Legislatura LI - Año III - Período Ordinario - Fecha 19810922 - Número de Diario 10
(L51A3P1oN010F19810922.xml)Núm. Diario:10ENCABEZADO
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
"LI" LEGISLATURA
Registrado como artículo de 2a. clase en la Administración Local de Correos, el 21 de septiembre de 1921
AÑO III México, D. F., martes 22 de septiembre de 1981 TOMO III. NUMERO. 10
SUMARIO
SUMARIO
APERTURA
ORDEN DEL DÍA
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. SE APRUEBA
ACLARACIONES
Del C. Jesús González Schmal y de la Presidencia, en relación al dictamen de la Comisión Instructora del Gran Jurado
INVITACIÓN
Al Segundo Informe del C. licenciado Carlos Jongitud Barrios, Gobernador Constitucional del Estado de San Luis Potosí, el día 25 del actual. Se designa Comisión
COMUNICACIÓN
De la Legislatura del Estado de Zacatecas, dando a conocer su Mesa Directiva. De enterado
INFORME DE LA PRIMERA COMISIÓN INSACULADORA DEL GRAN JURADO
Relativo a la denuncia presentada en contra del C. Oscar Flores Tapia por los CC. Armando Castilla Sánchez y diputado Jesús González Schmal que finaliza determinando que, en virtud de que el C. Flores Tapia ya no es Gobernador del Estado de Coahuila y carece de fuero, no está comprendido en lo que conceptúa el artículo 32 de la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios. En esa virtud la Sección Instructora no tiene facultades para instaurar el procedimiento por carecer de materia. De enterado
El C. González Schmal y el C. Juan de Dios Castro reclaman el trámite y solicitan se considere de primera lectura. La Presidencia contesta al orador que el informe es un punto de Acuerdo y que no hay precedentes sobre un caso similar. Sin embargo, considera que el asunto es importante y gustosamente acepta el trámite que le sugieren. Queda de primera lectura
INICIATIVAS
LEY ORGÁNICA DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
El C. Presidente de la República remite la Iniciativa mencionada. Se turna a Comisión e imprímase
LEY DE LA VIVIENDA POPULAR E INQUILINATO PARA EL D. F.
El C. Juan Ugarte presenta y da lectura a la Iniciativa expresada. Se turna a Comisiones e imprímase
DENUNCIA
Formulada por el C. Antonio Becerra Gaytán, sobre el problema del señor Edmundo Bermúdez en contra de la empresa de la planta termoeléctrica en la ciudad de Chihuahua. Solicita la intervención de esta Cámara para garantizar los derechos del señor Bermúdez como trabajador de la Comisión Federal de Electricidad. Se turna a Comisión
INICIATIVA
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
El C. Rafael Alonso y Prieto da lectura a una Iniciativa de Decreto que adiciona y reforma la Ley. Se turna a Comisión
ANÁLISIS DEL QUINTO INFORME PRESIDENCIAL
CAPITULO AGROPECUARIO
Para expresar sus puntos de vista al respecto, intervienen los CC. Luis Uribe García, Juan Manuel Lucia Escalera, Jesús Ortega Martínez, Lázaro Rubio Félix, Ramón Danzós Palomino, Carlos Amaya Rivera y Javier Michel Vega. En el segundo turno intervienen los CC. José I. Valencia, Graco Ramírez Abreu, para aclaraciones Carlos Amaya Rivera, Rafael Alonso y Prieto, Adolfo Castelán Flores, Loreto Hugo Amao González y María Carmen Jiménez de Ávila. Continúa en el análisis Ernesto Rivera Herrera, Carlos Sánchez Cárdenas, José Minondo Garfias y Manuel Ramos Gurrión
REFLEXIONES SOBRE LOS ANÁLISIS
La Presidencia señala que en cinco sesiones se comentó el Informe Presidencial y que cada Partido ha tenido oportunidad de exponer con libertad sus opiniones sobre los cinco temas analizados. Agrega que esto es un ejemplo de pluralismo real que propicia la Reforma Política
HOMENAJE A LÓPEZ MATEOS
El C. Humberto Romero Pérez usa de la palabra para rendir homenaje al Presidente de la República Adolfo López Mateos, con motivo del décimo segundo aniversario de su fallecimiento. Acto seguido todos los presentes guardan un minuto de silencio a su memoria
DENUNCIA
Formulada por el C. Juan Manuel Lucia Escalera sobre ciertas autoridades que no respetan la investidura de los señores diputados. Al respecto la Presidencia informa que hará llegar esta queja a la dependencia mencionada por el diputado Lucia Escalera
ORDEN DEL DÍA
Se da lectura al Orden del Día de la sesión próxima. Se levanta la sesión
DEBATE
PRESIDENCIA DEL C. LUIS M. FARIAS
(Asistencia de 224 ciudadanos diputados)
APERTURA
- El C. Presidente (a las 12:10 horas): Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
- El C. secretario Francisco H. Becerra Velázquez:
"Tercer Período Ordinario de Sesiones 'LI' Legislatura.
Orden del Día
22 de septiembre de 1981.
Lectura del acta de la sesión anterior.
El Congreso del Estado de San Luis Potosí invita a la Sesión Solemne en la que el C. Profesor y licenciado Carlos Jongitud Barrios, gobernador constitucional del Estado, rendirá su Segundo Informe de Gobierno, y la que tendrá lugar el próximo 25 de los corrientes.
Comunicación del Congreso del Estado de Zacatecas. Iniciativa del Ejecutivo
De Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional.
Análisis del Quinto Informe Presidencial."
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
- El C. secretario Silvio Lagos Martínez:
"Acta de la Sesión de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Primera Legislatura del H. Congreso de la Unión, efectuada el día diecisiete de septiembre de mil novecientos ochenta y uno.
Presidencia del C. Luis M. Farías.
En la ciudad de México, a las doce horas y diez minutos del jueves diecisiete de septiembre de mil novecientos ochenta y uno, la Presidencia declara abierta la sesión, una vez que la Secretaría manifiesta una asistencia de trescientos veinte ciudadanos diputados.
Lectura del Orden del Día.
Lectura del Acta de la sesión anterior, llevada a cabo el día diez de los corrientes.
A discusión el Acta. El C. Carlos Sánchez Cárdenas expresa que en la misma se omitió lo más importante de su intervención, en la que impugnó el proyecto de Decreto que concedió permiso al C. Presidente de la República, Licenciado José López Portillo, para realizar una visita a los Estados Unidos de América. Dicho argumento se relaciona con los propósitos del imperialismo norteamericano y de la actual administración belicosa de
Reagan Heigh a favor de la integración de un llamado Mercado Común Norteamericano que, en síntesis, consiste en que Estados Unidos quiere contar con el petróleo y con los recursos de México para llevar adelante su política de guerra, pretensión política que ha sido ya rechazada oficialmente por el Gobierno de México, pero que es uno de los móviles de la reunión de Grand Rapids, razón de más para considerar inconveniente e innecesario el viaje del Presidente López Portillo.
La Presidencia manifiesta al C. Sánchez Cárdenas que lo expresado por él en la sesión anterior, como en la de hoy, aparecerá en el Diario de los Debates.
Con las aclaraciones anteriores, en votación económica, se aprueba el acta en cuestión. Invitación del H. Congreso del Estado de Colima, a la sesión solemne que tendrá lugar el día 19 del actual, en la que la C. licenciada Griselda Alvarez, Gobernadora Constitucional de la Entidad, dará lectura al Segundo Informe de su Gobierno.
Para asistir a dicha sesión con la representación de la Cámara de Diputados, la Presidencia designa en Comisión a los siguientes ciudadanos diputados: Yolanda Sentíes de Ballesteros, Ofelia Ruiz Vega, Rebeca Anchondo, Elizabeth Rodríguez de Casas, Aurora Navia Millán, Carolina Hernández Pinzón, Rosario Hernández Barrón, Guadalupe Gómez Maganda de Anaya, Eduardo Aviña Bátiz, María Elena Prado Mercado, Rosa María Campos Rodríguez y Lucía Méndez Gutiérrez.
La H. Cuadragésima Legislatura del Estado de Nayarit, suscribe atenta invitación a la sesión solemne que, con la honrosa presencia del C. licenciado José López Portillo, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, se llevará a efecto el día 19 del presente, en la cual el C. Emilio M. González, rendirá la Protesta de Ley como Gobernador Constitucional de la Entidad, para el período 1981 - 1987.
La Presidencia nombra en Comisión para que, en representación de este Cuerpo Legislativo concurra a la mencionada sesión, a los ciudadanos diputados Gilberto Muñoz Mosqueda, Isabel Vivanco Montalvo, Filiberto Vigueras Lázaro, Daniel Mejía Colín, Pedro Pérez Ibarra, Carlos Piñera Rueda, Baldomero López Arias, Antonio Sandoval González, Roberto Castellanos Tovar, Serafín Ramírez, Antonio Mercado Guzmán, Antonio Cueto Citalán, Lorenzo Valdespeña y Ernesto Rivera Herrera.
Comunicación del C. licenciado Julio Zamora Bátiz, Embajador de México ante el Gobierno de Nicaragua, al que acompaña el texto de la declaración aprobada por el Consejo de Estado de la República de Nicaragua, sobre la fabricación de la bomba de neutrones por los Estados Unidos de América. De enterado.
El C. Jesús González Schmal, a nombre del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, presenta y da lectura a una solicitud para que sea sometido a discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados, el dictamen elaborado por la Comisión Instructora del Gran Jurado que se integró para conocer sobre la denuncia en contra del ex gobernador del Estado de Coahuila, C. Oscar Flores Tapia. La Presidencia ruega a la Comisión respectiva que dé a conocer la resolución adoptada en la próxima sesión.
El C. Pedro René Etienne Llano usa de la palabra para informar que se encuentra frente al Recinto de esta Cámara un grupo de Cooperativistas del Mante, que han acudido para exponer el problema que enfrentan desde hace algunos meses relacionados con las liquidaciones de la zafra del año pasado y del presente. Solicita a la Presidencia que la Comisión de Información, Gestoría y Quejas reciba a los campesinos y obreros del Mante, para conocer en detalle sus demandas y acordar la intervención de las Comisiones correspondientes.
La Presidencia contesta al orador que la diputación del Estado de Tamaulipas ha tomado ya conocimiento de este asunto, sin embargo ruega a los integrantes de la Comisión mencionada por el diputado Etienne Llano activen la posible solución de este asunto.
La propia Presidencia expresa que, con fundamento en el Artículo 8o. párrafo tercero de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la sesión de hoy está destinada al análisis del Quinto Informe rendido por el C. licenciado José López Portillo, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos en el Capítulo de Energéticos.
Previamente al análisis hace uso de la palabra el C. Miguel José Valdez Montoya, quien presenta y da lectura a una proposición de la Fracción Parlamentaria del Partido Demócrata Mexicano, para que la Cámara de Diputados tome el acuerdo de citar al señor Director de Pemex, licenciado Julio Rodolfo Moctezuma Cid, para que conteste las cuestiones de los ciudadanos diputados que tengan interés en plantearle. Túrnese a la Comisión de Energéticos.
A continuación, usan de la palabra para exponer sus puntos de vista sobre el análisis del Informe Presidencial sobre Energéticos, los CC. Miguel José Valadez Montoya, del Partido Demócrata Mexicano; Pedro René Etienne Llano, del Partido Socialista de los Trabajadores; Horacio Treviño Valdez, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Ezequiel Rodríguez Arcos, del Partido Popular Socialista; Manuel Arturo Salcido Beltrán, del Partido Comunista Mexicano, Coalición de Izquierda.
Previa autorización de la Presidencia, el C. Enrique Fernández Pérez usa de la Tribuna para informar que la Comisión de Información, Gestoría y Quejas, la Comisión de Reforma Agraria y la Diputación del Estado de Tamaulipas, se abocaron al conocimiento y solución del problema de los campesinos del Ingenio Mante con las autoridades respectivas, las cuales ya dieron instrucciones para
que de inmediato sean liquidados los alcances de los campesinos. Agradece la participación a los compañeros diputados que lograron la solución del problema.
Se continúa con el análisis. Intervienen, la C. Carmen Jiménez de Ávila, del Partido Acción Nacional; para hacer aclaraciones sobre los conceptos vertidos por la oradora, usan de la palabra los CC. Arturo Salcido Beltrán, Carmen Jiménez de Ávila, Carlos Sánchez Cárdenas y la Presidencia.
Finalmente, usa de la Tribuna el C. Guillermo González Aguado, del Partido Revolucionario Institucional.
En el segundo turno de oradores intervienen los CC. Alberto Gómez Grajales, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, quien hace una rectificación a la C. Carmen Jiménez de Ávila y acepta una interpelación formulada por el C. Rafael Alonso y Prieto, a la cual da contestación el C. Fidel Herrera Beltrán. Siguen en el uso de la palabra los CC. Humberto Pliego Arenas, del Partido Popular Socialista; Carlos Sánchez Cárdenas, del Partido Comunista Coalición de Izquierda y David Bravo y Cid de León, del Partido Acción Nacional, quien concluye su intervención dando lectura a una proposición para que se nombre una Comisión de tres miembros de la Comisión de Energéticos para que proporcione a la H. Cámara de Diputados un informe sobre la situación que guarda la Planta Nucleoeléctrica de Laguna Verde, básicamente cuánto se ha invertido, a qué se debe su altísimo costo, qué cantidad de materia prima existe ya, cuándo entrará en servicio esta Planta y los demás datos que la Comisión considere útil proporcionar. La Asamblea de acuerdo con el Artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, admite la proposición y la Presidencia la turna a la Comisión de Energéticos.
Cierra el turno de oradores el C. Jesús Murillo Karam, del Partido Revolucionario Institucional.
El C. Carlos Enrique Cantú Rosas, hace comentarios sobre el Quinto Informe rendido por el C. Presidente de la República, y expresa que siguen frente al Recinto representantes de miles de personas a quienes se les ha despojado del pago de sus labores por una serie de circunstancias de carácter burocrático administrativo. Solicita a todos los compañeros diputados, que ajenos a cualquier situación partidista, ideológica o de personal grupo, coordinen esfuerzos para que esas gentes resuelvan su problema pues no piensan retirarse de este Recinto hasta solucionarlos, porque ya no creen y están cansados de promesas que no les han cumplido.
En seguida usa de la palabra el C. Guillermo González Aguado quien externa que dicho asunto había sido planteado por la mañana al C. licenciado Luis M. Farías y que en estas circunstancias, un grupo de diputados de Tamaulipas, así como la Comisión de Información, Gestoría y Quejas y la de Reforma Agraria, se abocaron a establecer gestiones concretas a efecto de dar una solución pronta a esta situación. Agrega que se informó al señor diputado Farías que aproximadamente hacía una hora que el Director de Financiera Nacional Azucarera estaba esperando a la Comisión de Diputados con los campesinos cañeros de Tamaulipas, para efectuar el pago inmediato de sus liquidaciones. Concluye aclarando una pregunta del C. González Schmal.
Para insistir en la urgencia de la solución de este asunto intervienen nuevamente el C. Carlos Enrique Cantú Rosas. La Presidencia expresa que se ha recibido la información pertinente sobre este caso.
Un grupo de diputados integrantes del Partido Revolucionario Institucional suscribe una Iniciativa a la cual da lectura el C. Luis Octavio Porte Petit, tendiente a suprimir el párrafo primero y adicionar el segundo del Artículo 16 de la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales. Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
A su vez, el C. Gilberto Velázquez Sánchez aborda la Tribuna para manifestar que, hoy los pueblos de nuestro continente, viven momentos muy importantes de definición. Bastó que los Gobiernos de México y Francia lanzaran una Declaración Conjunta respecto al problema salvadoreño, para que los gobiernos dictatoriales de Centro y Sudamérica y otros países de cierto barniz democrático formal se alinearan al lado del imperio para respaldar y apoyar a la Junta Genocida de Gobierno de El Salvador.
Entre los nueve países que aparentemente reaccionaron ofendidos por la "intervención" de nuestro gobierno en asuntos internos de El Salvador, se encuentra el gobierno de Pinochet, que sin la menor impudicia se atreve a hablar sobre derechos democráticos.
El 4 de septiembre de 1970 la Unidad Popular con Salvador Allende a la cabeza ganó las elecciones presidenciales en Chile, en base al programa que propusieron al pueblo chileno en la campaña electoral.
La historia posterior del triunfo de la Unidad Popular es conocida de todos. La reacción interna y externa no permitieron que el gobierno del Compañero Presidente siguiera su curso normal. En un cruento golpe de Estado fue derrocado y asesinado Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973 por las Fuerzas Armadas al mando del General Pinochet, de acuerdo con los planes promovidos por el imperialismo norteamericano,
Hace una relación de los asesinatos y de las represiones cometidos por el gobierno de Pinochet y termina haciendo un llamado a todas las fuerzas democráticas y progresistas de dentro y fuera del gobierno, a las fracciones parlamentarias, a los sindicatos, a las organizaciones sociales, a los intelectuales, a los artistas, a los científicos, a las personalidades democráticas, para solidarizarnos en este octavo aniversario del golpe fascista, con los hombres y mujeres que, dentro y fuera de
Chile, luchan por reencauzar por la vía democrática a la amada patria de Pablo Neruda.
Agotados los asuntos en cartera, se da lectura al Orden del Día de la sesión próxima.
A las dieciséis horas y cincuenta minutos se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el martes veintidós de los corrientes, a las once horas."
Está a discusión el Acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba... Aprobada, señor Presidente.
ACLARACIONES
El C. Jesús González Schmal: Señor Presidente, para reglamentar que no se contiene en el Orden del Día el ofrecimiento que usted hizo de someter a consideración de esta Asamblea el dictamen de la Comisión Instructora.
El C. Presidente: Se dio lectura, me informa el Secretario, aun cuando en la Orden del Día que se repartió no lo está.
El C. Jesús González Schmal: Correcto.
El C. Presidente: Está después de comunicación del Congreso del Estado de Zacatecas.
El C. Juan Ugarte: Señor Presidente, pido la palabra para leer una iniciativa.
El C. Presidente: En cuanto terminemos con todo lo que sea parte del Orden del Día, antes de los comentarios al Informe Presidencial.
El C. Rafael Alonso y Prieto: Pido la palabra, señor Presidente, en el momento en que usted lo considere oportuno para presentar una iniciativa de reformas.
El C. Presidente: Con todo gusto.
INVITACIÓN
- El C. secretario Silvio Lagos Martínez:
"C. Presidente de la H. Cámara de Diputados. - México, D. F.
La XLIX Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, invita a usted a la Sesión Solemne en la que el C. profesor y licenciado Carlos Jongitud Barrios, Gobernador Constitucional del Estado rendirá ante el H. Congreso del Estado su Segundo Informe de Gobierno. La ceremonia se efectuará el día 25 del presente, a las 11:00 horas en el Teatro de La Paz declarado Recinto Oficial.
Atentamente.
La Comisión Permanente.
San Luis Potosí, S.L.P. Septiembre de 1981."
El C. Presidente: Para asistir a este acto en representación de esta H. Cámara, se designa a los siguientes ciudadanos diputados: Antonio Sandoval González, José Refugio Araujo Del Ángel, Ángel Martínez Manzanares, Bonifacio Fernández Padilla, Guillermo Medina de los Santos, José Ramón Martel López, Rodolfo Delgado Severino, Loreto Hugo Amao González, Juan Manuel Rodríguez, Gumercindo Magaña Negrete, Jesús Guzmán Rubio, Belisario Aguilar Olvera y Gonzalo Morgado Huesca.
COMUNICACIÓN
- El mismo C. Secretario:
"CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados. - México, D. F.
De conformidad con lo establecido por el Artículo 21 del Reglamento Interior del Poder Legislativo, con esta fecha se procedió a elegir a los CC. diputados que integrarán la Mesa Directiva que fungirá durante el primer mes del Segundo Período Ordinario de Sesiones, Comprendido del día 8 del presente al 15 de octubre próximo; habiendo resultado electos los CC. Diputados que a continuación se expresan:
Presidente, diputado licenciado Pedro Goytia Robles; Vicepresidente, diputada profesora María del Refugio Ríos M.; Primer Secretario, diputado doctor José Luis Molina Calderón; Segundo Secretario, diputado Pedro Gutiérrez Cabral.
Al comunicarle(s) lo anterior, nos es grato reiterarle(s) las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
'Sufragio Efectivo. No Reelección.'
Zacatecas, Zac., a 1o. de septiembre de 1981.
La H. Gran Comisión. - Licenciado Oliverio Rodríguez Sánchez. - Diputado Secretario, licenciado Pedro Goytia Robles. - Diputado Secretario, profesor Felipe de Jesús Rivera Veha."
- Trámite: De enterado.
INFORME DE LA PRIMERA COMISIÓN INSACULADORA DEL GRAN JURADO
- El C. secretario Antonio Cueto Citalán:
El pasado 9 de julio del corriente año, el C. Presidente de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y la de Justicia, expediente en 183 fojas, formado con motivo de la denuncia presentada por los CC. Armando Castilla Sánchez y diputado Jesús González Schmal, en contra del C. Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila, profesor Oscar Flores Tapia, por enriquecimiento inexplicable. Posteriormente se anexó la denuncia que sobre el particular presentó el Grupo Parlamentario Comunista, Coalición de Izquierda.
Recibido que fue el expediente, las citadas Comisiones, en atención a los mandatos legales invocados y a las pruebas de autos enviadas por el C. Procurador General de la República y atendiendo a las disposiciones del Título Quinto, Capítulo Segundo de la Ley de Responsabilidades y artículos 108, 109 y 111 de la Constitución General de la República, se llegó a conclusiones que, entre otras y por lo que concierne a los miembros de esta Primera Sección Instructora, cabe citar a continuación:
"b) Que el hecho por el que se le acusa (se refiere al C. Oscar Flores Tapia, gobernador Constitucional del Estado de Coahuila) amerita la intervención de los Jurados de Acusación y de Sentencia de las Cámaras de Diputados y de Senadores por tratarse de enriquecimiento inexplicable y por ser necesario para poder procederse en contra de un alto funcionario de la Federación "de un veredicto adverso del Senado, el que no se puede obtener, sino mediante la intervención de la Sección Instructora del Gran Jurado de la Cámara de Diputados, estando además fuera de duda que los Gobernadores de los Estados son altos funcionarios de la Federación como titulares del Poder Ejecutivo de sus partes integrantes, por gozar de fuero constitucional y por reconocerse en la Carta Magna su responsabilidad por violaciones a la Constitución y a las Leyes Federales..."
Ahora bien, es un hecho notorio y del conocimiento público que el C. Oscar Flores Tapia renunció como Gobernador ante el Congreso del Estado de Coahuila y éste, en uso de las facultades que le otorga la Ley, aceptó la renuncia y nombró como sustituto interino al C. Francisco J. Madero.
En tal virtud y por hechos supervenientes, cambió la situación jurídica, puesto que el Artículo 32 de la Ley de Responsabilidades establece textualmente:
"Las acusaciones o denuncias por delitos o faltas oficiales de los funcionarios mencionados en el Artículo 2o. de esta Ley, deberán presentarse ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la que mandará pasarlas, con los documentos que las acompañen, a las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y la de Justicia, para que dictaminen si el hecho atribuido es delito o falta oficial; si el acusado está comprendido entre los funcionarios a que se refiere este artículo y goza de fuero y si la motivación de la queja o denuncia justifica el procedimiento, en cuyo caso se turnará a la Sección Instructora del Gran Jurado o que se refiere el Capítulo Primero del presente Título."
De lo expuesto se desprende que no siendo ya gobernador del Estado, el C. Oscar Flores Tapia, no queda comprendido por carecer de fuero, entre los funcionarios a que se refiere el citado artículo y, en tal virtud, esta Sección Instructora carece de facultades legales para Instaurar un procedimiento cuya naturaleza y términos están clara y perfectamente determinados por los ordenamientos legales, toda vez que carece de materia y en consecuencia no tiene facultades para el desempeño de ninguna otra función de este orden.
Siendo las once horas del día once de agosto de mil novecientos ochenta y uno, se levanta la presente acta para constancia, que firman los miembros de la primera Sección Instructora del Gran Jurado de la H. Cámara de Diputados.
Diputados: Juan Maldonado Pereda, PRI. - Rafael Hernández Ortiz, PRI. - Ignacio González Rubio, PRI. - Fernando Mendoza Contreras, PRI. - Carlos Rivera Aceves, PRI. - Carolina Hernández Pinzón, PRI. - Juan Ugarte Cortés, PRI. - Juan Araiza Cabrales, PRI. - Mario Berumen Ramírez, PRI. - Ricardo Flores Magón, PARM. - Ezequiel Rodríguez Arcos, PPS. - Gilberto Rincón Gallardo, PCM. - Francisco Xavier Aponte, PAN. - Gumercindo Magaña, PDM. - América Abaroa, Zamora, PST."
- Trámite: De enterado.
El C. Jesús González Schmal: Señor Presidente, pido la palabra; reclamo el trámite.
Se trata de un dictamen y debe ser sometido a la aprobación del Pleno de la Cámara tal como en los Artículos del Reglamento de este Congreso se señala.
De tal manera que solicito sean considerados de primera lectura estos documentos, o sea, motivo de discusión para la próxima sesión.
El C. Presidente: Este no creo que sea sino un punto de Acuerdo. No es un dictamen ordinario de una Comisión en torno a un proyecto, sino es una situación de hecho en donde se procedía a la instalación de la Sección Instructora y quedó trunca la operación en virtud de haber desaparecido la materia, quedamos sin materia porque dejó de ser funcionario el funcionario acusado.
El C. Juan de Dios Castro: ¿Puedo solicitar una información a la Presidencia sobre su afirmación?
El C. Jesús González Schmal: Insisto, señor Presidente, en que este punto de Acuerdo a que usted hace referencia por lo que se refiere a la Sección Instructora, debe constituir un dictamen que se debe someter al pleno de la Cámara. De seguir siendo el señor Oscar Flores Tapia, Gobernador de Coahuila y haberse agotado el procedimiento recabando pruebas y llegando a una resolución de ha lugar o no ha lugar, evidentemente este dictamen tiene que ser pasado al pleno de la Cámara.
De igual manera, si la Sección Instructora llega a la conclusión de que por falta de materia quedó trunco el procedimiento, la Sección Instructora de ninguna manera puede
suplir ni tiene facultades para ello, a la acción decisoria en sentido afirmativo o negativo de este pleno de la Cámara. Insisto, constituye un dictamen al que debe darse trámite en primera, segunda lectura, discusión, aprobación o rechazo en su caso.
El C. Presidente: Bueno, en primer lugar, hagamos una aclaración, no es la Sección Instructora sino la Primera Comisión de Insaculación de Jurado, para la creación de la Sección Instructora.
Como no tenemos precedentes, que yo recuerde, podría ser interesante el planteamiento que hacen los compañeros de Acción Nacional, y como es siempre importante en un Cuerpo Colegiado, como éste, discutir a fondo todos los asuntos, gustosamente doy el trámite que sugieren. (Aplausos.)
-Trámite: Primera lectura.
INICIATIVA
LEY ORGÁNICA DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
"CC. secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. - Presentes.
Dentro del proceso creador de instituciones del México contemporáneo, generado por la Revolución Mexicana, uno de los hechos más importantes es la fundación del Instituto Politécnico Nacional en el año de 1936, concebido como parte de un proyecto nacional de desarrollo definido en la Constitución de 1917. En efecto, se tenía una idea clara de lo que debía ser el país y al mismo tiempo del tipo de ciudadano mexicano que debía formarse en las instituciones educativas. Por eso se creó el Instituto Politécnico Nacional: para democratizar la enseñanza, para darle un carácter popular a la educación superior, para formar los técnicos al servicio del Estado y así, impulsar la economía del país, mediante una explotación metódica de nuestra riqueza que afianzara la independencia nacional y mejorara los niveles de vida de las clases más necesitadas.
La reflexión anterior coincide con lo expuesto por el Presidente Cárdenas, en el año de 1940, cuando en su sexto informe al H. Congreso de la Unión afirma: 'Para cumplir con una de las tareas imperativas de la Revolución, fue creado el Instituto Politécnico Nacional, donde el alumnado además de aprender artes y oficios, estudia carreras profesionales y subprofesionales; se capacita técnicamente para intervenir en el proceso de producción y se forman especialistas en distintas ramas de la investigación científica y técnica, llamadas a impulsar la economía del país mediante una explotación metódica de nuestra riqueza potencial.'
De acuerdo con las razones históricas que le dieron origen al Instituto Politécnico Nacional, sus egresados no sólo deberán ser profesionales debidamente preparados, sino conscientemente comprometidos con las aspiraciones del pueblo; capaces de participar en la investigación y el desarrollo científico y tecnológico y con un elevado sentido de solidaridad social que les permita contribuir eficientemente a fortalecer nuestra independencia económica.
Todo propósito renovador del Instituto Politécnico Nacional tiene que partir de nuestra estructura jurídica y social definida en el artículo 3o. Constitucional que establece como principios fundamentales el desarrollo armónico de las facultades del ser humano, el amor a la patria, la conciencia de la solidaridad internacional y la democracia como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.
La educación, como parte del contexto socioeconómico y político de un país, adquiere las características que le imprimen las condiciones imperantes en un momento dado. Por lo tanto, el Instituto Politécnico Nacional, como parte de la estructura educativa del Estado Mexicano debe recoger en sus ordenamientos las disposiciones que lo actualicen y sean instrumentos de proyección futura en el orden educativo para alcanzar los objetivos de justicia social.
La iniciativa responde a la necesidad de adaptar las normas jurídicas de la Institución al proceso de cambio que se experimenta en los diversos campos de la vida nacional, como consecuencia de la instrumentación de importantes acciones administrativas y legislativas. La Ley, al mismo tiempo que es un proceso de adecuación, conserva los principios que definen la naturaleza, estructura y fines del Instituto como centro educativo que brinda oportunidades de formación técnica y profesional a los sectores sociales menos favorecidos.
La iniciativa precisa la naturaleza jurídica del Instituto Politécnico Nacional como órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública. Le señala una función rectora de la educación tecnológica en el país y una participación en la planeación y desarrollo institucional de la educación técnica, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, reafirmando con ello su carácter nacional.
La Ley otorga facultades al Instituto no sólo para revalidar y establecer equivalencias de estudios, sino para reconocer éstos en relación con los tipos educativos que imparta, así como para promover el intercambio científico, tecnológico y cultural con instituciones educativas y organismos nacionales, extranjeros e internacionales.
La iniciativa prevé la necesidad de que el servicio social realizado en forma individual o colectiva y a través de programas unidisciplinarios y multidisciplinarios, al par que, de manera especial contribuya al mejoramiento de los ejidos y comunidades agrarias, participe oportunamente en el auxilio a la población de las regiones declaradas zonas de desastre.
Para cumplir la finalidad de ampliar el acceso de estudiantes de escasos recursos, se instituye el otorgamiento de becas para quienes
cumplan con los requisitos de escolaridad y procedimientos que se establezcan. Asimismo, se hace especial mención tanto al reconocimiento de su personal que, por su conducta, actos u obras, merezcan los estímulos y recompensas de acuerdo con lo previsto en las disposiciones aplicables, como el otorgamiento de premios a estudiantes distinguidos que obtengan los más altos promedios de calificaciones.
La facultad que se le concede para organizarse administrativa y académicamente, le permitirá la flexibilidad necesaria para adaptarse en una interdependencia dialéctica a los cambios del contexto social del cual forma parte y sumar sus acciones institucionales al esfuerzo nacional para alcanzar las metas previstas en el Plan Global de Desarrollo.
Por lo tanto, se evidencia el papel que el Instituto debe jugar en el diseño y la realización de los planes y programas nacionales de desarrollo y en la solución de la problemática general del país. De esta suerte, reafirma su imagen de ser una institución educativa al servicio del pueblo y a la cual el Estado Mexicano ha confiado la tarea de coadyuvar el progreso social y económico del país.
Al efecto, se manifiestan los propósitos del Instituto de colaborar con los gobiernos estatales y municipales y con los organismos de los sectores público, social y privado, en la estructuración de dichos planes y programas para obtener el mejor aprovechamiento social de los recursos naturales y materiales, promoviendo la creación de industrias y servicios que lo vinculen al sistema nacional de producción.
La Ley prevé la conveniencia de establecer y utilizar los medios de comunicación masiva para la extensión de sus servicios educativos y difusión de la cultura, para ser copartícipe de las acciones gubernamentales tendientes a favorecer la permeabilidad social.
La estructura orgánica del Instituto se ajusta a los principios que regulan la reforma administrativa promovida por el Ejecutivo a mi cargo, lo cual le permitirá una mayor flexibilidad orgánica y funcional, para elevar la calidad de la enseñanza, para vincular el sistema educativo con el sistema productivo de bienes y servicios social y racionalmente necesarios, para mejorar el nivel cultural de la población y para aumentar la eficiencia del sistema educativo nacional.
La iniciativa crea las Secretarías de Área que se integrarán con las Direcciones de Coordinación constituidas por funciones específicas o afines. Por otra parte, de acuerdo con los orígenes y las razones históricas de la existencia de la Estación de Televisión XEIPN. Canal Once del Distrito Federal Centro Nacional de Cálculo, ambos se incorporan como órganos de apoyo dependientes del Instituto para integrarlos en forma directa a las funciones académicas y de extensión cultural. Asimismo, respetando los ordenamientos legales que los rigen, se considera una mayor vinculación con sus organismos auxiliares: Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas y Patronato de Obras e Instalaciones, que fueron creados para coadyuvar a la mejor realización de la función social que el Estado le ha encomendado al Instituto como órgano fundador del sistema nacional de educación tecnológica.
Para integrar convenientemente la organización y funcionamiento del Instituto se consideró necesaria a existencia del área jurídica a cargo de un abogado general, quien tendrá dentro de sus funciones los servicios que de consulta y asesoría legales, así como de legislación educativa y su compilación.
De la misma manera, se ponderó la necesidad de que el Instituto aprovechara lo conocimientos de los profesores que por su mayor antigüedad hubieren sido elegidos decanos por los Consejos Técnicos Consultivos Escolares y que, de entre ellos el Director General designara al Presidente del Decanato quien, además de coordinar a los decanos, tendrá como funciones específicas enriquecer el archivo histórico y difundir el pensamiento y objetivos del Instituto.
Para cumplir con el principio de legalidad de estructurar debidamente los órganos consultivos del Instituto, se establecieron las normas básicas que rigen la organización y funcionamiento tanto del Consejo General Consultivo como de los Consejos Técnicos Consultivos Escolares, con la participación de representantes profesores y representantes alumnos que serán designados conforme a las disposiciones expedidas por el Director General.
La iniciativa, por una parte, declara expresamente que el personal del Instituto continuará dentro del régimen de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado B) del artículo 123 Constitucional y, asimismo, sujeto al régimen de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; y por la otra, conserva el derecho de las asociaciones de alumnos de organizarse libremente y mantener su independencia de las autoridades y órganos de la propia Institución.
La educación surge de la inquietud y permanente búsqueda del hombre por realizarse en una sociedad en continuo cambio y cada vez más compleja. El Instituto Politécnico Nacional, plenamente identificado con las demandas populares que reclaman un sistema educativo apegado a la realidad económica del país y cada vez más eficiente, ha asumido la responsabilidad de hacer más dinámicas las tareas educativas que tiene encomendadas y contribuir positivamente a través de la educación técnica al progreso integral, a la democracia social y a la emancipación nacional, conforme a los objetivos de la Revolución Mexicana y a los postulados de la Constitución General de la República.
En virtud de lo expuesto y con fundamento en la fracción I del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el digno conducto de ustedes, me permito someter a la consideración del Honorable Congreso de la Unión, la presente
INICIATIVA DE LEY ORGÁNICA DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
CAPITULO I
Naturaleza, finalidades y atribuciones
Artículo 1o. El Instituto Politécnico Nacional es una institución educativa del Estado, creada para consolidar la independencia política y económica de la nación a través del desarrollo científico y tecnológico.
Artículo 2o. El Instituto Politécnico Nacional es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública con domicilio en el Distrito Federal y representaciones en las entidades de la República donde funcionen escuelas, centros y unidades de enseñanza y de investigación que dependan del mismo.
Artículo 3o. Son finalidades del Instituto Politécnico Nacional:
I. Contribuir a través del proceso educativo a la transformación de la sociedad para lograr la justa distribución de los bienes materiales y culturales dentro de un régimen de libertad;
II. Realizar investigación científica y tecnológica con vista al avance del conocimiento, al desarrollo de la enseñanza tecnológica y al mejor aprovechamiento social de los recursos naturales y materiales;
III. Formar profesionales e investigadores en los diversos campos de la ciencia y la tecnología, de acuerdo con los requerimientos del desarrollo económico del país;
IV. Coadyuvara la preparación técnica de los trabajadores para su mejoramiento económico y social;
V. Difundir la cultura para fortalecer la conciencia de la nacionalidad y procurar el desarrollo de un elevado sentido de convivencia humana;
VI. Promover en sus alumnos y egresados actitudes solidarias y democráticas que reafirmen nuestra independencia económica;
VII. Ampliar el acceso de estudiantes de escasos recursos a todos los servicios de la enseñanza técnica que preste el Instituto;
VIII. Participar en los programas que para coordinar las actividades de investigación se formulen de acuerdo con la planeación y desarrollo de la política nacional de ciencia y tecnología, y
IX. Contribuir a la planeación y al desarrollo interinstitucional de la educación técnica, coordinándose con las demás instituciones que integran el Consejo del Sistema Nacional de Educación Tecnológica, en los términos previstos por la Ley para la Coordinación de la Educación Superior y de conformidad con los acuerdos que se tomen en el propio Consejo.
Artículo 4o. Para el cumplimiento de sus finalidades, el Instituto Politécnico Nacional tendrá las siguientes atribuciones:
I. Adoptar la organización administrativa y académica que estime conveniente, de acuerdo con los lineamientos generales previstos en esta Ley;
II. Planear, ejecutar y evaluar sistemáticamente sus actividades;
III. Impartir educación de tipo medio superior, de licenciatura, maestría y doctorado, cursos de capacitación técnica y de actualización, especialización y superación académicas, en sus modalidades escolar y extraescolar, y establecer opciones terminales previas a la conclusión de cada tipo educativo;
IV. Establecer y desarrollar los medios y procedimientos que permitan a los estudiantes incorporarse a los programas de investigación científica y tecnológica;
V. Organizar sus planes y programas de estudio mediante la creación de una estructura académica flexible, que permita al educando, en cualquier tiempo y nivel de estudios, incorporarse al sistema productivo del país;
VI. Revalidar y reconocer estudios y establecer equivalencias en relación con los tipos educativos que imparta;
VII. Expedir constancias, certificados de estudio y otorgar diplomas, títulos profesionales y grados académicos;
VIII. Prestar servicios de asesoría a los sectores público, social y privado, Estados y municipios que lo soliciten, en la elaboración y desarrollo de planes y programas de investigación científica y tecnológica para la capacitación del personal de dichos sectores y entidades, así como para la solución de problemas específicos relacionados con los mismos;
IX. Promover la creación de industrias y servicios que lo vinculen al sistema nacional de producción y le permitan coadyuvar al desarrollo de la comunidad;
X. Participar en la constitución de asociaciones, sociedades y patronatos que tengan por objeto impulsar el desarrollo de sus actividades y en la coordinación de las personas físicas o morales que contribuyan a la realización de las finalidades del Instituto;
XI. Programar y promover las actividades culturales, recreativas y deportivas que coadyuven al desarrollo armónico de la personalidad del educando, así como aquellas de interés para la comunidad politécnica y para la sociedad en general;
XII. Patrocinar y organizar la realización de congresos, asambleas, reuniones, competencias, concursos y otros eventos de carácter educativo, científico, técnico, cultural y deportivo;
XIII. Promover y editar obras que contribuyan a la difusión de la cultura y del conocimiento científico y tecnológico;
XIV. Estimular a su personal para que participe en la elaboración de material didáctico, libros de texto y obras técnicas, científicas y culturales;
XV. Capacitar y procurar el mejoramiento profesional de su personal docente, técnico y administrativo;
XVI. Establecer y utilizar sus propios medios de comunicación masiva y, mediante convenios especiales, los del Estado y de los particulares, para la extensión de sus servicios educativos, de difusión de la cultura y de información;
XVII. Promover el intercambio científico, tecnológico y cultural con instituciones
educativas y organismos nacionales, extranjeros e internacionales;
XVIII. Establecer comunicación permanente con sus egresados y promover su participación en las actividades del Instituto, para afirmar su vinculación con la comunidad politécnica;
XIX. Organizar el servicio social que deben prestar sus alumnos y pasantes, mediante el establecimiento de un sistema integral y permanente, con programas unidisciplinarios y multidisciplinarios;
XX. Contribuir por medio del servicio social al mejoramiento de los ejidos y comunidades agrarias, así como mantener en forma permanente una brigada interdisciplinaria de servicio social, que le permita coadyuvar en el auxilio a la población de las regiones declaradas zonas de desastre;
XXI. Otorgar becas a estudiantes de escasos recursos económicos que cumplan con los requisitos de escolaridad y procedimientos acordados por el Consejo General Consultivo;
XXII. Otorgar estímulos y recompensas a su personal de acuerdo con las disposiciones aplicables;
XXIII. Premiar a los estudiantes distinguidos del Instituto que obtengan los más altos promedios de calificaciones, y
XXIV. Las demás que se requieran para cumplir con las anteriores y las que se deriven de esta Ley.
Artículo 5o. La educación que imparta el Instituto Politécnico Nacional será gratuita;
CAPITULO II
Del patrimonio
Artículo 6o. El patrimonio del Instituto Politécnico Nacional estará constituido por:
I. Los bienes que actualmente posee y los que se destinen a su servicio;
II. Las asignaciones y demás recursos que se establezcan en el presupuesto anual de egresos de la Federación;
III. Los ingresos que obtenga por los servicios que preste;
IV. Las donaciones que se le hagan y que en ningún caso se entenderán como contraprestación del servicio educativo, y
V. Los legados que se le otorguen y demás derechos que adquiera por cualquier título legal.
CAPITULO III
Estructura orgánica y funcional
Artículo 7o. El Instituto Politécnico Nacional ejercerá las atribuciones que le competen por medio de sus autoridades y de los órganos consultivos y de apoyo, de acuerdo con lo previsto por esta Ley y demás ordenamientos aplicables.
Artículo 8o. Son autoridades del Instituto:
I. El Director General;
II. El Secretario General;
III. Los Secretarios de Área;
IV. Los Directores de Coordinación y
V. Los Directores, Directores Adjuntos y Subdirectores de Escuelas, Centros y Unidades de Enseñanza y de Investigación.
Artículo 9o. Son órganos consultivos del Instituto:
I. El Consejo General Consultivo, y
II. Los Consejos Técnico Consultivos Escolares.
Artículo 10. Son órganos de apoyo dependientes del Instituto:
I. La Estación de Televisión XEIPN Canal Once del Distrito Federal;
II. El Centro Nacional de Cálculo. Los órganos de apoyo se regirán por esta Ley y demás disposiciones que regulen su organización y funcionamiento.
Artículo 11. Son organismos auxiliares del Instituto:
I. El Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional;
II. La Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional;
III. El Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional.
Los organismos auxiliares coadyuvarán a la mejor realización de las finalidades del Instituto, de acuerdo con esta Ley y los ordenamientos que los rigen.
Artículo 12. El Director General será nombrado por el Presidente de la República; tendrá la representación legal del Instituto Politécnico Nacional, durará en su cargo tres años y podrá ser designado, por una sola vez, para otro período.
Artículo 13. Para ser Director General se requiere:
I. Ser mexicano por nacimiento y mayor de treinta años de edad;
II. Poseer título profesional de una licenciatura cursada en el Instituto Politécnico Nacional, con una antigüedad mínima de cinco años, y
III. Gozar de reconocido prestigio profesional y académico.
Artículo 14. Son facultades y obligaciones del Director General:
I. Dirigir y coordinar las actividades del Instituto;
II. Vigilar el estricto cumplimiento de las disposiciones de esta Ley;
III. Expedir las normas y disposiciones de carácter general para la mejor organización y funcionamiento académico y administrativo del Instituto, teniendo presente la opinión del Consejo General Consultivo;
IV. Establecer las escuelas, centros y unidades de enseñanza y de investigación y las dependencias administrativas que requiera el Instituto para el cumplimiento de sus finalidades, previa consulta al Consejo General Consultivo;
V. Autorizar los planes y programas académicos del Instituto;
VI. Someter a la consideración del Secretario de Educación Pública, el Subsecretario de Educación e Investigación Tecnológica o de ambos, los asuntos que así lo requieran.
VII. Consultar al Consejo del Sistema Nacional de Educación tecnológica, cuando lo considere necesario, los asuntos que tengan por objeto lograr una mayor vinculación de las actividades académicas de dicho sistema;
VIII. Administrar el patrimonio del Instituto de acuerdo con las disposiciones aplicables;
IX. Presentar oportunamente al Secretario de Educación Pública, para su aprobación, el proyecto de presupuesto anual de ingresos y egresos de la Institución;
X. Dar a conocer a las autoridades y órganos del Instituto el presupuesto autorizado;
XI. Gestionar ante las autoridades competentes que el Instituto disponga oportunamente de las asignaciones y recursos presupuestarios;
XII. Ejercer el presupuesto anual de egresos del Instituto;
XIII. Presidir los órganos colegiados de gobierno de los organismos auxiliares del Instituto;
XIV. Celebrar convenios de cooperación tecnológica, asesoría técnica, prestación de servicios y de intercambio de experiencias, con otros centros educativos, dependencias del gobierno federal, entidades federativas, municipios y en general, con organismos públicos y privados;
XV. Nombrar a los secretarios de área, previa consulta al Secretario de Educación Pública, quienes deberán reunir los requisitos señalados en el artículo 13 de esta propia Ley;
XVI. Nombrar a los directores de coordinación, quienes deberán reunir los mismos requisitos a que se refiere la fracción que antecede;
XVII. Designar a los directores, directores adjuntos y subdirectores de las escuelas, centros y unidades de enseñanza y de investigación;
XVIII. Presentar al Secretario de Educación Pública un informe anual de actividades del Instituto y el programa de trabajo a desarrollar durante el siguiente ejercicio;
XIX. Ejercer las demás atribuciones del Instituto que no estén reservadas a ninguna otra autoridad ni órgano de la misma institución, y
XX. Las demás que prevean esta Ley y otros ordenamientos aplicables.
Artículo 15. El Secretario General será nombrado por el Secretario de Educación Pública, a propuesta del Director General del Instituto Politécnico Nacional y deberá reunir los requisitos señalados en el artículo 13 de esta Ley.
Artículo 16. Son facultades y obligaciones del Secretario General:
I. Auxiliar al Director General en el ejercicio de sus funciones;
II. Desempeñar las comisiones que el Director General le encomiende;
III. Visitar periódicamente las dependencias y organismos auxiliares del Instituto Politécnico Nacional y rendir al Director General los informes correspondientes;
IV. Presentar al Director General los proyectos de informe y memoria anuales de las actividades del Instituto;
V. Certificar las firmas de los documentos suscritos por los funcionarios del Instituto cuando aquéllos deban ser exhibidos ante las autoridades que así lo requieran;
VI. Suplir en sus ausencias temporales al Director General, y
VII. Las demás que prevean esta Ley y otros ordenamientos aplicables;
Artículo 17. El Instituto contará con Secretarías en las áreas académica, técnica y administrativa. Las Secretarías de Área se integrarán con las direcciones de coordinación que se establecerán por funciones específicas o afines de acuerdo con la estructura orgánica del Instituto.
Artículo 18. Son facultades y obligaciones de los Secretarios de Área:
I. Auxiliar al Director General y al Secretario General en el ejercicio de sus funciones;
II. Desempeñar las comisiones que el Director General les confiera;
III. Proponer al Director General los programas de trabajo relacionados con las direcciones de coordinación que integran la Secretaría a su cargo;
IV. Coordinar y controlar el desarrollo de las actividades encomendadas a las direcciones adscritas al área de su competencia;
V. Acordar con el Director General;
VI. Formular y presentar al Director General el proyecto de presupuesto de la dependencia a su cargo;
VII. Establecer sistemas de comunicación que vinculen las actividades de las direcciones de su adscripción con las funciones académicas, técnicas y administrativas de las escuelas, centros, unidades de enseñanza y de investigación y demás dependencias del Instituto, y
VIII. Las demás que prevean esta Ley y otros ordenamientos aplicables.
Artículo 19. Son facultades y obligaciones de los Directores de Coordinación:
I. Planear, organizar, dirigir, coordinar y evaluar las actividades de la dirección a su cargo;
II. Cumplir con los acuerdos que dicten las autoridades superiores con relación a las funciones de su competencia;
III. Elaborar y presentar al Director General o al Secretario de Área, según su adscripción, los proyectos sobre organización y funcionamiento de su dirección;
IV. Coordinar las funciones académicas, técnicas y administrativas de las escuelas, centros, unidades de enseñanza y de investigación y demás dependencias del Instituto, y
V. Las demás que prevean esta Ley y otros ordenamientos aplicables. Artículo 20. El Instituto Politécnico Nacional realizará sus funciones académicas a
través de sus escuelas, centro y unidades de enseñanza y de investigación que serán coordinadas por las secretarías de área y direcciones de coordinación, de acuerdo con lo previsto en esta Ley y demás ordenamientos aplicables.
Artículo 21. Los directores de escuela, centros y unidades de enseñanza y de investigación, deberán ser mexicanos y reunir además los requisitos que establezcan las normas internas que rijan en el Instituto. Durarán en su cargo tres años y podrán ser designados, por una sola vez, para otro período.
Artículo 22. Los directores adjuntos y subdirectores de escuela, centros y unidades de enseñanza y de investigación serán designados por el Director General a propuesta del Director del plantel correspondiente.
Artículo 23. El Abogado General representará al Instituto Politécnico Nacional ante toda clase de autoridades y particulares, con las facultades que le delegue el Director General, sin perjuicio de que éste conserve el ejercicio directo de las mismas. El Abogado General será nombrado por el Director General.
Artículo 24. Los Consejos Técnicos Consultivos Escolares elegirán en sus respectivos planteles, de entre los profesores de mayor antigüedad, a los decanos de cada una de las escuelas, centros y unidades de enseñanza y de investigación del Instituto. El Director General designará entre los decanos, al Presidente del Decanato, quien realizará las siguientes funciones:
I. Presidir las reuniones de los decanos, quienes lo auxiliarán en el ejercicio de sus funciones previstas en esta Ley y otros ordenamientos aplicables;
II. Promover y realizar estudios históricos que contribuyan a difundir el pensamiento y objetivos del Instituto, y
III. Formar y conservar el archivo histórico del Instituto.
Artículo 25. El Consejo General Consultivo estará integrado por:
I. El Director General del Instituto, como Presidente;
II. El Secretario General del Instituto, como Secretario;
III. Los Secretarios de Área
IV. Los Directores de Coordinación;
V. El Abogado General;
VI. El Presidente del Decanato;
VII. Los Directores de las escuelas, centros y unidades de enseñanza y de investigación;
VIII. Tres representantes profesores de enseñanza media superior y otros tres de enseñanza superior por cada una de las siguientes ramas del conocimiento: ciencias sociales y administrativas, médico - biológicas y de ingeniería y ciencias físico - matemáticas;
IX. Tres representantes alumnos de enseñanza media superior y otros tres de enseñanza superior por cada una de las siguientes ramas del conocimiento: ciencias sociales y administrativas, médico - biológicas y de ingeniería y ciencias físico - matemáticas;
X. Un representante profesor y un representante alumno de estudios de graduados por cada una de las siguientes ramas del conocimiento: ciencias sociales y administrativas, médico - biológicas y de ingeniería y ciencias físico - matemáticas;
XI. El Director del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional;
XII. El Secretario Ejecutivo de la Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional, y
XIII. El Secretario Ejecutivo del Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional.
Artículo 26. Compete al Consejo General Consultivo:
I. Emitir opinión sobre las normas relativas a la organización y funcionamiento académico del Instituto y demás asuntos que proponga a su consideración el Director General;
II. Presentar al Director General proyectos de normas de carácter técnico, académico y administrativo;
III. Conocer y opinar acerca de los proyectos de planes y programas académicos y someterlos a la consideración del Director General para su autorización;
IV. Resolver los asuntos que le presente el Director General cuando afecten la disciplina y el orden del instituto;
V. Invitar a sus sesiones a maestros y egresados distinguidos del Instituto para que aporten sus experiencias en la consecución de los objetivos institucionales;
VI. Solicitar la asesoría de asociaciones de egresados del Instituto y de colegios de profesionistas, así como de profesionales distinguidos e instituciones de reconocido prestigio, cuando lo considere conveniente, y
VII. Las demás que prevean esta Ley y otros ordenamientos aplicables.
Artículo 27. Los Consejos Técnicos Consultivos de las Escuelas, centros y Unidades de Enseñanza Superior estarán integrados por:
I. El Director de la escuela, centro o unidad, quien lo presidirá;
II. Los subdirectores académico, técnico y administrativo de la escuela, centro o unidad. El Subdirector Académico fungirá como secretario;
III. Los jefes de división o de departamento académico;
IV. El jefe de la sección de graduados;
V. Dos representantes profesores por cada división o departamento académico;
VI. Dos representantes profesores por la sección de graduados;
VII. Dos representantes alumnos por cada división o departamento académico, y
VIII. Dos representantes alumnos por la sección de graduados.
Artículo 28. Los Consejos Técnicos Consultivos de las Escuelas, Centros y Unidades de Enseñanza Media Superior estarán integrados por:
I. El Director de la escuela, centro o unidad, quien lo presidirá;
II. Los subdirectores académicos ,técnico y administrativo de la escuela, centro o unidad. El subdirector Académico fungirá como secretario;
III. Dos representantes profesores por cada una de las áreas de las especialidades que se impartan en la escuela, centro o unidad, y
IV. Dos representantes alumnos por cada una de las áreas de las especialidades que se impartan en la escuela, centro o unidad y.
Artículo 29. Compete a los Consejos Técnicos Consultivos Escolares:
I. Estudiar los proyectos de carácter académico, técnico y administrativo que le presenten el Director, los profesores y los alumnos de la escuela, centro o unidad;
II. Formular los proyectos de normas internas de organización y funcionamiento de la escuela, centro o unidad y someterlos por conducto de su Director a la consideración del Director General;
III. Informar al Director General y al Consejo General Consultivo de los asuntos sobre los cuales estimen necesaria su intervención;
IV. Proponer al Director General del Instituto una terna de profesores para la designación del director de la escuela, centro o unidad. Para la elección de la terna, asumirá la presidencia del Consejo del Decano del plantel;
V. Resolver los asuntos que interesen o afecten a la escuela, centro o unidad y que sean sometidos a su consideración por el Director del plantel, y
VI. Las demás que prevean esta Ley y otros ordenamientos aplicables.
Artículo 30. El Director General establecerá las bases para la designación de los representantes profesores y representantes alumnos ante el Consejo General Consultivo y los Consejos Técnicos Consultivos Escolares.
Artículo 31. El Consejo General Consultivo y los Consejos Técnicos Consultivos Escolares celebrarán sesiones ordinarias, por lo menos una vez al mes y, extraordinarias cuando sus respectivos presidentes lo consideren necesario. Sus decisiones se tomarán por mayoría de votos y el quórum se integrará con la asistencia de la mitad más uno de sus miembros. En caso de empate, el presidente tendrá voto de calidad.
Artículo 32. El Director de la Estación de Televisión XEIPN Canal Once del Distrito Federal será designado por el Secretario de Educación Pública, a propuesta del Director General del Instituto Politécnico Nacional.
El Director del Centro Nacional de Cálculo será nombrado por el Director General del Instituto.
CAPITULO IV
Disposiciones generales
Artículo 33. El personal del Instituto Politécnico Nacional queda sujeto al régimen de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 constitucional y al de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Artículo 34. Las asociaciones de alumnos se organizarán en la forma que los mismos determinen y serán independientes de las autoridades y órganos del Instituto.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Primero. Esta Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se abroga la Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional expedida el 13 de diciembre de 1974, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 del mismo mes y año.
Tercero. El actual Director General del Instituto continuará en el ejercicio de sus funciones hasta el término de la duración del nombramiento que, de acuerdo con el artículo 8 de la Ley Orgánica que se abroga, expidió a su favor el Secretario de Educación Pública.
Cuarto. Se derogan las demás disposiciones que se opongan a la presente Ley.
Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Ciudad de México, a 11 de septiembre de 1981. - El Presidente de la República, licenciado José López Portillo.
El C. Presidente: En atención a que este documento ya ha sido impreso y distribuido entre los ciudadanos diputados, ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura y se turna desde luego a Comisión.
El C. secretario Silvio Lagos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se pregunta si se le dispensa la lectura a la Iniciativa y se turna desde luego a Comisión.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvase manifestarlo. Se le dispensa la lectura.
- Trámite: Recibo y a la Comisión de Educación Pública e imprímase.
El C. Presidente: Han solicitado la palabra varios diputados para presentar proyectos de Ley y un punto de acuerdo o una proposición.
Se concede el uso de la palabra al diputado Juan Ugarte.
LEY DE LA VIVIENDA POPULAR E INQUILINATO PARA EL D.F.
El C. Juan Ugarte: Señor Presidente.
"CC. Secretarios de la 'LI' Legislatura del H. Congreso de la Unión. - Presentes.
En uso de sus facultades establecidas en los artículos 71 fracción II y 73 fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 55 fracción II y el 56 del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso General, me permito someter a la alta consideración de ese H. Cuerpo Legislativo la Iniciativa de
LEY DE LA VIVIENDA POPULAR E INQUILINATO PARA EL DISTRITO FEDERAL
La presente Iniciativa tiene su fundamento en las siguientes consideraciones:
Es propósito permanente del Gobierno, escuchar y atender los reclamos populares, dando prioridad para aquellos que requieren respuesta inmediatas; tal es el caso de la carencia de viviendas y la especulación y alta rentabilidad de las que existen, lo que está contribuyendo a deteriorar las condiciones de vida de las familias de bajos ingresos.
La evolución de nuestra sociedad y el proceso histórico de su desenvolvimiento, va generando requerimientos que exigen aplicar toda la voluntad, imaginación y recursos para resolverlos. Es así como a partir de la década de los cincuentas se inicia una enorme afluencia de seres humanos, provenientes de diversos puntos de la República, hacia la llamada zona metropolitana, provocando con ello que la población se multiplique en pocos años, hasta rebasar actualmente doce millones de habitantes, que han incrementado viejos problemas y están generando otros nuevos; tal es el caso, del déficit cada vez mayor de viviendas y el alza inmoderada de rentas.
La comunidad del Distrito Federal, reclama dispositivos legales protectores de las clases de escasos recursos económicos, que no pueden por sus propios medios construir sus alojamientos, y que ello se ven en la necesidad de aceptar viviendas que no reúnen los elementales requisitos de seguridad e higiene.
El déficit cada vez mayor de viviendas de interés social, requiere de mejores y mayores programas habitacionales, alentando la participación de la iniciativa privada, que tienda a dar protección y desenvolvimiento dinámico a este importantísimo renglón de la vivienda, que bien podría entenderse como un servicio público que el Gobierno debe entregar a su pueblo, para ello, esta Iniciativa contiene estímulos para promover la construcción de viviendas populares, que reuniendo condiciones de salubridad y espacio, su precio - renta no rebase el 50% del salario mínimo.
Por otro lado se advierte una presión cada vez mayor por parte de quienes teniendo necesidad de un techo se asientan en sitios donde por su topografía e irregularidad jurídica, es muy difícil que las autoridades le entreguen los servicios públicos, dando lugar a la creación de tugurios y ciudades perdidas, que constituyen ejemplos lacerantes que es urgente evitar.
Así mismo, se propone que las viviendas de interés social constituyan el patrimonio de la familia para el efecto de evitar que causas imprevistas pudiesen privarlas de sus moradas.
Esta Iniciativa regula el aspecto del arrendamiento de casa - habitación, excluyendo los arrendamientos de inmuebles para industria o comercio, que por obedecer a fines lucrativos, se consideran deben seguir sujetos en su totalidad a las disposiciones de la Ley sustantiva civil.
Se propone asimismo, que esta Ley se aplique únicamente para aquellos Contratos que atendiendo al valor catastral, su renta no rebase el salario mínimo, ello atendiendo a que quienes ocupan viviendas de lujo o de rentas superiores, disponen de medios que les permiten por sí o a través de financiamiento, construir su propia vivienda.
Las finalidades de esta Iniciativa y los presupuestos que plantea, nos lleva a definirla como de orden público e interés social; se aclara que no atenta contra la voluntad de las partes manifestada en el Contrato de Arrendamiento y se vigoriza el postulado constitucional, de que la propiedad en todo momento debe cumplir una función social.
Se establecen normas de tipo general tendientes a regular, en el aspecto administrativo, las relaciones contractuales derivadas del arrendamiento de inmuebles para habitación, tratando de precisar tanto los derechos de los inquilinos como de los propietarios.
En la Iniciativa se establecen obligaciones protectoras del inquilino, en la ocupación de los inmuebles, como son: que el inmueble o vivienda objeto de arrendamiento esté en condiciones de seguridad apropiadas: que se mantenga al inquilino en el goce pacífico del inmueble, que se le proporcione el servicio de agua adecuado, que los espacios comunes sean los necesarios para atender sus necesidades y que se registren los Contratos de Arrendamiento para verificar por parte de la Autoridad los datos de importe de renta y demás condiciones del inmueble.
Se determinan obligaciones para el inquilino, entre otras las de cubrir dentro de los siete días siguientes a su vencimiento las rentas estipuladas y destinar el inmueble para habitación y no darle usos distintos, a cuidar y conservar la casa en las condiciones en que le sea entregada, con el deterioro normal, ya que en caso contrario, los desperfectos intencionales o de notorio descuido, serán reparados por su cuenta.
Se establece que cuando el inquilino por resolución judicial, sea lanzado del inmueble arrendado, sus pertenencias en ningún caso
serán dejadas en la calle, sino depositadas en locales que la Autoridad bajo inventario deberá guardar, para entregarlos a los interesados cuando éstos las reclamen.
Se propone que los dueños otorguen una compensación justa al inquilino, cuando éste desocupe, que se consigna en forma proporcional según los años de ocupación, esta compensación busca que el arrendatario al desocupar un inmueble, tenga elementos económicos para hacer frente a la situación que implica el cambio de domicilio.
Se propone que las autoridades encargadas de su aplicación tengan facultades para constatar que las estipulaciones de los Contratos sean veraces y con arreglo a las disposiciones de la Ley, especialmente el dato que se refiere al monto máximo de la precio - renta que en ningún caso deberá rebasar el 17% del valor catastral, así como para vigilar permanentemente que los inmuebles destinados para habitación reúnan los requisitos de comodidad e higiene, así como las estipulaciones en pisos, muros, techos, luz, ruidos, drenaje y abasto de agua.
Se prevé que el inquilino puede dar por terminado el Contrato de Arrendamiento después de seis meses de vigencia, sin responsabilidad de su parte, con el sólo aviso anticipado al dueño de por lo menos treinta días. Este presupuesto implica el que el propio inquilino no deba pagar renta en virtud de un contrato por tiempo determinado, cuando ya no ocupe el inmueble, porque el dueño está en aptitud de rentarlo a una tercera persona y obtener los ingresos correspondientes.
Por otro lado, se fijan los lineamientos para imponer por parte de las Autoridades competentes, las sanciones administrativas por incumplimiento, con multas de mil a diez mil pesos que podrán duplicarse en caso de reincidencia.
Se prevé en el proyecto, el derecho de inconformarse con las resoluciones dictadas, mediante la interposición del recurso de reconsideración administrativa, el que será resuelto por la Autoridad en un máximo de quince días.
Se consignan de una manera general que los derechos para los inquilinos, son irrenunciables.
Por último, se señala que las estipulaciones de la Ley, se aplicarán y observarán sin perjuicio de las que al efecto señalan el Código Civil y el de Procedimientos Civiles, de lo que se infiere, que la presente Iniciativa no se opone a los preceptos de la materia consignados en los Ordenamientos invocados, y sí amplía y precisa garantías, derechos y compensaciones para el inquilino, buscando equilibrar la injusta relación que prevalece entre las partes.
Por todas estas razones propongo para su Conducto a esta H. Soberanía, esta Iniciativa de Ley, para el efecto de que sea turnada como corresponde a Comisiones, y en su oportunidad se presente dictamen favorable a este pleno, para su aprobación.
Reitero a ustedes las seguridades de mi distinguida consideración y alta estima.
Atentamente.
Juan Ugarte Cortés, Diputado Federal.
PROYECTO DE DECRETO
LEY DE VIVIENDA POPULAR E INQUILINATO PARA EL DISTRITO FEDERAL
CAPITULO I
Disposiciones preliminares
Artículo 1. Es de orden público e interés social la construcción y arrendamiento de casas, departamentos y viviendas cómodas e higiénicas de interés social.
Artículo 2. Quienes inviertan en la construcción de habitaciones populares, cuyas rentas no rebasen el salario mínimo, gozarán de subsidios hasta de un 50% en el pago de todo tipo de contribuciones que generen esas viviendas.
El mismo beneficio alcanzarán aquellos que pongan a disposición para adquisición en propiedad, viviendas que reuniendo los requisitos de Ley, sus pagos mensuales no rebasen el salario mínimo.
Las Autoridades, atendiendo el interés social de la inversión podrán aumentar el monto del subsidio y el tiempo de su ejercicio.
Artículo 3. Los organismos descentralizados o empresas de participación Estatal y Fideicomisos que construyan vivienda popular de interés social, gozarán de exenciones parciales en el pago de impuestos prediales, y de subsidios totales en otras contribuciones, dando preferencia a las instituciones que promuevan conjuntos habitacionales.
Las viviendas de interés social pasarán a constituir el patrimonio de familia de sus adquirientes.
Artículo 4. Las disposiciones de ésta Ley serán aplicables en materia de inquilinato únicamente respecto de las viviendas cuya renta, no rebase el salario mínimo correspondiente.
Artículo 5. Se llama inquilino, la persona que ocupa en alquiler para habitación, inmuebles ajenos mediante Contrato, donde las dos partes se obligan recíprocamente, una a conceder el uso o goce temporal de una casa, y la otra, a pagar por ese uso o goce un precio cierto.
Artículo 6. La aplicación de las disposiciones de la presente Ley, corresponderá a la Autoridad del Departamento del Distrito Federal, la que podrá ejercitarlas a través de la Tesorería de la Dirección de Obras Públicas en la esfera de su competencia, sin perjuicio de las atribuciones que le corresponden a otras dependencias.
Artículo 7. A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicará el Código Civil y el de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.
Lo que tendrán en cuenta las Autoridades Judiciales para los efectos a que haya lugar.
Artículo 8. Las Autoridades de oficio o a petición de parte deberán inspeccionar que los inmuebles destinados para habitación, reúnan las especificaciones en muros, techos, piso y los requisitos de solidez, ventilación, luz y cuenten con drenaje y abasto de agua.
La autoridad, en su caso, comunicará al dueño proceda a su costa a poner el inmueble arrendado en condiciones adecuadas, dentro del plazo que al efecto se le señale, si no lo hace, se le impondrá multa , duplicándola en caso de reincidencia; sin perjuicio que se autorice al inquilino, para hacer reparaciones con cargo a las rentas.
CAPITULO II
Del arrendador
Artículo 9. El arrendador está obligado:
I. A entregar el inmueble al inquilino para que éste lo ocupe.
II. Llevar a cabo dentro de los términos que las propias Autoridades Sanitarias y Administrativas fijen, las instalaciones y reparaciones del inmueble arrendado.
III. A mantener al inquilino en el uso pacífico del inmueble.
IV. A darle la formalidad requerida al Contrato de arrendamiento.
Artículo 10. El dueño queda obligado a registrar ante la Receptoría de Rentas u Oficina Fiscal más cercana, los Contratos de Arrendamiento dentro del término de 15 días a partir de la fecha de su celebración, consignado los siguientes datos.
a) Ubicación del inmueble.
b) Nombre y domicilio del arrendador.
c) Nombre del inquilino.
d) Valor fiscal o catastral del inmueble.
e) Renta estipulada.
f) Servicio de agua y drenaje que está obligado a proporcionar.
g) Término del arrendamiento.
h) Condiciones de higiene y seguridad en que se encuentre el inmueble.
Artículo 11. Los dueños están obligados a pavimentar con material impermeable los patios y áreas de uso común para asegurar su aseo y las salidas de aguas pluviales.
CAPITULO III
Del inquilino
Artículo 12. El inquilino está obligado:
I. A formalizar de acuerdo con el dueño el Contrato de Arrendamiento.
II. A pagar la renta estipulada dentro de los primeros 7 días de la fecha de su vencimiento o a depositarla en el Juzgado que corresponda a disposición del dueño, cuando éste se niegue a recibirlas.
III. A ocupar el inmueble para habitación y a desocuparlo y entregarlo al dueño según lo estipulado en el Contrato y en esta Ley.
IV. A cuidar y conservar la casa en el estado en que le fue entregada con el solo deterioro natural del uso, siendo responsable de los desperfectos que ocasione intencionalmente o por descuido, salvo aquellos daños causados por fuerza mayor.
Artículo 13. El dueño podrá pedir la desocupación del inmueble en los términos estipulados en el Código de Procedimientos Civiles cuando el inquilino falte a alguna de las obligaciones que imponen las fracciones I, II y III del artículo anterior.
En todo caso, el inquilino al término del arrendamiento tendrá derecho a las siguientes compensaciones a cargo del dueño:
I. Cuando tenga de 3 a 5 años de ocupación, un mes de renta.
II. Cuando tenga de 5 a 10 años de ocupación, dos meses de renta.
III. Cuando tenga de 10 a 15 años de ocupación, tres meses de renta.
IV. Cuando tenga de 15 a 20 años de ocupación, cuatro meses de renta.
V. Cuando tenga más de 20 años de ocupación, cinco meses de renta.
Estas compensaciones serán cubiertas en efectivo por el dueño, en caso de negativa el inquilino podrá seguir ocupando el inmueble hasta cumplir la compensación.
Artículo 14. El inquilino podrá dar por terminado el Contrato de Arrendamiento después de seis meses de vigencia, y antes del término señalado en el Contrato, sin otra responsabilidad que dar aviso al dueño con treinta días de anticipación.
CAPITULO IV
Prohibiciones y garantías
Artículo 15. No se podrá habitar ni darse en arrendamiento, casa, departamento o vivienda, que carezca de los requisitos de higiene, salubridad y seguridad que determina esta Ley y otras aplicables.
Artículo 16. Queda prohibido instalar tanques de gas en locales cerrados o en sitios accesibles a los niños. Están obligados a la observancia de esta disposición, propietarios, inquilinos, instaladores y proveedores de este servicio.
Artículo 17. El arrendamiento no podrá pactarse por término menor de un año, ni mayor de 10 años, salvo lo establecido en estos casos por el Código Civil.
Artículo 18. Queda prohibido estipular táctica o expresamente:
I. Una renta mayor de la que permite la Ley.
II. El pago de la renta en moneda extranjera.
III. Estipular que la renta se pague en localidad distinta a la del inmueble arrendado.
IV. Consignar cláusulas de pena convencional.
V. La obligación de otorgar fianza, aval o depósito de renta, salvo lo dispuesto por el artículo 31.
VI. La suscripción de cualquier documento a Título de Crédito que pudiese en forma alguna sustituir el Contrato de Arrendamiento o a los recibos correspondientes.
VII. La renuncia de los derechos que ésta y otras Leyes establecen.
VIII. EL número de personas que deben habitar el inmueble.
IX. Que el contrato se redacte y actualice en forma unilateral por una de las partes.
Artículo 19. La renta del inmueble objeto del contrato de arrendamiento, no podrá ser mayor del 17% anual sobre el valor catastral del mismo, teniendo como base para el efecto, únicamente lo construido y los espacios útiles a las viviendas.
Cuando el inmueble existan varios departamentos o viviendas, se hará la proporción correspondiente para la fijación máxima de la renta.
Artículo 20. En las llamadas vencidades, los dueños deberán proporcionar a los inquilinos el servicio de agua suficiente así como lavaderos y lugares para el secado de la ropa, y otros que la autoridad considere indispensable.
Artículo 21. El arrendador o el inquilino por separado, carecerán de derecho para instalar en el inmueble anuncios de cualquier naturaleza, a menos que convengan hacerlo de común acuerdo.
Artículo 22. El arrendador deberá cubrir el importe de los derechos de agua, cuando su utilización sea normal y hasta un 3% de la renta, si se rebasa este porcentaje, el excedente quedará a cargo del inquilino.
Artículo 23. El Arrendador deberá anotar en lugar visible del Contrato de Arrendamiento y con base en su boleta predial, el valor catastral que corresponda al inmueble.
Artículo 24. En todo caso, el inquilino tendrá el derecho del tanto o preferencia en igualdad de circunstancias, para la compra del inmueble que ocupa en arrendamiento.
Artículo 25. Los impuestos, derechos y demás contribuciones que se deriven de un Contrato de Arrendamiento, quedarán a cargo, siempre, del dueño del inmueble.
Artículo 26. Queda prohibido al arrendador y a los inquilinos poner obstáculos en los espacios comunes de los inmuebles en arrendamiento.
Artículo 27. En los inmuebles destinados para habitación queda prohibido ocupar espacios para otros que pudiesen en forma alguna causar molestias, promover el vicio o alterar el orden .
Artículo 28. Queda prohibido que los inmuebles arrendados se utilicen para guardar, crianza de animales y elementos inflamables o peligrosos que perjudiquen la salud o seguridad de las personas.
Artículos 29. Cuando el arrendador desee ocupar personalmente la construcción que tenga dada en inquilinato puede pedir la terminación del Contrato, siempre que compruebe ante la Autoridad Judicial, la necesidad de hacerlo, otorgando la compensación prevista por el artículo 13 o proporcionando al inquilino otro inmueble similar para que lo ocupe.
Artículo 30. En el caso de lanzamiento judicial además de las prescripciones que ordene la Autoridad Judicial, el lugar en que deberán depositarse las pertenencias, de ninguna manera será la calle, sino aquel que el inquilino señale, siempre que sea dentro de la misma localidad. Y en caso de que designe, serán depositados en locales que la Autoridad tendrá conservándolos bajo inventario hasta por un año, procediendo a su remate a falta de reclamo.
Artículo 31. Tratándose de inquilinos morosos que hayan sido sentenciados en juicio de desahucio, los dueños no estarán obligados a permitir que ocupen sus viviendas sin previo depósito o fianza.
Artículo 32. En todo inmueble sujeto a arrendamiento deberá existir cuando menos, un servicio sanitario completo por cada una de las viviendas o departamentos que se renten por separado.
CAPITULO V
Disposiciones generales
Artículo 33. La falta de cumplimiento a las obligaciones consignadas en esta Ley, serán sancionadas por la Autoridad competente, con multas de mil a diez mil pesos, duplicándolas en casos de reincidencia.
Artículo 34. Las Autoridades Fiscales ejercitarán la facultad económica- coactiva, para hacer efectivas las multas impuestas, provenientes de aplicación de sanciones por infracciones a esta Ley. En caso de remate tendrá preferencia el inquilino para adquirir el inmueble.
Artículo 35. El inquilino, una vez vencido el Contrato tendrá derecho a que se le prorrogue, con un incremento en la renta no mayor de 10% sobre el precio anterior, hasta en tanto se actualice el valor catastral.
Artículo 36. Los inquilinos deberán guardar el debido respeto al vecino y evitar molestias entre sí, para el mejor disfrute de las viviendas, procurando utilizar proporcional y convenientemente la áreas destinadas a usos comunes.
Artículo 37. El inquilino podrá llevar a cabo los acondicionamientos y adecuaciones en el inmueble objeto de arrendamiento siempre y cuando no afecten la estructura del mismo, pudiendo retirarlos en el momento de la desocupación.
Artículo 38. El inquilino podrá hacer el pago de servicio de agua y drenaje directamente a la Autoridad, cuando el dueño no lo haga en su oportunidad, quedando autorizado para
descontar del importe de la renta dicha cantidad, y el dueño obligado a reconocerla en parte del pago de la misma, atendiendo lo dispuesto por el artículo 22.
Artículo 39. El dueño o inquilino conjunta o separadamente, podrá pedir el reavalúo del inmueble objeto del Contrato, siempre que haya transcurrido cuando menos un año de la fecha del avalúo anterior.
Si del reavalúo practicado resultare un valor catastral distinto, esto dará lugar a la adecuación del Contrato de Arrendamiento en los términos de la presente Ley, por lo que hace al monto de la renta.
Artículo 40. Cuando la casa, departamento o Vivienda se encontrare en condiciones inhabitables a juicio de la Autoridad competente el inquilino deberá desocuparla provisionalmente mientras se le hacen las reparaciones necesarias, para lo cual se le concederá al dueño el plazo conveniente. Si dentro del plazo señalado no cumple, se le impondrá multa, que se duplicará en caso de reincidencia.
Para los efectos de éste artículo el inquilino podrá dar por terminado el Contrato y exigir de inmediato la compensación prevista por el artículo 13.
Artículo 41. El Contrato de Arrendamiento se dará por terminado anticipadamente, cuando el inmueble se encuentre en estado ruinoso, que haga necesaria su demolición total o parcial a juicio de la Autoridad, o cuando sea objeto de expropiación, aplicándose lo dispuesto por el artículo 13, salvo que el dueño proporcione a satisfacción del inquilino otro inmueble.
Artículo 42. Las personas afectadas por las resoluciones dictadas en la aplicación de esta Ley, podrán interponer por escrito el recurso de reconsideración administrativa ante la misma Autoridad que la haya dictado, dentro de los 8 días hábiles siguientes a la fecha de la notificación respectiva.
El recurrente acompañara a su escrito las pruebas que estime convenientes, las que serán desahogadas por la Autoridad y evaluadas al dictar su resolución, la cual deberá emitirse dentro de los 15 días siguientes a la interposición del recurso.
TRANSITORIOS
Artículo primero. La presente Ley entrará en vigor diez días después de su publicación, en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo segundo. Se derogan los decretos de Congelación de rentas y aquellas disposiciones de la materia, que resulten incompatibles con esta Ley.
Dado en el Palacio del Poder Legislativo en la Ciudad de México, Capital de la República, a los días del mes de mil novecientos ochenta y uno."
El C. Presidente: Túrnase a la Comisión de Asentamientos Humanos y Obras Públicas.
El C. Juan Ugarte: Señor Presidente, solicito que también a la Comisión del Distrito Federal, por ser una Ley para el Distrito Federal.
El C. Presidente: Conforme, y a la Comisión del Distrito Federal. Se concede el uso de la palabra al C. diputado Antonio Becerra Gaytán.
DENUNCIA
El C. Antonio Becerra Gaytán: Señor Presidente:
Compañeros diputados:
En una de mis recientes visitas a la ciudad de Chihuahua, tuve la oportunidad de enterarme de un problema que presenta el señor Edmundo Bermúdez, quien es trabajador de la Comisión Federal de Electricidad, ingeniero que tiene su centro de trabajo en la Termoeléctrica, técnico que conoce perfectamente bien cómo opera la planta; es trabajador desde 1969 y el problema es el siguiente:
El presentó una acusación formal contra los dirigentes de la empresa y, de acuerdo con las pruebas y los estudios que él anexa a su acusación, encuentra que se ha cometido un fraude en contra de la CFE, por aproximadamente 100 millones de pesos.
El caso es que teniendo él entablada la demanda ante el Agente del Ministerio Público Federal y estando en período de alegatos y de presentación de pruebas, es removido a la ciudad de Yucatán, el señor Edmundo Bermúdez, estando en ese proceso. Entonces él acude por oficio del 20 de agosto, ante mí para que, en primer término, busquemos la manera de ayudarle en este sentido. El simplemente considera que no es correcto ni es justo que en el momento que está presentando una acusación, en el momento en que tiene que acudir a audiencias, que tiene que aportar pruebas, que tiene en fin que participar en todo el proceso, en este momento sea trasladado a la ciudad de Mérida, Yucatán.
Y me plantea a mí que hagamos algo desde esta Cámara, yo estoy de acuerdo con ustedes en que no podemos traer todos los asuntos que como diputados nos plantean nuestros compañeros en forma cotidiana, pero la verdad es que aquí no encontramos otra manera de ayudar, ya no al trabajador, sino simplemente a que no se le movilice mientras él está presentando o siendo parte fundamental en una demanda que ya tiene su curso ante las autoridades correspondientes.
Yo me ofrecí con él simplemente a traer ante ustedes el siguiente comunicado:
"México, D. F., a 22 de septiembre de 1981.
C. Dip. Luis M. Farías, Presidente de la H. Cámara de Diputados.
El C. Edmundo Bermúdez Baca, trabajador de la Comisión Federal de Electricidad y
radicado en la ciudad de Chihuahua, en escrito del 20 de agosto me hace saber el problema que confronta con la Comisión y que consiste en que le han ordenado se traslade al Estado de Yucatán a pesar de ser la parte acusadora en un fraude en perjuicio de la misma Comisión por el monto de 100 000 000 pesos.
El señor Edmundo Bermúdez por mi conducto solicita la intervención de esta Cámara para que se le garanticen todos sus derechos como trabajador durante y después de la demanda que ha presentado ante las autoridades correspondientes.
Solicito que el asunto sea considerado de urgente y obvia resolución, que se turne a la Comisión de Gestoría y Quejas para que ésta, obrando en términos de reglamento designe una comisión que conozca a fondo el problema planteado por el señor Edmundo Bermúdez Baca.
Diputado Antonio Becerra Gaytán."
El C. Presidente: Túrnese a la Comisión de Gestoría y Quejas.
El C. Presidente: Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Rafael Alonso y Prieto.
El C. Rafael Alonso Prieto: Señor Presidente;
Compañeros diputados:
De acuerdo con las disposiciones legales relativas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica del Congreso y del Reglamento de la Cámara, en nombre del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, me permito presentar la siguiente
INICIATIVA
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
"INICIATIVA DE ADICIONES Y REFORMAS A LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA DESGRAVAR LA GRATIFICACIÓN ANUAL Y LA PRIMA VACACIONAL, QUE SUSCRIBE EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Ley Federal del Trabajo, en sus artículos 80 y 87 concede a los trabajadores el derecho a percibir, en exceso de su salario, las llamadas "gratificación anual" y "prima vacacional".
Estas prestaciones adicionales al salario se fundamentan en el reconocimiento de que existen necesidades, que originan gastos, cuya presencia es regular en periodicidad distinta al de las necesidades normales.
La gratificación anual reconoce la aparición de ciertas necesidades de incidencia anual: festividades que forman parte de la estructura sociológico - cultural de nuestra sociedad, reingreso escolar de los hijos, etc.
La prima vacacional reconoce que el descanso periódico es indispensable para el trabajador, pero que el auténtico goce y disfrute de este descanso exige, también, ciertos gastos adicionales fuera del presupuesto normal.
Sin embargo, el efecto de acumular estas prestaciones a los demás ingresos del trabajador, para los efectos del impuesto sobre la renta, resulta en una merma, en ocasiones relativamente considerable, del beneficio que estas prestaciones representan para el trabajador, derrotando así, por lo menos en parte, el propósito de la legislación del trabajo.
Las ideas anteriores han sido ya reconocidas, aunque solamente para la gratificación anual y con efectos limitados a los trabajadores que caen dentro del Apartado B del Artículo 123 Constitucional.
Las distintas proposiciones que se han hecho para extender este beneficio a la prima vacacional y, por lo que hace a la gratificación, extenderlo a los trabajadores que caen dentro del Apartado A del Artículo Constitucional, han sido objetadas principalmente con el argumento, relativamente válido de que el hacerlo abriría una posibilidad de maniobra fiscal, trasladando a la forma de gratificaciones o primas vocacionales, ingresos que, en estricto sentido, son salarios.
Igualmente se ha objetado que esta desgrabación traerá como consecuencia otorgar un beneficio, que no se justifica, a personas que por el monto de sus ingresos no requieren de estos beneficios fiscales.
La iniciativa que se presenta tiene por objeto fundamental la desgrabación de la prima vacacional y de la gratificación anual para los trabajadores de ingresos bajos y medianos, pero, para limitarla a estos grupos de trabajadores, y para evitar la maniobra fiscal antes mencionada, condiciona el monto desgravado de estas percepciones a dos limitaciones concurrentes: una relacionada con el monto del salario mensual y otra referente al monto absoluto de la prestación.
En tal virtud, se propone al siguiente:
DECRETO QUE ADICIONA Y REFORMA LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
Artículo único. Se reforma la Fracción XI del artículo 77 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y se adiciona dicho artículo con una fracción XXX, para quedar como sigue:
Artículo 77. No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos......
XI. Las gratificaciones que reciban los trabajadores de sus patrones, durante un año de calendario, conforme al Artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, hasta por un monto que no exceda el equivalente de un mes de salario, ni del importe de diez veces el salario
mínimo general de la zona del contribuyente, elevado al mes.
Tratándose de las gratificaciones de los trabajadores...
XXX. La prima vacacional otorgada conforme al artículo 80 de la Ley Federal del Trabajo, hasta por un monto que no exceda del 25% de los salarios que le correspondan al trabajador durante el período de vacaciones ni de cuarenta veces el salario mínimo diario de la zona económica del contribuyente.
TRANSITORIO
Único. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
LI LEGISLATURA
DIPUTACIÓN DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
Diputados Graciela Aceves de Romero. - Esteban Aguilar Jáquez. - Rafael Alonso y Prieto. - Carlos Amaya Rivera. - Francisco Xavier Aponte Robles. - Armando Ávila Soto mayor. - David Bravo y Cid de León. - Fernando Canales Clariond. - Luis Castañeda Guzmán. - Carlos Castillo Peraza. - Juan de Dios Castro Lozano. - Alvaro Elías Loredo. - Hiram Escudero Alvarez. - Juan Antonio García Villa. - Jesús González Schmal. - Edmundo Gurza Villareal. - María del Carmen Jiménez de Ávila. - José Isaac Jiménez Velasco. - Juan Landerreche Obregón. - Federico Ling Altamirano. - Juan Manuel López Sanabria. - Pablo Emilio Madero Belden. - Miguel Martínez Martínez. - José G. Minondo Garfias. - Salvador Morales Muñoz. - Rafael Morelos Valdez. - Rafael Morgan Alvarez. - Adalberto Núñez Galaviz. - Antonio Obregón Padilla. - Eugenio Ortiz Walls. - Cecilia Martha Piñón Reyna. - Delfino Parra Banderas. - Alberto Petersen Biester. - Carlos Pineda Flores. - Manuel Rivera del Campo. - Augusto Sánchez Lozada. - Carlos Stephano Sierra. - Francisco Ugalde Alvarez. - Raúl Velasco Zimbrón. - Abel Vicencio Tovar. - Esteban Zamora Camacho."
Entrego el proyecto a la Secretaría. (Aplausos).
El C. Presidente: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
ANÁLISIS DEL QUINTO INFORME PRESIDENCIAL
CAPITULO AGROPECUARIO
El C. Presidente: Con fundamento en el artículo 8o., párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta sesión estará destinada al análisis del Quinto Informe rendido por el ciudadano licenciado José López Portillo, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en el Capítulo Agropecuario.
Se han registrado para tal efecto en una primera vuelta, los siguientes ciudadanos diputados:
Luis Uribe García, Juan Manuel Lucia Escalera, Jesús Ortega Martínez, Lázaro Rubio Félix, Ramón Danzós Palomino, Carlos Amaya y Javier Michel Vega.
Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Luis Uribe García.
El C. Luis Uribe García: Señor Presidente;
Señoras y señores diputados:
Porque las filas del Partido Demócrata Mexicano se integra en su mayor parte de campesinos; porque el problema del campo es uno de los más graves de nuestro país y porque este noble campo y sus campesinos son los que tienen que satisfacer la necesidad alimentaria creciente de la población; especial atención pusimos al Informe del Ejecutivo Federal, cuando se refirió a la Reforma Agraria, de manera especial al reparto de las tierras.
Luego de escuchar al Presidente y analizar concienzudamente su texto, congruentes al espíritu independiente que norma la conducta de nuestro Partido, reconocemos algunos avances logrados en esta materia, pero sostenemos que ellos han sido insuficientes para rescatar el agro mexicano del subdesarrollo y al campesino de la injusticia, pues para vergüenza de la Revolución, como el propio Presidente alguna vez lo reconociera, sigue hundido en el abandono, la desesperación y la miseria. Al decir del Ejecutivo, en este mismo recinto, en 1910 un pueblo eminentemente rural integrado en una de trabajo y el camino de su liberación menguada por la necesidad.
Con el reparto se terminan, además, formas de dominación política, económica y social que obstruían el desarrollo de la nación.
Lástima, decimos nosotros que los hechos contenidos en la referencia histórica, sean desmentidos por la realidad presente, pues la dominación política, económica y social registrada en 1910 a manos del porfiriato, persiste hoy a manos de una casta de oligarcas y privilegiados agrupados bajo el manto protector del partido del gobierno.
Pruebas de nuestro acerto podría mencionar muchas, sin embargo, por razones de espacio y de tiempo nos basta con señalar que en nuestro poder tenemos datos y documentos para demostrar que a los ejidatarios normalmente ni siquiera se les concede el derecho de tener en sus manos las boletas electorales para sufragar en alguna elección, porque es el comisario el que vota por ellos siempre a favor del partido del gobierno.
En otra parte de su Informe el Ejecutivo asegura que la Revolución dio sus primeros
pasos con la distribución de la tierra, aunque no siempre se formalizó la tenencia con la documentación necesaria.
La insurgencia campesina y más tarde las insurgencias del desarrollo, impidieron realizar los trabajos para tal fin.
Se trata evidentemente de una inaceptable justificación, pues con todo respeto, debemos decir al Presidente que precisamente por urgencias del desarrollo y sobre todo por imperativos de justicia, desde hace mucho tiempo debió formalizarse y asegurarse la tenencia de la tierra con la documentación necesaria.
Por lo que respecta a la agricultura en general y refiriéndonos específicamente al reparto de tierras, observamos ciertas incongruencias y afirmaciones que no van con la realidad que se vive en el país.
Se dice por ejemplo que se está contra la demagogia, pero vemos que es todo lo contrario, que la siguen utilizando de igual forma con que han manejado siempre estos problemas y, para ejemplificar, tenemos lo siguiente:
Aseguró el Ejecutivo que durante los últimos 5 años entregaron 14 130 000 hectáreas y que en julio de este año sólo en Chihuahua se repartieron 300 000 hectáreas, y si retrocedemos un poco más todavía, encontramos que a partir del gobierno de don Venustiano Carranza, que es donde se gesta el tan llamado Sistema Revolucionario - Gobierno, es cuando se inician los repartos de la tierra entre aproximadamente tres millones de ejidatarios en la forma que sigue:
De Venustiano Carranza a Abelardo Rodríguez, de 1915 - 1934, 7 835 113 hectáreas; Lázaro Cárdenas de 35 a 40, 20 136 935 hectáreas; Manuel Ávila Camacho, de 41 a 46, 5 970 399 hectáreas; Miguel Alemán Valdés, de 47 a 52, 5 439 528 hectáreas; Adolfo Ruiz Cortines, de 53 a 58, 5 771 721 hectáreas; Adolfo López Mateos 9 033 000 hectáreas; Gustavo Díaz Ordaz, de 65 a 70, 25 149 552 hectáreas; Luis Echeverría Alvarez, de 1971 a 1976, 13 000 000 hectáreas, lo que da un total de 92 396 238 hectáreas. No se incluyen aquí los repartos de este régimen.
Si a esto se agregan los 50 millones distribuidos entre comunidades indígenas, pequeños y grandes propietarios, tenemos que 5 millones de neolatifundistas, ejidatarios y pequeños propietarios, poseen alrededor de 145 millones de hectáreas, más de la mitad del suelo nacional, la extensión territorial es de 200 millones de hectáreas.
Tomemos en cuenta que nuestro país es pobre en tierras cultivables. Ni las montañas ni el régimen pluviométrico, nos ayudan a ser un país agrícola poderoso y, ante lo que manifestamos conforme a datos estadísticos de la Secretaría de Comercio, de que en el país existen 30 millones de hectáreas de tierras aptas para cultivo, pero en realidad sólo son 20 millones las cultivables, o sea, sólo el 15% del territorio.
Es lógico suponer que en estas tierras están las llamadas de pequeña propiedad, uno que otro latifundio y los ejidos, entonces si sólo hay 30 millones de hectáreas cultivables, ¿dónde están las que faltan al total repartido?
¿Realmente qué les han repartido a los campesinos?
Los usufructuarios existen sólo en la mente de los repartidores de oficio.
¿Qué tipo de tierras se les han distribuido?
¿Acaso hasta las aptas para el cultivo, como cerros, los no aptos para el cultivo, como los cerros, desiertos, parques nacionales, etcétera, o será que hasta Los Pinos están involucrados en estos repartos?
Nadie sabe, nadie supo. He ahí el misterio.
Podríamos pensar y hasta asegurar que lo único que se ha repartido han sido promesas y sobre todo palabras, palabras y más palabras.
¿Habrá algún especialista que nos pueda explicar esta situación?
Yo les pregunto, señores diputados, si esto no es demagogia pura, entonces discúlpenme, pero también este lugar no es un recinto legislativo; podría ser que los señores del PRI dirían que lo que les importa es lo de este sexenio, y que sólo por esto son responsables. Si así fuera nosotros preguntamos:
¿Acaso no pertenecen al sistema familiar revolucionario, el cual ha realizado la mayoría de los repartos antes mencionados, por lo tanto no están obligados a dar una explicación válida y real de estos manejos demagógicos?
Se menciona que se reparte lo repartible, se tiene que entender esto como el de solucionar un problema creando otro, porque con las cifras antes expresadas demuestran que ya no hay qué repartir, entonces le quitan a unos para darles a otros, o seguramente que se las prestan entre ustedes para que efectivamente figuren triunfos en el papel.
Otra hipótesis oficial que se maneja es que a partir de cada período sexenal es cuando se da el inicio de un justo y verdadero reparto de tierras y lo que se dice que hicieron anteriormente no fue cierto y que sólo es un simple simulacro de hechos.
Qué poca seriedad de la familia revolucionaria. Lo único claro es que la Revolución no ha sido justa para quienes la necesitaban, la pelearon y la obtuvieron realmente, sino solamente para quienes la tomaron como bandera y la convirtieron en PRIvilegio de unos cuantos dando la apariencia de impartir justicia pero para seguir utilizándola a su antojo, para control de un determinado número de campesinos en campañas políticas y contar con esos votos obligados.
Se impone hacer un comentario adicional sobre nuestra ecología, ya que está íntimamente ligada con los programas alimentarios del gobierno, ojalá que en el único afán de alcanzar las metas y objetivos del SAM, reconocido y aplaudido en su sentido más amplio, no se olviden los problemas ecológicos que podrían provocar.
Concretamente nos referimos a los bosques en donde se lleva a efecto una irracional desforestación acompañada del consiguiente peligro de erosión y con el único objeto de ganar un pedacito de tierra en donde poner la semilla y así lograr los objetivos planeados de antemano por los técnicos agropecuarios del gobierno.
De esta manera se soluciona un problema, el de la alimentación y posiblemente se engrandezca el ego personal del Ejecutivo afirmando haber resuelto el problema tal como lo había prometido, pero sacrificando un elemento muy importante como es el bosque y provocando mayores problemas como son la erosión, falta de agua, contaminación, etc., porque de seguir así con esta explotación de los bosques, México será un desierto para el próximo siglo.
Aclaramos que no todas las responsabilidades del campesino, que en un esfuerzo para la supervivencia o por cumplir con las consignas que vienen de arriba, provocan la desforestación, en mayor grado la culpa la tienen los señores madereros quienes trabajan sólo para obtener un máximo de utilidades, ignorando malévolamente la conservación del medio ambiente.
Todo esto lo comentamos porque lo expuso en su Informe el señor Presidente, en el sentido que no podía existir una sola hectárea productiva, debió aclarar que se refería a una sola hectárea, pero cultivable.
Reconocemos y admitimos la buena fe de una persona entre muchas dentro de un sistema tan complejo, pero creemos que no es suficiente y que en ocasiones, si no es que siempre, sólo en eso queda, en buenas intenciones, ya que no es lo mismo recibir la información y comunicación de los hechos tal y como se desarrollan, que el estar en contacto con ellos y tener conocimiento de los mismos.
Aclaramos que la postura del PDM no es la de estar en contra de todo por sistema y por el simple hecho de estarlo; afortunadamente no estamos amargados ni tampoco nos declaramos anarquistas, sencillamente deseamos contribuir al mejoramiento y al cambio que exige el total del país, y éste sería muy fácil.
Como en estos momentos decir que es un informe excepcional, que nos muestra el progreso en que viven nuestros compatriotas. Sin embargo, no es cierto y lo correcto sería informar que faltan tantos más cuantos campesinos por beneficiarse, que todavía existen tantas tierras por cultivar y que serán otorgadas verdaderamente para su aprovechamiento e incrementar la producción y así declarar que ahora sí ya somos autosuficientes en este renglón, en lugar de mencionar que se repartió aquello, que se obtuvo esto y que tenemos tanto.
Total, lo bueno siempre da sus frutos y claro serán notables y reconocidos por todos.
Además, esto último lo tienen que hacer porque, desde el momento en que llegan, están y tienen el poder, es su obligación servir y realizar todo lo que afirman haber hecho.
Por otro lado, hay antecedentes que nos muestran que se otorgan asesorías técnicas para el trabajo del campo, así como semillas para el cultivo, en otros países, específicamente en Centroamérica.
No decimos que esto sea malo, pero no es justo que se les auxilie técnicamente a dichos países a costa de lo que les corresponde a nuestros campesinos.
Se tiene conocimiento que en algunos ejidos todavía se usan los arados egipcios, herencia de la conquista, para poder abrir los surcos en la tierra.
¿Hasta cuándo seguiremos siendo candiles de la calle? ¿Será por todo esto que, según el Banco Rural, hay 5 millones de desempleados y otros 5 millones de campesinos que emigran de sus hogares rumbo al extranjero o a las grandes ciudades?
Se ha mencionado que la producción de granos se ha incrementado en un elevado porcentaje y nos congratulamos con quienes han hecho posible esto, pero también tenemos que el ejido tiene el 80% de tierras cultivables y solamente produce un 20% y que la pequeña propiedad, teniendo un 20% de las tierras laborables, tiene un 80% de la producción de alimentos.
Esto significa que dicha producción la proporciona la pequeña propiedad. Lo anterior significa que es urgente el asesoramiento técnico y organizativo para el ejido.
Por lo tanto, ante estos datos, hacemos la reflexión del por qué los campesinos abandona el campo en forma tan alarmante, por los trámites burocráticos para legalizar la tenencia de la tierra, así como para la obtención de créditos oportunos y baratos y para comercializar sus productos.
Falta de garantías en la tenencia de la tierra a causa de invasores y paracaidistas de parcelas y pequeñas propiedades, muchas veces promovidas por el mismo gobierno o agitadores profesionales de ciertos partidos.
Porque los agricultores ricos ocupan las mejores tierras, arrinconando en los bosques a los campesinos donde practica la agricultura nómada. Política de precios bajos a sus productos, cacicazgos en un régimen ejidal obsoleto e inconveniente, los hombres del campo son los que peor viven económica, política y socialmente, faltos de escuela a nivel medio y superior, ya que el interés de todos los campesinos es que sus hijos se superen para que no sigan sufriendo la misma situación de penuria que ellos viven.
Escasez de asistencia médica para combatir las enfermedades, ya que están conscientes de la falta de vivienda y de trabajo, entre otros problemas que tendrán al llegar a la ciudad, pero por lo menos tienen la posibilidad de estar cerca de los centros de salud y tener mayor grado de probabilidades de subsistir.
En resumen, persisten los vicios estructurales que hacen del campo y sus habitantes un sector deprimido en lo económico, lo político, lo
social y lo cultural. En ocasiones se pide en este foro legislativo con gran insistencia el respeto al campesino, a lo que nosotros hacemos votos porque se medite, si es que verdaderamente se les tiene ese respeto y reconocimiento. Por esto proponemos en vías y con esperanza de que sea efectivo este tan traqueteado respeto lo siguiente:
Seguridad en la tenencia y propiedad de la tierra para ejidatarios y propietarios y que se defina y termine el rezago agrario;
que lo repartible según la ley se reparta y lo que no sea repartible se dicten resoluciones negativas para evitar engaños y espejismos;
que la parcela se dé en propiedad al ejidatario con medidas para evitar un nuevo latifundismo y malbaratamiento del propio ejido;
que para el campo nunca se paguen precios menores que los del mercado mundial y en ocasiones superiores a esto para compensar la descapitalización anterior;
que exista un abundante crédito para el campo;
que se impartan eficaces y justos servicios al campo;
que la ayuda al campo sea la más directa posible evitando al máximo la burocratización;
que la ayuda sea al campesino y no a los líderes nefastos y demás burócratas del campo,
y asistencia técnica y organizativa eficaz no burocratizada.
Como se puede apreciar no sólo hacemos el análisis crítico recalcando errores, también practicamos la crítica constructiva dando alternativas a seguir para el bienestar de todos y mejor aprovechamiento de los recursos con que se cuenta.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Juan Manuel Lucia Escalera.
El C. Juan Manuel Lucia Escalera: Con vuestra venia, señor Presidente:
Compañeros y compañeras diputados:
Voy a hacer un pequeño análisis del Informe del señor Presidente de la República.
Por mi cuenta y riesgo he recorrido la mayor parte del estado de Veracruz, parte de la frontera con Tabasco, con Oaxaca, con Puebla y con Tamaulipas. También recorrí parte del estado de Chihuahua y del estado de Sinaloa. Para eso quiero informales en lo primero, que mi estado de Veracruz se encuentra en perfecta armonía trabajando con el señor licenciado Agustín Acosta Lagunes, gobernador de mi Estado.
Los campesinos y la iniciativa privada colaboran ampliamente en los cultivos, a esto quiero hacer referencia la desgracia tan grande que hemos tenido ahora con las lluvias: desbordamientos del río Papaloapan, Hondo, La Antigua y en el norte de nuestro Estado, el Tecolutla.
El estado de Veracruz va a hacer una producción bastante efectiva, no como la del estado de Tamaulipas que tuvo la suerte de no tener las inundaciones que nosotros tuvimos.
El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana al cual pertenezco, felicita al señor Presidente de la República por ese esfuerzo en la parte agrícola.
Ahora bien, es muy lamentable en lo que se refiere a los barcos pesqueros. Hace seis años se compraron muchos barcos pesqueros y ¿qué pasó con esos barcos pesqueros? Se encuentran amarrados en los litorales de nuestra patria haciendo un adefesio, siendo nido de marigüanos y de malvivientes para nuestra patria, compañeros. ¿Qué va a pasar ahora con estos barcos que serán entregados, a cooperativas fantasmas que se hacen en beneficio de determinadas personas?
Próximamente haré un resumen acerca del Departamento de Pesca.
Señor presidente Luis M. Farías: le ruego atentamente se me tenga apuntado después de estos informes, hoy, para hacer una protesta aquí, en beneficio de mis compañeros diputados.
Muchas gracias compañeros.
El C. Presidente: Se concede el uso de la palabra al C. diputado Jesús Ortega Martínez.
El C. Jesús Ortega Martínez: Señor Presidente;
Compañeras y compañeros diputados:
Indudablemente que del análisis global del Informe del Presidente de la República, por diversas razones, adquiere primacía en lo particular el Informe de la política agropecuaria implementada por el Gobierno. En primer lugar, porque del resultado de la aplicación de una justa política agropecuaria se resolvían problemas fundamentales de nuestro país y de los trabajadores. El primero, el de cumplir con un imperativo de justicia social para los grandes núcleos de campesinos tradicionalmente marginados y, el segundo, para mantener la independencia económica y política de la nación.
No es necesario insistir que en los inicios de este régimen, la política en el campo tuvo una crisis provocada por aplicación de políticas de otros gobiernos que tuvieron como error fundamental el olvido y la falta de apoyo para la propiedad social en el campo, la propiedad comunal y la propiedad ejidal. Este olvido y esta falta de apoyo provocó la marginación económica y política de millones de mexicanos impedidos de gozar de beneficios que como ciudadanos mexicanos tienen derecho.
A los inicios del régimen de López Portillo la situación en el campo se tornó tan conflictiva que obligaba al gobierno del Presidente López Portillo a ubicar la política agropecuaria como principal dentro de sus planes de gobierno, junto con la política energética y el presidente López Portillo, creemos que de manera justa, implementó una estrategia global para solucionar
el problema del campo que se llama el Sistema Alimentario Mexicano (SAM).
Y el Sistema Alimentario Mexicano en su concepción inicial, planteaba de manera, insistimos nosotros, de manera justa soluciones para los grandes problemas que se sucedían en el campo, y para resolver de raíz el problema fundamental que sucedía en el campo ya mencionado.
¿Cuál era la esencia que le daba justeza al sistema Alimentario Mexicano, insisto, en sus inicios, cuando se planteó?
Que consideraba como principal la alianza del Estado con los campesinos pobres, con los ejidatarios y con los comuneros, y el SAM planteaba una serie de aspectos que atacaban de manera principal este problema, el de la falta de apoyo y olvido en que se había mantenido a los ejidatarios y a los comuneros. En términos globales esta era la concepción inicial del SAM.
Del análisis de esta política agropecuaria del Informe del Presidente, necesariamente tendremos que tomar en cuenta el SAM pero resulta que lo que se planteaba de manera inicial y que nosotros considerábamos absolutamente justo, se implementa también por el gobierno una contradicción con lo planteado inicialmente en el SAM y se legisla y se pretende aplicar la Ley de Fomento Agropecuario, ley que en esencia planteaba, es importante mencionarlo y repetirlo, la creación en esencia, entre otras cosas, la creación de las unidades de producción entre los propietarios y los ejidatarios y comuneros unidos entre ambos.
¿Qué es lo que pasó con la Ley de Fomento Agropecuario?
¿Qué es lo que pasó con lo que le daba esencia a lo equivocado de la Ley de Fomento Agropecuario?
Se menciona la Ley de Fomento Agropecuario y en los anexos del Informe se habla de que se crearon 55 unidades de producción, pero no se habla cuál fue el resultado práctico y objetivo del funcionamiento de estas unidades de producción.
¿Qué es lo que pasó en esas unidades de producción, si se aliaron propietarios con ejidatarios o con comuneros, si se aliaron comuneros con ejidatarios, comuneros con comuneros, y cuál fue el resultado de cada uno de esos aspectos de las unidades de producción?
Los informes que tenemos y que hemos observando de manera práctica, es que cuando se quiso implementar la unidad de producción con factores, por un lado los ejidatarios o comuneros y por otro lado los propietarios, la realidad es que o ya fue un fracaso o que van orientadas definitivamente al fracaso.
Se habla de que en el año del Informe el país obtuvo en el campo la producción más alta de su historia y eso sin tener derecho a no creer, pensamos que es un importante avance porque nos da a la Nación más posibilidades para mantener nuestra independencia y nuestra soberanía, pero no es esto lo total de lo que se menciona como éxito de la política gubernamental en el campo.
Nosotros creemos que hay aspectos fundamentales que aunque se tocaron, esta soberanía debe tomarlos de manera mucho más profunda para que el pueblo de México conozca realmente cuál es la situación por la que pasa en el campo.
La Secretaría de la Reforma Agraria ha tenido, durante el actual sexenio, seis secretarios. Algunos con criterio de que el problema de la reforma agraria era simplemente un problema burocrático; otros, de que el problema de la reforma agraria era un problema político que traía consecuencias de rezago y marginación social para millones de campesinos; otros se atrevían a decir que la reforma agraria ya no tenía razón de existir y que en pocos meses se terminaba el rezago agrario, como lo dijo el último Secretario de la Reforma Agraria.
Afortunadamente este criterio fue opuesto por el Presidente de la República y se afirmó y de eso nos congratulamos, de que el rezago agrario no era simplemente un problema burocrático que el actual Secretario de la Reforma Agraria pretendía terminar dando resoluciones negativas a las peticiones de los campesinos y simplemente a las exigencias y a las peticiones de los campesinos entregarles un papel y decirles que su petición, analizada por el Cuerpo Consultivo Agrario era negativa y que ya no había tierra por repartir.
Eso era simple y sencillamente una acción contrarrevolucionaria y era una acción contra los campesinos y contra los postulados de la Revolución de 1910.
Insistimos, afortunadamente el Presidente de la República rectifica e insiste en que la terminación del rezago agrario no impide el que se sigan repartiendo los latifundios, que por lo demás existen en demasía.
El problema de rezago agrario, desde nuestro punto de vista, trae consigo un rezago social que tiene implicaciones políticas y económicas de gran importancia para la vida de nuestro país.
El problema del rezago agrario no es, como se decía, simplemente dictar peticiones, dictar frente a las peticiones de los campesinos decisiones negativas. El problema del rezago agrario implica una política de mucho mayor profundidad que continúe con la aplicación de la reforma agraria como se planteaba al terminar la Revolución de 1910.
Y aunque se menciona en el Informe que se han aplicado resoluciones presidenciales y que se ha repartido más tierra y que se ha terminado con el rezago agrario en la Secretaría de la Reforma Agraria, que lo que se dice en el Informe no se está aplicando en la práctica o cuando menos como las circunstancias lo requieren.
Se permite a la vista de todo mundo que los latifundios, a pesar de que se ha demostrado en muchos estados de la República, se mantengan impunemente, se permita que a las solicitudes de los campesinos para afectar esos
latifundios, se opongan obstáculos tras obstáculos que impiden que se aplique la ley y la Constitución; se impide que a la solicitud de campesinos para que las instancias gubernamentales, tales como las instituciones de crédito, mantengan una actitud burocrática que impide que los campesinos reciban los beneficios que establece la ley y esto debe ser resuelto de manera inmediata porque lo que se menciona o lo que se mencione de aquí en adelante del Informe, si no se resuelve de manera profunda el problema principal, lo demás tan sólo serán paliativos que no resolverán el problema del campo y que poco a poco se irá convirtiendo en un problema político que puede hacer crisis y puede provocar grandes problemas para el país.
Entonces, insistimos, como el régimen insiste en su vocación agraria, que la Ley de Fomento Agropecuario permite la penetración de los grandes capitales al campo y eso no es, aunque se diga, hacer fe de vocación agraria.
Insistimos en que el rezago agrario debe contemplar de manera principal responder a las solicitudes de los campesinos; insistimos que la política agraria debe tener como principal motivo la reparación de la tierra, la desaparición del latifundio; insistimos que una política justa en materia agraria debe de terminar con el problema principal que se sucede en el campo, el del olvido y la falta de apoyo a los ejidatarios y a los comuneros; insistimos que de otra manera la gran producción que se logró en el campo no va a ser regla existente de aquí a mucho tiempo, sino que tan sólo va a ser producto de casualidad, como en algunos aspectos ya se menciona.
Debe el régimen, como lo dice, tener fe de vocación agraria, debe ir al problema principal, la alianza con los recursos petroleros con los ejidatarios y con los comuneros, fundamental y esencialmente. Eso va a permitir mantener gran producción en el campo, mantener nuestra independencia y ser consecuente con lo que plantea la Constitución.
Esa es la posición de nuestro partido.
El C. Presidente: Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Lázaro Rubio Félix.
El C. Lázaro Rubio Félix: Compañeras y compañeros diputados:
Mi partido, el Partido Popular Socialista, nos ha encomendado hacer algunas reflexiones al contenido del V Informe que el Ejecutivo Federal cumpliendo con el mandato constitucional relativo rindiera al Congreso de la Unión el pasado día 1o. del actual El tema que se nos ha conferido es el que se refiere a la situación del campo y los problemas relacionados con la producción agropecuaria.
Nadie ignora que la crisis por la que atraviesa la producción agrícola del país y que consiste en la insuficiencia de cereales que constituyen la alimentación básica del pueblo, fenómeno que nos obliga a importar enormes volúmenes de frijol, maíz, trigo y otros, se viene arrastrando de muchos años atrás y que, por tanto, no es imputable al actual régimen; todos sabemos que desde que se empezó a manejar la política del llamado desarrollismo, se abandonó a su suerte a los campesinos, sobre todo a los campesinos más pobres porque están ubicados en los terrenos de temporal que son los que producen lo que las grandes masas del pueblo consumen. El hecho concreto es que existe un grave problema y que es preciso resolver y entre más pronto, mejor.
Por otro lado como el mismo Ejecutivo de la Unión lo señala en el Informe: "si no comprendemos la específica realidad económica que nos rodea, no podremos entendernos y menos evaluarnos".
Efectivamente, el mundo capitalista está en crisis insalvable y, estando nuestro país ubicado en su órbita, no podíamos, no podemos evitar que nos arrastre a las consecuencias que trae aparejada la decadencia de un sistema caduco, y por tanto incapaz de superar la crisis que lo llevará a su final inevitable.
El Informe señala:
"Esta crisis no se puede explicar como algo transitorio y coyuntural, es la descomposición e insuficiencia de un viejo orden internacional que se gestó al término de la segunda Guerra Mundial."
Primero llegaron a nuestro país las fundaciones yanquis dizque "para ayudarnos" al desarrollo agropecuario con su tecnología avanzada, así operaron en México las Rockefeller, las Ford y otras, los resultados están a la vista importamos cereales precisamente a los Estados Unidos de Norteamérica haciendo más penosa nuestra dependencia del imperialismo. Hemos afirmado, y no es por demás reiterar, que las carencias de recursos agropecuarios que hoy padecemos, no son motivadas porque la Reforma Agraria haya fracasado, como lo siguen manejando de manera falaz los reaccionarios enemigos de la Revolución Mexicana; hemos sostenido que el régimen ejidal ya demostró su capacidad productiva cuando se constituyeron las unidades de sociedades de crédito ejidal y dispusieron de amplios créditos.
"Los precios de las materias primas tanto del campo como de la minería sufren tremendos castigos por el desorden y la especulación", denuncia el Presidente López Portillo y esta afirmación es una amarga realidad, pero el desorden y la especulación se dan cuando no se toman las medidas adecuadas para evitar lo uno y lo otro.
Hemos dicho que el Gobierno no es el culpable de la carestía porque no es el que produce ni comercializa la mayoría de los artículos de consumo, que de ello los responsables directos son los grandes industriales que se enriquecen de manera exorbitante con fabulosas ganancias y los comerciantes que especulan con los precios, pero ello no exonera al gobierno de responsabilidad cuando se deja que se explote y se exprima al pueblo impunemente.
En otra parte del Informe, el Ejecutivo Federal señala con toda objetividad: "No digo
que lo hemos resuelto todo, ni con mucho; ni que todos hayamos cumplido con la Nación".
Esta declaración sincera y categórica del Presidente López Portillo, merece nuestro reconocimiento.
No, no se ha resuelto todo ni mucho menos; ni tampoco se ha cumplido integralmente con la Nación. Nada más que no se puede afirmar, a fuerza de ser honestos, que no se hacen esfuerzos para alcanzar los planes trazados en materia agropecuaria.
Negar una realidad es colocarnos en una postura que por su inconsistencia exhibe a quienes la manejan como elementos o como agrupamientos que lejos de querer contribuir a corregir errores, enmendar fallas en sentido positivo, pretenden entorpecer las posibles soluciones en perspectiva y una postura de esta índole frente a las asechanzas que se ciernen sobre México de dentro y de fuera de nuestra frontera, no tendrá nada que ver con las verdaderas preocupaciones de los revolucionarios de verdad.
No es verdad que el campo produzca hoy menos volúmenes que ayer. El incremento es cada año importante, salvo cuando se dan fenómenos meteorológicos imprevisibles. Lo que realmente acontece, es que el incremento agropecuario va a la zaga de la demanda, tanto para el consumo de la ganadería como para la industria, aunado al aumento de la población.
Si tenemos que importar cereales, que los importen los industriales y los ganaderos. Que los que nosotros produzcamos se canalicen ala alimentación de las masas populares de nuestro país.
Hay ocasiones en que nos proporcionan maíz y frijol que sólo los cerdos y el ganado pueden consumir. En este aspecto de los productos importados, se da el mismo fenómeno que en el azúcar, que sean los que utilizan el dulce en pastelería, en alcoholes, en refrescos embotellados, los que importen el producto, producto que, además, resulta más caro por tratarse de refinado, cuando que el consumo popular se cubre con azúcar estándar.
En esta rama de la producción agroindustrial, el azúcar el Gobierno Federal a través de la Comisión Nacional de la Industria Azucarera, viene modernizando los ingenios, llevando la técnica al campo, la organización y la metodología. Esfuerzos que nos hacen prever que quizá para la zafra 1982 - 83 ya no tengamos que importar azúcar, sino volver a exportar como en el pasado. Estos esfuerzos del gobierno, de los empleados y obreros, de los campesinos productores de caña, merece el reconocimiento de todos los mexicanos.
Es verdad que la producción de fertilizantes se aumente en proporción muy importante; es cierto que se instalan nuevas plantas en un esfuerzo por cubrir las necesidades que demanda el incremento del desarrollo agropecuario. Todo lo que en este sentido se lleve a cabo, merece nuestro reconocimiento y nuestro apoyo.
Una recomendación al respecto: Tener mucho cuidado, mucha vigilancia en la distribución de los fertilizantes, los abonos e insecticidas. Se han cometido muchos abusos en esos menesteres; es preciso que las organizaciones campesinas formen sus propios instrumentos para recibir y repartir estos indispensables productos a efecto de no sólo aprovecharlos eficazmente, sino evitar especulaciones y el mal uso de ellos.
Cada vez que se hace referencia a la Ley de Fomento Agropecuario, se nos pretende involucrar como (que nos opusimos al contenido de la Iniciativa en su totalidad), como si nosotros sostuviéramos la política de la oposición por la oposición misma. Nada más inexacto.
Nosotros tenemos que reiterar que para el Partido de Vicente Lombardo Toledano la oposición por la oposición misma no tiene sentido, porque no es una postura revolucionaria.
Los diputados del Partido Popular Socialista fuimos muy claros, muy concretos durante los debates en torno a la Iniciativa del Ejecutivo Federal. Dijimos y sostuvimos qué cuestiones aceptábamos y cuáles rechazábamos, siempre con argumentos de fondo y contenido que fue muy difícil que nos fueran rebatidos.
La Fracción Parlamentaria del Partido Popular Socialista jamás se manifestó en contra de la planeación para el desarrollo agropecuario.
Nosotros, desde que surgimos a la vida política nacional como partido revolucionario independiente, hemos venido pugnando por la planeación de todas las actividades del desarrollo de la nación. Existen muchos documentos que fueron públicos en su tiempo y, si eso fuera poco, aquí en la Cámara está la Iniciativa presentada por el maestro Vicente Lombardo Toledano, fundador y guía ideológico de nuestro organismo político, ante la XLVI Legislatura, proponiendo un nuevo capítulo en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia económica, que establece una planeación a fondo de nuestros recursos y de nuestras posibilidades de desarrollo.
Cuando se discutía en las comisiones la Iniciativa del Ejecutivo Federal denominada Ley de Fomento Agropecuario, los diputados del PPS que participamos en las comisiones, atendiendo la petición de éstas, presentamos por escrito nuestros puntos de vista en torno al contenido de la Iniciativa. Aquí está la copia del documento que firmamos los cuatro diputados del PPS que participábamos en las comisiones. En ella dijimos que para la Fracción Parlamentaria del Partido Popular Socialista es indispensable organizar mejor a los productores del campo, que se cree la planeación integral de la producción agropecuaria y, si es preciso, incorporar al cultivo efectivo todas las tierras susceptibles de explotación; que nadie con sentido común podría negar que la planeación descansa en la organización de los productores, ni en la localización de áreas productoras y en la elaboración de programas y control.
Consideramos, los diputados miembros de la Fracción Parlamentaria del PPS, que es preciso la mecanización del campo, integrar centrales de maquinaria y llevar al agro la ayuda técnica, créditos oportunos y baratos, fertilizantes.
pesticidas, etcétera. Dijimos, en qué aspectos de la Ley estábamos de acuerdo, pero también dijimos en qué aspectos de la Ley estábamos en contra.
En los aspectos particulares y concretos en los que estuvimos, y continuamos estando en contra, es en los mismos capítulos que señalamos con anterioridad en las comisiones y en la tribuna de la Cámara. Por ejemplo, en el capítulo relativo al aprovechamiento de las tierras ociosas, manifestamos estar en contra de que se premiara a los propietarios pagándoles una renta, por el hecho de que se pongan en cultivo las tierras que mantuvieron inactivas. Decimos nosotros en reiteradas ocasiones que este trato a los propietarios privados de las tierras, resultara violatorio al artículo 27 constitucional y a la Ley Federal de Reforma Agraria.
En efecto, la inafectabilidad de las tierras, tiene una condicionante, "que deben estar en explotación".
Veamos.
El artículo 27 constitucional señala, en el IV párrafo, lo siguiente:
"...la organización y explotación colectiva de los ejidos y comunidades para el desarrollo de la pequeña propiedad agrícola en explotación". Más adelante, dice:"... los poblados tendrán derecho que se les dote de lelas, tomándolas de las propiedades inmediatas, respetando siempre la pequeña propiedad agrícola en explotación". En la fracción XV del artículo 27, señala: "...no podrán afectarse 'en ningún caso' la pequeña propiedad agrícola o ganadera en explotación". En cuanto a la Ley de Reforma Agraria, en su artículo 249, dice"...son inafectables por concepto de ampliación o creación de nuevos centros de población, las pequeñas propiedades que están en explotación".
El artículo 251, dice: "...para conservar la calidad de inafectabilidad, la propiedad agrícola o ganadera no podrá permanecer sin explotación".
El artículo 252, refiriéndose a quienes tengan a nombre propio o a título de dominio algunas superficies, las condiciona, y dice: "...y las tengan en explotación".
Por último, el artículo 257: "Cualquier propietario o poseedor de predios rústicos en la extensión que señala el artículo 249 que esté en explotación, tiene derecho a obtener la declaración de inafectabilidad".
Entonces no declarar expropiables las tierras ociosas cualesquiera que sea su superficie y calidad, establecer que se les cubrirán determinadas cantidades por concepto de arrendamiento y que se les devolverán en el siguiente ciclo agrícola, ¿no implica acaso pasar por alto el contenido del artículo 27 constitucional y la Ley Federal de Reforma Agraria?
Por eso estuvimos en contra de ese capítulo relativo al aprovechamiento de las tierras ociosas.
No estuvimos en contra, ni estamos, de la obligatoriedad de que los campesinos, ejidatarios y comuneros trabajan personalmente la tierra, porque sería contradecir el principio zapatista de que la tierra es de quien la trabaja. En lo que sí estamos en contra es en que tratándose de la unidades de producción constituidas por ejidatarios, comuneros, colonos y los llamados pequeños propietarios, no se imponga esta exigencia a los propietarios, mientras tanto, de carácter imperativo, se establece como condición inexcusable que los ejidatarios y comuneros trabajen personalmente la tierra y que ni ellos ni sus familiares podrían ser sustituidos en el desempeño de trabajo personal que les corresponde realizar conforme a la Ley.
Repitiendo, condición y exigencia que no se establece para los propietarios privados de la tierra, que no tienen más carácter que concesionarios de la nación.
Otras cuestiones de la Ley de Fomento Agropecuario que encontraron nuestra oposición, fueron las relativas al trato que se da a los minifundistas que suman más de medio millón en la República. Se pretende desaparecerlos en favor de la propiedad privada de carácter capitalista clásico.
Asimismo, en lo que respecta a las propiedades ganaderas y al hecho de que las llamadas unidades de producción, con la presencia de los propietarios privados de la tierra, constituyen de hecho una sociedad por acciones de carácter clásico capitalista y que coloca en situación desigual a los campesinos pobres.
Si las uniones de sociedades locales de crédito ejidal mostraron su capacidad para resolver la exigencias alimentarias del pueblo, e incluso produjeron para la exportación, ¿por qué no promover, crear, estimular este tipo de organismos de producción agregándole las modalidades que el presente aconseja?
Las unidades agropecuarias y los mecanismos de comercialización directa con los consumidores, ¿por qué en lugar de pretender aprovechar la maquinaria agrícola que poseen los propietarios privados de la tierra no se vuelven a crear las centrales de maquinaria que cubran las necesidades de determinadas zonas de producción agropecuaria?
La tranquilidad en el campo no se deriva del hecho de que la parcela, que es una propiedad social del núcleo de población, se convierta en propiedad privada, expuesta al comercio del sistema capitalista que vivimos, como lo proponen reiteradamente las corrientes de derecha que tratan de acabar con el sistema ejidal. La tranquilidad, que se traduce en producción, requiere la comprensión y la ayuda del gobierno.
Para que haya producción en el campo se requiere también que haya democracia y ésta sólo puede darse cuando en los ejidos y comunidades se respeta la voluntad soberana de las asambleas generales.
La concordia y la paz, que son indispensables para el trabajo productivo, implica que las asambleas elijan libremente a sus comisariados ejidales y comunales y socios delegados y que no se les impongan, en función de intereses menores de carácter político electoral o de determinadas organizaciones campesinas.
Debe acabarse con el despojo arbitrario de las parcelas a los ejidatarios, sobre todo de las
viudas y demás sucesores. Hay comisariados ejidales que pretenden despojar a los campesinos por cuestiones de militancia partidaria. Con todo esto debe acabarse para que se dé en incremento agropecuario que tanto necesita la nación.
No podemos negar que se está haciendo un esfuerzo positivo en el campo en el intento que salgamos de los problemas que nos agobian.
Con la aplicación de las medidas derivadas de Plan Global de Desarrollo, en el aspecto agropecuario, del Sistema Alimentario Mexicano y de las ayudas y estímulos del llamado riesgo compartido, empiezan a lograrse mejores rendimientos y es de esperarse que rendirán los frutos que se desean.
El señor Presidente hizo alusión al rezago agrario, diciendo: "Por ello resulta inexcusable abatir el rezago acumulado. No confundamos este programa con las conclusiones del reparto; tan sólo nos ponemos al corriente superando vicios burocráticos que debieron terminar hace tiempo. "Y expresó categórico: "Cuando se habló de abatir el rezago agrario nunca se dijo que al concluirse no habría tierras paradotas."
Efectivamente, se dio un paso muy importante en el desahogo de miles de expedientes que se encontraban congelados en las diversas dependencias, desde las comisiones agrarias mixtas, delegaciones agrarias, consultorías, etc. Las salas regionales actuaron y siguen trabajando, fallas más, fallas menos, de acuerdo con el plan que las creó. Si algunos tuvieron la infantil creencia de que esta medida. Positiva por cierto, de acabar con el rezago agrario significaba detener o frenar el reparto de la tierra, allá ellos con su ignorancia.
El mayor obstáculo para agilizar el reparto de la tierra acaparada ilegalmente es la vigencia de los amparos que en materia agraria se conceden a los terratenientes. Suman más de 12 millones de hectáreas que amparan fraccionamientos simulados, porque son repartos entre familias de un único propietario, porque amparan concesiones ganaderas producto de las maniobras y la aportación falsa de datos e informaciones amañadas.
El Informe expresa: "...fue función de justicia social repartir la tierra". más adelante enfatiza el Presidente López Portillo: "Ante esta Soberanía y frente a explicables pasiones parlamentarias ratifico la vocación agrarista del régimen".
Suprimir del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el párrafo 3o. de la fracción XIV que concede fueros a los particulares en contra de las decisiones soberanas de la nación, será una demostración indiscutible por lo categórica de que el régimen ratifica su vocación agrarista.
Muchas gracias.
El C. Presidente: Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Ramón Danzós Palomino.
El C. Ramón Danzós Palomino: Señores diputados.
Creo que lo esencial en las discusiones sobre la política interior y la política económica se ha dicho más que suficiente, pero es necesario complementar en esta discusión, en este examen del Informe Presidencial algunos aspectos sobre el problema agrario.
Se ha dicho en esta tribuna por algunos diputados del PRI que tratamos de hacer un examen de números y el examen del Informe Presidencial fundamentalmente implica un examen político. Otros también lo han asegurado de esta manera. Yo creo que para ver el problema agrario y a nombre de la Fracción Parlamentaria Comunista Coalición de Izquierda, tenemos que ver el problema agrario desde el punto de vista de su origen precisamente político.
Nosotros hemos afirmado en esta tribuna y ahora lo queremos reiterar que el Informe del Presidente de la República en materia agraria que la política agraria del régimen, es semejante a las de otros regímenes de gobierno de nuestro país y principalmente a partir del período gubernamental del licenciado Miguel Alemán, esta política agraria de los gobiernos emanados de la Revolución Mexicana, es una política que conduce a fortalecer y garantizar a la gran propiedad privada capitalista y como consecuencia contraria a resolver a fondo los graves problemas de la tenencia de la tierra con la aplicación de una Reforma Agraria radical y profunda que entregue la tierra a quien la trabaje como forma de propiedad social y hacer una justa distribución de la riqueza como lo demanda el interés público.
Decimos que esta política agraria emana de la Revolución Mexicana y aquí ha habido opiniones de algunos señores diputados del PRI que han manifestado que no coinciden o no están de acuerdo cuando se hacía el examen de Informe Presidencial con los puntos de vista del compañero Arnoldo Martínez Verdugo.
Efectivamente no pueden estar de acuerdo porque tenemos concepciones y puntos de vista distintos y nosotros los expresamos desde el punto de vista de la lucha de clases y para nosotros la concepción que tenemos de la Revolución Mexicana es distinta completamente a lo que tienen algunos otros diputados. Para nosotros la Revolución Mexicana es una revolución burguesa por su carácter de clase, esta Revolución Mexicana como revolución burguesa y a veces agregándole el término de democrático burguesa, porque hay un período de las revoluciones burguesas en que se pueden aplicar ciertos factores de democracia, tenía como finalidad acabar con la gran propiedad feudal o semifeudal que entorpecía el desarrollo del país y principalmente el desarrollo capitalista y esta Revolución tenía como objetivo desarrollar el capitalismo en nuestro país acabando con las reminiscencias feudales y semifeudales.
Los precursores de la Revolución Mexicana encabezando a la burguesía o naciente burguesía, tenían el propósito de la transformación de la gran propiedad feudal en gran hacienda capitalista y si ahí se dieron las cruentas luchas entre aquellos que encabezan
las luchas de las masas y que aquí se habla de que cayeron un millón, principalmente de gente del campo en esta lucha de la Revolución Mexicana, querían la transformación y el reparto o la entrega de la tierra a quienes la trabajan en forma de propiedad social.
¿Y quiénes salieron triunfando en esta Revolución?
Salieron triunfantes los que querían precisamente la transformación de la gran hacienda feudal en grandes haciendas capitalistas. Y salieron derrotados aquellos que querían la aplicación de la Reforma Agraria: Zapata y Villa, que fueron asesinados uno y otro, pero a pesar de haber tratado de descabezar el movimiento, las masas han seguido luchando por la entrega de la tierra, por la recuperación de la tierra de que fueron despojados, para entregarla en posesión social por medio de ejidos y comunidades indígenas y ha sido a base de las grandes luchas que se han dado en el campo, la que ha hecho que los gobiernos de la burguesía de nuestro país, tenga que dar concesiones a las masas por medio de algunos repartos de tierra, pero ya se ha dicho aquí por algunos que me antecedieron en la palabra, cuál es el tipo de tierra que se entrega a los campesinos, a los solicitantes de tierra.
Se entregan las tierras de peor calidad, las tierras desérticas, las tierras cerriles, las tierras incultivables y se dejan las mejores tierras, las que se abren al cultivo por medio de riego y las tierras que se abren de temporal productivo y húmedo, van quedando y van siendo explotadas y acaparadas por la gran propiedad privada capitalista.
Por eso en el Informe, las cifras que se dan y tomando las palabras del Presidente de la República donde dice: "El lenguaje aritmético debe de obedecer a la capacidad de respuesta que tenemos para resolver los problemas que afronta el país. No queremos triunfos en el papel", pero resulta que hay muchos triunfos en el papel y las cifras aritméticas que se dan como manejo político también son cifras que implican mucha demagogia también.
Veamos lo que se afirma en el informe del reparto de tierras: "De 1910 a la fecha se han repartido 98 millones de hectáreas, pero muchos de estos 98 millones están en estadísticas, están en el papel, porque muchas de ellas no han llegado a manos de los campesinos".
En el régimen pasado, llegaron a declarar funcionarios de la Reforma Agraria que para esas fechas, al principio del régimen anterior, había más de 15 mil hectáreas que aparecían en resoluciones presidenciales que no estaban ejecutadas. Nosotros hemos calculado más de 20 millones que están en resoluciones presidenciales pero que no están ejecutadas, u otras que se ejecutaron en actos políticos, donde iban a entregar banderas, o en forma masiva iban a entregar resoluciones presidenciales, se ejecutaban y entraban los campesinos el día de hoy y el siguiente entraba el ejército a desalojarlos porque había amparo de por medio contra esas resoluciones presidenciales, pero aun tomándolas como reales los 98 millones de hectáreas, que no son reales ¿cuál es la tierra que está en manos de los ejidatarios y de los comuneros?
De cinco millones de hectáreas aproximadamente de riego, no hay dos millones de hectáreas en manos de ejidatarios, mucho menos, porque con las maniobras que se han hecho, con la falta de crédito, muchas tierras de riego entregadas a campesinos están ahora en manos de nuevos o anteriores latifundistas o propietarios de tierra.
Quiere decir que de los 98 millones de hectáreas apenas habrá un 2% de tierras de riego en manos de ejidatarios y de comuneros; las otras tierras, de temporal productivo y húmedo, no hay datos precisos; habría que exigir y vamos a exigir que se desmenucen estos informes totalizadores para ver cuántas en el inventario de tierras cultivables, cuántas son no de riego, pero sí de temporal húmedo o productivo, que se pueden equiparar con las de riego, cuántas hay en el país, y cuántas están en manos de ejidatarios o de comuneros y hay más del 90% de las tierras que dicen que se han repartido a campesinos, más del 90% que son tierras incultivables, como aquí se ha dicho.
Luego aparece también en el Informe el dato de que estos 98 millones de hectáreas que se han repartido entre más de 3 millones 200 mil campesinos también habría que demostrar que han sido beneficiados más de 3 millones en este país con tierras más o menos productivas, porque resulta que en el censo de 1970, aparecieron en el censo sólo 893 mil ejidatarios en posesión de parcelas, por qué no aparecieron en el censo los 3 millones que desde entonces se viene manejando, que están en posesión o han sido beneficiados por la reforma agraria.
Algunos datos de las Naciones Unidas, dan también como resultado el censo del 70, quién sabe en dónde recogerían el dato, de un millón 500 mil campesinos beneficiados por la reforma agraria, pero en cambio las demás tierras están en manos de 8 mil y pico de empresarios agrícolas, le llaman. Y datos, aunque sean viejos, como los del censo de 1960, aparecían que 3 mil 854 propietarios tenían acaparadas 70 millones de hectáreas; que de 60 para acá se pudieron haber repartido algunos de estos 70 millones de hectáreas, indiscutiblemente se repartieron aquellas que fueron desechando los grandes propietarios para entregárselas a campesinos por la reforma agraria. En esas condiciones nosotros debiéramos, como aquí lo han planteado varios diputados, incluso del PRI, que debiéramos de ver el desarrollo de este país a base de realidades, pero hay que decir esas realidades y ponerlas en el papel, no como triunfo de papel.
Aquí también, en el Informe se ha dicho, y categórica o concretamente el Informe dice: "...de ahí la importancia de liquidar el proceso del reparto para darle certidumbre a la organización del trabajo rural".
No confundamos el programa de abatimiento de rezago agrario con la conclusión del reparto.
Nosotros aquí incluso diferimos de algunos compañeros diputados, de tratar de que por ignorancia se trata de confundir el rezago agrario con el reparto agrario. Para nosotros es la misma cosa, el rezago o liquidar el rezago agrario, aunque es una medida burocrática de tratar de ver cómo se resuelven los expedientes instaurados por los comités agrarios en la Secretaría de la Reforma Agraria, sería bueno, pero resulta que como resultado de este rezago o terminación del rezago agrario se trata de terminar con el reparto de la tierra.
No estamos confundidos ni lo hacemos por ignorancia porque tenemos muchos años de práctica en estas luchas que por más ignorantes que fuéramos, no podemos tratar de ver las cosas con el espejo en que quieren que las miremos, porque la inmensa mayoría de los expedientes que están dictaminando las Salas Regionales, son en forma negativa para los campesinos y garantizando como consecuencia la propiedad privada y hay delegados agrarios en Tamaulipas que se han negado incluso a ejecutar una Resolución Presidencial, porque consideran que ya se terminó el reparto agrario como consecuencia de la terminación del rezago agrario y que ya pusieron en algunas partes las banderas blancas para decir que ya no hay tierras que repartir.
Nosotros decimos que pueden terminar con el rezago agrario, acabar con todos los expedientes, quemarlos o dictaminarlos en forma negativa para los campesinos, pero como decía un funcionario, pueden terminar con el rezago agrario, pero no van a terminar con el rezago social que vamos a seguir organizando para las luchas por la reforma agraria profunda y radical, en donde se entregue la tierra acaparada por unos cuantos y que los hay y muchos, para tratar que se entreguen en propiedad social, porque tenemos la convicción de que en un país como el nuestro, estas dos formas de convivencia que nos quieren hacer aparecer como las buenas, como resultado de la Revolución Mexicana, la que está teniendo preponderancia para su desarrollo es la propiedad privada capitalista y la otra se está quedando rezagada capitalista y la otra se está quedando rezagada, desatendida y olvidada, como aquí se ha dicho.
Hoy más que nunca los grandes propietarios se están llenando de soberbia con este apoyo gubernamental con respecto al rezago agrario y a la terminación del reparto y la puesta de banderas blancas.
Hay lugares donde hay luchas muy importantes de solicitantes de tierra. En días pasados, en Chiapas, un comité agrario consiguió que se le diera una Resolución Presidencial y resulta que la mayor parte de lo que pudiera ser una superficie para los campesinos, estaba dentro del mar. Y fueron dos veces comisionados de la Reforma Agraria a ejecutar la Resolución Presidencial y los campesinos querían meter al que iba de comisionado al mar para que les diera posesión porque si no sabía nadar se ahogaba, en donde estaba una Resolución Presidencial. Exigieron que se les cambiara y lucharon por que se les cambiara en las costas de Michoacán y lo que hizo la policía, un día, fue a quemarles donde fueron a refugiarse, en terrenos particulares, para hacer sus casas, las casas les fueron quemadas. Habían sembrado maíz y les quemaron más de 100 toneladas de maíz a los campesinos, les robaron sus animales. ¿Por qué hicieron esto?
Porque se está desarrollando una gran propiedad en las costas de Chiapas, donde se están sembrando más de 10 ó 15 mil hectáreas con plantaciones de plátano - se dice, vamos a tratar de comprobarlo de la United Fruit Corporation que antes era la United Fruit Company, azote de los países centroamericanos que no había entrado en México y ahora está entrando.
Por otro lado, hay miles de campesinos en la miseria en el mismo Chiapas, donde hay todavía formas semifeudales en la región de Simojovel, como por ejemplo, donde hemos estado, que necesitan tierra y no hay para ellos tierra, en cambio se están viniendo propietarios de Guatemala y hay ya compra de 16 fincas que en estos días mandan los datos concretos de nombres y localizaciones, vendidas a estos grandes propietarios de Guatemala que en algunas regiones no tienen tranquilidad ya por el desarrollo de luchas armadas y se han venido a la frontera de México a comprar propiedades. En cambio, para los campesinos no hay tierras en el Estado de Chiapas.
En Puebla, en la zona norte, en estos días - y que vaya una comisión de diputados - se está persiguiendo a campesinos que han tenido resoluciones presidenciales no ejecutadas o han tomado por su cuenta, porque las van a tomar en muchos lugares, hay persecuciones y se están destrozando sembradíos de varios cientos de hectáreas, por pistoleros de los caciques en la zona norte de Puebla.
Hay todavía ejecuciones en Durango, en días pasados - ya lo decía el compañero Gascón Mercado aquí - quisimos hacer un congreso para organizar a los campesinos de esa región.
Con oficio del Gobernador del Estado se nos prohibió usar un local de un comisariado ejidal, se cambió a otro lugar y ahí estuvimos rodeados por la policía para ejecutar nuestro Congreso. ¿Y por qué se hacía? Porque hay una lucha entre campesinos y ese Estado y principalmente donde la región donde rea lizábamos el congreso para ejecutar resoluciones de 1940 que no se han podido ejecutar todavía.
En Milpa Alta, aquí pegado, ha habido una lucha muy grande de los comuneros para defender sus bosques frente a lo que se ha llamado el destrozo de los bosques y por años han venido luchando contra Peña Pobre y contra la "Fábrica de Papel San Rafael" para tratar de que no se destruyan esos bosques que son pulmones de la ciudad, pero que son también riqueza de los campesinos.
Aun sin embargo, después de soportar un cacique por más de diez años, que veníase haciendo aparecer como representante comunal, un día los campesinos queriendo cambiar ese comisariado ejidal lograron con un funcionario de la Secretaría que se pospusiera una asamblea amañada, otro funcionario de más alto rango ordenó que se realizara la asamblea para imponer a una gente que se llamaba "el Chícharo" o el "Chicharero", se apellida; la gente violentamente indignada con palos y con piedras fue a defenderse y a desbaratar la asamblea y desgraciadamente rociaron de gasolina al cacique, ahí se quemó y ahí se murió.
Que no era culpa de una persona, era culpa del pueblo y de las autoridades de la Reforma Agraria los responsables de que hubiera muerto quemado un cacique de esas zonas, aun sin embargo, está en la cárcel un matrimonio que acaban de sentenciarlo a cinco años de cárcel y hay varios dirigentes, entre ellos un maestro de Milpa Alta, huyendo, perseguidos porque hay orden de aprehensión para ellos por defender los bosques de Milpa Alta, simplemente.
En Jalisco acaban de asesinar a un abogado que defendía a campesinos, al licenciado Gamboa, se sabe que las propias autoridades, policía militar o civil, lo asesinó y hasta hoy no es posible esclarecer el crimen del licenciado Gamboa en el Estado de Jalisco por luchas de carácter agrario.
En estas condiciones esta es la política agraria, que las luchas que se están dando y se van a seguir dando están provocando y queremos evitar la violencia, pero la violencia no es provocada por nosotros que nos dicen los agitadores y que hemos estado muchas veces en la cárcel porque dicen que nosotros provocamos la violencia.
No, la violencia la están provocando quienes a base de engaños y mentiras quieren tratar de manejar el problema agrario de nuestro país.
Ha habido indiscutiblemente un aumento de la producción, no se puede negar que según el Informe tener 23 500 000 toneladas de granos es un avance para el país, hay que reconocerlo, pero como se ha dicho en otros aspectos, ¿a quién ha beneficiado esta producción?
Ese es el problema. No en cuánto se ha aumentado, sino a quién ha beneficiado.
Ha beneficiado a los productores y aquí incluyo hasta a los grandes y ha beneficiado a los consumidores, no ha beneficiado como aquí se ha dicho en el Informe Económico, ha beneficiado a los intermediarios, a los que agarran el trigo y lo hacen harina ganan más con este proceso nada más que los propios productores del trigo y ganan más los que agarran la harina y la hacen pan, principalmente "Bimbo", un monopolio norteamericano, gana más que los propios productores, ese es el problema que nosotros tenemos que ver como realidad. Se dice que en este aspecto tenemos un crecimiento de más del 4% frente a una población que crece ahora al ritmo de 2.8%.
Nosotros hemos dicho que cuando al Sector Ejidal se le ha dado apoyo crediticio y asistencia técnica como fue después de la reforma o en las reformas mismas de Cárdenas, las tierras en manos de los campesinos produjeron más que la propiedad privada, hubo en los años de 1940 a 1950 un crecimiento promedio anual de 7.5% en la producción agrícola frente a un crecimiento que ahora se da de 2.8 después de las reformas reaccionarias y antiagrarias de Miguel Alemán, en el período de 50 a 60, bajó la producción a 3.8% la producción agrícola y de 60 a 70 bajó al 2% y de 1970 a 76 bajó según datos del Banco de México, al 1.3% como promedio anual la producción agrícola, frente a un crecimiento que teníamos en esos años de 3.5% de la población.
Quiere decir que ya era escandaloso el problema de una baja producción agrícola que en algunos aspectos bajaba hasta el .8 según datos del Banco de México.
Por eso había una necesidad imperiosa de que el gobierno tratara de aumentar la producción para poder satisfacer las necesidades de este pueblo y no seguir importando tantos alimentos, pero el problema está en que el aumento de la producción ha venido a contribuir a hacer más ricos a los ricos y hacer más pobres a los pobres.
¿Cómo está la tortilla?
¿Cómo está el frijol?
Ayer o antier apareció que la carne va a estar a 240.00 pesos el kilo y esto son realidades que tenemos que contemplar para ver cómo se dirige la política económica social de este país.
Se dice también que la CONASUPO está tratando de contribuir en la distribución de alimentos y se dan hasta datos de cuántas tiendas hay en el país: 115 mil tiendas, ¿pero cuánto representa en el comercio nacional total, lo que hace CONASUPO?
Representa el 5 al 8% de la distribución de alimentos.
Nosotros hemos planteado aquí que la CONASUPO debiera de jugar otro papel distinto al que está jugando, para tratar de ayudar a abaratar los costos de alimentación.
Por otro lado, había que poner en duda el problema de que de acuerdo con el Sistema Alimentario Mexicano, se planteó el gobierno atender las zonas temporaleras, principalmente en la producción de maíz y de frijol y creemos nosotros que a estas alturas la producción de maíz que ha aumentado en 10 millones y se va a levantar 12 millones de toneladas de maíz, se están levantando ya más en las zonas de desarrollo capitalista de riego o de temporal productivo.
Porque veamos algunos datos:
En el año de 1966 se sembraron 8,300 hectáreas con maíz, en el año de 1966. Y se levantaron 8 millones 500 mil toneladas de maíz, en 1966. En 1980 se sembraron 7 millones de hectáreas con maíz y se levantaron 12 millones 383 mil toneladas. O ya hicimos un poco
de maravillas con los terrenos temporaleros, para que aumente en menos superficie, una cantidad mayor de tonelaje o estamos realmente levantando el maíz en zonas de riego y no dando la atención que se proyectó a las zonas de carácter temporalero.
Voy a robarme un poquito de tiempo del que le toca al compañero. Tenemos derecho a 40 minutos, lo que me pase se lo vamos a restar al compañero aunque no les guste a algunos. (Aplausos)
Se dice que se amplió la frontera agrícola en un millón de hectáreas.
Claro, si tomamos lo que se sembró en 1979 de maíz, fueron 6 millones de hectáreas en 79, para producir 8 300 000 toneladas. Si tomamos ese dato del 79, pues sí, se sembraron 6 millones y en 80 se siembran 7 millones, pero no toman el dato de 1978 que se sembraron 7 200 000 hectáreas, y entonces, si tomamos como base 1978, fueron 7 200 000 hectáreas las que se sembraron frente a 7 millones que se siembran en 1980. Por eso yo creo que habría que clarificar estos datos para ver si es cierto que se ha ampliado la frontera agrícola y principalmente la zona temporalera, porque, por otro lado, mientras en el informe se da una ampliación de la frontera agrícola de más de un millón de hectáreas, según la Cuenta Pública y según datos de la Secretaría de Programación y Presupuesto, lo que se alcanzó a ampliar de la frontera agrícola fueron 95 000 hectáreas nada más.
Entonces, habría que tratar de confrontar los datos que se dan en el informe y los que dan en una Secretaría, sobre todo que es la que da los dineros para la ampliación de la frontera agrícola.
Por otro lado, en las importaciones de maíz, en 1980 se exportaron 3 700 000 toneladas de maíz, que fue 149% más que en 1978, y 349% más que en 1979, que fue un año malo el de 79, con un valor de 589 millones de dólares sin considerar transporte, almacenaje, comercialización y distribución.
Si estamos mejor, como se dice, y aquí por algunos se trata de defender, la balanza comercial en el Sector Agrícola, considerando los productos forestales y ganaderos, antes de 1980 había un superávit en la balanza comercial y deben de recordar que en uno de los informe el Presidente decía que teníamos 18 millones de dólares o de pesos, no recuerdo bien, de superávit en la balanza comercial de la agricultura y para 1980 estamos en un déficit en el Sector Agrícola de 447 millones de dólares de déficit en la balanza comercial del Sector Agrícola, pero si la producción ha aumentado en más de 4% y la población está aumentando sólo al 2.8% quiere decir que tenemos muchos más alimentos, ha crecido más la producción agrícola que la población, y en estas condiciones no deberíamos de importar ni un solo grano.
En frijol se presenta la misma situación, que en el año de 1980 se levantaron, se sembró una superficie de un millón setecientas mil toneladas, se cosecharon 971 mil toneladas de frijol; en 1979 el hectariaje fue menor y en 1978, se sembró un millón 580 mil toneladas, con una producción de 948 mil toneladas; pero se van a importar o se importaron en 1980, 443 mil toneladas con un costo de 242 millones, por frijol, 4,219% que en 1979, año malo, y 23 mil 917% más que en 1978. Y este año, si las cosas se presentan como las estamos avizorando, se hicieron compromisos con agricultores de Estados Unidos que venden frijol, que siembran frijol, y hay el peligro de que no se compren muchas cosechas de frijol en México, para tratar de comprar las que están cultivando en los Estados Unidos. Y si eso sucede, aquí vamos a venir a denunciarlo estas maniobras, y estos son datos del Banco de México.
Con respecto a la Ley de Fomento Agropecuario, para aquellos que están tan desesperados, estuvimos en contra y estamos en contra, porque decíamos y decimos que está en contra del Sector Ejidal.
Aquí tengo un oficio dirigido por un funcionario de la Secretaría de Agricultura a un ejido, al Presidente del Comisariado Ejidal del Ejido de la Reforma y por aquello de lo que dijo el licenciado Farías de que aquellos que estuvimos en contra de la Ley de Fomento Agropecuario nos habíamos dado un palmo de narices, seguimos nosotros dándonos palmos de narices, pero aquí están realidades muy contrarias a los que piensan que la Ley de Fomento Agropecuario ha sido para favorecer al sector ejidal. Y dice: "De conformidad con la Ley de Fomento Agropecuario y con apego al artículo 77 de la misma, me permito comunicarle que se ha agotado el procedimiento de que se habla en los artículos 71 al 75, habiendo dictaminado que procede la declaratoria de tierras ociosas en el ejido de La Reforma, Municipio de Ebano, Estado de San Luis Potosí. En tal virtud, se procede a la ocupación de una superficie de 1 255 hectáreas de la mejor calidad de tierras de cultivo y de riego".
A este ejido, primero se le endeudó y debe más de 27 millones de pesos, cambiándole un sistema de riego y comprándole bombas que ahí están almacenadas y pudriéndose, con cargo a los campesinos, y ahora muy cómodamente el Banco de Crédito Rural le suspende el crédito porque no podrán pagar y como consecuencia, las tierras sin crédito no pueden ser trabajadas por los campesinos, cae la declaratoria de tierras occisas y 600 se las entregaron a la Quina o a compañeros del Sindicato Petrolero.
Qué bueno que ahora los obreros estén interesados en cultivar tierras despojando a campesinos, pero el problema está en que ni siquiera las 600 has. que convino PRONAGRA, una organización que creó el gobierno para ser intermediaria, quitarle las tierras a los campesinos y rentárselas a particulares, siquiera las hubieran sembrado, pero siguen igual, sin sembrarlas, ni en manos de los campesinos ni con crédito del Banco ni tampoco por
quienes convinieron cultivarlas que eran los compañeros del Sindicato Petrolero o "La Quina".
Ese es el problema de la Ley de Fomento Agropecuario, y de éstos les vamos a traer muchos más.
Por último los precios de garantía.
Se ha dicho en el Informe que uno de los factores de avance en el problema agrícola ha sido la fijación de los precios de garantía para los campesinos; es cierto que se han aumentado. En el trigo, como por ejemplo, de $3 550.00 que tenía como precio de garantía por tonelada antes de la devaluación en 1976, se aumentó a $6 300.00 actualmente, representa un aumento del 77%, cualquiera que lo vea aislado dice: "pues efectivamente, están en jaula los campesinos y los productores por que se ha aumentado el precio de garantía", pero debemos de recordar que cuando el Presidente anunció el proyecto del Sistema Alimentario Mexicano, entre otras cosas dijo que los precios de garantía para los productos agrícolas estaban 34 veces más bajos que lo que debieran estar con respecto a los costos de producción y entonces, si tomamos en cuenta eso que dijo el propio Presidente, el aumento real de los precios de garantía es de 43%, pero veamos cuánto han aumentado los costos de producción.
Una hectárea de trigo costaba, en 1970, en el ciclo 75-76, $4 070.00 el cultivo de una hectárea de trigo Ahora, ¿cuánto cuesta? Cuesta cerca de los 15 mil pesos cultivar la misma hectárea de trigo. ¿Cuánto aumentó el costo de producción? 268% el aumento de los costos.
En el barbecho, simplemente, una hectárea se barbechaba o cobraban $180.00 por una hectárea de barbecho. Ahora se cobra $700.00. Un aumento del 288%. Y en el caso del riego valía una hectárea el agua $250.00; ahora vale $1 600.00, en el Valle del Yaqui; me refiero al Valle del Yaqui, de donde acabo de regresar ayer y se ha aumentado el agua 560%, de 76 para acá con respecto al aumento de las cosechas.
Eso hay que tomarlo en cuenta, más considerando el aumento del costo de la vida, que es enormemente grande, que también hay que considerarlo para tomar en cuenta si los precios de garantía están realmente siendo factores de compensar los costos de producción agrícola y los costos de la carestía de la vida.
Para estos problemas, la Fracción Parlamentaria Comunista (Coalición de Izquierda), presentó agarrando la palabra un poco también al líder de la CTM, Fidel Velázquez, que anunció el sábado pasado que los problemas del campo necesitan una reforma al artículo 27 constitucional.
Nosotros, presentaremos reformas al artículo 27 constitucional para resolver, en parte, o tratando de resolver los problemas agrarios y ojalá la diputación obrera pueda ser capaz de apoyar estas reformas de acuerdo con declaraciones de su jefe y que no queden en declaraciones, sino que se hagan realidad.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: Tiene la palabra el C. diputado Carlos Amaya.
El C. Carlos Amaya Rivera: Señor Presidente;
Señores diputados:
El Presidente de la República incluyó en un mismo capítulo el aspecto agropecuario y el de pesca. Para nosotros analizar si las políticas implementadas por el Gobierno Federal han mejorado la alimentación del mexicano, han llevado bienestar a las familias campesinas y han reducido la dependencia de nuestro país en materia alimentaria, disminuyendo las importaciones y conservando el nivel de exportaciones que es, debe ser la intención del análisis de hoy.
El Presidente sostiene con relación al primer propósito que las determinantes de la subalimentación de la población - objetivo, más de 20 millones de mexicanos reconocidos según las cifras oficiales, son en orden de importancia:
1o. La pobreza de recursos de quienes la padecen y por lo mismo sus carencias en otros mínimos de bienestar que agravan los problemas de desnutrición.
2o. Las deficiencias en la distribución y disponibilidad de alimentos que los hacen escasos, de mala calidad y caros.
3o. Los hábitos alimenticios deformados por la incisiva publicidad de alimentos y bebidas y por la falta de orientación verosímil y aceptable para la población.
Estamos de acuerdo que la mala alimentación del pueblo se debe sobre todo a la terrible pobreza que sufre una de cada tres familias mexicanas. Terrible porque daña el desarrollo cerebral y físico de los niños y les limita para siempre su potencialidad intelectual. En lo que no hay acuerdo es en las acciones que toma el Ejecutivo para solucionar este problema.
El Informe señala que el total de transferencias y subsidios que se otorgan a la economía, podía agregar, a las paraestatales, durante 1980 ascendió a 613 mil millones de pesos lo cual representó el 35% del Presupuesto de Egresos de la Federación y agrega que en 1981 se elevará a $720 000 millones y en muchos de estos millones que se cubren con dinero inflacionario encontramos el verdadero motivo de la pobreza creciente del pueblo mexicano.
La segunda razón determinante de la subalimentación es la deficiencia en la distribución y disponibilidad de alimentos que los hacen escasos, de mala calidad y caros.
Efectivamente, estudios comparativos que se han hecho sobre el factor tiempo, salario mínimo para adquirir una lista básica de alimentos en varias ciudades del mundo, sitúa a México como la ciudad en que más esfuerzo necesita el trabajador para adquirir tomates, cebollas, pan de barra, arroz, azúcar, pollo, carne, huevos, mantequilla, queso y naranjas; es verdad que no se estiman las tortillas de maíz por no conocerse en otros países, el estudio señala que el trabajador mexicano invierte hasta 5 veces más de esfuerzo para adquirir los productos anteriores que el
trabajador de Bonn, Caneberra, Londres, París, Tokio, Washington, Buenos Aires y Brasilia.
¿Qué está haciendo el gobierno Federal para resolver el problema de la disponibilidad, la escasez y la carestía?
En marzo del presente año José Belloc, Director de Productos Pesqueros Mexicanos, informó que en 1980 la empresa perdió 740 millones de pesos y en lugar de perder 32 pesos por kilo de pescado vendido, como en el año anterior, sólo perdió 11 pesos por kilo. Esto se logró, según ellos, aumentando vertiginosamente el consumo de pescado. En el mismo mes de marzo, Rafful aseguró que el consumo de pescado por habitante había aumentado de 4 kilogramos en 1977 a 6 kilogramos en 1980. Sin embargo, para abril, ya Rafful hablaba de un consumo de 6 1/2 kilogramos.
El Presidente en su Informe asegura que en los últimos 12 meses el consumo medio por habitante ha subido a 7.4 kilogramos de 3.3 que eran en 1977.
El Presidente agregó que hemos acentuado nuestro interés en la pesca de especies de escamas y de bacalao, porque son los que permiten realizar programas masivos de mejoramiento de la dieta del pueblo. Ante cifras tan dispares. ¿Qué está sucediendo realmente en la pesca.
El 29 de diciembre de 1980 el secretario de Relaciones Exteriores denunció formalmente los dos acuerdos de pesca celebrados con Estados Unidos. El de 24 de noviembre de 1976, que autorizó a embarcaciones de Estados Unidos pescar dentro de nuestra zona económica exclusiva y el 26 de agosto de 1977 que permitía a nuestras embarcaciones pescar en la zona de administración y conservación pesquera de los Estados Unidos.
Con apoyo en este acuerdo nuestro país fue adquiriendo costosas embarcaciones hasta llegar a 27 y consiguió se le autorizara la extracción por Estados Unidos, de 4 mil toneladas de calamar en 1978; 8 mil toneladas en 1979 y esperándose 15 mil para 1980, se asignaron mil toneladas.
Ante esta actitud México respondió con decoro y en defensa de la dignidad nacional.
Previamente nos había retirado del CIAC. Las relaciones de gobierno a gobierno han provocado malestar y daños graves a la actividad pesquera nacional. Actividad de la que se han recibido según el informe 40 mil millones de pesos en divisas durante los últimos 4 años.
Al negarse los Estados Unidos a adquirir atún que en cantidad cada vez mayor capturan las embarcaciones mexicanas se han acumulado inventarios altísimos y se ha perdido atún fresco por no existir suficiente capacidad de procesado. Sin embargo, el actual presidente de la Cámara Pesquera se concretó a acusar al gobierno de no ayudarlos a vender atún en el extranjero a través del Instituto Mexicano de Comercio Exterior y no conseguir que la CONASUPO comprara las existencias acumuladas. No propuso como solución bajar el precio de la lata para hacerla accesible a un número de compradores.
El Presidente dice en el Informe: "Con el fin de poner el pescado al alcance de toda la población, continuaremos ampliando la regulación del mercado por parte del sector paraestatal, cuidando siempre de no afectar el ingreso de los pescadores", pero es el caso que las empresas atuneras paraestatales y privadas venden con el extranjero a precios menores que los que tienen para el mercado nacional.
Un estudio realizado por la Coordinación de Programas para Productos Básicos de la Presidencia de la República, señaló que de 1972 a 1979 los pescados y mariscos enlatados aumentaron 247.2% cuando el aumento de precios generales al consumidor fue de 198.4%, pero ante la gran cantidad de problemas en la industria y amplio campo de acción que tiene el gobierno sin romper el principio de subsidiaridad, el Informe fija la política que se está siguiendo para la estatización y burocratización del mar y así agrega: "Que el conjunto paraestatal pesquero brinda apoyo al SAM. Esto ha implicado que las empresas realicen importantes inversiones para ampliar sus plantas industriales y su capacidad de captura, así actualmente operan 248 embarcaciones mayores y están en construcción 234 más", y más adelante nos advierte que "no debemos esperar que se manejen estas embarcaciones con espíritu de empresa", cuando nos dice que: "transformamos el patrón operativo de Productos Pesqueros Mexicanos para convertirlo de manera maquiladora y comercializadora de productos de exportación, en verdadera entidad de fomento y servicio comercial, industrial, de reparación y abastecimiento pesquero". No era productos Pesqueros Mexicanos, que nosotros sepamos, una mera maquiladora.
Así será más fácil justificar las pérdidas de esta empresa y aunque sea el mar la fuente de alimentos más importante en el futuro del país, cada vez habrá más ineficiencia en su aprovechamiento por la política equivocada de este gobierno empresario, y los alimentos, como dice el Informe, seguirán siendo escasos, de mala calidad y caros.
El año agrícola del Informe fue bueno, nos congratulamos y felicitamos al Ejecutivo por las medidas de apoyo a los campesinos que puso en práctica y que produjeron resultados alentadores.
El campesino responde cuando se le alimenta, que el gobierno haya reconocido esto y la necesidad de hacer un esfuerzo nacional para evitar la dependencia del exterior, es un gran avance; más importante cuando ya se llegó a los años de déficit en la balanza comercial agrícola.
En 1980, el déficit por granos fue de 456.4 millones de dólares, y agregándoles productos elaborados. como leche en polvo y azúcar, asciende a 858.2 millones de dólares.
Algunas cifras del Informe, como es costumbre, no coinciden con otras cifras del gobierno. Sólo para ejemplificar: Las lluvias en 1980. no fueron 14% más bajas, sino 2% más altas; la cantidad de bovinos, porcinos, ovinos, caprinos y aves, figura en los anexos del Informe con
una inflación, será porque está de moda, del 20 al 30% sobre las cifras del boletín mensual de información económica de la Secretaría de Programación y Presupuesto.
La producción silvícola, a pesar de nuestro potencial en ese renglón, sigue siendo deficitaria, y así en 1980 las importaciones de madera en rollo, pasaron de los 3 millones de metros cúbicos, que es la más alta que se ha registrado hasta la fecha.
Es encomiable que en 1981 se vaya a llegar a 1.6 millones de campesinos habilitados por la Banca Rural, y que gran parte de ellos sean campesinos de área de temporal.
Nos preocupa, por otro lado, que la generación por peso prestado, esté llegando a niveles excesivamente bajos. En 1980 ya bajó a 1.73 centavos por cada peso acreditado. Esto puede significar que muchas superficies no están produciendo lo que se les invierte, o que fraudes de Banrural se contabilizan como créditos a campesinos.
Uno de los programas que no se cumplió a los niveles presupuestados y que insistimos debe dárseles prioridad, es el de la capacitación cooperativa de campesinos; en todos los Estados se estuvo desde 50% hasta 69% abajo de lo presupuestado.
Otro aspecto que debemos mencionar sobre la política del gobierno en materia de alimentos y de balanza comercial agropecuaria, en la que se incluye la pesca, es la compra forzada de la flota camaronera del Pacífico. El 25 de mayo del año actual, los cooperativistas expusieron al Presidente la necesidad de contar con sus propios instrumentos de trabajo mediante financiamiento oportuno y eficiente: la necesidad de superar el contratismo particular que además de arrojar resultados desventajosos enmarca viejas fórmulas de explotación.
López Portillo expresó la voluntad del Estado de aprobarlos en la medida que reconozcan responsabilidad para comprometerlos en un impulso unitario en favor de la nación; tres semanas después, Julio Berdegué, presidente de la Cámara Pesquera, en nombre de los armadores navieros manifestó el acuerdo de vender sus embarcaciones pesqueras e instalaciones procesadoras al Estado, para que éstas se destinen a las cooperativas a fin de terminar con el viejo conflicto de la captura de camarón.
El 21 de marzo del presente año, el periódico "Uno más Uno" describía la situación de 15 barcos convertidos en chatarra, exhibiéndose en los muelles de Alvarado, Veracruz, testigos del burocratismo y la falta de ayuda a 1,500 cooperativistas a los que se les quieren cobrar 105 millones de pesos por los barcos que se les entregaron usados por Productos pesqueros Mexicanos desde el sexenio anterior. No han conseguido crédito de avío para ponerlos en funcionamiento. El 3 de abril, el diputado Jorge Montúfar presidente de la Comisión de Pesca, declaró a la prensa que no hay acciones coherentes entre las autoridades que intervienen en el Plan de Desarrollo Pesquero el elemento humano calificado, ante la falta de oportunidades en México, se contrata con empresas estadounidenses, las acciones implementadas por el Gobierno Federal son benéficas, pero tardías, ya que está por terminar el sexenio y se ignora qué hará el próximo gobierno, pero en el Informe se nos dice qué hará el actual gobierno.
Para consolidar en definitiva el sistema cooperativo pesquero y dar así vigencia plena a los preceptos de ley, que lo conciben como un sistema viable y satisfactorio, porque elimina los conflictos entre los factores de la producción, giramos las instrucciones necesarias para otorgar a las sociedades cooperativas los apoyos que necesitan para adquirir en propiedad las embarcaciones y equipos que requieren para la explotación y aprovechamiento de las especies que la propia ley les reserva.
Por lo que al camarón se refiere, la próxima temporada de pesca en el Pacífico, que se iniciará el primero de octubre la flota ya será propiedad de los cooperativistas. Siete días después los armadores de Guaymas y Puerto Peñasco publicaron una carta abierta dirigida al Presidente en la que manifiestan: "El inminente y total desplazamiento de los armadores particulares de una actividad en la que han participado por más de cuarenta años, contribuyendo en forma decisiva al desarrollo pesquero del país, ha creado un clima de confusión y desaliento... una gran mayoría de los armadores de esta región somos pescadores de origen... la mayor parte de las embarcaciones son tripuladas por sus dueños, desempeñando las funciones de patrón o motorista, buscando una mayor productividad y un racional uso del equipo y de los sistemas de comercialización... Una de las proposiciones verbales para la compra de nuestra flota, hecha por el Departamento de Pesca, es la de adquirirla con un pago inicial del 40% del valor y el resto en pagos diferidos...porque creemos en México y en usted, le pedimos... interceda a efecto de que se nos trate con justicia. Nuestro legítimo deseo es el de permanecer en la pesquería, a la que hemos dedicado el esfuerzo de nuestros mejores años..."
Sobre este tema el diputado Montúfar declaró a Excélsior que lo mejor sería suspender la transacción esta temporada, e incluso, si es necesario, otras, porque: "me consta por las informaciones que recogimos todo un año en el sector cooperativo, que éste no está en condiciones de responder a las exigencias que lo hagan regularmente productivo. Agregó: Se carece de una legislación adecuada en materia de cooperativas para darles la movilidad creativa: el cooperativismo carece de un orden técnico, administrativo y financiero y de falta de capacitación... si no se hace la transferencia de la flota de manera adecuada, estamos exponiendo también al sector cooperativo".
Hace unas semanas los armadores pidieron que se legisle para que pueda haber asociación permanente entre armadores y cooperativas.
Ante esto, ante un daño que ya se causó al país por una absurda decisión que impidió la
reparación de las naves en la temporada que se emplea para ello, ante la seguridad de que no van a entrar los 15,000 millones de pesos en divisas de camarón, y nuestra petrolización segura avanzando, solo podemos legislar en esta Cámara para que una ley como la de Fomento Agropecuario, permita el esfuerzo solidario entre los hombres del mar, y evite los enfrentamientos y la lucha estéril.
El C. Presidente: Tiene el uso de la palabra el señor diputado Javier Michel Vega.
El C. Javier Michel Vega: Señor Presidente:
Compañeras y compañeros diputados:
En el caso de la política agraria del régimen que preside el señor licenciado don José López Portillo, estima mi partido, el Revolucionario Institucional, que juicios como los que hemos escuchado, explicables por la pluralidad de corrientes ideológicas representadas en este cuerpo legislativo, no tienen razón de ser, si acaso algo demuestran, es que nuestro país los temas del campo siguen debatiéndose bajo la influencia de argumentos altamente ideologizados, lo que deja a veces de lado los razonamientos serenos, científicos, en suma, apegados a la realidad.
La política agropecuaria nacional, señores diputados, está orientada básicamente, como lo señaló el señor Presidente de la República en el Informe que comentamos, a lograr la autosuficiencia alimentaria del pueblo de México dando énfasis en la producción de granos básicos, al fortalecimiento del desarrollo de la actividad económica del país y a la elevación del nivel de vida de los trabajadores del campo.
Esta sana y justa política que implica un reencauzamiento y ajuste en el funcionamiento del sector agropecuario, contribuye a formar un modelo autónomo de desarrollo nacional mediante una nueva y vigorosa estrategia de cambio en el medio rural que por primera vez en muchos años no haga crecer a la agricultura privilegiando sólo a unos cuantos y a costa de la marginación y empobrecimiento de las mayorías, de la mayor parte de campesinos, sino que alentando genuinamente la participación de ejidatarios, comuneros, minifundistas pobres y jornaleros sin tierras, se incremente la producción de alimentos básicos y se genere una mayor demanda rural en condiciones de un más amplio desarrollo económico.
Por otra parte nuestra política agropecuaria está condicionada por los lineamientos generales de la política alimentaria mundial en la que, querámoslo o no, estamos inmersos y a la cual tenemos que tomar en consideración al diseñar nuestras acciones para no caer en falsas quimeras o en actividades que a la postre nos vengan a demostrar que no tuvimos la atingencia de lograr una visión de conjunto y obrar en consecuencia. Diversos antecedentes explican la política agropecuaria del régimen y lo atinado de su enfoque, acciones y estrategias fundamentales.
Después de la II Guerra Mundial se inicia en nuestro país una profunda transformación agrícola. La agricultura campesina que empezaba a cobrar aliento en la década de los años 30, es rebasada por la agricultura mecanizada que pronto adquiere clara hegemonía y se inserta en el proceso global de desarrollo del país y del conjunto de la economía mundial. La vigorosa acción en obra de infraestructura entre ellas de riego que se realiza principalmente en el norte de la República en la década de los 40, provoca que con base en ellas y en amplios programas de fomento a la actividad, la agricultura comercial realizada casi en su totalidad en predios privados, entre un franco auge en la década de los 50. Durante esta década se advierte un avance espectacular en la producción de granos forrajeros, algodones, caña de azúcar, oleaginosas y algunos frutales y hortalizas así como una constante expansión de la ganadería y la avicultura.
En esta misma década, nuestro país logra en la producción agrícola un incremento continuo del 7% anual y a finales de la misma también los cultivos básicos alcanzan un ritmo de crecimiento significativo que se prolonga hasta 1965.
De este proceso se excluyó a los campesinos por considerarlos incapaces de hacerse cargo de las tareas de abastecer de alimentos y materias primas a la sociedad en su conjunto y generar divisas y otros recursos para financiar el desarrollo industrial.
Después de 65, se acentuó la tendencia a relegar la producción de alimentos ante el auge de la agricultura comercial, la cual para sortear la crisis cuyo inicio los expertos hacen coincidir en esa fecha, opta por la alteración de cultivos hacia productos de alta densidad económica la mayor parte de exportación insertándose definitivamente en el marco de una redefinición de la división internacional del trabajo, que en materia agropecuaria asignó a nuestro país la función de exportar carne, frutas y hortalizas e importar cereales y consumir internamente ciertos alimentos elaborados por empresas transnacionales.
La desatención de las zonas agrícolas de economía campesina y el echo de que los grandes núcleos rurales no lograron establecer ningún mecanismo compensatorio para protegerse de la crisis, permaneciendo sobre todo el cultivo del maíz y los precios fueron en baja relativa, además de conducir a un deterioro cada vez mayor en las condiciones de vida en el medio rural, provocó que se iniciara el desplome de la agricultura de granos básicos y otros productos alimenticios que se agudiza a mediados de la década pasada y continúa atenuada hasta la fecha.
Al respecto resulta por demás elocuente observar que de 1965 a 75 la agricultura comercial de exportación crece en valor al 5.5% anual, mientras que la agricultura de
temporal observa una contracción del 3.9%. Como resultado de ello, en 1970 apenas un 12% de los predios privados mayores de 5 hectáreas aportaron cerca de 50% del valor de la producción agropecuaria de dicho año. Este grupo produce básicamente trigos, sorgo, soya, algodón, hortalizas y frutas. El restante 88% de unidades de producción generó el otro 50% de la producción. En este segundo grupo se ubican la inmensa mayoría de los 25 mil ejidos del país que aportan el conjunto de 43% del valor total del producto, cifra que incluye la producción de alrededor de dos terceras partes de la producción de maíz, frijol y arroz, los principales alimentos del pueblo mexicano.
Así, a pesar de la contratación de la agricultura campesina de temporal, sobre ellas sigue descansando la tarea fundamental de aportar el sustento del pueblo mexicano, constituyéndose además en la salvaguardia de nuestra independencia nacional que respecto a las voraces fuerzas del mercado externo, que han convertido los alimentos en una arma de dominio y control hegemónico.
En efecto, durante la época que analizamos en el ámbito internacional se produjeron acontecimientos que influyeron definitivamente en el comportamiento agropecuario de la mayor parte de las economías, incluyendo por supuesto la nuestra.
Europa Occidental, principal región importadora de granos del mundo, aumentó su grado de autosuficiencia alimentaria mientras que los países llamados subdesarrollados, del Tercer Mundo o del Sur, entre los que se encuentra nuestro país, tradicionalmente productores y exportadores de cereales, no sólo se han convertido en importadores netos, sino que cada vez dependen en mayor grado, de los suministros externos.
Por su parte los países de Europa Oriental, a partir de 1970, inician diversas acciones tendientes a reestructurar su Sector Agrícola, con el objeto de lograr la autosuficiencia, fundamentalmente en cereales y productos animales.
Su política de estímulo a la producción de carne se vio acompañada de insuficiencia de alimentos para el ganado, hecho que se tradujo en la importación de grandes cantidades de cereales forrajeros, elemento que a partir de esa época, influye decisivamente sobre la demanda internacional de productos agrícolas y la dimensión de las superficies dedicadas a la producción de granos para el consumo humano.
Mientras tanto, la agricultura norteamericana experimenta un cambio fundamental en los grandes éxitos de la revolución científico - tecnológica, en la producción masiva de cereales a bajo precio.
Para facilitar la comercialización de sus excedentes, en 1954 el Congreso Norteamericano aprobó la Ley 480, de ayuda alimentaria, con fundamento en la cual se ofrecieron ventajosos créditos a gobiernos extranjeros, para importar alimentos. Esta ley llegó a ser un instrumento de "dumping" en contra de las agriculturas de los países "beneficiados" (entre comillas), ya que los excedentes norteamericanos, al penetrar en el mercado externo, lograron en muchos casos abatir las producciones locales y crear las bases para la expansión de la demanda de productos importados desde dicho país.
Esta modernización de la agricultura cerealera norteamericana tuvo lugar en un período caracterizado por el abastecimiento seguro de energía barata, creando un sistema agrícola que depende cada vez más del consumo energético, para conservar ese alto grado de productividad, máxime con la nueva transformación que ha tenido que experimentar a partir de 1972, debido al aumento de la demanda mundial de forrajes.
En tales condiciones el continuo aumento en los precios de los productos se explica, entre otras razones, por el incremento de los costos de producción en el campo, en los que incide decisivamente el precio creciente del petróleo, fuente de energía requerida para crecer, cuando no para conservar su ritmo productivo. Ante esta situación nacional e internacional, el gobierno de la República se vio en el dilema de optar por mantener el modelo agrícola que se ha venido desarrollando, y atender a especializarnos en la producción de exportación agropecuaria, o por el contrario, lograr primero la autosuficiencia, por lo menor en granos básicos, aun a costa de sacrificios de eficiencia y recursos fiscales.
Los que defienden la primera opción, denominada "de ventajas comparativas", manifiestan que el país gasta mucho en la producción interna de granos, como el maíz, debido a que los altos precios de garantía, que constituyen verdaderos subsidios, primero al productor ineficiente y luego al consumidor pobre del campo y de la ciudad, ya que el producto tiene que venderse a bajo precio por Conasupo.
Que una política más racional y económica sería la de importar granos de países como los Estados Unidos, que los producen mucho más baratos, y utilizar nuestros recursos para fomentar la producción de cultivos como de hortalizas y frutas, los cuales además de tener un alto precio internacional, pueden ser producidos eficiente y ventajosamente en México.
En el propio sector agropecuario, saldará favorablemente su cuenta de divisas, sin recurrir a recursos generados por el petróleo u otros productos y desde luego sin causar ningún endeudamiento externo, que además con los considerables ahorros fiscales que se podrían generar, se liberarían recursos para otorgar subsidios directos o transparentes a los mismos grupos de productores y de consumidores a quienes hoy se paga y se vende a precios antieconómicos.
Estos argumentos, aparentemente muy lógicos, en la realidad encubren situaciones contrarias, ya que el modelo que pretenden perpetuar, dista mucho de favorecer un desarrollo económico rural y equilibrado, porque si bien es cierto que ha dado lugar a un aumento de
la producción y la productividad de cultivos de exportación y de aquellos requeridos por las agroindustrias transnacionales, también es cierto que desestimula la producción de granos básicos, y que el gobierno tiene que cubrir un déficit con importaciones de los mismo, mientras los precios de estos productos se mantienen por debajo de los costos de producción internos, la aparente eficiencia económica aconseja importarlos, pero como los precios fluctúan considerablemente en el mercado internacional, a la postre se está obligando a adquirirlos a cualquier costo.
La especialización y expansión de la agricultura de exportación tiene como consecuencia, importantes efectos en el futuro del comercio exterior y la orientación de la estructura económica nacional. Por ejemplo, la venta de cereales provee a los Estados Unidos de ingresos con los cuales compra petróleo, de seguirse con el modelo de ventajas comparativas y prioridad a la industrialización: el comercio de ganado, carnes, frutas y legumbres, cereales entre México y los Estados Unidos, va a relacionarse íntimamente con las negociaciones petroleras entre ambos países, y en tales condiciones los Estados Unidos aprovecharán las negociaciones agrícolas para contratar el petróleo y México las negociaciones petroleras para impulsar el desarrollo industrial. Todo ello en perjuicio de más de 20 millones de campesinos que a la postre se quedarán sin tierra, sin oportunidades de empleo y de mayores ingresos, y en detrimento también de la inmensa mayoría de la población que reclamara una adecuada nutrición.
José López Portillo, inspirado en su acendrado patriotismo, en la más pura tradición histórica de nuestro pueblo y en los principios de la Revolución Mexicana y que se define como nacionalista y popular antiimperialista, una auténtica revolución agraria y social, la primera de este siglo, determinó la adopción de una vigorosa política de autosuficiencia alimentaria que implica, inicialmente, la reducción del énfasis en la producción para exportación y el decidido aliento a la producción de granos básicos principalmente maíz, frijol y arroz.
Esta política agrícola propuesta por el Ejecutivo de la Unión, que se condensa básicamente en el Sistema Alimentario Mexicano, constituye una estrategia que tiende a evitar los efectos negativos de la dependencia alimentaria externa, en congruencia con los objetivos del movimiento campesino nacional; ya que el problema de los alimentos no puede enfocarse sólo desde el punto de vista de la producción, sino que debe vincularse en gran medida a la distribución del ingreso y las posibilidades de acceso a los alimentos de la población trabajadora.
La prueba evidente de que el SAM está fincando en las aspiraciones de la población campesina y del pueblo de México es que, como informa el señor Presidente de la República, en 1980 se obtuvieron las cosechas más altas en la historia del país, lográndose 23 millones 489 mil toneladas de alimentos básicos en 127 millones de hectáreas, y de ellas más de 12 millones de toneladas correspondieron al maíz, producción que rebasa la meta establecida por el SAM para 1982.
Estos alcances fueron realizados fundamentalmente en las zonas de agricultura de temporal, mayoritariamente habitadas por núcleos de ejidatarios y comuneros, a quienes el Estado favoreció con los aumentos de los precios de garantía, el otorgamiento de semillas mejoradas, las disminuciones en los precios del fertilizante, de las tasas de interés en créditos de avío de las primas del seguro agrícola y demás acciones de riesgo compartido.
Así, la importación de granos programadas para 1981 será de acuerdo con las cifras del informe, únicamente de 6 millones de toneladas. 4 menos que el año anterior, lo que fortalece nuestra reservas y se orienta a cumplir con la política presidencial de "graneros llenos".
El reconocimiento de que en la agricultura campesina descansa la producción de alimentos del pueblo mexicano y el hecho de que el Estado estimula la producción en este sector - como lo reconociera el señor Presidente de la República -, es congruente con la política agraria del régimen de llevar hasta sus últimas consecuencias el reparto agrario, concebido éste no sólo como la distribución de la tierra excedente en manos de latifundistas y simuladores, sino como la óptima utilización del territorio susceptible de ser utilizado con fines agrícolas. Así, se nos anuncia en el Informe, por un lado, que se entregaron a 244 mil familias campesinas, 14 millones 130 mil hectáreas durante los últimos años y, por otro, que se rescataron para la producción agrícola un poco más de un millón de hectáreas de tierras que por diferentes causas permanecían ociosas.
Es encomiable el esfuerzo del régimen en materia agraria, por abatir el rezago existente, fruto de la ineficiencia y el burocratismo, así como la legalización de derechos mediante la expedición de la documentación básica que ha beneficiado hasta hoy a 7 mil 835 poblados y a más de 434 mil campesinos. Pero como define con toda claridad el Presidente de la República "el término de rezago agrario", no debe confundirse con la conclusión del reparto de la tierra, instrumento de trabajo fundamental y camino de liberación de los campesinos de México.
De esta manera la vocación agrarista del régimen del Presidente José López Portillo se define en la consecución de 2 objetivos fundamentales: Justicia para los campesinos y batalla nacional por la autosuficiencia alimentaria del pueblo mexicano. (Aplausos).
El C. Presidente: Hay acuerdo previo entre los coordinadores de los partidos para hacer uso de un segundo turno, si así lo desea, dentro de un tiempo máximo de 40 minutos.
Partido Demócrata Mexicano Tiene la palabra el diputado José Valencia González.
El C. José I. Valencia González: Señor Presidente;
Compañeros diputados:
Venimos como siempre a hacer uso de esta tribuna con absoluta responsabilidad y honestidad políticas, para expresar ante ustedes, compañeros diputados, ante la honorable prensa nacional y ante el pueblo de México nuestro criterio, producto del análisis objetivo y desapasionado en torno al V Informe del Ejecutivo Federal, particularmente respecto a algunas cuestiones concretas de política agropecuaria.
Dijo el Ejecutivo ante esta soberanía que un país como México en que más de un tercio de la población trabaja y vive en el campo y más de la mitad es menor de 18 años, con una dotación privilegiada de recursos naturales y un orden social estable, no puede importar sus alimentos sin contradecir en lo fundamental estructuras económicas, sociales y políticas y sin poner en riesgo su soberanía nacional.
Inmediatamente después el Ejecutivo añadió: "Se ha debido importar desde hace casi una década lo que fue por la irracionalidad e insuficiencia en la atención del campo, a la que nos indujeron otras prioridades de desarrollo". Así compañeros diputados lo que pretendió ser una justificación se convirtió en una confesión de insensatez que explica el por qué del fracaso.
En efecto, si el modelo de desarrollo no contempla la atención al campo para que en él se produjera la comida para todos los mexicanos, éste, justamente, era el modelo de la irracionalidad.
Ningún modelo sensato de desarrollo puede conducir a la irracionalidad y abandonar al campo sin que se dé la trágica consecuencia que hoy padecemos y de la que habló el propio Ejecutivo, cuando informó que importamos alimentos desde hace casi una década.
El pasado explica la realidad del presente, así como la realidad en el presente explicará la del futuro, por esto nos importa el pasado, pero nos preocupa todavía más el presente y hay por fortuna en nuestro presente algunos indicios que nos hacen pensar en la posibilidad del cambio de la irracionalidad a la sensatez, entre ellos la nueva Ley de Fomento Agropecuario aprobada por esta LI Legislatura y sobre la cual el histórico debate, el Demócrata Mexicano entre otras cosas señaló: "Creemos que el país necesita de una serie de disposiciones legales que permitan crear los mecanismos necesarios para incrementar la producción orientada en primer término a la satisfacción de las necesidades alimentarias de la población y que a futuro incluso podamos exportar excedentes". No creemos, dijo también, que esta ley y su aplicación estricta vayan a eliminar los problemas de la justicia, estamos conscientes de los conflictos de distribución de la riqueza que puedan crearse, pero la propia ley establece los mecanismos para resolverlos y por otra parte creemos que es mejor que siempre ha sido mejor que haya conflicto por la distribución de la riqueza y no pleitos para arrancar un pedazo de pan a otros para poder sobrevivir.
La Ley de Fomento Agropecuario tiende fundamentalmente a incrementar la producción agropecuaria. Es un intento dijimos, el primero que se realiza, para que los mexicanos tengamos qué comer. Veamos si es efectivo, si los problemas que en el camino encontremos habremos de resolverlos con base a los principios de la justicia distributiva.
Hoy ya podemos ver hasta qué punto ha sido efectiva, ahora ya podemos hablar con base en hechos y datos objetivos, hasta dónde han llegado sus alcances y en qué estriban sus deficiencias.
Veamos, en principio que al V Informe del Ejecutivo se le atribuyen frutos de una manera triunfalista, pues se habla ciertamente de incrementos notables de producción y se llega incluso al desplante de afirmar, como lo hizo el Ejecutivo, que se reconozca o no el mexicano de hoy se alimenta mejor, viste mejor, vive mejor que el mexicano de hace dos décadas.
Cabría preguntarle al Presidente a que grupos de mexicanos se refiere, pues no se equivoca innegablemente si habla a la casta de privilegiados que componen la familia revolucionaria y se equivoca si entre los mexicanos que viven mejor que hace dos décadas incluye a la inmensa mayoría de campesinos y a millares de indígenas para quienes la historia se detuvo en el tiempo y ahora como hace siglos, vive hundido en la tragedia del hambre, la ignorancia y la desnudez.
Por otra parte nos preguntamos ¿quiénes son los que deben reconocer que se alimentan, visten y viven mejor?
Sin duda alguna el obrero, el campesino o el jornalero, el subempleado, la madre de familia, todos los que no saben de estadísticas ni tablas comparativas, ni de anexos pero que viven en carne propia la angustia de la inseguridad y el flagelo de la desesperación, porque lo poco que tienen no les alcanza para alimentar a sus hijos. Independientemente de estos razonamientos, lo importante, no es el hecho de que hoy se viva mejor que hace 2 o 3 sexenios, o que en el tiempo del porfiriato, en el que los mexicanos también vivían mejor que en la época de los huichilobos, sino saber y constatar que el mexicano vive como debe vivir y tiene lo que debe tener, esto es disfrutando los satisfactores sociales, económicos, culturales y políticos, a los que tiene derecho por su dignidad de persona.
En cuanto esto se logre, cuando todos los mexicanos disfrutemos de tales satisfactores a los que tenemos derecho, ciertamente no será motivo para un desplante triunfalista, sino simple consecuencia de un gobierno justo, eficaz y honesto de una nación con una dotación privilegiada de recursos naturales según lo expresó el Presidente, en la que ahora - esto le faltó decir - sigue habiendo millares de mexicanos sin techo, sin vestido digno, sin educación, absurdos todos por los que muchos de ellos, jugándose la vida y poniendo en riesgo
su libertad van al vecino país del norte en busca del pan que no consiguen en su propia patria, dotada de privilegiados recursos naturales, para mayor vergüenza de los mal llamados revolucionarios.
Por estas realidades que no deben ni pueden ocultarse, hemos llegado a la conclusión de que no son buenos, nunca han sido buenos los triunfalismos, pues ellos levantan muros de soberbia; cierran las posibilidades del diálogo; impiden la rectificación en aras de necios ciegos dogmatismos partidistas. El triunfalismo, tras el que se esconde el sectarismo, obliga a ofrecer datos parciales enfatizando los éxitos y ocultando las fallas; produciendo el fenómeno de la desinformación; la que impide a su vez aplicar correctivos para eliminar deficiencias. Y porque los correctivos urge que se apliquen aquí y ahora, queremos señalar los graves obstáculos con los que se ha encontrado la referida Ley de Fomento Agropecuario, de los cuales nada o casi nada, dijo el Presidente.
Entre estos obstáculos figura de una manera preponderante la prevalecencia de la desconfianza en amplio sector de la población, especialmente entre el engaño y explotado sector campesino.
Es evidente que el gobierno carece de autoridad moral; que el pueblo le ha perdido la fe. Pérdida de una autoridad moral cuando por compadrazgo, apatía o irresponsabilidad, auspicia y permite, reconózcase o no, que día con día el ciudadano común y corriente es pisoteado en sus derechos y él lo sabe, lo constata en todos sus órdenes de su quehacer diario.
Cuando aborda el camión para trasladarse a su trabajo, el valor del pasaje ha sido arbitrariamente elevado, sin encontrar con quién hacer valer sus derechos y qué podemos decir del ama de casa que cada día comprueba, las violaciones a precios sin autorizaciones oficiales; cuotas, cooperaciones, uniformes para inscribir a sus hijos en escuelas oficiales; escasez de servicios municipales aguas y drenajes; cuotas injustas en cobros prediales; abusos de toda índole en la realidad reconózcase o no, no hay autoridad que cumpla con su función de tal y obligue a que las leyes sean respetadas.
En el aspecto pesquero tan sólo una mención: se dice en el informe: "... por lo que al camarón se refiere, la próxima temporada de pesca en el Pacífico se iniciará el 1o. de octubre; la flota será propiedad de los cooperativistas";
Magnifico.
Sin embargo, entendemos que el Puerto de Mazatlán se encuentra en el Pacífico y hasta el 21 de septiembre, es decir 9 días antes de iniciarse la temporada cientos de pescadores carecen de trabajo; las armadoras no les han liquidado sus barcos y se sabe que algunos están llevando su flota al extranjero.
Los cooperativistas no pueden recibir más socios y el pequeño armador que a su vez es pescador, inseguro de la posesión de su barco.
En síntesis, sin recorrer las costas del Pacífico es un puesto de importancia de Mazatlán, se encuentra el pescador en esta absoluta desorganización y miles de pescadores se preguntan si en el Informe se refiere a otro Pacífico en el que ellos no tienen su fuente de trabajo.
Esta desinformación pone en tela de duda todo un Informe Presidencial. Por ello, ante sus promociones algunas del todo plausibles también los campesinos tienen graves dudas, y temen que con ellas, en lugar de beneficiarlos el gobierno los quiera golpear, tal como ha sucedido a lo largo de 70 años de regímenes emanados de una Revolución hecha por ellos y traicionada por otros.
Se podrían citar numerosas evidencias de esta desconfianza, pero bástenos en decir que ante nosotros, los dirigentes del Partido Demócrata Mexicano, se acercan campesinos para preguntar si el gobierno no los querrá perjudicar cuando, por ejemplo, se les encuesta para algún padrón nacional campesino, o padrón electoral, elocuente dato de desconfianza hacia el gobierno nos lo dieron los campesinos que preguntaban si era bueno que vacunaran sus animales, cuando aquella lamentable epidemia de encefalitis.
El mismo gobierno no ignora, no desconoce que existe esta desconfianza, por algo a través de los medios de comunicación social, a propósito del censo de población o del censo económico, etc., se ha obligado a hacer insistentes declaraciones que acusa precisamente que tiene conciencia de esa desconfianza, cuando promete que se hará buen uso de los datos confidenciales solicitados.
La Ley de Fomento Agropecuario también produjo esa desconfianza y más todavía cuando hubo y hay quienes se empeñan en distorcionarla. Ganar la confianza, eliminar los recelos frente a la ley, es uno de los primeros requisitos para que ésta tenga éxito y mejores frutos.
Otro de los requisitos fundamentales para que ésta y cualesquier ley tenga éxito es el de su aplicación estricta, sin excepciones, productos del compadrazgo y del influyentismo que padecemos desde hace muchos años en México.
Deficiencia notable por otra parte, la constituye el hecho de que un gran número de campesinos desconoce todavía a estas alturas en qué consiste la ley, cuáles son sus bondades y sobre todo cómo y ante quiénes debe recurrir para obtener sus beneficios en su provecho y del desarrollo nacional.
La Secretaría de Acción Campesina del Partido Demócrata Mexicano, mediante encuesta pudo constatar esta lamentable realidad de desinformación, así como todavía algo más grave: que por lo general los comisarios y caciques niegan esta información con el criminal propósito de obtener beneficios para su exclusivo provecho y el de una casta que, por sus servicios a la oligarquía en el poder, se considera con derechos a la obtención de privilegios.
Uno de los más graves obstáculos que ha encontrado la ley de referencia es la carencia en numerosísimos casos de la documentación necesaria que legaliza y asegura la tenencia de la tierra, pues, en efecto, como el propio Presidente lo señaló en su V Informe de Gobierno, para organizar y producir es necesario que los núcleos ejidales y comunales cuenten con la documentación básica que legalice sus derechos y les brinda la oportunidad de acceder al crédito, insumos, y otros apoyos como el riesgo compartido.
Contradicen a estos datos del Informe, cifras y estadísticas halagüeñas ofrecidas por el Presidente en esta materia; las interminables caravanas de campesinos que a diario desfilan en las oficinas de la Secretaría de la Reforma Agraria, demandando la regularización de la tenencia de su tierra, así como los enfrentamientos a veces sangrientos entre campesinos, incluso de la misma familia, que se disputan una misma parcela, con base en papeles que ellos ni nadie entiende.
Preocupante, por otro lado, fue la información proporcionada hace algún tiempo, en el sentido de que los propios gobernadores, por negligencia o por deliberado sabotaje, no aplicaban la Ley de Fomento Agropecuario hasta sus últimas consecuencias, lo que habla del choque de facciones que existen en el sector gubernamental, en perjuicio de sus propios programas para el desarrollo nacional. Nada sobre este asunto informó el señor Presidente, y si el que calla otorga, algo mucho de lo anterior está sucediendo.
Queremos, en relación con este tema que nos ocupa, decir que por convicción propia y en congruencia con la línea de nuestro partido, el Demócrata Mexicano, estamos en la mejor disposición de contribuir a las bondades del Programa Agropecuario del actual régimen, se consoliden y se fortalezcan, y a sus deficiencias y sus fallas se corrijan y se supriman, imperativo indispensables para que México alcance la autosuficiencia alimentaria, de manera que no se ponga, como lo advirtió el Presidente, en riesgo nuestra soberanía nacional.
Movidos por este espíritu, sostenemos que es posible lograr la autosuficiencia y la abundancia alimentaria si se realizan cambios estructurales de inmediato que permitan, primero, la democratización plena y verdadera de las comunidades agrarias, de manera que se supriman las imposiciones de nefastos cacicazgos al servicio del sectarismo político; segundo, la vigencia de un régimen de derecho que haga posible la posesión segura, pacífica de la tierra, basada en la coexistencia de la auténtica de la pequeña propiedad, con la propiedad ejidal y comunal; tercero, el racional y sano aprovechamiento, de todos nuestros recursos naturales, y la justa distribución de la riqueza que genera la explotación de tales recursos, sino lo cual no será posible el desarrollo; cuarto, el establecimiento de agroindustrias bajo el régimen de copropiedad, así como el establecimiento de mecanismos que permitan y garanticen una fácil y justa comercialización de sus productos; quinto, la multiplicación de centros para capacitación jurídica del campesino a fin de que mediante el conocimiento del A B C de sus derechos agrarios puedan defenderse del abuso y del engaño. Estos constituyen un mínimo de principios rectores sobre los que debe enseñarse un programa que conquiste la autosuficiencia y la abundancia, sin descuidar de ninguna manera los aspectos de justicia para los hombres del campo, que no deben estar jamás en contraposición con los objetivos de producción, pues como bien lo dijo el demócrata mexicano, si México es un país pobre no tiene porqué haber ricos, y si México es un país rico no tiene porqué haber pobres. Gracias (Aplausos).
El C. Presidente: El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
El C. Carlos Cantú Rosas: Por una atención a nuestros compañeros diputados, declinamos esta oportunidad. (Aplausos).
El C. Presidente: El Partido Socialista de los Trabajadores Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Graco Ramírez.
El C. Graco Ramírez G. Abreu: En atención a las funciones de esta soberanía, hacemos nuestra intervención.
Efectivamente, se han planteado en las diversas intervenciones, un conjunto de caracterizaciones, calificativos y una toma real consecuentemente a los partidos a los que se pertenece, una toma real de posición. Efectivamente, cuando se habla de la política interior se refleja ésta en la política económica y una expresión de la política económica es la política agropecuaria. Para nosotros, el Partido Socialista de los Trabajadores, no es simplemente la revolución mexicana, una revolución democrático - burguesa, sino en ella se expresa una corriente ligada y comprometida con los intereses de las masas campesinas y con el programa más avanzado de ese período, que por conducto de lúcidos representantes en el Congreso Constituyente de 1917 hicieron posible importantes postulados de la Constitución Política; me refiero en particular al artículo 27.
El artículo 27 es fundamentalmente, en la legislación mexicana, un artículo de corte avanzado y que permite a las fuerzas revolucionarias y a las masas trabajadoras hacer uso de esa legalidad constitucional para avanzar en un programa popular revolucionario. Y lo que se trata de las intervenciones, incluso de la intervención formal del diputado representante del PRI, que no fue capaz, esa intervención de dar respuesta a los calificativos, a los argumentos presentados, sobre todo por Acción Nacional; nos parece necesario precisar qué es lo que está pasando con respecto a la política agropecuaria en nuestro país.
No es casual que el diputado Anaya venga, en su intervención a plantear fundamentalmente una crítica a la política pesquera,
porque Acción Nacional comparte, en lo fundamental, la política agropecuaria del gobierno y quizá en lo que no esté de acuerdo Acción Nacional sea en la existencia de organismos del sector público de la economía y en la política de subsidios de ese sector público de la economía, pero políticamente - y quiero recordar a ustedes, señores diputados - el diputado Anaya fue el más lúcido defensor de la Ley de Fomento Agropecuario en los debates que correspondieron a esa ley. (Aplausos).
Para vergüenza de algunos diputados de la mayoría, yo creo que sí. Por ello, nosotros queremos localizar que la Ley de Fomento Agropecuario ha permitido un importante clima político favorable a la tendencia de privatización en el campo mexicano; ha permitido la Ley de Fomento Agropecuario el que los sectores de la propiedad privada y latifundistas en México tengan la confianza política para poder, ahora sí, sin los llamados a la confianza que reiteraron al principio del sexenio, haciendo uso del capital generado con el esfuerzo de los trabajadores del campo y la ciudad producir en sus tierras y producir en sus tierras y configurar el latifundio financiero. La realidad es, señores diputados, y lo saben muchos diputados, incluso de la CNC, el ejemplo que dio aquí como testimonio el diputado Danzós Palomino, diputado de Guanajuato y otras entidades no lo pueden negar, de que ha habido uniones de ejidos pertenecientes a la CNC que se han negado a aceptar la unión con los propietarios que representaron para sus padres el latifundismo que tuvieron que combatir en su momento.
No se ha compartido el criterio de esta ley y si la producción de los ejidatarios y comuneros ha salido adelante ha sido por el esfuerzo que reiteradamente han hecho los campesinos siempre por producir y porque en esta ocasión hubo capacidad financiera y hubo clima favorable, condiciones climatológicas favorables para que los campesinos en la región de temporal pudieran hacer producir sus tierras.
Nosotros estamos de acuerdo con lo que habla el régimen de Miguel Alemán en lo esencial se abrió un capitulo reaccionario en la política de México con muchas de las medidas del régimen de Alemán.
Pero también comprendemos la convicción dialéctica a este problema de la correlación de fuerzas y la composición de las fuerzas gubernamentales se logró hacer una importante reforma en el propio artículo 27 Constitucional que en su fracción X estableció que la superficie unidad individual de dotación no deberá ser en lo sucesivo menor de 10 hectáreas de terrenos de riego con humedad, o a falta de ello desequivalentes.
El propio gobierno ha violado este precepto constitucional porque las dotaciones de tierra no se apegan a este concepto de que esa superficie o unidad individual que deben tener los campesinos en México. Se les ha entregado efectivamente los montes y las piedras pedragozas, se les ha entregado pantanos en el Sureste y es cierto, se han ejecutado en el escritorio resoluciones que corresponden a polígonos que se encuentran en lagunas o en el mar.
Se ha hablado aquí y lástima que haya sido un compañero del PPS de que estamos equivocados quienes calificamos que el rezago agrario, o confundimos el rezago agrario con la negativa de entrega de la tierra a los campesinos.
Quienes estamos vinculados al movimiento campesino realmente; quienes estamos trabajando en el movimiento campesino en nuestro país y es el caso del Partido Socialista de los trabajadores, hemos localizado en este momento 32 mil expedientes agrarios negados que el actual Secretario de la Reforma Agraria después de que han pasado tres titulares en este sexenio, y este es el cuarto secretario que hay, que demuestra la crisis política que existe en cuanto a una política agraria en el Gobierno de México, quiero decirles que el actual secretario pretendía llevar adelante para materializarlas en una Resolución Presidencial, el que estos 32 mil expedientes negados por la vía administrativa y por el Consejo Consultivo Agrario y por las famosas salas regionales, fueran dictaminadas oficial y legalmente.
Oportunamente denunciamos esto nosotros y quiero recordar que esta es la continuación de una política implementada por un funcionario que estoy seguro que el Partido Acción Nacional le tiene una gran simpatía, por Toledo Corro.
Porque efectivamente para el diputado Amaya el problema es que haya gobierno empresario. Ellos quisieran un gobierno de los empresarios y ya tienen algunos, es el caso de Sinaloa que ustedes pueden estar gustosos también, como lo están en el caso de la Ley de Fomento Agropecuario. Y es el caso de que aquella consignación que hicimos a Toledo Corro en su momento, de que no haya hasta estos momentos una respuesta por parte de las Comisiones correspondientes.
A Toledo Corro lo consignamos y presentamos la denuncia en virtud de que Toledo Corro al margen de la legalidad constitucional firmó convenio con ganaderos para hacer producir las tierras ganaderas y planteó la política famosa del rezago agrario que pretendía en su momento también lo mismo que ahora pretende el actual Secretario de la Reforma Agraria: negar la tierra a los campesinos y no es casual que en su último congreso en la CNC, se planteó como tarea prioritaria la sindicalización de los jornaleros agrícolas y se ha logrado el planteamiento fundamental de la lucha por la tierra y acabar con el latifundio.
Una expresión que en su oportunidad nosotros planteamos con respecto a esa Ley de Fomento Agropecuario, no podría materializar verdaderas unidades de producción entre pequeños propietarios auténticos y ejidatarios
mientras existiese el latifundio en nuestro país, y el latifundio existe, y nadie lo puede negar.
Y efectivamente, es una tendencia que también viola el artículo 27 constitucional, porque en la fracción décima también se establece que en ningún caso, en ningún caso se dejará de conceder la extensión que demanden los solicitantes de tierra, y si no hay posibilidades de afectar esa tierra, existe la vía de la expropiación y la vía de la expropiación se ha olvidado en nuestro país para mantener la tranquilidad política de importantes agricultores que están en las filas del PRI y por supuesto de Acción Nacional.
Hemos calculado nosotros y se nos ocurrió a raíz de que el Presidente no aceptó el regalo de otros prominentes funcionarios del PRI, el regalo del rancho en el estado de México, que hay aproximadamente 10 millones de hectáreas en manos de funcionarios, empresarios en este país.
Sería bueno que por vergüenza política, y aceptando lo que planteó López Portillo, empezaran los funcionarios a donar a la Reforma Agraria sus ranchitos; sería una importante extensión de tierra para hacerla producir en manos de los campesinos y hacer que se cumpla con la Constitución.
Yo quisiera, también, establecer qué está pasando con los distritos de riego, porque me supongo que el diputado Amaya tiene sus tierritas y su ranchito y tiene sus vecinos priístas, que han de ser buenos amigos por supuesto.
En las tierras, en los distritos de riego, se han estropeado importantes extensiones en lo que fue el programa Pujal - Coli, que corresponde a San Luis Potosí, a Hidalgo y a Veracruz y Tamaulipas.
Se ha planteado la expropiación, la última del Distrito de San Fernando, como un distrito de drenaje; se han planteado expropiaciones ya hace mucho tiempo, en la margen izquierda y derecha del Río Sinaloa.
Es la hora en que los campesinos solicitantes de esos predios no reciben la tierra expropiada por el Gobierno Federal, y mediante contratos con una empresa que se denomina Pronagra, una empresa mixta de esa economía mixta que le gusta a muchos señores de Acción Nacional y por supuesto también del PRI, esa empresa de Pronagra, donde es un importante amigo de ustedes, Toledo Corro, accionista, este señor tiene contratos en las tierras expropiadas con Pronagra, la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, para que los propietarios expropiados produzcan con esas tierras mediante contratos con Pronagra. Es la hora que esos campesinos no reciben esas tierras, y en el caso de Sinaloa, señores diputados, hace más de 10 años que se encuentran expropiadas algunas de estas áreas.
Por ello, nosotros, en el caso de las huastecas, hemos demandado hace mucho tiempo lo que ahora se planteó con la expropiación de 25 mil hectáreas en el programa de las huastecas, en la parte que corresponde a Hidalgo, y por eso hemos insistido en que la Ley de Amnistía debe también comprender la libertad de campesinos, de indígenas, que han hecho justicia porque se les ha negado esta justicia que les corresponde hacerla, y por ello nosotros hemos demandado ley de amnistía a los campesinos e indígenas, que muchos de ellos, no han hecho proclamas políticas acabadas para que se les juzgue como reos en calidad, que sean reos de carácter político. Pero en el fondo hay una causa política, la injusticia mantenida contra esos campesinos e indígenas en escamoteo de sus derechos y el cumplimiento de la propia Constitución, por parte de quienes han estado al frente de la Reforma Agraria y del Gobierno de México.
Está claro para nosotros de que lo que se trata aquí, en este momento, y en el caso particular del Partido Socialista de los Trabajadores, es llevar adelante, haciendo uso de la propia legalidad constitucional, el programa campesino, y hacer de este programa campesino una lucha incluso contra corrientes que dentro del gobierno están tomadas de la mano con las fuerzas que han combatido, combatieron y seguirán combatiendo la propiedad pública y la propiedad social en nuestro país.
De esta manera nosotros consideramos y nos parece que el Presidente lo expresó como un problema moral y político, que durante estos años de gobierno de López Portillo, no se ha definido una política agraria consecuente con los postulados constitucionales y que si no se ha desviado esta política ha sido por la presencia de los propios campesinos y de fuerzas que dentro del gobierno aún resisten y por supuesto por partidos que no tenemos más compromisos que el trabajar con el movimiento campesino y obrero de este país y está claro entonces, que ahora falta que Acción Nacional, señores diputados de la mayoría y prepárense, como dejó ver el diputado Amaya, les pida una Ley igual como la de Fomento Agropecuario que sea de Fomento de la Pesca, donde se formen unidades de producción entre armadores y cooperativistas, a ver si ustedes también dan facilidades a este sector cooperativo de que vengan a privatizarlo los empresarios que han explotado durante muchos años las cooperativas, en este país; se sigue privatizando la propiedad social. (Aplausos).
El C. Carlos Amaya: Señor Presidente, para hechos.
El C. Presidente: Procuren no convertir en personal esto.
El C. Rafael Alonso Prieto: Estuvo muy personal.
El C. Adolfo Castelán: Para hechos, ya que afecto al Estado de Hidalgo lo que manifestó el diputado Graco Ramírez.
El C. Carlos Amaya Rivera: Compañeros diputados:
Parece que en esta glosa del V Informe le fue dado al Partido Socialista de los Trabajadores la encomienda de defender el Informe y de glosar las intervenciones de mi
Partido, lo cual para nosotros es un honor, pero dice el diputado Ramírez, insiste en convertirme en latifundista, que tengo tierritas en el Valle del Yaqui. Para conocimiento del diputado Ramírez que podría haber sido más fácil que lo investigaran de otro modo, no tengo tierritas, yo produzco leche.
En cuanto a nuestra amistad y defensa del actual gobernador Toledo Corro, supongo que no vino el diputado Ramírez a las sesiones en las que se comentó en esta Cámara, en esta Tribuna, porque para Acción Nacional la actuación de ese Gobernador no podía ser democrática, definitivamente no tenemos ningún parecido, no queremos tenerlo con Toledo Corro;
Hace unos días se volvió a comentar lo mismo; los señores diputados de Sinaloa por el PRI subieron a hacer la defensa de su gobernador, como sienten la obligación de hacerlo, a veces más que la defensa del Informe, estoy de acuerdo, pero para aclararle eso quise subir aquí.
En cuanto a la postura, a la tesis del Partido Acción Nacional, sostenida durante los debates de Ley de Fomento Agropecuario, y en este momento sobre el desplazamiento que se quiere hacer de armadores particulares de la acción que desarrollan en la captura de especies marinas, mi Partido siempre ha sostenido esa teoría.
Para nosotros la lucha de clases no es una explicación completa de los fenómenos sociales y económicos y además no es el camino correcto; para nosotros, el camino correcto es la solidaridad entre los distintos mexicanos que trabajan en todo tipo de actividades.
Así lo hicimos y así lo seguiremos haciendo mientras estemos en esta Cámara como Partido.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: Señor diputado Alonso y Prieto.
El C. Rafael Alonso y Prieto: Señor Presidente;
Señores diputados:
Para mí están resultando muy satisfactorias estas sesiones porque cada vez me he dado cuenta con mayor claridad de la capacidad creativa de ideología y filosofía política de mis queridos compañeros del PST.
Empezamos el otro día por la doctrina galáctica del panismo universal, brillantemente sostenida por el diputado Amador; seguimos ahora con las atribuciones de intenciones que, con gran sorpresa para nosotros, ha descubierto en su bola de cristal el diputado Graco Ramírez; esperamos que en las siguientes sesiones, gracias a la capacidad creadora y de visión doble de los diputados del PST, vayamos los diputados de Acción Nacional dándonos cuenta de cuál es nuestra importancia y cuál es nuestra ideología.
Claro, con esa teoría galáctica del panismo universal en que parece que cuando hizo explosión la primera materia original se generó una fuerza terrible que traspasa la historia y traspasa los muros y traspasa las conciencias y es el panismo del cual nosotros somos una modesta manifestación, dentro de esa teoría genérica cabe perfectamente toda esa atribución de intenciones que nos dice el diputado Graco Ramírez, pero esa atribución de intenciones y yo quiero nada más recordar una cosa que es un hecho: el PST, participó formalmente en la manifestación de apoyo que orquestó Flores Tapia en la ciudad de Saltillo tratando de defenderse de las acusaciones que se le hacían.
Ese sí es un hecho, un hecho comprobado y verdadero.
Entonces si hablamos de amistas con gobernadores mi querido diputado Graco Ramírez, usted le compró terrenitos a Flores Tapia. Señores Diputados, creo que ya es hora de terminar estas vaciladas, estamos en esta Cámara en representación del pueblo de México para discutir seria y profundamente los problemas de México, con seriedad, con profundidad. Si estamos empeñados en la creación de un pluralismo democrático, debemos partir de reconocer que son cosas diferentes la mera pluralidad y el pluralismo democrático.
La mera pluralidad es un hecho puro y pelón de la realidad, existe queramos o no, el pluralismo democrático exige la honradez de actitud de conveniencia de escuchar a los demás, de pesar sus razones, de no atribuir intenciones y actitudes que no pueden ser probadas, de juzgar las cosas sobre elementos objetivos de juicio y con los instrumentos de la razón.
Ese fue nuestro compromiso al venir a esta tribuna desde la primera vez en 79 que la pisamos y ése será nuestro compromiso cuando nos retiremos de ella al terminar éste o algún período extraordinario de sesiones que haya en este período legislativo. Por eso no acepto, me burlo porque no encuentro otra arma para esas actitudes payasas, clownescas, que ponen en pie simplemente la sonrisa de incredulidad de que haya gentes que sean capaces de sostener esas versiones en la tribuna más alta del país.
Muchas gracias.
El C. Presidente: El diputado Castelán.
El C. Adolfo Castelán Flores: Señor Presidente, deseo declinar solamente por el hecho de que el PAN y el PST comienzan la disidencia real y efectiva para hacer patente que México tiene razón, que el Presidente de la República está en lo justo y que tenemos absolutamente conciencia de los prolegómenos fundamentales y constitucionales de México con el señor Presidente.
A la voz de Graco Ramírez es que está implementando continuadamente invasiones en la República Mexicana. Es fundamentalmente
él, el que debe ser procesado con sus líderes por decisiones de acuerdo con el Código Penal.
Además tenemos en evidencia allá, como mencionó, en la Huasteca Hidalguense...
El C. Presidente: Voy a insistir nuevamente a los señores diputados, en que no es ni saludable ni conveniente, ni democrático, el estar personalizando y lanzando puyas y ataques. Estoy de acuerdo en que se dé respuesta cuando ha habido una provocación pero no llevemos las cosas a exageraciones.
Señor diputado Castelán...
El C. Castelán: De acuerdo con la instrucción del Señor Presidente de la Cámara...
El C. Presidente: Es recomendación
El C. Castelán Flores: Es la recomendación, solamente quiero manifestar a mis amigos los diputados, los que crean en la Revolución, en la República, sobre todo en el patriotismo de todos los Presidentes de la República, porque todos tienen la concepción patriótica de la existencia de México, que es exclusivamente el mando, distribuir, conciliar, organizar, que es el Gobierno de la República, y ahí dentro de ese gobierno es donde se generan los principios que involucran las negaciones. Y debo advertir con la venia del señor Presidente, con toda honestidad con toda tranquilidad, que en la Huasteca Hidalguense, y por eso me paro a hablar, ahí el único elemento incisorio es el Partido Socialista de los Trabajadores.
Es un planteamiento de tranquilidad, con una solemnidad majestuosa antes productiva en las grandes, feraces tierras hidalguenses, potosinas y poblanas
El C. Carlos Sánchez Cárdenas: El Paraíso, señor comunista.
El C. Presidente: Diputado Sánchez Cárdenas, le ruego respeto.
El C. Castelán Flores: Ahí, ahí se ha producido la mayor parte de carne. Ahora, casi nada se produce. Eso es consecuencia de las acciones determinadas de Graco Ramírez y sus congéneres.
El señor Presidente en la Ley Agropecuaria ha expresado la voluntad más positiva de México cuando en derredor de la Patria ha auscultado opiniones y verificado y observado situaciones que de ninguna manera son antipatrióticas. Todo lo contrario, han sido, son y serán en beneficio del país y de la productividad.
México y los campesinos que detentan precariamente el Partido Socialista de los Trabajadores, necesitan comer y no hacen caso. Eso es todo, señor Presidente. Salud.
El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado Loreto Hugo Amao.
El C. Loreto Hugo Amao: Señor Presidente;
Compañeros diputados:
Cuando se discutían las penalidades para los coyotes del campo, en el primer período de sesiones, señalábamos en esa ocasión, que los coyotes tenían una larga cola y que en ocasiones era tan larga que todavía se la podían enrollar en los brazos y todavía se les podía pisar y lo hacíamos precisamente por esa intervención que en esa ocasión hacía el diputado Amaya tratando de defender a los coyotes del campo.
Otra vez, al hacer nuestro partido el señalamiento claro y concreto de quiénes son los enemigos del pueblo de México, también Flores Tapia, pero fundamentalmente es el grupo que representan aquí en la Cámara los panistas, nosotros estamos demostrando que tenemos la razón y en el caso de la pesca que ha denunciado el compañero Graco Ramírez de que están defendiendo a los grupos financieros de Alfa y de Visa y todos los demás armadores que han venido chantajeando y presionando a efecto de poder controlar también esa rama de la economía, como ya lo hicieron en el aspecto agrario, y todas esas concesiones les han sacado precisamente a base de chantajes y de presiones.
Los convenios y la forma en que se han prestado los nombres de mucha gente que no solamente está en el PAN sino que lo sostiene, es demostrable en los distintos puertos del país y es un atentado contra la nación y es un atentado contra los trabajadores del mar. Bastaría dar un dato solamente: En las cuestiones del atún fueron prestanombres precisamente los que se prestaron a la coinversión, y no solamente están violando las leyes del trabajo al no aceptar tripulación mexicana, sino dado que en México el precio del diesel es a un peso, cuando en Estados Unidos lo pagaban a 7 u 8 pesos el litro, nada más ahí se están ahorrando, en cada uno de los barcos cerca de 40 millones de pesos por cada viaje que salen a hacer estas embarcaciones de prestanombres a base de coinversiones, que ellos mismos auspiciaron; y no sólo se han conformado con eso, sino que desde hace mucho tiempo han venido explotando a los trabajadores, y son ello precisamente los culpables de la miseria en que viven cantidad de trabajadores del mar en los campos pesqueros de nuestro país; son ellos los que introducen el alcoholismo, los que introducen la prostitución en estos campos, a efecto de tener marginados y explotados a los pescadores. Y esto les duele porque es la mera verdad; siempre estas gentes habían estado acostumbradas a que nadie les dijera nada, pero hoy el PST, sin encomienda de nadie, sino porque se ha dado cuenta del peligro que significa el panismo para la nación y para los intereses de los trabajadores. (Aplausos.)
El C. Presidente: Tiene la palabra la C. diputada María del Carmen Jiménez.
- La C. María del Carmen Jiménez M.:
Realmente creo que ni siquiera vale la pena contestar adjetivo tras adjetivo, pero absolutamente sin ninguna demostración.
El diputado Amaya ha venido a hablar con cifras y con hechos. Nosotros siempre que subimos a la tribuna tratamos de hacer eso. Le agradezco al diputado Graco Ramírez, que nos escoja nuestras amistades, pero ya estamos grandecitos para saber a quiénes queremos y a quiénes no queremos. Escojan ustedes las suyas y dejen que nosotros hagamos lo propio.
También, yo le decía el diputado Rafael Alonso Prieto, nos atribuyen intenciones, si ustedes tienen sus bolas mágicas, hagan por favor sus sesiones, no aquí en la Cámara, sino mejor en su Partido.
Eso es todo, muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: Continuemos con el tema a discusión.
Voy ahora a preguntar al PPS si va a hacer uso de su segundo orador... Sí. Tiene la palabra el C. diputado Ernesto Rivera Herrera.
El C. Ernesto Rivera Herrera: Señor Presidente;
Señoras y señores diputados:
Para el Partido Popular Socialista no hay ninguna duda de que el V Informe de Gobierno del Presidente López Portillo se produce en el marco de dos perspectivas: la que advierten los partidarios del desarrollo económico nacional independiente, consolidando el camino que ha construido la Revolución con el apoyo constante y el sacrificio del pueblo, que se caracteriza por una mayor intervención del Estado en la economía con la nacionalización de la tierra, la creación de la banca oficial, de las industrias básicas, de los servicios que pueden considerar a las actividades comerciales y financieras y la perspectiva de poner en manos de la iniciativa privada todo el desarrollo económico, fundamentalmente el renglón agropecuario con el consiguiente riesgo de que se la trague el capital extranjero.
A favor de la ruta que México escogió, la correlación de fuerzas, a pesar de su dispersión, se acrecienta todos los días, consolidando las posibilidades del ascenso revolucionario. A la conciencia histórica avanzada de los ejidatarios, colonos y comuneros, en conjunción con los esfuerzos del Estado y la solidaridad efectiva y concreta del movimiento obrero organizado de México y los trabajadores del Estado, se debe el importante incremento de la producción alimentaria como condición inexorable para satisfacer el abasto nacional, combatir la carestía de los alimentos básicos para el consumo popular, generar más empleos, dedicar más tierras al cultivo, y en suma, mejorando la oferta sobre la demanda superar el poder adquisitivo de las grandes masas populares.
El Presidente de la República ha planteado que la tercera parte de la población mexicana vive en el campo y más de la mitad de la población es menor de 18 años; esto evidentemente da lugar a un permanente y explosivo clima de inestabilidad social, situación que consideramos de urgente prioridad resolver, agilizando la entrega de la tierra, abrogando el párrafo tercero de la fracción 14 del Artículo 27 de la Constitución, el cual impida la aplicación de resoluciones presidenciales en favor de más de 12 millones de hectáreas y para beneficiar a casi 5 millones de jornaleros. Asimismo es de urgencia que se rectifique la política agropecuaria de importar granos para el consumo humano y para el consumo animal, lo cual constituye un reclamo de primer orden.
El Ejecutivo de la Unión ha afirmado que rechazamos la dependencia por la vía alimentaria. Es buena hora, porque es necesario poner coto a las empresas transnacionales, cuya influencia no sólo determina los cultivos, sino deforma los hábitos de la alimentación, regulan el mercado con deterioro del poder adquisitivo de los salarios y quieren decidir el rumbo histórico trazado por la Revolución Mexicana.
En estas circunstancias tiene una elevada significación histórica y política la decisión presidencial de resolver el problema de la tenencia de la tierra que, como afirma el Presidente López Portillo, ha dado cuerpo a formas de dominación política, explotación económica y marginación social que traban el desarrollo nacional.
En este sentido, el PPS expresa su beneplácito a la nació agrarista del régimen lopezportillista al entregar a la fecha cerca de 14 millones de hectáreas en favor de 224 mil familias campesinas.
Asimismo, saluda las medidas de expropiar las 300 mil hectáreas de Chihuahua y las 25 mil de la Huasteca Hidalguense porque esto constituye un positivo esfuerzo para derrumbar supervivencias feudales en las relaciones de producción, lo que sigue siendo un importante objetivo en el proceso histórico de la Revolución Mexicana.
Para el PPS la política agropecuaria de México se ha dado en las condiciones de país semicolonial, que caracterizan su desarrollo económico. Esto se explica, indudablemente, por el auge que en algunos momentos se da a la entrega de la tierra, a la producción agrícola y ganadera, cuya denominación común es el de satisfacer limitadamente el abasto nacional, pero luego de abandonar esta práctica para caer en la importación de granos. Lo reiterado de esta equivocada política nos ha llevado a la insuficiencia alimentaria y a propiciar la dependencia, que es semejante a la pérdida de la independencia nacional. Esta desviación debe corregirse de inmediato.
En estas condiciones deseamos destacar la importante decisión presidencial e invertir más en el campo, fundamentalmente en el sector
ejidal, comunal y de colonos, porque ahí descansa el más positivo esfuerzo para mejorar la oferta, combatir la demanda, mejorar las reservas de granos, incrementar el consumo interno de carne y darle la batalla a la inflación.
Estas actividades tienen mayor perspectiva si se apoyan en la organización de uniones, de sociedades de crédito ejidal y el establecimiento de centrales de maquinaria, como lo prueba la experiencia del pasado reciente, cuando el Estado se asocia directamente con ejidatarios y comuneros.
En este proceso de alcanzar un gran desarrollo de las fuerzas productivas en el campo, es necesaria acelerar la entrega de la tierra a los pobres de México que no pueden recibirla, porque la existencia de la aberración jurídica del derecho de amparo a los terratenientes, con lo cual se impide el cumplimiento de disposiciones presidenciales y se anteponen los intereses de unos cuantos a los anhelos de miles de mexicanos que tienen derecho a la tierra.
Asimismo es conveniente cerrar el paso a la empresas transnacionales en la industria alimentaria, mediante impulsos a la agroindustria ejidal y comunal. Es urgente cerrar el paso a la agricultura de exportación, reorientando los subsidios ahora otorgados a los miembros del sector empresarial en la agricultura y en la ganadería, en el costo del agua, de la energía eléctrica, de los insumos y concesiones en la adquisición de bienes de capital para entregarlos en favor de los ejidos, los comuneros y los colonos, para mantener vivo el contenido social de la Revolución Mexicana en el campo y en el rumbo que debe seguir el desarrollo económico nacional que apunta hacia la plena independencia de México con progreso social, lejos de la vía del capitalismo clásico que hoy se debate en una crisis insalvable que preludia su desaparición total.
La decisión presidencial de sacudirse el dominio de empresas transnacionales en el ramo alimentario, ha concitado el apoyo y la solidaridad de las fuerzas patrióticas, democráticas y revolucionarias fundamentalmente a sus partidos políticos, en concordante acción con el movimiento obrero organizado de México han construido un frente nacional que permite acelerar la aplicación de un programa que nos acerque al cumplimiento de los objetivos históricos que los revolucionarios nos hemos trazado para el pueblo mexicano.
Este programa debe contemplar la nacionalización de la industria alimentaria que debe llevarse a cabo lo más pronto posible para defender la independencia nacional y salvaguardar la conciencia histórica de nuestro pueblo; debe contemplar la nacionalización de los recursos bancarios para dedicarlos al financiamiento de la producción de alimentos, bienes y servicios de auténtico interés en la vida del pueblo y de la nación; debe contemplar la multiplicación de la intervención del Estado en el sector de transporte de carga, a efecto de eliminar intermediarios, responsables directos de la creciente alza en el costo de la vida, mediante la nacionalización del transporte de carga y pasajeros.
Finalmente en los años por venir, van a ser años de gran peligro y de grandes dificultades para el tránsito libre, democrático y revolucionario de los pueblos semicoloniales del mundo.
Fortalezcamos a las fuerzas del cambio social, económico y político, abriendo los caminos a la más justa distribución de la riqueza, a la mayor participación popular en los órganos de gobierno y a mantener invulnerable nuestra independencia económica y la soberanía nacional, objetivo superior de la Revolución Mexicana.
Muchas gracias, compañeros.
El C. Presidente: Partido Comunista Coalición de Izquierda.
Me permito hacer de su conocimiento que como una cortesía podemos concederle cinco minutos en virtud de que su compañero de partido Danzós Palomino, agotó el tiempo de que disponen.
El C. Carlos Sánchez Cárdenas: ¡Qué puedo decir en cinco minutos!
Muy breves reflexiones.
Mientras más vivimos, más aprendemos.
Estamos aprendiendo, a conocernos más entre nosotros; estamos aprendiendo a conocer la generosidad del señor Presidente, que agradezco ; hemos aprendido que tenemos un diputado que produce leche; otros diputados que tienen bolas mágicas; otros, que viven en el Edén, en el paraíso, es decir, en el limbo, en la irrealidad, pero dos cosas más debiéramos aprender también y me dirijo esta vez a los diputados del PRI que desearían que el país se desenvolviera por un camino democrático.
Hemos aprendido que hacer concesiones al enemigo no reditúan, que si se les cede terreno el enemigo lo quiere todo, que se le hizo la concesión histórica de una Ley de Fomento Agropecuario que propicia la privatización del campo, pero los abanderados de la privatización del campo, defensores del derecho de propiedad privada sobre las tierras, en oposición a los anhelos campesinos expresados hace más de 60 años, no se conforman con las concesiones de la Ley de Fomento Agropecuario. Y hemos aprendido también, y me dirijo a los diputados del PRI que vean que el país evolucione por caminos democráticos, que no hay que ocultar los problemas, que no hay que hablar de jaulas imaginarias en nuestro país o en alguna de las regiones, que hay que abordar los problemas con valentía, entrar en el fondo de ellos y buscarles soluciones.
Mi compañero de diputación Ramón Danzós Palomino, hizo una exposición abundante de datos y en hechos, absolutamente irrefutables; ni los partidarios de la Ley de Fomento Agropecuario, por apoyo al régimen, porque forman parte de él, ni los partidarios de la Ley de Fomento Agropecuario porque representan los
intereses de los grandes latifundistas, han sido capaces de refutar los hechos, las cifras, los datos ofrecidos por el compañero Ramón Danzós Palomino para demostrar que la lucha por el desarrollo democrático del país, en el campo y en las ciudades, no se halla por el camino, no se halla por la vía señalada por la Ley de Fomento Agropecuario, sino por la vía de una auténtica reforma agraria en beneficio de los intereses de los campesinos.
Espero no haber llegado a los cinco minutos.
Muchas gracias. (Aplausos).
El C. Presidente: El Partido de Acción Nacional... Se concede el uso de la palabra al C. diputado José Minondo Garfias.
El C. José G. Minondo Garfías: Señor Presidente;
Honorable Asamblea:
No deja de impresionar que el movimiento campesino iniciado con anterioridad al Movimiento de 1910, y encabezado por líderes como Graciano Sánchez y otros viejos agraristas, ahora pretende ser manejado por redentores oportunistas, enfundados en zapatitos Jean Pier, y en corbatitas de algún otro nombre francés. Entremos en materia.
En el marco triunfalista del Quinto Informe rendido por el Titular del Ejecutivo, al tratar el problema del campo y en particular los diversos aspectos de la tenencia de la tierra, los datos más significativos son los siguientes:
En primer término, se afirma haber entregado de 1910 a la fecha 93'000,000 de hectáreas para 26.216 ejidos y comunidades, en beneficio de 3.2 millones de campesinos.
Las resoluciones presidenciales ejecutadas en los cinco años de la presente administración, entregaron, según el informe 14'130,000 hectáreas beneficiando a 24,400 familias.
Por otra parte, la documentación entregada a ejidos y comunidades ampara 27'000,000 de hectáreas que son el patrimonio de 7,835 núcleos de población y de 638,000 familias.
Los certificados individuales de derechos agrarios, entregados, ascienden a 434,363 que corresponden a 10,388 núcleos de población y en el Padrón Nacional Campesino se ha levantado con relación a 1'400,000 trabajadores del campo.
Se han expedido 7,436 certificados de inafectabilidad de diversas clases, los cuales amparan 777,000 hectáreas.
De acuerdo con los datos aportados, y no obstante que, la política de la actual administración soslaya como elemento de primer orden para conseguir el pleno desarrollo agropecuario del país, la seguridad en los diversos regímenes de tenencia de la tierra, procurando destacar que el problema del campo deriva principalmente de la falta de organización, de capital y de técnica en el mismo. A nuestro juicio y sin desconocer la importancia que estos tres elementos tienen para una buena política agraria, la seguridad en la tenencia, sigue siendo el problema primordial y condicionante de los demás elementos, sin cuyo concurso jamás se logrará la evolución a una agricultura moderna y eficaz.
Es verdad que durante la presente administración, se han mitigado los aspectos agudos del desorden en el campo, sin que hayan desaparecido, pues en todos los rumbos de la Nación, se dan agresiones, veladas unas, descubiertas otras, encaminadas a destruir el régimen de la pequeña propiedad, tanto por vías de hecho como a través de procedimientos seudolegales.
Pero no sólo la pequeña propiedad padece la inseguridad, pues si analizamos los datos relativos a ejidos y comunidades, encontramos que unos y otras sufren la falta de definición de sus derechos, pues de los 26,000 núcleos de población existentes, un elevado porcentaje no se ha deslindado, provocando constantes conflictos de límites; y una proporción considerable de los mismos carecen de la documentación que ampara la propiedad de los bienes con que se les dotó. Y por lo que toca al régimen de definición de derechos individuales de los titulares beneficiados en cada ejido o comunidad, sigue siendo mayoría el número de campesinos que carecen de los certificados individuales, por lo que se encuentran ante la mayor inseguridad, la cual genera inconformidad en los integrantes de los núcleos de población, y se traduce en gravísimos problemas que provocan infinidad de litigios que son causa de la falta de desarrollo económico y social de los mismos.
La inseguridad subsistente en el campo, a consecuencia de la interminable Reforma Agraria, que en cuanto a la distribución debió concluir hace varias décadas, han tenido como consecuencia la inconformidad generalizada de pequeños propietarios, ejidatarios y comuneros.
De los primeros, en tanto que, a través de procedimientos seudolegales o por las vías de hechos resultan afectados en su propiedad, lo cual condiciona irremisiblemente, la falta de inversión y con ello las carencias tecnológicas y de organización requeridas para el desarrollo vigoroso de las actividades agropecuarias.
En cuanto a los segundos, porque sujetos a un control de carácter eminentemente político no se les ha permitido el desarrollo de su propiedad en beneficio propio, de modo tal que les permita la liberación personal a través de la autogestión y la autosuficiencia con base en esta forma de tenencia de la tierra.
Es verdad sabida, que el gobierno ejerce sobre los núcleos de población un control pleno, no sólo a través de organizaciones netamente políticas, sino a través también, de las diferentes dependencias gubernamentales, como son las Secretarías de la Reforma Agraria, Agricultura y Banrural, etcétera. Burocracias que no sólo instrumentan la sujeción campesina, sino que, agravan la condición de ésta, en tanto que lo hacen objeto de la preeminencia de sus intereses frente a las burocracias de otras dependencias.
En resumen, la falta de determinación política para resolver el problema de la seguridad para todas las formas de tenencia de la tierra,
de las sucesivas administraciones revolucionarias, incluyendo la presente, sigue teniendo para el país, un elevadísimo costo social, que afecta en primer término, al costo económico, pues en el sector social de la propiedad se invierten miles de millones de pesos, de los cuales una proporción importante, permiten sólo la subsistencia de los campesinos pero no se traducen en una productividad mayor, pues si hemos de establecer un juicio con vista a los resultados del sistema agrario imperante en el país, concluiremos que ejidos y comunidades, en su mayoría no son ni siquiera instrumento eficaz de justicia social, ya que la mayor parte no permiten a sus integrantes una existencia con niveles aceptables, y por otro lado, la falta de productividad en la mayor parte de los mismos, les ha impedido cumplir con la función social de toda propiedad, frente al resto de la comunidad nacional, ante quien se tiene y para quién se tiene, la obligación de producir lo necesario a fin de satisfacer las necesidades nacionales.
Y si a lo anterior añadimos que estas formas de tenencia de la tierra, han resultado ser un extraordinario caldo de cultivo, en el que prolifera la corrupción en beneficio de redentores y funcionarios, tendremos otro elemento que completa el cuadro poco halagüeño en este ámbito. Por otra parte, resulta inexplicable la persistencia de la política para no concluir el reparto, pues, tal parece que los regímenes del continuismo prefieren mantener engañada a la población campesina con la posibilidad de acceso a la distribución de la tierra, cuando saben perfectamente que dada nuestra actual estructura legal, la posibilidad de reparto, prácticamente ha concluido, a no ser que por cualquier vía desaparezca de nuestro sistema legal la propiedad privada en el campo.
Esta actitud sólo se explica ante la imposibilidad del gobierno para dar acceso a los campesinos a otras actividades económicas, bien porque no se han creado o porque no tienen acceso a ellas por falta de preparación.
Otro aspecto en el que incide la falta de seguridad es el costo de la inversión en el campo. La administración actual, ante la pésima situación prevaleciente ha hecho en los últimos dos años un esfuerzo extraordinario destinando enormes recursos a fin de obtener la autosuficiencia de productos alimenticios básicos, lográndose resultados positivos en virtud del esfuerzo realizado y por la concurrencia de un mejor régimen de lluvias. Pero en la aplicación de los recursos y en virtud de las estructuras existentes, se dan despilfarro y la corrupción paralelamente al incremento de los mismos y no siempre al incremento de la producción.
En ese aspecto sería muy interesante tener los elementos para determinar qué proporción de los 290'000,000 destinados en total para el crédito al campo, se aplicaron a la producción y qué proporción incrementó los patrimonios de aquéllos para quienes la revolución es madre y garante de una vejez tranquila, "modesta" y honrada, hasta la tercera o cuarta generación.
En síntesis, la prolongada reforma agraria, derivada de la falta de voluntad política de los gobiernos para definir con valentía los diversos regímenes de tenencia, consagrados en la Constitución, la preponderancia de corrientes ideológicas contradictorias que se han sucedido en las diversas administraciones, el desmesurado aumento de la población, la insuficiencia de recursos y con ella la postergación equivocada del agro ante otros objetivos prioritarios que no rindieron frutos en la proporción esperada, el bajo nivel de educación en el campo, y una variedad casi infinita de factores han creado la situación actual del campo al que para sacarlo de su postración, urge capitalizar, tecnificar y organizar, y esto sólo será posible si se le otorga seguridad plena a todas las formas de tenencia.
Muchas gracias.
El C. Presidente: Por el Partido Revolucionario Institucional... Se Concede el uso de la palabra, al C. diputado Manuel Ramos Gurrión.
El C. Manuel Ramos Gurrión: Señor Presidente;
Compañeras y compañeros diputados.
La historia de este país la han escrito y la siguen escribiendo las mayorías con conciencia revolucionaria; las mayorías que hicieron posible el movimiento revolucionario de 1910; las mayorías que hicieron factible un proceso de reforma agraria que sigue vigente. Y esas mayorías son las que apoyan al Presidente López Portillo en su actitud de llevar cada día más adelante la autosuficiencia alimentaria en nuestro país. Lo dijo con toda claridad el Presidente en su informe, con la alimentación del pueblo no se juega. Ni imprevisión ni demagogia, sino organización en el campo mexicano.
Hace un año al establecerse el Sistema Alimentario Mexicano, y su instrumento legal que fue aprobado por esta representación nacional, se sentaron las bases para una estrategia de desarrollo integral y realista en la producción del campo. Pero el gobierno inició ese movimiento y acudió a quienes hacen realidad la producción en los campos mexicanos. Y en ese informe de gobierno, hoy lo reiteramos aquí, se dijo que los héroes del Sistema Alimentario Mexicano, los héroes que habían entendido a la Ley de Fomento Agropecuario, estaban diseminados por todo el territorio nacional, en los campos de nuestro país, por eso es de justicia afirmar que la única solución para conquistar nuestra autosuficiencia, es continuar el esfuerzo que hicieron, que han hecho, que seguirán haciendo los campesinos de México, los comuneros, los pequeños propietarios que integran esas mayorías con conciencia revolucionaria. (Aplausos).
Cuando el Presidente manda a esta representación nacional la iniciativa de Ley de Fomento Agropecuario, hubo quienes la
cuestionaron, cuestionaron la creación de este conjunto de normas para impulsar la producción del campo. A esta Ley se le llamó contrarrevolucionaria, y hubo quienes la tacharon de reaccionaria; criticaron la creación de las unidades de producción que es la alianza de ejidatarios, de comuneros y de pequeños propietarios para ensanchar las superficies de cultivo y lograr un mayor rendimiento en los campos de México.
Pero la historia se sigue escribiendo con el esfuerzo de los productores, a los que el gobierno les ha dado todo el apoyo para compartir el riesgo junto con ellos, para estimularlos con el aumento a los precios de garantía a los alimentos básicos, con mejores precios a los fertilizantes e insumos agrícolas, y con un seguro agrícola más equitativo para los campesinos. Son verdades irrefutables en beneficio de los campesinos de nuestro país.
Los primeros resultados ya están a la vista. La ley y el Sistema Alimentario nos dan los signos alentadores para que haya confianza en el pueblo, seguridad y tranquilidad en los hogares de las familias mexicanas, para que no falte el alimento, sustento de toda economía familiar.
Somos 70 millones de mexicanos, para alimentar a esta gran población, ha sido puesta a prueba la capacidad organizativa de los productores, de ninguna manera puede fracasar un programa que tiene un año de vigencia; que hay signos alentadores, que hay 5 millones de granos almacenados para hacer frente a esa insuficiencia alimentaria; esto ha sido además afirmado por muchos de los oradores que han hecho uso de esta tribuna.
Los campesinos de México, los productores de este país se la jugaron con el Presidente de la República, y le han rendido resultados muy satisfactorios que son alentadores, que son signos distintivos de que nuestra producción va camino de una auténtica autosuficiencia.
Para aquellos que afirman que la producción agrícola se ha estancado, hay que recordarles esa actitud vigorosa de los campesinos de nuestro país. Es cierto que en épocas anteriores, con motivo de las sequías y de las heladas, tuvimos problemas en nuestra producción, pero frente a esta actitud de adversidad, los productores del campo dieron muestras evidentes de un esfuerzo, y 1980 fue un año con signo alentador, y se tienen todas las perspectivas para que 1981 sea un año en donde la producción agrícola sea una de las más altas que se registren en la historia de nuestro país.
Así está cumpliendo el gobierno, así está cumpliendo el Presidente de la República, así, señores diputados, se va escribiendo la historia. No es mediante actitudes de intransigencia, de inconformidad que raya en lo absurdo de una contumaz negativa a aceptar el interés del gobierno en esta importante rama de nuestro desarrollo social; pero a pesar de esas voces que están en contra de todo y a favor de nada, el país avanza y la historia de este país la seguirán haciendo los mexicanos que creemos en él y que militamos en las filas de las mayorías por convicción, y son las mayorías las que han impulsado a este país y son ellas las que con sus decisiones han diseñado un modelo que se seguirá construyendo con las opiniones, con las decisiones de las fuerzas que tienen esa conciencia revolucionaria y que militan en las filas del Partido Revolucionario Institucional, de este gran partido (aplausos) al que orgullosamente pertenecemos, de este gran partido al que pertenece el Presidente López Portillo y que seguirá marcando los caminos por los cuales habremos de transitar todos en el logro de nuestra grandeza nacional.
Muchas gracias. (Aplausos).
REFLEXIONES SOBRE LOS ANÁLISIS
El C. Presidente: Hemos dedicado cinco sesiones a comentar, como lo indica la Ley Orgánica del Congreso General, el Informe Presidencial del día 1o. de este mes. Cada Partido ha tenido la oportunidad de exponer con entera libertad y aun apasionadamente su opinión sobre cinco temas básicos: Política Exterior, Política Interior, Política Económica, Energéticos y Política Agropecuaria. Esto ha sido un ejemplo del pluralismo real que propicia la Reforma Política. Cada corriente se ha manifestado no sólo con entera libertad sino con atención de los demás integrantes de esta Cámara, si bien con algunas incidencias que, vistas en el contexto general, resultan menores.
Terminamos así, un capítulo más de nuestra labor como diputados. (Aplausos).
HOMENAJE A LÓPEZ MATEOS
El C. Presidente: Tiene la palabra el C. diputado Romero Pérez.
El C. Humberto Romero Pérez: Señor Presidente de la Cámara, compañeras y compañeros representantes del pueblo: Hoy se cumplen 12 años del fallecimiento de un mexicano humanista, de profunda raíz liberal, de convicción revolucionaria y de acción y vocación de servicio al pueblo. Un hombre que, a elección de su pueblo, gobernó la República, hizo el mejor de los esfuerzos, esfuerzos que se llevaron a cabo ante esta representación y ante la opinión nacional para la creación del ISSSTE, para la creación del libro gratuito, para la mexicanización de la industria eléctrica y para un decreto de la formación de diputados de partido. Finalmente, recuperó el Chamizal, no porque fuera una porción geográfica importante, no por su contenido económico, sino por rescatar la dignidad nacional y recordar ante los pueblos del mundo que México nunca renuncia a sus derechos de dignidad nacional.
Pensó y llevó la acción a tener contacto con jefes de estados de otras naciones que hoy ha madurado en forma sumamente importante para la vida de México en los contactos incomprendidos y en los contactos que
no son valorados del actual presidente de la República, que busca el entendimiento entre los hombres, el rescate de la dignidad humana y, sobre todo, seguir la línea de conducta que México se ha trazado en su política exterior.
¡Ay de aquellos pueblos sin memoria! ¡Ay de aquellos pueblos que no recuerden a los hombres que le han servido y le han entregado lo mejor de sus existencia! ¡Ay de aquellos pueblos que no recuerden que los hombres modelan las instituciones y las instituciones son las que marcan el destino y el horizonte de los hombres! Hoy, a mis compañeros, independientemente de partidarismo, independientemente de las opiniones que se tengan, dejando a que sea la historia la que valore las conductas, los hechos y los acontecimientos, vengo a solicitar a mis compañeros y compañeras de la Cámara de Diputados un minuto de silencio al cumplirse doce años del fallecimiento de un mexicano excepcional, humanista, liberal, revolucionario, que entregó lo mejor de su existencia, igual que lo han entregado todos los Presidentes de México antes de él y después de él por servir a la República y por hacer de este México un camino mejor.
Señores, vengo a solicitar a mis compañeras y compañeros un minuto de silencio al cumplirse doce años del fallecimiento de un mexicano que se llamó Adolfo López Mateos. (Aplausos.)
(Se guarda un minuto de silencio.)
El C. Humberto Romero: Muchas gracias por su solidaridad.
DENUNCIA
El C. Presidente: Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Lúcia Escalera.
El C. Juan Manuel Lúcia Escalera: El asunto que me trae aquí corresponde a la investidura que tenemos todos los diputados. Antes, quiero hacer hincapié, más bien hacer un comentario, que antes de ingresar un servidor al Partido Auténtico de la Revolución Mexicana era yo en estos momentos Secretario de Acción Popular del Partido Revolucionario Institucional en Veracruz.
Pues bien, compañeros diputados, he estado escuchando infinidad de quejas que a muchos compañeros diputados se les niega la investidura que tienen; vehículos de los compañeros diputados han llegado al corralón; posteriormente una carta del señor Inspector General de Policía y Tránsito, el General Durazno, pidiendo disculpa a esta Cámara de Diputados. Pero ahí viene lo último que nos pasó a un grupo de compañeros diputados que fuimos comisionados a acompañar al señor Presidente el 16 de Septiembre a la Columna de la Independencia. Espero que los compañeros diputados, que entre ellos había varios compañeros del PRI, recuerden lo que platicamos. (Risas.) No es risa, compañeros diputados, es la investidura que tienen todos vosotros.
Al llegar un servidor, que siempre llego temprano a las citas, me encontré con que el lugar que estaba señalado a la H. Cámara de Diputados, se encontraba ya totalmente ocupado, sobre todo la primera fila con bastantes señores ahí sentados, la segunda con unas señoras y niños y en ese lugar de segunda fila existían tres sillas vacías. En esas sillas me senté.
Al ratito llegó un diputado
- Un grito: ¡Qué bárbaro!
El C. Juan Manuel Lúcia Escalera: Muchas gracias. Creo que la investidura no le viene a usted, compañero. (Aplausos.)
Está hablando aquí no Juan Manuel Lúcia Escalera; está hablando aquí un diputado con investidura, compañero.
Para no hacerles más largo el asunto, llegaron unas personalidades, entre ellos iba el señor Presidente del Comité Distrital del Partido Revolucionario Institucional. Los señores que estaban adelante se levantaron y dejaron los asientos a estas personalidades.
Me refiero que los señores del Departamento del Distrito Federal no tienen la educación o la consigna de tratar a los diputados como debe ser, por tal motivo, señores diputados, debemos hacer respetar la investidura que tenemos todos nosotros.
Muchas gracias, señores diputados. (Aplausos.)
El C. Presidente: Esta Presidencia hará llegar una comunicación con esta queja a la Dirección de Acción Social del Departamento del Distrito Federal. (Aplausos.)
Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
El C. secretario Antonio Cueto Citalán: Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
ORDEN DEL DÍA
- El mismo C. Secretario:
"Tercer Período Ordinario de Sesiones.
'LI' Legislatura.
Orden del Día
24 de Septiembre de 1981.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Informe del C. Presidente de la Cámara de Diputados, sobre su viaje a Belice.
Invitación del Departamento del Distrito Federal al acto que para conmemorar el 160 Aniversario de la Consumación de la Independencia, tendrá lugar el próximo 27 del actual.
El C. ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, Gobernador del Estado de Michoacán, invita al acto en el que rendirá su Primer Informe de
la gestión administrativa, que tendrá lugar el 29 de septiembre.
El Presidente Municipal de Morelia, Michoacán, invita a la ceremonia cívica que para conmemorar el 216 Aniversario del Natalicio del Generalísimo José María Morelos y Pavón, tendrá lugar el próximo 30 del actual.
El Congreso del Estado de Chihuahua invita a la Sesión Solemne en la que el C. Oscar Ornelas K., Gobernador Constitucional, rendirá su Primer Informe de Gobierno, que tendrá lugar el 30 de los corrientes.
El Departamento del Distrito Federal, invita a la ceremonia que para conmemorar el 216 Aniversario del Natalicio del Generalísimo José María Morelos y Pavón, tendrá lugar el 30 de septiembre.
El Presidente Municipal de Ecatepec de Morelos, Estado de México, invita a la ceremonia conmemorativa del 216 Aniversario del Natalicio del General Don José María Morelos y Pavón, la que tendrá lugar el 30 de los corrientes.
Minuta
Con proyecto de Decreto que reforma el Segundo Párrafo del Artículo 21 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.
Dictámenes de primera lectura
Seis de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyectos de Decreto por los que se concede permiso a los CC. María del Rosario Muñoz Gómez, Felipe Ramírez García, María Margarita Loera Adame, Rafael Javier Flores García, Laura Medrano Urquijo y María del Carmen Uruñuela Añorve, para prestar servicios de carácter administrativo en la Embajada y Consulado General de los Estados Unidos de América en México.
Dictámenes a discusión.
De la Primera Sección de la Comisión de Insaculación de Jurados.
Tres de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyectos de Decreto por los que se concede permiso a los CC. Laureano Moreno, Ernesto Madero y Héctor Berthier Aguiluz, para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros."
- El C. Presidente (a las 17:20 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo jueves 24 de septiembre, a las 11:00 horas.
TAQUIGRAFÍA PARLAMENTARIA Y
"DIARIO DE LOS DEBATES"