Legislatura LI - Año III - Período Ordinario - Fecha 19811103 - Número de Diario 23
(L51A3P1oN023F19811103.xml)Núm. Diario:23ENCABEZADO
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS "LI" LEGISLATURA
Registrado como artículo de 2a. clase en la Administración Local de Correos, el 21 de septiembre de 1921
AÑO III México, D. F., martes 3 de noviembre de 1981 TOMO III. Núm. 23
SUMARIO
APERTURA
ORDEN DEL DÍA
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. SE APRUEBA
REINCORPORACIÓN DEL DIPUTADO CARRILLO FLORES
La Presidencia hace patente la satisfacción por la reincorporación a sus funciones legislativas, con esta fecha, del C. diputado Antonio Carrillo Flores
COMUNICACIONES
De las Legislaturas de Querétaro y Zacatecas, inherentes a sus funciones. De enterado
DIRECTIVA DEL SENADO
Participación del Senado de la República de su Directiva para el mes de noviembre, misma que preside el C. senador Angel Ventura Valle. De enterado.
INICIATIVA
REFORMA AL ARTÍCULO 2317 DEL CÓDIGO CIVIL
Presentada por el C. Miguel Angel Camposeco Cadena, que reforma el artículo 2317 del Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal. Se le dispensa la lectura. Se turna a Comisiones. Imprímase
OFICIOS DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
INICIATIVA DE LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Suscrita por el C. Presidente de la República. Se le dispensa la lectura. Se turna a Comisión. Imprímase
CONDECORACIÓN
Uno, relativo al permiso para que el C. Oscar González César, pueda aceptar y usar una condecoración que le confiere el Gobierno de España. Se turna a Comisión
MINUTAS
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Cuatro remitidas por el Senado de la República, con proyectos de Decreto que autorizan a los CC. Francisco A. Sánchez Fuentes, Margarita Vázquez Aguilar, María Teresa Escobedo Cházaro y Bertha Olivia Muñoz Gómez, para prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos en México y en el Consulado General del mismo país en Ciudad Juárez, Chihuahua. Se turna a Comisión
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
CONDECORACIONES
Cinco proyectos de Decreto que otorgan permiso a 27 ciudadanos para que acepten y usen condecoraciones conferidas por el Gobierno de Francia. Primera Lectura
CONSIDERACIONES SOBRE TRABAJADORES BANCARIOS
El C. Ernesto Rivera Herrera se refiere a la Reforma Agraria y el Movimiento Obrero del régimen del general Cárdenas y solicita se exhorte a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para que formule el dictamen relativo a las iniciativas tendientes a derogar el Reglamento de Trabajo de los empleados de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares, que permita sindicalizar a los trabajadores bancarios
EMPRÉSTITO AL GRUPO ALFA
Reflexiones del C. Carlos Sánchez Cárdenas sobre el empréstito que el Banco de Obras y Servicios Públicos hizo al Grupo Monterrey. Propone se designe una Comisión que averigüe sobre el particular; que informe acerca de conductas punibles y en relación al monto y condiciones del empréstito
Para solicitar se rechace la proposición anterior, interviene el C. Francisco Javier Gaxiola. Previa lectura del artículo 58 Reglamentario, y después de mociones de los CC. Sánchez Cárdenas y Gerardo Unzueta Lorenzana, la Asamblea desecha la proposición
En este mismo asunto intervienen, para hechos y aclaraciones, los CC. Carlos Sánchez Cárdenas, Fernando de Jesús Canales Clariond, Lázaro Rubio Félix, Alejandro Gascón Mercado, Juan Aguilera Azpeitia, Juan Manuel Elizondo.
Además Juan Landerreche Obregón, Pedro René Etienne Llano, Manuel A. Salcido Beltrán, Rafael Alonso y Prieto, nuevamente el diputado Sánchez Cárdenas. En seguida, el C. Juan de Dios Castro Lozano para solicitar se integre una Comisión que conozca del caso que se trata e informe a esta Cámara
Sobre el particular, el C. Juan Delgado Navarro expresa que la Comisión de Hacienda y Crédito Público, integrada por diputados miembros de los siete partidos, conoce sobre el empréstito por haberse abocado a ello y, en consecuencia, solicita sea esta Comisión la que continúe la investigación del caso. El diputado Delgado Navarro responde a interpelaciones de los CC. Rafael Alonso y Prieto, Juan de Dios Castro y Carlos Sánchez Cárdenas. Previa observación de la C. América Abaroa Zamora, se admite la proposición del C. Juan de Dios Castro. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
LEY DE NAVEGACIÓN Y COMERCIO MARÍTIMOS
El C. Rafael A. Herrera Morales solicita que el Dictamen relativo a la ley mencionada sea retirado del Orden del Día para hacerle ajustes. Se retira el Dictamen
ARTÍCULO 60 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL CONGRESO
Dictamen con proyecto de Decreto que adiciona el Artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General. Se le dispensa la segunda lectura. A discusión el Artículo Único. El C. Juan Aguilera Azpeitia propone una modificación que la Comisión Dictaminadora acepta. Se aprueba. Pasa al Senado
ORDEN DEL DÍA
Se da lectura al Orden del Día de la sesión próxima
DEBATE
PRESIDENCIA DEL C. RUBÉN DARÍO SOMUANO LÓPEZ
(Asistencia de 235 ciudadanos diputados.)
APERTURA
- El C. Presidente (a las 12:05 horas): Se abre la sesión.
"Tercer Período Ordinario de Sesiones.
'LI' Legislatura.
Orden del Día
3 de noviembre de 1981.
Lectura del acta de la sesión anterior
Comunicaciones de los Congresos de los Estados de Querétaro y Zacatecas.
La H. Cámara de Senadores comunica la Mesa Directiva que funcionará durante el mes de noviembre.
Iniciativa para reformar el Artículo 2317 del Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal.
Iniciativa del Ejecutivo
De la Ley Federal de Protección al Ambiente.
Oficio de la Secretaría de Gobernación
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el C. Oscar González
César, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de España.
Minutas
Con proyecto de decreto por los que se concede permiso a los CC. Francisco Antonio Sánchez Fuentes, Margarita Vázquez Aguilar, María Teresa Escobedo Cházaro y Bertha Olivia Muñoz Gómez, para prestar servicios al Gobierno de los Estados Unidos de América, en México.
Dictámenes de primera lectura
Cinco de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyectos de Decreto por los que se concede permiso a los CC. Joaquín Gamboa Pascoe, Luis M. Farías, Fernando Solana, Carlos Hank González, Carlos González Parrodi, Jorge de la Vega Domínguez, Julio Rodolfo Moctezuma Cid, Miguel Angel Godínez Bravo, Aída González Martínez, Raúl Valdés Aguilar, Miguel Marín Bosch, Luis Javier Solana, Jesús Chico Chico, Antonio González de León, Sandra Fuentes Berain, Rafael Tovar y De Teresa, Francisco Roux López, Mario Ramón Beteta, Rafael Izquierdo, Francisco Noreña, Emilio Carrillo Gamboa, Carlos Humberto Bermúdez Dávila, Pedro Ojeda Paullada, Luis Cassio Luiselli, Mauricio Toussaint, Benito Andión Sancho y José Luis Martínez Hernández para que puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el Gobierno de la República Francesa.
Dictámenes a discusión
De la Comisión de Marina con proyecto de Decreto que reforma el artículo 50 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de Reformas a los artículos 37 y 88 de la Constitución General de la República, presentada por el Grupo Parlamentario de Acción Nacional. (Adición al artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General).
Sesión secreta.
ORDEN DEL DÍA
- El C. secretario Silvio Lagos Martínez:
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
- El mismo C. secretario:
"Acta de la Sesión de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Primera Legislatura del H. Congreso de la Unión, efectuada el día veintinueve de octubre de mil novecientos ochenta y uno.
Presidencia del C. Hesiquio Aguilar de la Parra.
En la ciudad de México, a las once horas y cincuenta y cinco minutos del jueves veintinueve de octubre de mil novecientos ochenta y uno, con asistencia de doscientos setenta y cuatro ciudadanos diputados, la Presidencia declara abierta la sesión.
Lectura del Orden del Día.
Sin discusión se aprueba el acta de la sesión anterior, llevada a cabo el día veintiséis de los corrientes.
Se da cuenta con los documentos en cartera. De conformidad con el artículo 30 de la Ley Orgánica del Congreso General, se procede a la elección de Presidente y Vicepresidente de esta Cámara de Diputados, para el próximo mes de noviembre.
Verificada la elección y hecho el escrutinio correspondiente, arroja el siguiente resultado:
233 votos para la planilla integrada por los ciudadanos diputados Rubén Darío Somuano López, como Presidente; Miguel Angel Camposeco, Rafael García Vázquez, Hiram Escudero Alvarez, Hildebrando Gaytán Márquez y Antonio Vázquez del Mercado, como vicepresidentes.
También se registraron 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 3, 3, 3, 6 y 11 votos para otras tantas planillas.
En virtud de lo anterior, la Presidencia hace la declaratoria correspondiente.
Los CC. Luis Castañeda Guzmán, Eugenio Ortiz Walls y José Isaac Jiménez Velazco, diputados por el Estado de Oaxaca, miembros del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, suscriben una denuncia en contra del C. general Eliseo Jiménez Ruiz, ex gobernador del Estado de Oaxaca y actual senador de la República por los delitos de enriquecimiento inexplicable y otros de los que resulte responsable, igualmente en contra de todos aquellos de sus colaboradores, funcionarios y empleados que sirvieron al Gobierno del Estado mencionado, durante el mandato del referido general Jiménez Ruiz.
El C. José Isaac Jiménez Velazco, quien da lectura a la denuncia, hace una relación de los bienes inmuebles que posee tanto él como sus familiares y de todos los cargos que ostentaron durante su administración. Finalmente solicita se tenga por presentada la denuncia, se abra la investigación correspondiente de acuerdo a lo que señala la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios y Empleados de la Federación. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia.
Un grupo de ciudadanos diputados, integrantes del Partido Revolucionario Institucional, suscriben una Iniciativa de Decreto que reforma los artículos 370, 375, 382 y las fracciones I, II y III del artículo 386 del Código Penal para el Distrito Federal en materia del Fuero Común y para toda la República en materia del Fuero Federal.
En atención a que esta Iniciativa ha sido ya impresa y distribuida entre los ciudadanos diputados, la Asamblea en votación económica le dispensa la lectura, a fin de que se
turne desde luego a Comisión. Túrnese a la Comisión de Justicia.
Tres oficios de la Secretaría de Gobernación relativos a las solicitudes de permiso para que los CC. Irma Ofelia Guzmán de la Garza, María Emilia Rodríguez Robles y Jesús Ramírez Ruiz, puedan prestar servicios como empleados en la Embajada de la República Socialista de Checoslovaquia en México. Recibo y a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
La propia Secretaría de Gobernación remite cinco oficios por los que solicita el permiso necesario para que los CC. Joaquín Gamboa Pascoe, Luis M. Farías, Fernando Solana, Carlos Hank González, Carlos González Parrodi, Jorge de la Vega Domínguez, Julio Rodolfo Moctezuma Cid, Miguel Angel Godínez Bravo, Aída González Martínez, Raúl Valdés Aguilar, Miguel Marín Bosch, Luis Javier Solana, Jesús Chico Chico, Antonio González de León, Sandra Fuentes Berain, Rafael Tovar y De Teresa, Francisco Roux López, Mario Ramón Beteta, Rafael Izquierdo, Francisco Noreña, Emilio Carrillo Gamboa, Carlos Humberto Bermúdez Dávila, Pedro Ojeda Paullada, Luis Cassio Luiselli, Mauricio Toussaint, Benito Andión Sancho y José Luis Martínez Hernández, puedan aceptar y usar condecoraciones que les confiere el Gobierno de la República Francesa. Recibo y a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
La H. Cámara de Senadores envía cuatro Minutas con proyecto de Decreto que autorizan a los CC. Joel Sánchez Luis, Gilberto Villanueva Moreno, Elvia Avila Mino y Mauro Jorge Huerta Rodríguez, para que puedan prestar servicios como empleados en la Embajada de los Estados Unidos de América, acreditada en nuestro país y en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León. Recibo y a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
El C. Rafael Gilberto Morgan, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presenta y da lectura a una Iniciativa de nueva Ley del Seguro Social. A la Comisión de Seguridad Social e imprímase.
Por su parte el C. Felipe Pérez Gutiérrez, a nombre de la Fracción Parlamentaria del Partido Demócrata Mexicano, presenta y da lectura a una Iniciativa de decreto, que reforma la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público e imprímase.
A su vez el C. Belisario Aguilar Olvera, a nombre de la Fracción Parlamentaria del Partido Popular Socialista, presenta y da lectura a una Iniciativa de Decreto que adiciona la Ley Orgánica de la Administración Pública para crear la Secretaría de Abasto Popular y Adquisiciones Públicas. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Comercio e imprímase.
A continuación el C. Pablo Gómez Alvarez, hace uso de la palabra para expresar que el día 9 de octubre de 1980, la Cámara de Diputados aprobó adiciones a varios artículos de la Ley Federal del Trabajo, integrando así el capítulo 17, del Título Sexto de dicha Ley.
Agrega que el proyecto de Decreto presentado por la Comisión Dictaminadora, concluía con un artículo Primero Transitorio, en el cual se señalaba lo siguiente:
'Los Acuerdos o Convenios que de conformidad con esta Ley sean materia de contratación colectiva y hayan sido celebrados con anterioridad a la fecha de expedición de este Decreto por las Instituciones Autónomas, se considerarán como contratos colectivos para todos sus efectos, sin necesidad de ningún trámite, y serán revisados conforme a esta Ley en la fecha en que se hayan pactado en los mismos, lo cual no podrá ser posterior a dos años a partir de aquella en la que iniciaron su vigencia.'
Hace una relación del debate que se suscitó con motivo de este artículo Primero Transitorio, en el cual intervinieron varios ciudadanos diputados. Añade que se planteó la modificación de dicho artículo para que quedara perfectamente claro que las conquistas y las cuestiones ya pactadas contraactualmente, antes de la fecha de la emisión de esta Ley, se mantendrían sin modificación.
Lo peligroso de no dejar bien claro este problema en el texto del Decreto, desgraciadamente se ha confirmado en un Laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, Junta Especial No. 14 bis, del expediente 253/84, en el cual la Universidad Autónoma Metropolitana estableció una demanda en contra del Sindicato Independiente de Trabajadores de la mencionada Universidad, con el propósito de anular 102 cláusulas del contrato colectivo de trabajo.
Externa varias reflexiones sobre el particular y finaliza expresando que aquí existe una responsabilidad política que debe afrontarse, con mucha mayor razón sobre este problema cuyo origen partió de esta Cámara, ya que la mayoría votó en favor, y de ello se ha generado un conflicto, a pesar de que se les advirtió que eso iba a ocurrir. Insértese en el Diario de los Debates.
El mismo C. Pablo Gómez Alvarez entrega a la Secretaría un escrito dirigido a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas, por un grupo de habitantes del Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, en el cual se quejan de la indiferencia de las autoridades municipales del Estado, en relación con la destrucción de sus viviendas, provocada por las inundaciones continuas, debidas a la falta de obras de conducción de aguas en ese lugar. Túrnese a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas.
El C. Héctor González Guevara, integrante de la Comisión de Turismo, da lectura a un dictamen que concluye con dos puntos de Acuerdo que determinan, por las razones expresadas en el cuerpo del mismo, que se cite a la doctora Rosa Luz Alegría, Secretaria de Turismo, a fin de que comparezca ante esta Cámara de Diputados e informe del desarrollo del Sector Turístico. Asimismo, que la
Secretaría gire atento oficio al C. Secretario de Gobernación, solicitándole sea el conducto para recabar del C. Presidente de la República la autorización respectiva.
A discusión los puntos de Acuerdo, no habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se aprueban.
El C. Rafael Armando Herrera Morales, da lectura a un dictamen presentado por la Comisión de Marina, que reforma el artículo 50 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. Primera lectura.
Dictamen con proyecto de Decreto suscrito por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, que adiciona el párrafo segundo del Artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Primera lectura.
La Comisión de Marina signa un dictamen con proyecto de Decreto que reforma el segundo párrafo del Artículo 21 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.
En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los ciudadanos diputados, la Asamblea en votación económica le dispensa la segunda lectura.
A discusión en lo general y en lo particular el Artículo Único del proyecto de Decreto.
Hacen uso de la palabra, para poner de manifiesto la importancia de la Iniciativa enviada por el C. Presidente de la República y en apoyo del dictamen, el C. Esteban Zamora Camacho y el C. Rafael Armando Herrera Morales.
No habiendo más oradores, en votación nominal se aprueba el proyecto de Decreto por doscientos treinta y siete votos en pro y uno en contra. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
La Presidencia manifiesta que con esta sesión finaliza un mes más de la vida de esta Legislatura que, por muchas razones, ha trascendido ya en la historia legislativa del país.
Hace una relación de la importancia de las siete sesiones que se llevaron a cabo durante el mismo y concluye expresando su reconocimiento por haberse permitido contribuir, aunque sea modestamente, al fortalecimiento de niveles superiores de vida democrática en nuestro país.
Agotados los asuntos en cartera se da lectura al Orden del Día de la sesión próxima.
A las quince horas y cinco minutos se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el martes tres de noviembre, a las once horas."
Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra se consulta si se aprueba. Aprobada, señor Presidente.
El C. Presidente: Nos es grato hacer del conocimiento de ustedes que con fecha tenemos la satisfacción de que se reincorpore a sus funciones legislativas, como diputado por el XXXIX Distrito Electoral Federal del Distrito Federal, el licenciado Antonio Carrillo Flores, después de haber terminado satisfactoriamente su desempeño como Embajador en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. (Aplausos.)
COMUNICACIONES
- El C. secretario Silvio Lagos Martínez:
"CC. secretarios de la H. Cámara de Diputados. - México, D. F.
De conformidad con lo establecido por el Artículo 21 del Reglamento Interior del Poder Legislativo, con esta fecha se procedió a elegir a los CC. diputados que integrarán la Mesa Directiva que fungirá durante el segundo mes del Segundo Período Ordinario de Sesiones, comprendido del día 16 del presente al 15 de noviembre próximo; habiendo resultado electos los CC. diputados que a continuación se expresan:
Presidente, diputado doctor José Luis Molina Calderón; vicepresidente, diputado ingeniero Roberto Luévano Silva; primer secretario, diputado contador público Moisés García Ríos, y segundo secretario, diputado José Manuel Acuña Montellano.
Al comunicarles lo anterior, nos es grato reiterarle(es) las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Zacatecas, Zac., a 15 de octubre de 1981. - La H. Gran Comisión. - Licenciado Oliverio Rodríguez Sánchez. - Diputado Secretario licenciado Pedro Goytia Robles. - Diputado Secretario, profesor Felipe de Jesús Rivera Vega."
- Trámite: De enterado.
- El mismo C. Secretario:
"CC. secretarios de la H. Cámara de Diputados. - México, D. F.
Por acuerdo del C. diputado Ezequiel Espinosa Mejía, Presidente de la Cuadragésima Sexta Legislatura Constitucional del Estado, tengo el agrado de comunicar a ustedes que dicho Cuerpo Legislativo ha cambiado sus oficinas provisionalmente a la Avenida Madero No. 70, altos (Salón de la Historia).
Lo comunico a ustedes que para su conocimiento y efectos legales consiguientes.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Querétaro, Qro., 22 de septiembre de 1981.
- El Oficial Mayor del H. Congreso, licenciado Salvador Ochoa Juárez."
- Trámite: De enterado.
DIRECTIVA DEL SENADO
- El mismo C. secretario:
"CC. secretarios de la H. Cámara de Diputados al Congreso de la Unión. - Presentes.
Para conocimiento de esa H. Colegisladora, tenemos el honor de comunicar a ustedes que esta H. Cámara, en sesión ordinaria de esta fecha, eligió la siguiente Mesa Directiva que
funcionará durante el mes de noviembre próximo.
Presidente: senador Angel Ventura Valle, vicepresidentes: senador Mario Carballo Pazos y senadora Rosa María Martínez Denegri.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, D. F., 29 de octubre de 1981. - Luis León Aponte, S. S. - Rafael Minor Franco, S. S."
- Trámite: De enterado.
INICIATIVA
REFORMA AL ARTÍCULO 2317 DEL CÓDIGO CIVIL
"Iniciativa de Ley para modificar el primer párrafo del artículo 2317 del Código Civil para el Distrito Federal.
Honorable Asamblea:
CC. secretarios de la H. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.
Miguel Angel Camposeco Cadena, diputado a la LI Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me concede el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ante Vuestra Soberanía, vengo a proponer Iniciativa de Ley para modificar el primer párrafo del artículo 2317 del Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal, fundándome en la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Que en el Distrito Federal existen miles de familias de restringida capacidad económica que detentan, a título de poseedores de buena fe o de propietarios amparados por contratos de compraventa de carácter privado y no inscritos ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio por no ser registrables que tutelan en forma precaria aquellos predios, terrenos o inmuebles que constituyen su único patrimonio de familia;
Que al carecer del correspondiente y formal título de propiedad viven inseguridad jurídica y personal para detentar, usar, disponer, enajenar y transmitir sus bienes; y a los terceros se les perjudica con la falta de publicidad de la propiedad inmueble urbana, situaciones ambas que provocan conflictos de derechos y consecuencias jurídicas de diverso orden, perjuicio y alcance legal;
Que tales en su mayoría son poseídos por personas cuyos escasos recursos económicos les impide acudir a las vías formales y notariales para dejar a salvo y registrados sus derechos de propiedad;
Que en el Código Civil se encuentra establecida la forma y modos para la enajenación de bienes inmuebles cuyo monto no sea superior a $500.00 (quinientos pesos), suma esta que fue concebida por el Legislador de 1932, como suficiente para la legalización y transmisión de predios en el Distrito Federal, cuya propiedad o posesión detentaran las personas de escasos recursos económicos, pero esta cantidad hoy resulta insignificante y ridículo para asignarse como valor a algún terreno dentro de la propia entidad;
Que en la exposición de motivos del Código Civil de 32, el legislador afirmó que El cambio de las condiciones sociales de la vida moderna impone la necesidad de renovar la legislación, el Derecho Civil, que forma parte de ella, no puede permanecer ajeno al colosal movimiento de transformación que las sociedades experimentan'. Este aserto sirve hoy, de reto y estímulo para la investigación y confronta de aquellas normas, útiles en su tiempo, necesarias en el actual que, por descuido nuestro, han caído en la obsolescencia, o el anacronismo creando, lamentablemente, una laguna de ley y cancelando un instrumento popular para la aplicación y observancia del derecho;
Que la propiedad de un terreno, predio o inmueble, si bien es cierto que constituye un derecho individual, cuando se encuentra irregular o fuera de las normas correspondientes de igual manera se suman varios cientos o miles de casos, entonces constituye un problema social que debe resolverse dentro del ámbito del derecho privado conjugando la intervención de las partes, el Estado y la sociedad;
Que el mismo Legislador de 32 precisó que: 'Al individuo sea que obre en interés propio o como miembro de la sociedad y en interés común, no puede dejar de considerársele como miembro de la colectividad; sus relaciones jurídicas deben reglamentarse armónicamente y el derecho de ninguna manera puede prescindir de su fase social;
Que como complemento a los Programas de Regularización de la Tenencia de Tierra, implementados por el Gobierno del Distrito Federal, es necesario ampliar los cauces jurídicos ya existentes para los actos que los poseedores quieren, y hoy no pueden realizar, a fin de proceder a la legítima y propia regularización de sus derechos de propiedad sobre predios e inmuebles;
Que es el caso de reformar el artículo 2317 para concordarlo con los fines sociales, económicos y de certeza jurídica, consignados en los numerales 723, 730, 2317 y 2917 del propio ordenamiento, para que cumplan los propósitos teleológicos de justicia social con los que fueron informados desde su creación;
Que por estas razones, aunadas a las económicas que señalan que el monto del patrimonio familiar es la suma resultante de multiplicar por 3650 el importe del salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal en la época en que se constituya el patrimonio familiar y que ese será su valor máximo afectado;
Que la regla actual del artículo 2317 establece que los contratos por los que el Departamento del Distrito Federal enajene terrenos
o casas para la constitución del patrimonio familiar o para personas de escasos recursos económicos, hasta por el valor señalado en el párrafo anterior, podrán otorgarse en documento privado sin los requisitos de testigos o ratificación de firmas; igual regla rige para los contratos en los que se consigne garantía hipotecaria otorgada con motivo de la enajenación de terrenos o casas por el Departamento del Distrito Federal para la constitución del patrimonio familiar o para personas de escasos recursos económicos;
Que bajo estos supuestos es un imperativo modificar el primer párrafo del artículo 2317, para armonizar los intereses individuales con los derechos sociales y el interés del Estado, y propiciar la regularización privada de la propiedad individual, patrimonial o familiar; por ello.
A ustedes CC. secretarios de la H. Cámara de Diputados, respetuosamente vengo a solicitarles se sirvan dar cuenta y trámite de la siguiente Iniciativa de Ley: para modificar el primer párrafo del artículo 2317 del Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal, para quedar como sigue:
Artículo 2317. 'Las enajenaciones de bienes inmuebles cuyo valor convencional no exceda de la cantidad a que se refiere el artículo 730 del Código Civil, y la constitución o transmisión de derechos reales estimados hasta la misma cantidad o que garanticen un crédito no mayor de dicha suma, podrán otorgarse en documento privado firmado por los contratantes ante dos testigos, cuyas firmas se ratifiquen ante notario, juez de paz o el registrador del Registro Público de la Propiedad.'
TRANSITORIO
Artículo único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de Sesiones de la H. Cámara de Diputados. - México, D. F., a 3 de noviembre de 1981. - Diputado y licenciado Miguel Angel Camposeco Cadena."
El C. Presidente: En atención a que este documento ha sido ya impreso y distribuido entre los ciudadanos diputados, ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura y se turna desde luego a Comisión.
- El C. secretario Silvio Lagos Martínez Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se le dispensa la lectura a la Iniciativa y se turna desde luego a comisión. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura.
Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y del Distrito Federal e imprímase.
OFICIOS DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
INICIATIVA DE LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
"Escudo Nacional. - Estado Unidos Mexicanos. - Poder Ejecutivo Federal. - México, D. F. Secretaría de Gobernación.
CC. secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. - Presentes.
Para los efectos constitucionales y por instrucciones del C. Presidente de la República, con el presente les envío Iniciativa de Ley Federal de Protección al Ambiente.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D. F., a 28 de octubre de 1981. - El Secretario, profesor Enrique Olivares Santana."
"CC. secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. - Presentes.
La Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación Ambiental, de 12 de marzo de 1971, se expidió por el Congreso de la Unión ante el imperativo de contar con un instrumento jurídico destinado a regular los problemas altamente complejos y de alcance económico y social, involucrados en la generación, evaluación, prevención y control de la contaminación, misma que fue considerada oportunamente, como una grave amenaza para la salud pública, causante de degradación de los sistemas ecológicos en detrimento de la estabilidad y el desarrollo social.
Es indudable que las disposiciones de esta Ley, declaradas de interés público y vigentes en toda la República como medidas de salubridad general, han satisfecho, en el tiempo y el espacio para el que fueron concebidas, las finalidades y el espíritu que indujeron al legislador para aprobarlas, derivándose de su observancia durante varios años, múltiples y muy valiosas experiencias cuyo sentido y significado se juzga oportuna aquilatar, para el logro de una efectiva protección a los recursos naturales vitales para la supervivencia del ser humano.
Es por ello que, tomando como apoyo y manteniendo la estructura básica de este ordenamiento, impulso primario en favor del equilibrio ecológico, se ha formulado la presente Iniciativa de Ley Federal de Protección al Ambiente, con la mira fundamental de abarcar todos los ámbitos en que la contaminación puede estar presente y causar daños y, sobre todo, de preservar al medio ambiente en su pureza, con antelación y sin perjuicio de combatir y controlar, en su momento, las agresiones de que es creciente objeto.
En primer lugar, el propósito de modificar el título de la Ley es para hacerlo más sencillo y accesible, además de que con la denominación propuesta se define ampliamente su ámbito de acción, abarcando todos los elementos que conforman su estructura.
Asimismo, en este ordenamiento se consideran las disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y se establece la coordinación y competencia de las diversas dependencias del Gobierno Federal que tienen atribuciones concurrentes en el área de saneamiento ambiental, con lo que se pretende facilitar su aplicación y cumplimiento en el Territorio Nacional para proteger la salud humana y el mejor uso y disfrute de los recursos naturales.
La Ley vigente se encuentra integrada por cinco capítulos, de los cuales el se refiere a Disposiciones Generales, el segundo trata de la contaminación del aire, el tercero sobre agua, el cuarto sobre suelos y el quinto alude a las sanciones. Esta subdivisión sólo es válida actualmente si no se considera limitativa.
La nueva Ley modifica y adiciona la vigente, ya que se integra por trece capítulos que abarcan: I. Disposiciones Generales; II. De la Protección Atmosférica; III. De la Protección de las Aguas; IV. De la Protección del Medio Marino; V. De la Protección de los Suelos; VI. De la Protección del Ambiente por Efectos de la Energía Térmica, Ruido y Vibraciones; VII. De la Protección de los Alimentos y Bebidas por Efectos del Ambiente; VIII. De la Protección del Ambiente por Efectos de las Radiaciones Ionizantes; IX. De la Inspección y Vigilancia; X. De las Medidas de Seguridad y Sanciones; XI. Del Recurso de Inconformidad; XII. De la Acción Popular, y XIII. De los Delitos.
En el Capítulo Primero de "Disposiciones Generales" se aumentan las definiciones de conceptos empleados en el texto de la Ley, principalmente se amplía la connotación de "contaminante", así como su acción no sólo en el aire, agua, suelos, sino también sobre alimentos y bebidas, considerados como parte substancial del medio ambiente.
Se establece competencia en materia ambiental, en su área y en coordinación con la Secretaría de Salubridad y Asistencia, a otras dependencias gubernamentales de nueva creación, tales como la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, el Departamento de Pesca, la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, así como a otras que modificaron su denominación y atribuciones.
Se faculta al Ejecutivo Federal para dictar toda clase de disposiciones pertinentes en una materia de gran relevancia y significación actual como es la exploración, explotación, producción, transporte, composición, almacenamiento y uso de minerales, substancias químicas y energéticos, así como sobre metales pesados y substancias tóxicas, atribución que la actual Ley no contempla.
En el Capítulo Segundo "De la Protección Atmosférica", se generaliza la prohibición de expeler contaminantes que alteren la atmósfera, ya que en las disposiciones vigentes se hacen mención de polvos, vapores, humos, gases, materiales radiactivos y otros, lo cual sin ser precisamente limitativo, induce a vaguedad o indefinición. Por otra parte, dentro de las atribuciones de las autoridades competentes, se incorpora la muy importante de calificar y supervisar los proyectos de obras, así como la ubicación y funcionamiento de éstas.
En los Capítulos Tercero y Cuarto, relativos a la Protección de Aguas y del Medio Marino, cabe mencionar que la Ley vigente prácticamente se limita a regular los distintos problemas que puedan causar las descargas de agua residual provenientes de usos públicos, domésticos o industriales a las redes colectoras, cuencas, cauces, vasos y demás depósitos y corrientes, o su infiltración en los suelos. Este aspecto, por su importancia, se deja subsistente en la Iniciativa que se presenta, pero en ella misma se incluyen otras áreas de trascendencia para la salud humana, como son los servicios públicos de abastecimiento de agua potable, cuyos respectivos sistemas de captación, conducción y distribución a las comunidades urbanas y rurales, se previene deberán contar con plantas de tratamiento para potabilización que, bajo estrecha vigilancia de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, protejan la salud de la población.
También se establecen disposiciones relativas a la prevención de la contaminación del medio marino, que incluyen las del subsuelo, las del mar territorial y aguas marinas interiores; otorgándose amplias facultades de vigilancia e intervención a las Secretarías de Salubridad y Asistencia, de Marina, de Comunicaciones y Transportes y al Departamento de Pesca.
Mención especial merecen las atribuciones directas que se confieren a la Secretaría de Salubridad y Asistencia para dictar y aplicar de inmediato las medidas sanitarias correctivas en todos los casos en que la contaminación de las aguas pongan en peligro la salud pública. La modificación se justifica por considerar que esta acción no admite dilación ni demora.
Una adición fundamental en este rubro, la constituye la facultad conferida en favor de la Secretaría de Salubridad y Asistencia de una intervención más directa en la aplicación de la Ley, en materia de contaminación de aguas y control de desechos sólidos para evitar la contaminación ambiental, en razón de que al expedirse la Ley actual no se había creado la Subsecretaría de Mejoramiento del Ambiente. Esta adición está acorde con la legislación actual y permite una acción más eficaz de la Secretaría de Salubridad y Asistencia en materia de contaminación de aguas y suelos.
En el Capítulo Quinto "De la Protección de los Suelos", la Iniciativa puntualiza que los desechos que se infiltran en ellos, pueden ser no solamente sólidos, sino líquidos o gaseosos y que, además, para autorizar la descarga o depósito de estos contaminantes, las maniobras respectivas se ajustarán a normas técnicas que regulen el funcionamiento adecuado de los sistemas de recolección, alejamiento y disposición final de toda clase de desechos. Tratándose de la utilización y explotación de los suelos para fines urbanos, industriales,
agropecuarios, recreativos y otros, la Iniciativa sujeta a aprobación de la Secretaría de Salubridad y Asistencia los proyectos de las obras, a fin de vigilar, en principio, que no se realice ninguna que pueda provocar contaminación, erosión, degradación o destrucción de los suelos. Esta determinación resulta congruente con la Ley de Obras Públicas.
Es bien conocido el efecto nocivo que las altas temperaturas producen en el organismo humano, sobre todo cuando las exposiciones son permanentes en actividades industriales. El ruido, a su vez, daña la salud humana con padecimientos en muchos casos irreversibles. La excesiva o deficiente iluminación sobre todo en ciertos lugares de trabajo, puede ocasionar padecimientos y accidentes. Por ello se ha previsto la adición de un capítulo especial para este tipo de contaminación por energía térmica, ruido, así como vibraciones, con un articulado que permite controlar y fijar límites máximos permisibles, así como vigilar su cumplimiento.
En el Capítulo Séptimo "De la Protección de los Alimentos y Bebidas por Efectos del Ambiente", se contempla específicamente la contaminación en alimentos y bebidas, así como la producida por los mismos, además de considerar este aspecto en sus disposiciones generales, condenando prácticas impropias o descuido en la adición de substancias extrañas, como las químicas, residuos de metales pesados y otros que modifiquen o alteren su calidad sanitaria, para lo cual se conceden al Ejecutivo Federal, amplias facultades de vigilancia, establecimiento de normas, prácticas de laboratorio, estudios e investigaciones, capacitación de personal, orientación popular permanente, por sí y en coordinación con organismos públicos y privados, del país o internacionales, con el fin de integrar información adecuada y actualizada sobre la producción, elaboración y manejo de alimentos y bebidas, así como métodos de supervisión, control y evaluación.
La experiencia demuestra que los alimentos y bebidas, pueden presentar un doble aspecto en materia de contaminación, ya que ellos mismos por su contenido pueden ser fuente de contaminación y a la vez son susceptibles de ser contaminados y por lo mismo convertirse en fuentes de contaminación. La degradación en alimentos y bebidas por la acción de contaminantes de índole biológica o química, daña directa y constantemente la salud de millones de seres humanos en nuestro país, mostrando la epidemiología que estas materias nocivas se difunden básicamente en la relación persona - alimento - persona.
Es una preocupación internacional prever y abatir la contaminación en los alimentos por los altos índices de morbilidad y mortalidad que provocan, sobre todo en países en desarrollo como el nuestro, circunstancia que hace necesario ampliar las investigaciones y establecer normas jurídicas estrictas en cuanto a su producción, procesamiento, transportación, comercialización, manejo y consumo, por los efectos que tiene en la salud pública y que repercuten en el deterioro económico - social de la población.
El Capítulo Octavo "De la Protección del Ambiente por Efectos de las Radiaciones Ionizantes", constituye un agregado fundamental en la Iniciativa que se presenta ya que regula aspectos no contemplados en la actual Ley y que revisten singular importancia tanto por la materia misma, como por su gran incidencia en nuestros días.
Se hace mención a las fuentes de las radiaciones ionizantes, materia no contemplada por la actual Ley, cuya regulación se hace indispensable, ya que la aplicación inadecuada o errónea de dichos elementos provoca o puede provocar daños al medio ecológico, con perspectivas de mayores riesgos debido a su previsible mayor empleo en el futuro. Por tanto, es menester el control de su uso y aplicación para prevenir y evitar la degradación de los ecosistemas y el deterioro de la salud humana.
Las emisiones de energía radiante adquieren relevancia en la actualidad por el gran aumento en la aparición de fuentes de esta naturaleza. Así en la radiación ionizante palpamos un acrecentamiento en la aplicación técnica, industrial y científica del radio, uranio y plutonio, que en algunos casos han causado serios problemas de contaminación en los países desarrollados y en determinadas circunstancias esa contaminación ha dañado a otros, a través de las corrientes de aire y agua.
En el Capítulo Noveno "De la Inspección y Vigilancia", se establecen disposiciones no previstas por la Ley Vigente, facultando a la Secretaría de Salubridad y Asistencia para vigilar el exacto cumplimiento de las prescripciones de la Ley.
El Capítulo Décimo "De las Medidas de Seguridad y Sanciones", amplía el contenido de la Ley actual, ya que la aplicación de medidas de seguridad previene la contaminación, lo cual es preferible a la aplicación de sanciones cuando ya se ha producido el perjuicio ecológico.
Como medidas de seguridad se establecen el decomiso, y la clausura total o parcial, temporal o definitiva, de la industria o fuente donde se origine la contaminación, en la inteligencia de que, cuando exista peligro inminente para la salud pública, se faculta a la Secretaría de Salubridad y Asistencia para ordenar de inmediato la aplicación preventiva de medidas de seguridad con objeto de proteger las condiciones ambientales y la salud humana.
En lo que a sanciones concierne y al haber constatado en la práctica que las de carácter pecuniario con el paso del tiempo se vuelven demasiado bajas en cuantía, y tomando en cuenta que las fuentes productoras de los mayores índices de contaminación son propiedad de personas o entidades de gran potencialidad económica, se ha optado por fijar los montos de las multas, de acuerdo a un margen proporcionado de días del salario mínimo general para el Distrito Federal, para lograr que las
cantidades se actualicen en la misma proporción que los salarios generales y permita cumplir con eficacia su condición represiva de actos u omisiones que causen daño a la salud y al ambiente.
Además y reafirmado lo anterior, existe la posibilidad de decretar arresto hasta por 36 horas, en calidad de pena corporal aplicable a infracciones cuya gravedad así lo amerite.
Por último, se impone a la fuerza pública y a las autoridades judiciales el deber de auxiliar a la autoridad administrativa en el puntual cumplimiento y observancia de un ordenamiento derivado de la Constitución, cuyas disposiciones destinadas a preservar la vida y la salud de las personas, de sus bienes y de los de la Nación, tienen profundo contenido humano y un eminente interés social y carácter público.
Los capítulos Décimo Primero y Décimo Segundo "Del Recurso de Inconformidad", y "De la Acción Popular", son nuevos; amplían considerablemente la regulación de estas materias que en la actual Ley se reglamentan en un solo artículo cada una.
En el recurso de inconformidad se fija el procedimiento a seguir para su interposición, manteniendo en favor de los interesados la garantía de audiencia en el caso de imposición de sanciones administrativas.
Respecto a la acción popular, se fija igualmente el procedimiento a seguir.
El Ultimo Capítulo, Décimo Tercero, "De los Delitos", nuevo también, representa un avance de especial importancia en esta iniciativa, pues tipifica algunos delitos que por su trascendencia deben estar comprendidos en una legislación ambiental que pretende a más de fijar competencia para proteger el ambiente y abatir la contaminación, establecer penas adecuadas, para sancionar a quienes infrinjan tales disposiciones.
Por lo antes expuesto, y en uso de las facultades que me confiere la fracción I del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el digno conducto de ustedes me permito someter al H. Congreso de la Unión la siguiente iniciativa:
LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
CAPÍTULO PRIMERO
Disposiciones generales
Artículo 1o. Las disposiciones de esta Ley rigen en todo el Territorio Nacional; son de orden público e interés social, y tienen por objeto la protección, mejoramiento, conservación y restauración del ambiente, así como la prevención y control de la contaminación que lo afecte.
Artículo 2o. Son supletorios de esta Ley, el Código Sanitario de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal de Aguas, la Ley General de Asentamientos Humanos, la Ley de Sanidad Fitopecuaria de los Estados Unidos Mexicanos y los demás ordenamientos en materia de suelos, subsuelo, aguas, aire, flora y fauna.
Artículo 3o. Serán motivo de prevención y control por parte del Ejecutivo Federal, los contaminantes y sus causas, cualquiera que sea su procedencia u origen, que en forma directa o indirecta dañen o degraden los ecosistemas y la salud de la población.
Artículo 4o. Para efectos de esta Ley se considera:
Ambiente: El conjunto de elementos naturales, artificiales o inducidos por el hombre, físicos y químicos que propicien la existencia, transformación y desarrollo de organismos vivos. Aprovechamiento: El uso o explotación racional de recursos y bienes naturales.
Conservación: Las medidas necesarias para preservar el ambiente y los recursos naturales.
Contaminación: La presencia en el ambiente de uno o más contaminantes o cualquier combinación de ellos que perjudique o resulte nocivo a la vida, la salud y el bienestar humano, la flora y la fauna o degraden la calidad del aire, del agua, del suelo o de los bienes y recursos en general.
Contaminante: Toda materia o substancia, sus combinaciones o compuestos, los derivados químicos o biológicos, así como toda forma de energía térmica, radiaciones ionizantes, vibraciones o ruido, que al incorporarse o actuar en la atmósfera, aguas, suelo, flora, fauna o cualquier elemento ambiental, alteren o modifiquen su composición, o afecten la salud humana.
Control: La vigilancia, inspección y aplicación de medidas para la conservación del ambiente o para reducir y, en su caso, evitar la contaminación del mismo.
Ecosistema: La unidad básica de interacción de los organismos vivos entre sí y sobre el ambiente en un espacio determinado.
Mejoramiento: El acrecentamiento de la calidad del ambiente.
Prevención: La disposición anticipada de medidas para evitar daños al ambiente.
Artículo 5o. La aplicación de esta Ley compete al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Salubridad y Asistencia y del Consejo de Salubridad General.
En coordinación con la Secretaría de Salubridad y Asistencia y de conformidad con su respectiva competencia intervendrán en la aplicación de esta Ley la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, en materia de prevención y control de la contaminación de las aguas y los suelos; la Secretaría de Marina, en la protección ambiental del medio marino; las Secretarías de Patrimonio y Fomento Industrial, Trabajo y Previsión Social y la de Comercio, en materia de prevención y control de la contaminación por actividades industriales y comerciales; la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, en aspectos de desarrollo urbano y obras públicas; la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes con relación a las vías generales de comunicación y del Departamento de Pesca, en actividades pesqueras y de acuacultura en general.
Las Dependencias del Ejecutivo Federal, los Gobiernos de los Estados y de los Ayuntamientos auxiliarán, en caso necesario, a la Secretaría de Salubridad y Asistencia en el cumplimiento y aplicación de esta Ley.
Artículo 6o. Las Dependencias del Ejecutivo Federal a que se refiere el artículo anterior, dentro del ámbito de su competencia deberán estudiar, planear, programar, evaluar y calificar los proyectos o trabajos sobre el desarrollo urbano, parques nacionales, refugios pesqueros, áreas industriales y de trabajo y zonificación en general, fomentando en su caso la descentralización industrial para prevenir los problemas inherentes a la contaminación ambiental.
Artículo 7o. Los proyectos de obras públicos o de particular, que puedan producir contaminación o deterioro ambiental en los reglamentos y normas respectivas, deberán presentarse a la Secretaría de Salubridad y Asistencia, para que ésta los revise y pueda resolver sobre su aprobación, modificación o rechazo, con base en la información relativa a una manifestación de impacto ambiental, consistente en las medidas técnicas preventivas y correctivas para minimizar los daños ambientales durante su ejecución o funcionamiento.
Artículo 8o. La Secretaría de Salubridad y Asistencia fomentará y propiciará programas de estudio, investigaciones y otras actividades técnicas y científicas para desarrollar nuevos sistemas, métodos, equipos y dispositivos que permitan proteger al ambiente, invitando a participar en la solución de este problema a las instituciones de alto nivel educativo, a los sectores social y privado y a los particulares en general.
Artículo 9o. La Secretaría de Salubridad y Asistencia, en los términos dispuestos por esta Ley, desarrollará programas tendientes a mejorar la calidad del aire, las aguas, el medio marino, el suelo y subsuelo, los alimentos, así como aquellas áreas cuyo grado de contaminación se considere peligroso para la salud pública, la flora, la fauna y los ecosistemas.
Artículo 10. El Ejecutivo Federal, a través de las Secretarías de Salubridad y Asistencia y de Educación Pública, así como de las dependencias y organismos que en cada caso estime convenientes, promoverá el desarrollo de programas docentes e informativos a nivel nacional, sobre la significación del problema de la contaminación ambiental, orientando especialmente a la niñez y a la juventud, hacia el conocimiento y acciones tendientes a resolver los problemas ecológicos y proteger el ambiente.
Artículo 11. La Secretaría de Salubridad y Asistencia podrá celebrar convenios con los Gobiernos de los Estados y del Distrito Federal y con los municipios, para coordinar las actividades a que se refiere el artículo 1o. de esta Ley, a fin de utilizar adecuadamente los servicios del personal de las entidades participantes y alcanzar el mayor rendimiento de los bienes de recursos económicos de éstas.
Artículo 12. La Secretaría de Salubridad y Asistencia propondrá al Ejecutivo Federal la expedición de las disposiciones conducentes para:
A) Localizar, clasificar y evaluar los tipos de fuentes de contaminación, señalando las normas y procedimientos técnicos a los que deberán sujetarse las emanaciones, emisiones, descargas, depósitos, servicios, transportes y, en general, cualquier actividad que degrade o dañe al ambiente;
B) Determinar las medidas, procesos y técnicas adecuadas para la prevención, control y abatimiento de la contaminación ambiental, indicando los dispositivos, instalaciones, equipos y sistemas de uso obligatorio para dicho efecto;
C) Regular la exploración, explotación, producción, transporte, composición, almacenamiento y el uso y disposición final de energéticos, minerales, substancias químicas y otros productos que por su naturaleza puedan causar o causen contaminación del ambiente;
D) Realizar, contratar y ordenar, según corresponda, los estudios, las obras o trabajos, así como implantar medidas mediatas o inmediatas que sean convenientes para proteger el ambiente;
E) Proteger la flora y la fauna, especialmente aquellas especies que estén en peligro de extinción, o se consideren benéficas para el equilibrio de los ecosistemas, y
F) Crear los organismos necesarios, con la estructura y funciones que el propio Ejecutivo les asigne, conforme a las finalidades que persigue esta Ley.
Artículo 13. La Secretaría de Salubridad y Asistencia, propondrá al Ejecutivo Federal las declaratorias sobre la localización, extensión y características de las áreas o regiones que requieran de protección, mejoramiento, conservación y restauración de sus condiciones ecológicas, mediante la acción coordinada de las autoridades competentes. Las declaratorias que al efecto expidan deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación e inscribirse en el Registro Público que corresponda.
Artículo 14. Las dependencias que otorguen concesiones, permisos, licencias, autorizaciones y registros de empresas o unidades que sean fuentes emisoras de contaminantes, observarán las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos.
Artículo 15. En los casos de contaminación ambiental con repercusiones peligrosas para los ecosistemas o la salud públicas, así como para la flora y la fauna, la Secretaría de Salubridad y Asistencia dictará y aplicará de inmediato las disposiciones y medidas correctivas que procedan, en coordinación con las autoridades competentes.
CAPÍTULO SEGUNDO
De la protección atmosférica
Artículo 16. Se prohíbe expeler o descargar contaminantes que alteren la atmósfera o que
provoquen o que puedan provocar degradación o molestias en perjuicio de la salud humana, la flora, la fauna y, en general, de los ecosistemas.
Tales operaciones sólo podrán realizarse de conformidad con esta ley y sus reglamento.
Artículo 17. Para efectos de esta Ley serán consideradas como fuentes emisoras de contaminantes:
I. Las naturales que incluyen áreas polvosas de terrenos erosionados o secos, emisiones volcánicas y otras semejantes.
II. Las artificiales o sean aquellas producidas por la acción humana, entre las que se encuentran:
A) Fijas como fábricas, talleres, termoeléctricas, refinarías, plantas químicas, construcciones y cualquiera otra análoga a las anteriores.
b) Móviles como vehículos automotores de combustión interna, aviones, locomotoras, barcos, motocicletas, y similares, y
c) Diversas como la incineración, quema a la intemperie de basura y residuos, uso de explosivos o cualquier tipo de combustión que produzca o pueda producir contaminación.
Artículo 18. La Secretaría de Salubridad y Asistencia estará facultada para:
I. Establecer los procedimientos para prevenir y controlar la Contaminación Atmosférica;
II. Fijar los niveles de las emisiones contaminantes de fuentes fijas y móviles, así como de la inmisión, y
III. Recopilar, revisar, intercambiar e integrar información relacionada con la contaminación atmosférica y su control, en coordinación con organismos públicos y privados, nacionales o internacionales.
Artículo 19. La Secretaría de Salubridad y Asistencia vigilará las fuentes de contaminación atmosférica para que sus emisiones no rebasen los límites permisibles.
CAPÍTULO TERCERO
De la protección de las aguas
Artículo 20. Se prohíbe descargar, sin su previo tratamiento en las redes colectoras, ríos, cuencas, cauces, vasos y demás depósitos o corrientes de aguas, o infiltrar en terrenos, aguas residuales que contengan contaminantes, desechos, materias radiactivas o cualquier otra sustancia dañina a la salud de las personas, a la flora o a la fauna o a los bienes. La Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, en coordinación con la de Salubridad y Asistencia dictarán las medidas para el uso o el aprovechamiento de las aguas residuales y fijarán las condiciones de vertimientos en las redes colectoras, cuencas, cauces, vasos y demás depósitos o corrientes de aguas, así como para infiltrarlas en terrenos.
Artículo 21. Las aguas residuales provenientes de usos públicos, domésticos o industriales, que se descarguen en los sistemas de alcantarillado de las poblaciones o en las cuencas, ríos, cauces, vasos y demás depósitos o corrientes, así como los que por cualquier medio se infiltren en el subsuelo y, en general, las que se derramen en los suelos, deberán reunir las condiciones necesarias para prevenir:
I. Contaminación de los cuerpos receptores;
II. Interferencias en los procesos de depuración de las aguas, y
III. Trastornos, impedimentos o alteraciones en los correctos aprovechamientos, o en el funcionamiento adecuado de los sistemas y en la capacidad hidráulica en las cuencas, cauces, vasos y demás depósitos de propiedad nacional, así como de los sistemas de alcantarillado.
Para descargar aguas residuales, deberán construirse las obras de instalaciones de tratamiento que determine la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, en coordinación con las de Salubridad y Asistencia y de Asentamientos Humanos y Obras Públicas.
Artículo 22. No se autorizará la construcción de obras o instalaciones, ni se permitirá la operación o el funcionamiento de las ya existentes, cuando la descarga de aguas residuales ocasiones o pueda ocasionar contaminación.
Artículo 23. La Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, previo dictamen de la de Salubridad y Asistencia, resolverá sobre las solicitudes de autorización, concesión, o permiso, para la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas residuales o su descarga en aguas propiedad de la nación, imponiendo en cada caso las condiciones necesarias para no contaminar.
Artículo 24. Las aguas residuales, provenientes del alcantarillado urbano, podrán utilizarse en la industria, si se someten al tratamiento de depuración que cumpla con las normas sanitarias que establezca la Secretaría de Salubridad y Asistencia, además de los requisitos que determinen las de Agricultura y Recursos Hidráulicos y de Asentamientos Humanos y Obras Públicas conforme a sus respectivas competencias.
Artículo 25. Las Secretarías de Salubridad y Asistencia, Agricultura y Recursos Hidráulicos y de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, así como las demás autoridades competentes, según el caso, vigilarán que en la ejecución y funcionamiento de las obras, instalaciones y aprovechamientos se observen las normas técnicas para evitar contaminación de las aguas. Al efecto, los interesados deberán proporcionar la información que aquéllas las requieran.
Artículo 26. La Secretaría de Salubridad y Asistencia vigilará e intervendrá para que las aguas que proporcionen los sistemas públicos de abastecimiento a las comunidades urbanas y rurales, reciban el tratamiento adecuado de potabilización.
Artículo 27. La Secretaría de Salubridad y Asistencia vigilará y comprobará en forma permanente, las condiciones sanitarias y de operación de los sistemas de abastecimiento de aguas para uso doméstico.
CAPÍTULO CUARTO
De la protección del medio marino
Artículo 28. Se prohíbe descargar sin previo tratamiento, en las aguas marinas, substancias o desechos de cualquier tipo, así como aguas residuales que contengan contaminantes, nocivos para la salud de las personas y del medio marino.
Para efectos de esta Ley, el medio marino comprende las playas, mar territorial, suelos y subsuelos del lecho marino y zona económica exclusiva.
Artículo 29. La Secretaría de Salubridad y Asistencia, en coordinación con la Marina, resolverá sobre las solicitudes de autorización para descargar aguas residuales o cualquier otro tipo de desechos en aguas marinas, fijándose en cada caso las condiciones y tratamiento de las aguas o desechos.
Artículo 30. Se prohíbe la construcción de obras e instalaciones, así como la operación de las ya existentes, cuando éstas ocasionen o puedan ocasionar contaminación grave del medio marino.
Artículo 31. Las Secretarías de Salubridad y Asistencia, Marina, Comunicaciones y Transportes y el Departamento de Pesca, dentro de sus atribuciones, vigilarán e intervendrán para evitar la contaminación del medio marino.
Artículo 32. Las dependencias a que se refiere el artículo anterior, con la colaboración de las autoridades auxiliares a que se refiere esta Ley, formularán y aplicarán las disposiciones que se consideren necesarias para la prevención y control de la contaminación de las aguas de jurisdicción nacional, estableciendo al efecto los órganos técnicos adecuados para el fomento y desarrollo de los estudios e investigaciones que se requieran.
CAPÍTULO QUINTO
De la protección de los suelos
Artículo 33. Se prohíbe descargar, depositar o infiltrar contaminantes en los suelos, sin el cumplimiento de las normas técnicas correspondientes. La Secretaría de Salubridad y Asistencia autorizará el funcionamiento de los sistemas de recolección, depósito, alejamiento, uso, tratamiento y disposición final de desechos sólidos.
Artículo 34. Las personas físicas o morales que aprovechen o dispongan de los desechos sólidos o basura, deberán hacerlo sujetándose a la reglamentación que al efecto se expida y, en su caso, de acuerdo con los proyectos, instalaciones y normas de funcionamiento relativos, que aprueben las dependencias competentes.
Artículo 35. Los desechos sólidos que originen contaminación, provenientes de usos públicos, domésticos, industriales, agropecuarios o de cualquier otra especie, que se acumulen o puedan acumular en los suelos, deberán reunir las condiciones necesarias para prevenir o evitar:
I. La contaminación del suelo;
II. Las alteraciones nocivas en el proceso biológico de los suelos, y
III. La modificación, trastornos o alteraciones ya sea en el aprovechamiento, uso o explotación del suelo o en la capacidad hidráulica de los ríos, cuencas, cauces, lagos, embalses, aguas marinas y otros cuerpos de aguas.
Artículo 36. Los procesos industriales que generen desechos sólidos que por su naturaleza sean de lenta degradación, como plásticos, vidrio, aluminio u otros materiales similares, se ajustarán al reglamento que al efecto se expida.
Artículo 37. Los proyectos de obras e instalaciones necesarias para la utilización o explotación de los suelos para fines urbanos, industriales, agropecuarios, recreativos y otros, se someterán a la autorización de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, la que resolverá tomando en cuenta el dictamen que emitan las dependencias competentes, según el tipo de obra o instalación de que se trate.
Artículo 38. La Secretaría de Salubridad y Asistencia, promoverá ante las Secretarías de Patrimonio y Fomento Industrial, Agricultura y Recursos Hidráulicos o de Comercio, según corresponda, las restricciones que sean necesarias en materia de importación, producción, tenencia y uso de substancias nocivas o peligrosas, así como la prohibición de la fabricación, uso o importación de aquellas cuya tenencia, uso o disposición cause contaminación grave o peligrosa al ambiente o a la salud pública.
Artículo 39. En aquellas áreas urbanas o rurales que por sus características o condiciones naturales requieran protegerse de la acción de la contaminación, la Secretaría de Salubridad y Asistencia, con el auxilio de las autoridades competentes, podrá determinar limitaciones o suspender, mediante los estudios y justificaciones técnicas o científicas del caso, la instalación o funcionamiento de industrias, comercios, servicios, desarrollos urbanos o cualquier otras actividad que pueda causar o incrementar degradación ambiental y dañar los procesos ecológicos.
CAPÍTULO SEXTO
De la protección del ambiente por efectos de la energía térmica, ruido y vibraciones.
Artículo 40. Queda prohibido producir emisiones contaminantes de energía térmica, ruido y vibraciones perjudiciales al ambiente o salud pública, en contravención a las disposiciones legales relativas.
Artículo 41. En la construcción de obras o instalaciones que generen energía térmica, ruido o vibraciones, así como en la operación o funcionamiento de las existentes, deberán tomarse las medidas técnicas preventivas y
correctivas para evitar los efectos nocivos de tales contaminantes.
Artículo 42. La Secretaría de Salubridad y Asistencia tendrá facultades para establecer los procedimientos a fin de prevenir y controlar la contaminación por energía térmica, ruidos o vibraciones y fijar los límites de tolerancia de dichos contaminantes, así como para vigilar su cumplimiento.
La Secretaría de Salubridad y Asistencia realizará análisis, estudios, investigaciones y vigilancia con el objeto de localizar el origen o procedencia, naturaleza, grado, magnitud, o frecuencia de las emisiones de energía térmica, ruidos o vibraciones para evitar daños o la salud. En coordinación con organismos públicos o privados, nacionales o internacionales, podrá recopilar, revisar, intercambiar e integrar información relacionada con este tipo de contaminación, así como de métodos y tecnología del control y tratamiento de los mismos.
CAPÍTULO SÉPTIMO
De la protección de los alimentos y bebidas por efectos del ambiente
Artículo 43. Conforme a las disposiciones de esta Ley, la Secretaría de Salubridad y Asistencia aplicará las normas técnicas y operativas correspondientes, para vigilar y evitar que los alimentos y bebidas naturales o procesados no se contaminen ni sea alterada su calidad por efectos del ambiente, convirtiéndolos en nocivos para la salud. Asimismo dictará las medidas de saneamiento para que en todo proceso de producción, transporte, industrialización y venta de alimentos y bebidas, se evita la contaminación por efectos del ambiente, coordinando sus acciones con cada una de las dependencias que tengan competencia en la materia.
Artículo 44. La Secretaría de Salubridad y Asistencia estará facultada para:
I. Establecer los procedimientos requeridos a fin de prevenir y controlar la contaminación de los alimentos y bebidas en general, así como vigilar el cumplimiento de las normas de calidad sanitaria de alimentos de importación y exportación;
II. Realizar análisis, estudios, investigaciones y vigilancia, con la finalidad de localizar el origen o procedencia, naturaleza, grado, magnitud, frecuencia y proliferación de contaminantes de los alimentos y bebidas, para evitar daños a la salud;
III. Fijar límites de tolerancia de contaminantes, así como de otras substancias que deterioren o alteren la calidad de los alimentos y bebidas, tanto en la producción de las materias primas que utilicen, como en su proceso de producción, y
IV. Recopilar, revisar e integrar información relacionada con la contaminación de alimentos y bebidas, así como intercambiar métodos y tecnología para la producción, manejo y tratamiento adecuado de los mismos con organismos públicos y privados, nacionales e internacionales.
Artículo 45. En caso de epidemias o endemias, así como de intoxicaciones originadas por contaminación ambiental de alimentos y bebidas, la Secretaría de Salubridad y Asistencia, dictará, desde luego, las medidas preventivas y correctivas que estime pertinentes, coordinando al efecto su acción con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, y con los Gobiernos de los Estados y Ayuntamiento que corresponda, a fin de controlar su propagación.
Artículo 46. La Secretaría de Salubridad y Asistencia, llevará a cabo los programas necesarios para investigar y evaluar la calidad sanitaria de los alimentos y bebidas, en las áreas que a su juicio lo ameriten, para prevenir, controlar y abatir su contaminación en los términos de esta Ley.
CAPÍTULO OCTAVO
De la protección del ambiente por efectos de radiaciones ionizantes
Artículo 47. Queda prohibido llevar a cabo emisiones de radiaciones ionizantes que puedan contaminar el aire, aguas, suelos, flora y fauna, cuando las operaciones que las puedan provocar se realicen sin ajustarse a las disposiciones legales relativas.
Artículo 48. Las fuentes de radiaciones ionizantes deberán reunir las condiciones necesarias para prevenir contaminaciones, interferencias en procesos y aprovechamientos, modificaciones y trastornos en el funcionamiento de los ecosistemas.
Artículo 49. La construcción de obras o instalaciones, así como la operación y funcionamiento de las existentes, donde se manejen o utilicen fuentes de radiaciones ionizantes que ocasionen o puedan ocasionar contaminación perjudicial a la salud, deberán ajustarse a las normas preventivas y de control que fije la Secretaría de Salubridad y Asistencia.
Artículo 50. La Secretaría de Salubridad y Asistencia vigilará e intervendrá para que la emisión de radiaciones ionizantes se efectúen sin causar daños a la salud.
Artículo 51. La Comisión Nacional de Energía Atómica, Uranio Mexicano, el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares y la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, a petición de la Secretaría de Salubridad y Asistencia actuarán como auxiliares y asesores en los casos de emisiones de radiaciones ionizantes.
Artículo 52. La Secretaría de Salubridad y Asistencia tendrá facultades para:
I. Establecer los procedimientos tendientes a prevenir y controlar la contaminación por radiaciones ionizantes;
II. Realizar análisis, estudios, investigaciones y vigilancia, con el objeto de localizar el origen o procedencia, naturaleza, grado,
magnitud o frecuencia de las emisiones de radiaciones ionizantes para evitar daños a la salud;
III. Fijar los límites de tolerancia de las emisiones de fuentes de radiaciones ionizantes, así como vigilar su cumplimiento para evitar riesgos, y
IV. Recopilar, revisar e integrar información relacionada con la contaminación por radiaciones ionizantes, así como intercambiar métodos y tecnología de control y tratamiento adecuado de la misma, con organismos públicos y privados, nacionales e internacionales.
CAPÍTULO NOVENO
De la inspección y vigilancia
Artículo 53. El Ejecutivo Federal por conducto de las autoridades a que se refiere el Artículo 5o. de esta Ley, realizará la vigilancia e inspección que considere necesarias para el cumplimiento de la misma y de sus reglamentos.
Al respecto, el personal autorizado tendrá acceso a los lugares o establecimientos objeto de dicha vigilancia e inspección.
Artículo 54. Las autoridades a que alude el artículo anterior, estarán facultadas para requerir de las personas físicas o morales toda información que conduzca a la verificación del cumplimiento de las normas prescritas por esta Ley y sus reglamentos.
CAPÍTULO DÉCIMO
De las medidas de seguridad y sanciones
Artículo 55. La Secretaría de Salubridad y Asistencia, con base en el resultado de las inspecciones a que se refiere el Artículo 53 de esta Ley, dictará las medidas necesarias, para corregir las deficiencias que se hubieren encontrado, notificándolas al interesado y dándole un plazo adecuado para su realización.
Artículo 56. En los casos de peligro inminente para la salud pública y el medio ambiente, la Secretaría de Salubridad y Asistencia, ordenará de inmediato, como medidas de seguridad, el decomiso y la retención o destrucción de substancias o productos contaminados.
También podrá decretar como medida de seguridad la clausura temporal, parcial o total de la industria o fuente donde se origine la contaminación, fijando término al propietario o responsable para que corrija, a satisfacción de la propia dependencia, las deficiencias o irregularidades. En caso de no hacerlo dentro del plazo concedido, dicha Secretaría, con apoyo en el dictamen técnico correspondiente, decretará la clausura definitiva.
Artículo 57. Las violaciones a los preceptos de esta Ley y sus reglamentos constituyen infracción y serán sancionados por la Secretaría de Salubridad y Asistencia con una o más de las siguientes sanciones:
I. Multa por el equivalente de 5 a 10,000 días del salario mínimo general vigente en el Distrito Federal;
II. Ocupación temporal, total o parcial de las fuentes contaminantes;
III. Clausura temporal o definitiva, parcial o total de las fuentes contaminantes;
IV. Arresto hasta por 36 horas
V. Decomiso de objetos contaminantes, y
VI. Cancelación de concesiones, permisos, licencias y, en general, toda autorización otorgada para operar, funcionar o prestar servicios.
En caso de reincidencia, se podrán imponer hasta dos tantos del importe de la multa, o en su caso, decretar la clausura definitiva.
Por reincidencia se entiende, para los efectos de esta Ley, cada una de las subsecuentes infracciones a una misma disposición legal o reglamentaria, cometidas dentro de los tres años siguientes a la fecha de la resolución en la que se hizo constar la infracción precedente, siempre y cuando ésta no fuera desvirtuada.
Artículo 58. El impedimento de las funciones encomendadas a las autoridades o personal encargado de la aplicación de la presente Ley o la oposición injustificada para permitir que se realice alguna obra o instalación para evitar la contaminación serán sancionadas de acuerdo a lo prescrito por esta Ley y sus reglamentos.
Artículo 59. Turnada un acta de inspección, la unidad administrativa correspondiente de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, citará al interesado personalmente o por correo certificado con acuse de recibo, para que dentro de un plazo no menor de cinco días hábiles ni mayor de quince, comparezca a manifestar lo que a su derecho convenga, en relación con los hechos asentados en el acta de inspección.
Artículo 60. Una vez oído al presunto infractor o a su representante legal acreditado, y recibidas y desahogadas las pruebas que ofreciere, se procederá a dictar la resolución que corresponda dentro de los treinta días hábiles siguientes.
Artículo 61. En caso de que el presunto infractor no compareciera dentro del plazo fijado por el Artículo 59 de esta Ley, se procederá a dictar en rebeldía, la resolución procedente, la que deberá fundarse y motivarse.
Artículo 62. En los casos de clausura temporal o definitiva, el personal comisionado para ejecutar sanciones o medidas de seguridad, procederá a levantar acta detallada de la diligencia, siguiendo para ello los lineamientos generales establecidos para las inspecciones.
Artículo 63. Para la calificación de las infracciones a esta Ley, se tomará en consideración:
I. La gravedad de la infracción;
II. Las condiciones económicas del infractor, y
III. La reincidencia, si la hubiere.
Artículo 64. Las sanciones establecidas en este Capítulo se impondrán sin perjuicio de otro tipo de responsabilidades que surjan con apoyo en otras disposiciones legales.
CAPÍTULO DECIMOPRIMERO
Del recurso de inconformidad
Artículo 65. Las resoluciones dictadas con fundamento en esta Ley y sus reglamentos, podrán ser recurridas dentro del término de quince días hábiles siguientes a la fecha de su notificación. El recurso de inconformidad, deberá presentarse por escrito directamente ante el Titular de la Unidad Administrativa de la Secretaría de Salubridad y Asistencia que haya emitido la resolución que se impugna o por correo certificado con acuse de recibo, en cuyo caso se tendrá como fecha de presentación, la del día en que haya sido depositado el recurso correspondiente a la oficina de correos.
Artículo 66. En el escrito se precisará el nombre y domicilio de quien promueve la inconformidad, los agravios que le cause la resolución o acto impugnado y la mención de la autoridad que haya dictado la resolución u ordenado o ejecutado el acto. Al recurso deberán acompañarse, en su caso, los documentos justificativos de la personalidad del promovente, si ésta no se tiene ya acreditada ante las autoridades de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, así como las pruebas que se estimen pertinentes y el ofrecimiento de aquellas que deban desahogarse posteriormente.
Artículo 67. En el caso de que el recurrente hubiere ofrecido pruebas, éstas deberán desahogarse dentro de los treinta días siguientes contados a partir de la fecha de su ofrecimiento.
Artículo 68. Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, la autoridad que hubiere impuesto la sanción u ordenado la medida de seguridad, turnará el expediente con su opinión a la unidad administrativa de la Secretaría de Salubridad y Asistencia que corresponda, para que formule un dictamen jurídico sobre lo actuado.
Artículo 69. Una vez emitido el dictamen, el Secretario de Salubridad y Asistencia confirmará, modificará o renovará la sanción o medida de seguridad, según proceda.
Artículo 70. La interposición del recurso de inconformidad suspenderá la ejecución de la resolución, hasta en tanto ésta se revoque, confirme o modifique.
El interés fiscal en su caso, deberá garantizarse conforme a la Ley.
Artículo 71. El Titular de la Secretaría de Salubridad y Asistencia podrá delegar la atribución de resolver los recursos de inconformidad.
CAPÍTULO DECIMOSEGUNDO
De la acción popular
Artículo 72. Se concede acción popular para denunciar ante la autoridad todo hecho, acto u omisión que genere contaminación.
Si en la localidad no existiere representante de las autoridades a que se refiere el Artículo 5o. de esta Ley, la denuncia se podrá hacer ante la autoridad municipal, la que la remitirá para su atención y trámite a la Secretaría de Salubridad y Asistencia para sus efectos.
Artículo 73. La acción popular para denunciar la existencia de alguna de las fuentes de contaminación a que se refiere la Ley podrá ejercitarse por cualquier persona, bastando para darle curso, el señalamiento de los datos necesarios que permitan localizar la fuente, así como el nombre y domicilio del denunciante.
Artículo 74. La Secretaría de Salubridad y Asistencia, al recibir la denuncia, identificará debidamente al denunciante y escuchar, en su caso, a la persona a quien pueda afectar el resultado de la misma.
Artículo 75. La Secretaría de Salubridad y Asistencia deberá efectuar las visitas, inspecciones y, en general, las diligencias necesarias para la comprobación de la existencia de la fuente contaminante denunciada, así como su localización y clasificación y la evaluación de la contaminación producida.
Después de realizadas las diligencias que procedan, si fuere necesario, se dictarán la medidas técnicas conducentes y se procederá conforme a lo dispuesto en esta Ley.
Artículo 76. Localizada que sea la fuente de contaminación denunciada por algún particular y después de que se dicten y apliquen las medidas correspondientes, la Secretaría de Salubridad y Asistencia lo hará saber al denunciante, en vía de reconocimiento a su cooperación cívica, enviando copia de la comunicación a las demás autoridades encargadas de la orientación y difusión relativas a la contaminación ambiental, a fin de estimular la cooperación general en estas actividades de interés público.
CAPÍTULO DECIMOTERCERO
De los delitos
Artículo 77. Se impondrá la pena de seis meses a tres años de prisión y multa por el equivalente de 50 a 5,000 días del salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, al que intencionalmente o por imprudencia:
I. Expela o descargue contaminantes peligrosos que deterioren la atmósfera o que provoquen o puedan provocar daños graves a la salud pública, la flora y fauna;
II. Descargue, sin su previo tratamiento, en el medio marino, ríos, cuencas, cauces, vasos o demás depósitos de aguas, incluyendo los sistemas de abastecimiento de agua o infiltre en suelos o subsuelos, aguas residuales, desechos o contaminantes que causen o puedan causar daños graves a la salud pública, la flora, la fauna o los ecosistemas, y
III. Genere emisiones de energía térmica, ruido o vibraciones, que ocasionen graves daños a la salud pública, la flora, la fauna o los ecosistemas.
Artículo 78. Se sancionará con la pena de uno a cinco años de prisión y multa por el equivalente de 100 a 10,000 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, para quienes cometan alguno de los siguientes delitos:
I. Fabricar, almacenar, usar, importar, comerciar, transportar o disponer sin autorización de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, substancias o materiales contaminantes que causen o puedan causar riesgo o peligro grave a la salud pública, la flora, la fauna o los ecosistemas;
II. Contaminar o permitir la contaminación de alimentos o bebidas con repercusiones para la salud pública, y
III. Generar emisiones de radiaciones ionizantes que ocasionen graves daños a la salud pública, la flora, la fauna o los ecosistemas.
Artículo 79. Las sanciones a que se refieren los artículos 77 y 78 de esta Ley, serán sin perjuicio de la responsabilidad civil con motivo de los daños que pudieran causarse.
TRANSITORIOS
Artículo primero. Esta Ley entrará en vigor treinta días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo segundo. Se abroga la Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación Ambiental de 12 de marzo de 1971 y se derogan las demás disposiciones que se opongan a la presente Ley.
Artículo tercero. En tanto el Ejecutivo Federal expida los reglamentos de esta Ley, seguirán aplicándose en lo que no le contravengan, el Reglamento para la Previsión y Control de la Contaminación Atmosférica Originada por la Emisión de Humos y Polvos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de septiembre de 1971, el Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación de Aguas, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 29 de marzo de 1973 y el Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental Originada por la Emisión de Ruidos, publicado en el Diario Oficial el 2 de enero de 1976.
Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal a los veintiocho días del mes de octubre de mil novecientos ochenta y uno.
El Presidente de la República, José López Portillo".
El C. Presidente: En atención a que este documento ha sido ya impreso y distribuido entre los ciudadanos diputados, ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura y se turna desde luego a Comisión.
El C. secretario Antonio Cueto Citalán: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se le dispensa la lectura a la Iniciativa y se turna desde luego a Comisión. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Se dispensa la lectura.
Recibo y a la Comisión de Ecología y Medio Ambiente e imprímase.
El C. David Bravo y Cid de León: Moción de orden, señor Presidente.
La Secretaría respondió haciendo referencia al punto del Orden del Día ya desahogado y no al que usted le encomendaba. La Presidencia pidió que se suspendiera la lectura por segunda vez y que entrara a discusión, pero de la Comisión de Marina con proyecto de Decreto que reforma el artículo 50 de la Ley de Navegación.
El C. secretario Antonio Cueto Citalán: Sí se pondrá a discusión al final, de acuerdo con el Orden del Día.
CONDECORACIÓN
- El C. secretario Antonio Cueto Citalán:
"Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Poder Ejecutivo Federal. - México, D. F. - Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. - Presentes.
A continuación transcribo a ustedes, para su conocimiento y fines legales procedentes, oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió al suscrito, con fecha 15 del actual manifestando lo siguiente:
Ruego a usted atentamente tenga a bien solicitar del H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, apartado B, del artículo 37 de nuestra Constitución, para que el C. Embajador Oscar González César, representante alterno de México ante las Naciones Unidas, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden de Isabel la Católica que, en grado de Comendador, le confiere el Gobierno de España.'
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D. F., a 27 de octubre de 1981. - El Secretario, profesor Enrique Olivares Santana."
- Trámite: Recibo y a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
MINUTAS
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
"Departamento de Control Legislativo Sección Primera oficio número 425.
CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. - Presentes.
Para los efectos constitucionales, con el presente tenemos el honor de remitir a ustedes el expediente con la minuta del proyecto de Decreto por el cual se concede permiso al ciudadano Francisco Antonio Sánchez Fuentes, para prestar servicios como cajero en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.
México, D. F., a 27 de octubre de 1981. - Rafael Minor Franco, S. S. - Luis León Aponte, S. S."
"MINUTA
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Francisco Antonio Sánchez Fuentes, para prestar servicios como cajero en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores. - México, D. F., 27 de octubre de 1981. - Víctor Manuel Liceaga Ruibal, S. P. - Rafael Minor Franco, S. S. - Luis León Aponte S. S."
- Trámite: Recibo y a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
- El mismo C. Secretario:
"Departamento de Control Legislativo Sección Primera, oficio número 426.
CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. - Presentes.
Para los efectos constitucionales, con el presente tenemos el honor de remitir a ustedes el expediente con la minuta del proyecto de Decreto por el cual se concede permiso a la ciudadana Margarita Vázquez Aguilar, para prestar servicios como empleada consular en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.
México, D. F., a 27 de octubre de 1981. - Rafael Minor Franco, S. S. - Luis León Aponte, S. S."
"MINUTA
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana Margarita Vázquez Aguilar para prestar servicios como empleada consular en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores. - México, D. F., 27 de octubre de 1981. - Víctor Manuel Liceaga Ruibal, S. P. - Rafael Minor Franco, S. S. - Luis León Aponte S. S."
- Trámite: Recibo y a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
- El mismo C. Secretario:
"Departamento de Control Legislativo Sección Primera, oficio número 427.
CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. - Presentes.
Para los efectos constitucionales, con el presente tenemos el honor de remitir a ustedes el expediente con la minuta del proyecto de Decreto por el cual se concede permiso a la ciudadana María Teresa Escobedo Cházaro, para prestar servicios como operadora del teléfono en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.
México, D. F., 27 de octubre de 1981. - Luis León Aponte, S. S. - José Luis Escobar Herrera, S. S."
"MINUTA
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana María Teresa Escobedo Cházaro, para prestar servicios como operadora del teléfono en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores. - México, D. F., 27 de octubre de 1981. - Víctor Manuel Liceaga Ruibal, S. P. - Luis León Aponte, S. S. - José Luis Escobar Herrera, S. S."
- Trámite: Recibo y a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
- El mismo C. Secretario:
"Departamento de Control Legislativo Sección Primera, oficio número 424.
CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. - Presentes.
Para los efectos constitucionales, con el presente tenemos el honor de remitir a ustedes el expediente con la minuta del proyecto de Decreto por el cual se concede permiso a la ciudadana Bertha Olivia Muñoz Gómez, para prestar servicios como empleada consular en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.
México, D. F., 27 de octubre de 1981. - Rafael Minor Franco, S. S. - Luis León Aponte, S. S."
"MINUTA
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana Bertha Olivia Muñoz Gómez, para prestar servicios como empleada consular en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores. - México, D. F., 27 de octubre de 1981. - Víctor Manuel Liceaga Ruibal, S. P. - Rafael Minor Franco, S. S. - Luis León Aponte S. S."
- Trámite: Recibo y a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
CONDECORACIONES
- El C. secretario Silvio Lagos Martínez:
"Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente con la solicitud de permiso constitucional necesario para que los ciudadanos licenciado Joaquín Gamboa Pascoe, licencia Luis M. Farías, licenciado Fernando Solana, profesor Carlos Hank González, embajador Carlos González Parrodi y licenciado Jorge de la Vega Domínguez puedan aceptar y usar la Condecoración de la Orden de la Legión de Honor, en el grado de Comendador, que les confiere el Gobierno de la República Francesa.
La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B) del artículo 37 Constitucional, se permite someter a la consideración de la H. Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a los ciudadanos licenciado Joaquín Gamboa Pascoe, licenciado Luis M. Farías, licenciado Fernando Solana, profesor Carlos Hank González, embajador Carlos González Parrodi, licenciado Jorge de la Vega Domínguez, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden de la Legión de Honor en el grado de Comendador, que les confiere el Gobierno de la República Francesa.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. - México, D. F., a 30 de octubre de 1981. - Presidente, Luis M. Farías. - Secretario, Antonio Huitrón Huitrón. - Rafael Corrales Ayala. - Juan Aguilera Azpeitia. - Eduardo Aviña Bátiz. - Juan Manuel Elizondo Cadena. - Francisco Javier Gaxiola Ochoa. - Enrique Cantú Rosas. - Rafael Ibarra Chacón. - Juan Landerreche Obregón. - Juan Maldonado Pereda. - Guillermo Medina de los Santos. - Raúl Pineda Pineda. - Luis Octavio Porte Petit Moreno. - Gilberto Rincón Gallardo. - Ezequiel Rodríguez Arcos. - Eduardo Anselmo Rosas González. - Enrique Sánchez Silva. - Ignacio Vázquez Torres. - Abel Vicencio Tovar R."
- Trámite: Primera lectura.
- El mismo C. Secretario:
"Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente con la solicitud de permiso constitucional necesario para que los ciudadanos licenciado Julio Rodolfo Moctezuma Cid, general Miguel Angel Godínez Bravo, embajadora Aída González Martínez, embajador Raúl Valdés Aguilar, embajador Miguel Marín Bosch, licenciado Luis Javier Solana y general Jesús Chico Chico puedan aceptar y usar la Condecoración de la Orden Nacional al Mérito, en grado de Gran Oficial, que les confiere el Gobierno de la República Francesa.
La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B) del artículo 37 Constitucional, se permite someter a la consideración de la H. Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a los ciudadanos licenciados Julio Rodolfo Moctezuma Cid, general Miguel Angel Godínez Bravo, embajadora Aída González Martínez, embajador Raúl Valdés Aguilar, embajador Miguel Marín Bosch, licenciado Luis Javier Solana y general Jesús Chico Chico, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden Nacional al Mérito, en grado de Gran Oficial, que les confiere el Gobierno de la República Francesa.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. - México, D. F., a 30 de octubre de 1981. - Presidente, Luis M. Farías. - Secretario, Antonio Huitrón Huitrón. - Rafael Corrales Ayala. - Juan Aguilera Azpeitia. - Eduardo Aviña Bátiz. - Juan Manuel Elizondo Cadena. - Francisco Javier Gaxiola Ochoa. - Enrique Cantú Rosas. - Rafael Ibarra Chacón. - Juan Landerreche Obregón. - Juan Maldonado Pereda. - Guillermo Medina de los Santos. - Raúl Pineda Pineda. - Luis Octavio Porte Petit Moreno. - Gilberto Rincón Gallardo. - Ezequiel Rodríguez Arcos. - Eduardo Anselmo Rosas González. - Enrique Sánchez Silva. - Ignacio Vázquez Torres. - Abel Vicencio Tovar R."
- Trámite: Primera lectura.
- El mismo C. Secretario:
"Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente con la solicitud de permiso constitucional necesario para
que los ciudadanos licenciado Antonio González de León, licenciada Sandra Fuentes Berain, licenciado Rafael Tovar y de Teresa, licenciado Francisco Roux López, licenciado Mario Ramón Beteta y licenciado Rafael Izquierdo, puedan aceptar y usar la Condecoración de la Orden de la Legión de Honor, en grado de Oficial, que les confiere el Gobierno de la República Francesa.
La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B) del artículo 37 Constitucional, se permite someter a la consideración de la H. Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a los ciudadanos licenciado Antonio González de León, licenciada Sandra Fuentes Berain, licenciado Rafael Tovar y de Teresa, licenciado Francisco Roux López, licenciado Mario Ramón Beteta y licenciado Rafael Izquierdo, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden de la Legión de Honor, en grado de Oficial, que les confiere el Gobierno de la República Francesa.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. - México, D. F., a 30 de octubre de 1981. - Presidente, Luis M. Farías. - Secretario, Antonio Huitrón Huitrón. - Rafael Corrales Ayala. - Juan Aguilera Azpeitia. - Eduardo Aviña Bátiz. - Juan Manuel Elizondo Cadena. - Francisco Javier Gaxiola Ochoa. - Enrique Cantú Rosas. - Rafael Ibarra Chacón. - Juan Landerreche Obregón. - Juan Maldonado Pereda. - Guillermo Medina de los Santos. - Raúl Pineda Pineda. - Luis Octavio Porte Petit Moreno. - Gilberto Rincón Gallardo. - Ezequiel Rodríguez Arcos. - Eduardo Anselmo Rosas González. - Enrique Sánchez Silva. - Ignacio Vázquez Torres. - Abel Vicencio Tovar R."
- Trámite: Primera lectura.
- El mismo C. Secretario:
"Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente con la solicitud de permiso constitucional necesario para que los ciudadanos ingeniero Francisco Noreña, C. Emilio Carrillo Gamboa, C. Carlos Humberto Bermúdez Dávila, C. Pedro Ojeda Paullada, C. Luis Cassio Luiselli y C. Mauricio Toussaint puedan aceptar y usar la Condecoración de la Orden Nacional al Mérito, en grado de Comendador, que les confiere el Gobierno de la República Francesa.
La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B) del artículo 37 Constitucional, se permite someter a la consideración de la H. Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a los ciudadanos Francisco Noreña, Emilio Carrillo Gamboa, Carlos Bermúdez Dávila, Pedro Ojeda Paullada, Luis Cassio Luiselli y Mauricio Toussaint, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden Nacional al Mérito, en grado de Comendador, que les confiere el Gobierno de la República Francesa.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. México, D. F., a 30 de octubre de 1981. - Presidente, Luis M. Farías. - Secretario, Antonio Huitrón Huitrón. - Rafael Corrales Ayala. - Juan Aguilera Azpeitia. - Eduardo Aviña Bátiz. - Juan Manuel Elizondo Cadena. - Francisco Javier Gaxiola Ochoa. - Enrique Cantú Rosas. - Rafael Ibarra Chacón. - Juan Landerreche Obregón. - Juan Maldonado Pereda. - Guillermo Medina de los Santos. - Raúl Pineda Pineda. - Luis Octavio Porte Petit Moreno. - Gilberto Rincón Gallardo. - Ezequiel Rodríguez Arcos. - Eduardo Anselmo Rosas González. - Enrique Sánchez Silva. - Ignacio Vázquez Torres. - Abel Vicencio Tovar R."
- Trámite: Primera lectura.
- El mismo C. Secretario:
"Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea:
"Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente con la solicitud de permiso constitucional necesario para que los ciudadanos licenciado Benito Andión Sancho y C. José Luis Martínez Hernández puedan aceptar y usar la Condecoración de la Orden de la Legión de Honor en grado de Caballero, que les confiere el Gobierno de la República Francesa.
La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B) del artículo 37 Constitucional, se permite someter a la consideración de la H. Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a los ciudadanos licenciado Benito Andión Sancho y José Luis Martínez Hernández, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden de la Legión de Honor, en grado de Caballero, que les confiere el Gobierno de la República Francesa.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. - México, D. F., a 30 de octubre de 1981. - Presidente, Luis M. Farías. - Secretario, Antonio Huitrón Huitrón. - Rafael Corrales Ayala. - Juan Aguilera Azpeitia. - Eduardo Aviña Bátiz. - Juan Manuel Elizondo Cadena. - Francisco Javier Gaxiola Ochoa. - Enrique Cantú Rosas. - Rafael Ibarra Chacón. - Juan Landerreche Obregón. - Juan Maldonado Pereda. - Guillermo Medina de los Santos. - Raúl Pineda Pineda. - Luis Octavio Porte Petit Moreno. - Gilberto Rincón Gallardo. - Ezequiel Rodríguez Arcos. - Eduardo Anselmo Rosas González. - Enrique Sánchez Silva. - Ignacio Vázquez Torres. - Abel Vicencio Tovar R."
- Trámite: Primera lectura.
CONSIDERACIONES SOBRE TRABAJADORES BANCARIOS
El C. Presidente: Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Ernesto Rivera Herrera.
El C. Ernesto Rivera Herrera: Señor Presidente;
Señoras y señores diputados:
"Desde siempre, la batalla que ha librado el pueblo mexicano, ha sido en el sentido de elevar el nivel de sus condiciones de vida, lograr la ampliación del régimen democrático, y darle al país la plena independencia nacional respecto del extranjero imperial. A esta lucha, acompañaron grandes combates para salvaguardar la soberanía frente a múltiples y reiteradas amenazas intervencionistas patrocinadas por el imperialismo yanqui.
Estas actividades de colonización no sólo fueron en el terreno armado, sino a través del dominio político, de las inversiones financieras y del control de las principales fuerzas productivas por medio de la creación de instituciones bancarias encargadas de manejar el crédito, siempre con la intención de sujetar el desarrollo económico nacional, para favorecer sus inversiones y mantenernos como reserva de explotación en sus planes económicos.
Tan peligrosa situación produjo la definición del pueblo mexicano hacia dos grandes campos. Unos, los partidarios de entregar a la nación al imperialismo norteamericano, sin lo cual no sería posible alcanzar el desarrollo económico tan necesario para satisfacer las demandas populares de tener pan, paz, democracia y cultura.
Por el otro, los oponentes de la tendencia nacionalista y patriótica que advertían que los capitales extranjeros no sólo sumían el pueblo en las miserables condiciones de esclavitud y explotación, sino que nos empobrecían más, al descapitalizarnos y acabarse nuestros recursos naturales mediante el saqueo más nefasto.
Al llegar al gobierno el General Lázaro Cárdenas surgió la necesidad, o ésta se hizo más objetiva, de establecer una banca privada, pero más ligada a los intereses nacionales y más comprometida con los anhelos independentistas del pueblo mexicano.
La situación nacional se caracterizaba por la aplicación de medidas de profundo beneficio popular: impulso a la educación rural, afectación de latifundios, y la creación de ejidos, respeto a las comunidades indígenas y a las colonias. En estas condiciones, cuando la organización sindical de los trabajadores cobrara un auge formidable, proteger a las instituciones financieras era un contrasentido, pero era una necesidad. Por estas razones se dio lugar a la aprobación de un Reglamento de Trabajo de Empleados de las Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares.
El objetivo era estimular la creación de una banca privada nacional. Para ello se produjeron múltiples medidas proteccionistas, que repercutieron básicamente en contra de los trabajadores bancarios. El panorama nacional se significaba por los trascendentales cambios que realizaba el régimen cardenista de acelerar la reforma agraria, de convocar al movimiento obrero que reclamaba su participación en el proceso económico nacional de acuerdo con el proyecto revolucionario, de impulsar la educación gratuita popular y antiimperialista. En estas condiciones, los trabajadores bancarios, sacrificaron sus anhelos de participar en la construcción de la nueva estructura social, que emanaba del movimiento revolucionario, al marginarlos de los derechos sociales consagrados por nuestras leyes.
El reglamento de Trabajo de los Empleados de las Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares, ha servido para atropellar los derechos de los trabajadores bancarios, ha servido para incidir en la deformación de éstos, para la ideología burguesa que los patrones transmiten a los trabajadores, haciéndoles creer, que la misma responsabilidad tiene el servidor de ventanilla que el ejecutivo. Les transmiten sus conceptos anacrónicos, anticuados de la vida social, y, por desgracia, entre muchos trabajadores se ha desarrollado esta mentalidad individualista, proclive al consumo suntuario y al endeudamiento permanente.
Durante años, las instituciones bancarias han explotado con exceso al personal directivo, administrativo, al que atiende al público y al manual. Se violan todas las disposiciones señaladas en la Constitución General de la República, en el Artículo 123 de la Carta Magna y la Ley Federal del Trabajo.
Pero 1937 ha quedado muy lejos. Ya no justifica el proteccionismo oficial de que disponen las empresas bancarias. Menos ahora, cuando al acumular extraordinario poder económico, pretende, por sus nexos con los centros financieros internacionales, controlar el poder político.
Al proponerse la Nueva Ley Federal del Trabajo en vigor, desde el 1o. de mayo de 1970, a iniciativa del Presidente Luis
Echeverría, se derogó el Reglamento que cuestionamos y se reconoció el derecho a la Sindicalización. Contratación Colectiva y el Derecho de Huelga para todos los trabajadores sin excepción. Sin embargo, y seguramente debido a fuertes presiones de los altos círculos financieros nacionales y extranjeros, nuevamente fue reformado el citado Reglamento el 14 de julio de 1972 en sentido negativo, obligándose así a los trabajadores bancarios a renunciar a sus derechos fundamentales, es decir se anulan las posibilidades de organización colectiva del personal de las instituciones de crédito y establece una excepcional situación de privilegio en beneficio exclusivo de la Banca.
Estas modificaciones fueron también para otorgar facultades decisorias a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros para resolver y dilucidar cualquier conflicto obrero patronal y la que deberá tutelar los derechos laborales de los trabajadores de las instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares; prohibe el derecho a la asociación, de contratación colectiva, prohibe la suspensión de labores a empleados, sancionándolos con la terminación del contrato individual de trabajo. Esta rectificación deja abierta la suspensión de labores únicamente a la parte patronal.
Se viola también la Ley Orgánica de la Federación y la Ley de las Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares, cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se atribuye injerencia laboral y estas funciones corresponden a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
En consecuencia todas estas modificaciones al reglamento de trabajo, son contrarias al espíritu social de la Constitución Política de la República del texto del artículo 123 y de la nueva Ley Federal del Trabajo.
Sin embargo contra estas negativas situaciones ha surgido un poderoso movimiento que aspira a derrumbar estas pésimas condiciones de trabajo ello se debe a que en la época del Presidente Ruiz Cortines se halla promovido la desaparición de este anticonstitucional reglamento. Más tarde en el gobierno del licenciado Echeverría, se dieron pasos hacia la reconquista de sus derechos, pero las presiones hicieron que se abandonara este esfuerzo.
En los actuales momentos existen otras circunstancias históricas y políticas. La correlación de fuerzas abandona su equilibrio para inclinar su balanza a favor de las posiciones de avanzada donde las fuerzas democráticas y revolucionarias, juegan un importante papel en la gran batalla por impulsar a la Revolución Mexicana al cumplimiento de sus objetivos históricos.
Estimamos que ha llegado el momento de corregir esta grave violación al Derecho laboral, y de darle plena vigencia a los pronunciamientos constitucionales sobre cualquier interés empresarial.
Esta importante rectificación histórica en beneficio de más de 200 mil trabajadores, no sólo acabará con la discriminación y la marginación en que se mantiene a estos compatriotas, sino que se llenará un vacío de justicia que el movimiento revolucionario tiene con ellos.
En virtud de lo expuesto, ruego al señor Presidente de la Asamblea autorizar la lectura de la fracción 16 del Artículo 21 del Reglamento Interior de Trabajo, a fin de ilustrar a la H. Asamblea.
El C. secretario Silvio Lagos: "Artículo 21. Son obligaciones del Presidente, fracción 16, excitar cualquiera de las Comisiones, a nombre de la Cámara, a que presenten dictamen, si han transcurrido 5 días después de aquel en que se les turne un asunto, y si no fuera suficiente, la emplazará para día determinado, y si ni así presentara el dictamen propondrá a la Cámara que se pase a otra Comisión".
Servido, señor diputado.
El C. Ernesto Rivera Herrera: Muchas gracias, señor Secretario. Por tanto, señor Presidente, a nombre de la fracción parlamentaria del PPS, le agradeceremos exhortar a las comisiones de Trabajo y Previsión Social para que de inmediato se aboque a la formulación del dictamen en relación a las iniciativas que para derogar el Reglamento de Trabajo de los empleados de instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares, y hacer posible la sindicalización de los trabajadores bancarios, presentaron a esta Soberanía el Congreso del Trabajo, a nombre del PRI, y de la Coalición de Izquierda, Partido Comunista Mexicano, en la mayor brevedad posible.
Por su atención muchas gracias, señor Presidente, y honorable Asamblea. (Aplausos).
El C. Presidente: Se exhorta a la Comisión de Trabajo y Previsión Social a que presente en el menor término posible, el dictamen de la Iniciativa de que se trata.
EMPRÉSTITO AL GRUPO ALFA
El C. Carlos Sánchez Cárdenas: Señor Presidente, pido la palabra.
El C. Presidente: ¿Con qué objeto, señor diputado?
El C. Carlos Sánchez Cárdenas: Para presentar unos puntos de acuerdo.
El C. Presidente: Tiene la palabra el ciudadano diputado Carlos Sánchez Cárdenas.
El C. Carlos Sánchez Cárdenas: Señor Presidente;
Honorables colegas:
En la edición que anualmente edita una revista norteamericana especializada en asuntos económicos, donde informa acerca de las mayores empresas del mundo, se dice que dentro de estas 500 empresas figura una sociedad privada mexicana integrada particularmente por capitalistas del Grupo Monterrey, que se presenta con el título de Grupo Alfa. Figura el Grupo Alfa también entre los primeros lugares de la relación de las 500
mayores empresas de México, lugar que aventaja a empresas estatales tan importantes como FERTIMEX.
Algunos comentarios de expertos en asuntos económicos y financieros, pertenecientes particularmente a la iniciativa privada, aprovecharon el dato para hacer un gran elogio acerca de la empresa libre y de la eficacia de los hombres de negocios del Grupo Monterrey. Sin embargo, parece que las cosas no andan tan bien para ese grupo y no andan tan bien tampoco para los intereses de la nación, en la medida en que son involucrados por la actividad del Grupo Alfa.
Esta intervención no tendrá razón de ser si no fuese porque de los datos que han venido apareciendo y de operaciones de crédito recientes, en las que el Estado Mexicano se encuentra involucrado, resultan afectados numerosos mexicanos, en operaciones que debieran estar sujetas a nuestra legislación y afectados también, repito, los intereses de la nación, y de ahí esta exposición y los puntos de acuerdo que propondré a ustedes, esperando se sirvan aprobarlos, al final de ella.
Resulta que la empresa Alfa había venido cosechando elevadas utilidades.
Para 1979 se habló de una utilidad que excedía a los 3 mil millones de pesos. La revista "Razones" informó que para 1980 la empresa había recaudado también una utilidad equivalente a esa cifra y que había percibido también de parte del Estado, como resultado de una serie de gracias, de exenciones, de favores, de parte del Estado, de dispensas, de impuestos, un ingreso también mayor a 3 mil millones de pesos. Así esta empresa desarrollaba una amplio programa de expansión y, en efecto, aparentemente nos hallábamos ante un ejemplo de las excelencias de la empresa libre privada.
Pero ya de tiempo atrás se había venido manifestando alguna inquietud ante el conocimiento de determinadas cifras, de ciertos datos, que nos hacían ver que en el fondo de todo ese bonancible emporio industrial, comercial, integrado por 80 empresas que invaden diversos campos de la actividad económica, existían maniobras especulativas, fraudulentas y probablemente gigantescas estafas al público.
Un columnista serio de un diario de México, el señor José Luis Mejías, dio a conocer en su columna titulada "Los Intocables", los datos básicos acerca de la forma como esta empresa había venido formando su capital y especulando con las acciones. En 50 días se había producido una alza de 40% en el precio de las acciones, que habían sido ya lanzadas al mercado a un precio 5.3 veces más alto que su valor nominal.
Informó, en resumen, el señor Mejías que el sábado 21 de abril de 1980, anteriormente a este dato, el jueves 1o. de marzo de 1979 las acciones habían salido al mercado de valores a $630.00 y un día después se cotizaban a $636.00; el martes 13 a $712.00; el sábado 24 a $720.00; a $760.00 el martes 10 de abril; a $892.00 el jueves 19 y a $912.00 por acción el viernes 20 de abril.
Pudo verificarse que los emisores de acciones del Grupo Alfa pujaban para producir un alza artificial en el precio de las acciones y sucedió que un mes y medio más tarde, el sábado 21 de abril, con una transacción de 102 100 acciones su precio descendió de $912.00 a $780.00. El 11 de mayo se vendieron 244 900 acciones y su precio se derrumbó a $174.00 y el 6 de junio tras una venta de casi un millón de acciones, habida el día anterior al cierre su precio era de $137.00 máximo y $129.00 mínimo.
Quienes compraron, comenta el columnista, a $630.00 perdieron los mejor librados sólo $500.00 por acción. Los últimos changos, dice, se habían ahogado. Y todavía abundaron los ingenuos o los ambiciosos que cayeron por miles.
Supusieron que habiendo bajado tanto las acciones ALFA no podían ya bajar más y que por el contrario subirían. Compraron, pues, a $130.00 y a $135.00 pero, ¿sabe usted, dice, cómo se cotizaron las acciones la semana pasada en el mercado de valores? Es decir, la semana pasada, la que comprendió el martes 22 de septiembre del presente año.
Entre $18.00 y $19.00 y los últimos monos se volvieron a ahogar.
Aparentemente nos encontramos ante una acción especulativa que pudiera ser considerada como una gigantesca estafa al público que debe ser investigada, pero las cosas no pararon ahí, sino que al mismo tiempo que se derrumbaba el precio de las acciones, se derrumbaba el emporio financiero e industrial, comercial en el terreno económico integrado por esta Sociedad de Fomento Industrial, a grado tal de que se habla de quiebra, de que esta empresa, esta asociación de empresas, sociedad de empresas, de la que forman parte alrededor de 80 rubros y que pasó a ocupar un lugar importante entre las 500 mayores del mundo, está derrumbándose por lo menos en algunos de sus flancos.
La prensa ha empezado a hablar ya, por ejemplo, del famoso centro turístico "Las Hadas" que está en quiebra y de otras firmas más, integradas en esta sociedad de fomento industrial.
Uno de los más prominentes capitanes de este grupo de libre empresarios, es el conocido Bernardo Garza Sada. Este señor fue uno de los promotores del éxodo de capitales que acentuaron la crisis económica de 1976; este señor y sus correligionarios, sus compañeros en los negocios, es de los que realizan campañas más agresivas y permanentes contra la intervención del Estado en la vida económica, postulando la tesis de que el Estado debe ser sólo auxiliar de la empresa privada en este terreno y convertirse en algo así como en el guardián de las ganancias y de la salud de los negocios de los empresarios privados, pero a ese odioso Estado que interviene en la vida económica, que le disputa el terreno a la iniciativa privada, que se mete, según Garza Sada y otros capitanes del Consejo Coordinador
Empresarial, a ese odioso Estado, acudieron estos señores hace unos días para que, como se dice vulgarmente, "les sacara el buey de la barranca" y así, el día 22 de septiembre recién pasado, fuimos informados de que en una reunión que celebraron en Los Pinos, don David Ibarra, secretario de Hacienda; el señor Espinosa de los Reyes, director de NAFINSA; el licenciado Octavio Hernández, director de BANOBRAS, y los representantes de ALFA, Bernardo Garza Sada y socios mayores, salieron con la novedad de que BANOBRAS les había facilitado un empréstito por 17 mil millones de pesos en condiciones, según las noticias, muy ventajosas.
Hay aquí, por lo menos, dos cuestiones qué considerar. La primera de ellas es que el Banco de Obras y Servicios Públicos no ha sido creado para prestar dinero a capitalistas privados en quiebra, sino sobre todo para financiar obras de infraestructura, de la que tan necesitados están nuestros pueblos, nuestros municipios, nuestra gente sencilla; que el banco tiene prohibido prestar dinero para pagar pasivos y el segundo comentario que habría que hacer es el siguiente, que mientras hay empresas del Estado, PEMEX mismo, que acaba de recibir un empréstito muy abultado de cuatro mil millones de dólares, mientras acudimos al exterior a obtener empréstitos, nuestras instituciones financieras nacionales, del Estado, proporcionan cuantiosos, muy cuantiosos empréstitos a las empresas privadas en quiebra.
Queda por verse qué es lo que ofrecen estos señores como garantía, porque se asegura que de estos 17 mil millones, 12 mil fueron empréstitos de los llamados "quirografiados", que se basan en la linda cara del solicitante, es decir, en la confianza que se le tiene, mientras que los demás 5 mil millones restantes, han sido garantizados por empresas menores, de esas precisamente que se encuentran quebradas y pregunta el mismo columnista José Luis Mejías:
"¿Por qué ALFA ha de vender?"
Porque de aquí probablemente pudiera resultar una operación de compraventa. ¿Por qué ALFA ha de vender y el Estado ha de comprar "Las Hadas" y las empacadoras y no HYLSA? ¿Por qué televisores y motocicletas y no nylon, petrocel o polioles? Quienes deciden en estos casos harían bien en no perder de vista los intereses nacionales - añade el señor Mejías, certeramente -, olvidándose de los intereses de Garza Sada y socios.
En virtud de todo lo expuesto, señores diputados, creo que nuestra Cámara tiene algo qué hacer al respecto, pues muy probablemente existen hechos que se ajusten a los delitos configurados por nuestro código penal y como, por otra parte, se haya en duda la licitud de la operación realizada por el Banco de Obras y Servicios Públicos, me permito proponer a ustedes - y espero que mirando a los intereses nacionales y de los mexicanos que muy probablemente han sido víctimas de un despojo -, se sirvan aprobar los siguientes puntos de acuerdo.
1o. Desígnese una Comisión de la Cámara de Diputados, integrada por siete miembros, uno de cada uno de los partidos representados en ella, para que recabe la información necesaria acerca de los recursos, operaciones y condiciones financieras del Grupo Alfa.
2o. En el caso de que de la información recabada resultase la probabilidad de conductas punibles, remítanse los elementos de persuasión a la Procuraduría General de la República para que proceda en consecuencia.
3o. Solicítese del Banco de Obras y Servicios Públicos información precisa acerca del monto y condiciones del empréstito otorgado al Grupo Alfa, incluyendo plazos y garantías, así como circunstancias del estado financiero de dicho Grupo que motivaron la solicitud y otorgamiento del empréstito, con el fin de que la Cámara disponga de elementos completos de juicio para los comentarios correspondientes.
Palacio del Poder Legislativo, a 3 de noviembre de 1981. Gracias, compañeros.
El C. Presidente: Tiene la palabra el C. diputado Francisco Javier Gaxiola.
El C. Francisco Javier Gaxiola: Señor Presidente;
Compañeros diputados:
He pedido la palabra y voy a intervenir con el propósito de pedir en términos reglamentarios que se rechace la proposición de mi dilecto y distinguido compañero y amigo, el señor diputado Sánchez Cárdenas.
Mi petición no se motiva, no se origina en que quiera yo defender al Grupo Alfa. Nada más ajeno a mí, nada en lo que tenga menos interés que en defender al Grupo Alfa; si alguna cosa me preocupa de ese grupo es el daño que pueda haber causado a las personas que invirtieron sus ahorros, a las personas que le confiaron y a las personas que en su caso pudieran sufrir algún perjuicio por los hechos a los que se ha referido el señor diputado Sánchez Cárdenas.
Si eso se trata de evitar, si por eso es la intervención de la banca nacional, de uno de los bancos nacionales, quizás desde un punto de vista social, quizás desde un punto de vista del interés de las mayorías, quizás desde un punto de vista de los intereses de grupos, de grupos que han invertido, de grupos de ahorradores, no de grupos fuertes, no de grupos capitalistas, se pudiera explicar el crédito a que el señor diputado se ha referido.
Me vengo a oponer a la proposición porque estamos hoy y aquí para legislar, para cumplir con nuestras funciones de Cámara de Diputados, para integrarnos en Congreso de la Unión, no estamos hoy y aquí para enjuiciar a la empresa privada frente a la empresa pública o frente a la empresa mixta. No, estamos hoy y aquí para enjuiciar a una empresa privada que pudo haber cometido actos que quizá sean delictivos, estamos aquí para cumplir nuestras funciones.
Insisto, pues, en que no vengo a defender a Alfa y que no vengo a hacer eso, no me interesa. Vengo a decir que somos una Cámara de
Diputados, que somos una Cámara de Diputados, integrada en el pluripartidismo, en el pluripartidismo de nuestra Ley de Organizaciones Políticas y de Procesos electorales, pero que integrados en ese pluripartidismo, tenemos una función precisa, tenemos una función concreta, no es una función tan plural y tan versátil como la que se quiere que tengamos. No podemos, señores, en razón de que representamos las diversas corrientes, las diversas ideologías políticas que imperan en el país, hacer cosas para las que no estamos facultados, hacer cosas para las que no tenemos competencia.
¿De dónde vamos a sacar la competencia para violar los secretos que protegen nuestras leyes?
¿De dónde vamos a sacar la competencia para, como lo pide el diputado Carlos Sánchez Cárdenas, integrar una comisión que tenga facultad de revisar, de revisar los libros, de revisar los balances, de revisar la contabilidad de esta empresa o de las 80 empresas que integran este grupo?
No tenemos facultades para eso.
No podemos hacerlo constitucionalmente.
No podemos hacerlo legalmente.
No podemos hacerlo.
Esa es la situación en que estamos.
Tenemos una estructura, vivimos dentro de una estructura orgánica, administrativa, gubernamental y dentro de esa estructura hay organismos que tienen las funciones que pide el señor diputado Carlos Sánchez Cárdenas. Tenemos una Procuraduría General de Justicia, a la que le corresponde investigar los fraudes; y un Ministerio Público al que le corresponde hacer la investigación; tenemos toda la averiguación estructurada dentro de un proceso legal, dentro de un proceso establecido para investigar, para averiguar, para saber si procede o no procede la acción penal. Esa es función del Ministerio Público, no es función de la Cámara de Diputados.
Tenemos organismos integrados por leyes que nosotros mismos hemos aprobado en el seno de esta Legislatura; tenemos una Comisión Nacional de Valores que tiene ciertas funciones relativas; tenemos una Comisión Nacional Bancaria, que es la que puede investigar, la que puede examinar los actos de las instituciones bancarias; ellos son los que tienen que investigar, ellos son los que tienen que determinar, ellos son los que después de una averiguación podrán resolver si procede o no procede denunciar; si procede o no procede iniciar ya después de una averiguación, llamémosla bancaria, iniciar una averiguación penal. Ellos son los que pueden hacerlo y ellos son los que tienen que hacerlo.
Nosotros, señores diputados, podemos tener, estoy seguro que tenemos todos los mejores propósitos, de cuando vinimos aquí, cuando llegamos a esta Cámara y cuando aquí actuamos, no estamos tratando de proteger intereses particulares, pero con ese mismo criterio, que no queremos protegerlos, tenemos también que actuar con base en los elementos constitutivos de nuestra Cámara.
Con base en lo que podemos hacer, con base en lo que estamos autorizados, no simplemente con base en lo que algunos de nosotros queremos o quieran hacer. Solamente tenemos un camino, solamente tenemos una posibilidad de acción, actuar dentro de la ley, movernos dentro de la ley.
Señores diputados;
Señor Presidente:
Por las razones expuestas pido que no se acepte la proposición del señor diputado Sánchez Cárdenas.
Muchas gracias.
El C. Presidente: A efecto de normar el criterio de la Asamblea en casos como el que tenemos en este momento en trámite, ruego a la Secretaría General tenga a bien dar lectura al artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso.
El C. secretario Silvio Lagos Martínez: Por instrucciones de la Presidencia para mayor claridad se procederá a leer el artículo 58 de nuestro Reglamento: "Las proposiciones que no sean iniciativas de ley presentadas por uno o más individuos de la Cámara, sin formar los que la suscriben mayoría de diputación, se sujetarán a los trámites siguientes: 1o. Se presentarán por escrito y firmadas por los autores al Presidente de la Cámara y serán leídas una sola vez en la sesión en que sean presentadas. Podrá su autor o uno de ellos si fueren varios, exponer los fundamentos y razones de su proposición o proyecto. 2o. Hablarán una sola vez dos miembros de la Cámara, uno en pro y otro en contra, prefiriéndose al autor del proyecto o proposición, y 3) inmediatamente se preguntará a la Cámara si admite o no discusión la proposición. En el primer caso se pasará a la Comisión o Comisiones a quienes corresponda; y en el segundo, se tendrá por desechada."
El C. Presidente: En consecuencia, ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si se admite o se desecha la proposición.
El C. Carlos Sánchez Cárdenas: Yo fui aludido por el orador que me antecedió en el uso de la palabra. Tengo derecho a contestar.
El C. Presidente: Cuando se haya tomado la determinación se le concederá la palabra para hechos, compañero Cárdenas.
El C. Carlos Sánchez Cárdenas: Después del niño ahogado, tapen el pozo.
El C. Presidente: Tenemos el deber ineludible de respetar el Reglamento que norma los actos de esta Cámara, señor diputado.
El C. Gerardo Unzueta: El Reglamento le da derecho...
El C. Presidente: Proceda la Secretaría de acuerdo con las instrucciones dictadas.
El C. secretario Silvio Lagos Martínez: En votación económica si se admite la proposición en los términos del artículo 58.
Los que estén por la afirmativa, ponerse de pie.
El C. Carlos Sánchez Cárdenas: Protesto, señor Presidente.
El C. Gerardo Unzueta: Están violando el Reglamento.
El C. Carlos Sánchez Cárdenas: De qué leyes hablamos si violamos nuestras propias leyes internas.
El C. Gerardo Unzueta: No pueden tomar votación...
El C. Carlos Sánchez Cárdenas: Pido la palabra para contestar las alusiones.
El C. secretario Silvio Lagos Martínez: Los que estén por la afirmativa, ponerse de pie; los que estén porque se deseche la proposición, ponerse de pie... Desechada, señor Presidente.
El C. Presidente: Ahora sí, ciudadano diputado Sánchez Cárdenas, tiene usted la palabra para hechos.
El C. Carlos Sánchez Cárdenas: Creí que habíamos aceptado en reunión reciente el criterio de que por mayoría de delegación teniendo en cuenta la Cámara pluripartidista actual, debíamos entender también las fracciones parlamentarias y no sólo las diputaciones de los Estados, sin embargo, nosotros parece que no somos de los que más aprendemos, mientras nos tornamos más viejos, sino lo contrario.
He dicho que estamos en una nueva Cámara pluripartidista, llevamos poco más de dos meses sesionando en este nuevo local que el propio Presidente de la República en su Informe elogió como la expresión de un poder legislativo creciente, en desarrollo, nuevo, de mayor dimensión, pero parece que mientras mayor es la dimensión numérica de nuestra Cámara y el número de partidos que en ella participan, mientras más amplios son los locales en los que sesionamos, que se aproximan al gigantismo, hay compañeros empeñados en que nuestro Poder Legislativo se conserve como un poder enano.
He aquí que el señor diputado Gaxiola, con toda la estimación que merece, ha venido a sostener aquí el criterio de que nosotros debemos limitarnos a aprobar leyes, a discutir leyes y punto; ni un paso más allá. ¿Para qué entonces discutimos el Informe Presidencial?
Si no estamos discutiendo una ley, ni aprobando ninguna iniciativa de ley, ¿por qué hacemos comparecer a los secretarios de Estado, si no vienen acompañados de ninguna iniciativa para que sea dictaminada por esta Cámara?
¿Por qué escuchamos con la mayor atención y con indignación el relato de los hechos de atropello a los derechos políticos que se producen aquí y allá a lo largo de la República, sino estamos examinando proyectos de ley?
¿Por qué hemos condenado unánimemente el acuerdo norteamericano de proceder a la fabricación de la bomba de neutrones, sino estamos legislando acerca de la bomba de neutrones?
Señores diputados:
Si por mayoría votan ustedes que se rehace la participación de la Cámara en estos asuntos de interés nacional, estarán ustedes haciéndose cómplices de un criterio, aquél que pretende condenarnos a ser una Cámara enana, de pigmeos, en un país que crece y que exige una actividad política más vehemente, de mayores dimensiones. (Aplausos.)
El C. Juan Manuel Elizondo: Pido la palabra para hechos.
El C. Presidente: Se concede el uso de la palabra al diputado Fernando Canales Clariond.
El C. Fernando Canales Clariond: Señor Presidente;
Compañeras y compañeros diputados :
No vengo a defender tampoco a ALFA, no necesita defenderse. Soy miembro del Partido Acción Nacional, nací en Monterrey, Nuevo León, soy empresario, fui dirigente presidente de la Cámara de Comercio de Monterrey y fui electo por el Primer Distrito electoral del Estado de Nuevo León, cuyos límites son la parte poniente de la ciudad de Monterrey, donde tienen su domicilio buen número de las empresas privadas que mucho se han atacado aquí por compañeros que me han antecedido en el uso de la palabra.
Quiero dar simplemente testimonio de que si México tiene oportunidad de llegar a ser la nación en la que todos creemos como un gran país en el que nos podemos desarrollara libremente, la empresa privada tiene algo que hacer, la empresa libre es y seguirá siendo un factor importante de desarrollo de este país.
Es muy fácil decir que se muera la empresa privada, pero es muy difícil construirla. Qué fácil es poner bombas para destruir todo lo que se ha hecho, pero qué difícil es, generación tras generación ir creando aquellas empresas que son orgullo de Monterrey y que son envidia de los comunistas en esta Cámara, que no saben hacer otra cosa que destruir.
(Voces en la sala.)
El C. Presidente: Orden en la Asamblea para que continúe el orador.
El C. Fernando Canales Clariond: Por algo la empresa privada ha sido muestra de lo que es unas relaciones obrero - patronales modelo ¿no es así que muchas de las prestaciones que hoy son obligatorias por ley, han tenido sus orígenes, no de ahora, sino de años atrás en esa ciudad tan vituperada pero tan envidiada porque la realidad está ahí presente?
Simplemente en este debate que no estaba programado, quiero dar testimonio contra todos los que piensen que la empresa privada no tiene nada qué hacer en este país. Todo lo contrario, es, junto con los otros sectores sociales, constructivos, los trabajadores, el Estado y esa empresa que precisamente el caso de Alfa está demostrado que tiene sus riesgos y que puede fracasar pero que lo importante es luchar por hacerla progresar, es en ese contexto que podemos realmente progresar.
Por eso, señores, felicitaciones por haber presentado una iniciativa que fracasó, como tantas otras de sus iniciativas que demostrarán cuál es el destino de esas iniciativas destructivas. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: Se concede la palabra al C. diputado Lázaro Rubio Félix.
El C. Lázaro Rubio Félix: Señor Presidente;
Compañeras y compañeros diputados:
El incidente que está a debate en estos momentos corresponde a las características, a la composición de esta Cámara de Diputados. No puede ser de otra manera. Tiene que darse el enfrentamiento de la lucha de clases inevitable en un país capitalista como es el nuestro.
Nosotros no vamos a discutir si tiene la razón o no la presidencia al votar la proposición del compañero Carlos Sánchez Cárdenas, porque está ajustada al reglamento, pero el rechazo a la proposición, los argumentos para rechazarla o para pedir su rechazo, son los que nos dan material para venir a esta tribuna.
No es verdad que la Cámara esté incapacitada para investigar las actitudes ilegales de las empresas en el país; no hay ninguna disposición que nos lo impida, aunque no nos lo señale implícitamente el Reglamento o la Constitución General de la República.
Estamos viendo todos los días el ilícito enriquecimiento del capital privado en nuestro país, mientras la gran mayoría del pueblo de México está padeciendo graves carencias; hay inconformidad e inquietud en las masas populares, provocadas por esa desorbitada ambición de los que todo lo tienen en este país. Ese es un hecho real, no se puede ignorar, no lo puede ignorar nadie en México que tenga una poca de lucidez para ver lo que está pasando en nuestra patria.
Sí podemos y sí debemos intervenir para investigar aquellos conjuntos - llamánse empresas, como se quieran llamar -, que se están enriqueciendo a costa del hambre del pueblo y sobre todo cuando es evidente que aparecen delitos del orden común.
Los diputados de esta Cámara pluripartidista tenemos que estar pendientes de estas cuestiones; tenemos un grave compromiso con el pueblo si queremos ser conscientes del papel revolucionario del sistema que rige este país.
Es verdad que tenemos organismos que debieran encargarse de estas cuestiones.
¿En dónde está el "delito", la imposibilidad de que un grupo de diputados les lleve a estos organismos, precisamente, las pruebas recabadas de cualesquier actitud ilícita de las empresas que se han mencionado?
¿Dónde está el impedimento para hacerlo, compañeros diputados?
En cuanto a la defensa que ha venido a hacer aquí el diputado Clariond, pues mal parado se hubiese visto si no lo hubiese hecho. Qué bien que cumpla con su deber, que cumpla con su obligación de diputado - empresario, de diputado de Monterrey, de diputado que forma parte de esa clase de explotadores que se ha visto afectada por la intervención del compañero Carlos Sánchez Cárdenas. Salió en defensa de los intereses que él representa. Natural, lógico, pero no le oímos una sola palabra que, de manera concreta, haya desmentido la afirmación del compañero Sánchez Cárdenas; no le oímos nada tendiente a probar lo contrario a la denuncia hecha por el compañero Sánchez Cárdenas. Simplemente hacer elogios de la iniciativa privada. Y dice algo con un gran cinismo: "Las relaciones obrero - patronales son un modelo Monterrey" y los que sabemos cómo funcionan los sindicatos en Monterrey, los que sabemos cómo son manipulados los líderes de estos sindicatos decimos que no hay sindicatos más blancos y más entregados a los intereses de las empresas que los sindicatos de Monterrey que han corrompido a sus dirigentes, los industriales de Monterrey, es el hecho y no pueden ser modelo para las relaciones obrero - patronales en el resto del país.
Fueron estos patrones los corruptos patrones que corrompen a los líderes corruptos, los que estuvieron en contra del Libro de texto Gratuito, que han estado en contra de toda disposición que en sentido positivo se plantea para el desarrollo del pueblo mexicano.
Por eso la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista está porque debemos investigar a fondo las denuncias que se hacen contra estas empresas llamadas Alfa en su conjunto como monopolios, como consorcios.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: Tiene la palabra el ciudadano diputado Gazcón Mercado.
El C. Alejandro Gascón Mercado: Señoras y señores diputados: La virtud que tiene la proposición del compañero Sánchez Cárdenas es recordar vivimos en un país donde la lucha de clases se está manifestando ya de manera aguda, creo que esta Cámara, como se ha visto, no es homogénea y los diputados representan distintas categorías económicas, diferentes posiciones ideológicas y políticas y aún, en un hecho como el que estamos debatiendo, creo que no encontraríamos unanimidad entre todos los diputados del Partido de la mayoría y hasta me atrevo a pensar que no hay unanimidad en los diputados del Partido Acción Nacional, porque se representan intereses diferentes, pero independientemente de los intereses que cada uno de nosotros venimos a defender aquí, hay un asunto que parecía que a todos nos estaba interesando: Acabar con la corrupción en nuestro país.
Por eso nosotros veíamos con simpatía el interés de algunos diputados de Acción Nacional, que habían presentado casos de corrupción de funcionarios públicos en este país, pero ahora, que también se trata de un asunto de corrupción, pero no solo de funcionarios públicos, sino tal parece de un gran fraude de una empresa privada contra accionistas, ahora hay una defensa cerrada, apasionada y resulta que lo que la revolución democrático burguesa de 1910 hizo para darles derechos al pueblo, han sido negados, porque si no es por la iniciativa privada, este país estaría perdido; así se dice, tal parece.
Nosotros pensamos que no.
Ha sido la llamada iniciativa privada, y particularmente los grupos más poderosos desde el
punto de vista económico y los de Monterrey tienen un lugar especial en este sentido, los que han acaparado la riqueza y han sido los responsables directos de la miseria de nuestro pueblo. Eso es evidente, lo digan los comunistas o no, los que estamos dispuestos, según se dice, a destruirlo todo, no; nosotros no hemos podido probar si somos buenos constructores o no, pero en algunos países en donde los comunistas han llegado al poder, han demostrado que le han podido dar trabajo a todo el pueblo, comida suficiente, educación, habitación y capacidad de recreación.
Se puede objetar todo lo que se quiera, pero hay hechos evidentes y por el camino del capitalismo aun en el país más representativo de la Tierra, hay muchos desocupados, hay muchos que se debaten en la miseria y en Monterrey es precisamente en donde se dan los contrastes más extraordinarios que pueden aparecer en México, independientemente que por el camino del ilusionismo, el Estado esté contribuyendo a darle una personalidad social que no le corresponde al grupo Alfa o al grupo Visa de Monterrey.
La realidad es totalmente distinta, no con base en las estadísticas, sino con base en el rostro directo que se puede apreciar en los trabajadores de Monterrey.
A mí lo que me preocupa de todo esto, es cómo el Estado está protegiendo a los monopolios privados y extranjeros, en todos los renglones, no solo poniendo a los monopolios del Estado, como la Comisión Federal de Electricidad, el Propio Petróleos Mexicanos, Ferrocarriles de México, al servicio de los industriales particulares, sino se aprecia en todas las manifestaciones. Y tratándose de Monterrey hasta en el monopolio de la cerveza, todavía las leyes de este país declaran que la cerveza es un refresco como hemos comentado muchas veces y claro, con este refrescos se emborrachan muchos mexicanos.
Y por este renglón se han protegido a los monopolios privados de Monterrey, por los renglones de las empresas metalúrgicas que han estado fallando desde el punto de vista económico, han simulado quiebras para sacar grandes ventajas y se trata del Banco de Obras y Servicios Públicos que presta al 17% de intereses cuando debía prestar más allá del 40, si fuera una política financiera de un banco cualquiera.
Pero el hecho de que en vez de resolver grandes problemas urbanos que hay en este país, donde hay colonias que no tienen agua, no tienen luz, no tienen pavimento, no tienen nada, que viven como si se tratara de verdaderos "ghettos" y les esté prestando para que construyan hoteles de lujo que después se declaran en quiebra, son verdaderas majaderías, no son otra cosa.
Querer ignorar esta realidad, señores diputados, de cualquier partido es entrar al subrealismo político, como lo hemos afirmado muchas veces, que puede llevar a la violencia a este pueblo.
El C. Presidente: Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Luis Calderón Vega.
El C. Luis Calderón Vega (desde su curul): Por la vergüenza del voto mayoritario y por la violencia al Reglamento, rehuso subir a la tribuna.
El C. Presidente: Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Aguilera Azpeitia.
El C. Juan Aguilera Azpeitia: Señor Presidente;
Compañeros diputados:
Hace unos días en este propio recinto advertimos las inconsecuencias de un reglamento que no se puede practicar y nos dimos cuenta en esta oportunidad que una propuesta que convenía que entrara para ser debidamente analizada en una comisión estaba siendo rechazada y todos aceptamos que se diera la vuelta para que en la sesión siguiente esa propuesta entrara a Comisión.
Yo que me pregunto y quisiera preguntarles a ustedes ¿cuál es la medida, cuál es la interpretación, quien y cómo se debe dar para que una propuesta proceda?
El compañero diputado Francisco Javier Gaxiola hombre muy culto, muy experimentado, ha dicho que nosotros venimos aquí a legislar, es cierto, pero no nada más a legislar, porque ¿qué papel sería el del diputado si nada más viniera aquí a legislar y legislar y se entendiese en forma tan absoluta y tan determinativa?
Aquí se han creado comisiones y ese es un antecedente y si ese antecedente no cuenta pues entonces, ¿qué es lo que debe contar?
Creamos una comisión para investigar la intercepción de los teléfonos, ¿qué no estaba ahí la Secretaría de Gobernación?
¿Qué no estaba ahí la Secretaría de Comunicaciones y Transportes?
¿Qué no había organismos especializados para que hiciese la investigación?
Y sin embargo, repito, creamos una comisión específica que ciertamente cumplió con su cometido y trajo una resolución, una conclusión a esta Cámara para que nosotros nos informásenos cómo se encontraba esa denuncia que había sido planteada.
Yo no creo sinceramente que sea correcto que rechacemos por rechazar la propuesta del diputado Sánchez Cárdenas. Hay cuestiones que rebasan los colores compañeros, ¿por qué nos llenamos de prejuicios y rebasan las ideologías y la dignidad y la honestidad del país están por encima de que la propuesta la haga fulano o perengano?
Lo que hay que ver es si quien viene a presentar una moción o una idea o una propuesta como este caso, tiene razón o no. Si tiene razón hay que dársela. Si no tiene razón hay que rechazarla, pero la razón debe imperar, debe imponerse por encima de todo lo demás.
Tenemos dos medidas, dos tasas para todas las cosas o muchas tasas o muchas medidas. Yo creo que la proposición del diputado Sánchez Cárdenas debió haberse turnado. ¿Qué es lo que pide él?
El no está ciertamente discutiendo si la empresa privada es buena o mala, por lo que pude entender. El quiere que se investigue en relación con un hecho concreto que vino a señalar a esta tribuna y si nosotros representantes populares no nos preocupamos por una cuestión de tanta trascendencia, ¿de qué nos vamos a preocupar?
Hay partidos que demandan acciones para los trabajadores y los diputados de esos partidos se quedan sentados en la curul, esperando ver qué sucede, no ahora cuando estamos viendo que se disminuye el valor que probablemente esté en un juego artificioso, es cuando hay que actuar y es cuando hay que hablar.
¿Por qué no nos ponemos a investigarlo si tenemos una Comisión de Información, Gestoría y Quejas? Y muchas quejas que incluso a veces ni siquiera tienen importancia, van a dar a esa Comisión y este asunto que es una validez inexcusable, nosotros los estamos rechazando a mi juicio, apriorísticamente, solo porque los diputados hemos venido aquí a legislar.
Señores diputados:
Yo quiero exhortar a todos ustedes a que replanteemos una cuestión de esta naturaleza y a que no desechemos así nada más porque sí, la proposición que hizo el diputado Sánchez Cárdenas. Y esto a mí me interesa en mayor razón y me preocupa, porque fue un compañero mío, Enrique Rodríguez Pérez, quien en Monterrey propuso en una reunión hace algunos meses, que se introdujese ese procedimiento para vender acciones a los trabajadores. Y si hoy estamos viendo cuál es el papel que se juega en la economía para a los pobres darles la oportunidad en el papel de tener algo, pero después despojarlos de eso, nosotros, sí somos verdaderos representantes populares, tenemos que investigarlo.
No se trata de suplantar organismos, ¿con qué se va a investigar con esos propios organismos? No se trata de rebasar a nadie, sino que hay que ir a las fuentes de información y que las Comisiones nuestras que repito fueron creadas para eso, cumplan con su cometido, pero no tengamos aquí dos tasas y dos medidas. Cuando no nos conviene una cosa, la rechazamos porque hay que aplicar con rigor el Reglamento.
Ahorita ya se me terminó el tiempo, pero si no fuese yo un diputado independiente, lo más seguro es que no se me hubiese terminado el tiempo. Pero digo, no tengamos dos medidas, tengamos una tasa y una medida y definamos qué cosas sí se van a ir a comisiones aunque sean propuestas y qué cosas no, pero definitivamente esta Cámara no se puede circunscribir al papel frío y calculado de legislar, tenemos que velar por los intereses populares y si no, creo que le estamos dando al pueblo la espalda y nos estamos negando a nosotros mismos en nuestra función trascendente.
Muchas gracias (Aplausos.)
El C. Presidente: Señor diputado Juan Manuel Elizondo, tiene la palabra.
El C. Juan Manuel Elizondo: Yo pedí la palabra para que lo que en el Reglamento se llama "hechos", que es un concepto absolutamente indeterminado. Yo creo que debe entenderse por "hechos", cuando se pide la palabra para "hechos", es para aclarar y precisar hechos mencionados por los oradores. En consecuencia en trámite anterior aplicado a la proposición del compañero Sánchez Cárdenas, fue un trámite apresurado, porque no se estaba discutiendo el pro o el contra de la proposición, sino se trataba de aclarar conceptos vertidos por Sánchez Cárdenas y por quienes lo siguieron en el uso de la palabra.
Quiero decir que hay algunas palabras pronunciadas aquí por el diputado Canales, que son en cierto modo una imputación de carácter muy grave. Dijo: "Qué fácil es poner bombas", como refiriéndose a toda la Izquierda, y "qué difícil es organizar una empresa privada".
Creo que el diputado Canales es muy joven y por eso no conoce mucho la historia de los últimos tiempos de este país.
Las bombas que se pusieron en los años de los 70's durante el régimen del licenciado Echeverría, fueron pagadas y costeadas por grupos industriales de Monterrey. El guerrillerismo que floreció en ese tiempo fue propiciado y pagado por grupos industriales de Monterrey y para ocultar ese hecho vergonzoso fue para lo que se secuestró el libro de la escritora Irma Salinas, donde cuenta, con todo lujo de detalles, el asesinato y quiénes asesinaron a don Eugenio Garza Sada. Es por eso que de paso tendría que decir que las dos o tres personas que permanecen prisioneras en Monterrey deberían obtener inmediatamente su libertad, porque ahí se habla de cómo actúan los grupos industriales de Monterrey, pero fue tan grave la acusación, que el propio gobierno se vio en la necesidad de prohibir la circulación de ese libro, porque de otra manera se hubiese visto obligado a proceder contra los miembros de esos grupos industriales mencionados por sus nombres en ese libro.
Muy bien, señor general, me faltan 2 minutos.
Quiero decir únicamente que el grupo industrial al que se refiere y todos los grupos industriales de Monterrey gozan de una imagen a la que no tienen derecho ninguno. En otra ocasión voy a relatar aquí la pequeña historia de cómo quisieron adueñarse de la industria eléctrica de Monterrey, hecho que obligó a López Mateos a decretar la nacionalización de toda la industria. En otra ocasión voy a relatar también algo que ya anuncié, cuando hizo su comparecencia en esta sala o en la otra Cámara, el señor De la Madrid, acerca de por qué un grupo como Alfa, que el año
pasado no ganó 3 mil millones, compañero Sánchez Cárdenas, sino 18 mil millones de pesos, según declaración del propio Bernardo Garza Sada, cómo ese grupo goza de un grupo especial en el suministro de gas - 35 centavos por metro cúbico - cuando a las amas de casa se les vende a 75 centavos ese mismo metro cúbico de gas.
Aquí se decía que era el modo de subsidiar el desarrollo de la industria y yo decía y en aquel tiempo que esa era una falacia, puesto que quien realmente estaba subsidiando a estos grupos industriales eran las amas de casa que pagaban el excedente, que pagaban el precio que dejaban de pagar a PEMEX los grandes grupos industriales. Y ustedes supieron lo que este mismo grupo quiso hacer en "Las Truchas", tal vez lo haya hecho, vender su sistema de reducción directa de fierro a precios más bajos que como en el mercado estaba la reducción vía horno alto, porque estaba vendiendo justamente el gas que casi le regalaba el gobierno, el costo principal de ese sistema de reducción directa es el gas y esto es lo que estaban vendiéndole al gobierno.
Y finalizo con estas palabras porque se me acabó el tiempo. No se asombren ustedes por los 17 mil millones de pesos que el gobierno por conducto de BANOBRAS le ha entregado al grupo Alfa; pueden ustedes estar seguros de que ese es el precio en el que el Grupo Alfa vendió al gobierno la candidatura del señor Madero, candidato del PAN.
El C. Presidente: Tiene la palabra el ciudadano diputado Juan Landerreche.
El C. Juan Landerreche Obregón: Señor Presidente, señoras y señores diputados: vengo a hacer algunas aclaraciones que considero indispensables. En primer lugar, de ninguna manera estoy de acuerdo con que la Cámara deba limitarse a aprobar leyes. La Cámara tiene todo el derecho, la obligación, de ocuparse de cualquier asunto de interés general. En segundo lugar, yo no vengo a defender al Grupo Alfa. Simplemente dos aclaraciones: en la iniciativa privada no es como en el Gobierno, que todo es perfecto, lo mismo sea blanco que sea negro, lo mismo acierte que se equivoque; en la iniciativa privada hay errores, hay equivocaciones, hay fallas y tienen sus consecuencias. Y tienen el mérito, quienes son capaces de hacerlo, de afrontar esa responsabilidad y esas consecuencias.
A Alfa no la estamos defendiendo nosotros, no la defiende Acción Nacional. A nosotros no nos interesa ese problema. A Alfa la está defendiendo el gobierno, la está defendiendo al financiarla, al apoyarla. A lo mejor tiene razón para defenderla, ese es otro asunto, pero a nosotros no nos interesa todo eso. Los problemas individuales, los problemas concretos, deben estar en las procuradurías, como se ha dicho aquí en las comisiones de valores. Están las autoridades para tratarlos y para tomar las medidas que sean necesarias.
Yo respeto y reconozco la valentía del compañero diputado Clariond al dar su testimonio y al hacer su profesión de fe; pero quiero que quede muy claro que nosotros no estamos defendiendo a una empresa determinada, ni estamos defendiendo a un grupo determinado, sea de donde sea.
Nosotros defendemos el principio de la empresa privada, porque es un principio constitucional; nuestra Constitución establece un sistema de economía mixta, y dentro de ese sistema de economía mixta, la empresa privada tiene derecho a subsistir y tiene derecho a que se le respete. Las acusaciones de toda clase se deben de probar; que prueben sus acusaciones quienes las hacen, donde las deban probar, y si aquí las hacen, que las prueben aquí. Nosotros no podemos aceptar ni una acusación sin pruebas, ni ponernos a defender tampoco a una empresa ni a unas personas particulares.
Nosotros, en Acción Nacional, defendemos la empresa privada, defendemos la propiedad privada, pero no una empresa con facultades absolutas ni una propiedad absoluta; las defendemos con un principio, no solo porque está dentro de la Constitución, que es un buen motivo para defenderla, sino porque consideramos que en principio debe ser respetada, porque es parte de un derecho que tiene el individuo de desarrollarse y de obtener un patrimonio para, entre otras cosas, garantizar su libertad y defenderse frente al Estado, defenderse contra cualquiera que quiera menoscabar esa libertad. Defendemos la empresa privada y no nos avergonzamos de ello, defendemos la propiedad privada y no nos avergonzamos de ello, pero no las defendemos absolutas; hemos dicho y repetido, y lo sostenemos, que la empresa y la propiedad privada tienen una función social y si no cumplen esa función social, no son merecedoras de respeto. Pero, si la cumplen, si deben ser respetadas.
La propiedad privada la defendemos, pero no para unos cuantos, la propiedad privada la defendemos para todo el que pueda tener acceso a ella, que sea una garantía de subsistencia, que sea una garantía de su libertad. Para esto, la propiedad privada no debe ser limitada, ni en cuanto al derecho mismo, ni en cuanto a la extensión de las personas que puedan beneficiarse con ella.
Y ciertamente, cuando el derecho de la mayoría está en contra de un derecho particular, debe prevalecer el derecho de la mayoría y no el derecho particular. Y esa es la función, una de las funciones del Estado, hacer respetar ese principio y es el principio que nosotros sostenemos.
Para nosotros la empresa es respetable y la defendemos, pero también decimos que la empresa se debe transformar, la empresa absoluta como ha venido funcionando no es satisfactoria, porque de la empresa depende la vida de muchos obreros, de muchas personas, que no pueden estar sujetas a un pequeño grupo reducido. El trabajador, nosotros lo hemos dicho y lo sostenemos, debe participar en la facultad
decisoria de la empresa, debe participar en la propiedad de la empresa, así como ha participado ahora en las utilidades de la empresa.
Y eso lo hemos dicho en Acción Nacional, no de ahora, tenemos presentadas iniciativas de ley que como otras muchas se han arrojado a los cajones, en las cuales sostenemos estos principios. Y no solo como principios, sino señalamos procedimientos prácticos para llevarlos a la realidad. Que vean esas iniciativas que están en la Cámara y que están en un libro que ha editado Acción Nacional y que se llama "Transformación de la Empresa".
Señores, hay mucho que decir, pero el tiempo se me acabó, quede simplemente claro que una cosa es la defensa del principio, la defensa del interés social y otra cosa son los problemas particulares. Y nosotros estamos con la defensa de los principios y en lo casos particulares en que tengamos motivo, también tomaremos partido, pero no cuando haya simplemente acusaciones que no se demuestren. Señores, eso es todo, muchas gracias.
El C. Presidente: Tiene la palabra el ciudadano diputado Pedro Etienne.
El C. Pedro Etienne: Afortunadamente tengo reloj para tomarme el tiempo.
Por principio de cuentas resulta francamente deplorable que a estas alturas de la llamada Cámara de la Reforma Política, el Presidente de la misma y sus asesores hayan utilizado el "método Gamboa" para frenar los planteamientos de los diputados. El método que consiste en someter a votación cualquier proposición que tenga aspectos inquietantes para los intereses que todavía prevalecen al utilizar el Reglamento en esta Cámara.
Sin embargo, a pesar de que se haya utilizado le "método Gamboa" para tratar de frenar una proposición, no es posible frenar la discusión de estos graves hechos en los que el principal protagonista ha sido el grupo empresarial Alfa.
Podríamos decir, con muchos elementos, que el Grupo Alfa representa al Flores Tapia de los empresarios privados, pero tal parece que no se usa también la misma regla cuando se plantean denuncias concretas sobre corrupción que en este caso competen a la Cámara, por eso me parece también grave que el diputado Gaxiola, en un afán de proteger a este grupo, haya utilizado la falacia de que la Cámara solo viene a legislar.
Creo que ante esta afirmación ha encontrado respuestas contundentes por parte de otros diputados, pero lo más importante, desde nuestro punto de vista es que la denuncia planteada por el diputado Sánchez Cárdenas no solo se refiere a un multimillonario fraude en la manipulación de la bolsa con las acciones de Alfa, sino que también se refiere a la intervención de una empresa pública cuyo patrimonio es responsabilidad de esta Cámara vigilar que se destinen para los fines a los que fue creada y aquí se ha hablado en concreto de la función del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos y de cómo se han desviado las funciones de esta institución para sacara adelante a una empresa privada en quiebra. Me parece por ello que la Cámara es competente para conocer de esta denuncia; me parece por ello que es infantil tratar de limitar el papel de la Cámara a la simple función legislativa, puesto que en la propia Constitución hay una serie de facultades que obliga a la Cámara a trascender el simple marco legislativo, pero lo más importante de esta discusión es que se pretenda dar marcha atrás en los logros que la Reforma Política ha planteado en esta Cámara.
Efectivamente, ha habido una serie de denuncias que han sido motivo de preocupación de la Cámara y que han tenido Comisión para investigarse, por lo que no vemos ninguna razón política para que en este caso concreto se proteja la actuación de Alfa y se eluda la responsabilidad de esta Cámara de conocer de estos hechos tan graves que se están dando en el país.
Me faltan 55 segundos.
Por esas razones, a nosotros nos parece que es lamentable que a estas alturas se esté tratando de limitar la responsabilidad política de la Cámara. Más que en cualquier ordenamiento de tipo jurídico - que además los hay - nosotros plantearíamos la obligación de conocer de esta grave denuncia, por la responsabilidad política que tenemos, si queremos presentarnos como auténticos representantes populares; si queremos presentarnos como una Cámara que ha cumplido con la obligación de vigilar el manejo y el destino de los fondos públicos y con una Cámara que tendrá que oponerse a las formas fraudulentas y a la corrupción, que también se anidan en el Sector Privado.
Nosotros como diputados tendremos que continuar con la investigación de estos hechos y en su oportunidad volveremos a presentar ante esta soberanía formas para que intervenga a conocer de esta denuncia.
Más aún, el grupo de diputados que estoy seguro los habrá de varios partidos, buscaremos las formas concretas para presentar además de los hechos y de las evidencias planteadas por el diputado Sánchez Cárdenas, lo que en el fondo hay en este fraude y en esta corrupción multimillonaria del Grupo Alfa.
Quisiera terminar recordando el compromiso público que estableciera un miembro de la diputación panista, el diputado Alonso y Prieto, quien señaló desde esta tribuna que cuando se tratara de luchar contra la corrupción de empresarios, él también estaría dispuesto a participar.
Nos parece que es un magnífica ocasión para ver si la lucha contra la corrupción que ha levantado Acción Nacional, es simplemente una postura demagógica o si hay una consecuencia y estarán también dispuestos a investigar la corrupción de los empresarios privados.
La Cámara tendrá oportunidad de seguir abundando en estos hechos que constituyen uno de los más graves fraudes que se ha vivido en el país.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: Tiene la palabra el C. diputado Arturo Salcido.
El C. Arturo Salcido: Señores diputados:
Tal vez ustedes no me lo crean, pero tampoco voy a defender al Grupo Alfa.
Sólo me llama la atención el que estemos hablando de una empresa libre y que se venga aquí a defender la libertad de algo que para ser deja sin libertad a miles de mexicanos; empresa libre que, para existir, tiene utilidades menores que la suma de subsidios que recibe, pero que, claro, mientras que la suma de subsidios podría orientarse a actividades verdaderamente de beneficio nacional, las utilidades, claro, no faltará quien lo diga, también son de beneficio nacional, nada más que se quedan cuatro o cinco con ellas, y que son esos riquillos compra dólares que a la primera oportunidad se les olvida su defensa de la patria, como se les ha olvidado tantas veces, y están prestos a llevarse sus fortunas mal habidas al extranjero.
Pero independientemente de esto, vale la pena señalar que este préstamo que BANOBRAS ha concedido a los grupos de Monterrey, a los patriotas grupos de Monterrey, tengo que poner el adjetivo si no alguien se puede enojar, se da en condiciones lesivas a la economía nacional, por encima de todo.
Ya estos grupos, con su emisión de acciones, con su participación en la bolsa de valores, que han convertido a la bolsa en algo más riesgoso que las quinielas deportivas, además de eso, además de que obtuvieron ahí una ganancia de miles de millones de pesos, se les premia con un préstamo de 17 mil millones de pesos que tiene la pretensión de ser a tasas de interés menores que las que el propio BANOBRAS contrata.
Eso está muy bien, es un estímulo maravilloso a su esfuerzo patriota; es el premio justo a quienes han sabido esquilmar, defraudar a miles de ahorradores mexicanos, en una circunstancia tal que afecta la capacidad de ahorro de los mexicanos.
En las circunstanciasen que vivimos es necesario tener presente que la bolsa de valores podría jugar un papel importante para la captación de recursos financieros del país, pero, ¿qué pasa?
A los pequeños ahorradores no se les deja más salida que el préstamo a interés fijo, lo préstamos de renta fija, el ahorro de renta fija, porque si se arriesgan a la bolsa saben que caen en manos de los pulpos patriotas.
Esto no puede ser.
Aquí ha habido un gran fraude pero que las lagunas legislativas consideran legal. El gran fraude está consumado y el premio a esa difícil forma de poner empresas se otorga con un préstamo de tales magnitudes que, además, el país asume el riesgo de la devaluación, devaluación que a estas alturas no es ninguna especulación.
El peso mexicano se encuentra en un proceso de flotación devaluatoria ininterrumpida desde hace 5 años, pero se les premia de esa manera, se les presta en pesos lo que el Gobierno contrata en dólares.
Esto es un ejemplo claro de lo que es la economía mixta: de un lado empresarios que explotan al pueblo mexicano y de otro lado Gobierno Mexicano que está siempre presto a ayudarlos a que lo sigan explotando más.
Y se habla de corrupción y creo que es necesario sacar a colación aquellas redondillas que hoy quedan por las circunstancias y que actualmente podrían rezar así: ¿A quién es más de culpar, al que roba desde el Gobierno o al que presiona para robar?
Esas son las circunstancias que vivimos. De un lado corrupción oficial indudable, pero de otro un grupo empresarial mediocre, que está acostumbrado a invertir con esa facilidad cuando reúne los requisitos de su cinismo despiadado para explotar trabajo asalariado mal pagado y los compadres suficientes para conseguir el contrato del Gobierno y convertirse en vendedor exclusivo con todo el producto asegurado; convertirse en concesionario; tener subsidios a su esfuerzo patriota; tener estímulos fiscales tener absolutamente todo además de un mercado cautivo y sin gobierno siempre dispuesto a devaluar la moneda para que reproduzca sus activos.
Toda esa dificultad para ser empresario ha quedado manifiesta el día de hoy de una manera muy especial, esto sólo tiene un camino, seguir conservando a México en un estancamiento tal que sólo lo estimula ligeramente la irracional política de extracción de hidrocarburos mexicanos.
Adelante, pues, señores de la mayoría.
El C. Presidente: Tiene la palabra el ciudadano diputado Alonso y Prieto.
El C. Rafael Alonso y Prieto: Señor Presidente;
Señores diputados:
Aquí se han planteado varios temas que es conveniente separar y aclarar definitivamente. Uno, fue la proposición que el compañero Sánchez Cárdenas, de que se investigue el caso del Grupo Alfa, que él califica de fraudulento, sus razones tendrá, no lo dudo y que se determinara la existencia de ese fraude en su caso y la disposición inadecuada de fondos de una institución de crédito oficial para financiar al propio grupo, pero el problema que dio lugar a la intervención valiente, que yo admiro, de Fernando Canales Clariond, es que se utiliza un caso concreto para implicar un ataque masivo a todo lo que llamamos iniciativa privada y que no se reduce, ni mucho menos, a los grandes grupos oligárquicos, sino que incluye, por lo menos en nuestro concepto, todo ese vasto
complejo de empresas mediana, pequeña e incluso lo que se ha dado en llamar el sector social de la productividad.
No somos defensores de oligarquías ni oficiales ni llamadas privadas; no tengo personalmente ningún interés en defender al Grupo Alfa, ni he tenido ningún interés común con ellos; he repasado, circunstancialmente, por ninguna razón, ni siquiera les he prestado nunca servicios profesionales a ninguna de sus empresas, pero si creo que debe centrarse claramente el problema a discusión; creo que sí es de importancia que se investigue el caso del Grupo Alfa, porque, entre otras cosas, a mí sí como contador, me resulta muy curioso que se hable de que se ataque a una institución cualquiera, a una institución de negocios privada, porque tuvo quien sabe cuántos miles de millones de pesos de utilidad y porque está en quiebra al mismo tiempo. Como que me suenan contradictorias las dos cosas definitivamente.
Se ha afirmado que existe un fraude, creo que hay los caminos propios para demostrar la existencia del fraude y para exigir, en su caso, si el fraude existe, que se persiga penalmente de acuerdo con las leyes.
Compañero Etienne:
Con esa obsesión que ha tenido usted de referirse personalmente a mí, estoy perfectamente de acuerdo en que se sigan los procedimientos legales en cualquier caso y que si se demuestra la existencia de un fraude, se apliquen las leyes penales mexicanas, pero no estoy de acuerdo en que se utilice, como se ha utilizado en la tribuna, un caso que puede ser lamentable, que puede ser, no lo afirmo que lo sea o que no lo sea, que puede llegar a tener una implicación fraudulenta, como un ataque masivo a una parte del sistema de la economía mexicana, que es el sistema de la empresa privada y a la cual sostenemos y defendemos como institución, sin que eso implique que sostengamos y defendamos individualmente a cada uno de sus miembros.
En esas condiciones no me queda más que repetir en sustancia la posición que ya manifestó el diputado Landerreche:
Nosotros, por principio, por doctrina, porque forma parte de nuestra estructura constitucional mexicana, defendemos el derecho de los individuos privados a realizar y llevar a cabo actividades económicas dentro del cuadro establecido por las leyes; nosotros sostenemos clara y enfáticamente que en todos los casos, grandes o pequeños, públicos o privados, oficiales o de pequeñísima empresa o de gran empresa en que haya cualquier delito, existen los caminos abiertos dentro del sistema mexicano para la persecución de esos delitos y afirmamos y aprobamos que esos delitos sean debidamente perseguidos.
Es importante dejar perfectamente clara y ese ha sido el motivo de nuestras intervenciones, por las alusiones que frecuentemente se hacen y por las alusiones directas que el compañero Etienne hace, cuál es la posición del Partido Acción Nacional a este respecto.
Espero haber sido suficientemente claro y haber dejado sentado el principio de que la defensa de un principio, no implica la defensa de personas, y mucho menos cuando se llega a demostrar que esas personas son culpables de la comisión de un delito.
Muchísimas gracias.
El C. Presidente: Se concede la palabra al diputado Jesús Ortega.
El C. Carlos Sánchez Cárdenas: Pido la palabra para contestar alusiones personales cuando termine el diputado.
El C. Jesús Ortega Martínez: Declino, señor Presidente el uso de la palabra.
El C. Presidente: Tenga la bondad de pasar, compañero Sánchez Cárdenas.
El C. Carlos Sánchez Cárdenas: No es exacto que en mi intervención haya llevado el propósito de condenar a toda la empresa privada, de proclamar la desaparición de los empresarios privados.
Soy un convencido de que llegará el momento en el que no necesitaremos de ellos, pero ese momento no es hoy; creo que, por el contrario, mi intervención lleva el propósito de defender al empresario privado, que debe ser estimulado por el Estado, no al empresario privado especulador y monopolista, no al empresario privado, abusivo, que quiere, eso sí, desterrar del terreno de la economía al Estado, acabar con el Sector Público. No vengo a defender a la empresa privada de los Garza Sada, de Cloutier, o de Coindreau o de los señores del Consejo Coordinador Empresarial, pero sí a esos empresarios privados que dejan de percibir créditos porque el Grupo Alfa se lleva $18,000 millones en créditos, inclusive sin otorgar las garantías correspondientes; sí vengo a oponerme a ese Sector Privado, que lejos de preocuparse por el desarrollo económico del país está sólo cuidando de acumular inmensas ganancias y de tratar de hacer servir los recursos del país para su beneficio, porque no a otra cosa equivale el que esté constantemente presionando, llegando hasta el uso del chantaje al Gobierno para que le sean concedidas una serie de excenciones, excenciones que pesan en fin de cuentas sobre la gente sencilla y sobre los empresarios privados pequeños que no tienen los alicientes del Gobierno y que viven penosamente, tal como hacía mención de ello el compañero diputado Juan Manuel Elizondo.
De tal modo que, señores defensores de la iniciativa privada, no es exacto que ustedes estén defendiendo a la empresa privada y a la capacidad de creación del empresario simple de México, al que han venido a defender ustedes, usted, señor diputado Clariond, es a los grandes empresarios monopolistas que consideran
que debe ser para ellos el castigo al precio del petróleo, el castigo al precio del gas, el pagar por debajo de sus costos la generación de energía eléctrica y que constantemente son, realizan una labor para conseguir dádivas y excenciones de parte del Estado; dádivas y excenciones de los que no gozan el pueblo de México, particularmente a través de impuestos indirectos como el Impuesto al Valor Agregado. Esa es la primera aclaración que debo dejar establecida.
Segunda, el empréstito fue concertado el mes de septiembre, sin embargo, sólo pudo ser conocido públicamente el 31 de octubre, un mes y medio más tarde de la fecha en que fue concertado y esto entraña una grave responsabilidad para el Gobierno, para los altos funcionarios de la administración y para una empresa estatal del Sector Estatal, como es el Banco de Obras y Servicios Públicos, de no haber sido denunciado el caso públicamente.
Es muy posible que el Gobierno y BANOBRAS, lo hubieran dejado pasar inadvertido, en silencio, en buena hora que trascendió y por eso, en mejor hora todavía que hayamos podido hacer, señor diputado Gaxiola, uso de esta tribuna para denunciara y para demandar investigaciones.
Yo quiero solicitar a la mesa que someta a la consideración de la Asamblea la posibilidad de un replanteamiento de las proposiciones que he presentado por escrito.
El C. Presidente: Tiene la palabra el C. diputado Juan de Dios Castro.
El C. Juan de Dios Castro: Señoras y señores diputados:
Por supuesto que participamos de la enérgica propuesta que debe ser protesta de todos y cada uno de los integrantes de esta Cámara, por no haber dado el trámite reglamentario la Presidencia de este Cuerpo, a la proposición planteada por el compañero diputado Carlos Sánchez Cárdenas, proposición que no ha recibido el trámite que dispone y establece el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso.
Esa, indudablemente, es una falla intencional del Presidente de esta Cámara, que debe ser rechazada por todos los que somos miembros de la misma, pero es indispensable hacer varias precisiones:
Rechazo por calumniosa, por difamatoria, por no tener elementos que la sustenten, por mal intencionada, la acusación del señor diputado Elizondo, con todo lo batallador en otras ocasiones haya sido, en el sentido de que pueda existir una vinculación entre el Grupo Alfa y el candidato de Acción Nacional, el señor ingeniero Pablo Emilio Madero Belden; calumniosa, malintencionada y difamatoria.
Rechazo y por supuesto que rechazamos los miembros del grupo parlamentario de Acción Nacional, la de formación de las posiciones partidaristas que a lo largo de 40 años hemos sostenido, no sólo ante los grupos políticos del país, no sólo ante el gobierno mismo, sino ante los mismos partidos que, aunque no coincidan con nosotros, nos combaten en el sentido de que nunca el capital privado pueda tener cabida dentro de Acción Nacional.
Quienes pensaron en un momento dado que Acción Nacional podría ser bastión para la protección de los intereses del capital, no están ni estuvieron en Acción Nacional, están en el medio oficial para la defensa de sus intereses y claro que puede ser, claro que puede ser y aquí existe una enorme, abierta discrepancia, puede ser contraria a la postura de la izquierda frente a la postura de Acción Nacional.
Nosotros no rechazamos, en la participación de la vida económica del país, si aceptamos un régimen democrático - y la izquierda ha hablado de la vigencia democrática -, de la iniciativa privada en la actividad económica del país, pero entiéndase bien, no tomamos el concepto de propiedad privada al estilo del liberalismo manchesteriano, donde la posición del Estado es la de dejar hacer y dejar pasar y donde el pez grande se come al chico y donde se fortalece, en perjuicio del pueblo, al poder económico.
Muy lejos estamos de eso.
Nuestra postura es decisiva; la función social de la propiedad. Nuestra postura es decisiva; el logro del bien común, la creación de condiciones de vida social y en esto están las condiciones económicas, educativas, políticas, que permitan a todos y cada uno de los miembros de la sociedad, sin excepción, la posibilidad de realizarse en plenitud.
Por supuesto que frente a esto quizá estén las soluciones colectivistas.
Una de las lecciones que la historia nos da respecto de la solución colectivista, respecto de la economía, incluso con la postura quizá muy atractiva, si ustedes gustan, de la distribución radical y decisiva de la riqueza y que los esquemas de expropiación total que se han planteado la historia no ha demostrado que resuelvan el problema económico y social y de justicia de los pueblos en los cuales se ha implantado y entre otras cosas porque en este proceso de radical distribución colectiva de la riqueza no se da justa y proporcionada distribución de la capacidad de decisión en el pueblo; porque no se respeta la democracia, porque la dictadura, sobre todo en la definición leninista como poder basado en la violencia y sin límite de ley alguno, no puede ser y no lo ha sido y la historia lo ha demostrado, una etapa simplemente transitoria de opresión que anuncie el amanecer de la libertad, sino que ha sido y la historia lo demuestra, el comienzo del partido único que jamás se bajará del poder por las buenas y lo entiendo, quizá alguno justifique la revolución triunfante precisa, la dictadura del proletariado, pero nosotros no aceptamos la disyuntiva, prosperidad económica o libertad, queremos, planteamos, exigimos y creo que se puede lograr ambas cosas, justicia y libertad.
Para concluir quiero replantear, por estimar que es de interés de esta Cámara y para adecuar conforme a Reglamento y evitar el obstáculo que pudiera haber por cuanto a la duplicidad de proposiciones en una misma sesión, la siguiente proposición:
"El que suscribe, diputado federal del grupo parlamentario de Acción Nacional, con los antecedentes que obran en el Diario de Debates de la sesión de hoy hasta este momento, atentamente solicito:
Primero, que se integre una Comisión especial para conocer del caso Alfa, por los hechos expresados es esta sesión y, segundo, que en un plazo no mayor de 10 días, la Comisión que se nombre al efecto formule su Informe ante esta Cámara."
Presento la solicitud por escrito y solicito que se dé el trámite reglamentario.
El C. Presidente: Tiene la palabra el ciudadano diputado Unzueta, para una proposición.
El C. Juan de Dios Castro: Señor Presidente, conforme al Reglamento debe preguntarse a esta Cámara si se admite o no, antes de que el señor diputado Unzueta lea su proposición.
El C. Presidente: Se concede el uso de la palabra al diputado Navarro, le suplicamos al compañero Unzueta, tenga la bondad de esperar un momento.
El C. Juan de Dios Castro: Moción de orden, señor Presidente. Con base en el artículo 102, 105 y demás, solicito a la Presidencia de esta Cámara se le dé el trámite reglamentario a mi proposición.
El C. Presidente: Lea la Secretaría el artículo 58 del Reglamento.
- El C. secretario Antonio Cueto Citalán:
"Artículo 58. Las proposiciones que no sean iniciativas de ley, presentadas por uno o más individuos de la Cámara, sin formar los que la suscriban, mayoría de diputación, se sujetarán a los trámites siguientes: Primero. Se presentarán por escrito y firmadas por sus autores al Presidente de la Cámara, y serán leídas una sola vez en la sesión en que sean presentadas; podrá su autor o uno de ellos, si fueren varios, exponer los fundamentos y razones de su proposición y proyecto. Segundo. Hablarán una sola vez dos miembros de la Cámara, uno en pro y otros en contra, refiriéndose al autor del proyecto o proposición. Tercero. Inmediatamente se preguntará a la Cámara si admite o no a discusión la proposición; en primer caso, se pasará a la comisión o comisiones a quienes corresponda, y en el segundo se tendrá por desechada."
(Estamos en el inciso segundo).
El C. Juan de Dios Castro: Trámite en relación con mi proposición, la del diputado Unzueta es otra proposición.
El C. secretario Antonio Cueto Citalán: En relación con el trámite, el diputado Delgado, Presidente de la Comisión de Hacienda, quiere hacer una.
El C. Presidente: En relación con la proposición del diputado Juan de Dios Castro, tiene la palabra el diputado Navarro.
- La C. América Abaroa: Señor Presidente, yo pedí la palabra antes que el diputado, para hechos, que está en la tribuna, y sin embargo se le dio la palabra a él.
El C. Juan Delgado Navarro: Señor Presidente;
Compañeros diputados:
La Comisión de Hacienda y Crédito Público, que está integrada por los siete partidos políticos aquí representados y de acuerdo con la naturaleza de funciones y responsabilidades que cada uno de nosotros y como Comisiones tenemos en la Cámara, ya se había iniciado, de acuerdo con el cambio de impresiones que la presidencia había tenido con la mayor parte de sus miembros, el avocarse directamente porque le corresponde la función, ante las autoridades responsables de estas operaciones, el Banco Nacional de Obras, la Comisión Nacional Bancaria y la Comisión de Valores, para informarse de estos hechos y estas operaciones de acuerdo con su naturaleza de funciones.
Luego, entonces, yo me permito informar a usted y a la vez solicitarles el apoyo correspondiente, para que sea la misma Comisión integrada por los siete partidos políticos la que prosiga la investigación que ya habíamos iniciado, solicitando las respectivas audiencias y que sea la Comisión, a través de los siete partidos representados en ella, quien informe a esta Cámara del resultado de su contacto con las autoridades.
Creo en esta forma, compañeros diputados, no eludimos en primer lugar nuestra responsabilidad porque son asuntos de interés nacional y segundo, damos el apoyo que se merecen las Comisiones de Trabajo en que hemos dividido las labores de la Cámara; y en tercer lugar, los partidos políticos, a través de sus propios representados, estarán presentes y podremos dar la información correspondiente.
Creo que de esta manera allanamos el camino, de manera que prácticamente estoy dando respuesta a la propuesta del diputado Juan de Dios Castro y las que pudieran suscitarse en ese sentido, de que sea la Comisión de Hacienda y Crédito Público, que por naturaleza de funciones tiene esta tarea y en donde están representados los siete partidos políticos, lo que inicie y los que realice esta indagación, poniéndose en contacto inmediato con las autoridades correspondientes y viniendo a informar a la Cámara el resultado de su investigación.
El C. Alonso y Prieto: Yo quiero preguntar al señor Castro si esta propuesta de alguna
manera responde a la proposición que ha formulado hace un momento.
El C. Juan de Dios Castro: Si el señor Presidente lo autoriza, le voy a responder, señor diputado.
Me parece acertado que se integre la comisión, puesto que están representados todos los partidos, pero creo que se está brincando un paso del trámite. Propuse que la Cámara aprobara mi proposición una vez que se plantea a la Cámara y la Cámara esté de acuerdo, entonces se designará la integración de esta comisión para lo que no tengo inconveniente en lo que usted propone.
(Piden la palabra varios diputados.)
El C. Presidente: Vamos a terminar este trámite primero.
El C. Sánchez Cárdenas: Quiero interpelar al orador, señor Presidente.
El C. Alonso y Prieto: Pido la palabra para hechos en relación con la intervención del diputado Delgado.
El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado Alonso y Prieto.
El C. Rafael Alonso y Prieto: Muy breve señores. Se ha afirmado aquí que la Comisión de Hacienda y Crédito Público ya había tomado cartas en el asunto y que había empezado a trabajar. Soy miembro de esa comisión y no tenía la menor noticia del asunto. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Carlos Sánchez Cárdenas: Sólo una observación al licenciado Navarro y es ésta: dice usted que la comisión hará las investigaciones ante las autoridades, pero es que yo he propuesto que la investigación abarque a organismos que no son autoridades como el Grupo Alfa. ¿Acepta usted que la investigación tenga este alcance? y no tenga inconveniente en respaldar su proposición.
El C. Juan Delgado Navarro: Puesto que la comisión va a realizar una investigación, en torno a una empresa es lógico que tenga que tener injerencia en su investigación acerca del Grupo Alfa, de manera que la investigación tiene que ser completa.
El C. Juan Delgado Navarro: Un momentito, sólo en relación con lo que mi muy estimado maestro y amigo don Rafael Alonso y Prieto ha mencionado, en la reunión preliminar que tuvieron la mayor parte de los miembros de la Comisión frente a esta inquietud antes inclusive que se suscitara en la Cámara, se le llamó, se le citó, no lo encontramos y nosotros determinamos plantearles este problema. Fue una cosa de omisión y no que hayamos eliminado la presencia de este señor, sino al contrario, es hombre que siempre está pendiente y siempre consideramos que su actuación es honesta, es vigorosa y es muy profesional.
El C. Presidente: Señores diputados a efecto de que podamos poner orden a esta discusión que se ha complicado tanto, vamos primero a pedir la votación de la proposición que hizo el diputado Juan de Dios Castro y posteriormente someteremos igualmente la proposición del diputado Navarro.
Le suplicamos nuevamente al diputado Unzueta, tenga la bondad de permitirnos que pase la diputada América Abaroa.
El C. América Abaroa: Señor Presidente;
Señores diputados:
Sobre la proposición del diputado Navarro una observación, que se amplíe dentro de la Comisión de Hacienda también y que se entregue a esa Cámara, sobre la intervención que tuvo el Presidente de la República, dando y violando las funciones para lo que fue constituido el Banco de Banobras.
Es necesario que aquí se aclaren y no porque sea el Presidente de la República, en esta Cámara no se denuncien todos los hechos del autócrata y en este sentido he venido a decir que es muy correcta la posición del PRI y del PAN en defender la iniciativa privada.
El C. Presidente: Consulte la Secretaría a la Asamblea, si se acepta o se desecha la proposición del señor diputado Juan de Dios Castro.
- El secretario Silvio Lagos: En votación económica se pregunta si se acepta la proposición presentada en los términos del artículo 58 por el diputado Juan de Dios Castro y aceptada por el Presidente de la Comisión de Hacienda y el diputado Sánchez Cárdenas. Los que estén por la afirmativa...
El C. Presidente: Vamos a rectificar esto, compañero Silvio Lagos. Hemos dicho que existen dos proposiciones; vamos a consultar a la Asamblea su votación respecto a la proposición hecha por el señor diputado Juan de Dios Castro exclusivamente, sin relacionarlo con ninguna otra opinión, y después someteremos las siguientes.
- El secretario Silvio Lagos: Vamos a dar lectura a la propuesta del señor diputado Juan de Dios Castro:
"C. Presidente de la H. Cámara de Diputados: El que suscribe, diputado federal del grupo parlamentario de Acción Nacional, con los antecedentes que obran en el Diario de los Debates de la sesión de hoy, atentamente solicito:
Primero: Se integre una comisión especial para conocer del caso Alfa por los hechos expresados en esta sesión.
Segundo: Que dé un plazo no mayor de 10 días, para que la citada comisión formule su informe.
Sala de sesiones, 3 de noviembre de 1981. Diputado Juan de Dios Castro."
En estos términos se pregunta a la Asamblea en votación económica si se admite la propuesta que acabo de leer hace unos instantes. Los que estén por la afirmativa, ponerse de pie... Aceptada.
El C. Presidente: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito la propuesta del C. diputado Juan de Dios Castro.
El C. Gerardo Unzueta: Declino hacer uso de la palabra.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
LEY DE NAVEGACIÓN Y COMERCIO MARÍTIMOS
El C. Presidente: Tiene el uso de la palabra el diputado Rafael Herrera Morales.
El C. Rafael Armando Herrera Morales: Con relación a la modificación, a la iniciativa de la modificación del Artículo 50 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, y por creer conveniente hacerle un ajuste para que quede perfectamente definido y esclarecido un punto que pensamos que pueda quedar oscuro, solicito a esta Asamblea, señor Presidente, se permita una suspensión de tal forma que en la próxima sesión se ponga a discusión el dictamen correspondiente.
El C. Presidente: Consúltese a la Asamblea si se acepta o se desecha la moción suspensiva presentada por el diputado Herrera.
El C. secretario Silvio Lagos: En votación económica se pregunta si se acepta o se desecha la moción presentada por el C. diputado Armando Herrera Morales.
Los CC. diputados que están porque se acepte sírvanse manifestarlo... Aceptada la moción suspensiva.
El C. Presidente: Se acepta la moción suspensiva presentada por el diputado Herrera.
ARTÍCULO 60 REGLAMENTO INTERIOR DEL CONGRESO
"A esta Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales fue turnada para su estudio y dictamen, una Iniciativa de Reforma y Adiciones a los artículos 37 y 88 de la Constitución General de la República, presentada por miembros del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
1. En los considerados de dicha Iniciativa, se expone la conveniencia de modificar el Artículo 37 de nuestra Carta Magna: "para el mejor funcionamiento del Congreso de la Unión, y en especial de la Cámara de Diputados", consistente en quitar a ésta la competencia en cuanto al otorgamiento de permisos de aceptación y uso de condecoraciones o para prestar servicios oficiales a gobiernos extranjeros, lo que, según explica la Iniciativa, ocupa gran parte del tiempo que debería emplearse en las cuestiones de verdadero interés. Sugiere así, la Iniciativa, que la competencia para resolver esos asuntos le sea dada al Ejecutivo.
2. Una primera reflexión nos llevaría a explorar la intención del legislador al confeccionar la norma, en este caso el Artículo 37 Constitucional, que no fue otra que la de resguardar el espíritu de nacionalidad de los mexicanos, preservándolos de una desvinculación de la Nación por la aceptación de una presea o, en su caso, de un cargo que pudiera implicar sumisión a un gobierno extranjero; ahora bien, podría decirse que, en tiempos normales y en el común de los casos, el otorgamiento de los permisos constituye un acto meramente administrativo, como implícitamente lo expone la Iniciativa; no obstante, es de explorado derecho que los actos del Poder Legislativo, pueden ser también, desde el punto de vista material, administrativos, de vigilancia y jurisdiccionales. Excluir, por lo tanto, de la esfera competencial de la Cámara de Diputados, actos que no sean meramente legislativos, rompería con el principio de integración y coparticipación de cada uno de los tres poderes.
3. Por otra parte, debe decirse que, a juicio de esta Comisión, la Iniciativa propuesta está guiada por una intención plausible en cuanto pretende hacer más ágil el despacho de los asuntos que competen a la Cámara de Diputados, otorgándole mayor tiempo y relevancia a los que, en un momento dado, representen mayor interés nacional. Pensamos, además, que el anterior propósito puede conseguirse reteniendo las facultades que la Constitución le otorga a esta Soberanía y sin tener que recurrir al funcionamiento del Constituyente Permanente, para obtener una enmienda de la Carta Magna, lo que implicaría mayor tiempo para conseguir el objetivo deseado. Se considera que mediante una adición al Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, puede conseguirse, en breve tiempo, la agilización de los trabajos de la Cámara en el renglón que nos ocupa.
4. En ese orden de ideas, en estricta técnica jurídica lo procedente es reformar el Reglamento Interior del Congreso, con apego a lo establecido en el Artículo 72 de nuestra Carta Magna, en cuanto a la observancia de dicho Reglamento sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones en la resolución de leyes o decretos. Así, los integrantes de esta Comisión, estimando que el fin perseguido por la Iniciativa puede quedar satisfecho actualizando la normación secundaria, ponen a la consideración de esta Soberanía el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se adiciona con un párrafo segundo el Artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con el siguiente texto:
Cuando la Cámara conozca de los permisos a que se refieren las fracciones II, III y IV del Inciso B, del Artículo 37 de la Constitución General, la Comisión Legisladora correspondiente podrá formular dictamen resolviendo varias solicitudes a la vez, integrando en el proyecto de Decreto tantos artículos como permisos se concedan, sin perjuicio de que, cuando un legislador así lo pida, se ponga a discusión cualquier caso en particular. México, D. F., octubre 28 de 1981.
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales: Diputados Luis M. Farías. - Antonio Huitrón Huitrón. - Juan Aguilera Azpeitia. - Eduardo Aviña Bátiz. - Rafael Corrales Ayala. - Juan Manuel Elizondo. - Francisco J. Gaxiola O. - Antonio Gómez Velazco. - Juan Landerreche Obregón. - Juan Maldonado Pereda. - Guillermo Medina de los Santos. - Raúl Pineda Pineda. - Luis O. Porte Petit Moreno. - Gilberto Rincón Gallardo. - Ezequiel Rodríguez Arcos. - Eduardo A. Rosas González. - Enrique Sánchez Silva. - Ignacio Vázquez Torres. - Abel Vicencio Tovar. - Rafael Ibarra Chacón."
El C. Presidente: En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los CC. diputados, ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la segunda lectura y se pone a discusión en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de Decreto.
El C. secretario Silvio Lagos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se pregunta si se dispensa la segunda lectura al dictamen y se pone a discusión en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de Decreto.
Los CC. diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo.
Se dispensa la segunda lectura al Dictamen.
El C. Presidente: En consecuencia, está a discusión en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de Decreto.
El C. Aguilera Azpeitia: Para proponer una modificación.
El C. Presidente: Tiene la palabra el C. diputado Juan Aguilera Azpeitia.
El C. Juan Aguilera Azpeitia: Señor Presidente;
Señores diputados:
Esta reforma sin duda alguna tiene una importancia capital para el manejo de esta Cámara, toda vez que se trata de fortalecer las normas que nos rigen internamente, llegar al aprovechamiento mejor de nuestro tiempo.
Hace un momento el señor Presidente de esta Cámara, cuando alguien le pedía la palabra oímos que decía: así nunca vamos a terminar; pues yo quisiera pensar que es bueno que se use cuanto sea necesario la tribuna, pero qué mejor que el tiempo sea encauzado debidamente para el aprovechamiento de las labores que desarrolla esta Cámara.
Yo quiero pues, felicitar sinceramente a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, en donde se trabajó sobre este dictamen presentado por el Partido Acción Nacional y en el que coincidimos sustantivamente, llegando al acuerdo que obra en el dictamen que se ha distribuido y en el que creo que vamos a estar todos de acuerdo.
Quisiera, sin embargo, hacer una pequeña proposición para modificar un concepto, en razón de que el Artículo 97 del Reglamento dice:
"Todo proyecto de ley se discutirá primero en lo general o en su conjunto y después en lo particular cada uno de sus artículos, cuando conste de un solo artículo será discutido una sola vez."
Quiero, en esta consecuencia, proponer la siguiente redacción:
"Cuando la Cámara conozca de los permisos a que se refieren las fracciones segunda, tercera y cuarta del Inciso B del Artículo 37 de la Constitución General, la Comisión Legislativa correspondiente podrá formular dictamen resolviendo varias solicitudes a la vez, - y aquí entra la proposición que propongo - integrando en el proyecto de Decreto tantos artículos como permisos se concedan, sin perjuicio de que - atención a este punto - puestos a discusión - porque deben ser puestos a discusión - si un legislador así lo solicita, cualquier artículo será reservado."
Esto quiere decir que todos deben ser puestos a discusión y después, en lo particular, si algún señor legislador quiere reservarlo, podrá hacerlo. Repito, es nada más de forma para que esté en consecuencia con el Artículo 97 del propio Reglamento.
Es todo, señor Presidente.
El C. Rafael Corrales Ayala: A nombre de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, para manifestar que estoy y estamos totalmente de acuerdo con la modificación que propone al artículo mencionado, el señor diputado Juan Aguilera Azpeitia. (Aplausos.)
El C. Presidente: En consecuencia, se ruega a la Secretaría consulte a la Asamblea si se acepta la modificación propuesta por el diputado Juan Aguilera Azpeitia, al artículo único del proyecto de Decreto, y aceptado por las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales.
El C. secretario Silvio Lagos Martínez: Por instrucciones de la Presidencia, esta Secretaría consulta en votación económica si se
admite la modificación propuesta al Artículo 60 a discusión, presentado por el diputado Juan Aguilera Azpeitia y aceptada por la Comisión.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.. Aceptada, señor Presidente.
El C. Presidente: Consulte la Secretaría a la Asamblea si el Artículo se encuentra suficientemente discutido.
El C. secretario Silvio Lagos Martínez: En votación económica se consulta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el Artículo 60.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutida, señor Presidente.
En consecuencia, se va a proceder a recoger la votación nominal del Artículo
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el Artículo 161 del Reglamento Interior.
(VOTACIÓN.)
Señor Presidente, se emitieron 263 votos, de los cuales 252 fueron en pro y 11 abstenciones.
El C. Presidente: Aprobado el Artículo único con la modificación propuesta por el diputado Juan Aguilera Azpeitia, al Artículo 60 del Reglamento Interior del Congreso, y aceptada por la Comisión por 252 votos.
El C. secretario Silvio Lagos Martínez: Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El C. secretario Antonio Cueto Citalán: Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
ORDEN DEL DÍA
- El mismo C. Secretario:
"Tercer Período Ordinario de Sesiones.
"LI" Legislatura.
Orden del Día
4 de noviembre de 1981.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Iniciativa
De Ley para derogar, reformar y adicionar diversos Artículos del Código Civil del Distrito Federal, en materia de Registro Civil y Sociedad Conyugal.
Dictámenes de primera lectura
Tres de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyectos de Decreto por los que se concede permiso a los CC. Irma Ofelia Guzmán de la Garza, María Emilia Rodríguez Robles y Jesús Ramírez Ruiz, para prestar servicios de carácter administrativo en la Embajada de la República Socialista de Checoslovaquia, en México.
De la Comisión de Educación Pública con proyecto de Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional.
Dictámenes a discusión
Cinco de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyectos de Decreto por los que se concede permiso a los CC. Joaquín Gamboa Pascoe, Luis M. Farías, Fernando Solana, Carlos Hank González, Carlos González Parrodi, Jorge de la Vega Domínguez, Julio Rodolfo Moctezuma Cid, Miguel Angel Godínez Bravo, Aída González Martínez, Raúl Valdés Aguilar, Miguel Marín Bosch, Luis Javier Solana, Jesús Chico Chico, Antonio González de León, Sandra Fuentes Berain, Rafael Tovar y de Teresa, Francisco Roux López, Mario Ramón Beteta, Rafael Izquierdo, Francisco Noreña, Emilio Carrillo Gamboa, Carlos Humberto Bermúdez Dávila, Pedro Ojeda Paullada, Luis Cassio Luiselli, Mauricio Toussaint, Benito Andión Sancho y José Luis Martínez Hernández, para aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el Gobierno de la República Francesa.
De la Comisión de Marina con proyecto de Decreto que reforma el Artículo 50 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos."
- El C. Presidente ( a las 15:10 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el día de mañana a las once horas.
Se pasa a sesión secreta.
TAQUIGRAFÍA PARLAMENTARIA Y
"DIARIO DE LOS DEBATES"