Legislatura LII - Año I - Período Comisión Permanente - Fecha 19830119 - Número de Diario 4

ENCABEZADO

DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA COMISIÓN PERMANENTE

DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

"LII" LEGISLATURA

Registrada como artículo de 2a clase en la Administración Local de Correos el 21 de septiembre de 1921.

AÑO I MÉXICO, D. F., miércoles 19 de enero de 1983 TOMO I. NÚM. 4

SUMARIO

APERTURA

ORDEN DE DÍA

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR SE APRUEBA 3

INVITACIÓN

A la sesión solemne en la que el C. Licenciado Alfredo del Mazo González, gobernador del estado de México, rendirá su primer informe de su gestión administrativa. Se designa comisión

COMUNICACIONES

De la C. Magistrada Clementina Gil de Lester, participando su designación como Presidenta del tribunal Superior de Justicia del D.F. De enterado.

De los Congresos de Aguascalientes y Guerrero, relativas a actos inherentes a sus funciones legislativas. De enterado

MINUTA DEL SENADO

ARTÍCULO 4o. CONSTITUCIONAL

Expediente del Decreto que adiciona con un párrafo cuarto el artículo mencionado, aprobado ya por ambas Cámaras y Congresos estatales. Se turna a comisión con el ruego de que se dictamine en esta sesión.

OFICIO DE LA SECRETARÍA

DE GOBERNACIÓN

INVITACIÓN DEL

PARLAMENTO FRANCÉS

Del Presidente de la Asamblea Nacional, con el objeto de que un grupo de diputados mexicanos realice una visita oficial a su país. Se turna a la Gran Comisión de la Cámara de Diputados 5

DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA

CONDECORACIÓN

Proyecto de Decreto que autoriza al C. José M. Montejo Sierra para que acepte y use la que le otorgó el gobierno del Brasil. Primera Lectura 6

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Proyecto de Decreto que permite a la C. Francoise Bagot prestar servicios en la Embajada de Francia en México. Primera lectura 6

DICTÁMENES A DISCUSIÓN

PERÍODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES

Punto de Acuerdo por el que se desecha la proposición del C. Diputado Héctor Ramírez Cuéllar, relativo a convocar a un periodo extraordinario de sesiones para tratar iniciativas presentadas por diputados del PPS.

A discusión el punto de Acuerdo. Usan de la palabra los CC. Diputados: en contra Héctor Ramírez Cuéllar; en pro Enrique Soto Izquierdo; nuevamente Ramírez Cuéllar; por la Comisión Oscar Cantón Zetina; para hechos Alberto Salgado Salgado. Se aprueba en sus términos

PROCEDIMIENTOS PARA RATIFICAR

A FUNCIONARIOS DIPLOMÁTICOS

Dictamen con puntos de Acuerdo, concernientes a la proposición del C. Senador Manuel Ramos Gurrión, relativos al procedimiento a seguir por esta Comisión Permanente para ratificar nombramientos de Embajadores, Ministros, Agentes Diplomáticos y Cónsules Generales. Sin discusión se aprueban los puntos de Acuerdo

CONDECORACIÓN

Proyecto de Decreto que permite al C. Fernando Magaña Verdugo, aceptar y usar la que le confiere el gobierno del Brasil. Segunda lectura. Sin discusión se aprueba. Pasa al Ejecutivo

DICTAMEN DE PRIMERA LECTURA

DECLARATORIA A REFORMAS AL ARTÍCULO 4o CONSTITUCIONAL

Dictamen con proyecto de Declaratoria que reforma y adiciona el artículo citado. Primera lectura. Se le dispensa la segunda. Hace uso de la palabra por la Comisión la C. Diputada Dulce María Sauri Riancho. Se aprueba. Pasa al Ejecutivo

CONSIDERACIONES SOBRE MORALIZACIÓN DE LA POLICÍA.

Hechas por el C. Senador Abraham Martínez Rivero, tocante a lo que a la fecha ha realizado el régimen actual al respecto

EXPLOTACIÓN A GRUPOS INDÍGENAS. POLICÍAS HOMICIDAS. DISTRIBUCIÓN DE DICTÁMENES

El C. Diputado Edmundo Jardón Arzate se refiere al estado de miseria en que se encuentran congregaciones indígenas, como la del grupo zoque de Chiapas, y a la clase de ayuda que se les ha otorgado. Menciona la supresión de cuerpos policiacos no previstos por la Constitución y alude al asesinato de un diputado del PST en el estado de Veracruz y el de un dirigente ejidal, miembro del PSUM, en Palenque, Chiapas; a dos más, miembros del PSUM, asesinados por un policía, que fuera aprehendido, y puesto en libertad por el Procurador de Justicia del Estado. Por su parte el C. Diputado Maximiliano Silerio Esparza lamenta los acontecimientos en el medio rural del país, mismos que condena. En seguida, el C. Diputado Gerardo Medina Valdez solicita se proporcionen oportunamente copias de los dictámenes que serán presentados para discusión, para después, referirse a la moralización de la policía. La Presidencia, en relación a la solicitud del diputado Medina Valdez, ruega se tome nota para que los dictámenes a discusión se distribuyan oportunamente. A su vez el C. Senador Renato Sales Gasque hace consideraciones a lo expresado por los oradores y, el C. Diputado Antonio Vélez Torres, aclaraciones a lo dicho en relación a la policía del estado de México.

ORDEN DEL DÍA

De la sesión próxima. Se levanta la sesión

DEBATE

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR MIGUEL GONZÁLEZ AVELAR

(Asistencia de 27 ciudadanos legisladores.)

APERTURA

- El C. Presidente (a las 11:10 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DÍA .

- El C. Secretario diputado Eulalio Ramos Valladolid:

"Comisión Permanente.

Primer Receso de la `LII' Legislatura.

Orden del Día

19 de enero de 1983.

Lectura del acta de la sesión anterior.

El congreso del Estado de México, invita a la Sesión Solemne en la que el C. Licenciado Alfredo del Mazo González, gobernador del estado rendirá su Primer Informe de Gobierno, la que tendrá lugar el próximo 20 de enero.

Comunicación del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

Comunicaciones de los Congresos de los estados de Aguascalientes y Guerrero.

Oficio de la H. Cámara de Senadores

Con el que se remite la Minuta proyecto de Decreto que adiciona con un párrafo cuarto el Artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Oficio de la Secretaría de Gobernación

Por el que se transcribe uno de Relaciones Exteriores, relativo a la invitación del Presidente de la Asamblea Nacional de Francia, a una Delegación de Diputados Mexicanos.

Dictámenes de primera lectura

De la Tercera Comisión con proyecto de Decreto por el que se concede permiso al C. José Manuel Montejo Sierra, para aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno del Brasil.

De la Primera Comisión con proyecto de Decreto por el que se concede permiso a la

C. Francoise Bagot, para prestar servicios como dibujante en la Misión Arqueológica de la Embajada de Francia en México.

Dictámenes a discusión

De la Tercera Comisión, relativo a la proposición del C. Diputado Héctor Ramírez Cuéllar, para que se convoque a un Periodo Extraordinario de Sesiones.

De la Primera Comisión relativo a la Proposición del C. Senador Manuel Ramos Gurrión.

De la Tercera Comisión con proyecto de Decreto por el que se concede permiso al C. Fernando Magaña Verdugo, para aceptar y usar la condecoración de Orden del Mérito Naval, en grado de Gran Oficial que le confiere el Gobierno del Brasil.

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

- El mismo C. Secretario:

"Acta de la sesión de la Comisión Permanente de la Quincuagésima Segunda Legislatura del H. Congreso de la Unión, efectuada el día doce de enero de mil novecientos ochenta y tres.

Presidencia del C. Senador Miguel González Avelar.

En la ciudad de México, a las once horas y diez minutos del miércoles doce de enero de mil novecientos ochenta y tres, la Presidencia declara abierta la sesión una vez que la Secretaría manifiesta una asistencia de veintitrés ciudadanos legisladores.

Lectura del Orden del Día y del acta de la sesión anterior verificada el día cinco de los corrientes, misma que sin discusión se aprueba.

La Presidencia expresa a la Asamblea que con pena participa el fallecimiento del señor diputado Roberto Castillo Aguilar, representante del Tercer Distrito Electoral del Estado de Zacatecas, con cabecera en Juchipila, acaecido el día 8 del actual.

A continuación, puestos de pie todos los asistentes, se guarda un minuto de silencio en memoria del desaparecido.

Se da cuenta con los documentos en cartera:

La Legislatura del estado de Puebla suscribe atenta invitación a la sesión solemne que tendrá lugar el día 15 del presente, en la que el C. Licenciado Guillermo Jiménez Morales, gobernador constitucional de la entidad, rendirá el segundo informe de su gestión administrativa.

Para asistir a dicha sesión en representación de esta Comisión Permanente, la Presidencia designa en Comisión a los CC. Senadores Luis José Dorantes Segovia, diputado Antonio Vélez Torres y senador Rafael Cervantes Acuña.

El C. Licenciado Jorge Iñarritu comunica la apertura del primer periodo de sesiones de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como su designación como Presidente de ese alto tribunal. De enterado.

Las Legislaturas de los estados de Coahuila, Nuevo León y Quintana Roo, participan haber llevado a cabo actos inherentes a sus funciones legislativas De enterado.

Oficio de la Secretaría de Gobernación relativo a la solicitud de permiso, para que el C. José Manuel Montejo Sierra pueda aceptar y usar una condecoración que le confiere el Gobierno del Brasil. Recibo y a la Tercera Comisión.

Presidencia del C. Senador Antonio Riva Palacio López.

La propia Secretaría de Gobernación transcribe dos oficios de la Secretaría de la Defensa Nacional, a los que se acompañan las hojas de servicios de los siguientes miembros del ejército: Generales Francisco Javier Ramírez Cabrera y Mario Oliver Bustamante. Recibo y a la Segunda Comisión.

El C. Mario Enrique Mayans Concha solicita la autorización constitucional para aceptar y desempeñar el cargo de Vicecónsul Honorario del Gobierno de España, en la ciudad de Tijuana, Baja California. Recibo y a la Primera Comisión.

A su vez, los CC. Miguel Angel Granados Chapa y Rogelio Luna Arias, solicitan el permiso constitucional necesario para poder aceptar y usar sendas condecoraciones que les otorgan, respectivamente, los gobiernos de Francia y Holanda. Recibo y a la Tercera Comisión.

Por su parte, la C. Francoise Bagot, solicita la autorización constitucional para prestar servicios como dibujante en la Misión Arqueológica de la Embajada de la República de Francia, acreditada en nuestro país. Recibo y a la Primera Comisión.

La Tercera Comisión presenta un dictamen con proyecto de Decreto que concede permiso al C. Fernando Magaña Verdugo, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito Naval en grado de Oficial, que le confiere el Gobierno del Brasil. Es de primera lectura.

Dictamen con punto de Acuerdo emitido por la Primera Comisión, en virtud del cual se ratifica el nombramiento expedido por el C. Presidente de la República, en favor del C. Licenciado Jorge Espinosa de los Reyes, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México, ante el gobierno de los Estados Unidos de América.

A discusión el punto de Acuerdo, sin que motive debate, en votación económica se aprueba. Comuníquese al Ejecutivo.

Encontrándose a las puertas del Recinto el C. Licenciado Jorge Espinosa de los Reyes, cuyo nombramiento como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario acaba de ser aprobado por esta Asamblea, la Presidencia designa en Comisión para que lo introduzcan al Salón y le acompañen en el acto de rendir la protesta de rigor, a los CC. Senador Ernesto Millán Escalante, diputada Dulce María Sauri

Riancho y diputado secretario Eulalio Ramos Valladolid.

Una vez que la Comisión cumple con su cometido, puestos de pie todos los presentes, el C. Licenciado Jorge Espinosa de los Reyes rinde la protesta de Ley.

La misma Comisión que introdujo al señor Embajador le acompaña al retirarse del Salón.

Se continúa con los asuntos del Orden del Día:

La Segunda Comisión suscribe cuatro dictámenes con sendos puntos de Acuerdo, que ratifican los grados militares expedidos por el C. Presidente de la República, en favor de los siguientes miembros del Ejército: Generales Brigadieres José Angel García Elizalde, Edmundo Antonio Paredes y Espinoza y Juan Heriberto Salinas Altes, y General de División Edmar Euroza Delgado.

A discusión en su orden, sin que motiven debate, en votaciones económicas sucesivas se aprueban los puntos de Acuerdo. Comuníquese al Ejecutivo.

A continuación, el C. Diputado Baltazar Ignacio Valdez Montoya, usa de la palabra para manifestar que antes de las elecciones municipales del 5 de diciembre en varios estados de la República, el Partido Demócrata Mexicano había expresado su confianza en que dichas elecciones servirían de testimonio vivo de que hay el deseo y la voluntad para que este país se democratice.

Señala que lamentablemente los gobernadores de Jalisco y San Luis Potosí, han demostrado con su conducta, que son enemigos de la reforma política y contrarrevolucionarios.

Menciona que en varios municipios de esos dos estados, su partido, el Demócrata Mexicano, llevó ante los organismos electorales correspondientes, pruebas contundentes de victorias electorales logradas a pulso. Sin embargo, la ceguera de dichos funcionarios impidió que el sufragio ciudadano fuera respetado.

De esto resulta, que en México, los partidos independientes están frente a la adversidad, antes, durante y después de las elecciones, cosa que difícilmente sucede en países con estructura democrática.

Hace una serie de consideraciones al respecto y concluye demandando a estos dos gobernadores, a nombre del pueblo y del Partido Demócrata Mexicano, para que tengan la sensibilidad política y resuelvan estos conflictos con inteligencia, de manera que se dé el enlace entre pueblo y gobierno, tan indispensable en estos días, por los que cruza la historia de México.

En seguida, aborda la Tribuna el C. Senador Manuel Ramos Gurrión, quien expresa que hay una regla general en toda contienda electoral, que es irreversible e indiscutible. Que las elecciones se ganan con votos, que todo aquel partido político o candidato que participa en cualquier proceso electoral, está sometido a la voluntad de la ciudadanía. Así se establece como un principio del más elemental sentido democrático. Quien no alcanza la confianza de la ciudadanía, no tiene derecho a solicitar triunfos que no pudo lograr en la conciencia de los ciudadanos.

Hace reflexiones sobre el proceso electoral y dice que si se perdió en las elecciones, se acepte la derrota, si se adoptó una actitud de respeto a la Ley, se siga respetando el procedimiento electoral, ya que solamente con la voluntad ciudadana expresada en las urnas, se obtienen triunfos electorales. Agrega que la provocación, la agitación, la actitud para crear desconcierto y confusión, a nada conduce.

Para insistir nuevamente en sus argumentaciones, vuelven a la Tribuna el C. Diputado Valadez Montoya y el C. Senador Ramos Gurrión.

Agotados los asuntos en cartera se da lectura al Orden del Día de la sesión próxima.

A las doce horas y treinta minutos, la Presidencia levanta la sesión y cita para la que tendrá lugar el miércoles diecinueve del presente, a las once horas. Se pasa a sesión secreta."

Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. - Aprobada, señor Presidente.

INVITACIÓN.

- El mismo C. Secretario:

"C. Presidente de la Comisión Permanente. México, D.F.

La H. Cuadragésima Octava Legislatura del Estado Libre y Soberano de México, se honra en invitar a usted a la sesión solemne en la que el licenciado Alfredo del Mazo G. gobernador constitucional del Estado, rendirá su Primer Informe de Gobierno el día 20 de enero a las 11:00 horas en el Teatro Morelos de esta ciudad, declarado para este efecto Recinto Oficial.

Toluca de Lerdo, México 1983."

El C. Presidente: Para asistir en representación de esta honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión, al acto de la invitación a que se ha dado lectura, se designan a los siguientes ciudadanos legisladores: senador Raúl Salinas Lozano, diputado Antonio Vélez Torres y senadora Silvia Hernández de Galindo.

COMUNICACIONES

- El mismo C. Secretario:

"C. Presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. - Presente.

Tengo el honor de comunicar a usted, que el H. Pleno de este Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en la Sesión de Pleno Público celebrada el día de hoy y de acuerdo con lo dispuesto por el Artículo 32 de la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal, tuvo a bien elegir a la suscrita, Presidente de esta Institución Judicial, para el bienio 1983 - 1984.

Aprovecho la ocasión para reiterarle las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D. F., a 3 de enero de 1983.

La C. Presidenta del H. Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Mag. Clementina Gil de Lester."

- Trámite: De enterado.

- El mismo C. Secretario:

"Aguascalientes, Ags., diciembre 31 de 1982. C. Presidente de la H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión, México, D. F.

Tenemos el honor de comunicar a usted, que la H. Quincuagésima Primera Legislatura del Estado, en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 30 de Ley Orgánica del Congreso, en Sesión Ordinaria celebrada hoy, llevó a cabo la elección de la Mesa Directiva que habrá de fungir durante el próximo mes de enero, la cual quedó integrada en la forma siguiente:

Presidente, diputado Jorge Rodríguez León; vicepresidente, diputado licenciado Mario Granados Roldán; secretario, diputado José Macías Medina y prosecretario, diputado Domingo Ramírez Delgado.

Al participar a usted lo anterior, nos es grato reiterarle las seguridades de nuestra consideración más distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Diputados: presidente, ingeniero Jesús Ramos Franco; secretario, Jorge Rodríguez León y secretario, profesor Alfonso Román González."

"Centenario de Manuel M. Ponce."

- Trámite: De enterado.

- El mismo C. Secretario:

"Chilpancingo, Gro., 31 de diciembre de 1982.

'Año del general Vicente Guerrero Saldaña'.

C. Presidente de la H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión, México, D. F.

Me permito comunicar a usted que en sesión ordinaria de esta fecha, se clausuró el segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año del ejercicio legal de esta H. Quincuagésima Legislatura, habiendo quedado integrada la H. Diputación Permanente que fungirá durante los meses de enero y febrero de 1983, de la siguiente manera:

Presidente, diputado licenciado José Rubén Robles Catalán; secretario, diputado M. V. Z. José Fernando Benítez López; vocal, diputado Germán Guzmán Herrera y suplente diputado profesor Ernesto Sandoval Cervantes.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle las seguridades de mi consideración muy distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Diputado presidente, Pedro Bailón López."

- Trámite: De enterado.

MINUTA DEL SENADO

ARTÍCULO 4o. CONSTITUCIONAL

- La C. Secretaria senadora Silvia Hernández de Galindo:

"CC. Secretarios de la H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión. - Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes, el expediente que contiene Minuta proyecto de Decreto que adiciona con un párrafo cuarto el Artículo 4o. de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, así como oficios de aprobación de las siguientes Legislaturas de los Estados: Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Colima, Chiapas, Durango, Guerrero, Hidalgo, México, Michoacán, Nayarit, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas.

Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

México, D. F. 14 de enero de 1983.

Oficial Mayor, licenciado Jorge Moreno Collado".

- Trámite: Se recibe y turna a la Tercera Comisión, con el ruego de que entregue a la Presidencia en el transcurso de la sesión, el dictamen relativo.

El C. Presidente: Ruego a la Comisión a la que ha sido turnada este asunto se sirva atender desde luego el encargo de esta Presidencia.

OFICIO DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

INVITACIÓN DEL PARLAMENTO FRANCÉS

- La C. Secretaria senadora Silvia Hernández de Galindo:

"Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Poder Ejecutivo Federal. - México, D.F. - Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. - Presentes.

El C. Secretario de Relaciones Exteriores, se ha dirigido al suscrito, con fecha 7 de diciembre próximo pasado, manifestando lo siguiente:

'Me permito hacer de su conocimiento que el Presidente de la Asamblea Nacional de Francia ha manifestado a nuestra Embajada en París la intención de dicho cuerpo legislativo de invitar una delegación de aproximadamente diez legisladores de la Cámara de Diputados mexicana para realizar una visita oficial de una semana a ese país, durante 1983. La invitación de referencia tiene como antecedente la constitución de un grupo parlamentario denominado `amistad Francia - México' presidido por el diputado Pierre Guidoni y compuesto por setenta y cinco diputados pertenecientes a

los principales partidos políticos de ese país. Con objeto de formalizar la fecha de la visita de los diputados mexicanos, la parte francesa ha sugerido que ésta se lleve a cabo durante su primer periodo ordinario de sesiones, entre el 21 de abril y el 2 de julio de próximo año, o bien en cualquier otra fecha que convenga a nuestros legisladores y que podría negociarse a través de nuestra Embajada en Francia. En virtud de que la Presidencia de la Asamblea General desea, en la medida de lo posible, materializar la invitación en breve con objeto de poder definir su programa de intercambios parlamentarios del próximo año, agradeceré a usted que, de no existir inconveniente, tenga a bien ser el amable conducto para transmitir a la H. Cámara de Diputados la invitación de referencia y solicitarle defina las fechas para la misma.'

Lo que transcribo a ustedes, para su conocimiento y fines que estimen procedentes, reiterándoles en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México D. F., a 7 de enero de 1983.

El secretario, licenciado Manuel Bartlett D."

- Trámite: Recibo y se turna a la Gran Comisión de la honorable Cámara de Diputados.

DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA

CONDECORACIÓN

- La misma C. Secretaria:

"Tercera Comisión.

Honorable Asamblea:

La Tercera Comisión que suscribe, efectuó el estudio sobre el permiso que solicita el ciudadano almirante cuerpo general diplomado de Estado Mayor Naval José Manuel Montejo Sierra, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito Naval, en grado de Gran Oficial, que le confiere el Gobierno del Brasil.

La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del Apartado B) del Artículo 37 constitucional, se permita someter a la aprobación de la honorable Asamblea el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo único. Se concede permiso al ciudadano almirante cuerpo general diplomado de Estado Mayor Naval José Manuel Montejo Sierra, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito Naval, en grado de Gran Oficial, que le confiere el Gobierno del Brasil.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. - México, D. F., a 14 de enero de 1983.

Senador Renato Sales Gasque, diputado Joaquín del Olmo, senador Heliodoro Hernández Loza, diputado Alberto Salgado Salgado, diputado Oscar Cantón Zetina, diputada Dulce María Sauri Riancho, diputado Antonio Vélez Torres, senador Luis José Dorante Segovia."

- Trámite: Primera lectura.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

- El C. Secretario diputado Eulalio Ramos Valladolid:

"Primera Comisión.

Honorable Asamblea:

En escrito fechado el día 28 de diciembre de 1982, la ciudadana Francoise Bagot de Vargas, solicita el permiso constitucional necesario para prestar servicios como dibujante a medio tiempo en la Misión Arqueológica de la Embajada de Francia en México.

En sesión celebrada por la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el día 12 del actual, se turnó a la Comisión que suscribe, para su estudio y dictamen el expediente relativo.

CONSIDERANDO

a) Que la peticionaria acredita su nacionalidad con la copia certificada de la Declaratoria de nacionalidad mexicana por naturalización número 511, expedida por la secretaría de Relaciones Exteriores.

b) Que los servicios que la interesada prestará en la Misión Arqueológica de la Embajada de Francia, serán como dibujante a medio tiempo.

c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del Apartado B) del Artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana Francoise Bagot de Vargas, para prestar servicios como dibujante a medio tiempo, en la Misión Arqueológica de la Embajada de Francia en México.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. - México, D. F., a 14 de enero de 1983.

Senador Ernesto Millán Escalante, senador J. Patrocinio González Blanco G., diputado Edmundo Jardón Arzate, senador Raúl Salinas Lozano, senador Abraham Martínez Rivero, diputado Baltazar I. Valadez Montoya, diputado Miguel Angel Morado Garrido, diputado Maximiliano Silerio Esparza."

- Trámite: Primera Lectura.

DICTÁMENES A DISCUSIÓN

PERÍODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES

- La C. Secretaria senadora Silvia Hernández de Galindo:

"Tercera Comisión Dictaminadora.

Honorable Asamblea:

A la Tercera Comisión Dictaminadora de esta Honorable Comisión Permanente, fue turnada para su estudio y dictamen la proposición del ciudadano diputado Héctor Ramírez Cuéllar, por la cual solicita se convoque a periodo extraordinario de sesiones del Honorable Congreso de la Unión, a fin de responder a demandas legislativas que, según su particular punto de vista exige la situación conflictiva del país.

Al analizar el sentido, contenido y oportunidad de la solicitud del ciudadano diputado Ramírez Cuéllar, esta Comisión Dictaminadora estima conveniente hacer las siguientes consideraciones:

El motivo fundamental de la proposición para citar al periodo extraordinario de sesiones, es de que en él se incluyan, para discutirse y aprobarse en su caso, los dictámenes relativos a la iniciativa de reformas a la Ley Federal del Trabajo, presentada por los diputados del Partido Popular Socialista el 27 de diciembre de 1977, relativa a la implantación de la Escala Móvil de Salarios, y una más presentada por la propia fracción de diputados de ese partido, sobre el proyecto de Ley Inquilinaria para el Distrito Federal, el 7 de noviembre de 1978.

En el primer caso, esta Comisión ha considerado que ha quedado debidamente satisfecha la legítima pretensión de los trabajadores para el efecto de que, siempre que las circunstancias económicas lo justifiquen, sean revisados los salarios mínimos a solicitud de la propia Comisión de los Salarios Mínimos y del Secretario del Trabajo y Previsión Social, posibilidad que quedó ya establecida en el Artículo 570 de la Ley Federal del Trabajo, reformado en el pasado periodo ordinario de sesiones del Honorable Congreso de la Unión.

En efecto, a iniciativa de un grupo de ciudadanos senadores, el Senado de la República consideró procedente la reforma de aquel precepto, así como de los Artículos 571 y 573 de la propia ley, con el propósito de responder a las exigencias extraordinarias que pueden darse en etapas de difícil situación económica, como por las que ahora está atravesando el país.

En lo que se refiere al proyecto de Ley Inquilinaria para el Distrito Federal, esta Comisión también estima que existen elementos de orden legislativo que hacen inoportuna por el momento la convocatoria a un periodo extraordinario de sesiones para abordar el tema y legislar al respeto, pues no solamente se encuentran en el seno de las comisiones de la Cámara de Diputados proyecto en dicho sentido, sino que también el Senado de la República está estudiando, por conducto de la Comisión de Asentamientos Humanos, el proyecto de Ley Inquilinaria que hizo llegar por la vía correspondiente una agrupación nacional de inquilinos y colonos.

Por otra parte, se encuentra en vías de declaratoria, una reforma constitucional, de un párrafo con el que se adiciona el Artículo 4o. de la Ley Fundamental del país, mediante el cual se declara el derecho de toda familia a una vivienda digna y decorosa.

A la declaratoria de reforma por adición a este Artículo 4o. constitucional, habrán de seguirle acciones de carácter administrativo y por supuesto aquellas que en su oportunidad se consideren necesarias desde el punto de vista legislativo, todo lo cual exige la observancia de tiempos y oportunidad, meditación y maduración, para su perfeccionamiento.

Esta Comisión no prejuzga acerca de que, dadas las circunstancias en que se desenvuelve la vida nacional dentro del orden económico, podrán exigir probablemente, la adopción de medidas que dentro del equilibrio y la prudencia deban ser adoptadas con carácter emergente o urgente y por tanto ser necesario convocar más adelante a un periodo extraordinario de sesiones a fin de que el Congreso, en ejercicio de sus atribuciones y como órgano corresponsable de la conducción del país, dicte medidas legislativas que tiendan a apoyar todos los planes y programas de acción política para solucionar cuestiones de orden económico y social que exija la nación. Sin embargo, por el momento no se satisfacen plenamente los requerimientos de orden político y social ni se dan las condiciones de carácter legislativo para convocar por ahora a un periodo extraordinario de sesiones.

La Comisión que suscribe considera, asimismo, que respecto a la proposición del diputado Héctor Ramírez Cuéllar, en el sentido de que la presidencia de la Comisión Permanente encarezca a las comisiones de Trabajo y Previsión Social, Asentamientos Humanos y Distrito Federal, para que se reúnan y preparen los dictámenes correspondientes, al ser desechada la propuesta de convocatoria a un periodo extraordinario de sesiones, queda sin efecto, pues de hecho son esas las comisiones las que tienen en estudio las iniciativas correspondientes.

En razón de lo anterior, esta Comisión Dictaminadora se permite proponer a la aprobación de la Asamblea de la Honorable Comisión Permanente, el siguiente

PUNTO DE ACUERDO.

Único. Se desecha la proposición del ciudadano diputado Héctor Ramírez Cuéllar para convocar a un periodo extraordinario de sesiones del Honorable Congreso de la Unión, que tenga como propósito el estudio y aprobación en su caso, de las iniciativas de reformas a la Ley Federal del Trabajo en materia de Escala Móvil de Salarios; y de Ley Inquilinaria para el Distrito Federal, presentadas por

los diputados del Partido Popular Socialista el 27 de diciembre de 1977 y el 7 de noviembre de 1978, respectivamente.

Sala de Comisiones de la Honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión. - México, D.F., a 18 de enero de 1983.

La Comisión.

Senador Renato Sales Gasque, diputado Joaquín del Olmo, senador Heliodoro Hernández Loza, diputado Alberto Salgado Salgado, diputado Oscar Cantón Zetina, diputada Dulce María Sauri Riancho, diputado Antonio Vélez Torres, senador Luis José Dorantes Segovia."

Está a discusión el punto de Acuerdo.

El C. Presidente: Se abre el registro de oradores para la discusión del punto de Acuerdo.

Han solicitado el uso de la palabra, para hablar en contra del dictamen el C. legislador Héctor Ramírez Cuéllar, y para hablar en pro del dictamen, el C. Diputado Enrique Soto Izquierdo.

Tiene la palabra el C. Diputado Héctor Ramírez Cuéllar, en contra.

El C. Diputado Héctor Ramírez Cuéllar: Señor Presidente de la Comisión Permanente. Señores senadores, señores diputados. Discrepo de una manera radical de los considerandos que tuvo a bien valorar la Comisión Dictaminadora en lo que se refiere a nuestra proposición para que esta Comisión Permanente, en uso de sus atribuciones constitucionales, convoque a un periodo extraordinario de sesiones. Dice uno de los considerandos que es inoportuno, por ahora, convocar a un periodo extraordinario de sesiones, que la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, están estudiando distintos proyectos en materia inquilinaria, y que debemos dar tiempo para que concluyan estos estudios y pueda finalmente el Congreso legislar sobre esta materia.

Dice también que las reformas a la Ley Federal del Trabajo ya prevén los aumentos salariales en caso de emergencia económica, y que por lo tanto no es necesaria la escala móvil de salarios para enfrentar el problema de la carestía de la vida.

Finalmente, concluye, que no hay suficiente materia para que se integre el periodo extraordinario de sesiones.

Quisiera señalar, en primer lugar, que el estudio de la legislación inquilinaria, en la etapa moderna de la Cámara de Diputados, tiene por lo menos 8 años. Se han hecho múltiples iniciativas de reforma; se han presentado leyes completas; se han elaborado estudios; las comisiones de la Cámara en la segunda legislatura estuvieron a punto de dictaminar nuestras iniciativas en materia inquilinaria; se han presentado reformas al Código Civil en materia de arrendamiento y finalmente, distintos organismos sociales, han presentado también al Congreso, iniciativas y propuestas en este sentido. Creo que hay, en el Congreso de la Unión, suficiente material para que a la mayor brevedad posible, legisle en materia inquilinaria. No es cierto que esto se está estudiando desde hace poco tiempo. Tiene ya bastante tiempo el estudio del problema inquilinario y de la legislación en la materia.

Pero, ¿por qué no ha progresado la legislación inquilinaria en la Cámara de Diputados? No porque no se haya llegado a conclusiones, no porque los estudios no hayan concluido, sino fundamentalmente por dos razones, que debo exponer en esta Tribuna: En primer lugar: Existe en el seno de la mayoría parlamentaria, del Partido del Gobierno, una concepción atrasada, tradicionalista y primitiva, del contrato de arrendamiento. Son los abogados que se quedaron en el siglo XVII y en el siglo XIX, que todavía insisten en manejar el contrato de arrendamiento, dentro del Código Civil, y no se atreven a reconocer que el contrato de arrendamiento no es un contrato de igualdad de las partes, sino es en la etapa moderna un contrato sujeto al derecho público.

Esos senadores, esos diputados, que se quedaron en las viejas concepciones del derecho civil, son los que han saboteado y son los que se han opuesto a la legislación inquilinaria.

Y el otro factor, la Cámara de Propietarios de Bienes Inmuebles, organismo que cuantas veces la Cámara de Diputados ha pretendido legislar en materia inquilinaria, ha presionado a la dirección de la Cámara y finalmente ha impedido que se promulgue el dictamen correspondiente. Todos sabemos que esta Cámara agrupa a los propietarios de bienes inmuebles que son muy poderosos en nuestro país y que dictan las reglas de los alquileres a su entero arbitrio.

No existe ningún recurso legal para frenar la actitud de los propietarios de bienes inmuebles, el Código Civil para el Distrito Federal y para los estados es enteramente letra muerta, es una legislación totalmente inocua que, desde mi punto de vista ya no debemos nosotros continuar presentando como una alternativa para los contratos de arrendamiento.

Ese es el fondo que hay en realidad para oponerse a la legislación en materia inquilinaria.

Naturalmente que los intereses de afuera y los intereses de adentro del Congreso de la Unión se unen y crean obstáculos insalvables a esta legislación que consideramos urgente en nuestro país.

No es cierto, como dice el dictamen, que no se requiere implantar como la escala móvil de salarios, aduciendo que ya las reformas a la Ley Federal del Trabajo contienen un mecanismo compensatorio de este tipo. Eso es totalmente falso.

Las reformas a la Ley Federal del Trabajo, contemplan la revisión de los salarios mínimos no en forma automática; no en función de los aumentos de los precios, sino en función de que convoque a una reunión de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, el secretario de Trabajo y Previsión Social. Si ese Secretario de Estado por alguna razón de orden económico o político no convoca a la Comisión de Salarios Mínimos, estos no podrán realizarse

conforme a las Reformas a la Ley Federal del Trabajo. Y la realidad nos ha golpeado en el rostro a los miembros de la Cámara de Diputados y del Congreso en general porque la misma carestía de la vida está obligando a que la revisión salarial ya no se produzca cada año, ya no se produzca cada semestre, sino que ahora se produzca cada trimestre.

Por esta razón nos explicamos que el Secretario General de la CTM, Fidel Velázquez, esté planteando en el mes de enero, a veinte días de que entrara en vigor el salario mínimo, un nuevo incremento salarial. Es decir la realidad económica trágica del país, se está imponiendo por encima de las reformas a la Ley Federal del Trabajo y por encima del querer y del desear de diputados y senadores. Naturalmente que el hecho de que ya no se requiera esperar el plazo para aumentar los salarios mínimos y que ahora tenga que revisarse en un término más perentorio, va en dirección del mecanismo de la escala móvil de salarios. Esa es la escala móvil de salarios. Sólo que en la escala móvil de salarios, el incremento de los precios, es automático, perdón, el incremento de los salarios es automático en comparación al incremento de los precios. No comprendemos por qué el Estado Mexicano para aprobar aumentos de precios lo hace con extrema rapidez y muchas veces obedeciendo a presiones verdaderamente ostensibles de comerciantes y de acaparadores. En México lo más fácil que hay, es aumentar los precios de los productos, porque no existe ningún control oficial de precios ni un control formal, ni un control real. Desgraciadamente se han dejado fuera del control formal, porque en el control real están todos, fuera de control formal, más de 3,000 productos de consumo básico que inexplicablemente no están en la canasta de productos básicos, y se han dejado fuera de todo tipo de control, incluso del control verbal que tiene comercio en esa materia. ¿Cómo es posible que en un mercado en donde a veces dominan los monopolios, dominan los oligopolios, el gobierno decida dejar a la flotación de la oferta y la demanda productos que son verdaderamente indispensables para el consumo humano y sólo restrinja su control aparente, a lo que se llama los productos de la canasta básica? Creo una vez más, que la misma realidad obligará a la clase obrera a revisar los salarios a la mayor brevedad posible.

Señores diputados, señores senadores. En los últimos 6 años las Cámaras del Congreso de la Unión han acumulado un rezago legislativo de 121 iniciativas de Proyectos de Ley, de Proyectos de Decreto y de Proposiciones de los diferentes partidos políticos, solamente en los últimos 6 años, porque las Cámaras han cometido, a mi juicio, un procedimiento que denigra al Congreso de la Unión, que es el de enviar a las Comisiones indiscriminadamente, todos los proyectos que llegan a la Cámara de Diputados y, finalmente, las Comisiones jamás se reúnen y jamás dictaminan. El Partido Popular Socialista tiene un rezago legislativo en algunas iniciativas que ya va para los 17 años, y se dice que no hay materia para un periodo extraordinario de sesiones. Yo prefiero que la Cámara de Diputados dictamine en contra de una iniciativa de un partido político minoritario a que la condene a estar en el montón de papeles que ni siquiera el presidente de la Comisión conoce, que ni siquiera cita por lo menos para leer la Iniciativa correspondiente.

Si no se aprueba el periodo extraordinario de sesiones, porque según se desprende de la lectura del dictamen, simplemente se señala que este no es el momento oportuno, planteándose la posibilidad de que antes de septiembre ocurra, de todas maneras el periodo extraordinario, cuál va a ser la dramática situación del Poder Legislativo a partir de septiembre; creo que será una situación agobiante como la que tuvimos en el primer periodo ordinario de sesiones. Yo rechazo a nombre del Partido Popular Socialista los procedimientos que se emplearon en el pasado periodo ordinario, que lesionaron la autoridad y la dignidad del Poder Legislativo cuando tuvimos que aprobar y dictaminar Iniciativas de Ley, de una gran trascendencia en periodos de 12 horas o de 48 horas.

La Ley Bancaria llegó, como todos recordamos, el lunes en la madrugada y el martes a las 8 de mañana la Comisión nos estaba citando a dictaminar para después discutir. Creo, compañeros de la Comisión Permanente, que esos procedimientos atropellan la dignidad del Poder Legislativo y no debemos aceptarlo, por que en la medida en que la economía del país es más grande y más compleja, las iniciativas de carácter económico tienden a ser más numerosas, y ocupan más, por supuesto, el tiempo de la representación nacional.

Parece curioso, pero al Congreso de la Unión está retrasando, no sólo respecto del régimen de prácticas parlamentarias, sino respecto del tiempo de duración de su actividad con relación a los congresos locales. La absoluta mayoría de los congresos locales tiene ya, desde hace tiempo, 2 periodos ordinarios de sesiones, y con mucha frecuencia convocan a periodos extraordinarios para asuntos de interés local.

En cambio, la Cámara de Diputados continúa operando con los mismos métodos parlamentarios de 1938. Por lo tanto, señores de la Comisión Permanente, yo pienso que una vez más la realidad económica y política del país nos obligará a la dirección de la mayoría que es la que decide esos asuntos, obligará a cambiar, porque no es posible que habiendo llegado al Congreso la Reforma Política, aún estén imperando métodos parlamentarios que debimos haber superado hace ya aproximadamente 30 años. Muchas gracias.

El C. Presidente: Tiene la palabra el C. Diputado Enrique Soto Izquierdo en pro del dictamen.

El C. Diputado Enrique Soto Izquierdo: Señor Presidente: Señores integrantes de la Comisión Permanente.

Me corresponde en esta ocasión defender el Dictamen de la Comisión en contra de la convocatoria, en estos momentos, en las actuales condiciones, de un periodo extraordinario de sesiones.

Naturalmente que la decisión en cuanto a si hubiera de convocarse o no tal periodo extraordinario de sesiones es una cuestión de criterio, de ponderación de la necesidad, urgencia u oportunidad de este periodo de sesiones en relación con las condiciones concretas en que el planteamiento se efectúa.

No pretendemos, en consecuencia, que haya una resolución dogmática que a todos nos parezca igualmente adecuada. Es de criterio de la Comisión, con el cual concordamos, que este momento, esta oportunidad, no es la más adecuada para citar a un posible periodo extraordinario de sesiones.

Las razones en que funda la Comisión esta negativa a la propuesta presentada por el diputado Héctor Ramírez Cuéllar del Partido Popular Socialista, propuesta que por lo demás, venturosamente y para satisfacción suya y nuestra también, se resuelve prueba de eficacia en el desahogo del trabajo legislativo, para evitar que el rezago crezca, preocupación que en el fondo compartimos todos.

Las razones en que funda, pues, la Comisión esta negativa, son el hecho de que las cuestiones de resolución urgente, no son tales en número y en calidad, considerando además la intensidad del trabajo legislativo desahogado en el periodo ordinario que concluyó hace poco, que justifiquen volver a convocar a este periodo extraordinario para desahogar cuestiones pendientes ¿por qué? El periodo extraordinario tiene una razón de ser específica, y esa razón de ser especifica es justamente que las cuestiones pendientes de resolución o urgentes para su resolución inmediata , sean bastantes para que haya lugar a esta convocatoria. Y no quiere decir que no haya problemas pendientes de resolver en el país, lejos de nosotros, esta suposición que no sería de ninguna manera susceptible de fundarse, los hay, los hay muchos; sin embargo, específicamente en relación con las cuestiones directamente aducidas en la propuesta y tomadas en consideración por la Comisión para emitir su dictamen, las razones que la propia Comisión aduce, parecen ser atendibles suficientes si se pondera con cuidado la cuestión.

El diputado Ramírez Cuéllar se refirió a algo que ciertamente nos preocupa a todos, uno de los asuntos que requieren un encausamiento más adecuado, es la situación inquilinaria en el país, situación inquilinaria que se vincula estrechamente por necesidad al problema de la vivienda en el país, y que creo, en lo personal, que debía de verse en su conjunto y bajo ese enfoque mucho más amplio, mucho más completo, que es justamente el del problema social de la vivienda, del cual la situación inquilinaria es una parcela, y tal vez, si no vemos el problema en su conjunto y lo atacamos en su aspecto de fondo, no alcanzaremos a resolver adecuadamente, esa parcela que es el problema inquilinario. Es complejo el asunto y ello implica el que en efecto, como lo señalaba con objetividad, según suele hacerlo el diputado Ramírez Cuéllar, llevemos, en cuanto se refiere a esta etapa de los trabajos legislativos, ya varios, 6 u 8 años, estudiando y recibiendo iniciativas diversas que comprenden es de reformas sencillas al Código Civil, hasta iniciativas de Ley Inquilinaria en esa materia específica. De no ser complejo el problema, de seguro que los legisladores habrían ya propuesto una fórmula que definiera los campos y eran los mejores instrumentos para superar la actual condición jurídica en el asunto de la vivienda.

Me parece que sería desdeñar estos esfuerzos. Esfuerzos que por lo demás, no son coincidentes en su sentido, en su planteamientos. Ha habido diversos enfoques en relación con cómo podemos o debemos manejar el problema inquilinario. Sería desdeñar estos esfuerzos, pensar que este largo tiempo, ciertamente que ha llevado el estudio de una posible solución, fuese meramente cuestión, o de incapacidad absoluta de todos los legisladores que nos han precedido, o de los que hoy lo somos, o de capricho de la mayoría por una concepción obsoleta frente al programa de la vivienda y en este caso en su aspecto inquilinario o que era aún de presiones de grupos presión simplemente.

Ciertamente existen los grupos de presión, y ciertamente presionan, esta es su tarea y éste ha presionado. Pero ello no quiere decir que haya determinado de ningún modo, la voluntad de las decisiones de la mayoría del Congreso en conjunto.

De alguna manera los grupos de presión, representan, desde luego, junto con los intereses, puntos de vista, algunos de los cuales, pueden ser atendidos, no en términos absolutos, no en términos simplemente de su liga con esos intereses concretos, parciales que ciertamente definen, sino eventualmente porque arrojan luz sobre cuestiones que interesan al conjunto de la sociedad. Y yo quisiera decir, a ese respecto, que en cuanto se refiere al problema inquilinario, hay una serie de cuestiones complejas.

La resolución del problema de la vivienda tiene lugar, por un lado por la vía de quienes adquieren o que construyen una casa - habitación, o adquieren un condominio. y por otro lado, por la vía de quienes rentan, alquilan un espacio de vivienda. Estas dos posibilidades son complementarias y en cierto modo paralelas.

No ha sido fácil, hasta ahora, encontrar el equilibrio justo que nos permita, por un lado, garantizar la oferta de viviendas o la mayor oferta posible de vivienda para el número creciente de demandantes de espacio de viviendas. Y al mismo tiempo poner un orden más estricto en el manejo inquilinario.

Una de las cuestiones objetivas, reales, difíciles de resolver en términos simplemente de una ley inquilinaria que no considere este contexto, es la medida en que pueda desalentarse

en efecto la construcción destinada a la vivienda de alquiler, en la medida que las disposiciones que puedan dictarse al respecto, resulten en exceso desalentadoras y no quiero decir en que grado preciso, porque eso es una cuestión de ponderación circunstancial inclusive y no necesariamente relacionadas sólo con los factores objetivos, sino también con una serie de relaciones de intereses y aptitudes de grupos que son una realidad social que los legisladores tenemos que tomar en cuenta.

Y por otro lado, asegurar esa oferta de otra fuente de vivienda que contribuya a compensar si hubiere una reducción de la oferta para los demandantes del México de esa vivienda.

Yo creo que entre otras cosas, este acuerdo en que se incorpora ya por votación de la mayoría de las legislaturas de los Estados a nuestra Constitución el derecho a la vivienda, nos va a dar una base jurídica muy importante para el enfoque global del asunto, para el enfoque que nos permita atacarlo a fondo.

Y es a partir de este marco que ciertamente sitúa en su dimensión justa como un derecho social, no meramente un derecho privado el asunto de la vivienda, que enfocar una mejor solución para ello.

Hoy vamos a ver justamente, vamos a tomar en consideración la resolución respectiva, que incorpora a nuestro régimen constitucional esta nueva garantía social.

Están por lo demás efectivamente en el seno de las Comisiones de ambas Cámaras del Congreso de la Unión, una serie de alternativas y de elementos a estudio, que habremos de alguna manera de concitar, de combinar de la mejor forma posible en el futuro próximo, para dar vía a la solución de esta cuestión tan importante.

Tendrán que esperarse sin duda a raíz de la reforma constitucional también acciones concretas del gobierno de la República, medidas administrativas y eventualmente nuestra acción legislativa a ese respecto.

Luego, adujo también el proponente para esta convocatoria a nuevo periodo extraordinario de sesiones la urgencia de establecer el salario móvil, la escala móvil, porque ésta tiene enormes ventajas, a su juicio respecto del mecanismo que aprobara el periodo de sesiones anterior del Congreso de la Unión para que puedan revisarse, en la oportunidad en que se plantee este requerimiento, lo salarios de los trabajadores no sujetos ya a la anualidad en efecto, sino de manera fija a un periodo trimestral y eventualmente a razones, consideraciones de oportunidad.

Hay ciertamente un debate, un debate que no se ha agotado a escala mundial, diría yo, sobre las ventajas o desventajas de diversos sistemas de reajuste salarial, entre ellos las escala móvil de salarios, Este dato no se ha agotado y seguramente habrá en el futuro que seguir ahondando de acuerdo con cambios históricos y circunstanciales. Pero por lo pronto lo cierto es que en el periodo ordinario de sesiones el Congreso de la Unión ponderó estas alternativas, hace muy poco tiempo las ponderó y encontró más conveniente ese ajuste a oportunidad y a circunstancias de los salarios de los trabajadores.

En cierta medida - ésta es una opinión personal y no es una conclusión - , pero una reflexión al hilo de estas cuestiones me parece que la escala móvil tiene como tal vez su principal inconveniente, justamente su automatismo, su automatismo implica inconvenientes en cuanto a que no considera más que la relación de ciertos precios y no otras circunstancias económicas y sociales, que pueden hacer aconsejable un ajuste de diverso tipo entre las partes que en la relación laboral en cuanto se refiere a la parte trabajadora y a la parte empresarial, porque los ajustes salariales que mediante la lucha y el ajuste entre la parte obrera y la parte patronal se llevan a cabo, son más fecundos en la medida en que permiten el examen casuístico, preciso en cada una de las ramas o en su caso cuando se trata de revisión de salarios a escala de toda una rama industrial, o en su caso en cada una de las empresas, para ajustar a las circunstancias específicas, la situación de las dos partes interesadas. En este caso además, con la simpatía y el apoyo del Estado Mexicano que en sus funciones de conciliación y arbitraje, no es indiferente, sino por el contrario, solidario en todo lo fundamental, el interés de los trabajadores.

Es, por estas razones concretas, considerando, pues, que en lo fundamental y por ahora al menos esta polémica en torno a cuál de las disposiciones de ajuste salarial pudiera ser más idónea, que la Comisión ha estimado que no es indispensable en este momento con base en este asunto convocar al periodo extraordinario de sesiones que se ha solicitado.

Tenemos, es verdad, un rezago histórico en el Congreso de la Unión; es este rezago legislativo que se ha desahogado de manera importante, habría que hacer una contabilidad paralela del número de iniciativas que se han dictaminado que es más elevado, aún, a veces incluso diré que con alguna frecuencia, nos acusan de realizar una actividad legislativa muy prolija, una actividad legislativa excesiva para algunos, cuando nos empeñamos en ajustar nuestro orden jurídico a las condiciones que vive el país. En este rezago, ciertamente, se mezclan algunas iniciativas de valor, no necesariamente de valor en todo y por todo, que contienen elementos valiosos, algunas otras que seguramente no se ajustan a las necesidades y a las circunstancias del país y en todo lo posible se empeñarán las Comisiones, desde luego una vez más no pretendemos ser los integrantes de esta Legislatura, los magos que van a resolver todo lo que el pasado nos dejó, pero que se empeñarán con una especial decisión en desahogar todo lo desahogable, en reducir a su mínima expresión el rezago legislativo, no tengo en este momento la certidumbre de si el número citado por mi compañero diputado del PPS es el exacto, pero el regazo existente, para reducirlo a su mínima expresión posible.

En cuanto se refiere alguna alusión acerca de la facilidad con que se aprueban las alzas de los precios por el Gobierno de la República, yo quisiera decir que sin menoscabo de que se han aprobado alzas de precios ciertamente y en los últimos tiempos en número y en proporción importante, no es verdad en sus términos la afirmación de que es muy sencillo el aprobar aumentos de precios por las autoridades gubernamentales encargadas de los estudios y las respectivas. Cada uno de estos aumentos se lleva a cabo a través de una consulta con las partes interesadas, con toda profundidad mediante alegatos prolijos y estudios técnicos tan amplios, tan completos como a las autoridades y en virtud los recursos de que dispone les es dable realizar y siempre con un enfoque de búsqueda, de defensa de los intereses populares, pero también de conciliación de la necesidad de mantener el flujo de la producción. Inclusive desde diversas tribunas y desde diversos ángulos de la crítica, se ha señalado por algunos que el rezago en la elevación de los precios de algunos productos ha sido una de las causas por las cuales padezcamos cierta insuficiencia o déficit en la producción de elementos de consumo importantes, sin que aquí podamos llegar a una conclusión definitiva al respecto, ni menos respecto de cada uno de los posibles casos a consideración.

Lo cierto es que el fenómeno de escasez en algunos casos ha tenido como una de sus concomitantes el empeño del gobierno de la República de evitar que queden más allá del poder de adquisición de la capacidad de compra de las grandes masas populares determinados artículos, y en ese camino, incluso en algunas ocasiones se ha sacrificado a productores.

El problema fundamental es encontrar este equilibrio justo, que en todos los casos se busca empeñosamente, en todos los casos se hace con un sentido restrictivo, con un sentido de autoridad eventualmente las alzas que se juzgan francamente indispensables. Y yo quisiera entonces solamente señalar que sería excesivo, un tanto festinado en juicio de que es muy fácil el aumento de salarios. No lo es, ni técnica, ni política, ni socialmente.

Con estos razonamientos, señores integrantes de la Comisión Permanente, suplico a ustedes tengan a bien aprobar el dictamen en virtud del cual se niega por ahora, la convocatoria para un periodo extraordinario de sesiones. Muchas gracias.

El C. Héctor Ramírez Cuéllar: Pida la palabra para una aclaración.

El C. Presidente: Con fundamento en el Artículo 100 de nuestro Reglamento Interior tiene la palabra el C. Héctor Ramírez Cuéllar.

El C. Diputado Héctor Ramírez Cuéllar: Señor Presidente: Compañeros de la Comisión Permanente:

El diputado Enrique Soto Izquierdo ha entrado en materia de alguna manera, y de alguna manera ha expresado algunos de los juicios que hay en el seno del Congreso de la Unión y de las Comisiones, sobre los asuntos que proponemos para el periodo extraordinario.

El dice que la legislación inquilinaria es tan sólo un aspecto del problema de la vivienda, y esto obviamente es cierto. La legislación inquilinaria solamente se refiere al contrato de arrendamiento, y de una manera particular solamente se refiere a la regulación del alquiler de las viviendas.

Por supuesto que esta Ley Inquilinaria no resolvería de ninguna manera el déficit de cerca de dos millones de viviendas que anualmente tiene nuestro país, pero no por ser tan sólo un aspecto, no por ser tampoco una parcela, como él la llama, no debe desdeñarse abordar su legislación, porque el Congreso de la Unión tiene que enfrentar el problema de la vivienda, no en su conjunto sino por las partes de ese conjunto.

De todas maneras, existiendo suficiente disponibilidad de viviendas habrá siempre el contrato de arrendamiento, y habrá siempre la necesidad, la justificación de legislar en materia inquilinaria.

El dice: ¿Cómo vamos a hacer compatible la legislación inquilinaria con la oferta de viviendas? Este razonamiento lo hemos escuchado muchas veces en el seno de las Comisiones de la Cámara de Diputados, porque se afirma que si el Congreso de la Unión legisla en materia inquilinaria, ahuyenta la posibilidad de la inversión privada en materia de vivienda, aleja la posibilidad de que los particulares intervengan en la construcción de viviendas de interés social, y que, por lo tanto, resultaría, contraproducente aprobar la Ley Inquilinaria. Esto de ninguna manera es correcto, ¿por qué? Porque la Cámara de Propietarios de Bienes Inmuebles, cuando conoce la posibilidad de una Ley Inquilinaria, de inmediato se opone a ella sin siquiera estudiarla, en virtud de que la Cámara sólo exige del Gobierno Federal estímulos financieros, exenciones de impuesto, créditos y facilidades, porque dicen que la única manera de tener suficiente oferta de vivienda, que el Estado prácticamente los exente de una serie de obligaciones de carácter fiscal. Eso ha ocurrido en el pasado, en el pasado los propietarios tuvieron exenciones fiscales, y sin embargo la construcción de vivienda de interés social no creció en la dimensión en que podíamos haber esperado. ¿Por qué razón?, porque en los últimos años el Gobierno Federal ha permitido que la vivienda de interés social que existe o que existía, se transforme y pase al régimen de condominio, además pase el régimen de condominio de lujo o de semi - lujo; edificios que durante muchos años eran viviendas de interés social, ocupados por familias de clase obrera, en los últimos años se han remodelado, se han reconstruido, alentados por la ganancia que significa transformar la vivienda de interés social al régimen de condominio. ¿Qué exenciones, qué apoyos tendría que dar el Estado a los propietarios para tratar de emparejarse con las enormes

ganancias que obtienen por la venta en el régimen de condominios? No habría prácticamente ninguna posibilidad, aunque el Estado los exentara del pago de todos los impuestos, siempre sería más atractivo, desde el punto de vista económico, la utilidad que obtiene el propietario al construir y vender condominios de lujo o de semi - lujo. Es decir, el Estado no puede competir, salvo que se sacrificara fiscalmente, con la ganancia que se obtiene con la especulación de la vivienda de interés social.

Pero México vive en un país capitalista, y los propietarios tienen el dominio directo sobre el inmueble, pueden hacer de él lo que les venga en gana, porque México, dicen muchos, que es un país de libertad. Se puede hacer en México lo que le plazca a los propietarios, por que hay libertad de industria y hay libertad de comercio y también libertad para el manejo de capitales.

Pero, en base a qué libertad, en base a qué derecho, el propietario transforma la vivienda de interés social en condominio de lujo, qué acaso, al ejercer esa libertad, no está afectando a una parte muy grande de la sociedad mexicana, como es la clase trabajadora. Qué acaso la Constitución garantiza el ejercicio irrestricto de la libertad en demérito de la clase obrera y del pueblo, creo que no. Creo que en la Constitución, en la tradición revolucionaria del país, las libertades económicas, tienen restricción, tienen limitaciones, y no puede ejercerse en México una libertad cuando se afecte con ella a millones de compatriotas.

Pero el problema al que se enfrentaría el Congreso enseguida, sería al de la propiedad urbana, que ha sido uno de los problemas fundamentales que el Congreso de la Unión no ha podido resolver, porque se considera con la tradición civilista que hay en nuestro país, con los abogados que se quedaron en el siglo pasado, que la propiedad del suelo, que la propiedad urbana, es una propiedad absoluta, que el propietario ejerce el dominio directo y total sobre esa propiedad, no así sobre el subsuelo, que como todos sabemos es propiedad de la nación.

Y esa interpretación que está en Código Civil y que ha avanzado hasta nuestra época, impide evitar la concentración de la propiedad urbana, impide frenar el latifundio urbano y, finalmente, hace que el suelo urbano se someta a una voraz especulación. Por lo tanto, el Congreso de la Unión deberá legislar y deberá someter a restricciones la propiedad urbana, porque mientras ésta siga siendo concebida y explotada como ocurre en la actualidad, el problema de la vivienda en México no tendrá solución.

Yo estoy convencido que en el régimen capitalista el problema de la asignación de vivienda a todo el pueblo, es un problema insoluble, en tanto el Estado no pueda disponer de la propiedad urbana, no pueda regularla y también no pueda disponer de los materiales de construcción.

Todos sabemos que el gobierno hace planes de construcción de vivienda, pero normalmente esos planes se cumplen a la mitad porque no hay disponibilidad de los materiales de construcción, que como todos sabemos lo maneja el Banco del Atlántico en su mayor parte. El cemento, la varilla, la grava y en general todos los insumos de la construcción no están en poder del Estado, sino están en poder de un grupo industrial bancario que los oculta, que los encarece cada vez que le pega la gana y eso frustra cualquier proyecto gubernamental para la construcción de vivienda.

Como se ve entonces, obviamente el problema habitacional es demasiado amplio y demasiado general. Pero por algo debe empezar el Congreso de la Unión, por un aspecto, por el problema inquilinario, que es el problema a mi juicio más sencillo de resolverse. ¿En qué consistiría este paso?, en que el contrato de arrendamiento que se considera solamente eso, un contrato entre dos partes jurídicamente iguales que pactan por su voluntad y que por lo tanto deben estar, esa legislación en el Código Civil, lo cual a mi juicio es una ficción que nadie, que ningún abogado puede sostener hoy. Ningún abogado puede sostener hoy que en el contrato de arrendamiento las partes son iguales y contratan en función de su libre voluntad, porque en el contrato de arrendamiento no hay igualdad, ni jurídica ni real en virtud de que hay una notoria desigualdad, el propietario, el que posee, el inmueble y el que no lo posee. Desde el momento que hay esa desigualdad real, hay una desigualdad también en el contrato de arrendamiento y se imponen condiciones lesivas al que habita la vivienda.

Por eso creo yo que el Congreso de la Unión debe declarar que el contrato de arrendamiento ya no es parte de la legislación civil, ya es parte del Derecho Público, que fijar la renta de la vivienda de interés social, no es atribución de las dos partes, o mejor dicho de una de las partes, sino en una atribución del Estado puesto que es una legislación de derecho público y por lo tanto que el alquiler sea fijado por una entidad de interés público, aplicando criterios, técnicos, económicos de la región, de la ciudad, de la localidad, en base a un tabulador, en base a indicadores generales que finalmente indiquen cuál va a ser el monto de la vivienda de interés social. Esto es muy modesto desde nuestro punto de vista, en nada afecta el dominio de la propiedad que ejerce en forma directa el propietario, en nada afecta su posesión del inmueble, simplemente lo que se disminuye es su capacidad de arbitrio para imponer el alquiler que mejor considere adecuado. Esto es muy limitado, esto es muy modesto, pero creo que el Congreso deberá dar este paso a la mayor brevedad posible.

El C. Presidente: Tiene la palabra que oportunamente la había solicitado dentro del debate que nos ocupa, el señor diputado Oscar Cantón Zetina por la Comisión dictaminadora.

El C. Diputado Oscar Cantón Zetina: Con su venia señor Presidente. Honorable Comisión Permanente. Ciertamente coincidimos señor

diputado Héctor Ramírez Cuéllar en la preocupación acerca del déficit de vivienda que ocurre no sólo en esta capital del país que personalmente soy uno de los afectados y que paga renta, y también coincidimos en la dinámica que pudiera tener el salario del obrero, del trabajador.

El dictamen que está a discusión y que en dos ocasiones ha hecho usted el uso de la palabra en esta tribuna, ciertamente creo yo que es claro. Ciertamente está explicado, está respondiendo el por qué no se debe ser, por qué no es conveniente ahora la integración del Congreso de la Unión para que celebre un período extraordinario de sesiones.

Yo quisiera brevemente decir, que lo que está a discusión ahorita de este dictamen, es si se celebra o no se celebra ahora el período extraordinario de sesiones.

Indudablemente, insisto, coincidimos en la preocupación de que todo mexicano debe tener una vivienda digna y decorosa. Acaba de presentarse, también por parte de la Comisión, a la Tercera Comisión, la Reforma Constitucional al Artículo 4o. para que se eleve a rango constitucional, repito, el derecho a la vivienda. Creo que este es un paso trascendente, creo que este es un paso definitivo, es un paso importante para que podamos nosotros partir de una base real, partir de una base constitucional, hacia una discusión de una nueva Ley Inquilinaria.

No se descarta en ningún momento, que pudiera celebrarse un período extraordinario de sesiones. Lo que ocurre es que ahorita la misma Ley Inquilinaria que su partido propuso, que esto fue en el 78, yo puedo asegurar ahorita que hay muchas formas, hay muchos planteamientos que ya fueron totalmente rebasados por una realidad dinámica, por un proceso de desarrollo de un país creciente y sobre todo por algo nuevo para nosotros, que es la inflación.

Entonces yo creo que es correcto el trabajo de comisiones que se está haciendo. Todas esas enmiendas que se proponen, todas esas reformas, está trabajándose en comisión, y en el momento adecuado, político y social, y también de carácter legislativo, seguramente habría un período extraordinario de sesiones de tenerse la necesidad concreta.

Yo creo que las bondades de que usted habló sobre la necesidad de tener un ordenamiento legal vigente, y sobre todo realista, no está a discusión, no estamos nosotros los miembros de la mayoría priísta en esta Comisión Permanente, poniendo en duda eso. Lo que sí queremos decir claramente es que ahora no es el momento, que no es el momento porque no está el material, que podríamos entrar a una discusión realmente válida, realmente benéfica para toda la sociedad, no con el afán de apresurarnos a aprobar las cosas, que podamos plantear por parte primera, puede ser que sea lo mejor.

También debemos de tener la paciencia y calma en época de crisis, para reflexionar qué es lo que le conviene a este país, sobre todo para el futuro.

Yo por eso, como miembro de la Comisión que dictaminó esto, quisiera pedir, señor Presidente, con su venia, que se someta a votación para que pueda ser dictaminado por la Asamblea. Muchas gracias.

El C. Presidente: Con fundamento en el Artículo 102 y con las características que el mismo establece, tiene la palabra el C. Diputado Alberto Salgado Salgado.

- El C. Diputado Alberto Salgado Salgado:

Compañeros:

Mi intervención no concierne al dictamen porque no me inscribí para tales efectos, únicamente dentro de los cinco minutos que me confiere el Reglamento, hacer alusión a una serie de exposiciones que se virtieron para adminicular, tratar de fortalecer la procedencia de ese Dictamen.

Se dice en términos concretos, que estamos frente a un asunto complejo; se soslaya en realidad la cuestión, y no se precisan los conceptos. Creemos que llega una época en que debemos hablar con concreción y con espíritu de síntesis. Creemos que en estos momentos y a futuro, quienes desempeñen funciones públicas deben actuar con precisión, lo que desde luego implica también una actitud de sinceridad y veracidad en la exposición.

Creemos que no estamos frente a un hecho complejo porque la cuestión se reduce simplemente a establecer una correlación o un equilibrio económico entre las partes que contratan un arrendamiento. ¿En dónde está la complejidad de una relación jurídica de esa naturaleza? Simplemente hay que acudir a la ley de la oferta y la demanda, como dice el compañero Ramírez Cuéllar, en ese aspecto convergo con él, en el sentido de que no existe un abogado que pueda determinar qué igualdad entre las partes que contratan una relación de arrendamiento. Efectivamente, existe de manera formal, escrita, en teoría, pero vemos que la ley de la oferta y la demanda juega un papel preponderante en las condiciones económicas, y en estas condiciones no hay complejidad en el problema, en el asunto. Sencillamente se requiere que el Estado adoptara una actitud protectora para los arrendamientos, decreten que se trata de una cuestión de orden público o interés general, y se introduzca, supervisando esa relación, estableciendo todos, como hace en el salario, como se hace en los productos de consumo de primera necesidad. Nada de complejo tiene el problema, simplemente reglamentarlo en una legislación con la llaneza y simpleza que las circunstancias actuales lo exigen.

Se dice también que respecto de los salarios existe ya una reforma al 570, y que desde nuestro punto de vista muy limitado porque únicamente se le confía al Secretario del Trabajo, la posibilidad de convocar a las comisiones regionales y a la nacional para establecer un incremento salarial. De esa manera ni

siquiera al movimiento obrero organizado se le da la oportunidad de intervenir, más que con una simple excitativa, y en esas condiciones estamos frente a ciertas limitaciones que, de otra manera, si se legislara en forma más amplia, habría más perspectivas de los trabajadores de tener ingresos salariales.

El problema no es en sí de que se convoque o no a elecciones extraordinarias, el problema es que si siguen imperando los sistemas, aun cuando se convoque elecciones extraordinarias, si la mayoría determina en un momento dado no compartir un criterio de reformas a determinada ley, tiempo perdido, compañeros. La experiencia que nosotros hemos asimilado en esta primera intervención como legisladores, hemos advertido esa circunstancia y queremos hacerla llegar a la opinión pública, debemos ser sinceros en nuestra exposición.

En cambio si el Ejecutivo estima, en un momento determinado, que ya tiene elaborada una Ley Inquilinaria a través de la Secretaría de Gobernación, convoca a sesiones extraordinarias, de manera obsecuente todos obedecemos ese mandato, nos reunimos y aprobamos esa legislación. Eso significa que aún no tenemos conciencia legislativa para actuar de acuerdo con nuestra competencia, y ese problema que ahora nos ocupa. Y yo formulo excitativa a todos los legisladores para que actuemos con esa conciencia legislativa, con independencia de criterio y con sinceridad.

El C. Presidente: Ruego a la Secretaría se sirva consultar a la Asamblea si considera el punto de Acuerdo suficientemente discutido.

- La C. Secretaria senadora Silvia Hernández de Galindo: Por instrucciones de la Presidencia, y en votación económica se consulta a la Asamblea, si considera que el punto de Acuerdo está suficientemente discutido.

Está suficientemente discutido, señor Presidente.

Por lo tanto se pregunta a la Asamblea, en votación económica si aprueba el punto de Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa manifiéstenlo, por favor. Aprobado, señor Presidente.

PROCEDIMIENTO PARA RATIFICAR A FUNCIONARIOS DIPLOMÁTICOS

- La C. Secretaria senadora Silvia Hernández de Galindo:

"Primera Comisión Dictaminadora.

Honorable Asamblea:

A la primera Comisión Dictaminadora que suscribe fue turnado el expediente que contiene la proposición del ciudadano senador licenciado Manuel Ramos Gurrión relativa al procedimiento que debe seguir esta Honorable Comisión Permanente para ratificar los nombramientos de Embajadores. Ministros, Agentes Diplomáticos y Cónsules Generales que haga el ciudadano Presidente de la República, facultad que originalmente por mandato del Artículo 76, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde al Senado de la República, pero al estar en receso, por disposición del Artículo 78, fracción VII de la propia Constitución, pasa a la Comisión Permanente.

Del estudio del expediente se desprende que el Senado de la República aprobó el procedimiento a seguir antes de ratificar los nombramientos de los altos funcionarios diplomáticos. Asimismo, la propia H. Cámara de Senadores acordó que los senadores miembros de la Comisión Permanente, propusieran la aprobación en este órgano de dichas normas procedimentales, y que el ciudadano senador Ramos Gurrión, en cumplimiento de dicho Acuerdo formuló su proposición en la sesión del 5 de enero del presente año.

Esta Comisión dictaminadora concuerda en que el servicio exterior mexicano ha dado muestras de elevada competencia en sus servicios a la nación, pero que la modernización de la diplomacia mexicana exige cada día más que los altos funcionarios diplomáticos posean una probada calificación técnica y moral que asegure un desempeño exitoso de sus delicadas funciones de representar a México en el extranjero.

Para ejercer la facultad que confía la Constitución General de la República, a este órgano, de ratificar los nombramientos de los altos funcionarios diplomáticos, se impone la necesidad de analizar previamente, con todo detenimiento y acuciosidad, los antecedentes profesionales de las personas que se proponen para convertirse en altos funcionarios diplomáticos; y para proceder a ese análisis esta Comisión considera necesario contar con una copia del expediente que la Secretaría de Relaciones Exteriores guarde de la persona propuesta, y si no existieran tales antecedentes, es procedente solicitar al Poder Ejecutivo todos aquellos elementos que posibiliten el conocimiento de los datos curriculares de las personas propuestas, para formular el dictamen correspondiente.

Asimismo, será conveniente, cuando este cuerpo lo considere necesario, invitar a la persona nombrada por el Presidente de la República, para ocupar un alto cargo diplomático, a sostener una entrevista que proporcione mayor información para elaborar el dictamen correspondiente.

Concordamos también en que tratándose de funcionarios diplomáticos de primer nombramiento, esta Comisión Permanente realice la toma de protesta ordenada por el Artículo 128 de la Constitución Federal, en la Sesión en que se apruebe la ratificación de su nombramiento.

Por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en la fracción VII del Artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del propio Congreso, los suscritos miembros de esta Comisión

Dictaminadora, proponen a esta Honorable Asamblea, los siguientes

PUNTOS DE ACUERDO

Punto primero. La Comisión Dictaminadora encargada de estudiar los antecedentes profesionales de funcionarios diplomáticos sujetos a lo establecido por la fracción VII del Artículo 79 Constitucional, deberán contar con una copia del expediente que el Servicio Exterior Mexicano guarde de la persona propuesta. Si no hubiere antecedentes en el Servicio Exterior, se solicitarán todos aquellos elementos que hagan posible el conocimiento de sus antecedentes para proceder a dictaminar.

Punto segundo. La Comisión Dictaminadora podrá invitar a la persona propuesta a sostener una entrevista que agregue mayores elementos de juicio para la elaboración del dictamen.

Punto tercero. En el caso de funcionarios diplomáticos de primer nombramiento, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, tomará al ratificado la protesta prevista por el Artículo 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la misma sesión en que se dé a conocer la ratificación de su nombramiento.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión. - México, D. F., 18 de enero de 1983.

La Comisión.

Senador Ernesto Millán Escalante, senador José Patrocinio González Blanco Garrido, diputado Edmundo Jardón Arzate, senador Raúl Salinas Lozano, senador Abraham Martínez Rivero, diputado Baltazar I. Valadez Montoya, diputado Miguel Angel Morado Garrido, diputado Maximiliano Silerio Esparza."

Están a discusión los puntos de Acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueban.

Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Aprobados los puntos de Acuerdo.

CONDECORACIÓN

- La misma C. Secretaria:

"Tercera Comisión.

Honorable Asamblea:

La Tercera Comisión que suscribe, efectuó el estudio sobre el permiso que solicita el ciudadano Vicealmirante Cuerpo General Diplomado de Estado Mayor Naval Fernando Magaña Verdugo, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito Naval, en grado de Gran Oficial, que le confiere el Gobierno de Brasil.

La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del Apartado B) del Artículo 37 Constitucional, se permite someter a la aprobación de la Honorable Asamblea el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Vicealmirante Cuerpo General Diplomado de Estado Mayor Naval Fernando Magaña Verdugo, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito Naval, en grado de Gran Oficial, que le confiere el Gobierno de Brasil.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. - México, D. F., a 6 de enero de 1983.

Senador Renato Sales Gasque, diputado Joaquín del Olmo, senador Heliodoro Hernández Loza, diputado Alberto Salgado Salgado, diputado Oscar Cantón Zetina, diputada Dulce María Sauri Riancho, diputado Antonio Vélez Torres, senador Luis José Dorantes Segovia."

Segunda lectura.

Está a discusión el proyecto de Decreto. No habiendo quien haga uso de la palabra se va a proceder a recoger la votación nominal.

(VOTACIÓN.)

Se emitieron 27 votos en pro.

Aprobado el proyecto de Decreto por unanimidad de votos, señor Presidente. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

DICTAMEN DE PRIMERA LECTURA

DECLARATORIA A REFORMAS AL ARTÍCULO 4o. CONSTITUCIONAL

El C. Presidente: En el transcurso de esta sesión la Tercera Comisión de esta honorable Comisión Permanente del Congreso entregó a esta Presidencia el dictamen relativo a la Declaratoria de reforma al Artículo 4o. Constitucional. Ruego, por tanto, a la Secretaría se sirva dar lectura a dicho dictamen para consideración de la Asamblea.

- La C. Secretaria senadora Silvia Hernández:

"Tercera Comisión Dictaminadora.

Honorable Asamblea:

A la Tercera Comisión que suscribe fue turnado el expediente que contiene el proyecto de decreto que adiciona el Artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con un párrafo mediante el cual se eleva a la jerarquía constitucional el derecho de toda familia a disfrutar de vivienda digna y decorosa.

Este proyecto de decreto fue aprobado oportunamente por las honorables Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión y, en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 135 de la Constitución General de la República se turnó a las honorables legislaturas de los estados, de tal manera que se completase la intervención del Constituyente

Permanente y quedara perfeccionada esta adición de tan trascendental importancia.

La comisión que suscribe no quiere dejar pasar desapercibida la oportunidad que da esta declaratoria de reforma constitucional, a la Comisión Permanente, para manifestar que por la vía del Derecho, México ha podido perfeccionar su vida institucional a lo largo del período revolucionario y acrecentar el catálogo de los derechos individuales y sociales en favor de todas las personas, sectores y clases del país.

La declaratoria de reforma al Artículo 4o. Constitucional entraña un importante acontecimiento que enriquece a la vez dentro del orden normativo, el proyecto histórico de México, definido por la Revolución, en el sentido de garantizar para todos los mexicanos una vida digna, que comprende la seguridad en el disfrute de derechos básicos como el trabajo, la educación, la salud y desde luego, la vivienda.

En el criterio de esta Comisión, existe el convencimiento de que la adición cuya declaratoria corresponde a esta Honorable Comisión Permanente es oportuna, pues independientemente de las condiciones adversas de carácter económico que condicionan la vida actual de México, y antes bien forzado por ellas resulta imperioso que la Ley y los programas de desarrollo tiendan a garantizar en favor de las mayorías nacionales los mínimos de bienestar.

En el expediente que ha sido turnado a esta comisión dictaminadora consta que el proyecto de decreto ha merecido la aprobación de las legislaturas de los siguientes estados: Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Colima, Chiapas, Durango, Guerrero, Hidalgo, México, Michoacán, Nayarit, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas.

Efectuado el cómputo, se desprende que el Proyecto ha merecido la aprobación de la mayoría de las Honorables Legislaturas y por consiguiente procede declararse que se ha dado el debido cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 135 Constitucional.

Por todo lo anteriormente expuesto la Comisión que suscribe se permite someter a la aprobación de la Honorable Asamblea, el siguiente proyecto de

DECLARATORIA DE REFORMA Y ADICIÓN AL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Comisión Permanente del Honorable Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, en uso de la facultad que le confiere el Artículo 135 de la Constitución General de la República y previa la aprobación de la mayoría de las honorables legislaturas de los estados, declara reformado y adicionado el Artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo único. Se reforma el Artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 4o. ....................................

..........................................................

..........................................................

Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.

TRANSITORIO

Único. Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el "Diario Oficial" de la Federación.

Sala de Comisiones de la Honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión. - México, D. F., 18 de enero de 1983.

La Comisión.

Senador Renato Sales Gasque, diputado Joaquin Del Olmo, senador Heliodoro Hernández Loza, diputado Alberto Salgado Salgado, diputado Oscar Cantón Zetina, diputada Dulce María Sauri Riancho, diputado Antonio Vélez Torres, senador Luis José Dorantes Segovia."

- Tramite: Primera lectura.

El C. Presidente: En virtud, señores, de que la declaratoria que contiene el decreto que ya fue discutido, votado y aprobado por ambas Cámaras del Congreso, la Presidencia pide a la Secretaria se sirva consultar a la Asamblea si se dispensa la segunda lectura del documento y se somete a discusión y votación de inmediato.

- La C. Secretaria Silvia Hernández: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se dispensa la segunda lectura del documento a que acabamos de dar lectura. Dispensada la segunda lectura, señor Presidente.

El C. Presidente: En consecuencia, está a discusión el proyecto de Declaratoria.

- La C. Dulce María Sauri: Pido la palabra, señor Presidente.

El C. Presidente: Por la Comisión tiene el uso de la palabra la diputada Dulce María Sauri.

- La C. Diputada Dulce María Sauri: Señor Presidente; compañeros legisladores: En esta sesión del día de hoy, en que el tema de la vivienda ha sido tratado en forma reiterada, tratado en la dimensión que tiene un problema social, cabe muy bien resaltar la importancia que tiene la elevación a rango constitucional de la garantía social de la vivienda. Si bien la Constitución Mexicana en 1917 recogió la garantía del pueblo Mexicano la garantía de la nación mexicana, a dar a los mexicanos la

educación; si posteriores luchas de nuestros diversos grupos sociales han logrado que el derecho al trabajo sea también consagrado como una garantía en esta Constitución, ahora nos toca como Comisión Permanente conocer la declaratoria de la elevación a rango constitucional del derecho a la vivienda. En el primer período de la LII Legislatura conocimos también y aprobamos la elevación a rango constitucional del derecho a la salud; es el derecho a la educación; el derecho al trabajo; el derecho a la vivienda y en breve tiempo si las Legislaturas de los gobiernos de los estados lo aprueban también el derecho a la salud, en conjunto de garantías sociales que nuestra Constitución otorga y consagra al pueblo mexicano. El día de hoy se ha hablado en forma reiterada de la importancia que tiene el derecho a la vivienda, del problema que representa esta situación para muchos miles de mexicanos que, se ven en la necesidad de tener un techo bajo el cual cobijarse.

En 1980 ya había más de 12 millones de viviendas en el país, de estos 12 millones de viviendas el 34% eran viviendas en arrendamiento, esto nos habla de la magnitud del problema que hay que afrontar, no solamente la necesidad de año con año de garantizar el ritmo de incremento de construcciones, sino también de mejorar en muchos casos la vivienda que se haya en condiciones precarias en algunas partes del país y especialmente que se encuentran estas en el medio urbano, en las grandes ciudades de la República. No es posible enfrentar el problema de la vivienda en una forma aislada, aquí ya se trató el día de hoy, no es posible enfrentarla únicamente desde el punto de vista del problema del arrendamiento de la vivienda, aunque es sumamente importante. No le podemos dejar de contemplar las cifras en esta cuestión que en las ciudades de más de 50 mil habitantes, de acuerdo con los datos del último censo, más del 50 por ciento de las viviendas estaban en condiciones de arrendamiento. Esta proporción disminuye conforme disminuye también el tamaño de las ciudades y se reduce notablemente en el campo. Pero también tenemos que contemplar desde el punto de vista de la construcción de vivienda a un ritmo que pueda satisfacer las necesidades de los mexicanos. La elevación a rango constitucional del derecho a la vivienda nos permite legislar de una manera integral al respecto.

No puedo también dejar de contemplar la importancia del compromiso que el Ejecutivo Federal en su mensaje a la nación del primero de diciembre, estableció con respecto a la vivienda. Señalo el Ejecutivo Federal, que tendrá como preocupación fundamental la satisfacción de las necesidades básicas del pueblo: alimentación, vivienda, educación, cultura, recreación y deporte.

Elevaremos el derecho a la salud a rango constitucional, señaló, y envió la correspondiente iniciativa a esta legislatura, para dar base a un sólido e integrado sistema nacional de salud, daremos prioridad a la medicina preventiva particularmente en zonas rurales y urbanas marginadas. Señaló también: atacaremos el problema de la vivienda desde todos sus frentes, reservas territoriales, reorganización administrativa, nuevas tecnologías, financiamiento y apoyo a la autoconstrucción. Es, pues, la Reforma Constitucional, el inicio, un sólido inicio, del camino para legislar en forma integral y afrontar el problema de la vivienda, y dar, como señala la Reforma Constitucional, derecho a la familia mexicana a una vivienda digna y decorosa. Muchas gracias. (Aplausos.)

El C. Presidente: En virtud de que el proyecto de Declaratoria no ha sido impugnado, ruego a la Secretaría recoger de la Asamblea la votación nominal.

- La C. Secretaria senadora Silvia Hernández de Galindo: Se procede a recoger la votación nominal.

(VOTACIÓN.)

La Declaratoria ha sido aprobada por unanimidad de 27 votos.

El C. Presidente: La Declaratoria de aprobación a las reformas al Artículo 4o. constitucional, ha sido aprobada por 27 votos.

- La C. Secretaria senadora Silvia Hernández: Pasa al ejecutivo para sus efectos constitucionales. (Aplausos.)

CONSIDERACIONES SOBRE MORALIZACIÓN DE LA POLICÍA

El C. Senador Abraham Martínez Rivero: Pido la palabra para hechos, señor Presidente.

El C. Diputado Edmundo Jardón: Pido la palabra para presentar una proposición.

El C. Presidente: Tiene la palabra el C. Senador Abraham Martínez Rivero.

- El C. Senador Abraham Martínez Rivero. "Señor Presidente, señores diputados, señores senadores:

He solicitado el uso de la palabra para comentar dos hechos que se han generado durante la última semana por que son de especial relevancia para todos los habitantes del país y en forma específica para los residentes de la ciudad de México y su zona metropolitana.

El Presidente Miguel de la Madrid Hurtado ha iniciado la ejecución de acciones tendientes a reordenar las funciones de los cuerpos de seguridad conjugados así, los grandes intereses nacionales al igual que ya lo ha hecho en otras áreas de la administración pública, todo esto en el breve lapso que lleva de gobernar al país.

La expedición del decreto que establece las bases y sistemas adecuados para la moralización y modernización de todos los cuerpos

policiacos que funcionan en la República y que en forma trascendente señala la desaparición de la Dirección de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia, constituyen actos relevantes para la seguridad y tranquilidad de toda la ciudadanía.

El referido decreto tiene como objetivo principal el que los cuerpos policiacos encargados de la prevención y persecución de los delitos, cumplan con sus funciones en estricto apego a las disposiciones constitucionales que les dan origen y las facultan para la realización de sus específicas tareas.

Igual importancia revisten las instrucciones que el Presidente de la República ha girado al Procurador General de Justicia de la Nación para que se realicen los estudios jurídicos necesarios a fin de que se reforme el ordenamiento penal correspondiente y se desaliente la comisión de delitos en contra de la seguridad familiar y de la libertad personal.

El licenciado Miguel de la Madrid Hurtado como candidato presidencial de mi partido: el Revolucionario Institucional, así como los cuarenta candidatos a diputados y los candidatos a senadores, que participamos en la pasada campaña político - electoral que se desarrolló en la capital de la República recogimos entre otras peticiones - a través de la consulta popular - la demanda unánime y contundente que formulada por los habitantes del Distrito Federal en todos los foros democráticos que la constituyeron: solicitaron la desaparición de la corporación mencionada - organización policiaca - que en forma constante actuaba en abierta violación a los más elementales derechos individuales consagrados en nuestra Constitución.

El movimiento obrero organizado del país y en forma espacial, mi central la Confederación de Trabajadores de México demandamos en innumerables ocasiones la necesidad de que las organizaciones policiacas del país actuaran en estricto derecho, respetando siempre las garantías individuales de todos y en forma concreta los derechos ciudadanos de los obreros, porque con reiterada frecuencia en lugar de brindarles protección, seguridad y garantía a los trabajadores y a los ciudadanos en lo general, se dedicaban a extorsionarlos y a despojarlos de sus salarios.

El presidente Miguel de la Madrid, ha respondido con prontitud y firmeza a esos clamores ciudadanos ordenando su desaparición y reiterando a la Dirección General de Policía y Tránsito del Distrito Federal, sus genuinas funciones que como policía preventiva ordena nuestra Constitución .

Postulado fundamental de la acción política del régimen de gobierno del Presidente de la República, lo constituye su compromiso - firmemente cumplido - de actuar y gobernar en estricto apego a la Constitución de la República; porqué así lo aseguró en reiteradas ocasiones durante su campaña electoral y de esta misma manera lo está aplicando desde el primer día de su mandato cuando afirmó "que gobernará con la Constitución".

El régimen de derecho que norma y enmarca nuestra vida constitucional, demanda en todos sus órdenes y niveles, que las acciones emanadas de la autoridad estén plenamente fundamentadas y motivadas en derecho, así lo ordena nuestra carta fundamental; así lo exige el pueblo de México y así lo está cumpliendo el Presidente de la República.

Afirmó que el movimiento obrero organizado y el pueblo de México están plenamente convencidos con estas acciones tan trascendentes, porque responden íntegramente a sus demandas de seguridad y respeto a las garantías constitucionales a las que tenemos derecho todos los mexicanos, y asimismo dan fiel cumplimiento a la responsabilidad del Estado para brindar protección y tranquilidad moral y material a todos los habitantes del país.

Porque además, estas acciones demuestran en forma clara y definitiva que la conducción y protección de los altos intereses nacionales, no son producto de decisiones unipersonales; sino que su contenido se integra en base al acatamiento de las demandas y reclamos de las grandes mayorías y reiteran la firme decisión presidencial de gobernar con apego irrestricto a nuestros postulados fundamentales, sosteniendo con realidades que la evolución y transformación de nuestra sociedad es y será promovida siempre por la voluntad popular: postulado y acción, que es norma y guía de nuestro sistema revolucionario.

Reconociendo como perfectamente válidas y justificadas las razones de hondo contenido social que fundamentan la moralización y modernización de los cuerpos policiacos y como una reiteración de la decisión gubernamental de absoluto respeto a los derechos laborales de los servidores públicos, el decreto asegura la fuente de trabajo para quienes colaboraron en la desaparecida organización, brindándoles la opción de ingresar a las policías judiciales del Distrito Federal o de la República; además se les otorga su incorporación al régimen de seguridad social a efecto de que los trabajadores y sus familias alcancen igualdad de derechos en esta importante prestación que se brinda a todos los trabajadores al servicio del Estado.

Para el logro efectivo de la moralización de los cuerpos policiacos del país, debe reconocerse también que en la disposición presidencial menciona una remuneración justa y suficiente para estos servicios públicos; que refleja el espíritu de justicia que alienta a Miguel de la Madrid.

Asimismo el decreto prevé la capacitación de los integrantes de los cuerpos de seguridad, misma que les permitirá lograr significativos avances en su formación y capacitación, lo que definitivamente redundara para que la prestación de estos servicios públicos sean verdaderamente profesionales, eficientes y honestos; cumpliendo así con la esencial responsabilidad que les confieren las leyes en la prevención y persecución de los delitos.

La seguridad y la protección a los ciudadanos, es una de las obligaciones primarias que corresponden al Estado; la acción moralizadora que fundamenta el decreto, constituye un avance trascendente y definitivo en la renovación moral de nuestra sociedad; por que poco avanzaríamos en este importante aspecto si la moralización no llegara también a las organizaciones públicas encargadas de la seguridad y el orden ciudadano.

Es justo reconocer a este respecto, la amplia y valiosa labor realizada por los medios de comunicación en la correcta conformación de una opinión pública adecuadamente informada que refleja con claridad su profesionalidad y su sentido eminentemente social.

Reconozcamos que el licenciado Miguel de la Madrid, respeta íntegramente la decisión y la voluntad popular, porque ante los reclamos expresados en razón de los últimos y lamentables actos delictivos condenables por toda la sociedad, ha dictado las órdenes necesarias para que la Procuraduría General de la República, se avoque de inmediato a la realización de los estudios correspondientes con el fin de reformar las penalidades inherentes a ese tipo de delitos, con lo que se lograra otorgar mayor seguridad y tranquilidad a toda la ciudadanía, respondiendo así ampliamente a la opinión pública y al clamor popular que exige un castigo ejemplar para aquellos que abusando de la libertad transgreden la ley, provocando daños y perjuicios sociales de honda repercusión nacional.

El respeto irrestricto al orden jurídico que norma nuestra actividad social, es presupuesto indispensable para que todos los sectores que integramos la nación, podamos seguir avanzando por el camino del trabajo y de la responsabilidad compartida que nos conducirá a mejores alternativas de solución para nuestros complejos problemas y así poder acceder más rápidamente a una sociedad más justa y más igualitaria.

El conjunto de iniciativas presidenciales, que en un marco de absoluta libertad discutimos en ambas Cámaras el pasado período de sesiones, constituye una valiosa aportación legislativa tendiente a resolver la situación actual que confrontamos y contribuirá a recuperar nuestra capacidad productiva y financiera posibilitando la obtención de los objetivos sociales a que aspira nuestro sistema gubernamental, que apoyado ampliamente y legitimado por las grandes mayorías, conduce con firmeza y responsabilidad revolucionaria el Presidente de la República.

Moralizar la sociedad, es un imperativo que exige nuestra realidad, constituyendo objetivo fundamental de este régimen nacionalista y revolucionario, que en plena congruencia entre las palabras y los hechos conducen con decisión, con gran responsabilidad y pleno apoyo de todos los sectores de nuestra sociedad el Presidente Miguel de la Madrid Hurtado. Muchas gracias. (Aplausos.)

EXPLOTACIÓN A GRUPOS INDÍGENAS. POLICÍAS HOMICIDAS. DISTRIBUCIÓN DE DICTÁMENES.

El C. Presidente: Se concede el uso de la palabra para hacer una proposición, al diputado Edmundo Jardón Arzate.

Para normar el criterio de la Asamblea, ruego a la Secretaría se sirva dar lectura al artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso.

- La C. Secretaria senadora Silvia Hernández de Galindo: "Artículo 58. Las proposiciones que no sean iniciativas de ley presentadas por uno o más individuos de la Cámara sin formar los que las suscriben mayoría de diputación, se sujetarán a los siguientes trámites:

1. Se presentarán por escrito y firmadas por sus autores al Presidente de la Cámara y serán leídas una vez en la sesión en que sean presentadas. Podrá su autor, o uno de ellos si fueran varios, exponer los fundamentos y razones de su proposición o proyecto.

2. Hablarán una sola vez 2 miembros de la Cámara, uno en pro y otro en contra prefiriéndose al autor del proyecto o proposición, y

3. Inmediatamente se preguntará a la Cámara si admite o no a discusión la proposición.

En el primer caso se pasará a la Comisión o Comisiones a quienes corresponda y en el segundo, se tendrá por desechada."

El C. Presidente: se tiene la bondad, señor diputado.

El C. Diputado Edmundo Jardón Arzate: Señor Presidente y demás miembros de esta honorable Comisión: En ahorro de tiempo voy a referirme a dos asuntos.

Joaquín Fernández de Lizardi no teniendo más bienes que heredar, que aquellos que se referían a su aportación a la lucha por la independencia de nuestro país y a nuestra literatura, dejó un testamento en el que, entre otras cosas, dice que dejaba a los indígenas en el mismo estado de miseria y de postración a que los habían sometido los conquistadores españoles 300 años atrás.

Estas mismas palabras contenidas en el testamento de Fernández de Lizardi parecen repetirse y reafirmarse si observamos el estado de miseria y de postración en que se encuentran las congregaciones indígenas en nuestro país, cada vez más arrinconadas y sometidas en el siglo pasado a determinadas formas de explotación, y cada vez más mermadas, empobrecidas y arrinconadas por otras formas de explotación en nuestro siglo.

Uno de esos grupos es el grupo zoque que se encuentra, como todos sabemos, en el estado de Chiapas. Recientemente, como resultado de un fenómeno natural de esos que el hombre no puede evitar, como consecuencia de la explosión del volcán Chichonal, Teocbachue, en lengua zoque, que quiere decir Mujer que arde, este grupo zoque, encima de la explotación de que ha sido víctima durante

siglos, ha resultado ser ahora víctima de este fenómeno natural.

Al ocurrir la explosión del volcán Chichonal, el Gobierno Federal, autoridades locales, organizaciones sociales entre las que se cuenta mi partido, acudieron en ayuda de estos compatriotas nuestros, y en parte se contribuyó a resolver, aunque fuera de manera transitoria, los agudos problemas que padece el grupo zoque.

Pero ocurre que esta ayuda, como suele suceder en otras ocasiones, como ha sucedido en otros casos, se brindó sólo durante algún tiempo, se ofreció a reubicar a los indígenas zoques en tierras adecuadas para que pudieran rehacer su mísera existencia, y estas tierras en efecto se les han dado, sólo que no se les han dado ni en la superficie suficiente para el número de familias afectadas, y además son tierras que están destinadas a otros fines.

A fines que desconocían los zoques en las tierras que ocupaban antes. Ellos se dedicaban a la agricultura, y les han dado tierras que pueden ser buenas para el ganado, incluso les han proporcionado ganado, pero enfermo, y por añadidura las despensas que se les habían venido proporcionando a través de la CONASUPO han dejado de dárseles desde el mes de diciembre. La situación de angustia en que se encuentran los indígenas zoques es grande; se han dirigido, en dos ocasiones, en el curso de este mes, al Gobernador del Estado de Chiapas, haciéndole ver que en vista de que ellos no saben todavía cómo vivir del ganado, no dejen de proporcionárseles los auxilios en despensa que venían dándoseles, pero hasta hoy esta petición de los indígenas zoques no ha sido escuchada, y tampoco se les ha atendido en cuanto a la facilidad de brindarles ayuda técnica para que aprendan a criar el ganado y vivir de él.

Esto podría no tener importancia, vistos los múltiples problemas que tiene el país, pero la tiene y mucha, porque está revelándose aquí uno más de los factores de injusticia, una más de las causas de la desigualdad que existe en nuestra patria, y que se acentúa cuando se trata, como decía Fernández de Lizardi, de los indígenas que habitan nuestro país, de aquellos que consideramos nuestros hermanos y a quienes, sin embargo, tratamos con la mayor de las durezas y la mayor de las injusticias.

El otro asunto, señor Presidente, respetables miembros de esta Comisión: es de orden de algún modo distinto, pero también tiene que ver con la injusticia.

El señor senador que habló antes, y que me antecedió en la palabra, se refería a la supresión de ese oprobioso cuerpo anticonstitucional, denominado, hace desde unos 6 años a la fecha, como Dirección de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia.

Algunos de ustedes, quizá como yo, conocieron en carne propia, de manera directa, lo que es caer en manos de miembros de estos cuerpos policiacos. De la deformación mental, social que tienen, del placer con que golpean, de cómo se solazan cuando torturan. Por eso nosotros desde hace muchos, muchos años, veníamos demandando, y seguimos demandando, la supresión de todos aquellos cuerpos policiacos, no previstos por la Constitución. Este era uno de ellos. Y creo que la disposición del Presidente De la Madrid, es una disposición correcta, que puede ser el principio de algo elemental. Como es el de cumplir cabalmente con los preceptos constitucionales. Obligación que tenemos todos los ciudadanos mexicanos, todos los mexicanos. Pero que por desgracia entre otros, en los cuerpos policíacos no se cumplen. No es el único cuerpo anticonstitucional, hay todavía más, está la Dirección Federal de Seguridad tan anticonstitucional como el que acaba de ser suprimido y tan arbitrario en sus componentes como era el que acaba de ser suprimido.

No me parece bien que estos delincuentes oficializados sean incorporados a la Policía Judicial del Distrito o a la Policía Judicial Federal, en donde también hay lacras y hay procedimientos que nada tienen que ver con el apego a la ley. No me parece bien, porque en realidad es dar carta blanca a quien en todo caso debería haber sido juzgado por todos los delitos cometidos hoy investigados, por los múltiples delitos cometidos.

La razón misma de la disposición del Presidente De la Madrid lo está indicando, ese cuerpo policíaco era una vergüenza y una lacra y una amenaza constante para todos los ciudadanos del Distrito Federal. ¡Y qué digo del Distrito Federal! Si incluso extendía su acción depredadora a entidades vecinas, en complicidad por supuesto con policías, con cuerpos policíacos de las entidades vecinas como la de mi Estado, México, en donde pese a que se suprimió el batallón especial que existía hasta el gobierno anterior, el BARAPEM, todavía hay alrededor de 20 cuerpos policiacos fuera de la legalidad, fuera de la policía preventiva y de la policía judicial.

No es causal que con estos cuerpos policíacos sea con los que frecuentemente se atenta y se agrede contra quienes formamos en las filas de la oposición y que los miembros de esta oposición seamos invariablemente víctimas de este cuerpo policíaco, de una o de otra manera, en aprehensiones arbitrarias, en allanamientos, en torturas, en secuestros y en homicidios.

Todavía en el mes de diciembre del año pasado en el Estado de Veracruz, un diputado del Partido Socialista de los Trabajadores fue asesinado. Y el pleno de la Cámara de Diputados condenó este homicidio y se hicieron ofrecimientos de que los culpables, los asesinos, serían castigados y hasta fecha que yo sepa, estos delincuentes, estos homicidas, estos asesinos no han sido ni siquiera castigados.

Y que decir de los muertos, de los asesinados por agentes policíacos, por miembros del cuerpo policíaco, del Partido Popular Socialista. Y podría alargar la relación para referirme a todos y cada uno de los muchos que han sido víctimas hasta la pérdida de la vida,

en manos de agentes de estos cuerpos ilegales de una supuesta seguridad.

El 5 de enero de este año, en la población de Palenque en el Estado de Chiapas, un compañero del Partido Socialista Unificado de los Trabajadores, Quinziano Alvarez, dirigente ejidal del Ejido de la Unión fue asesinado, se ofreció como siempre, que se indagaría y se investigaría sobre el particular. Y finalmente se ha dicho que Quinziano Alvarez, fue muerto en una riña de orden personal, por cuestiones de carácter personal. Pero casualmente a quien se señala como responsable del homicidio, es un policía. Y casualmente esto ocurre a raíz de unas elecciones locales en las que nuestro compañero Quinziano Alvarez tuvo una participación destacada y el 13 de este mes en el municipio de Salvador Alvarado dos compañeros también del PSUM, Rosario y Alejo Usárraga, fueron asesinados. El gobernador Toledo Corro acudió a un expediente que se usa desde aquel octubre de 1948, cuando hampones investidos con credencial de policías asaltaron el Sindicato Ferrocarrilero. Dijo que las muertes de estos compañeros nuestros se habían originado en un enfrentamiento entre ejidatarios y estudiantes de la población de Guamúchil; es la manera sencilla como se han explicado muchas veces las cosas o se han tratado de explicar. Pero finalmente, la verdad alcanza a la mentira; hay un refrán argentino que dice "que la mentira puede correr mil años, que la verdad en un segundo la alcanza" y la verdad es que estos compañeros nuestros fueron asesinados por un policía de nombre Román Pérez Félix, fue aprehendido, fue aprehendido junto con otros 2 compañeros nuestros César Bojórquez y Rafael Gutiérrez García, estos dos compañeros nuestros permanecen presos en la cárcel de Guamúchil, pero el asesino Román Pérez Félix quedó en libertad ayer, el Procurador de Justicia del Estado dijo que se le dejaba en libertad porque había asesinado en defensa propia; en defensa propia, sólo que los asesinados no llevaban armas y él sí, él portaba pistola.

Yo venía, señor Presidente, con la intención de hacer dos proposiciones para estos dos casos concretos, pero lo considero innecesario, no quiero distraer la atención de los miembros de las comisiones Agrarias, de Justicia, de Gestoría y Quejas. Puede ser que tengan muchos otros asuntos más importantes que atender.

En consecuencia me concreto sólo a dejar constancia de estos hechos y hacer una advertencia a tiempo. El país vive una situación difícil, hay inquietud y zozobra en la población. Mi partido está dispuesto a seguir luchando por la defensa de cuanto signifique un mejoramiento de las condiciones de vida y de la democracia en todo el territorio nacional. Pero al mismo tiempo quiero dejar constancia de que estos hechos que podrían considerarse incidentales y sin mayor trascendencia, de seguirse repitiendo pueden agravar la ya de por sí deteriorada condición social en que nos encontramos.

No es con cuerpos policíacos ilegales ni con cuerpos policíacos legales que actúan ilegalmente, ni es con homicidios ni es con represión como se van a resolver los problemas de este país. Los problemas de este país tienen que resolverse con Justicia, con apego al derecho y con el ejercicio de la democracia. Muchas gracias, señor Presidente.

El C. Diputado Maximiliano Silerio Esparza: Pido la palabra, señor Presidente

El C. Presidente: Tiene la palabra el C. Diputado Maximiliano Silerio Esparza

El C. Diputado Maximiliano Silerio Esparza: Señor Presidente: Señores senadores; compañeros diputados:

Realmente la intervención del diputado Edmundo Jardón es una intervención que viene a reflejar en tribuna una serie de acontecimientos que se han dado en los Estados de Chiapas y en el Estado de Sinaloa.

Los militantes del Partido Revolucionario Institucional que formamos parte de esta Comisión Permanente, lamentamos profundamente que se den estos acontecimientos en el medio rural de nuestra patria, y los condenamos, y pedimos que por las vías institucionales correctas, dentro del Régimen de Derecho en que vivimos, se haga Justicia; que las gentes que han violado la Ley sean sancionadas de acuerdo con las normas establecidas para el caso.

Qué bueno que en todo el país, y gracias a la linea política del Presidente Miguel de la Madrid, estamos viviendo un clima de renovación moral. Gracias a esa tesis de renovación moral estamos seguros que estos casos, tal y como aquí se han denunciado, habrán de analizarse nuevamente, y si el señor Román Pérez Félix, a que hace referencia el diputado Jardón, no ha cumplido con la ley en los términos que aquí lo relata, nosotros también pedimos que en esos casos se condene y que cumplan con estricto apego a las normas establecidas en el derecho penal.

Ya en el período inmediato de sesiones, en un afán de establecerse una sociedad igualitaria, se reformó el Artículo 21 constitucional, Artículo 21 constitucional para la reforma, es con el objeto de que las gentes no vayan a estar detenidas por el delito de ser pobres, y tampoco que haya influyentismo. Esta disposición es un afán de renovación moral de la sociedad, esta reforma constitucional lleva sólo un espíritu para que no se cometan injusticias en ninguno de los lugares y en ninguna de las instituciones que están obligadas a impartir esta norma tan indispensable en nuestro sistema mexicano. Nos solidarizamos, pues, con este reclamo que hace el diputado Jardón, para que se haga Justicia, y reiteramos nuestra confianza y nuestra seguridad, que viviendo en un estado de derecho, en un régimen de derecho, habrá de tener una respuesta satisfactoria a estas denuncias a estos reclamos desde la tribuna de la Comisión Permanente del

Congreso de la Unión, para el efecto de que el clima de renovación moral de la sociedad de aquí ahora se ha venido destacando con la intervención del senador Abraham Martínez Rivero, lleve hasta sus últimas consecuencias estas inquietudes y estas inconformidades del pueblo mexicano. Muchas gracias.

El C. Presidente: Gracias señor diputado. Tiene la palabra el C. Diputado Gerardo Medina Valdez.

El C. Diputado Gerardo Medina Valdez: Ruego señor Presidente, igual que sucedió con el señor senador Abraham Martínez Rivero, un poco de condescendencia en cuanto al tiempo.

Y antes de entrar a tema, quisiera, ya lo comentaba con el senador Manuel Ramos Gurrión, hacer una solicitud formal, en el sentido de que se nos proporcionen copias de los dictámenes que van a ser presentados a discusión en cada sesión de la Comisión Permanente.

Creo que es útil, nosotros queremos participar, pero nos debemos atener solamente a las lecturas, y creo, que, por no enriquecerse el trabajo de la Comisión Permanente, dispusiéramos de ese material, antes de la sesión.

Yo lamento que el compañero, mi paisano diputado Edmundo Jardón Arzate, no haya presentado formalmente las proposiciones, porque, aunque compartimos la incredulidad sobre muchas acciones posibles a realizar con mucho en relación con casos específicos, como los que menciona por parte de la Cámara y en estos casos por parte de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, creo que algo puede significar mucho, en las perspectivas de las gentes de cada localidad. Yo creo que aquí puede parecer insignificante lo que sucedió en Guamúchil, en una perspectiva nacional, de angustia, de preocupación. Puede parecer también minúsculo el caso de los indígenas afectados por la explosión, por la erupción del Chichonal. Pero, en la dimensión local, lo poco que pudiera hacerse, sería mucho. Ojalá que Jardón Arzate se arrepienta y presente las dos proposiciones por escrito

El señor senador por el Distrito Federal se ha referido a un primer paso dado por el Presidente de la República en relación con la viejísima demanda de moralizar a la policía. Y digo viejísima, porque el clamor nacional no se escuchó en la pasada contienda electoral, eso es reducir las cosas a un ámbito demasiado pequeño y creo que totalmente irreal.

La demanda de moralización de la policía viene desde hace muchos años y no solamente la policía del Distrito Federal aunque seamos nosotros directamente afectados por los cuerpos policíacos en la capital de la República, es toda la institución de la policía a nivel nacional. De dónde salen, en El Oro, en mi tierra, en el estado de México, en cualquiera de los pueblos del Estado, los comandantes de policía sino precisamente de los delincuentes con condenas más largas, porque dicen que para que la acuña apriete ha de ser del mismo palo. Son auténticos delincuentes los que en muchas partes encabezan a la policía.

Ya mencionaba Jardón el caso del BARAPEM, ¿significó algo para la seguridad de la vecina entidad? Cuando tomó posesión en El Oro el ayuntamiento, que fue vigorosamente combatido en todas las comunidades rurales de mi tierra hubo dos mil elementos para proteger la toma de posesión y disolver las manifestaciones de protesta. Y eran los del BARAPEM, con otro nombre naturalmente.

Yo creo que no es conveniente festinar elogios en esa proporción, creo que es una visión mezquina dar dimensiones nacionales a lo que es apenas un mínimo paso en la realización de un anhelo que es de todo el país. ¿Cómo vamos nosotros a festinar elogios a medidas de esa naturaleza? ¿Qué acaso no recordamos que el servicio secreto fue disuelto precisamente por todo lo que está haciendo, diciendo, sobre la DIPD, para disolverla? ¿No se sustituyó al servicio secreto arbitrario, déspota, criminal, por la División de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia? No, si la policía en México no va a cambiar por el simple hecho de que se le cambie de corporación o se les cambie de uniforme o se les sustituya la placa, el mal es mucho más profundo que esto. Yo creo, se nos ha acusado a los de la oposición de solamente hacer críticas, pero no apuntar ideas constructivas, proyectos de mejoría nacional. Yo creo que si va en serio lo de la moralización de la policía, en primer lugar debe contemplarse todo el país. Es cierto, por alguna parte hay que comenzar, pero esto requiere una visión global de un problema que es capital.

La visión de la sensación de la autoridad que tienen la inmensa mayoría de los mexicanos, es el policía con o sin uniforme, con placa o sin placa, con armas desvencijadas o armas último modelo. Esa es la visión que tiene de la autoridad la mayoría del pueblo mexicano.

El segundo paso debería ser la disolución - ya lo mencionaba Jardón - de todos los cuerpos policíacos que no se ajustan por su naturaleza y funcionamiento, a la constitución. Está, ya lo dijo él, la dirección Federal de seguridad. Pero están también todos los cuerpos policiacos dedicados como policía política, de la policía judicial del Distrito Federal, de la Secretaría de Gobernación y de la Procuraduría General de la República a veces hasta infiltrados en los partidos políticos y demás organizaciones cívicas del país.

El tercer paso debería ser depurar todos los cuerpos policíacos, no solamente en función de criterios técnicos, sino fundamentalmente con base en criterios en exámenes sicológicos. Todos aquellos individuos que entren dentro de categorías lombrosianas, los penalistas saben muy bien de estas cosas, no podrían jamás formar parte de un cuerpo de seguridad pública. Nosotros, claro que compartimos con el Presidente de la República y con cualquiera que sustente este principio. La idea de que el pueblo necesita seguridad, necesita tranquilidad,

y si la situación del país es tan delicada que en cualquier momento la hojarasca puede arder, razón de más para entrar a fondo a este problema de la seguridad pública.

Yo creo señores miembros de la Comisión Permanente, que si nosotros aunque sea solamente con el apunte de ideas, enriquecemos un propósito de quien es la cabeza del país, ya estaremos haciendo algo positivo y cumpliendo con un cometido elemental. No es bueno festinar este tipo de elogios, basta estudiar y a veces solamente recordar para darle la medida exacta a estas medidas que se van tomando. Hoy es en Guamúchil, mañana en cualquier parte, pero la verdad es que el pueblo de México está a la intemperie frente a los cuerpos policiacos, Podría incluso pensarse en reformas al Código Penal que fueran una especie de extensión de la Ley de Responsabilidades de Funcionarios Públicos con el objeto de que los miembros de los cuerpos de seguridad pública que delinquieran, recibieran penas mucho más severas; creo que algo podría adelantarse.

Compartimos esta inquietud y esta preocupación. El país está como hojarasca. Acerquemos al pueblo de México la posibilidad de cuerpos de seguridad en los cuales pueda hacer descansar su tranquilidad en aras de un trabajo fecundo para México y el bienestar de todos los mexicanos. Muchas gracias.

El C. Presidente: Gracias, señor diputado. En relación con la petición que hace el señor diputado Medina Valdez, ruego a la Secretaría tomar nota de que los dictámenes que hayan de ser discusión en la sesión correspondiente sean distribuidos con oportunidad entre todos los señores legisladores. Le recuerdo también con mucho convencimiento que conforme al Artículo 92 de nuestro reglamento todos los señores miembros de la Comisión pueden participar en las comisiones sin voto para ilustrarse de los asuntos que ahí se tratan y el sentido de las resoluciones.

Tiene la palabra el C. Senador Renato Sales Gasque.

El C. Senador Renato Sales Gasque: Señor Presidente, honorable Comisión Permanente; Creo que este día ha sido un día afortunado, ha sido un día afortunado porque vimos a los compañeros de los Partidos minoritarios votar unánimamente por la Fracción Mayoritaria, con los senadores y diputados del Partido de las mayorías. Y ha sido un día afortunado, una tarde afortunada porque tanto el compañero Jardón como el compañero Arzate, como el compañero Medina se refirieron a un tema que está en la entraña misma, en la conciencia misma de la ciudadanía: el tema de la renovación moral por el derecho, en el camino hacia la Justicia.

Es verdad que el anhelo de renovación moral, el anhelo de modernización de las policías no es un anhelo de hoy ni de ayer; ciertamente es el viejo anhelo del hombre del mundo, es el viejo anhelo del hombre de todos los países sea cual fuere su ideología, es el hombre que quiere manifestarse en libertad y en plenitud, que le exige al Estado sea cual fuere éste, el respeto a su dignidad libertaria.

También es verdad que el primer contacto que el hombre tiene es con el agente de seguridad, con el policía, y a veces aquellos marginados a quienes se refería el diputado Jardón, solamente tiene contacto con la policía.

Por ello en el Constituyente del 17 se planteó y discutió profundamente la necesidad de reestructurar la persecución delictiva. Ese fue el debate del 21 Constitucional por el que se pretendió, por nuestros Padres Constituyentes, la creación de una institución de buena fe, la institución del Ministerio Público, no sólo encargado de perseguir y ejercitar la acción, sino como institución de buena fe, tuteladora de la sociedad.

El mundo que emergía del movimiento revolucionario exigía Justicia, y exigía la tutela de la dignidad libertaria del hombre. México camina, México se transforma, las problemáticas cada día son mayores, y ciertamente, por que no reconocerlo así, se desvirtúa el espíritu de la institución del Ministerio Público, y ante un reclamo malentendido de una seguridad, como efectivamente se señaló aquí, de una ma lentendida seguridad y un malentendido orden, se propicia que la policía preventiva cuya función, su nombre mismo lo indica, es prevenir los delitos, se transforme en una policía persecutoria, transformando su función y atribuyéndose facultades que la Constitución no le confiere. También es verdad, así lo decía nuestro viejo maestro el doctor Quiroz Cuarón, que existen múltiples policías anticonstitucionales. Era tan obvio que la policía preventiva tenía exclusivamente la función preventiva de aquellos delitos que van a cometerse cuando éstos son instantáneos, o aquellos delitos que se están cometiendo cuando son permanentes. Sabemos bien que todo ciudadano puede detener, cuando se está en la hipótesis de flagrancia delictiva; sabemos bien que la policía puede detener cuando se está en la hipótesis de flagrancia o coasiflagrancia delictiva; pero sabemos muy bien también que nadie puede detener si ya no se está en esa hipótesis, y cuando se comete esa conducta por un gobernado particular, se hablará de privación ilegal de libertad, cuando esa conducta la realiza un agente de la policía, estamos en el ámbito de un abuso de autoridad. Si esta Tribuna denuncia a la Comisión derechos delictivos, como afirmaba el diputado Silerio Esparza: tenemos los caminos institucionales, para que éste haga Justicia, y en esto no solamente los diputados de los partidos minoritarios, sino los diputados y senadores del partido de las mayorías, como todos los mexicanos, tenemos la obligación de exigir que se cumpla con la Ley, porque vivimos, intentamos vivir, caminamos hacía un vivir en libertad, en un estado de derecho.

Mucho se ha hablado del Estado de Derecho, pero Estado de Derecho es, no solamente, de nuestras conductas que estén acordes con la Ley. Estado de Derecho es aquél, en que nuestras conductas estén acordes con la Ley. Pero la Ley reconoce, tutela las garantías fundamentales o como queramos llamarles, derechos públicos subjetivos, o derechos fundamentales al hombre. Y aún cuando nuestra Constitución afirma, que se otorgan al mexicano, bien sabemos, que son derechos con naturales al hombre, que existen porque el hombre es, y el hombre tiene que vivir en libertad, tiene que vivir en esa plenitud de libertad.

Y se nos habla aquí, que no vamos a destinar el primer paso, el primer paso decisivo en este proceso de renovación moral de la sociedad. Acaso no este proceso se inicia con una exigencia de responsabilidad a todos los servidores públicos. No votamos la Reforma al Título Cuarto Constitucional en sus dispositivos 108, 109, 110 y 111, para dar el marco Constitucional de una Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Y no en esa propia norma constitucional, nos está estableciendo la obligación a todas las entidades federativas a legislar en el mismo sentido, en las mismas condiciones se le exige a todo servidor público ajustarse a la ley y cuando estas conductas afectan profundamente al interés colectivo, afectan la paz social, el orden social, estas conductas se tipifican como delitos, y por eso votamos la reforma al Título X del Código Penal.

Este es un proceso de cambio, es un proceso de renovación moral porque es la única forma en que México encuentre su camino a la justicia y en la libertad. Y la policía está contenida, la policía de esta Dirección para la Prevención de la Delincuencia que es ciertamente lo mismo que el Servicio Secreto y que ciertamente está compuesta de hombres que habían cometido, en algunas ocasiones, hechos delictivos.

Pero yo le pregunto al diputado Jardón: ¿está seguro de que todos eran delincuentes? ¿Y si todos no eran delincuentes y si acaso había un 50, un 30, un 20% de no delincuentes, de hombres de buena fe, les vamos a negar su fuente de trabajo? ¿Les vamos a dejar al margen de la tutela y de la seguridad social? Eso es imposible. El Estado tiene que presumir la inocencia hasta que no se demuestre la culpabilidad.

Por eso es que se abre el marco para que se incorporen a la Policía Judicial del Distrito o a la Policía Judicial Federal.

Sí, es verdad, no podemos improvisar policías, es necesario que se investigue para detener y que no se detenga para investigar, pero investigar requiere un proceso técnico, necesitamos una policía capacitada, una policía técnica y científica, desde luego sujeta a los exámenes sicológicos no para ver si son hombres llanos, para ver si tienen la fosa occipital, porque eso es una materia ya superada. Es para poder determinar si efectivamente es un hombre, un hombre con equilibrio, un hombre que crea en México, porque necesitamos que no solamente los funcionarios crean en México, necesitamos que todos los servidores públicos crean en México. Y yo estoy cierto que el PAN, que el PST, que el PSUM, que todos los partidos, que todos los gobernados queremos que todos los hombres crean en México y que pongamos el interés general por encima de cualquier interés particular.

Hemos de ver esto con un gran cuidado. En todos los países del mundo, la policía requiere tener un control estricto de la legalidad de sus actos. Y este control estricto de legalidad de sus actos no puede depender de la sola norma, tiene que depender de una ciudadanía responsable que denuncie con valentía como aquí se ha hecho, y por esto empecé diciendo que era un día afortunado. Hay que denunciar todo, hay que investigar todo, porque si no prendería la hojarasca.

Es verdad, necesitamos orden. Necesitamos disciplina. El hombre necesita tener tranquilidad para que pueda expresarse en plenitud. Pero también es verdad que en un platillo hemos de colocar el orden y la seguridad, pero en el otro hemos de colocar la dignidad libertaria del hombre. No queramos orden con pérdida de libertad. Y no queramos libertad sin orden. Es difícil equilibrar esta balanza, pero nuestro Estado, el Estado Mexicano y el gobierno revolucionario del licenciado Miguel de la Madrid, ha comenzado a dar los pasos, no somos triunfalistas, no creemos que ya todo está resuelto, la moral es algo íntimo del ser, no es algo que se puede imponer en sí y por sí, es digamos un deber categórico, es un hombre que tiene conciencia de sus valores y por ello no podemos en México conjugar una nueva moral sin conjugar al propio tiempo un nuevo nacionalismo revolucionario. Es la moral de la patria, es la patria la que está en peligro, es el hombre de México el que está en peligro, pero vamos a ser sinceros y vamos a creer que estamos dando los pasos para el control de la legalidad de los actos de todos los gobernados, de todos los gobernantes, de los policías; vamos a constituirnos organizadamente partidos minoritarios, partidos mayoritarios, organizaciones, comunidades, en defensores del orden en la libertad para caminar por ese orden y libertad hacia esa sociedad en justicia y libertad, hacia esa sociedad igualitaria por la que pugnamos. Muchas gracias.

El C. Diputado Antonio Vélez Torres: Pido la palabra para hacer una aclaración.

El C. Presidente: El señor diputado Antonio Vélez Torres tiene la palabra.

El C. Diputado Antonio Vélez Torres: Señor Presidente, compañeros legisladores de la Comisión Permanente. Se ha dicho aquí y es falso por eso solicité el uso de la palabra, que en el estado de México, del cual soy oriundo y del cual de uno de los distritos tengo el honor de representarlo en esta Legislatura,

existan más de 20 policías, es falso, primero; segundo, que el BARAPEN que era una policía anticonstitucional por cierto, haya cambiado solamente de nombre, que la presente administración el BARAPEN desapareció y desapareció definitivamente.

En el Estado de México existen solamente dos policías; la policía preventiva que depende de la Dirección General de Policía y Tránsito del Estado de México y la Policía Judicial que depende del Ministerio Público.

Estas dos policías al inicio de la presente administración han sido objeto de una enérgica depuración por parte de las autoridades competentes. Depuración que se ha convertido en un proceso continuo, y a mayor abundamiento el Congreso del Estado de México el día de ayer aprobó reformas al Código Penal del propio Estado en donde se incluyen las penas para aquellos que usurpen las funciones de policías, para aquellos que se ostenten como policías sin serlo, que también ya venía siendo un grave problema, no solamente en el Estado de México, sino en nuestra patria.

Esta aprobación por parte de la Legislatura del Estado, fue con el beneplácito de todos los partidos políticos ahí representados incluyendo al Partido Socialista Unificado de México. Muchas gracias señores.

- La C. Secretaria senadora Silvia Hernández Galindo: Están agotados los asuntos en cartera, señor Presidente. Se va a dar lectura al Orden del Día de la sesión próxima.

ORDEN DEL DÍA

- La misma C. Secretaria:

"Comisión Permanente.

Primer receso de la 'LII' Legislatura.

Orden del Día

26 de enero de 1983.

Lectura del acta de la sesión anterior.

El Congreso del Estado de Tamaulipas, invita a la Sesión Solemne en la que el C. doctor Emilio Martínez Manautou, Gobernador del Estado rendirá su Segundo Informe de Gobierno, la que tendrá lugar el próximo 30 de enero.

Comunicación del Congreso del Estado de Quintana Roo.

Dictámenes a discusión

De la Tercera Comisión con proyecto de Decreto por el que se concede permiso al C. José Manuel Montejo Sierra, para aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno del Brasil.

De la Primera Comisión con proyecto de Decreto por el que se concede permiso a la C. Francoise Bagot, para prestar servicios como dibujante en la Misión Arqueológica de la Embajada de Francia, en México."

- El C. Presidente (a las 14:25 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo 26 de enero, a las 11:00 horas.

El Oficial Mayor,

Lic. José Gonzalo Badillo Ortiz