Legislatura LI - Año II - Período Ordinario - Fecha 19801219 - Número de Diario 41
(L51A2P1oN041F19801219.xml)Núm. Diario:41ENCABEZADO
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
"LI" LEGISLATURA
Registrada como artículo de 2a. clase en la Administración Local de Correos, el 21 de septiembre de 1921
AÑO II México, D. F., viernes 19 de diciembre de 1980 TOMO II. - NÚM. 41
SUMARIO
APERTURA
ORDEN DEL DÍA
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. SE APRUEBA
VOTO PARTICULAR
Presentado por el Grupo Parlamentario del Partido Comunista Coalición de Izquierda, en relación al dictamen con proyecto de Ley de Fomento Agropecuario, emitido por las Comisiones correspondientes. Agréguese al dictamen
INICIATIVAS DEL EJECUTIVO
LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO FEDERAL
El C. Presidente de la República envía Iniciativa que reforma y adiciona la Ley mencionada. Se dispensa la lectura. Se turna a Comisión e imprímase
LEY SOBRE EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y VALORES DE LA FEDERACIÓN
El propio C. Presidente de la República remite Iniciativa que reforma la Ley expresada. Se dispensa la lectura. Se turna a Comisión e imprímase
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Siete proyectos de Decreto que conceden permiso a los CC. Isabel Gabriela Nava Molina, José Antonio Alcaraz Vázquez, Nicolás Ramos Rosas, Ana María Ibarra Lango, Gloria Luz Cabrera Enciso, Guadalupe Silvia Torís Rodríguez y Francisco Mondragón Bravo, para prestar servicios como empleados en la Embajada de los Estados Unidos de América. Primera lectura
DICTAMEN A DISCUSIÓN
LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO
Dictamen que contiene un proyecto de esta Ley. Se dispensa la segunda lectura
MOCIÓN SUSPENSIVA
El C. Gilberto Rincón Gallardo presenta y da lectura a una moción suspensiva para el debate de este dictamen; en contra de dicha moción habla el C. Carlos Mario Piñera Rueda. Después de la lectura del artículo 110 del Reglamento, en votación nominal se desecha la moción
Para fundamentar el dictamen usa de la palabra el C. Antonio Huitrón Huitrón
A discusión en lo general. Intervienen, en contra el C. Juan Manuel Elizondo; en pro el C. Fernando Mendoza Contreras; en contra el C. Lázaro Rubio Félix; en pro el C. José Minondo Garfias; en contra el C. Ramón Danzós Palomino; en pro el C. Raúl Pineda Pineda; en contra el C. Juan Manuel Rodríguez; en pro el C. Gumercindo Magaña; en contra el C. Ezequiel Rodríguez Arcos; en pro el C. Carlos Amaya Rivera; en contra el C. Carlos Sánchez Cárdenas; en pro el C. Amador Hernández González; en contra el C. Manuel Terrazas Guerrero; en pro el C. Abel Vicencio Tovar; en contra el C. Cuauhtémoc Amezcua; en pro el C. Rubén Darío Somuano López; en contra el C. Juventino Sánchez Jiménez en pro la C. Graciela Santana
Benhumea; en contra el C. Graco Ramírez Abreu; en pro el C. Juan Landerreche Obregón; en contra el C. Sabino Hernández Téllez y en pro la C. Beatriz Paredes Rangel. Se aprueba en lo general
A discusión en lo particular. A debate el artículo 1o. Hablan, para una modificación el C. Manuel Terrazas Guerrero; en pro el C. Guillermo González Aguado; nuevamente los dos oradores. Se desecha la modificación. Para proponer una modificación al mismo artículo interviene el C. Santiago Fierro Fierro; por las Comisiones el C. Juan Ugarte no la acepta y la Asamblea no la aprueba. Se reserva el artículo para su votación nominal
A discusión el artículo 3o. Usan de la palabra, para una modificación el C. Sabino Hernández Téllez; por las Comisiones el C. Rafael Cervantes Acuña no la acepta; nuevamente el C. Hernández Téllez; para hechos los CC. Guillermo González Aguado, Santiago Fierro Fierro; nuevamente los CC. González Aguado y Hernández Téllez. Se desecha la modificación y se reserva el artículo para su votación nominal
A moción del C. Hiram Escudero Alvarez la Asamblea aprueba que la discusión se lleve a cabo por Capítulos
A debate el artículo 4o. del Capítulo Primero. Título I. Hablan para un adición el C. Juan Aguilera Azpeitia, que el C. Rafael Corrales Ayala a nombre de las Comisiones acepta y la Asamblea aprueba. Por su parte el C. Manuel Terrazas Guerrero también propone una adición que las Comisiones rechazan a través del C. Melquíades Morales Flores; para aclaraciones los CC. Terrazas Guerrero y Cervantes Acuña y Conrado Martínez Ortiz. Se desecha la modificación
El C. Loreto Hugo Amao propone una modificación a la fracción II del artículo a debate; el C. Javier Michel Vega no la acepta y se da por desechada. A su vez, la C. Cecilia Martha Piñón Reyna propone una modificación a la fracción VI, que el C. Carlos De Saracho Calderón no acepta; para insistir nuevamente la C. Piñón Reyna; para mayor claridad el C. De Saracho Calderón propone nueva redacción a la fracción VI que la C. Piñón Reyna hace suya y la Asamblea aprueba
El C. Loreto Hugo Amao propone una modificación a la fracción IX que el C. Eleazar Santiago Cruz no acepta; para aclaraciones hablan los CC. Hugo Amao, Conrado Marines Ortiz y Ramón Cerdio Bado. Se desecha la modificación
El C. Sabino Hernández Téllez propone modificaciones a las fracciones II, VIII y XIV, que el C. Jaime Báez Rodríguez no acepta; para insistir el C. Hernández Téllez. Se desechan las modificaciones
El C. Manuel Rodríguez propone una modificación a la fracción I, que el C. Conrado Marines Ortiz no acepta; nuevamente el C. Manuel Rodríguez. Se desecha la modificación. Se reserva el artículo 4o. con las modificaciones aceptadas y aprobadas
A discusión el Título Segundo, Capítulo I. A debate el artículo 7o. Intervienen, para proponer modificaciones a las fracciones III, IV y VII el C. Gilberto Rincón Gallardo; para una aclaración el C. Carlos Enrique Castillo; para un nuevo texto a la fracción III el C. Luis M Farías; por segunda ocasión el C. Rincón Gallardo. Se desechan las modificaciones del C. Rincón Gallardo y se aprueba la propuesta del C. Luis M. Farías
A discusión el artículo 8o. La C. Cecilia Martha Piñón Reyna propone una modificación que el C. Alicio Rafael Ordoño no acepta; para aclaraciones hablan los CC. Antonio García Villa, Luis M. Farías y el C. Ordoño González. Se desecha la modificación
A debate el artículo 5o. El C. Loreto Hugo Amao González propone una modificación que el C. Alicio Rafael Ordoño González no acepta; para aclaraciones nuevamente los mismos oradores. Se desecha la modificación
El C. Antonio Becerra Gaytán propone una modificación al artículo 9o., y el C. Gerardo Anzueta Lorenzana propone modificar el artículo 11, que el C. Guillermo González Aguado no las acepta; para una aclaración habla el C. Unzueta Lorenzana y para precisar conceptos el C. Conrado Marines Ortiz. Se desechan las modificaciones. Se reservan los artículos para su votación nominal
A discusión el Título Segundo, Capítulo II. El C. Pablo Gómez Alvarez propone modificaciones a los artículos 15, 16 y 17. El C. Loreto Hugo Amao solicita una aclaración en relación al artículo 20. El C. Arturo Salcido Beltrán propone modificaciones a los artículos 12, 13 y 18. El C. Juventino Sánchez
Jiménez propone una modificación al artículo 19. A nombre de las Comisiones el C. Alicio Rafael Ordoño no acepta ninguna modificación; para insistir en sus argumentos el C. Amao González y para aclarar conceptos interviene el C. Enrique Pérez González. Se desechan las modificaciones. Se reservan los artículos para su votación nominal
A debate el Título Tercero, Capítulo I. Proponen modificaciones los siguientes ciudadanos: Ramón Danzós Palomino a los artículos 24, 27 y 28. Pablo Gómez Alvarez y Manuel Terrazas Guerrero al artículo 27. Miguel Martínez Martínez al artículo 25, y Loreto Hugo Amao González a los artículos 26, 27 y 28. Por las Comisiones el C. Eleazar Santiago Cruz no acepta las modificaciones. Para insistir, nuevamente los CC. Danzós Palomino y Amao González. Se desechan las modificaciones. Se reservan los artículos para su votación nominal
A discusión el Título Tercero, Capítulo II. Usan de la palabra, en contra el C. Juan Manuel Elizondo; en pro el C. Amador Hernández González; para alusiones nuevamente el C. Juan Manuel Elizondo; para una modificación al artículo 32 el C. Ramón Danzós Palomino; para modificar el artículo 41 el C. Manuel Rivera del Campo; en pro el C. Rodolfo Fierro Márquez; en contra el C. Lázaro Rubio Félix y Jorge Amador Amador; en pro el C. Enrique Fernández Pérez. Se desechan las modificaciones. Previas mociones de los CC. Pablo Gómez, Manuel Terrazas, Juan Aguilera y Luis M. Farías, el C. Juan Aguilera propone una modificación al artículo 32 y una adición a la fracción III del artículo 41, que el C. Rafael Corrales Ayala acepta la última y rechaza la modificación al artículo 32, que se da por desechada
En Seguida, interviene el C. Manuel Terrazas Guerrero para proponer una adición al artículo 36 y un artículo más que sería el 32 bis. El C. Juan Manuel Elizondo para proponer una supresión al proyecto de Decreto. El C. Pablo Gómez Alvarez para modificar la fracción III del artículo 42. Para una aclaración el C. Rafael Corrales Ayala. El C. Antonio Becerra Gaytán para una adición al artículo 37. El C. Jesús Ortega Martínez, a nombre de la Fracción Parlamentaria del Partido Socialista de los Trabajadores para declinar el uso de la palabra en todos los artículos que habían reservado para su discusión, y finalmente el C. Gerardo Unzueta Lorenzana para modificar el artículo 35
La Asamblea no acepta las modificaciones a los artículos 32, 36, 42 y 35. Se dan por desechadas. Se aprueban después de una moción del C. Luis M. Farías, los artículos 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 41. El Grupo Parlamentario Comunista retira todos los artículos que había reservado para su discusión
El C. Hiram Escudero Alvarez propone se suspenda la discusión y provisionalmente. Previa lectura de los artículos 109 y 111, la Asamblea no admite la proposición y se da por desechada
Para hacer consideraciones sobre la Ley a debate, interviene el C. Martín Tavira Urióstegui. Por su parte el C. Antonio Obregón Padilla a nombre del Grupo Parlamentario de Acción Nacional retira los artículos que habían reservado para su discusión, a excepción del artículo 64
A debate el artículo 64. Usan de la tribuna, para una modificación el C. Rafael Gilberto Morgan, que las Comisiones a través del C. Enrique Pérez González no aceptan; nuevamente los dos oradores. Se desecha la modificación. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Ley de Fomento Agropecuario. Pasa al Senado
DICTAMEN DE PRIMERA LECTURA
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL
Proyecto de Decreto que reforma el artículo 2o. de la Ley que establece bases para la ejecución en México por el Poder Ejecutivo del Convenio Constitutivo de la Asociación Internacional. Se dispensa la lectura. Queda de primera lectura
LEY ORGÁNICA DEL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S. A.
Dictamen que contiene este proyecto de Ley. Se dispensa la lectura. Queda de primera lectura
PROPOSICIÓN
Del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para modificar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 1981. Túrnese a la Comisión que tiene antecedentes
ORDEN DEL DIA
Se da lectura al Orden del Día de la sesión próxima. Se levanta la sesión
DEBATE
PRESIDENCIA DEL C. JOSÉ MURAT
(Asistencia de 303 ciudadanos legisladores.)
APERTURA
- El C. Presidente (a las 11:40 horas): Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
El C. secretario Juan Maldonado Pereda: "Segundo Período Ordinario de Sesiones. LI' Legislatura.
Orden del Día
19 de diciembre de 1980. Lectura del acta de la sesión anterior.
Iniciativas del Ejecutivo
De Reformas y Adiciones a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.
De Reformas a la Ley Sobre el Servicio de Vigilancia de Fondos y Valores de la Federación.
Dictámenes de primera lectura
Siete de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyectos de Decreto por los que se concede permiso a los CC. Isabel Gabriela Nava Molina, José Antonio Alcaraz Vázquez, Nicolás Ramos Rosas, Ana María Ibarra Lango, Gloria Luz Cabrera Enciso, Guadalupe Silvia Torís Rodríguez y Francisco Mondragón Bravo, para prestar servicios de carácter administrativo en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Dictamen a discusión
De las Comisiones Unidas de Agricultura y Recursos Hidráulicos, de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Reforma Agraria con proyecto de Ley de Fomento Agropecuario."
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
- El mismo C. Secretario:
"Acta de la sesión de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Primera Legislatura del H. Congreso de la Unión, efectuada el día dieciocho de diciembre de mil novecientos ochenta.
Presidencia del C. José Murat
En la ciudad de México, a las doce horas y veinticinco minutos del jueves dieciocho de diciembre de mil novecientos ochenta, la Presidencia declara abierta la sesión una vez que la Secretaría manifiesta una asistencia de trescientos dos ciudadanos diputados.
Lectura del Orden del Día.
La Secretaría informa las obvias razones por las que no se da lectura del acta de la sesión anterior que acaba de finalizar.
Se da cuenta con los documentos en cartera:
El Departamento del Distrito Federal suscribe atenta invitación al acto cívico que con motivo del 165 aniversario luctuoso de don José María Morelos y Pavón se llevará a cabo el día 22 de los corrientes, frente al monumento erigido a su memoria en la Plaza de la Ciudadela de esta ciudad capital.
Para asistir a dicho acto con la representación de esta Cámara de Diputados, la Presidencia designa en Comisión a los CC. Manuel Germán Parra Prado, Isabel Vivanco Montalvo y Daniel Mejía Colín.
El C. Jesús González Schmal, a nombre del Grupo Parlamentario Acción Nacional, presenta y da lectura a una Iniciativa de Decreto que adiciona una fracción VI al artículo 254 del Código Penal para el Distrito Federal. Túrnese a la Comisión de Justicia e imprímase.
Las Legislaturas de los Estados de Aguascalientes y Veracruz comunican la elección de sus respectivas mesas Directivas. De enterado.
La H. Cámara de Senadores remite siete Minutas proyectos de Decreto que conceden permiso a los CC. Ramón Monjarás Figueroa, Juan Luis Jiménez Monroy, Martha Cecilia Philippe de De la Barrera, María del Socorro Jahasen de Aragón, Ricardo Franco Guzmán y Jordi Joan Alejandre Castells Rivera, para prestar servicios como empleados en varias Embajadas de Gobiernos Extranjeros, acreditadas en nuestro país. Recibo y a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Cinco dictámenes con proyectos de Decreto que autorizan a los CC. José Jorge Ortiz Jiménez, Manlio Favio Fonseca Sánchez, Enrique Bermúdez Aguayo, Víctor Manuel Luqueño Gutiérrez y Ángel Carlos González y Ruiz Rascón, para prestar servicios como empleados en la Embajada de los Estados Unidos de América, acreditada en México. Primera lectura.
Las Comisiones Unidas de Agricultura y recursos Hidráulicos; de Gobernación y Puntos constitucionales, y de Reforma Agraria, suscriben un dictamen con proyecto de Ley de Fomento Agropecuario, al que el C. Enrique Fernández Pérez da lectura a la exposición de motivos. Queda de primera lectura.
A su vez, el C. Lázaro Rubio Félix a nombre de la Fracción Parlamentaria del Partido Popular Socialista, presenta y da lectura al voto particular emitido en relación con la Iniciativa de Ley de Fomento Agropecuario. Agréguese al dictamen.
La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales emite un dictamen con proyecto de Decreto que autoriza a la C. Irma Lourdes Meléndez Ortiz de Sánchez, para prestar servicios como empleada en el Consulado General Americano en la ciudad de Tijuana, Baja California. Segunda lectura.
A discusión el proyecto de Decreto. El C. Humberto Rodolfo Olguín y Hermida hace uso de la palabra para hacer una aclaración relativa a la redacción del dictamen.
La Secretaría por instrucciones de la Presidencia toma nota de lo expresado por el C. Olguín y Hermida. Se reserva para su votación nominal en conjunto el proyecto de Decreto.
La propia Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales presenta nueve dictámenes con proyectos de Decreto que autorizan a las CC. María Mercedes Bernal Pacheco de Bustamante, Patricia Yamel García Ramos, María Amalia Astiazarán Padilla, María Victoria Espinoza Ortega, Mercedes Muñoz Escudero, María Angélica Méndez Salazar, Ana María Gorriño Díaz de García, María Guadalupe Navarro Quiroz y Blanca Luz Cristina Santuario Pérez, para prestar servicios como empleadas en el Consulado General Americano en la ciudad de Tijuana, Baja California. Segunda lectura.
A discusión en su orden. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación nominal se aprueban los nueve proyectos de Decreto y el anteriormente reservado, por trescientos sesenta y cinco votos en favor, dieciocho en contra y treinta abstenciones. Pasan al Ejecutivo para sus efectos Constitucionales.
La Comisión de Hacienda y Crédito Público signa un dictamen con proyecto de Decreto que reforma las Leyes de Sociedades de Inversión y del Mercado de Valores.
En atención a que este documento ha sido ya impreso y distribuido entre los ciudadanos diputados, la Secretaría consulta a la Asamblea si se dispensa la segunda lectura.
En votación económica, la Asamblea da su aprobación en este sentido.
A discusión en lo general. Sin que motive debate, en votación nominal se aprueba en lo general y los artículos no impugnados en lo particular, por doscientos noventa y cinco votos en favor, siete en contra y dos abstenciones.
A debate el artículo 7o. de la Ley de Mercado de Valores en lo particular.
Hacen uso de la palabra, para proponer una modificación al texto el C. Gumercindo Magaña Negrete; por la Comisión el C. Francisco Javier Gaxiola la acepta; en contra de la proposición usa de la Tribuna, el C. Juan Landerreche Obregón; para insistir en sus argumentos nuevamente los CC. Magaña Negrete, Landerreche Obregón y Francisco Javier Gaxiola.
La Asamblea en votación económica aprueba la modificación del C. Magaña Negrete.
Suficientemente discutido el artículo 7o., en votación nominal se aprueba con la modificación aceptada y aprobada, por doscientos cincuenta y un votos en pro y cuarenta y cuatro en contra.
A discusión el artículo 67 de la Ley del Mercado de Valores.
Intervienen, para aclaraciones el C. Fernando de Jesús Canales Clariond; en contra el C. Pablo Gómez Alvarez; por la Comisión el C. Francisco Javier Gaxiola.
Suficientemente discutido el artículo en votación nominal se aprueba en sus términos por doscientos cincuenta y ocho votos de la afirmativa y veintiocho de la negativa.
A debate el artículo 10 de la Ley de Sociedades de Invensión.
Hacen uso de la Tribuna, el C. Rafael Alonso y Prieto para proponer nueva redacción, que el C. Ángel Buendía Tirado, a nombre de la Comisión acepta; para proponer una modificación el C. Antonio Becerra Gaytán, que la Comisión, a través del C. Juan Diego Castañeda Caballos no acepta.
La Asamblea aprueba la modificación propuesta por el C. Alonso y Prieto.
En votación nominal se aprueba el artículo 10 con la modificación aceptada y aprobada, por doscientos setenta votos en pro y once en contra.
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto que reforma las Leyes de Sociedad de Inversión y del Mercado de Valores. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
Dictamen relativo a la Iniciativa de Ley Reglamentaria de la fracción XVIII del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el Grupo Parlamentario de Acción Nacional.
La Asamblea en votación económica dispensa también la segunda lectura a este documento.
A discusión el dictamen.
Hacen uso de la palabra, en contra el C. Juan de Dios Castro Lozano; en pro el C. Luis Medina Peña; para hechos los CC. Juan de Dios Castro Lozano, Luis Medina Peña, Abel Vicencio Tovar, Amado Tame Shear, Pablo Gómez Alvarez, Lidia Camarena Adame, David Alarcón Zaragoza; en contra el C. Juan Landerreche Obregón y por la Comisión el C. Francisco Javier Gaxiola.
Suficientemente discutido el dictamen y a petición del C. Eugenio Ortiz Walls, se procede a recoger la votación nominal del mismo, resultado aprobado por doscientos cuarenta y dos votos en pro y cuarenta y dos en contra. Archívese el expediente.
A continuación, la Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, da lectura al acta de la sesión anterior.
Con la solicitud del C. Hiram Escudero Alvarez, en el sentido de que se anote en el Acta los puntos de acuerdo que propuso el C. Alejandro Sobarzo Loaiza, se aprueba el Acta en votación económica.
Agotados los asuntos en cartera se da lectura al Orden del Día de la sesión próxima.
El C. Sabino Hernández declina el uso de la palabra y se reserva el derecho de hacerlo en la sesión de mañana.
A las diecisiete horas y cuarenta minutos se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana viernes, a las diez horas."
Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se consulta si se aprueba..... Aprobada, señor Presidente.
VOTO PARTICULAR - El C. Presidente: Haga el favor la Secretaría de leer el voto particular que ha presentado el Grupo Parlamentario Comunista, Coalición de Izquierda.
El C. secretario Juan Maldonado Pereda: Por instrucciones de la Presidencia, esta Secretaría procede a dar lectura al voto particular que presta el Grupo Parlamentario Comunista, Coalición de Izquierda.
C. Presidente de la H. Cámara de Diputados. - Presente.
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 64 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados integrantes del Grupo Parlamentario Comunista (Coalición de Izquierda) solicitamos a usted se sirva poner a consideración de esta Asamblea el siguiente voto particular que sobre el dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, Agricultura y Recursos Hidráulicos y de la Reforma Agraria respecto a la Iniciativa de la Ley de Fomento Agropecuario, enviada por el Presidente de la República a esta H. Cámara de Diputados el 15 de octubre de 1980.
Fundamentamos nuestro voto particular en las siguientes consideraciones:
1. Es evidente que la Iniciativa de Ley de Fomento Agropecuario tiene una importancia trascendental en el desarrollo futuro del sector agropecuario y forestal de nuestro país, pero en especial en el futuro de los ejidos y comunidades. Es precisamente esa importancia que nadie cuestiona, lo que hace que dicha Iniciativa desborde los marcos meramente parlamentarios y se ubique como un asunto de interés nacional. Fue en base a tal consideración que el Grupo Parlamentario Comunista (Coalición de Izquierda) presentó, en conjunto con el Partido Socialista de los Trabajadores, ante las comisiones dictaminadoras una propuesta a efecto de convocar a audiencias públicas sobre la Iniciativa de Ley, posponiendo su discusión en esta Asamblea para un período extraordinario de sesiones. La propuesta fue rechazada con argumentos como el de que de no aprobarse esta Iniciativa "cuanto antes se corría el riesgo de perder el próximo ciclo agrícola".
2. Pero nuestra oposición al dictamen no se deriva sólo de los procedimientos seguidos en su elaboración, obedece antes que nada a que el dictamen de las comisiones ha dado su aprobación a una Iniciativa de Ley contraria a los intereses de los campesinos ejidatarios y comuneros y en general a los intereses del pueblo.
Por nuestra parte, reafirmamos la crítica que el pasado 21 de noviembre expusimos públicamente.
El dictamen presentado por las comisiones no ha eliminado ni una sola de las disposiciones contenidas en la Iniciativa que lesionarían los intereses del campesinado, por lo contrario, en algunos casos los ha agravado y valga de nuevo como ejemplo aquél contra el que se alzaron más voces de protesta compárese el texto original del artículo 32 con el texto aprobado por la diputación priísta en las comisiones y se verá como se fue aún más lejos en la pretensión de asociar a ejidatarios y comuneros con los así llamados "pequeños propietarios". En esta aprobación la diputación del PRI sólo ha contado con el apoyo del Partido Acción Nacional, de los grandes empresarios y de las agrupaciones de los "pequeños propietarios" quienes por escrito manifestaron su más vehemente apoyo a tal medida. Pero no se podrá encontrar una sola carta o documento de apoyo firmado por un ejidatario o por un comunero. Este solo hecho revela ya a quienes beneficia realmente una asociación entre desiguales que para colmo ha sido calificada como "revolucionaria".
Nos oponemos al dictamen porque en él se aprueba una Iniciativa de Ley cuya esencia reaccionaria y contenido burocrático y autoritario representa una agresión a la Reforma Agraria y el régimen ejidal y comunal y un punto más en el proceso de contrareforma agraria seguida por los gobiernos postcardenistas, porque posibilita la mayor penetración del capital privado y de las empresas transnacionales agroalimentarias en el campo mexicano, empuja a ejidatarios y comuneros a una supuesta asociación que las convertirá en asalariadas de los "pequeños propietarios", que en su mayoría son grandes capitalistas agrarios asociados con industriales, comerciantes y banqueros.
3. Utilizando como argumento la importancia de la Iniciativa, la diputación priísta impuso en las Comisiones un ritmo de trabajo a marchas forzadas cuyo único objetivo era elaborar en el menor tiempo posible el dictamen favorable. Así, mientras que el artículo 32 de la Ley ocupó cinco horas de discusión, discusión que entre otras anomalías fue terminada abruptamente mediante el consabido voto de "suficientemente discutido"; la discusión de los artículos 46 y 100 y los tres transitorios, esto es, 57 artículos, se desahogó en 4 horas, lo que significa que a cada artículo se le concedió un promedio de 4 minutos; lo cierto, sin embargo, es que tal velocidad sólo fue posible mediante la utilización del sistema de voto en bloque; esto es, por ejemplo de los artículos 58 al 62 se votaron de conjunto quedando aprobados sin ninguna discusión bajo el argumento de que nadie podía estar en contra de los mismos. Así, sólo se discutieron realmente, aun cuando con un tiempo a todas luces insuficiente, los artículos 46, 47, 55, 56 y 76 en los que los diputados de la CNC propusieron algunos cambios. En síntesis, de 57 artículos aprobados en la última sesión de las Comisiones, antes de la presentación del dictamen final, sólo se discutieron cinco, el resto no mereció siquiera su lectura por parte de la mesa. Sólo nos resta decir, sobre el trabajo realizado por las comisiones, que en ninguna de las seis sesiones realizadas se sometió a discusión la opinión que por diversos medios expresaron
diversas agrupaciones y personas sobre la Iniciativa de Ley, y esta omisión vale tanto para el documento suscrito por la "diputación obrera" del PRI, como para el desplegado del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas. La resolución del Movimiento Nacional Plan de Ayala; la Coalición de Ejidos del Valle del Yaqui y otras organizaciones que rechazaron totalmente la Iniciativa.
4. Como resultado de la premura con que se discutió la Iniciativa de Ley, los cambios efectuados en ciertos artículos agravaron los aspectos negativos que ya contenía el texto original, el caso más notorio se dio en el artículo 32 en donde después de cinco horas de propuestas y contrapropuestas, los diputados del PRI votaron a favor de un texto del que sólo después de la votación la mesa explícito qué era lo que se había aprobado. Por todo lo anterior sometemos a consideración de esta Asamblea el siguiente voto particular.
Artículo 1o. Se rechaza el dictamen que sobre la Iniciativa de Ley de Fomento Agropecuario presentada por el C. Presidente de la República a la H. Cámara de Diputados han rendido las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, de Agricultura y Recursos Hidráulicos y de la Reforma Agraria, ante esta Asamblea.
Artículo 2o. Túrnese la Iniciativa de Ley de Fomento Agropecuario tal y como fue presentada por el Ejecutivo Federal, a las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, de Agricultura y Recursos Hidráulicos y de la Reforma Agraria, a fin de que éstas elaboren un nuevo dictamen, convocando previamente y para tal fin a audiencias públicas sobre las bases que las propias Comisiones Unidas determinen.
Grupo Parlamentario Comunista (Coalición de Izquierda).
Diputado Ramón Danzós Palomino.
Salón de sesiones de la H. Cámara de Diputados. México, D. F., a 18 de diciembre de 1980."
El C. Presidente: Agréguese al dictamen.
INICIATIVA DEL EJECUTIVO
LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO FEDERAL
"Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Poder Ejecutivo Federal. - México, D. F. - Secretaría de Gobernación.
CC. secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Presentes.
Por instrucciones del C. Presidente de la República y para los efectos constitucionales, en el presente les envío Iniciativa de Reformas y Adiciones a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, documento que el propio Primer Magistrado de la Nación somete a la consideración del H. Congreso de la Unión por el digno conducto de ustedes.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección. México, D. F., a 18 de diciembre de 1980. El secretario.
Profesor Enrique Olivares Santana."
"CC. secretarios de la Cámara de Diputados al H. Congreso de la Unión. Presentes.
La reorganización de la administración pública que tuvo lugar con la expedición de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se orientó, como todo el proceso de reforma administrativa del sector público federal, a la consecución de los propósitos fundamentales, de obtener mayor eficiencia en el ejercicio de la función pública, evitar la duplicación de funciones y la multiplicidad de mecanismos y criterios sobre las mismas actividades; propiciando así, que las responsabilidades encomendadas al Ejecutivo Federal se realizaran, cada vez más, de manera congruente y oportuna.
Pero tal proceso de reforma administrativa exige una revisión permanente respecto de sus instituciones y resultados, de manera que sus alcances puedan quedar garantizados por cuanto a su continuidad y se promuevan, al mismo tiempo, los ajustes y adecuaciones cuya necesidad determina la evolución del propio proceso.
La Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, hizo necesaria la implantación de diversas estrategias que aseguran el logro, tanto de su principal objetivo, en el sentido de modernizar la administración del gasto público, como la aplicación adecuada de sus políticas principales de liberalización y corresponsabilidad en su ejercicio.
Así, en el campo de lo normativo, la regulación del manejo del gasto debe contener unidad, congruencia y claridad, por cuanto hace al sistema de control y vigilancia de su ejercicio y no solamente de su programación y presupuestación, permitiendo de esta manera que el sistema observe una adecuada integración. En efecto, la fiscalización del gasto público federal, constituye una fase fundamental en el sistema de administración del gasto, porque produce la información y elementos indispensables para evaluar la consecución de metas y la obtención de resultados y para retroalimentar al propio proceso en sus fases de programación y presupuestación.
En estas condiciones, las funciones y procedimientos de inspección y verificación determinan la necesidad de uniformar y ordenar las normas, que en diversos ordenamientos legales apoyan el ejercicio de las atribuciones correlativas; tal es el caso de las tareas relativas al fincamiento de responsabilidades derivadas del manejo del gasto público, a que aluden las leyes Orgánica de la Administración Pública Federal, de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal; de Ingresos de la Federación, y del Servicio de Vigilancia de Fondos y Valores.
Todo lo anterior, ha llevado al Ejecutivo Federal a considerar la conveniencia de adecuar las disposiciones que regulan tales tareas, en la Ley de la materia. En consecuencia, proponemos ahora a vuestra Soberanía, reformas a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, que tiendan a mejorar la administración del gasto público y coadyuven, al mismo tiempo, a garantizar honestidad y mayor eficiencia en su ejercicio y en la aplicación de los recursos relativos.
La Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, en su artículo 44, ordena el establecimiento de órganos de auditoría interna en las dependencias del Ejecutivo y en el Departamento del Distrito Federal, que tienen como responsabilidad la de cumplir con los programas mínimos que fije la Secretaría de Programación y Presupuesto. Dichos órganos constituyen un efectivo apoyo de administración para los titulares respectivos, en la verificación de la aplicación de los recursos presupuestados y coadyuven al mejor conocimiento de la gestión. Por ello, se ha estimado conveniente que tales órganos se establezcan, también, en las entidades de la administración pública paraestatal, con excepción de aquéllas en las que por la naturaleza de sus funciones o por la magnitud de sus operaciones, no se justifiquen tales unidades.
Esta decisión apoyará el desarrollo de las actividades de autocontrol a nivel de cada dependencia y entidad, y permitirá que se proporcionen los elementos de juicio necesarios para conocer la efectividad en el cumplimiento de las metas y objetivos fijados; la eficiencia con la que se han administrado los recursos, y la confiabilidad de la información financiera producida. Se propone que estos órganos dependan del titular de la dependencia o entidad, a fin de que las actividades relativas puedan desarrollarse en todos los niveles de la organización administrativa y cuenten con la suficiente independencia de acción, inherente a las propias actividades.
En lo relativo al Capítulo V de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, que regula la materia de Responsabilidades, se hace necesario precisar la autoridad facultada para su constitución, la intervención que pueda corresponder a otras dependencias del Ejecutivo, en apoyo de la función, y la participación de los coordinadores en relación con las entidades paraestatales agrupadas en sus respectivos sectores. Con ello se busca que la fiscalización de la Administración Pública Federal, se realice en forma integral.
Para lograr lo anterior se propone como reforma que se precise que la Secretaría de Programación y Presupuesto es la única competente para constituir de manera definitiva las responsabilidades, quedando comprendidas entre éstas de manera expresa, las que afecten el patrimonio de las entidades de la administración pública paraestatal, pues aun cuando tienen personalidad jurídica y patrimonio propio, éste se compone preponderantemente con inversiones del Gobierno Federal, independientemente de que estén o no comprendidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación, sin que la consideración anterior las exima de la aplicación de otros ordenamientos legales.
A fin de lograr la congruencia con la descentralización de la contabilidad de la Federación en cada una de las entidades, se da competencia a éstas para que con motivo de su glosa, levanten pliegos preventivos de responsabilidades. Igual atribución se otorga a los coordinadores de sector y se respeta la de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los términos de la Ley sobre el Servicio de Vigilancia de Fondos y Valores de la Federación y su Reglamento, además de lograrse la concordancia respectiva con la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda.
Otros aspectos que se consideró necesario establecer para fortalecer la fundamentación y motivación de responsabilidades fueron, por una parte, definir la calidad de los sujetos responsables, por lo que la reforma contempla al responsable directo, al subsidiario y al solidario, en relación con su intervención en la irregularidad que origine el daño o perjuicio y por otra, que estos últimos queden precautoriamente garantizados en protección de los intereses patrimoniales afectados, que son de indudable interés público.
Con el objeto de que exista base legal para la aplicación del procedimiento de ejecución a los funcionarios y demás personal de la administración pública, el monto de la responsabilidad se asimila a un crédito fiscal.
Finalmente, y con el objeto de evitar rezagos en la constitución definitiva de responsabilidades, el supuesto de las correcciones disciplinarias que prevé la Ley, se hace extensivo a los funcionarios y empleados de la Secretaría de Programación y Presupuesto encargados de aplicar las disposiciones reglamentarias del Capítulo V de la Ley, cuando no cumplan con sus obligaciones.
En virtud de lo anterior y con fundamento en lo que dispone la fracción I del artículo 71 Constitucional, por el digno conducto de ustedes, someto a la consideración del H. Congreso de la Unión la siguiente
INICIATIVA DE REFORMAS Y ADICIONES A LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO FEDERAL
Artículo único. Se reforman y adicionan los artículos 44, 45, 46 y 48 que pasará a ser 49, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal; se adiciona a la propia Ley el artículo 47, y se recorren, en su orden, los actuales artículos 47, 48 y 49, pasando a ser 48, 49 y 50, respectivamente, para quedar como sigue:
Artículo 44. En las dependencias del Ejecutivo Federal, en el Departamento del Distrito Federal y en las entidades de la administración pública paraestatal se establecerán órganos de auditoría interna, que dependerán del titular respectivo y cumplirán los programas mínimos
que fije la Secretaría de Programación y Presupuesto.
El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto, podrá acordar que no se establezcan dichos órganos, en aquellas entidades paraestatales que por la naturaleza de sus funciones o por la magnitud de sus operaciones, no se justifiquen.'
'Artículo 45. La Secretaría de Programación y Presupuesto, dictará las medidas administrativas sobre las responsabilidades que afecten a la Hacienda Pública Federal, a la del Departamento del Distrito Federal y al patrimonio de las entidades de la administración pública paraestatal, derivadas del incumplimiento de las disposiciones contenidas en esta Ley y de las que se hayan expedido con base en ella, y que se conozcan a través de:
I. Visitas, auditorías o investigaciones que realice la propia Secretaría;
II. Pliegos Preventivos que levanten:
a) Las entidades, con motivo de la glosa que de su propia contabilidad hagan;
b) Las Secretarías de Estado y Departamentos Administrativos, en relación con las operaciones de las entidades paraestatales agrupadas en su sector, y
c) La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y otras autoridades competentes, y
III. Pliegos de observaciones que emita la Contaduría Mayor de Hacienda en los términos de su Ley Orgánica.'
'Artículo 46. Los funcionarios y demás personal de las entidades a que se refiere el artículo 2o. de esta Ley, serán responsables de cualquier daño o perjuicio estimable en dinero que sufran la Hacienda Pública Federal, la del Departamento del Distrito Federal o el patrimonio de cualquier entidad de la administración pública paraestatal por actos u omisiones que les sean imputables, o bien por incumplimiento o inobservancia de obligaciones derivadas de esta Ley, inherentes a su cargo o relacionadas con su función o actuación.
Las responsabilidades se constituirán en primer término a las personas que directamente hayan ejecutado los actos o incurran en las omisiones que las originaron y, subsidiariamente, a los funcionarios y demás personal que, por la índole de sus funciones, hayan omitido la revisión o autorizado tales actos por causas que impliquen dolo, culpa o negligencia por parte de los mismos.
Serán responsables solidarios con los funcionarios y demás personal de las entidades, los particulares en los casos en que hayan participado y originen una responsabilidad.
'Los responsables garantizarán a través de embargo precautorio y en forma individual el importe de los pliegos preventivos a que se refiere el artículo anterior, en tanto la Secretaría de Programación y Presupuesto determina la responsabilidad.'
'Artículo 47. Las responsabilidades que se constituyan tendrán por objeto indemnizar por los daños o perjuicios que ocasionen a la Hacienda Pública Federal y a la del Departamento del Distrito Federal, o a las entidades de la administración pública paraestatal, las que tendrán el carácter de créditos fiscales y se fijarán por la Secretaría de Programación y Presupuesto en cantidad líquida, misma que se exigirá se cubra desde luego, sin perjuicio de que, en su caso, la Tesorería de la Federación o la Tesorería del Departamento del Distrito Federal, las hagan efectivas a través del procedimiento de ejecución respectivo.'
'Artículo 48. La Secretaría de Programación y Presupuesto podrá dispensar...
'La Secretaría de Programación y Presupuesto podrá cancelar...'
'Artículo 49. La Secretaría de Programación y Presupuesto podrá imponer...
'I. .....
'II. .....
'La multa a que se refiere...
'Iguales medidas impondrá la propia Secretaría a sus funcionarios y empleados cuando no apliquen las disposiciones a que se refiere este Capítulo o las reglamentarias que se deriven del mismo.
'Las correcciones disciplinarias.'
'Artículo 50. Las responsabilidades a que se refiere esta Ley.
TRANSITORIOS
Primero. Este Decreto entrará en vigor el 1o. de enero de 1981.
Segundo. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección. Ciudad de México, a 18 de diciembre de 1980.
El Presidente de la República, José López Portillo."
El C. Presidente: En atención a que este documento ha sido ya impreso y distribuido entre los CC. diputados, ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura y se turna desde luego a Comisión.
El C. secretario Juan Maldonado Pereda: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se dispensa la lectura a la Iniciativa y se turna desde luego a Comisión
Los CC. diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura.
- Trámite: Recibo y a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública e imprímase.
LEY SOBRE EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y VALORES DE LA FEDERACIÓN
"Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Poder Ejecutivo Federal. - México D. F. - Secretaría de Gobernación.
CC. secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Presentes.
Con el presente envío a ustedes, por instrucciones del C. Presidente de la República y para los efectos constitucionales, Iniciativa de Reformas a la Ley Sobre el Servicio de Vigilancia de Fondos y Valores de la Federación.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D. F., a 18 de diciembre de 1980.
- El secretario, profesor Enrique Olivares Santana."
"CC. secretarios de la H. Cámara de Diputados. Presentes.
El Ejecutivo de mi cargo, con fundamento en los artículos 71, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el digno conducto de ustedes, somete a la consideración del H. Congreso de la Unión la presente Iniciativa que Reforma, Adiciona y Deroga Disposiciones de la Ley Sobre el Servicio de Vigilancia de Fondos y Valores de la Federación.
La reorganización de la Administración Pública Federal y la necesidad de administrar más adecuadamente los recursos financieros asignados por la Federación, requieren de la creación de nuevos mecanismos de control en el manejo de los fondos y valores públicos.
Por ello resulta conveniente perfeccionar los instrumentos administrativos y técnicos que permitan coordinar e intensificar la labor fiscalizadora del Gobierno Federal, auxiliándose para ello de la eficaz labor de los coordinadores de sector.
Con motivo de la desaparición de la Contaduría de la Federación, de la descentralización de la contabilidad en el manejo de los recursos financieros asignados a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y del establecimiento del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, se hace necesario modernizar los sistemas internos de control en el manejo de los fondos y valores federales y adecuar los ordenamientos jurídicos respectivos.
'Artículo 3o.
XI. Formular pliegos de observaciones y pliegos preventivos de responsabilidades.
XII. Coadyuvar con la Secretaría de Programación y Presupuesto o con las dependencias y departamentos administrativos designados como coordinadores de sector, cuando soliciten el auxilio del servicio de vigilancia de fondos y valores de la Federación.'
'Artículo 18.
I. .....
II. (Se deroga.)
III. (Se deroga.)
IV. (Se deroga.)
Artículo 20. (Se deroga.)'
'Artículo 21. (Se deroga.)'
'Artículo 22. (Se deroga.)'
'Artículo 39. .....
En esta Iniciativa se propone precisar con claridad, tomando como base lo dispuesto por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el campo de fiscalización que le corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el manejo de los fondos y valores de o al cuidado del Gobierno Federal, de tal manera que quede en concordancia con las facultades de la Secretaría de Programación y Presupuesto para efectos de la confirmación de las responsabilidades que en el manejo de fondos se determinen.
Por lo antes expuesto, me permito someter, por el digno conducto de ustedes, a la consideración de esa H. Cámara de Diputados, la siguiente Iniciativa que
REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DISPOSICIONES DE LA LEY SOBRE EL SERVICIO DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES DE LA FEDERACIÓN
Artículo único. Se reforman los artículos 39, fracción I y 46, fracción I, se adiciona el artículo 3o. con las fracciones XI y XII, y se derogan los artículos 18 en sus fracciones II, III y IV, 20, 21 y 22 de la Ley sobre el Servicio de Vigilancia de Fondos y Valores de la Federación, para quedar como sigue:
I. Si se trata de responsabilidades derivadas de la recaudación, manejo, custodia o administración de fondos y valores, una vez formado el expediente, se turnará a la Secretaría de Programación y Presupuesto para su confirmación.
.....'
'Artículo 46. .....
I. Si es sobrante, ordenará su registro en la contabilidad haciendo del conocimiento de la Tesorería de la Federación, para que se recabe resolución de la Secretaría de Programación y Presupuesto, y
.....'
TRANSITORIO
Unico. El presente Decreto entrará en vigor el día 1o. de enero de 1981. Ruego a ustedes, CC. secretarios, se sirvan dar cuenta de esta Iniciativa a la H. Cámara de Diputados para los efectos constitucionales correspondientes.
México, D. F., a 18 de diciembre de 1980.
El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, José López Portillo."
El C. Presidente: En atención a que este documento ha sido ya impreso y distribuido entre los CC. diputados, ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura y se turna desde luego a Comisión.
El C. secretario Juan Maldonado Pereda: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se dispensa la lectura a la Iniciativa y se turna desde luego a Comisión.
Los CC. diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura.
- Trámite: Recibo y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público e imprímase.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
- El mismo C. secretario:
"Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea:
En oficio fechado el 29 de agosto del presente año, la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Isabel Gabriela Nava Molina, pueda prestar servicios como secretaria en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, el 12 de septiembre, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que la peticionaria acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que la propia interesada prestará en la Embajada de los Estados Unidos de América en México, serán como secretaria, y
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del Apartado B), del Artículo 37 Constitucional.
Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana Isabel Gabriela Nava Molina, para prestar servicios como secretaria en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. México, D. F., a 15 de septiembre de 1980. - Presidente Luis M. Farías. - Secretario, Antonio Huitrón Huitrón. - Rafael Corrales Ayala. - Francisco Javier Gaxiola Ochoa. - Guillermo Medina de los Santos. - Eduardo Anselmo Rosas González. - Ignacio Vázquez Torres. - Enrique Sánchez Silva. - Raúl Pineda Pineda. - Humberto Lira Mora. - Pedro Joaquín Coldwell. - Eduardo Aviña Bátiz. - Luis Octavio Porte Petit Moreno. - Juan Manuel Elizondo. - Gilberto Rincón Gallardo. - Ezequiel Rodríguez Arcos. - Abel Vicencio Tovar R. - Juan Landerreche Obregón. - Juan Aguilera Azpeitia. - Antonio Gómez Velazco. - Rafael Ibarra Chacón."
- Trámite: Primera lectura.
- El mismo C. Secretario:
"Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea:
En oficio fechado el 22 de agosto del presente año, la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano José Antonio Alcaraz Vázquez, pueda prestar servicios como ayudante de embarques, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, el 12 de septiembre, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento.
b) Que los servicios que el propio interesado prestará en la Embajada de los Estados Unidos de América en México, serán como ayudante de embarques, y
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del Apartado B), del Artículo 37 Constitucional.
Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano José Antonio Alcaraz Vázquez, para prestar servicios como ayudante de embarques, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. México, D. F., a 15 de septiembre de 1980. - Presidente Luis M. Farías. - Secretario, Antonio Huitrón Huitrón. - Rafael Corrales Ayala. - Francisco Javier Gaxiola Ochoa. - Guillermo Medina de los Santos. - Eduardo Anselmo Rosas González. - Ignacio Vázquez Torres. - Enrique Sánchez Silva. - Raúl Pineda Pineda. - Humberto Lira Mora. - Pedro Joaquín Coldwell. - Eduardo Aviña Bátiz. - Luis Octavio Porte Petit Moreno. - Juan Manuel Elizondo. - Gilberto Rincón Gallardo. - Ezequiel Rodríguez Arcos. - Abel Vicencio Tovar R. - Juan Landerreche Obregón. - Juan Aguilera Azpeitia. - Antonio Gómez Velazco. - Rafael Ibarra Chacón."
- Trámite: Primera lectura.
- El mismo C. Secretario:
"Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea:
En oficio fechado el 29 de agosto del presente año, la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Nicolás Ramos Rosas, pueda prestar servicios como chofer en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, el 12 de septiembre, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento.
b) Que los servicios que el propio interesado prestará en la Embajada de los Estados Unidos de América en México, serán como chofer, y
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del Apartado B), del Artículo 37 Constitucional.
Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Nicolás Ramos Rosas, para prestar servicios como chofer en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. México, D. F., a 15 de septiembre de 1980. - Presidente Luis M. Farías. - Antonio Huitrón Huitrón. - Rafael Corrales Ayala. - Francisco Javier Gaxiola Ochoa. - Guillermo Medina de los Santos. - Eduardo Anselmo Rosas González. - Ignacio Vázquez Torres. - Enrique Sánchez Silva. - Raúl Pineda Pineda. - Humberto Lira Mora. - Pedro Joaquín Coldwell. - Eduardo Aviña Bátiz. - Luis Octavio Porte Petit Moreno. - Juan Manuel Elizondo. - Gilberto Rincón Gallardo. - Ezequiel Rodríguez Arcos. - Abel Vicencio Tovar R. - Juan Landerreche Obregón. - Juan Aguilera Azpeitia. - Antonio Gómez Velazco. - Rafael Ibarra Chacón."
- Trámite: Primera lectura.
- El mismo C. Secretario:
"Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea:
En oficio fechado el 26 de agosto próximo pasado, la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Ana María Ibarra Lango, pueda prestar servicios como asistente consular en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
En sesión efectuada por la Cámara de diputados del H. Congreso de la Unión, el 11 de septiembre, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que la peticionaria acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que el propio interesado prestará en la Embajada de los Estados Unidos de América en México, serán como asistente consular, y
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del Apartado B), del Artículo 37 Constitucional.
Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana Ana María Ibarra Lango, para prestar servicios como asistente consular en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. - México, D. F., a 12 de septiembre de 1980. - Presidente, Luis M. Farás. Secretario, Antonio Huitrón Huitrón. - Rafael Corrales Ayala. - Francisco Javier Gaxiola Ochoa.-Guillermo Medina de los Santos. - Eduardo Anselmo Rosas González. - Ignacio Vázquez Torres. - Enrique Sánchez Silva. - Raúl Pineda Pineda. - Humberto Lira Mora. - Pedro Joaquín Coldwell. - Eduardo Aviña Bátiz.-Luis Octavio Porte Petit Moreno. - Juan Manuel Elizondo C. - Gilberto Rincón Gallardo. - Ezequiel Rodríguez Arcos. - Abel Vicencio Tovar R. - Juan Landerreche Obregón. - Juan Aguilera Azpeitia. - Antonio Gómez Velazco.-Rafael Ibarra Chacón."
- Trámite: Primera lectura.
- El mismo C. Secretario:
"Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea:
En oficio fechado el 26 de agosto próximo pasado, la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Gloria Luz Cabrera Enciso, pueda prestar servicio como asistente consular en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, el 11 de septiembre, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que la peticionaria acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que la propia interesada prestará en la Embajada de los Estados Unidos de América en México, serán como Asistente Consular;
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado B) del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana Gloria Luz Cabrera Enciso, para prestar servicios como asistente consular en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.- México, D. F., a 12 de septiembre de 1980. - Presidente, Luis M. Farías.- Secretario, Antonio Huitrón Huitrón. - Rafael Corrales Ayala. - Francisco Javier Gaxiola Ochoa. - Guillermo Medina de los Santos. - Eduardo Anselmo Rosas González .- Ignacio Vázquez Torres. - Enrique Sánchez Silva. - Raúl Pineda Pineda.- Humberto Lira Mora. - Pedro Joaquín Coldwell. - Eduardo Aviña Bátiz. - Luis Octavio Porte Petit Moreno. - Juan Manuel Elizondo C. - Gilberto Rincón Gallardo.- Ezequiel Rodríguez Arcos. - Abel Vicencio Tovar R. - Juan Landerreche Obregón.- Juan Aguilera Azpeitia. - Antonio Gómez Velazco. - Rafael Ibarra Chacón."
- Trámite: Primera Lectura.
- El mismo C. Secretario:
"Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea:
En escrito fechado el 26 de agosto del año en curso la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la Gobernación , solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Guadalupe Silva Torís Rodríguez pueda prestar servicios como asistente administrativo en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión el día 11 de septiembre, se turnó a la Comisión que suscribe para su estudio y dictamen el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que la peticionaria acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que la interesada prestará en la Embajada de los Estados Unidos de América, serán como asistente administrativo;
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del Apartado B) del Artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea , el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana Silvia Torís Rodríguez para prestar servicios como asistente administrativo, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.- México D. F., a 12 de septiembre de 1980. - Presidente, Luis M. Farías.- Secretario, Antonio Huitrón Huitrón. - Rafael Corrales Ayala. - Francisco Javier Gaxiola Ochoa. - Guillermo Medina de los Santos. - Eduardo Anselmo Rosas González .- Ignacio Vázquez Torres. - Enrique Sánchez Silva. - Raúl Pineda Pineda.- Humberto Lira Mora. - Pedro Joaquín Coldwell. - Eduardo Aviña Bátiz. - Luis Octavio Porte Petit Moreno. - Juan Manuel Elizondo C. - Gilberto Rincón Gallardo.- Ezequiel Rodríguez Arcos. - Abel Vicencio Tovar R. - Juan Landerreche Obregón.- Juan Aguilera Azpeitia. - Antonio Gómez Velazco. - Rafael Ibarra Chacón."
Trámite: Primera lectura.
- El mismo C. Secretario:
"Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea:
En oficio fechado el 29 de agosto del presente año, la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Francisco Mondragón Bravo pueda prestar servicios como mecánico en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, el 12 de septiembre, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento.
b) Que los servicios que el propio interesado prestará en la Embajada de los Estados Unidos de América en México, serán como mecánico.
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado B) del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Francisco Mondragón Bravo, para prestar servicios como mecánico en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.- México, D.F., a 15 de septiembre de 1980. - Presidente,
Luis M. Farías. - Secretario, Antonio Huitrón Huitrón. - Rafael Corrales Ayala.- Francisco Javier Gaxiola Ochoa. - Guillermo Medina de los Santos. - Eduardo Anselmo Rosas González. - Ignacio Vázquez Torres. - Enrique Sánchez Silva. - Raúl Pineda Pineda. - Humberto Lira Mora. - Pedro Joaquín Coldwell. - Eduardo Aviña Bátiz.- Luis Octavio Porte Petit Moreno. - Juan Manuel Elizondo C. - Gilberto Rincón Gallardo. - Ezequiel Rodríguez Arcos. - Abel Vicencio Tovar R. - Juan Landerreche Obregón, - Juan Aguilera Azpeitia. - Antonio Gómez Velazco. - Rafael Ibarra Chacón."
- Trámite: Primera lectura.
DICTAMEN A DISCUSIÓN
LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO
Comisiones Unidas de Agricultura y Recursos Hidráulicos, Gobernación y Puntos Constitucionales y Reforma Agraria.
Honorable Asamblea:
Con fundamento en la Fracción I del Artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ejecutivo Federal envió a ésta Cámara de Diputados, la Iniciativa de "Ley de Fomento Agropecuario", misma que fue turnada para su estudio y dictamen de las Comisiones Unidas de Agricultura y Recursos Hidráulicos, Gobernación y Puntos Constitucionales y Reforma Agraria.En tal virtud, con fundamento en los artículos 60, 63, 87, 88, 95 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso y 66 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de las citadas comisiones, presentan a consideración de esta Soberanía el siguiente dictamen.
La constante histórica de nuestro país ha tenido como denominador común el invariable afán de afirmativos como nación, determinando democráticamente la forma y características de nuestra organización política; el empeño demostrado en el devenir histórico por preservar por encima de todos los valores, la libertad, como condición indispensable para el desarrollo y aportación de la potencialidad humana, y, el concepto integral de la libertad que involucra los principios de justicia social, entendida ésta como la participación equitativa de todos en la riqueza nacional.
En el transcurso hacia un desarrollo social, pleno, afrontamos los problemas derivados de un país que respete la libertad y la dignidad humana. Hoy somos cerca de 70 millones quienes habitamos el Territorio Nacional; hoy muchos mexicanos tienen acceso en mayor proporción a los satisfactores básicos, lo que ha puesto ha prueba nuestra capacidad organizativa, para responder a lo que el régimen revolucionario que gobierna este país, señaló como prioridad, la producción alimentaria que debe llegar por igual a todos los mexicanos sin excepción y que ha constituido premisa mayor en la acción del gobierno revolucionario del Presidente José López Portillo.
La Iniciativa de Ley de Fomento Agropecuario, guarda congruencia con los postulados revolucionarios y se inscribe incuestionablemente en las aspiraciones de justicia que recogió el Artículo 27 Constitucional. El proyecto presidencial responde a una necesidad real cuya solución es inaplazable: incrementar la producción, desde la perspectiva que determina el Artículo 27 Constitucional, al sujetar toda forma de tenencia al interés colectivo.
Corresponde la iniciativa al compromiso que el Ejecutivo Federal se impuso el 1o. de diciembre de 1976, al sellarse un pacto popular de alianza nacionalista para rescatar con fórmulas permanentes a los campesinos de la marginación social que aún padecen. Es pues, la iniciativa un acto consecuente con lo anunciado hace poco más de cuatro años por el Presidente.
Somos un país cuya riqueza petrolera la coloca dentro de los cinco primeros lugares del mundo. Los recursos que se obtengan de la explotación de los hidrocarburos han de permitir, en corto plazo, sembrar infraestructura en el campo que nos permita suficiencia alimentaria para la subsistencia que hoy reclama y que en mayor medida demanda nuestro desarrollo inmediato.
Lo no renovable se traducirá en renovable y se avanzará substancialmente en incorporar a los hombres del campo a niveles en armonía con el resto de los sectores de la población.
De la exposición de motivos, y de la estructura normativa de la iniciativa se desprenden avances fundamentales que contiene el proyecto, destacan entre otros los siguientes: a) La planificación del desarrollo del sector y en particular la realización de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo Agropecuario y Forestal; b) La delimitación de los distritos de temporal y la integración de las unidades de producción; c) La acción solidaria del Gobierno Federal con los productores de temporal en el riesgo compartido; d) El reagrupamiento y la preservación de la pequeña propiedad agrícola para evitar la pulverización de la tierra; e) El aprovechamiento y la declaración de las tierras ociosas; f) El carácter participativo y voluntario de los productores agrícolas en las acciones implementadas. Las comisiones subrayan que estos y otros lineamientos del proyecto se encuentran condicionadas por una premisa general que domina en su texto: alcanzar los máximos de la potencialidad de las tierras agrícolas, pecuarias o forestales y su adecuado aprovechamiento, con una finalidad eminentemente social que consiste en que el Estado Mexicano propicie vías eficientes para cubrir la deuda que todos tenemos con los campesinos de México, principales actores y sujetos del movimiento social revolucionario y que en esta etapa de la vida nacional se hace tangible con las acciones que
en materia de política agraria emprende el Ejecutivo.
Fundada y motivada constitucionalmente en el párrafo tercero del artículo 27 de la Ley Fundamental del País, la iniciativa que se estudia, en su estructura jurídica y particularmente en el Título Primero denominado "Disposiciones Generales", establece tres supuestos básicos que conforman el marco jurídico inicial del proyecto. Primero, el relativo al fomento de la producción agropecuaria para satisfacer las necesidades nacionales y elevar las condiciones de vida en el campo, segundo el carácter federal y de orden público e interés social de sus disposiciones; y el tercero que vendrá a ampliar considerablemente la frontera agrícola a través de nuevas áreas incorporadas a la producción y que hasta hoy por ser tierras de agostadero no obstante su aptitud agrícola se destinan a otros fines.
Congruente con estos planteamientos de origen, resalta en la Iniciativa en el Título Segundo, la manifiesta preocupación del Presidente, por consolidar un Sistema Nacional de Planeación del Sector Agropecuario. Estas comisiones reconocen que los esfuerzos para racionalizar y optimizar las actividades agrícolas, impulsadas por la administración pública, se han traducido en una alianza popular, nacional y democrática para la producción, convocada por el Presidente y que permiten conciliar los objetivos nacionales de desarrollo y justicia con las demandas específicas de los diversos sectores de la economía; que constituyen además un conjunto de acciones de coherencia y solidaridad que fortalece y complementa con una nueva acción racional: El Sistema Alimentario Mexicano, que propone fundamentalmente reorientar la estructura y producción agropecuaria, en particular de bienes básicos, con la finalidad de lograr la autosuficiencia en la alimentación nacional. La Alianza para la Producción y el Sistema Alimentario Mexicano son estrategias vitales para el desarrollo del campo, y antecedentes inmediatos de la Iniciativa de Ley de Fomento Agropecuario.
Con el carácter participativo y democrático el Plan de Desarrollo Agropecuario y Forestal, a que se refiere la iniciativa, contiene disposiciones relativas a metas específicas de producción y otras de promoción, inversión y fomento. Para el cumplimiento del plan, se diseñan con acierto, en la iniciativa, programas normales y especiales con el fin específico de incrementar la productividad, así como aquellos llamados de contingencia, para corregir faltantes de los productos básicos destinados a satisfacer exigencias populares. Suma importancia adquiere la obligatoriedad del plan y su ejecución para el Sector Público Federal y la posibilidad que se concerten con los Estados de la Federación, cuando así se acuerde y se induzca en los sectores social y privado.
Siendo como lo es la mayor parte de las superficies productivas del país de temporal y que éstas deben aprovecharse al máximo para aumentar la producción de alimentos básicos, en el Título Tercero Capítulo Primero de la Iniciativa, se faculta acertadamente a la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos para delimitar los distritos de temporal, en áreas del territorio nacional, que en cada caso se determinen, las cuales, comprenderán zonas con características ecológicas, y, socioeconómicas homogéneas en las que se realicen actividades agropecuarias en condiciones de temporal, facultad que, complementándose con la creación de unidades técnico - administrativas, permitirán la acción concreta y directa de todas las dependencias del Ejecutivo Federal, así como de las entidades paraestatales relacionadas con el agro.
Cumple el Ejecutivo Federal con otro de los trascendentes propósitos de su política agraria al proponer en la Iniciativa de Ley que se analiza, la creación de las unidades de producción. Reiteradamente el Presidente ha expresado la necesidad urgente de la organización en el agro mediante la asociación de ejidos y comunidades con pequeños propietarios dentro del más escrupuloso respeto a la naturaleza jurídica del sistema de tenencia de la tierra; ideas que se encuentran inscritas en la filosofía política de su gobierno y que están acordes con la realidad del campo mexicano. Con clara visión entiende el Ejecutivo Federal que la justicia en el campo exige la organización de sus productores en las distintas etapas, tanto para producir como para comercializar; que deben incrementarse los esfuerzos en la organización de la producción agrícola sin seguir un mismo patrón en toda la República; que es necesario incrementar las unidades de producción. Sobre todo el propio Ejecutivo advierte: "no nos haga caer en el grave riesgo de la simulación ni propiciar nuevas formas de concentración de la riqueza, castigando a la Revolución Mexicana en el punto en que más pura debe mantenerse: La justicia en el campo, la justicia a nuestros campesinos".
Las Comisiones Unidas de Agricultura y Recursos Hidráulicos, Gobernación y Puntos Constitucionales y Reforma Agraria, subrayan el extraordinario avance que representa para la organización de la clase campesina, la integración de las unidades de producción que el capítulo Segundo del Título Tercero del proyecto se establecen. Estas unidades de producción se constituyen mediante acuerdo voluntario que celebren los ejidos o comunidades con pequeños propietarios con la finalidad de instaurar sistemas conjuntos de trabajo en los que por imperativo contenido con la iniciativa, los ejidatarios o comuneros en su caso participarán invariablemente en forma personal y directa en los trabajos.
Como puede advertirse, estas formas de organización voluntaria, denominadas unidades de producción con capacidad jurídica para realizar actos o contratos para alcanzar sus propósitos, se regulan ampliamente en el cuerpo normativo que se examina y cuya validez está condicionada al registro y aprobación de la Secretaría de Agricultura y Recursos
Hidráulicos en coordinación con la Reforma Agraría, no se encuentran sometidas a una determinada figura de asociaciones, sino que, pueden adoptar las variantes más diversas, siempre y cuando, el acuerdo entre ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios para repartirse en común y proporcionalmente, según las inversiones, gastos y trabajos, así como los beneficios que se obtengan de la producción, en los términos que se especifican en la iniciativa. Adquiere especial significación en este capítulo el criterio correcto que se sustenta, en el sentido de que las unidades de producción no modificarán el régimen jurídico de los ejidos y comunidades, ni afectarán los derechos y obligaciones de los ejidatarios o comuneros, así como tampoco alteran la situación jurídica de las pequeñas propiedades ni las causales de afectación agraria.
Aspecto relevante del proyecto lo constituye el Capítulo Tercero, del Título Tercero, denominado "de las tierras susceptibles de cultivo", capitulo que estas Comisiones Unidas consideran novedoso y de extraordinario alcance en la materia, ya que de aprobarse, los productores agrícolas tendrán un apoyo legal para abrir nuevas tierras al cultivo y aumentar así, la productividad en el agro. En efecto, de acuerdo con esos propósitos se postula que en causa de utilidad pública , el destino a la producción agrícola, de los terrenos de agostadero susceptibles de cultivo, de donde se derivan causales de expropiación, cuando se compruebe en el caso, que se trata de tierras aptas para la agricultura por su calidad y el régimen pluvial de la región en que se encuentren. En concepto de estas comisiones, las disposiciones señaladas abren para la agricultura nacional amplias posibilidades de incrementar la producción, toda vez que, es el aprovechamiento de la tierra en donde se evidencia la necesidad de cuidar que la propiedad, en todas sus formas, cumpla con la función social, que la Constitución le asigna.
Aceptables resultan también para estas comisiones las diversas medidas que se consideran de interés público referidas al uso de maquinaria y equipos mecánicos, la operación de instalaciones para almacenamiento y procesamiento de los productos, así como la prestación de servicios que requieren los productores con motivo de la explotación de las tierras, mismas que se contemplan en el proyecto. La mecanización de las labores del campo, regulando el alquiler de las máquinas, la prestación de servicios con equipos, así como la posibilidad de constituir centrales de maquinaria agrícola, para uso conjunto o combinado de los productores, constituyen acciones que es necesario promover e intensificar, ya que el apoyo técnico a las labores agropecuarias se registra como una de las fórmulas necesarias para un real incremento en los rendimientos agrícolas.
Las comisiones que suscriben este dictamen destacan el excepcional interés que reviste en el proyecto, el capítulo relativo al riesgo compartido. De los principios normativos que lo regulan, se desprende que el riesgo compartido consiste en la acción solidaria del Gobierno Federal con los productores de temporal para afrontar las eventualidades de faltantes y deficiencias en la producción. En esta forma y con el propósito de realizar ese esfuerzo nacional que constituye el Sistema Alimentario Mexicano, el Estado asume compartida y solidariamente los riesgos en la producción de alimentos. para tal efecto, se establece, en la iniciativa, un organismo legal denominado "Fideicomiso de Riesgo Compartido", que en las condiciones, y con los requisitos que se exigen para su operatividad, servirá para apoyar la realización de inversiones, obras en las áreas productoras y principalmente en el caso de que la producción no se logre, para absorber el costo de los recursos adicionales que se hayan aportado y para garantizar a los campesinos el ingreso promedio que hubieran obtenido conforme a sus actividades específicas.
Preocupación fundamental en la política agropecuaria de los diversos gobiernos de la República y que hoy se acrecienta, lo constituye el excesivo fraccionamiento de la propiedad rural que origina la pulverización de la tierra, es decir, el minifundio, ya sea ejidal o de pequeña propiedad. Por tal motivo, el Ejecutivo Federal, en la iniciativa que se comenta, propone también el agrupamiento, preservación de la pequeña propiedad agrícola, para evitar que se subdivida en extensiones inferiores a cinco hectáreas de tierra de riego o humedad o sus equivalencias, y propone también el agrupamiento de minifundios entre sí o con otras fincas rústicas con extensión menor a la máxima de la pequeña propiedad y sin que se rebase ésta.
Es cierto, como lo afirma el Ejecutivo en el proyecto que se analiza, que desde el año de 1946, se expidió la Ley Reglamentaria del Párrafo Tercero del Artículo 27 Constitucional, que fija la superficie mínima de la pequeña propiedad agrícola y señala medios para reagruparla e integrarla; pero, como quiera que dicha ley resulta hoy anacrónica e inoperante, y además, persiste el problema del minifundio o sea el fraccionamiento de la propiedad rural hasta límites en los que, como se señala en la exposición de motivos, "la subsistencia de la familia campesina resulta penosamente precaria, en vista de que sus esfuerzos no cuentan con áreas de trabajo que les permitan obtener los beneficios suficientes para mantener una vida decorosa"; por ello se considera indispensable establecer una nueva ordenación normativa, que contribuya a impedir la pulverización de la tierra. Es de gran importancia este propósito del Ejecutivo Federal, en efecto, existe el minifundio en la pequeña propiedad y en el ejido. En ambos casos, origina problemas sociales y económicos muy graves de subocupación o desempleo, estancamiento, rigidez y aislamiento, representando un obstáculo para el desarrollo económico y social de la nación.
Parte relevante del proyecto, es el que se refiere a las tierras ociosas y que corresponde al Capítulo I, Título Quinto de la Iniciativa y que abroga la Ley de Tierras ociosas publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de julio de 1920; y que conserva con importantes modificaciones, los principios generales que inspiran a aquel cuerpo legal. De los preceptos que configuran este capítulo se desprende el criterio general de considerar tierras ociosas, los terrenos, aptos para la producción agrícola que se encuentra sin explotación en los términos y condiciones que se expresan en la propia iniciativa, además se declara de utilidad pública el aprovechamiento de tierras ociosas, por lo que la nación podrá en todo tiempo ocuparlas temporalmente para que se dediquen a la producción. Con sencillez y precisión jurídicas, se señala el procedimiento que habrá de culminar con la declaratoria de tierras ociosas y el cual se inicia por la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos cumpliendo y respetando las exigencias del Artículo 14 Constitucional. Los propietarios o poseedores de las tierras ociosas son parte en el mismo y pueden aportar las pruebas que estimen conveniente y lo que es más: se les da la oportunidad de garantizar su explotación y de esta manera suspender el procedimiento. Cuando proceda la declaratoria de tierras ociosas se hará por el Ejecutivo Federal en la que se especificarán los bienes objetos de ocupación. Dicha resolución no podrá variar la afectabilidad o inafectabilidad de las tierras.
Cabe señalar que la iniciativa, contiene un capítulo que sanciona hechos violatorios del ordenamiento, que serán aplicables tanto a empleados y funcionarios como a particulares, sin perjuicio de que sus conductas constituyan acciones u omisiones penalizadas por otras leyes.
Se establece que quienes consideren que las determinaciones de la Secretaría lesionen sus derechos, podrán interponer el recurso de revisión ante la propia autoridad que emitió la resolución, señalando para este caso, como para todas las acciones, el procedimiento que debe seguirse.
La iniciativa por su indudable proyección histórica y trascendencia social, motivó de manera especial el interés participativo de los integrantes de las comisiones que presentan este dictamen, el proyecto, en su conjunto fue objeto por parte de estas comisiones de un detenido y exhaustivo análisis y en lo particular se estudió cada uno de los artículos que conforman el instrumento legal propuesto.
Destacamos que intervinieron en las discusiones en el seno de las comisiones, todas las corrientes ideológico - políticas representadas en la "LI" Legislatura , las cuales expresaron e hicieron valer con amplitud sus puntos de vista, ofreciendo aportaciones que enriquecieron el contenido de la iniciativa; demostrando con ello la validez y eficacia de la Reforma Política.
Igualmente es necesario advertir que las modificaciones o adiciones propuestas, respetan el sentido y alcance de la iniciativa ya que no distorsionan su esencia; ni menos aún se niega la bondad del ordenamiento puesto que, dichas modificaciones se dirigen principalmente a clarificar o explicar los supuestos normativos del proyecto.
Del estudio realizado por las comisiones se aprobaron las modificaciones que a continuación se expresan:
En el artículo 3o. se estableció que la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos le corresponde la aplicación de la ley en coordinación con la Reforma Agraria, por razones competenciales previstas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, fortaleciendo las acciones que en el proyecto se contienen.
En el artículo 4o. se modificaron las siguientes fracciones:
II. Que la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, al formular el Plan Nacional de Desarrollo Agropecuario y Forestal, cuente previamente con la opinión de los comités directivos de los distritos de temporal, con el objeto de que, antes de proponer el plan al Ejecutivo, conozca las necesidades de los directamente interesados, como son los ejidos, comunidades y pequeña propiedad.
En la fracción III se consideró conveniente establecer que en los estudios técnicos para señalar los cultivos y actividades mayormente productivas, se dé preferencia a los productos básicos.
En la fracción IX se incluyó a las "refacciones" para que queden comprendidas en las autorizaciones de importación de maquinaria.
En la fracción XIII se consideró conveniente que la intervención de la Secretaría comprenda no solamente los distritos de riego, sino los de drenaje y los de protección contra las inundaciones, acorde con lo establecido en la Ley Federal de Aguas.
En el artículo 5o. se estableció que la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos al elaborar el Plan Nacional de Desarrollo Agropecuario y Forestal, considere la opinión de los productores agropecuarios ya que éstos son los directamente involucrados en la mejor planeación y desarrollo.
Al artículo 7o. se le agregó la fracción X que dice: "Así como las demás medidas necesarias para el cumplimiento de dicho plan", a fin de hacer enunciativa la enumeración y no limitativa.
En el artículo 24 para evitar confusiones entre los distritos de temporal y los de riego, se aclara que estos últimos se regirán por la Ley Federal de Aguas.
Al artículo 29 se le agrega una fracción, la XI, para establecer que los comités directivos deberán solicitar la participación de representantes de organizaciones que deban ser escuchadas por estar vinculadas al proceso productivo del distrito temporal correspondiente.
El artículo 32, se modificó con el objeto de precisar, lo más claramente posible, la integración de las unidades de producción, delimitando las funciones de las secretarías de Agricultura y Recursos Hidráulicos y de Reforma Agraria, en cuanto a la participación de ejidos, comunidades y pequeña propiedad y la del riesgo compartido.
En el artículo 34 se establece el otorgamiento de la conformidad de la Secretaría de la Reforma Agraria, en la constitución de las unidades de producción, por corresponder a esta Secretaría lo relativo al funcionamiento de los ejidos y bienes comunales.
En el artículo 41 se modificó la fracción II, para establecer, que tanto los ejidos como las comunidades, al integrar unidades de producción, deben participar integralmente y con el acuerdo de cuando menos las dos terceras partes de la asamblea, con la finalidad de respetar el carácter democrático que en las tomas de decisión caracterizan las formas sociales de tenencia.
El artículo 42 se modificó para precisar el voto de las partes integrantes de las unidades de producción y, sin cambiar el sentido de su contenido, sino para mayor claridad, se le dio una nueva estructura.
El artículo 44 se le adiciona un segundo párrafo con el objeto de que, cuando los predios ganaderos tengan terrenos de agostaderos susceptibles de cultivo, sólo pueden ser expropiados cuando la superficie sea mayor de 200 hectáreas.
El artículo 47, se reestructuró con el objeto de que a ejidatorios y comuneros, se les respeten preferentemente derechos, en los casos de reacomodos por cambio de destino de sus tierras.
Se introdujo nuevo contenido al numeral 56, con el objeto de que en las unidades de producción en que participen ejidos, comunidades y pequeña propiedad, intervengan el Fideicomiso de riego compartido.
A efecto de no correr la numeración de los artículos sucesivos, el contenido de los numerales 56 y 57, se agrupó en el numeral 57 sin que sufriera modificaciones.
El artículo 80 se modificó, suprimiendo los contratos de arrendamiento, ya que éstos se rigen por la legislación civil, y se correría el riesgo de que, en caso de conflicto, la controversia tendría que derimirse ante los Tribunales del Fuero Común, lo que indudablemente acarrearía serios problemas, que impedirían el desarrollo de la actividad agrícola.
Por las mismas razones se suprimieron los contratos de arrendamiento en el artículo 81, estableciéndose en éste, que los contratos serán de naturaleza pública, y en tal forma la autoridad administrativa, o sea la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos podrá dirimir las controversias.
Los artículos 19, 23, 27, 30, 41, fracción III, 45, 53, 55 y 78, sufrieron modificaciones de mera forma sin afectar su contenido.
Los representantes del Partido Comunista Mexicano (Coalición de Izquierda), y los del Partido Socialista de los Trabajadores, hicieron constar su desacuerdo tanto en lo general como en lo particular, reservándose para presentar sus objeciones, ya sea por escrito o en la Tribuna.
Los representantes del Partido Popular Socialista manifestaron que presentarán voto particular por escrito.
El mérito a las consideraciones, con antelación expuestas, las comisiones unidas de Agricultura y Recursos Hidráulicos, de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Reforma Agraria, someten a esta Asamblea el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO TITULO PRIMERO
Disposiciones Generales
Artículo 1o. Esta Ley tiene por objeto el fomento de la producción agropecuaria y forestal, para satisfacer las necesidades nacionales y elevar las condiciones de vida en el campo.
Artículo 2o. Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social.
Artículo 3o. La aplicación de la presente Ley queda a cargo de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos en coordinación con la de la Reforma Agraria, sin perjuicio de la intervención de otras dependencias del Ejecutivo Federal, según sus atribuciones.
En este ordenamiento la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos será designada como la "Secretaría".
Artículo 4o. Corresponde a la Secretaría, en cumplimiento de esta Ley:
I. Planear, organizar, fomentar y promover la producción agropecuaria y forestal.
II. Formular y proponer al Ejecutivo Federal el Plan Nacional de Desarrollo Agropecuario y Forestal, recabando previamente la opinión de los comités directivos de distritos de temporal.
III. Realizar estudios técnicos que permitan señalar los cultivos agrícolas y las actividades ganaderas y forestales que resulten mayormente productivas, dando preferencia a los productos básicos, de acuerdo con las distintas condiciones ecológicas y socioeconómicas de zonas determinadas.
IV. Estudiar alternativas sobre las actividades susceptibles de realizarse en cada región ecológica.
V. Proponer el uso apropiado de los sueldos, con objeto de aumentar la productividad.
VI. Evaluar periódicamente las actividades y realizaciones agropecuarias y forestales que prevea el plan.
VII. Realizar y mantener actualizados los estudios técnicos sobre la aptitud productiva y clasificación de los recursos agrícolas, pecuarios y forestales; así como los inventarios regionales correspondientes.
VIII. Promover y apoyar la organización de los productores rurales para el cumplimiento de los programas, la comercialización de sus
productos y para alcanzar objetivos de interés común.
IX. Autorizar la importación o exportación de los productos agropecuarios y forestales, así como maquinaria, refacciones e implementos agrícolas, semillas, fertilizantes y plaguicidas, en coordinación con la Secretaría de Comercio de acuerdo con sus respectivas competencias.
X. Favorecer la disponibilidad de semillas mejoradas, fertilizantes y demás insumos en atención a requerimientos de la productividad y la producción.
XI. Determinar o proponer en su caso los estímulos más eficaces para la producción rural, y adoptar las medidas complementarias que se requieren para llevarlos a la práctica.
XII. Proponer la fijación de precios de garantía a los productos básicos y oleaginosos.
XIII. Intervenir en los distritos de riego, de drenaje y de protección contra las inundaciones en la aplicación de este ordenamiento y de la Ley Federal de Aguas.
XIV. Delimitar, establecer e intervenir en los distritos de temporal.
XV. Intervenir en la declaratoria de tierras ociosas de propiedad particular y determinar su explotación.
XVI. Emprender acciones de promoción y fomento de las actividades agrícolas, pecuarias o forestales.
XVII. Las demás facultades que le confieran esta y otras leyes y sus reglamentos.
TITULO SEGUNDO
PLAN DE DESARROLLO Y PROGRAMAS
CAPITULO I
De la planeación nacional
Artículo 5o. La Secretaría atendiendo la opinión de los productores agropecuarios en sus distintos niveles y con base en la información de que disponga y la que recabe de las entidades del sector público, privado y social, elaborará con la intervención que le corresponda a la Secretaría de Programación y Presupuesto, el Proyecto del Plan Nacional de Desarrollo Agropecuario y Forestal que propondrá a la aprobación del Ejecutivo Federal.
Artículo 6o. El Plan Nacional de Desarrollo Agropecuario y Forestal deberá considerar el adecuado aprovechamiento de los recursos de que se disponga en los distritos de riego y de temporal, y en general los del sector rural, para la satisfacción prioritaria de las necesidades alimenticias de la población del país, las de la industria, y las de exportación cuando convenga conforme a los requerimientos de la economía nacional, así como para obtener la elevación de las condiciones de vida y de trabajo en el campo.
Artículo 7o. El Plan Nacional de Desarrollo Agropecuario y Forestal indicará:
I. Los objetivos del sector de actividades agropecuarias y forestales, a corto, mediano y largo plazo.
II. Las metas específicas de producción que habrán de alcanzarse en el tiempo, por estaciones, ciclos, cultivos, plantíos u otras modalidades, así como las circunscripciones en las que deban lograrse, de acuerdo a requerimientos expresos en los niveles nacional, regional, estatal, municipal o local que corresponda.
III. El monto de las inversiones públicas que deben realizarse para el logro de los objetivos y metas del plan, así como la organización de los campesinos para los mismos propósitos.
IV. En su caso la mención de los problemas de tenencia de la tierra y derechos sobre aguas que puedan constituir impedimentos para la realización del plan, así como las recomendaciones y proyectos de reformas o adecuaciones legales o administrativas para mejor proveer al cumplimiento de las metas propuestas.
V. La intervención que corresponda al sector público en materia de capacitación, investigación, extensionismo, obras de infraestructura, crédito, insumos, equipos, instalaciones y demás elementos que propicien la producción y la productividad, así como las proposiciones sobre la participación de otros sectores.
VI. Las necesidades de acopio, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de los productos.
VII. Las posibilidades consecuentes para el establecimiento, complemento o mejoría de agroindustrias.
VIII. La estimación de los recursos materiales o financieros convenientes a la realización del plan.
IX. La intervención que deban tener las dependencias del Ejecutivo Federal y las entidades del sector paraestatal de acuerdo con su competencia y funciones, para soporte y cumplimiento del plan y los programas que de él deriven.
X. Así como las demás medidas necesarias para el cumplimiento de dicho plan.
Artículo 8o. La Secretaría de Programación y Presupuesto intervendrá conforme a sus facultades, para hacer compatible el plan nacional de desarrollo agropecuario y forestal con el sistema nacional de planeación, así como para autorizar en su oportunidad las asignaciones presupuestales de los programas que apruebe el Ejecutivo Federal.
Artículo 9o. Una vez aprobados por el Presidente de la República, el plan y sus programas, serán obligatorios para el sector público Federal y su ejecución podrá concertarse con los Estados de la Federación, e inducirse o convenirse con los sectores social y privado de acuerdo con esta Ley, con las modalidades pertinentes y conforme a la organización de los productores.
Artículo 10. La Secretaría coadyuvará con los gobiernos de los estados a la planificación del Desarrollo Agropecuario y Forestal de cada entidad, conforme a los lineamientos y prioridades establecidos en el plan, a fin de organizar a los distintos sectores de la comunidad y contar con su participación en el logro de las metas estatales de producción y productividad, así como para emprender las acciones
conducentes a la ejecución del propio plan. La secretaría, con respeto absoluto a la soberanía de los Estados, podrá documentar los compromisos que se concerten con ellos en relación al plan.
Artículo 11. El plan aprobado por el Ejecutivo Federal podrá ser modificado en los términos en que así lo sugiera la información subsecuente. Los ajustes, rectificaciones, adiciones o modalidades supervenientes, deberán ser igualmente aprobadas por el propio Ejecutivo.
CAPITULO II
De los programas
Artículo 12. Para el cumplimiento de las metas concretas del Plan Nacional de Desarrollo Agropecuario y Forestal, identificadas en el tiempo y en el espacio, la Secretaría propondrá al Ejecutivo Federal, para su aprobación, los programas normales y especiales que a tal fin resulten convenientes.
Artículo 13. En los casos de abatimiento de la producción planeada, la Secretaría formulará programas de contingencia por zonas o regiones del país, con objeto de corregir faltantes de los productos básicos destinados a satisfacer necesidades nacionales.
Artículo 14. Los programas de contingencia deberán comprender los apoyos técnicos, de crédito, insumos e inversiones y demás que se requieran a fin de llevarlos a la práctica.
Artículo 15. Para la ejecución de los programas de contingencia la Secretaría propondrá al Ejecutivo Federal la participación que corresponda a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, y la debida coordinación con los gobiernos estatales y municipales, así como con los sectores social y privado, según lo dispuesto por los artículos 9o. y
Artículo 16. La Secretaría realizará promociones de acuerdo a programas específicos de incremento de la productividad y la producción, para dar cumplimiento a los programas que se deriven del plan.
Artículo 17. La Secretaría será la encargada de cumplir y coordinar las acciones programadas, obligatorias para las entidades del sector Público Federal, que se deriven del plan autorizado por el Ejecutivo de la Unión y promoverá las acciones convenientes para concertar compromisos programáticos con las autoridades estatales y aceptaciones y convenios con los sectores social y privado.
Asimismo promoverá el adecuado aprovechamiento de las tierras agrícolas, pecuarias o forestales, cualquiera que sea su régimen de tenencia, para alcanzar los máximos de su potencialidad productiva.
Artículo 18. La Secretaría promoverá, cuando convenga, el cumplimiento de los programas que se elaboren para alcanzar los objetivos y metas del plan, por medio de áreas productoras, de acuerdo con las características de las tierras y las de la región en que se encuentren.
Artículo 19. Para los efectos de esta Ley, serán reconocidas como áreas productoras las superficies de terrenos que registre la Secretaría, a solicitud de los interesados, y que comprendan una circunscripción territorial definida, integrada con las tierras de ejidos, comunidades, colonos o pequeños propietarios, cuando expresen su voluntad de alcanzar las metas programadas conforme al orden que proponga la Secretaría.
También serán consideradas como áreas productoras las circunscripciones compactas en que operen toda clase de organizaciones, asociaciones y unidades de producción que sean reconocidas por esta y otras leyes.
Artículo 20. La Secretaría hará una estimación técnica de la capacidad productiva de las áreas productoras en función de las metas u objetivos que se quieran alcanzar, y establecer un catálogo de las mismas, de acuerdo con su naturaleza, ubicación y demás características.
Artículo 21. La Secretaría deberá estimar la participación, concertada o inducida, que específicamente tendrán las áreas productoras en el cumplimiento de los programas que se formulen de acuerdo con el plan.
Artículo 22. La Secretaría, en coordinación con la Reforma Agraria en su caso, mantendrá, actualizado el catálogo de las áreas productoras.
TITULO TERCERO
ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
CAPITULO I
De los Distritos de Temporal
Artículo 23. Los distritos de temporal comprenderán zonas con características ecológicas y socioeconómicas similares, para las cuales la Secretaría adoptará las medidas conducentes a fin de apoyar la producción.
Artículo 24. El establecimiento y delimitación de los distritos de temporal se determinarán por acuerdo del titular de la Secretaría que será publicado en el "Diario Oficial" de la Federación. Los Distritos de riego se rigen por la Ley Federal de Aguas.
Artículo 25. La Secretaría comprenderá dentro del Plan Nacional de Desarrollo Agropecuario y Forestal el racional aprovechamiento de los terrenos de temporal, considerando las características del clima, la regularidad de los ciclos pluviales y demás condiciones naturales favorables a la producción.
Artículo 26. La Secretaría recabará la información correspondiente a la ejecución de las obras de infraestructura adecuadas para el fomento de la producción en zonas temporales, a fin de que se incorporen a los programas que se propongan y autorice el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Programación y Presupuesto.
Artículo 27. En cada distrito de temporal se integrará un comité directivo con el representante de la Secretaría en la Entidad Federativa de que se trate y con los delegados de las dependencias técnicas de la Secretaría que corresponda, junto con un representante de la Secretaría de la Reforma Agraria en carácter de Secretario.
Igualmente formarán parte de dichos comités directivos un representante de cada una de las organizaciones nacionales de ejidatarios, de los comuneros, de los colonos, de los pequeños propietarios, así como de las entidades siguientes: Banco Nacional de Crédito Rural, S. A., que opere dentro de la zona, Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera, S. A., Fertilizantes Mexicanos, S. A., Compañía Nacional de Subsistencias Populares, Servicios Ejidales, S. A., y en su caso, representantes de cualquiera otra entidad de la administración pública paraestatal, que operando dentro de las zonas de que se trate, tenga relación por su actividad con el sector agropecuario. Podrán acreditar un representante ante los comités directivos, los gobiernos de los Estados y de los municipios a que corresponda el distrito de temporal de que se trate.
Artículo 28. Los comités directivos de los distritos de temporal deberán reunirse periódicamente bajo la presidencia del representante de la Secretaría.
Artículo 29. Los comités directivos tendrán las siguientes facultades:
I. Aprobar los programas agropecuarios del distrito de temporal, tomando como base las directrices que señale la Secretaría conforme al Plan Nacional de Desarrollo Agropecuario y Forestal.
II. Vigilar la ejecución de los programas específicos autorizados.
II. Autorizar los programas de asistencia técnica y extensión agropecuaria correlativos, de acuerdo con las disponibilidades de personal y equipo del distrito de temporal.
IV. Promover entre los productores temporaleros que integran el distrito, la aceptación de los programas aprobados.
V. Coordinar la organización de los productores temporaleros del distrito, para facilitar su acceso al crédito oficial y privado, así como la prestación de los servicios de asistencia técnica y comercialización de sus productos.
VI. Formular y proponer a las instituciones del ramo los programas técnicos de créditos de avío y refacción, destinados a la producción de los distritos de temporal, así como el aseguramiento de cultivos y ganado.
VII. Supervisar el desarrollo de los programas y los ajustes que impongan las condiciones prevalecientes en la región y las propias de cada distrito.
VIII. Formular y promover programas de abastecimiento de insumos. de acuerdo con las recomendaciones de los centros de investigación agropecuaria localizados en la región o en otras de similares características ecológicas
IX. Conocer y evaluar los resultados de los programas, formulando las instrucciones y recomendaciones que deban observarse en la elaboración de los programas futuros.
X. Analizar y aprobar, en su caso, los proyectos de obras de infraestructura y comercialización, teniendo en cuenta la repercusión económica y social de las mismas.
XI. Solicitar la participación de aquellos representantes de organizaciones que deban ser escuchadas por estar vinculadas a proceso productivo del distrito de temporal correspondiente.
Artículo 30. Para apoyar las funciones de los comités directivos de los distritos de temporal, la Secretaría integrará comités técnicos, con representantes de las unidades técnicas correspondientes de la misma Secretaría, a los cuales y cuando se requiera su concurso, podrán ser invitadas y agregarse otras dependencias o entidades de la Administración Pública Federal.
Artículo 31. Los comités directivos llevarán a cabo evaluaciones periódicas, para comprobar el cumplimiento de los programas o corregir éstos con relación a metas y objetivos.
CAPITULO II
De las unidades de producción
Artículo 32. Los ejidos o comunidades podrán integrar mediante acuerdo voluntario, unidades de producción asociándose entre sí o con colonos y pequeños propietarios, con la vigilancia de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos.
Participará la entidad pública del riesgo compartido sólo en los casos que señala el artículo 55 de esta Ley.
Las unidades de producción que se integren con ejidos y comunidades entre sí, con la participación del riesgo compartido, en los términos del párrafo anterior, se regirá exclusivamente por las disposiciones aplicables de la Ley Federal de Reforma Agraria.
Artículo 33. Las unidades de producción, conforme a las metas de los programas, tendrán por objeto la producción agropecuaria y podrán prever el uso de espacios comunes, construcción de obras de provecho común, utilización de equipos, prestación de servicios en mutuo beneficio y las demás modalidades que mejor propicien el logro de las metas.
Artículo 34. Para la constitución de las unidades de producción bastará que las mismas se hagan constar en acta por los interesados ante notario público, o en su defecto, alguna autoridad administrativa federal que despache en el lugar. Las unidades de producción, con la conformidad de la Secretaría de la Reforma Agraria, deberán registrar sus actas constitutivas en la Secretaría, las que serán examinadas por ésta para su aprobación.
Las resoluciones correspondientes deberán emitirse dentro de los 15 días siguientes a las instancias relativas.
Artículo 35. Las unidades de producción debidamente registradas, tendrán capacidad jurídica para realizar los actos y contratos
necesarios para alcanzar sus propósitos, incluso contratar trabajadores. Las leyes respectivas registrarán en cada caso los actos jurídicos que resulten y la masa del producto responderá por los compromisos contraídos por la unidad como tal.
Las unidades de producción no modificarán el régimen jurídico de los ejidos y comunidades, ni afectarán los derechos y obligaciones de los ejidatarios y comuneros, tampoco podrán modificar la situación jurídica de las pequeñas propiedades, ni las causales de afectación agraria.
Artículo 36. Será condición inexcusable para establecer unidades de producción, que los ejidatarios y comuneros que en ella se integren, trabajen directa o personalmente la tierra, excepto en los casos autorizados por la Ley Federal de Reforma Agraria. Se propondrá en el proyecto de la unidad correspondiente la forma en que convenga, en su caso, recibir anticipos por su trabajo.
Artículo 37. Las unidades de producción tendrán un término fijo, prorrogable por acuerdo de las partes y con aprobación de la Secretaría.
Cuando se prevea la amortización de inversiones la Secretaría autorizará los plazos que en cada caso se requieran.
Artículo 38. En el caso de conflictos o indefinición de derechos, relativos a las unidades de producción, antes de acudir a las autoridades competentes que de acuerdo con la materia deben intervenir, será menester agotar el procedimiento administrativo ante la Secretaría que, a solicitud de las partes, podrá actuar además con fines de conciliación y arbitraje.
Artículo 39. Podrán integrarse unidades de producción respecto de tierras de explotación ganadera, cuando cumplan con las disposiciones del presente título que les sean aplicables, a juicio de la Secretaría.
Artículo 40. Las partes en las unidades de producción podrán interponer el recurso a que se refiere el artículo 100 de esta Ley en lo conducente. Cuando el recurso sea interpuesto individualmente sólo se tendrá en cuenta el derecho que asista al recurrente, sin afectar a la generalidad de las estipulaciones de la unidad.
La Secretaría tendrá facultades para interpretar, a solicitud de parte, los acuerdos de las unidades, con efectos administrativos.
Artículo 41. En la integración de las unidades de producción se tendrá en cuenta lo siguiente:
I. Los ejidos y comunidades que deseen participar expresarán su consentimiento y decisiones por conducto de las autoridades que reconozcan las leyes;
II. Los ejidos y comunidades sólo podrán participar como unidades integrales previo acuerdo favorable de cuando menos las dos terceras partes de la Asamblea de ejidatarios o comuneros;
III. Las partes podrán aportar en uso, equipo, maquinaria, así como los demás insumos al objeto que específicamente acuerden:
IV. Cualquier aportación de las partes, de la naturaleza que sea, deberán registrarse en un libro especial que se llevará para tal efecto, y
V. Las determinaciones serán tomadas por mayoría, asignando previamente un valor específico a la tierra, insumos, capital y trabajo que aporten las partes.
Tanto para la distribución de utilidades como para los casos de liquidación se tendrán en cuenta exclusivamente las aportaciones registradas.
Artículo 42. En las unidades de producción los votos de las partes integrantes se computarán en proporción a la unidad de superficie de terreno que a cada uno corresponda. La operación de las unidades de producción se sujetará a las siguientes normas:
I. Las partes podrán designar, por acuerdo de la mayoría, uno o más administradores que se acreditarán ante la Secretaría y estarán investidos de las facultades de administración que en cada caso se estipule y tendrán las siguientes obligaciones:
a) Deberán convocar a reuniones mediante notificaciones a los interesados, cuando menos para aprobar los planes de trabajo y de crédito e informar del resultado de las operaciones registradas en el ejercicio, y
b) Comunicarán a la Secretaría las fechas de las reuniones. A estas sesiones podrán asistir representantes de la delegación agraria y de las dependencias y entidades de la administración pública relacionadas con la producción, el crédito, la industrialización y la comercialización de los productos del campo;
II. Las partes tendrán derecho a las utilidades, de conformidad con el reglamento y las siguientes normas:
a) La tierra, recursos materiales y trabajos aportados serán valorados de acuerdo con su importancia en la producción a que se encuentren afectados;
b)La Secretaría vigilará el cumplimiento de los plazos y fechas en que deban cubrirse las utilidades a que tengan derecho las partes, comprobando en cada caso las cantidades que por este concepto les correspondan, y
c) Los ejidatarios, comuneros y los pequeños propietarios participarán en la elaboración del programa de liquidación de utilidades que deberá remitirse oportunamente a la Secretaría para los efectos del inciso anterior;
III. Los ejidatarios y comuneros, o sus familiares en su caso, no podrán ser sustituidos en el desempeño del trabajo personal que les corresponda realizar conforme a la Ley; en el concepto de que dicho trabajo será retribuido conforme a la Ley, sin perjuicio de las sumas adicionales a que tengan derecho en las utilidades y otros rendimientos de las unidades, y
IV. Las partes podrán convenir la terminación anticipada de la unidad, siempre que no afecte a los resultados del ciclo productivo que se hubiese iniciado.
CAPITULO III
De las tierras susceptibles de cultivo
Artículo 43. Es causa de utilidad pública el destino a la producción agrícola de los terrenos de agostadero susceptibles de cultivo.
Artículo 44. Cuando en los términos del estudio que al efecto realice se compruebe que se trata de tierras aptas para la agricultura, por su calidad y el régimen pluvial de la región, condiciones hidráulicas costeables del subsuelo en que se encuentren, la Secretaría propondrá al Ejecutivo Federal la expropiación de los terrenos de agostadero susceptibles al cultivo, sin perjuicio de la Ley de Reforma Agraria.
En el caso de los terrenos de agostadero susceptibles al cultivo dedicados a la ganadería, sólo serán objeto de expropiación los predios ganaderos con más de 200 hectáreas susceptibles de explotación agrícola ubicados en zonas con las características que se mencionan en el artículo 23 de esta Ley, a fin de establecer distritos de temporal.
Artículo 45. La indemnización que corresponda en términos de Ley, a los dueños o poseedores de los terrenos expropiados, se cubrirá en efectivo, en especie y dinero a su elección.
Artículo 46. Los terrenos expropiados que resulten excedentes después de cubrir las indemnizaciones en especie quedarán a disposición de la Secretaría de la Reforma Agraria, para necesidades agrarias de acuerdo con la Ley a fin de ser destinados a la agricultura.
Artículo 47. Cuando la Secretaría sugiera el cambio de destino de las tierras de agostadero susceptibles de cultivo ejidal o comunal, la Secretaría de la Reforma Agraria, conforme a los procedimientos previstos por la Ley Federal de Reforma Agraria, procederá al reacomodo de las áreas productivas, respetando preferentemente los derechos de ejidatarios y comuneros ya establecidos. Al operarse el cambio de destino de agostadero a producción agrícola, deberán reagruparse las tierras para evitar la subdivisión antieconómica.
CAPITULO IV
De la mecanización y servicios
Artículo 48. Se considera de interés público el uso de maquinaria y equipos mecánicos, la operación de instalaciones para almacenamiento y procesamiento de los productos, así como la prestación de los servicios que requieran los productores con motivo de la explotación de las tierras.
Artículo 49. Para los efectos del artículo anterior la Secretaría llevará un registro de la maquinaria, equipos mecánicos, instalaciones y servicios que puedan ofrecerse a los productores en arrendamiento o mediante el pago de tarifas autorizadas.
Artículo 50. Los precios y tarifas de los arrendamientos de maquinaria, equipos, instalaciones y servicios, según corresponda, serán fijados por la Secretaría en disposiciones de carácter general, teniendo en cuenta el monto de las inversiones y el uso a que se destinen aquéllos.
Artículo 51. La Secretaría promoverá el empleo de vehículos y máquinas, así como el aprovechamiento de instalaciones y servicios de manera conjunta entre pequeños propietarios, colonos, ejidatarios y comuneros, o entre éstos y terceros.
Artículo 52. Los sujetos de crédito que estén comprendidos dentro del sistema de crédito rural y las áreas productoras, gozarán de preferencia en el caso de préstamos para la adquisición de maquinaria y equipos mecánicos, o para instalaciones y servicios susceptibles de compartirse entre ejidatarios, comuneros, colonos y pequeños propietarios.
CAPITULO V
Del riesgo compartido
Artículo 53. El Ejecutivo Federal, como fideicomitente, establecerá un fideicomiso público denominado fideicomiso de riesgo compartido, que tendrá por objeto:
I. Concurrir con los recursos adicionales que en cada caso requieran las áreas productoras para el debido cumplimiento de los programas especiales o de contingencia, con el objeto de corregir faltantes de los productos básicos destinados a satisfacer necesidades nacionales, y
II. Apoyar la realización de inversiones, obras o tareas que sean necesarias en las áreas aludidas, para lograr el incremento de la productividad de la tierra.
Artículo 54. El fideicomiso de riesgo compartido absorberá el costo de los recursos adicionales que se aporten, en el caso de que los objetivos de producción o de productividad no se logren, y garantizará a los campesinos fideicomisarios, en los términos que al efecto se fijen, el ingreso promedio que hubiera obtenido conforme a sus actividades tradicionales.
Las utilidades que hubiere, deducidos los costos y los gastos de administración de fiduciario, quedarán a beneficio de los productores.
Artículo 55. Sólo se compartirá el riesgo con productores de distritos de temporal, que sean ejidatarios, comuneros, colonos o pequeños propietarios cuando sus predios no rebasen la superficie equivalente a la unidad de dotación ejidal en la zona correspondiente, y siempre que se obliguen a cumplir los programas especiales o de contingencia a que se refiere esta Ley, o acepten los compromisos de productividad que expresamente autorice la Secretaría.
Artículo 56. El fideicomiso de riesgo compartido participará en las unidades de producción a que se refiere el artículo 32 de esta Ley, conviniendo con las mismas unidades en cada caso, la forma en que intervendrá en las operaciones.
Artículo 57. El fideicomiso de riesgo compartido tendrá como fiduciario al Banco Nacional de Crédito Rural, S.A. y contará con un comité técnico que será presidido por el Secretario de Agricultura y Recursos Hidráulicos. El Ejecutivo Federal, a través del fideicomitente; convendrá con el fiduciario las demás condiciones necesarias para la eficaz operación del fideicomiso de riesgo compartido.
CAPITULO VI
De la asistencia técnica y del crédito
Artículo 58. La Secretaría podrá practicar, a solicitud de los interesados, estudios agroecológicos en áreas productoras a fin de que mediante la mejora de la calidad de las tierras por obras de riego, drenajes o cualesquiera otras que ejecuten los dueños o poseedores para aumentar la potencialidad productiva de las pequeñas propiedades, en la forma prevista por el párrafo final de la fracción XV del artículo 27 Constitucional y las disposiciones aplicables de la Ley Federal de Reforma Agraria.
Artículo 59. A solicitud de los propietarios o poseedores de áreas productoras, la Secretaría llevará a cabo los estudios técnicos que correspondan para el caso del cambio de destino de las tierras al régimen agropecuario en los términos de la Ley Federal de Reforma Agraria.
Artículo 60. Los propietarios o poseedores de tierras que no excedan del equivalente a la unidad de dotación ejidal imperante en las zonas de que se trate, tendrán preferencia en el abastecimiento de semillas mejoradas, fertilizantes, plaguisidas y asistencia técnica y podrán asociarse con entidades paraestatales facultadas al afecto, con fines de producción.
Artículo 61. Las personas a que se refiere el artículo anterior también tendrán acceso prioritario al crédito, y podrán asimismo asociarse con entidades paraestatales, con objeto de organizar servicios de procesamiento de productos agropecuarios y forestales, así como para la compra a utilización de maquinaria agrícola, aprovechar almacenes o transportes, para la comercialización de sus productos, u otros servicios de beneficio común o interés social.
Artículo 62. Las instituciones nacionales de crédito darán prioridad a quienes realicen operaciones de abastecimiento directo de productos agropecuarios, entre áreas productoras y entidades públicas u organizaciones de interés social y de trabajadores.
TITULO CUARTO
REAGRUPACIÓN DE LA PEQUEÑA PROPIEDAD
CAPITULO UNICO
Del minifundio
Artículo 63. Para los efectos de esta ley, se considera minifundio la superficie de terreno que destinándose a la explotación agrícola, tenga una extensión hasta de cinco hectáreas de riego o humedad o sus equivalentes en otras clases de tierra, así como la que no baste para obtener cuando menos una producción que arroje como beneficio el doble del salario mínimo en el campo que corresponda a la región.
Artículo 64. Se considera de interés público:
I. La preservación de la pequeña propiedad agrícola, para evitar que se subdivida en extensiones inferiores a cinco hectáreas de tierras de riego o humedad o sus equivalentes de acuerdo con la ley.
II. El agrupamiento de minifundios entre sí o con otras fincas rústicas con extensión menor a la máxima de la pequeña propiedad y sin que se rebasa ésta.
Artículo 65. No serán consideradas como minifundio para los efectos de esta Ley las granjas o huertas familiares con superficie inferior a cinco hectáreas, en las condiciones que fije el reglamento.
Artículo 66. Serán nulos de pleno derecho los contratos de compraventa, donación, permuta o cualquier otro acto jurídico que tenga por objeto o dé por resultado el fraccionamiento de minifundios, salvo lo dispuesto por el artículo inferior.
Artículo 67. Los jueces. Los jueces, los encargados del Registro Público de la propiedad, los notarios públicos y cualquier otra autoridad competente para otorgar validez, reconocer una transmisión de propiedad o registrarla, tendrá en cuenta lo prevenido en esta Ley.
Artículo 68. La Secretaría y la banca oficial de acuerdo con sus respectivas funciones, darán preferencia de apoyo técnico y financiero en los casos de agrupamiento, por cualquier título legal, de minifundios.
Artículo 69. La transmisión de la propiedad que tenga por objeto el agrupamiento de minifundios estará exenta del pago de los impuestos federales que pudieran causarse con motivo de la operación que la origine.
Artículo 70. Los minifundistas dueños o poseedores de predios colindantes con otros minifundios tendrán el derecho del tanto en los casos de enajenación, y si lo ejerciera más de uno quedará a voluntad del vendedor escoger al adquirente.
TITULO QUINTO
TIERRAS OCIOSAS
CAPITULO I
De la declaración de tierras ociosas
Artículo 71. Se consideran tierras ociosas los terrenos aptos para la producción agrícola que se encuentren sin explotación, en los términos y condiciones que expresamente señala esta Ley.
Artículo 72. Se declara de utilidad pública el aprovechamiento de tierras ociosas; al efecto la nación podrá en todo tiempo ocupar temporalmente aquellas que sus propietarios o poseedores no dediquen a la producción.
Artículo 73. La Secretaría dará a conocer por regiones determinadas, las fechas correspondientes para la preparación y siembra de terrenos y las áreas mínimas que deberán ser cultivadas de acuerdo con la calidad de las
tierras. La Secretaría determinará asimismo los períodos que correspondan a los ciclos productivos, de acuerdo con los lineamientos generales del plan nacional de desarrollo.
Artículo 74. El expediente de la declaratoria de ociosidad se iniciará por la Secretaría, de acuerdo al siguiente procedimiento:
I. La Secretaría citará personalmente a los propietarios o poseedores para determinar en el terreno mismo la existencia de tierras ociosas y las circunstancias que hagan presumir su falta de explotación. La Secretaría tomará en consideración las costumbres del lugar, el clima la naturaleza de los cultivos, así como las demás características de los terrenos y, en su caso, la causa de fuerza mayor de carácter transitorio que pudiera impedir su aprovechamiento.
II. Se levantará acta de dichas circunstancias y se entregará copia de ella al propietario o poseedor del predio, la cual será firmada por éstos, el actuante y dos testigos de asistencia.
III. En la diligencia la falta del propietario o del poseedor, o de sus representante, podrá ser suplida por cualquier persona que no se encuentra impedida. La negativa o imposibilidad de estas personas para firmar no será causal que invalide la actuación.
IV. Dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir de la fecha del acta, el interesado podrá alegar lo que a sus intereses convenga por conducto de la representación estatal de la Secretaría, o directamente ante éstas, aportando las pruebas que estime conveniente.
Artículo 75. Cuando los propietarios o poseedores de tierras presuntamente ociosas garanticen debidamente su explotación, por sí o indirectamente, la Secretaría suspenderá el procedimiento y les fijará el término en que deberá iniciarse el ciclo productivo. En caso de incumplimiento procederá la declaratoria de ociosidad.
Artículo 76. La Secretaría hará del conocimiento de la Secretaría de la Reforma Agraria todos los casos en que las tierras pertenecientes a los ejidos o comunidades no estén en explotación, para los efectos legales que procedan.
Artículo 77. La declaratoria de tierras ociosas se hará por el Ejecutivo Federal y será notificada al interesado o a su representante legal a través de la Secretaría, en forma personal o mediante oficio por correo certificado.
Artículo 78. La declaración de ociosidad especificará los bienes que serán objeto de ocupación. Dicha declaración no podrá suspender las causales de afectabilidad por falta de explotación por parte del propietario o poseedor afectados, en los términos de la Ley Federal de Reforma Agraria.
De acuerdo con la correspondiente declaratoria de ociosidad la Secretaría ocupará las tierras ociosas.
Artículo 79. La ocupación de las tierras declaradas ociosas por la nación conforme a esta Ley terminará con el ciclo productivo, después de lo cual el Ejecutivo Federal las devolverá a sus legítimos propietarios o poseedores, si estos comunican a la Secretaría su deseo de continuar se explotación con tres meses de anticipación al inicio del ciclo productivo siguiente. En caso contrario la ocupación proseguirá durante otro u otros ciclos, conforme a las mismas reglas, sin ser necesaria nueva declaratoria de ociosidad.
CAPITULO II
Del Aprovechamiento de las Tierras Ociosas
Artículo 80. La Secretaría encomendará la explotación de las tierras ociosas a una entidad legalmente autorizada del sector público, que estará capacitada para celebrar contratos para el uso y goce de las tierras ociosas con los solicitantes que cumplan con los requisitos a que alude el artículo
La autoridad estará facultada para resolver por la vía administrativa los conflictos que se susciten con motivo de estos contratos y para ordenar y ejecutar la devolución de las tierras cuando proceda, conforme a la Ley de Bienes Nacionales.
En igualdad de condiciones, tendrán preferencia para la explotación de tierras ociosas los campesinos con derechos a salvo a que se refiere la Ley Federal de Reforma Agraria y en segundo lugar los vecinos del municipio en que se encuentren ubicadas.
Artículo 81. Los contratos a que se refiere el artículo anterior serán de naturaleza pública y contendrán como mínimo los siguientes requisitos:
a). La obligación de cumplir con lo señalado por el artículo 84 de esta Ley, por quien explote la tierra.
b) La obligación de devolver las tierras ociosas en los términos del artículo 70, y
c) La obligación de reembolsar al Estado el monto de la indemnización a que se refiere el artículo 86 de esta Ley.
En la celebración de los contratos se tendrá en cuenta los usos y costumbres de la localidad en que se hallen las tierras declaradas ociosas y comprenderán el derecho al uso de las aguas que les corresponda.
Artículo 82. La Secretaría deberá elaborar y mantener una lista actualizada de solicitantes que estén en condiciones de trabajar las tierras ociosas. Los solicitantes recibirán constancia
escrita del día y hora en que se hayan presentado sus peticiones ante dicha dependencia o sus delegaciones.
Artículo 83. La Secretaría solicitará a la de Reforma Agraria la información correspondiente a los campesinos con derechos a salvo, para los efectos del artículo que antecede.
Artículo 84. La explotación de las tierras ociosas deberá contratarse con los solicitantes que seleccione la Secretaría y que reúnan los siguientes requisitos:
I. Que sean de nacionalidad mexicana:
II. Que tengan experiencia en materia agrícola;
III. Que acepten acatar los lineamientos que en materia de técnicas agrícolas determine la Secretaría.
IV. Que se obliguen a desarrollar la explotación que sugiera el Plan Nacional de Desarrollo Agropecuario, y
V. Que se sometan expresamente al procedimiento administrativo ante la Secretaría en casos de conflictos con motivo de los contratos.
Artículo 85. La extensión de tierra ociosa que se podrá conceder a cada individuo será determinada de acuerdo con calidad de los terrenos y el número de solicitantes, sin rebasar los máximos que establece la Ley a la pequeña propiedad, ni los mínimos a que se refiere el artículo 63 de este procedimiento.
Artículo 86. La indemnización que corresponda al propietario o poseedor de la tierra ociosa se fijará por peritos, con base en el valor que figure en las oficinas catastrales, el tiempo de la ocupación y los demás elementos que en cada caso concurran.
Artículo 87. El propietario o poseedor de la tierra ociosa que obtuviera resolución desfavorable en el recurso de revisión que hubiese interpuesto con motivo de la declaración de tierras ociosas, no perderá el derechos a recibir la indemnización a que se refiere al artículo anterior.
Artículo 88. El propietario o poseedor de la tierra declarada ociosa, además de la indemnización prevista en esta Ley, no tendrá derecho a exigir de los usuarios ninguna prestación adicional, quedando a cargo de la Secretaría vigilar el cumplimiento de esta disposición.
Artículo 89. La Secretaría llevará un registro detallado de la explotación que se realice en las tierras declaradas ociosas, para los efectos de la aplicación de esta Ley.
CAPITULO III
De las tierras ociosas en litigio
Artículo 90. En el caso de tierras ociosas a causa del litigio ante autoridades judiciales o administrativas, la Secretaría iniciará el procedimiento previsto en el artículo 74 notificando a las partes contendientes.
Artículo 91. La declaratoria de ociosidad y la celebración de los contratos a que se refiere esta Ley, serán sin perjuicio de la resolución que recaiga en cada caso en los litigios de que habla el artículo anterior.
Artículo 92. Las autoridades judiciales o administrativas deberán respetar las declaraciones de tierras ociosas y los contratos celebrados respecto de ellas en los términos que esta Ley, hasta la conclusión de los ciclos productivos que se hayan iniciado.
Las indemnizaciones que correspondan por la ocupación quedarán afectadas al resultado final de las controversias.
Artículo 93. Cualquiera de las partes en el litigio podrá utilizar el recurso administrativo que establece el artículo 100 de esta Ley.
TITULO SEXTO SANCIONES
Artículo 94. A los empleados y funcionarios que conforme al Reglamento deban denunciar la existencia de tierras ociosas y no cumplan con tal función, se les impondrá multa de quinientos a cinco mil pesos.
Artículo 95. Los propietarios o poseedores de tierras declaradas ociosas serán sancionados administrativamente por la Secretaría con multas de cinco mil a cincuenta mil pesos, de acuerdo a la gravedad de la falta, cuando impidan la explotación de dichas tierras o priven del producto de su trabajo a quienes se hayan entregado para su explotación.
Artículo 96. Quienes hayan recibido tierras ociosas para su explotación serán sancionados con multa de mil a cien mil pesos, a juicio de la Secretaría, en los siguientes casos:
I. Cuando no cumplan con la obligación de explotar la tierra.
II. Cuando intencionalmente causen perjuicio a las instalaciones que se encuentren en los predios señalados como tierras ociosas, independientemente de la reparación de los daños.
III. Cuando impidan las inspecciones de parte de los funcionarios o empleados autorizados de la Secretaría.
IV. Cuando retengan las tierras por más tiempo del convenido.
Artículo 97. Los jueces, registradores y notarios públicos, y cualquier otra autoridad competente que realice actos para otorgar validez, reconocer una transmisión de propiedad o registrarla en contravención de las disposiciones sobre el minifundio establecidas en esta ley, serán sancionados con multas de veinte mil a doscientos mil pesos.
Artículo 98. Para la imposición de las sanciones se deberá oír al presunto infractor, otorgándole un término no menor de diez días ni mayor de treinta para que presente las pruebas y alegatos que a sus intereses convenga.
Artículo 99. Las sanciones establecidas en la presente Ley se aplicarán sin perjuicio de las previstas por otras disposiciones legales.
TITULO SÉPTIMO
CAPITULO UNICO
Recursos administrativos
Artículo 100. Contra las resoluciones que dicte la Secretaría en aplicación de esta Ley, el interesado podrá interponer recurso de revisión ante el Secretario del Ramo con sujeción a las siguientes normas:
I. El recurso deberá presentarse directamente por escrito ante la Secretaría o enviarse por correo certificado con acuse de recibo dentro del término de diez días hábiles contados desde la fecha de la notificación respectiva.
II. En el escrito en que se interponga el recurso, el interesado señalará domicilio para recibir notificaciones y ofrecerá todas las pruebas de su parte, acompañado necesariamente aquellas que por su naturaleza lo permitan.
III. Admitido o rechazado el recurso, se le hará saber al interesado y si fuere admitido, la autoridad fijará un término que no excederá de quince días hábiles para el desahogo de las probanzas que se hayan ofrecido y que por su naturaleza así lo requieran.
IV. Admitido el recurso quedará suspendida la resolución impugnada. Tratándose de multas para que la suspensión pueda ser dictada, su importe deberá ser garantizado conforme a las disposiciones del Código Fiscal de la Federación.
V. Serán admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional de la autoridad.
VI. La autoridad podrá mandar practicar de oficio las investigaciones y diligencias que estime necesarias.
VII. Desahogadas las pruebas y agotadas las diligencias dispuestas por la autoridad se dictará la resolución que corresponda, tomando en cuenta las pruebas aportadas sin sujetarse necesariamente a reglas especiales de valoración.
VIII. Los acuerdos y resoluciones que dicte la autoridad deberán notificarse al interesado personalmente o por correo certificado con acuse de recibo.
IX. En lo no previsto, se aplicarán supletoriamente al procedimiento las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles.
TRANSITORIOS
Primero. La presente Ley entrará en vigor a los treinta días contados a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se abrogan la Ley de tierras ociosas publicada en el Diario Oficial de la Federación del 28 de julio de 1920, y la Ley Reglamentaria del párrafo tercero del artículo 27 constitucional, que fija la superficie mínima de la pequeña propiedad y señala la forma de reagruparla del 31 de diciembre de 1945.
Tercero. Se derogan las disposiciones que se opongan a la presente Ley.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. - México, D. F., a 18 de diciembre de 1980.
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Presidente, Luis M. Farías. - Secretario, Antonio Huitrón Huitrón. - Rafael Corrales Ayala. - Francisco Javier Gaxiola O. - Juan Maldonado Pereda. - Guillermo Medina de los Santos. - Eduardo A Rosas González. - Ignacio Vázquez Torres. - Enrique Sánchez Silva. - Raúl Pineda Pineda. - Humberto Lira Mora. - Pedro Joaquín Coldwell. - Guillermo Jiménez Morales. - Antonio Gómez Velazco. - Eduardo Aviña Bátiz. - Lius O. Porte Petit Moreno. - Juan Manuel Elizondo. - Gilberto Rincón Gallardo. - Ezequiel Rodríguez Arcos. - Abel Vicencio Tovar R. - Juan Landerreche Obregón. - Juan Aguilera Azpeitia.
Comisión de Reforma Agraria.
Presidente, Lauro Ortega Martínez. - Secretario, Francisco Alarcón Fragoso. - Luis Ayala García. - Fernando Heberto Barrera Velázquez. - Salomón Faz Sánchez. - Fernando Mendoza Contreras. - Ángel Martínez Manzanarez. - Enrique Fernández Peréz. - Eleazar Santiago Cruz. - Fernando Ortiz Arana. - Amador Hernández González. - Sebastián Guzmán Cabrera. - Conrado Marines Ortiz. - Juan Diego Castañeda. - Jorge Martínez Domínguez. - Leyver Martínez González. - Rodolfo Luis Monrroy Sandoval. - Praxedis Nevares Zepeda. - Manuel Ojeda Orozco. - Ma. Amelia Olguín Vda. de Butrón. - Ismael Orozco Loreto. - Beatriz Elena Paredes Rangel. - Alfonso Quintero Larios. - Gilberto Romo Nájera. - Rafael Ruiz Béjar. - Ramón Danzos Palomino. - José G. Minondo Garfias. - Juan Manuel Rodríguez G. - Manuel Rivera del Campo. - Esteban Aguilar Jáquez. - Rafael Carranza Hernández. - Benito Hernández García. - Juventino Sánchez Jiménez. - Gumercindo Magaña. - Jaime Báez Rodríguez.
- Salvador Domínguez Sánchez. - Rubén Duarte Corral. - Rodolfo Fierro Márquez. - Federico Granja Ricalde. - David Jiménez González. - Dámaso Lanche Guillén. - Jorge Martínez Domínguez. - Marcos Medina Ríos. - Adalberto Nuñez Galaviz. - Ramón Ojeda Suárez. - Alicio Rafael Ordoño. - Carlos Pineda Suárez. - Enrique Pérez González. - Guadalupe Rivera Marín. - Gonzalo García García. - Aristeo Jaimes N. - Artemio Yañez Carrera. - Melquiades Morales Flores. - Guillermo González Aguado. - Miguel Treviño Emparan.
Comisión de Agricultura y Recursos Hidráulicos.
Presidente Norberto Aguirre Palancares. - Secretario, Jorge Díaz de León Valdivia. - José Guadarrama Márquez. - Fernando Heberto Barrera Velázquez. - Fernando Mendoza Contreras. - Salvador Domínguez Sánchez. - Salomón Faz Sánchez. - Rodolfo Fierro Márquez. - Miguel Angel Fragoso Alvarez. - Demetrio Bernardo Franco Derma. - josé Luis González Aguilera. - Juan Diego Castañeda. - Federico Granja Ricalde. - Rosalino Porfirio López Ortíz. - Javier Michel Vega. - Melquiades Morales Flores. - Raúl Moreno Mújica. - Ramón Ojeda Suárez. - Gonzalo Pastrana Castro. - Ramón Cerdio Bado. - Enrique Peréz González. - Francisco Pliego Nava. - Carlos Robles Loustaunau. - Eleazar Santiago Cruz. - Leyver Martínez González. - Octavio Rafael Bueno Trujillo. - Edmundo Gurza Villarreal. - Carlos Amaya Rivera. - Enrique Peña Bátiz. - Luis Uribe García. - Gilberto Velázquez Sánchez. - Ramón Danzós Palomino. - Juventino Sánchez Jiménez. - Juan Manuel Rodríguez G. - Gonzalo García García. - José F. González Amille."
El C. Presidente: En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los ciudadanos diputados, ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la segunda lectura y se pone a discusión en lo general.
El C. secretario Juan Maldonado Pereda: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la segunda lectura al dictamen y se pone a discusión en lo general. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la segunda lectura al dictamen, señor Presidente.
MOCIÓN SUSPENSIVA
El C. Gilberto Rincón Gallardo: Señor Presidente, pido la palabra con fundamento en los artículos 109 y 110 del Reglamento Interior.
El C. Presidente: Tiene la palabra él diputado Gilberto Rincón Gallardo.
El C. Gilberto Rincón Gallardo: Señor Presidente. Señores diputados.
"Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del Reglamento para el Gobierno Interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados integrantes del Grupo Parlamentario Comunista (Coalición de Izquierda) venimos a someter a consideración de esta Asamblea una moción suspensiva del debate que sobre el Dictamen de la Iniciativa de Ley de Fomento Agropecuario ha sido programado por esta sesión.
Fundamentamos esta moción suspensiva en las siguientes
CONSIDERACIONES
1o. El cúmulo de trabajo que esta Cámara tiene pendiente de desahogar ha hecho en la mayoría de las Iniciativas de Ley dictaminadas a lo largo de este mes, el debate, tanto en comisiones como en la Asamblea, haya sido reducido al mínimo. Los diputados nos enfrentamos a Dictámenes que la mayoría de la veces conocemos un día antes de la discusión, dictámenes que además han sido elaborados de manera unilateral por miembros del PRI y que para nada han sido discutidos previamente en comisiones.
Los resultado empiezan a aflorar, el dictamen de la Iniciativa de Ley de Estadística y Geografía es sólo la muestra de la irresponsabilidad con que la diputación priísta actúa en esta Cámara. ¿Cuántas Leyes más que contienen medidas anticonstitucionales no habrán sido aprobadas por esa mayoría cuya única función parece ser el autorizar todo lo que el Ejecutivo manda?
2o. El dictamen que hoy nos presentan a discusión se basa en seis sesiones de discusión realizadas por las Comisiones Unidad a que fue turnada la Iniciativa del Ejecutivo, discusiones marcadas por el apresuramiento de la diputación príista y en especial de su líder, que logró que en cuatro horas fueran aprobados 57 artículos, pero se negó a convocar a audiencias públicas sobre un proyecto de Ley que ha sido objeto de severas críticas y tajantes rechazos por un buen número de organizaciones campesinas, e incluso por miembro del propio partido oficial y de la diputación "obrera" del mismo, la cual en un documento público, que inexplicablemente no fue tomado en consideración para la elaboración del dictamen, manifestó su desacuerdo con el contenido del artículo 32 que dispone la asociación de ejidatarios y comuneros con pequeños propietarios, así como con otras disposiciones contenidas en el proyecto.
3o. Por nuestra parte seguimos sostenido que la Iniciativa de Ley de Fomento Agropecuario debe ser discutida en audiencias públicas y su discusión postergada a un período extraordinario de sesiones. Lo que hoy se pretende es proseguir la práctica de las aprobaciones al vapor, sólo que ahora no se trata de un proyecto cualquiera, se trata de una Ley que de ser aprobada en los términos que las comisiones han dictaminado lesionaría los intereses de millones de campesinos, agregando con ello un nuevo escalón al proceso de contrareforma agraria seguido desde los años 40.
Solicitamos, pues, de esta Asamblea la aprobación de la moción suspensiva que permita discutir en audiencias públicas la Iniciativa de Ley de Fomento Agropecuario y su discusión por esta Asamblea en un período extraordinario de reuniones a realizares el próximo año.
Grupo Parlamentario Comunista (Coalición de Izquierda).
Salón de Sesiones, México, D.F., a 19 de diciembre de 1980."
El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado Carlos Piñera Rueda.
El C. Carlos Piñera Rueda: Que legislamos al vapor nos dicen con gran desenfado los señores miembros del Partido Comunista. Por ello me permito refrescar la memoria de todos los interesados en este aspecto.
La Iniciativa que estamos viendo fue puesta en manos de los señores diputados el día 16 de octubre del presente año, es decir que el que ha tenido, ya no digo interés, sino siquiera un poco de curiosidad ha dispuesto de 64 días para revisarla.
Además, las Comisiones Unidas de Reforma Agraria, Gobernación y Puntos Constitucionales y de Agricultura y Recursos Hidráulicos dedicaron seis días, durante muchas horas cada día, a estudiar minuciosamente la Iniciativa de Ley que se estuvo revisando artículo por artículo.
Recuerdo que en el análisis de un artículo en particular, las Comisiones discutieron durante 5 horas y en cada una de dichas Comisiones participaron representantes de todos los partidos políticos.
Como el dictamen lo indica, fueron muchos los artículos que sufrieron enmiendas en el seno de las Comisiones y, ¿a eso se le llama al vapor? Vamos con un poco más de seriedad, compañeros diputados. (Aplausos).
Esta Ley es urgente, el pueblo de México requiere comer y no vamos a comer con diferencias entre los mexicanos que están representados en esta Cámara, es necesario entender que antes que los intereses de carácter sectario están los intereses del pueblo de México y (aplausos) no importa cuál sea el interés partidarista representando en la Cámara. Lo importante antes que eso, es pensar que la inquietud del Pueblo Mexicano está basada fundamentalmente en el día que no tengamos que comer.
Por eso, el señor Presidente de la República, preocupado por este problema, está dispuesto en cualquier forma a hacer primero que México coma, que el Pueblo Mexicano tenga con que comer y por eso estamos aquí dispuestos los diputados priístas, a que esta Ley salga adelante.
Muchas gracias. (Aplausos).
El C. Presidente: Haga el favor la Secretaría de leer el Artículo 110 del Reglamento Interior.
El C. secretario Juan Maldonado Pereda: "Artículo 110. En el caso de moción suspensiva se leerá la proposición y sin otro requisito que oír a su autor, si la quiere fundar y algún impugnador si lo hubiere se preguntará a la Cámara si se toma en consideración inmediatamente. En caso afirmativo se discutirá y votará en el acto, pudiendo hablar al efecto tres individuos en pro y tres en contra. Pero si la resolución de la Cámara fuese negativa, la proposición se tendrá por desechada."
El C. Presidente: En consecuencia, y en base al artículo 110, consulte la Secretaría, en base al reglamento, a la asamblea si se admite o se desecha la moción suspensiva.
El C. secretario Juan Maldonado Pereda: En votación económica se pregunta si se acepta o se desecha la moción presentada.
El C. Pablo Gómez: Pido que la votación se vote nominalmente, de acuerdo con el artículo 148.
El C. Presidente: Correcto, señor diputado Pablo Gómez. ¿Usted y cuántos diputados más están haciendo esta petición? Que haga el favor la Secretaría de tomar la votación en forma nominal, a la moción suspensiva presentada.
El C. secretario Juan Maldonado Pereda: Por instrucciones de la Presidencia se procede a tomar en votación nominal para los efectos de la moción suspensiva presentada por el C. diputado Rincón Gallardo.
Señor Presidente, informo a usted que se emitieron 251 votos en contra y 32 votos a favor... En consecuencia, está desechada.
- El Presidente: Para fundamentar el dictamen, a esta Presidencia ha solicitado la palabra el C. diputado Antonio Huitrón.
Tiene la palabra el C. diputado Antonio Huitrón.
El C. Antonio Huitrón: Señor Presidente;
Señoras y señores diputados:
Por las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, Agricultura y Reforma Agraria y de la mayoría Parlamentaria venimos ante vuestra soberanía a fundamentar el dictamen que habremos de examinar en esta discusión.
La trayectoria histórica de nuestra legislación agraria, iniciada desde el año de 1915, hasta la vigente Ley Federal de Reforma Agraria, inspirada en la filosofía política de la Revolución Mexicana, contenida en el artículo 27 constitucional, demuestra que la reforma agraria ha tenido el dinamismo suficiente para superar las contradicciones y los obstáculos estructurales que la frenan, mediante acciones y fórmulas que son compatibles con la justicia social.
Por ello, el Ejecutivo Federal, consciente de que la justicia agraria significa hoy racionalidad global de la sociedad y que la irracionalidad e injusticia en el campo han generado el problema crucial de los alimentos, ha propuesto a esta representación nacional un proyecto de ley denominada "Ley de Fomento Agropecuario y Forestal; que traduce, no sólo la vitalidad y la modernización de nuestro proceso agrario, sino los reclamos y exigencias de los hombres del campo, con el objeto de satisfacer las prioridades referidas a las necesidades alimentarias del pueblo mexicano.
La Iniciativa de Ley de Fomento Agropecuario, señores diputados se inscribe dentro del capítulo de los derechos sociales del pueblo mexicano. Incorporados en la Constitución de 1917, los derechos sociales significaron el reconocimiento de legítimos anhelos populares, que en la evolución de nuestra filosofía social y política, se inician con la presencia de nuestros libertadores, quienes con alientos justicieros y humanistas, proclaman la necesidad de la buena ley, que modere la opulencia y alivie la indigencia, como afirmara el Siervo de la Nación, don José María Morelos y Pavón, para continuarse en permanente precaución, con el pensamiento liberal de José María Luis Mora, Mariano Otero, Ponciano Arriaga y tantos otros que contribuyeron con sus ideas a impulsar el progreso nacional.
Fue de carácter social, la doctrina de José María Morelos y Pavón, así como la de otros pensadores de su época, los que buscaron plasmar en un instrumento jurídico, los derechos de las masas populares que lucharon, no sólo por la independencia, sino por una sociedad más justa. Al ideal liberal democrático de la soberanía del pueblo, acompañaron la preocupación, que en materia social, y concretamente la agraria, asumía el movimiento de Independencia, que se prolonga y conserva la Reforma, para enriquecerse con la Revolución 1910.
Y es en la Constitución de 1917 donde los derechos sociales adquieren su más plena vigencia, cuando se promulgan los preceptos claves de nuestra grandeza nacional: El artículo 3o., el Artículo 27 y el 123 de la Ley Fundamental. Desde entonces, quedó consagrado en la conciencia nacional que vivir en la democracia social es una decisión política fundamental que el pueblo sostiene sin alteraciones, con fervor y pasión humanista.
En nuestra Carta Magna, los derechos sociales de clase son la garantía del cumplimiento de los derechos individuales y la condición para lograr un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo mexicano.
El Proyecto de Ley de Fomento Agropecuario que discutimos, señores diputados, representa otro avance concreto y real en la vigencia de los derechos sociales; por ello, los diputados del Partido Revolucionario Institucional saludan el advenimiento de esta ley y aplauden a quien con la limpia convicción y claro linaje revolucionario, acrecienta el acervo de los derechos sociales del pueblo; el Presidente López Portillo (aplausos).
Con acierto, el dictamen formulado por las Comisiones precisa las directrices fundamentales que caracterizan el proyecto; esto es, la planificación del desarrollo rural y, en particular, la realización de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo Agropecuario y Forestal; la delimitación de los distritos de temporal; la integración de las unidades de producción; la acción solidaria del gobierno federal con los productores del temporal en el riesgo compartido; el reagrupamiento y la preservación de la pequeña propiedad agrícola, para evitar la pulverización de la tierra y el aprovechamiento y la declaración de las tierras ociosas.
Directrices fundamentales que se encuentran condicionadas por una premisa general que domina en su texto: alcanzar el máximo aprovechamiento de las tierras agrícolas y pecuarias, con el respeto absoluto del régimen jurídico de tenencia de la tierra, es decir, la inalterabilidad del ejido y de la propiedad comunal, o sea el respeto absoluto a la propiedad social.
La iniciativa del Ejecutivo Federal consagra y reconoce que en nuestro sistema agrario constitucional tres formas de propiedad definen el régimen de tenencia de la tierra: el ejido, las comunidades y la auténtica pequeña propiedad
agrícola y en explotación. Tres términos del régimen jurídico de la tenencia de la tierra que han determinado el progreso nacional. Por ello, los diputados del Partido Revolucionario Institucional quieren dejar bien claro y perfectamente establecido, el criterio revolucionario y progresista que inspira y fundamenta el proyecto que se analiza.
Desde sus orígenes, dimanado de la Constitución de 1917, se planteó el criterio de la coexistencia y la correlación en la agricultura nacional, de estas tres formas constitucionales de la tenencia de la tierra. El ejido, para el Partido Revolucionario Institucional constituye la unidad básica y fundamental en el desarrollo agrícola de México. El ejido, instrumento económico y social que ha dado tranquilidad al país, constituye sostén de los principios de la Revolución Mexicana. Con justa razón, la Ley Federal de Reforma Agraria considera el ejido como una empresa social destinada a satisfacer las necesidades agrarias de un núcleo de población, con la finalidad de explotar en forma integral y racional sus recursos naturales procurando con la técnica moderna la superación económica y social de los campesinos.
La auténtica pequeña propiedad en explotación, es otra forma de propiedad amparada por nuestra Legislación, que establece un régimen de garantías en favor del disfrute de la tierra y se le considera como una de las formas legítimas en que debe descansar, junto con el ejido y las comunidades, la economía agrícola del país.
Pero la pequeña propiedad agrícola y ganadera solamente es respetada por la Constitución del País cuando es explotada y cumple con la función social que nuestra Carta Magna le encomienda. Las tierras o bienes comunales constituyen otra forma de tenencia de la tierra que encuentra su fundamento legal en la fracción VII del Artículo 27 Constitucional, al reconocer que los núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, tendrá capacidad para disfrutar en común las tierras, bosques y aguas que les pertenezcan, que se les hayan restituido o se les restituyeren.
En el contexto económico y social de la agricultura mexicana, estas formas de constitución de la tenencia de la tierra han permanecido en coacciones aisladas o desvinculadas entre sí, y en otras, asociadas para la producción de la alimentación mexicana.
El desarrollo, tanto histórico como económico y social de nuestro país, ha impuesto desde hace muchos años atrás, señores diputados, el criterio correcto y cargado de un acento de justicia social, de relacionar, vincular y asociar, en los esfuerzos para elevar la producción de la nación, la coexistencia y asociación de esas tres formas de tenencia de la tierra. Si se revisan los principios contenidos en el pensamiento político de los diferentes gobiernos de la Revolución, se encontrará la preocupación de alcanzar un esfuerzo conjunto para que los ejidos, comunidades, y auténtica pequeña propiedad, puedan salvar la insuficiencia o ineficiencia en la producción y productividad. De acuerdo con estos antecedentes, en la realidad del campo mexicano y en muchos lugares de la República, existen, desde hace varios años múltiples planes agrícolas de tipo regional o estatal, en los que se establecen disposiciones legales y acciones concretas para asociar en la producción agropecuaria, tanto pequeñas propiedades, ejidos y comunidades. Esto ha hecho que nuestro partido, el Partido, Revolucionario Institucional, en su Declaración de Principios y en el Capítulo dedicado al Trabajo de la Tierra, postule la necesidad de que el ejido, la propiedad comunal y la pequeña propiedad, formas de producción garantizada por nuestra ley suprema, gocen del apoyo y protección del Estado.
Al mismo tiempo, sostiene nuestro partido, que es de la mayor urgencia y significación revolucionaria, que la pequeña propiedad se vincule cada vez más mediante fórmulas de cooperación efectiva y plena coincidencia de objetivos, al sector social de la producción agropecuaria, para que ambos reafirmen su naturaleza inconfundible como elementos afines de un solo sistema constitucional.
Igualmente, en otros ordenamientos legislativos, existe el criterio de establecer esas fórmulas de cooperación entre la pequeña propiedad y la propiedad social para asociarse conjuntamente en la explotación de la tierra, siempre y cuando, se respeten los regímenes de tenencia de los mismos, y los derechos y obligaciones de los comuneros y ejidatarios.
Los fundamentos históricos, sociales y económicos de nuestra legislación agraria, y el desarrollo social de la agricultura mexicana, demuestran y justifican ampliamente esta forma de asociación voluntaria que constituyen las unidades de producción que ha propuesto el Ejecutivo Federal: Estas unidades de producción responden a necesidades reales y objetivas del campo y se encuentran impregnadas de un gran sentido de justicia social.
En el dictamen que se analiza, señores diputados, y en los capítulos fundamentales, así como en los razonamientos importantes que en el dictamen se sostiene, el criterio revolucionario - lo reiteramos nuevamente - , de respetar siempre en forma inalterable estos tres tipos de propiedad constitucional de la tierra, el
ejido, las comunidades y la pequeña propiedad auténtica y en explotación.
Por ello y por muchos de los razonamientos que en el dictamen se encuentran justificados, los miembros de las Comisiones que lo suscriben, exhortar a los señores diputados, a que en una reflexión serena, con el pensamiento claro y diáfano que caracteriza a los Partidos Políticos Nacionales que aquí se reúnen, piensen que están legislado no para un partido; piensen que están legislando para una nación, que quiere y desea no cambiar el rumbo y el destino que le ha fijado la Revolución Mexicana.
Piensen, los señores diputados, que la producción y la productividad no es tema de discusiones ideológicas, es un tema de necesidad, de imperiosa necesidad nacional, que exige y requiere el pueblo mexicano para satisfacer sus inaplazables demandas económicas.
Por eso, señores diputados, solicito de ustedes el apoyo y la aprobación del dictamen. A ustedes, señores diputados de Acción Nacional, señores diputados del Partido Popular Socialista, señores diputados de la Coalición de Izquierda, señores diputados del Partido Demócrata Mexicano, pido a todos ustedes que en una reflexión profundamente mexicana, decidan por el destino, por el rumbo que nos señala el Proyecto de Ley, que no es otro, que el lograr mejores y mayores metas para que la nación mexicana avance en los aspectos fundamentales de la subsistencia de este país.
No es hora, señores diputados, de que una Ley llena de bondad, de justicia social, popular y democrática, como se demostrará en el debate de esta Asamblea, se detenga y sea paralizada por intereses ideológico u obstáculos partidistas. De su cooperación firme, de su preocupación y ayuda dependerá el futuro de la Nación Mexicana.
Nos escucha todo el pueblo de México. El pueblo de México está pendiente de la decisión de ustedes. Al Partido Socialista de los Trabajadores, pido también su reflexión. Las Comisiones solicitan que con todo serenidad, con el sentido dinámico que nos debe imbuir, e invocando no al criterio quietista y conservador, no al criterio quietista y conservador de los que piensan todavía en instituciones encasilladas, que olvidan cómo nuevas relaciones de producción se imponen en el campo en correlación con las fuerzas productivas que rigen la economía de este país, sino a los que creen en el cambio social, piensen, señores diputados que estamos en el cruce de un camino que nos conduce a proseguir nuestros avances en la legislación agraria nacional.
Señores diputados, bienvenida la Ley de Fomento Agropecuario. Aplaudimos al Jefe de la Nación, al Presidente de la República, quien con sus palabras, ha conmovido al pueblo de México, cuando el día de ayer, al referirse al ejido, a la propiedad comunal y la auténtica pequeña propiedad, afirma con enérgica convicción que estas formas de tenencia de la tierra, la propiedad social y la auténtica pequeña propiedad, seguirán siendo en forma inalterable, las instituciones fundamentales del agromexicano y que dentro de la tranquilidad y de la paz social, marcarán el rumbo y el destino del México de hoy y de mañana.
(Aplausos).
El C. Presidente: Está a discusión en lo general.
Se abre el registro de oradores.
En contra; los diputados que estén en contra serán registrados, uno por uno lo vamos a hacer.
El C, Presidente: Se van a leer los nombres de los CC. diputados en contra, para ver si alguno falta.
Se informa que se han inscrito para hablar en contra, los siguientes ciudadanos diputados: Juan Manuel Elizondo. Lázaro Rubio Félix, Ramón Danzós Palomino, Ezequiel Rodríguez Arcos, Cuauhtémoc Amezcua, Sabino Hernández, Carlos Sánchez Cárdenas, Juventino Sánchez, Gerardo Unzueta, Manuel Stephens, Arturo Salcido, Manuel Terrazas, Juan Manuel Rodríguez, Jesús Ortega, Adolfo Mejía, Graco Ramírez, Hugo Amao y Jorge Amador.
Para hablar en pro los siguientes ciudadanos diputados:
Fernando Mendoza, Enrique Fernández Pérez, Antonio Huitrón, Raúl Pineda, Amador Hernández, Federico Granja, Rafael Cervantes Acuña, Javier Michel Vega, Salomón Faz, Eleazar Santiago, Alicio Rafael Ordoño, Jorge Duarte, Francisco Madero, Jorge Montúfar, Ángel López Padilla, Nicolás Quintero, Jorge Díaz de León, Hugo Romero, Dámaso Lanche, Héctor Moreno Toscano, Jaime Báez, Gonzalo Pastrana, José Carlos de Saracho, Melquiades Morales, Juan Ugarte, Nicolás Quintero, Antonio Cueto, Praxedis Nevares, Beatriz Paredes, Fidel Herrera, José Luis Andrade, Jorge Flores Vizcarra, Leobardo Salgado Arroyo, Graciela Santana, Humberto Hernández Haddad, Rodolfo Fierro Márquez, Alfonso Quintero Larios, Augusto Sánchez Lozada, Rubén Darío Somuano, Rodolfo Monroy Sandoval, Marcos Medina, Enrique Pérez González, Manuel Rivera, José Gregorio Minondo Garfias, Carlos Amaya, Abel Vicencio Tovar, Juan Landerreche Obregón, Fernando Canales Clariond, David Bravo y Cid, Graciela Aceves, Antonio Obregón Padilla, Carlos Pineda, Hiram Escudero y Gumercindo Magaña.
Tiene la palabra en contra el C. diputado Juan Manuel Elizondo.
El C. Juan Manuel Elizondo: Señores diputados:
Me doy perfectamente cuenta de que vamos a tratar la Ley Agraria más importante desde la ley del 6 de enero de 1915.
Así la había identificado el licenciado Huitrón y Huitrón y señalaba que esta Ley se inscribe en la filosofía política de la Revolución Mexicana, nacida con la Legislación de Veracruz llamada Adiciones al Plan de Guadalupe, de la cual fue parte constituyente la Ley del 6 de Enero de 1915.
Yo quiero decir que la filosofía no es, tratándose del problema agrario, la filosofía de la Revolución Mexicana, sino la filosofía del pueblo de México, la filosofía del problema agrario mexicano y que, si quisiéramos referirnos a ella, tendríamos que empezar por recordar las luchas del pueblo de Anenecuilco, la cuna de Emiliano Zapata, pueblo fundado antes de la llegada de los españoles y pueblo que finalmente entregó el bastón de mando en las manos de quien después fue el líder del programa agrario de la Revolución Mexicana.
Tendríamos También que hablar del informe de Abad y Queipo, de Mora, o de Ponciano Arriaga, o del Manifiesto del Partido Libera de 1906, o del Plan de San Luis, o del Plan de Ayala y demás. Yo no conozco más filosofía política agraria, en lo que va de este siglo, que la que nace con Zapata; filosofía radicalmente opuesta a la de dos Francisco I. Madero. La filosofía de Zapata, expresada en el Plan de Ayala y en las reformas al Plan de Ayala, es perfectamente conocida: Un rescate radical y total de las tierras de que habían sido despojados los pueblos a virtud de una legislación de buena fe pero equivocada, semejante a la que vamos a discutir ahora mismo, expedida a la mitad del siglo pasado.
Zapata reclamaba las 4 formas de la propiedad comunal que introdujeron los españoles en México la tierra para el fundo legal; la tierra de los propios, para que los vecinos trabajaran y contribuyeran al sostenimiento del municipio, el ejido y las tierras de común repartimiento.
De estas formas, el ejido era el de menor categoría; el ejido era la forma secundaria y última de la propiedad común de los pueblos; la forma principal, como ustedes saben, eran las tierras de común repartimiento, las tierras de sembradura.
La Ley Desamortización afectó gravísimamente a todas esas tierras, con excepción de las del fundo legal. Fueron destruidas y acaparadas por los hacendados las tierras de común repartimiento y los ejidos y esas tierras eran las que reclamaba Zapata. Madero, por su parte, caudillo de una revolución electoral, reclamaba la restitución de algunas de esas tierras que los hacendados habían tomado de la propiedad de los pueblos.
La tragedia se consumó como parte inicial de esa filosofía; la filosofía de Madero lo llevó a la muerte; la filosofía de Zapata lo condujo también al sacrificio, y nace, entonces, la filosofía de Cabrera y de Carranza. Toda la Legislación de este siglo, como legislación, tiene su origen en esa Ley del 6 de Enero de 1915 y todos, todos los gobiernos sin excepción, empezando con el de Carranza y terminando por el de Luis Echeverría, habían tenido la decisión de dictar leyes agrarias bajo su estricta responsabilidad.
He leído en los diarios del día de hoy que el sistema de posesión de la tierra en México no es vergonzante; me voy a permitir disentir de esa afirmación. Por supuesto nosotros no consideramos vergonzante la posesión del ejido, de la pequeña propiedad legítima y de la propiedad comunal; pero no podemos pasar por alto la propiedad de los sistemas de riego. Creo que habría mucho muy pocos de quienes disfrutan los sistemas de riego, que podrían explicar el origen honesto de su propiedad, unos, viejos caciques, gobernadores, senadores, etc., otros, bailarinas, artistas consentidas o mujeres entretenidas de los hombres del gobierno; otros, capitalistas de las ciudades que gustan pasar sus ocios dominicales yendo a ver cómo trabajan sus peones otros, contrabandista; y quisiera que me citaran por lo menos en un distrito de riego algo más de una docena de gentes que pudieran decir: Adquirí esta propiedad con mi trabajo. Y que nos explicara cuál era el lugar de su trabajo o el lugar de trabajo de sus padres. Disiento en esto del señor Presidente de la República. Esa sí es casi en toda su generalidad, una propiedad vergonzante, la propiedad que por añadidura resulta la más protegida en esta ley; ni siquiera se toca, antes bien se confirman los derechos de posesión que tienen ya los que están ahí.
Creo, por otra parte, que sí como esta propiedad es vergonzante, también es vergonzante la iniciativa, porque elude sus responsabilidades. Esta es una curiosa iniciativa donde se otorga un derecho subjetivo a los ejidos, a las comunidades y a los pequeños propietarios. El Estado no participa, más que cuando algunos de los derechohabientes, por su voluntad, pone en marcha el mecanismo jurídico de esta ley. Entonces participa el Estado, pero participa de dos maneras igualmente curiosas: Sin ninguna responsabilidad, o como simple observador.
Todas las responsabilidades que adquiere son potenciales siempre se habla de que la Secretaría podrá, de que la Secretaría deberá, de que la Secretaría estará, y se reserva derechos absolutos para dirimir cuestiones que surjan entre los contrayentes, que está tocando los linderos de la nueva Constitución Chilena.
La Secretaría, sin asumir ninguna responsabilidad -y me refiero a la Secretaría de Agricultura en este proyecto- asume el derecho de arbitrar el conflicto entre las partes y aplicar medidas administrativas para zanjar esos conflictos. Esto es absolutamente inadmisible, porque para que esos derechos oficiales y estatales existan, debería de haber primero un capítulo de Responsabilidades del Estado al respecto.
En cuanto a la constitución de las nuevas formas de organización en el campo y en cuanto a la responsabilidad, no a la vigilancia, en cuanto a la responsabilidad de la suerte de los programas que se ejecuten en las áreas productivas de que habla la iniciativa, no podemos estar de acuerdo con un sistema jurídico de esta naturaleza, porque nosotros, desde hace ya más de medio siglo, hemos estado exigiendo que el Estado asuma la responsabilidad que le compete en el problema agrario del país. Los ejidos se formaron por mandato de la Nación. Venustiano Carranza, jefe de una Revolución, expidió con las facultades que le daban las armas, porque no disponía de otras, la Ley del 6 de Enero de 1915, Ley que recogió el Congreso Constituyente de Querétaro, que por ser Congreso y por ser Constituyente, la respaldó con todo el poder de la Nación, para que fuese expresión, y la principal, de la política de la Revolución Mexicana.
La Ley del 6 de Enero había establecido que los ejidos eran entregados a los pueblos no para que se disfrutasen en común, sino para que fuesen repartidos en pleno dominio entre los miembros de ese pueblo, y que solamente por las circunstancias que privaban en ese tiempo, podrían los habitantes del pueblo beneficiado explotar la tierra en común; pero debía de establecerse una ley reglamentaria que fijara las condiciones mediante las cuales esas tierras deberían ser finalmente repartidas, y concluía Cabrera: "pero con algunas limitaciones para evitar que éstas tierras vuelvan a caer en manos de acaparadores, principalmente extranjeros". Así fue como pasó este decreto de Carranza a la Constitución, con estas limitaciones.
El Gobierno de la revolución, de Carranza para acá, hasta el Gobierno del general Ávila Camacho, tuvo la idea de que las tierras se entregaban en propiedad a los ejidos. Pero los supuestos de la ley de Carranza de que esas tierras eran, en primer lugar, para hacer justicia a los campesinos expoliados por siglos, y en segundo, que ésas eran entregadas en propiedad, excluían de toda responsabilidad a los gobiernos en la suerte de esas tierras.
Ya en 1915, el año de los primeros repartos, en el Distrito Federal nuestros dirigentes políticos recorrían los alrededores de la capital donde existían ejidos para convencer a los campesinos de que pagasen las tierras, las parcelas que se les entregaban.
Ese fue el motivo principal por el cual de 1915 a 1944 o 45, los ejidos fueron abandonados. Con un criterio justicialista se entregaban dos hectáreas, tres hectáreas y cuatro hectáreas por solicitantes de tierra y se les abandonaba a su suerte. El Estado no asumía ninguna responsabilidad sobre la suerte, sobre la producción de estas tierras que la Revolución le entregaba a los pueblos.
El ejido con las limitaciones que venían de la ley del 6 de Enero, y que no quedaron incorporadas en la Constitución -sino que posteriormente formaron parte de los Códigos Agrarios-, fueren declarados inalienables.
El fenómeno producido legalmente fue muy claro: de una parte quedaba subsistente el derecho de propiedad de los parcelarios a la porción de tierra con que eran beneficiados; por otro lado esa tierra resultaba inalienable; y el efecto no se hizo esperar, el ejidatario no pudo ser sujeto de crédito, ni su personalidad jurídica ni sus bienes, la tierra, estaba plenamente configurados para ocurrir al crédito público o privado, puesto que si el reparto se efectuaba entre la gente más pobre y más miserable de la población, era obvio que no disponían de bienes para ofrecer en garantía a cambio de los créditos.
La tierra ejidal era inalienable. Y, frente a este hecho, se desarrolló la pequeña propiedad, como la otra alternativa de la producción agrícola.
Fue hasta 1944 cuando, en virtud de la enorme confusión que existía en los ejidos las parcelas no estaban delimitadas, los ejidos no estaban delimitados tampoco, el cultivo se hacía en común según el criterio de los jefes de los propios ejidos, cuando se planteó la necesidad imperiosísima de dar asiento permanente para cada uno de los ejidatarios y fue entonces cuando el Gobierno de Ávila Camacho expidió los famosos certificados de posesión de la parcela.
Esos certificados de posesión eran necesarios para fijar a los ejidatarios en una parcela y dar la posibilidad de trabajo seguro a cada uno de los miembros del ejido. Pero las leyes
reglamentarias posteriores declararon que el certificado de posesión era un certificado para el usufructo de la tierra, con lo cual acabaron de cerrar el círculo que estrechó y ahogó a los ejidatarios del país en lo que concierne a sus relaciones con las fuentes del crédito, tanto público como privado.
El Banco de Crédito Ejidal, que había fundado el general Calles era, por razones obvias, absolutamente insuficiente para atender a las demandas de crédito de toda la masa de ejidatarios y de campesinos beneficiados en el país. Este sector fue descendiendo lentamente en la escala social, mientras al mismo tiempo, la pequeña propiedad fue ascendiendo con los recursos públicos del Banco Agrario y con los recursos de la banca privada.
Se estableció una diferenciación visible; por un lado la pequeña propiedad floreciente y, por otro lado, los ejidos hundidos, desvaluados en el descrédito. Empezó a decirse que la causa de esta devaluación del sistema ejidal, era la flojera de los ejidatarios, su falta de afán por el trabajo, su falta de responsabilidad con ellos mismos y con la nación, etc. Y cuando el general Cárdenas emprendió en grande la reforma agraria, éste fue el argumento más usado por los terratenientes y por quienes giraban en torno de ellos como abogados o como chícharos de bufetes.
No había comparación posible entre el sistema ejidal y el sistema de la pequeña propiedad y llegamos al momento en que había que definir, con vigor y con precisión, el destino de la reforma agraria, porque el destino de la reforma agraria estaba en ese momento condicionando el destino de la nación. Esto ocurrió en el momento en que termina la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos Había salido de la contienda con una producción multiplicada por 12 de los breves años de la guerra, en producción industrial, inclusive la agrícola, amenazaba con vaciarla, porque tenía unos stocks enormes, sobre los países de América Latina. En la Conferencia de Cancilleres de Chapultepec ya pudimos enfrentar ese programa de los Estados Unidos y hubo entonces que preparar el programa para modernizar la producción de los ejidos y de las comunidades, para ponerlos en la vía de la producción y para convertirlos en el sector más amplio y productivo que pudiese servir de base, de mercado interno para el desarrollo de la industria nacional auténticamente mexicana. Estábamos viendo llegar en ese tiempo a las transnacionales y nuestra incipiente industria contaba apenas con una fábrica de cerveza, una fábrica de huaraches, etc.; debíamos de crear las bases de la economía de abajo hacia arriba y el plan es un plan que todavía está ahí y que ignoro por qué razones fue abandonado por los gobiernos sucesivos.
Una cosa quiero dejar firme puesto que mi tiempo se agota y hay que ser respetuosos del Reglamento, volveré sobre este tema al discutirse en lo particular los capítulos correspondientes, pero quiero dejar perfectamente claro que los planes que nosotros elaboramos para el desarrollo y modernización de la agricultura ejidal y comunal, son mucho muy superiores, más eficientes y más sencillos que este plan que nos ofrece ahora el Poder Ejecutivo. Volveré a continuar mi argumentación en otro turno.
(Aplausos.)
El C. Presidente: Señores diputados: En virtud de que se han inscrito 54 oradores en pro y 18 en contra, esta Presidencia les pide amablemente y solicita que seamos estrictos con el tiempo que marca el Reglamento, lo que es más, se atreve a solicitar ser un poco más breves en función al número de oradores.
Tiene la palabra en pro, el C. diputado Fernando Mendoza Contreras.
El C. Fernando Mendoza Contreras: Señor Presidente;
Honorables miembros de esta Cámara de Diputados:
Abordo, por primera vez, esta tribuna a la que con justicia se ha dado en llamar la más alta del país. A ella, ciertamente, han ascendido, en el curso de la historia parlamentaria de México, hombre que le han dado brillo, prestigio y dignidad, pero este nivel, señores diputados, obliga a la reflexión y al reclamo también de estar a la altura del derecho de abordarla.
Los diputados de esta LI Legislatura, representamos a todas las corrientes ideológicas del país, somos, por tanto, protagonistas de una reforma política que procura, a la luz del día, el perfeccionamiento de nuestras instituciones, mediante el análisis juicioso, sereno y reflexivo de las realidades y de los problemas que, de una manera o de otra, afectan al desarrollo de nuestra sociedad plural.
Expresar tesis, aportar soluciones, corregir rumbos es, en la práctica legislativa del momento en que vivimos, la más pura expresión política de la vida democrática de México.
Con base a estas reflexiones, yo me pregunto, en conciencia, señores diputados: ¿Hemos correspondido con seriedad, con responsabilidad, a este compromiso de la representación nacional?
Los invito a la meditación, para que cada representante del pueblo se conteste a sí
mismo en su yo íntimo, si ha estado a la altura de ese compromiso que entraña mayor responsabilidad, frente a quienes mediante el sufragio creyeron en nosotros y nos depositaron irrestrictamente su confianza.
Hoy, en esta sesión de la H. Cámara de Diputados, se discute un documento de trascendental importancia para la vida futura del país, la iniciativa de Ley de Fomento Agrario, presentada a esta Soberanía por el señor Presidente de la República, licenciado José López Portillo y contenida en 6 Títulos, 100 artículos y 3 transitorios. Es esta iniciativa un esfuerzo realista de congruencia, entre las necesidades que padecemos y las libertades que aún nos faltan.
Consecuentemente, este proyecto de Ley del marco jurídico constitucional, procura prestar decidido apoyo al Sector Agropecuario, a fin de aumentar la producción de alimentos básicos, en la medidas de nuestras necesidades y demandas.
Atento a lo anterior, la preocupación del Ejecutivo Federal es fortalecer la capacidad del campo para producir los alimentos que demanda la población; constituye así un valioso mecanismo legal que permitirá la planeación agropecuaria e incorporará al cultivo todas las tierras susceptibles de explotación, fortaleciendo tanto la organización de los campesinos para aumentar sus propios ingresos, como la producción nacional, en provecho de las mayorías y de la economía del país.
Este proyecto de Ley, como lo señala la exposición de motivos, es fruto de la reflexión de motivos, es fruto de la reflexión y el esfuerzo compartido de las instituciones participantes. Comprende normas que se refieren a la indispensable planeación de la producción agropecuaria, con especial énfasis en los requerimientos de productos básicos y aquellos que exige el desarrollo nacional, para responder así a las inaplazables demandas del país en la materia.
La iniciativa contempla, como apoyo financiero, el establecimiento de un fideicomiso para compartir riesgos, con aquellos productores que se adhieran a los programas de producción de alimentos básicos, así como con quienes procuren incrementos en la productividad de las tierras. A fin de fortalecer las estructuras productivas se propicia la asociación de ejidatarios, comuneros, colonos o pequeños propietarios minifundistas con empresas paraestatales para la producción o la prestación de servicios de interés común.
Dentro de la iniciativa se observa también el propósito de alcanzar un mejor aprovechamiento de la propiedad en todas sus formas para que ésta cumpla eficazmente con la función social que la Constitución le asigna. Por tal motivo se propone el procedimiento de expropiación por causa de utilidad pública cuando convenga utilizar la dotación de la tierra de manera que satisfaga mejor el interés general.
Consecuentemente en el proyecto se incluye la disposición relativa para dar a las tierras el mejor destino acorde con las prioridades básicas de la nación.
Con profundo sentido de la realidad, se contempla algo sumamente importante dentro del texto de la Iniciativa, la responsabilidad de integrar unidades de producción entre pequeños auténticos propietarios, ejidatarios y comuneros, novedosa figura jurídica que armoniza los recursos humanos del campo para el aprovechamiento óptimo de esfuerzos, capacidades y experiencias, protegiéndose escrupulosamente, en el documento aludido, el régimen jurídico de los ejidos y de las comunidades, sin alterar de manera alguna la forma de tenencia de la tierra.
Con tal motivo, en el Título Tercero, Capítulo II, la Iniciativa establece con meridiana claridad, que la validez de las unidades de producción estará condicionada a la aprobación y el registro proporcionados por la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, cuya intervención tiene por finalidad la de velar, en coordinación con la Secretaría de la Reforma Agraria, por el respeto integral al régimen jurídico propio de los ejidos y comunidades y también para que las utilidades obtenidas se repartan equitativamente entre quienes aportan sus bienes, capital y su trabajo y, en atención a estas consideraciones, este sistema de trabajo se especifica cuidadosamente en el cuerpo normativo del proyecto señalándose con precisión y margen suficiente las condiciones mínimas que debe reunir.
Consecuentemente las unidades tendrán capacidad jurídica para alcanzar sus propósitos y responderán sólo con sus productos, sin comprometer la tierra.
La Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos queda legalmente facultada para intervenir a solicitud de parte, con fines de conciliación o arbitraje en vista de la naturaleza pública y federal que caracteriza a todas las disposiciones de este proyecto de Ley.
La iniciativa presentada a esta Soberanía, comprende, señores diputados, igualmente una serie de disposiciones que sustituirán a las ahora contenidas en la Ley de Tierras Ociosas, recogiendo integralmente la preocupación de que no existan tierras laborables que se encuentren improductivas. Se ha cuidado asimismo de que queden protegidos en forma adecuada y segura, los derechos de poseedores legítimos propietarios siempre que mantengan en producción sus tierras.
En el propósito de rescate de tierras ociosas, también se incluye aquellas que se encuentran improductivas a causa de litigios.
La iniciativa prevé también los procedimientos, recursos y sanciones con motivo de la aplicación correcta y eficiente de la Ley, ya que si bien interesa al Gobierno como representante de interés, social, el crecimiento nacional de la producción rural, es también básico e imprescindible garantizar la seguridad jurídica y tranquilidad social como base de nuestro sistema democrático.
Es pues claro que la intención del proyecto de Ley que ahora discutimos, es aumentar la producción alimentaria. Esa es, precisamente, señores diputados, la prioridad revolucionaria del momento que vivimos: producir, dándole a las tierras ociosas o indebidamente aprovechadas el uso óptimo que demanda la autosuficiencia alimentaria de la población.
La iniciativa es, pues, una de las fórmulas realistas y serias de cómo el Gobierno de la República cumple con eficiencia el Plan Global de Desarrollo y específicamente implementa los mecanismos legislativos para hacer efectivo, en la práctica, el Sistema Alimentario Mexicano, procurando así elevar los mínimos de bienestar de las mayorías nacionales.
Nadie de los aquí presentes, señores diputados, ignoramos que cada iniciativa que aquí se convierte en ley, cada decreto que aquí se aprueba, cada tesis sólida que aquí se expresa, coadyuva indudablemente al mejoramiento de la vida nacional.
Avanzar, señores diputados, con justicia en el ámbito de la libertad, es el reto de equilibrio social que nos exige la historia; es el desafío que nos plantea el presente y es ineludible compromiso que tenemos contraído con el porvenir.
Esta iniciativa, señores diputados, es un documento serio, formal, congruente con nuestras necesidades y requerimientos nacionales. No le neguemos su verdadera validez.
Cuando comienzan las palabras altisonantes se acaban los argumentos; cuando se agotan los argumentos nos minimizamos ante la altura de esta tribuna nacional.
Participemos pues, sí en este debate, con lealtad a nuestros partidos, pero no caigamos en la crítica por la crítica misma. Destruir es, a veces, cuestión de segundos; construir es un proceso histórico de siglos. Sigamos construyendo en vez de destruir. México es resumen de esfuerzos edificante. Construyamos con buena fe el crecimiento que con justicia ya nos demanda la nación. Compañeros diputados:
No siempre se puede optar entre lo bueno y lo mejor. Aceptar con realidad este principio y obrar en consecuencia es elemental para no perder el tiempo en utopías. El crecimiento de la población, la desesperación de los sin trabajo, el hambre de los marginados frente a las tierras ociosas e improductivas, frente a la posibilidad de organizar mejor la productividad del campo, obliga al realismo y no a la fantasía.
Como legisladores, señores diputados, nuestro compromiso consiste precisamente en transformar en leyes eficaces y eficientes las alternativas y soluciones que el pueblo nos demanda. Que la negatividad ante la luz de los argumentos no se convierta en nuestra propia cárcel ideológica. Nada sólido ni perdurable se puede construir en lo negativo y en la apatía. Que nuestra abstención en el voto no sea la dolorosa expresión de nuestro silencio; que nuestra pasión o ironía no se desborde en ira como amarga manifestación de la derrota. Estamos los diputados a la altura que nos demanda este recinto. Busquemos la unidad de los contrarios, hagamos de esta ley una síntesis del progreso que nuestro porvenir reclama; avancemos por el camino de la libertad enriqueciendo a cada paso los anhelos que inspiran a la justicia.
Para quienes frecuentemente pierden el sentido de la realidad, debemos recordarles que México no es una autopía, México no es el espejismo de la tierra prometida, las luchas de México, señores diputados, jamás se han librado contra molinos de viento.
México es, ha sido y seguirá siendo, una realidad histórica, dinámica, viva y actuante, que exige ahora y aquí seriedad y realismo; que exige ahora y aquí soluciones concretas a problemas concretos; que exige ahora y aquí el mejor aprovechamiento de las superficies ociosas o indebidamente aprovechadas; que exige ahora y aquí mejores fórmulas de organización en el campo; que exige, señores diputados, ahora y aquí reincorporar a mejores niveles de vida a las grandes masas populares y aún viven lejos de los mínimos de bienestar.
Sólo así, señores diputados, nos afirmamos en la práctica como país revolucionario, como país que avanza procurando soluciones reales a problemas reales.
O producimos para que el pueblo se alimente, o por ineficiencia revolucionaria pondremos en peligro la estabilidad política y la soberanía de la República. Disiento de lo afirmado aquí por el señor diputado que me antecedió en el uso de la palabra. A él y a quienes se oponen vehementemente a la iniciativa, respetuosamente, debemos decirles que lamentablemente, señores diputados, el campo no produce con discursos;
el zurco señores diputados, no se abre al conjuro de frases retóricas; la semilla no germina al estéril calor de la polémica.
Producir es legislar para aprovechar todas las potencialidades, es asimilar, organizadamente, todos los esfuerzos. No nos aferramos a posiciones partidistas, escuchemos los requerimientos de la realidad nacional, veamos con determinación y valor el presente o mañana, quizá ya tarde, nos arrepentimos de no haber actuado a la altura de las responsabilidades históricas que ahora y aquí el pueblo nos demanda.
No neguemos señores diputados, el derecho a nuestros hijos a seguir siendo libres.
Recordemos que somos ya 70 millones de mexicanos, que cada vez más nuestra población crece y demanda mayores alimentos.
Como otros países, ciertamente, padecemos de inflación y de insuficiencia, pero los mexicanos tenemos voluntad, tenemos recursos, tenemos bandera y tenemos líder. Nos encontramos, pues, en el parteaguas de dos tiempos: el uno que no acaba de morir y el otro que no acaba de nacer. El primero, señores diputados, bajo la amenaza de la inseguridad y la escasez y el segundo bajo el signo inminente de la seguridad y de la abundancia. Hacia este último, sin perder el horizonte de la realidad, avancemos por el camino de la libertad.
Por último, señores diputados, recordemos que en este recinto que ha sido la voz de la historia, al centro y en lo alto de la bandera nacional, sobre la cabeza del águila republicana, en letras de oro se lee: "La Patria es Primero" y hoy y aquí, señores diputados, como genuinos representantes del pueblo, los mexicanos que estamos en favor de la Iniciativa sabemos también que por encima de nuestras pasiones ideológicas, primero es la Patria.
Muchas gracias. (Aplauso.)
El C. Presidente: Tiene la palabra el ciudadano diputado Lázaro Rubio, en contra.
El C. Lázaro Rubio Félix: Señor Presidente;
Señoras y señores diputados:
Abordamos esta Tribuna con gran preocupación revolucionaria y una enorme inquietud revolucionaria.
La lucha por la tierra ha trazado el devenir histórico de todos los pueblos, siglos atrás de nuestra Era ya se daban enfrentamientos ante el desigual reparto de la tierra en las viejas civilizaciones, como la China milenaria, el antiguo Egipto, la Grecia de los hermanos Graco y el imperio de Mezopotamia.
En nuestro país, antes de la Conquista, estaba distribuida la tierra entre lo caciques de las tribus, los encargados del culto, los guerreros y los barrios, que constituían los llamados calpullis. La conquista española borró, de manera brusca, el sistema establecido y creó las encomiendas que colocaron a los naturales en calidad de verdaderos esclavos de los encomenderos. La lucha de la Independencia, encabezada por Hidalgo y por Morelos, no fue ajena al grave problema de la tierra.
En el decreto de Miguel Hidalgo, expedido en Guadalajara y en "Los Sentimientos de la Nación" de Morelos, se establecía ya la necesidad de un sistema más justo y equitativo de la tierra en nuestro país.
Durante los treinta y tantos años de la dictadura porfirista, la situación de los campesinos mexicanos continuó igual que en la Colonia. Puede decirse, sin lugar a equivocarnos, que fue la participación de los campesinos la que dio el triunfo al movimiento reivindicatorio iniciado en 1910.
Más de un millón de vidas es el costo, alto costo, de esta Revolución que hoy disfrutamos; más de un millón de vidas para plasmar en la Constitución General de la República el Artículo 27 que estableció las normas que rigen lo que llamamos la reforma agraria.
Es indudable que esta Constitución fue uno de los documentos más importantes del siglo; esta Constitución que creó la propiedad social y que supedita la propiedad privada a esa propiedad social; que pone por encima de la propiedad particular. la propiedad social, desde que se estableció por los Constituyentes del 17, que la propietaria original de las tierras y de las aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponden originalmente a la nación y esta tiene la facultad de distribuirla para el mejor aprovechamiento e imprimirle modalidades a la propiedad pública en beneficio del interés social.
La propia Constitución no deja de establecer un trato discriminatorio entre lo mexicanos. No podía ser de otra manera tratándose de un movimiento armado que no era dirigido por un proletariado que no existía en ese tiempo. Tenían que aflorar las concepciones pequeño - burguesas de los que establecieron o redactaron el Artículo 27, contra los hombres que todavía con las armas en la mano proponían un texto más avanzado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El trato discriminatorio consiste en que a unos campesinos se les dan mayores facilidades que a otro; que a unos campesinos se les establecen más exigencias que a otros.
Al campesino pobre, para tener derecho a la tierra, se le exige que haya cumplido 16 años de edad, que viva con seis meses de
anticipación en el poblado, que debe dedicarse obligatoriamente a las labores agrícolas como ocupación habitual.
Tiene que organizarse un núcleo de población que exige un número determinado para adquirir la capacidad jurídica de ese núcleo y se le establece como necesidad para tener derecho a la tierra, que la trabaje personalmente.
Después de algunos años de gestiones, a veces muy largos años, logra para él y toda su familia 10 hectáreas de riego o sus equivalentes. En cambio, para los que se llaman propietarios, para los que se dicen la llamada pequeña propiedad privada, no se les exige nada.
Puede ser un ente recién nacido, puede radicar cómodamente en una ciudad, puede dedicarse a las labores ajenas a la agricultura, profesionales, comercio, industria, etc.; puede manejarse individualmente si así lo desea, no se le ponen limitaciones a sus capitales agrícolas o industriales como se le exigen al campesino pobre y se le da derecho a 100 hectáreas de riego o sus equivalentes para el jefe de la familia, para la esposa del propietario, para los 3 ó 4 hijos a veces recién nacidos como es el caso de la costa de Culiacán que yo conozco, mejor que otros lugares del país, hasta 150 hectáreas, hasta 300 en determinados cultivos, y varios miles de hectáreas para la industria ganadera.
Esta desigualdad de trato, esta forma distinta de concebir a los mexicanos, es la que ha traído de manera inevitable que no pueda haber esa amistad, ese afecto, ese cariño entre el ejidatario y comunero y el llamado pequeño propietario de la tierra.
Esas son las profundas raíces que tienen un origen de clase, los que no harán posible la creación de unidades de producción entre ejidatarios comuneros y los llamados pequeños propietarios. (Aplausos).
Por esta razón de clase, es por la que el Partido Popular Socialista está en contra de la Iniciativa y del dictamen respectivos.
Somos conscientes de la urgente necesidad que tenemos de producir alimentos para no depender del exterior, somos conscientes del peligro que implica el depender del extranjero cuando se trate de la alimentación del pueblo.
Nuestro ideólogo y guía, el fundador del Partido Popular Socialista, el maestro Vicente Lombardo Toledano, acuñó una frase que reviste una trascendental importancia: nacionalizar es descolonizar" y estamos completamente de acuerdo con los esfuerzos del Gobierno de la República encaminados a lograr nuestra auténtica independencia económica del Exterior.
Es la bandera permanente del Partido Popular Socialista. Por ello ponderamos y reconocemos y apoyamos los esfuerzos del Gobierno de la República en su afán de que seamos capaces de producir los recursos agropecuarios para no seguir dependiendo del Extranjero en materia de alimentación.
Hemos dicho, y la historia lo confirma, que ya el sistema ejidal mexicano ha probado su eficacia, ha probado que sí es capaz de resolver los problemas agropecuarios de la nación y del pueblo nuestro.
Cuando ha habido una política revolucionaria, una política agrarista, cuando se ha manifestado la inquietud por resolver realmente los problemas de los campesinos y los problemas económicos del pueblo, el sistema ejidal ha demostrado, repito, su eficacia.
Recordemos las uniones de sociedades de la Comarca Lagunera en los estados de Durango y de Coahuila; recordemos los sistemas cooperativos de producción de las uniones de sociedades de los valles del Yaqui y el Mayo en Sonora; recordemos organizaciones cooperativas modernas, como la Sicae en los Mochis en el norte de Sinaloa; recordemos cómo funcionaron las unidades de ejidos en Lombardía y Nueva Italia en Michoacán; el Coconusco en Chiapas y en otros lugares del país.
Fue cuando se abandonó a estas organizaciones, cuando por decreto de Miguel Alemán se rompió el sistema cooperativo de la producción ejidal cuando vino el desastre de estas organizaciones, de estos sistemas de producción.
Por eso afirmamos que es falsa y falaz la afirmación de que la Reforma Agraria ha fracasado en México; el ejidatario no produce cuando se le abandona, cuando no se le apoya cuando no se le ayuda para que sea útil a la patria.
¿Por qué no rehacer estas formas de organización?
¿Por qué no recurrir otra vez a las uniones de sociedades que tenían amplios créditos, centrales de maquinaria, una eficiente comercialización?
¿Por qué hacer a un lado una experiencia ya vivida y que demostró ser eficaz, ser útil al desarrollo económico de los productos agropecuarios de México?
Se afirma en la Iniciativa, en la exposición de motivos primero y en el Dictamen después y en la intervención de muchos compañeros, que se pugna por resolver el problema de la producción agropecuaria y por otra parte se trata de sacar a los campesinos pobres de sus ancestrales carencias.
Aplaudimos esas loables intenciones, cuando estas se refieran a ese hombre ligado con
amor y con devoción a la tierra; a ese hombre del campo joven o viejo que recoge con cariño los puñados de tierra, que dialoga con ella allá en los campos de nuestra patria; al campesino que vuelve sus ojos llenos de lágrimas al cielo invocando a su Dios cuando ve con dolor profundo languidecer por la sequía las siembras que son producto de su esfuerzo, de su sacrificio, del sudor de él y de sus familiares; al verdadero campesino que está pegado y ligado a la tierra y que la siente como parte de sí mismo.
Por ellos, por este tipo de campesino auténtico es que estamos manejando estas ideas y hemos adoptado esta postura clasista, revolucionaria y patriótica.
Señoras y señores diputados:
Lo que aquí se plantea es simple y llanamente una cuestión de principios, el principio fundamental de la Revolución Mexicana, la Reforma Agraria y ante los principios, el partido de Vicente Lombardo Toledano no transigirá jamás.
Muchas gracias. (Aplausos).
El C. Presidente: Tiene la palabra, en pro, el C. Minondo Garfias.
El C. Minondo Garfias: H. Asamblea: A juicio de Acción Nacional, la iniciativa de ley que hoy se discute, implica un esfuerzo plausible de carácter legislativo para alcanzar mejores metas de producción agropecuaria y, en tal virtud, la apoya con las siguientes razones:
En la opinión pública nacional prevalece la certeza de que el mayor problema del país sigue siendo el del campo; que a la existencia y agravación del mismo en las últimas décadas concurren múltiples y complejos factores derivados, unos de las políticas equivocadas, otros de pasiones y posiciones sectarias, muchos más de las limitaciones reales y todo lo anterior se agrava por el aumento demográfico.
A nadie escapa que las formas constitucionales de tenencia de la tierra en México son el producto del movimiento armado que plasmó sus aspiraciones de justicia y libertad en el Artículo 27 de la Constitución vigente y de una larga evolución posterior, mediante la que se han precisado las diversas figuras jurídicas, con las cuales se quiere realizar el postulado constitucional de la distribución equitativa de la riqueza nacional, teniendo siempre como objetivo el bien común de la nación.
De las formas de tenencia de tierra, ejidos, comunidades, pequeñas propiedades y colonias, las dos primeras han tenido desde la iniciación de la Reforma Agraria, con la aplicación de la Ley del 6 de Enero de 1915, una connotación jurídica precisa y al darles nueva vida legal se tuvo como propósito inmediato reparar las injusticias cometidas en perjuicio de los núcleos de población, derivadas principalmente de la aplicación de la Legislación individualista vigente en el país hasta 1915.
No aconteció lo mismo con la pequeña propiedad, pues si bien es cierto que el Artículo 27 constitucional, en su origen, estableció la necesidad de fomentar esa forma de tenencia de la tierra, como producto del mismo movimiento, no consagró en su texto, como lo está en el vigente, lo que era la pequeña propiedad.
Dicho concepto y con criterios inciertos, se estableció en la Ley de Ejidos y fue evolucionando posteriormente a través de la legislación agraria, como fueron el Reglamento Agrario, la Ley de Restitución de Tierras y Aguas, los Códigos Agrarios de 1934, 1940, 1942 y la vigente Ley de Reforma Agraria.
Obviamente, los criterios legales de definición de la pequeña propiedad se han dado en medio de una lucha constante, propiciada en definitiva por la ausencia de voluntad política de diversos gobiernos para terminarla.
Por otra parte, la circunstancia de no hacer la Reforma Agraria en la etapa de distribución de la tierra, en un plazo relativamente cortó, ha tenido como consecuencia que el aumento general de población y entre ella la campesina, mantenga una presión para la redistribución de la tierra que se ha traducido en el fenómeno del minifundismo, a grado tal, que buena parte de la población se encuentra vinculada a predios de infrasubsistencia, modo técnico de nombrar a la miseria.
Asimismo, con relación a la tenencia de la tierra en la figura de la pequeña propiedad, existe una vida incierta, pues a pesar de lo que consagran los textos constitucionales, esta forma de tenencia ha sido objeto de todo género de agresiones, tanto por razones ideológicas, como de la gama infinita de parásitos que hacen del problema del campo un modo de vida productivo y todo ésto ante la indiferencia gubernamental, en unos casos, la complacencia, en otros y, en las épocas más agudas, con la alianza definitiva del Gobierno para acabarla.
Los ejidos y comunidades, por su parte, han padecido también como forma de tenencia, desviaciones en su propósito original.
En efecto, quienes le dieron al contenido ideológico inicial a la Reforma Agraria, vieron en estas formas de tenencia de la tierra, un modo inmediato de reparar las tremendas injusticias cometidas en contra de los núcleos de población en el proceso de concentración de la riqueza agropecuaria que operó principalmente en las prostimerías del siglo anterior y en los primeros años del presente.
De acuerdo con tal pensamiento, al restituir o dotar de tierras, se pretendió romper con la sujeción del peón ante el hacendado, otorgándole, mediante la entrega de la tierra al núcleo
de población, la posibilidad de desarrollar una actividad de contenido económico, la cual lo libera de prestar servicios en las peores condiciones.
El ejido, en tal condición, distaba mucho de ser lo mejor para la realización de una auténtica justicia social, pero significo el primer paso para la liberación el campesino.
Quienes conocen la historia de nuestra Reforma Agraria, no ignoran que los ejidos tenían una finalidad inmediata, la liberación del peonaje y la capacitación del trabajo, llegando posteriormente a la forma personal de tenencia de la tierra.
Apenas iniciada la década de los veintes, irrumpieron con vigor renovado en el país las doctrinas socialistas y tuvieron, en los medios gubernamentales, la fuerza necesaria para influir en la organización del ejido.
En esas condiciones, se puso en vigor la ley del repartimiento y constitución del patrimonio parcelario ejidal de 1925, que en definitiva, con el pretexto de proteger al campesino, impidió la evolución de la propiedad en los términos originalmente concebidos por los iniciadores de la Reforma Agraria.
Coincidiendo con la presencia en el país de las corrientes ideológicas antes mencionadas, los regímenes revolucionarios aquilataron la necesidad de controlar al elemento campesino para fines políticos y, en tal virtud, crearon el instrumento de sujeción a través de las centrales campesinas afiliadas al órgano corporativo superior que fue el Partido Nacional Revolucionario.
De entonces a la fecha, y no obstante lo que se afirma, en realidad la mayoría de nuestros ejidos y comunidades han padecido el peso de la necesidad política impuesta por el régimen, quien desde luego no ha querido permitir la evolución de esas comunidades vivas hacia la autosuficiencia política, social y económica y se ha concretado, por diversas razones, proporcionar, a través del crédito, o en cualquiera otra forma, una derrema económica que mal permite vivir en la mayoría de los ejidos.
Si el Estado, con relación a estas formas de tenencia que sirven de sustento a los núcleos de población, hubieran practicado con firme voluntad política una plena de humanismo, a estas fechas, y no obstante las limitaciones reales que han impedido la aportación técnica y económica suficiente, la evolución de esas comunidades habría obtenido resultados infinitamente mejores.
Por eso cuando oímos que en materia agraría, "ni un paso atrás, tenemos la certeza absoluta de que lo indispensable es dar muchos hacia adelante, entre los que cuenta de modo principal y determinante, la liberación de los mexicanos asentados en comunidades y ejidos, de la pesada carga política que el régimen les impone.
Un análisis objetivo de la política agraria de los gobiernos revolucionarios, nos pone de relieve la existencia de una paradoja, puesto que hay inconformidad manifiesta, tanto en los medios de propiedad comunitaria, como en quienes intentan la propiedad comunitaria, como en quienes intentan la propiedad personal, pues ambas, por diversas razones, son y se consideran víctimas de una política desacertada en la materia. Los primeros, en tanto que sujetos al control político no han podido evolucionar hacia una verdadera propiedad social no estatizada porque hay carencia enorme de recursos económicos para la inversión; porque hay también carencia en unos casos y ausencia definitiva en los más, de asistencia técnica; porque ante el excedente de personas en el campo, no hay para estas no acceso a la tierra, ni ocupación remunerada, ni educación, en resumen, porque no hay liberación humana integral.
Los segundos, porque sufren las consecuencias de una política de agresión a la auténtica pequeña propiedad abierta en unos casos y solapada en otros a través de las invasiones y de procedimientos seudo legales.
En el marco anterior, de definición y lucha por la tenencia de la tierra, debemos considerar otro factor de capital importancia. La política económica seguida por el Estado con relación al campo.
En general podemos afirmar que ha sido insuficiente la inversión debida fundamentalmente a la gran limitación de recursos financieros por parte del Estado. Ante dicha limitación, este optó, sobre todo a partir de la segunda Guerra Mundial, por invertir preferentemente los recursos en la industrialización del país y se vio precisado a atender también las múltiples necesidades que el rápido crecimiento urbano le planteaba.
La preferencia en la inversión industrial, no tuvo, a nuestro entender, los dos efectos principalmente buscados, el crecimiento dinámico y eficaz en relativo corto tiempo del Sector y, como consecuencia de esto, la absorción de grandes cantidades de población en este tipo de ocupaciones, circunstancias que se tradujeron en el aumento en números absolutos de la población que actualmente vive en el campo.
Por otra parte, la política económica del Estado en materia de precios a los productos agropecuarios se ha resuelto, invariablemente en favor de los consumidores urbano e industrial, sacrificando al productor. En tales condiciones y después de varias décadas de insistir en la política discriminatoria, el campo sobre poblado para su endeble economía, descapitalizado e inseguro, no pudo mantener el crecimiento adecuado a las necesidades del país, llegando al extremo de tener alguno de los años recientes, un crecimiento negativo.
Por otra parte, la educación proporcionada en el ámbito agrario también ha contribuido al agravamiento del problema, porque debido a la baja escolaridad impartida, quienes la reciben no están en aptitud para el desarrollo de otras actividades, creando así el exceso de mano de obra sin calificar.
La suma de las causas analizadas: inseguridad, inversión insuficiente, precios bajos, sujeción política, corrupción y otros factores, han
tenido como resultado que el campo, en su conjunto, y bajo todas las formas de tenencia de la tierra, no satisfaga en general las necesidades nacionales, sobre todo de productos básicos para la alimentación popular y esto que constituye una lamentable realidad nacional. La administración actual ha resuelto afrontarla partiendo, en primer lugar, de algo que a pesar de ser conocido de todos, ninguna administración anterior hizo, el reconocimiento expreso de la existencias de casi 20 millones de mexicanos con alimentación que no satisface los requerimientos para la vida humana. Reconoce también la imperiosa necesidad de elevar el nivel de vida de los campesinos, la necesidad de proporcionar las materias primas para la industria y el desarrollo de las actividades agropecuaria y forestal y que, el desarrollo de las actividades agropecuarias y forestales son condición "sine qua non" para el desarrollo equilibrado del país. Y si a lo anterior se añade que la producción mundial de alimentos se encuentra en situación crítica, resulta de imperiosa necesidad nacional realizar un esfuerzo que permita el incremento de la producción agropecuaria y forestal.
En este sentido, la iniciativa de ley que hoy se discute implica un esfuerzo legislativo para ese fin y seguramente el aspecto de primordial importancia que entraña, lo constituye la posibilidad de asociación entre pequeños propietarios, ejidatarios, comuneros y colonos, la cual, independientemente de los resultados positivos que se obtengan en el orden o la producción, el mejor de todos será la posibilidad de que los agricultores mexicanos sean estos titulares de cualquier tipo de tenencia de la tierra, concurran en un esfuerzo común que supere antagonismos en beneficio del bien común nacional que se encuentra por encima de todos los intereses particulares.
En resumen, y para concluir, Acción Nacional, como partido independiente de oposición, apoya el Dictamen rendido por las Comisiones relativas a la Iniciativa de Ley de Fomento Agropecuario en lo general, pero en tanto que advierte que el esfuerzo de superación para resolver los problemas del campo va acompañado de disposiciones objetables y de concepciones superable, anunciamos nuestro propósito de objetarlas en lo particular. Muchas gracias (Aplausos.)
El C. Presidente: Tiene la palabra en contra el C. Danzós Palomino.
El C. Ramón Danzós Palomino: Señor Presidente; Señores diputados:
En las discusiones que tuvieron en la Comisión de Reforma Agraria, la de Agricultura y Recursos Hidráulicos y la de Gobernación y Puntos Constitucionales, expresamos con toda claridad nuestros puntos de vista con respecto a esta Ley que se discute de Fomento Agropecuario.
Nos opusimos a ella por un problema de principios y de convicción en la defensa de los intereses de clase de los explotados del campo, pero también lo hemos hecho porque hemos recogido con gran sensibilidad, no sólo nuestras opiniones. sino las opiniones expresadas en esta ley que, siendo muy importante, sale de los marcos sólo del problema agropecuario y han expresado opiniones principalmente en contra del proyecto de ley cuando se conoció, por ejemplo en el Consejo de Pueblos Indígenas, que agrupa una cantidad importante de miles de asociados de las comunidades indígenas de todo el país.
Hemos recogido las opiniones de una organización nacional que está fortaleciéndose y tratando de actuar en el país, como el Movimiento Nacional Plan de Ayala, que dirige el hijo de Emiliano Zapata, Mateo Zapata, quien, en su último Congreso, en septiembre, tomó el acuerdo de estar en contra de esta iniciativa de ley; desde luego la de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, la CIOAC, de la que soy miembro de su dirección nacional; de la Coalición de Ejidos del Valle del Yanqui, que agrupa una cantidad importante de ejidos colectivos en aquella región; de los pueblos indígenas del Estado de México, que expresaron públicamente su oposición; de otros sectores, como el Colegio Nacional de Economistas que también, públicamente, expresó su oposición; del Centro de Estudios Agrarios de Profesionistas dedicados a los estudios profundos del campo; de muchos periodistas que también recogieron opiniones y expresaron, por escrito, sus puntos de vista en contra de este proyecto de ley. Desde luego también hemos sido sensibles a recoger opiniones de organizaciones de la CNC, de dirigentes y aun de diputados que, en lo particular, han expresado opiniones en contra de este Proyecto de Ley. Desde luego las opiniones del Sector Obrero que las manifestó públicamente, independientemente de las posiciones que ha habido después, en el sentido de apoyar en lo general este Proyecto de Ley, que también manifestaba sus reservas y en muchos casos la oposición al problema de esta Ley.
La discusión de este Proyecto de Ley pone en el tapete de la discusión en el país, los profundos intereses de clase, eso es lo que se manifiesta por muchos que opinan sobre este Proyecto de Ley tan importante, el problema de la limitación de los intereses de clase en nuestro país. Por un lado los intereses de las fuerzas reaccionarias y conservadores en donde se ha alineado el Partido Revolucionario Institucional, el PAN y también, por qué no decir, las opiniones del sector empresarial que las manifestó por escrito y las mandó a la Comisión de Reforma Agraria, en las que manifiestan la aprobación de este Proyecto de Ley en lo esencial, en lo que se refiere a la asociación de ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios y hacen una propuesta más aún con terceros como lo dicen en su escrito, para abrir las puertas al capital privado dentro de los ejidos. Cuando ellos manifiestan: "Es necesario por lo tanto abrir las puertas a los inversionistas que deseen incorporarse a estas unidades de
producción, a fin de capitalizar en forma acelerada el campo. Consideramos que soslayar esta alternativa puede frustrar muchos esfuerzos que contribuirán en beneficio del país". Y luego hacen la propuesta en el Artículo 32: "Los ejidos o comunidades podrán integrar unidades de producción mediante acuerdo voluntario que celebren con pequeños propietarios o terceros -y lo subrayan-,, en los términos de esta Ley, a efecto de explotar conjuntamente pequeñas propiedades de tierras ejidales o comunales."
Los señores de la iniciativa privada han aplaudido y apoyado este proyecto de ley. Por eso nuestra posición ante este proyecto ha sido, por la importancia que tiene, la propuesta que hicimos desde las comisiones que discutían el dictamen, hasta esta Asamblea, el hecho de que esta ley se discutiera con más profundidad y se abriera un debate público y su aprobación fuera motivo de un período extraordinario de sesiones. Se rechazó en las comisiones y aquí también se ha rechazado esta proposición, por que parece que se tiene urgencia de sacarla a toda costa, a hacer su aprobación para su funcionamiento.
Nos hemos opuesto a la Ley de Fomento Agropecuario, no por cuestiones sectarias, como aquí se quiere aparecer, que debemos terminar con diferencias, que debemos reflexionar aquello que tal parece no hemos reflexionado. Pero no, señores, no lo hacemos por cuestiones de carácter sectario, ni tampoco porque nos falte reflexión y porque no veamos la diferencia. La vemos perfectamente bien. Hemos meditado perfectamente bien en el contenido de esta Ley y por eso hemos asumido la posición de estar en contra en el problema esencial que significa esta Ley de Fomento Agropecuario para la vida del país.
Se habla aquí de que hay que pensar con espíritu patriótico en bien del país, pero este país está dividido en clases, entre ricos y pobres, entre explotadores y explotados, y es precisamente el interés de esos explotados, que son la mayoría que viven en este país, y principalmente los explotados del campo, a quienes nosotros pretendemos defender con la oposición que estamos manifestando al proyecto o a la ley que indiscutiblemente será aprobada por la manifestación que se ha tenido.
Y esta diferenciación de clases viene precisamente del problema de la Revolución Mexicana, de la que varios diputados nos han querido dar cátedra calificando esta ley de revolucionaria. Esta diferenciación de clases viene precisamente de esa Revolución Mexicana de carácter burgués, que ha tratado de impulsar el desarrollo el capitalismo en este país.
Una revolución burguesa que llegó tarde cuando ya el imperialismo había encajado sus garras en muchas partes del mundo, ha traído esas consecuencias y ha sido precisamente por las grandes luchas de las masas que llegó a expresarse en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, algunas concesiones a esas luchas de las masas en que cayeron millones de hombres.
Aparte de recoger las opiniones que hoy se dan, nosotros recogemos de esa revolución burguesa, que no dejó de ser un paso positivo en el desarrollo del país, aquellas cuestiones esenciales que plantearon los hombres con Zapata y Villa, que querían el reparto de la tierra en beneficio de los hombres que la trabajaban.
Otra tendencia que surgió, en la propia Revolución Mexicana, encabezada por Madero y después por Carranza de transformar las grandes haciendas feudales y semifeudales, en grandes haciendas capitalistas. Por eso se dieron las luchas cruentas, principalmente entre Zapata y Villa, tratando de llevar a la propiedad de la tierra el sentido social para entregarla a aquellos que la trabajan.
Y aquí se nos quiere, con esta ley, tratar de resolver intereses de clases. por eso, nosotros hemos calificado, en lo que se refiere a la esencia de la ley, problema de la asociación de ejidatarios, comuneros con pequeños propietarios y no puede haber alianza entre desiguales, no puede haber alianza entre los campesinos pobres con los grandes capitalistas agrarios con la burguesía agraria, porque a pesar de que los señores del sector empresarial dicen que con esta ley no se podrá aplicar el principio de que el pez grande se come al chico, nosotros seguimos insistiendo en que de realizarse y llevarse a la práctica y aprobarse esta ley, daremos la oportunidad que quiere el sector empresarial, que inconformes con el desarrollo de la propiedad social de la tierra, quieren acabarla y por eso ha habido tantas agresiones al sector ejidal.
La hemos calificado de reaccionaria porque es un proceso que va hacia atrás y no hacia adelante en esas formas de propiedad social de la tierra, porque para nosotros los revolucionarios, es la defensa y la aplicación radical de la Reforma Agraria en beneficio de las grandes masas de este país; para nosotros los revolucionarios, es la defensa de la integración y la permanencia del ejido y la comunidad; para nosotros los revolucionarios es el impulso a la colectivización del trabajo de la tierra en forma voluntaria por los campesinos y todas formas de trabajo y de organización cooperativa de los campesinos; lo revolucionario es recoger de la propia Constitución, a base de las grandes luchas de masas, lo que dice al Artículo 27 cuando habla de que la nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como de regular en beneficio social el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación con el objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza.
Estos conceptos de utilidad pública, estos conceptos de sentido social y de distribución equitativa de la riqueza, es la esencia que nosotros recogemos para defender a las grandes mayorías de nuestro país que viven en condiciones desfavorables. Por eso, nosotros, en esta esencia de la ley ¿qué es lo que se plantea?
Lo esencial de la Ley de Fomento Agropecuario es lo que expresa en el artículo 32 de
que los ejidos y comunidades podrán formar unidades de producción asociándose con pequeños propietarios.
A pesar de las preguntas que algún diputado hacía de que habría que definir qué es eso de pequeña propiedad, no se hizo ni se hace y para nosotros hay dos formas de propiedad privada, independientemente de la propiedad social de ejidos y comunidades, la propiedad privada se define en que hay pequeños propietarios minifundista que se pueden dividir en campesinos pobres y campesinos medios, tienen una hectárea, que tienen dos, que cinco y se puede llegar hasta veinte hectáreas de riego o sus equivalentes en terrenos de otra calidad, pero el pequeño propietario, que así se le define indebidamente, en la Ley, lo constituyen también la gran burguesía agraria y en muchos casos esa burguesía agraria ligada con los grandes industriales con los grandes banqueros y con grandes comerciantes.
Lo saben muchos de los diputados como cuando decía Juan Manuel Elizondo, en los distritos de riego es fundamentalmente donde está localizada esta gran burguesía agraria, de grandes capitalistas del campo que explotan dentro de la diferenciación de clases en el campo, que está entre obreros agrícolas, que está entre campesinos y está entre estos grandes capitalistas agrarios y sus contradicciones en el campo se localizan entre obreros agrícolas con los patrones agrícolas; la gran contradicción entre estas pequeñas economías campesinas del ejidatario, del comunero y del pequeño propietario, minifundista, con respecto a la gran producción capitalista en el campo.
Por eso, expresar en la ley, en su contenido esencial, que los ejidatarios y comuneros, de acuerdo con esta ley se asociarán los particulares, se asociarán los pequeños propietarios y por conducto de ellos, aunque no se expresó en la ley, puedan intervenir terceros, van a tratar de hacer lo que se ha venido tratando de hacer con la Reforma Agraria que en muchos casos pudieran considerarse como concesiones de los regímenes de esta revolución burguesa, concesiones que debido a las grandes luchas en el campo se ven obligados a realizar partos de tierra afectando a los grandes propietarios, y no puede, como han dicho algunos diputados, que se puede considerar igualmente revolucionario el ejido y la comunidad y, también, los pequeños propietarios, porque estos pequeños propietarios apoyados en la ley, llegan a formar grandes latifundios familiares que los conocemos en cada región y, si fuera revolucionario, no habría las luchas de carácter agrario que permanentemente las hay y las habrá, porque el problema de la lucha por la tierra es una lucha que está enraizada por tradiciones históricas en el pueblo mexicano y las ha habido, las hay y las habrá como fuerza revolucionaria para tratar de acabar con las grandes propiedades capitalistas y se entregue la tierra en manos de quien la trabaja que son los hombres explotados del campo.
Por eso estas diferenciaciones entre reaccionario o conservador.
Con respecto a lo revolucionario que debe haber en las luchas en el campo, nosotros estamos por lo revolucionario en apoyo de las grandes masas, que no tienen la tierra para que la tengan y esto va a suscitar lo que algunos diputados preveían en las discusiones de las comisiones, que habrá violencia, que habrá agitación y que habrá quienes queremos desestabilizar el país, pero mientras siga habiendo grandes concentraciones de tierra en manos de unos cuantos como las hay, seguirá habiendo agitación y seguira habiendo violencia en este país, y nosotros nos pondremos de parte de esa violencia de las masas frente a la violencia reaccionaria que trata de detener estos procesos de la Reforma Agraria.
Y estas agresiones a la Reforma Agraria y el sector ejidal, ya lo hemos dicho en otras ocasiones en esta tribuna, después de las profundas reformas agrarias en un proceso en que todas las revoluciones burguesas tienen un período democrático, éste se efectuó en la época de Cárdenas realizando grandes transformaciones en el campo expropiando el petróleo, expropiando los ferrocarriles y otras para tratar de dar un impulso al país. Y posteriormente a eso y, sobre todo, después de la segunda Guerra Mundial cuando se va consolidando la gran burguesía en una gran oligarquía mexicana, es cuando empiezan a haber los retrocesos en materia agraria y las agresiones al sector ejidal.
Con las reformas que nosotros decimos reaccionarias de Miguel Alemán, reformando el Artículo 27 de la Constitución y reformando el Código Agrario en sentido negativo para quienes ambicionan la reforma agraria y los repartos de tierra y para dar mucho más apoyo y fortalecimiento a la gran propiedad privada capitalista en el campo.
Posteriormente se introduce, y lo hemos dicho en las comisiones, al formularse la Ley Federal de Reforma Agraria para garantizar más a los capitalistas agrarios, aparte del certificado de inafectabilidad agrícola y ganadera, se introduce un certificado de inafectibilidad más, el certificado de inafectabilidad agropecuario. Es decir, que los grandes ganaderos que pudieran tener terrenos susceptibles de cultivo, podían cultivarlos con forrajes en cantidades que, expresa la ley, puedan rebasar hasta la pequeña propiedad estipulada en la ley.
Y hoy, señores consideramos, desde nuestro punto de vista y en interés de clase de clases en el campo, para defender a los solicitantes de tierra, a los obreros agrícolas y a los campesinos pobres y medios; digo campesinos pobres y medios porque hay, dentro de las caracterizaciones en el campo, estos sectores de campesinos pobres y campesinos medios que tienen, junto con los obreros agrícolas y debiera de ser junto con la clase obrera industrial, enfrentarlos a los grandes capitalistas agrarios y también a los grandes capitalistas industriales, comerciales y banqueros.
Por eso hemos saludado nosotros las opiniones que dio el sector obrero en oposición, en un principio, a esta Ley de Reforma Agraria, porque sin esta alianza de la clase obrera
y de los campesinos va a ser muy difícil que podamos avanzar en el sentido positivo de favorecer a las grandes mayorías de nuestro país. En esta ley se trata de recoger, para poder proponer esta asociación de ejidatarios comuneros con los pequeños propietarios, que son los capitalistas del campo, se ha recogido lo que ha venido siendo una propaganda ya, de que el ejido ha fracasado, y esto, como decía Lázaro Rubio, el ejido en México no ha fracasado ni va a fracasar porque no son las formas sociales de propiedad de la riqueza las que fracasan, son precisamente las formas de apropiación de unos cuantos de la riqueza de un país los que llevan y están llevando y van a seguir llevando al país a las condiciones de crisis y de miseria en que vivimos.
Hemos dicho muchas veces que cuando el ejido y la comunidad han tenido apoyos del Estado, que es lo que reclamamos ahora, en lugar de asociaciones con los capitalistas, las asociaciones y las exigencias con el Estado para dar los apoyos necesarios crediticios de inversiones en avíos y en créditos refaccionarios, con asesoramiento técnico y científico en la agricultura, con la organización democrática independiente de los campesinos, puede salirse de la crisis en que estamos colocados en la producción de alimentos, porque no estamos en contra de que haya producción de alimentos como muchos quieren especular, que nuestra oposición es para que no haya la producción necesaria; nosotros estamos en favor del aumento de la producción para no depender del extranjero en la importación de alimentos pero hemos preguntado y dicho: queremos producir, pero ¿para qué y para quién? ¿Para que sigan haciendo grandes negocios los intermediarios y los capitalistas que transforman e industrializan los productos agrícolas y los comercializan?
No, nosotros queremos producción para tratar de beneficiar a los productores y para tratar de beneficiar a los grandes consumidores que en esto está principalmente la clase obrera de la ciudad y también la del campo. Y aquí se ha recogido que el ejido ha fracasado y es la razón de que no haya la producción de alimentos que nuestro pueblo demanda y necesita.
Nosotros hemos dicho que cuando el ejido y la comunidad han recibido los apoyos necesarios, han habido auge en la producción y que como resultado de las transformaciones, aquí sí pudiéramos decir revolucionarias, ha habido auge de la producción y hemos dado datos estadísticos que, como resultado de las transformaciones de Cárdenas de 1940 a 50, el promedio anual en la tasa de crecimiento agrícola ha llegado al 7.5% cuando teníamos una población o un crecimiento del 2.8%.
Después de las transformaciones reaccionarias de Alemán, ha bajado la producción al 3.8% de 1950 a 1960; de 1960 a 1970, bajo a 2% de promedio anual la producción agrícola, y llegamos de 70 a 76, según datos del Banco de México, de un promedio en la tasa de crecimiento agrícola de 1.3% cuando teníamos una tasa de crecimiento en la población de 3.5 a 3.8%.
El ejido sí ha sido eficiente y lo va a ser si revolucionariamente tratamos de fortalecer en forma de propiedad social frente a la propiedad privada y capitalista, monopolista que hay en las mejores tierras de este país y no con la asociación de ejidatarios con pequeños propietarios, que es lo que se pretende con esta ley.
Por eso estamos en contra de esta nueva agresión y puñalada que se quiere dar al sector ejidal para transformarlo con las inversiones del capital privado, en asalariado en su propia tierra , aunque se mantenga, como dice en el dictamen, en la ley, lo han afirmado aquí diputados, de que se siga manteniendo el régimen jurídico de los ejidos, si no se han atrevido a desaparecerlos a pesar de que hay intentos de privatizar al ejido para que pase a ser propiedad privada, y como no se atreven a hacerlo, se trata de introducir estas formas de asociación de los capitalistas con los ejidatarios.
Como el tiempo se me está agotando, quiero simplemente tratar de refutar una serie de calumnias que se han levantado y que algunos periódicos la han recogido en el sentido de que nosotros somos individualistas, porque en el Artículo 41 de la Ley, en la fracción II, se estipula que un ejido con la aprobación de las dos terceras partes de la asamblea de un ejido, podrán formar parte de estas unidades de producción.
Yo no quería intervenir porque todo este articulado, desde el 32 hasta el 43, solamente se deriva del 32 donde está la esencia del problema, no queríamos discutir, pero sí manifestamos que independientemente de la aceptación de las dos terceras partes de un ejido, que son de 100-66, quedan 34 que no aceptarían formar parte de esas asociaciones y nosotros estaríamos dispuestos a defender a esos 34 que no aceptan formar parte de una unidad de producción asociándose con capitalistas.
Y lo seguimos sosteniendo, independientemente de que hemos sido partidarios del sistema colectivo del trabajo desde hace muchos año, y solamente quiero leer, por aquello de que los compañeros del Partido Popular hayan interpretado mal nuestra posición frente a un argumento de que debiera de mantenerse la integridad del ejido, un párrafo de un discurso de Lombardo Toledano, cuando fue candidato a la Presidencia, el 20 de febrero de 1952, que dice:
"El ataque vino contra el trabajo colectivo y hubo regiones como ésta en la que los campesinos titubearon, muchos de ellos engañados, presionados, alucinados por promesas, pactos o mentiras y sobre todo, porque hubo líderes campesinos que traicionaron a sus hermanos de clase, se pusieron a disolver el trabajo colectivo y volverse individuales, y sólo gracias al tesón de Jacinto López que fue diputado y muchos lo conocieron en esta Cámara y también en las luchas agrarias y de Danzós
Palomino y otros, fue posible, apoyados en la conciencia de las masas campesinas, que se salvaran muchos ejidos y se mantuviera aquí, en El Yaqui, el sistema colectivo del trabajo".
Hace casi 30 años que tenemos esta posición de defender el ejido colectivo y lo seguimos defendiendo. Llamaría yo así, como han llamado los diputados del PRI a que recapacitemos, nosotros decimos principalmente a los compañeros de la CNC, porque no me extraña que algunos del PRI apoyen este proyecto de ley, los diputados del PAN también, los empresarios, los grandes capitalistas de este país apoyan esta ley, pero sí nos extraña que los compañeros de la CNC, que debieran de tener la posición de la defensa de los ejidatarios y de los comuneros, apoyaran este proyecto de ley lo mismo que el llamado a los compañeros del sector obrero para seguir haciendo la unidad entre nosotros, entre ejidatarios y comuneros y entre la clase obrera para hacer frente a los graves problemas del país, frente a estas agresiones como de esta Ley de Fomento Agropecuario.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: Tiene la palabra en pro, el C. Raúl Pineda.
El C. Raúl Pineda: Honorable Asamblea:
Empezaré por lo último que mencionaba el compañero Danzós, y quiero afirmar categóricamente que la Confederación Nacional Campesina organización de los trabajadores campesinos de México está firme en esta decisión en que el señor Presidente de la República con gran visión y con una orientación acorde a la realidad que vive nuestra sociedad, ha presentado esta Ley de Fomento Agropecuario.
La Confederación Nacional Campesina ve en forma muy clara, no con distorsiones ni con enfoques engañosos, esta iniciativa. El compañero Danzós Palomino da un enfoque equivocado. Qué bueno que él concurrió a las reuniones de la comisión. Ahí le explicamos, ahí vimos los compañeros de la Campesina que coincidió con nosotros. Aquí también tiene que ser congruente, tiene que coincidir con nosotros.
Si no entiende, el pueblo de México sí entiende que necesita alimentos y que necesitamos organizarnos para producir más y mejor.
El dice que se opone por principios ideológicos, que sale esta iniciativa de los marcos y que no está fundada en la Constitución. Se refiere a que no hay fundamento para asociar a los ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios; hace referencia a que algunas organizaciones dentro del marco de libertad que vivimos en México, han expresado su opinión en relación a sus puntos de vista al proyecto de ley, pero una cosa es que hayan presentado sus puntos de vista a algunos artículos que vendrían a enriquecer y que lo han hecho cada una de las opiniones que fueron tomadas en cuenta en las Comisiones Unidas y otra cosa es que se oponga a la Ley de Fomento Agropecuario.
Mentira, compañero Danzós, que el PRI, nuestro Partido, esté formado por propietarios y empresarios.
Todos sabemos que nuestro partido lo conforman la mayor parte de las organizaciones de campesinos, de obreros y de las clases medias populares. Usted mencionaba que había necesidad de llevar esta iniciativa a un período extraordinario. Ya se ha dicho aquí que no es cierto que sea al vapor. Tenemos cuatro años que el señor Presidente de la República hizo un reclamo, un llamado a la participación de todos; hizo un llamado al cambio de mentalidad, a que todos rompamos con ciertos atavismos, reminiscencias del pasado y fanatismos. Ya no se vale que cada quien se rasque con sus uñas o que cada quien para su santo rece.
Tenemos que conjuntar esfuerzos.
Hace 64 días nos entregaron el proyecto. Todos los que somos conscientes de nuestra responsabilidad lo analizamos y estuvimos oportunamente en las Comisiones. A largas horas de la noche estuvimos discutiendo. Además está aunada la experiencia y la vivencia de cada uno de nosotros en el campo. Creo que todos estamos conscientes de esto. Rechazamos definitivamente que estemos aquí discutiéndola al vapor. Estamos perfectamente conscientes de la importancia y aquí mismo lo han reconocido ustedes, y la trascendencia de esta Iniciativa.
Es evidente que las condiciones en México han cambiado; las relaciones de producción son distintas, compañeros. Históricamente la lucha por la tierra continúa. Esta norma es un empeño más para resolver el problema agrario de México. De seguir la Reforma Agraria no tan sólo por el reparto, etapa todavía no concluida, seguirá la lucha contra el latifundismo simulado o abierto o en cualquiera de las formas ocultas que se nos presenta. La reforma agraria es un proceso continuado de la acción del hombre en el campo y mientras exista miseria e ignorancia habrá reforma agraria. Por eso no podemos hablar, como ustedes mismos lo han señalado, de que ha fracasado, porque no ha terminado.
Esta ley no sustituye de ninguna manera a la Ley Agraria vigente. Está inspirada, sí, estrictamente en el artículo 27 constitucional. Esta ley es una ley de producción.
Yo creo que deben ser congruentes, con estos y efectivos también en su forma de pensar en esta iniciativa de ley.
A todos nos conjugó aquí la lucha por lograr mayor producción, más alimentos para el pueblo de México. Ustedes se oponen realmente por sistema, que no los traicione el subconsciente con actos de reflejos condicionados para votar en contra. Entran en contradicción realmente con sus propios principios y hasta con sus juicios. Si están de acuerdo en el colectivismo, si buscan la socialización de los medios de producción y la organización de los trabajadores, esta ley nos abre las posibilidades. Sin embargo, al parecer nada más porque la iniciativa viene del Ejecutivo Federal, del Presidente que encabeza un gobierno.
revolucionario, se oponen sin fundamento. Dicen no estar de acuerdo con las unidades de producción, que significan precisamente crear áreas productivas, trabajan colectivamente, uniendo a los dueños de las tierras, ejidos, comunidades y respeta, en su integridad la auténtica pequeña propiedad, no al propietario prestanombres, no al de larga distancia; a aquel pequeño propietario que tiene como principal medio de su vida el trabajo de la tierra.
Esto, que se nos presenta en la ley en el artículo 32, es un esquema social de trabajo, es una figura de organización de planificación, ajustada a los términos del artículo 27 Constitucional.
Considerada para los dueños de la tierra en México, con la participación de todos, se garantiza, además, con un organismo especializado y con la capacidad suficiente para asegurar el éxito de estas unidades.
Decía que es una ley de producción. Tiende a fortalecer al ejido como unidad económica, no rompe con su organización básica ni con su estructura agraria; incorporará a elevar el nivel de vida de las comunidades indígenas; impulsa la pequeña propiedad agrícola. Compartir riesgos ampliar el mercado de consumidores, aumentar el empleo y rendimientos, crear agroindustrias, todos son puntos claves y no es justo que con estos sanos objetivos queramos ver, como vulgarmente decimos, moros con tranchete.
Le han dado un enfoque equivocado compañeros. Si lo hacen por llevar la contraria contra el sistema, en esto no tienen razón, ante un afán oposicionista de echarle al Gobierno la culpa de todo, se ciegan y caprichosamente reprochan a una norma bien intencionada, ajustada a los principios legales de nuestro sistema constitucional y de la Reforma Agraria, una estrategia de lucha revolucionaria de la clase campesina, un reproche que no es adecuado a la realidad.
Nosotros consideramos que hemos sido incapaces de organizarnos eficientemente para responder a las necesidades que los cambios económicos y sociales ha venido generando el país. La tierra, efectivamente, no crece, no se estira, no produce por sí sola, requiere necesariamente del trabajo del hombre. La población cada día aumenta, debemos tener la capacidad para enfrentarnos a ese crecimiento desmedido. El reproche debe ser a la responsabilidad que todos tenemos, pero nunca una condena prejuiciosa a la autenticidad y a los sanos esfuerzos de resolver el problema creando unidades productivas, sistemas de aprovechamiento adecuado, de trabajo productivo y organizado, especialmente donde no ha habido producción por diversos factores y circunstancias que la misma complejidad.
Lo delicado y lo difícil del problema agrario de México lo ha hecho. No podemos detenernos y querer encontrar culpables ni tampoco conviene buscar redentores con un mal entendido, sentimentalismo de agrarismo reivindicatorio; los grandes hombres de la lucha agraria los firmes luchadores del agrarismo actuaron en su momento y nos dejaron un vivo ejemplo; tenemos que imitarlos con los pies bien puestos en la tierra, en el tiempo nuestro, en su exacta dimensión y con una clara visión de la realidad, esta ley no está encaminada a destruir lo alcanzado ni lo que ya produce. Busca ensanchar los campos de producción con una mejor organización voluntaria dentro de nuestro marco de derecho y de libertad.
Los ejidos y comunidades indígenas están preparados para afrontar este reto que nos impone el momento; no son ningunos corderos, no son inválidos, tienen la fuerza y la capacidad suficiente para defender sus derechos, la historia así lo atestigua.
Están también todas las organizaciones que ellos mismos han conformado como la Confederación Nacional Campesina, como la Central Campesina Independiente, como la Unión General de Obreros y Campesinos, como la Confederación de la Pequeña Propiedad, ganadera, cañeros, ixtleros, tabaqueros, en fin.
Toda transformación social, indudablemente, que ocasiona trastornos en los períodos de transición, pero a la postre redunda siempre en beneficio de la sociedad.
Probablemente no exista un solo caso de renovación de los valores sociales realizados en perfecta armonía, no se puede pedir, por tanto, que todos aquí pensemos igual. Unos piensan que se lesionarán sus intereses personales, otros, en busca de banderas, quieran hacerse pasar por grandes defensores de campesinos, pero lo cierto es que una transformación tan importante no podrá lograrse sin menoscavo de esos intereses personales, sin sacrificios de la colectividad y sin tocar reglas o normas a las que estamos acostumbrados que se apliquen o que no se apliquen.
Es el caso de la Ley de Tierras Ociosas, desde 1920 vigente, inoperante en la realidad; es el caso de la Ley Reglamentaria sobre el reagrupamiento de la propiedad, inoperante en la realidad. Estas disposiciones inoperantes cobran realidad en esta Ley de Fomento Agropecuario, contempladas ahora para formar áreas productivas, reagrupar los minifundios y el aprovechamiento de tierras ociosas y de los agostaderos susceptibles de cultivo, pero de acuerdo a la realidad, son nuevos fenómenos económicos y sociales, sería un absurdo querer amoldar necesariamente el nuevo estado de cosas al antiguo derecho.
Esta iniciativa debe ser vista a la luz de los nuevos conceptos. Está demostrado que con la agricultura tradicional, molde de organización individualista, tierra fraccionada, parcelada o subdividida, no se produce. Lo importante ahora es encontrar la mejor manera de llevar a efecto una nueva organización sin cambiar la propiedad de la tierra.
Las leyes agrarias hasta ahora, tienden, según hemos visto, más a asegurar la vida de los pueblos rurales mediante las cinco acciones agrarias que conocemos, dotación, restitución, ampliación, confirmación y titulación de bienes comunales y creación de nuevos centros
de población ejidal y otras leyes a crear y garantizar a la pequeña propiedad, fraccionada, pero que en términos generales esta legislación agraria, ha logrado fraccionar los latifundios lacerantes.
En uno u otro sentido las leyes agrarías, al proteger a los núcleos de población ejidal y a la pequeña propiedad, el problema se ha visto en lo relativo a la distribución de la tierra, sin duda alguna el más importante, pero sin olvidar éste, debemos ser sinceros que no es el único camino.
Tenemos que conjugar la tierra, con agua, con créditos, con técnica, con trabajo organizado, con educación, productividad, comercialización e industrialización.
Esto es lo que pretende la Ley de Fomento Agropecuario. Penetra al verdadero alcance del artículo 27 constitucional, que con la declaración general de causa de utilidad pública las tierras ociosas o de agostadero para fines de cultivo, pone el principio de propiedad de tierras en favor de la colectividad y del interés social, por encima del individuo.
Además, de esta manera, el artículo 28 constitucional encuentra su más firme apoyo en la moderna concepción de una propiedad como función social y los fines que persigue el Estado Mexicano.
¿Cómo vamos a lograrlo?
Ajustándonos a los planes y a los programas para producir con más orden, acoplamiento, agilidad, flexibilidad y eficacia, coordinando todas las acciones con la permanente vigilancia y apoyo del Estado y escuchando a los productores. Esto es lo que realmente entendemos como el alto significado de esta Ley de Fomento Agropecuario.
No debemos perdernos en la turbulencia de luchas ya superadas entre las tres formas de propiedad, garantizadas por nuestra Constitución; las tres formas de propiedad deben conjuntarse precisamente para producir y para defenderse en contra de esos compañeros que el compañero Danzós Palomino mencionaba: contra los capitalistas, contra los empresarios, contra los latifundistas simulados. Precisamente estas formas de propiedad tienden a una mejor defensa de los auténticos trabajadores de la tierra. Esta Ley está acorde con la Historia de México, está acorde con la realidad, es buena y bien orientada, debemos apoyarla, los campesinos de México la están apoyando. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: Tiene la palabra en contra, el C. Juan Manuel Rodríguez.
El C. Juan Manuel Rodríguez: Señor Presidente.
Compañeros diputados:
Me he inscrito para hablar en contra, porque considero que la iniciativa en lo general contraviene totalmente el contenido esencial de la Reforma Agraria y el principio de que la tierra y sus productos deben ser para quienes la trabajan, principios éstos que costaron al país, como lo señaló el compañero diputado Lázaro Rubio Félix, más de un millón de muertos en el movimiento de 1910. Asimismo, porque contraviene las intenciones de los Constituyentes del 17 que plasmaron los ideales de Zapata, Villa y otros revolucionarios en el Artículo 27 de la Constitución.
Mi partido, el Partido Socialista de los Trabajadores ha sostenido, desde su nacimiento en su Declaración de Principios, la necesidad de la organización de la producción agropecuaria mediante la colectivización ejidal y las formas de gestión cooperativa entre los auténticos pequeños propietarios con pleno apoyo del Estado, porque en asociación con todos los trabajadores del campo, establezcan las unidades de producción agroindustrial. Nuestro Partido no se opone a la iniciativa de Ley porque vea un grave peligro en la posibilidad de asociar a los pequeños propietarios con los ejidatarios o comuneros, sino porque no se trata de una simple asociación voluntaria como se dice, sino que la intención es, como se sostuvo en la Comisión cuando se discutió el Dictamen, que los propietarios minifundistas o no, colaboren en la producción.
Yo pregunto, como lo hizo ese día un diputado del PRI:
¿El pequeño propietario con qué va a colaborar en la producción si ordinariamente el auténtico pequeño propietario es tan pobre como el ejidatario?
En otras palabras, en la Iniciativa, para hablar con más propiedad se trata de llevar con ventaja sin precedente al capital privado nacional o transnacional al campo.
Nuestro Partido, el Partido Socialista de los Trabajadores, ha sostenido desde hace tiempo, que la crisis en la producción de alimentos que padece nuestro país, se debe en gran medida a la deformación de la estructura de producción que priva en el campo mexicano, propiciada por la penetración del gran capital que viene produciendo principalmente para la exportación o para la industria productora de alimentos, casi todos de capital extranjero.
Consideramos que la intención del Ejecutivo Federal de organizar y elevar la producción de alimentos es buena, pero no mediante la liquidación de las formas sociales de propiedad, o sea, el ejido y la comunidad, sino en la única forma de asociación posible, nosotros sostenemos que es el ejido y la comunidad con el Estado.
Lo que plantea la iniciativa de Ley que ahora discutimos ya había sido planteada antes en esta Cámara, no hace mucho, en febrero de 1971. En esa vez se dijo: "el latifundismo fue nocivo a los intereses de México, y el responsable directo de una gran tragedia nacional".
Y también se dijo:
"No tiene derecho ningún mexicano a poseer una gran extensión de terreno mientras exista este urgente problema de la población campesina, pero conservando su vigencia en la necesidad de repartir tierras, ya no es el tema fundamental o de primer plano. Ahora lo es el problema económico, el problema organizativo, el problema de capitalización, porque éstos son
los presupuestos para elevar el nivel de vida, elevar la condición humana de la mitad de los mexicanos, aliviar la miseria del campo, aliviar la miseria del campesino."
A estas tesis, sostenidas aquí, se les contestó:
"Hoy no está concluido el reparto agrario; hemos de seguir acentuando la demanda de tierras de los campesinos."
Y luego se dijo:
"El campo inició la Reforma Agraria entregando la tierra; el Gobierno no tenía recursos de capital para entregar paralelamente a todos el crédito, la maquinaria, los servicios sociales."
Fue así como durante muchos años el control de producción del campo fue a caer en el sector capitalista. A través de esto el campesino se esforzaba en producir y, como consecuencia de su esfuerzo y de su trabajo, recibía unas migajas por los grandes compradores de cosechas a precios de hambre.
Ahí se fue fincando la descapitalización del ejido. Hoy tenemos que enfrentar nuevos mecanismos de capitalización.
"¿Vamos a dejar que libremente concurran las fuerzas en este problema?", se preguntaba entonces. Y se señaló:
"Un nuevo fenómeno de concentración se presenta en el campo, bajo lo que hemos denominado el latifundismo financiero."
¿Qué es el latifundismo financiero?
El Gobierno de la Revolución entrega una superficie de tierra, la reparte entre cientos de familias, construye los caminos, lleva la energía eléctrica, fomenta la educación y crea una mano de obra apta, altamente calificada para enfrentar la productividad y en ese momento se establecen esas grandes empresas, esos grandes capitales que llegan a través del control económico a reconstruir la hacienda a través del crédito que prestan en términos de usura, sin ningún control, declarando simplemente que los capitales y el acto del contrato es un acto donde concurre libremente la voluntad de las partes, así como dice la Iniciativa en el Artículo 32:
"Mediante un acuerdo voluntario entre ejidos, comunidades y pequeños propietarios."
Luego los empresarios, llámense pequeños propietarios si se quiere, establecen precios de cosechas, peso de las cosechas, lugar donde habrán de entregarse las cosechas, fecha en que habrán de cosechar y por último, le cargan dos veces los intereses. También se dijo, entonces, a quien sostenía la capitalización del campo, o como dice la Iniciativa ahora, a quienes buscan oportunidad de aprovechar con mejores rendimientos sus recursos, que si los campesinos no cuentan con los recursos de capital, que el Estado los apoye refaccionándolos para que intenten la producción independiente, o bien, que el Estado se asocie en una empresa con los propios campesinos.
Esta discusión, compañeros diputados, que se dio en esta Cámara en 1971 sobre el mismo tema, el de tratar de imponer o permitir la posibilidad de penetración del capital privado al campo, no se dio en el mismo marco que ahora, en el marco de la Reforma Política o en una Cámara pluripartidista como ahora, ni tampoco fue entre un grupo de izquierda o un grupo de derecha, sino que fue el PRI y el Partido Acción Nacional. Las tesis contra la descapitalización en el campo fueron defendidas en ese entonces, por el diputado Alfredo V. Bonfil, líder en ese entonces de la Confederación Nacional Campesina, pero ahora, ahora en esta Iniciativa, el PRI ha hecho suyos los argumentos de Acción Nacional utilizó en 1971, cuando a toda costa luchó por llevar al campo el capital.
Y claro está que ahora Acción Nacional apoya la Iniciativa, porque ahora sí hay la posibilidad de capitalización del campo.
Se pretende abrir las puertas al gran capital, quiérase o no, o dígase lo que se diga, sin ninguna limitación, pues, basta con que se tengan 10 ó 20 hectáreas, es decir, que se sea pequeño propietario, aunque se cuente con un capital de 10 ó 20 millones, para que tenga la posibilidad de asociarse con ejidos o comunidades y formar unidades de producción.
Ante esto, señores diputados, permítanme, en esta misma tribuna, rendir un homenaje al entonces diputado Alfredo V. Bonfil, porque, entre otros intervino, en febrero de 1971, para que no se permitiera la entrada del capital financiero al campo; para Alfredo V. Bonfil, compañeros diputados, como ahora, para nosotros, la patria es primero, pero la patria de los campesino pobres, la patria de los ejidatarios y los comuneros, no la patria de los latifundistas.
Nosotros, quienes integramos la Fracción Parlamentaria del Partido Socialista de los Trabajadores, insistimos que ese no es el camino para salir de la crisis de la producción de alimentos, pues sostenemos que el ejido, como forma social de propiedad de la tierra, no es un fracaso, ya que hasta hace unos años fue la producción del ejido y la de las comunidades, la que hacía autosuficiente al país.
Lo que ha pasado es que hasta ahora el ejido ha trabajado en condiciones de desigualdad frente a los llamados pequeños propietarios, pues, éstos han venido gozando de las obras de infraestructura que ha creado el Gobierno Federal, como en Sinaloa y Sonora; son ellos los que tienen las mejores tierras, los que han gozado del crédito, del riego, de los insumos y de la maquinaria; se han apropiado, además, del producto del trabajo de millones de hombres del campo, y han venido orientando la producción en función de sus intereses y de los mercados extranjeros.
Apoyamos totalmente la idea de asociarse los ejidatarios entre sí o con comunidades y aún con la participación, como se dijo al principio, del auténtico pequeño propietario, pero en asociación con el Estado, que pensamos debe ser el rector de la economía, pero que aquí en la Iniciativa y en el Dictamen por principio de cuentas ni siquiera le permite al campesino, a participar en la elaboración de los planes y los programas, sino que éstos se les dan desde arriba, se les imponen y solamente se les concede
la facultad de aceptar los programas o planes ya aprobados.
Por eso, nosotros, estamos con lo que señala el Presidente de la República, de que no se considere al ejidatario como un paria mexicano de segunda, incapaz de saber lo que le conviene. Nosotros defendemos el principio de que el campesino, el ejidatario, es capaz de producir y organizarse, por eso en la Comisión insistimos en que debería darse plena participación a los campesinos en la elaboración de los planes y de los programas.
La mayoría de la Comisión sostuvo lo contrario y no que se les impongan los planes y los programas elaborados por tecnócratas desde el escritorio. Creo que esto también quedó claramente establecido por un diputado campesino en la Comisión, pero claro, se impuso el criterio tecnócrata.
Al campesino lo consideran incapaz y no se aceptó la participación en la planeación y elaboración del programa, aunque en la Iniciativa se haya señalado simplemente una pequeña participación.
En cuanto a nuestra posición a una participación voluntaria de los pequeños propietarios, a esto no se le pone más límite que el de tener una pequeña propiedad, mayor a la extensión del minifundio, pero en capital se les deja la libertad de tener con qué poder aportar todo el capital y desde luego llevarse la mayor tajada.
Esto no quiere decir que el pequeño propietario se le considere "Satanás explotador", como se decía en la prensa, ¿por qué al campesino o al ejidatario, para ser ejidatario se le impone en la Ley el no poseer un capital individual en la industria o en el comercio mayor de 10 mil pesos, o un capital agrícola mayor de 20 mil?
Por eso, nosotros, decimos, unidades de producción sí, pero en igualdad de circunstancias. Que se fije límite de capital al pequeño propietario y se señale con claridad la obligación de que el pequeño propietario también trabaje personalmente la tierra para que, en igualdad, pueda gozar del riesgo compartido; para que los recursos del Estado no vayan a engordar más las cuentas bancarias de los llamados pequeños propietarios, que quieren que sin oposición se acepte la Iniciativa.
Que quede claro no nos oponemos a la Iniciativa por la oposición misma, como señalaba quien me antecedió en el uso de la palabra, sino porque se quiere ir de prisa, sin analizar a fondo el problema, sin esclarecer las cosas y que no se argumente aquí que urge la Ley para aumentar la producción, pues sin Ley aprobada, el día de hoy se anuncia en la prensa una cosecha sin precedentes.
Lo que proponemos nosotros es un estudio a fondo, una Ley clara que sea una garantía y seguridad para el campesino. Queremos señalar también, que por más que se argumente aquí que se discutió profundamente la Iniciativa de Ley que nos ocupa, que se oyó a todas las corrientes, lo cierto es que fue una discusión parcial. No se tomó en cuenta ni siquiera, como lo decía el compañero diputado Danzós Palomino, la posición sostenida por las organizaciones obreras y campesinas. Tampoco se discutió la posición de algunos diputados que manifestaron ahí sus opiniones. Lejos de eso, después de dos o tres intervenciones, los presidentes de las comisiones consideraban discutido el asunto y aprobaban tal y como venía la Iniciativa, en forma de aplanadora. Las supuestas modificaciones, según nosotros, no cambian el sentido de la Iniciativa.
A pesar de la opinión demagógica de que la Ley urge porque el pueblo de México le urge comer, pero si con cinco horas de discusión algunos diputados que les urge esta Ley se cansaron ¿qué tal sería si esos diputados tuvieran que ir a trabajar para producir alimentos? (Aplausos.)
Hasta ahora no había Ley, y creo que aunque mal, el pueblo comió, pero qué bueno que como se sostuvo hace rato aquí, que mañana que esté aprobada la Ley ya el pueblo de México va a tener qué comer. Ojalá y sea cierto lo que así afirman.
Los campesinos de México hasta ahora no han necesitado leyes para producir, en cambio los ricos, los capitalistas sí han necesitado leyes para explotar al pueblo, y parece ser que éste es un caso de esos. He aquí el fundamento de la prisa.
Nosotros insistimos en que por la importancia de la Iniciativa es preciso un estudio más exhaustivo, pues en todo caso es importante recordar lo que señaló un compañero diputado:
"Es preferible perder un ciclo agrícola y no perder la Revolución", pero hay diputados aquí que prefieren perder la Revolución. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: Tiene la palabra en pro el C. Gumercindo Magaña.
El C. Gumercindo Magaña: Compañeros diputados:
La Ley de Fomento Agropecuario constituye para el Partido Demócrata el asunto más trascendente que la LI Legislatura de la Cámara de Diputados tratará. Dudamos que otra cuestión llegue a superarlo en importancia porque la misma se refiere al campo y el campo, señores diputados, ha sido la preocupación sincera de todos y cada uno de los que tratamos de sensibilizarnos de la realidad nacional.
En este ámbito, aquí y ahora, las manifestaciones esbozadas a favor o en contra del proyecto que analizamos han sido de buena fe, sin afanes de agitación simplistas.
Todos tomamos partido de acuerdo a nuestras convicciones, pero que quede muy claro, no perseguimos, cuando menos en el PDM, hacer escarnio de los derechos de los campesinos, pisotear su dignidad, despojarlos del pedazo de tierra que la Revolución les hizo efectivo.
El problema agrario constituye, para México como para todos los países subdesarrollados y en vías de desarrollo, el de los más graves que requieren atención inmediata y eficaz, como un medio adecuado para establecer
mecanismos de justicia social. México entre los países subdesarrollados, es el único que en el presente siglo ha tenido una revolución y una reforma agraria que constituyó el colorario de una lucha que los campesinos desarrollaron por alcanzar un nivel de vida digno. Además de las metas políticas, que fueron sustento, base y origen de la Revolución, como el Sufragio Efectivo y la No Reelección, el problema de la tierra fue el pivote social y económico que movió a las grandes masas campesinas a luchar por la revolución.
El lema de "Tierra y libertad", bandera de los líderes campesinos de la Revolución, constituyó un anhelo de los hombres y mujeres de 1910 y los empujó a desarrollar una lucha, que junto con la ideología que impregnó al movimiento revolucionario con una orientación social. Las ideas de Antonio Díaz Soto y Gama y otros destacados ideólogos del movimiento agrario mexicano, originaron el surgimiento de la ley de 1915, base y fundamento del artículo 27 constitucional, sentó las premisas para el surgimiento de un proceso de reforma agraria que, en un principio y fundamentalmente, tiende a reducir los profundos valladares que separan a los que mucho tiene de los que nada poseen.
A partir del reparto agrario, que tuvo su más fuerte impulso desde 1935, este aspecto de la política agraria ha servido, en mucho, para hacer demagogia y para estructurar mecanismos orientados al control político de los campesinos.
Considera el PDM que la Reforma Agraria se ha quedado a la mitad del camino, que el reparto de la tierra no se ha seguido de medidas adecuadas, orientadas a organizar al campo para la producción. Creemos que la reducción de la producción agropecuaria del país, entre otros aspectos, tiene causas derivadas de una inadecuada aplicación de políticas agropecuarias que han mantenido a los ejidatarios en la indigencia. Apoyamos en lo general, esta Iniciativa a reserva de objetar en lo particular, porque tenemos a los campesinos que luchan y militan en el Partido Demócrata, muchos de ellos ejidatarios así como a todos los campesinos de México no les interesa seguir viviendo en la miseria.
Aquí se ha soslayado un problema grave: el problema de campesinos que tienen que huir al extranjero porque aun cuando poseen tierra no tienen con qué comer, porque sus hijos se debaten en la miseria y en la ignorancia y , por otra parte, se ha omitido, el atacar el dictamen, la deficiencia de alimentos, problema del que todos los mexicanos somos víctimas y hoy estamos sufriendo las consecuencias.
Se ha centrado la discusión en la ilusión fantasmagórica de quienes pretenden que se está cambiando el rumbo agrario del país.
Se ha dicho que no puede haber alianza entre campesinos pobres y los pequeños propietarios, ¿se pretende por tanto que los campesinos pobres sigan siendo pobres? Porque no se ha presentado ninguna solución, ninguna iniciativa para que se resuelva el problema de la improductividad y de la pobreza de los ejidatarios pobres, pero se ha hecho también demagogia con los pequeños propietarios, pues si bien los hay ricos, muchos viven del trabajo personal y dedicados al trabajo.
Creemos que el país necesita de una serie de disposiciones legales que le permitan crear los mecanismo necesarios para incrementar la producción, orientada en primer término a la satisfacción de las necesidades alimentarias de la población y que a futuro, incluso podamos exportar excedentes.
En la reciente comparecencia que ante esta Cámara hizo el Secretario de Comercio, informó de convenios celebrados entre México y diversos países para la compra de alimentos; aquí y en otros foros se ha criticado el hecho de que México se está convirtiendo en monoexportador, se ha criticado el sistema económico y nosotros mismos lo hemos criticado, el que con petróleo los mexicanos estemos pagando alimentos que no producimos.
Sin embargo, cuando se ha presentado una posibilidad y un intento por crear mecanismos que permitan a México producir más, se impugnan las medidas que se pretenden tomar con el artificio que se pretende cambiar el sistema agrario del país y de que se pretende empobrecer a los ejidatarios, ejidatarios que, además, se confiesa, son ya demasiado pobres.
Se habló de que habrá y seguirá habiendo violencia en el país. Ciertamente, el hambre es mala consejera, por ello los mexicanos debemos pugnar por eliminar esos graves problemas para encontrar mecanismos que nos permitan la satisfacción de todas las necesidades de todos los mexicanos.
No creemos que con esta ley y su aplicación estricta vayan a eliminarse los problemas de la justicia; estamos conscientes de los conflictos de distribución de la riqueza que pueden crearse, pero la propia ley establece los mecanismos para resolverlos y, por otra parte, creo que es mejor, que siempre ha sido mejor que haya conflicto por la distribución de la riqueza y no los pleitos por arrancar un pedazo de pan a otro para poder sobrevivir algunas horas.
Apoyamos la Ley de Fomento Agropecuario porque creemos que el marco jurídico del Sistema Alimentario Mexicano sería muy pobre si no planteara medidas originales y prácticas para hacer posible la autosuficiencia alimentaria de la nación.
Ya en innumerables ocasiones hemos escuchado la denuncia en el sentido de que el sistema económico del país se encuentra en crisis, y nosotros hemos señalado el peligro de que México se consolide como un país monoexportador de petróleo e importador de grandes volúmenes de alimentos básicos.
Por eso creemos que en la aplicación de la Ley de Fomento Agropecuario va implícita la transformación económica del país, pero, señores diputados, mal haríamos al aprobar una ley con mero sentido pragmático y nos olvidamos del principio rector que nos debe mover al legislar sobre el campo, el de llevar justicia a los hombres que con esfuerzo y
dedicación, con su sudor, su sangre, con luchas y esperanzas, han sido desde hace muchas décadas, la conciencia crítica de la nación.
Queremos hacer referencia a varias apreciaciones que consideramos mal interpretan el sentido de la ley.
La Ley de Fomento Agropecuario no es reaccionaria, si los empresarios han señalado su beneplácito con la misma no es razón suficiente para juzgarla de esta manera. Si las unidades de producción representan un riesgo para los ejidatarios y comuneros, recordemos que la misma ley plantea mecanismos que en nuestro partido tratará de reforzar cuando la ley se discuta en lo particular, para salvaguardar los derechos de los campesinos de México. Pero aún más, no hay avances sin riesgo, no hay transformaciones si acobardados o con miedo nos investimos de una mentalidad conformista, en una actitud contrarrevolucionaria y conservadora. Por eso, señores diputados, la Ley de Fomento Agropecuario ni es reaccionaria, ni lesiona los principios de la Revolución plasmados en el artículo 27 constitucional.
No queremos que se confundan los términos, ni mucho menos las intenciones. El ejido debe prevalecer como forma de propiedad rural y aún más, debe fortalecerse en lo jurídico y en lo productivo.
No, de ninguna manera, compartimos la idea de que se transforme su estructura jurídica para que se pueda enajenar y sea sujeto de crédito, permitir esta aberración sería antirrevolucionario.
La Ley de Fomento Agropecuario tiende fundamentalmente a incrementar la producción agropecuaria, es un intento, el primero que se realiza para que los mexicanos tengamos que comer. Veamos si es efectivo, si los problemas que en el camino encontramos habremos de resolverlos con base en los principios de la justicia distributiva.
Los objetivos de la Ley son sustancialmente:
Explotación de tierras ociosas; de las tierras de agostadero susceptibles de cultivo; de las tierras ejidales de agostadero susceptibles de agostadero; la organización e integración de asociaciones para la producción; la integración de distritos de temporal; el riesgo compartido de campesinos y gobierno , etc., medidas todas ellas que consideramos adecuadas para promover la producción.
Sin embargo, tenemos nuestras reservas en cuanto a la eficacia de algunos preceptos para lograr estos objetivos.
El proyecto inicial fue ya reformado por las Comisiones en cuanto a preservar el federalismo, dando la intervención correspondiente a los Estados y municipios, así como en relación con las garantías a ejidos y comunidades en la integración de asociaciones y distritos de temporal, para que no sean víctimas de la explotación.
Vemos el peligro que encierra la asociación entre ejidatarios y pequeños propietarios así como las deficiencias que implica el procedimiento de declaración de tierras ociosas y otros aspectos que en su oportunidad impugnaremos, pero la asociación en sí y por sí no puede ser condenada.
El Partido Demócrata entre otras bases ideológicas y programáticas, tiene una fórmula que considera adecuada a nuestro tiempo que ha presenciado el fracaso del sistema capitalista.
Pugnamos por la organización en el campo y en la industria mediante un sistema comunitario.
El régimen comunitario permitirá eliminar las injusticias que derivan de estructuras egoístas y liberales que aún privan en nuestra economía.
Debemos partir, para fundar nuestra posición respecto a esta Ley, de la necesidad de que el país confronta en este momento en que no hay alimentos; que hay una enorme fuga de divisas por compra de ellos al extranjero, que hay crisis en esta materia, nadie lo puede negar ni poner en duda.
Ante esto, habrá que hacer algo, no podemos cruzarnos de brazos. Este es un intento por resolver un grave problema, es patriótico apoyarlo, hacemos votos porque prospere, ojalá no origine injusticias ni abusos, pero si los hay, habrá que actuar y luchar contra ellos para que la riqueza que produzca sea distribuida con eficacia y con justicia.
Creemos que el país requiere de un instrumento de esta naturaleza.
Al Partido Demócrata no le interesa, ni desea, ni lucha por ver al país, ni en la quiebra ni en el desastre. Deseamos que haya pan abundante en todos los hogares, en los hogares de los ejidatarios, en los comuneros, de los pequeños propietarios, de los hombres, mujeres y niños del campo y de la ciudad.
Esto es lo que nos interesa, que haya riqueza y que esta riqueza esté bien distribuida y sea para bien de todos los mexicanos.
El Partido Demócrata no quiere ceder, ni arribar al poder sobre las ruinas de un México de hambrientos, sino en un México de seres llenos de vitalidad y amantes de la libertad. (Aplausos.)
El C. Presidente: Tiene la palabra en contra el diputado Ezequiel Rodríguez.
- El C. Ezequiel Rodríguez Arcos Señor Presidente;
Compañeras y compañeros diputados:
El Partido Popular Socialista es un partido de principios, es un partido que para luchar por estos principios tiene trazada una línea estratégica y práctica.
Como todos los partidos políticos, andamos en busca de clientela electoral, pero para la suma de esta clientela no están en juego nuestros principios; somos ágiles en la táctica y en la estrategia y aquí se trata fundamentalmente de un problema de principios.
Esto es lo que sirve para fijar nuestra posición en este debate que estamos llevando a cabo, pero hay algo más, estamos discutiendo una Iniciativa que a pesar de cuanto se diga,
sí tiende a cambiar las estructuras económicas en el campo mexicano.
Y vamos a tratar de explicar a ustedes por qué el peligro de esos cambios.
El desarrollo económico y social, en cualquier país de la tierra, está sujeto a la operatividad de las leyes naturales, sin vínculos con los deseos puramente subjetivos de los gobernantes y de los gobernados. Yo me preguntó: ¿La ley a discusión, es una ley que esté encuadrada dentro de los objetivos de los gobernantes y gobernados? Posiblemente algunos afirmen que sí y posiblemente otros afirmemos que no. ¿Qué se propone la ley? ¿Cuál es la intención de la ley?
Al proyecto del Ejecutivo no podemos negarle el propósito noble y humano de querer resolver el problema alimentario de México que hoy acarrea un déficit doloroso que todos reconocemos. No podemos dejar de reconocer que en esta búsqueda noble, repetimos, por primera vez se ha trazado un plan para alcanzarla. Sin embargo, nosotros diferimos en cuanto al camino para alcanzar estos propósitos. Que no se nos ataque, que no se nos calumnie, como se ha afirmado aquí o en otros medios de información, que nosotros estamos en contra del aumento de la producción y la productividad.
De ninguna manera. Sabemos, estamos sintiendo la dependencia de parte de los Estados Unidos en materia alimentaria y creo que nadie duda acerca de la honestidad revolucionaria de mi partido, en cuanto a la lucha por la independencia del pueblo y de la Nación Mexicana frente al imperialismo norteamericano.
Pero hagamos algunas reflexiones.
El principal motor de la evolución progresiva de la sociedad en los países subdesarrollados o en procesos de desarrollo, es la lucha entablada entre las fuerzas partidarias del avance material, político y cultural, con independencia del extranjero y las que sólo se preocupan por el desarrollo de las fuerzas productivas, sin tomar en cuenta los intereses del pueblo y de la Nación.
Sí nos preocupa la aprobación de la Ley. ¿Por qué?
Porque como en toda legislación, cuando se aprueba un marco jurídico, éste siempre viene acompañado de un objetivo histórico y desde luego se proyecta un propósito político.
¿Qué está en juego aquí de aprobarse el proyecto?
Está en juego exactamente, a pesar de lo que se quiera decir, está en juego la vida del ejido. El ejido se hace vulnerable con la aprobación de esta Ley y el ejido, como se ha expresado en esta Tribuna, tiene su historia, una historia larga en las luchas del pueblo mexicano, una historia larga en las luchas de las masas campesinas por mejorar sus condiciones de vida en todos los aspectos y esto explica que desde que el ejido nació dentro de nuestra actual estructura jurídica con la Constitución de 1917, este ejido siempre haya sido obstaculizado en su desarrollo y en sus éxitos, éxito y desarrollo que sólo ha alcanzado etapas promisorias, cuando precisamente la Revolución ha acentuado su proceso y su desarrollo.
No es casual que la etapa más brillante del ejido, en su estructura, organización y producción, haya sido durante el régimen del general Lázaro Cárdenas y no es casual tampoco, compañeros diputados, señores diputados, que en el año 47 este ejido fuera duramente golpeado a través de una reforma al artículo 27 constitucional, que entonces, como hoy muchos diputados ponderaban como un gran paso para el impulso a la reforma agraria y como un gran paso para resolver el problema del alimento del pueblo mexicano, pero la historia es la que valora los resultados de un propósito y esta misma historia nos está comprobando que las reformas del 47 sí fueron reformas contrarrevolucionarias, a pesar de que algunos se atreven a afirmar que fueron reformas revolucionarias.
¿Por qué estas reformas?
No fue casual.
Fue cuando se estaba trazando el proyecto de la industrialización de México y fue cuando se pensó que esa industrialización necesitaba de la aportación de materias primas que sólo pueden darse en el campo y que es la única vía para que esa producción fuera acelerada, era precisamente privatizar al campo, era precisamente inducir el desarrollo capitalista en el seno del campo mexicano.
Esta es, en breve síntesis, la razón de las reformas del 47, pero el ejido dentro de su historia tuvo otro obstáculo que vencer.
En el año de 1959 entonces el Presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión presentó un proyecto de ley reglamentaria que se llamó del artículo 27.
¿Qué se proponía ese proyecto?
Exactamente la creación de un organismo centralizado, que se denominaría "Patrimonio Ejidal Nacional".
Felizmente frente a las luchas democráticas de entonces, este proyecto fracasó, pero basta subrayar alguno de los propósitos que se buscaba en el nombre de proteger al ejido, en el nombre de interpretar la política agraria del Presidente en turno.
¿Qué se proponía a través de ese patrimonio ejidal nacional?
Se proponía nada menos que abrir las puertas del ejido a la intervención privada, nada menos que eso. Pero el proyecto se vino abajo y el ejido se mantuvo enhiesto, frente a aquellos que se manifestaban defensores de él, pero que en esencia buscaban su privatización y como resultado de ello su disolución.
Todo esto se hacía invocando el ideario de la Revolución.
Se hablaba y se expresaba que el ejido debía tener un desarrollo armónico, como el sistema general de la economía nacional; proponía el proyecto que comentamos del 59, unificar a los ejidos; proponía el agrupamiento de sus bienes ejidales, haciendo o promoviendo permutas o concesiones y cuando se requería una explotación rotatoria periódica se podía
coordinar los ejidos con propiedades privadas para crear unidades de explotación ejidal o mixta.
Sinceramente no sé si el autor de esta iniciativa sea hoy consejero de la Presidencia de la República. Lo ignoro.
Se ha formado una estructura agraria que ha fortalecido a la pequeña propiedad. Eso nadie lo puede negar y menos los compañeros diputados líderes agrarios que viven los problemas de una manera real en el campo mexicano.
No es cierto que en el campo mexicano sólo haya una propiedad que se apoye en lo que el artículo 27 define como propiedad. No. Si los efectos de la reforma del 47 están a la vista hoy. Todos saben que en México hay un neolatifundismo y un neolatifundismo poderoso y un neolatifundismo que recibe todo el apoyo de las autoridades agrarias en turno.
Todos sabemos que hay una pequeña propiedad legal, pero también debe haber una pequeña propiedad: la pequeña propiedad aquélla que sea trabajada por sus propietarios, aunque éstos en algunos períodos del proceso de cultivo necesiten utilizar mano de obra, tal como se hace hoy cuando se trata de un auténtico pequeño propietario, y tal como se hace hoy muchas veces por algunos compañeros ejidatarios.
¿Por qué decimos, compañeros diputados, que se cancela la Reforma Agraria a pesar de todo lo que se ha expresado aquí?
Nosotros sostenemos, y el tiempo lo va a confirmar, y ojalá dentro de un año podamos medir las estadísticas de cuanta tierra se ha entregado después de la aprobación de esta ley, que la entrega de la tierra, a pesar de lo que diga la Ley Federal de Reforma Agraria queda políticamente cancelada con esta Ley, pero hay algo más: ¿Qué va a acontecer?
La reforma alemanista nos trajo hasta el sexenio pasado 15 millones de hectáreas que no se pueden entregar a los campesinos porque los propietarios están amparados con base en certificados de inafectabilidad que de manera arbitraria fueron extendidos después de las reformas del 47. Esta cifra de 15 millones de hectáreas se ha reducido a 12 millones de hectáreas. Qué bueno que así haya sido a pesar de la larga lucha de los campesinos.
Yo quisiera que el año próximo, antes de clausurar el ejercicio de la 'LI' Legislatura también hiciéramos un balance numérico acerca de las hectáreas que se han entregado de estos 12 millones amparados a los llamados pequeños propietarios.
Dentro de esta estructura hay algo que quiero tratar de explicar a ustedes. Señores diputados:
Nosotros somos un país capitalista: nos desarrollamos por esa vía; nosotros hablamos de un capitalismo sui generis.
Algunos no comparten ese juicio pero tampoco lo discutimos.
El hecho real es que nos desarrollamos dentro de formas capitalistas de producción, pero dentro de este marco del sistema capitalista hemos conformado tres formas de propiedad y esto es lo característico de México, producto de su Revolución Mexicana.
La forma de propiedad del Estado, que para poder llegar a su etapa actual de desarrollo no crean ustedes que ha transitado sin dificultades; tremendos han sido los obstáculos. Hoy los obstáculos son mayores, por eso nosotros impulsamos ese tipo de desarrollo del sector estatal de la ceremonia, porque, además, sabemos y ustedes también lo comprenden, porque los hechos históricos están a la vista, que sólo el Estado tiene capacidad para poder enfrentarse a la penetración de las empresas transnacionales, que son las que constituyen todos los problemas que generan o que sufre el pueblo mexicano y la propia nación.
Este capitalismo estatal está puesto a deformaciones y de aquí nuestra lucha también por que no se incurra en esas deformaciones y nosotros sabemos que esas deformaciones se limitarán en la medida en que la clase trabajadora, la clase obrera organizada pase a dirigir también, con quienes representan al Estado, esas empresas del capitalismo estatal.
Ese es el objetivo de nuestra demanda y en eso coincidimos con muchos compañeros diputados, pero hay otra forma de propiedad en nuestro país.
A ella se han referido muchos diputados en los debates sostenidos en esta Cámara. Es la propiedad social y el ejido en el campo es la forma más viva de la propiedad social. La cooperativa, llámese de producción, llámese de servicio, es otra forma de propiedad social, pero ¿qué ha pasado con esta forma de propiedad social?
Que ha sucumbido en la práctica al desarrollo de las leyes capitalistas.
La propiedad social en México ha tenido éxito cuando tiene todo el apoyo y el calor del Estado, y vuelvo a insistir y a subrayarlo, cuando el proceso revolucionario está vívido y activo. Por eso, durante el régimen de Lázaro Cárdenas, estas formas de propiedad social adquirieron un gran desarrollo y una preponderancia, nosotros creemos que el Estado Mexicano debe darle todo el apoyo en la actualidad a esa forma de propiedad social, porque debe ser un aliado del capitalismo de Estado; porque de otra forma esta expresión económica de propiedad social sucumbe invariablemente ante la operatividad de las leyes del sistema del desarrollo capitalista y esto explica que en muchos ejidos en realidad haya desaparecido la vida colectiva y lo manejen a manera de empresa privada algunos líderes corrompidos que yo espero que no estén presentes en esta Cámara.
Esto explica también que las cooperativas se transformen pronto en empresas mercantiles y solamente lleven de cooperativas el nombre y no porque haya falta de espíritu de cooperativismo, sino porque tiene que sucumbir irremediablemente ante el desarrollo y la efectividad de estas leyes dentro de un sistema capitalista.
¿Pero qué acontece con esta Ley que estamos discutiendo?
Acontece que a través de la creación de las unidades de producción nosotros vamos a inocular a los ejidos, a las comunidades, ya no con las relaciones de producción, sino como algo concreto de la vida capitalista y esto va a facilitar el deterioro y la destrucción de los ejidos que aún hay a lo largo y a lo ancho de la República Mexicana.
Por eso, pues, el peligro de esta Ley; por eso, pues, el propósito de nuestra parte de que introduzcan modificaciones que permitan que no se dé un paso atrás en la Reforma Agraria.
Hace unos 13 años, Vicente Lombardo Toledano, mencionado en esta tribuna varias veces, hizo un estudio jurídico político acerca del Artículo 27 Constitucional y de ese estudio él sacó premisas fundamentales o conclusiones fundamentales que nunca deben olvidarse, sobre todo para el Sector Revolucionario.
En cuanto a las tesis jurídicas del Artículo 27 Constitucional el maestro Lombardo decía:
"1. Los campesinos tienen derecho a la tierra.
"2. El derecho de los campesinos a la tierra es una de las garantías sociales o colectivas que, junto con las garantías individuales, forman la base y el objeto de las instituciones públicas.
"3. El derecho de los campesinos a la tierra fue reconocido por razones del más alto interés nacional.
"4. El Estado está obligado a entregar a los campesinos las tierras y las aguas que necesiten para formar ejidos.
"5. Los ejidos no pueden ser expropiados, porque la expropiación procede de los casos de utilidad pública y fue la máxima autoridad pública la que los creó.
"6. La propiedad privada de la tierra, no es un derecho a los particulares, sino una concesión que puede otorgarles el Gobierno en nombre de la nación.
"7. Los campesinos tienen derecho a reclamar la tierra, los particulares sólo el derecho de solicitarla.
"8. De la propiedad privada rústica, la única que la Constitución reconoce y protege, es la pequeña propiedad que se halle en explotación."
El C. Presidente: Señor diputado, se le ha agotado su tiempo, sería tan amable de concluir su intervención.
El C. Ezequiel Rodríguez Arcos: Voy a terminar y en cuanto a las deducciones políticas del 27, las resume el maestro Lombardo en ocho puntos:
"1. El ejido y la propiedad particular no son instituciones del mismo valor jurídico y social.
"2. La explotación fundamental de la tierra es el ejido que forma parte congénita de la estructura actual económica y social de la nación mexicana. La propiedad privada es sólo circunstancial.
"3. La reclamación de la tierra por parte de los campesinos no es una demanda contra los terratenientes, no es un litigio, es un derecho propio unilateral, que no admite controversias.
"4. El Departamento Agrario, hoy Secretaría, fue creado para entregar la tierra a los campesinos y no para erguirse en juez entre los dos oponentes, los campesinos y los propietarios particulares."
El C. Presidente: Señor diputado, se le han acabado los tres minutos.
El C. Ezequiel Rodríguez Arcos: Señor Presidente:
Pregunte a la Asamblea si me permite otros dos minutos para concluir.
El C. Presidente: Concluya usted, señor diputado.
El C. Ezequiel Rodríguez Arcos: "5. La reclamación de la tierra por parte de los campesinos, no que se mencionen accidentalmente en el Artículo 27, son atentado directo a la Reforma Agraria y deben desaparecer de la estructura jurídica de nuestro país.
"6. Las llamadas concesiones ganaderas, de estímulo al desarrollo de la ganadería mayor, han llegado a ser verdaderos obstáculos para el desarrollo científico y técnico de la ganadería, para el abaratamiento de la carne en el mercado nacional y para la aplicación de la Reforma Agraria en enormes superficies del territorio nacional.
"7. El abigeato es un negocio de los grandes ganaderos, como la labor de los gambusinos, para las grandes empresas mineras y metalúrgicas, y
"8. La decisión de los ganaderos de crear su policía particular para vigilar la conducta de los ejidatarios es un desafío al Presidente de la República y a las instituciones que nos rigen, equivale a regresar a la época de las acordadas y guardias blancas del petróleo."
Por estas consideraciones, la fracción del Partido Popular Socialista, apoyada en principios, votará en contra del dictamen.
(Aplausos).
El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado Carlos Amaya en pro.
El C. Carlos Amaya: Señor Presidente; Compañeros diputados:
Le pido que si me excedo de tiempo me lo haga saber de inmediato, porque sinceramente creo que es una falta de respeto a los compañeros diputados, cuando por falta de capacidad de síntesis se nos viene a exponer aquí algo fuera del Reglamento que concede media hora exclusivamente.
Cuando el Partido de Acción Nacional recibió del Presidente de la República la Iniciativa de Ley de Fomento Agropecuario, la analizamos cuidadosamente, encontrando en ello fundamentalmente una solución a un grave problema histórico de México.
Es cierto que la Ley trae algunos riesgos que pudieran mejorarse y así lo haremos saber en la discusión de los artículos en lo particular, pero en el fondo esta Iniciativa es un cambio radical a un proceso conservador, un proceso
reaccionario de la historia de México que puede solucionar el problema que está viviendo el país, el riesgo que está viviendo el país, de tener que entregar su producción petrolera para poder alimentar al pueblo mexicano.
Por lo tanto, la Iniciativa sí es revolucionaria, y es reaccionaria la situación actual porque a pesar de lo que se nos ha venido a decir y repetir y constantemente se nos ha dicho durante 70 años, el ejido no nació en 1910 o 1915, el ejido es una institución de la Edad Media.
En la Edad Media se dividían las tierras en tres clases: los bosques, los pastos y las tierras de cultivo. Los bosques y pastos eran comunales. Tierras de cultivo se dividían en tres partes a la vez. Dos de ellas se empleaban para sembrar dos tipos de cereales, mientras la otra tercera parte descansaba. Era la Edad Media y todavía hay mexicanos que insisten en vivir en la Edad Media, cuando ya somos 70 millones de mexicanos en un país y en un mundo que no puede permitir este tipo de retroceso.
Se nos dice que la Reforma Agraria también es original de nosotros.
La Reforma Agraria no es original de nosotros. Hasta donde yo la conozco, en el siglo XVIII a. C. se intentó la primera en China y fracasó; fracasó de inmediato al grado de que el entonces equivalente a secretario de Agricultura tuvo que renunciar a su puesto porque no funcionó, porque para que funcione la agricultura como para que funcione cualquier actividad, para que funcione claramente y bien, se necesita antes que nada la capacidad humana, la capacidad del campesino y no atarlo mediante un régimen y un sistema que no permite la eficiencia.
Es muy difícil discutir, analizar el problema del campo en México porque generalmente se generaliza.
Sube aquí un diputado de la Campesina convencido que lo que ha visto en su tierra es lo que está viviendo el país y no es así.
Hay Estados de México en los que el ejido es más próspero que la pequeña propiedad y eso no se dice, no se ha dicho aquí.
En el Estado de Baja California Norte, por ejemplo, están más mecanizados los ejidos y usan más fertilizantes los ejidatarios que los pequeños propietarios y aquí únicamente se analiza a un tipo de ejidatario y a un tipo de pequeños propietarios que son a los que se refirió el Presidente de la República en la prensa el día de hoy tratando de que se entienda que no podemos solucionar el problema a través de esta postura de que con la lucha de clases necesaria, vamos a poder producir más en México.
En este momento lo necesario es la solidaridad y la unión de los que, por un lado, tienen la capacidad técnica y la capacidad crediticia y los que, por otro lado, han carecido de ella por injusticia del sistema, sistema que ahora se quiere cambiar para realmente llevarle justicia al campesino.
Hay otros estados en que, efectivamente, el minifundio es la tragedia, minifundio que a veces está en manos de ejidatarios y a veces está en manos de pequeños propietarios. El minifundio es la tragedia.
En Jalisco, el 36% de las tierras son explotadas en unidades de menos de 4 hectáreas; en Hidalgo, el 81.4%; en Michoacán, el 49.9%; en el Estado de México, con los campesinos de fin de semana, el 92.3%. Ese es un problema que todos conocemos y que no nos hemos atrevido a enfrentar y este Proyecto de Ley trata de encontrarle solución. De ninguna manera, de por sí vendrá la solución, una vez que se apruebe. La solución será responsabilidad de todos los mexicanos, de la Secretaría de Agricultura, como dijo el diputado del Partido Demócrata, de la capacidad que tenga esta Cámara de vigilar a las autoridades del Ejecutivo para que se cumplan los programas.
Perdón, lo dijo el diputado Elizondo, porque también dijo otras cosas a las que también me voy a referir.
Trae algunos aspectos importantes que deben analizarse con mucho cuidado, como la posibilidad de que mecanicemos al país en aras del interés público.
Este es un tema que debemos analizar más.
No es conveniente permitir que burócratas de escritorio tomen las decisiones, como las han estado tomando en los últimos años, para hacer un uso excesivo de maquinaria. En estos momentos, el tipo de tractor promedio que se usa en México tiene más de 50 caballos de potencia, cuando en Alemania Federal es de 30 y en el Japón es de cinco. Nosotros queremos parecernos a los americanos hasta en lo que no nos conviene que nos parezcamos y el resultado puede ser un desempleo que provoque una serie de problemas sociales difíciles de prever.
Bien que nos mecanicemos, porque al final de cuentas el tractor lo que consume es petróleo y tenemos petróleo y lo que los animales consumen, animales que todavía en México van siendo usados en más de la mitad de la superficie, lo que los animales consumen son pastos y al consumir pastos están compitiendo con el ser humano en la necesidad de alimentos. Bien que reduzcamos el número de animales, pero también es necesario que la mecanización se haga en forma adecuada y no se ha hecho hasta el momento, no somos un país con mecanización congruente.
También hay otro aspecto importante, pero muy peligroso si no se sabe usar correctamente, que es la transformación de tierras ganaderas en tierras agrícolas; tenemos ejemplos de destrucción de zonas, destrucción de ecología por haber querido transformar en terrenos agrícolas, terrenos ganaderos, por técnicos desconocedores de la naturaleza y esto está sucediendo en Yucatán en estos momentos, y esto está sucediendo en Campeche y en muchos otros estados y hay el peligro de que, por encontrar una salida fácil, que consiste en que efectivamente, durante los dos primeros años esas tierras ganaderas sí producen, pero al llegar al tercero se les acaba la materia orgánica y se convierten en tierras estériles, acabemos también con la ganadería y no encontremos solución adecuada al problema de la agricultura. La solución al problema de la agricultura se debe encontrar a
través de la mayor productividad que es hacia lo que tienden las unidades de producción.
Hay otro aspecto que fue un cambio que se le dio al proyecto del Presidente dentro de las comisiones, se exige que la unidad de producción se haga con todo el ejido o con toda la comunidad.
En 1970, último censo agrícola y ganadero, había 21,461 ejidos con 2 millones 13 mil ejidatarios, lo que nos da en 60 millones 533 mil hectáreas, un promedio de 93 ejidatarios por ejido y 2 mil 880 hectáreas por ejido. Las comunidades eran 1,231, con 205 mil 606 comuneros y 9.2 millones de hectáreas, de las cuales aproximadamente un millón eran tierras cultivables y el resto boscosas. Esto nos da 167 comuneros y 7 mil 473 hectáreas, 812 de cultivo, en promedio, por comunidad.
Yo quiero saber, ¿en dónde están los pequeños propietarios que sean efectivamente pequeños propietarios y que vayan a tener la capacidad técnica y crediticia de manejar, junto con los ejidatarios, una unidad de producción de ese tamaño?
Creo que es un error el que se cometió al haber reformado la Iniciativa del Presidente en ese sentido.
Hay otros aspectos que los trataremos en el momento en que se analicen los artículos en particular.
El diputado Elizondo, al referirse a los distritos de riego, generalizando, dijo que los distritos de riego están formados por caciques, bailarinas y contrabandistas. Yo no sé si haya distritos de riego formados por caciques, bailarinas y contrabandistas, más bien he encontrado los caciques en las regiones más pobres del país. El caciquismo es una figura que se da en las regiones pobres, por necesidad, no en el tipo de agricultura capitalista a la que se refiere el diputado Elizondo; bailarinas, no sé, precisamente en algún distrito de riego haya una o más bailarinas y posiblemente haya contrabandistas, no lo sé.
Lo que sí le puedo asegurar al diputado Elizondo porque dice que quiere conocer a un solo propietario de distrito de riego que haya hecho su propiedad con su trabajo, que en el distrito de riego de donde yo provengo, así son los pequeños propietarios.
No hay ni caciques, ni bailarinas, ni contrabandistas y al igual que los ejidatarios trabajan sus superficies directamente y con su trabajo ayudan a la alimentación del pueblo mexicano.
Muchas gracias.
El C. Presidente: Tiene la palabra en contra el ciudadano diputado Carlos Sánchez Cárdenas.
El C. Carlos Sánchez Cárdenas: No es la primera vez, señor Presidente, señores diputados, no es la primera vez que el aire les alcanza sólo para silbar.
Celebro sinceramente, con verdadero júbilo, que en cuestiones de fondo se definan los campos. ¡Qué bueno que se ha producido una coincidencia esencial entre la Coalición de Izquierda y el Partido Popular Socialista y el Partido Socialista de Trabajadores!
¡Qué bueno que hay razones para hablar de coincidencias con los sectores más populares del Partido Revolucionario Institucional, desgraciadamente en esta ocasión colocados ante la situación, ante la necesidad, ante la obligación de votar contra sus intereses! Me refiero a los compañeros campesinos de la CNC; me refiero al sector obrero del PRI, me refiero a los indígenas. ¡Y qué bueno también que se han puesto en evidencia las coincidencias del campo contrario! El pez por la boca muere. Y la boca la mueven los intereses. Los conceptos son reflejo de intereses que en este caso se advierten coincidencias entre las posiciones no sólo reaccionarias: ultrarreaccionarias del Partido Acción Nacional y las posiciones predominantes del Partido Revolucionario Institucional en apoyo de la iniciativa presidencial.
Definimos los campos, ustedes serán responsables de la decisión que aquí se adopte; de sus consecuencias. No está de por medio sólo una ley, las normas propuestas por una ley que se propone estimular -así lo dice el titulo- la producción agropecuaria. Yo la llamaría, más bien, la producción temporalera. Está de por medio algo de mucha mayor profundidad, compañeros diputados, está de por medio la suerte del proceso revolucionario de México; está de por medio la suerte de la reforma agraria democrática en nuestro país, y están de por medio una serie de planes relacionados, como el Sistema Alimentario Mexicano.
El camino que el proyecto de Ley establece niega esos procesos, y no es el que conduce a las soluciones que pretende buscar el Sistema Alimentario Mexicano o los planes de desarrollo elaborados por el Gobierno de la República. No es por ahí por donde tendremos alimento, y por donde tendremos empleo, y los datos hablan de manera elocuente.
El campo, dijo un banquero -Carlos Abedrop, que en un tiempo presidió la Asociación de Banqueros-, es el sector nacional con mayor capacidad para absorber empleo productivo y resolver de manera sana el grave problema de nuestros días: el desempleo.
Pero, ¿cuáles son, en cambio, los datos concretos que se ofrecen en comentario a ese juicio del líder de la banca privada? Ante el Presidente de la República uno de nuestros intelectuales estudiosos del problema, Iván Restrepo, ofreció datos concretos: el 12% de los predios, los de agricultura comercial, aportaron poco menos de la mitad de la producción en los cultivos más remunerativos absorbiendo más de la mitad de los recursos privados y públicos, pero sólo ocuparon un 20% de la fuerza de trabajo en el medio rural. Estos son los datos irrefutables acerca de que no es el camino que nos ha venido tratando de imponer la empresa privada, el camino para la solución de los graves problemas que nos aquejan, el problema del empleo en el
campo, el problema de la suficiente producción de alimentos.
Desde los días mismos de la lucha armada se plantearon en México dos caminos diferentes en relación con los objetivos a alcanzar. Ya entonces algunas fuerzas que ocuparon posiciones prominentes en el proceso revolucionario se opusieron a una reforma agraria democrática. Predominaron en el Congreso Constituyente de 16-17 los partidarios de la reforma agraria democrática; pero la lucha continuó y se expresó en pequeños avances, penosos avances, algunas veces desorientados avances en la reforma agraria, y en importantes retrocesos. Se planteó la lucha entre los partidarios de la reforma agraria y los partidarios de la contrarreforma agraria. Al primer campo se sumaron los hombres del pueblo, las amplias masas campesinas, los obreros, los sectores medios de la población, los revolucionarios más honestos. Del segundo, de los contrarreformadores, pasaron a formar parte generales, directores políticos que creyeron que la Revolución se había hecho para su provecho personal y se convirtieron en latifundistas, es decir, en herederos de las tierras que habían sido quitadas a los antiguos latifundistas.
A la posición de éstos se sumó la resistencia y el sabotaje de los empresarios privados, de aquellos que querían enriquecerse por la vía del capitalismo y a costa de la explotación del trabajo humano, lo mismo los propietarios urbanos que los propietarios rurales. Se planteó al proceso revolucionario el problema del financiamiento y fue así como surgió como nueva estructura económica esencial -aunque anteriormente habían existido algunas limitaciones-, el sistema de economía mixta por la creación de una serie de instituciones que el Estado tuvo que ir formando para hacer frente a las necesidades del proceso democrático y revolucionario estorbadas por la reacción interna y externa, por los empresarios privados.
En relación con el financiamiento de la Reforma Agraria, la negativa de los financieros privados a aportar su capital para crear esa nueva estructura rural, su oposición básica por razones de clase a esa nueva estructura, dio lugar a la fundación del Banco Nacional de Crédito Ejidal; pero las presiones no desaparecieron, continuaron desarrollándose, y aprovecharon las fuerzas de la reacción la circunstancia de que muchos revolucionarios habían seguido el camino de su propia transformación en capitalistas o en latifundistas, el camino del aprovechamiento del poder político para su enriquecimiento personal, integrándose a las fuerzas de la burguesía y de los grandes terratenientes de México, para, de acuerdo con ellos, valiéndose de las posiciones que éstos ocupaban en el Poder Público, sabotear la reforma agraria, retrasar las resoluciones, acudir a la Suprema Corte para que interviniese a favor de los grandes propietarios antiguos y nuevos de la tierra, y evitar que cuajase definitivamente el sistema ejidal. Hay personas que conceden a las palabras valores absolutos; para el señor diputado del Partido Acción Nacional que me antecedió en el uso de la palabra, todo lo que se llame ejido es exactamente lo mismo en cualquier momento en que exista y en cualquier sitio en que se produzca; pero obviamente, los ejidos a los que él se refirió son totalmente diferentes de la nueva concepción de ejido, brotada dentro del proceso de la Revolución Mexicana, y que debía constituirse en la nueva forma de propiedad dentro de una estructura rural democrática, que era la única que se ajustaría a los objetivos de nuestro proceso revolucionario, a nuestro crecimiento nacional, a nuestras necesidades de alimentación.
Las presiones de la burguesía se canalizaron por el camino de la proposición de nuevas formas de propiedad empresarial y sobre todo, por el camino del apuntalamiento a lo que se dio en llamar -hasta fue legalizada- pequeña propiedad, pequeña propiedad que dista mucho de serlo, como voy a demostrarlo después.
Comenzaron a externarse los juicios, que recientemente han flotado otra vez, precisamente en apoyo a la iniciativa presidencial de Ley de Fomento Agropecuario. Los empresarios manejaron la tesis de que no importaba tanto la tenencia de la tierra, sino hacerla producir, cualquiera que fuese la forma de propiedad que adoptara. Propusieron que se creasen empresas mixtas, en las cuales los campesinos pondrían el trabajo y ellos el capital. Y todo eso evolucionó hasta los comentarios actuales y recientes, que nos dan la clave de la proposición presidencial.
"Creemos -ésta es una opinión del sector privado de la economía que circuló apenas el mes de agosto- que es indispensable la asociación de esfuerzos entre todos los sectores que componen el medio rural, sean éstos ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios o profesionales de la agricultura". Dijo el empresario Juan Sánchez Navarro, fundador del Consejo Coordinador Empresarial, que "el gobierno debe permitir la formación legal de asociaciones de productores en el campo, sin importar la forma de tenencia de la tierra, porque de lo contrario no será posible el desarrollo de agroindustrias", y pidió de las autoridades "la clasificación del marco jurídico que rija la producción en este sector". Afirmó un representante de la Comisión de Productos Básicos de la Confederación de Cámaras Industriales; "el hambre no tiene ideología y sería un error rechazar indiscriminadamente la afluencia de capital extranjero al campo". Dijo el dirigente actual de la Confederación Patronal de la República Mexicana: "es indispensable que las actividades agropecuarias, y particularmente las agrícolas, estén sustentadas en un auténtico espíritu empresarial o gerencial". Afirmó el señor Presidente de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio: "hay que crear y ampliar cooperativas agrícolas para producir y vender en común, donde además debe participar el comerciante".
Y en esta dirección ha venido presionando la iniciativa privada para que la política
oficial favorezca el desarrollo del capitalismo en el campo. No la inversión de capital en el campo, sino la sustitución de la estructura rural democrática, por una estructura rural basada en la empresa privada, en el predominio del gran empresario.
Y en esto está también de acuerdo el imperialismo norteamericano y sus agencias. Un estudio realizado por el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Autónoma de México, asegura que el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo intervienen en América Latina -y en México como su principal cliente - para "apoyar a las corporaciones trasnacionales en los negocios que realizan", y que "los campesinos y los trabajadores asalariados del campo son las víctimas de un proceso cada vez más brutal: la expansión de la industria ganadera en México para que se beneficien el capital extranjero y la agroindustria transnacional, proceso que además está asegurado por la existencia de las grandes fincas ganaderas que dominan la estructura agraria de México con su estilo de latifundio".
Las presiones del Fondo Monetario Internacional también han ido dirigidas por ese camino, por el camino de presionar al Gobierno de México para que aplique una política de sustitución de la estructura rural democrática para ofrecer el campo a la explotación de los grandes empresarios privados mexicanos y extranjeros.
Ese es uno de los caminos, y los compañeros de la diputación obrera del Partido Revolucionario Institucional han tenido completa razón cuando, en un escrito que dieron a conocer, dicen, hacen notar, que "el capital monopólico interno y externo representa amenazantes expectativas para la nación y en particular para el avance de su proyecto revolucionario", y advierte en seguida, muy sensata y correctamente: "eslabón importante de su estrategia lo representa la privatización del campo y en general de la economía y de las formas de producción agropecuaria". De alcanzar su propósito -escúchese bien esta muy importante observación de los compañeros diputados obreros del partido Revolucionario Institucional- de alcanzar su propósito se habrá consolidado una poderosa oligarquía financiera, comercial, industrial y agraria, que impediría, por su propio peso económico y político, el desarrollo de cualquiera expectativa, ya no digamos revolucionaria, sino simplemente progresista. Impedirlo es deber de gobierno y pueblo unido, de fuerzas sociales y políticas positivas y de mexicanos con conciencia limpia". A la gran burguesía mexicana y extranjera hace falta un eslabón para cerrar la cadena de su predominio sobre la economía de México y para acentuarlo en el terreno de la política: tiene el eslabón de las fianzas, tiene el eslabón del comercio, tiene el de la industria, le falta ahora el del campo, y esto es lo que se propone alcanzar, y a eso contribuye la Ley de Fomento Agropecuario propuesta por el Presidente de la República.
El otro camino, compañeros diputados, es el camino de la revolución, del proceso democrático de la revolución de 1910. No es un camino socialista, es apenas un camino democrático burgués o pequeño burgués, que, además, no es una invención, no obedece a las alucinaciones de algún planificador, planeador de escritorio, sino expresa demandas del pueblo y, sobre todo, de los campesinos y de los indios mexicanos que no pueden ser soslayadas, que no pueden ser traicionadas, porque si abandonáramos el camino democrático, las fuerzas que impulsaron el proceso en su expresión actual de 1980 o de nuestros días, aflorarán nuevamente luchando y tratando de imponer las soluciones democráticas.
Cárdenas fue el exponente más destacado de este proceso en los días posteriores a la lucha armada, y si no pudo llevarlo a cabo en dimensiones mayores, fue porque hubo necesidad de hacer frente a diversos aspectos del programa de desarrollo nacional independiente. En Yucatán había iniciado una reforma agraria promisoria; pero la nacionalización del petróleo y la hostilidad de que México fue objeto por parte de los gobiernos que respaldaban a las empresas expropiadas, por parte de Washington y de Londres, colocó al país en una situación difícil e impidió que Cárdenas aplicara a la Reforma Agraria los recursos que era necesario aplicar para la creación de esta nueva estructura rural. Y he aquí que ahora, en 1980, cuando tenemos frente a nosotros la perspectiva de importantes ingresos por concepto de nuestros recursos petrolíferos -y no se trata de invertir los ingresos del petróleo para sostener a mendigos, señores del Partido Acción Nacional-, he aquí que ahora no se aplican estos recursos para crear esa nueva gran estructura rural que es la única garantía de que el campo será una fuente de empleo y de que el campo nos hará autosuficientes en materia alimentaria; es aún más injustificable que en estos días se nos ofrezca, se nos proponga que aprobemos una Ley como la Ley de Fomento Agropecuario que estamos examinando.
Objeto en sus términos generales el tipo de asociaciones que propone la Ley porque adolece de un vicio de origen. Habla de pequeños propietarios, que son ese tipo de pequeños propietarios que, como el diputado de Acción Nacional que me antecedió en el uso de la palabra, son latifundistas y son los que trataron de desestabilizar al país a finales del sexenio anterior. (Aplausos.) Porque la pequeña propiedad en México, como resultado de ese proceso de presiones de la reacción y del imperialismo extranjero, significa en realidad la sobrevivencia del latifundio, no sólo por razones de la concepción misma o de las dimensiones que la Ley le atribuye, sino con motivo también de la corrupción que dio lugar a certificados de inafectabilidad fraudulentos, que son los que privan en relación con la generalidad de la pequeña propiedad ganadera.
Tengo aquí el resultado del examen del Diario Oficial durante 30 años, para localizar las
características de los certificados de inafectabilidad ganadera, que se iniciaron bajo el régimen del general Cárdenas, declarando inafectables las fincas o los terrenos dedicados a la cría de ganado de lidia, y se extiende esta investigación hasta 30 años después. Actualizarla sería muy ilustrativo por los compañeros diputados. Y aquí están los nombres de los generales; aquí está la familia Borunda heredando las tierras de Terrazas, en Chihuahua; aquí está también la demostración de los fraudes, de la corrupción, del manipuleo y del negocio sucio que se hizo para amparar con certificados de inafectabilidad a grandes latifundistas, no sólo ganaderos, sino de tierras agrícolas, propietarios de tierras agrícolas.
Originalmente, se extendían dos tipos de títulos: las concesiones a plazo de un cuarto de siglo, hasta por 50 mil hectáreas, y los títulos de inafectabilidad permanente a las llamadas pequeñas propiedades que podrían abarcar hasta 15 mil hectáreas, según los índices de agostadero. Aquí se ve, compañeros, lo que muchos años después ha venido a comprobarse: cómo los latifundistas se metieron por la puerta falsa de las inafectabilidades ganaderas para amparar con títulos de inafectabilidad a grandes latifundios agrícolas, y estos grandes latifundios agrícolas, no pequeñas propiedades, son los que recientemente Toledo Corro, que será próximo gobernador de Sinaloa por obra del PRI, y que fue el secretario de la Reforma Agraria por obra también del mismo Partido, quiso establecer que, puesto que se trataba de muy grandes extensiones de tierras agrícolas, sustraídas al cultivo, se aceptase la legalización de los títulos de inafectabilidad también para esas grandes extensiones de tierras agrícolas, porque lo que necesita el país es, dijo Toledo Corro, poner a producir esas tierras. Sí es cierto que necesita ponerlas a producir; pero la posición de Toledo Corro está exhibiendo la maniobra fraudulenta que realizaron las autoridades venales y reaccionarias de la República, de acuerdo con los nuevos y viejos latifundistas, para dejar a salvo el régimen de la gran propiedad rural.
Y con esa gran propiedad rural no es posible hacer alianzas ni asociaciones, y esto es lo que nos propone el proyecto de Ley de Fomento Agropecuario.
Por más que la ley fundamental establezca determinadas características para la pequeña propiedad, que pueden ser revisadas y modificadas, la realidad dista mucho también incluso de esas injustas fronteras que la ley establece para la pequeña propiedad, porque esa realidad nos ofrece el cuadro de latifundios que se colaron por la puerta falsa logrando fraudulentamente certificados de inafectabilidad ganadera que es preciso anular.
La perspectiva, estimados amigos, es de turbulencias por la Ley que ustedes van a aprobar de acuerdo con los latifundistas reaccionarios y ultarreaccionarios del Partido Acción Nacional; es de turbulencias. Los campesinos no van a tolerar esta agresión a sus objetivos democráticos, no van a abandonar la lucha por la tierra los campesinos, la van a continuar, pese a quien le pese, y por más que ustedes digan que van a aprobar una ley que garantizará la autosuficiencia alimentaria, teniendo en cuenta que una de las razones de nuestra insuficiencia es precisamente la lucha de clases en el campo, al exacerbarla van a estar ustedes aprobando una mayor insuficiencia para nuestra producción de alimentos. En nombre del apoyo al Sistema Alimentario Mexicano, ustedes van a estar saboteando el Sistema Alimentario Mexicano, ustedes van a estar saboteando el Sistema Alimentario Mexicano si aprueban esta Ley. Por eso nosotros vamos a votar en contra, por eso vamos a votar en contra. Y no porque queramos que la situación permanezca como está. De ningún modo. Nosotros queremos que cambie. No creemos que la solución sea la pulverización de la tierra. Consideramos antieconómica el minifundio. Somos partidarios de la agrupación de las extensiones rurales para su explotación cooperativa por los que producen, por los que hacen producir la tierra con sus manos; no por los que van a la tierra a jugar golf; no por los catrines de las ciudades que son propietarios ausentistas, de tierras agrícolas o ganaderas, sino por los campesinos. Y en favor de este tipo de asociación democrática es que votaremos en contra de la ley que nos envía el Presidente López Portillo.
El C. Presidente: Tiene la palabra en pro, el C. diputado Amador Hernández.
El C. Amador Hernández: Señor Presidente; Integrantes de la Mesa Directiva;
Compañeros diputados:
Desde la abolición de la esclavitud y devolución de la tierra a los indios, México cimentó su independencia nacional. Reforma y Revolución nos han dado independencia política. Los regímenes revolucionarios han sido y son mantenedores de los legados históricos que debemos conservar inmaculados. México tiene un sitio de respeto en la convivencia con los pueblos del mundo. Como mexicanos cuidemos nuestra integridad de patria libre, independiente y soberana.
José López Portillo no es un mexicano claudicante. Es patriota, profundamente humano y revolucionario. (Aplausos.)
Invito a ustedes, miembros de las fracciones parlamentarias disidentes o de minoría dentro de esta LI Legislatura, a que juntos meditemos severamente en las estrategias puestas en marcha por nuestro ejemplar y patriota Presidente de México.
Estas estrategias son el Sistema Alimentario Mexicanos y aliarnos consciente y responsablemente para incrementar la producción.
He escuchado las palabras de un respetable abogado que peina canas y merece por ese solo hecho mi respeto y mis consideraciones, sin embargo, creo que su intención es muy clara.
Señor diputado Carlos Sánchez Cárdenas:
Su intención es muy clara.
Primero halagar a los miembros de la CNC para romper el frente unido del Partido Revolucionario Institucional. A la vez lanzando sutiles amenazas que seremos llamados reaccionarios. No nos espanta tener coincidencias con el PAN, como tampoco nos ha espantado tenerlas con ustedes, los miembros de su partido; tampoco nos asustan las palabras, porque hasta la fecha no nos ha dicho más que palabras.
Nos interesa elevar la producción y mejorar las condiciones de vida del campesino. Esas son las metas importantes de nuestra organización, ya que la Iniciativa presidencial tiende a esto. Por eso la sostenemos.
Se ha hablado y se ha hecho uso de la palabra para decir que el ejido se desestabiliza con la Iniciativa presidencial; el ejido no necesita defensores y oficiosos; el ejido por sí solo se defiende; se defiende solo, porque a pesar de los embates de todos los reaccionarios y de todos los pseudorrevolucionarios, el partido sobrevive a las amenazas, sigue produciendo y sigue siendo el mantenedor de la estabilidad de nuestra patria. Por eso sostenemos al ejido. (Aplausos).
No ha de ser el gobierno del presidente José López Portillo el que desestabilice al ejido. Lo robustece con sus acciones revolucionarias al incrementar las partidas que se destinan a la producción del ejido, a la mecanización del ejido y haya el progreso del ejido en todos los rumbos del país. Basta recorrer El Vizcaíno, Santo Domingo, en el estado Sur de Baja California, para saber lo que es el ejido, transformando el desierto. Recorre el Valle de San Quintín, en Baja California; el Valle de Mexicali, en Baja California Norte; San Luis Río Colorado, en el Norte de Sonora; el área de Caborca, Sonora; Ciudad Obregón, Navojoa; todas las áreas de riego de Sinaloa y aún en Los Altos, en donde todavía no se han incorporado esas áreas al riego. Recorrer las áreas a que se refería un distinguido miembro del PPS que hace muchos años fue ejidatario y trabajó la tierra, me refiero al compañero Lázaro Rubio Félix.
El hablaba con pasión de los trabajos ejecutados en la Costa de Sinaloa y se refería a Guasave, Sinaloa de Leyva, Mocorito, Angostura, Guamúchil, y se refería a Alzate y todas esas áreas hasta la zona de Pericos en donde él actuaba eficientemente como ejidatario. Fue ejidatario en esa época, pero a esta fecha se ha dedicado a dirigir, a liderear a los campesinos. Enhorabuena.
Quiero decirles que recorriendo los Altos de Jalisco, el estado de Nayarit, todas las áreas tecnificadas en nada se ha desestabilizado el ejido. Hay unidad entre pequeños propietarios y ejidatarios y en Sinaloa los hay. Hay esa acción y esa unidad.
Esta iniciativa del Presidente de la República es para que participen circunstancialmente, es decir, por voluntad expresa de los ejidatarios si quieren, ya que la Iniciativa dice textualmente:
"Podrán" no dice deberán y la iniciativa exhorta a los ejidatarios e invita a los comuneros y a los auténticos pequeños propietarios para que se organicen en común; hace esa exhortación el señor Presidente López Portillo con los pequeños propietarios minifundistas a los que tienen 20 hectáreas dentro de las zonas de distrito de riego.
La Ley Federal de Aguas en Distritos de Riego es muy clara y el pequeño propietario disfruta del derecho de poner a servicio a riego solamente 20 hectáreas; los ejidatarios tienen la misma participación.
No debemos temer que la Iniciativa del Presidente de la República sea reaccionaria. La iniciativa del Presidente de la República es profundamente humana porque acerca a la familia rural, a los ejidatarios, a los comuneros, a los auténticos pequeños propietarios, a que inicien una jornada consciente y responsable para incrementar la producción. Es mexicanista porque esta Alianza es entre mexicanos que nos iguala la Constitución General de la República, ya que como lo dijera el señor Presidente el día de ayer: en México no debe haber mexicanos de primera y de segunda, todos somos mexicanos y vivimos en una patria común protegida por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Que se entienda bien que la Iniciativa del Presidente de la República no coloca en un riesgo la expropiación del ejido o de los terrenos comunales. Toda expropiación que se haga en terrenos comunales, en ejidales y en la pequeña propiedad, se entregará a la Secretaría de la Reforma Agraria para cumplir con los objetivos de la Reforma Agraria de entregárselas a los campesinos.
¿En dónde están los riegos? ¿A dónde está el entreguismo? ¿A dónde está la antidemocrática, la antipolítica, la reaccionaria iniciativa del régimen gubernamental?
Yo exhorto a los partidos como el Partido Socialista de los Trabajadores, al Partido Comunista Mexicano a todos los partidos disidentes dentro de esta Cámara de Diputados, a que depongan su actitud, a que reflexionen serenamente, que la Iniciativa Presidencial es a todas luces noble y patriótica. Esa es mi exhortación cordial para que todos depongan su actitud y no usen la tribuna sólo como caja de resonancia para incrementar la membresía de sus partidos. Los partidos independientes deben fortalecerse con el trabajo y con la acción, con la palabra y con la verdad y trabajando en el campo como lo hacen los campesinos para incrementar la productividad para satisfacer los requerimientos de la necesidad de alimentos de nuestra población creciente.
Yo no sé que es más importante - me refiero al Partido Comunista, al Socialista de los Trabajadores-, aparecer como reaccionario en un momento, según ustedes, o ser apátridas.
Es preferible unirnos entre mexicanos o seguir importando granos de los Estados Unidos de Norteamérica y tener que esperar turno los barcos para descargar, semillas, alimentos básicos que nosotros producimos.
Enhorabuena, mexicanos todos, porque para mí, aunque son del PC el PST, Demócrata,
PAN, por encima de todo, son mexicanos, y lo que debe interesarles es México; deben estar al servicio de México, porque es la única posición responsable como mexicano.
Muchas gracias.
El C. Presidente: Tiene la palabra en contra el diputado Manuel Terrazas.
El C. Manuel Terrazas: Compañero Presidente;
Compañeras y compañeros diputados:
Yo voy a comenzar diciendo que seguiremos debatiendo el proyecto de ley y que vamos a insistir en nuestras razones de principios, en nuestras justificaciones en el fundamento que apoya la impugnación del dictamen, porque hay pleno conjunto de consideraciones como para poder seguir haciéndolo y como para no aceptar ese raro llamamiento del diputado Amador, en el sentido de que modifiquemos nuestra actitud.
Ni vamos a modificar la actitud, ni vamos a claudicar en nuestra posición, porque esa posición es justa y porque esa actitud es la que debemos asumir como miembros, integrantes de esta LI Legislatura del Congreso de la Unión.
Y vamos a seguir diciendo palabras, sólo palabras, porque con palabras es como queremos comunicar, expresar, nuestra posición a esta LI Legislatura, a la Cámara de Diputados. A continuación vendrá la acción política y vendrá naturalmente un intenso trabajo de movilización de masas, en tanto que consideramos que mediante la discusión, la polémica política, las posiciones expresadas con palabras, con acción política, con movilización de masas y no por otra vía, es como ahora es revolucionario impulsar la transformación democrática de este país. Y lo hacemos únicamente con palabras, porque no hay otra manera de hacerlo en otro sentido.
Queremos decir que todos estamos conscientes de las implicaciones de esta ley, no se refiere únicamente, compañeras y compañeros, al problema de la reforma agraria, del espíritu de la reforma agraria, del problema del ejido como vía fundamental. Lo ha dicho el diputado Huitrón, como vía fundamental del desarrollo agrícola de nuestro país, el ejido y su fortalecimiento y su desarrollo es precisamente el factor esencial y fundamental; no puede haber otra forma, no se puede modificar, el sentido y el espíritu de la concepción de la Revolución Mexicana, de Zapata y de Cárdenas y del nuevo proceso revolucionario que surge de la misma Revolución Mexicana.
Bien ha dicho el compañero diputado de Acción Nacional aquí, en cuanto a la reforma agraria. Efectivamente se trata de dar un viraje, se trata efectivamente de eso compañeras y compañeros, de un viraje de concepción, de un viraje de metodología, de un viraje estratégico en cuanto al desarrollo de la reforma agraria como cuestión esencial del proceso democrático revolucionario popular y antiimperialista abierto por la Revolución Mexicana de 1910; él lo ha dicho efectivamente, es un cambio radical y vamos a tratar de demostrar por qué es un cambio radical, por qué no se trata de una oposición por la oposición misma, pero van de por medio otras cuestiones.
Las implicaciones de la ley que estamos discutiendo tienen que ver efectivamente compañero Amador con un problema de la estrategia del cambio social en nuestro país; tienen que ver con un problema fundamental de la estrategia con relación a la defensa de nuestro país frente al imperialismo norteamericano; tienen que ver fundamentalmente, en efecto, con una concepción de estrategia con relación a la defensa de la soberanía nacional.
Nosotros estamos completamente de acuerdo en los objetivos de la ley, coincidimos con los planteamientos de López Portillo, al mismo tiempo que no consideramos razones ni derecho a aquellos que vienen a escudarse en la figura del Presidente López Portillo para esgrimir argumentos que no tienen ninguna validez, débiles, pobres, que lo único que hacen es precisamente apoyar la argumentación de fondo establecida aquí por el Partido Acción Nacional en cuanto de lo que se trata al fin de cuentas es liberalizar el ejido. Es quitarle las trabas al ejido para que entonces la privatización del campo se realice absolutamente sin ningún obstáculo fundamental. No tiene ningún derecho por cierto, a cuestionar que no cuestionamos la figura del Presidente de la República y su política, porque lo que estamos cuestionando precisamente es, en última instancia, una solución equivocada, un camino incorrecto, un planteamiento que establece obstáculos muy graves al desarrollo de la Reforma Agraria, que lo tergiversa y que coloca a una situación a la Reforma Agraria, de llevarla a su destrucción y a dar un paso atrás en la Reforma Agraria. Porque se da un paso atrás en la Reforma Agraria, en la solución que se le ha dado en la iniciativa de ley, pero repetimos, estamos completamente de acuerdo que el objetivo de la ley tiene que ser el fomento de la producción agropecuaria y forestal para satisfacer las necesidades nacionales y elevar las condiciones de vida en el campo. Estamos completamente de acuerdo. Estamos totalmente de acuerdo, en la necesidad de planear, organizar, fomentar y promover la producción agropecuaria y forestal. Coincidimos conque es indispensable un Plan Nacional de Desarrollo Agropecuario y Forestal, recabando previamente la opinión de los comités directivos de distritos de temporal. Estamos de acuerdo, porque es una necesidad, el señalamiento, el planteamiento, de que los cultivos agrícolas y las actividades ganaderas y forestales que resulten mayormente productivas, dando preferencia a los productos básicos, de acuerdo a las distintas condiciones ecológicas y socioeconómicas de zonas determinadas.
Estamos de acuerdo en que una ley así era necesaria, para hacer frente a las situaciones efectivamente dramáticas que guarda el país con relación a la falta de producción agrícola y alimentos básicos. Estamos completamente
de acuerdo en que una ley así, debe enfrentar y resolver la necesidad de lograr la autosuficiencia alimentaria, y aun más, decimos, compañeras diputadas y compañeros diputados, que el problema de la dependencia alimentaria, es hoy el principal problema de la dependencia en el país, es hoy, lo fundamental en la lucha por defender la soberanía, la autodeterminación nacional y para salvar al país de las presiones, de los chantajes, de las amenazas del imperialismo norteamericano.
Consideramos así, con esas palabras, que el problema de la dependencia alimentaria es el problema principal que ahora debe atacarse del cual dependen la solución de otras cuestiones esenciales para la vida democrática de este país, para darle alimento al pueblo y para garantizar el desarrollo libre e independiente, soberano para fortalecer la independencia económica de México.
Estamos completamente acuerdo por eso en que el Sistema Alimentario Mexicano contempla este objetivo y apoyamos al Sistema Alimentario Mexicano sobre la base de dos condiciones: que el Sistema Alimentario Mexicano supone la profundización de la Reforma Agraria y que el Sistema Alimentario Mexicano supone leyes que efectivamente garanticen los objetivos porque hasta ahora el Sistema Alimentario Mexicano está pegado con alfileres.
Nos congratulamos y nos alegramos de los aumentos en la producción agrícola, pero ¿qué será este año o el año próximo y los años siguientes?
Para un proyecto de ley el que ahora se presenta a la aprobación de la Cámara de Diputados, precisamente, compañeros y compañeras, uno de los factores principales de nuestra objeción es que no va a permitir, el diputado Sánchez Cárdenas lo decía, el cumplimiento de los objetivos del Sistema Alimentario Mexicano y hay que considerar las opiniones; hay que considerar los puntos de vista de aquellos que tomaron parte en la elaboración del Sistema Alimentario Mexicano, cómo se han alarmado por la traba que ahora se le va a colocar, por el obstáculo importante que se le enfrenta al Sistema Alimentario Mexicano. Las razones ya se han dicho, no es posible garantizar los planes, las finalidades, las metas de la autosuficiencia de producción agrícola en el país sobre la base de la intervención del capital, del gran capital y de las transnacionales en el campo mexicano.
Seguramente que una de las cuestiones esenciales de este debate, si no ahora, después va a ser el que se refiere a cuáles son las causas de por qué al país se le llevó a esta situación.
A partir de 1947, se operó con la contrarreforma agraria un importante desarrollo capitalista en el campo. Fue fundamentalmente para eso justificada o injustificadamente, pero a costa de la Reforma Agraria.
Se dijo que era en función de fortalecer la Reforma Agraria la concesión del amparo agrario a los terratenientes y, sin embargo, en 33 años no ha sido capaz la intervención, el desarrollo capitalista del campo a costa del Desarrollo de la reforma Agraria, de garantizar la autosuficiencia alimentaria.
¿No acaso hay una gravísima responsabilidad? Gravísima responsabilidad de aquellos que torcieron el rumbo y que le dieron norte al desarrollo capitalista en el campo.
Un distinguido miembro de Acción Nacional decía que aquellos que han elaborado el proyecto siguen y viven la Reforma Agraria y quienes siguen y viven la Reforma Agraria esperan que la Cámara apruebe con visionaria valentía, sin acobardarse ante quienes a título de revolucionarios sólo pretenden mantener al campesino en el subdesarrollo, en la atomización de la tierra, en su improductividad, en anacrónicas técnicas de siembra y cultivos, flotando en la miseria y esclavos del mangoneo político.
Quienes nos oponemos al proyecto de dictamen presentado a la Cámara de Diputados cuando este distinguido miembro de Acción Nacional sabe quiénes son los responsables de esta situación, quiénes han tenido y tienen el poder, quiénes han impulsado precisamente esa política antiagraria, ellos son los responsables, los que han mantenido al campesinado en esta situación, y yo quiero preguntarle al diputado Amaya:
¿No acaso ellos son los responsables, los terratenientes del Sur de Sonora, aquéllos que detentan 100, 150 hectáreas de regadío y varias pequeñas propiedades de 150 hectáreas, con alta técnica, con financiamiento, con agua, no son acaso una gran propiedad capitalista? ¿Y no es acaso efectivamente, como fue recordado aquí, que ellos se lanzaron al paro de la producción, acaso les importó el hambre del pueblo en aquellas circunstancias? ¿No montaron la "Operación Tractores", no iban a venir a la ciudad de México con cientos y con miles de tractores que fueron apostados en la carretera principal de Sonora y de Sinaloa? ¿No es así? ¿No acaso ellos son los responsables por detentar grandes propiedades de un latifundismo al amparo de la Revolución, de los cientos, de los miles de campesinos sin tierra en el Sur de Sonora y de las luchas justas de los campesinos de Sonora por el derecho a la tierra? ¿Que acaso ellos no son responsables, precisamente de lo que dice ese distinguido miembro de Acción Nacional, que ahora levanta la bandera de la Reforma Agraria y que ahora levanta la bandera del apoyo a la Iniciativa del Ejecutivo, falsa, hipócritamente, porque son otros los objetivos que persiguen?
Y aquí, compañeras y compañeros diputados, está cuestionándose el programa, la declaración de principios del Partido Revolucionario Institucional y está cuestionándose también el programa y la declaración de principios ciertamente, del Partido Comunista Mexicano, de Partido Socialista de los Trabajadores, del Partido Popular Socialista. Sí, en efecto. Aquí en donde se establecen importantes coincidencias, ya no digamos también con el movimiento obrero y con el movimiento campesino, en cuanto a considerar que la necesidad fundamental del desarrollo de esta etapa de nuestro
país, era precisamente impulsar la reforma agraria. Eso es lo que está en el fondo y precisamente, como en 1947, y lo decimos con dolor, porque se abría en esa época una etapa de desarrollo democrático y popular, por eso todas las consecuencias negativas que esto hallan al entonces candidato del PRI y así como se recogió la exigencia de Acción Nacional, con relación al amparo agrario, con todas las consecuencias negativas que esto ha tenido, ahora también efectivamente se hace esa grave concesión; grave concesión a los terratenientes, grave concesión a Acción Nacional, grave concesión a los banqueros, al gran capital de nuestro país, y grave concesión a las nacionales también.
No es el camino para recuperar la confianza en el pueblo y para buscarse apoyos fundamentales para resistir las nuevas presiones de la reacción del imperialismo.
No nos hacemos tontos, compañeras y compañeros. Sabemos que estamos en el cuarto año de gobierno, sabemos muy bien que hay quienes consideran que no es tiempo de avanzar, nosotros decimos que sí es tiempo de avanzar, sí es tiempo de llevar adelante un proyecto nacional de cambio social en el país, como la mejor manera de enfrentar al imperialismo y a la reacción.
Y si recordamos esa experiencia negativa cuando se abrían grandes posibilidades democráticas en nuestro país y vino una ley a entorpecer ese desarrollo, compañeras y compañeros, estamos conscientes de que aquí también está de por medio la posibilidad de los cambios sociales, de las transformaciones democráticas, profundas, progresistas, antiimperialistas, que necesita nuestro país, para poder resolver, precisamente, el hambre del pueblo, la insatisfacción material de nuestro pueblo en cuanto a trabajo en cuanto a alimentos básicos, en cuanto a salud, en cuanto a educación y en cuanto a reforma política, porque nosotros queremos decir con toda responsabilidad:
Esta ley al aprobarse va a crear más dificultades para que nuevos pasos de reforma política se den en el país.
Nos damos cuenta ya de las dificultades, no somos ilusos, queremos rebatir, queremos discutir, compañeras y compañeros, el camino, precisamente, para hacer frente a la nueva situación y no creemos que este sea el adecuado a la nueva situación.
¿Cuál es la cuestión principal que aquí está de por medio? ¿Por qué estamos en contra del proyecto?
Por la sencilla razón -considere diputado Amador y considerenle todos aquellos compañeros que no han entendido el problema, no se deciden a expresar opiniones de principio, que tengan trayectoria, que tengan repercusión - de que aquí lo que se imponía era una ley de desarrollo de la reforma agraria profunda.
Decía un compañero ¿por qué ustedes nada más traen impugnaciones, por qué no traen soluciones?
Traemos soluciones, puntos de vista de política, porque nosotros decimos que es indispensable fortalecer el ejido como unidad de producción y a las comunidades indígenas también. Era indispensable fortalecer también a la auténtica pequeña propiedad, porque de una vez por todas, hay que decir que la base fundamental para el desarrollo de una política revolucionaria del campo, está en la alianza del ejido, de las comunidades indígenas y de la pequeña propiedad, pero de la pequeña propiedad auténtica.
Y que el sentido de unidad revolucionaria entre el ejido, la comunidad indígena y la pequeña propiedad, es precisamente defender a los minifundistas pobres, a los productores pobres. No se puede hacer ninguna política de perspectiva sin considerar precisamente el fortalecimiento de la pequeña propiedad, pero eso no es fortalecimiento de la pequeña propiedad, esto no es defender a los campesinos pobres que no tienen capital, que no tienen técnica, que no tienen otros recursos, porque van a ser los pequeños propietarios, tipo del norte de Sonora, tipo de Ciudad Obregón , tipo del Yaqui, del Mayo, los que van a ser beneficiados y en el resto del país también.
Es verdad, compañeros, que esa situación ya existe, aquí se va a dar cuenta de ello, van a ponerse ejemplos de magnífica unión entre los comuneros y los ejidatarios, la ley va a legalizar esta unión, esta asociación antiagraria, contraria a los campesinos que van a ser convertidos en asalariados de la pequeña gran propiedad capitalista de este país.
Nosotros decimos, ¿qué acaso no una medida era fortalecer la unión de ejidos, la unión de ejidos que está dando resultados y que está haciendo su aportación al desarrollo agrícola de nuestro país? ¿Qué acaso no era dable hablar de la asociación, de la pequeña propiedad verdadera, auténtica, de los comuneros y de los ejidatarios con el Estado? ¿Por qué razones de efecto tiene que preguntarse esta Cámara de Diputados se omite precisamente el factor fundamental de esa alianza histórica de la que han hablado los compañeros del sector obrero? ¿Por qué no contestan los de la posición favorable al dictamen? ¿Por qué no rebaten? ¿No estamos en un momento histórico favorable para éstos? ¿Qué impide la asociación del Estado con los pequeños propietarios, con los comuneros, la creación de grandes empresas colectivas del Estado, acaso va en contra de la economía mixta? ¿No tienen más posibilidades los capitalistas privados de desarrollar sus haciendas y su agricultura, pero dando lugar también al desarrollo de grandes haciendas capitalistas del Estado? ¿No es esta una solución?
Por otro lado compañeras y compañeros ¿qué acaso no podía de alguna manera establecerse que estamos de acuerdo en que tierras de los ganaderos se dediquen al cultivo, estamos de acuerdo, esa es una necesidad, pero a condición de considerar que esas tierras abiertas al cultivo van a pasar a ser propiedad del Estado, propiedad de los ejidatarios o
propiedad de las comunas, ese es el problema principal, tenemos soluciones, ¿acaso no había en esta situación de crisis agrícola en el país la posibilidad del camino del fortalecimiento de la reforma agraria? ¿En qué consiste el carácter antiagrario, en qué consiste el paso que se da atrás en materia de política agraria?
Consiste en que se ha abandonado el camino, la vía del ejido, de la pequeña propiedad auténtica y de las comunidades indígenas para desarrollar la agricultura, la ganadería y la sivicultura, en que se ha abandonado el camino de fortalecer al ejido, de fortalecer la unión de ejidos, de fortalecer la unión de los ejidos y de las comunidades indígenas por el Estado.
En ese sentido es un grave paso atrás y en este sentido tiene que considerarse y el país, el pueblo de México tiene que cuestionar por qué se ha abandonado este camino, por qué ahora se le da la espalda. ¿Por qué se sigue ahora la línea del desarrollo capitalista de la agricultura y no del capitalista moderno, sino del viejo capitalismo? ¿No acaso se planteaba la posibilidad del desarrollo de la agricultura?
Un ilustre militantes social, autoridad en Reforma Agraria, negada esa autoridad por muchos que ahora abjuran de su posición agrarista; que le niegan capacidad para opinar, ha dicho que es tiempo de terminar con las rivalidades entre la pequeña propiedad auténtica, el ejido y las comunidades indígenas y que el desarrollo del país va a estar fincado, va a estar fundamentado en la Alianza, en la integración que ahora no es posible por la incidencia precisamente del gran capital y de las trasnacionales. Unión imposible, asociación imposible de realizar en un objetivo, estas tres formas de la propiedad, sobre la base de integrar las pequeñas propiedades en cooperativas.
Es un planteamiento del futuro cooperativo del desarrollo agrícola en nuestro país, hecho por Natalio Vázquez Pallares, tiene validez y con ese planteamiento de Natalio Vázquez Pallares y de otros combatientes por la Reforma Agraria de todos aquellos que en esta gran discusión nacional han impugnado el proyecto de dictamen, precisamente por desviarse del camino, 70 años después de iniciada la Revolución Mexicana que va a crear difíciles situaciones en el campo.
Precisamente por eso, compañeras y compañeros, por razones de política, por razones de ideología, por razones económicas y por razones de ideología; no como aquél que ha vuelto a utilizar las viejas formas vulgares del anticomunismo, de los apátridas, sino por razones de ideología provenientes de la raíz ideológica misma del proceso iniciado en 1910. Porque aquí efectivamente hay una concepción ideológica, hay una concepción política, hay una concepción económica y hay una concepción práctica. Por razones prácticas, ideológicas, económicas y políticas, nuestra oposición, la oposición del Grupo Parlamentario del Partido Socialista de los Trabajadores, al proyecto de dictamen y por eso, porque en este caso se han dado los marcos de referencia necesarios para considerar como legítima la divergencia ideológica y la divergencia política y la económica y la práctica en cuanto a lo que va a ser la aplicación del proyecto, vamos a votar en contra y conscientes estamos en que no va a parar con toda la bondad interesada del proyecto, la lucha de clases, porque está en contra de las leyes de la historia.
La lucha de clases en el campo se va a agudizar. Hoy, seguramente vamos a perder una batalla, no vamos a perder la guerra.
Consideramos que va a debilitarse mucho al afectar al campesinado, al afectar al movimiento campesino la alianza democrática popular antiimperialista, por eso también estamos en contra del proyecto, pero no obstante que se va a debilitar y va a ganar en ese sentido el imperialismo, porque le va a restar posibilidades de respuesta al pueblo mexicano, consideramos, compañeros, que hay que seguir batallando, una y mil batallas por hacerle frente de esta manera clara, categórica de principios, con razones a todo tipo de medidas que vayan contrarias, en una dirección contraria al desarrollo de la lucha histórica de nuestro pueblo, por el progreso social, una de cuyas bases principales es la Reforma Agraria.
La lucha de clases pues, va a continuar, y vamos a hacer de la lucha de clases, en última instancia, considerando que la lucha por el socialismo pasa por la lucha contra el imperialismo y por la democracia, factor también para impulsar la defensa de nuestro país frente al imperialismo norteamericano y por el fortalecimiento de su independencia económica y el avance en el desarrollo social.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: Tiene la palabra en pro el diputado Abel Vicencio Tovar.
El C. Abel Vicencio Tovar: Señor Presidente;
Señores diputados:
Después de escuchar estos resonantes argumentos y aprovechando el silencio que sigue después de ellos, recordaba que algún orador que nos antecedió, decía y decía bien que el pez por su boca muere.
Yo recuerdo también que hay otro dicho:
"A los árboles por los frutos se les conocerán", y después de conocer los frutos, por ahora verbales de algunos oradores, especialmente de los últimos dos que han subido a esta tribuna, yo quisiera que en la práctica parlamentaria existiera la posibilidad de una tercera posición, pero no es posible, señores. Ante un documento que dice: "lo aprueban o no lo aprueban", los diputados tenemos que decir sí o tenemos que decir no.
Yo vengo a nombre de mi partido a decir sí pero y en esta última palabra se encuentra la verdadera posición de mi partido.
En este alud de palabras y el tiempo que hemos gastado - espero que yo no lo haga tan largamente-, hay un concepto
fundamental de convivencia social y de derechos humanos, que es lo que en el fondo se está debatiendo.
Me estoy refiriendo, señores diputados, fundamentalmente, al concepto que cada quien tiene sobre la propiedad y parece increíble que después del paso de tantos años los argumentos que con frecuencia se vierten aquí estén reiterando conceptos ya muchas veces recurridos, transformados o superados.
Yo creo que se está hablando de la propiedad social, cierto, pero tengo la convicción de que por lo menos hay tres posiciones que entienden, de manera distinta. En cada una de ellas este concepto que se dice con las mismas palabras: propiedad social.
El antecedente histórico para entender esto está ya dado; todo tiene que ver, en este momento, en esta discusión. No es lo mismo, por supuesto, la propiedad romana, ese famoso derecho de usar, de disfrutar y, como algunos tradujeron, de abusar de las cosas. Derecho estrictamente individualista, totalmente protegido por el derecho objetivo, por el derecho positivo y por el Estado, que dejaba muy atrás y muy abajo el interés de una sociedad que contribuyó a la creación de los bienes para respetar a un hombre el derecho de usar de esa propiedad, pero en la escolástica se ven las cosas diferentes, en la edad media. Las cosas hechas para todos los hombres, sin distinción. La propiedad privada, en todo caso, va de acuerdo con el derecho natural, no es consecuencia ineludible de éste y el uso de la propiedad privada es, en todo caso, permitido, hasta el límite de las necesidades del propietario, como una garantía de libertad y como consecuencia del derecho que tiene a lo que ha producido con su propio esfuerzo.
Inclusive, en la edad media se hablaba de la esterilidad en la moneda, "pecunia estéril", dijeron y sentaron las bases de señalar al trabajo como la fuente principal de la riqueza y de la propiedad, pero la propiedad en el concepto liberal, cambia totalmente, tal vez como consecuencia del renacimiento, vuelve a pensarse en la propiedad como un derecho absoluto y se desarrolló la tesis de el derecho a mi propiedad termina donde empieza el derecho de propiedad del vecino.
Por último, como consecuencia de los excesos de la desigual distribución de la riqueza y los sufrimientos que en la sociedad causó el disfrute de la propiedad de estilo liberal, surgen diversas formas de la propiedad social que ahora estamos debatiendo, pero no pensamos igual. El partido oficial, como lo veremos, tiene un concepto sobre la propiedad social; el Partido Comunista y sus aliados, ahora de última hora, alguno, tienen también un concepto sobre la propiedad social, Acción Nacional tiene un concepto probablemente distinto sobre la propiedad social.
Yo diría, señores diputados, que difícilmente nos podemos entender, porque el concepto de cada uno de nuestros partidos tiene sobre la propiedad social es bastante distinta. No basta con concebir a la propiedad social como una propiedad plural, como una propiedad que sale del ámbito de un solo hombre y puede extenderse a muchos más. Es necesario que nos pongamos de acuerdo, eso no va a ser posible, sobre este concepto básico.
Yo siento que para el partido oficial, la propiedad social consiste en la distribución de los beneficios de la propiedad, entre diversos grupos sometidos al poder oligárquico y que se les concede, se les facilita, se les mantiene y se les defiende en ella en la misma medida en que sean soportes de la estructura política. En la misma medida en que cada uno de esos grupos sea piedra, cimiento de la oligarquía dominante, ese es el concepto que de propiedad social tiene el partido oficial.
Y díganlo si no la forma como se reparten en las comunidades agrarias, créditos, parcelas o ejidos y díganlo si no la forma como se reparte derechos a viviendas y a despensas y a empleos y a todo, propiedad social que llega a las mayorías, si, con la única condición de que esas mayorías sean soporte, piedra, cimiento de la oligarquía y del poder político.
Vivimos, bajo la égida de ese sistema, un dogmatismo político. Yo no concibo el dogma en política, pero el dogmatismo político que vivimos y que empequeñece la vida política del país, nos pone como una condición ineludible, como se las pone a los que quieren llegar a cualquier puesto público, el adjetivo de revolucionario, para así pasar por patriotas, por eficaz por todo lo bueno que puede dar una sociedad y un dogmatismo político como criterio para definir la propiedad social necesariamente lleva a la mezquindad, al empequeñecimiento y a la desaparición en un futuro próximo.
En 1915 se hablaba por ejemplo de entregar la tierra en propiedad, un proceso cortado por el dogmatismo político. Se inicia entonces la estructuración de un sistema de control campesino y desde entonces el partido oficial con diversas siglas se enorgullece de tener y de contar con el voto de las mayorías campesinas.
Ya sabemos cómo. Las centrales campesinas, las centrales obreras, manejan con su criterio dogmático y político este concepto de propiedad social, no es ese el concepto adecuado, pero se quiere pasar de un dogmatismo político a un dogmatismo clasista y económico.
Es evidente, por las palabras que los representantes de esta dirección ideológica han manifestado aquí, que están dispuestos a sacrificar la eficacia de una estructura, la eficacia productiva, la resolución de un problema social a su ideología, lo dijo claramente el diputado Terrazas que me antecedió en el uso de la palabra:
"Ante todo, la defensa de la ideología, lo demás es simple medio para lograr un fin".
Por otro lado, hay perfecta congruencia entre lo que se dice y lo que se piensa y lo que se siente. Defender el desarrollo de la productividad en México, malo para quien piensa en última instancia puede ser la desesperación o la violencia un elemento muy importante. Ya
lo anuncian cuando hablan de la lucha de clases en el campo para transformar las estructuras sociales, así sea esa transformación violenta mediante la lucha de clases en el campo, en los talleres o en las fábricas, o mediante la presión de un partido que con posibilidades de ayuda, más allá de las fronteras nacionales, tiene puesto en la mira la estructura para un cambio definitivo que para ellos es el objetivo fundamental de su propia ideología, no los censuro, son perfectamente congruentes con esa ideología. Y para ellos la propiedad social no puede ser otra que la propiedad en manos de una clase, exclusivamente en manos de una clase con el propósito de destruir a todas las otras clases. Esta es la propiedad social para esta ideología, pero por el camino de los dogmatismos en el México actual, no creo que se pueda resolver ningún problema.
Es dogmatismo político cuando se habla de reforma política y nos dicen: "tengan paciencia que la reforma es un proceso y si ahora nos seguimos robando los votos en Camargo y en Oaxaca y en Tehuacán y en muchos otros lugares, es simplemente que no se puede transformar esto de la noche a la mañana, pero ya más adelante, señores, podrán gozar de la libertad que ofrece la democracia" y nos quieren hacer creer que el camino lógico de la transformación es pasar de un sistema de coacción a un sistema de libertad.
Por el otro lado, quienes todavía no tienen el poder, pero manifiestan su intención clara de obtenerlo, cuando viven ese dogmatismo de clase, ese dogmatismo económico, nos ofrecen en el futuro cordialidad, heterogeneidad y nos quieren hacer creer que el camino lógico es el de la uniformidad hacia la diversidad.
Ni es lógico que la coacción nos lleve a la libertad, ni tampoco es lógico que la uniformidad y el absolutismo nos pueda llevar a la diversidad respetuosa de la heterogeneidad del género humano.
Para nosotros, en Acción Nacional, la propiedad social quiere decir otra cosa. Para nosotros la propiedad social quiere decir la posibilidad social de que todos los hombres independientemente de la clase a la que pertenezcan, puedan disfrutar en la medida de sus necesidades, de los beneficios de la propiedad; para nosotros propiedad social significa poner al servicio de todo el hombre y de todos los hombres los beneficios de la propiedad social que es precisamente una creación social de todo el hombre, lo hemos dicho, porque lo concebimos no solamente como un ser que consume sino que trabaja y que piensa y que tiene espíritu y de todos los hombres y en la medida en que cada uno de los hombres se haga solidario de la suerte de los demás, la organización social será eficaz para que la propiedad tenga esa característica verdaderamente social sin cortapisas y sin facciones.
Sólo puede florecer este tipo de sociedad cuando se entienda al poder, al Estado mismo simplemente como la conformación jurídica de la nación, como la organización política de ésta, no como un poder opresor de las sociedades intermedias y de los individuos sino como un ámbito de convivencia en donde todos puedan dejar lo mejor en beneficio de la sociedad a la que pertenecen.
Nosotros no concebimos al Estado como un poder omnímodo, ni oligárquico. Somos de oposición fundamentalmente por eso, porque queremos ayudar a construir un Estado como un estilo de relación entre los hombres, en el cual los hombres encuentren los mejores beneficios de la sociedad y la autoridad sea únicamente, pero qué importante, rectora de estos destinos y no propietaria o poder que aplaste, que desuna, que destruya fundamentalmente las sociedades intermedias, porque cuando se cae en la equivocada concepción social de estar imaginando por un lado al hombre aislado y por el otro al Estado todopoderoso se ignora lo más importante que guía la conducta del hombre en el mundo: la multiplicidad de las comunidades intermedias cada una de las cuales tiene una finalidad propia que la oligarquía se ha encargado de quitar poco a poco para convertirla en sistema, para convertirlas en apoyo del sistema.
Sindicatos comunidades campesinas, clubes deportivos, clubes de profesionales y hasta organizaciones para hacer estadísticas y para hacer futurología, se convierten en apoyo del sistema y pierden por tanto la finalidad para la cual fueron hechas.
Se dice, a propósito ya del proyecto que estamos discutiendo, que es un engendro de la reacción. Yo no quiero calificar un proyecto que hemos decidido apoyar. Sin embargo, hay una reflexión que se impone. La organización actual, la que en alguna forma se va a modificar, si es cierto, se va a modificar la organización actual del trabajo en el campo, lleva más de sesenta años de experiencia y aquí se han expresado los principales datos de ese fracaso. En los últimos diez años un aumento del producto interno de la agricultura inferior a la mitad del aumento demográfico en México. Más de veinte millones de subempleados. Cerca de cuatro millones de campesinos con derechos a salvo y ¿qué se ganan esos campesinos, me pregunto, con seguir teniendo sus derechos a salvo?
Será un título que le van a pasar a sus hijos y éstos a los nietos y todos pondrán en un cuadrito "yo soy un campesino con derechos a salvo" ¿y con eso van a dejar de sufrir hambre? ¿Y con eso el país y todos los demás mexicanos van a comer?
Ciertamente se requiere una transformación.
Algún orador me dejó pensando por lo que dijo:
"Allá esos reaccionarios de Acción Nacional, en 1971 ya apuntaban sus cañones para destruir al campo tratando de llevarlo al gran capital". Y dijo otra cosa:
"Los campesinos no necesitan leyes para producir".
¿Qué es lo que estamos haciendo aquí entonces?
Seguramente perdiendo el tiempo.
Si la producción fuera simplemente una labor, simplemente individual: el hombre que se agacha a la cementera y él solo que espera a que crezca y que la riega y que corta el producto, obviamente ¿para qué se requieren leyes?
Pero si la producción es una realidad y una eminentemente social, es indispensable que los hombres se organicen, se coordinen, se den autoridades, se marquen pautas, objetivos y planes de desarrollo y todo esto no se puede hacer sin la infraestructura jurídica y política y precisamente esta Cámara de Diputados tiene como una misión de la más importantes el establecer una adecuada infraestructura jurídica y política para hacer posible que se calme el hambre de los mexicanos y que el país se encamine hacia el desarrollo que todos deseamos.
Es cierto, por otro lado, que hay antecedentes.
Muchas gracias al diputado que me recordó esto.
Y, sin abusar de su paciencia, leeré algunos párrafos que bien podrían ser parte del dictamen que ahora estamos discutiendo:
"También es dato nuevo el problema de la creación y multiplicación de un minifundismo ejidal y no ejidal de predios con extensiones insuficientes para atender la subsistencia de la familia campesina y que, además, reducen la productividad de las tierras, ya de por sí reducida por la frecuente mala calidad de éstas por la carencia de riego y por la falta de un sistema de asociación libre y eficaz que supla, aunque sea en parte, la falta que hay también de capitales de crédito y de asistencia técnica.
"El problema a que nos enfrentamos requiere el esfuerzo nacional, requiere el esfuerzo de todos, del gobierno, de los partidos, de las uniones ocupacionales, principalmente de aquéllas que se dedican a las labores del campo, de los campesinos propietarios privados o ejidatarios y de muchas gentes que no están clasificadas dentro de estos sectores, etc.
"Al hablar de una solidaridad y de un interés común y de un empeño que es empresa nacional para resolver el problema del campo en México, me encuentro con que esta Ley se trataba de la Ley de la Reforma Agraria, en vez de congregar, en vez de integrar, en vez de juntar disgrega, separa, segrega posibilidades de trabajo, posibilidades de ayuda a la resolución de este problema y lo hace no sólo en las esferas de la población, sino la inicia en las altas esferas gubernamentales.
"Hay un poco de intención o tal vez no de mala intención, de agresividad, ese es el calificativo, se habla de pequeños propietarios y se habla de ejidatarios y se abre para los dos mundos diferentes etc., etc.".
Estas palabras fueron expresadas por diputados de mi partido en febrero de 1971, a propósito de la discusión de la Reforma Agraria. Señores, voy a terminar.
En esa ocasión se nos dijo, se les dijo a mis compañeros de Acción Nacional: "están ustedes soñando. eso es utópico" y ahora recuerdo que Víctor Hugo dijo alguna vez que la utopía es la realidad del mañana.
Nosotros ya no tenemos que esperar mucho tiempo, lo que en aquella ocasión se llamó utopía, empieza a ser realidad a partir de este momento.
Gracias. (Aplausos).
El C. Presidente: Tiene la palabra en contra, el ciudadano diputado Cuauhtémoc Amezcua.
El C. Cuauhtémoc Amezcua: Ciudadano Presidente;
Señores representantes de las distintas clases sociales que conforman la población de México:
El diputado que me antecedió en el uso de la palabra hacía una alusión como de soslayo a los aliados de última hora de otro de los grupos parlamentarios aquí presentes. Yo quiero recogerla y recordar que afortunadamente y de ello nos sentimos muy honrados, con Acción Nacional, ni de última hora, ni en ningún momento desde que nació mi partido hemos sido aliados, siempre han estado muy definidos los campos, estamos en lados opuestos de la trinchera, en este momento, como lo hemos estado siempre.
El Presidente López Portillo (para entrar en materia) anunció, al inicio de su mandato, su compromiso de dedicar su esfuerzo en lo medular a resolver dos cuestiones fundamentales que él enunció de esta manera:
El desarrollo de los energéticos y la autosuficiencia en materia de alimentos.
En cuanto al primero de estos propósitos el avance a nuestro juicio es evidente, nuestro país ha multiplicado de una manera extraordinaria sus reservas de hidrocarburos y también es nuestra convicción que éstos se explotan con un sentido patriótico. También han aumentado los yacimientos conocidos de uranio y un proyecto de ley orientada a impulsar el desarrollo de la energía nuclear, al discutirse con amplitud, con gran amplitud en un ambiente plenamente democrático, fue modificado en su aspecto crítico que lo hacían peligroso para la soberanía nacional.
Aquí mismo en esta Cámara de Diputados se discutió con energía y profundidad la iniciativa del Ejecutivo, se escuchó la voz de distintos sectores, entre ellos el sector de los científicos y el de los trabajadores nucleares. Los legisladores del campo democrático todos de distintos partidos políticos actuaron con firmeza, entre ellos también desde luego los diputados y el senador del Partido Popular Socialista.
Hubo una discusión seria, honesta, aunque también hubo intentos de deformarla, de manipularla y se utilizaron, como se han utilizado en todas las batallas importantes, del México contemporáneo y como se utilizan ahora mismo, argumentos marrulleros de los que tienden a confundir en vez de clarificar, o de los que y conceptos.
pretenden ofender en lugar de confrontar ideas
Se trató de impedir por todos los medios la acción coincidente de fuerzas variadas de distintos partidos políticos, incluido desde luego
el partido en el poder, partido cuyas fuerzas de avanzada han estado presentes, es nuestra convicción y la hemos expresado siempre, en todas las batallas importantes que ha ganado el pueblo de México en las últimas décadas, como también hemos expresado que las fuerzas negativas de este partido variado, pluriclasista que representa un amplio abanico de fuerzas, esas fuerzas negativas también han estado en todas las batallas que ha ganado la reacción en las últimas décadas.
Porque en todas las peleas importantes de esta época, la lucha no se da entre el PRI y la oposición, ni se da entre la izquierda y la derecha así manejadas en abstracto, la lucha se da fundamentalmente entre dos grandes bloques, dos grandes complejos de fuerzas que desbordan el marco de los partidos políticos: las que luchan por avanzar en cuanto a tres aspectos fundamentales que son inseparables entre sí y que no es válido tratar de contraponer porque es sólo una marrullería querer hacerlo y las que se oponen al avance en cuanto a esos tres objetivos, elevar el nivel de vida del pueblo, ampliar el régimen democrático y luchar por la conquista de la plena soberanía nacional, de la plena independencia económica y política.
No es cierto, de ninguna manera, que haya que sacrificar lo uno por lo otro. Por el contrario, sólo es posible avanzar cuando esto se hace de manera simultánea, de manera equilibrada, de manera concomitante en esos tres frentes.
Las fuerzas reaccionarias y contrarrevolucionarias que actúan dentro del poder público, también llamaron entonces a la disciplina partidaria, a los sectores avanzados del partido mayoritario arguyendo que los esfuerzos por mejorar la iniciativa presidencial aquélla de la Ley Nuclear, por corregir sus fallas y superar su contenido, eran una cuestión partidista -manejando este término con una connotación sectaria- una cuestión partidista de la oposición.
Ese argumento falaz hoy también ha sido puesto en juego por los que desde dentro del gobierno deidifican la democracia formal para bloquear las medidas de carácter popular e impulsar las de una orientación regresiva. Porque es claro para quienes consideramos vivo el proceso de la Revolución Mexicana y vigente su cambio para avanzar en los múltiples problemas que confronta nuestro país, logrando soluciones a favor del pueblo trabajador y de la Nación Mexicana, es claro para nosotros que la oposición a la vía de la Revolución Mexicana, se da en la realidad desde afuera y también desde adentro del Poder Público como también se da desde dentro y con más fuerza desde fuera de nuestra patria.
Otro argumento falaz que se usa ahora, y que se usó también en el caso que recordamos es aquél muy ligado al que acabo de comentar, aquél que atribuye de un modo directo y personal al Presidente de la República, no sólo la preocupación central, no únicamente las directrices medulares de la iniciativas de ley, sino todas ellas párrafo a párrafo, palabra por palabra hasta los puntos y comas, y claro, sobre todo, porque es el argumento más fácil, le atribuyen los errores y las fallas para escudarse así y no tener que argumentar.
Es una forma cómoda de actuar, una forma muy cómoda para dos tipos de fuerzas políticas, las dos profundamente negativas desde nuestro punto de vista, quienes desde dentro del Poder Público y esgrimiendo distintas razones centran su línea política y su acción sistemática en golpear al Ejecutivo culpándolo de todos los males y quienes estando fuera de ese poder se empeñan en reorientarlo separándolo del pueblo y también golpeándolo.
Unas y otras fuerzas procuran aislar al Ejecutivo del pueblo, de las masas populares, de los partidos políticos de avanzada con la pretensión de que cambie su acción y la oriente hacia el desarrollo del capitalismo dependiente en favor de las minorías opulentas ligadas a los intereses extranjeros.
En aquella ocasión que hoy recordamos, por fortuna no cuajaron esas maniobras.
Después de una gran pelea en la que logramos modificaciones de fondo aquí en la Cámara de Diputados, la iniciativa fue al Senado donde se produjeron otras modificaciones profundas también y regresó otra vez a la Cámara, donde se le acabó de afinar suprimiendo todas las fisuras que la iniciativa suscrita por el Presidente López Portillo presentaba por donde se podían colar los intereses antinacionales.
El Presidente, no es difícil que lo comprendamos, señores diputados, tampoco es omnisciente y no es válido suponer que se ofenda porque el Poder Legislativo haga su deber de legislar a fondo y de examinar con profundidad las iniciativas de ley y de modificarlas, de corregirlas en aquellas cosas que considere importantes sobre todo cuando están en juego aspectos medulares de la Revolución Mexicana, y ya a ocurrido. Hay experiencias con el Presidente actual, con el Presidente López Portillo.
Ahora estamos en otro de los dos polos fundamentales de la preocupación de López Portillo: el problema de los alimentos. La necesidad de lograr la autosuficiencia en la producción de los alimentos básicos es una preocupación justa, lo reiteramos, en la que coincidimos de manera plena.
Hemos visto y denunciado muchas veces cómo el único imperialismo que existe sobre la faz del mundo usa el food weapon sin recato, para intervenir en los países y vulnerar las soberanías. Hemos, durante muchos años, externado nuestra preocupación y hemos propuesto medidas, las que a nuestro juicio deberían tomarse para detener la caída violenta que sufrió nuestra producción agropecuaria, para invertir ese proceso. Lo hemos hecho de manera muy responsable.
Saludamos con entusiasmo cuando se produjo el anuncio presidencial de la creación del Sistema Alimentario Mexicano y la reorientación de los subsidios en busca de la producción suficiente de los alimentos que necesitamos los mexicanos, y nuevamente, en ese momento, sugerimos las medidas que deberían
adoptarse, en nuestra opinión, para alcanzar el objetivo que señalaba el Presidente López Portillo. Nos pareció correcta la definición que hizo el Presidente de la República del SAM como una estrategia para alcanzar una meta, y otra vez formulamos las proposiciones que consideramos oportunas para implementar las medidas tácticas que hicieran posible que la estrategia operara y se alcanzara el objetivo de producir suficientes alimentos para las necesidades del pueblo mexicano, y vino la iniciativa de Ley de Fomento Agropecuario, y frente a ella, que hoy debatimos, en este recinto, fijamos con claridad y con toda responsabilidad también en nuestra posición desde que se dio a conocer.
En los primeros días de noviembre esta opinión del PPS fue externada públicamente por medio de un artículo periodístico firmado por el Secretario General de mi partido.
Hay coincidencias y existen discrepancias muy importantes.
Coincidimos en la preocupación fundamental que da origen a la iniciativa: elevar sustancialmente la producción de alimentos; no está eso a debate, no hay para qué venir a recalcar, queriendo dar respuesta a nuestra preocupación, algo que no hemos objetado para nada. Estamos de acuerdo en que la planeación de la producción agropecuaria es impostergable y también es indispensable para superar la anarquía y orientar los esfuerzos conjuntos de la Nación hacia el propósito de producir lo que el país requiere; tampoco eso se ha puesto a discusión, no lo hemos impugnado.
No coincidimos, en cambio, en la idea de que el pivote en torno al cual gire toda la estrategia alimentaria sea la asociación entre propietarios privados y ejidatarios y comuneros, por dos razones, primera, en nuestra opinión esta medida se opone al propósito esencial, esto es, no solamente no es la mejor manera de elevar la producción de alimentos básicos, sino que al revés, en la práctica, dejando de lado las nobles intenciones, tiende a impedir que ese propósito se alcance.
¿Por qué formulamos esta afirmación?
Porque sabemos que detrás de los productores privados del campo y junto con ellos están presentes los intereses de las corporaciones transnacionales, exactamente las mismas del food weapon, que obviamente son las menos interesadas en que México alcance la autosuficiencia alimentaria; estamos, dirían los señores diputados de Acción Nacional, entregando la iglesia a manos de Lutero.
Segundo, el costo histórico y social que se pagaría por ese experimento sería extremadamente alto puesto que la propiedad social, que de ninguna manera la comprendemos las fuerzas revolucionarias como la entienden los señores de Acción Nacional y a la que concedemos, de acuerdo con las tesis de la Revolución Mexicana, un rango jurídico superior al de la propiedad privada, con esta medida tiende a supeditarse a la otra.
Las consecuencias visibles de esta medida conllevan, lo hemos planteado, lo reiteramos, a la explotación intensa de la fuerza de trabajo del ejidatario y del comunero por el pequeño propietario, al que no estamos satanizando, simplemente estamos expresando un suceso normal que ocurre al aplicarse las leyes de la economía política en un sistema capitalista.
Esto lleva a la capitalización acelerada, a la acumulación de capital cada vez mayor en manos del pequeño propietario, que, en términos del partido de la derecha, tiene capacidad de empresa.
Esto llevaría a la agudización de la lucha de clases en el campo, independientemente de que se quiera o no se quiera, es otro fenómeno de la realidad, independientemente del pensar y del querer de los individuos, esto llevaría a la deformación de la conciencia social del ejidatario y del comunero; esto llevaría a la inversión de un principio fundamental de la Revolución Mexicana, el principio que otorga supremacía, decíamos, a la propiedad social.
Ya hoy los interesados en que esto marche así, empiezan a otorgarles un rango semejante y dicen, hasta igualmente revolucionario.
¿Por qué no, en cambio, se establecen las asociaciones en unidades de producción por separado entre ejidatarios y comuneros, por un lado, y por el otro, los pequeños propietarios?
Esto permitiría conservar los otros dos aspectos principales de la iniciativa de ley, los que son válidos, la planeación y el impulso vigoroso por parte del Estado por vía del riesgo compartido a la producción del campo; Esto evitaría la relación masiva de empresarios asalariados entre los pequeños propietarios y los ejidatarios y comuneros; esto consolidaría la alianza entre el Estado y los campesinos, para rescatarlos de la "marginación social que padecen", así dice el dictamen, recordando una frase del Presidente.
En cambio, por esta vía, más bien tiende a convertirse no en un rescate de la marginación social de los campesinos, sino en una explotación intensa, sí de tipo moderno.
En este problema de la producción de alimentos como en todos los demás problemas específicos de la vida del país, siempre existe la posibilidad de abordar su resolución de distintas maneras, con orientaciones diferentes de signo opuesto; si se adoptan unas en un sentido se beneficia fundamentalmente a una minoría a costa de los más; se propicia la dependencia cada vez mayor a través de la penetración de capital financiero imperialista; se marcha con buena intención, pero ese es otro problema, hacia el peligro que se pretende evitar por no caer en la dependencia alimentaria en este caso se estimula la dependencia económica, los mismos problemas se pueden atacar.
El C. Presidente: El señor diputado Tavira le está pidiendo a esta Presidencia hacer una moción de orden en este caso a la Asamblea, para escuchar al orador. Esta Presidencia hace extensiva la solicitud del diputado Martín Tavira para que así como hemos escuchado a
otros oradores, todos estamos pendientes de las distintas intervenciones. (Aplausos.)
- El mismo orador: Gracias señor Presidente. Decíamos que los mismos problemas se pueden atacar de dos maneras con medidas distintas, pero producen resultados diferentes.
Unos favorecen a los intereses de los muchos por encima de los pocos. Otros al revés.
Una medida impulsa el desarrollo democrático y si se toma de otro signo para resolver el mismo problema, por el contrario lo frena; una medida avanzada impulsa la marcha de nuestra patria hacia la conquista de su plena independencia; una medida reaccionaria, por el contrario, retarda ese proceso y lo dificulta.
Desafortunadamente, señores diputados, este permitir, aunque en realidad es estimular la asociación entre ejidatarios y comuneros, con pequeños propietarios - así se les llama-, se inscribe en las medidas de naturaleza contraria a los intereses del pueblo mexicano, de la Nación Mexicana en su conjunto.
Esto dejando de lado toda consideración de carácter sectario.
Esa medida tiende, por razones inevitables de las leyes naturales de la economía política, a realizar algo que es lo que quería López Portillo -según dice el dictamen cuando lo cita-, "no nos haga caer en el grave riesgo de la simulación, ni propiciar nuevas formas de concentración de la riqueza, castigando a la Revolución Mexicana en el punto que más pura debe mantenerse la justicia en el campo, la justicia a nuestros campesinos".
Es la cita, es la cita que no se alcanza y que por el contrario se bloquee con esa concepción.
Hemos escuchado argumentos. De ellos, algunos muy significativos. El señor diputado Piñera decía:
"...por encima de intereses sectarios están los intereses del pueblo de México".
Qué bueno que lo diga, lo subscribimos totalmente.
Y el señor diputado Huitrón recordaba a Morelos: "moderar la opulencia y mitigar la indigencia.".
Qué bueno, en eso estamos de acuerdo.
Creemos que este método es el menos adecuado para eso. Y no, no de ninguna manera, señor diputado Vicencio Tovar, no se trata de sacrificar las cuestiones medulares a la ideología. Por el contrario, la ideología es toda la concepción estructurada de nuestra tesis, de nuestro pensamiento puesto al servicio de la clase social que representamos y de la Nación Mexicana. Ponemos nuestra ideología al servicio del pueblo. Queremos ponerla para lograr la independencia de la Patria y la plena satisfacción de las necesidades de nuestro pueblo.
Por otra parte, no va usted a poder abolir la lucha de clases. No depende de su voluntad ni de la mía el que ésta se dé en una sociedad divida en clases sociales y sí debo señalar la habilidad del señor diputado Vicencio Tovar que no se pone en la primera fila de este pleito, aunque está interesado de manera fundamental por las tesis ideológicas de su partido, no se pone en la primera fila, porque hay otra fuerza que está ocupando la primera fila y él no tiene necesidad de hacerlo. Actúa con habilidad.
Fue mucho más franca, mucho más clara, la posición del diputado Amaya, que sí se colocó en la primera fila para pelear frontalmente en este problema de fondo en que si tienen toda la razón del mundo en estar ustedes en la primera posición.
Creo que esa intervención del diputado Amaya es otra muy importante llamada a la reflexión, por si alguien tuviera todavía necesidad de reflexionar sobre los intereses que están en juego, por si alguien tuviera alguna duda en un problema tan importante como este que nos ocupa.
Muchas gracias (Aplausos).
El C. Presidente: Tiene la palabra en pro el diputado Rubén Darío Somuano.
El C. Rubén Darío Somuano: Señor Presidente y miembros de la Mesa Directiva; Ciudadanas y ciudadanos diputados:
Compañeros que ocupan las galerías; (Aplausos).
Soy hijo de campesinos, represento en esta Honorable Asamblea a un distrito rural del estado de Oaxaca y tengo el honor igualmente, de ser miembro de las Fuerzas Armadas Mexicanas.
Mi conciencia me dicta el deber de participar en este importantísimo debate en el que se está dirimiendo uno de los más importantes pasos en la vida de México al pretender realizar la aprobación de un proyecto de ley que nos ha remitido, en uno más de sus magistrales actos de gobierno, el señor Presidente José López Portillo.
La tenencia de la tierra no solamente en México, sino en el mundo entero ha sido siempre motivo de muy profundas preocupaciones y es natural. Solamente los dos elementos integrantes del mundo son capaces de producir alimentos: la tierra y el mar. Entonces, en eso consiste la importancia extraordinaria que tiene la posesión de la tierra. De ahí comemos todos. En consecuencia, todo gobernante, pero sobre todo en México, siempre se ha preocupado por atender cuidadosamente este problema.
Desde antes de que México fuera independiente sabemos que siempre fue la inquietud, primero de las tribus autóctonas y después de los gobiernos de la colonia y aun el licenciado Primo de Verdad en el Consejo de Indias basó el derecho a la independencia y a la libertad de México en que la tierra era de los mexicanos.
De entonces hasta acá, pasando por Morelos, por Guerrero, diciendo que la patria es primero. ¿Qué es la patria? La patria es la tierra de nuestros padres, la tierra en que vivimos, en donde fundamos nuestros hogares; la tierra de donde venimos y de la que comemos.
Entonces, señores, por eso los problemas que se refieren a la tierra han sido siempre apasionantes y por eso no podía yo permanecer al margen de ese problema en esta ocasión.
Considero que sí es importante atender el problema de energéticos, como en primer término señaló al Presidente de la República al iniciar su patriótico gobierno, lo unió, desde entonces, como aquí se ha repetido varias veces, a la atención que merecía el problema alimentario y, lógicamente, si los alimentos vienen de la tierra, había que preocuparse, esencialmente, por concederle atención a esa tenencia de la tierra y a la forma de aprovecharla en bien de todos los mexicanos.
¿Cuál fue el mérito de Zapata? ¿Ser simplemente un desertor del Ejército Federal? Si así hubiera sido nadie lo recordaría. El mérito de Zapata fue precisamente buscar la forma del aprovechamiento de la tierra, del aprovechamiento de la tierra para que los campesinos no sólo los de Morelos, sino los de toda la República, pudieran satisfacer sus necesidades alimentarias.
Y el haber recogido el lema del manifiesto liberal de Flores Magón de Tierra y Libertad, fue precisamente porque sabía que el hombre del campo, que era entonces como lo es ahora el porcentaje mayor de mexicanos, iban a responder a ese llamado engrosando la filas del Ejército del Sur y más tarde del Ejército Constitucionalista.
Pero quiero mencionar a ustedes, además, cuál ha sido la participación del Ejército en el reparto de la tierra.
Para los que no están enterados de esto, unos por jóvenes y otros porque sus problemas particulares y su profesión no les han permitido enterarse, tengan conocimiento de ello en esta ocasión.
Desde luego empieza con don Venustiano Carranza, cuando el Ejército Constitucionalista lleva a cabo el primer reparto de tierras en Matamoros. Se consagra en la Constitución de 1917, en donde los Constituyentes en su mayoría eran militares y en donde los hombres que señalaron las metas más elevadas para la tierra, que fueron Francisco J. Múgica y Heriberto Jara, eran generales.
En seguida, señores, el primer reparto importante de tierras, muchos lo han de saber, fue realizado por el general Obregón en su gobierno, pero para no correr muy largamente nuestra historia llegaremos a otro punto; fue precisamente el general Obregón quien para llevar a cabo el reparto de la tierra necesitaba técnicos que pudieran ir a trazar los linderos de los ejidos, pero no había y los que había no querían correr el riesgo de ir a morir acribillados a balazos por los terratenientes y entonces fueron los oficiales del Ejército - dentro de nuestros conocimientos elementales que existen el de la topografía-, quienes fueron a trazar los primeros linderos de los ejidos en toda la República en donde muchos perdieron la vida.
Entonces, pues, la vinculación de nosotros con los problemas de la tierra siempre han sido latentes, siempre han estado con nosotros.
En esta ocasión tenemos forzosamente, por esa tradición, por esa generación para el hombre del campo que es, también en las filas del ejército, el que las integra y el que las nutre lo que nos llama a esta tribuna para manifestar nuestra solidaridad con la postura de la mayoría de los partidos aquí representados, que felizmente coinciden en que hay que aprobar el proyecto de Ley de Producción Agropecuaria, porque representa una de las grandes soluciones en los ingentes e inaplazables problemas de México.
Son muchos los pasos importantes que ha realizado el Presidente López Portillo durante los años de su gobierno y antes de ser Presidente de la República.
El, desde su postura responsable y patriótica, trata de llevar de inmediato el beneficio de los alimentos, el beneficio del apoyo económico y de integrar una forma nueva de unidad de los mexicanos en el campo, por lo que ha presentado este proyecto de ley, al que tengo la seguridad de que a pesar de que haya quienes no lo entiendan, o quienes no lo quieran oír, o quienes hayan que no lo quieran ver, habremos de tener la satisfacción que esta 'LI' Legislatura pase a la historia como la que resolvió el problema económico del campo mexicano. (Aplausos.)
Se dijo aquí que había algunas fuerzas que pretendían separar al pueblo del gobierno. Efectivamente, pero esas fuerzas no están en el pueblo, esas fuerzas están en pequeños grupos que pretenden hacer propaganda desde esta tribuna porque carecen de otros elementos y otros argumentos válidos para poder conseguir adeptos. Ellos son los que pretenden para poder conseguir adeptos.
Ellos son los que pretenden apartar al pueblo del gobierno, pero afortunadamente nuestro pueblo tiene gran confianza en nuestro gobierno, porque sabe que los presidentes de México en su mayoría, a través de nuestra historia, siempre han realizado grandes acciones que invariablemente se traducen en beneficios nacionales, y para no ir muy lejos mencionaremos algunos de la etapa revolucionaria.
La Constitución Política que nos rige fue producto del pensamiento del Primer Jefe del Ejército Constitucionalista y de los generales, civiles y pensadores que lo acompañaron en la lucha. Ya dije que el primer reparto agrario de importancia se realizó durante el gobierno del general Obregón. Otro, que en la actualidad representa una de la mejores seguridades para la vida nacional, fue el dado por el presidente Calles al fundar el Partido Nacional Revolucionario, que a través de sus 50 años de existencia, es ahora el partido mayoritario y el partido que encuadra entre sus filas a las mayorías democráticas de México, el Partido Revolucionario Institucional. Y pasamos después a otro gran presidente que nos deja otra de sus grandes herencias, el general Cárdenas, que al realizar la expropiación petrolera, probablemente ni él, ni sus colaboradores, tuvieron idea de lo que eso iba a representar 45 años después, pero que en la actualidad nos coloca en uno de los sitios privilegiados de los pueblos de la tierra.
Y viene después otro gran mexicano, que también deja su huella profunda en el gobierno de nuestro país, el general Manuel Avila Camacho, que pensando en que era necesario orientar al pueblo para que llegaran a la presidencia de la República los hombres que no usaban charreteras, dio oportunidad a que los hombres de la universidad; a que los mexicanos que cada vez están más preparados para dirigir a nuestra patria, vinieran a ocupar el cargo de Primer Magistrado de la Nación. Ese fue otro de los grandes pasos en nuestra historia.
Al licenciado López Mateos, al nacionalizar la industria eléctrica que juntamente con el petróleo y cuando el petróleo se acabe seguirá siendo la fuente más importante de energía para la vida nacional, y actualmente el Presidente López Portillo, que con su Plan Mundial de Energéticos, que con su demostración de solidaridad con los pueblos de América y muy especialmente con los que carecen de petróleo, le ha demostrado al mundo cómo deben vivir los países de la tierra para consolidar la paz: con consideración, con respeto, con espíritu de colaboración con los demás.
Se ha dicho, aquí, que tal vez el último paso importante, la última etapa trascendental del gobierno del señor Presidente López Portillo, sea precisamente la concepción y la puesta en ejecución, de la ley que hoy estamos discutiendo.
Yo creo, dispénsenme ustedes, modestamente, que no será éste el último paso.
El Presidente López Portillo, ha demostrado ser un hombre con un gran talento y una gran visión como estadista, como dirigente de nuestro país.
Indudablemente que en su acervo, que en su conjunto de proyectos para México, tendrá todavía muchas cosas por realizar, y las que no alcance a realizar, indudablemente las dejará apuntadas para que los gobiernos posteriores tenga un punto de partida en el cual orientarse para continuar la obra de superación y perfección y perfeccionamiento del pueblo mexicano.
Esta ley, señores, efectivamente es una ley de primerísima urgencia. Comer no puede esperar. Cumplirle al campesino de México lo que tantos años no ha sido posible realizar, es un propósito del señor Presidente de la República al que yo estoy seguro que cuando menos la mayoría de los aquí presentes estamos dispuestos a apoyarlo y a aprobarlo.
Espero, señoras y señores diputados, que haciendo acopio de todo lo que aquí se ha dicho, haciendo un balance de lo bueno y de lo malo entre lo cual seguramente lo malo es el 99.9% y que lo bueno es lo que merece la atención de todos, que nosotros votemos en su oportunidad porque el proyecto de Ley de Fomento Agropecuario sea pronto una realidad y tengamos la satisfacción de verla ser puesta en ejecución.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: Tiene la palabra en contra el diputado Juventino Sánchez.
El C. Juventino Sánchez: Compañeros diputados:
Como diputado de la Coalición de Izquierda y como representante de la Comunidad Indígena Mixe del Estado de Oaxaca, vengo a señalar ante ustedes que la iniciativa de Ley de Fomento Agropecuario enviada por el Presidente de la República José López Portillo es profundamente anticampesina, y que aparte de ir contra los intereses de los ejidatarios mina y tiende a destruir las bases históricas y estructurales de la comunidad indígena.
Desde la época colonial los indígenas hemos sido objeto de todo tipo de explotación; primero fuimos oprimidos y vejados por los conquistadores españoles; y después, a partir de nuestra vida independiente por nuevos explotadores extranjeros -principalmente norteamericanos- y por caciques criollos de horca y cuchillo. A todas estas formas de explotación los indígenas con el resto de las fuerzas avanzadas de nuestra nación hemos dado muestras inumerables de patriotismo y de consecuencia cívica a lo largo de nuestra historia.
Todos sabemos que el sistema capitalista que hoy existe en nuestro país tuvo como una de sus bases más importantes la destrucción y subordinación de la comunidad indígena; ahora, no conformes los que se han beneficiado de dicha explotación, buscan dar continuidad al proceso de extinción de las comunidades indígenas.
La hacienda colonial en gran parte se basó en el robo de las propiedades indígenas, y posteriormente los oligarcas terratenientes del porfirismo estructuraron sus propiedades despojando a sangre y fuego de sus posesiones a las comunidades.
Para los indígenas no resulta novedosa la situación en la que hoy estamos inmersos; ya que la burguesía terrateniente y los caciques siempre nos despojan de nuestras tierras por las malas, o lo hacen a través de leyes que legalizan el robo y la injusticia social como la que ahora estamos discutiendo.
Varios son los ejemplos en los cuales se promueven leyes que atentan contra nuestros intereses, tales son los casos:
1. De la Ley Lerdo del 25 de junio de 1856, en la cual el Presidente Ignacio Comonfort y la mayoría de los liberales con la positiva intención de destruir el poder económico clerical, fuente de abastecimiento de la reacción, atentó contra nuestros intereses.
2. La Ley de Baldíos, de triste memoria; ya que basándose en ella los latifundistas del porfirismo cometieron múltiples atropellos en contra de los campesinos y comunidades.
3. La modificación reaccionaria introducida por el Presidente Alemán al artículo 27 constitucional, concediéndole a los latifundistas el derecho de amparo.
El problema agrario y en particular el de nuestras comunidades, fue uno de los móviles principales de la Revolución Mexicana de
1910-1917, en varios planes y programas políticos se expresa dicha cuestión, tales son los casos de:
1. Programa del Partido Liberal Mexicano que en los artículos 48 y 50 plantea la protección de la raza indígena, y la restitución "a yaquis, mayas y otras tribus, comunidades o individuos, los terrenos de que fueron despojados".
2. Plan de San Luis Potosí:
-que en su artículo tercero señalaba que "abusando de la Ley de Terrenos Baldíos, numerosos pequeños propietarios en su mayoría indígenas, han sido despojados de sus terrenos ya por acuerdo de la Secretaría de Fomento, o por fallos de los tribunales de la República. Siendo de toda justicia restituir a sus antiguos poseedores, los terrenos de que se les despojó de un modo tan inmoral, o a sus herederos, que los restituyan a sus primitivos propietarios, a quienes pagarán por los perjuicios sufridos..."
3. Plan de Ayala, que en su primer párrafo señalaba: "defendiendo el Plan de San Luis Potosí con las reformas convenientes en beneficio de la patria mexicana" es en su momento el documento agrario más avanzado, teniendo como características principales:
-que se cumplan las promesas en materia agraria del Plan de San Luis y que "los terrenos, montes y aguas que hayan usurpado los hacendados, científicos o caciques a la sombra de la tiranía y la justicia venal entraron en posesión de estos bienes inmuebles, desde luego los pueblos o ciudadanos que tengan sus títulos correspondientes a estas propiedades de las cuales han sido despojados por la mala fe de nuestros opresores, manteniendo a todo trance, con las armas en la mano, la mencionada posesión, y los usurpadores que se consideren con derecho a ello lo deducirán ante tribunales especiales que se establezcan al triunfo de la Revolución".
4. Decreto del 12 de diciembre de 1914 con adiciones al Plan de Guadalupe. En este documento se habla de 'Leyes agrarias que favorezcan la formación de la pequeña propiedad disolviendo los latifundios y restituyendo a los pueblos las tierras de que fueron injustamente privados.
5. Ley Agraria del 6 de enero de 1915. Esta Ley, que jugó un papel importante al acrecentar la fuerza del constitucionalismo en el movimiento campesino, y restarle a su vez influencia al villismo y zapatismo en dicho sector planteaba:
-"Que una de las causas más generales del malestar y descontento de las poblaciones agrícolas de este país, ha sido el despojo de los terrenos de propiedad comunal o de repartimiento, que les habían sido concedidas por el gobierno colonial como medio de asegurar la existencia de la clase indígena, y que, a pretexto de cumplir con la Ley del 25 de junio de 1856 y demás disposiciones que ordenaron el fraccionamiento y reducción a propiedad privada de aquellas tierras entre los vecinos del pueblo a que pertenecían, quedaron en poder de unos cuantos especuladores".
-"Que... es palpable la necesidad de devolver a los pueblos los terrenos de que han sido despojados y como un acto de elemental justicia..."
Como se desprende de este repaso histórico al atropello y despojo de la comunidad indígena, y a la injusticia legal del uso dado a la Ley del 25 de junio de 1856 y de la Ley de Baldíos, nuestro pueblo supo responder con planteamientos de programa político, de leyes mejores a través de la Revolución de 1910-1917.
La Ley del 6 de enero de 1915 que es de hecho el sustento de nuestro actual artículo 27 constitucional, tiene como base principal de sus consideraciones y fundamentos hacer justicia a la comunidad indígena.
Nos preguntamos hoy, ¿qué acaso los diputados no nos damos cuenta que se nos está proponiendo una ley reaccionaria, que atenta contra el ejido y la comunidad indígena? ¿Qué la burguesía no tomó ya experiencia de la Revolución de 1910-1917 y como hace 124 años insiste en destruir una forma de propiedad social, como es la comunidad indígena?
Nosotros al defender a la comunidad indígena, no lo hacemos en lo que ésta tiene hoy de atraso ni tampoco nos oponemos a que mejore sus formas de asociación; lo que proponemos es que ésta avance a partir de que el Estado le proporciones financiamiento, tecnología, agua, etc., y que la comunidad, sin paternalismo oficial ni cacicazgos, en alianza con el ejido desarrolle, a partir de formas democráticas de organización, una producción que corresponda a sus necesidades e intereses.
La iniciativa de Ley de Fomento Agropecuario tiene para la comunidad indígena antecedente tan reaccionario como la Ley de Baldíos del porfiriato, y creemos que de aprobarse representará la liquidación total de las comunidades.
En resumen, la iniciativa de ley, representa para la comunidad indígena:
1. El mayor sometimiento de los pueblos indígenas a la burguesía rural y los caciques de horca y cuchillo a través de una supuesta "asociación".
2. La legalización de atropellos que hasta ahora se siguen cometiendo en su contra.
3. Un tipo de producción que en los hechos conviene a caciques, ganaderos y en general a la burguesía rural y a empresas forestales privadas. Como consecuencia no contribuye a los objetivos planteados en el Sistema Alimentario Mexicano.
4. Porque con la expropiación de tierras ociosas, no estamos de acuerdo ya que los procedimientos que se proponen en esta Ley atropellan los derechos de los comuneros y de los ejidatarios, expropiándoles lo que les pertenece por tradición y por derecho expreso de la Ley.
5. Protege los intereses de caciques que disponen de tierras mal habidas.
6. Va contra la cohesión de la comunidad indígena, al posibilitar que una parte de esta se "asocie" a los caciques y latifundistas.
Como ejemplo baste señalar la información aparecida el día 17 del presente mes en el diario
"UNO MAS UNO" en la sección de correspondencia en donde los comuneros de San Nicolás Coatepec, del Estado de México señalan lo siguiente contra el proyecto de fomento agropecuario:
"Somos tres mil jornaleros agrícolas de San Nicolás Coatepec, que comprende diez comunidades indígenas en el Estado de México, y manifestamos nuestro desacuerdo con la iniciativa de Ley de Planeación y Fomento Agropecuario y Forestal.
Creemos que de aprobarse la misma, en la Cámara de Diputados, nuestros diez pueblos -Ahuatenco, Ocotenco, Tlacomulco, La Lagunilla, San Bartolo, Tlacuitlapa, Chiquilpa, Techmaninali, Mextitla y Atlantlapeca estarían amenazados, porque se propiciaría la infiltración de empresas forestales como Loreto y Peña Pobre, que desde 1947 explota nuestras 10 mil hectáreas de bosque.
Esta empresa trabaja por una concesión de explotación forestal que le otorgó Miguel Alemán. Los habitantes de San Nicolás Coatepec hemos sido arrebatados de nuestras riquezas naturales desde hace 33 años, y de aprobarse esa ley pensamos que la llamada "alianza" entre el capital privado y los comuneros, ejidatarios y auténticos pequeños propietarios podría borrar nuestros derechos comunales y incluso convertirnos en asalariados de nuestra propia tierra.
La concesión que otorgó el gobierno a Loreto y Peña Pobre perjudicó nuestros montes, erosionó la tierra y terminó con nuestros mantos acuíferos; podemos demostrar que desde hace seis años carecemos de agua. Somos conscientes de que para producir alimentos, debemos contar con bosques para que llueva. Hace un año, nuestras cosechas fueron perjudicadas por el desequilibrio ecológico. Los ecosistemas de nuestra comunidad, al adelantarse las heladas y después de una prolongada sequía, fueron dañados.
También pensamos, en lo que respecta a tierras ociosa, que debe especificarse a qué se llama con este nombre. Nosotros no tenemos un centímetro desperdiciado, pero debemos señalar que para que haya árboles maderables habrá que esperar hasta 20 años o más. Entonces parecerá que la tierra está ociosa, pero no es así. Y quizá la falta de especificación sea un pretexto para arrebatarnos las tierras.
La iniciativa de ley que aludimos debe ser coherente con las demás leyes agrarias, con relación a las cuales parece estar en contradicción, así como con el mismo SAM. Debe contener esa ley un apartado a la ley de aguas y sostener que no se prive de sus derechos ejidales a los campesinos, y consignar que se nos entreguen créditos, fertilizantes y otros apoyos que nunca hemos tenido.
Hacemos un llamado a todos los pueblos indígenas para que se manifiesten en contra de las leyes anticampesinas. Apoyamos al parlamento del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas y nos solidarizamos en la lucha agraria mexicana.
Los indígenas que hoy participamos en las fuerzas de la Coalición de Izquierda, y en otras más de la democracia en nuestro país, nos preguntamos, como en 1903 lo hacía el "Hijo del Ahuizote" en el famoso manifiesto de "La Constitución ha Muerto":
¿Prospera la agricultura?
¡No!
"La agricultura en México se halla en manos de unos cuantos dueños de numerosas extensiones de terreno. El viajero que recorra las vastas regiones de nuestro país, hallará campos inmensos sin cultivar y esos campos, heredados por mexicanos indolentes o adquiridos por españoles refractarios al progreso, o por testaferros del clero que necesitan que el yanqui venga a nuestro país con iniciativa y con trabajo, están cercados e inaccesibles, hasta que una compañía norteamericana viene a aumentar la peligrosa cantidad de propiedades que tiene Estados Unidos en México, debido a la imprudencia del gobierno".
"Al lado de las vías férreas, se ven en nuestro país multitud de chozas miserables en las cuales se despereza el indígena arrastrando una vida inhumana".
"Los indios, esos brazos que producirían noble riqueza al país si la agricultura tomara el incremento debido, mueren miserables extrayendo el jugo de los magueyes cercanos a su choza o van a consumir sus energías en un campo explotado por el yanqui, o en la modorra embrutecedora de los cuarteles".
"La mala distribución de los terrenos y la libertad en que se encuentran los dueños de terrenos incultos por las complacencias del Gobierno, unidos a multitud de causas de que se podría escribir mucho, tienen a la agricultura mexicana en un estado lamentable".
Compañeros diputados:
México ha cambiado; resultado de las luchas históricas de nuestro pueblo, sin embargo, ¿cuántos de los hechos relatados por el "Hijo del Ahuizote", persisten todavía? ¿Concretamente qué tanto ha cambiado la situación de la comunidad indígena, y qué le espera ahora con esta Ley de Fomento Agropecuario?
En 1903 el "Hijo del Ahuizote" planteando la frase de la "Constitución ha Muerto", al tiempo que criticaba a la vieja oligarquía porfiriana auguraba la Revolución de 1910-1917; ¿No será que la nueva oligarquía y actual burocracia política de los ochentas con sus posiciones reaccionarias, al violar en mucho el espíritu que animó a la Constitución de 1917 está colmando la paciencia del pueblo trabajador?
Señores:
Deseo subrayar que las poblaciones indígenas no estamos en contra de que entren maquinarias, de que se nos dé crédito, de que se nos confirmen nuestras tierras comunales, no estamos en contra. Estamos en contra de que tenemos que asociarnos con los ricos, porque ellos son los que van a meter la lana, entonces el que tiene el dinero es el que va a ganar, eso es muy simple.
Nosotros no tenemos ese dinero.
Entonces, nosotros decimos: nos podemos unir a los ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios, caso de Tlaxcala; ahí hay propiedades de 3, de 4 hectáreas, pero aquí, cuando ya se habla de la propiedad, del gran propietario, nosotros no estamos de acuerdo en eso, porque simplemente nuestras costumbres, nuestras tradiciones religiosas no permiten y no queremos ser más allanados esta vez.
Quisiera decir esto para que se entienda que nosotros no estamos en contra del progreso, estamos en contra de cómo se plantea el progreso, eso sí.
Ahora bien, esta es una puñalada más.
Hay un adagio que dice "Cuando el tecolote canta, el indio muere", pues este es otro canto más para que el indio se muera.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: Tiene la palabra la diputada Graciela Santana.
- La C. Graciela Santana: H. Asamblea;
Compañeras y compañeros diputados:
El diputado de la Coalición de Izquierda que me antecedió, dio pie a su intervención con la siguiente afirmación:
"La Iniciativa que se discute es anticampesina, antimexicana, antiindígena,"
Yo, como representante popular campesina, venida del Sector Campesino y trabajando con el Sector Campesino, porque lo puedo probar, pienso que esta Iniciativa es una Iniciativa contra el hambre del pueblo campesino, es una Iniciativa profundamente agrarista, por esa esencia.
Para ello, para sostener esta afirmación, quiero hacer las siguientes reflexiones:
La Ley del 6 de Enero de 1915 apareció publicada en la mitad inferior de la primera plana de "El Pueblo", el periódico del jueves 7 de enero de 1915. Ni en la página editorial, ni por parte de los constitucionalistas que colaboraron con don Venustiano Carranza, se produjo la reacción de entusiasmo que hubiera sido de esperar si se hubiera estado convencido de que la Reforma Agraria era una necesidad nacional.
Afortunadamente las circunstancias impusieron que se imprimiera mayor ritmo a nuestra Reforma Agraria. La recia personalidad de Carranza le dio aliento, le señalo la ruta que a su juicio debía seguir y marcó la velocidad a la que convenía para hacerla progresar, aun a riesgo de extraviar su sendero, que afortunadamente no se ha extraviado.
Sin embargo, nadie puede regatearle a Carranza le dio aliento, le señaló la ruta que a su a poner en vigor esta Ley, que ha regido toda la aplicación de la Reforma Agraria Mexicana.
A pesar de eso, los antiagraristas no dejarían de proclamar tercamente y en todos los tonos que el reparto agrario prepararía la ruina económica de México y se equivocaron y ahora, 65 años después, un Presidente de México, José López Portillo, envía al Congreso de la Unión la Iniciativa de Ley de Fomento Agropecuario, cuya finalidad esencial es la de incrementar la producción nacional de alimentos, sujetando dentro del Artículo 27 Constitucional, las formas de tenencia de la tierra al interés colectivo.
A través de 4 años de gobierno, López Portillo ha insistido en que la solución completa del problema agrario no está solamente en el campo, sino en el reordenamiento de nuestra economía y así lo expresó desde su primer informe en 1977.
"El Estado entregará la tierra que la Ley demanda, para que se trabaje.
"No queremos tierras ni aguas ociosas y menos aún mexicanos ociosos, queremos que mediante el trabajo se conjugue el interés general; en términos generales de la infraestructura jurídica se persigue como objetivo central la reconstrucción y organización de las unidades de producción, a fin de aumentar la producción y elevar la productividad, acelerar el progreso formativo de capitales y abrir así posibilidades para constituir empresas agropecuarias, agroindustriales y de servicios mediante múltiples formas de asociación entre los diferentes tipos de productores y el Estado.
"Esto no significa, señores diputados, en modo alguno, destruir ni la propiedad ni el derecho sobre ella, sino consolidarla, fortalecerla y garantizarla por medio de un eficaz sistema de explotación; esta acción será un proceso largo y complejo, pero es innegable que ahí reside la solución a innumerables problemas sociales y políticos."
Estas fueron expresiones de López Portillo en 1977.
Ahondando por parte nuestra en la compleja problemática ocupacional del Sector Agropecuario, parece que la meta primordial que es el incremento de la producción debe traer aparejada una mayor cantidad de empleos en virtud de que en pocos años, digamos 25 años y debido al crecimiento demográfico, la población mexicana se verá incrementada en un 100% y la demanda agropecuaria será incapaz de satisfacer la demanda de unos 125 millones de mexicanos, lo que implica que el producto no sólo se debe superar en la tasa negativa del crecimiento, sino crecer ininterrumpidamente por lo menos a una tasa anual del 4% para hacer frente a la demanda y eso a los actuales niveles de satisfacción.
Si se desean mejoras substanciales en los niveles de nutrición, en la producción de materias primas y de bienes para la exportación, evidentemente deberá incrementarse la productividad tanto a nivel de unidad de superficie como a nivel de unidad de insumo y de trabajo; esto supone plantear, como lo ha hecho el Presidente, un nuevo modelo de organización y funcionamiento del aparato productivo agropecuario y dar preferencia la creación de empleos directamente productivos.
El régimen de López Portillo no admite ningún crecimiento del Sector Agropecuario que se apoye en la injusticia y en la explotación del hombre y su familia, así lo manifestó después en el segundo Informe de Gobierno de 78 y así lo ha reiterado a través de su mandato.
Culminada la etapa del reparto, lo que requieren los hombres del campo sin tierra, es trabajo retribuido que les dé seguridad y dignidad ante la vida. No podemos dejar de actuar mientras nos preparamos para hacerlo mejor, el campo reclama lanzarnos a fondo para rescatarlo de la manoseada costra del burocratismo; ya no sólo se trata de ganar tierra y libertad para peones de las haciendas porfiristas, se trata fundamentalmente de emplear la fuerza de trabajo para producir alimentos que requieren 70 millones de mexicanos.
Nos dice el Presidente que todo aquel que pueda producir debe hacerlo, alcanzar suficiencia e incluso generar riqueza compartida y que es obligación del Estado crear las condiciones institucionales de infraestructura, de fomento, de regulación, para que se produzca el bien de la nación y de los hombres del campo, evitando salidas falsas que impliquen el acaparamiento de la tierra o del producto, o aquellas que dejan al campesino a merced de la rapacidad del intermediario o de la voracidad del especulador.
El futuro del campo mexicano se avizora en una economía próspera fundada en unidades sociales de producción, mixtas y privadas, que dispongan de los elementos suficientes para ser productivas.
Los estudiosos de los asuntos agrarios se han referido a la organización campesina como un proceso en que se puedan conjuntar, bajo una sola capa envolvente, los objetivos de los grupos con los objetivos del Estado en un contexto responsable, participativo y de justicia social.
La organización campesina necesariamente implica romper una constelación de intereses que medran o se valen del campesino, pero también es provocar una lucha social que no siempre se manifiesta en los términos tranquilos que los políticos o los técnicos quieren.
Se debe estar conscientes que todo movimiento que da resistencias o reacciones y que hay que darle a las organizaciones los elementos y los apoyos para vencerlas y superarlas.
Contrariamente a lo que han afirmado aquí los partidos de oposición que se oponen a esta Iniciativa y que reprochan a la Confederación Nacional Campesina su actitud a favor de la propia Iniciativa, pienso que las organizaciones campesinas son las que tienen la responsabilidad de promover, impulsar y fomentar la participación de sus agremiados hacia lo que tendrá que ser el verdadero cambio.
Señores diputados:
Resulta interesante, desde nuestras curules, observar el manejo del debate, hay diputados que hacen gala de un extraordinario conocimiento sobre la materia agraria, otros que tienen y con justo derecho un gran respeto por la ideología de su partido y por ello mismo pretenden convencernos de que su punto de vista es razonable.
Yo quisiera preguntar a los señores diputados que objetan esta Iniciativa de Ley contra el hambre, ¿qué es lo que sus partidos hacen por el bienestar, por la tranquilidad y por la justicia social de los campesinos, de los comuneros, de los pequeños propietarios y como decía el compañero que me antecedió, de lo más sobado de los indígenas y de los marginados? ¿Qué es lo que hace su partido por la organización de artesanos, de maquileros, de trabajadores del campo, de jornaleros?
Es interesante hacer esta reflexión, porque aunque se nos ataque tanto a los del PRI, a los de la mayoría, en nuestros diferentes sectores tratamos de organizar, de trabajar, de luchar, de gestionar, para que las comunidades marginales, para que las comunidades desposeídas reciban algo de lo que el gobierno plantea o programa dentro del presupuesto de la nación.
Y también resulta interesante, señores diputados, preguntarnos si así como en algún momento se intentó regatear el mérito del Presidente Carranza con la Ley del 6 de enero de 1915, ahora, en este momento crítico que vive la nación mexicana, ¿podemos regatear la intención de un Presidente estadista y mexicano ejemplar que nos ha aportado a este país la Reforma Administrativa, la Reforma Fiscal y la Reforma Política, de la que todos los diputados de los partidos políticos están haciendo ejercicio?
¿Podemos llamar, como decía el compañero de la Coalición de Izquierda, una Iniciativa atentatoria a un Presidente que se preocupa por la subsistencia futura de los mexicanos que habrán de poblar este país? ¿Podremos especular sobre la buena intensión de un Mandatario que se abroga el momento histórico y la responsabilidad que significa haber enviado una Ley que viene a cambiar sistemas arcaicos dentro de la Reforma Agraria Mexicana?
Señores diputados:
Considero que la palabra se soba, pero la realidad y la necesidad subsisten.
Quiero, por último, hacer referencia a un párrafo que es también de López Portillo, cuando afirma que "nuestra deuda fundamental está contraída precisamente con los marginados, que no podemos diferir más la prioridad que debemos al campo y que así lo deben entender la industria, las ciudades, los consumidores y que no haya alternativa, o atendemos a nuestros campesinos y los organizamos o no hay justicia ni progreso ni expectativas sanas para la nación ni productividad ni sistema alimentario ni nada".
Ha dicho también que "es fácil gritar ¡viva la libertad", porque somos libres, compañeros, y porque lo somos cuántas veces desdeñamos la libertad y no nos emociona porque la disfrutamos, porque la tenemos como el aire que se respira y porque la tenemos en nuestras instituciones, pero ya es una costumbre, pero en cambio nos emocionan y nos irritan las injusticias porque las padecemos y se dice que de qué vale la libertad si no puede ejercerse en una economía insuficiente o también se dice, encontrando el extremo del planteamiento, libertad para morirse de hambre y el Presidente reflexiona que ese es un argumento contra el hambre, pero nunca contra la libertad.
Señores diputados:
Esa es una Iniciativa contra el hambre, Iniciativa que dentro de nuestra capacidad de libertad y dentro de su voluntad de justicia social propone el Presidente, Iniciativa que ha sido revisada por las Comisiones competentes de esta Cámara y modificada en términos que respetan su alcance y su sentido histórico y que están dirigidas a clarificar o a explicar los supuestos normativos del proyecto; una Iniciativa que es una actitud patriótica y plausible, y como mexicanos, los diputados priístas en su oportunidad habremos de aprobar esta Iniciativa conscientes de la gran responsabilidad histórica que afronta el Presidente López Portillo y también la LI Legislatura Federal, sin dudas y sin regateos. (Aplausos.)
El C. Presidente: Tiene la palabra en contra el diputado Graco Ramírez.
El C. Graco Ramírez: Señores diputados: Esta sesión nos ha permitido reconocer y ratificar un hecho político.
Efectivamente desde que recibimos la Iniciativa de Ley se han venido gestando fenómenos políticos de gran profundidad que tienen que ver con el destino inmediato y mediato de este país. Una de las características más significativas fue la posición que asumieron los diputados obreros del PRI y algunos diputados campesinos que por la propia situación política de sus centrales no pudieron cuestionar toda la posición y por otra parte, el que en este debate, en lo general, contemplemos el espectáculo político de que la defensa más congruente de este dictamen la haya hecho el diputado Amaya, de Acción Nacional y de que Acción Nacional y sus acólitos estén ungidos con esta posición de los diputados que conocemos por su vocación reaccionaria y porque el Ejecutivo Federal piensa que de esta manera el problema del campo y de la producción de alimentos se puede resolver.
No estamos ante un problema moral.
Aquí quienes han venido a decir de la bondad, de la preocupación, de la inquietud del Presidente López Portillo por resolver este problema, nosotros no lo vemos ni lo calificamos como una sincera actitud, como una sincera preocupación del Presidente López Portillo.
Lo que aquí se refleja, señores diputados, es el contenido de una política que por ningún concepto puede ser calificada de avanzada; que por ningún concepto puede ser calificada de progresista.
Quienes han venido a defender, diputados priístas, los derechos sociales de la Constitución, la Revolución Mexicana, han caído en la defensa de esta Revolución en su esencia burguesa, pero no en su carácter popular.
Aquí, señores diputados, se está planteando una salida equivocada históricamente al no reconocer el Estado Mexicano su abandono a la propiedad social y ahora buscar la salida de concesionarlo política y económicamente a la propiedad privada.
Este debate no es nuevo. Estas discusiones no son nuevas.
Sesenta años se ha venido combatiendo al ejido; 60 años se ha venido destruyendo al ejido; en 60 años se ha venido corrompiendo a los ejidatarios en este país y la conclusión, entonces es, que esa minoría que mantiene capital e insumos para producir en la tierra sea la que ahora encabece la producción en los ejidos y en las comunidades.
Esto es lo grave del asunto, señores diputados. Una autocrítica que se ha venido haciendo el gobierno, un intento por rectificar durante varios sexenios, pero rectificaciones que no pudieron ir al fondo y que ahora, entonces ceden a la propiedad privada.
Esta victoria que se va a tener al votarse esta Iniciativa, es una victoria pírrica y, sépanlo bien, esta victoria la obtienen por la disciplina que guardan, inteligentemente, los diputados del Sector Obrero. Porque saben que ahora hay que seguir dando la batalla para cambiar la correlación de fuerzas a esos representantes de la reacción que fácilmente pueden hablar como panistas, siendo priístas. Y esta lucha de muchos diputados, que votarán a favor, es la prueba porque es mayoría, porque sabemos bien nosotros que una gran mayoría de diputados no comparten el contenido de esta Ley y que votarán por disciplina a favor de esta Ley y esto demuestra, señores diputados, que ésta es una victoria pírrica, en cuanto a esta Iniciativa.
Eso se va a reflejar en el campo, porque hay que reconocer y hay que ver que al rato, entonces la Confederación Nacional Campesina tenga al frente a distinguidos latifundistas príistas y de pensamiento panista, de pensamiento reaccionario, que puedan dirigir también a la organización campesina del partido en el poder; no pueden desconocer que este Proyecto de Ley, que esta Iniciativa que incluso se pretende aprobar el día de hoy hasta en lo particular, que esto va a demostrar la prisa y la irresponsabilidad política con que se ha llevado el proceso de discusión de esta Iniciativa tan importante, va a mostrar un hecho en el campo, los campesinos hace tiempo que vienen desconfiando de muchos de sus dirigentes campesinos, los campesinos hace tiempo que vienen percatándose de que lo que pasa en el gobierno con respecto a los problemas del campo y los ejidos; los campesinos saben bien que ahora que vayan ustedes a propagandizar esta Ley o a implementarla, saben bien que tienen que volver otra vez a trabajar juntos como lo hicieron sus padres, sus abuelos, con latifundistas de antes, hoy pequeños propietarios y muchos latifundistas todavía.
Este hecho, señores diputados, nos da la confianza a nosotros que votamos en contra y estamos en contra del contenido reaccionario y antipopular de esta Iniciativa, de que la lucha de clases en el campo se mantendrá y que se va a agudizar y de que ustedes son responsables de la violencia que se genera en el campo.
Hace pocas semanas, en el Estado de Sinaloa, más de 150 grupos campesinos tomaron la
tierra, tomaron la tierra porque hace tres años que no hay solución a fondo al problema agrario en Sinaloa. Grupos de solicitantes que tienen 20 y 30 años luchando por la tierra y frente a esto se pretende borrar a esos miles de campesinos que en Sinaloa están planteando su derecho a la tierra.
Ustedes se pueden percatar y quizá se salieron todos porque a lo mejor se corta el debate en lo general en un corto tiempo, pero si esto se mantuviera abierto, yo podría contar fácilmente de que la mayoría de defensores de esta iniciativa son diputados priístas o panistas de Sonora y Sinaloa.
¿Por qué?
Porque aquí se encuentra el proyecto de desarrollo capitalista en manos de los propietarios privados de la tierra, porque aquí se encuentra el latifundismo financiero de la tierra más desarrollado en este país y porque ellos, con esto, van a convertir a los campesinos de Sonora y Sinaloa -van a tratar de hacerlo, pero no lo van a lograr-, en peones con tierra, y no lo van a lograr, porque aquéllos como este señor Amador Hernández que hasta dirigente campesino fue del PRI, este señor que también ha de ser pequeño propietario, vino aquí a decirnos que los ejidos funcionan, quiso descubrirnos que los ejidos funcionan y funcionan en regiones donde los campesinos han tenido que luchar tremendamente contra toda la corrupción de la banca oficial y con todas las presiones que tienen para comercializar los productos.
Acaso en Sinaloa la Confederación de Agricultores Asociados, el CADEX, este agrupamiento de agricultores compuesto por los Robinson Bours, los López, los Toledo Corro, los Echavarría, los Peña Faber, algunos de ellos como este Peña Faber y Tamayo Moller, son ahora distinguidos priístas y presidentes municipales de Sinaloa. Estos señores tienen predios, tenemos cuantificadas sus hectáreas bajo el latifundio simulado, estos señores junto con esta empresa que se plantea como PRONAGRA, con participación estatal y capital privado, se plantean desarrollar un proyecto de producción de alimentos fundamentalmente de carácter privado.
La gran traición, señores diputados, es esa la gran traición que se ha planteado por parte del Estado Mexicano a los campesinos y acá hay un problema de tipo político muy importante, la alianza que el Gobierno ha mantenido con el movimiento obrero organizado, que ha podido mantenerse firme e independiente porque afortunadamente el Gobierno no le ha impuesto sexenalmente a sus dirigentes como ha pasado en la Confederación Nacional Campesina o como ha pasado también en el llamado Sector Popular del PRI. El movimiento obrero está legitimado, tiene dirigencia propia y por eso pudo opinar y opinar con opinión propia, con una actitud de clase propia; por eso nosotros tenemos la referencia correcta para saber que no estamos equivocándonos; ustedes van a votar en favor, señores diputados, pero en contra muchos diputados que no podrán votar a favor por ahora y esto es lo cierto y esto lo sabemos muchos de nosotros que estamos en esta Cámara.
Es grave entonces, es grave porque propusimos que se abriera un período extraordinario de sesiones, que esto no afectaba al ciclo agrícola próximo, para que nosotros tuviésemos la oportunidad de profundizar, de valorar el contenido de esta ley, de crear un ambiente de opinión pública que permitiese a las organizaciones campesinas, a los especialistas, a los partidos políticos y a los diputados, por supuesto, expresar y enriquecer este proyecto de ley.
Francamente esta victoria está condenada a la derrota, esta victoria es circunstancial y creo que el Presidente López Portillo se ha equivocado tremendamente al plantear con esta iniciativa una salida falsa a la producción de alimentos, falsa históricamente y grave políticamente.
Nosotros hemos propuesto ya un conjunto de medidas que permitan reorganizar la propiedad social, que permitan que junto con el Estado depuremos y llevemos la Reforma Política a los ejidos y depuremos las diligencias de los ejidos, mismos que se encuentran a veces atrofiados por los comisariados ejidales que se han venido corrompiendo por toda esa ideología y por todos los intermediarios que están en el campo. Planteamos un proyecto que el movimiento obrero también ha planteado en su proyecto de Reforma Económica y en su reunión acerca de la propiedad social y por eso nosotros, señores diputados, pensamos que hay una salida que puede permitir mantener y profundizar el carácter popular de la Revolución y permitir que en este país haya una segura producción de alimentos.
¿Qué acaso no hemos aprendido con la industria que el camino seguido para industrializar este país no nos ha demostrado lo que estamos sufriendo con toda esta caterva de empresarios ineficientes y parasitarios? ¿Qué acaso no hemos aprendido lo que significa tener este tipo de capital privado en la industria, subsidiado, estimulado para que pueda producir a medias y de mala calidad? ¿Por qué ahora llevar esto al campo?
Si el Gobierno abandonó el ejido, si el Gobierno abandonó la propiedad social, que rectifique de acuerdo con postulados de la Revolución Mexicana y no abdicando a favor de la reacción y la gran burguesía y del gran capital privado.
Eso es lo que está en el fondo del debate, señores diputados, eso es lo que nos permitió ver, después de discutir la Ley de Reforma Agraria, si revisamos el Diario de los Debates, veremos importantísimas defensas del ejido, posiciones que si aquí se dieran de diputados priístas que en aquella ocasión discutieron la Ley de Reforma Agraria, estarían combatiendo palmo a palmo, intervenciones de muchos diputados del PRI, que han hablado aquí y en aquella ocasión, con la Ley Federal de Reforma Agraria, el enemigo fue Acción Nacional y ahora no.
Ahora Acción Nacional, señores diputados, va a estar en contra en lo particular, ¿saben para qué? Para poder llevar todavía más a la derecha; para tratar de realizar más el campo, pero en lo fundamental ustedes han dicho: "flanco a la derecha" y se han puesto a caminar del brazo de la reacción.
Digo ustedes, por aquéllos que han impuesto políticamente esta ley, por aquéllos que las han impuesto a la gran mayoría de diputados esta ley. Con esto, el Partido Socialista de los Trabajadores entiende muy bien su responsabilidad.
Nosotros no cometeremos el error de en estos momentos aislar también a los representantes nacionalistas y revolucionarios; aislar a las fuerzas democráticas y populares; dentro y fuera del gobierno, vamos a dar la batalla junto con esos compañeros, que ahora no pueden votar como quisieran votar, vamos a dar la batalla porque la sucesión presidencial no exprese el mismo contenido de esta ley, que permitiría, señores diputados, que en su partido mayoritario estuviera un candidato que fuera a implementar totalmente una política gran burguesa para este país.
Hemos dicho muchas veces, en esta tribuna, que estamos ante una gran encrucijada y esa gran encrucijada es: o hay una salida popular y revolucionaria, o hay una salida gran burguesa, reaccionaria y represiva.
Esta medida política en el campo, va a abrir la puerta para la reacción.
Van a ver ustedes cuando haya los repartos de utilidades famosos -si conocemos el reparto de utilidades de los patrones en la industria-, cuando haya reparto de utilidades con los campesinos en el campo, van a ver ustedes lo que se va a generar de violencia política y esta responsabilidad política es de quienes han llevado adelante esta ley y la pretenden sacar adelante el día de hoy.
Señores diputados:
Nuestro Partido, el Partido Socialista de los Trabajadores, entiende muy bien lo que está pasando; entiende bien que esta debilidad política que acerca a la reacción, que acerca a la gran burguesía, que lleva un proyecto de desarrollo en el campo bajo el mito de modernizar el país, por una vía capitalista imposible ya de desarrollar, de que se pretende perder, se pretende porque no se va a perder, se pretende perder un avance importante de la Revolución Mexicana, que es el régimen de tenencia en propiedad social.
Con todo esto, nosotros mantenemos nuestras posiciones.
Llamamos a las fuerzas avanzadas dentro del PRI a cambiar esa correlación de fuerzas que hoy es desfavorable, a que esta victoria que hoy se va a obtener para la reacción, la vayamos combatiendo en la lucha diaria del campo, porque es falso lo que acaba de decir una diputada, el PST ha propuesto más de 150 mil hectáreas para la producción; ha organizado los ejidos para la producción y hemos encontrado grandes dificultades para poder echar a andar la producción en esas 150 mil hectáreas.
Señores diputados:
Esta es la gran verdad del asunto. No le demos vuelta.
Yo sé que una gran mayoría entiende perfectamente esto. Yo sé que muchos van a votar con una moral desecha, aprobando esta iniciativa. Yo sé bien, y muchos sabemos aquí, que ustedes en el fondo tienen una gran preocupación, pero como esto no es un problema moral, sino un problema político, tenemos que seguir luchando y actuando, abajo, en el campo, con los campesinos y aquí, compañeros diputados, dispuestos a defender esta Revolución Mexicana en su sentido popular para evitar que la reacción se convierta en hegemónica en todo este período.
Esta es solamente una batalla, una batalla que está perdida de antemano, que va a dificultar la lucha en el campo, que va a permitir la violencia, que va a crear una gran desconfianza política en los campesinos con respecto al Gobierno, que a estas alturas, en lugar de estar hablando las fuerzas avanzadas, como lo hemos hecho otras veces, a favor de una iniciativa y combatiendo la reacción representada aquí políticamente por Acción Nacional y sus acólitos, nosotros, compañeros, estamos hoy presenciando el triste espectáculo de que están del brazo de ustedes y defendiendo mejor esta ley el Partido Acción Nacional.
Con esto comprobamos nosotros que tenemos la razón; que la historia está de lado de quienes públicamente asumieron una posición independiente y que lo que aquí se ha manifestado por los diputados de la Coalición de Izquierda, del PPS y del PST, demuestra que tenemos la razón y la historia, compañeros, está efectivamente de nuestro lado. (Aplausos.)
El C. Presidente: Tiene la palabra, en pro, el diputado Juan Landerreche.
El C. Juan Landerreche: Señor Presidente; Señoras y señores diputados:
Hace más de 40 años, al fundarse Acción Nacional, estableció en sus Principios de Doctrina que el problema agrario era un problema de elevación humana del campesino. Claro que el problema agrario, y también lo dijo Acción Nacional, es un problema de producción agrícola, y que tanto la elevación humana del campesino como la producción agrícola implican problemas de régimen de la tierra y de distribución de la tierra.
Llevamos 60 años, 70 años de régimen revolucionario y todavía no hemos podido ver realizada la elevación humana del campesino, y la producción agrícola anda muy mal. No desconozco que haya ejidos que son productivos y que hayan podido realizarse, pero en general no ha sucedido así. Lo que era el latifundismo, el elemento central del problema agrario,
se ha convertido en un problema de minifundismo; el latifundismo sigue siendo más que nada el tabú y el espantajo que se sigue usando para seguir las políticas trilladas que no han resuelto el problema agrario.
Señores, a Acción Nacional no le preocupan las palabras, no le preocupan tampoco las coincidencias; las palabras nos las han dedicado muchas veces y han decretado la muerte de Acción Nacional, y ni las palabras son ciertas ni la muerte de Acción Nacional ha sucedido, porque Acción Nacional tiene principios que le han dado vida y que le han hecho que pueda seguir adelante. De las coincidencias, sabemos lo que son, muchas veces accidentales, otras veces tienen más de fondo, pero van seguidas de diferencias también muy grandes.
Señores, ya se ha dicho aquí casi todo lo que se podía decir. Podría yo ampliarlo más, pero creo que la Asamblea está cansada y que no tiene caso, tenemos todavía otras muchas cosas que hacer y creo que debemos entrar ya al estudio particular del problema. (Aplausos.) Solamente quiero decir dos palabras.
En los 70 años de política agraria de la Revolución ha habido muchos cambios: del ejido que debía convertirse en propiedad individual, de Zapata, de Luis Cabrera y de Carranza, al ejido colectivo permanente de Cárdenas. Del régimen que destruía totalmente el latifundismo ganadero al régimen de Cárdenas que estableció la pequeña propiedad en la ganadería, inafectable.
Solamente un elemento se ha mantenido casi permanente: la negativa total del régimen de admitir que los particulares ayuden, colaboren, en la reforma agraria, en el esfuerzo, en la lucha por dignificar al campesino, por mejorar su nivel de vida, por elevar su condición humana. En eso no había transigido la Revolución.
Y nosotros habíamos señalado siempre que es una responsabilidad de todos los mexicanos, independientemente de su credo político, de su situación económica o de cualquier otra diferencia que puedan tener, es una responsabilidad y un derecho de todos los mexicanos, luchar por la resolución de sus problemas y también por la resolución del problema agrario, del problema ejidal.
Por eso nosotros, ahora que se abre por el régimen de la Revolución la posibilidad de que los particulares colaboren en la lucha, en el trabajo por lograr el mejoramiento del campesino, por lograr su elevación humana y por lograr la mejoría de la producción, nosotros estamos con esa apertura.
Pero estamos con esa apertura no simplemente para que se logre un aumento en la producción. Nuestra meta sigue siendo siempre la elevación humana del campesino, elevación que debe llevarse a cabo con justicia, que no puede llevarse a cabo de ninguna manera rehaciendo latifundios y otros tipos de explotación que en el pasado fueron nefastos, y que volverían a serlo si se presentaran; con esto de ninguna manera estamos de acuerdo.
Esto además, significa una situación que ya pasó y ahí está la autoridad que debe evitar que se repita; y queda abierta la posibilidad, la necesidad y la conveniencia de que todos los mexicanos colaboremos en la lucha porque México tenga una población campesina digna, una vida justa, y que pueda desenvolverse, realizarse. Nuestra aprobación a la Ley, es sobre esa base, que no se trata nada más de producir, sino que en las relaciones del campo haya justicia, que en las relaciones del campo prive el nivel humano y el propósito de mejoramiento del nivel humano del campesino.
Señores, Acción Nacional está por eso en favor de la Ley, porque abre nuevos caminos. Porque nosotros no podemos admitir que se lancen a los mexicanos como enemigos entre sí, nosotros no estamos de acuerdo, y en México hay muchas gentes que no están de acuerdo, en que la lucha de clases sea un hecho fatal e ineludible. Hay oposiciones de intereses, hay oposiciones de situaciones en la vida social y el problema de la sociedad, el problema de la autoridad, el problema de todos los miembros de la población, es superar esas diferencias, es lograr equilibrio es difícil pero es posible. Nosotros estamos en esa tarea, votaremos por la ley y lucharemos por que al abrirse nuevos caminos para la producción agrícola, para abrirse nuevos caminos para el mejoramiento de la vida del campesino, se haga con justicia, se haga teniendo como meta principal la elevación del nivel humano del campesino. Esa es la meta de Acción Nacional. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: Tiene la palabra el ciudadano diputado Sabino Hernández, en contra.
El C. Sabino Hernández: Señor Presidente; Señoras y señores diputados:
Todavía el día de hoy por la mañana considerábamos a esta sesión de la Cámara de Diputados como una sesión de gran importancia y de gran trascendencia histórica. Sí la tiene, sí la guarda, pero resulta que estamos discutiendo una iniciativa que tiene como objetivo fundamental el de fomentar la producción para resolver los problemas principalmente de alimento entre los mexicanos y la prensa el día de hoy, dio a conocer la noticia de que se había obtenido una producción agrícola sin precedente. Parece que más de 20 millones de toneladas de granos sin la aplicación de la Ley de Fomento Agropecuario que estamos en estos momentos discutiendo.
Si esto sucede, entonces quiere decir que todos los comentarios y los puntos de vista vertidos en la discusión de las comisiones y que se han vertido hoy en la mañana, tienen la relatividad establecida por una información periodística que nos propone el conocimiento de una esfera de la realidad, desconocida todavía por nosotros hasta ahora.
También, y esto es particularmente para los miembros del Partido Revolucionario Institucional, esta discusión debería tener la
característica de mostrar con una gran claridad la naturaleza de la ley, el contenido de la ley. Yo diría esencial.
Al escuchar los argumentos vertidos por los diputados de Acción Nacional alrededor de la misma y quiero decir esto, compañeros, porque si todos recordamos, fue precisamente durante el sexenio cardenista, cuando el Partido Acción Nacional nació, como ha sido recordado en este momento, pero luchando contra el régimen cardenista y fundamentalmente luchando contra la Reforma Agraria cardenista.
Yo dudo mucho que en la época de Lázaro Cárdenas, se hubieran pronunciado palabras de apoyo y de aliento a una iniciativa presidencial por parte de Acción Nacional, como ellos han expresado y esa opinión y ese comentario que se ha dicho, en el sentido de elevar la actitud cardenista en relación con algunos de sus actos de gobierno, también es de dudarse que se hubiera expresado en aquellos momentos importantes.
Pero no es el problema, sólo, así planteado, todo lo que nos preocupa y todo lo que nos mueve a interés en este instante. Aquí se ha planteado la discusión de lo que es la Reforma Agraria, de su significación y se ha discutido aportándose elementos de tipo histórico y de tipo político para poder integrar un juicio completo acerca de la misma, pero nosotros no debemos rodear al concepto, a la idea a lo que es la Reforma Agraria únicamente de elementos técnicos. Creo que deberíamos rodearla más que de eso de elementos políticos e históricos para poder establecer su contenido y su significación.
Concebida únicamente como el reparto de la tierra, la Reforma Agraria tiene una raíz histórica profunda que viene desde la Colonia y se manifiesta en diferentes expresiones cuando se está conformando un nuevo tipo de latifundio, el latifundio capitalista, el latifundio con apoyo del Estado y el latifundio con aliento del Gobierno.
Esa reforma agraria, repito, concebida únicamente como el reparto de la tierra, ya en sí misma guarda un hecho que presupone una población política respecto del desarrollo del país, porque, como todos lo sabemos, en este país hasta la fecha, los propietarios han tenido en sus manos la dirección política y el poder y han hecho de este país y de este pueblo lo que hoy vemos: un pueblo lleno de necesidades, un pueblo al que le faltan en ocasiones los elementos esenciales para su subsistencia y un país que padece una aguda crisis económica y que empieza a manifestarse desde el punto de vista político, con facetas muchas de las cuales hoy observamos en este momento.
Por eso es que los diputados del Partido Revolucionario Institucional deberían reflexionar profundamente en el paso que se va a dar. Yo también me sé un dicho, dicen por mi tierra:
"En la manera de agarrar el taco se conoce al que es tragón". Compañeros:
Basta sólo observar la manera como fue recibido el proyecto, la iniciativa presidencial, por parte de los círculos de financieros, de las cámaras de comercio, de los banqueros, por parte fundamentalmente de la iniciativa privada, para que nosotros pudiéramos destacar, por instinto histórico y político, la significación real de lo que se propone dentro de la propia iniciativa.
No estamos - porque no podemos estar - en contra de que se aplique una política que tienda a elevar la producción para que se resuelvan los problemas de alimentación del pueblo; no estamos en contra de una política que guarde por sí misma esa perspectiva, pero una política debe arrancar fundamentalmente de la realidad histórica del país, que la construye, o que la piensa aplicar.
Yo pregunto:
¿Por qué ligar las propiedad social a la propiedad privada, como requisito para modernizarla, como requisito para que haya inversiones en ella, como requisito para que el Estado la entienda y la impulse? Y, ¿por qué no mejor, siguiendo la línea histórica de nuestro desarrollo, hacer que la propiedad privada se pliegue a los lineamientos de la propiedad social, que ya está establecida en la Constitución General de la República y que nosotros lo afirmamos porque las estadísticas lo demuestran, ha comprobado plenamente lo positivo de su propia existencia?
Los datos de Programación y Presupuesto nos dicen que los pequeños propietarios en el campo producen el 50% del total de la producción agrícola y consumen el 70% de los recursos materiales que se dedican a este renglón y que los ejidos producen el 50%, consumiendo el 30% de los recursos materiales.
No hay nada que pueda explicar de mejor manera este hecho y no hay nada que nos pudiera llevar a entender que lo que hay que hacer es desarrollar, impulsar y alentar las formas sociales, antes que abrir la oportunidad a que las formas privadas de la tenencia de la tierra vuelvan a introducirse para desarrollarse y más tarde, influir políticamente, como en el pasado lo han hecho, que en otras partes del mundo lo siguen haciendo en un sentido negativo, en lo que se refiere al desarrollo histórico de los pueblos y de las colectividades.
Aquí, decimos nosotros, esto tiene una explicación histórica.
No tenemos que inventar nada, sólo tenemos que referirnos a nuestra propia historia y, compañeros, fundamentalmente el movimiento social iniciado en 1910 fue un movimiento que no podía desembocar, como aquí se ha afirmado, en la elaboración de un concepto de la propiedad privada como norma establecida; tenía que desembocarse a lo que se llegó en 1917, a establecer la propiedad partiendo de que ésta corresponde a la nación, la que puede entregarla para que surja la propiedad privada, no como derecho natural, como ya se ha expresado, sino como algo que brota de la
enorme significación política que tuvo ese trascendental movimiento: la Revolución Mexicana, iniciado en 1910. De ahí es de donde debemos desprender nosotros la realidad actual. No debemos torcer esa realidad para llegar a otras conclusiones.
Lo que ha pasado es que, siendo como lo fue nuestra revolución social, un movimiento que luchaba por la democracía y estaba dirigido por la burguesía, tenía también, por fuerza, que seguir un derrotero y un camino en lo que se refiere al desarrollo económico y político de la nación. Desarrollar el capitalismo, primero lentamente, en la etapa de la consolidación de aquellas conquistas que correspondían a las necesidades fundamentales del pueblo.
El inicio del reparto de la tierra, el hecho de aceptar la presencia de los sindicatos obreros luchando por sus reivindicaciones propias; el hecho de impulsar la educación en todos sus renglones, popular, para que llegara a todos los rincones de la patria y el hecho de establecer las bases de una política internacional independiente, eran renglones necesarios e indispensables para el desarrollo histórico de México, pero ya el germen del capitalismo crece y se convierte en lo que hoy observamos, en las instituciones económicas y en las instituciones políticas.
Hubo un capitalismo que empezó a barrer todo aquello que se opone a su desarrollo, un capitalismo, porque ya la Revolución se ha institucionalizado, decimos, un capitalismo que empieza incluso a revisar aquellos conceptos fundamentales que la produjeron en nuestro pasado inmediato, en 1910, y nosotros observamos la aplicación de las llamadas medidas económicas que los regímenes fundamentalmente, a partir de Avila Camacho, han venido estableciendo en nuestro país, sólo podemos llegar a la conclusión que se está abriendo el camino, compañeros, al desarrollo del capitalismo, que es un camino, debemos pensarlo así, opuesto a muchas de las expresiones de la revolución popular, eminentemente social de 1910.
Miguel Alemán abrió las puertas de un camino en lo que se llama la rectificación de la Reforma Agraria.
Yo recuerdo, la prensa y los periódicos de la época y la radio, transmitieron las declaraciones ardientes de los revolucionarios que hablaban de que esa era una medida positiva y correcta, de que esa medida no iba a abrir el camino para que la iniciativa privada y los propietarios privados se fortalecieran dentro del propio campo, que esa era una medida justa porque sólo daba una oportunidad legal a los propietarios, pero que a la postre la injusticia de su posesión iba a ser abiertamente confirmada en los tribunales y consecuentemente la tierra sería entregada a quienes la solicitaban y hoy, compañeros, el PRI, en el seno de la CNC, de la CTM, de la CNOP, elementos que tienen indudablemente una visión perfecta de lo que pasa en México, han llegado a la conclusión de que esa reforma deba ser abrogada de la Constitución, para que no siga cumpliendo sus efectos negativos y para que abra unas vías que impulsen el reparto de las tierras.
Yo me pregunto, señores diputados:
¿Eso mismo que pasó en 1946 va a repercutir, se va a observar, se va a mirar con el paso que estamos dando hoy, que se pretende cumplir totalmente hoy al aprobarse, por la mayoría, una ley que ha provocado tan gran discusión, una ley que ha quedado tan profundamente en el seno del pueblo, una ley, pocas son las ocasiones en que esto se da, que ha provocado en el seno del partido mayoritario una gran discusión?
No somos nosotros los que estamos alentando esa discusión, esa discusión se dio por los propios enunciados de la ley, esa discusión se planteó por cada uno de los artículos y de los títulos, esa discusión se plantea por lo que estaba consignado en el proyecto y en la iniciativa de ley, no somos nosotros los que la hemos planteado.
Pienso que debemos tener un gran cuidado y una gran reflexión. No se puede borrar el pasado sólo limpiando aquello que nos parece negativo, menos en la historia de los pueblos. Aquí se pretende seguir por un camino que, indudablemente, compañeros, nos llevaría hasta una situación contraria a lo que hoy tenemos como marco de nuestra propia actividad política.
No se puede, compañeros, calificar el contenido de un decreto sólo porque venga de la Presidencia de la República. Nosotros no debemos ignorar ni dejar de lado nuestro papel de representantes populares.
Aquí se ha dicho mayoritarios y minoritarios, pero resulta, compañeros diputados, que quienes somos miembros de los partidos, llamados por la mayoría, minoritarios, sabemos muy bien ubicarnos en nuestro lugar y en nuestra posición y no hemos hecho jamás, desde la tribuna de la Cámara de Diputados, ninguna campaña política, ni ninguna actividad de otra naturaleza.
Aquí hemos venido a traer nuestras ideas y nuestros puntos de vista y lo mismo las hemos entregado en las Comisiones durante las discusiones. Nadie puede negar que la Coalición de Izquierda, por lo menos yo vi a todos los partidos hacer lo propio, entregamos nuestras opiniones y nuestra argumentación al respecto de la ley que hoy se discute, ahí están las actas.
Pienso que cerca del 80% de los artículos tienen opiniones nuestras y todas las opiniones fueron desechadas, algunas veces por la actitud de que "quede como está" y en otras ocasiones por la actitud de: "la mayoría determina" y "la mayoría decide que así quede" y no se puede dar paso en ningún sentido a las cosas. Un paso, compañeros diputados, que tiene como referencia la historia del país, es un paso que deberíamos meditar más y más y es un paso que debería tener nuestra más profunda reflexión y nuestro más grande interés en ese sentido.
Señoras y señores diputados:
Voy a concluir mi intervención, pienso, y es necesario hacerlo, que se haga un llamado a la actitud que se tenga al votar; pienso que cuando esta iniciativa se ponga a votación, debemos tener presente lo que fue nuestro país y lo que debe ser nuestro país, pero no olvidar jamás, que en el proceso del desarrollo histórico de los pueblos, la existencia de opiniones y de fuerzas que luchan tras un programa y tras una ideología determinada, es algo que brota de las condiciones y de las particulares circunstancias del desarrollo histórico propio.
Aquí no puede espantarse nadie, ni tampoco se debe cargar la actitud de señalar a nadie por su ideología, nosotros somos partidarios, y todos lo saben, de la desaparición de la propiedad privada de los instrumentos de la producción económica y del cambio entre ellos de la propiedad de la tierra, pero nunca nadie ha escuchado que propongamos aquí, en esta Cámara, para este momento y para resolver los problemas de hoy, la liquidación inmediata de la propiedad privada en ningún sentido.
Nosotros sabemos que es parte de un proceso y en ese proceso estamos profundamente interesados. Por eso digo, compañeros diputados, que tampoco debemos aceptar como una solución al problema de la producción agraria que se plantee el regreso a la propiedad privada, por cualquiera de los caminos, porque ese regreso ha estado ya condenado totalmente por la historia.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: Tiene la palabra en pro, la diputada Beatriz Paredes.
- La C. Beatriz Paredes: Señor Presidente, honorable Asamblea: Grave responsabilidad la del legislador.
Legislar, es tarea que representa, en un momento dado, la capacidad de diseñar el perfil por el que caminará la sociedad, legislar es manifestación de lo que la sociedad comprende para darse como modelo. Nosotros, legisladores, en el análisis de las iniciativas del Ejecutivo, en la presentación de las iniciativas del propio Poder Legislativo, en nuestro comportamiento cotidiano, aquí, en las sesiones, tenemos parte fundamental en esa responsabilidad. De ahí que quepa destacar de manera importante el hecho legislativo que en esta sesión se está dando. De ahí que quepa reclamarnos a nosotros mismos, el cómo cumplimos responsablemente con nuestra capacidad de legisladores y de ahí que sea necesario hacer una importante reflexión, de por qué en una país como el nuestro, con un proceso de reforma política impulsado por el Titular del Ejecutivo, se pueden dar manifestaciones plurales por distintos grupos y por distintas corrientes, en torno a una iniciativa. Saludamos y reconocemos los pronunciamientos de la diputación obrera, de la diputación campesina, los pronunciamientos de estudiosos en materia agraria, y la expresión de diversas corrientes en torno a la iniciativa de Ley de Fomento Agropecuario; los saludamos porque reconocemos en ellos cómo el esfuerzo democrático del Estado Mexicano encuentra correlación y respuesta inmediata en todas las fuerzas sociales, los reconocemos también, porque sabemos que como elementos de análisis enriquecieron, como así fue, el trabajo de las comisiones.
Hecho este comentario, es necesario señalar que en el análisis de una iniciativa de ley, cuando ésta parte del Ejecutivo, debe vincularse el proceso legislativo y el impacto legislativo, con el planteamiento y el análisis de toda una estrategia gubernamental. La estrategia gubernamental del presidente José López Portillo hacia el sector agropecuario de México, quedó definida con claridad meridiana en el último Informe de Gobierno. Expresó el presidente López Portillo, que en materia de Reforma Agraria, ni un paso atrás.
Y expresó también su reconocimiento a la capacidad productiva del ejido; manifestó en ese entonces que la preocupación del Ejecutivo por poder destinar recursos específicos a las áreas que han sufrido mayor depresión económica en nuestro país, que son las zonas temporaleras, tendría como expresión un sistema integral de política que, en el área de la estrategia del Ejecutivo partía de la concepción del Sistema Alimentario Mexicano, como mecanismo de destino de recursos hacia las áreas temporaleras y de vincular el proceso de producción con el proceso de consumo alimentario.
También manifestó que, con el propósito de estimular la producción y la productividad, como un sistema integral, se presentaría en su oportunidad la Iniciativa de Ley de Fomento Agropecuario.
¿Qué comprende la Iniciativa de Ley? Y vale la pena que hagamos una referencia del marco general de la Iniciativa, dado que estamos en esa etapa de las discusiones aquí en la Cámara, en la discusión en lo general de la Ley.
Señala como elemento fundamental de la capacidad rectora del Estado para orientar la economía en nuestro país, capacidad rectora por la que se han realizado movimientos sociales, capacidad rectora que se expresa en los artículos 27, tercero y 123 de nuestra Constitución, señala como elemento fundamental, decía, el proceso de planeación.
¿Por qué la planeación inductiva? ¿Por qué la planeación que comprende como propósito en enlace la concentración de esfuerzos? Porque estamos intentando, en un proceso de concertación democrática, el que los mexicanos conjuguen su participación y sus intereses en torno al bienestar nacional. De ahí que se prevean mecanismos de concertación y posibilidades específicas para que por diversos conductos el Estado estimule el comportamiento correcto de la economía y de la producción agropecuaria.
Este propósito de planificación concebido ya y manifestado en el PLan Global de
Desarrollo, contiene también como elemento básico la preocupación del Ejecutivo por racionalizar y equilibrar lo que las características históricas, geográficas y regionales han distorsionado en nuestro modelo de país.
¿Cómo podemos lograr que las zonas que tiene en términos ecológicos y climáticos menores posibilidades de desarrollo agrícola puedan vencer este tipo de obstáculos?
¿Cómo podemos romper la inercia presupuestal que ha generado el que importantes volúmenes de recursos se canalicen a las áreas de riego?
Con una concepción distinta que conciba como parte del proceso de desarrollo integral la existencia de áreas temporales, de distritos de temporal a los cuales la Administración Pública del Estado Mexicano determinará mayores recursos humanos y mayores recursos financieros.
Esto, como concepción de planeación en el marco real de un proceso de reforma administrativa, siguiendo los lineamientos que ya señala la Ley Orgánica de la Administración Pública, se refleja en los primeros capítulos de la ley.
Este esfuerzo está unido, cohesionado, con un propósito fundamental: el que se logre, con la presencia rectora del Estado, con la voluntad del presidente López Portillo y con la responsabilidad de los mexicanos, el alcanzar la autosuficiencia alimentaria. De ahí que en el trabajo de Comisiones, merced a algunas propuestas, se hiciera hincapié en que el proceso de planificación debería estimular fundamentalmente la producción de alimentos básicos. De ahí también que en torno a esa preocupación, el Ejecutivo vincule el proceso de la legislación agraria y las capacidades del Estado Mexicano en materia de expropiación, para que se pueda prever la expropiación por causa de utilidad pública, utilizando como elemento sustantivo del procedimiento la vocación agrícola de las tierras.
Qué importante que en nuestro país las tierras que tengan potencial agrícola sean destinadas a ese uso. Qué importante el que se logre vincular este esfuerzo con un sistema más justo y eficiente de distribución. Qué importante el que a estas medidas corresponda una política consecuente de rentabilidad en los productos básicos, que permita el que los productores campesinos obtengan lo que su esfuerzo y trabajo merecen al cultivar la tierra. En esta preocupación de participar junto con los productores campesinos, en este esfuerzo por vincularse con las áreas temporaleras; en este propósito de caminar junto a los productores que tienen como extensión de propiedad o posesión menos de la dotación que se expresa en términos de la legislación agraria, el Estado Mexicano comparte el riesgo, y genera la figura del Riesgo Compartido, como un compromiso del Sector Público de vincularse con el esfuerzo de los productores -sobre todo que aquellos que no han tenido el apoyo suficiente, en términos históricos-, para que puedan recuperar lo que sus inversiones y su trabajo genera, en ocasiones en que el mal temporal afecte la posibilidad de realizar su cosecha en alimentos.
Este andamiaje parte de una concepción: la necesidad en las condiciones reales de desarrollo de nuestro país, de vincular el proceso de justicia agraria con un fenómeno de reagrupación de la tenencia. Por ello se prevé, en el capítulo que habla sobre el minifundio, la posibilidad de, mediante estímulos y especificaciones básicas, el que los minifundios puedan conjugarse para compactar áreas y para que los productores minifundistas, que han sido ejemplo de productividad a pesar de que en muchas ocasiones la escasa dimensión de su tierra pudiera hacernos creer otra cosa, puedan organizarse de manera cooperativa y solidaria con el propósito de compactar áreas y regiones que estimulen la producción de alimentos básicos.
En producir alimentos básicos se da el reto de las sociedades que, como la nuestra, tenemos que padecer, porque ese es el término correcto, una estructura de distribución del capital internacional y de definición de los mercados internacionales de carácter agrícola.
¿Cómo podemos, países como el nuestro, insertos en un sistema de economía mixta que, correcto o no, es el sistema que existe, involucrar nuestro desarrollo histórico con el reto de la modernización? Cómo puede el sector social de un país como el nuestro, sector social que, como aquí se ha manifestado, es resultado de la historia, es reflejo de la lucha de las comunidades indígenas por recuperar su patrimonio; es manifestación específica de los liberales de México cuando, contra la Iglesia también procuraron la posesión de las tierras para la sociedad; es manifestación definitiva de los campesinos y los agraristas mexicanos cuando consolidaron el ejido y la propiedad social en el artículo 27 constitucional. Sector social éste que por la dinámica del desarrollo capitalista, en la que estamos situados por nuestra condición geográfica y por nuestro sistema de economía mixta, se enfrenta a un hecho importante y sustancial. ¿Cómo se vincula a la modernización; cómo se allega mayores recursos: cómo genera mejor organización sin descuidar y corromper su naturaleza?
Ahí está la responsabilidad básica del Estado Mexicano; ahí está el compromiso histórico de José López Portillo cuando plantea, como una alternativa, la posibilidad de la asociación, de la unidad de producción que comparte áreas con propósitos de mayor productividad con la presencia del Estado; ahí está también el trabajo responsable de las Comisiones que, enriqueciendo esta importante Iniciativa, manifestaron que el ejido debe considerarse como una unidad, que siendo una unidad integral la que se asocia, la que participe por expresión voluntaria en una unidad de producción, la capacidad real de negociación, la capacidad real de defensa de los intereses del sector social, la capacidad real de los campesinos de México, que tienen suficientes elementos para manifestar su fortaleza organizadamente, sin lugar a dudas logrará que este tipo de asociaciones se
oriente en términos de favorecer la producción de básicos y no se disloque para una distorsión capitalista del desarrollo agropecuario de México.
Ya manifestaba aquí el compañero que me antecedió en el uso de la palabra, que el impulso a la producción y a la productividad es preocupación de todos. Nosotros tenemos la certidumbre de que José López Portillo es un hombre de buena fe que está convencido en los mecanismos que genera y prevé para alcanzar la autosuficiencia alimentaria; responsabilidad del régimen será garantizar la rectoría y la presencia del Estado en estos modelos asociativos; responsabilidad del Estado Mexicano el procurar, con la reglamentación adecuada, como ya se refleja de las normas que se establecen en el Capítulo Segundo, el que el tratamiento y la organización del trabajo vincule la creación de empleo con la justicia social; responsabilidad será de las organizaciones campesinas, de los ejidos, de quienes creemos en el movimiento social de la Revolución Mexicana, el que con una presencia firme y vigorosa los campesinos se apropien de estos mecanismos que genera el Estado Mexicano y que impulsen con este propósito, el que alcancemos nuestra autosuficiencia alimentaria y que, en el juicio del porvenir las instituciones mexicanas, el presidente López Portillo y las organizaciones campesinas demuestren que el rumbo señalado es el correcto, y que por ser el rumbo señalado, la responsabilidad de todos es participar, impulsando la planificación, la solidaridad social, la concreción en términos de productividad y desarrollo para que los alimentos sean posibilidad de realización como país, garantía y solidez del Estado Mexicano y de las organizaciones de masas que lo sustentan. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: Pregunte la Secretaría a la Asamblea si el dictamen está suficientemente discutido en lo general.
El C. secretario Juan Maldonado Pereda: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si considera suficientemente discutido el dictamen en lo general.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señor Presidente.
En consecuencia, se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general del dictamen.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
El C. secretario Juan Maldonado Pereda: Señor Presidente, se emitieron 282 votos en pro y 27 en contra.
El C. Presidente: Aprobado en lo general por 282 votos.
Está a discusión en lo particular. Los ciudadanos diputados que deseen impugnar algún artículo sírvanse reservarlo.
Vamos a hacer lo siguiente, por partidos vamos a hacer la reserva para que no haya confusión por parte de la Mesa Directiva.
Haga el favor la Secretaría, conjuntamente con la Presidencia, de que reservemos los señores diputados por partido para que no haya confusión por parte de la Mesa y de la propia Asamblea.
El C. Carlos Piñera Rueda: En virtud de la poca seriedad de los señores diputados con que están tomando la discusión de esta ley, los diputados del PRI se inscriben en los 100 artículo de la ley.
El C. Graco Ramírez: ¿El PRI se inscribe a favor o en contra?
El C. Presidente: El señor diputado Piñera ha registrado en pro los 100 artículos.
El C. Presidente: Han sido reservados para su discusión los artículos que vamos a leer, por grupos parlamentarios:
El Partido Acción Nacional el 7, 25, 32, 41, fracción II, 42, 43, 45, 71, 72, 74, 84, 94 y 96.
Los ciudadanos diputados del Partido Popular Socialista reservaron los siguientes artículos: 32, 41, 44, 48, 64, 69, 72, 79, 80, 81, 82, 84 y 92.
El Grupo Parlamentario Coalición de Izquierda reservó los artículos: 3, 4, 7, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 32, 35, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 63, 64, 72, 74, 75, 76, 79, 80, 81, 86, 87, 88 y 100.
Los señores diputados del Partido Demócrata Mexicano reservaron los artículos: 4, 32 y 41.
Los señores diputados del Partido Socialista de los Trabajadores reservaron los artículos: 1, 4, 5, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 29, 32, al 100.
El C. Presidente: Los señores diputados del PRI reservaron su derecho a participar en el debate en pro de todos los artículos a discusión.
Se abre el registro de oradores para la discusión del artículo 1o.
Esta Presidencia informa que se han inscrito para hablar en contra del Artículo 1o. los siguientes ciudadanos diputados:
Santiago Fierro Fierro y Manuel Terrazas.
Para hablar en pro del mismo Artículo 1o. los siguientes ciudadanos diputados:
Guillermo Gonzalo Aguado, Juan Ugarte y José Luis García Montiel.
Tiene la palabra en contra, el diputado Manuel Terrazas.
El C. Manuel Terrazas: En el curso del debate se ha caracterizado la Iniciativa ya aprobada en lo general, como un instrumento de extraordinaria importancia económica, política y social. Incluso se le ha señalado como un punto de viraje no solamente en la política del Estado Mexicano, con relación al campo y a la Reforma Agraria, sino con relación a la organización de la producción y a la búsqueda de nuevas formas o de solución en intento de los problemas de campo. Por eso mismo, si éste ha sido el criterio imperante, no resulta congruente que quede el Artículo 1o., en las disposiciones
generales, tan escueto y únicamente limitado al desarrollo de la producción agropecuaria.
Por eso mismo, y a partir de una consideración ideológica de las raíces del movimiento social mexicano iniciado en 1910, y no de la ideología partidista marxista - leninista, entiéndase bien, a eso nos referimos cuando hablamos de factores ideológicos en la impugnación del anterior proyecto, ahora Ley aprobada en lo general, consideramos que debe agregarse:
"Elevar las condiciones de vida sociales y económicas en el campo, que es la proposición, por la vía del fortalecimiento del ejido y del papel de la propiedad social, como factor esencial de dicho desarrollo."
Si queremos ser consecuentes con el carácter, la importancia, la trascendencia y los alcances de las Ley, es preciso en el Artículo 1o. considerar por qué vía se pronuncia la Cámara de Diputados en cuanto al desarrollo de la producción agropecuaria y la elevación de las condiciones de vida en el campo.
Esa es la proposición concreta.
Gracias.
El C. Presidente: Tiene la palabra en pro el diputado Guillermo González Aguado.
El C. Guillermo González Aguado: Señor Presidente;
Señores diputados:
Mi intención será no hacer uso indebido del tiempo ni abuso del mismo, por lo mismo voy a precisar concretamente los criterios que se establecieron en la Comisión para fundamentar el apoyo de este artículo.
El Artículo 1o., referente a las disposiciones generales de este proyecto de Iniciativa de Ley, establece:
"Esta Ley tiene por objeto el fomento de la producción agropecuaria y forestal para satisfacer las necesidades nacionales y elevar las condiciones de vida en el campo."
El diputado que me antecedió en el uso de la palabra se refería a dos aspectos que supuestamente, o en el criterio particular de él, no quedaban incluidos en este artículo. Uno de ellos es el que se incluyera elevar las condiciones de vida sociales y económicas.
En relación a esto y por ser esta Ley complementaria del 27 Constitucional, creo que al elevar las condiciones de vida nos estamos refiriendo no solamente al ámbito social, sino al aspecto económico.
No hay que olvidar que en el debate que se ha presentado aquí en lo general, se trató, se intentó de dar un viraje al sentido original de esta Ley. El sentido original estrictamente es de orden económico y aquí se ha pretendido hacer gala de recursos de orden demagógico a efecto de invertirlo y pretender que con esto se establezca una bandera de orden político. No, señores diputados, el sentido es práctico, el sentido es económico. Por otra parte, hablaba en relación a este mismo artículo de establecer el fortalecimiento al ejido.
Yo creo que la fracción II del Artículo 4o. lo dice muy claramente:
"Determinar o proponer en su caso los estímulos más eficaces para la producción rural."
Y la producción rural indudablemente involucra a ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios.
Estos son los comentarios. Quiero ser breve. Creo que dejan clara la posición de nuestro partido.
El C. Manuel Terrazas: Pido la palabra para aclarar hechos.
El C. Presidente: Para hechos tiene la palabra el diputado Terrazas.
El C. Manuel Terrazas: El diputado González Aguado, con mala fortuna en el planteamiento o desafortunadamente ha calificado todo un planteamiento de todo un cuerpo de consideraciones de diversos grupos parlamentarios como demagógicos.
Sabemos muy bien lo que quiere decir demagógicos y por eso mismo, por el sentido que tiene la palabra, no es admisible -cuando menos por nosotros-, que una impugnación de fondo, con proposiciones, con consideraciones, con argumentaciones, a la ligera sea calificado aprovechando una proposición acerca del primer punto de la Ley como demagógico.
Por otra parte, si se refiere a condiciones de vida económica, la Ley no puede circunscribirse exclusivamente a una generalidad donde ni siquiera, en el Artículo 1o., especifica a qué condiciones de vida se refiere y, por otra parte, hay derecho plenamente a considerar por qué vía va a ser ese desarrollo, si quiere ser complementaria del Artículo 27 Constitucional y si quiere ajustarse precisamente a la letra y al espíritu de ese artículo Constitucional.
Por eso mismo es completamente congruente; no tiene de ninguna manera ningún carácter infundado, la proposición de especificar la vía con relación al fortalecimiento del ejido y a la propiedad social, como factor esencial del desarrollo agropecuario de nuestro país.
El C. Presidente: Tiene la palabra, para hechos, el diputado González Aguado.
El C. Guillermo González Aguado: Señor Presidente: Lamento que en el curso de 60 días previos a la discusión en comisiones, no se hubiera tenido el detenimiento de leer detalladamente la Iniciativa de Ley.
El fundamento de orden económico que solicitaba el diputado está expuesto en el cuerpo normativo de esta Iniciativa y abundantemente se encuentra en la exposición de motivos. Ahí mismo se señalan las bases del marco jurídico Constitucional; ahí mismo se dan las bases de un instrumento legal de planeación; ahí mismo se señala el fideicomiso de riesgo compartido y esto indudablemente es un encuadramiento de orden económico; ahí mismo se proponen unidades para la producción que indudablemente
son de orden económico y que tienden a elevar el nivel de vida y a hacer más productiva la tierra; ahí mismo habla del aprovechamiento de los distritos de temporal y en el cuerpo general de la Ley, artículo por artículo, no se deja de señalar en ningún momento el corte, la esencia de orden económico.
Naturalmente que esta es una Ley inductiva; es una Ley complementaria de la Ley Federal de Reforma Agraria. Creo que eso es evidentemente claro, compañero.
Me refería yo a los términos de demagogia en función de lo siguiente:
En el Congreso Constituyente de 1916 y en el debate del Artículo 27 Constitucional, encontramos las palabras de Juan de Dios Bojórquez. Ahí se habla con toda claridad de crear sustancialmente la asociación entre las diferentes formas de tenencia de la tierra. Quiere decir que no es conveniente ni rasgarnos las ropas ni salir como héroes de una Revolución de la que no formamos parte y a la que no queremos entender.
Los cambios que México requiere son cambios dinámicos; son cambios que tienen que actualizar los actos de un gobierno con las necesidades de un pueblo. En este sentido, señor diputado, la posición de mi partido es auténticamente revolucionaria.
El C. Manuel Terrazas: ¿Me permita una interpelación?
El C. Guillermo González Aguado: La acepto.
El C. Manuel Terrazas: ¿Cuáles son los cambios estáticos? "Los cambios" es movimiento, es transformación.
El C. Guillermo González Aguado: No entiendo los conceptos que usted pretende señalar "los cambios estáticos".
Creo que he aclarado en lo sustancial los puntos a los que se refería este artículo y suplicaría al señor diputado que a vuelo de pájaro diera una lectura a los 100 artículos que contiene esta Ley. Muy amable.
El C. Manuel Terrazas: El diputado no tiene derecho a afirmar que ni siquiera a vuelo de pájaro hemos leído el Proyecto de Iniciativa.
Nada más.
El C. Presidente: Se ruega a la Secretaría consulte a la Asamblea si se admite la modificación propuesta por el diputado Terrazas al Artículo 1o.
El C. secretario Juan Maldonado Pereda: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se acepta la modificación propuesta por el ciudadano diputado Manuel Terrazas, y no aceptada desde luego por la Comisión.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
El C. Presidente: Tiene la palabra en contra el ciudadano diputado Fierro.
El C. Santiago Fierro Fierro: El primer artículo de las disposiciones generales de esta Ley que dice:
"Esta Ley tiene por objeto el fomento de la producción agropecuaria y forestal para satisfacer la necesidades nacionales y elevar las condiciones de vida en el campo."
Yo diría que tiene el propósito exactamente a la inversa, porque lo que va a hacer en realidad es legalizar muchas de las formas de trato económico y de explotación del campo ya existentes, algunas elaboradas, instaladas y legisladas por el mismo Gobierno y otras dadas en la práctica como resultado de la miseria y de la falta de avío y refacción en el campo.
Y es una Ley negativa que no puede ser, ni estar al servicio de los campesinos, porque parte del hecho principal de que los campesinos nunca fueron consultados para iniciar esta Ley. Y no se va a decir que sí fueron consultados, sí se recibió la opinión de algunos comisariados ejidales que todos están al servicio del Estado, pero no de sus compañeros, son los esquiroles del campo o los resultados de algunas asambleas ejidales, que en ejidos de 300 o 400 ejidatarios las asambleas se hacen con 30 o 20 ejidatarios, porque los demás no van, no les avisan, no tienen tiempo, andan de braceros, etcétera.
Es el tema, compañeros, si no díganme, ¿cuál es el tema?
Todavía nos faltan algunas cosas.
Aparte si no es este el tema, denunciar que ya existe la explotación forestal en el país y que está hecha precisamente con uniones de crédito, con uniones de producción, en la cual están presentes los propietarios, el gobierno y los campesinos, entonces no sé a que se estará refiriendo este primer artículo de esta Ley.
Y estas organizaciones hechas por el Estado de carácter descentralizado, están funcionando, como va a funcionar esta Ley precisamente, al servicio completamente de los propietarios, de los industriales, en las que el Estado le va a corresponder disimularse de esta situación, entregar completamente toda la infraestructura, para que hagan una explotación más amplia, más cómoda y más barata de los bosques de todo nuestro país y los ejidatarios dentro de su propio terreno, dentro de su propiedad van a ser auténticos empleados, sin prestaciones de ninguna clase y que va a llegarse un momento, como ya se han dado en los ejidos y en las unidades de producción existentes como en PROFORMEX, como en PROFORPARE, como en PROFORMICH, en las que cuando el ejidatario quiere explotar sus bosques ni siquiera sus propios árboles puede cortar, tiene que pedir permiso a la Secretaría de la Reforma Agraria, tiene que pedir permiso a la institución o a las autoridades de PROFORMEX o de PROFORTAR, etc., y en cambio estas propiedades de estos campesinos son la reserva de materia prima para los talabosques, para permitirles libremente y darles toda clase de permisos de transportación y de corte indiscriminadamente, y el campesino solamente observa, no es más que un simple trabajador que no lo deja ni siquiera
participar en el transporte de esa materia prima.
Talabosques que inclusive no se dedican más que a cortar y a aprovechar el tronco del árbol, no aprovechan las ramas, no aprovechan las hojas, no aprovechan la raíz, no aprovechan los tocones.
Entonces nosotros queremos proponer en este primer artículo que para que sea un poco más consecuente con lo que aquí se dice, se admita la proposición del compañero Terrazas y demás se le agregue a la parte que dice "para satisfacer las necesidades nacionales y elevar las condiciones de vida...", nosotros pondríamos "...y de trabajo en el campo".
Esa es nuestra proposición para el primer artículo.
El C. Presidente: Tiene la palabra el ciudadano diputado Juan Ugarte.
El C. Juan Ugarte: Señor Presidente: Compañeros diputados:
El señor diputado Fierro no ha hecho ninguna impugnación al Artículo 1o., de la Iniciativa que estamos estudiando.
A mí me parece que este Artículo 1o., guarda una estructura muy clara, precisa, consecuente con las metas y objetivos a la que está aspirando, al parecer la adición que propone el señor diputado Fierro resulta limitativa del propio precepto que estamos comentando, dado que, elevar las condiciones de vida en el campo es que abarca por sí mismo al propio trabajo en el medio rural.
Yo pienso que este artículo es impecable e inobjetable y que resulta irrelevante la propuesta de adición propuesta por el señor diputado Fierro.
Con toda atención pido yo que se considere suficientemente discutido y se pase a votación.
El C. Presidente: Se ruega a la Secretaría consulte a la Asamblea si se admite la modificación propuesta por el C. diputado Fierro al Artículo 1o.
El C. secretario Juan Maldonado Pereda: En votación económica se pregunta si se admite la modificación propuesta por el diputado Fierro.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Los ciudadanos diputados que estén por que se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
El C. Presidente: Consulte la Secretaría a la Asamblea si el Artículo 1o., se encuentra suficientemente discutido.
El C. secretario Juan Maldonado Pereda: En votación económica se consulta si el Artículo 1o. se encuentra suficientemente discutido.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señor Presidente.
El C. Presidente: Consulte la Secretaría en votación económica a la Asamblea si autoriza se reserve el Artículo 1o. para su votación nominal en conjunto y en un solo acto con los demás artículos reservados.
El C. secretario Juan Maldonado Pereda: En votación económica y por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si autoriza que se reserve este artículo hasta el final, para votarlo con los anteriormente reservados.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Autorizado por la Asamblea, señor Presidente.
El C. Presidente: Se abre el registro de oradores, para la discusión del Artículo 3o.
Tiene la palabra el C. diputado Sabino Hernández.
El C. Sabino Hernández: Señor Presidente; Señoras y señores diputados: Hace un momento estuvimos discutiendo desde el punto de vista político lo que se refería en lo general a la Iniciativa Presidencial.
Al emitir opiniones en los aspectos concretos que están indicados por los artículos, empiezan a encontrarse, a notarse una serie de elementos y situaciones que nos hacen pasar del área política al área administrativa y en este caso concreto vamos a hacer referencia a problemas de tipo administrativo.
El Artículo 3o. de la Ley de Fomento Agropecuario de la Iniciativa a la letra dice:
"La aplicación de la presente Ley queda a cargo de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos en coordinación con la de la Reforma Agraria, sin perjuicio de la intervención de otras dependencias del Ejecutivo Federal según sus atribuciones.
"En este ordenamiento la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos será designada como la Secretaría simplemente."
En nuestro concepto este artículo y otros que más adelante serán también impugnados por la Coalición de Izquierda, reflejan el poco cuidado que se puso en la elaboración de la Ley, por quienes se dedicaron a realizar tal hecho.
En la forma como está redactado el presente Artículo, en primer lugar otorga a la Secretaría de Agricultura atribuciones casi ilimitadas y discrecionales en lo que se refiere a la aplicación de la ley. Los que la elaboraron, con el propósito de resolver los problemas concretos de su aplicación tratan de resolver la oposición o los problemas que surjan de la aplicación de la ley y que pueden poner en pugna con otra secretaria, con otras dependencias, tratan de resolver esta situación con un transitorio; el 3o. transitorio, que establece.
"Se derogan las disposiciones que se opongan a la presente ley." En última instancia no viene sino a expresar también que quienes elaboraron la ley desconocían los otros ordenamientos, las otras normas, los otros reglamentos que tienen que ver también con la materia agraria; que tienen que ver también con la actividad de la producción agrícola en lo general.
Nosotros, en tal razón, estamos proponiendo un nuevo texto al Artículo 3o., que dice de la siguiente manera:
"La aplicación de la presente ley en la esfera administrativa queda a cargo del Poder Ejecutivo a través de las secretarías, organismos, empresas y demás entidades que lo integran, de acuerdo a las atribuciones concedidas por ley a cada una de ellas".
En este ordenamiento la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos sería designada como "la Secretaría".
Consideramos que de esta manera queda solventado el problema, aun cuando van a surgir otros problemas, nosotros ya deberíamos empezar a pensar en este caso concreto en lo que se refiere a la Secretaría de Reforma Agraria. Esta ley y otros ordenamientos que están aplicándose ya le están quitando atribuciones.
Yo creo que dentro de muy poco tiempo y ya como un hecho concreto vamos a tener que discutir en esta Cámara la liquidación de la Secretaría de la Reforma Agraria francamente por inoperante.
Entrego a la Secretaría el proyecto.
El C. Presidente: Tiene la palabra el ciudadano diputado Rafael Cervantes.
El C. Rafael Cervantes: Señores diputados:
Yo considero que la preocupación y los temores expuestos aquí por el señor diputado que me antecedió, realmente no proceden porque efectivamente el Artículo 3o. está dando a la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, en coordinación con la de Reforma Agraria, el cargo de la aplicación de la presente ley y casualmente la Ley Orgánica de la Administración Pública federal establece las atribuciones y las facultades a cada una de las Secretarías de Estado.
Por otra parte, no es posible ni previsible que la Secretaría de la Reforma Agraria se vaya a quedar sin facultades, porque ellas están expresas en la misma Ley de la Administración Pública que hemos citado.
Entiendo que al artículo, en los términos en que está escrito en esta ley, no le sobra, no le falta absolutamente nada y no tendría mucho sentido el ser cambiado, aun cuando es de estimarse el esfuerzo del compañero, pero creo que no procedería su cambio.
Muchas gracias.
El C. Presidente: Tiene la palabra el ciudadano diputado Sabino Hernández.
El C. Sabino Hernández: Creo que debe tomarse en cuenta un hecho.
El transitorio dice:
"... que quedan derogadas todas las disposiciones que se le opongan".
Entonces las atribuciones que se otorgan en otras leyes a diversas entidades del poder ejecutivo y en que la Ley de Fomento Agropecuario se atribuyen al azar, pasarían a ser competencia exclusiva de esta última.
En ese sentido, es donde nosotros pensamos existe el problema y existe la situación.
El C. Presidente: para hechos el ciudadano diputado González Aguado.
El C. Guillermo González Aguado: El artículo 2o. habla de que las disposiciones de esta Ley son de orden público y de interés general. El 3o. habla de la aplicación de la presente Ley, dice muy claramente:
"Queda a cargo de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos en coordinación con la Secretaría de la Reforma Agraria, sin perjuicio -"sin perjuicio"- de la intervención de otras dependencias del Ejecutivo Federal según sus atribuciones".
Es decir, respetando la Ley Orgánica de la Administración Pública en la esfera de funciones y facultades que a cada entidad le correspondan y el 3o. Transitorio, es lógico que en todo procedimiento formal de leyes se establezca lo que señala el 3o. Transitorio.
Es todo, señor, gracias.
El C. Santiago Fierro Fierro: Pido la palabra para hechos.
El C. Presidente: Para hechos el ciudadano diputado Fierro.
El C. Santiago Fierro Fierro: Para fundamentar un poco más la proposición de mi compañero Sabino, tomando en consideración que si no es el Ejecutivo el que se encarga de administrar las Secretarías y los acuerdos tomados para las unidades de producción y se deja en manos de las Secretarías en lo particular, se corre el riesgo económico para el país y para los campesinos. Como dice por ejemplo en la fracción V de este artículo, que se propone: "el uso apropiado de los suelos con objeto de aumentar la productividad".
Esta fracción puede estar a cargo de la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, puede estar a cargo de la Secretaría de Recursos Hidráulicos y llevar este riesgo, lo que ha pasado ya en muchos sexenios, que existen una gran cantidad de propósitos que nunca se han cumplido, para hacer el uso más apropiado de estos suelos. Se les manda técnicos para decir qué es lo que se debe ahí cultivar, qué tipo de semillas, en qué tiempo debe de sembrarse, cuántos riegos, cuantas plagicidades deben de llevar y se lleva además el riesgo que se tuvo hace poco cuando un campesino, unos hermanos campesinos de San Francisco del Rincón, Gto., que han hecho extraordinarios avances con los sistemas de siembra con el conocimiento empírico y algo de conocimiento teórico supieron sembrar hortalizas para cosechar cebollas, tomates, calabazas hasta de 25 kilos de peso por unidad.
Se decía al principio que habían sido instrucciones que le habían dado los venusinos
y que muchos periodistas lo creyeron inclusive. Cuando vieron que la cosa era en serio porque las calabazas y los tomates y las cebollas estaban a la vista, se le propuso a este compañero. Carmelo Martínez por cierto, que lo demostrara que se podía hacer en otra región, que lo cambiaron a González de Tamaulipas para que lo demostrara, que lo volvió a demostrar y les enseñó cómo se puede aprovechar la tierra, aplicando la tecnología como debe ser. Nosotros a la fecha no sabemos que pasó con esta proposición, ni esta intención, por el hecho de haber quedado una Secretaría encargada de esta aplicación de esta tecnología y no el Ejecutivo.
Ustedes saben que las manifestaciones dadas por estos campesinos, de una extraordinaria acuciocidad y capacidad de observación, lo dijeron muy claro, que era problema de aprovechar al máximo la radiación solar, que era la verdadera energía que nos proporciona toda la energía en la tierra. Aprovechar exactamente a tiempo los cultivos, aprovechar exactamente a tiempo los plagicidas y no se hizo porque una Secretaría tiene un control, otra Secretaría tiene otro control y hay un gran desperdicio de dinero que le cuesta al pueblo.
Porque además en la fracción VII del Artículo 3o. dice: "Realizar una actualización sobre los estudios técnicos sobre la aptitud productiva y clasificación de los recursos agrícolas, pecuarios y forestales, así como los inventarios regionales correspondientes".
Ustedes saben que existen estudios desde hace muchos sexenios también para este tipo de producciones masivas que han costado millones; estudios que se han aplicado para el aprovechamiento de los bosques, de la ganadería, estudios que ha hecho la SEPANAL y ahí están dormidos todavía. Otra vez desperdicios de presupuestos que nos han costado millones de pesos al pueblo, y que no se han sabido aplicar.
La fracción IX dice:
"Autorizar la importación o exportación de los productos agropecuarios y forestales, así como maquinaria, refacciones, implementos agrícolas, etc."
Además con este problema de la importación o exportación, al no estar también controlada por el Ejecutivo, todos sabemos que los productos y la materia prima exportada digo, aprovechada o extraída de estos centros de producción que ya existen, la mayoría de ellos no sé si estarán saliendo o no están saliendo con autorización, pero gran parte de esta materia prima se va directamente a los Estados Unidos por ejemplo la materia prima que se explota en Proformex y en Proportara de Durango y de Chihuahua y además...
El C. Presidente: Señor diputado, creo que está usted fuera del tema.
- El mismo orador: El problema, para terminar, el Artículo 3o. reforzando la proposición de mi compañero, es que la aplicación de esta ley en la esfera administrativa, quede a cargo del Poder Ejecutivo a través de la Secretaría, de los organismos, empresas y demás entidades que lo integran, pero fundamentalmente responsable el Poder Ejecutivo.
El C. Guillermo González Aguado: Pido la palabra para hechos.
El C. Presidente: Un momento, diputado González Aguado. ¿Para hechos la palabra? Sí, cómo no.
Tiene la palabra el diputado Guillermo González Aguado.
El C. Guillermo González Aguado: Ahora sí, definitivamente, ya no entiendo, señor diputado.
En primer término, se argumentaba el hecho de que por qué la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, tenía una amplitud de facultades tan grande. Ahora, lejos de asistir en apoyo del argumento, de su compañero, llega en contra y pide que sea el Ejecutivo.
Yo creo que el planteamiento por su propio peso cae.
Las dependencias a través de los secretarios son el ejecutivo representado y cada una en el marco de su esfera de competencia señalado por la Ley Orgánica de la Administración Pública tiene asignadas funciones y facultades que son claras, que son prácticas y que son aplicables en esta materia.
Solicito a esta presidencia someta a consideración de la asamblea si el artículo está suficientemente discutido, o si se desecha la proposición de la Coalición de Izquierda.
El C. Presidente: El diputado Sabino Hernández, tiene la palabra.
El C. Sabino Hernández: Miren, compañeros, lo que preocupa en el fondo es un hecho que no se ha discutido y que se plantea, se destaca de la lectura y del estudio del Artículo 3o.
Es el problema que se refiere a la política de concentración de funciones que se está planteando en la Administración Pública Federal y que se afirma forma parte de una de las más elevadas preocupaciones del régimen como es el problema de la Reforma Administrativa
Para nosotros ese es el problema.
Es el hecho de estar cargando y recargando atribuciones a una dependencia y de no poner atención en lo que se refiere a las atribuciones que otras dependencias tienen alrededor del mismo problema y eso hace superembrollosa la realización de las actividades, en este caso de la producción agrícola, pero si nosotros observamos vamos a encontrar este problema planteado en todas las dependencias de la administración pública federal.
A eso es a lo que nos referimos fundamentalmente.
Gracias.
El C. Presidente: Se ruega a la Secretaría consulte a la Asamblea si se admite la modificación propuesta por el C. diputado Sabino Hernández al artículo 3o.
Un momento, señor Secretario, el diputado Gerardo Unzueta está solicitando que se lea la modificación propuesta. Sería tan amable la Secretaría de dar lectura a la modificación.
El C. secretario David Jiménez González: Con mucho gusto, señor Presidente. Proposición de la Coalición de Izquierda al Artículo 1o. de la Ley de Fomento Agropecuario. Aquí está escrito por puño y letra del señor diputado Santiago Fierro Fierro.
El C. Presidente: No, es la modificación que propuso el señor diputado Sabino Hernández, por favor, señor Secretario Maldonado.
El C. secretario David Jiménez González: Señor Presidente, el señor diputado Fierro subió a la tribuna para expresar su adhesión a la propuesta del diputado Sabino con un agregado solamente. El agregado escrito.
El C. Presidente: Un momento. Orden por favor. A ver señor Secretario, por favor.
El C. secretario Juan Maldonado Pereda: el agregado escrito es del Artículo 1o.
El C. Presidente: Un momento. Señor diputado Sabino Hernández, usted hizo una modificación porque estamos en la discusión del Artículo 3o. ¿Correcto?
El C. Sabino Hernández: Sí.
El C. secretario Juan Maldonado Pereda: El diputado Sabino Hernández, señor Presidente, entregó su propuesta en los siguientes términos:
"Artículo 3o. La aplicación de la presente ley en la esfera administrativa queda a cargo del Poder Ejecutivo a través de las Secretarías, organismos, empresas y demás entidades que lo integran, de acuerdo a las atribuciones concedidas por ley a cada una de ellas."
En este ordenamiento la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos será designada como "la Secretaría".
Esta propuesta se puso a la consideración, del pleno por instrucciones de la presidencia, y el pleno la desechó.
El C. Presidente: No, señor Secretario. Permítame. No se ha puesto a consideración del pleno. Subió el señor diputado Sabino Hernández a hacer una modificación. Después subió en contra el ciudadano diputado Cervantes Acuña y después, para hechos, el diputado en dos ocasiones.
Estamos en la discusión del 3o. y concretamente la modificación que ha propuesto a esta Asamblea del Artículo 3o. el ciudadano diputado Sabino Hernández.
Haga el favor la Secretaría, ya leyó esa modificación del diputado Sabino Hernández; haga el favor la Secretaría de consultar a la Asamblea si se admite la modificación propuesta por el diputado Sabino Hernández al Artículo 3o.
El C. secretario Juan Maldonado Pereda: En votación económica y por instrucciones de la Presidencia, se consulta al pleno si se admite la modificación propuesta por el diputado Sabino Hernández al Artículo 3o. Desechada, señor Presidente.
El C. Presidente: Haga el favor el C. Secretario de consultar a la Asamblea si el Artículo 3o. se encuentra suficientemente discutido.
El C. secretario Juan Maldonado Pereda: En votación económica, se consulta a la asamblea si se considera el Artículo 3o. suficientemente discutido... Suficientemente discutido.
El C. Presidente: Consulte la Secretaría en votación económica a la Asamblea si autorizan se reserve el Artículo 3o. para su votación nominal en conjunto y en un solo acto con los demás artículos reservados.
El C. secretario Juan Maldonado Pereda: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea si autoriza se reserve para su votación nominal en conjunto y en un solo acto con los demás artículos reservados el Artículo 3o... Aceptado, señor Presidente.
El C. Hiram Escudero: Para proponer a la Asamblea en los términos del Artículo 132 del Reglamento, que la discusión se haga por capítulos. Ruego a usted, señor Presidente, le pida a la Secretaría se sirva leer el Artículo
El C. Presidente: Haga el favor la Secretaría de leer el Artículo 132, a petición del diputado Hiram Escudero.
El C. secretario Juan Maldonado Pereda: Por instrucciones de la Presidencia, y a petición del diputado Hiram Escudero, esta Secretaría de lectura al Artículo 132:
"Artículo 132. Todos los proyectos de ley que consten de más de 30 artículos podrán ser discutidos y aprobados por los libros, títulos, capítulos, secciones o párrafos en que los dividieren sus autores o las comisiones encargadas de su despacho, siempre que así lo acuerde la Cámara respectiva, a moción de uno o más de sus miembros, pero se votará separadamente cada uno de los artículos o fracciones del artículo o de la sección que esté a debate, si lo pide algún miembro de la Cámara cada uno de los artículos o fracciones del artículo o de la sesión que esté a debate, si lo pide algún miembro de la Cámara y ésta aprueba la petición."
El C. Presidente: Consulte la Secretaría a la Asamblea si autoriza se discuta en función al Artículo 132, por capítulos, en base a la petición del ciudadano diputado Hiram Escudero.
El C. secretario Juan Maldonado Pereda: Por instrucciones de la presidencia, se consulta a la Asamblea si autoriza la discusión, en votación económica, en los términos establecidos por el Artículo 132 del Reglamento y a petición del diputado Hiram Escudero.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo... Aceptado, señor Presidente. (Aplausos).
El C. Presidente: Toda vez que la Asamblea ha autorizado la discusión por capítulos, para cerrar el Capítulo 1o. del Título Primero, se ha reservado el Artículo 4o.
Se pone a discusión el Artículo 4o., para cerrar el Capítulo Primero, a discusión.
Esta Presidencia informa que se han inscrito para hablar en contra del Artículo 4o., los siguientes ciudadanos diputados:
Sabino Hernández Tellez, Juan Aguilera Azpeitia, Manuel Terrazas Guerrero, Loreto Hugo Amao González, Juan Manuel Rodríguez y Arturo Salcido Beltrán.
Para hablar en pro del mismo Artículo 4o., los siguientes ciudadanos diputados:
Ramón Cerdio Bado, Rafael Cervantes Acuña, José Carlos De Saracho Calderón y Melquíades Morales Flores.
Tiene la palabra, en contra, el diputado Juan Aguilera Azpeitia.
El C. Juan Aguilera Azpeitia: Señor Presidente;
Compañeros diputados:
La ley que estamos discutiendo, no tan sólo la hemos leído con interés, sino que la hemos meditado con preocupación, y justamente por ello nos ha llamado poderosamente la atención el hecho de que en buena medida y en amplia forma, al campesino se le continúe considerando como un objeto.
Nuestro tiempo es un tiempo de información y de comunicación, más cuando las partes interesadas en alcanzar un solo objetivo, requieren la coordinación de sus facultades, de sus aptitudes y de sus proyectos.
Esta ley es omisa en buena parte, en razón de la información para los campesinos, tal parecería como si se quisiera de ellos simplemente trabajo, pero no un trabajo consciente, como si no quisiesen informar a los campesinos hacia dónde van, cuáles son las metas y los objetivos.
Mi partido a venido a presentar no tan sólo una crítica a este vacío que contiene el Artículo 4o. de la Ley, sino a presentar una reforma, una adición, para que la fracción XVII comprenda e integre y llene este vacío.
Los campesinos durante mucho tiempo han sido tutelados, han sido sometidos a un paternalismo, ahora nosotros queremos que ellos sean actores de su propio destino y no podrán serlo si no están debidamente informados de cuáles son los proyectos, cuál es el Plan Nacional, cómo se van a realizar estas tareas que comprende la Ley que estamos discutiendo.
En esa razón, mi partido, el Demócrata Mexicano, propone la reforma al Artículo 4o. a efecto de que la fracción XVII diga lo siguiente:
"Artículo 4o. Corresponde a la Secretaría, en cumplimiento de esta ley fracción XVII: difundir profusamente por los medios a su alcance, el Plan Nacional cuando haya sido aprobado, así los campesinos serán actores partícipes en este destino nacional."
Presento a la Presidencia, a través de la Secretaría, por escrito, la proposición de mi partido.
El C. Presidente: Tiene la palabra el ciudadano diputado Corrales Ayala.
El C. Rafael Corrales Ayala: Señor Presidente:
A nombre de la mayoría de las Comisiones Unidas, manifestamos que no tenemos inconveniente alguno en aceptar la adición que propone el señor diputado Juan Aguilera Azpeitia. (Aplausos.)
El C. Presidente: Se ruega a la Secretaría consulte a la Asamblea si se admite la modificación propuesta al Artículo 4o. por el ciudadano diputado Aguilar Azpeitia y aceptado a nombre de la mayoría de las Comisiones Unidas, por el diputado Corrales Ayala.
El C. secretario David Jiménez González: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se acepta la proposición hecha por el ciudadano diputado Aguilar Azpeitia y aceptada por la Comisión. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aceptada, señor Presidente.
El C. Presidente: El diputado Manuel Terrazas tiene la palabra.
El C. Manuel Terrazas: Señor Presidente; Compañeros:
El Artículo 4o. habla de las atribuciones de la Secretaría y establece el conjunto de las mismas, en diferente orden, en todos los aspectos, menos en uno que es importante. No precisa la obligación de la Secretaría de reglamentar o de establecer normas respecto al grado de participación de la pequeña propiedad privada en la asociación con los ejidatarios y los comuneros. No aparace en ninguna parte de la iniciativa. Absolutamente en ninguna. Establece otras normas, otras reglas muy importantes, de procedimiento, de registro, etc., pero ninguna con relación a la limitación al grado de participación limitado o ilimitado en todo caso, de la pequeña, en la asociación con los comuneros y los ejidatarios.
Consecuentemente, considerando este problema de la máxima importancia, proponemos que se agregue como una de las fracciones del Artículo 4o. o sea, facultades, o tareas u obligaciones de la Secretaría el siguiente texto:
"Es facultad de la Secretaría precisar y delimitar los términos de participación de la pequeña propiedad en las uniones o asociaciones de producción con los ejidatarios y comuneros, a fin de que la parte ejidal tenga la dirección de la asociación y en ningún caso la propiedad privada tenga una participación preponderante que supedite por el grado de su participación a los ejidatarios y comuneros a dicha participación de la pequeña propiedad". Esa es la proposición.
El C. Presidente: El diputado Melquíades Morales.
El C. Melquíades Morales: En relación con lo que menciona el señor diputado Terrazas, le quiero señalar que ya en otros capítulos de la propia ley se establecen estas disposiciones. Se regula la facultad de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos para regular, para vigilar las asociaciones entre ejido, comunidades y los pequeños propietarios.
Concretamente en el capítulo relativo a las unidades de producción, en el Artículo 42, fracción II. En tal virtud pienso que la petición del diputado Terrazas es redundante porque ya está establecida en la propia ley.
El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado Terrazas.
El C. Manuel Terrazas: Es necesaria la aclaración, compañeros, porque en efecto, lo dicho por el compañero diputado que habló anteriormente no resuelve el problema, no está incluida la proposición en el Artículo 42, consecuentemente no es redundante.
Hay elementos de la proposición que de ninguna manera se consideran en los términos de la proposición y por tanto no se puede rechazar con ese argumento. Se podrá rechazar por los argumentos que se quiera, pero por ese no.
Dice el Artículo 42:
"En las unidades de producción los votos de las partes integrantes se computarán en proporción a la unidad de superficie de terreno que a cada uno corresponde. La operación de las unidades de producción se sujetarán a las siguientes normas:
'1o. Las partes podrán designar por acuerdo de la mayoría uno o más administradores que se acreditarán ante la Secretaría y estarán investidos de las facultades de administración que cada caso estipule y tendrán las siguientes obligaciones: ..."
Se señalan las obligaciones.
En la fracción II dice:
"Las partes tendrán derecho a las utilidades de conformidad con el reglamento y las siguientes normas: La tierra... etc."
Pero de ninguna manera hablaría categóricamente de la obligación de la Secretaría de establecer normas respecto al papel fundamental del ejido y de dirección aun cuando sea mayoritaria la participación de la pequeña en cuanto a recursos, en cuanto a tierra etc.
Consecuentemente, pues, la aclaración se imponía en cuanto a que no hay redundancia.
El C. Presidente: Tiene la palabra el ciudadano diputado Cervantes Acuña.
El C. Rafael Cervantes Acuña: Señores diputados: No es de ninguna manera por terquedad de no aceptar las valiosas sugerencias de los compañeros diputados, pero seguimos creyendo que es redundante, aparte de estar fuera de lugar lo que él pide.
El Artículo 41, en su fracción V, dice lo siguiente:
"En la integración de las unidades de producción se tendrá en cuenta lo siguiente:
"Fracción V. Las determinaciones serán tomadas por mayoría, asignando previamente un valor específico a la tierra, insumos, capital y trabajo que aporten las partes".
Eso no implícitamente, sino específicamente, delimita la participación de cada uno de los factores socios, asociados. Entonces, creo que con esto, está satisfecha la preocupación del señor diputado Terrazas.
Las determinaciones serán tomadas por mayoría, asignando previamente un valor específico a la tierra, insumos, capital y trabajo que aporten las partes. Si lo que se pide es que se delimite exclusivamente uno de los factores, bueno, aquí se está haciendo más amplio, se está delimitando la participación específicamente a cada uno de ellos, de todos los participantes. Entonces está incluido lo que la inquietud del señor diputado ha expuesto aquí.
Esto es en opinión de la Comisión, por lo cuál le pido a la Presidencia que si tiene a bien, pregunte a la Asamblea si esto está suficientemente discutido.
El C. Presidente: Señor diputado Terrazas, haga el favor de volver a leer su propuesta, si fuera tan amable, para conocimiento de la Asamblea.
El C. Terrazas: Por favor que la lea la Secretaría, está con letra Palmer.
El C. Presidente: Señor Secretario, si fuera tan amable de leer, a nombre del diputado Terrazas, la propuesta de modificación que hizo.
El C. secretario Juan Maldonado Pereda: Dice: "Es facultad de la Secretaría precisar y delimitar en términos de participación de la pequeña propiedad, en las uniones o asociaciones de producción con los ejidatarios y comuneros, a fin de que la parte ejidal tenga la dirección de la asociación y en ningún caso la propiedad privada tenga una participación preponderante que supedite por el grado de su participación a los ejidatarios y comuneros."
El C. Presidente: Tiene la palabra para hechos, el ciudadano diputado Conrado Marines Ortiz y para aclararle al señor diputado Terrazas el planteamiento que hace que usted considera que está planteando en otro artículo.
El C. Conrado Marines Ortiz: Relacionado con lo que está exponiendo el compañero Terrazas, quiero manifestarle a usted, compañero, que en el Artículo 177 del Capítulo Segundo dice así:
"La Secretaría será la encargada de cumplir y coordinar las acciones programadas obligatorias para las entidades del sector público federal que se deriven del plan autorizado por el Ejecutivo de la Unión y promoverá las
acciones convenientes para concertar compromisos programáticos con las autoridades estatales y aceptaciones y convenios con los sectores social y privado."
El C. Presidente: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se admite la modificación propuesta por el diputado Terrazas al Artículo 4o.
El C. secretario Juan Maldonado Pereda: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se acepta la modificación propuesta por el ciudadano diputado Manuel Terrazas. Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo.
Desechada, señor Presidente.
El C. Presidente: El diputado Hugo Loreto Amao, tiene la palabra.
El C. Loreto Hugo Amao González: Gracias, señor Presidente. Señores diputados:
El Artículo 4o. establece que le corresponde a la Secretaría en cumplimiento de esta ley y al examinar todas las fracciones, nos encontramos con que a esta Secretaría, o de aquí adelante, con esta Ley, "supersecretaría", le corresponde planear, formular, proponer, realizar, estudiar, evaluar, promover, autorizar, favorecer, determinar, intervenir, adelantar, emprender... en fin, a esta Secretaría se le están dando todas las facultades, lo que está evidenciando, por un lado, la gran desconfianza hacia el pueblo, en particular, a los campesinos, a los productores.
La historia, sobre todo en el aspecto agrario, ha sido muy buena maestra. Cuando más dinamismo ha tenido la Reforma Agraria, es cuando precisamente los productores actúan, participan, se organizan y le dan vida a la actividad agraria. En este caso la dinámica es la Secretaría de Agricultura, el resto, son entes pasivos.
La época más dinámica en que podríamos señalar que el Partido Nacional Revolucionario, ahora PRI y la CNC, sobre todo en la década del 30, parecían como aquel semidios griego, un Anteo, que entre más se referían a la tierra, más fuertes eran.
Y en esta acción de los campesinos y aquí quisiera rescatar el papel de uno de los sectores que más influyó en esta organización que fueron los maestros y sobre todo los maestros rurales. Que no le tuvieron miedo a la reacción, que la enfrentaron, que enfrentaron a los sinarquistas, que enfrentaron a los latifundistas de los cuales hay muchos hijos en el PRI. Que no le tuvieron temor a ser desorejados y que con su actividad dinamizaron la acción de la década de los treinta.
Hoy el PRI ya no es Anteo, hoy es Joe Louis, pero yo creo que es el Joe Louis de la decrepitud, de la decadencia, de las orejas de coliflor, de la embolia, de la decrepitud...
El C. Presidente: Señor diputado Amao, por favor si fuera tan amable de centrarse en el tema.
El C. Loreto Hugo Amao: Precisamente estoy en el tema.
El C. Presidente: Orden, orden, en la Asamblea.
El C. Loreto Hugo Amao: Quisiera señalar que en el Artículo 4o. y llamando a que vuelvan a ser el Anteo de la época cardenista, la fracción II del Artículo 4o. diga de la siguiente manera:
"Coordinar a las dependencias del sector agropecuario así como a los productores en la formulación y propuesta al Ejecutivo Federal del Plan Nacional de Desarrollo Agropecuario y Forestal. De hacerlo estaremos dinamizando al sector agrario, participando no solamente en la formulación, sino frente al Ejecutivo al estarle planteando el Plan Nacional de Desarrollo Agropecuario y Forestal."
Muchísimas gracias.
El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado Michel Vega.
El C. Javier Michel Vega: Señor Presidente; Señores diputados:
Yo quiero llamar a ustedes a una reflexión, estamos estudiando una Ley de Fomento Agropecuario. Como consecuencia es precisamente la Secretaría de Agricultura a quien le competen la mayor parte de las acciones que van a ejecutarse con esa ley.
Nadie discute tampoco que todas las acciones de trabajo le correspondan a la Secretaría del Trabajo, o todas las acciones sobre tenencia de la tierra le corresponden a la Secretaría de la Reforma Agraria.
En tales condiciones, si leemos detenidamente las fracciones de este precepto, del Artículo 4o., encontramos que son precisamente las que se refieren a la planeación que debe ejecutar la Secretaría y a cómo va a inducir los planes referidos.
Se dice que hay prepotencia, yo creo que no.
Es precisamente darle facultades a la Secretaría para que ejecute lo que tenga que ejecutar al formular el plan correspondiente y también le da facultades para promover la organización de los productores que habrán de ejecutar los planes respectivos.
Es por eso que yo estimo que no tiene sentido realmente la proposición del compañero, dado que ya en un artículo anterior está señalando que "en la realización de las actividades que propone esta ley, participarán fundamentalmente, desde luego la Secretaría de Agricultura en coordinación con la Secretaría de la Reforma Agraria, en lo que a ella competa y también otras dependencias del Ejecutivo, a las cuales tengan que participar en un momento determinado. (Aplausos.)
El C. Presidente: Tiene la palabra el ciudadano diputado Amao González Loreto Hugo.
El C. Loreto Hugo Amao González: Señor Presidente:
El insistir sobre esta fracción del Artículo 4o. lo hacemos porque incluso es el espíritu de la propia iniciativa.
La iniciativa en el párrafo IV y VI señala lo siguiente:
"Es inaplazable que el Estado y los hombres en el campo mexicano cuenten con un instrumento legal que haga posible la planeación".
Y en el otro párrafo dice:
"La planeación descansa en la organización de los productores...". No solamente la Secretaría. La iniciativa del Ejecutivo está señalando que es para los productores y en el dictamen todo el peso se le está dando a la Secretaría. Es incongruente, es inconsecuente el dictamen con la propia iniciativa, y creo que, señores diputados, de la Comisión y de la mayoría, que es necesario reconsiderar.
Por otro lado y aprovechando, quiero señalar una propuesta a la fracción IX del propio artículo 4o. ...
El C. Presidente: La fracción II del artículo 4o.
Señor diputado Michel Vega Javier...
Es que el señor diputado Amao propuso una modificación a la fracción II del Artículo 4o. y después, ahora volvió a subir para otra fracción. Entonces vamos a desahogar una y después la otra.
Señor:
Insisto en esta circunstancia. Una cosa es formular el plan, o sea la que tiene acceso a datos es la Secretaría obviamente. Ahora para ejecutar el plan, ahí sí claro, que tienen que intervenir los productores.
El C. Presidente: El diputado Amao está solicitando que se lea la modificación. Sería tan amable la Secretaría de leer la propuesta modificación que planteó.
El C. secretario David Jiménez: Con mucho gusto. "Artículo 4o., fracción II. Coordinar a las dependencias del sector agropecuario así como de los productores en la formulación y propuesta al Ejecutivo Federal del Plan Nacional de Desarrollo Agropecuario y Forestal".
En votación económica se consulta si se acepta o se deshecha la proposición hecha por el ciudadano diputado. Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Desechada, señor Presidente.
El C. Presidente: Tiene la palabra la diputada Alicia Martha Piñón.
-La C. Alicia Martha Piñón: Señor Presidente; Compañeros diputados:
El artículo 4o. que establece las obligaciones de la Secretaría en su fracción VI impone la de evaluar periódicamente las actividades y realizaciones agropecuarias y forestales que prevea el plan.
La palabra "periódicamente" puede considerarse como cada mes, cada tres, cada seis meses, cada año, cada cinco años. Creemos que es preciso y conveniente establecer la periodicidad con que debe hacerse esa evaluación, por lo tanto proponemos la modificación de esa fracción VI para quedar como sigue:
"Evaluar anualmente las actividades y realizaciones agropecuarias y forestales que prevea el plan".
El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado De Saracho.
El C. José Carlos de Saracho Calderón: Señor Presidente; Señores diputados:
La proposición que hace la compañera sería muy útil ciertamente si fueran ciclos anuales, pero los ciclos no tienen necesariamente esa frecuencia anual. Algunos son semestrales; otros son menos de semestrales; algunos se dan en 60 días.
En realidad lo que está claro es la fracción VI: "Evaluar periódicamente".
Pero ¿quién va evaluar?
No va evaluar alguien que desconoce el campo, ni alguien que es ajeno a las programaciones o a los planes. Va evaluar la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos conforme lo vaya requiriendo este tipo de evaluaciones.
Por lo tanto propongo, porque está clara la redacción del mismo, que dice lo siguiente:
"Evaluar periódicamente las actividades y realizaciones agropecuarias y forestales que prevean el plan".
Propongo que se quede tal y como está en virtud de que la evaluación periódica de las actividades y las realizaciones que hará esta Secretaría son ciertamente con la observación que va siguiendo de los programas y de los avances que ella misma va llevando.
Creo que en esto no hay mayor problema, compañera, porque en la vida práctica lo hemos visto en los distritos de riego se hacen este tipo de evaluaciones con la precisión requerida y necesaria.
No es posible evaluar anualmente, es decir estaríamos permitiendo que no se hicieran ciertamente las evaluaciones de los trabajos que se llevan o de las actividades y no nos permitiría a los productores conocer esto en el tiempo necesario o en el tiempo oportuno.
Gracias.
El C. Presidente: Tiene la palabra la ciudadana diputada Cecilia Martha Piñón.
-La C. Cecilia Martha Piñón: El propósito de la evaluación periódica o la solicitud que nosotros hicimos, en virtud de que se hiciera anualmente, obedece a la necesidad de que esta evaluación no vaya a pasar un tiempo indeterminado, en donde no exista esa evaluación. Por lo tanto, si no queda la palabra "anualmente" y aunque no sea de ciclo por ciclo, sí quisiera insistir en que se hiciera cuando menos una vez al año dicha evaluación, sobre los recursos, los logros, los
conocimientos y la información que pueda captarse durante ese año.
Gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado de Saracho.
- El C. José Carlos de Saracho Calderón:
La Comisión, por mi conducto y tratando de interpretar el deseo de la compañera y de hacerlo práctico, realista, y objetivo de acuerdo a las necesidades que hay, y considerando que hay cultivos, que por decir, algunos de ellos el ciclo es en junio y no necesariamente nos tendremos que esperar a diciembre, considera la Comisión y propone a ustedes la modificación de esta fracción VI, agregándole:
"Que la evaluación se hará por ciclo agrícola, dependiendo de la región de donde proceda".
Es decir, en este caso quedaría:
"Evaluar, por cada ciclo agrícola, dependiendo de la región, las actividades y realizaciones agropecuarias y forestales que prevean el plan".
Esta es la proposición que hace la Comisión.
El C. Presidente: Haga el favor la Secretaría de dar lectura a la modificación que propone el ciudadano diputado de Saracho, porque entendemos que son en consecuencia dos propuestas, una la de la diputada Cecilia Martha Piñón y otra que acaba usted de proponer diputado de Saracho. ¿Quiere usted leerla?
El C. Carlos de Saracho: Evaluar por ciclo y de acuerdo a los tipos de cultivo, las actividades y realizaciones agropecuarias y forestales que prevean el plan, dependiendo de cada región. Esa es la proposición que hace esta Comisión.
- La C. Cecilia Martha Piñón: Estamos de acuerdo con la proposición de la Comisión.
El C. Presidente: Entonces, diputada Cecilia Martha Piñón, se unificara en una sola propuesta, ¿verdad?
- La C. Cecilia Martha Piñón: Así es, señor Presidente.
El C. Presidente: De acuerdo. Se ruega a la Secretaría consulte a la Asamblea si se admite la modificación propuesta al Artículo 4o., fracción VI, en los términos que lo planteó el diputado de Saracho y que fue aceptada por la diputada Cecilia Martha Piñón.
El C. secretario Juan Maldonado Pereda: Por instrucciones de la presidencia en votación económica se consulta a la Asamblea si acepta la proposición de modificación expresada por el diputado de Saracho, a la fracción sexta del artículo 4o. y aceptada también por la diputada Cecilia Martha Piñón Reyna. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Aceptada, señor Presidente.
El C. Presidente: Tiene la palabra el C. diputado Loreto Hugo Amao González, sobre el mismo artículo 4o., fracción IX.
El C. Loreto Hugo Amao González: Señores diputados:
En este régimen y que aquí en la Cámara, se habla mucho sobre la reforma administrativa y sobre las facultades de las distintas dependencias, secretarías, a fin de que sus actividades sean integradas e integrales.
La fracción IX del artículo 4o., la super Secretaría de Agricultura se está metiendo en un campo que no le corresponde, porque, por lo que aquí se entiende, todo lo referente a las cuestiones del comercio van a estar supeditadas a la Secretaría de Agricultura. Aunque se señala "en coordinación", nosotros pensamos que esta actividad es atribución exclusiva de la Secretaría de Comercio, por lo tanto, proponemos la siguiente modificación:
Fracción IX. Proponer a la Secretaría de Comercio la importación o exportación de los productos agropecuarios y forestales, así como maquinaria, refacciones e implementos agrícolas, semillas, fertilizantes y plaguicidas.
Muchas gracias.
El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado Eleazar Santiago Cruz.
El C. Eleazar Santiago Cruz: Compañeros:
No estoy de acuerdo con la proposición que hace el compañero diputado que hizo uso de la palabra, de que sea una sola secretaría la que otorgue el permiso, ya que invadiría facultades que le corresponden de acuerdo con la Ley Orgánica. Voy a poner ejemplo:
La importación de semillas, fertilizantes, plaguicidas, productos forestales, maquinaria, etc., es facultad de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, solicitar a la de Comercio, o coordinarse con la de Comercio, para que autorice esas importaciones, ya que la Secretaría es responsable técnica de ver por ejemplo qué tipo de tractores se deben utilizar para determinado tipo de labores. No es el mismo caballaje que se usa entre tractores que tienen para sus subsuelos o barbechos profundos que para labores de cultivo.
De la misma manera podría yo decir de los productos forestales, la Secretaría de Agricultura a través de la Subsecretaría Forestal y de la Fauna es la encargada de ver, de sugerir a la de Comercio qué productos forestales se pueden importar.
Por eso propongo que la fracción IX quede tal como está.
Gracias.
El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado Amao.
El C. Loreto Hugo Amao: Señor diputado:
En la primera parte nos ha dado la razón e insistimos, cuando la fracción dice "autorizar" es imperativo, es determinativo. No está señalado precisamente que es la Secretaría de Comercio a la que se le tenga que solicitar y es la que tiene que autorizar, por lo tanto,
nosotros sostenemos de que incluso en bien de la reforma administrativa, es necesario que la Secretaría de Comercio se haga cargo de la importación y la exportación de los productos y de la maquinaria.
Señores, dentro de poco vamos a tener que cualquier Secretaría, de que cualquier dependencia pueda hacer y deshacer en cuestiones de importación y de exportación y con esto se llega al peligro de que la corrupción pueda extenderse.
Muchas gracias.
El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado Conrado Marines Ortiz.
El C. Conrado Marines Ortiz: Relacionado con la fracción VI, con la inquietud que tiene el compañero Amao, quiero decirle que "autorizar" no quiere decir ordenar o ejecutar. "Autorizar" quiere decir que mediante un estudio de una solicitud que hagan los campesinos o las asociaciones, la Secretaría haga las gestiones ante la Secretaría de Comercio, de acuerdo con sus respectivas competencias.
Entonces la Secretaría de Comercio es la que conceda permiso para que los productos de importación, se introduzcan en el país.
El C. Presidente: Tiene la palabra el ciudadano diputado Cerdio Bado Alberto Ramón.
El C. Alberto Ramón Cerdio Bado: Señores diputados, quiero hacer una aclaración, en México no hay super Secretarías, que el Partido Comunista acaba de mencionar a través de sus diputados que me han antecedido en la tribuna mencionan a la Secretaría de Agricultura como Supersecretaría, considero que la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos que cumple con sus funciones perfectamente bien en la región donde yo trabajo en Chiapas la Secretaría es digna, hace sistemas de riego, tiene experiencia en maquinaria agrícola, que son muy capaces, tiene técnicos calificados, todos nacionales, nos asesoran en los cultivos básicos así como en café, plátano, algodón, soya y otros, como ganadería lo mismo que la Secretaría de Comercio nos apoya con las importaciones de maquinaria agrícola cuando hemos necesitado de ella. Se habla también en este artículo IV de plaguicidas, de semillas para siembra, de fertilizantes y de maquinaria agrícola para importarlos cuando se haga necesario, para poder tecnificar el campo y aumentar así los altos rendimientos de la producción agropecuaria.
De otra manera no vamos a progresar, se podría pensar que va a haber desocupación en el campo por el uso de la maquinaria pero eso no es cierto porque al aumentar nuestros volúmenes de producción las industrias tendrán más materia prima y ahí es donde se contempla el aumento de empleos.
Hemos visto en la práctica de otros países que el uso de la alta tecnología se ha prosperado, el uso de la maquinaria adecuada es necesaria y los agricultores, los campesinos y los ejidatarios sabemos trabajar en México. Hace rato, ahí algunas intervenciones en la tribuna de algunos compañeros de otros partidos diciendo que los campesinos no saben trabajar la tierra y que la reforma agraria es un fracaso.
Son tan buenos los pequeños propietarios como los ejidatarios, los comuneros y los colonos de México. Nos hacía falta este instrumento que el señor Presidente, en su iniciativa de Ley nos acaba de presentar y considero que es necesario apoyar en total esta Ley. (Aplausos.)
El C. Presidente: Se ruega a la Secretaría consulte a la Asamblea si se admite la modificación propuesta por el diputado Amao, al artículo 4o. fracción IX.
El C. secretario Juan Maldonado Pereda: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la Asamblea si se admite la proposición presentada por el diputado Loreto Amao, a la fracción IX del artículo 4o. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
Los ciudadanos diputados que estén por que se deseche, sírvanse manifestarlo. Desechada, señor Presidente.
El C. Presidente: Están registrados en contra el diputado Sabino Hernández.
Estamos todavía en el artículo 4o. Primer Título del Primer Capítulo, para cerrarlo, pero se registraron varios diputados en contra, entonces todos los diputados en contra subirán a la tribuna a hacer sus planteamientos.
El C. Sabino Hernández: Voy a presentar, señores diputados, tres impugnaciones a la fracción II, a la fracción VIII y a la fracción XIV del artículo 4o.
La fracción II dice "corresponde a la Secretaría en cumplimiento de esta ley; formular y proponer al Ejecutivo Federal, el Plan Nacional de Desarrollo Agropecuario y Forestal, recabando previamente la opinión de los comités directivos de distritos de temporal".
Nos parece a nosotros que el texto original a pesar de la modificación que sufrió, que le fue introducida, sigue siendo incompleto porque no se establece la injerencia que deben tener en este aspecto, en la elaboración del Plan, el conjunto de entidades del sector público federal, que participan en este sector.
Nos parece a nosotros que el papel de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, debería ser el de funcionar como una coordinadora en la elaboración del Plan, pero también nos parece - y esta es una cuestión de mucha importancia - que debe establecerse la participación de las organizaciones campesinas y de productores.
Ya se está haciendo costumbre que queden relegados de dar su opinión, de proponer sus puntos de vista y de participar directamente en la elaboración del Plan, quienes cargan sobre sus espaldas con la tarea directa de la
producción. En este sentido pueden ahorrarse cientos de problemas y al mismo tiempo se democratiza la elaboración del Plan, porque van a estar presentes los intereses de los productores y como un comentario en este sentido, nosotros quisiéramos agregar que ya está siendo tiempo el que la Cámara tenga una mayor participación en este tipo de actividades. No puede cargarse solamente sobre el Ejecutivo Federal la tarea y la responsabilidad de realizar este tipo de hechos porque la concentración del poder está integrado en la práctica un elemento de, quiérase que no se quiera, despotismo, de autoritarismo ilimitado que no va a permitir se desarrollen las actividades por la vía verdadera de la democracia.
Nosotros proponemos el siguiente texto a la fracción II:
"Corresponde a la Secretaría formular, en coordinación con el resto de las entidades del sector público que participan en el Sector Agropecuario y Forestal, y recabando precisamente la opinión de los comités directivos de los distritos de temporal y de riego y de las organizaciones campesinas y de productores, el Plan Nacional de Desarrollo Agropecuario y Forestal que será sometido a la aprobación del titular del Poder Ejecutivo Federal.
En lo que se refiere a la Fracción VIII dice el texto de la iniciativa:
"Promover y apoyar la organización de los productores rurales para el cumplimiento de los programas, la comercialización de sus productos y para alcanzar objetivos de interés común".
A nosotros nos preocupa mucho el hecho de que la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos pueda intervenir de cualquier forma o manera en la organización de los campesinos.
En la discusión de las comisiones se dijo que sólo era con efecto de participar en la organización directa para la producción, pero, señor diputado, quiérase que no se quiera, el participar aunque sea en el sentido de la producción por fuerza tendrán que desprenderse actitudes desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la organización interna, y eso nos parece a nosotros que debe cerrarse absolutamente. La organización de los productores, de los ejidatarios sobre todo, debe ser una cuestión que sólo a ellos competa y que sólo a ellos interese en todos los sentidos.
Esto para preservar la vida democrática de las organizaciones campesinas como tal, pero aquí se plantea también otro problema, el de la comercialización.
La comercialización no tiene sólo que ver con los comerciantes, sino que tiene también que ver con los transportes que el Estado prevé para que pueda resolverse este problema tan terrible.
El cáncer del comercio en nuestro país es la intermediación que tiene diferentes explicaciones. Se ha llegado incluso a afirmar que es un mal necesario y entonces, con la serie de estratos que se encuentran entre el productor y el consumidor, estamos ante el encarecimiento permanente, constante, pertinaz podríamos decir nosotros, de los diferentes productos, hecho que debe ser evitado.
Nosotros pensamos que esta es una de las causas principales del encarecimiento de los diversos productos. Esto es lo único que puede explicar por qué razones el frijol que recibe la CONASUPO a $11.00 y $12.00, en el momento de la producción, llegue a costarle al consumidor hasta $30.00 y $40.00 en momentos determinados y esta es una cuestión que puede suprimirse.
Liquidando la intermediación, se plantea la posibilidad de que el productor participe directamente en las tareas del comercio, y esto contribuye a resolver el problema del encarecimiento de la vida, pero resulta que según los datos de Programación y Presupuesto, el 80% de la producción agrícola total; utiliza el transporte carretero para ir desde el centro de producción hasta el centro de venta, el centro de comercialización y los ferrocarriles sólo mueven el 20% de la producción total.
Aquí estamos también frente a un problema que debe verse porque también esto contribuye a elevar el precio de los artículos con el pretexto del encarecimiento del transporte como tal.
No se plantea nada en el sentido que permita a las propias organizaciones de productores ejidales, comunales, etc., que puedan contar con sus propios medios de transporte, para que ellos lleven directamente al mercado estos productos y, repito, esto puede resolverse en lo que se refiere al problema de la elevación de los precios de los artículos que se expenden.
Pero también aquí juega un papel mucho muy importante el sistema distributivo que el gobierno ha montado, a través de los organismos especializados en esto como la CONASUPO y de las diferentes tiendas que la Secretarías de Estado y otros organismos también tienen para distribuir entre sus trabajadores los productos que son más indispensables para ellos.
Se ha hablado mucho en el sentido, de que la CONASUPO es un medio que verdaderamente contribuye a llevar los productos hasta los lugares donde éstos son necesarios y también abaratar el costo de los mismos, pero ustedes los deben haber visto en más de una ocasión, señores diputados, los expendios de la CONASUPO son muy pequeños, quizás sólo en la Ciudad de México y en dos o tres grandes ciudades del país podemos encontrar grandes expendios de la CONASUPO, pero la generalidad son pequeños cuartos con una serie de anaqueles que generalmente están vacíos, a donde llegan los consumidores y no encuentran aquellos productos que les son necesarios e indispensables y de esta manera el Estado ni establece una competición con la iniciativa privada ni tampoco puede contribuir a abaratar el costo de la vida.
Nosotros proponemos el siguiente texto:
Apoyar la organización que los productores rurales adopten para el cumplimiento de los
programas, la comercialización de sus productos y para alcanzar objetivos de interés común.
Y en el caso de la fracción XIV que dice:
"Delimitar, establecer e intervenir en los distritos de temporal."
A nosotros nos parece que no puede plantearse la intervención de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos en los distritos de temporal de manera ilimitada y discrecional. Nosotros lo que consideramos que debe hacerse es que las atribuciones de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos no deben ni suponerse ni eliminar las atribuciones de otras entidades del Sector Público Federal y en este sentido proponemos la siguiente modificación:
Fracción XIV. Delimitar y establecer sobre los asuntos de su competencia en los distritos de temporal.
El C. Presidente: Tiene la palabra el ciudadano diputado Báez.
El C. Jaime Báez Rodríguez: Señor Presidente;
Honorable Asamblea:
Seguramente que si el diputado Sabino Hernández Téllez hace memoria de los debates que se llevaron a cabo en el seno de las Comisiones Unidas de Agricultura, Recursos Hidráulicos, Reforma Agraria y Puntos Constitucionales, recordará que fue precisamente la diputación de la Confederación Nacional Campesina, con base en los mismos argumentos que él esgrimió, la que propuso que con el propósito de democratizar la planeación en la producción agropecuaria en México, se diera participación a los campesinos, a los productores, a través de sus organizaciones. Esta propuesta fue aprobada por mayoría en el seno de dichas comisiones, adicionándose, con ese propósito, los Artículos 5o. y 27.
Si el diputado Sabino Hernández tiene el cuidado de leer con detenimiento la fracción II, verá que precisamente se remite a los comités directivos de los distritos de temporal. De tal suerte que en el Artículo 27, en el que se define la integración de estos distritos, se da participación formalmente a los productores del campo.
Por lo que se refiere a la fracción VIII de ese mismo precepto, cabe señalar y recordar que también en el seno de las discusiones se debatió con amplitud esta fracción, argumentándose que se refería a la organización para la producción, no a la organización social de lucha de los trabajadores del campo.
También, cabe señalar que en el cuerpo de este ordenamiento jurídico se establecen diversas normas para regular la comercialización de los productos agropecuarios, con el propósito de eliminar la intermediación y la especulación que tanto dañan al pueblo.
Es facultad indiscutible de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, establecer y delimitar los distritos de riego, los distritos de temporal a que se refiere la fracción XIV de este numeral. A ella le corresponde definir, de acuerdo con los estudios técnicos que realice, cuál es el límite de los distritos de temporal, creo que en este caso no cabe ninguna inquietud respecto de la competencia de esta entidad, de esta Secretaría.
Es decir, la Secretaría se concretará a definir los límites de los distritos de temporal, pero de ninguna manera rebasará la competencia que le corresponde en términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública. Es decir, no entrará a analizar aspectos de tenencia de la tierra o de alguna otra materia que no le corresponda. En mérito a lo expuesto anteriormente, propongo a la Asamblea que se apruebe este precepto en sus fracciones II, VIII y XIV en los términos que está.
El C. Presidente: Tiene la palabra el ciudadano diputado Sabino Hernández.
El C. Sabino Hernández Téllez: Señor Presidente;
Honorable Asamblea:
Me parece que no es correcto que nos metamos a discutir problemas de técnica jurídica y de elaboración de leyes, cuando se trata de preservar fundamentalmente los intereses de los campesinos, de los productores, de los ejidatarios de manera fundamental.
¿Qué de malo tiene que haya una reiteración y que esto pudiera establecerse en 1, 2, 3, 4, 5 y 6 artículos? ¿Qué de malo tendría que se afirmara de esta manera el derecho, las posibilidades, los intereses de los productores tal como se establece o tal como se propone en este sentido?
No hay nada malo.
Si se trata de delimitar las funciones de la SARH no es malo que quede en un artículo y en otro artículo.
Ustedes, recuerdan aquella famosa discusión del Constituyente de 1917 cuando se dijo que la Constitución debería tener sólo principios de carácter general y no debería particularizar sobre los hechos, y la opinión de los Constituyentes fue: no nos interesa que esta Constitución técnicamente no tenga las características de las constituciones clásicas, lo que nos importa es que se preserven los intereses de los trabajadores fundamentalmente.
Yo pido a los señores diputados que, entendiendo estas razones, adopten la actitud de votar a favor de las modificaciones que propongo.
El C. Presidente: Se ruega a la Secretaría consulte a la Asamblea si se admite la modificación propuesta por el diputado Sabino Hernández Téllez al Artículo 4o. y a las fracciones II, VIII y XIV.
El C. secretario Juan Maldonado Pereda: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se pregunta a la Asamblea si se aceptan las modificaciones propuestas por el ciudadano diputado Sabino Hernández Téllez al artículo 4o., fracción II, VII y XIV. Los que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo. Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Desechada.
El C. Presidente: Tiene la palabra el ciudadano diputado Juan Manuel Rodríguez.
El C. Juan Manuel Rodríguez: Señor Presidente;
Compañeros diputados:
Yo también voy a ser un poco insistente en algunas proposiciones similares a las desechadas.
Esta proposición también la hice en la Comisión, pero quiero insistir, sobre todo porque el día de hoy apareció una noticia en el periódico y dicen refiriéndose precisamente a la discusión de esta Ley, con palabras pronunciadas por el Presidente López Portillo:
"Hay quienes quieren sembrar desconfianza y desaliento y presentan al ejidatario como un paria, mexicano de segunda, incapaz de ejercer su libertad, como un sujeto explotable que no tiene facultades para saber lo que le conviene."
Mexicano de segunda.
No es cierto.
El ejidatario es un mexicano capaz como cualquier otro.
Yo estoy de acuerdo con eso y precisamente por eso en la Comisión propuse que en el Artículo 4o. en la fracción I dijera así y esta es mi proposición:
Artículo 4o. fracción I. Corresponde a la Secretaría en cumplimiento de esta Ley:
1o. Con intervención de las organizaciones campesinas, planear, organizar, fomentar y promover la producción agropecuaria y forestal.
Sé que se me va a argumentar que esto está en el artículo 5o. y que está en el 27, pero yo insisto: este artículo es un artículo que está en las Disposiciones Generales y además en las otras disposiciones en la V y en la XXVII, no se le da participación a los campesinos ni a través de sus organizaciones ni por ellos mismos, para que ellos participen en la elaboración de sus planes, para que participen en su organización y en el fomento y en la promoción de la producción.
De acuerdo con este artículo, como lo dije en mi intervención en la tarde, solamente al campesino se le da el plan para que lo cumpla. La razón, yo creo que el Presidente se refería a los de la Comisión cuando no lo tomaron en cuenta para efectuar los planes.
Gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado Conrado Marines.
El C. Conrado Marines: Señor Presidente;
Compañeros diputados:
Con el respeto que me merece el diputado Rodríguez, pues yo creo que no sabe leer el artículo, porque dice en el párrafo segundo: "Igualmente formarán parte de dichos comités directivos, un representante de cada una de las organizaciones nacionales de ejidatarios, de los comuneros, de los colonos, de los pequeños propietarios, así como de las entidades siguientes: Banco Nacional y de todas las instituciones que están relacionadas con el campo." (Aplausos.)
El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado Juan Manuel Rodríguez.
El C. Juan Manuel Rodríguez: Simplemente para decirle al señor diputado que sí sé leer y por eso fui claro en mi exposición y creo que él es más bien sordo, porque yo fui muy claro en esto.
En el artículo 5o., efectivamente, y en el 27 se le da participación, pero yo sostengo que en las disposiciones de carácter general se le dé participación a las organizaciones campesinas o a los campesinos para que elaboren sus propios planes y no sea la Secretaría quien se los imponga.
El C. Presidente: Se ruega a la Secretaría consulte a la Asamblea si se admite la modificación propuesta por el ciudadano diputado Rodríguez al artículo 4o. fracción I.
El C. secretario Juan Maldonado Pereda: En votación económica se consulta a la Asamblea si se acepta la modificación propuesta por el diputado Juan Manuel Rodríguez a la fracción I del artículo 4o. Los ciudadanos diputados que estén por que se acepte, sírvanse manifestarlo.
Los que estén por que se deseche, sírvanse manifestarlo. Desechada.
El C. Presidente: Consulte la Secretaría a la Asamblea si el artículo cuarto se encuentra suficientemente discutido.
El C. Presidente: Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica, si autoriza se reserve el artículo 4o. con las modificaciones propuestas, para que su votación nominal sea en conjunto y en un solo acto con los demás artículos reservados, del título 1o. capítulo 1o. y se cerrará la discusión de este capítulo.
El C. secretario Juan Maldonado Pereda: Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica se consulta a la Asamblea si se acepta que se reserve para su votación nominal en conjunto, con las modificaciones establecidas y aceptadas en sus diferentes artículos por la Asamblea, al título I, capítulo único, de la Ley de Fomento Agropecuario. Aceptado, señor Presidente.
El C. Presidente: Se abre el registro de oradores para la discusión del título 2o., capítulo I, que abarca los artículos del 5o. al 11. En contra.
Esta Presidencia informa que se han inscrito para hablar en contra del título 2o. capítulo I, que abarca de los artículos 5o. al 11, los ciudadanos diputados Hugo Amao, Becerra Gaytán, Rincón Gallardo, Gerardo Unzueta y Cecilia Martha Piñón.
Y para hablar en pro, Alicio Rafael Ordoño, González Aguado y Melquíades Morales.
El C. Presidente: Tiene la palabra el ciudadano diputado Rincón Gallardo.
El C. Gilberto Rincón Gallardo: Señores diputados:
Yo pedí el uso de la palabra para proponer modificaciones en el artículo 7o., fracciones III, IV y VII.
La fracción III del artículo 7o., dice así:
"El monto de las inversiones públicas que deben realizarse para el logro de los objetivos y metas del plan, así como la organización de los campesinos para los mismos propósitos."
Proponemos que diga lo siguiente:
El monto de las inversiones públicas que deben realizarse para el logro de los objetivos y metas del Plan, así como los apoyos que se otorgarán a las organizaciones de los campesinos para los mismos propósitos.
Es muy peligroso, compañeros diputados, hablar en los términos que lo hace esta Ley, de la intervención del Estado en las formas de organización de los campesinos, no en los apoyos para la organización de los campesinos, sino en la organización misma de los campesinos.
Es una Ley como ésta, la intervención del Estado tiene el sentido claro de servir al gran capital en su conjunto, de abrirle la puerta y está claro lo que ha sido la intervención del Estado en las organizaciones campesinas, así como en los sindicatos, lo que significa en las organizaciones campesinas el paternalismo estatal.
Ahora, esa intervención del Estado no es cuestionada de la misma manera por el Partido Acción Nacional, por una razón, porque esta intervención del Estado en la organización de los campesinos en esta Ley encubre más claramente la acción legalizada de las fuerzas económicas del gran capital. Cuando estas fuerzas económicas se ponen en juego, las mayores, las más fuertes son las que se tragan a las pequeñas fuerzas económicas.
Este es el proceso que ha venido sucediendo durante todos los últimos años de descampesinización, es la liquidación de los campesinos y es una Ley que precisamente por este tipo de artículos producen la expropiación de los campesinos.
Los que aquí se han espantado, el PRI, el PAN, el PDM, cuando la izquierda en esta Cámara ha propuesto cualquier límite a las fuerzas económicas, ya no digamos las expropiaciones, como se hizo, en el caso de los camioneros, entonces se alarman, porque se plantean limitación al gran capital, pero esta Ley expropia miles y miles de campesinos y ahora no sale en defensa de la propiedad.
Ahora, esa defensa de la propiedad quedó oscura, porque se trata de los ciudadanos de segunda que sí existen, porque no se trata de los grandes terratenientes, de los grandes banqueros, de los concesionarios de los camiones, se trata de los campesinos y por eso se plantea que el Estado intervenga, inclusive en sus organizaciones, cuando se le está abriendo la puerta al gran capital. Por eso ahora sí votan todos, por la expropiación de los campesinos, para que dentro de poco tiempo queden más claramente en el campo de las dos clases: burgueses agrarios y proletarios agrícolas que es lo que produce esta Ley.
Nosotros proponemos que se eliminen por lo menos las expresiones tan riesgosas, como las que son aquellas que permiten la intervención del Estado, inclusive en las formas de organización de los campesinos. La fracción IV dice así:
"En su caso, la mención de los problemas de la tenencia de la tierra y derechos sobre aguas que puedan constituir impedimentos para la realización del Plan, así como las recomendaciones y proyectos de reformas o adecuaciones legales o administrativas para mejor proveer el cumplimiento de las metas propuestas."
Proponemos que diga así:
Artículo 7o., fracción IV. En su caso, las recomendaciones y proyectos de reformas o adecuaciones legales o administrativas para mejor proveer el cumplimiento de las metas propuestas.
La razón es porque la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, no tiene por qué incluir en el Plan la mención de los problemas de la tenencia de la tierra.
Tales asuntos son de la competencia directa de la Secretaría de la Reforma Agraria y la sugerencia, entre comillas, de adopción de medidas por parte de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, constituye una invasión de las atribuciones de la Secretaría de la Reforma Agraria.
En la fracción VII del artículo 7o.: "Los proyectos de inversión para el establecimiento de empresas agroindustriales, con participación del Estado y productores comunales, ejidales o minifundistas, así como las formas específicas de organización, complemento o mejoría de tales empresas."
Nosotros tenemos que dejar bien claro en lo que significa el problema de la agroindustria y tiene que quedar especificado en esta Ley. A partir de los años 50 el país se vio sometido a la creciente afluencia del capital extranjero, que se ubicó fundamentalmente en la industria de la transformación.
Entre las ramas que más pronto cayeron dentro del capital extranjero, se encontró la industria alimentaria. El capital extranjero compró empresas ya instaladas, o bien, creó nuevas empresas que muy pronto se convirtieron en dominantes en esta industria.
Aquí se ha hablado de que el pueblo necesita alimentos, de que se necesita la producción de alimentos, pero artículo como éste donde se habla de las agroindustrias de esta manera, prueban el sentido de quiénes van a ser los gananciosos en la producción de alimentos y va eso para aquellos que tenían prisa y que tienen prisa porque esta Ley se apruebe, para que el pueblo coma, y yo quiero demostrar que los que tienen prisa es porque esas agroindustrias que ahora operan, tengan libremente todas sus ganancias.
Durante los años 60, se presenta de manera creciente un fenómeno de singular importancia: la penetración de empresas extranjeras en
el campo mexicano, asociándose con pequeños propietarios e incluso con ejidatarios y comuneros, que ya es cosa hecha.
Estas empresas indujeron el uso de tecnologías que, desplazando la mano de obra, lograron altos rendimientos por hombre ocupado, pero, además, tales empresas trajeron mediante el otorgamiento de créditos, maquinaria y asistencia técnica, la sustitución de cultivos, de forma tal que crecientes extensiones de tierra han sido destinadas a la producción de las materias primas que la transnacional requiere.
Tuvo impacto especial esta práctica en el cultivo del maíz.
En efecto el propio Sistema Alimentario Mexicano ha estimado que en miles de hectáreas antes sembradas con maíz, trigo o frijol, se sembraron con sorgo, materia prima básica para las empresas transnacionales fabricantes de alimentos balanceados como "Purina". Las gananciosas de esta Ley, "Anderson Clayton" y "La Hacienda".
Así, mientras que la superficie cosechada de maíz descendió en más de 2 millones de hectáreas entre 1965 y 1972, el sorgo pasó a ocupar importante superficie.
Nadie puede negar que hoy en día las empresas extranjeras dominan la producción industrial de alimentos, a las que encubre esta Ley, dominan ya la agroindustria. Baste ver en cualquier tienda de abarrotes o supermercados, las marcas de los alimentos que ahí se expenden, "Anderson Clayton", "General Foods", "Craft Foods", "Nestlé", "Carnation" y muchas otras más de estas empresas transnacionales son las que producen el grueso de los alimentos hoy procesados que consumen los habitantes de cada ciudad y en medida creciente los propios campesinos.
¿A qué empresas agroindustriales se dará apoyo con esta Ley y se les incluirá en el Plan?
A las transnacionales.
Si no es así, entonces que se explícite en el texto de la Ley como proponemos nosotros y concretamente en el artículo 7o. en su fracción VII.
Nosotros ya hemos propuesto la expropiación de 43 empresas monopolistas agroindustriales que son mucho menos que los miles y miles de campesinos que esta Ley propone expropiar, pero no sólo eso, hemos propuesto también la creación de pequeñas y medianas unidades agroindustriales en base a la asociación entre el Estado y los productores ejidales comuneros y minifundistas, nada más. Esos es lo que proponemos en el Plan Nacional de Desarrollo Agroindustrial, que se programe y se apoye con inversiones.
Dejar el texto de la fracción VII del artículo 7o. como está en la Iniciativa es el espaldarazo a las transnacionales, es poner los recursos públicos a su servicio y es poner los intereses más reaccionarios bajo la protección y el estímulo del Estado.
Este es el real sentido del paternalismo sobre los campesinos.
Muchas gracias.
El C. Presidente: Para una alusión el diputado Carlos Castillo.
El C. Carlos Castillo: Señor Presidente;
Señoras y señores diputados:
El diputado Rincón Gallardo señaló en tono de denuncia que en esta ocasión el Partido Acción Nacional no se alteraba por la expropiación de que él habló en relación con los campesinos.
En primer lugar adelantó vísperas, todavía no habíamos intervenido y, en segundo lugar, quienes participaron en los debates de la Comisión, saben que los diputados del PAN que ahí participaron, precisamente para evitar este control estatal, propusieron la integración paritaria de burócratas y campesinos en los comités directivos de los distritos de temporal a la hora de discutir el artículo 27.
Si el señor diputado Rincón Gallardo no estuvo ahí no es culpa de los diputados de Acción Nacional, pero es falsa su imputación.
El C. Presidente: Tiene la palabra el C. Luis M. Farías.
El C. Luis M. Farías: El punto a que se refirió el diputado Rincón Gallardo, de la fracción III del artículo 7o., creo que en efecto puede mejorarse la redacción para mayor claridad.
Debemos recordar que ya en el artículo cuarto que hemos revisado, en su fracción VIII está clara la intención cuando dice:
"Promover y apoyar la organización de los productores rurales para el cumplimiento de los programas, la comercialización de sus productos y para alcanzar objetivos de interés común."
Ahí está la idea general.
Ahora bien, la redacción que tiene en el Dictamen la fracción III del artículo 7o., es la siguiente:
"El monto de las inversiones públicas que deben realizarse para el logro de los objetivos y metas del Plan, así como la organización de los campesinos para los mismos propósitos." Parece que se trata de organizar a los campesinos y se trata de algo distinto. Creo que la redacción sería más clara si la pusiéramos de la siguiente manera:
"El monto de las inversiones públicas que deben realizarse para el logro de los objetivos y metas del Plan, así como para la organización de los campesinos con los mismos propósitos."
El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado Rincón Gallardo.
El C. Gilberto Rincón Gallardo: Yo creo que la proposición que hace el licenciado Farías no logra la aclaración suficiente.
Si la intención es aceptar en fin de cuentas esto, la diferencia es muy poca, pero aquí queda claro completamente. Dice así:
"El monto de las organizaciones públicas que deben realizarse para el logro de los objetivos y metas del Plan."
Y lo que proponemos nosotros es lo siguiente:
"Así como los apoyos que se otorgarán a las organizaciones de los campesinos para los mismos propósitos."
Yo creo que esto queda absolutamente claro. El cambio del "de" al "para", si anuncia una intención, no lo deja completamente claro, por eso insistimos en esta redacción.
El C. Presidente: Se ruega a la Secretaría consulte a la Asamblea si se admiten las modificaciones propuestas al artículo 7o. por el ciudadano diputado Rincón Gallardo.
El C. secretario Juan Maldonado Pereda: En votación económica se consulta a la Asamblea si se admiten las proposiciones propuestas por el diputado Rincón Gallardo a las fracciones III, IV y VII del artículo 7o.
Los ciudadanos diputados que estén porque se acepten, sírvanse manifestarlo.
Los ciudadanos diputados que estén porque se desechen, sírvanse manifestarlo... Desechadas, señor Presidente.
El C. Presidente: Se ruega a la Secretaría consulte a la Asamblea si se admite la modificación propuesta al artículo 7o. fracción III, por el diputado Farías, y si fuera tan amable la Secretaría, antes de pasar a votar, dar lectura a la modificación que propuso el C. diputado Luis M. Farías.
El C. secretario Juan Maldonado Pereda: Con mucho gusto, señor Presidente. La propuesta que hizo el señor diputado Farías a la fracción II, es al tenor siguiente:
"El monto de las inversiones públicas que deben realizarse para el logro de los objetivos y metas del Plan, así como para la organización de los campesinos con los mismos propósitos." Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se acepta la proposición hecha por el diputado Farías. Aceptada, señor Presidente.
El C. Presidente: Tiene la palabra la C. diputada Cecilia Martha Piñón.
- La C. Cecilia Martha Piñón: Señor Presidente;
Compañeros diputados:
Entre las facultades que se le han otorgado a la Secretaría, podemos contemplar la intervención en el estudio y declaración de tierras ociosas de propiedad particular, así como la determinación de su explotación, y por tanto, consideramos que dentro del Plan, que en el artículo 7o. debiera también comprender y considerar la proyección y probabilidades de aprovechamiento de aquellas tierras que conforme a los estudios elaborados sean susceptibles de aprovechar para el cultivo y señalar, a corto, mediano y largo plazos, las producciones que podrán obtenerse de ellas en caso de que fuera necesario. En tal virtud proponemos que se agregue un segundo párrafo a la fracción II del artículo 7o., que quedará como sigue:
"Comprenderá también las metas específicas de aprovechamiento agrícola de terrenos de agostadero."
Del mismo capítulo, en el artículo 8o. que dice:
"La Secretaría de Programación y Presupuesto intervendrá conforme a sus facultades para hacer compatible el Plan Nacional de Desarrollo Agropecuario y Forestal con el Sistema Nacional de Planeación, así como para autorizar en su oportunidad las asignaciones presupuestales de los programas que apruebe el Ejecutivo Federal."
Proponemos en este artículo un cambio en cuanto a la aprobación del Ejecutivo Federal para que esta aprobación sea de la Cámara de Diputados.
Por lo tanto, la proposición se reduce a eliminar la frase "el Ejecutivo Federal" para quedar "la Cámara de Diputados".
El C. Presidente: En pro el diputado Alicio Rafael Ordoño.
El C. Alicio Rafael Ordoño: Señor Presidente;
Compañeros diputados:
El título segundo se refiere al Plan de Desarrollo y Programas y el Capítulo Primero de Planeación Nacional.
Es muy difícil porque todos sabemos que la técnica de planeación nacional es un método de análisis de los recursos naturales, humanos, económicos y político - administrativos, que requieren de la participación de una serie de elementos para obtener actualizada toda la información, a fin de que el plan nacional pueda tener vigencia y pueda modificarse en forma dinámica.
Por esa razón el Ejecutivo Federal, que es la importancia de esta ley, concibe la oportunidad de que en el capítulo de Planeación Nacional y de Programación, pueda extenderse en la operación de los productos alimenticios con objeto de que no se suspenda, sino hasta conseguir totalmente sus objetivos.
Yo considero que si nosotros tenemos en cuenta la redacción del artículo 5o., ligado al 6o., al 7o., con todas sus concepciones de la planificación, se dice concretamente que el Plan Nacional de Desarrollo Agropecuario, indicará, es decir, deberá contener, sin que esto signifique mayores participaciones, sino que es la recopilación de datos, la clasificación de datos, la obtención y dinamización de datos para poder realizar la planeación y claro, hasta el final en el artículo 6o., está que el Plan deberá ser aprobado por el Ejecutivo Federal y modificado también con la intervención de él.
Considero que este Capítulo de Planeación pudiéramos hablar de él mucho tiempo, pero creo que la información está en la mente de todos y, sobre todas las cosas, pues nunca he tenido un auditorio tan amplio, tan selecto para quitarle tanto tiempo sobre una situación que todos conocemos.
Muchas gracias.
El C. Antonio García Villa: Me permite hacerle una aclaración porque no le entendí su alegato para desechar la proposición hecha por mi compañera.
Mi compañera propone un cambio en el artículo 8o., al final, para que en lugar de decir Ejecutivo Federal, diga Cámara de Diputados, toda vez que entendemos que en la asignación presupuestal, si es lo que aquí se quiere decir, corresponde su aprobación a la Cámara de Diputados, que es la que está facultada para ello.
El C. Luis M. Farías: De los programas que aprueba el Ejecutivo, pero no se desee aclarar a qué se refiere, a autorizar los programas o las partidas; las partidas las aprueba la Cámara.
El C. Presidente: ¿Permite la aclaración del diputado García Villa, diputado Ordoño?
El C. Alicio Rafael Ordoño: Hemos explicado que el capítulo de planeación nacional es la obtención de información de los niveles generales de los recursos físicos, humanos, económicos, políticos y administrativos. En el artículo de planeación, en toda su concepción es la formación de este plan; este plan desde luego será aprobado por el Ejecutivo y por lo que se refiere a inversiones será aprobado por la Cámara, las partidas serán aprobadas por la Cámara en el presupuesto general.
El C. Presidente: Consulte la Secretaría a la Asamblea las modificaciones propuestas por la diputada Cecilia Martha Piñón a los artículos 7o., y 8o. En el caso del artículo 7o. es la fracción II.
El C. secretario Juan Maldonado Pereda: Por instrucciones de la presidencia en votación económica se consulta a la Asamblea si admite la proposición hecha por la diputada Cecilia Martha Piñón Reyna a la fracción II del artículo 7o. y al artículo 8o. Los ciudadanos diputados que estén por que se acepte, sírvanse manifestarlo. Los ciudadanos diputados que estén por que se deseche, ponerse de pie. Desechada, señor Presidente.
El C. Presidente: Tiene la palabra el ciudadano diputado Amao.
El C. Loreto Hugo Amao: Desde la discusión en lo general de esta Ley, se señalaba que casi ninguna organización interesada en los problemas del campo había dejado de emitir su opinión y cabe destacar que entre los asesores del Presidente, el referente al Sistema Alimentario Mexicano, hicieron las observaciones al proyecto de Ley.
Nosotros, siendo sensibles a las aportaciones que hicieron distintas organizaciones, pero en especial a ésta, consideramos que es importante revisar en especial el artículo 5o. del capítulo I que se refiere a la planeación nacional y regresando un poco a lo que señalábamos cuando discutíamos el artículo 4o., sin duda alguna que hay razón, mucha razón para plantearnos la necesidad de que en todo tipo de planeación, sepamos quiénes son los actores fundamentales. En cualquier actividad y que en ésta, que tiene una gran importancia para el futuro del país, participen en su elaboración.
Sabemos del gran esfuerzo que hicieron en la Comisión los compañeros diputados de la fracción campesina del PRI, en relación a este artículo; sabemos de la posición de los compañeros nuestros que estuvieron en la Comisión, pero creo que es necesario insistir y nosotros, retomando la proposición que hicieron los asesores del Presidente en lo referente al SAM, respecto a este artículo, queremos proponer la siguiente modificación al artículo en cuestión para que en lugar de lo que proponen las Comisiones Unidas, quede de la siguiente manera:
"La Secretaría, con la participación de los productores en sus distintos niveles y con base en la información de que disponga y en la que recabe el Sector Público privado y social coordinará la elaboración del proyecto del Plan Nacional de Desarrollo Agropecuario y Forestal, con la intervención que corresponda a la Secretaría de Programación y Presupuesto, Reforma Agraria, Comercio, así como BANRURAL, CONASUPO, ANAGSA y FERTIMEX, mismo que, una vez elaborado, propondrá a la consideración del Ejecutivo Federal."
Nosotros consideramos que se debe establecer no solamente la participación de la Secretaría de Programación y Presupuesto sino todas aquellas dependencias que tengan relación íntima en este aspecto de la planeación, pero sobre todo la participación de los productores en sus distintos niveles y que la Secretaría solamente sea coordinadora de esto. Gracias.
El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado Alicio Ordoño.
El C. Alicio Ordoño: En este capítulo de planeación, dice claramente la Secretaría:
"Atendiendo la opinión de los productores agropecuarios de distintos niveles y con base en la información de que disponga y la que recabe de las entidades del Sector Público privado y social, elaborará, con la intervención que le corresponde a la Secretaría de Programación y Presupuesto."
Vuelvo a repetir, que se trata de obtener información exhaustiva en los campos que señalamos, con objeto de poderla vaciar y crear lo que se llama "zonas vitales de inversión" de primera, de segunda y de tercera, en donde se invierte, la inversión se multiplica y va a zonas marginadas, que es una inversión social a largo plazo.
Entonces esto es una situación de carácter técnico que tiene que realizarse atendiendo a la opinión y con la participación de la Secretaría de Programación, que de acuerdo con el decreto presidencial del 17 de abril de 1980, al establecer el Plan Global de Desarrollo, le señala las funciones generales de planeación general, y esta Ley de Fomento Agropecuario, es solamente una estrategia para lograr un objetivo que es la producción de productos alimenticios dentro de un plan global que forma parte de otros muchos.
Por esta razón está redactado en esta forma.
El C. Presidente: El diputado Amao tiene la palabra.
El C. Hugo Amao: En toda estrategia uno de los aspectos fundamentales que se debe tener en cuenta es con quienes se va a funcionar y aquí parece que a los protagonistas principales es a los que menos se les considera.
No es lo mismo escuchar una opinión que hacerlos partícipes de las decisiones. Hay muchos funcionarios y sobre todo de la Secretaría de Agricultura, como dicen en mi pueblo:
- Ahí van los paseadores.
Porque se la pasan de La Paz a Cabo San Lucas, pero nunca se paran en los pueblos y nunca escuchan opiniones.
Podría señalar varios ejemplos de estas situaciones en que no escuchan nunca opiniones, o las pueden escuchar, pero nunca las llevan a cabo.
Además, quiero insistir, en la iniciativa del Ejecutivo, señala lo siguiente:
"La planeación descansa en la organización de los productores", así señala la iniciativa.
Sin embargo, aquí se está considerando que descansa en la Secretaría de Agricultura.
Yo pienso, señores diputados, que es necesario reflexionar, pienso que es necesario reconsiderar. Sí. Incluso insisto, los propios asesores del SAM están insistiendo en sus comentarios de la necesidad de la participación de los productores en la planificación, creo que nosotros debemos ser consecuentes con quienes están manejando uno de los planes más importantes como es el del SAM y debemos ser consecuentes, incluso ustedes que son la mayoría, hasta con lo mismo que está diciendo el señor Presidente de que la planeación descansa en la organización de los productores.
El C. Presidente: El diputado Ordoño tiene la palabra.
El C. Alicio Rafael Ordoño González: Creo que no me he explicado porque solamente estamos tratando de distorsionar el objetivo.
Se trata aquí de la planeación nacional.
Aquí los enfermos son exactamente los campesinos, los productores; son, exactamente, los que dan todas las formas de la solución de sus necesidades; son las necesidades sentidas, y recabar esos datos, obtenerlos, clasificarlos, se refiere a la formación del plan nacional para crear ese plan nacional.
No se puede seguir jugando a la demagogia, que es el término para pensar que donde quiera que sea deben entrar los campesinos. Los campesinos entran exactamente en la parte de organización de la producción en donde está toda absolutamente la forma cómo se organiza el distrito de riego, la participación de los sectores y cómo se recaba toda la información. Imagínese ustedes tener un censo de información de diez millones de campesinos para obtener un resultado tal que se va a tener en cuenta en un plan.
Yo creo que este asunto de la planeación inclusive ahorita, se trata de recabar la información que ya existe en el Poder Ejecutivo y en todas sus dependencias. El que se requiera para tener un plan nacional total, va a ser consecuencia de un serio elemento técnico.
Ahora bien, por otro lado, ciertamente este es uno de los capítulos más novedosos de esta ley, porque es lograr que la planificación se constituya en norma legal, con objeto de que el objetivo de la producción sistemática de recursos se logre.
No hay ninguna actividad más aleatoria que la agricultura.
El suelo, su cielo, las condiciones meteorológicas son cambiantes, requiere de una dinamización total.
Esto es de lo que se trata aquí de normalizar en este capítulo.
Por lo tanto, no aceptamos, por no ser propiamente dentro del tema de este capítulo, la modificación a que se refiere el compañero.
El C. Presidente: El diputado Amao para una aclaración, y después el diputado Manuel Stephens.
El C. Hugo Amao: Los diputados del Partido Socialista de los Trabajadores no estamos aquí para estar haciendo demagogia. Estamos interesados verdaderamente en los problemas de la nación y creemos que la mayoría de la nación la forman los trabajadores y dentro de esa mayoría de los trabajadores se encuentran los campesinos y si efectivamente se quiere hacer que la soberanía sea un ejercicio cotidiano de nuestro pueblo, nosotros estamos defendiendo la participación de la mayoría de nuestro pueblo en las decisiones más importantes y que le atañen.
Muchas veces vamos a encontrar que los famosos técnicos tienen que ir a aprender con los campesinos a sus pueblos, que llegan de repente desconociendo las plantas y hasta los animales en las distintas comunidades y pueblos.
De ahí nuestra insistencia.
Señor diputado:
Aquí no estamos haciendo demagogia.
El C. Presidente: Se ruega a la Secretaría consulte a la Asamblea si se admite la modificación propuesta por el diputado Amao al artículo 5o.
El C. secretario Juan Maldonado Pereda: En votación económica se consulta a la Asamblea si se acepta la modificación propuesta por el diputado Amao al artículo 5o. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Los que estén por que se deseche, sírvanse manifestarlo. Desechada, señor Presidente.
El C. Presidente: Declina el diputado Stephens. Tiene la palabra el ciudadano diputado Becerra Gaytán.
El C. Antonio Becerra Gaytán: Señor Presidente;
Compañeros diputados:
Hemos reservado el artículo 9o., éste dice así en su versión original:
"Una vez aprobados por el ciudadano Presidente de la República el Plan y sus Programas, serán obligatorios para el Sector Público Federal y su ejecución podrá concertarse con los Estados de la Federación e inducirse o convenirse con los sectores social y privado, de acuerdo con esta Ley, con las modalidades pertinentes y conforme a la organización que adopten los productores". Proponemos este texto alternativo:
Artículo 9o. Una vez aprobados por el Presidente de la República el Plan y sus Programas, serán obligatorios para el Sector Público Federal. El Plan especificará aquellos programas que se consideran de orden público e interés social, los cuales serán obligatorios para el sector social y privado. El Plan y los programas que no reúnan el carácter anterior, podrán concertarse para su ejecución con los Estados de la Federación e inducirse o convertirse con sectores social y privado de acuerdo con esta Ley, con las modalidades pertinentes y conforme a la organización que adopten los productores". Permítanme, compañeros, dos breves comentarios.
La propuesta tiene por objeto dotar al plan de la obligatoriedad necesaria para garantizar la realización de aquellos programas que por su importancia estratégica no pueden ser dejados al arbitrio del Sector Privado.
En efecto, es obvio que tratándose del sector ejidal y comunal, el Estado dispone de los instrumentos, como el crédito, insumos, fertilizantes, asistencia técnica, etc., necesarios para obligar a tal sector a cumplir con los programas del Plan, pero ello no sucede con el Sector Privado que, ubicado en los distritos de riesgo, en poder de las mejores tierras, y disponiendo del 70% de los recursos productivos, exceptuando la tierra, tienen la capacidad de decisión suficiente para dedicar sus tierras a cultivos de alto valor comercial, por lo general, destinados a la exportación o al procesamiento por las agroindustrias transnacionales.
Obligar a tal sector a cumplir con programas vinculados a la producción de alimentos básicos para el consumo interno, sólo puede lograrse dotando al Plan de los instrumentos jurídicos en qué apoyar la obligatoriedad de estos programas.
Nuestra propuesta no lesiona la soberanía de los Estados, puesto que mantiene que el Plan y sus programas, sean concertados con los Estados de la Federación, e incluso propone en aquellos programas que no se consideren de orden público e interés social, opere el mecanismo de inducción o convenio con los sectores productivos ubicados en el campo.
De mantenerse el texto que propone el Ejecutivo y que las Comisiones dejaron intacto estaríamos ante una situación en que una vez elaborado el plan en realidad no obliga a nadie ni mucho menos a los particulares.
Si mal no hemos entendido, toda ley tiene una de las características fundamentales que es la obligatoriedad y compañeras y compañeros, el segundo comentario es el siguiente:
Posiblemente lo firme, lo cerrado de las votaciones, lo definido de las votaciones que en esta sesión se han producido, no refleje algo que ha estado en el fondo de nuestras deliberaciones y que son los consensos que aquí ha habido.
Todos hemos estado de acuerdo en que en el país no existe la producción de alimentos suficiente; todos hemos estado de acuerdo por tanto en que es un imperativo aumentar la productividad y la producción y todos hemos estado de acuerdo también en que las formas de tenencia de la tierra tradicionales y las formas de organización de los posesionarios de esas formas de tenencia por una o por otra razón no han producido los alimentos suficientes para la nutrición, ya no para el hambre como decía el Secretario de Industria y Comercio aquí, que satisfaga las necesidades del pueblo mexicano.
Hemos estado de acuerdo en que se necesita independizar al país y no caminar o no transitar por el camino de la dependencia a través de la alimentación.
A renglón seguido, los distintos grupos parlamentarios hemos propuesto las salidas a esta situación y aquí es donde se han presentado las discrepancias.
Desde un principio la discrepancia se planteó en el sentido de que nosotros entendemos que esta ley de lo que se trata es de privatizar algo que se había mantenido un tanto al margen de este fenómeno económico y social, el ejido y la comunidad.
Nosotros estuvimos en contra, y en este caso yo quiero decir que no es lo que plantea la ley ninguna novedad, compañeros, ya existe un fenómeno.
El señor diputado Fierro, nos recordaba algo que hemos olvidado tratando de los alimentos, la producción forestal.
En efecto, en el Estado de Chihuahua, ya se hizo la combinación de empresa privada, de capital privado, con ejidatarios y con comuneros y en efecto, hablando de las producción forestal se aumentó la producción. Tanto se está produciendo madera, que estamos en un tris de quedar desforestados y también se aumentó la productividad y también se aumentó el ingreso de los propietarios, pero, compañeras y compañeros, las proporciones son inauditas. En tanto que a un ejidatario podemos aceptar que se han aumentado sus ingresos en 10, 15, 20 o 30 mil pesos, la empresa privada forestal en Chihuahua, se está hinchando de dinero.
Es esa la productividad.
Es esa la proporción en que queremos que se aumente el nivel de vida de ejidatarios y propietarios y privados y capitalista en el campo, definitivamente estamos en contra.
Por esta razón pensamos que si a la ley no se le establece con meridiana claridad la obligatoriedad, no para el Sector Público que está claramente expreso, sino para el Sector Privado que es al que se necesita obligar, que es al que se necesita sujetar, pensamos que si no se hace esto, la ley va a valer menos que el papel en que está escrita.
Dejo, pues, a la secretaría y a la bondad de ustedes y a la comprobación de que la Reforma Política no aumentó el número de sordos. Simple y sencillamente las posibilidades que se entienda el sentido y el contenido de nuestra proposición.
Muchas gracias.
El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado Gerardo Unzueta:
El C. Gerardo Unzueta: En efecto el problema de la planeación está planteado en la ley como un elemento aparentemente inductivo, pero en realidad como un elemento obligatorio para los campesinos, que no para los otros sectores.
El Estado, desde luego, tiene que tomar su parte por cuanto que la Secretaría es la organizadora del cumplimiento y de la ejecución del plan, pero en cuanto a los campesinos se refiere, la planificación del desarrollo del sector, y en particular la realización del Plan Global Nacional Agropecuario y Forestal, establece una planificación obligatoria, sujetarse al plan, en tanto que para el sector privado capitalista hay la pura inducción.
De esta manera a los campesinos se les trata como parte del Sector Estatal.
Este capítulo es en realidad la concreción de una formulación hecha en la exposición de motivos a la cual se le dio poca importancia, aquella que plantea las estrategias principales y en donde el proyecto dice que la Alianza para la Producción y el Sistema Alimentario Mexicano son estrategias vitales para el desarrollo del campo y antecedentes inmediatos de la Ley de Fomento Agropecuario y donde se está haciendo a un lado, y donde se está eliminando como estrategia a la Reforma Agraria. Esto es que la Reforma Agraria ya no forma parte de la dirección fundamental que constituye las estrategias del Estado Mexicano y las estrategias de la Alianza para la Producción y las estrategias del Sistema Alimentario Mexicano.
Cuando se habla de estrategias esto ya es parte de la acción consciente y aquí no hay que eludir lo que en esta Cámara está ocurriendo en la discusión de la Ley de Fomento Agropecuario. Es precisamente aquí donde se ha comenzado a establecer una coincidencia en la acción consciente y como decía Fidel Herrera ayer, fuera máscaras.
Así lo decía Herrera Beltrán ayer cuando nosotros afirmábamos que tenía razón el PAN en un proyecto de ley para dar más funciones a esta Cámara en las cuestiones de emisión de la moneda. Esto es una cuestión de facultades que no es ni siquiera un pasito hacia el parlamentarismo.
Está bien, fuera máscaras.
Precisamente cuando la Reforma Agraria es eliminada como estrategia estatal, cuando es repudiada como estrategia estatal, cuando es repudiada como estrategia estatal, ciertamente que ya, antes había abandonado, pero no se repudiaba como estrategia.
Hay amplio terreno y plena posibilidad para la coincidencia del PRI y del PAN, bueno, también del PDM y esto hay que decirlo claramente:
En las cuestiones de la democracia política podemos coincidir con el PAN, pero en las cuestiones de la dictadura del capital los que coinciden con el PAN son el PRI y desde luego el PDM.
Lo principal, lo que constituye la estructura del país es el tema, compañeros, y, es el tema precisamente en su sentido más grave que es donde no lo quieren tratar ustedes.
El C. Presidente: No se permite el diálogo.
El C. Gerardo Unzueta: Ya dialogué.
Entonces decía que esto hay que decirlo claramente.
En las cuestiones de la dictadura del capital, es en las que coinciden el PRI y el PAN.
Lo principal es la estructura social, lo que constituye la estructura del país, no son las relaciones políticas, sino las relaciones de propiedad y en esto, la coincidencia es total.
En este elemento que ahora hemos discutido, en lo que se refiere a la dirección principal, en lo que se refiere a las estrategias, en lo que se refiere al rumbo del país, en torno a las relaciones de propiedad, hay coincidencia entre el PRI y el PAN.
Ahí sí no coincidimos. Podemos coincidir en los problemas de relaciones políticas.
Pero volviendo a los problemas de la planificación, es claro que en el conjunto del Capítulo 1o., lo que falta es precisamente que se tome en cuenta la opinión de los productores o de sus organizaciones. Esto vendría a atenuar el carácter violentamente autoritario, paternalista de esta parte de la Ley de Fomento Agropecuario.
Precisamente es en el artículo 5o. donde se habla de atender la opinión, donde de hecho, una vez atendida la opinión a lo que se tienen que sujetar es al Plan. A lo que se tienen que sujetar es a la imposición estatal. Aquí ya no se trata de voluntariedad. Aquí la voluntariedad está hecha a un lado. Y nosotros proponemos que, a fin de atenuar un poco estas características, ya que otras proposiciones no han sido aceptadas, en el artículo 11 se establezca un agregado.
Dice:
"Artículo 11. El plan aprobado por el Ejecutivo Federal podrá ser modificado en los términos que así lo sugiere la información subsecuente o la opinión de los productores y de sus organizaciones".
Continuaría como está en el proyecto.
¿Por qué nosotros le damos esa importancia a los productores o a sus organizaciones?
Porque son ellos los que pueden modificar el rumbo con que se está aplicando el plan, porque son ellos los que tienen la experiencia directa y porque es un elemento de democracia y sin ese elemento de democracia el Plan es un instrumento autoritario y es un instrumento paternalista que despoja de sus derechos para opinar, para intervenir, para actuar en función de la reorientación del Plan precisamente a quienes son sus ejecutores directos.
Hacemos esta proposición y pensamos que eso ayudaría por lo menos a que el Proyecto fuese un tanto limado, por lo menor limado, de sus características autoritarias.
El C. Presidente: Tiene la palabra el ciudadano diputado González Aguado.
El C. Guillermo González Aguado: Señor Presidente;
señores diputados: Creo que aquí hubo un traslapo de acuerdo al procedimiento que estábamos siguiendo; entonces vamos a esperar que continué la fracción parlamentaria de izquierda con toda la argumentación general.
El C. Presidente: Los únicos diputados oradores en contra que faltaban eran el diputado Unzueta y el diputado Becerra Gaytán, se han agotado los oradores en contra, en consecuencia se ha pedido la intervención del diputado González Aguado para que haga comentarios con respecto a esto por parte de las Comisiones.
El diputado González Aguado tiene la palabra.
El C. Guillermo González Aguado: Señor Presidente;
Señores diputados:
En relación a la modificaciones que se proponen al artículo 9o., creo que nuevamente hay que reiterar algo.
No se ha leído detenidamente esta iniciativa de Ley.
El artículo 9o. nos remite al capítulo II, Relativo a los Programas, es decir, que la proposición de aquí se ha formulado, es en el sentido de que los programas se mencionen como programas obligatorios del Plan.
Voy a dar lectura al artículo 12, del capítulo II, que habla de los programas, con el objeto de establecer que con toda claridad en los artículos subsecuentes, ya se menciona la obligatoriedad de incluir esos programas. Dice: artículo 12:
"Para el cumplimiento de las metas completas del Plan Nacional de Desarrollo agropecuario y Forestal, identificadas en el tiempo y el espacio, la Secretaría propondrá, al Ejecutivo Federal para su aprobación, los programas normales y especiales que a tal fin resulten convenientes."
Es decir, yo considero que con el artículo 12, relativo a los programas del capítulo II, queda perfectamente bien clara la duda que tenía el señor diputado.
Por lo que se refiere al artículo 11, se propone una modificación en este sentido:
"El Plan aprobado por el Ejecutivo Federal, podrá ser modificado en los términos en que así lo sugiera la información subsecuente con opinión de los productores."
Vamos a leer la proposición de usted, diputado:
"El Plan aprobado por el Ejecutivo Federal, podrá ser modificado en los términos que así lo sugiera la información subsecuente, con la opinión de los productores o de sus organizaciones. Los ajustes, rectificaciones, adiciones o modalidades supervenientes, deberán ser igualmente aprobadas por el propio Ejecutivo."
Yo creo que en relación a este artículo, obligatoriamente tendríamos que remitirnos al artículo 27, y en él se habla en relación al Plan, de los comités, sí.
En cada distrito de temporal, se integrará un Comité Directivo con el representante de la Secretaría en la entidad federativa de que se trate y con los delegados de las dependencias técnicas que corresponde, junto con un representante de la Secretaría de la Reforma Agraria en carácter de secretario.
Ahora bien, la Ley está considerando la inclusión de un representante de los ejidatarios, de un representante de los comuneros y además de un representante de las organizaciones nacionales que operen en la localidad.
Creo que con esto queda subsanada la duda que usted tenía.
Solicito a esta Presidencia someta a consideración de la Asamblea estos dos artículos.
El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado Unzueta para hacer unos comentarios.
El C. Gerardo Unzueta: El señor diputado González Aguado, al abordar la propuesta que nosotros hacemos, nos remite a otro artículo, pero ese otro artículo tiene otra función, la integración de los instrumentos para el manejo del Plan, pero aquí no estamos hablando de eso, aquí estamos hablando de la participación de los productores o de sus organizaciones, para las modificaciones que se pueden hacer al Plan, o sea, aquí nosotros no estamos especificando incluso ningún tipo de conformación organizativa, sino que se encuentren las formas, pero de lo que se trata es precisamente de que exista esa posibilidad y que eso esté señalado en la Ley, de eso se trata.
No se trata de que una u otra forma de organización sean las que tengan que intervenir, de lo que se trata de que haya posibilidades de intervención de los productores o de sus organizaciones, en función de democratizar las formas en que el Plan pueda ser modificado, porque de la otra manera solamente el Ejecutivo le puede introducir modificaciones, puede inducir cambios en el Plan. Aquí de lo que se trata es que en el Plan puedan participar las organizaciones y los productores. (Aplausos.)
El C. Presidente: Tiene la palabra el ciudadano diputado Conrado Marines.
El C. Conrado Marines: Señor Presidente;
Señores diputados:
En el capítulo I de la planeación nacional, todos los señores diputados, con todo el debido respeto que nos merecen, ya los diputados priístas la hemos analizado perfectamente bien este capítulo y toda la Ley, por lo tanto, yo propongo, después de haber hecho un análisis perfectamente bien estudiado, de que todo el articulado que se encuentre en este capítulo se apruebe como está. (Aplausos.)
El C. Presidente: Se ruega a la Secretaría consulte a la Asamblea si se admite la modificación propuesta al artículo 9o. por el diputado Becerra Gaytán.
El C. secretario Juan Maldonado Pereda: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea en votación económica si se admite o se desecha la proposición del diputado Becerra Gaytán al artículo 9o. Los ciudadanos diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo.
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo..... Desechada, señor Presidente.
El C. Presidente: Consulte la Secretaría, a la Asamblea, si se admite la modificación propuesta al artículo 11 con agregado por el diputado Gerardo Unzueta.
El C. secretario Juan Maldonado Pereda: En votación económica se consulta a la Asamblea si se admite o se desecha la proposición presentada por el diputado Gerardo Unzueta al artículo 11. Los ciudadanos diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo. Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo..... Desechada, señor Presidente.
El C. Presidente: Esta presidencia quiere aclararle a algunos señores diputados que en base al artículo por el cual aprobamos que se discutiera por capítulos, aclara que tiene que ser votado artículo por artículo y como hubo dos propuestas de modificación tuvieron que votarse para ver si la Asamblea las aceptaba o las desechaba, fueron desechadas; por eso usamos este procedimiento, aunque fue largo, pero estamos apegados al Reglamento. Consulte la Secretaría a la Asamblea si el título segundo, capítulo primero que abarcan de los artículos quinto al décimo primero se encuentran suficientemente discutidos.
El C. secretario Juan Maldonado Pereda: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se pregunta a la Asamblea si se consideran suficientemente discutidos los artículos incorporados del título segundo, capítulo primero que abarcan hasta el artículo 11. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo..... Suficientemente discutidos, señor Presidente.
El C. Presidente: Consulte la Secretaría en votación económica a la Asamblea si autoriza se reserven el título segundo, capítulo primero que abarca los artículos quinto, sexto, séptimo, octavo, décimo y décimo primero para su votación nominal en conjunto y en un solo acto con los demás artículos y en este caso capítulos reservados.
- El C. secretario Juan Maldonado Pereda:
En votación económica se pregunta a la Asamblea si autoriza que el título segundo, capítulo primero con los artículos correspondientes hasta el número once, se reserve para su votación nominal en conjunto en un solo acto. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo..... Aceptado, señor Presidente.
El C. Presidente: Se abre el registro de oradores para la discusión del título segundo, capítulo segundo que abarca los artículos del 12 al 22.
El C. Presidente: Esta Presidencia informa que se han inscrito para hablar en contra los ciudadanos diputados Pablo Gómez, Hugo Amao, Arturo Salcido y Juventino Sánchez. Y para hablar en pro los ciudadanos diputados González Aguado, De Saracho, Ordoño y Enrique Fernández.
Tiene la palabra el diputado Pablo Gómez.
El C. Pablo Gómez: El capítulo segundo del segundo título de la ley que examinamos aborda las cuestiones referidas a los programas.
El artículo 15 dice: "Para la ejecución de los programas de contingencia, la Secretaría propondrá al Ejecutivo Federal la participación que corresponda a las dependencias y entidades de la administración pública federal y la debida coordinación con los gobiernos estatales y municipales, así como con los sectores social y privado, según lo dispuesto por los artículos 9o. y 10".
Artículos 9 y 10 que le dan a la Secretaría una serie de prerrogativas al respecto.
Nosotros consideramos que si asumimos que un programa de contingencia es para hacer frente a una drástica baja en la producción planeada, que sume a los productores en una situación de emergencia y comprometa la autosuficiencia alimentaria, entonces existen razones suficientes para que tales programas tengan obligatoriedad tanto para los productores privados como para ejidatarios y comuneros. De lo contrario, en tanto se satisfacen los requisitos de inducción, concertación y demás trámites burocráticos, pasará con toda seguridad tanto tiempo que cuando se logre poner en marcha el programa de contingencia, seguramente los productores afectados o habrán abandonado ya la tierra, o bien, ya no habrá posibilidades de solución a corto plazo.
En síntesis nosotros proponemos alguna redacción con el propósito de dar obligatoriedad a una disposición, pues como está aprobado por las Comisiones Dictaminadoras, no obliga absolutamente a nadie.
Por tal motivo proponemos la siguiente redacción:
"Artículo 15. Los programas de contingencia serán de interés público y obligatorios, en consecuencia, para los sectores social y privado y su ejecución se coordinará con los gobiernos estatales y municipales en los términos de lo dispuesto en los artículos 9o. y 10."
En relación, ya que estamos viendo capítulo por capítulo, con el artículo 16, la Iniciativa, mejor dicho el dictamen redacta dicho artículo de la siguiente manera:
"La Secretaría realizará promociones de acuerdo a programas específicos de incremento de la productividad y la producción para dar cumplimiento a los programas que se deriven del plan."
Sin embargo, este señalamiento nos parece demasiado vago y general. Creemos que el artículo debe señalar cuáles son las prioridades de las promociones de la Secretaría, o de lo contrario ésta simplemente podrá tener mucha mayor capacidad para, de manera arbitraria, establecer sus propias prioridades dentro de una determinada casuística, por lo que nosotros proponemos que en el artículo 16 se establezca el carácter de esas promociones desde el punto de vista de las prioridades y proponemos que quede de la siguiente manera:
"Artículo 16. La Secretaría realizará promociones de acuerdo a los programas específicos de incremento de la productividad y la producción, en los que tendrán prioridad - esta es la parte que se agrega - los programas de los distritos temporaleros y dentro de éstos los destinados a la producción de alimentos básicos para dar cumplimiento a las metas del plan".
De esta manera quedaría mucho más claro el papel que debe jugar este señalamiento del artículo 16, y no es una cosa completamente obvia: "La Secretaría realizará promociones". Pues sí, es una de sus funciones, repetirlo aquí no tiene sentido. Decir en qué sentido deben ser esas promociones, eso tendría una significación de cuáles son las prioridades que debe haber en las promociones de la Secretaría, pero proclamar que debe haber promociones, no tiene sentido ninguno.
En relación con el artículo 17, existe una cuestión más de fondo.
Miren ustedes.
En todo el articulado de la Ley se repite de manera sistemática la necesidad de elevar la productividad en el campo.
Hay que decir lo siguiente: que bajo el régimen de trabajo asalariado, la productividad, quiere decir, una mayor capacidad para producir mayor cantidad de bienes en el mismo lapso en que antes de producía una menor cantidad de bienes y la productividad en el régimen de trabajo asalariado, quiere decir, por lo tanto, una elevación de la intensidad del trabajo, y hay muchas formas de elevar la productividad, pero la introducción de la maquinaria y de tecnología más avanzada, sólo trae como consecuencia que el mismo trabajador asalariado realice en un tiempo menor un conjunto de operaciones que antes requerían un mayor tiempo y, por ende, trae como consecuencia - cuando no se producen aumentos en los salarios del mismo nivel al incremento de la productividad - , trae como consecuencia, repito, que el trabajador disminuye el tiempo de trabajo que se requiere para producir un valor equivalente al de su salario y aumenta el tiempo de trabajo que se requiere para producir el beneficio del dueño del capital.
Aumentar la productividad en condiciones en las cuales el trabajador no incrementa en la misma y exacta proporción su salario, es aumentar el grado de explotación de la fuerza de trabajo ni más ni menos. Llamar a la productividad por lo tanto como lo hace este gobierno y esta Ley de manera singular, es llamar a aumentar el grado de explotación de la fuerza de trabajo, ese es el significado.
En todas partes de esta Ley está la palabra productividad y en toda la terminología gubernamental está la palabra productividad, pero no está la palabra que esa productividad se refleja en su justa y exacta dimensión en los ingresos de los trabajadores.
Pero entonces, si se reflejara en la exacta y misma proporción en el ingreso del trabajador, no tendría sentido para los dueños del capital aumentar la productividad, porque no incrementaría sus ganancias.
Esta es la cuestión de fondo, en un sistema como el que existe en nuestro país. Por eso llamar a la productividad bajo el régimen de trabajo asalariado, no es más que llamar al aumento de las ganancias del capital, eso es lo que llama el gobierno en pocas y resumidas cuentas.
Y el artículo 17 dice: (segundo párrafo)
"..... Asimismo la Secretaría promoverá el adecuado aprovechamiento de las tierras agrícolas, pecuarias o forestales, cualquiera que sea su régimen de tenencia para alcanzar los máximos de su potencialidad productiva".
Nosotros proponemos la siguiente redacción:
" Asimismo la Secretaría promoverá el adecuado aprovechamiento de las tierras agrícolas, pecuarias o forestales, cualquiera que sea su régimen de tenencia para alcanzar los máximos de su potencialidad productiva y el crecimiento del empleo en el sector".
¿Con qué propósito?
Con el propósito de que esta cuestión de la productividad y de que esta bandera gubernamental de la productividad se convierta lo menos posible en el desplazamiento de fuerza de trabajo que es una de las fuentes de la generación del desempleo y del subempleo y por lo tanto no se pueden desvincular, como lo hace esta ley, el cumplimiento de los programas con el problema del empleo, porque sobre la base de la consigna de elevar la productividad, es como decía ya antes bajo la situación actual, una consigna netamente reaccionaria, planteado como está planteada.
Además de eso en la situación concreta de la producción en el campo, traerá como consecuencia en los términos de esta ley, un aumento en el desempleo, desempleo que en el campo es mucho más grave; desempleo que en el campo tiene innumerables formas todas ellas que se expresan de una situación decreciente en miseria de grandes masas campesinas y de obreros agrícolas.
Por lo tanto hacemos estas propuestas, que son en cierta forma de detalle pero que están
dirigidas a modificar una parte del espíritu de esta ley de carácter tecnocrático y por lo tanto reaccionario, con el propósito de fincar algunos de los problemas que son preocupación de los campesinos del país y de las fuerzas democráticas de México.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: Tiene la palabra el ciudadano diputado Hugo Amao.
El C. Loreto Hugo Amao: Voy a ser muy concreto. Me voy a referir en particular al artículo 20.
Se dice en el artículo 20:
"La Secretaría hará una estimación técnica de la capacidad productiva de las áreas productoras en función de las metas y objetivos que se quieran alcanzar y establecerán un catálogo de las mismas de acuerdo con su naturaleza, ubicación y demás características".
Prácticamente aquí es una duda y quisiera que la Comisión la esclareciera: ¿El sujeto de los programas, son las áreas productivas o son los productores? Nosotros aquí creo que tenemos que definir si los protagonistas de los programas son precisamente esas áreas, o sea: los que van a hacer producir, o son los productores, de tal manera, señores de la Comisión, yo quisiera que me esclarecieran este punto y argumentaran quiénes van a ser los sujetos del programa, las áreas productivas o los productores.
El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado Arturo Salcido.
El C. Arturo Salcido: Compañeros diputados:
El artículo 12 tiene una expresión que si la lleváramos o estuviéramos en mejores discusiones de debate, valdría la pena esperar los comentarios que harían para su precisión. Dice:
"Artículo 12: Para cumplimiento de las metas concretas del Plan Nacional de Desarrollo Agropecuario y Forestal - la frase es ésta - identificadas en el tiempo y en el espacio, la Secretaría propondrá al Ejecutivo Federal para su aprobación los programas normales y especiales que a tal fin resulten convenientes."
Si se ponen a identificar en el tiempo y en el espacio las metas concretas, no van a llegar a ningún lado y será imposible desarrollar estas metas.
Nosotros proponemos, para mejoría del artículo, que quiten esa expresión, o en última instancia debieran poner lo menos especificadas o precisadas. El artículo 13 dice:
"En los casos de abatimiento de la producción planeada..."
Yo creo que la producción planeada no se puede abatir; se puede incumplir el programa, pero no se puede abatir la producción planeada. Obviamente debería quedar:
"En los casos de incumplimiento de los planes... la Secretaría formulará programas de contingencia por zonas o regiones del país" y no es con objeto, es con el propósito de corregir faltantes.
El artículo 18 dice:
"La Secretaría promoverá, cuando convenga, el cumplimiento de los programas". Y entonces, ¿para qué hacen los programas si se supone que habrá momentos en que no convenga que se cumplan?
Son sutilezas pero indudablemente parece que algunos que hicieron la ley no la leyeron.
Muchas gracias.
El C. Presidente: Tiene la palabra el ciudadano diputado Juventino Sánchez.
El C. Juventino Sánchez: Señores diputados:
Disculpen que abuse de esta tribuna.
El dictamen del artículo 19 dice que para los efectos de esta ley serán reconocidos como áreas productoras las superficies de tierra que registre la Secretaría a solicitud de los integrantes, de los interesados y que comprendan una circunscripción territorial definida, integrada con las tierras de ejidos, comunidades, colonos o pequeños propietarios, cuando expresen su voluntad de alcanzar las metas programadas conforme al orden que proponga la Secretaría. Nuestra proposición concreta para no aburrirlos, es al artículo 19, agregar un tercer párrafo en los siguientes términos:
"La solicitud de reconocimiento como área productiva deberá ser efectuada ante la Secretaría por cuando menos dos tercios de los productores ubicados en el área que se solicita, registrar y tal solicitud no implicará ningún compromiso de asociación entre los productores solicitantes. El reconocimiento de áreas productoras será únicamente para los efectos de planeación."
Como sé que ustedes no van a aceptar esto, de antemano, ustedes casi son como Toledo Corro y la maquinaria Caterpillar, aplanadora, pero entrego para agregar, a la Secretaría, para que esto se discuta y volvemos más al rato otra vez en esta sesión.
El C. Presidente: Tiene la palabra el ciudadano diputado Alicio Rafael Ordoño, a nombre de la Comisión.
El C. Alicio Rafael Ordoño: Señor Presidente:
Compañeros diputados:
En lo que se refiere al artículo 12, la Comisión entiende que es cuestión de semántica cuando dice tiempo y espacio. Para nosotros son ciclos y superficie de terreno.
Por lo que se refiere al artículo 15, las unidades de producción están, cuando estén, porque pueden estar integradas sólo por comuneros, ejidatarios o pequeños propietarios, o combinados a su vez, obliga a todos, no nada más a unos.
Por lo que se refiere a pagar la productividad, eso es y se entiende como que la unidad de producción tiene un patrón, la unidad de producción está integrada de tal manera que son ellos los propios dueños de su trabajo y de los resultados en virtud de que si hay éxito ellos son dueños de las utilidades, si es que no lo hay, el Estado les garantiza por lo menos los ingresos que hubieran tenido en las condiciones normales de trabajo.
El artículo 18 dice:
"Cuando convenga el cumplimiento de los programas." Vuelvo a repetir que la agricultura y sobre todo la de temporal es de tal manera aleatoria, que se adelantan las lluvias, los ciclos cambian, las siembras se atrasan, en fin, una serie de condiciones que no puede nadie regular si no es cuando convenga.
En virtud de que la Comisión ha estudiado debidamente estos asuntos, me permito proponer que se acepten como están porque solamente son asuntos de aclaraciones y que están debidamente estudiados.
Que se sujeta a votación, es decir, que se desechen las proposiciones y que se sujete a votación el capítulo.
El C. secretario David Jiménez González: El señor diputado está diciendo, señor diputado Pablo Gómez, que se desechen las proposiciones hechas en los artículos 15, 16, 17, 12, 13, 18 y 19, que no las acepta la Comisión y que queden redactadas tal y como están en el dictamen. Eso es lo que está diciendo el señor diputado.
El C. Hugo Amao: Señor Presidente, pido la palabra.
El C. Presidente: Señor diputado Amao. Hubo un acuerdo en relación a que todos los oradores en contra subieran a hacer sus planteamientos y que en la misma forma los señores diputados que estaban en pro, hicieran sus planteamientos. Si es válido sostener el acuerdo, pasamos a la consulta a la Asamblea, si no... con mucho gusto, tiene usted derecho...
Tiene la palabra el diputado Loreto Hugo Amao.
El C. Loreto Hugo Amao: Solicito al Presidente de la Comisión de Agricultura, me conteste lo siguiente:
La Secretaría deberá estimar la participación concertada o inducida que específicamente tengan las áreas productoras.
¿Los sujetos de los programas son las áreas productoras o son los productores?
Además, las áreas productivas no existen, compañeros, a partir de que esta ley se apruebe, se van a empezar a formar entonces, con los únicos que se puede programar, pues, son con los productores. Por eso, yo quiero que me aclare esto el Presidente de la Comisión de Agricultura.
El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado Enrique Pérez González, a nombre de la Comisión.
El C. Enrique Pérez González: para aclararle al diputado Amao, que en las áreas productoras están involucrados los productores, naturalmente, y el área, es decir, vamos a suponer que se trata de impulsar el cultivo de frijol en un área determinada, entonces, todos los agricultores están sembrando maíz, sorgo, etc., pero convienen entre todos sembrar un solo cultivo, entonces, la Secretaría, en esa área productora, propicia toda la asistencia técnica, porque no podría de otra manera si hubiera cultivos diversos formar un área productora, necesita ser de un solo cultivo, a eso se refiere.
No sé si me explique, señor diputado.
Vuelvo a repetir, área productora significa un programa especial en esa determinada área y los productores que se encuentran ahí convienen sembrar un solo cultivo, vamos a suponer el frijol o el cultivo que usted desee, todos están de acuerdo en sembrar un solo cultivo en esa área. Entonces la Secretaría puede proporcionar toda la asistencia técnica y todos los apoyos, cosa que no podría hacerlo si hubiera una parcela de maíz, otra de frijol, otra de sorgo.
Entonces el área productora se trata de un solo cultivo.
¿Me entiende usted?
Creo que queda suficientemente claro.
(Aplausos.)
El C. secretario David Jiménez González: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la Asamblea si se aceptan las proposiciones de modificación a los artículos 16 y 17 presentadas por Pablo Gómez y 15, también de los artículos 12, 13 y 18 del compañero diputado Arturo Salcido y del artículo 19 presentada por el compañero Juventino Sánchez. Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Desechadas, señor Presidente.
El C. Presidente: Consulte la Secretaría a la Asamblea si el Capítulo II, Título II, que comprende los artículos 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 se encuentran suficientemente discutidos.
El C. secretario David Jiménez González: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea si el Capítulo II del Título II se encuentra suficientemente discutido. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señor Presidente.
El C. Presidente: Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si autorizan se reserven los artículos 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22.
El C. secretario David Jiménez González: Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica se consulta a la Asamblea se reserven los artículos del Título II, Capítulo
II. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Se reservan para su votación.
El C. Presidente: Consulte la Secretaría a la Asamblea, si se reservan los artículos 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, que comprenden el título segundo del capítulo segundo para su votación nominal en conjunto y en un solo acto con los demás capítulos reservados.
El C. secretario David Jiménez: Por instrucciones de la Presidencia se pregunta en votación económica a la Asamblea si se autoriza que se reserven en un solo acto en votación económica, el título II del capítulo II que ha estado sometido a consideración de ustedes. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Autorizado, señor Presidente.
El C. Presidente: Se abre el registro de oradores para la discusión del título III capítulo I que comprenden los artículos del 23 al 31.
Esta Presidencia informa que se han inscrito para hablar en contra del título III capítulo I que abarca desde los artículos 23 al 31, los ciudadanos diputados Danzós Palomino, Pablo Gómez, Arturo Salcido, Hugo Amao, Miguel Martínez y Manuel Terrazas. Y para hablar en pro, los ciudadanos diputados Eleazar Santiago, Granja Ricalde, Quintero Larios y Olguín y Hermida.
Tiene la palabra en contra, el C. diputado Danzós Palomino.
El C. Ramón Danzós Palomino: Señor Presidente;
Señores diputados:
El título tercero se refiere a la organización de la producción y como consecuencia los artículos 24, 25 y 28 de este capítulo hablan fundamentalmente de la organización en la producción en los distritos de temporal y se alude la participación en la organización de la producción de los distritos de riego, como por ejemplo, el artículo 24 dice:
"El establecimiento y delimitación de los distritos de temporal se determinará por acuerdo del titular de la Secretaría y será publicado por el Diario Oficial de la Federación, los distritos de riego se rigen por la Ley Federal de Aguas."
En las discusiones de las Comisiones estuvimos argumentando que tratándose de la organización de la producción - habla en general - , debieran de estar considerados los distritos de riego porque remitiéndonos al artículo 32, donde se forman las unidades de producción asociando a ejidatarios con pequeños propietarios, se va a dar el caso de que este tipo de unidades de producción y asociaciones de ejidatarios comuneros con pequeños propietarios, que es lo grave del problema, quedan en la organización de la producción, fuera los distritos de riego. Porque es ahí donde principalmente los capitalistas agrarios, industriales, banqueros y grandes comerciantes, van a ir a formar las unidades de producción.
No van a ser tan tontos los capitalistas para ir a formar unidades de producción en los distritos de temporal, porque ahí no van a tener aseguradas las ganancias de la explotación de las tierras ejidales y comunales. Entonces qué tipo de organización de la producción, que es a lo que se refiere este título, puede hacerse si no están considerados los distritos de riego. Por eso insistimos en las comisiones y lo único que se logró que se modificará, con relación a la iniciativa original, que se agregara que los distritos de riego se rigen por la Ley Federal de Aguas.
Eso no resuelve el problema, porque si bien la Ley Federal de Aguas reglamenta el funcionamiento de los distritos de riego, para el problema de la organización de la producción que es a lo que se refiere este título, debe de estar comprendido que los distritos de riego deben ser considerados en la organización de la producción por eso en este artículo volvemos a insistir en una proposición que diga:
"El establecimiento y delimitación de los distritos de temporal se determinarán por acuerdo del titular de la Secretaría que será publicado en el Diario Oficial de la Federación. Los distritos de riego se rigen por la Ley Federal de Aguas y por las disposiciones de esta Ley en lo conducente."
Es decir, que independientemente de que estén los distritos de riego bajo el régimen de la Ley Federal de Aguas, debe de quedar también implícito que por las disposiciones de esta Ley en lo conducente, porque una de las argumentaciones que se dan para tratar de decir que las unidades de producción y la asociación de ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios, es que este tipo de asociación estará bajo la vigilancia de la Secretaría del Ramo, es decir, la Secretaría de Agricultura, y hasta algunos decían como Amador Hernández:
"¿Qué no tienen confianza en el Estado y en el Gobierno?"
Nosotros decíamos que cómo vamos a poder tener confianza en el Estado si en muchas ocasiones para destruir el régimen ejidal fue precisamente la Secretaría de Agricultura con la de Reforma Agraria y el Banco Ejidal que destruyeron los sistemas colectivos de trabajo para individualizar los ejidos.
Entonces, si no queda establecido que los distritos de riego, independientemente de que estén reglamentados en la Ley Federal de Aguas, debe estar también sujeto a la organización de la producción, a las disposiciones de esta Ley de Fomento Agropecuario, por eso hacemos esta proposición de que no queden porque de no incluir a los distritos de riego, entonces a esta Ley se le debía de llamar no de Fomento Agropecuario, sino de Fomento a los Distritos de Temporal. Sería otro carácter el de la Ley y no la de Fomento Agropecuario y forestal.
Eso es en lo que se refiere el artículo 24.
El artículo 25 incide en lo mismo tratándose de la organización de la producción y el artículo en el dictamen que se presenta, dice:
"Artículo 25. La Secretaría comprenderá dentro del Plan Nacional de Desarrollo Agropecuario y Forestal el racional aprovechamiento de los terrenos de temporal, considerando las características de clima, la regularización
de los ciclos pluviales y demás condiciones naturales favorables a la producción."
Vuelve otra vez este mismo artículo a incidir en la organización de la producción sólo en los distritos de temporal.
Por eso nosotros proponemos que el artículo 25 diga:
"La Secretaría comprenderá dentro del Plan Nacional de Desarrollo Agropecuario y Forestal el racional aprovechamiento de los terrenos de temporal y de riego. Subrayando "y de riego". Considerando las características de clima, regularidad, igual que dice el artículo como está, pero agregando lo de riego."
El artículo 28 de este mismo título y capítulo I que habla de la organización de la producción, dice:
"Los Comités Directivos de los Distritos de Temporal, deberán reunirse periódicamente bajo la presidencia del representante de la Secretaría." Nosotros proponemos que diga:
"Los Comités Directivos de los distritos de temporal o de riego deberán reunirse periódicamente informando a la Secretaría de su calendario de reuniones."
Es decir, lo mismo que está discutido aquí aparte de agregar los distritos de riego, no el hecho de que estén bajo la presidencia de la Secretaría, sino que los distritos de riego tengan una formación democrática, en la que constituyéndose con la representación de los productores, planifiquen sus reuniones y avisen a la Secretaría para que participen en los planes que cada uno de los distritos de temporal y de riego lleguen a realizar.
El problema en estos tres artículos tiene un problema de fondo, dejar prácticamente fuera de los planes de los programas y de la organización de la producción a los distritos de riego, manos libres para que los capitalistas puedan intervenir en la asociación con ejidatarios, sin que no tengan ninguna de las reglamentaciones que hay en esta Ley de fomento agropecuario.
Es decir, que las asociaciones, las unidades de producción, se van a ir a formar en los distritos de riego y quedan fuera de esta Ley las formas de esa vigilancia que argumentan para tratar de justificar las unidades de producción de ejidatarios, comuneros y los propietarios particulares, que son los capitalistas a los que nos hemos opuesto y aquí quedan prácticamente en la organización de la producción sólo reglamentados los distritos de temporal y no los de riego.
Insistimos en que deben quedar comprendidos en este capítulo de la organización, los distritos de riego y no sólo los distritos de temporal.
El C. Presidente: Tiene la palabra el ciudadano diputado Pablo Gómez.
El C. Pablo Gómez: El artículo 27 del Proyecto de Ley que nos ocupa habla de la integración del Comité Directivo del distrito de Temporal. Dice:
"Artículo 27. En cada distrito de temporal se integrará un Comité Directivo con el representante de la Secretaría en la entidad federativa de que se trate y con los delegados de las dependencias técnicas de la Secretaría que corresponda, junto con un representante de la Secretaría de la Reforma Agraria en carácter de secretario. Igualmente formarán parte de dichos Comités Directivos en representante de cada una de las organizaciones nacionales de ejidatarios, de los comuneros, de los colonos, de los pequeños propietarios, así como de las entidades siguientes: Banco Nacional de Crédito Rural, S.A., que opere dentro de la zona; Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera, S.A.: Fertilizantes Mexicanos, S.A.; Compañía Nacional de Subsistencias Populares; Servicios Ejidales, S.A., y en su caso, representantes de cualquiera otra entidad de la administración pública paraestatal, que operando dentro de las zonas de que se trate tenga relación por su actividad con el sector agropecuario. Podrán acreditar un representante ante los Comités Directivos los gobiernos de los Estados y los municipios a que corresponda el distrito de temporal de que se trate."
Me parece que la Comisión modificó en algo este artículo, quizás, parece que sí, pero no modificó la esencia burocrática y autoritaria del texto original.
Nosotros cuestionamos el fondo de este artículo 27. Y aquí están todos representados, menos los campesinos, que son los que integran la producción de los distritos, estos distritos de temporal.
¿Quiénes van a tomar las decisiones de estos comités directivos?
Pues, el representante de las Secretaría de Agricultura, el de la Reforma Agraria, todos los organismos paraestatales; el de la Secretaría de Reforma Agraria será el secretario, el de los bancos.
El C. Presidente: Orden, señores diputados. No se permiten los diálogos. Continúe diputado Pablo Gómez.
El C. Pablo Gómez (continúa): Se trata de un comité directivo del mismo tipo en como se han hecho esto en la historia de la organización agraria del país.
Hay aquí algunas fallas, incluso ¿cuáles son las organizaciones nacionales de ejidatarios?
Pues, la CNC, CCI, no sé si reconocen a la SUAC, también como organización campesina, a todas las que estuvieron en el sexenio pasado en el Pacto de Ocampo.
¿Cuáles son las organizaciones nacionales de los comuneros?
Probablemente las mismas y luego las organizaciones nacionales de los pequeños propietarios que creo que nada más hay una, que es la que dirige el diputado Salomón Faz, que está platicando allá atrás.
Es darle participación a la burocracia agraria del país, participación determinante en las sesiones de los comités directivos de los distritos de temporal. A esos distritos de temporal
convertidos en instrumentos burocráticos de esta burocracia agraria, que no es campesina, sino completamente nylon; a los burócratas de los bancos, de los organismos paraestatales, de la CONASUPO, etc. Menos participación a los campesinos, a esos no. Esta es la esencia de este artículo 27 y nosotros lo cuestionamos porque nos parece que retrata muy bien la naturaleza de esta Ley.
Ahora se va a agrupar en aras de la producción y de la productividad, a los campesinos y a los pequeños propietarios reales o simulados, en distritos de temporal, bajo la dirección y la égida de la burocracia agraria que es la responsable del fracaso alimentario de este país.
Justamente ellos son los que han creado esta situación en este país los responsables de la política agraria gubernamental y ellos van a seguir dirigiendo los Comités.
Estoy en el tema.
¿Qué no han leído el Artículo 27? Pues que se lea otra vez y vean que ustedes dicen tema cuando algo no les gusta.
El C. Presidente: Señor diputado Pablo Gómez continúe con su intervención.
El C. Pablo Gómez: Estos Comités Directivos de los Distritos de Temporal, distritos que se van a establecer de manera sistemática por la Secretaría, supuestamente tomando en cuenta zonas ecológicas y socioeconómicas, que los únicos que saben, porque son los únicos que saben según esto y esta ley, sólo burócratas de las Secretarías de Estado, toda la demás gente no sabe nada, incluyendo a los diputados.
De tal manera que según esta ley, el Artículo 27 es un reflejo muy bueno, estos organismos determinarán las sesiones de los Comités Directivos y los campesinos brillarán por su ausencia.
Nosotros proponemos la siguiente redacción de este Artículo 27:
"En cada distrito de temporal o de riego, se integrará un Comité Directivo con representantes de los ejidatarios comuneros, colonos y pequeños propietarios, los que ellos elijan entre paréntesis, de acuerdo a las bases que los propios productores fijen, respetando en todo caso que cada sector esté representando en el Comité Directivo por un número de delegados acorde a su importancia numérica, la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, la Secretaría de la Reforma Agraria y el Gobierno del Estado, designarán un representante ante el Comité Directivo que concurrirá a las sesiones del Comité, el Comité Directivo podrá formular invitación para que a sus sesiones concurran representantes de las entidades de la Administración Pública Paraestatal vinculadas al sector agropecuario y forestal, formulada y aceptada la invitación, será obligación de la autoridad a la que va dirigida, enviar un representante a la sesión del Comité Directivo".
Veamos entonces las dos cuestiones.
Por un lado el proyecto que nos presentan las Comisiones; por otro, esta proposición que hacemos.
Proponen Comisiones que toda la maraña burocrática esté y decida en el Comité. Proponemos nosotros que estén aquí representados los productores, proporcionalmente, de acuerdo a su importancia numérica por sectores: ejidal, pequeña propiedad o comuneros en su caso. De tal manera que sean ellos los que determinen las decisiones fundamentales del Comité Directivo y que sean ellos los que tomen sus propias decisiones, a esos comités deben estar representantes de estas dos secretarías de Estado, uno por cada secretaría y del Gobierno del Estado y todos los demás incluyendo CONASUPO y demás, deber ir a las sesiones del comité inexcusablemente, estar presentes, dar sus opiniones, pero no tomar las determinaciones.
¿Pues entonces en qué queda esta cosa de los distritos de temporal?
En lo mismo en lo que han quedado en términos generales el conjunto de la organización en el campo de nuestro país.
De tal manera yo quisiera saber cuáles son los argumentos para que estos comités directivos estén en manos de la burocracia agraria. Aquí hay dos sopas, o están los burócratas del campo o están los campesinos en los comités directivos.
El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado Manuel Terrazas.
El C. Manuel Terrazas: Señor Presidente: Por conclusión propia y cumpliendo además con un deber de transmitir una opinión de organizaciones campesinas independientes que han discutido la iniciativa, también sobre el artículo 27, simplemente proponemos que se redacte de la siguiente manera en función de que sea democrático y que realmente exprese la participación y la voluntad sin menoscabo de las organizaciones oficiales y paraestatales, la opinión de los campesinos. Entonces quedaría de esta manera el Artículo 27. Se agrega: "En cada distrito de temporal se integrará un comité directivo con una mayoría de los representantes de los productores...".
Y sigue todo el texto original.
Nada más.
El C. Presidente: tiene la palabra el diputado Miguel Martínez.
El C. Miguel Martínez: Señor Presidente; Compañeros diputados:
Vengo a proponer una adición al Artículo 25 de la ley que nos ocupa, por considerar de vital importancia la protección a nuestros recursos naturales.
Señores diputados:
Los bosques donde se producen las maderas preciosas deben ser protegidos de la voracidad de los taladores que en varios lugares han acabado con esa riqueza nacional.
En algunos Estados donde se produce la caoba, el cedro y otras maderas preciosas, especialmente en Quintana Roo que es el Estado que represento, ha sido víctima de una explotación inmoderada de estos recursos naturales.
Tenemos conocimiento, señores diputados, que en algunos lugares se están llevando a cabo desmontes en zonas boscosas para incorporar las tierras a la producción de alimentos.
Estaría yo de acuerdo cuando no hubiese otras tierras susceptibles de cultivo.
Considero que es muy importante la producción agrícola pero sin descuidar nuestras reservas forestales.
Tomando en cuenta estas consideraciones, me permito someter a su muy distinguida consideración la siguiente proposición de adición al Artículo 25 que a la letra dice:
"La Secretaría comprenderá, dentro del Plan Nacional, de Desarrollo Agropecuario y Forestal, el racional aprovechamiento de los recursos de los terrenos de temporal considerando las características del clima, la regularidad de los ciclos pluviales y demás condiciones naturales favorables a la producción".
Con la adición que estamos proponiendo a este artículo quedaría en la siguiente forma:
"Artículo 25. La Secretaría comprenderá dentro del Plan Nacional de Desarrollo Agropecuario y Forestal el racional aprovechamiento de los recursos forestales y terrenos de temporal considerando las características del clima, la regularidad de los ciclos pluviales y demás condiciones naturales favorables a la producción".
Hago entrega aquí a la Secretaría de mi proposición.
El C. Presidente: Tiene la palabra el ciudadano diputado Hugo Amao.
El C. Hugo Amao: Señores diputados:
En este capítulo es una demostración de la forma en que se trata de escamotear una participación más efectiva que los productores y en cambio, sí se plantea la participación de todo tipo de dependencias.
Nosotros consideramos que es necesario, en algunos artículos de este capítulo, precisar conceptos y, en los otros, hacer modificaciones que permitan una mayor participación a los productores de nuestro país. Por ese motivo, en el Artículo 26 que establece: "la Secretaría recabará la información correspondiente a la ejecución de obras de infraestructura, etc.", nosotros pensamos que aquí este Artículo encierra un aspecto muy superficial: "La Secretaría recabará la información".
Por tal motivo, nosotros proponemos que este artículo diga de la siguiente manera:
"La Secretaría estará obligada a atender las necesidades de ejecución de obras de infraestructura".
No dejarla a la vaguedad de recabar la información y quien sabe cuándo pueda ejecutarse esa obra.
En cuanto a los artículos 27 y 28, en el decreto presidencial de 1977 que crea los distritos de temporal y que está operando, hay una consideración de cómo deben de participar los productores y las autoridades locales y aquí se liga con el Artículo 28 por supuesto.
Nosotros, pensando muy seriamente en lo que es la soberanía de los Estados, y sobre todo de darle validez también a ese principio que tanto se habla, pero que tanto se escamotea su participación, que son los municipios, queremos hacer la siguiente propuesta, que el Artículo 27 quede exactamente en los términos en que lo establece el Decreto de 1977, es decir, que diga:
"En cada distrito de temporal se integrará un comité Directivo con los representantes del Sector Agropecuario del gobierno estatal y municipal y de las organizaciones de los campesinos, estando presidida por el representante del gobierno de la entidad federativa de que se trate".
Esto implica por supuesto que el 28 salga sobrando y entonces proponemos que el artículo 28 quede de la siguiente forma:
"Se formarán comisiones municipales de programación y evaluación presididas por el presidente municipal correspondiente al municipio de que se trate, integrando con todos aquellos representantes oficiales y de los campesinos que operen en el municipio con la finalidad de programar y evaluar acciones tendientes impulsar el desarrollo agropecuario del mismo".
Creemos que estando operando los distritos de acuerdo al decreto de 1977, de los cuales hay 124 distritos en el país y que también funcionan los comités Municipales de Programación y Evaluación, justo es que asuma la responsabilidad y que queden precisamente en esta Ley estas disposiciones. Así es como le dará más vida a la participación de los productores; definitivamente también le estará dando vida a las autoridades de los Estados y sobre todo a esa célula tan importante de la vida política del país que son los municipios.
Muchas gracias.
El C. Presidente: Tiene la palabra el C. Arturo Salcido Beltrán. Declina el uso de la palabra. (Aplausos).
Tiene la palabra en pro el C. Eleazar Santiago.
El C. Eleazar Santiago: Señor Presidente;
Compañeros diputados:
En virtud de que el proyecto de ley se refiere fundamentalmente a distritos de temporal, principiaré por definir qué es un distrito de temporal.
Los distritos de temporal son unidades técnico administrativas que comprenden zonas con características ecológicas y socioeconómicas homogéneas, en las que se realizan actividades agropecuarias y forestales, bajo condiciones de temporal y cuyo objetivo es propiciar el desarrollo integral del sector.
Se crean estos distritos para que la Secretaría adopte las medidas conducentes a fin de
apoyar la producción y la productividad.
Esto tiene relación con el Artículo 23 y 25 del Proyecto de Ley en discusión:
"Las dependencias de la administración pública federal, relacionadas con el desarrollo agropecuario y forestal y con la Secretaría, coordinadamente propondrán una regionalización común que les permita realizar con mayor eficacia y eficiencia las funciones que les corresponde ejecutar conjuntamente", relacionado con el Artículo 26 del Proyecto de Ley. Danzós Palomino nos decía que hay que involucrar en esta ley a los distritos de riego.
Quisiera informar a ustedes que desde 1925 los comités directivos de los distritos de riego están funcionando eficientemente; trabajan con la participación de los ejidatarios, pequeños propietarios comuneros, ganaderos y aún además de todas las dependencias paraestatales que tienen que ver con el Sector Agropecuario, presidiendo los comités el representante de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos.
Anteriormente, el Vocal Ejecutivo de estos comités era el representante de la Secretaría de Recursos Hidráulicos y el Vocal Secretario, el Agente General de la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Ahora el representante, el presidente o vocal ejecutivo de estos comités directivos, es el representante de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicas y en esta ley se propone, en este proyecto de ley que a semejanza de los comités directivos de los distritos de riego, se nombre además del presidente al secretario que será el representante de la Reforma Agraria.
Como establece el proyecto de ley, la limitación de los distritos de temporal estarán a cargo de la Secretaría tomando en cuenta las proposiciones anteriores, es decir, de todo el Sector Público y de los productores.
Respecto al Artículo 27 del proyecto prevé la integración de un comité directivo a semejanza de los comités directivos, como dije anteriormente de los distritos de riego, con la participación de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, de la Secretaría de la Reforma Agraria y de representantes de cada una de las organizaciones nacionales de ejidatarios, comuneros, colonos y pequeños propietarios. Esto responde a la pregunta o al cuestionamiento que hizo el compañero Pablo Gómez, los campesinos si están representados deacuerdo con el Artículo 27 de este proyecto de ley.
¿Por qué participan además de los ejidatarios comuneros, colonos y pequeños propietarios?
El Banco de Crédito Rural, CONASUPO, Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera, Fertimex y cualquiera otra entidad de la Administración Pública paraestatal que operan en el distrito de que se trate, si no participa Fertimex por ejemplo, el fertilizante no puede llegar a tiempo y la siembra no se lleva a cabo; lo mismo durante la cosecha, si CONASUPO no participa por ley, como es muy común que suceda, porque no hay una ley que los obligue, entonces la adquisición, la compra de los productos no es suficiente y hay pérdida en los productores.
Se les da participación, no obligatoria porque el Estado es libre y soberano, pero se invita a participar a los gobernadores de los Estados y a los presidentes municipales en cada distrito de temporal del que se trate. Esto está funcionando ya através de dos Acuerdos Presidenciales relativos a distritos de temporal y a través de 131 distritos de temporal que ya están establecidos en el país.
Los compañeros diputados que tienen relación o contacto directo con el campo, les consta que esto es verdad y que los resultados han sido positivos. Los comités directivos de los distritos de temporal tendrán, con esta ley, la autoridad suficiente para que las decisiones se tomen ahí mismo, acordes desde luego con el Plan Nacional Agropecuario y Forestal.
Esto se está llevando a cabo y los resultados están a la vista.
A pesar de que en 1980 hubo un retraso en el período de lluvias de casi un mes y de que la precipitación pluvial fue en promedio, en un 14% menos que la normal, hubo incrementos notables en la producción, pues de acuerdo con la evaluación que anteayer se presentó al Presidente de la República y que ayer - porque ahora ya estamos en ayer - se publicó en todos los diarios capitalinos, se produjeron 23 mil millones 500 mil toneladas de granos básicos y oleaginosas. Esto equivale a un incremento de un 29% en función de la producción de 1979.
Para sostener este ritmo de crecimiento, es indispensable contar con un instrumento jurídico para que en el futuro se garantice el abastecimiento de la alimentación del pueblo de México.
Compañeros diputados:
No concuerdo con la opinión del señor diputado Danzós ni de Pablo Gómez por lo tanto, propongo que se desechen las proposiciones de modificación, por improcedentes e infundadas y que quede el texto como está, y que se someta a votación incluyendo el artículo tal como aparece en la iniciativa que presentó el Presidente de la República y que sufrieron algunas modificaciones por las Comisiones de Agricultura, Recursos Hidráulicos, de Reforma Agraria y de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Gracias. (Aplausos).
El C. Presidente: Para hechos tiene la palabra el diputado Danzós Palomino.
El C. Ramón Danzós Palomino: Señores diputados:
Me vi en la obligación de hacer una aclaración porque yo no vine a cuestionar aquí el funcionamiento de los distritos de riego, ni cómo están representados.
Independientemente de que no estemos de acuerdo en algunas formas de funcionamiento de los distritos de riego, porque los conocemos y yo he actuado muchos años dentro de un
distrito de riego que es el del Valle del Yaqui y el del Mayo.
Se trata no de cuestionar los distritos de riego, se trata aquí de que hablando de la organización de la producción deben de quedar considerados los distritos de temporal y los distritos de riego para que sea congruente con el capítulo de planeación nacional, que el artículo 6o. dice:
"El Plan Nacional de Desarrollo Agropecuario y Forestal deberá considerar el adecuado aprovechamiento de los recursos de que se disponga en los distritos de riego y de temporal." Esto dice el artículo sexto hablando de la planeación nacional. Se refiere de la planeación nacional de fomento agropecuario y forestal y para que sea congruente el capítulo de la organización de la producción, deben quedar comprendidos los distritos de riego, no sólo por cuestiones simplemente de que se agreguen, como lo propusimos en el artículo 24, donde dice:
"El establecimiento y delimitación de los distritos de temporal se determinarán por acuerdo del titular de la Secretaría aun considerándole esas facultades, que será publicado en el Diario Oficial de la Federación, los distritos de riego que rigen, se rigen por la Ley Federal de Aguas - lo estamos reconociendo y por las disposiciones de esta Ley en lo conducente."
Eso es lo que agregamos.
Seguimos reconociendo que los distritos de riego como está el artículo se rijan por la Ley Federal de Aguas, que no lo cuestionamos, sino que se agregue por las disposiciones de esta Ley, por lo que en lo futuro va a traer como consecuencias el no considerar en la planeación como está en el texto no se traslade también esta misma redacción en lo que se refiere a la organización de la producción.
Y es un argumento que no lo contesta el ingeniero Santiago Cruz Eleazar, el hecho de que viene aquí a decirnos cómo se estructura un distrito de riego, ya lo conocemos, cómo se estructura un distrito de riego.
Lo que estamos tratando de incluir para evitar las consecuencias que va a traer el hecho de que tanto en la planeación como ya está en el 6o., no quede también en lo que se refiere a la organización de la producción y hay que aprobarlo como está, porque así lo mandó el señor Presidente y siempre viene el diputado Eleazar a decir que las cosas queden como están porque así las mandó el señor Presidente, cuando tratamos de ver cómo se puede remendar siquiera un poco esta iniciativa de Ley.
El C. Presidente: Con qué objeto, diputado Amao.
El C. Hugo Amao: El reconoció que los distrito de riego funcionan bien y precisamente mi proposición es que queden integrados en el mismo, como vienen funcionando.
El C. Presidente: Señor diputado, esta Presidencia entiende que rechazó las propuestas de modificación el diputado Santiago Cruz.
Se ruega a la Secretaría consulte a la Asamblea si se admiten las modificaciones propuestas por los CC. diputados Danzós Palomino al artículo 24, al artículo 25 y al artículo 28; al C. diputado (estamos en votación señor diputado), al artículo 27 con modificación del diputado Pablo Gómez; al artículo 27 con modificación del diputado Manuel Terrazas; al artículo 27 con adición del diputado Miguel Martínez; a los artículos 26, 27 y 28, con modificaciones del diputado Hugo Amao.
Proceda la Secretaría a consultar a la Asamblea si se admiten las modificaciones propuestas.
El C. secretario Juan Maldonado Pereda: En votación económica se consulta a la Asamblea si se admiten o se desechan las proposiciones presentadas por los ciudadanos diputados Ramón Danzós Palomino, Pablo Gómez, Manuel Terrazas, Miguel Martínez y Loreto Hugo Amao, en torno al título 3o. El diputado Danzós Palomino por lo que hace en torno al título tercero, el diputado Danzós Palomino por lo que hace al artículo 24, artículo 25 y artículo 28; el diputado Pablo Gómez por lo que hace al artículo 27; el diputado Manuel Terrazas por lo que hace al artículo 27; el diputado Miguel Martínez por lo que hace al artículo 25; el diputado Loreto Hugo Amao por lo que hace a los artículos 26 y 27. Los ciudadanos diputados que estén porque se acepten sírvanse manifestarlo. Los ciudadanos que estén por que se deseche ponerse de pie... Desechada, señor Presidente.
El C. Presidente: Consulte la Secretaría a la Asamblea si el título tercero, capítulo primero que comprende los artículos 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31, se encuentran suficientemente discutidos.
El C. secretario Juan Maldonado Pereda: En votación económica se consulta a la Asamblea si están suficientemente discutidos los artículos que corresponden al título tercero, artículos números 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señor Presidente.
El C. Presidente: Consulte la Secretaría, en votación económica, a la Asamblea, si autoriza se reserven los artículos 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 que comprenden el título tercero, capítulo primero, para su votación nominal en conjunto y en un solo acto con los demás capítulos reservados.
El C. secretario Juan Maldonado Pereda: En votación económica se consulta a la Asamblea si autoriza que se reserven para la votación nominal del título tercero, los artículos 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 en un solo acto conjuntamente con los títulos anteriormente reservados. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado, señor Presidente.
El C. Presidente: Se abre el registro de oradores para discusión del título tercero, capítulo segundo, que comprenden señor diputado
Pablo Gómez, yo entiendo que es evidente que sabe que artículos tiene el título tercero del capítulo II, pero esta Presidencia tiene que leerlos para que queden registrados en el Diario de los Debates. Entonces, si fueran tan amables, es un procedimiento normal, y siempre que hagamos este tipo de comentarios detenemos en tiempo el debate, de tal suerte que, amablemente, solicitamos se nos permita terminar.
Que comprenden el título tercero, el capítulo II, y que tienen los artículos del 32 al 42. En contra.
En contra:
Arturo Salcido Beltrán, Ramón Danzós Palomino, Gregorio Minondo Garfias, Manuel Terrazas, Carlos Amaya, Lázaro Rubio Felix, David Bravo y Cid de León, Fernando Canales Clariond, Esteban Aguilar Jáquez, Gerardo Unzueta Lorenzana, Antonio Becerra Gaytán, Manuel Rivera del Campo, Pablo Gómez Alvarez, Juan Aguilera Azpeitia, Gilberto Velázquez, Juan Manuel Elizondo, Cuauhtémoc Amezcua, Ernesto Rivera Herrera, Jorge Amador, Jesús Ortega y Loreto Hugo Amao.
Para hablar en pro:
Amador Hernández, Guillermo González Aguado, Carlos De Saracho, Rubén Duarte Corral, Rodolfo Fierro, Raúl Pineda, Gonzalo García, Federico Granja, Juan Ugarte, Melquíades Morales, Enrique Fernández, Marcos Medina y Conrado Marines Ortiz.
Tiene la palabra en contra el diputado Juan Manuel Elizondo.
El C. Juan Manuel Elizondo: Toda la discusión en el aspecto general de esta iniciativa giró en torno de este artículo 32 de la iniciativa presidencial. En apoyo de la iniciativa se esgrimieron argumentos de carácter sentimental y moral: "estamos en una crisis", se dijo, "y es necesario ya, por cualquier medio aumentar la producción de alimentos". Otro dijo que la conducta de su partido había sido desde su nacimiento, humanizar a los ejidatarios y a los comuneros que eran víctimas de la opresión del Estado. Para nosotros, para el Partido Socialista de los Trabajadores, no se trata de un problema moral, sino se trata de un problema profundamente político que a afectar toda la estructura de la sociedad mexicana, pero tal parece que como en los matrimonios de la China de hace un siglo, estamos preparando un matrimonio obsceno en el cual determinamos mediante contrato, cuáles son las obligaciones, los deberes y los derechos de los contrayentes, sin que éstos sepan absolutamente nada de lo que se está fraguando en este lugar, en esta noche.
Quienes están representando aquí o dicen representar al sector de los campesinos no tienen, y esto es evidente y obvio, la representación que dicen ostentar para comprometer a los ejidatarios en convenios de esta naturaleza; quienes, por otra parte, han asumido la representación de los llamados pequeños propietarios, es evidente y obvio, también que no tienen la representación de ellos. Los únicos que ignoran lo que está ocurriendo esta noche aquí, son quienes se van a unir en virtud de esta iniciativa de Ley. Los diputados tuvimos conocimiento, es cierto, hace un par de semanas, de este proyecto de Ley. Se han dado opiniones en la prensa, pero han sido opiniones críticas acerca de la iniciativa; la masa de los campesinos del Sureste, los que viven en las montañas y en las grandes llanuras del Norte, los que viven en las costas del Pacífico y del Golfo, ignoran todo lo que se está fraguando aquí acerca de su destino. Para nosotros éste no es un problema moral y resultaría, en cierto modo, indigno desde nuestro punto de vista, que se aprobara esta iniciativa sin haber dado los plazos correspondientes para ilustrar mejor, no digamos ya a la opinión pública, sino por lo menos los interesados en este convenio.
Primera observación de carácter político, en la mañana - probablemente el día de ayer - , afirmé que la responsabilidad de lo que está ocurriendo ahora en el campo y lo que está ocurriendo con la producción de alimentos en México, es responsabilidad única y exclusiva del Estado Mexicano. Expliqué bien que el Estado Mexicano había asumido esa responsabilidad desde el momento en que impuso condiciones a los ejidos para estructurarlos de cierta forma, de modo que amenguó su personalidad para poder competir con éxito con la pequeña propiedad agrícola.
Nacido el ejido de la Revolución Mexicana, otorgado por la Nación a los pueblos o núcleos de población, el Estado le impuso la condición de ser inalienables. Además nuestra reforma agraria tiene dos etapas: una la que viene de 1915 a 1946, cuando la reforma agraria tuvo un espíritu puramente justicialista; y precisamente por ello el reparto agrario se hizo de una, de media, de dos y cuando mucho de tres hectáreas por familia; todo el minifundio y la impotencia que existe en los ejidos otorgados de 1915 a 1946, se debe al espíritu con que el gobierno manejó nuestra Reforma Agraria.
La segunda etapa se inició en 1946, cuando el Presidente Miguel Alemán envió sus tan criticadísimas reformas a la Constitución General de la República e impuso como unidad mínima de dotación 10 hectáreas de riego o sus equivalentes en otras clases de tierras. Entonces fue cuando nuestra reforma agraria cambió. Pero no cambió ni la responsabilidad del Estado ni su punto de vista sobre el sistema ejidal mexicano. Siguió considerándose a los ejidatarios como propietarios de la tierra y los abandonó a su suerte.
Los bancos oficiales, desde antes y hasta la fecha, resultan importantes, incapaces, insuficientes, para hacer sostener y para apuntalar la responsabilidad oficial con los ejidos, a quienes les disminuyó su personalidad de crédito frente a la pequeña propiedad.
Los ejidos no han fracasado por inútiles, han fracasado por falta de apoyo; pero no por una falta de apoyo que puedan conseguir aquí o allá, sino por una falta de apoyo que el Estado está obligado a otorgarles porque el sistema
ejidal, desde este punto de vista, estructuralmente dependía y depende del Estado Mexicano.
¿Quién va a completar la personalidad jurídica ante los bancos y su capacidad de crédito en la banca privada si no es el mismo Estado que había disminuido su capacidad de crédito declarándolos inalienables?
A ustedes, los del PRI, y a ustedes, los de Acción Nacional, les digo que se están forjando ilusiones sobre esta iniciativa de ley. El matrimonio morganático que se está fraguando ahora entre los pequeños propietarios y los ejidatarios de México, no va a funcionar por razones tan elementales como estas: Los campesinos y ejidatarios, que suman millones en México, y escúchenlo bien porque estas palabras les van a arder en los oídos por varias semanas, forman el sector campesino del PRI y con esta alianza estructural que están haciendo u obligándolos a hacer con los pequeños propietarios - llamados así cuando en el fondo son los explotadores e invasores de los propios ejidos - alianza que se va a fraguar estructuralmente porque va a haber necesidad de emplear, como la propia iniciativa establece, medios importantes para sostener y para apuntalar la producción, tales como canales, bodegas, hangares, etc., medios que van a comprometer a esa alianza para siempre, cuando los tractores de los pequeños propietarios penetren a la tierra de los ejidos y empiecen a laborar, creando con un hecho consumado, permanente, imposible de deshacerlo.
¿Qué va ocurrir - les pregunto a ustedes - con el sector campesino del PRI? ¿Con esta alianza las unidades nuevas van a pertenecer todas al PRI y el sector campesino ejidal va a sufrir la influencia de quienes les van a dar los medios para trabajar, con quienes van a tener contacto inmediato y diario, que son los pequeños propietarios, y se van a escapar de la única razón que los mantiene ligados al gobierno y al PRI?
Y, por la otra parte, los señores de Acción Nacional piensan que por esa cercanía con los ejidatarios los van a sustraer del PRI, o que los mismos pequeños propietarios, alentados por la ambición, no van a pasar a perder su oposición al gobierno y al régimen, para pasarse a una estructura nueva, absolutamente nueva en el país.
¿Quién de los dos va a perder? ¿Cuál es la esperanza que tienen ustedes, o ustedes, en cuanto al destino político de esta alianza que van a formar? O esta iniciativa es absolutamente inocente, o es verdaderamente diabólica. No se les olvide que esa alianza es voluntaria y que puede ser disuelta cuando se quiera; no se les olvide a ustedes que por voluntaria puede deshacerse a voluntad, y obedecen unos al PRI, u otros a los reclamos de la pequeña propiedad, o se acabó la alianza, porque se acabaron los apoyos del Estado, que es el que tiene el bastón por la mano en este tipo de convenios.
Desde otro punto de vista, yo quisiera que me dijeran ustedes quiénes son los que van a contraer esta alianza: ejidatarios, campesinos, sí, y pequeños propietarios. La ley establece mecanismos complicadísimos desde el punto de vista burocrático y legal, para registrar los convenios ante notario público, después llevarlos a las autoridades, y que la Secretaría de Agricultura los autorice.
Los campesinos de Chicontepec, la zona indígena más pobre del país, donde apenas se habla el español y donde el náhuatl es el idioma de comunicación entre unos y otros, ¿son los que van a celebrar convenios ante notario, y son los que van a ir ante las autoridades superiores a que se les autorice, y son después los que van a ir a reclamar cuando hayan violaciones al contrato ante las autoridades, y, finalmente como dice el artículo 100, el último de la Iniciativa, van a recurrir en los casos no previstos por esta Ley al Código de Procedimientos Civiles? Por favor, señores, hay que entender: o es inocente la Iniciativa o aquí hay algo oculto que está escapando tanto a ustedes, los del PRI, como los de la derecha, y probablemente a los de la izquierda, y digo que a los de la izquierda, por que la izquierda ha tomado ya también el pan de que se le ofreció y ha empezado a morderlo. Nosotros estamos en contra absoluta de esta Ley y justamente por lo que a mí toca no he querido venir a envaselinarla para que les resulte a ustedes más cómoda y más apropiada su aprobación; la ley para nosotros es una ley vitanda, es una ley obscena, es una ley que no debe pasar aprobada por esta Cámara. Pero miren ustedes, en el Artículo 33 de la Ley habla de cómo los ejidatarios y sus asociados pueden hacer uso de sus tierras comunes. ¿Cuáles son las tierras comunes? El uso de espacios comunes quiere decir que el ejidatario puede trabajar en el predio del pequeño propietario; como el ejidatario está obligado a trabajar personalmente la tierra y el pequeño propietario no, entonces el ejidatario se reduce a peón y peón de hacienda, expoliado, porque está en su interés que no se contraten trabajadores asalariados, por que eso disminuiría sus "utilidades", ya que respecto del trabajo el ejidatario viene a ser un patrón como miembro de la comunidad nueva. ¿Quién va a pagar los anticipos al ejidatario? ¿El se va a pagar a sí mismo como patrón un anticipo alto, con cargo a las utilidades comunes? ¿Le convendrá al pequeño propietario que el ejidatario fije el monto del anticipo? ¿Qué pasaría en el caso de una reclamación de trabajo de un trabajador? La Ley dice que sólo responderá por las obligaciones, la masa del producto de trabajo ejido. Pero la Ley Federal del Trabajo dice otra cosa. No se hagan ilusiones: cada tractorista, cada trabajador que entra a una de estas unidades, pasará a ser miembro de alguna corporación del trabajo, y cuando les pongan la primera bandera, señores pequeños propietarios, se irá con él la masa de bienes, pero también el tractorcito, porque ante la Ley Federal del Trabajo nada vale porque no queda derogada por esta ley de tipo especial.
El Artículo 34
El C. Presidente: Continúe, señor diputado, con su intervención, todavía está usted en tiempo.
El C. Juan Manuel Elizondo (continúa): Al igual que en el artículo 33, en el 36, se dice: Se obliga a los ejidatarios a trabajar "la" tierra. No "su tierra, lo que lo esclavisa haciéndolos ciervos de la gleba. Si la ley lo obliga a trabajar personalmente, ahora no sólo está obligado a trabajar en su parcela, sino que por su pura conveniencia económica y para evitar que entren trabajadores asalariados, va a tener que laborar en el predio del pequeño propietario, ¿qué clase de trabajador va a ser éste? Va a ser un trabajador acasillado en su propia tierra, un peón, pero en las peores condiciones de todas: ¿quién pone límite a su jornada de trabajo? ¿La pone la Ley Federal del Trabajo? ¿Quién es el que le va a impedir que trabaje de día y de noche, puesto que en ello van sus utilidades?
Los ejidos no son expropiables, pero tampoco lo son las parcelas y el método que van a emplear los caciques y los jefes de la organización campesina que forman parte del gobierno y del PRI - y que ya han declarado aquí, en esta sesión, que son ellos los representantes de los campesinos y que se obligan por ello a que se realicen estos convenios - , es la amenaza, y más que amenaza, consiste en la expropiación de las parcelas.
Si hasta este momento los caciques solamente las tienen intervenidas, si en este momento las tienen invadidas para agricultura y con ganadería (y no solamente en el Sureste; el ejido de Vaquerías de Nuevo León que nosotros formamos, que es la tierra más optima del Estado está invadida por dizque pequeños propietarios que vienen a ser funcionarios de la Secretaría de la Reforma Agraria.)
¿Qué es lo que va a ocurrir cuando los campesinos vean llegar a su cacique o a su presidente municipal, que es el autorizado para inducir la aceptación de este convenio, acompañado con los llamados pequeños propietarios, que fueron los que de siempre los explotaron? ¿van a permitir tranquilamente que se instalen en sus tierras? Señores, piensen en las consecuencias políticas que trae aparejadas esta iniciativa. Vamos a entrar en un período crítico en la política nacional. Y esta iniciativa en vez de unir y apaciguar las conciencias en el campo lo que va a hacer es estimular las oposiciones y darnos motivos concretos de lucha violenta entre unos y otros factores.
Eso incurrirá en todas partes. En Sonora los ejidatarios echaron para fuera a los llamados pequeños propietarios, y en Sinaloa hay grupos muy importantes de ejidatarios que también se han pronunciado contra este convenio. Y basta que todo el sector revolucionario y progresista de México inicie su campaña para que el único perjudicado resulte el autor de esta iniciativa; pero las consecuencias políticas van a ser sufridas por todos nosotros, por ustedes y los demás, y por la nación mexicana; piensen bien, en lo que significa esta iniciativa desde estos otros puntos de vista. (Aplausos.)
El C. Presidente: Tiene la palabra el ciudadano diputado Amador Hernández.
El C. Amador Hernández: Señor Presidente;
Compañeros diputados:
Hemos escuchado la bien documentada intervención del señor licenciado Juan Manuel Elizondo, neolonés distinguido, regiomontano, diputado hace muchos años dentro de las filas del PRI y senador de la República durante el régimen del señor Presidente Miguel Alemán 1946- 1952 (aplausos).
Habla elocuentemente de la geografía de Veracruz y recorre imaginariamente los 72,215 km. cuadrados de Veracruz por que todos en aquel entonces cuando Miguel Alemán Presidente de México todos querían bailar la bamba, hablar como veracruzanos y aprenderse la geografía de Veracruz y su historia natural (aplausos); todos se inspiraban en el mudo testigo de generaciones, desde la formación del universo y se inspiraban en el mudo testigo, en el Citlaltépetl, en el Cerro de la Estrella conocido también como el Pico de Orizaba y en lo más encrespado de las montañas veracruzanas, todos querían ser veracruzanos porque el Presidente de la República era don Miguel Alemán y hoy todas las gentes que en un momento aplaudieron al señor presidente Miguel Alemán, hoy lo repudian y lo califican como el enterrador de la reforma Agraria, como a un régimen claudicante, a un régimen claudicante de la Revolución Mexicana.
Para mí, señores, creo que todos los regímenes revolucionarios, desde 1915 hasta nuestros días, han hecho lo necesario. Y no hay Presidente de México en todas las épocas, que no haya querido ser patriota, que no haya querido ser patriótica; que no haya querido escribir una brillante página de la historia.
No creo justo ni creo correcto que se habla de los presidentes de México en esas condiciones.
Las presentes generaciones no debemos fincar un éxito con críticas al pasado o al presente. Lo que nos interesa, es el porvenir de méxico, escribir una brillante página de la Historia de México al lado del Presidente de la República, de José López Portillo, para darle dimensión, y estatura a nuestro país. Ser independiente en lo político porque lo es nuestro territorio nacional. Toque a los mexicanos darle independencia económica al lado del señor Presidente de la República y no es con discurso ni con críticas sistemáticas, como se prepara al México que nosotros necesitamos preparar para las futuras generaciones. Para nuestros hijos que tienen derecho a vivir en medio de paz, respeto mutuo y felicidad.
Esa es la tarea que debemos tener todos los mexicanos dentro de las filas del PRI, dentro
de las organizaciones de partidos, de los partidos de oposición.
Bienvenida la oposición dentro del Partido Comunista, dentro del Partido Socialista de los Trabajadores, del Partido Acción Nacional.
Todos los partidos y las fracciones parlamentarias robustecen la democracia interna de la LI Legislatura .
Eso queremos, una oposición sistemática, una oposición brillante, una oposición con programa. Oposición con tesis, una oposición que sea capaz de que nosotros al conocer sus tesis reflexionemos sobre esas tesis y juntos hagamos lo que debemos hacer por México.
Quiero referirme, en forma muy especial pero además con respeto y con las consideraciones que merecen los diputados del Partido Comunista del Socialista y del Partido Popular Socialista todos ellos muy valiosos, gente estudiosa de la problemática de nuestro país. Que se están refiriendo a esta ley y están vetando en la participación del debate, se esta hablando de esta iniciativa presidencial como si se tratara de la tenencia de la tierra.
No es esta la iniciativa la que se refiere a la tenencia de la tierra, señores diputados de las fracciones parlamentarias; es una iniciativa que impulsa la producción agropecuaria de nuestro país, que pugna por la instrumentación de programas de la producción agropecuaria y forestal de nuestro país; que se entienda, y repito, por segunda vez, el ejido tiene su estructura jurídica intocable y es el régimen de la Revolución Mexicana el régimen que encabeza el señor Presidente José López Portillo, el que tiene que mantener viva la lucha en favor del ejido. El señor Presidente José López Portillo no arriará la bandera de la Revolución Mexicana ni acabará con el ejido; todo lo contrario, tendrá el ejido la más amplia comprensión, el apoyo durante el régimen del señor Presidente José López Portillo.
Que se entienda bien que de 1915 hasta el año de 1979 los regímenes revolucionarios han entregado a los ejidatarios campesinos,... 95 212 994 hectáreas. Así cumple la Revolución con los ejidatarios de México; que se entienda también que esta iniciativa que habla en el Artículo 32, se busca la asociación de los ejidatarios con los auténticos pequeños propietarios, con los minifundistas, con los comuneros, con las gentes que tienen pulverizada la posesión de la tierra, y con los que tienen el minifundio; que se entienda bien a las fracciones parlamentarias, un pequeño propietario o propietario dentro de la ley que tiene 100 hectáreas no va a ser aliado ni se va a unir con un ejidatario, porque él tiene una sola unidad de producción de 100 hectáreas que la ley le permite tener en posesión legítima y amparada por la ley si él tiene un sistema de riego propio, es decir con la perforación de pozo, explotando los mantos friáticos o profundos, o por un sistema de riego por aspersión o riego rodado por láminas de inundación, que se entienda.
Si está dentro del sistema de riego tiene derecho únicamente al disfrute de 20 hectáreas por que en la Ley Federal de Aguas no le permite tener mayor superficie de tierra y si alguien al amparo de la Ley de Reforma Federal de Aguas tiene mayor número de hectáreas, está cometiendo un error y todos somos copartícipes en un momento de desviaciones de conducta de no denunciar públicamente a quien está cometiendo una infracción contra la ley, pero que se entienda bien, insistimos en lo mismo, el Gobierno de la República quiere las unidades de producción. ¿Con qué objeto? Se trata de incorporar las áreas temporaleras de las zonas tropicales que tienen una explotación ganadera extensiva.
El Gobierno de la República quiere unidades de producción ganadera intensiva y que tengan también doble propósito: que se produzcan los granos, maíz, frijol, soya, cártamo y girasol, que al procesarse esas leguminosas producen aceite comestible, y que el subproducto sean las pastas, que son para alimentos balanceados.
Quiere el Gobierno de la República que en las zonas tropicales se incremente la producción de caña de azúcar para confeccionar alimentos balanceados.
Para nadie es desconocido que tenemos cinco millones de déficit de leche y nadie sabe por qué la ausencia del preciado lácteo y se debe precisamente a que nosotros, con nuestra conducta, a base de demagogia, estamos desplomando la producción ganadera y de leche. No hay carne, y ya se nos ha anunciado que hay la posibilidad de que se importe periódicamente carne. Ese es un grave problema, de aquí que todos los mexicanos y ustedes, señores diputados, deben entender que los déficits de producción de granos son muy importantes y se incrementan día a día. La falta de ganadería, la falta de leche y la falta alimentos es un problema para todos los mexicanos, de todo podemos prescindir menos de comer.
En estos momentos también se desploma la producción avícola. El huevo que tiene un precio de garantía de $23.00 pesos, está a $19.00. La producción de cerdo también, la porcicultura, viene abajo. Eso es lo que debe preocuparnos a todos, menos palabras, menos discursos y más acción en beneficio de la patria.
Muchas gracias.
El C. Juan Manuel Elizondo: Pido la palabra, por alusiones.
El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado Juan Manuel Elizondo.
El C. Juan Manuel Elizondo: Dicen que más sabe el diablo por viejo que por diablo. El señor Amador Hernández, diputado a quien yo respeto, y en cierto modo admiré también durante su gestión como líder de la CNC, una organización de éstas... Admito, yo no estoy obligado a saberlo. Lo admito.
Jamás fui miembro del Partido Revolucionario Institucional, ni del PNR. En 1945
proyectamos Lombardo Toledano y su servidor la constitución del Partido Popular, y a un siendo miembro del Partido Comunista, óigase bien, fui elegido por el PRI a sabiendas de ello.
El día 1o. de septiembre entramos a la Cámara de Senadores y el día 13 de septiembre de ese mismo año lanzamos el llamamiento a formar el Partido Popular. 13 días en el senado, elegido por el PRI, sin ser miembro del PRI. Era el tiempo en que se hacían combinaciones de ese carácter, inclusive con el Partido Comunista. Dionisio Encinas, jefe del Partido Comunista, jugó como candidato aliado con el PRI, pero con el registro del PRI, por la región de La Laguna. Así, desde el día 13 de septiembre el único enemigo que tuvo en el Senado el régimen de Miguel Alemán fue su servidor, el único senador de oposición formando parte de un partido político, del Partido Popular, su servidor; pero cuando dije que Amador Hernández había puesto la ficha que necesitaba, es por lo que sigue. El primer año de Miguel Alemán es un año de gobierno ejemplar. Miguel Alemán fue derrotado por el gobierno norteamericano, óigase bien, cuando fue a Washington a pronunciar su discurso y regresó a México y tuvo una recepción en el zócalo que ya quisieran los demás presidentes de la República.
El programa presentado por Miguel Alemán, programa frustrado por su devaluación un año después, consistía en lo que quiero decirles: que hay otras opciones, aunque aquéllas frustradas, hay otras mejores y más sencillas que las que se nos proponen ahora. Entonces no había más sistemas de riego que la presa de Pabellón y la presa de don Martín. La obra hidráulica en grande la empezó Alemán. Que cuando empezó el gran desarrollo de los sistemas de riego pero estaba programado, además, mediante una ley de colonización que subsiste todavía, que esos sistemas de riego deberían ser ocupados a razón de 10 hectáreas por familia trasladada del altiplano, porque en las zonas donde se instalaban estos sistemas de riego, la población era insuficiente.
Para ello se incluyó en la Constitución que de ahí en adelante, la dotación mínima de tierra de riego debería ser de 10 hectáreas. ¿Lo ha cumplido el gobierno o no? No lo ha cumplido, y ahora pretende expropiar las pobres tierras de agostadero que le dieron a los ejidos, antes de cerciorarse si cumplieron con la dotación constitucional a que tenían esos ejidatarios derecho. Esta me parece una decisión miserable, me parece una decisión de alguien o alguienes que no saben lo que se llama nada de lo que ha pasado en el país en materia agraria. Pero esto les implica a ustedes un problema: la unidad óptima de pequeña propiedad en este país, donde se empezaron a hacer estos estudios, los primeros estudios en materia agraria, es de 10 hectáreas por cabeza, y es aquí en donde resulta la absoluta ignorancia del gobierno, porque ejidatarios con derecho constitucional a recibir 10 hectáreas de riego o sus equivalentes, que siempre son el doble, están en el límite de la pequeña propiedad. Todo el parvifundismo que ustedes quieren asociar con ellos, es minoritario con respecto a la cantidad de tierra que poseen, frente a los ejidatarios. Aquí hay una violación gravísima a la Constitución, gravísima, por que si se revisara de 1947 a la fecha, se vería que a nadie le han entregado la dotación mínima que exige la Constitución, la mínima exigida por la nación a través de la constitución, y les han seguido entregando 2, 3 y 5 hectáreas, cuando es posible, y los han condenado a estas soluciones bastardas que para poder resolver la miseria a que los condujo el régimen que ustedes llaman de la Revolución, ahora pretende convertirlos en peones de la pequeña propiedad. Pero el Estado es el responsable, porque, repito, que fue el que configuró la personalidad legal del ejidatario, y por tanto es el obligado a sostenerlo y ahora le da la espalda no sólo a él, sino a la misma obra del gobierno llamada de la Revolución.
El C. Presidente: Señores diputados, yo entiendo que la hora ha transcurrido tiempo suficiente, que los ánimos están un poco caldeados, estamos sobre la discusión del Artículo 3o. Capítulo II. El señor diputado Juan Manuel Elizondo habló sobre este tema y el diputado Amador Hernández le contestó. Yo solicito para abreviar el tiempo y para dedicarnos al debate que aquí se ventila y en función a la Asamblea, que conforme a la lista de oradores 23 en contra, 12 en pro, regresemos al tema después de que se le dio la palabra al ciudadano diputado Juan Manuel Elizondo para contestar alusiones con respecto a los planteamientos que hizo el ciudadano diputado Amador Hernández.
Por eso esta Presidencia, algunos diputados desde abajo decían que se había salido del tema, se les olvidó que no estaba precisamente sobre el tema, sino para alusiones personales su intervención. En esa función se le permitió al diputado Elizondo fuera del tema hablará, en consecuencia, si ustedes están de acuerdo continuamos con la lista de oradores, en obvio de tiempo y el tema que estamos ventilando.
(Aplausos.)
Por otro lado, para una aclaración mínima, esta Mesa Directiva ha permitido que se hagan una serie de planteamientos y señalamientos de abajo, porque entiende que hemos iniciado el debate a la altura de las 10:30 horas de la mañana y estamos en horas de la madrugada, de tal suerte que nosotros pedimos que no ha sido por falta de imponer reglas y formas en base al reglamento. Entonces al margen de todo este tipo de cuestiones y en base a esta Cámara y a la honorabilidad que tiene cada uno de ustedes en esta Asamblea, podamos concretar para poder llegar a conclusiones serias.
Tiene la palabra, en consecuencia, en contra el ciudadano diputado Danzós Palomino.
El C. Ramón Danzós Palomino: En el capítulo II de las Unidades de producción, expresamos en el debate general que la formación de las unidades de producción que establece el artículo 32 está la esencia de toda la Ley de Fomento Agropecuario y a pesar de nuestra insistencia en que este problema debía ser discutido más a fondo, ha habido no sé si persistencia o capricho en que debemos discutir esta ley a pesar de la hora, porque mañana posiblemente ya salga publicada, de que ha sido aprobada.
No nos explicamos la urgencia a pesar de que algunos diputados decían que se van a perder ciclos agrícolas si no aprobáramos esta ley que fue la argumentación que se dio cuando proponíamos un período extraordinario de sesiones nosotros dijimos que no habría ninguna pérdida de ciclos agrícolas porque ya los planes de cultivo estaban en marcha tanto desde el punto de vista de la planeación, de la Secretaría de Agricultura, el Banco de Crédito Rural tenía sus programaciones, los bancos privados por su parte aquellos que refaccionan con avíos refaccionarios actividades de la agricultura también tenían sus planes de desarrollo en cuanto a la producción y era enormemente pobre el argumento de que se perderían ciclos agrícolas con la aprobación de esta ley.
Hemos dicho y seguiremos sosteniendo que con esta ley o sin esta ley seguiremos avanzando los planes que se han elaborado para tratar de aumentar la producción y que con esta ley o sin esta ley, si no hay un propósito gubernamental de destinar por parte del Estado, grandes financiamientos a la agricultura, los planes y esa ley no tendrán la eficacia que deben tener. Y es precisamente en este argumento de algunos diputados de que la asociación con los pequeños propietarios, es que el Estado no tiene el dinero suficiente para invertir principalmente no en los créditos de avío, sino en los refaccionarios que implica grandes gastos para infraestructuras, para nivelaciones de tierra, para desmontes, para construcciones de presas , para perforación de pozos, que son los créditos refaccionarios a largo plazo.
No hay el dinero suficiente para tratar de aumentar la producción, y esta es la esencia del Artículo 32 y de la constitución de las unidades de producción con la asociación de ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios, entre comillas, para nosotros; para que sea la iniciativa privada la que tenga una gran responsabilidad en la diversión a la agricultura y tal parece que el Estado quiere quitarse la responsabilidad de esa planeación y de esas inversiones.
Nosotros hemos dicho que el Estado, aún estando en condiciones menos propicias para la inversión en el campo, como fueron en la época de Cárdenas con las transformaciones agrarias, a través de los grandes repartos de tierra principalmente en cultivo como en el Valle del Yaqui y el Mayo, en la Comarca Lagunera, en Lombardía, Nueva Italia, en el Soconusco y otras partes, detrás de los repartos de tierra iba la inversión suficiente para producir y también la asistencia técnica. Pero lo más importante y aquí se ha dicho, era la organización independiente y democrática de los campesinos.
Y ahora hay recursos.
Puede haber recursos desde el punto de vista de las captaciones fiscales; puede haber recursos de las explotaciones petroleras; puede haber recursos de empréstitos o tratando de gravar a la banca privada, aumentando o gravando los encajes legales para tratar de canalizar créditos por parte del Estado al desarrollo de la agricultura, y aveces, y perdónenme algunos compañeros diputados que son militares, que hemos dicho que podrían disminuirse gastos que para nosotros para qué los queremos en la magnitud en que se han presupuestado, para gastos del Ejército o la Defensa Nacional.
Podrían reducirse muchos gastos suntuarios que se están haciendo y que no hay oportunidad de discutirlos cuando se viene a aprobar los ingresos del país, para tratar de canalizarlos a la agricultura y no es posible que se quiera ahora, con ese pretexto de que el Estado no tiene los recursos necesarios, que hemos planteado así, como para tratar de ver los problemas de la alimentación en manos de compañías extranjeras, la nacionalización de esas empresas que manejan la industrialización de los productos alimenticios, así también hemos planteado la nacionalización o la estatización de la banca privada para que sea el Estado el que tenga los recursos y poderlos canalizar a la agricultura.
Pero ahora, en lugar de tratar de tomar esas medidas que en algunos casos algunos funcionarios, cuando nos preguntan de la magnitud de esta medida, que son medidas muy radicales. Es cierto, pero para los grandes males de un país se necesitan también grandes remedios, por eso no es posible aceptar que para el desarrollo y para el fomento agropecuario y forestal, se tenga que plantear este tipo de asociación con los capitales agrarios y en los que van a intervenir los capitalistas industriales bancarios y los grandes comerciantes.
Por eso, al oponernos a esta asociación planteada en el Artículo 32, nosotros seguimos insistiendo y sumándonos a la proposición que en las comisiones hicieron los compañeros del Partido Popular socialista de que los ejidos o comunidades y esta es nuestra propuesta nuevamente, en el Artículo 32, los ejidos o comunidades podrán integrar, mediante acuerdo, se entiende que con acuerdo es voluntario, quitando la palabra voluntario porque esto de la voluntariedad tiene muchas cosas que vérseles para ver cómo se obliga al campesino a pasar a estas asociaciones restringiendo los créditos como se hicieron cuando se destruyeron los sistemas colectivos en la época de Alemán, suspendiendo los créditos del Banco Rural y liquidando las sociedades para que pasaran a la renta de la parcela, así puede
hacerse ahora para forzarlos a crear las unidades de producción.
Entonces, los ejidos o comunidades podrán integrar, mediante acuerdo, unidades de producción asociándose entre sí con la participación de la entidad Pública del riesgo compartido.
Las unidades de producción así constituidas se regirán por la Ley Federal de Reforma Agraria y por las disposiciones en la presente ley.
Esa es la proposición que hacemos a reserva de las argumentaciones en contra de este proyecto de ley que implica la asociación de ejidatarios con pequeños propietarios.
El C. Presidente: Tiene la palabra en contra el ciudadano diputado Manuel Rivera del Campo.
- EL C. Manuel Rivera del Campo: Señor Presidente, H. Asamblea: creo que el propósito fundamental de esta ley es el incremento de la producción de alimentos. No es necesario insistir mucho para que recordemos que uno de los principales males actuales es el desplome de esa producción. Esta dramática realidad incide con caracteres graves en nuestro país, un país que tiene más de la mitad de su población con una alimentación inadecuada, que necesariamente conduce a una angustiosa desnutrición, tan nociva para toda la actividad productiva y creadora. Ese desplome de la producción de alimentos es real, reconocido en el pasado informe por el Presidente de la República, que nos ha obligado a importar grandes cantidades de granos para satisfacer esa creciente demanda de este pueblo también creciente.
No es necesario recordar las causas del desplome, son de sobra sabidos. Lo único que hay que observar es la conveniencia de encontrar soluciones a ese problema capital del México contemporáneo: la falta de producción suficiente de alimentos.
Quién ignora que la importación de alimentos - algo tan vital en la vida de los pueblos - , cuestiona con mucho nuestras decisiones soberanas como nación, al depender del extranjero por no tener autosuficiencia. Ciertamente que uno de los propósitos de esta ley que estamos discutiendo es el de incrementar substancialmente la inversión directa en el campo, y dejar de sacrificar la actividad agropecuaria en beneficio de otros sectores. Es por ello que los diputados de Acción Nacional no estamos de acuerdo con que se haya modificado el texto de la fracción 2o. del artículo 41, que originalmente en la iniciativa del Presidente de la República, contemplaba que los ejidos y comunidades participen en la integración de unidades de producción, en forma unitaria o parcial. Creo que por un exceso de celo de algunos diputados de la CNC, se cambió la redacción de esa fracción en un discutible afán de protección. Se ha quitado en el nuevo texto la posibilidad de que gente del campo, ejidataria, que ha demostrado su eficacia, en contraste con otra, que es rémora entre sus propios compañeros, pueda dedicarse con empeño y con medios a elevar la producción y por tanto su nivel de vida, meta deseada.
Más ese exceso de celo, pienso que afecta seriamente el propósito presidencial de incremento de la producción de alimentos, de persistir esta enmienda de plana al Presidente. Los pequeños propietarios, en realidad los pequeños propietarios, no podrán jamás invertir con los ejidatarios porque no tienen ni con mucho, capacidad para poder hacer producir todo un ejido, una comunidad. Esto quedará así reservado sólo a los cresos, a los magnates, a los grandotes, a los neolatifundistas que sí podrán contar con medios suficientes para poder erogar las cantidades necesarias o contar con la maquinaria requerida para emprender tan grande obra: hacer producir todo un ejido o una comunidad; no habrá medias tazas, un pequeño propietario de los de a deveras no podrá asociarse con algunos ejidatarios porque se suprime esa posibilidad de que los ejidos puedan asociarse en forma parcial en unidades de producción. Al quedar el texto modificado como ahora viene, también contradice lo expresado al principio por el artículo 9o. de la Constitución que señala tajantemente: No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito.
Señores diputados:
Esta Ley es trascendente en muchos aspectos, trata de mejorar el nivel de vida del campo, elevar la producción y evitar la dependencia del exterior en materia alimenticia. La demagogia no debe entrar en ningún plan de desarrollo rural, esa dejémosla para la Vía Apia, allá en Roma, o acaso a las Catacumbas, no por que se oponga algún diputado de izquierda domesticada, confeso por boca propia de ser de la CIA, que aquí afirmó que los Graco eran de Grecia cuando en realidad eran de la Península Itálica; no por que estos señores que citan constantemente a Lombardo y que me recuerdan el anuncio ese televisivo donde aparece Anthony Quinn diciendo "y como el viejo decía, ellos, esos ingratos que ahora atacan a Alemán, pero que en sus tiempos, como el viejo decía, era el cachorro de la Revolución, qué pronto olvidaron que entre otras cosas, les regaló la Imprenta del periódico El Popular.
Pero volviendo al tema central, por todo ello propongo que para cumplir con los fines por los que fue concebida esta Iniciativa, de alentar a todos los sectores que ocurren en el campo, se reintegre el texto original de la fracción segunda del artículo 41 como venía redactado en la Iniciativa enviada por el Presidente de la República.
Presento por escrito y firmado por mí el texto original de la fracción segunda del artículo 41 de la Iniciativa del Presidente López Portillo, para ser considerada en este pleno, y solicito también a la presidencia que cuando sea puesta a votación esta proposición sea no
en conjunto con otros partidos que no coincide uno en sus proposiciones.
Gracias.
El C. Presidente: Tiene la palabra en pro el C. Rodolfo Fierro Márquez.
El C. Rodolfo Fierro Márquez: Compañeros diputados:
Somos ejidatarios del Valle de Mexicali, del Ejido Tehuantepec, ejido colectivo que tiene 8 años trabajando colectivamente con los ejidatarios, 104 ejidatarios, que somos de ese ejido. Quiero manifestarle, ya que hemos estado dialogando los compañeros diputados de los diferentes partidos y nuestro partido, el PRI, este día que se está discutiendo una ley tan importante para nosotros los campesinos, para los campesinos de Baja California, que ya hemos estado trabajando como está la Ley del señor Presidente López Portillo, que ha mandado a esta Cámara para la discusión de nosotros los diputados.
Estamos trabajando de varios años ejidatarios en asociación entre los mismos ejidatarios, asociación de ejidatarios con colonos, con pequeños propietarios y con ganaderos.
Hemos estado creando estas industrias que benefician a los campesinos del Estado de Baja California.
Yo quiero que me permitan el expresar el sentir de un ejidatario que ha llegado a beneficiarse con lo que los gobiernos revolucionarios han dado a los campesinos del país.
Es importante que nos serenemos un poquito y escuchemos por qué debemos ponerle atención al campo.
En el campo está la alimentación de todo el pueblo de México y si no le ponemos los esfuerzos necesarios de los gobiernos revolucionarios que México ha puesto en manos de todos los campesinos, no vamos a hacer nada con amagar y crear agitación.
¿Para qué estamos?
Para unirnos todos, somos mexicanos y necesitamos la estabilidad de este país para que sigamos progresando y no vengan fuerzas extranjeras a apoyar y apoderarse de nuestro país.
Compañeros diputados:
Estaba pensando en los campesinos en una asamblea, en el Valle de Mexicali.
Existe la asociación de Lázaro Cárdenas que maneja los fertilizantes de todos los ejidatarios de Baja California, son los que distribuyen el fertilizante a los compañeros campesinos en el Estado, tienen almacenes para almacenar 150 mil toneladas de los granos que producen los ejidatarios, manejan todos los insecticidas las siembras que hacemos nosotros en el Estado de Baja California, manejan todos los aviones fumigadores con hijos de ejidatarios, de pequeños propietarios y colonos, que son los pilotos de los propios aviones.
Hablo de esto porque si ha sido de la organización de que se ha llevado, ha sido una lucha de más de 15 años para llegar a tener lo que tenemos colonos y pequeños propietarios del Valle de Mexicali.
Por qué ha sido esto?
¿Porqué no han llevado a la organización a la Asociación de Unión de Productores?
Porque antes manejaban eso las compañías "Anderson Clayton", las compañías extranjeras y hoy, los campesinos manejan todas las empresas de plantas despepitadoras, plantas de aceite, refinerías, molinos harineros, pero ha sido la organización la que los ha llevado a eso.
Entonces, en este sentido, esto ha sido con crédito del Banco de Crédito Rural, crédito que hemos pagado a la institución financiera del gobierno, las anualidades de los créditos refaccionarios y muchas de la mayor parte de las veces antes de que se venza el documento que termina en el año que van venciendo.
¿Por qué hemos llegado a esto?
La unidad de los ejidatarios y de los pequeños propietarios y colonos ha servido para ampliar las empresas, empresas de los campesinos que están unidos, campesino es el ejidatario, el colono y el pequeño propietario porque son las tres formas de tenencia de la tierra en Baja California y ahí los ejidatarios tenemos 20 hectáreas, los colonos 20 hectáreas y los pequeños propietarios 20 hectáreas también y todos son sujetos de crédito, pagan sus créditos y quiero manifestarles que los mayores productores son los ejidatarios.
Los ejemplos que han sido en el estado y tenemos central de la CNC, CCI, Federación de la Pequeña Propiedad y los 20 CNC de los colonos también esas son las organizaciones que están en el estado de Baja California; no hay distinción de siglas entre los mismos pequeños propietarios, colonos y ejidatarios.
Esto viene a ser, pues, porque se requiere, porque estamos trabajando ya de muchos años con muchas artimañas para poder encajar con la Ley de Crédito Rural, con la Ley de Reforma Agraria y hoy el Presidente tuvo la visión de mandar una ley tradicional para nosotros los campesinos y colonos y pequeños propietarios. Yo estoy hablando de los pequeños auténticos propietarios. Que se entienda bien. porque no estamos defendiendo a los latifundistas de ninguna manera. Estamos con las gentes que son auténticos pequeños propietarios.
También quiero manifestarles que esta iniciativa del señor Presidente, debe de apoyarse.
Ya se benefició en las comisiones que estuvimos. Ahí estuvimos averiguando; muchas de las cosas salieron favorables al Partido del PCM. Algunas cosas se les ayudó y otras cosas que no era posible, pues también se les dijo que no, pero había la necesidad. También a los de Acción Nacional se les dijo muchas cosas sí y otras cosas que no podían ser.
Entiendan la realidad de este país.
Yo como campesino no tengo mucha escuela, llegué hasta sexto año y estoy orgulloso y pienso una cosa: les llamo hermanos porque todos somos hermanos mexicanos. A todas las fracciones de un lado y del otro lado.
Somos amigos, aquí estamos discutiendo, pero nos estamos discutiendo cosas que nos lleven de los sentidos políticos de cada partido. No ideología. Es una ley para producir, para alimento de nosotros los mexicanos. El que se ha fijado el Presidente López Portillo. Por eso, compañeros, yo los exhorto a todos, de todos los partidos; aunque yo soy del PRI, pero también les digo: ayuden al Presidente, porque tienen la obligación como mexicanos de servirle al Presidente de México (aplausos), servirle al Presidente de México es servir al pueblo de México.
Muchas gracias.
El C. Presidente: Tiene la palabra el C. Lázaro Rubio Félix.
El C. Lázaro Rubio Félix: Señor Presidente:
Señoras y señores diputados:
El Artículo 32 de la iniciativa a debate es el que, como ya lo han dicho otros oradores, es fundamental. De este artículo se deriva toda la esencia y la razón de ser de la ley que se discute.
La fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista se ha pronunciado en contra de la asociación que establece la iniciativa entre los llamados pequeños propietarios, ejidatarios y comuneros por las razones que ya explicamos con toda amplitud en Comisiones y que simplemente vamos a reiterar en esta Asamblea.
Es poco lo que tenemos que agregar a los argumentos que se han manejado ya en esta tribuna. Por más que se diga lo contrario, por más que se intente convencernos de que no hay en el fondo de la iniciativa graves riesgos para el sistema de la propiedad social de nuestro país, los hechos son evidentes.
¿Cuál va a ser la reacción de los ejidatarios y comuneros que se han visto abandonados por el Estado, por el Gobierno de la Revolución Mexicana, aún aceptando que en muchas ocasiones no sea imputable por las carencias de un país subdesarrollado como el nuestro, cuando vean que los que fueron en su salvación, los que realmente le ayudaron a salir de su pobreza y de sus carencias no fue la Revolución Mexicana, no fueron las instituciones establecidas por ésta, sino la propiedad privada de la tierra, cuando en su mente sencilla vea que fueron los propietarios de la tierra los que resolvieron el problema de la propiedad social?
Si a esto le agregamos la campaña permanente de desprestigio a todas las instituciones emanadas de la Revolución Mexicana de parte de las fuerzas reaccionarias al servicio de las empresas transnacionales y del imperialismo y por la otra parte la campaña de desprestigio a las instituciones que manejan los trotskistas y la provocación contra el Gobierno de la Revolución ¿Cuál va a ser la emoción, la inquietud de los campesinos mexicanos?
Esa permanente campaña de desprestigio a las instituciones revolucionarias tiene una finalidad política. Por eso coinciden fuerzas incluso discrepantes desde el punto de vista ideológico.
La finalidad consiste en que en la medida en que se refieran las masas populares, el apoyo de las masas populares del Gobierno de la Revolución éste indudablemente se debilita frente a las fuerzas reaccionarias y a las presiones del imperialismo.
La intención conlleva a que cuando el Estado Mexicano, cuando el equipo gobernante se considere abandonado por las masas populares no le queda más que un camino, entregarse al respaldo de las fuerzas armadas y eso constituye una dictadura.
Los que dicen que luchan contra el gobierno, por sus fallas, por sus defectos, por lo esto, por lo otro, y que van a movilizar a las masas populares para que estas se levanten contra el estado burgués, etc., lo hacen porque creen que si se da ese fenómeno de que cayera este gobierno que hoy dirige los destinos de nuestra patria, al día siguiente estableciésemos un sistema más avanzado, de un gobierno de la clase obrera, que fuese posible establecer el socialismo, no, y no lo saben, no lo ignoran. El camino sería una dictadura militar fascista, ese sería la tragedia para el pueblo de México.
Y no lo ignoran ni los trotskistas ni la derecha reaccionaria. Lo saben y por eso lo manejan, por eso lo impulsan. Por eso lo mantienen de manera permanente.
A pesar de las dudas del compañero Amador Hernández, yo soy ejidatario en posesión de parcela. El ejido se llama Gregorio Vázquez Moreno, en honor y recuerdo a un líder campesino que nos asesinaron en el sur de Sinaloa. El ejido está ubicado en el sur del Estado, en el Municipio de Rosario. Yo me imagino cuál va a ser la reacción de mis compañeros cuando alguien vaya a proponerles la alianza con los llamados pequeños propietarios.
En el sur de Sinaloa la lucha agraria nos cuesta más de 1 200 vidas que cayeron segadas por la "Quinta columna" y los terratenientes, en los años de 1938 a 42. No quiero decir con esto que en todo el país se haya dado el mismo fenómeno y les quiero decir con esto que en todo el país se ha llevado el mismo problema y los llamados pequeños propietarios fueron los que sostuvieron económicamente a los grupos de criminales a sueldo que llenaron de sangre y de lágrimas toda la región sur de Sinaloa, desde los municipios de Elota y San Ignacio hasta Escuinapa.
Pero hay otras cuestiones.
Queremos suponer que se va a constituir una unidad de producción con cinco ejidos, dos comunidades y 10 propietarios; los ejidos aportan 10 000 hectáreas, por decir una cifra cualquiera, los propietarios a razón de 200 hectáreas de temporal aportarían 2 000 hectáreas. La unidad se constituye entonces con 12 000 hectáreas, 10 propietarios y aproximadamente 500 ejidatarios y comuneros; a los propietarios no les exige la Ley que trabajen personalmente, a los ejidatarios y comuneros sí; los propietarios van a aportar a la unidad de producción sus recursos,
el tractor, la desgranadora, la bodega, quizás los camiones de acarreo y los ejidatarios van a aportar la tierra que no tiene valor comercial y van a trabajar los 500 ejidatarios y comuneros las 12 mil hectáreas, las del ejido y la comunidad y la de los propios propietarios. Entonces, el resultado es que se van a convertir en peones en sus propias tierras.
¿Cuál va a ser el reparto de utilidades de esta unidad de producción?
¿En qué proporción van a recibir esas utilidades, por una parte, 10 personas y, por otra parte, 500 personas?
Al ejidatario y al comunero no le quedará más utilidad que el esfuerzo personal, el esfuerzo de su trabajo.
Y hay algo más.
Trabajan así un año, otro año y el propietario muy amable con los ejidatarios y los comuneros, resolviéndole sus problemas, hay propietarios y caciquillos de pueblo que hacen compadres a la mitad de los vecinos de un rancho para atraerse la simpatía, respeto, y explotarlos, pero son sus compadritos y los que conocemos el campo mexicano sabemos que esto es una verdad y encontramos, ya se dijo aquí que en un momento dado los que influyen en los campesinos son estos propietarios y ni el partido del gobierno ni la Confederación Nacional Campesina ni ninguna otra central, porque se han creado condiciones para que esta gente sea arrastrada hacia aquellas corrientes de opinión que fueron los que llegaron a salvar su situación económica. Ahora, muy brevemente, algunas reflexiones respecto a las actitudes que algunos energúmenos reaccionarios del PAN han venido manejando desde esta tribuna. Vino un señor Anaya o Amaya, no distingo la letra, que por una parte afirmó que el ejido era una institución tan retrasada que ya estaba establecido desde la Edad Media. Ese sistema el norte de Baja California es un ejido moderno, con maquinaria, con equipos de riego, entonces ¿En qué quedamos?
Hay que tener más cuidado con la lengua, porque se mete la pata de una manera muy fea, o el ejido es el atrasado sistema de la Edad Media o el ejido es la institución de desarrollo económico moderno de la Baja California.
Hacen unos días un diputado de acción Nacional de la Comarca Lagunera, no está presente por desgracia, porque me gustaría que estuviera presente, primero anduvo encaramado en los nogales - ¿se acuerdan ustedes?- , después se bajó a la fresca alfalfa de algunos sembradíos que llamó plantaciones y terminó pidiendo que la parcela ejidal se convirtiera en un instrumento de comercialización.
Hace un momento subió aquí un acomplejado, porque a los ignorantes les duele mucho que se mencione a un genio de la política mexicana como Vicente Lombardo Toledano y se hizo bolas, que si hubo una gente de la CIA, que si esto que si lo otro. Ya he dicho aquí muchas veces y se lo voy a reiterar con los documentos que tengo en mi poder.
Fui comisionado por mi partido para seguirle el juego a un agente de la CIA. A tener relaciones con él, a ver qué quería, y para seguirlo y para acompañarlo. ¿Saben qué descubrimos?
Que el que estaba hasta las manitas en la CIA era José Angel Conchello en ese tiempo Presidente del Partido Acción Nacional y se reunía con los agentes de la CIA en Vallarta 1, 5o. piso, ahí estaba la cueva y el jefe del PAN era de ese equipo y descubrimos también a otros señores "muy respetables" de Acción Nacional ligados con los agentes del imperialismo manejados desde la Embajada Norteamericana y solamente un tarado, uno que no tenga la mínima deducción lógica elemental puede creer que si yo he sido diputado por tercera vez, se debe a la confianza que le merezco a mi partido, por eso he sido diputado en estas ocasiones y si sigo viviendo seguiré siendo diputado de mi partido, porque le merezco confianza a mi partido, porque no he sido un traidor a mi partido.
De todo lo que descubriremos en aquella ocasión, con Vicente Lombardo Toledano a la cabeza, le lleva la información al entonces secretario de Gobernación Luis Echeverría Alvarez, le informamos todo, es la obligación de un partido patriota, de un partido revolucionario, que cuida la integridad nacional y trata de descubrir a los agentes que hieren a nuestra soberanía.
¿No les parece sospechoso compañeros diputados, que este grupo de reaccionarios de Acción Nacional que tanto ataca de manera grosera al Presidente de la República, a las instituciones, a la Revolución, al Partido Revolucionario Institucional, ahora estén tan preocupados porque esta ley que les dio el Presidente no sea aprobada? ¿Cuántas veces han venido aquí con esa inquietud?
Ahora nos salió la preocupación de que la Cámara debe apoyar al Presidente, ser consecuentes con su iniciativa, y aquí han estado diciendo siempre.
Una simple malicia diría yo, una simple susceptibilidad nos puede llevar al convencimiento de que esta postura es hipócrita, es falsa y tiene un objetivo: la Ley favorece a la derecha, a la reacción y por eso están aliados con ella y la están apoyando.
Muchas gracias.
El C. Presidente: Tiene la palabra en contra el ciudadano diputado Jorge Amador.
El C. Jorge Amador: Señor Presidente: Mi partido quiere dejar asentado en primer lugar, que respeta a la presidencia, de la Cámara, porque se respeta a sí mismo y quiere reconocer en la persona que hoy tiene el encargo de la presidencia, una capacidad en términos de serenidad, creo mejor que la que muestran algunos colegas nuestros allá abajo. Dicho esto, yo quisiera plantearme algunas preguntas y contestarlas junto con ustedes, compañeros diputados.
La ley que estamos discutiendo y precisamente en el capítulo que ahorita estamos discutiendo ¿Sirve al Presidente? ¿Sirve a la nación? ¿Sirve a los campesinos de México?
Compañeros diputados:
Qué curioso, qué inteligente medida política y que oportuna sobre todo, porque partiendo de un problema real, de un problema que tiene mucha trascendencia para el futuro de nuestro país y para la defensa de la soberanía nacional como es el problema alimentario que une, que crea consenso de todos los mexicanos, todos estamos de acuerdo en que este es un problema fundamental, todos estamos de acuerdo que es urgente resolverlo, insisto, qué genio de la política, no sé, le aconsejó al Presidente una medida que rompiera con esta unidad.
Hay consenso en el problema; no hay consenso en la solución propuesta.
Esto es evidente.
Es evidente inclusive aquí en la Cámara y será más evidente si nos vamos a la realidad.
De repente el propio Presidente ha tenido que salir a defender su iniciativa.
En la prensa del día de ayer salieron los argumentos más fuertes que no siempre de buena manera se retiraron aquí para defender la iniciativa y estos argumentos francamente no llaman al consenso.
¿Cómo se puede con mucha facilidad despreciar la inteligencia de tantos hombres ligados al gobierno, al partido oficial, que emitieron sus opiniones a tiempo en la prensa, advirtiendo sobre los peligros de la iniciativa?
¿Cómo se puede pasar por alto, de la manera más fácil del mundo, la profundidad de los argumentos esgrimidos por muchos diputados campesinos y líderes campesinos del propio partido oficial?
¿Cómo se puede con tanta facilidad descalificar la argumentación del sector obrero y coincidir con la argumentación de los empresarios agrícolas aquí representados por el diputado Amaya del PAN?
¿Digo cómo se puede, con qué poca memoria histórica si se recuerda lo que representan una y la otra fuerza. La fuerza obrera ni más ni menos la que posibilitó la salida a la crisis de 1976 y la fuerza empresarial agrícola, ni más ni menos que una de las principales que puso al borde de la crisis política no sólo económica a este país?
Yo insisto, esta ley no le sirve al Presidente. Esta ley debilita al Presidente en un momento en que el Presidente necesita estar fortalecido, por la sucesión presidencial, de aquí y de allá del norte. Es interés de la nación que el Presidente esté fortalecido, pero esta ley no contribuye a ese fortalecimiento.
Compañeros:
Yo tengo la seguridad - a pesar de esta ley - de que nuestro país está gobernado por gente inteligente; yo tengo la seguridad de que como gente inteligente son capaces de equivocarse, pero también de rectificar y yo creo que en esto, muchos de ustedes juegan un papel muy importante .
Esta discusión en la que se ponen de manifiesto muchas irresponsabilidades, es importante también porque se ponen de manifiesto muchas posibilidades de salida y de avance.
A pesar de la hora, a pesar de los incidentes, aquí hemos visto cómo reforma y contrareforma asoman la cabeza y no sólo Reforma Agraria, sino también Reforma Política.
Hemos escuchado la vieja voz que viene del pasado, reivindicar como calidad política el saber bailar al son que le toquen y se presumió aquí que en un tiempo supo bailar bamba. Hemos escuchado aquí también una voz de la calidad del compañero Juan Manuel Elizondo, un militante que para su conocimiento no sólo fue líder estudiantil en su tiempo, sino fundador del Sindicato Industrial de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos de este país.
Y claro, también elementos auténticos del PRI, que representan a auténticos campesinos, que con la sencillez de su lenguaje supieron, a pesar de ser enviados a argumentar en favor de este capítulo, argumentan en contra, profunda y decididamente, de este capítulo.
¿Qué dijo el compañero Fierro? ¿Qué este capítulo está bien redactado? No.
El compañero Fierro no ilustró con su ejido, que la asociación que es posible y además necesaria es la asociación entre comuneros - ejidatarios y auténticos pequeños propietarios y lo ilustró, 20 hectáreas como todos, trabajan como todos, dígase eso en la Ley, no lo puede decir de otra manera el compañero Fierro, lo tuvo que decir así y por eso su intervención es muy valiosa.
Compañeros ¿qué es lo que estamos haciendo?
Yo creo que nos han llamado a fabricar el vestido blanco de una novia que se va a casar mañana quizás pero que ya tiene tiempo de embarazada. La verdad es esa, compañeros, con la palabra pequeños propietarios se quiere ocultar toda una categoría vergonzante, se quiere ocultar todo un maridaje sin matrimonio, se quiere ocultar algo que ya existe en la realidad y que ahora se pretende generalizar.
¿Es que los ejidos manipulados, controlados vía rentismo, vía control financiero no existen ya?
Existen, por pequeños propietarios, no, por grandes propietarios, por inmensos propietarios y ese es el problema, el problema no son los pequeños propietarios, el problema son los grandes propietarios y con esta Ley, se abren las puertas al campo, e insisto, ni siquiera solamente a los grandes propietarios tradicionales de la tierra, Espinoza Iglesias puede y además ya lo tiene, comprar una, 10,100 hectáreas y asociarse con un ejido de mil hectáreas si lo quiere, con 10 ejidos o con 100 ejidos ¿quién se lo impide?
Compañeros:
Esta ley entraña una contrareforma. La burguesía agraria existe, la burguesía agraria no es una fuerza nacional, no lo es en la producción agropecuaria, le interesa la producción de ganancias, le interesa la producción para exportación, le interesa la capitalización privada y se da el lujo de acumularla donde ella quiere, o la desplaza a la industria o la desplaza a sus cuentas bancarias en el extranjero; la burguesía agraria civilizada mata de hambre
no a uno sino a cientos de niños en México con sus políticas; la burguesía agraria atrasada mata con tiros a través de terceros en todas las sierras y en muchos valles de México. ¿Quieren ustedes que se reconozca como aliado de un grupo de campesinos, de un grupo de comuneros al sujeto con el cual han estado peleando durante 40 años, defendiendo sus tierras, peleándole la dirección municipal, acusándolo de asesino y aveces sin encontrar justicia?
Yo digo que un genio, pero un genio nada mexicano ha aconsejado que esta ley se dicte y se apruebe muy rápido.
La burguesía agraria es una realidad, los pequeños propietarios explotadores, a los que aludía el Presidente, no son los que nosotros; no es la categoría que usamos, no es el argumento que usamos, no es el argumento que la gente inteligente de México, inclusive aliada al gobierno utilizó para oponerse a la ley; la burguesía agraria existe y está contra la Reforma política, no sólo contra la Reforma Agraria.
Los ejidatarios, en este capítulo, son vistos como parias, parias que no saben gobernarse, en el ejido se reconoce a la asamblea general como órgano superior de gobierno, en la unidad de producción no hay asamblea, en la unidad de producción hay uno o varios administradores que son los que convocan a los productores, que son los que pagan los adelantos a los productores, que son los que saben, son los que hacen el trabajo intelectual de gobierno y control.
Eso, compañeros, es tecnocracia.
Hay una devaluación en el concepto de comunero y ejidatario, inclusive, de pequeño propietario en los conceptos de la ley.
Nosotros insistimos, aquí hay un problema de responsabilidad.
El Estado es el principal responsable de la situación a la que ha llegado la producción agropecuaria y la situación de confusión ideológica y jurídica a la que se nos quiere llevar, pero esto no lo estoy diciendo yo o mis compañeros, esto lo ha reconocido el Presidente de la República cuando se reconoce a él mismo como un hombre avergonzado o como representante de una revolución avergonzada, por que se ha extraviado, porque en su seno lleva la contrarrevolución.
El problema es la consecuencia de esa vergüenza.
Yo diría que respeto al PRI, porque en el PRI todavía está la mayoría de los obreros y los campesinos de este país y porque en el PRI todavía hay auténticos dirigentes, obreros y campesinos, y esos, estoy seguro que tienen vergüenza y coraje, pero también hay otros, y a esos, compañeros, francamente, sólo los podemos calificar del otro modo, si no tienen vergüenza, ustedes saben como se les dice.
Compañeros:
Este Capítulo no debe pasar, esta Ley no debe pasar. Hay argumentos inteligentes, hay argumentos fincados en la historia de nuestro país, hay argumentos sostenidos por fuerzas reales que luchan por hacerse entender. Yo lo siento por los compañeros del PRI, que con su voto y aveces balbuceando argumentos, han tenido en esta jornada que darle un triunfo a los señores del PAN y a los señores del PDM.
Ellos dijeron, soñamos hace años con que este punto de nuestro programa se hiciera ley y hoy con el voto de ustedes, con los argumentos de ustedes, se está convirtiendo en ley. Este matrimonio está en curso, las madrinas están contentas y los pajes también.
Hubo otros que hicieron una labor de contactación de estas relaciones ilícitas, que ustedes también saben cómo se le llama y creo que alguno de ellos, quizás, no estoy seguro, tendrá que venir a contestar.
Gracias compañeros.
El C. Presidente: Tiene la palabra en pro el ciudadano diputado Enrique Fernández Pérez.
El C. Enrique Fernández Pérez: Señor Presidente;
Compañeros diputados:
Después de casi 20 horas de sesión, que se antoja en ocasiones interminable, uno hace la reflexión de los por qué, no tiene remedio y no podemos menos que llegar a las siguientes conclusiones. Está en juego, como aquí se dijera, el destino de la patria, está en juego la producción del pueblo mexicano, los alimentos que todos los días los campesinos de este país producen para el pueblo de México.
Quiero decirles, compañeros de todos los partidos, que hoy durante todo el día hemos escuchado con toda atención, con toda seriedad, con toda responsabilidad las opiniones sumamente documentadas, muy responsables, de todos los compañeros que han desfilado por esta tribuna del país. Hemos abreviado en los datos y en las enseñanzas que aquí se han vertido, hemos escuchado con atención lo mismo al compañero Elizondo que a nuestro amigo Danzós Palomino, que a Lázaro Rubio Félix y por supuesto a los compañeros de mi partido, el Revolucionario Institucional y de éstos, a los diputados que pertenecen al sector campesino.
Se ha centrado y se ha polarizado la discusión de todo este día en un solo tema de la Iniciativa presidencial, el tema que ahora estamos discutiendo, el tema de las unidades de producción .
Tal pareciera que fuera el único que contuviera la iniciativa presidencial, es sin embargo el más importante porque ciertamente es del que depende la alimentación del pueblo mexicano.
Nos ha paseado el diputado Elizondo por toda la historia agraria de este país; Danzós Palomino reconoce que dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, están plasmadas las tres formas legítimas de la tenencia de la tierra; Lázaro Rubio Félix también nos ha llevado hasta Hidalgo y Morelos, quienes ciertamente no fueron ajenos a la lucha por la tierra, nos refirió los
sentimientos de Morelos, nos dijo algo muy objetivo y muy gráfico, que la revolución social mexicana había costado un millón de vidas campesinas, para elaborar y desembocar en el artículo 27 de la Constitución.
Yo quisiera agregar algo más a estas cifras.
Si dividimos las palabras que contiene el artículo 27 constitucional entre el número de vidas, encontramos que cada palabra tuvo un costo de más de 6 500 vidas, pero en este artículo 27 constitucional, está contenida la razón de nuestro movimiento armado de 1919 y 1913. Ahí como producto de este movimiento social, encontramos el ejido, la comunidad y la pequeña propiedad. Encontramos en la fracción XV, los límites precisos de la auténtica pequeña propiedad agrícola o ganadera en explotación, encontramos asimismo como él decía, los requisitos que debe reunir el ejidatario para ser acreedor a la unidad de dotación; encontramos plasmada la tercera figura, que es la comunidad y encontramos ciertamente también, proscritas definitivamente todas aquéllas propiedades que exceden de los límites que la propia Constitución señala.
Yo me pregunto si ahora después de más de 60 años de vigencia de la Carta Magna: ¿Qué de extraordinario, qué de raro, qué de vergonzante tiene que tres figuras jurídicas igualmente legítimas, plasmadas dentro de este documento, tomen la decisión de asociarse entre sí?
Son tres figuras y aquí coincidimos y aplaudimos lo que un compañero campesino vino a decir hasta esta tribuna: "no defendemos ni defenderemos jamás el latifundio simulado o abierto".
Nosotros, como todos ustedes, estamos y seguiremos estando contra la propiedad ilegítima de la tierra, pero no nos estamos refiriendo a ella cuando expresamos nuestro voto en favor de la asociación, sino por el contrario nos estamos refiriendo - y quede bien claro aquí - a la auténtica pequeña propiedad agrícola o ganadera en explotación, porque esos son los requisitos que exige precisamente nuestra Carta Magna, para que sea una figura jurídica legítima y dotada de todas las garantías de la propia Constitución. A esa figura, compañeros, es a la que nosotros queremos asociarnos.
No somos ni hemos sido nunca enemigos del auténtico pequeño propietario, pero no sé por qué aquí se ha insistido mucho en hablar de penetración del gran capital al ejido, se ha hablado mucho latifundio, se ha hablado mucho de las grandes extensiones de tierra.
Hemos descendido en la escala zoológica y se ha hablado de que el pez grande se comió al chico y de qué el tiburón se come a la sardina y de no se cuántas cosas más.
Creo que se ignora el verdadero sentido de la iniciativa o que se desconoce con toda mala fe o con perversidad, para tratar de obstaculizar que los campesinos de México aprovechen estas oportunidades que hoy en día, en un gobierno de la revolución como el del licenciado López Portillo, pone en sus manos para hacer producir más y mejor el suelo mexicano.
Compañeros:
la figura asociativa que consagra el artículo 32 de la iniciativa, prevé esta suma de esfuerzos, prevé la suma de experiencias, la suma de conocimientos, la suma de territorios, y por qué no decirlo, la suma de recursos y la suma de capitales.
Quiero informar a los compañeros que no integraron las comisiones de Agricultura, de reforma Agraria y de Gobernación y que por tanto no estuvieron presentes en los debates, que precisamente los diputados del Partido Revolucionario Institucional, que los diputados de la Confederación Nacional Campesina, previendo y sintiendo algunas de las inquietudes, o muchas de ellas pero mejor enfocadas que aquí se han expresado, propusieron unas mejores medidas de seguridad y, de esta manera, se insistió con argumentos sólidos, con argumentos jurídicos, con argumentos objetivos, que no se fraccionaría la unidad económica que tantas vidas costó como lo dijera Lázaro Rubio Félix; que no se fraccionara la unidad económica del ejido sino que en todo caso participara en su integración.
También quiero decirles que se debió precisamente a los diputados del Partido Revolucionario Institucional el que se insistiera el que fuera tan sólo por mandato de la máxima autoridad del ejido que es la asamblea general, la determinación para desembocar en la asociación con la pequeña propiedad y que de esto se exige no la mitad más uno, sino las dos terceras partes de los ejidatarios.
Se han insistido, y quiero decirles como decíamos ayer: la iniciativa presidencial del licenciado López Portillo lleva 28 modificaciones, fuera tan sólo por mandato de la máxima au - otras son sustanciales, pero quiero expresarles que nosotros como ustedes participamos de la inquietud y de la preocupación de que esa sociedad que estamos apoyando porque ya hemos explicado que no somos vergonzantes del ejido ni de la pequeña propiedad, la estamos estableciendo no con latifundistas, no con capital extranjero, no con los exploradores, no con los simuladores. La estamos, la queremos y lo vamos a hacer con los auténticos pequeños propietarios de este país.
Por esa razón yo quiero solicitar a mis compañeros del Partido Revolucionario Institucional, a los compañeros de los demás partidos de coalición de izquierda que una vez aclarada nuestra posición demos nuestro voto en favor de la iniciativa.
Se ha trabajado aquí intensamente y, como decía al principio, con toda responsabilidad y con todo interés porque estamos conscientes de lo que se está jugando, pero tengo también la seguridad de que este instrumento que el Presidente de la República pone ahora en manos de los campesinos no lo dejaremos escapar por ningún concepto.
Lo habremos de llevar adelante y quiero decirles finalmente que los campesinos del país
comienzan a hablar ya de la Ley de la Producción de José López Portillo.
Muchas gracias.
El C. Presidente: Se ruega a la Secretaría consulte a la Asamblea si se admite la modificación propuesta por el diputado Manuel Rivera, al artículo
El C. secretario Juan Maldonado: En votación económica, se consulta a la Asamblea si acepta la modificación propuesta por el diputado Manuel Rivera del Campo al artículo 41, fracción II ...Desechada, señor Presidente.
El C. Presidente: Se ruega a la Secretaría consulte a la Asamblea si se acepta la modificación propuesta por el diputado Danzós al artículo 32.
El C. secretario Juan Maldonado Pereda: En votación económica se consulta a la Asamblea si se admite la proposición expuesta por el diputado Ramón Danzós Palomino al artículo 32... Desechada, señor Presidente.
El C. Presidente: Consulte la Secretaría si se encuentra suficientemente discutido.
- El C. Pablo Gómez. No se ha terminado este capítulo. Tengo que hacer una proposición al artículo 42.
El C. Presidente: Consulte la Secretaría a la Asamblea si el título 3o. capítulo 4o., que comprende los artículos 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 y 42 se encuentran suficientemente discutidos.
El C. secretario Juan Maldonado: En votación económica, por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el capítulo.
El C. Manuel Terrazas: Moción de orden, y para hechos, pido la palabra.
El C. Presidente: CC. diputados: esta Presidencia les va a dar la palabra para hechos, pero se ha votado suficientemente discutido, porque la mayoría de los diputados de esta Asamblea han votado.
El C. Manuel Terrazas: Yo pedí moción de orden precisamente por la votación que ha pedido la Presidencia. Están reservados varios artículos.
El C. Juan Aguilera Azpeitia: Pido la palabra para hechos.
El C. Luis M. Farías: También el Reglamento dice que se pueden proponer adiciones. Si los señores desean proponer adiciones que las propongan.
El C. Presidente: Tienen la palabra el diputado Juan Aguilera Azpeitia.
El C. Juan Aguilera Azpeitia: Compañeros diputados;
Señor Presidente:
Yo creo que una cuestión tan importante como ésta, la Ley lo es, debe tratarse con absoluta seriedad.
¿Cómo es posible que cuando hemos apartado artículos de este Capítulo para discutir, se haga un manejo arbitrario de los mecanismos de práctica reglamentaria para eliminar la participación de varios oradores?
Yo comprendo que la hora es muy avanzada, yo sé que todos estamos fatigados, pero debemos entender que debe respetarse el mínimo principio de derecho que tenemos a hacer uso de la tribuna, ¿en dónde nos vamos a expresar?
No queremos que aquí se discutan las leyes, no somos los responsables para ello, lo vamos a hacer en la calle, vamos a inconformarnos en el campo, aquí, compañeros diputados, es en donde se debe hacer, porque si las cosas se van a manejar de otra manera, no tiene objeto, simplemente que de un principio que se vota todo en su conjunto y asunto que se concluye. Así no habrá debate, se acabará la lucha dialéctica y no habrá problemas, compañeros diputados. Si por cansancio vamos a impedir que se le den buenas leyes a México, yo creo, sinceramente, que eso es un error. Pienso, que fue un equívoco en el manejo del procedimiento, eso quiero creer y no que fue otra cosa.
Estamos precisamente tratando el capítulo donde se inscribe el artículo 32, que es el nudo gordiano de esta cuestión; aquí es en donde está, para muchos de nosotros, no el problema de no producir o producir; tampoco está el problema de apoyar o rechazar en su conjunto una ley o en favor o en contra del Presidente. Está el problema de preservar a las formas de tenencia de la tierra que están garantizadas en nuestro país.
En el artículo 32 están los riesgos para una forma de tenencia tanto años, muchas veces y con cuántas expresiones defendidas por la gran mayoría de ustedes; cuánta cantidad de discursos habrán pronunciado en favor del ejido, cuántas expresiones de exaltación habrán dicho en sus elocuentes o no elocuentes discursos, defendiendo al ejido al que ahora se reconoce implícita y explícitamente que se necesita integrar para que produzca, integrar básicamente al ejido, integrarlo, no otras formas de tenencia de la tierra, pero que el ejido sostenga su naturaleza y que no pierda su destino y su proyección.
Yo pienso que es preocupante esto, señores diputados, que interesa escuchar a quienes tengan que decir algo al respecto, se habla aquí de la pequeña propiedad y se insiste en ella, pero sabemos que en nuestro país hay una gran simulación de propiedades que no son pequeñas propiedades, que son grandes propiedades, latifundios simulados, que pueden en un momento dado, sí, comerse el pez grande al chico.
Cuando se dice en esta tribuna que es ingenuo pensar así, vemos que quienes lo expresan no se dan cuenta de la realidad que acontece en el campo mexicano, en donde hay
arrendamiento, en donde muchos ejidatarios están convertidos en peones.
¿Por qué lo vamos a negar y desconocer aquí, compañeros diputados?
Si esta forma de asociación va a preservar las distintas maneras de tenencia de la tierra, bien que se haga y que se defina, si esta forma de asociación va a producir, que produzca, pero que no se mistifique y que no corramos los riesgos para que al rato, dando la vuelta al tiempo, los ejidatarios, no unos cuantos que ahora arriendan su tierra, sino mucho más se hayan convertido en peones acasillados de la época vieja del porfiriato.
No podemos negar, compañeros diputados, los riesgos que existen, y es ingenuo decir que existen los riesgos, es más ingenuo pensar que no se corre ningún riesgo con esta forma de asociación de la tenencia de la tierra.
Mi partido votó en lo general por la Ley pero consideran que deben perfeccionarse algunos mecanismos para que ésta sea operativa y benéfica. Quisiera, compañeros diputados, que al discutir todo esto nos despojásemos de esas formas fáciles de argumentar a las que se acude con mucha frecuencia.
Se habla ten reiterativamente del Presidente de la República aquí como si a él le tuviéramos que imputar todos los males y atribuir todos los bienes del país, de él es la iniciativa, tiene su mérito, pero seamos responsables nosotros al hacer y desempeñar nuestro propio papel, compañeros diputados.
Mi partido quiere proponer una reforma al artículo 32 para quedar como sigue:
"Los ejidos o comunidades podrán integrar mediante acuerdo voluntario, unidades de producción asociándose entre sí o con los colonos, lo que tendrá el carácter de preferente. También podrán hacerlo con pequeños propietarios lo que será supletorio con la vigilancia de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos."
Es obvio que cuando haya ejidos lo primero es que se asocien entre sí, con colonos y con comuneros, con los pequeños propietarios sería una tercera o última posibilidad o instancia. Entrego esta proposición de reforma, por lo que corresponde al artículo 32.
El C. Manuel Terrazas Guerrero: Será para añadido.
- Continúa - el C. Aguilera Azpeitia: En el artículo 41 mi partido tiene una gran preocupación, la fracción III de este artículo se refiere a que las partes podrán aportar en uso, equipo, maquinaria, así como los demás insumos al objeto que específicamente acuerden. Aquí no se establece en forma clara, expresa, cuáles son las condiciones de esta concurrencia, queremos proponer la siguiente adición para quedar como sigue:
"Artículo 41. Fracción III. Las partes podrán aportar en uso: equipo, maquinaria, así como los demás insumos al objeto que específicamente acuerden" y aquí viene la adición: "mismos que serán valorados conforme a las tarifas o tasas de rendimiento que la Secretaría establezca".
Alguien dirá que es obvio que por la aportación de maquinaria se va a pagar lo que las tarifas estipulen, pero debe establecerse específicamente en este artículo, porque en otros apartados, se da margen para creer que estas aportaciones serán concurrentes y derivadas para la participación de las utilidades.
Si esto ocurriese, si la maquinaria fuera un elemento contribuyente y no sólo la tierra, ocurriría un grave desequilibrio, porque el ejidatario no tendría más que aportar que la simple tierra y el pequeño propietario con dos tractores simplemente que aportasen, estarían desequilibrando la concurrencia del capital y en consecuencia, la derivación de las propias utilidades.
Si lo vemos en la fracción II del artículo 42:
"Las partes tendrán derecho a las utilidades, de conformidad con el Reglamento y las siguientes normas: la tierra, recursos materiales y trabajos aportados, serán valorados de acuerdo con su importancia en la producción a que se encuentren afectados", pero a mayor abundamiento, el propio artículo 41, en sus fracciones III y IV dice lo siguiente:
"Las partes podrán aportar equipo, maquinaria y demás insumos, al objeto que específicamente acuerden cualquier aportación de las partes, de la naturaleza que sea, deberá registrarse en un libro especial que se llevará para tal objeto. Tanto para la distribución de utilidades, como para los casos de liquidación, se tendrán en cuenta exclusivamente las aportaciones registradas".
Aquí es en donde conviene, repito, clarificar el concepto, a efecto de que estos elementos no concurran a las utilidades y en consecuencia no desequilibren la aportación, que es lo que estamos cuidando, no desequilibren la aportación, que es lo que estamos cuidando, que el ejidatario tenga utilidad, tenga rendimientos, tenga ganancia pero no solamente en el pago de un salario, en el adelanto de un dividendo, sino en una utilidad en cuya consecuencia debe cuidarse el equilibrio de las aportaciones para que sea correcto el reparto de las utilidades.
Entrego a la Secretaría la proposición de mi partido para adicionar el artículo 41 en su fracción tercera.
Muchas gracias.
El C. Rafael Corrales Ayala: En nombre de la mayoría de las Comisiones Unidas, quiero expresar que no tenemos inconveniente, porque lo consideramos razonable, aceptar la adición que propone el señor diputado Juan Aguilera Azpeitia a la fracción III del artículo 41.
El C. Presidente: Haga favor la Secretaría de dar lectura a la modificación que propuso el C. Aguilera Azpeitia y que fue aceptada por los diputados de las distintas comisiones, del debate que nos ocupa
El C. secretario Juan Maldonado: "Artículo 41, fracción III. Las partes podrán aportar en uso equipo, maquinaria, así como los demás insumos al objeto que específicamente acuerden, mismos que serán valorados, conforme con las tarifas o tasas de rendimiento que la Secretaría establezca".
El C. Presidente: Se ruega a la Secretaría consulte a la Asamblea si se admite la modificación propuesta al artículo 41, fracción tercera, propuesta por el diputado Aguilera Azpeitia y aceptada a nombre de la mayoría de las Comisiones por el diputado Corrales Ayala.
El C. secretario Juan Maldonado: En votación económica se consulta a la Asamblea si se acepta la proposición de adición hecha por el diputado Juan Aguilera Azpeitia el artículo 41, fracción III y aceptada por la Comisión.
Los ciudadanos que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aceptado señor Presidente.
El C. Presidente: Se ruega a la Secretaría consulte a la Asamblea si se admite la modificación propuesta al artículo 32 por el diputado Juan Aguilera Azpeitia.
El C. secretario Juan Maldonado Pereda: En votación económica se pregunta a la Asamblea si es de admitirse la modificación propuesta por el diputado Juan Aguilera Azpeitia al artículo 32. Los ciudadanos diputados que estén por que se acepte, sírvanse manifestarlo.
Los ciudadanos diputados que estén por que se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada.
El C. Presidente: El señor diputado Terrazas tiene la palabra para presentar una modificación. Después el diputado Pablo Gómez, el diputado Jesús Ortega, el diputado Becerra Gaytán. Entiende esta Presidencia que para presentar modificaciones.
El C. Manuel Terrazas Guerrero: Para presentar adiciones. - El C. Presidente: O modificaciones.
El C. Manuel Terrazas: O modificaciones. En mi caso se trata de dos adiciones al artículo 36 de este capítulo. Convendría recordarlo. Dice el artículo 36:
"Será condición inexcusable para establecer unidades de producción que los ejidatarios y comuneros que en ella se integren trabajen directa y personalmente la tierra, excepto en los casos autorizados por la Ley Federal de Reforma Agraria. Se propondrá en el proyecto de la unidad correspondiente la forma en que convenga en su caso recibir anticipos por su trabajo. Entre otras cosas, entre otros aspectos de la ley, es este artículo que ha dado base con razón, a que se considere que los ejidatarios y comuneros quedarán en condición de asalariados de las nuevas unidades de producción, concretamente, en este caso de la pequeña propiedad. Consecuentemente, se propone que se agregue, después del punto seguido, el siguiente texto:
"Estarán sujetos también a esa misma condición inexcusable para integrarse en unidades de producción, los pequeños propietarios".
Paso a la Secretaría la proposición.
En cuanto a un añadido que sería en este caso el artículo 32 bis, 33, corriente naturalmente el numeral, en función simplemente de considerar una posible realidad que puede presentarse. La proposición es la siguiente:
"Los ejidos o comunidades que de acuerdo con su decisión libre no acepten asociarse con pequeños propietarios, no serán objeto de ninguna represalia ni menos obstrucción o restricción en el crédito o apoyos económicos a que tienen derecho, para financiar sus cultivos y proyectos agropecuarios." Paso la proposición.
El C. Presidente: ¿Alguien de la Comisión? El diputado Juan Manuel Elizondo.
El C. Juan Manuel Elizondo: Me voy a permitir disentir de la primera proposición formulada por el compañero diputado Terrazas, porque el tratar de establecer la obligación de los pequeños propietarios asociados a que trabajen personalmente la tierra, es reconocer la obligación de los ejidatarios o comuneros de trabajar personalmente la tierra. La Constitución no impone esa obligación, es más, es obligación registrada en la Ley de la Reforma Agraria es absolutamente anticonstitucional; no se puede obligar a nadie a prestar servicios ni trabajos forzosamente; de manera que aun estando en la Ley de la Reforma Agraria esa condición es ilegal y absolutamente anticonstitucional.
Propongo, en consecuencia, que todo la Iniciativa se borre la obligación que se impone a los ejidatarios y comuneros de trabajar personalmente la tierra.
El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado Pablo Gómez.
El C. Pablo Gómez: Habida cuenta de que ha rechazado la proposición del compañero Danzós para modificar el artículo 32 del proyecto, en la que se proponía que las unidades de producción se formaran exclusivamente por ejidatarios, por ejidos y comunidades, vengo a proponer una modificación del artículo 42 basándome en las siguientes consideraciones:
El capítulo en cuestión, Capítulo dos, del Título Tercero, establece en el artículo 42 lo siguiente:
"Fracción III. Los ejidatarios y comuneros o sus familiares en su caso, no podrán ser sustituidos en el desempeño del trabajo personal que les corresponda realizar conforme a la ley; en el concepto de que dicho trabajo sea retribuido conforme a la ley, sin perjuicio de las sumas adicionales a que tengan derecho las utilidades de otros rendimientos de las unidades."
Es decir, que habida cuenta de que las unidades de producción, según la propia ley, los ejidatarios o comuneros prestarán servicios y
por estos servicios se les dará una remuneración por su trabajo, independientemente de los dividendos a que en un momento dado tengan derecho como accionistas de estas sociedades sin acciones, y de que en los hechos, por tal motivo los ejidatarios quedarán sometidos al régimen de salarios, como la propia ley lo reconoce de manera velada, entonces, tomando en cuenta eso, tomando en cuenta que se ha rechazado, se han rechazado las propuestas para impedir que tal cosa ocurra, es necesario darle a estos campesinos sus plenos derechos como asalariados que la propia ley reconoce que lo serán.
En la historia de la descampesinización de todos los países capitalistas, probablemente no se encuentren una experiencia por lo menos exactamente igual como la que hoy vivimos en nuestro país.
Nosotros conocemos cómo, por ejemplo, los granjeros de los Estados Unidos fueron expropiados de sus tierras a través de la intervención conjunta de los bancos y el Estado a partir de la Guerra de Secesión en la que el Estado impuso un impuesto para los gastos de guerra y obligó a los granjeros a vender su producción con el propósito de obtener dinero y pagar los impuestos y después vinieron los bancos a prestar el dinero, y después los bancos embargaron la tierra de los granjeros y realizaron grandes concentraciones en donde se utilizaron grandes manadas de caballos e inmediatamente después maquinaria agrícola.
Conocemos también otras formas de descampesinización, aquellas que llevaron a cabo los ingleses, en un país en donde hace cien años se acabaron los campesinos, campesinos entiendo propietarios, usufructuarios se diría en México, de tierra, en donde trabajan.
En nuestro país las luchas agrarias de los años veintes y treintas, donde los campesinos exigieron la tierra con las armas en la mano, establecieron, generaron un reparto agrario y a partir de entonces se generó una situación en la cual se fue expropiando a estos campesinos, al mismo tiempo que se continuaban de otras formas los repartos agrarios. Un proceso dual de expropiación a los campesinos, o de descampesinización y del mantenimiento de las afectaciones agrarias.
Propongo, por lo tanto, que se reconozca este fenómeno, que se reconozca el fenómeno a través del cual la burguesía, que es la clase más expropiadora, los capitalistas que son los más expropiadores, los que para su desarrollo tienen que expropiar a la mayoría de pequeños propietarios y concentrar la propiedad en unas cuantas manos y que este fenómeno reconocido por la ley de manera velada y hasta cierto punto vergonzante, se reconozca a través del otorgamiento de esos asalariados, de sus derechos sindicales.
Aquí se establece el derecho a que dicho trabajo sea retribuido conforme a la ley.
¿Conforme a qué ley? ¿Qué ley es la que se tiene que aplicar en la fracción III del artículo 42?
La Ley del Trabajo.
¿Cuál otra ley se va aplicar aquí?
Esta retribución conforme a la ley, ¿a qué ley se están refiriendo en primer lugar?
Yo pregunto a la Comisión o a las Comisiones si se refieren a la Ley Federal del Trabajo, si le reconocen a estos expropiados campesinos, expropiados en su derecho como asalariados a recibir el salario que exija la Ley Federal del Trabajo, tenemos que reconocerle, entonces, todos sus derechos de esa Ley Federal del Trabajo.
¿Por qué nomás ese derecho?
Todos los derechos, por lo tanto su derecho sindical, tiene que reconocérsele en la ley o de lo contrario no van a tener posibilidad de que esa ley lo ampare, de lo contrario se dirá que hay vacíos jurídicos, que se aplica la Ley de Reforma Agraria, que no, etc., ya sabemos esa canción, puesto que la hemos conocido en el caso de los trabajadores universitarios, bancarios, etc.
Entonces debe quedar bien claro esto, y si esta fracción III del artículo 42 está hablando de la Ley Federal del Trabajo, tienen que incluirse también los otros derechos, el de asociación sindical. Por eso yo propongo que a esta fracción III se le agregue un párrafo:
"Los ejidatarios y comuneros que reciban retribución por su trabajo , podrán formar sindicatos y ejercer y exigir sus derechos laborales conforme a la ley."
De esta conversión de ejidatarios y comuneros en sujetos de salario, que está reconocido en esta fracción III del artículo 42, se encuentra una confesión de que lo que trata de hacer esta ley es justamente eso. No por la vía de modificar de manera formal y constitucional el régimen de propiedad ejidal, no, sino por la vía - que es lo que importa - de las modificaciones de las relaciones agrarias, proceso que tiene lugar en nuestro país desde hace décadas y que se ha acelerado en los últimos diez años y que con esta ley se va a legalizar.
Estamos legalizando un hecho de la realidad.
No se crea, lo digo por los hegelianos, que el Estado es la verdad absoluta y que sus deseos se convierten en realidad por el simple decreto estatal. Esta ley es una ley tardía. Una ley que expresa ya fenómenos de la realidad socioeconómica de México. No está sino recogiendo el desarrollo de la burguesía agraria, la crisis del ejido, la descampesinización, en nuestro país, la conversión de los campesinos en obreros asalariados. Está reconociendo esa realidad, pero al mismo tiempo se propone contribuir al desarrollo más acelerado de este proceso social.
Entonces la ley que es tardía, la ley que es el reconocimiento del Estado, de un fenómeno de la realidad, es el espaldarazo, el apoyo, el incentivo más grande que en el momento actual se le puede dar a la burguesía agraria y a toda la burguesía del país. Porque como clase tienen el mismo interés en el desarrollo de este proceso.
El ejido frena el desarrollo del capitalismo en México. Sí lo frena. Lo frena y lo ha frenado en las últimas décadas, porque no genera las condiciones de acumulación, porque no ha sido capaz de crear empresas en el campo verdaderas empresas agrícolas, ganaderas, forestales y de esa manera, frena también el predominio avasallador, total, completo monopólico de la burguesía.
En esas condiciones, ese proceso objetivo que tiene lugar y que el Estado reconoce hoy, de manera oficial, abandonando el agrarismo, desechando las viejas consignas de los campesinos de México por lograr la tierra y tener derecho ha ella. Eso, ese reconocimiento y ese abandono por parte del Estado, es lo que constituye esta llamada Ley de Fomento Agropecuario.
Sí, eso está ocurriendo, seamos claros, reconozcámoslo cabalmente, pero no se les quiere dar a esos campesinos desposeídos, expropiados, vilipendiados y sometidos, convertidos en obreros asalariados, todos los derechos. Se quiere evitar eso.
Aunque no se acepte mi propuesta, pronto los campesinos harán como los ejidatarios de Yucatán, del henequén que hacen huelgas contra el banco para exigir aguinaldo, porque no son campesinos, son obreros asalariados, pero no se les quiere reconocer el derecho.
Nosotros decimos, si esta ley invocada aquí, referida aquí en la fracción III del artículo 42 es la del Trabajo, que se aplique toda ella. Por lo menos la expropiación de los campesinos con la aplicación de la Ley del Trabajo, con el reconocimiento de que tienen derechos laborales, no se convertirá en el elemento que haga de los campesinos trabajadores asalariados sin ningún derecho; por lo menos tendrán una serie de condiciones para luchar por mejorar su salario, por la contratación colectiva, pero de esta manera no tendrán realmente derechos sindicales.
Por último quiero explicar una cuestión muy brevemente.
Nosotros no hemos puesto aquí las reglas del juego; hemos pasado la noche por decisión de la jefatura del grupo parlamentario mayoritario. Nosotros propusimos suspender y continuar al día siguiente; no nos retiramos porque teníamos muchas cosas que proponer y muchas cosas que decir. No nos parece que una discusión se deba interrumpir definitivamente, no diferir, sino cancelar definitivamente porque nos venza la hora.
No es racional ni ocurre en ningún parlamento civilizado del mundo el pasarse la noche entera discutiendo más que cuando hay una guerra o una situación de emergencia. Esta ley pudo haberse discutido durante la mañana de este día, durante la tarde y la noche de este día y pudimos haber avanzado y resuelto y discutido mejor y aprendido más desde luego. No se hizo así, no por decisión de nosotros, insisto, pero lo que nosotros sí reclamamos es que si la discusión no se trasladó para el día siguiente, entonces no se nos puede exigir de ninguna manera que renunciemos a hacer los planteamientos que queríamos hacer. Eso es todo.
El C. Rafael Corrales Ayala: La Comisión se allana a precisar cuál es la ley a que se ha referido el diputado Pablo Gómez: es la Ley de Reforma Agraria.
El C. Presidente: Que tome nota la Secretaría del planteamiento del diputado Corrales Ayala.
- El Presidente: Tiene la palabra el ciudadano diputado Becerra Gaytán.
El C. Antonio Becerra Gaytán: Compañeros:
Solamente esto, brevemente.
En mi primera intervención, con el ejemplo que puse de los bosques en Chihuahua, se me pasó decirles que los pequeños propietarios asociados con los ejidatarios y los comuneros son ni más ni menos que el grupo Vallina, pero además, quisiera decir que en todos los ejidos ganaderos que se han formado a partir de las porciones de terreno que se le han logrado quitar al rancho de "Las Pampas", están en las mismas condiciones, los ejidatarios no tienen manera de explotar con ganado sus terrenos y ya los están rentando y esto que pasa en "Las Pampas" pasa en todo, casi en todo el Estado de Chihuahua y casi en todos los ejidos del Estado de Chihuahua.
Pero una cosa más, y los compañeros de Sinaloa no me van a dejar mentir.
En Sinaloa los rancheros norteamericanos rentan y refaccionan a ejidatarios y les dicen qué producto tienen que cultivar y de qué calidad y hasta la semilla les envían y el ejidatario no tiene más remedio que recibir una renta, por la parcela, una refacción por la parcela y trabajarle al ranchero norteamericano. Esto en la práctica no es ni más ni menos que recorrer a la chita callando las fronteras de México hasta el Estado de Sinaloa.
Por eso decía yo que con la aprobación de esta Ley no estamos esperando a ver qué va a pasar, ya sabemos lo que va a pasar. Ya está sucediendo en el país.
Y con relación al artículo 37, queremos proponer simplemente lo siguiente que se agregue un tercer párrafo que diría los siguiente:
"Si las partes deciden disolver la asociación, los ejidos y comunidades entrarán en posesión plena de las obras realizadas en el ejido o la comunidad y en caso de que tales obras estén pendientes de amortización, el fideicomiso de riesgo compartido asumirá la liquidación del remanente pendiente de amortizar."
Esto simplemente con el objetivo de impedir que los plazos de amortización se constituyan en causa de prolongación de la asociación, a pesar de que los ejidatarios o comuneros hubieren decidido dar por terminada esa asociación.
Nada más, compañeros, muchas gracias.
El C. Presidente: Tiene la palabra el ciudadano diputado Jesús Ortega.
El C. Jesús Ortega: Señor Presidente;
Señores diputados:
Voy a ser muy breve.
Cuando el día de ayer en la mañana veníamos a la sesión, sabíamos que ésta tenía una característica fundamental para la vida del país; cuando durante el transcurso de estas horas nos dimos cuenta de que lo que preveíamos ayer en la mañana se estaba efectivamente comprobando, lo que estábamos discutiendo todos los diputados de esta Legislatura, efectivamente era trascendental para el país.
Nosotros hemos afirmado que cuando están enmedio los intereses del pueblo, los intereses de los trabajadores, nuestro Partido no negocia; hemos dicho aquí desde esta Tribuna los representantes del Partido Socialista de los Trabajadores, todas las proposiciones posibles; hemos dado los argumentos políticos que consideramos más fundamentales y más importantes y hemos visto que a pesar de ello se mantiene intransigencia para oír los argumentos que consideramos convenientes para no afectar los intereses de los campesinos y los intereses de la nación entera.
Por lo tanto, a nombre de la fracción parlamentaria del Partido Socialista de los Trabajadores, por nuestra parte, consideramos desde nuestro punto de vista suficientemente discutida la Ley, le comunicamos a la Presidencia y a la Secretaría de la Cámara que declinamos la intervención en todos los artículos que teníamos apartados.
Gracias. (Aplausos).
El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado Gerardo Unzueta Lorenzana.
El C. Gerardo Unzueta Lorenzana: En los artículos 35 y 32, se habla de que las unidades de producción no modificarán el régimen jurídico de los ejidos y comunidades, ni afectarán los derechos y obligaciones de los ejidatarios y comuneros, y tampoco podrán modificar la situación jurídica de las pequeñas propiedades ni las causales de afectación agraria.
Al respecto hay que decir que en el conjunto de la Ley, no obstante estas profesiones de fe, sí se encuentran afectadas, a nuestro juicio, la naturaleza jurídica de la tenencia de la tierra: la tenencia jurídica de la tenencia de la tierra actual, es un resultado avanzado de las acciones de las masas campesinas, no sólo durante la Revolución, sino antes y después.
Si se incluyó en la Constitución el artículo 27 que conocemos, fue resultado de la lucha armada de los campesinos bajo la dirección de Zapata y Villa y de la exigencia de la corriente campesina que participaba en el Congreso Constituyente.
La corriente carrancista no pensaba incluirla y fue la acción campesina la que lo logró, pero la reforma agraria no comenzó realmente antes de una segunda acción armada campesina, y de varios años más, de nada pacíficas y nada institucionales tomas de tierra.
La institución jurídica, fue principalmente creación de la lucha de las masas campesinas contra las formas atrasadas del capitalismo en el campo. A pesar de todas esas luchas, la naturaleza jurídica de la tenencia de la tierra, no fue, no alcanzó a ser una expresión revolucionaria, sino apenas democrática, pero en la cual se hallaba impresa la aspiración revolucionaria de las masas.
Pero ahora quiere pasarse a la eliminación de los aspectos avanzados que las masas han impuesto, la naturaleza jurídica de la tenencia de la tierra establecida en forma general en el artículo 27, pero particularmente de los artículos del 51 al 56 de la Ley de Reforma Agraria, son violados y son hechos a un lado.
A una naturaleza jurídica la sustituyen otra, las formas de organización voluntaria, dice la Ley, denominadas unidades de producción con capacidad jurídica. Ya el primer diputado priísta defensor del dictamen, nos llamaba a no creer en instituciones encasilladas, o sea, abrir paso a cambios jurídicos de fondo.
Nosotros creemos que es perfectamente posible si hay en la mayoría de esta Cámara en realidad interés por dejar asentado que no se violan y que no se pasa por encima de las formas jurídicas de la tenencia de la tierra, hay perfectamente la posibilidad de dejarlo establecido.
Proponemos que se redacte un párrafo en sustitución del segundo párrafo establecido en el artículo 35, este párrafo que sustituiría al otro, diría como sigue:
"Las unidades de producción no modificarán el régimen jurídico de los ejidos y comunidades, ni afectarán la prohibición de celebrar contratos de arrendamientos, aparecería y de cualquier acto jurídico que tienda a la explotación indirecta o por terceros de los terrenos ejidales y comunales, según está sentado en el artículo 55 de la Ley Federal de Reforma Agraria.
Tampoco podrán modificar las causales de afectación agraria."
Esta es la proposición que hacemos en nombre del grupo comunista Coalición de Izquierda.
El C. Presidente: ¿Algún otro ciudadano diputado en contra, para preguntar alguna modificación o adición?
El C. Manuel Stephens: Señor Presidente, quiero proponer que se someta a votación el nominal capítulo II que se refiere a las Unidades de Producción.
El C. Presidente: Con mucho gusto, pero vamos a tener entonces que votar todas las modificaciones que los distintos diputados han presentado.
Se ruega a la Secretaría consulte a la Asamblea si se admite la modificación propuesta por el ciudadano diputado Manuel Terrazas a los artículos 32 y 36.
El C. secretario Juan Maldonado Pereda: Por instrucciones de la Presidencia, en
votación económica se pregunta a la Asamblea si se admite la propuesta presentada por el diputado Manuel Terrazas a los artículos 32 y 36. Los ciudadanos diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo.
Los ciudadanos diputados que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
El C. Presidente: Se ruega a la Secretaría consulte a la Asamblea si se admite la modificación propuesta por el C. diputado Becerra Gaytán al artículo 37.
El C. secretario Juan Maldonado Pereda: En votación económica se consulta a la Asamblea si se acepta la modificación propuesta por el C. diputado Antonio Becerra Gaytán al artículo 37.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Los ciudadanos diputados que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
El C. Presidente: Se ruega a la Secretaría consulte a la Asamblea si se admite la modificación propuesta por el C. diputado Juan Manuel Elizondo al texto de la Ley, en donde decía que no se obligue a los campesinos a trabajar, etc.
El C. secretario Juan Maldonado Pereda: En votación económica se consulta a la Asamblea si se acepta la proposición hecha por el C. diputado Juan Manuel Elizondo, en el sentido de suprimir la obligación de los ejidatarios y de los comuneros de trabajar personalmente la tierra, por ser anticonstitucional.
Los ciudadanos diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo.
(Votación).
Los ciudadanos diputados que estén por que se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
El C. Presidente: Se ruega a la Secretaría consulte a la Asamblea si se admite la modificación propuesta por el C. diputado Pablo Gómez al artículo
El C. secretario Juan Maldonado Pereda: En votación económica se consulta a la Asamblea si es de aceptarse la proposición presentada por el ciudadano diputado Pablo Gómez, al artículo 42.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
Los ciudadanos diputados que estén por que se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
El C. Presidente: Se ruega a la Secretaría consulte a la Asamblea si se admite la modificación propuesta por el C. diputado Unzueta artículo número
El C. secretario Juan Maldonado Pereda: En votación económica se consulta a la Asamblea si es de admitirse la proposición presentada por el C. diputado Gerardo Unzueta, al artículo 35.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
El C. Presidente: Se ruega a la Secretaría consulte a la Asamblea si se autoriza la propuesta que acaba de hacer el diputado Stephens en el sentido de que se vote en forma nominal el título tercero, capítulo segundo que comprende los artículos 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 41.
El C. secretario David Jiménez: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se pregunta a la Asamblea si se acepta la proposición de que se vote de manera nominal el título tercero del capítulo segundo del presente dictamen. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aceptada para su votación nominal.
Se va a proceder a recoger la votación nominal del título tercero del capítulo segundo. Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161.
El C. Alberto Gómez: Señor Presidente, que se voten todos los artículos que llevamos discutidos en esta votación nominal.
El C. Presidente: Señor diputado Stephens. Usted se refiere al título tercero, capítulo segundo, ¿correcto?
El C. Manuel Stephens: Sí, al capítulo que se refiere a las unidades de producción.
El C. Presidente: En eso estamos, señor diputado Stephens. Ruego a la Secretaría tome la votación en forma nominal en los términos que lo planteó el diputado Manuel Stephens.
El C. secretario David Jiménez: La proposición planteada por el diputado Manuel Stephens es que se recoja en votación nominal el título tercero del capítulo segundo del presente dictamen de la Ley de Fomento Agropecuario. Los ciudadanos que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
Ya ha sido aceptado, señor Presidente. Se va a proceder a recoger la votación nominal del título tercero del capítulo segundo.
El C. Alberto Gómez: Para proponer que nos pongamos al corriente y se voten los que ya han sido aprobados. Que se haga la votación nominal con los que han sido aprobados hasta este momento.
El C. Luis M. Farías: Ha sido solicitado de manera expresa. No hay ningún inconveniente en principio para aceptar que se vote esto que es el punto medular de toda la Ley y lo que más ha venido discutiendo esta fracción parlamentaria que lo pide.
- La C. Aurora Navia Millán: Como una forma excepcional.
El C. Presidente: Se ruega a la Secretaría proceda a recoger la votación nominal del título tercero del capítulo segundo.
El C. secretario Juan Maldonado Pereda: Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior del Congreso.
(Votación).
El C. secretario David Jiménez: Señor Presidente, se han emitido 251 votos en pro, 18 en contra y 9 votos solamente en contra del artículo 32 y aceptando el resto del capítulo 2o. del título 3o.
El C. Presidente: Aprobado el artículo 32 por 242 votos. Aprobados los artículos 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 y 42 que comprenden el título 3o. capítulo 2o., por 251 votos.
Tiene la palabra el C. diputado Manuel Stephens.
El C. Manuel Stephens: Señor Presidente;
Compañeros diputados:
Creo no equivocarme al decir a ustedes que ésta ha sido la sesión más prolongada de que se tenga memoria en la historia de la Cámara de Diputados, a partir del Congreso Constituyente de Querétaro.
Esta Asamblea pasará a la historia.
Seré brevísimo porque estoy convencidísimo de que es dificilísimo variar substancialmente la Ley como ha sido nuestro propósito, no sólo de la Coalición de Izquierda, sino de otros partidos que hemos coincidido en esta ocasión.
Como el capítulo segundo es para nosotros el más importante, el que se refiere precisamente a las unidades de producción y prácticamente los demás se derivan de este capítulo, a nombre del Grupo Parlamentario Comunista Coalición de Izquierda, reiteramos todos aquellos capítulos y artículos que después de éste habíamos reservado.
(Aplausos).
Pero permítanme, compañeros diputados, hacer algunas breves reflexiones, no con espíritu sectario, sino con espíritu patriótico y pensando fundamentalmente en los intereses de las masas campesinas de nuestro país.
La Ley ha sido criticada duramente por nosotros, partiendo precisamente de las tesis y de nuestro programa, de los principios que sustenta la Coalición de Izquierda.
Esta Ley se inscribe dentro de la política económica que se ha ejercido desde la época del Presidente Miguel Alemán, y que ha ido avanzando; esta política, en un proceso cada vez más profundo de monopolización de la economía y cada vez más causando efectos contrarios en las masas populares; política económica que ha propiciado la penetración profunda del imperialismo, particularmente el norteamericano, en la vida económica de nuestro país.
Esta Ley se deriva del espíritu de clase que tienen todos aquellos que disponen del poder económico y político en nuestra nación; esta Ley, hemos dicho, significa un paso más en el proceso de contrareforma como otros compañeros lo han compartido en esta tribuna, proceso de contrareforma que se inició al imponerse al párrafo III de la fracción XIV del artículo 27 Constitucional, el derecho de amparo a los terratenientes, pero este proceso siguió con otras medidas que se refieren a los fraccionamientos simulados, a la inafectabilidad agrícola contra la acción agraria, a los certificados de inafectabilidad ganadera, al apoderamiento de las tierras nacionales por funcionarios públicos, al reparto de las tierras en las zonas irrigadas entre los hombres que han ocupado el poder y herederos del porfirismo, al apoderamiento de hecho de constantes porciones de tierra por extranjeros, destrucción del ejido colectivo por Alemán y su parcelamiento y, como consecuencia destrucción del espíritu de solidaridad de los campesinos que habían sido promovidos de manera fraternal desde la época del Presidente Lázaro Cárdenas y ahora con las llamadas unidades de producción, mediante la asociación de ejidatarios, comuneros, los llamados pequeños propietarios, entre comillas.
Este proceso que ha conducido la política económica de nuestro país, ha tenido justamente, así lo pensamos nosotros, a un proceso de desnacionalización de la economía, puesto que hoy todos los efectos de la propia Revolución han sido aprovechados por las capas privilegiadas de nuestro país.
No exagero y si exagero ustedes podrán con toda libertad refutarme la aseveración, al decir que aquellos compañeros que por convicción votaron por esta ley y los otros que por disciplina de partido votaron por ella, han firmado con ello el certificado de defunción de la Reforma Agraria de México. Así, pues, aquellos términos gruesos que se expresaron aquí no les damos importancia, simplemente los escuchamos y los juzgamos según nuestro criterio.
Esta sesión, pues, pasará a la historia. Ha sido un combate entre tercos, unos a proseguir nuestro empeño y llevar adelante la Reforma Agraria, tal como se lo propuso el Constituyente de Querétaro y otros obstaculizando este proceso para hacerlo desembocar en favor de privilegiados y en favor de grupos monopólicos.
Dejamos, pues, con toda seriedad nuestras tesis que seguramente recogerá el Diario de los Debates, y, señores diputados, que la historia nos juzgue y nos ubique a cada quien en nuestro lugar.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Hiram Escudero Alvarez: Pido la palabra, señor Presidente.
El C. Presidente: Tiene la palabra el ciudadano diputado Hiram Escudero Alvarez.
El C. Hiram Escudero Alvarez: Señor Presidente;
Señores diputados:
Esta sesión se ha prolongado por cerca de 20 horas de debate, en tal virtud y toda vez que el Partido Acción Nacional ha reservado y están pendientes de discusión diez artículos más, con fundamento en el artículo 109 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, solicita la suspensión de esta reunión a fin de que continúe de acuerdo con el receso que al efecto se señale, para terminar la discusión y proceder a la votación correspondiente.
Solicito, señor Presidente, se pida a la Secretaría dé lectura al artículo 109 del Reglamento.
El C. Presidente: Haga el favor la Secretaría de dar lectura al artículo 109.
El C. Juan Maldonado Pereda: Artículo 109. Ninguna discusión se podrá suspender, sino por estas causas: Primera: por ser la hora en que el Reglamento fija para hacerlo; a no ser que se prorrogue por acuerdo de la Cámara. Segunda: porque la Cámara acuerde dar preferencia a otro negocio de mayor urgencia o gravedad. Tercera: por graves desordenes en la misma Cámara. Cuarta: por falta de quórum, la cual si es dudosa, se comprobará pasando lista y si es verdaderamente notoria, bastará la simple declaración del Presidente. Quinta: por proposición suspensiva que presente alguno o algunos de los miembros de la Cámara y que ésta apruebe.
El C. Hiram Escudero continúa: Solicito, en consecuencia, se ponga, después de la votación de esta Asamblea, sobre la solicitud que a nombre del Partido Acción Nacional he formulado.
El C. Presidente: Señor secretario, sería tan amable de leer el artículo 111 del Reglamento.
- El mismo C. secretario: Artículo 111. No podrá presentarse más de una proposición suspensiva en la discusión de un negocio. En tal virtud, señor diputado Hiram Escudero, en referencia al artículo 111, no procede la moción suspensiva que acaba usted de proponer, porque con anterioridad se había propuesta otra.
El C. Hiram Escudero: Señor Presidente, es clara la distinción que debemos hacer respecto a lo que se trata de suspender el trámite de un negocio y de conceder un receso para que continúe esta misma reunión a la hora, dentro de este mismo día, que se sirva acordar la Presidencia.
El C. Presidente: En atención a la petición que hace el ciudadano diputado Hiram Escudero, y a la fracción parlamentaria de Acción Nacional, pasaremos a votar la propuesta que acaba de hacer el señor diputado Hiram Escudero.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se acepta la moción de receso que acaba de proponer el diputado Hiram Escudero.
El C. secretario Juan Maldonado Pereda: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se acepta o se desecha la moción presentada por el ciudadano diputado Hiram Escudero. Los ciudadanos diputados que estén por que se acepte, sírvanse manifestarlo.
Los ciudadanos diputados que estén porque se deseche, ponerse de pie... Desechada, señor Presidente.
El C. Presidente: Tiene la palabra el C. diputado Martín Tavira.
El C. Martín Tavira: Señor Presidente;
Señoras y señores diputados:
En vista de las circunstancias del tiempo, en nombre de la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, quiero manifestar lo siguiente:
Nuestras objeciones siguen en pie, pero no las vamos a continuar en esta Cámara de Diputados. La noche negra quedó atrás; vamos a seguir debatiendo esta Ley fuera del recinto de la Cámara de Diputados, ante el pueblo de México, ante sus fuerzas democráticas y progresistas, ante sus campesinos, ante su clase obrera.
Vamos a la calle, a las plazas, a las universidades, a los sindicatos. Vamos a seguir la pelea.
Ya he dicho en esta misma tribuna que para las fuerzas revolucionarias nunca habrá un Waterloo. Reconocemos, ponderamos la solidaridad de las fuerzas democráticas y progresistas de México frente a este proyecto, dentro y fuera del Partido Revolucionario Institucional.
Respetamos la vida interna tanto del Partido Revolucionario Institucional, como de los demás partidos. Asimismo, exigimos respeto para la vida interna del Partido Popular Socialista.
Para los revolucionarios, para los socialistas, para los marxistas siempre hay un optimismo frente al futuro. Nosotros tenemos la seguridad que aunque esta Ley se apruebe ahora, la vamos a echar abajo en un futuro próximo.
Y permítanme, señoras y señores diputados, que me dirija a los diputados de izquierda, a los diputados demócratas, a los diputados progresistas de esta Legislatura, con las palabras que Nicolás de Régules les dijo a sus soldados cuando tomó la ciudad de Tácambaro,
"Todos a sus puestos y cada quien a cumplir con su deber."
El C. Presidente: Todavía no ha terminado la discusión en lo particular, porque hay una serie de artículos reservados por el Partido Acción Nacional. Abrimos el debate, o...nos está solicitando la palabra el ciudadano diputado Jorge Montúfar.
Está a discusión en lo particular. Se abre el registro de oradores para la discusión del artículo 43.
En contra.
Los artículos que reservó el Partido Acción Nacional, y que todavía no están discutidos, son el 43, 44, 45, 64, 71, 72, 74, 84, 94 y 96, que son distintos capítulos. En esa función. Van a intervenir en el artículo 64, ¿decía usted, diputado Obregón? Declina la intervención en todos los demás, correcto. Se abre el registro de oradores para la discusión del artículo 64.
El C. Presidente: Tiene la palabra en contra, el ciudadano diputado Rafael Morgan.
El C. Rafael Morgan: Señor Presidente;
Señores diputados:
Reservamos el artículo 64 que dice lo siguiente:
"Se considera de interés público, fracción 1a.: la preservación de la pequeña propiedad agrícola para evitar que se subdivida en extensiones inferiores a 5 hectáreas de tierras de riego o humedad, o sus equivalentes de acuerdo con la Ley."
Tal como está el artículo 64 fracción primera, se encuentra naturalmente expresado en la exposición de motivos donde dice que "es preocupación fundamental en la política agropecuaria de los diversos gobiernos de la República y que hoy se acrecienta, lo constituye el excesivo fraccionamiento de la propiedad rural que origina la pulverización de la tierra, es decir, al minifundio ya sea ejidal o de pequeña propiedad" y sigue de frente.
Señores, el artículo 64 en su fracción primera va contra la norma constitucional en lo que se refiere al artículo 27 constitucional en su fracción X, que dice lo siguiente en el segundo párrafo:
"La superficie o unidad individual de dotación, no deberá ser en lo sucesivo menor a 10 hectáreas de terrenos de riego o humedad."
Creo que queda suficientemente claro expresado, si es necesario abordaremos otra vez la tribuna, para seguir comentando sobre esto, pero someto a la consideración de ustedes, por escrito, ante este Secretaría, haciendo la proposición en el sentido, para que quede redactada en la forma siguiente:
"Fracción primera del artículo 64: La preservación de la pequeña propiedad agrícola, para evitar que se subdivida en extensiones inferiores a 10 hectáreas - y ese es el cambio - en lugar de como está expresado en 5 hectáreas."
El C. Presidente: Tiene la palabra el ciudadano diputado Enrique Pérez González.
El C. Enrique Pérez González: Lo que leyó el diputado que se refiere en la Constitución, se refiere a la dotación ejidal, compañero, aquí estamos hablando de la propiedad privada, exclusivamente de la pequeña propiedad, dice: "reagrupación de la pequeña propiedad". Por lo tanto, esta es una realidad existente en el país que no debemos modificar, no podemos ir más allá de las realidades, compañero. La dotación ejidal se encuentra consagrada aquí, pero se refiere eso, a la parcela y sus equivalentes, 10 hectáreas de riego, humedad, 20 de temporal, la Comisión no acepta, y pedimos que se quede con está. (Aplausos).
El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado Rafael Gilberto Morgan.
El C. Rafael Gilberto Morgan: No quería ir más allá para no extenderme mucho por respeto al tiempo de todos ustedes, pero me obligan a regresar.
Señores, si no está claramente expresado el espíritu de la iniciativa que nos ocupa, nos están mencionando claramente de que es preocupación, aquí nos están hablando precisamente en el espíritu de esta ley, en su exposición de motivos, que esa dotación sea de carácter ejidal o una dotación de propiedad particular, o como le llamemos.
Si expresan en la exposición de motivos la preocupación del Ejecutivo y de los propios estudiosos en la comisión interna y por otra parte, expresado en la propia Constitución, la preocupación de que no debe pulverizarse la tierra, de que no deben irse reduciendo a pequeños minifundios que al rato traigan más problemas al sistema y que lo que menos se alcance sea precisamente la productividad que estamos buscando ahora.
Entonces se vería una cerrazón total en esta Comisión que se encargó de elaborar el dictamen, el hecho de no considerar, al menos, esa protección mínima de que ya no se siga fraccionando la tierra y convertirla toda en minifundio.
Espero que esta Comisión acate esos principios expresados y la propia exposición de motivos en donde expresa la preocupación de no minimizar la tierra, de no pulverizarla y si tenemos un elemento constitucional donde hablan de la superficie de unidad individual, en este párrafo no está hablando precisamente que sea ejidal o sea de otro tipo de tierra. Entonces, considero que la Comisión debe considerarse este aspecto.
Muchas gracias.
El C. Enrique Pérez González: Insistimos que se refiere a dotación, tiene que ser ejidal, no podrá ser de otra manera, en consecuencia, propongo que quede suficientemente discutido... propongo que quede suficientemente discutido este artículo, en 5 hectáreas, porque además no existe antecedente alguno del tamaño propio del minifundio, es una figura jurídica que no existe, la estamos creando precisamente en esta ley.
El C. Presidente: Se ruega a la Secretaría consulte a la Asamblea si se admite la modificación propuesta por el diputado Rafael Morgan al artículo
El C. secretario Juan Maldonado Pereda: En votación económica se consulta si es de aceptarse la proposición presentada al pleno por el diputado Morgan al artículo 64. Los ciudadanos diputados que estén por que se acepte, sírvanse manifestarlo. Los ciudadanos diputados que estén por que se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
El C. Presidente: Consulte la Secretaría a la Asamblea si el artículo 64 se encuentra suficientemente discutido.
El C. secretario Juan Maldonado Pereda: En votación económica se consulta a la Asamblea si el artículo 64 se encuentra suficientemente discutido. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo... Suficientemente discutido, señor Presidente.
El C. Presidente: En vista de los pronunciamientos que hicieron los señores diputados que hicieron de las distintas fracciones parlamentarias, consulte la Secretaría si están suficientemente discutidos todos los artículos reservados e impugnados.
El C. secretario Juan Maldonado Pereda: En votación económica se consulta a la Asamblea si considera suficientemente discutidos todos los artículos impugnados y reservados en el texto de la ley. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido.
El C. Presidente: Proceda la Secretaría a tomar la votación nominal de todos los artículos, excepto los del Capítulo II del Título III que ya fueron votados y que son los artículos 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 y 42. y que ya fueron aprobados.
El C. secretario Juan Maldonado Pereda: Por instrucciones de la Presidencia se procede a recoger la votación nominal de todos los artículos exceptuando los que están insertos en el artículo II del Título III que fueron reservados y votados.
El C. Presidente: Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior del Congreso.
Señor Presidente, informo al pleno por su conducto que se emitieron 264 votos en pro, 28 votos en contra, de la Fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional a los artículos 7, 8, 25, 43, 45, 64, 71, 72, 74, 84, 94 y 96 y 17 votos en contra.
El C. Presidente: Aprobados todos los artículos en lo particular por 264 votos.
(Aplausos.)
El C. Presidente: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Ley de Fomento Agropecuario.
El C. secretario Juan Maldonado Pereda: Pasa al Senado para sus efectos constitucionales. (Aplausos).
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL
"Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Dictamen de la Iniciativa de Decreto que Reforma el Artículo 2o. de la Ley que establece bases para la ejecución en México, por el Poder Ejecutivo Federal, del Convenio Constitutivo de la Asociación Internacional de Fomento.
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Hacienda y Crédito Público le fue turnada para su estudio y dictamen la Iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal para reformar la Ley que Establece Bases para la Ejecución en México, por el Poder Ejecutivo Federal, del Convenio Constitutivo de la Asociación Internacional de Fomento (AIF).
Esta Comisión, habiendo realizado un estudio detallado de esa Iniciativa y con fundamento en los artículos 50, fracción I, 54 y 56 de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente
DICTAMEN
1. Los propósitos de la Iniciativa son reformar el artículo 2o. de la Ley que Establece Bases para la Ejecución en México, por el Poder Ejecutivo Federal, del Convenio Constitutivo de la citada Asociación Internacional de Fomento para que se haga la aportación correspondiente de nuestro país en la Quinta Reposición del capital de esta última, así como que se autorice al propio Ejecutivo para aceptar las consecuentes enmiendas al Convenio Constitutivo de dicha Asociación.
La Iniciativa claramente expone cuáles son los objetivos de la Asociación Internacional de Fomento y la participación que le corresponde a nuestro país.
En ella se señala que nuestro país aceptó la suscripción adicional de capital correspondiente a la Quinta Reposición adoptada por la Asamblea de Gobernadores con fecha 16 de junio de 1977.
Asimismo se indica que se ha estimado conveniente mantener el poder de voto relativo que corresponde a nuestro país en el seno de la Asociación y realizar un importante esfuerzo por robustecer este importante mecanismo de solidaridad internacional y de apoyo económico a los países más pobres del orbe.
II. Esta Comisión estima fundamental examinar los antecedentes de este asunto con el propósito de ilustrar suficientemente a la Asamblea.
La Asociación Internacional de Fomento, es una institución del grupo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que se estableció en 1960 para otorgar asistencia financiera a los gobiernos de los países más pobres, miembros de este último.
III. La importancia de esta Asociación reside fundamentalmente en que, a semejanza del Banco, otorga préstamos para apoyar proyectos prioritarios de los países en desarrollo. Las características de los financiamientos que aquélla concede resultan particularmente favorables para los países beneficiarios, dado que solamente se otorgan a los gobiernos, comprenden períodos de gracia de 10 años y plazos de vencimiento hasta de 50 años, sin intereses, únicamente con cargo a servicios de 0.75% anual sobre al parte desembolsada de cada crédito.
Considerando las condiciones de estos préstamos, en la Asociación se distinguen dos tipos de miembros. Los primeros son los países que tienen un alto nivel de desarrollo y que realizaron sus contribuciones en monedas convertibles. Son los que han aportado más del 95% de los recursos de la Asociación.
El segundo grupo está formado por los países en desarrollo. Estos países realizaron sus suscripciones iniciales hasta por un 90% en sus respectivas monedas.
El financiamiento se ha destinado a los países más pobres de Asia y África, orientándose principalmente hacia proyectos agrícolas, educativos, de expansión industrial, de transporte y redes de telecomunicación, suministro de agua potable, servicios médicos e infraestructura rural y urbana.
IV. Desde que la Asociación se fundó, nuestro país ha sido miembro y sus relaciones con la misma quedaron establecidas en la Ley que Establece Bases para la ejecución en México, por el Poder Ejecutivo Federal, del Convenio Constitutivo de la Asociación Internacional de Fomento, de fecha 30 de diciembre de 1960, publicado en el Diario Oficial de la Federación del día 31 siguiente.
En el artículo III, sección 1 del citado Convenio, se establece que los recursos de la Asociación podrán ser aumentados y mantener así el poder de voto relativo del miembro correspondiente.
Tras la primera aportación que realizó México a la Asociación, por un monto hasta de 8.740,000 dólares, no suscribió las cuatro reposiciones adicionales debido a que en la Primera y Segunda Reposición sólo se solicitaron recursos a los países miembros de mayor desarrollo económico y en el caso de la Tercera y Cuarta Reposición, nuestro país no consideró pertinente ajustar su poder de voto.
México apoyó la Resolución de la Asamblea de Gobernadores de la Asociación Internacional de Fomento, que aprobó la Quinta Reposición de Recursos de esta institución y se comprometió a suscribir capital adicional por un monto que asciende a 132,625 dólares de los Estados Unidos de América. Esta cifra equivale a 3.019,633 pesos mexicanos, tomando en cuenta el tipo de cambio vigente el día 14 de marzo de 1977, fecha en que se convino tomar como base para efectuar las conversiones. Esta suscripción significa para México un incremento de 7,005 votos.
V. Tomando en cuenta los propósitos de la Iniciativa y los objetivos de la Asociación Internacional de Fomento, la Comisión considera conveniente que nuestro país mantenga su poder de voto relativo y su participación consecuente en las decisiones del organismo internacional.
Considera, de igual manera, que es indispensable aumentar los recursos de la Asociación fortaleciendo su capacidad de préstamo a través de las reposiciones de recursos, para satisfacer las necesidades apremiantes de los países de menor desarrollo.
Por último, la Comisión es del parecer que nuestra participación en la Quinta Reposición de la Asociación es una muestra de solidaridad con los países más pobres, que expresa el deseo de lograr una mayor interrelación y cooperación entre los países y el fortalecimiento de las instituciones financieras internacionales.
Por las razones anteriores esta Comisión estima debidamente fundada la Iniciativa del Ejecutivo Federal y se permite someter a la consideración de esa honorable Asamblea la aprobación del siguiente
PROYECTO DE
DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 2o. DE LA LEY QUE ESTABLECE BASES PARA LA
EJECUCIÓN EN MÉXICO, POR EL PODER EJECUTIVO FEDERAL, DEL CONVENIO
CONSTITUCIONAL DE LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE FOMENTO
Artículo primero. Se reforma el artículo 2o. de la Ley que Establece Bases para la Ejecución en México, por el Poder Ejecutivo Federal, del Convenio Constitutivo de la Asociación Internacional de Fomento, para quedar como sigue:
Artículo 2o. El Banco de México, S. A. hará la aportación de México correspondiente a la Quinta Reposición de capital de la Asociación Internacional de Fomento hasta por la suma de 132,625 (ciento treinta y dos mil seiscientos veinticinco) dólares de los Estados Unidos de América considerados al tipo de cambio vigente al 14 de marzo de 1977, la cual se adicionara a la suscripción original efectuada hasta por la cantidad de 8'740,000 (ocho millones setecientos cuarenta mil) dólares de los Estados Unidos de América del tipo de cambio vigente al 1o. de enero de 1960.
Artículo segundo. Se autoriza al Ejecutivo Federal para aceptar las enmiendas al Convenio Constitutivo de la Asociación Internacional de Fomento, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo anterior.
TRANSITORIO
Artículo único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.- México, D. F., a 19 de diciembre de 1980.- Los diputados miembros de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.- Diputados Juan Delgado Navarro, Presidente.- Angel Aceves Saucedo, Secretario, Cuauhtémoc Anda Gutiérrez (PRI), Lidia Camarena Adame (PRI), Porfirio Camarena Castro (PRI), Rafael Corrales Ayala (PRI), Salomón Faz Sánchez (PRI), Jorge Flores Vizcarra (PRI), Francisco Javier Gaxiola O. (PRI), Ignacio González Rubio (PRI), Humberto Hernández Haddad (PRI), Rafael Hernández Ortiz (PRI), Miguel Lerma Candelaria (PRI), Rafael Alonso y Prieto (PAN), Antonio Obregón Padilla (PAN), Humberto Lira Mora (PRI), Angel López Padilla (PRI), Juan Martínez Fuentes (PRI), Luis Medina Peña (PRI), José Merino Mañón (PRI), Ricardo Flores Magón y López (PPS), Arturo Salcido Beltrán (PCM), Gonzalo Morgado Huesca (PRI), Manuel Germán Parra (PRI), Francisco Rodríguez Gómez (PRI), Jorge Amador Amador (PST), Alfonso Zegbe Sanen (PRI), Amado Tame Shear (PPS), Roberto Picón Robledo (PDM)."
El C. Presidente: La Comisión de Hacienda y Crédito Público durante el transcurso de esta sesión entregó dos dictámenes para primera lectura, en virtud de que este dictamen relativo al proyecto de Decreto que reforma el artículo 2o. de la Ley que Establece Bases para la Ejecución en México por el Poder Ejecutivo Federal del Convenio Constitutivo de la asociación Internacional se está distribuyendo entre los ciudadanos diputados, ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura.
El C. secretario Juan Pereda Maldonado: En votación económica se consulta a la Asamblea si se dispensa la lectura al dictamen. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Dispensada la lectura, señor Presidente. Es de primera lectura.
LEY ORGÁNICA DEL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.A.
"Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Dictamen de la Iniciativa de Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S. A.
Honorable Asamblea:
Fue turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a efecto de que procediera a su estudio y dictamen, la Iniciativa de Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.A., que ha presentado el Ejecutivo Federal a la consideración del Congreso de la Unión.
La Comisión, después de un detenido estudio de la Iniciativa de cuenta y con apoyo en lo dispuesto por los artículos 50, fracción I, 54 y 56 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, formula el siguiente
DICTAMEN
El Ejecutivo Federal expone en su Iniciativa que promueve una política económica y social dirigida a lograr el crecimiento de la producción y del empleo, mediante el uso de diversos instrumentos con que cuenta el Estado Mexicano para promover la actividad económica y distribuir con equidad las riquezas que se generan entre los distintos grupos de la población y entre las diversas regiones del país.
La Iniciativa señala, asimismo, que esto explica la necesidad de reestructurar y modernizar los organismos públicos que canalizan recursos para promover el desarrollo económico del país, que en el sistema financiero nacional están representados por las instituciones nacionales de crédito, dentro de las cuales se encuentra el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.A. Señala que esta institución, desde su fundación en el año de 1933, el Gobierno Federal ha encomendado la tarea de financiar la ejecución, conservación y mantenimiento de obras y de servicios públicos o de interés social de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios.
Por otra parte, si se examina la evolución que el Banco ha experimentado desde su creación, se observará que su objeto se ha transformado para pasar de encargado primordialmente del financiamiento de proyectos para la vivienda popular a mecanismo financiero público de apoyo a programas de obras y servicios públicos municipales y de las entidades federativas.
Si se consideran los nuevos requerimientos nacionales y la transformación misma de nuestra economía, la Comisión considera que es inaplazable la actualización estructural del Banco mediante la ampliación y robustecimiento de su objeto para financiar mejor obras y servicios públicos o de interés social en general y, en particular, las obras de infraestructura urbana en las zonas prioritarias de desarrollo habitacional, industrial, turístico, portuario y de transporte. La Comisión considera apropiada la modernización que se propone a fin de incorporar en su objeto las operaciones propias de la banca múltiple.
De este modo se estima, acorde con la Iniciativa, que la Institución habría de complementar las funciones de banca pública de inversión y desarrollo con la realización de todas las operaciones de la banca múltiple, lo que se propiciará, igualmente, con la fusión del Banco Nacional Urbano, S.A., Institución de Banca Múltiple, con amplia experiencia en este tipo de operaciones.
Con la reestructuración y modernización del Banco, se obtendrá una mayor captación de ahorro interno que podrá destinarse al apoyo de programas propios y, principalmente, de los dirigidos al financiamiento de obras de infraestructura y servicios públicos y de interés social. La institución diversificará, también, su clientela, al extender sus operaciones hacia el sector privado, al que podrá brindar los servicios bancarios de deposito, ahorro, inversión de capitales, así como efectuar operaciones financieras, hipotecarias y fiduciarias. Por último, el Banco disminuirá su endeudamiento externo en virtud del aumento de la captación interna de recursos.
De esta manera, como se establece en la Iniciativa, el Banco podrá convertirse en instrumento financiero fundamental para apoyar las actividades destinadas a alcanzar las metas del Plan Global de Desarrollo y de los diversos planes sectoriales, a la par que, al incrementar su actividad crediticia, se fortalecerá al federalismo y vigorizará al municipio.
Para el logro de los objetivos anteriores se propone una estructura legal del Banco más técnica, evitando repeticiones de conceptos de instituciones jurídicas ya reguladas por otros ordenamientos, y concretando las disposiciones de la Iniciativa a lo que le es propio y típico como banca de desarrollo y fomento.
Por ello se mantiene la Institución como agente financiero y consejero técnico de los Gobiernos de la Federación, del Distrito Federal,
Estados y Municipios y de las respectivas entidades paraestatales, y se conserva la facultad del Banco para contratar directamente, conforme a las instrucciones que formule la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, créditos del exterior destinados a la planeación, financiamiento o ejecución de obras y servicios públicos de interés social.
En atención a la importancia que tiene para el desarrollo del país la exportación de tecnología en la elaboración de proyectos o en la ejecución de obras públicas en el extranjero, la Iniciativa incorpora como uno de los objetos del otorgamiento de créditos a empresas nacionales dedicadas a este fin.
Ya que la vivienda y el transporte son servicios de fundamental importancia para la población, la Iniciativa propone que el Banco se convierta en uno de los mecanismos financieros del Gobierno Federal para apoyar la adquisición de viviendas de interés social y para consolidar una estructura de transportes apropiada y acorde a las necesidades de nuestra economía.
Igualmente, la Iniciativa insiste en la necesidad de consolidar y fortalecer la intervención del Banco en el otorgamiento de créditos accesibles para la compra de habitaciones populares, habida cuenta de su experiencia en esta materia, así como para el transporte en cualquiera de sus formas.
La Iniciativa establece pequeñas modificaciones en la composición del capital del Banco, particularmente en la Serie 'C', que se propone se integre por acciones suscritas por las entidades de la Administración Pública Federal, para vincularlo con estas personas de derecho público a fin de perfilar con mayor precisión su carácter de institución de apoyo financiero público.
Igualmente, la Iniciativa reglamenta algunas de las operaciones que el Banco realiza como institución de desarrollo urbano y de apoyo al federalismo, como es el caso de los créditos destinados a obras y servicios públicos o de interés social, así como los créditos que se otorguen a los Gobiernos de los Estados, de los Municipios o a sus entidades paraestatales.
En relación con las disposiciones que regulan las características básicas de los créditos que el Banco otorga a los Gobiernos de los Estados, de los municipios y a sus respectivas entidades paraestatales, la Comisión dictaminadora estima indispensable revisar el significado y alcance del artículo 16, fracción IV de la Iniciativa, que en su parte final dispone que el Banco designará a la persona encargada de percibir directamente los ingresos que se obtengan de las obras o servicios financiados o de vigilar su correcta aplicación para el abono del crédito de que se trate.
Se considera conveniente suprimir esta parte del citado precepto, pues no resulta acorde con el propósito de que sean las citadas entidades públicas las que de conformidad con sus programas de gobierno realicen la administración de las obras y servicios financiados así como de los ingresos de que ellos se generen.
Es obvio que esta supresión resulta independiente del adecuado principio financiero que enuncia la parte inicial del precepto que nos ocupa, esto es, que los ingresos de las obras y servicios financiados se destinen preferentemente al pago de los créditos concedidos; principio de esta Comisión estima conveniente conservar en el proyecto que nos ocupa.
La Comisión, por tanto, propone a la aprobación de esa Honorable Asamblea que el texto del artículo 16, fracción IV quede en los siguientes términos:
"Artículo 16.....
IV. Se efectuarán preferentemente al pago de los créditos otorgados, los ingresos que se obtengan de las obras o servicios financiados."
La Iniciativa, congruente con una mejor técnica jurídica, suprime disposiciones referentes a materias que ya se encuentran reguladas en otros ordenamientos. Elimina igualmente la reglamentación especial del Fondo de Habitaciones Populares, por considerarse más conveniente que opere en el futuro mediante la celebración de un contrato de fideicomiso, en el cual sería fideicomitente el Gobierno Federal e institución fiduciaria, el propio Banco.
Asimismo, la Iniciativa prevé que algunos cambios que contiene, requieren de un período de adaptación. Las disposiciones transitorias se ocupan de ello, al establecer el régimen a que estarán sujetos los tenedores de certificados de participación inmobiliaria no amortizables que el banco ha emitido hasta la fecha, a fin de permitir a los adquirientes de dichos certificados, cuando hayan cumplido con las obligaciones a su cargo, el ejercicio de la opción de adquirir en copropiedad o en condominio el inmueble fideicomitido o de obtener la parte proporcional del producto de la venta de los inmuebles respectivos.
Finalmente, también establece la Iniciativa, un dispositivo transitorio acerca de la forma y términos en que habrá de operar la fusión del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.A., con el Banco Nacional Urbano, S.A., en la cual aquél actuará como fusionante; acto con el cual se obtendrá la vigorización del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S. A., y se configurará a esta Institución como el principal mecanismo financiero de apoyo a las obras y servicios públicos de interés social del país.
La Comisión estima plenamente justificado que sea la Secretaría de Hacienda la que promueva la nueva Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.A., ya que es la encargada de dirigir la política crediticia y de ejercer las atribuciones que señalan las leyes de instituciones de crédito, atento a lo dispuesto en su artículo 31, fracciones XI y XIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Por las razones anteriores, esta Comisión concluye que está debidamente fundada la Iniciativa de Ley propuesta por el Ejecutivo Federal y se permite someter a la consideración de la Honorable Asamblea de la Cámara de Diputados, la aprobación de la siguiente
LEY ORGÁNICA DEL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.A.
CAPITULO PRIMERO
De la Denominación y del objeto
Artículo 1o. Esta Ley rige a la Institución Nacional de Crédito denominada Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.A., Institución de Banca Múltiple.
Artículo 2o. El Banco tendrá por objeto:
1. Promover y financiar obras y servicios públicos o de interés social, así como obras de infraestructura urbana en las zonas prioritarias de desarrollo habitacional, industrial, turístico y portuario.
II. Promover y financiar la vivienda.
III. Financiar el transporte marítimo, fluvial, aéreo y terrestre, así como las actividades relacionadas con el mismo.
IV. Actuar, a solicitud de los gobiernos de la Federación, del Distrito Federal y de los Estados y Municipios, así como de sus respectivas entidades paraestatales, como agente financiero o como consejero técnico en la planeación, financiamiento o ejecución de obras y servicios públicos o de interés social.
V. Contratar directamente, previa autorización y siguiendo las instrucciones que, en su caso, formule la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, créditos del exterior con instituciones gubernamentales, intergubernamentales o privadas, destinados a obras y servicios públicos o de interés social, los que se regirán conforme a las disposiciones de esta Ley y de la Ley General de Deuda Pública.
VI. Otorgar garantías y, en su caso, conceder financiamiento a empresas mexicanas para la elaboración de proyectos o la ejecución de obras públicas en el extranjero.
VII. Realizar las operaciones fiduciarias autorizadas por esta Ley y la Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares.
VIII. Prestar servicios de selección y generación de proyectos, asistencia técnica, investigación y capacitación en materia de obras y servicios públicos o de interés social, así como financiar la prestación de estos servicios por terceros .
IX. Efectuar las operaciones propias de la Banca Múltiple, conforme a la Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares.
X. Realizar otras operaciones y prestar otros servicios acordes con su función crediticia, con las modalidades que autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Las acciones e inversiones que realice el Banco deberán ser congruentes con los diversos planes de desarrollo urbano.
CAPITULO SEGUNDO
Del Capital Social
Artículo 3o. El capital social del Banco será el que fije su escritura constitutiva y estará representado por el correspondiente número de acciones, de igual valor, divididas en cuatro series, con las siguientes características.
1. Serie 'A', compuesta por acciones nominativas de las que sólo podrá ser titular el Gobierno Federal y cuyo monto en ningún caso será inferior al 51% del capital social.
II. Serie 'B', compuesta por acciones al portador, que podrán ser suscritas por el público.
III. Serie 'C', compuesta por acciones nominativas que sólo podrán ser suscritas por las entidades de la Administración Pública Federal Paraestatal.
IV. Serie 'D', compuesta por acciones nominativas que sólo podrán ser suscritas por los gobiernos de los Estados, de los Municipios y del distrito Federal, o por sus entidades paraestatales.
Las acciones de las series 'C' y 'D', no serán transmisibles ni podrán ser dadas en garantía, sin previa autorización del Consejo de Administración.
El valor nominal de las acciones y la proporción que de ellas corresponda a las series 'B', 'C' y 'D', se determinarán en los estatutos sociales.
Ninguna persona extranjera, física o moral, podrá tener participación social alguna o ser propietaria de acciones del Banco. Si alguna de las personas mencionadas anteriormente, por cualquier evento, llegase a adquirir una participación social o ser propietaria de una o más acciones, dicha adquisición será nula y por tanto, cancelada y sin ningún valor la participación de que se trate y los títulos que la representan, teniendo por reducido el capital social en una cantidad igual al valor de la participación cancelada.
CAPITULO TERCERO
De la administración y vigilancia
Artículo 4o. La Administración del Banco estará a cargo del Consejo de Administración y del Director General.
Artículo 5o. El Consejo de Administración estará integrado por dos consejeros por la Serie "A", dos por la Serie "B" dos por la serie "C" y dos por la serie "D".
Los consejeros serán designados por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a propuesta de los accionistas de cada Serie; durarán en su encargo dos años y podrán ser reelectos. Por cada propietario se nombrará un suplente.
Los Secretarios de Hacienda y Crédito Público y de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, serán consejeros de la serie "A", y será Presidente del Consejo de Administración el primero de los mencionados.
Artículo 6o. El Consejo de Administración se reunirá por lo menos una vez al mes y sesionará válidamente con la asistencia de cinco de sus miembros, siempre que entre ellos se encuentren dos de los nombrados por la Serie "A". Las resoluciones se tomarán por
mayoría de votos de los presentes y, en caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad.
Artículo 7o. El Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, podrá vetar las resoluciones de la Asamblea General de Accionistas o del Consejo de Administración cuando en su concepto no sean acordes con la política financiera, crediticia o monetaria del Gobierno Federal, dentro del plazo de tres días hábiles siguientes a aquel en que tenga conocimiento de dichas resoluciones.
Artículo 8o. El Consejo de Administración tendrá las siguientes facultades: I. Nombrar y remover al Director General, a los delegados fiduciarios y al Secretario del Consejo.
II. Nombrar y remover al Subdirector General, a propuesta del Director General.
III. Conocer y resolver sobre las renuncias que presenten los Consejeros, el Director General, el Subdirector General, el Secretario del Consejo y los Delegados Fiduciarios.
IV. Otorgar al Director General las facultades que crea convenientes para la buena marcha del Banco.
V. Aprobar los reglamentos interiores del Banco.
VI. Aprobar, a propuesta del Director General, el presupuesto anual de gastos, la estimación de los recursos y el programa de actividades. Aprobados por el Consejo de Administración los conceptos a que esta fracción se refiere, deberán someterse a la aprobación del Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
VII. Acordar la emisión de títulos de crédito en serie.
VIII. Autorizar la formación de Comisiones de su seno o la integración de Comités Ejecutivos, delegándole las facultades necesarias para su funcionamiento.
IX. Las demás que le confieran los estatutos conforme a la Ley y las autorizaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Artículo 9o. El Director General tendrá las siguientes facultades y obligaciones.
I. Ejecutar las resoluciones del Consejo de Administración.
II. Representar legalmente al Banco en los asuntos de su competencia, con todas las facultades de un mandatario general para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio, con todas las facultades generales y especiales que requieran cláusula especial, para presentar denuncias y querellas, desistirse de éstas y otorgar perdón; así como para desistirse en el juicio de amparo y para suscribir títulos de crédito.
Podrá asimismo, con la autorización del Consejo de Administración, sustituir total o parcialmente estos poderes y revocarlos.
III. Ser Delegado Fiduciario.
IV. Establecer la estructura administrativa y organizar las oficinas de la Institución, así como nombrar y remover al personal de la misma y asignarle sus obligaciones y retribuciones en los términos autorizados por el Consejo de Administración.
V. Asistir a las sesiones del Consejo de Administración y a las Asambleas de Accionistas con voz informativa.
VI. Las demás que le señale el Consejo de Administración.
Artículo 10. El Subdirector General tendrá las atribuciones que esta Ley establece para el Director General, con las limitaciones que le señalen el Consejo de Administración o el propio Director General.
Artículo 11. Para que las Asambleas de Accionistas, ordinarias o extraordinarias, se consideren legalmente reunidas, deberá estar representada la totalidad de las acciones de la Serie "A".
Artículo 12. La vigilancia del Banco se ejercerá por:
I. Un Comisario propietario y un suplente designado en votación conjunta por las Series "A" y "D".
II. Un Comisario propietario y un suplente designados en votación conjunta por las series "B" y "C".
Artículo 13. A los Consejeros, los Comisarios, los funcionarios y empleados del Banco, les será aplicable la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios y Empleados de la Federación, del Distrito Federal y de los Altos Funcionarios de los Estados, por los delitos y faltas oficiales que cometan durante su encargo o con motivo del mismo. Además, serán responsables ante el Banco de las operaciones que autoricen, ejecuten o aprueben, con infracción a las disposiciones de esta Ley.
Artículo 14. Los Consejeros, los Comisarios, el Director General, los Directores, los Subdirectores, el Gerente General, los Gerentes y los Delegados Fiduciarios del Banco, sólo estarán obligados a absolver posiciones o a rendir testimonio en representación de la misma, cuando las posiciones y las preguntas se formulen por medio de oficio, el que contestarán por escrito dentro del término que señalen las autoridades respectivas.
CAPITULO CUARTO
De las operaciones
Artículo 15. En relación con su objeto, el Banco podrá realizar entre otras, las siguientes operaciones:
I. Emitir, previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, toda clase de títulos de crédito en serie, en el país en moneda nacional, y en el extranjero en moneda nacional o extranjera, los que se regirán conforme a las disposiciones de esta Ley y de la Ley General de Deuda Pública.
II. Tomar a su cargo o garantizar emisiones de valores y de títulos de crédito en serie, emitidos o garantizados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios y los que emita el propio Banco en el ejercicio de sus atribuciones fiduciarias,
previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
III. Otorgar avales y garantías con autorización previa, en cada caso, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
No se requerirá esta autorización cuando se trate de actos relacionados con las operaciones propias de la Banca Múltiple.
IV. Adquirir, administrar y disponer de bienes inmuebles o muebles, o de cualquier otro modo de operar con ellos por cuenta propia o de terceros.
V. Las relativas a la Banca Múltiple.
CAPITULO QUINTO
De los créditos
Artículo 16. Los créditos a que se refieren las fracciones I, II y III del artículo 2o. de esta Ley, se sujetarán a las reglas siguientes:
I. Cuando se garantice un crédito mediante hipoteca de varios inmuebles, cada uno de éstos responderá por la totalidad del adeudo, pudiendo pactarse, sin embargo, la liberación de uno o varios de los inmuebles hipotecados mediante pagos parciales.
II. Cuando la garantía recayere sobre la unidad completa de cualquier obra y servicio público, la misma recaerá sobre todos los bienes que la integren, con inclusión de los permisos, concesiones o autorizaciones respectivos y de todos los muebles e inmuebles afectados a la explotación considerados en su unidad. Podrán comprender asimismo el dinero en caja de la explotación corriente y los créditos a favor de la empresa nacidos directamente de sus operaciones, sin perjuicio de la posibilidad de disponer de ellos y de sustituirlos en el movimiento normal de las operaciones sin previo conocimiento de la acreedora, salvo pacto en contrario.
III. Los créditos que en su caso, se otorguen a contratistas de obras públicas en función de trabajo ejecutado y no pagado, estarán garantizados con la afectación en fideicomiso de los derechos del contrato de obra respectivo y se concederán previa reserva, a favor del Banco, de la partida presupuestaria correspondiente.
IV. Se afectarán preferentemente al pago de los créditos otorgados, los ingresos que se obtengan de las obras o servicios financiados. El Banco designará a la persona o personas que se encargarán de percibirlos directamente o de vigilar su correcta aplicación para abono del crédito que se trate.
Artículo 17. Si el crédito se otorga a una entidad federativa, a un Municipio o a sus respectivas entidades paraestatales, sin perjuicio de las reglas que le sean aplicables conforme al artículo anterior, se sujetará a las siguientes:
I. Deberá contar con la autorización de la Legislatura o del órgano competente de la entidad acreditada.
II. Se destinará a inversiones públicas productivas.
III. Deberá realizarse un estudio de la situación financiera del sujeto de crédito que defina la existencia de su capacidad económica suficiente para cubrir las obligaciones derivadas del crédito sin que se afecte las erogaciones que demanden los demás servicios a cargo de la entidad deudora.
IV. Si se hubieren afectado las participaciones que en impuestos federales tenga la entidad federativa o el municipio correspondiente para el pago del crédito y éste se encuentre registrado para estos efectos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, previo acuerdo de esta última, el Banco podrá prescindir de la afectación de dichas participaciones en caso de que el crédito haya sido amortizado en un 30% y que el promedio de los ingresos percibidos por las obras o servicios financiados, en los últimos doce meses, determine que dichos ingresos serán suficientes para cubrir la amortización del capital, los intereses y los gastos de administración, operación y mantenimiento de las obras y servicios de que se trate.
Artículo 18. Las demás características generales de las operaciones a que se refiere este Capítulo, se sujetarán a los lineamientos que al efecto dicte el Consejo de Administración, con la aprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
CAPITULO SEXTO
Disposiciones generales
Artículo 19. Las Leyes Generales de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares, de Títulos y Operaciones de Crédito y de Sociedades Mercantiles, serán supletorias de esta Ley.
Artículo 20. En los fideicomisos que se constituyan para garantizar los derechos del Banco, éste podrá actuar en el mismo negocio como fideicomisario y fiduciario.
Artículo 21. En toda emisión de valores y respecto a los recursos captados por el Banco mediante instrumentos financieros a plazo para fines de desarrollo económico y social, tendrá como única obligación, para todos los efectos, constituir un depósito en el Banco de México, en efectivo o en valores de realización inmediata, equivalente al 4% del monto en circulación de esa clase de obligaciones.
Artículo 22. El importe total del pasivo exigible del Banco, con excepción de lo dispuesto en el artículo anterior y de las demás operaciones que el Banco de México no considere computables para los efectos de este artículo, deberá sujetarse a los regímenes de depósito obligatorio que el propio Banco de México establezca, previa aprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, conforme a lo señalado en el artículo 94 bis de la Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares. Los recursos no sujetos al control cuantitativo mencionado deberán mantenerse invertidos en créditos destinados a los fines que se establecen en esta Ley.
Artículo 23. Los cupones vencidos de los títulos que emita el Banco serán recibidos en pago de impuestos federales no afectos a cubrir un fin específico.
Artículo 24. Los títulos de crédito que el Banco retire del mercado para su amortización normal o anticipada, serán, desde luego, cancelados en forma indubitable e incinerados.
Artículo 25. El Banco hará los avalúos de inmuebles que deban practicarse con motivo de actos y operaciones relacionados con la actividad inmobiliaria y de vivienda que realicen las instituciones de seguros o de fianzas, otras instituciones de Crédito que señale la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y las entidades de la administración Pública, salvo que respecto de estas últimas corresponda realizar el avalúo a otra institución pública, conforme a otras disposiciones legales.
Los tribunales federales y locales, las juntas de conciliación y arbitraje, las autoridades fiscales y administrativas en general, también designarán al Banco para practicar los avalúos de inmuebles.
Artículo 26. Los contratos que celebre el Banco con motivo de créditos en los que se constituyan garantías hipotecarias o fiduciarias sobre bienes inmuebles situadas en el Distrito Federal, podrán otorgarse en documento privado.
Artículo 27. En el desempeño de la administración fiduciaria, el Banco empleará el personal bancario estrictamente necesario. En el caso de que para el mejor logro de los objetivos de los fideicomisos encomendados sea indispensable contratar diverso personal, éste no se considerará como empleado del Banco, sino del propio fideicomiso.
Artículo 28. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público queda facultada para interpretar, para efectos administrativos, la presente Ley y para expedir las disposiciones que se requieran para la aplicación de la misma.
Artículo 29. El Gobierno Federal responderá en todo tiempo, en los términos de la Ley General de Deuda Pública, ante personas físicas o instituciones gubernamentales, intergubernamentales o privadas extranjeras, del cumplimiento de las obligaciones del Banco derivadas de las operaciones a que se refiere la fracción V del artículo 2o. de esta Ley, así como de las que surjan con motivo de la colocación de valores en el extranjero.
Artículo 30. El importe total de las obligaciones directas y contingentes del Banco, no deberán exceder de los límites establecidos por la Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares.
En esta relación no se incluirán los pasivos a que se refieren el artículo anterior.
CAPITULO SÉPTIMO
De las prohibiciones
Artículo 31. Queda prohibido al Banco:
I. Otorgar créditos a personas que tengan su domicilio fuera del territorio nacional.
II. Otorgar garantías distintas a las previstas por esta Ley. III. Participar o ser accionista en sociedades de responsabilidad ilimitada.
TRANSITORIOS
Artículo primero. Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Se abrogan la Ley de fecha 8 de febrero de 1949, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 4 de marzo del mismo año, que ha regido al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S. A. y sus respectivas reformas y adiciones, así como las disposiciones legales que se opongan a la presente.
Artículo segundo. El Banco procederá a hacer en su escritura social las modificaciones que resulten necesarias, de acuerdo con las disposiciones de la presente Ley, en un término de 60 días contados a partir de la fecha de su vigencia.
En tanto se celebra la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas que acuerde las modificaciones aludidas y se elija conforme a las mismas, al Consejo de Administración y a los Comisarios, Continuarán en sus respectivos cargos, las personas que actualmente los desempeñan.
Artículo tercero. El fondo de Habitaciones Populares a que se refiere la Ley Orgánica que se abroga, en lo sucesivo se regirá de conformidad con el contrato de fideicomiso que celebre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su calidad de fideicomitente único del Gobierno Federal y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.A., como fiduciario.
Artículo cuarto. Cuando todos los adquirientes de una misma emisión de Certificados de Participación Inmobiliaria no Amortizable efectuada por el Banco, hayan cumplido íntegramente con las obligaciones y condiciones establecidas a su cargo en la escritura respectiva y en los correspondientes contratos de compra - venta de dichos títulos; hayan pagado los certificados fiduciarios de adeudo y los certificados de participación inmobiliaria amortizables que , en su caso, se hubieren emitido, y no tengan adeudo alguno por cualquier otro concepto, el Representante Común convocará a los tenedores de dichos certificados a una Asamblea General, a fin de que resuelvan:
a) Que la fiduciaria les transmita los inmuebles fideicometidos, bien sea bajo el régimen de copropiedad o de propiedad en condominio; o
b) Que la fiduciaria proceda, desde luego, a la venta de los inmuebles fideicometidos, para que su producto neto sea distribuido entre los propios tenedores.
Si la asamblea general de tenedores de certificados no se celebra dentro del término de un año contado a partir de la fecha en que la hubiere convocado; si efectuada aquélla, no se toma resolución alguna, o si ésta fuera inoperable legalmente, la fiduciaria, a su
elección, transmitirá a los tenedores los inmuebles fideicometidos bajo el régimen de copropiedad o de propiedad en condominio.
Artículo quinto. Si conforme al artículo anterior, los tenedores de certificados optaren porque se les transmita los inmuebles bajo el régimen de propiedad en condominio, la fiduciaria hará la declaración de constitución de dicho régimen y transmitirá a cada tenedor en propiedad exclusiva la habitación o localidad a que se refiere su certificado y el correspondiente derecho de copropiedad sobre los elementos y partes comunes de los inmuebles necesarios para su adecuado uso o disfrute.
Artículo sexto. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tomará las medidas necesarias para que el Banco Nacional Urbano, S.A., se fusione con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.A., actuando este último con carácter de fusionante, en los términos de las leyes relativas.
La fusión surtirá sus efectos a partir del día 1o. de marzo de 1981, fecha en la que quedarán abrogados el Decreto que creó al Nacional Monte de Piedad, Institución de Ahorro, S.A. de fecha 30 de diciembre de 1949, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 31 del mismo mes y año, y el de fecha 30 de noviembre de 1951 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de diciembre de ese año, que amplió las operaciones del Banco, el cual varió posteriormente su denominación por la actual de Banco Nacional Urbano, S.A., Institución de Banca Múltiple.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.- México, D.F., a 19 de diciembre de 1980.- Los diputados miembros de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.- Diputados Juan Delgado Navarro, Presidente.- Angel Aceves Saucedo, Secretario, Cuauhtémoc Anda Gutiérrez (PRI), Lidia Camarena Adame (PRI), Porfirio Camarena Castro (PRI), Rafael Corrales Ayala (PRI), Salomón Faz Sánchez (PRI), Jorge Flores Vizcarra (PRI), Francisco Javier Gaxiola O. (PRI), Ignacio González Rubio (PRI), Humberto Hernández Haddad (PRI), Rafael Hernández Ortiz (PRI), Miguel Lerma Candelaria (PRI), Rafael Alonso y Prieto (PAN), Antonio Obregón Padilla (PAN), Humberto Lira Mora (PRI), Angel López Padilla (PRI), Juan Martínez Fuentes (PRI), Luis Medina Peña (PRI), José Merino Mañón (PRI), Ricardo Flores Magón y López (PPS), Arturo Salcido Beltrán (PCM), Gonzalo Morgado Huesca (PRI), Manuel Germán Parra (PRI), Francisco Rodríguez Gómez (PRI), Jorge Amador Amador (PST), Alfonso Zegbe Sanen (PRI), Amado Tame Shear (PPS), Roberto Picón Robledo (PDM)."
El C. Presidente: En virtud de que este dictamen relativo al proyecto de Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.A., se está distribuyendo entre los ciudadanos diputados, ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si se dispensa la lectura.
El C. secretario Juan Maldonado Pereda: En votación económica se consulta a la Asamblea si se autoriza se dispense la lectura al dictamen. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Dispensada la lectura, señor Presidente. Es de primera lectura.
PROPOSICIÓN
- El C. secretario Juan Maldonado Pereda:
"México, D.F., diciembre 19 de 1980.
C. Presidente de la Cámara de Diputados.
Presente.
En nuestra calidad de miembros de está Cámara de Diputados y en los términos de lo que establece el artículo 21 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal en vigor, nos permitimos proponer una modificación al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1981, presentada por el Ejecutivo Federal, con base en las siguientes
CONSIDERACIONES
Que en el plan Global de Desarrollo se afirma, con respecto al sector educativo, que 'existen disparidades en las pautas de asignación de recursos por parte de los gobiernos estatales, ya que sólo dos de ellos dedican un 50% de su presupuesto a la educación, mientras que los demás dedican proporciones sensiblemente menores que llegan hasta el 3% (PGD, tomo I, página 190).
Que el Estado de Coahuila se encuentra entre los que destinan una fuerte proporción de sus presupuestos de egresos a la atención del servicio público educativo. Además, los ayuntamientos del propio Estado de Coahuila sostienen un sistema de instrucción público municipal, cuyo costo significa una pesadísima carga sobre sus raquíticas finanzas.
Que el municipio de Torreón, Coahuila, ha venido destinando proporciones crecientes de sus recursos a la atención de la función educativa. Así, en 1974 ésta le representó el 49.77% de sus egresos propios, es decir, 33 millones 345 mil pesos de un total de 66 millones 995 mil. Para 1979 dicha proporción se había incrementado hasta alcanzar el 54.02%, representado por 155 millones 67 mil pesos, del total del gasto propio ejercido que ascendió a 322 millones 173 mil. Hasta el mes de octubre del año en curso, las erogaciones en materia de instrucción pública le habían significado ya desembolsos por 153 millones 609 mil pesos, previéndose que al concluir el ejercicio sumarán alrededor de 200 millones. Probablemente no existe caso similar entre los restantes municipios del país.
Que algunas entidades con erarios mejor dotados de recursos, destinan proporciones mínimas, francamente insignificantes de su gasto, al sostenimiento de la importantísima tarea
educativa. Tal es el caso, por ejemplo, del Gobierno del Distrito Federal, que para servicios educativos y culturales destinó - sin considerar el gasto de sus organismos descentralizados - , el 1.28% y el 5.27% de sus presupuestos de egresos de 1978 y 1979, respectivamente, a pesar de que el artículo 30 de la Ley Federal de Educación lo obliga a dedicar un mínimo del 15% de su presupuestos de egresos al servicio educativo. En 1980, de acuerdo con su presupuesto original aprobado el mismo DDF le destinará a este renglón sólo el 4.18% de su gasto total y el 3.79% el año próximo, según el proyecto de presupuesto sometido a la consideración de esta Cámara.
Que para el ejercicio fiscal de 1981 se ha estimado una recaudación por concepto de Impuestos sobre la exportación por 265,700 millones de pesos, según se asiente en la página LXI de la exposición de motivos del proyecto de la Ley de Ingresos de la Federación para el próximo año, presentado por el Ejecutivo Federal.
Que para el mismo ejercicio fiscal de 1981 se ha estimado que sólo PEMEX enterará 266,500 millones de pesos, también por concepto de Impuestos de Exportación, según se indica en el cuadro que muestra el monto y asignación de los 'Recursos del Petróleo' y que aparece en la página XXXV del tomo I de la exposición de motivos del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 1981, 'exposición de motivos' que a su vez forma parte integrante del propio proyecto de su presupuesto, en los términos del artículo 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. Que de lo expuesto en los dos párrafos anteriores se deduce que es razonable estimar que los ingresos derivados de la aplicación de los Impuestos sobre la Exportación ascenderán en 1981, por lo menos, a 266,500 millones de pesos, que comparados con los 265,700 millones de pesos que por el mismo concepto prevé el proyecto de Ley de Ingresos para 1981, significa que habrá una disponibilidad adicional de recursos por 800 millones de pesos.
Que conforme a lo señalado en la parte final del párrafo precedente, nuestra proposición de modificación al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1981 no requiere de una correspondiente iniciativa de ingreso, en virtud de que no altera su equilibrio, ya que sólo exigirá la introducción de cambios mínimos en la presentación de sus cifras.
PROPOSICIÓN
Conforme a lo anteriormente expuesto y fundado, atentamente solicitamos se modifique el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1981, a fin de que durante el curso de éste se otorgue al municipio de Torreón, Coahuila, en atención al enorme peso que sobre sus finanzas le significa el gasto que destina al servicio de instrucción pública municipal que tiene a su cargo, un subsidio por 75.000,000.00 (setenta y cinco millones de pesos 00/100 moneda nacional), que podrá financiarse con los recursos disponibles por 800 millones de pesos, a que hemos hecho referencia.
Nuestra proposición implica la necesidad de introducir los ajustes numéricos que correspondan al artículo 1o. y al artículo 2o. (Ramo 00023 y suma), de la iniciativa de decreto relativa al Presupuesto de Egresos de la Federación para 1981, presentada por el Ejecutivo Federal, y ningún cambio en el texto de la iniciativa de decreto referente a la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1981, presentada también por el Ejecutivo Federal.
Atentamente, diputados Juan Antonio García Villa.- Edmundo Gurza Villareal.- Juan de Dios Castro Lozano".
- Trámite: Túrnese a la Comisión de Programación, Presupuesto y cuenta Pública.
- El mismo C. secretario: Señor Presidente se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al Orden del Día de la próxima sesión.
ORDEN DEL DÍA
- El mismo C. secretario:
"Segundo Período Ordinario de Sesiones. 'LI' Legislatura.
ORDEN DEL DÍA
21 de diciembre de 1980.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicación de la H. Cámara de Senadores.
Minutas
Con proyecto de Decreto por los que concede permiso a los CC. Martha López Portillo de Tamayo y Ricardo Franco Guzmán, para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros.
Con proyecto de Decreto por los que concede permiso a los CC. Jacobo Contreras Mesa, María Elena Curiel de Palomar, Elba del Carmen Pérez Sánchez, José Cruz García y Rita María Moya de Calderón, para prestar servicios de carácter administrativo en la Embajada de Brasil en México.
Dictamen de Primera Lectura
De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y del Distrito Federal con proyecto de Decreto que Reforma y Adiciona la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal.
Dictámenes a discusión
Siete de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyectos de Decreto por los que se concede permiso a los CC. Isabel Gabriela Nava Molina, José Antonio Alcaraz Vázquez, Nicolás Ramos Rosas, Ana María Ibarra Lango, Gloria Luz Cabrera Enciso, Francisco Mondragón Bravo y Guadalupe Silvia Torís Rodríguez, para prestar servicios de carácter administrativo en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público con proyecto de Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.A.
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público con proyecto de Decreto que Reforma el artículo 2o. de la Ley que Establece Bases para la Ejecución en México por el Poder Ejecutivo Federal, del Convenio Constitutivo de la Asociación Internacional de Fomento."
- El C. Presidente ( a las 7:30 horas del día 20 de diciembre se levanta la sesión): Señor secretario le quiere informar a los señores diputados, que la próxima sesión se va a llevar a cabo el domingo 21 de diciembre a las 10:30 horas.
TAQUIGRAFÍA PARLAMENTARIA Y "DIARIO DE LOS DEBATES"