Legislatura LII - Año I - Período Comisión Permanente - Fecha 19830216 - Número de Diario 8

ENCABEZADO

DIARIOS DE LOS DEBATES

DE LA COMISIÓN PERMANENTE

DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

"LII" LEGISLATURA

Registrada como artículo de 2a clase en la Administración de Correos, el 21 de septiembre de 1921

AÑO I México, D.F., miércoles 16 de febrero de 1983 TOMO I.- NUM.8

SUMARIO

APERTURA

ORDEN DEL DÍA

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

SE APRUEBA

COMUNICACIÓN

Del Congreso de Quintana Roo, concerniente a actos inherentes a sus funciones legislativas. De enterado

OFICIOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN

EMBAJADORES EN COSTA RICA Y ARGENTINA

Se comunican los nombramientos de los CC. licenciados Luisa María Leal Duk e Ignacio Ovalle Fernández, como embajadores extraordinarios y plenipotenciarios ante los gobiernos de las Repúblicas nombradas, respectivamente. Se turnan a Comisión

CONDECORACIONES

Tres solicitudes de permiso para que los CC. Fernando Ortiz Monasterio Javier Ibarra Herrera y Bernardo Gillet Farnie, puedan aceptar y usar las que les confieren gobiernos extranjeros. Se turnan a Comisión

PRESTACIONES DE SERVICIOS

Solicitud de permiso para que el C. Salvador González Chávez pueda prestar servicios en la Embajada de Brasil, en México. Se turna a Comisión

HOJAS DE SERVICIOS MILITARES

De los miembros del Ejército, Adolfo H. Velasco Casas, Maurilio R. Falcón Flores y Juan J. Ballesteros Beltrán, que se remiten para los efectos constitucionales puntos. Se turnan a Comisión

DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Cuatro proyectos de Decreto por los que se autoriza prestar servicios a los CC. Minerva Flores Correa, Gerardo R. Rodríguez López y Geoffrey Bannister Williams, en la Embajada de Estados Unidos en México, a las CC. Ma del Pilar Maese Herrera, Ma. Eugenia Ramírez Mézquita y Martha B. de la Rosa González en Consulados de Estados Unidos en nuestro país; a las CC. Ma. Luisa Ramírez Gordillo y Beatriz Rodríguez Arellano, en las Embajadas de Brasil y de los Países Bajos en México; a los CC. Román López Villicaña, Carmen Guitian Berniser, Ma. Guadalupe Limón Torres, Samia Youssef Merchak Younes de Merchak y José J. Moreno Palafox en la Liga de los Estados Árabes en México. Primera lectura

DICTÁMENES A DISCUSIÓN

RATIFICACIÓN DE GRADOS MILITARES

Cuatro puntos de Acuerdo por los que se ratifican los grados de generales de los CC. Samuel H. Muñoz Torres, Juan F. Tapia García, Raúl López Torreblanca y Alfonso de la Torre Martínez. Se aprueban. Comuníquese

DEMANDA CONTRA LA COMPAÑÍA FORESTAL DE OAXACA

Que formula el C. diputado Héctor Ramírez Cuéllar en relación a la concesión presidencial publicada el 29 de noviembre de 1982, que renueva la de 15 de octubre de 1958, a nombre del señor Alfonso Pandal Graff. A su vez la C. diputada Dulce María Sauri Riancho hace consideraciones sobre el asunto. En apoyo de la denuncia lo hace el C. diputado Gerardo Medina Valdez. Para contestar alusiones del C. Medina Valdez y aclaraciones sobre el particular,

interviene el C. senador Antonio Riva Palacio López. Por su parte el C. diputado Alberto Salgado Salgado hace reflexiones sobre el tema. Nuevamente, para precisar conceptos, la C. Sauri Riancho. Después el C. diputado Edmundo Jardón Arzate en apoyo a los planteamientos del C. Ramírez Cuéllar

CONSIDERACIONES SOBRE APOYO AL CAMPO

Después de referirse al asunto anterior, el C. diputado Edmundo Jardón Arzate hace mención a lo afirmado por el C. licenciado Miguel de la Madrid Hurtado en relación a este caso. A su vez el C. diputado Maximiliano Silerio Esparza expresa coincidencias y rechazos a lo manifestado por el C. Jardón Arzate

INICIATIVA DE DIPUTADO

ARTÍCULO 2399 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL D. F.

El C. diputado Alberto Salgado Salgado, miembro de la Diputación del PST, presenta y da lectura a una iniciativa de reformas al artículo mencionado. Se turna a la Cámara de Diputados. Imprímase

ORDEN DEL DÍA

De la sesión próxima. Se levanta la sesión

DEBATE

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR MIGUEL GONZÁLEZ AVELAR

Asistencia de 24 ciudadanos representantes.)

APERTURA

- El C. Presidente (a las 11:05 horas): se abre la sesión.

ORDEN DEL DÍA

- El C. secretario diputado Eulalio Ramos Valladolid:

"Comisión Permanente.

Primer Receso de la 'LII' Legislatura.

Orden del Día

16 de febrero de 1983

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicación del Congreso del Estado de Quintana Roo.

Oficios de la Secretaria de Gobernación

Dos por los que se comunica que el C. Presidente de la República nombró a los CC. licenciados Luisa Leal Duk e Ignacio Ovalle Fernández, Embajadores Extraordinarios y Plenipotenciarios de los Estados Unidos Mexicanos ante Gobiernos Extranjeros.

Tres por los que se solicita el permiso constitucional necesario para que los CC. Fernando Ortiz Monasterio, Javier Ibarra Herrera y Bernardo Gillet Farnie, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confieren Gobiernos Extranjeros.

Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el C. Salvador González Chávez, pueda prestar servicios como auxiliar administrativo en la Embajada de Brasil, en México.

Tres con los que se remiten las hojas de servicios de los CC. Adolfo Héctor Velasco Casas, Maurilio Roberto Falcón Flores y Juan José Ballesteros Beltrán para los efectos de la fracción VII del Artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dictámenes de primera lectura

Cuatro de la Primera Comisión, con proyectos de Decreto por los que se concede permiso a los CC. Minerva Flores Correa, Gerardo Rafael Rodríguez López, Gooffrey Bannister Williams, María del Pilar Maese H., María Eugenia Ramírez Mézquita, Martha Beatriz de la Rosa González, María Luisa Ramírez Gordillo, Beatriz Rodríguez Arellano, Román López Villicaña, Carmen Guitian Berniser, María Guadalupe Limón Torres, Samia Youssef Merchak Younes de Merchak y José Jaime Moreno Palafox, para prestar servicios de carácter administrativo a Gobiernos Extranjeros.

Dictámenes a discusión

De la segunda Comisión con Puntos de Acuerdo por los que se ratifican grados militares a los CC. Samuel Humberto Muñoz Torres, Juan Félix Tapia García, Raúl López Torreblanca y Alfonso de la Torre Martínez."

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

- El mismo C. Secretario:

"Acta de la sesión de la Comisión Permanente de la Quincuagésima Segunda Legislatura del H. Congreso de la Unión, efectuada el día nueve de febrero de mil novecientos ochenta y tres.

Presidencia del C. Senador Miguel González Avelar.

En la ciudad de México, a las once horas y cinco minutos del miércoles nueve de febrero de mil novecientos ochenta y tres, la Presidencia declara abierta la sesión una vez que la Secretaría manifiesta una asistencia de veintitrés ciudadanos legisladores.

Lectura del orden del día y del acta de la sesión anterior efectuada el día dos del presente, misma que sin discusión se aprueba.

Se da cuenta con los documentos en cartera:

Invitación del Departamento del Distrito Federal al acto cívico conmemorativo del 152 aniversario luctuoso del General Vicente Guerrero, que tendrá lugar el día 14 del mes en curso frente al monumento erigido a su memoria en el Jardín de San Fernando de esta ciudad.

La Presidencia designa en Comisión para asistir a este acto en representación de esta H. Comisión Permanente, a los CC. senadores Abraham Martínez Rivero, diputado Alberto Salgado Salgado y diputado Silverio R. Alvarado.

Los Congresos de los Estados de Baja California Sur y Zacatecas, participan actos inherentes a sus funciones legislativas. De enterado.

La Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que los CC. Minerva Flores Correa, Gerardo Rafael Rodríguez López, Geoffrey Banister Williams, María del Pilar Maese H., María Eugenia Ramírez Mézquita, Martha Beatriz de la Rosa González, María Luisa Ramírez y Beatriz R. de Velázquez, puedan prestar servicios como empleados en Embajadas y Consulados Generales de gobiernos extranjeros. Recibo y a la Primera Comisión.

La Secretaría de Gobernación transcribe oficio de la oficina de la Liga de los Estados Árabes, en esta ciudad capital, por el que solicita autorización para que los CC. Román López Villicaña, Carmen Guitian Berniser, María Guadalupe Limón Torres, Samia Merchak Younes y Jaime Moreno Palafox, puedan prestar servicios como empleados en la oficina mencionada. Recibo y a la Primera Comisión.

La Secretaría de la Defensa Nacional, por el conducto debido, remite las hojas de servicios de los CC. Generales de Brigada Juan Félix Tapia García, y Raúl López Torreblanca, para los efectos de la fracción VII del Artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Recibo y a la Segunda Comisión.

Tres dictámenes de la Segunda Comisión que concluyen con puntos de Acuerdo, por los que se ratifican los grados militares que el Ejecutivo de la Unión otorgó en favor de los siguientes miembros del Ejército: Generales Antonio Riviello Bazán, Eduardo Acosta y Muñoz y Jesús Esquinca Gurrusquieta.

A discusión en su orden los puntos de Acuerdo. Sin que motiven debate, en votaciones económicas sucesivas se aprueban. Comuníquese al Ejecutivo.

Dictamen con proyecto de Decreto emitido por la Tercera Comisión, que concede permiso al C. Joaquín Bernal, para aceptar y usar la condecoración de la Antigua Orden de la Sicatuna, en grado de Datu, que le confiere el Gobierno de Filipinas. Segunda lectura.

A discusión el proyecto de Decreto. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación nominal se aprueba por unanimidad de veinticinco votos. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

Agotados los asuntos en cartera se da lectura al orden del día de la sesión próxima.

A las once horas y cuarenta y cinco minutos se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el día dieciséis de los corrientes, a las once horas. Se pasa a sesión secreta."

Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba... Aprobada, señor Presidente.

COMUNICACIÓN

- El mismo C. Secretario:

"C. Presidente de la H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión.- México, D. F.

La III Legislatura Constitucional del estado libre y soberano de Quintana Roo, en sesión celebrada el día 24 de enero del presente año, procedió a clausurar el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional.

Asimismo, se eligió Mesa Directiva de la Diputación Permanente que fungirá en el segundo periodo de receso que comprende del 25 de enero al 25 de marzo del año en curso, quedando integrada de la siguiente forma:

Presidente: diputado profesor Alfredo Díaz Jiménez.

Primer secretario: diputado doctor Ramón González Ortiz.

Segundo secretario: diputado José Melesio Fregoso Ortiz.

Al comunicarle lo anterior, me es grato reiterarle las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Cd. Chetumal, Q. Roo, 25 de enero de 1983.

El diputado secretario, Terencio Tat Quetzal."

- Trámite: De enterado.

OFICIOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN

EMBAJADORES EN COSTA RICA Y ARGENTINA

- EL mismo C. Secretario:

"Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos.- Poder Ejecutivo Federal.- México, D. F. - Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.- Presentes.

En oficio fechado el 26 de enero próximo pasado, la Secretaría de Relaciones Exteriores se ha dirigido a ésta de Gobernación, manifestando lo siguiente:

"Con fundamento en el Artículo 89 III) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el C. Presidente de la República ha tenido a bien nombrar a la C. licenciada Luisa María Leal Duk como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria ante el Gobierno de la República de Costa Rica. En vista de lo anterior, mucho agradeceré a usted ser el amable conducto para solicitar, en los términos del Artículo 79 VII) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la ratificación de la H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión al nombramiento de la licenciada Leal Duk. Con este objeto se acompañan al presente los datos biográficos de la interesada.

Al comunicar a ustedes lo anterior, se acompañan con el presente los anexos que en el mismo se citan, reiterándoles en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 7 de febrero de 1983.

El secretario, licenciado Manuel Bartlett D."

- Trámite: Se turna a la Tercera Comisión.

- El mismo C. Secretario:

"Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Poder Ejecutivo Federal.- México, D.F. - Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.- Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se ha dirigido a ésta de Gobernación, con fecha 26 de enero próximo pasado, manifestando lo siguiente:

'Con fundamento en el Artículo 89 III) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el C. Presidente de la República ha tenido a bien nombrar al C. licenciado Ignacio Ovalle Fernández como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario ante el Gobierno de la República Argentina. En vista de lo anterior, mucho agradeceré a usted ser el amable conducto para solicitar, en los términos del Artículo 79 VII) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la ratificación de la H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión el nombramiento del licenciado Ovalle Fernández. Con este objeto se acompañan al presente los datos biográficos del interesado.'

Lo que hago del conocimiento de ustedes, para los fines legales procedentes, enviándoles con el presente los anexos que en el mismo se citan, reiterándoles en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 7 de febrero de 1983.

El secretario, licenciado Manuel Bartlett D."

- Trámite: Recibo y a la Primera Comisión.

CONDECORACIONES

- El mismo C. Secretario:

"Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Poder Ejecutivo Federal.- México, D. F.- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. presentes.

A continuación transcribo a ustedes, para su conocimiento y fines legales procedentes, oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 25 de enero próximo pasado:

'Ruego a usted atentamente tenga a bien solicitar de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, apartado B, del Artículo 37 de nuestra Constitución Política para que el C. Doctor Fernando Ortiz Monasterio, Director General del Hospital General 'Dr. Manuel Gea González', pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden `Hipólito Unanue', en grado de Gran Oficial, que le confiere el Gobierno del Perú.'

Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración. distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D. F., a 4 de febrero de 1983.

El secretario, licenciado Manuel Bartlett D."

- Trámite Recibo y a la Tercera Comisión.

La C. secretaria senadora Silvia Hernández de Galindo:

"Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Poder Ejecutivo Federal.- México, D. F.- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.- Presentes.

A continuación transcribo a ustedes, para su conocimiento y fines legales procedentes, oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió al suscrito, con fecha 31 de enero próximo pasado:

`Ruego a usted atentamente tenga a bien solicitar de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, apartado B, del Artículo 37 de nuestra Constitución Política para que el C. doctor Javier Ibarra Herrera, Director General de Aprovechamiento de Aguas Salinas y Energía Solar de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden al Mérito, en grado de Cruz de Comendador, que le confiere el Gobierno de la República Federal de Alemania.'

Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección

México, D. F., a 7 de febrero de 1983.

El secretario, licenciado Manuel Bartlett D."

- Trámite: Recibo y a la Tercera Comisión.

- La misma C. Secretaria:

"Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Poder Ejecutivo Federal.- México, D. F. - Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.- Presentes.

Para su conocimiento y fines legales procedentes, a continuación transcribo a ustedes, oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió al suscrito, con fecha 31 de enero último:

`Ruego a usted atentamente tenga a bien solicitar de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, apartado B, del Artículo 37 de nuestra Constitución Política para que el C. Bernardo Gillet Farnie, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden Nacional del Mérito, en grado de Caballero, que le confiere el gobierno de Francia.

Al manifestar a ustedes lo anterior, les envío con el presente copia fotostática de la carta de naturalización del señor Gillet Farnie.

Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 7 de febrero de 1983.

El secretario, licenciado Manuel Bartlett D."

- Trámite: Recibo y a la Tercera Comisión.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

- La misma C. Secretaria:

"Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Poder Ejecutivo Federal.- México, D. F. - Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.- Presentes.

A continuación transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores, dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 21 del actual, enviándoles además con el presente el anexo que en el mismo se menciona.

`Ruego a usted atentamente tenga a bien solicitar al H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción II, apartado B, del Artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. Salvador González Chávez, de nacionalidad mexicana según lo acredita la fotocopia del acta de nacimiento anexa al presente oficio, pueda prestar sus servicios como auxiliar administrativo en la Embajada de Brasil en México.'

Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D. F., a 28 de enero de 1983.

El secretario, licenciado Manuel Bartlett D."

- Trámite: Recibo y a la Primera Comisión.

HOJAS DE SERVICIOS MILITARES

- El C. secretario diputado Eulalio Ramos Valladolid:

"Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Poder Ejecutivo Federal.- México, D. F. - Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.- Presentes.

En oficio fechado el 26 enero último, la Secretaría de la Defensa Nacional manifiesta a ésta de Gobernación, lo siguiente:

`Por acuerdo del C. general de división D.E.M. Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted tenga a bien disponer que por su conducto se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la Hoja de Servicios del C. general de brigada diplomado de Estado Mayor Adolfo Héctor Velasco Casas (33- 7116), que en veintitrés fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo, para efectos de la fracción VII del Artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.'

Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, acompañándoles al presente la hoja de servicios que en el mismo se cita.

Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D. F., a 4 de febrero de 1983.

El secretario, licenciado Manuel Bartlett D."

- Trámite: Recibo y a la Segunda Comisión.

- El mismo C. Secretario:

"Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Poder Ejecutivo Federal.- México, D. F. - Secretaria de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.- Presentes.

A continuación transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, oficio que la Secretaría de la Defensa Nacional dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 19 de enero último, enviándoles además con el presente la Hoja de Servicios que en el mismo se menciona:

`Por acuerdo del C. general de división D.E.M. Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted tenga a bien disponer que por su conducto se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la Hoja de Servicios del C. general de brigada diplomado de estado Mayor Maurilio Roberto Falcón Flores (1589486) que en veintiuna fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo, para efectos de la fracción VII del Artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.'

Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D. F., a 1o. de febrero de 1983.

El secretario, licenciado Manuel Bartlett D."

- Trámite: Recibo y a la Segunda Comisión.

- El mismo C. Secretario:

"Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Poder Ejecutivo Federal.- México, D. F.- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.- Presentes.

En oficio fechado el 18 de enero próximo pasado, la Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación, manifestando lo siguiente:

`Por acuerdo del C. general de división D.E.M. Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted tenga a bien disponer que por su conducto se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la Hoja de Servicios del C. general brigadier intendente Juan José Ballesteros Beltrán (423295) que en diecinueve fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo, para efectos de la fracción VII del Artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Al comunicar a ustedes lo anterior se acompaña con el presente el anexo que en el mismo se cita, reiterándoles en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 1o. de febrero de 1983.

El Secretario, licenciado Manuel Bartlett D."

- Trámite: Recibo y a la Segunda Comisión.

DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

- El mismo C. Secretario:

"Primera Comisión.

Honorable Asamblea:

En oficio fechado el 18 de enero próximo pasado, la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la de Gobernación solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Minerva Flores Correa, Gerardo Rafael Rodríguez López, Geoffrey Bannister Williams, María del Pilar Maese Herrera, María Eugenia Ramírez Mezquita y Martha Beatriz de la Rosa González, puedan prestar servicios en la Embajada y Consulado de los Estados Unidos de América en la República Mexicana.

En sesión efectuada por la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el 9 de febrero, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

CONSIDERANDO

a) Que los peticionarios acrediten su nacionalidad mexicana con las copias certificadas del acta de nacimiento;

b) Que los servicios que los interesados prestarán en la Embajada y Consulados Generales de los Estados Unidos de América en México, serán de carácter administrativo;

c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la Fracción II del Apartado B), del Artículo 37 Constitucional.

Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo primero. Se concede permiso a la ciudadana Minerva Flores Correa, para prestar servicios como Auxiliar de Nóminas en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

Artículo segundo. Se concede permiso al ciudadano Gerardo Rafael Rodríguez López, para prestar servicios como Operador de Télex, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

Artículo tercero. Se concede permiso al ciudadano Geoffrey Williams, para prestar servicios como Bibliotecario, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

Artículo cuarto. Se concede permiso a la ciudadana María del Pilar Maese Herrera, para prestar servicios como Asistente Consular, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Artículo cuarto. Se concede permiso a la ciudadana María Eugenia Ramírez Mézquita, para prestar servicios como Asistente Consular, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Mérida, Yucatán.

Artículo sexto. Se concede permiso a la ciudadana Martha Beatriz de la Rosa González, para prestar servicios como Empleada Consular, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.- México, D. F., a 10 de febrero de 1983.

Senador Ernesto Millán Escalante, senador J. Patrocinio González Blanco G., diputado Edmundo Jardón Arzate, senador Raúl Salinas Lozano, senador Abraham Martínez Rivero, diputado Baltazar I. Valadez Montoya, diputado Miguel Angel Morado Garrido, diputado Maximiliano Silerio Esparza."

- Trámite: Primera lectura.

- El mismo C. Secretario:

"Primera Comisión.

Honorable Asamblea:

En oficio fechado el 21 de enero próximo pasado, la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana María Luisa Ramírez Gordilla, pueda prestar servicios en la Embajada de la República Federativa de Brasil en México.

En sesión efectuada por la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el 9 de los corrientes, se turnó a la Comisión que suscribe para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

CONSIDERANDO

a) Que la peticionaria acredita su nacionalidad mexicana, con la copia certificada del acta de nacimiento.

b) Que los servicios que la interesada prestara en la Embajada de la República Federativa de Brasil en México, serán como auxiliar administrativo.

c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del Apartado B), del Artículo 37 Constitucional.

Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana María Luisa Ramírez Gordillo, para prestar servicios como Auxiliar Administrativo en la Embajada de la República Federativa de Brasil en México.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.- México, D. F., a 11 de febrero de 1983.

Senador Ernesto Millán Escalante, senador J. Patrocinio González Blanco G. diputado Edmundo Jardón Arzate, senador Raúl Salinas Lozano, senador Abraham Martínez Rivero, diputado Baltazar I. Valadez Montoya, diputado Miguel Angel Morado Garrido, diputado Maximiliano Silerio Esparza."

- Trámite: Primera lectura.

- El mismo C. Secretario:

"Primera Comisión.

Honorable Asamblea:

En oficio fechado el 17 de enero próximo pasado la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Beatriz Rodríguez Arellano, pueda prestar servicios como Asesora de Prensa y Asuntos Culturales en la Embajada del Gobierno de los Países Bajos, en México.

En sesión celebrada por la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el día 9 de febrero, se turnó a la Comisión que suscribe para su estudio y dictamen el expediente relativo.

CONSIDERANDO

a) Que la peticionaria acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada de su acta de nacimiento;

b) Que los servicios que la interesada prestará en la Embajada del Gobierno de los Países Bajos, serán como Asesora de Prensa y Asuntos Culturales;

c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del Apartado B) del Artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana Beatriz Rodríguez Arellano para prestar servicios como Asesora de Prensa y Asuntos Culturales en la Embajada del Gobierno de los Países Bajos, en México.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.- México, D. F., a 10 de febrero de 1983.

Senador Ernesto Millán Escalante, senador J. Patrocinio González Blanco G., diputado Edmundo Jardón Arzate, senador Raúl Salinas Lozano, senador Abraham Martínez Rivero, diputado Baltazar I. Valadez Montoya, diputado Miguel Angel Morado Garrido, diputado Maximiliano Silerio Esparza."

- Trámite: Primera lectura.

- El mismo C. Secretario:

"Primera Comisión.

Honorable Asamblea:

En oficio fechado el 28 de enero próximo pasado, la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la de Gobernación solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Román López Villicaña, Carmen Guitian Berniser, Ma. Guadalupe Limón Torres, Samia Youssef Merchak Younes de Merchak y José Jaime Moreno Palafox, puedan prestar servicios de carácter administrativo en la Oficina de la Liga de los Estados Árabes, en México.

En sesión efectuada por la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, el día 9 del presente, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

CONSIDERANDO

a) Que los peticionarios acrediten su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de su nacimiento y la declaratoria de Nacionalidad Mexicana por Naturalización No. 3853 de la C. Samia Youssef Merchak Younes de Merchak;

b) Que los Servicios que los interesados prestará en la oficina de la Liga de los Estados Unidos Árabes, en México, serán de carácter administrativo;

c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido por la fracción II del Apartado B), del Artículo 37 Constitucional.

Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo primero. Se concede permiso al ciudadano Román López Villicaña, para prestar servicios de carácter Administrativo, en la Oficina de la Liga de los Estados Árabes, en México.

Artículo Segundo. Se concede permiso a la ciudadana Carmen Guitian Berniser, para prestar servicios de carácter Administrativo, en la Oficina de la Liga de los Estados Árabes, en México.

Artículo tercero. Se concede permiso a la ciudadana Ma. Guadalupe Limón Torres, para prestar servicios de carácter Administrativo, en la Oficina de la Liga de los Estados Árabes, en México.

Artículo cuarto. Se concede permiso a la ciudadana Samia Youssef Merchak Younes de Merchak, para prestar servicios de carácter Administrativo, en la Oficina de la Liga de los Estados Árabes, en México.

Artículo quinto. Se concede permiso al ciudadano José Jaime Moreno Palafox, para prestar servicios de carácter Administrativo, en la Oficina de la Liga de los Estados Árabes, en México.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.- México, D. F., a 11 de febrero de 1983.

Senador Ernesto Millán Escalante, senador J. Patrocinio González Blanco G., diputado Edmundo Jardón Arzate, senador Raúl Salinas Lozano, senador Abraham Martínez Rivero, diputado Baltazar I. Valadez Montoya, diputado Miguel Angel Morado Garrido, diputado Maximiliano Silerio Esparza."

- Trámite: Primera lectura.

DICTÁMENES A DISCUSIÓN

RATIFICACIÓN DE GRADOS MILITARES

- La C. secretaria senadora Silvia Hernández de Galindo:

"Segunda Comisión.

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe ha sido enviada para su estudio y dictamen el expediente que contiene la hoja de servicios del C. Samuel Humberto Muñoz Torres, a quien el Ejecutivo de la Unión otorgó el grado de General Brigadier.

Del análisis de su hoja de servicios se desprende que el interesado ha servido 33 años al Instituto Armado; que sus ascensos de Subteniente a Teniente Coronel han sido obtenidos con respecto de la Ley, del Escalafón y de la antigüedad, y que en el caso de sus ascensos a Coronel y a General Brigadier se ha atendido el mandato del Artículo 29 de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Nacionales.

Que el citado ciudadano tiene los conocimientos inherentes a su cargo y que su conducta y actuación en toda su carrera militar demuestra que resulta confiable a la sociedad.

Por lo anterior la Segunda Comisión propone a la consideración de la H. Asamblea el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Único. Se ratifica el grado de General Brigadier que el Ejecutivo de la Unión otorgó en favor del C. Samuel Humberto Muñoz Torres.

Sala de Comisiones de la H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión.- México, D. F., a 8 de febrero de 1983.

Diputado Enrique Soto Izquierdo, senador Manuel Ramos Gurrión, diputado Netzahualcóyotl de la Vega, senador Salvador Neme Castillo, diputado Héctor Ramírez Cuéllar, diputado Gerardo Medina Valdez, senador Fernando Mendoza Contreras."

Está a discusión el punto de Acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.

- La misma C. Secretaria:

"Segunda Comisión.

Honorable Asamblea:

La Segunda Comisión que suscribe, ha recibido para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios del C. Juan Félix Tapia García, que el Ejecutivo de la Unión ha enviado a esta Honorable Comisión Permanente para los efectos de cumplimentar los términos del Artículo 79 Constitucional en su Fracción VII. La ratificación que se demanda es la del grado de General de Brigada y los elementos de juicio que se exponen son los siguientes:

Mexicano por nacimiento ha servido 35 años en el activo de las armas.

Sus ascensos los ha obtenido de acuerdo con la Ley de Ascensos y Recompensas. Sus conocimientos son los requeridos para el desempeño de sus funciones.

Por lo anterior esta Comisión que suscribe presenta a la consideración de la Honorable Asamblea el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Único. Se ratifica el grado de General de Brigada que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del C. Juan Félix Tapia García.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.- México, D.F., a 15 de febrero de 1983.

Diputado Enrique Soto Izquierdo, senador Manuel Ramos Gurrión, diputado Netzahualcóyotl de la Vega, senador Salvador Neme Castillo, diputado Héctor Ramírez Cuéllar, diputado Gerardo Medina Valdez, senador Fernando Mendoza Contreras."

Está a discusión el punto de Acuerdo...No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo ... Aprobado Comuníquese al Ejecutivo.

- La misma C. Secretaria:

"Segunda Comisión.

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe se ha remitido para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios del ciudadano Raúl López Torreblanca, a quien el Ejecutivo de la Unión otorgó el grado de general de brigada intendente del Ejército Mexicano.

El citado ciudadano López Torreblanca ingresó al Heroico Colegio Militar el año de 1948 y a la fecha ha servido en la Institución Armada treinta y cinco años.

Del análisis de su hoja de servicios se destaca que:

Los ascensos que ha obtenido han estado apegados a la Ley y con el respeto al escalafón y a la antigüedad;

Que en su carrera militar ha realizado cursos y desempeñado cargos que lo capacitan para el ejercicio del cargo superior en la jerarquía del Ejército Mexicano;

Que sus ascensos de coronel a general de brigada fueron ratificados por esta honorable Comisión Permanente de acuerdo a sus facultades constitucionales; y

Que no existe dato alguno en la actuación de su vida militar que pudiera originar desconfianza de la sociedad.

En razón de lo anterior, la Comisión que suscribe se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Se ratificara el grado de general de brigada intendente que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Raúl López Torreblanca.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.- México, D. F., 15 de febrero de 1983.

Diputado Enrique Soto Izquierdo, senador Manuel Ramos Gurrión, Netzahualcóyotl de la Vega, senador Salvador Neme Castillo, diputado Héctor Ramírez Cuéllar, diputado Gerardo Medina Valdez, senador Fernando Mendoza Contreras."

Está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo ... Aprobado.

Comuníquese al Ejecutivo.

- La misma Secretaria:

"Segunda Comisión.

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe ha sido enviado para su estudio y dictamen el expediente que contiene la hoja se servicios del C. Alfonso de la Torre Martínez, a quien el Ejecutivo de la Unión otorgó el grado de general de división.

Del análisis de su hoja de servicios se desprende que el interesado ha servido 35 años al Instituto Armado; que sus ascensos de subteniente a teniente coronel han sido obtenidos con respeto de la ley, del escalafón y de la antigüedad, y que en el caso de sus ascensos a coronel y a general de brigada se ha atendido el mandato del Artículo 29 de la Ley de Ascensos y Recompensas.

Que el citado ciudadano tiene los conocimientos inherentes a su cargo y que su conducta y actuación en toda su carrera militar demuestra que resulta confiable a la sociedad.

Por lo anterior la Segunda Comisión propone a la consideración de la honorable Asamblea el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Único. Se ratifica el grado de General de División que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del C. Alfonso de la Torre Martínez.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.- México, D. F., a 15 de febrero 1983.

Diputado Enrique Soto Izquierdo, senador Manuel Ramos Gurrión, diputado Netzahualcóyotl de la Vega, senador Salvador Neme Castillo, diputado Héctor Ramírez Cuéllar, diputado Gerardo Medina Valdez, senador Fernando Mendoza Contreras."

Está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado.

Comuníquese al Ejecutivo.

DEMANDA CONTRA LA COMPAÑÍA FORESTAL DE OAXACA

El C. diputado Héctor Ramírez Cuéllar: Señor Presidente, pido la palabra para hacer una denuncia y una petición.

El C. Presidente: Tiene la palabra el C. diputado Héctor Ramírez Cuéllar.

El C. diputado Héctor Ramírez Cuéllar: Señor Presidente, compañeros miembros de la Comisión Permanente: He solicitado el uso de la palabra para formular ante ustedes una denuncia y elevar una petición, tanto a la Comisión Permanente, como al presidente de la República, licenciado Miguel de la Madrid Hurtado.

El día 29 de noviembre, del año próximo pasado, apareció publicado en el Diario Oficial de la Federación, un Decreto, por medio del cual, se concesiona a la Compañía Forestal de Oaxaca cuyo principal propietario es Alfonso Pandal Graff, el usufructo de la madera, de los distritos de Ximatrán y Sola de la Vega, de los de San Carlos Yautepec y Miahuatlán del estado de Oaxaca. La concesión para otorgar en forma comercial ese recurso natural, comprende, aproximadamente, 700 mil hectáreas, de zonas boscosas, o sea, más o menos la mitad de la superficie de ese estado, que tiene la población mas pobre de la República Mexicana.

El referido Decreto, renueva otro también a nombre de Pandal Graff, que estaba vigente desde el 15 de octubre de 1958 y que debería caducar en el presente año.

El Artículo 2o. del Decreto de concesión, ordena a los pueblos, ejidos, comunidades indígenas, que prioritariamente, abastezcan de materia prima a la Compañía Forestal de Oaxaca, sus filiales que establezcan en la misma área.

Me trasladé a Oaxaca, con el objeto de ver cómo operaba en la práctica esta concesión, porque siempre he desconfiado de las normas jurídicas, y más en este caso en que el beneficiario es un conspicuo miembro de la alta burguesía. Esto es lo que existe en la práctica respecto del Artículo 2o.

Entre la empresa y las comunidades se firman anualmente convenios, en los que se estipula la cantidad de metros cúbicos de madera que deben entregar, el porcentaje por derecho de monte y el de previsión social, por medio del cual se compromete la compañía a construir escuelas, hospitales, caminos y otras obras públicas. Aunque el Decreto no establece la obligatoriedad de las comunidades indígenas de entregar la materia prima a Pandal Graff, el hecho es que esta empresa se aprovecha de las extremas necesidades de esos pueblos tan atrasados, de sus carencias infinitas, y muchas veces de la incapacidad de los pueblos para industrializar, procesar y comercializar la madera. Como todos sabemos, Alfonso Pandal Graff, es presidente de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, se obliga a los ejidatarios y comuneros a trabajar en condiciones infrahumanas que me hicieron recordar las novelas de Bruno Traven sobre la época del porfiriato, que recuerdan el trato inhumano dado por los hacendados hace 50 años; se les induce a elaborar sin ninguna protección; viven en casas de campaña o finalmente duermen entre las ramas de los árboles caídos; finalmente les pagan por el número de trozos recolectados, y no tienen ninguna garantía de seguridad social.

La Ley Federal de Reforma Agraria, la Ley Forestal, inspirada en la Constitución General de la República, aseguran que los pueblos, los ejidos y las comunidades indígenas, son los legítimos propietarios de los bosques, los cuales deben aprovecharlos en primera instancia para su beneficio. Sin embargo, por medio de esta concesión, en la práctica, en la realidad, se hacen nulatorios esos derechos inalienables de los pueblos, y los propietarios son convertidos en auténticos asalariados al servicio del capital privado.

Quiero afirmar que unos 200 mil indígenas zapotecos, mezclados con mixtecos, chatinos, yucatecos, viven en condiciones de esclavitud disfrazada, de esclavitud en cubierta, laborando para engordar las bolsas de Pandal Graff, cuya empresa fabrica triplay y compactos de madera. El Artículo 4o. del Decreto garantiza a los propietarios disponer de madera para cubrir sus necesidades domésticas y para elaborar, industrializar y en su caso, comercializar directamente los productos maderables. Sin embargo, debemos señalar que cuando un indígena es encontrado cortando leña para su uso doméstico, amparado precisamente por el Artículo 4o., ejerciendo un derecho sobre su patrimonio, es multado en forma arbitraria por los representantes de la empresa.

En el inciso a) de ese Artículo 4o. se establece que tal condición para tener acceso a la madera, es la siguiente: que el propietario sólo pueda cortar leña en la práctica obligándolo primero, mediante el convenio anual, a cubrir los porcentajes para la elaboración de los productos según las cláusulas establecidas por el convenio, para obligar a las comunidades a que acaten el convenio y a que lo renueven cada año violando el contenido del Decreto, se obliga a que entreguen la madera estipulada aduciendo que aún no se han cubierto las necesidades y metas de la producción. La Compañía Forestal de Oaxaca no explota ni racional ni integralmente la madera, no conserva el recurso violando la fracción II del Artículo 5o. del Decreto de concesión. En efecto, no se preocupa por la reforestación técnica, por lo que grandes extensiones de Sola de la Vega y Miahuatlán están prácticamente erosionadas, cuyo paisaje es ahora similar al de la Mixteca. ¿Dejaremos que Pandal Graff convierta la zona sur de Oaxaca en otra Mixteca paupérrima?; la empresa no construye las obras públicas a que se compromete mediante el Decreto en el Capítulo de Previsión Social, solamente proporciona algunas tablas para construir algunas casuchas y solamente abre los caminos que van directamente a los bosques y que son utilizados por los camiones de carga de este señor. Esto ha generado que todos los semiesclavos víctimas de la desnutrición y de las enfermedades, como la tuberculosis, estén actualmente luchando para no vender ya la madera a la empresa y para procesarla ellos mismos en sus comunidades.

Mientras los indígenas viven en estado de extrema desnutrición y en casas de madera paupérrimas, la familia Pandal Graff está sobrealimentada y vive en mansiones esplendorosas en Oaxaca y en la ciudad de México.

El Decreto contiene dos elementos que repugna la razón mas elemental de todo Mexicano. No establece la obligación de efectuar inversiones para renovar las plantaciones boscosas. Ni tampoco señala la fecha de caducidad, por lo que entendemos nosotros entonces que será por tiempo indefinido o a perpetuidad.

El Partido Popular Socialista considera que en este caso está explicitada una política hipócrita de parte del presidente de la CONCAMIN. Por un lado ha atacado violentamente al Gobierno de la República desde el mes de septiembre pasado a raíz de los memorables decretos de ese día. Pero por el otro, en forma subterránea y en el cabildeo político, reclama y obtiene concesiones, prebendas y privilegios que se cuantifican en millones de pesos. Es decir, es una política doble, golpea al Presidente de la República con una mano y con otra obtiene un jugosísimo negocio.

El presidente de la CONCAMIN, como nos consta, se ha erigido en uno de los custodios de la moral estatal. El se presenta en la prensa nacional como límpido e impoluto. El señala con su dedo flamígero que la corrupción está en el Estado y está en el gobierno. Pero no vacila en someter a la semiesclavitud legal a miles de indígenas, a los cuales en la práctica les ha expropiado sus bosques que no usufructuan en su beneficio.

Nosotros consideramos que en uso de sus legítimos derechos las comunidades del sur de Oaxaca deben negarse a vender la madera prima a la empresa forestal y deben negarse a firmar los convenios de suministro de madera que van a regir para el presente año.

Somos partidarios de la explotación de los bosques, pero de la explotación racional y científica, no de la explotación por medio de la deforestación y la erosión, porque es una forma de acabar con este recurso.

Planteamos que las comunidades indígenas formen agroindustrias, que se asocien con el Estado, para que el Estado les suministre asistencia técnica y financiera y puedan explotar la materia prima en sus comunidades, como ya está ocurriendo en algunas de ellas por fortuna.

En esas sociedades agroindustriales nosotros proponemos que los ejidatarios y los comuneros compartan responsabilidades, inversiones y también utilidades con el Estado.

Estando seguro de interpretar los sentimientos y las reclamaciones de los pueblos del sur de Oaxaca, demando a nombre del Partido Popular Socialista al Presidente de la República, que derogue el Decreto aparecido en el Diario Oficial del 29 de noviembre de 1982 y con ello, la devolución de sus bienes a sus legítimos propietarios, los indígenas comuneros. Y demando a la Comisión Permanente su solidaridad política, no hacia el Partido Popular Socialista, sino a la lucha legítima de estos pueblos que viven en la patria de Benito Juárez. Muchos gracias.

El C. Presidente: Oportunamente solicitó la palabra la ciudadana diputada Dulce María Sauri.

- La C. diputada Dulce María Sauri: Señor Presidente, compañeros legisladores, solicité el uso de la palabra para hacer algunas precisiones, algunas aclaraciones respecto al Decreto de referencia al que ha hecho alusión el compañero Héctor Ramírez Cuéllar.

En primer término recordemos que el Artículo 27 Constitucional, en su párrafo primero y segundo declara que la propiedad de tierras y aguas corresponde originalmente a la Nación, la cual tiene el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público.

Por otra parte, estas unidades de ordenación forestal encuentran su fundamento jurídico en el Artículo 95 y 106 de la citada Ley Forestal.

Es conveniente hacer esta precisión, y me voy a permitir leer el primer párrafo de este Artículo 106 para que se entienda la argumentación posterior.

Artículo 106: "El Ejecutivo Federal promoverá y autorizará aprovechamientos en zonas que comprendan distintos predios para que se lleven a cabo conforme a las formas democráticas, económicas y sociales adecuadas. Estos aprovechamientos serán de interés público y constituirán unidades de ordenación forestal cuando sólo tiendan a obtener mejores rendimientos forestales y unidades industriales de explotación forestal cuando, además, los productos forestales queden afectos como materia prima a una planta industrial".

En el Decreto de 1958, de octubre de 1958, con la cual se creó la Unidad Industrial de Explotación Forestal en favor de la Compañía Forestal de Oaxaca, hace que en virtud de éste la compañía adquirió que el derecho a la explotación de una superficie arbolada de 61247 hectáreas divididas en 2 zonas, la primera la zona de Zimatlán con 31938 hectáreas, y la segunda de Mihuatlán con 29309 hectáreas.

El Decreto de acuerdo a la definición de Unidad Industrial de Explotación Forestal establecía la obligatoriedad de entregar la madera, o sea el perito de las 29 comunidades citadas en el Decreto de 1958, que de éstas, una era ejidal, otras 2 particulares y 21 de propiedad comunal, a la naciente empresa en forma exclusiva a cambio, la empresa adquirió las siguientes obligaciones: Establecer por una parte un aserradero y una fábrica de madera contrachapada, mantener e integrar la Dirección Técnica Forestal de la unidad para asegurar el racional aprovechamiento del bosque sujetándose a las disposiciones de la Secretaría de Agricultura, constituir un fondo especial destinado a la construcción y mantenimiento de

caminos, conforme a los programas que propusieran y aprobaran las autoridades, cumplimiento de obligaciones laborales, en favor de los trabajadores, construcción de casas - habitación, escuela, enfermería, dotación de servicio, etcétera.

Esta concesión que caduca a fines de 1963, fue a abrogada por el Decreto de Referencia del 29 de noviembre de 1982.

Este nuevo Decreto, establece la figura de unidad de ordenación forestal en la cual señala que, prioritariamente, más no obligatoriamente, se le debe entregar a esta empresa, en igualdad de circunstancias, la materia prima que requiere para su funcionamiento. Establece que los dueños de los bosques, usufructuarios y propietarios, deberán realizar los aprovechamientos forestales sin contratistas sin intermediarios, en suma sin rentismo. La madera no deberá venderse en pies y la empresa industrial, que da fuerza del manejo y administración de los bosques en calidad de simple compradora de materia prima forestal.

La Dirección Técnica Forestal, mantenida anteriormente con los recursos de la empresa, pasa a depender exclusivamente de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, evitándose ambigüedades peligrosas. Los contratos cambian de naturaleza, aunque han estado sujetos a la aprobación de las autoridades, eran de compraventa de materia en pie.

El Decreto de noviembre de 1982, establece, claramente, que los propietarios o poseedores, a título de dominio, convendrán con la Compañía Forestal de Oaxaca y sus filiales, la realización del aprovechamiento respectivo por cuenta propia, sin intermediarios ni asociación con terceras personas, eso es explícito en el citado Decreto.

Los contratos de suministros tendrán la duración del ciclo de corte, que fije la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, pero los precios de venta serán revisados periódicamente, al menos una vez al año.

Incluye este Decreto también la conservación, fomento y aprovechamiento en forma integral del recurso forestal, mediante la agrupación de productores. Establece también la asociación para participar en los procesos de producción primaria, la empresa queda obligada para colaborar en la organización, capacitación y financiamiento de los propietarios o poseedores de recursos forestales. Establece también la integración del desarrollo a la región mediante un plan de desarrollo industrial específico para el área, con la intervención expresa, en el Decreto del gobierno del estado de Oaxaca, para la ampliación de estas industrias, y el establecimiento de otras nuevas, cuyos propietarios deberían de ser preferentemente los propietarios o poseedores de recursos forestales.

El Decreto, al igual que los decretos que en el propio Diario Oficial del 29 de noviembre, de establecer para la unidad de ordenación forestal de Loreto y Peña Pobre en los linderos del Distrito Federal, son sin lugar a dudas un paso adelante.

Después de la Segunda Guerra Mundial, en el despegue industrial de nuestro país, se constituyeron estas unidades industriales de explotación forestal, donde se establecía un área absoluta para el sostenimiento de la industria, considerada de utilidad pública. Hacia los años 40, se crearon unidades industriales en Atenquique, Loreto y Peña Pobre, y en los 50, Bosques de Chihuahua, Michoacán Occidente y esta Compañía Forestal de Oaxaca.

Aunque se proveía el uso racional de los bosques y la concesión de la explotación silvícola como de renovación de recursos y no de explotación de éstos, el servicio técnico era sostenido por la empresa, operando como monopolio, las empresas madereras se ampararon en este Decreto al obligar al dueño del recurso a venderle en forma exclusiva. Este Decreto, al igual que los antes citados, en primer término no obliga a vender a un solo comprador, se le da la prioridad a la empresa, mas no la obligatoriedad. Es un no rotundo al intermediarismo. Incorpora la participación de los productores en el proceso productivo. Cabe destacar la preocupación por aprovechar integralmente los bosques, en este caso la empresa aludida tiene el compromiso de aprovechar integralmente la madera y sus derivados.

En este Decreto también hay que hacer la consideración de los elementos esenciales en la política de desarrollo forestal. Por un lado, contemplar el recurso, que se atienda el bosque, que se reconozca que es un recurso natural renovable que hay que mantener y acrecentar. En segundo término, el reconocimiento de la participación del sector social en el aprovechamiento integral de los bosques. En tercero, asegurar el suministro de materia prima a los complejos industriales madereros, que son ademas fuente importante de empleo directo que esta necesidad de suministro no vaya reñida, ni con la participación de los dueños de recursos en la explotación, ni contra el recurso como tal. Es necesario contemplar la incorporación de su sector forestal al sistema nacional de planeación democrática, hay que recordar que dentro de la gira de prioridades nacionales y señalado como una prioridad nacional, se llevó a cabo la Reunión de Bosques y Selvas durante la Campaña del ahora Presidente de la República. Hay que evitar que la actividad se sujete exclusivamente a la ganancia inmediata; conservar y aprovechar racionalmente nuestros recursos forestales, incluir aprovechamientos y preservación forestal en la estrategia de desarrollo; apoyar programas de investigación científica y de asistencia técnica a campesinos; organizar la producción y hacer más eficiente el sistema de comercialización; unir procesos de transformación para elevar productividad y disminuir costos; hay que proveer mecanismos ágiles para canalizar apoyos crediticios y el uso racional integral de los bosques y selvas, para catalizar fundamentalmente

procesos de desarrollo social. El recurso selva, el recurso bosque en nuestro país aun tiene una muy pequeña participación en el producto interno bruto y en relación a esto, también una pequeña ocupación de mano de obra. En términos de celulosa principal, producto derivado de esta actividad, ahora atiende la capacidad instalada el 86% de la industria nacional, pero solamente alrededor del 57% de la demanda de celulosa y papel del país. Por eso es necesario implementar una serie de acciones, realizar un inventario forestal, asistencia técnica silvícola industrial, vigilancia y control, reforestación producción en vederos y capacitación. Por tanto este Decreto, al igual que los decretos correspondientes a otras empresas madereras, es necesario contemplar lo inscrito dentro de este marco de una política de desarrollo forestal; es necesario inscribir la actividad forestal dentro de este Sistema Nacional de Planeación Democrática para que los resultados sean en beneficio efectivamente de quienes son los productores y los poseedores de recursos. (Aplausos.)

El C. Presidente: Tiene la palabra el ciudadano diputado Gerardo Medina Valdez.

El C. diputado Gerardo Medina Valdez: Por una distracción de momento, no confirmé si la intervención de la diputada Sauri era un aval o un rechazo a la proposición del diputado Héctor Ramírez Cuéllar. Pero de lo que sí estoy seguro, es de que prácticamente esta proposición está sujeta a discusión.

Yo decía, un poco en serio, un poco en broma, al señor senador Antonio Riva Palacio que se me permitiera hacer la defensa de la institución presidencial, pero no se atrevió.

La voy a hacer de todos modos, porque creo que es el núcleo o, cuando menos uno de los núcleos centrales de la importante denuncia y solicitud que ha presentado el diputado Héctor Ramírez Cuéllar. Quiero hacer la defensa de la institución presidencial, no de las personas, aunque las instituciones se juzgan en función de las personas que en un momento dado las representan o las encarnan.

Es obvio que el régimen vigente en México es un régimen presidencialista, sea por sedimentos históricos, o por la necesidad que tienen las comunidades, como los individuos, de un apoyo, de una plataforma sobre la cual plantarse a proyectar y elaborar su destino. Esa es la realidad de México como comunidad: un régimen presidencialista.

La institución presidencial es central; hay otra, el Ejército, que también es uno de los pivotes del régimen mexicano, pero la institución presidencial está en el vértigo diario del hacer y del decir, al contrario de la otra institución que permanece generalmente en la penumbra, e incluso en el aspecto informativo, en donde representa un tabú aun más delicado, más intocable que la propia institución presidencial.

Nosotros, los periodistas, podemos criticar al Presidente de la República, pero no podemos criticar al Ejército. Esa es la realidad, eso no quita que reconozcamos la necesidad y la existencia de esa institución central junto con la presidencial.

Nosotros, y esto lo he discutido con priístas destacados, no viene al caso decir nombres para "quemar", nosotros creemos que quizá el error más grave que ha cometido el sistema con la institución presidencial, es el de haberse quedado en la deshumanización de la persona que encarna la institución de la presidencia. Es haberse entercado en endiosar al Presidente de la República por seis años.

Se ha hecho del Presidente de la República en México un dios bastante raro. Es infalible y perfecto durante seis años, ni un minuto más ni un minuto menos. Desde que se coloca la simbólica banda en el pecho hasta que se le quita para que otro se la coloque a su vez. En ese lapso, el Presidente de la República es infalible y perfecto durante 72 meses.

Todo lo que él hace y él dice es lo mejor, lo insuperable, lo patriótico, lo acertado y lo más justo.

Pero ya hemos comprobado a lo largo de la historia de este país que todos estos empeños del sistema en endiosar a la persona que representa la institución presidencialista, además de estar equivocados, estos empeños han llevado al propio sistema a una trampa de la que solamente pueden salir a base de contorsiones muy poco estéticas, para decirlo casi con dulzura.

El Presidente es un hombre - y esta realidad es la que se olvida - , es un ser humano con virtudes y con defectos, con capacidad de acertar y capacidad de equivocarse. Y en vano el sistema insiste en pretender despojarlo de uno de los derechos que peleamos los hombres por encima de tal vez de cualquier otro, el derecho a equivocarnos. También el Presidente tiene el derecho de equivocarse.

Lo malo, lo malo de un sistema que así deforma el régimen presidencial, es insistir en que todo lo que hace el Presidente es correcto, es incapaz de equivocarse el Presidente. Pero ya lo hemos visto, los señores diputados fuimos testigos del proceso que siguió la denuncia contra el decreto que contemplaba la represión de objetos obscenos. Fuimos testigos de un proceso que culminó en su derogación. Y ahora esto que acaba de denunciar el diputado Ramírez Cuéllar, viene a sumarse, no hay para que hacer listas, a las equivocaciones perfectamente explicables, porque se trata de una persona, de un ser humano el que ocupa el Presidente de la República.

Yo me niego en estos momentos a entrar al fondo, posiblemente cenagoso de un tipo de relaciones que queda latente. Ramírez Cuéllar habla de actitudes hipócritas, podríamos simplemente decir, "recíprocas".

Pero no es ese el fondo que me interesa destacar. Yo creo que si esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión respalda, como creo que debe hacerlo, esta denuncia de Héctor Ramírez Cuéllar, apoyada, apoyados todos en el criterio de que fue también una

equivocación del anterior Presidente, esta Comisión Permanente habrá hecho avanzar al país hacia la madurez como pueblo.

Restituir al Presidente de la República en su carácter de ser humano es un extraordinario avance, digan lo que digan los tercos defensores de la infabilidad del Presidente de la República.

Yo creo, señores miembros de la Comisión Permanente, que tenemos que distinguir entre la persona que encarna la Institución de la Presidencia, y la Institución misma de la Presidencia. Esta sí que debe ser defendida por encima de las personas y por encima incluso de matices ideológicos, porque es vital defender la Institución Presidencial golpeada incluso, sobre todo a partir de 1968.

Pero es válido y es obligado defender la institución de la presidencia. Pero al mismo tiempo, simultáneamente, paralelamente debemos aceptar que el Presidente de la República puede equivocarse y que esta concesión y en estos términos fue una equivocación que la Institución de la Presidencia puede y debe, en mi opinión, rectificar. Salvamos la Institución de la Presidencia de la República, restituimos el carácter humano al Presidente de la República y hacemos avanzar a este país.

Ya en lo que se refiere propiamente a la materia a la que se refirió la diputada Sauri, yo creo que aquí sobran abogados que puedan explicar desde el punto de vista de la letra de la ley, todas las bondades de este tipo de concesiones; pero, señores, nosotros estamos obligados a ver la realidad, nosotros sabemos cómo operan estas concesiones forestales que tienen todo el acre sabor de encomiendas, porque involucran a los pueblos que habitan, que están asentados en las zonas forestales que son objeto de las concesiones.

Yo ruego a ustedes, que respaldemos, con ese criterio que me parece sensato, cuerdo y progresista, la denuncia que ha hecho el compañero diputado Héctor Ramírez Cuéllar, del Partido Popular Socialista.

El C. senador Antonio Riva Palacio López: Señor Presidente, pido la palabra.

El C. Presidente: ¿Con qué objeto?

El C. senador Antonio Riva Palacio López: Se me aludió en el discurso del C. diputado Gerardo Medina Valdez, tengo derecho a intervenir.

El C. Presidente: Con base en el Artículo 102 de nuestro reglamento, tiene la palabra el C. senador Antonio Riva Palacio.

El C. senador Antonio Riva Palacio López: Señor Presidente, compañeros senadores: Qué interesante situación se presenta en este momento.

Yo también he platicado de algunos temas para convenir con ilustres compañeros del Partido Acción Nacional, que no menciono, pues quizá de mi parte los afecte más seriamente, que el compañero Gerardo Medina, su servidor u otros compañeros de mi Partido Revolucionario Institucional.

No es rigurosamente exacto, que no haya habido valentía, atrevimiento o valor, para aceptar la defensa de la Institución Presidencial que ofrecía, efectivamente, el señor diputado Gerardo Medina, la respuesta fue que no era un apoyo deseado en cuanto, no al compañero Gerardo Medina, sino al Partido Acción Nacional, pero es muy fácil separar la institución de la persona y decir vamos a defender la institución presidencial, pero vamos a atacar al Presidente de la República. Quizá yo podría separar también válidamente a mi amigo, el diputado Gerardo Medina, del Partido Acción Nacional, porque es un partido que tiene 50 años atacando la institución presidencial, no a los presidentes Juan o Pedro. Ojalá, esta mañana me congratulo, que el compañero Gerardo Medina, del Partido Acción Nacional, defienda la institución presidencial. Creo que si logramos encausar nuestro debate en ese orden de ideas, éste tendría, como lo tuvo hace dos semanas, una proyección distinta. Podríamos llegar a constituir la expresión real del sentir de los electores de todos los que estamos aquí presentes; de los mexicanos que concurren en la búsqueda de los canales de expresión de sus requerimientos, de sus necesidades, de sus angustias. Ojalá, ojalá, en la expresión árabe, compañero Medina, logremos realmente un debate de la altura que corresponde.

Por lo que se refiere a la solidaridad con la petición del compañero Ramírez Cuéllar, creo que también se inscribe un poco en esta expresión que me permito hacerle a ustedes. No es la forma; tendríamos que buscar que se hubiese seguido el procedimiento; no es el rechazo de la propuesta, que no está escrita, que no está formalmente presentada; no es ni siquiera la ausencia de facultades de esta Comisión Permanente para hacer una petición de esta naturaleza lo que nos debe importar, es el valor que tiene esta tribuna, y la solidaridad con las angustias que mencionaba el compañero Ramírez Cuéllar, se han puesto de manifiesto por quienes hemos estado en ella. Muchas gracias. (Aplausos.)

El C. Presidente: Tiene la palabra el ciudadano diputado Alberto Salgado Salgado.

El C. diputado Alberto Salgado : Señor Presidente, lo que ha generado la intervención en esta tribuna es la inconformidad con un Decreto que concesiona el suministro de manera preferencial, a una empresa que ha mencionado el compañero Ramírez Cuéllar.

Su inconformidad se ha dejado expresar y ha establecido sus puntos de vista que la fundamentan. Surge en sentido contrario la apología que estimamos no es oficiosa, sino también tal vez la convicción de que ese Decreto ha sido establecido tomando en consideración las facultades que el 27 Constitucional confiere al Presidente de la República para concesionar los bienes que pertenecen a la nación en

función de ese interés público y para que la renta nacional se distribuya de manera más equitativa. Queremos que....

Creemos, como lo sostiene el compañero Gerardo Medina, que el planteamiento defensivo no fue lo suficientemente preciso y también estamos de acuerdo con el señor senador en el sentido que la falta de competencia de ese organismo legislativo nos impide una solidaridad formal y un trámite que pudiera conllevar a la cancelación de ese Decreto. Sin embargo, esto no impide que los planteamientos de orden político y con repercusión social puedan dejarse sentir en esta tribuna, y nosotros nos adherimos de manera franca con esa denuncia del compañero diputado Ramírez Cuéllar, porque estimamos de alta inequidad que se hagan concesiones de esta naturaleza, que propician el monopolio aun cuando sea de una manera velada.

Creemos y podemos cuestionar desde el punto de vista jurídico, el otorgamiento de esa concesión, porque en principio vulnera el Artículo 5o. Constitucional, en cuanto a que restringe la posibilidad de dedicarse las personas a la actividad de trabajo, comercio o industria que le plazca, y sobre todo, que se presten trabajos sin que previamente se tome en cuenta su consentimiento. Estimamos sin conocer ese Decreto que es de una ambigüedad tal que permite que en la práctica se auspicien situaciones como las que presenta el compañero Ramírez Cuéllar de obligar de una u otra forma a esos grupos indígenas ante la falta de otra expectativa comercial, o de otras empresas que pudieran recibir el suministro de esa madera en condiciones económicas mejores, propiciar ese monopolio a fin de establecer las condiciones que convenga a ese consorcio empresarial.

De esta manera creemos, compañeros, que el curso que debe darle a esa denuncia el señor diputado, en principio políticamente tiene que llegar a la Presidencia de la República para que haga una revisión de ese Decreto, y que advierta a través del estudio, si efectivamente no se han cumplido con las exigencias u obligaciones que se imponen al concesionario del mismo proceder a su cancelación a efecto de que a través de otro estudio socioeconómico pudieran establecer medidas y carácter para esos grupos indígenas.

En segundo término queremos también sugerir al compañero Ramírez Cuéllar, que de manera formal presente esa denuncia y esa petición, elevándola con base en el Artículo 8o. Constitucional y en ejercicio del derecho de petición al propio Presidente de la República, que tiene facultades para cancelar un Decreto de esa naturaleza, que fue expedido a último momento o renovado a último momento del sexenio. Y no vamos a introducirnos sobre los motivos de cualquier naturaleza por el cual se renovó ese Decreto. Sencillamente en principio estimamos que jurídica y económicamente puede cuestionarse, y eso amerita una revisión por parte del Ejecutivo para que en último análisis pudiera tomarse esa decisión de cancelar el referido Decreto.

La institución presidencial, para nosotros como institución en sí desde el punto de vista constitucional podría ser objetable en cuanto a que no comulgamos con un sistema capitalista.

Las figuras de los Presidentes dicen los enterados en la política, que la historia se encargará de enjuiciar su conducta. Creemos que la historia se actualizará día a día y no pretendemos enjuiciamientos ligeros sobre decisiones del Ejecutivo, que con toda facultad, sin tomar en consideración elementos de orden social, muchas veces da a luz pública en perjuicio de las colectividades.

Nosotros únicamente hacemos la invariable excitativa de que se requiere responsabilidad, veracidad, en el accionar político, y eso sin duda nos va a llevar a una mejor posición también de la misma naturaleza económica, social y política.

El C. Presidente: Tiene la palabra la ciudadana diputada Dulce María Sauri.

- La C. diputado Dulce María Sauri: Señor Presidente. Compañeros legisladores. Vuelvo a hacer uso de esta tribuna únicamente y otra vez para precisar algunos conceptos. El análisis que traté de exponer aquí en mi anterior intervención, fue para hacer referencia al instrumento jurídico que señala el decreto del 29 de noviembre de 1982. Es el instrumento jurídico al que le traté de realizar esta serie de precisiones, no así a la práctica que el compañero Héctor Ramírez Cuéllar expuso en esta tribuna.

No podemos dejar de reconocer, a través de la diferencia sustancial con el decreto de octubre de 1958 el avance significativo que representa este nuevo decreto que, vuelvo a recalcar, al igual que otros decretos que utilizan unidades de ordenación forestal para otras zonas productoras de madera en el país, pretende impulsar y garantizar, una área prioritaria del desarrollo industrial, como es la industria maderera y sus derivados.

No podemos tratar en este momento de pretender juzgar a dos meses de haberse señalado este decreto, las formas concretas en que se van a modificar añejas prácticas en esta zona. Señalaba que el decreto aludido precisa la participación de los productores y evita en rentismo y la intermediación. También señalara que compromete el Decreto a la Empresa a colaborar en la organización y en la capacitación de los propietarios y los usufructuarios de recurso.

El Decreto como instrumento jurídico también está sujeto por una parte a la fiscalización de las autoridades competentes, por un lado la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos en lo que lleva a la preservación y conservación del recurso forestal; por otro lado a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial en lo relativo al fomento de la industria de esa zona así como el establecimiento de los precios

en caso de que no haya un acuerdo entre productores y empresa.

Por otra parte no hay que olvidar que se cuenta también con instrumentos para que dado caso que el incumplimiento de este Decreto llegue a transformar situaciones, a normas que actualmente se vivan, se pueda inclusive proceder a la revocación de esta concesión.

Por tanto, señores, se trata de precisar que el instrumento jurídico es un avance, y que la práctica debe transformarse de acuerdo a este instrumento jurídico, y en este sentido la Comisión Permanente estará vigilante, por una parte para solidarizarse con aquellos que están sufriendo situaciones ancestrales y por otro lado también para vigilar que los instrumentos jurídicos logren una aplicación en beneficio de las mayorías de este país. (Aplausos.)

CONSIDERACIONES SOBRE APOYO AL CAMPO

El C. Presidente: Tiene la palabra el señor diputado Edmundo Jardón Arzate.

El C. diputado Edmundo Jardón Arzate: Señor Presidente, señoras y señores integrantes de esta honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Voy a referirme a otro asunto que considero de interés nacional, pero de manera previa quiero expresar aquí mi solidaridad, mi identificación con los planteamientos que ha hecho el compañero Héctor Ramírez Cuéllar.

Antier el encargado del Poder Ejecutivo Federal, licenciado Miguel de la Madrid, afirmó ante una parte de quienes representan a los trabajadores y poseedores de tierra para el cultivo, y no me meto aquí a considerar si para bien o para mal, si de esto más adelante diré algo, que es indispensable darle un apoyo prioritario al campo, a fin de combatir la inflación y proteger el desempleo. Pidió también vigilancia para que los fondos canalizados a los campesinos no se queden en el camino, ni de la burocracia, ni de los líderes corruptos.

En efecto, esa prioridad, a la vista de lo que está sucediendo, es uno de los aspectos de mayor trascendencia, dentro de los múltiples y complejos problemas que se entrelazan y se enredan en maraña que llega a antojarse inexplicable, como expresión de la crisis. Prioridad tanto más obligada, cuanto que de los medios que la conforman, se la materialicen, depende la producción de alimentos básicos.

No se trata desde luego de hacer enumeraciones implícitas, acerca de las disponibilidades naturales y humanas, con que contamos que ya sabemos que son muchas, ni tampoco de vocaciones a la buena voluntad, porque no quiero verme envuelto en la ironía de los versos de Nicolás Guillén. Si, hay aquí todo eso y hay partidos políticos y oradores que dicen es estos momentos críticos.

No, el impacto que la crisis y la política económica de restricción del gasto público, en términos reales, producen sobre el conjunto de los trabajadores agrícolas y auténticos productores, puede ser el inicio de graves tensiones y conflictos en el campo, y sobre todo, esta situación lleva en sí implícita el agravamiento de la crisis social en materia de empleo, ingresos y consumos populares.

En las circunstancias de hoy, los socialistas revolucionarios, pensamos que es en el sector agropecuario y forestal, donde deben concentrarse los mayores esfuerzos y recursos por parte del gobierno, bajo condiciones de respecto irrestricto a los derechos democráticos de los campesinos y de todas sus organizaciones, no sólo de algunas por mayorías que sean.

La situación que hoy priva en el campo, es, al igual que la que se manifiesta en otros sectores de la actividad productiva, de baja considerable en sus rendimientos. La recuperación alcanzada durante 1980 y 1981 se modificó sustancialmente el año pasado debido, entre otras razones, a los recortes presupuestales y crediticios del gobierno federal, a la inflación especuladora y generalizada de los insumos agropecuarios, al incremento en las tasas de interés, al incremento voraz de las tarifas para el consumo de agua de riego en los casos de tierras ejidales, y al clima propiciado por los burgueses rurales, mano con mano con los burgueses urbanos para desestabilizar y especular en todo el país.

La combinación de este conjunto de elementos y circunstancias, significaron un duro golpe a la economía de los campesinos, de los ejidatarios, de los comuneros y verdaderos pequeños propietarios. Subrayo, de paso, que la incorporación de nuevas tierras de temporal a partir de 1980, corre el peligro de la improductividad y de la involución si no se modifica de raíz la política económica agrícola en el presente.

Hace algunas semanas, el Secretario de la Reforma Agraria anunció la creación de más de cien mil empleos, la mayoría de temporales, con la intención de contrarrestar el descontento que los campesinos y sus organizaciones, incluídas las paraoficiales, han manifestado en relación con las medidas adoptadas por el gobierno en materia presupuestal y de precios de insumos agrícolas.

A este respecto quiero dejar asentado, como lo hicieron mis compañeros diputados del PSUM en la discusión en torno del Presupuesto, que no sólo es insuficiente en cuanto su alcance y contenido, sino que deja de lado el problema fundamental del campo. Si se quiere generar más empleos e incrementar los ingresos de los trabajadores agrícolas y los auténticos campesinos, se debe adoptar una política diferente hasta la seguida ahora; una política que tenga como objetivo central la capitalización intensiva en los ejidos y en las tierras comunales bajo formas colectivas y cooperativas de producción.

Producción y tenencia no pueden separarse. Este sigue siendo el problema de fondo. Hace cerca de cien años, en 1895, en su obra "Legislación y Jurisprudencia sobre Terrenos

Baldíos", Wistano Luis Orozco hizo una disección de la tenencia de la tierra en el porfiriato y llegó a la conclusión que la producción y la productividad, como se dice ahora, eran bajas e insuficientes por el proceso de concentración de tierras en poder de una minoría, lo mismo habría de descubrirnos Andrés Molina y Enríquez en 1905- 1906, en su obra Los Grandes Problemas Nacionales y ya Carlos Marx en el primer tomo del Capital observaban que el peonaje en el campo mexicano era una forma disfrazada de esclavitud, pero si bien era cierto que las haciendas del Porfiriato fueron un mal que pesó sobre todo el país y particularmente sobre los campesinos, también es verdad que hoy el minifundio sea ejidal o privado, junto con el fenómeno de la reconcentración de la tierra en unas cuantas manos, constituyen obstáculos y originan problemas que hay que extirpar de raíz.

Lo primero, porque lo que se distribuye y generaliza es la pobreza, la miseria; lo segundo, porque lo que se fomenta y se permite es la presencia de una minoría a la que nada le importa o muy poco el mercado de consumo interno y a lo que atiende es a la producción para la exportación no racional, sino como alargamiento de la dependencia; y si no, allí están los ejemplos Clouthier y de Coindreau o los de los ganaderos del norte del país, herederos en acción y en pensamiento de Terrazas y de Creel de la Barra.

Ejidos colectivos, comunidades que modernicen el calpulli, es lo que se necesita para que la producción agropecuaria sea capaz de satisfacer el mercado de consumo interno y para propiciar una exportación de productos del campo que sea racional y benéfica para todos los mexicanos y no, de ninguna manera, el neolatifundismo que padecemos y que internacionalmente se ocupa sólo para abastecer a los transnacionales de la industria alimentaria. Mini - parcelación, neolatifundismo, insuficiente o ausente apoyo en recursos son causas generadoras del desarraigo, de la emigración del campo a las ciudades, del desempleo allá y aquí. Así pues, es una verdad que tiene que reconocerse ahora que la autosuficiencia alimentaria solamente podrá alcanzarse con el apoyo y la participación de los trabajadores del campo. No hay otro camino para lograr la autosuficiencia alimentaria. Convencido estoy como miembro del Partido Socialista Unificado de México, de que lo que he dicho es la única salida a los problemas del campo y a la solución a buena parte de los problemas actuales de nuestra economía.

Por eso merece apoyo la demanda central de miles de trabajadores, de miles de campesinos para que se aumenten los precios de garantía para sus productos; para que el Banco de Crédito Rural y los fondos gubernamentales de apoyo financiero y crediticio al campo incrementen de inmediato sus recursos para la habilitación de la superficie destinada al cultivo de los alimentos básicos; para que la Banca Estatizada elabore y ponga en práctica un plan de financiamiento para ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios.

Finalmente, hago un llamamiento a esta Comisión Permanente para que, dada la situación crítica que agobia a los campesinos y por ser de interés nacional, aportar todos los recursos necesarios para aumentar la producción agropecuaria, adopte una actitud vigilante ante los hechos. Muchas gracias, señor Presidente.

El C. diputado Maximiliano Silerio Esparza: Pido la palabra señor Presidente. - El C. Presidente: ¿Con qué objeto, señor diputado?

El C. Maximiliano Silerio: Para tratar sobre el tema que trató el señor diputado Jardón.

El C. Presidente: Tiene la palabra el ciudadano Maximiliano Silerio Esparza.

El C. diputado Maximiliano Silerio Esparza: Señor Presidente. Compañeros legisladores miembros de la Comisión Permanente. Efectivamente el tema que ha tratado el señor diputado Edmundo Jardón es de interés nacional, preocupa a toda la nación la producción de alimentos y fundamentalmente, como ya lo afirmó también él, al señor Presidente Miguel de la Madrid.

Coincidimos en algunos puntos de vista con el diputado Jardón, cuando afirma que es necesario capitalizar el ejido y las comunidades, y que producción y tenencia de la tierra, deben ir siempre de la mano.

Rechazamos de las afirmaciones del diputado Jardón que se puedan producir tensiones y conflictos en el campo, que afecten la paz social. Y lo rechazamos porque el señor Presidente Miguel de la Madrid tiene una política definida, en lo que se refiere al apoyo al campo, como citó él ya algunas frases de su reunión que tuvo con líderes campesinos antier.

Esta política definida de apoyo al campo precisamente es para producir alimentos, para combatir la inflación y para proteger el empleo. La manera en que se instrumentará esta política presidencial para todo el campo mexicano, es con apoyos financieros efectivamente, apoyos técnicos y apoyos de organización, para la producción, así como la creación del Programa Nacional de Empleo.

En lo que se refiere a financiamientos lo ha afirmado, a través de las instituciones creadas por el gobierno de la República para estos fines, como es el Banco Nacional de Crédito Rural a través de sus fideicomisos que tienen este objetivo también de apoyar la producción de alimentos. El FIRA que es otra institución muy importante de apoyo al campo para producir alimentos y la banca nacionalizada.

Estas instituciones, no obstante las altas tasas de interés, a que aquí se hizo referencia, y que se han venido manejando en algunos comentarios, estas instituciones se manejan con

tasas de interés de alguna manera no tan altas, tasas de interés que son efectivamente para apoyar a los productores de bajos ingresos, como son; los ejidatarios y en algunos casos los minifundistas.

Cuando se habla de tasas de interés actualmente que están por el orden del 60%, en estos casos, en estos créditos blandos que proporcionan estas instituciones, la misma Banca Nacionalizada que opera como banca de primer piso, a través de los descuentos de bancas de segundo piso, se otorgan créditos hasta del 26% para productores de bajos ingresos, créditos del 34 al 36% para productores de ingresos medios, y créditos ya por el orden del 50% para productores de altos ingresos. En este caso estamos nosotros hablando fundamentalmente de productores de bajos ingresos, en ese orden hay suficiente apoyo económico para incrementar la producción y apoyar realmente al campo con financiamientos. Dentro de esta política de apoyo al campo, del Presidente De la Madrid, también existe una intención, materializada todos los días, de apoyo de asistencia técnica hacia las actividades del campo, como es la nivelación de sueldos para que estos produzcan más, como es el apoyo de la propia Secretaría de Agricultura para constituir drenes con el fin de que las aguas no se estanquen en las tierras, y estas sean buenas productoras de alimentos. En fin hay una gran variedad. Cómo debe de apoyarse con buena semilla mejorada para que la productividad que ahora se viene mencionando realmente sea lo que este país requiere, y que la hectárea dé la suficiente cantidad de alimentos a través de instituciones como es la Productora Nacional de Semillas, también a través de la Secretaría de la Reforma Agraria, se instrumentan grupos de organización para la producción; ejidos colectivos que vienen a abatir mediante la organización los costos para alguna empresa de tipo ganadero, alguna empresa de tipo ejidal, y hasta empresas de tipo forestal - ya que aquí se ha tocado ese tema - hay empresas de tipo forestal, formadas por ejidatarios y por comuneros, que están debidamente auxiliadas para que la explotación de sus recursos venga a beneficiar a los propios campesinos.

De esta manera nosotros pensamos que si hay una política definida, que si hay un rumbo bien marcado a través del gabinete agropecuario y por instrucciones del señor Presidente De la Madrid para apoyar al campo y para producir alimentos.

En esa reunión de la que habló aquí el diputado Jardón, el señor Presidente de la República dispuso que la Secretaría de Hacienda también, en coordinación con el Banco de México, formase una comisión integrada por los elementos más adecuados, los más idóneos, para enfrentar el problema de escasez de divisas que enfrentan los productores en el campo mexicano. Ese es un problema serio en lo que se refiere a refacciones, en lo que se refiere a maquinaria y equipo, pero está totalmente atendido este problema por el señor Presidente de la República.

El expresó en esa reunión que será intransigente en la vigilancia de los fondos, como lo dijo aquí Jardón, para que no se queden en el camino de la burocracia o con líderes corruptos. Estamos de acuerdo completamente que esta vigilancia sea permanente y demandó el apoyo de la Confederación Nacional Campesina que fue el organismo político - social con la que él hizo esta reunión de trabajo, le demandó su solidaridad, que coadyuve con la intención presidencial, para vigilar que se cumpla el propósito de honestidad y productividad en el manejo de los recursos económicos para apoyar la producción de alimentos.

En esa reunión a la que se hizo también aquí referencia, se habló de los precios de garantía para estimular a los productores. Los precios de garantía es algo por lo que se ha venido luchando frecuentemente.

Pensamos nosotros que este tema debe analizarse profundamente. Hacerse un estudio realmente con todos los elementos que se requieren de tipo económico y social, para que en el ciclo primavera - verano del año del 83, se establezcan precios de garantía justos, de acuerdo con los costos de producción para los alimentos básicos, como es el maíz, es el frijol y es el trigo, por mencionar algunos granos fundamentales.

En Sonora se afirma que habrá suficiente producción de trigo para el consumo nacional, y que se van a cultivar 700 mil hectáreas, que será suficiente y además tendremos capacidad para exportar. En algunos aspectos necesitamos producir más y estimular mediante el precio justo el precio de garantía no se convierta en un precio tope, sino que se convierta verdaderamente en un precio de garantía para que los campesinos, los comuneros, incluso los pequeños propietarios, tengan un estímulo y eleven la productividad, y consecuentemente ellos obtengan utilidades, porque el producto de la tierra para los campesinos, es el equivalente al salario por el que los obreros están luchando permanentemente y están pidiendo revisiones, a veces una o dos veces al año.

Pensamos nosotros también que en lo que se refiere al campo, éstos deben revisarse frecuentemente para que haya una reciprocidad en cuanto al esfuerzo del campesino y lo que él produce para mantener un nivel de vida adecuado.

Estos son algunos de los comentarios que puedo hacer con respecto a este importante tema de producción de alimentos. Con respecto a esta situación que aunque estamos enfrentando una a crisis, y el Presidente Miguel de la Madrid está gobernando adecuadamente, no obstante la crisis, estos comentarios vendrían a concluirse con una reflexión de una servidora de ustedes, en el sentido de que lo que la nación necesita es la unidad de todos los mexicanos, y que en un clima de armonía y paz social todos nos dediquemos a trabajar aprovechando

los estímulos que el Presidente Miguel de la Madrid está otorgando para producir alimentos que el pueblo está requiriendo. Muchas gracias.

INICIATIVA DE DIPUTADO

ARTÍCULO 2399 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL D.F.

El C. diputado Alberto Salgado Salgado: Señor Presidente, pido la palabra para leer una iniciativa.

El C. Presidente: Tiene la palabra el C. diputado Alberto Salgado Salgado.

El C. diputado Alberto Salgado Salgado: Se trató hace un momento un problema del campo, y voy a mencionar también de manera sumarísima el problema de la ciudad, el problema del inquilinato. Durante el periodo de sesiones ordinarias del año anterior, el Partido Socialista de los Trabajadores propuso una iniciativa que adicionaba con un capítulo completo, el título atañente al contrato de arrendamiento. Como en todas las demás iniciativas que la oposición sometió a consideración de la Cámara y del Congreso en general, quedaron un poco sepultadas en el olvido. Creemos que es un problema de actualidad permanente y como suele decirse, nos preocupa de manera importante que el Ejecutivo ponga la vista en este problema y de ser posible que con la decisión emanada de este órgano supremo en donde prácticamente radica la Soberanía del país, pueda resolverse el problema inquilinario. No es necesario mencionar los considerandos o motivos en que se funda esta Iniciativa, ahora es más simplista, se reduce exclusivamente a la adición del Artículo 2399 del Código Civil y tales consideraciones son perfectamente axiomáticas u obvias; desde el punto de vista social creemos que el incremento demográfico ha venido a producir un desequilibrio en esa famosa Ley de la oferta y la demanda, incrementando de manera inmoderada la demanda habitacional, lo que ha propiciado desde luego que desde el punto de vista económico se eleven de manera inmoderada los precios del arrendamiento, lo que significa que los trabajadores en primer término tengan que ver menguados sus ingresos salariales en un 25 o 30% probablemente hasta más y desde el punto de vista jurídico es necesario reformar la legislación que data de 1931 y que desde luego resulta o no resulta adecuada a las actuales circunstancias económicas y sociales. Desde el punto de vista político creemos que el Ejecutivo debe participar en la solución de ese problema de acuerdo con los criterios que en este artículo se establecen y la modificación del mismo se concibe en estos conceptos: el Artículo 2399 reza: "La renta o precio del arrendamiento puede consistir en una suma de dinero o en cualquier otra cosa equivalente con tal que sea cierta y determinada".

Hasta aquí es el concepto del artículo y la adición que lo reforma es la siguiente"

"...Sin que en ambos casos sea superior al 1% sobre el valor catastral del inmueble si se destina para habitación y del 2 1/2% si para comercio o industria".

Lo que habrán de verificar antes de autorizar las manifestaciones de arrendamiento correspondientes las tesorerías del Distrito Federal y de la Federación, según competencias.

En cuanto a los contratos no registrados o que se realizaron verbalmente, habrán de ajustarse a lo anteriormente dispuesto y si el inmueble se divide en varias habitaciones, se dividirán también, a su vez, proporcionalmente los porcentajes autorizados por este artículo.

Concluido el plazo de vigencia, que no será menor de dos meses, los aumentos en la renta no podrán incrementarse en más de un 20 porciento cada vez. Esta disposición es de interés público. El Estado sujetándose a los anteriores criterios construirá habitaciones y departamentos para darlos en arrendamiento, quedando a su cargo reglamentar esta actividad.

Estas son las disposiciones que se encuentran en el capítulo general, o de disposiciones generales del Código Civil que trae una serie de implicaciones como el de establecer limitaciones a la libre voluntad de las partes, en donde ya no se permita que el arrendador o casero a su arbitrio imponga cada vez que tenga que concertar su contrato las condiciones económicas a que se sujeta el uso del inmueble respectivo. Si se determina que es de interés público significa que cualquier disposición en contrario no tienen ninguna eficacia, es totalmente inválida y puede reclamarse el pago de los daños y perjuicios respectivos. Además establece la participación del Estado para vigilar que esos criterios se ajusten a lo sustentado por la ley, en cuanto a que las declaraciones al momento de presentarse se tome el valor catastral para ver si se ajusta ese porcentaje, que estimamos es ampliamente equitativo.

También permitirá la estabilidad en la ocupación del arrendatario puesto que le convendría más al arrendador que ese contrato se prorrogara con los incrementos de hasta 20% a celebrar nuevos contratos en donde tendría que sujetarse al porcentaje catastral. Y desde luego, pues el Estado con las facultades que el 89 le confiere al Ejecutivo, podría reglamentar su participación en igualdad de circunstancias con la iniciativa privada para coparticipar en la solución de este problema habitacional que es de alta envergadura en esta ciudad de México.

Ruego al señor Presidente que someta a la consideración de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados la presente Iniciativa.

"Con fundamento en la fracción II del Artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito diputado federal Alberto Salgado Salgado, miembro de la Fracción Parlamentaria del Partido Socialista de los Trabajadores; en uso del derecho que

se me confiere por el numeral citado, someto a la consideración el presente proyecto de Decreto, mediante el cual se adiciona y consecuentemente se reforma el Artículo 2399 del Código Civil para el Distrito Federal; a efecto de que se turne a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, para que se formule el dictamen que corresponda y se substancie el procedimiento conforme al Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

La presente iniciativa se hace descansar en estos

CONSIDERANDOS

1o. Desde el punto de vista social, el problema arrendaticio, atraviesa de tiempo atrás, por una crisis o situación grave; derivada del incremento poblacional, que sin duda ha producido quebranto serio en la actualización de la Ley de Oferta y de la Demanda, propiciando que el reclamo o exigencia habitacional se haya aumentado de manera excesiva, originando el encarecimiento de los arrendamientos, de manera indiscriminada y también en notoria desproporción, en todos los niveles.

Esto significa que se ha generado una situación de gravedad en esta materia, y que un elevado número de moradores de la ciudad, se encuentres afectados por la falta de habitación debido a la carencia de las mismas, de ahí que la solución de este problema en ningún momento se ha producido; además de que, no cuentan con instrumentos legales los arrendatarios, que les permitan colocarse un plano de cierta igualdad jurídica frente a los arrendadores; los que con base en el principio de la libre voluntad de las partes, señalan de manera unilateral el monto o montos de las rentas en cada nuevo periodo de vigencia de las relaciones contractuales.

2o. En el ámbito económico, el problema inquilinario viene actualmente, a representar un serio gravamen o carga en los ingresos de los arrendatarios; los que se ven menguados en un porcentaje no inferior a una tercera parte de los ingresos generales, y en ocasiones aún mayor a tal porcentaje; lo que de manera cierta restringe, limitando, de manera seria, las capacidades económicas, principalmente de los obreros y asalariados populares; los que prácticamente están a merced de los caseros, quienes aprovechando abusivamente del proceso inflacionario, incrementan sin límite razonable el importe de las rentas cada año, traduciéndose esta medida unilateral en la imposibilidad de practicar el ahorro o satisfacer necesidades de otro orden, lo que justifica pues la implantación de medidas de carácter jurídico que nivelen derechos entre las partes, e impidan el ejercicio abusivo de la libre voluntad, en cuanto a la imposición de las cuantías arrendaticias, objetivo que en parte se pretende a través de este proyecto. 3o. Por lo que se refiere al ámbito jurídico, es de estimarse de necesidad inobjetable, introducir reformas al Código Civil en materia de arrendamiento, de manera tal que se determine como de interés general la solución de este problema; mediante el establecimiento de medidas que limiten el ejercicio de la libre voluntad de las partes, señalando topes mediante porcentaje en el establecimiento de las cuantías de las rentas, así como otras medidas en lo que concierne a la incrementación de las mismas en cuanto haya concluido el plazo de vigencia; para que de esta forma se pueda asegurar en cierta medida, la permanencia en el usufructo a los arrendatarios, protegiéndolos en contra de las decisiones discrecionales de los caseros, en lo que se refiere a los aumentos periódicos cada vez que los contratos concluyen en cuanto a su plazo.

4o. Políticamente, el Estado, debe intervenir coadyuvando a la solución de este problema; supuesto que cuenta con los elementos de orden material y jurídico y, dada la magnitud del mismo, la participación del Gobierno se hace evidente, no sólo mediante el establecimiento de medidas legislativas, tendientes a tal solución; sino también, a través de otro de los órganos integrantes de la soberanía se encargue de aplicar tales medidas tuteladoras de los intereses de quienes demandan el otorgamiento de tal solución, en los procedimientos contenciosos.

En estas condiciones, se debe asignar al Estado una intervención directa en el problema inquilinario, que consiste, en que intervenga en la construcción de habitaciones y edificios de departamentos, a efecto de que concurra con la iniciativa privada ofreciendo los inmuebles necesarios para satisfacer esta exigencia, que actualmente es de primer orden; por tal motivo, en la presente iniciativa se da una ingerencia mayor al Poder Público, a fin de que supervise las manifestaciones de arrendamiento, las que deben ajustarse a lo determinado en la presente iniciativa de reforma al citado artículo del Código Civil para el Distrito Federal; y además, sus facultades se amplían hasta el extremo de que concurra como constructor de inmuebles destinados a la satisfacción de viviendas en todos los niveles de ser posible, y de preferencia, desde luego, en las zonas denominadas populares o de amplia característica poblacional, sin que, disfrute de ventajas exclusivas frente a los particulares en la concurrencia de la solución a este problema social que asola a los habitantes del Distrito Federal; quedando a cargo del Ejecutivo, establecer la debida reglamentación al respecto.

De esta forma pues, creemos que los motivos que justifican la presente iniciativa se dan con amplitud, y propiciarán en principio la emisión del dictamen favorable en su oportunidad.

Por tanto, el partido que represento, estima de importancia insistir en la solución del problema inquilinario, y aun cuando durante el periodo de sesiones ordinarias se propuso la adición de un capítulo, completo al contrato de arrendamiento, en el que se reglamentó diversos aspectos, en esta vez se insiste de manera

más simplista, proponiendo la reforma y adición del señalado Artículo 2399 del Código Civil que se encuentra comprendido en el Capítulo I del Título sexto, para quedar como sigue:

Artículo 2399. La renta o precio del arrendamiento puede consistir en un suma de dinero o en cualquiera otra cosa equivalente, con tal que sea cierta y determinada; sin que en ambos casos, sea superior al uno por ciento sobre el valor catastral del inmueble, si se destina para habitación; y del dos y medio por ciento si para comercio o industria; lo que habrán de verificar antes de autorizar las manifestaciones de arrendamiento, las Tesorerías del Distrito Federal y de la Federación según competencias. En cuanto a los contratos no registrados o que se celebraron verbalmente, habrán de ajustarse a lo antes dispuesto; y si el inmueble se divide en varias habitaciones, se dividirán también a su vez, proporcionalmente, los porcentajes autorizados en este artículo. Concluido el plazo de vigencia que no será menor de doce meses los aumentos en la renta no podrán incrementarse en más de un veinte por ciento en cada vez. Esta disposición es de interés público.

El Estado sujetándose a los anteriores criterios construirá habitaciones y departamentos para darlos en arrendamiento; quedando a su cargo reglamentar esta actividad.

Comisión Permanente, a 16 de febrero de 1983.

Diputado Alberto Salgado Salgado".

El C. Presidente: En acatamiento del Artículo 113 de la Ley Orgánica del Congreso. Imprímase esta iniciativa del diputado Salgado Salgado e insértese en el Diario de los Debates y túrnese a las Comisiones Unidas del Departamento del Distrito Federal y de Asentamientos Humanos y Obras Públicas de la H. Cámara de Diputados.

Ruego a la Secretaría se sirva dar lectura al orden del día de la próxima sesión.

ORDEN DEL DÍA

- La C. secretaria senadora Silvia Hernández de Galindo:

"Comisión Permanente.

Primer receso de la 'LII' Legislatura.

Orden del Día

23 de febrero de 1983.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Invitación del Congreso del Estado de Jalisco, a la sesión solemne en la que el C. licenciado Enrique Alvarez del Castillo, rendirá la Protesta de Ley como Gobernador Constitucional del Estado, la que tendrá lugar el 1o. de marzo.

Comunicaciones de los Congresos de los Estados de Baja California, Nuevo León y Veracruz. Oficios de la Secretaría de Gobernación

Por el que se comunica que el C. Presidente de la República nombró al doctor Luis Villoro Toranzo, embajador extraordinario y plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos ante la UNESCO.

Con el que se remite el dictamen de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo al retiro voluntario del C. licenciado Raúl Lozano Ramírez, como Ministro.

Cuatro con los que se remite las hojas de servicios de los CC. Jaime Contreras Guerrero, Carlos Cisneros Montes de Oca, Jaime Cohén Yáñez y José Ventura Lara Duarte, para los efectos de la fracción VII del Artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Tres por los que se solicita el permiso constitucional necesario para que los CC. Ricardo Guerra Tejada, Emilio Calderón Puig y Rubén González Sosa, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros.

Comunicación del señor Stanislaw Gucwa, Presidente de la Dieta de la República Popular de Polonia.

Resolución del Soviet Supremo y del Soviet de Nacionalidades del Soviet Supremo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

Solicitudes de particulares

De la C. María Luisa Curiel Monteagudo, para que se le conceda el permiso constitucional necesario para aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República Dominicana, en Cuernavaca, Morelos.

De los CC. Mónica Corona de Aguilar y Cecilia Maillard González, para que se les conceda el permiso constitucional necesario para prestar servicios como Secretarias en el servicio de difusión cultural de la Embajada de Francia en México.

Dictámenes de primera lectura

Tres de la Tercera Comisión con proyecto de Decreto por los que se concede permiso a los CC. Fernando Ortiz Monasterio, Javier Ibarra Herrera y Bernardo Guillet Farnie, para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros.

De la Primera Comisión con proyecto de Decreto por el que se concede permiso al C. Salvador González Chávez, para prestar servicios como auxiliar administrativo en la Embajada de Brasil en México.

Dictámenes a discusión

De la Primera Comisión con punto de Acuerdo, relativo al nombramiento del C. licenciado Ignacio Ovalle Fernández, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, ante el gobierno de la República Argentina.

De la Primera Comisión con proyecto de Decreto por el que se concede permiso a la C. María Luisa Ramírez Gordillo, para prestar servicios como auxiliar administrativo en la Embajada de la República Federativa de Brasil en México.

De la Primera Comisión con proyecto de Decreto por el que se concede permiso a la C. Beatriz Rodríguez Arellano, para prestar servicios como asesora de prensa y asuntos culturales en la Embajada del gobierno de los Países Bajos en México.

De la Primera Comisión con proyecto de Decreto por el que se concede permiso a los CC. Román López Villicaña, Carmen Guitian Berniser, Ma. Guadalupe Limón Torres, Samia Youssef Merchak Younes de Merchak y José Jaime Moreno Palafox, para prestar servicios de carácter administrativo en la Oficina de la Liga de los Estados Árabes en México.

De la Primera Comisión con proyecto de Decreto por el que se concede permiso a los CC. Minerva Flores Correa, Gerardo Rafael Rodríguez López, Geoffrey Bannister Williams, María del Pilar Maese Herrera, María Eugenia Ramírez Mézquita y Martha Beatriz de la Rosa González, para prestar servicios en la Embajada y Consulados de los Estados Unidos de América en la República Mexicana."

- El C. Presidente (a las 13:20 horas): Se levanta la sesión y se cita para el próximo miércoles 23 de febrero, a las once horas.

El Oficial Mayor,

Lic. José Gonzalo Badillo Ortiz