Legislatura LI - Año II - Período Ordinario - Fecha 19801016 - Número de Diario 16

ENCABEZADO

DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

"LI" LEGISLATURA

Registrado como artículo de 2a. clase en la Administración Local de Correos, el 21 de septiembre de 1921

AÑO II

México, D. F., Jueves 16 de Octubre de 1980

TOMO II.- NÚM. 16

SUMARIO

APERTURA

ORDEN DEL DIA

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. CON UNA ACLARACIÓN SE APRUEBA

INVITACIONES

Al 35 aniversario luctuoso del general Plutarco Elías Calles, el día 19 del actual en esta ciudad de México. Se designa Comisión

A la ceremonia conmemorativa del sacrificio de los Mártires de Uruapan de 1865, en aquella ciudad, el día 21 del presente. Se designa Comisión

Al 166 aniversario de la Promulgación de la Carta Magna de Apatzingán, el día 22 del mes en curso, en aquella ciudad. Se designa Comisión

COMUNICACIÓN

De la Legislatura del Estado de Jalisco participando actos inherentes a sus funciones legislativas. De enterado

INICIATIVAS DEL EJECUTIVO

LEY PARA EL DESARROLLO DE LA MARINA MERCANTE MEXICANA

El C. Presidente de la República envía la Iniciativa de Ley expresada. Se turna a Comisión e imprímase

LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO

El propio señor Presidente de la República remite la Ley antes mencionada. Se turna a Comisión e imprímase

LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA

El Primer Magistrado de la Nación envía Iniciativa de Decreto que reforma esta Ley. Se turna a Comisión e imprímase

CÓDIGO PENAL DEL D. F.

El Ejecutivo de la Unión remite Iniciativa de Decreto que adiciona el artículo 254 del Código Penal para el Distrito Federal. Se turna a Comisión e imprímase

SOLICITUD DE SOLIDARIDAD

Formulada por la C. María del Carmen Jiménez en relación al problema electoral de la ciudad de Camargo, Chihuahua, por lo que el Partido Acción Nacional ha pedido la desaparición de los Poderes de ese Municipio. Para contestar los conceptos de la oradora y para hacer aclaraciones al respecto, interviene el C. Enrique Sánchez Silva

TRAGEDIA DE OAXAQUEÑOS

El C. Luis Castañeda Guzmán hace mención a lo publicado por un Diario de esta capital en relación a la muerte de 40 personas que se dirigían a la ciudad de Oaxaca para salir a un acto político. Para explicar que la muerte de las personas se debió a un lamentable accidente, usa de la palabra el C. Rubén Darío Somuano López, quien solicita el apoyo y la ayuda para los deudos de estas víctimas

ALUSIONES

Para contestar alusiones personales vertidas en la intervención del C. Sánchez Silva, interviene el C. Jesús González Schmal

INVITACIÓN

Del C. secretario de Gobernación, para que la Gran Comisión de esta Cámara designe un representante para integrar el Comité Organizador de los Actos Conmemorativos del Bicentenario del Natalicio de Valentín Gómez Farías

PROPOSICIÓN

De la Gran Comisión, designando a la C. Beatriz Paredes Rangel para que represente a este Cuerpo Legislativo e integre el Comité de referencia. Para expresar su punto de vista sobre esta proposición, usa de la palabra el C. Juan Manuel Elizondo. Se aprueba la proposición

HECHOS

Para abundar en lo expresado acerca de los acontecimientos electorales en la ciudad de Camargo y sobre la Reforma Política, usan de la Tribuna los CC. Carlos Enrique Castillo, Jorge Flores Vizcarra, Carlos Sánchez Cárdenas y Francisco Valero Sánchez

MOCIÓN SUSPENSIVA

El C. Manuel Stephens García da lectura a una moción suspensiva, a fin de que el dictamen sobre las Iniciativas presentadas en relación al problema del Transporte Urbano, sea devuelto a las Comisiones Dictaminadoras a fin de que se realicen audiencias públicas y se tengan más elementos de juicio para dictaminar congruentemente. Impugna la moción el C. José Ernesto Gil Elorduy; para apoyarla habla el C. Salvador Morales Muñoz; por segunda ocasión el C. Gil Elorduy. Se desecha la moción suspensiva

DICTAMEN A DISCUSIÓN

PROBLEMA DEL TRANSPORTE URBANO

Dictamen relativo a las Iniciativas del Partido Popular Socialista y del Partido Comunista Coalición de Izquierda que determina, por las razones expresadas por el cuerpo del mismo, que nos son de aprobarse las Iniciativas mencionadas.

Segunda lectura

Después de la lectura de los artículos 207, 208, 209 y 95 del Reglamento, se da lectura a los votos particulares sobre este asunto presentado por los diputados del Partido Comunista Coalición de Izquierda, por el Partido Popular Socialista y por el Partido Socialista de los Trabajadores

ACLARACIONES

El C. José Ernesto Gil Elorduy aclara conceptos vertidos por el C. Manuel Terrazas Guerrero en el voto particular por leído. Incorporarse el voto particular del PST al dictamen en cuestión

Una vez registrados los oradores el C. José Ernesto Gil Elorduy, a nombre de las Comisiones propone nuevo texto al artículo segundo del dictamen, al cual da lectura

A discusión el dictamen con la nueva modificación de la mayoría de los miembros de las Comisiones. Hacen uso de la palabra, en contra el C. Gerardo Unzueta Lorenzana; a moción del C. Edmundo Gurza Villareal, la Presidencia ordena se saquen copias del nuevo texto presentado por las Comisiones y se distribuyan entre los oradores registrados; en pro el C. Miguel Ángel Camposeco; en contra al C. Cuauhtémoc Amezcua; para hechos los CC. Pablo Gómez Alvarez y Miguel Ángel Camposeco; en pro el C. Ángel Aceves Saucedo; en contra el C. Abel Vicencio Tovar; en pro el C. José Merino Mañón; en contra el C. Manuel Terrazas Guerrero; en pro el C. Jorge Flores Vizcarra; para hechos el C. Juan Manuel Elizondo; en contra el C. José I. Valencia González; en pro el C. Rodolfo Siller Rodríguez; en contra el C. Federico Ling Altamirano, en pro el C. Juan Araiza Cabrales y en contra el C. Antonio Becerra Gaytán. Suficientemente discutido, en votación económica se aprueba el dictamen con la modificación presentada por las Comisiones. Los diputados del PPS votan en contra del dictamen y en favor de su voto particular

ORDEN DEL DIA

Se da lectura al Orden del Día de la sesión próxima . Se levanta la sesión

DEBATE

PRESIDENCIA DEL C. ISMAEL OROZCO LORETO

(Asistencia de 358 ciudadanos legisladores.)

APERTURA

- El C. Presidente (a las 11:40 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

- El C. secretario Jesús Enrique Hernández Chávez:

"Segundo Período Ordinario de Sesiones.

"LI" Legislatura.

Orden de Día

16 de octubre de 1980.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Invitación del Departamento del Distrito Federal al acto cívico que con asistencia del C. licenciado José López Porrillo, Presidente de la República, tendrá lugar el día 17 del actual con motivo del 35 Aniversario luctuoso del General Plutarco Elías Calles.

La Presidencia Municipal de Uruapan, Mich., invita al acto cívico luctuoso que con motivo del Aniversario del Sacrificio de los Mártires de Uruapan, tendrá lugar el 21 de los corrientes.

El Presidente Municipal de Apatzingán, Mich., invita al acto que para conmemorar el 166 Aniversario de la Promulgación de la Carta Magna de Apatzingán, tendrá lugar el próximo 22 de octubre.

Comunicación del Congreso del Estado de Jalisco.

Iniciativas del Ejecutivo

De Ley para el Desarrollo de la Marina Mercante Mexicana.

De la Ley de Fomento Agropecuario.

De Decreto para Reformar la Ley Federal de Reforma Agraria.

De Decreto que Adiciona una Fracción V al Artículo 254 del Código Penal para el Distrito Federal.

Dictamen a discusión

De las Comisiones Unidas del Distrito Federal y Comunicaciones y Transportes relativo a las iniciativas de los miembros de los Partidos Popular Socialista y Comunista Mexicano, Coalición de Izquierda, sobre el Transporte de Pasajeros en el Distrito Federal."

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

- El mismo C. Secretario:

"Acta de la Sesión de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Primera Legislatura del H. Congreso de la Unión, efectuada el día catorce de octubre de mil novecientos ochenta.

Presidencia del C. Ismael Orozco Loreto.

En la ciudad de México, a las once horas y treinta y cinco minutos del martes catorce de octubre de mil novecientos ochenta, con asistencia de trescientos dieciocho ciudadanos legisladores, la Presidencia declara abierta la sesión.

Lectura del Orden del Día.

Sin discusión se aprueba el Acta de la sesión anterior llevada a cabo el día nueve del actual.

El C. Manuel Terrazas Guerrero hace uso de la palabra para referirse al Llamamiento del Parlamento Municipal de los Pueblos por la Paz, llevada a cabo en la ciudad de Sofía, capital de la República Socialista de Bulgaria, el día 24 de septiembre próximo pasado, al cual concurrieron dos mil quinientos Delegados de más de ciento treinta y cinco países, Organizaciones Internacionales, trescientos treinta partidos políticos distintos y una amplia Delegación Mexicana de más de sesenta integrantes, con una preocupación, la certidumbre del peligro de una guerra termonuclear de la que no escaparía ningún país, una gran conciencia de la creciente amenaza y la convicción profunda de que los pueblos y los países partidarios de la paz, tienen las fuerzas necesarias para evitar la catástrofe.

A continuación, por considerarlo muy significativo, da lectura al Llamamiento en cuestión. Insértese en el Diario de los Debates.

A su vez, la C. Graciela Santana Benhumea da lectura a una Iniciativa tendiente a adicionar la fracción del Artículo 206 de la Ley del Seguro Social. Túrnese a la Comisión de Seguridad Social e imprímase.

A nombre de la Fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional, el C. Alvaro Elías Loredo presenta y da lectura a una Iniciativa, que deroga la fracción III del Artículo 48 de la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales y modifica el Inciso d) de la sección "C" del Artículo 49 de la propia Ley. Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales e imprímase.

Para referirse al drama que vivió la población de Xalostoc, Estado de México, a causa de una fuga de gas amoniaco en que murieron siete obreros y veintitrés personas resultaron intoxicadas gravemente, aborda la Tribuna el C. Humberto Pliego Arenas.

Propone, a nombre de la Fracción Parlamentaria del Partido Popular Socialista que las Comisiones de Gestoría y Quejas y de Salubridad y Asistencia realicen una investigación sobre este accidente, a fin de precisar la responsabilidad de la empresa KENIA, S. A., se castigue a los culpables y se indemnice a todas las víctimas. Túrnese a las Comisiones de Salubridad y Asistencia y de Gestoría y Quejas.

Por su parte, el C. Pablo Emilio Madero, a nombre de la Fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional, presenta y da lectura a una Iniciativa, en virtud de la cual se adicionan y modifican los Artículos 178, 180, 181, 184, 185, 186 y 189 de la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales. Túrnese a Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales e imprímase.

El C. José I. Valencia González, a nombre de la Fracción Parlamentaria del Partido Demócrata Mexicano, hace mención al grave problema que implica el transporte en el Distrito Federal y en el Estado de México. Considera que con la inclusión del sistema de ferrocarril eléctrico suburbano se ayudaría a resolver efectiva y eficientemente el problema de transportación masiva.

Por lo anterior, propone que la Comisión de Transporte de esta Cámara solicite a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes,

defina su posición dictaminadora respecto al estudio y proyecto del Ferrocarril Suburbano, a efecto de que, de ser viable, se proceda a su realización. Túrnese a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

Se da cuenta con los documentos en cartera:

La Legislatura del Estado de Guerrero comunica la apertura del segundo período ordinario de sesiones, correspondiente al tercer año de ejercicio y la integración de su Mesa Directiva. De enterado.

Las Comisiones Unidas del Distrito Federal y de Comunicaciones y Transportes, suscriben un dictamen relativo a las Iniciativas presentadas por el Partido Popular Socialista y por el Partido Comunista Coalición de Izquierda, a través de sus Fracciones Parlamentarias.

El dictamen relativo determina:

"Primero. No son de aprobarse las Iniciativas de las Fracciones Parlamentarias del Partido Popular Socialista y del Grupo Parlamentario Comunista Coalición de Izquierda presentadas, la primera ante la L Legislatura del Congreso de la Unión con fecha 23 de diciembre de 1978, y la segunda ante esta LI Legislatura, con fecha 11 de septiembre próximo pasado.

Segundo. Se requiere al Departamento del Distrito Federal para que, en término perentorio, atienda las proposiciones relativas contenidas en el presente dictamen, y previos los estudios jurídicos pertinentes, inicie el proceso de reorganización del servicio público de transporte colectivo". Primera lectura.

Para leer el voto particular presentado por la Fracción Parlamentaria del Partido Popular Socialista sobre este mismo asunto, hace uso de la palabra el C. Cuauhtémoc Amezcua. Anéxese al dictamen de las Comisiones. Imprímase y distribúyase entre los señores diputados.

En seguida, el C. Gerardo Unzueta Lorenzana, integrante de las Comisiones dictaminadoras, da lectura a su voto particular sobre el dictamen al que se acaba de dar lectura. Anéxese al dictamen de las Comisiones. Imprímase y distribúyase entre los ciudadanos diputados.

El C. David Bravo y Cid de León aborda la tribuna para expresar que, en relación al dictamen leído y tomando en cuenta lo manifestado en los votos particulares respectivos, por su conducto, la Fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional solicita la comparecencia ante esta Cámara de Diputados, del C. profesor Carlos Hank González, Jefe del Departamento del Distrito Federal, para que informe sobre todas las interrogantes relacionadas sobre la prestación del servicio de transporte.

Para hablar en contra de la proposición, hace uso de la palabra el C. José Ernesto Gil Elorduy; en favor lo hace el C. Federico Ling Altamirano.

La Asamblea en votación económica no admite la proposición y en consecuencia se da por desechada.

Se continúa con los asuntos en cartera.

Dictamen con proyecto de Decreto emitido por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que concede permiso al C. Manuel Ysita del Hoyo, para aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República de Honduras en la ciudad de Querétaro, Querétaro. Segunda lectura.

A discusión, no habiendo quien haga uso de la palabra, en votación nominal se aprueba el proyecto de Decreto por trescientos dos votos en pro, nueve en contra y treinta y dos abstenciones. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

Agotados los asuntos en cartera se da lectura al Orden del Día de la sesión próxima.

La Presidencia informa a la Asamblea que el compañero diputado Enrique Betanzos Hernández se encuentra enfermo en la ciudad de León, Guanajuato. Para que lo visiten y se informen de su estado de salud, así como para expresarle los mejores deseos de esta Cámara por su pronto restablecimiento, la Presidencia designa en Comisión a los CC. Raúl Moreno Mújica, Ignacio Vázquez Torres y Ofelia Ruiz Vega.

A las catorce horas se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el jueves dieciséis de los corrientes, a las diez horas."

Está a discusión el acta.

El C. Antonio Obregón Padilla: Al referirse a los oradores del PAN se denomina Fracción Parlamentaria. Nosotros no somos Fracción Parlamentaria; nuestro nombre oficial es Grupo Parlamentario.

El C. Presidente: Haga la corrección la Secretaría.

El C. secretario Jesús Enrique Hernández Chávez: Con la aclaración aludida, se pregunta si se aprueba. Aprobada, señor Presidente.

INVITACIONES

- El mismo C. Secretario:

"Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.-Poder Ejecutivo Federal.- México, D. F.- Departamento del Distrito Federal.

México D. F., a 6 de octubre de 1980.

C. diputado Ismael Orozco Loreto, Presidente de la H. Cámara de Diputados.

Donceles y Allende.- Presente.

El Departamento del Distrito Federal por conducto de esta Dirección General, atentamente invita a usted al acto que con asistencia del C. licenciado José López Portillo, Presidente de la República, tendrá lugar el día 19 del actual, a las 10:00 horas, con motivo del XXXV Aniversario luctuoso del general Plutarco Elías Calles, en el Monumento a la Revolución de esta capital.

Al propio tiempo, me permito rogarle tenga a bien dictar sus respetables instrucciones con objeto de que una comisión asista al acto de referencia y efectúe el depósito de una ofrenda floral, con la representación de esa H. Cámara de Diputados que usted preside.

Reitero a usted, con mi reconocimiento, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Directora General, profesora Marta Andrade de Del Rosal."

El C. Presidente: Para asistir a este acto en representación de esta Cámara, se designa a los siguientes CC. diputados: Juan Araiza Cabrales, Arturo Robles Aparicio, Antonio Gómez Velazco, Carlos Robles Loustaunau, Hiram Escudero Alvarez e Hildebrando Gaytán Márquez.

- El C. secretario Jesús Enrique Hernández Chávez:

"Uruapan, Mich., a 29 de septiembre de 1980.

C. Presidente de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.-México, D. F.

El próximo 21 de octubre del presente, conmemoramos en esta ciudad, el sacrificio de los Mártires de Uruapan, inmoladas por las fuerzas del imperio invasor el año 1865.

El Acto Cívico Luctuoso que se prepara para esa fecha es de notable importancia en la vida cívica de la ciudad por lo que nos permitimos dirigir a usted una atenta invitación rogándole nos honre con su distinguida presencia. El acto de referencia dará principio a las 11:00 horas, en el Jardín de los Mártires, en el que se dignará acompañarnos el señor Ing. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Gobernador Constitucional de nuestro Estado y el señor Presidente de la República o su representante personal.

Aprovechamos la ocasión para enviar a usted un respetuoso saludo y ratificarle nuestra más distinguida consideración.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

El presidente municipal, Eduardo Martínez López.- El secretario, licenciado Elías Velázquez Bravo."

El C. Presidente: Para asistir a este acto en representación de esta Cámara, se designa a los siguientes CC. diputados: Alfonso Quintero Larios, José Luis Lemus, Javier Zepeda Romero, Marco Antonio Aguilar Cortés, Artemio Yáñez Correa, Rafael Morelos Valdez y Adolfo Mejía González.

- El C. secretario Jesús Enrique Hernández Chávez:

"Apatzingán, Mich., a 8 de octubre de 1980.

C. Presidente de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.-México, D. F.

El 22 de octubre del presente año conmemoramos el CLXVI Aniversario de la Promulgación de la Carta Magna de Apatzingán, por lo que me permito invitarlo a usted a dicha ceremonia, que se llevará a cabo a las 11:00 horas, en la Plaza Central de esta ciudad.

En espera de su aceptación, o de que comisione a un grupo de diputados que respalden a esa H. Cámara de Diputados, me es muy honroso ponerme a sus distinguidas órdenes.

H. Ayuntamiento de Apatzingán.

El presidente municipal, Rafael Ponce Hernández."

El C. Presidente: Para asistir a este acto en representación de esta Cámara, se designa a los siguientes CC. diputados: Alfonso Quintero Larios, José Luis Lemus, Javier Zepeda Romero, Marco Antonio Aguilar Cortés, Artemio Yáñez Correa, Rafael Morelos Valdez y Alonso Mejía González.

COMUNICACIÓN

- El C. secretario Jesús Enrique Hernández Chávez:

"CC. secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.- México, D. F.

La XLIX Legislatura del Estado Libre y Soberano de Jalisco, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 84 de la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo, comunica a ustedes la apertura del Segundo Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Primer año de su Ejercicio Constitucional, y la forma de cómo quedó integrada su mesa directiva:

Presidente: diputado Mayor José Toscano Figueroa.

Vicepresidente: diputado licenciado Juan José Bañuelos Guardado. Secretario: diputada profesora Amparo Rubio de Contreras.

Diputado Sergio Alfonso Rueda Montoya.

Prosecretarios: diputado doctor José Antonio Barba Borrego. Diputado profesor Claudio Palacios Rivera.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Guadalajara, Jalisco. México.

1o. de septiembre de 1980.- Diputado Secretario, profesora Amparo Rubio de Contreras.- Diputado Secretario Sergio Alfonso Rueda Montoya."

- Trámite: De enterado.

INICIATIVAS DEL EJECUTIVO

LEY PARA EL DESARROLLO DE LA MARINA MERCANTE MEXICANA

- El mismo C. Secretario:

"Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Poder Ejecutivo Federal.- México, D. F.- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Presentes.

Para los efectos constitucionales y por instrucciones del C. Presidente de la República, con el presente les envío Iniciativa de Ley para el Desarrollo de la Marina Mercante Mexicana, documento que el propio Primer Magistrado de la Nación somete a la consideración del H. Congreso de la Unión por el digno conducto de ustedes.

Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D. F., a 14 de octubre de 1980.- El Secretario, profesor Enrique Olivares Santana."

"CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Presentes.

Por su situación geográfica, México cuenta con amplios litorales que le permiten comercializar por vía marítima, sus productos y adquirir en el extranjero otros necesarios para su desarrollo.

En este contexto nuestra marina mercante desempeña un importante papel en el comercio exterior ya que, en la actualidad, alrededor de las tres cuartas partes de dicho comercio se efectúan por la vía marítima.

Es evidente la importancia de la marina mercante a partir de los siguientes datos: durante 1978 el 73% del comercio exterior en México se realizó por vía marítima, lo que representó un volumen de 38.4 millones de toneladas que generaron una erogación de 21,000 millones de pesos por concepto de fletes. En este comercio la marina mercante nacional transportó solamente 4.8 millones de toneladas, equivalente al 12% del tonelaje total, con un importe de 2,950 millones de pesos que asciende al 14% de los fletes locales.

En el período de 1979 a 1990, el transporte marítimo nacional crecerá a un ritmo medio del 11% para alcanzar un volumen de 236 millones de toneladas en este último año que representará, a precios actuales, un gasto por concepto de fletes de alrededor de 92,000 millones de pesos.

La necesidad de una marina mercante que permita fortalecer el intercambio comercial de México, con la mayoría de los países a fin de coadyuvar al desarrollo económico, ha motivado la elaboración de la presente iniciativa para el desarrollo de la marina mercante por considerarla de interés público.

Se pretende estimular la inversión en el trasporte marítimo y, al mismo tiempo, asegurar un importante mercado de fletes a los armadores nacionales mediante la creación de nuevas empresas navieras, juntamente con el fortalecimiento de las ya existentes, y así construir en astilleros de nuestro país la mayoría de las embarcaciones que necesita la flota mercante nacional, para lo cual el Ejecutivo Federal, dentro de sus atribuciones, promoverá medidas de tipo fiscal, financiero y de cualquiera otra índole, que propicien dichos objetivos.

Lo anterior permitirá, sin duda, una mayor adecuación de nuestros recursos a las necesidades del transporte de carga y pasajeros por vía marítima; asimismo, será posible lograr una solución apropiada al problema de escasez de tripulaciones que enfrentan a los armadores mexicanos para el abanderamiento de embarcaciones y la celebración de convenios bilaterales marítimos con los principales países en el comercio exterior de México. Cabe hacer notar que esta iniciativa contiene temas de suma importancia para el fomento de la marina mercante como posibilidad de establecer reservas de cargas, y el otorgamiento de financiamientos y estímulos fiscales en condiciones preferenciales.

En base a lo antes mencionado es necesario establecer el marco jurídico en el cual se apoye el fomento de la marina mercante. De aprobarse la iniciativa, se permitirá realizar objetivos fundamentales de la política de transporte marítimo; asegurar la expansión de la flota mercante mexicana de acuerdo con el crecimiento del comercio marítimo nacional; desarrollar la economía del país y mejorar su posición competitiva en el ámbito internacional; elevar la calidad de los servicios de cabotaje; promover una marina mercante eficiente que contribuya a mejorar la posición de la balanza de pagos mediante la generación y ahorro de divisas; apoyar al desenvolvimiento de la industria naviera nacional; mejorar las condiciones de operación y funcionamiento del sistema marítimo portuario e incrementar la utilización de la capacidad instalada en éste.

Uno de los temas centrales de esta iniciativa es la formación y capacitación del personal que integra las tripulaciones, dado que es indispensable para abanderar embarcaciones que sus tripulaciones se compongan con mexicanos por nacimiento. Para conseguir dicho objetivo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes establecerá los sistemas de educación y capacitación con el fin de preparar al personal de mando, oficialidad, subalternos y marinería que requieran las embarcaciones mercantes nacionales, y será dicha Secretaría la que expedirá los títulos profesionales, certificados de aptitud, cartillas o libretas de mar, de acuerdo con los reglamentos correspondientes; igualmente llevará un registro del personal de la marina mercante, con los datos generales de capacitación de cada una de las personas inscritas.

Para fomentar la marina mercante se consideró útil y necesario incluir en esta iniciativa de Ley la posibilidad de establecer reservas de carga con el fin de tener una mayor y mejor participación de los buques de matrícula mexicana en la movilización de pasajeros y carga. Se da preferencia a los buques nacionales en las cargas de importación o exportación que sean propiedad del Gobierno Federal y de los gobiernos estatales o municipales. Lo anterior sin perjuicio de que el Ejecutivo Federal, en uso de sus facultades constitucionales, pueda negociar convenios bilaterales o multilaterales con aquellos países que tengan significativa importancia en el comercio exterior de México, procurando una distribución equitativa de carga entre los países contratantes.

Se pretende además, que los buques de línea favorecidos por la reserva de carga no puedan discriminar en razón del flete entre las distintas mercancías que se le ofrezcan para su embarque, ni rechazar injustificadamente, en perjuicio de los usuarios, la carga de menor flete.

Los antes mencionados está enfocado a promover una mayor diversificación de nuestro comercio exterior; a pugnar por construir en el país todas las embarcaciones que requiera nuestra flota mercante; a preparar y capacitar

al personal indispensable para abanderar nuevos buques y a fomentar la inversión en el sector marítimo.

Por los expuesto, y en uso de la facultad que me confiere la fracción I del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito proponer al H. Congreso de la Unión, por el digno conducto de ustedes, la siguiente iniciativa de

LEY PARA EL DESARROLLO DE LA MARINA MERCANTE MEXICANA

CAPITULO PRIMERO

Disposiciones generales

Artículo 1o. La presente Ley es de orden público e interés social, y tiene como objeto fomentar el desarrollo de la marina mercante de México.

Artículo 2o. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes adoptará las medidas necesarias para apoyar el desarrollo de la marina mercante de México en tráfico nacional e internacional, en ejercicio de sus atribuciones y conforme a este ordenamiento.

Artículo 3o. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por empresa naviera mexicana las personas físicas de nacionalidad mexicana, o las personas morales constituidas conforme a las leyes mexicanas, que tengan por objeto la explotación en el tráfico marítimo de embarcaciones de su propiedad con bandera mexicana.

Artículo 4o. Las empresas navieras podrán beneficiarse de estímulos fiscales, exenciones o apoyos económicos, que soliciten a las dependencias competentes, previa opinión favorable de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Artículo 5o. No causarán impuesto ni derechos, los contratos de compraventa, hipoteca, arrendamiento y fletamento, con o sin opción de compra, y cualquier otro por el cual una empresa naviera mexicana inscrita en el Registro Público Marítimo Nacional adquiera una embarcación mercante para ser abanderada como Mexicana.

CAPITULO SEGUNDO

De la formación y capacitación y del personal que integran las tripulaciones

Artículo 6o. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes establecerá los sistemas de educación y capacitación para preparar al personal de mando, oficialidad, subalternos y marinería que requieran las embarcaciones mercantes nacionales.

Artículo 7o. Los programas de estudio para los diversos niveles profesionales, de subalternos y de marinería, serán autorizados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de acuerdo con el desarrollo y necesidades de la marina mercante de México en los términos que en su caso estipulen los tratados y acuerdos internacionales suscritos por el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 8o. Los títulos profesionales, certificados de aptitud, cartillas o libretas de mar, serán expedidos por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a los egresados de las escuelas náuticas y del Centro de Capacitación de la Marina Mercante.

Artículo 9o. En las escuelas náuticas se impartirán los cursos para pilotos y segundos maquinistas y los de actualización y especialización para el personal profesional, y en el Centro de Capacitación de la Marina Mercante los del personal subalterno y de marinería.

Artículo 10. Ante el Centro de Capacitación de la Marina Mercante, se acreditarán los conocimientos y prácticas necesarios para la obtención de los grados del personal subalterno que establezcan los reglamentos.

Artículo 11. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes llevará un registro del personal de la marina mercante, con los datos generales y de capacitación de cada una de las personas inscritas.

CAPITULO TERCERO

De la reserva de carga

Artículo 12. El Ejecutivo Federal, podrá suscribir con aprobación del Senado de la República, convenios bilaterales o multilaterales con aquellos países que tengan significativa importancia en el comercio exterior de México, con objeto de procurar una distribución de la carga de manera equitativa entre los países signatarios.

Artículo 13. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes podrá reservar determinado transporte de cargas para que sólo pueda efectuarse en buques de matrícula mexicana.

Artículo 14. Las cargas de importación o exportación que sean propiedad de entidades gubernamentales o paraestatales, deberán transportarse en buques de matrícula mexicana, excepto cuando no exista capacidad de la flota nacional, comprobada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Artículo 15. Las cargas de importación y exportación que se hayan comercializado con financiamientos del Estado o avalados por éste, se transportarán preferentemente en buques de matrícula mexicana. Lo anterior será aplicable a cargas que disfruten de franquicias, exenciones o apoyos de carácter económico.

Artículo 16. La Secretaría de Comunicaciones y Transporte señalará los requisitos que deban cumplir las empresas navieras mexicanas para participar en el transporte de las cargas que se hayan reservado de conformidad con los artículos anteriores, así como los casos de excepción en que las cargas puedan transportarse en buques de matrícula extranjera.

Artículo 17. Las empresas navieras y los agentes consignatarios informarán trimestralmente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de todos sus embarques a efecto de llevar un control estadístico de las cargas.

Artículo 18. Los buques de línea regular favorecidos por reservas de carga no podrán discriminar en razón del flete entre las distintas mercancías que se les ofrezcan para su embarque, ni rechazar injustificadamente, en perjuicio de los usuarios, la carga de menor flete.

Artículo 19. Los beneficiarios de la reserva de cargas no podrán cobrar fletes superiores a los valores del mercado internacional en el tráfico de que se trate o en tráficos similares, para lo cual deberán registrar sus tarifas en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En caso de discrepancia entre el armador y el usuario sobre el monto de los fletes, corresponderá a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, conocer y decidir sobre la controversia.

CAPITULO CUARTO

De las embarcaciones

Artículo 20. Las embarcaciones a que se refiere esta Ley, deberán construirse en astilleros mexicanos, previa autorización de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la que, oyendo la opinión de la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial, podrá autorizar su adquisición en el extranjero o su construcción en astilleros extranjeros cuando se compruebe que no pueden construirse en astilleros del país en el plazo y con las especificaciones requeridas.

Artículo 21. Las reparaciones de las embarcaciones nacionales que gocen de los beneficios de esta Ley, deberán llevarse acabo en astilleros y talleres del país.

Se exceptuarán de lo anterior las reparaciones de emergencia cuando la embarcación se encuentre en altamar o en aguas jurisdiccionales de otra nación, en cuyo caso el capitán o propietario deberá justificar, a juicio de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, dichos extremos.

Artículo 22. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes tomando en cuenta la opinión de la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial, podrá autorizar reparaciones de embarcaciones nacionales en astilleros y tallerres extranjeros, cuando el naviero interesado demuestre que los astilleros y talleres nacionales no pueden cumplir con sus programas de mantenimiento y reparación por problemas de capacidad y tiempo de entrega.

Artículo 23. Los propietarios de astilleros y talleres de reparación que se acojan a los beneficios de los programas de fomento de la marina mercante, deberán inscribirse en el Registro Público Marítimo Nacional.

CAPITULO QUINTO

De las sanciones

Artículo 24. Las infracciones a esta Ley serán sancionadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con multa de veinte mil a quinientos mil pesos, y hasta por un millón de pesos, en caso de reincidencia.

Artículo 25. Las sanciones que pretenda imponer la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se fijarán conforme al siguiente procedimiento. I. La Secretaría comunicará al infractor los motivos de la sanción en que haya incurrido y le concederá un plazo de 15 días para que presente sus pruebas y defensas.

II. Presentadas las pruebas y defensas o transcurrido el plazo señalado en la fracción anterior, sin que se hubieren presentado, la Secretaría resolverá lo procedente.

TRANSITORIOS

Artículo primero. Esta Ley entrará en vigor 180 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo segundo. Se derogan todas las disposiciones legales y administrativas que se opongan a la presente Ley.

Renuevo a ustedes mi mas alta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D. F., 14 de octubre de 1980.- El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, José López Portillo."

- Trámite: Recibo y a la Comisión de Marina e imprímase.

LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO

- El mismo C. Secretario:

"Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Poder Ejecutivo Federal.- México, D. F.- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.- Presentes.

Por instrucciones del C. Presidente de la República y para los efectos constitucionales, con el presente les envío Iniciativa de Ley de Fomento Agropecuario, documento que el propio Primer Magistrado de la Nación somete a la consideración del H. Congreso de la Unión por el digno conducto de ustedes.

Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D. F., a 15 de octubre de 1980.- El Secretario, profesor Enrique Olivares Santana."

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.- Presentes.

La presente administración está resuelta a prestar un decidido y mayor apoyo al sector agropecuario, de tal manera que se obtengan resultados a la medida de nuestras necesidades y demandas. En los términos del marco jurídico constitucional que nos rige, debemos procurar que todo el sector productivo agropecuario pueda organizarse mejor, sumar voluntades y recursos y producir más eficientemente.

El Ejecutivo Federal considera que el agro mexicano requiere fortalecer su capacidad para producir los alimentos básicos que demanda la población, las materias primas que en forma creciente exige la industria nacional, así como las que convenga exportar.

Es inaplazable que el Estado y los hombres del campo mexicano cuenten con un instrumento legal que haga posible la planeación precisa e integral de la producción agropecuaria, así como que se incorporen al cultivo efectivo todas las tierras susceptibles de explotación, fortaleciendo tanto la organización de los campesinos para aumentar sus propios ingresos, como la producción nacional en provecho de la economía del país.

El presente proyecto, fruto de la reflexión compartida de las instituciones legalmente involucradas, comprende normas que se refieren a la indispensable planeación de la producción agropecuaria, con especial atención a los requerimientos de productos básicos y aquellos que exige el desarrollo económico, para responder así a las inaplazables demandas del país en la materia.

La planeación descansa en la organización de los productores, y de esta suerte tiene en cuenta la existencia de áreas productoras, para efectos programáticos y de control. Las áreas productoras tomarán a su cargo la ejecución de los programas que se elaboren de acuerdo con los planes de desarrollo agropecuario y forestal.

Se propone el establecimiento de un fideicomiso para compartir riesgos con aquellos productores que se adhieran a los programas de producción de alimentos básicos, así como con quienes persigan incrementos en la productividad de las tierras. Por otra parte, se propicia la asociación de ejidatarios, comuneros, colonos o pequeños propietarios minifundistas con empresas paraestatales, para la producción o la prestación de servicios de interés común.

El fomento de las actividades agropecuarias es tarea permanente de la Administración. Es por ello que en la presente iniciativa se proponen diversas medidas para avanzar en la mecanización de las labores del campo, regulando el alquiler de máquinas, la prestación de servicios con equipos, así como dar facilidades para la integración de centrales de maquinaria agrícola, para su uso conjunto o combinado de los productores.

Destacan también la asistencia técnica, el crédito y la mejor y más adecuada utilización de insumos tales como fertilizantes, plaguicidas, semillas y otros.

El desarrollo de la organización en distritos de temporal es un elemento más que contribuye con seguridad al fomento y racionalización de la producción que se busca, habida cuenta que están llamados a prestar decisiva ayuda en la aplicación de los planes agropecuarios, ya que la mayor parte de las superficies productivas del suelo de nuestro país, son precisamente de temporal, y estas áreas deben aprovecharse al máximo para aumentar la producción de alimentos básicos.

Los distritos de riego continuarán manejándose de acuerdo con las disposiciones aplicables de la Ley Federal de Agua, aunque incorporados a los planes y programas nacionales de producción que comprende esta iniciativa. Es en el aprovechamiento de la tierra en donde se evidencia la necesidad de cuidar que la propiedad, en todas sus formas, cumpla con la función social que la Constitución le asigna, y por tal motivo se propone el procedimiento de expropiación por causa de utilidad pública, cuando convenga utilizar la vocación de la tierra de manera que satisfaga mejor el interés general; por consiguiente en este proyecto se incluye la disposición relativa para dar a las tierras el mejor destino.

Se contempla la posibilidad de integrar unidades de producción entre pequeños propietarios, ejidatarios y comuneros.

Con dichas unidades de producción se contará con un mecanismo a través del cual y mediante el trabajo directo, se podrán conjugar los intereses de los pequeños propietarios y ejidatarios y comuneros; en los casos en que los primeros buscan la oportunidad de aprovechar con un mayor rendimiento recursos redundantes, y los segundos podrán contar con el medio adecuado de trabajo en común para aumentar los rendimientos de la tierra, mediante la unión de esfuerzos, y no como ocurre lamentablemente en numerosas ocasiones adoptando soluciones en pugna con el espíritu y la letra de la ley, tales como lo que se conoce por "rentismo", forma de simulación que enajena el derecho al cultivo de la tierra que se ha entregado a los campesinos para que la trabajen y que en esta forma resulta usufructuada por las empresas y particulares que así ofenden la ley y desvirtúan el objeto esencial de la propiedad social de ejidatarios y comuneros sobre la tierra que la Revolución les ha entregado como un patrimonio inalienable e imprescriptible. La Ley castiga al ejidatario que renta su tierra, pero el arrendatario ninguna sanción padece y está a las ventajas sin ningún riesgo. La extensión y persistencia de este vicio obliga a atacarlo en sus causas. Es evidente la necesidad de organizar la producción en áreas que permiten aprovechar escalas y sistemas imposibles de implantar en minifundios o unidades parcelarias.

La validez de las unidades de producción estará condicionada a la aprobación y registro proporcionados por la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, cuya intervención tiene por finalidad la de velar, en coordinación con la Secretaría de Reforma Agraria, por el respeto integral al régimen jurídico propio de los ejidos y comunidades, y también para que las utilidades obtenidas se repartan equitativamente entre quienes aportan sus bienes, su capital y su trabajo; en atención a estas consideraciones, este sistema de trabajo se especifica cuidadosamente en el cuerpo normativo del proyecto señalándose con precisión y margen suficiente, las condiciones mínimas que debe reunir. Las unidades tendrán capacidad jurídica

para alcanzar sus propósitos y responderán sólo con la masa de sus productos sin comprometer la tierra.

La Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos queda legalmente facultada para intervenir, a solicitud de parte, con fines de conciliación o arbitraje, en vista de la naturaleza pública y federal que caracteriza a todas las disposiciones de esta Ley.

Ya desde 1946 el Congreso de la Unión expidió la Ley Reglamentaria del Párrafo Tercero del Artículo 27 Constitucional, que fija la superficie mínima de la Pequeña Propiedad Agrícola y señala medios para reagruparla e integrarla; sin embargo, persiste el problema del minifundio, o sea el fraccionamiento de la propiedad rural hasta límites en los que la subsistencia de la familia campesina resulta penosamente precaria, en vista de que sus esfuerzos no cuentan con áreas de trabajo que les permitan obtener los deseados frutos, suficientes para mantener una vida decorosa.

Dentro de los propósitos de este proyecto está el de evitar el excesivo e inconveniente fraccionamiento de la propiedad rural y, por otra parte, alentar la reagrupación de las mínimas superficies, a través de una legislación que contenga los elementos para combatir de manera adecuada la pulverización de la tierra y, ante todo, favorecer su integración.

Por último, la iniciativa propone y comprende una serie de disposiciones que substituirán a las ahora contenidas en la Ley de Tierras Ociosas, recogiendo integralmente la preocupación de que no existan tierras laborales que se encuentren improductivas; se ha cuidado, asimismo, de que queden protegidos, en forma adecuada y segura, los derechos de los poseedores y legítimos propietarios, siempre que mantengan en producción sus tierras, y en caso contrario, otorgarles compensaciones razonables y preservar la opción de recuperar sus terrenos al término de los respectivos ciclos productivos. En el propósito de rescate de tierras ociosas también se incluyen aquellas que se encuentren inproductivas a causa de litigios.

Debe destacarse, que están previstos los procedimientos, recursos y sanciones con motivo de la aplicación correcta y eficiente de la Ley, ya que si bien interesa al gobierno como representante del interés social el crecimiento racional de la producción rural es también preocupación básica e imprescindible, garantizar la seguridad jurídica y la tranquilidad social de ella derivada, como base de nuestro sistema democrático.

La presente iniciativa de Ley de Fomento Agropecuario, así como las que por separado se presentan para reformar la Ley Federal de Reforma Agraria, la Ley del Seguro Agrícola y Ganadero y el Código Penal, que vienen a ser complementarias de los propósitos de la primera, se ofrecen como un estímulo a las inversiones en el campo, a la creación de nuevas fuentes de empleo, el aumento de la productividad y la producción, el logro del autoabastecimiento de productos básicos del campo, la corrección de importaciones sumamente gravosas para el erario nacional, sin perder de vista el objetivo fundamental de la elevación del nivel de vida de los campesinos, y el incremento del ingreso de quienes trabajan y hacen pruducir la tierra.

Por lo expuesto y de conformidad con la facultad conferida al Ejecutivo Federal por el Artículo 71, fracción I, de la Constitución General de la República, por el digno conducto de ustedes, me permito someter a la soberanía del H. Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de

LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO

TITULO PRIMERO

Disposiciones Generales

Artículo 1o. Esta Ley tiene por objeto el fomento de la producción agropecuaria y forestal, para satisfacer las necesidades nacionales y elevar las condiciones de vida en el campo.

Artículo 2o. Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social.

Artículo 3o. La aplicación de la presente Ley queda a cargo de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, sin perjuicio de la intervención de otras dependencias del Ejecutivo Federal, según sus atribuciones.

En este ordenamiento la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos será designada como la "Secretaría".

Artículo 4o. Corresponde a la Secretaría, en cumplimiento de esta Ley:

I. Planear, organizar, fomentar y promover la producción agropecuaria y forestal.

II. Formular y proponer al Ejecutivo Federal el Plan Nacional de Desarrollo Agropecuario y Forestal.

III. Realizar estudios técnicos que permitan determinar los cultivos agrícolas y las actividades ganaderas y forestales que resulten mayormente productivas de acuerdo a las distintas condiciones ecológicas y socioeconómicas de zonas determinadas.

IV. Estudiar alternativas sobre las actividades susceptibles de realizarse en cada región ecológica.

V. Proponer el uso apropiado de los suelos, con objeto de aumentar la productividad.

VI. Evaluar periódicamente las actividades y realizaciones agropecuarias y forestales que prevea el Plan.

VII. Realizar y mantener actualizados los estudios técnicos sobre la aptitud productiva y clasificación de los recursos agrícolas, pecuarios y forestales, así como los inventarios regionales correspondientes.

VIII. Promover y apoyar la organización de los productores rurales para el cumplimiento de los programas, la comercialización de sus productos y para alcanzar objetivos de interés común.

IX. Autorizar la importación o exportación de los productos agropecuarios y forestales, así como maquinaria e implementos agrícolas, semillas, fertilizantes y plaguicidas, en coordinación con la Secretaría de Comercio, de acuerdo con sus respectivas competencias.

X. Favorecer la disponibilidad de semillas mejoradas, fertilizantes y demás insumos en atención a requerimientos de la productividad y la producción.

XI. Determinar o proponer en su caso los estímulos más eficaces para la producción rural, y adoptar las medidas complementarias que se requieran para llevarlos a la práctica.

XII. Proponer la fijación de precios de garantía de los productos básicos y oleaginosos.

XIII. Intervenir en los distritos de riego en aplicación de este ordenamiento y de la Ley Federal de Aguas.

XIV. Delimitar, establecer e intervenir en los distritos de temporal.

XV. Intervenir en la declaratoria de tierras ociosas de propiedad particular y determinar su explotación.

XVI. Emprender acciones de promoción y fomento de las actividades agrícolas, pecuarias o forestales.

XVII. Las demás facultades que le confieran esta y otras leyes y sus reglamentos.

TITULO SEGUNDO

PLAN DE DESARROLLO Y PROGRAMAS

CAPITULO I

De la Planeación Nacional

Artículo 5o. La Secretaría, con base en la información de que disponga y la que recabe de las entidades del sector público, privado y social elaborará, con la intervención que le corresponda a la Secretaría de Programación y Presupuesto, el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo Agropecuario y Forestal, que propondrá a la aprobación del Ejecutivo Federal.

Artículo 6o. El Plan Nacional de Desarrollo Agropecuario y Forestal deberá considerar el adecuado aprovechamiento de los recursos en que se disponga en los distritos de riego y de temporal, y en general los del sector rural, para la satisfacción prioritaria de las necesidades alimenticias de la población del país, las de la industria, y las de exportación cuando convenga conforme a los requerimientos de la economía nacional, así como para obtener la elevación de las condiciones de vida y de trabajo en el campo.

Artículo 7o. El Plan Nacional de Desarrollo Agropecuario y Forestal propondrá, por lo menos:

I. Los objetivos del sector de actividades agropecuarias y forestales de la nación, a corto, mediano y largo plazo.

II. Las metas específicas de producción que habrán de alcanzarse en el tiempo, estaciones, ciclos, cultivos, plantíos u otras modalidades, así como la circunscripciones en las que deban lograrse, de acuerdo a requerimientos expresos en los niveles nacional, regional, estatal, municipal o local que corresponda.

III. Las inversiones públicas que deban realizarse para el logro de los objetivos y metas del Plan, así como la organización de los campesinos para los mismos propósitos.

IV. En su caso la mención de los problemas de tenencia de la tierra y derechos sobre aguas que puedan constituir impedimentos para la realización del Plan, así como las recomendaciones y proyectos de reformas o adecuaciones legales o administrativas para mejor proveer al cumplimiento de las metas propuestas.

V. La intervención que corresponda al sector público en materia de capacitación, investigación, extensionismo, obras de infraestructura, crédito, insumos, equipos, instalaciones y demás elementos que propicien la producción y la productividad así como las proposiciones sobre la participación de otros sectores.

VI. Las necesidades de acopio, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de los productos.

VII. Las posibilidades consecuentes para el establecimiento, complemento o mejoría de agroindustrias.

VIII. La estimación de los recursos materiales o financieros convenientes a la realización del Plan.

IX. La intervención que deban tener las dependencias del Ejecutivo Federal y las entidades del sector paraestatal de acuerdo con su competencia y funciones, para soporte y cumplimiento del Plan y los programas que de él deriven.

Artículo 8o. La Secretaría de Programación y Presupuesto intervendrá conforme a sus facultades, para hacer compatible el Plan Nacional de Desarrollo Agropecuario y Forestal con el sistema de planeación, así como para autorizar en su oportunidad las asignaciones presupuestales de los programas que apruebe el Ejecutivo Federal.

Artículo 9o. Una vez aprobados por el Presidente de la República, el Plan y sus programas, serán obligatorios para el sector público federal y su ejecución podrá concretarse con los estados de la Federación, e inducirse o convenirse con los sectores social y privado de acuerdo con esta Ley, con las modalidades pertinentes y conforme a la organización de los productores.

Artículo 10. La Secretaría coadyuvará con los Gobiernos de los estados a la planificación del desarrollo agropecuario y forestal de cada entidad, conforme a los lineamientos y prioridades establecidos en el plan, a fin de organizar a los distintos sectores de la comunidad y contar con su participación en el logro de las metas estatales de producción y

productividad, así como para emprender las acciones conducentes a la ejecución del propio Plan. La Secretaría, con respeto absoluto a la Soberanía de los estados, podrá documentar los compromisos que se concerten con ellos en relación al Plan.

Artículo 11. El Plan aprobado por el Ejecutivo Federal podrá ser modificado en los términos en que así lo sugiera la información subsecuente. Los ajustes, rectificaciones, adiciones o modalidades supervenientes, deberán ser igualmente aprobadas por el propio Ejecutivo.

CAPITULO II

De los Programas

Artículo 12. Para el cumplimiento de las metas concretas del Plan Nacional de Desarrollo Agropecuario y Forestal, identificadas en el tiempo el espacio, la Secretaría propondrá al Ejecutivo Federal, para su aprobación, los programas normales y especiales que a tal fin resulten convenientes.

Artículo 13. En los casos de abatimiento de la producción planeada, la Secretaría formulará programas de contingencia por zonas o regiones del país, con objeto de corregir faltantes de los productos básicos destinados a satisfacer necesidades nacionales.

Artículo 14. Los programas de contingencia deberán comprender los apoyos técnicos, de crédito, insumos e inversiones y demás que se requieran a fin de llevarlos a la práctica.

Artículo 15. Para la ejecución de los programas de contingencia la Secretaría propondrá al Ejecutivo Federal la participación que corresponda a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, y la debida coordinación con los gobiernos estatales y municipales, así como con los sectores social y privado, según lo dispuesto por los artículos 9o. y 10.

Artículo 16. La Secretaría realizará promociones de acuerdo a programas específicos de incremento de la productividad y la producción, para dar cumplimiento a los programas que se deriven del Plan.

Artículo 17. La Secretaría será la encargada de cumplir y coordinar las acciones programadas, obligatorias para las entidades del Sector Público Federal, que se deriven del Plan autorizado por el Ejecutivo de la Unión y promoverá las acciones convenientes para concertar compromisos programáticos con las autoridades estatales y aceptaciones y convenios con los sectores social y privado.

Asimismo, promoverá el adecuado aprovechamiento de las tierras agrícolas, pecuarias o forestales, cualquiera que sea su régimen de tenencia, para alcanzar los máximos de su potencialidad productiva.

Artículo 18. La Secretaría promoverá, cuando convenga, el cumplimiento de los programas que se elaboren para alcanzar los objetivos y metas del Plan, por medio de áreas productoras, de acuerdo con las características de las tierras y las de la región en que se encuentren.

Artículo 19. Para los efectos de esta Ley, serán reconocidas como áreas productoras las superficies de terrenos que registre la Secretaría, a solicitud de los interesados, y que comprendan una circunscripción territorial definida, integrada con las tierras de ejidos, comunidades, colonos o pequeños propietarios, cuando expresen su voluntad de alcanzar las metas programadas conforme al orden que proponga la Secretaría.

También serán consideradas como áreas productoras las circunscripciones compactas en que operen toda clase de organizaciones, asociaciones y unidades de producción que reconozcan esta y otras leyes.

Artículo 20. La Secretaría hará una estimación técnica de la capacidad productiva de las áreas productoras en función de las metas u objetivos que se quieran alcanzar, y establecer un catálogo de las mismas, de acuerdo con su naturaleza, ubicación y demás características.

Artículo 21. La Secretaría deberá estimar la participación, concertada o inducida, que específicamente tendrán las áreas productoras en el cumplimiento de los programas que se formulen de acuerdo con el Plan.

Artículo 22. La Secretaría, en coordinación con la Reforma Agraria en su caso, mantendrá actualizado el catálogo de las áreas productoras.

TITULO TERCERO

ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

CAPITULO I

De los distritos de temporal

Artículo 23. Los distritos de temporal comprenderán zonas con características ecológicas y económicas similares, para las cuales la Secretaría adoptará las medidas conducentes a fin de apoyar la producción.

Artículo 24. El establecimiento y delimitación de los distritos de temporal se determinarán por acuerdo del Titular de la Secretaría que será publicado en el "Diario Oficial" de la Federación.

Artículo 25. La Secretaría comprenderá dentro del Plan Nacional de Desarrollo Agropecuario y Forestal el racional aprovechamiento de los terrenos de temporal, considerando las características del clima, la regularidad de los ciclos pluviales y demás condiciones naturales favorables a la producción.

Artículo 26. La Secretaría recabará la información correspondiente a la ejecución de las obras de infraestructura adecuadas para el fomento de la producción en zonas temporaleras, a fin de que se incorporen a los programas que se propongan y autorice el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Programación y Presupuesto.

Artículo 27. En cada distrito de temporal se integrará un comité directivo con el representante de la Secretaría en la Entidad Federativa de que se trate y con los Delegados de las dependencias técnicas de la Secretaría que corresponda, junto con un representante de la Secretaría de la Reforma Agraria, en carácter de Secretaria o Coordinador en los casos que proceda conforme a la Ley.

Asimismo y formando parte integrante de dichos comités directivos, participarán representantes del Banco Nacional de Crédito Rural que opere dentro de la zona; Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera, S. A.; Fertilizantes Mexicanos, S. A.; Compañía Nacional de Subsistencias Populares; Servicios Ejidales, S. A., y en su caso representantes de la Comisión Nacional de Azúcar, Instituto Nacional del Café, Comisión Nacional de Fruticultura, Comisión Nacional del Cacao, Tabacos Mexicanos, S. A., y cualquier otra entidad de la administración pública paraestatal que opere dentro de la zona de que se trate. La Secretaría invitará a que acrediten un representante ante los comités directivos de los distritos de temporal a los Gobiernos de los Estados, y a los sectores de los ejidatarios, comuneros, colonos y pequeños propietarios que se integren dentro del distrito.

Artículo 28. Los comités directivos de los distritos de temporal deberán reunirse periódicamente bajo la presidencia del representante de la Secretaría.

Artículo 29. Los Comités Directivos tendrán las siguientes facultades:

I. Aprobar los programas agropecuarios del distrito de temporal, tomando como base las directrices que señale la Secretaría conforme al Plan Nacional de Desarrollo Agropecuario y Forestal.

II. Vigilar la ejecución de los programas específicos autorizados.

III. Autorizar los programas de asistencia técnica y extensión agropecuaria correlativos, de acuerdo con las disponibilidades de personal y equipo del distrito de temporal.

IV. Promover entre los productores temporaleros que integren el distrito, la aceptación de los programas aprobados.

V. Coordinar la organización de los productores temporaleros del distrito, para facilitar su acceso al crédito oficial y privado, así como la prestación de los servicios de asistencia técnica y comercialización de sus productos.

VI. Formular y proponer a las instituciones del ramo los programas técnicos de créditos de avío y refacción, destinados a la producción de los distritos de temporal, así como el aseguramiento de cultivos y ganado.

VII. Supervisar el desarrollo de los programas y los ajustes que impongan las condiciones prevalecientes en la región y las propias de cada distrito.

VIII. Formular y promover programas de abastecimiento de insumos, de acuerdo con las recomendaciones de los centros de investigación agropecuaria localizados en la región o en otras de similares características ecológicas.

IX. Conocer y evaluar los resultados de los programas, formulando las instrucciones y recomendaciones que deban observarse en la elaboración de los programas futuros.

X. Analizar y aprobar en su caso, los proyectos de obras de infraestructura y comercialización, teniendo en cuenta la repercusión económica y social de las mismas.

Artículo 30. Para apoyar las funciones de los comités directivos de los distritos de temporal la Secretaría podrá integrar Comités Técnicos, con representantes de las unidades técnicas correspondientes de la misma Secretaría a los cuales y cuando se requiera su concurso, podrán ser invitadas y agregarse otras dependencias o entidades de la Administración Pública Federal.

Artículo 31. Los Comités Directivos llevarán a cabo evaluaciones periódicas, para comprobar el cumplimiento de los programas o corregir éstos con relación a metas y objetivos.

CAPITULO II

De las unidades de producción

Artículo 32. Los ejidos o comunidades, podrán integrar unidades de producción mediante acuerdo voluntario que celebre con pequeños propietarios, en los términos de esta Ley, a efecto de explotar conjuntamente pequeñas propiedades y tierras ejidales o comunales.

Artículo 33. Las unidades de producción, conforme a las metas de los programas, tendrán por objeto la producción agropecuaria y podrán prever el uso de espacios comunes, construcción de obras de provecho común, utilización de equipos, prestación de servicios en mutuo beneficio y las demás modalidades que mejor propicie el logro de las metas.

Artículo 34. Para la constitución de las unidades de producción bastará que la misma se haga constar en acta por los interesados ante Notario Público, o en su defecto, alguna autoridad administrativa federal que despache en el lugar.

Las unidades de producción deberán registrar sus actas constitutivas en la Secretaría, la que examinara sus objetivos específicos, para su aprobación. La resolución correspondiente deberá emitirse dentro de los quince días siguientes a la instancia relativa.

Artículo 35. Las unidades de producción debidamente registradas, tendrán capacidad jurídica para realizar los actos y contratos necesarios para alcanzar sus propósitos, incluso contratar trabajadores. Las leyes respectivas regirán en cada caso los actos jurídicos que resulten y la masa del producto responderá por los compromisos contraídos por la unidad como tal.

Las unidades de producción no modificarán el régimen jurídico de los ejidos y comunidades, ni afectarán los derechos y obligaciones de los ejidatarios y comuneros, tampoco podrán modificar la situación jurídica de las pequeñas

propiedades, ni las causales de afectación agraria.

Artículo 36. Será condición inexcusable para establecer unidades de producción, que los ejidatarios y comuneros que en ella se integren, trabajen directa y personalmente la tierra, excepto en los casos autorizados por la Ley Federal de Reforma Agraria. Se propondrá en el proyecto de la unidad correspondiente la forma en que convenga, en su caso, recibir anticipos por su trabajo.

Artículo 37. Las unidades de producción tendrán un término fijo, prorrogable por acuerdo de las partes y con aprobación de la Secretaría. Cuando se prevea la amortización de inversiones la Secretaría autorizará los plazos que en cada caso se requieran.

Artículo 38. En el caso de conflictos o indefinición de derechos, relativos a las unidades de producción, antes de acudir a las autoridades competentes que de acuerdo con la materia deban intervenir, será menester agotar el procedimiento administrativo ante la Secretaría que a solicitud de las partes, podrán actuar además con fines de conciliación y arbitraje.

Artículo 39. Podrán integrarse unidades de producción respecto de tierras de explotación ganadera, cuando cumplan con las disposiciones del presente título que les sean aplicables, a juicio de la Secretaría.

Artículo 40. Las partes en las unidades de producción podrán interponer el recurso a que se refiere el artículo 100 de esta Ley en lo conducente. Cuando el recurso sea interpuesto individualmente sólo se tendrá en cuenta el derecho que asista al recurrente, sin afectar a la generalidad de las estipulaciones de la unidad.

La Secretaría tendrá facultades para interpretar, a solicitud de parte, los acuerdos de las unidades, con efectos administrativos.

Artículo 41. En la integración de las unidades de producción se tendrá en cuenta lo siguiente:

I. Los ejidos y comunidades que deseen participar expresarán su consentimiento y decisiones por conducto de las autoridades que reconozcan las leyes.

II. Los ejidos y comunidades podrán participar como unidades o en forma parcial, pero en todo caso ajustándose a lo dispuesto en la fracción anterior.

III. Las partes podrán aportar equipo, maquinaria y demás insumos al objeto que específicamente acuerden.

IV. Cualquier aportación de las partes, de la naturaleza que sea, deberá registrarse en un libro especial que se llevará para tal efecto.

Tanto para la distribución de utilidades como para los casos de liquidación, se tendrán en cuenta exclusivamente las aportaciones registradas.

Artículo 42. En las unidades de producción las partes podrán designar uno o más administradores que se acreditarán ante la Secretaría y actuarán de acuerdo a las siguientes normas:

I. Su designación será hecha por acuerdo de la mayoría.

II. Estarán investidos de las facultades de administración que en cada caso se estipule.

III. Deberán convocar a reuniones mediante notificación a los interesados, cuando menos para aprobar los planes de trabajo y de crédito e informar del resultado de las operaciones realizadas en el ejercicio.

IV. Comunicarán a la Secretaría las fechas de las reuniones. A estas sesiones podrán asistir representantes de la Delegación Agraria y de las dependencias y entidades de la Administración Pública relacionadas con la producción, el crédito, la industrialización y la comercialización de los productos del campo.

V. Las partes tendrán derecho a las utilidades de conformidad con las siguientes normas:

a) La tierra y recursos materiales serán valorados de acuerdo con su importancia en la producción a que se encuentren afectos.

b) La Secretaría vigilará el cumplimiento de los plazos y fechas en que deban cubrirse las utilidades a que tengan derecho las partes, comprobando en cada caso las cantidades que por este concepto les correspondan.

c) Los ejidatarios y comuneros y los pequeños propietarios tendrán derecho a participar en la elaboración del programa de liquidación de utilidades que deberá remitirse oportunamente a la Secretaría para los efectos del inciso anterior.

VI. Los ejidatarios y comuneros, o sus familiares en su caso, no podrán ser sustituidos en el desempeño del trabajo personal que les correspondan realizar conforme a la Ley; en el concepto de que dicho trabajo será compensado sin perjuicio de las sumas adicionales a que tengan derecho en las utilidades u otros rendimientos de las unidades.

VII. Las partes podrán convenir la terminación anticipada de la unidad, siempre que no afecte a los resultados del ciclo productivo que se hubiere iniciado.

CAPITULO III

De las tierras susceptibles de cultivo

Artículo 43. Es causa de utilidad pública el destino a la producción agrícola de los terrenos de agostadero susceptibles de cultivo.

Artículo 44. Cuando en los términos del estudio que al efecto realice se compruebe que se trata de tierras aptas para la agrícultura, por su calidad y el régimen pluvial de la región en que se encuentren, la Secretaría propondrá al Ejecutivo Federal la expropiación de los terrenos de agostadero susceptibles de cultivo.

Artículo 45. La indemnización que corresponda a los dueños o poseedores de los terrenos expropiados se cubrirán en efectivo, o en dinero y en especie, a su elección, entregando en su caso a los afectados un lote que no exceda el máximo de la pequeña propiedad agrícola.

Artículo 46. Los terrenos expropiados que resulten excedentes después de cubrir las indemnizaciones en especie quedarán a disposición de la Secretaría de la Reforma Agraria,

para necesidades agrarias de acuerdo con la ley a fin de ser destinados a la agricultura.

Artículo 47. La expropiación de terrenos de agostadero susceptibles de cultivo, ejidales o comunales, se hará conforme a los procedimientos previstos por la Ley Federal de Reforma Agraria, quedando a cargo de la Secretaría de la Reforma Agraria el reacomodo de los afectados en la misma área expropiada.

CAPITULO IV

De la mecanización y servicios

Artículo 48. Se considera de interés público el uso de maquinaria y equipos mecánicos, la operación de instalaciones para almacenamiento y procesamiento de los productos, así como la prestación de los servicios que requieran los productores con motivo de explotación de las tierras.

Artículo 49. Para los efectos del artículo anterior la Secretaría llevará un registro de la maquinaria, equipos mecánicos, instalaciones y servicios que puedan ofrecerse a los productores en arrendamiento o mediante el pago de tarifas autorizadas.

Artículo 50. Los precios y tarifas de los arrendamientos de maquinaria, equipos, instalaciones y servicios, según corresponda, serán fijados por la Secretaría en disposiciones de carácter general, teniendo en cuenta el monto de las inversiones y el uso a que se destinen aquéllos.

Artículo 51. La Secretaría promoverá el empleo de vehículos y máquinas, así como el aprovechamiento de instalaciones y servicios de manera conjunta entre pequeños propietarios, colonos, ejidatarios y comuneros, o entre éstos y terceros.

Artículo 52. Los sujetos de crédito que estén comprendidos dentro del sistema de crédito rural y a las áreas productoras, gozarán de preferencias en el caso de préstamos para la adquisición de maquinaria y equipos mecánicos, o para instalaciones y servicios susceptibles de compartirse entre ejidatarios, comuneros, colonos y pequeños propietarios.

CAPITULO V

Del riesgo compartido

Artículo 53. El Ejecutivo Federal, como Fideicomitente, establecerá un fideicomiso público denominado fideicomiso de Riesgo Compartido, que tendrá por objeto:

I. Concurrir con los recursos adicionales que en cada caso requieran las áreas productoras para el debido cumplimiento de los programas especiales o de contingencia, con objeto de corregir faltantes de los productos básicos destinados a satisfacer necesidades nacionales.

II. Apoyar la realización de inversiones, obras o tareas que sean necesarias en las áreas o unidades aludidas, para lograr el incremento de la productividad de la tierra.

Artículo 54. El Fideicomiso de Riesgo Compartido absorberá el costo de los recursos adicionales que se aporten, en el caso de que los objetivos de producción o productividad no se logren, garantizará a los campesinos fideicomisarios en los términos que al efecto se fijen, el ingreso promedio que hubieren obtenido conforme a sus actividades tradicionales.

Las utilidades que hubiere, deducidos los costos y los gastos de administración del fiduciario, quedarán a beneficio de los productores.

Artículo 55. Sólo se compartirá el riesgo con productores de distritos de temporal, que sean ejidatarios, comuneros o pequeños propietarios cuando sus predios no rebasen la superficie equivalente a la unidad de dotación ejidal en la zona correspondiente, y siempre que se obliguen a cumplir los programas especiales o de contingencia a que se refiere esta Ley, o acepten los compromisos de productividad que expresamente autorice la Secretaría.

Artículo 56. El Fideicomiso de Riesgo Compartido tendrá como fiduciario al Banco Nacional de Crédito Rural, S. A. y contará con un Comité Técnico que será presidido por el Secretario de Agricultura y Recursos Hidráulicos.

Artículo 57. El Ejecutivo Federal, a través del Fideicomitente, convendrá con el Fiduciario las demás condiciones necesarias para la eficaz operación del Fideicomiso de Riesgo Compartido.

CAPITULO VI

De la asistencia técnica y del crédito

Artículo 58. La Secretaría podrá practicar a solicitud de los interesados, estudios agroecológicos en áreas productoras a fin de que mediante la mejora de la calidad de las tierras por obras de riego, drenaje o cualesquiera otras que ejecuten los dueños o poseedores pueda aumentarse la potencialidad productiva de las pequeñas propiedades, en la forma prevista por el párrafo final de la fracción XV del artículo 27 constitucional y las disposiciones aplicables de la Ley Federal de la Reforma Agraria.

Artículo 59. A solicitud de los propietarios o poseedores de áreas productoras, la Secretaría llevará acabo los estudios técnicos que correspondan para el caso del cambio de destino de las tierras al régimen agropecuario en los términos de la Ley Federal de la Reforma Agraria.

Artículo 60. Los propietarios o poseedores de tierras que no excedan del equivalente a la unidad de dotación ejidal imperante en las zonas de que se trate, tendrán preferencia en el abastecimiento de semillas mejoradas, fertilizantes, plaguicidas y asistencia técnica y podrán asociarse con entidades paraestatales facultadas al efecto con fines de producción.

Artículo 61. Las personas a que se refieren el Artículo anterior también tendrán acceso prioritario al crédito, y podrán asimismo asociarse con entidades paraestatales, con objeto de organizar servicios de procesamiento de productos agropecuarios y forestales, así como para la compra o utilización de maquinaria agrícola, aprovechar almacenes o transportes, para la

comercialización de sus productos, u otros servicios de beneficio común o interés social.

Artículo 62. Las instituciones nacionales de crédito darán prioridad a quienes realicen operaciones de abastecimiento directo de productos agropecuarios, entre áreas productoras y entidades públicas u organizaciones de interés social y de trabajadores.

TITULO CUARTO

REAGRUPACIÓN DE LA PEQUEÑA PROPIEDAD

CAPITULO UNICO

Del minifundio

Artículo 63. Para los efectos de esta Ley, se considera minifundio la superficie de terreno que destinándose a la explotación agrícola, tenga una extensión hasta de cinco hectáreas de riego o humedad o sus equivalentes en otras clases de tierra, así como la que no baste para obtener cuando menos una producción que arroje como beneficio el doble del salario mínimo en el campo que corresponda a la región.

Artículo 64. Se considera de interés público:

I. La preservación de la pequeña propiedad agrícola, para evitar que se subdivida en extensiones inferiores a cinco hectáreas de tierras de riego o humedad o sus equivalentes de acuerdo con la Ley.

II. El agrupamiento de minifundios entre sí o con otras fincas rústicas con extensión menor a la máxima de la pequeña propiedad y sin que se rebase ésta.

Artículo 65. No serán consideradas como minifundio para los efectos de esta ley las granjas o huertas familiares con superficie inferior a cinco hectáreas en las condiciones que fije el reglamento.

Artículo 66. Serán nulos de pleno derecho los contratos de compraventa, donación, permuta o cualquier otro acto jurídico que tenga por objeto o dé por resultado el fraccionamiento de minifundios, salvo lo dispuesto por el artículo anterior.

Artículo 67. Los jueces, los encargados del registro público de la propiedad, los notarios públicos y cualquier otra autoridad competente para otorgar validez, reconocer una transmisión de propiedad o registrarla, tendrán en cuenta lo prevenido en esta Ley.

Artículo 68. La Secretaría y la banca oficial de acuerdo con sus respectivas funciones, darán preferencia de apoyo técnico y financiero en los casos de agrupamiento, por cualquier título legal de minifundios.

Artículo 69. La transmisión de la propiedad que tenga por objeto el agrupamiento de minifundios estará exenta del pago de los impuestos federales que pudieran causarse con motivo de la operación que la origine.

Artículo 70. Los minifundistas dueños o poseedores de predios colindantes con otros minifundios tendrán el derecho del tanto en los casos de enajenación, y si lo ejerciera más de uno quedará a voluntad del vendedor escoger al adquirente.

TITULO QUINTO

TIERRAS OCIOSAS

CAPITULO I

De la declaración de tierras ociosas

Artículo 71. Se consideran tierras ociosas los terrenos aptos para la producción agrícola que se encuentren sin explotación, en los términos y condiciones que expresamente señala esta ley.

Artículo 72. Se declará de utilidad pública el aprovechamiento de tierras ociosas; al efecto la nación podrá en todo tiempo ocupar temporalmente aquellas que sus propietarios o poseedores no dediquen a la producción.

Artículo 73. La Secretaría dará a conocer, por regiones determinadas, las fechas correspondientes para la preparación y siembra de terrenos y las áreas mínimas que deberán ser cultivadas de acuerdo con la calidad de las tierras.

La Secretaría determinará, asimismo, los períodos que correspondan a los ciclos productivos, de acuerdo con los lineamientos generales del Plan Nacional de Desarrollo.

Artículo 74. El expediente de la declaratoria de ociosidad se iniciará por la Secretaría, de acuerdo al siguiente procedimiento:

I. La Secretaría citará personalmente a los propietarios o poseedores para determinar en el terreno mismo la existencia de tierras ociosas y las circunstancias que hagan presumir su falta de explotación. La Secretaría tomará en consideración las costumbres del lugar, el clima, la naturaleza de los cultivos, así como las demás características de los terrenos y, en su caso, la causa de fuerza mayor de carácter transitorio que pudiera impedir su aprovechamiento.

II. Se levantará acta de dichas circunstancias y se entregará copia de ella al propietario o poseedor del predio, la cual será firmada por éstos, el actuante y dos testigos de asistencia.

III. En la diligencia la falta del propietario o del poseedor, o de sus representantes, podrá ser suplida por cualquier persona que no se encuentre impedida. La negativa o imposibilidad de estas personas para firmar no será causal que invalide la actuación.

IV. Dentro del plazo de cinco días hábiles, contados a partir de la fecha del acta, el interesado podrá alegar lo que a sus intereses convenga por conducto de la representación estatal de la Secretaría, o directamente ante ésta, aportando las pruebas que estime conveniente.

Artículo 75. Cuando los propietarios o poseedores de tierras presuntamente ociosas garanticen debidamente su explotación, por sí o indirectamente, la Secretaría suspenderá el procedimiento y les fijará el término en que deberá iniciarse el ciclo productivo. En caso de incumplimiento procederá la declaratoria de ociosidad.

Artículo 76. La Secretaría hará del conocimiento de la Secretaría de la Reforma Agraria todos los casos en que las tierras pertenecientes a los ejidos o comunidades no estén en explotación, para los efectos legales que procedan.

Artículo 77. La declaratoria de tierras ociosas se hará por el Ejecutivo Federal y será notificada al interesado o a su representante legal a través de la Secretaría, en forma personal o mediante oficio por correo certificado.

Artículo 78. La declaración de ociosidad especificará los bienes que serán objeto de ocupación. Dicha declaración no podrán variar la afectabilidad o inafectabilidad de las tierras, en los términos de la Ley Federal de la Reforma Agraria.

De acuerdo con la correspondiente declaratoria de la ociosidad la Secretaría ocupará las tierras ociosas.

Artículo 79. La ocupación de las tierras declaradas ociosas por la Nación, conforme a esta Ley, terminará con el ciclo productivo, después de lo cual el Ejecutivo Federal las devolverá a sus legítimos propietarios o poseedores, si éstos comunican a la Secretaría su deseo de continuar su explotación con tres meses de anticipación al inicio del ciclo productivo siguiente. En caso contrario la ocupación proseguirá durante otro u otros ciclos, conforme a las mismas reglas, sin ser necesaria nueva declaratoria de ociosidad.

CAPITULO II

Del aprovechamiento de las tierras ociosas

Artículo 80. La Secretaría encomendará la explotación de las tierras ociosas a una entidad legalmente autorizada del sector público, y capacitada para celebrar contratos de arrendamiento con los solicitantes que cumplan los requisito a que alude el artículo 84.

En igualdad de condiciones, tendrán preferencia en el arrendamiento para la explotación de tierras ociosas los campesinos con derechos a salvo a que se refiere la Ley Federal de la Reforma Agraria, y en segundo lugar los vecinos del municipio en que se encuentran ubicadas.

Artículo 81. Los contratos de arrendamiento que se celebren sobre las tierras declaradas ociosas tendrán en cuenta los usos y costumbres de la localidad en que se hallen los terrenos y comprenderán el derecho al uso de las aguas que les corresponda.

Artículo 82. La Secretaría deberá elaborar y mantener una lista actualizada de solicitantes que estén en condiciones de trabajar las tierras ociosas. Los solicitantes recibirán constancia escrita del día y hora en que hayan presentado sus peticiones ante dicha dependencia o sus delegaciones.

Artículo 83. La Secretaría solicitará a la de Reforma Agraria la información correspondiente a los campesinos con derechos a salvo, para los efectos del artículo que antecede.

Artículo 84. La explotación de las tierras ociosas deberá contratarse con los solicitantes que seleccione la Secretaría y que reúnan los siguientes requisitos:

I. Que sean de nacionalidad mexicana.

II. Que tengan experiencia en materia agrícola.

III. Que acepten acatar los lineamientos que en materia de técnicas agrícolas determine la Secretaría.

IV. Que se obliguen a desarrollar la explotación que sugiera el Plan Nacional de Desarrollo Agropecuario.

V. Que se sometan expresamente al procedimiento administrativo ante la Secretaría en caso de conflictos con motivo de los contratos.

Artículo 85. La extensión de tierra ociosa que se podrá conceder a cada individuo será determinada de acuerdo con la calidad de los terrenos y el número de solicitantes, sin rebasar los máximos que establece la ley a la pequeña propiedad, ni los mínimos a que se refiere el artículo 63 de este ordenamiento.

Artículo 86. La indemnización que corresponda al propietario o poseedor de la tierra ociosa se fijará por peritos, con base en el valor que figure en las oficinas catastrales, el tiempo de la ocupación y los demás elementos que en cada caso concurran.

Artículo 87. El propietario o poseedor de la tierra ociosa que obtuviera resolución desfavorable en el recurso de revisión que hubiere interpuesto con motivo de la declaración de tierras ociosas, no perderá el derecho a recibir la indemnización a que se refiere el artículo anterior.

Artículo 88. El propietario o poseedor de la tierra declarada ociosa, además de la indemnización prevista en esta Ley, no tendrá derecho a exigir de los usuarios ninguna prestación adicional, quedando a cargo de la Secretaría vigilar el cumplimiento de esta disposición.

Artículo 89. La Secretaría llevará un registro detallado de la explotación que se realice en las tierras declaradas ociosas, para los efectos de la aplicación de esta Ley.

CAPITULO III

De las tierras ociosas en litigio

Artículo 90. En el caso de tierras ociosas a causa de litigio ante autoridades judiciales o administrativas, la Secretaría iniciará el procedimiento previsto en el artículo 74, notificando a las partes contendientes.

Artículo 91. La declaratoria de ociosidad y la celebración de los contratos a que se refiere esta Ley, serán sin perjuicio de la resolución que recaiga en cada caso en los litigios de que habla el artículo anterior.

Artículo 92. Las autoridades judiciales o administrativas deberán respetar las declaraciones de tierras ociosas y los contratos celebrados respecto de ellas en los términos de esta Ley, hasta la conclusión de los ciclos productivos que se hayan iniciado.

Las indemnizaciones que correspondan por la ocupación quedarán afectadas al resultado final de las controversias.

Artículo 93. Cualquiera de las partes en el litigio podrá utilizar el recurso administrativo que establece el artículo 100 de esta Ley.

TITULO SEXTO

SANCIONES

Artículo 94. A los empleados y funcionarios que conforme al reglamento deban de anunciar la existencia de tierras ociosas y no cumplan con tal función, se les impondrá multa de quinientos a cinco mil pesos.

Artículo 95. Los propietarios o poseedores de tierras declaradas ociosas serán sancionados administrativamente por la Secretaría con multas de cinco mil a cincuenta mil pesos, de acuerdo a la gravedad de la falta, cuando impidan la explotación de dichas tierras o priven del producto de su trabajo a quienes se hayan entregado para su explotación.

Artículo 96. Quienes hayan recibido tierras ociosas para su explotación serán sancionados con multa de mil a cien mil pesos, a juicio de la Secretaría, en los siguientes casos:

I. Cuando no cumplan con la obligación de explotar la tierra.

II. Cuando intencionalmente causen perjuicio a las instalaciones que se encuentren en los predios señalados como tierras ociosas, independientemente de la reparación de los daños.

III. Cuando impidan las inspecciones de parte de los funcionarios o empleados autorizados de la Secretaría.

IV. Cuando retengan las tierras por más tiempo del convenido.

Artículo 97. Los jueces, registradores y notarios públicos, y cualquier otra autoridad competente que realice actos para otorgar validez, reconocer una transmisión de propiedad o registrarla en contravención de las disposiciones sobre el minifundio establecidas en esta Ley, serán sancionados con multas de veinte mil a doscientos mil pesos.

Artículo 98. Para la imposición de las sanciones se deberá oír al presunto infractor, otorgándole un término no menor de diez días ni mayor de treinta para que presente las pruebas y alegatos que a sus intereses convenga.

Artículo 99. Las sanciones establecidas en la presente Ley se aplicarán sin perjuicio de las previstas por otras disposiciones legales.

TITULO SÉPTIMO

CAPITULO UNICO

Recurso administrativo

Artículo 100. Contra las resoluciones que dicte la Secretaría en aplicación de esta Ley, el interesado podrá interponer recurso de revisión ante el Secretario del Ramo, con sujeción a las siguientes normas:

I. El recurso deberá presentarse directamente por escrito ante la Secretaría o enviarse por correo certificado con acuse de recibo dentro del término de diez días hábiles contados desde la fecha de la notificación respectiva.

II. En el escrito en que se interponga el recurso, el interesado señalará domicilio para recibir notificaciones y ofrecerá todas las pruebas de su parte, acompañando necesariamente aquellas que por su naturaleza lo permitan.

III. Admitido o rechazado el recurso, se le hará saber al interesado, y si fuere admitido, la autoridad fijará un término que no excederá de quince días hábiles para el desahogo de las probanzas que se hayan ofrecido y que por su naturaleza así lo requieran.

IV. Admitido el recurso quedará suspendida la resolución impugnada. Tratándose de multas para que la suspensión pueda ser dictada, su importe deberá ser garantizado conforme a las disposiciones del Código Fiscal de la Federación.

V. Serán admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional de la autoridad.

VI. La autoridad podrá mandar practicar de oficio las investigaciones y diligencias que estime necesarias.

VII. Desahogadas las pruebas y agotadas las diligencias dispuestas por la autoridad se dictará la resolución que corresponda, tomando en cuenta las pruebas aportadas sin sujetarse necesariamente a reglas especiales de valoración.

VIII. Los acuerdos y resoluciones que dicte la autoridad deberán notificarse al interesado personalmente o por correo certificado con acuse de recibo.

IX. En lo no previsto, se aplicarán supletoriamente al procedimiento las disposiciones del Código Federal de Procedimiento Civiles.

TRANSITORIOS

Primero. La presente Ley entrará en vigor a los noventa días contados a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo. Se abrogan la Ley de Tierras Ociosas, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 28 de julio de 1920, y la Ley Reglamentaria del Párrafo Tercero del Artículo 27 Constitucional, que fija la superficie mínima de la pequeña propiedad y señala la forma de reagruparla, del 31 de diciembre de 1945.

Tercero. Se derogan las disposiciones que se opongan a la presente Ley. Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Palacio Nacional, a 15 de octubre de 1980.

- El Presidente de la República, José López Portillo."

- Trámite: Recibo y a las Comisiones Unidas de Agricultura y Recursos Hidráulicos y de Gobernación y de Puntos Constitucionales e imprímase.

El C. Edmundo Gurza Villareal: Señor Presidente. Se nos han entregado 2 iniciativas, falta nada más la de reforma a la Ley de Reforma Agraria, y la del Código Penal; yo propondría que para obviar tiempo, se nos distribuyeran esas dos que nos faltan y se dispense la lectura.

El C. Presidente: Se toma en consideración la propuesta del diputado Edmundo Gurza Villareal.

- La C. María del Carmen Jiménez: Señor Presidente. Si ya no van a leer las iniciativas, pido el uso de la palabra para hechos.

El C. Presidente: Con gusto se lo voy a dar; yo le voy a señalar el momento en que le corresponda, si me lo permite.

El C. secretario Juan Maldonado Pereda: En consideración a la propuesta formulada al pleno, y tomando en cuenta el volumen de las iniciativas que se presentan a la consideración de la Asamblea, recibe esta Secretaría cada una de ellas con la indicación que me hace sentir el señor Presidente de transmitir a la Asamblea que se imprimirán aquellas que falten, para hacerlas llegar antes de que finalice la sesión.

LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA

"Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Poder Ejecutivo Federal.- México, D. F.- Secretaría de Gobernación .

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.- Presentes.

Con el presente envío a ustedes por instrucciones del C. Presidente de la República y para los efectos constitucionales, Iniciativa de Reformas a la Ley Federal de la Reforma Agraria.

Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D. F., a 15 de octubre de 1980.- El Secretario, profesor Enrique Olivares Santana."

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.- Presentes.

El desarrollo del país a ocasionado la variación de su problemática económica y social, fenómeno que se ha debido, en buena parte, a la explosión demográfica que ocasiona que millones de habitantes reclamen, cada vez con mayor urgencia, la atención de sus necesidades en materia alimentaria. Consciente de ello, el Ejecutivo Federal a sometido a la consideración del H. Congreso de la Unión una iniciativa de Ley de Fomento Agropecuario, cuyos objetivos básicos son el incremento de la producción y el mejor aprovechamiento de las tierras cultivables o aprovechables.

En la mencionada Ley de Fomento Agropecuario se sugiere la constitución de unidades de producción entre ejidatarios o comuneros y terceros, a efecto de que diversas actividades puedan realizarse en común, por lo que es conveniente prever en la Ley Federal de Reforma Agraria la posibilidad de esta clase de unidades, y al efecto debe adicionarse el artículo 76 de la Ley Federal de Reforma Agraria, a fin de incluir entre las excepciones permitidas la que se propone en dicha Ley, así como reformar la fracción IX del artículo 446, que se refiere al Registro Agrario Nacional.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 27, previene que cuando se mejore la calidad de las tierras en predios amparados con certificados de inafectabilidad agrícola o ganadera, tal propiedad no podrá ser objeto de afectaciones agrarias, aun cuando, en virtud de la mejoría obtenida, se rebasen los máximos señalados a la pequeña propiedad. Es un hecho innegable que muchas propiedades provistas de certificados de inafectabilidad ganadera son susceptibles, sin desvirtuar su finalidad característica y después de mejorar la calidad de las tierras, de producir forrajes, tales como heno y gramíneas bastas como alfalfa, maíz, avena, trigo forrajero y otros similares que se requieran a fin de atender a las necesidades de alimentación del ganado.

Además de estimular la producción de pastos o forrajes, que se usen como alimento de animales, puede favorecerse el incremento de la producción agrícola en tierras susceptibles de cultivo de productos básicos para la alimentación humana, gestionándose en su caso la expedición del certificado de inafectabilidad agropecuario.

Para completar las disposiciones que se proponen en el proyecto de Ley de Fomento Agropecuario antes citado respecto a la reagrupación de la pequeña propiedad, se sugiere estimular el trabajo en común de unidades de dotación que constituyen minifundios a través de los apoyos técnicos y financieros que puedan otorgar las instituciones oficiales correspondientes.

Otro aspecto relevante del repetido proyecto de Ley de Fomento Agropecuario es el que se refiere a las tierras ociosas, respecto del cual se conservan, con importantes modificaciones, los principios generales que inspiraron la Ley de Tierras Ociosas en vigor. Si bien es cierto que tierras ejidales o comunales permanecen ociosas por la acción de factores de diversa índole, que se relacionan en ocasiones con la improductividad o la baja productividad de ellas, la incosteabilidad de los cultivos, los riesgos de orden meteorológico, la falta de crédito, etc., no lo es menos que el interés general se pronuncia en el sentido de que no se dejen de cultivar tierras de vocación agrícola.

Por ende, aunque sería injusto que una declaratoria de tierras ociosas viniera a sancionar a los ejidatarios y comuneros a causa de la acción de factores absolutamente ajenos a su voluntad, también vendrá a serlo, en perjuicio de la colectividad, el que tierras susceptibles de ser cultivadas no se aprovechen por abandono, negligencia u otras causas que sí dependen de la voluntad del ejidatario o comunero.

En esa virtud, sin alterar el sistema de suspensión y privación de derechos agrarios establecidos por la Ley Federal de Reforma Agraria, sino antes bien, conservando los requisitos de constitucionalidad y legalidad de que están revestidos,

se ha meditado en la conveniencia de adicionar la citada ley de manera que los procedimientos de suspensión y privación de derechos se puedan iniciar también a petición de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, en los términos dispuestos por la Ley de Fomento Agropecuario.

Para el aprovechamiento de las tierras declaradas ociosas la Ley de Fomento Agropecuario antes mencionada determina que tendrán preferencia los campesinos con derechos a salvo, lo que se entiende sin perjuicio de que en su oportunidad y en los términos de la Ley de la materia se les puedan otorgar las tierras que les permitan contar con un medio de vida permanente a través de su trabajo. Por consiguiente, se propone la adición relativa.

En mérito de lo expuesto y en ejercicio de la facultad que otorga al Ejecutivo Federal la fracción I del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, propongo a la consideración del H. Congreso de la Unión el siguiente

DECRETO

Artículo primero. Se adicionan una fracción V al artículo 76, un párrafo segundo al artículo 136, un párrafo tercero al artículo 224 y un párrafo intermedio al artículo 421 de la Ley Federal de Reforma Agraria como sigue:

Artículo 76.

I a IV.

V. Unidades de producción autorizadas conforme a las disposiciones de la Ley de Fomento Agropecuario.

Artículo 136.

Cuando se trate del trabajo en común de terrenos con superficie menor al mínimo señalado por el artículo 220, los ejidatarios y comuneros tendrán la preferencia de apoyo técnico y financiero de las instituciones oficiales correspondientes.

Artículo 224.

Los individuos con derechos a salvo no perderán esa calidad en los casos en que, de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Fomento Agropecuario, sean preferidos para el aprovechamiento de tierras declaradas ociosas. En el caso de que el campesino se encuentre ocupado en el aprovechamiento de tierras ociosas, y simultáneamente le incluyera en una unidad de dotación, se incorporará al pleno ejercicio de sus derechos agrarios, una vez cumplido el contrato de aprovechamiento de tierras ociosas.

Artículo 421.

La Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, en aplicación de la Ley de Fomento Agropecuario, podrá denunciar ante la Secretaría de la Reforma Agraria la existencia de tierras ociosas, para los fines señalados en los artículos 420 y 426 de esta Ley.

Artículo segundo. Se reforman los artículos 258, 260 y la fracción IX del artículo 446 de la Ley Federal de Reforma Agraria, como sigue:

Artículo 258. El certificado de inafectabilidad, a petición del interesado, podrá ser agrícola, ganadero o agropecuario.

El último se otorgará a quienes integren unidades en que se realicen, en el mismo predio, actividades agrícolas con propósitos de comercialización y actividades ganaderas, una vez que se hubiere fijado la extensión agrícola y la proporción correspondiente de tierras de agostadero.

Para la expedición del certificado de inafectabilidad agropecuario, los terrenos agrícolas se computarán conforme a las equivalencias establecidas en el Artículo 250, y el resto del porcentaje de inafectabilidad por cubrirse se completará conforme a las normas establecidas para fijar la pequeña propiedad ganadera.

Artículo 260. Se considerarán como terrenos de agostadero aquellos que por precipitación pluvial, topografía y calidad produzcan en forma natural o cultivada pastos que sirvan de alimento del ganado.

Los propietarios de predios destinados a la ganadería cuya superficie no rebase la extensión necesaria para mantener hasta 500 cabezas de ganado mayor o su equivalente en ganado menor, en base a los coeficientes de agostadero determinados conforme al Reglamento respectivo, tendrán derecho a la expedición del certificado de inafectabilidad de pequeña propiedad ganadera.

Conforme a lo dispuesto por el artículo 256, los propietarios de predios ganaderos que cuenten con certificado de inafectabilidad podrán mejorar la calidad de la tierra y aumentar la capacidad productiva de sus predios mediante el trabajo y las inversiones que realicen, a fin de dedicar parte de los mismos a la producción de forrajes, todo ello con el propósito de aumentar el número y el peso del ganado, conservando la pequeña propiedad ganadera su carácter de inafectable.

Se entiende por pastos la vegetación de la que se alimentan animales, en la que figuran gramíneas, arbustos y cactáceas; y por forrajes, el alimento utilizado en pastoreo directo y de corte, tal como heno y gramíneas bastas como alfalfa, maíz, avena, trigo forrajero, centeno, cebada, sorgo, caña de azúcar y otras similares.

La producción de forrajes deberá destinarse al consumo del ganado que se tengan en el predio. Si llegare a demostrarse que se comercia con esa producción en vez de aplicarla al fin señalado, la propiedad dejará de ser inafectable, se determinará la extensión de la pequeña propiedad según el artículo 258, y el resto se aplicará a la satisfacción de necesidades agrarias.

No se considerará en este último caso a quienes, manteniendo el número de cabezas que corresponda al coeficiente de agostadero aplicable conforme al reglamento respectivo, comercien con los excedentes de forrajes que lleguen a obtener. Los interesados podrán obtener las autorizaciones correspondientes para el ejercicio de este derecho ante la Secretaría de la Reforma Agraria, la que tendrá la obligación de extenderlas cubriéndose los supuestos a que se refiere este párrafo.

Artículo 446.

I a VIII.

IX. Todas las escrituras y documentos en general, que en cualquier forma afecten las propiedades nacidas o tituladas por virtud de la aplicación de esta Ley, incluyendo las que se refieren a las unidades de producción de que habla la Ley de Fomento Agropecuario, así como los contratos privados; y

X.

TRANSITORIOS

Primero. Este decreto entrará en vigor el mismo día en que comience la vigencia de la Ley de Fomento Agropecuario.

Segundo. Se derogan las disposiciones que se opongan a las contenidas en el presente Decreto.

Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Palacio Nacional, a 15 de octubre de 1980.

- El Presidente de la República, José López Portillo."

- Trámite: Recibo y a la Comisión de Reforma Agraria e imprímase.

CÓDIGO PENAL DEL D. F.

"Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.-Poder Ejecutivo Federal.- México, D. F.- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.- Presentes.

Para los efectos constitucionales y por instrucciones del C. Presidente de la República, anexa al presente les envío Iniciativa de Decreto por el que se adiciona una fracción V al artículo 254 del Código Penal para el Distrito Federal.

Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D. F., a 15 de octubre de 1980.- El Secretario, profesor Enrique Olivares Santana."

"CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.- Presentes.

El Ejecutivo Federal ha establecido diversos programas para el desarrollo del sector agropecuario con el propósito de lograr la autosuficiencia del país en alimentos básicos, y buscar el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural, especialmente de los sectores marginados.

Dentro de los programas aludidos destaca el que persigue mejorar la productividad de las áreas temporaleras, mediante el uso intensificado de insumos tales como semillas, fertilizantes, implementos u otras materiales. Al mismo tiempo, y con objeto de

aumentar los ingresos de los campesinos temporaleros, se ha establecido que los insumos antes señalados sean entregados a precios menores a los del mercado con lo que se incrementarán los ingresos de estos campesinos, tanto por los aumentos en los índices de productividad como por la reducción en el costo de los cultivos.

Sin embargo, es necesario prevenir la posible comercialización de los insumos que se entregan a precios menores a los del mercado como parte de los créditos de las instituciones oficiales, ya que con esto el esfuerzo del Gobierno Federal en subsidiar el precio de dichos insumos puede traducirse en mayores ingresos para intermediarios, lo que vendría a constituir un daño contra la economía pública.

Por lo anterior, es necesario adicionar el Código Penal en su Título Decimocuarto que establece los delitos contra la economía pública a fin de sancionar los hechos anteriores.

En mérito de lo expuesto y en ejercicio de la facultad que otorga al Ejecutivo Federal la fracción I del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, propongo a la consideración del H. Congreso de la Unión el siguiente

DECRETO

Artículo primero. Se adiciona una fracción V al artículo 254 del Código Penal para el Distrito Federal como sigue:

Artículo 254. Se aplicarán igualmente las sanciones del artículo 253:

I a IV.

V. Al que por cualquier medio adquiera, posea o trafique con semillas, fertilizantes, plaguicidas implementos u otros materiales destinados a la producción agropecuaria, que se hayan entregado a los productores por alguna entidad o dependencia pública a precio subsidiado, siempre que puedan identificarse por cualquier dato o mención.

TRANSITORIO

Unico. Este Decreto entrará en vigor apartir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Reitero a ustedes la seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Palacio Nacional, a 15 de octubre de 1980.

El Presidente de la República, José López Portillo."

- Trámite: Recibo y a las Comisiones Unidas de Justicia y de Reforma Agraria e imprímase.

SOLICITUD DE SOLIDARIDAD

El C. Presidente: Tiene la palabra la C. María del Carmen Jiménez:

- La C. María del Carmen Jiménez: Señor Presidente;

Señoras y señores diputados:

Como ustedes saben, el 6 de julio se efectuaron elecciones en varios municipios, entre ellos

el de Camargo, ocho días después de la Junta Computadora dio el triunfo al candidato del PRI, en contra de la voluntad del pueblo de Camargo. Ante eso, el pueblo de Camargo recorrió todos los caminos legales tratando de nulificar ese triunfo, sin embargo, todas las puertas fueron cerradas y hasta el 2 de septiembre después del Informe Presidencial, por recomendación expresa y por presiones del señor Fidel Velázquez, se reconoció también en el Colegio Electoral, o sea, se ratificó el triunfo del candidato del PRI. Esto provocó la indignación del pueblo de Camargo, que a partir del 8 de octubre tomó posesión de la presidencia municipal de ese lugar. Desde entonces hay dentro de la Presidencia Municipal más de 500 personas en guardia permanente, que se turnan por horas y por días; desde entonces también el ciudadano Gobernador de Chihuahua ha convocado a tres reuniones con los dirigentes del Partido Acción Nacional y con comisiones del pueblo de Camargo; tanto los dirigentes como las comisiones del pueblo de Camargo, han pedido la desaparición de poderes. Sin embargo, esta solicitud que se presentó el martes de esta semana en el Congreso Chihuahuense, fue rechazada alegando que no se podía tramitar dicha solicitud, porque el pueblo de Camargo estaba en posesión de la Presidencia Municipal y que era una situación ilegal de presión.

Yo me pregunto ¿cómo es posible invocar ahora la legalidad, después de que todos los caminos legales se le cerraron a ese pueblo que ejemplarmente los recorrió? ¿Cómo es posible ahora que se habla de consolidar la Reforma Política, aplastar la voluntad de un pueblo que ejemplarmente también está exigiendo sus derechos, cumpliendo con su responsabilidad, que se le llamó a participar y está participando, que le llamó a votar y votó y que ahora, por el caciquismo, por los grupos de presión de la CTM, por caprichos del señor Fidel Velázquez que considera a Camargo como uno de sus tantos feudos, se aplace así la voluntad de este pueblo?

Pido solidaridad de esta Cámara no para con Acción Nacional, no es Acción Nacional quien esta en contra del candidato del PRI, es todo un pueblo. En dos días se recabaron 6 000 firmas con nombres, domicilios de personas en edad de votar. El candidato del PRI dice haber tenido 3 300 votos, hay 6 000 firmas en contra de él y esas firmas son de personas reales.

Entonces, señores, si por una vez un pueblo se pone de pie, un pueblo exige sus derechos y se le mata así el espíritu cívico, yo pienso que esto es una traición a la patria, que debemos reflexionar, que debemos dejarnos de partidarismos de grupo y respaldar a este pueblo que está exigiendo sus derechos y no acabar con el espíritu cívico de él.

Pienso también que solidaridad con Camargo implica de nuestra parte solidaridad con el desarrollo y el progreso de nuestra patria. Sin embargo, veo desafortunadamente que a la mayor parte de esta Cámara poco o nada les importa lo que estoy diciendo, poco o nada les importa que un pueblo esté siendo aplastado, poco o nada les importa que la Reforma Política sea solamente letra muerta y poco o nada les importa que en un municipio en lugar de gobernar un hombre honesto, digno, trabajador y a quien el pueblo quiere, gobierne un hombre que es por oficio un vago y que es despreciado y repudiado por todo el pueblo de Camargo.

Mucha gracias, señores.

El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado Enrique Sánchez Silva.

El C. Enrique Sánchez Silva: Señor Presidente;

Señores diputados:

El llamado caso Camargo ha generado algunas intervenciones en esta alta tribuna y lo más grave es que se ha pretendido llevar a nivel de una reyerta personal, lo que ha constituido una vigorosa experiencia de clase en el Municipio de Camargo y no la oportunidad que el Partido de Acción Nacional tantas veces aprovecha para entronizar su estrategia en nuestros problemas internos del PRI y de formar o pretender deformar a la opinión pública queriendo responsabilizar a nuestros dirigentes locales, o a Fidel Velázquez de un acto rigurosamente pulcro desde el punto de vista político y electoral que culminó con la elección de Primitivo Campos en el Municipio de Camargo.

Aquí mismo en las sesiones del día 7 y 9 del presente mes, el diputado Jesús González Schmal hizo señalamientos que no se ajustan a la verdad, como no se ajustan los designados y señalados por la gente que me ha antecedido en el uso de la palabra.

Debo aclarar que el procedimiento formal que culminó con la decisión del Congreso del Estado en funciones de Colegio Electoral, dando el triunfo de las elecciones constitucionales que renovaron el Ayuntamiento de Camargo, quedó totalmente terminado.

Hablan los voceros de Acción Nacional de que sagrados derechos han sido conculcados; presentan una serie de alegatos que distorsionan la realidad y que, confundiendo y mal informando, han logrado aprovechar esta alta tribuna para marginar un problema que esta muy lejos de ser tal y que sólo significa una oportunidad más para atacar a mi partido, a la Confederación de Trabajadores de México y a la política que con la sustancia de una reforma que pretende el perfeccionamiento democrático, ha promovido el Presidente López Portillo.

No quiero abundar en los argumentos expuestos por el PAN, para objetar el resultado de las elecciones de Camargo. Ya conocemos con qué facilidad se manejan los términos de fraude electoral, imposición del personal de casillas, alteración del padrón electoral y caciquismo, están suficientemente digeridos por la opinión pública esas expresiones en sus labios. Ni hubo fraude, ni se impuso al personal de casillas, ni la irregularidad del padrón es perjuicio exclusivo del partido de Acción Nacional y menos aún el caciquismo es ajeno a la generosa oferta mediante la cual el partido de Acción Nacional

ha prestado sus siglas con morboso estímulo a los sectores inconformes de la elección de Camargo.

La selección de candidatos en mi partido se hizo con los procedimientos que norman nuestra vida interna; la campaña se realizó con las organizaciones que compactan a mi Partido y por las estrategias que nos permiten ser un partido con estructura, permanencia y funcionalidad, la elecciones se realizaron dentro de los términos cabales que establece la Ley y sin dominio alguno los signos de violencia que tanto auguraron los predicadores de la inconformidad y los instrumentos de la frustración cívica, también representada por el partido de Acción Nacional.

Posteriormente comparecimos representando a mi Partido a la Junta Computadora. En ellas se hicieron las objeciones contundentes a las impugnaciones que el Partido de Acción Nacional había expresado a la propia Junta Computadora respecto de las elecciones que dieron el triunfo al candidato del Partido Revolucionario Institucional.

Siguieron a esta resolución actos de protesta, que sin números imaginarios fueron de menos presencia que los actos de adhesión que realizamos para apoyar el triunfo de nuestro candidato y con anticipación a la reunión del Colegio Electoral que calificó estas elecciones, el Partido de Acción Nacional promovió una espectacular campaña de prensa combinada con la acción disolvente, subversiva e irresponsable de una radiodifusora cuyo concesionario, violando todas las normas que rigen el funcionamiento de esa radiodifusora, se convirtió en un promotor demente, agresivo y tutor de un presagio leviatánico que pretendía la destrucción de los camargüenses por los propios camargüenses.

Quienes han subido a esta tribuna a impugnar esta elección, el diputado González Schmal y algunos dirigentes del Partido de Acción Nacional estuvieron presentes en la región.

No lamento su decepción. Cuando hayan examinado que a su carismática presencia no se hizo como un conjuro el milagro de que la conciencia política de los camargüenses se pusiera de pie en contra de Primitivo Campos porque nuestro Presidente Municipal electo y hoy en funciones siguió contando con el apoyo de los grupos básicos que sustentan la fuerza de mi partido. El Congreso del Estado en funciones de Colegio Electoral confirmó la resolución de la Junta computadora.

Los dirigentes de Acción Nacional al ver frustradas sus gestiones ante las autoridades de la Secretaría de Gobernación cuando ésta no pudo negociar la voluntad de los electores de Camargo ocurrieron con el entonces Gobernador del Estado, Manuel Bernardo Aguirre, para pedir que interviniera en el caso Camargo. Ingenuos voceros del oportunismo que pretendían confundir a tan destacado chihuahuense. Ni más ni menos querían enseñar a Clemente a curtir picante. También ocurrieron al que entonces era gobernador elector, licenciado Oscar Ornelas y tampoco se pudo negociar la voluntad del pueblo de Camargo.

¿Cuál es la explicación de esta actitud empecinada por deformar los efectos de la Reforma Política?

En Camargo, en esta elección, se obtuvo la participación ciudadana más exitosa de las últimas tres elecciones; se desarrolló el proceso con incidentes normales y rodeado de la espectacularidad que el radio y la prensa imprimieron a la situación política prevaleciente. Sólo confrontamos una verdad. El PAN presta sus banderas a la contrarrevolución, a grupos de aventureros políticos que reaccionan con inmenso dolor al profundo sentido revolucionario que en la selección de nuestros candidatos toma el PRI. Fábrica una oposición sin contenido ni sentido ideológico; apoya a la burguesía latifundista, al comercio acaparador y a los profesionistas "liberales" que sólo se atreven a expresarse contra mi Partido en la sagrada y secreta emisión del sufragio.

No desconocemos la acción de los auténticos panistas. Por cierto no ajenos en las elecciones de Camargo al penetrar olor a incienso que se derrama desde los púlpitos y a la excitada conducta de las amas de casa, tan familiarmente semejantes a las acciones ruidosas de cacerolas fascistoides que combatieron a Salvador Allende.

Desde esta tribuna denunciamos la poca autenticidad del PAN cuando se inclina por aceptar improvisadas membresías a las que nosotros, el PRI, queremos sacudir de la prioridad del poder y del arraigo en los efectos nefastos de la oligarquía y del caciquismo. El Presidente Municipal de Camargo es un trabajador, es un distinguido miembro de la CTM que tiene problemas con los sectores dominantes de la economía de Camargo porque es un trabajador modesto, un líder sindical, un ciudadano interesado en los problemas de su comunidad.

Si la selección de Primitivo Campos se hubiera hecho en la junta secreta de los notables, de los latifundistas, y de los representantes de la prosapia decadente de Camargo, entonces no habría sido criticada su candidatura ni habría sido objetada su anexión. Lo fue porque se generó su candidatura en un sector de nuestro Partido, en el sector obrero y provocó la ira de patrones reaccionarios, de grandes propietarios y explotadores, tradicionales, porque significó, esta candidatura, una propuesta interna de la enemiga natural del PAN, la Confederación de Trabajadores de México.

Pido a ustedes, señores de Acción Nacional, congruencia y autenticidad, no solapen a quienes desean oponerse al avance democrático del país; no pretendan jugar a la democracia apoyando a los sectores más negros de nuestras comunidades; porque esa contradicción no la justificaría ni el pueblo ni los mejores propósitos de la Reforma Política, al menos, como dijo el Vasconcelos que tanto quiere el diputado González Schmal: "mi escasa ciencia no alcanza a comprender posición tan sabia."

Muchas gracias.

TRAGEDIA DE OAXAQUEÑOS

El C. Presidente: Tiene la palabra el C. Luis Castañeda:

El C. Luis Castañeda: Con su venia.

El día de ayer en grandes titulares, el diario Ultimas Noticias de Excélsior, denunció: mueren 40 acarreados, iban a la protesta de candidatos de alcaldes en Oaxaca y desbarrancó el vehículo, y esta gracia se debió a que según declara la Comandancia de la Policía Federal de Caminos, que los pasajeros de dicho autobús procedían y se dirigían al acto político en que el Secretario General del PRI, José de las Fuentes Rodríguez, tomaría la protesta de candidatos a alcaldes de 570 municipios de la entidad.

Para mí, oaxaqueño por encima de todo, respetuoso de ese valor supremo que es la dignidad de la persona humana, en el que mi partido, Acción Nacional, finca toda su doctrina y razón de ser, dignidad que significa la superioridad de un ser, el hombre, independientemente de la forma en que éste se comporte con relación a mí o de los míos, porque todo hombre, por el hecho de ser persona, tiene una categoría superior a la de cualquier ser irracional, porque éste, el hombre, es pivote sobre el que gira todo, por él, para la persona, existe y se realiza el bien común y al fin para quien el Estado es un simple medio para que la sociedad y las sociedades intermedias y, desde luego, el partido o los partidos, tengan un término como fin, el simple servicio a la persona humana, porque no es el hombre la persona humana cargada de dignidad para el Estado, sino que el Estado, esa bella y necesaria construcción cargada de poder y de autoridad, es para el hombre.

Por todo esto, con asco, con terrible repugnancia, para quienes en mi tierra, creyendo que todo se puede hacer, que todo se vale para demostrar que el PRI- gobierno sigue imperando, demostrando que nada importa la Constitución en su libertad de reunión, verdaderamente libre y de tránsito de gente libre, y no de cosa que se transporta, en fin, sintiendo el asco porque allá se hace burla y escarnio de eso que debería ser signo de esperanza redentora, la Reforma Política, protesto.

El Secretario de Gobernación nos decía hace unos días: "...estamos interesados en saber cómo funciona, cómo se está instrumentando la Reforma Política en los Estados, pues de lo que se haga allá, dependerá el éxito o el fracaso a la larga de esa reforma en que estamos, en que debemos estar todos interesados".

Pues bien, el Secretario, ese señor Secretario, y el mismo régimen, todos ya tienen el informe que necesitábamos sobre cómo funciona la reforma en Oaxaca y por cualquier vereda también se llega a Camargo, también que sepa cómo se rehacen las cosas allá.

Otra vez, repito aquí, aquello de una novela italiana: Hay que cambiar y revolver todo en medio de mucho ruido, para que todo siga igual.

¿Qué era antes la LOPPE en la cosa política electoral?

El partido del poder manejaba, en qué forma, para fines electorales, desde despojos; se practicaban verdaderos actos de deportación, represalias, actos de innecesaria crueldad, represiones estúpidas, se usaba y se abusaba de acarreos cada vez con mayor amplitud, según se iba perdiendo en los medios urbanos la popularidad y la confianza en el grupo dominante o simplemente porque ya no se tenía miedo, convirtiendo a los hombres en bultos de semovientes, que gritan y manotean, con meneos uniformes como esclavos, en cuyas espaldas hay fotografías de prensa en donde se ponen las marcas de la falta infamante, cuando se llama a lista.

Todo esto y más fueron las concentraciones de campesinos, de obreros o empleados en Oaxaca y luego esto, muchas veces repetido, los vehículos cargados de ganado humano, infamia contra la dignidad humana, en camiones de redilas, desechos de chatarra rodante, puesta al servicio gratis en pago de chantaje de transportistas o simples requisas a comerciantes de la región.

Luego resultan esos carromatos desbarrancados por los viejos caminos de mi tierra, después el silencio, porque de esto no debe saberse nada. Un comentario infamante y estúpido, qué quieren, un accidente mecánico, para qué armar bronca si al fin y al cabo son unos cuantos indios. No hay que molestar al señor gobernador, al candidato ni mucho menos al señor ministro de Gobernación. Es cosa de indios. Eso era ayer, en cada temporada de elección un accidente y en otros Estados, allá queda Chiapas, siempre trágica de cadáveres acarreados en una campaña presidencial y Jalisco y San Luis Potosí. Sólo cuando la prensa denuncia, el pueblo tiene una elegía, pues al fin y al cabo, para qué gritar, son indios los que mueren.

Eso fue ayer, pero ahora qué tal, todas las campañas que se han dado desde que existe la LOPPE y luego, desde que el gobierno del Estado de Oaxaca promulgó la peor de los "Loppitos", se ha hecho igual que antes, cuántas concentraciones, cuántos acarreos, hasta con gente de Tabasco, Veracruz, Chiapas y Puebla, se han hecho en la ciudad capital, en Matías Romero, en Salina Cruz o Tuxtepec.

Ese hecho queda como una anécdota más, todo se ha cambiado en la Reforma Política, pero todo sigue igual, al fin y al cabo en Oaxaca, en Oaxaca sólo es tierra de indios.

¿Cuándo el PRI- Gobierno querrá entender que indios priístas o lo que sea, los oaxaqueños somos personas humanas y no semovientes electorales? Ojalá, señor Presidente, estos hechos merezcan ser consignados en el Diario de los Debates. Claro que simplemente para que sirvan como base a ese dulce anecdotario de la Reforma Política. Gracias. (Aplausos.)

El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado Rubén Somuano López.

El C. Rubén Somuano López: Señor Presidente;

Compañeras y compañeros diputados;

Pueblo que nos acompaña desde las galerías:

Acabamos de tener la oportunidad una vez más de escuchar los lamentos de varios de los miembros del Partido Acción Nacional relativos a sus constantes fracasos en las luchas electorales en nuestros estados. Primero Chihuahua, en la región algodonera de Camargo, en donde su falta de tino para conquistar el apoyo del pueblo, en donde sus constantes errores pretendiendo sorprender a las distintas clases sociales en sus mal fundados propósitos, lo único que logran es que todo mundo les dé la espalda y aprovechan esas oportunidades para desde esta alta Tribuna pretender dar la impresión a los órganos de publicidad, que afortunadamente los conocen muy bien, de que son víctimas en todas partes; en seguida hemos escuchado a otro compañero diputado oaxaqueño, aprovechar un lamentable accidente que a todos los oaxaqueños y a todos los mexicanos nos duele, porque en este accidente carretero perdieron la vida algunos campesinos de Oaxaca y otros se encuentran heridos, precisamente porque con la templanza de los hombres del PRI, con su deseo de estar siempre presentes en los actos cívicos de mayor importancia, no sólo en Oaxaca, sino en cualquier parte del país se esfuerzan por concurrir a aquellas situaciones en las que se debe demostrar el espíritu partidista y la fe que se tiene en los candidatos priístas para poder realizar un buen gobierno, desde la Presidencia de la República hasta los ayuntamientos de los estados de nuestro país. (Aplausos.)

Efectivamente el día de ayer se celebraba en la capital del estado de Oaxaca la toma de posesión como candidatos de nuestro partido, de todos aquellos que con la concurrencia de los hombres del campo y de la ciudad habían sido seleccionados para que nuestro partido, de todos aquellos que con la concurrencia sidencias municipales de los 570 municipios de Oaxaca.

Este autobús venía de la región de Tuxtepec. Aquellos de los presentes que desconozcan esa zona de nuestro país deben enterarse de que se trata de una área sumamente abrupta. La carretera de Tuxtepec pasa por Guelatao, la tierra del indio sublime más grande de los mexicanos, de don Benito Juárez, entonces, este autobús se dirigía a la ciudad de Oaxaca y venía viajando de noche. Un autobús de pasajeros del servicio público en el cual habían aprovechado el viaje un grupo de priístas que no querían faltar, por su sentido de responsabilidad partidista, a ese acto cívico al que había convocado nuestro partido.

¿En qué parte del país no se registran accidentes de carretera?

Entonces ahí lamentablemente en una curva el vehículo se volcó. Hubo numerosos heridos y numerosos muertos. Todos lo lamentamos mucho, pero una más de las falsedades y mentiras que aquí escuchamos con frecuencia de los miembros de Acción Nacional quiere atribuir esto al Partido Revolucionario Institucional. Es la peor de las calumnias.

Nosotros los oaxaqueños, como seguramente todos ustedes, lamentamos esta pérdida de vidas. Lamentamos este accidente pero, por otro lado, los priístas nos sentimos orgullosos de que en Oaxaca, como en cualquier parte de la República, los priístas se esfuerzan y se sacrifiquen hasta donde es necesario para darles un apoyo a nuestro partido y asistir a sus actos más importantes. Deseo en esta ocasión invitar a todos nosotros, a todos lo miembros de la Cámara, y muy especialmente a los priístas, para que, dentro de lo posible brindemos nuestro apoyo y nuestra ayuda a los deudos de los compañeros que ahí perdieron la vida.

Muchas gracias. (Aplausos.)

ALUSIONES

El C. Jesús González Schmal: Pido la palabra para hechos.

El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado González Schmal.

El C. Jesús González Schmal: Señor Presidente;

Señoras y señores diputados:

Fui interpelado y comparezco a contestar; comparezco a contestar y a negar al diputado del PRI, al diputado Silva, a negar contundentemente que el problema de Camargo, como él quisiera, se redujera a sólo una reyerta personal. No se haga usted ilusiones, señor diputado, el problema de Camargo implica y compromete la Reforma Política del Presidente de la República y los valores revolucionarios del municipio libre y de la dignidad ciudadana. Esto es lo que entraña el problema de Camargo, ciertamente. Es un problema nacional, es el municipio libre, la dignidad ciudadana, la que está en juego. No simplifiquemos ni engañemos trastocando el sentido de los movimientos políticos en la actualidad.

EL gobierno y la CTM tienen, ciertamente, interés perfectamente probado en impedir que sea la oposición, y en concreto Acción Nacional, quien llegue al poder público municipal, y este temor y este verdadero pavor deriva, señor diputado para que usted lo sepa de que en los limitados casos en que Acción Nacional ha tenido la oportunidad de administrar el municipio, lo ha hecho con honestidad, con capacidad y ha dado cátedra de los que es la administración municipal.

Yo sí me voy a referir, como lo omitió el diputado del PRI, al caso concreto de Camargo, con datos también concretos para ilustrar el juicio de está Cámara.

El Partido Acción Nacional ganó la selecciones en Camargo en 25 de 27 las casillas que habían instaladas en el municipio, pero fueron dos casillas instaladas en el Mineral de la Perla, lejos de Camargo, en donde sólo hay acceso rápido por vía aérea, en donde el PRI logró que esas dos casillas se instalaran fuera y en lugar distinto al señalado en la publicación

de la Comisión Estatal Electoral. De esta forma burló y violó una disposición muy concreta de la Ley Electoral del estado y por consiguiente configuró la causal de nulidad que la propia Ley prevé, cuando dice que serán nulas las elecciones en una casilla instalada fuera del lugar donde la Comisión Estatal Electoral lo señalo y lo publicó; pero además, como si esto fuero poco, el Partido Oficial impidió a los representantes de Acción Nacional estar presentes durante el proceso electoral en estas dos casillas y además de ello y con fe pública, porque en una acta que levantó y que avala y que signa el propio Director de Correos del estado, se da fe de que las casillas estaban instaladas en un lugar distinto, de que las urnas estaban escondidas en un traspatio de los lugares donde fueron instaladas y que por el traspatio tenían acceso los votantes que retacaron las urnas; todo esto está probado y está documentado, lo conocen la Secretaría de Gobernación, lo conoce el Gobernador del estado, lo conoce el Congreso del estado, lo conoce la CTM y aún así, contra todo derecho arbitrariamente se ensaña Fidel Velázquez e impone en Camargo a uno de sus caciques sindicales y por lo pronto el pueblo, y vuelva a ser esta ocasión de un testimonio de respeto al pueblo de Camargo por su ejemplar lucha, por la defensa del municipio libre y de la dignidad ciudadana.

Muchas gracias.

El C. Presidente: Se acaba de recibir un oficio de la Secretaría de Gobernación. Ruego a la Secretaría dar cuenta a la Asamblea.

INVITACIÓN

- El C. secretario Juan Maldonado Pereda:

"Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Poder Ejecutivo Federal.- México, D.F.- Secretaría de Gobernación.

C. licenciado Luis M. Farías, Presidente de la Gran Comisión de la Cámara de Diputados. Lafragua 3. México, D.F.

Como ha de ser de su cabal conocimiento el C. Presidente de la República, licenciado José López Portillo, dictó un Acuerdo publicado en el Diario Oficial del 15 de septiembre próximo pasado, mediante el cual el suscrito, Secretario de Gobernación debe formar un "Comité Organizador de Actos Conmemorativos del Bicentenario del Natalicio de Valentín Gómez Farías", para cuya integración el Secretario de Gobernación debe invitar a representantes de entidades de la Administración Pública, asociaciones cívicas y particulares, con el objeto de que participen en el propósito del propio Comité para enaltecer la vida y la obra de don Valentín Gómez Farías, en el Bicentenario de su natalicio.

Dicho Comité deberá formular el programa correspondiente, y organizar y ejecutar los actos de recordación y homenaje consecuentes con el aniversario ya mencionado.

Con esas facultades, y para llenar los propósitos precisados, me permito invitar a esa H. Cámara a nombrar representantes de la misma para que otorgue su valiosa colaboración en los propósitos del Acuerdo Presidencial a que hace referencia esta atenta invitación.

Es propósito del suscrito declarar instalado el Comité el próximo día 21 del corriente mes de octubre, a las 18:00 horas, en el Salón Juárez de esta Secretaría, razón por la cual le encarezco cumplidamente la atención oportuna de la invitación que le estoy turnando.

Aprovecho la oportunidad para protestarle la seguridades de mi consideración distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 6 de octubre de 1980.- El Secretario de Gobernación, profesor Enrique Olivares Santana."

El C. Pablo Gómez: Señor Presidente. Yo le sugiero que le comunique a usted al señor Enrique Olivares Santana, que debe de dirigirse a usted como representante de la Cámara, en ese oficio, no a la Gran Comisión, en términos de la Ley Orgánica del Congreso.

El C. Presidente: Continúe la Secretaría.

PROPOSICIÓN

- El mismo C. Secretario:

"Escudo Nacional.- Gran Comisión de la Cámara de Diputados.

México, D.F., octubre 16 de 1980.

Honorable Asamblea:

En virtud de haberse recibido en esta H. Cámara de Diputados el oficio No. 4365 suscrito por el C. secretario de Gobernación, donde se solicita que un miembro del ya citado Órgano Legislativo participa en el "Comité Organizador de Actos Conmemorativos del Bicentenario del Natalicio de Valentín Gómez Farías," y que deberá quedar instalado el próximo día 21 del presente, la Gran Comisión de la Honorable Cámara de Diputados tiene a bien proponer se designe a la diputada Beatriz Paredes Rangel para que forme parte del Comité de referencia.

Atentamente.

Diputado Luis M. Farías, presidente.- Diputado Rafael Corrales Ayala, secretario.- Diputado Carlos Piñeira Rueda, secretario."

En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse ponerse de pie.

El C. Juan Manuel Elizondo: Primero, de ponerse a votación la proposición de la Gran Comisión, para participar en esas condiciones que intenta el C. secretario de Gobernación, y posteriormente, si se acepta esa proposición, que entonces se pasará a tomar votación sobre la persona que deberá representar a esta Cámara.

El C. Presidente: Termine el trámite, señor Secretario.

El C. secretario Juan Maldonado Pereda: Se puso a la consideración de la Asamblea la proposición y se solicitó que manifestará en votación económica si se acepta o se desecha.

Se preguntó a la Asamblea, y la Asamblea manifestó su aprobación aceptándola.

En consecuencia.

Se acepta la proposición, señor Presidente.

HECHOS

El C. Carlos Enrique Castillo: Pido la palabra, señor Presidente:

El C. Presidente: Le vamos a rogar a usted que hasta que terminemos de dar cuenta con los asuntos del Orden del Día.

El C. Carlos Enrique Castillo: Sólo pido la palabra para hechos.

El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado Carlos Enrique Castillo.

El C. Carlos Enrique Castillo: Señor Presidente;

Señores diputados:

Se equivocan los diputados del partido oficial cuando quieren decir aquí que venimos a lamentar nuestros fracasos venimos a decir que fracasó el camión y se desbarrancó y ese no es fracaso imputable al PAN; venimos a decir, también, que cuando se denuncia un fraude electoral, no se denuncia el fracaso del partido de oposición que lo denuncia, sino el fracaso del partido oficial para ganar unas elecciones siquiera con el mínimo decoro. Y qué bueno que se hable aquí de problemas internos que aprovechamos nosotros, prueba de que los hay. Y esto se refleja cuando las autoridades de la Secretaría de Gobernación reconocen las pruebas presentadas por Acción Nacional para denunciar un fraude y dicen que no pueden hacer nada porque se atraviesa la CTM. Sí hay problemas, sí que los tienen denunciamos aquí el fracaso de ustedes con esos problemas, no es nuestro.

Cuando el diputado Silva dijo "gente que se subió aquí a hablar", debió tener cuidado siquiera por forma, esa "gente" es una dama y lo menos que puede pedir es que diga: "la señora que me antecedió en el uso de la palabra". Lo menos que se le puede pedir.

A la CTM no necesita atacarla el PAN, a la CTM la ataca la CNOP, a la CTM la atacan otras organizaciones del partido oficial cuando entran en conflicto en los estados, cuando se pelean por los feudos, por los distritos a quien le tocan más diputados y si el señor no quiere abundar en pruebas, es porque no puede, las pruebas las tenemos nosotros, no él. Y en cuanto al caciquismo reclámenle los señores diputados al Presidente de la República, que pidió expresamente en su Informe combatir en caciquismo, prueba de que sabe muy bien que existe, reclámenselo a él.

Los procedimientos internos para nombrar candidato los conocemos, si nos han tocado en nuestro estado candidatos que por accidente nacieron ahí y no los conocía nadie y tachar de disolvente, subversiva e irresponsable a la persona que denuncia, no es ni más ni menos que un síntoma patológico de fascismo mental.

¿Quién deforma a la reforma política?

¿Quién va a votar y exige que se respete el voto o quién prostituye el proceso a lo largo de su desarrollo?

Y de la acusación de prestar banderas, mucho cuidado tiene el PRI en Sinaloa de candidatos a presidentes municipales y de gobernador, a los representantes de la John Deer y esas son las banderas que se prestan y le da lo mismo nombrar de candidato a un Caballero de Colón en Monclova, que nombrar candidato a un líder desprestigiado en Camargo. Improvisadas membresías, temo que el señor se haya mordido la lengua y en cuanto a la decadencia, el máximo síntoma de decadencia es la diligencia senil perpetuada en la CTM. Muchas gracias. (Aplausos.)

El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado Flores Vizcarra.

El C. Jorge Flores VIzcarra: Señor Presidente, con su venia; Compañeros diputados:

Escuchar la intervención del diputado que me antecedió en la palabra, me produce meditaciones políticas importantes, pensando fundamentalmente en la estructura política de nuestro partido. Los teóricos de la ciencia política, entre ellos el especialista Maurice Duberger, señala en su tratado, la tipología de los partidos políticos y nuestro partido, el Revolucionario Institucional, es un partido que combina la militancia y afiliación individual con la militancia y afiliación colectiva de formaciones sociales. Somos un partido donde se puede militar individualmente y al mismo tiempo se puede militar en formación social.

En efecto, los sectores de nuestro partido constituyen una alianza de clases para transformar el país. Como dirigente del Sector Popular en el Distrito Federal, nosotros aquí ratificamos nuestra solidaridad con el movimiento obrero organizado, con el movimiento campesino. (Aplausos.)

Muchos quisieran encontrar un partido débil y dividido, pero sin embargo nuestro partido con su estructura sectorial ha venido garantizando que las clases sociales revolucionarias, producto de la transformación social de nuestros mejores movimientos históricos, han logrado coincidir en una plataforma ideológica concreta, que pensamos nosotros que los campesinos, las clases medias populares y los obreros estamos sólidamente vinculados al propósito de sacar con nuestro programa y con nuestros mejores hombres adelante este país. Quienes aún se explican la permanencia de nuestro partido en el poder gracias a que nosotros somos capaces de obtener la voluntad general y popular, con este tipo de planteamientos quieren no analizar las cosas. Si el partido con sus sectores, el partido con su sólida organización monolítica, ha logrado aglutinar los interés del las mayorías, es porque el PRI es el aparato político, la plataforma ideológica que ha venido

garantizando la transformación revolucionaria de la sociedad.

Expliquémonos con la inteligencia las cosas; busquemos a través de éstas cuáles son las razones; hagamos teoría política para poder aquí, en el marco de la Reforma Política, hacer práctica política.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado Stephens.

El C. Carlos Sánchez Cárdenas: Pido la palabra para hechos, señor Presidente.

El C. Presidente: El señor diputado Stephens había solicitado la palabra con anterioridad. Pase usted, señor diputado Stephens.

El C. Manuel Stephens: Hay una confusión, señor Presidente, el diputado Sánchez Cárdenas ha pedido la palabra para hechos en torno al debate que se ha suscitado.

El C. Presidente: Señor diputado Stephens. Simplemente era porque usted había pedido con anterioridad y con insistencia la palabra.

Ese era mi interés, en que usted pasará para cumplir con su petición. Tiene la palabra el diputado Sánchez Cárdenas.

El C. Carlos Sánchez Cárdenas: Señor Presidente;

Señores diputados:

Vengo a solidarizarme con la intervención del diputado del Partido Acción Nacional Castillo Peraza.

Sé que voy a ganarme la excomunión de algunos formalistas de la izquierda y, por supuesto, me honra la oposición de los demagogos de la democracia, pero nos hallamos ante un problema de fondo que no puede ser manejado usando dos dichos mexicanos muy discutibles. Uno de ellos, "Jalisco nunca pierde y cuando pierde arrebata"; el otro, "Hay que negarle la razón al indio aunque la tenga".

No, señores, se trata de entender lo que es la Reforma política. Entiendo que no puede instaurarse de un día para otro. Lo comprendo bien. Menos aún cuando venimos arrastrando muy arraigado vicios en nuestros procedimientos electorales y en el funcionamiento de nuestro sistema constitucional. Estos vicios no pueden ser suprimidos de un día para otro, pero menos serán suprimidos si no empezamos a hacerlo algún día y menos aún si, en vez de corregirlos persistimos en acentuarlos y en hacerlos más abundantes.

Señores, la Reforma Electoral, la Reforma Política, tiende a dar validez a los métodos democráticos tiende a hacer respetar ese viejo lema maderista de hace 70 años "Sufragio Efectivo", tiende a hacer resurgir la confianza en los procedimientos democráticos que obviamente no existen y lo hemos comprobado y lo seguimos verificando cada día en la altísima y creciente suma de las abstenciones. No es cualquier cosa lo que estamos decidiendo; no es Ciudad Camargo la que está de por medio, es la suerte, la vía del desarrollo de este país. ¿Vamos a escoger el método de respetar la opinión popular, o vamos a seguir aplicando procedimientos que la violan y que nos conducen a un callejón del que no habrá más salida que la violencia?

Se está acumulando calor en esta caldera y las válvulas de escape están siendo cada día más ineficaces y si persistimos en marchar por este camino, esta caldera acabará por estallar.

Esto es lo que debe ser entendido; esto es el meollo de la Reforma Política que muchos consideran que es una concesión superficial que consiste en dar ahí algunos asientos en la Cámara de Diputados a algunos cuantos locos que creen en la democracia y que se suben a la Tribuna a desahogarse.

Ya se desahogaron, cambiamos de tema y las palabras se las lleva el viento. No, señores, la palabra no se la lleva el viento, sobre todo porque estas palabras se refieren a hechos vitales de nuestra existencia nacional, de nuestro transcurrir democrático, de nuestra actividad y de nuestra inquietudes populares. Nadie más que nosotros está en la clase obrera y con los campesinos de México, pero hay que aceptar que la clase obrera no siempre es representada debidamente por sus líderes ni conducida por los caminos idóneos a sus intereses por el partido en el que mayoritariamente se encuentra integrada. Con cuánta frecuencia la clase obrera ha sido conducida por el partido gobernante a votar por candidatos representantes típicos de la burguesía y aun agentes del imperialismo norteamericano.

¿No fue la clase obrera la que elevó al poder, a la misma presidencia de la República a un Miguel Alemán, representante de intereses antinacionales y transnacionales?

Entonces no es la adhesión incondicional al PRI la que significa estar con la clase obrera, la clase obrera con harta frecuencia, con una frecuencia cada vez mayor, está yéndose por caminos distintos a los del Partido Revolucionario Institucional, porque va comprendiendo cada vez más que sus intereses no están ni con la candidatura ni con la obra de gobierno de un PRI que proclama mucho la democracia pero poco la practica.

Y entiéndase otra cosa más, la Reforma Política no puede limitarse a concesiones de curules, insisto, a los partidos de la oposición; tienen que expresarse en un debate en el que los principios que lo iluminen sean los de la Constitución de los Estado Unidos Mexicanos y los de las leyes que de la Constitución se deriven, con las modificaciones que sean necesarias para propiciar el progreso democrático y estos principios descansan en algo que dice Artículo 39 de la Constitución: Que la soberanía de la nación reside en el pueblo y que éste tiene el derecho de establecer las formas de gobierno que crea convenientes, principio que no podría tener vigencia si no fuese complementado con el siguiente juicio: "La soberanía del pueblo en la nación, sólo rige cuando en los procesos electorales la voluntad de pueblo

es la que se impone y es respetada por las autoridades".

Gracias. (Aplausos).

El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado Francisco Valero.

El C. Francisco Valero: Señor Presidente; señoras y señores diputados:

Yo quiero intervenir porque aquí en esta Cámara se ha dicho mucho y se ha hablado bastante, sobre todo cuando se trata de hablar de la Reforma Política cuando se toca un tema de elecciones de candidatos a los que todos sabemos y de las que estamos conscientes todos los mexicanos, que debemos de participar.

Yo sí lamento mucho, por eso pedí hacer intervención, que tengamos que venir a esta tribuna, como ya se ha dicho aquí precisamente, unos a quejarnos, y tal vez todos a justificar nuestra actitud, yo sí tengo razón para decir que vengo a hablar a nombre de los trabajadores de México, porque yo soy trabajador y presto mis servicios en una empresa y tengo autoridad para analizar los problemas de la clase trabajadora, cuando participamos en los actos eleccionarios. Pero qué lejos estamos de decir la verdad. No se está tratando de que estemos justificando una participación de la que no hemos tenido una actividad constante, no de ayer, no de hoy, sino de hace muchos años, que es desde el principio de los trabajadores en las luchas políticas.

No quiero analizar si los señores de Acción Nacional justifican o no justifican todo lo que dicen; sí me siento, señores de Acción Nacional, muy satisfecho y creo que mis compañeros diputados trabajadores, también nos sentimos satisfechos de esas críticas que le hacen al movimiento obrero, porque justifica nuestra participación en nuestro país, porque el movimiento obrero, cuando se crítica, es porque estamos marcando el rumbo a la clase trabajadora y porque estamos señalando los caminos que los obreros debemos seguir y no nos lamentamos que nos critiquen, ni nos preocupa tampoco las amenazas de que nuestro partido está decreciendo, al contrario, justificamos esa actitud de ustedes porque en cada obrero que se adhiere al movimiento nacional, ustedes ven posibilidades muy pocas de poder ganar y de poder ascender a los puestos de elección popular. Esa es la realidad exacta, lo que se ha manejado aquí en esta Cámara.

Los obreros sí estamos conscientes de nuestra participación a nivel nacional, yo respeto y lo he dicho en todas las partes donde me toca participar, qué bueno y me felicito que mi partido y los de mi distrito me hayan traído a esta Cámara con esa representación porque la ley nos ha permitido un pluralismo en el que yo he admirado algunas orientaciones y algunos conceptos de todos los partidos; pero eso está muy lejos de que la realidad sea la que aquí a veces se maneja.

Señoras y señores diputados:

Nosotros los obreros sí estamos conscientes de los que estamos haciendo y no nos preocupan esas críticas que se hacen, no a la central nuestra sino al movimiento obrero, porque tengan ustedes la seguridad que no estamos representando -y por eso nos gusta la crítica de ustedes.

Jamás pensemos ni pensamos, ni esperamos tampoco que Acción Nacional venga a hablar bien del movimiento obrero, porque representamos las corrientes distintas, hablaremos bien de ustedes el día que en nuestros contratos que es la corriente que ustedes representan, tengan buenas prestaciones, se las estamos arrancando en una lucha constante que no vamos a detenernos en ese paso.

Ahí es donde les duele a ustedes porque están defendiendo esos intereses, ahí es donde no vamos a cejar ni un solo instante, porque aunque ustedes digan que se pierden por presiones del gobierno en el poder, por acarreos y por todo lo que ustedes manejan, eso el movimiento obrero seguirá adelante.

Yo he querido, señores, hacer uso de esta tribuna, solamente para marcar dos cosas, que no nos preocupa al movimiento obrero las amenazas, que no nos preocupa tampoco que se critique el movimiento obrero y en lo particular a nuestra central, nos preocupa que ustedes y nos satisface además que ustedes nos critiquen, qué bueno que lo hacen porque eso señala al movimiento obrero como una fuerza que no han podido hasta ahorita detener y solamente la detendrán cuando le paguen buenos salarios y cuando tengamos buenas prestaciones los obreros.

(Aplausos.)

MOCIÓN SUSPENSIVA

El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado Manuel Stephens García.

El C. Manuel Stephens García: Señor Presidente:

Señoras y señores diputados:

Nuestro país está erizado de problemas, esos problemas surgen de una estructura económica capitalista que avanza hacia un proceso de mayor monopolización; dicha estructura es generadora de violencia porque no puede llamarse de otra manera al problema del desempleo, de la carestía, de los bajos salarios, del hecho de que haya autoridades no electas por la mayoría y no por el respeto al voto popular; es violencia, el despido de un trabajador de sus fábricas; es violencia también que en el campo no se paguen las cosechas a precios justos; pero también podemos considerar expresión de violencia el hecho de que haya en gran parte del pueblo de México un elevado porcentaje de analfabetismo y también lo es que los servicios públicos no satisfagan las necesidades más elementales del pueblo trabajador o de las masas populares en su conjunto.

Por eso, es responsabilidad de todos nosotros ante esos problemas que aquejan al país, a la clase obrera, a los campesinos y al pueblo de México, es responsabilidad nuestra realizar análisis profundos de dichos problemas para

llegar a conclusiones, a resoluciones que no afecten el interés del pueblo que aquí decimos representar.

Hoy la Cámara nuestra, se enfrenta a un problema serio que es el problema del transporte en la ciudad de México y zonas metropolitanas. Este problema no puede ser atendido ni resuelto sobre las rodillas, ni visto con superficialidad es un problema que afecta al estudiantado, a la juventud, a los obreros, a los empleados y yo diría es un problema que causa tensión en toda la gran población de la ciudad de México y zonas circunvecinas.

Por eso, compañeros diputados, considerando esta responsabilidad nuestra, el Grupo Parlamentario Comunista Coalición de Izquierda, por mi conducto hace la siguiente proposición:

"C. Presidente de la Honorable Cámara de Diputados.

En los términos de los artículos 58 y 110 del Reglamento para el gobierno interior del Congreso General me permito, a nombre del Grupo Parlamentario Comunista Coalición de Izquierda, hacer una proposición de moción suspensiva a fin de que el dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y del Distrito Federal sea devuelto por acuerdo de esta Asamblea a dichas comisiones.

Que ambas comisiones en seguida se aboquen a la realización de una consulta por medio de audiencias públicas entre la población del D. F., y de las zonas metropolitanas, acerca de las propuestas contenidas en las iniciativas ya conocidas por esta soberanía referente al transporte urbano por medio de autobuses. Solicito que este caso se atienda como de obvia resolución.

Es de elemental justicia conocer el punto de vista de quienes son afectados por el transporte y de los trabajadores que laboran en él. En estas condiciones.

La Cámara de Diputados recibirá plena información respecto del problema y así pueda sufragar un voto consciente que pueda poner a salvo los intereses populares que representamos.

Señor Presidente, pida usted someter a la consideración de esta H. Cámara de Diputados, conforme al Artículo 110; la aprobación de la moción suspensiva a que hago referencia.

Muchas gracias. (Aplausos)."

El C. Presidente: Tiene la palabra, de acuerdo al Artículo 110 del Reglamento, el diputado Gil Elorduy, para impugnarla.

El C. Gerardo Unzueta: Pido la palabra.

El C. Presidente: Señor diputado, el Artículo 110 únicamente marca que hablará una persona para presentar la moción suspensiva y otro para impugnarla. Tiene la palabra el diputado Gil Elorduy.

El C. Ernesto Gil Elorduy: Señor Presidente;

H. Asamblea:

La proposición del señor diputado Stephens no tiene fundamento, ya que es muy claro que las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y del D. F., de acuerdo a la secuela del procedimiento legislativo, recibieron las iniciativas de proyecto de decreto, tanto del Partido Popular Socialista como del Grupo Parlamentario Comunista Coalición de Izquierda; se abocaron de inmediato a tener reuniones para discutir los proyectos de dictamen que se someterían al voto de esta soberanía. Las discusiones fueron intensas y se realizaron durante varios días; anteayer, compañeros diputados, se dio primera lectura a nuestro dictamen, por parte de la Comisión creo, señor Presidente, que nuestro dictamen está suficientemente fundado en derecho y que por lo tanto le pido a usted, con base precisamente en ese Artículo 110 del Reglamento, se someta a consideración de esta Asamblea su discusión y no se retrase más este asunto que es de verdadera importancia para el pueblo de México.

Gracias.

El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado Salvador Morales.

El C. Salvador Morales Muñoz: Señor Presidente; señoras y señores diputados:

Vengo, a nombre de la diputación de Acción Nacional, a apoyar la petición de moción suspensiva presentada por el diputado Stephens García.

La última semana, y desde que se planteó en esta tribuna y en esta Cámara el problema de transporte urbano de la ciudad de México, el pueblo de la ciudad ha vivido momentos de expectación y de esperanza precisamente en torno a lo que aquí se resuelva respecto a este problema. Creo sin temor a equivocarme, que puedo asegurar que el pueblo de la ciudad de México espera confiadamente en que hoy se diera una resolución favorable a este problema que agobia terriblemente a la casi totalidad de la población citadina.

Hoy como nunca, en muchos años el pueblo de la ciudad de México ha puesto su esperanza en la acción que realizamos los diputados en ejercicio de la función legislativa que para el Distrito Federal tenemos y en ejercicio también de la función política que ejercemos aquí en la capital de la República.

Nunca esperó tanto el pueblo de México, seguramente de esta representación nacional y nunca le hemos ofrecido tan poco como lo que se le pretende ofrecer a través del dictamen presentado por las Comisiones Conjuntas.

Pienso que las Comisiones Conjuntas, al producir este dictamen, no pretendieron entrar a profundidad en el problema aquí planteado por los distintos partidos políticos de oposición. Sus dos puntos resolutivos se concretan, en primer lugar, a rechazar dos iniciativas de ley, una presentada por el Partido Popular Socialista y la otra presentada por el Partido Comunista Mexicano:

iniciativas con las que podremos estar o no de acuerdo, pero que de alguna manera dieron ocasión para que las Comisiones Conjuntas, conocieran a fondo este problema y propusieron soluciones más concretas, más cabales, más viables a este problema citadino.

Tengo entendido que las Comisiones Conjuntas no dispusieron de información suficiente para poder producir un dictamen que realmente fuera al fondo que aquí se planteaba y que aquí se está planteando nuevamente, bien sea porque en el Departamento del Distrito Federal no hay suficientes estudios que permitan resolver el problema del transporte urbano de la capital de la República, o bien porque se negaron a entregar esta información a los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras.

No se quiso, o no se pudo, entrar a fondo a la solución de este problema y se desvía la atención y el requerimiento del pueblo de la capital de la República, dictaminando en contra dos iniciativas de ley y, de esta manera, más una recomendación tímida que requiere a las autoridades del Distrito Federal, para que resuelvan el plazo perentorio, dice el dictamen, aunque no dice cuál es este plazo, para que resuelva el problema a sabiendas que a través de esta recomendación no lo va a resolver porque no le conviene entrar a fondo en el problema.

Nosotros, a través del diputado Bravo y Cid de León, propusimos la reunión pasada que se citara en comparecencia en esta Cámara, al profesor Carlos Hank González, responsable, en última instancia, de la política o de la administración pública en el Distrito Federal, porque sabíamos que no tenía elementos en la Comisión, que se habían negado éstos o que no existían para que la Comisión misma pudiera dictaminar este problema y apuntar soluciones concretas.

Y ustedes, señores de la mayoría, se negaron a la comparecencia en esta Cámara, de Hank González, no sé si porque tengan miedo a su comparecencia, o no sé si porque definitivamente no quieran exponerlo a las preguntas de quienes sentimos la responsabilidad de representar el pueblo de México y concretamente al pueblo del Distrito Federal.

Faltan, pues, elementos de juicio, no hay propuestas concretas y mucho menos técnicas de las recomendaciones que hace el dictamen de las Comisiones, por eso pedimos nosotros que regresan a las Comisiones este dictamen, para que se pueda hacer un estudio a fondo del problema del transporte urbano; que exija la Cámara de Diputados la comparecencia en Comisiones o ante la Asamblea General de los funcionarios involucrados en este problema y, si es necesaria, la comparecencia del profesor Hank González para que de esta manera se tengan elementos suficientes que permitan hacer un juicio y apuntar una solución viable para este problema general.

Queremos también que las Comisiones puedan tener tiempo para hacerse asesorar de personas conocedoras en la materia, bien sea del Distrito Federal, bien sea del país, o de otros países donde han encontrado algunos caminos de solución a este problema, que no es privativo de la ciudad de México.

Que se requiera pues la presencia de las autoridades y los elementos de juicio suficientes, para que se puedan apuntar en serio una solución a este problema.

El pueblo del Distrito Federal siente que somos hoy más que nunca sus representantes y exige que los seamos de verdad, exige que le ofrezcamos soluciones concretas y de ninguna manera tímidas soluciones que sabemos de antemano no atenderán las autoridades citadinas.

Muchas Gracias.

El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado Ernesto Gil Elorduy.

El C. José Ernesto Gil Elorduy: Señor Presidente;

Compañeros Diputados:

Insiste ahora un compañero del Partido de Acción Nacional en que se regrese a Comunicaciones este Dictamen.

En el seno de las propias Comisiones hubo una insistencia permanente de parte de todos los miembros de los partidos de oposición, para que se dictaminara, hubo inclusive un plazo fijado entre todos nosotros y de común acuerdo, para que no se siguiera discutiendo esto, sino que ya se contaba con elementos suficientes para dictaminar. El compañero que me antecedió en el uso de la palabra, no lo vi nunca en estas reuniones y no tuvimos oportunidad de escuchar sus puntos de vista, pero sí tuvimos oportunidad de platicar y dialogar ampliamente con el compañero Ling.

Yo le pido a la Presidencia, que este asunto de conformidad con el Reglamento, se ponga a consideración de la Asamblea e iniciemos de inmediato el debate sobre el problema del transporte urbano en el Distrito Federal.

(Aplausos).

El C. Presidente: Consulta la Secretaría a la Asamblea, en los términos del artículo 110 si se admite o se desecha la moción.

- El C. secretario Juan Maldonado Pereda:

Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se acepta o se desecha la moción suspensiva propuesta por el diputado Manuel Stephens del Grupo Parlamentario Comunista, Coalición de Izquierda y apoyada por el diputado Salvador Morales Muñoz, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.

Los ciudadanos diputados que estén porque se acepte la moción ponerse de pie.

Los ciudadanos diputados que estén porque se deseche, ponerse de pie.

Desechada señor Presidente.

El C. Presidente: Continúe la Secretaría con los asuntos del la Orden del Día.

DICTAMEN A DISCUSIÓN

PROBLEMA DEL TRANSPORTE URBANO

- El C. Secretario Juan Maldonado Pereda:

Honorable Asamblea:

A las suscritas Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y del Distrito Federal, les fue turnada para estudio y dictamen,

la iniciativa, con proyecto de Decreto, suscrita por la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, y presentada ante la L Legislatura del Congreso de la Unión, del 23 de diciembre de 1978, cuyas proposiciones fundamentales son las siguientes:

"1o. Por razones de utilidad pública, crear una empresa descentralizada de Estado, que opere en el Distrito Federal, para planear, organizar, mantener, conservar, prestar y asegurar ininterrumpidamente el servicio de transporte colectivo de pasajeros, empleando para ello los autobuses, taxis, tranvías, trolebuses, el sistema de Transporte Colectivo y todos los medios modernos que desarrollen en ese campo, a efecto de que lo cubra con eficiencia, regularidad, sin discriminación y al menor costo posible, en beneficio de la población de la ciudad de México."

"2o. Por tener carácter de empresa única, en la prestación de ese servicio, se cancelan todas las concesiones y permisos otorgados hasta la fecha a los particulares."

"3o. El Ejecutivo de la Unión expedirá la Ley Reglamentaria de este Decreto en un término no mayor de seis meses, a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación."

Con posterioridad fue presentada por el Grupo Parlamentario Comunista (Coalición de Izquierda) otra iniciativa que fue turnada a estas Comisiones estimándose que en un solo dictamen podrían estudiarse ambas iniciativas, el documento del Grupo Parlamentario Comunista se propone que:

"1o. Se considere de utilidad pública la prestación del servicio del transporte colectivo por medio de autobuses en el Distrito Federal, en los términos del Artículo 23 de la Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal."

"2o. Se dejen sin efecto todas las concesiones para la explotación de autobuses urbanos expedidas a cualquier persona física o moral con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto."

"3o. El Departamento del Distrito Federal tome a su cargo la organización y funcionamiento del transporte urbano por medio de autobuses."

En las iniciativas se argumenta en síntesis lo siguiente:

1. En la medida en que se desarrollan las fuerzas productivas, el avance de la ciencia y de la técnica propician medios de locomoción más rápidos, eficientes y cómodos.

2. La ciudad de México y el área metropolitana constituyen una gigantesca concentración urbana que se ha desarrollado sin plan ni control por parte de las autoridades correspondientes, en donde han predominado los intereses particulares y de grupo en detrimento del desarrollo armónico de la entidad.

3. El transporte de pasajeros, servicio de índole eminentemente social se ha supeditado al interés particular de los llamados "flotilleros".

4. La Alianza de Camioneros de México, usufructúa la mayoría de las concesiones otorgadas por la autoridad. Los vehículos con los que se presta el servicio concesionado, transitan en condiciones deteriorantes de la salud y de la seguridad de los operarios. Es notorio además, el daño que sufre el medio ambiente en virtud del estado que guardan tales autobuses. No importa, dice la iniciativa la prestación del servicio, como el afán desmedido de allegarse utilidades.

Las suscritas Comisiones convienen en que el transporte de pasajeros del Distrito Federal es un servicio de interés público y, consecuentemente los problemas que se susciten en torno en él, reclaman la atención de esta H. Cámara de Diputados, en su carácter de órgano Legislativo del Distrito Federal, atento a lo dispuesto por la Fracción VI del Artículo Setenta y Tres de la Constitución General de la República.

La ciudad de México y su área metropolitana, ha devenido en una erosionante concentración urbana. Los programas que las autoridades aplican para la solución de los conflictos que el fenómeno macrosocial provoca, son rebasados constantemente por la naturaleza del problema. La prestación de los servicios públicos es un ejemplo de la confrontación entre la aplicación de un proyecto y la solución de un problema. Escuelas, limpieza, luz, agua, asfalto, habitación, vialidad, entre otros, representan la máxima atención de las autoridades. Se promueve su solución y sin embargo, cotidianamente la demanda es mayor. Lo mismo sucede en la prestación del servicio concesionado de transporte colectivo.

El gigantismo urbano provoca el desajuste de los servicios públicos; no es cuestión de filosofía o tendencia política, sino compleja realidad que ha rebasado toda previsión. La autoridad no se ha mantenido espectante o inmóvil. Constantemente recurre a nuevas acciones. Definitivamente, el complejo urbano exige prudencia, reflexión y responsabilidad para resolver la problemática citadina.

La concesión, régimen al que está sujeta la prestación del servicio público de autobuses, supone una delegación de facultades para prestar dicho servicio concesionado. En nuestro régimen de derecho, el Estado se encuentra facultado para autorizar a los particulares a subrogarse en la prestación de un servicio público. Ello no quiere decir que dicho servicio pierda su naturaleza de interés público, de ahí que la propia ley asegure un mínimo de condiciones para que los usuarios reciban diligentemente los beneficios del servicio. La propia ley fija sanciones para quienes violen los extremos de la concesión e incluso para quienes intenten presionar o resistir, según advierten los autores de las iniciativas , al gobierno del Distrito Federal.

Es importante destacar que las autoridades de la ciudad no han renunciado a su atribución y que en cualquier momento pueden sustituir al concesionario en la prestación del servicio público; claro está, respetando los derechos

adquiridos y cumpliendo con los requisitos del contrato concesión.

Ahora bien, ¿hasta dónde es conveniente, en este momento, que el Departamento del Distrito Federal se arrogue la tarea concesionada a los permisionarios? Ello implicaría distraer cuantiosos recursos que actualmente están destinados a la satisfacción de diferentes necesidades colectivas.

El dispositivo primero de la iniciativa de decreto propone dar a la empresa descentralizada, la facultad de planear, organizar, mantener, conservar, prestar y asegurar ininterrumpidamente, el servicio de transporte de pasajeros. Todas estas facultades ya son propias del Departamento del Distrito Federal, se contiene en su Ley Orgánica, y son atribuciones irrenunciables de orden público, por lo que, jurídicamente, es innecesario legislar en este aspecto.

No podemos negar que la canalización de fondos públicos a la constitución de una empresa debe sustentarse en posibilidades reales de rentabilidad económica. Esta, en mucho hace posible que se dé la rentabilidad social. Si bien es cierto que los efectos sociales del gasto público dan a éste su verdadero contenido, también es cierto que el no cuidar que las erogaciones públicas sean efectivas en el cumplimiento de sus metas, nos aleja peligrosamente de su verdadera intención.

Si somos realistas, la constitución de una empresa como la que se pretende, requeriría, como lo hemos anotado, de cuantiosas sumas del erario para la adquisición de equipos, en un gran porcentaje deteriorados, de manera tal que la empresa podría nacer sin un verdadero activo fijo, ya que éste habría agotado su vida útil. Esto es una experiencia que bien puede comprobarse si examinamos los casos de esfuerzos similares, como el realizado por el transporte municipal de Londres y el ferroviario de los Estados Unidos de Norteamérica. Tales empeños, loables en su esencia, han significado en la práctica, reveses de índole económica que finalmente la población a quien se pretende beneficiar, a tenido que solventar. Creemos que de ninguna manera se debe cerrar la puerta a todo intento que busque la mejoría del pueblo, pero debemos entender que la mejoría social generalmente se logra cuando hay condiciones de administrar eficientemente una empresa, iniciando operaciones con posibilidades de rentabilidad económica.

Lo anterior no significa descartar la posibilidad de ofrecer un servicio de transportación eficiente, conjugando los esfuerzos público y privado. Esto supone una variación en las circunstancias del fenómeno que nos ocupa. Ya el Departamento del Distrito Federal en cumplimiento de sus atribuciones contenidas en su Ley Orgánica y Reglamento se ha responsabilizado concurrentemente de una área importante en el transporte urbano y con ello evidencia su interés en abordar estos problemas públicos, por lo que el propósito de la iniciativa se encuentra satisfecho en las facultades discrecionales de la Autoridad para determinar la política, operación y forma de la prestación del servicio público de transporte urbano.

El problema de la transportación pública de pasajeros en el Distrito Federal, se encuentra vinculado a la complejidad de los fenómenos sociales que en el mismo se generan: incremento acelerado en las demandas de satistactores, que implican la búsqueda de soluciones orgánicas. Por ello se debe suponer que la sola sustitución de un órgano por otro, podrá resolver las cuestiones que plantea el fenómeno, pues esto sería parcializar las soluciones.

Conscientes de lo anterior las comisiones piensan que las iniciativas propuestas no son por ahora procedentes. No obstante, por la naturaleza social de su mandato consideran que el Congreso está en posibilidad de proponer, con la fuerza de su representatividad, medidas que alivien la delicada situación del transporte colectivo en el Distrito Federal.

En esa virtud, proponemos a la elevada consideración de esta Asamblea, requerir a las autoridades lo siguiente:

a) Reestructurar los recorridos de los autobuses urbanos, haciéndolos rectos y expeditos.

b) Continuar como se hizo en los ejes viales, con el sistema de carriles exclusivos de circulación, si fuera necesario a contra- flujo, para que por calles, avenidas y calzadas, el transporte colectivo tenga preferencia sobre el particular.

c) Hacer del METRO el servicio estructural básico, primario y fundamental en la transportación urbana.

d) Que se incorporen los aditamentos adecuados para abatir humo y ruido en los autobuses que actualmente operan y desde luego para los que posteriormente entren en servicio.

e) Consecuentemente con las medidas propuestas para expeditar la circulación de los vehículos de servicio público, se incremente el número de éstos, mejorando su calidad. Esto redundará en la prestación de un servicio más eficaz, desestimulando la utilización de automóviles particulares que por su actual número, contribuyen a complicar la vialidad y a contaminar el medio ambiente.

f) La formulación de programas para reponer el equipo automotor al término de su vida útil, de tal suerte que los usuarios cuenten con un equipo siempre en buenas condiciones.

g) La construcción de instalaciones idóneas para guardar y reparar los autobuses, a fin de que no compliquen la ya de por sí difícil circulación en las calles capitalinas.

h) Establecer convenios con las autoridades de las zonas conturbadas, a fin de coordinar el transporte en el área metropolitana, de manera que las medidas que se adopten sean globales.

En virtud de que las iniciativas presentes sugieren la creación de organismos públicos que administren y operen el servicio público

de Transporte Urbano; que se dejen sin efecto las concesiones actuales y que se recontrate voluntariamente al personal que labora al servicio de los actuales concesionarios y en razón de que todas estas hipótesis jurídicas y propuestas corresponden a las facultades y acciones de las autoridades del Departamento del Distrito Federal, las Comisiones Unidas se permiten someter a la consideración de esta honorable Asamblea, el siguiente

DICTAMEN

Primero. No son de aprobarse las iniciativas de las fracciones parlamentarias del Partido Popular Socialista y del grupo Parlamentario Comunista Coalición de Izquierda presentadas, la primera ante la L. Legislatura del Congreso de la Unión con fecha 23 de diciembre de 1978, y la segunda ante esta LI Legislatura, con fecha 11 de septiembre próximo pasado.

Segundo. Se requiere al Departamento del Distrito Federal para que, en término perentorio, atienda a las proposiciones relativas contenidas en el presente dictamen, y previos los estudios técnicos jurídicos pertinentes, inicie el proceso de reorganización del servicio público de transporte colectivo.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.- México, D. F., a 13 de octubre de 1980.

Diputados: Enrique Jacob Soriano, Presidente de la Comisión del Distrito Federal.- Licenciado Ernesto Gil Elorduy, Presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes.- Licenciado Jorge Flores Vizcarra, Secretario.- Graciela Aceves de Romero.- Cuauhtémoc Amezcua Dromundo (Con reservas).- Juan Araiza Cabrales.- Roberto Blanco Moheno.- Tristán Canales Najjar.- Ofelia Casillas Ontiveros.- Carlos Duffo López.- Ricardo Flores Magón y López.- Enrique Gómez Corchado.- Carlos Hidalgo Cortés.- Federico Ling Altamirano.- Marcos Medina Ríos.- Humberto Olguín Hermida.- Jesús Ortega Martínez.- David Reynoso Flores.- Leobardo Salgado Arroyo.- Rodolfo Siller Rodríguez.- Francisco Simeano Chávez.- Gerardo Unzueta Lorenzana.- José I. Valencia González.- Luis Velázquez Jaacks.- Isabel Vivanco Montalvo.- Ignacio Zúñiga González.- Arturo Robles Aparicio.- Aurelio Mora Contreras.- Jesús Alcántara Miranda.- José Ramón Martell López.- Mario Berúmen Ramírez.- José Fuad González Amille.- Vicente Coss Ramírez.- Bonifacio Fernández Padilla.- Elizabeth Rodríguez de Casas.- Federico Flores Tavares.- Agapito Isaac López.- Mario Legarreta Hernández.- Baldomero López Arias.- Odón Madariaga Cruz.- Antonio Becerra Gaytán.- Martha Cecilia Piñón Reyna.- Francisco Xavier Aponte Robles.- Gilberto Velázquez Sánchez (con reservas).- Manuel Terrazas Guerrero.- Miguel Ángel Camposeco Cadena."

El C. Pablo Gómez: Señor Presidente, solicito que se lean los artículos 207, 208 y 209 del Reglamento, por favor.

El C. Cuauhtémoc Amezcua: Yo solicito que se lea el artículo 95 y se aplique en este caso.

El C. Presidente: Proceda la Secretaría a dar lectura a los artículos 207, 208 y 209 del Reglamento.

El C. Secretario Juan Maldonado Pereda: "Artículo 207. Los concurrentes a las galerías se presentarán sin armas; guardarán respeto, silencio y compostura, y no tomarán parte en los debates con ninguna clase de demostración.

Artículo 208. Se prohíbe fumar en las galerías. Las personas que infrinjan este artículo serán expulsados del edificio.

Artículo 209. Los que perturben de cualquier modo el orden, serán despedidos de las galerías en el mismo acto, pero si la falta fuese grave o importante delito, el Presidente mandará detener al que la cometiere y consignarlo al juez competente."

El C. Presidente: Proceda la Secretaría a dar lectura al artículo 95.

- El C. secretario Juan Maldonado Pereda:

"Artículo 95. Capítulo de las Discusiones. Artículo 95. Llegada la hora de la discusión se leerá la iniciativa, proposición u oficio que la hubiere provocado y después el dictamen de la Comisión a cuyo examen se remitió el voto particular si lo hubiere".

El C. Presidente: Proceda la Secretaría a dar lectura a los votos particulares presentados por la Coalición de Izquierda, por el Partido Popular Socialista y por el Partido Socialista de los Trabajadores.

- El C. secretario Juan Maldonado Pereda:

"Voto particular en contra del dictamen emitido por las Comisiones Unidas del Distrito Federal y de Comunicaciones sobre las iniciativas para la Estabilización del Transporte Colectivo en el D. F.

Señores diputados:

Por respeto al Poder Legislativo, quisiéramos antes de expresar nuestro voto, dejar asentada nuestra más enérgica protesta por las graves irregularidades en las que incurrieron miembros de las Comisiones, al difundir por la prensa desde el jueves 9 de octubre, un supuesto Dictamen, en el que a nombre de todos los diputados se rechazaban las iniciativas presentadas a propósito del transporte en el Distrito Federal, y se anotaban conclusiones que nunca avalaríamos, quedando de manifiesto el que ni siquiera en el seno de las mencionadas Comisiones se consultó sobre semejante conclusiones.

Más, siendo lamentable esta falta grave de respeto a esta Soberanía y al Pueblo, lo es más propio contenido del Dictamen presentado por la Comisiones, pues, en esencia, no resuelve el problema de fondo que afecta directamente al pueblo trabajador.

Veamos por qué afirmamos esto:

Para nadie -y creemos que mucho menos para los representantes populares- es desconocido que uno de los problemas más graves que sufren los habitantes del Valle de México el del transporte, y, en especial, el transporte

urbano de tipo colectivo. Sabemos también, que este problema trae consigo efectos de enormes consecuencias que afectan fundamentalmente a los trabajadores. Esto ha sido ya planteado ante esta Cámara, en varias ocasiones.

La última fue a raíz de la exigencia de que se discutieran las iniciativas al respecto, presentadas con anterioridad por el Partido Popular Socialista y por el Partido Comunista (Coalición de Izquierda); y, junto con esto, la también exigencia de los dueños de autobuses, de aumentar el precio de pasaje; exigencia que fue acompañada de presiones de diversos tipos, conocidas de todos.

La respuesta a estas dos exigencias, una esencialmente popular, y la otra, la de los camioneros, antipopular, se presenta ahora en este proyecto de Dictamen que concluye lo siguiente:

1. A la exigencia popular de que el transporte sea considerado como de interés público, el Dictamen juega con las palabras, pretendiendo reconocer ese hecho, pero respondiendo más al interés de unos cuantos empresarios, pues insiste en mantener sus concesiones y privilegios.

2. A la exigencia popular de la estatización, el Dictamen, haciendo gala de mentalidad tecnócrata, arguye el no dejarse "seducir por soluciones... espectaculares que a la larga podrían caer en graves errores de percepción, de análisis, de sustentación económica y aún de legitimidad y de justicia". Esto nos recuerda la argumentación que hicieron los representantes de las compañías petroleras al ser expropiadas por el pueblo de México en 1938.

Ni las conclusiones ni las supuestas razones que las fundamentan, resisten ante los ojos del pueblo simpatía o apoyo alguno ya que éstas por su propio peso caen. Harto conocidas son las manifestaciones que, desde los más diversos ángulos, se han venido observando, en el sentido de reclamar la administración estatal del transporte público de pasajeros.

Sólo quienes llevan sus acciones sustentadas en el más rancio liberalismo decimonónico, pueden atreverse a pensar que la libertad se constriñe porque se les quita de las manos el negocio de lucrar con las necesidades ingentes del pueblo trabajador. Sólo quien sirve de administrador de los intereses de la oligarquía se permite pensar que el estado debe quedar fuera de las empresas, palabra que para ello es sinónimo llano de negocio, de lucro desmedido, de la más grande ganancia o, más técnicamente hablando, de "rentabilidad económica", como se maneja en el Dictamen.

Se nos dice en el Dictamen que no se parcialicen soluciones y que no deben distraerse fondos públicos para crear una nueva empresa. Ni se parcializa, porque esta propuesta implica una respuesta global y de fondo ni esta nueva empresa se haría al vapor.

La responsabilidad del Estado en materia económica debe quedar perfectamente clara: ésta debe estar sujeta al interés de las mayorías por lograr un desarrollo independiente de país, sobre la base de una estrecha alianza entre los trabajadores y el Estado, impulsado una firme línea de nacionalizaciones y desarrollando el sector estatal en las áreas que han servido para que el imperialismo y la gran burguesía se enriquezcan.

Nada debe hacer esta Cámara de Diputados para dejar las cosas tal cual están ahora, porque esto representaría que avalamos el que sigan siendo unos cuantos quienes manejen el transporte, lucrando para su individual beneficio.

Por estas razones, y resaltando el esfuerzo unitario realizado por los diputados, miembros de la Comisiones Unidas de las Fracciones Parlamentarias de los partidos Popular Socialista, Comunista (Coalición de Izquierda) y el Socialista de los Trabajadores, al presentar conjuntamente un proyecto de Decreto, del cual queremos destacar los puntos principales que en él están contenidos:

1. El transporte colectivo por medio de autobuses, así como todo el transporte colectivo que se realiza en el Distrito Federal, tiene el carácter de servicio público. Está relacionado con toda la población del Distrito Federal y la zona conurbada; es un medio indispensable de vida económica y de la comunicación social de los habitantes de esta región del país.

La mayoría de los que habitan en el Distrito Federal, en particular quienes constituyen la gran masa productiva dedicada a la industria y los empleados del comercio y del Estado, usan de ese medio de comunicación para asistir a sus labores diarias.

2. El funcionamiento del transporte colectivo por medio de autobuses es, en primer lugar, una responsabilidad del Departamento del Distrito Federal (y del gobierno del Estado de México, en el caso de la zona conurbada). Es a las autoridades estatales que corresponde la obligación de dotar de un servicio de transporte adecuado a las necesidades y al desarrollo de la capital del país. Ese transporte debe ser eficaz, seguro, suficiente y dentro de las normas de higiene y de conservación del medio ambiente. El transporte debe garantizar la comunicación fluida; asegurar que las funciones económicas que de él dependen se satisfagan, y que las prescripciones legales acerca de las relaciones laborales se cumplan.

3. Hasta ahora el transporte colectivo por medio de autobuses, en su mayor parte, ha existido y funcionado mediante el sistema de concesiones a los particulares, propietarios de los vehículos que según las normas establecidas por el Departamento del Distrito Federal deben cubrir el servicio, de acuerdo con lo dispuesto con los artículos 21 a 26 de la Ley Orgánica correspondiente.

4. Es consenso entre todos los que participan en la organización y funcionamiento del transporte colectivo por medio de autobuses, de que en éste existe una grave crisis. Los propietarios y concesionarios de autobuses consideran que no hay más solución -conservando el sistema de concesiones existente- que elevar las tarifas o establecer un elevado

subsidio para mantener el servicio. En el primer caso, la economía de los trabajadores sufrirían un gravísimo daño, no sólo a causa del mismo aumento sino de la carestía que ocasionaría. En el segundo, ningún subsidio se justificaría para sostener las ganancias de un grupo de propietarios.

5. Es consenso también, que se hace imprescindible una profunda reorganización del transporte de pasajeros. Pero ello no podrá realizarse sin tocar una de las bases del actual sistema de transporte colectivo por medio de autobuses: las concesiones. En efecto, la complejidad del problema del autotransporte es tal que no admite sino la formación de una dirección única y una planificación única hacia su unidad completa con el resto del transporte colectivo. El incentivo de la ganancia , que en otro momento pudo ser un aliciente para el desarrollo colectivo por medio de autobuses, hoy se convierte en un obstáculo decisivo por los elementos de dispersión y anarquía que introduce la competencia entre empresarios privados y con las empresas públicas que funcionan en la misma rama.

6. Tampoco podrá realizarse esta reorganización si no se toma en cuenta la existencia de empresas estatales y la especificidades de su funcionamiento, en la rama del autotransporte, y si se ignora la existencia de otros sectores - además de los autobuses- que deben entrar en el proceso de reorganización del transporte colectivo, en uno u otro momento. En consecuencia, para atacar la dispersión, la anarquía y con el objeto de avanzar en la formación de un sistema armónico con las diferentes partes que hoy lo componen, no hay más camino que el establecimiento de una empresa descentralizada, cuyo objeto sea la operación, organización, planeación y explotación del servicio colectivo del transporte por medio de autobuses en el Distrito Federal y la consecuente eliminación de las concesiones a particulares.

7. En consonancia con el punto anterior y tomando en consideración que el otorgamiento de concesiones y permisos a los particulares, así como su cancelación son actos de naturaleza específicamente administrativa, estimamos que debe someterse por separado a la consideración de esta Soberanía un proyecto de Decreto en virtud del cual se adiciona el Artículo 23 de la Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal en vigor, a fin de que el servicio público de transporte por medio de autobuses no sea concesionado a los particulares.

8. La empresa cuya creación se propone debe respetar íntegramente los derechos de los trabajadores, sus formas de organización, su antigüedad y sus derechos adquiridos.

Por las consideraciones anteriores y tomando en cuenta que:

1. El Dictamen presentado por las Comisiones Unidas del Distrito Federal y de Comunicaciones no aborda el problema para solucionarlo de fondo;

2. La gravedad del problema y los efectos económicos, sociales y, fundamentalmente los políticos, exigen que esta Cámara no soslaye su solución de fondo y global; y

3. Las posiciones -conocidas públicamente- de las fuerzas populares aquí representadas particularmente la de la Fracción Obrera militante del PRI, abren la posibilidad de que las Comisiones puedan llegar a diferentes conclusiones a las expresadas en el Dictamen a discusión.

Solicitamos que esta Asamblea Soberana rechace el Dictamen y sea devuelto el asunto a las Comisiones Unidas del Distrito Federal y Comunicaciones, para que aborden a fondo el problema de transporte público en el Distrito Federal. Fracción Parlamentaria del Partido Socialista de los Trabajadores.- Jesús Ortega Martínez.- Manuel Terrazas Guerrero."

- El mismo C. Secretario:

"México, D. F., a 15 de octubre de 1980.

C. Presidente de la Cámara de Diputados al Congreso del Unión (LI Legislatura.)

Con fundamento en el Artículo 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito remitir a usted el texto del Voto Particular que consideré necesario emitir después de la aprobación del Dictamen de las Comisiones Unidas del Distrito Federal y de Comunicaciones y Transportes, sobre las iniciativas del Partido Popular Socialista de fecha 23 de diciembre de 1978 y del Grupo Parlamentario Comunista (Coalición de Izquierda) presentada el 11 de septiembre de 1980. Al hacerlo pido a usted se anexe al dictamen, se lea en la misma sesión y a continuación del documento mencionado y se imprima junto con él.

Atentamente.- Diputado Gerardo Unzueta Lorenzana.

Voto particular del diputado Gerardo Unzueta Lorenzana en relación al dictamen emitido por las Comisiones Unidas del Distrito Federal y de Comunicaciones y Transportes el 14 de octubre de 1980.

1. El transporte colectivo por medio de autobuses, así como todo el transporte colectivo que se realiza en el Distrito Federal, tiene el carácter de servicio público. Está relacionado con toda la población del D. F., y la zona conurbada; es un medio indispensable de la vida económica y de la comunicación social de los habitantes de esta región del país. La mayoría de los que habitan la zona metropolitana en particular quienes constituyen la gran masa productiva dedicada a la industria, y los empleados del comercio y del Estado, usan de ese medio de comunicación para asistir a sus labores diarias.

2. El funcionamiento del transporte colectivo por medio de autobuses es, en primer lugar, una responsabilidad del Departamento del Distrito Federal (y del Gobierno del Estado de México en el caso de la zona conurbada). Es a las autoridades estatales que corresponde la obligación de dotar de un servicio de

transporte adecuado a las necesidades y al desarrollo de la capital de la República. Ese transporte debe ser eficaz, seguro suficiente y dentro de las normas de higiene y de conservación del medio ambiente. El transporte debe garantizar la comunicación fluida, asegurar que las funciones económicas que de él dependen se satisfagan, y que las prescripciones legales acerca de las relaciones laborales se cumplan.

3. Hasta ahora el transporte colectivo por medio de autobuses, en su mayor parte ha existido y funcionado mediante el sistema de concesiones a particulares, propietarios de los vehículos que deben cubrir el servicio según las normas establecidas por el Departamento del Distrito Federal, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 21 al 26 de la Ley Orgánica correspondiente.

4. Es consenso entre todos los que participan en la organización y funcionamiento del transporte colectivo por medio de autobuses, que en éste existe una grave crisis. Los concesionarios de las líneas de autobuses agrupados en la Alianza de Camioneros de México consideran que no hay más solución.- conservando el sistema de concesiones existente-, que elevar las tarifas o asignarles un elevado subsidio, para mantener el servicio. En el primer caso la economía de los trabajadores sufriría un gravísimo daño, no sólo a causa del mismo aumento, sino de la carestía que ocasionaría. En el segundo, ningún subsidio estará jamás justificado si éste se otorga para mantener las ganancias de un grupo de propietarios.

5. Lo que se hace imprescindible es una profunda reorganización del transporte de pasajeros. Pero ella no podrá realizarse sin afectar una de las bases del actual sistema de transporte colectivo por medio de autobuses: las concesiones.

En efecto, la complejidad de los problemas del autotransporte es tal, que no admite más que la formación de una dirección única y una planificación única, que se plantee la integración plena con el resto del transporte colectivo. El incentivo de la ganancia, que en otro momento pudo ser un aliciente para el desarrollo del autotransporte colectivo por medio de autobuses, hoy se convierte en un obstáculo decisivo por los elementos de dispersión y anarquía que introduce la competencia entre empresarios privados y con las empresas públicas que funcionan en la misma rama.

6. Tampoco podrá realizarse esa reorganización si no se toma en cuenta la existencia de empresas estatales y las especificidades de su funcionamiento en la rama de autotransporte, y si se ignora la existencia de otros sectores - además de los autobuses-, que deben entrar en el proceso de reorganización del transporte colectivo en uno u otro momento.

En consecuencia, para atacar la dispersión, la anarquía; con el objetivo de avanzar en la formación de un sistema armónico con las diferentes partes que hoy lo componen, no hay más camino que el establecimiento de una empresa descentralizada cuyo objeto será la operación, organización, planeación y explotación del servicio colectivo de transporte por medio de autobuses en el Distrito Federal, y la consecuente eliminación de las concesiones a particulares.

7. El establecimiento de esa empresa descentralizada será sólo el principio de la integración del transporte urbano de la ciudad de México y de la zona conurbada, que debe comprender la comunicación por medio de autobuses, el metro, trolebuses, tranvías y otras formas de transporte colectivo. Es indispensable el funcionamiento coordinado por una sola dirección y bajo un solo plan de todo el transporte en la zona metropolitana, y para ello es necesario que, una vez formada la empresa descentralizada que concentre la operación, planeación y explotación del transporte por medio de autobuses en el D. F., se inicien los pasos para instaurar el mismo régimen para el resto del transporte urbano y suburbano en la zona metropolitana; lo adecuado para dirigir un sistema así es la formación de una sola empresa descentralizada dirigida por el gobierno federal, bajo la vigilancia y la fiscalización de los usuarios, las organizaciones de trabajadores y una comisión pluripartidista de la Cámara de Diputados.

8. La empresa cuya creación se propone debe respetar íntegramente los derechos de los trabajadores, sus formas de organización, su antigüedad y derechos adquiridos.

Por todo lo anteriormente expuesto, me permito proponer a esa H. Cámara de Diputados el siguiente Proyecto de

DECRETO

I. Se declara que es de carácter público el servicio de transporte colectivo por medio de autobuses en el Distrito Federal.

II. Se crea una empresa pública descentralizada con personalidad jurídica y patrimonio propios, que se denominará "Servicios de Autobuses Urbanos", y cuyo objeto es la operación, planeación, organización y explotación del transporte colectivo por medio de autobuses en el Distrito Federal.

III. Se faculta al Ejecutivo Federal para que, en el término de sesenta días, se proceda a expedir el reglamento de la empresa a que se refiere el artículo anterior.

IV. Al asumir el funcionamiento y la organización del transporte colectivo por medio de autobuses, esta empresa deberá respetar las relaciones contractuales y laborales establecidas por anteriores empresas con los trabajadores, incluyendo las prestaciones de Ley, las establecidas en los contratos colectivos que hayan celebrado, y la antigüedad de los propios trabajadores

TRANSITORIOS

Unico: Este Decreto estará en vigor al día siguiente de su publicación en el "Diario Oficial" de la Federación.

Por otra parte y tomando en consideración que el otorgamiento de concesiones y permisos

a los particulares, así como su cancelación, son actos de naturaleza específicamente administrativa, propongo- con apoyo en las consideraciones precedentes-, un Proyecto de Decreto, por virtud del cual se adiciona el Artículo 23 de la Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal en vigor, a fin de que el servicio público de transporte colectivo por medio de autobuses no sea concesionado a particulares.

El siguiente es el texto del citado Proyecto de

DECRETO

"El H. Congreso de la Unión Decreta:

Se adiciona el artículo 23 de la Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal en vigor, para quedar como sigue:

Artículo 23...(segundo párrafo). La declaración oficial de que determinada actividad constituye un servicio público, implica que la presentación de dicho servicio es de utilidad pública. El Ejecutivo Federal podrá decretar la expropiación, limitación de dominio, servidumbre u ocupación temporal de los bienes que se requieran para la prestación del servicio. El servicio público de transporte colectivo de pasajeros no podrá ser objeto de concesión ni permiso a los particulares.

TRANSITORIO

Unico: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el "Diario Oficial" de la Federación.

C. Presidente de la Cámara de Diputados.

CC. diputados:

Al presentar mi voto particular he reproducido, casi textualmente, las consideraciones y los proyectos de dictamen formulados por los representantes de los partidos Popular Socialista y Socialista de los Trabajadores, y por mí mismo como representante del Grupo Parlamentario Comunista (Coalición de Izquierda) en el seno de las comisiones unidas del Distrito Federal y de Comunicaciones y Transportes, en el curso de la discusión que precedió a la adopción del dictamen que han escuchado ustedes antes. Sostengo que la posición de los representantes de los partidos señalados es la única capaz de expresar el interés y las necesidades de la mayoría de la población del Distrito Federal y de la zona conurbana por cuanto al problema del transporte se refiere.

Atentamente.- Diputado Gerardo Unzueta Lorenzana."

- El mismo C. secretario:

"Voto particular de la Fracción Parlamentaria del Partido Popular Socialista en torno al dictamen formulado por las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y del Distrito Federal acerca del proyecto de Decreto para la creación de una empresa descentralizada del Estado que preste el servicio del transporte urbano de pasajeros en el Distrito Federal.

El Dictamen que formularon las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y del Distrito Federal, rechazando la Iniciativa presentada por la Fracción Parlamentaria del Partido Popular Socialista con fecha 23 de septiembre de 1978, carece de solidez en su argumentación.

La Iniciativa del Partido Popular Socialista formulaba las siguientes proposiciones fundamentales:

"1o. Por razones de utilidad pública, crear una empresa descentralizada de Estado, que opere en el Distrito Federal, para planear, organizar, mantener, conservar, prestar y asegurar ininterrumpidamente el servicio de transporte colectivo de pasajeros, empleando para ello los autobuses, taxis, tranvías, trolebuses, el sistema de Transporte Colectivo y todos los medios modernos que se desarrollen en ese campo, a efecto de que lo cubra con eficiencia, regularidad, sin discriminación y al menor costo posible, en beneficio de la población de la ciudad de México."

"2o. Por tener carácter de empresa única, en la prestación de ese servicio, se cancelan todas las concesiones y permisos otorgados hasta la fecha a particulares."

"3o. El Ejecutivo de la Unión expedirá la Ley Reglamentaria de este Decreto en un término no mayor de seis meses, a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación."

En el dictamen se manejan los argumentos que enseguida se reproducen y con los que manifestamos nuestro desacuerdo:

1o. Los programas que las autoridades aplican para resolver los problemas urbanos son rebasados por la propia naturaleza de los problemas. Esto sucede con todos los servicios públicos, incluido el del transporte colectivo concesionado. El gigantismo urbano provoca el desajuste de los servicios públicos; no es cuestión de filosofía o tendencia política, sino compleja realidad que ha rebasado toda previsión.

Lo anterior se afirma a modo de disculpa.

El fenómeno de la excesiva concentración demográfica en las zonas urbanas, acompañado de una gran dispersión en otras regiones, es un fenómeno que se da en todos los países cuyo desarrollo económico ha sido deformado por la presencia de capitales extranjeros. No es privativo de México; en realidad los demás países de América Latina, Asia y África lo padecen también. No es un problema incontrolable; pero requiere de acciones decididas. Para controlarlo se requiere del desarrollo de la planeación nacional; de una intervención más vigorosa del Estado en la economía; del desarrollo de las fuerzas productivas en manos del Estado. Los servicios públicos, entre ellos el del transporte, deben asumirlos un Estado revolucionario como el nuestro, con el claro propósito de servir al pueblo.

No es válido intentar el soslayar esta obligación del Estado con el argumento de que el crecimiento demográfico es incontrolable.

2o. Las autoridades del Distrito Federal no han renunciado a la atribución que

les conceden las leyes para sancionar a los concesionarios del transporte que violen lo establecido en las leyes y reglamentos en vigor y pueden en cualquier momento sustituir a los concesionarios en la prestación de los servicios públicos.

La experiencia demuestra lo contrario de lo que se afirma en el argumento anterior. Las violaciones de las reglas establecidas por parte de los concesionarios del transporte urbano son permanentes desde hace muchos años. Nunca los habitantes del Distrito Federal hemos disfrutado de un servicio de transporte de pasajeros eficiente. No obstante las graves irregularidades con que operan las concesionarios gozan de impunidad. Si en verdad las autoridades de la ciudad no hubieran abdicado de sus atribuciones en la materia, ya habrían cancelado todas las concesiones.

3o. La creación de una empresa estatal que maneje el transporte implicaría distraer cuantiosos recursos que actualmente están destinados a la satisfacción de otras necesidades colectivas. Se requeriría de cuantiosas sumas para la adquisición de equipos que en gran parte están deteriorados.

No necesariamente se requiere de una inversión cuantiosa e inmediata, ni de comprar las unidades de transporte de propiedad particular a un sobreprecio y menos aún las que estén deterioradas.

Tampoco existe motivo de indemnización por el retiro de concesiones, lo que es ciertamente una facultad discrecional que la Ley otorga a las autoridades administrativas. No existe razón para pensar en una erogación que rebase la capacidad del DDF.

4o. La canalización de fondos públicos a la constitución de una empresa debe sustentarse en posibilidades reales de rentabilidad económica. Esta, en mucho hace posible que se dé la rentabilidad social.

Tratándose de un servicio público destinado fundamentalmente al uso del pueblo trabajador es indispensable colocar la rentabilidad social muy por encima de la rentabilidad económica. El servicio público de transporte para uso del pueblo debe operar con subsidio, entendiendo éste como un mecanismo de redistribución de la riqueza, como una forma de complementar parcialmente la retribución que perciben los trabajadores, quienes con su cerebro o con sus manos, son los creadores del total de la riqueza de la sociedad. Pero no es justificable, en cambio, otorgar un subsidio a una empresa concesionada pues entonces se canaliza a incrementar la ganancia de particulares.

5o. No se debe suponer que la sola sustitución de un órgano por otro podrá resolver las cuestiones que plantea un problema complejo como el del transporte.

Nadie ha señalado que de una manera mecánica al salir el transporte público de pasajeros de manos de los intermediarios para pasar a las de una empresa descentralizada quedarían todos los aspectos del problema resueltos de inmediato.

Lo que hemos afirmado es que el transporte en manos privadas ya agotó sus posibilidades hace tiempo. La incapacidad manifiesta de la Alianza de Camioneros para prestar el servicio decoroso que los habitantes de la ciudad requerimos está suficientemente demostrada por 60 años de experiencia. La Fracción Parlamentaria del Partido Popular Socialista afirma que si bien, la creación de la empresa estatal que maneje el transporte no es el paso último que resuelva todos los problemas en ese servicio, sí es el primer paso indispensable para lograr resolverlos . La empresa única permitiría unidad de criterio en la planeación y en la prestación del servicio y sería la única forma de acabar con la grave anarquía que ahora impera.

Por lo expuesto, no habiendo, sido invalidados los argumentos de fondo de carácter jurídico, económico y social en los que se fundamenta la Iniciativa de referencia, la Fracción Parlamentaria del Partido Popular Socialista se permite someter a la consideración de esta honorable Asamblea los siguientes puntos resolutivos :

1o. Por carecer de fundamentos sólidos, deséchese el Dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y del Distrito Federal.

2o. Apruébese en todas sus partes la Iniciativa de Decreto suscrita por la Fracción Parlamentaria del Partido Popular Socialista y presentada ante la "L" Legislatura del Congreso de la Unión el 23 de diciembre de 1978.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.- México, D. F., a 14 de octubre de 1980.- Diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, miembro de la Comisión del D. F.- Diputado Gilberto Velázquez Sánchez, miembro de la Comisión de Comunicaciones y Transportes."

ACLARACIONES

El C. Presidente: Tiene la palabra el Diputado Gil Elorduy, Presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

El C. Ernesto Gil Elorduy: Compañeros Diputados:

El voto particular leído aquí del señor diputado Manuel Terrazas, en el que afirma en el punto 2o. de sus conclusiones lo siguiente: "A la exigencia popular de la estatización el dictamen haciendo gala de mentalidad tecnócrata, arguye el no dejarse "seducir por soluciones espectaculares que a la larga podrían caer en graves errores de percepción de análisis, de sustentación económica y aun de legitimidad y de justicia."

Lo que quiero aclarar a la Asamblea es lo siguiente: en el dictamen leído hace dos días aquí y hace unos momentos, el dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, no aparece en ninguno de sus párrafos, la afirmación que hace en su voto particular el compañero Terrazas, como si fuera parte del dictamen de estas comisiones.

Yo aquí vengo a pedir que el compañero Terrazas rectifique su dicho para que no aparezca en el Diario de los Debates, por ser falso. (Gracias. Aplausos).

El C. Presidente: ¿Alguna aclaración, diputado Terrazas?

El C. Manuel Terrazas: la voy a hacer en mi turno.

El C. Presidente: De tal manera, incorpórese al dictamen el voto particular del PST presentado en esta sesión. Anéxese al mismo constancia de lo expresado por el señor diputado Gil Elorduy de que el párrafo "seducir por soluciones espectaculares que a la larga podrían caer en graves errores de percepción, de análisis, de sustentación económica y aun de legitimidad y de justicia" mencionado en el voto particular del PST, no se encuentra en el cuerpo del dictamen.

En consecuencia, está a discusión en dictamen y se abre el registro de oradores.

El C. Presidente: Han solicitado el uso de la palabra, para hablar en contra, los siguientes ciudadanos diputados: Gerardo Unzueta Lorenzana; Cuauhtémoc Amezcua; José I. Valencia; Abel Vicencio; Manuel Terrazas; Manuel Stephens; Becerra Gaytán; Fierro Fierro; Ling Altamirano; Edmundo Gurza; Bravo y Cid de León; América Abaroa; Peraza Medina; Salcido Beltrán; Gilberto Velázquez; Jorge Amador y Estephano Sierra. ¿Algún otro diputado en contra? Para hablar en pro: el diputado Miguel Ángel Camposeco; el diputado Ángel Aceves; el diputado Flores Vizcarra; el diputado Juan Araiza; el diputado Ignacio Pichardo; el diputado Rubén Figueroa; el diputado Merino Mañón; el diputado Carlos Hidalgo; el diputado Mario Berumen; el diputado Rodolfo Siller y los miembros de la Comisión.

Tiene la palabra el Presidente de la Comisión.

El C. Ernesto Gil Elorduy: Señores diputados.

A nombre de la mayoría de la Comisión, quiero someter a la consideración de ustedes una modificación en el artículo 2o. del dictamen que hemos escuchado.

En el artículo 2o. del dictamen, dice a la letra:

Artículo 2o. "Se requiere del Departamento del Distrito Federal para que en término perentorio, atienda las proposiciones relativas contenidas en el presente dictamen, y previos los estudios técnicos jurídicos pertinentes, inicie el proceso de reorganización del servicio público de transporte colectivo."

Se propone que quede de la siguiente forma:

Artículo 2o. " Se requiere al departamento del Distrito Federal para:

A) Que en el término perentorio atienda las proposiciones para mejorar los servicios concesionados contenidas en el presente dictamen.

B) Que previos los estudios técnicos y jurídicos pertinentes, inicie el proceso de reorganización del servicio público de transporte colectivo.

C) Que en la presentación de la Iniciativa de Presupuesto para el ejercicio de 1981, hagan explícitos los programas y acciones tendientes al mejoramiento y operación de los servicios de vialidad y transporte; y

D) Que para el ejercicio de la facultad de decidir sobre las modalidades del servicio público en los términos del artículo del Reglamento para el Servicio Público de Transporte de Pasajeros en el Distrito Federal considere en cada caso la viabilidad y conveniencia de prestarlos directamente." Gracias.

El C. Presidente: Está a discusión el dictamen presentado por las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y del Distrito Federal.

Tiene la palabra el diputado Gerardo Unzueta Lorenzana, para discutir el dictamen con la modificación presentada por la mayoría de miembros de las Comisiones Unidas.

El C. Gerardo Unzueta: Señores diputados:

La primera característica general del dictamen que examinamos, es que está hecho para consagrar el sistema de concesiones y por medio de él la ganancia a expensas de un servicio público y de sus usuarios. Esto, aun independientemente de las limitadas, pequeñas, tibias, modificaciones que vino a proponer en el último momento el señor Gil Elorduy.

Para ello, para realizar su objetivo de consagrar el sistema de concesiones, elude la declaración oficial, cuyo lugar adecuado es la Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal y ningún otro lugar la declaración oficial, abierta y contundente de que se trata de un servicio público, sujeto a las condiciones de la propia Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal, cuya legislación contiene los elementos destinados a la regulación de concesiones de los artículos 22 al 29. Y elude esta declaración que nosotros hemos propuesto reiteradamente y sobre la cual no hay pronunciamiento alguno en el dictamen, con un interés y un objetivo muy concreto, no colocar al servicio de autotransporte colectivo por medio de autobuses; no colocarlo bajo las especificaciones concretas de la Ley Orgánica, según la cual el Ejecutivo Federal podrá decretar la expropiación, limitación de dominio, servidumbre u ocupación temporal de los bienes que se requieran para la prestación del servicio.

Todos reconocen que se trata de un servicio público y el sistema de concesiones sólo se puede aplicar a ese tipo de servicios, pero no se declara y se rehusa a declararse y se rechazan las proposiciones en el propio sentido. El servicio público de transporte en el Distrito Federal no puede dejar de ser declarado

oficialmente como servicio público, esta es una cuestión necesaria para el planteamiento de todo el problema, para la atención a todo el problema del servicio público; en tanto que ello no se haga, aun estando sujeto a concesiones, el servicio de transporte por medio de autobuses, las declaraciones de la ley podrán aplicarse como facultades puramente discrecionales del Departamento del Distrito Federal y en el caso concreto de su jefe.

Esta es la incorporación de esta declaración oficial, en nuestra primera demanda.

Mientras todo se mantenga en el terreno de las implicitudes, mientras todo se mantenga en el terreno de las obviedades, resultará que al servicio público de autotransportes no se le pueden aplicar todas aquellas formulaciones, todas aquellas normativas que están planteadas en la Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal y quedarán sólo como elementos de la discreción del Jefe del Departamento. Por eso, los planteamientos hechos en el curso del Dictamen no tienen sino la posibilidad de ser ahora, mucho más subrayada, de ser recomendaciones, requerimientos, pero legislación, de ninguna manera.

La segunda característica del Dictamen es que justifica plenamente la conducta del Departamento del Distrito Federal en toda la historia del transporte colectivo y del sistema de concesiones. Afirman que las autoridades de la ciudad no han renunciado a su tradición y que en cualquier momento puedan sustituir al concesionario en la prestación del servicio público, pero el Dictamen desconoce que la persistencia del sistema de concesiones en el transporte es ya en sí misma una violación a la fracción I del artículo 27 de la Ley Orgánica. Dice el artículo mencionado:

"Las concesiones de servicio público, serán por tiempo determinado. El plazo de vigencia de las concesiones, será fijado por el Departamento del D. F. en forma tal que durante ese lapso el concesionario amortice totalmente las inversiones que deba hacer en razón directa de dicho servicio".

¿Es que acaso no han amortizado concesiones que incluso datan de los años 20?

Nosotros podríamos afirmar que sólo con las ganancias de 82 millones de pesos en promedio, por cada una de las 20 sociedades permisionarias que se obtuvieron en 1975, una buena porción de esos concesionarios habría terminado de amortizar sus inversiones. Fueron nada menos que 82 millones de pesos en promedio por cada una de las 20 compañías o sociedades de permisionarios, pero hay más, el Dictamen no sólo oculta esa violación, sino que nos dice -espero atenerme a la letra del dictamen- que no debemos intentar que el transporte pase al poder del Estado por que ello "implicaría distraer cuantiosos recursos que actualmente están destinados a la satisfacción de diferentes necesidades colectivas", pero esta es una mentira enorme, porque la propia fracción primera determina:

"Al concluir el plazo estipulado en la concesión, los bienes utilizados por el concesionario en la prestación el servicio pasará a ser propiedad del Departamento del Distrito Federal, sin necesidad, de ningún pago; sin necesidad de ningún pago."

De esta manera una revisión de las concesiones, traería como consecuencia que quizá la mayoría, y puede ser que hasta una inmensa mayoría, podría pasar a poder del Departamento del Distrito Federal sin pago alguno; en todo caso tendría que demostrarse lo contrario, y hasta hoy, en las discusiones de la Comisión, en las informaciones públicas, en toda postura que se ha asumido frente ha este problema, no hay una declaración concreta; todas son generalidades, todas son posiciones filosóficas, en el sentido más barato de la palabra.

Pero aún hay más, como dicen que dice un locutor.

Los permisionarios están manejando capital ajeno, capital del Estado. Ellos funcionan con financiamiento estatal, por sus propias palabras, por lo menos desde 1976.

Dicen así en su oficio, muy largo, dirigido al profesor Hank González con fecha 25 de septiembre de 1979:

"Desde 1976 nuestras operaciones crediticias con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos se contratan en dólares, con tasas revisables cada 6 meses, de lo cual se desprende que, después de cada revisión, aumentan objetivamente los intereses por concepto de adquisición de equipo. Esta circunstancia equivale a un incremento periódico de sus precios originales".

Y ¿por qué son sujetos de crédito los permisionarios? Sólo por tener una concesión. ¿Qué han tenido que amortizar si las inversiones es producto de un crédito de un banco estatal? ¿Es que acaso el Departamento del Distrito Federal no puede concertar para sí mismo, o para una empresa que dirija, un empréstito para el cual ha sido -según se sabe- aval el propio Departamento? El propio Departamento ha servido de aval para la obtención de estos empréstitos. ¿Para qué conseguirlos para otros si se puede conseguir para sí mismo? Qué inversión, qué dispendio, qué desviación de los fondos necesarios para otros objetivos.

Ninguna distracción existiría realmente, nada que no se esté haciendo ya, pero que ahora se hace para beneficio y apoyo de un grupo de permisionarios que se enriquecen con la detentación de un servicio concesionado que no dan.

Por último, en cuanto a esta cuestión, se refiere en su artículo 34, la Ley Orgánica establece con toda claridad que:

"Son bienes de dominio público del Departamento del Distrito Federal... Fracción 3 los bienes que de hecho se utilicen para la prestación de servicios públicos o actividades equiparadas a éstos".

Son propiedad del Departamento del D. F. ¿Cuáles desviaciones? ¿Dónde están las cantidades que hay que invertir? ¿Dónde los caudales de millones de pesos que hay que meter al transporte, si eso ya es propiedad del Departamento del Distrito Federal?

Más claro, me parece a mí, ni el agua, pero si está claro como el agua, las motivaciones del dictamen son más turbias que el pantano.

La tercera característica del dictamen es que pone por encima del interés de los trabajadores el interés de un grupo explotador, el que maneja la Alianza de Camioneros de México, el que maneja la Alianza de Camioneros de México, atención, no el que lo constituye, sino el que maneja; las veces que tuvimos que escuchar en la Comisión que se trata de un grupo de trabajadores, de mexicanos, de gente humilde, de gente que llora cuando habla de las dificultades de su transporte, de un grupo de pequeños propietarios y reconocemos que los hay, reconocemos que hay cuatro o cinco personas propietarias de un autobús, pero si ustedes lo suman así, no encontrarán quiénes son los dueños por lo menos de 4 000 autobuses, porque en México hay, en la Alianza de Camioneros y en lo que se refiere a las concesiones del Distrito Federal, poco más de 4 000 permisionarios que tienen los 7 800 y pico de camiones hay una diferencia muy grande de 3 000 y pico, de 3 000 y pico está en sus documentos de ustedes, si ustedes no lo saben es problema de ustedes. Y es cierto, hay quienes poseen una cuarta parte de un camión, pero hay quienes poseen muchos camiones y esto no lo digo yo, lo dicen los Estatutos de la Alianza de Camioneros, donde los votos se cuentan, es decir, donde se instalan las asambleas de acuerdo con el número de sus autobuses registrados en la Alianza. Dice así:

"Tendrán derecho a voz y votarán en función del número de sus autobuses registrados en la Alianza. Los votos podrán ser emitidos en todo caso por el Presidente del Consejo".

Y en su Artículo 17:

"Para que una Asamblea pueda ser declarada válidamente constituida, se necesita que cuando menos se encuentren representados la mitad más uno de los autobuses registrados por los asociados.

Más capitalista, ni los monopolios de Wall Street. Está clarísimo de que se trata de concentración de capital y no es extraño.

En 1970, según el censo, se registraron 161 compañías, 161 sociedades; en 1975, ya eran 81 y ahora son 20, 20 empresas. Se envuelve con toda una explicación: "...es que nos obligaron; es que nos impulsaron", decía Hernández Casanova, pero resulta que no es así, resulta que nadie los obligó, sino que precisamente ellos declararon que eso era lo mejor para organizarse de acuerdo a las necesidades de garantizar el servicio y obtener la justa ganancia que debe de corresponder, esto es que el móvil de ello era mejorar las posibilidades de obtener la ganancia. Página 6 de la carta abierta a López Portillo. Hank González y Arturo Durazo Moreno y también a la opinión pública, de paso.

¿A quiénes explotan y a quiénes extorsionan estos dirigentes de la Alianza? Lo hacen con los obreros, a quienes reducen sus salarios. Ya el propio Presidente de la Alianza de Camioneros, cuando yo le exponía este criterio, decía que no era verdad y yo le decía que esos datos yo los había obtenido del censo; y en efecto, de 1970 a 1975, los ingresos se incrementaron de 25.9% al 51.9%; entre tanto los pagos por remuneraciones al personal, se redujeron de 26.9% al 16.6%. Esto consta en los censos de 1970 a 1975.

Si somos más estrictos y deflacionamos estas cifras para hacerle caso a los economistas, observamos que el incremento real de ganancia en el mismo período fue de 216%, superior también al incremento de los ingresos 58% y en los gastos 5% y en los salarios menos 2% en esos cinco años. Aquí están los datos para quien los quiera comprobar.

Y me adelanto de una vez a una objeción, aquí vienen todos los egresos, todo el movimiento económico, y al final se pone un elegante "Otros", y en el esos "Otros" es donde está la ganancia. Se dice, están también los impuestos, sí pero una ganancia que representa 1645 millones no puede ser anulada por un impuesto por muy alto que sea, dado que los salarios no representaron nada más que 3585 mil pesos. Aquí están los datos.

Esto es, explotan a sus obreros, pero también explotan a los que constituyen la mayoría de las personas que viajan en autobús, pero aún una cosa mucho más grave, que simplemente explotar por cobrar tarifas que les dan la ganancia, más grave aún, precisamente por la irresponsabilidad con que manejan sus líneas, sus vehículos hacen un desperdicio muy grande de la fuerza de trabajo.

El volumen de pasajeros por unidad aumentó de 1970 a 1975 en la siguiente forma: en 70 un autobús transportaba 803 pasajeros por día; en 1975 esa cantidad se elevó hasta 1019; con lo cual se acrecentaron las incomodidades, el desgaste de energía de los usuarios, los obreros emplean demasiado tiempo y demasiadas energías en los viajes por autobús, de tal manera que por ejemplo los trabajadores de la región de Netzahualcóyotl, gastan de tres a cinco horas por viaje hasta y desde el centro de trabajo, con el considerable cansancio, con el considerable riesgo y la considerable reducción de su tiempo vital de trabajo.

Los obreros no descansan lo necesario para reponer las energías y consecuentemente, en lugar de tener garantizado un ciclo de trabajo de 40 años, se reduce hasta 25, precisamente por esa cantidad de horas perdidas en el transporte de tal naturaleza.

El trabajador gasta energías por jornada y media de trabajo, lo cual trae como consecuencia que a lo largo de su tiempo vital de trabajo, el trabajador pierde de 10 a 15 años de capacidad laboral, lo cual considerado socialmente es un desperdicio enorme de la fuerza de trabajo sólo por mantener el sistema actual de concesiones, el sistema actual regido por la ganancia.

Y claro que al decir esto, no podemos ser santos de la devoción de la Alianza de Camioneros, no podemos ser santos de la devoción, como lo declaró aquí ya Rubén Figueroa Alcocer; no somos santos de la devoción camionera

capitalista, los santos de su devoción son los capitalistas y los monopolistas a cuyo conjunto pertenece. Por cierto como una demostración de la irresponsabilidad con que el problema del transporte a sido manejado siempre por el gobierno, traigo aquí un ejemplo de lo que nunca deberá volver a suceder. Aquí Rubén Figueroa Alcocer se ha declarado parte y defensor de la Alianza de Camioneros, es su vicepresidente y por eso no pudo participar como presidente de la Comisión y no pudo firmar el Dictamen que hemos escuchado aquí y además, todos sabemos el cordón umbilical que lo une a la industria del transporte de pasajeros. Pues bien, Figueroa Alcocer fue, en nombre de Octavio Sentíes y por supuesto del Presidente de la República, ya que el Jefe del Departamento es sólo su virrey, participó en las discusiones con la Alianza de Camioneros de 1972 con el gobierno y con otras partes del sistema, él representaba al Departamento del D. F., él representaba al jefe del Departamento del D. F., y ese convenio se encuentra firmado por él como el representante personal, el representante personal de Octavio Sentíes, en este conjunto de pliegos se encuentra. Y claro, ¿qué se logró en 1972? Un reforzamiento de la Alianza y el inició del momento de mayor auge de las ganancias de los permisionarios. Fue de 1970 a 1975 el período de auge continuado en las ganancias y cuando esto en 1976 se detenía, se produjo un aumento en las tarifas en noviembre de 1976.

Este es el mecanismo. Claro, un buen Lutero para una mala Iglesia. En el Dictamen se hace gala de ignorancia y de una muy reaccionaria posición cuando se entra a hablar de la improbable rentabilidad económica de la empresa que han propuesto los partidos de izquierda. ¡Pero qué reaccionaria es la joven tecnocracia que intenta teorizar sobre la rentabilidad económica del servicio de transporte!

Es el transporte colectivo precisamente el que ya está pagado de antemano en la producción, por que los trabajadores venden su fuerza de trabajo a crédito y por que entregan su producción antes y por que el capitalismo del que forma parte un engranaje, el sistema de transporte, se está beneficiando antes de que el trabajador reciba su salario.

¿Cómo que es incosteable?

Tan no es incosteable que el problema sólo se puede examinar socialmente. Hay que tomar en consideración que la producción del uso por obreros del transporte colectivo por medio de autobuses, de obreros empleados en las fábricas, de obreros sujetos a la explotación capitalista, es el más numeroso en todos los transportes. De las 6 de la mañana a las 12 del día, el 42% de las personas que se transportan en autobús son obreros; al mediodía, de 12 a 3, del conjunto de personas que viajan por autobús, un 62% es obrero y en la tarde, de las 3 a las 7 P. M. son el 76%; por último, en la noche, de las 8 a las 12 de la noche, constituyen el 83%.

¿Cómo que no es rentable?

Si ahí mismo está la rentabilidad y es claro que lo que se requiere es un buen sistema de transporte para garantizar buen trabajo productivo, un desarrollo productivo.

Qué reaccionaria, qué reaccionaria es la idea de que no es rentable. Es rentable de antemano, es rentable incluso para toda la sociedad, por que si nosotros disminuimos el número de horas que el trabajador pierde en su transportación,

aumenta la fuerza de trabajo en el país, aumenta la capacidad de trabajo y el mantenimiento de los conocimientos que los trabajadores logran como trabajadores calificados. Al contrario de lo que pretenden los permisionarios algunos otros legisladores, las tarifas de los autobuses no sólo no deben subir, sino que hay que rebajarlas, ¡hay que rebajarlas!

(Haga usted desalojar la sala, por favor).

El C. Presidente: Orden en las galerías. Continúe señor diputado.

El C. Gerardo Unzueta: Hay que rebajarlas y hay que subsidiar fuertemente al servicio del autotransporte y éste debe ser un elemento anexo indispensable a la reorganización, junto con las vías rápidas y expeditas y todo ese catálogo de necesidades que plantea la Comisión, pero subsidiarlo dentro de una estructura estatal, que no llegue ese subsidio a los bolsillos de los permisionarios. ¿De dónde saldrá el subsidio? Precisamente de los que se benefician con el trabajo de los trabajadores: los industriales, los grandes comerciantes, los banqueros y el propio Estado, por que el Estado también recibe el beneficio de ellos, ya que, de las 6 a las 12 del día, el 33% de los viajeros los hace el empleado; éstos mismos al mediodía son el 23%; son el 12% por la tarde y el 18% de las 7 a las 12 de la noche.

Sostenemos y afirmamos que legislar sobre el transporte de pasajeros es no una facultad, sino una obligación de esta Cámara. Tenemos derecho a legislar en todo lo relativo al Departamento del Distrito Federal y la creación de una empresa paraestatal, por decisión del Congreso de la Unión, es facultad nuestra.

Si el Ejecutivo tiene atribuciones irrenunciables de orden público, como dice el dictamen y no las ejerce, ello no significa que la Cámara renuncie también a ejercer sus facultades.

El dictamen tiene como cuarta característica la de pretender imponernos esa renuncia con base en una casi religión: la de la intangibilidad de las facultades ejercidas o no del Presidente de la República y de su apoderado en el Distrito Federal, el jefe del Departamento.

- Grito en la galerías: ¡Tiempo!

El C. Gerardo Unzueta: Todavía no.

Si ambos renuncian a eliminar el sistema de concesiones y la consecuente crisis y bancarrota del transporte urbano por medio de autobuses, nosotros tenemos por qué hacerlo y si tenemos que marchar hacia un referéndum, podemos hacerlo sin necesidad de un segundo

reglamento de la Ley Reglamentaria: la Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal.

Si ustedes leen la Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal, salvo retorcimientos legaloides que aquí se darán, desde luego, esa ley no establece que se requiera una Ley Reglamentaria de la Ley Orgánica para realizar ese referéndum.

Y lo podemos llevar al referéndum, basta una tercera parte de esta Cámara. Al reclamar de esta Cámara el rechazo al dictamen y la aprobación de los proyectos de dictamen propuestos en nuestro voto particular, no estamos haciendo profesión de fe en el Estado mexicano. Sabemos los riesgos de la burocratización, de la corrupción, que es elemento estructural de las formas constituidas para dirigir al país del funcionamiento con sentido antipopular que pueden traer las empresas del Estado, pero también sabemos que, en el caso del transporte, sólo el Estado puede establecer normas de racionalidad para su funcionamiento en el D. F. y la zona conurbada y puede llevarlas adelante eficazmente si existe la vigilancia, el control, la fiscalización, como nosotros lo demandamos, de los usuarios, de las organizaciones sociales de los trabajadores y de una comisión pluripartidista de la Cámara de Diputados.

¿Nos atreveremos a cumplir con nuestro deber?

Muchas gracias. (Aplausos.)

El C. Presidente: Tiene la palabra en pro el diputado Camposeco.

El C. Edmundo Gurza Villareal: Pido la palabra.

- El C. Presidente ¿Con qué objeto?

El C. Edmundo Gurza Villareal: A reserva de presentar en mi turno una propuesta por el proceso antidemocrático del cambio de dictamen, pido a esta presidencia que se sirva ordenar se saquen copias del texto que está a discusión para que se distribuyan a los oradores para que sepamos con exactitud el texto de lo que se está discutiendo.

El C. Presidente: Con mucho gusto, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Camposeco.

El C. Miguel Ángel Camposeco: Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados; señoras y señores:

Nunca había yo encontrado, en un manejo de tribuna una forma más sutil y más hábil de tratar de engañar con las verdades y decir verdades mintiendo.

Cuando el compañero diputado Sánchez Cárdenas subió hace un momento a la tribuna y explicó que el sistema era una caldera que podía explotar, lo hacía con la gran sinceridad de entender que, para que un sistema funcione, requiere de todo un engranaje y un mecanismo capaz de articularlo para que pueda transmitir la energía motriz hacia metas precisas y canalizar el esfuerzo social hacia objetivos concretos.

El señaló que se estaban oprimiendo las válvulas de esa caldera y que podía estallar y eso es, señores diputados, compañeros diputados lo que los diputados representantes de la nación y que hoy hablan de que han recibido una concesión merced a la reforma política, lo que están tratando de hacer, cerrar las válvulas del sistema para que estalle en perjuicio del gobierno. ¿Y cómo lo van hacer? Porque hay una gran diferencia entre la calidad de legisladores que actuamos con responsabilidad y los legisladores que actúan sin responsabilidad. Recordemos que los partidos marxistas leninistas son extraordinarios en el manejo de la propaganda política, que han hecho del engaño al pueblo y del engaño a las masas su bandera permanente a partir de dos principios: el primero establecer una consigna brutal y despiadada y la segunda, manejar un clima permanente de inestabilidad.

Hoy que he pedido la palabra para hablar en pro del dictamen, vengo a hacerlo para dejar una pública denuncia de las maniobras de la fracción parlamentaria de izquierda.

En el año de 1924, durante la Segunda Internacional, el Partido Comunista aconsejó y ésta es la línea que se está siguiendo en nuestro país, que cada diputado del partido no era un legislador que buscaba un lenguaje común con los otros legisladores, sino un agitador de partido enviado al campo enemigo para aplicar allí las decisiones de partido. ¿Qué significa esto? Que los proyectos que hoy se presentan a la consideración de las Comisiones Unidas de Transportes y del Distrito Federal, aun a sabiendas que son facultades de la propia Ley incorpora a su texto y dentro del sistema legal que es el único que puede mantener las estructuras fundamentales de nuestro Estado que aun a sabiendas de eso, ellos presentan proyectos tal cual lo recomendaba la Segunda Internacional y daré a ustedes la cita concreta:

"...los elegidos deben presentar proyectos puramente demostrativos, concebidos no con miras a su adopción, sino con fines de propaganda y agitación". Y el Partido Comunista no quiere el beneficio de los habitantes de la ciudad de México, quiere hacer una guerra de papel, un debate que no tiene más sentido, más que para ellos, de buscar desestabilizar en la opinión pública las acciones del Gobierno de la República. (Aplausos.)

El interés político para crear dificultades al gobierno es evidente. Nosotros los diputados priístas, desde el año de 1970, y refrendado en 1978 en la Ley Orgánica del Departamento, hemos configurado las facultades del Estado, concretamente del gobierno del Distrito Federal, para que establezca, en su momento, cuando lo determine con su facultad discrecional, cómo debe operar el servicio de transporte urbano. Ahora, señores, los miembros del Partido Comunista, con ese sentido infantil que a veces les caracteriza, vienen a tomar la bandera de lo que nosotros hemos legislado desde hace más de 25 años.

(Aplausos.)

Este dictamen que ellos presentan, esta iniciativa de ley, es una franca provocación política con miras a reclutar clientela con miras a la próxima sucesión presidencial y la arman de la siguiente manera, dejadme, señores diputados, explicar:

Piensan que al canalizar el descontento que existe por la deficiente prestación del servicio que todos sabemos que no con una ley lo vamos a resolver, pretenden transferir la carga negativa de opinión pública, que se ha creado con este problema al gobierno, para que el capitalino acuse al gobierno de no prestar un servicio útil, eficiente y propicio. Señores: el gobierno lo presta a través del metro, de la ruta 100, de los tranvías y de todas las formas en que lo está haciendo.

Luego entonces, sabemos nosotros, los diputados del Partido Revolucionario Institucional, que no buscamos el aplauso fácil, con esa forma espectacular de presentar iniciativas. Imaginen ustedes cuál es la estrategia del partido y la provocación, véanla aquí, el propio comportamiento de los compañeros. Quieren hacer lo siguiente: han pretendido ilusoriamente tendernos un gambito a todos los diputados que estamos aquí, sabían ellos que si nosotros decíamos "si" a su iniciativa, estábamos incurriendo en una crítica a nuestro gobierno, al gobierno de la ciudad, cuando sabemos que se hacen esfuerzos por hacer un eficiente servicio de carácter popular, y sabían que si decíamos que "no", ellos desde la tribuna, no con argumentos jurídicos retorcidos, en esa turbia zona del pantano al que se ha referido el orador anterior, sino que querían ponernos en la crisis de la opinión pública, diciendo que los diputados del partido éramos reaccionarios, como se acaba de afirmar, pero reaccionario es aquel que alimenta la caldera para que estalle el sistema.

¿Qué es lo que pretende?

¿Que se premie a la Alianza de Camioneros?

¿Qué es lo que se pretende al hacer un manejo inadecuado de los conceptos jurídicos? Aquí se ha dicho que el Departamento debe declarar que es de interés público.

Compañeros diputados, en el Artículo 22 de la Ley Orgánica se establece la norma, el principio, la prestación de servicios públicos, es la regla y la excepción para la búsqueda concurrente de esfuerzos financieros en la solución de los problemas que no son comunes a todos en la concesión.

¿Por qué? Porque en el sector privado, en el sector de los particulares, que no es el sector gubernamental, también se encuentran las posibilidades de concurrencia económica para la satisfacción de las necesidades de toda la comunidad.

Resulta ahora que los señores del Partido Comunista se quieren volver paternalistas, se quieren volver administradores, cuando sus tesis fundamentales dichas en la tribuna y en la opinión pública, han sido estar criticando precisamente el paternalismo.

Ahora bien, dicen que este debate es jurídico, no es cierto, este es un debate de propaganda política y yo quiero denunciarlo, la denuncio ante el pueblo, no es posible ni podemos permitir que los diputados comunistas entiendan que ser representante popular es una concesión, porque abdican a lo que ustedes han hecho en las urnas, entregar un voto para que sean representantes de la nación, ya basta de que representen a intereses extranacionales, que sean diputados los que representen los interese de la nación. (Aplausos.)

El Dictamen ha sido fundado, compañeros diputados, en un simple principio, lo que pretenden en una maniobra franca de provocación política los diputados de izquierda, ya está legislado, está perfectamente determinado en la ley, son facultades que están en vigor; el Metro, no es privado, la compañía que opera los trolebuses tampoco lo es, la Ruta 100, en este momento está siendo operada por el propio Gobierno; pero lo que quiero decirles es que tratan de engañarlos y tratan de presionar o que la Cámara sin facultades pretenda invadir la esfera de atribuciones del Ejecutivo y todos los diputados somos respetuosos en la colaboración de Poderes y en la propia y exacta separación de Poderes y para ello, para inducirnos al error, se usan, se utilizan los datos y se piensa que al tono del debate no es posible poder sacar la respuestas inmediatas.

Yo quiero decirles, hablando del censo de salarios que acaba de tocar el compañero Unzueta que acerca de que los camioneros disminuyeron en 1975 sus salarios a los operadores respecto de 1977, no tiene fundamento. Con sólo investigar el fenómeno podríamos ver estas consideraciones:

En 1979 la tarifa de 50 centavos había sido autorizada desde 1964, y estaba, como consecuencia, desgastada por los propios procesos económicos y comenzaba como por los sucesivos aumentos salariales tanto contractuales como mínimos, que como consecuencia lógica inciden en los salarios mayores, porque obligan a las empresas a proporcionarlos en su aumento correspondiente.

Cuando aquí se dice que se bajen las cuotas de los pasajes de los autobuses, se está tratando de decir que se les bajen los salarios a los operadores de los autobuses y que también se reduzcan las utilidades de las empresas, pero aquí mismo se ha dicho: No hay información y Unzueta trae toda la carga de información.

En cambio las tasas que regían en 1975 habían sido dadas desde 1973, o sea que estaban como las unidades, delfines, ballenas y metrobuses, prácticamente nuevas las unidades de servicio y no habían sido desgastadas por el uso. Una prueba evidente se constituye por la depreciación del equipo según los propios censos a los que aludió el compañero Unzueta, pues en 1970 había descendido de 122 millones de pesos y en 1975 había ascendido a 572 millones de pesos, eso como inversión en materia de instrumentos para la prestación de servicio.

Muchos diputados estamos de acuerdo en el Distrito Federal. El problema de la prestación del servicio es un problema de crisis permanente, pero es un problema reflejo,

un problema de los grandes problemas estructurales de la propia urbe; no podemos negar las soluciones pero tenemos que entender el momento oportuno para aplicar las soluciones.

Sabemos en qué momento se debe buscar la participación y cuándo debe hacerse, por eso hemos establecido precisamente las facultades, para que previos los estudios oportunos se puedan tomar las determinaciones, pero que no se los venga con una bandera política a agitar cuando los esfuerzos son permanentes.

El diputado Unzueta ha interpretado con ligereza, pienso yo, y simpleza, la información sensata.

La comisión fue más a fondo y él mismo lo sabe.

En la hoja que presenta, por ejemplo, del censo del 70, se consideraron tres tipos de transporte, en el Distrito Federal: el urbano, el suburbano y el foráneo, asignando un total de 220 empresas registradas, como en el de 75. Ahora. El registro censal señaló únicamente 82 empresas, de esta diferencia el diputado Unzueta dedujo que había una evidente concentración de capital al existir menos empresas en 1975 que en 1970. De ser más acucioso y no haberse ido con estos desarrollos que él siguió, el diputado habría encontrado que en 1970, en los rubros urbanos, suburbanos y foráneos, se comprendían también transportes turísticos, escolares y otros especializados, además del autotransporte del servicio público federal y que en 1975, se reportan en forma desglosada y no genérica como en 1970. He aquí la manera de mentir con las estadísticas.

Ahora bien, yo quisiera pedirles a los compañeros diputados que no nos hagamos -y lo digo a los compañeros de todas las fracciones, y lo digo con toda la franqueza que la exposición permite-, no se unan a una maniobra política, de interés eminentemente político. Yo he visto una coincidencia hoy en los diputados de los diferentes Partidos, para analizar el dictamen.

Yo quiero decirles que es justa la estrategia política parlamentaria, pero que es injusto atentar contra la vida institucional del gobierno de la metrópoli; que es injusto atentar contra la estabilidad jurídica de las instituciones. Que no es justo, su pretexto de presentar un dictamen, de presentar una iniciativa, convertirse en agitadores, que como lo dijo su propia recomendación en 1924, en su Segunda Internacional: todo diputado no debe buscar la coincidencia; debe buscar la agitación para desestabilizar los Congresos.

Compañeros diputados una excitativa: hagamos de este debate un debate cierto, jurídico, seguro y profundo y no caigamos en la simple provocación política para beneficio de quienes quieren gobernar al país con mano de hierro, sin posibilidades ni libertades. Muchas gracias.

El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado Amezcua.

El C. Cuauhtémoc Amezcua: Señor Presidente;

Ciudadanos integrantes de esta honorable Cámara de Diputados:

Hace dos años mi partido, el Partido Popular Socialista, presentó en esta misma tribuna la iniciativa para el establecimiento de una empresa pública dependiente del Departamento del Distrito Federal que fuera la única entidad encargada de planear, organizar y prestar el servicio del transporte público de pasajeros en la identidad. Esta iniciativa que mi partido presentó aquí no es de ninguna manera un problema de orden político ideológico que confronte en la lucha a los partidos o las organizaciones de izquierda contra los partidos o las organizaciones de la derecha y menos aún un problema de los partidos de la izquierda en contra del poder público.

Ha habido, durante todo el debate en torno a esta cuestión, quienes se han empeñado en tratar de manejarlo así, con un claro propósito deformador de la realidad para, de una manera carente de escrúpulos, bloquear una medida que se requiere, con carácter urgente, en nuestra ciudad.

Yo no creo que militen en el campo de la izquierda, por ejemplo, la Asociación Industrial de Vallejo que hace mucho tiempo y de manera pública se ha declarado por la municipalización del transporte y no sólo un grupo empresarial fuerte y connotado, como el caso de los industriales de Vallejo, muchas corrientes se han pronunciado por la municipalización del transporte. Creo, pues, que es necesario regresar este debate a sus justos términos, manejarlo con seriedad y cerrar la puerta a esa actitud aventurera del anticomunismo, que aquí ha asomado y que mucho y muy grave daño puede hacer al movimiento revolucionario de México.

Quiero recordar que el planteamiento de la municipalización del transporte urbano también forma parte del Plan Básico de Gobierno del Presidente López Portillo y no creo que el señor Presidente pueda ser acusado de un desestabilizador al servicio de quién sabe qué potencias extranjeras, tesis que yo sólo le había escuchado aquí a algún otro muy connotado diputado provocador, de derecha, dentro del partido en el poder.

Vengo pues a esta tribuna a defender la Iniciativa del Partido Popular Socialista para municipalización del transporte y a impugnar el dictamen presentado por las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y del Distrito Federal.

Ya en el voto particular que leímos en la sesión anterior y que ha sido distribuido ha todos los diputados, se señalan los argumentos con los que rechazamos aquellos en los que pretende sustentarse el dictamen y que pueden resumirse en muy pocas palabras en estas afirmaciones que creemos plenamente válidas:

Los servicios públicos, entre ellos el del transporte( debe asumirlos un Estado revolucionario

como el nuestro con el claro propósito de servir al pueblo; no es válido intentar soslayar esta obligación del Estado con el argumento de que el crecimiento demográfico es incontrolable; nunca los habitantes del Distrito Federal hemos disfrutado de un servicio de transporte de pasajeros eficiente, no obstante las graves irregularidades con que operan, los concesionarios en la práctica gozan de impunidad; no necesariamente se requiere de una inversión cuantiosa e inmediata, ni de comprar las unidades de transporte de propiedad particular a un sobreprecio y menos aún las que estén deterioradas, tampoco existe motivo de indemnización, por el retiro de concesiones, lo que es ciertamente una facultad discrecional que la Ley otorga a las autoridades administrativas; no existe razón para pensar en una erogación que rebase la capacidad del Departamento del Distrito Federal; tratándose de un servicio público destinado fundamentalmente al uso del pueblo trabajador, es indispensable colocar la rentabilidad social muy por encima de la rentabilidad económica. El servicio público del transporte para uso del pueblo, debe operar con subsidio, entendiendo éste como un mecanismo de redistribución de la riqueza, como una forma de complementar parcialmente la retribución que perciben los trabajadores, quienes, con su cerebro o manos, son los creadores del total de la riqueza de la sociedad, pero no es justificable, en cambio, otorgar el subsidio a una empresa concesionada, pues entonces se canaliza a incrementar la ganancia de particulares.

Hemos afirmado que el transporte en manos privadas ya agotó sus posibilidades hace tiempo; la incapacidad manifiesta de la Alianza de Camioneros para prestar el servicio decoroso que los habitantes de la ciudad requerimos, está suficientemente demostrada por 60 años de experiencia.

La Fracción Parlamentaria del Partido Popular Socialista, afirma que si bien la creación es una empresa estatal que maneje el transporte, no es el último paso que resuelva todos los problemas en ese servicio, sí es el primer paso indispensable para lograr resolverlos; la empresa única permitiría unidad de criterio en la planeación y en la prestación de servicio y sería la única forma de acabar con la grave anarquía que ahora impera.

Los concesionarios particulares que prestan el servicio de transporte de pasajeros a través de autobuses, han señalado reiteradamente que están descapitalizados, que las actuales tarifas no son suficientes para que ellos puedan prestar el servicio en condiciones adecuadas. La realidad muestra que los autobuses están muy deteriorados y muchos de ellos fuera de servicio porque están en reparación según ha afirmado el señor Hernández Casanova. Bien, ahí tenemos un problema:

¿Cómo vamos a resolver el problema del financiamiento del transporte de pasajeros de la ciudad?

Reconociendo que ciertamente los usuarios del servicio de transporte masivo, en su gran mayoría, son trabajadores, creo que no se puede poder en duda esto, ¿Será procedente autorizar una nueva tarifa, más elevada? ¿Será ésta una solución de carácter popular, redistributiva de la riqueza? ¿Será ésta una medida adecuada que deba tomar en sus manos un gobierno surgido por la Revolución? Nosotros estimamos que no, que esto significaría un grave error.

Segunda alternativa:

¿Vamos a dejar con los señores permisionarios que sigan con esa tarifa actual, con la cual no pueden operar, que sigan con ella indefinidamente exigiéndoles que den el servicio en esas condiciones? Evidentemente eso está condenado al fracaso, no va a poder marchar así.

Tercera alternativa:

¿Vamos a otorgar un subsidio, el Estado va a otorgar el subsidio para que el transporte pueda reestructurarse y tenga unidades adecuadas que operen en buen estado, en buenas condiciones? Esto tendría a su vez dos nuevas alternativas, una disyuntiva más, este subsidio se entregaría a los particulares ahora oferentes del servicio. En esas condiciones el subsidio sería ya una transferencia de los recursos sociales captados por el Estado a un grupo breve de particulares y los subsidios siempre que tienen esa característica devienen en antisociales.

Bien, la única solución es que sí haya un subsidio, pero no dedicado, no orientado a transferirlo en un grupo breve de particulares, sino orientado a redistribuir la riqueza en favor de los trabajadores y usuarios de transporte. Esto requiere necesariamente que el Estado tome en sus manos este servicio.

¿Y hay medidas en ese sentido?

No se trata de ninguna medida exótica, ni de ningún plan maquiavélico para desestabilizar el sistema. El Departamento del Distrito Federal maneja el Metro que ciertamente es y debe seguir siendo la espina dorsal del servicio del transporte público en la ciudad. El Departamento del D. F. maneja el servicio de trolebuses, que en general, si se compara con el servicio que prestan los autobuses concesionados, sale bastante bien liberado de la comparación en todos sus aspectos. El Departamento del D. F., maneja la ruta 100 desde hace mucho tiempo y hay estudios serios que muestran que esta ruta es la mejor organizada, la que presta mucho mejor servicio sin comparación posible con las que están concesionadas a particulares y hace poco entregaron en servicio además los peribuses. Hay esefuerzos en ese sentido, no se trata de ninguna idea de carácter exótico no aplicable a nuestra realidad; el manejar con una empresa única, con un único operante el servicio del transporte público de pasajeros permitiría la reestructuración profunda de este servicio, permitiría evitar la anarquía que se da cuando hay dos o varios operantes; pero esto a su vez requiere sacarlo del régimen de libre empresa, porque el régimen de libre empresa requiere precisamente eso, libre empresa, lucha

por el mercado móvil, utilidad. Claro, a ningún particular es legítimo que le exijamos que invierta en un negocio cualquiera si lo vamos a condenar a no recibir utilidades y bien, exactamente se trata de que el servicio público de pasajeros esté fuera del régimen de lucro, que no produzca utilidades, por eso debe manejarlo el Estado, pero además, se trata de que no haya lucha por el mercado porque eso genera anarquía en un servicio público que debe tener una dirección única, para que pueda ser eficiente, una administración única, una orientación única. El servicio público de pasajeros en nuestra ciudad requiere de una organización integral, esa organización integral nos debe llevar necesariamente y a muy corto plazo al establecimiento de la posibilidad real de que cualquier ciudadano, cualquier habitante de esta ciudad pueda trasladarse de cualquier parte a otra de la ciudad, de una manera lógica, sin tener que hacer los movimientos aparatosos y de excesivo gasto de tiempo, que es una pérdida individual y una pérdida colectiva, social, en este último aspecto de muchos miles de millones de pesos y, para reestructurar el transporte así, se requiere que haya un solo mando, no puede hacerse con multiplicidad de mandos y con choque interno de intereses.

Así de simple es el problema.

Y además, claro, se requiere superar algunos otros problemas que también subyacen con la actual organización del transporte concesionado. Por ejemplo, el del pago a destajo a los trabajadores, indispensable con la actual estructura, con la actual forma de servicio como forma de generar utilidades, pero que entre otras cosas no sólo resulta inconveniente en el fondo, para los trabajadores sino también profundamente antisocial y aun criminal diría yo. Este es el viejo mecanismo que hace que los conductores de los vehículos tengan que luchar, aplicando la ley de la selva para aumentar sus salarios, así sea ligeramente; que los autobuses se sienten sobre el que viene en el turno inmediato posterior para dejar que se acumule un mayor número de pasaje y retacar el autobús vendiendo mayor cantidad de boletos para, decíamos, aumentar, así sea ligeramente su salario, pero que cuando ya lo alcanzó el segundo o el tercer autobús, tengan que enfrentarse en carreras desenfrenadas para disputar el pasaje que ya se ha acumulado en las esquinas y esto a provocado, además del desgaste emocional y físico excesivo de los trabajadores y de su deshumanización, ha provocado una enorme cantidad de accidentes, de atropellamiento, de choque y de muertos. Es un procedimiento que no corresponde a la realidad del actual desarrollo de nuestro país y que no puede seguir operando así.

No es, repito, ningún plan maquiavélico de los partidos marxistas- lennistas. Qué lamentable que algún diputado de esos que pintan con la izquierda para golpear con la derecha, claramente fascistoide, qué bueno que ya lo hemos conocido bien todos nosotros ahora sí, venga a manejar a tan pobre nivel los argumentos de una cuestión tan seria como ésta.

Sí, se ha enrarecido esta discusión desde hace tiempo. Lamentablemente con dos cuestiones que vale la pena mencionar, una de ellas ya la dijimos: querer meter esto como un problema de ideologías o de partidos, son los de la izquierda contra los de la derecha, o los de la izquierda contra los del gobierno. Nunca se ha dado eso, nunca ha ocurrido eso. Este es un problema que interesa a sectores muy amplios de nuestro pueblo, a múltiples sectores de nuestro pueblo y de ninguna manera se puede sujetar a ese cartabón rígido al que se le ha querido encasillar.

Pero hay otra cuestión que también ha estado manejándose a todo lo largo de este debate de manera sistemática y vale la pena también mencionarla, examinarla aquí.

Detrás de este debate, en el fondo de este debate y quizá esto sea lo fundamental, a lo largo de toda esta discusión, que viene de muchos años atrás, se encuentra sumergido el debate histórico fundamental de nuestra patria en las últimas décadas, la vía del desarrollo económico de nuestro país. Ciertamente se ha dicho en esta tribuna, se ha dicho muy repetidamente en Comisiones, lo han dicho los diputados de la derecha, los del Partido de la derecha y los diputados de la derecha que no están en el partido de la derecha, que también los hay, se ha dicho que el Estado es mal administrador, que el Estado es muy mal administrador y que por tanto pues no debe meterse a manejar el transporte. Y ahí está, probablemente, decía, el fondo, el fondo vigoroso la esencia de la discusión en turno a este problema.

La cuestión medular del debate ideológico y político en México en las últimas décadas, ciertamente es éste:

¿Cuál es el camino que debe seguir nuestro país para industrializarse, para desarrollar sus fuerzas productivas, para elevar su producción? ¿Es la presencia del capital privado en su máxima expresión y traduciendo esto a los hechos concretos reales de este momento histórico en este lugar, en esta región geográfica, es la vía de otorgar las mayores facilidades para las inversiones de capitales extranjeros? ¿Es la de la presencia de las transnacionales en nuestro país de manera irrestricta? O, por el contrario, ¿es la de fortalecer la intervención del Estado en nuestra economía? Y es bueno que recordemos este viejo debate que ha estado en el fondo del de la municipalización del transporte porque además están muy activas las fuerzas enemigas de la intervención del Estado en la economía. Apenas hace unos días un señor de apellido Gerber, Pablo Gerber creo que se llama y otro personero de la gran iniciativa privada reaccionaria ligada al imperialismo norteamericano, de apellido Calderón- Francisco creo que es su nombre- han vuelto a las viejas

tesis y a la ofensiva que también hace seis años se desataba ya, se iniciaba ya, por estas mismas fechas.

Bien, pues esta tesis de que el Estado es un mal administrador es esencialmente la tesis de un sector a quien el presidente López Portillo calificó de una manera muy clara y muy dura "los desnacionalizados". De ellos es esa tesis, fundamentalmente, ellos lo manejan y la defienden de una manera muy consciente y clara, la repiten, a veces por ignorancia, algunos otros individuos de otro nivel.

Ciertamente, el gran problema de la etapa actual de México, de los años futuros de nuestro país y de las décadas pasadas, es: ¿debe el Estado intervenir cada vez más en la economía nacional, ocupar el papel de rector en la economía, convertirse con mayor vigor, como lo ha venido haciendo ya, en organizador, el promotor, en ejecutor de empresas económicas importantes o no debe hacerlo?

Esto a veces se plantea también deformado, deformando la disyuntiva, como si la lucha en este momento estuviera por la socialización total de la riqueza, o la privatización total de ella. Esta es una manera también engañosa de presentar este debate.

No hay ninguna fuerza política seria que plantee, para este momento, en nuestro país, la socialización de la producción, pero, en cambio, lo que sí está a debate, es si deben ser las empresas extranjeras en las que descanse de manera medular el desarrollo económico de México o debe ser el Estado. Es útil recordar que el Estado revolucionario mexicano actual, tiene como principal sostén, en el aspecto económico, a un ya poderoso sector estatal de la economía y es útil recordar que, si bien en los planteamientos iniciales del proceso revolucionario no se manejaban tesis que apuntaran de una manera clara hacia ese futuro inmediato, sí fueron las primeras experiencias que tuvo que enfrentar en Estado surgido de la Revolución de 10-17 las que 10 fueron llevado en la práctica a convertirse en eso, en promotor, en organizador, en director de empresas económicas y qué afortunado que esto ocurrió así, porque podemos afirmar con plena certeza que si la Revolución Mexicana, coincidiendo con López Portillo, está viva, está vigente, tiene perspectiva, puede desarrollarse y puede llevar adelante a nuestro pueblo hacia estadios superiores de su vida y de su organización social, eso se debe fundamentalmente a que el Estado se convirtió en promotor y en organizador de empresas económicas, de otra suerte la Revolución Mexicana, en las condiciones en que se vio, al lado del imperio económico más poderoso del orbe, habría sido aplastada hace mucho tiempo y el cuadro político, organizativo de nuestro país en esta etapa sería muy diferente de lo que ahora es.

Estados en un régimen de economía mixta, es cierto y es justo, es lo correcto para esta etapa. No se puede plantear de una manera seria, para esta etapa, la desaparición de la propiedad de los medios de producción en el cambio, eso vendrá en su momento, resultado de un proceso, pero tampoco se puede plantear a pretexto de economía mixta las garantías exageradas para el capital privado y menos aún para el capital privado extranjero antinacional , ese sí. El sector estatal de la economía no sólo es el puntal fundamental del actual Estado mexicano, sino es además el cimiento básico de nuestra soberanía y el punto de arranque para el desarrollo del México del futuro.

¿En que áreas en donde debe intervenir el Estado de manera fundamental?

En todas aquellas de carácter estratégico para el avance hacia el logro de la plena independencia económica y política de México y para el desarrollo de las fuerzas productivas de la Nación, con independencia del extranjero. Es falso que los de izquierda o los marxistas leninistas queramos ver sometida a nuestra patria a ninguna otra patria extranjera, eso es un sofisma que manejan los peores, los peores de los reaccionarios. No es este problema de fondo, este problema de la tesis para el desarrollo de la economía nacional, este problema que puede ser perfectamente señalado como la piedra de toque para localizar quiénes, en este momento, son revolucionarios o por lo menos están dentro del campo democrático y progresista y quienes están en el campo de la reacción. No es, en cambio, un problema de fondo, un problema que se dé de una manera precisa en la cuestión de la municipalización del transporte. Sí, se ha manejado, pero se ha manejado de manera indebida, se ha manejado cuando se dice que el Estado es un mal administrador, pero se ha manejado de manera indebida porque eso es, en primera, absolutamente falso, en segunda, no se trata de municipalizar, el transporte porque esté en manos de transnacionales, ni se da, pues, en este caso la contradicción de ese marco, aquí es otro el problema, de otro tamaño, de otras dimensiones muy distintas.

¿Por qué municipalizar el transporte?

No es por un acto de soberanía, ni por un acto de desarrollo estratégico de las fuerzas productivas fundamentales, sino bastante más simple, lo decía al inicio de mi intervención, porque se trata de un servicio público y para estos años, para esta etapa de la vida de nuestro país y de esta ciudad de México tan grande y tan compleja, ya no es posible que un servicio público pueda organizarse y ser eficiente mientras siga concesionando a los particulares.

Planteamientos como los que ha hecho el diputado que estuvo aquí antes, sólo tienden a una demagogia barata y qué bueno que ahí quedara, tienden a algo peor, a enrarecer en colusión, en colusión, en complicidad real en la práctica con aquellos mismos testaferros de la gran iniciativa privada que han estado haciendo declaraciones contra el Poder Público y contra su intervención,

en la economía, tienden, pues, a crear, eso sí, un clima de agitación e inestabilidad en el país.

El partido Popular Socialista rechaza con energía la provocación cuando viene de una seudoizquierda troskysta que no es la izquierda real y también cuando viene de estas corrientes de carácter fascistoide de extrema derecha, que en la práctica siempre se unen para crearle problemas a las fuerzas democráticas que impulsan el desarrollo del país.

El Partido Popular Socialista reitera el planteamiento que hace en su voto particular, considerando que los argumentos que apuntalan, que dan cuerpo al dictamen elaborado por las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y del Distrito Federal, carecen de solidez, solicita a esta Honorable Asamblea se deseche este dictamen y se apruebe en todos sus términos la iniciativa del Partido Popular Socialista para establecer una empresa dependiente del Departamento del Distrito Federal que maneje el transporte en todos sus aspectos en esta entidad.

También saluda el último agregado al dictamen que aprobaron las Comisiones considerando que aun cuando es muy modesto, significa un paso adelante en esta preocupación común de las fuerzas democráticas de la ciudad de México y, por último, reitera que cualquiera que sea la decisión que aquí se tome, es un problema que ha madurado y que no depende, para su solución real, de una votación.

En breve el transporte público de esta ciudad estará municipalizado, cualquiera que sea la decisión que aquí tomemos porque ya no hay otra salida.

Esa tiene que producirse, claro, no será un triunfo del Partido Popular Socialista ni de otros partidos que hicieron suya también esta lucha, ni de otros sectores en lo particular. Será un triunfo de todas las fuerzas progresistas de la ciudad, de todo el pueblo del Distrito Federal. Muchas gracias.

El C. Pablo Gómez: En los términos del Artículo 102 del reglamento pido la palabra.

El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado Pablo Gómez para hechos.

El C. Pablo Gómez: A pesar de que me dieron la palabra tardíamente, quiero hacer unas rectificaciones.

Señor diputado Camposeco:

El partido Comunista Mexicano nunca formó parte de la Segunda Internacional, la Segunda Internacional que tiene ahora el nombre de Internacional Socialista, es una organización con la que el partido de usted, el PRI, tiene unas relaciones bastante estrechas, al grado que a todos los principales dirigentes de esa Internacional Socialista, los han invitado y los han recibido en nuestro país en varias ocasiones y el PRI es activo en sus relaciones con esa Segunda Internacional. Si usted quiso criticarnos por un texto de la Segunda Internacional de 1924, me parece que sólo subió a hacer al ridículo, pero por cierto que el texto no es malo, a pesar de que no se sabe de quién es, puesto que aquí no nos dieron la nota bibliográfica correspondiente, pero no es malo el texto ¿vamos nosotros a venir a la Cámara de Diputados siendo 18 diputados, frente a 290 y tantos diputados del PRI en condiciones de igualdad? Pues evidentemente no, venimos a hacer propaganda, sí, cualquier partido, pero no sólo los de oposición, cualquier partido viene a eso, a hacer eso que usted intentó hacer, sólo que algunos partidos lo hacen bien y usted lo hace muy mal, porque viene aquí a invocar cosas de 1923 que jamás correspondieron a este partido.

El Partido Comunista Mexicano fue miembro de la llamada Tercera Internacional, de la Internacional Comunista, hasta el año en que esta organización internacional dejó de existir.

No ha venido usted a defender aquí a la Alianza de Camioneros, sino vino -a pesar de los aplausos- sino vino a defender al gobierno e hizo muy bien en venir a defender al gobierno, porque el problema principal no es con la Alianza de Camioneros, es con el gobierno que no ha sido capaz, en muchos años, de asegurar la existencia de un servicio público, ya no digamos bueno, sino por lo menos pasaderito. No es el problema entonces con la Alianza de Camioneros y menos todavía con aquellos que son propietarios de un cuarto de autobús, como los hay. No, es el problema de una política que se ha aplicado durante muchos años en la ciudad de México y que ha dejado simple y sencillamente al garete la transportación colectiva.

¿Que nosotros hemos venido a hablar de cosas que ustedes aprobaron hace 25 años?

Por Dios, por favor. Hemos venido nosotros aquí a hablar en contra de una política que se inició no hace 25, sino 50 años, de dar concesiones en los autobuses.

Nosotros hemos venido a criticar esa política. El sexenio pasado el Metro dejó de construirse simplemente, durante 6 años. ¿Esa es la política de solución del problema de transporte? No ¿verdad?

El señor diputado Camposeco, ataca al Partido Comunista, para descalificarlo con el argumento de la descalificación y de la satanización, recurso por cierto muy viejo, viejísimo, pero que yo creo que ya no da resultado ninguno. ¿Que somos nosotros unos agitadores? Gracias, señor diputado Camposeco. Eso es lo que pretendemos ser.

¿Que nosotros hemos venido aquí a hacer una propuesta para alterar la institucionalidad del Gobierno de la República?

¿Que la municipalización del transporte pueda poner en peligro a un gobierno, ya no digamos a este gobierno, a cualquier gobierno? Pues ese es el argumento del diputado Camposeco; ese es, justamente, el de que hemos venido solamente a hacer una propuesta para crearle problemas al gobierno.

No, el gobierno se ha creado muchos problemas porque no resuelve el asunto de la movilización colectiva de la ciudad y si los diputados del PRI están muy seguros de tener la razón, aprobemos aquí llevar este asunto a referendum y van a saber y vamos a ver por qué les vamos a ganar totalmente ese referéndum, pero en la ciudad de México, los usuarios de los autobuses que son la mayoría, quieren los autobuses actuales, o quieren unos autobuses por lo menos, decentes. Eso yo creo que se podría resolver con la votación popular. Eso es todo, gracias.

El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado Ángel Aceves.

Para hechos, tiene la palabra el diputado Camposeco.

El C. Manuel Terrazas (desde su curul): Después de las intervenciones para hechos. De otra manera se va a alterar el orden.

El C. Presidente: Va a contestar en los términos del Artículo 102, alusiones personales.

El C. Manuel Terrazas: Pero si él fue el que hizo las calumnias.

El C. Miguel Ángel Camposeco: Gracias, señor Presidente.

Lo único que quiero decirles, compañeros diputados, es que si alguien hace mala propaganda a Dios, es precisamente Pablo Gómez, que desde esta tribuna lo ha invocado. Y voy a dar la ficha bibliográfica y la referencia, con la corrección adecuada. Es el Buró Político en 1924 y no la segunda Internacional -en esto estoy de acuerdo-, pero que el Buró Político retoma de la Segunda Internacional los planteamientos, el que los señala. Para su interés y búsqueda, quisiera yo que constara en el Diario de los Debates, que ha citado un texto directo de un libro que se llama la Propaganda Política, de Editorial Universitaria, de Buenos Aires, edición de 1962.

Ahora bien, hablar del problema de la municipalización del transporte, es un equívoco jurídico desde un principio. Sabemos que el problema del transporte, como todos lo hemos reconocido aquí, es un problema crítico y grave, y que no tenemos -a eso voy, señores diputados.

El C. Presidente: Orden, señores diputados. Les ruego guarden orden. Guarden orden, señor diputado Unzueta.

El C. Miguel Ángel Camposeco: Y que si bien es cierto que Aquí cada quien hace propaganda a su partido, usted hace muy mala propaganda, señor diputado Pablo Gómez, invocando a Dios.

Muchas gracias.

El C. Ángel Aceves Saucedo: Señor Presidente;

Compañeras y compañeros diputados:

Hay veces que sin proponérselo se empieza a perder respeto a las personas. He sostenido en privado, y ahora tengo la oportunidad de hacerlo en este foro, que algunos diputados han leído profundamente el libro famoso de cómo mentir con estadísticas, pero nunca un tratado, así sea elemental, de análisis estadístico.

Todavía con respeto al diputado Unzueta le pido que siga repudiando la tecnocracia joven o vieja. Son iguales de malas, pero que sin el temor a contaminarse se asome a la técnica, así sea en sumas y restas, o que sus asesores, que para mi sorpresa también creen en Dios, se lo digan para que vea el absurdo en que ha caído cuando ha hablado de la cifra de utilidades sobre todo si se les compara con el número de unidades que se requerirían y de pasajeros movidos. No le va a checar.

Ya en serio, debo decir que estoy plenamente de acuerdo con el diputado Amezcua en que, cuando se trata de servicio público, lo más importante es la rentabilidad social. Yo iría más allá; es lo fundamental.

En el dictamen se dice, pero se añade -y así lo interpreto- que la alternativa sana para que se dé la rentabilidad social y ésta sea permanente, es que se dé la rentabilidad económica, entendida como, para el caso de un servicio público, el que los ingresos que se deriven de prestarlo cubran, cuando menos, sus costos. Esta es una alternativa sana, pero no la única. La otra es el subsidio, el subsidio, compañeros diputados es, en sus efectos económicos y sociales, un instrumento -como señaló el diputado Amezcua- de redistribución del ingreso. Yo también iría más allá. En el contexto actual de la política fiscal, es el instrumento más importante de la distribución del ingreso, pero vivimos épocas difíciles. El Presidente de la República nos ha llamado a depurar subsidios, no estamos en contra de los subsidios que son -repito- un rubro de gasto público y que, por lo tanto, requieren de celosa jerarquización y escrutinio.

Independientemente de los matices de la geometría política, aquí se ha condenado, muchas veces con razón, el subsidio a la ineficiencia industrial; se ha hablado de un costo fiscal elevado contra lo que se ha obtenido.

Entonces, lo que nosotros decimos es que este subsidio debe racionalizarse y debe beneficiar a quien debe hacerlo, no debe ser pasto para que otros se nutran más. No desechamos el subsidio, repito, solamente que debe racionalizarse.

En fin, estas son algunas consideraciones, pero me temo, yo creo, que aquí se está pidiendo, con estas iniciativas, a las cuales nosotros hemos impugnado por carecer de las bases que permitan su evaluación económica y social en forma seria, yo creo que esa empresa ya existe.

En efecto, en un decreto de fecha 4 de enero de 1968, se hace una adición al artículo 1o. del Decreto de fecha 29 de abril de 1967, mediante el cual se creó el organismo público descentralizado denominado sistema de Transporte Colectivo; tal adición a la letra dice:

"Tendrá también dicho organismo por objeto, la operación y explotación del servicio público de transporte colectivo de personas,

mediante vehículos que circulen en la superficie cuyo recorrido complemente el del tren subterráneo."

El problema, compañeros diputados, es transitar del qué al cómo, del derecho al hecho; por eso exigimos responsabilidad en los planteamientos, no se pueden presentar iniciativas soñadoras, yo quiero ser concreto porque me propuse ser breve, creo y estadísticamente es comprobado, que la posibilidad de decir tonterías muchas veces está en función del tiempo que se habla. Por eso propongo, dentro del espíritu del dictamen, tres alternativas:

Que el Estado continúe capturando los incrementos en le servicio público, como de hecho sucede con el Metro y los peribuses; segundo, que se ejerzan actos de gobierno cancelando concesiones a aquellos particulares que no cumplan eficientemente, y eso es evidente, con un servicio público que sólo tienen subrogado; y, tercero, que se realice una verdadera labor de reorganización del sistema del transporte en el área metropolitana y que como consecuencia de ello se plantee la alternativa de una empresa que ya, como lo señalé podría resultar redundante, en el que se conjuguen los esfuerzos público y privado para realmente prestar este servicio eficientemente.

Yo creo compañeros diputados, que el movimiento obrero organizado en general y la CTM en particular, han afirmado en donde cuenta y cuando cuenta, que estamos por una mayor intervención del Estado en la vida económica, es más, que no nos conformemos que sea interventor, sino verdadero rector de la vida económica, pero tampoco estamos, que eso quede claro, por que proyectos surgidos de la rodillas, tendientes a desestabilizar, lo reitero, se lleven a iniciativas que más bien son catálogos de aspiraciones.

Yo creo, sinceramente, que nosotros, los diputados de la mayoría, entendemos su estrategia, todavía la respetamos, pero reflexiono, ya para dejar esta tribuna, sino en realidad como ha sucedido en otros países, está la experiencia internacional, al pretender penalizar a quienes traicionando la confianza del Gobierno prestan un mal servicio, en realidad se les beneficia económica y políticamente; no nos estamos chupando el dedo, lo que se persigue es que le Gobierno sea el pararrayo de una legítima inconformidad de los habitantes de la ciudad de México y eso, compañeros, no sólo no es revolucionario, es contrarevolucionario y los afirmo tajantemente.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado Abel Vicencio Tovar, en contra.

El C. Abel Vicenico Tovar: Señor Presidente;

Señoras y señores diputados:

En contra del dictamen, por supuesto, por decepcionante, por rabón, por tímido, por incompleto, por ineficaz, porque tanto en las proposiciones como en el pretendido estudio de las razones de las proposiciones, no convencen a quien sin sentido faccioso quiere cumplir su obligación de examinar con juicio crítico, si necesario fuera, los dictámenes que una comisión presenta a la consideración de la Cámara de diputados.

Este debate que se antoja será largo, puede que yo no lo sea tanto, se inicia, señores, como a ustedes les consta, con una petición de un partido, el comunista y con una petición de mi partido Acción Nacional, pidiendo, proponiendo, una moción suspensiva.

Naturalmente es desechada, nada que no forme parte de la consigna preestablecida en los cubículos cerrados de las Comisiones puede ser aprobado en este Congreso, pero eso no importa, el que sea aprobado o el que sea desechado a la oposición en última instancia nos tiene sin cuidado, lo que venimos a hacer aquí es a decir nuestra verdad, a tratar de convencerlos a ustedes, señores del partido oficial y sabemos que muchas veces lo logramos, pero estamos convencidos de que, por lo menos en este tiempo, jamás reconocerán, y no es culpa de ustedes, es culpa de un sistema al que sirven y del cual viven. Tienen razón, se seguirán comportando así.

Este dictamen, perfecto, dicen las Comisiones; muchos estudios, muchos datos, muchas juntas, mucha inteligencia expresada en las palabras de los papeles que se leen y, sin embargo, este dictamen tan perfecto ha tenido que ser en este momento remendado dos veces: Primero, por la Comisión que aceptó el primer remiendo; segundo, por el diputado Aceves que propone el segundo remiendo; falta, que lo propongan a su consideración y vendrá probablemente algún miembro del partido a proponer el tercero y cuarto remiendo.

Y si no es así, señores, sucederá con tantas leyes que ustedes han aprobado al vapor, sucederá que en el momento de llevarlas a la práctica se encuentran con tales incongruencias o con tales ineficacias, como el de muchas leyes que conocen los litigantes y los jueces tienen que seguir el proceso de remiendo, en donde se tienen que aplicar esas leyes que aquí pasan rápidamente.

Por eso, estamos contra el dictamen, pero aclaro también estamos en contra de las soluciones que las iniciativas consideran y que fueron estudiadas y rechazadas por el Dictamen.

En contra del dictamen, ya lo dije, por rabón e ineficaz; en contra del Dictamen, por que no se soluciona nada; en contra del Dictamen, porque es un parto de los montes; en contra del Dictamen porque mañana el pueblo enterado del Distrito Federal se va a reír de la Cámara de Diputados; en contra del Dictamen, porque no plantea las verdaderas causas del problema que ahora se quiere resolver; en contra del Dictamen por muchas cosas; pero en contra también de la tesis que, como varita mágica, cuando las cosas se ponen en manos del Estado, todo absolutamente todo está solucionado.

Habría que preguntarse, para aquellos que piensan que la intervención del Estado lo resuelve todo, ¿qué es el Estado, señores en última instancia? Es simplemente una figura jurídica, un formalismo jurídico y político vacío en donde no se dan los intereses de las gentes concretas que actúan en los órganos de gobierno. No es el Estado la nación, conjunto de mexicanos con todos sus defectos y sus virtudes, organizando con la estructura política y jurídica para hacer eficaz el cumplimiento de sus fines.

¿Puede haber un Estado abstracto que exista simplemente con las Constituciones, en los planes Sexenales, o en los Planes Globales de Desarrollo, que pueda realizar sus fines sin la participación de la gente de carne y hueso, con sus necesidades, con sus debilidades, con sus capacidades?

Obviamente no y para quien, como en el caso de muchos dirigentes y diputados de mi partido hemos visto esa lucha ya muy larga, para exigir que los diputados en la Cámara, parte integrante del Congreso Federal, cumplan esa misión tan importante de revisar con eficacia las cuentas que del gasto de los dineros del pueblo presentan las Comisiones cada año, cuando sentimos ese oponerse esa dura oposición para que se hable claro, se dictamine claro y se digan y se presenten las cuentas claras, tenemos que tener nuestras muy serias dudas. Contesten, señores del Partido Oficial, ya vendrán algunos contadores y financieros a tratar de contestar ¿por qué de más de 800 empresas paraestatales solamente se ha admitido que la Cuenta Pública que conoce la Cámara de Diputados, conozca el manejo de 27 de ellas? ¿Por qué mucho más de 700 empresas paraestatales sólo rinden cuentas en los cubículos reservados, a sus administradores, siempre políticos de alto nivel, y si llegan a publicar un balance en los periódicos, de ahí no pasa el conocimiento que el pueblo tiene de esas empresas? ¿Por qué?

Esta sería simplemente una pregunta, porque el Estado no es sólo fórmula; porque el Estado es la Nación con capacidad de realización jurídica y política; porque las gentes viven en la nación son las que pueden, con una organización eficaz, con el sentido social y solidario que les tiene que dar su carácter de hombre, no es simplemente la solución entregar todo en manos del Estado, pero hay lago más, dice el Dictamen:

"El gigantismo urbano provoca el desajuste de los servicios públicos; no es cuestión de filosofía o tendencia política, sino compleja realidad que ha rebasado toda previsión".

No estoy de acuerdo con este párrafo.

¿De qué se trata?

Aquí la Comisión que suscribe el Dictamen está adoptando una especie de fatalismo urbano.

México crece y la población se concentra, pues porque así está sucediendo y la concentración de la población y son enormes los problemas que de ellos derivan, fatalmente así ocurre, y eso escapa a toda previsión. Y además esto es simplemente técnico y nada tiene que ver con lo político.

Falso, señores; falso nuevamente. La técnica, conjunto de reglas o normas de acción para lograr que determinados objetivos previamente calificados por la inteligencia como objetivos valiosos, en una sociedad determinada ¿y quién tiene que calificar la validez de esos objetivos? El técnico, el tecnócrata o el político, en el sentido más respetable del término? El político, por supuesto, si por política tenemos que entender, no esta ciencia para vivir sin trabajar lo suficiente, o para aprovechar los errores de los demás, subiendo en los hombres de los que los van cometiendo, sino del servicio al bien común. No es cierto que el problema sea simplemente técnica, el problema es profundamente político y así es de una tendencia política y una tendencia política equivocada del Estado de Mexicano lo que nos ha llevado a esta situación que ahora difícilmente se puede resolver con un decreto o con una comisión o con dos o tres recomendaciones más, o menos tímidas.

Yo creo que no podemos quedarnos, señores diputados, en la discusión, por cierto interesante, para el 80% especialmente del pueblo de la ciudad de México y también para el 20% restante, aunque con menos urgencia; no podemos quedarnos en la simple discusión de si la Alianza de Camioneros gana mucho o gana poco; si es necesario que el Estado subsidie y si esos subsidio van a dar a los camioneros enriquecidos, o en realidad van a servir para ayudar a las necesidades de los usuarios. No podemos quedarnos en esas cosas, muy interesantes por cierto, sin analizar a fondo porque tenemos obligación de hacerlo, cómo está estallando en este momento un gravísimo problema en una terrible concentración humana que está al borde del colapso y que es expresión de una gran crisis nacional que tenemos que atender.

La solución de este problema del Distrito Federal importa no solamente a los ya escasos que nacimos aquí, sino a los que naciendo en otra parte están aquí y a los que trabajando en provincia están sufragando parte de los gastos del Distrito Federal.

Gigantísimo monstruoso y deshumanizado. Centralismo feroz. Qué vergüenza nos debe dar a los mexicanos que por ahí los estadísticos ya hablan de que esta Ciudad de México con cerca de diez millones de habitantes y más de catorce si se consideran a la zona conurbada, es probablemente el centro de concentración mayor del mundo o por los menos uno de los mayores del mundo.

¿Motivo de orgullo?

No, señores, motivo de vergüenza y muy grande, resultado de una política por muchos años equivocada que ha tomado como base para mantener el poder, la centralización en todos los aspectos de la vida pública y de la vida privada y de la vida cultural y de la vida artística. Y si no quiere entender esto, ya podemos decir muchas veces los graves problemas que pueden causar o no la alianza de

Camioneros, no vamos a resolver nada, definitivamente.

Todas las realidades políticas -y esta es una de las que en este momento llaman más nuestra atención-, no son realidades acaso, son consecuencias de muchos años de una política determinada, son consecuencia de ese acto del político para dar validez y prioridad a diversos objetivos políticos para que, después, la técnica venga a tratar de cumplimentarlos. Y podría apuntar varias causas de este problema que ahora, si nos espanta, si nos llena de imaginación para tratar de resolverlo, sería lo menos que pudiéramos hacer, pero tenemos que señalar varias causas:

Primera. Señores, no vivimos en un estado de derecho. Si por estado de derecho se entiende la posibilidad de que esté yo aquí como diputado y un señor diputado militar o civil no saque la pistola y me aviente un balazo, pues sí; si yo puedo presentar en un juzgado una letra de cambio y el juez le da entrada, pues también; si yo puedo atravesar la calle y le policía no me dice "regrésese porque usted no puede atravesar la calle", pues, también. Si me dicen -como le pueden decir a cualquier mexicano- qué vigencia tienen ciertos artículos constitucionales. Ficciones, simplemente; realidades escritas en el papel de una constitución respetable, que está todavía por cumplirse.

Artículo 40 de la Constitución:

"Es voluntad del Estado de Mexicano organizarse en una República democrática y federal, estados libres y soberanos para su régimen interior e integrando en lo exterior una Federación".

Yo estoy de acuerdo, señores diputados, los estados de la federación son libres y soberanos, en los papeles oficiales que usan para todas sus comunicaciones, en lo demás ficción, ficción absoluta.

"Artículo 115: Los Estados para su régimen interior adoptarán la forma de gobierno republicana, representativa, popular, teniendo como base de su organización el municipio libre, sin autoridades intermedias, entre el municipio y el Estado, con hacienda que fijará el Congreso del Estado y que será suficiente para atender a las necesidades municipales".

Esto es cierto, cierto en las ediciones de la Constitución, si no por qué en este momento hemos discutido, por ejemplo, asuntos de Camargo, y vienen aquí y nos dicen: Los trabajadores organizados hemos decidido que Camargo sea para la CTM, por ejemplo.

¿Qué no se resuelve el problema del último municipio del país a instancias de los poderes federales? ¿Que hay algún presidente municipal que de veras pueda decir; yo estoy rigiendo un municipio libre? ¿No es ésta una de las muchas ficciones que adornan nuestra Constitución?

Este es un Estado sui géneris; en lo fundamental ficción, en lo secundario cumplimiento y hasta exigencia. El problema es que esta ficción y este estado de derecho inexistente ha ido llevando poco a poco a la supuesta federación mexicana a un centralismo cada vez más grave, cada vez más aplastante, cada vez, más peligroso.

Por ejemplo, si en el Distrito Federal probablemente ya haya cerca de 7000 habitantes por kilómetro cuadrado, en Baja California Sur es de 2.6 habitantes por kilómetro cuadrado. Por ejemplo, el Distrito Federal representa aproximadamente la milésima parte del territorio nacional y aquí estamos concentrados aproximadamente la vigésima parte de todos los habitantes de la Nación. Y esto, me dirían, pues esto es un centralismo demográfico que no vamos a resolver con decretos como alguna vez se quiso, el Distrito Federal se cierra y aquí ya no se construyen más fraccionamientos. Esto no es posible y sin embargo tenemos que tener presente cuál es el problema de más fondo, cual es el problema que causa estos problemas. Centralismo demográfico, sí , por qué? Parangonando el dicho de un antiguo presidente de la República, cuando le preguntaban por qué creía él que salían tantos braceros al extranjero, concretamente a los Estados Unidos, contestaba: "Afán de aventura; quieren cruzar la frontera para ver la televisión".

Todavía hay quienes que, cuando se les pide que expliquen por qué más de mil provincianos llegan diariamente a esta ciudad de México, con la esperanza de resolver su problema, y simplemente la gran mayoría de ellos va a aumentar la población de los grandes cinturones de miseria de la ciudad capital; hay todavía quienes dicen: "...afán de aventura, quieren ir a ver mejor los programas de la televisión que se ven mejor en el Distrito Federal, y no quieren dejar de hacerlo y prefieren seguir en su tierra".

Afán y aventura, concentración demográfica; pero hay muchos eslabones que van cerrando un círculo vicioso y fatal. Concentración de inversiones. El Distrito Federal, la gran mayoría, sólo dos o tres zonas de la República pueden acercarse, muy lejos, en el Distrito Federal, la mayor concentración. Hasta razones tradición podríamos decir: Tenochtitlán; la insistencia de los españoles en ubicar su ciudad capital sobre las ruinas de la antigua y cuantas otras. Pero hay otras causas más interesantes, señores diputados. Concentración de servicios educativos. Hay otras más. Concentración fiscal. ¿Qué es lo que pasa con la organización fiscal en México? Yo diría que se podría decir simplemente esto: de la provincia y de la periferia salen generosamente los tributos hacia el centro, en ríos sin cortapisa, todo lo que el centro necesita.

Pero en estas condiciones los municipios quedarían, como hay algunos, al borde de la miseria. ¿Y qué es lo que se tiene que hacer entonces? El Gobierno Federal tiene que acudir de regreso para auxiliar a los Estados y los Estados para auxiliar a los municipios. Esto es totalmente insano, lo sano sería una vida fecunda en los municipios y un Gobierno Federal marcando el paso nacional, pero supliendo

simplemente la ineficacia o imposibilidad de los municipios y de los Estados.

Pero hay una razón política para que esa estructura se mantenga, por lo que no es posible que cambie en un tiempo más o menos razonable, el presidente municipal que quiera ser libre verá morir de hambre a su municipio, tiene que estar bien con el señor gobernador para que le condone las deudas y para que invierta en este lugar y el gobernador del Estado tiene que estar muy bien con el gobierno del centro, porque de otra manera el gobierno del centro no invierte y ese Estado pasa a la categoría de Estado subdesarrollado.

Férreo control político, apoyado por el control fiscal, desquiciante control fiscal que agrava la centralización de los servicios, centralización de los servicios que con todo lo demás agrava todos los días la terrible centralización demográfica del Distrito Federal.

Por qué dije, señores, que esto no era técnico aunque tenga su capítulo de tecnicismos, es político. La ficción de la Federación en México, que es otra ficción; la ficción de los estados libres y soberanos; la ficción del municipio libre son los que en última instancia están haciendo casi insoluble el problema del transporte en el Distrito Federal, como ya es casi insoluble el de la vivienda y el de toda clase de servicios en el Distrito Federal.

Es necesario que el Distrito Federal se sienta parte integrante de la comunidad nacional, que la comunidad nacional vea en el Distrito Federal no ese monstruo que absorbe toda clase de recursos y toda clase de servicios, complicando cada vez más la convivencia de los que aquí habitamos, sino simplemente rector de una vida política, en un sistema en que en cada municipio y en cada Estado pueda florecer con los recursos financieros suficientes y la gente de provincia que tiene recurso humanos suficientes, la producción de la riqueza en bien de todos.

El tiempo creo que está a punto de terminar; pero simplemente apuntaría en contra pues, del Dictamen por las razones que manifesté.

No creemos por otro lado en un determinismo estatal para resolver los problemas.

¿Qué es lo que ha hecho falta?

¿Qué es los que haría falta para resolver este problema?

Que la autoridad simplemente retome el papel que le corresponde; que la autoridad sepa hacer cumplir las leyes, que la autoridad sea capaz de despojarse, lo más difícil en este país, de los intereses personales para ordenar, orientar, impulsar una vida en bien de todos los mexicanos, es decir, una organización eficaz de todos los mexicanos alrededor de un tema que es básico y valioso para todos, el tema del bien común.

Gracias. (Aplausos).

El C. Presidente: Tiene la palabra en pro, el diputado Merino Mañon.

El C. José Merino Mañon: Señor Presidente;

Señores diputados:

A diferencia del diputado Unzueta y del diputado Vicencio Tovar; yo creo que el Estado Mexicano y en el Estado Mexicano actual; en el Estado Mexicano que es resultado de las luchas sociales de este país; en este Estado Mexicano que se ha venido conformando, recogiendo la voluntad popular en procesos dolorosos, en largos procesos históricos; creo en el Estado Mexicano del que forman parte, como decía Abel Vicencio Tovar, los partidos políticos y en el cual se devuelven sus luchas con sus estrategias, con sus principios y con sus intereses; creo en el Estado Mexicano, del que forma parte esta Cámara de Diputados pluripartidista que no se encierra en el estricto cumplimiento de lo que formalmente pudiera ser una función legislativa para participar en la lucha, en el cuidado y en la vigilancia de la atención de los problemas de la mayoría. Creo en el Estado Mexicano del que forma parte un gobierno auténtico, un gobierno que es resultado de la manifestación de la voluntad popular en procesos electorales, reiterada manifestación popular de apoyo y que es capaz de conducir la economía de este país, de conducir las aspiraciones de este país y de buscar el alcance de los objetivos del mismo como nación.

Por eso creo yo que el Dictamen que hoy estamos debatiendo, es un Dictamen que debe ser aprobado.

Reconozco, como lo han reconocido las Comisiones, como creo que lo reconoce la Cámara de Diputados, la existencia de un problema grave como es el problema de transporte; un problema que ya ha sido dicho aquí, tiene causas y orígenes diversos, complejos, con muchos años de influencia en él y que debe ser resuelto de acuerdo con las aspiraciones populares, que deben de ser resueltos de acuerdo con las disponibilidades reales de este país. Un problema al que efectivamente el Estado Mexicano, en sus distintos órganos se está abocando a resolver.

El Dictamen señala con claridad, recoge como consecuencia también de otra parte que conforma el Estado Mexicano, de nuestro sistema de derecho, la existencia de un régimen que la Constitución consagra y que es un régimen de economía mixta. La existencia de un régimen en el que puede coexistir y deben hacerlo, para aportar su esfuerzo al desarrollo del país, el Estado mismo, sus órganos de gobierno, las empresas públicas y los particulares.

El dictamen señala que la participación del Estado, de uno de sus órganos, del Gobierno en este problema, debe ser cada vez mayor y cada vez mejor. El dictamen incluye un recomendación para que lo que constituye el sistema básico de transporte en la ciudad de México, o sea el Metro, se acelere. Conviene recordar que en 1976 el Metro de la ciudad de México tenia 40 kilómetros; que tendrá en un poco tiempo 80; que movía

1300 000 pasajeros por día y que hoy mueve más de tres millones de pasajeros al día; que hay un esfuerzo directo, eficaz de la autoridad en este campo; conviene recordar y el dictamen está recomendado que esto se intensifique, conviene recordar que la vialidad es uno de los factores fundamentales para el funcionamiento del transporte, también ha sido mejorada. No está resuelto el problema, pero se está mejorando. El dictamen señala una recomendación clara y concreta a la autoridad, para que estas acciones en materia de transportes se intensifiquen y se perfeccionen. Señala también - y es materia importante en el propio dictamen-, que el Departamento del Distrito Federal asuma un esfuerzo de reorganización del servicio concesionado. Yo sí creo en la capacidad del Gobierno Mexicano para que pueda manejar, dentro de nuestro sistema de derecho, las concesiones. Si los concesionarios no cumplen, creo que el gobierno de la República y el gobierno del Distrito Federal tienen, no solamente el sustento legal, sino la capacidad y la autoridad moral para hacer cumplir, que hagan cumplir.

Creo también, y el dictamen lo señala, que el Estado Mexicano, que sus órganos deben de participar de manera más intensa y más activa en la solución de este problema. Ese es quizá el fundamento de la adición que hoy fue presentada a la consideración de esta Asamblea: que antes de otorgar nuevas concesiones, la autoridad realice estudios serios, para ver la vialidad de prestar el servicio directamente, o a través de las empresas públicas, y que en caso de que esta vialidad se dé, adopte esta modalidad para la prestación del servicio.

Creo que el dictamen está recogiendo, dentro de la estructura de nuestro sistema de derecho, los mecanismos para lograr una participación ordenada, una participación eficiente, en la solución del problema del transporte; creo, señores diputados, que nuestra preocupación debe mantenerse vigilante para que esos propósitos se cumplan; creo que con ello cumplimos también nuestra responsabilidad como miembros de ese Estado Mexicano, en el que reafirmo mi confianza.

Gracias.

El C. Presidente: Tiene la palabra, en contra, el diputado Manuel Terrazas.

El C. Manuel Terrazas Guerrero: Compañero presidente;

Compañeras y compañeros diputados:

Me había propuesto y me propongo referirme al dictamen, a la interpretación que yo le doy y a la valoración que mis alcances me permiten hacer. Al significado que a mi juicio tiene, a la trascendencia que adquiere esa discusión y a lo que implica su desarrollo. Me propongo, también, recordar el origen de este debate, que no fue nada más la necesidad postergada en uno de los aspectos y derivados de otro en cuanto a la discusión de las iniciativas de los grupos parlamentarios de la actual Cámara de diputados, sino que trato de hacer frente a una situación que había llegado a un punto de crisis aguda y estaba adquiriendo un grave carácter político, la campaña que desató, la situación que estaba provocando la Alianza de Camioneros de México. No hay ningún derecho en aras de defender el dictamen, de ignorar el origen de esta situación y llegar al punto de eludir la respuesta a que la Cámara de Diputados está obligada a dar por encomienda de esa reunión de la propia Cámara de Diputados y que precisamente uno de los motivos de discrepancia profunda e importante en esta reunión y en las de las comisiones, es la alusión a respuestas concretas y directas que está obligada a dar, que debe dar la actual Cámara de Diputados ya que no se dan en el dictamen, con lo cual, si no se corrige, como si no se corrigen otras cosas -y hay que llamar a las cosas por su nombre-, porque aquí van de por medio muchas cuestiones importantes, aun cuando algunos amigos y compañeros diputados tomen a chacota o con poca seriedad problemas que tienen mucha importancia, y si eso comprueba ya lo que puede advertirse como tendencias nuevas o como virajes peligrosos en el tratamiento de los problemas nacionales, malo que así sea y qué graves consecuencias van a tener sobre la situación actual del país. Porque esos problemas requieren seriedad, requieren responsabilidad, requieren, actualmente actitudes políticas correctas, soluciones políticas adecuadas y, hay que decirlo de una vez por todas, no se están buscando, no se están dando estas soluciones políticas adecuadas.

Me propongo referirme también al curso que ha tomado la discusión, muy distinto, muy distinto y qué lamentablemente, y habrá que preguntarse que significa esto, qué grave repercusión.

¿Es acaso un mito ya en la Cámara de Diputados la Reforma Política? ¿Son ya los primeros indicios para hacer un alto, para hacer una rectificación, para parar un proceso?

Hay derecho, compañeros diputados para presentarse y para hacer estas preguntas. No importa en este caso la forma en que ahora se reaccione con relación a estos planteamientos; lo importante es la definición de la conducta a seguir frente a esos problemas de los cuales está pendiente el país y de los cuales depende el desarrollo político inmediato. Sí hay motivo para grave preocupación y motivo serio y motivo fundado. ¿Qué raro, qué extraño que después de muchas reuniones de Comisiones unidas, donde se buscaban soluciones, donde se hacía un esfuerzo para llegar a un acuerdo político naturalmente de carácter democrático, naturalmente de carácter popular, naturalmente en función del desarrollo progresista del país, en función de una línea que se decía defender y que estaba entrando en profunda contradicción. En las Comisiones unidas buscamos solución al problema con argumentos, con puntos de vista, en discusiones realmente constructivas, expresiones de un nuevo carácter de la Cámara de

Diputados, que aquí se está negando, que aquí se ha negado y que aquí realmente se ha expresado el propósito de paralizar, de detener y ese es el grado de significado de planteamientos hechos en esta tribuna de la actual LI Legislatura del Congreso de la Unión.

No le demos vueltas, seamos serios, seamos consecuentes, seamos responsables, si aquí se ha calificado de provocación política la proposición, las preocupaciones, la búsqueda de soluciones de tres grupos parlamentarios, de tres partidos de los partidos de la izquierda, indudablemente por eso la preocupación.

Si un señor diputado que vino a hacer uso aquí de los más vulgares recursos del anticomunismo, de recursos hace tiempo abandonados incluso, que por primera vez en muchos años la tribuna de la Cámara de Diputados viene a ser usada para este tipo de planteamientos, ¿Qué hay qué pensar, compañeros?, hay que pensar que errónea, que equivocada, que haciendo un cálculo muy peligroso, muy peligroso en un momento al cual hay que referirse, se ha decidido que así fuera.

A mí no me preocupa que este señor diputado, calumniado, llegando a la deformación grosera, llegando a acusaciones políticas muy graves e inclusive poniéndose en el papel de vulgar agitador anticomunista, ha llamado a las galerías, ha llamado al pueblo de México para denunciar supuestamente a los comunistas, a los marxistas leninistas y para hacer uso de las argumentaciones ya derrotadas por la historia, que están siendo derrotadas en todas partes, que constituye un camino muy peligroso.

Hay que decir, no importa cuáles sean las consecuencias, no importa cuál sea la reacción no importa que ahora se rechacen, pero si ese señor diputado ha venido a esta Cámara de Diputados a señalar proposiciones que buscaban una solución a un angustioso problema popular, sólo porque se pedía la municipalización, ignorando las discusiones en Comisiones Unidas, a llamar de provocación, a denunciar a los comunistas, al Partido Comunista y a los demás partidos de izquierda, quiere decir que eso hay que rechazarlo y expresar preocupación en tanto que ese señor diputado no habló por él, habló respondiendo a determinadas, equivocadas indicaciones que están torciendo en el camino, que no están entendiendo la responsabilidad, que no están considerando con seriedad la forma en que hay que debatir estos problemas.

Yo quiero referirme a eso, porque si eso prospera, compañeras y compañeros diputados, si ese tipo de anticomunismo vulgar que no tiene nada que ver con la polémica política, que no tiene nada que ver con argumentación en torno a determinadas cuestiones, equivocadas o no, ese es otro problema, prosperan, eso va a tener malos resultados.

Señores, yo quiero decirlo aquí con mucha meditación, con mucha reflexión, porque el país vive momentos difíciles, el país está en un punto de ofensiva del imperialismo contra la perspectiva de desarrollo democrático, independiente y soberano de México. No puede ignorarse esta cuestión, habría, en última instancia, que buscar soluciones.

¿Por qué ese tipo de argumentos? ¿Por qué ese tipo de intervenciones? ¿Por qué ese tipo de calumnias y difamaciones de un señor diputado?

Hay derecho para ignorar también que nos encontramos en un momento importante de la vida política nacional. Ya un diputado se refería al problema de las declaraciones de ese señor Garber.

¿Pero qué significa esto?

Cierto, la proposición de los partidos de izquierda significa mayor avance en el proceso de estatización, de ramas importantes de la vida política nacional, mayor avance frente a una situación que está madurando.

¿Por qué no ver ese problema?

¿Por qué ignorar en última instancia, que la solución propuesta por los partidos de izquierda significa precisamente hacerse eco de un problema maduro que está exigiendo resolución?

¿Por qué no considerar entonces la situación así exactamente en el término de lucha por soluciones, en el término de lucha por caminos, en el término de lucha por tiempos, en el término de lucha por términos, en el aspecto de discusión sobre las posibilidades reales?

¿Qué acaso no hubiera sido posible ponernos de acuerdo respecto a una definición de política?

Porque yo sostengo, compañeras y compañeros diputados, el problema no son los términos concretos del dictamen, eso no, el problema fundamental es el de una definición política sobre la cuestión general del transporte y sobre la cuestión concreta del transporte urbano por autobuses en el Distrito Federal. No le demos vueltas, esa es la cuestión, eso es lo que nos ha dividido y seguramente nos va a seguir dividiendo, es el problema de qué política a seguir para resolver integralmente el problema del transporte y qué política seguir con relación al transporte por autobuses en el Distrito Federal. Esa es la cuestión y no es otra.

Falso, falso.

Compañeras y compañeros:

Quienes se han pronunciado por la municipalización, resulta que no solamente los partidos de izquierda, las organizaciones obreras, la opinión pública en general y si ha habido un consenso nacional importante en este aspecto, ha sido éste precisamente, autoridades del Departamento del Distrito Federal, funcionarios de más alto rango, del Metro, sensibles a un hecho real incontrastable de que no tiene posibilidad de mantenerse el manejo particular de una rama importante del transporte, que hasta ahora maneja nada menos y va a seguir manejando el 80%.

Ese es también el problema que entra en profunda contradicción con el transporte colectivo que ya no puede, ya no tiene posibilidad

ninguna el manejo particular y privado, porque además lo está exigiendo la propia grave situación, la crisis del transporte, y la necesidad de una solución integral.

¿Para qué recurren a otros procedimientos, si esta es la cuestión?, ¿se refirió el Director General del Metro? Y cuántos más, cuántos diputados del PRI, cuántas organizaciones obreras, una opinión nacional categórica en este sentido, ¿acaso no es la mejor respuesta a la llamada provocación política del Partido Comunista o de los partidos de izquierda?

Se nos podía acusar de lo contrario, se nos podría acusar de tratar de ayudar, de contribuir a la solución de un problema que en primer término beneficia al gobierno y que en última instancia iría a ser un factor para prolongar la estabilidad política en nuestro país en búsqueda de nuevas perspectivas democráticas y progresistas.

¿Dónde está, pues, el problema compañeros y compañeras? ¿Esa es la provocación política? ¿Que esa opinión pública nacional, ese es el juego turbio de los comunistas de meter al gobierno en un garlito?

Esta es la sorpresa, compañeras y compañeros diputados.

Mientras en la Comisión buscábamos soluciones, y yo voy a mantener una sostenida en la Comisión, a contrapelo de muchos y a contrapelo de la rectificación, la voy y sostener de todas maneras, mientras que allá discutíamos en otros términos, ¿por qué los señores diputados del PRI, por qué no levantaron entonces la acusación, el planteamiento de provocación política, de garlito de los comunistas, de maniobra para poner en peligro la estabilidad del gobierno, poner en peligro la estabilidad de las instituciones, poner en peligro la política del Distrito Federal? ¿Qué acaso no tienen memoria muchos compañeros? ¿Qué acaso olvidaron que la campaña de la Alianza de Camioneros empezó ante un hecho que no desconocemos nadie, nadie en la izquierda los desconoce ni lo minimiza; cuando se estableció la línea de peribuses; cuando el Departamento del Distrito Federal se negó a acceder a la demanda de la Alianza de Camioneros de aumentar las tarifas de pasajes o subsidios esa campaña sí, desestabilizadora, a esa campaña reaccionaria, a esa campaña antipopular que muchos ya han olvidado, porque su memoria está condicionada, desgraciadamente, en el menor de los casos, a juicios equivocados simplemente.

No calificamos ni satanizamos, porque aquí nos encontramos frente al problema de lucha por soluciones, por opciones de soluciones de carácter democrático, de carácter popular.

¿Por qué estamos en contra del Dictamen?

Señores, porque no ofrece ninguna solución.

Un error de transcripción, por esto no le dimos importancia, inmediatamente lo utiliza el actual Presidente de la Comisión, en lugar de aclarar, porque se sabía, qué puntos de vista hemos obtenido ahí, viene aquí de una manera muy particular que no quiero calificar, no califico, a poner en entredicho un punto de vista de lo cual él y los demás son responsables.

En la Comisión tres veces se cambió el Dictamen y se emplearon procedimientos muy equivocados que deben corregirse, compañeros y compañeras; deben corregirse esos procedimientos porque no ayudan en nada y, al contrario, yo podría decir que son garlitos, son provocaciones, eso sí, para tratar que esta Cámara se malogre, para tratar, como lo ha apreciado ese señor diputado, que hasta aquí llegue la Reforma Política, porque ya no habrá ninguna posibilidad; si este punto de vista se aprueba ese es el problema, compañeras y compañeros, y si ese punto de vista peligroso se aprueba, que va a abrir el camino de la reacción, que va a abrir el camino del fascismo en México. Sí, ni más ni menos.

Cuando sostenemos que México vive un proceso de democratización que hay que emplearlo, que hay que profundizarlo, hay alguien que llega y dice: no, señores, cualquier demanda de solución es provocación política encaminada a desestabilizar.

Yo me preguntaría:

¿Qué destino van a tener cuestiones como la aprobación de un nuevo Código de Comercio? Porque estoy viendo a mi amigo el Presidente de la Comisión. ¿Qué destino van a tener las proposiciones del Movimiento Obrero? ¿Qué destino van a tener otras cuestiones?

¡Ah! si quieren ustedes, que entonces la discusión la hagamos para que las iniciativas las presente el PRI, podemos hacerlo inclusive, porque nos interesa resolver los problemas nacionales, comunistas y socialistas, arraigados profundamente en el sentimiento y en la raíz patriótica de su acción revolucionaria, transformadora de una nueva sociedad, por el camino del socialismo, dentro precisamente de los derechos irrenunciables que nos da la Constitución y que nadie tiene derecho a calificar al estilo reaccionario como ha sido calificado aquí, para espantar ¿a quién?

Yo me pregunto:

¿Qué destino va a tener la necesidad de la nacionalización de la industria alimentaria?

Yo recuerdo a un representante obrero, lúcido representante del movimiento obrero, que decía antes de iniciarse este período: "Se va a demostrar quiénes son, qué quieren, cómo los quieren y sobre todo, qué intereses representan frente a estos problemas fundamentales".

Por eso tiene, yo creo, compañeros, mayor trascendencia esta discusión que la que simplemente se puede considerar alrededor de los términos del dictamen. Eso no tiene importancia, no tiene ninguna importancia. Se ignora. ¿Por qué se habrá ignorado?, me pregunto yo ¿Quién tiene interés en que esto no siga así? Que cuando Gerber dice: "el peligro de la socialización", no solamente como ha dicho Fidel Velázquez, quieren tomar posiciones en la próxima campaña presidencial, sino quieren impedir demandas y transformaciones, medidas de carácter democrático y popular.

Señores, ese es el significado.

Lo que hace Gerber, lo que hacen las agencias políticas y publicitarias. los instrumentos de presión del imperialismo norteamericano es esto: tratar de impedir el proceso democrático del país, tratar de impedir que haya medidas de carácter popular. ¿Por qué, compañeros?

Porque eso del transporte, solucionándolo, crea medios adversos a su política. Porque la solución a otros problemas, crea condiciones favorables para que el gobierno tenga más apoyo popular y fracasan los intentos del imperialismo norteamericano. Eso es, compañeros, eso es compañeras.

Y aquí no se trata de demagogia; demagogia barata como la que se ha venido a hacer.

Sí, señores, ahora rían y que no lamenten después, porque esto tiene mucha seriedad.

¿Por qué razón no buscan ustedes soluciones políticas que en última instancia pueden ser adoptadas no por unanimidad, porque en la Comisión decíamos: respetamos el punto de vista del PAN, ellos no son partidarios? Lo dijo Vicencio aquí. Es respetable su punto de vista, pero el resto de representaciones parlamentarias sí son partidarias de ellos.

¿Y por qué no ahora en última instancia si el dictamen no resuelve nada, si el dictamen no va al fondo de la cuestión porque inclusive se negó a recoger ese hecho nuevo de la intervención del Estado acrecentado en el problema de los transportes?

Y si deja las cosas como está y si deja a merecer de determinadas circunstancias a un golpe de mano en un momento dado contra el pueblo del Distrito Federal en lo que se refiere al aumento de tarifas y al subsidio, por qué no en última instancia recoger -y con eso quiero terminar- el acuerdo unánime de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes de elaborar, independientemente del dictamen, si el dictamen se rechaza y queden en última instancia para reflexionar y responsabilidades posteriores, para el análisis, las posiciones de cada quien, ¿por qué no entonces aprobar un memorial en donde se hable "servicio público significa que no puede ser manejado por un interés particular y no puede ser manejado por una empresa particular"? Un servicio público así, manejado de esta manera, representa la necesidad de una empresa descentralizada que no planteábamos que inmediatamente se pusiera en ejecución; falso, tiempo, oportunamente, decíamos; propusimos un punto de acuerdo, señores: Cuando sea oportuno, dando los primeros pasos.

Porque esa es la perspectiva, estudiar la creación de una empresa paraestatal, descentralizada e inclusive con participación de los pequeños propietarios de los camiones. No nos negamos nunca a esto porque estamos claros y ciertos del momento en que estamos viviendo y de su perspectiva que nos interesa no más que a cualquiera pero sí más como a cualquier interesado en los destinos del pueblo mexicano.

¿Y por qué no declarar por acuerdo de esta Cámara de Diputados un memorial político que la Cámara se pronuncia por no constituir una solución, por que no se aumenten las tarifas. Y también se pronuncia la Cámara de Diputados porque no se subsidie a una empresa particular el otorgamiento del servicio? ¿Y por qué no en ese memorial, cuyos puntos propongo, no se acuerda crear una comisión popular de impulso, control y vigilancia del transporte, donde participen los partidos políticos, donde participen los representantes de las organizaciones obreras, campesinas y populares, y porqué no en un acuerdo político, junto con otras medidas, proponer que se impulsen las formas de manejo de intervención directa del Estado en autotransporte de pasajeros en el D.F.? ¿Y por qué no exigir que se publique el proyecto del plan rector del autotransporte, del transporte en general del D.F.?

Porque resulta, compañeros, que esos son los subversivos, los autores de ese plan están desestabilizando gravemente el gobierno del D.F. y al gobierno de la República, al plantear problemas tales que hacen insostenible la participación privada en los autobuses del Distrito Federal.

En respuesta al carácter de la Cámara, como expresión de la dignidad política de esta Cámara, como un esfuerzo destinado a mantener los puntos de conciencia de fuerzas democráticas y populares para hacerle frente a quienes sí quieren la desestabilización del Gobierno y sí quieren que haya un Gobierno de derecha, compañeros, propongo que si la Comisión desdeñó a los demás participantes y propuso una fórmula, una formula al margen de quienes formamos parte también de Comisiones unidas, que se reúnan, que hagan las consultas necesarias y que en última instancia se apruebe como acordó Comisiones Unidas, un memorial político con los puntos de coincidencia frente al grave problema que aqueja a los habitantes del Distrito Federal y que es el del autotransporte federal. Muchas gracias.

El C. Presidente: Tiene la palabra, en pro, el diputado Flores Vizcarra.

El C. Jorge Flores Vizcarra: Con su permiso, señor Presidente.

Un partido político es por un lado, una concepción ideológica de la sociedad, un enfoque de concebir el papel del Estado, la economía, la familia, pero también es un intento serio, sistemático por encontrar militantes adictos y emocionados a una manera particular de enfocar la sociedad y nosotros como priístas queremos aquí, a fuer de militantes decir: nuestro partido no es un partido anti, nuestro partido no es un partido que esté anti cualquier corriente, nuestro partido tiene una firme concepción de la sociedad y cada día, con el apoyo de las masas obreras, campesinas populares, busca seguir sirviéndole a México como lo ha hecho. Esto que quede claro, esa es la posición política de nuestro Partido.

Queremos, por otra parte, señalar aquí algunas reflexiones que nos parecen importantes.

¿Por qué, nosotros como priístas, estamos a favor de este dictamen que hemos elaborado?

Porque pensamos nosotros que el dictamen constituye un paso importante para avanzar, no sólo en la consolidación de una mayor intervención del Estado en materia del transporte, y éste lo hace a través del Metro, a través de rutas que directamente administra, pero queremos nosotros, aquí lo planteamos, que el Estado continúe invirtiendo volúmenes financieros importantes, porque pensamos nosotros que a largo plazo la solución al transporte en los grandes polos humanos, habrá de ser necesariamente el transporte colectivo, eléctrico y no contaminante.

Los diputados del PRI a este debate le damos importancia y significación, porque estamos pensando justamente en el esfuerzo y en las horas tiempo de los obreros que viven en Netzahualcóyotl, y tienen que trasladarse a trabajar en las zonas industriales; pensamos en aquello, sentimos que el transporte es un elemento económico importante en la vida del hombre contemporáneo, entre el hábitat y la fuente de trabajo, ahí ay un tránsito importante que implica, como también aquí se señaló, problemas de productividad y también problemas de propia recreación familiar.

Conscientes de esto, y pensando que la solución a largo plazo habrá que ser que el Estado canalice mayores volúmenes financieros al desarrollo del servicio del Metro, pensamos, los diputados del partido, que este dictamen viene a consolidar las perspectivas de que el Estado amplíe su intervención, pero, por otra parte, también queremos dejar clara la idea de que si bien es cierto que el Estado debe de participar, debemos también de conocer la existencia de pequeños permisionarios que con su trabajo, su dedicación, han logrado a acceder a ser titulares de un instrumento importante que es el transporte.

¿Qué acaso nosotros no vamos a apoyar las legítimas aspiraciones de pequeños transportistas que con su esfuerzo han podido llegar a ser dueños de un camión?

¿No vamos nosotros a reconocer que la llamada municipalización del transporte constituye una actitud que debemos manejarla con meditación, con seriedad?

No podemos nosotros dejar de reconocer que aún el sistema de transporte en superficie maneja 8 millones de individuos diarios en esta ciudad. Y cómo no vamos a entender nosotros que este problema importante, entre el hábitat y la fuente de trabajo, implica que realicemos todo el conjunto de ingredientes que participan en el sistema global del transporte: Metro, permisionarios, carros de alquiler, administración directa del Departamento por conducto de la Ruta 100, el incremento que está haciendo el propio gobierno del presidente López Portillo a través de los peribuses, a través de las adquisiciones novedosas de los audibuses, a través del incremento vía concesiones del sistema de carros de alquiler, que detrás de ellos también existe una familia mexicana.

Y no podemos nosotros también pensar que la estructura de viajes, orígenes, destino, hay en esta ciudad un incremento importante en varias medidas hemos estado a la zaga.

Y pensamos los diputados del PRI en las masas obreras y no asalariadas, pero pensamos también que las coyunturas y las políticas requieren del factor tiempo, requieren también de que juntos comencemos a meditar que estos problemas son importantes para el país, importantes para todos nosotros. Si es cierto que la ciudad ha crecido y esto es palmario vertiginosamente, esa es la medida del reto, esas son las medidas que las soluciones que juntos habremos de buscar en este espacio hermoso e importante e histórico de la Reforma Política.

Nuestro partido y aquí lo sostenemos, lo afirmamos a fuer de fieles, nuestro partido ha sostenido históricamente que el Estado Mexicano debe ser y es el rector de la economía.

Que no se confundan las cosas, si hablamos de teoría aquí digámoslo con toda claridad idelógica, sostenemos y pensamos porque es un producto genuino de nuestro movimiento revolucionario, que el Estado Mexicano es el rector de la economía, pero también advertimos que en el conjunto de ingredientes que están es el marco general del transporte, debemos en este sentido ser cuidadosos, pensar en todo uno de estos factores, para poder entonces tomar decisiones sensatas.

Y por eso, nosotros, como priístas, sostenemos que el dictamen empuja a soluciones, que particularmente, en sus conclusiones, les está dando facultades al gobierno del la ciudad para que éste vaya planeando y organizando el sistema del transporte, para que juntos busquemos las soluciones, para que juntos en esta hermosa aventura, en este reto importante de la Reforma Política vayamos, como lo hicimos en las Comisiones Unidas del Distrito Federal y del Transporte, buscando y aportando soluciones.

Quiero además, dejar aquí sentado que muchas de las opiniones de los partidos de oposición fueron acogidas y están vertidas en este documento. Eso es prueba de la Reforma Política; este Dictamen recoge puntos de vista; este Dictamen permitió que juntos ahí estemos señalando en lo que creemos y por eso han sido mis palabras para señalar la importancia del mismo y para pedir que este Dictamen sea aprobado.

Muchas gracias. (Aplausos).

El C. Juan Manuel Elizondo: Pido la palabra, señor Presidente.

El C. Presidente: ¿Con qué objeto, señor diputado?

El C. Juan Manuel Elizondo: Para hechos.

El C. Presidente: Tiene la palabra para hechos el señor diputado Juan Manuel Elizondo por cinco minutos.

El C. Juan Manuel Elizondo C.: Señores diputados;

A menos de que se cometa un atropello incalificable a las reglas parlamentarias, este Dictamen debe de volver a la Comisión para que rinda uno nuevo.

Cuando empezó la discusión en lo general, la Comisión se presentó en la tribuna antes de que se abriese el registro de oradores y cambió el Dictamen.

El Dictamen presentado por la Comisión originalmente, ya había sido puesto a la consideración de esta Cámara en primera lectura, la Comisión no tenía absolutamente ningún derecho, no solamente de cambiar su Dictamen sino ni siquiera de introducirle modificaciones; una vez bajo la autoridad de la Cámara y sometido a discusión a la Comisión no le quedaba más remedio que sostener su Dictamen o admitir aquellas modificaciones que le fueran impuestas por la discusión.

Este procedimiento, que es la segunda vez que se emplea en esta Cámara, de que la Comisión venga a modificar su Dictamen, cuando a éste ya se le han dado las dos lecturas de reglamento, es totalmente inusitado, por llamarlo así; pero el hecho no consiste únicamente en que la Comisión vino a introducir modificaciones, sino que de hecho retiró su Dictamen y lo sustituyó por otro.

El primer dictamen, es muy claro ustedes lo tienen; el segundo dictamen, el que lo sustituye, empieza en el punto 2, que es el que va señalando los puntos concretos que se dictaminan. El punto primero es puramente declarativo. El dictamen está cambiado. Justamente cuando se presentó ese hecho, ustedes recuerdan que en un pequeño tumulto nuestra representación parlamentaria pidió la palabra y no se le ha concedido para hechos, hasta este momento.

Yo sé que lo van a aprobar así como está, porque no solamente hay instrucciones de que se apruebe exactamente como está, sino probablemente hay instrucciones también de canalizar la discusión, a falta de argumentos legales y sociológicos, hacia ataques de carácter ideológico.

Al punto a que han llegado los acontecimientos del país, yo únicamente agregaría a las palabras del diputado Terrazas, que se debe de tener muchísimo cuidado con ese lenguaje, porque si lo admitimos, yo puedo afirmar algo: Empezamos a hablar del partido de la mayoría y han de pasar cinco legislaturas seguidas sin que terminemos con todos los cargos que tenemos que hacerle.

Cuidado con ese lenguaje, porque ya está integrado en esta serie de declaraciones de COPARMEX, Consejos Empresariales y todo lo demás, que ésos sí tienden a provocar enfrentamientos entre los mexicanos y resulta ahora que algún - Y no quiero que quede la menor confusión - , algunos de afuera, pero con la mediocridad suficiente para visualizar la política mexicana, debe haber dicho: "duro con los comunistas".

Señores:

Este dictamen no puede pasar porque no se le ha dado segunda lectura y porque su contenido de éste es contradictorio con los fundamentos que se le dio al primero. Concluye exactamente lo contrario de lo que argumenta, para fundar, el primer dictamen. Propongo, pues, que se devuelva a la Comisión, por lo menos para que fundamente los términos de este nuevo dictamen. (Aplausos).

El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado José I. Valencia.

El C. José I. Valencia: Señor Presidente:

En desacuerdo también con el diputado Camposeco, por la forma en que quiso tratar el problema del transporte.

Consideramos que las iniciativas deben juzgarse en funciones de lo positivo o negativo de las mismas, para que objetivamente sean consideradas y no en función de la ideología presentada.

Queremos, pues, nosotros, el Partido Demócrata Mexicano, hacer algunas consideraciones sobre las iniciativas presentadas y deseamos dejar claramente expresada nuestra posición que estamos en desacuerdo con el segundo punto, que expresa textualmente lo siguiente:

"Se requiere al Departamento del Distrito Federal para que en término perentorio atienda las proposiciones relativas contenidas en el presente dictamen y, previos los estudios técnicos jurídicos pertinentes, inicie el proceso de reorganización del servicio público de transporte colectivo."

Es evidente que las proposiciones que se mencionan en el referido documento en sus incisos desde el A) hasta el H), con excepción del inciso G), se expresan en forma explícita o implícita en la Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal. Concretamente el los artículos 26 y 27 capítulo tercero de la prestación de servicio público, así como en el Artículo 45 de la Comisión de Vialidad y Transporte Urbano, en sus incisos del primero al octavo.

Se contempla en las proposiciones una actitud clara. La situación del transporte continuará en el Distrito Federal en la misma situación. No se propone en ellas ninguna medida básica. No se propone lo que el ciudadano tal vez ahorita, se decía, está esperando con incertidumbre. No se contempla ninguna posición radical en la que la Cámara de Diputados no acepte el alza de pasaje dentro del Distrito y el área metropolitana, no se aporta ninguna medida fundamental, aunque sea a largo plazo y únicamente se recomendará, en otras palabras, que el Departamento del D. F. lea su ley orgánica y trate, ahora sí, de hacerla operante.

Por lo tanto, un grupo de concesionarios, muy reducido por cierto, seguirá operando en un gran porcentaje el servicio de autobuses en el D. F. y áreas metropolitanas.

El PDM hizo, en las sesiones de trabajo, una proposición concreta que hoy presentamos de nuevo. Dijimos, en ese momento lo siguiente:

El problema del transporte de pasajeros en el D. F. y en el área metropolitana, de dimensiones verdaderamente críticas en perjuicio de millones de ciudadanos, requiere una solución

a fondo para lo cual, el PDM considera que se debe hacer lo siguiente:

1o. Con fundamento en el Artículo 26 de la Ley Orgánica del Departamento del D. F., cancelar las concesiones a quienes hoy prestan un servicio irregular y deficiente y cuya incapacidad para mejorarlo ha sido por ellos reiteradamente demostrada.

2o. Otorgar las mismas auténticas sociedades cooperativas integradas por los actuales choferes de las diferentes líneas cuya estructura no permita la aparición de dominios monopólicos y con limitación máxima de participación, promovidas y estimuladas por el Estado, como lo expresa el espíritu de la Ley General de Sociedades Cooperativas, la que en su artículo e inciso primero a la lectura dice:

"Son sociedades cooperativas aquellas que reúnan las siguientes condiciones: Estar integradas por individuos de la clase trabajadora que aporten a la sociedad su trabajo personal". Así como el Artículo 93, en su capítulo 3o. del Reglamento de Sociedades Cooperativas, que expresa claramente: "Los permisos o los contratos concesiones para la prestación continua del servicio público por el Gobierno de la Federación, los territorios y el D. F., se otorgarán de preferencia a sociedades cooperativas".

Asimismo apuntamos la necesidad de establecer una red ferroviaria de tracción eléctrica en el área metropolitana, operada por Ferrocarriles Nacionales de México.

Esta aportación de nuestro organismo político, fue muy poco considerada, tal parece que se desconocen los antecedentes que sobre el cooperativismo existen en nuestra patria; en México, ya desde 1873 se inició el movimiento cooperativo y en 1876 apareció la primera cooperativa justamente de obreros ferrocarrileros. Asimismo, a través de los años, el sistema cooperativo ha recibido de los gobiernos revolucionarios plena protección para lograr su fomento y desarrollo. Tiene el sistema cooperativo base legal que se expresa en diferentes documentos y en concreto el Artículo 25 del Código Civil para el Distrito Federal y Territorios Federales señala que son personas morales las sociedades cooperativas mutualistas y se define la legalidad de las mismas en la Ley General de Sociedades Cooperativas, en su Título Primero, Capítulo Primero, Artículo Primero, donde se asienta:

"Las sociedades cooperativas. Son sociedades cooperativas aquellas que reúnan las siguientes condiciones: estar integradas por individuos de la clase trabajadora; que aporten a la sociedad su trabajo personal; funcionar sobre principios de igualdad de derechos y obligaciones de sus miembros; no perseguir fines de lucro; procurar el mejoramiento social y económico de sus asociados mediante la acción conjunta de éstos en una obra colectiva".

A mayor abundamiento, en el Artículo 93, capítulo tercero, se expresa lo siguiente:

"Los permisos y contratos - concesiones para la prestación continua del servicio público por el gobierno de la Federación, los territorios y el Distrito Federal, se otorgarán en preferencia a sociedades cooperativas".

Por lo anterior expuesto, deseamos dejar constancia que lo propuesto por el Partido Demócrata Mexicano en las sesiones de la Comisión, que a pesar de tener una base jurídica legal y de tener los elementos que son primordiales para que sean operantes, no fue considerada. Se tuvo una acción en la cual, aunque aquí se acaba de decir que se tomaron diferentes puntos de vista de los partidos, no fueron intercalados ninguno de los pensamientos de ningún otro partido que fuera el del partido oficial.

Ahora bien, nosotros deseamos establecer esta iniciativa del Demócrata Mexicano, es en base a dos principios fundamentales: Primero. Porque nos oponemos al monopolio particular, pero a la vez, rechazamos el monopolio de Estado.

Segundo. Consideramos que los trabajadores deben ser beneficiarios directos, ya que ellos son, sin lugar a dudas, quienes, con su trabajo personal, proporcionan el servicio.

Tal parece que la Comisión de Transportes no dio, pues, ninguna importancia a nuestra proposición, por lo que deseamos hacer varias consideraciones.

Observamos que en la sesiones de las Comisiones Unidas de Transportes y del Distrito Federal, se buscó de mil maneras el servir a dos amos y con alguno se va a quedar mal. Se trató de aparecer a los diputados del PRI como diputados se avanzada revolucionaria progresista y aceptan, por inconsciencia ideológica, que México va, se dice, queramos o no la inmensa mayoría de mexicanos, irremisiblemente a un sistema en el que el Estado sea dueño absoluto de vida y bienes de todo cuanto hay en nuestra patria. Olvidando que ese tipo de ensayos han demostrado inclusive, en sus naciones de origen que no es posible, entiéndase bien, que no es posible obligar ni por la fuerza bruta a que el hombre de materia y espíritu viva sin libertad, sin propiedad para alcanzar su destino pleno e integral a que tiene derecho.

Se pretende, en este caso, pasar al trabajador de un patrón particular al patrón estado, en donde advertimos claramente que tal parece que el objetivo buscado no es el resolver el problema, sino continuar, como hasta ahora, con un disimulo hacia el monopolio y el control del trabajador, que tan útil es para los fines políticos, cuando automáticamente, por ser peón del estado, queda afiliado a un partido y obligado por consecuencia, por la manutención de su familia, a obedecer en todo cuanto el patrón le ordene.

Nos oponemos, pues, a estas proposiciones y presentaremos en su oportunidad una iniciativa que resuelva el problema del transporte, pero teniendo como objetivo tanto que el trabajador como el usuario sean los beneficiarios primordiales.

Muchas gracias.

El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado Rodolfo Siller, en pro.

El C. Rodolfo Siller Rodríguez: Señor Presidente;

Compañeras y compañeros diputados:

Hemos escuchado la versión inicial planteada por el dictamen elaborado dentro de las Comisiones Unidas de Transportes y del Distrito Federal, a ello nos condujo la insistencia en favor de que se dictaminara, sobre las iniciativas presentadas por los partidos Popular Socialista y Comunista Mexicano respectivamente en distintas fechas, pero que coincidían en un propósito común, el de municipalizar el servicio de transporte de autobuses en la ciudad de México.

La Comisión, visto el problema en su magnitud y en el nivel de aspecto delicado, que afecta virtualmente a los cerca de 15 millones de habitantes de la zona metropolitana, vio con interés, y ciertamente con un alto sentido de responsabilidad histórica, dicho planteamiento y nunca se cerró en cuanto al criterio para observar, analizar, discutir y plantear, en suma, las disyuntivas, o bien, las alternativas, que derivaban de esta posición original planteada por los partidos radicales de izquierda, con objeto de ampliar el espectro, abrir las expectativas y analizar con buena voluntad, con buena fe, todos los ángulos del problema y darles una solución, que buscara, en principio, fundamentalmente, la eficiencia del transporte y no que derivara a un boceto de carácter eminentemente político.

¿Cuál era el planteamiento?

El problema técnico en favor de la eficiencia en el transporte de autobuses, o bien el planteamiento ideológico para establecer en la discusión o en el trasfondo de ella, las distintas corrientes ideológicas que informan e inspiran la solución de los problemas de nuestra realidad sociológica y política.

El Partido Revolucionario Institucional, con toda honestidad, planteó su propósito de no confundir, dentro de este problema tan importante, tan decisivo para el interés de los habitantes del Distrito Federal, el aspecto ideológico con la solución que estábamos buscando y así nos abrimos a todas las alternativas que se propusieron. El Partido de Acción Nacional, por conducto de su representante Federico Ling, hizo un planteamiento concreto, fue analizado en el seno de las Comisiones Unidas. No me voy a referir obviamente a los que ya habían planteado en las iniciativas los partidos radicales de izquierda, porque esas estaban contenidas en las iniciativas que estábamos estudiando; el Partido Demócrata ahora ha subido a la tribuna a plantear la posibilidad de establecer un sistema de cooperativas; el Partido Revolucionario Institucional dentro y fuera de las Comisiones, en el seno de la Cámara y por su ideología, por la doctrina que sustenta que es el de la Revolución Mexicana, no sataniza ninguna corriente doctrinaria contraria a la que sustentamos nosotros. Estamos convencidos de nuestra corriente filosófica justamente por una larga trayectoria histórica y formada en las grandes luchas y en los grandes movimientos sociales a lo largo de nuestra vida independiente.

De ahí parte la inspiración ideológica que recoge nuestro partido a través de la Constitución de 1917 y ciertamente, con el avance de la modernidad de nuestro país, nuestro partido también adopta distintas características para adecuarse debidamente a la filosofía que va cobrando el mundo moderno y aceptamos, entendemos, aplaudimos y saludamos los dispositivos sociales, progresista de avanzada que tengan en su característica el optimismo de esperar para mañana un México mejor. No estamos con la vista hacia atrás, no volteamos ni estamos convertidos en estatuas de sal. Tenemos la visión en el futuro, porque aceptamos como una realidad positiva los logros y los avances de la Revolución Mexicana que nos ha permitido, en más de medio siglo de realidad pacífica, de estabilidad política, por la existencia de nuestro partido, desarrollarnos y avanzar como ejemplo de país libre, democrático y progresista en el mundo, entendemos por ello que debemos adecuar la vista, nuestra óptica, hacia el futuro.

Estamos satisfechos con los logros obtenidos, pero no quiere decir que esa satisfacción sea complacencia para siempre; tenemos la rebeldía palpitante aún, de querer seguir avanzando en el beneficio de las mayorías para bien de la sociedad y el progreso de nuestro país, por eso no somos reaccionarios como se ha querido decir. El hecho de que no admitamos una proposición concreta, de estatización en este momento preciso, no quiere decir, de ninguna manera, y por eso rechazamos ese infundio, una posición reaccionaria o una medida pesimista o complaciente con una situación dada por los intereses tradicionales y negativos de la sociedad, de ninguna manera. Estamos abiertos a cualquier acción, siempre y cuando se demuestre fehacientemente que cuando hemos de tomar una medida, una medida trascendente que vaya precisamente a configurar el futuro de México y no solamente la realidad del día de hoy, cuando se nos demuestre que esa medida va a ser eficaz y que no va a ser una medida arrebatada y comprometedora, nuestra obligación como diputados de la mayoría es actuar con sensatez. Sensatez no quiere decir de ninguna manera reaccionarismo o timidez. Quiere decir que estamos utilizando la experiencia revolucionaria en beneficio del pueblo, en beneficio del destino de nuestra patria.

Ser precavidos, ser cuidadosos, ser cautos, no quiere decir ni ser reaccionarios, ni ser temerosos de la realidad. No satanizamos a nadie.

El dictamen que las comisiones unidas han elaborado rechazando las iniciativas, ha sido, en última instancia, ampliamente debatido y debidamente discutido en esta tribuna. Por eso, señor Presidente, con toda atención y todo respeto, quiero solicitar de la bondad, de la benevolencia de esta asamblea, se declare suficientemente discutido este asunto y se pase a la

votación nominal, de acuerdo con el procedimiento correspondiente.

Muchas gracias.

El C. Presidente: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el dictamen.

El C. secretario Juan Maldonado Pereda: En votación económica se consulta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el dictamen presentado por las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes del Distrito Federal.

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie. Suficientemente discutido, señor Presidente.

En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba con la modificación propuesta por la Comisión. Los que estén porque se acepte, ponerse de pie.

El C. Cuauhtémoc Amezcua: Debe ser votación nominal.

El C. Presidente: Pregunte nuevamente la Secretaría si está suficientemente discutido el dictamen.

El C. secretario Juan Maldonado Pereda: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se pregunta a la Asamblea si está suficientemente discutido el dictamen.

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie.

Los que consideren que no está suficientemente discutido el dictamen, ponerse de pie.

No está suficientemente discutido, señor Presidente.

El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado Ling.

El C. Federico Ling Altamirano: señor Presidente;

Escasos compañeros:

Al venir a esta tribuna reitero la tesis de Acción Nacional acerca de que sí está involucrada, en el tratamiento de la cuestión de transporte urbano de pasajeros con autobuses, una cuestión de filosofía, una cuestión de tendencia política. Y es justamente la cuestión de la filosofía política de cada partido que es de importancia. Por eso es que no fue posible llegar al memorial que se intentó en las Comisiones Unidas y que proponía, primero el Diputado Camposeco y después el diputado Terrazas. Y por ser una cuestión de filosofía política, es porque en ese pragmatismo amorfo del cual, es víctima y usuario, es difícil la toma y la adopción de medidas de filosofía política.

¿Qué han tenido qué decir los diputados de la Confederación Campesina, tratándose de una cuestión urbana?

Nada, pero hubiera sido al menos de esperarse que los diputados obreros, los diputados de la CTM, hubieran tenido algo qué decir, pero ni en las Comisiones unidas, ni en esta Tribuna, han podido sostener la posición de los trabajadores se representan, por el temor de entrar en conflicto con la CNOP, y tómelo en cuenta compañero Flores Vizcarra, porque usted tendrá problemas por este motivo. Queda pues sólo la CNOP, pero dentro de la CNOP están también en contradicción, porque dentro de la CNOP supuestamente están representados los usuarios del transporte y los beneficiarios de la prestación del servicio. De ahí esta dramática situación y lo raquítico del dictamen hecho básicamente por la diputación del PRI, ahí está el origen de la debilidad de ese dictamen.

Nosotros estamos, lo hemos dicho, en contra de la municipalización del transporte pero por razones mucho más serias y mucho más profundas; ante esas consideraciones palidece la mediocre y tímida posición de los diputados de la mayoría, es un dictamen, como dijo el licenciado Vicencio, rabón e ineficaz, no es necesaria la municipalización del transporte, no es necesaria, pero es necesario decir por qué no es necesario y en este sentido el dictamen demuestra toda su pobreza.

Aquí, compañeros diputados, hago un llamado a la paciencia y a la inteligencia de ustedes para ver la cuestión desde otro punto de vista. En medio de la dificultad de la solución de este complejísimo problema ¿qué principio o qué filosofía política puede aplicarse con éxito dentro de un régimen de economía mixta, democrático, plural, representativo? Pues ese principio rector, ordenador de la vida social, es el que llamamos principio de subsidiaridad y, para no entrar en detalles en qué consiste este principio, recuerdo simplemente que es aquel que establece que en la cuestión social es necesaria la formación de toda la sociedad que sea posible y sólo la intervención del Estado que sea necesaria. Este principio hace posible entre otras cosas, algunas cuestiones muy importantes para todos nosotros, hace posible el régimen de economía mixta, hace posible el federalismo, hace posible la arquitecturación de la sociedad.

¿Qué tanto es necesaria la intervención del Estado en este caso?

La pregunta sería si se agotaron ya las facultades actuales del Departamento del Distrito Federal.

La respuesta sería: no se han agotado.

La pregunta sería si se agotaron ya las posibilidades de particulares organizados económicamente, que bajo la rectoría del Estado en materia económica, aportaran su cooperación.

Estas posibilidades no están agotadas.

Habría que preguntarse si se agotaron ya las posibilidades de organización de empresas bien reglamentadas y bien concesionadas, y esta posibilidad no ha sido agotada.

Habría que preguntarse si se terminó ya el régimen de economía mixta para tomar alguna medida extrema, que bien pudiera ser necesario en caso de haberse agotado este sistema económico.

La respuesta es que no.

Habría que preguntarse si hay algún punto intermedio entre el cien por ciento para el Estado, en materia de inversión, o el cien por ciento para particulares.

La respuesta es que sí hay una posibilidad entre estos extremos, de ahí la proposición concreta que en su momento hicimos y siguiendo este principio, de una participación que nos parece necesaria del Estado en materia de inversión, del 40%, dejando el 60% a los particulares, pero redistribuyendo las concesiones y elaborando otro tipo de reglamentos que las limiten.

La pregunta sería, desde el punto de vista político, si se puede reducir al pulpo camionero sin municipalizar el transporte o ¿qué no hay algún punto intermedio? ¿Qué no hay facultades en la Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal?

A mí me parece que es perfectamente posible reducir al pulpo en su aspecto más negativo de la concentración del capital y de la concentración en unas cuantas manos permisionarias, lo que debería estar perfectamente distribuido entre pequeños permisionarios, el Estado y nuevas inversiones.

Por otro lado, nos parece que no es conveniente la medida de la municipalización, por que no deseamos ni el capitalismo liberal individualista, pero tampoco el capitalismo de Estado. Lo hemos denunciado en nuestras plataformas y lo combatimos aquí y en donde sea necesario.

Además, la prestación del servicio del transporte quede en manos del Estado tiene un aspecto que no podemos soslayar, no se trata del Estado en abstracto, es bello hablar del Estado en abstracto, pero se trata de poner en manos de este Estado concreto que conocemos, este Estado Mexicano que no ha podido sanear la corrupción, que no ha podido administrar decentemente las 800 empresas paraestatales y también por esa identificación que fue denunciada por Gerardo Unzueta, al demostrar palpablemente cómo al mismo tiempo son los mismos intereses los del gran pulpo y los del Departamento del Distrito Federal a quien representó en su momento.

Creo que es materia de reflexión todo esto, también habría que argumentar que no es oportuna la municipalización. Es hacer el trabajo de Penélope, tejer de día la tela y destejerla de noche.

Los intentos de planificación en el Distrito Federal son tímidos pero empiezan a marchar, hay asignadas prioridades, programas que están en marcha, que están arrancando. Cambiar las prioridades, obligando al Departamento del Distrito Federal a asignar una prioridad cuádruple "A" a la adquisición de equipo de transporte urbano, es francamente inoportuno, significaría planificar de día y desplanificar de noche.

Habría otras muchas cosas que decir, me limito a expresar que si al menos fuera posible habría que considerar su factibilidad de este proyecto, pero no es posible, al menos en este momento, no hay presupuesto para gastar los 125 mil millones que se ha dicho costaría la municipalización del transporte y temo, con fundamento, que esta Cámara no aprobará presupuesto tamaño para objeto tamaño. Con esa cifra de los 125 000 millones, se pueden construir, a precios actuales, 150 kilómetros de Metro, el triple de lo construido desde el principio hasta la fecha, sin necesidad de comprar chatarra o en el estado en que se encuentre el equipo de transporte actualmente. Y no se tiene, por otro lado, de momento todavía la experiencia en el Departamento del D. F. para administrar la totalidad del transporte.

Acción Nacional acepta la posibilidad en caso extremo, en caso extremo, de la intervención total del Estado, cuando ésta sea absolutamente necesaria, pero sería trágico que hubiéramos llegado ya a esa situación en la que fuera absolutamente indispensable la intervención total del Estado en esta materia. Significaría ello que la sociedad con posibilidad de organizarse, política, social y económicamente, estuviera totalmente desarticulada; significaría el fracaso total de nuestro régimen de economía mixta y significaría roto el principio de subsidiaridad y que hemos llegado al lamentable estado en que tenemos un federalismo hecho astillas.

Es verdad que, de seguir las cosas como van, tal vez tuviéramos que llegar a ese momento trágico, pero en ese momento compañeros, nosotros ya no tendríamos nada que decidir, ni siquiera sería posible que nos reuniéramos en una Cámara de Diputados porque estaríamos ya dentro de un estado totalitario.

Estamos, también, en contra de la municipalización porque estamos en contra del fetichismo de Estado que erige a este en el único ente capaz de generar los medios materiales y culturales adecuados para dar a las personas y a la sociedad oportunidad de desarrollar plenamente sus derechos a la vida, a la verdad, a la justicia y a la libertad. Propiciar el crecimiento del Estado, en detrimento de la sociedad, equivale a ser la cuna del Estado total, omnívoro, disolutor de la sociedad.

En lo particular, no hay razones válidas para apoyar el crecimiento del Estado Mexicano tal como lo conocemos. Es preciso fortalecerlo, sí, pero tal fortalecimiento tiene como raíz el de la sociedad, no el debilitamiento de ésta por absorción e implica, por otra parte, el respeto a la ley tanto por parte del Estado como por los particulares, menos aún si consideramos que este Estado viola sistemáticamente sus propias normas y erige sus políticas en normas, sin importarle dañar a sus propios empleados, como lo saben bien los maestros y como lo sabemos los usuarios de energía eléctrica, indefensos frente al estado empresario; menos aún si pensamos y verificamos que este Estado fábrica millonarios a ritmo de fraudes y malos manejos y transforma a sus servidores más altos en cómplices objetivos de la burguesía egoísta, al llevarlos a engrosar las filas de los privilegiados.

Dar el transporte a un estado sofista, dogmático y burgués, esto sólo puede ocurrírsele

a quienes en la perspectiva de apoderarse del Estado, quieren ir preparando el dominio absolutamente estatal, de modo que no queden opciones a la sociedad.

El criterio es francamente totalitario.

Creo que hay consideraciones de índole práctica y consideraciones profundas, suficientes para rechazar las iniciativas, pero estas razones son precisamente las que hubiéramos deseado ver incluidas en este pobre dictamen que nos ofreció la diputación del PRI, que ya tiene bastantes problemas internos y fue incapaz de presentar algo mejor.

Quede pues, en estos términos.

Esta es la definición política de cada una de las opciones aquí representadas.

Ha quedado expresada la de Acción Nacional. (Aplausos.)

El C. Presidente: tiene la palabra el diputado Araiza Cabrales.

El C. Juan Araiza Cabrales: Señor Presidente;

Compañeras y compañeros diputados:

En esta tribuna, con mucha honestidad, todos los participantes en las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y del Distrito Federal, han hecho un reconocimiento a la forma en que, campeando un absoluto respeto a cada miembro que quiso participar en ella, concretamente en las discusiones, se buscaron puntos de entendimiento, razones valederas para todos, con el objeto de elaborar un dictamen que recogiera la suma de las aspiraciones comunes.

Desde luego hubo consenso mayoritario respecto de la improcedencia de las iniciativas, fundamentalmente por razones no sólo jurídicas, que ya se han expuesto por otros oradores, sino también de índole socioeconómico y también político.

Cuando a la representación panista, al compañero Federico Ling, que asistió a todas las reuniones, en mi carácter de Presidente de la comisión elaboradora del dictamen, le requerimos para expresar en algún documento sus puntos de vista, que pudieran discutirse a nivel de Comisiones Unidas, el compañero Ling se limitó a expresar más o menos en la forma como lo ha hecho en esta tribuna, los mismos argumentos de que su partido estaba acorde en que debían rechazarse las iniciativas, pero que tenían ellos la necesidad de que los argumentos que se dieran comprendieran los puntos de vista que estaban sosteniendo.

Y ahí hay algo, compañero Ling, de lo que ustedes pidieron. Por eso está abierto el dictamen a la posibilidad de la empresa mixta, estatal - particulares, que el PAN señaló como una posibilidad de no limitarnos a examinar el contexto jurídico y rechazar por esas razones que hubieran sido suficientes las dos iniciativas a estudio.

Y recogimos las opiniones de Federico, y recogimos las opiniones del compañero Valencia y, como ha dicho Rodolfo Siller, en las proposiciones que contiene el dictamen que, saliéndose de la hermenéutica jurídica establecida por la Constitución de rechazar o aprobar la iniciativa, enfrentó con valentía el problema social que representa la situación del transporte urbano en el D. F. y planteó, y no con pobreza como aquí se ha dicho, sino con la mayor riqueza de que fuimos capaces, los argumentos que consideramos válidos. De allí que insistamos en que se debe aprobar el dictamen con su agregado. Por lo mismo, sentimos que el compañero Ling debe recapacitar y, como abre este dictamen un nuevo proceso para examinar la cuestión debatida, allí, con todo su derecho, hacer los planteamientos que muy tarde vino a hacer en esta tribuna.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado Becerra.

El C. Antonio Becerra Gaytán: Quiero empezar aclarando que la ausencia de mis compañeros se debe, no a un acuerdo previo de abandonar esta sala, sino que, en el momento en que el diputado Siller se orientaba por poner a votación si el dictamen estaba suficientemente discutido, como es tradición que cuando un orador del partido oficial toma esa tónica en su discurso automáticamente se va a considerar esto así y entonces nuestros compañeros pensaron que esa era la rutina, se fueron. Yo me quedé buscando mis documentos, por una parte, y por eso estoy aquí, pero además, porque pocas oportunidades tenemos de estar frente a frente, ya no con lo que real o despectivamente se ha dado en llamar el pulpo, con una representación tan grande, a quienes en primer término yo quiero saludar en esta tarde, desearles que consideren nuestro debate, nuestras intervenciones, a pesar de que hay oradores que permanentemente descalifican nuestra intervención por pertenecer al Partido Comunista, digo, que nuestros visitantes hoy que nos honran con su presencia, partan del principio que nos anima a pedirle al señor Presidente su venia, y a ustedes, compañeros diputados, a nuestra intervención, el principio de la buena fe, de la buena intención para tratar de manera conjunta, encontrar una real solución a un verdadero problema.

Compañeros diputados;

Compañeros visitantes:

Cuando el Partido Comunista presentó su iniciativa, que vino a coincidir en lo fundamental con otra que ya con anterioridad había planteado y presentado el Partido Popular Socialista, las cosas estaban, como dijo Gerardo Unzueta y como dijo Manuel Terrazas también, en condiciones críticas, ustedes mismos estaban en un movimiento que tenía a la ciudad verdaderamente en un estado de expectación por una parte y de irritación por la otra y tratábamos no solamente de salirle al paso al problema inmediato, sino

también intentar ir más al fondo del problema, y en aquellos momentos a ustedes se les causaba en primer lugar, de constituir un monopolio; nosotros hemos tenido la fortuna, la oportunidad de platicar personalmente con representantes de la Directiva de la Alianza de Camioneros; en estas conversaciones negaron definitivamente el carácter de monopolio de la empresa, pero nosotros no pudimos confrontar su dicho con ninguna otra información porque cuando le pedimos a quien entonces dirigía la Comisión de Comunicaciones y Transportes y se nos dijo que se nos entregaría, no se nos entregó; yo pedía dos cosas simplemente: una relación de los concesionarios y copias, una copia del contrato concesión.

Es hora que no conozco más que los datos que ustedes han escuchado aquí que en lugar de 80 empresas o de 120, ahora son 20, que hay un proceso de concentración, etc., pero elementos suficientes para caracterizar el monopolio, no lo tengo.

Otra cosa más, cuando tocaba este tema con sus representantes, me decían que por el contrario, había muchos compañeros cuyo patrimonio consistía en ser dueños de una parte de una unidad, esto es, que había camiones que tenían varios dueños, pero no me dijeron cuántos de los 4 mil y poco de concesionarios son los que están en estas condiciones, ni me dijeron tampoco cuántos de esos, que no estaban en esas condiciones, tenían 10, 15, 20 a 100. Yo no sé cuántos camiones pueda tener una sola persona en esta organización.

Se les acusaba también, después, de ser los responsables del mal servicio del transporte; esto cuando se los comenté, también lo negaron, y no sólo al negarlo dijeron textualmente... que no eran responsables de ese mal servicio, pero que además no podían comprometerse a mejorarlo porque esto dependía fundamentalmente de la mala organización del tránsito de la ciudad y que, en tanto esto no fuera corregido, ustedes no tenían ninguna responsabilidad ni posibilidades de mejorar el servicio.

Se les acusaba también de recibir grandes ganancias, enormes, a nivel de millones y millones de pesos. Cuando pregunté esto, se me dijo que tampoco era cierto y no sólo eso, sino que se me dijo que a partir de septiembre del año pasado estaban perdiendo, que no estaban ganando y que estaban resolviendo su problema sobre la base de créditos y de pequeñas reservas que algunos tenían para subsistir.

Yo pienso aquí, concediendo que no sea negocio, aceptando el dicho de que están perdiendo, quiero decirles que personalmente pienso si así como está ahora el servicio no es negocio, menos va a ser negocio si ustedes cumplen con todas las prestaciones que, según esto, tienen obligación de dar a su personal.

Por ejemplo, si se cubre realmente el séptimo día, si se dan los premios, si se paga el 10% que significan las horas extras, el 5% para reparto de utilidades, el 1% para la educación, el 25% que representa el incremento de sueldo para los domingos, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el 50% para riesgos profesionales, el 5% para INFONAVIT, las vacaciones, el aguinaldo, los dos uniformes por año, la prima por antigüedad y otras prestaciones, que reconocen que muchas de ellas no las están prestando precisamente por la incosteabilidad. Eso está públicamente reconocido.

Bien, para que sea negocio y se puede ser negocio cubriendo con todas estas prestaciones, yo creo que no le sería suficiente a ustedes aumentar el costo del pasaje ahora a tres pesos como lo proponen. Si además de esas prestaciones, va a ser higiénico, va a ser oportuno, va a ser eficaz, va a ser confiable, va a ser cómodo el transporte, definitivamente con tres pesos no van a ser prestando exactamente el mismo servicio.

Pero para mí el problema se ubica de la siguiente manera. Es absolutamente inconciliable, es incompatible, la ideología del negocio con la ideología del servicio público. No puede prestarse un servicio público y al mismo tiempo hacer negocio y prestarse en las condiciones en que, repito, debe ser prestado un buen servicio público y aquí está el problema, a ustedes no se les puede obligar jamás a tener un negocio, es cierto, ya lo han dicho aquí, pero precisamente en el fondo, había que buscar invertir y tener negocios ahí donde esta actividad no tuviera precisamente la naturaleza del servicio público, porque es totalmente incompatible una cosa con la otra; tendría necesariamente que ser subsidiado esto, no hay otro camino, o el camino de aumentar las tarifas a un precio que en nuestro pueblo, que ya se comprobó y ustedes están plenamente conscientes y claros de eso, que quien utiliza el transporte es el asalariado fundamentalmente y es de menores recursos. Un pueblo así, un usuario así, no es capaz de absorber un precio de transporte como el que ustedes tendrían que cobrar para prestar un servicio público de muy buena calidad como es el que merece todo ciudadano y particularmente al de esta capital. Entonces no tendríamos otro camino más que subsidiarlos y que, de una manera u otra, si ustedes prestan el servicio hay que subsidiarlo, si lo presta el Departamento del Distrito Federal, hay que subsidiarlo también y poniéndolos en la balanza, ¿qué no es de mejor sentido común, de justicia social más auténtica, subsidiar a millones de mexicanos que subsidiar a miles? ¿Hay algún argumento que pueda pesar más que este simple razonamiento?

Si se tiene que subsidiar, que se subsidie a los 8 millones de mexicanos que hacen uso del servicio cotidianamente y que son trabajadores y no, perdónenme ustedes, a los miles de concesionarios que son ustedes y son 4 mil y tantos, no hay comparación posible en materia de justicia ni en materia de equidad; si se tiene que subsidiar que se subsidie

precisamente a la inmensa mayoría que en este caso, son los usuarios, pero que además ese subsidio sirva también para que las condiciones de trabajo de sus choferes, que además son choferes y son cobradores y que tienen que trabajar el tiempo extra suficiente para poder resolver mediante sus necesidades de subsistencia, este subsidio podría servir perfectamente no para que trabajaran las horas que trabajan. Yo no sé cómo puede uno andar en un camión de ese tipo, las horas que anda uno ahí y todavía sonreírle al público y ser gentil y ser atento y esperarse y transitar con toda la calma de este mundo.

Si el pulpo son los dueños de los camiones, los dientes los enseñan los choferes necesariamente, porque no puede estar en condiciones tranquilas una persona con ese estado de agotamiento cotidiano y no sería deseable que en lugar de las horas que trabajan, trabajaran 6 y todo esto y más y mejores condiciones de vida serían posibles con un subsidio.

Yo pienso, por esa razón, por ser incompatible la ideología del negocio con la del servicio público, porque no hay otra salida más que el subsidio, porque es preferible subsidiar a millones que a miles y porque el subsidio vendría a mejorar las condiciones de trabajo de su personal, pienso que la única manera de que esto sea así, es como lo plantean las iniciativas del Partido Popular Socialista y de la Coalición de Izquierda y, finalmente, no hemos estado proponiendo nosotros aquí ni la revolución ni el acabóse del mundo, ni la desestabilización. Es una pequeñez.

Se han dado ustedes cuenta cómo aquí, yo no sé qué magnitud tendrán los intereses en juego que se recurre a argumentos extraños, a exageraciones tan grandes, a recursos oratorios tan fuera de lugar y tan fuera de contenido y tan fuera de época ya, a lo que consista un problema como el de ustedes. En la magnitud de los problemas nacionales esta es una pequeñez y yo me imagino qué calificativo vamos a recibir el día que tengamos que poner la mano en serio y en firme a los graves problemas nacionales, como la emigración, como la desocupación, como la inflación, como la carestía y como tantos otros problemas que están lacerándonos por ahí.

Si esta pequeñez ha provocado del compañero Camposeco semejante intervención, yo creo que nos va a excomulgar. No estamos haciendo futurismo, compañero Camposeco, pero si quiere, acepto su invitación; voy a hacer futurismo ahorita y con usted y, como dicen los católicos de mi tierra "Dios quiera que a usted no le toque". Muchas gracias.

El C. Presidente: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el dictamen.

El C. secretario Juan Maldonado Pereda: En votación económica se consulta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el dictamen. Sírvanse manifestarlo. Suficientemente discutido.

- El mismo C. Secretario: En votación económica, se pregunta si se aprueba, sírvanse manifestarlo. Aprobado, señor Presidente.

El C. Presidente: Por mayoría queda aprobado el dictamen, con la modificación que presentó la propia Comisión.

El C. Cuauhtémoc Amezcua: Los diputados del Partido Popular Socialista votaron en contra del dictamen y a favor de su voto particular.

El C. secretario Juan Maldonado Pereda: Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera. Se va a proceder a dar lectura al Orden del Día de la próxima sesión.

ORDEN DEL DÍA

- El mismo C. Secretario:

"Segundo Período Ordinario de Sesiones.

'LI' Legislatura.

Orden del Día

21 de octubre de 1980.

Lectura del acta de la sesión anterior.

El Departamento del Distrito Federal invita al acto que para conmemorar el 166 Aniversario del la Promulgación de la Constitución de Apatzingán, tendrá lugar el próximo 22 de los corrientes.

El C. general Eliseo Jiménez Ruiz, Gobernador del Estado de Oaxaca, invita a la Sesión Solemne en la que rendirá el VI Informe Administrativo, la que tendrá lugar el 30 del presente mes.

Comunicación del Congreso del Estado de Oaxaca.

En cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 93 Constitucional, el C. Secretario de Programación y Presupuesto remite el informe de labores correspondiente al período del 1o. de septiembre de 1979 al 31 de agosto de 1980."

- El C. Presidente (a las 18:50 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo 21 de octubre, a las 10:00 horas.

TAQUIGRAFÍA PARLAMENTARIA Y

"DIARIO DE LOS DEBATES"