Legislatura LI - Año II - Período Ordinario - Fecha 19801209 - Número de Diario 33
(L51A2P1oN033F19801209.xml)Núm. Diario:33ENCABEZADO
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DE CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
"LI" LEGISLATURA
Registrado como artículo de 2a. clase de la Administración Local de Correos, el 21 de septiembre de 1921
TOMO II México, D.F., Martes 9 de Diciembre de 1980 AÑO II Núm.33.
SUMARIO
APERTURA
ORDEN DEL DIA
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
Se aprueba
MINUTAS
CONDECORACIONES
La H. Cámara de Senadores envía dos Minutas proyectos de Decreto que conceden permiso a los CC. Delfino Mario Palmerín Cordero y Juan Homero Hernández Illescas, para aceptar condecoraciones de gobiernos extranjeros. Se turnan a Comisión
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
La misma H. Colegisladora remite veinte Minutas proyectos de Decreto que autorizan a los CC. Nora Patricia Castro Cota, Irma Lourdes Meléndez Ortiz de Sánchez, María Mercedes Bernal Pacheco de Bustamante, Dive Aydé Abitia Malacón, María Adelina Loza Arreola, María Victoria Espinoza Ortega, María Angélica Méndez Salazar, María Guadalupe Navarro Quiroz, María de Lourdes Herrera Torres, Patricia Yamel García Ramos, Blanca Luz Cristina Santuario Pérez, Carmen Leticia Murillo Flores, Jesús Gilberto Ochoa Brizuela, Sandra Ayala Bejarano de Lugo, Abel Rocha Ramírez, María Eugenia Osorio Encinas de Amores, Martha Silva Martínez de Escobedo, Ana María Gorriño Díaz de García, María Amalia Astiazarán Padilla y Mercedes Muñoz Escudero, para prestar servicios como empleados en el Consulado General Americano, en Tijuana, Baja California. Se turnan a Comisión.
INICIATIVA
LEY FEDERAL DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS Y PROCESOS ELECTORALES
El C. Pablo Emilio Madero da lectura a una Iniciativa que reforma los artículos 82, fracciones VII y IX; 154, 162 y 166 de la Ley mencionada. Se turna a Comisión e imprímase.
DICTAMEN DE PRIMERA LECTURA
CÓDIGO DE COMERCIO Y LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES
Proyecto de Decreto que reforma varios artículos de este Código. Se dispensa la lectura. Queda de primera lectura.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
ARICULO 60 CONSTITUCIONAL
Proyecto de Decreto que reforma el artículo expresado. Segunda lectura. A discusión en lo general y en lo particular el artículo Único. Hablan, en contra el C. Carlos Enrique Castillo; en pro el C. Humberto Lira Mora; en contra el C. Gilberto Rincón Gallardo; en pro el C. Guillermo Medina de los Santos; el C. Jesús Ortega declina intervenir; en contra el C. Eugenio Ortiz Walls; en pro el C. Belisario Aguilar Olvera; para una modificación el C. Arturo Salcido Beltrán y en pro el C. Marco Antonio Aguilar Cortés. Se desecha la modificación. Se aprueba en lo general y en lo particular. Pasa al Senado.
PROPOSICIÓN
Con base en el artículo 124 del Reglamento, el C. Edmundo Gurza
Villareal propone una modificación al artículo que acaba de aprobarse. Se desecha
HECHOS SOBRE EL MISMO TEMA
Para referirse a conceptos vertidos en las intervenciones anteriores, usan de la palabra los CC. Jorge Montúfar Araujo, Carlos Sánchez Cárdenas, José I. Valencia González, Juan Maldonado Pereda, Raúl Pineda Pineda y José María Serna Maciel.
LEY FEDERAL DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS Y PROCESOS ELECTORALES
Proyecto de Decreto que reforma el artículo 49 de la Ley en cuestión. Segunda lectura. Para una aclaración interviene el C. Humberto Lira Mora a nombre de la Comisión. Se toma nota.
A discusión en lo general. Para apoyar el dictamen usa de la palabra el C. Sabino Hernández Téllez. A discusión en lo particular. Sin debate se aprueba en lo general y en lo particular. Pasa al Senado.
Proyecto de Decreto que reforma los artículos 38, 39, 96, 176 y 244 de la Ley aludida. Se dispensa la segunda lectura. La C. Martha Cecilia Piñón Reyna propone una modificación al artículo 96, que el C. Hesiquio Aguilar acepta a nombre de la Comisión. El C. Antonio Rocha Cordero interpela al C. Hesiquio Aguilar y para aclaraciones, interviene el C. Juan Landerreche Obregón. La Asamblea aprueba la modificación de la C. Piñon Reyna. Se aprueba en lo general y en lo particular con la modificación. Pasa al Senado.
LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES AUXILIARES
Dictamen relativo a la Iniciativa que reforma varios artículos de esta Ley. Se dispensa la segunda lectura. El C. Amado Tame Shear da lectura a un voto particular relativo al dictamen. Agréguese el voto particular al dictamen en cuestión.
A debate el dictamen. Usan de la Tribuna, en contra el C. Manuel Stephens García; en pro el C. Francisco Javier Gaxiola; en contra el C. Roberto Picón Robledo; en pro el C. Federico Granja Ricalde; en contra el C. Jesús Ortega Martínez; en pro la C. Margarita Gómez Juárez; en contra el C. Arturo Salcido Beltrán; la Presidencia acuerda se retiren algunos términos expresados por el C. Salcido Beltrán, a petición del C. Cuauhtémoc Amezcua.
Continúa el debate. Intervienen, para hechos los CC. Amado Tame Shear y Francisco Javier Gaxiola; en pro el C. Eleazar Santiago Cruz; en contra el C. Pablo Gómez Alvarez; en pro el C. Angel Augusto Buendía Tirado y para hechos los CC. Lázaro Rubio Félix y Pablo Gómez Alvarez. Se aprueba el dictamen en sus términos. Archívese el expediente.
ORDEN DEL DIA
Se da lectura al Orden del Día de la próxima sesión. Se levanta la sesión
DEBATE
PRESIDENCIA DEL C. JOSÉ MURAT
(Asistencia de 305 ciudadanos legisladores.)
APERTURA
- El C. Presidente (a las 11:40 horas): se abre la sesión. ORDEN DEL DIA
El C. secretario David Jiménez González: Segundo Período Ordinario de Sesiones 'LI' Legislatura.
Orden del Día.
9 de diciembre de 1980.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Minutas
Con proyectos de Decreto que conceden permiso a los CC. Delfino Mario Palmerín Cordero y Juan Homero Hernández Illescas, para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren Gobiernos Extranjeros.
Con proyectos de Decreto que conceden permiso a los CC. Nora Patricia Castro Cota, Irma Lourdes Meléndez Ortiz de Sánchez, María Mercedes Vernal Pacheco de Bustamante, Dive Aydé Abitia Malacón, María Adelina Loza Arreola, María Victoria Espinoza Ortega, María Angélica Méndez Salazar, María Guadalupe Navarro Quiroz, María de Lourdes Herrera Torres, Patricia Yamel García Ramos, Blanca Luz Cristina Santuario Pérez, Carmen Leticia Murillo Flores, Jesús Gilberto Ochoa Brizuela, Sandra Ayala Bejarano de Lugo, Abel Rocha Ramírez, María Eugenia Osorio Encinas de Amores, Martha Silva Martínez de Escobedo, Ana María Gorriño Díaz de García, María Amalia Astiazarán Padilla y Mercedes Muñoz Escudero, para prestar servicios en el Consulado General Americano en Tijuana, Baja California.
Dictamen de primera lectura.
De las Comisiones Unidas de Comercio y de Hacienda y Crédito Público con proyecto de Decreto para modificar, adicionar y derogar varios artículos del Código de Comercio y Ley General de Sociedades Mercantiles.
Dictámenes a discusión.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyecto de Decreto que reforma el Artículo 60 de la Constitución General de la República.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyecto de Decreto que reforma el Artículo 49 de la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyecto de Decreto que reforma los Artículos 38, 39, 96, 176, y 244 de la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales.
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público relativo a la Iniciativa que Reforma los Artículos 1ª., párrafo Tercero; 46 Bis 2 Fracción VI; Artículo 46 Bis 3 Párrafo Primero; Artículo 46 Bis 5 Párrafo Primero; Artículo 94 Bis, Fracción II y X de la Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares presentada por el Partido Comunista Mexicano." ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
- El mismo C. Secretario:
"Acta de la Sesión de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Primera Legislatura del H. Congreso de la Unión, efectuada el día ocho de diciembre de mil novecientos ochenta.
Presidencia del C. José Murat
En la ciudad de México, a las once horas y cuarenta minutos del lunes ocho de diciembre de mil novecientos ochenta, la Presidencia declara abierta la sesión una vez que la Secretaría manifiesta una asistencia de trescientos dieciocho ciudadanos diputados.
Lectura del Orden del Día y del Acta de la sesión anterior llevada a cabo el día cuatro de los corrientes, misma que sin discusión se aprueba.
Se da cuenta con los documentos en cartera:
La H. Cámara de Senadores remite Minuta proyecto de Decreto que reforma los Artículos 240 y 242 del Código Fiscal de la Federación. Recibo y a la Comisión de Justicia.
Por el conducto debido y para los efectos correspondientes, el C. Presidente de la República remite Iniciativa de Decreto que reforma y adiciona la Ley que Crea la Tarifa del Impuesto General de Exportación. A proposición de la Presidencia y en atención a que este documento ha sido ya impreso y distribuido entre los ciudadanos diputados, la Asamblea le dispensa la lectura a dicha Iniciativa. Recibo y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público e imprímase.
La Comisión de Hacienda y Crédito Público suscribe un dictamen relativo a la Iniciativa de reformas a los Artículos 1o. párrafo tercero; 46 Bis 2 fracción VI; 46 Bis 3 párrafo primero 46 Bis 5 párrafo primero; 94 Bis fracciones II y X de la Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares. Primera lectura.
Dictamen con proyecto de Decreto emitido por la Comisión de Relaciones Exteriores que reforma y adiciona el Artículo 282 y reforma el Artículo 283 del Código Federal de Procedimientos Penales. Primera Lectura.
A continuación, el C. Edmundo Gurza Villareal a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presenta y da lectura a una Iniciativa de Decreto que reforma los Artículos 71, 75, 102, 123, 124, 153, 157, 161, 167, 172, 212, 247, 248 y 252 y adiciona los Artículos 149 y 254 de la Ley del Seguro Social. Túrnese a la Comisión de Seguridad Social e imprímase.
Por su parte el C. Alvaro Elías Loredo, a nombre del Grupo Parlamentario antes mencionado, presenta y da lectura a una Iniciativa de Decreto tendiente a adicionar el Artículo 107 Bis de la Ley General de Instituciones de Crédito. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público e imprímase.
Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría da lectura al voto particular presentado por la Fracción Parlamentaria del Partido Comunista Coalición de Izquierda, en relación al dictamen de la Cuenta de la Hacienda Pública del Departamento del Distrito
Federal, correspondiente al ejercicio fiscal de 1979. Agréguese el voto particular al dictamen e insértese en el Diario de los Debates.
La Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública signa un dictamen relacionado con la cuenta de la Hacienda Pública del Departamento del Distrito Federal, correspondiente al ejercicio fiscal de 1979.
En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los ciudadanos diputados, la Asamblea en votación económica dispensa la segunda lectura al mismo, a efecto de que se someta a discusión en lo general de inmediato.
Para fundamentar el dictamen hace uso de la palabra el C. José Merino Mañón.
A discusión el dictamen en lo general.
Una vez inscritos los oradores, hacen uso de la Tribuna, en contra la C. Graciela Aceves de Romero; en pro el C. Cuauhtémoc Anda Gutiérrez; en contra el C. Gerardo Unzueta Lorenzana; en pro el C. Joaquín Alvarez Ordóñez,en contra el C. Cuauhtémoc Amezcua; en pro el C. Carlos Hidalgo Cortés; en pro el C. Jorge Flores Vizcarra; en contra el C. Gumercindo Magaña Negrete; en pro el C. Miguel Angel Camposeco; en contra el C. Jesús González Schmal y finalmente por la Comisión dictaminadora el C. José Merino Mañón, quien para mayor claridad propone la siguiente modificación:
Que la contratación de Obras Públicas se asigne conforme a concurso, en los términos de las disposiciones constitucionales y de la Ley de Inspección, Contratos y Obras Públicas.
Previa moción del C. Antonio Obregón Padilla, la Asamblea en votación económica considera suficientemente discutido el dictamen en lo general.
A discusión en lo particular. No habiendo quién haga uso de la palabra, en votación económica, la Asamblea aprueba la modificación propuesta al dictamen por el C. José Merino Mañón. A continuación el C. Pablo Gómez Alvarez usa de la tribuna para manifestar que en las votaciones no se cumple con lo establecido en la fracción IV del Artículo 147 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General.
Previa lectura de la fracción IV del artículo 147 del Reglamento, se procede a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del dictamen, con la modificación propuesta por la Comisión y aceptada por la asamblea, resultando aprobado el dictamen en lo general y en lo particular por doscientos quince votos en favor y cincuenta en contra. Pasa Al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
Agotados los asuntos en cartera se da lectura al Orden del Día de la sesión próxima.
A las diecisiete horas y cincuenta minutos se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el día de mañana, martes 9, a las diez horas."
Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Aprobado, señor Presidente.
MINUTAS
CONDECORACIONES
El C. secretario David Jiménez González: "CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados al Congreso de la Unión.-Presentes.
Para los efectos constitucionales, con el presente tenemos el honor de remitir a ustedes el expediente con la minuta del proyecto de decreto por el cual se concede permiso al ciudadano coronel de infantería diplomado de Estado Mayor Delfino Mario Palmerín Cordero para que pueda aceptar y usar la condecoración Medalla al Mérito Militar del Ejercito de los Estados Unidos de América, que le confiere el gobierno de ese país.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.
México, D. F. a 2 de diciembre de 1980.- Antonio Salazar Salazar y Gustavo Guerra Castaños, senadores secretarios."
"MINUTA
PROYECTO DE DECRETO
Artículo Unico. Se concede permiso al ciudadano coronel de infantería diplomado de Estado Mayor Delfino Mario Palmerín Cordero para aceptar y usar la condecoración Medalla al Mérito Militar del Ejercito de los Estados Unidos de América que le confiere el gobierno de ese país.
Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores.- México, D. F. 2 de diciembre de 1980.- Graciliano Alpuche Pinzón, senador presidente. Antonio Salazar Salazar, senador secretario. Gustavo Guerra Castaños, senador secretario."
-Tramite: Recibo y a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
-El mismo C. Secretario:
"CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados al Congreso de la Unión .- Presentes.
Para los efectos constitucionales, con el presente tenemos el honor de remitir a ustedes el expediente con la minuta del proyecto de decreto por el cual se concede permiso al
ciudadano doctor Juan Homero Hernández Illescas para aceptar y usar la condecoración de la Orden de las Palmas Académicas que, el grado de Caballero, le confiere el gobierno de la República Francesa.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida
. México, D. F., 4 de diciembre de 1980.- Antonio Salazar Salazar y Mario Carballo Pazos, senadores secretarios."
"MINUTA
PROYECTO DE DECRETO
Artículo Unico.- Se concede permiso al ciudadano doctor Juan Homero Hernández Illescas para aceptar y usar la condecoración de la Orden de las Palmas Académicas que, en grado de Caballero, le confiere el gobierno de la República Francesa.
Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores.- México, D. F., a 4 de diciembre de 1980.- Graciliano Alpuche Pinzón, senador presidente; Antonio Salazar Salazar, senador secretario; Mario Carballo Pazos, senador secretario"
- Trámite: Recibo y a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
-El mismo C. Secretario:
"CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados al Congreso de la Unión.- Presentes.
Para los efectos constitucionales, con el presente tenemos el honor de remitir a ustedes el expediente con la minuta proyecto de decreto por el cual se concede permiso a la ciudadana Nora Patricia Castro Cota, para que pueda prestar servicios como oficinista en el Consulado General Americano en Tijuana, Baja California.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.
México, D.F., 6 de noviembre de 1980.
- Reyes Rodolfo Flores Zaragoza y Antonio Salazar Salazar, senadores secretarios"
MINUTA
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana Nora Patricia Castro Cota para prestar servicios como Oficinista en el Consulado General Americano en Tijuana, Baja California.
Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores.- México, D.F., a 6 de noviembre de 1980.- Jaime Morelos Canseco González, senador presidente. Reyes Rodolfo Flores Zaragoza, senador secretario. Antonio Salazar Salazar, senador secretario.
- Trámite: Recibo y a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
- El mismo C. Secretario:
"CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados al Congreso de la Unión.- Presentes.
Para los efectos constitucionales, con el presente tenemos el honor de remitir a ustedes el expediente con la minuta proyecto de decreto por el cual se concede permiso a la ciudadana Irma Lourdes Meléndez Ortiz de Sánchez, para que pueda prestar servicios como Empleada Consular en el Consulado General Americano en Tijuana, Baja California.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.
México, D.F., 6 de noviembre de 1980.-
Reyes Rodolfo Flores Zaragoza, senador secretario.- Antonio Salazar Salazar, senador secretario."
"MINUTA
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana Irma Lourdes Meléndez Ortiz de Sánchez para prestar servicios como Empleada Consular en el Consulado General Americano en Tijuana, Baja California.
Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores.- México, D.F., a 6 de noviembre de 1980.- Morelos Jaime Canseco González, senador presidente.- Reyes Rodolfo Flores Zaragoza, senador secretario.- Antonio Salazar Salazar, senador secretario.
- Trámite: Recibo y a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
- El mismo C. Secretario:
"CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados al Congreso de la Unión.- Presentes.
Para los efectos constitucionales, con el presente tenemos el honor de remitir a ustedes el expediente con la minuta proyecto de decreto por el cual se concede permiso a la ciudadana María Mercedes Bernal Pacheco de Bustamante para que pueda prestar servicios como Secretaria en el Consulado General Americano en Tijuana, Baja California.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.
México, D. F., a 6 de noviembre de 1980. - Reyes Rodolfo Flores Zaragoza, S.S. - Antonio Salazar Salazar, S.S."
"MINUTA
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana María Mercedes Bernal Pacheco de Bustamante para prestar servicios como secretaria en el Consulado General Americano en Tijuana, Baja California.
Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores.- México, D.F., a 6 de noviembre de 1980.- Morelos Jaime Canseco González, senador presidente.- Reyes Rodolfo Flores Zaragoza, S.S.-Antonio Salazar Salazar, S.S."
- Trámite: Recibo y a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. - El mismo C. Secretario:
"CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados al Congreso de la Unión.- Presentes.
Para los efectos constitucionales, con el presente tenemos el honor de remitir a ustedes el expediente con la minuta proyecto de decreto por el cual se concede permiso a la ciudadana Dive Aydé Abitia Malacón, para que pueda prestar servicios como Empleada Consular en el Consulado General Americano en Tijuana, Baja California.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.
México, D.F., 6 de noviembre de 1980.- Reyes Rodolfo Flores Zaragoza, S. S.- Antonio Salazar Salazar, S.S."
"MINUTA
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único: Se concede permiso a la ciudadana Dive Aydé Abitia Malacón para prestar servicios como empleada consular en el Consulado General Americano en Tijuana, Baja California.
Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores.- México D.F., a 6 de noviembre de 1980.- Morelos Jaime Canseco González, S.P.- Reyes Rodolfo Flores Zaragoza, S.S.- Antonio Salazar Salazar, S.S."
- Trámite: Recibo y a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
- El mismo C. Secretario: "CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados al Congreso de la Unión.- Presentes.
Para los efectos constitucionales, con el presente tenemos el honor de remitir a ustedes el expediente con la minuta proyecto de decreto por el cual se concede permiso a la ciudadana María Adelina Loza Arreola para que pueda prestar servicios como Oficinista en el Consulado General Americano en Tijuana, Baja California.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.
México, D.F., 6 de noviembre de 1980.- Reyes Rodolfo Flores Zaragoza, S.S. Antonio Salazar Salazar, S.S."
"MINUTA
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana María Adelina Loza Arreola para prestar servicios como Oficinista en el Consulado General Americano en Tijuana, Baja California.
Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores.- México, D.F., a 6 de noviembre de 1980.- Morelos Jaime Canseco González, S.P. Reyes Rodolfo Flores Zaragoza, S.S. Antonio Salazar Salazar, S.S."
- Trámite: Recibo y a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
- El mismo C. Secretario: "CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados al Congreso de la Unión.- Presentes.
Para los efectos constitucionales, con el presente tenemos el honor de remitir a ustedes el expediente con la minuta de proyecto de decreto por el cual se concede permiso a la ciudadana María Victoria Espinoza Ortega para que pueda prestar servicios como Oficinista en el Consulado General Americano en Tijuana, Baja California.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.
México, D.F., 4 de noviembre de 1980.- Mario Carballo Pazos, S.S. Antonio Salazar Salazar, S.S."
"MINUTA
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana María Victoria Espinoza Ortega para prestar servicios como Oficinista en el Consulado General Americano en Tijuana, Baja California.
Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores.- México, D.F., a 4 de noviembre de 1980.- Morelos Jaime Canseco González,
S.P. Mario Carballo Pazos, S.S. Antonio Salazar Salazar, S.S."
- Trámite: Recibo y a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
- El mismo C. Secretario:
"CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados al Congreso de la Unión.- Presentes.
Para los efectos constituciones, con el presente tenemos el honor de remitir a ustedes el expediente con la minuta proyecto de decreto por el cual se concede permiso a la ciudadana María Angélica Méndez Salazar para que pueda prestar servicios como Oficinista en el Consulado General Americano en Tijuana, Baja California.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.
. México, D.F., a 4 de noviembre de 1980.- Mario Carballo Pazos, S.S. Antonio Salazar Salazar, S.S."
"MINUTA
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana María Angélica Méndez Salazar para prestar servicios como Oficinista en el Consulado General Americano en Tijuana, Baja California.
Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores.
México, D.F., a 4 de noviembre de 1980.- Morelos Jaime Canseco González, S.P. Mario Carballo Pazos, S.S. Antonio Salazar Salazar, S.S."
- Trámite: Recibo y a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
- El mismo C. Secretario:
"CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados al Congreso de la Unión.- Presentes.
Para los efectos constitucionales, con el presente tenemos el honor de remitir a ustedes el expediente con la minuta proyecta de decreto por el cual se concede permiso a la ciudadana María Guadalupe Navarro Quiroz para que pueda prestar servicios como Oficinista en el Consulado General Americano en Tijuana, Baja California.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.
México, D.F., 4 de noviembre de 1980.- Mario Carballo Pazos, S.S. Antonio Salazar Salazar, S.S."
"MINUTA
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana María Guadalupe Navarro Quiroz para prestar servicios como Oficinista en el Consulado General Americano en Tijuana, Baja California.
Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores.
México, D.F., a 4 de noviembre de 1980.- Morelos Jaime Canseco González, S.P. Mario Carballo Pazos, S.S. Antonio Salazar Salazar, S.S."
- Trámite: Recibo y a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
- El mismo C. Secretario:
"CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados al Congreso de la Unión.- Presentes.
Para los efectos constitucionales, con el presente tenemos el honor de remitir a ustedes el expediente con la minuta proyecto de decreto por el cual se concede permiso a la ciudadana María de Lourdes Herrera Torres, para prestar servicios como Oficinista en el Consulado General Americano en Tijuana, Baja California.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.
México, D.F., 4 de noviembre de 1980.- Mario Carballo Pazos, S.S. Antonio Salazar Salazar, S.S."
"MINUTA
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana María de Lourdes Herrera Torres para prestar servicios como Oficinista en el Consulado General Americano en Tijuana, Baja California.
Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores.
México, D.F., a 4 de noviembre de 1980.- Morelos Jaime Canseco Gonzáles, S.P. Mario Carballo Pazos, S.S. Antonio Salazar Salazar, S.S."
- Trámite: Recibo y a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
- El mismo C. Secretario:
"CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados al Congreso de la Unión.- Presentes.
Para los efectos constitucionales, con el presente tenemos el honor de remitir a ustedes el
expediente con la minuta proyecto de decreto por el cual se concede permiso a la ciudadana Patricia Yamel García Ramos para que pueda prestar servicios como Operadora de Télex en el Consulado General Americano en Tijuana, Baja California.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.
México, D. F., 4 de noviembre de 1980.- Mario Carballo Pazos, S.S. Antonio Salazar Salazar, S.S."
"MINUTA
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana Patricia Yamel García Ramos para prestar servicio como Operadora de Télex en el Consulado General Americano en Tijuana, Baja California.
Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores. México, D.F., a 4 de noviembre de 1980.- Morelos Jaime Canseco González, S.P. Mario Carballo Pazos, S.S. Antonio Salazar Salazar, S.S."
- Trámite: Recibo y a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
- El mismo C. Secretario: "CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados al Congreso de la Unión.- Presentes.
Para los efectos constitucionales, con el presente tenemos el honor de remitir a ustedes el expediente con la minuta proyecta de decreto por el cual se concede permiso a la ciudadana Blanca Luz Cristina Santuario Pérez, para que pueda prestar servicios como Oficinista en el Consulado General Americano en Tijuana, Baja California.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.
México, D.F., 4 de noviembre de 1980.- Mario Carballo Pazos, S.S. Antonio Salazar Salazar, S.S."
"MINUTA
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana Blanca Luz Cristina Santuario Pérez para prestar servicios como Oficinista en el Consulado General Americano en Tijuana, Baja California.
Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores.
México, D.F., a 4 de noviembre de 1980.- Morelos Jaime Canseco González, S.P. Mario Carballo Pazos, S.S. Antonio Salazar Salazar, S.S."
- Trámite: Recibo y a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
- El mismo C. Secretario:
"CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados al Congreso de la Unión.- Presentes.
Para los efectos constitucionales, con el presente tenermos el honor de remitir a ustedes el expediente con la minuta proyecto de decreto por el cual se concede permiso a la ciudadana Carmen Leticia Murillo Flores para que pueda prestar servicios como Oficinista en el Consulado General Americano en Tijuana, Baja California.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.
México, D.F., 4 de noviembre de 1980.- Mario Carballo Pazos, S.S. Antonio Salazar Salazar, S.S."
"MINUTA
PROYECTO DE DECRETO Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana Carmen Leticia Murillo Flores para prestar servicios como Oficinista en el Consulado General Americano en Tijuana, Baja California.
Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores.
México, D.F., a 4 de noviembre de 1980.- Morelos Jaime Canseco González, S.P. Mario Carballo Pazos, S.S. Antonio Salazar Salazar, S.S."
- Trámite: Recibo y a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
- El mismo C. Secretario:
CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados al Congreso de la Unión.- Presentes.
Para los efectos constitucionales, con el presente tenemos el honor de remitir a ustedes el expediente con la minuta proyecto de decreto por el cual se concede permiso al ciudadano Jesús Gilberto Ochoa Brizuela para prestar servicios como Especialista Consular en el Consulado General Americano en Tijuana, Baja California.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.
México, D.F., 11 de noviembre de 1980.- Reyes Rodolfo Flores Zaragoza, S.S. Mario Carballo Pazos, S.S."
"MINUTA
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Jesús Gilberto Ochoa Brizuela para prestar servicios como Especialista Consular en el Consulado General Americano en Tijuana, Baja California.
Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores.
México, D.F., a 11 de noviembre de 1980.- Morelos Jaime Canseco González, S.P. Reyes Rodolfo Flores Zaragoza, S.S. Mario Carballo Pasos, S.S."
- Trámite: Recibo y a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
- El mismo C. Secretario:
"CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados al Congreso de la Unión.- Presentes.
Para los efectos constitucionales, con el presente tenemos el honor de remitir a ustedes el expediente con la minuta proyecta de decreto por el cual se concede permiso a la ciudadana Sandra Ayala Bejarano de Lugo para que pueda prestar servicios como Oficinista en el Consulado General Americano en Tijuana, Baja California.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.
México, D.F., 11 de noviembre de 1980.- Reyes Rodolfo Flores Zaragoza, S.S. Antonio Salazar Salazar, S.S."
"MINUTA
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana Sandra Ayala Bejarano de Lugo para prestar servicios como Oficinista en el Consulado General Americano en Tijuana, Baja California.
Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores.
México, D.F., a 11 de Noviembre de 1980.- Morelos Jaime Canseco González, S.P. Reyes Rodolfo Flores Zaragoza, S.S. Antonio Salazar Salazar, S.S." - Trámite: Recibo y a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
- El mismo C. Secretario:
"CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados al Congreso de la Unión.- Presentes.
Para los efectos constitucionales, con el presente tenemos el honor de remitir a ustedes el expediente con la minuta proyecto de decreto por el cual se concede permiso al ciudadano Abel Rocha Ramírez para que pueda prestar servicios como Dactiloscopista en el Consulado General Americano en Tijuana, Baja California.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.
México, D.F., 11 de noviembre de 1980.- Reyes Rodolfo Flores Zaragoza, S.S. Mario Carballo Pazos, S.S."
"MINUTA
PROYECTO DE DECRETO Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Abel Rocha Ramírez para prestar servicios como Dactiloscopista en el Consulado General Americano en Tijuana, Baja California.
Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores.
México, D.F., a 11 de noviembre de 1980.- Morelos Jaime Canseco González, S.P. Reyes Rodolfo Flores Zaragoza, S.S. Mario Carballo Pazos, S.S."
- Trámite: Recibo y a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
- El mismo C. Secretario:
"CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados al Congreso de la Unión.- Presentes.
Para los efectos constitucionales, con el presente tenemos el honor de remitir a ustedes el expediente con la minuta proyecto de decreto por el cual se concede permiso a la ciudadana Maria Eugenia Osorio Encinas de Amores, para prestar servicios como Oficinista en el Consulado General Americano en Tijuana, Baja California.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.
México, D.F., 11 de noviembre de 1980.- Reyes Rodolfo Flores Zaragoza, S.S. Mario Carballo Pazos, S.S."
"MINUTA PROYECTO DE DECRETO Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana María Eugenia Osorio Encinas de Amores para prestar servicios como Oficinista en el Consulado General Americano en Tijuana Baja California.
Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores.
México, D.F., a 11 de noviembre de 1980.- Morelos Jaime Canseco González,
S.P. Reyes Rodolfo Flores Zaragoza, S.S. Mario Carballo Pazos,S.S."
- Trámite: Recibo y a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
- El mismo C. Secretario:
"CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados al Congreso de la Unión.- Presentes.
Para los efectos constitucionales, con el presente tenemos el honor de remitir a ustedes el expediente con la minuta de proyecto de decreto por el cual se concede permiso a la ciudadana Martha Silva Martínez de Escobedo, para que pueda prestar servicios como Asistente Consular en el Consulado General Americano en Tijuana, Baja California.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.
México, D.F., 11 de noviembre de 1980.- Reyes Rodolfo Flores Zaragoza, S.S. Mario Carballo Pazos, S.S."
"MINUTA
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana Martha Silva Martínez de Escobedo para prestar servicios como Asistente Consular General Americano en Tijuana, Baja California.
Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores.
México, D.F., a 11 de noviembre de 1980.- Morelos Jaime Canseco González, S.P. Reyes Rodolfo Flores Zaragoza, S.S. Mario Carballo Pazos, S.S."
- Trámite: Recibo y a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
- El mismo C. Secretario:
"CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados al Congreso de la Unión.- Presentes.
Para los efectos constitucionales, con el presente tenemos el honor de remitir a ustedes el expediente con la minuta proyecto de decreto por el cual se concede permiso a la ciudadana Ana María Gorriño Díaz de García, para que pueda prestar servicios como Oficinista en el Consulado General Americano en Tijuana, Baja California.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.
México, D.F., 11 de noviembre de 1980.- Reyes Rodolfo Flores Zaragoza, S.S. Mario Carballo Pazos, S.S."
"MINUTA PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana Ana María Gorriño Díaz de García para prestar servicios como Oficinista en el Consulado Americano en Tijuana, Baja California.
Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores.
México, D. F., a 11 de noviembre de 1980.- Morelos Jaime Canseco González, S.P. Reyes Rodolfo Flores Zaragoza, S.S. Mario Carballo Pazos, S.S."
- Trámite: Recibo y a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
- El mismo C. Secretario:
"CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados al Congreso de la Unión.- Presentes.
Para los efectos constitucionales, con el presente tenemos el honor de remitir a ustedes el expediente con la minuta proyecto de decreto por el cual se concede permiso a la ciudadana María Amalia Astiazarán Padilla, para que pueda prestar servicios como Oficinista en el Consulado General Americano en Tijuana, Baja California.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.
México, D.F., 11 de noviembre de 1980.- Reyes Rodolfo Flores Zaragoza, S.S. Mario Carballo Pazos, S.S."
"MINUTA
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana Maria Amalia Astiazarán Padilla para prestar servicios como Oficinista en el Consulado General Americano en Tijuana, Baja California.
Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores.
México, D.F., a 11 de noviembre de 1980.- Morelos Jaime Canseco González, S.P. Reyes Rodolfo Flores Zaragoza, S.S. Mario Carballo Pazos, S.S."
- Trámite: Recibo y a la Comisión de gobernación y Puntos Constitucionales.
- El mismo C. Secretario:
"CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados al Congreso de la Unión.- Presentes.
Para los efectos constitucionales, con el presente tenemos el honor de remitir a ustedes el
expediente con la minuta proyecto de decreto por el cual se concede permiso a la ciudadana Mercedes Muñoz Escudero, para que pueda prestar servicios como Oficinista en el Consulado General Americano en Tijuana, Baja California. Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.
México, D.F., 6 de noviembre de 1980.- Reyes Rodolfo Flores Zaragoza, S.S. Mario Carballo Pazos. S.S."
"MINUTA
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana Mercedes Muñoz Escudero para prestar servicios como Oficinista en el Consulado General Americano en Tijuana, Baja California.
Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores.
México D.F., a 6 de noviembre de 1980.- Morelos Jaime Canseco González, S.P. Reyes Rodolfo Flores Zaragoza, S.S. Mario Carballo Pazos, S.S."
-Trámite: Recibo y a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. INICIATIVA
LEY FEDERAL DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS Y PROCESOS ELECTORALES
El C. Presidente: Tiene la palabra el ciudadano diputado Pablo Emilio Madero.
El C. Pablo Emilio Madero: Señor Presidente;
Señoras y señores diputados:
Dentro del conjunto de iniciativas que la diputación de mi Partido Ación Nacional ha presentado a la consideración de ustedes en relación a la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, queremos agregar una más tratando de perfeccionar la ley en relación a la in definición que esta Ley Federal tiene en cuanto a las distintas formas, las reglas del juego digamos, como se puede o debe realizar una elección.
Con este objeto, presentamos a su consideración la siguiente Iniciativa:
"H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.- Presentes.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue modificada según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de diciembre de 1977, y entre otros Artículos, se incluyó el 53, en el cual se establece que habrán de constituirse hasta cinco circunscripciones electorales plurinominales en el país.
Desde un principio inquietó la falta de precisión en el número de circunscripciones, toda vez que al utilizar la expresión "hasta cinco", dejó abierta la puerta para que éstas pudiesen ser desde una sola hasta cinco, lo cual se presta a cierta manipulación del proceso electoral, dado que el cambio en el número de éstas pudiese ser utilizado a conveniencia del sistema. Consideramos que es más sano el establecimiento en definitiva de un número determinado de circunscripciones plurinominales, toda vez que, el no hacerlo, establece la posibilidad de que algunos funcionarios a cuyo cargo está la preparación de los procesos electorales, pudiesen caer en la tentación de modificar el número de circunscripciones de acuerdo a la conveniencia del partido de su preferencia, de acuerdo a los resultados electorales, obtenidos en los comicios anteriores. Esta manipulación no se justifica de modo alguno en un sistema democrático, si bien sí se explica que esto suceda cuando, por razones de facción, se confunden las atribuciones del funcionario con los compromisos que siente tener por su militancia en un determinado partido político.
La falta de precisión a que hemos hecho referencia, fue amplificada a su vez por el contenido de los Artículos 82 Fracciones VII y IX, 154, 162 y 163 de la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, al incorporar cada uno de ellos un número adicional de variantes que puede llegar a tener una elección federal en relación a la siguiente. Esta imprecisión abulta las posibilidades de "adecuación" de los procesos electorales a la conveniencia de un determinado partido político.
Efectivamente, en la Fracción VII del Artículo 82 de la Ley de referencia, se establece la facultad que tiene la Comisión Federal Electoral para "establecer las circunscripciones electorales plurinominales para cada elección"; y en la fracción IX, aumenta la imprecisión al establecer para la propia Comisión Federal Electoral la facultad de aprobar el ámbito territorial de cada una de ellas.
Para explicarnos por el método de la reducción al absurdo la multiplicación de las variantes a que hemos hecho referencia, podemos considerar que el ámbito territorial de las circunscripciones puede ser desde 2: 2: 2: 2: 24, si la Comisión Federal Electoral aprueba realizar la elección dividiendo al país en cinco circunscripciones, de las cuales cuatro de ellas determinan que deben constar de solamente dos entidades federativas y corresponder 24 entidades a la quinta restante, hasta distribuir las entidades federativas en partes iguales, con 6: 6: 6: 7: 7 cada una de ellas.
Además de lo anterior, sería teóricamente posible cambiar por otras las entidades federativas que hubiesen sido escogidas en un momento dado para representar de dos en dos el ámbito territorial de una circunscripción plurinominal. En un caso, bien pueda la Comisión Federal tomar el acuerdo de integrar cuatro de las cinco circunscripciones con ocho Estados del Norte de la República, y en la siguiente decidir que las cuatro se integren con ocho Estados del sur y sureste, y cambiar de criterio para la siguiente elección, utilizando para el caso ocho Estados del centro del país.
El número de posibilidades teóricamente posibles se eleva a cifras astronómicas, si además de las combinaciones que van desde 2: 2: 2: 2: 24 hasta 6: 6: 6: 7: 7: cuando son cinco las circunscripciones se toma en consideración el hecho de que pueden no ser cinco, sino cuatro, o tres, como lo fue en 1979, o dos, o una sola, a juicio de la Comisión Federal Electoral, y cada una de estas, a su vez, ser integradas con las distintas combinaciones posibles de las 32 entidades federativas.
Para culminar el proceso de ambigüedad creciente, en el Artículo 157 se agregan dos variables más, que multiplican por dos las cifras de variantes acumuladas, al establecer que habrá 2 fórmulas electorales: la de la representatividad mínima y la de primera proporcionalidad. Para que no quedara duda de la inestabilidad del sistema, en el Artículo 162 se establece que: "El número de circunscripciones y la fórmula electoral aplicable podrán ser diferentes para cada elección".
. La cantidad de variantes, calculada matemáticamente, tomando en consideración todas las variables teóricamente posibles, nos lleva a una cifra de varias decenas de miles de formas distintas de realizar una elección federal, lo cual demuestra la imprecisión del sistema.
Por lo anterior, y con fundamento en lo establecido en el Artículo 71 Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Diputación del Partido Acción Nacional presenta a su consideración, para su correspondiente aprobación, las adiciones y modificaciones que a continuación se indican, en relación a los Artículos 82, Fracciones VII y IX, 154, 162 y 166 de la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales:
Artículo 82. Fracción VII. se reforma el texto de esta fracción, para quedar en su parte final como sigue:
"Y para establecer el ámbito territorial de cada unas de las cinco circunscripciones plurinominales en que se dividirá el territorio nacional.
Fracción IX. Se reforma, a quedar como sigue
: "Aprobar en definitiva la división del territorio de la República en 300 distritos electorales uninominales y publicar su resultado en el diario Oficial de la Federación.
Artículo 154. Se reforma a quedar como sigue:
"La Comisión Federal Electoral, durante el mes de enero inmediato a la aprobación de esta Ley, se reunirá con el fin de establecer el número, el ámbito y la magnitud de las circunscripciones plurinominales, y para elegir dentro de las fórmulas señaladas en el Artículo 157 de esta Ley, aquella que habrá de utilizarse en el futuro. Una vez tomados los acuerdos en cuestión, servirán sin cambio alguno para las elecciones a celebrarse en el curso de los 10 años siguientes"
. Artículo 162. Derogado el primer párrafo, conservando íntegro el segundo.
Artículo 163. Derogado.
Artículo 166. a)
..... b)
..... c) Que las listas regionales satisfacen los requisitos que para las mismas se hayan establecido en los términos del artículo 154 de esta Ley; y
d) Que se presentan listas regionales completas para cada una de las circunscripciones plurinominales, en la inteligencia que, una vez efectuado el registro de las mismas, la renuncia o la inhabilitación de uno o varios candidatos no afectará el registro de los demás candidatos. Si la renuncia o inhabilitación correspondiese a un candidato a diputado propietario, quedará también excluido el candidato a diputado suplente, en tal forma que la fórmula completa quedará vacante, procediéndose a correr el número progresivo en que hubiesen sido registrados, a efecto de que el final de las lista de candidatos a diputados federales que cada partido político hubiese registrado en cada una de las circunscripciones plurinominales, aparezcan las vacantes que en igual número correspondan a los candidatos a diputados federales que hubiesen renunciado a resultado inhabilitados. Si la renuncia o inhabilitación correspondiese a uno o más candidatos a diputados suplentes, el partido político que hubiese tramitado el registro, tendrá derecho a designar a los candidatos sustitutos.
La Comisión Federal Electoral comunicará oportunamente a las comisiones designadas cabeceras de circunscripciones plurinominales, las fórmulas de candidatos a diputados por mayoría relativa que haya registrado.
TRANSITORIO
Unico: Las presentes adiciones y reformas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
México, D.F., Salón de Sesiones de la H. Cámara de Diputados, a 9 de diciembre de 1980.
LI Legislatura.-Diputación al Partido Acción Nacional: Aceves de Romero Graciela.-Aguilar Jáquez Esteban.-Alonso y Prieto Rafael.-Amaya Rivera Carlos.- Aponte Robles Francisco Xavier.-Avila Sotomayor Armando.-Bravo Cid de León David.-Canales Clarión Fernando.-Castañeda Guzmán Luis.-Castillo Peraza Carlos.-Castro Lozano Juan de Dios.-Elías Loredo Alvaro.-Escudero Alvarez Hiram.-García Villa Juan Antonio.-González Schmall Jesús.-Gurza Villarreal Edmundo.-Jiménez de Avila Ma. del Carmen.-Jiménez Velazco José Isaac.- Landerreche Obregón Juan.-Ling Altamirano Federico.-López Sanabria Juan Manuel.-Madero Belden Pablo Emilio.-Martínez Martínez Miguel.-Minondo Garfias José G.-Merales Muñoz Salvador.-Morales Valdez Rafael.-Morgan Alvarez Rafael.-Núñez Galaviz Adalberto.-Obregón Padilla Antonio.-Ortiz Walls Eugenio.-Piñón Reyna Cecilia Martha.-Parra Banderas Delfino.-Petersen Biester Alberto.-Pineda Flores Carlos.-Rivera del Campo Manuel.-Sánchez Lozada Augusto.-Stephano Sierra Carlos.-Ugalde Alvarez Francisco.-Velasco Zimbrón Raúl.-Vicencio Tovar Abel.-Zamora Camacho Esteban.-Alarcón Zaragoza David.
DICTAMEN DE PRIMERA LECTURA
CÓDIGO DE COMERCIO Y LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES
"Comisiones Unidas de Comercio y Hacienda y Crédito Público.
Honorable Asamblea:
A las Comisiones Unidas de Comercio y de Hacienda y Crédito Público fue turnada, para su estudio y dictamen, la Iniciativa de Ley presentada por el C. diputado Rafael Alonso y Prieto y suscrita, además, por varios ciudadanos diputados, miembros todos de la Fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional, para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones del Código de Comercio y otras de la Ley general de Sociedades Mercantiles. Del estudio realizado por las referidas Comisiones, se derivan las siguientes;
CONSIDERACIONES
La Legislación Mercantil Mexicana, presenta características de arcaísmo y de obsolescencia, advertibles, de manera especial, en el actual Código de Comercio, promulgado en 1887 y en la Ley General de Sociedades Mercantiles, expedidas en 1934.
Estas características han motivado que diversos organismos especializados y ahora la Comisión de Comercio de esta Cámara de Diputados, acometan la tarea de revisar integralmente la Legislación Mercantil, la cual por su complejidad, requiere de un estudio cuidadoso; sin embargo, las Comisiones han estimado que, independientemente de la realización de estos importantes trabajos, las propuestas para modificar preceptos legales existentes, para adecuarlos a las condiciones actuales que privan en las relaciones comerciales, son saludables, por cuanto no sólo permiten que la norma legal sea puntualmente cumplida, sino también, en alguna medida, contribuyen al logro de los objetivos finales de actualizar la Legislación Mercantil en su conjunto.
Esta iniciativa, tiende concretamente a mejorar preceptos formalmente vigentes, que en la práctica cotidiana han sido sistemáticamente ignorados y no cumplidos, o bien, a preceptos que únicamente se observan de manera nominal o que por su anacronismo pueden representar un obstáculo al desarrollo de las operaciones mercantiles dentro del contexto de la economía moderna.
En especial, la Iniciativa se refiere a aspectos de contabilidad, correspondencia, anuncio de la calidad mercantil, por lo que toca al Código de Comercio; y los relativos a la información y vigilancia en las Sociedades Anónimas dentro de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
Por lo que se refiere a la propuesta de Reformas al Código de Comercio, las Comisiones, salvo algunas modificaciones de estilo, las consideran procedentes. Debiéndose aclarar, sin embargo, que las Comisiones consideraron conveniente dejar subsistente la sanción pecuniaria, actualizando su monto, cuando los libros no se lleven en castellano, así como la subsistencia de las obligaciones contempladas por la Legislación actual, a cargo de los herederos y de los comerciantes de conservar sus documentos por 10 años; considerándose así mismo, conveniente suprimir el Proyecto de Ley los conceptos de "Asociaciones" y "Asociados" para evitar confusiones con entidades de Derecho Civil o del propio Derecho Mercantil que no son aplicables al caso.
Por lo demás, las Comisiones reproducen los argumentos de la Iniciativa como fundamento para modificar y/o adicionar los artículos 16, 17, 21, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, y 50 y para derogar la Fracción III del Artículo 17: La Fracción XV del Artículo 21 y los Artículos 39 y 40, todos del Código de Comercio en vigor.
En lo que toca a la Ley General de Sociedades Mercantiles las modificaciones propuestas en la Iniciativa concretamente aluden a esclarecer el concepto de utilidades en lo tocante a su distribución; al concepto de capitalización de la reserva; a los derechos de acreedores
respecto de los bienes y derechos de sus deudores; a la liberación de acciones por medio diversos al pago en efectivo; a los derechos de accionistas minoritarios en la designación de consejeros y comisarios; a las obligaciones y prohibiciones para los comisarios, y a las obligaciones de los administradores para suministrar la información financiera a los socios.
En términos generales, los artículos que tratan estas materias, introducen pequeñas modificaciones a las previsiones actuales, que indudablemente las hacen más acordes con la práctica mercantil de nuestros días. Las Comisiones consideraron, por ello, conveniente la adopción en general de las proposiciones de la Iniciativa en cuanto estas responden a situaciones de hecho, no regulados por la Legislación actual y porque además tienden a garantizar mejor los intereses y de accionistas minoritarios. De todas maneras se estimó inconducente aprobar la adición propuesta al Artículo 18 por razones de claridad; y apropiado proteger la posición de los acreedores en relación con las prohibiciones contempladas en el Artículo 23; salvaguardar los intereses de acreedores y adquirentes de acciones, cuando el capital se haya aumentado por reservas de valuación o revaluación al demandar el avalúo previo de bienes por valuadores profesionales independientes registrados ante la Comisión Nacional de Valores; conciliar el anacronismo que ofrece la Legislación actual respecto al derecho de accionistas minoritarios para designar consejeros y comisarios en sociedades de gran número de tenedores de acciones con el requerimiento mínimo de un 25% del capital, reduciendo este máximo a sólo un 10% en el caso de sociedades cuyas acciones se operen en Bolsa de Valores, pero dejándolo subsistente como caso general, y suprimiendo la obligación de la sociedad de pagar los honorarios y gastos de la contratación que hagan los comisarios de los servicios técnicos o profesionistas independientes de la sociedad, sin haber contado con la anuencia previa y expresa de los administradores o de la asamblea, a fin de evitar dispendios a las sociedades
. Por todo lo expuesto, las Comisiones Unidas de Comercio de Hacienda y Crédito Público proponen la aprobación de la Iniciativa de Ley que Adiciona, Reforma y Deroga diversas Disposiciones del Código de Comercio y de la Ley de Sociedades Mercantiles con las modificaciones que, en el texto siguiente, se permiten proponer a la consideración de esta H. Asamblea:
Decreto que modifica, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones del Código de Comercio y de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
Artículo Primero. Se modifican, adicionan y derogan, en su caso, los artículos 16, 17, 21, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49 y 50 del Código de Comercio, para quedar como sigue: Artículo 16. Todos los comerciantes, por el hecho de serlo, están obligados.
I....
. II....
. III. A mantener un sistema de Contabilidad conforme al Artículo 33.
IV.....
Artículo 17. Los comerciantes tienen el deber
: I. De participar la apertura del establecimiento o despacho de su propiedad, por los medios de comunicación que sean idóneos, en las plazas en que tengan domicilio, sucursales, relaciones o corresponsables mercantiles; esta información dará a conocer el nombre del establecimiento o despacho.
II. De dar parte, en igual forma, de las modificaciones que sufra cualquiera de las circunstancias antes referidas.
III. Derogada.
Artículo 21. En la hoja de inscripción de cada comerciante o sociedad se anotarán.
..... XV. Derogada
..... Artículo 33. El comerciante está obligado a llevar y mantener un sistema de contabilidad adecuado. Este sistema podrá llevarse mediante los instrumentos, recursos y sistemas de registro y procesamiento que mejor se acomoden a las características particulares del negocio, pero en todo caso deberá satisfacer los siguientes requisitos mínimos:
A) Permitirá identificar las operaciones individuales y sus características, así como conectar dichas operaciones individuales con los documentos comprobatorios originales de las mismas.
B) Permitirá seguir la huella desde las operaciones individuales a las acumulaciones que den como resultado las cifras finales de las cuentas y viceversa;
C) Permitirá la preparación de los estados que se incluyen en la información financiera del negocio;
D) Permitirá conectar y seguir la huella entre las cifras de dichos estados, las acumulaciones de las cuentas y las operaciones individuales;
E) Incluirá los sistemas de control y verificación internos necesarios para impedir la omisión del registro de operaciones, para asegurar la corrección del registro contable y para asegurar la corrección de las cifras resultantes.
Artículo 34. Cualquiera que sea el sistema de registro que se emplee, se deberán llevar debidamente encuadernados, empastados y foliados el libro mayor y, en el caso de las
personas morales, el libro o los libros de actas. La encuadernación de estos libros podrá hacerse a posteriori, dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio; sin perjuicio de los requisitos especiales que establezcan las leyes y reglamentos fiscales para los registros y documentos que tengan relación con las obligaciones fiscales del comerciante.
Artículo 35. En el libro mayor se deberán anotar, como mínimo y por lo menos una vez al mes, los nombres o designaciones de las cuentas de la contabilidad, su saldo al final del periodo de registro inmediato anterior, el total del movimientos de cargo o crédito a cada cuenta en el periodo y su saldo final. Podrán llevarse mayores particulares por oficinas segmento de actividad o cualquier otra clasificación, pero en todos los casos deberá existir un mayor general en que se concentren todas las operaciones de la entidad.
Artículo 36. En el libro o los libros de actas se harán constar todos los acuerdos relativos a la marcha del negocio que tomen las asambleas o juntas de socios, y en su caso, los consejos de administración.
Artículo 37. Todos los registros a que se refiere este capítulo deberán llevarse en castellano, aunque el comerciante sea extranjero. En caso de no cumplirse este requisito el comerciante incurrirá en una multa no menos de 25 000.00 pesos, que no excederá del cinco por ciento de su capital y las autoridades correspondientes podrán ordenar que se haga la traducción al castellano por medio de perito traductor debidamente reconocido, sabiendo por cuenta del comerciante todos los costos originados por dicha traducción.
Artículo 38. El comerciante deberá conservar, debidamente archivados, los comprobantes originales de sus operaciones, de tal manera que puedan relacionarse con dichas operaciones y con el registro que de ella se haga, y deberá conservarlos por un plazo mínimo de diez años.
Artículo 39. Se deroga.
Artículo 40. Se deroga.
Artículo 42. No se puede hacer pesquisa de oficio por tribunal ni autoridad alguna, para inquirir si los comerciantes llevan o no el sistema de contabilidad a que se refiere este capítulo.
. Artículo 43. Tampoco podrá decretarse, a instancia de parte, la comunicación, entrega o reconocimiento general de los libros, registros, comprobantes cartas, cuentas y documentos de los comerciantes, sino en los casos de sucesión universal, liquidación de compañía, dirección o gestión comercial por cuenta de otro o de quiebra.
Artículo 44. Fuera de los casos prefijados en el artículo anterior, sólo podrá decretarse, la exhibición de los libros, registro y documentos de los comerciantes, a instancia de parte o de oficio, cuando la persona a quien pertenezcan tengan interés o responsabilidad en el asunto en que procedan la exhibición.
El reconocimiento se hará en el lugar en que habitualmente se guarden o conserven los libros, registros o documentos, o en el que de común acuerdo fijen las partes, en presencia del comerciante o de la persona que comisione y se contraerá exclusivamente a los puntos que tengan relación directa con la acción deducida comprendiendo en ellos aun los que sean extraños a la cuenta especial del que ha solicitado el reconocimiento.
Artículo 46. Todo comerciante está obligado a conservar los libros, registros y documentos de su negocio por un plazo mínimo de diez años. Los herederos de un comerciante tienen la misma obligación.
Artículo 47. Los comerciantes están obligados a conservar debidamente archivadas las cartas, telegramas y otros documentos que reciban en relación con sus negocios o giros, así como copias de las que expidan.
Artículo 48. Tratándose de las copias de las cartas telegramas y otros documentos que los comerciantes expidan, así como lo que reciban que no estén incluidos en el artículo siguiente, el archivo podrá integrarse con copias obtenidas por cualquier medio: mecánico, fotográfico o electrónico, que permita su reproducción posterior íntegra y su consulta o compulsa en caso necesario.
Artículo 49. Los comerciantes están obligados a conservar los originales de aquellas cartas, telegramas o documentos en que se consignen contratos, convenios o compromisos que den nacimiento a derechos y obligaciones y deberán conservarlos por un plazo mínimo de diez años.
Artículo 50. Los tribunales pueden decretar de oficio, o a instancia de parte legitima, que se presenten en juicio las cartas que tengan relación con el asunto del litigio, así como que se compulsen de las respectivas copias las que se hayan escrito por los litigantes, fijándose de antemano, con precisión, por la parte que las solicite, las que hayan de ser copiadas o reproducidas.
Artículo segundo. Se modifica la Ley General de Sociedades Mercantiles en cuanto a sus artículos 19, 21, 23, 116, 144, 158, 165, 166, 169, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 181, 186 y 197, para quedar como sigue:
Artículo 19. La distribución de utilidades sólo podrá hacerse después de que hayan sido debidamente aprobados por la asamblea de socios o accionistas los estados financieros que las arrojen. Tampoco podrá hacerse distribución de utilidades mientras no hayan sido restituidas o absorbidas mediante aplicación de otras partidas del patrimonio, las pérdidas
sufridas en uno o varios ejercicios anteriores, o haya sido reducido el capital social. Cualquiera estipulación en contrario.
Artículo 21. Son nulos de pleno derecho.
Quedan a salvo los derechos.
No se entenderá como reparto la capitalización de la reserva legal, cuando esto se haga, pero en este caso deberá volverse a constituir a partir del ejercicio siguiente a aquel en que se capitalice, en los términos del artículo 20.
Artículo 23. Los acreedores particulares de un socio no podrán, mientras dure la sociedad, hacer efectivos sus derechos, sino sobre las utilidades que correspondan al socio, según los correspondientes estados financieros, y, cuando se disuelva la sociedad, sobre la porción que le corresponda en la liquidación. Igualmente, podrán hacer efectivos sus derechos sobre cualquier otro reembolso que se haga a favor de los socios, tales como devolución de primas sobre acciones, devoluciones de aportaciones adicionales y cualquier otro semejante.
Podrán, sin embargo, embargar la porción que le corresponda al socio en la liquidación y, en las sociedades por acciones, podrán embargar y hacer vender las acciones del deudor.
Cuando las acciones estuvieren caucionando.
Artículo 116. Solamente serán liberadas las acciones cuyo valor esté totalmente cubierto y aquellas que se entreguen a los accionistas según acuerdo de la asamblea general extraordinaria, como resultado de la capitalización de primas sobre acciones o de otras aportaciones previas de los accionistas, así como de capitalización de utilidades retenidas o de reservas de valuación o revaluación.
Cuando se trate de capitalización de utilidades retenidas o de reservas de valuación o de revaluación, estas deberán haber sido previamente reconocidas en estados financieros debidamente aprobados por la asamblea de accionistas.
Tratándose de reservas de valuación o de revaluación, estas deberán estar apoyadas en avalúos efectuados valuadores profesionales independientes debidamente reconocidos por la Comisión Nacional de Valores, o en cotizaciones certificadas en bolsa de Valores o mercancía, cuando se trate de valores o mercancías cotizados en estas instituciones.
Artículo 144. Cuando los administradores sean tres o más, el contrato social determinará los derechos que correspondan a la minoría en la designación, pero en todo caso la minoría que represente un veinticinco por ciento del capital social nombrará cuando menos un consejero.
Este porcentaje será del diez por ciento, cuando se trate de aquellas sociedades que tengan inscritas sus acciones en la Bolsa de Valores.
Artículo 158. Los administradores son solidariamente responsables para con la sociedad:
I.....
II. Del cumplimiento de los requisitos legales y estatutarios establecidos con respecto a los dividendos que se paguen a los accionistas.
III. De la existencia y mantenimiento de los sistemas de contabilidad, control, registro, archivo e información que previene la ley.
IV.....
Artículo 165. No podrán ser comisarios.
I..... II. Los empleados de la sociedad, los empleados de aquellas sociedades que sean accionistas de la sociedad en cuestión por más de un veinticinco por ciento del capital social, ni los empleados de aquellas sociedades de las que la sociedad en cuestión sea accionista en más de un cincuenta por ciento.
III.....
Artículo 166. Son facultades y obligaciones de los comisarios:
I.....
II. Exigir a los administradores una información mensual que incluya por lo menos un estado de situación financiera y un estado de resultados.
III. Realizar un examen de las operaciones, documentación, registros y demás evidencias comprobatorias, en el grado y extensión que sean necesarios para efectuar la vigilancia de las operaciones que la ley les impone y para poder rendir fundadamente el dictamen que se menciona en el siguiente inciso.
IV. Rendir anualmente a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas un informe respeto a la veracidad, suficiencia y razonabilidad de la información presentada por el Consejo de Administración a la propia Asamblea de Accionistas. Este informe deberá incluir, por lo menos:
A) La opinión del comisario sobre si las políticas y criterios contables y de información seguidos por la sociedad son adecuados y suficientes tomando en consideración las circunstancias particulares de la sociedad.
B) La opinión del Comisario sobre si esas políticas y criterios han sido aplicados consistentemente en la información presentada por los administradores.
C) La opinión del comisario sobre si, como consecuencia de lo anterior, la información presentada por los administradores refleja en forma veraz y suficiente la situación financiera y los resultados de la sociedad.
V.....
VI.....
VII.....
VIII.....
IX.
Artículo 169. Los comisarios serán individualmente responsables para con la sociedad por el cumplimiento de las obligaciones que la
ley y los estatutos les imponen. Podrán, sin embargo, auxiliarse y apoyarse en el trabajo de personal que actúe bajo su dirección y dependencia o en los servicios de técnicos o profesionistas independientes cuya contratación y designación dependa de los propios comisarios.
SECCIÓN QUINTA.
DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA
Artículo 172. Las sociedades anónimas, bajo la responsabilidad de sus administradores, presentarán a la Asamblea de Accionistas, anualmente, un informe que incluya por lo menos:
A) Un informe de los administradores sobre la marcha de la sociedad en el ejercicio, así como sobre las políticas seguidas por los administradores y, en su caso, sobre los principales proyectos existentes.
B) Un informe en que se declaren y expliquen las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera.
C) Un estado que muestre la situación financiera de la sociedad a la fecha de cierre del ejercicio.
D) Un estado que muestre, debidamente explicados y clasificados, los resultados de la sociedad durante el ejercicio.
E) Un estado que muestre los cambios en la situación financiera durante el ejercicio.
F) Un estado que muestre los cambios en las partidas que integran el patrimonio social, acaecidos durante el ejercicio.
G) Las notas que sean necesarias para completar o aclarar la información que suministren los estados anteriores.
A la información anterior se agregará el informe de los comisarios a que se refiere la fracción IV del artículo 166.
Artículo 173. El informe del que habla el enunciado general del artículo anterior, incluido el informe de los comisarios, deberá quedar terminado y ponerse a disposición de los accionistas por lo menos quince días antes de la fecha de la asamblea que haya de discutirlo. Los accionistas tendrán derecho a que se les entregue una copia del informe correspondiente.
Artículo 174. Se deroga.
Artículo 175. Se deroga.
Artículo 176. La falta de presentación oportuna del informe a que se refiere el enunciado general del artículo 172, será motivo.
Artículo 177. Quince días después de la fecha en que la asamblea general de accionistas haya aprobado el informe a que se refiere el enunciado general del artículo 172, deberán mandarse publicar los estados financieros incluidos en el mismo, juntamente con sus notas y el dictamen del comisario, en el periódico oficial de la entidad en donde tenga su domicilio la sociedad, o si, se trata de sociedades que tengan oficinas o dependencias en varias entidades, en el Diario Oficial de la Federación. Se depositará copia.
Artículo 181. La Asamblea Ordinaria se reunirá por lo menos una vez al año dentro de los cuatro meses que sigan a la clausura del ejercicio social y se ocupará, además de los asuntos incluidos en la orden del día, de los siguientes:
I. Discutir, aprobar o modificar el informe de los administradores a que se refiere el enunciado general del artículo 172, tomando en cuenta el informe de los comisarios, y tomar las medidas que juzgue oportunas.
II....
. III.....
Artículo 186. La convocatoria para las asambleas generales deberá hacerse por medio de la publicación de un aviso en el periódico oficial de la entidad del domicilio de la sociedad, o en uno de los periódicos de mayor circulación en dicho domicilio, con la anticipación que fijen los estatutos, o en su defecto, quince días antes de la fecha señalada para la reunión. Durante todo este tiempo estará a disposición de los accionistas, en las oficinas de la sociedad, el informe a que se refiere el enunciado general del artículo
Artículo 197. Los administradores y los comisarios no podrán votar en las deliberaciones relativas a la aprobación de los informes a que se refieren los artículos 166 en su fracción IV y 172 en su enunciado general o a su responsabilidad.
En caso de contravención.
Artículo tercero. A partir de la vigencia de este decreto, todas las expresiones de las leyes mercantiles en que se hable del Balance General, o cualquier otra expresión equivalente, como documento de información financiera, se entenderán en el sentido de que dichas expresiones incluyen los estados y notas establecidos en los incisos C) al G) del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
Artículo transitorio. El presente decreto entrará en vigor el día primero de enero de 1981.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.- México, D.F., a 5 de diciembre de 1980.
Comisiones Unidas de Comercio y Hacienda y Crédito Público. Presidente Humberto Romero Pérez.-Presidente Juan Delgado Navarro.-Secretario Cesar A. Santiago Ramírez.-Secretario Angel Aceves Saucedo.-Luis Velázquez Jaacks.- Cuauhtémoc Anda Gutiérrez.-Juan Alvarado Jacco.-Lidia Camarena Adame.-
Enrique Carrión Solana.-Rafael Corrales Ayala.-Guillermo Ortiz Aguado.- Salomón Faz Sánchez.-José Carlos de Saracho C.-Jorge Flores Vizcarra.-Rubén Duarte Corral.-Francisco J. Gaxiola O.-Rafael P. Gamboa Cano.-Ignacio González Rubio.-José Luis García M.-Humberto Hernández Haddad.-José Fuad González A.-Rafael Hernández Ortiz.-Luis A. Bojórquez S.-Miguel Lerma Candelaria.- Manuel Germán Parra P.-Humberto Lira Mora.-Abimael López Castillo.- Angel López Castillo.-Angel López Padilla.-Hernán Rabelo Wade.-Juan Martínez
Fuentes.-Eugenio Rosales Gutiérrez.-Luis Medina Peña.-Arturo Romo Gutiérrez.-José Merino Mañón.-Rodolfo Siller Rodríguez.-Gonzalo Morgado Huesca.-José Ma. Sotelo Anaya.-José Murat Casas.-Adalberto Nuñez Galaviz.-Manuel Germán Parra P.-Esteban Zamora Camacho.-Francisco Rodríguez Gómez.-Manuel Arturo Salcido B.-Alfonso Zegbe Sanen.-Antonio Becerra Gaytán.- Rafael Alonso y Prieto.-Belisario Aguilar Olvera.-Antonio Obregón Padilla.- Jesús Ortega Martínez.-Ricardo Flores M.-Miguel José Valadez M.-Arturo Salcido Beltrán.-Enrique González Flores.-Jorge Amador Amador.-Héctor Moreno Toscano.-Amado Tame Shear.-Guadalupe Rivera Marín.-Roberto Picón Robledo.- Guadalupe Gómez Maganda.-Eduardo Aviña Bátiz.-Carlos Robles Loustaunau.- Silvio Lagos Martínez.-José Guadarrama Márquez.-Fernando Canales Clariond.- Enrique Pérez González.-José Ramón Martell López.-Juan Diego Castañeda C.-Arturo Robles Aparicio.-Antonio Cueto Citalán."
El C. Presidente: En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los ciudadanos diputados, ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura.
El C. secretario David Jiménez González: Por instrucciones de la Presidencia; en votación económica, se pregunta si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Se dispensa la lectura al dictamen. Es de primera lectura, señor Presidente.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
ARTÍCULO 60 CONSTITUCIONAL
- El mismo C. Secretario:
"Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea:
A esta Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales ha sido turnada para su estudio y dictamen la iniciativa del Ejecutivo Federal de reforma al artículo 60 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; esta Comisión considera acertada la propuesta del C. Presidente de la República, por las siguientes razones:
Estimamos que es necesario implementar una adecuada reforma, como lo promueve el Ejecutivo, al artículo 60 de la Constitución, que contenga las soluciones que se han planteado respecto a la integración del Colegio Electoral y que sin cambiar la morfología del mismo, no se supedite su integración a la mayor votación en los distritos uninominales, o a la votación más alta en las circunscripciones plurinominales, sino que, es necesario garantizar a los partidos políticos las condiciones adecuadas para el cumplimiento de sus objetivos; al reconocer a dichos partidos políticos su intervención en la integración del Colegio Electoral; para que éste responda al espíritu de la reforma política, lo cual es congruente con lo dispuesto en el artículo 41 de la Constitución, en el sentido de que los partidos políticos son entidades de interés público que tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público; por lo que es indudable que dichas entidades deben de participar en la designación de los integrantes del Colegio Electoral.
Desde luego, en la iniciativa, se siguen respetando las características del sistema mixto previsto para la integración de la Cámara de Diputados y en particular el dominante mayoritario que dicho sistema preconiza, ya que de ninguna manera podría romperse ese principio, pues ello implicaría debilitar el gobierno de las mayorías, y lo que el Ejecutivo se ha propuesto reiterada mente es ampliar la representación nacional, haciendo posible que las minorías y su particular modo de pensar participen en las decisiones de la mayoría, de igual manera, la Iniciativa contempla el respeto al criterio de la división territorial planteada en la Constitución, en la cual, al establecer los distritos uninominales o las circunscripciones plurinominales, ya no se tome en cuenta como elemento dominante el factor demográfico, por lo que resulta inconveniente que para los efectos el Colegio Electoral siga tomándose en cuenta un factor numérico, sino que, siendo los partidos los legítimos representantes de los presuntos que los propios partidos postularon, sean éstos quienes hagan la selección correspondiente de los integrantes del Colegio Electoral, de acuerdo con la mayoría relativa, para la designación de los 60 presuntos de mayoría relativa y con el número que
corresponde a cada partido de los presuntos plurinominales o de representación proporcional.
Por lo anterior, se insiste, es atinada la Iniciativa, en base de lo cual se somete a la consideración de la Asamblea el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se reforma el primer párrafo del artículo 60 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes términos.
Artículo 60. La Cámara de Diputados calificará la elección de sus miembros a través de un Colegio Electoral que se integrará con 100 presuntos diputados: 60 de los electores en los distritos uninominales, designados por el partido político que hubiera obtenido mayor número de constancias de mayoría registrados por la Comisión Federal Electoral; y 40 de los electos en circunscripciones plurinominales, designados por los partidos políticos proporcionalmente el número que para cada uno de ellos hubiera reconocido la Comisión Federal Electoral por el porcentaje de votación que hayan obtenido.
TRANSITORIO
Artículo único. Esta reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.- México, D.F. a 3 de diciembre de 1980.-Presidente Luis M. Farías.-Secretario Antonio Huitrón Huitrón.-Rafael Corrales Ayala.-Francisco Javier Gaxiola Ochoa.-Guillermo Medina de los Santos.-Eduardo Anselmo Rosas González.- Ignacio Vázquez Torres.-Enrique Sánchez Silva.-Raúl Pineda Pineda.-Humberto Lira Mora.-Eduardo Aviña Bátiz.-Luis Octavio Porte Petit Moreno.-Juan Manuel Elizondo C.-Gilberto Rincón Gallardo.-Ezequiel Rodríguez Arcos.-Abel Vicencio Tovar R.-Juan Landerreche Obregón.-Juan Aguilera Azpeitia.-Antonio Gómez Velazco.-Rafael Ibarra Chacón."
Segunda lectura.
El C. Presidente: Está a discusión en lo general y en lo particular el Artículo Único del proyecto de Decreto.
Se abre el registro de oradores.
Esta presidencia informa que se han inscrito para hablar en contra los siguientes ciudadanos diputados: Carlos Castillo, Gilberto Rincón Gallardo, Eugenio Ortiz Walls, Arturo Salcido, Hiram Escudero y Jesús Ortega.
Para hablar en pro los siguientes ciudadanos diputados: Belisario Aguilar Olvera, Humberto Lira Mora, Jorge Montúfar, Marco Antonio Aguilar, Guillermo Medina de los Santos y Fernando Riva Palacio.
Tiene la palabra el diputado Carlos Castillo.
El C. Carlos Castillo: Señor Presidente:
Señoras y señores diputados:
En Acción Nacional entendemos la democracia como una manera de vivir juntos, y para cada miembro de la comunidad como una posibilidad de responder a la propia vocación de hombre. La concebimos como un estilo de vida colectivo cuyos mecanismos deben ser definidos y corregidos por los miembros de esa comunidad, porque el funcionamiento de la democracia supone la adhesión inteligente de todos.
Por supuesto, a la democracia no la hacen únicamente los artículos de una constitución ni las prácticas políticas relativas a la formación de un gobierno. Tienen primacía los datos humanos, sociales y económicos, pero los procedimientos no son irrelevantes, basta el falseamiento de estos para prostituir el espíritu y la práctica de los regímenes que aspiran a ser democráticos.
Toda la historia muestra que las formas de existencia y de funcionamiento de la democracia representativa, como sistema de pluralismo real de partidos políticos frente a la administración burócrata del Estado, están en estricta correlación con el funcionamiento de las libertades políticas. Todo camino democrático excluye no sólo el régimen de partido único, sino la confusión de algún partido con la administración del Estado.
Cuando esta confusión se da y es el caso de México, resulta poco a poco más difícil cerrar el camino al totalitarismo y al estatismo; equivale a dejar crecer a un estado monstruoso y leviatánico; se olvidan las transformaciones necesarias del Estado, sin las cuales el movimiento democrático se encuentra en grave peligro de estrangulación.
Nos opusimos en Acción Nacional a la Reforma Política cuando se discutió la reforma del Artículo 60 Constitucional en 1977. Dijimos no, porque consideramos que reflejaba un pobre y mezquino concepto que sólo daba para proteger a quienes han hecho del poder político un botín de facción.
Para nosotros la Reforma debía ser algo más, debe ser algo más profundo, es crear los mecanismos que impidan la hegemonía facciosa en contra del pueblo, de un pueblo que no sólo no se considera presa de voracidades, sino que con su abstención repudia los
procedimientos tramposos, rechaza la política electoral porque sólo ve en las normas que la rigen y en las prácticas que la conforman el nivel zoológico de una técnica de conservación del poder en las mismas manos y expresa así su nostalgia de unas instituciones políticas y, sobre todo, de un ejercicio compartido del poder acorde con su vocación a la libertad real. No sólo a la libertad esencial que la ley sólo reconoce, sino aquella existencial que las leyes y las instituciones deben permitirle conquistar.
La democracia no es una imagen para contemplar, sino un valor que exige realizarse.
Desde 1977, en esta Cámara, y desde el 47, mucho antes, los diputados de Acción Nacional rechazaron la existencia del Colegio Electoral. No lo consagraba la Constitución más que para el caso de la elección presidencial; era una práctica, una tradición deleznable que dejaba a los presuntos diputados el ilógico papel de ser jueces y parte en su propia causa, que contrariaba todo principio de equidad y que iba contra el espíritu del legislador que dio a las cámaras, como instituciones y como poder, la facultad de calificar elecciones a diputados y senadores. A las cámaras, no a los miembros de unas cámaras que todavía no existían.
La práctica mostró que tal colegio abría las puertas al fraude y, de esta manera, se transformaba en otro obstáculo invencible para la legitimación de origen y la legitimación de ejercicio del poder, al dejar a los diputados y a los senadores ligados sin remedio a grupos o a fuerzas de corrupción. Impedía, además, que las cámaras fueran poco a poco superándose en el sentido de avanzar, de la subordinación del poder a una libertad preexistente y a la constitución del poder en instrumento de creación y promoción de una libertad efectiva.
Ahora la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales nos envía un dictamen que considera acertada una nueva propuesta del señor Presidente de la República, un acierto más.
Aquí no se pone jamás en duda la infalibilidad presidencial, y el dictamen reitera que habrá Colegio Electoral, que no cambiará la morfología del mismo, es decir, será carta de naturalización como se la dio la Reforma de 1977 al aburdo.
Se consagra la incapacidad de analizar imparcialmente las constancias electorales; se canoniza la imposibilidad de ponderar pruebas en los procedimientos aceptados por el Derecho; se vuelve a dejar al arbitrio del líder en turno o de las instancias que queman o salvan del fuego allá en las bambalinas del poder, el triunfo electoral, y este dictamen se inscribe en una larga historia de prepotencia explícita.
En 1940 el diputado Amilpa señaló:
"Asumimos el poder de la Revolución y sólo otra revolución nos lo podrá quitar."
En el 71 Cuauhtémoc Santana, parafraseando a otro líder del PRI, dijo aquí que sólo con la fuerza de las armas se nos podrá quitar el poder. El hoy Ministro de la Reforma Agraria declaró lo mismo hace dos años. El diputado
Corrales Ayala nos invitó a hacer nuestra propia revolución. El diputado Blanco Moheno dijo:
"Nosotros tenemos al Ejército." El dictamen del 77 dijo que las mayorías no tenían por qué compartir el poder. Y el dictamen actual dice que hay que respetar la morfología del Colegio Electoral en particular su dominante mayoritario que de ninguna manera puede romperse porque debilitaría al gobierno de las mayorías.
El proyecto no cambia el sistema, por eso lo rechazamos, porque las cosas siguen en esencia iguales, iguales porque más allá el fetichismo que padece el PRI frente a las iniciativas del Ejecutivo, continúa el voto cautivo y ahí está la reciente declaración del senador Rodríguez Alcaine, y la obsesión nada revolucionaria, sino profundamente burguesa de que el pueblo es menor de edad y que necesita que la democracia se la dé con cuentagotas la facción en el poder.
Lejos de terminar con los vicios, la Reforma del 77 los convirtió en Ley. Lo que el viejo Artículo no consagraba y por tanto la posibilidad de cambiar la tradición repugnante, lo erigió en norma y nuevo, y con tal "renovación jurídica" sólo nació la puerta por la que habrían de colar las barbaridades que previó Montesquieu al escribir que lo malo de las leyes malas es que para corregirlas se requieren leyes peores.
Peor es la nueva reforma que ahora se propone al 60 Constitucional, con ella el partido del gobierno no sólo sigue asegurándose la mayoría en un absurdo colegio electoral, sino que se garantiza el recurso de tener en tal organismo a sus mejores hombres, y ya se sabe cuál es la flor y nata del partido oficial en materia electoral.
La academia del fraude calificará sus propias tareas.
A cambio del nuevo parche, se pretende dorar la píldora a la oposición, dándole la posibilidad de constituir al grupo de sus presuntos que formarán parte del colegio electoral. Parche inaceptable, no sólo porque obstruye el camino para constituir un cuerpo sano y poco a poco alejado del control político arbitrario del partido del gobierno, sino porque es nada más un remedio falso a un mal verdadero, es atacar a las olas y no al océano.
Difícilmente se puede hablar desde esta perspectiva de avance democrático; no puede haberlo cuando lo peor se mantiene bajo el pretexto de mejorar lo malo.
La reforma legal profunda sería de otra índole y consistiría en erigir al menos a la
Cámara anterior en juez de la siguiente o en la hipótesis más limpia en crear un tribunal electoral, pero tampoco se cambia la autoridad a punta de leyes; en sentido estricto, como alguien ha escrito, no hay democracia, sino demócrata, y la exposición de motivos de este nuevo parche, habla claro en cuanto a esto:
Modificar la morfología del Colegio Electoral sería debilitar al poder político actual, y eso no se desea.
Sin demócratas, sin hombres que no tengan como única ideología la de conservar el poder a cualquier precio, el partido gobierno deja el liderato de la construcción de la democracia en otras manos; estas manos son las de la oposición, y son estas manos las que votarán en contra del dictamen.
Gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: Tiene la palabra el C. diputado Humberto Lira Mora.
El C. diputado Humberto Lira Mora: Señor Presidente;
Compañeros diputados:
Era rigurosamente previsible, como lo será en el Colegio Electoral siguiente, que escuchásemos de nueva cuenta en esta Asamblea, hoy, como otras tantas lo han escuchado en el pasado, las tesis que el Partido Acción Nacional ha sostenido con todo rigor, con toda rigidez desde hace bastante tiempo en torno a la naturaleza del Colegio Electoral.
Dice mucho esto en favor de la consecuencia histórica que con sus principios ese Partido postula y que, desde luego, personalmente merecen mi respeto pero respecto de los cuales he disentido históricamente, no sólo en esta ocasión, sino también en el pasado.
Voy a tratar de explicar por qué de mi sentimiento y el de mi partido con los pronunciamientos del Partido Acción Nacional. Es cierto en efecto que la democracia en la actividad política los procedimientos son importantes; no sólo son importantes: son fundamentales, decir solamente que son importantes es minusvaluar los procedimientos políticos, es darle un menor valor a lo que de valor implícito tiene la forma en la democracia.
Precisamente porque son fundamentales, precisamente porque son básicos en el funcionamiento de una democracia, es que el Colegio Electoral del Congreso Mexicano está concebido como está concebido. Voy a explicar esto, el Colegio Electoral, todos lo sabemos y yo voy a ser recurrente desgraciadamente: es un órgano en donde germina el Poder Legislativo; es un órgano semilla del Poder Legislativo, en donde los presuntos diputados vienen a discernir precisamente sobre la legalidad de las formas en el procedimiento electoral.
Esto es así porque los presuntos diputados traen ya consigo el germen de un mandato, de un mandato que no es partidario, sino de un mandato que es popular, y que en grado de presunción ostentan aquí al presentarse con las credenciales que la Comisión Instaladora de la Legislatura anterior les ha entregado, como consecuencia de que han cumplido con las formas políticas y con las formas electorales.
No es por tanto accidental que el Colegio Electoral esté en manos de los presuntos diputados por la razón muy sencilla de que los presuntos electos son ya representantes del pueblo, no lo son cuando candidatos: son ya representantes del pueblo; por tanto el Colegio Electoral está en manos del pueblo; vienen aquí los presuntos con esa representación legítima a discutir, a discernir, sobre la legalidad de las elecciones; por eso, porque los procedimientos son importantes, por eso, porque los procedimientos son fundamentales, están en manos del germen de la representación popular y no en otras manos. Si estuvieran en otras manos, eso sería antidemocrático ; que estuvieran sujetos en otro procedimiento, eso sería antidemocrático. Es falso, completamente falso que el Colegio Electoral sea un organismo antidemocrático, todo lo contrario, es el germen de la representación
democrática que aquí viene a discernir la legalidad de los procedimientos electorales.
Se dice que la reforma política de 1977 confirmó un procedimiento pobre y mezquino, un procedimiento por virtud del cual se deja el poder como botín de facciones. Qué modestísima, ésta sí, qué pobre y mezquina apreciación del mandato que ya traen los representantes populares; mandato que traen todos los representantes populares en su carácter de presuntos en el instante en que vienen al Colegio Electoral, eso sí es pobre y eso sí es mezquino considerar que ese mandato no es legítimo por una presunción a priori, eso es lo mezquino, eso es lo pobre, considerar que esos presuntos no traen el mandato, sí lo traen, ya lo traen consigo y aquí va a perfeccionarse en el Colegio Electoral.
Se dice también, que la abstención del elector no es otra cosa sino un mecanismo de repudio a las trampas; yo creo que esto encierra otra óptica y otra apreciación equívoca. La abstención en una importante medida pone de manifiesto, eso sí, la abstención en la participación política y en la actividad política y en el activismo político de todos los partidos, la culpa de la abstención la tenemos todos los partidos, no la tiene uno en particular y menos los procedimientos y menos las formas. De la abstención, de esta sí, todos somos responsables, de la mucha o de la poca actividad política que en nuestras campañas realizamos, esa es la responsable de la abstención, no los procedimientos, no les demos color a los procedimientos; no les imputemos responsabilidades a los procedimientos. Vamos a
imputárnoslas y vamos a aceptarlas los hombres que manejamos los procedimientos.
Se dice también, en forma que casi linda con la ofensa, que todo esto no pone de manifiesto sino un nivel zoológico por virtud del cual se clausuran oportunidades y se clausuran posibilidades. Esto tampoco es cierto. No hay ningún nivel zoológico en ningún congreso mexicano; ni en éste ni en ninguno que le haya antecedido. El nivel zoológico que se lo atribuya quien se sienta que puede tener ese nivel. Pero que no se le impute al Congreso Mexicano; y que nose le impute a los procedimientos que la legislación establece para perfilar el órgano de la representación nacional que es el Congreso de la Unión.
Por otra parte se reincide en la vieja confusión ahora reiterada, de que una cosa es Colegio Electoral y otra cosa son juntas preparatorias. Esto valía para el pasado; esto valía conforme la legislación que estaba en rigor antes de la Reforma Política. Ahora, la Reforma Política le llama a las cosas por su nombre. Y esta reunión de presuntos diputados para calificar sus propias elecciones, ésta es, un Colegio Electoral. Se ha purgado, pues, el vicio jurídico, el vicio legislativo que imputa la denominación de juntas preparatorias a las reuniones del Colegio Electoral. De modo tal que caer otra vez en la confusión, es repetir los debates que cada ocasión con motivo de la integración del Colegio Electoral se expresan. Caemos necesariamente en la redundancia, porque en efecto la propuesta de rechazo crónica, al Colegio Electoral, no sólo es de hoy; es una vieja propuesta, acaso por primera vez planteada por el Partido Acción Nacional en 1947: y repetidas en 1976 nuevamente si es que no me equivoco.
Hagamos un poco el análisis de esto, un análisis primero de corte histórico, no quiero robarles mucho tiempo. De corte histórico desde la perspectiva de la legitimidad del Colegio electoral.
El Colegio Electoral no es una invención de la Revolución Mexicana; el Colegio Electoral tampoco es una invención del Partido Revolucionario Institucional.
El Co legio Electoral, como institución; como mecanismos de auto calificación de las elecciones, es un procedimiento que en las perspectivas de nuestro país tiene su antecedente más remoto: las cortes de Cádiz.
Una ojeada muy rápida a los antecedentes consignados sobre los Derechos del Pueblo Mexicano, en la obra que así se denomina, nos pone de manifiesto que por 13 ocasiones consecutivas la legislación constitucional mexicana consigna el sistema de auto calificación como procedimiento para integrar el Congreso de la Unión.
¿De dónde lo inusitado, de dónde la ausencia de legitimidad histórica del Colegio Electoral? Esto es falso; y digo que es falso porque si hay una interrupción al sistema de auto calificación, y aquí, aunque yo soy un crónico, un representante que crónicamente trata de evitar establecer las herencias de los partidos de oposición, quiero decirles que yo no creo que el Partido Acción Nacional sea heredero de nadie; no creo que sea heredero Maximiliano, de Santa Ana; no, no lo creo, ni nunca lo he creído.
Yo los ofendería si creyera eso. Creo que a veces parecen herederos de esos viejos procedimientos, y esto es así porque la única ocasión en que ha habido un tribunal de excepción distinto al propio Congreso para calificar la elección de ese mismo Congreso, ha sido, ni nada más ni nada menos, que las Leyes Centralistas, las Leyes Constitucionales Centralistas de 1836. Si ustedes lo recuerdan, esas leyes tienen una factura muy clara; son las leyes de su Alteza Serenísima el Gral. Santa Ana, de modo tal que la única interrupción a ese procedimiento, está en las Leyes Centralistas, cuando el Supremo Poder Conservador, hoy "revolcada mente" propuesto por Acción Nacional como Tribunal Federal de Elecciones, era un tribunal que a la luz de la legislación actual, no sería otra cosa sino un tribunal de excepción, que juzgaba los casos de los senadores para que éstos, los senadores, a su vez juzgaran los casos de los diputados.
Este ha sido el único caso de excepción desde la Constitución de Cádiz; y estamos hablando de 1812, en que hay un procedimiento distinto de excepción, un procedimiento distinto al de auto-calificación, y aquí sí encuentro un parentesco, una herencia que quizás tenga alguna razón de ser.
No voy a leer a ustedes todos los antecedentes porque sería repetitivo, pero salvo esa excepción, la de 1836, no hay ningún otro antecedente, en ninguna legislación de nuestro país, y de los países accidentales democráticos, que establezca otro mecanismo diverso para la calificación de las elecciones.
Y yo me pregunto: ¿habrán tenido razón quienes nos precedieron y habrá tenido razón la generación actual para conservar un procedimiento tal; un procedimiento según el cual la calificación de las elecciones corresponde al propio órgano?
Yo creo que sí. ¿Por qué razón? Por una razón elemental que aquí no se ha tocado: por la razón de que ese órgano y Colegio Electoral, hoy Cámara, y en su inicio Colegio Electoral de la Cámara, ya es depositario de la soberanía popular; ya es depositario del ejercicio de ese poder del que ni se ha abdicado ni que se transmite.
La soberanía o se tiene o no se tiene, y cuando se transmite a cuerpos intermedios de la
sociedad, aun sean éstos en algunos casos, integrantes del propio Estado, se abdica de esta soberanía.
De modo tal que querer entregar el mandato popular que sólo le corresponde al pueblo en el sistema de la auto calificación de las elecciones a otros depositarios, es querer entregar ese mandato popular a otro órgano que no le corresponde, a otro órgano que no tiene el carácter popular que sí tenían las juntas preparatorias antes, y el Colegio hoy en nuestro Congreso de la Unión.
Por esta razón las generaciones que nos presidieron y esta generación, sostienen que la calificación de las elecciones sólo le corresponde al propio órgano que ha participado en esas mismas elecciones porque sus componentes ya son depositarios, en germen, de un mandato popular del que no van a abdicar y el cual no van a transmitir a ningún otro órgano ajeno.
Si la historia no le hubiera dado la razón en el pasado a esta postura y a esta tesis, no la estarían dando los países democráticos de occidente que, en una gran proporción, utilizan ese mismo mecanismo. Y sólo citaré algunos para no cansarlos.
Francia utiliza el procedimiento de la auto calificación; los Estados Unidos utilizan el procedimiento de la auto calificación; algunos países socialistas utilizan el procedimiento de la auto calificación. Recuerdo, por ejemplo, Checoslovaquia. De modo tal que el procedimiento de la auto calificación no tiene color; el procedimiento de la auto calificación sólo tiene un atributo: respetar el mandato popular y entregar al órgano soberano el ejercicio de ese mandato. Esta es la explicación más clara y más simple que puede haber a cualquier idea que sobre gobierno representativo puede haber, porque de otra suerte, un tribunal de excepción, un tribunal federal de elecciones, como la propuesta de Acción Nacional, no significaría otra cosa sino transmitir parte de ese mandato, sin legitimidad, sin constitucionalidad y sobre todo sin soberanía, a un órgano que no va a ser depositario, en ningún caso, de ese propio mandato.
Yo solamente quisiera repetir, hacer un balance rápido que del mismo modo que se han mencionado algunos compañeros de la mayoría que en el presente y en el pasado han defendido con todo vigor el Colegio Electoral, yo diría aquí que me ha decepcionado profundamente escuchar en el orador que me antecedió en la palabra los mismos argumentos, ni uno más, ni uno novedoso, pero ni siquiera novedoso en el sentido oratorio, que vino aquí a expresarnos, en alguna ocasión, un respetable diputado de Acción Nacional, que fue el diputado Juan José Hinojosa y a quien, por cierto, también tuve la suerte y el honor de responder. Creo que, como en aquella ocasión, ahora también, tenemos la razón, y no sólo porque tengamos la mayoría, sino porque la historia nos la ha dado desde 1812.
muchas gracias.(Aplausos)
El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado Gilberto Rincón Gallardo, para
hablar en contra.
El C. Gilberto Rincón Gallardo: Señor Presidente;
Compañeros diputados:
Voy a tener que usar los mismos argumentos porque la situación es la misma, cuando cambie la situación utilizaré otros argumentos y seguramente el orador que va a seguir en el uso de la palabra va a tener que achacar al extremismo, la oposición en este caso, como el orador que me antecedió en el uso de la palabra achacó al reaccionarismo de Acción Nacional su oposición en este caso, pero sería mejor que escucháramos los argumentos, aunque parezca utópico, lo reclamo.
¿Porque coincide otra vez la oposición en lo que tiene que ver con los aspectos formales de la democracia?
Porque las medidas que se toman alrededor de las reformas electorales tienden a fortalecer el monopolio político del partido oficial. Esta es la única razón y esta nueva reforma tiende a fortalecer el monopolio político del PRI; es la característica general de la Reforma Política Abrió las puertas al ingreso de nuevos partidos, amplió el espectro de participación política, al mismo tiempo que hizo más sólida su garantía del monopolio político del PRI.
De acuerdo con la LOPPE, para que el PRI deje de ser mayoría se necesitan muchas cosas a las cuales no me quiero referir para que no se me acuse de estar subvirtiendo el orden, pero es un hecho que tiene garantizado a través de la Ley el monopolio electoral; quedan algunos resquicios formales, yo no sé si se les pasaron o que fue lo que sucedió, pero esos resquicios están buscando la forma de cerrarlos ahora.
Nosotros no defendemos de ninguna manera la forma en que funciona el Colegio Electoral, hemos denunciado lo que significa el hecho de que los 60 presuntos diputados que tengan la mayor votación, sean los que conformen esa parte de este sistema mixto de la representación popular, y significa que aquellos que han sido ya de antemano designados por el Presidente para dirigir la Cámara, tengan forzosamente que sacar la cantidad de votos que les permita llegar al Colegio Electoral, y todos los aspirantes a eso necesiten la cantidad de votos para llegar al Colegio Electoral.
Es un motivo, sin duda, de fraude, en muchos casos abierto, es un motivo de inflación de votos que no la vamos a parar, y ahora, con esta reforma, con mayor razón.
Tiene mucho peso en el proceso electoral la forma en cómo se inflan los votos y reiteramos,
innecesariamente, no estamos necesitados en trastocar realidades y en decir que el PRI no sea el partido mayoritario, ni estamos interesados en decir que el PRI no sea el partido que mantiene la mayor influencia política, lo que decimos, es que si lo es, lo puede mantener sin la necesidad de la cantidad de atropellos que se cometen en el proceso electoral y en la inflación de votos, que es permanente y sistemática y aumentada por los mecanismos del Colegio Electoral.
¿Pero, que sucede ahora con esto?
Ahora los partidos designan a los miembros del Colegio ElecToral que va a representar a cada partido, aparentemente esto pasa en manos de los partidos y tiene muchas mejores formas de funcionamiento.
Eso es mentira; esto es una manera de garantizar de manera más clara el monopolio político, porque ahora sesenta de los electos en los distritos uninominales, designados por el partido político que hubiese obtenido mayor número de constancia de mayoría registrados por la Comisión Federal Electoral, llegar al Colegio Electoral. No los que tengan mayor cantidad de votos, entre estos 60 lo que tiene decir que entre esos 60 formalmente estaba la puerta abierta para que otros partidos obtuvieron parte de esos 60.
Se puede dar el caso de que el PRI no tenga todos ganados los distritos uninominales en los cuales se obtiene la mayor cantidad de votos.
Se puede dar el caso de que Acción Nacional en algún lugar obtuviera la mayor cantidad de votos; que la Coalición de Izquierda en algún lugar obtuviera la mayor cantidad de votos; que el Partido Socialista de los Trabajadores o el PPS u otro partido, obtuviera en algún lugar esa mayor cantidad de votos, y se puede dar el caso de que el PRI no tenga los 60 de la mayor cantidad de votos, formalmente está abierta la puerta, estaba, y se puede dar el caso de que el PRI no obtuviera no sólo los 60, sino obtuviera sólo 49 y entonces 51 pasaron a la oposición, lo que significa que aquí estaba abierta la puerta para que llegara un Colegio Electoral, donde el PRI no tuviera el control de este Colegio Electoral.
Y es de las poquísimas cosas que quedaban de las poquísimas, porque formalmente podrían darse esos casos, ahora ya no. Ahora sólo puede perder el control del Colegio Electoral el partido oficial, dejando de ser partido mayoritario, es la única forma.
De esta manera el PRI se garantiza por siempre los 60 lugares en el Colegio Electoral y ya no hay forma que otro partido ocupe algunos de esos, sólo que el PRI deje de ser el partido mayoritario, pero creo que la situación es otra, es distinta.
Evidentemente es un retroceso, evidentemente es algo que pasa a garantizar en todos sus lugares el monopolio político y ahora en el Colegio Electoral también. Nosotros nos hemos pronunciado desde hace mucho tiempo, no por el sistema mixto, de mayoría y representación proporcional, por el sistema único de representación proporcional, y lo hemos hecho porque podemos preguntar al PRI si haciendo, si llegando a la Cámara de Diputados con la representación proporcional general, hubiera perdido muchos escaños. No, no los hubiera perdido, hubiera sido prácticamente el mismo resultado, pero a futuro, en el desarrollo de las tendencias estaría abierta la posibilidad a una mucho mayor flexibilidad del sistema electoral.
El sistema mixto es el que garantiza la existencia de uno mayoritario y otros minoritarios y que ese "status" no cambie por ley y si les falta el Colegio Electoral, ahora ya metieron el Colegio Electoral también, para que no falte, para que siempre quede dentro del partido mayoritario el control y no pueda perderlo, para que no haya la posibilidad de que si en algún distrito un partido minoritario ganó una mayoría de votos aplastante, ese ya no podrá llegar dentro de esos 60 al Colegio Electoral.
Es evidente, no se trata de reaccionarismos, y de extremismos, se trata de las tendencias a la garantía de un sistema electoral mixto que garantice el
monopolio del PRI, eso es de lo que se trata y aquí sale otra vez la defensa de la auto calificación y sale la defensa de la auto calificación como un principio, por lo menos podía aceptar que este es un problema de conveniencia de manejo del sistema, porque si alguien se pronuncia contra la auto calificación está violando la historia de México completa y yo renuncio a eso, no violo nada, simplemente nos pronunciamos contra la auto calificación, porque consideramos que hay otras formas más democráticas simplemente; que debe de corresponder a los partidos políticos, exclusivamente, la calificación del proceso y no a los directamente involucrados; que eso hace que se introduzcan elementos obligatoriamente personales de interés directo, de cualquiera de los partidos y que debe estar al margen de los propios calificados para que sean los partidos, sin injerencia del gobierno, los que tengan en sus manos la calificación del proceso electoral por conveniencia democrática del sistema y si hubo algún tribunal electoral de excepción santanista, este no fue el culpable de la pérdida de la mitad del territorio ni mucho menos, fue una forma de funcionamiento para este momento, y los que levantemos cualquier otro tipo de sistema electoral no tenemos que arrastrar con ese lastre histórico, de ninguna manera, también renunciamos a arrastrar con eso.
De lo que se trata es de buscar la forma en que marchemos a las mayores posibilidades
del sistema de representación proporcional que es el que garantiza la flexibilidad de un sistema que no obscurezca a un solo partido y el resto de minoritarios y que no se den pasos en ese sentido.
Por eso, compañeros diputados, nosotros pensamos que lamentablemente esto está prácticamente aprobado y se trata de que con esto pueden estar seguros de que ningún otro partido de los llamados minoritarios podrán llegar al Colegio Electoral dentro de los 60 de los distritos uninominales.
Por eso estamos en contra de este dictamen. Muchas gracias."
El C. Presidente: Tiene la palabra el ciudadano diputado Guillermo Medina de los Santos.
- El C. Guillermo Medina de los Santos:
Señor Presidente;
Señores diputados:
Creo que es indispensable establecer el lugar y ubicar adecuadamente el debate. No escapó a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, que en lo que a esta reforma se refiere, no existe cuestionamiento ni planteamiento alguno respecto de la naturaleza y funcionamiento del Colegio Electoral. Ya que la Reforma se refiere única y exclusivamente a de qué manera debe éste de integrarse y quiénes deben ser nombrados con la participación de los partidos políticos.
Con esto, la iniciativa de ley a que se refiere el dictamen, respeta y conserva la tradición histórica de esta institución que está fuertemente arraigada en el sistema político mexicano, ya que ha sido el Colegio Electoral durante los años de su existencia, el órgano que ha calificado a los integrantes del Congreso Mexicano.
Se ha hablado de monopolios políticos al referirse a las mayorías, también se da por un hecho que un partido determinado tiene necesariamente que por el mayoritario.
La verdad que entraña el aspecto relativo a esta reforma constitucional es que deja abierta precisamente la puerta para que las mayorías, en el momento en que se conviertan en mayorías puedan precisamente gobernar.
El Ejecutivo de la Unión, por medio del proyecto enviado a la Cámara de Diputados, presenta la fórmula para hacer congruente nuestro sistema representativo y democrático de gobierno de las mayorías, y buscar, además, que los partidos que participaron en la contienda electoral estén en posibilidad de determinar quiénes entre sus mejores hombres, intervengan en la integración y funcionamiento del Colegio Electoral.
De lo anterior debe establecerse que tanto la Iniciativa como el Dictamen se refieren a si los partidos políticos deben ser autorizados para participen designando, en la medida que les corresponda, de entre sus miembros, a los presuntos diputados que integren el Colegio Electoral.
En el Artículo 60 de la Constitución, modificado al introducirse la Reforma Política, se prevé que la expresión soberana del Estado crea este órgano
con poder suficiente y con función específica que es precisamente la calificación de las elecciones. Se señala en el Dictamen que la Iniciativa del Ejecutivo Federal conserva en su integridad los principios que motivaron y crearon ese proceso de transformación democrática que es la Reforma Política.
Refiere la reforma, dentro del compromiso que implica vivir en un estado de representación democrática, como el nuestro, interpretado esto como un sistema en el que además de tener un gobierno del pueblo se le complementa y se le apoya con la disposición constitucional. Democracia entendida no sólo como un estructura jurídica o un régimen político, sino como una forma de vida fundada en el constante mejoramiento económico, social y cultural de la nación.
Se confirma y se vigoriza la presencia e intervención del pueblo en sus decisiones fundamentales, en un régimen que le presenta variedad y amplitud en las opciones que le permitan valorar y decidir libremente participando en un gobierno de mayoría con el concurso de la minorías, garantiza así la libertad, la seguridad y la justicia en un cuerpo de leyes que a todos una y a todos obligue; un sistema democrático que respete al derecho de las minorías a preservar su identidad y a manifestarse sin cortapisas; establece como una característica y presupuesto de este proceso de transformación democrático que en su esencia y como parte de su propia naturaleza está el actualizarse y enriquecerse a sí mismo, superando los procedimientos que intervinieran o impidan su correcta realización o lo lleven a una simple práctica de trámites; está por tanto, formando parte de su estructura y constitución una continuada atención a la permanente revisión de los principios que la rigen y las prácticas que la regulan, lo que permite la constante superación y el perfeccionamiento de las normas que enmarcan nuestra vida colectiva.
Pero para poder ubicar la importancia de la iniciativa y entender el movimiento constitucional que pretende, es necesario explicarla a la luz de la esencia del pluralismo, el que está referido a los sistemas sociales, caracterizados por la coexistencia y la rivalidad de grupos estables y organizados mediante el pluralismo, los individuos se agrupan formando estructuras sociales que les permiten determinar su papel en la comunidad, logrando ser políticamente relevantes en cuanto a ser considerados como miembros de un cuerpo organizado.
Nuestra Constitución, con respeto absoluto a los derechos del individuo, establece el pluralismo regulando las nuevas necesidades y realidades sociales, creando así los derechos de grupo, de clase, de sector, en fin de necesidades comunes y destacadas a tal grado que se singularizan dentro del núcleo colectivo, nacen, de esta manera, los derechos sociales.
En la generalidad de los países se ha venido imponiendo la función de los partidos y grupos de interés que representan, en sus estructuras, intereses parciales de los individuos. Son estos grupos o partidos los que, mediante decisiones, producen la voluntad general. Es por esto que la Iniciativa de Reformas al Artículo 60 de la Constitución General de la República, toma en consideración el antecedente de las elecciones para la renovación de la Cámara de Diputados y elegir la LI Legislatura, la que demostró que la forma de integrar el Colegio Electoral admite la posibilidad de que éste quede conformado mayoritariamente por las diputaciones minoritarias.
Se propone así que, sin cambiar la estructura del Colegio Electoral, no se supedite su integración a la mayor votación en los distritos uninominales o a la votación más alta en las circunscripciones plurinominales, sino que sea el origen de los presuntos diputados electos provenientes de los partidos políticos nacionales mayoritario y minoritarios los que determinen la integración del Colegio en el número y forma correspondiente a la votación obtenida.
La propuesta del Ejecutivo mantiene y respeta en su integridad los principios de gobierno popular, régimen democrático y representativo y se funda en el pluralismo, otorga la seguridad de participación efectiva de todos los partidos políticos y cumple con la esencia de la Reforma Política actualizando las prácticas y normas jurídicas a nuestra realidad social; mantiene de esta manera las características básicas del sistema político mexicano sin separarse de ninguno de sus principios y para el efecto de la integración del Colegio Electoral ve el origen de los presuntos diputados electos provenientes de los diversos partidos nacionales, siendo esto lo que determina, sin cambiar la estructura, la integración del Colegio en el número y forma correspondiente a la votación obtenida.
Al proponer que se esté, no a la mayor votación en los distintos uninominales y a la votación más alta en las circunscripciones plurinominales, sino al origen de los diputados en razón del partido político de que proviene, la Ley se ajusta al ideal constitucional, da fuerza y justifica con vigor la existencia de los partidos políticos y hace mayor y más efectiva su intervención y como consecuencia la participación representativa del pueblo, perfeccionando las normas y principios de la Reforma Política.
En virtud de los razonamientos expuestos formulo la solicitud de que sea aprobado el dictamen, reformando en consecuencia el Artículo 60 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la forma propuesta por el Ejecutivo.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: Tiene la palabra el C. diputado Jesús Ortega para hablar en contra.
El C. Jesús Ortega: Declino el uso de la palabra.
El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado Ortiz Walls para hablar en contra.
El C. Eugenio Ortiz Walls: Señor Presidente;
Señoras y señores diputados:
Tiene razón el señor diputado Medina de los Santos, esta reforma al Artículo 60 constitucional, mantiene intacto el sistema político mexicano y precisamente por esa razón, por que lleva en el seno la manera que tiene el PRI para ver y hacer las cosas, reiteramos la posición de Acción Nacional no al Colegio Electoral faccioso, no al Colegio Electoral integrado, fundamentalmente por los responsables de las irregularidades y de las violaciones a la ley.
El diputado Humberto Lira Mora, se sorprendió, pareció sorprenderse, de que no hubiera un argumento original, según sus palabras, pero tampoco él fue muy original, aunque en una forma melíflua, tuvo que mencionar a Maximiliano y a
Santana, porque cuando las gentes de oposición luchamos desde esta Cámara para mejorar los procedimientos, para hacer más auténticas las formas de la democracia en México, se tiene que recurrir siempre al pasado que tanto nos tortura, como si ustedes hubieran corrido a Maximiliano, como si ustedes hubieran sido los héroes de la Reforma, ciertamente, transferir el tiempo es eludir el presente, queriendo llevarnos, a los de Acción Nacional, a una discusión histórica que ni nos interesa porque no es precisamente este sitio donde se va a discutir la historia de México.
Estamos hablando de México, de 1980, en que el encargado del Poder Ejecutivo nos envía, para no quedarse atrás, otra nueva reforma a la Constitución, de su propia Reforma Política. No dio resultados, falló. Y ¿por qué falló?
Porque los señores diputados que integraron el actual Colegio Electoral, en 79 obtuvieron muchos votos, les fue muy bien en la cosecha de votos, hubo diputados de 70 mil votos y claro, en zonas rurales, en donde saben ustedes que el SAM no produce maíz, pero eso sí, produce muchos votos para el PRI. Forma de gobierno y sistema de vida nos decía el diputado
Medina de los Santos y nos recordaba y nos leyó el Artículo 3ª. constitucional.
Y volvemos a la esencia y al meollo de la discusión, no se trata de que subamos aquí con un incensario para decir de toda reforma que viene del Ejecutivo, toda proposición del Ejecutivo es lo mejor que existe. Tratamos de ir, precisamente, al fondo de la discusión. Ciertamente la democracia es más que una forma de gobierno, es un sistema de vida, es una manera en que el pueblo de abajo hacia arriba, como protagonista se autogobierna a través del cumplimiento del deber y el ejercicio de sus derechos, pero la democracia también es técnica y debe ser técnica para que prevalezcan los valores esenciales de la democracia y no herramienta que triture, que acabe, con la legitimización del poder.
¿Qué es el Colegio Electoral?
Es un órgano establecido por la Ley para calificar las elecciones.
¿Cómo esta constituido el Colegio Electoral?
Y ahora entramos a otro aspecto interesante, el problema de las mayorías y de las minorías.
Los diputados del PRI no pierden la oportunidad hasta en la intervención más intrascendente de hablar de minorías y de mayorías, parece que la palabra mayoría les llena de emoción, ojalá tuvieran ese ímpetu, para sacar al país de tantos problemas, ya que son la mayoría, pero cuando se les exige a la mayoría la responsabilidad, entonces todos somos responsables y cuando se les dice son la mayoría, y respondan por qué son los responsables de la administración pública, entonces quieren que también la minoría agarre, los ayude a cargar, porque como todos somos mexicanos, entonces sí quieren que seamos mayoría y los ayudemos a ser mayoría.
Aquí eL número no importa, ciertamente ustedes tienen la mayoría numérica, no siempre la mayoría de razón, pero tengan la seguridad de que en Acción
Nacional no queremos sustituirlos, estén tranquilos los del PRI, no queremos sustituir, ya el pueblo los ha sufrido mucho para que venga otro partido a querer repetir lo que han hecho ustedes en el gobierno. No queremos sustituirlos, lo que queremos, es que el peso específico de los grupos políticos represente la verdad no solamente electoral, la verdad del pueblo México y que aquí cada quien tenga los diputados que haya ganado en elecciones limpias y libres.
Apología de la mayoría.
No solamente la democracia es un gobierno de mayoría, es fundamentalmente las condiciones necesarias, las libertades vividas y practicadas y respetadas por el poder, a efecto de que las minorías tengan la posibilidad de ser mayorías alguna vez, porque si no, como dijo nuestro amigo Rincón Gallardo: "ustedes tendrán la mayoría hasta para el Siglo XXI" y no se va a poder.
Esta reforma quiere eso; esta reforma quiere precisamente que la constitución del Colegio Electoral siga manejada por una mayoría y ya que hablamos de técnica, señor licenciado Medina de los Santos, tiene un error que no se fijaron. Resulta que de acuerdo con el a Artículo 54 fracción II de la Constitución, los partidos podemos, las minorías - para que estén a gusto las mayorías- podemos obtener sesenta mayorías y entonces ya no tendríamos posibilidad de obtener diputados de representación proporcional y, por lo tanto, ya no integraríamos el Colegio Electoral que es otra manera de pegarle a las minorías, no muy minorías.
Lo que se trata en realidad es sacar adelante esta reforma, a efecto, como decía mi compañero Carlos Castillo, a efecto de que vengan los mejores hombres del PRI a seguir prevaleciendo con sus mayorías; tratando que el Colegio no sea un órgano de calificación en que el pueblo pueda confiar, sino que siga siendo un instrumento de dominio del partido oficial hoy en el poder y espero que por poco tiempo
. Gracias.
El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado Belisario Aguilar
El C. Belisario Aguilar Olvera: Señor Presidente;
Señores diputados:
Permítanme que discrepe de todos los anteriores oradores.
Para nosotros el partido Popular Socialista, la Reforma Política tiene una gran singnificación en la vida de nuestro país porque elevó, de acuerdo con el Artículo 41 constitucional, a ese mismo rango a los partidos políticos.
Desde mi punto de vista, el mayor logro de la Reforma Política es esa cuestión esencial.
Nosotros consideramos que la Reforma Política es un proceso que irá convirtiendo a los partidos políticos en responsables del proceso electoral y quitando al Poder Ejecutivo la facultad que hoy tiene, porque son los principales interesados en el proceso electoral.
Nosotros siempre nos hemos pronunciado por que desaparezca el Colegio Electoral
tal como ahora se integra, porque la calificación de las elecciones debe hacerlas un organismo integrado por todos los partidos políticos, ajeno a los presuntos diputados, integrado sólo por comisionados de los partidos y el Secretario de Gobernación, llámese Comisión Federal Electoral, llámese Tribunal Electoral, o llámese como se quiera.
Siendo este el planteamiento del Partido Popular Socialista, nunca hemos estado de acuerdo con la autocalificación por parte de los presuntos
diputados en un Colegio Electoral. Sin embargo la reforma al artículo 60 Constitucional es un paso positivo por las siguientes razones:
Primero. Se reconoce el derecho de los partidos para designar sus representantes en el Colegio Electoral, que tiene el significado de ir avanzando en el proceso de darles toda la personalidad. Se evitarán asimismo las maniobras electorales ajenas a la Reforma Política que consiste en inflar la votación para poder participar en el propio Colegio Electoral.
El proceso de otorgar a los partidos políticos su más alta responsabilidad en la vida política, económica y democrática del país, creó los diputados de representación proporcional, junto con los de mayoría relativa que ya existían.
El Partido Popular Socialista ha planteado desde que surgió a la vida política del país la necesidad de establecer la representación proporcional como única forma de elección de diputados porque si los partidos políticos representan a una clase social es falso que el diputado de mayoría relativa represente a los habitantes de un distrito electoral determinado porque en la vida diaria las cosas son distintas.
¿Representa acaso el diputado de un distrito rural al terrateniente y a los solicitantes de tierras simultáneamente?
¿Este mismo diputado representa al terrateniente y a sus trabajadores agrícolas o sus peones?
¿El diputado de un distrito con desarrollo industrial representa de igual manera al patrón y a los obreros sin ninguna distinción?
En los debates que hemos tenido en esta Cámara se ha visto que los que son ganaderos representan a los ganaderos y no a los campesinos solicitantes de tierra; en los debates que hemos tenido en esta Cámara se ha visto que el permisionario defiende a la Alianza de Camioneros y no a los trabajadores del volante.
En sentido contrario, los diputados de representación proporcional representan una corriente ideológica del pueblo mexicano a una sola clase social, por eso estamos convencidos de que, finalmente, el proceso de la Reforma Política nos conducirá a otorgar a los partidos políticos su plena función en todo el proceso electoral.
La Reforma tiende a reforzar la presencia de los partidos políticos en el juego democrático.
EL PPS se ha pronunciado, repito, por la inexistencia del Colegio Electoral, proponiendo la creación de un tribunal que califique las elecciones.
Si son los partidos los que van a designar a los integrantes por ahora del Colegio Electoral, es de suponerse escogerán a sus elementos más capaces lo que elevará los debates, evitando que se den en el futuro inmediato los lamentables incidentes que sólo les merece el respeto que debe caracterizar al Poder Legislativo en nuestro país.
Estamos convencidos que el proyecto no cambia el sistema electoral, ni lo podría cambiar. Es una ingenuidad política pretender que por simples reformas a las leyes pueda desaparecer el sistema o el propio partido en el poder. Lo que las fuerzas democráticas y progresistas reclaman es una unidad férrea para que la Revolución Mexicana sea una realidad y no un simple recurso retórico.
Para el PPS la ampliación del régimen democrático no es simplemente un problema electoral, sino algo más profundo, que consiste en expulsar del poder público a la burguesía de derecha que se ha venido agazapando en algunos puestos de la administración; para el PPS la ampliación del régimen democrático es, en suma, la nacionalización del propio estado como un órgano al servicio del pueblo y de la nación. Esto implica que el poder público está integrado por las fuerzas nacionalistas, antiimperialistas y revolucionarias.
El propio desarrollo económico ha superado para siempre el liberalismo y el individualismo, que son inherentes a un sistema basado en el principio de dejar hacer y dejar pasar. Esto explica la aparición de los partidos políticos que representan no criterios personales, sino la ideología y los intereses de las clases sociales, o también de ciertos sectores sociales. Por eso el fortalecimiento de los partidos políticos ha entrado en un franco proceso que más temprano que tarde nos tiene que llevar a los mexicanos a ser, políticos desde las filas de los partidos actuales u otros que pudieran aparecer en la vida cívica de la Nación.
Esta reforma que nosotros apoyamos es un paso que tiende a fortalecer la personalidad jurídica de los partidos , por eso estamos de acuerdo con ellas.
Muchas gracias. (aplausos.)
El C. Presidente: Tiene la palabra el C. Diputado Arturo Salcido, en contra.
El C. Arturo Salcido: Compañeros diputados:
Efectivamente, a la hora de traer a esta Tribuna la integración del Colegio Electoral en sus diversas formas posibles, se repiten conceptos que hemos manejado las diversas fuerzas aquí representadas.
Por ejemplo, decíamos en alguna ocasión que de casi 70 millones de mexicanos que hay en el país, por lo menos la mitad se encuentran, por edad, con capacidad electoral, lo que nos da aproximadamente 35 millones de mexicanos votantes. De esos 35 millones existen empadronados, con todo y las deficiencias de padrón ya depurado, alrededor de 26 millones y de esos 26 millones votan menos de 13. Lo que quiero decirles que del total de votantes
registrados que ya plantea una proporción electoral que se abstiene en la misma inscripción, bastante importante, de los registrados la abstención es mayor al 50% y estos son datos oficiales manejados por la Secretaría de Gobernación, en las pasadas elecciones federales; lo que quiere decir que de un total de 35 millones de votantes posibles, el PRI obtuvo 9.5 millones, con todo el juego que sabemos de inflación de voto, también ahí se da, obtuvo 9.5 millones de votos, pero eso lo convierte, dígase lo que se diga, en un gobierno ilegítimo, no ilegal, ilegítimo y dentro de esa ilegitimidad se atribuye la mayoría y dijimos que eso lo convierte en una minoría.
En este país no hay ningún partido que cuente con los votos de la mayoría de los electores, por más que las cifras se manipulen y los números, en ese aspecto, no mienten. Entonces, decíamos que el PRI es la minoría mayor y como tal, dentro de esa minoría mayor - y la Constitución es bastante clara al plantearlo- , es una mayoría relativa; relativa, porque se determina simple y sencillamente con la mayor parte de los votos obtenidos, pero no de la mayoría de los electores, es mayoría relativa, no mayoría real.
Este proceso que genera una gran abstención y que se dice que todos somos culpables, simple y sencillamente, sea la culpa de quién sea, nos convierte en un gobierno no mayoritario, no mayoritario. Son los que tienen más votos, pero no son mayoritarios. Son de mayoría relativa.
Bueno, este proceso y su integración en colegio electoral, ha conducido, entre otros a la abstención, la falta de preocupación del mexicano ante el reiterado fraude electoral que lo aleja de las urnas, ante la reiterada burla a los deseos del electorado que se sigue manifestando y en el cual últimamente se han dado muestras muy importantes, ha propiciado, entre otras cosas, por otras causas también, la Reforma Política, pero esta reforma política manipulada, muy limitada, controlada, dirigida, hoy, tiene un paso atrás, un paso atrás que se refleja en la integración del Colegio Electoral.
El Artículo 60 Constitucional actual, como todos sabemos o debemos saber, plantea la integración del Colegio por 60 diputados de mayoría relativa y 40 de representación proporcional, pero ya esa integración tiene un error, en el que no habíamos reparado, ese error, que por un lado propició que en las últimas elecciones, dado que está Cámara es la primera que se integra con ese principio, hubiera muy abusados representantes del PRI que dieron muestras de su capacidad para inflar votos y llegar a este Colegio, dejando fuera a otros que al propio Partido Revolucionario le interesaba más que llegaran, decíamos adolece de un error, como adolece la reforma que están planteando. Lleva implícita la posibilidad de que un partido que obtenga 60 diputados por mayoría relativa o más, quede fuera del Colegio Electoral. ¿Cómo sería esto?
El PRI obtiene, o el partido mayoritario cualquiera que éste sea, pongamos obtiene 200 diputaciones o más pero un segundo partido obtiene 60 o más de mayoría relativa, eso de acuerdo con la ley lo deja fuera del Colegio Electoral en cuanto a representación proporcional, pero también lo puede dejar fuera del Colegio Electoral si no consigue que ninguno de los 60 diputados de mayoría relativa que ha ganado tenga la votación más alta. Entonces tanto en la Ley actual como en la que se propone, más aún en la que se propone, existe la posibilidad de que el segundo partido más fuerte de este país quede fuera del Colegio Electoral, tan sencillo como eso.
Pero insistimos, más grave aún es la modificación que se propone, porque si en la actual circunstancia, en la forma que lo establece la ley actual, un segundo partido o un partido que obtenga 60 diputaciones de mayoría tal como está establecida la ley, insisto, es muy factible que dentro de ese 60 que integran el Colegio Electoral de votación más alta logren entrar al Colegio, pero tal como lo plantea el PRI, tal como lo plantea esta reforma y, como hemos dicho antes, esta es una reforma hecha exclusivamente para los intereses del PRI, esta es una más de tantas reformas hechas al vapor y para la circunstancia del momento, para la coyuntura, solamente defiende sus intereses de partido y por supuesto sus intereses de clase, pero no corresponde a los intereses nacionales, no respeta el propio postulado de la Constitución de salvaguardar los intereses de los partidos políticos considerándolos de interés nacional y reiteramos, tal como se plantea, tanto en la legislación actual como en la que se propone, se deja afuera posiblemente, del Colegio Electoral, a partidos con fuerza, a partidos que sean capaces de obtener 60 diputaciones de mayoría; por lo que, sin abandonar, por el contrario, reiterando, afianzando, nuestro objetivo de representación proporcional, consideramos que la única manera de garantizar el propósito que se plantea en la Iniciativa, de hacer que en el Colegio Electoral los partidos cuenten con sus mejores elementos y además con la fuerza real que les corresponde, debe plantearse en la integración del colegio un principio de representación proporcional tal que nosotros proponemos, pudiera ser el siguiente:
"Artículo 60. La Cámara de Diputados calificará la elección de sus miembros a través de un Colegio Electoral que se integrará con 100 presuntos diputados, designados por los partidos políticos, proporcionalmente, en el número
que para cada uno de ellos hubiere reconocido la Comisión Federal Electoral por el porcentaje de votación que hayan obtenido."
Como se ve, con esta redacción elevada a ley, los partidos de representación proporcional, los diputados de representación proporcional, con los números de la actual legislatura en lugar de haber tenido 40 representantes en el Colegio Electoral, hubiéramos bajado a 30, pero esos 30 hubieran correspondido a una representación real; hubieran correspondido a una relación efectiva de fuerzas, dando por válidos los resultados abultados de las votaciones, pero esos 30 diputados y ese 30% hubieran sido reales.
No estamos demandando ninguna concesión; estamos demandando que la ley no sea hecha al vapor, que la ley no corresponda a intereses particulares del momento, y tengan que estarla modificación a cada legislatura, y que se de un paso en la integración real consecuente de las fuerzas que componen cada legislatura.
Muchas gracias.
- El C. Presidente: Tiene la palabra el ciudadano diputado Marco Antonio Aguilar.
El C. Marco Antonio Aguilar: Terminados mis estudios de derecho - escolarmente hablando- hablé con un maestro para el efecto de que viera algunos trabajos que yo tenía en relación a la materia electoral, y que había elaborado con la ilusión de quien concluye cursos y obtiene así una posición en la vida profesional de su país.
Hice un trabajo sobre la Ley Electoral de mi entidad federativa con el propósito de aclarar sus múltiples obscuridades.
Aquel viejo maestro después de escuchar las explicaciones que le dí sobre los muchos artículos confusos, y cómo, ilusionadamente le decía, se podrían dejar clarificados, me platicó que en una ocasión, muerto un padre de familia abogado, el hijo, también postulante que se hizo cargo del despacho, llegó con su madre viuda y le dijo: te traigo una magnífica noticia. Aquel juicio con el que mi padre duró 25 años, lo acabo de terminar. Entonces la madre le contestó: Pero qué has hecho, si justamente ese juicio que llevaba tu padre era el que te dío de comer durante 25 años y fue con el cual pudiste hacer tu carrera.
El maestro trajo a colación esta anécdota para manifestarme que las leyes electorales, en ciertas condiciones, tiempos y lugares, deberían de ser obscuras para que no las entendiera la gente, y que aquel quisiera aclarar las normas jurídicas electorales, estaba afectando juntamente su realización de origen.
Eso me aconteció más allá de la mitad de los años 60's. Pero ahora las cosas, por fortuna, toman otro derrotero, y nuevas generaciones dan sus opiniones al respecto. Y aquí, cuando alguien desde esta tribuna ha manisfestado que hay cosas ocultas, obscuras, quiere decir que no leyó la Iniciativa, significa que no escuchó lo que el Presidente José López Portillo dijo en la introducción de su Iniciativa. Ahí habla con mucha claridad de cuáles son las fuentes de esa Iniciativa, las fuentes reales de ese prospecto de derecho.
Por fuente real debe entenderse las motivaciones, las causas; deben entenderse los fenómenos socio- económicos que originan una norma, y ahí el Presidente López Portillo los manifiesta con toda claridad. No hay ningún ocultamiento por tanto.
La Iniciativa responde, primero, a que no haya la posibilidad formal, en un futuro, de que el Colegio Electoral esté integrado mayoritariamente por los grupos minoritarios.
Hay gente a la que le molestan los términos, las palabras. Pero las palabras son lo único que nos puede hacer que nos comuniquemos de mejor manera. Tenemos por tanto que hacer los señalamientos correspondientes de "mayorías y de minorías". Ahí, en la exposición de motivos de la Iniciativa, se reconoce la posibilidad que se había dejado en la reforma en 1977, la posibilidad como un equívoco político- jurídico, que había permitido el que el Colegio Electoral pudiera estar integrado por grupos minoritarios, y que el grupo mayoritario sea quien sea, estuviera, o pudiera estar en desventaja dentro del colegio electoral. Peligrosa forma de afectar a la voluntad popular mayoritaria.
Quizás quienes quisieran ver vacíos dejados por quienes tienen la fuerza en este país, quisieran, desde luego, la desestabilización correspondiente.
Habrá que ponernos a pensar, y eso tiene que ser tema a discusión muy profusa y muy profunda, qué pasaría en estos momentos, y bajo estas circunstancias, si el partido mayoritario hiciera los vacíos de poder por cualquiera de las causas posibles. Acaso lo más lógico, y lo más probable, es que las fuerzas más negativas de este país llenarían tales vacíos. ¿Esto es lo que se desea?
Y está bien que se afecte a un grupo que se encuentra en el poder, pero que se le afecte sobre la base de contenido, no que se le afecte sobre la base de instituciones falsas, de instituciones formales. Que le ganen en la lucha popular, no en la maña legal.
Por eso la iniciativa que se envía es muy clara a ese respecto. Una segunda causal de esta iniciativa, que puede enumerarse dentro de las fuentes reales que la originan, es la intervención directa de los partidos políticos. Algún compañero del Partido Comunista, Coalición de Izquierda, manifestaba su opinión de que fueran justamente los partidos políticos los que calificaran las elecciones. Entiendo, aunque
no escuché todos los elementos del contenido de la Iniciativa que presentó el último de los compañeros de este Partido, que también se inclina por la participación de partidos.
Pues aquí en esta Iniciativa se está dando la entrada, justamente, a que sean los partidos políticos los que escojan a sus mejores hombres para que lleguen a formar parte del Colegio Electoral. Se frena así, la posibilidad de que el supuesto deseo de llegar al Colegio Electoral motive un sinnúmero de actividades de carácter personal, o de grupo, para el efecto de obtener cantidades mayoritarias de votos y ser afecto al supuesto jurídico del Artículo 60 de nuestra Constitución, tal y como se encuentra actualmente.
Pero no sólo se trata de esta modificación, y no sólo se ha hablado aquí de la misma, sino que se han esbozado otras ideas. Se han expresado otras tesis, y es conveniente aclarar algunos aspectos que aquí se han dicho. Se ha denunciado que por la razón de que los diputados son los que califican su elección, esto indica que son juez y parte, y jurídicamente no son juez y parte por varias razones. Enumeremos las principales. En la teoría de derecho, cada uno de los ciudadanos, o cada una de las personas físicas, para utilizar el término más amplio; cada una de las personas físicas tiene diferentes supuestos jurídicos, y cada uno de nosotros, por tanto, vive esos supuestos jurídicos de manera diferente, a grado tal que, de acuerdo con cada uno de esos supuestos jurídicos tenemos un cierto número de derechos y obtenemos un cierto número de obligaciones. Nosotros, por ejemplo, nos encontramos en el supuesto jurídico de ser representantes de la nación, y como tales, tenemos facultades y tenemos deberes, sin que esto excluya que muchos de nosotros vivamos el supuesto jurídico de padres de familia, y como padres de familia tenemos una equis cantidad de derechos y una equis cantidad de obligaciones, y eso de ninguna manera limita el hecho de que vivamos múltiples supuestos jurídicos, incluso en el contrato de transporte al utilizar el Metro, al utilizar el camión, o en el hecho de llenar el tanque de gasolina del carro, sujetos al contrato de compra- venta, incurrimos en la hipótesis correspondiente de aquellos actos jurídicos. Cuando se integra el Colegio Electoral no se está integrando sobre la base del supuesto jurídico que se vive de ser parte, sino al manejarse dentro del Colegio Electoral se está integrando sobre la base del supuesto de una nueva institución, la institución que la norma jurídica fundamental ha creado que es el Colegio Electoral. Además, el interesado que integra tal Colegio no conoce de su caso particular, si no de los otros comicios que no son referidos a su distrito.
Pero además, se ha hablado aquí de los orígenes históricos de este precepto constitucional, incluso alguien preguntó: ¿Y qué motivación tiene ese origen histórico? La motivación que tiene ese origen histórico es no viciar la soberanía ejercida por el Poder Legislativo. La causa de este precepto que se
ha encontrado en todas nuestras Constituciones, desde la de Cádiz en el 1812, antes de que lograra la independencia este país; como la de 1814, de Apatzingán, como un aprobado proyecto; o la de 1824, incluso la de 1836, o las Reformas de 1842, o las Bases Orgánicas de 1843, o la Constitución de 1857 con su modificación del 74, y la Constitución vigente de 1917. Me referí a la del 36, porque el 36 de todas maneras daba participación a una parte del Poder Legislativo como era el Senado. Si en todas ellas se da la participación para que las Cámaras de dicho Poder califiquen sus propias elecciones, es para no romper ese principio fundamental de ejercicio de la soberanía. Principalmente para ellos. Si le entregáramos nosotros la facultad de calificar las elecciones a cualquiera de los otros dos Poderes, o si otorgáramos la facultad de calificar las elecciones a otros organismos que no formen parte de los Poderes, estaríamos destruyendo, injustamente, los orígenes del ejercicio soberano que tiene el Poder Legislativo. Esa es la causa de que nuestras normas jurídicas fundamentales hayan obrado de tal manera, y esá seguirá siendo la causa que nuestra norma jurídica fundamental siga obrando en esa forma. Ahora, con la Iniciativa del Presidente López Portillo se logrará el efecto de darles mayor intervención a los partidos, a efecto de que éstos designen a los 60 correspondientes al grupo mayoritario, y los 40 correspondientes a los grupos minoritarios, proporcionalmente a la votación obtenida, y así se logre escoger a los miembros que integren el Colegio Electoral.
Por último, expreso que esta reforma constitucional se hará no sólo por razón jurídica, sino por razones de fundamentación real. El PRI es un partido en el poder, y que ejerce el poder, y el poder, señores, es cierto que desgasta, pero eso si, debe de quedar muy claro que el no poder desgasta más.
El C. Presidente: Sirva la Secretaría dar lectura a la modificación propuesta por el diputado Salcido.
El C. David Jiménez González: "Artículo 6º La Cámara de Diputados calificará la elección de sus miembros a través de un Colegio Electoral que se integrará con cien presuntos diputados, designados por los partidos políticos, proporcionalmente en el número que para cada uno de ello hubiera reconocido la Comisión Federal Electoral por el porcentaje de votación que hallan obtenido".
En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta por el diputado Arturo Salcido Beltrán. Los
que estén por que se acepte, ponerse de pié. Los que estén por que se deseche, ponerse de pié. Desechada.
El C. Presidente: Consulte la Secretaría si el dictamen se encuentra suficientemente discutido.
El C. Secretario David Jiménez González: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se encuentra suficientemente discutido el artículo 6o. de la Constitución General de la República. Los que estén por la afirmativa, ponerse de pie.
Suficientemente discutido, señor Presidente.
Se va a proceder a recoger la votación nominal del Artículo Unico del Proyecto de Decreto.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el Artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación)
Señor Presidente, se han emitido 215 votos en pro, 49 en contra y 3 abstenciones.
El C. Presiente: Aprobado el Proyecto de Decreto en sus términos por 215 votos.
El C. Secretario David Jiménez: Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
PROPOSICIÓN
El C. Edmundo Gurza Villarreal: Pido la palabra, señor Presidente, para presentar una proposición.
El C. Presidente: Tiene la palabra el señor diputado Gurza Villarreal.
- El C. Edmundo Gurza Villarreal:
Ciudadano Presidente;
Ciudadanos diputados:
Es común entre la gente de la calle oír la expresión de que para qué se gastan tantos millones de pesos en elecciones si de todos modos gana el PRI y si de todos modos los candidatos del PRI a gobernadores, a senadores, a diputados federales y a presidentes municipales de los principales municipios del país, los aprueba el señor Presidente de la República, si los candidatos a diputados locales y a presidentes municipales con la autoridad delegada los nombran los gobernadores de los estados, pero hay una razón del por qué se deben seguir haciendo las elecciones, porque el régimen se dice heredero de una revolución que se institucionalizo en la constitución, la de 1917, y tiene que dar, cuando menos, la apariencia de legitimidad del sistema, desarrollando el proceso electoral, aun cuando en muchas de las elecciones ni siquiera se instalan las casillas.
Esta misma apariencia de legalidad y de democracia debe también de darse en la constitución del colegio electoral.
En la forma en que se constituyó el Colegio los partidos políticos de oposición, a través de sus diputados plurinominales, mandaban a sus mejores hombres que eran los que ocupaban los primeros lugares en la lista y de parte del partido de la mayoría numérica iban no aquellos que habían, como dijo el Presidente de la República en su informe del año pasado, ajustado a la realidad su votación, sino aquellos pistoleros, gansters electorales que habían abultado las votaciones y llegaban a constituir el colegio electoral con votaciones de ciento y tantos mil votos. En la forma en que quedó aprobada la redacción de este Artículo 60 se puede llegar a absurdos como ya mencionaron algunos de mis antecesores, de que la segunda fuerza política del país si llegara a tener más de 60 diputados de mayoría, no tendría representación alguna en el colegio electoral porque no tendría diputados plurinominales y porque los 60 diputados o presuntos diputados de mayoría que constituyeran el colegio electoral los nombraría el partido de la mayoría numérica, pero la oficina de asesores del señor Presidente de la República cometió otro error más grave todavía. Una ley es para aplicarse en todos los casos y este artículo como quedó aprobado, puede haber casos en que se llegue al momento en que no se pueda constituir de acuerdo con esta ley, un Colegio
Electoral:
Pongámonos en el supuesto de que 6 partidos de oposición obtienen cada uno 42 presuntos diputados lo que da un total de 252 presuntos diputados de mayoría y el partido de la mayoría numérica tendría 48 presuntos diputados, esto sin descontar que a algunos de ellos pudieran haberles retenido su credencial de mayoría, de aquí el partido de la mayoría numérica tendría que nombrar de entre sus diputados a 60 que constituyeran el colegio electoral, pero resulta que no tendría más que 48, entonces no podría constituirse el colegio electoral, tendría o que buscarse un artificio legaloide, o qué, no sé, convocar a un período extraordinario de sesiones de la Cámara anterior para cambiar la Constitución y esperarse a que la aprobaran los Congresos locales para que pudiera constituirse el Colegio Electoral.
Creo yo que una ley no debe de aprobarse si no es aplicable en la totalidad de los casos y podría todavía darse un caso todavía más extremo, que cinco partidos de oposición tuvieren 43 constancias de mayoría cada uno. Daría un total de 215, uno más tuviera 41 constancias de mayoría y al partido de la mayoría numérica le quedarían 44 presuntos diputados, solamente uno más que el de cinco de
los partidos de oposición, pero le faltarían, seguirían siendo como partido mayoritario, le faltarían 16 diputados para completar los 60 a que la Constitución dice que deben de formar parte del Colegio Electoral.
En obvio de corregir este error y para corregir también el descaro de lo antidemocrático del dictamen que dice que en particular el dominante mayoritario que dicho sistema preconiza ya que de ninguna manera podría romperse ese principio, pues ello implicaría debilitar el gobierno de las mayorías y un gobierno de las mayorías que no esté dispuesto en un momento dado no solo a debilitarse, sino incluso a perder el poder, a entregar no nada más la mayoría en la Cámara de Diputados, sino también la Presidencia de la República, como lo acabamos de ver en el país del Norte y en otros países de Centro y Sudamérica. Para corregir estas fallas, proponemos los diputados de Acción Nacional en uso de la facultad que nos otorga el Artículo 124 del Reglamento, la siguiente redacción:
"Artículo 60. La Cámara de Diputados calificará la elección de sus miembros a través de un Colegio Electoral que se integrará con 100 presuntos diputados, 60 de los electos en los distritos uninominales, designados por los partidos políticos en proporción a los presuntos diputados que tuvieren constancia de mayoría registrada por la Comisión Federal Electoral y 40 de los electos en circunscripciones plurinominales, designados por los partidos políticos proporcionalmente al número que para cada uno de ellos hubiera reconocido la Comisión Federal Electoral, por el porcentaje de votación que hayan obtenido."
Señores diputados:
Yo pido a ustedes que aprueben esta modificación para que cuando menos la gente de la calle no piense que los señores diputados no saben ni siquiera multiplicar.
Muchas gracias.(Aplausos.)
El C. Presidente: Se ruega a la Secretaría consulte a la Asamblea si se admite la modificación propuesta por el diputado Gurza.
El C. secretario David Jiménez: En votación económica, por instrucciones de la Presidencia, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta por el compañero Edmundo Gurza Villarreal. Los que estén por que se acepte, ponerse de pie.
Los que estén por que se deseche, ponerse de pie.
Desechada, señor Presidente."
El C. Jorge Montúfar: Pido la palabra para hechos, señor Presidente.
El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado Montúfar para hechos.
HECHOS SOBRE EL MISMO TEMA
El C. Jorge Montúfar: Pido la palabra para hechos, señor Presidente.
El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado Montúfar para hechos.
El C. Jorge Mantufar: Señor Presidente;
Compañeros diputados:
Alguien me comentaba que venir a esta tribuna podía representar satisfacción para alguien. Así puede ser en función del éxito que se pudiera tener en una intervención.
Yo quiero comentarles que para mí cada ocasión en que he podido llegar a ella, ha sido como un ascenso psicológico al Popocatépetl. Me preocupa mucho venir ante ustedes a hablar de cualquiera de los temas que aquí se discuten.
Al contrario de lo que han afirmado algunos compañeros de mi partido en otros debates y en éste, en el sentido de manifestarlo, entender en ocasiones la razón de la presencia de compañeros diputados de la oposición frente a conceptos que se discuten, yo entiendo que de acuerdo con la escuela clásica de la ciencia política y de acuerdo con la realidad del mundo y de cómo viven y se hacen los pueblos, es inevitable y es natural que los partidos de oposición con o sin razón vengan aquí a atacar, a cuestionar los conceptos que están a discusión.
Lo científico es que un partido luche para la conquista del poder. Ahora y siempre será así. Por eso a mí no me sorprende la actitud y las frecuentes coincidencias de los partidos de Acción Nacional y del Partido Comunista frente a tesis políticas que como en el caso de las que afectan a la Reforma Política son sustanciales para la estabilidad del sistema, para el desarrollo histórico de la vida en México y para la lucha de todos aquellos grupos que, organizados, tienen una posición política e intereses definidos y precisos que defender. Esa es la realidad y para eso estamos aquí.
Pues bien, señores, qué lástima que los compañeros del PAN, que mucho saben de derecho, de teoría política y que tienen una grande experiencia en este parlamento, rehuyan con gran facilidad la razonabilidad, la racionalidad y ocurran frecuentemente a la falacia y al juego de palabras.
El liberalismo, esencia científica e histórica de la doctrina que ellos postulan, desemboca y acepta el sentido de la soberanía del Estado, como un concepto fundamental e indivisible y, científicamente, el liberalismo postula como órgano para calificar una elección la calidad de que sea la propia soberanía, emanada del voto, la que venga a reunirse en un grupo deliberante que va a calificar la legitimidad de la voluntad popular, expresada en quienes ya
son posibles o presuntos integrantes de un organismo colegiado.
Qué lástima, pues, que siempre, reiterada mente, tengamos que acudir a la pérdida de la memoria y de la conciencia y de la responsabilidad científica para dar la salida y para encontrar por dónde lanzar directos ataques al gobierno que trae sus puntos de vista para discusiones más razonables, más lógicas, más apegadas a realidades históricas.
El C. Presidente: Haga el diputado Montúfar el favor de concluir su intervención.
El C. Ricardo Castañeda: El diputado tomó la palabra para hechos. Está discutiendo una cosa que ya se votó.
El C. Jorge Montúfar Araujo: Así lo haré. El Partido Comunista nada más se alinea a la misma posición. ¿Para qué? Para levantar en forma permanente banderas que hemos discutido mil veces y sobre las que hemos tomado acuerdos fundamentales.
Señores, mi exhortación es única y exclusivamente para que seamos más razonables en el debate y más objetivos en el manejo de las teorías de las doctrinas y de los conceptos.
(Aplausos.)
El C. Presidente: Tiene la palabra para hechos, el C. Sánchez Cárdenas.
El C. Carlos Sánchez Cárdenas: Señor Presidente;
Compañeros diputados:
Una y otra vez, casi en cada reunión, incidimos en la Reforma Política, y qué bueno que así sea porque eso nos permite definir sus dimensiones.
El presidente de la República ha mostrado interés en definirla como una reforma en proceso y, desde su arranque, de complejas y ambiciosas dimensiones; no es, ha dicho el Presidente, una simple reforma de carácter electoral, sino una reforma que afecta esencialmente la democracia mexicana, nuestra manera mexicana de ser demócratas. Pero en la Cámara de Diputados a cada rato hay obstáculos para la adopción de las nuevas concepciones; los levantan desde el diputado que por considerar que representa a la mayoría de la población, por lo menos a su distrito y que pertenece al partido
efectivamente mayoritario, juzga que los partidos minoritarios estamos en esta Cámara como un favor, como una dádiva y no como fruto de una nueva concepción de democracia, hasta los diputados que se molestan por las críticas de la oposición, y desearían que hubiese silencio, quizá unanimidad, carro completo. Olvidan, los diputados que se encuentran en esta última categoría - como el compañero diputado que me antecedió en el uso de la palabra- , que la unanimidad no se daba siquiera, paréceme que lo he mencionado en otra ocasión, cuando sólo un partido ocupaba las curules de esta Cámara. Y las viejas curules tenían la huella - no sé si por allá hay alguna también, en el techo de la Cámara- , de las balas de alto calibre disparadas por unos diputados del partido gobernante contra otros diputados del partido gobernante, cuyas diferencias habían llegado al extremo de pretender resolverlas a tiros. Y quieren unanimidad, y quieren silencio, cuando hay partidos de oposición que piensan distinto.
Entiéndase que con la Reforma Política se busca hallar nuevos cauces al funcionamiento de la democracia; entiéndase que la situación del país estaba marchando por caminos de violencia, que existían acciones guerrilleras importantes en diversos campos de la República y en las ciudades, porque había fuerzas políticas que no encontraban la manera de manifestarse pacíficamente, por causas legales y la Reforma Política ha pretendido abrir estos cauces; pero no es, de ningún modo, una maniobra del partido gobernante o de los estadistas que ocupan, que han venido ocupando la Presidencia de la República y, sobresalientemente, de José López Portillo, no es una maniobra barata para tapar la boca a los opositores, sino es la apertura de la Cámara para ofrecerles una tribuna en la que puedan hacer oír su voz, de manera que resuene más a lo largo de la República. Y, además, es la Reforma Política un intento de buscar el entendimiento por el debate; pero yo veo, cuando se debaten, se discuten los puntos básicos y aun los de importancia secundaria en esta Cámara - ahora desde el sitio de la vicepresidencia, a la que ustedes me han elevado- , miro en el gesto de los diputados de la mayoría, cuando habla alguno de nosotros, una actitud que podría definirse así: "que hablen hasta que enronquezcan, o hasta que a nosotros nos dé la gana, cuando en votación económica decidamos, que el punto está suficientemente discutido, no les haremos caso en el momento de la votación, los aplastaremos"
. Se olvida, señores diputados de la mayoría, un juicio expresado por líderes de su partido; recuerdo sobre todo la formulación elaborada por el presidente Diaz Ordaz: "No será capaz de vencer quien no sea capaz de convencer". Y ustedes no quieren convencer, no escuchan razones ajenas, vienen con las decisiones adoptadas de antemano, y este no es el espíritu de la Reforma Política. Y en la misma medida en que persistan ustedes en esa actitud, que no es unitaria, ni es democrática - porque la democracia no es nada más el predominio de las mayorías sino el gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo, y el pueblo lo integramos también las minorías- .
El C. Presidente: Orden.
- El C. Carlos Sánchez Cárdenas:...mientras persistan en esa actitud, señores diputados, cuya voz no admite este tipo de inflexiones porque no conocemos, porque siempre tienen la boca cerrada, porque vienen siempre a votar por el "sí"; mientras eso piensen, encontrarán la oposición resuelta de los partidos de la minoría, porque así también se defiende la marcha democrática de la República.
El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado José I. Valencia para hechos.
El C. José I. Valencia: Honorable.
Asamblea:
En esta sesión se han aprobado cambios para lograr una mayor pureza democrática en el proceso electoral. Sin duda alguna que cambios los ha habido y que el deseo del pueblo de participar no logra materializar en una forma objetiva hasta lograr que lleguen a los puestos de elección aquellos ciudadanos que él considera que puedan representarlos dignamente.
Cualquier reforma, cambio que se haga en nuestras leyes, mientras aquellos que estén en posición de respetarlas y no las respeten, será negatoria.
Venimos a nombre del Partido Demócrata Mexicano, a denunciar una serie de fraudes cometidos en las últimas elecciones y no queremos escuchar desde luego una contestación que no es el lugar donde han de dirimirse estas violaciones, sino que tendrá que ser justamente en las legislaturas locales.
Ya sabemos que no es aquí donde debemos o donde vamos a encontrar la respuesta a esta denuncia, pero es preciso que cada vez que estos fraudes se cometan sean conocidos por todos los ciudadanos diputados para que hagan conciencia de la situación que prevalece en el país.
En nuestra presencia en las comisiones, cuando comentábamos en forma personal con diputados de la mayoría, aceptan, señores, esta es la verdad, que la situación prevalece, pero se encogen de hombros porque dicen, argumentan, que son situaciones que están fuera de su control. Allá el Presidente Municipal, allá el Comisario Ejidal, pero esto creo que no es un argumento que tenga validez. Esos personajes de presidencias municipales o de diferentes dependencias obedecen al mandato del que está arriba y el partido oficial de que dice una norma concreta de que aquí no se ha de dar una presidencia municipal, así sea ganada, lo cumplen en la forma que sea necesaria, llegando inclusive al uso de la fuerza.
Es preciso pues que se conozca que en estas últimas elecciones por ejemplo en Guerrero, se hizo un fraude de la manera más sencilla en el municipio de Quezultenango, Gro., se presentaron, los representantes del Demócrata Mexicano, con su documento para dar fe del evento que se llevaba, no pudieron ser admitidos porque todos los números de las casillas fueron cambiados y ninguno de los que llevaba su carta era aceptado porque no correspondía al lugar al que estaba él asistiendo. Un número cambiado daba la oportunidad a que toda la maquinaria puesta por el partido oficial trabajara perfectamente.
En Tasco a pesar de haber sido registrado con su debida oportunidad el candidato del Demócrata Mexicano al X Distrito, no apareció en las boletas electorales.
Y en Chilpancingo, para no quedarse atrás, no sólo no apareció un candidato, sino que toda la planilla municipal del Demócrata Mexicano, no apareció en las boletas electorales.
Hay documentos, hay actas,; sabemos que es la verdad, pero sabemos también que quien va a calificar estas elecciones, tiene el mandato superior y que no aceptará ningún cambio.
Esta es la triste realidad que se da en todo México.
En Michoacán fue todavía más violenta la presentación, al obligar al ciudadano a votar. Delegados empistolados obligaron en Gabriel Zamora a que se votara por el partido oficial.
Todo esto podrá decirse que viene a argumenta por la minoría tratando de ocultar sus derrotas, pero la verdad es que se antoja increíble que sabiéndose, el partido oficial, con lo que dicen ellos de la eterna fuerza mayoritaria, no permitan que siquiera en varios municipios se manifieste en una forma limpia el voto popular. En cualquier municipio o casilla que entienden que hay peligro porque conocen la fuerza de algún determinado partido, inmediatamente encuentran la forma de nulificar la elección.
En el mismo estado de Michoacán, en Arteaga, Quiroga, Tingambato, se voto con credenciales que fueron expedidas dos días antes de la elección; expedidas justamente a personas que fueron enviadas por los recomendados del partido oficial.
. Todo esto nos lleva, señores, a conocer esta realidad que vivimos y que desgraciadamente aquellos que se dicen representantes de la mayoría se obstinan en no reconocer, de tal manera el Partido Demócrata Mexicano considera que es de suma urgencia que para todo organismo que intervenga en el proceso electoral se haga con el sistema de insaculación de las listas proporcionadas por los partidos políticos.
Es necesario que se comience a trabajar desde la base, que se permita a los partidos políticos intervengan en la formación de las directivas de casillas electorales. Mientras otros esos no se den, todos los cambios, todo lo que se
haga, ciudadanos, no será más que con el fin de seguir engañando al pueblo al que se le dice que hay una democracia que desgraciadamente no ha podido vivir.
. Muchas gracias.(Aplausos.)
- El C. Juan Maldonado P. Pido la palabra para hechos, señor Presidente.
El C. Presidente: Tiene la palabra para hechos el diputado Juan Maldonado.
El C. Juan Maldonado Pereda: Señor Presidente;
Honorable Asamblea:
Nada hay que enseñe más en la vida que saber oír la opinión ajena. Se puede concordar o estar en desacuerdo, pero hay que saber oír, repasar el punto de vista propio, afirmarse en él si uno cree después de la reflexión que es lo correcto, o tomar lo constructivo de la opinión contraria y no caer en el falso concepto de que a todo trance, en todo momento y en todo asunto sólo uno es poseedor de la verdad absoluta.
Por ello me he dispuesto a escuchar con profundo detenimiento las exposiciones de mis compañeros los señores diputados.
La clara inteligencia del señor diputado Sánchez Cárdenas, que respeto, nos dice que recuerda a Díaz Ordaz en su expresión de que no puede vencer quien no puede convencer. Y quiere que nosotros la reconozcamos convenciéndonos, pero con todo respeto, el diputado Sánchez Cárdenas cierra los oídos para asegurar, porque así lo hacen, que a él no se le ha convencido y, por otro lado, quiere que nosotros nos declaremos públicamente convencidos y vencidos.
Y ¿por qué habríamos de declararnos convencidos y vencidos si, con toda a respetable inteligencia del señor diputado Sánchez Cárdenas, no ha logrado convencernos.
Lo que sí aceptamos es que la Reforma es apertura y tolerancia y búsqueda del consenso general, eso es y en esa lucha estamos, en esa lucha - yo diría- que vamos madurando. Renovar por la vía del derecho, dentro del derecho mismo, la convivencia social; buscando una sociedad más justa, al margen de la arbitrariedad que amplíe los cauces normativos que rigen el ejercicio del Poder Público; que extrañe una clara desición para fortalecer y vigorizar el avance democrático de México. El nuevo sistema electoral mixto del país, garantizando la manifestación plural de las ideas e intereses que concurren en él, convierte a los miembros del Congreso, señores diputados, no en rivales que luchan por el poder sectario o extra nacional de sus partidos, sino todos, respetuosamente, como mexicanos que trabajamos con y junto al guía de la nación, inspirador de la Reforma Política por el progreso de la patria, sabedores que somos depositarios de la confianza del pueblo y guardianes celosos de su herencia, que nos obliga a mejorarla, porque nuestra física y moral comienza en el país mismo que es el punto de partida, el principio y el fin de todos nuestros afanes.
Los compañeros del Partido Demócrata Mexicano, hoy también nos han traído quejas, las escuchamos con atención, consideramos que ésta es una caja de resonancia, pero no podemos dejar de decirles que está no es, y lo saben una instancia de resolución y lo tenemos que decir así porque saben también que ésta es la verdad.
Caminamos y adelantamos, yo diría finalmente, señores diputados, que la Revolución Mexicana, sin que lo diga con soberbia, está aún viva y actuante, la mejor prueba de ello es que está en el poder donde aún la oposición no llega plenamente, pero por el que lucha, en buena hora que así sea, porque en contrapartida, es la mejor demostración de nuestra propia fuerza la que en cierta forma alimenta la fuerza de la propia lucha de ustedes, porque de no ser así, qué pobre resultaría su lucha contra un fantasma, contra una visión tan débil que por etérea y frágil les espanta a tal punto que empaña su visión de la realidad debilitando sus energías.
No señores diputados, por lo menos yo, definitivamente me niego a aceptar un concepto tan pequeño y acaso tan mezquino, de la lucha de la oposición que yo entiendo tenaz, sincera, honrada, heroica cuando es auténtica y por lo tanto también digna de nuestro mayor respeto
Basta ya de denostarnos todos, unos por acción y otros por omisión, que por encima de nuestras divergencias somos con poder o sin él herederos de una herencia ciertamente revolucionaria que no se puede desechar, pues aun la marcha de las nuevas corrientes de la historia, forjadoras de la sociedad que venga, como lo señala el propio Lenin, necesitan partir de lo que está hecho pues la historia no es ni con mucho y por más que quisiéramos, y perdóneme el compañero Ortiz Walls, proporcionarnos una sucesión en la historia como
una sucesión invertebrada de simples acontecimientos, es decir, un frío mausoleo de estériles osamentas, sin sangre y sin memoria. Qué pobre, qué triste concepción tendríamos de la historia de este nuestro sufrido pueblo de México.
La grandeza de la Reforma Política y los alcances que tengamos, nos corresponden ciertamente a todos y yo tengo fe en la clara inteligencia de todos los señores diputados, a quienes respeto, de todos los partidos, que juntos nos embarga una sola emoción: Luchar por México y engrandecer el caudal democrático de la República.(Aplausos)
- C.Raúl Pineda: Pido la palabra, señor Presidente.
El C. Presidente: ¿Con que motivo, señor diputado?
El C. Raúl Pineda: Para hechos.
El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado Pineda.
El C. Raúl Pineda: Sólo con el objeto de no callar ante la falsedad, deseo dejar ante está máxima Asamblea, la forma legítima, limpia, clara, como se llevaron las elecciones en el estado de Michoacán.
Es falso lo que afirma el compañero, que en Lombardía, Gabriel Zamora, Arteaga, Cumbiscatio o Quiroga, haya habido irregularidades, como lo señala el compañero, es falso que haya existido violencia en estas elecciones en Michoacán.
Considero que esta Tribuna no nos da derecho para que, al amparo de la Reforma Política, vengamos, sin ninguna prueba, sin ningún elemento a manchar esta forma tan limpia y democrática como se han llevado las elecciones en el Estado de Michoacán.
Muchas gracias. (Aplausos)
- El C. Presidente:Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
El C. José María Serna Maciel: Señor Presidente, pido la palabra, para hechos.
El C. Presidente: Tiene la palabra el C. José María Serna Maciel.
El C. José María Serna Maciel: Ciudadano Presidente;
Ciudadanos diputados:
El compañero diputado que quiere subir a esta tribuna puede hacerlo con entera libertad y expresarnos como más le convenga a su partido. No objetamos eso, ni vengo a objetar este derecho que tienen los diputados, pero lo que sí no puedo dejar aclarar como miembro del Partido Revolucionario Institucional, son acusaciones sin base.
Aquí vino el compañero diputado, del Partido Demócrata Mexicano, a expresar algo que no tiene base, ni legal ni documental.
Las elecciones en el Estado de Guerrero han sido las elecciones mas limpias que se han hecho en el Estado, por lo tanto, quiero dejar constancia que el señor diputado del Partido Demócrata Mexicano, solamente cuando venga la computadora el jueves para presidencias municipales y el domingo para diputados locales y para gobernador, se dará cuenta de la tremenda derrota que sufrió su partido en el Estado de Guerrero.
Eso es todo, muchas gracias.
El C. Presidente: Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
LEY FEDERAL DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS Y PROCESOS ELECTORALES
El C. secretario David Jiménez González: "Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea:
Por acuerdo de esta soberanía fundamentado en los artículos 71, párrafo segundo y 72 inciso "F" de la Constitución General de la república, 56, 60, y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, fue turnada para su estudio y dictamen a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, una iniciativa de reformas al artículo 49 de la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales que presentó, el 25 de septiembre anterior, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, misma que se dictamina en los siguientes términos:
La iniciativa se ocupa de tres incisos de la Sección "A" del Artículo 49 mencionado, relativos a la prerrogativa que tienen los partidos políticos para tener acceso en forma permanente a la radio y a la televisión. Dos de tales incisos, los marcados con las literales "b" y "c", se proponen para que adicionen para el efecto de que se establezca que dicho acceso esta referido precisamente a ambos medios de comunicación social: radio y televisión, pues en opinión de los proponentes al mencionarse en el texto en vigor solamente "radiodifusión" en términos genéricos, no hay explicitud sobre el contenido de tal concepto, que según ese mismo razonamiento, pueden eventualmente suscitar alguna confusión al suponer que sólo se refiere a la radio, y no a ambos medios. La Comisión estima que la aclaración es pertinente, si bien podría estimarse que el concepto radiodifusión en su acepción técnica se refiere tanto a radio como a televisión y a que, por otra parte, el artículo de la Ley que nos ocupa se encuentra en la sección del capítulo VI de las prerrogativas de los Partidos, precisamente intitulada "Radio y Televisión"; en consecuencia cualquier promoción que aclare textos legales, prevaleciendo su contenido , es positiva. La Comisión abundando sobre el particular y para mayor precisión aún, propone más allá del texto de la iniciativa que dictamina, el uso del lenguaje más explícito que en efecto incluya, sin el menor asomo de duda, a dichos medios electrónicos de comunicación social.
Por otra parte, la adición propuesta en la iniciativa que se dictamina, al inciso "e" de la misma sección sobre radio y televisión del artículo 49 de la LOPPE, propone modalidades de cobertura en tiempo y espacio geográfico, a fin de localizar regionalmente la emisión de programas de los partidos políticos consecuentemente
con las características propias de las regiones donde se proyecten. El tema, ha sugerido a la Comisión dictaminadora diversas reflexiones; en efecto ha de considerarse que el espíritu de la Reforma Política tiene, entre otros propósitos fundamentales, el fortalecimiento de los partidos nacionales a fin de que se cumplan sus finalidades de ser partícipes directos en los procesos de integración de la voluntad política de la comunidad nacional toda. En ello precisamente se sustentó la tesis del Ejecutivo de la Unión cuando propuso en 1977 su constitucionalización, y al atribuirles la calidad de "entidades de interés público".
. La realidad social ha evidenciado, por otra parte, los matices y modalidades de un mosaico social en las regiones del país, y por lo tanto una complejidad plural, de la cual los propios partidos políticos nacionales son un reflejo.
Entre esta realidad y la fragmentación de la expresión plural de la nación en múltiples partidos políticos hay una gran distancia; tan cierto es esto
que no obstante la concurrencia de facultades para legislar sobre partidos que tienen los Estados y la Federación, lo cierto es que habiendo sido ejercitada por las entidades federativas esa facultad, han sido más bien escasos los grupos sociales que han hecho uso de su derecho para escogerse a la posibilidad de crear partidos políticos locales o regionales. Esto pone de manifiesto que teniendo vigencia el derecho ciudadano a expresarse localmente por la vía de los partidos, han sido los de carácter nacional los que han logrado preeminencia y concitado en torno suyo a las corrientes real y verdaderamente más relevantes para la expresión plural del que hacer político nacional.
En este orden de ideas, parece que la tendencia que la propia sociedad ha impuesto en el sentido de fortalecer a los partidos políticos nacionales debe ser continua, todo ello sin perjuicio de los matices locales o regionales de esa misma expresión política, por lo que sería pertinente que en el uso de la prerrogativa de acceso al radio y la televisión, se excluyera la conducción de los mensajes políticos a todo el ámbito nacional en una cobertura total y fuera sustituído por un esquema estrictamente regional. La Comisión sostiene que se dé en el acceso a la radio y televisión una modalidad de concurrencia que posibilite simultáneamente la emisión de contenidos de carácter nacional y en su caso, según se solicitara por los partidos, mensajes destinados al ámbito regional, pero sin que en ningún caso el mensaje nacional fuera sustituido o pasara en un segundo término; dicho de otra manera: que el mensaje regional se emitiera en fracciones de tiempo de transmisión por los canales locales dentro de los programas de cobertura nacional, conforme las facilidades de enlace que la tecnología actual posibilita.
Con esa fórmula el uso de esas prerrogativas se enriquecería dentro de un mismo tiempo y sin constituir dos tiempos diferentes: el nacional y el local, y la cobertura nacional, además de ser conducida en frecuencia de radio y canales de televisión que tuvieran esa característica, se ampliaría al enlazarse frecuencias y canales locales o regionales, en los cuales se introduciría una parte de mensaje destinado a ese auditorio sin perjuicio de la unidad de contenido nacional que continuaría trasmitiéndose a todo el país.
Además, la Comisión también estima pertinente recoger el propósito contenido en la iniciativa, que se refiere a la emisión de programas de contenido estrictamente local, lo cual se haría en los casos de procesos electorales de carácter federal que por alguna razón fueran extraordinarios, en cuyo caso la programación de los partidos podría emitirse exclusivamente en las frecuencias y canales de cobertura local o regional destinados al auditorio donde tuviera verificativo el proceso electoral extraordinario. El uso de este tiempo de transmisiones no se computaría con el de cobertura nacional.
La iniciativa sugiere modalidades en tiempos de programación que en concepto de la Comisión ya están contemplados en la legislación vigente. En efecto, se sugiere por los autores de la propuesta que en períodos electorales, el tiempo asignado a cada partido sea el doble del que se asigne en períodos no electorales y en ningún caso inferior a treinta minutos mensuales en programación localizada por entidad federativa.
La legislación vigente del inciso "d" de la sección "A" del mismo Artículo 49, relativa a radio y televisión señala que "la duración de las transmisiones será incrementada en períodos electorales" y a su vez el
Artículo 36 del Reglamento de los Organismos Electorales y Previsiones para la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales en vigor establece que la "Comisión Federal Electoral....ordenará a la Comisión de Radiodifusión que al establecer el calendario de transmisiones de los programas de los partidos políticos, se incremente la frecuencia de la transmisión de los mismos, en la medida en que se aproxime el día de la elección"; a mayor abundamiento, el artículo 43 de este último ordenamiento invocado establece que "La Comisión Federal Electoral tomando en cuenta las experiencias y los estudios técnicos que realice, podrá solicitar la ampliación de los tiempos asignados a los partidos políticos en la radio y en la televisión, así como la frecuencia de sus transmisiones en estos medios de comunicación".
La Comisión dictaminadora estima apropiada esta solución toda vez que la Comisión Federal Electoral es un órgano participativo integrado por todos los partidos políticos que disponen de los elementos de juicio suficientes para la administración de esa prerrogativa de los partidos, de modo que inclusive se estima conveniente incorporar a la legislación secundaria de la facultad del artículo 43 del ordenamiento citado a fin de que no sólo esté consignada en la reglamentaria, y de este modo asegurar su permanencia.
Por lo anterior expuesto y fundado la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales se permite someter a la consideración de Vuestra Soberanía el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo Primero. Se reforma el artículo 49, Sección "A" incisos "b" y "c" para quedar como sigue:
Artículo 49. La Comisión Federal Electoral determinará mediante disposiciones generales, las modalidades, formas y requisitos que deberán satisfacerse para el ejercicio de las prerrogativas a que se refiere el artículo anterior.
Dichas disposiciones se sujetarán en todos los casos a las bases siguientes:
.............................................................................................................................................. b) Del tiempo que por la Ley le corresponde al Estado en las frecuencias de la radio y en los canales de televisión, cada uno de los partidos políticos dispondrá de una parte de dicho tiempo en forma equitativa y mensual en los términos de las normas que al efecto se dicten.
c) Los tiempos destinados a los partidos políticos tendrán preferencia en la programación que del tiempo estatal formula la Secretaría de Gobernación en las frecuencias de la radio y en los canales de televisión comerciales, oficiales y culturales.
Artículo Segundo. Se adiciona con un inciso "j" el artículo 49 de la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales en su sección "A", para quedar como sigue:
"j". Las transmisiones de los partidos políticos a que se refiere esta sección serán de carácter nacional. A solicitud de los partidos podrán transmitirse programas en cobertura regional. Estos programas no excederán la mitad del tiempo asignado a cada partido para sus programas de cobertura
nacional y se transmitirán además de éstos.
Artículo Tercero. Se adiciona el Artículo 49 de la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales con un último párrafo para quedar como sigue:
En todo el tiempo la Comisión Federal Electoral podrá solicitar la ampliación de tiempos asignados a los Partidos Políticos en la radio y la televisión, así como la frecuencia de sus transmisiones en estos medios de comunicación, para lo cual elabora los estudios que sean pertinentes.
La Comisión Federal Electoral dictará los acuerdos pertinentes a fin de que el ejercicio de esta prerrogativa en períodos electorales extraordinarios se realice con modalidades de tiempos, coberturas, frecuencias radiales y canales televisivos que dicho órgano determine, para la transmisión de los programas de los partidos políticos con contenidos regionales, o locales. Este tiempo de transmisión de los partidos, no se computará con el utilizado en emisiones de cobertura nacional.
Artículo Transitorio. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el "Diario Oficial" de la Federación.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados de la H. Congreso de la Unión; México, D. F., a 4 de diciembre de 1980.
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales:
Presidente, Luis M. Farias.-Secretario,-Antonio Huitrón Huitrón.-Rafael Corrales Ayala.-Juan Aguilera Azpeitia.-Eduardo Aviña Bátiz.-Juan Manuel Elizondo.-Francisco Javier Gaxiola Ochoa.-Antonio Gómez Velázco.-Rafael Ibarra Chacón.-Guillermo Jiménez Morales.-Juan Landerreche Obregón.-Humberto Lira Mora.-Juan Maldonado Pereda.-Guillermo Medina de los Santos.-Raúl Pineda Pineda.-Luis Octavio Porte Petit Moreno.-Gilberto Rincón Gallardo.-Ezequiel Rodríguez Arcos.-Eduardo Anselmo Rosas González.-Enrique Sánchez Silva.- Ignacio Vázquez Torres.-Abel Vicencio Tovar R."
Segunda Lectura.
El C. Presidente: Se abre el registro de oradores.
El C. Humberto Lira Mora: Pido la palabra señor Presidente.
El C. Presidente: ¿Con qué objeto?
El C. Humberto Lira Mora: Para hacer una aclaración por parte de la Comisión.
El C. Presidente: Tiene la palabra el ciudadano diputado Humberto Lira Mora.
El C. Humberto Lira Mora: Para una breve aclaración en la lectura de la adición al Artículo 49 Sección "A" literal "J", el texto es el siguiente:
"J. Sin perjuicio de lo dispuesto en la literal "E" de esta Sección, a solicitud de los partidos podrán transmitirse programas en cobertura regional".
. El demás texto es idéntico.
Gracias.
El C. secretario David Jiménez González: La Secretaría toma nota de lo expresado por el licenciado Humberto Lira Mora.
- EL C. Presidente: ¿Oradores en contra? ¿Oradores en pro? En pro, el diputado Sabino Hernández, para apoyar seguramente el dictamen.
El C. Sabino Hernández Tellez: Señor Presidente;
Señoras y señores diputados:
Este día se están discutiendo asuntos que tienen una extraordinaria importancia para la vida democrática del pueblo mexicano, Un asunto de extraordinaria importancia, podríamos decir fundamental al que se le ha dado curso y se ha establecido una determinación, el que se refiere a la forma como debe integrarse el Colegio Electoral que en la práctica, pese a todo lo que se diga, viene a fortalecer la posición del partido gubernamental, cerrando con este hecho las posibilidades de los partidos que contiendan en las actividades electorales, a integran también una posible mayoría.
Se está discutiendo en este momento, en sentido aprobatorio, una determinación de la Ley Electoral para abrir las posibilidades a que los partidos tengan mayor tiempo en la radio, en la televisión, pero hecho que debe considerarse siempre como no suficiente y que debe considerarse también, más que una medida fundamental, siendo como lo es importante, en una medida que sólo abre un poco más el espectro de la actividad política y consecuentemente de la vida democrática.
Es importante que se dé un paso en este sentido. A pesar de que de todas maneras, de todas formas, los partidos de oposición seguirán contando en su contra, con el manejo intencionado de parte de los comentaristas de radio y televisión y con la actitud intencionada también para continuar "orientando" la opinión electoral de los mexicanos, es importante de cualquier manera, que se tenga un mayor acceso en los órganos de difusión masiva, pero, señores diputados, no es esto todavía una determinación de fondo por que nos da la impresión, a pesar de que indudablemente el voto afirmativo hará que esto modifique lo señalado por la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, que no es todavía lo que debe hacerse en este sentido, porque todavía en el fondo, tanto el Estado como una actividad política tan importante como es la electoral, continúan supeditados a las determinaciones de quienes controlan los medios de información masiva.
No deben ser minutos, deberían ser horas a fin de cuentas, la actividad política tiene una extraordinaria importancia, la que se entregue a los partidos políticos para que puedan estar participando constantemente, no sólo informando al pueblo, no sólo entregando una opinión de información, de conocimiento, sino impulsando la construcción de la conciencia que tendrá que definirse en día en que concurran a entregar su voto por uno o por otro candidato, que es la práctica por uno u otro programa político.
Decía que siendo esto importante como lo es, sin embargo no es todo lo fundamental, ni considero yo, lo que debe preocuparnos en última instancia a
los diputados.
Nosotros estamos convencidos de que la vida democrática que se expresa fundamentalmente en la actividad electoral, no siendo esta la única parte de esta importante área de la vida ciudadana, refleja en última instancia la naturaleza de clase del gobierno. No se trata de estar dando pasos pequeños y limitados, se trata y ya llegará el momento en que se debata en este recinto algo más profundo y algo más trascendente, se trata, decimos nosotros, de que se establezca con toda precisión la forma cómo participan tanto los partidos políticos en el proceso electoral, como la actitud que el gobierno realiza para atender las determinaciones del pueblo expresadas a través de los votos. Ahora que empecemos a hacer uso de lo establecido en las normas que se discuten en este momento, vamos a encontrar la necesidad de hacer oficios, de presentarnos a hablar a las autoridades de todo tipo etc., en un proceso que no va a facilitar el uso de los canales de la radio y la TV, tal como nosotros lo podemos expresar.
Pero con este hecho, señores diputados, no estamos nosotros verdaderamente, profundamente estableciendo una garantía determinante, tanto en los procesos democráticos como en la vida política del país. Nosotros podríamos llegar a la conclusión de que, cuando se establece una cosa que no afecta de fondo la permanencia del partido gubernamental en la dirección del país, se avanza y se acepta, pero cuando se trata de resolver una cuestión que puede, en un momento determinado, poner en riesgo la permanencia del partido gubernamental, determinando los rasgos de la dirección política del país, entonces no se puede avanzar y se cierran las posibilidades para que, en un momento dado, siquiera se realice una discusión en el sentido concreto de lo que es la democracia.
Nosotros pensamos, señores diputados, que todo lo que se discuta en este sentido son paliativos, pero que no son lo necesario para desarrollar la actividad de los partidos políticos y a la actividad que nosotros desarrollamos desde la oposición.
En una ocasión anterior expresaba, desde esta tribuna, que es muy difícil el papel de la oposición. Uno es el papel determinado por el impulso de quienes integramos los partidos de oposición, el que decidimos en el momento que aceptamos una ideología, desarrollamos
un programa y luchamos por llevarlo a la práctica, ajustando, en todo momento, nuestra actitud a lo expresado por las distintas leyes relativas a la materia, pero otro es el papel que se nos pretende asignar, a pesar de que en ocasiones se emplean palabras y frases que tratan de ser convincentes.
Nosotros, señores del partido gubernamental, no podemos sino tener el papel y la actitud que tenemos . Estamos en la oposición porque no compartimos la forma como se gobierna al país, porque tenemos un programa opuesto al que se aplica en la dirección del país, porque no compartimos en ningún sentido ni las formas ni los métodos ni las actitudes que van en toda la escala de las formas del ser político, que se emplean en los diferentes niveles del gobierno.
Al haber definido nuestra vida, nuestra militancia en la oposición, siempre supimos, entendemos y vemos que no es fácil, que no es sencillo ni simple no sólo el poder expresar nuestros puntos de vista sino incluso el encontrar la forma para llevarlos al pueblo.
Ustedes lo saben porque no estoy mintiendo, ha habido ocasiones y no es una sino varias, en que luchando desde la oposición hemos podido conformar una gran opinión política traducida en votos que determinaban un rumbo en un momento determinado, a un municipio, a un Estado o a un representante a las Cámaras de Diputados o Senadores y entonces ya no funciona nada que se refiera a la vida democrática ni a la Reforma Política, porque no es sólo el hecho de aparecer en la televisión, es la forma de como se integran las casillas electorales, es la forma de como se integran los distintos organismos electorales, es la forma como se decide en última instancia aquellos canales y aquellos conductos que determinan en un momento dado lo que debe ser en el sentido electoral.
Ha habido pueblos que se han movilizado por decenas de miles, quizás por centenares de miles a favor de partidos que no es el gubernamental y entonces el aplastamiento, señores diputados, entonces al arrojar a la oposición para tratar de forzarla a que adopte una actitud de violencia que no se quiere ni se pretende llegar en un momento determinado; entonces manejar el legalismo y la legaría para decir que ya ha sido determinada una opinión por las Cámaras de Diputados Locales, por los organismos correspondientes, y no se puede dar marcha atrás en ese sentido.
No es sólo con aparecer en televisión, como se puede enrumbar la vida democrática del país, sino que hay que profundizar más en las verdaderas situaciones de problemas que todos conocemos y que se han venido planteando en la actividad electoral.
No puede seguirse hablando como una concesión que si las minorías lo pueden decir en la Cámara, lo van a decir en la televisión, en la radio, no es el problema de mayorías y de minorías, señores diputados, es el problema de la actitud con que se observa este hecho y esta realidad; no podemos olvidar las enseñanzas de la historia, debemos olvidarlo, debemos entender, compañeros, que las minorías a veces son eso, minorías, porque desde el punto de vista formal, no se ha podido resolver el problema, sobre todo, por el partido que tiene en sus manos el gobierno, de organizar sanamente una vida democrática adecuada.
Ustedes saben el problema de la credencial electoral, ¿cuántas credenciales electorales se han repartido hasta la fecha en el país?
Hace 20 años, una de 25 años pero dentro de este período de 25 años, casi cada elección se está entregando una credencial electoral y esto no se sabe, en este sentido, que se pueda determinar el rumbo de la vida democrática.
Señores diputados:
Aquí cierro mi intervención, y quiero decirles que nosotros vamos a votar aprobatoriamente al dictamen.
Muchas gracias. Aplausos.
El C. Presidente: Consulte la Secretaría si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.
El C. Secretario David Jiménez González: Por instrucciones de la Presidencia,
en votación económica se pregunta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el dictamen en lo general. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Suficientemente discutido.
El C. Presidente: Para los efectos del Artículo 134 del Reglamento Interior del Congreso General, se pregunta a la Asamblea si se va ha reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
En virtud de que no se ha reservado ningún artículo en lo particular, proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto, en un solo acto.
El C. secretario David Jiménez González: Se va ha proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular. Se ruega a la Oficialía Mayor haga los oficios a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior del Congreso.
(Votación.)
El C. secretario David Jiménez González: Señor Presidente, se han emitido 276 votos en pro.
El C. Presidente: Aprobado por unanimidad en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto que adiciona el Artículo 49 de la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales.
Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
LEY FEDERAL DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS Y PROCESOS ELECTORALES
"Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea:
Por acuerdo de esta soberanía fundamentado en los artículos 71, párrafo segundo y 72 inciso "F" de la Constitución General de la República, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, fue turnada para su estudio y dictamen a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe, una iniciativa de reformas a la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Proceso Electorales, presentada el 30 de septiembre anterior por el Grupo Parlamentario que integran los diputados del Partido Acción Nacional, que se dictamina en los términos siguientes:
La iniciativa en cuestión propone adiciones y reformas a los artículos 38 y 96, 244 de la Ley mencionada que se refieren respectivamente al establecimiento de modalidades para asegurar el ejercicio de los derechos que tienen los partidos y los candidatos para nombrar representantes en los actos preparatorios al proceso electoral y ante las casillas electorales, así como a las atribuciones de los comités distritales electorales sobre el registro de tales representantes y a la posibilidad de establecer una sanción para la negativa, o en su caso moratoria por parte de ese órgano electoral a efectuar tales registros de representantes.
La Comisión ha juzgado plausible el propósito que anima a la Iniciativa, toda vez que en términos generales, ofrece la posibilidad de establecer mecanismos adicionales que fortalecerían el principio de seguridad jurídica que norma las actividades electorales, ya que en todo caso la presencia de los representantes de partidos y de candidatos ante las casillas electorales ha tenido históricamente, en nuestro derecho electoral y en el comparado, ese propósito o sea que a través de tales representantes los titulares de los derechos pasivo a ser votados y activo en su aspecto estrictamente electoral, como se asegure y garantice la limpieza y pureza del sufragio.
Fue precisamente en esos términos que se motivó por el Ejecutivo Federal en 1977 su iniciativa de Reformas y Adiciones a la Constitución, inaugura del proceso de la Reforma Política, cuando señaló:"Nuestro sistema Electoral se apoya en una jerarquía de órganos encargados de la preparación, desarrollo y vigilancia de las elecciones, en las que participan representantes de los Poderes Federales, de los Partidos Políticos y de los ciudadanos. A partir de las mesas directivas de casilla, hasta los colegios electorales de las Cámaras existe una sucesión de actos destinados a preparar el proceso electoral, vigilarlo en su desarrollo y verificar la legalidad con que se condujo". Poco tiempo después al promover el propio Ejecutivo Federal su iniciativa de Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales dijo: "Ha sido preocupación del Ejecutivo hacer de la votación un procedimiento ágil a la vez que indubitable. Con la reforma política ahondamos en la democracia para igualar oportunidades; buscamos crear nuevas alternativas, abrir otros caminos para la expresión de las diferentes opiniones y resolver por vía pacífica nuestras contradicciones", motivación ésta consecuente con lo expresado también por el Ejecutivo en la primera de sus iniciativas aquí mencionadas cuando señalo:.... "en la esencia de esta reforma de Gobierno está el actualizarse y enriquecerse asimismo superando los procedimientos que la estorban o la convierten en rutina. Sólo a través de la permanente revisión de su práctica alcanzaremos el perfeccionamiento de las normas que rigen nuestra vida colectiva"
. Por otra parte, los procedentes legislativos en materia electoral han sido ininterrumpidos en la preservación del principio y en la práctica de que siempre que el proceso electoral culmine en la captación de la voluntad política de los componentes del cuerpo electoral el día previsto para las elecciones, la representación de partidos y candidatos esté asegurada.
La institución que permite en la actualidad a través del artículo 176 de la LOPPE el registro supletorio de tales representantes pone de manifiesto sin ninguna duda, esa preocupación permanente y real, de asegurar el derecho de los contendientes políticos a estar plena y cabalmente representados; igual proposición tuvo en su momento el Artículo 120 de la Ley Electoral de 1973, que recogió espíritu y literalidad de esa institución establecida desde las formas introducidas en 1954 a la Ley Electoral de 1951.
La iniciativa que presenta el Grupo Parlamentario de los Diputados del Partido Acción Nacional se suma, en concepto de la Comisión que suscribe, a esa corriente al proponer la designación de suplentes para los representantes de los partidos ante las mesas directivas de las casillas. La iniciativa sugiere modalidades que han merecido de parte de la comisión que dictamina reflexiones adicionales que somete a vuestra soberanía.
La comisión dictamina favorablemente la iniciativa en lo que toca a la designación de suplentes de los representantes de los partidos ante las mesas directivas de las casillas, por lo que en consecuencia habrá que adicionarse el artículo 38 de la LOPPE para posibilitar ese hecho. La propia iniciativa
propone que "en todo caso podrá el suplente sustituir momentápietario
sin que puedan actuar simultáneamente en la casilla respectiva"; sobre el particular, la Comisión no omite la necesaria consideración que sobre la agilidad de los procedimientos el día de las elecciones debe observarse, a fin de no retrasar la recepción de los votos, ni se dificulten las labores normales de la propia casilla, lo cual podría ocurrir en el caso de que se agregaran físicamente en esos momentos un número de representantes de los partidos exactamente igual al ya numeroso que en la actualidad la Ley autoriza. En consecuencia la Comisión estima que debe prevenirse en el propio artículo el dispositivo que impida esa innecesaria presencia física de dos representantes por cada partido en una casilla: el propietario y el suplente, de modo que la presencia de uno, así sea momentáneamente, excluya la del otro.
Consecuentemente se propone un texto del tenor siguiente : "El suplente sólo actuará cuando el propietario se encuentre físicamente ausente de la casilla".
La iniciativa que se dictamina propone adiciones a las fracciones XX y XXI del artículo 96 de la LOPPE relativo a las atribuciones de los Comités Distritales Electorales, a fin de que éstos en un plazo de 24 horas hagan el registro de los nombramientos de representantes de partido y comunes de candidatos ante las casillas y generales en los distritos uninominales. La comisión considera plausible el propósito y estima pertinente proponer se fije el criterio que facilite su cumplimiento, es decir que en términos perentorios se haga por los comités tal registro y toda vez que en el registro debe hacerse como consecuencia de la revisión de los requisitos legales que existen para realizarlo y que éste es un acto colegiado del propio Comité, propone la Comisión que se efectúe en la sesión inmediata siguiente a la presentación de las solicitudes respectivas, y que si éstas se formulen en la sesión misma que en ella se dictamine.El texto sería el siguiente:
Artículo 96. Los Comités Distritales Electorales tienen las atribuciones siguientes:
XX. Registrar en la sesión en la que presenten, o en la inmediata siguiente si el anterior no es el caso, los nombramientos de los representantes de los partidos políticos en los términos de los artículos 38 y 39 de esta Ley;
XXI. Registrar en la sesión en la que se presenten, o en la inmediata siguiente si el anterior no es el caso, los nombramientos de los representantes comunes de los candidatos en las mesas directivas de casillas".
Finalmente la iniciativa propone adicionar con una fracción IV al artículo 244 de la LOPPE para incorporar a los funcionarios de Comisiones Locales Electorales y Comités Distritales Electorales a las sanciones pecunaria, de prisión, de destitución y de inhabilitación que establece dicha fracción para los funcionarios públicos y empleados que en ejercicio de sus funciones entorpezcan el proceso electoral. La Comisión juzga plausible ese propósito, si bien considera que debe razonarse que el capítulo de sanciones de la LOPPE está dividido, fundamentalmente, en las que se puede dictar a los ciudadanos, a los funcionarios electorales, y genéricamente a los funcionarios y empleados públicos, sin perjuicio de aquellas a las que se pueden hacer acreedores otro tipo de personas; el artículo 244 específicamente se refiere a las sanciones
a los funcionarios y empleados públicos, sin que en ningún caso la hipótesis que las tres fracciones de ese artículo contempla, se refieran a sanciones por conciliación específica de derechos electorales, sino más bien políticos in genere. el artículo 243 en cambio, es concreto en sanciones a funcionarios electorales que vulneren derechos precisamente de esa índole, que es la hipótesis en la que a juicio de la Comisión, cae la propuesta de la iniciativa que se dictamina, por lo que a ella debe referirse y en todo caso agregar dicho artículo 243 con una nueva fracción, la VIII, para sancionar a los funcionarios electorales que nieguen sin causa justificada, el registro de presentantes.
Motivado en los razonamientos anteriores y en los fundamentos que se han expresado en el promedio de este dictamen se somete a la consideración de vuestra soberanía el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se adiciona con un párrafo el artículo 38 de la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales para quedar como sigue:
Artículo 38. Los partidos políticos tienen derecho a nombrar un representante propietario y a su respectivo suplente ante las mesas directivas de cada una de las casillas que se instalen en el país. El suplente sólo actuará cuando el propietario se encuentre físicamente ausente de la casilla.
El partido político que postule a candidatos a Presidente, senadores y diputados para ser electos según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, acreditará un solo representante.
En el caso de aquel partido político que únicamente postule candidatos a diputados para ser electos según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, acredita un solo representante.
En el supuesto de aquellos distritos electorales uninominales en donde un partido político únicamente participe con listas regionales de candidatos a diputados, también tendrá derecho a un representante en cada mesa directiva de casilla.
Artículo segundo. Se adicionan las fracciones XX y XXI del artículo 96 de la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, para quedar como sigue:
Artículo 96. Los comités distritales electorales tienen las atribuciones siguientes:
I.
II.
III.
IV a XIX.
XX. Registrar en la sesión en que se presenten, o en la inmediata siguiente si
el anterior no es el caso, los nombramientos de los representantes de los partidos políticos en los términos de los artículos 38 y 39 de esta Ley;
XXI. Registra en la sesión en la que se presenten o en la inmediata siguiente si el anterior no es el caso, los nombramientos de los representantes comunes de los candidatos en las mesas directivas de casillas.
Artículo tercero. Se adiciona el artículo 243 de la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales con una nueva fracción, la VIII, para quedar como sigue:
Artículo 243. Se impondrá multa hasta de $ 5,000.00 o prisión hasta de dos años, o ambas sanciones a juicio del Juez y destitución del cargo o empleo en su caso, o suspensión de derechos políticos hasta por tres años, a los funcionarios electorales que:
......................................................................................................................... ........................................................................................................................... Fracción VIII. Teniendo la obligación de hacerlo, sin causa justificada se nieguen a expedir o demoren la expedición de la constancia de registro acordada por el Comité Distrito Electoral y la comisión Local Electoral de los nombramientos de representantes.
Artículo transitorio. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el "Diario Oficial" de la Federación.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.- México, D. F., a 4 de diciembre de 1980.-Presidente, Luis M. Farías.- Secretario, Antonio Huitrón Huitrón.-Rafael Corrales Ayala.-Juan Aguilera Azpeitia.-Eduardo Aviña Bátiz.-Juan Manuel Elizondo.-Francisco Gaxiola Ochoa. -Antonio Gómez Velasco.-Rafael Ibarra Chacón.-Guillermo Jiménez Morales.- Juan Landerreche Obregón.-Humberto Lira Mora.-Juan Maldonado Pereda.-Guillermo Medina de los Santos.-Raúl Pineda Pineda.-Luis Octavio Porte Petit Moreno.- Gilberto Rincón Gallardo.-Ezequiel Rodríguez Arcos .-Eduardo Anselmo Rosas González.-Enrique Sánchez Silva.-Ignacio Vázquez Torres.-Abel Vicencio Tovar R".
" - El C. Presidente: En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los ciudadanos Diputados, ruego a la secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la segunda lectura al dictamen y se pone a discusión en lo general.
El C. secretario David Jiménez González: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se pregunta si se le dispensa la segunda lectura al dictamen y se pone a discusión en lo general los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Se dispensa la segunda lectura al dictamen.
El C. Presidente: En consecuencia está a discusión en lo general. se abre el registro de oradores.
- La C. Cecilia Piñón Reina: Pido la palabra, señor Presidente, para una proposición.
El C. Presidente: tiene la palabra la diputada Cecilia Piñon Reyna.
-La C. Cecilia Piñón Reyna: Señor presidente. Honorable Asamblea.
Proposición que hacen los diputados del Partido Acción Nacional, para modificar el texto del Artículo 96 en sus Fracciones XX y XXI de la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales:
Artículo 96. Los comités distritales tienen atribuciones siguientes:
XX. Registrar en un plazo máximo de 48 horas, a partir de su presentación y, en todo caso, antes de las 20 horas de la víspera del día señalo para las elecciones, los nombramientos de los representantes de los partidos políticos en los términos de los artículos 38 y 39 de esta Ley;
XXI. Registrar en un plazo máximo de 48 horas, a partir de su presentación y, en todo caso, antes de las 20 horas de la víspera del día señalado para las lecciones, los nombramientos de los representantes comunes de los candidatos en las mesas directivas de casilla.
Salón de Sesiones de la H. Cámara de diputados a 9 de diciembre de 1980.
LI Legislatura
Diputación del Partido Acción Nacional.
Proposición a los artículos 96 en sus fracciones XX y XXI de la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales.
diputados Graciela Aceves de Romero.-Esteban Aguilar Jáquez.-Rafael Alonso y Prieto.-Carlos Amaya Rivera.-Francisco Xavier Aponte Robles.-Armando avila Sotomayor.-David Bravo Cid de León.-Fernando Canales Clariond.-Luis Castañeda Guzmán.-Carlos Castillo Pereza.-Juan de Díaz Castro Lozano.-Alvaro Elías Loredo.-Hiram Escudero Alvarez.-Juan Antonio García Villa.- Jesús González Schmal.-Edmundo Gurza Villarreal.-Ma. del Carmen Jiménez de Avila.-José Isaac Jiménez Velasco.-Juan Landerreche
Obregón.-Federico Ling Altamirano.-Juan Manuel López Zanabria.-Pablo Emilio Madero Belden.-Miguel Martínez Martínez.-José G. Minondo Garfias.-Salvador Morales Muñoz.-Rafael Morelos Valdez.-Rafael Morgan Alvarez.-Adalberto Nuñez Galaviz.-Antonio Obregón Padilla.-Eugenio Ortiz Walls.-Cecilia Martha Piñón Reyna.-Delfino Parra Banderas.-Alberto Petersen Biester.-Carlos Pineda Flores.- Manuel Rivera del Campo.-Augusto Sánchez Losada.-Carlos Stephano Sierra.- Francisco Ugalde Alvarez.-Raúl Velazco Zimbrón.-Abel Vicencio Tovar.-Esteban Zamoara Camacho.
" - El C. Hesiquio Aguilera (desde la curul):
Pido la palabra por la Comisión.
El C. Presidente: Por la Comisión, el diputado Hesiquio Aguilar.
El C. Hesiquio Aguilar: Señor Presidente:
Compañeros diputados:
Hemos asistido esta mañana, este día mejor dicho, a una sesión en que hemos escuchado los diferentes puntos de vista de las corrientes políticas
representadas en esta Cámara de Diputados y ha habido coincidencia definitivamente en la preocupación que tiene esta Cámara en enriquecer nuestra vida democrática.
Yo hubiera pedido la palabra para defender tal y como estaba el dictamen, pero nos parece razonable a la mayoría de los diputados que componemos este recinto, o que estamos en este recinto, nos parece razonable digo yo,la propuesta que hace la diputación de Acción Nacional.
Efectivamente la modificación que pretende a cabo el Partido Acción Nacional, de registrar en un plazo máximo de 48 horas a partir de su presentación y en todo caso antes de las 20 horas de la víspera del día señalado para las elecciones, los nombramientos de los representantes de los partidos políticos y de los representantes comunes de los candidatos en las mesas directivas de casillas, realmente va a permitir, va a facilitar, diría yo, el procedimiento democrático; va de acuerdo esta proposición, señores diputados, al espíritu de la Reforma Política, al espíritu de ese instrumento de la Reforma Política que es la LOPE . Por lo tanto, señores diputados, me permito solicitar a ustedes, coincidiendo con la diputación de Acción Nacional, que sea aprobada la modificación al dictamen de los términos originales con que venía.
Muchas gracias.
El C. Antonio Rocha: Yo sólo quiero hacerle al señor representante de la comisión una pregunta
¿Esos términos y esas sanciones se han sugerido y con las que estoy absolutamente de acuerdo, significan que no se pueden presentar para su registro, nombramientos de representantes sino hasta 48 horas antes de las 8 de la noche del día en que deben ser registrados, pueden ser presentados en cualquier otro momento, no considerándose ese plazo ni esa obligación?.
El C. Hesiquio Aguilar: Con mucho gusto, señor diputado. La redacción es clara.
El registro deberá hacerlo o el Comité Distrital en un plazo máximo de 48 horas a partir de su presentación, pero se podrá hacer hasta las 20 horas, es decir, las 8 de la noche del día anterior a las elecciones.
El C. Antonio Rocha Cordero (desde la curul): Quiero aclararle que admitida, no tengo ninguna discusión que hacer.
El C. Juan Landerreche: Pido la palabra para una aclaración, señor Presidente.
El C. Presidente: Tiene la palabra el C. diputado Landerreche.
- El C. Juan Landerreche Obregón. Señor Presidente:
Señores diputados:
Mi partido considera que no es correcta la interpretación que acaba de dar el licenciado Hesiquio Aguilar a su proposición.
La proposición de Acción Nacional establece una obligación del Comité
Distrital, no establece una limitación a los derechos de los partidos; los partidos pueden presentar solicitudes aun depuse de las 8 de la noche del día de la víspera de las elecciones, pero los que hayan presentado antes tiene obligación, el Comité Distrital de registrarlos. Son cosas completamente distintas.
El C. Hesiquio Aguilar: Eso dije, señor diputado.
El C. Juan Landerreche O.: Son cosas enteramente distintas. Lo que se dijo aquí es que después de las 8 de la noche de la víspera de las elecciones ya no se podrían presentar solicitudes de nombramiento. Eso no debe ser, porque el derecho de presentar solicitudes de nombramiento no esta limitado en la ley; puede presentarse inclusive el mismo día de las elecciones; eso ha sido la práctica, porque hay variaciones de última hora que podrían perjudicar a los partidos si no se les diera oportunidad de resolverlas.
Por consiguiente, repito, en nuestro proyecto se establece una obligación para el Comité Distrital estableciéndole un término máximo para hacer los registros, puede haber un término menor si el Comité lo hace antes y esto no limita el derecho de los partidos de presentar nombramientos para su registro aún después de las 8 de la noche de la víspera de las elecciones y aún el mismo día de las elecciones. Esto
debe de quedar claro y por eso lo digo para que quede en el Diario de los Debates. Muchas gracias.
El C. Presidente: Haga el favor la Secretaría de leer como quedaría con la modificación propuesta.
El C. secretario David Jiménez: Proposición que hacen los diputados de Acción Nacional para modificar el texto del Artículo 96 en sus fracciones X y XI de la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales. Artículo 96. Los comités distritales electorales tienen las atribuciones: siguientes:
Fracción X. Registrar en un plazo máximo de 48 horas a partir de su presentación, y en todo caso antes de las 20 horas de la víspera del día señalado para las elecciones, los nombramientos de los representantes de los partidos políticos en los términos de los Artículos 38 y 29 de esta Ley.
"Fracción XI Registrar en un plazo máximo de 48 horas, a partir de su presentación y, en todo caso, antes de las 20 horas de la víspera del día señalado para las elecciones, los nombramientos de los representantes comunes de los candidatos en las mesas directivas de casillas. Salón de Sesiones de la H. Cámara de diputados, a 9 de diciembre de 1980. Diputación del Partido Acción Nacional"
. - El C. Presidente: Se ruega a la Secretaría consulte a la Asamblea si se admite la modificación propuesta por el C. Cecilia Martha Piñón y aceptada por la Comisión.
El C. secretario David Jiménez González: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se acepta la proposición hecha por la diputada de Piñón Reyna Cecilia Martha y aceptada por la
Comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo.
Aceptada, señor presidente.
El C. Presidente: En virtud de que se discutió en lo general y en lo particular el Decreto, consulte la Secretaría a la Asamblea si se toma la votación en un solo acto, con la modificación propuesta por la diputada Cecilia Martha Piñón, y aceptada por la Comisión.
El C. secretario David Jiménez González: En votación económica se pregunta a la Asamblea si en solo acto se toma la votación, en lo general y en lo particular, con la proposición hecha por la diputada Cecilia Marta Piñón Reina, del PAN. Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Aceptada, señor Presidente.
Se va a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular.
(votación)
- l C. secretario David Jiménez González: Aprobado por unanimidad de 275 votos. (Aplausos.
- El C Presidente Aprobado por la unanimidad en lo general y en lo particular el Proyecto de Decreto, con la modificación propuesta y aceptada por la Asamblea, que adiciona los Artículos 38, 96 y 243 de la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales.
El C. secretario David Jiménez González: Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES AUXILIARES
"Comisión de Hacienda y Crédito Público
Adiciones y Reformas a la Ley de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares.
Honorable Asamblea:
Se turno a esta Comisión de Hacienda y Crédito Público la Iniciativa presentada por los diputados miembros del Grupo Parlamentario Comunista (Coalición de Izquierda), para Reformar y Adicionar algunas disposiciones de la Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares. Con fundamento en los Artículos 72 Constitucional, 56 de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, sus relativos y concordantes, corresponde a esta Comisión dictaminar como lo hace a continuación.
La iniciativa propone reformar los artículos 1o.; 46 bis-2, fracción IV; 46 bis-3; 46 bis-5 y 94, fracción II, respecto de los cuales y de la Exposición de Motivos que los precede, es de considerarse y se rinde el siguiente:
DICTAMEN
Tanto la Exposición de Motivos como las reformas propuestas, han sido objeto de cuidadosos análisis por parte de la Comisión, la que juzga necesario hacer comentarios, aclaraciones y correcciones que prevengan distorsiones y malos entendidos. La Comisión quiere dejar constancia de que considera loables los propósitos de la Iniciativa; pero que en su opinión, la vía propuesta no es la indicada para lograr el mayor apoyo financiero a los pequeños productores rurales y que, al menos en parte sustancial, ya existen medios legales para instrumentarlo.
En la Exposición de Motivos de la Iniciativa corresponde se señala que no existe una clara orientación en la política de canalización
del financiamiento de las instituciones de crédito privadas y mixtas hacia las actividades prioritarias, descuidándose de manera especial el apoyo a la, producción de alimentos por parte de campesinos pobres, ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios minifundistas ubicados en distritos de temporal, lo que ha propiciado que el crédito de la banca múltiple se distribuya en su totalidad de grandes empresas monopolices nacionales y extranjeras y fomente las actividades consideradas como no básicas, excluyendo del acceso al crédito bancario a grandes sectores de productores medianos y pequeños del campo y la ciudad.
Los sectores de productores sólo están excluidos al acceso al crédito por el riesgo derivado de su incapacidad de garantizar su pago y la solución a esta situación no es forzar por medio de la ley el otorga miento de crédito al descubierto, sino procurar que se puedan establecer garantías adecuadas por sujetos jurídica y económicamente responsables, lo cual es materia de otros ordenamientos relativos a la naturaleza de los bienes y su posible afectación. Estos problemas se atienden y un ejemplo de ello y de que se procura su solución es el contenido de la Iniciativa de Ley de Fomento Agropecuario en su parte relativa.
Asimismo se señala que las políticas de encaje y las tasas de interés han encarecido los recursos bancarios, propiciando una mayor concentración del crédito favoreciendo a un núcleo reducido de rentistas.
Respecto de tales afirmaciones, a todas luces infundadas cabe considerar que existe tanto en la reglamentación como en la práctica, una verdadera y efectiva política de canalización de recursos a las actividades prioritarias, incluyendo en ellas, en forma importante, las propias del sector agropecuario.
En este orden de ideas, de acuerdo con las disposiciones del Banco de México, más del 55% de los recursos prestables en moneda nacional, o sea de aquellos recursos que no son obligatoriamente depositados en este instituto Central, se destina al financiamiento de las actividades de producción de artículos básicos, de la industria mediana y pequeña, de ejidatarios y campesinos de bajos ingresos, de la agricultura, avicultura, apicultura, pesca, ganadería e industrias conexas o empresas agro industriales, así como de otras actividades de fomento económico y de la vivienda.
Así pues, cabe considerar que la política selectiva de crédito y de canalización de recursos a las actividades prioritarias no sólo se realizan a través de la banca privada y mixta, sino que fundamentalmente es la banca nacional y los fideicomisos financieros de fomento quienes apoyan aquellas actividades prioritarias en marcadas en los programas de gobierno, asignado fondos prestables a las actividades que fomentan el empleo, la producción de alimentos, el desarrollo y el combate de la inflación.
En la Iniciativa de Ley de Ingreso de la Federación que en días pasados sometió a la consideración de esta Soberanía, el Ejecutivo Federal , se señala que las instituciones nacionales de crédito, la banca mixta y los fideicomisos financieros del fomento canalizaron, durante 1980, un volumen total de recursos del orden de 545 mil millones de pesos, destinados al apoyo de actividades transformadoras de la fisonomía económica del país, cifra que durante el próximo ejercicio alcanzará la suma de 739 mil millones.
Se señala de igual manera en la exposición de motivos que acompaña a la mencionada iniciativa, que los principales fideicomisos y redescuentos canalizan con una tendencia creciente fondos de alrededor de 100 mil millones de pesos destinados a promover sectores de alta prioridad nacional tales como la producción agropecuaria, procesamientos de bienes de consumo popular, pequeña y mediana industria, bienes de capital, vivienda y exportaciones, entre otros, y dicha cifra ascenderá para el próximo año a 163 mil millones de pesos.
Se reitera en dicha Iniciativa que la banca nacional y los fideicomisos de Redescuento han servido de punto de apoyo a los nuevos programas de la alianza para la aprobación, principalmente al Sistema Alimentario Mexicano, al programa de Productos Básicos y a Copla mar.
En el primero de los supuestos mencionados, el Banco Nacional de Crédito Rural ha venido incrementando su plan de habilitaciones en 500 mil hectáreas como mínimo, que se dedicarán a producir maíz y frijol, ensanchando, a través de esa y otras acciones, las superficies beneficiadas a 5.4 millones de hectáreas en el presente año y a 6.8 millones en 1981.
A su vez, los Fideicomisos Instituidos en Relación a la Agricultura (FIRA) que financiarán 36 mil millones de pesos en 1980 y 55 mil millones en 1981, han venido acrecentando los recursos que se asignan al cultivo de granos, elevando el cien por ciento los redescuentos de créditos al maíz y frijol y reduciendo simultáneamente la tasa de interés aplicable a esos productos.
Pudiérase continuar señalado ejemplos en que, a través de los fondos y demás instrumentos de financiamiento del gobierno federal, se promueven las actividades prioritarias, Bástenos señalar que en esta Administración el volumen de crédito otorgado por la banca privada, mixta y nacional, a la agricultura y ganadería, se incrementó en 150%, es decir, a una tasa anual sostenida de 36%, muy superior al ritmo de crecimiento del crédito
otorgado al total de la economía, que ascendió apoco menos de 29% anual.
Con lo anterior caen por su propio peso los infundados argumentos de que en la Iniciativa en cuestión se manejan.
Respecto de la afirmación de que la banca múltiple distribuye el crédito que concede "en su totalidad entre las grandes empresas monopólicas nacionales y extranjeras" es inexacta ya que como se ha comentado las instituciones están obligadas a realizar una canalización efectiva del crédito, en forma selectiva, así como, de acuerdo a la ley, a diversificar sus financiamientos, de conformidad con disposiciones expedidas por la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, en las que se determinan los límites máximos del importe de responsabilidades directas y contingentes que pueden tener con una institución una misma persona, entidad o grupo de personas.
En relación al depósito obligatorio, establecido en las normas de encaje legal, cabe considerarse que además de constituir un elemento de regulación monetaria que limita la capacidad de extensión crediticia de la banca y puede utizarse para influir sobre los flujos monetarios, representa un instrumento de gran trascendencia en la política de asignación de recursos a las necesidades más urgentes del país, pues permite canalizar una parte sustancial del ahorro interno al financiamiento del gasto público, garantizando una prioridad en la utilización de ese ahorro para la producción de obras y servicios a cargo del Estado, de interés para la sociedad en su conjunto.
Sobre la afirmación de que la política de tasa de interés ha encarecido los recursos bancarios es imposible dejar de reconocer que en una situación inflacionaria estas deben elevarse necesariamente para mantener algún incentivo a la generación de ahorro financiero y en caso de no adoptarse todo programa de financiamiento estaría condenado al fracaso, por falta de recursos Este fenómeno no exclusivo de México, pues se presenta en todos los mercados financieros internacionales, incidiendo lógicamente en los de nuestro país. Debe tenerse presente que las autoridades han mantenido una regulación que otorga tasas preferenciales al financiamiento de algunas actividades prioritarias, como las agropecuarias desarrolladas por campesinos de bajos ingresos, la vivienda de interés social y las relacionadas con créditos redes contables en los fideicomisos de fomento.
Por otra parte, conviene hacer notar que el sistema bancario privado y mixto cuenta con cerca de 2.6 millones de acreedores en depósitos a plazo, sin contar a los usuarios de las cuentas de cheques y ahorro. Esta realidad contradice la afirmación contenida en la Iniciativa de que la política de tasas de interés favorece a un reducido número de rentistas.
Se hacen en la propia Iniciativa otras referencias de menor importancia, que son erróneas y acusan una ignorancia del régimen legal vigente, tales como que "los departamentos de ahorro y financieros de la banca privada que forman un grupo con banca múltiple"
. Antes de pasar a comentar las propuestas concretas de modificación a diversos artículos de la Legislación Bancaria que contiene la Iniciativa. la Comisión quiere dejar constancia de que considera necesario para satisfacer las necesidades alimentarias nacionales, que se incremente al máximo la producción agrícola y que para ello el crédito es un instrumento clave. Que en consecuencia deberá canalizarse al campo los mayores recursos posibles, sin perjuicio de atender otras actividades productivas y que a ello debe orientar sus mejores esfuerzos la banca privada, mixta y nacional. La Comisión hace esta afirmación consciente y conocedora de que la banca ha celebrado y cumplido convenios para invertir miles de millones de pesos en la agricultura, en la perforación y en el desarrollo de actividades agropecuarias y que, inclusive, se ha comprometido a aplicar sus recursos al financiamiento de actividades agrícolas prioritarías para los sectores campesinos de escasos recursos sin más limitación que la falta de disponibilidad o el exceso de riesgo.
Después de las consideraciones relativas a la Exposición de Motivos hacemos un breve comentario de las propuestas concretas de modificación a diversos artículos de la Legislación Bancaria.
Se propone modificar el Artículo 1o. para considerar "nacionales" a las instituciones de crédito que operan como banca especializada, en cualquiera de sus diversos tipos, a los almacenes generales de depósito y a las uniones de crédito, ello en virtud de que en opinión de los diputados ponentes la política de regulación selectiva del crédito tiende a liberalizarse en detrimento de los sectores productivos y en beneficio de las actividades especulativas de todo tipo, citación que pretende corregirse con la medida propuesta que forma parte de un proyecto más amplio de control y nacionalización de la banca privada y mixta.
Esta reforma, según se propone, es contraria a la técnica jurídica y bancaria mexicana y, además, tiende a crear confusión. En efecto, en la práctica, en la técnica y en la doctrina bancaria nuestra siempre se han considerado instituciones nacionales a las que tienen un determinado grado de participación del Gobierno Federal, con características que han evolucionado y que son establecidas por la ley. El concepto de banca nacional se opone así, al de banca privada. Por otra parte y a raíz de que se estableció la banca múltiple existe en nuestra legislación la doble posibilidad de que
algunas instituciones operen como tal banca múltiple y otras como banca especializada.
La iniciativa, de aprobarse, significaría que se perdiera la definición legal del concepto de instituciones u organizaciones nacionales para confundirlo con el de "especializadas" que se dedican a operaciones de banco y crédito de depósito, ahorro, financieras, hipotecarias, de capitalización o fiduciarias. En otras palabras, la iniciativa contrapone el concepto de banca nacional al de banca múltiple, no toma en cuenta que las distinciones a establecer son las de banca nacional frente a la banca privada y la banca especializada frente a banca múltiple y desestima, desconociéndola, la posibilidad legal y doctrinal existente, de hecho, de la banca nacional múltiple y especializada.
Además, las afirmaciones de referencia que se contienen en la iniciativa, resultan del todo falsas ya que la legislación bancaria no sólo ha mantenido las normas de regulación selectiva, sino que las ha fortalecido dotando a las autoridades financieras de instrumentos de regulación cuantitativa y cualitativa del crédito que abarca hasta el 75% de los pasivos bancarios.
Por otra parte, la propuesta, además de ser ambigua, llevaría a una situación innecesaria, arbitraria y parcial. Innecesaria porque el estado no requiere nacionalizar la banca, ya que ésta se sujeta de manera satisfactoria a la regulación oficial que aquél establece; arbitraria porque se carece de razones que fundamenten nacionalizar ese sector o cualquier otro del sistema bancario mexicano; y parcial porque dicha medida sólo comprendería a instituciones que manejan exclusivamente el 3% de los recursos del sistema bancario, lo que hace intranscendente cualquier modificación al efecto.
Tratándose de las uniones de crédito la medida entraña una contradicción de principio, pues este tipo de organizaciones está formado por disposición legal por productores o prestadores de servicios que generalmente corresponden a los sectores populares, además de que dichas uniones sólo realizan operaciones entre sus socios, lo cual representa una mínima trascendencia para el fortalecimiento de las políticas generales de regulación selectiva del crédito.
La reforma que se propone al Artículo 46 bis - 2 que contiene una referencia a los artículos 46 bis - 3 y 94 bis, pierde importancia por las consideraciones que más adelante haremos en relación a las reformas propuestas a dichos numerales.
En lo relativo a la modificación a la fracción VI del citado artículo que en su texto actual señala que todas las operaciones crediticias deben adecuarse a la naturaleza de las actividades financieras y de los sujetos de crédito, en cuanto a montos, plazos, regímenes de amortización y, en su caso, períodos de gracia de los financiamientos, atendiendo con ello a la necesidad de una sana práctica bancaria por parte de las instituciones de crédito en todas sus operaciones activas, estimamos que por ello no existe razón alguna para reformar el texto vigente y restringirlo a aquellas operaciones ligadas a proyectos de inversión en actividades básicas o de interés nacional.
Al artículo 46 bis - 3 se propone adicionar su texto para que la inversión que los bancos múltiples realicen de los recursos que capten del público y las operaciones que dan origen a su pasivo contingente y que debe efectuarse en términos que permitan mantener condiciones adecuadas de seguridad y liquidez, se realice en forma que pueda representar "una verdadera función de intermediación que fomente la capitalización de actividades básicas del sector primario y secundario que presenten insuficiencias de oferta, deficiencias de productividad y desequilibrio sectoriales y regionales, mediante la transferencia de recursos de actividades y fuentes superavitarias a las deficitarias, sin dejar de mantener las condiciones de seguridad y liquidez implícitas en el funcionamiento de esta actividad". Sobre el particular, el artículo en cuestión puede clasificarse dentro de las disposiciones encaminadas a lograr que la actividad de los bancos múltiples se lleve a cabo de acuerdo a sanas prácticas bancarias, persiguiendo en concreto la finalidad de que el conjunto de los activos bancarios guarde en todo tiempo una adecuada composición en cuanto a riesgos y plazos.
Como es fácil advertir, el citado numeral nada tiene que ver con el destino de los recursos, situación que es regulada por otras disposiciones de la legislación bancaria en razón de lo cual la adición propuesta no solamente es improcedente y mal ubicada, sino que dificultaría la correcta interpretación y aplicación de la disposición de que se trata.
La Iniciativa propone, por otra parte, modificar la parte final del artículo 46 bis - 6 para señalar que las operaciones establecidas en la fracción VII del artículo 46 bis - 1 "deberán sujetarse a lo reglamentado en el artículo 94 bis, fracción II".
Esta modificación por reiterativa es innecesaria ya que todas las operaciones tanto activas como pasivas que enumera el artículo 46 bis - 1 se encuentran sujetas a lo previsto por el artículo 94 bis de la Ley, de acuerdo a las disposiciones vigentes.
Asimismo al citado artículo 94 bis, fracción II se propone modificarlo a fin de señalar que se consideran de interés público y nacional la producción de alimentos por campesinos pobres, ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios minifundistas ubicados en distritos de temporal y destinar a estas actividades,
regiones y sujetos de crédito un 25% de los recursos de "canalización directa" por la banca privada.
A ese respecto, la fracción I de dicho artículo, a la cual se hace referencia en la II, señala que los depósitos obligatorios en el Banco de México pueden representar hasta el 50% del pasivo computable. En el supuesto de que dicho límite fuera alcanzado por una institución, el 50% restante quedaría como crédito disponible y por consiguiente un 25% de este crédito representaría el 12.5% del pasivo computable. De ahí que la suma de los depósitos en el citado Instituto Central y los activos señalados en la fracción en análisis, que según la propuesta en cuestión deben representar el 25% del crédito disponible, no puede aritméticamente abarcar el 75% del pasivo computable, sino únicamente el 62.5% de acuerdo a una sencilla operación lógica. A pesar de lo anterior la versión que se propone, en el último párrafo de la fracción II, señala que dicha suma no debe ser menor del 75% del pasivo computable, lo cual según se apuntó es imposible, aclarándose, a mayor abundamiento, que tampoco podría ser mayor, pues de acuerdo con la fracción III del mismo artículo al menos el 25% del pasivo computable debe estar en posibilidad de ser invertido libremente por las instituciones, con las consecuentes limitaciones legales.
Si la intención de la reforma es que la suma del depósito obligatorio y el financiamiento a las actividades señaladas no sea inferior al 75% del pasivo computable, la canalización de recursos a otras actividades prioritarias tales como la vivienda de interés social, la industria pequeña y mediana, la producción de artículos básicos distintos a los alimentos, entre otras, quedaría fatalmente desatendida por la reglamentación provocando carencias de financiamiento en tales sectores y desequilibrando el proceso de desarrollo del país, además de que se imponen al Estado parámetros rígidos de operación que impedirían una regulación adecuada y lo suficientemente flexible para atender la dinámica evolución de la economía mexicana.
Por lo expuesto esta Comisión de Hacienda y Crédito Público, considera que no son de aprobarse las reformas propuestas en la Iniciativa a que este dictamen se refiere, sometida por el Grupo Parlamentario Comunista (Coalición de Izquierda), y propone a la consideración de la H. Asamblea que sean rechazadas por la H. Cámara de Diputados con fundamento en la Constitución General de la República y para todos los efectos correspondientes.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. - México, D. F , de diciembre de 1980.
Los diputados miembros de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.- Presidente, Juan Delgado Navarro. - Secretario, Ángel Aceves Saucedo. - Cuauhtémoc Anda Gutiérrez. - Lidia Camarena Adame. - Porfirio Camarena Castro. - Rafael Corrales Ayala. - Salomón Faz Sánchez. - Jorge Flores Vizcarra. - Francisco Javier Gaxiola O. - Ignacio González Rubio. - Humberto Hernández Haddad. - Rafael Hernández Ortiz. - Rafael Alonso y Prieto. - Antonio Obregón Padilla. - Miguel Lerma Candelaria. - Humberto Lira Mora. - Ricardo Flores Magón López. - Arturo Salcido Beltrán. - Ángel López Padilla. - Juan Martínez Fuentes. - Luis Medina Peña. - José Merino Mañon. - Gonzalo Morgado Huesca. - Jorge Amador Amador. - José Murat C. - Manuel Germán Parra. -Amado Tame Shear. - Roberto Picón Robledo.- Francisco Rodríguez Gómez. - Alfonso Zegbe Sanen."
El C. Presidente: En atención a que el dictamen ha sido impreso y distribuido entre los ciudadanos diputados, ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la segunda lectura y se pone a discusión en lo general.
El C. secretario David Jiménez González: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se dispensa la segunda lectura del dictamen y se pone a discusión en lo general.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Se dispensa la segunda lectura al dictamen, señor presidente.
El C. Amado Tame Shear: Pido la palabra, señor Presidente.
El C. Presidente: ¿Con qué objeto?
El C. Amado Tame Shear: Para dar un voto particular.
El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado Amado Tame Shear.
El C. Amado Tame Shear: Señor Presidente; Señoras y señores diputados:
La Iniciativa y el Dictamen que nos ocupa es de especial importancia, dado que toca un campo fundamental de la economía del país, como lo es la canalización del financiamiento institucional y la estructura del sistema bancario; por eso la Fracción Parlamentaria del Partido Popular Socialista ha resuelto intervenir a través de un voto particular.
Nuestros puntos de vista tratan de ser objetivos y constructivos partiendo de nuestra plataforma de principios y programa.
Consideraciones Generales sobre la Iniciativa relativa a reformas a la Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares.
1. La iniciativa en sus considerandos, desestima los avances que en materia de selectividad de recursos ha realizado el Estado mexicano. Es cierto que aún falta mucho por hacer en la política de otorgamiento selectivo del crédito en función de las prioridades nacionales marcadas en el Plan Global de Desarrollo. Pero no se puede afirmar que la política crediticia esté subordinada a "estrechos criterios estabilizadores" sobre todo cuando existe el propósito de política monetaria reafirmado por el Presidente de la República en reciente entrevista, de no seguir haciendo de la estabilidad cambiaría un fetiche que ponga una camisa de fuerza a la nación para alcanzar los objetivos del desarrollo económico.
2. La iniciativa expresa su preocupación por los productores del campo, cuando el Estado, a través de diversos instrumentos como el fiscal, el financiero y el crediticio del gobierno, y de la Banca Múltiple Nacional, está destinando los más cuantiosos recursos al agro mexicano.
3. Es equivocado lo que se señala en los considerandos de la iniciativa de que los fideicomisos de fomento gubernamentales sólo pretenden combatir problemas de liquidez de las empresas, lo que por sí mismo no es negativo, sobre todo en el caso de la pequeña y mediana industria nacional que, en cierta medida, es afectada por el alza de los precios, teniendo problemas de liquidez para solventar las operaciones cotidianas. El que los fideicomisos de fomento vengan a proporcionar capital de trabajo a las empresas nacionales, evita en algunos casos la quiebra y, en otros, la absorción de las mismas por los monopolios.
Además, en contra de la preocupación que dice demostrar la Iniciativa por la debilidad en la política gubernamental para vigilar la canalización selectiva del crédito, los fideicomisos de fomento, no de ahora, sino desde el sexenio pasado, se convirtieron en uno de los instrumentos más efectivos del gobierno para asegurar que el crédito llegase a la actividad y a los usuarios a los que previamente señalaban las disposiciones de las autoridades monetarias del país.
4. También es incorrecto que la Iniciativa se manifieste contraria a la política de encaje legal del Banco de México, coincidiendo curiosamente con la demanda de algunos de los más grandes grupos financieros del país que han demandado la reducción del encaje legal en varias oportunidades, so pretexto de que se encarece el crédito, y de que se restringe el financiamiento.
Si hay un instrumento de política monetaria y acreditable que haya sofrenado a los grupos financieros dependientes del capital extranjero por sus ligas con el mismo, es el manejo del encaje legal; obligándolos a mantener depositada una proporción importante de sus recursos, en el Banco Central, la cual es utilizada para apoyar programas de gasto prioritarios del gobierno en materia de desarrollo económico.
Si hay fallas en la política de encaje legal son por defecto y no por exceso. En vez de ser de un 41% el encaje marginal de la banca múltiple, debería ser del 100% para que así el Estado, pudiera canalizar los recursos financieros en función del interés netamente nacional. Esto no significaría de ninguna manera la expropiación de la banca privada; inclusive podrían recibir intereses los banqueros privados; pero se aseguraría lo principal: la canalización con sentido patriótico y democrático del ahorro del pueblo mexicano.
5. El manejo de las tasas de interés al alza encarece el crédito como señalan ciertamente los considerados de la Iniciativa. Ello es expresión del fenómeno del alza generalizada de los precios, del cual, el precio que se paga por utilizar el capital dinerario, no puede estar al margen. Una mayor taza de interés es expresión de una mayor taza de ganancia, porque el interés no surge de la nada, sino que es parte de la plusvalía o excedente producido por los trabajadores. Sin embargo, como el movimiento del capital dinerario tiene una relativa autonomía, la elevación de las tasas de interés repercute, a su vez, en mayores precios y refuerza el ascenso de la tasa de ganancia. Por eso, la política de tasas de interés debe contemplarse dentro de lo que la presente administración gubernamental ha llamado una política de "precios, utilidades, salarios y fisco", con el objeto de reducir la desmesurada tasa de ganancias de los monopolios extranjeros y sus asociados, tasa de ganancia que es la causa de la desequilibradísima distribución del ingreso y que frena la ampliación del mercado interno.
Ahora bien, el manejo de la tasa de interés bajo el supuesto de que en México deben seguir privando de manera absoluta una serie de libertades -entre ellas la sacrosanta libertad de cambios y de movimiento de capitales - aunque lesionen gravemente a la nación y al pueblo, como sucedió en 1976, es continuar con la ilusión de que los monopolistas transnacionalizados y la inversión extranjera vienen a beneficiar caritativamente al país. No podemos seguir tolerando que nos saqueen como quieran y a la hora que más les convenga. Sí, que ganen más que en sus lugares de origen; pero no que -nos sobre exploten, nos descapitalicen y encima de esto los premiemos para que regresen como si estuvieran haciéndonos el favor. Es necesario que el Estado de acuerdo con la facultad que le concede el Artículo 27
Constitucional imponga a la propiedad privada los controles que dicte el interés del pueblo y de la nación.
6. En el sentido que tiene la iniciativa, existen cuestiones con las que nosotros, los miembros del PPS, estamos de acuerdo, como es la necesidad de que se canalicen mayores montos de recursos de la banca privada al campo, aunque estimamos que la manera en que se propone por la Iniciativa no es la adecuada, ya que se sacrificaría la capacidad del Estado de manejar con flexibilidad la orientación de los recursos que por Ley deben destinarse a actividades prioritarias, que no se reducen exclusivamente a las actividades agrícolas.
Pasando a las reformas concretas tenemos que, la modificación al párrafo tercero del Artículo 1o. de la Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares, consiste en declarar Banca Nacional, es decir, Banca Gubernamental bajo la terminología jurídica vigente, a toda la banca que no se encuentre encuadrada como Institución de Banca Múltiple. De esa manera, los organismos públicos de crédito especializados en una o hasta dos de las funciones: de Ahorro, Depósito, Financiera, de Capitalización, Fiduciaria e Hipotecaria, pasarían a formar parte de lo que en términos legales se denomina Banca Nacional. Adicionalmente, junto a la Banca Especializada, pasarían a formar parte de la Banca Nacional los Organismos Auxiliares denominados Almacenes Generales de Depósito y las llamadas Uniones de Crédito.
Es correcto, como está señalado en el dictamen de la Comisión de Hacienda que el "Concepto Banca Nacional se opone en nuestro derecho positivo, al de Banca Privada".
También es justa la apreciación de la Comisión en el sentido de que de aprobarse la Iniciativa en cuestión quedaría contrapuesto el Concepto de Banca Nacional al de Banca Múltiple, desvirtuándose el hecho de que el contrapunto de la Banca Múltiple es la Banca Especializada y el de la Nacional es la Privada.
La consecuencia formal y real más importante consiste en que la Iniciativa a examen manda al limbo jurídico la existencia de una Banca Nacional Múltiple constituida nada menos que por las Instituciones Financieras más importantes para el desarrollo nacional independiente del país: la Nación Financiera, el Banco de Crédito Rural, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos y algunas otras.
Por eso tiene absoluta razón el Dictamen cuando afirma que "desestima, desconociéndola, la posibilidad legal y doctrinal existente de hecho, de la Banca Nacional Múltiple y Especializada".
Adicionalmente, la medida propuesta en la iniciativa no sólo es parcial como se hace notar en el Dictamen, "ya que comprendería a instituciones que manejan exclusivamente el 3% de los recursos del Sistema Bancario, lo que hace intranscendente cualquier modificación al efecto", dejando a los grandes grupos financieros privados integrados en bancas múltiples que son precisamente los que están asociados subalternamente el capital transnacional monopólico en las inversiones de diverso carácter que realizan en nuestro país.
En cuanto a las Uniones de Crédito, consideradas por la legislación actual como Organismos Auxiliares de Crédito, que la iniciativa propone que pasen a agruparse bajo la figura legal denominada Banca Nacional; dentro de la estructura económica de nuestro país estarían ubicadas en el Sector Social. Como acertadamente se indica en el Dictamen, no tendría ningún sentido avanzado en este momento integrarlas a las instituciones estatales de crédito, ya que las Uniones de Crédito se organizan por la asociación de productores y prestadores de servicios, ejidatarios por ejemplo, que únicamente realizan operaciones entre los asociados, operaciones que, desafortunadamente todavía tiene una significación mínima desde el punto de vista de su importancia dentro del financiamiento del sistema bancario del país.
Respecto a la Adición y Reforma al Artículo 46 bis 2 de la Ley General de Instituciones de Crédito y Organismos Auxiliares, la Iniciativa presenta básicamente dos agregados. El primero que puntualiza las condiciones de los "financiamientos ligados a proyectos de inversión en actividades básicas y de interés nacional"; condiciones que se encuentran contempladas en la Ley Bancaria en vigor referidas a todo tipo de financiamiento otorgado por la Banca Múltiple. Es substancialmente correcta por ello, la apreciación del dictamen respecto a la no existencia de "razón alguna para reformar el texto vigente y restringirlo a aquellas operaciones ligadas a proyectos de inversión en actividades básicas o de interés nacional".
El segundo agregado propuesto se refiere al financiamiento a campesinos pobres temporaleros y a la necesidad de que las autoridades financieras elaboren un "Plan de Operaciones de Crédito al que se sujetarán los recursos de la Banca Privada y Mixta" enfocada a los propios campesinos de las zonas de temporal. Dado que la financiación obligatoria a los temporaleros pobres se contemplan en el Artículo 94 bis, fracción II lo trataremos al analizar esa proposición; pero en lo que se refiere a la planeación crediticia para el agro, el lugar
adecuado para tal disposición a nuestro entender está en las leyes de crédito agrícola y de planeación agropecuaria. Por lo tanto, pensamos que tal idea no debe ser desechada, sino incorporase, y sería bueno que fuera una recomendación de la Comisión de Hacienda a los ordenamientos correspondientes.
Adición y Reforma al Artículo 46 bis, 3 de la Ley General de Instituciones de Crédito y Organismos Auxiliares. A nuestro juicio el espíritu de la adición propuesta - pues eso es más que una reforma a la norma vigente - es avanzado y coincidimos con su esencia, dado que es vivo deseo expreso de los sectores democráticos y patrióticos de este país, que la banca y otras instituciones financieras (aseguradoras) privadas rompan el maridaje que tienen con el capital monopólico extranjero, cobrando el carácter de verdaderas intermediarias entre el ahorro del pueblo y su orientación hacia la capitalización de actividades nacionales y socialmente básicas. No buscamos, escúchese con atención, que los organismos bancarios privados mexicanos recobren su carácter de verdaderos intermediarios del crédito porque nunca lo han tenido. En nuestro país, el ejercicio de la banca, si examinamos su origen, se dio principalmente como expresión de la invasión silenciosa perpetrada por el capital financiero -fusión del capital bancario e industrial monopólicos- exportado por las principales potencias imperialistas en el siglo pasado. De allí que sea falsa la tesis que señala que el capital financiero en México ha sido producto de su desenvolvimiento económico normal propio y autónomo; porque de ser cierto, seríamos un país imperialista exportador de capital financiero para subyugar a otras naciones.
La realidad es que la oligarquía financiera que padecemos no es autónoma ni toma con independencia sus decisiones.
Por origen y por vocación es una oligarquía subordinada en lo fundamental a los intereses extranacionales y de los grandes grupos financieros de los países capitalistas hoy desarrollados. Es por eso, necesario, si queremos acelerar el paso hacia la independencia nacional, afectar esos intereses antinacionales, rompiendo el espinazo al control que ejerce este breve sector de agentes del imperialismo, a los cuales el pueblo no les debe nada y para los que no se hizo el movimiento político y armado de 1910.
Respecto al Dictamen, tal vez no sea, como se dice en el mismo, el mejor lugar o la forma tecnico -jurídica más idónea- para ubicar una disposición como la propuesta por la iniciativa. Estimamos, sin embargo, que debe ser tomada como una aportación, e incorporarla si se quiere, bajo una forma más acabada y a sugerencia de la Comisión, en el lugar de la Ley que se considere adecuado.
Por lo que a la reforma y adición al Artículo 46 bis 5 de la Ley General de Instituciones de Crédito y Organismos Auxiliares se refiere, no sólo no procede por repetitiva tal y como lo señala el Dictamen contemplado en la fracción II, Artículo 46 bis 2, sino que además está equivocada porque la fracción VII del Artículo 46 bis 1, a que hace referencia, se refiere a las operaciones de banca múltiple con valores; por lo cual, la opinión que procede escuchar es la de la Comisión Nacional de Valores tal y como está en la Ley actual y no la de la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros como la propone la Iniciativa.
Finalmente, en lo que se refiere a la reforma al Artículo 94 bis fracción II, podemos decir lo mismo que cuando se trató lo del Artículo 46 bis 2, en el sentido de que la intensión de la propuesta de la Iniciativa es loable y no puede ser subestimada, dado que se trata de que cobren relevancia, en la canalización selectivamente obligatoria del crédito, el campo, la producción de alimentos y los campesinos temporaleros. Sólo que la proposición concreta tiene una grave falla, puesto que, tal y como lo dice el dictamen, hace a un lado la existencia de otras actividades prioritarias - "producción de artículos básicos distintos a los alimentos, vivienda de interés social, industria mediana y pequeña" - que sufrirían de la falta de atención en sus requerimientos financieros, además de que, también lo asienta el dictamen, significaría ponerle amarras innecesarios a la acción Estatal que debe ser lo "suficientemente flexible" para adaptarse a las demandas cambiantes del desarrollo económico - social en el tiempo.
Pensamos nosotros que el 100% de los recursos captados por la Banca privada debería servir a los intereses del país y no sólo las 3/4 partes, como lo pretende esta Iniciativa; que es quedarnos como estamos, pues la fracción I del Artículo 94 bis, ordena que hasta un 50% del pasivo computable de las Instituciones de Crédito deberá mantenerse depositados en el Banco de México, y la fracción II de ese mismo artículo señala que hasta un 25% de dicho pasivo computable se orientará selectivamente en el sentido que lo señale el Banco Central. Es importante resaltar también que la fracción V del propio Artículo 94 bis contempla la posibilidad de que el Banco de México, "por necesidades monetarias y crediticias, podrá elevar hasta el 100% el depósito que tienen obligación de hacer en el propio Banco Central las Instituciones Crediticias; aunque únicamente sobre los nuevos recursos captados por las mismas a partir de la fecha en que se adopte la medida, es decir, es el 100% de encaje marginal o en el límite.
Estas disposiciones avanzadas adoptadas por el país en el pasado reciente, siendo buenas
tienen una falla: facultan al gobierno a nombre del Estado mexicano a intervenir por medio del Banco de México poniendo topes superiores a su intervención en el control de los recursos financieros de la Banca; pero dejan en manos de la Institución Central del Sistema Bancario Mexicano la "flexibilidad" para que, por la vía de circulares y oficios - circulares de carácter administrativo, aumente o reduzca los porcentajes de encaje legal y de crédito selectivo, obviamente sin rebasar los topes legales máximos establecidos en la Ley General de Institución de Crédito y Organismos Auxiliares.
Esto nos da una idea de que, aunque ha habido avances innegables en materia de control de la actividad bancaria y de la orientación selectiva del crédito, estamos todavía lejos de haberle dado un carácter plenamente nacional a su utilización.
Finalmente deseamos referirnos a una afirmación desafortunada que, nos parece hecha a la ligera por el dictamen en el sentido de que "el Estado no requiere nacionalizar la Banca, ya que está sujeta de manera satisfactoria a la regulación oficial que aquél establece".
A pesar de los avances que se han realizado en el control por el gobierno de las operaciones de financiamiento de las instituciones crediticias privadas; tanto en lo concerniente al encaje legal o porcentaje que las mismas deben mantener en el Banco Central, como en el de la orientación selectiva obligatoria de otra significativa porción de los recursos captados por la banca privada, una parte, cuantiosa aún de los recursos provenientes del ahorro de la población son manejados por el negocio bancario privado.
La nacionalización del crédito no significa otra cosa que poner al servicio de la independencia nacional la poderosa palanca del ahorro de los mexicanos, hoy controlada en buena parte todavía por intereses ajenos y en ocasiones contrarios a la soberanía plena del Estado Mexicano. Este como representante del interés de la Nación, así como mencionó recientemente el presidente López Portillo ha de llevar a su cima la tarea de forjarla definitivamente, tiene el deber histórico de tomar en sus manos la responsabilidad de que el financiamiento fortalezca definitivamente la producción agrícola e industrial efectivamente de nacionales y la del propio Estado y evitar que se utilice un sólo céntimo del ahorro creado con el trabajo de los mexicanos para que se desnacionalicen porciones crecientes de la economía del país por parte del capital financiero transnacional y sus agentes nativos.
Las necesidades de que México pueda disponer para su desarrollo autónomo de los recursos financieros del país ha encaminado al Estado a un mayor control de parte creciente de esos recursos; primero determinando con la presencia del capital extranjero en el negocio bancario, fortaleciendo después a la Banca Nacional y ejerciendo mayor control sobre los recursos de la Banca Privada; hoy el Presidente de la República envía a esta H. Cámara una Iniciativa de Ley General de Instituciones de Seguros, donde quedará prohibida la participación del capital extranjero en dichas Instituciones.
Como se ve la nacionalización de los Recursos del Sistema Financiero Privado que incluye a las aseguradoras y otras instituciones es una necesidad objetiva del desarrollo independiente de México y que demanda un conjunto amplio de fuerzas como la clase obrera, industriales y empresarios nacionalistas; el sector campesino organizado y todos los hombres democráticos y al progresista, y ha sido una demanda del PPS, desde su fundación. Por eso, una cuestión de principio no podemos aceptar, a pesar de reconocer que en muchos aspectos el dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda está en lo justo, la tesis esencial que tiene el documento al declarar innecesaria la nacionalización de la Banca por el Estado.
Fracción Parlamentaria del Partido Popular Socialista. - Rúbrica.
El C. Presidente: Agréguese al dictamen el voto particular del diputado Amado Tame.
Está a discusión el dictamen.
Se abre el registro de oradores.
Han solicitado el uso de la palabra para hablar en contra los ciudadanos diputados:
Manuel Stephens, Roberto Picón, Arturo Salcido y Jesús Ortega.
Para hablar en pro, los ciudadanos diputados:
Francisco Javier Gaxiola, Miguel Lerma, Eleazar Santiago, Ángel Buendía, Federico Granja y Margarita Gómez Juárez.
El diputado Pablo Gómez en contra.
Va a repetir la Presidencia los nombres de los ciudadanos diputados que se han inscrito en contra:
Manuel Stephens, Roberto Picón, Arturo Salcido, Jesús Ortega y Pablo Gómez.
En pro: Francisco Javier Gaxiola, Miguel Lerma, Eleazar Santiago, Ángel Buendía, Federico Granja y Margarita Gómez Juárez.
Tienen la palabra el diputado Manuel Stephens.
El C. Manuel Stephens: Señoras y señores diputados:
Si esta iniciativa de reforma a la Ley General de Instituciones de Crédito y Organismos Auxiliares hubiera sido enviada por el Poder Ejecutivo, quizás con algunos ligeros cambios no sustanciales, hubiera sido acordada totalmente por la Comisión de Hacienda y Crédito
Público, pero como deviene de la oposición revolucionaria existente en esta Cámara, de la Coalición de Izquierda, es por eso que la Comisión lejos de entender la proyección de esta reforma para la vida económica de las masas empobrecidas de las áreas rurales, tal perece ha visto o han predominado en ella otros intereses.
En la letra y el espíritu del dictamen se advierte una defensa de la poderosa banca privada, de los grupos financieros oligárquicos del país de los grupos monopolios que explotan la agricultura, no solamente nacionales sino extranjeros.
Seguramente que los banqueros como Legorreta, como Espinosa Iglesias, como capitanes o monarcas del capital, como Cloutier, darán muchas gracias a esta Comisión por haber dictaminado en los términos que establece el documento.
Lejos de proteger a los campesinos pobres, a los pequeños propietarios minifundistas y a los comuneros que tanto necesitan de crédito, el dictamen está enderezado a seguir enriqueciendo a las grandes empresas agrícolas en el campo y a la protección de los grupos financieros que paulatinamente, con el apoyo del gobierno, se han ido apoderando no sólo de importantes renglones de la industria nacional, sino de la agricultura fundamental de nuestro país.
No es posible tratar en otros términos lo que el dictamen señala.
Esta iniciativa de reformas, dígase lo que se diga, significa un paso importante en el proceso de la nacionalización de la banca o del crédito privado. Porque, efectivamente, como se ha dicho, la agricultura necesita de gigantescos recursos financieros para superar la crisis por la que atraviesa, la agricultura nacional y esta Cámara está ante una responsabilidad histórica, o protegemos a las masas rurales pobres o a las grandes familias de banqueros, que ligados a los monopolios extranjeros, han hecho el gran negocio en nuestro país y los siguen haciendo.
Vamos a dar respuesta, parte por parte, a lo que establece el dictamen y vamos a probar con estadísticas, con cifras del propio Banco de México, que lo establece la Comisión en el dictamen es totalmente equivocado.
Compañeros diputados:
Estamos tratando el problema de interés vital para el pueblo de México y no es posible que distraigamos nuestra atención en cuestiones pequeñas en este momento. Voy, pues, a dar respuesta a lo que establece ese dictamen que vamos a rechazar categóricamente.
Qué bueno que otras organizaciones políticas se han inscrito en contra. Yo pediría a los campesinos que están afiliados a la CNC, a los diputados aquí representados en esta Cámara, no votar por este dictamen y también a aquellos trabajadores y aquellos diputados de otra central de trabajadores que están afiliados al PRI, a no votar por este dictamen, porque cometerían un grave error y lo harían de manera directa o indirecta en favor del capital monopólico privado y extranjero que está explotando la agricultura.
En la página 2, el dictamen dice que los sectores de productores están excluidos debido a su incapacidad para garantizar el pago del crédito y que no es mediante la Ley como se resuelve este problema, sino que se pueden establecer garantías adecuadas por sujetos jurídica y económicamente responsables. Esos problemas, dice la Comisión, se atienden y un ejemplo de ello y de que se procura su solución está en el contenido de la Iniciativa de la Ley de Fomento Agropecuario en su parte relativa. Ley que vamos a discutir pero que ya hemos adelantado opiniones acerca de esta famosa Ley de Fomento Agropecuario.
Las afirmaciones anteriores demuestran que en el seno de la diputación mayoritaria existen concepciones conservadoras y me atrevería a decir anticampesinas, sobre las capacidades reales y efectivas de producción y de pago por parte de los ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios, además reflejan una ignorancia total sobre el origen de la crisis de alimentos básicos que hoy padece nuestro país.
Esta última cuestión debe quedar clara, como resultado de una política económica que en su esencia ha fomentado el desarrollo de las grandes explotaciones latifundistas dedicadas a la exportación y a la transformación, comercialización, en lo interno, de productos alimenticios que consume una capa minoritaria de la población, la economía de los ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios, minifundistas, ha experimentado una profunda descapitalización, cuyos resultados son la caída en la producción de alimentos básicos, y son esta capa de productores los que aportan el grueso de los alimentos fundamentales. Es ahí en donde está la raíz del problema de producción de bienes básicos que hoy padece el país.
Permítame, en lo que respecta a este problema, hacer la siguiente acotación:
Es conocido por todos que la mayoría de esos productores, aproximadamente un 80% se encuentran ubicados en zonas de temporal y que es en estas regiones donde, según información del Plan Agropecuario, se produjo en el ciclo primavera - verano de 1978, el 90% del maíz, el 94% de frijol, el 50% del arroz y el 72% de la soya.
Tome la nota la Comisión de estos datos.
Sin embargo, consideramos pertinente y necesario dar otros elementos de juicio para demostrarle a la Comisión y a su fracción mayoritaria, cuál es la situación real que padece la
mayoría de los productores directos del campo, ubicados en las zonas de temporal.
Uno de estos elementos es el que se refiere al carácter del proceso de reforma agraria en la distribución de la tierra, y otro, que se desprende de lo anterior, tiene que ver con las necesidades de recursos que este tipo de predios demandan para su aprovechamiento productivo.
La Reforma Agraria que han venido aplicando los gobiernos postcardenistas, yo diría específicamente desde la época del presidente Miguel Alemán, han tenido un orientación, en buena parte, antiejidal. El carácter que este proceso ha tenido, se refleja en las políticas de dotación o ampliación de las superficies ejidales en los últimos años.
Como no disponemos de más datos que los que proporciona el último censo agrícola ganadero y ejidal, pasaremos a subrayar lo fundamental que dicho censo refleja de esta materia.
En lo que respecta a las tierra entregadas a los ejidos por dotación o ampliación, la información mencionada consigna lo siguiente: en 1970, en total de la tierra distribuida tenía la siguiente composición, el 91.3% era no laborable, correspondiendo a la tierras laborales el restante 8.7%. Estas cifras por sí solas demuestran por dónde se conduce la Reforma Agraria en cuanto a la calidad de la tierra otorgada. Aquí ha habido, hay funcionarios del Departamento Agrario que podrán decirnos si estamos mintiendo.
Sin embargo, para comprender aún la dimensión de este problema, hay que examinarlo, de manera que el proceso de expansión de las tierras de labor y las tierras de riego, ha beneficiado al grueso de los productores directos del campo.
En lo que se refiere a la tierra de labor, que es además el mejor criterio para juzgar el carácter de la Reforma Agraria, tenemos que en 1940, los ejidos poseían el 47.4% de toda la tierra de labor censada; en 1960 su participación había disminuida a 43.4% y para 1970, su participación no había variado. Lo mismo se puede observar en la distribución de tierras de riego, la participación de los ejidos ha venido disminuyendo sistemáticamente, pues, a partir de 1940.
En este último aspecto donde se encuentra uno de los factores claves para explicar la profunda desigualdad que en términos de recursos hay entre los campesinos y los propietarios privados del campo.
Creemos que lo anterior demuestra, de manera contundente, cuál es la verdadera raíz del problema que viven hoy millones de productores en el campo. No se trata, señores diputados, miembros de la Comisión, de un problema de responsabilidad o de incapacidad de los productores pobres del campo, se trata, eso sí, de una situación de marginación y miseria, no puede expresarse esto de otra manera, producto de una política agraria y agrícola que sistemáticamente ha venido aplicando el régimen definitivamente en contra de los ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios minifundistas y que como se deja ver en el dictamen, seguramente se seguirá aplicando.
Sin embargo, las razones del rechazo a nuestra iniciativa, expuesta por la Comisión, no quedan ahí.
En la página 3 del dictamen -les pido a la Comisión que pongan mucha atención-, señala que son infundadas nuestras afirmaciones en el sentido de que la política de encaje a tasas de interés encarece los recursos bancarios monopolizados aún más en el mercado de capitales y que esta política favorece a un núcleo muy reducido de prestamistas y rentistas.
Las razones que aduce la Comisión son las siguientes:
Que más del 55% de los recursos prestables no sujetos a encaje, se destinan a financiar actividades de producción de artículos básicos; a la industria mediana y pequeña; a ejidatarios y campesinos de bajos ingresos; a la agricultura, pesca ganadería e industrias conexas; que la canalización de recursos o actividades básicas, no sólo la realizan la banca privada y mixta, sino que fundamentalmente "en la banca nacional y de los fideicomisos financieros de fomento, que en la Ley de Ingresos presentada en días pasados, se señala que tanto la banca nacional como los fideicomisos canalizaron en el presente año un volumen de recursos de 545 millones de pesos, a "actividades transformadoras" de la fisonomía económica del país y que en 1981 esa cifra será de 739 000 millones.
Veamos el alcance y lo cierto de cada una de estas razones.
En primer lugar quisiéramos saber cuál es la fuente de información que utiliza la Comisión para decir que el 55% de los recursos no sujetos se destinan a las actividades básicas ya enumeradas.
La información sobre el particular disponemos es la contenida nada menos que en el informe anual del Banco de México y se refiere a los porcentajes que por disposiciones que en materia de crédito rigen para el conjunto de la banca privada y mixta. De esta manera tenemos que el total de recursos destinados a la habitación de campesinos pobres y ejidatarios, agricultura y ganadería, vivienda de interés social, a la industria pequeña y mediana y a la producción de abastos en 79, fue de 17.3% y no de 55% como afirmar la Comisión.
Asimismo, el Informe Anual del Banco de México vuelve a reiterar que dicho porcentaje de 17.3% destinado a estas actividades se mantendrá para 1980 (véase página 105 de dicho informe).
Lo anterior pone en evidencia el sentido con el que la Comisión trata este problema, refleja a mi juicio muy poca seriedad por parte de la Comisión, porque no es ocultando los problemas como deben debatirse y más tratándose de problemas de interés nacional. En este mismo sentido cabe mencionar que la política de crédito de la banca privada múltiple, a estas actividades, ha sido reducido al máximo en los últimos años.
Ilustra lo anterior el siguiente comentario:
En 1974 los recursos destinados a estas actividades eran de 21% en promedio para todo el país. Por el contrario el destinado para la inversión libre y en los valores ha pasado de 39% en 1974, a 45%, en 1979.
No sólo se ha dejado de financiar al conjunto de actividades básicas, sino que se aumentan considerablemente los recursos a disposición de las grandes empresas monopólicas y extranjeras, lo que, por otra parte, demuestra que es verdadera nuestra afirmación de que el crédito se canalice solamente a un núcleo muy reducido de grandes empresas, amen de que existen porcentajes mayores a los asignados a ejidatarios para el fomento al mercado de valores.
La segunda de las razones que expone la comisión se refiere a que "fundamentalmente" es la banca nacional y los fideicomisos de fomento, los que canalizan volúmenes importantes de crédito a actividades básicas.
Voces desde el salón: ¡Ya, tiempo!
Queremos dejar bien claro - no me voy a callar - que no nos referimos, en nuestra iniciativa, al conjunto de actividades básicas; nos estamos refiriendo muy concretamente a un sector muy específico que participa en una sola de estas actividades básicas. Sin embargo, y como se menciona el caso de la banca nacional, analizamos cuál ha sido la política de crédito seguida por ésta en los últimos años.
Antes aclararemos que en el conjunto de la banca nacional sólo vamos a considerar al Banrural y a la Nacional Financiera, que son los que aportan los mayores porcentajes de crédito a la agricultura, en comparación con el resto de las instituciones nacionales de crédito.
En el caso de la NAFINSA, la canalización de recursos al campo se distribuye, principalmente, a la irrigación y a la transformación de productos alimenticios y otros similares. De esta forma podemos observar que en 1973 la inversión destinada a irrigación era de 14%; para 76, de 8.5% y para 78 sólo del 3.7%.
Por otro lado, tenemos que en total de crédito destinados a la transformación, que no a la producción directa de alimentos, en 73 era de 4.2%, en tanto que para 76 era de sólo 1.3% y para 78 sólo aumentó al 1.8%.
Siguen otros datos que para abreviar el tiempo voy a dejarlos pasar.
Veamos lo que ocurre con la política de crédito del Banrural.
Por el volumen de recursos con que opera y por ser la institución que específicamente opera para canalizar recursos al campo, esta institución debe ser evaluada con mucho cuidado.
Tres aspectos son los que consideramos importantes para evaluar la política de este organismo.
En primer lugar, su participación en la habitación de cultivos básicos; en segundo, la concentración regional y por cultivos de sus operaciones y, por último, el carácter y la naturaleza de los créditos otorgados por este organismo a los campesinos.
Vienen datos sobre el crédito rural que bien podemos pasar a la propia Comisión.
Por último y en lo que se refiere a la naturaleza del crédito, éste es, en su mayoría, más del 70%, crédito de avío y no como queda contemplado en otras iniciativas: el crédito refaccionario. Es aquí donde se encuentra el gran dilema de ese sector de productores, ya que como apuntamos, las características de sus predios en relación a la infraestructura necesaria para su capitalización, no les permite asegurar una producción creciente y diversificada.
Por lo que respecta al FIRA es preciso mencionar los siguiente.
El total de los recursos que este organismo, por lo demás sujeto a las directrices de la política de crédito de la banca privada, se distribuyen fundamentalmente a la ganadería, a la viticultura y a un porcentaje muy reducido a los ejidatarios y minifundistas de ninguna manera representa un mecanismo de canalización de recursos a los productores pobres del campo.
Compañeros diputados:
De esta forma hemos revisado y demostrado la forma como operan estos "mecanismos legales", como soslayadamente le llama la Comisión y quiénes son sus beneficiarios; éstos y no otros, son los organismos que concentran volúmenes importantes de recursos, que en el caso de la banca privada múltiple no disponen sólo del 3% de los recursos sino de más del 95% de la captación total en este país.
La idea central de nuestra Iniciativa de Reforma es que la Comisión tienda a hacer un último esfuerzo por rectificar su criterio, éste no es un criterio patriótico ni campesino, este dictamen es esencialmente un instrumento protector de los grandes negocios agrícolas de nuestro país, es un dictamen que significa un apoyo incondicional al financiamiento monopólico en el campo y significa también una desprotección en el crédito a aquellos campesinos pobres, a los pequeños propietarios minifundistas y a los comuneros, que tanto lo necesitan.
Por eso hago una exhortación a los diputados campesinos del PRI, a los obreros del PRI y a otros partidos políticos, para que este dictamen sea rechazado por contener una concepción conservadora, reaccionaria y promonopólica.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado Francisco Javier Gaxiola, en pro.
El C. Francisco Javier Gaxiola: Señor Presidente:
Compañeros diputados:
En el dictamen que hoy se discute se hace una afirmación, afirmación que quiero repetir, afirmación que en el sentido de que es propósito que el crédito llegue al campo, de que el propósito es de que haya suficiente financiamiento para aumentar la producción agrícola y para resolver el problema alimentario, de que el propósito es de que se pueda financiar satisfactoriamente a todos los campesinos y en los campesinos están incluidos los ejidatarios, los comuneros y los pequeños propietarios, dueños de superficies mínimas, que todo ese financiamiento se logre, que todo ese financiamiento se alcance. Y es curioso, es satisfactorio que todos los diputados aquí presentes, de todos los partidos, estemos conformes en ese propósito fundamental. Todos queremos a ayudar a México, todos somos mexicanos y creo que todos, cuando llegamos a esta Cámara y cuando cumplimos nuestras funciones, tenemos como guía este pensamiento, ese propósito y ese ideal: Ser buenos y cumplidos mexicanos.
Con esa idea, con esa idea de ser buenos y cumplidos mexicanos, la Subcomisión analizó detalladamente, detenidamente la proposición de iniciativa.
Es muy fácil tomar actitudes populistas; es muy fácil tratar de resolver las cosas por la vía inmediata, por la vía que aparentemente es la más sencilla, pero la Comisión pensó que no teníamos que seguir por ahí, que teníamos que tomar en cuenta la técnica bancaria, que teníamos que tomar en cuenta cuáles son las funciones de crédito, que teníamos que tomar en cuenta cómo debe operar y cómo debe funcionar el crédito. Es una actividad delicada, es una actividad difícil, es una actividad que tienen que realizar expertos y que solamente llevada a cabo con técnica, con eficiencia y con eficacia, puede satisfacer las necesidades que con ella se procuran.
La Comisión no está en contra de que el crédito llegue a los campesinos, la Comisión no está en contra de que el crédito llegue a los campesinos pobres; la Comisión está consciente de que no ha llegado todo el crédito y de que puede llegar más, pero la Comisión no puede aceptar que se trate de reformar la ley por procedimientos o estableciendo situaciones que no son las adecuadas para, aparentemente, lograr este propósito.
La Comisión sabe que si se aceptan las reformas no se va lograr que el crédito llegue a los campesinos pobres y así lo han venido a sostener en apoyo parcial al dictamen, los señores diputados de la izquierda, los señores diputados del Partido Popular Socialista en su voto particular.
No es el camino planteado el que nos va a resolver el problema del crédito al campo.
El camino planteado es otro y voy a referirme a lo que se ha dicho aquí anteriormente. Una mención al voto particular.
En él se afirma que la única disensión entre el dictamen y el voto particular es prácticamente la idea de nacionalización de la banca y, curiosamente, ni en eso disentimos, estamos de acuerdo en cuanto a que la banca en México tiene que ser una banca que alcance y que cumpla propósitos nacionales.
En lo que parece que estamos en desacuerdo es en quién debe ser el propietario de las acciones de la banca. Que no le cueste al gobierno, que no invierta el gobierno más dinero en adquirir acciones de la banca, ya participa en las utilidades por vía del impuesto, ya tiene la dirección de la banca por vía del encaje legal, por vía de las circulares, por vía de la aplicación de la Ley, ya canaliza el gobierno el dinero a donde cree que se debe canalizar, ya orienta y selectiva la actividad bancaria. Dejemos pues, que eso que es nacionalización siga operando y no gastemos nuestros fondos nacionales, que son necesarios, que son indispensables para otros fines en adquirir acciones de los bancos; dejemos que haya dueños de las acciones de los bancos, pero obliguémoslos a trabajar de acuerdo con las necesidades nacionales; obliguémoslos a trabajar de acuerdo con la política financiera que marca el Gobierno de México, así tendremos nacionalización de la banca; así tendremos nacionalización de la banca; tendremos banca nacionalizada en México.
Por cuanto a los argumentos de mi distinguido compañero y diputados Stephens, los he escuchado con verdadera atención. Lleva en este caso la ventaja de traer un texto preparado contra el compromiso de contestarle en una improvisación.
Voy a tratar de referirme a algunos de esos argumentos.
Debo primeramente, y como un planteamiento general, decir que ustedes plantean como que la comisión y con ella la Cámara de Diputados, estamos en contra del campo. No, señor diputado Stephens, no estamos en contra del campo, estamos con el campo y estamos con el campesino. Juzgamos que es indispensable apoyarlos, que es indispensable ayudarlos,
que es indispensable, entre otras cosas, financiarlos y darles infraestructura para que puedan producir más y sabemos que si el campesino, si la agricultura no produce, si la ganadería no produce, si la actividad rural no produce, nos vamos a ver en serios problemas. Por eso es que estamos tratando de implementar un Sistema Alimentario Mexicano y estamos conscientes, estamos seguros de que tenemos que llegar allá y que tenemos que trabar relación con el campo y que una parte de esa relación es llevarle el crédito.
Quiero decirle a usted que si la iniciativa hubiera venido del Ejecutivo, cosa que dudo mucho, porque el Ejecutivo tiene gran preparación en esta materia y no nos hubiera presentado una iniciativa de este tipo, no la hubiéramos aceptado, no hubiéramos aprobado una iniciativa del tipo de la de ustedes, aunque hubiera venido del Presidente de la República. Nosotros no aprobamos por el origen, nosotros aprobamos o rechazamos, por la naturaleza, por la calidad y por los propósitos de las iniciativas que nos presentan.
El espíritu del dictamen contra lo que usted dice, no advierte defensa alguna a la Banca Privada. A nosotros no nos interesa defender aquí a la banca, a nosotros no nos interesa aquí los intereses -valga la repetición- particulares o privados; a nosotros lo que nos interesa es un sistema, un sistema estructurado, un sistema que ha funcionado en México y un sistema que dentro de la actividad nacional ha mostrado ser ejemplar, el sistema bancario mexicano, dirigido, orientado y cuya política le establece el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y autoridades bancarias. Es un sistema satisfactorio, es un sistema estabilizador y ese sistema sí lo tenemos que proteger. No a la banca privada; sí al sistema bancario Mexicano.
No nos van a dar pues las gracias, señor diputado. El dictamen no va encaminando a enriquecer a grupos fuertes y a grupos extranjeros; no vamos nosotros a atacar un proceso de nacionalización, y permítame decirles en este caso que ese proceso de nacionalización existe y que existe desde hace tiempo y que lo tenemos que encontrar en todo el conjunto de nuestras normas, en todo nuestro orden jurídico.
Nosotros tenemos, en términos generales, una ley de protección a la inversión nacional y de control a la inversión extranjera, ley que establece límites a la posible inversión extranjera.
Nosotros tenemos, concretamente, en materia de crédito, una ley que establece la prohibición de los gobiernos extranjeros sean dueños de acciones de capital en bancos mexicanos; tenemos una ley que establece límites a los porcentajes de inversión extranjera y tenemos la disposición que establece la obligatoriedad de que para adquirir paquetes considerables de acciones de capital de los bancos, se obtenga previamente la autorización de la Secretaría de Hacienda, la que tiene que revisar y va a acordar favorable o negativamente, según la calidad y la nacionalidad de las personas que vayan a adquirir las acciones o que pretendan hacerlo.
Tenemos, pues, un proceso de nacionalización de los bancos y tenemos que ese proceso establecido no sólo en la tenencia de capital, lo tenemos también establecido en la orientación del crédito que se encuadra dentro de la Ley, dentro de las facultades que la ley le da a la autoridad bancaria y me estoy refiriendo, como autoridad bancaria, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, al Banco de México y a los demás organismos auxiliares de ellos, los autoriza, los enmarca a fijar cuál es la política bancaria y a fijar cuáles son las reglas de operación, les establece a los bancos obligaciones y les establece prohibiciones, y establece además un sistema de circulares, entre otras las que fijan el encaje legal y al que se refiere la Iniciativa, que van marcando cuál es el proceso de inversión que deben hacer los bancos, a dónde deben canalizar, cómo deben llevar el dinero a quién se lo deben hacer llegar y, cuando no lo hacen, cuando no cumplen eso, se les sanciona y se les castiga hasta el extremo de que se les revoque la concesión conforme a la que opera, porque opera bajo una concesión y bajo un control directo del Estado.
No tenemos, pues, concepciones conservadoras; no tenemos concepciones anticampesinas; no estamos en contra de la economía de los campesinos pobres; no estamos tratando de descapitalizar a los campesinos pobres.
Queremos capitalizarlos; queremos ayudarlos y una forma de capitalizarlos y una forma de ayudarlos es que se aplique esa circular, esa circular que ustedes no quieren que se cumpla y esa circular que obliga a la banca múltiple a que deposite prácticamente el cincuenta por ciento de sus depósitos en el Banco de México.
Entregarlo al Banco de México, ¿para qué?
Para fortalecer a la banca nacional, para servir de un medio regulador del circulante, para apoyar al gobierno, para hacer un medio de financiamiento de las necesidades públicas, de las necesidades estatales y entre ellas del financiamiento que se da al campo.
Por eso es que nos referimos en el dictamen al crédito de la banca nacional.
Sabemos que ustedes no están atacando en esta iniciativa a la banca nacional, pero nos referimos a ella porque parte del dinero que llega vía la banca nacional, vía la banca rural, vía los otros bancos del gobierno, vía los fondos,
esos fondos que ustedes tanto critican, ese dinero en parte es recogido por la banca privada, transmitido por la banca privada a la banca nacional.
Entonces es por eso que nos referimos al encaje y que nos referimos a cómo se recibe y cómo llega a entregar ese dinero y cómo la banca privada es un conducto, un intermediario para captar el ahorro nacional, captar el ahorro nacional, señores diputados, a que no es un ahorro que necesariamente se vaya a canalizar a las empresas monopólicas.
Ustedes, en esta discusión y en su iniciativa misma, parecen establecer dos puntos de relación, y no hay otro: o están los campesinos de un lado o están las empresas monopólicas del otro lado.
No es así.
Claro que hay empresas monopólicas en México. Desgraciadamente las hay, lo reconocemos, es una verdad y estamos luchando por una serie de medios, por una serie de procedimientos en contra de la hegemonía de esas empresas monopólicas, pero no son las únicas que existen frente al campesino. Al lado del campesino pobre y al lado del agricultor de ciertos recursos, existen otra serie de actividades; actividades que son las que están sosteniendo a este país y son las que están haciendo que este país progrese, porque, como ya se ha dicho en esta Cámara, nos falta mucho y tenemos que esforzarnos mucho para lograrlo, pero es indiscutible que este país está progresando y que cada uno de nosotros está poniendo un grano de arena y es una pieza del engranaje del progreso de México.
Entonces no nos limitemos a campesinos pobres y a empresas monopólicas.
Vamos a pensar en toda la actividad económica del país y que esta actividad económica del país, que es la que genera el ahorro y que es la que lleva el depósito a los bancos y permite la existencia del crédito, necesita recibir reciprocidad, porque si no hay reciprocidad, no vamos a recibir dinero de la gente, no vamos a poder captar dinero de la gente que le entreguemos a los bancos para que lo aproveche el gobierno, para que los aproveche el banco que lo capta y para que lo aprovechemos todos los mexicanos que recurrimos al crédito.
Se refieren a ustedes a que estamos ocultando los problemas, a que estamos haciendo una política de crédito reducida al máximo y que nos interesa solamente la banca privada y hablan ustedes de que, fundamentalmente, estamos mencionando que es la banca nacional la que resuelve el problema.
La Banca Nacional, sí, en un estado de economía mixta, tiene una fuerte intervención, tiene una gran intervención para resolver el problema, a través de todos nuestros recursos, entre los que están estos que hemos mencionado.
Nosotros no queremos obligar a la banca privada a que viole la Ley ni queremos hacer que la Ley se cambie en contra de los principios técnicos de la doctrina, de la práctica y de la costumbre que tenemos aquí en México en materia bancaria. Queremos establecer nuestras posibilidades y esas posibilidades que tenemos ya establecidas en la Ley y en la Circular del Encaje Legal que ustedes invocan, son posibilidades que nos llevan a que el 55%, sí, el 55% de los recursos prestables se canalicen a los créditos de las actividades primarias.
En esas actividades primarias destacan fundamentalmente las actividades agrícolas, las actividades de los campesino, los avíos, los refaccionarios, la industria agropecuaria y por eso, con la facilidad que hay de mover las cifras y manejar las estadísticas como se quiere, ustedes si presentan un 17% y nosotros hablamos de un 55%. No es falso, es el 55% de los recursos prestables y ustedes hablan de un 17% que se canaliza a una parte de esa actividad y nosotros hablamos de todo un porcentaje que se canaliza a la actividad prioritaria, a las actividades preferentes que queremos llevar a cabo.
Nosotros nos andamos recurriendo a mecanismos legales, nosotros no estamos en contra de la proposición que se contiene en la Iniciativa, estamos en contra de la manera en que se pretende alcanzar el propósito. Si llegáremos con otra Iniciativa, no con ésta, si llegáremos con otra Iniciativa a alcanzar el propósito de llevar más dinero al campo sin perjuicio de otras muchas actividades mexicanas, porque todo es México, la consideraríamos con gran interés, la veríamos con muy buenos ojos, pero en la forma antitécnica, antipráctica en que ustedes lo han presentado y con la convicción de que no se van a lograr los resultados que ustedes están buscando, no podemos modificar nuestro criterio.
Sostenemos el punto de vista de la Comisión y nos parece que hemos fundado nuestro dictamen y afirmo, afirmo con toda seguridad, que es un dictamen que está hecho con buena fe dentro de los límites de la capacidad de los miembros de la Comisión y con el propósito de servir a México, que es lo único que nos guía y que nos interesa.
Por este motivo, señores diputados, pido que se acepte el dictamen y que se declare que es rechazarse la Iniciativa del bloque del Partido Comunista.
Muchas gracias."
El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado Roberto Picón.
El C. Roberto Picón: Señor Presidente;
Compañeros diputados:
Como es hábito en nosotros, seremos breves, más aún porque no hemos perdido de vista la
maratónica circular que se nos hizo llegar, en donde están contenidas las sesiones en lo que resta en el mes de diciembre.
El Partido Demócrata Mexicano, votará en contra del dictamen que aquí se presenta, más que nada, por las siguientes tres razones:
Nos parece que hay una contradicción que resulta muy lamentable, por cuanto que se aceptan como buenos los razonamientos contenidos en el proyecto, es decir, que se está de acuerdo en que se destinen mayores recursos al campo, pero se rechaza el proyecto de ley porque no está técnicamente bien elaborado. En nuestra opinión, hubiera sido más adecuado que simplemente rechazar, adecuar el proyecto a la técnica correcta, y aprovechar las cuestiones positivas que contiene el proyecto de ley de la Coalición de Izquierda.
En segundo lugar, queremos decir que de aprobarse este dictamen, se hará protegiendo a un sector de la sociedad mexicana, que ha disfrutado, no de ahora, de grandes privilegios, el Sector Bancario del país, especialmente el privado, por cuanto que es él, por muchos factores, quien lleva la parte del león en la economía nacional.
Ahora bien, el dictamen, quizá sin proponérselo, comete una seria injusticia con el campesino mexicano, por cuanto que cierra la posibilidad de que los recursos de la banca, especialmente la privada, sean destinados en buena medida para apoyar las actividades en el campo.
Seguramente ésta es la objeción más seria que el Partido Demócrata Mexicano tiene respecto al dictamen que aquí se propone.
Y es que el campo, en opinión nuestra, requiere y merece de toda la atención y de todo el apoyo que podamos darle. Sabemos que aquí se van a mencionar, una vez más, de todos los recursos que ya se destinan al campo y, no obstante eso, queremos afirmar que por más que se diga que ya están destinados grandes recursos al campo, lo cierto es que aún no lo son de manera suficiente.
Ahí está la prueba irrefutable en la miseria angustiosa en que se debaten los más de nuestros campesinos, que seguirán reclamando mejor trato y mayores estímulos para salir de la inaceptable situación en que viven.
Por estas razones en que se favorecen a un sector privilegiado y se limitan las posibilidades de mejoramiento de esa gran cantidad de mexicanos que trabajan en el campo, la fracción parlamentaria del Partido Demócrata Mexicano votará en contra del dictamen.
Muchas gracias.
El C. Presidente: Tiene la palabra el ciudadano Federico Granja.
El C. Federico Granja Ricalde: Señor Presidente;
Compañeros diputados:
He pedido hacer uso de la palabra por considerar que estamos tratando un asunto de gran trascendencia en la política crediticia de nuestro país y requiere de la opinión y puntos de vista de aquellos que tenemos relación con el Sector Agropecuario responsable de la producción de alimentos.
La Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares es, sin lugar a dudas, hasta hoy, un instrumento que ha tenido, de acuerdo con la realidad del país, positivas transformaciones, necesarias y saludables porque nuestro desarrollo como nación así lo exigía. Prueba de estas transformaciones es que la primera Ley fue expedida el 29 de junio de 1932, fue derogada por la del 31 de mayo de 1941. Esta última de acuerdo con las modificaciones que ha tenido y contiene una serie de citas y aclaraciones; de su texto original queda sólo una mínima parte.
A quienes formamos parte del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, nos interesan sobremanera todas las inquietudes encaminadas a modificar positivamente, estructuralmente los marcos jurídicos que nos rigen como pueblo y como nación. Bienvenidas esas manifestaciones cuando no solamente contienen buenos deseos por superar obstáculos y satisfacer creencias, sino que además están acordes con nuestra realidad, es decir, las aplaudimos y las recogemos cuando dentro de su contexto no se confunden.
Por ello, las adiciones y reformas que propuso a la mencionada Ley el Grupo Parlamentario Comunista Coalición de Izquierda, las recibimos con beneplácito en cuanto sus buenos deseos, pero dentro del marco actual, de la realidad que vive México y fundamentalmente de acuerdo al instrumento ley que controla la aplicación del crédito en el país, cuando menos en parte, ha sido superada y, por la otra, no son aplicables, ya que no concuerdan con el régimen económico actual.
Para ser un poco más explícitos, en México casi el 50% de la captación de la banca privada es canalizada al Banco de México por el precepto de encaje legal y se orienta al fomento de las actividades prioritarias, para el desarrollo del país a través de la aplicación directa que hace el Estado, además de que aproximadamente otro 25% de los recursos, que la banca privada capta, es otorgada en forma selectiva, bajo el control del propio gobierno.
Esto quiere decir, que aproximadamente el 75% de esos créditos para programas prioritarios, provienen de la captación de la banca privada y son aplicados bajo el estricto control del Estado, de acuerdo con la Ley en vigor.
Esos recursos son destinados, mayormente, a promover sectores de alta prioridad nacional, tales como la producción
agropecuaria, procesamiento de bienes de consumo popular, pequeña y mediana industria, bienes de capital, vivienda, seguridad social, educación y tantos otros que benefician a la sociedad en conjunto.
Ante estos considerandos, afirmamos, sin temor a equivocarnos, que México se encuentra a la vanguardia, desde el punto de vista social, de los sistemas bancarios internacionales y ello, compañeros diputados, no ha sido producto de la improvisación o del azar, sino un proceso evolutivo consciente del desarrollo de esa actividad y de acuerdo con las diversas circunstancias políticas, económicas y sociales que ha vivido y superado nuestro país.
La institucionalidad del Sistema Bancario Mexicano con el marco de la Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares está acorde con lo que señala y manda la Constitución del país, pero además las operaciones bancarias son regidas por reglamentos y reglas específicas para cada título y capítulo de esa Ley aparte de que tanto en el Código de Comercio como en la Ley de Sociedades Mercantiles se establecen otras regulaciones.
La Reforma Política ha abierto las puertas a las diversas corrientes de opinión y a los más variados puntos de vista, por ello, repito, recogemos con interés los planteamientos hechos por la Coalición de Izquierda, pero con base a los argumentos del Dictamen plenamente aclaratorios por razones que se asientan, consideramos que no son procedentes pues como ya dijimos, México con su estructura actual ya superó las metas propuestas, además de que estamos logrando, merced a un proceso evolutivo actuante, eficiente y sobre todo revolucionario y progresista, mejores condiciones de vida para nuestro pueblo.
Por cuanto a la canalización del crédito que para el campo se refiere, el volumen de recursos que se destinará en 1981 es significativo y trascendente y está encaminado fundamentalmente a lograr nuestra autosuficiencia alimentaria.
En 1981 se aplicará a la actividad agropecuaria alrededor de 100 000 millones de pesos a través del Banrural, lo que significa un incremento del 36% relacionado con este año y si esto no es un avance en la aplicación de los recursos, entonces, sí se requerirían las modificaciones.
Lo que debe ser permanente preocupación de todos, compañeros, es el sujeto de crédito, sea ejidatario, comunero, pequeño propietario, asociaciones, uniones o cooperativas, porque sin organización, sin estructura jurídica, ningún banco, sea oficial o privado, otorgaría créditos, los cuales tienen que ser ágiles y oportunos.
Es nuestra capacidad de organización, es nuestra capacidad productiva, es nuestro espíritu de superación lo que nos permitirá resolver nuestra autosuficiencia alimentaria; es ahí donde debemos volcar nuestro esfuerzo, decisión y mejores afanes; es el hombre el factor clave para el cambio hacia el progreso; eso es lo que en principio y término debe preocuparnos.
Pensemos en una patria que se fundamente sólidamente sobre la base del esfuerzo humano.
Cierto es que cuando priva la injusticia o cuando domina la miseria o cuando campea la corrupción, algunos comienzan a dejar de tener fe en México, pero ello no debe invalidar nuestro esfuerzo por superar obstáculos y carencias y la necesidad de lograr la libertad con justicia.
Por eso reiteramos que en los planteamientos de la mencionada iniciativa de adiciones y reformas ya se están superando. Los hechos están a la vista y las perspectivas son halagadoras. Esos planteamientos son discordantes con las políticas financieras que está aplicando nuestro país actualmente para beneficio de los mexicanos.
Aceptamos, repito, todas aquellas manifestaciones que procuren el progreso de México, pero de acuerdo con nuestra realidad: México tiene su propio camino, su propia forma de ser y de lograr sus grandes metas económicas y sociales, que siempre serán para el progreso y bienestar de las mayorías. Por eso les pido a ustedes, compañeros diputados, que aprueben el dictamen y en especial a los compañeros de la Coalición de Izquierda que acepten las argumentaciones de la Comisión de Hacienda y Crédito por estar basadas en la razón y en la realidad.
Muchas gracias.
El C. Presidente: Tiene la palabra el ciudadano diputado Jesús Ortega.
El C. Jesús Ortega: Señor Presidente:
Señores diputados:
En el Partido Socialista de los Trabajadores, al cual en este caso represento, pensamos que una de las trincheras en donde se asientan los sectores más reaccionarios y antinacionales del país es el de la banca privada; pensamos que es desde ahí desde donde principalmente se atenta a diario contra los trabajadores y contra la nación; pensamos que la banca privada es una de los sectores de la gran burguesía más íntimamente ligados a los intereses antinacionales, a los intereses del imperialismo norteamericano. Y, en consecuencia, también pensamos que todo lo que esta Cámara pueda hacer para afectar estos intereses, que van en contra del interés de la nación, sería altamente beneficioso para la nación en su totalidad, pero principalmente para los trabajadores. Por lo tanto, pensamos que la iniciativa presentada por los
compañeros de la Coalición es una iniciativa justa, que tiende a resolver un grave problema de la nación.
Los diputados defensores del dictamen, incluso están de acuerdo en que los objetivos que busca esta iniciativa son justos, pero, en contraposición, llaman populismo a la defensa de los argumentos para conseguir la aplicación de esta ley y los objetivos que se plantea.
Nosotros pensamos que, cuando menos, el dictamen debería de contemplar - si así lo piensan los señores defensores del dictamen - que si ahora no es posible aplicar todas las medidas que se plantean en esta iniciativa, cuando menos el dictamen debería decirlo y no defender a capa y espada los intereses de la gran banca privada.
Nosotros decimos lo siguiente en el estudio del dictamen: se dice que los sectores productores que tienen acceso al ahorro solamente estarán excluidos por incapacidad de pago y que ya hay procedimientos para resolver este problema y una de las soluciones que da el dictamen para la solución de este problema es el de la Ley de Fomento Agropecuario, Ley que aún ni siquiera se aprueba por esta Cámara, Ley que aún está en discusión, en una gran discusión y que probablemente no se apruebe, por lo tanto no deben de ponerla ni siquiera en el dictamen como posible solución. A lo mejor no se aprueba.
Se dice, además, que ya existe una efectiva canalización, una efectiva política de canalización de los recursos y se da como respuesta o como argumento a esto que el 55% de los recursos prestables, están canalizados a los sectores de la pequeña y mediana industria y al campo, a los sectores marginados del campo. Puede ser cierto esto pero pensamos que de ese 55% el que más aporta es la banca pública, la banca del Estado y que los grandes recursos de este 55% que está en manos de la banca privada, de ninguna manera son orientados a estos sectores sino que al contrario, son canalizados a favorecer sus grandes industrias, a aumentar sus grandes capitales y a hacer más pobres a los pobres.
Se dice también que es importante el mantener altas tasas de interés, como respuesta a esto de las altas tasas de interés, a la inflación para con esto promover el ahorro. Nosotros decimos que puede ser justa esta apreciación, pero nadie puede negar que los que tienen mayores posibilidades de ahorro son los grandes capitalistas y los aumentos en las tasas de interés van a beneficiar fundamentalmente a estos; de tal forma que en contraposición pensamos nosotros, sería justo que parte de estos ahorros que ya de por sí están beneficiando a los grandes, canalizarán, como propone la Iniciativa, a fomentar la producción a partir de pequeños industriales y fundamentalmente a campesinos ejidatarios o comuneros.
Habla el dictamen de que sugieren los compañeros de la Comisión que deberán efectivamente canalizarse recursos al campo, mayores recursos del campo, pero, hay el pero, sin más limitación que la falta de disponibilidad y exceso de riesgo. Así textualmente.
En lugar de que con esta ley, creemos, se obligue a los grandes burgueses, a los grandes capitalistas, a canalizar el dinero del pueblo, el dinero público hacia el campo, hacia los sectores tradicionalmente marginados, para que no lo sigan siendo, repetimos, especialmente los campesinos, en lugar de la obligación legal para que esto se realice, el dictamen sólo lo dice como sugerencia y los banqueros, por supuesto, los grandes banqueros privados, se siguen burlando de las sugerencias, y si no, tenemos el ejemplo de la Alianza Para la Producción.
Se dice, pues, sin más limitación que la falta de disponibilidad y exceso de riesgo, para beneficiar a los campesinos pobres, para distribuir a las riquezas, decimos nosotros, para ser más justa esta sociedad, para repartir la riqueza, nunca van a estar disponibles los grandes banqueros o los grandes capitalistas, y siempre van a argumentar exceso de riesgo. Ellos invierten, claro está, en aquellas áreas de la actividad económica que les garantizan altas tasas de ganancia sin ningún riesgo. Por lo tanto, nosotros pensamos que sería absolutamente justo que esta iniciativa obligara a los grandes capitalistas a invertir sus capitales, a invertir sus ahorros, a pesar de que haya riegos, los debe haber en función del interés nacional, en función del interés público. Pensamos nosotros que esto no es más que una burla que ven los banqueros con satisfacción.
El dictamen dice, trata de decirnos, frente a un concepto que dice la iniciativa, que plasma la iniciativa, de considerar nacionales a las instituciones de crédito; pensamos que la argumentación del dictamen pretende confundir, sin tomar en cuenta lo que se quiere manifestar o el espíritu de la iniciativa, con el concepto de nacionales las instituciones de crédito.
Desde nuestro punto de vista del Partido Socialista de los Trabajadores, es claro, se busca poner cimientos para la nacionalización de la banca, se busca sujetar el interés particular de unos cuantos banqueros al interés nacional.
Pretendemos que el dinero del pueblo, regrese al pueblo, pero la argumentación del dictamen dice que el "Estado", así textualmente, que el Estado no requiere nacionalizar la banca.
Y nosotros nos vamos a la realidad del país, ¿qué pasa en el país? De todos es conocido. Se está dando un fenómeno muy peligroso de concentración de capitales privados en unas cuantas manos, se
fusionan grandes grupos financieros, se fusionan grandes bancos privados, surgen poderosos y enormes capitales, insisto, concentrados en unas cuantas manos, concentrados peligrosamente, capaces de regir la vida económica del país y en consecuencia la posibilidad de regir toda la vida de la nación. En función, por supuesto, no del interés de la nación, de los trabajadores o del pueblo, sino en función de los intereses de los grandes capitalistas, un país al servicio de ellos o sus aliados norteamericanos, o sean, los grandes capitales norteamericanos.
Nosotros consideramos que, por supuesto, es necesario que el Estado debe de manejar íntegramente la banca para sujetarla ésta al interés público.
El dictamen habla de que las actividades financieras deben sujetarse a la naturaleza de estas operaciones y de los sujetos de crédito, atendiendo a una sana práctica financiera, y la iniciativa propone que estas prácticas se sujeten otra vez a proyectos de inversión en actividades básicas o de interés nacional, en contraposición del argumento del dictamen.
Nosotros pensamos que claro que existe, la razón para adicionar dichos conceptos de interés básico o de interés nacional. Las actividades financieras, insistimos y repetimos, deben de estar sujetas al interés nacional, si no es así que la Comisión dictaminadora, pensamos, nos diga, nos explique por qué no considerar las actividades de la banca u obligarlos a que las actividades de la banca se sujeten al interés nacional.
En lo que se refiere al Artículo 94 Bis, fracción II, en que la iniciativa propone destinar el 25% de los recursos de canalización directa por la banca privada para satisfacer necesidades populares y nacionales, pensamos que efectivamente el crédito propuesto según el dictamen, sería del 12.5%, pero la realidad, siendo bueno esto, incluso la canalización del 12.5% y más aún como proponen los compañeros del PPS de que fuera el 100%, pero la realidad y el espíritu de la iniciativa, es que refleja que el 25% de todos los créditos disponibles, deben de canalizarse al campo, por ser un área prioritaria para la Nación. Deben canalizarse fundamentalmente a favorecer sectores marginados del campo, insisto, por ser sectores prioritarios del interés del Estado. Por lo demás el dictamen defiende en su argumentación sobre este punto, a la banca. Nosotros lo pensamos así, porque la banca siga utilizando el dinero público en áreas que responden exclusivamente a los intereses de los grandes banqueros y de ninguna manera al interés de los trabajadores.
Por último, se dice además que se canaliza el 75% del activo computable a las actividades señaladas, que si se hace esto, se descuidarían otras actividades prioritarias como la de la construcción de vivienda o como la de la salud u otras áreas que también son prioritarias. Y además se dice que se impondría al Estado un parámetro rígido de operación.
No cabe duda, nosotros creemos así, que el campo es prioritario sobre todos los sectores, pero que por supuesto se deben canalizar parte de estos recursos a atender otras áreas importantes desde el punto de vista nacional. Pero el dictamen anula cualquiera de las posibilidades, ni manda recursos al campo, ni manda recursos a otras áreas prioritarias.
Por lo tanto, nosotros, el Partido Socialista de los Trabajadores, rechazamos rotundamente este dictamen; creemos que de ninguna manera es vigilante del interés nacional o popular, al contrario, beneficia de manera clara a los grandes banqueros, o cuando menos no los afecta como están ahorita, y el contrario, afecta al interés nacional.
Muchas gracias.
El C. Presidente: Tiene la palabra la diputada Margarita Gómez Juárez.
- La C. Margarita Gómez Juárez: Señor Presidente;
Señores diputados:
La canalización y aplicación del crédito seguirá siendo objeto de una constante vigilancia. La regulación de los créditos, acorde a las necesidades del desarrollo requiere que fluya conforme lo demande el desarrollo armónico una producción. La política selectiva de crédito y la canalización de recursos de la banca nacional y los fideicomisos financieros de fomento seguirán estando al servicio de las prioridades enmarcadas en los programas de gobierno, se trata de asignar preferentemente fondos prestables a las actividades que más aporten al empleo, el desarrollo y el combate a la inflación.
Créditos selectivos a los artículos básicos.
La producción y comercio de alimentos y artículos básicos de consumo son objeto preferente del sistema de crédito selectivo, por ello el apoyo de la banca nacional a programas prioritarios.
La banca nacional y los fideicomisos de redescuento han servido de punto de apoyo a los nuevos programas de la Alianza para la Producción como el Sistema Alimentario Mexicano, el Programa de Productos Básicos y COPLAMAR.
El crédito a los sectores privado y social.
Se prevé una asignación de 300 000 millones de pesos de crédito interno a los sectores privado y social que representará un incremento del 40% sobre las cifras del año en curso. El apoyo crediticio a mayor número de productores agrícolas en este año. En este año se
habilitaron entre medio millón y 750 000 hectáreas permitiendo apoyar un total de 1.7 millones de productores agrícolas este año y 2.4 millones en el próximo ejercicio.
La canalización de recursos en 1980 y 1981.
Las instituciones nacionales de crédito, la banca mixta y los fideicomisos financieros de fomento canalizaron durante 1980, un volumen total de recursos de 545 000 millones de pesos destinados al apoyo de actividades transformadoras de la fisonomía economista del país. Durante el próximo ejercicio esa cifra ascenderá a 739 mil millones.
Los fondos para promover sectores de alta prioridad nacional.
Los principales fideicomisos de redescuento canalizan con clara tendencia creciente, fondos alrededor de mil millones de pesos que se destinan a promover sectores de alta prioridad nacional, producción agropecuaria, procesamiento de bienes de consumo popular, pequeñas y medianas industrias, bienes de capital y vivienda y exportaciones entre otros. En 1981 esta cifra ascenderá a 183 mil millones de pesos. El Fondo para el Desarrollo Comercial, FIDE, por primera vez lleva en beneficio del pequeño y mediano comercio el auxilio del crédito y la asistencia técnica. De conformidad con la estrategia de comercio exterior se procedió a enriquecer las funciones y programas del Banco Nacional de Comercio y del Fondo para el Fomento de las Exportaciones de Productos Manufacturados: FOMEX.
Ahora quiero manifestarles que no recurrimos a posturas que aparentando ser revolucionarias caen en lo demagógico. De un día para otro no queremos transformaciones espectaculares. Por ello rechazamos la posibilidad de caer en el papel cómodo de críticos del sistema que con el pretexto de analizar la economía del país llegan a la conclusión de que la baja producción es la causa del problema.
Analizando objetivamente la política económica de nuestro país cabe destacar que la fuerza de trabajo, la capacidad de organización del campesino ha generado pasos firmes y progresivos en este régimen de economía mixta.
Se ha hecho mucho pero no todo está hecho y por ello se sigue trabajando por una instrumentación más adecuada con la política crediticia que facilite y simplifique al máximo la autorización y trámites de crédito, adecuándolos a una operatividad más ágil y eficiente que estimule a las actividades productivas.
Por lo anterior expuesto, consideramos que no deben de aprobarse las adiciones y reformas propuestas por el grupo parlamentario Comunista de Izquierda.
El dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público sin lugar a dudas está basado en hechos reales y en una Ley de Instituciones de Crédito y Organismos Auxiliares que vigilan los recursos económicos, que canalizan a favor del pueblo de México. Y, compañeros diputados, se están canalizando. (Aplausos.)
El C. Presidente: Tiene la palabra el C. diputado Arturo Salcido.
El C. Arturo Salcido: Señores diputados: A lo dicho últimamente por la compañera yo solamente diría que no se vale mandarla a ella a decir cosas que otros no se atrevieron y en cuanto a las consideraciones más de fondo.
El C. Adalberto Gómez: Moción de orden, el diputado está haciendo una afirmación temeraria. La señorita diputada tiene capacidad para eso y más.
El C. Presidente: Orden, diputado Salcido, continúe usted con su intervención.
El C. Arturo Salcido: Reitero que lanzaron a la compañera a leer un documento en el que se afirman cosas que otros no se atrevieron.
Se nos ha señalado, por el diputado Gaxiola, que la Comisión no aceptó los términos de nuestra iniciativa porque la Comisión pensó que no deberían seguir por ahí.
Dice que la técnica bancaria es difícil, complicada y que representaría problemas técnicos de difícil solución.
Compañeros:
Esa es la más torpe defensa que se puede hacer de la capacidad que el Estado Mexicano tiene para manejar la banca. En este informe y en estos informes que anualmente edita el Banco de México, se contiene la estadística más precisa que hay en el país y los criterios que aquí se expresan, año con año, parece mentira, pero son de los más avanzados que el Gobierno expresa, esta Institución, por eso reiteradamente acudimos a ella como base de consulta y apoyo a nuestros pronunciamientos; el Estado Mexicano. Se elimina, conforme al Artículo 107 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Tiene capacidad suficiente para manejar la banca nacional, tiene gran capacidad y experiencia y tan la tiene, señores, que en 1976, cuando la devaluación, enseñó a la burguesía mexicana a especular con moneda porque no lo sabía hacer.
¿Cómo lo hizo?
Devaluando primero a un 70% para captar la divisa que todavía andaba en posibles fugas, rescatarla y ya teniendo esa magnitud de divisas, jugar con posibles devaluaciones y el Estado Mexicano, a pesar de cosas insuficientemente explicadas hasta la fecha, manejó con habilidad esa difícil situación y los enseñó a especular.
Que no nos vengan con que el Estado Mexicano no tiene capacidad técnica suficiente para manejar la banca. Hay argumentos mejores, pero por supuesto, cuando se dice que no deberían seguir por ahí, simple y sencillamente están diciendo que no les hizo ninguna gracia seguir por el camino de la afectación a los monopolios bancarios, es por ahí por donde no quieren seguir, es por ahí por donde les causa escozor la política bancaria.
A reserva de que lo voy a manejar en su oportunidad, pero para aclararlo de una vez que tengo a la mano este documento, en la página 251 del Informe 79 del Banco de México, ustedes pueden encontrar que en lo relativo a banca múltiple o bancos múltiples, los depósitos y valores en cuenta corriente en el Banco de México, en lo relativo a tasas de reserva bancaria obligatoria para banca múltiple, los créditos de habitación o avío y/o refaccionarios a ejidatarios o campesinos de bajos ingresos o empresas agroindustriales, ocupan el 0.7% del total, por eso decimos que la totalidad de estos recursos se destinan fundamentalmente a los monopolios.
Aceptamos la exageración, nos faltó un 0.7%, no es la totalidad.
El dictamen dice:
"Primero. Que los propósitos que animan nuestra iniciativa, son loables, pero, en su opinión, la vía propuesta no es la indicada."
Veamos por qué:
En el segundo párrafo de la página 2, dice así:
"...los sectores de productores, sólo están excluidos al acceso al crédito, por el riesgo derivado de su incapacidad de garantizar su pago."
Entonces, se reconoce, como se terminó reconociendo al final de la intervención del compañero Gaxiola, en que decía:
"Si se aceptan las reformas, no se va a lograr que el crédito llegue a los campesinos pobres"; aceptando que no llega actualmente, pero se dice, pues, porque no llega por incapacidad de pago, por eso no tienen crédito, lo dice el dictamen y la solución a esta situación, no es forzar, por medio de la ley, el otorgamiento de crédito al descubierto, sino procurar, fíjense que estamos hablando de la solución, que se puedan establecer garantías adecuadas, ejemplo, aquí mismo viene, la Ley de Fomento Agropecuario en su parte relativa.
¿Qué plantea la Ley de Fomento Agropecuario en su parte relativa, para que tal vez haya más mociones?
Simple y sencillamente el encadenamiento del ejido, un paso más, muy atrás, en la Reforma Agraria y el primero de octubre se nos dijo que no habría más pasos atrás. Ese paso atrás es tanto o más importante como el agregado alemanista a la fracción XIV del artículo 27 Constitucional.
¿En qué situación se encuentran sometidos los campesinos en nuestro país?
Se les tiene prácticamente, no es ninguna exageración, se les tiene sometidos a condiciones de subsistencia, pero no es casual, ni es que no puedan resolver los problemas, es que en su mediocridad empresarial y gubernativa, las cosas de un modo tal, para que la producción campesina no pueda competir con la producción particular, con la producción privada en términos generales incluso con la producción de los grandes monopolios que controlan la producción agropecuaria en nuestro país.
Al campesino se le entrega la tierra cuando la consigue y después de muchos años y en la actualidad hay tantos campesinos sin tierra como los hubo en 1910. Al campesino cuando se le entrega la tierra - y aquí está muy claro - no se le entrega a crédito, por supuesto, no en los volúmenes, hablemos de ese 0.7%, que de por sí estamos hablando de una magnitud total de un billón de pesos. Tiene dificultades para su producción y por supuesto tiene serias dificultades para su comercialización y el mecanismo de mercado está orientado de un modo tal, y la Ley de Fomento Agropecuario lleva fundamentalmente esa orientación, de obligar que el producto campesino, en primer lugar, esté orientado a las necesidades de subsistencia de los propios campesinos, encaminándolos aún mas al mismo proceso.
Y por supuesto, en su segundo aspecto, de venta del producto a los mecanismos oficiales y ahí no sólo los campesinos tienen libertad para imponerle el precio a su producto, pasándoles lo mismo que a los trabajadores, son las únicas mercancías que realmente tienen control de precios en México, las que producen directamente los campesinos y la fuerza de trabajo, y en torno a esto, toda la estructura está condicionada de un modo tal para que los campesinos no puedan romper el círculo. Pero claro ahora se les da una posibilidad en la medida en que sepan y estén dispuestos a asociarse con los capitales monopólicos de la industria alimentaria.
Para refutar nuestras argumentaciones se cae o en demostraciones que tienden a descubrir el hilo negro o algo por el estilo, dice:
"Existe tanto en la reglamentación como en la práctica una verdadera y efectiva política de canalización de recursos a las actividades prioritarias."
De acuerdo con las disposiciones del Banco de México más del 55% de los recursos prestables en moneda nacional, o sea, de aquellos recursos que no son obligatoriamente depositados en ese instituto central - observen los que no lo sabían - cómo una gran parte de la reserva o de la captación en moneda extranjera no es depositable, se destina al financiamiento de las actividades de producción de artículos básicos, de la industria mediana y
pequeña, de ejidatarios y campesinos de bajos ingresos, de la agricultura, avicultura, pesca, ganadería e industrias conexas o empresas agroindustriales, así como vivienda. Si lo listaron todo pudieron decir el 100%, pero ahí no han dicho cuánto se destina a la producción, al crédito ejidal. Lo reiteramos, aquí está, es el 0.7%.
Hay otras cosas de menor importancia.
Aquí está la consideración ideológica, de sustento del sistema, en la página 6, párrafo final.
Sobre la afirmación de que la política de tasas de interés ha encarecido los recursos bancarios, es imposible dejar de reconocer que en una situación inflacionaria éstas deben elevarse necesariamente para mantener algún incentivo a la generación del ahorro y han llegado a tales extremos, que nos plantean una demostración plena de cómo ahora el capitalismo es popular.
"Conviene hacer notar - dicen - que el sistema bancario privado y mixto cuenta con cerca de 2.6 millones de acreedores en depósitos a plazo", 2.6 millones.
Según palabras del propio director del Banco de México, en reunión con la Comisión de Hacienda, reconoció que dentro de estos 2.6 millones, sin duda hay acreedores repetitivos, que tienen cuentas en diversos bancos, pero si les aceptamos el número total, tenemos que son acreedores que tienen depósitos a plazo, el 3.7% de la población. Como ven no es tan amplio, no es tan masivo los niveles a los que ha llegado el capitalismo. Es el 3.7% de la población que incluso, vamos a darles una oportunidad más. Si lo calculáramos a base de 7 personas por familia y pensáramos en que no hay repetición de cuentas, estamos hablando de todos modos de un porcentaje del 25% del total de la población, pero ya estamos hablando de familias, la cuarta parte de la población y a nadie escapa que en este país el 10% de la población abarca, ocupa, concentra en sus manos cerca del 80% de la riqueza nacional.
Entonces, la Comisión hace la afirmación consciente y conocedora de que la banca ha celebrado y cumplido convenios para invertir miles de millones de pesos en agricultura, inclusive se ha comprometido a aplicar sus recursos al financiamiento de actividades agrícolas prioritarias para los sectores campesinos de escasos recursos.
Acción noble, veamos dónde está el rabo:
"Sin más limitación que la falta de disponibilidad o el exceso de riesgo." Están dispuestos a prestar todo lo que esté a su alcance, siempre y cuando tengan garantías para hacerlo.
Y hay otro parrafito que dice que nuestras afirmaciones son del todo falsas ya que la legislación bancaria no sólo ha mantenido las normas de regulación selectiva y las ha fortalecido, dotando a las autoridades financieras de instrumentos de regulación cuantitativa y cualitativa del crédito que abarca hasta el 75% de los pasivos bancarios, y también nos decía D. Romero Kolbeck:
Pobrecitos banqueros, de cada peso apenas les queda para manejarlos ellos directamente, como quieran, 25 centavos; nada más que estamos hablando de más de un billón de pesos, de más de un millón de millones de pesos. Así los pobrecitos banqueros manejan como les da la gana más de 250 000 millones de pesos.
No es de extrañar que quienes han redactado este Dictamen de profunda orientación burguesa atrasada, consideren que la banca nacional mediocre a la que el Estado Mexicano tiene que alentar más canalizando a través de ella la Deuda Externa, nos diga que la Banca Mexicana se ajusta a los lineamientos del Gobierno.
Evidentemente pues, aquí de lo que estamos en presencia es de una concepción fundamentalmente ideológica, que desde luego tiene como objetivo defender la ganancia capitalista sin importarles en modo alguno el financiamiento al campo y la propia producción de los campesinos, porque producción al fin, de desarrollarse vendrá a competir contra los monopolios, que no cambiará la morfología del mismo.
Por otra parte, es necesario referirse al voto particular.
El compañero Tame, de todos mis respetos como amigo, ha hecho unas consideraciones que es necesario criticar. Se suma, en uno de sus últimos puntos, a una confusión que se quiere manejar en torno a lo que se llama banca múltiple, especializada, privada y nacionalizada.
Creo que no necesitan confundirse tanto. Por su forma de propiedad no puede más que haber dos tipos de banca: o nacional o privada. Por su forma de operación hay otras dos: múltiple o especializada. Entonces no tiene por qué hacerse extraños paragones y retuercas que no conducen a ninguna parte.
La situación es bastante sencilla y si piensan en nuestra proposición principal, en la fundamental, solamente hablamos de una: banca nacional que indudablemente por sus funciones podrá dividirse en especializada y múltiple.
No se necesitan tantos componentes, pues.
Se ha manejado mucho que la banca no necesita nacionalizarse porque el monto de los recursos disponibles es el mismo. Vamos a intentar algo que puede parecer una redundancia. El monto de los recursos puede ser el mismo, pero en la medida en que el Estado, para los intereses nacionales, maneje adecuadamente, de acuerdo a una política prioritaria, verdaderamente entendida, de programación de la economía y sin quitarle a este monto las
ganancias con que se queda la banca privada, mucho saldría ganando el pueblo mexicano.
¿De qué manera pueden justificar que un grupo pequeño de monopolistas financieros, que influyen en mucho en la política económica del país, se quede con las ganancias derivadas del ahorro del pueblo mexicano y que, por supuesto, en esa política está también mucho de la política inflacionaria que tanto les preocupa en la palabra?
Y que nuestro compañero Tame no entendía, en su punto uno, cómo nosotros presentábamos esta iniciativa, si los propósitos de la política monetaria del Presidente estaban destinando cuantiosos recursos económicos al agro. Simple y sencillamente por la misma demostración: el 0.7% por parte de la banca privada, y una parte muy pequeña del Estado, principalmente a través del FIRA, que en un 60% es deuda externa.
Se nos plantea que es falso que el desarrollo del capital financiero sea autónomo, nacional, democrático etc.
Nosotros jamás hemos dicho eso, pero que no lo hayamos dicho no implica que caigamos en el supuesto o en la pretensión de que apoyemos la explotación de trabajadores asalariados por patriotas burgueses nacionales.
Para nosotros la explotación es la misma independientemente de quién sea el propietario del capital y es claro que esta burguesía nació asociada a la burguesía imperialista, pero es claro también que ha desarrollado cuantiosas fortunas de muchas maneras, entre otras, utilizando el presupuesto nacional.
Pero vamos a aclarar, no de la manera en que el Presidente de la República planteó pidiendo nombres de quienes se robaban el presupuesto, sin duda existen, pero no es a eso a lo que nos referimos, nos referimos a aquellos que aprovechan sus posiciones de gobernantes para concesionarse servicios, para concesionarse obras públicas, para concesionarse compras, para concesionarse un sin fin de actividades que les representan ganancias directas y que eso en Legislaciones más modernas, simple y sencillamente es corrupción.
Finalmente una extraña contradicción que no acabé de entender del compañero Tame, no supe si a últimas fechas está o no por la nacionalización de la banca, desde mi punto de vista o para mi entender, fue un poco contradictoria su exposición.
Muchas gracias.
El C. Cuauhtémoc Amezcua (desde su curul): Señor Presidente, antes de que baje el orador, me permito hacer una interpelación. Quiero demandarle al diputado Salcido
(Interrupción)
El C. Presidente: Orden, señores diputados. Por favor el diputado Cuauhtémoc Amezcua...adelante.
El C. Cuauhtémoc Amezcua: Estoy haciendo una interpelación y de acuerdo con el Reglamento tengo derecho a hacerla desde mi lugar.
Demando del diputado Salcido que en virtud de que sus últimas consideraciones discrepantes las ha hecho en todo respetuoso, correcto, tenemos derecho a discrepar; le demando solamente por honestidad revolucionaria y por respeto a este recinto, que retire sus adjetivos que me parecen injuriosos para mi partido. (Aplausos.)
El C. Presidente: Orden a la Asamblea.
El C. Arturo Salcido: Me sujetaré simple y sencillamente a lo que marca el reglamento.
El C. Cuauhtémoc Amezcua: ¿Entiendo con eso que retira usted sus adjetivos?
El C. Arturo Salcido: En los términos en que proceda dentro del Reglamento. Todo lo que he dicho estoy consciente de ello.
El C. Presidente: Orden, señores diputados.
El C. Cuauhtémoc Amezcua (desde su curul): ¿En qué términos?
El C. Presidente: En los términos del Reglamento, señor diputado Amezcua.
El C. Cuauhtémoc Amezcua: Le agradezco. En consecuencia solicito que se retire del Diario de los Debates lo dicho por el diputado.
El C. Amado Tame Shear: Pido la palabra para hechos, señor Presidente.
El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado Amado Tame Shear.
El C. Amado Tame Shear: Compañeros diputados.
Realmente nos esperábamos una reacción de esa naturaleza de alguno de los compañeros de la Fracción Parlamentaria Coalición de Izquierda y nos la esperábamos por una razón de conocimiento, desgraciadamente; parece que algunos de ellos parten de la consideración de que si uno emite una consideración que no concuerde con la de ellos, pues tiene uno que irse al infierno con el calificativo que venga a mano y pueda salir fácilmente de la boca.
Realmente, en la intervención que hicimos nosotros en el voto particular, no había nada que pudiera haber molestado o herido, ni siquiera en sus convicciones, menos en sus convicciones revolucionarias, a la Coalición o a quienes elaboraron la iniciativa de Ley que se
presentó; no hay absolutamente nada que contradiga el espíritu que los animó a ello, de aceptar que fue ese espíritu, de querer coadyuvar mediante una iniciativa de ley, a efecto de mejorar la situación de la política en materia de crédito de canalización por parte del Estado y de mejorar la estructura bancaria de nuestro país, dando un paso más hacia adelante, pues, me parece que con la perspectiva de ver si se puede llegar a la nacionalización del crédito que, en mi opinión, el compañero que acaba de pasar, yo creo que es el primero en pensar que jamás se podrá llegar a eso, poniendo como condición que para que se pueda llegar a la nacionalización del crédito en México, tendrá que venir una nueva Revolución; como eso no es posible, ofrecen una reforma que, siendo no muy ambiciosa, quizás del PRI, el Gobierno la pueda aceptar.
Bueno, yo vine a exponer que uno de nuestros principios programáticos, el del PPS, ha sido y es la nacionalización de los recursos financieros; inicialmente el Partido, cuando surgió, planteó como un objetivo programático la nacionalización del crédito bancario y en aquel entonces no había aseguradoras importantes ni otras instituciones que recaudan dinero del público y del pueblo. Hoy ya el campo de las aseguradoras y afianzadoras es tan importante, que hemos considerado que debe extenderse el concepto de nacionalización del crédito a todos los recursos financieros que dispone el país, pero el compañero Salcido manejo una cuestión que sería un poco engorroso, tendríamos que ir exactamente a la Ley General de Instituciones de Crédito, para ver si ellos no en la práctica, aunque no fuera por intención, trataban ellos de confundir Banca Múltiple con la Nacionalizada, digo, la Privada con la Múltiple, y la Nacionalizada con la Especializada, lo dejamos eso aparte, para mí no tiene eso mayor importancia; lo que sí tiene importancia es el rechazo que hace una afirmación, que él supone que viene en el voto particular, en el sentido de que nosotros consideramos que ya no es suficiente y menos, según dice él, que se dé crédito de la banca privada al campo.
No hemos planteado eso, al contrario, creemos que la banca privada sí debe canalizar recursos al campo y a los campesinos pobres y es verdad que la banca privada precisamente lo que nunca ha hecho es canalizar esos recursos, porque siempre pide garantías, eso ya lo sabemos todos, en eso no puede haber contradicciones.
Simplemente lo que a nosotros nos pareció no muy oportuno en el tiempo, es precisamente que la obsesión de hacer una reforma en torno a las finanzas en México, a la institución que rige las finanzas en México a la Ley General de Instituciones de Crédito, se haya concentrado obsesivamente en el problema del campo, cuando decimos nosotros, en este momento el Estado se dispone a tomar todas las medidas para que se canalice el máximo de recursos financieros al campo.
Es indudable que debe de exigirse que la banca privada coadyuve de una manera importante en tanto ésta no sea nacionalizada a esa canalización de recursos al campo, pero no a la agricultura rica como lo ha hecho, a la agricultura próspera sino a la agricultura necesitada o para lograr una autosuficiencia alimentaria. Eso sí es de extrañar y claro que lo planteamos, porque nos extraña en el tiempo que se plantee un objetivo obsesivo, precisamente cuando el Estado ha planteado en estos momentos la necesidad de la autosuficiencia alimentaria.
Por lo demás el partido siempre ha considerado que ser revolucionario o radical pues es ir a la raíz de los problemas y creo que la raíz del problema del crédito en México y de los recursos financieros, está en que el Estado disponga de todos los recursos financieros para los planes nacionales de desarrollo que ha de incluir tanto en el desarrollo del sector estatal como el de la agricultura, el de la industria y de la agricultura social, pública y privada nacional, auténticamente nacional, creo que no hay ninguna contradicción.
Así es que yo pienso que quizá teniendo algunas razones el compañero Salcido, por cuanto a su argumentación, no por cuanto a su calificación, en lo demás no tiene que buscar contradicciones donde no las ha habido.
Yo creo que buscó las contradicciones simplemente porque nosotros no apoyamos su iniciativa y creo que eso no es correcto. No corresponde a un partido serio y responsable, a un partido constructivo, sino todo lo contrario, se viene a asumir una actitud destructiva. En vez de usar los elementos de coincidencia, estos señores siempre buscan las contradicciones y la discrepancia.
Yo creo que bien meditado ese criterio en un plano general y nacional, el imperialismo norteamericano estaría muy contento de que lo que se supone son las fuerzas populares y democráticas, buscáramos nuestras contradicciones dentro, para estarnos despedazando, porque de esa manera entonces sí, el que ganaría sería la derecha y el sector asociado al imperialismo.
Eso que lo tengan presente.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Francisco Javier Gaxiola (desde la curul): Pido la palabra.
El C. Presidente: ¿Con qué motivo diputado Gaxiola?
El C. Francisco Javier Gaxiola (desde la curul): Para hechos.
El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado Gaxiola, para hechos.
El C. Francisco Javier Gaxiola: Señor Presidente;
Señores diputados:
Muy brevemente y simplemente en los términos del Reglamento de esta Cámara, para rectificar hechos al diputado Salcido.
Ha mencionado que afirmé que el Estado Mexicano no tiene capacidad para manejar la banca. No hice esa afirmación. No puedo hacerlo cuando considero que la banca nacional y la banca mixta en cuyo manejo interviene el Estado y la banca privada cuya política dirige el Estado, están bien manejadas.
El Estado tiene capacidad para manejar la banca nacional, para manejar la banca mixta. Lo que dije es que hace falta técnica para manejar la banca, que hace falta técnica para proponer reformas a una Ley Bancaria y que en la iniciativa falta técnica.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Arturo Salcido: Solicito que se esté a la grabación inicial.
El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado Eleazar Santiago Cruz.
El C. Eleazar Santiago Cruz: Señor Presidente;
Honorable Asamblea:
He solicitado el uso de la palabra en razón a que en el dictamen que se discute se hacen referencias al apoyo crediticio que llega al campo mexicano, y considero que en este renglón es indispensable formular algunas reflexiones.
Ya es aceptado por todos, compañeros diputados, la urgencia de producir alimentos que den al país autosuficiencia y se eviten posibles ataduras internas y externas que en un momento pudieran limitar nuestra soberanía. Uno de los elementos principales para la producción agropecuaria es indudablemente el crédito suficiente y oportuno. Nadie ignora que el gobierno de la república ha venido fortaleciendo el aparato crediticio hacia el campo, desde la fusión de la banca oficial hasta los incrementos sustanciales de recursos para esta finalidad, independientemente de la canalización de los recursos de la banca privada a la que obliga la política financiera del gobierno federal. Es cierto que es deseable, por necesario, aumentar las posibilidades financieras de la banca, pues frente a los problemas del campo las cifras siempre parecen quedarse cortas.
Sólo para que se aprecie el esfuerzo del gobierno de la República en la materia, señalaré que en 1979 el Banco Nacional de Crédito Rural operó al campo 38 mil millones de pesos; en 1980 dicha institución oficial está operando 55 mil millones para créditos de avío, refaccionarios y comerciales para atender 5 400 000 mil hectáreas de diversos cultivos, habiéndose establecido en este año tres prioridades, en primer término maíz y frijol, en segundo arroz, ajonjolí, cártamo, sorgo, soya y trigo y, finalmente, cultivos tales como algodón, frutales y otros.
Además, los fideicomisos instituidos en relación a la agricultura financian, durante el presente año, 36 mil millones de pesos encaminados a créditos refaccionarios, principalmente para maquinaria agrícola, ganadería y agroindustria. Para el ejercicio de 1981, estos fideicomisos harán operaciones de apoyo al campo por la cantidad de 55 mil millones de pesos, aparte de las 500 mil hectáreas del campo cañero que se apoyan con más de 4 mil millones de pesos.
El programa para 1981 del Banco Nacional de Crédito Rural será en su área bancaria de 75 000 millones de pesos y en su área fiduciaria de 25 000 millones de pesos, incrementándose la superficie en un 25% ya que atenderá seis millones 800 mil hectáreas y por cuanto a capital prácticamente se duplicará respecto a 1980.
En el dictamen no decimos que el campesino sea incapaz para producir, lo que apunta el dictamen es que en algunos casos no tienen capacidad para garantizar y que ya se están formando leyes para que los campesinos puedan ser mejores sujetos de crédito.
Independientemente de lo anterior, en el Sector Rural Temporalero, como es del dominio público, la ejecución del Sistema Alimentario Mexicano ha permitido la incorporación de un millón 970 mil hectáreas para producir maíz y de 650 mil hectáreas para frijol, en beneficio de casi un millón de campesinos, fundamentalmente ejidatarios, pequeños propietarios, minifundistas y comuneros, quienes recibieron los fertilizantes con descuento de 30%, las semillas mejoradas con descuentos de 75% del precio normal y el seguro agrícola con sólo un costo del 3%, haciendo especial mención que la tasa de interés del crédito es del 12%.
El Presidente de la República, en el Sistema Alimentario Mexicano, deja constancia del compromiso que tiene el Estado Mexicano con los campesinos, ejidatarios y comuneros, por ello se estableció el riesgo compartido con los agricultores temporaleros que dedican sus tierras a producir maíz y frijol, o que por una mejor técnica incrementen la productividad de sus campos.
Todas estas acciones, compañeros diputados, acciones del gobierno de la República, dejan evidencia de cómo el Estado Mexicano está cumpliendo, respaldando con hechos a los hombres dedicados a las actividades
agropecuarias, impulsando, de esta forma la producción de alimentos. Estos razonamientos son argumentos para pedir el voto aprobatorio emitido por la Comisión.
Muchas gracias.(Aplausos.)
El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado Pablo Gómez, en contra.
El C. Pablo Gómez: Vendrá dentro de unos minutos la votación a favor del dictamen, fue una noticia dada ya con 24 horas de anticipación, por lo menos por la XEX, por el canal 5, que dieron por aprobado el dictamen de la Comisión de Hacienda, rechazando la propuesta sobre esta modificación de la Ley de Instituciones de Crédito.
Además, con gran satisfacción se dio esta noticia, porque reitera la posición del partido del poder, del poder mismo, de defender por todos los medios a la banca privada del país, es decir, a la burguesía financiera.
Ha dicho aquí el diputado Gaxiola, dependemos del sistema bancario, no la banca privada, y cómo está compuesto el sistema bancario de nuestro país, ¿qué no es la banca privada una de las dos columnas vertebrales fundamentales del sistema bancario de nuestro país?
Una banca que maneja recursos casi del mismo nivel que del presupuesto nacional.
Y se dice que nuestra iniciativa no tiene técnica, así dijeron cuando propusimos las desgravaciones del IVA, que ahora se han establecido por parte de la Secretaría de Hacienda, no es un problema de técnica; la técnica no es un fin en sí mismo, es algo subordinado, puede haber técnica como una banca privada como la mexicana, puede haber una técnica adecuada a una banca estatal y puede incluso haber una técnica, para que no exista banca.
Se dice que para qué queremos que el Estado adquiera las acciones de la banca privada. Se ignora, o se pretende ignorar, que la Ley de Expropiación se podría aplicar en este caso, le da al gobierno un plazo para pagar lo expropiado hasta por 10 años, lo que constituiría un buen negocio para el gobierno, sin duda alguna. Para pagar acciones 10 años después al mismo valor que como las adquirió 10 años antes.
Pero no es eso lo que hemos propuesto que el Gobierno haga un buen negocio comprando las acciones de la Banca Privada, hemos nosotros presentado una iniciativa de Ley con el propósito de contrastar los proyectos del gobierno, en materia de producción de alimentos, SAM, Leyden, Fomento Agropecuario y otros proyectos del sexenio, con una serie de medidas concretas, específicas que podrían facilitar enormemente el desarrollo de la producción de productos básicos en nuestro país y de alimentos. Junto con esta iniciativa de modificación de la Ley de Instituciones de Crédito para obligar a la banca privada a canalizar recursos a los campesinos pobres, propusimos también la nacionalización de una lista de empresas, la expropiación de una lista de empresas, de la industria alimentaria las más grandes, las más importantes, las monopólicas.
Esto es, con el propósito de contrastar las soluciones que el gobierno ofrece con las soluciones que nosotros ofrecemos, pero sí, algunos, como se ha dicho aquí esto pudiera parecer una transformación espectacular, pero son propuestas de modificación de la política económica del gobierno actual y propuestas que necesariamente afectan los intereses de la burguesía financiera; son estas proposiciones, una alternativa muy concreta, pudiéramos decir concretita frente a esos proyectos del gobierno que no están resolviendo los problemas hacia los cuales supuestamente se destinan.
Señor diputado Gaxiola:
Yo le recomiendo que lea usted los cuadernos de Información Oportuna del Banco de México, que según dicen por ahí, son confidenciales; vea usted el cuadro donde se refiere al crédito otorgado por la banca privada y mixta, en donde se da cuenta del destino de los incrementos anuales de esta banca privada y mixta.
En 1977 respecto de 1976 el crédito a ejidatarios y campesinos se incrementó en 1.2%. 443 millones de pesos. Fabulosa cantidad. En 1978 respecto de 1977 ese crédito a ejidatarios y campesinos se incrementó en 0.3%. Mucho menos que en el período anterior. 225 millones de pesos. Y en 1979 se incrementó en 0.5%. 320 millones de pesos nuevos destinados a ejidatarios y campesinos.
¿En donde está el renglón principal en una cosa tan genérica como otros créditos?
¿En dónde se destinó el 41.8% del incrementó?
Quiere decir que cada año se destina menos dinero a crédito a ejidatarios y campesinos por parte de la banca privada y mixta, que es de lo que estamos hablando.
Aquí no estamos hablando de la banca nacional; no estamos hablando del Banco Nacional de Crédito Rural. También podríamos hablar de eso, evidentemente, y hemos hablado de eso, pero aquí estamos hablando de la banca privada y mixta. No se vayan por otro lado, no utilicen ese método que consiste en que uno habla de una cosa y se pone a hablar del clima para responder. Banca privada y mixta destina a ejidatarios y campesinos cada vez menos de sus recursos.
Nosotros proponemos, entonces, una norma para apoyar el desarrollo de la producción de alimentos en el campo, pero no para apoyar a
la burguesía, que esa está muy bien apoyada, financieramente, la burguesía agraria, sino para apoyar a ejidatarios y campesinos pobres. La respuesta es la defensa de la banca privada de nuestro país, de la burguesía financiera.
¿Cuál es esta burguesía financiera?
Un pequeño grupo de consorcios financiero - industriales - comerciales, y de servicios agrupados todos ellos alrededor de grandes bancos: Banamex, Bancomer, Serfin, Comermex, Banco del Atlántico, Banpaís, son estos los más importantes aparatos financieros, aparatos de la burguesía financiera mexicana, de esa burguesía financiera que algunos sectores del PRI consideran que está en ascenso y que peligrosamente va tomando fuerza, pero que no combate con medidas concretas, específicas, directas, como esta pequeña que nosotros estamos proponiendo. Muy pequeña y superficial. No es la nacionalización de la banca la que hemos propuesto en esta iniciativa, no, es simplemente preguntarle al gobierno si está en condiciones de ser congruente con la necesidad de canalizar suficiente financiamiento a campesinos pobres, y la respuesta es no, no es consecuente.
Utiliza otros recursos pero se niega a utilizar los recursos de la banca privada, se niega a obligar a la banca privada a que concurra en esto.
Se dice que porque México tiene su propio camino, lo dijo el diputado Granja, pues sí, el México de la burguesía financiera tiene el camino de fortalecer a esos grupos, de desarrollar el poder de esos grupos y esos grupos de la burguesía financiera no sólo dominan ya en la economía, sino dominan también en la política, son los que rigen las decisiones fundamentales del rumbo del país; estos grupos de la oligarquía financiera no solamente han concretado un enorme poder económico sino que demostraron ya, en la crisis política de 1976, que sin ellos la burocracia del Estado, la actual burocracia del Estado no tiene capacidad para conducir al país, porque no se apoya en las necesidades de las masas, porque depende esa burguesía financiera para todos sus proyectos de modernización del capitalismo y ahí perdieron y las proclamas del entonces Presidente contra la burguesía financiera, se concretaron en pequeños actos insignificantes pero provocaron la protesta de la organización de la burguesía financiera de nuestro país y el retroceso de la burocracia del Estado, de la burocracia política del Estado, frente a las posiciones de esa oligarquía y perdieron ahí la posibilidad esos sectores y tuvieron que entregar gran parte de su posición, de su iniciativa, de sus determinaciones, al interés de la burguesía financiera que no sólo domina, repito, en la economía, domina en la política, y ya los postulados agraristas, nacionalistas, populistas, que sostuvo esa burocracia política del Estado, están siendo sustituidos por otros postulados, eficiencia, producción, productividad.
Eso es lo que ocurre en nuestro país, y eso es lo que tratamos de demostrar, para llamar a las fuerzas democráticas de México a unirse contra ese procedimiento de la burguesía financiera.
No son hechos que están por ocurrir, son hechos que ya han ocurrido en México.
Baste echar una ojeada de la estructura de estos grupos financieros fundamentales, de la manera en cómo toman determinaciones; no son grupos medianos; no es banca incipiente; es un aparato financiero con un enorme poder, no sólo es un aparato de intermediación entre al ahorrador y el inversionista; es un aparato que recoge del inversionista, que recoge del ahorro público, cómo se llama, e invierte bajo su propio mando.
Veamos simplemente la cantidad de empresas que tiene BANAMEX, que están bajo su control, la cantidad de empresas que tiene, lo que antes era Financiera Aceptaciones, que está dentro del Grupo Serfín y que tiene sus holdins, como son Visa, Propietario, en parte, de Televisa, de la Cervecería Cuauhtémoc, y de 40 empresas más, y cómo dirigen desde los órganos financieros, la inversión no de una ni de dos empresas, sino de decenas de empresas; cómo el grupo BANPAIS, controla, por ejemplo, el 90% de la producción del vidrio en México.
¿Qué no es eso un monopolio?
Como otros grupos, Atlántico, por ejemplo, controla la industria de la construcción, la mayor parte, la producción de cemento.
Si, ahí está la base material de ese poder de la burguesía financiera, pero también se expresa en la política y más que en la política, en la ideología oficial. Esta ideología no es la ideología de los años cuarentas o treintas, mucho menos de la época de Cárdenas, es una ideología modernizadora, plenamente capitalista, que dirige hacia la modernización del sistema, hacia el desarrollo de los monopolios y hacia la incorporación de los pequeños y medianos empresarios que tienen la necesidad de depender de los mecanismos financieros para sobrevivir que tiene que aliarse a la burguesía financiera y se alían y salen a la calle y para el comercio cuando la oligarquía, desde el Consejo Coordinador Empresarial los convoca a los paros patronales.
Esto ya ha ocurrido en México, diputado Tame, no está por ocurrir, no estamos en peligro de que gane la derecha, la derecha ya ha ganado, la obligación de la izquierda es luchar contra eso, de llamar a la unidad de las fuerzas independientes, aquellas fuerzas que no reconocen como su líder a la burocracia política del Estado, cuyas decisiones están
determinadas esencialmente por la burguesía financiera.
Son nuestras diferencias, muy grandes, reductibles ciertamente.
En la presentación de esta iniciativa de ley, una iniciativa nada radical, en cualquier otro país estas medidas existen, una iniciativa que se pone en el contexto de la necesidad de la autosuficiencia alimentaria de la que se habla, de la lucha contra la inflación.
¿Y cuál es la respuesta?
La defensa de la banca privada.
¿Por qué?
Dice el diputado Gaxiola, si llegáramos con otra iniciativa -lo estoy citando textualmente - .no con ésta, entonces estaríamos de acuerdo.
Pero su posición es antitécnica, eso dijo.
¿Para qué sirven las Comisiones, diputado Gaxiola?
Si nosotros presentamos una iniciativa, vamos a suponer no aceptamos, pero supongamos que tiene errores legales, leguleyos, técnicos como quiera, ¿Cuál es la obligación de una Comisión de Dictamen Legislativo?
Si está de acuerdo con el contenido darle la forma adecuada y presentarla a la plenaria de la Cámara para que se apruebe, pero que la respuesta es un no y se acabó.
No, es que si presentáramos cualquier otra iniciativa, cualquiera, que afectara en lo más mínimo el interés de la burguesía financiera, la respuesta sería la misma.
No es un problema técnico ni mucho menos, eso no se lo cree ni usted, y no es tampoco este un dictamen de buena fe; de buena fe financiera; de buena fe desde el punto de vista de los capitalistas financieros; desde el punto de vista de la mayoría del país. Es un dictamen de mala fe. Según el lado en que lo queramos ver. No se trata de eso, me parece. Este es un debate de otro tipo, de otro nivel, y en cada una de estas cosas, va quedando demostrado para aquéllos que todavía no lo creen, quienes son los que mandan en este país, en realidad; que no están personalmente en la Cámara de diputados, ni necesitan estar. Ello les estorbaría, en lo personal no tiene porque estar; están desde el punto de vista ideológicos; desde el punto de vista político; con sus representantes a sueldo.
Se preocupó la Comisión por cosas, vamos a decir tan insignificantes como las tarjetas de crédito.
¿Cuánto canaliza la banca privada a los créditos de las tarjetitas que ustedes seguramente algunos traen en la bolsa?
No se sabe porque no hay datos, no los da. Sólo los banqueros lo saben, pero que son seguramente muchos miles de millones de pesos, que se convierten en un elemento inflacionario para darle crédito oportuno en el momento que quiera, a la hora que quiera, sobre lo que quiera, a la burguesía del país, a su consumo suntuario; para eso si hay crédito. ¡Ah! pero para ejidatarios y campesinos 0.5% del incremento, maravillosos 320 millones.
Creo que lo que aquí se demuestra es una falta completa también de iniciativa no radical, no espectacular ni nada de eso; sino de iniciativa para canalizar en verdad recursos hacia actividades verdaderamente prioritarias.
En el marco del dominio de la burguesía financiera, si esta burguesía financiera fuera un poco más visionaria, como lo son quizá la de otros países. No todos, algunos países, canalizarían parte de sus recursos a tratar de ampliar su mercado interno paro esta burguesía financiera está acostumbrada a que el gobierno le dé todas las facilidades y el gobierno se las da.
Esta burguesía financiera no es lo emprendedora que dicen algunos de sus dirigentes. Es faraónica; crea grandes edificios. Se presenta como algo próspero, y lo es, pero nada más. Derrocha en presentación para dar la imagen de prosperidad, que la tiene y no lo niega. Lo quiere demostrar. Ahí están los nuevos edificios de BANCOMER, y el nuevo plan, las nuevas oficinas que va hacer BANAMEX. y podemos hablar hasta de la sucursal más mugrosa de esos grandes bancos está perfectamente bien presentada con la imagen de la prosperidad.
A eso está acostumbrada esta burguesía financiera. No arriesgar. ¿Arriesgar? Ni un centavo va arriesgar jamás. Y esto representaría riesgo, pero esta burguesía no se hinchó y no se convirtió en dominante a partir del apoyo que sistemáticamente logró del gobierno hasta que se convirtió en la fuerza política decisiva del país.
Esa es la historia de estas últimas décadas.
Y esto es lo que tiene que representar o lo que representa la necesidad de una nueva alternativa política de quienes estén dispuestos en verdad a dar la lucha contra la burguesía financiera y contra el gobierno en que se apoya esa burguesía. Por eso somos oposicionistas, por esa razón. No por gusto. No hemos ido a prisión por amor a las rejas sino por la convicción de que este país debe cambiar y que tiene que cambiar mediante el desarrollo de fuerzas independientes, capaces en verdad de transformarlo; tiene que cambiar mediante la acción de los trabajadores del país en el plano de independencia ideológica, política y organizativa. Porque de otra manera nos encadenamos, como otras organizaciones y otros partidos se encadenan, a la cola de un gobierno que expresa intereses de la burguesía financiera.
Esa es la razón de nuestra posición y ahí se finca una convicción revolucionaria, es decir, de la necesidad de un cambio
revolucionario, de un cambio total, porque a quien hay que derribar del poder no es a un grupo de políticos, ni mucho menos, sino a una capa de la burguesía, la que tiene en sus manos los fundamentales controles económicos y políticos de la sociedad. La lucha es, por lo tanto, contra un enemigo muy poderoso, que tiene aliados y apoyos del otro lado del Río Bravo y que depende, en gran medida, de sus conexiones con el capitalismo internacional.
Por eso la lucha es difícil y por eso tenemos que luchar en todos los terrenos y por eso tenemos, a partir de iniciativas como ésta, superficiales, porque eso es esta iniciativa que hemos presentado, no es radical, menos revolucionaria, es una adecuación simplemente para canalizar recursos, para que el Estado logre eso a través de otros medios. No les gustó el 25%. Propongan un porcentaje, pero no el 0.5%, señores. ¿Qué porcentaje proponen? El encaje legal, dice el diputado Gaxiola. No, el encaje legal tiene sus límites. El hecho de que sea cuarenta y tantos por ciento no quiere decir que el gobierno disponga de ello para hacer con ese encaje lo que quiera. En un momento dado, esos recursos están a disposición del inversionista que lo exige en la ventanilla de un banco y el Banco de México tiene que apoyar la disponibilidad. Entonces no son recursos ni tampoco se están utilizando en la forma en que deberían utilizarse, si hubiéramos propuesto la nacionalización de la banca ¿cuál hubiera sido la respuesta? Mucho más furibunda, mucho más de defensa de una sacrosanta institución que es la banca privada, que es la burguesía financiera que domina el país, que oprime a los mexicanos y que es la responsable de la crisis, de la miseria de la mayoría de la Nación. Gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: Tiene la palabra, el ciudadano diputado Ángel Buendía.
El C. Ángel Buendía: señor Presidente; Compañeros diputados:
De manera particular nos ha llamado la atención esta iniciativa del Grupo Comunista para reformar algunas disposiciones de la Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares. Y digo que nos ha llamado la atención porque define en principio propósitos loables identificables, pero todo queda en eso, porque las modificaciones propuestas acusan falta de objetividad, improcedencia, desapego de nuestras realidades y y en algunos casos obsesión respecto del sistema bancario nacional.
Son dos y ha quedado evidenciado en el desarrollo de esta sesión, las ideas medulares de esta Iniciativa. Por un lado, primero, que los grandes sectores de productores, medianos y pequeños del campo y la ciudad están excluidos del acceso al crédito y, segundo, que los mecanismos gubernamentales de control de las actividades de la banca privada y mixta, son insuficientes y además inoperantes. Ambas consideraciones son totalmente inexactas, por ello y aunque de manera superficial se han tocado algunas cosas, quiero hacer algunas reflexiones respecto de ellas.
Antes que nada, compañeros diputados, quiero señalar, esto sí, con una gran claridad, que rechazamos, por falsa, la imputación que se nos ha hecho.
No venimos aquí a defender los intereses de la banca privada, no nos interesa la banca privada, aquí venimos a defender, nos parece adecuada, la política que en materia de bancos y créditos, la administración del presidente López Portillo ha adoptado.
Bien, la iniciativa en cuestión pretende modificar los mecanismos de control, supervisión y orientación de que dispone el gobierno, para que las bancas privada y mixta concurran al campo con mayores créditos para los productores marginados.
Hasta aquí vamos bien, esto indica que los compañeros comunistas conocen la situación del campo marginado y creo que la coincidencia es general. En lo que sí estamos en evidente desacuerdo, está acreditando por parte de quienes elaboraron las iniciativas, es en lo que se refiere a la concepción del papel del Estado en materia de bancos, porque la iniciativa del Grupo Comunista, da la impresión de que el banquero mexicano vive en un régimen de libertinaje y abuso, que hace lo que le viene en gana con sus recursos; nada más falso que esto.
La intervención del Estado Mexicano en la regulación de las actividades, quiero decir todas, de la banca en general, es de las más avanzadas y de las más estrictas del mundo; debemos considerar primero, aunque se habló del encaje legal, no se describió en su conjunto el mecanismo que junto con otras disposiciones modifica el esquema con que se maneja el encaje legal. La iniciativa, en discusión, sostiene, para mi gusto, inexplicablemente, que la política de "encaje", monopoliza aun más el mercado de capitales. Yo creo que debemos pensar en esta afirmación: la banca privada y la banca mixta, tienen por disposición legal, que entregar al Banco de México el 40.9% del total de sus captaciones, casi la mitad. Esto es lo que conocemos como encaje legal. La iniciativa, en discusión, sostiene, para mi gusto, inexplicablemente, que la política de "encaje", monopoliza aun más el mercado de capitales. Yo creo que debemos pensar en esta afirmación: la banca privada y la banca mixta tienen por disposición legal, que entregar al Banco de México el 40.9% del total de sus captaciones, casi la mitad. Esto es lo que
conocemos como encaje legal, se orienta en su totalidad al financiamiento de programas del Sector Público, lo maneja el Gobierno en su totalidad para obras y servicios, programas de desarrollo, etc.
Por otra parte, el Estado impone a los bancos la obligación, mediante el establecimiento de cajones de canalización selectiva, de orientar hasta, llamó la atención, un 25% de lo que les queda a actividades consideradas como prioritarias para el país, ahora inmersas en el Plan Global de Desarrollo.
Lo anterior significa, compañeros diputados, con otras disposiciones, que el 75% de todos los recursos, captados por bancos privados y mixtos están sujetos con estos dos mecanismos a control gubernamental. Que no se nos venga a decir que no hay intervención del Estado y que ésta es débil.
Lo anterior significa que la Banca Múltiple tiene la posibilidad de manejar con, libertad y creo con libertad relativa, únicamente la cuarta parte del total de sus captaciones.
Yo no veo, compañeros diputados, ese monopolio de capital del que se habla. Es posible afirmar categóricamente, sustantivamente, que ningún país capitalista o de economía mixta en el mundo los niveles de canalización obligatoria que tenemos en México.
La iniciativa comunista sustrae del Artículo 94 bis el término "hasta", por eso la acotación de hace un minuto. En el caso de este 25% sobrante que la Banca Múltiple está obligada a distribuir de sus recursos según las pautas crediticias del país le señalen al respecto. Esta propuesta , esta modificación significaría quitarle flexibilidad al sistema, con esta medida propuesta que provocaría el deterioro de algunas actividades que aunque nacionalmente no son consideradas prioritarias, sí lo son en determinadas regiones del país, perjudicando así a esos mexicanos que las circunstancias geográficas o económicas temporales les brindan la oportunidad de elevar sus niveles de vida.
Asimismo de aplicarse la propuesta, se puede ganar ociosidad de los recursos, tanto en el caso anterior como en el caso de que los otorgantes de crédito no dispongan oportunamente de las clasificaciones a que se refiere el Artículo 46 bis de esta Iniciativa.
En el punto 5 de los considerandos de la Iniciativa comunista se propone que:
"Los departamentos de ahorro y financieros de la banca privada que forman grupo con banca múltiple y etc."
Compañeros diputados, yo me permito recomendarles que al elaborar este tipo de trabajos, consulten legislación vigente. Hace dos años que desaparecieron las instituciones departamentales especializadas. Ya no funcionan. Ahora la banca múltiple realiza operaciones generales o integración de servicios. por cierto ya que andamos en detalles, revisen se escribe con "ese" no con "ce".
En otro párrafo la iniciativa menciona que las medidas propuestas forman parte de un proceso más amplio de control y nacionalización del crédito y la banca privada y mixta.
Aquí es conveniente hacer algunas consideraciones porque el diputado Gómez dijo que no estaba propuesta de ninguna manera la nacionalización de la banca. Sin embargo, el contexto de esta iniciativa se escribe en uno más amplio que precisamente contempla esa nacionalización.
Es alrededor de 1949, si mal no recuerdo, que se comenzaron a aplicar en México las políticas de encaje legal. Con ellas, y otras disposiciones, el Estado diseñó una estructura de control y supervisión de las actividades bancarias en general. Ello nos permitió, en un proceso de crecimiento, que desde el momento en que aprecia una nueva empresa de este giro, estuviese sujeta a control y a este marco conductual.
Otros países por sus propios esquemas de desarrollo y sus particulares conformaciones, se encontraron repentinamente con un sistema bancario desordenado y sin control. Aquí el camino más fue la nacionalización pues el estado de cosas no las hubiese permitido por otros medios o regular y ordenar el sistema.
Afortunadamente en México no se han dado así las cosas. Nuestro proceso es otro. Consideramos que la nacionalización es intranscendente en un país en donde el 75% de los recursos disponibles están sujetos a orientación pública.
Creo que no debemos con ligereza considerar viable un proceso de nacionalización; debemos con objetividad entender las condiciones y las circunstancias de nuestras estructuras. Ser consecuentes con los intereses de México y me refiero al México de nuestros días, un México que se está construyendo y diseñando desde dentro, con nuestras soluciones, con nuestros apremios y nuestras instancias, sin recetas fáciles y esquemáticas, sin obsesiones improcedentes.
Me da la impresión que algunos compañeros diputados piensan que las decisiones en materia pública están sujetas a estado de ánimo y que son epidérmicas y viscerales.
No, definitivamente no.
Dejamos ya hace tiempo de improvisar y de suplir el escritorio con las rodillas, tenemos planes y programas ; tenemos un camino autodefinido y tenemos madurez política y administrativa. El presidente López Portillo ha sentado bases sólidas para darle continuidad al sistema, para darle coherencia y trayectoria a nuestro proceso de desarrollo. México no debe reinventarse en cada ciclo administrativo, nuestros esfuerzos tienen que ser concatenados no sólo eficientes, sino suficientes. Sólo así las
acciones de cada día serán ejercicio permanente de nuestra vocación de poder.
Compañeros diputados:
Hemos escuchado diversos planteamientos referidos a la Iniciativa del Grupo Comunista. Lo que aquí se ha dicho, lo que se ha expresado ha acreditado el sentir, la opinión y el rumbo que este congreso quiere darle a este aspecto particular de nuestra vida pública.
Yo ruego por ese motivo a la Asamblea considerar suficientemente discutido el Dictamen y ruego a la Presidencia someterlo a votación. Muchas Gracias.(Aplausos.)
El C. Lázaro Rubio Félix: Pido la palabra.
El C. Presidente: ¿Con qué objeto?
El C. Lázaro Rubio Félix: Sobre el tema que estamos discutiendo, para hechos.
El C. Presidente: tiene la palabra para hechos el diputado Lázaro Rubio.
El C. Lázaro Rubio Félix: En el desarrollo de los trabajos de esta Cámara pluripartidista tenían que darse hechos que clasificaran las posturas políticas de los grupos parlamentarios que la integramos y este fenómeno se va a seguir dando en la medida en que continuemos los trabajos de la Cámara y los debates nos llevan a aclarar las verdaderas posturas, la verdadera intención de las fracciones que integran esta Cámara pluripartidista.
En un régimen capitalista, burgués, nacionalista, se dan diversas posturas de la oposición; se manejan diversos criterios y opiniones respecto a los problemas de la nación y a los juicios que nos merezca el poder público.
Tiene que ser así en un sistema como el nuestro.
Aquí se dan tres tipos de oposición, con sus características muy claras, muy definidas:
Las de la Derecha tradicional, que quisiera acabar con los triunfos que ha obtenido la Revolución Mexicana, que pretende darle para atrás a las ruedas de la historia para volver al pasado, ya liquidado por fortuna por nuestro pueblo;
La oposición que lo ve todo negro, que no concibe o no quiere aceptar los cambios positivos que se dan en nuestro sistema político y económico y la oposición que tiene un objetivo político muy claro, que no puede confundir a nadie.
Se da el fenómeno de la coincidencia en la oposición en los ataques al gobierno de la Revolución y a la Revolución misma como movimiento social y político, con una finalidad de echar encima del Estado, del Poder Público, de la Revolución a las masas populares. Y esa postura no puede - si se le clasifica con honradez - llamársele revolucionaria.
La oposición por la oposición misma no es ninguna postura política revolucionaria, es una postura de provocación, de provocación nada más, la oposición honesta, la oposición honrada, la oposición revolucionaria, es aquella que analizando profundamente las raíces de nuestra Revolución, sus objetivos programáticos, los desarrollos alcanzados y las condiciones reales que vive el país, con problemas internos y del exterior, es aquella oposición que tiene la suficiente claridad y honestidad política para ver lo positivo lo que es avanzado y criticar aquellas actitudes que no son correctas que lesionan los intereses del pueblo y que tienden a retrotraer los éxitos obtenidos por la Revolución Mexicana.
Hay actitudes tan, no sé cómo clasificarlas, que consisten en aparecer los más revolucionarios, los más valientes, los más audaces, los más decididos, proponiendo cuestiones que se sabe, salvo que se sea un idiota en política, que no se van a alcanzar; está como esos planteamientos de los abogados mañosos que elaboran demandas para perderlas a propósito porque están al servicio del que dicen que están luchando contra él.
Ese es el hecho.
Para el Partido Popular Socialista al que se le puede clasificar como se quiera, es evidente que con todas las fallas, las omisiones, las prevaricaciones a veces, la Revolución Mexicana avanza y que hay esfuerzos positivos para sacar al país del atolladero económico en que nos encontramos.
Esa es nuestra postura, dígase lo que se quiera, pónganos las etiquetas que se quieran pegar, la postura del Partido Popular Socialista es la postura del auténtico revolucionario, que ve lo positivo, distingue lo bueno de lo malo y actúa en consecuencia como revolucionario.
Muchas Gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado Pablo Gómez, para hechos. Orden en la Asamblea.
El C. Pablo Gómez: Me parecería irresponsable dejar pasar así los ataques que nos ha dirigido Lázaro Rubio Félix. Nos ha acusado de provocadores y ha dicho que la política de su partido es apoyar lo positivo y criticar lo negativo y ha dicho que la Revolución Mexicana avanza. Creo, sin duda alguna, que este debate sobre la vieja concepción de apoyar lo positivo y criticar lo negativo que, quizás tuvo su origen en los años del cardenismo, representa una
de las definiciones más importantes entre las fuerzas democráticas y de izquierda del país.
En aquel entonces el país vivía un ascenso del movimiento popular, el Gobierno expropió a varias empresas de capital extranjero, repartió la tierra y generó una serie de transformaciones con el apoyo popular. El marco, la forma estatal, no se modificó y la democracia política no se desarrolló, pero existía un movimiento popular, del cual formó parte el Partido Comunista Mexicano, no en segunda o tercera fila, sino en la primera línea de combate, por la expropiación petrolera, la nacionalización de ferrocarriles, el reparto agrario y este partido participó en esa lucha popular, pero mantener la vieja idea de apoyar lo positivo y criticar lo negativo, de uncirse al cargo gubernamental, de perder la independencia política e ideológica, de apoyar al gobierno de la burguesía para mantener ínfimas posiciones en la política nacional, cada vez más ínfimas posiciones, es la política que , se ha comprobado en los hechos directamente, va hacia el fracaso y la derrota.
Nosotros tenemos otra posición, no por ser más valientes y decididos aunque un revolucionario de verdad tiene que tener esas dos cualidades para serlo, sino porque tenemos una concepción que parte de la necesidad de abolir el sistema en su conjunto, el sistema que se basa en la explotación capitalista, en la necesidad de abolir las instituciones, en las que se asienta esa explotación.
Y eso nos distingue, irremediablemente, entre una posición colaboracionista, entre una posición que busca esencialmente apoyar al Gobierno por ser gobierno, por tener la fuerza y otra posición que no repara en las consecuencias de su acción revolucionaria y que enfrenta las consecuencias de su acción revolucionaria con determinación.
Nosotros hemos llegado aquí por un proceso totalmente distinto al que ocurrió en el PPS, sin perder nuestra independencia, manteniendo nuestra posición, convocando a las fuerzas de izquierda del país a unirse, a impulsar la lucha independiente, sin hacerle el juego al Gobierno y a la burguesía.
Nosotros decimos, la Revolución Mexicana tan importantes, tan determinante movimiento popular armado, que no es una cuestión que se pueda discutir sobre si fue malo o bueno ¿qué necedad se necesita para eso? Pero no es ese el problema, no puede haber una revolución que al cabo de 60 años tenga el mismo objetivo que en sus primeros momentos y puede haber una revolución vigente después de 60 años.
Las clases han cambiado, el país ha cambiado, hay que tener la visión de aquellos revolucionarios de 1910-17, de aquellos hombres que con su acción transformaron al país, pero hay que tener esa visión hoy, no hay que tener la visión del pasado, sino la visión del porvenir que es de acción resuelta en contra de la explotación y del gobierno que garantiza la continuidad de ese sistema.
Gracias.
El C. Presidente: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el Dictamen.
- El C. secretario David Jiménez González:
En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el Dictamen.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación.)
Suficientemente discutido señor Presidente.
En votación económica se pregunta si se aprueba el dictamen. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación.)
Aprobada, señor Presidente.
El C. Presidente: Archívese el expediente.
- El C. secretario David Jiménez González:
Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al Orden del Día de la próxima sesión.
ORDEN DEL DÍA
- El mismo C. Secretario:
"Segundo Período Ordinario de Sesiones 'LI' Legislatura.
Orden del Día.
10 de diciembre de 1980.
Lectura del acta de la sesión anterior.
El C. Enrique Cárdenas González, gobernador constitucional del estado de Tamaulipas, invita al acto en el que rendirá ante la L legislatura su VI Informe de Gobierno, que tendrá lugar el 14 de diciembre. Oficio de la Secretaria de Gobernación
Se comunica la autorización del C. Presidente de la República para que comparezca ante la Cámara de Diputados el C. Secretario de Comercio licenciado Jorge de la Vega Domínguez.
Dictamen de primera lectura
De la Comisión de justicia, con proyecto de decreto que reforma los artículos 240 y 242 del Código Fiscal de la Federación.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyecto de decreto que reforma la fracción VIII del Artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público con proyecto de Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público con proyecto de Ley del Impuesto sobre tenencia y Uso de Vehículos.
Dictámenes a discusión
Siete de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyectos de decreto por los que se concede permiso a los CC. María Angélica Soto Caballero, Domingo Cruz Sánchez, Juan Jorge Illanes Ramírez, Carlos Enríquez Medina, Emma Imelda Galván y González, Guillermo Ortiz Jiménez y José Ramón Saavedra García, para prestar servicios de carácter administrativo en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
De la Comisión de Relaciones Exteriores con proyecto de decreto que reforma y adiciona el Artículo 282 y reforma el 283 del Código Federal de Procedimientos Penales.
De las Comisiones Unidas de Comercio y Hacienda y Crédito Público con proyecto de decreto para modificar, adicionar y derogar varios artículos del Código de Comercio y Ley General de Sociedades Mercantiles."
El C. Presidente (a las 19.00 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar, mañana miércoles 10 de diciembre, a las 10 horas.
TAQUIGRAFÍA PARLAMENTARIA Y "DIARIO DE LOS DEBATES"