Legislatura LII - Año I - Período Comisión Permanente - Fecha 19830622 - Número de Diario 25

(L52A1PcpN025F19830622.xml)Núm. Diario:25

ENCABEZADO

DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA COMISIÓN PERMANENTE

DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

"LII" LEGISLATURA

Registrado como artículo de 2a. clase en la Administración Local de Correos,

el 21 de septiembre de 1921.

AÑO I. México, D.F., 22 de junio de 1983 TOMO I. No. 25.

SUMARIO

APERTURA

ORDEN DEL DÍA

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. SE APRUEBA

INVITACIONES

Al 122 aniversario luctuoso del general Leandro Valle, el día 23 del actual en esta capital. Se designa comisión

Al 169 aniversario luctuoso del general Hermenegildo Galeana, el día 27 del actual en esta ciudad. Se designa comisión

COMUNICACIONES

De los Congresos de Guerrero, Nuevo León, Quintana Roo, Tabasco y Veracruz, relativas a sus funciones legislativas. De enterado

DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA

CONDECORACIONES

Dos proyectos de Decreto que permiten a los CC. Daniel de la Pedraja y Muñoz y Ramón F. Fonseca Cárdenas, aceptar y usar condecoraciones de gobiernos extranjeros. Primera lectura

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Proyecto de Decreto que autoriza a los CC. Yolanda E. Miranda Alvarez y Oscar A. Fernández Castro, para que presten servicios en la Embajada de los Estados Unidos de México. Primera lectura ..

DICTAMEN A DISCUSIÓN

CARGO CONSULAR

Proyecto de Decreto que permite al C. José D. Ruiz Flores aceptar y desempeñar el cargo de vicecónsul honorario del gobierno de Noruega en Coatzacoalcos, Veracruz con jurisdicción en Minatitlán y en los Estados de Tabasco y de Oaxaca. Segunda lectura. Se aprueba. Pasa al Ejecutivo

CONSIDERACIONES SOBRE LA INVERSIÓN EXTRANJERA.

Emitidas por el C. senador Raúl Salinas Lozano, quien señala lo que sobre el asunto ha manifestado el C. licenciado Miguel de la Madrid durante su campaña como candidato de la República y ya como Jefe del Ejecutivo

Igualmente menciona el Plan Nacional de Desarrollo, respecto a lo que sobre el particular menciona. Añade a estas expresiones las emitidas al respecto por funcionarios del actual gobierno. Asimismo alude a la Ley de Inversiones de mayo de 1973

Para hacer reflexiones sobre el tema, intervienen los CC. diputados Edmundo Jardón Arzate, Héctor Ramírez Cuéllar, Dulce María Sauri Riancho y Gerardo Medina Valdez.

quien hace una sugerencia que la Presidencia agradece. Continúan expresándose sobre la materia los CC. diputados Baltazar I. Valadez Montoya, Alberto Salgado Salgado y Enrique Soto Izquierdo que comentan expresiones vertidas por los oradores que lo antecedieron, finalizando con una exhortación

Orden del día.

De la sesión próxima. Se levanta la sesión

DEBATE

PRESIDENCIA DEL C. MIGUEL GONZÁLEZ AVELAR

(Asistencia de 25 ciudadanos legisladores).

APERTURA

- El C. Presidente (a las 11:10 horas): Se abre la sesión

ORDEN DEL DÍA

- El C. secretario diputado Silverio R. Alvarado:

"Comisión Permanente

Primer receso de la 'LII' Legislatura.

Orden del Día.

22 de junio de 1983.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Invitación del Departamento del Distrito Federal, al acto cívico que con motivo del Aniversario Luctuoso del general Leandro Valle, tendrá lugar el próximo 23 de los corrientes.

El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que con motivo del 169 Aniversario Luctuoso del Benemérito de la Patria general Hermenegildo Galeana, tendrá lugar el 27 del actual.

Comunicaciones de los Congresos de los Estados de Guerrero, Nuevo León, Quintana Roo, Tabasco y Veracruz.

Dictámenes de primera lectura.

Dos de la Tercera Comisión, con proyectos de Decreto por los que se concede permiso a los CC. Daniel de la Pedraja y Muñoz y Ramón Federico Fonseca Cárdenas, para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros.

De la Primera Comisión, con proyecto de Decreto por el que se concede permiso a los CC. Yolanda Enriqueta Miranda Alvarez y Oscar Augusto Fernández Castro, para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

Dictamen a Discusión

De la Primera Comisión, con proyecto de Decreto por el que se concede permiso al C. José Daniel Ruiz Flores, para aceptar y desempeñar el cargo de Vicecónsul honorario de Noruega en Coatzacoalcos, con jurisdicción en Coatzacoalcos y Minatitlán del Estado de Veracruz y en los Estados de Tabasco y Oaxaca."

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

- El mismo C. Secretario:

"Acta de la sesión de la Comisión Permanente de la Quincuagésima Segunda Legislatura del H. Congreso de la Unión, efectuada el día quince de junio de mil novecientos ochenta y tres.

Presidencia del C. senador Miguel González Avelar

En la ciudad de México, a las once horas y veinte minutos del miércoles quince de junio de mil novecientos ochenta y tres, con asistencia de veintisiete ciudadanos legisladores, la Presidencia declara abierta la sesión.

Lectura del orden del día y del acta de la sesión anterior, llevada a cabo el día ocho de los corrientes, misma que sin discusión se aprueba.

Se da cuenta con los documentos en cartera:

La Legislatura del Estado de Hidalgo comunica la elección de la Mesa Directiva que fungirá durante el presente mes. De enterado.

Por su parte, el C. Presidente en funciones de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, participa la apertura del segundo periodo de sesiones de ese alto tribunal, correspondiente al año en curso. De enterado.

El C. licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, por el debido conducto remite Iniciativa de Decreto que modifica los

párrafos segundo y tercero del Artículo 51 de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Nacionales. Recibo y túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia Militar; de Previsión Social, y Primera de Defensa Nacional de la H. Cámara de Senadores.

Para los efectos constitucionales, la Secretaría de Gobernación remite los oficios que a continuación se mencionan:

Al que se acompañan la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, y la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal, correspondientes al ejercicio fiscal de 1982. Recibo y túrnese a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados.

Los relativos a las solicitudes de permiso para que los CC. Daniel de la Pedraja y Muñoz y Ramón Federico Fonseca Cárdenas, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros. Recibo y a la Tercera Comisión.

Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que los CC. Yolanda Enriqueta Miranda de Rubio y Oscar Augusto Fernández Castro, puedan prestar servicios como empleados en la Embajada de los Estados Unidos de América, acreditada en nuestro país. Recibo y a la Primera Comisión.

Al que se anexa la hoja de servicios del C. miembro del Ejército, coronel José Alberto Soto Hernández. Recibo y a la Segunda Comisión.

El suscrito por el C. Secretario de Gobernación, por el que se comunica que esa dependencia ya procede a solicitar de los CC. Gobernadores de los estados y de las Legislaturas Locales su colaboración para el mayor lucimiento de los eventos que se realizarán en el mes de julio, con motivo del bicentenario del natalicio del Libertador Simón Bolívar. De enterado.

Por el que se da a conocer que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha tomado las providencias necesarias para emitir, el día 24 de julio próximo, una estampilla que conmemore el bicentenario del nacimiento del Libertador Simón Bolívar. De enterado.

Al que se acompaña el escrito que el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de la República Popular de China enviara en respuesta al mensaje que la H. Cámara de Senadores de México aprobó el 12 de noviembre de 1982, para movilizar la opinión pública internacional en favor del desarme universal y la consolidación de la paz y cooperación entre los pueblos. Túrnese a la H. Cámara de Senadores.

Dictamen con proyecto de Decreto presentado por la Primera Comisión, que autoriza al C. José Daniel Ruiz Flores, para aceptar y desempeñar el cargo de Vicecónsul Honorario de Noruega en Coatzacoalcos, Veracruz, con jurisdicción en Minatitlán de la propia Entidad y en los Estados de Tabasco y Oaxaca. Es de primera lectura.

La Tercera Comisión suscribe cinco dictámenes con sendos proyectos de Decreto que conceden permiso a los CC. Roxana Quiroz de Camacho, Adriana Lombardo de Silva, Laura Bolaños Vda. de Carrera, Helio Quiroz Carranza y Gerardo Camacho Suárez, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Amistad en grado único, que les confiere el gobierno de la República Socialista de Vietnam. Son de segunda lectura.

A discusión en su orden los proyectos de Decreto. No habiendo quien haga uso de la palabra, se reservan para su votación nominal en conjunto.

La Primera Comisión emite un dictamen con proyecto de Decreto, que autoriza a la C. Irma Galindo Huicochea, para prestar servicios como secretaria ejecutiva trilingüe, en la Delegación General de la Provincia de Quebec, Canadá, acreditada en México. Es de segunda lectura.

A discusión sin que motive debate, se reserva el proyecto de Decreto para su votación nominal en conjunto.

Dictamen con proyecto de Decreto signado por la propia Primera Comisión, que concede permiso al C. Mario Enrique Mayans Concha, para aceptar y desempeñar el cargo de Vicecónsul Honorario del gobierno de España en la ciudad de Tijuana, Baja California. Es de segunda lectura.

A discusión el proyecto de Decreto, sin ella, se reserva para su votación nominal en conjunto.

La misma Comisión ya mencionada, presenta un dictamen con proyecto de Decreto, que concede permiso a la C. María Luisa I. Curiel Monteagudo, para aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario del gobierno de la República Dominicana en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Es de segunda lectura.

A discusión el proyecto de Decreto. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación nominal se aprueba el proyecto de Decreto y los siete anteriormente reservados, por unanimidad de veintisiete votos. Pasan al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

Una vez agotados los asuntos en cartera, hace uso de la palabra el C. diputado Héctor Ramírez Cuéllar, quien manifiesta que en las últimas semanas se ha intensificado la participación del alto clero en asuntos políticos nacionales violando flagrantemente las disposiciones

en la materia, contenidas en la Constitución General de la República.

Señala que el Partido Popular Socialista es profundamente respetuoso de las creencias religiosas del pueblo. Que la mayoría de los mexicanos profesan la fe católica, pero esa adhesión nunca ha sido un obstáculo para emprender vigorosas luchas nacionales por la democracia, la independencia económica, por una sociedad más justa, así como para cancelar detestables privilegios de grupo.

Agrega, que lo que es inaceptable y condenable, es la vinculación de esa fe sincera y sencilla de nuestro pueblo con fines políticos y electorales.

Comenta lo que previene el Artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en seguida se refiere a las expresiones vertidas por el Arzobispo de Puerto Rico, el sacerdote español Alvaro de Portillo, el Obispo de Ciudad Obregón, el obispo de Ciudad Juárez, el arzobispo de Hermosillo, el arzobispo de Chihuahua y a la complicidad de los presidentes municipales de Ciudad Obregón, de Hermosillo y de Ciudad Juárez, por haber violado el Artículo 25 de la Ley Reglamentaria del Artículo 130 constitucional.

Dice que el Partido Popular Socialista se ha dirigido al Procurador General de la República denunciando lo anterior a fin de que averigüe lo procedente y ejercite la acción penal en contra de quienes resulten responsables.

Concluye presentando la siguiente proposición:

"Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, reprueba las reiteradas violaciones a la Carta Magna por parte de distintos ministros de culto religioso, y al mismo tiempo los conmina para que ajusten todos sus actos a las disposiciones legales en vigor."

En atención a lo que establece el Artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de la Unión, la Asamblea en votación económica autoriza hagan uso de la palabra en contra varios legisladores.

Acto seguido, usan de la Tribuna para expresar sus puntos de vista y pronunciarse en contra de la proposición, los CC. diputado Gerardo Medina Valdez y diputado Oscar Cantón Zetina; para hechos sobre el mismo tema, el C. diputado Edmundo Jardón Arzate y en contra el C. senador José Patrocinio González Blanco Garrido.

Puesta a consideración de la Asamblea la proposición, en votación económica y por mayoría no la admite a trámite y en consecuencia se da por desechada.

Por su parte, el C. diputado Alberto Salgado Salgado presenta y da lectura a una Iniciativa de Decreto tendiente a reformar los Artículos 73, 74, 77, 309, 329 y 425 del Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y del Distrito Federal de la H. Cámara de Diputados e imprímase.

Se da lectura al orden del día de la sesión próxima.

A las trece horas y cuarenta minutos se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el día veintidós del actual, a las once horas."

Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba... Aprobada, señor Presidente.

INVITACIONES

- El mismo C. Secretario:

"Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Poder Ejecutivo Federal.- México, D.F.- Departamento del Distrito Federal.

México, D. F., junio 17 de 1983.

C. senador licenciado Miguel González Avelar, Presidente de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.- Palacio Legislativo.- Presente.

El Departamento del Distrito Federal por conducto de esta Dirección General, ha puesto en marcha un programa de Acción Cívica, con el propósito de fomentar y preservar la concientización cívica ciudadana, por ello, atentamente invita a usted al acto conmemorativo del CXXII Aniversario luctuoso del general Leandro Valle, que tendrá lugar el próximo día 23 del actual a las 10:00 horas, ante el nicho que guarda sus restos en el panteón de San Fernando de esta ciudad.

Al propio tiempo, me permito solicitarle tenga a bien dictar sus respetables indicaciones, con objeto de que una comisión asista al acto de referencia con la representación de ese H. Congreso de la Unión que usted preside.

Reitero a usted, las seguridades de mi distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Director de Programación y Acción Cívica, arquitecto Karl Godoy F."

El C. Presidente: Para asistir a este acto en representación de esta honorable Comisión Permanente, se designa a los siguientes ciudadanos legisladores: senador Luis José Dorantes Segovia, diputado Miguel Angel Morado

Garrido y secretario senador Rafael Cervantes Acuña.

- El C. secretario diputado Silverio R. Alvarado:

"Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Poder Ejecutivo Federal.- México, D. F.- Departamento del Distrito Federal.

México, D.F., a 24 de junio de 1983.

C. senador licenciado Miguel González Avelar, Presidente de Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.- Palacio Legislativo.- Presente.

El Departamento del Distrito Federal por conducto de esta Dirección General, ha puesto en marcha un programa de Acción Cívica con el propósito de fomentar y preservar la concientización cívica ciudadana, por ello, atentamente invita a usted al acto conmemorativo del CLXIX Aniversario luctuoso del Benemérito de la Patria, general Hermenegildo Galeana, que tendrá lugar ante la estatua erigida a su memoria, ubicada en el Paseo de la Reforma (tramo comprendido entre Amazonas y Guadiana), el día 27 del actual, a las 10:30 horas.

Al propio tiempo, me permito solicitarle tenga a bien dictar sus respetables indicaciones, con objeto de que una comisión asista al acto de referencia y efectúe el depósito de la ofrenda floral, con la representación de esa Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a su digno cargo.

Reitero a usted, las seguridades de mi distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Director de Programación y Acción Cívica, arquitecto Karl Godoy E."

El C. Presidente: Para asistir a dicho acto en representación de esta honorable Comisión Permanente, se designa a los siguientes ciudadanos legisladores: senador Abraham Martínez Rivero, diputado Alberto Salgado Salgado y secretario diputado Eulalio Ramos Valladolid.

COMUNICACIONES

- El C. secretario diputado Silverio R. Alvarado:

"Chilpancingo, Gro., a 31 de mayo de 1983.

C. Presidente de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.- México, D. F.

Me permito comunicar a usted que en sesión ordinaria de esta fecha, se clausuró el primer periodo ordinario de sesiones, habiendo quedado integrada la H. Diputación Permanente que cubrirá el primer receso del tercero y último año de ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Legislatura del Estado, de la siguiente manera:

Presidente, Alicia Buitrón Brugada; secretario, Mateo Aguirre López; vocal, Félix Liera Ortiz; suplente, Ernesto Sandoval Cervantes.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle las seguridades de mi consideración muy distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

El Presidente del H. Congreso del Estado, diputado Bautista Lobato Serna."

- Trámite: De enterado.

- El mismo C. Secretario:

"C. Presidente de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.- México D. F.

La H. Sexagésima Tercera Legislatura Constitucional al Congreso del Estado de Nuevo León, en sesión ordinaria celebrada el día 31 del mes de mayo, y conforme lo señala el Artículo 55 de la Constitución Política Local, clausuró su Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, prorrogado, correspondiente al Primer Año de Ejercicio Legal, así mismo, eligió a los integrantes de la Diputación Permanente que actuará durante el receso, quedando de la siguiente manera:

Presidente, licenciado Salvador Garza Salinas; secretario, J. Trinidad del Real Salazar; tesorero, René Reynold Rodríguez Villarreal; suplente, Francisco Cerda Muñoz.

Sin otro particular, reiterémosle las seguridades de nuestra consideración distinguida y atenta.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Monterrey, N. L., a 3 de junio de 1983.- H. Congreso del Estado.- Diputado secretario J. Trinidad del Real Salazar.- Diputado tesorero René Reynold Rodríguez Villarreal."

- Trámite: De enterado.

- El mismo C. Secretario:

"C. Presidente de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.- México D. F.

La III Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en sesión celebrada el día de ayer, procedió a clausurar el Primer Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional.

Asimismo se eligió Mesa Directiva de la Diputación Permanente que fungirá en el primer

periodo de receso que comprende del 26 de mayo al 23 de noviembre del año en curso, quedando integrada de la siguiente manera:

Presidente, Serafín Montufar Bailón; primer secretario, José Melesio Fregoso Ortiz; segundo secretario, Luis Ramón Villanueva García.

Al comunicarle lo anterior, me es grato reiterarle las seguridades de mi más distinguida y atenta consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Cd. Chetumal. Q. R., 27 de mayo de 1983.- La diputada secretaria, profesora Eva Fany Quijano Kini."

- Tramite: De enterado.

- El mismo C. Secretario:

"Villahermosa, Tab., a 3 de junio de 1983.

C. Presidente de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.- México, D. F.

La 'LI' Legislatura del Estado Libre y Soberano de Tabasco, tiene el honor de informar a ustedes que con fecha 26 y 31 del mes de mayo pasado, se inició y clausuró el primer periodo extraordinario de sesiones, correspondiente al primer año de su ejercicio constitucional.

Lo que hago de su conocimiento para los fines conducentes, y aprovecho la ocasión para reiterarles las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

El oficial mayor, licenciado José Eduardo Pinera González."

- Trámite : De enterado.

- El mismo C. Secretario:

"C. Presidente de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.- México, D. F.

Participamos a ustedes que la H. LII Legislatura del Estado de Veracruz - Llave, abrió ayer su tercer Periodo Extraordinario de Sesiones, correspondiente a su tercero y último año de ejercicio legal, clausurándolo hoy, y en el que se conoció y aprobó la reforma, derogación y adición a diversos artículos de la Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana.

La Mesa Directiva que presidió dichos trabajos, fue la siguiente:

Presidente, Dolores Fernández Contreras; vicepresidente, Fernando Rojas Alafitta; secretario, Andrés Pérez Pardavé.

Lo que hacemos de su conocimiento, haciéndoles presente un saludo cordial.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Xalapa, Ver., mayo 13 de 1983.- H. Legislatura del Estado.- Licenciada Dolores Fernández Contreras, diputada presidente.- Profesor Andrés Pérez Pardavé, diputado secretario."

- Trámite: De enterado.

DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA.

CONDECORACIONES

- La C. secretaria senadora Silvia Hernández de Galindo:

"Honorable Asamblea:

La Tercera Comisión que suscribe, efectuó el estudio sobre el permiso que solicita el ciudadano ministro Daniel de la Pedraja y Muñoz, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica en grado de Comendador de Número, que le confiere el gobierno de España.

La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B) del Artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable Asamblea el siguiente.

PROYECTO DE DECRETO.

Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Ministro Daniel de la Pedraja y Muñoz, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Comendador de Número, que le confiere el gobierno de España.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.- México, D. F., a 16 de junio de 1983.- Senador Renato Sales Gasque. - Diputado Joaquín del Olmo.- Senador Heliodoro Hernández Loza.- Diputado Alberto Salgado Salgado.- Diputado Oscar Cantón Zetina.- Diputada Dulce María Sauri Riancho.- Diputado Antonio Vélez Torres.- Senador Luis José Dorantes Segovia."

- Trámite: Primera lectura.

- La misma C. Secretaria:

"Tercera Comisión.

Honorable Asamblea:

La Tercera Comisión que suscribe, efectuó el estudio sobre el permiso que solicita el ciudadano Teniente de Corbeta Cuerpo General Ramón Federico Fonseca Cárdenas, para

aceptar y usar la condecoración Aptitud Militar Profesional, que le confiere la Armada del gobierno de la República Argentina.

La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del Apartado B) del Artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable Asamblea, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Teniente de Corbeta Cuerpo General, Ramón Federico Fonseca Cárdenas, para aceptar y usar la condecoración Aptitud Militar Profesional, que le confiere la Armada del gobierno de la República Argentina.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. - México, D. F., a 20 de junio de 1983.- Senador Renato Sales Gasque.- Diputado Joaquín del Olmo.- Senador Heliodoro Hernández Loza.- Diputado Alberto Salgado Salgado.- Diputado Oscar Cantón Zetina.- Diputada Dulce María Sauri Riancho. - Diputado Antonio Vélez Torres.- Senador Luis José Dorantes Segovia."

- Trámite: Primera lectura.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

- La misma C. Secretaria:

"Primera Comisión.

Honorable Asamblea:

En oficio fecha el 20 de mayo próximo pasado, la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Yolanda Enriqueta Miranda Alvarez y Oscar Augusto Fernández Castro, puedan prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

En sesión efectuada por la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el 15 de junio, de turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

CONSIDERANDO

a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con las copias certificadas del acta de nacimiento;

b) Que los servicios que los ciudadanos Yolanda Enriqueta Miranda Alvarez y Oscar Augusto Fernández Castro, prestarán en la Embajada de los Estados Unidos de América en México, serán de carácter administrativo;

c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II del Apartado B) del Artículo 37 constitucional.

Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo primero. Se concede permiso a la ciudadana Yolanda Enriqueta Miranda Alvarez, para prestar servicios de carácter administrativo en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

Artículo segundo. Se concede permiso al ciudadano Oscar Augusto Fernández Castro, para prestar servicios de carácter administrativo, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. - México, D. F., a 16 de junio de 1983.- Senador Ernesto Millán Escalante. - Senador J. Patrocinio González Blanco G.- Diputado Edmundo Jardón Arzate.- Senador Raúl Salinas Lozano.- Senador Abraham Martínez Rivero.- Diputado Baltazar I. Valadez Montoya.- Diputado Miguel Angel Morado Garrido.- Diputado Maximiliano Silerio Esparza."

- Trámite: Primera lectura.

DICTAMEN A DISCUSIÓN

CARGO CONSULAR

- La misma C. Secretaria;

Primera Comisión.

Honorable Asamblea:

En escrito fechado el 14 de abril del año en curso, el ciudadano José Daniel Ruiz Flores, solicita el permiso constitucional necesario para poder aceptar y desempeñar el cargo de Vicecónsul Honorario de Noruega, en Coatzacoalcos, con jurisdicción en Coatzacoalcos y Minatitlán, del Estado de Veracruz, y en los Estados de Tabasco y Oaxaca.

En sesión efectuada por la Comisión Permanente el día 4 de mayo próximo pasado, se turnó a la Comisión que suscribe, para su estudio y dictamen, el expediente relativo a esta solicitud.

CONSIDERANDO

a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana, con la copia certificada del acta de nacimiento y su domicilio, con la constancia de residencia;

b) Que los servicios que el propio solicitante prestará al gobierno de Noruega, serán de carácter estrictamente consular y en forma honorífica;

c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido por la fracción II del Apartado B) del Artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable Asamblea, el siguiente.

PROYECTO DE DECRETO

Artículo único. Se concede permiso al ciudadano José Daniel Ruiz Flores, para aceptar y desempeñar el cargo de Vicecónsul Honorario de Noruega en Coatzacoalcos, con jurisdicción en Coatzacoalcos y Minatitlán, del Estado de Veracruz y en los estados de Tabasco y Oaxaca.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.- México, D. F., a 6 de junio de 1983.- Senador Ernesto Millán Escalante.- Senador J. Patrocinio González Blanco G.- Diputado Edmundo Jardón Arzate.- Senador Abraham Martínez Rivero.- Diputado Baltazar I. Valadez Montoya.- Diputado Miguel Angel Morado Garrido.- Diputado Maximiliano Silerio Esparza."

Segunda lectura.

Está a discusión el proyecto de Decreto...

No habiendo quien haga uso de la palabra, se va a proceder a recoger la votación nominal.

(VOTACIÓN.)

Se emitieron 24 votos en pro.

El C. Presidente: Aprobado el proyecto de Decreto por 24 votos.

- La misma C. Secretaria: Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

CONSIDERACIONES SOBRE LA INVERSIÓN EXTRANJERA

El C. senador Raúl Salinas Lozano: Pido la palabra, señor Presidente, para hacer algunas consideraciones.

El C. Presidente: Tiene el uso de la palabra el ciudadano senador Raúl Salinas Lozano.

El C. senador Raúl Salinas Lozano: Señor Presidente; compañeros legisladores. Me he permitido pedir el uso de la palabra, para comentar algunos hechos que están en el ambiente que se están discutiendo y que consideramos deben aclararse en algunos puntos y ampliarse en algunos otros.

Desgraciadamente se han mezclado varios temas al mismo tiempo, todos ellos imbricados, todos ellos relacionados entre sí, pero todos ellos también con su propio perfil, el tema de la rectoría de estado está en discusión en algunas partes no obstante que las reformas que se llevaron a cabo en el último Congreso Ordinario sobre los artículos económicos de la Constitución y en especial sobre el Artículo 28 constitucional han dejado ya aclarado este tema.

El gobierno tiene la intención de continuar bajo determinaciones de la Constitución Política Mexicana que dicta la rectoría del Estado.

También ha sido tema de discusión y de distintos planteamientos la cuestión de los impulsos a las inversiones tanto del sector público como del sector privado y del social, ese tema está también íntimamente relacionado con las modificaciones a los artículos económicos de la Constitución y deben de tener a su vez su foro, su discusión, su enfrentamiento, su amplitud, etcétera.

Pero hay un tema que muy recientemente, apenas hace unos días ha tomado una muy especial importancia por las declaraciones tanto de los partidos políticos como de columnistas, como de medios informativos en general, se trata del tema de la inversión extranjera. No cabe duda que es un tema muy importante para el México, el de ayer, el de hoy y el de mañana; no cabe duda que es muy útil que todos los mexicanos, sobre todo aquellos que tienen alguna voz, den su punto de vista sobre este importante tema.

Pero nosotros, los miembros del Partido Revolucionario Institucional, sí quisiéramos desgrosar un poco, perdón la expresión incierta, discusión no muy profunda, y tratar de canalizar este tema en sus dimensiones justas, en su apreciación real.

La inversión extranjera está implícita, está dentro de la Constitución Mexicana desde 1917, y en especial en su Artículo 28 constitucional; ahí se inicia la preocupación de los Constituyentes y del pueblo de México en ver este aspecto de la economía como un aspecto especial al que hay que darle una atención también especial.

Pero es preciso que puntualicemos algunas cuestiones necesarias en relación con este tema. En primer lugar, decimos que el candidato a la Presidencia de la República, el licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, expresó durante toda su campaña, como uno de los puntos fundamentales, la independencia económica

de México. El Jefe del Ejecutivo actual, en sus puntos declaratorios del primero de septiembre y posteriormente, ha reiterado que la cuestión de la independencia económica del país es inalterable, debemos seguir por ahí; debemos confiar los mexicanos fundamentalmente y principalmente en nuestros propios esfuerzos para poder enfrentar la crisis y reencontrar el camino.

Pero no solo es eso, que es bastante; también en el Plan Nacional de Desarrollo se determina que la independencia económica es punto fundamental y primero en dicho documento y plan de acción del gobierno actual, por lo tanto no hay duda, no nos equivoquemos, el actual gobierno la actual administración, el partido, estamos totalmente definidos en que es nuestro propio esfuerzo, en que somos los mexicanos los que debemos hacer el mayor, intenso y profundo esfuerzo para salir de una crisis profunda y para encontrarnos con el futuro que ya está aquí hoy. ¿Por qué entonces, no obstante estas claridades en las expresiones del candidato, en las expresiones del Jefe del Ejecutivo, en las expresiones del Plan Nacional de Desarrollo, en las expresiones claras de funcionarios actuales del gobierno en que definen definitivamente que haremos todo aquello que los mexicanos necesitamos, por nosotros mismos? Y sólo en el caso marginal supletorio, veremos que venga el capital extranjero. Pero vamos a definir un poco más, vamos a entrar al grano de la inversión extranjera. En el mes de mayo de 1973, se expidió la ley para promover la inversión mexicana y regular la inversión extranjera. Esta ley se llevó a cabo con una gran sensatez, por funcionarios responsables - estoy hablando de 1973- . Esta ley que yo sepa, nadie ha pensado hasta este momento, cambiarla. Esta ley sigue con nosotros. La ley expedida en mayo de 1973.

Sin embargo, se plantean, y quien diga lo contrario, perdón, quien diga que estará por encima de esta ley, quien sea, está equivocado; porque el nuestro es un régimen de derecho; primero está la ley y si es que se quiere cambiar, se tendrá que seguir el procedimiento adecuado. Pero hasta este momento, no ha habido nadie, ninguno, que haya dicho que esta ley no está vigente o que esta ley estará sujeta a violación.

¿Qué es fundamentalmente, lo que ha traído un tanto esta discusión? Se dice, se dice, que se está flexibilizando, flexibilizando, se irá a flexibilizar la ley. Pero lo que sucede es una cuestión que vale la pena en este momento recalcar. En el momento actual de crisis en México y de crisis internacional, debemos hacer un esfuerzo por ya no seguir ocurriendo, y ya no podemos seguir ocurriendo al mercado externo de capitales.

Digo, ni podemos ni debemos, seguir ocurriendo al mercado extranjero de capitales.

Debemos, debemos, tratar por todos los medios posibles de hacer lo nuestro. Y lo que nos falta veremos qué condiciones ponemos para que el capital externo venga a invertirse en México.

Un alto funcionario del actual gobierno acaba de hacer una declaración que me parece muy interesante, de que ya no sigamos admitiendo, dice él, aquellos productos que vayan a consagrarse a producciones que no sean útiles, que no sean tóxicas, envenenadoras o pueriles e intranscendentes, que ya no nos vendan más marcas y más envolturas, calidad y salud en lo que se refiere a alimento.

Y en otros campos que traigan su plan de inversión, pero no con procesos interrumpidos, que nos hacen más dependientes del exterior.

Yo creo que esta es una magnífica declaración, una magnífica declaración. Y yo creo que este es el pensamiento también de otros funcionarios que han dicho lo mismo incluyendo lo que se refiere a empresas de participación estatal.

¿Qué es lo que busca el actual gobierno en materia de inversión extranjera? Está en el Plan Nacional de Desarrollo, yo creo que es preciso que todos nosotros volvamos al Plan Nacional de Desarrollo y voy a leer lo que dice al respecto:

"En esta materia es preciso modificar - en materia de inversión extranjera - modificar la actitud pasiva y de regulación a la entrada, adoptando una estrategia activa y de fomento selectivo en las ramas que sustituyen eficientemente importaciones y generen exportaciones.

¿Por qué dice esto? Porque hay una realidad que hemos vivido en materia de inversiones extranjeras.

En primer lugar, debo decirlo, quizá sea yo también corresponsable, se ha permitido que venga la inversión extranjera a los lugares que ella ha querido venir, y no a los lugares que nosotros queremos que venga. Esta es la actitud pasiva de que habla el Plan Nacional de Desarrollo. Ya no queremos que vengan, o a comprar empresas, empresas muchas veces eficaces, tampoco queremos que vengan, como una empresa más, a sobresaturar la industria interna nacional; tampoco queremos que sigan viniendo con tecnología sofisticada, que esté en contra de las circunstancias, de los factores productivos nacionales. No queremos ya esto. Lo que desea el actual gobierno es tener esa calificación precisa antes de dar un dictamen favorable sobre la inversión interna, sobre la inversión extranjera en el país. Pero además tampoco tenemos que permitir que venga inversión extranjera donde ya está la inversión

extranjera. Por eso es que algún funcionario especificó dónde no debería de venir porque ahí se ha concentrado el 50% de la inversión extranjera en México. En la industria automotriz, en autopartes, en petroquímica secundaria, en aparatos electrónicos, etcétera.

Por lo tanto creemos que la actitud del gobierno actual es una actitud positiva. Definitivamente positiva porque da un avance a lo que la ley explícitamente dice. Da un avance, lo hace selectivo; lo hace solamente para aquello que retiramos. En las condiciones que retiramos. Hemos dicho aquí, y lo volvemos a repetir y es parte también, en nuestra falta de buena estructura industrial, que actualmente importamos demasiado dentro de la propia industria. Ha habido, sin duda alguna, una mala integración industrial que debemos corregir. Y ahora no queremos que vuelva a repetirse eso y que nos traigan industrias o inversiones que nos liguen todavía más a importaciones del exterior.

Se dice que para qué buscamos la inversión extranjera si es muy pequeña. Yo creo que esta es una actitud no correspondiente a un país en desarrollo, ni siquiera a países desarrollados, también los países desarrollados tratan de obtener nuevas industrias cuyas tecnologías no las puede desarrollar y las traen de afuera. No tengamos tanto temor, no tengamos esa pequeñez en ver las cosas, cuidémoslas con el sentido nacionalista mexicanista e independiente que debemos de tener. Pero tampoco nos vayamos a considerar que esto puede quitarnos nuestra propia identidad nacional, si es en los montos y en las condiciones que nosotros deseamos.

Por eso señor Presidente, yo considero que debemos ver esto con realidad, con tranquilidad, con firmeza. No deseamos de ninguna manera, abrir las puertas indiscriminadamente, a través del capital extranjero, porque estamos en una situación difícil. Sí estamos, pero ni esto lo va a resolver. La resolución de los problemas tiene que ser nuestra. Esto es, vuelvo a repetirlo, complementario y suplementario. Tengamos, compañeros legisladores, la seguridad de que el gobierno actual está caminando y haciendo las cosas en favor de México y de los mexicanos. Muchas gracias.

El C. Presidente: Tiene la palabra el ciudadano diputado Edmundo Jardón Arzate.

El C. diputado Edmundo Jardón Arzate: Señor Presidente; respetables miembros de esta Comisión:

El asunto del que nos estamos ocupando, del que se ha ocupado el maestro Salinas Lozano, no es nuevo por desgracia, de vez en vez se ha de volver a él con mayor o menor insistencia, con preocupación, seriedad y visión clara del destino que deseamos para todos nosotros los mexicanos, sin la superficialidad, el desparpajo y el cinismo de quienes no por haber nacido aquí, hijos de mexicanos, niegan con su conducta y con sus ideas su condición de compatriotas.

Se trata de la dependencia o, si se quiere verlo en positivo, de la independencia de México.

Asunto del que tal vez nos estaríamos ocupando ahora con otra perspectiva, con otro enfoque y con otros propósitos, si el ancho camino abierto durante el gobierno de Lázaro Cárdenas no hubiera sido angostado con posterioridad hasta convertirlo en brecha cada día más intransitable.

Porque durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, el camino de México, del pueblo mexicano, estaba definido, era el camino de la no dependencia, de la independencia; de un destino, de un futuro que, en todo caso, sería definido y decidido por los mexicanos. Porque durante el término de este sexenio, aparte reforma agraria o distribución menos inequitativa de la riqueza, como nunca antes se había dado o se ha vuelto a dar en nuestra historia, y los datos estadísticos están ahí para quien quiera comprobarlo, México fue independiente; deuda exterior, cero; inversión extranjera directa, arrastrada desde el porfiriato, reducida de 4 mil millones de dólares a 411 millones.

Tema recurrente porque después de varias semanas de anuncios incompletos sobre la política de empresa pública, el gobierno federal ha venido mostrando, en el curso de este mes, la verdadera cara en lo que se refiere a la reestructuración del sector público de la economía.

Los criterios más o menos anticipados desde el pasado mes de diciembre, se han basado en las variables financieras y en los equilibrios contables a través de los incrementos de precios y tarifas, los reajustes de personal y los frenos a la inversión, en un intento por alcanzar, ante todo y a toda costa, la reducción drástica del déficit público, aunque para ello se tenga que recurrir a la desnacionalización de la economía, a retrocesos en la intervención directa del Estado en áreas estratégicas de la producción, cediendo a empresas transnacionales lo que era ya parte del patrimonio nacional.

Esto es lo que ha sucedido con la llamada "venta" de las acciones que Somex y Dina poseían en las empresas Vehículos Automotores Mexicanos y Renault de México.

Mal llamada "venta", porque no sólo se abandona la participación accionaria sino que se hace de esto, de hecho un regalo.

No otra cosa significa que el gobierno federal asuma 16,000 millones de pesos en pasivos de VAM y RENAULT recibiendo sólo 4,500 millones de pesos por la venta que se consumará en septiembre.

Si grave es la pérdida neta de la operación financiera, más lo es lo que significa eso en la política y manejo de empresas públicas en la participación del Estado en la economía y en el papel y control de la inversión extranjera.

La Secretaría de Economía, Minas e Industria Paraestatal justifica este hecho argumentando que forma parte de la política que el gobierno federal "ha definido para reestructurar la industria paraestatal, reorientando esfuerzos y recursos en las actividades prioritarias que les permitan consolidar la rectoría del estado en el desarrollo nacional."

El responsable de dicha Secretaría había afirmado a principio de mayo que el Estado sólo participaría "en las actividades que son prioritarias para el país y que pueden significar una mayor aportación a los objetivos nacionales en términos de fortalecimiento de nuestra independencia."

Pero más allá de declaraciones, no es posible concebir que el fortalecimiento de nuestra independencia o la consolidación de la rectoría del Estado en el desarrollo nacional pueda lograrse dejando en manos de transnacionales empresas tan importantes como las que nos ocupan.

Intentar justificar eso, sosteniendo que el estado debe dedicarse a la producción de equinos para la transportación de carga y pasaje no es satisfactorio, pues no se trata de dos industrias disociadas y además no puede sostenerse seriamente que la industria automotriz en su conjunto no sea prioritaria para el país incluyendo por supuesto la producción de automóviles.

Como prioritaria se la consideró, y con razón, en el Decreto Presidencial de 1977.

¿No es acaso estratégica una rama de la economía que ocasiona efectos tan negativos en la balanza comercial? ¿Que es receptora de tantos estímulos fiscales? ¿Que tiene un saldo negativo en su balanza de divisas?

La industria automotriz es de hecho determinante para el aparato productivo, es uno de los sectores que más importa controlar directamente y no sólo por medio de política de precios, fiscales o cambiarios.

El trato que tal rama de la economía ha recibido y sigue recibiendo, es una muestra de que en realidad la industria automotriz sí es considerada prioritaria, por más que ahora se pretenda decir lo contrario.

Basta recordar el lugar que ocupa como receptora de los estímulos fiscales otorgados por el gobierno federal.

La rama automotriz, sólo ella, recibió de 1977 a 1981 en promedio, el 33% de todos los estímulos otorgados, y durante todo el sexenio pasado poco más de la mitad del valor global de los certificados de Promoción Fiscal.

Puede afirmarse que esta actividad ha recibido un trato de privilegio como pocas, y los hechos demuestran también que es de las que menos han cumplido con las condiciones y plazas para su integración nacional y para beneficio de la nación estipulados en el Decreto de 1977.

Los múltiples Decretos, acuerdos y disposiciones girados en favor de la automotriz, han señalado insistentemente que es necesario convertir a tal industria en generadora neta de divisas, que es necesario integrarla nacionalmente, que es necesario reducir sus importaciones, etcétera.

Y por todo ello el gobierno federal ha venido justificando el trato preferencial.

Sin embargo, muchas de las medidas que se aplicaron resultaron contradictorias con tales objetivos y el mismo gobierno no aprovechó coherentemente su participación directa en VAM y Renault para lograrlo.

Los dueños de la industria automotriz han sido en buena medida responsables de algunos de los problemas que agudizaron la crisis económica que hoy vivimos, ya que afectaron negativamente sobre todo las relaciones económicas con el exterior.

El saldo de su balanza comercial fue crecientemente negativo en 1977 importaban 385 millones de dólares más de lo que exportaban, y para 1981 tal cantidad se había elevado ya a 2,148 millones de dólares, pues las exportaciones automotrices sólo aumentaron 46% en esos años, mientras las importaciones se triplicaban.

Esto ocasionó que las empresas de la rama, pese a los Acuerdos de 1977, tuvieran un saldo negativo de divisas; sólo en 1981 el saldo de éstas fue de 12.510 millones de pesos.

Lo que sucedió es que la industria automotriz no respondió a las metas fijadas de integración nacional, por lo que se recurrió crecientemente a la importación, en vez de promover la producción interna de los componentes necesarios, lo que se facilitó por la política de liberalización del comercio exterior. Sólo así se explica la creciente participación del déficit comercial automotriz externo dentro del déficit total de la balanza comercial. Tal participación pasó del 36% en 1977, a 58% en 1981, porcentaje que no era observado desde los años 50s.

Si en términos de comercio exterior el comportamiento reciente de esta rama fue negativo, en términos de generación de empleos estuvo también muy por debajo de lo esperado.

Pese a que de 1977 a 1981, la producción física de automóviles y camiones, autopartes, etcétera, se elevó a más del 60%, el empleo de 1977, apenas se mantuvo en ascenso hasta 1981 y ya para 1982, fueron despedidos 20 mil trabajadores. Cifra ésta que puede repetirse o rebasarse en 1983, de tal manera que prácticamente todos los nuevos empleos generados desde 1977, están desapareciendo.

Aparte de esto, no hay que olvidar que el crecimiento de los últimos años, no fue tal para los salarios de los obreros y empleados automotrices, aunque las ganancias sí se elevaron desproporcionalmente, concentrándose aún más el ingreso en este sector.

Dentro del valor generado en esta industria, los salarios y sueldos representaban en 1977, el 47% y los excedentes de explotación, que no es lo mismo que las ganancias, pero que nos da una idea de ellas, ocupaba el 49%. Para 1981 los sueldos y salarios eran ya el 35%, mientras que los excedentes de explotación representaban el 55%. Este fue el verdadero resultado de los estímulos fiscales, de la contención salarial, y aunque en efecto se realizaron nuevas inversiones, el incremento de las ganancias automotrices antes que nada, se fugó como remisión de utilidades y otros pagos al exterior, pues el 85% de la producción hasta antes de este mes, era propiedad transnacional.

Este breve repaso de la realidad en tal sector de la economía, comprueba lo absurdo de abandonar empresas por medio de las cuales puede incidirse directamente en la industria automotriz. Y más absurdo aun es que se haya hecho precisamente ahora que la crisis, en cierta medida, facilita una redefinición de las reglas de funcionamiento de aquélla.

Lo cierto es que no sólo no se ha redefinido nada. Lejos de esto se han puesto en vigor nuevas disposiciones que profundizan el esquema de protección a las transnacionales del ramo, como las disposiciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que de nuevo exentan a las empresas automotrices de los impuestos a la importación o como las preferencias otorgadas en la venta de divisas.

En los próximos años si se llega a reanimar la actividad económica, de nuevo se presentarán los problemas que en el periodo reciente afloraron, a pesar de que pueda haber más exportaciones por las plantas que apenas están madurando.

Es ahora cuando se puede reestructurar la industria en torno a empresas de propiedad estatal. Esto sí permitiría "consolidar la rectoría del Estado en el desarrollo nacional."

Desprenderse de empresas puede significar precisamente lo contrario. Es ahora cuando más se requeriría racionalizar la producción de automóviles, para lo que en primer lugar se tendría que reducir drásticamente el número de marcas y modelos. Hoy hay más de 47 versiones de los automóviles fabricados en México, pero esto impide fabricar los componentes internamente, sobre todo si se permite la renovación total de modelos con tanta frecuencia.

También es necesario dejar de subsidiar a las transnacionales de esta rama, y ésta también podía haber sido una forma de iniciar una transformación del sector. Si las pérdidas de VAM y Renault se tomaron como pretexto para salirse de ellas, se debió primero haber considerado que más pérdidas ocasionan los cuantiosos subsidios que se siguen otorgando a los demás productores.

Este caso concreto pone en evidencia la forma en que se decide la suerte del sector público. Con una simple medida administrativa autosancionada, el Ejecutivo se permitió vender una empresa que pertenecía mayoritariamente a la nación. Y a partir sólo de acuerdos o decretos ha venido manejando a su antojo la industria automotriz.

Las innumerables atribuciones que el Poder Legislativo ha cedido, le dan al Ejecutivo tal capacidad de manejo, que puede tomar decisiones de la mayor trascendencia con tan sólo disponer la anuencia de una comisión y la conveniencia de otra.

Bastó que la Comisión Intersecretarial de la Industria Automotriz dictaminara a favor y que la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras hiciera lo mismo, para que la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal autorizara una venta, como se dice en el anuncio oficial, para que "el Estado retire su participación en la fabricación de automóviles."

No está de más llamar la atención sobre la reducción que aquí se hace de la palabra "Estado". Y tampoco sale sobrando insistir en el caso inexistente control que el Poder Legislativo tiene sobre las paraestatales y sobre la participación pública mayoritaria o minoritaria en las empresas, aunque el descontrol empieza desde la libertad que el Ejecutivo Federal tiene para crear empresas o participar en ellas, y la libertad que tiene para disolverlas o venderlas.

Sólo como ejemplo se puede mencionar el Artículo 5o. de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, que autoriza al Ejecutivo para decidir sobre "la participación estatal de las empresas, sociedades o asociaciones civiles o mercantiles, ya sea en su creación para aumentar su capital o patrimonio",

etcétera, o varios artículos de la Ley para el control de los organismos descentralizados y empresas de participación estatal que permiten la disolución o venta de éstas.

Los criterios con los que se manejan todas estas facultades son tan flexibles, que permiten una acción desnacionalizadora invocando el fortalecimiento nacional. Esto nos hace por lo menos temer por el contenido del programa de Empresa Pública que próximamente deberá presentar la Secretaría de la Contraloría General de la Federación.

Pero hay, además, otro aspecto que es necesario destacar y que de ninguna manera es secundario.

La venta que comentamos tampoco fue una venta cualquiera porque se hizo a capital extranjero. Ya ha venido aclarándose la verdadera política que el actual gobierno seguirá en relación a las transnacionales, pero el colmo es que sea el propio gobierno federal quien les conceda la propiedad nacional.

Algunos secretarios de Estado se han encargado de enfatizar que la legislación sobre la inversión extranjera, no requiere modificaciones ni adaptaciones para captar más inversiones del exterior y lo cierto es que con la ley, tal como está, las transnacionales podrían apropiarse de casi toda la economía nacional, aunque de hecho controlen ya la mayoría de las áreas estratégicas.

Es bastante clara la lección que nos dan los países que recientemente se han abierto a la inversión extranjera como recurso para solucionar la insuficiencia del ahorro interno. Y son también bastante claros los resultados de la inversión extranjera en México.

La amenaza real de hoy, de la que hay ya algunas evidencias, es que se alejan cada vez más las modificaciones estructurales que el país requiere y aunque el Plan Nacional de Desarrollo las introduzca como objetivos, lo que en realidad se está haciendo al abrir más el país al capital foráneo, es profundizar para el largo plazo las limitaciones que ahora nos mantienen en el atraso y en la dependencia.

Contra lo que otros puedan sostener yo digo que sí es necesario modificar la legislación actual sobre inversión extranjera. Mi opinión sería que quedara eliminada, pero eso lo dejo para cuando los socialistas revolucionarios accedamos el poder.

Pero por ahora sería bastante con que esa legislación se modificara conteniendo los 4 puntos centrales propuestos por la Confederación de Trabajadores de México: Control en la asignación por áreas, balance favorable de divisas, reinversión y control de utilidades y transferencia de tecnología.

No es posible que una comisión que ni siquiera está sujeta a reglamentos tenga capacidad para determinar los casos en los que el capital foráneo puede participar con porcentajes mayores a los que la propia ley señala en su Artículo 5o. o para decidir si ese capital puede adquirir empresas nacionales.

Estas y otras atribuciones que se conceden a la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras permiten que la ley sea ahora tan flexible que puede llegarse con esa flexibilidad a la desnacionalización cabal de toda nuestra economía, a la integración de México, a los dictados de las transnacionales dominadas particularmente por los monopolios norteamericanos.

Asunto este de la dependencia o de la independencia que, por desgracia, no acaba de resolverse en este último sentido, pese a que ya desde más de siglo y medio mentes lúcidas veían con claridad los riesgos de la dependencia.

En efecto, en 1985 en respuesta a las publicaciones del Siglo XIX, números 1211, 1212, 1222 y 1224 tomadas del Censor de Veracruz, en las que se atacaba el establecimiento de fábricas de algodón con capital mexicano, y que aconsejaba preferir la importación de productos con esa materia prima que, en todo caso, simplemente deberíamos exportar como tal o, en todo caso también, dejar que fueran capitalistas extranjeros los que se encargaran de esos menesteres fabriles. el Diario del Gobierno, y cómo siento desconocer el nombre del autor de la respuesta, decía: "Por consecuencia de la independencia de los pueblos de este continente, ningún poder extraño ha podido ya darnos leyes en su provecho y en nuestro daño; nuestra industria no ha podido ni puede ser en adelante tiranizada, para obligarnos a consumir las producciones extranjeras de preferencia a las nuestras. Pero el interés ingenioso, no ya de la Península sino de otras naciones manufactureras, ha pretendido sustituirse al gobierno colonial para hacernos tributarios en nuestros consumos, y no pudiendo emplear la autoridad, procurar que las doctrinas y las falsas ideas obren lo que otra vez obró la sumisión y por eso se ha mirado y mira, como la independencia misma, la creación de una industria propia".

"Esta es la causa de los escritos erróneos o estudiosos de los que nos dicen desde las tribunas o desde sus bufetes, lo que en tiempos atrás se nos decía desde el trono. Se nos quiere llevar a la dependencia del error y del alucinamiento después de sacudirnos la del poder."

"Deberíamos - como se nos anota textualmente - exportar el trapo y el maguey para que se nos retornase en papel; la lana para recibir sombreros, jergas, zarape y paños, el algodón para que se importasen rebozos y en

manta, y así de todos en cuanto da ocupación a los mexicanos y consumo a las materias primas."

¡Lastima grande en el fondo, más de siglo y medio después, sigamos debatiendo hoy sobre lo mismo! Muchas gracias, señor Presidente.

- El C. diputado Héctor Ramírez Cuéllar:

Pido la palabra señor Presidente.

El C. Presidente: Tiene el uso de la palabra el diputado Héctor Ramírez Cuéllar.

- El C. diputado Héctor Ramírez Cuéllar:

Señor Presidente; compañeros integrantes de la Comisión Permanente. El gobierno federal anuncio hace poco la venta de dos empresas estatales de la rama de la industria automovilística a inversionistas norteamericanos, perdón, franceses, planteando que esto se debía al fuerte endeudamiento que esas compañías estatales tenían. Al poco tiempo nos enteramos por medio de la prensa nacional que existía dentro del gobierno el interés, si no de reformar la Ley de Inversiones Extranjeras, sí de hacerla más flexible en su aplicación con el objeto de que el capital extranjero pudiera participar hasta en un 100% en empresas mexicanas y el día de hoy se anuncia también la venta de otras empresas, aunque no se precisan cuáles, al sector privado de la economía. Para el Partido Popular Socialista estos son hechos y declaraciones que van en contra del desarrollo económico independiente de nuestro país y que vulneran lo que se había avanzado en la intervención del Estado en la industria automovilística. En el año de 1981 el 85% de la producción de vehículos correspondió a las conocidas firmas norteamericanas, alemanas y japonesas; de ese conjunto las empresas norteamericanas representaron en ese año el 62% de las ventas de vehículos.

¿A qué se debe este predominio incontrastable de las grandes firmas extranjeras? A que desde que terminó el movimiento armado el Estado mexicano abandonó el desarrollo de los ferrocarriles, y en su lugar fortaleció e impulsó el desarrollo de la red carretera nacional, y esto provocó que la industria automovilística norteamericana tuviera como mercado anexo para sus artículos, al mercado nacional que se expandía cada vez más.

El hecho de haber abandonado históricamente a los ferrocarriles, nos ha provocado una grave dependencia con respecto de las firmas norteamericanas de la industria automovilística. Hubo intentos del gobierno por crear empresas estatales en este ramo, pero todas fracasaron, pero sin embargo, los esfuerzos continuaron tanto por la vía de inversiones de creación de empresas, como por la vía de Decretos del Poder Ejecutivo.

¿Cuál ha sido el interés del Estado en la industria automovilística? Evidentemente que aumentar su participación en ella, tanto desde el punto de vista económico como regulando la actividad de esa industria; ha habido múltiples Decretos, como el último de junio de 1977, que establece a las industrias monopolistas norteamericanas la necesidad de que tengan un 65% de componentes o de partes nacionales en el costo de los vehículos. También de que haya un equilibrio entre las importaciones y las exportaciones, tratando el gobierno de que el sector automovilístico extranjero se sujetara a un presupuesto de divisas.

Sin embargo, la realidad es que las firmas extranjeras no se han ajustado a lo que prevén estos Decretos, y por el contrario, continúan una serie de irregularidades en su funcionamiento.

Durante muchos años el gobierno cometió el error de proteger en forma ilimitada a la industria automovilística, evitando las importaciones de vehículos y al final de este periodo de proteccionismo estatal, encontramos el poder monopólico de las 3 firmas norteamericanas ya señaladas.

En lo que se refiere al presupuesto de divisas, al equilibrio entre importaciones y exportaciones, la industria extranjera no ha cumplido con sus compromisos y se mantiene impulsando el déficit de nuestra balanza comercial.

Tampoco ha cumplido con la disminución de marcas y modelos, persistiendo una proliferación de éstos, proliferación absolutamente innecesaria. Y tampoco ha cumplido con el 65% del valor de cada vehículo, que debe ser de partes nacionales. Pero habría que preguntarnos si la industria automovilística es una industria importante o no. En primer lugar, las empresas estratégicas están ya definidas en la Constitución. Pero otro tipo de empresas, que por razón de diferencia de criterios no se incorporaron en la Constitución, no se consideraron como prioritarios, como estratégicas, sí son por lo menos prioritarias o fundamentales. Recuerdo que fue muy complicado el debate para señalar o llegar a la conclusión de cuáles eran las empresas estratégicas en las cuales el Estado tiene un dominio exclusivo y absoluto. Y obviamente al no haber un acuerdo, quedaron fisuras para considerar a muchas empresas importantes, como no estratégicas. Pero sí se llegó a una conclusión: que hay empresas prioritarias fundamentales que en un momento dado pueden ser estratégicas y puede el Estado asumir el control de ellas.

Por ejemplo, hace diez años nadie consideraba estratégica la banca privada, pero ahora

sí se considera estratégica esta actividad financiera del Estado.

Desde el punto de vista económico nacional la industria automovilística representa el 6.8% del producto interno industrial y absorbe el 33% del sacrificio fiscal del Estado. Además esta industria actúa íntimamente vinculada a todo el desarrollo económico del país.

Cuando hay crecimiento económico la demanda de automóviles aumenta y, por lo tanto, se incrementan las inversiones y las utilidades en esta rama. Y por el contrario, cuando hay recesión y estancamiento sufre el mismo fenómeno la industria automovilística.

Esto indica que la industria automovilística no es, no debe ser considerada como una empresa secundaria en la que el Estado no tenga participación. Por el contrario, pensamos nosotros, existe una gran importancia en la intervención del Estado en la industria automovilística, sobre todo en lo que concierne a la fabricación de camiones, de tractocamiones y de autobuses, ahí donde también está presente el capital extranjero.

Pero no solamente ahí debe estar la participación del capital estatal, sino también en lo que corresponde a la fabricación de automóviles populares de cuatro cilindros, que se requieren para la economía nacional. Es decir, para nosotros, no es excluyente que el Estado se dedique a los tractocamiones y por el otro abandone la fabricación de vehículos de carácter popular.

En lo que se refiere a la inversión extranjera el senador Salinas Lozano ha dicho que es preferible la asociación con el extranjero a continuar con la política de endeudamiento externo. Esta tesis la han manejado los Secretarios de Hacienda y de Comercio, pero quien ha ido más lejos ha sido el vocal ejecutivo de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, que declaró que la inversión extranjera podría participar "prácticamente en todos los rubros", a excepción de la industria minera de autopartes y química, que podrá hacer capital extranjero en las empresas establecidas en nuestro país, y agregó, siempre y cuando supedite al interés de la nación. Es decir, hay un dilema para el Estado mexicano. A falta de créditos, porque a México se le han cerrado los créditos internacionales, se recurre a una flexibilización de la aplicación en materia de inversión extranjera. Por eso nos explicamos que el primer anuncio de esta medida se haya hecho por el Secretario de Hacienda en los Estados Unidos, y el segundo anuncio se haya formulado ante miembros de la Cámara Americana de Comercio, por parte del Secretario de Comercio, Héctor Hernández. Es lógico, si la mayoría del capital extranjero es norteamericano, los secretarios de Hacienda y de Comercio buscan una mayor afluencia de este capital, del capital norteamericano.

Es cierto que México tiene serios problemas en materia de financiamiento externo, pero permitir una participación mayor del capital extranjero en empresas nacionales, sí puede resolver, sí resuelve un transitorio problema de falta de financiamiento externo, sí ayuda a superar la carencia de divisas. Esto es cierto, pero eso equivale a ver el problema de la dependencia financiera desde un punto de vista demasiado estrecho y limitado. Porque el capital extranjero viene a nuestro país a invertir, a dejar divisas, pero se ignora deliberadamente que el capital extranjero saca más divisas de México que las que ingresan. Por ejemplo, en el periodo 76- 79 ingresaron a México por concepto de inversiones extranjeras 1676 millones de dólares, en cambio se remitieron a los Estados Unidos 3249 millones de dólares, o sea que a la postre la inversión extranjera más que contribuir a la formación del capital nacional ha contribuido a la descapitalización de nuestro país. Se afirma también, que esta inversión deberá operar de acuerdo con los requerimientos nacionales y los intereses nacionales. Preguntamos nosotros ¿cuándo el capital extranjero, los monopolios norteamericanos han operado en función de los intereses nacionales de los países en los cuales operan?

Precisamente en el seno de Naciones Unidas existe desde hace tiempo una comisión que estudia la reglamentación del capital extranjero y de las empresas monopolistas, a efecto de que no vulneren la soberanía de los países en los cuales tienen sus capitales.

Porque es una ingenuidad pensar que el capital extranjero va a operar en función de la lógica de los intereses nacionales olvidando que la política de las filiales de la inversión extranjera no se formula en nuestro país, sino se formula en las casas matrices que están en los Estados Unidos. No es aquí en donde se decide la inversión, el monto de la actividad a la que se van a revisar, sino es en los Estados Unidos en donde se tratan las líneas de producción, los montos de capital y se deciden si la filial en México va a operar para el mercado nacional, para el mercado Centroamericano o va a tener determinadas características. Si los países capitalistas desarrollados tienen problemas para sujetar la inversión extranjera a sus planes de desarrollo, con mucha más razón tratándose de nuestro país.

Se afirma también que la inversión extranjera realmente no es representativa de nuestro país. Es cierto desde el punto de vista de la inversión bruta total, apenas representa el 6%, pero respecto de la inversión privada, representa el 8%. Sin embargo, éste no es el problema, el problema estriba, como lo señaló el senador

Salinas Lozano, que la inversión extranjera aunque en el monto general no es significativa, está ocupando, si bien es cierto que no las ramas estratégicas de la economía, porque esas están en manos del Estado, por fortuna, sí está controlando las empresas más dinámicas, sobre todo la industria manufacturera. El capital extranjero, por ejemplo, controla el 27% de la industria manufacturera, el 84% de la producción de hule, el 80% de la producción de tabaco, el 77% de los productos químicos, el 62% de la producción de maquinaria, el 69% de la maquinaria eléctrica y el 49% del transporte. Es decir, el capital extranjero se ha desplazado de las ramas estratégicas que hoy están en manos del Estado, para ir a otras ramas en donde la capacidad de obtener ganancias es mucho mayor que en las otras. Y esas industrias, si bienes cierto que no son las estratégicas de acuerdo con la Carta Magna, sí son fundamentales para nuestro pueblo. ¿Alguien podría objetar que la industria alimentaria, la químico - farmacéutica no son ramas fundamentales en la vida del pueblo mexicano? Creo que son ramas fundamentales en las cuales el estado puede y debe participar cada vez más hasta convertir al capital extranjero en un capital verdaderamente auxiliar de inversión nacional y que no se encuentre, ni en las ramas estratégicas por supuesto, ni en las ramas vitales o fundamentales, porque esos tarde o temprano pasarán a ser ramas estratégicas propiedad de la nación y manejadas por el estado.

Por estas razones el Partido Popular Socialista se opone a la venta de acciones de la Renault y de la Vam porque el proceso que se había seguido, si bien es cierto lleno de dificultades y de limitaciones para hacer que el estado interviniera más en el sector automovilístico, aparece cancelado y se cierra la integración, ciertamente, pero la integración del capital extranjero; todo lo que se había avanzado en materia de mexicanización de la industria desaparece y queda todo en manos del capital foráneo extranjero. Además, deseamos plantear nuestra preocupación por la llamada flexibilización de la Ley de Inversiones Extranjeras, porque también se ignora por parte de quienes impulsan esta idea, que con la ley actual el capital extranjero maneja empresas hasta con el 25% del capital ya que dominan la tecnología y además, por el uso de mexicanos prestanombres que escudan al capital extranjero como por ejemplo Inversiones de Miguel Alemán que en realidad son recursos del Grupo Rockefeller pero que en México ante las leyes mexicanas, aparecen como capital de mexicano. Los prestanombres son una penetración del capital extranjero y eso la ley no los castiga, por supuesto. Muchas gracias, señor Presidente.

El C. Presidente: Tiene la palabra la C. diputada Dulce María Sauri Riancho.

- La C. diputada Dulce María Sauri Riancho: Señor Presidente; compañeros legisladores. Creo que nuevamente va a ser necesario retomar algunos planteamientos que se hicieron al inicio de esta discusión, especialmente en relación a una alarma, a un sobresalto en torno a la posibilidad de una trasnacionalización de nuestra economía.

Quiero comenzar con este subrayado a esta idea que se emitió aquí, tomando nuevamente el Artículo 28 de la Constitución de nuestro país. El Artículo 28, piedra angular en la definición de la intervención y la rectoría del Estado en la economía en la que se señalan las áreas estratégicas de la economía que son patrimonio y privilegio del estado mexicano, estas áreas que son nuestros recursos naturales, que es el petróleo, que es la minería, que es la electricidad, que es la acuñación de moneda y los servicios de banca y crédito, estas áreas son las que garantizan y ponen el coto a una posible intervención transnacional en el desarrollo económico de nuestro país, por tanto, hablar de trasnacionalización de nuestra economía creo que es olvidar la esencia y el proyecto que está plasmado en las reformas en materia económica en la Constitución de nuestro país.

Es necesario dejar muy claro y precisar cuáles son esos límites, y cuál es la esencia de la rectoría del Estado en materia económica que señala nuestra Constitución.

También aquí se ha hecho nuevamente referencia al problema de la inversión extranjera y la normatividad que hay en torno a ella. La ley ya señalada, que promueve la inversión mexicana y que regula la inversión extranjera, en sus artículos cuarto y quinto, y perdonen que ponga énfasis en los aspectos legales, tiene una correspondencia con el Artículo 28 constitucional. El Artículo 4o. de esta citada ley, señala expresamente cuáles son las áreas que son exclusivamente patrimonio del estado mexicano, y el Artículo 5o. señala aquellas áreas también de la economía, en las cuales puede participar la inversión extranjera con porcentajes que la propia ley señala. La ley contempla también posibilidades que en aquellas ramas en las que expresamente no está señalado por la citada ley, pueda la Comisión convocada, formada para tal efecto, realizar y revisar el porcentaje en el que puede intervenir el capital extranjero. Esto es importante nuevamente precisarlo, porque son los límites jurídicos legales, que tenemos para analizar y para tratar de normar criterios sobre la posibilidad de ampliación del capital extranjero en la economía del país. Sería conveniente

hacer una revisión, leer los citados artículos para poder precisar y normar algunas opiniones y algunos criterios sobre este tema.

Asimismo, sigamos con la citada ley, el Artículo 13 señala y enumera en 17 puntos, cuáles son las condiciones expresas para las que se debe en la citada comisión, tomar en cuenta para determinar los porcentajes en que la inversión extranjera debe intervenir en determinadas ramas de la economía nacional. No quiero agotar los 17 puntos, únicamente me voy a limitar a citar algunos, tales como ser complementaria de la inversión nacional, no desplazar a empresas nacionales que estén operando satisfactoriamente, ni dirigirse a campos adecuadamente cubiertos por ellas. Sus efectos positivos sobre la balanza de pagos y en particular sobre el incremento de las exportaciones, sus efectos sobre el empleo atendiendo al nivel de ocupación que genere y a la remuneración de la mano de obra. La capacitación y ocupación de técnicos y personal administrativo de nacionalidad mexicana, la incorporación de insumos y componentes nacionales en la elaboración de sus productos, la medida en que financie sus operaciones con recursos del exterior, etc.

No podemos desligar tampoco esta discusión en términos de rectoría del Estado, en términos de intervención del capital extranjero en nuestra economía, del Plan Nacional de Desarrollo al cual se ha hecho alusión también aquí esta mañana.

El Plan Nacional de Desarrollo señala puntos medulares en la política industrial y establece y norma la intervención del Estado en la industria en determinadas ramas de la actividad económica. Se trata de aprovechar eficientemente la participación directa del Estado en áreas estratégicas y prioritarias, para reorientar y fortalecer la industria nacional. La participación directa del Estado en la actividad económica, se orientará a promover la integración y el fortalecimiento de la industria nacional.

La política industrial paraestatal, que también hoy se ha hecho referencia a la política de empresa pública, se revisará en base a dos criterios; en primer lugar, consolidar y fortalecer las industrias estratégicas que la Constitución le asigna en forma exclusiva al Estado; y, en segundo, se reorientará el sector paraestatal, fortaleciendo las áreas prioritarias y eliminan aquellas empresas donde no se justifica en función de la estrategia del Plan, la participación del Estado.

La inversión paraestatal se revisará con criterios de apoyo a cadenas de transformación integradas y se programará con oportunidad para que su demanda apoye la integración y el desarrollo de la industria de bienes de capital intermedio, dando tiempo a la industria para satisfacer las necesidades de la empresa pública.

No se decide por parte de la empresa transnacional el lugar y el cómo de intervenir en los sectores y en las diferentes ramas de nuestra economía. Para ello, están nuestras leyes y está también el Plan Nacional de Desarrollo.

Por otra parte y en relación a la industria automotriz, quizás sí sea conveniente volver nuevamente a establecer los criterios, los lineamientos generales que establece el Plan y que desde luego el programa correspondiente al sector industrial y a la rama de producción específica, afinará y establecerá en términos de metas y números, de metas cuantitativas, valga la redundancia, en fecha próxima.

Señala el Plan, en la parte correspondiente al diagnóstico, que la industria automotriz y de equipo de material de transporte, tiene una especial importancia. A corto plazo, dice el Plan, por los agudos problemas del desempleo tiene alta prioridad la defensa a la planta productiva y el empleo; en particular, para sostener la actividad e impedir una caída de la oferta, se favorecerá la reorientación de ésta hacia las exportaciones.

Dice el Plan: "Dos decenios de intentos fallidos para hacer de la rama automotriz, uno de los pivotes de la integración del aparato industrial, conduce inevitablemente a un mayor realismo en la definición de los objetivos estratégicos de esta rama. A mediano plazo, los objetivos prioritarios son la generación neta de divisas y el apoyo eficiente del desarrollo de la política industrial, del sistema de transporte, por lo que se perseguirá una profunda reestructuración del sector. El Decreto de 1977 y sus adiciones para asegurar las medidas de fomento y desarrollo, señala el plan, será actualizado como marco institucional para alcanzar metas de sustitución eficiente de importaciones y de fomento a las exportaciones, principalmente en lo que se refiere a la aplicación estricta del presupuesto de divisas, generación de empleo y estímulos fiscales. Se racionalizará la producción reduciendo el número de marcas, de modelo, tamaño y potencia, dándole prioridad a los que aumenten las economías de escala y permitan la normalización de sus componentes, en particular los de rápido desgaste.

Dado el carácter marcadamente estratégico de los sistemas de transporte y por tanto de los equipos utilizados para tal fin, se racionalizará la industria productora de equipos de transporte, de tal forma que se logren las integraciones nacionales más altas posibles que sea económicamente viable. La racionalización

de las estructuras productivas de camiones, autobuses y trolebuses, son necesarias para crear las condiciones favorables de producción de componentes, aprovechando al máximo las economías a escala y evitando importaciones innecesarias.

No es excluyente, en efecto, que el Estado se dedique a producir camiones, tracto - camiones y equipo de arrastre, y automóviles, especialmente los de bajo cilindraje. Sin embargo, en este momento creo yo, que es cuestión de oportunidad y de recursos disponibles para destinar a este fin. Creo que con estas puntualizaciones, estas aclaraciones, es conveniente analizar el problema que hoy en la mañana nos ha estado ocupando. Rectoría del Estado en materia económica, posibilidades sobre todo de desarrollo independientemente de nuestro país, posibilidad de un ritmo de desarrollo creciente y sostenido, posibilidad de vencer la crisis de acuerdo y conforme a nuestro proyecto nacional y al fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas. Todo esto ha salido a colación hoy en la discusión tan importante de esta mañana. De cualquier manera yo creo que de todos estos elementos vertidos queda claro, queda firme la voluntad, la seguridad de estar comprometidos con un solo dogma, un solo dogma permítanme recalcar, que es el dogma de la Constitución Mexicana, que es el dogma de nuestras leyes y de nuestro compromiso para llevarlas adelante. Muchas gracias.

El C. Presidente: Tiene la palabra el ciudadano diputado Gerardo Medina Valdez.

El C. diputado Gerardo Medina Valdez: Señor Presidente; legisladoras, legisladores. Creo que hasta el más lego en estas materias podría ponerse a temblar con la sujeción a un dogma que ha sido manchado y modificado más de 200 veces desde que fue promulgado. Debemos sin embargo agradecer a quienes no hayan leído el Plan Nacional de Desarrollo, las citas aquí escuchadas para responder a planteamientos que me parecen sumamente importantes formulados por los diputados Edmundo Jardón Arzate, del PSUM y Héctor Ramírez Cuéllar del PPS. En relación con la situación en México de la inversión extranjera, y después del honorable senador Raúl Salinas Lozano, y antes el representante del PPS, el señor diputado Edmundo Jardón Arzate, se ha referido centralmente a la operación por la cual el gobierno de México vendió a la Compañía Renault, propiedad del gobierno de Francia, las constructoras, armadoras o maquiladoras de automóviles Renault y vehículos automotrices mexicanos, VAM, el diputado Jardón ha censurado esa venta, también lo ha hecho el diputado Ramírez Cuéllar, y nosotros podríamos compartir esa posición y cualquier otra sin distinguir paternidad, que fueron encaminadas a robustecer el principio de que México es, debe ser y deberá ser de los mexicanos, y su desarrollo con justicia, tarea, primero, de los mexicanos.

Hay algo, sin embargo, en el asunto de la venta de la VAM y la Renault, al gobierno francés, ya lo mencionó en parte el diputado Jardón, que podría ser cuando menos parte de la explicación para lo que sucedió: Primero, no se revisó para corregir y sanear la organización y administración de esas dos empresas. Segundo, no hubo clientes mexicanos, salvo prueba en contrario, pensamos que el gobierno de México debe haber ofrecido a inversionistas mexicanos las empresas mencionadas, y no encontró entre ellos compradores.

Tercero, y no encontró compradores mexicanos por dos razones ambas definitivas, juntas o consideradas aisladamente. Una, la situación de los inversionistas mexicanos, que se fueron todos con la finta de la jauja prometida en el sexenio pasado, y aunque quedaron con más recursos para defenderse, están como el resto de los mexicanos, en condiciones críticas. La otra razón, en ésta poco se ha fijado la atención, fue que las deudas acumuladas de la "Renault Mexicana" y la VAM montaban a 16 mil millones de pesos, y ningún inversionista mexicano le habría entrado a un negocio de esa naturaleza, excepto quizá si el gobierno de México les hubiera ofrecido las mismas condiciones que otorgó al gobierno socialista de Francois Miterrand, que fueron las de absorber casi tres cuartas partes de las deudas de las empresas en venta, para de hecho regalárselas a la Renault francesa, porque no fue una venta, fue un verdadero regalo, la Renault, propiedad del gobierno francés pagó sólo 30 millones de dólares a sean 4,500 millones de pesos por las dos empresas, lo cual significó una pérdida para el gobierno mexicano superior a los once mil millones de pesos, aunque para ser más exactos, habría que decir que en ese obsequio de la Renault y la VAM a Francia, no perdió el gobierno mexicano 11,000 millones de pesos, sino que todos los contribuyentes mexicanos perdimos allí otros 11,000 millones de pesos. Este hecho, la venta de Renault y VAM al gobierno francés adquiere hoy, al ser planteados en esta honorable Comisión Permanente del Congreso Mexicano, la significación que no había alcanzado afuera en sí mismo y por las circunstancias en que la operación se consumó, circunstancias de crisis nacional, entre seguir cargando con pérdidas nuestro gobierno prefirió acogerse al pragmatismo de que negocio que no deja, dejarlo. Caso de excepción o principios de una nueva política, sólo el tiempo y no mucho, nos habrá de dar la respuesta.

Pero dentro de esta marco general de crisis en que se ubica el regalo de la VAM y la Renault

al gobierno de Francia, que da a la empresa de aquel país el dominio total financiero y administrativo de dos empresas antes mexicanas, tiene que ser relacionado con otro hecho que ha provocado inquietudes y polémicas, las declaraciones de dos Secretarios de Estado, Jesús Silva Herzog de Hacienda, y Héctor Hernández Cervantes, de Comercio y el Director de las empresas estatal más importante, Petróleos Mexicanos, Mario Ramón Beteta, en el sentido, al menos así se han interpretado, de ampliar las facilidades a la inversión extranjera.

Se ha dicho que esa ampliación de facilidades conduciría a violar disposiciones legales que fijan en cambios específicos no reservados ni al Estado ni sólo a mexicanos, un máximo de 49% de la participación del capital extranjero, y que de ser así, antes deberá modificarse la ley para promover la inversión mexicana y regular la inversión extranjera y su correspondiente reglamento, así como otros instrumentos jurídicos relacionados con esta materia.

Nosotros, Partido Acción Nacional, compartimos el criterio expresado entre otros por algunos senadores, de que aun en el caso de que se rebasara el . límite del 49%, y el diputado Ramírez Cuéllar ha hablado incluso de 100%, para la participación de capital extranjero, no sería necesaria la modificación de la ley antes dicha, simple y sencillamente porque en la misma existe una disposición, el Artículo Quinto, inciso d), segundo párrafo, que de hecho anula todas las disposiciones limitativas a la participación de la inversión extranjera en los campos señalados como posibles para ella, puesto que a la letra dice: "La Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras podrá resolver sobre el aumento o la disminución del porcentaje a que se alude en el párrafo anterior, cuando a su juicio sea conveniente para la economía del país y fijar las condiciones conforme a las cuales se recibirá, en casos específicos, la inversión extranjera."

Es decir, una comisión formada por los titulares de las Secretarías de Gobernación, Relaciones, Hacienda, Patrimonio Nacional, - la ley es de 1973- Industria y Comercio, Trabajo y de la Presidencia está facultada para decidir cuándo una inversión extranjera puede rebasar el tope del 49%, si a su juicio es "conveniente para la economía del país."

Y como la tal comisión sólo rinde cuentas al Ejecutivo, el país entero, ya no digamos sólo su representación que es el Congreso de la Unión, carece de información al respecto, se asienta la sospecha de que si en ese aspecto del porcentaje máximo de participación de la inversión extranjera, dicha comisión puede hacer y deshacer, lo mismo puede ocurrir con la vigilancia para que la inversión extranjera llene los 17 "criterios y características", que establece el artículo aquí citado por la diputada Sauri Riancho, Artículo 13 de la ley mencionada, algunos de los cuales con toda seguridad incumplidos, a juzgar por las referencias del senador Raúl Salinas Lozano, porque hay disposiciones concretas, cuyo examen y comparación con la realidad es suficiente para comprobar que si la ley no es mala, ciertamente se trata de una ley incumplida.

Mis disculpas por reiterar algo de lo mencionado aquí por la respetable diputada Sauri Riancho, me permito señalar algunas fracciones del Artículo 13 que se refiere a los criterios y características de la inversión extranjera, a los cuales debe sujetarse la Comisión, para establecer los montos y condiciones de la participación de capital extranjero.

Ser complementaria de la Nacional.

No desplazar a empresas nacionales, ni dirigirse a campos adecuadamente cubiertos por ellas.

3o. Sus efectos positivos sobre la balanza de pagos, y en particular sobre el incremento de las exportaciones.

5o. La ocupación y capacitación de técnicos y personal administrativo de nacionalidad mexicana.

6o. La incorporación de insumos y componentes nacionales en la elaboración de los productos.

Y los datos que aquí se han manejado demuestran que en relación con esta fracción VI del Artículo 13 de la ley que comentamos, la industria automotriz mexicana ha sido un auténtico fraude en cuanto a la mexicanización.

La fracción IX dice: "que debe tomarse en cuenta su contribución al desenvolvimiento de las zonas o regiones de menor desarrollo económico relativo." Y este sería uno de los aspectos cruciales que debieran reexaminarse para ver hasta dónde si la ley es buena, los funcionarios encargados de aplicarla, han sido malos.

La fracción XVI dice, como uno de los criterios y características para aceptar la inversión extranjera la identificación del inversionista extranjero con los intereses del país.

Pero para dejar con mayor claridad establecida la posición del Partido Acción Nacional, permítaseme agregar que la ampliación posible del capital extranjero en México, como lo dan a entender las declaraciones de los funcionarios referidos, no violaría la ley en sus términos vigentes, pero sí consideramos necesaria y fundamental su revisión.

Ahora bien, nosotros vemos otra relación entre la venta o regalo, mas bien dicho, de la

Renault y la VAM al gobierno francés, y los anuncios de mayores facilidades al capital extranjero y la crisis por la que atraviesa el país, que sólo en declaraciones oficiales se ha venido superando y es la siguiente:

El gobierno mismo está resintiendo la crisis en su sector industrial, por eso vende o como en el caso regala, dos empresas automovilísticas y está dispuesto a ampliar las facilidades al capital extranjero, porque ya no queda más recurso para pagar deudas, que pagarlas con acciones de las empresas endeudadas.

Indirectamente, así lo entiendo yo, lo ha reconocido el senador Salinas Lozano.

Esto es, en nuestra opinión, lo que hay en el fondo de esta cuestión, aunque explícitamente no lo hayan reconocido ni el gobierno ni los empresarios.

Y más al fondo todavía estos hechos han llevado a replantear la cuestión de la conveniencia o inconveniencia de abrir más el país a la inversión extranjera, que representa apenas entre el 4 y el 6% de la inversión total nacional.

Esta cuestión de la inversión extranjera no nos asusta, ni como personas ni como partido ni creemos que puede y debe asustarnos como país. Es un fenómeno natural.

Todos estamos de acuerdo en que así como no hay hombre que se baste a sí mismo de todo a todo, lo mismo ocurre con los países. Rusia, por ejemplo, ha acogido con beneplácito inversiones extranjeras de Italia, de Estados Unidos, de Alemania y de otros países. Estados Unidos tiene inversiones extranjeras de Japón, de Alemania, de Suecia y de otros países.

Y desde esa perspectiva no sólo es conveniente, sino necesaria la inversión extranjera dentro de un marco legal bien definido. Pienso que también coincidimos todos, o podríamos coincidir, en que la inversión extranjera debe ser básicamente complementaria y que será menos necesaria en la medida en que nuestra industria sea menos dependiente del extranjero. En la medida en que nuestra moneda sea fuerte; en la medida, en una palabra, en que nuestra economía sea sana porque sea democráticamente participativa, tanto en el esfuerzo como en los beneficios. Pero nuestra economía no podrá ser sana en tanto siga siendo un solo grupo el que por sí y ante sí insiste en hacer y deshacer, según las ideas, los gustos o los caprichos de cada presidente.

En la raíz, todos lo podemos ver nítidamente si queremos verlo, subsiste la no resolución en serio del problema político, de manera que la realidad en la representación, en el poder de decisión e incluso en la Administración Pública, corresponda exacta y efectivamente a la realidad plural que es nuestra República.

Los criterios del Partido Acción Nacional en relación a la intervención extranjera, han sido reiteradamente expuestos y siempre apoyados en nuestros principios de doctrina. Para no llevar a la memoria más lejos, hasta el ilustre mexicano fundador de nuestro Partido, don Manuel Gómez Morín, quiero recordar solamente que en octubre de 1965, el entonces presidente de Acción Nacional, don Adolfo Christlieb Ibarrola, a quien el desarrollo político del país, mi partido y yo en lo personal tanto debemos, dijo: "Para Acción Nacional las inversiones extranjeras en México serán buenas o malas, deseables o indeseables, no por ser extranjeras, ni porque procedan específicamente de tal o cual país, sino por su objeto y condiciones de uso, por sus características intrínsecas y por las consecuencias políticas y económicas que tengan para la Nación". Como principio puede afirmarse que son indeseables las inversiones extranjeras de cualquier procedencia que se reciban sujetas a condiciones que al margen de las estructuras jurídicas nacionales representen para los gobiernos compromisos irrevocables para la observancia de un determinado comportamiento político internacional. Ni la dignidad ni la capacidad jurídica o política de un país para gobernarse internamente o para participar en las relaciones internacionales pueden ser materia de transacción con los inversionistas extranjeros.

Deben considerarse inmorales o indeseables la oferta o la aceptación de cualquier ayuda material que tenga como condición la renuncia a la libre expansión demográfica o el control de los nacimientos o cualquier otra forma de sacrificio de su libertad y de su dignidad.

Adolfo Christlieb señalaba entonces hace 18 años las condiciones y objetivos que debían llenar las inversiones extranjeras en cualquiera de sus formas. Ningún privilegio sobre la inversión nacional, preferencia de uso en industrias de transformación con tecnología y equipos modernos no obsoletos, no a la explotación de materias primas. Canalización prioritaria de la inversión extranjera a regiones marginadas para una distribución más justa de la riqueza y contribuir al arraigo de la población y desde luego la multiplicación de empleos productivos permanentes.

Para todo ello salvo reforma constitucional para dar base entonces a las atribuciones del Ejecutivo en materia de inversiones extranjeras, el entonces presidente de Acción Nacional no consideraba necesarias leyes especiales ni reglamentaciones. Bastaba, dijo, convencer a los propios mexicanos de que, "vale la pena luchar por la elevación del nivel de vida de los

demás comenzando por el suyo propio, de que una de las formas de lograrlo es el ahorro y otra el no servir de prestanombre o testaferro a inversionistas extranjeros en perjuicio del país", y educar al extranjero para que entienda que en México, "país generoso y con amplias posibilidades no hay campo para las inversiones que buscan el dinero fácil o el dinero injusto", y apuntaba ya desde entonces en 1965 algo que dicho después por un Presidente de la República trató de aparecer como singular descubrimiento."

Dijo Christlieb: "Una tarea de persuasión, un llamamiento al patriotismo y una promoción con adecuada asistencia técnica, podrá lograr la repatriación de los capitales nacionales que, originados en México, vegetan en el extranjero porque todavía hay muchos mexicanos que se niegan a correr el riesgo social que cada día los extranjeros discuten menos, o podría lograr la repatriación de capitales, sobre cuya formación haya quienes no tengan muy tranquila la conciencia."

Christlieb denunciaba ya entonces la existencia de "padrinos institucionales" entre los políticos prominentes del país que ayudan, ayudaban y tal vez . siguen ayudando, a inversionistas extranjeros a obtener "garantías adicionales" para prevenir los riesgos sociales.

Christlieb también, ya quedó dicho, no creía necesario legislaciones especiales, pero 8 años más tarde, no pocos de sus planteamientos eran recogidos por el presidente Luis Echeverría en la ley para promover la inversión mexicana y regular la inversión extranjera.

Hoy que el país padece una crisis que no es coyuntural, sino de estructuras, como lo ha reconocido expresamente el presidente Miguel de la Madrid Hurtado, el PAN, primero a través de su actual presidente, licenciado Abel Vicencio Tovar, y en esta sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, por mi conducto, ratifica sus principios de doctrina, proyectados específicamente a la materia de las inversiones extranjeras, y considera, urgente y necesario, que el Ejecutivo informe con amplitud de las líneas generales y aplicaciones particulares de su política en relación con la inversión extranjera, para conocimiento preciso de esta representación nacional y del país en general, lo cual podría instrumentarse por medio de un cambio de impresiones con el Presidente en turno de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, según la ley su presidencia es rotativa y debe de haberse venido reuniendo mensualmente cuando menos desde 1973, un cambio de impresiones, digo, con esta Comisión Permanente en pleno o con una plural que al efecto se integrará.

Lo planteo como una sugerencia y no como formal proposición, y dejo al señor Presidente de esta Representación Nacional que, previas reflexiones y consultas, decida sobre su viabilidad en el menor tiempo posible, dadas las dudas, inquietudes y las discusiones que el tema ha suscitado. Muchas gracias. Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 22 de junio de 1983. Diputado Gerardo Medina Valdez.

El C. Presidente: Gracias, señor diputado.

Tiene la palabra el ciudadano diputado Valadez Montoya. Esta Presidencia recoge la sugerencia en los términos que la ha planteado el señor diputado Medina Valdez.

El C. diputado Baltazar I. Valadez Montoya: Señor Presidente, señores legisladores integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, señoras y señores: Para no ser repetitivo y para no abusar de su paciencia, a nombre del Partido Demócrata Mexicano, brevemente, muy brevemente vengo a exponer puntos de vista generales sobre los temas de tanta importancia y tanta trascendencia que en esta mañana se vienen abordando.

Respecto a la inversiones extranjeras, como lo hemos expresado en diversas ocasiones y en distintos foros, consideramos que han de ser complementarias, que en ningún momento y en ninguna circunstancia deben comprometer la soberanía y la independencia nacional; que éstas deben estar sujetas a las leyes en la materia. Se ha hablado aquí y coincidimos con ello, de la necesidad de revisar esta Ley, pero mientras esto no suceda, lo menos que podemos hacer es exigir que la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras ajuste sus decisiones estrictamente a lo que establece la ley.

Consideramos, por otra parte, que es necesario la precisión gubernamental respecto a las reglas del juego y asimismo que este fenómeno debe verse con sentido realista y no como mito, pues las inversiones extranjeras ni son el "coco" que tanto asusta a los izquierdistas, ni el "ábrete, sésamo" que va a resolver todos nuestros problemas como lo suponen algunos voceros y miembros del sector privado.

Se ha dicho, y estamos de acuerdo en ello, que son un fenómeno natural y una expresión de un mundo interdependiente; no hay que olvidar que en Moscú toman pepsi - cola y comen trigo americano.

Por razones de soberanía y de independencia, las restricciones son necesarias, pero si ellas son necesarias, la promoción del desarrollo y de la industrialización es indispensable, y respecto a esta necesidad urgente de industrialización, el Partido Demócrata Mexicano sustenta las siguientes tesis:

Primero. Que ha de ser real, que corresponda a una necesidad económica y funcione económicamente, por lo tanto rechazamos las ilusiones de industrialización que se apoyan en subsidios desproporcionados, protecciones excesivas y que se asientan sobre el sacrificio continuo de los consumidores y en especial sobre la explotación permanente del sector campesino. Igualmente condenamos los despilfarros que se hacen para sostener actividades anti - económicas para satisfacer un orgullo nacional mal entendido. La protección a la industria nacional contra la competencia extranjera debe ser transitoria y estar limitada por los siguientes criterios:

1. Permitir el adiestramiento tecnológico y comercial de los empresarios, técnicos y operarios mexicanos.

2. Nivelar las condiciones de arranque con actividades establecidas con anterioridad y ventajas en el extranjero.

3. Neutralizar la acción de los monopolios extranjeros.

Debe ser competitiva, los productos manufacturados en nuestra patria deben estar en posibilidad de competir en el extranjero. Asimismo los productos que destine al mercado nacional, en virtud de la eficacia que alcance y de la debida concurrencia, que sean de calidad y baratos; debe ser dinámica, que esté al servicio de la necesidades variables de los hombres, que se adapte a los cambios económicos, ciclos y variaciones de los mercados, que procure producir con visión del futuro y audacia, los artículos que la ciencia de investigación tecnológica de avanzada pone a disposición del hombre y su grandeza.

Productiva, que se base no en la explotación de los trabajadores, de los consumidores, sino que sus utilidades sean resultado de la productividad de las empresas, por la conjugación inteligente de los factores humanos, el aprovechamiento oportuno de los mercados, la superación técnica y comercial de empresarios y trabajadores, la debida organización de los factores físicos, el estímulo de las iniciativas creadoras y la utilización constante de la innovación técnica. Debe ser humana, que sirva al hombre y sea ocasión de su perfeccionamiento; que sirva para resolver problemas humanos y no para crearlos. De esta manera jamás apoyaremos un tipo de industrialización que traiga consigo daños para la debida integración de la sociedad. Por el contrario, apoyaremos la industrialización que sirva para engrandecer al hombre. Entre otras cosas, la industrialización debe proyectarse para que sirva al desarrollo armónico de las distintas regiones del país y canalizarse del tal forma que no propicie la excesiva concentración urbana y el desarraigo social de los campesinos.

Estas son a grandes rasgos, las tesis del Partido Demócrata Mexicano. Y ahora en este momento, ante tal inquietud y ante tal sobresalto, consideramos como una necesidad urgente el fomento del ahorro interno que se produce en el sector público cuando sus gastos de administración son moderados y permiten su inversión real en renglones productivos.

En el presupuesto público ha de contemplarse más la inversión productiva y menos la inversión administrativa, como ha sido la tendencia histórica del sistema, agudizada y recrudecida en los dos últimos sexenios. Y por desgracia junto a esta tendencia, figura, todos lo sabemos, y ha sido aceptado hasta por miembros del sector público, la corrupción y la ineficiencia que nos condujeron a la crisis que hoy padecemos. Pero cuando hablamos de crisis, creemos que no debe ser motivo para crear una sicosis colectiva de desaliento y de derrotismo. Cierto que tenemos problemas. Pero podemos y debemos resolverlos. Y esta es una responsabilidad, un compromiso tanto para gobierno como gobernados. Si el gobierno se decide a ser solidario con su pueblo, no dudamos en que el pueblo también se decidirá a ser solidario con su gobierno. Y este será el camino para llegar al destino al que debe llegar México; el de la grandeza, el desarrollo, la justicia y la paz. Muchas gracias.

El C. Presidente: Tiene la palabra el ciudadano diputado Alberto Salgado Salgado.

- El C. diputado Alberto Salgado Salgado:

Señor Presidente, muchas gracias. Compañeros legisladores, único asistente. La temática sobre la cual se ha hecho una amplia glosa y que inicialmente fue planteada por el señor senador Salinas Lozano, tiene como punto medular las inversiones extranjeras y se establece como punto sustentativo el que dichas inversiones representen un giro en la política económica del Estado y que se justifique, porque resulta menos dañosa a nuestra economía, que acudir a los empréstitos y continuar endeudándonos en mayor grado. Sin duda que un economista, por ser una tesis elemental, estaría constante, anuente, coincidiría de extremo a extremo, en la validez de ese planteamiento. Podemos decir se opta por el menor de los males y se hable, pues, de que esta crisis que padece nuestro país y que padece América Latina en general.

Sabemos que la causa básica de este estado de deterioro económico radica fundamentalmente en esa deuda externa y todos los países que están en crisis tienen el mismo origen. Se han endeudado en una forma tan notable que va más allá de su capacidad de pago y los intereses que tienen necesariamente que erogar, origina que no se desarrolle la economía

interna de cada país. Los agiotistas internacionales han sembrado el terror económico en América Latina y en otros países de Europa, y a ellos debemos este estado de cosas, en gran parte claro es, hasta abundar un poco el decir que esos créditos no se han manejado con eficiencia por quienes gobiernan a los países de América Latina y de otros continentes.

Se indica, como punto también a debate, que el hecho de vender empresas paraestatales a capitales extranjeros no representa un acto grave para nuestra economía ni la deteriora de manera considerable. Coincido en estos planteamientos abiertamente con la exposición que ha presentado el compañero diputado Edmundo Jardón y el compañero diputado Héctor Ramírez Cuéllar, quienes ampliamente documentados han emitido un parecer de absoluta procedencia. No se requiere un análisis profundo para advertir que las empresas descentralizadas cuya creación fundamentalmente va encaminada a la utilidad económica para el Estado, y que su creación por el Ejecutivo e incluso el propio Congreso de la Unión tiene facultades para crear organismos descentralizados y que la Administración Pública Federal se integra, centralizadamente, por las presidencias, las secretarías y los departamentos, y la Administración Pública Federal Paraestatal se compone de manera destacada con las empresas descentralizadas, las instituciones de crédito, los fideicomisos, etc., organismos que tienen una función social y económica, coadyuvar con el Estado para la realización de su fin específico, que es buscar el bienestar colectivo. Es cierto que la rectoría económica del Estado es un hecho incontrovertible y se invoca el imperio de la ley, el gobierno de la ley para justificar, constitucionalmente, esas facultades y su manejo. Es evidente que no podemos salirnos del texto de la ley, pero eso no significa que porque formalmente esté establecido en el Artículo 28 Constitucional y las leyes reglamentarias, en este caso inversión extranjera, si por que se dan en el papel disposiciones de esa naturaleza se van a actualizar automáticamente como un arte de verdadera milagrería. Es ahí en donde viene el factor importante, al factor humano que son quienes detentan el poder y que manejan las leyes, manejan las facultades económicas, muchas veces no con sentido nacionalista. Se invoca en infinidad de ocasiones ese propósito nacionalista de buscar la consolidación, la independencia económica de nuestro país. Pero podemos afirmar que nuestro país es independiente económicamente. Desde luego que no, puesto que dependemos de nuestros acreedores y nuestros acreedores nos dictan los lineamientos económicos a los que debemos sujetarnos.

Consecuentemente no podemos hablar de modo abierto y con fundamento de una independencia económica que no tenemos.

Sin embargo eso no significa que de manera sistemática nosotros antagonicemos con el sistema que nos rige actualmente.

Las instituciones están concebidas para que repercutan en beneficio de la colectividad. Lo único que se requiere es que los funcionarios cambien de mentalidad, que efectivamente se responsabilicen, que efectivamente cumplan con los deberes constitucionales y legales que les corresponden. Y esto es bien simple, responsabilidad fundamentalmente.

La falta de rectitud ha generado la desconfianza en los administrados, y existe la posibilidad de que la administración que actualmente se encuentra en turno advierta esa necesidad de cambio radical, y es factible que a pesar de las deficiencias económicas que el mismo sistema contiene por la imposibilidad de que el capital y el trabajo puedan disfrutarse socialmente, a pesar de ese gran vallado de orden constitucional es posible atemperar las diferencias económicas entre los diversos grupos en cuanto a que efectivamente quienes nos gobiernan actúen con sentido nacionalista, pero no sólo teórico, necesitamos hechos.

- La C. secretaria senadora Silvia Hernández de Galindo: Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera.

El C. Presidente: Un momento, había solicitado el uso de la palabra el ciudadano diputado Enrique Soto Izquierdo.

El C. diputado Enrique Soto Izquierdo: Con su permiso, señor Presidente; Compañeros legisladores; Señoras y señores. Es verdad que el debate se ha alargado un tanto; las cuestiones de fondo involucradas desde luego son de la mayor importancia, la cuestión circunstancial que lo provoca quizá no tenga la envergadura que le da proporción a nuestra discusión del día de hoy. Pero es oportunidad para reiterar cuestiones que por lo demás están claras, si con objetividad se juzgan las cosas.

En ningún momento desde luego es posición del gobierno de la República, ni del partido político en el que se sustenta, el considerar una panacea la inversión extranjera. No compartimos las posiciones de aquellos que, en diversas etapas de nuestra historia, han supuesto que con sólo convocar a los capitalistas del exterior, habrían de resolverse como por arte de magia nuestros problemas, en virtud de capacidades intrínsecas extraordinarias, de virtudes mágicas de esta aportación de capital del extranjero.

Pero nos encontramos, este debate es una muestra viva de ello, con que, en uso desde luego de esta libertad valiosísima, virtualmente irrestricta, disfrutamos en la expresión de nuestros puntos de vista y en virtud de los intereses

de los partidos que participan, si hubiésemos de juzgar desde la perspectiva de cada uno de ellos, cada una de las cuestiones a debate en nuestras jornadas de la Comisión Permanente, nos encontraríamos profundamente desconcertados.

Las interpretaciones de cada uno de los partidos, interpretaciones extremas, suelen oponerse con polaridad frente a cada una de las cuestiones a debate.

Hay, en este caso, quienes abogan por una revisión con vistas a una todavía mayor apertura a la inversión extranjera; hay quienes piensan en la necesidad de evitar en lo absoluto la presencia de la inversión extranjera; ¿puede de alguna manera justificarse esta diametral diferencia? ¿podría adoptarse de manera realmente lógica en la realidad del país alguna de estas posiciones extremas? Me parece que no, me parece que de alguna manera en su contraposición se anulan y que precisamente por que no hay la responsabilidad del ejercicio del poder, el enfrentamiento en la realidad de los problemas del desarrollo de la nación se asumen posiciones siempre al extremo, frente a cada una de las acciones gubernamentales. Interpretadas a la luz de estas posiciones extremas partidistas, no habrá una sola de las acciones gubernamentales que pueda salvarse de una crítica demoledora. No parece ser la mejor contribución al esclarecimiento de nuestros problemas nacionales en los difíciles momentos en que vivimos. Me parece que referirnos en este sentido a los términos en que se elabora la crítica a la acción gubernamental en este tribunal y en general en la acción y en las tomas de posición de nuestros partidos, es de alguna manera también materia muy propia del debate del día de hoy por cuanto ejemplifica estos enfoques.

Hay un prurito de hacer citas parciales de los funcionarios públicos, pero no solamente de las expresiones de los funcionarios públicos a raíz de eventos determinados, en los que abordan con amplitud las cuestiones que nos preocupan, hay también un prurito de juzgar aisladamente las acciones del gobierno, y no solamente esto, sino incluso a veces un barrunto de mala fe al citar aisladamente fracciones de disposiciones jurídicas. Esta parcialidad, este estilo de debate no ilustra en el fondo a la opinión nacional, y no sirve a los mejores propósitos que estoy seguro que compartimos.

Quiero ejemplificar para darle sustento a estas aseveraciones con algunos de los aciertos que voceros de los distintos partidos sentaron en la tribunal el día de hoy. Se hizo referencia, caso de adopción aislada de planteamientos de funcionarios públicos a las declaraciones, al mensaje del secretario de comercio, licenciado Héctor Hernández Cervantes ante la Asamblea Anual de la Cámara Americana de Comercio de México, y se puso todo el énfasis en enjuiciar algunas frases, por lo demás deformadas, en relación con el propósito de, en primer lugar, expeditar el trámite de las solicitudes para hacer inversiones extranjeras, de evitar que las trabas burocráticas contra las que tanto hemos clamado todos, desaparezcan para facilitar la decisión, en éste caso sin prejuzgar sobre el sentido de la decisión naturalmente, simplemente que el trámite sea expedito, y luego por otra parte la posibilidad en estudio, de flexibilizar la aplicación -por ahora no se habla de ninguna otra cosa que de la aplicación de la ley de la legislación vigente en la materia - para permitir que en los casos que esto se justifique, pueda revisarse el porcentaje que el Artículo Quinto de esta ley establece como el máximo de participación de capital extranjero en las empresas que tomen parte.

Este fue el pronunciamiento real, no textual pero puedo leerlo textualmente, es casi textual del Secretario de Comercio y el sentido de sus expresiones, pero además no se pronunció solamente sobre esta materia aisladamente, se refirió también de manera muy importante al otro extremo importante sí, al otro extremo del asunto, el del comercio internacional, el del comercio exterior y el del comercio de México con los Estados Unidos, el del planteamiento ante los empresarios norteamericanos con actividad económica en nuestro país, de la importancia de ver por la remoción de los obstáculos al comercio exterior que impiden el acceso de los productos manufacturados de los países en vías de desarrollo, entre otros desde luego en primer lugar el nuestro. Y en relación con los Estados Unidos, a sus mercados. El establecer condiciones más razonables para este acceso, el de mantener algunos sistemas preferenciales, que no son un privilegio sino una consideración a las diferencias de grado de desarrollo entre los países y que además en nuestro caso obedece a la calidad de clientes de primer orden, de los Estados Unidos de Norteamérica. Me parece que dejar trunca la visión de la argumentación, de la exposición de este alto funcionario de la Administración Pública, es malinterpretar, es una forma de malinterpretación.

Pero no solamente esto, se interpreta parcialmente y al gusto del momento, acciones aisladas o acciones específicas del gobierno, según convenga a la crítica del Partido que ejerce en ese momento su derecho a expresarse en esta tribuna.

Se habla de una parte de la remisión del retroceso en el avance de la participación del Estado en la economía y en su rectoría. A raíz de la venta de empresas de la rama automotriz, con una situación particularmente deficitaria

y en lo financiero virtualmente en bancarrota. Se alude a esta situación pero en el enjuiciamiento de las cosas se olvida todo lo demás. Lo que tal vez la víspera o hace unos cuantos días o semanas o meses, se dio como una ampliación sustantiva de gran envergadura de la participación del Estado en nuestra economía. Y las reformas desde el rango constitucional hasta el de Ley Reglamentaria, que dotaron de las mejores y más precisas herramientas al Estado, para ejercer esa rectoría: las reformas a los artículos 25, 26, 27, 28 de la Constitución, la Ley de Planeación. Desde la trinchera que hoy ve como un pecado mortal esta venta, en su momento se reconoció como muy importante avance la aprobación de estas reformas constitucionales y de esta legislación.

Y desde la trinchera contraria aquello se vio también como un pecado mortal, digno de toda condena, porque se estaba absorbiendo la economía privada en la del Estado. Se estaban llevando, más allá del todo límite, las formas de injerencia gubernamental en la actividad privada, se estaba estatizando terriblemente a la nación, a la sociedad y a la economía.

¿A cuál de estos argumentos, señores, atender? ¿Cual de estos extremos realmente puede sentirse justificado? ¿Y cómo es posible juzgar aisladamente estas acciones? El gobierno de la República, efectivamente, no tiene dogmas, dogmas como algo absoluto, que no debe ceder de ninguna manera ante circunstancias cambiantes y menos en materia económica, dentro del marco que la Constitución y las leyes establecen tienen no solamente el derecho, sino el deber y la necesidad de responder al cambio de las circunstancias y de los casos en particular. No es posible gobernar de otro modo, esta es mi modesta opinión.

Pero también se hizo aquí, más allá todavía de la acción concreta del gobierno, interpretación aislada y con barruntos de mala fe de algún fragmento de texto jurídico. Del Artículo 5o de la ley vigente para promover la inversión mexicana y regular la extranjera. Y se citó con un gran énfasis el párrafo de este artículo dentro del inciso d), el tercero, que haciendo remisión al segundo dice que podrá revisarse, para aumentarlo o disminuirlo el porcentaje a que alude el párrafo anterior, el 49% que se establece, en caso de que las leyes específicas no indiquen algo distinto o especial, para el capital de las empresas y la participación en ellas de la inversión extranjera.

El párrafo anterior establece efectivamente como una regla genérica para cuando no haya disposición reglamentaria o legal con un porcentaje determinado este 49. Pero, desde luego, no implica esto que el siguiente párrafo haga nugatoria toda regulación sobre la inversión extranjera, como se pretendió en esta tribuna. No modifica las restantes disposiciones de la propia ley para promover la inversión nacional y regular la extranjera, las cuales reproducen, es verdad, como lo señaló la diputada Dulce María Sauri, el texto, el sentido del Artículo 28 constitucional, en la reserva de ámbitos estratégicos en exclusiva para la propiedad nacional y gubernamental, en su caso; el petróleo y los demás hidrocarburos, la petroquímica básica, la explotación de minerales radioactivos y generación de energía nuclear, la minería en los casos a que se refiere la ley de la materia, la electricidad, los ferrocarriles, las comunicaciones telegráficas y radio telegráficas y las demás que fijen las leyes específicas.

El fragmento citado no modifica en ninguna forma esta disposición esencial, y por lo demás hace remisión también, exclusivamente al párrafo anterior en cuanto al porcentaje, no en lo que se refiere a las condiciones, criterios generales que establecen el Artículo 13, en cuanto a las características de conveniencia que debe tomar en consideración la Comisión de Inversiones Extranjeras, como los que rijan la adopción, la aceptación o no de una solicitud o propuesta de inversión extranjera. No los afecta. Es una exageración gruesa el pretender lo que aquí se afirmó.

Por esa razón yo quisiera hacer nuevamente un llamamiento a todos nuestros compañeros de Legislatura, a todos nuestros compañeros de Comisión Permanente de todos los partidos, nos incluimos. En primer lugar a la buena fe en la interpretación de los problemas que examinamos. En segundo lugar, a una interpretación también menos parcial, más realista, más responsable, porque en algunos aspectos sin duda seguimos estando de acuerdo y necesitamos reforzar ese acuerdo en las condiciones por las que transita el país. Nos empeñaremos en reforzar ese acuerdo; no queremos subrayar discrepancias, queremos desde luego, y lo estamos haciendo, defender, de la mejor manera posible, con los argumentos mejores a la mano, las acciones del Gobierno del cual, como integrantes del mismo partido, somos corresponsales. Habría muchas cosas que decir sobre el caso específico de la industria automotriz y de la venta de la VAM - Renault. Desde luego la industria automotriz es una industria con características peculiares que no hemos profundizado desde luego en este somero debate. Cabe apuntar sin embargo que es una industria en proceso de muy acelerada transformación tecnológica y de procesos productivos, que ha conducido a partir de la modernización del enfoque que los europeos introdujeron con la reducción de las dimensiones de los vehículos y la economía del gasto de combustible a una revisión general que hoy tiene sus síntomas más claros en la emergencia

de la industria automotriz japonesa con una estructura tecnológica totalmente transformada sobre la base de una siderurgia de primera, de una integración vertical muy completa, de una fabricación automatizada y de una muy agresiva mercadotecnia, adecuada además a la situación energética del mundo.

Esto condiciona en mucho entre las características de eficiencia y competividad de las diversas unidades productivas. Lo han hecho de manera verdaderamente asombrosa para los propios norteamericanos, con la industria automotriz estadounidense, obligándolos a una revisión a fondo, a un replanteamiento de gran envergadura de toda la estructura de esta industria, en el caso de ellos central en su economía. Y lógicamente ha producido efectos, impactos del mayor significado sobre la viabilidad de las empresas en este caso de capital estatal de nuestro país, en las condiciones particulares en que vivimos dadas las dimensiones de nuestro mercado y de esas industrias.

Y habría que revisar a fondo todo lo que esto significa, lo dejo de paso nada más para su reflexión señores diputados, señores senadores, esbozado.

"Yo les exhorto a que busquemos, pues, con la mayor buena fe el camino para la solución de nuestro problemas de los cuales somos corresponsables. Y que en materia de inversión extranjera y de su relación, reconozcamos además del mérito de todos quienes han contribuido al avance de las importantes, de las inteligentes disposiciones vigentes en esta materia, en nuestro país."

Es desde luego oportuno recordar la figura señera de un legislador panista, exdirigente de su partido también, Adolfo Christlieb. El tuvo una lucidez especial dentro de su partido e incluso llegó a coincidencias significativas con el nuestro. Atribuirle sin embargo el mérito de la Legislación vigente para alentar la inversión nacional y regular la extranjera es un tanto excesivo, y no queremos ser egoístas ni díscolos, pero las cuestiones que ahí se plantean vienen de antaño en su esencia, en su fondo, recogidas en los programas y planes de nuestro partido, por principio de cuentas, y de algunos de sus más destacados exponentes. Muchas gracias. (Aplausos)

El C. Presidente: Habiendo informado la Secretaría el desahogo de los asuntos en cartera, le ruego dar lectura a la orden del día de la próxima sesión.

ORDEN DEL DÍA

-La C. secretaria senadora Silvia Hernández de Galindo:

"Comisión Permanente

Primer Receso de la 'LII' Legislatura

Orden del Día

29 de junio de 1983

Lectura del acta de la sesión anterior.

Oficios de la Secretaría de Gobernación

Por los que se comunica que el C. Presidente de la República nombró a los licenciados Silvia Eugenia Díaz Vega, Hugo Carrasco Iriarte y Mario García Cuenca, Magistrados del Tribunal Fiscal de la Federación.

Dictámenes a Discusión

Dos de la Tercera Comisión, con proyectos de Decreto por los que se concede permiso a los CC. Daniel de la Pedraja y Muñoz y Ramón Federico Fonseca Cárdenas, para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren Gobiernos Extranjeros.

De la Primera Comisión, con Proyecto de Decreto por el que se concede permiso a los CC. Yolanda Enriqueta Miranda de Rubio y Oscar Augusto Fernández Castro, para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México."

-El C. Presidente (a las 14:10 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo miércoles 29 de junio, a las 11:00 horas.

El Oficial Mayor

Lic. José Gonzalo Badillo Ortiz