordinarias fueron en el orden de 367 182 millones de pesos y en la cuenta de gastos corrientes destacan las transferencias por 97 738 millones que se canalizan en un afán regulatorio a mantener los precios de los artículos de consumo que se hagan accesibles a los núcleos mayoritarios de la población; el Gobierno Federal derivó a inversiones financieras, 33 529 millones de pesos 32.9% menos que en 1977 y se incluye en estas inversiones aportaciones de capital a la Comisión Federal Electoral, a los Ferrocarriles Nacionales de México y a Fertilizantes de México. El gasto de Secretarías y departamentos de Estado superó la cifra programada en 2 248 millones ya que fue el aumento para educación sobre lo presupuestado de 3 189 millones de pesos.
El sector de educación, cultura, ciencia y tecnología recibió recursos del Gobierno Federal por 79 154 millones, canalizados entre la Secretaría de Educación, Universidad Nacional Autónoma de México y Conacyt que corresponde al 18.5% del presupuesto de Egresos de la Federación. Un pueblo sin cultura marcha a ciegas, es determinante y productivo a corto, mediano y largo plazo, todo el esfuerzo que se haga en esta rama educativa y que desgraciadamente no podemos alcanzar, como todos lo deseamos, debido al explosivo crecimiento de la población.
El sector agropecuario y forestal obtuvo recursos por 48 988 millones de pesos; se ejercieron por agricultura y recursos hidráulicos y con apoyos al Banco de Crédito Rural y Fideicomisos agrícolas y ganaderos. Si comparamos la inversión al sector agropecuario y al de la educación, vemos que la inversión o gasto a la enseñanza fue superior en un total de 30 166 millones de pesos con respeto a la inversión agrícola, pero debemos aclarar que el Gobierno, a través de diversas empresas descentralizadas y de participación estatal, como el Banco de Crédito Rural, Guanos y Fertilizantes, Productora de Semillas y otras, derivaron muchas inversiones en apoyo al campo por muchos miles de millones de pesos, lo que equilibra la inversión al campo mexicano, aunque reconocemos que no es suficiente, se deben buscar formas más adecuadas de producción para que el ingreso con el egreso regulen y aumenten también el poder económico agropecuario.
En empresas descentralizadas y de participación estatal, del Gobierno la erogación fue de 12 742 millones de pesos; dentro de los ingresos al Gobierno Federal, Petróleos Mexicanos pagó como causante directo, 30 249 millones de pesos, el 9.8% del total del ingreso ordinario.
Consideramos que la amplia y detallada forma de dar a conocer la marcha de la administración pública a través de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal será perfectible mejorando e implementando medidas financieras que permitan mejorar sus ingresos.
Señoras y señores diputados:
Todos los que ostentamos la representación popular, nos sentimos obligados a luchar y defender los intereses sagrados de la República. En esta LI Legislatura se encuentran por primera vez representadas todas las corrientes ideológicas de México; tenemos la convicción que ser por el bien de nuestra Nación y que todos luchamos por acabar con la abismal diferencia que existe entre los que lo tienen todo y los que nada poseen, pero esto es lo que ha orillado a México a situaciones conflictivas y que el Gobierno Federal trata de equilibrar, no sin tropezar con toda clase de dificultades ya que un equipo de trabajo tan numeroso, tiene también muchas fallas, pero no insalvables y que se pueden corregir y remediar.
Desde el inicio del actual régimen se ha buscado en la Alianza para la Producción, en la Reforma Política y la Administrativa, canales de estabilización. El obrero ha respondido al pueblo de México; el campesino lucha por librarse del agitador, del coyote, del intermediario, del líder deshonesto y demagogo que los engaña, de la falta de créditos, ya que el oficial es insuficiente para cubrir todas las necesidades credicticias agrícolas y pecuarias y, a pesar de ello produce, es decir, cumple su misión productiva.
La clase media vive angustiada ante la permanente inflación que convierte en nulo y en insuficiente su salario, pese a los aumentos que se le concedan, ya que los precios de sus satisfactores aumentan más en ese mismo momento; está oprimida eternamente por sus acreedores la subsistencia de la familia de la clase media y tiene una vida dura; requiere de más poder de compra en su depauperado sueldo; en su economía requiere también de una vida más estable y lo vemos todos los días, la aproximación de las Fiestas Navideñas hace el aumento sin control de ninguna especie de los alimentos de la población mexicana, pero todo esto no es simplemente una falla gubernamental como los detractores externos de todo gobierno revolucionario lo señalan y gritan, y es que tenemos que reconocerlo, aunque nos duela, es falla de todo un pueblo que no armoniza o no entiende cómo defender correctamente sus propios y legítimos intereses. Será por ignorancia, por egoísmo, por demagogia, por desorientación, o por mercantilismo que se esclaviza al mexicano, o tal vez por miedo al futuro incierto del mañana.
Es innegable que a lo largo y ancho del territorio nacional se aprecia el avance del país con el aumento constante de escuelas, electrificación, presas para la irrigación, agua potable, carreteras, aeropuertos, centros de salud, centros de salud, centros turísticos y tantos otros servicios nacionales.
Cubrir las necesidades a más de 70 millones de mexicanos en 1980, a veinte millones de mexicanos en 1940, comprendemos que no es tarea fácil para nadie.
Terminada esta década enla que elmundo sufrió una alteración económica insospechada,
luchemos por superarnos en la nueva que está solo a cuarenta días de distancia. La fracción parlamentaria del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana hace suyo el dictamen de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
Gracias, señores diputados.
- El C. Presidente: Tiene la palabra, en los términos del Reglamento por la Comisión el C. diputado José Merino Mañón.
- El C. José Merino Mañón: Gracias, señor Presidente. Señores diputados:
Sólo con el propósito de precisar algunos conceptos vertidos en la tribuna por el señor diputado Canales Clarión.
Efectivamente, como él menciona, no todos los organismos y empresas están sometidos a control legislativo, eso había sido dicho ya en esta Tribuna y se había expresado además la conveniencia de que en la medida en que el proceso administrativo lo permita, se fueran incorporando. Sin embargo conviene aclarar que el sector financiero al que él se refirió de manera particular, sí tiene un control del Ejecutivo, no como él dio a entender, carece de él.
Evidentemente el sector financiero por su propia naturaleza, por las operaciones que realiza, requiere funciones de control diferente a las del resto de los organismos; su actividad supone un interés de los particulares, un interés público que tiene que ser cuidadosamente controlado, paso a paso durante su operación; el Ejecutivo ejerce este control, la Ley Orgánica de la Administración Pública se lo confiere a la Secretaría de Hacienda, la banca nacional está sometida a los controles y a la revisión permanente de la Comisión Nacional Bancaria, produce su información financiera, la pública, se conoce por todo el país, se analiza y se revisa cuidadosa y meticulosamente por la Secretaría de Hacienda.
Mencionó también el señor diputado, que la mejoría en la relación que determina la utilidad bruta significaba, en su criterio, un aumento de precios, eso no dice el dictamen, dice el dictamen que los ingresos crecieron y que el crecimiento de los ingresos fue proporcionalmente mayor al incremento de los costos, esto, sí se hubiese tomado el cuidado de revisar los conceptos integradores, hubiese visto que lo que explica es un incremento en la eficiencia operativa de las empresas, esto es, mientras los ingresos, manteniendo por lo general las mismas tarifas y los mismos precios, lograron aumentar, porque aumentó el volumen de operaciones, los costos de operación crecieron a un ritmo menor, esto es, hubo porcentualmente una reducción en los costos; es, desde cualquier punto de vista que se le mire, un índice de eficiencia.
Mencionó también, y conviene aclararlo, quizá parece ser que en el PAN se presenta ya esto con frecuencia por una deformación profesional, un problema de utilidades y su relación con los volúmenes de egresos y los volúmenes de capital. Los estatutos legales que crean a las empresas públicas les señalan con precisión sus objetivos. Yo me pregunto ¿cómo podemos medir la eficiencia del Seguro Social? Exclusivamente en términos de utilidades. El, claro, se refirió a ello pero hizo una observación sobre el resultado consolidado.
Las utilidades en las empresas públicas no son el único factor de su eficiencia, no son tampoco el único objetivo para el cual funcionan y fueron creadas. Hay entidades públicas que, por su naturaleza, generan o deben generar utilidades; hay otras que no deben generarlas, cuando menos en la comparación que pudiéramos establecer con otro tipo de empresas y mucho menos con empresas privadas que, en algunos casos, por efectos especulativos, obtienen ganancias más allá de lo deseable.
Creo de todas maneras que es importante, para medir estos aspectos, considerar las utilidades brutas. Debe tenerse en cuenta que el régimen fiscal - el se refirió a los impuestos de PEMEX - , específicamente el régimen fiscal de PEMEX, implica de alguna manera el traslado de utilidades de esta entidad hacia el sector central. Podría quedar con una utilidad cero si el régimen fiscal incrementara los impuestos, lo que significaría es que el beneficio de la empresa, que es del pueblo de México, como aquí se ha dicho, se trasladan vía impuestos al Gobierno Federal.
Desde luego que hay problemas en los ferrocarriles, él lo mencionó, pero no implica esto que este año, 1978, se haya transportado menos carga que en 1977.
Las cifras de Ferrocarriles indican, por el contrario, que el movimiento de carga en 78 fue superior a 77, que hubo además cambios importantes en la distribución de carga por tipo de productos.
El desarrollo industrial y particularmente el desarrollo de las inversiones públicas, en el caso de PEMEX, implicaron movimientos de carga de insumos industriales en cantidades que no tienen comparación con las de años anteriores y que por su naturaleza se transportan fundamentalmente por ferrocarril. En vista de ello, la carga del sector aumentó, aumentó la carga de productos agrícolas, aumentó la de productos petroleros y de algunos otros conceptos.
Menciona también, y conviene aclararlo, que no le parece que CONASUPO cumpla una función adecuada en regulación de precios. Habría que preguntárselo a quienes sí asisten a las tiendas de CONASUPO a comprar. Realmente los precios, consecuencia de la política reguladora y de la política de distribución de esta empresa, son substancialmente menores que en otros establecimientos comerciales.
Hay un punto que mencionó el diputado Canales, que es realmente importante. Hace una cuenta con el mismo criterio empresarial, quizá, de revaluación de las reservas petroleras; deduce de ella que el pueblo mexicano ha invertido, cada uno de los mexicanos, 265 mil pesos en esta industria petrolera Es cierto; el pueblo mexicano ha confiado en la industria petrolera, ha
encargado a una empresa nacional, a PEMEX, la explotación de este recurso, de este recurso que es valioso y que es escaso. Eso no ha sido gratuito, es resultado de una lucha y de un esfuerzo. La incorporación en la Constitución del Artículo 27 de la propiedad de la nación sobre los recursos naturales, es consecuencia de la lucha histórica del pueblo de México, la Expropiación Petrolera también lo es; en lo que no estoy de acuerdo con el diputado, es con el que esos recursos, confiados por voluntad del pueblo a PEMEX, debieran manejarse con un criterio de rentabilidad de otro tipo. La industria petrolera, y esto es en parte la justificación de que sea una empresa nacional quien los maneje, tiene que guiarse con criterios sociales muchos más importantes.
Desde un punto de vista estrictamente empresarial, sería adecuado obtener, en el menor plazo, las mayores utilidades posibles, sería adecuado mantener los ritmos de explotación de hidrocarburos, de acuerdo únicamente a criterios de rentabilidad en términos de utilidad. Esto implicaría una explotación irracional de los mismos; implicaría quizá el sacrificar a generaciones futuras el uso de estos energéticos; implicaría también, quizás, sacrificar la propia capacidad de explotación la soberanía del país sobre estos recursos. El pueblo de México se los confió a PEMEX, le ha indicado a PEMEX cómo debe manejarlos. PEMEX así los maneja.
Quisiera recordarle también, porque él menciona que hay una violación a la ley, en cuanto al monto de los endeudamientos que la Ley del Presupuesto de Ingresos, aprobada por esta soberanía, otorga al Ejecutivo Federal, la facultad de incrementar el monto autorizado cuando así sea necesario. Puede consultar al Artículo número 26 de la Ley de Ingresos.
Finalmente, una referencia a los criterios que sirven de base para la evaluación. Los criterios presupuestales se refieren a la asignación de los recursos por sectores y por actividades, por cierto no es el presupuesto lo que estamos debatiendo como usted dijo, es la Cuenta Pública, esos criterios son los que tomamos en cuenta y esos criterios son los que le permitieron a la Comisión concluir que habían sido fielmente cumplidos. Gracias.
- El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado Carlos Amaya Rivera.
- El C. Carlos Amaya Rivera: Señor Presidente:
Señores diputados:
Antes de iniciar el desarrollo de mi tema únicamente para referirme a lo que menciona el diputado de la Comisión sobre lo que dice que dijo el diputado Canales. El diputado Canales no dijo que el pueblo mexicano había invertido los 265 000 pesos en sus reservas petroleras, sino que usó el ejemplo para que fuera comprensible la magnitud, la gravedad y por lo tanto la seriedad que requiere la administración pública, porque al final de cuentas son los recursos del pueblo y esto, todo lo sabemos, muy seguido lo olvidan los funcionarios, los burócratas que están ahí para administrar los recursos del pueblo. Esto creo yo que es el sentido obvio de la mención que hizo el diputado Canales al respecto.
En esta discusión sobre el Dictamen de la Comisión de esta Cámara de la Cuenta Pública de 1978, deseamos primero felicitar a los compañeros diputados que realizaron un trabajo muy profundo, muy meritorio sobre una documentación amplísima y de cualquier manera insuficiente como es la Cuenta Pública que nos ocupa.
El proyecto de Decreto que se somete a nuestra consideración sostiene: primero que se revisó la cuenta; 2o., que en la medida que lo permitió la evolución de las prácticas implantadas en el área administrativa, se evaluó el cumplimiento satisfactorio de los objetivos y metas contenidas en los principales programas previstos en el presupuesto. 3o. Pide que se instruya a la Contaduría Mayor de Hacienda para que recomiende a la Secretaría de Programación y Presupuesto, las normas, procedimientos, métodos y sistema que permitan mejor el análisis programático financiero y de metas. Vienen una serie de recomendaciones, entre otras, que se incluya una información adicional acerca del destino final de los beneficios de transferencias y subsidios. Hasta aquí, con las salvedades que se hacen por la Comisión podríamos estar de acuerdo. Pero en el punto 2o. del Dictamen se sostiene que se comprobó que la gestión financiera que comprende a la del Gobierno Federal la de los organismos descentralizados y las de las empresas de participación estatal incorporadas en el Presupuesto, se ajustó a los criterios señalados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para ese ejercicio, y aquí, definitivamente, no estamos de acuerdo. Vamos a permitirnos leerles muy rápidamente algunos de los conceptos que se sostuvieron al aprobarse el Presupuesto de 1978 por esta Cámara de Diputados, para poder sostener que el mencionado punto segundo del actual Dictamen no debe aprobarse. Decían: "...la mayor parte del aumento de 23% con relación al presupuesto 1977, se canalizará a operación e inversión de los sectores en este orden, agropecuario, pesca, energéticos, educación, cultura, salud y seguridad social. En otros sectores se mantienen los mismos niveles operativos del año en curso, de 1977; con lo cual se evitan presiones innecesarias en la expansión del gasto público y se derivan recursos para los sectores estratégicos sin exigencias de endeudamiento externo excesivo, aquellos 3 mil millones de dólares que se habían fijado .
La feliz conjunción que se desea producir entre sector privado, sector social y sector público está encaminado a lograr, antes del fin de la década, (no dice de una década) la autosuficiencia en alimentos básicos; un nivel educativo mínimo de 9 años, el ejercicio pleno al derecho a la salud, habitación digna, para todos los mexicanos. En base a estos objetivos se ha realizado la programación económica preparando el proyecto de presupuesto de Egresos de la Federación para 1978. El hecho de que el 34% de los egresos totales tenga que
ser financiado con recursos ajenos, requiere una consideración especial.
Preocupa el endeudamiento interno en la medida en que implica emisión primaria y podría provocar inflación."
Esto es muy interesante; va a serlo dentro de unos días cuando analicemos el presupuesto de 1980. Aún más peligroso puede ser el endeudamiento externo que nos podría poner en situación de dependencia con el Exterior y que en todo caso agrava los problemas de balanza de pagos al elevar los niveles de servicio de la deuda.
"Impulsar al sector agropecuario es cumplir con el objetivo de proporcionar alimentos en cantidades y precios tales que los hagan accesibles a las más amplias capas de la población. Por ello el programa del actual Gobierno se ha propuesto alcanzar la autosuficiencia en alimentos básicos. Para lograrlo se hace necesario continuar con acciones urgentes, impulsando la producción de alimentos agrícolas básicos para el consumo popular, en particular maíz, trigo, frijol. Las metas sectoriales para el quinquenio 78 - 82, prevén alcanzar la autosuficiencia alimenticia y cubrir los mínimos nutricionales de los mexicanos. Se han programado tasas de crecimiento anual durante el quinquenio, de 5.3% para maíz y 5.7 para frijol y trigo, entre otros productos y, en el caso de los fertilizantes, la meta que se propone lograr el sector público implica un crecimiento de más del 14.4% anual, en promedio. Se proyecta contar con insumos para la agricultura, agroquímicos por 3.7 millones de toneladas de fertilizantes, insecticidas y otros productos químicos."
¿Se cumplió con lo anterior?
Nosotros afirmamos que no. Y aquí pedimos a ustedes traten de despojarse de posturas partidistas, al menos en este tema.
La insuficiente producción de alimentos básicos que cada vez es más grave en nuestro país. En 1971 producíamos 17 kilogramos de frijol por mexicano al año y 180 kilogramos de maíz; para 1978, año que nos ocupa, la producción por mexicano había bajado a 13.5 kilogramos de frijol y a 160 kilogramos de maíz, y no podemos olvidar la tragedia que vive México este año, al ver reducida su producción de frijol en 32% sobre el año anterior y la de maíz en 18%; de 17 kilogramos de frijol hemos bajado por la sequía, por las heladas tempranas y por nuestra equivocada política agrícola y nuestra demagógica política agraria, a 9 kilos; el maíz de 180 vamos a llegar a 125, aquí se dice entre muchas cosas que se dicen y después no se comprueban, que nuestra agricultura está siendo dedicada a productos de exportación, a satisfacer el mercado imperialista estadounidense, sólo para señalar que no es éste el problema y que no sería la solución que dejáramos de exportar hortalizas a los Estados Unidos, quiero mencionar las hectáreas destinadas a estos cultivos; en 1971 y en 1978: de fresa en el 71 se sembraron 7 000 hectáreas y en el 78, 5000; de tomate en el 71 fueron 61 000, y 59 000 en 78; de sandía en el 71 fueron 25 000, en el 78 fueron 24 000; de café en el 71 fueron 381 000, y 360 000 en el 78.
Volviendo al tema, nosotros sostenemos que para alcanzar la autosuficiencia en maíz, trigo, frijol, sin reducir nuestras exportaciones de algodón, café, hortalizas, para alcanzar la autosuficiencia en leche, no es suficiente con decir que en cinco años o para 1980 vamos a lograrlo y aprobarlo en esta Cámara.
Se ha hablado mucho de la organización campesina, de créditos suficientes y oportunos, de semillas mejoradas, de extensionismo, de fertilizantes, de 10 000 tractores, de subsuelos subsidiados, no siempre en tierras que lo aguanten, que lo aprovechen y no siempre a campesinos que lo deban recibir por su raquítica economía; de muchas cosas se habla pero de pocas tenemos información completa, correcta, Permítaseme mencionar esta cifra: en el Presupuesto de 1978 que estamos analizando, debió ejercerse por el sector agropecuario la cantidad de 53 352 millones, al Gobierno Federal correspondan directamente 30 166; Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, Secretaría de la Reforma Agraria, los organismos y empresas sujetos a control presupuestal tenían 423 millones, los que debemos ver el día de hoy, 423 y los organismos, empresas, fideicomisos, etc., no sujetos a control presupuestal, recibieron una asignación de 22 763 millones; 53 veces más dinero no sujeto a control directamente por esta Cámara que el que sí se sujeta.
Esto nos preocupa.
Ya en el pasado lo hemos propuesto, (el PAN), y de nuevo deseamos insistir, que esta Cámara controle el presupuesto por lo menos de toda la banca de crédito rural, de CORDEMEX y de la Comisión Nacional de la Industria Azucarera.
Pero volviendo al tema, se habla mucho y realiza poco; al menos las cifras de producción así lo demuestran. El gasto realizado en Agricultura y Recursos Hidráulicos - dice el dictamen que nos ocupa - , disminuyó en 1 060 millones con relación al programado. ¿Podemos con esto sostener que vamos por el camino correcto? No, pero debemos también analizar más de cerca el comportamiento de las empresas sujetas a control y así estar en posibilidad de juzgar mejor.
Como dice acertadamente nuestra Comisión en su dictamen:
"Los organismos descentralizados y las empresas de propiedad federal constituyen un conjunto de entidades con propósitos y características formales y operativas muy diferentes entre sí, que obligan a utilizar modalidades de evaluación específica para examinar íntegramente cada una de ellas en lo particular."
Fertilizantes Mexicanos es una empresa de soporte, su función es producir fertilizantes y otros agroquímicos, para que la agricultura del país se desarrolle. Debe medirse su eficiencia por la cantidad de toneladas que produce. Probablemente en el futuro se podrá analizar comparativamente con otras empresas de otros países si la producción se realiza correctamente, conforme al programa de crecimiento. Se esperaba un aumento de 14.4% con relación al año anterior, de 3 000 866 toneladas
vendidas en 1977, se esperaba llegar a 3 700 000 en 1978; se llegó a 3 031 610, el aumento fue de menos del 1% En su declaración para efectos de reparto de utilidades, la empresa declaró pérdidas por 840 millones, por lo que sus trabajadores se inconformaron.
El Instituto Mexicano del Café, se infausta memoria, perdió 700 millones en 1978; ya en 1977 arrastraba pérdidas por 1 110 millones, por lo que el Gobierno Federal le aportó 1 042 millones, por lo que su saldo negativo en el año que nos ocupa era de 767 millones; pudiera creerse que cumple con su función de regular el precio del café a nivel interno, preparar, capacitar a los productores, defenderlos ante los vaivenes del mercado mundial, pero hay cifras que nos preocupan. En ese año, sus ingresos por ventas fueron de 3 823 millones, su costo por ventas, esto es lo que pagó a los productores fue de 3 511 millones, una diferencia a favor de la empresa de 312 millones, más del 9% para sus gastos de operación pero éstos ascendieron a 1 483 millones que sumados a otros gastos de 54 millones, dieron un resultado negativo en la suma y la resta de 1 225 millones. El Gobierno Federal los subsidió con 526, faltaban otros 699, para que el INMECAFE no apareciera con números rojos y sabor amargo este año.
Otro ejemplo de malas ayudas a los campesinos es la Forestal Vicente Guerrero. (No aparece dictamen del contador, al menos yo no lo encontré). Tuvo ingresos por ventas de 148 millones con un costo de venta - lo que se les pagó a los campesinos guerrerenses, esperamos - , de 152 millones y tuvo gastos de administración por 110 millones y otros gastos por 35 millones. De 149 millones de pérdida, el Gobierno le entregó 103 millones de subsidios para bajarla a solamente 46 millones. En 1977 el Gobierno Federal también le asignó un subsidio de 103 millones, aunque entonces la pérdida fue de sólo 17 millones después del subsidio.
Otra empresa que deseamos analizar un poco más porque está relacionada o forma parte de la necesidad nacional de alimentos es Productos Pesqueros Mexicanos. El dictamen de los contadores señala que los registros contables muestran algunos saldos pendientes de aclarar y conciliar, de los que no tuvimos ninguna certeza de su razonabilidad. Tales saldos ascienden a 103 millones de naturaleza deudora y 15 millones a acreedora. Desde el 13 de mayo de 1971 en que se constituyó Productos Pesqueros Mexicanos hasta el 31 diciembre de 78, ha perdido 2 566 millones, de los cuales 530 corresponden a 1978. La empresa posee prácticamente la totalidad de las acciones de 18 empresas y una parte de transnacional Ocean Garden Exproducts Inc. De estas 18 empresas, 11 se encuentran dentro de una de las causas de disolución previstas por la Ley General de Sociedades Mercantiles por haber perdido más de las dos terceras partes de su capital. Un ejemplo, es Refrigeradora de Tepepan, S. A. de C. V., que habiéndose constituido con un capital de 10 millones de pesos, para 1978 llevaba perdidos 296 millones. En ese año, Productos Pesqueros Mexicanos debía a la banca nacional y al gobierno 2 426 millones y otros 500 millones al Bank of American y al Chase Manhattan Bank. Hasta aquí la situación financiera, pero hay algo en las notas a los estados financieros, firmadas éstas por el Director General y la Directora de Administración y Finanzas nuestra diputada, que nos preocupa, la nota dice:
"Productos Pesqueros Mexicanos de acuerdo con la autorización respectiva deberá proceder a modificar su estructura constitutiva a efecto de que su objeto social se limite a comprar y vender acciones, a otorgar o garantizar créditos destinados únicamente a las sociedades promovidas y a prestarles servicios o efectuar estudios de promoción, ampliación o reestructuración destinados exclusivamente a las sociedades promovidas existentes o que se desee formar."
De acuerdo con esto, Productos Pesqueros Mexicanos tenía como objetivo ayudar al desarrollo de la pesca en el país, para que los particulares realizaran esta actividad en beneficio de todos los mexicanos al extraer más productos marinos y con ello vender más barato y poder exportar.
Los particulares, organizados en cooperativas para las especies reservadas, como dice el adagio chino "aprenderían a pescar", pero he aquí que los defensores del crecimiento infinito del Estado, del Gobierno deberíamos decir, han convertido a Productos Pesqueros Mexicanos en un monstruo de ineficiencia, el objetivo final de llevar pescado barato al pueblo ciertamente no se ha cumplido; para cuantificar lo anterior, baste decir que el Plan Pesquero Nacional contemplaba para 1978, 957 000 toneladas, habiendo sido de 694 444 toneladas lo que se pescó.
Aquí es imposible dejar de mencionar la postura de nuestro partido con relación a las paraestatales. Nuestro partido sostiene que aquellas empresas que actualmente maneja el gobierno y que no cumplen una función social o estratégica, deben regresar a los particulares, liquidarse.
Se dice que queremos que los empresarios que por su ineficiencia han perdido estas empresas, ahora que tienen utilidades se les entreguen de nuevo, se ha puesto de ejemplo a Nacional Hotelera. Nosotros sostenemos que mientras más mexicanos sean propietarios de la casa que habitan, de la empresa en que laboran, de la tierra que trabajan, mejor se estará cumpliendo con los postulados de justicia social. Por eso pedimos que esas empresas, que en muchos casos administra mal el gobierno, se les vendan a los trabajadores de las mismas, organizándolos previamente en cooperativas, muchas de ellas serían redituables, todas serían más de lo que son actualmente, si este traslado se hiciera en forma correcta.
En el año que nos ocupa, 1978, se liquidaron 74 entidades paraestatales, se realizaron ocho fusiones, dando por resultado que desaparecieran diez entidades más y otras cuatro en las que se nombró un administrador único: Ferrocarriles Nacionales y la serie de ferrocarriles
y se vendió a los trabajadores, estoy hablando de 1978, una empresa: Parquet de Zacatecas, S. de R.L., que pertenecía al FONAFE.
Hace unos momentos me enteré que en 1979 se vendieron algunas empresas más a los trabajadores, pero en 1978 se vendió una.
Hay otras entidades que nos preocupan, que no pertenecen al sector agropecuario, agropecuario pesquero, pero que están relacionadas con esté; con los precios, con el nivel de bienestar de los mexicanos. Algunas de estas empresas las conocemos un poco más como PEMEX, por la comparecencia de su director y bastante información seria y veraz que se ha difundido al respecto. Otras no. Sigue siendo un problema oscuro, poco conocido para la mayoría del pueblo, y aquí incluyo a esta Cámara, la situación real de los ferrocarriles. De Ferrocarriles Nacionales de México los contadores hacen una serie amplísima de señalamientos sobre las irregularidades contables que se describen en nueve largos puntos; como muestra únicamente transcribiremos el noveno:
"Las cuentas por cobrar 1 197 millones; los deudores por servicios interlineales 424 millones; fondos para gastos y adquisiciones 196 millones; el equipo retirado del servicio a valor de salvamento 54 millones; los cargos diversos pendientes de ajuste 106 millones; están sujetos a depuración que incluyen partidas que ya debieron afectar tanto a resultados como a diversas cuentas del Balance."
Empero, no se pudo definir en cuánto están mal, porque para ello hubiera sido preciso depurarlas. Del estado de resultados se desprende que los ingresos de operación fueron por 7 613 millones; los gastos de operación por 10 149 millones; otros gastos por 2 677 millones; pérdida 5 213 millones; subsidio federal 3 768 millones; diferencia final negativa 1 444 millones.
Estos números, con toda su magnitud, no serían suficientes para preocuparnos gravemente, lo que sí nos preocupa es que cada vez más, Ferrocarriles Nacionales de México, se está convirtiendo en cuello de botella para la economía del país. En el año que nos ocupa fue constante la queja de los productores, principalmente de granos, de perder parte importante de sus cosechas por falta de transporte. Otra paraestatal, CONASUPO, sostuvo que la escasez de muchos productos era culpa del ferrocarril. Se habló de costos monstruosos de flete por carga detenida en barcos extranjeros. Hace unos días los periódicos comentaron que en la zona avícola de Tehuacán, que abastece al Distrito Federal, estaban sacrificando aves prematuramente por falta de grano, mientras que el grano se pierde en Tamaulipas. Todo esto es grave, pero más lo es que no sabemos qué se está haciendo para solucionar el problema. Nuestra impresión es que no hay un plan que tienda a la solución del problema y que el problema por lo tanto cada vez será mayor. Pedimos a esta Cámara se cite al Director de los Ferrocarriles para que nos ilustre sobre este angustioso problema nacional, y si no hay tiempo en este período, que se cite en enero a un período extraordinario de sesiones.
Otra empresa que debe interesarnos, no tanto por el número de pasajeros y mercancías que mueve, sino por su relación directa con una importante actividad nacional de coyuntura geográfica como es el turismo, es Aeronaves de México. Esta, con Mexicana de Aviación, son las dos empresas nacionales que monopolizan o bipolizan el transporte aéreo interior en el país. Para desgracia de quienes gustan comprar la administración realizada por particulares con objetivos de lucro, y aquella que realizan los burócratas con objetivos más indefinibles, es probable que Mexicana desaparezca del sector privado por el extraño manejo que se le ha dado a su problema laboral, pero volviendo a Aeroméxico, su capital social es de 298 millones 100 mil pesos, el superávit por revaluación es de 460 millones, el déficit acumulado es de 981 millones a los que se deben agregar 153 millones perdidos en 1978. Nacional Financiera le tiene prestados 2 264 millones, hay una nota en los estados financieros que preocupan, cuentas por pagar 3 592 millones, descontados los 2 264 millones ya mencionados que les tiene prestados NAFINSA, restan 1 328 millones de los cuales se comprobaron de cuentas por pagar 668 millones, por lo que no se contó con los comprobantes de 660 millones; ojalá no los encuentren. La nota 11 menciona la investigación acerca de la utilización de 58 000 folios favorables de numeración duplicada, de los cuales 54 000 se refieren a boletas de exceso de equipaje y 4 000 a boletos de cuatro cupones para vuelos internacionales. En la fecha del dictamen ya se habían localizado 2 000 folios sin utilizar. En abril del presente año apareció una nota periodística, yo la ví el 11 de abril en "El Heraldo de México", sobre la investigación de un fraude por 200 millones en Aeroméxico, de acuerdo con la nota los implicados se quedaban con el importe de boletos que no contabilizaban, yo desconozco el resultado de la investigación, es probable que dentro de un año los auditores lo incluyan en la cuenta de 1979.
No es posible dejar de referirnos a CONASUPO, gigantesca empresa de objetivos plurales, hija de la Compañía Exportadora e Importadora Mexicana y nieta para algunos del Comité Regulador del Mercado de Subsistencias. Lo cierto es que su propósito original era regular la oferta de productos de consumo popular, sin embargo, en los últimos años se ha convertido en una fuerte industria aceitera, molinera, lechera y ha invadido al país de tiendas en las que se venden productos a veces más caros, a veces de más mala calidad que los que vende el mercado privado. Se dice que el objetivo es vender en las regiones, en los poblados a los que no llega el comerciante o en donde abusa por la falta de competencia, pero lo cierto es que en los últimos años ha abierto tiendas no sólo en las grandes ciudades, sino en las colonias prósperas de esas ciudades. La Rehidratadora de Leche, LICONSA, vende en el D.F. y alrededores a precios subsidiados, ayudando un poco a la centralización y al crecimiento de la ciudad de México. En 1978 CONASUPO
requirió 10 350 millones en subsidios, más 13 252 millones en financiamiento. Estos subsidios de economía ficción, como los describiera el Presidente de la República, son cubiertos con endeudamiento externo o con el crecimiento en el circulante. Lo primero - lo leíamos hace un rato en boca de la Comisión - nos hace dependientes; los segundo provoca inflación y con ello mayor empobrecimiento de todo el pueblo mexicano. Por eso es tan importante la solicitud de la Comisión sobre la información adicional que necesita esta Cámara sobre el destino final de los beneficiarios de transferencias y subsidios para que sepamos quienes son realmente los beneficiados.
Podríamos continuar con Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas, pero el diputado Blanco Moheno pidió la palabra; indudablemente él sabe más de esto.
El tiempo se terminó.
Muchas gracias.
- El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado del PPS, Amado Tame Shear.
- El C. Amado Tame Shear: Señor Presidente:
Señoras y señores diputados:
Realmente, antes de subir a la Tribuna, me parecía ociosa la necesidad de tener que intervenir, porque parece que los tiempos van cambiando. Hace años, si tuviera que discutir una cuenta pública, como ahora se hace, inmediatamente la furia oposicionista se lanzaría en contra del Estado Mexicano y de su intervención en la economía, de manera frontal o completa. Hoy no, hoy parece que ya eso, por el debate que años prolongados se ha realizado en el terreno teórico y, sobre todo, por los resultados mismos de la práctica de la historia contemporánea de nuestro país, creo que ya está fuera de toda duda y discusión de que el Estado Mexicano tiene que intervenir en la economía y deberá seguir interviniendo en la economía, y de que el sector estatal ya es una realidad que hay que aceptar, sólo que hay que aceptarla con una variante que en esencia viene siendo lo mismo que aquella oposición cerrada de no permitir, no querer que existiera y se desarrollara el sector estatal en la economía y se fortaleciera la participación del Estado en ese campo.
Esa variante es ahora el Estado. Sí, que siga interviniendo en la economía, pero que se dedique a subsidiar, a capitalizar exclusivamente, al sector privado, que se quede con aquellas ramas que el sector privado no podría mantener ni sostener y que si la tuviera sería la autodestrucción de ese modo sagrado que es la propia acumulación de ganancia a través de la reproducción del capital.
Qué bueno que eso finalmente se vino a tocar, porque en opinión del Partido Popular Socialista, lo esencial es, si es que va a haber un debate que no es el caso, que en este debate tratemos una nueva esencia del mismo, como éste de la Cuenta Pública. Para el Partido Popular lo esencial, que no debe quedar oculto bajo lo secundario, la afición de "cuenta chiles" a veces o por inclinaciones de tipo contable profesionales nada más, es esencial para nosotros este gasto, demuestra una mayor intervención del Estado en la economía, pero con elementos que indican una nueva etapa de esa intervención. Por fortuna, superior a la que venía manteniéndose en el pasado. ¿Por qué decimos esto? Pues porque al leer la Cuenta destaca una cosa muy importante, el Estado entra ya a la fase, al objeto de iniciar, aceleradamente, dentro de lo que cabe, la producción de bienes de capital. Por eso las industrias de bienes de consumo popular, crecieron más lentamente con respecto a la producción de bienes de capital.
Esto significa, de acuerdo con el desarrollo por etapas de la agricultura y la industria y su correlación, que cuando un país empieza a manifestar un más rápido crecimiento en la producción, en números relativos de bienes de capital, en tanto que la producción de bienes de consumo teniendo un crecimiento, este es más lento, significa que se está ya apuntando a la entrada a esta nueva etapa.
Por otra parte tenemos conocimiento - esto no está en la Cuenta - de que hay ya proyectos en marcha para que el país vaya dejando ese patrón de crecimiento y entre a un patrón de desarrollo autosostenido y este desarrollo autosostenido no puede ser más que entrando de lleno a la fabricación de la maquinaria pesada que México vaya requiriendo de acuerdo con sus necesidades actuales y futuras.
Se sabe por ejemplo que hay en marcha una inversión conjunta de SIDERMEX, una fusión de las empresas estatales Altos Hornos, Fundidora Monterrey y Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas, con capital francés para establecer una empresa productora de bienes de capital en Tlaxcala.
También señalamos en apoyo a lo anterior, que se ha fortalecido, de una manera muy importante, la intervención del Estado en un dato que viene señalado en la Cuenta Pública. Se refiere a la correlación que hay en tendencias, de inversión pública con respecto a la inversión privada. Así se señala que la recuperación tuvo, como pilar, el aumento de la inversión fundamentalmente de la pública, mientras que ésta creció 44% a precios corrientes, aunque agregamos nosotros, considerando la inversión realizada en los organismos no controlados presupuestalmente, fue de 55.1%. Por otra parte, la privada realizó una inversión a un ritmo menor del 35%.
Esa tendencia nos muestra que el factor determinante y que está jalonando las decisiones del sector privado, lo constituye la inversión pública.
A juicio del Partido Popular Socialista, este ritmo mayor de la inversión pública, con respecto a la privada, debe ser mantenido si se desea que el sector estatal se convierta ya irreversiblemente, en el rector de la economía nacional.
Igualmente podemos señalar otro hecho esencial para nosotros: la correlación de la fuerza
financiera del sector privado y el sector público en la economía a través del sistema bancario.
Se destaca que del aumento de financiamiento otorgado por la Banca, 173.5 miles de millones de pesos; la Banca estatal nacional y Banco de México, aportaron poco menos de las dos terceras parte y la banca privada y mixta el otro tercio.
Lo anterior, está mostrado que el Estado sí está en condiciones, si así lo requiere, de influir de manera decisiva en la orientación y el ritmo que adquiera el desenvolvimiento económico nacional.
Para nosotros, para no entrar en más detalles que serían innumerables si es que el afán es analizar microscópicamente la Cuenta Pública, esos son los datos más esenciales que queríamos destacar, pero hay algo más, que queremos reafirmar. No podríamos pasar por alto esta ocasión en donde se aborda el examen de los organismos paraestatales de las empresas del sector público, para reafirmar, la extraordinaria trascendencia que para el país ha tenido el que el pueblo mexicano cuente con ese sector estatal de la economía, para poder salir dentro de un mundo capitalista en crisis, como ya se ha examinado tantas veces, en constante inestabilidad en todos los órdenes, poder salir adelante de la crisis que también padece nuestro México aunque de otra manera, y distinta a la que padecen los países capitalistas desarrollados.
para nosotros es importante que el pueblo conozca las causas por las cuales la economía nacional está empezando a crecer en una magnitud importante durante el año de 1978 y el papel trascendental del sector estatal, en este proceso de salida, posible salida porque no es todavía total, definitiva, de la crisis que aún padecemos.
La explicación, a pesar de las discrepancias manifiestas entre los diferentes partidos políticos, tiene que hacerse partiendo del análisis general de las condiciones nacionales e internacionales de la época que nos toca vivir.
¿Cuál es el cuadro internacional que señala, volviendo quizá a lo que ya se había superado en la discusión, pero que no es propiamente parte de la discusión, en mi caso, cuál es el cuadro de la situación mundial en esencia?
En esencia se reduce a lo siguiente:
Ya hace meses hubo una reunión de los Diez Grandes del Fondo Monetario Internacional, presidida por el capitán de ellos que es el gobierno norteamericano, y ¿qué discutieron para tratar de reanimar la economía mundial capitalista?
¿Discutieron qué políticas deberían de aplicarse? Estados Unidos llevó la voz cantante; impuso su criterio y fue aceptado por los diez. Más o menos fue el siguiente: "Para que se reanime la economía hay que recomendar a los países dependientes, que apliquen una estricta política de austeridad, dando al mismo tiempo facilidades de inversión al sector privado nacional y extranjero; no intervención del Estado, o si hay intervención, frenarla al máximo."
Eso fue para los países dependientes. Para seis países más débiles dentro de los 10 grandes, se les recomienda que apliquen una política simplemente de austeridad, deflacionaria; para Alemania, Japón, Francia, que tengan como objetivo principal abatir la inflación, pero para los Estados Unidos, que debe ser la locomotora del auge y la reanimación de la economía mundial, se reserva el derecho de aplicar las medidas que crea pertinentes.
Resultado: Estados Unidos aplica no una política antiinflacionaria sino inflacionaria. Se propone reducir el desempleo, ¿cómo? Aumentando los gastos militares.
Resultado: disminuir ligeramente la desocupación pero aumenta considerablemente la inflación y no hay tal reanimación acelerada de la economía.
La locomotora, entonces, se convierte en un carruaje tirado por caballos. Esa es la realidad, pero hay un desarrollo desigual y ciertamente Alemania y Japón que habiendo salido derrotados de la Segunda Guerra Mundial, han renovado su tecnología con los conocimientos más avanzados, toda su planta industrial, y no tiene ese grave lastre de sufragar inmensos recursos para la carrera armamentista y ellos sí pueden más o menos contemplar una situación mejor, pero, resultado: ni hay una verdadera reanimación de la economía mundial, ni ha terminado la desigualdad, o se ha reducido la desigualdad entre los países, sino que se ha acentuado; los países pobres carecen ya prácticamente de recursos dada su balanza comercial y de pagos totalmente y crecientemente deficitaria para poder comprar lo indispensable que necesitan.
En estas condiciones, efectivamente, México, en 78, registra un aumento del 7% de su producto interno bruto, cifra que superó prácticamente a la mayoría de los países capitalistas desarrollados y no se diga de los emergentes; este hecho, señoras y señores diputados, realmente posee un significado mayor de lo que parece, el pueblo debe de ser consciente de ese hecho, la explicación no la podríamos encontrar comparando cifras contables o magnitudes de variables productivas de por qué México ha llegado al 7%, sino que tenemos que recurrir, es cierto, al pasado inmediato, de otra manera no se podría explicar al pueblo por qué ese acto aparentemente un poco mágico, porque hay que terminar con la magia en la economía.
Como todos sabemos, la última crisis del capitalismo que se inició más o menos en 1974 - 75, coincidió con una etapa en la que estaba en plena marcha una política nacionalista tendiente a fortalecer al Estado en todas sus formas, principalmente en la economía y a mejorar las condiciones sociales de las masas trabajadoras; política que por cierto condujo al Gobierno a deslindar posiciones frente al capital extranjero y a los grupos oligárquicos domésticos que se oponían conjuntamente a dicha política, ejerciendo toda clase de presiones para socavarla, presiones que fueron de toda índole y que culminaron con la remisión masiva a partir del segundo semestre de 1976, de acuerdo con
versiones fidedignas. La salida de divisas durante varios años alcanzó una cantidad de cerca de 10 000 millones de dólares; el diferencial de devaluación, si lo multiplicamos por el monto de las divisas expatriadas, representó un enorme volumen de ganancia que obtuvieron estas fuerzas, económicas antinacionales y que con ello súbitamente contaron con grandes capitales que no les quedó otro recurso que utilizarlas en dos sentidos, por un lado, en el consumo improductivo, por otra parte, canalizándolo en forma improductiva en la adquisición de empresas pequeñas y medianas, acciones, valores bursátiles etc.
Aquí radica una causa por la que se fortalecieron más las grandes empresas, entre las que destacan las de capital extranjero y monopolios privados nacionales. Lo anterior significa que a partir de la devaluación se inicia una etapa en la que necesariamente había que restablecer la capitalización de la economía y cubrir materialmente las ganancias de los beneficiarios de la devaluación. También había que resistir la recesión y los desequilibrios de la economía nacionalista mundial. Bajo esas condiciones, el abatimiento del poder adquisitivo del salario y la merma de ganancias de la inmensa mayoría de, sobre todo, pequeños industriales y demás empresarios nacionalistas, reflejaron el fenómeno que había que afrontar aplicando una política económica que permitiera tener algún control sobre el proceso inflacionario y, a la vez, hacerle frente a los beneficiarios del proceso inflacionario y de la devaluación.
Durante todo el año de 1977 se puso de manifiesto también - es un hecho que hay que destacar y se ha destacado y se seguirá destacando - , el enorme sentido de responsabilidad de la clase trabajadora que optó por un sacrificio temporal y necesario. Si se estudia objetivamente la realidad y no se vienen a proponer proyectos ideales y milagrosos, para ayudar al gobierno del licenciado López Portillo a abrir las puertas y evitar que el imperialismo y sus agentes lograran conducir al país a una crisis política que cancelara la posibilidad de la salida democrática y económica, cosa contraria a lo que hicieron los grandes magnates domésticos y extranjero que no han cumplido, no han cumplido, sus promesas de invertir y aumentar la oferta de productos necesarios para el pueblo trabajador.
Por una razón no invertirán, no invertirán, como se hace constar en la cuenta pública, que la inversión privada en todos los países capitalistas anda muy baja, porque en época de inflación no hay mucho estímulo para la ganancia en invertirlo en actividades productivas es incierto, es inseguro, más vale mejor canalizarlos a la especulación en todas sus formas, en todas sus formas y, mientras haya un grado constante, importante de inflación, seguirá manteniéndose el fenómeno especulativo en todos los órdenes, por eso de ahí que la Iniciativa de Ley del Ejecutivo, la reciente de dar mayores atribuciones al Estado en materia económica y las reformas al Código Penal, para combatir la esfera de la especulación.
En estas condiciones el crecimiento en 1978 del 7% de nuestro PIB no puede ni debe ser menospreciado por las corrientes democráticas y patrióticas; si es una magnitud que no es fácil de alcanzar en condiciones normales, debe llamarnos más la atención por las condiciones en que se produce. Por otra parte, es cierto que un aumento del PIB no implica necesariamente mejoría al pueblo, y en este caso esa mejoría no se ha dejado sentir, pero también es cierto que el pueblo no podrá luchar eficazmente por su mejoría.
A juicio del Partido Popular Socialista es válido el Dictamen de la Cuenta Pública y nos parece saludable que las fuerzas del Gobierno ponderen juiciosamente las causas que determinaron este notable aumento.
Nuestra opinión sobre este resultado, parte, entre otras cosas, de que nuestro país, hablando en un sentido estricto, no se encuentra ni se ha encontrado en una crisis económica en el sentido clásico, sino lo que está en crisis, como lo ha expresado anteriormente el Presidente de la República, es la estructura que sobrevive de una injusta distribución de la riqueza acentuada por la dependencia que se puso de relieve al desencadenarse el proceso de la crisis económica de Estados Unidos que repercutió, en todo el mundo capitalista, en su forma de inflación con recesión y que ha golpeado a todos los sectores, particularmente a los trabajadores del campo y la ciudad, y ha beneficiado esa estructura injusta y frenadora de las fuerzas productivas a una breve minoría.
Desde el punto de vista de análisis del sistema capitalista, una crisis económica es de sobreproducción relativa, es decir, de insuficiente demanda solvente y solamente se produce en un país capitalista que posea completamente desarrolladas y estructuradas las dos secciones fundamentales de su economía.
De acuerdo con este criterio que nadie puede negar, es claro que nuestro país carece de la primera sección, la sección de la industria pesada reproductora de bienes de reproducción. Es decir, no tenemos fábricas que produzcan máquinas para hacer maquinas, lo suficientemente desarrolladas. Nuestro país realiza casi todo su comercio exterior con un sistema capitalista en crisis y crítica, con alto grado de inflación crónica Por eso, por ser inflación crónica, no es posible estar pidiendo y exigiendo que el Gobierno tome medidas para liquidar la inflación. No podrá, mientras la inflación sea como la ha sido por causas internacionales que se deriva del Sistema Monetario Internacional, el Gobierno Mexicano no podrá liquidar la inflación. Por eso recuerdo yo que hace años el Presidente del sexenio pasado dijo "hay que acostumbrarnos a vivir dentro de la inflación y eso es justo."
Por eso, también es justo, que dentro de la estrategia el señor Presidente plantee primero salir de la inflación con recesión y pasar al crecimiento con inflación, pero es obvio que hay que deducir de ahí que el pueblo trabajador no se va a sacrificar, ni mucho menos indefinidamente, situación esa que propicia repercusiones cada vez más peligrosas y que afectan en
mayores proporciones a los sectores sociales económicamente débiles.
No obstante el carácter externo que reviste la inflación, en lo interno se conjugan motivos económicos y políticos provenientes de los reducidos pero poderosos sectores oligárquicos, que actúan permanentemente acentuando su presión para multiplicar los efectos inflacionarios. Su propósito en esas condiciones es doble, acrecentar su fuerza económica y política y simultáneamente responsabilizar al Estado del proceso inflacionario y sus consecuencias.
Ese sentido tiene la actual campaña contra el IVA, que ha desatado el sector oligárquico.
Permítaseme una pequeña digresión sobre eso porque creo que es necesaria, se ha tocado ese problema.
Se dice que el IVA va a ser inflacionario porque va a elevar los precios de los productos. la verdad es ésta, que es una campaña contra un impuesto que si algo tiene de avanzado, si no me equivoco, es propiciar el control mayor por el Estado y de los trabajadores sobre las operaciones de las empresas y que combate a fondo la evasión fiscal y crea condiciones para cuando el Fisco cruce la información derivada de la propia aplicación del impuesto con el proveniente del Impuesto sobre la Renta, se habrá dado un gran avance en el país, consistente en que con pleno conocimiento de causa se estará en disposición de gravar muchas operaciones que actualmente deducen las empresas de sus ingresos para reducir su base gravable y pagar obviamente menos impuestos. Además se estará en condiciones de poder gravar de una manera totalmente acumulada o globalizada, el ingreso de las personas físicas, sobre todo de los grandes capitalistas. Por eso la campaña contra el IVA viene del sector oligárquico y pretenden ya manejarlo, hoy como una arma para desacreditar al Gobierno ante el pueblo, dado que en apariencia este impuesto parece hacer crecer la carga del impuesto al consumo de 4 al 10%.
Para los trabajadores el IVA puede ser utilizado y aprovechado como lo que es, como un paso nada más adelante que tiene que continuarse para una reforma fiscal a fondo.
En esas condiciones críticas y difíciles acentuadas en los dos últimos años, después de la devaluación, valdría la pena preguntarnos cuáles hubieran sido los efectos sobre los diferentes sectores económicos y de la población, si nuestro país no tuviera un sector estatal de la economía. Nos parece que la respuesta sería una sola, sencillamente este país, éste, el nuestro, hubiera sido ya avasallado por el capital extranjero.
Gracias a las empresas del Estado y a la influencia que ejercen, se puede garantizar el funcionamiento de la economía nacional y pasar a una etapa de planeación concertada. Desafortunadamente, todavía se mantienen monopolios privados que se aprovechan desmesuradamente de la situación y exigen que el Estado se ponga a su servicio.
Sin el sector estatal de la economía, señoras y señores diputados, imposible siquiera, tener la posibilidad real de salir adelante en esta seria y grave crisis que padece nuestro país, que no es otra cosa, en esencia, que la crisis de una estructura que tiene que desaparecer, pero que somos conscientes que no puede desaparecer de golpe y porrazo. Por eso hemos estado examinando la Cuenta, para tratar de avizorar si ya se reflejan elementos de una política económica cualitativamente, en muchos aspectos, distinta a la anterior y lo hemos podido apreciar.
Finalmente yo quisiera referirme a una afirmación del señor diputado del PAN en el sentido de que se opone y protesta porque descubre que ahora ya los precios de los bienes, de los bienes y los servicios de las empresas en muchos aspectos está un poco más arriba del costo de producción.
Yo no sé...no los entendemos.
Yo no los he podido entender.
Unas veces atacan al Estado porque quiere que no haya pérdidas; no que haya grandes ganancias, sino que no haya pérdidas; ciertas utilidades, porque provoca inflación, pero otras veces, precisamente cuando aparecen los números rojos, ineficientes, inservibles, corrupción, ineficacia, etc.
Es el juego de Juan Pirulero, no se les puede entender, digo, desde el punto de vista de la lógica del pensamiento, desde el punto de vista de la lógica de los intereses, si se puede entender.
En los dos casos el objetivo es golpear y golpear.
Pues bien, precisamente creo, que un grado importante de inflación en México, se deriva de los subsidios que todavía sigue otorgando generosamente el sector estatal de la economía, no elevando de una manera justa, racional, los precios de sus productos y de sus servicios, porque inflación quiere decir exceso de circulante por ahí dicen los monetaristas.
Bueno, pues. Un circulante excesivo se reduce cuando parte de él tiene que canalizarse para pagar más altos precios de aquello que está a bajos precios, incluso abajo de sus propios costos.
Creo que nivelar los precios de los productos del sector estatal y de sus servicios, es una medida al contrario, anti - inflacionaria, desde el punto de vista de entender, como aquí algunos dicen, que la inflación se debe al exceso de circulante que emite el Estado Mexicano.
Son curiosos los señores del sector privado, ellos realmente aceptan todo aumento menos dos, el de los salarios y el de los productos y servicios del sector estatal. Esos no los aceptan. Son inflacionarios los dos.
Entonces quiere decir que inflacionario, para evitar la inflación hay que morirse de hambre. Eso es todo. A esa conclusión se llega. Vaya qué manera de manejar los problemas de la economía.
Al contrario, el Partido Popular Socialista, considera que el Gobierno tiene la tarea ineludible de capitalizar al sector estatal y elevar las condiciones de vida del pueblo y esto ya es
una cuestión al orden del día, no se puede seguir posponiendo.
Otra afirmación de otro señor diputado de Acción Nacional, que dice más o menos que hay que devolver las empresas estatales que no son estratégicas y que pueden dejar buenas ganancias en manos privadas. Claro, que se deslinden las funciones del sector privado ya definitivamente y del sector estatal.
Pues lo que decíamos antes, es nueva variante, pero lo que se quiere es como siempre socializar pérdidas, como alguien dijera, privatizar las ganancias.
Señoras y señores diputados:
La posición del Partido Popular Socialista es contundente, pues, como todos ustedes saben, en su programa siempre está insertado el objetivo de que el sector estatal de la economía aumente indefinidamente, es cierto, indefinidamente, porque queremos que aumente la economía del país indefinidamente.
Y el sector estatal, los hechos lo están confirmando, el gasto público así lo confirma, es el motor único para impulsar el desarrollo económico del país.
Si a mí no me quedara más dilema que escoger una empresa estatal muy desorganizada, con mucha corrupción, ineficacia, un tanto desordenada, con baja productividad, y una empresa privada, casi perfecta, con un funcionamiento casi perfecto, pues yo escogería el primero. ¿Por qué? Porque es un dilema que no existe, para empezar, pero, además, porque en esencia, a pesar de todo ello, la empresa estatal daría un servicio directo al pueblo, a la clase trabajadora.
El otro no.
El otro precisamente la perfección de su empresa consiste entre otras cosas elevar la técnica, la intensidad del trabajo, elevar la productividad, afinar los mecanismos para profundizar en la explotación de sus trabajadores o para llevarlos al agotamiento físico o psíquico, como ocurre ya hace tiempo en Estados Unidos con su ritmo infernal, trilórico de la producción. Creo que para quien piense con objetividad sin dejarse llevar por las palabras, haría lo mismo que yo. Muchas gracias. (Aplausos.)
- El C. Roberto Blanco Moheno: Pido la palabra, señor Presidente.
- El C. Presidente: ¿Con qué objeto, señor diputado?
- El C. Roberto Blanco Moheno: Fui aludido, señor Presidente.
- El C. Presidente: Tiene usted la palabra señor diputado Blanco Moheno.
- El C. Roberto Blanco Moheno: Señor Presidente:
Señores diputados:
Un muy inteligente diputado del Partido de Acción Nacional - aquí veo cinco minutos, no me parece muy correcto pero en fin, en vista de que hay señores que han leído 30 páginas de las cuales no se ha entendido una siquiera - , un señor del Partido de Acción Nacional habló del diputado Blanco Moheno al referirse a la Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas, yo por el respeto que le tengo al nombre del general Lázaro Cárdenas prefiero llamarle nada más Las Truchas, a pesar de que el apellido Cárdenas esté metido en el intríngulis de esa situación.
Cuando el señor diputado de Acción Nacional, y recuerdo aquí, por favor a los compañeros que el Partido de Acción Nacional se unió a los partidos de izquierda para acusarme de todas las inmoralidades habidas y por haber como periodista, dice que yo soy el que puede saber más acerca de ese asunto de la Siderúrgica Las Truchas; agradezco mucho la rectificación, como periodista que lo he sido hace casi 40 años y que dejaré de serlo mientras viva y mientras me lea la gente y me paguen los dueños de los periódicos en lugar de ir a pedirles yo a los diputados dinero, como periodista descubrí, en mi oficio de reportero del cual estoy muy orgulloso, que en la Siderúrgica Las Truchas había aproximadamente - y vamos a hablar en español de México - un trinquete de sobre 20 mil millones de pesos que si nos referimos a los pesos ya devaluados serían 40 mil millones de pesos.
Desgraciadamente, a pesar de que aporté - ahí está la colección de la revista Siempre - . todas las pruebas posibles no se hizo nada al respecto, no operó la justicia ni se procuró la justicia en contra de los ladrones.
No tengo el menor motivo ni el menor temor para dejar de citar los nombres de quienes, en cierto modo, deben responder de esa espantosa inmoralidad: miembros de las familias Cárdenas, Echeverría, Zuno y el jefe de la familia Uribe de Alba son los principales responsables que no han respondido a pesar de ser responsables que no han respondido a pesar de ser responsables, porque en esto consiste la gracia o la desgracia de México.
Espero que con esta pequeña intervención termine la discusión acerca de la Cuenta Pública.
Miren ustedes, hubo un señor diputado de Acción Nacional que me recordó - y me perdonan ustedes si recurro - a una anécdota, pero que sirven las anécdotas para aclarar más las situaciones - al señor que llegó a un baile en un pueblo con dos muchachas de esas que pertenecen al que llaman el oficio más antiguo del mundo y entonces los señores que cuidaban la entrada le dijeron que no podía penetrar con sus compañeros porque eran de conducta dudosa y en las invitaciones se decía que estaba prohibida la entrada a mujeres de conducta dudosa. Les dijo "bueno, las de conducta dudosa son las que están adentro, porque de éstas no puede estar más clara".
En este sentido, así como las acompañantes del señor que fue al baile, así son las compañías, las empresas de la llamada Iniciativa Privada, tan privada de iniciativa, que vive siempre a base de un juego doble de libros, estafando al fisco y, por lo tanto, estafando al pueblo mexicano.
Las compañías paraestatales que han sido tan atacadas, por lo menos tienen una
ventaja: miren ustedes, antiguamente, no sé si a la fecha, en Francia, para encontrar las trufas, que como ustedes saben son un platillo exquisito y un condimento casi necesario en toda esa gran alta cocina francesa, se utilizaban los cerdos, que con su instinto llevaban indefectiblemente al campesino a donde las trufas estaban, entonces el campesino - en este caso el Gobierno Mexicano - , cuidaba de que los cerdos comieran un poco de las trufas que habían encontrado porque si no se iban a negar a encontrarlas el año siguiente; pero cuidaba, sobre todo, de que no se fueran a acabar todo por la voracidad tan espantosa que tienen los "cerdos".
Las paraestatales hacen la función generalizada y aumentada de la CONASUPO, de la CONASUPO a las que ha criticado aquí, pero yo que soy un representante electo por inmensa mayoría de un distrito enormemente pobre, quisiera de verdad ser creyente para darle gracias al Dios por la existencia de la CONASUPO, en el nombre de los niños que viven en el distrito que represento, porque la CONASUPO ha impedido que los hambreadores hambrien demasiado, se coman todas las trufas.
Compañeros diputados, sabemos todos lo que ocurrió en el año de 1976, es elegante no hablar de ello, pero sabemos todos que México estuvo a punto de tronar, como decimos en el lenguaje popular.
Se habla de milagros económicos, no los hay. A un celebre economista que le hablaron acerca de los milagros económicos conocidos, dijo: "...bueno, pues sí en el Japón, es un pueblo muy trabajador, muy meticuloso; los alemanes, pues los alemanes son gentes tan eficientes que inclusive quemaron cinco millones de seres humanos y en poco tiempo y en cuanto al Brasil ahí sí realmente se trata de un milagro, porque no veo por dónde pueda haber guerra".
En realidad no hay milagros, los alemanes son el escaparate hacia el mundo de detrás de la cortina de hierro y por eso han tenido tantos dólares y la ayuda de los Estados Unidos. El Japón ha podido desarrollar una inmensa, una enorme función productora industrial porque está cubierto por la sombrilla atómica norteamericana. Si el Japón tuviera que gastar en armas nucleares para prevenir lo que le pudiera llegar o de los Estados Unidos o de la Unión Soviética, el Japón tendría a su gente muriéndose de hambre.
México vive junto a los Estados Unidos, es muy cómodo dedicarse toda la vida a hablar en contra del imperialismo yanqui vuelvo a que hay dos imperialismos y no podemos siquiera al hablar de la crisis mundial separar al mundo occidental del oriental analizar sus crisis, porque mientras el mundo occidental da a conocer su situación más o menos, es decir, como las paraestatales en nuestra situación local las cuentas y recuentas del mundo de detrás de la cortina de hierro, son como todo lo que ocurre en esos países, un absoluto misterio.
Yo les pido compañeros que nos dejemos de los señores "CPT", los encargados del juego doble de libros, los changarreros, son "cuenta chiles" efectivamente aunque conste que si son "cuenta chiles" es porque los mexicanos no comen más que eso, pero está probado y ellos mismos han aceptado que, por primera vez en la Cuenta que se nos ha puesto a la consideración, se ha mejorado mucho el procedimiento y los sistemas, vamos mejorando indudablemente en este sentido.
Solamente pido y ya para terminar y no quitarles más el tiempo pues creo que ya es hora de votar, solamente pido que se tome en cuenta dos cosas para poder seguir aprobando estas cuentas del Gobierno. Que la Ley de Responsabilidades de Funcionarios Públicos deje de ser una novela, con el objeto de que los ladrones vayan a la cárcel y además que las famosas auditorías se conviertan en auditorías técnicas, porque hasta la fecha una auditoría dice más o menos así:
"Una máquina, se compró una máquina a fulana con tales características, etc., costó 22 millones de pesos."
La auditoría técnica consiste en averiguar el verdadero valor de cada máquina y averiguar dónde se quedó la diferencia.
Estamos a muy pocos días de la celebración de un aniversario más de la Revolución Mexicana, que ha desembocado en San Jerónimo, en las Lomas de Chapultepec y en el Pedregal de San Ángel; ojalá y podamos hacer una avenida hacia las zonas pobres, miserables, porque ni siquiera fueron los obreros, los obreros y mucho menos los señoritos viejos de Acción Nacional, no, quienes hicieron la Revolución fueron los campesinos y esos se siguen muriendo de hambre.
- El C. Presidente: Tiene la palabra el ciudadano diputado Juan Landerreche Obregón. del Partido Acción Nacional, en contra del dictamen.
- El C. Juan Landerreche Obregón: Señor Presidente:
Señoras y señores diputados:
Cuenta Pública es muy importante, es un problema trascendente y las cifras de la Cuenta Pública son también muy importantes, pero más importantes que las cifras, son los conceptos que rigen, que deben regir la Cuenta Pública.
Hemos oído muchas cifras, algunas de ellas muy importantes y muy reveladoras. Yo voy a tratar de reducir al mínimo o si es posible evitar hablar de cifras.
Desde luego una aclaración a Acción Nacional siempre se le ataca y se le achacan las cosas más absurdas que nunca ha dicho que nunca ha sostenido. Ya salió a aquí naturalmente que nosotros estamos en contra de la intervención del Estado en la economía. Nosotros no estamos básicamente en contra de la intervención del Estado en la economía y quien quiera comprobarlo que les muestre
principios de doctrina y nuestros programas políticos que tienen 40 años de vigencia y que no hemos tenido que cambiar, nosotros hemos dicho siempre que el Estado es y debe ser el rector de la economía, pero que no es el propietario de la economía. Como rector puede intervenir en la economía para ordenarla y debe intervenir: es su responsabilidad intervenir en la economía para ordenarla.
Nos hemos inscrito en contra de las paraestatales, de la Cuenta de las paraestatales y ya nos han dicho los compañeros nuestros que hablaron con anterioridad, que han dado cifras y han demostrado muchos motivos para oponernos a ellos, no porque vengamos a decir que no deben existir paraestatales; comprendemos que es un fenómeno universal y que es una realidad y que en muchos aspectos pueden estar justificadas, pero no hay que hablar nada más de las paraestatales así como así, deben tener sus reglas; deben tener sus limitaciones; deben ser honorables. Que no suceda con ellas lo que nos ha dicho hace un momento el diputado Blanco Moheno que sucedió en Las Truchas; que no suceda con ellas tampoco, ni tampoco con las privadas, lo que nosotros también reprobamos: que lleven cuentas dobles, cuentas que engañen; que se aleje de ellas la corrupción, como también se debe de alejar de la empresa privada cuando la empresa privada corrompe a los sectores oficiales para sacar adelante sus intereses. También eso lo condenamos, pero los organismos y la empresas paraestatales tienen que tener reglas y en primer lugar deben de ser eficientes. Si bien no están hechas para lucrar, y nuestro compañero Canales Clariond lo dijo así, tampoco deben de ser las pérdidas el pretexto para ocultar ineficiencia y para ocultar corrupción.
Cuando hay paraestatales que cumplen un servicio público, una cuestión de interés general, si la cumplen con pérdidas y necesitan subsidios, estamos dispuestos, aceptamos que esto sea justificado, pero que no sea el pretexto de que cumplen o que tratan de cumplir fines de interés general para ocultar, repito, la ineficiencia, para ocultar la corrupción.
En el estado y en las empresas paraestatales debe haber eficacia; y para no cansarlos a ustedes en eso, quiero mencionar un hecho, un caso que es del dominio público.
Hay en México dos empresas de aviación y no tengo que ver nada con ninguna de ellas. ni me interesan, pero las dos cumplen un servicio público. La una es privada y les presenta a sus accionistas, balances y utilidades y cumplimiento de sus servicios: la otra es paraestatal y constantemente sufre pérdidas y necesita subsidios. ¿Por qué es esto? Simplemente por lo que ya decíamos, por lo que dijo el diputado Blanco Moheno.
Y nosotros, si bien aceptamos que pueda haber empresas paraestatales, no aceptamos, repito, que sean el pretexto para que haya funcionarios venales que medren y que sean refugio de políticos desplazados e ineptos a quienes se mandan ahí dizque para manejarlas, y que simplemente empeoran su situación. De paso diré que sabemos perfectamente que en materia de aviación, de servicio de transporte aéreo, hubo alza de tarifas si no en 78, en 77, de manera que no hay por que extrañarse, y no hay por qué rectificar, como hizo el diputado. Pichardo, que no había habido alza de precios, alza de tarifas en las tarifas en las empresas paraestatales. Las hubo, como también las hubo en las empresas privadas y si fueron justificadas, pues, también las aceptaron las empresas paraestatales.
De manera que el primer punto es, que la empresa paraestatal para tener derecho a existir, para que cumpla su función de servicio al pueblo y de mejoría de las clases más necesitadas, como se dice, debe ser eficaz, y debe acabar con la corrupción.
Pero hay otro principio también en materia de existencia de empresas paraestatales, de empresas y organismos paraestatales, y es el que nosotros llámanos la subsidiaridad.
Es decir, el Estado puede y debe intervenir en la economía, pero no puede ni debe intervenir en la economía, sobre todo en un régimen de economía mixta como el que nosotros tenemos, que establece nuestra Constitución, cuando las actividades que trata de desarrollar las pueden desarrollar y las desarrollan eficazmente los particulares.
Y aquí viene la cuestión de tantas y tantas empresas paraestatales que siempre hemos criticado y que criticaremos porque no cumplen ningún fin, ningún postulado de interés general.
También mencionaré tan sólo unos cuantos casos para no cansarlos, para no repetir demasiado estas cosas.
El Estado tiene empresas que fabrican estufas, que fabrican refrigeradores y lavadoras, y hay multitud de empresas privadas que fabrican eficazmente estufas y refrigeradores y lavadoras. Si las empresas del Estado que manufacturan estos artículos hicieran algún refrigerador especial para clases populares en lugares insalubres, estaría muy bien, y si lo hicieran con pérdidas y lo dieran abajo del costo para ayudar a la salubridad y a la salud del pueblo mexicano en las regiones insalubres, estaría muy bien, pero esas empresas fabrican los refrigeradores que fabrican las demás y los venden en los almacenes más o menos de lujo o más o menos populares que hay en la ciudad de México, que hay en cualquier otra ciudad, simplemente hacen una competencia, una competencia, además, indebida y desleal.
El principio de subsidiaridad exige que el Estado no intervenga cuando los particulares pueden cumplir en debida forma una función, puede intervenir para controlar, para evitar que el cumplimiento de esa función se desvíe y cause perjuicios al interés general pero no tiene porqué tomarla para sí.
Y diremos otro caso, el Estado tiene hoteles, y al tener hoteles tiene restaurantes, y
al tener restaurantes y hoteles tiene cabarets, ¿Qué es esa una función del Estado? Lo hace a título dizque de fomentar el turismo. El turismo lo pueden fomentar y lo fomentan muchas empresas particulares. El Estado debe vigilar que en el desarrollo del turismo no se explote a los extranjero que vienen a visitarnos, que haya limpieza. que haya higiene, que se desarrollen los lugares que realmente merecen desarrollarse, otras muchas cosas que puede hacer el Estado como rector de la economía, pero yo no veo cómo pueden demostrar que el Estado puede tener cabarets, restaurantes u hoteles. Y si los tiene porque quebraron para sus dueños y los sacó de la quiebra, pues muy mal hecho que se dedique a sacar a las gentes influyentes de las quiebras en que incurren, e inclusive si lo hizo para salvar una fuente de trabajo, una vez que la salvó que se deshaga de ella, que la venda o que la liquide.
Las paraestatales, pues, deben ser eficaces, deben además dedicarse a aquellas cosas que los particulares no pueden realizar o que no pueden realizar suficientemente bien, con suficiente eficacia, con cumplimiento auténtico de la función que les corresponde.
Y viene el tercer requisito que deben tener las paraestatales, muy importante también. Y cómo se oponen a él en muchos casos: el control, el control que antes no existía absolutamente nada, que a partir de 1964 se inició respecto de un grupo de empresas paraestatales, sometiéndolas al régimen de presupuesto y de cuenta pública y sometiéndolas, en consecuencia, a la vigilancia y al control del Congreso. Y el control de tantos otros organismos que están fuera de este régimen y de los cuales el Congreso no tienen ninguna intervención, ninguna información.
Sabemos perfectamente que en estos otros casos que no están sometidos al Congreso, que hay otros controles: el control de la Secretaría, antes del Patrimonio Nacional, y ahora me parece que es de Programación y Presupuesto, en los bancos el control de la Comisión Bancaria y de la Secretaría de Hacienda. Pero ese control es totalmente insatisfactorio, porque es el Ejecutivo que promueve las empresas, que las opera, quien se vigila a sí mismo, quien se controla a sí mismo. Y es principio elemental de la vigilancia y del control que lo deben ejercitar personas distintas de las que operan y realizan los actos controlados. De manera que a nosotros no nos satisface de ninguna manera, no puede satisfacer a nadie que tenga sentido de cómo deben ser las cosas, el control del Ejecutivo por el Ejecutivo. Debe haber el control del Ejecutivo por el Congreso, y por eso nosotros hemos exigido siempre y seguimos exigiendo y lo seguiremos exigiendo hasta que se realice totalmente, el control por el Congreso, de todos los organismos y empresas paraestatales que actualmente están fuera del régimen presupuesto y cuenta pública a que se encuentran sometidos unos cuantos.
No importa que los organismos y las empresas que estén sometidos a este control representen el 85% del movimiento de los demás; todos manejan dinero de los demás; todos manejan dinero del pueblo mexicano, dineros que el pueblo mexicano ha puesto con sacrificio, en sus impuestos, en las empresas que en alguna forma han tomado el poder público. Es dinero del pueblo y lo tiene que vigilar el pueblo a través de su representación nacional, y debe haber una vigilancia que sea eficaz, porque, precisamente, ¿por qué hay esas empresas que no realizan fines de interés público, que realizan fines que puede llevar a cabo la iniciativa privada? Porque no se ha puesto bajo la vigilancia del Congreso, que debe decir en qué casos sí está justificado y en qué casos no, que se formen y se desarrollen organismos y empresas paraestatales.
Concretamente, en el caso de los bancos, nosotros estamos de acuerdo en que probablemente estamos de acuerdo en que probablemente el régimen de Presupuesto y Cuenta Pública no sea el más adecuado para toda la banca nacional: El Banco de México, la Nacional Financiera, el Banco de Obras y Servicios Públicos, el Banco Cooperativo, el Banco de la Defensa y de la Armada. Todo el sistema de bancos nacionales de crédito, que es justificado plenamente que exista como parte de la intervención del Estado en la economía. Pero, si no los ponemos sujetos al régimen de presupuesto, ¿por qué no se les pone sujetos al régimen de vigilancia de sus cuentas a través de la Cuenta Pública? Manejan también dineros del pueblo, manejan también, en algunos casos, por ejemplo, como en el Banco de México, no sólo dineros del pueblo, sino el sistema monetario del país, que tanto afecta al pueblo, al pueblo mismo y, sobre todo, a las clases desvalidas a través de la inflación y a través de tantos otros problemas económicos. Deben estar pues, sujetos, en cuanto manejan dineros aportados por el pueblo a un régimen de rendición de cuenta pública.
Señores, por eso estamos en contra del Dictamen y de la Cuenta. Queremos que los dineros que maneja el Estado, que maneja el Gobierno, sean para el bien del pueblo; sabemos que la función del Estado es, entre otras muchas, manejar los dineros de los impuestos, de los dineros que de alguna forma llegan a sus manos en beneficio del pueblo; pero lo tiene que hacer con intervención de los representantes del pueblo, de la representación nacional, y lo tiene que hacer a base de eficacia, a base de respetar el principio de subsidiaridad y a base de un control que garantice que ese manejo será realmente en beneficio del interés general.
Y ahora unas cuantas palabras con respecto al funcionamiento de nuestro voto. Nos hemos inscrito en contra del dictamen y votaremos en contra de la aprobación de la Cuenta Pública. Sabemos por supuesto que no está sujeta a aprobación de la Cuenta Pública, pero sabemos que si bien hubo una reforma constitucional hábil precisamente para evitar que hubiere una decisión y una declaración del Congreso de la Cámara de Diputados, terminante, porque es función totalmente nuestra con respecto a la Cuenta Pública, nosotros no
lo aceptamos, porque el principio fundamental, moral y jurídico es que quien maneje dinero ajeno debe rendir cuentas de ese dinero y debe recabar la aprobación del dueño del dinero.
Y el Gobierno maneja dinero del pueblo mexicano, tiene obligación de rendir cuenta al pueblo mexicano y debe recabar la aprobación del pueblo mexicano; y, nosotros, en nuestro carácter de representantes del pueblo, negamos esa aprobación, diga lo que diga la Constitución y la Ley del Presupuesto.
No estamos conformes como se ha manejado el dinero del pueblo en los casos que se han expresado por otros diputados de mi partido, que no insisto en ellos para ya no cansarlos más.
Reconocemos, sin embargo, que la Cuenta Pública que ahora se presenta, significa un avance muy importante con respecto a las presentadas en ocasiones anteriores. Ciertamente, ya se ha dicho aquí, pero queremos reconocerlo expresamente, en cuanto al acercamiento hecha al presupuesto aprobado, es la primera vez que se ha llegado al grado que se ha llegado ahora. Eso debemos reconocerlo, es un adelanto.
También hubo en la Cuenta Pública, ahorros en Cuenta Corriente, hubo reducción en la tasa de inflación, fueron ventajas que también reconocemos.
Desafortunadamente esto sucedió en el año de 78 y no estoy muy seguro que en el año de 79 se puedan lograr también esos resultados. El Gobierno ha vuelto a gastar mucho, a endeudarse más, la inflación ha subido más que antes, ha recuperado el terreno que había perdido. También esto influye en nosotros para no aprobar una cuenta pública, porque una cuenca pública no es de un año nada más, es la vida de México en todo tiempo.
Por esos motivos, y por los demás que han expuesto mis compañeros, y que creo que ya no tiene caso insistir en ellos, nosotros votamos en contra de los puntos resolutivos del Dictamen y decimos que nuestro voto no es nada más en contra de esos puntos resolutivos, sino en contra del manejo de los dineros del pueblo por el Gobierno en el año de 1978. Ojalá podamos rectificar en otro año posterior. Muchas gracias.
(Aplausos).
- El C. Presidente: Tiene la palabra el señor diputado Ignacio Pichardo Pagaza.
- El C. José Ignacio Pichardo Pagaza: Compañeros diputados:
Hemos tenido largo y creo yo, provechoso debate, sobre la Cuenta Pública de la Hacienda Federal tanto en el sector central como en el sector de organismo descentralizados.
Yo quisiera, a nombre de la Comisión, hacer una recapitulación sintética, brevísima y, desde luego quisiera proponer que la Secretaría y el señor Presidente, si lo permiten sometieran a votación en lo general el propio Dictamen.
Hemos encontrado, a lo largo del debate, algunos puntos sobre los cuales todos los diputados han hablado, que son motivo de la preocupación de algunos sectores y que vale la pena mencionar.
En primer lugar, se dijo, las limitaciones a la información que contiene la cuenta pública. La cuenta pública, como algunos diputados lo han reconocido, ha contenido en este ejercicio fiscal un enorme volumen de información, mucho mayor que en otros ejercicios, pero efectivamente requiere, como lo reconoce el propio dictamen y el proyecto de Decreto, un mejoramiento que está sujeto a la consideración de ustedes.
Se dijo también que, reconociendo el crecimiento de la economía mexicana no era suficiente, se puso de relieve aquí que ese crecimiento ha sido superior al promedio de la tasa histórica de México y al crecimiento de América Latina de los países de la OSD que agrupan Japón, a Estados Unidos, a los países de Europa Occidental y a los países en vías de desarrollo no miembros de la OPEP; se subrayó también con insistencia, por parte de diversos partidos, incluyendo el partido de la fracción mayoritaria, la preocupación por la prioridad en el sector agropecuario.
Los argumentos que se señalaron fueron en dos grandes grupos: en primer lugar al estancamiento de la producción agrícola, como alguien lo llamó y, en segundo lugar, el hecho de que el sector agropecuario, presupuestalmente, no había dispuesto de las asignaciones totales que se le habían hecho.
Por lo que toca al primer lugar, quedó perfectamente claro que si bien la economía mexicana creció un 4%, una tasa mayor que la de la población en 1978, y que si bien en ese año las principales producciones de granos crecieron considerablemente más que en 1977, todavía ese sector no alcanzó los niveles más altos de otros ejercicios anteriores.
Por lo que toca a la prioridad presupuestal, se hizo ver por algunos diputados, que el sector no había erogado lo que se había originalmente presupuestado. Esto es cierto, pero quedaría una impresión equívoca en la Asamblea si no se mencionara que no obstante que el ejercicio del sector agropecuario quedó 7% abajo de lo presupuestado, el monto total de las erogaciones de 78 fue considerablemente mayor a las asignadas en 77, lo que pone y subraya de relieve la preocupación del Gobierno Federal por este sector.
Por lo que toca al fisco, se hizo mención a que los ingresos no habían crecido a la suficiente velocidad. Yo creo que fue simplemente una confusión en el documento que se nos leyó aquí: porque los ingresos corrientes del Gobierno Federal, como se puso de relieve en varias ocasiones, crecieron considerablemente arriba de la tasa de inflación de 1978.
Quiero simplemente manifestar, que la deuda pública externa en ningún momento excedió de tres mil millones de dólares, así lo reflejan las cifras del Banco de México si se miran con cuidado y que también, por lo que toca a la deuda interior, el Gobierno de la República ejerció la autorización del Artículo 2o. de la Ley de Ingresos de la Federación que le permite ejercer endeudamientos adicionales cuando las
condiciones del mercado y de la economía así lo exijan.
Por lo que toca a las empresas y a los organismos descentralizados, el debate que acabamos de escuchar, vale la pena poner de relieve que por primera vez, en esta Cámara, todos los Partidos han coincidido en el papel fundamental que juegan los organismos decentralizados en la economía de México. Hubo una discusión sobre la eficacia y la eficiencia con la que se manejan estos organismos. Nosotros pensamos que hubo una exposición parcial de la información y sólo para dar algunos ejemplos, cuando se hizo referencia a Aeronaves de México, no se puso relieve la enorme adquisición de nuevos equipos que esta empresa ha hecho, el perfeccionamiento de sus sistemas de operación y la circunstancia de que públicamente la empresa ha propuesto llegar a punto de equilibrio para el año de 1981; que al hablar del IMECAFE, no se mencionó que este organismo no solamente está para obtener utilidades y divisas del exterior por la vía de los impuestos, sino que su función fundamental consiste en estimular la producción de los cafetaleros ejidatarios del Sureste del país, en apoyarlos con crédito, en combatir las plagas que infortunadamente tiene el café y, en general, en apoyar uno de los artículos agrícolas de producción de exportación mexicana que mayores divisas rinde al país.
Se confunde en ocasiones la infraestructura ferroviaria con la operación de los Ferrocarriles. No sería lógico dejar de reconocer el esfuerzo que el Gobierno Federal hace en la infraestructura ferroviaria, cuando apenas hace unos días se inauguró un tramo tan importante como el de Coróndiro - Las Truchas, que servirá a toda la región del Pacífico y permitirá convertir a Las Truchas en un emporio industrial y en uno de los principales puertos industriales del país.
Esto lo menciono no como objeciones, como respuesta, porque aquí estamos expresando opiniones, sino fundamentalmente con el propósito de subrayar que el análisis que se haga de los organismos descentralizados debe ser un análisis objetivo y equilibrado.
Se hizo una mención concreta a los problemas de la Siderúrgica Las Truchas. Hace muy pocas horas tuve en mis manos el dictamen de los señores contadores, cuyos nombres incluso recuerdo de memoria, sobre la Siderúrgica Las Truchas. Yo puedo afirmar que en este dictamen se pone de relieve que el factor principal de la pérdidas de Las Truchas en este momento es doble. Por una parte el hecho de que la producción de esta empresa siderúrgica está en la etapa de arranque: que como ustedes saben es una industria extraordinariamente compleja y necesita de tiempo pero particularmente por la circunstancia de que las pérdidas cambiarias de 1976 afectaron considerablemente a esta empresa.
Creo que si alguno de los señores diputados tiene pruebas específicas que hagan necesario llevar a cabo una auditoría por parte de la Cámara, no solamente tiene la obligación sino está en su derecho de aportar esas pruebas para que nuestro órgano técnico, la Contaduría Mayor de Hacienda, pueda profundizar al respecto.
Finalmente, señores diputados, se expresó aquí una cuestión fundamental que no puedo dejar de mencionar. Se dijo que la recuperación económica de México había sido cierta, pero que tenía una orientación equivocada.
Se dio como doble argumento, en primer término, que los salarios reales han decrecido en 1978 en relación a 77 y que ha habido desequilibrio de infraestructura en el crecimiento de la economía de México.
Por lo que toca al primer punto, debemos subrayar que ésta es una preocupación que todos los diputados compartimos, que efectivamente las cifras del Banco de México ponen de relieve que ha habido disminución de la capacidad real de compra de los asalariados y no sólo eso, sino el propio líder de la mayoría, el diputado Luis Farías señaló, recogiendo la preocupación de todos los diputados y de muchos mexicanos, este mismo hecho en su discurso conmemorativo del 20 de Noviembre, pero sería injusto dejar de mencionar que esta circunstancia constituye una preocupación fundamental del Gobierno de la República y en particular del Presidente José López Portillo. Se dijo que la economía de México estaba creciendo desequilibradamente porque avanzaban más rápidamente las industrias de inversión ligadas a los bienes de capital ligadas a los bienes de inversión y que crecían más lentamente las industrias de bienes de consumo.
Yo creo que esto pone de relieve el hecho de que la economía mexicana está creciendo sólidamente alrededor de las industrias de inversión, que son las que permitirán un crecimiento acelerado en el futuro inmediato.
La fracción mayorista de la Cámara simplemente no puede admitir, no habrá de admitir, la afirmación de que la economía de México se maneja para las clases privilegiadas. El día que esto ocurriera y esto no habrá de ocurrir, significaría que la Revolución Mexicana ha perdido vigor y ha perdido vigencia y yo quiero manifestar, señores diputados, que la Revolución Mexicana hecha Gobierno, representada en esta Cámara a través de la fracción mayoritaria, de ninguna manera acepta la proposición de que esta economía se está manejando en favor de las clases privilegiadas.
Quiero recordar qué es lo que está ocurriendo.
El compañero Presidente de la República en su II Informe, mencionó la estrategia económica de la presente administración, dijo: "Los primeros dos años deben ser los años de la recuperación: los segundos dos años habrán de ser de la consolidación de los logros, y los últimos dos, habremos de manejar la economía para darle una estructura de mayor justicia para encontrar la justicia distributiva. Sería injusto no reconocer este planteamiento por parte del Presidente de la República.
Compañeros diputados:
La Comisión piensa que los trabajos que se han desarrollado alrededor del dictamen de la cuenta pública y este mismo debate subrayan la importancia de la reforma política en el seno de la Cámara y el seno mismo de las comisiones.
Quiero aprovechar este momento para agradecer la colaboración que la comisión tuvo de todos los partidos en ella representados porque sus acreditados trabajaron con seriedad, porque en todo momento tomaron su responsabilidad con eficacia y cumplieron con su deber, quiero de esta manera reconocer a nombre de la Comisión, tanto el trabajo de la propia Comisión como la altura con que el debate de la cuenta pública se ha llevado hasta el momento, y con esto señor Secretario, señor Presidente, quisiera rogar a usted que pregunte a la Asamblea si está suficientemente discutido el dictamen de la cuenta pública.
(Aplausos.)
- El C. Presidente: Consulte la Secretaría si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.
- El C. secretario José Murat: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el dictamen en lo general. Los CC. diputados que estén por la afirmativa, ponerse de pie... Suficientemente discutido.
En consecuencia, se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general.
- El C. Luis M. Farías: Pido la palabra para una proposición, señor Presidente. Propongo se reserve la votación para el final y tomarla en lo general y en lo particular, en una sola votación.
- El C. Presidente: Aceptada la moción, señor diputado.
- El C. secretario José Murat: Está a discusión el proyecto de decreto. Los CC. diputados que deseen impugnar algún artículo sírvanse reservarlo.
No habiendo quien haga uso de la palabra, se va a proceder a tomar la votación nominal en lo general y en lo particular.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el Artículo 161 del Reglamento Interior.
- El C. Juan Landerreche Obregón: Yo creo que no se debe hacer la votación en un solo acto.
- El C. secretario José Murat: Señor diputado, se hizo una propuesta, la Presidencia lo aprobó y procedimos a preguntar si algún diputado hacía una reserva en lo particular, no la hubo, en consecuencia se va a proceder a tomar la votación en lo general y en lo particular.
(Votación.)
- El C. secretario José Murat: La votación en lo general fueron 195 votos en pro y 43 en contra. La votación en lo particular fueron 212 en pro y 26 en contra.
- El C. Presidente: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto relativo a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, correspondiente al ejercicio Fiscal de 1978.
- El C. secretario José Murat: Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
INVITACIÓN
- El C. secretario Sabino Hernández Téllez: "Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Poder Ejecutivo Federal. - México, D. F. - Secretaría de Gobernación.
C. Presidente de la H. Cámara de Diputados. - Presente.
La Comisión para la Conmemoración del Centenario del Natalicio del General Emiliano Zapata, invita a esa Honorable Cámara de Diputados de la Quincuagésima Primera Legislatura del Congreso de la Unión para que, mediante una comisión representativa esté presente en la ceremonia del XLVIII Aniversario de la Firma del Plan de Ayala, que tendrá lugar el próximo día 28 de noviembre, a las 12:00 horas, en Ayoxuxtla de Zapata, Puebla, con la asistencia del C. Presidente de la República, licenciado José López Portillo en la inteligencia que en esta ocasión la conmemoración de este aniversario tendrá especial relevancia por recordarse en el presente año, el Centenario del Natalicio del General Emiliano Zapata.
Reitero a usted las seguridades de mi consideración atenta y distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D. F., 23 de noviembre de 1979. - El Secretario de Gobernación, Presidente de la Comisión para la Conmemoración del Centenario del Natalicio del General Emiliano Zapata, profesor Enrique Olivares Santana."
- El C. Presidente: Para asistir en representación de esta H. Cámara, se designa a los siguientes ciudadanos diputados:
Gonzalo Anaya Jiménez, Luis Ayala García, Heberto Barrera, Juan Bonilla Luna, José González Amille, Amador Hernández González, Porfirio López Ortíz, Melquiades Morales, Gilberto Romo Nájera, Antonio Huitrón Huitrón, Lázaro Félix Rubio, Felipe Pérez, Ramón Danzos Palomino, Juventino Sánchez Jiménez, Esteban Aguilar Jáquez, Carlos Stephano Sierra, América Abaroa, Jesús Guzmán Rubio y Carlos Cantú Rosas.
- El C. Presidente: Dé cuenta la Secretaría de las Iniciativas de Decreto recibidos en esta Cámara.
INICIATIVA DEL EJECUTIVO
CÓDIGO FINAL
- El C. Secretario José Murat:
"Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Poder Ejecutivo Federal. - México, D. F. - Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. - Presentes.
Por instrucciones del C. Presidente de la República y para los efectos constitucionales, con el presente les envío Iniciativa de Decreto proponiendo reformas a los artículos 219 y 220 del Código Penal.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D. F., a 19 de noviembre de 1979.
- El C. Secretario, profesor Enrique Olivares Santana."
"CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.
El delito de peculado, configurado por la distracción que un servidor público hace para usos propios o ajenos, de dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa que por razón de su cargo le han sido confiados, debe ser considerado como de extrema gravedad por ir directamente en contra de los intereses económicos de la sociedad, pero, sobre todo, en contra de su estructura ética y del buen despacho de las funciones públicas. En efecto, constituye en esencia, un quebranto de las bases presupuestarias en que se pretendió fijar el cumplimiento de funciones públicas, así como del honor de servir los interés de la Nación. De ahí el trascendental interés que representa para el Ejecutivo de mi cargo, la regulación de esta figura delictiva.
El Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, expedido en 1931, estatuye en su artículo 219 la penalidad para quien cometa el delito de peculado. Así, además de la sanción corporal de seis meses a doce años de prisión y de la destitución del empleo a cargo e inhabilitación de dos a seis años, impone una multa de diez a tres mil pesos. Claro que simultáneamente son aplicables los preceptos relacionados con la reparación del daño.
Ahora bien, aunque operante esta sanción pecuniaria en el tiempo en que inició su vigencia el Código Penal, ya transcurrido casi medio siglo, es evidente que el monto actual está exigiendo su aumento cuantitativo. Así me permito someterlo a la consideración de Vuestra Soberanía; pero es pertinente aclarar que la sanción pecuniaria seguirá abarcando la reparación del daño, conforme a otros preceptos aplicables y sin que sea necesario mencionarlos en el artículo 219.
Asimismo, el artículo 220 del propio Código debe definir con mayor rigor y precisión al agente del delito, para evitar posibles interpretaciones que desvirtúen los propósitos del precepto Conforme al espíritu de las reformas a este dispositivo, promulgadas el 31 de diciembre de 1945, debe abarcarse como agente de peculado a toda persona aunque no sea funcionario ya que esto último lo exige la denominación del Título Décimo del Código, dentro del cual, en el Capítulo V, se incluye el peculado, y aunque no sea empleado, es decir, aunque su encargo de desempeño del servicio sea por tiempo limitado. Por ello se propone una redacción más explícita, en bien de una mayor claridad.
Es preciso subrayar que el bien jurídico protegido al sancionarse el peculado no es ni única ni principalmente el patrimonio del Estado; sino sobre todo la honda convicción de que las funciones públicas deben desempeñarse con indefectible lealtad y patriotismo, y de ahí que se exija el respeto absoluto a los bienes que se encomiendan para prestar un servicio público. Por ello, aunque la devolución de lo substraído repara el daño pecuniario, con esa devolución no se resarce el daño ocasionado por el incumplimiento de los deberes de lealtad y patriotismo. Por otra parte, resulta injusto que a los funcionarios prevaricadores se les otorgue un trato más benévolo que el dispensado a los autores de otros delitos patrimoniales, no obstante que socialmente es de mayor valor que el funcionario público esté obligado a ser un ejemplo constante de virtudes cívicas.
Es atenazante preocupación del Ejecutivo de mi cargo procurar fortalecer el crédito moral de la autoridad y para ello considera que es vía apta el exigir a los funcionarios de todos los niveles, máxime a los de más elevada responsabilidad, un manejo honesto de los recursos que se les confían para su administración; pero en su exigencia se ve limitado por lo dispuesto en el artículo 221 del Código Penal, que impone una penalidad sumamente atenuada a los delincuentes que devuelven lo substraído dentro de los diez días siguientes a aquel en que se descubrió el ilícito.
A través de diferentes formas, de expresión se ha censurado las ventajas conferidas por este tratamiento procesal, y porque el Ejecutivo de mi cargo estima fundada esa censura, ahora propone a Vuestra Soberanía que se derogue el citado precepto.
Con base en lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 71 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el digno conducto de ustedes me permito someter a la consideración del H. Congreso de la Unión la siguiente iniciativa de
DECRETO
Artículo 1. Se reforman los artículos 219 y 220 del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal para quedar como sigue:
Artículo 219. Al que cometa el delito de peculado se le aplicarán de seis meses a doce años de prisión, multa de diez a cien mil pesos, destitución del empleo o cargo e inhabilitación de dos a seis años para obtener otro.
Artículo 220. Comete el delito de peculado todo funcionario, empleado o encargado de un servicio público, del Estado o Descentralizado, aunque sea en comisión por tiempo limitado y que, para usos propios o ajenos, distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquiera otra cosa perteneciente al Estado, al organismo descentralizado o a un particular, si por razón de su cargo los hubiere recibido en administración, en depósito o por otra causa.
Artículo 2. Se deroga el artículo 221 del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal.
TRANSITORIO
Artículo único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 'Diario Oficial' de la Federación.
Reciban las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
México, D. F. a 16 de noviembre de 1979.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos José López Portillo."
- Trámite: Recibo y a la Comisión de Justicia e imprímase.
- El mismo C. Secretario:
"Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Poder Ejecutivo Federal. - México, D. F. - Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. - Presentes.
Por instrucciones del C. Presidente de la República y para los efectos constitucionales, con el presente les envío Iniciativa de Decreto proponiendo se reforme el artículo 383 del Código Penal, que se refiere al delito de abuso de confianza.
Reitero a ustedes esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D. F., a 19 de noviembre de 1979.
- El C. Secretario, profesor Enrique Olivares Santana."
"CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. - Presentes.
El artículo 2857 del Código Civil establece:
'También pueden darse en prenda los frutos pendientes de los bienes raíces que deben ser recogidos en tiempo determinado. Para que esta prenda surta sus efectos contra terceros necesitará inscribirse en el Registro Público a que corresponda la finca respectiva. El que dé los frutos en prenda se considerará como depositario de ellos, salvo convenio en contrario.'
El artículo 329 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito dispone que en los casos de créditos refaccionarios o de habilitación o avío, la prenda podrá quedar en poder del deudor, considerándose a éste, para los fines de la responsabilidad civil y penal correspondiente, como depositario judicial de los frutos, productos ganados, aperos y demás muebles dados en prenda.
La ley General de Crédito Rural contiene una disposición semejante. En efecto, su artículo 129 establece que en las operaciones que se hagan con garantía prendaria podrá pactarse que los bienes y derechos objeto de la prenda quedan en poder del deudor, considerándose éste, para los fines de la responsabilidad civil y penal correspondiente, como depositario judicial de tales bienes.
La responsabilidad de tipo penal se tipifica en el artículo 382 del Código Penal. Tal disposición establece: "Al que con perjuicio de alguien disponga para sí o para otro de cualquier cosa ajena mueble, de la que se le haya transmitido la tenencia y no el dominio, se le sancionará con prisión hasta de un año y multa hasta de dos mil pesos, cuando el monto del abuso no exceda de dos mil pesos...".
En el abuso de confianza creado por el tipo que se le equipara, previsto en la fracción I del artículo 383 del ordenamiento señalado encontramos como elementos constitutivos los siguientes: a) Que el dueño de la cosa disponga de ella o la sustraigan; b) Que la tenga en su poder con el carácter de depositario judicial; y c) Que la propia cosa le haya sido embargada.
En las dos anteriores hipótesis delictivas no queda comprendido el caso en que el dueño de la cosa dada en prenda a virtud de un contrato dispone de ella en perjuicio del acreedor; porque el primer tipo se refiere a casos en que no es el dueño quien dispone de la cosa, y el segundo a la disposición de la cosa embargada por la autoridad judicial.
En virtud de las razones que anteceden, dentro de la hipótesis delictiva a que se refiere el artículo 383 del Código Penal, es necesario establecer que también se considera como abuso de confianza la disposición o sustracción de una cosa, por parte de su dueño, cuando la ha dado en prenda y la conserva en su poder como depositario a virtud de un contrato.
Por lo anterior y con apoyo en la facultad que me concede la fracción I del artículo 71 de la Constitución General de la República, por el digno conducto de ustedes someto a la soberanía del H. Congreso de la Unión la siguiente
INICIATIVA DE REFORMA A LA
FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 383 DEL
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO
FEDERAL EN MATERIA COMÚN Y PARA
TODA LA REPÚBLICA EN MATERIA
DEL FUERO FEDERAL
Artículo único. Se reforma la fracción I del artículo 383 del Código Penal para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia del Fuero Federal, para que se adicione en los siguientes términos:
"Artículo 383. Se considera como abuso de confianza para los efectos de la pena:
I. El hecho de disponer o sustraer una cosa, su dueño, si le ha sido embargada y la tiene en su poder con el carácter de depositario judicial, o bien se la hubiere dado en prenda y la conserva en su poder como depositario a virtud de un contrario celebrado con alguna Institución de Crédito".
TRANSITORIO
Artículo único. La presente reforma entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial.
Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración. Sufragio Efectivo. No Reelección.
Palacio Nacional, a 16 de noviembre de 1979. - José López Portillo, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos."
- Trámite: Recibo y a la Comisión de Justicia e imprímase.
FONDO MONETARIO
INTERNACIONAL
- El C. secretario Sabino Hernández Téllez: "Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Poder Ejecutivo Federal. - México, D. F. - Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. - Presentes.
Anexa al presente les envío, para los efectos constitucionales y por instrucciones del C. Presidente de la República, Iniciativa de Decreto que reforma al que autorizó al Ejecutivo Federal para suscribir el Convenio sobre Fondo Monetario Internacional.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D. F. a 22 de noviembre de 1979. - El Secretario, profesor Enrique Olivares Santana."
CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados. - Presentes.
El H. Congreso de la Unión expidió el Decreto que autorizó al Ejecutivo para suscribir el Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional de fecha 26 de diciembre de 1945, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre del mismo año.
En el artículo 3o. de dicho decreto se autorizó la aportación de México al Fondo hasta por el equivalente de Dls. 90 millones. Posteriormente y conforme a las revisiones generales de las cuotas de los países miembros, los aportes totales se elevaron a Dls. 180 millones en 1959, Dls. 270 millones en 1964, Dls. 370 millones en 1970 y Deg. 535 millones en 1976, según autorizaciones del H. Congreso de la Unión de 3 de octubre de 1959, 30 de diciembre de 1964, 29 octubre de 1970 y 30 de diciembre de 1976, respectivamente.
Cabe mencionar que hasta 1969, las cuotas en el Fondo Monetario Internacional se expresaron en términos de dólares de E.U.A. A partir de esa fecha, al entrar en vigor el sistema de Derechos Especiales de Giro, las cuotas se expresan en términos de Derechos Especiales de Giro (DEG).
En la Segunda Enmienda al Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional, autorizada por el H. Congreso de la Unión el 31 de diciembre de 1976 y que entró en vigor el 1o. de abril de 1978, se varió el régimen de las revisiones que hasta esa fecha eran quinquenales y se estableció que las revisiones generales de cuotas se llevarán a cabo periódicamente y a intervalos no mayores de cinco años. Con base en lo anterior el Directorio Ejecutivo de dicha Institución convino en que un aumento general de las cuotas del orden de 50% con incrementos selectivos a 11 países en desarrollo, sería lo adecuado para establecer una relación razonable entre el tamaño del Fondo y las necesidades de financiamiento a los países miembros del mismo.
La Asamblea de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional aprobó los aumentos propuestos por el Directorio Ejecutivo, en fecha 11 de diciembre de 1978. En los términos del Convenio Constitutivo y del artículo 15 del decreto de adhesión del Gobierno Federal a dicho convenio, corresponde al H. Congreso de la Unión la facultad de ratificar la mencionada resolución y de enmendar el Artículo 3o. del referido decreto. En consecuencia, el Gobierno Federal por conducto del Banco de México, S.A., deberá hacer la aportación correspondiente.
La revisión general de cuotas establece un aumento que elevará la aportación de México de DEG 535 millones a DEG 802.5 millones. De acuerdo con las nuevas disposiciones del Convenio Constitutivo, el aumento correspondiente a nuestro país DEG 267.5 millones deberá ser suscrito de la siguiente forma: el 75% DEG 200.6 millones en pesos mexicanos y el 25% 66.9 millones en derechos especiales de giro.
Este aumento de la cuota mexicana representará mayores disposiciones de apoyo a la balanza de pagos mexicana y la parte pagadera en Derechos Especiales de Giro seguirá formando parte integrante de la reserva internacional del Banco de México, a disposición automática de nuestro país.
El incremento en la cuota mexicana permitirá mantener la proporción actual del poder de votación dentro de ese Organismo Internacional y, en consecuencia, la influencia de nuestro país en elección de Directores Ejecutivos, y en la toma de decisiones de la Asamblea de Gobernadores del propio organismo.
En virtud de las consideraciones anteriores y en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 73, fracción VIII, de la misma Constitución Política, por el digno conducto de ustedes, someto a la consideración del H. Congreso de la Unión la siguiente
INICIATIVA DE DECRETO
Artículo único. Se reforma el artículo 3o. del Decreto de 26 de diciembre de 1945, publicado en el Diario Oficial del 31 de diciembre del propio año, que autorizó al Ejecutivo Federal para suscribir el Convenio sobre el Fondo
Monetario Internacional, para quedar en los siguientes términos:
"Artículo 3o. El Banco de México, S.A., queda autorizado para efectuar, con la garantía del Gobierno Federal la aportación de México al Fondo Monetario Internacional, hasta por la cantidad equivalente a ochocientos dos millones quinientos mil de derechos especiales de giro"
TRANSITORIOS
Artículo primero. Las aportaciones a que se refiere este Decreto, se realizarán de acuerdo con la Resolución No. 34 - 2 del 11 de diciembre de 1978, adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional.
Artículo segundo. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
México, D. F., a 21 de noviembre de 1979.
- El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, José López Portillo."
- Trámite: Recibo y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público e imprímase
- El C. secretario Sabino Hernández Téllez:
Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera.
Se va a dar lectura al Orden del Día de la próxima sesión.
ORDEN DEL DÍA
- El mismo C. Secretario:
"Primer Período Ordinario de Sesiones.
'LI' Legislatura.
Orden del Día.
27 de noviembre de 1979.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Presentación por el C. licenciado David Ibarra Muñoz, Secretario de Hacienda y Crédito Público."
- El C. Presidente (a las 16:30 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana martes 27 de noviembre, a las 11:00 horas, en la que se presentará el C. licenciado David Ibarra Muñoz, Secretario de Hacienda y Crédito Público. Se les ruega su puntual asistencia.
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